Prensa Obrera N° 1260

Fue una elección de emergencia. La rapidez con la cual Jorge Bergoglio fue consagrado para ocupar el “sillón de Pedro” buscó sacar a la sucesión de Benedicto del impasse del cónclave, dominado por la situación de colapso de la cúpula vaticana. “La cuestión central (en la ‘santa sede’) es la gobernabilidad”, sostuvo John Allen, el biógrafo del Papa saliente, al explicar la urgencia de los cardenales electores, “tras ocho años de desgobierno”. Una manera elegante de aludir a la masa sin precedentes -sin embargo parcial y opaca- de delitos, crímenes y fraudes que llevó a la renuncia de Benedicto. La oscuridad cubre los “informes secretos” que provocaron la fuga de Ratzinger y que ni siquiera fueron revelados al puñado de 114 cardenales que debían elegir al sucesor. “Ve, Francisco, y repara mi Iglesia en ruinas”, le habría dicho, según la leyenda, Jesucristo a Francisco de Asís varios siglos atrás. Bergoglio, rebautizado Francisco, se ha puesto el manto de bombero. En las reuniones previas al cónclave, la negativa del secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, a entregar los informes secretos a los cardenales electores fue, precisamente, lo que terminó por convencerlos de que la cosa no daba para más. La continuidad del “partido romano” (casi un cuarto del total del colegio de obispos) amenazaba con hacer estallar el burdel vaticano, donde -según los informes negados- opera, entre otros, un llamado “lobby gay”. Los vaticanistas informan que el papable brasileño, Odilio Scherer, quedó liquidado como candidato cuando ensayó una defensa de la labor del IOR (Banco del Vaticano). Las operaciones del IOR se encuentran objetadas por instituciones vinculadas con la Comisión Europea que se dedican al rescate del sistema bancario europeo. El Banco Vaticano estaría en una situación de quiebra, vaciado por operaciones con la mafia, lavado de dinero y negociados de la propia cúpula “romana”. La descomposición del “partido romano” hizo fracasar al otro papable, un italiano crítico, el arzobispo de Milán Angelo Scola, que era promovido por los obispos yanquis y germanos- aunque quizá con esa propuesta se buscó evitar que Bergoglio se expusiera prematuramente. Algunos especialistas aseguran que el obispo norteamericano Tymothy Dolan maniobró para la designación de Bergoglio desde el mismo día de la renuncia de Benedicto. Había una conciencia clara de que se operaba al borde de un abismo. ¿Kirchnerismo papal? Por eso es prácticamente unánime la opinión de que Bergoglio tendrá que proceder con cierta audacia. Un teólogo acaba de asegurar que, si no se detiene la descomposición de la curia vaticana, los “monumentales templos del continente pueden quedar convertidos en museos”. Bergoglio está obligado a jugar de rescatista, una tarea imposible para una institución históricamente decrépita. Cuando Bergoglio, en 2000, se encumbró como jefe del episcopado local, las relaciones sociales se encontraban en proceso de disolución. Carlos Pagni, editorialista de La Nación, consigna que Bergoglio consideró en términos positivos, hace una década, la operación de rescate de los K. Cuando la Argentina capitalista se derrumbaba, Bergoglio convocó a la mesa de “diálogo social”, donde participó la CTA, para sostener al gobierno de Duhalde, que estaba procediendo a una gigantesca confiscación social. Algo recuerda de estos hechos Horacio Verbitsky cuando califica a Bergoglio de “populista” -la misma denominación que Ernesto Laclau, el ‘teórico’ de los K, reserva para el kirchnerismo. El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, califican a Bergoglio de “peronista”. Una vez repuestos de la sorpresa, los K piensan, al revés que el chavista Nicolás Maduro, que la designación de Bergoglio como Papa fue negociada por Néstor Kirchner desde el más allá. Como Argentina en 2002, Europa enfrenta ahora una poderosa tendencia a la desintegración social y política. El ‘populismo’ de Bergoglio encaja con una de las variantes que podrían llenar el ‘vacío de poder’: el bonapartismo, que casi siempre es en Europa el umbral del fascismo. Bergoglio, quien acaba de confesar su admiración por Claudio Lozano, es partidario del keynesianismo. Pero el keynesianismo supone, en Europa, un repliegue a la autarquía, a la formación de bloques rivales y, por último, a la guerra. El obispo de Roma opera en el cuadro de la gigantesca crisis en Europa y en su entorno inmediato -la República italiana, cuyo nacimiento el papado intentó abortar. Después de fracasar con un cardenal alemán, que compaginaba con la política del Bundesbank, los cardenales fueron a buscar Papa en la ‘finisterra’, donde termina el mundo. Es una metáfora de la bancarrota de la Unión Europea, la Europa del capital. Confusión Pasado el fasto y la pompa que abruman como una inundación, Francesco tendrá que actuar. Por ahora, en los principales puestos vaticanos siguen los hombres del “partido romano”, provisoriamente confirmados. Todos los analistas insisten en que a Bergoglio lo caracteriza la “cautela”, abriendo el paraguas sobre los compromisos que vendrán para conformar su gabinete en el reinado de Roma. Veremos. En la confusión general, todos reivindican al nuevo Papa, desde represores como Menéndez hasta los clericales ‘progresistas’. Hans Kung, el líder intelectual del progresismo católico, luego de plantear que no esperaba un Gorbachov en el Vaticano, le ha prendido una vela a Bergoglio. Pero Gorbachov fracasó en su pretensión de ‘reforma’ (perestroika), dejando el paso a un gobierno de la oligarquía pseudo capitalista y de los servicios de seguridad. Donde la confusión campea suelta es en el oficialismo. CFK salió corriendo a Roma, luego de que Moreno advirtiera que “el pueblo está contento”. Debe haber advertido también que CFK deberá buscarse un sucesor, salvo que las intrigas en el Vaticano marchen más rápidas que la crisis del ‘modelo’. Difícilmente, sin embargo, un hundimiento en Europa le ofrezca un respiro a la “Argentina kirchnerista” (sic).

El “affaire Tinelli”, la aprobación del Afsca del traspaso a manos del magnate del juego Cristóbal López de los medios televisivos y radiales comprados a Daniel Hadad el año pasado y los ideologizados “pases” en las principales radios son los últimos episodios que muestran las intenciones de regimentación mediática del gobierno kirchnerista, objetivo que intentan cumplir más allá de las posibilidades de la Ley de Medios. También señalan la pusilanimidad de la progresía centroizquierdista local, convertida en alfil de esta regimentación aún a costa de deber quitarse la máscara que portaban y que los mostraba como capitanes de la lucha contra las corporaciones -convertidos en arietes de la corporación mediática K. Los vaivenes de Marcelo Tinelli, el hiperexitoso conductor televisivo, para decidir la pantalla que cobijaría durante 2013 a su programa Showmatch fueron fruto de una precisa operación digitada desde la Casa Rosada. Cristóbal López (cuándo no) le propuso a Tinelli la compra de parte de su productora Ideas del Sur -de la que es socia la Corpo Clarín- con el objetivo de que su programación pase de Canal 13 a Telefé, cuyo dueño es la española Telefónica y que se ha mostrado afín al gobierno para preservar en paz sus negocios y negociados. Una de las cláusulas del trato implicaba que no debía salir el segmento “Bailando” en el que participarían imitadores de políticos, sketch que en 2009 fuera muy favorable a Francisco De Narváez, que terminó derrotando al mismísimo Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Finalmente las arduas negociaciones quedaron en la nada, pero con el “logro” de sacar a Tinelli de canal 13, un duro golpe comercial para la Corpo. Las últimas novedades dan cuenta de un año sabático por parte del conductor o de la posible compra de Tinelli de Canal 9, un negocio redondo para el empresario mediático y showman y un pase de manos de un canal repetidor de la esfera de informaciones estatal. Los planes de la Rosada, sin embargo, revelan que la pontificada “pluralidad de voces” es sobre todo un chamuyo, incluso al precio de una tinellización general de las programaciones televisivas. Un peldaño que ya lograron con la compra del multimedios Hadad por parte del millonario del juego, el petróleo, la recolección de residuos y la obra pública Cristóbal López. La kirchnerización de la programación de C5N o Radio 10 no pasa inadvertida para nadie ya que las otroras cloacas de la derecha local se han traspasado a las loas del gobierno -lo cual demuestra, además, que un sector del periodismo editorial no se diferencia del soldado pago a la hora de rendir pleitesía a sus mandantes-. A tal punto llegó la uniformación del discurso del multimedios que hasta el inefable Eduardo Feinmann -exponente de lo más degradado de la reacción- se ha vuelto kirchnerista y hasta se ha comenzado a lavarle la cara en los medios oficiales presentándolo como un personaje “cool”. Debe remarcarse que la transferencia de los medios de Hadad a López es irregular pero que de todos modos fue aprobada por el Afsca, organismo de aplicación de la ley de Medios comandado por el progre Martín Sabatella... No es el único holding de medios que pervive en situación irregular: no habría que dejar de mencionar que canal 9 pertenece al mexicano Ángel González, algo explícitamente prohibido por la susodicha ley. Así las cosas, el mercado de pases de las radios responde más a la uniformidad de trincheras que a la “democratización” del discurso radiofónico. De este modo, la Corpo queda cada vez más derechista con las incorporaciones de Marcelo Longobardi y Pepe Eliaschev a su programación diaria (mientras continúa con su alto poder de fuego con los informes periodísticos de la segunda mañana de Jorge Lanata) y Radio 10, Del Plata y América -entre otras- profundizan su marcado discurso oficialista. Todo esto mientras en los pasillos de tribunales se anuncia un nuevo fallo favorable al pulpo empresarial de Magnetto y Ernestina Herrera de Noble. Sin embargo, lo que la ley no da, lo procura el dinero. Esa es la moraleja de las distintas operaciones empresariales, pases y pases frustrados realizados a través de empresarios oficialistas con el fin de que el arco mediático masivo sirva como base del discurso comunicacional favorable a un gobierno que lo precisa cada vez más ya que, cada vez más, se muestra como un gobierno en crisis. La zanahoria del treinta por ciento para organizaciones sociales sigue siendo una quimera (incluso a pesar de que los grupos de medios alternativos que reclaman por su aplicación hayan realizado muestras de kirchnerismo explícito como cuando, por ejemplo, se movilizaron el 7D para escrachar a Clarín, actividad de la que participaron grupos filo kirchneristas e incluso los miembros del PCR que luego pasarían a engrosar su fracción disidente, el CRCR). A tres años de la aprobación de la ley de medios, se puede afirmar que su principal logro ha sido el entusiasmo provocado en cierta progresía académica de las facultades de comunicación y la posibilidad de negocios mediáticos para el empresariado kirchnerista

Medio centenar de vecinos se dieron cita en el local del Partido Obrero en Hudson, para debatir con Guillermo Kane y Claudia Molina, dirigente local del PO. Kane señaló a la audiencia que "Scioli es el mejor alumno de Cristina, en su aplicación del ajuste en salud y educación". Por su lado, Claudia, candidata local, dijo: "En Berazategui, la administración mussista (por el intendente, Juan José Mussi) mantiene al distrito como un paraíso de la desocupación, los despidos y el trabajo precario en los promocionados parques industriales, donde las patronales hacen su agosto mientras el municipio las exime de impuestos y tasas y les otorga subsidios, y él mismo actúa como un empleador que 'negrea' a los trabajadores municipales y a los precarizados de las cooperativas del Programa Argentina Trabaja. La orientación de la obra pública municipal favorece la especulación inmobiliaria con el desarrollo de barrios privados y countries, mientras más de 25 mil familias no tienen acceso a la vivienda popular".¨ Molina convocó al pueblo de Berazategui al desarrollo de una alternativa política de la izquierda y de los trabajadores para romper las cadenas del aparato punteril del mussimo y el pejotismo". La convocatoria de la charla-debate concitó una importante participación de la audiencia presente, que la transformó en una ¨asamblea con resoluciones de intervención y lucha en el distrito.

Las comunidades del oeste formoseño, con epicentro en el departamento Ramón Lista, llevan a cabo cortes de ruta en el acceso al yacimiento petrolífero de Palmar Largo, Divisadero, Laguna Yema, Fraga y otras comunidades desde hace más de mes y medio. Están luchando por agua, luz, salud, justicia y tierras, ante la indiferencia del gobernador K, Gildo Insfrán. La lucha Wichí desnuda las carencias de los pueblos del interior provincial que no pueden acceder a los servicios mínimos para la subsistencia. Según los propios manifestantes, ascenderían a más de 80 los muertos en las comunidades por falta de acceso al servicio sanitario. Las poblaciones no cuentan con ambulancias para el traslado de los enfermos. En la región, carecen de hospitales equipados y de profesionales, que sólo se hacen presentes por temporadas. La lucha, que comenzó en el pueblo El Chorro, se extendió a todo el oeste provincial, difamada por los medios oficialistas. El Estado provincial y el nacional brillan por su ausencia, pero no así sus fuerzas represivas: más de 500 efectivos de la policía provincial han sido movilizados y otros tantos de Gendarmería, para defender los intereses de los empresarios petroleros y de los terratenientes. El problema de la tierra Una vez más, como en el caso Qom, las comunidades se ven afectadas directamente por la expansión de la frontera sojera; se desvían los canales y cursos de agua dulce para llevarlos a los campos de los grandes terratenientes, lo cual, en una zona semiárida, es un problema mayúsculo -se deja a la gran mayoría poblacional sin acceso al agua. Por otro lado, la explotación del petróleo por parte de Pluspetrol y Gran Terra Energy extrae las riquezas del territorio Wichí sin dejarles absolutamente nada, ni luz, ni agua... sólo enfermedades. Desde el inicio de este conflicto, los gobiernos nacional y provincial miraron para otro lado. Después de haber ninguneado los reclamos, acusan a los Wichí de terroristas. Una perspectiva provincial En Formosa, hay un clima de rebelión que se agudiza según la crisis económica golpea con fuerza a los trabajadores y campesinos. La lucha de los Qom y los Wichí han profundizado la crisis del gobierno provincial y han suscitado un apoyo en la juventud de la capital provincial. La sorpresa fue mayúscula para el gobierno de Insfrán: hace poco menos de un mes, músicos y bandas subían al escenario de un festival de rock organizado por el Estado pidiendo justicia por los Qom, los Wichí y por Mariano Ferreyra. La juventud de Formosa muestra su descontento ante el ataque que sufren las comunidades del interior, mientras el gobierno nacional y provincial preparan la represión. Ante este cuadro, el Partido Obrero exige: el inmediato retiro de las fuerzas represivas y la desmilitarización del territorio Wichí por parte de los gobiernos, la urgente tarea de poner en marcha un sistema sanitario que contemple las necesidades del centro-oeste formoseño, ambulancias, hospitales, equipos, medicamentes y profesionales de la salud, la conexión a las comunidades del tendido eléctrico y el agua, inmediata restitución de las tierras a los Wichí. Además, avanzamos en la idea de la conformación de un congreso provincial de trabajadores en Formosa (junto a sindicatos y gremios combativos) que apoye a las comunidades hasta que estas conquisten sus propias reivindicaciones.

La marcha convocada por la CTA de Micheli y por la CGT Moyano frente al Ministerio de Trabajo no suscitó el interés del movimiento obrero. Sin paro de los gremios, la CTA fue con una columna escasa de Ate, y sólo disimuló el inmenso raquitismo la participación de organizaciones sociales y políticas. Moyano, que hasta último momento dudó en ir, finalmente realizó una movilización de aparato que incluso le copó el propio acto a Micheli. El contenido político de los discursos fueron un gran cero a la izquierda para los trabajadores. Micheli anunció por enésima vez que siguen “en la calle” y que están “construyendo” un paro nacional. El largo discurso de Moyano tuvo su punto fuerte en la defensa de Scioli. En cambio, no dijo una palabra en relación al reclamo por la anulación del impuesto al salario y la devolución de las asignaciones familiares. Después del paro del pasado 20 de noviembre, la CGT y la CTA opositoras sólo han retrocedido. El recurso a las marchas aisladas se ha agotado por completo. Mientras los docentes de varios y fundamentales distritos están bordeando la huelga general; mientras la burocracia oficial acuerda topes por debajo del 20%; las burocracias opositoras están concentradas en su estrategia para las elecciones parlamentarias de octubre, y comprometidas con enemigos de la clase obrera. Moyano, en el apoyo al peronismo opositor; Micheli coqueteando con encabezar alguna lista del FAP. El movimiento obrero necesita un plan de lucha para quebrar la ofensiva del gobierno. Por $8000 de salario básico, anulación del impuesto al salario, salario familiar para todos de $700 por hijo, 82% móvil para los jubilados, apertura de los libros de las empresas formadoras de precios y pase a planta de precarios y tercerizados. Un Congreso de Bases de todo el movimiento obrero debería discutir, a partir de ese pliego básico de reivindicaciones, un programa económico de salida a la crisis y desorganización económica que el kirchnerismo pretende facturarle a los trabajadores.

Los temores que podían existir en la "corporación judicial" a una transformación que afectase los intereses que manejan desde la trastienda fueron disipados por la propia presidenta. Por boca de sus elementos más locuaces, el kirchnerismo había amenazado con la bandera de la elección popular de los jueces, lo cual hubiese sido un paso democratizador incluso con los límites que dicha medida tiene cuando los recursos de pode están concentrados en una clase social explotadora y su Estado. Lejos de las amenazas previas, la presidenta sólo propuso la elección popular de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura (sólo de 6 sobre un total de 13), un órgano rosquero como pocos, que tiene por función elevar una terna para la elección de jueces. La decisión final seguiría estando como hasta ahora en el Senado y el propio poder Ejecutivo. Cristina no se animó siquiera a anunciar un proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Prefirió pasarle la pelota a la propia Corte, con la intención manifiesta de provocarle un desgaste político. A la medida del Estado y las patronales Cuando se deja de lado la demagogia oficial, los anuncios de CFK van en un sentido contrario al que se proclamó. La creación de Cámaras de Casación en los fueros previsional y laboral demorarían aún más la llegada de las causas a la Corte Suprema. Ello traerá aparejado, en primer lugar, una mayor tardanza en la resolución de los juicios de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Una medida elemental de democratización de la Justicia supondría que la Corte haga extensivo a todos los afectados los alcances de los fallos que imponen los reajustes a los haberes no aplicados en los últimos años. Pero a pesar de las peleas entre ellos, la Corte y el gobierno actúan juntos contra esa posibilidad. Otro tanto ocurre en la relación a los casos de accidentes laborales. La nueva ley de ART, redactada por la UIA, condiciona el acceso a la Justicia por parte del trabajador accidentado a la renuncia a la indemnización de la ART. La creación de una Casación en este fuero sumaría mayor demora, y por lo tanto, menor interés en iniciar un proceso judicial. Los patrones tienen motivos para apoyar el proyecto del gobierno. El proyecto "democratizador" limitará la responsabilidad del Estado y sus funcionarios en relación con los daños que cause su accionar a particulares. En el país de la masacre de Once, Cromagnón y de los asesinatos por `gatillo fácil`, es un programa de encubrimiento a favor de la burocracia estatal. Reforma constitucional Es cierto que CFK dijo que no pensaba modificar la Constitución, aunque el "operativo clamor" lanzado por sus chupamedias en las últimas semanas parece mostrar por donde pasan sus verdaderas intenciones. Pero sin esa reforma, difícilmente pueda avanzarse en una elección parcial de los miembros del Consejo de la Magistratura. jueces. Si incluso a pesar de estas objeciones la iniciativa cobra forma de ley, se iniciarían presentaciones judiciales reclamando su inconstitucionalidad. Se crearía, así, un escenario similar al de la Ley de Medios. La última palabra la tendría la Corte. De esto surge que el gobierno busca darse una bandera progresista para la campaña electoral de este año. C umpliría la función que tuvo la Ley de Medios, y que terminó siendo un recurso para los negocios de un puñado de capitalistas amigos. Si logra avanzar en la reforma, el paquete de leyes sobre la Justicia servirá para darle una envoltura democrática al re-reeleccionismo. Alternativa Los anuncios oficiales han servido para mostrar no sólo el carácter reaccionario que anima al kirchnerismo sino también la orientación conservadora de la oposición tradicional, que rápidamente cerró filas con la corporación judicial, defendiendo su carácter de casta no electa ni controlada por el pueblo. La Justicia, en el régimen actual, está controlada por los grandes estudios jurídicos, los que a su vez tienen vínculos estrechísimos con las grandes empresas. Hablar de "justicia legítima" sin modificar este fundamento es una contradicción en término. Frente a los proyectos del oficialismo y la defensa del estatus quo de la oposición tradicional planteamos el acceso gratuito del pueblo a la Justicia, la elección popular y la revocatoria de los jueces, como parte de una transformación social bajo la dirección de los explotados.

Culminada la ronda de alegatos de las defensas de la patota, es posible resumir sus lineamientos generales. En todos los casos, solicitaron la absolución de sus defendidos. La línea argumental fundamental, coordinada entre los defensores, se redujo a lo siguiente: como la convergencia de tantos actores distintos en el establecimiento de un plan criminal contra los tercerizados es una posibilidad absurda, la tesis central de la querella -que sostiene precisamente eso- es falsa, y el reclamo de cadena perpetua para los acusados está fuera de lugar. Lo que ocurrió -dicen los defensores- fue un enfrentamiento ‘en riña’. La única voz que desentonó de este coro fue la de la defensora de Favale, para quien el barrabrava fue el ‘chivo expiatorio’ de Pedraza y los ferroviarios, a los que llamó “los verdaderos culpables”. Los lineamientos que esgrimieron las defensas fueron desarrollados por el defensor de Juan Carlos Fernández, Alejandro Freeland. Se trató de un relato verdaderamente delirante, pues negó toda la prueba que muestra claramente que los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban se estaban retirando del lugar, para presentarlos como un grupo de choque beligerante, que tenía el objetivo explícito de provocar homicidio en riña. La exposición de una aberración semejante debería ser suficiente para que Freeland se aleje de un estrado judicial, pero esta línea negacionista fue reeditada y alimentada por cada uno de los defensores que lo sucedieron incluido un defensor oficial, Claudio Armando. La expresión de esta co-defensa coordinada (incluido el abogado Armando) es una muestra de que quienes dirigieron el plan criminal hoy dirigen en términos ideológicos la defensa de todos los imputados. Los argumentos de Freeland -de que no hubo intención de aleccionar a los tercerizados- contrarían a la Cámara de Apelaciones Criminal, que confirmó el procesamiento de los acusados recogiendo nuestra argumentación al respecto. Las defensas de los instigadores Pedraza y Fernández rechazaron que éstos tuvieran interés en impedir el ingreso de los tercerizados, alegando que eso no ponía en riesgo su continuidad en la dirección del gremio -como se habría demostrado con la victoria de la Verde (lista pedracista de la UF) por un porcentaje mayor luego del ingreso de los tercerizados. Nuestra querella había demostrado lo contrario, en base a las escuchas obrantes en la causa y a la admisión de este temor por parte de Pedraza en su indagatoria -no en especulaciones, como las que exhibió la defensa. En una de las ‘escuchas’, Fernández explicita a su interlocutor su preocupación de que el ingreso de los tercerizados pueda dar lugar a un proceso similar al del subterráneo porteño, y a la formación de un ‘sindicato paralelo’. “No importa que no les den la personería -dice Fernández en esa grabación, que consta en la causa-, te juntan 500 tipos y te cortan la vía”. La defensa de las patotas minimiza el problema de los tercerizados, cuando sabe que era el pilar de todo el sistema de explotación ferroviaria. Estos motivos económicos explican la participación en el plan de los empresarios y funcionarios. El punto neurálgico es negar el plan criminal. Freeland vuelve al punto recurriendo a la ironía: “La UF avisó al gobierno y a la empresa. ¿Avisaron que iban a matar? ¿No es más razonable pensar que no había ningún plan?”. Freeland quiere sustituir las pruebas por un argumento. Por otra parte, de acuerdo con los defensores, la presencia de los imputados en el lugar de los hechos, los llamados telefónicos cruzados entre ellos, su aparición en videos y fotografías, los testimonios que los señalan, sus motivaciones y las pericias, no serían pruebas e indicios contra ellos sino una espectacular combinación de casualidades y de animosidad en su perjuicio. Contra esta nebulosa de excusas y palabras, nuestra querella llegó al concepto del plan criminal, a partir de las evidencias que dejan las pruebas. Este es el método que vale en un debate judicial. Las defensas están desafiando al tribunal. Esto se manifestó primero en la jornada inicial de los alegatos, con el ‘faltazo’ de Lompizano que motivó la suspensión de la audiencia. Continuó con la advertencia de Freeland, de que aceptar la existencia de un ‘plan criminal’ sería aceptar la ‘versión trotskista’ de los hechos. Por último -aunque esto no agota la lista- el defensor del comisario Mansilla esgrimió el “apoyo institucional y ministerial” que recibieron los policías, e incluyó las elogiosas declaraciones de Aníbal Fernández al accionar policial del 20 de octubre de 2010, para solicitar la absolución de su defendido y del resto de los policías. El defensor también recordó a todos que Fernández era el jefe político de la Federal al momento de los hechos. Esto lo señalamos en nuestro alegato, por eso solicitamos que se investigue a Fernández. El defensor, en cambio, lo cita para exculpar a los policías imputados. La fiscal, recordemos, acusó a los policías por ‘abandono de persona’. Lo que emerge de las pruebas ventiladas en el juicio es que hubo un plan instigado por Pedraza y Fernández para aleccionar a los tercerizados por medio de un ‘castigo ejemplar’ -que incluyó varias armas de fuego-, porque sus movilizaciones estaban poniendo en riesgo los negocios montados por la burocracia y los empresarios en torno a los subsidios estatales, en connivencia con funcionarios públicos, y el control político del gremio. En ese plan criminal, el aporte de la Policía Federal fue decisivo.

Los festejos papales han servido para disimular la progresiva desorganización económica del país, pero apenas por unos días. La inminencia de una devaluación viene siendo anunciada por la disparada del dólar paralelo, tanto en monedas como en títulos públicos y acciones. Vale do Rio Doce y otros pulpos mineros han paralizado o reducido sus operaciones. Los gobernadores de las provincias mineras están tomando distancia de CFK. Los controles oficiales no han impedido una salida de divisas, en los últimos dos años, por 10.000 millones de dólares. El jolgorio papal ha disimulado mucho menos las huelgas docentes en Buenos Aires, Neuquén y otros distritos. Existe una fuerte tensión por las paritarias en los principales gremios, como se vio en los durísimos plenarios de delegados, esta semana, en algunas seccionales de la UOM. Los comicios de 2013, sin dudas, transitan por un polvorín. La asunción papal dejó ver las brutales contradicciones del kirchnerismo. Las expectativas doblemente reeleccionistas se encuentran disminuidas. La oposición de centroizquierda promueve un frente que reuniría, por un lado, a Carrió junto a Solanas y, por el otro, a Prat Gay, Libres del Sur, Binner y la mayoría del radicalismo. Ya sabemos lo que los une. Pero el “Papa peronista" puede deparar una sorpresa a cristinistas y centroizquierdistas, con un reacomodamiento que revitalice al PJ y lo reconduzca por el camino ‘nacional y cristiano'. El obispo de Roma no hace milagros, pero seguro que acelera los tiempos. Una campaña de izquierda En 2011, el Frente de Izquierda se plantó como una referencia de izquierda anticapitalista. Los nuevos golpes de la crisis mundial, por un lado, y el desmadre del ‘modelo', por el otro, refuerzan la necesidad de esta alternativa. La campaña de nuestro partido para potenciar el Frente de Izquierda, ya está logrando reagrupar fuerzas nuevas y reclutar compañeros, en municipios, comunas, barrios, empresas y colegios. En las asambleas abiertas que hemos organizado, todos los participantes reclamaron una intervención más decidida entre los jóvenes mayores de 16 años. En la provincia de Buenos Aires está en marcha una campaña: estamos en condiciones de formar listas en unos 80 partidos. En algunos de ellos, como Bahía Blanca -donde conquistamos el 5% de los votos en 2011- la repercusión de la campaña y algunas encuestas locales nos han colocado peleando un concejal. En Capital, el ciclo de “Conversaciones con el Partido Obrero" se extiende a la apertura de nuevos locales barriales y nuevos círculos militantes, como en Devoto y Barracas. Con ello, completamos nuestra presencia en las quince comunas de la Ciudad. También arrancamos la campaña en la universidad. En Córdoba, Eduardo Salas ya tiene una vasta agenda de actos y charlas en los barrios de la Capital y las principales ciudades del interior. En Salta se prepara una gran asamblea provincial para después de la participación de los compañeros Del Plá y López en diversas iniciativas locales. Los compañeros del PO de Santa Cruz tienen previstas actividades en Caleta Olivia, Río Turbio, Los Antiguos y otras ciudades. "Sumate a una alternativa de izquierda en 2013", es la consigna de esta primera etapa de campaña. Llamamos a la izquierda, a sus militantes y luchadores, a reforzar las filas del Frente de Izquierda y del Partido Obrero. Llamamos a los partidos del Frente de Izquierda a reconocer el alcance que presenta la realidad política actual, para poner en marcha una gran campaña.

Trabajadores de la ex Bosch, metalúrgica de San Martín, que venían ocupando la planta, vienen de ser desalojados. Una patota acompañada por la policía bonaerense ingresó en la fábrica. Esto coincide con la decisión de Scioli de vetar la ley de expropiación votada por las dos cámaras. Mientras tanto, Macri acaba de vetar por segunda vez la ley que prorrogaba la vigencia de una ley de expropiación en favor de una veintena de cooperativas . El veto deja a 22 empresas recuperadas porteñas (entre ellas, Brukman, Grissinopoli, por mencionar algunas) desprotegidas legalmente. Al no renovarse los plazos de expropiación, los antiguos dueños y sus acreedores están habilitados para retomar el control del establecimiento. El veto de ambos pone de relieve que estamos frente a una política de Estado. Oficialistas y opositores han recogido el reclamo general de la burguesía de clausurar el ciclo de expropiaciones, que todavía subsiste como herencia del régimen de emergencia abierto con la bancarrota y la rebelión popular que estalló en el 2001. La reforma de la ley de quiebras, impulsada por el kirchnerismo y aprobada hace dos años atrás, se inscribe en este esfuerzo, y ya ha empezado a ponerse en práctica. La justicia le dio el manejo de la fábrica Indiel (metalúrgica de La Matanza) por dos años a la cooperativa de trabajo con el mismo nombre.Los trabajadores de Indiel podrán seguir produciendo pero deberán depositar a la quiebra el 10 por ciento de lo producido el primer año y el 20 por ciento en el segundo, y la porción restante lo destinarán a la continuidad de la producción. El porcentaje requerido en favor de la quiebra es más alto que la utilidad neta que obtienen muchas empresas capitalistas, o sea, que es usurario y confiscatorio . Pero además, por esta vía, los trabajadores siguen atados a la quiebra (por lo tanto , a merced del juez, el síndico y los acreedores) y asumen la deuda contraída por la patronal vaciadora. Pasados los dos años, y si logran sacar a flote la fábrica, los trabajadores deberán hacer una oferta por el establecimiento, que se habrá revalorizado gracias a su trabajo. Esta cuestión adquiere aún más importancia si se tiene en cuenta la marcha de la crisis industrial, que ya se expresa en una triplicación de los concursos y quiebras. En ese cuadro, irrumpe una nueva oleada de fábricas que pugnan por ser recuperadas por sus trabajadores. La "coincidencia" entre oficialistas y opositores, se traslada también a la órbita de los recursos.El común denominador es la asfixia económica y la reticencia a otorgar fondos. Esto empieza con el gobierno nacional que ha suprimido los subsidios a las recuperadas, conocido como "línea 1". No actúa así cuando se trata de los "Repro" para las empresas en crisis o para microemprendimientos y coopetruchas cooptadas por el gobierno, donde existe una mano generosa. No se trata, por lo tanto, de falta de fondos sino de una orientación socia, que tiende a socavar los emprendimientos de la clase obrera. El gobierno prometió sustituir la "línea 1"( que funcionan como complemento salarial) por créditos dirigidos a renovar el capital de trabajo, denominada línea 2, pero éstos tampoco se efectivizaron. Este ahogo económico puede medirse también en el hecho de que, transcurrido diez años, tanto la Ciudad como la provincia, no han puesto el dinero para efectivizar las expropiaciones, pese a contar con fondos asignados y previstos en los presupuestos de ambas jurisdicciones. En el ámbito porteño, apenas un par de cooperativas son la excepción y lo mismo ocurre en el caso de la provincia, pero en forma agravada. El gobierno de Scioli ha sido denunciado penalmente por malversación de fondos por el pago de 103 millones de pesos por la fábrica recuperada ex Wasserman, metalúrgica de la zona norte, administrada por la cooperativa Constituyentes. Es una cifra exhorbitante, que no tienen nada que ver con las tasaciones realizadas y su valor de mercado. Como resultado de lo expuesto, la precariedad, y la incertidumbre de las empresas recuperadas se ha potenciado.vAl hostigamiento estatal, se le une el parate económico y el derrumbe industrial. Si en plena reactivación ya era difícil lidiar con los obstáculos señalados, con mas razón ahora, que el panorama económico se ha invertido. Muchas de las recuperadas trabajan a fason, y por lo tanto actúan como una suerte de tercerizadas. Están a merced del cliente al que abastecen -o peor aún, de intermediarios- y han debido experimentar cancelación de órdenes de trabajo o recortes leoninos en los precios y chantajes de todo tipo. Buena parte de los retiros que los compañeros realizan han descendido, y sus ingresos están por debajo del convenio de los trabajadores en relación de dependencia de su misma rama de actividad. Esta situación pone a la orden del día la necesidad de una lucha y movilización común de todas las recuperadas en torno a un programa de acción: Restablecimiento de la"línea 1" y su actualización a 2000 pesos. Creación de un fondo compensador para garantizar un salario de convenio. Otorgamiento de subsidios no reintegrables para el reequipamiento y modernización de la planta, empezando por la apertura de las líneas de crédito ya vigentes que están virtualmente congeladas. No a los vetos de Macri y Scioli. Expropiación definitiva y sin pago de las empresas bajo gestión obrera y las que cierren y despidan. Estatización del sistema bancario e incorporación de directores obreros en una banca nacionalizada. Reconocimiento y derecho de afiliación de los trabajadores de las recuperadas en los sindicatos en la actividad en que desempeñan sus tareas.

Luego de las amenazas que recibió la compañera Carla P. (ver Prensa Obrera 1259), las denuncias realizadas por el Partido Obrero en los medios locales y la fiscalía motivaron que el municipio de Morón nos convoque a una reunión para ponerse al tanto del tema. En la reunión que mantuvimos con el Secretario de Gobierno Hernán Sabbatella, le exigimos la investigación de los hechos. Queremos conocer de dónde salió el llamado amenazante a la compañera. El municipio de Morón, a través del Secretario de Gobierno, deslindó responsabilidades. El Partido Obrero y la UJS de Morón no descansaremos hasta saber quién o quiénes fueron los responsables. Como le dijimos a Sabbatella: "los hacemos responsable a ustedes de la integridad física de cualquier compañero"

Entre la asunción del Papa y Semana Santa, los pulpos financieros e industriales se han lanzado a la faena (nada santa) de correr contra el peso. El dólar paralelo trepó, en menos de lo que canta un gallo, hasta superar en un 80% al cambio oficial. La devaluación que quieren arrancar tiene sus beneficiarios. Los que fugaron dólares durante los últimos años, incluidos los amigos del gobierno y bajo sus propias barbas. Los monopolios exportadores, que esperan reducir el valor de los salarios que pagan en "moneda dura". Las mineras y petroleras, que quieren multiplicar los beneficios de la expoliación del suelo. La corrida deja ver la impotencia del gobierno y sus aparentes "controles". ¡Pero los K también esperan sacar lo suyo con un derrumbe de la moneda! Desvalorizando los salarios y gastos sociales. Sacando tajada impositiva de la carestía, a través del IVA y otras cargas. Licuando la deuda pública en pesos, que acumulan la Anses y los bancos oficiales. En la ‘puja distributiva’, la devaluación del peso inclina la balanza en contra de los trabajadores. Una devaluación aumentaría los beneficios de los capitalistas, a costa de los que trabajan. Ninguna devaluación. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Investigación y no pago de la deuda usuraria. Apertura de los libros de las empresas y control de los trabajadores. Salario mínimo de 7500 pesos, ajustable por la inflación. Ningún tarifazo. Que las CGT y las CTA convoquen a asambleas en todos los lugares de trabajo, por un plan de lucha para impedir el ‘Rodrigazo’ y arrancar nuestras reivindicaciones.

El discurso presidencial -la diabetes, según CFK, es una enfermedad de ricos- contradice el conocimiento científico. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, caracterizada por el aumento de los niveles de glucosa (azúcar) en sangre. De acuerdo con su forma de presentación más común se las denomina diabetes tipo 1 y tipo 2. Cerca del 5por ciento corresponde al tipo denominado 1, cuyo origen es auto-inmune. Mayormente esta forma de diabetes ocurre en edades más tempranas de la vida y es de aparición brusca. La diabetes 2 constituye casi el 90 por ciento de los casos existentes. Se trata de una epidemia melliza con la obesidad y hasta considerada trilliza cuando se suma el sedentarismo. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2009 en mayores de 18 años, señala que en Argentina la prevalencia (es decir el número de casos) alcanza a 9,6 por ciento, señalando un incremento respecto del 2005 que se hallaba en 8,4 por ciento. La misma encuesta establece que las personas con menos ingresos y menores recursos realizan menos controles de glucosa, ya que no se someten a exámenes de salud preventivos, aumentando el diagnóstico tardío con la aparición en forma temprana de las complicaciones de la enfermedad. El 50 por ciento de los enfermos de diabetes ignoran su padecimiento y un tercio de las que la conocen no la controlan ni la tratan, o lo hacen en forma deficiente. Por su gravedad y carácter invalidante, la progresión de las complicaciones disminuye la calidad y la expectativa de vida de los enfermos, y aumentan el costo socioeconómico de la misma. El volumen de gastos generados por la diabetes es significativo en todo el mundo y continúa incrementándose debido a diversas causas, entre las que se señalan el costo del diagnóstico y tratamiento y la pérdida de la productividad de las personas enfermas, así como las causas socioeconómicas y la crisis de los sistemas de salud de la seguridad social. En conjunto, las enfermedades no transmisibles explican más del 60 por ciento de las muertes y están en mayor ascenso en países en vías de desarrollo. La posibilidad de evitarlas está en relación directa con las políticas implementadas para la prevención y control. En su 9ª edición (2002), "Nutrición en salud y enfermedad", de M.E. Shils, de seriedad indiscutida en la materia, señala que ya sea que la estratificación social se mida por distintas variables, ejerce un efecto notable sobre la salud en relación con la nutrición. Las personas de nivel social más alto viven más tiempo y tienen menor morbilidad que la de niveles inferiores. Las clases sociales más altas tienen acceso a dietas de alta calidad, poseen mejor instrucción y cuidados de salud, así como empleos mejor remunerados y que no implican riesgos físicos. La obesidad afecta más a mujeres de menor nivel educativo y de bajos ingresos; la estratificación social del estado nutricional se relaciona con el mayor costo de las dietas de alta calidad y con oportunidades limitadas para acceder a la actividad física en los barrios pobres. La pobreza, los precios de los alimentos y el atraso económico reducen la seguridad alimentaria de la población. Mal que le pese al discurso oficial, la diabetes es una enfermedad que afecta mucho más a los sectores sociales más desprotegidos.

Se cumplen cuatro meses del asesinato a manos de dos oficiales de la Policía Bonaerense -los agentes Gauna y Villalba- de Víctor Carlos Gómez, jóven trabajador mercante de 20 años y padre de una beba. Estos uniformados lo atropellaron -topeteándole la moto en la que viajaba- y lo estrellaron contra el asfalto. Su proceder fue ilegal, rayano al gatillo fácil: con luces y sirenas del patrullero apagadas y sin emitir voz de alto, procedieron a ejecutar a un joven trabajador con toda una vida por delante, destruyendo una familia. A cuatro meses, los asesinos de 'Pitu', pertenecientes a la Distrital de Quilmes, siguen libres, sólo uno de ellos está procesado con una imputación más leve de la que correspondería. La causa judicial marcha al ritmo de una tortuga y la familia no ha podido tener acceso pleno al propio expediente judicial. El Poder Judicial de Quilmes está comprometido con la impunidad de una institución del Estado que es públicamente denunciada por protagonizar miles de casos similares al de 'Pitu', de gatillo fácil y violencia institucional. La 'justicia' está dilatando la causa y actuando con una actitud exculpatoria de los responsables, buscando que se venzan plazos procesales y generando vicios en su propia actuación para que el tema quede en la nada- como sucediera con los casos de Andrea Viera, Carla Lacorte y los chicos de la comisaría Primera de Quilmes, por citar sólo los casos más renombrados en nuestra zona. Este 24 de marzo, en el marco de la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en repudio a los atropellos que desde el Estado y el poder se cometen contra la ciudadanía y el pueblo, y en reclamo para una plena vigencia de los derechos humanos; los familiares, amigos y vecinos de Víctor Carlos Gómez hemos decidido movilizarnos, junto a decenas de organizaciones populares, para hacer oír nuestra voz y nuestro reclamo de justicia por 'Pitu'. Ante todo, exigimos que se termine esa costumbre de matar a nuestra juventud que estudia y que trabaja. Y la cárcel ya a Gauna y Villalba, que se los juzgue con todo el peso de la ley, y con todas las garantías del debido proceso, esas que ellos les niegan a tantos jóvenes de nuestros barrios. ¡Acompáñenos! El 24 de marzo salimos con micros a las 13 horas, desde 7 y 101, Cruce Varela.

Según informa la presidenta, el lanzamiento del Plan Nacional de Educación se produjo luego de un año de deliberación del Consejo Federal de Educación (CFE) compuesto por los ministros del área de todas las provincias del país. Por lo tanto, la orientación volcada en el plan es la consecuencia de un acuerdo entre oficialistas y opositores. Se trata de la aplicación plena de las Leyes de Educación Nacional, de Educación Artística, de Educación Técnico-Profesional y las resoluciones del Consejo Federal de Educación del año 2012, que reglamentan su aplicación. En el caso de los colegios secundarios, la reforma elimina más de 150 orientaciones en los colegios secundarios normales, comerciales y liceos, resta especialidades a los colegios técnicos para desvalorizar sus títulos, agrega un régimen de pasantías obligatorias en los colegios técnicos (trabajo gratuito) y elimina la doble titulación en los colegios artísticos. En los terciarios, la reforma elimina de contenidos específicos de las carreras y los reemplaza por contenidos generales, con el objetivo de abrir el camino a post grados pagos en los institutos terciarios. A su vez, la reforma extiende la duración de las carreras a partir del agregado de innumerables correlatividades y nuevas materias. Además, incorpora como condición para poder ejercer la docencia en los institutos superiores (terciarios o universitarios) la realización de pos grados o pos títulos. El gobierno y sus “opositores” argumentan que esta modificación en las carreras docentes es necesaria porque la realidad educativa se ha modificado: ya no harían falta docentes especializados que enseñen contenidos específicos sino que ahora se necesitarían docentes preparados para “contener” en el aula la crisis social. Ocultan de esta manera el enorme negociado que desarrollan con la reforma y el vaciamiento que se opera en la educación en su conjunto. La reforma también refuerza el desarrollo de los profesorados y colegios secundarios pagos, muchísimos de ellos a cargo de la Iglesia, a partir de la igualación de los contenidos a enseñar en públicos y privados y del valor de sus títulos. Nivelación para abajo El gobierno K presenta a la reforma como un paso adelante en la nacionalización del sistema educativo. Pero esa unificación se realiza a partir de un recorte profundo en los contenidos a enseñar. Se trata, por lo tanto, de un ajuste. Por otro lado, la “nacionalización” sigue dejando en manos de las provincias quebradas el sostenimiento de la educación y liga el presupuesto al PBI, atando así al financiamiento educativo a los vaivenes de la economía capitalista. En sintonía con el anuncio presidencial, el Consejo Federal de Educación ha resuelto que los terciarios y secundarios que no reformen sus planes de estudio este año perderán la capacidad de otorgar títulos con validez nacional. Es una extorsión para imponer una reforma vaciadora y privatista.Para avanzar en la reforma, se realizarán jornadas institucionales de debate en los colegios, con la presencia de funcionarios del gobierno de la Ciudad y del nacional. Pero el debate sólo habilita a elaborar propuestas en los marcos de las leyes educativas que dan origen a la reforma. Se trata de una cortina de humo, para revestir a la reforma de un barniz “participativo. Desde la Ujs, rechazamos la reforma educativa del kirchnerismo. Exigimos la validez nacional de todos los títulos emitidos en la Ciudad. Denunciamos las jornadas impulsadas por el gobierno como una trampa para hacer pasar la reforma. Reclamamos la derogación de las Leyes de Educación, de Educación Técnico Profesional y de Educación Artística y la nacionalización del financiamiento educativo. Planteamos la realización de un Congreso Nacional Educativo de representantes de base de docentes y estudiantes que reorganice la educación al servicio de los intereses del pueblo. En este inicio de clases, llamamos al movimiento estudiantil, al movimiento docente y sus organizaciones a tomar esta lucha en sus manos.

Interpol acaba de darle un espaldarazo al memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán relacionado con la causa Amia. Para la central policial internacional, "el referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa" (La Nación, 16/3). Rápidamente, el gobierno nacional salió a ajustar cuentas con la oposición patronal que había denunciado en el Parlamento que el memorándum haría caer las alertas rojas dictadas por Interpol contra los cinco funcionarios iraníes imputados en la causa. Lo que el comunicado de la Interpol pone de manifiesto es que el memorándum no plantea ningún viraje del gobierno nacional respecto de la causa Amia: por el contrario, ratifica la pista iraní y permite la manipulación de la causa de acuerdo con los intereses políticos del imperialismo yanqui y del sionismo.

El 24 de marzo se cumplirán 37 años del golpe genocida que encabezaron Videla, Massera y Agosti. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a más de 300 organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales, sindicales y políticas -entre las que se encuentra el Partido Obrero-, convoca a movilizar a Plaza de Mayo bajo la consigna central "No a la impunidad de ayer y de hoy". El llamado levanta, frente al gobierno nacional, las banderas de la lucha por el castigo a los culpables de todos los crímenes contra el pueblo, el cese de la represión de la protesta y el apoyo a las luchas en curso. El acto convocado por Memoria, Verdad y Justicia será la única tribuna independiente que se levantará en el centro político del país. El Partido Obrero concurrirá con todas sus energías. Provocación oficial Por su parte, los organismos oficialistas (Familiares, H.I.J.O.S., Abuelas, Madres Línea Fundadora), bajo la tutela de Unidos y Organizados, encabezan una maniobra para bloquear el desarrollo del acto independiente que Memoria, Verdad y Justicia organiza desde 1996. Los organismos cooptados llaman a concurrir este 24 de marzo a un acto en Plaza de Mayo "por una justicia democrática"; es decir, a un acto de apoyo político a las maniobras del gobierno con las que pretende copar el poder judicial, garantizar la impunidad de sus funcionarios y abrir una brecha para reformar la Constitución (re-reelección de CFK). La convocatoria oficialista fue lanzada tardíamente, y convoca en un horario cercano al de MVyJ. Desde el Encuentro MVyJ, estamos denunciando esta patoteada y solicitamos una entrevista con el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para exigirle todas las garantías para la realización de nuestra marcha. Las razones para movilizarnos En primer lugar, reclamamos que los genocidas paguen efectivamente por los crímenes de la dictadura y cumplan sus condenas en la cárcel común, sin privilegios de ninguna especie. Los represores 'purgan' sus condenas en 'prisión domiciliaria' -en sus mansiones y barrios cerrados-, y se evaden de ella todos los días, mientras los fiscales del Estado miran para otro lado. Los juicios continúan realizándose a cuentagotas: desde 1983 fueron condenados apenas 396 represores, de los cuales tan sólo 55 tienen condenas firmes, y medio centenar resultó absuelto en distintas causas. La lucha por el castigo a todos los genocidas, por los 30 mil detenidos-desaparecidos y por la restitución de su identidad a los chicos apropiados por los torturadores, continúa plenamente vigente. Este 24 de marzo nos movilizaremos por la condena a prisión perpetua de José Pedraza, su patota y los policías implicados en el crimen de Mariano, y para reclamar que se investigue la participación de funcionarios y empresarios. Esta bandera tiene una prioridad absoluta, ya que el juicio oral culminará en la primera quincena de abril. El desenlace del juicio por Marita Verón está fresco en la memoria. Sólo la movilización popular logrará la condena de Pedraza, aun cuando están reunidas todas las pruebas en su contra. Nos movilizaremos contra el 'punto final' en la causa Amia y por la investigación de la conexión local del atentado, tras 19 años de encubrimiento. En la agenda de este 24 de marzo estará presente la lucha contra la criminalización de la protesta, por la absolución de los delegados del Hospital Garrahan, por el desprocesamiento de los más de 5 mil luchadores perseguidos y por el cese del espionaje oficial y para-oficial sobre las organizaciones populares. También contra el 'gatillo fácil': según el último informe de Correpi, se registraron 2224 casos entre 2003-2012 -19 de ellos en protestas sociales- y por la libertad de los presos políticos de Bariloche y Corral de Bustos. Durante la década de gobiernos K, la impunidad y la represión continuaron vigentes, así como continuaron el pago de la deuda externa, las privatizaciones del menemismo y el apoyo a la burocracia sindical. En el acto convocado por MVyJ, estarán presentes el repudio al ajuste y el apoyo a la lucha de los docentes en defensa del salario. ¡Por una gran movilización a Plaza de Mayo y por una gran columna del Partido Obrero!

La tentativa del gobierno de Sapag de derrotar la huelga docente recibió el pasado 14 un duro golpe. En Neuquen, la presión de la huelga y de la propia base de ATE obligaron a la CTA a convocar a un paro con movilización. Doce mil trabajadores marcharon por el centro, y terminaron en un acto sobre la ruta 22. El paro fue casi total en las escuelas y en la administración pública, ello, a pesar que la conducción de ATE había aceptado los $ 480 de aumento otorgados a fines del año pasado. Alentados por la tenaz huelga de Aten (que rechazó esa suma), las bases estatales empujaron a su conducción a convocar al paro. Mientras tanto, un nuevo protagonista asoma en las escuelas: los padres y madres han comenzado a reunirse y realizar acciones reclamando por las deficiencias edilicias y la falta de personal. Con movilizaciones al Consejo de Educación, clases públicas y hasta abrazos a las escuelas, la comunidad educativa se va sumando. Un plenario de secretarios generales de Aten convocó a una marcha con la comunidad, que se realizará el próximo viernes en horas de la tarde. Todas las actividades públicas de Aten reciben un apoyo masivo. En las mesas callejeras con el petitorio reclamando la apertura de salas de 3 y 4 años, hacen cola para firmar. Sapag no ha logrado tirar a los padres y madres contra la huelga. La huelga en su perspectiva Los días de actividades provinciales, el nivel de adhesión sube al 90%. El gobierno intentó bloquear una audiencia de Aten con los legisladores, pero la masividad de la marcha del 14 tiró abajo esa pretensión. En la audiencia, y aportando cifras concretas en cuanto a lo salarial, lo edilicio y laboral, los representantes de Aten apabullaron a los diputados, que no pudieron rebatir un solo dato. Los diarios resaltan el comportamiento provocador de Luis Sapag y Claudio Dominguez del MPN, que agredieron verbalmente a los presentes. La reunión mostró también los límites insuperables de la oposición neuquina, que no apoyó la huelga y se limitó a un tibio pronunciamiento para “que el gobierno reciba a Aten”. En Junín de los Andes una movilización al Concejo arrancó una declaración contra el intento de proscribir la huelga y y responsabilizando al gobierno por el conflicto. Ahora varias seccionales, como parte de las actividades de las próximas 72 horas votadas (miércoles, jueves y viernes), han decidido marchar a sus propios Concejos.Sapag intenta tirar lastre: anunció que el gobierno prepara una propuesta salarial para todos los estatales en el segundo semestre. Sabe que los $ 480 por decreto no aguantan para todo el 2013, como pretendió en un inicio (el presupuesto de este año no contempla otra recomposición que esa suma fija). En la interna de su propio partido, Sapag ha cerrado filas con Sobisch, el mayor verdugo de la docencia. El que se ha prendido en la campaña antiobrera de Sapag es el intendente de la capital, quien aplicó varias multas a Aten por “ruidos molestos” a raíz de un festival para el fondo de huelga y una choripaneada frente a la Casa de Gobierno.Vamos a una semana y días decisivos para el desenlace de esta huelga. Desde el plenario de Aten se reclamó a la CTA un plan de lucha de conjunto. La unidad estatal-docente es una vía para la victoria de todos.

Otra vez en Madryn asistimos al nacimiento de un nuevo asentamiento. Esta vez, en el acceso oeste. Cerca de 200 familias debieron ocupar tierras para acceder a un techo propio. Se estima en más de 2 mil el número de las familias que viven en asentamientos informales. Estas ocupaciones han adoptado nombres propios: Nueva Chubut, La Arboleda, La Loma, 27 de Octubrey el barrio Alta Tensión. A la población obrera de esta ciudad le está vedada la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Puerto Madryn tiene un gran corsé: su tejido urbano se encuentra dentro de la "estancia Madryn". Son 13 mil hectàreas pertenecientes a la firma San Miguel. Por lo tanto, el municipio no cuenta con tierras fiscales y la firma tiene el monopolio de la tierra ociosa. El gran crecimiento demográfico de la ciudad, sin la realización de un plan de viviendas, es otro factor determinante de la actual situación. De 7 mil habitantes en 1970, pasamos a ser más de 100 mil en 2013. La población fue sucesivamente atraída por las radicaciones de empresas textiles -que cerraron al caerse los beneficios fiscales que tenían- , luego por la instalación de Aluar y, en los 90, por el auge de las pesqueras, hoy en una crisis terminal. Los ingresos de las familias obreras han bajado en forma sustancial, aumentando las tercerizadas y el trabajo en negro. El monopolio de la tierra ha acrecentado la especulación inmobiliaria. Los valores de los terrenos van desde los 20 mil dólares hasta más de 130 mil, con alquileres de más de 2 mil pesos. Mientras tanto, como se sabe, una canasta básica familiar ronda los 8 mil pesos y los sueldos permanecen en una media de 5 mil. Se comienza a entender por qué aumentan los asentamientos. Hace pocos meses se desató un escándalo en el Concejo Deliberante al hacerse pública la venta de terrenos loteados cerca del mar, con valores muy inferiores a los del mercado. Esos lotes fueron vendidos a familiares de concejales. La dirigencia política se ha demostrado históricamente incapaz de satisfacer las necesidades populares del acceso a una vivienda digna. Sus propuestas siempre fueron las mismas; por ejemplo, la de llamar a un empadronamiento de las personas que tengan problemas de vivienda. Estas listas duermen el sueño de los justos mientras las familias se ven obligadas a esperar más de siete años en obtener alguna respuesta. El actual intendente, Ricardo Sastre, se ha sumado a la política desatada por el gobernador, Martín Buzzi, de "tolerancia cero" a las usurpaciones. Amenaza a los ocupantes con no permitirles empadronarlos ni que obtengan beneficio alguno en el futuro si continúan ocupando tierras. También ha realizado violentos desalojos. Así, colocan a los habitantes ante la situación de vivir años alquilando a precios altísimos (muchas veces impagables), a familias enteras a vivir hacinadas o directamente pasar a ser criminalizados como okupas. Estos vecinos han manifestado públicamente que su intención no es ser usurpadores sino comprar las tierras para poder comenzar a construir sus casas. "No somos ladrones, somos todas familias de Puerto Madryn que no tenemos dónde vivir. Queremos pagar estas tierras", dijeron. Desde el Partido Obrero en Puerto Madryn planteamos: -Basta de especulación inmobiliaria. -Expropiación de los terrenos ociosos para poner en marcha un plan de viviendas bajo control obrero, cuyas cuotas no superen el 10 por ciento de los salarios. -Por un plan de urbanización -agua potable, cloacas, luz, gas- a cargo del gobierno provincial y municipal, de todos los asentamientos de la ciudad.

Las actividades que forman parte del ciclo "Conversaciones con el Partido Obrero" tuvieron un debut auspicioso en la UBA. Las tres primeras reuniones sumaron la participación de 150 jóvenes, y están planificadas charlas para el resto de las facultades. A Sociales y Medicina asistió Gabriel Solano, y Marcelo Ramal estuvo en Filosofía y Letras. En todos los casos hubo diversos debates, que implicaron la adopción de nuevas iniciativas. En Medicina, por ejemplo, se recordó el aporte que constituyó el Foro de Salud a la pasada campaña del Frente de Izquierda. El vaciamiento de la salud pública pinta de cuerpo entero la "década ganada" con la que se pavonea el gobierno K; caracterizarlo con toda precisión es una herramienta vital para fortalecer la construcción de una alternativa política de izquierda. Por eso, se votó conformar una comisión de elaboración programática, cuya perspectiva sea la puesta en pie de un nuevo Foro. En esa línea, se discutió sobre la necesidad de confluencia entre estudiantes y trabajadoras de todas las disciplinas de la salud (médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y otros). Por otro lado, la experiencia política al interior de la Facultad motivó la reflexión de algunos de los participantes. En Medicina, un frente que encabeza la UJS-PO, y es integrado por 29 de mayo, CRCR, PCR, MST y Marea Popular, fue protagonista de la recuperación del Centro, en una facultad que durante décadas fue dominada por Franja Morada, relegando a la izquierda a la marginalidad. Brotó la pregunta: ¿por qué esta experiencia no se replica "hacia afuera"? En efecto, se respondió que para el Partido Obrero toda la izquierda debe presentarse en un bloque único que enfrente a los partidos capitalistas. La conclusión, por tanto, era "hacer como en Medicina", y llamar a las corrientes a romper con el frentismo pro patronal y sumarse al Frente de Izquierda. En Sociales, por su parte, quedó planteada la realización de una nueva reunión de la UJS para apoyar la campaña del PO y del Frente de Izquierda. La actividad de Ramal en Filo suscitó varias preguntas. Un tema importante fue el debate en torno a cómo la izquierda podía elevarse a la categoría de alternativa política. Se destacó la particularidad de esa facultad como "caja de resonancia" de la pelea nacional, y fue votada una campaña especial hacia el 24 de marzo, junto con el relanzamiento de las reuniones abiertas por el juicio a los asesinos de Mariano. Esta semana tendrán lugar nuevas actividades en Ingeniería, Económicas y Ciudad Universitaria. El 2013 de la UBA estará atravesado por la enérgica intervención política de todas las corrientes del país, ya sean del gobierno, su oposición tradicional, o la izquierda que va a la rastra de alguno. La UJS se lanza a esa pelea para reagrupar fuerzas, considerando que el Frente de Izquierda puede superar aún más la importante adhesión que ya obtuvo en la universidad.

La semana que pasó, los docentes dieron una nueva vuelta de tuerca en la lucha: participaron de una caravana hacia La Plata (que la dirección yaskysta de Baradel anunció a último momento), pararon 48 horas en forma masiva y se movilizaron de a miles a la gobernación el jueves 14 (alrededor de 7 mil). En Bahía Blanca, en un curso ascendente de la lucha, 7 mil docentes y estatales, acompañados por la población, recorrieron la ciudad. A lo largo de la caravana y de la marcha, la población aplaudió el paso de los manifestantes. El grueso de los padres se solidariza con la lucha por un aumento del 30 por ciento. Los centros de estudiantes de varias facultades, con el comienzo de clases, también se van pronunciando a favor del “maestrazo”. En la marcha del jueves, se sumaron también los judiciales y varias comisiones internas combativas de estatales, como ATE-Educación. Los médicos de la Cicop también pararon 48 horas. ¿Hace falta algo más para reconocer que estamos en la antesala de una huelga general, similar a la que se planteó por el aguinaldo del año pasado? En medio de la guerra de cristinistas y sciolistas, el gobernador dejó en claro su postura: una reducción salarial para los docentes, porque se trata sólo de un 12 por ciento en el primer tramo con menos porcentaje al básico. Al resto de las cuotas, que terminan de cobrarse en enero de 2014, se las fagocita la inflación. Con paros de 48 horas aislados no quebramos la rebaja salarial de Scioli El garrotazo de Scioli obligó a la dirección del Suteba a convocar a un nuevo ciclo de paros aislados de 48 horas, que nadie discutió y otra caravana, que termina en La Plata el miércoles. Su diagrama de salidas es ajeno a los principales centros de concentración de la docencia. Los docentes se enteraron por radio. Esos paros, aunque coincidirán con sendas medidas de los estatales y de los médicos, no forman parte de un plan de lucha ascendente, discutido y organizado por los trabajadores docentes, junto al resto de los estatales. No hay una convocatoria a la comunidad educativa ni se permite la participación de los no afiliados en asambleas ni movilizaciones. Pero, a pesar de la dirección celeste, el decretazo de Scioli provocó la reacción y el disgusto de muchos docentes. En Ensenada, ello condujo a una autoconvocatoria del Suteba junto a la FEB. Más de 400 docentes recorrieron todas las escuelas en manifestación, reclamando medidas de carácter activo. En Luján, hubo movilizaciones de más de mil compañeros, al igual que en otros puntos del interior provincial. Por la huelga general y una marcha blanca La dirección yaskysta ha radicalizado sus discursos sin cambiar sus mañas. Es un momento clave de la lucha, en el que tenemos que quebrar las bravuconadas del gobierno. Junto a los padres, los estudiantes, los estatales, los judiciales, los médicos, hay que poner en pie un movimiento histórico en defensa de la educación, de la salud y de los salarios de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Por un comando conjunto de docentes y estatales que, con la huelga general y la movilización, lleve al triunfo la lucha docente-estatal.

La convocatoria a la movilización del próximo domingo ocupa un lugar destacado en muchas prensas de izquierda, con titulares como “¡Marchemos este 24 de marzo!” (El Socialista), “Contra la impunidad de ayer y hoy” (Avanzada Socialista), o “Contra el espionaje y las persecuciones” (La Verdad Obrera). Otro tema importante es la campaña electoral. Luego de nuevas actividades públicas entre Carrió y Solanas, el MST deja claro que no se quiere quedar afuera. Así, informan de una charla en la Legislatura con participación de “Pino”, Bodart, Enrique Viale, Graciela Muñiz y Rocío Sánchez Andía (de la Coalición Cívica). El leit motiv electoral lo comenta Bodart: “La defensa de todo lo público (sic) está entre los temas básicos de una alternativa unitaria para disputar contra los dos gobiernos”. Libres del Sur, por su parte, anuncia para el martes 19 la presentación, junto a la Coalición Cívica-ARI, de “un acuerdo político en dirección a las elecciones legislativas”, el cual “contemplará que sus partidos trabajen conjuntamente en todos los distritos del país, promoviendo una gran unidad opositora de las fuerzas populares, progresistas y democráticas, alrededor de un programa común”, que no es explicitado. Ese programa incluiría la devaluación de la moneda (repetidas alusiones al “atraso cambiario”) y otras medidas de ajuste. Tumini tildó de expresión de lo “viejo” al acuerdo Carrió-Solanas, mientras teje un acuerdo con Prat-Gay, ex banquero. El PCR denuncia, en el editorial de Hoy, que los “rivales” de los K “apuestan a una fractura dentro del frente gobernante, y/o arrastrar a las fuerzas populares hacia una nueva Alianza”. A renglón seguido informa, sin embargo, que sostiene “conversaciones con las fuerzas populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas, para su unidad en frentes en cada provincia y municipio”- una referencia, fundamentalmente, al FAP. La referencia a la formación de una “Alianza”, queda en la ambigüedad. En relación con las elecciones, Izquierda Socialista llama a pelear “contra el gobierno y la oposición patronal”, y a plantear, “en el terreno electoral”, “un modelo alternativo al servicio de las grandes mayorías”, una expresión por lo menos extraña para el clasismo. El PTS no otorga espacio al tema electoral. Respecto del nuevo Papa, Marea Popular dio a conocer una declaración curiosa. Empieza reivindicando a Bergoglio, que “pertenece a la orden de los jesuitas, asociada a una prédica humanista”, y cuyo nombre de Papa remite a “San Francisco de Asís, un rebelde de otros tiempos”. Es llamativa la reivindicación de los jesuitas por parte de una corriente vinculada con el indigenismo, considerando el rol que la ‘evangelización’ católica, y el jesuitismo en particular, tuvieron en la sujeción de los pueblos originarios (la América India) y la cruenta ‘guerra cultural’ que libraron contra ellos. Para contrapesar “lo bueno” con “lo malo”, Marea manifiesta su “preocupación” por los vínculos de Bergoglio con la dictadura, y su combate al aborto legal y al matrimonio igualitario. Para el PTS, hay un “fortalecimiento” de la Iglesia, “institución reaccionaria”, y es un “incentivo para la oposición patronal más que para el kirchnerismo”.

En una provincia de Buenos Aires surcada por las huelgas docentes, estatales y los conflictos hospitalarios; frente a un Estado provincial hipotecado por el endeudamiento, donde la asistencia social, la construcción de viviendas y la obra pública se han detenido, en los últimos días se han multiplicado exitosas charlas de presentación de la campaña del Partido Obrero por plantarle una alternativa política de la izquierda al derrumbe oficial. Se realizaron actividades particularmente importantes con Néstor Pitrola, en Morón, precedidas por un plenario con compañeros de UTA y ferroviarios, que votó una campaña de lucha por las condiciones de trabajo y servicio del transporte en la zona. También se desarrollaron recorridas por San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz, participando en la asamblea del Hospital Mercante en conflicto y una concurrida charla en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, y una intensa recorrida por Bahía Blanca (véase artículo). Desde que comenzó marzo, arrancaron charlas con los tribunos locales y provinciales en Solano, Dock Sud, Florencio Varela, Almirante Brown, Ezeiza, Berazategui, Villa Jardín y Lanús Centro, San Martín, Escobar, San Isidro, Hurlingham, Merlo, Moreno, Luján, Villa Madero, Villa Scasso, Salto, Pergamino, Olavarría y Azul. Cada una de ellas atrajo a compañeros nuevos, jóvenes, docentes, obreros, que han concurrido a discutir con el Partido Obrero. Se han votado resoluciones de trabajo para extender la campaña, multiplicando la instalación de mesitas de agitación, redactando volantes y declaraciones sobre problemas laborales, de vivienda y ambientales, y saliendo a apoyar y movilizarse por el triunfo de la huelga docente y los conflictos estatales y sanitarios. Llamamos a pelear por reorganizar la provincia desde la defensa del salario, la salud y la educación, en oposición a la orientación de los K, Scioli y la oposición tradicional. Tribunos locales Muchos de estos tribunos son consultados regularmente por los medios locales. Entre tantos otros, se destacan Romina del Plá en La Matanza, Jimena Lettieri en Morón, Néstor Conte en Bahía Blanca, Emiliano Bonfiglio en Lanús, Daniel Heredia en Pringles, Jorge Moreno en Azul y Germán Olivera en Tandil. Al calor de esta campaña, avanza el trabajo para armar listas en distritos donde la izquierda no se ha podido presentar en las elecciones anteriores, sumando a compañeros de ciudades como Cañuelas, San Andrés de Giles, Necochea, Benito Juárez, Dolores, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Colón. Estamos garantizando la presentación en 70 distritos de la provincia y vamos por más. La militancia de la provincia se concentra en la movilización del 24 de Marzo, cuya participación ha sido reforzada por cada charla, y en extender aún más la campaña en abril a nuevos barrios y localidades.

El artículo de Altamira en Clarín, no se si por falta de asesoramiento, o por un planteo democrático generalista que no es aplicable al caso de los jueces, propone, al final de la nota que cuestiona las pretensiones de la cesarina, que lo mejor es elegir a los jueces por voto popular. Bueno, en general la opinión de los especialistas y los sistemas más avanzados no recomiendan este criterio. Es colgar de una lista de mayorías a que elijan a una persona que tiene como obligación impartir justicia y controlar a los otros poderes, incluso declarar las inconstitucionalidades de leyes que proyectan los otros. Los jueces elegidos por el voto buscan el apoyo de sus votantes para ser reelegidos, se dejan llevar por los humores sociales y mayorías circunstanciales. Este es el caso de muchas justicias estaduales de Estados Unidos, que son elegibles por votos de los electores, del pueblo y es una justicia bastante desprestigiada por dejarse llevar por los vaivenes de los aportantes y las mayorías circunstanciales. La novela de Grisham La apelación (extraordinaria, muy recomendable) desnuda magníficamente este proceso. Destaca en un proceso electoral para elegir un puesto clave de juez de Corte de un Estado, gana el que pone más plata en la campaña: es decir las corporaciones y las compañías de seguros. En cambio, la justicia federal americana, que es profesional de carrera, es muy recetada y citada y no es electa por el voto popular. Lo más democrático es que los jueces sean electos por Consejos de la Magistratura, conformados en forma equilibrada por los estamentos de especialistas: jueces, abogados y representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo. Aquí no puede cumplir ese rol y sólo se nombran a los amigos, porque la última ley que lo modificó desestabilizó en favor del oficialismo. Todos los jueces que nombra son K. Si vas a operarte: ¿a quién consultas sobre un cirujano, a un trabajador cualquiera o a otro médico de confianza o de cabecera? Los que conocemos mejor a los más aptos para los cargos somos los abogados, jueces y funcionarios que vemos a los pingos actuar. El pueblo en general no los conoce y es fácilmente arriado hacia el error. Si pones cualquier nombre colgado de una lista acentúas el problema que tenemos hoy de más del 60 por ciento de los jueces nombrados por estos muñecos. Bueno, intenta ser una crítica constructiva. Saludos.

La suspensión del proyecto de la minera Vale, que involucra a 6.800 puestos de trabajo, ha colocado al gobierno en la picota. El pulpo brasileño reclama un tipo de cambio ‘especial’ para liquidar los dólares que debe traer para la inversión, así como también la libertad de remitir al exterior las futuras utilidades del proyecto. En resumen, la empresa del Estado brasileño de Rousseff y Lula pone en cuestión el conjunto de la política económica oficial. El contrato de inversión le reconoce, además, un régimen especial de devolución de impuestos, e incluso la posibilidad de hacerle pagos al Tesoro con títulos de la deuda pública, al 100 % de su valor nominal. Detrás de Vale, asoma la amenaza de una suspensión de los proyectos mineros (La Nación, 17/3). Por los mismos motivos, el prometido ‘relanzamiento’ de la industria petrolera y de la YPF oficial ingresó en un pantano. El gobierno les ha concedido a las petroleras un aumento sustancial en el precio del gas. Pero éstas reclaman lo mismo que Vale: una devaluación del peso y la libertad de girar divisas al exterior. Crisis mundial Vale acumuló en 2012 un quebranto de 2.600 millones de dólares. De Vido acusó al pulpo brasileño de “querer pagar sus deudas con la plata de los argentinos”. Otro pulpo brasileño, Petrobras, está saliendo del país por los mismos motivos: liquida sus activos en la Argentina para atender a las pérdidas de su balance. El parate de Vale desnuda las flaquezas de una de las niñas mimadas del ‘modelo’: la minería a cielo abierto. El parate de Vale afecta a las contratistas instaladas en Mendoza, entre las que se encuentran las más grandes constructoras de ese país. Otros grupos brasileños también han sido afectados por el ‘cepo’. El grupo Camargo Correa, que controla Loma Negra, denuncia el derrumbe de la construcción pública y privada. La crisis con Vale va a repercutir en la construcción de las usinas hidroeléctricas de Santa Cruz, que fue adjudicada al pulpo brasileño Odebrecht. Los K exigen al Estado brasileño que financie una parte de estas usinas mayor de la prevista, a través de su banco de desarrollo (Valor, 5/3). Lamentablemente para los K, Rousseff les reclama lo contrario, o sea “la entrada como inversores del gobierno nacional, el provincial y un socio privado extranjero” (ídem). En definitiva, cada gobierno le reclamará al otro rescatar inversiones capitalistas... con fondos que no tiene. También Venezuela tiene sus más grandes obras públicas en manos de contratistas y bancos brasileños. La Unasur y el Mercosur, los dos ‘modelos’ de la “integración continental”, naufragan a la hora de arbitrar la crisis capitalista.

En Morón Néstor Pitrola recorrió el distrito de Morón el 7 de marzo, presentando las propuestas políticas para las próximas elecciones. Comenzó la jornada en un recorrido por los medios locales. Por la tarde estuvo reunido con un grupo de choferes de Ecotrans, donde discutieron la situación de la empresa, la crisis del transporte, el problema de los subsidios y la lucha por las paritarias sin techos ni topes. Al terminar la jornada, se realizó una charla general en el local partidario con presencia de choferes, docentes, estatales, compañeros de comercio y jóvenes estudiantes, donde discutieron el desafío y las posibilidades de la izquierda en esta etapa. Por último se resolvió impulsar una campaña con eje central en el transporte, especialmente en el Sarmiento y Ecotrans. También se planteó la lucha por la conquista de la juventud, el voto a los 16, la formación de los centros de estudiantes y la intervención del partido entre los artistas que se organizan por sus reivindicaciones. En Morón se puso en marcha la campaña electoral. Jimena Lettieri En Bahía Blanca La visita de Néstor Pitrola a Bahia Blanca se desarrolló en medio de una intensa movilización popular. Hace dos semanas que los docentes, organizados en el Suteba y la Feb, están movilizados. Los docentes también participaron del abrazo solidario en defensa del vapuleado Hospital Regional Penna junto a los médicos y trabajadores del mismo. Una verdadera asamblea popular funciona en la plaza Rivadavia, donde se discuten diariamente las actividades que garantizan el no inicio de las clases, hasta que se logre torcerle el brazo al kirchnerista Scioli. Dos marchas de los "guardapolvos blancos", una de 4 mil y la segunda de 7 mil trabajadores, marcan el clima de bronca y la voluntad de lucha. Vendimos en la primera marcha 70 periódicos, y hemos realizado pintadas llamando a garantizar el triunfo de la lucha docente. Durante enero, una gesta popular reclamó por la entrega de las viviendas del Plan Federal, que hace dos años están paralizadas. Un par de meses antes, el boletazo en el transporte público desnudó los negociados de los "capitalistas amigos" con la intendencia kirchnerista. El Partido Obrero de Bahía Blanca ha participado de cada una de estas luchas. Vamos por más, a desarrollar un vigoroso debate con los vecinos, garantizando la colocación de nuestros volantes, de nuestro periódico, con la apertura de nuevos locales barriales, y garantizar las adhesiones en el resto de las localidades rurales de la sexta sección. La visita de Néstor Pitrola estuvo al servicio de fortalecer esta perspectiva, para que la izquierda ingrese en el Consejo Deliberante y en el parlamento. Durante toda la jornada los medios siguieron su presencia en la ciudad y cerramos el día con una asamblea que reafirmó esta agenda. Néstor Conte "Un paso al frente" Post del compañero Javier, veterano militante del movimiento de los desocupados de Bahía Blanca, después de asistir al acto con Pitrola: Finalmente y después de 12 años de militancia independiente, tomé la decisión de unirme al Partido Obrero y formar parte de la construcción del Frente de Izquierda. Comienzo a caminar un nuevo camino, junto a compañeros de mi lado, gente con la que me he movilizado cientos de veces, en infinidad de luchas, ahora detrás de una sola bandera que busca reunir a quienes quieran luchar y dar un paso más, para ayudar a que esta realidad de un giro hacia los trabajadores, que somos los que movemos el país y somos los más castigados por el sistema. Para que no nos gobiernen sólo "abogados y empresarios exitosos", yo me organizo, yo lucho y doy un paso a este frente.

Desde hace varios meses, el Estado nacional se ha hecho cargo de la administración del Centro Gallego. El Inaes, organismo dependiente del gobierno, nombró un interventor, el cual desplazó de la conducción a los representantes de la colectividad gallega. La amenaza de que el Gallego, que se encontraba en un situación terminal y dejando en la calle 1500 trabajadores, se convirtiera en un megaconflicto laboral y social, unido a la movilización de los compañeros, forzó la intervención estatal. Pero los K están muy lejos de querer repetir la experiencia del Francés y nacionalizar el hospital. La gestión de la intervención está al servicio de su re-privatización, convirtiendo al hospital en una fuente de superbeneficios y negociados. Por lo pronto, en lugar de desmantelar los servicios tercerizados, los ha reanimado. Entre ellos se encuentran radiología, laboratorio, diálisis, hemoterapia, kinesiologia y hasta los propios quirófanos, los cuales se alquilan a otras obras sociales, ART y diferentes especialidades. En otras palabras: el Gallego está inundado de “kioscos” que lucran a expensas del hospital, aprovechando su infrarestructura y personal. Estos kioscos facturan y no rinden cuentas a nadie. Pero lo más grave es que, mientras estos últimos siguen cobrando puntualmente y sacando su rédito, no ocurre lo mismo con los compañeros, que vienen soportando un atraso cada vez mayor de sus haberes. Al día de hoy, aún no han terminado de cobrar febrero. La intervención convive y es cómplice de todo esto, aunque se presente como exponente de la causa “nacional y popular”. Lo cierto es que lo ocurrido en el Gallego no tiene nada que envidiarle al modelo macrista. En lugar de un servicio público, asistimos a un hospital “shopping”, donde prima el interés comercial y privado. En un rapto de sinceridad, el interventor K admitió en una entrevista que la condición para que el Gallego funcione es que debía ser “rentable”. Para ello, los “nacionales y populares” han puesto en práctica los métodos más negreros. La reactivación del hospital se está haciendo sobre la base de una superexplotación tal que supera a las administraciones anteriores, responsables del colapso y vaciamiento del mismo. En la actualidad, el personal de enfermería y no médico ha llegado a su mínima expresión. Debe sostener sobre sus hombros la atención de los pacientes, en momentos en que el hospital tiene cubierta una buena parte de su capacidad. La política es reducir al máximo los costos laborales. Pero esto no ha sido un impedimento para que desembarcara una “tropa K”, proveniente principalmente de La Cámpora. El interventor se ha rodeado de un séquito numeroso de colaboradores, a lo que se suma el ingreso masivo de personal de vigilancia y seguridad. Estamos en presencia de una suerte de aparato de enormes proporciones, que supera largamente a la patota que se instalara años atrás en el Francés. Su función es amedrentar, perseguir y regimentar a los trabajadores. Los K están haciendo un desfalco en el Gallego, ya que este frondoso aparato se sostiene con los recursos que entran en el hospital -lo que desmiente, de paso, que no haya fondos, como sostiene hipócritamente el interventor. A esto habría que agregar la malversación de fondos públicos pues, muy probablemente, el financiamiento de esta tropa provenga de los fondos del Estado. Los trabajadores del Gallego están empezando a reaccionar contra estos atropellos. La cuota de expectativas en la nueva intervención se está agotando, y cada vez es mayor la indignación y la bronca frente al manoseo y las provocaciones. En esta última semana han tenido lugar una seguidilla de asambleas, que forzaron al interventor a pagar la totalidad del sueldo adeudado del mes. Es necesario darle un golpe de fondo a este bicicleteo permanente y a la política negrera y confiscatoria. Ha comenzado a madurar la necesidad de establecer un control sobre el movimiento económico y financiero del hospital. Cuatro delegados, enrolados en la oposición a la burocracia, vienen de hacer público el reclamo de que se abran las cuentas del Gallego y que una comisión electa en asamblea se haga cargo de su fiscalización. Esta reivindicación sólo podrá ser conquistada a partir de la movilización firme y masiva de los trabajadores del hospital. Habrá que quebrar los escollos que la burocracia, aliada al interventor, pone en el camino. Para llevar al triunfo la lucha planteada cobra más importancia que nunca la organización del activismo combativo.

El desdoblamiento es una alternativa en la agenda del gobierno, de hecho ganó bastante fuerza el rumor en las últimas dos semanas. Puede ser… Pero -al menos en la apreciación de varios operadores financieros- el desdoblamiento oficial no se producirá antes de las elecciones, para evitar los costos políticos que traería esta devaluación abierta, y que haría saltar por los aires el control de precios y los acuerdos de las paritarias e incluso los datos dibujados de la inflación del indek -que en los últimos meses muestran una morigeración de la inflación. Como reflejo del pronóstico de que un desdoblamiento oficial no será inmediato, en los últimos días el "contado con liqui" (que es el dólar utilizado para la fuga de capitales), no subió mas allá de los máximos de la semana anterior (a pesar de que el "blue" siguió subiendo, en parte por nuevas medidas que hacen más rígido el cepo cambiario). El aumento del dólar "turista" y su generalización en los pasajes, provocó también la impresión de que el gobierno intentará durante los próximos meses manejar las cotizaciones del dólar con medidas indirectas y una devaluación del dólar comercial mayor pero siempre gradual, y más intervencionismo, a pesar de que esto no haría más que aumentar las contradicciones.

Como parte del ciclo "Conversando con el PO y el FIT" en la Ciudad de Buenos Aires, durante el fin de semana pasado se realizaron dos importantes charlas en Barracas y Devoto con Gabriel Solano. Ambas actividades cobran una especial importancia porque son dos barrios donde se están consolidando nuevos núcleos partidarios, en la perspectiva de poner en pie una alternativa de izquierda en toda la Ciudad. En un plazo breve esperamos poder contar con nuevos locales en estos barrios, para tomar iniciativas frente a los distintos reclamos y reivindicaciones de los vecinos y trabajadores.

En una disputada elección, el activismo vinculado con La Naranja conquistó la comisión interna de la gráfica Impresores: superó por 137 a 103 a la lista de los ahora ex delegados, integrada por elementos de la Verde. Una etapa de frustraciones Impresores SA es una de las gráficas más grandes de la zona norte y una de las más modernas de Latinoamérica. Durante una década, al igual que la mayoría de las empresas del parque de Pilar, funcionó como una “estancia”, donde se prohibía toda actividad sindical. La organización de Impresores, pocos años atrás, fue parte de una “onda” de sindicalización ligada a la nueva dirección del gremio en la zona norte. Esa dirección empezó dando impulso o cobertura a las luchas, y terminó completamente asimilada al aparato ongarista. En el caso de Impresores, La Naranja orientó a ese primer núcleo de activistas que hizo punta en la afiliación. Pero la rápida conquista de la comisión interna cambió su relación institucional con la burocracia sin el contrapeso de una preparación adecuada; las presiones de la patronal hicieron el resto y en poco tiempo el cuerpo de delegados perdió todo rasgo de independencia. El balance de estos años incluye algunos avances, como la reducción de las interminables jornadas de trabajo. Pero lo que se destaca es el rol nefasto del sindicato y sus representantes internos ante los conflictos que el taller encaró por sus reivindicaciones fundamentales, aún pendientes. Por caso, los despidos selectivos son “endémicos” (hubo cerca de 50 el año pasado) y los salarios no han acompañado ni de cerca el incremento de la productividad. La orientación que adoptó la conducción saliente frente a estos problemas concluyó en una completa parálisis. La lista del activismo La formación de la ganadora Lista 2 es producto de esta experiencia, recorrida por el conjunto del taller, que la intervención de La Naranja ayudó a asimilar y traducir en un reagrupamiento. En él confluyeron activistas de diversas trayectorias personales, incluyendo a un miembro de la vieja interna que sobre la base de una autocrítica rompió públicamente y declaró su adhesión a nuestra agrupación. Los volantes de campaña de la Lista 2 fueron desenvolviendo los ejes por los que deberá pasar la recuperación sindical que proponemos: enfrentar la política de despidos permanentes, democratizar la información y la toma de decisiones, rechazar toda subordinación a los “asesores sindicales” de la dirección del gremio, encarar la elevación de los salarios empezando por reclamar a la directiva una lucha general por el 35 por ciento en una cuota, revisar las categorías y otras reivindicaciones puntuales. Se abre con este triunfo una nueva posibilidad para el taller. En rigor se retoma, en un contexto diferente, el proceso iniciado y abandonado tres años atrás. La reorganización combativa de Impresores es un desafío prioritario para toda La Naranja.

Los trascendidos acerca de un desdoblamiento cambiario crecen a medida que se acerca el feriado de Semana Santa. Una devaluación del peso, que beneficiaría a los que fueron acaparando divisas mediante la fuga de capitales, sería un auténtico ‘voto de pobreza’ para la mayoría de la población. Ahora que los K recibieron la bendición papal, sería una suerte de ‘agua bendita’ para exportadores industriales, como Techint y las automotrices, y para quienes compiten con productos extranjeros. El tipo de cambio se desdoblaría en tres o cuatro, para atender a las necesidades de cada sector capitalista y las urgencias fiscales del Estado. La devaluación reduciría el ‘costo laboral’ medido en dólares, y de este modo incrementaría los beneficios patronales. En los precisos momentos en que los doctrinarios del oficialismo insisten en que la inflación es una consecuencia de lo que llaman “la puja distributiva”, la devaluación inclinaría la pulseada pesadamente hacia el lado de los capitalistas. Para las mineras y para YPF, sería un maná del cielo (siempre en el espíritu de la resurrección). Un dólar alto eliminaría los obstáculos para remitir ganancias al exterior, lo cual cerraría los litigios con Vale do Río Doce, que volvería a invertir en el yacimiento de potasio, y con Chevron y otras petroleras, que se animarían a hacer lo mismo con la veta de gas no convencional en la localidad neuquina de Vaca Muerta. La exportación de soja también tendría un beneficio, precisamente en vísperas de los despachos de la cosecha. El gobierno ganaría con un incremento de lo que cobra por retenciones y con un ingreso fuerte de dólares; sin la devaluación, correría el peligro de que ocurra lo contario -que el ingreso de divisas por la exportación se convierta enseguida en fuga de capitales. Una devaluación desvalorizaría los ahorros ‘pesificados’; como las tasas de interés ya son altas, servirían para atraer dinero del exterior, que se cambiaría por un peso devaluado. Para ‘tranquilizar’ a los mercados, los K utilizarían el feriado largo de Cristo y el aniversario de Malvinas. Una semana para ‘meditar’. La devaluación haría saltar por los aires el congelamiento de precios de Moreno y las negociaciones paritarias, y pondría al país ante un nuevo ‘Rodrigazo’. Por ‘necesidad y urgencia’, los salarios se ajustarían por decreto. El gobierno supone que la recesión industrial que desataría la devaluación ayudaría a poner en caja la llamada “presión gremial”, incluso si es por poco tiempo, dado que los precios de la exportación argentina siguen altos. El abandono más o menos completo del cepo cambiario, que acompañaría a la devaluación, debería provocar una suba de los bonos de la deuda pública de Argentina, tanto en pesos como en dólares. Sería un buen ‘incentivo’ para llegar a un arreglo con los ‘fondos buitre’ que litigan en Nueva York, precisamente cuando un tribunal de apelaciones de esa ciudad debe fallar sobre una demanda por la deuda externa que no entró en los canjes de 2005 y de 2010. De acuerdo con los chimentos, Argentina la ofrecería pagar con nuevos bonos, con vencimientos hasta 2045. Consumado este ajuste contra los trabajadores, el Papa Francisco se encargaría de convocar a los argentinos a la misericordia. Más adelante -en julio- vendría al país. Como cuando Juan Pablo II vino, en 1982, a predicar la rendición de Malvinas, Buenos Aires volvería a “vale(r) una misa”.

El miércoles 13 de marzo se realizó la actividad titulada "Los artistas conversan con Jorge Altamira", organizada por el Frente De Artistas (FDA), en el Centro Cultural del FDA. Asistieron más de 100 personas. Las conclusiones de más de dos horas de debate, se plasmaron en resoluciones. El compañero Santi Aysine, de Salta La Banca (presente junto a otros rockeros de bandas reconocidas, como Memo de Kapanga, o Eduardo, de Cadena Perpetua), propuso realizar un festival artístico el miércoles 2 de abril, en el cual participará, con el fin de recaudar dinero para mejorar la acústica de nuestro Centro Cultural. Además se votó una campaña de apoyo económico, de difusión y de concurrencia al cine de la película "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", que se estrena el 4 de abril; marchar el 24 de marzo como en el 2012, con la bandera del Frente De Artistas, de Congreso a Plaza de Mayo; escribir una declaración de apoyo del FDA al Frente de Izquierda y realizar un plenario del FDA para seguir avanzando con iniciativas concretas de todo tipo. Comenzamos a sumar fuerzas para que el FDA se coloque, como lo hizo cuando nació, en la campaña electoral de 2011, como un factor de militancia activa, que sea parte de la lucha por conseguir verdaderos representantes de los trabajadores y la juventud en el Congreso. Sin dudas: diputados del Partido Obrero, diputados del Frente de Izquierda.

El próximo fin de semana se desarrollará en París un encuentro sindical internacional. Participarán 200 delegados de 25 países de varios continentes. Está convocado por Conlutas de Brasil, orientada por el PSTU; por Solidaires, central francesa de la izquierda autonomista; la CGT española, escisión de la CNT, integrada fundamentalmente por anarquistas, y la Organisation Democratique du Travail. Habrá delegaciones de Marruecos y en particular de Egipto (pero no de Túnez). Conlutas aportará 45 delegados. Nos haremos presentes con una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista (PO). La convocatoria al encuentro responde, sin duda, a la necesidad de enfrentar la política entreguista de las burocracias sindicales, manifiesta en Europa, frente a los estragos que provoca en los trabajadores la política de austeridad y de ajuste de la burguesía mundial. Al mismo tiempo, procura desarrollar los proyectos de paralelismo o alternativismo sindical que encarnan las organizaciones convocantes. Los organizadores se dirigen, precisamente, a “todas las organizaciones sindicales que se reconocen en el sindicalismo de lucha, la democracia obrera, la auto-organización de los trabajadores y la necesidad de transformación social”. Rechazan los “pactos con los poderes constituidos para validar las medidas antisociales” y proponen “organizar la resistencia a escala internacional para construir, en las luchas, la necesaria transformación social de la sociedad”. El texto de la convocatoria, sin embargo, no denuncia a las burocracias sindicales ni caracteriza su función estratégica en la aplicación de los planes brutales dirigidos a que los trabajadores paguen la crisis capitalista. Con más evidencia en Europa que, por ejemplo, en América latina, existe una suerte de ‘coexistencia pacífica’ entre las organizaciones convocantes y las organizaciones sindicales tradicionales. Los convocantes del Encuentro Sindical “Alternativo” constituyen variantes del sindicalismo paralelo que, en el marco de los conceptos de “libertad sindical” de la OIT, conviven críticamente a la sombra de las grandes organizaciones sindicales. Los convocantes no plantean la expulsión de la burocracia sindical y la lucha por una dirección revolucionaria en los sindicatos. Sin embargo, la democracia y la independencia política de los sindicatos son inviables sin una nueva dirección. La convocatoria al encuentro plantea que “esta crisis global del capitalismo muestra el impasse de un desarrollo basado en la distribución cada vez más desigual de la riqueza producida, la desregulación financiera, el libre comercio generalizado y el desprecio por los imperativos ecológicos”. Se trata de una consideración estratégica, pues caracteriza a la crisis capitalista localizada en la ‘distribución’ y no en las relaciones de producción. La convocatoria dice, textualmente: “Nuestro desarrollo tiene como objetivo derrocar al modelo de desarrollo económico... basado en la hegemonía de las finanzas”. No asoma siquiera la caracterización de la declinación histórica del capitalismo. La consecuencia del planteo que localiza la crisis en la ‘distribución’ apunta a una salida basada en las llamadas ‘políticas públicas’ (más gasto del Estado). La nacionalización de los bancos, que los gobiernos capitalistas ya están realizando en forma parcial, con sus propios métodos, para rescatar al capital financiero, se ubica en esa perspectiva ‘keynesiana’. Una caracterización de este tipo condena al movimiento obrero a ir a la rastra de los partidos de centroizquierda o de la ‘nueva’ izquierda democrática, del tipo que representa Syriza en Grecia. No figura en la plataforma del encuentro la consigna de romper la Unión Europea y la lucha por la Unidad Socialista de Europa. La denuncia limitada a ‘las finanzas’ equivale a un planteo de frente único objetivo con el capital no financiero, que anuncia en forma cotidiana despidos en gran escala. Quedan exentos de este planteo la nacionalización de la gran industria y las ocupaciones de empresas. Además de dejar afuera de los planteos obreros la lucha por acabar con la Unión Europea imperialista, la convocatoria no toca el tema de la Otan, ni la intervención imperialista en las naciones árabes, desde el FMI en Egipto hasta el bombardeo de Libia o la injerencia cada vez más abierta en Siria. En una entrevista reciente con el diario centroizquierdista The Guardian, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, calificó a estas posiciones como expresión de un pragmatismo inteligente. La Coordinadora Sindical Clasista, inspirada en el programa de su conferencia y en las resoluciones del Comité por la Refundación de la IV Internacional, participará en el encuentro con estas posiciones críticas, en función del objetivo estratégico de promover, por un lado, una conferencia internacional y, por otro lado, un reagrupamiento de la izquierda latinoamericana sobre la base de un programa internacionalista.

En agosto de 2011, el Frente de Izquierda logró superar la barrera proscriptiva de la reforma política, que imponía la necesidad de obtener un 1,5 por ciento de los votos válidos para pasar a la elección general. En octubre aumentamos todavía más la votación a diputados, y estuvimos cerca de alcanzarlos en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Lo ocurrido en 2011 no significa, sin embargo, que el piso electoral no vuelva a ser un obstáculo proscriptivo. Por de pronto, hace dos años no pudimos superarlo en una serie de distritos y tampoco lo lograríamos ahora, en principio, al menos en una parte de ellos. La conformación general de fuerzas para las elecciones actuales no está definida todavía, pero no será una repetición de 2011. O sea que se nos presentan nuevas luchas políticas antes de poder reconquistar y acrecentar los votos conseguidos hace dos años. Alternativamente, vuelven a aparecer las versiones acerca de que las primarías de este año, previstas para agosto, podrían ser suspendidas. La necesidad de superar ese piso electoral proscriptivo vuelve a ser una poderosa razón para empeñarnos en la defensa del Frente de Izquierda. La razón principal sigue siendo, de todos modos, evitar la dispersión electoral de los luchadores obreros y juveniles y ofrecer un bloque común contra los partidos patronales y sus apéndices. Es la forma de clarificar la lucha electoral en términos de una lucha de clases. Llamamos a reforzar la campaña ya iniciada por nuestro partido, para crear una conciencia, en el mayor número de trabajadores posible, acerca de la necesidad de un voto por la izquierda revolucionaria. Estamos colocados, enteramente, en el camino de la continuidad del Frente de Izquierda de 2011, cuyas posibilidades aún siguen vivas.

El pasado sábado se dieron cita más de 120 personas en la "plaza Brukman", en Jujuy y México, en el ciclo Conversando con el Partido Obrero. Estuvo presente Jorge Altamira. Vecinos, jóvenes y trabajadores, entre ellos compañeros de hospitales como el Ramos Mejía o el Centro Gallego, se reunieron durante más de dos horas para transmitir sus preocupaciones y hablar de sus luchas y conflictos. Y a debatir una propuesta de programa y de acción de cara a las próximas elecciones. Se debatió la situación de los trabajadores del Centro Gallego (véase artículo). Otro hospital de la zona, el Español, atraviesa una situación similar de vaciamiento. La propuesta de que la Ciudad se haga cargo del hospital y lo ponga al servicio de la salud pública, garantizando los salarios y el funcionamiento bajo control de los trabajadores, será llevada para ser discutida con los compañeros. La intervención de los compañeros del Ramos Mejía puso de manifiesto el vaciamiento presupuestario de la salud, combinado con el ataque al salario, configurando la crisis sanitaria que existe en la ciudad. Los docentes denunciaron la situación penosa de las escuelas, y los jóvenes trasmitieron su preocupación por la represión a los compañeros de la Sala Alberdi. Se debatió la necesidad de darle una expresión definida al voto de los jóvenes, contra los aparatos ligados al Estado. Una declaración, llamando a la juventud a organizarse de manera independiente para cambiar la historia y rebelarse contra la miseria económica y cultural a la que se ve sometida, por la libre organización de centros de estudiantes, fue la propuesta que surgió del debate. Vecinos intervinieron para ofrecerse a difundir esta alternativa. Nos proponemos realizar asambleas semanales para el seguimiento de la campaña y el debate de las iniciativas que surjan y le den más potencia. Con alegría y optimismo se cerró la asamblea, resolviendo sacar un volante para hacer público el debate y sus conclusiones, y para reforzar la convocatoria a la marcha del próximo domingo.

Más de mil trabajadores migrantes sitiaron una fábrica en Shangai y mantuvieron de rehenes, durante más de un día, a 18 directivos chinos y japoneses. La reacción obrera se produjo frente a un código laboral impuesto por la compañía china que adquirió Shangai Shinmgi Electric a un grupo japonés. La nueva patronal firmó contrato con cada uno de los trabajadores, tomándolos como nuevos, y anuló todos los beneficios adquiridos durante los años de trabajo con la firma anterior. Además, impuso un sistema de multas y penalidades escalofriante: “Nosotros ganamos 2 mil yuanes por mes (247,70 dólares) pero ahora estamos sometidos a multas de 50 a 100 yuanes por llegar tarde o gastar más de dos minutos en el baño”, sintetizó un trabajador. Fuera de esto, el reglamento estableció el despido inmediato para quien cometa un error grave, de acuerdo con la calificación de los supervisores. La huelga con rehenes fue duramente reprimida por la policía china, que irrumpió en la fábrica y provocó varios heridos, pero la tensión sigue. Hasta aquí sería sólo la crónica de una acción obrera derrotada. Pero el episodio es parte de una situación de conjunto, que se expresa en luchas obreras y levantamientos campesinos, en un cuadro de desaceleración industrial y descomposición. Casi al mismo tiempo que se producía la huelga en Shanghai, las fuerzas de seguridad rodeaban una fábrica en Yizhuang -en Beijing Sur, donde se encuentra el llamado “taller del mundo”- para tratar de impedir la extensión de otra huelga, esta vez por aumento de salarios y pago del bono prometido por el año nuevo chino. En este caso, los trabajadores “sitiaron” a los directivos en el restaurante de la planta para reforzar sus reclamos. Aunque la huelga de este complejo se concentró en el salario, existía un reclamo previo por el traslado de una parte de los obreros a una fábrica del interior. Los empresarios están propiciando estas relocalizaciones, a la búsqueda de menor costo laboral y menor conflictividad obrera. El complejo de Beijing tiene unos 150 mil empleados, que fabrican componentes de celulares abasteciendo, entre otros, a Nokia, y compite con el mayor contratista de electrónica del mundo, Foxconn, que fabrica más del 40% de los componentes electrónicos del mundo. Precisamente, una movilización de unos mil trabajadores de una filial de Foxconn recorrió a mediados de enero las calles de Fengcheng, en la provincia meridional de Jiangxi, exigiendo mejores salarios. El movimiento obrero Ninguno de estos conflictos tuvo la iniciativa o el acompañamiento de la Federación Sindical de Toda China (FSTC), una burocracia que cuenta con 193 millones de miembros y ejerce el monopolio absoluto –no se permiten sindicatos que compitan con ella- y es un agente despiadado del gobierno contra las luchas obreras. En China, el derecho de huelga está prohibido por la Constitución, lo que significa que la mitad o más del movimiento obrero, intermitentemente, actúa en la ilegalidad. Cuando el proceso de rebelión obrera comenzó a desenvolverse (2008), la FSTC ensayó un acuerdo con las empresas para “tener sindicatos en todas las compañías que no son propiedad del Estado chino para 2010” (2) y regimentar las luchas en su inicio. El intento fracasó y, lejos de atenuar su empuje, la clase obrera china abrió una nueva etapa, extendiendo huelgas “salvajes” por doquier y exigiendo la elección de representantes genuinos. Fue Foxconn (1,4 millón de trabajadores) la que anunció hace un mes y junto a la burocracia sindical china la elección de delegados en el conjunto de sus plantas: unos 18 mil representantes, en un proceso que se iniciaría desde el año 2014. Es una política de Estado dictada por el fracaso del intento anterior y la necesidad de poner un freno a la enorme presión obrera. En cualquier caso, ello supone a 1,4 millones de trabajadores votando por sus delegados, en un país conmocionado por las huelgas y los levantamientos populares. Los trabajadores chinos han arrancado el mayor aumento del salario real en la década respecto de cualquiera de los proletariados con que se lo quiera comparar: medido en dólares de 2005, ha crecido un 350% en el período 2000/2011. Ello es sólo la expresión del protagonismo de la clase obrera en un escenario de crisis profunda, provocado por las contradicciones que genera la crisis mundial y la gestión restauradora de la burocracia. 1 South China Morning Post, 14.2.2013. 2 Asahi Shimbun, 13.2.2013.

Ni los oficialistas, ni tampoco los opositores, prestaron atención a que el equipo de mate que CFK le obsequió a Bergoglio fue elaborado por trabajadores del programa Argentina Trabaja. Francisco quizá vio en el hecho un toque de ‘humildad’, cuando se trata del producto de cooperativas truchas que operan por medio del fraude laboral.Los ‘beneficiarios’ cobran un básico de 1.200 pesos más un plus por asistencia y otro por productividad -unos $1750 por mes. Con la canasta familiar a $8000, el Papa que se “preocupa por los pobres” debería revisar el regalito de CFK. Los trabajadores precarizados del AT venimos reclamando el pase a planta y al convenio respectivo y un salario igual a la canasta familiar. Rechazamos la precarización laboral; abajo el trabajo precario en todas sus formas.

El libro de pases dentro del centroizquierda está tomando visos de cambalache. Después de que Pino firmó con Carrió, Proyecto Sur se ha convertido en un quilombo. El PSA lo resiste, no así el MST, que da lo que no tiene por cualquier candidatura. El PSA, un sello electoral, ha votado en la Legislatura varias de las leyes de Macri (contratos de basura, exenciones impositivas a empresas, aumento del ABL). Marea Popular, un frente de agrupaciones que habían hecho votos de celibato político, se ha largado a cortejar al sello, para cobijarse en las elecciones de la Capital. No importa para este caso que Marea sea ‘kirchnerista crítica’ y el PSA ‘crítico del kirchnerismo’, porque dos cocteles es lo mismo que uno. Cuando los mentideros aseguraban que Marea ‘visitaba’ a Luis Zamora, los diarios hablan de una posible alianza con los que votaron contra la 125. También el FAP atraviesa su crisis, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Libres del Sur acaba de suscribir un acuerdo con Prat Gay. Con la UCR, disputarían las internas abiertas (PASO) al binomio Pino Solanas-Carrió, en agosto próximo. El PS de Binner y Roy Cortina, por su parte, está más cerca de Solanas. De esta forma, dos integrantes del FAP irían a la interna enfrentándose mutuamente. La tercera pata del FAP, sin embargo, que encabezan Lozano y De Gennaro, se opone a un acuerdo con Carrió como con la UCR, de modo que no participaría en una interna abierta entre las candidaturas de unos y otros. Para Pino Solanas, como para los ‘socialistas’, esta conducta sería “sectaria”. No entienden por qué no sería legítimo en Capital lo que sí aceptan en Santa Fe, donde integran un frente con la UCR y la Coalición Cívica. Lozano y De Gennaro han empezado a armar un plan B: sumarse al sello PSA-Marea Popular. Estos chavistas no tendrían problemas en avanzar en una alianza con los legisladores sojeros. El dúo Lozano-De Gennaro apoya sin remilgos a Eduardo Buzzi, el representante de la Mesa de Enlace en la Federación Agraria. Marea Popular se encuentra transando aún antes del parto. Tiene el gen de la estudiantina y una completa falta de principios. La ‘política’ le ha provocado apunamiento. La Marea se ha convertido en mareo o cinetosis -el malestar que provoca el movimiento de las aguas y las mareas.

Es cierto que la isla de Chipre no fue nunca, en el último siglo y medio, un lugar especialmente pacífico, cruzada por dos guerras mundiales, el desmembramiento del imperio turco, las crisis de Medio Oriente y las revoluciones y guerras civiles en los Balcanes. ¿Podría ahora añadir a sus laureles el desencadenamiento de una corrida bancaria en Europa y un poco más allá? Es lo que creen muchos que no tienen el hábito de dejarse llevar por el pánico. Por de pronto, las autoridades chipriotas han decidido no correr más riesgos, por lo que establecieron un corralito bancario, que ha sido prorrogado en forma sucesiva hasta el próximo martes. ¿Pero cuál es el ‘tamaño’ del problema? En principio no debería ser inquietante, pues el PBI de la isla es de apenas 20 mil millones de euros, un 4% del de Argentina -y, como sabemos, la humanidad sobrevivió al ‘defol’ criollo de 2001. Ocurre, sin embargo, que Chipre no solamente es un paraíso de la naturaleza sino también un “paraíso fiscal”. Por eso, los depósitos en sus bancos son superiores a los 80 mil millones de euros, un 350% del PBI -¡un monto superior al del sistema bancario de Argentina, en 2001! Así que en materia de magnitudes, el sistema bancario de la isla equivale al de toda la Argentina en la época de la convertibilidad. En Chipre se lava dinero ilegal de todo el mundo: unos 25 mil millones de euros provienen del extranjero -sin incluir a Rusia, que suma otros 30 mil millones. Es plata de la evasión fiscal y del narcotráfico. Una buena parte de los fondos restantes responden a ciudadanos griegos, que cruzaron el mar para curarse en salud. Precisamente porque opera más como un ‘paraíso fiscal’ que como una nación, ese dinero se encuentra invertido en cualquier lado menos en Chipre, incluida la deuda pública de Grecia. Parte del ‘defol’ bancario obedece a esto, ya que la deuda pública de Grecia fue ‘defolteada’ varias veces. El capital financiero es un sistema de vasos comunicantes, no solamente cuando se empina sino especialmente cuando se desploma. A toda esta hipoteca, hay que añadir la deuda pública de la propia Chipre, apenas inferior a los 20 mil millones de euros de su PBI- lo cual excluye la posibilidad de que las finanzas chipriotas puedan ir al rescate de los bancos. En tanto la deuda bancaria en títulos privados es reducida -menos de dos mil millones de euros- con la deuda pública ocurre lo contrario. No es casual entonces que la Comisión Europea se haya lanzado, para enjugar la bancarrota, sobre los depósitos bancarios, dejando a los bonistas fuera de la tormenta. Impuesto a los depósitos Lo que desata el alerta roja en el sistema bancario mundial, es la decisión del FMI y del Banco Central Europeo de financiar el rescate de los bancos con un impuesto a los depósitos, incluidos aquellos inferiores a cien mil euros, que se encuentran asegurados por ley en los países de la zona euro. El monto necesario para el rescate fue evaluado en 17 mil millones de euros, de los cuales los depositantes deberían poner siete mil millones. La carga establecida inicialmente fue de 9,70% sobre los depósitos no asegurados y un 6,5% sobre los que sí lo están. Para casi la totalidad de los analistas financieros la medida rompe un compromiso legal en toda Europa y amenaza con producir una corrida bancaria, como la que ya ocurre en Chipre, en las naciones más golpeadas de la zona monetaria del euro. El primer ministro de Rusia, Medvedev, anticipó que tomaría represalias por los perjuicios que debería ocasionar a los ciudadanos de su país -sin la menor mención a que serían evasores impositivos de su propio Estado. La población chipriota ha vaciado las cajas automáticas de los bancos hasta lo posible, y ha empezado a salir a la calle. Es que nadie asegura tampoco que la cifra estimada del rescate sea la final, lo cual proyecta nuevas confiscaciones. El banco Laiki, por ejemplo, segundo en tamaño, está quebrado sin remedio. En estas condiciones, el corralito bancario deberá convertirse en definitivo y Chipre deberá arreglarse con ‘patacones’. Sería una salida indecorosa y anárquica del euro, sin que medie una decisión soberana ni un plan alternativo. La crisis chipriota deja en evidencia que los depósitos bancarios han quedado a merced de la crisis y que el Estado tampoco puede cumplir con su promesa de rescate con los depósitos inferiores a los cien mil euros. “El rescate de Chipre ha demostrado -dice un columnista del Financial Times (18/3)- que las naciones acreedoras insistirán para que de ahora en más cualquier rescate bancario deba ser co-financiado por los depositantes”. Esta conclusión es una invitación al retiro en masa de los depósitos en los bancos. Los casos de España e Italia son contundentes, pues no tienen la menor posibilidad de salir a un rescate de sus propios bancos; a falta de dinero público, el rescate del Bankia en España, por ejemplo, se realizó mediante garantías ofrecidas por el Estado español al BCE - que una correcta contabilidad debería incorporar al monto de la deuda pública española. Desde el lanzamiento del rescate, sin embargo, el Bankia no hace sino perder dinero. Existe, por otro lado, una relación simbiótica entre bancos y Estados, pues los primeros tienen en sus tesoros las deudas públicas de los gobiernos que deberían encargarse de rescatarlos. Una corrida bancaria dejaría a los bancos y al Estado colgados de un pincel. La deuda pública española, bien contada, supera el ciento por ciento del PBI, mientras que la privada es de arriba del 250% del mismo. Los depósitos asegurados en toda Europa alcanzan la friolera de siete billones de euros (siete millones de millones). “Desde la crisis de 2007, el endeudamiento de los gobiernos, las empresas no financieras y las familias aumentó en treinta billones de dólares -informa el diario paulista Valor (18/3)- (lo cual) representa un 40% del PBI mundial”. Como ocurre con el cuento del kirchnerismo, el pregonado desendeudamiento mundial (‘deleveraging’) resultó en un aumento fenomenal de la deuda pública y privada. “Unión bancaria” La confiscación chipriota tampoco es un rayo en cielo sereno. La ‘troika’ constituida por la Comisión Europea, el FMI y el BCE, ya venía advirtiendo que el dinero público y la emisión de moneda no podían seguir asumiendo las operaciones de rescate. En España, por ejemplo, fueron confiscadas unas llamadas acciones preferentes del Bankia, que no eran otra cosa que dinero de depositantes que fueron ‘persuadidos’ de convertirlas en acciones. En Holanda, el gobierno no pagó los bonos no asegurados cuando procedió en febrero a la nacionalización de uno de sus bancos. El rescate del Anglo Irish, en Irlanda, se financió en parte con el dinero de bonistas ‘senior’- o sea asegurados. Es cierto que, en algunos casos, la quita a los bonistas es ficticia, porque sus bonos ya se cotizaban a nivel basura como consecuencia de la crisis. Lo de Chipre es, sin embargo, un gran salto hacia adelante, y por eso no es casual que se experimente con una economía menor. Lo que está en juego en todo esto es el diseño del sistema bancario europeo en el curso de la presente crisis. Los países de la zona euro están discutiendo una “unión bancaria”, que por un lado es predicada como el establecimiento de un seguro continental de los depósitos de los bancos, pero por el otro apunta a establecer una ley de quiebras para el conjunto bancario de la zona euro. Chipre es un conejillo de Indias de la “unión bancaria”; por eso el Financial Times (18/3) asegura que “el destino de la Isla fue sellado en Alemania”. Lo que se busca es concentrar el negocio bancario, o sea liquidar a la entidades que no puedan financiar el seguro contra quiebras, y a partir de aquí proceder a una “unión fiscal”, que colocaría la deuda pública bajo la supervisión de los grandes bancos. Una corrida bancaria, en las circunstancias actuales, podría dar por tierra con estos planes, pero al mismo tiempo sería la vía ‘rápida’ para concretarlos. La época de las concentraciones bancarias graduales está superada. El capital no tiene otra alternativa que jugar con fuego. Un editorial del Financial Times advierte que la confiscación de depósitos en Chipre, “no va a llevar a los bancos a una reestructuración inmediata”. Es cierto que los diarios traducen optimismo cuando se trata de Estados Unidos y China, pero se trata de una operación de ‘lobby’. Un ex funcionario de finanzas de Clinton y de Obama observa que “en el recuerdo, las crisis son un concatenamiento de desastres. Pero en los hechos se desenvuelven como momentos de pánico separados por espacios de tiempo largos separados por una calma aparente” (Financial Times, 18/3). Alude a la supuesta calma que se adjudica al momento actual, y aprovecha para advertir sobre el peligro inminente que representa Francia. El Banco de Basilea, que supervisa al sistema bancario internacional, es menos condescendiente, pues advierte que sus “datos están señalando una continua debilidad macroeconómica en las economías más avanzadas” (Financial Times). Vasos comunicantes Las crisis de la envergadura de la que se inició en 2007 tienen una lógica interna que no es reconocida por la mayoría de los observadores. Desde el momento en que plantean una reestructuración en profundidad de las relaciones entre las clases (o sea, un sometimiento en mayor escala de la fuerza de trabajo), los períodos de ‘calma’ o incluso de ‘recuperación’, además de inevitables, entran en contradicción con la necesidad íntima de la crisis. Es que al debilitar la ofensiva de ajuste, austeridad y reestructuración, las llamadas ‘calmas’ o ‘recuperaciones’ ofrecen una posibilidad de recuperación al movimiento obrero, allí donde este no haya podido enfrentar con suceso, hasta ese momento, la ofensiva capitalista. También otorga algún respiro a la pequeña burguesía, mientras prepara, por esos medios, los nuevos estallidos. Lejos de ser un anticipo de la salida a la crisis, anuncian por el contrario su agudización. Los vasos comunicantes también valen para las masas: después de haberse convertido en refugio para el dinero que escapaba de Grecia, la bancarrota de Chipre, cuya población es en su mayoría griega, ha reanimado la crisis política en Grecia. En el plano político ocurre otro tanto: los regímenes políticos acentúan su corrosión en los periodos de aparente tregua. Como diría un cuervo convertido en Papa de los cuervos: la procesión va por dentro.

El pasado de Jorge Bergoglio tiene oscuridades parecidas a las de la institución a la que pertenece. Entre ellas, hay un dato incontrastable: el 25 de noviembre de 1977, cuando Bergoglio era provincial (jefe) de los jesuitas, la Universidad de El Salvador -perteneciente a esa orden- le otorgó un doctorado honoris causa a Emilio Eduardo Massera. Algunos de los allegados del nuevo obispo de Roma dicen en su descargo que aquello fue parte de una transacción a cambio de la liberación de los jesuitas Osvaldo Yorio y Francisco Jalics, quienes alguna vez lo acusaron de haberlos desprotegido o simplemente entregado -aunque ahora Jalics dice “estar en paz” con Bergoglio. Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también supo acusarlo: según indicó, cuando fue a pedirle por su nieta desaparecida y apropiada, Bergoglio le contestó: “A la criatura la tiene una familia de bien y no hay marcha atrás”. En cambio, Alicia Oliveira, ex secretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner, asegura que Bergoglio le salvó la vida a ella y a otras personas, aun a riesgo de su vida. Como suele ocurrir en estos casos, posiblemente todos tengan razón. Pero esto es una prueba adicional de que pertenecía a ese sistema y operaba desde adentro. Más clara, en cambio, fue su pertenencia política en los años 70: opositor férreo a la Teología de la Liberación, la combatió decididamente cuando buena parte de su orden se inclinaba hacia ella. Lo hizo, según sus colaboradores, en aras “de la unidad de la Compañía de Jesús”. No es cierto. Bergoglio no abogaba por la unidad jesuítica sino a favor de la derecha peronista: en 1972, cuando ya era capitán de los jesuitas, se aproximó a Guardia de Hierro, un grupo de choque, militarizado, de esa derecha. No se habrá sentido en un ámbito extraño: también los jesuitas tienen entre sus características la disciplina estricta, el ascetismo y la organización de tipo militar. Guardia de Hierro había tomado su nombre de Garde de Fier, una organización fascista rumana fundada por el católico extremista Cornelieu Codrenau. Varios personajes de Garde de Fier se vincularon luego, íntimamente, con el peronismo. Guardia, conducida por Alejandro Álvarez, decía combatir por igual al “frente rojo” (Montoneros) y al “frente negro” (Comando de Organización y Concentración Nacional Universitaria, CNU). Una suerte de “tercera posición” que agradaba al actual Francisco. En definitiva, lejos de propugnar una supuesta “unidad”, Bergoglio tomó partido en una lucha política cruenta y abierta. Guardia de Hierro, por otra parte, tenía excelentes vínculos con Massera, aunque eso no debe asustar: también los tenía Juan Domingo Perón en persona, quien llegó a provocar -y jugó para eso toda su autoridad personal- una crisis con la cúpula de la Armada para defender al “almirante cero”.

José Alfredo Martínez de Hoz, muerto en su casa aunque con prisión preventiva por el secuestro de dos empresarios, es, casi, casi, una leyenda argentina. A él acuden “demócratas” de los pelajes más diversos para atribuirle todos los males del país: la destrucción de la industria (“da lo mismo acero o caramelos”, diría uno de sus compinches), la deuda, la dichosa “tablita” y otra lista larga. Como si el hombre hubiera surgido de un repollo. Conviene recordar, sin embargo, que el plan económico que aplicó Martínez de Hoz ya era el del gobierno peronista, el de Celestino Rodrigo (el meneado Rodrigazo), que no pudo prosperar porque lo frenó la huelga general de junio-julio de 1975. Martínez de Hoz llegó para ejecutar el programa que el peronismo no podía llevar a la práctica, porque para eso hacían falta Videla y el terrorismo de Estado. Estanciero, miembro del directorio de Pan American Airways y de la International Telegraph & Telephone (ITT), Martínez de Hoz era también asesor del Chase Manhattan Bank y ejecutivo de Acindar -subsidiaria de la USS Steel-, de Bracht, del grupo Soldati, de Braun Boveri y de la banca Roberts, lo cual da, aproximadamente, una idea de los intereses que impulsaron el golpe. José Ignacio López era columnista entonces en el diario golpista La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, y escribió: “El ministro se ubica entre aquellos que han advertido que el hombre de negocios no puede permanecer recluido en el estrecho círculo de sus negocios, sino que debe participar crecientemente en la solución de los problemas de la sociedad contemporánea” (28/3/1976). Martinez de Hoz fue, además, un gángster activo, pues impulsó el secuestro de capitalistas rivales para quedarse con sus empresas. Por eso está preso ahora, y no por el secuestro, tortura y asesinato de activistas obreros en Acindar, la empresa que dirigía. La burguesía nacional La pertenencia de Martínez de Hoz a corporaciones imperialistas alimentó otra leyenda, repetida hoy hasta el cansancio por medios oficialistas: el “superministro” de la dictadura habría sido un simple representante de intereses extranjeros que operaban en contra de la burguesía. La realidad es menos nítida. Durante la dictadura se acuñó la expresión “capitanes de la industria”, para denominar a la gran burguesía industrial de Argentina. Sus nombres principales eran Rocca (Techint), Pérez Companc, Franco Macri, Santiago Soldati, el papelero-petrolero Bulgheroni o el azucarero Blaquier. La dictadura intentó hacer lo mismo que buscaba Pinochet y, desde antes, las dictaduras de Corea del Sur, Taiwan o Brasil: generar una burguesía capaz de desarrollar una acumulación de capital de características ‘multinacionales’. Por eso los militares le pusieron obstáculos al remate de empresas del Estado, cosa que les acarreó choques varios con el FMI. No se tiene en cuenta que la privatización masiva tuvo lugar bajo el peronista Menem, precisamente porque no se habían producido bajo los militares. Cuando Menem dispuso las privatizaciones, entregó una fuerte participación en ellas a los ‘capitanes de la industria’ que habían hecho su agosto con Martínez de Hoz, Videla y compañía. Hace apenas un par de semanas, esa estrategia fue reivindicada por Axel Kicillof, que ofreció como prueba de su éxito los casos de los países mencionados, en especial Corea del Sur... Los Kirchner, por su parte, se muestran desagradecidos cuando vituperan a Martinez de Hoz, autor, con Cavallo, de la circular 1050, que asfixió y expropió a los deudores hipotecarios. Con esas ejecuciones, propiciadas por la 1050, ellos se enriquecieron en Santa Cruz, acumulando una fortuna amasada por un saqueo social. Por otra parte, los K han sido los más puntuales pagadores de la deuda externa que dejó el extinto. Martínez de Hoz ha muerto, pero su política, con diversas variantes y en circunstancias muy distintas, sigue aquí.

Por primera vez desde el traspaso del subte, una medida de apertura de los molinetes por dos horas, por parte de la AGTSyP, abrió un conflicto entre los trabajadores y la nueva administración macrista. La acción estuvo dirigida a denunciar dos cuestiones graves: la falta de seguridad en las boleterías y el llamado a licitación por parte de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), para realizar mantenimiento de material rodante. Respecto de la seguridad, en lo que va del año hubo 18 robos a boleterías sin custodia policial. El sindicato dio la indicación de cerrar las boleterías que no tengan vigilancia y trasladarse a las más cercanas. Mientras macristas y kirchneristas se pasan la pelota sobre si la cobertura corresponde a la Federal o la Metropolitana, la patronal responde con el descuento de los días. En cuanto al mantenimiento, el anuncio de que se dará trabajo a terceros provocó un plenario de delegados de talleres, donde se propuso reclamar una reunión urgente a Sbase, rechazar tercerizaciones y flexibilización de tareas y preparar una asamblea pública de todos los trabajadores de material rodante para realizar las denuncias. Piccardo, ex “Espacios Públicos” del macrismo, organizador de patotas de apaleadores de los sin techo y actual titular de Sbase, salió a desmentir que se fueran a afectar puestos de trabajo. Pero un acta firmada poco después del traspaso entre el gobierno porteño, Metrovías y la burocracia de la UTA lo desmiente. Allí se anuncia una política de aumento de la productividad, sobre la base de traslados, cambios de horarios y recorte de descansos, y la cobertura de nuevas estaciones y talleres sin ingreso de nuevo personal. Salarios Pero las medidas de ajuste no terminan allí. En pocos días más el pasaje se aumentará a 3,50 pesos (218% de aumento en 12 meses) y el silencio patronal sobre la paritaria y la discusión salarial es sintomático. El 28 de febrero venció el último acuerdo salarial y trascendió que la UTA firmó para colectiveros un 18% de aumento en negro. Un tema urticante, si se tiene en cuenta que la última paritaria del subte se extendió sin acuerdo durante un año y cerró con un acta precaria por 23%. Además, la Ley de traspaso del subte dispone un enganche entre los aumentos salariales y el precio del pasaje. Las líneas A, B, C, D, y varios talleres, han dado mandato por un 30% de aumento y es generalizado el reclamo de que la patronal se haga cargo del impuesto al salario. Son todas reivindicaciones centrales pero, nuevamente, es la burocracia de UTA la que tendrá la facultad de tratar y firmar la paritaria del subte. Como se ve, existe una ofensiva macrista desde varios flancos, que requiere de una fuerte preparación por parte de la AGTSyP. La conducción kirchnerista del sindicato carga con la mochila de haber apostado todas las fichas al traspaso del subte a Macri. La supuesta “limpieza” de los aspectos antisindicales del proyecto macrista sólo ha sido la coartada para que el Frente para la Victoria y sus aliados votaran el traspaso, porque la ofensiva antiobrera que el gobierno K tercerizó en el macrismo está en marcha. En este cuadro, una “apertura de molinetes” de dos horas, sin prever otras medidas de continuidad, no se corresponde con la gravedad de la situación. Queda en manos del cuerpo de delgados y las asambleas de línea fijar una agenda efectiva de lucha de la AGTSyP. Por el cierre de las boleterías sin seguridad y paro de la línea donde se descuenten los días; informe urgente a los trabajadores del plan de mantenimiento, sin traslados, flexibilización laboral ni extensión de la jornada; control de los trabajadores de la seguridad en el trabajo y en el tráfico; paritaria Metrovías-AGTSyP por 30% de aumento, sin descuento a la Afip. Que una gran marcha con cese de tareas lleve este reclamo a las autoridades de Nación y Ciudad, junto a la exigencia del reconocimiento y personería gremial para la AGTSyP.

Ni el ‘modelo’, ni el ‘proyecto nacional’, salvaron al kirchnerismo del ‘papazo’. La homogeneidad del discurso nac&pop no resistió el ‘romanazo’. Quien hasta ayer era el aliado ‘espiritual’ de Magnetto, se ha convertido, religiosamente, en un ícono del ‘populismo’. El campo oficial, poblado de camarillas, recibió la designación de Bergoglio con una crisis política en todos los niveles. La reacción inicial de pánico fue seguida por un ‘sálvese quien pueda’, y al final hasta el talibán D’Elía se hincó en el piso. Los Verbitsky, Horacio González y compañía, quedaron colgados del pincel, aunque con el paso de los días Página/12 fue ‘reequilibrando’ sus columnas de opinión. La división que provocó el obispo ‘destituyente’ se manifestó en el chavismo latinoamericano -con Maduro y Correa a la cabeza tomando la hostia. Los “nacionales y populares” de toda América le han servido al Vaticano un arma de intervención política con la que la curia no contaba. De acuerdo con varias versiones, los K operaron abiertamente para evitar la designación de Bergoglio. El embajador en el Vaticano, ‘Juampi’ Cafiero, habría recurrido a los servicios de un ex menemista para hacer llegar a los cardenales la carpeta con las denuncias acerca del papel de Bergoglio en el secuestro de dos curas jesuitas (Yorio y Jalics). Cafiero tuvo tiempo, siempre según esas versiones, de advertir a la cancillería que el “carpetazo” no habría producido efecto. Ante el hecho consumado, la propia CFK encabezó el giro pro-Vaticano. Del carpetazo fracasado pasó al regalo de un equipo de mate que le llevó al monarca (producido por una cooperativa trucha sin derechos laborales). Si el gobierno creyó, siquiera por un momento, que el Vaticano podía rechazar un candidato por haber colaborado con una dictadura, debería despedir por lo menos a todo su servicio exterior. Bajo la dictadura, como cuando cayó por la derrota en Malvinas, la Iglesia local y el Vaticano demostraron ser cabales instituciones de Estado -un recurso último para salvar al sistema social capitalista y a su aparato político. Lo volvió a demostrar en la bancarrota de 2002, y vuelve a hacerlo ahora, cuando le tira una soga a la ahogada. La derecha cristinista, encabezada por el barrabrava Moreno, apreció mejor la encrucijada que la ‘inteligentzia’ nac&pop. Moreno inundó el Mercado Central con fotos -el “Papa peronista”- de su ex compañero de Guardia de Hierro. Lo siguieron los gobernadores, uno tras otro. D’Elía, puntero histórico de la Pastoral Social, hizo un giro de 360 grados: compañero de Bergoglio en el “diálogo social” de 2002, lo acusó, ahora como cristinista, de entregador de sacerdotes bajo la dictadura, para volver al punto de partida de un modo desorbitado, pues lo comparó a los “cristianos primitivos”. La Cámpora se persignó con una misa de ‘acoglienza’ al nuevo Papa. Cuánta razón tenía Cervantes: “¡Cosas vederes, Sancho!” Verbitsky quedó aislado, en la compañía de Carta Abierta; Carlotto y Bonafini, sin margen para una retirada. El “Chino” Navarro -la izquierda de la izquierda K- los dejó en orsai al declarar que las denuncias de Verbitsky eran infundadas. El cambio de frente del oficialismo no es una salida al paso. El kirchnerismo busca una transacción con Bergoglio. Ya insinúa mandar al archivo las modificaciones laicistas que fueron anunciadas para el Código Civil. Esto archivaría también el pretexto de modernizar la Constitución para amparar la convocatoria a una Constituyente. Ahora bien, lo último que va a entregar el cristinismo es la re-re, con la especulación de que la política argentina no tiene mesa de ofertas para el Papa. Se olvida, lamentablemente, del ‘peronismo’: gobernadores, intendentes y burócratas sindicales ya están notificados de que tienen que preparar la sucesión de una papisa. Viviani sonríe entre Francisco y Cristina. La división producida en el cristinismo (y en el chavismo) es la expresión circunstancial de un impasse definitivo del actual régimen político. Para la izquierda es un aliciente adicional para producir, mediante una campaña política enérgica, un principio de reagrupamiento histórico de los trabajadores.

Desde este lunes, y todos los lunes a las 21 horas, la juventud toma la palabra en el aire de la Radio del Juicio. Con una mirada crítica y por izquierda sobre la actualidad social, política, económica y cultural, damos una vuelta al discurso oficial y de la oposición patronal. Este programa forma parte del proyecto de radio que, desde hace poco menos un año, tiene como objetivo abordar la situación política actual desde la perspectiva de los trabajadores. En los inicios de una campaña electoral y el final del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, la radio se convierte en una herramienta de comunicación fundamental para la difusión de las reivindicaciones inmediatas de la juventud y de la clase trabajadora. Vuelve "¡Presente!" Con cambio de horario, y renovados, desde ese jueves a las 20 horas vuelve ¡Presente! para traernos las últimas novedades del juicio y las perspectivas que se abren después de la lectura de los alegatos y el inminente final. Un magazine político sobre las libertades democráticas y toda la actualidad nacional e internacional y la mejor música. Todos los lunes a las 21 y los jueves desde las 20 escuchá Vuelta de Tuerca y ¡Presente!, por www.marianoferryra.com.ar

Las negociaciones paritarias entre la dirección de la UTA y las cámaras patronales han terminado con una brutal entregada del salario. Es la primera paritaria en firmarse en un 19%, por debajo del tope pretendido desde la Casa Rosada. El acuerdo se estableció durante un verdadero acto político presidido por el ministro Tomada, el secretario de Transporte y todas las cámaras de media y larga distancia. La UTA firmó un convenio salarial de $1080 de aumento retroactivo al 1º de enero y hasta el 30 de junio. Todo en negro, más un aumento del viático de 40 a 50 pesos por día. El acuerdo anticipa las intenciones salariales del gobierno para todo el transporte, tanto en el subte como en la Unión ferroviaria. La realidad de los trabajadores del transporte plantea: 1) un aumento salarial de un 35% al básico inicial, que actualmente es de $5.628, y la extensión de los porcentuales a la antigüedad y el resto del salario conformado; 2) la derogación del impuesto al salario; 3) la eliminación de los topes salariales a las Asignaciones Familiares; 4) la equiparación salarial del personal de Técnica, Inspección y Administración, que cobran salarios muy por debajo del personal de conducción; 5) terminar con el trabajo en negro en la inmensa mayoría de las líneas, donde el Ministerio de Trabajo actúa abiertamente en complicidad con las patronales con la mirada cómplice de la dirección del gremio. Este pliego reivindicativo ha sido votado por una asamblea general de Ecotrans. Es indicativo de la voluntad de las bases y hay que generalizarlo. Vale para todos los trabajadores del transporte.

La versión de que su condición humilde y austera encumbró a Bergoglio al papado no puede ser tomada en serio. Se trata de un hombre de Estado (de la monarquía absolutista vaticana). Bergoglio fue un hombre del aparato de la Iglesia colaboracionista de la dictadura. Antes de eso fue un enemigo activo de la Teología de la Liberación y de los curas tercermundistas. En el juicio de la Esma, no pudo responder en forma clara sobre su participación en el secuestro y tortura de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics. Las hijas de Emilio Mignone, ministro de Educación de Onganía y activo militante por los derechos humanos bajo la dictadura de Videla, acaban de ratificar esa acusación. Esto no desmiente su participación personal en la protección de algunos perseguidos, como lo hicieron otros personajes aliados de la dictadura. Bergoglio declaró en el juicio de la Esma, aun a sabiendas de que no era cierto que el episcopado no tenía archivos sobre desaparecidos y robos de bebés en el final de los setenta. Hoy todavía, el sátrapa Von Wernich (el capellán militar que participaba en las torturas, amigo del genocida Camps, que pedía dinero a los familiares de desaparecidos a cambio de informaciones falsas) sigue protegido en algún exilio parroquial. Lo mismo se ha hecho con el pedófilo obispo Edgardo Storni o el sentenciado cura Julio Grassi, quienes, por supuesto, no han sido excomulgados por sus “pecados mortales”. De manera reiterada, Grassi aseguró también (aunque haya que tomarlo con pinzas) que contaba con la protección de quien dirigía el arzobispado de Buenos Aires. Los gestos de Bergoglio hacia los curas villeros, los familiares de Cromañón o la campaña contra la trata, no contradicen en absoluto su lealtad a la cúpula vaticana, responsable de dictaduras y violaciones de todo calibre. La Nación, en una infografía gigante sobre las posiciones de Bergoglio respecto de cuestiones candentes, destaca en el rubro “pedofilia” que el hoy Francisco “nunca se pronunció al respecto”. Es aquí donde toman todo su sentido sus palabras acerca de la ‘misericordia’, con los violadores y con los violentados. En el programa de Grondona, un cura criticó la justicia que no va acompañada de la misericordia -en una sociedad que asegura la impunidad para los opresores y poderosos. Bergoglio está advirtiendo que no será inmisericorde con la mafia vaticana, o sea que enarbola un programa de compromiso y encubrimiento. El curriculum de Bergoglio incluye sus coqueteos con la agrupación derechista Guardia de Hierro, así como su labor al frente de la Compañía de Jesús para poner en vereda a los curas tercermundistas partidarios de la Teología de la Liberación.

¿Es posible que el slogan de la democratización de la Justicia y de la Justicia Legítima acoja un proyecto fuertemente perjudicial para los derechos de los trabajadores y la democracia política? Con la reserva natural que impone el desconocimiento del proyecto, la creación de tribunales de casación en el ámbito previsional y laboral profundiza negativamente el ejercicio de derechos de los jubilados y de quienes han sufrido accidentes laborales. En los juzgados se apilan decenas de miles de demandas de jubilados por los congelamientos sufridos en 1996 y 2002, mientras el Estado incumple con los fallos de la Corte Suprema, que le ordenan el pago de las diferencias correspondientes (fallo Badaro). Una declaración de acción colectiva, que generalizaría ese fallo a situaciones similares, sería un acto de indudable democratización judicial. En lugar de esto, una casación, en este ámbito, no tendría otra función que dilatar la resolución de las demandas que entablan personas con expectativas de vida disminuidas. Una Justicia Legítima debería poner fin al incumplimiento del 82% móvil, que constituye una confiscación económica de la población más vulnerable. ¿Cómo se puede admitir que el magro salario de un trabajador se reduzca un 60% a partir del momento en que se acoge al retiro? También es perversa la casación para la justicia laboral. Una ley reciente condiciona el acceso de los afectados a la Justicia a la renuncia previa a la indemnización a cargo de las ART. ¿Se puede atribuir a este condicionamiento el carácter de una democratización del acceso a la reparación judicial? Claro que no; refuerza el negocio de las ART. Una casación en este caso sería una presión adicional para que los trabajadores accidentados desistan de la vía judicial. La Bolsa saludaría el hecho con una suba de las acciones de las aseguradoras y de la industria. Otro ejemplo extraño de democratización lo constituye la intención de eliminar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Consagraría una inmunidad judicial a la burocracia del Estado. Luego del asesinato de Mariano Ferreyra y la tragedia de Once, y los procesos abiertos por corrupción de secretarios de Estado y ministros, es una oferta de encubrimiento. En lugar de establecer el derecho popular de revocatoria (como ocurre, en forma parcial, en ¡Venezuela!), generalizar la inmunidad. Last but not least , el Consejo de la Magistratura, un organismo intermediario, no dejará de ser un ámbito de camarillas porque la avale el voto popular. En lugar del proyecto reaccionario del oficialismo, debería establecerse la gratuidad del acceso a la justicia y la elección popular de los jueces, en el marco de un cambio radical del Estado presente. Publicado en Clarín, 18/3

Por segunda vez en el año, los trabajadores de Electroingeniería, una empresa vinculada con los K, salieron a la calle a frenar despidos. Por la misma razón, al menos cuatro metalúrgicas tienen a sus trabajadores en lucha. Ello incluye la ocupación de Materfer, cuya patronal también es kirchnerista. Los delegados señalan que los despidos buscan condicionar las paritarias. Levantan además un pliego de reclamos que incluye el pago de deudas salariales, así como el fin del “impuesto al salario”. Denuncian que las patronales utilizan los subsidios que reciben del Estado para pagar indemnizaciones. En este cuadro explosivo, la seccional de la UOM ha convocado a un “congreso provincial de delegados”, a partir de la exigencia de los delegados de unificar las luchas. La división interna de la UOM expresa la crisis política provincial. Rubén Urbano, actual secretario general del gremio y ligado a De la Sota, desplazó al kirchnerista y juecista Augusto Varas. Urbano logró colocar de su lado a una camada de delegados y activistas que repudiaba la política de Varas. El cambio en el gremio coincidió con un realineamiento de la cámara patronal, que rompió con Juez para cerrar filas con el gobierno provincial. El congreso resolvió asambleas informativas en los establecimientos y “declarar el estado de alerta y movilización”, pero los delegados fueron más allá: han empezado una campaña para que en todas las fábricas se elijan delegados. Mal que le pese a Urbano, De la Sota es un hombre de las multinacionales. Por eso las llena de subsidios y no les pone ninguna traba cuando despiden. A su vez, el ministro de Trabajo, Dragún, es también secretario general del Smata, y fue puesto en su cargo por las patronales automotrices. Tal es así que el año empezó con 19 despidos sin causa en Volkswagen. La gran mayoría de los cesanteados había participado en noviembre de la lista opositora de su gremio. Terminar con los despidos y suspensiones viene de la mano de unificar y desarrollar cuerpos de delgados en todas las metalmecánicas, con un programa y un plan de acción que hagan retroceder a las patronales. El Partido Obrero ha lanzado una campaña en las principales fábricas metalúrgicas agitando esta perspectiva. Esta semana tendremos una reunión de activistas de las metalmecánicas y metalúrgicas con Eduardo Salas, para discutir el proyecto de ley del FIT para prohibir los despidos y suspensiones y para que se repartan las horas de trabajo disponibles.