Prensa Obrera N° 1259

Los partidos del Frente de Izquierda (IS, PTS) han coincidido en la necesidad de iniciar la campaña electoral. Este planteo, formulado desde noviembre pasado por nuestro partido, había sido rechazado por pecar de electorero. El retraso no ha sido solamente perjudicial frente a los partidos patronales y al gobierno, los que largaron sus campaña apenas comenzó el verano, sino que privó a nuestro Frente de una intervención política frente a las crisis que se desarrollan en el FAP y Proyecto Sur, las que han puesto en un pantano a una parte de la izquierda enrolada en ellos. El PCR, por ejemplo, registró una escisión significativa de su juventud universitaria en la Capital. En un sentido diferente, el retraso mencionado coincidió con el despliegue, en la Capital, de una fuerza filo kirchnerista, Marea Popular, que pretendería que Luis Zamora encabece la lista de diputados. Ante la parálisis autoinfligida del Frente de Izquierda, nuestro partido ha discutido con Zamora para que considere la posibilidad de su ingreso al Frente de Izquierda. Lejos de cualquier ‘sectarismo’, debemos empeñarnos en que no fructifique ninguna maniobra del poder para obstaculizar el desarrollo de la izquierda independiente y combativa. Frente al inmovilismo que nos ofrecía la posición de nuestros compañeros en el Frente, decidimos lanzar la campaña electoral. La iniciativa, en especial a partir del período de vacaciones, nos permitió avanzar en forma considerable en el planteo de nuestras posiciones ante las grandes audiencias. Con estos antecedentes, llevamos a la primera reunión del Frente de Izquierda la propuesta de iniciar la campaña electoral sobre la base de los acuerdos establecidos. En 2011, estos acuerdos permitieron renovar la banca provincial en Córdoba, representada por IS, y el ingreso de dos diputados del PTS en Neuquén. Nuestro partido, en cambio, por un faltante marginal de votos, no logró ‘meter’ a Néstor Pitrola y a Gabriel Solano como diputados nacionales, por la provincia de Buenos Aires y la Capital, respectivamente -aunque conquistaron un aumento sideral de votos con relación a elecciones precedentes. El método de la rotación de cargos, establecido en los acuerdos, prevé, en diciembre de 2013, el ingreso de la candidata de IS, Angélica Laguna, a la legislatura neuquina y la de nuestro partido, Cintia Frencia, a la de Córdoba. La ratificación de los acuerdos vigentes, que permitieron la formación del Frente de Izquierda, vale como método para ratificar una unidad -a sabiendas de que no toma en cuenta el reconocido progreso de la influencia de nuestro partido y sus candidatos en la opinión pública, el electorado, la juventud y los trabajadores. Es que en el presente momento político, la vía de desarrollo para cada partido del Frente de Izquierda pasa, en forma inexorable, por el crecimiento del Frente en su conjunto. La crisis creciente y el descontento popular son bases suficientes para abonar una perspectiva revolucionaria en última instancia, pero no para enfrentar los escollos políticos del momento ni los de las elecciones. No nos referimos solamente al uso desmedido de los recursos del Estado para apoyar la campaña del gobierno, los que también manejan los partidos opositores que gobiernan provincias; ni a la dispendiosa caja de las corporaciones capitalistas para los partidos patronales en general. Nos referimos, por sobre todo, a las maniobras de todo tipo para romper la unidad de la izquierda que el Frente de Izquierda logró representar en 2011. El editorial de la presente edición de Prensa Obrera desarrolla una caracterización de las condiciones que presiden la campaña electoral, que esperamos sean enriquecidas por nuestros partidos compañeros del Frente.

En enero, el gobierno de Capitanich filtró un informe que denuncia que "se pierden 500 millones de pesos" de la administración pública por la corrupción. Como ninguno de los ministros responsables fue investigado ni separado de su cargo, se trató de un llamado para un ajuste contra los trabajadores públicos y de las empresas contratistas. En las paritarias provinciales, el gobierno está recurriendo a toda clase de ardides anti sindicales para quebrar la huelga docente y condenar a la docencia a un aumento inferior al 22% del "decretazo" nacional. Decretó una conciliación obligatoria contra Sitech, pero la huelga sigue. En el pueblo de San Bernardo, donde el ministro de Educación concurrió en persona a llevarse los libros de asistencia de una escuela, tratando a los docentes de "energúmenos", se produjo una gran movilización de repudio. Los docentes reclaman también mejoras en las condiciones edilicias y laborales, y en defensa de la educación pública. Capitanich ha ajustado, también, los listados de pases a planta de la cartera estatal, a partir de la rescisión de contratos de obras en las áreas de educación, salud, desarrollo social y catastro, que se puede extender a todos los precarizados que están esperando el pase a planta". Es lo que afirmó Niz, titular de UPCP. Han recortado, además, 300 cupos de las cooperativas Argentina Trabaja del Chaco. En Chaco, más de 35.000 trabajadores de la administración pública están en negro, con contratos precarios y salarios de miseria. Un grupo de contratados que tomó el entrepiso de la casa de gobierno en reclamo del pase a planta, fue reprimido y desalojado a los golpes por la policía. En respuesta, el miércoles 6 nos movilizamos 400 compañeros del Polo Obrero, Tribuna Estatal y Partido Obrero. Reclamamos por el pase a planta de todos los precarizados, por la reincorporación de los trabajadores de la carne despedidos por Capitanich, por un plan de vivienda para todo el que la necesite, por la apertura de comedores públicos y por trabajo para los desocupados. El ajuste no es privativo del oficialismo provincial. La oposición se encuentra ella misma embarcada en un plan de ajuste. La UCR, en Resistencia, ha aplicado un impuestazo inmobiliario que multiplica varias veces las tasas urbanas. Esto luego de un tarifazo en el transporte público. Estas medidas fueron acompañadas por Libres del Sur/FAP, a partir de que han cerrado con los radicales un acuerdo legislativo. La asamblea popular contra el impuestazo de Resistencia se movilizó y realizó una campaña de denuncia, en la que participó nuestro partido. El Partido Obrero defiende la necesidad de un plan de lucha de todas las organizaciones sindicales y populares de Chaco en defensa del salario, el pase a planta y contra el ajuste. El maridaje de oficialistas y opositores para aplicar el ajuste -incluido el centroizquierda- conduce a una conclusión: es necesario poner en pie una alternativa política de izquierda en Chaco, para terminar con el régimen de la corruptela, los negociados y el ajuste, por el pase a planta a todos los precarizados, por un salario igual a la canasta familiar, para cortar con la entrega de tierras a los terratenientes sojeros, por la reincorporación de todos los despedidos de la industria de la carne y por todos los reclamos populares del pueblo de Chaco.

Huelga docente y paritarias se destacaron en la mayor parte de los periódicos de la última quincena. "Los maestros no aflojan" (Hoy), "Paro y plan de lucha" (El Socialista), "Impongamos desde abajo un verdadero plan de lucha" (Socialismo o barbarie), fueron algunos de los titulares. En relación con la actitud de las centrales sindicales, hubo distintas posiciones. El PCR, por ejemplo, considera que la marcha anunciada para el 14 de marzo "ayuda a trabajar por el paro nacional de 36 horas que propone la CCC". Algo similar opina Alternativa Socialista (MST), para quien la jornada "es importante y fortalece el camino de un necesario paro nacional por las reivindicaciones del pueblo". No las caracterizan como marchas aisladas. Izquierda Socialista, por su parte, dice que "[no da] continuidad al parazo del pasado 20 de noviembre". Para Avanzada Socialista (PSTU), "el 14 no alcanza con una movilización testimonial". De un modo general, la insuficiencia que se le adjudica a la marcha no es vinculada a la política de conjunto de Moyano y Micheli, asociados a la oposición capitalista. Dentro de las novedades de la campaña electoral, varios se refieren a las relaciones de Pino Solanas con los radicales y con Carrió. En el reportaje que publica Alternativa, "Pino" dice que es preciso "articular un gran frente que una todo el espacio opositor a los dos gobiernos" -o sea con la UCR y el FAP. Asegura que es posible, con esta oposición, "definir un programa básico de coincidencias para combatir al kirchnerismo". Bodart, en la otra entrevista del periódico, adelanta que el MST también llama "a todas las fuerzas que componen el FAP", y que "de antemano no vamos a excluir a nadie", en referencia a un frente con Carrió. Cita el "ejemplo de Syriza" para justificar un frente con Binner y con Carrió. IS, por su parte, llama a "trabajadores, jóvenes y demás sectores populares a que (...) se sumen al Frente de Izquierda". Al reseñar el acto del 22 de febrero, aniversario de la tragedia de Once, El Socialista describe a la columna encabezada por "el ‘Pollo' Sobrero y del Sarmiento; junto a Dellecarbonara (subte-PTS); Bogado (CCC-Kraft), Juan Carlos Giordano y José Castillo (Izquierda Socialista), a la que se sumaron después ‘Pino’ Solanas y Pablo Micheli (CTA)". No mencionan el recibimiento impresionante que tuvo el ingreso de la columna encabezada por Altamira y Castillo. El periódico del PTS reseña la presentación de sus "precandidatos para el FIT", confirmando el abandono de su posición dilatoria. Cuando sostenía que empezar la campaña era prematuro, denunciaba a sus promotores de electoreros. Por otro lado, Marea Popular editó una revista mensual. En el editorial justifica su conversión a la política electoral en la improbabilidad de una re-re de CFK, en 2015. Por eso reitera el apoyo a una reforma constitucional. Es un "kirchnerismo explícito". Como la muerte de Chávez, sin embargo, no los ha llevado a renunciar a un voto por Maduro, no se explica por qué no podrían votar por un sucesor que designe la Presidenta. Este "kirchnerismo explícito" denuncia, de este modo, que su único propósito es instalar una tribuna de ataque contra el Frente de Izquierda en el distrito Capital, especialmente entre los estudiantes y los votantes de 16 años. Marea Popular da la impresión de querer protagonizar un sabbatellismo degradado, ahora que el original fue fagocitado por la presidencia del AFSCA. Un tuitero muy activo les espetó que "Sabbatella ya nos vendió ese buzón en 2009". Alejandro Lipcovich

El sistema de espionaje permanente contra las organizaciones populares no es exclusivo del gobierno nacional: en Merlo, el intendente Raúl Othacehé cuenta con su propio aparato de infiltración, delación, persecución y espionaje. El viernes 8 de marzo, han aparecido volantes con un mismo texto difamatorio sobre Analía Pascual, en su calidad de dirigente del Partido Obrero de Merlo, en todos los lugares donde desempeña sus actividades -ya sean de índole personal, laboral, política o sindical. Se trata no sólo de un trabajo de ‘inteligencia’, sino que la persecución política en Merlo llega al punto del acoso personal. Son volantes ‘anónimos’, pero cuya factura tiene origen en el proyecto X de Othacehé. Asimismo, hemos detectado que el espionaje de Othacehé traspasa los límites de su distrito: en la última semana, compañeros de otras regionales han sido objeto de seguimiento por parte de la red de punteros y patoteros al servicio del intendente. La red de punteros y patotas (reclutadas entre barras), así como los recursos volcados al espionaje (autos, motos, celulares, imprentas) son, además, costeados con los recursos municipales. Exigimos la inmediata intervención de la justicia para el esclarecimiento de esta situación y la identificación de los responsables políticos de este avasallamiento de las mas básicas libertades democráticas. Hacemos responsables a los secretarios de Seguridad nacional y provincial de las consecuencias de este accionar de cuño mafioso.

¿Qué lugar ocupa la izquierda en Bolivia? Si se midiera por la concurrencia al Coliseo de Huanuni, marginal. La votación contra el derecho a tendencias políticas dentro del naciente PT, un ataque indisimulable a la izquierda, fue abrumadora. Pero el Congreso no estuvo precedido por asambleas de base que discutieran las propuestas de programa y estatutos. Nos consta en el caso de Cochabamba y es la denuncia de todos los grupos de izquierda. En el Congreso estuvieron los directorios de los sindicatos y miembros de los “ampliados” -es decir, invitados a reuniones extraordinarias frente a cuestiones apremiantes. El Congreso estuvo dominado por los dirigentes orgánicos que forman parte del frente de organizaciones que ha impulsado al PT. La inmensa mayoría de las organizaciones de izquierda que participaron en el Congreso coincidió en que Huanuni era el lugar de nacimiento de un partido obrero revolucionario en Bolivia; saludaba incluso la posibilidad de parir un PT ‘a la Lula’. Caracteriza que hay un ascenso político de la clase obrera y los explotados, y una “ruptura” con el MAS, y (lo más importante) concedió un crédito a la dirección de la COB que impulsó el IPT. Para Lucha Socialista (LIT CI), el Congreso fue arrancado “a presión de las bases” y expresa “la ruptura” de éstas con el gobierno de Evo. Para esta corriente, la fundación del PT estaría precedida por un vuelco en las organizaciones obreras: “es la reorganización sindical buscando una expresión política” (www.litci.org.ar). El MST desarrolló una posición lineal: “lo reivindicamos porque surge impulsado por la COB, es decir por la clase organizada del país. Se trata entonces del partido político de la clase obrera”. Reconoce que sus impulsores no son una nueva dirección obrera, pero actúan como tal a partir de la presión de las bases: “La dirigencia o sectores de ella que siempre se resistió a impulsar la tarea, finalmente, ante el rechazo que causó en las bases la política gubernamental, accedió a que se concretara”. Denuncia que “el método empleado en la constitución ha sido burocrático” y reclama la “incorporación de todas las organizaciones de izquierda revolucionarias y socialistas” -el objetivo frustrado. Para la LOR CI (PTS), en el último período se ha forjado “una oposición obrera” independiente del MAS. Destaca, “como expresión superestructural de este proceso, (que) muchos de los viejos dirigentes ligados al MAS han sido desplazados” y se han tomado “las primeras decisiones concretas” para crear el IPT. El POR denunció que “estos burócratas despistados no crean un nuevo partido, lo que quieren dar a luz es un frente electoral”. Caracterizan al IPT como un crimen político cuando “los explotados bolivianos no solamente se separan velozmente de Evo Morales denunciándolo como traidor... sino que retornan a los métodos tradicionales de lucha del proletariado: la acción directa y la movilización, echando al basurero las vías legales y pacíficas”. Señala que se abierto una situación revolucionaria y que ir a elecciones en estas circunstancias, es “confundir a los explotados”. En realidad, el movimiento sindical se encuentra dividido, el proletariado es minoría incluso en las minas, y todavía sigue aislado del océano indígena. El POR reitera “la inviabilidad de la democracia burguesa en Bolivia” -una abstracción histórica que huye a las caracterizaciones concretas de las situaciones concretas. La izquierda boliviana sale del contexto de la situación histórica actual (dominio del indigenismo pequeño burgués de contenido capitalista); elabora una caracterización sobre la base de abstracciones. El punto extremo es el del POR, que declara, una vez más, que el partido de la clase obrera ya está constituido y el programa elaborado -es el propio POR-y los convocantes al Congreso han pasado por alto tal evidencia.

El Partido Obrero lanzó una campaña de charlas y actividades en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires por el desarrollo de una alternativa de izquierda y viene suscitando una importante repercusión en amplios sectores de la población. Esto se mide en una creciente cantidad de vecinos, trabajadores y jóvenes que se acercan -más de 150 personas en Belgrano estuvieron con Jorge Altamira, además de actividades en Villa Urquiza, Saavedra, Almagro y otros, y en las iniciativas resueltas en cada una de ellas para ampliar y multiplicar el desarrollo de una alternativa de los trabajadores. Aquí, un breve repaso de las actividades del último fin de semana. Altamira en Floresta Con la asistencia de 70 personas, Jorge Altamira participó de una actividad en el Centro Cultural "Gregorio Flores", en Floresta. La actividad no se trató de una charla tradicional, sino que hubo una interpelación de los vecinos que se tradujo en un debate sobre los problemas que golpean a la ciudad -la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo- y en los problemas que encuentra la izquierda para desarrollarse, además de otra cantidad de problemas referidos al pacto Macri-K, el subte, el tránsito e, incluso, la muerte de Chávez. El encuentro concluyó con la propuesta de elaborar boletines barriales que desarrollen una agitación socialista frente a los problemas del barrio e impulsen asambleas en apoyo al Frente de Izquierda. Ramal en La Boca Más de 40 compañeros participaron con Marcelo Ramal de las "Conversaciones con el Partido Obrero", en el barrio de La Boca (Comuna 4), con compañeros de otros barrios de la Comuna 4. Si bien se abordaron los principales puntos de la situación política (crisis económica y política, la ofensiva del macrismo en la Ciudad con la complicidad del kirchnerismo, etc.), hubo dos temas que despertaron grandes debates: uno, referido a una intervención más profunda en la Villa 21-24, donde se registra una escalada del kirchnerismo; el otro, un llamado de vecinos de La Boca a intervenir activamente en los problemas y reclamos de la zona. La reunión votó una agenda para la Comuna y los barrios: el viernes 15 de marzo, una charla con Gabriel Solano en Plaza Colombia, Barracas; una campaña sobre la vivienda en La Boca, con pintadas, afiches y petitorios por congelamiento de los alquileres y prohibición de los desalojos; un asado en Villa 21-24 con Marcelo Ramal para el fin de semana de Semana Santa; un festival por Mariano Ferreyra en Patricios para mitad de abril y conformar asambleas del Frente de Izquierda en los barrios: Patricios, Villa 21-24, Villa 31, La Boca y Barracas. Solano en Palermo Con la presencia de más de 40 jóvenes trabajadores y estudiantes se realizó en Palermo un plenario de la juventud del Frente de Izquierda con Gabriel Solano. La actividad representa un importante salto porque la campaña por construir una alternativa de izquierda tiene el desafío de conquistar a la enorme masa de la juventud a posiciones transformadoras. De la actividad participación compañeros del Club El Rosedal, que se encuentran en lucha contra la concesión fraudulenta de ese espacio del barrio a Megatlón por un contrato millonario, quienes se acercaron al plenario para volcar su experiencia de lucha y comenzar a hacer una experiencia común para pelear contra la entrega de las tierras públicas y el patrimonio de la Ciudad. El plenario resolvió la salida de un boletín barrial, la realización de un festival por Mariano Ferreyra y la preparación de una actividad masiva con Jorge Altamira en el barrio para el próximo mes. Vanina Biasi en Flores Como parte del ciclo de actividades, Vanina Biasi participó de un debate con compañeros del local de Flores y un nutrido grupo de jóvenes que se acercaron a debatir cómo construir una alternativa de izquierda en la Ciudad. Se plantearon la diversas problemáticas que golpean al barrio, desde la inseguridad, la trata, la droga, las zonas liberadas, hasta el tarifazo en el subte, la situación del Sarmiento, etc. La reunión resolvió una próxima asamblea del Frente de Izquierda en dos semanas y la salida de un boletín para denunciar los problemas de la Comuna. La actividad estuvo precedida de dos charlas previas en la zona oeste: una importante reunión en Lugano con activistas de la Comuna 8, que reunió a compañeros que enfrentan la entrega del Parque Roca y la instalación del Metrobús en Soldati, y una charla en Bajo Flores de la que participaron más de 50 compañeros.

De cara a las elecciones primarias, el escenario político en Córdoba presenta un cuadro de crisis en todos los alineamientos políticos. El kirchnerismo retrasa la designación a dedo de Carolina Scotto, la actual rectora de la UNC -que representa al sector ‘progresista’, en su mayoría nucleado en Unidos y Organizados, pero no cuenta con el aval de los sectores del PJ. Los K, ante esto, se han lanzado a la captación de intendentes “delasotistas”: el de San Francisco, Llaryora; el de Villa María, Acastello; y Olga Riutort, principal referente del PJ en capital. De la Sota ha debido dejar a un lado su campaña nacional para concentrar esfuerzos y maniobras en el distrito. Ha tratado de unificar al PJ en una lista única detrás de Schiaretti (incluso dándole el segundo lugar a Riutort) y el ingreso a los ministerios de varios intendentes. Ahora pretende zanjar las disputas pejotistas en las internas abiertas. Macri ya anunció que el PRO iría con lista propia, encabezada por el ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi. En el centroizquierda el desbarajuste parece mayor. Juez ha dado un salvoconducto para que Binner intente una alianza con la UCR, un rival de Juez en Córdoba, aunque advirtiéndole que no llegará a buen puerto debido al acuerdo de hecho entre el gobernador pejotista De la Sota y el intendente de la capital, el radical Mestre. Mientras la UCR nacional pretende una alianza con el FAP, la de Córdoba la rechaza. La izquierda del FAP mira los enjuagues entre Binner y los radicales desde afuera: Libres del Sur entusiasmado con las ‘boinas blancas’ y el MST sin saber dónde apoyar el trasero. La provincia se encuentra virtualmente quebrada. La deuda provincial ronda los 25.000 millones de pesos, con el agravante de que el 60% de la misma se ajusta por dólar. La carga fiscal somete ramas enteras como educación, salud u obras públicas. Se ha acentuado la precarización laboral en la planta provincial, en particular en los hospitales. El boleto educativo gratuito ya recibió los primeros recortes. No se trata solamente de números que no cierran. La armaduría automotriz se encuentra atada al mercado internacional y particularmente a Brasil. Materfer (trenes) y Fadea (aviones) dependen de la marcha incierta de los acuerdos con China y Brasil. Hay despidos en todas las terminales y en muchas metalúrgicas, profundización de la precarización laboral, aumentos de los ritmos de producción. Las patronales utilizan los subsidios del Estado para pagar las indemnizaciones. Las patronales, con el aval del gobierno y de la burocracia de Smata y de la UOM (delasotistas), han desplegado una política de cooptación por un lado y persecución por el otro, contra el activismo que tiene su centro en VW. Ante estos problemas, la respuesta de De la Sota ha sido, por una parte, continuar su disputa con el gobierno nacional por los incumplimientos fiscales y previsionales que le atribuye. Por otro lado, ha prometido el pase a planta de empleados públicos contratados, y logró cerrar la paritaria docentes con la burocracia local. Entre los trabajadores estatales afectados por el recorte jubilatorio, los obreros metalúrgicos y metalmecánicos y los choferes de UTA, se va planteando la necesidad de frenar los despidos, el ajuste y la privatización. En la semana se desarrollaron varios conflictos en fábricas metalúrgicas, con huelgas y piquetes, incluso la ocupación (Materfer). Nuestro partido, en campaña desde principios de año, ha puesto en marcha una agenda de reuniones abiertas en barrios, ciudades del interior provincial y con sectores de gremios y fábricas. El desarrollo de nuestro programa y una agitación constante de nuestros planteos, junto al acompañamiento y apoyo metódico de las luchas, colocarán al Frente de Izquierda entre los protagonistas políticos de la batalla electoral que se avecina.

El 18 y 19 de marzo se realizará el juicio oral y público, en la ciudad de Mercedes, contra las hermanas Jara. Hace dos años ellas se defendieron de un acosador, y la policía, cómplice del puntero, terminó armándoles una causa a ellas. Desde entonces están en la cárcel. Los intentos de que recibieran el juicio liberadas no dieron frutos, lo que resulta una canallada ya que estas mujeres no tenían ningún antecedente ni nada que pudiera indicar que se iban a profugar o que resultaban socialmente peligrosas. Todo el afán del tribunal y de la policía estuvo puesto en exculpar a Leguizamón, un puntero de Moreno encubierto por el intendente kirchnerista Mariano West y por la policía, porque comparte sus negocios de narcotraficante con ellos. Como reza la propaganda gubernamental, ellas le sacaron "tarjeta roja" al violento, pero el gobierno lo encubrió, porque el violento es el mismo que les sirve para mantener a raya al barrio, sumiso y para hacer el trabajo sucio. El 18 de marzo, diversas movilizaciones en Capital y provincia, reclamarán la libertad de las Jara y que sea investigado y juzgado el acosador. Sumemos fuerzas en todo el país para conseguir un fallo absolutorio para las hermanas Jara. 18 de marzo, 9 hs: movilización a los tribunales de Mercedes. 11:30 hs: movilización frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires, Callao 237.

El viernes Néstor Pitrola recorrió el distrito, visitó medios y culminó el día con una asamblea en la que participaron activistas del perfume, Smata, Luz y Fuerza, el plástico y la juventud zonal. El día arrancó con una reunión muy importante con activistas de la alimentación -una decena de ellos de Kraft- para discutir sus problemas y reivindicaciones. La recorrida de Pitrola por la zona se dio en el marco de la crisis política provincial, que tiene su epicentro en la disputa entre Cristina Kirchner y Scioli por el déficit fiscal y en torno de la huelga docente. En esta misma sintonía de ataque a los docentes se ha plegado el intendente de Tigre, Sergio Massa, haciéndole recaer todo el peso del Estado a los docentes que paren, con intimidaciones y amenazas. El debate culminó con una cantidad de iniciativas que tienen que ser acompañadas con comunicados y una agitación política semanales, donde aparece la contaminación ambiental de abandono de la cuenca del Reconquista en contraste con la política inmobiliaria de lujo de Massa. Una denuncia particular por su política de seguridad, que plantea llenar de cámaras el distrito, en las cuales lleva gastada una fortuna y no sirvieron para ver quiénes fueron los responsables del asesinato del barrabrava de Tigre en el enfrentamiento que tuvo el fin de semana pasado entre dos fracciones: una que responde directamente a los intendentes de Tigre, Sergio Massa, y de San Fernando, Luis Andreotti; y otra que responde a punteros más cercanos al gobierno nacional, con la complicidad de la policía que liberó la zona y permitió una batalla campal por el control de las entradas. De cara a las grandes plantas industriales y en especial automotrices, se votó una campaña contra el impuesto al salario y por los 8.000 pesos de básico en las paritarias. La visita de Pitrola al distrito le dio un plus a la campaña que tenemos para desarrollar el Frente de Izquierda y planteó la necesidad de salir a fortalecerlo con iniciativas que nos permitan, junto a los vecinos, profundizar con "precisión un programa de reivindicaciones vitales y a coordinar una campaña político-electoral sin precedentes". Se votaron los temas y los métodos para llevarla adelante.

El pacto sellado en diciembre del año pasado entre el macrismo y el kirchnerismo sobre el destino del subterráneo le faltaba sólo un anuncio para ser completo. Según muchos trascendidos, el jefe de gobierno ya habría decidido renovarle la concesión del subte a la empresa Metrovías (Grupo Roggio). Para ello haría uso de las facultades que le dio la ley votada por los bloques del PRO y del kirchnerismo, que faculta al Ejecutivo porteño a contratar el servicio en forma directa por dos años, sin necesidad de pasar por la Legislatura. Estos "superpoderes", conviene recordar, no se limitan a la concesión del servicio sino que incluyen potestad en materia tarifaria y de contratación de personal. Es posible que la continuidad de Roggio a cargo del negocio haya formado parte de la letra no escrita del pacto Macri-K. De otro modo no se explica el cambio de actitud del macrismo, que durante el año 2012 atacaba fuertemente al concesionario y denunciaba que el servicio que prestaba era muy inseguro. Los dirigentes del PRO repetían una y otra vez que el subte corría el riesgo de tener su propia masacre de Once, y acusaban a los kirchneristas de beneficiar a Roggio con nuevas concesiones ferroviarias -refiriéndose a la entrada de este grupo, junto con el capitaneado por Romero, en los ferrocarriles Sarmiento y Mitre, luego de la salida de Cirigliano. Con la concesión renovada en el subte, Roggio se ha transformado, por arte y magia de macristas y kirchneristas, en un monopolio que maneja la casi totalidad del transporte que anda sobre rieles. Mientras el macrismo renueva la concesión y se apresta a incrementar la tarifa del subte a 3,50 pesos (¡un incremento del 218% de enero del 2012 a la fecha!) en la Legislatura la oposición, que le otorgó poderes especiales a Macri, montó una puesta en escena para ocultar su entregada. En una sesión especial, y con la presencia de 32 diputados, hicieron discursos contra el aumento para luego disolverse por no tener el quórum especial requerido de 40 votos. Una mezcla de impotencia e hipocresía difícil de superar. El papel más triste le tocó al centroizquierda, incluso a los diputados de Proyecto Sur, que se prestaron al juego del kirchnerismo que votó, junto con Macri, la ley en diciembre pasado para que "Macri se haga cargo". Pero Proyecto Sur tiene sus propios motivos para actuar de esta forma: su acuerdo con Carrió, quien en la Legislatura tiene un legislador que ha votado con Macri de manera sistemática, y obliga a la fuerza de Pino Solanas a dar muestras de gobernabilidad. Esto los llevó en diciembre del año pasado a votar junto con Macri el incremento del ABL y otros impuestos, con el argumento curioso que ellos "no son anarquistas que quieren desfinanciar al Estado". No explicaron, sin embargo, por qué no quieren financiar al Estado con impuestos a los capitalistas y no al pueblo. En sus discursos, los diputados dijeron que "Macri quiere un subte para pocos", pues el aumento de la tarifa llevará a que disminuya la cantidad de pasajeros en favor del colectivo. Este argumento, sostenido por los kirhneristas y avalado por el centroizquierda, es falso por el simple motivo que al aumento del subte le seguirá el del boleto de colectivos. Es lo que ya ocurrió en diciembre, cuando, inmediatamente después de votada la ley en la Legislatura, Randazzo ordenó el aumento del colectivo. El pacto Macri-K apunta un tarifazo conjunto en el transporte público. El aumento a 3,50 pesos podría ser, de todos modos, sólo la primera parte del tarifazo que Macri tiene pensado para este año. Ocurre que la paritaria de los trabajadores del subte ya está vencida y debe resolverse en breve. Pero, según la ley PRO-K, si la variación de los costos supera el 7%, automáticamente SBASE puede determinar un nuevo aumento de tarifas. Se trata de una gran perfidia que busca oponer a los usuarios contra los trabajadores. Ahora se ve lo criminal de la política de la dirección kirchnerista de la AGTSYP, que apoyó la ley sin lograr, siquiera, el reconocimiento para el sindicato. La paritaria hoy, como ocurriera cuando el subte lo manejaba el gobierno nacional, la discute y la firma la burocracia de UTA. Nuestro planteo es: abajo el tarifazo, apertura de los libros de la empresa y evaluación de los costos reales por parte de los trabajadores. Fuera Metrovías. Por el reconocimiento de la AGTSYP como único representante de los trabajadores. Por un plan de desarrollo del subte financiado por los gobiernos de la Nación y la Ciudad mediante impuestos progresivos al gran capital.

El año 2013 ha debutado con una gran ofensiva contra toda la comunidad universitaria. Las autoridades de la UNT han decidido enfrentar el descalabro presupuestario cargando la factura sobre los estudiantes y los docentes. Aunque el rector Cerisola responde al radicalismo, implementa la misma política de ajuste que el gobierno nacional kirchnerista impone al conjunto de la educación. La situación que se ha creado es intolerable. En las facultades donde se cobraba un arancel, estos aumentaron y han pasado a 100 pesos en Económicas, hasta 500 pesos que se cobra en Odontología o Medicina. El propósito es claro. Frente a la estrechez presupuestaria, se procura desalentar la inscripción universitaria, o incentivar la deserción estudiantil ante la imposibilidad de asumir sus costos. Debemos tener en cuenta que el costo de la canasta estudiantil se ha elevado como resultado del aumento del transporte, de los alimentos o los alquileres. Pero el ajuste no se limita a los aranceles. Las autoridades han acentuado el cerrojo universitario con una batería de medidas, como son los exámenes de ingreso, los cupos y los sistemas de correlativas filtros. En las facultades, como Artes, Filo, Psico, donde aún las autoridades no han logrado instalar este arsenal limitacionista, imponen el caos académico y edilicio. El resultado es la deserción masiva. Las autoridades justifican este estado de cosas en nombre de la falta de presupuesto. Pero la UNT tiene una situación excepcional, porque a la par de la parte del presupuesto oficial ingresan fondos adicionales resultado de la asociación con minera La Alumbrera. Nadie sabe cuál es el monto real que ingresa y el destino de esos fondos. Lo único que ha salido a luz pública fueron distintos hechos de corrupción, el desarrollo de una enorme burocracia universitaria y el financiamiento políticos de candidatos del radicalismo en las últimas elecciones. La reacción estudiantil, aunque la Federación Universitaria de Tucumán no ha abierto la boca, ya ha comenzado. En Medicina la movilización obligo a transformar en voluntario el arancel obligatorio. En la escuela de Cine se logró lo mismo, que el bono bajara de 300 a 100 y que se entregue el libro contable de la Escuela al control de la comunidad universitaria. Es necesaria una lucha de conjunto, por la eliminación de todos los aranceles, defensa de la gratuidad de la educación. Eliminación de todos los sistemas limitacionistas, no a los exámenes de ingreso, cupos y correlativas filtros. Que se abran los libros contables de la UNT para que la comunidad universitaria de docentes y estudiantes puedan investigar el destino de los fondos que ingresan. Aumento del presupuesto. Por un presupuesto genuino proveniente del presupuesto general de la nación. No a la asociación de la UNT con los monopolios mineros saqueadores y contaminantes. Unidad docente-estudiantil. Desde la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) llamamos a todas las agrupaciones de lucha y a los Luchadores a impulsar en común esta perspectiva de lucha.

El 9 de marzo, la agrupación Estatales en Lucha - Tribuna Estatal realizó una gran jornada social y política en el camping de ATE en Burzaco. Más de 40 compañeros de ATE Capital, ATE Sur y La Plata y de otros sindicatos estatales de Capital y provincia nos reunimos para compartir un gran asado, el día de sol, la pileta y el campo de deportes. La actividad tenía el objetivo de abrir un debate político con el activismo del gremio, que se organiza y lucha en contra del ajuste de los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo invitado Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, quien intervino para dar un informe introductorio para la charla. Abordamos la convulsiva situación de las paritarias, con los techos que aplican los gobiernos, hasta con decretos, para ajustar; y también sobre la crisis política que se procesa por el agotamiento del kirchnerismo, trazando un paralelo con los problemas que plantea la muerte de Chávez en Venezuela y la orientación antiobrera de la oposición patronal. En este sentido, discutimos los problemas y desafíos que implica poner en pie una alternativa de los trabajadores, defendimos el rol que tiene que jugar en este escenario el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, y nos propusimos dar la lucha sindical y política para que la izquierda ocupe un lugar de primer orden en este proceso.

En la noche del martes 12 y la madrugada del 13, un operativo conjunto de la Federal y la Metropolitana desalojó, mediante una feroz represión, el acampe en el Centro Cultural San Martín y la toma de la Sala Alberdi. Esa lucha enfrenta hace más de dos años un intento de vaciamiento y privatización. La represión dejó más de diez heridos -cuatro de ellos de bala- y seis detenidos. El desalojo tiene por objetivo finalizar el plan de mega reformas que el macrismo y el kirchnerismo impulsan para el Centro Cultural San Martín. Las reformas se realizan al servicio de un enorme negociado, sobre la base del alquiler del complejo para eventos privados. Esta privatización forma parte del acuerdo más general que macristas y kirchneristas tienen en la Ciudad, que incluye el traspaso del subte y la venta de terrenos ferroviarios al servicio de grandes negocios inmobiliarios. Desde el Partido Obrero, denunciamos el desalojo y la represión en la Sala Alberdi y rechazamos cualquier perspectiva privatizadora sobre el Centro Cultural. Responsabilizamos al gobierno de Macri y al gobierno nacional por los heridos de bala. Reclamamos que las reformas realizadas en el Centro Cultural San Martín sirvan al desarrollo de la cultura y no de grandes negociados que alimenten las "cajas negras" del Estado. Llamamos a los vecinos de la Ciudad a apoyar la lucha que estudiantes y artistas están protagonizando en defensa de la Sala Alberdi y el Centro Cultural San Martín contra el vaciamiento y la privatización.

La sesión del Consejo Superior de la universidad de Luján (UNLu) del pasado 28 rechazó por unanimidad la instalación de la escuela de policía (Tecnicatura en Seguridad Publica) en la sede Campana. Se trataba de un nefasto convenio entre varios municipios de la zona (Zárate, Campana, etc.), el rectorado, el director de la sede y el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. A la sesión, se movilizaron un centenar de jóvenes, con la participación de la UJS-PO. En los días previos, la inmediata reacción de estudiantes y docentes, al enterarse del acuerdo, no se hizo esperar. Señalamos que no permitiríamos el ingreso de la policía en la universidad, explicando sus vínculos con el delito y el narcotráfico, su responsabilidad en la liberación de la zona en el crimen de Mariano Ferreyra, la desaparición de Luciano Arruga, entre otros casos. El argumento del rector Cansanello y del director de la UNLU Campana, Perelstein, va en línea con el gobierno K: se formarán a efectivos policiales "de la democracia". Sin embargo, nada pudieron responder acerca de la probada responsabilidad de la policía (federal o bonaerense) en la desaparición de J.J. López, los casos de ‘gatillo fácil' o su propio accionar represivo contra los estudiantes que se organizan y se manifiestan. Basta recordar la ‘manito' de la federal reprimiendo a los estudiantes de Fuba en la elección del Rector K Hallú en la UBA". Una numerosa asamblea estudiantil, a pesar del receso, cortó la calle y resolvió movilizarse a la sesión del Consejo Superior el jueves 28 de febrero para derrotar el intento de las autoridades. Se llamó a una reunión de la coordinadora de estudiantes de Campana para organizar una campaña de repudio en universidades, profesorados y escuelas de la zona. No tardó en llegar el apoyo de organizaciones sociales al petitorio que redactamos. También de los docentes nucleados en Adunlu. La indignación generalizada en la opinión pública de la región fue abismal (medios de comunicación, redes sociales, etc.). En el inicio de la sesión, el rector abrió el paraguas y manifestó que no hay ningún convenio firmado y que son sólo "versiones periodísticas", a la vez que anuncio el que el Director de la Regional Campana -promotor de la instalación de la escuela- le acababa de presentar la renuncia. Luego de un intenso debate, y con los estudiantes y docentes soplándoles la nuca, los consejeros resuelven: El expreso rechazo de la instalación de la escuela de policía (y de toda fuerza armada/seguridad) y la aceptación de la renuncia del "fascistoide" director Perelstein. Los compañeros del PO de Luján y Campana, presentes con pancartas, no solo planteábamos el repudio a la escuela de policía, sino una agenda de reivindicaciones: más presupuesto, becas, ofertas de carreras, etc. ¡Viva la lucha de los estudiantes!

El lunes 4, los trabajadores de Materfer ocuparon la planta, ante la negativa de la patronal a indemnizar a seis trabajadores cesanteados y por una deuda salarial con los 270 trabajadores de la planta. La ocupación se levantó cuando la patronal retrocedió. El presidente de la firma, hijo de Sergio Taselli, un cristinista de primera hora, atribuyó la situación a la compra, por parte de la Nación, de 500 coches eléctricos a China para los ferrocarriles Mitre y Sarmiento. Junto al piquete de Materfer, los trabajadores metalúrgicos de la fábrica de elásticos Faesa organizaron uno propio para reclamar la reincorporación de doce compañeros, despedidos sin causa y sin aviso previo. El delegado gremial de la fábrica anunció en los medios que “con los subsidios que les está dando el gobierno, en realidad están indemnizando a la gente que despiden”. El nuevo secretario general de la UOM, Rubén Urbano, declaró que “desde principios de año se detectaron despidos en varias empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba, incluyendo retiros voluntarios y suspensiones. Lo que tememos es que esta situación se generalice hacia otras empresas”. Automotrices En las automotrices, el año empezó con 19 despidos sin causa en Volkswagen. La gran mayoría de los cesanteados había participado en noviembre de la lista opositora. Omar Dragún, titular del Smata, es también ministro de Trabajo de la provincia. Fiat e Iveco han despedido a un centenar de trabajadores de planta; al igual que en Renault, no han renovado los contratos a numerosos trabajadores. El informe que dio a conocer la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) para 2013 anunciaba que “para hacer frente a la creciente pérdida de competitividad será necesario reducir costos”. Son cada vez más numerosos los trabajadores contratados, que cobran un tercio del salario de los de planta. Fiat ha llegado al límite mensual autorizado de contrataciones. El ritmo de trabajo en las líneas de producción ha crecido en la mayoría de las terminales automotrices. El salario real ha caído (sin contar que el mínimo no imponible le retiene mensualmente, a un sector importante de la planta, casi el monto de un alquiler). La lucha contra el impuesto al salario ha cobrado un carácter explosivo. Construcción y call centers Según Ramón Palacios, secretario gremial de la Uocra, “Actualmente hay entre 1.500 y 2.000 operarios a la espera de que se reactiven los trabajos públicos en la provincia”. De los 150 obreros con los que empezó una de las principales obras públicas de la provincia -hoy sólo quedan 35-, el resto está suspendido. Si se suma la obra privada, tres mil trabajadores han perdido su trabajo este año. Al igual que en la industria, la precarización laboral y el número de accidentes laborales fatales ha generado movilizaciones crecientes. Para cerrar este cuadro, el martes 12, el mayor call center de la provincia, el holding Jazzplat, beneficiado por exenciones impositivas y otros incentivos del Estado, informó el cierre de sus puertas en Córdoba, lo cual efectiviza el despido de 159 empleados, que se suman los 1.200 cesanteados con anterioridad. En los últimos años casi un tercio de los 30.000 ha perdido su fuente de trabajo. Que se prohíban los despedidos y suspensiones De la Sota y su ministro de Industria le pasan la factura al gobierno nacional, al que adjudican la parálisis de la obra pública y el “atraso cambiario”. Este último es la queja principal de las multinacionales que exportan a Brasil. Lo concreto es que la crisis la pagan los trabajadores. El Frente de Izquierda presentó a fines de 2008 un proyecto de ley para prohibir los despidos y suspensiones y que se repartan las horas de trabajo disponibles. Ese proyecto está cajoneado en la Comisión de Trabajo de la Legislatura. Exigimos su urgente tratamiento y aprobación. Convocamos a los trabajadores a deliberar en asambleas, para enfrentar las suspensiones y despidos. Que se repartan las horas de trabajo entre toda la fuerza laboral sin afectar los salarios; igual salario entre contratados y los de planta; apertura de los libros de las empresas bajo control obrero.

La conquista de una serie de reivindicaciones, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ha sido caracterizada y proclamada como una victoria de la igualdad, afuera y adentro del movimiento LGBTI. El avance legal no debe confundirse, sin embargo, con el real. Las compañeras trans siguen sufriendo la persecución policial y social y la marginación laboral -empujadas a la prostitución como único medio de vida. La ley de identidad de género no garantiza la inserción laboral, como tampoco la totalidad de las operaciones necesarias. La discriminación laboral a las personas LGBTI sigue manifestándose una y otra vez con despidos y cajoneos de curriculums. La ley nacional de educación sexual, sancionada en 2006, sigue frenada por el lobby clerical en todas las provincias. Las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual son llevadas adelante más por ONGs que por el sistema de salud público. Los manuales de primaria siguen reproduciendo la heterosexualidad obligatoria. La injerencia de la Iglesia en el Estado sigue intacta. CFK ha declarado en múltiples ocasiones su férreo rechazo al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en sintonía con el clero. Los crímenes homofóbicos siguen adelante en todo el país y el aparato policial es el principal actor. Todo esto se suma a las condiciones de miseria social del conjunto de los explotados. La conquista de derechos para la población LGTBI ha dejado planteada a esta comunidad su incorporación a una lucha social de un alcance histórico superior contra el régimen social. Un balance necesario A contramano de lo que sostienen los voceros de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), en su mayoría funcionarios, la igualdad legal no hace a la igualdad real. Los gobernantes ‘gay friendly' quedan desmentidos por el gatillo fácil, la represión y la persecución a los que luchan. La integración al oficialismo de las organizaciones más grandes del movimiento las ha convertido en dependencias estatales. Otras organizaciones funcionan como contención psicológica y social para las/os LGBTI, otra forma de desconocer la responsabilidad del sistema sanitario en atender a nuestras necesidades. La cooptación de las organizaciones LGTBI ha creado una burocracia de funcionarios que operan como correa de transmisión de la política estatal. Frente a esto, las organizaciones de la izquierda que actúan en este campo han procesado una profunda adaptación a partir de la estereotipación de la sexualidad. Han llegado a hablar de "sexualidades preferentes", en un síntoma de oportunismo rabioso. Es por esto que desde el Partido Obrero, junto con compañeros independientes, hemos formado la agrupación 1969, cuyo nombre surge del comienzo del movimiento LGBTI a partir de la rebelión de Stonewall contra la opresión estatal. Luego de un exitoso plenario en el último campamento de la UJS, donde compañeros de todo el país se acercaron a debatir, resolvimos poner en pie un plan de acción para trazar una perspectiva independiente en el movimiento LGBTI. Sólo con independencia política de la Iglesia, el Estado y todos los bandos patronales, podremos avanzar en nuestras reivindicaciones. Sólo con una transformación del régimen social sobre nuevas bases podremos erradicar toda forma de opresión y desarrollar verdaderamente una sexualidad libre. • Educación sexual laica y científica. • No a la heteronormatividad-heterosexualidad obligatoria impuesta por el Estado. • Separación de la Iglesia del Estado. • Que el Estado garantice el acceso a tratamientos quirúrgicos y hormonales de cambio de sexo. • Descriminalización y despatologización de la diversidad sexual. • Programas de inserción laboral para personas trans. • Libre expresión de la identidad de género y sexual en ámbitos laborales, educativos y de salud. • No a la maternidad compulsiva y los modelos clericales, patriarcales y capitalistas de la familia. Derecho a la maternidad y a la familia. • Por una ley nacional de fertilización asistida que incluya tratamientos para mujeres solas o parejas comaternales.

Más de 30 compañeros provenientes de la Villa 1-11-14 y del barrio Rivadavia se reunieron en el local de Bajo Flores, en la primera asamblea de jóvenes del Polo Obrero de la Capital, el sábado 9 de marzo. En la asamblea se manifestaron los problemas más importantes de la juventud de los barrios y de las villas, como el consumo de paco -muchos pibes que el año pasado eran deportistas ahora están tirados en una esquina, sucios y consumidos. A pesar de la presencia de la Gendarmería, la 1-11-14 sigue siendo un shopping de venta de drogas y sólo persigue a los perejiles. El aumento de los alquileres en las villas hace muy difícil a los más jóvenes poder formar su propia familia, y a esto hay que sumarle la falta de leyes y contratos de alquiler que someten a los inquilinos a los abusos de los propietarios. Ante la falta de construcción de viviendas por parte del Estado en la ciudad, las villas se van para arriba en forma caótica. En la asamblea se resaltó que la falta de urbanización se relaciona con la necesidad de los diferentes gobiernos capitalistas y de su Estado de mantener una zona liberada donde puedan producir todo tipo negocios ilegales de los cuales la policía y la gendarmería están muy involucradas. Otro de los temas que fueron resaltados en la asamblea, es que para los jóvenes que viven en el Bajo Flores, más allá de la avenida Cobo, es muy difícil conseguir trabajo porque si dan la dirección de la villa no los llama nadie. Y los que lo consiguen se enfrentan a condiciones de trabajo cada vez más flexibilizas de superexplotación y en negro -como en los talleres clandestinos de costura. Estudiar también es cada vez más difícil, porque el aumento sistemático del costo de vida, la falta de trabajo y el aumento de los alquileres los aleja de los recursos necesarios para estudiar. También muchos pibes plantearon que diferentes fuerzas del gobierno de la oposición patronal (Cámpora, PRO y el FAP) recorren los barrios, sobre todo ahora que se aproximan las elecciones, prometiendo el oro y el moro con el objetivo de conseguir el voto de la juventud. Vienen ahora pero durante todo el año nuestras condiciones de vida empeoran. Es fundamental una juventud que luche de forma independiente, por trabajo, por becas para terminar de estudiar, por una vivienda digna, por la urbanización definitiva de todas las villas de la Capital con todos los vecinos adentro y por una alternativa de izquierda. En la asamblea se decidió un plan de trabajo, con actividades de empadronamientos, afichadas y una próxima asamblea en el plazo de 15 días con el objetivo de iniciar un plan de lucha por las reivindicaciones. También se resolvió realizar una cantidad de actividades culturales en el marco de la campaña por la perpetua a los asesinos de Mariano como la realización de un nuevo festival, muestra de fotos, taller de hip-hop, murga y todo tipo de iniciativas. En el Bajo Flores comienza a resonar una consigna: si el presente es lucha, el futuro es nuestro. Organicemos una alternativa de izquierda en la juventud de los barrios.

El martes 12 alegó la defensora de Favale, Florencia Hegglin. Como era de prever, sostuvo que no había "pruebas firmes" contra su defendido y solicitó su absolución. En forma subsidiaria planteó que si el tribunal considera acreditado que Favale efectivamente disparó contra los manifestantes, se lo condene por "agresión tumultuosa". Hegglin quiere enganchar a su defendido en el convoy que arranca con la tesis de que el asesinato de Mariano no fue el resultado de un plan criminal; sigue con la policía ajena a este plan y distraída en su deber de cuidar personas; y con dos absoluciones inmediatamente después del alegato de la fiscal, hace dos semanas. Hegglin planteó la nulidad de varias de las medidas adoptadas durante la investigación. Criticó a la justicia de instrucción por haber permitido que la imagen de Favale se 'filtrara' a los medios de comunicación. Según la defensora, eso originó un "juicio paralelo" frente a la opinión pública. Su alegato se centró en tecnicismos judiciales, porque a la hora de refutar en concreto las pruebas reunidas contra Favale, encontró grandes dificultades. Por el debate pasaron 25 testigos que declararon haber visto tiradores durante el ataque. De ellos, al menos 16 acusaron directamente a Favale o aportaron con su descripción. Está archi-probado que Favale actuaba regularmente como matón a sueldo de la burocracia, al menos desde que un ex boxeador y guardabarrera, 'Dinamita' Pérez, lo presentara con Pablo Díaz. Favale estuvo presente el 6 de septiembre, en Constitución, junto a la patota, impidiendo medidas de los tercerizados, y en el acto posterior, en River, donde hablaron Moyano y Cristina, pocos días antes del crimen de Mariano, actuando como custodio de Díaz. Las ´escuchas´ revelaron los contactos de Favale con policías bonaerenses, para que lo mantuvieran informado ´si había algo contra él´. Las pruebas contra Favale son terminantes. Hegglin es una defensora oficial, suministrada por el Estado. A diferencia del otro defensor oficial, Claudio Armando, y del resto de los defensores que alegaron hasta ahora, Hegglin intentó despegarse de la versión de la 'riña' con la que éstos pretendieron justificar el asesinato de Mariano. Según Hegglin, Favale fue utilizado como 'chivo expiatorio' por los ferroviarios, a los que se refirió como "los verdaderos culpables". Es decir que incriminó a la patota. Fundamentalmente, la defensora atacó el testimonio de Alejandro Benítez, el 'testigo protegido' aportado por el gobierno, que acusó directamente a Favale por el homicidio al comienzo de la investigación. Hegglin recordó el testimonio de Alberto Esteche, un albañil que presenció la agresión y ubicó a Benítez, "el testigo de Néstor" (según propaló el gobierno desde antes del fallecimiento de Kirchner) "en la primera línea de ataque", manipulando un arma y dando directivas al resto de los agresores. Esteche también señaló a Gabriel 'Payaso' Sánchez como uno de los tiradores. Para Hegglin, posteriormente al hecho, "Pedraza y los ferroviarios buscaron acercarse a Favale para dominar la estrategia de las defensas". Por último, Hegglin pidió la nulidad de los tres alegatos de la parte acusadora. Según ella, la contraparte modificó la ‘base fáctica’ de la acusación, que consistiría -según la abogada- "en el acuerdo entre dos tiradores, Favale y Sánchez". Como, en sus alegatos, la fiscalía y las querellas "se refirieron a la presencia de más tiradores", esto violaría el principio de congruencia. Es un intento de reducción al absurdo. Lo cierto es nunca nos apartamos de lo que luego fue el alegato de las acusaciones: Pedraza -en connivencia con empresarios y funcionarios- fue el instigador de un plan criminal dirigido a aleccionar a los tercerizados, cuyas movilizaciones ponían en riesgo fuertes negocios y su hegemonía en el gremio. Para llevarlo a cabo, la burocracia se valió de un grupo de choque, del cual formaban parte Favale, Sánchez y otros. Hegglin aclaró de entrada que iba a ensayar una 'defensa técnica' y concluyó en un vaciamiento de los hechos.

La noticia del fallecimiento de Eduardo me conmocionó. Lo conocía desde "antes del PO", cuando ambos estudiábamos Física -él en la Plata y yo en la UBA- y hacíamos nuestras primeras armas en la lucha política (aunque en otra organización). Poco después y por caminos diferentes, nos encontramos en el Partido Obrero; de esto hace casi tres décadas. Hay, en la larga trayectoria militante de Eduardo, un capítulo menos conocido que su papel como constructor de Tribuna Docente, que quiero rescatar a modo de homenaje. A mediados de los '90, cuando arreciaba el menemismo, compartimos en San Martín la experiencia de poner en pie uno de los primeros intentos de "organizar a los desorganizados": la Comisión de Jóvenes y Trabajadores de Desocupados de Villa Lanzone, una avanzada de lo que años después sería el Polo Obrero. Junto a otros valiosos compañeros, entre los cuales se destacó también nuestro querido Lisandro (muerto en un trágico accidente a los 26 años), formamos esta comisión que llegó a encabezar un vasto movimiento barrial: con delegados por manzana, con un boletín que desarrolló campañas por el subsidio al desocupado o la libertad de Panario, que organizó recitales multitudinarios, que convocaba asambleas de centenares de vecinos y que dirigió una dura lucha contra los cortes del servicio de luz. Esta "rebelión" barrial fue una pesadilla para la intendencia, que tuvo que bajar en varias ocasiones para dar respuesta y nos declaró enemigos número uno. Recuerdo que para evitar la agresión de los punteros, un grupo de delegados nos recibía en la estación de José León Suárez y nos "metía" al barrio clandestinamente para hacer las reuniones en alguna casa... Fue un movimiento enorme pero efímero; las patotas pejotistas y la cooptación lograron desactivarlo, pero su marca en los barrios marginados de San Martín perduró bastante tiempo. Eduardo era el vocero y motor de la comisión. Recuerdo que con un megáfono, y jugándose el pellejo, recorría los oscuros pasillos de la villa para convocar a las asambleas. En poco tiempo se convirtió en parte de lugar. Siempre me impresionó su capacidad para relacionarse con los sectores más humildes. Eduardo, que tenía una sólida formación, hablaba el lenguaje simple y profundo de la clase obrera y lo que se imponía de entrada, apenas uno cruzaba con él unas palabras, era su dimensión humana. Eduardo era un "buenazo", generoso, solidario, siempre sonriente... a eso le sumó su inquebrantable compromiso revolucionario. Y por eso es de los imprescindibles. Lo vamos a extrañar.

Desde octubre del año pasado se viene desenvolviendo un conflicto entre la Asociación Bancaria, seccional Tucumán, y el gobierno de Alperovich, quien con el argumento de poder utilizar los 172 millones de pesos de garantía del Departamento Seguros de la Caja Popular ante la Superintendencia de Seguros, los canjeó por títulos provinciales, justificando esta operación en la rentabilidad de los títulos y que el efectivo le servía a la provincia para poder garantizar el pago de sueldos y aguinaldo de fin de año. La Asociación Bancaria inició una campaña de denuncias de vaciamiento de la Caja. El gobierno respondió nombrando un nuevo interventor, Armando "Cacho" Cortalezi, reconocido "proxeneta", mano derecha de Alperovich en la Legislatura, y uno de los funcionario que más se ha enriquecido bajo esta gestión. Cortelezzi desató una escalada de provocaciones contra La Bancaria, de aprietes y persecución a los trabajadores, combinando el accionar de un ejército de patovikas, policías y punteros, hasta la acción del propio D2 (servicios de inteligencia), todos unidos para impedir cualquier acción sindical en la Caja. Últimamente se han producido traslados y veinte cesantías, acompañado de nombramientos de parientes de los funcionarios. La Bancaria, desde un primer momento, realizó movilizaciones fuera de la Caja y un paro, luego entraron en conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, instancia que no fue acatada por la patronal. La intervención negrera de la Caja, para cubrir sus fechoría y ataque a los trabajadores, convocó a viejos ex luchadores y hasta contrató como asesor a algunos abogados, incluso el más conocido integrante de la Fundación que preside Susana Trimarco. El jueves 7 de marzo, la escalada antisindical del gobierno pretendió extenderla sobre el ex banco provincia, actual Banco del Tucumán (de Jorge Brito), con despido o rotaciones. Hubo un paro masivo que obligó al propio Jorge Brito a intervenir y ordenar dar marcha atrás con las medidas. El conflicto de la Caja envuelve varias cuestiones, desde la intención de disponer de una Caja para tapar los agujeros fiscales que enfrenta el gobierno, hasta de sacarla de la administraciones del juego de azar, y abrir paso a los negocios que hoy monopolizan el clan Ale, pero donde Cristóbal López desde hace rato pretende ingresar. Por eso, la lucha por la reincorporación de todos los despedidos, cese de los traslados y el pase a planta permanente de todos los contratados dentro de la Caja, y echar a la intervención mafiosa y negrera son banderas claves de una lucha en defensa de la Caja.

En un giro de 180 grados, Tomada le dio la espalda a los piquetes camioneros, que reclaman pasar mil trabajadores de logística de esa cadena de comercio a Camioneros. A Moyano mismo se lo vio desconcertado y salió por una puerta de emergencia, mediante una intervención de la Secretaría de Trabajo de Macri que postergó todo, pero no resuelve el conflicto. Moyano, con este método, reencuadró a 100 mil trabajadores -sólo de comercio unos 25 mil- durante los nueve años de idilio kirchnerista. El pasaje de Moyano al PJ disidente dio vuelta las cosas. La actitud de Tomada responde a un reclamo estratégico de la CGT Balcarce, el más importante que llevó a la ruptura de la CGT: parar los reencuadramientos, lo que ha transformado al ideólogo del sindicalismo de los ’90, Armando Cavalieri, en un entusiasta K. A partir de este giro del Ministerio, la burocracia de Balcarce discute incluso una política de reversión del terreno ganado por Moyano, lo que no será fácil por dos motivos: porque no es posible bajar salarios nominales y porque habrá que enfrentar la oposición de aquellos que se beneficiaron con un convenio mayor. Los capitalistas son también activos promotores del giro anticamionero del ministerio por razones económicas obvias. Para ello, sus cuervos del derecho antilaboral se acordaron de que el estatuto camionero fue reformado en 2003 (con Néstor K) para incluir logística, pero que no fue reformada la personaría gremial donde consta la jurisdicción de actividad del sindicato. Siempre hay una biblioteca para una relación de fuerzas. Lo más notorio y necio es que arguyen la “principalidad” de la actividad, por ejemplo: comercio en Maxiconsumo. Pero de eso no se acuerdan cuando se trata de tercerizadas petroleras, telefónicas, eléctricas, mecánicas, siderúrgicas o ferroviarias -donde se produjo la gran lucha de 2010 en la que mataron a Mariano. La “principalidad” debería regir para los 600 mil tercerizados que hay en el país. Moyano permite las tercerizadas en sus ramas internas, al punto de estar asociado a empresas tercerizadoras como Guía Laboral, una agencia de empleo temporario. Moyano no ha organizado tampoco en términos de lucha los sectores de la rama logística. A menudo, pasaron de encuadramiento sin organización, sólo basados en la tranza de camioneros con el ministerio de Tomada. En casos que nos constan, como gráficos, han pasado sin voluntad de hacerlo, por lo que trabajadores pretenden unirse al conjunto de la planta de las que han quedado seccionados, divididos. Con la desintegración del kichnerismo, la ruptura de la CGT en tres (Barrionuevo también repudia los reencuadramientos moyanistas), se ha venido abajo un esquema de poder al interior del sindicalismo, pero no se ha abierto una ruta de organización y progreso de clase en materia de convenios obreros. La CGT moyanista no jugó ningún papel en la gran lucha de los tercerizados ferroviarios, ni de Luz y Fuerza, ni de Atento, ni de los Dragones. Es ajena a la unidad de clase, no pretende la unificación de la clase obrera en el convenio más beneficioso, ni el fin de la tercerización, carece de un programa de clase. Facundo Moyano presentó un proyecto de ley que sólo hace solidaria a la empresa madre con la tercerizada, pero no hace valer el convenio principal. Apoyamos a los trabajadores de logística de Maxiconsumo, pero los llamamos a elegir delegados por sucursal, para ganar en base a una organización propia, la cual mañana los pueda unir en una lucha común contra la patronal junto a los trabajadores de comercio. Por un salario equivalente a la canasta familiar para todos, por la vigencia del mejor convenio por actividad, por el fin de la tercerización, por grandes sindicatos de rama organizados en base a la democracia sindical y la independencia de clase.

La noticia del fallecimiento de un hombre por lo regular atañe a sus familiares más cercanos, pero cuando ese hombre entregó su vida al progreso de la humanidad, mediante la actividad científica o la lucha política, como es el caso del compañero Aldo Capurro, excede ampliamente el ámbito familiar y se amplía al ámbito social. Por eso, su ausencia militante -sufrió cárcel por ello- y su recuerdo mueven a un sentido homenaje, y también a redoblar la actividad revolucionaria para cubrir su falta y continuar la tarea en que se hallaba empeñado. Vaya pues un saludo a su familia, que cuenta con varios revolucionarios en su seno que siguen militando.

La crisis industrial se está haciendo sentir con fuerza también en Bélgica. La Ford viene de anunciar el cierre de su planta en Genk, en la que trabajan 4.600 operarios. Esta noticia coincide con el anuncio de Caterpillar del despido de 1.400 trabajadores sobre un personal total de 3.700 y Arcelor Mittal, a su turno, que hará lo propio con otros 1.300. Los trabajadores de Bélgica tropezaron con el bloqueo de la burocracia de las tres centrales obreras (socialdemócrata, cristiana y liberal). Los dirigentes terminaron pactando con la patronal un plan de reducción de la jornada de trabajo durante diciembre con una disminución del 40 por ciento del sueldo. Al mismo tiempo, pusieron en marcha una consulta en la fábrica en la que se puso en consideración si ir a la huelga o aceptar un arreglo consistente en una rebaja salarial unido a una merma de la producción diaria de unidades. Los sindicatos ejercieron una brutal presión para que se aceptara esta segunda propuesta, pese lo cual, el 47 por ciento de los trabajadores votaron por adoptar medidas de fuerza. La indignación se hizo sentir en la planta cuando se conoció el resultado, hasta el punto tal, que la franja más aguerrida de la fábrica, unida a trabajadores pertenecientes a los proveedores de Ford que fueron excluidos de la negociación, tomaron la iniciativa de ir a la huelga, desafiando a la burocracia y a la patronal e improvisaron para ello un comité de acción. Pese al hostigamiento implacable de la burocracia, a lo cual se sumó la empresa y el Estado, los activistas, en base a piquetes, asambleas y agitación, mantuvieron heroicamente la huelga durante nueve días. Atacados por todos lados, el 21 de enero pasado, se vieron forzados a levantar la lucha. Asistimos a los primeros rounds de una lucha, cuyos principales capítulos están por escribirse.

Una serie de hechos muestran al gobierno kirchnerista a tientas, pero avanzando en una política contra las paritarias ante la más completa pasividad -o complicidad- de toda la burocracia sindical. Incluida Ctera, la que rechazó el decreto presidencial, pero condena al aislamiento a las grandes huelgas provinciales docentes. Luego del anuncio del 20% en Ganancias, la no homologación a bancarios (de tres cuotas del 24,5%) y el congelamiento de precios por 60 días, los hechos más importantes han sido el decreto del 22% en cuotas (19 anualizado) al piso docente y -muy especialmente- el convenio de Luz y Fuerza por 18 meses.El convenio eléctrico arroja un 20,9% promedio (18 en enero y 5 en junio) para 2013 y un 7% para el primer semestre de 2014. Es una jugada de fondo por topes decrecientes hasta mediados de 2014, firmada por Tomada y Kicillof en persona junto a Lescano. El antecedente fue la firma, también por 18 meses, en aeronáuticos (hasta octubre de 2013) mediante la extorsión, en ambos casos, de un Estado que es el que pone la plata vía subsidios. Son convenios salariales por 18 meses ante un congelamiento de precios de dos meses. Esto impacta en todos los gremios ferroviarios y la UTA (también subsidio-dependientes), los que recibieron la negativa a una cifra “puente” de seis meses, aún del 20%, pedida por las burocracias que acaban de formar la UGATT (federación del transporte antimoyanista), agrupada en la CGT Balcarce. El gobierno y Lescano han golpeado con este convenio a dos planteos internos del propio sindicalismo oficialista: uno, las cifras puente, pedidas por la burocracia para ver más adelante qué curso toma la inflación; el otro, la concertación reclamada por la UOM. Una concertación o pacto social de ese tipo implicaría compromisos en materia de precios, impuestos, tipos de cambio, tasas de interés y otros ítems, con la UIA, lo que presentaría nuevas dificultades. Es decir, que el gobierno evita -mientras pueda- un pacto de ese tipo para avanzar en el ajuste y en la postergada sintonía fina, por la vía de disciplinar las (no) paritarias estatales y de las actividades subsidio-dependientes y, a partir de allí, al resto del movimiento obrero. La burocracia de la CGT Balcarce no reluce por su homogeneidad, pero se mantiene incólume en la política de no romper con el gobierno. Al reajuste del mínimo no imponible lo dan como causa perdida, pero insisten en dar paso a eliminar la tablita de salarios familiares y un comienzo de reparto de la plata de las obras sociales que los fortalezca contra Moyano. En ese plano, han conseguido algo muy valorado por ellos (especialmente por Cavalieri): el giro del ministerio contra los reencuadramientos de Moyano (véase nota sobre Maxiconsumo). La entrega de las paritarias es “la” carta de la CGT Balcarce para negociar esos puntos, pero Lescano ha complicado hasta a sus socios. Será difícil para Caló, con una UOM en 4.100 de básico, cerrar en un 20% anual por año y medio; o para el Smata seguir con la sangría del impuesto a las ganancias. Lo mismo vale para UTA, que maniobró estos años, como nadie, con las “cifras puente”. En este marco, de viva inquietud en el movimiento obrero, el moyanismo está pintado: planifica una entrega de firmas al Congreso por salarios familiares. Micheli anunció que habría un paro “en el primer semestre del año” y ambos, sin convicción ni política alguna, convocaron a la marchita frente al Ministerio de Trabajo, el 14 de marzo. Es el último eslabón de lo que sería un plan de lucha decreciente, después del parazo de noviembre y la movida de aparato -menor- del 19 de diciembre en Plaza de Mayo. La disposición de lucha de los petroleros a quienes les cortaron las extras, la formidable huelga docente o los paros estatales no cuentan para Moyano. No entra en su horizonte trabajar en la base de todo el movimiento obrero para ponerlo en el centro de una lucha por todas las reivindicaciones: 8.000 pesos de básico, anulación de ganancias, 82% móvil, salario familiar para todos de 700 pesos por hijo. La burocracia sindical opositora está acentuando su orientación de diluir la acción del movimiento obrero en función del “voto castigo” a los Macri, De la Sota o Binner -según los compromisos políticos de cada sector. Las huelgas docentes han producido una colosal movilización de 9 mil trabajadores en Neuquén y otra de 7 mil en Buenos Aires, convocada por Ctera. La CGT de Moyano y la CTA de Micheli no juegan ningún papel para llevar a la victoria este movimiento, lo cual sería la llave para quebrar los topes que se pretenden imponer a todo el movimiento obrero. Nuestra participación en la marcha del 14 de marzo tiene por función reclamar una acción de conjunto, un paro activo nacional de 36 horas y un plan de lucha. La AGD-UBA ha votado el paro de 36 horas. En otro ámbito, una importante asamblea general de los 900 choferes de Ecotrans votó el reclamo de 35%, lo que marca un camino para la 60 y otras líneas combativas. Varias plantas gráficas orientadas por la Naranja planean una movilización hacia el sindicato en función de un reclamo similar. En el conflicto docente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se discute la huelga general en las escuelas. Apoyemos con todo ese curso, formando un comando único de huelga de todos los estatales, retomando el camino que llevó a la victoria contra el aguinaldo en cuotas. La victoria docente definiría otro escenario en el conjunto de las paritarias.

Las elecciones italianas han desencadenado un tembladeral político que repercute en toda Europa. Con tan solo 29%, la centroizquierda de Pier Luigi Bersani obtuvo una victoria pírrica, porque quedó en minoría en el Senado, donde Berlusconi lo supera por trece escaños -lo cual le impide formar gobierno. Mario Monti, el ex premier "técnico", apenas superó el 10%. La figura fue el Movimiento 5 Estrellas del ex cómico Beppe Grillo, que apabulló a todos: en su primera campaña nacional se convirtió en el primer partido en la Cámara con el 25,5% de los votos y el tercero del Senado con el 23,7%. Las elecciones sellaron el desbarranque de la alternancia de las dos últimas décadas. La alianza de centroizquierda que encabeza el Partido Demócratico perdió unos 3,6 millones de votos. Berlusconi logró obtener, con sus aliados, casi un 30% -una sangría de cuatro millones de votos desde 2008. El Movimiento 5 Estrellas capitalizó el derrumbe al grito de "¡todos a casa!". Hay quienes rescatan su planteo de no pagar la deuda, salir del euro y nacionalizar los bancos -pero se trata de una necedad, porque su programa es un amasijo de incoherencias. Un par de días después de las elecciones, el gurú de Goldman Sachs, Jim O'Neill, declaró su "entusiasmo" con el éxito político de Grillo (Il corsare, 2/3). No obsta para admitir que el electorado acogió slogans radicales. En el único lugar donde gobierna, la ciudad de Parma, el M5E continuó con la política de privatización de las guarderías de niños. Se niega a formar gobierno con otros partidos o dar el voto de confianza a cualquier coalición que reciba la aprobación del Presidente. El éxito de la ‘antipolítica’ expresa la descomposición del régimen y es, a la vez, su válvula de escape. No se salva nadie ¿Cómo se sale del atolladero? La posibilidad de un gobierno de coalición de Bersani con Monti quedó bloqueada por la pésima elección del ex primer ministro. Viejos dirigentes del Partido Democrático sugirieron la posibilidad de un gobierno de emergencia nacional con Silvio Berlusconi, ‘una bella catastrofe’. Cuando ya han pasado diez días desde las elecciones, el empantanamiento es total. Bersani ha planteado su intención de formar un gobierno en minoría, y gobernar mediante acuerdos puntuales con otros partidos. La coalición de Berlusconi rechazó la propuesta: la derecha sí quiere un gobierno de doble, triple o cuádruple coalición. De lo contrario, reclama la convocatoria a nuevas elecciones para el mes de junio. Para el Financial Times, "es poco probable que el presidente Napolitano pida a Bersani que forme gobierno, dado que sabe que caería ante el primer voto de confianza en el Senado" (6/3). Napolitano estaría evaluando un segundo gobierno "técnico", pero incluso para ello es necesario el apoyo de Berlusconi o de Grillo -algo que Grillo podría aceptar si el parlamento, en el intervalo, modifica las leyes electorales que favorecen a los partidos tradicionales. Para complicar más las cosas: el propio mandato de Napolitano está a punto de terminar, a comienzos de mayo, con lo cual queda a cargo de este parlamento ingobernable la elección del próximo presidente. En Italia no hay reelección, pero ¿quién sabe? El régimen político italiano está en el limbo, mientras la economía sigue cayendo. En los últimos dos años, la reducción del PIB y la destrucción del valor añadido y de los puestos de trabajo sólo es comparable a lo que ocurrió después de la última guerra mundial (La Reppublica, 1/3); la deuda es equivalente al 127% de su PBI y alcanza la friolera de dos billones de euros. La preocupación del capital financiero es que "el auge de ‘movimientos parapolíticos’ (ponen en duda) la legitimidad del proyecto europeo" (9/3).

El martes 5 de febrero, Eduardo Salas y la legisladora Liliana Olivero, en nombre del Frente de Izquierda, presentaron, acompañados por una delegación de vecinos de Malvinas Argentinas, un proyecto de ley para que se prohíba "en todo el territorio de la provincia de Córdoba la instalación y funcionamiento de la empresa Monsanto Argentina SAIC, por sí misma o en asociación con otras empresas" (artículo 1º). La instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas (la primera de tres plantas en el territorio cordobés) ha provocado multitudinarias movilizaciones de rechazo. Destacados profesionales y especialistas han producido informes lapidarios sobre las consecuencias irreversibles para la salud de la población del lugar y de la provincia. Denuncias e informes internacionales han corroborado las conclusiones a que se arribaron en Córdoba y en el país. A pesar de ello la intendencia radical de Malvinas ha dado permiso para la ejecución de obras para la instalación de la empresa. Una cámara de apelaciones dio la razón a los vecinos que reclamaban frenar todas las obras hasta que se cumpla con la ley. El intendente ha decidido apelar esta decisión para dar vía libre a la continuidad de las obras "civiles" e ir "ganando terreno". El proyecto de ley presentado por el FIT no hace más que hacer efectivas las prevenciones establecidas en la ley general de ambiente y que con chicanas tanto gobiernos como empresas están sorteando. Monsanto actúa con el respaldo tanto de Cristina Kirchner, que le dio a la empresa en Nueva York la bienvenida a Córdoba; de De la Sota y todo el gobierno provincial, y de la UCR que gobierna el municipio. Como se ve, Monsanto consiguió el "milagro" de unir a dos declarados archienemigos, De la Sota y CFK, nada difícil teniendo en cuenta la profunda sumisión a los grandes capitalistas por parte de estos gobiernos. Con este proyecto damos un mayor impulso a la movilización contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas.

La inmensa mayoría de las corrientes sindicales opositoras, antiburocráticas y de izquierda que militan en el Suteba conformaron una lista provincial única. Quedó desbaratada, entonces, la maniobra del adelantamiento electoral. La unidad alcanzada supera el divisionismo de las elecciones de 2009, alentada por la centroizquierda (ex Lista Lila). Tribuna Docente desenvolvió una gran batalla frentista, la cual se intensificó frente a las asambleas ordinarias del Suteba de noviembre pasado. El frente de recuperación del Suteba está en relación con el proceso que hoy vive la mayoría de los docentes bonaerenses: una inmensa lucha contra el ajuste. Recientemente, el frente de unidad en Neuquén (Fura) arrancó el sindicato a la Lista Celeste y hoy libra una durísima lucha con el gobierno de Sapag. En un plenario multitudinario en Suteba-Matanza, el pasado sábado 9 de marzo, cientos de docentes votaron a mano alzada la lista encabezada por Romina del Plá, con el objetivo de recuperar la seccional. Se han conformado listas antiburocráticas únicas en la enorme mayoría de los distritos. En primer lugar, para defender las seccionales recuperadas (Quilmes, Berazategui, Marcos Paz, Bahía Blanca, Escobar) y también para retomar la dirección de la seccional de La Plata, la que fue usurpada por la celeste mediante el fraude en 2009. La lista antiburocrática platense está encabezada por la compañera Amelia García. Las posibilidades de disputarle la dirección a la burocracia son muy importantes también en Ensenada, San Martín-Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Mercedes, entre otras. Lamentablemente, en General Sarmiento, Moreno y Merlo, las agrupaciones vinculadas al MST y al Encuentro Colectivo (Rompiendo Cadenas, con referencia en Bahía Blanca) rechazaron integrarse a una lista unitaria. Esto podría perpetuar a la Celeste en esos distritos. Tribuna Docente integra este frente antiburocrático y combativo de recuperación del Suteba en 28 distritos (en listas comunes o con lista propia) y suma la presencia de compañeros en otros cinco distritos más del interior de la provincia. Tribuna Docente, a pesar de ser por lejos la primera fuerza de izquierda en el distrito de General Sarmiento, le ha cedido la candidatura a secretario general a IS, como tributo a la integración provincial del frente. En la lista provincial, que está encabezada los compañeros de Bahía Blanca (en la secretaría general) y de Quilmes (en la secretaría adjunta), Tribuna ocupa el tercer lugar y aporta dirigentes reconocidísimos de la lucha docente: Amelia García, de La Plata, candidata a secretaria gremial; Romina del Plá, de Matanza, propuesta como secretaria de Jubilaciones; Claudia Consiglio, de Escobar, candidata a Subsecretaría de Interior; Nora Biaggio (Hurlinghan), Adriana Sirna (San Martín-Tres de Febrero) y Hugo Lorenzatto (Lomas) como responsables de los niveles de Especial, Artística y Formación Profesional, respectivamente, Daniel Rapanelli, de Ensenada, como primer vocal titular. ¡Vamos por la recuperación del Suteba de manos de la burocracia yaskista y del gobierno!

El derrumbe industrial de Francia ha superado los pronósticos más pesimistas; por tercer trimestre consecutivo, la industria registra un retroceso. GoodYear ha anunciado que cierra su planta de Amiens, dejando en la calle a 1.200 trabajadores. La patronal de Titán, que controla GY, acaba de desmentir la posibilidad de un acuerdo que preserve parcialmente las fuentes de trabajo. "Titán -dijo su mandamás- prefiere comprarle a un fabricante de gomas chino o indio, pagar menos de un euro la hora y exportar todas los neumáticos que Francia necesita". Las expresiones agraviantes, acerca de la indolencia de los obreros, desataron una indignación popular. Una gran manifestación frente a las dependencias centrales de GoodYear fue duramente reprimida por la policía. En la misma participaron obreros de otras industrias cuyos dueños amenazan con recortes drásticos de personal, como los consorcios automovilísticos (PSA Peugeot Citroën y Renault, Arcelor-Florange, el grupo farmacéutico Sanofi). La política socialista no difiere de la que vienen llevando sus pares en Europa. La "mejora de la competitividad" tiene como eje una drástica reducción de los costos laborales y un incremento de la precarización y flexibilización de las condiciones de trabajo. El gobierno galo pone como ejemplo lo que entiende ha sido el "éxito" del rescate de las automotrices (GM y Chrysler), por parte de Obama. El juicio es apresurado. Omite el fenomenal desguace que sufrió la industria, que se ha adaptado a un mercado disminuido, y la enorme confiscación del capital acumulado por los trabajadores en concepto de derechos de jubilación y salud. El capital de las empresas rescatadas continúa, en parte mayoritaria o significativa, en manos del Estado (nacionalización parcial) y del sindicato automotriz. Mediante jubilaciones anticipadas fue sustituido un personal de 75 dólares la hora de costo laboral, por otra de 20 dólares y 12,5 el salario horario. La reforma laboral recientemente acordada en Francia con las patronales y las centrales sindicales es un paso en este sentido, pero debe afectar una escala de industrias relativamente mayor. Se estima que la capacidad de producción en Europa "excede los 5 millones de unidades. Para cerrar este desfasaje es necesario el cierre de más de 70 plantas y la destrucción de 115.000 puestos de trabajo". El Estado francés resiste el recurso a la nacionalización parcial, porque, en un mercado común, su éxito dependería del resultado de la competencia con la industria automotriz alemana. Fiat ha anunciado que haría frente a la competencia de VW a partir de una plataforma internacional de fabricación con Chrysler, lo que deberá provocar la destrucción del autopartismo italiano. Francia e Italia se han convertido en el blanco principal de la política de recortes o cierres y de "relocalización" de los pulpos, que mudan las fábricas a países donde el costo laboral es sensiblemente inferior. Como un reflejo de ello, la inversión de las multinacionales en las sedes matrices viene cayendo notablemente. El capital alemán ya produce en masa desde sus plantas en Europa oriental. El fracaso de la política socialista acentúa la perspectiva de nuevos sacrificios, confiscaciones y privaciones, y el estallido de rebeliones obreras.

Terminó una huelga por tiempo indeterminado en la multinacional Montes del Plata, luego del accidente que costó la vida de un obrero. La muerte fue la gota que rebalsó el vaso de 80 accidentes laborales y 27 clausuras del trabajo en una planta que tiene un ritmo infernal de producción. Los trabajadores ocuparon la planta y obligaron a la dirección del Sunca (Sindicato de la construcción) a declarar la huelga por tiempo indeterminado, reclamando un protocolo de seguridad en la planta para terminar con la brutal cadena de accidentes. Las presiones de la multinacional por la continuidad de la obra fueron enormes. Las gestiones anteriores de la dirección del Sunca nunca habían logrado una solución favorable. Por eso, los trabajadores decidieron salir a luchar para darle una salida de fondo a la situación Así, se arrancó una concesión que, aunque parcial, sienta un precedente de suma importancia para el movimiento obrero. El protocolo de seguridad conquistado establece que, ante un riesgo potencial de accidente, los delegados de seguridad puedan detener el trabajo, hasta que se coordinen las acciones para evitar cualquier posible daño. Es un acuerdo que está por delante de la legislación uruguaya y también de toda la legislación laboral argentina. Cuando se detecte una condición de riesgo, el Delegado Obrero del Sector detendrá la tarea en cuestión y tomará contacto inmediato con el encargado del trabajo (capataz, supervisor) a los efectos de su corrección. En caso de que la situación no se resuelva, el encargado de trabajo convocará en forma inmediata al Técnico Prevencionista del sector, y así sucesivamente hasta convocar al responsable de seguridad del conjunto de la planta. Las contratistas asumieron por acta el compromiso de aplicar un tratamiento igualitario a sus trabajadores, cualquiera sea su jerarquía, en el caso de la constatación de infracciones en materia de seguridad y salud. El reclamo de comités de seguridad e higiene, con capacidad de los delegados de parar la producción ante un peligro de accidente, es una conquista enorme. La patronal aceptó el protocolo ante la huelga general y las denuncias públicas. Aunque el gobierno de Mujica aceptó el protocolo después de dos años de accidentes, se cuidó de "encerrarlo" sólo al ámbito de la multinacional. La burocracia del Sunca, después de permitir hasta el cansancio la brutal flexibilidad laboral, ahora se encuentra ante el reclamo de una generalización del protocolo de seguridad en todas las obras del país y en la industria. Un camino que abrió la huelga y que hay que profundizar.

La huelga de los trabajadores de la educación neuquinos ingresa en su tercera semana. Los paros y movilizaciones han enfrentado, una y otra vez, a las provocaciones del gobierno. Aten reclama: un 35% de aumento salarial de bolsillo, la defensa del básico y la jubilación del 80%. Que el gobierno absorba el impuesto al salario; plan de obras públicas (aulas, escuelas, refacciones), creación de cargos, salas de 3 y 4 años en jardín (hoy, casi 4.000 niños no tienen banco); el pase a planta de los precarizados, reconocimiento del adicional por zona y la creación del cargo suplente; auditoría externa del ISSN (obra social y caja de jubilaciones) y la restitución de prestaciones eliminadas. Recuperada Aten, nos planteamos luchar por un conjunto de reivindicaciones postergadas, después de años de direcciones progubernamentales en la docencia. A fines de 2012, las asambleas docentes, ya bajo la nueva dirección, votaron el no inicio de clases, frente a las miserables propuestas de Sapag y la postergación salarial sufrida durante el segundo semestre de 2012. Sapag inicia el año con un decretazo, imponiendo una suma fija de 480 pesos, que fue rechazada por las asambleas. Durante las vacaciones, comenzamos una campaña por la situación edilicia de las escuelas, el trabajo en negro y la recomposición salarial. La huelga en marcha Las medidas de amedrentamiento contra la huelga están a la orden del día. Entre ellas, amenazas de sumarios, descuentos de los días de paro, patrulleros policiales en las escuelas, demonización de la nueva dirección, amenazas a dirigentes y delegados. En ese cuadro, asistimos al intento de incendiar un vehículo gremial y los ataques a Patricia Jure. Contra estas agresiones, la huelga se sostiene. Día tras día, se recorren seccionales, donde sostenemos plenarios de delegados, reuniones con directores y auxiliares de servicio y los padres, junto a la batalla por la devolución de los días descontados. Las redes sociales, los spots publicitarios, volantes y afiches explicando que el mismo gobierno que rechaza el aumento sostiene a muerte los subsidios a la educación privada y las petroleras. Hasta la fecha, el gobierno no presentó ninguna respuesta al pliego planteado por Aten. En cambio, sostiene una línea de provocación contra la huelga y su dirección: el gobernador, que acusa a Aten de hacer política, se ha servido de los ataques al sindicato y a la huelga para montar una campaña derechista. Quiere derrotar a los docentes para reforzar su autoridad política, que está cuestionada por el descalabro fiscal, el vaciamiento petrolero y su complicidad con ambas. En la Legislatura, Sapag anunció que convocaría a una "consulta popular" sobre el reclamo de los docentes, en una tentativa de terminar con el derecho de huelga en la educación. Para estos propósitos, acaba de ganarse el apoyo de Sobisch, el verdugo de Fuentealba. Pero las provocaciones chocan la realidad: en estos días, el gobernador no pudo inaugurar una escuela privada (financiada con fondos estatales) en San Martín de los Andes, ante la movilización de docentes y padres por el estado calamitoso de las escuelas públicas. Todo esto se procesa en los debates de las asambleas, reuniones y jornadas. La tendencia mayoritaria es a la continuidad de la lucha. Los estatales y el paro de la CTA El jueves 14, la CTA local ha convocado al paro en consonancia con la medida nacional. Esto llevará a las calles, por primera vez en tres semanas de huelga de Aten, a miles de estatales y docentes. Han estallado conflictos en el Ente de agua y saneamiento, en hospitales, y en Desarrollo Social, entre otros. Esas luchas han quebrado la "paz social" que la directiva de ATE-CTA cerró con Sapag a fines del año pasado, cuando aceptó los miserables 480 pesos no remunerativos y no bonificables para todo 2013. En este cuadro, la dirección de ATE-CTA ha debido habilitar el paro del 14. La confluencia de docentes y estatales es una bomba de tiempo para Sapag. La dirección de la Ctera publicó una solicitada rechazando los planteos del gobernador en su ataque al derecho de huelga, las amenazas y el decretazo. Le exige una mesa de negociación, pero se niega a un plan de lucha nacional, como si se tratara de un conflicto aislado. Esta pendiente, además, el paro nacional del 4 de abril (a seis años del asesinato de Carlos Fuentealba) que sólo la oposición sostuvo en el Congreso de Ctera. Una marcha en Buenos Aires a la Casa de Neuquén se manifestó en apoyo a la lucha de los trabajadores de la educación neuquinos. ¿Cómo seguimos? La tenacidad de esta lucha confluye con las crecientes postergaciones a las condiciones más elementales de la población. Ello tiene expresión en los grupos de padres por escuela, que se reúnen y reclaman respuestas para que las escuelas funcionen o sus hijas/os tengan un banco para estudiar. A partir de la masividad de la jornada del 14, es necesario redoblar las iniciativas: sostener las asambleas en todas las seccionales; reforzar la unidad de docentes con las comisiones de padres; por un plan de lucha común con todos los estatales, hasta quebrar el cepo salarial de Sapag. La dirección y los trabajadores de la educación se encuentran frente al desafío de llevar esta lucha a la victoria.

La expresión Instrumento Político de los Trabajadores, cuya construcción viene siendo discutida en la central obrera de Bolivia desde hace muchos años, traduce la intención de crear una expresión electoral del sindicalismo, de un modo similar al empleado por el movimiento cocalero cuando promovió lo que luego fue el MAS. El fin de semana pasado, ese Instrumento quedó plasmado bajo la denominación de PT, lo que en cierto modo refleja una intención difusa de reproducir en Bolivia la experiencia de Brasil. “Tiembla Evo, somos mineros” El Congreso fue precedido por una movilización que arrancó en la llamada Tranca de Huanuni y culminó en la sede del Coliseo, lugar de las deliberaciones, con la presencia de las delegaciones sindicales: una presencia determinante de los mineros -en particular de Huanuni y Colquiri-; una columna compacta y aguerrida de trabajadores de la salud pública; los trabajadores de la seguridad social; representaciones de las Departamentales de la COB (la de Tarija, sobresaliendo del resto casi dos mil trabajadores). Nutridos cordones humanos aplaudían a cada lado de las estrechas calles. La movilización fue claramente hostil al gobierno. La apertura, dominada por los dirigentes mineros, se caracterizó por la denuncia del gobierno, al que se imputó la traición a “la Agenda de 2003” y producir “falsas nacionalizaciones”. Para Céspedes (Fabriles), el gobierno había planteado una distribución de ingresos, “pero para el movimiento obrero no hay nada”. Pérez (secretario ejecutivo de la FSTMB) advirtió que la creación del IPT planteaba “que se vayan al MAS los que no adopten el Instrumento”, el cual tiene una presencia importante dentro de la COB. De acuerdo al informe de acreditaciones, sobre 65 organizaciones convocadas sólo habían concurrido 31. La oposición del MAS determinó la ausencia casi total de petroleros y de maestros -el partido de gobierno domina la gran mayoría de las asociaciones del magisterio, así como las federaciones estudiantiles y su central. La traición de Evo Morales a la Agenda de 2003 (que se entiende como la nacionalización integral de todos los recursos nacionales y la mejora de la condición de vida de los explotados) ya había sido denunciada en 2005; durante la insurrección de octubre de 2003, Evo Morales eligió prolongar su estadía en Europa. La agenda del gobierno actual fue co-patrocinada con el gobierno Meza, sucesor del derrocado Sánchez de Losada, en un plebiscito. La denuncia de incumplimiento se reactualiza ahora, debido a que la COB, a partir de entonces, se convirtió en un satélite del MAS. La “nueva” dirección de la COB, la que patrocina la creación del PT, no ha presentado un plan de lucha. En 2012 hubieron luchas importantes: la de los trabajadores de la salud pública contra el alargamiento de la jornada laboral y la de los mineros por la estatización integral del yacimiento de Colquiri. Desde hace tres años, funciona una Mesa de Trabajo entre el gobierno y la COB, la cual ha “consensuado” casi un 50 por ciento de lo que sería un nuevo Código Laboral. Aunque se ha acordado la estabilidad laboral y el fin de la tercerización y subcontratación, el Estado se reserva un derecho elevado de arbitraje -“el fallo del laudo arbitral como cosa juzgada sin recurso ulterior”. El programa Se formaron dos comisiones: la más nutrida, para tratar la Declaración de Principios y el Programa de Gobierno; otra, para los Estatutos. En ninguno de estos textos, así como tampoco en las declaraciones de los dirigentes, apareció mencionadas una vez las palabras “plan de lucha”. Lo incorpora la versión final, aunque sin precisiones ni plazos. La ausencia de este planteo revela el propósito electoral del partido, que reserva los planes de lucha a los sindicatos. Dentro del propio oficialismo gubernamental, se han creado diversos “instrumentos políticos”, por parte de sectores que se encuentran excluidos de la lista del MAS. En el primer trimestre del año la COB presentó su pliego de reclamos al gobierno, una práctica consuetudinaria. Se destaca el reclamo de 8.300 bolivianos de salario mínimo (el actual es de 1.000) y la reversión del 100% del yacimiento de Colquiri al Estado. El gobierno respondió con un documento de 114 páginas, en el que propone “un estudio conjunto” para establecer una canasta básica familiar para el año próximo y continuar el debate en lo referido a la Ley General de Trabajo, la Ley de Pensiones, la Ley Educativa y Ley de Salud, en una interminable ronda de “consensos”. En los corrillos del Congreso se admitía que la cúpula de la COB tenía urgencia en crear el PT para garantizar con tiempo los engorrosos trámites de la legalidad. En la deliberación sobre el programa, la dirección del Congreso buscó apresurar la adopción de alguno, para lo cual aceptó un sinnúmero de contribuciones sin mayor debate. La Declaración de Principios presentada al Congreso planteaba: “Si bien nos encontramos ante una crisis general capitalista (...) la actual crisis es más que eso, es una crisis integral, de civilización, multidimensional y existencial (...) el calentamiento global del planeta...”. Denunciaba la “actitud de carácter individualista (...) la realización personal egoísta”. Reivindicaba la “democracia” con “justicia social”. Proponía construir “un mundo nuevo y mejor para corregir el desequilibrio de la realidad material existente”. El programa expresaba el ángulo de la intelectualidad pequeño burguesa y del propio MAS, no el método de la lucha de clases. Se apartaba enérgicamente de la tradición programática del proletariado de Bolivia. Esta versión introductoria planteaba “un gobierno de los excluidos, explotados y oprimidos” -no de la clase obrera. La versión final caracteriza “una profunda caída mundial en todas sus esferas, el colapso del sistema capitalista”. La “democracia con justicia social” fue sustituida por “(la transformación) socialista mediante la toma del poder por la clase obrera en alianza con los campesinos y clase media empobrecida”. Al referirse a los métodos de la clase obrera y la lucha parlamentaria, se reproducen íntegramente párrafos de la Tesis de Pulacayo. Asimismo, plantea estatizar las cooperativas mineras, las que constituyen el grueso de la rama y no se encuentran en la COB. Esta mutación del programa, sobre la base del método “copiar y pegar”, hace las veces de un parche. No es un programa de transición a un gobierno obrero y campesino. En un punto no hubo mutación: la colaboración de la burocracia de la COB con el gobierno del MAS, durante siete años, no aparece en el programa, aunque la denuncia en el Congreso fue reiterada. En la comisión, un importante sector de mineros de Huanini denunció que la propuesta del IPT fue saboteada por la dirección de la COB, personificada en Montes y Solares, desde 2005. Reclamó un frente revolucionario, no electoral, y la conquista del poder por las masas obreras. Pero esta ponencia no fue presentada como alternativa al documento oficial. Con carácter “complementario” propuso la “lucha permanente”, la “vía insurreccional”, la “acción directa” y la “democracia directa, para que las asambleas elijan los funcionarios del IPT”. La dirección del Congreso se encolumnó detrás del planteo de “unir ambos documentos” y no tuvo reparo en incorporar todas las consideraciones del texto “alternativo”. El lenguaje radicalizado es normal en Bolivia, como consecuencia de su historia tumultuosa y revolucionaria desde los finales de la Guerra del Chaco (1936/8). El Estatuto El Estatuto declara al “PT (...) un partido político organizado con sujeción y respeto a la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Partidos Políticos”. En la sesión plenaria final, un bloque cerrado entre la COB, la FSTMB y las organizaciones sindicales presentes impuso que la selección de los candidatos estuviera a cargo de los cuerpos orgánicos de los sindicatos, lo que convierte al PT en un partido de la burocracia sindical. Por otro lado, eliminó el artículo 39, que establecía la “libre organización de corrientes políticas que tengan independencia de clase y que fortalezcan al PT”. Ambas propuestas fueron aprobadas por una aplastante mayoría, frente a las protestas airadas de la izquierda. De aquí hasta el final, el Congreso deliberó con “policía sindical” para impedir la salida de congresales y con un cordón minero para proteger a quienes estaban en el escenario. El impacto desmoralizante de todo esto sobre la izquierda fue completo: creyó que asistiría a la emergencia de un partido revolucionario y vio parir un “instrumento político” de la burocracia sindical, el cual apunta a ocupar posiciones parlamentarias y a negociar, desde otro plano, con el gobierno del MAS, el que todavía goza del apoyo casi total de la masa indígena y de los sindicatos (más numerosos en términos de afiliados) que no asistieron a este Congreso. ¿Hacia dónde? Dado el copamiento sindical del MAS, queda la duda incluso de si el PT pueda erigirse en un aparato político eficiente y útil para los propósitos políticos de la dirección de la COB. Al día de hoy, la clase obrera minera representada en la COB es minoritaria y fragmentada: la minería estatal -Huanuni, parte de Colquiri y otras minas- empleaba 6.186 trabajadores, un 8% del total; la mediana y chica, privadas, unos 7.200, un 9%; y la masa de cooperativas, 65.828, el 83% del total (2010, Ministerio de Minería y Metalurgia). “Actualmente, según el Viceministro de Cooperativas Mineras existen más de 112.000 trabajadores en este sector... lo que significa que, en los últimos años, casi el 90% de los trabajadores del sector minero trabajan en cooperativas” (Petropress 30, enero/febrero 2013). El cooperativismo minero está ligado al MAS. El gobierno indigenista ha aislado políticamente al proletariado, mediante el ascendiente y el control sobre la mayoría indígena. En el Congreso no estuvieron presentes los petroleros, donde la tercerización afecta a un 80% de los trabajadores. Repsol ha llegado al 95% de mano de obra en esta condición -en gran medida provista por las Comunidades Indígenas. El gobierno ignoró el Congreso, lo mismo hizo la prensa. En un volante que distribuimos en el Congreso (donde también pudimos exponer nuestro planteo), junto a Alternativa Socialista Revolucionaria y a Agenda Revolucionaria de Bolivia, planteamos que “en Brasil (...), al momento en que emerge la propuesta de un PT (hay un) ascenso de masas y (una) retirada del gobierno. En Bolivia estamos (todavía) en una fase de control del gobierno y de aislamiento del proletariado y de su vanguardia (...)”. La función de un PT debería ser entablar una lucha política por superar este aislamiento. En lugar de clarificar las diferencias con los planteos indigenistas, el documento aprobado por el Congreso asimila el método histórico de ellos. En Bolivia no ha madurado la posibilidad de un PT clasista, por eso habría sido un gran paso adelante si, en lugar de consolidar un aparato, hubiera establecido una coordinación política en torno a un plan de lucha y a la elección de candidatos para las elecciones de 2014 por medio de asambleas de base. Impugnamos el propósito (manifiesto en las sectas de izquierda) de convertir al Congreso en el acta bautismal de un partido revolucionario, mediante un torneo de discusión de programas. En la fase inicial, el Congreso rindió un homenaje al presidente Hugo Chávez, a raíz de su fallecimiento.

La pastera Montes del Plata es una gigantesca planta de celulosa, resultado de la sociedad entre Stora Enso y Arauco, de capitales sueco finlandeses y chilenos. Superará en 800 millones de dólares la inversión que se realizó en la polémica planta de Botnia, y tendrá más capacidad productiva que aquélla. Montes del Plata es "la capital" mundial de la tercerización. Hay unos 6.200 trabajadores en el sitio, y otros 150 en las obras externas de iluminación y rutas a la planta.Tiene la friolera de 61 empresas contratistas, y con las sub contratistas se llega a 468 empresas. El Ministerio de Trabajo hasta constató 78 trabajadores turcos trabajando ilegalmente, en semi esclavitud ontes del Plata es poseedora de 254.000 hectáreas de campo para plantación, ubicadas en diferentes departamentos de Uruguay. Hoy, con lágrimas de cocodrilo, los parlamentarios del FA quieren establecer una "normativa" sobre la compra de tierras de extranjeros, cuando éstos se han quedado entre Botnia y Montes del Plata con la mayoría de la superficie de 10 de los 19 departamentos uruguayos. Peón de las multinacionales El gobierno de Mujica ha sido un peón primero de Botnia y ahora de esta multinacional Después 5 años de resistencia de la asamblea de Gualeguaychu a Botnia, trabajó intensamente por el principal requerimiento de la multinacional, que es el dragado del Canal Martín García que comparte jurisdicción con Argentina. Ello permitirá la entrada de buques de alto calado. Argentina se resiste al mismo, pues ya construyó la llamada autopista naval del Paraná (Hidrovia) y no quiere invertir plata en algo que favorece la comercialización de las multinacionales papeleras de Uruguay. Presionado por las papeleras, Mujica realizó un pésimo tratado con Argentina, donde se sacan las dragas del propio puerto de Montevideo para dejar en condiciones la producción de las dos pasteras. La depredación sin fin La multinacional Stora Enso -que controla el proyecto de Colonia- es la segunda papelera del mundo. Tanto en Brasil como en Uruguay los monocultivos de eucalipto para las fábricas de celulosa han causado el desplazamiento de comunidades rurales, erosión de los suelos y agotamiento de las fuentes de agua. La implantación de Montes del Plata y de Botnia es una radiografía política de la entrega del FA a las multinacionales, que ha causado un importante rechazo de los movimientos ambientalistas uruguayos ninguneados por el FA. Pero la huelga por tiempo indeterminado en la multinacional (ver artículo) también nos muestra las reservas de una clase obrera uruguaya que se esta abriendo paso a pesar de la abierta entrega de su dirección histórica.

La manifestación multitudinaria (más de 8.000 personas), que asistió el martes 26 a la jornada de lucha contra la impunidad al cumplirse siete años del crimen de Paulina Lebbos, fue un durísimo golpe político al gobierno de Alperovich. El delito organizado por distintas mafias está asociado con el aparato del Estado. En el acto, Alberto Lebbos, el padre de Paulina, denunció al gobierno como el principal responsable del encubrimiento del crimen de Paulina y de otros centenares de casos, y concluyó reclamando la renuncia de Alperovich. Alperovich ensayó una suerte de "mea culpa", volvió a asegurar que no tenía los nombres de los asesinos de Paulina. Lebbos ha denunciado que desde hace siete años le niegan el acceso al expediente de la investigación, a pesar de ser querellante. El fiscal sostiene que está en curso una investigación secreta. El gobierno nacional designó desde el Ministerio de Justicia a un representante legal para que tomara contacto con la instrucción, quien denunció que ha recibido amenazas de muerte. El caso Paulina viene precedido por el escándalo del juicio por Marita. El gobierno pretende zafar impulsando la destitución de los jueces. Un ala de los jueces destaca que el fallo fue impecable, que las irregularidades estuvieron en la instrucción y que el jefe político de esa instrucción era el propio Alperovich. La Gendarmería realizó allanamientos a 17 propiedades del clan Alé por presunto lavado de dinero, un golpe que tiene más de publicitario. Ninguno de los Alé quedó detenido a pesar de que en los allanamientos se encontró armamento de guerra, dinero ilegal y pruebas sobre las redes de tratas. Todos estos hechos se insertan en un escenario de crisis política. Susana Trimarco acaba de rechazar la propuesta de ser candidata cabeza de las lista K en octubre. Circula la versión de que el propio Alperovich encabezaría la lista como candidato testimonial, para impulsar, adicionalmente, una nueva reforma que consagre la reelección indefinida. La ‘oposición' patronal, que se ha agrupado en la denominada Mesa del Diálogo (desde el PRO y el bussismo hasta Libres del Sur), no pudo intervenir como tal en la jornada del 26, tampoco el próximo 24 de Marzo, descubriendo su carácter oportunista y electorero. Se ha desatado una feroz interna por las candidaturas, entre las pretensiones de la UCR, el FAP y el PRO (que promueve a los representantes de la Sociedad Rural). En este escenario de crisis está cobrando impulso la campaña política de nuestro partido, por una alternativa política de la izquierda.

Las distintas “misiones”, de carácter social, que distinguieron la acción del gobierno de Chávez fueron elogiadas incluso por sus adversarios más enconados, quienes -de todos modos- les imputan un fenomenal derroche de dinero y la intervención de Cuba, por el efecto que se le adjudica en la redistribución de los ingresos. Los emprendimientos que alcanzaron mayor reputación fueron los de educación, salud y vivienda. Más allá de cualquier otra consideración sobre ellas, se trata de iniciativas paraestatales; ignoran la estructura del Estado en esos mismos rubros. Los K, en Argentina, intentaron una parodia de las “misiones”, como sería el caso de los ‘sueños compartidos’ de la Fundación de Madres, o algunas ‘misiones’ camporistas en las barriadas (clientelismo social). En lugar de destruir el viejo aparato del Estado y transformarlo, lo ‘puentea’ -o sea que lo conserva. Una consecuencia de esta aproximación conservadora ha sido el deterioro del presupuesto oficial destinado a hospitales o escuelas ya existentes, y la desvalorización de la fuerza de trabajo docente o de la salud. Esto explica las luchas constantes de estos sectores contra el gobierno, así como el alineamiento de muchos de ellos con la oposición de derecha o con la burocracia sindical anterior al chavismo. Se puede decir lo mismo del movimiento estudiantil: se construyeron numerosas universidades chavistas a expensas de las públicas ya existentes, las cuales son autónomas. El aparente radicalismo social ha dejado en pie el Estado, que de otro modo habría debido pasar a manos de los trabajadores. Algo similar se puede decir del “poder comunal”. Las “comunas” puentean a los municipios y gobernaciones -operan en forma paralela al aparato del Estado que la Constitución chavista no hizo más que ratificar. El “poder comunal” no es la base del poder estatal, que siempre fue un monopolio de Chávez y su círculo cívico-militar. Las “comunas” desarrollan un “presupuesto participativo”, el cual es aportado por el Estado nacional. Son sucursales del poder central -o sea, del poder personal. Una cosa muy diferente es que sean el órgano deliberativo local que determina la orientación del poder nacional, como pretendió el sistema de soviets en Rusia, las Juntas en España (1936/7), los tribunales revolucionarios y el “ejército rebelde” en Cuba (1959) o los räten (consejos obreros) en Alemania (1919/23). Lejos de ser la expresión del poder popular, misiones y comunas constituyen una correa de transmisión del Ejecutivo nacional, en especial allí donde intendentes y gobernadores son de la oposición. El chavismo fue creando una suerte de doble poder verdaderamente ‘sui géneris’: entre el aparato bonapartista que fue creando el ejecutivo nacional, por un lado, y el aparato que reconoce la Constitución formalmente. Cuando emergen condiciones de escasez, las comunas oscilan entre expresar las reivindicaciones de la población o actuar contra las protestas populares. Así como el socialismo chavista tiene un difuso carácter distributivo, pero no revolucionario en las formas de propiedad; ese socialismo en política es un ropaje del bonapartismo, ya aplicado -en sus formas específicas- por los regímenes bonapartistas en todo el mundo en los últimos doscientos años. Clarificar este punto este de suma importancia.

A los ataques a la casa de Patricia Jure (secretaria de Prensa de Aten) y las amenazas telefónicas a ella y otros integrantes de Aten, se sumó esta semana el intento de incendio de la camioneta de Aten seccional Aluminé, donde una comunidad ha marchado en defensa de la escuela pública. Las denuncias de estos casos, tanto en sede policial como en la Fiscalía del doctor Jara, no muestran ningún avance. La directiva de Aten pidió una audiencia con el Ministerio de Seguridad por estas agresiones. En la reunión, los funcionarios estaban más preocupados en atacar a Aten con relación al conflicto docente que en responder a la cuestión de las intimidaciones. La dirección de Aten reclamó respuestas y resultados en la investigación de los hechos, responsabilizando al gobierno provincial por la seguridad de los trabajadores de la educación.

La reciente creación de un nuevo cargo fijo en las boletas de luz desnudó nuevamente el estado crítico en el que quedó Emsa (empresa de energía de Misiones), tras años de vaciamiento y regalo de energía para los grandes usuarios. Hay cortes y caídas de tensión permanentes. ¿Cuál es el problema? La falta de infraestructura para el transporte. Desde la oposición patronal (UCR, PS, TyP, PJ) se sostiene que es únicamente un problema administrativo, del cual se saldría con mayor transparencia. Disimulan el planteo de una privatización. Basta con darle una mirada al cuadro tarifario de Emsa para ver la raíz del problema: los mayores consumidores -burguesía industrial, comercial y financiera- pagan mucho menos que los usuarios residenciales. El sostenimiento del sistema de distribución recae exclusivamente en los trabajadores. El Estado paga fortunas a Emsa y luego descarga sobre los trabajadores con ajustes. No es todo. Ahí está el uso que el gobierno hace de la caja de Emsa para sostener sus aparatos punteriles, incluso en la universidad. Ahora, quieren descargar sobre los trabajadores el quiebre del modelo, que subsidia a grandes grupos económicos con un precio casi regalado, mientras prepara aumentos masivos para los que trabajan. El tarifazo que se viene es sólo por quita de subsidio. Falta aún el que vendrá por efecto de la reprivatización de YPF, y que llevará por las nubes al precio del combustible que se quema en las usinas. Que las centrales obreras -CTA Y CGT- convoquen a plenarios de delegados para organizar un plan de lucha que frene el tarifazo y el Rodrigazo en curso, y se vote un programa para resolver este problema, por lo que desde el Partido Obrero planteamos: • Apertura de los libros contables, auditoría de todos los costos a cargo de representantes de trabajadores. • Plan de inversiones a costa de los grandes usuarios. • Inversión de las regalías de Yacyretá en infraestructura, e impuestos a las grandes fortunas con el mismo objeto. • Nacionalización bajo control obrero del sistema de producción y distribución de energía. • No al pago de la deuda externa. Contáctenos: pomisiones@hotmail.com

Signo de los tiempos. El bastión del oscurantismo y la reacción se desmorona, dejando expuesta una podredumbre sin límites. El propio cónclave, consagrado a la elección del nuevo Papa, comenzó sus sesiones condicionado por el “informe secreto” que habría motivado la renuncia de Benedicto, el cual contendría revelaciones lapidarias sobre el involucramiento de la cúpula de sotana en los más aberrantes crímenes y latrocinios. Cuanto más se acercaba el cónclave y su pompa fastuosa y decadente, más crecían “las voces maliciosas que hablan de causas judiciales, escándalos cajoneados o incompatibilidades de uno u otro de las candidatos al sillón de Pedro”. Los enjuagues que rodean el rito formal de la elección “secreta” del sucesor de Benedicto podrían, según el mismo vaticanista, tener un efecto simplemente “devastador”, según lo estampó en su nota en la primera plana de Corriere de la Sera. El hombre confirmó que los propios electores no pudieron conocer el “informe secreto” y que el “secretismo” se ha transformado en explosivo, porque ni siquiera el poco más de un centenar de electores que lo integran conocen lo que está en manos de un puñado de personas de la curia romana, cuya información “puede ser utilizada para culpar a uno u otro candidato, para influir una tendencia o directamente condicionar el resultado del cónclave”. El día anterior, otro diario italiano, La Repubblica, hizo conocer las declaraciones de un hombre de la “Santa Sede” que, sin dar a conocer su nombre, hizo saber que existe un gran número de funcionarios que poseen más documentos no revelados sobre las más variadas trapisondas y crímenes, que podrían ver la luz si se elige un Papa que no encare una gran “limpieza” en la cima del poder eclesiástico. Pese a todo lo que se conoce, entonces, la cosa recién comienza. En estas condiciones, la asamblea reunida para decidir la sucesión papal se parece más a una reunión de Alí Babá y sus compinches que a la reunión de un grupo de gerontes con aire celestial. Lo confirma el hecho de que luego de la renuncia de Benedicto se conocieron los movimientos de numerosas asociaciones de víctimas de curas pedófilos que reclamaban que fueran separados del cónclave algunos de sus conspicuos representantes. Es el caso revelado por un editorial del diario mexicano La Jornada, de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes, que presentó un lista de doce cardenales señalados por haber encubierto a curas pederastas, y pidierion a la Iglesia su exclusión de la asamblea papal. En México, un grupo de víctimas de pederastia reclamó que se hiciera lo propio con el arzobispo primado Rivera Carrera, protector del capo de tutti capi en esta materia, y su compatriota Marcial Maciel, titular de la comunidad Legionarios de Cristo. Otro grupo similar, esta vez en Italia, solicitó lo mismo en relación con el cardenal italiano Domenico Calcagno, presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede y protegido del cardenal Tarcisio Bertone, a cargo de la “Sede Vacante” desde la renuncia de Benedicto. Don Calcagno está acusado de proteger a un violador serial de la región de Liguria. Antes, un movimiento similar se había presentado en Estados Unidos contra el cardenal Roger Mahony. Nadie les dio pelota. Rivera Carrera, Calcagno y Mahony... votan ahora en Roma. Bajo este clima, algún comentarista caracterizó al cónclave de estos días como propio de la Omertá (como se designan los pactos de silencio en la mafia). Los trascendidos indicaron que las fracciones en pugna de la curia romana habrían acordado una suerte de protección mutua, agrupándose detrás de la figura del arzobispo de San Pablo -Odilio Scherer-, que sería proyectado como un nuevo jefe renovador a cambio de repartir los puestos clave de la cúpula de la Sede entre quienes lo apoyen. El hombre no sólo es definido como uno más de los “conservadores”, sino que conoce los entresijos de sus congéneres romanos porque hace tiempo que detenta un cargo en el disputado Banco del Vaticano. Otro bloque estaría integrado por los norteamericanos y alemanes, los mayores financistas del Vaticano, que pretenden disputar los puestos de la cúpula con sus pares italianos, planteando una limpieza de la dirección vaticana. Se valdrían para esto, sin embargo, de un papable.... italiano, enfrentado a las camarillas más poderosas de la Curia Romana, bajo el manto de los arzobipos Tarcisio Bertone y Angelo Sodano. Se trata del arzobispo de Milán, Angelo Scola, un hombre de Comunidad y Liberación, una trenza derechista encumbrada durante el papado de Juan Pablo II. Ambos bloques, sin embargo, habrían llegado al cónclave sin conseguir los votos necesarios (77) para ungir al sucesor de Benedicto. En la negociata que precede a la fumata que anuncia la marcha de la reunión se verá cómo termina la historia. O mejor dicho, cómo comienza: los especialistas auguran un papado de “transición” y una guerra larvada que no quedará concluida con la elección del nuevo mandamás. Signo de los tiempos. Veinte años atrás, la Iglesia parecía renacer detrás de la novedad de un Papa polaco, que se forjó su fama como “viajero” y “carismático”, bendiciendo la restauración luego de la caída del muro de Berlín y la disolución de la ex URSS. El Vaticano y el imperialismo celebraban una conquista que el capital suponía una cura histórica para sus propios males. Dos décadas después, en la mayor crisis de su historia, con una Europa que se cae a pedazos, en el centro del viejo continente, la Iglesia acompaña el proceso con un colapso lleno de inmundicia. Nada celestial. Signo de los tiempos en una época de viraje histórico.

Guillermo Moreno anunció que las compras con tarjeta en los supermercados más grandes quedarían confinadaa a un plástico que emitiría el Banco Nación, con la finalidad de reducir del 3 al 1% la comisión que los bancos cobran a los comercios y, de este modo, bajar los precios y apuntalar el congelamiento dictado recientemente. La reducción de la comisión que pagarán los súper con el cambio de tarjeta no bajará, sin embargo, los precios -solamente aumentará la rentabilidad de los grandes comercios. Para que esto no ocurra tendría que haber un control de precios por parte de los consumidores. La Moreno-card simplemente transfiere un porcentaje del beneficio de los bancos a los súper. La Moreno-card reduce las comisiones que pagan los súper, pero no la tasa de interés que pagan los consumidores a los bancos. Como consecuencia del congelamiento de los precios en los supermercados, esa tasa de interés -que el anuncio no modifica- ha crecido desproporcionadamente en términos reales. Lo mismo ocurre frente a los salarios: el tope de aumento que se ha impuesto en las paritarias, junto al incremento del impuesto a los salarios, elevan el peso relativo de la tasa de interés para el trabajador endeudado. El trabajador que compra a crédito es el principal perjudicado por el ajuste salarial. El cambio en el régimen de tarjetas representaría un gran beneficio para el Banco Nación, porque pasaría a monopolizar el negocio, sin bajar por ello las tasas que cobra a los clientes. Como es sabido, el Nación es una de las cajas del gobierno para pagar la deuda pública. El traspaso de ganancias de los bancos privados al mismo se convertiría en otro traspaso -hacia los dueños de la deuda pública. La pérdida de beneficios que sufrirán los bancos por esta transferencia del negocio, la compensarán recargando las tasas de interés que cobran por otros ‘servicios’. ¿Será el segundo paso anunciar una baja de la tasa de interés? Es improbable, porque esa tasa rige para todas las compras a crédito, no solamente en los súper. Por otro lado, la desvalorización continua del peso conspira contra una baja de la tasa de interés, ya que aumentaría la tendencia a salir de los depósitos en moneda nacional y la fuga de dinero al exterior. La explicación más general por el congelamiento de precios de los alimentos es que el costo de vida, en enero, subió a un nuevo piso. Esto demostraría que los súper habían conformado, con anticipación, un ‘colchón’ de rentabilidad. El uso de las tarjetas para la compra de alimentos es una muestra indirecta de la crisis del presupuesto familiar. Disminuir los salarios reales y elevar el peso del crédito en el gasto de las familias representa una contradicción insuperable que ya hizo eclosión en la bancarrota capitalista internacional. Según el diario BAE, a la nueva tarjeta la financiaría un fideicomiso -que es un fondo que se alimenta de aportes, por ejemplo del Estado, pero principalmente de financiación bancaria u otras fuentes. El fideicomiso se cotizaría en la Bolsa, lo cual habilitaría el ingreso de capitales externos e internos, así como diversas operaciones que juegan con la cotización de ese fideicomiso. Es una variante del ‘anarcocapitalismo’ que CFK denuncia hacia afuera y aplica hacia adentro. Los fideicomisos asegurarían sus beneficios en dólares con la compra de seguros de cambio, los que son garantizados por el Banco Central. El fideicomiso podría recibir aportes, por ejemplo, de la Anses, la que, sin embargo, tiene menos flexibilidad financiera y cuyas ganancias eventuales servirán para el pago de la deuda pública -no para los jubilados, cuyos ingresos están congelados de por vida por la ley de movilidad, que tiene por techo dos índices bajistas: la recaudación impositiva y la suba de salarios. En oposición a la tentativa de enfrentar la carestía con congelamientos inciertos, confiscación financiera de los salarios de trabajadores endeudados y la apertura de nuevos negocios financieros, los socialistas planteamos: apertura de los libros de las grandes empresas y control de los trabajadores; nacionalización de los bancos; planificación de la economía, que determine en forma democrática el reparto entre inversión y consumo, los ingresos según categorías de trabajo, así como las prioridades urgentes en materia de vivienda, salud y educación.

Está fuera de discusión que la estrategia del cristinismo es ahogar al gobierno provincial hasta el límite, antes de que el incendio se los lleve puestos a unos y a otros. Pero lo que hay que poner de relieve es que el conflicto docente y el conflicto estatal -viene asociado- se procesan sobre un ajuste provincial devastador. La carga impositiva provincial aumentó un 42 por ciento en los últimos cinco años (Clarín, 9/11). Los K aluden a la “mala gestión” de Scioli, argumento mediante el cual pretenden acumular para los grupos “cristinistas” que tienen como cabeza al vice gobernador una suerte de comisario político -presidencial en la gobernación. Este argumento lo recoge Baradel para justificar los paros. Pero en materia salarial, el gobernador aplica la línea nacional. Su presupuesto entraña un ajuste del gasto social, educativo y sanitario, y fue votado por los cristinistas, así como por toda la oposición- con el cuento de la gobernabilidad. Ese presupuesto está en la línea de las exigencias nacionales, cuando empezó a cortar el grifo de los adelantos transitorios a las provincias. Scioli, en este punto, es el mejor alumno del ajuste K, ya que reproduce la orientación social del gobierno kirchnerista. La Presidenta y su ministro Lorenzino acusan a Scioli de pagar sueldos con endeudamiento, por lo que le niegan ahora la firma para créditos. La legislatura provincial autorizó la friolera de 18.700 millones de endeudamiento, pero la provincia no accede al mercado de capitales por las altísimas tasas y por falta del respaldo de la coparticipación -algo que Cristina sí le dio a Macri. En la realidad, Scioli pide créditos para pagar sueldos y Cristina emite dinero con el mismo fin, debido a que ambos mantienen las exenciones al capital financiero, así como las exenciones y subsidios a los capitalistas. El vaciamiento sanitario es pavoroso, el hospital público está en un creciente conflicto en toda la provincia. Los techos del 70 por ciento de las escuelas secundarias del conurbano se caen. A los proveedores de comedores escolares se les adeuda 400 millones. En semejante cuadro, que tiene paralizada la administración provincial, De Vido se reunió con veinte intendentes, entre ellos Espinosa de Matanza y el fascista Othacehé de Merlo, puenteando al gobernador, para firmar un convenio de obras con fondos directos nacionales. Se trata de obras menores y cosméticas, según la denuncia de los compañeros del Sitraic. Allí no hay un plan reactivador de viviendas ni saneamiento del Matanza o el Reconquista, tampoco cloacas masivas. Es sólo un plan de guerra entre camarillas del PJ, mientras la provincia se incendia. El hermano de Scioli -¿un huevo en otra canasta?- opera con un desorientado De Narváez, quien espera la crisis final. Massa pivotea por derecha en base a negocios inmobiliarios de lujo y cámaras de seguridad, mientras sus barras bravas se matan a tiros y las napas freáticas del distrito se contaminan por falta de cloacas. Unidos y Organizados: sabbatellismo, Evita, La Cámpora, con Mariotto y con el concurso de un sobrevenido combativo Baradel, esmerilan a su propio gobierno para copar las listas que deberán inscribirse en junio. Operan aliados a la banda de los Espinosa y Othacehé (lo más podrido del aparato del PJ) para encerrar a Scioli. En tanto, tientan a Massa para una colectora. ¿Es esta la revolución cristinista? Nuestra intervención está orientada en lo inmediato a llevar a la victoria la huelga docente y estatal, planteando la huelga general y un comando único de huelga estatal, además de volcar padres y estudiantes para inclinar la balanza social a favor de la educación. Pero el PO toma los próximos 60 ó 90 días como un escenario clave para ganar la calle, las fábricas y los conflictos sociales, colocando a la izquierda revolucionaria a la cabeza de un reagrupamiento político de los trabajadores en la provincia, el cual acabe con el fraude de las izquierdas que operan como furgón de cola de la burguesía oficial u opositora. Asambleas por distrito votan esta campaña. Los ejes y referentes en cada distrito se ponen a la cabeza.

Las elecciones de este año serán mucho más que una simple renovación parcial de cargos parlamentarios. Lo demuestra, en primer lugar, el anuncio de la minera Vale de interrumpir sus actividades en Mendoza y Neuquén -un cimbronazo sobre 6.000 trabajadores. El pulpo minero exige, al igual que el capital nacional, una devaluación masiva y la libertad para repatriar dividendos. Aceptaría, transitoriamente, subsidios compensatorios. Por los mismos motivos están paralizadas las inversiones petroleras. Asistimos, en resumen, a un cuestionamiento estratégico del sistema económico K. Este callejón sin salida tiene otro capítulo en la quiebra de las provincias, la cual se ha vuelto explosiva en Buenos Aires. Las huelgas docentes y estatales se desarrollan en el escenario del desquicio de hospitales y escuelas, de una grave crisis habitacional y de todos los servicios municipales, además de una severa crisis política con eje en los aparatos de seguridad -como se acaba de manifestar en Junín. Los bloques en pugna El kirchnerismo aspira a que las elecciones de octubre sean un plebiscito que habilite la re-reelección. Pero ese propósito fragmenta al FpV. Las zancadillas recíprocas con Scioli, Massa o De la Sota son cotidianas. Este último bloque no esconde su propósito de dar un viraje en materia económica, en atención a la presión de Vale y las petroleras. Podría producirse la ruptura del FpV, como la que ya ocurrió en 2005 entre Kirchner y Duhalde. Las combinaciones políticas que podría suscitar esta ruptura son numerosas. Una novedad es la decisión de Solanas de aceptar como aliados desde la UCR hasta Carrió -claro que en torno de su propia candidatura a senador. En el plano económico, Pino sería la pantalla de un bloque que también pretende impulsar el cambio económico que reclaman los brasileños. Curioso -como ocurre en el resto de América Latina-, tenemos al Lula-petismo arbitrando el proceso político de Argentina. Las tratativas de Solanas con la UCR y Carrió han dejado a Proyecto Sur a las puertas de un estallido. Llamamos a la izquierda que ha venido haciendo seguidismo a liderazgos de contenido capitalista a romper con el FAP y Proyecto Sur, e incorporarse al Frente de Izquierda. Dos variantes En el campo político-electoral, el mundo asiste a dos variantes principales. En Europa se desploman los partidos tradicionales y existe (aunque no de modo uniforme) un avance de la izquierda, mientras en América latina se plebiscita el bonapartismo. Es lo que ocurrió en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, lo que podría ocurrir en Chile este año y en Bolivia en 2014, así como ocurrió en Argentina después de la victoria de CFK en 2011. Las elecciones de este año en nuestro país podrían ver una combinación de las dos variantes. El kirchnerismo no puede gobernar como lo venía haciendo. El intervencionismo creciente es un síntoma acelerado de que el esquema económico se derrumba. El oficialismo es una sangría de aliados: desde gobernadores hasta burócratas sindicales. La disgregación política en Europa podría producir, en un cierto tiempo, una respuesta de poder personal (bonapartismo); el poder personal en América Latina (el cual ya se asienta en una disgregación de los viejos partidos), por el contrario, podría sucumbir ante los desequilibrios económicos. La izquierda revolucionaria debe, mediante una campaña electoral intensa -ligada a la intervención en las crisis y en especial en las luchas crecientes-, abrir una brecha importante y salir en forma definitiva de una marginalidad relativa. Por eso, nuestro partido ha planteado comenzar esta campaña político-electoral desde noviembre pasado. La muerte de Chávez y una crisis política acentuada en Venezuela sacuden ahora todo el escenario latinoamericano. Por eso, se ha formado un arco internacional, que en América Latina encabeza Brasil, para contener un estallido. La posibilidad de que CFK sustituya el liderazgo de Chávez no pasa de una fábula: el propio Chávez y aun Cuba habían conciliado posiciones con los brasileños -desde la Unasur, la negociación con las Farc y la reforma privatizante en Cuba. Los desequilibrios económicos en Venezuela la empujan hacia Brasil. Llamamos a la izquierda revolucionaria de América latina a advertir el nuevo giro histórico que está en desarrollo en Latinoamérica, para ofrecer una alternativa programática (estratégica: la unidad socialista de América Llatina) y de organización. En marcha En las últimas semanas, Néstor Pitrola ha recorrido diez distritos de la provincia de Buenos Aires con actos, asambleas de militantes y simpatizantes, además de extensas recorridas en los medios locales. En Capital, hemos puesto en marcha un ciclo de reuniones abiertas por barrio, con Jorge Altamira y los principales voceros del distrito. Se trata de reuniones donde invitamos a interpelar a los candidatos, a volcar inquietudes y propuestas para la campaña. Estas actividades culminan con resoluciones de trabajo, las que comprometen a la propia concurrencia. En Córdoba está en marcha un ciclo similar, tanto en la capital como en las principales ciudades del interior. Salta está en campaña desde hace varios meses, con giras por toda la provincia de Claudio Del Plá y Pablo López. Santa Cruz hizo una asamblea provincial a fines de febrero y se lanzó a la lucha. En esta primera fase de la campaña, apuntamos a reclutar activistas, reagrupar fuerzas, conquistar voluntades políticas y extender el alcance de nuestra influencia en los distritos y en los barrios. Llamamos a todo el Frente de Izquierda a desarrollar una campaña común sobre la base de los acuerdos de constitución del Frente.

Miles de trabajadoras y trabajadores marchamos el 8 de marzo de Congreso a Plaza de Mayo. La manifestación (con ausencia K) y el documento común denunciaron la responsabilidad del gobierno que bloquea el aborto legal, desarrolla el trabajo en negro y no ha desmantelado una sola red de trata. El fallo absolutorio en el caso Marita Verón fue la impunidad política impartida por Alperovich y todo el arco político gobernante. La CTA de Micheli defeccionó de la convocatoria común. Libres del Sur se puso al final de la marcha y boicoteó la lectura del documento. Victoria Donda pegó el faltazo. Está más cerca de Prat Gay y Terragno que de las reivindicaciones de las mujeres. Nuevamente "lo nuevo" En la preparación de la marcha, Marea Popular (La Mella universitaria) actuó como una representación K. Pretendió que la crítica al gobierno no pasara de la mención de una gestión "insuficiente" y con "deudas" pendientes. El espacio político que se identifica con la consigna de "sumate a lo nuevo" se valió del discurso de "las deudas" para no mencionar la responsabilidad gubernamental con la continuidad de la trata de personas, el negocio de la prostitución y el trabajo precario. Marea Popular le copió el slogan de lanzamiento al propio Sabbatella, "Sumate a lo nuevo". La ley antiterrorista, el bloqueo al aborto legal o el desfalco de la caja jubilatoria son, para este sector, un déficit del oficialismo. Programa y lucha Finalmente, de forma mayoritaria, se acordó con una convocatoria y un documento de denuncia al gobierno nacional. En la marcha estuvieron presentes cientos de mujeres de las barriadas más pobres de Capital y provincia, que se encuentran batallando por trabajo y vivienda, que no tienen acceso a la salud y hoy se encuentran luchando contra la falta de cursos para escolarizar a sus hijos, como ocurre en la zona de Bajo Flores. Estuvo también la mamá de las hermanas Jara, detenidas desde hace dos años por defenderse de un acosador. Las docentes, en lucha por su salario, contra la paritaria nacional y las paritarias locales, estuvieron representadas en esta movilización.

El lunes 18 de febrero, la compañera Carla Passafaro -de la UJS-PO- recibió un llamado a su domicilio en el que la amenazaban. Decía: “Dejá de boquear, que si no vas a terminar mal. Que no te vuelva a ver en un acto del municipio. ¿Entendiste, taradita?”. ¿A qué se debe esto en el municipio de la “pluralidad de voces”? El sábado 16 de febrero, en el festival “Escenario a cielo abierto”, organizado por la municipalidad de Morón. Al final de la actuación del folclorista jujeño Bruno Arias, éste le agradeció al intendente Lucas Ghi por contratarlo y felicitaba a la gestión por el festival “Morón Rock”, donde -según le dijeron los funcionarios “se les da la oportunidad a todas las bandas locales a grabar un CD”. Entonces, compañeros de la UJS-Partido Obrero y Músicos Organizados (MO) que se encontraban cercanos al escenario, haciendo señas al cantante desmintieron esos dichos, lo que causó, ante la sorpresa de los funcionarios, que Bruno Arias le ceda el micrófono a la compañera Carla, quien -frente a todo el aparato de Nuevo Encuentro, y recibiendo un gran aplauso del público allí presente- denunció la situación de los músicos locales emergentes. Esos músicos locales, para participar de ese festival o de cualquier otro organizado por la municipalidad -a los que se destinan inmensas sumas del presupuesto municipal destinado a cultura, para pagar contrataciones de artistas “de renombre”- deben sortear una serie de filtros, donde se les piden requisitos ridículos. Pero, sobre todo, es imposible acceder a estos festivales sin que la municipalidad apruebe los “antecedentes políticos” de cada artista. En Morón, los sabbatellistas copiaron el modelo de los barones del conurbano -como Othacehé y Curto- para callar a los que piensan distinto y se organizan en forma independiente del gobierno. El Partido Obrero repudia este intento de amedrentar a la compañera, a la que, para amenazarla, tuvieron que investigar, ya que en ningún momento en los sucesos narrados se dijo su nombre ni, mucho menos, el teléfono de su casa, la cual queda en otro municipio. Es por eso que efectuamos una denuncia en la fiscalía de Morón y la semana pasada el Partido Obrero, junto a la UJS, hemos pedido audiencia con el intendente de Morón para discutir esta situación. Exigimos al gobierno municipal que investigue de dónde salió la llamada amenazante y que se condene al o los responsables. Es un hecho de suma gravedad que no vamos a dejar pasar. Por otro lado, llamamos a todos los músicos y a los jóvenes del municipio a organizarse independientemente del gobierno para enfrentar estos ataques, para luchar por ciclos de recitales sin filtros políticos y para todos los vecinos de Morón.

Las razones para marchar en este nuevo aniversario del golpe genocida son muy claras. Las condenas a los esbirros de la dictadura se producen sólo en cuentagotas. Sus “afectados” gozan de prisiones domiciliarias. El aparato represivo, responsable de 30.000 desapariciones, sigue actuando. El gobierno kirchnerista, que quiso usurpar la lucha de los derechos humanos, no ha sido ajeno a su continuidad. Por eso, se multiplican los casos de gatillo fácil y los Luciano Arruga. Por eso, Jorge Julio López sigue sin aparecer. Por eso, el espionaje oficial -de Aníbal Fernández a Nilda Garré- se ha convertido en política de Estado. Pero cuando esa represión no fue posible, el trabajo sucio le fue encomendado a la burocracia sindical y sus patotas. Así fue asesinado Mariano Ferreyra. Así fueron heridos gravemente Elsa Rodríguez y otros compañeros. La marcha del 24 se desarrollará a pocos días o semanas de que se conozca la sentencia por este crimen. Vamos a la Plaza a reclamar JUSTICIA POR MARIANO, la condena a prisión perpetua para Pedraza y todos los responsables. Vamos a la Plaza a exigir el fin del espionaje oficial. Vamos a reclamar el desprocesamiento de todos los luchadores y la libertad de los presos de Bariloche. Vamos a marchar en forma independiente de un gobierno que regimenta y reprime a las organizaciones obreras. Pero con independencia, también, de una oposición tradicional que carga con las hipotecas del indulto, el punto final y la obediencia debida. Por todo esto, vení con el Partido Obrero el próximo 24.

A seis meses de la desaparición de Johana Chacón, este 8 de marzo nuevamente nos encontró en la calle, defendiendo los derechos de la mujer trabajadora. El Plenario de Trabajadoras, junto a demás organizaciones independientes del Estado y la patronal, nos hicimos presentes. La exigencia al Estado por la aparición con vida de todas las mujeres desaparecidas por redes de trata y la aprobación del proyecto de legalización del aborto, fueron centrales. Son cientos las mujeres pobres que en Mendoza engordan las estadísticas de desaparecidas o muertas por abortos clandestinos. Para la definitiva conquista de nuestros derechos y para terminar con el flagelo que, día a día, sufren las mujeres trabajadoras, las docentes marcaron el camino: la lucha y la movilización. El gobierno y la oposición cuentan con representación parlamentaria, sin embargo mantienen una ley de trata proxeneta y cajonean el proyecto de legalización del aborto. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda impulsa a fondo la lucha por los reclamos de la mujer trabajadora.

El viernes 8 de marzo, arrancando de la Plaza Rivadavia y luego de leer un documento por el Día de la Mujer, cuatro mil trabajadores -en su mayoría docentes, con los gremios Suteba y FEB, acompañados por los profesionales del Pospital Penna en lucha y ATE Educación- daban un marco imponente de movilización a la rebelión contra el ajuste. Una agenda diaria de asambleas y movilizaciones, que tiene como base a los docentes agremiados en el Suteba local, ha obligado a marcar el paso al resto de los gremios estatales. Las contundentes movilizaciones diarias que allí se organizaron fueron el motor de la unidad de todos los trabadores estatales en la lucha. Las asambleas en sí mismas se han transformado en un factor político de peso, ya que obligaron al gobierno municipal de Gustavo Bevilacqua (alineado con CFK), a pedir más presupuesto para salud y educación. Con más de mil docentes se realizaron asambleas, primero en escuelas y luego, regularmente, en la Plaza Rivadavia -frente al Palacio Municipal- por mociones que fundamentaron la necesidad de darle visibilidad a la lucha- es decir, de cara al pueblo y frente a la sede del poder político local. El jueves 7 se hizo una clase pública en la plaza central, para explicarle a la comunidad los problemas de la escuela, de los comedores, del transporte, de los edificios que se derrumban. Esto último motivó que otra de las concentraciones fuera frente a la Escuela 60, la que después de una lluvia tenía electrificadas las paredes y los techos colapsados. Los docentes también fueron parte fundamental, el miércoles 6, del abrazo solidario al Hospital Interregional Penna, por lo que se puso de manifiesto que la salud y la educación no se negocian. Para el lunes 11 se convocó una nueva asamblea. El rechazo a los planteos del gobierno y a la burocracia de Baradel son el trasfondo de una movilización que gana en profundidad. En Bahía, el paro -de hecho- abarcó toda la semana. El impulso de la docencia plantea claramente que están dadas las condiciones para la huelga general hasta conquistar el 30 por ciento en una sola cuota.