Prensa Obrera N° 1244

El miércoles pasado, la Presidenta le reiteró a los acreedores externos -que incluye un numeroso lote ‘nacional’- que el “cepo cambiario” no está destinado a ellos. Que el “cepo democrático” había permitido pagar, durante los primeros nueve meses del año, 17.500 millones de dólares, en concepto de deuda externa (privada y pública). Al día siguiente, un informe Credit Suisse Bank recomendaba la compra de bonos argentinos: “la política gubernamental de permitir pagar a la provincia del Chaco su deuda en pesos, tiene el objetivo primordial de preservar las reservas del Banco Central y la capacidad de pago de la deuda externa”, y agregaba que “esto presenta la oportunidad de comprar en la caída (de precios)”... o sea, los dólares para nosotros, pesos para el pueblo argentino. La banca internacional tiene en claro que la pesificación de las deudas que se encuentra “bajo legislación local”, así como el “democrático” cepo cambiario, sólo apunta a garantizar el pago en divisas a los acreedores externos. Pero el colmo de la cuestión es que además de pagar en divisas la deuda en dólares, el gobierno volvió a comprometer en un comunicado oficial del BCRA, “el acceso al mercado de cambios a los no residentes que cobran servicios de títulos locales”. Son los títulos en dólares bajo la legislación internacional y local, pero también los títulos en pesos. Financiando la fuga de capitales... El pago más importante de la deuda externa en el año, será el del cupón PBI el próximo 15 de diciembre. El gobierno tiene previsto desembolsar en moneda extranjera unos 2.800 millones de dólares por un certificado que no se ha originado en el ingreso de un crédito. Es un tributo colonial -aún peor los que hipotecaban en el pasado el ingreso de las aduanas. Además, debe pagar más de 3.500 millones de pesos por el mismo certificado en pesos. Es sobre este título que los “no residentes” (argentinos y extranjeros) podrán acceder al mercado de cambios al dólar oficial, para cobrar una suma de hasta 750 millones de dólares adicionales. Así, el gobierno está financiando la fuga de capitales a precios de remate. De esta manera, se cierra el circuito por el cual primero se fugan capitales mediante la transferencia al exterior de títulos públicos y luego estos títulos son remunerados por los dólares del BCRA, cuando se paga la amortización de bonos que originalmente eran en pesos, convirtiéndolos a divisas al cambio oficial. Confiscan el ahorro nacional La transferencia de recursos de los últimos años del BCRA y la Anses para pagar la deuda externa ha sido inmensa. Solamente del BCRA se han transferido desde diciembre de 2009 hasta septiembre de este año la suma de 34 mil millones de dólares. Esto ha incrementado la deuda del Tesoro con el Banco Central, que ascenderá a fin de año a los 60 mil millones de dólares. Además, según el último informe de la Anses, éste también cedió cerca del 60% de sus activos al gobierno, a cambio de títulos públicos con vencimiento dentro de décadas, por una suma de 27 mil millones de dólares. Este es el nudo de la actual “pesificación”, por la cual esta inmensa fortuna que ha sido transferida mayoritariamente en dólares, el gobierno ahora la ha desvalorizado a través de su conversión a pesos. Por otro lado, le sigue pagando con las reservas en moneda extranjera a los tenedores de títulos públicos en pesos, que residen en el exterior del país. Otro de los mecanismos por los cuales se premia a los especuladores internacionales (ya no sólo pagando la deuda en dólares, ¡sino dolarizando la de pesos!), es a través del “defol” a los jubilados y la confiscación del ahorro nacional.

Centros de enorme importancia política se encuentran en manos del kirchnerismo o de la Franja Morada y, en el congreso de la Fulp, el kirchnerismo quedó apenas a 3 votos de ganar. En este marco, el desafío de recuperar los Centros de estudiantes se torna estratégico. Nuestro planteo de frente único avanzó en distintas facultades. En Derecho, está en marcha un frente con Cauce y el FPDS, al cual seguramente se sume Libres del Sur, para enfrentar a la Franja Morada. En Trabajo Social, Insurrectos y la Cepa se han pronunciado a favor de un frente único que fortalezca al Centro contra las autoridades y el gobierno. También el Agite en Arquitectura. El Frente Darío Santillán (FPDS), quien tiene una gran responsabilidad como fuerza mayoritaria entre la izquierda universitaria, ha adoptado una posición curiosa. Contradictoriamente a lo que hacen en Derecho, donde son una fuerza menor, en la mayor parte de las facultades rechazan un bloque con la izquierda, en particular con el PO. El caso de Humanidades es significativo, porque luego de ese rechazo, impulsan un frente con una agrupación integrada a la gestión. Aquí lo que está en juego es recuperar el Centro de manos del gobierno, en la facultad que supo ser el centro político del activismo estudiantil. En Bellas Artes, donde dirigen junto con Libres del Sur, y el Centro corre peligro de caer en manos del kirchnerismo, rechazarían un bloque. Tampoco accederían a un frente en Exactas, donde el año pasado quedaron a pocos votos de recuperar el centro de manos de los K. Si esta orientación persiste, la conclusión es clara, para el FPDS el “mal menor” serían los K, frente al “mal mayor” que sería la izquierda. Para el movimiento estudiantil el problema es caro, porque los Centros regimentados por el gobierno cercenan la potencialidad de acción de los estudiantes. Las reservas de lucha del movimiento estudiantil platense se han vuelto a expresar el día de la desaparición del testigo de la causa de Mariano Ferreyra, cuando miles de estudiantes salimos a la calle a reclamar la aparición con vida. Ahora es necesario darle una expresión política de lucha, con frentes independientes del gobierno y las autoridades que recuperen los Centros de estudiantes.

Después de destinar la cuarta parte de las reservas del Banco Central a pagar la deuda externa de este año, el gobierno acaba de sufrir un embargo internacional a manos de un acreedor de deuda. El gobierno les habló a los usureros con la billetera (desendeudamiento), y los usureros le contestaron con los principios (hay que pagar hasta la última gota de sangre -Nicolás Avellaneda 'dixit'). El pase de factura en Ghana llega en medio de una nueva crisis de financiamiento del Estado. CFK se olvidó de la promesa de 'malvinizar' la política exterior, porque hasta ahora no dedicó una palabra a denunciar una flagrante violación a la soberanía nacional por parte de un aliado del Commonwealth. Es posible que la voluntad de "volver a los banqueros" explique la conducta política del gobierno frente al secuestro de la nave insignia de la Armada. La única voz oficial de protesta fue la del ministro Lorenzino, y nada menos que en la asamblea del FMI. Lorenzino imploró un aval del Fondo para que declare cerrado al megacanje argentino y poder acceder así al financiamiento internacional. Los voceros del Fondo y del departamento del Estado le dijeron que se arregle con Ghana. Guerra de camarillas La cuestión de la Fragata abrió otra crisis en el gabinete de defensa y seguridad, cuando el conflicto de prefectos y gendarmes aún no se ha cerrado. Verbitsky, el socorrista de Garré, le endilgó a la Armada -y al ministro de Defensa, Puricelli- la decisión de aparcar en Ghana. Los marinos, en cambio, sostienen que se trató de una decisión "interministerial", con la participación de la Cancillería e incluso del inefable Moreno, para hacer negocios con los países africanos. Hace sólo un mes, el mismo Verbitsky había acusado a Puricelli de organizar cursos de "capacitación" con militares norteamericanos. No hay peor destituyente que el del propio palo. Puricelli respondió que seguía los lineamientos que había iniciado Garré como ministra de Defensa. En un artículo titulado "El pragmatismo se impone en la relación con los Estados Unidos", La Nación (19/9) señalaba que esos " trabajos conjuntos que hoy ejecuta Estados Unidos con la Casa Rosada se concentran en la lucha contra el narcotráfico, el combate al lavado de dinero, la defensa militar y el terrorismo". Sergio Berni, por su parte, se habría hecho cargo de retomar la relación del gobierno argentino con la DEA (La Nación, 24/9). Todo esto está en línea con "el proyecto X", la "seguridad democrática" y la "ley antiterrorista". La crisis también ha colocado en la picota al canciller Timerman, en momentos en que éste se apresta a comenzar el "diálogo" con Irán. Los futuros embargos Los K le endilgaron la crisis de la Fragata al menemismo, por la deuda contraída bajo ley extranjera. Pero el Banco Central confirmó que las divisas sólo estarán aseguradas para "las deudas en moneda extranjera que se contrajeron bajo la legislación extranjera" (Clarín, 12/10). En resumen: los especuladores internacionales tendrán derecho a embargar al Estado argentino, mientras la Anses y el Banco Central (o sea, los jubilados, consumidores y trabajadores argentinos) han renunciado a cualquier garantía.

En el cuadro de lucha política que se planteó en torno de las tomas de colegios, la posición de Ademys fue de una total adaptación al kirchnerismo. Le reclamaron al Ministerio de Educación de la Nación que intervenga para garantizar la aplicación "democrática" de la reforma, considerando que las reformas establecidas por el Consejo Federal de Educación fueron "consensuadas", y no así las de Macri. La declaración de Ademys considera que "el reclamo de docentes y estudiantes exigiendo información y participación en el proceso de reformas curriculares de nuestra escuela es justo y se ampara en el espíritu y en las propias resoluciones del CFE". Pero cuando intervino el kirchnerismo, fue para pedir el levantamiento de las tomas y para plantear que las jornadas discutan "la aplicación de la Ley Nacional de Educación". Se trata de la misma Ley Nacional que da origen a las reformas de Macri. Con esta posición, la CD de Ademys se colocó como pata izquierda del planteo kirchnerista en el conflicto. En la asamblea de afiliados, sin embargo, primó una posición independiente -impulsada por Tribuna Docente- de rechazo a la política educativa de los K a partir de la Ley Nacional de Educación, que es la que le da letra a la reforma macrista en la Ciudad.

Crisis con prefectos y gendarmes El amotinamiento de las fuerzas represivas preferidas del gobierno encontró respuestas divergentes de la izquierda. El PTS zanjó el asunto con que prefectos y gendarmes “no son integrantes de la clase obrera ni de sus aliados, sino parte del aparato represivo”. Lo mismo debería valer para el Parlamento y la Justicia, que dictan las leyes y dan las órdenes que ejecutan los aparatos de represión -lo cual no ha impedido que la izquierda participe en ellos. El PTS no distingue para el caso las tendencias que actúan en las fuerzas armadas en su concepto amplio ni el momento político en que estallan estas crisis. Una posición similar adoptó el Nuevo MAS. Para Izquierda Socialista, por el contrario, “las fuerzas de seguridad tienen todo el derecho a defender sus salarios”, asegurando, en general, que la crisis “debilita la función de las fuerzas represivas como sostenes de este sistema capitalista” y que son justas “las luchas contra el ajuste”. El MST, Izquierda Socialista y el PCR apoyan la sindicalización militar en forma incondicional. Para Alternativa Socialista: “si en algún momento se logra, será un paso importante”. Hoy (PCR) dice que hay “propuestas de sindicalización (...) contradictorias con el papel que les asigna el Estado oligárquico-imperialista a estas fuerzas”. Para El Socialista, Moyano y De Gennaro “tienen que poner sus organizaciones sindicales a disposición, para enfrentar las represalias y los pases a disponibilidad y dar pasos para lograr ese derecho”. No hay caracterización alguna de quién y qué sindicalización plantea, ni se diferencia de los planteos de ‘sindicalización’ que hay en el oficialismo (Saín) y la oposición (Garrido). Se llega al extremo de concederle la tarea de sindicalización a la burocracia sindical, cuyos vínculos con los aparatos de seguridad son notorios. El PTS, por su lado, insiste en que “no es nuestro problema”. Está ausente en todo esto, “el análisis concreto de una situación concreta”. Con tantos casos en la historia, de pasaje de sectores de los aparatos armados del Estado al campo del pueblo sublevado, el sociologismo no vale lo que pesa. Paro y movilización del 10 de octubre Cuatro periódicos (el de IS, MST, PCR y Prensa Obrera) coincidieron en destacar la importancia de la movilización obrera del 10 de octubre en Plaza de Mayo. La diferencia radica en el seguidismo de los tres primeros a los convocantes; no critican ninguno de los discursos, cuando es claro que el bloque convocante apunta a la recreación de una Unión Democrática. Izquierda Socialista reivindicó la presencia de los capitalistas de la Federación Agraria “junto a los trabajadores”, en línea con su posición sojera en ocasión de la 125. El PTS, por su lado, decidió “no participar” en razón del “carácter de acto político de conciliación de clases”. Si es así podrían tomarse largas vacaciones, porque ésa es la línea de los dirigentes de los sindicatos -como lo fue la movilización del 27 de junio pasado, en la que sí participaron. Toda la izquierda, sea abstencionista o concurrencista, convoca, hasta el momento, a la movilización del próximo 24 contra el proyecto de ART de los K. En cualquier caso, está planteada la huelga general. CRCI La Verdad Obrera apela a un viejo recurso de los que se quedan sin argumentos. No dicen una palabra de la demoledora crítica que les hiciera Coggiola acerca del importantísimo Seminario de la Izquierda que tuvo lugar en San Pablo, y desvían la atención hacia lo que pretende ser una crítica a la CRCI, pero es, en realidad, un auto bombo del PTS. Defienden como método de construcción internacional, lo que hacen todos los grupos y grupejos en todo el mundo: crear sus propias secciones de individuos o pequeños grupos manejados administrativamente desde un ‘centro’.

El caso es públicamente conocido: en la Ciudad de Buenos Aires, a una mujer violada se le negó el derecho al acceso a un aborto no punible y el derecho a la privacidad, convirtiendo su caso en un escándalo mediático. Otra situación así de negativa se conoció estos días en La Plata, aunque el mismo ya se concretó. Para defender las posiciones ultramontanas, el jefe de ProVida y la representante de la Red de Familias se pasearon por varios medios. Su discurso y posiciones fueron caracterizadas en varios casos como marginales. Estos representantes del Opus Dei, que trasmiten la versión oficial de la cúpula del Episcopado de la Iglesia católica sobre la cuestión, son también enemigos de la entrega de preservativos, contrarios a la educación sexual científica y otras barbaridades por el estilo. En Argentina lograron reglamentaciones contrarias a derecho en la Ciudad de Buenos Aires, con la reglamentación 1252 que quedó en vigencia luego del veto de Macri a la ley de aborto no punible. Pero también en provincias kirchneristas como Salta o Río Negro. En otras provincias K no hay reglamentaciones restrictivas, como en Misiones. Sin embargo, los abortos no punibles no se practican. Los "sectores conservadores" tienen un poder mucho mayor en la Argentina que los sectores "progresistas". La Presidenta de la Nación se inscribe entre aquéllos. En las elecciones presidenciales norteamericanas, Todd Akin, representante del Partido Republicano por el estado de Misuri, sostiene que "hay que distinguir entre la violación ‘real’ o ‘auténtica’, que muy raras veces genera un embarazo". Los hombres y mujeres que sostienen estos principios gobiernan el mundo. En la Ciudad de Buenos Aires, un aborto no punible, que no fue practicado por orden de una jueza ligada al macrismo, terminó autorizado días después por la Corte Suprema. Pero todos los daños que podían producirse a la víctima ya estaban hechos. Y sobre las futuras víctimas también, porque este estado de persecución en los hospitales, acompañado por directores como el del Ramos Mejía, no permiten un ejercicio libre de la medicina. "Sectores ultraconservadores insisten en poner obstáculos", asegura Mariana Carabajal en un reportaje realizado el domingo en Página/12. La posición en favor del aborto legal de parte de la periodista está fuera de discusión. Pero no es verdad que quienes ponen los obstáculos sean "sectores ultraconservadores". No son marginales derechistas y trasnochados los que impiden los abortos no punibles, sino los gobiernos que se dicen nacionales y populares, y los derechistas. Subsidian a la secta vaticana y designan a sus seguidores en destacados puestos en el sistema de salud. El decano de la Facultad de Medicina de la UBA es un conocido funcionario inscripto dentro de las políticas de defensa del aborto clandestino, citado reiteradas veces por Hotton y otros elementos oscurantistas. Sin embargo, la camarilla kirchnerista radical que gobierna la UBA lo sostiene con decisión en su cargo. El Congreso debe votar una ley de aborto legal, y los casos hoy no punibles no deben tener restricciones de tiempo de gestación ni interposiciones burocráticas de ningún tipo para su acceso. Para eso es necesario encarar una lucha que ponga al desnudo la responsabilidad del gobierno kirchnerista y su política, como la de Macri en la Ciudad, de co-gobernabilidad con el poder político clerical, enemigo de los derechos de las mujeres.

Contra lo que cabría esperar cuando el proceso político se acelera, las definiciones electorales de los diversos partidos, de cara a las elecciones de 2013, se demoran. Da la impresión de que los protagonistas estuvieran a la espera de un catalizador; no pretenden orientar los acontecimientos sino evitar que los sorprendan. Si no las miradas, al menos los instintos están puestos en lo que pueda ocurrir con los cacerolazos que se van agendando; con el cantado y al mismo tiempo oscuro 7D, con un paro nacional CGT-CTA contra el impuesto al salario, incluso con un ‘defol’ en gateras para blindar la pesificación; o, en última instancia, con un anuncio de reforma de la Constitución o el adelantamiento de la fecha de los comicios. Del radar no escapan tampoco las consecuencias que podrían emerger del corte de los subsidios nacionales para el mantenimiento del subterráneo. La tentativa de Binner de ocupar la ‘pole position’ electoral con una campaña de recolección de firmas contra la re-re-re, no llegó a embragar la segunda. La imagen de un Capriles, que unifique a los opositores a Su Majestad, parece requerir una presión excepcional de los acontecimientos, y lo mismo pasa con la posibilidad de que el oficialismo no sucumba ante una tentativa de ir por la re-reelección. Por esto mismo, la aventura que ha emprendido Pino Solanas para que se lo reconozca como candidato a senador con posibilidades, se difumina en la soledad. A Pino no lo urge la situación política sino la necesidad de borrar la impresión que dejó Proyecto Sur el año pasado, cuando no logró atravesar las primarias para Presidente y ocupó un lugar distante en la elección nacional en la Ciudad. Frente de Izquierda Este vacío político ofrece una oportunidad singular al Frente de Izquierda. La izquierda, por su condición revolucionaria, debe tomar la iniciativa política y delimitar en sus propios términos (no en los que presentan los campos patronales), los verdaderos (históricos) campos en disputa. Sin embargo, ocurre lo contrario: el Frente de Izquierda está paralizado por los acontecimientos, incluso va a la rastra de ellos y hasta lo hace con yapa, porque no acierta en adoptar una posición común frente a ninguno de los episodios políticos de los últimos meses y, lo que es mucho peor, no se advierte un propósito de clarificar las diferencias de caracterizaciones y tácticas con vistas a reivindicar y destacar su objetivo estratégico, que es convertir a la política nacional en una lucha de clases y avanzar hacia un gobierno de trabajadores. El Frente de Izquierda debería tener a corto plazo su definición político-programática electoral y su lista de candidatos. El solitario Solanas ha dejado de lado el enorme ego que le adjudican sus amigos y parece dispuesto a volver al redil de Hermes Binner, el ‘socialista’ sojero que, aislado él mismo en un techo del 13% de las intenciones de voto, lanza miradas acosadoras hacia una parte de la UCR. La naturaleza distrital de la elección de renovación parlamentaria, parece venirle como anillo al dedo a un enjuague oportunista, mediante alianzas diferentes en cada distrito, dejando el frente nacional para 2015, que incluso podría zanjar las candidaturas en las elecciones primarias (como ya ocurre en la provincia de Santa Fe). Pero, como ya se ha dicho, todo dependerá de los algoritmos: 8N, 7D ó 10D y de los que se vayan subiendo al calendario. A nadie se le debería escapar que, luego de haber votado con conciencia serena la ley de medios, Pino Solanas reviste hoy, en forma firme, en las filas de Clarín, como el propio Binner. Quienes no se sienten aludidos por estas guaranguadas (ni siquiera por la presencia de la privatizadora petrolera, María Eugenia Estenssoro, al lado de Binner) son los dirigentes de Libres del Sur, del PCR y del MST, que siguen firmes como furgones de cola del FAP y Proyecto Sur, respectivamente. Devaluación y después Tal como se van perfilando los alineamientos políticos, no importa que la oposición tradicional vaya en distintas listas a las elecciones parlamentarias, porque forma en los hechos y en las definiciones un bloque político. Los tejes y manejes de Moyano con los De la Sota, De Narváez y gobernadores e intendentes que aún revisten en el kirchnerismo, se conjugan con la tendencia a formar un bloque opositor, cuyo programa no es la ‘institucionalización’ ni la libertad de prensa sino la devaluación del peso y la salida del ‘defol’ K mediante el ‘retorno’ a los mercados internacionales (las mineras y los pulpos de la energía reclaman la posibilidad de remitir ganancias al exterior, en tanto que los sojeros no quieren vender la cosecha al tipo de cambio oficial, en especial ahora que el precio de la soja comenzó la caída). La cabeza ‘teórica’ de los devaluacionistas (entre ellos, el ‘pequeño productor’ Eduardo Buzzi) es el ex duhaldo-kirchnerista Roberto Lavagna. Para Lavagna, el horizonte es el que hemos descripto en estas páginas desde antes que él: el ‘rodrigazo’. En el ‘coloquio’ de Idea, los centroizquierdistas del FAP, con Lozano y Bonfatti, aprovecharon la presencia del kirchnero-bolivariano Lula da Silva, para juntarse con lo más granado de la burguesía nacional e internacional, a sabiendas de que tiene el programa único de la devaluación y el abandono de la política intervencionista del gobierno. Una reunión similar, en noviembre de 1988, en Bariloche, sirvió para lanzar la alianza entre Menem y Alsogaray (y poner las primeras piezas de la expulsión anticipada del gobierno de Alfonsín), que nuestro partido pronosticó en la campaña electoral de 1989. En este cuadro, el oficialismo intenta repetir la ‘hazaña’ de principios de 2011, cuando al imponer el control del Tesoro sobre el Banco Central se quedó con la caja y el poder necesarios para ganar las presidenciales de octubre. El blanco es ahora la intervención y el desguace de Cablevisión y, enseguida, una desapropiación de Papel Prensa. Si gana la partida, piensan en la Rosada, podrían competir con Chávez en longevidad gubernamental. El gobierno procura engrosar la tropa de capitalistas amigos que se quedarían con los despojos de la Corpo, para respaldar el ataque. Sin embargo, la capacidad que ha demostrado la oposición, en el Consejo de la Magistratura, para poner piedras al proyecto, pone de manifiesto una resistencia generalizada en el ‘establishment’ judicial, a la que no es ajeno el reagrupamiento de fuerzas expuesto en Idea. Aunque el oficialismo se enfrenta a la posibilidad de un nuevo Voto No Positivo, que podría tener consecuencias de mayor alcance que la de la 125, está dispuesto a desafiar a los opositores a una crisis de poder. Las destituciones de mandos militares, como consecuencia de los sucesos con la Gendarmería y la Fragata Libertad, se explican por el conjunto de la orientación política oficial para las próximas semanas. La condena de la crisis mundial Las peleas que se libran en el campo capitalista, sin embargo, no tienen destino positivo para el régimen político. De choque en choque, la crisis de la economía y de la política se acentúa sin pausa. El viceministro Kicillof confesó la vulnerabilidad oficial cuando pronosticó un año económico mejor, en 2013, a nivel mundial, que daría un respiro a la Argentina. Federico Narvaja, un economista que escribe para Ambito, recordó, hace dos semanas, que ni oficialistas ni opositores habían embocado una en las previsiones de los últimos años. El medio ministro, que hizo el tránsito imposible del marxismo al desarrollismo, en plena bancarrota capitalista, fabula para la tribuna. Este es el marco extraordinario que plantea una iniciativa estratégica enérgica de la izquierda revolucionaria.

El kirchnerismo porteño (UTE y La Cámpora) plantea que la derrota a la reforma curricular es total y que la tarea de los estudiantes secundarios es preparar, junto a los docentes, la propuesta de cada colegio para realizar la reforma curricular en los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Educación. Los K participaron del movimiento de lucha criticando la reforma curricular del gobierno de la Ciudad como un exceso: planteaban que Macri desconocía los parámetros de la Ley de Educación Nacional (LEN) del kirchnerismo. Por eso, festejaron con bombos y platillos la propuesta de Esteban Bullrich. Los "nacionales y populares", sin embargo, ocultan que las diferencias entre la reforma inicial propuesta por el gobierno porteño, y la realizada durante las tomas por Bullrich son muy pocas: la reforma se aplicaría en el Ciclo Básico de los colegios técnicos (1º y 2º año) a partir de 2013, tal como lo establecía la propuesta inicial; mantiene las 220 horas de Prácticas Profesionalizantes obligatorias en los colegios, que ponen a los estudiantes a trabajar gratis en grandes empresas como condición para terminar sus estudios. El macrismo solamente agregó a su propuesta inicial la realización de nueve jornadas de debate no vinculantes y no resolutivas en los colegios entre docentes y estudiantes. Estas jornadas deben elaborar propuestas bajo las normativas de la LEN, que el ministerio posteriormente evaluaría para la modificación de las curriculas restantes (Ciclo Superior Técnico y el resto de los colegios secundarios). Por otro lado, la propuesta final de Macri no dice nada de las modificaciones que ya se realizaron como parte de esta reforma: nada de las "escuelas piloto" donde la reforma ya se empezó a aplicar ni de los títulos docentes en los colegios artísticos transformados en tecnicaturas artísticas en 2009. Los K firmaron con Macri el acuerdo que les permite implementar en la Ciudad la política menemista reciclada a través de la LEN (descentralización, vaciamiento y precarización) y quiere garantizarlo sobre la base de la burocracia sindical de UTE-Ctera y La Cámpora. Sin embargo, los estudiantes les dieron la espalda y ningún colegio levantó la toma firmando la propuesta de Bullrich. Impasse en la CEB La confusión sobre cómo tiene que seguir el movimiento una vez finalizadas las tomas de colegios frente a la inminencia del fin de clases metió a la coordinadora, que estuvo al frente de la lucha, en un profundo impasse. La OES (agrupación que dirigió el conflicto), La Mella y el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), desde un principio, plantearon el conflicto como un problema con Macri, desconociendo que la reforma macrista se realiza bajo el impulso de la LEN y de las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Es decir, que desde un principio estas tres agrupaciones se colocaron en el terreno de las maniobras del kirchnerismo para hacer pasar la reforma. Ahora, estos grupos pretenden presentar la propuesta final de Bullrich como un supuesto "triunfo histórico" que podría llegar a colocar "la educación al servicio del pueblo". Plantean que el desafío del movimiento estudiantil es conseguir el carácter resolutivo de las jornadas y la elaboración de "currículas progresivas" en cada comunidad educativa. Por su parte, los activistas que dirigen el bloque de los colegios artísticos plantean que hay que profundizar el camino de lucha contra Macri sin enfrentarse con el kirchnerismo porque eso restaría fuerza al movimiento. A pesar de que el ataque principal a los colegios artísticos lo da la LEN kirchnerista, eliminando los títulos docentes, los artísticos rechazan la pelea con el gobierno nacional. Entienden, que la defensa de la doble titulación (tecnicatura y bachillerato) contra Macri es lo "único que podemos conseguir" y sería incompatible con el reclamo por la titulación docente. Nuestra posición Para la UJS se ha abierto una nueva etapa en la lucha contra la reforma y la política de privatización, precarización y vaciamiento en el movimiento secundario a partir de las tomas del último mes. Entendemos que el movimiento de lucha consiguió torcerle -en algunos puntos- el brazo al macrismo (cierre de los turnos noche de los técnicos y obtención de las jornadas) pero que para derribar la reforma curricular vaciadora todavía falta mucho. Hace falta sacar un balance de lo actuado hasta ahora y adoptar un programa frente a la nueva situación. Por un lado, el movimiento estudiantil debe dotarse de una política frente a la nueva propuesta de Bullrich. La UJS plantea no firmar ningún acuerdo que mantenga en pie la reforma y reclama la capacidad de veto para los docentes y estudiantes de cara a las jornadas de 2013. Por otro lado, continuar desenvolviendo el movimiento de lucha contra la reforma reclamando al gobierno nacional y al de la Ciudad que no se realice ninguna reforma en la educación de la Ciudad bajo las normativas y los lineamientos de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Educación Artística. Reclamamos la validez nacional de todos los títulos emitidos en la Ciudad. Rechazamos todo cierre de curso y recorte de horas. Rechazamos las pasantías gratuitas del gobierno y reclamamos pasantías bajo convenio. Por la nacionalización integral del sistema educativo y un congreso nacional educativo de representantes docentes y estudiantiles de base que reorganice la educación al servicio de los intereses del pueblo. Con este programa, peleamos por formar agrupaciones de la UJS en todos los colegios que conquisten los centros de estudiantes para desarrollar esta política.

A las 9 horas del sábado 13 de octubre, la policía especial de la provincia irrumpió violentamente en la vivienda de Gustavo Pérez, militante del Partido Obrero y obrero de Zanón. “Era temprano, yo estaba tomando mate y leyendo el diario cuando entró la policía. Me esposaron y subieron armados a las piezas donde estaba mi compañera descansando. Estaban con escudos, cascos y armas de la policía especial”, expresó Gustavo Pérez. La policía desistió de continuar con el operativo ante la llegada espontánea de los vecinos y los compañeros del Partido Obrero. Luego llegaron el secretario general del sindicato ceramista, Marcelo Morales, junto a otros obreros de la fábrica Zanón. “Dieron vuelta toda la casa, tengo hijos chicos y vieron como le rompieron los pañales y los útiles de la escuela, que nos sale muy caros comprarlos. Mis hijos quedaron muy mal. No me dijeron para qué vinieron, ni qué buscaban y se fueron cuando vieron a mis vecinos y compañeros llegar”. Ni antes ni después del operativo la policía invocó causa alguna ni presentó una orden judicial. Gustavo Pérez es obrero de Zanón y militante del Partido Obrero, muy respetado en su lugar de trabajo, y en el barrio por sus vecinos. El arbitrario operativo, sin embargo, no es un caso aislado. En las últimas semanas se han desarrollado operativos y razzias en los barrios de Neuquén. Ellos forman parte de un supuesto “plan de seguridad” coordinado entre el intendente Horacio Quiroga y el gobernador Jorge Sapag. Este plan de vigilancia y allanamientos, alimentado con “informantes” anónimos, está conduciendo a la militarización de los barrios y la zozobra de sus habitantes. Presentaremos la denuncia en la fiscalía de Antártida Argentina 352, a las 9 horas, y luego iremos a Casa de Gobierno a solicitar una entrevista con el ministro de Seguridad, Claudio Gastaminza, para exigir el inmediato esclarecimiento de los hechos, las responsabilidades ante semejante ataque del que participaron la Comisaría 2ª y la Despo. En Casa de Gobierno se realizará la conferencia de prensa a las 11 horas.

En Misiones, entre el 6 y el 8 de octubre, se realizó el Encuentro Nacional número 27. Funcionaron 118 talleres en los que discutieron unas 4.300 mujeres. Se reunieron once talleres de aborto y anticoncepción, que nuclearon a unas 500 mujeres, otros cinco talleres sobre estrategias para el aborto legal; cinco sobre trata de personas, nueve entre mujer y sindicatos y mujer y trabajo. Mujeres y violencia reunió doce talleres; mujer y organización barrial y mujer y educación reunieron cuatro talleres cada una. Mujeres e identidad nucleó tres talleres, igual que mujeres y derechos humanos, mujer y sexualidad y mujer y salud. El taller único de mujer y pueblos originarios reunió a unas 350 mujeres. El resto de las temáticas nuclearon uno o dos talleres cada una, llegando así a los 118 talleres. El Encuentro estuvo copado por las funcionarias del gobierno (locales y nacionales) y en un número menor por elementos de la Iglesia católica, con quienes la comisión organizadora había arreglado la "paz social", comprometiendo que la marcha oficial no pasaría por la catedral. El acuerdo resultó estéril, ya que todas las delegaciones presentes, a excepción de la del PCR, fueron a protestar a la plaza 9 de Julio. La mayoría recaló exclusivamente sobre la catedral. A la Casa de Gobierno, que está al lado de la catedral, sólo movilizaron el Plenario de Trabajadoras y el PRML. La movilización oficial quedó reducida a una cuadra de mujeres, que no podían comenzar a marchar porque integrantes de diferentes facciones de la cabecera -formada por las integrantes de la comisión organizadora- durante un extenso tiempo protagonizaron una pelea entre ellas y, por lo tanto, un bochorno total. Los debates en los talleres se vieron obturados por la presencia de funcionarias del gobierno y por la acción regimentadora de todas las coordinadoras designadas por el PCR: manipulación en la consignación de las resoluciones, intentos generalizados para eliminar el nombre de Mariano Ferreyra de los talleres, impedimento para discutir la metodología de elección de la próxima sede, que el PCR logró colocar en un punto alejado del poder político nacional; esta vez, en la provincia prominera de San Juan. La alianza entre el gobierno de Maurice Closs y la organización pro-FAP del PCR fue total. Los une una política enemiga de la organización independiente de las mujeres. Las mujeres dimos grandes batallas en los talleres. En muchos, se desactivó el intento del PCR de no consignar el nombre de Mariano y la convocatoria a la marcha del 20. Aunque las mujeres antiburocráticas dieron cátedra en los talleres de mujeres y organizaciones sindicales, en estas condiciones, el Encuentro es cada vez más una plataforma al servicio de intereses patronales y clericales ajenos a los derechos de las mujeres. Necesitamos abrir un extenso debate entre las trabajadoras antiburocráticas, las que peleamos contra los punteros en los barrios, las que somos explotadas en los planes gubernamentales, las precarizadas, las estudiantes que luchan en todo el país, para reconstruir el Encuentro sobre nuevas bases. Bases de lucha, bases de acciones comunes para alcanzar todas las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras. Ponemos en marcha este trabajo, peleando en las calles por el aborto legal y preparando para el 25 de noviembre una gran marcha que denuncie al poder del Estado como el promotor de la violencia sobre las mujeres.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 4 de octubre, en la última función de teatro del Festival "Justicia por Mariano Ferreyra", se presentó la obra "Harina" de Tejeda-Podolsky, actuada magníficamente por Carolina Tejeda. Allí dijeron presente y se pronunciaron por Justicia por Mariano Ferreyra las actrices Soledad Silveyra, Susú Pecoraro y el actor Javier Lorenzo. Luego de la función, un compañero de la agrupación Causa Ferroviaria, mecánico ferroviario, explicó a los presentes la historia del desguace de los trenes hasta llegar a la lucha de los tercerizados. El público participó de la charla. Seguimos en campaña por Cárcel y Perpetua a Pedraza. Basta de aprietes y patotas.

Dos años están a punto de cumplirse del asesinato de Mariano Ferreyra, ocurrido en una calle de Barracas a manos de una patota organizada por la Unión Ferroviaria. El aniversario se cumplirá este sábado 20 de octubre y están previstas movilizaciones y actos que reclamarán que el homicidio se esclarezca y que se condene a sus responsables. No en todos lados. En la víspera del aniversario -y en el lugar mismo donde se planificó el ataque que le costó la vida a Ferreyra y dejó heridas gravísimas a Elsa Rodríguez- la Unión Ferroviaria y la Secretaria de Cultura de la Nación unirán esfuerzos para celebrar una muestra musical de charangos. Si el evento no sonara a provocación -una celebración a 24 horas de la conmemoración de un asesinato político-, podría revelar los vínculos que siguen uniendo a sectores del gobierno con la burocracia sindical que planificó el homicidio del militante trotskista. La relación entre sectores del kirchnerismo y la dirección de la Unión Ferroviaria siempre fue fluida. José Pedraza, hoy reo y acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Barracas, señaló a este cronista los vínculos con el gobierno en la única entrevista que otorgó luego del homicidio. A continuación, extractamos sus declaraciones del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?: “-Acá estuvo la Presidenta cuando se inauguró el centro cultural. La presidenta y más de la mitad del gabinete. Ese día hubo cinco mil ferroviarios en la calle, afuera del sindicato. Apoyamos al gobierno, su política ferroviaria y lo apoyamos desde el primer día. Con Moyano tenemos diferencias metodológicas y conceptuales desde siempre. Y no respetaba acuerdos, un grupo de organizaciones nos hemos alejado, pero no hemos dejado de pertenecer a la CGT ni de ocupar los cargos o secretarías. Yo soy secretario de Cultura y llevé adelante las tareas del bicentenario. -Desde los medios oficialistas se le adjudica una cercanía a Eduardo Duhalde. -No. Acá no sólo estuvo la presidenta, sino que estuvieron (Carlos) Tomada, (Florencio) Randazzo, (Oscar) Parrilli, (Juan) Manzur, (Jorge) Coscia. Con Coscia hemos firmado un convenio de cooperación cultural”. Coscia es el secretario de Cultura de la Nación. Llevó adelante las actividades sindicales del Bicentenario, en coordinación con el reo Pedraza, secretario de cultura de la Confederación General del Trabajo. Inauguraron juntos el centro cultural Unión, situado en la sede gremial de Independencia 2880, también domicilio oficial de la Cooperativa Unión del Mercosur, la empresa tercerizada propiedad de los sindicalistas. En esa oportunidad, Coscia declaró: “La cultura se está recuperando. La cultura es trabajo, creatividad y nos genera anticuerpos para otro tipo de hegemonías, que muchas veces entran por la cultura” (ver video). La justicia señala que una de los motivos del ataque fulminante organizado por la Unión Ferroviaria, además de proteger su negocio con las tercerizadas, era impedir el ingreso masivo de la izquierda en el sindicato. Una forma de “generar anticuerpos para otro tipo de hegemonías”. “Charango argentino es una asociación que cada tercer viernes de mes realiza recitales en el centro cultural Unión -explica a plazademayo.com Adriana, miembro del grupo-. A nosotros secretaría de Cultura nos manda a ese lugar. No tenemos nada que ver con la Unión Ferroviaria y Cultura nos manda ahí como nos puede mandar a cualquier otro lado. La secretaría de Cultura de Nación financia las actividades. Nos da el espacio, el auditorio, luces y sonido”. Los vínculos entre la secretaría de Cultura de la Nación y el sindicato dirigido por Pedraza parecen no haberse interrumpido jamás. Por otro lado, Pedraza ordenó desde la cárcel que el sindicato participara de la oficialista CGT Balcarce, a la vez que siguió manifestando su kirchnerismo. Los vínculos de Pedraza con funcionarios del gobierno no se detienen en el secretario Coscia. Baste recordar que el 14 de enero de 2011, a tres meses del asesinato de Ferreyra, el ministro de Trabajo Carlos Tomada asesoraba, según consta en las escuchas judiciales del caso, a Pedraza sobre cómo debía actuar para que la izquierda no gane posiciones en el gremio. El 11 de febrero de ese año, la viceministra de Trabajo Noemí Rial se comunicaba con Pedraza para mostrar su preocupación frente a los allanamientos que se realizaban en su hogar de un millón de dólares en Puerto Madero, en el del Gallego Fernández (también imputado por el crimen), en la sede ferroviaria y en la Cooperativa Unión del Mercosur. “Llamame a mi casa cualquier cosa que necesites, José. Estela tiene mi teléfono y si no, se lo pedís a Emiliano y me llamás al celular cualquier cosa que necesites”, terminaba el diálogo la viceministra Rial once días antes de la detención de Pedraza. Plazademayo.com intentó comunicarse con el secretario de Cultura Jorge Coscia para realizarle las siguientes preguntas: El 19 deoctubre, ¿la Secretaría de Cultura de la Nación organiza una actividad en conjunto con la Unión Ferroviaria en el auditorio de la sede sindical? ¿Qué tipo de vínculos mantiene la Secretaría de Cultura de la Nación con la Unión Ferroviaria? El 20 de octubre se cumplen dos años del asesinato de Mariano Ferreyra. ¿No le parece provocativo realizar una actividad conjunta con la Unión Ferroviaria un día antes del aniversario en el lugar donde se planificó el ataque que terminó con su vida? Los interrogantes fueron transmitidos a Alejandro Obelia, vocero de Jorge Coscia, quien dijo que la respuesta oficial a las consultas era que “no sabían nada sobre el tema y que no responderían nada sobre la cuestión”. Un silencio recurrente en los funcionarios kirchneristas a la hora de explicar sus vínculos no sólo con la burocracia sindical de Pedraza, sino con todas las otras burocracias sindicales empresariales y antiobreras. Producción: Paloma Navarro Nicoletti Publicado en plazademayo.com

La comisión organizadora del XXVII Encuentro Nacional de Mujeres se encargó de entregar la coordinación de los talleres al kirchnerismo y al oficialismo local. Garantizó medianamente las cuestiones domésticas del evento y resignó los espacios de discusión política. También se ocuparon de desalentar cualquier discusión previa de la violación de derechos humanos en Misiones, que afectan doblemente a las mujeres. Las coordinadoras fueron “capacitadas” por la vicedecana de la Facultad de Humanidades y un grupo de referentes que responden al oficialismo. Al frente de la coordinación de uno de los talleres de Derechos Humanos se encontraba la Subsecretaria provincial de ese área, Amelia Báez. “En Misiones se puede protestar y nadie te molesta” se animó a afirmar una de sus funcionarias, desconociendo que, en la provincia, cerca de 100 luchadores sociales están perseguidos por la justicia. Veintiún mujeres formaron parte de la comisión organizadora, la gran mayoría del PCR y la CCC o vinculadas a estos espacios. Durante el año previo, se encargaron de desplazar a cualquier sector o espacio que quisiera o pudiera aportar una agenda política distinta. Debido a esta política de alianza con los oficialismos y una deficiente instalación del Encuentro en la ciudad, hoy le queda a Posadas la radicalización de las críticas de sectores conservadores que concentran sus miradas en las pintadas y los supuestos destrozos. Situación que también le sirve a la comisión organizadora para no hablar de la incidencia de los oficialismos local y nacional en el corazón de los encuentros: los talleres, la coordinación de los mismos.

EXCLUSIVO DE INTERNET Desde un principio, la causa de Mariano Ferreyra se caracterizó por la acción intimidatoria a los posibles testigos, pactos de silencio, presiones sobre los trabajadores que acompañaron a la Verde sobre las vías y amenazas directas a quienes dieron su testimonio. En la etapa de instrucción fueron amenazados los testigos Esteche y Sotelo. El primero fue interceptado por dos sujetos que lo intimaron a no hablar, y la noche previa a ratificar el testimonio, su casa fue baleada. Por su parte, a Sotelo llegaron a secuestrarlo por unas horas, y presentó más de doce denuncias. Ellos dos fueron las primeras personas en declarar en la causa que no pertenecían ni al grupo de las víctimas ni de los agresores, realizando importantes reconocimientos de los hoy imputados. También durante la instrucción, recibieron amenazas los tercerizados pasados a planta permanente: Diego Cardias (quien solicitó ingresar al programa de testigos) y Ariel Pintos. Los compañeros de Causa Ferroviaria, en particular Jorge Hospital, sufrieron amenazas telefónicas. Damián Reynoso, quien acompañó en sus últimos minutos a Mariano, fue amenazado en forma reiterada telefónicamente. José Luis García, jefe de Administración de Personal y Liquidación de Haberes de Ugofe entre 2007 y 2009, quien expuso la asociación mafiosa entre la empresa y el sindicato, también resultó víctima de amenazas. Esto fue tenido en cuenta por la propia Cámara Nacional de Casación Penal al denegarle la excarcelación a Pedraza y su patota, señalando que existían presunciones de que intentaba obstruir la investigación a través del amedrentamiento de testigos. La mayoría de las denuncias de la etapa de instrucción fueron archivadas por la Justicia o se encuentran por archivar. Semejante impunidad ha llevado a que el juicio se salpique con nuevas amenazas y sus respectivas denuncias. En la audiencia del 9 de agosto, el CELS puso en conocimiento del tribunal y de las partes, que en el día de la víspera, un importante testigo de la causa recibió amenazas telefónicas. El anónimo le dijo: "No declares o te vamos a romper todo". Una semana después, Jorge Hospital sufrió seguimientos y vigilancia de sujetos extraños en su vivienda. "Cacho" Andino, del MTR, quien declaró el jueves 4 de octubre, denunció que días antes dos hombres que bajaron de una moto roja, lo llamaron por su apellido y lo amenazaron para que no declare haber visto una escopeta en el lugar de los hechos. Recordemos que el proyectil que le extrajeron a Nelson Aguirre resultó ser de un arma compatible con una escopeta, lo cual concuerda con la descripción de que existieron varios patoteros armados. El mismo día que declaró Andino, Alfonso Severo debía declarar, pero no pudo hacerlo. Se encontraba privado de su libertad, apareciendo con vida por la noche. Ninguno de estos tres nuevos hechos ha avanzado en su investigación para su esclarecimiento. En la audiencia del lunes 8 de octubre se puso nuevamente al tribunal en conocimiento de un nuevo testigo amenazado, Edgardo Mari, con la particularidad de que dicho testigo ya dio su testimonio ante el tribunal. Agredieron el frente de su casa con pelotitas de acero, semejantes a las encontradas en el lugar de los hechos en que fuera asesinado Mariano. La intimidación se completó con llamadas telefónicas. El resguardo estatal no puede pasar por la privación de la libertad de las víctimas, que es lo que sucede al someterse al programa de protección de testigos. Tampoco el Estado puede excusarse en que los testigos no acepten dicha "protección", ya que tiene la obligación de investigar estos hechos, aún cuando la víctima no impulse sus expedientes. Reclamamos la investigación completa de las amenazas y la expulsión de los privatizadores y la burocracia del ferrocarril.

El jueves 16 declaró Alfonso Severo. Su testimonio en el juicio había generado ciertas expectativas, luego del episodio de su desaparición. El nombre de Severo comenzó a circular en los medios de prensa al día siguiente del crimen de Mariano. El ex gerente de Ferrobaires -despedido y desalojado de su oficina por asalto- denunció que en la madrugada del 21 de octubre de 2010, un grupo de desconocidos baleó el frente de su casa, en la localidad de Sarandí, y que ese atentado estaba conectado con el crimen de Mariano. Al declarar en aquel momento, Severo aportó detalles sobre la estructura mafiosa que tiene por base la empresa Ferrobaires y señaló la existencia de depósitos de armas en diversas oficinas de la estación Constitución; también afirmó que el día anterior al crimen de Mariano, Humberto Martínez -secretario general de la seccional sur de la UF- convocó a una reunión en la que llamó a impedir el corte de vías en Avellaneda. Por último, Severo aportó una nota anónima que le fuera depositada en el buzón de su casa, que rezaba (textualmente) lo siguiente: "Gabi Sánchez (guarda) tiro al piso, dueño de arma. Tano Carnevale convocó a la marcha. C/barba candado le disparó a Ferreyra. Pablo Díaz pagó a los que fueron a Avellaneda. Fueron convocados por Martínez, Pablo Díaz, Fernández, Maldonado, c/una mujer que está en Ferrobaires y (ilegible) el entrepiso UF". Estos mismos elementos fueron surgiendo en el curso de la investigación a partir de diversos testimonios y otros elementos de prueba. Acerca de su desaparición, el gobierno hizo correr al principio la versión de que se trataba de un "autosecuestro". Tras su reaparición y su proclama de apoyo al kirchnerismo, los voceros oficiales pasaron a elogiarlo y -más sorprendente aún- a vincular su desaparición con la aplicación de la ley de medios y la disputa con Clarín. El episodio en cuestión sigue sin esclarecerse. Lo que Severo declaró no trajo mayores novedades. Introdujo algunos cambios respecto a su primera declaración (la reunión previa al 20 de octubre del 2010 no se habría realizado en oficinas de Ferrobaires sino en el Museo Ferroviario de Avellaneda) e hizo algunos señalamientos generales. Entre sus puntualizaciones, dijo tener conocimiento de que a Alejandro Benítez -el "testigo protegido" que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes y que habría formado parte del grupo de choque de la patota- lo convocó el delegado Carnovale (´venite a Avellaneda que vamos a sacar a estos zurdos´). Reiteró la descripción de la mafia que anida en Ferrobaires y que encabezan Humberto Martínez, Norberto Saldaña, Daniel Hess y "Chuly" Carruega -ninguno de ellos hasta ahora fue ubicado en el lugar de los hechos- y dio un par de definiciones: "todo el armado de patotas y bandas viene de años"; "Pedraza tuvo una responsabilidad o irresponsabilidad después del '90, de querer ser empresario, eso llevó a la pérdida de 50 mil empleos y a la tercerización"; "los trabajadores no fuimos defendidos por el sindicato" cuando se privatizó el ferrocarril. La declaración de Severo es una nueva pieza que se integra al cuadro de descomposición general de la burocracia sindical y del régimen montado en el ferrocarril, y que aflora en cada una de las audiencias. Quedan planteadas dos cuestiones: una, la investigación sobre las bandas que se cobijan en la estructura de Ferrobaires; dos, el esclarecimiento completo y certero del episodio de su desaparición.

La protesta del miércoles 3 de septiembre, en Teherán, fue el resultado de la crisis monetaria en Irán, que comenzó el año pasado cuando el rial iraní se devaluó a un ritmo acelerado. La diferencia en la tasa de cambio está aumentando cada segundo en estos días. El rial ha caído un 25% la semana pasada y ha perdido más del 80% de su valor desde finales de 2011. En otras palabras, el rial se enfrenta a una verdadera caída libre. Y como consecuencia de esta, las casas de cambio han dejado de funcionar. Los conservadores tradicionales -principal oposición en el Parlamento- dicen que Ahmadinejad y su gobierno son responsables de esta crisis, sin dar ninguna indicación sobre sus causas. Para Ahmadinejad y para su gobierno, un grupo mafioso conectado con Occidente está controlando el mercado de divisas. La oposición reformista -al igual que los analistas proimperialistas- relacionan esta devaluación con las sanciones de Estados Unidos contra Irán, cuya eficacia probarían. La caída tiene su origen, sin embargo, en las políticas económicas adoptadas por el gobierno, que coincide con el alza casi constante del precio del petróleo desde principio de los años 2000. Ahmadineyad aprovechó el alza de los precios del petróleo para manejar los problemas provenientes de las sanciones impuestas contra Irán, a raíz del programa nuclear. Las inmensas ganancias petroleras fueron usadas para importar necesidades básicas y cualquier tipo de productos. El remanente se inyectó directamente al mercado, por medio de créditos o del subsidio estatal a las importaciones. En estas condiciones, el aumento de la oferta monetaria en el mercado dio lugar a la inflación, así como a otros problemas sucesivos. Para tratar de mantener su valor, los tenedores de dinero salían a comprar cualquier mercancía que pareciera confiable como reserva. Hace unos años, la tierra y la vivienda eran las inversiones más confiables; hoy lo son las divisas y el oro. Por otra parte, el creciente volumen anual de importaciones ha arruinado las unidades de producción nacional; en particular, las agrícolas. Se realizaron importaciones de trigo, de arroz, de azúcar y de carne -los productos agrícolas más utilizados en Irán- para competir con la producción nacional. Esto golpeó duro a la agricultura, mientras el país se enfrenta a una crisis alimentaria. Pero no sólo el aumento de la oferta monetaria causa la caída del rial. También impactan los programas de reformas del FMI, que festeja los esfuerzos del gobierno para eliminar los subsidios a la energía. Siguiendo la sugerencia del FMI, el gobierno iraní, que tiene la principal fuente de divisas en sus manos, fijó un valor para las divisas subsidiadas y dejó libertad al resto del mercado. Ahmadinejad está poniendo en práctica las reformas iniciadas por Rafsanjani, continuadas por Khatami y sugeridas por el FMI para integrar a Irán al mercado internacional, pero ahora de manera más drástica. Ahmadinejad asumió en 2005 con el apoyo del líder supremo Jamenei, de la Guardia Revolucionaria (Sepah) y de una amplia gama de los conservadores tradicionales; pero se deshizo de ellos tras su reelección. Como resultado, perdió la mayoría de sus partidarios. Sepah -no tanto como un ejército, sino como una gran empresa- se benefició de las reformas del gobierno. La mayoría de las privatizaciones en la industria o de las finanzas fueron apropiadas por Sepah, por medio de manipulaciones. Sepah también se benefició de la renta económica por las reformas que fueron introducidas por el FMI en el mercado de divisas. El doble mercado de cambio brinda un gran beneficio. Lo aprovechan organizaciones pertenecientes al régimen -como podría ser Sepah. La importación de algunos productos básicos y el transporte a los países vecinos no registrados como exportaciones son una fuente fundamental de ingresos. Lo peor aún está por llegar Si progresa el desorden monetario y la crisis agraria, el escenario más probable es un levantamiento de masas. Esto se manifestó cuando el precio del pollo se elevó en los primeros meses de este año. En Nishapur la población coreó consignas contra el régimen y protestó por la situación económica del país. Esto es lo más importante, puesto que el alza de los precios coloca a la canasta familiar básica por encima de las posibilidades de la mayoría de la población, incluso de la llamada clase media. Por otro lado, el aumento de las amenazas imperialistas contra Irán -con un probable ataque de Israel o de todas las fuerzas imperialistas- busca desarrollar un contexto que permita remplazar la muy probable sublevación de masas, por una transición controlada por la reacción proimperialista. Las últimas elecciones presidenciales y el levantamiento ulterior ofrecieron una alternativa para las potencias imperialistas. Las protestas después de las elecciones presidenciales de 2009 significaron un punto de inflexión en la historia de la República Islámica de Irán, porque produjo un colapso de su legitimidad. Las manifestaciones masivas en Teherán, tras la comunicación de los resultados que declaraban la victoria de Mahmoud Ahmadinejad, comenzaron una nueva era en la historia reciente de Irán. Las movilizaciones pacíficas de los primeros días fueron cambiando: desde las protestas mas liberales -“¿dónde está mi voto?"- a la fase drásticamente diferente de "¡Abajo el dictador!" -un ataque directo contra el líder supremo ayatollah Jamenei. La transición también fue muy sangrienta. El gobierno hizo todo lo posible para suprimir la revuelta. Las fuerzas de seguridad, con la ayuda de la milicia Basij y de los grupos de represión, atacaron las manifestaciones y dieron muerte a decenas de personas en cada día de reclamos. Las protestas también fueron modificadas y manipuladas por los líderes de la oposición, Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi. Trataron de detener el movimiento radicalizado de las masas, cuya intensidad es capaz de dejar en ruinas a toda la república islámica y a sus representantes clericales; en especial, en el momento de la Ashura -el 10 de Moharram (primer mes del calendario musulmán, en el que se prohíbe luchar). Mousavi, el primer ministro de la República Islámica durante los ocho años de guerra con Irak, fue destacado como una figura democrática y reformista, a pesar de su papel reaccionario en las protestas y de su rol en los años de opresión y terror a lo largo de los ’80. La falta de una dirección radical o de organizaciones revolucionarias para dirigir las protestas preparó las condiciones para una dirección reformista. Como resultado, las protestas fueron controladas por la República Islámica, que ya había perdido su legitimidad. Aunque las protestas fueron presentadas como movilizaciones y reivindicaciones de la clase media, la mayoría de los manifestantes eran jóvenes desocupados. La falta de reclamos sobre las condiciones socioeconómicas -la mayor preocupación para la clase obrera- ha sido una de las razones más importantes, además de la falta de una dirección revolucionaria, por la que las protestas no se radicalizaron todavía más. 8 de octubre 2012

EXCLUSIVO DE INTERNET La "Convocatoria abierta a Poesía por Mariano Ferreyra" llamó a los poetas y narradores de Córdoba a sumar sus voces a la campaña que el PO viene desarrollando en todo el país: Justicia para Mariano Ferreyra-Perpetua a Pedraza. La repercusión fue inmediata y culminó en una jornada literaria que tuvo lugar en el local de barrio Alto Alberdi, donde tiene sede la biblioteca "Alberdi habla", formada con donaciones de simpatizantes. Consistió en lectura de textos de los autores que adhirieron y la impresión de plaquetas de aquellos que enviaran poemas con la temática "Justicia para Mariano". Abrió la jornada la actriz Veky Gómez, con una canción y un texto dedicado a Mariano, y leyeron a continuación Diego Benítez, Franco Boczkowski, Eugenia Cabral, Silvia Loyola, Diego Monsalvo, Cecilia Olguín, Sebastián Pons, Hugo Francisco Rivella, Raquel Rodríguez, Pablo Seguí y Francisco Vargas. Se imprimieron plaquetas de Eugenia Cabral, Rossanna Nelli, Cecilia Olguín y Carolyn Riquelme (de Bariloche). Además, llegaron muchísimas adhesiones por las redes sociales de poetas que no podían asistir personalmente. Fue una convocatoria unitaria. En una ciudad dominada por la creciente privatización de las instituciones y bienes materiales y simbólicos del Estado a manos de la intendencia radical, la gobernación del PJ y la universidad de los K, donde el presupuesto estatal para cultura disminuye día a día, donde la precariedad y tercerización laboral de los trabajadores de la cultura es vergonzosa, donde los edificios públicos de valor cultural se regalan a los desarrollistas urbanos, donde la discriminación llega al colmo de poner vallas metálicas y policías para impedir la entrada a la inauguración de la Feria del Libro (que es del Estado) al público en general, nuestra convocatoria fue un viento refrescante de libertad y de unidad. La lucha por Justicia para Mariano-Cárcel a Pedraza es un clamor popular, todos lo sentimos así.

El jueves 11 declaró Jorge Hospital, dirigente de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra y candidato por la Lista Gris a secretario general de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, en las elecciones del próximo 27 de noviembre. Su testimonio fue contundente contra Pedraza y la patota, y también contra los empresarios de Ugofe, con los cuales la burocracia estaba asociada en la explotación de los obreros tercerizados, y que fueron cómplices del ataque de la patota pedracista. Hospital hizo una denuncia magistral de la burocracia sindical ferroviaria delante de Pedraza y “El Gallego” Fernández, presentes en la sala. Hospital es guardatrén de la dotación general del Roca. Explicó ante el tribunal el proceso de lucha de los tercerizados, la hostilidad de la UF contra su justo reclamo y las dilaciones del Ministerio de Trabajo. También describió el régimen de terror impuesto por la burocracia en toda la línea, la regimentación de la organización sindical y señaló a varios de los reclutadores de la patota. Los abogados defensores intentaron interrumpir su declaración, pero el tribunal rechazó sus impugnaciones. La declaración de Hospital fue valiosísima para esclarecer las motivaciones políticas y económicas del plan criminal perpetrado por la patota. Jorge Hospital: “Participé de todo el proceso de lucha de los compañeros tercerizados. Luego del corte de vías que se hizo en julio de 2010, incluso integré la comisión que presentó los reclamos ante el Ministerio de Trabajo. El período de negociación duró por lo menos un mes y medio. Fueron negociaciones muy engorrosas. Especialmente, los que no tenían solución eran los despedidos. Su incorporación quedó en la nada. Finalmente, en una asamblea en Lanús, se decidió ir a cortar las vías el 20 de octubre”. “El sindicato no sólo no apoyó jamás a los tercerizados: hicieron campaña en contra, entre los trabajadores y entre los usuarios. Pusieron pasacalles y carteles en lugares donde sólo la empresa puede autorizar a que se pongan. El sindicato operaba sobre los trabajadores de planta, diciendo que si efectivizaban a los tercerizados, no iban a poder entrar sus hijos”. En este punto, el abogado del “Gallego” Fernández pretendió que se le exhibieran a Hospital unas actas donde supuestamente figuran las gestiones de la UF para conseguir el pase a planta de los tercerizados. El tribunal no dio lugar al pedido. Más adelante, se pondría de manifiesto que en ésas no figuraba ni una sola línea sobre los tercerizados y que el defensor de Fernández mentía alevosamente. La declaración de Hospital era exacta. Hospital denunció que los tercerizados no tenían estabilidad laboral, hacían los trabajos más pesados y cobraban un tercio de los salarios de convenio. “La finalidad de la tercerización -dijo- es pagar salarios inferiores a los de convenio y quebrar la unidad de los trabajadores”. Señaló que varias de las empresas contratistas constituían un fraude laboral, ya que pertenecían a los mismos grupos económicos que conforman Ugofe. Se refirió especialmente a la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur, que “pertenece a la Unión Ferroviaria”. Su directorio lo integran altos dirigentes de la UF y la cuñada de Pedraza. Además, su sobrino trabajaba en la administración. “Echaron de la ‘cooperativa’ a trabajadores por reclamar ropa de trabajo y elementos de seguridad”. Esos trabajadores eran los únicos tercerizados afiliados a la Unión Ferroviaria. A través de Unión del Mercosur se canalizaban millones de pesos de la Secretaría de Transporte que iban directo a los bolsillos de la cúpula sindical. Hospital señaló que todos los ingresos de personal eran manejados por el sindicato. “Desde que llegó Ugofe, el sindicato se convirtió en la oficina de personal de la empresa”. Y recalcó: “la máxima autoridad de la UF es José Pedraza”. Hospital describió varios antecedentes de violencia de la patota, poniendo de manifiesto que se trataba de una práctica sistemática, de la cual el crimen de Mariano fue su punto más alto y no una excepción. Entre otros episodios, Hospital contó que en octubre de 2010, poco antes del crimen de Mariano, fue atacado por seis matones mientras volanteaba los talleres de Escalada. “Los mismos que me agredieron fueron luego los reclutadores de la patota del 20 de octubre”. También señaló a Gabriel Sánchez, “El Payaso”, denunciado por sus compañeros de trabajo por ostentación de armas. Finalmente, se le exhibieron a Hospital varias fotografías del día de los hechos. En ellas, identificó a Pablo Díaz, Francisco Pipitó, Gabriel Sánchez, entre los imputados, y a otros delegados, como Suárez, Piola, Carnovale, Arias, Miño y a Casas, “que ahora es supervisor”. Varias de estas personas deberían quedar imputadas al final del juicio. También identificó en ellas, a Héctor Hourcade, jefe de la división Transporte de Ugofe, mientras caminaba por las vías junto a Pablo Díaz y sus matones. Esa imagen, tomada por un fotógrafo de Clarín minutos después del asesinato de Mariano, demuestra que la empresa no fue ajena al plan criminal. Por el contrario, buena parte de su gerencia debería estar hoy compartiendo el banquillo de los acusados junto a Pedraza, su patota y los policías. El testimonio de este luchador ferroviario -que impuso un enorme respeto en la sala- fue implacable.

Las medidas ajustadoras del gobierno portugués, de cara a la bancarrota fiscal, acaban de desatar las movilizaciones más grandes que se recuerden desde la Revolución de los Claveles de 1974. El gobierno anunció un aumento de las cotizaciones a la seguridad social que implicaban una reducción salarial del 7%, al tiempo que se disminuían las cotizaciones por parte de las patronales. Como respuesta a estas medidas -que implicaban "la mayor transferencia directa de la historia portuguesa entre el factor trabajo y el factor capital por 2,3 billones de euros anuales" (Valor, 30/9)- un millón de personas se movilizaron a lo largo de cuarenta ciudades, en un país de once millones de habitantes. "Hasta los militares han mostrado su malestar, y han advertido que no serán ‘instrumento de represión' ante posibles revueltas ciudadanas" (Rtve.es, 29/9). El gobierno portugués busca cumplir con las metas de déficit fiscal exigidas por la Troika, luego del rescate de 2011 por 78 mil millones de euros. El gobierno logró reducir el déficit presupuestario en cinco puntos porcentuales en dos años, pero las medidas de ajuste han agravado la recesión: la economía acumula veinte meses consecutivos de contracción y el consumo privado se ha derrumbado. La tasa de desempleo alcanza el 16% y trepa al 35% en los jóvenes de hasta 24 años. La presión impositiva sobre las masas es insoportable. Impasse La irrupción de las masas movilizadas enterró la propuesta de Passos Coelho y agudizó las fracturas al interior de la burguesía, que es consciente de que el ajuste llegó a su límite pero no encuentra alternativas. El CDS-PP, socio del gobierno y aliado a grupos ligados al comercio, amenazó al PSD con romper la coalición de gobierno si no se daba marcha atrás con el proyecto. La Confederación Empresarial Portuguesa expresó su desconfianza con las medidas del gobierno. "Incluso The Economist reconoció que ‘no se puede presionar hacia la austeridad más allá de un límite'" (Rtve.es, ídem), resumiendo el temor de la burguesía a la revolución social. El Consejo de Estado, un órgano consultivo donde participan el gobierno y "actores sociales", llamó a "preservar la cohesión social" (El País, 23/9). El opositor Partido Socialista plantea un "ajuste" (corrección) en el memorando exigido por la Troika, como única manera de hacerlo pasar, pero ésta ha dicho que por ahora los objetivos no cambiarán. El PC y la CGTP, entretanto, cumplen el papel de encuadrar el descontento popular ‘desde abajo' y darle alguna válvula de escape. La promesa de una huelga general ha sido trasladada a noviembre. Helenización En este cuadro de agitación social, el gobierno anunció el despido del 50% del personal contratado del Estado para alcanzar las metas del déficit exigidas por la Troika. También tiene en agenda un avance (aún mayor) sobre el sistema público de salud y sobre las matrículas universitarias. La política de ajuste, que ni siquiera garantiza resultados, ha despertado el temor de una burguesía que no parece contar con planes alternativos. El Colegio de Abogados, en este sentido, instó al gobierno "a formar un gobierno de salvación nacional" (Tiempo Argentino, ídem). "Portugal se heleniza a toda velocidad", concluía el diario madrileño El País (25/9).

EXCLUSIVO DE INTERNET La policía de Sudáfrica reprimió violentamente este fin de semana la movilización de los mineros de Anglo American Platinum -Amplats-, contra el despido de 12.000 trabajadores. Las cesantías se produjeron en represalia por la huelga, que lleva ya un mes, declarada por el reclamo un salario de 16.000 rands (1.900 dólares). La dirección de la lucha está en manos de cinco trabajadores electos por la base minera luego de prolongados e infructuosos esfuerzos para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Minas -NUM por sus siglas en inglés- se hiciera cargo del reclamo. Como explica el principal dirigente de los huelguistas: "estamos planificando construir una nueva organización, hemos perdido la confianza en los sindicatos existentes". "Aún AMCU es un problema -dice Ramokga- porque nosotros desconocemos donde se originó y que pretenden", en referencia al sindicato paralelo que la histórica huelga en Lonmin, donde la represión abatió a 45 mineros y dejó numerosos heridos. Ramokga denunció que la burocracia sindical está en contra de las huelgas porque "NUM tiene acciones en las compañías mineras" (http://dailymaverick.co.za). Una compañía propiedad del sindicato oficial NUM, Numprop, está vinculada a la construcción de viviendas con al menos dos de los grandes pulpos mineros, Xstrata y Harmony Gold, según informó en agosto la agencia City Press (www.citypress.com/). Guerra de clases Las huelgas se generalizn. Gold One International anunció el despido de 1.435 trabajadores -de un plantel de 1.900- mientras el gobierno militarizó los pozos. "Otras empresas han seguido su ejemplo" (http://es.reuters.com/, 13/10). Luego de la huelga de Lonmin, los capitalistas mineros decidieron impedir a cualquier costa lo que llamaron el "efecto contagio". La lista de trabajadores asesinados en los últimos seis meses ya supera los 50. Llevado por esta urgencia el gobierno ha cerrado un acuerdo salarial con los cuatro sindicatos de camioneros (10% en marzo 2013, 8% en 2014 y 9% en 2015 contra una tasa de inflación anual del orden del 5%) luego de una huelga de tres semanas. El acuerdo fue recibido con expectativa de un retorno de la "paz social". En paralelo los mineros de Petra acordaron retornar al trabajo mientras proseguían las negociaciones. Por otro lado, sin embargo, los mineros del oro en huelga acaban de rechazar la última oferta de las tres mayores productoras del mundo en Africa-AngloGold Ashanti, Gold Fields y Harmony Gold. Miles de trabajadores del vestido han entrado en huelga por el salario y el sindicato que representa a los trabajadores estatales ha amenazado con una huelga nacional por el mismo reclamo. La burocracia y el gobierno han convocado a una negociación de conjunto entre las mineras y los sindicatos oficiales en la estratégica provincia del Noroeste, donde se concentra el grueso de la riqueza minera de Sudáfrica y de los trabajadores en huelga. "No podemos permitirnos otro Marikana", ha planteado su gobernadora, al abrir la negociación.Los trabajadores del segundo mayor productor mundial de platino, Impala Platinum (que ya protagonizaron una huelga este año en el que miles de trabajadores fueron despedidos y luego reincorporados) se han movilizado hacia la sede central de la empresa por el salario, advirtiendo sobre una huelga inminente. Todo el esfuerzo del gobierno está puesto en cerrar la crisis política motorizada por las huelgas antes del Congreso del partido de gobierno (CNA) convocado para diciembre. Las huelgas en Sudáfrica han sacado a luz el derrumbe del régimen post Apartheid, con tasas de desempleo, pobreza y desigualdad entre las más altas del mundo, sin que haya sido tocado un solo interés de los propietarios de la tierra o de la gigantesca riqueza minera -Sudáfrica tiene aún las mayores reservas del planeta en platino, magnesio y cromo.

El “intelectual” Atilio Borón se ha llenado de mugre para rendirle tributo a quienes le pagan el sueldo y los viajes. Se interroga si el PO “honra la memoria de Mariano Ferreyra”, cuando defiende la libertad periodística de Lanata -y de los trabajadores que lo acompañaron, a los que Borón no menciona- en Venezuela. El punto de este ex asalariado de la Fundación Ebert -financiada por el imperialismo alemán- es, de nuevo, como lo viene haciendo un sector del kirchnerismo desde hace dos años -encabezado por CFK-, transferir la responsabilidad del crimen de nuestro compañero de la burocracia, apoyada por el gobierno nacional y por el Estado, a nuestro partido. Borón, un defensor de la democracia y enemigo de la dictadura del proletariado, defiende la detención de Lanata y de los trabajadores que lo acompañaron en Venezuela y el secuestro de su material periodístico por parte de los servicios de inteligencia del gobierno chavista. El artículo de Prensa Obrera que defiende “la libertad de expresión” parte de una denuncia implacable al carácter reaccionario de la cobertura que Lanata y su equipo hicieron de las elecciones en Venezuela. Lo que distingue a nuestra posición es precisamente eso: defender la libertad de expresión de un adversario de derecha y denunciar al aparato de represión, al Estado y al gobierno, que cercena esa libertad sin alegar ninguna amenaza material contra la independencia nacional de Venezuela. Los revolucionarios combatimos los planteos reaccionarios con argumentos revolucionarios, no con la punta de la pistola. Marx era apenas un joven militante cuando defendía, contra la censura prusiana, la libertad de prensa -incluidas la injuria y la difamación-, en tanto que esa misma libertad fue uno de los objetivos proclamados de la Revolución de Octubre. La libertad de prensa solamente puede ser justificadamente suprimida en una guerra civil, cuando la información forma parte de las operaciones militares contra los pueblos que se defienden con las armas en la mano. Sin libertades políticas -y, por lo tanto, sin libertad de prensa- resulta imposible el desarrollo político de la conciencia de las masas. León Trotsky subrayó, en más de una ocasión, que la supresión de las libertades de expresión constituye el primer paso en la burocratización de un Estado de origen revolucionario. La regimentación de la prensa es un arma del bonapartismo pequeño burgués para someter políticamente a la clase obrera y a sus organizaciones. El tono chicanero de Borón -que, además, fue vicerrector en la UBA del nefasto y corrupto Shuberoff- esquiva con el improperio la cuestión fundamental: ¿por qué el movimiento popular se vería beneficiado con la convalidación del espionaje de los servicios y con su acción represiva contra un crítico democratizante de la derecha? Como Borón se autodefine como un “cientista político”, sabe perfectamente bien que el reforzamiento del aparato represivo de un Estado que se reconoce a sí mismo como capitalista afecta, en última instancia, al movimiento popular. Venezuela ha firmado acuerdos de seguridad con el régimen paramilitar colombiano, y su integración al Mercosur equivale a lo mismo con los gobiernos capitalistas de este bloque. El aparato de seguridad de Venezuela, precisamente, no ha esclarecido ni uno solo de los asesinatos de militantes clasistas ejecutados por sicarios de las patronales, y ha protagonizado represiones reiteradas contra los obreros de la ex Sidor. Venezuela tienen muchos Mariano Ferreyra; el panelista de “6,7,8” no abrió la boca hasta ahora contra la condena proferida en ese programa por su conductor, Barone, contra Ana Guzzetti, la militante encarcelada y torturada por interpelar en una rueda de prensa a Perón. Ni siquiera aquí ha defendido la libertad de expresión. A Borón lo enceguece el Partido Obrero, porque recela del avance de nuestro partido en el desarrollo de una alternativa de izquierda al bonapartismo nacionaloide. Se da cuenta de que defender la libertad de expresión para un adversario de toda la vida de nuestro partido -incluso cuando realiza una acción de contenido derechista- refuerza nuestra autoridad política, y hasta puede arrancar a una parte de la clase media de la tutela de la derecha. Cree que su crítica servirá para crear un abismo entre nosotros y los militantes populares del kirchnerismo. Ocurre precisamente lo contrario: la autoridad de nuestro partido ha crecido en forma exponencial allí donde este asunto se discute con más vivacidad: los trabajadores de prensa, de la cultura y universitarios. A Borón le ocurre lo que a todos los alcahuetes que, con su servilismo, importunan a sus patrones. Hugo Chávez debe estar puteando por lo bajo ante el desmentido de Borón de que la Venezuela bolivariana es el paraíso de la democracia y de la libertad de expresión. ¿No serán los captores de Lanata y de su equipo un grupo de infiltrados que actuaron de ese modo para manchar las credenciales de la revolución socialista del siglo XXI -a igual título, digamos, que el ministro de Defensa de Argentina, el cual habría complotado, según Horacio Verbitsky, con los fondos buitres para secuestrar la Fragata Libertad-? La que más debe estar trinando en su despacho es, de todos modos, la ídola de Borón, la presidenta CFK, que en medio de su cruzada por la libertad de la palabra contra el monopolio Clarín se encuentra con un gorila de su palo en el bazar, que asegura que después del 7D o del 10D los opositores mediáticos del oficialismo van a ir todos en cana. Salvo que Borón sea el otro yo del doctor Merengue de la mandataria. Su apoyo a Martín Sabbatella para el AFSCA, ¿es un anticipo de que los periodistas en Argentina deberán imputar los subsuelos a su trabajo diario? Atilio Borón, vieja “vedette” del ala democratizante del trotskismo, se ha convertido en un deshecho intelectual. Nos enteramos de que acaba de suscribir la candidatura de Martín Sabbatella para el Afsca y que anduvo por San Juan, la patria chica de “Barrick Gioja”, donde dio “fe del crecimiento de la provincia”. Hasta se mostró comprensible con la megaminería contaminante: “Si en todos lados (sic) se autoriza, uno se pregunta por qué acá voy a dejar de hacerlo”. “Todos lados”, para Borón, serían los bolivarianos de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero también Estados Unidos, Canadá, Australia y China. Por primera vez en su vida, Borón violenta su amor por la UE -donde se cuestiona el gas no convencional, la energía nuclear y hasta las semillas genéticamente modificadas. A Borón sólo le falta dar su okey al acuerdo reciente de CFK con Monsanto. El monopolio semillero otorgado a la multi yanqui es el último clavo en el ataúd de las pretensiones de “soberanía alimentaria” del kirchnerismo. De vicerrector de la UBA de Shuberoff a defensor de la megaminería. Que nadie se sienta sorprendido si mañana agarra un puesto en el gobierno y es él quien manda los servicios contra los periodistas y contra los luchadores. Es lo que hace corrientemente la verbitskiana Garré. ¿Tomarán nota de todo esto La Mella y el Frente Darío Santillán, que buscan inspiración en este intelectual de los “servis” bolivarianos?

A un mes de la enorme movilización nacionalista que colmó las calles de Barcelona y sacudió el escenario político, la crisis sigue profundizándose y tendrá como el próximo episodio las elecciones regionales catalanas, gallegas y vascas. Según todas las encuestas, el PSOE y el PP han perdido casi diez puntos cada uno respecto de la elección de fines del año pasado, y hay un crecimiento de formaciones políticas nacionalistas y de distintas variantes de izquierda. El eje de la crisis política está planteado en torno de la cuestión de la independencia de Cataluña. Luego de la manifestación nacionalista del 11 de setiembre, el gobierno regional disolvió el Parlamento -al cual le quedaba aún más de un año de mandato- y adelantó las elecciones para el 25 de noviembre. El objetivo de Convergència i Unió (CiU) -partido de la derecha catalana, actualmente en el gobierno- es montarse en el clima favorable al independentismo para obtener un triunfo abrumador, que deje en manos de la gran burguesía catalana la negociación de competencias entre Cataluña y el Estado español. Artur Mas -actual "President", que buscará su relección- ha prometido que una victoria lo habilitará a convocar a un referéndum, que preguntará a los ciudadanos si desean que Cataluña sea "un nuevo Estado de Europa". Un planteo interesante, porque eliminaría la intermediación del Estado español en la sujeción de las naciones europeas por la Troika que componen el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea. En lugar de una Federación Ibérica Republicana de naciones, el gran capital fantasea con una nube de mini Estados sometidos a un protectorado extra nacional. De todos modos, los voceros del empresariado catalán ya han declarado que no quieren salir del Estado español y menos aun abandonar la protección de la monarquía y de sus fuerzas armadas. "El gobierno catalán está ahora enfrascado en la labor de convencer a los escépticos, comenzando por los grandes empresarios, que siguen teniendo en España su gran mercado de referencia", asegura el españolista El País (12/10). CiU ha jugado desde siempre con las reivindicaciones nacionalistas para disputar el electorado a la nacionalista Esquerra Republicana. Lo que preocupa a CiU es, ciertamente, el "rescate" de las cajas de Cataluña, que el gobierno de la alemana Merkel quiere hacer pagar a los acreedores, en buena parte integrado por el capital financiero catalán. El PP, por su parte, acusa a CiU de promover la "inestabilidad económica" y advierte a los empresarios catalanes contra una secesión. Al interior del gobierno de Rajoy hay diferencias acerca del modo de afrontar el desafío catalán. El 12 de octubre se realizó una movilización españolista de unas 10.000 personas, en las calles de Barcelona, convocada por diferentes "asociaciones civiles" vinculadas con el PP y otros partidos de centroderecha. País vasco Más cercanas en el tiempo son las elecciones regionales en el País Vasco, donde se vota este domingo. En Euskadi también se trata de un adelantamiento electoral, a raíz de la pérdida de la mayoría parlamentaria del gobierno del socialista Patxi López. Las elecciones devolverán el gobierno al PNV. La novedad, en este caso, es que hay un virtual empate con la nueva formación de la izquierda abertzale, EH Bildu, que tiene una intención de voto cercana al 30%. Laura Mintegi, su candidata, ha abierto la puerta para un pacto de gobierno con el PNV, y también propugna un independentismo en el marco de la Unión Europea. "No vamos a destinar ni un solo euro a los Borbones, a la Guardia Civil o al Ejército español", dijo Mintegi. Rajoy concentra sus expectativas en una victoria en su bastión de Galicia, de donde él mismo es oriundo, y donde también se vota el próximo domingo. También allí ha llegado, en cualquier caso, el impacto de la crisis del "estado de las autonomías" y el ascenso del nacionalismo, que podría expresarse en un ascenso electoral del Bloque Nacionalista Gallego -que ha reforzado su discurso nacionalista- y en el ingreso al parlamento regional de Alternativa Galega de Esquerdas, un frente formado entre el histórico líder nacionalista Xosé Manuel Beiras e Izquierda Unida. Bancarrota El desenvolvimiento de la crisis política y "constitucional" tiene lugar sobre el telón de fondo de una bancarrota económica que se profundiza. El "plan de rescate" de la UE excluye la financiación de las deudas incobrables -que irían a integrar los llamados "bancos malos"-, que entonces deberían ser cubiertas por los acreedores; en especial, los Estados autonómicos y el Estado español. O sea que España debería declarar un "defol" sin las ventajas de una cesación de pagos, porque los acreedores internacionales ya pusieron a buen resguardo su dinero. Según el Financial Times, "fuentes del gobierno dijeron que la estrecha colaboración entre las autoridades españolas y europeas es parte de una estrategia cuidadosamente calibrada para cumplir las condiciones que probablemente exigirán los prestamistas europeos si Rajoy se ve obligado a pedir un rescate" (28/9). Los planes de ajuste siguen a toda marcha: el gobierno presentó su quinta ronda de recortes presupuestarios y de aumentos de impuestos en nueve meses. El proyecto de presupuesto para 2013 incluye 40.000 millones de euros en ajustes y está dominado por el pago de los intereses de la deuda, que ascienden prácticamente a ese importe: más de 38.000 millones. Además de los recortes, que prevén reducir el gasto público en un 8,9%, el gobierno anunció que aprobará en los próximos meses 43 nuevas leyes para "restructurar" y flexibilizar la economía. La nueva tanda de ajustes fue caracterizada como la antesala del pedido de "rescate total" a la Unión Europea, recurso al que tendría que recurrir España ante un escenario de cesación de pagos. Al mismo tiempo que se presenta el proyecto de Presupuesto para su discusión en el Congreso de los diputados, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Nacional de Reformas para remitir a Bruselas, sede de la jefatura de la Unión Europea.

EXCLUSIVO DE INTERNET Desde el 25 de septiembre permanece tomada la facultad de Artes Audiovisuales del Iuna, luego de que la gestión de la carrera pasara una materia del plan de estudios a un curso de extensión con una cuota de 360 pesos, y de que en la sede de Yatay se cayera un pedazo de techo y estuviera tres días sin clases por la inundación del subsuelo. Mientras un edificio se cae a pedazos y el otro -conseguido en el estudiantazo de 2010- está repleto de aulas vacías por la falta de nuevas contrataciones docentes, la matricula crece año tras año. Las autoridades del Iuna avanzan sobre los planes de estudios, pasando contenido de grado a posgrado y curso de extensión pago y llevando adelante reformas privatizadoras en más de la mitad de las nueve carreras del Iuna. Mientras tanto, menos del 30% de los docentes de todo el Iuna está concursado, no tienen estabilidad laboral y no pueden desarrollar una actividad gremial libre. Los estudiantes reclamamos los concursos docentes, la triplicación de la franja horaria y un plan de obras para poner en condiciones los edificios. La situación de Audiovisuales es una expresión más de lo que ocurre en todas las sedes; en Danza han avanzado en la restricción del ingreso, en Visuales se quiere aprobar un recorte del plan de estudios que elimina la mitad de las materias que hoy son parte de la currícula y se ha cerrado la sede de Pinzón por dos días tras un problema edilicio. La lucha emprendida en Audiovisuales puso al desnudo la traba que significan para el movimiento estudiantil las agrupaciones leales a la gestión. En el marco de las disputas de camarilla para elegir nuevo rector, la novedad consiste en que las agrupaciones kirchneristas señalan a las gestiones de los Departamentos como responsables de mal administrar las partidas presupuestarias. Las abandonaron para pasarse a la camarilla del Rectorado y para proteger al ministerio de los reclamos de los estudiantes. La toma y la movilización política del activismo de Audiovisuales ha servido para esclarecer esta situación. La movilización sobre el ministerio de la semana pasada, abrió un canal de negociación con todas las autoridades. Está planteado mantenerse firme para lograr avanzar en nuestras reivindicaciones y expandir, sobre esta experiencia, el movimiento al resto de las sedes del Iuna.

A partir de la audiencia del jueves 11, el juicio se instaló firmemente en el terreno de los intereses políticos y económicos que rodean el crimen de Mariano. Luego de que más de 30 testigos demolieran la versión infame del “enfrentamiento” y dejaran en claro el carácter artero y criminal de la agresión -que le costó la vida a Mariano y les causó graves heridas a Elsa Rodríguez y a otros compañeros- y la activa connivencia de la Policía con los agresores, el debate está encaminado hacia las responsabilidades de Pedraza y de Fernández. Pero también de empresarios y de funcionarios, que deberían estar sentados con ellos en el banquillo de los acusados. Los testimonios que se escucharon en esta audiencia -no sólo por las denuncias de Jorge Hospital, sino también en boca de representantes de la burocracia y de Ugofe- ofrecen razones de sobra para desmontar la trama corrupta que empresarios, sindicalistas y funcionarios erigieron sobre el ferrocarril, y que el gobierno todavía encubre y mantiene en pie. Las tercerizadas, la gran estafa El gerente de contratos privados de Ugofe, Gustavo Zeni Jaunsarás, ilustró el marco económico que derivó en el crimen de Mariano. Jaunsarás, desvinculado de la empresa hace pocos meses, describió el mecanismo de contratación de las tercerizadas. Al principio, se refirió a “licitaciones”, pero finalmente quedó de manifiesto que no eran tales. En primer lugar, porque las empresas se “seleccionaban” a dedo, entre las que eran consideradas “idóneas”, por él mismo. Muchas de ellas -si no la mayoría- pertenecían a los mismos grupos económicos que integran Ugofe. De este modo, los empresarios pagaban salarios equivalentes a un tercio de los establecidos en el convenio ferroviario. Los obreros tercerizados llegaron a ser 2.500, frente a un plantel de 4.500 ferroviarios convencionados. La licitación fraudulenta operaba de la siguiente manera: ganaba la empresa que ofrecía el precio más bajo por jornal: un valor compuesto por el salario, el herramental y la utilidad de la empresa; el porcentaje de este último, “desconocido” para el gerente. El valor de mercado que se tomaba por referencia era el de “la plaza ferroviaria”, dijo el testigo. ¿Qué significaba esto, en términos concretos? ¡Que era el que había fijado la Ugofe misma en el ramal San Martín, que también era administrado por ella! Como “por la extensión del ferrocarril la directiva era no depender de una sola empresa” -en dichos del testigo-, también se integraba al resto de las empresas que se habían presentado a la “supuesta” licitación, planteándoles que igualaran la oferta ganadora. La conclusión es que finalmente todas las empresas “idóneas” seleccionadas “a dedo” -“privadamente”, dijo Jaunsarás- ingresaban al negocio. Como esto era una práctica sistemática, se reveló falsa la aseveración del testigo de que las empresas “desconocían” que finalmente todas morderían de la torta. El Estado cubría todos los gastos, Ugofe no ponía un centavo. El reparto del negocio lo determinaban, en realidad, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario y hombre de La Fraternidad, Antonio Luna, “El Gallego” Fernández y el directorio de Ugofe. Jaunsarás también explicó que Ugofe embolsa -a título de “utilidades”- el 6% del monto fijo mensual que aporta el Estado para la operatoria del ferrocarril, que asciende a decenas de millones de pesos por mes. Esto, además de los ingresos que obtiene por boletería, de la explotación de los locales comerciales y de la publicidad en toda la línea ferroviaria, como se establece en el contrato de operación celebrado entre Ugofe y la Secretaría de Transporte en épocas de Ricardo Jaime. La Unión Ferroviaria participaba en forma directa del negocio de la tercerización, mediante la “cooperativa” Unión del Mercosur. Lo que motivó la agresión criminal contra los tercerizados fue que éstos amenazaban con liquidar este fraude monumental. Empresarios, burócratas y funcionarios manejaban a su antojo una montaña de dinero que, en su codicia, no alcanzó para reponer los frenos del tren que se estrelló en la estación Once, con un saldo de 51 muertos. Una mujer en problemas En la misma audiencia declaró Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión Ferroviaria. El 20 de octubre de 2010 estuvo en la sede del sindicato, participando del congreso organizado por la revista Latin Rieles. El panel central de aquel evento contó con la participación de Pedraza, de Fernández y del entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Benemérito fue a declarar para reforzar la coartada de Pedraza y de Fernández, pero concluyó en un desastre. Por un acuerdo establecido al comienzo del juicio -las acusaciones por falso testimonio serán consideradas a la hora de la sentencia- no fue detenida en el momento. El ensayado cuestionario que preparó con el defensor de Fernández no le sirvió de nada, y seguramente terminará imputada al final del juicio. Benemérito pretendió hacerle creer al tribunal que ella atendía el teléfono de Fernández, mientras este disertaba. Cuando la fiscal le apuntó que desde ese teléfono se comunicaron 64 veces con Pablo Díaz, 26 con Gustavo Alcorcel y 12 con Mario Giusti, entre otros patoteros, se quedó sin palabras. Su mentira terminó en un enredo que causó algunas risas en la sala. Es probable que el fallido testimonio de Benemérito haya desatado una crisis al interior de la burocracia y de sus abogados. El clímax llegó al final, cuando nuestra abogada, Claudia Ferrero, puso de manifiesto que Benemérito mintió desde que se subió al estrado, cuando preguntada por las generales de la ley, negó tener “interés particular” en la resolución del juicio. A instancias de nuestra abogada, reconoció su participación en la solicitada publicada por la UF en la víspera del inicio del juicio, en la que se exigía “incondicionalmente” la libertad de nueve de los detenidos. La palabrita (“incondicionalmente”) terminó sepultando su testimonio. La última testigo fue María Cerisola, empleada de contaduría de la Unión Ferroviaria desde 1977. Brindó algunos datos duros. Por ejemplo, que las firmas autorizadas para los movimientos de fondos eran las de Pedraza, Fernández y Armando Matarazzo, secretario de Finanzas de la UF y directivo de la “cooperativa” Unión del Mercosur. También, que todos los fondos pasan por una cuenta del Banco Galicia. De ese banco, justamente, el contador general de la UF, Angel Stafforini, retiró los fondos destinados a comprar las voluntades de los camaristas de la sala III de Casación. Las pruebas contra Pedraza y contra su banda se acumulan una sobre otra, audiencia tras audiencia.

La primera vuelta de las elecciones municipales, el 7 de octubre, se dieron en un marco de cuasi recesión económica, el juicio a la corruptela del PT y sus aliados y, hasta cierto punto, las luchas sindicales de estos meses. Hubo un llamativo desinterés de la población: el principal vector de las encuestas era el alto número de indecisos y el rechazo general a las figuras políticas tradicionales, lo que se tradujo luego en el fracaso de un alto porcentaje de los prefectos que buscaban la reelección. La abstención llegó al 16,4 por ciento (23 millones de votantes), frente al 14,4 de 2008. Los votos en blanco pasaron de 3 a 3,8 millones y los anulados de 7,4 a 9,1 millones. Los analistas, sin embargo, coinciden en que no se trata de un fenómeno de despolitización, como lo refleja el fracaso rotundo -en comparación con elecciones anteriores- de los candidatos "estrella" provenientes del deporte o del ámbito artístico. La primera vuelta dejó a la vista una acentuada fragmentación política. Siete partidos diferentes vencieron en nueve capitales (PSDB, PT, PMDB, PSB, PDT, DEM y PP), y quince van a participar de la segunda. El PT y PMDB (aliado del gobierno) ganaron en las ciudades del interior; el PT retuvo sus gobiernos en los municipios del ABC paulista. El PSDB, opositor, va con ocho candidatos a la segunda vuelta, frente a seis del PT. En términos generales, el PSB fue el más beneficiado de la elección, venciendo en Belo Horizonte y Recife (ambas arrebatadas al PT) y disputará tres más. En San Pablo, el mayor distrito electoral del país, el PT le había dado impulso a un protagonista de la TV, el evangélico Celso Russomano, con la intención de sacarle votos al PSDB y asegurar el segundo lugar para el candidato petista. Por un momento, pareció que el tiro había salido por la culata, porque el evangélico lideró las encuestas todo el tiempo, con comodidad. Cuando se abrieron las urnas, el títere resultó ser una pompa de jabón: como lo había previsto el grupo de manipuladores encabezado por Lula, el pollo del PT saltó del tercer lugar al primero. El petista Haddad tuvo a Lula como "garoto propaganda" durante toda la campaña y a la propia Dilma sobre el final. Hubo una importante votación de la izquierda, aunque desigual. El PSOL duplicó sus concejales en todo el país (de 25 a 49) y un total de 26 en ciudades con más de 200 mil habitantes. En el municipio de Itaocara, del estado de Río de Janeiro, el ex trabajador rural Gelsimar Gonzaga se convirtió en el primer intendente electo del PSOL. Los candidatos del PSOL en la región Norte pasaron a la segunda vuelta en Belém do Pará (frente PSOL-PCdoB-PSTU) y en Macapá (capital de Amapá). En Belém, el PSTU consagró a un obrero de la construcción como concejal y registró un avance en algunas ciudades importantes (Aracaju, Campinas, San José dos Campos). La ex candidata presidencial del PSOL, Heloísa Helena, obtuvo menos votos de los esperados como concejal en Maceio (estado de Alagoas). Es ‘vox populi' que trabaja por una ruptura del PSOL. Mensalão y después La elección se desarrolló en paralelo al juicio del mensalao, que se fue definiendo por la condena de la mayoría de los acusados, y la última semana selló la suerte de José Dirceu, ex ministro de la Casa Civil de Lula y "hombre fuerte" del aparato del PT. El mensalão son las mensualidades que pagaba el PT para obtener mayoría de votos en el Congreso bajo la presidencia de Lula. La condena de Dirceu y José Genoino -quien deja ahora su cargo de asesor del Ministerio de Defensa- fue respondida por una contraofensiva del PT, que reclama el juzgamiento del mensalao del PSDB de Minas Gerais, el estado de Aécio Neves -presidenciable cantado de ese partido para 2014 y líder de la oposición al gobierno Dilma en el Senado. En Minas, el actual senador pesedebista Geraldo Azeredo fue el principal beneficiado del mensalao en Belo Horizonte, en 1998. El otro mensalao que debe ser juzgado, con condena segura, es el del DEM (demócratas, ex Partido del Frente Liberal) en el Distrito Federal, con Inácio Arruda a la cabeza, apresado en el ejercicio del cargo en 2010. El eje de las disputas políticas está puesto por la crisis económica. Esta semana, el FMI advirtió que Brasil está entre los cuatro países "emergentes" más vulnerables al agravamiento de la crisis europea. El bloque PT-PMDB encabeza una coalición inestable con varios partidos en situación de rebeldía, con las bases sindicales del lulismo en situación de estupor ante el curso derechista del gobierno, en tanto que el PSDB sobrevive como alternativa de la derecha. Las facciones de la burguesía brasileña se comportan como malabaristas que improvisan gestos de última hora para mantener el status quo. La crisis mundial desnuda a cada paso las fisuras económicas y políticas de todo el régimen. Como afirma el dicho popular: "o buraco é mais embaixo" ("El agujero está más abajo").

EXCLUSIVO DE INTERNET Las compañeras del Plenario de Trabajadoras-PO dimos una intensa batalla enel taller de juventud. El primer día logramos darle un marco político a todas las experiencias aisladas que se traían: embarazo no deseado y aborto, gatillo fácil, precarización laboral, educación sexual, noviazgos violentos, voto a los 16 años, centros de estudiantes, adicciones y redes de trata. El segundo día, marcarmos la responsabilidad del gobierno nacional y la iglesia en la muerte de adolescentes por aborto clandestino, el desfinanciamiento de la educación y la salud pública, la falta de contención psicológica y guarderías en los ámbitos educativos, fabriles y barriales. La Cámpora justificó todo, victimizando al kirchnerismo y adjudicando su política nefasta antiobrera a las "corpos. La juventud de la iglesia ‘argumento', en cambio, que para evitar los abusos sexuales y embarazos no deseados, "las mujeres deberíamos no ser tan fáciles y, en caso de embarazo, evitar rotundamente el aborto donando a nuestros hijos". La juventud del PDT La Matanza, junto a las compañeras del Polo Obrero de Avellaneda -y con la destacada presencia de la mamá de Mariano Ferreyra-, respondimos a La Cámpora que el gobierno nacional es el principal responsable de la falta de atención de las necesidades de las trabajadoras. La desinversión de la educación publica, de la salud y la precarización laboral son las consecuencias de los subsidios que se derivan a la iglesia católica, la educación privada y los negocios de los grandes capitalistas. La Campora defiende un ‘modelo' de tercerización laboral y a los que terminaron con la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Defiende a los Pedraza, los Martínez, los Scioli y los Isfrán porque llegaron al poder unidos y defendiendo los mismos intereses. Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, los qom, Florencia Penacchi, Kiki Lescano, Luciano Arruga, Julio López, Romina Tejerina, Christian Ferreyra...) son todas víctimas de este "modelo nac & pop" que no es para todos. Sin la presencia de La Cámpora, y ante el silencio de los representantes de la iglesia, el taller de juventud resolvió por escrito que el XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres se llame a movilizar en todo el país el 20 de octubre, a dos años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, por el castigo a Pedraza y a todos los responsables. Queda claro: para luchar por nuestros derechos y reivindicaciones como mujeres trabajadoras, tenemos que organizarnos independientemente de las políticas de los gobiernos, en nuestros barrios, en nuestros centros de estudiantes y sindicatos, construyendo una alternativa obrera y socialista.

Al término de la huelga general, la ministra De Lucía no sólo salió a decir que iba a continuar el ajuste, sino que intentó colocar una garita de control policial dentro de la sede central del ministerio, en una sala de los choferes de la dependencia. Pero ese mismo sábado a la tarde, cuando un compañero lo advirtió, inmediatamente se juntaron 300 trabajadores que ingresaron en las instalaciones a pesar de la policía y obligaron a las autoridades a firmar un acta, con el compromiso de no avanzar en este propósito ni en el traslado de los choferes del ministerio. Las provocaciones del fin de semana quedaron desbaratadas en minutos, ante la movilización de los trabajadores de la DGCyE, provocando el efecto contrario: la Junta Interna de ATE, sede Educación, convocó a una nueva asamblea para el martes siguiente, juntando una vez más a sus 3 mil trabajadores. En ella, por unanimidad, se votó la defensa del acta firmada, y la convocatoria a una reunión de delegados de oficinas constituida al calor de la toma. La misma contó con la presencia de más de 300 compañeros, constituyendo cinco comisiones para poder operativizar las resoluciones de un cuerpo activo de luchadores que ha crecido velozmente en organización y conciencia. La espera del cobro de los adicionales para el día 15 se realiza en cada oficina con los trabajadores reorganizando las rutinas laborales, y colocando nuevas pautas a los respectivos jefes. Ha quedado claramente fortalecida la fuerza de los trabajadores en esta huelga. El 16 de octubre, ante la primera reunión de la comisión mixta entre los delegados de ATE Educación y la patronal, los trabajadores movilizados acompañarán a los representantes. Cada rincón de los 55 edificios que tiene la Dirección de Escuelas delibera sobre las reivindicaciones postergadas. Los compañeros de Tribuna Estatal se encuentran afiliando al sindicato, demostrando una vez más quién construye en ATE, mientras se prepara una gran fiesta popular por este histórico triunfo, y engrosar también las columnas de la movilización por los dos años del crimen de Mariano Ferreyra. La bandera de la Junta Interna de ATE, sede Educación, estará presente en la lucha contra las patotas, por el castigo a los culpables y por el fin de la tercerización y precarización laboral que también practica el Estado. Corresponsal

Con un pretexto bien hipócrita -haber mantenido la paz durante sesenta años-, el Nobel de la Paz fue otorgado a la Unión Europea. ¿Qué otra cosa se podía esperar de un Comité que en el pasado premió a carniceros notorios como Henry Kissinger o el sionista Isaac Rabin -al final asesinado por su propios correligionarios-? Para los premiadores, el bombardeo de los Balcanes fue un ‘acto de paz', lo mismo que la intervención militar de las potencias europeas en numerosas partes del globo; entre otras, Malvinas, incluida la amenaza nuclear. En toda esta locura hay un hilo conductor: el imperialismo nunca hace la guerra, restaura la paz (a fuerza de matanzas y la extensión de su colonialismo). La masacre de inmigrantes -que se ven obligados a correr riesgos de muerte en el mar para ingresar en los países europeos- o su asesinato por bandas fascistas -como ocurre con frecuencia en Italia y Grecia, debe haber resultado un acto de absoluta legalidad para los que tomaron esta decisión delirante. La reivindicación de la Unión Europea tiene dos destinatarios: la perspectiva de una continua intervención militar en Medio Oriente, incluido el bombardeo de Irán y el temor a una desintegración de la UE como consecuencia de la bancarrota capitalista. Es el riesgo que invoca la Fundación Nobel para su decisión (Corriere de la Sera, 13/10). La Unión Europea generó la ilusión de que se eliminarían las fronteras nacionales y se desarrollaría un mercado único, plataforma de competencia de un capital europeo unificado en el mercado mundial. En realidad, fue un intento de supervivencia de la burguesía imperialista europea y de sus Estados nacionales y, por sobre todo, la aspiración del imperialismo norteamericano para desarrollar una penetración histórica sin precedentes en el viejo continente. Luego de la masacre de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de abortar una oleada revolucionaria -como la que asoló a Europa tras la Primera Guerra- llevó a los acuerdos del imperialismo con la burocracia estalinista y a la implementación del Plan Marshall. En 1957 se inició un proceso de integración económica que buscaba restablecer la capacidad de acción de los viejos Estados nacionales frente a sus clases trabajadoras. La expresión más alta de este proceso fue la entronización de De Gaulle, en Francia, cuando la desintegración de su dominación colonial amenazó las bases del Estado metropolitano. Más adelante, permitió a los Estados más poderosos, especialmente Alemania, intervenir en el derrumbe del "socialismo real" para colonizar Europa Oriental y anexar a los nuevos mercados del Este. El momento culminante fue la anexión de Alemania Oriental por parte de República Federal, que recibió el apoyo de sus rivales en Europa (y de la ex Unión Soviética) con la condición de que Alemania aceptara una unificación monetaria. En el derrumbe actual, Alemania procede con las naciones denominadas 'periféricas' (Grecia, Portugal, España, Irlanda e incluso Italia) con el mismo método con que abordó la "unidad alemana". La crisis europea volvió a desnudar la falacia de un ‘ultraimperialismo’ construido en forma pacífica. Hoy, la Unión Europea incluye a 27 países (17 en la zona euro) con un PBI de 16,3 billones de dólares; con 504 millones de habitantes (el 8% de la población mundial), concentra el 30% de la riqueza del planeta. Se encuentra en el epicentro de la bancarrota del capital: una economía casi paralizada (1,5% de crecimiento previsto para 2012) y una nueva recesión en puertas, 25,5 millones de desempleados (10,5% de la mano de obra activa), una deuda pública que llegó a sus niveles más altos desde la Segunda Guerra -España, la peor, tiene una deuda pública del 75,9% del PBI y una previsión de déficit fiscal para este año de hasta 7,4% del producto (Perfil, 13/10; La Nación, 13/10). Mientras tanto, en lugar de un reforzamiento de la democracia, se ha intensificado la represión de los Estados nacionales. De conjunto, nos encontramos ante una tendencia a la disolución de los regímenes políticos, que ya se verifica en acto en el gobierno 'técnico' de Italia, la crisis de la unidad política del Estado español (más Bélgica y el Reino Unido) y el ascenso parcial de la izquierda. En lugar del desarrollo "pacífico" de un "ultraimperialismo" europeo, que parecía operar (ilusoriamente) como una suerte de superación de la contradicción entre el desarrollo internacional de las fuerzas productivas y la sobrevivencia de las fronteras nacionales, tenemos un aceleramiento de las tendencias a la desintegración -en las que no está ausente la intervención del capital yanqui. La lucha de los trabajadores contra el ajuste de la Unión Europea y contra el pago de la deuda pública a sus bancos, significa políticamente la ruptura de la UE -pero no en nombre de la soberanía nacional sino de la unificación histórica real de Europa, que sólo puede producir la clase obrera sobre bases socialistas, y la inclusión de Rusia. La perspectiva, como se puede ver, es de nuevas crisis, guerras y revoluciones. Es lo que trata de exorcizar el comité noruego, con su premio póstumo a la Unión Europea.

El gobierno kirchnerista está por asestarle un golpe al derecho de la clase obrera a la salud y la seguridad en el trabajo. La nueva ley de riesgos del trabajo obligará a optar: o el resarcimiento miserable de la "administradora" (ART)… o esperar varios años hasta cobrar el juicio civil. La extorsión es clara: empujan al trabajador a quedarse con el pago de la ART, ante la imposibilidad de aguantar hasta el juicio. Perfecciona la privatización de los "riesgos del trabajo" que inauguraron Menem y Cavallo. Para los capitalistas, bajará el costo de los accidentes laborales. Por lo tanto, tendrán que gastar menos en prevenirlos. El beneficio de las administradoras, asociadas a la burocracia sindical, crecerá junto a la inseguridad en el trabajo. A pocos días del 17 de octubre, el gobierno ha dado una muestra de "lealtad"… pero hacia la Unión Industrial, que viene reclamando esta reforma desde hace años. El miércoles 24, la nueva ley de ART será debatida en el Congreso. La CGT y la CTA han convocado a concentrar allí desde las 14 horas. Marchemos masivamente, convoquemos a marchar en todas las organizaciones obreras. Por comisiones obreras de seguridad e higiene, electas y con poder de veto sobre las condiciones de trabajo. Por el derecho a recurrir sin condicionamientos a la demanda civil en los accidentes de trabajo. Por un paro nacional y un plan de lucha por este reclamo, contra el impuesto al salario y todas las reivindicaciones obreras.

La Lista 2, el frente conformado por las agrupaciones Aita, El Despegue y La Pista para las elecciones nacionales de la Asociación de Personal Aeronáutico, está generando enormes expectativas entre los trabajadores. Está integrada por todos los mejores delegados y activistas antiburocráticos de Capital y Gran Buenos Aires. A la cabeza se encuentra Cristian Fontana quien dirigiera durante una década, el combativo cuerpo de delegados de Aeroparque (que arrancó, entre otras conquistas, las 6 horas -luego desechadas por la negativa de la burocracia de APA de homologarlas- y que fuera desplazado un año atrás a través de la incorporación masiva de militantes de La Cámpora en las plantas. Una vez consumado ese golpe de mano, la empresa, en complicidad con la burocracia de Llano (APA), montó su despido. La inmediata reacción con actos, petitorios, denuncias y la amenaza de interrupción de las operaciones consiguió una medida cautelar por persecución sindical. Si bien no fue acatada integralmente por la patronal (no le otorga tareas) obligó a la burocracia a reconocer la lista que, en sólo 24 horas había conseguido los 500 avales y los candidatos necesarios. La burocracia negó los padrones, las planillas e impidió mediante su patota el ingreso de Fontana y la oposición a la asamblea de junta electoral. La lista tiene su base entre los trabajadores de Aeroparque y de Ezeiza de Aerolíneas Argentinas y Lan. Pero ha logrado también una gran aceptación entre los compañeros de los edificios administrativos (Perú y Bouchard) y, sobre todo, entre la juventud superexplotada del call center que sufre la vulneración cotidiana del convenio y vieron en la lista un canal para acercar sus denuncias sobre el avance de la tercerización en sectores enteros. Es que la parálisis de la burocracia y su completa integración con la patronal y el gobierno han llevado al estancamiento de la paritaria (vencida desde marzo) y a una oferta del 10%. Los salarios retroceden -se han agotado los retroactivos propios de paritarias anteriores- y la condiciones impuestas por el ingreso a Sky Team generan gran malestar. La respuesta del sindicato es la patoteada contra los trabajadores. La propia base social de Mariano Recalde (La Cámpora) comienza a dar muestras de agotamiento y de resistencia a colocar el diezmo que reclama la patronal, de la mano de la cual ingresó. La necesidad de una alternativa independiente de la patronal y el gobierno aparece como natural frente a los activistas y centenares de trabajadores. Ha recogido incluso el apoyo de activistas de otros sindicatos como los despachantes de Apta (técnicos aeronáuticos) que distribuyen materiales para el interior del país, o los mecánicos de Ezeiza que se suman a las actividades de difusión y las recorridas de los candidatos. Hasta los tercerizados de los aeropuertos se han sumado pegando stickers y difundiendo, entre sus conocidos, las propuestas de la Lista 2. Todos entienden que un avance del clasismo en cualquiera de los sindicatos lo será en beneficio de todos los trabajadores del sector. Apoyemos y defendamos los votos de la Lista 2 de APA en todos los aeropuertos y oficinas comerciales del país.

El choque entre Moyano y su ex abogado Héctor Recalde en el Congreso tuvo un claro telón de fondo. El gobierno que el dirigente camionero apoyó durante nueve años está por sancionar una ley que perfecciona la privatización de los riesgos del trabajo. Los popes de la Unión Industrial aplaudieron de pie el fin de la “doble vía” en los accidentes de trabajo. La Presidenta explicó que el cepo cambiario asegura el uso de las reservas para el pago de la deuda dolarizada, pública y privada. Kicillof, en el Congreso, aseguró la vuelta de los “vientos de cola” de la economía mundial. Pero la soja ha caído un 20 por ciento en un lapso de semanas (“serios problemas de caja para comienzos de 2013”; Ambito, 17/10). La mentada recuperación brasileña sigue en promesa, y Renault de Córdoba ha vuelto a las suspensiones. El ajuste y la fundición del “modelo” agrede a la clase obrera: un relevamiento privado informa de un aumento de los precios de la canasta básica del 39% en un año, frente a paritarias que han oscilado entre el 20 y el 25%. El trabajo en negro, la tercera parte de la fuerza laboral, ni siquiera accedió a esos aumentos. Los trabajadores en blanco soportan el rasero del impuesto al salario. Cuando las contradicciones de la economía oficial resultan incontenibles, el gobierno busca fundar el respaldo de la clase capitalista con medidas antiobreras. Por un paro nacional Moyano resolvió aprovechar el 17 de octubre para compartir un palco con De Narváez y otros integrantes del pejota, que negocian una alianza nacional con el macrismo. ¿Y el paro nacional, lanzado en la tribuna del pasado 10; Micheli ha seguido el mismo rumbo. El planteo de un paro nacional y un plan de lucha por las reivindicaciones obreras ocupa, en este cuadro, un lugar definido. Hay que dar la batalla en el seno de las organizaciones obreras, para superar los límites sindicales y políticos insuperables de sus burocracias. La lucha por la reapertura de las paritarias, por el fin del impuesto al salario, por el 82% móvil, por un básico de 7.000 pesos para todos los trabajadores, el fin de las tercerizaciones, por la nacionalización sin resarcimiento de las privatizadas y el no pago de la deuda a los usureros internacionales, se oponen por igual al gobierno ajustador y a sus aspirantes a suplantarlo, en nombre de intereses sociales igualmente reaccionarios. Un programa de la clase obrera, y un plan de lucha, contribuirían para colocar a todas las clases sociales agraviadas por los “ajustadores” oficiales en el campo de la clase obrera. Impulsemos plenarios, pronunciamientos y una campaña, en todo el movimiento obrero, por un paro nacional, por un programa y una salida política de los trabajadores.

-¿Cómo influye el juicio a Pedraza y su patota en las elecciones ferroviarias? -La lucha contra la burocracia se viene desarrollando desde hace años, con el juicio a Pedraza está saliendo a la luz todo lo que veníamos denunciando: es decir, los negociados con las tercerizaciones y los intereses propatronales de la Verde, las patoteadas, siempre en detrimento de los trabajadores. A raíz del juicio, la Verde empezó a mostrar sus grietas, a dividirse. De la Verde se desprendieron varias listas, la Marrón, la Lila, que son distintas variantes de la misma burocracia. Por otro lado, la lucha popular que llevó a Pedraza al banquillo de los acusados va a reforzar los planteamientos y la campaña de nuestra lista. El secuestro de Severo demostró que la patota sigue actuando impunemente y pueden hacerlo porque el entramado mafioso entre la burocracia, la empresa y los funcionarios del gobierno siguen dirigiendo los ferrocarriles. -¿Algo más que agregar? -La elección en la Unión Ferroviaria es una batalla clave en el marco la lucha de conjunto de todos los trabajadores contra la burocracia sindical.

Las ART fueron hermanas gemelas de las AFJP, y a menudo propiedad de los mismos bancos y capitales. El proyecto kirchnerista, viene a rescatar integralmente el sistema de la ley menemista de 1995. Seguirá el régimen por el cual, mediante un aporte patronal, cada empresa es eximida de afrontar las consecuencias del accidente laboral. Con un agravante enorme: habrá que elegir entre la vía de la indemnización de la ART o la de la justicia. La nueva ley de Cristina obliga a un trabajador siniestrado y a su desesperada familia a optar por el cobro inmediato de una tarifa pautada o, en su defecto, ir a un juicio que -al ser a partir de ahora civil- demoraría 5 ó 6 años en lugar de los 2 ó 3 de la Justicia laboral. Sabido es que las indemnizaciones de las ART, ahora incrementadas en un miserable 20%, son varias veces menores que las de cualquier afectado civil por otro tipo de accidente no laboral. Pero además, ninguna familia obrera puede quedar sin cobrar nada para ir a un juicio de años. Por este motivo, la Unión Industrial aplaudió de pie a la Presidenta cuando anunció el proyecto, que constituye una formidable extorsión patronal-estatal al trabajador accidentado. La ley en cuestión no entra, según el propio Tomada “en la cuestión de fondo de la prevención” que “deberá ser profundizada en el futuro” (Página/12, 25/11) y que consistiría en “instalar una cultura de la prevención, en la que seguiremos trabajando”. Esto es de un cinismo inconmensurable, no sólo por el fracaso oficial de más de una década en esa cultura. El ministro sabe mejor que nadie que la prevención está condicionada al daño económico que el accidente le produzca a la patronal, de manera que la ecuación económica de invertir en prevención le resulte más conveniente que la de afrontar el accidente. La ley actual, que abaratará esas costas, resultará otro incentivo para la falta de prevención. La Corte Suprema, llena de juicios por accidentes laborales, le sugirió una solución “política razonable” al gobierno. La consecuencia es este proyecto K-UIA. Por otro lado, el 38% de las afecciones y discapacidades laborales no son tales sino enfermedades que derivan de la condición laboral, aspecto que queda enteramente desprotegido hasta el “debate de fondo”. La nueva ley habilita la creación de “ART Mutuas”, lo que podría brindar un nuevo y jugoso negocios a la burocracia sindical. Por ello, Gerardo Martínez y Caló han sido entusiastas defensores de este proyecto, que se haría ley a la velocidad del rayo. Esta es la primera “conquista” de la CGT Balcarce. La CGT Moyano y la CTA han convocado una movilización al Congreso. La “articulación parlamentaria” de Moyano con la cúpula de la UCR quedó colgada del pincel, porque los radicales votan la ley. Hay un proyecto de De Gennaro y otro de Recalde que ni siquiera serán considerados. De todos modos, los gobiernos de Binner y luego Bonfatti en Santa Fe aplican una ley de higiene y seguridad que instituyó las “comisiones mixtas” obrero-patronales de seguridad sin ningún resultado -porque no se constituyen o porque la patronal tiene poder de veto, y todo queda en la nada. La nueva ley de ART debe ser rechazada por el movimiento obrero, como parte de una lucha de conjunto contra todo el régimen que rige desde los ’90. La clave del problema no es abordada por ningún proyecto: la constitución de comisiones obreras de salubridad y seguridad laboral electas por los trabajadores, bajo control de la asamblea que no dependa tampoco de los aparatos sindicales, sino que actúe brindando el programa de seguridad e higiene por el cual luchar. El 24 movilicemos con todo, por este programa, ante la convocatoria de CTA y CGT. En todos los gremios, pero especialmente en el subte, la construcción o metalúrgicos (cuyos sindicatos no movilizan) impulsemos el debate en los cuerpos de delegados y la movilización entre los trabajadores.

El paro realizado por los trabajadores de la Línea 60 fue detonado por las amenazas de la patota de la UTA. Varios micros cargados de patoteros amenazaron, con armas de fuego a la vista, a un trabajador que estaba reclamando contra su despido, y también a los trabajadores de la 60 que se habían acercado en solidaridad. La línea 228 -donde se produjeron las amenazas- forma parte, junto con la 60, del mismo monopolio del transporte, el grupo Dota. El trabajador despedido había participado de las elecciones de delegados contra la burocracia de la UTA. Cuando esto sucedía en las puertas de la 228, los choferes de la 60 organizaban una medida de fuerza en defensa de sus compañeros amenazados violentamente. El jueves pasado, a las siete y media de la mañana, los trabajadores se movilizaron hacia la Panamericana y también en el centro de la Capital. Luego de una hora de corte parcial de la autopista arribó la gendarmería y cortó los carriles que estaban liberados por unos minutos, señalándoles a los trabajadores que “ellos también tenían sus reclamos”. Los trabajadores comenzaron a bajar de la Panamericana a la hora que tenían previamente establecida. La Gendarmería, ya al mando del propio Sergio Berni llegado de emergencia en helicóptero, rodeó a los compañeros con la intención de asegurar el desalojo de la autopista. En la reunión que mantuvieron los delegados con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial y con Dota, la patronal mandó a los delegados “a trabajar”. La representante del gobierno, por su parte, señaló que “ya habían hecho todo lo que estaba en sus manos”. La reunión llegó a su fin cuando la patronal se retiró, para evitar responder por el conjunto de los reclamos. Luego de los cinco días de paro que los trabajadores de la Línea 60 realizaron en abril, donde fueron sitiados varias horas por la gendarmería, ninguno de los reclamos planteados en aquel momento fueron resueltos favorablemente. Dota les adeuda a los trabajadores miles de pesos de salarios mal liquidados, incluso los propios cinco días de paro que se había comprometido a pagar. También siguen despedidos cuatro trabajadores, principal reclamo de la lucha del mes de abril. Los delegados y trabajadores de la 60 vienen sufriendo el ataque patronal hace tiempo, incluyendo amenazas a delegados, aprietes de las patotas de la UTA y la acción de la Gendarmería frente a las acciones de lucha que se llevan adelante. Este accionar cuenta con el aval del gobierno, que ha actuado sin excepción a favor de este monopolio del transporte. Los hechos tienen como telón de fondo la crisis del transporte, de los subsidios y la parálisis del gobierno que a base de prueba y error intenta meter el tarifazo. Dota, por su parte, pretende quebrar a los trabajadores para terminar con la organización que impide la racionalización total de la línea. Al interior del cuerpo de delegados y los activistas se discute la necesidad de establecer un plan de lucha que logre torcerle el brazo a este monopolio que actúa en complicidad con el gobierno. La lucha de la 60, como las reiteradas luchas de Ecotrans adelantan las batallas que vendrán como consecuencia de la crisis de la política kirchnerista en el transporte. Juan Pablo R.

La disputa en relación con el 7D se ha focalizado, en las últimas semanas, casi exclusivamente en la Justicia. Ambos bloques pretenden colocar a uno de su palo en el Juzgado Nº 1 del fuero Civil y Comercial Federal, que tiene a su cargo la causa. Clarín ha logrado bloquear el ingreso de candidatos del oficialismo y el propio trámite judicial. La crisis comienza a diseminarse. En el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo no logra reunir los dos tercios necesarios para imponer su terna de jueces. La Cámara Civil y Comercial Federal por el momento también está fuera del control del gobierno. En estas condiciones, el conflicto marcha derecho a la Corte Suprema, que también está en estado de ‘asamblea’. De acuerdo con información suministrada por el diario Perfil, habría un acuerdo interno de todas las fracciones para reelegir en la presidencia a Lorenzetti y ponerle un “dique de contención” al gobierno. Siempre según la misma fuente, hasta el más pro-oficialista de los miembros de la Corte, Raúl Zaffaroni, estaría en esa tesitura. Choque El grupo Clarín se opone a la ‘desinversión’ que establece la ley de medios para todos los grupos mediáticos que superan determinada cantidad de licencias. El kirchnerismo ha ofrecido a otros grupos capitalistas el desguace del grupo de Magnetto. Las telefónicas podrían ser las grandes beneficiarias del negocio de cable, debido al cableado de la red telefónica. CFK siempre señaló que las telefónicas serían las grandes beneficiarias de un negocio que ofrece telefonía-televisión-Internet. Esto demuestra que el gobierno no busca la transparencia ni la igualdad, sino quebrar a un medio políticamente rival, que influye en las decisiones electorales. Clarín protesta diciendo que, mientras a las operadoras de cable se les pone un límite de 24 licencias locales, a “sus competidores (DirecTV o las empresas telefónicas), les permite llegar a las 2.200 localidades del país con una sola licencia. Esta discriminación es uno de los motivos del juicio de fondo por inconstitucionalidad”. Clarín también se queja porque los extranjeros podrán tener más licencias que los grupos locales. También está en desarrollo una rama de negocios vinculada con la producción de contenidos en múltiples plataformas. El grupo Time Warner acaba de instalar su base de operaciones para América Latina en Buenos Aires. De este modo, con la “ley de medios nacional y popular” se está operando una penetración de capital extranjero en la industria del cable. Democratización, las pelotas Aunque ambos bandos se presentan como adalides de la “libertad de prensa”, lo cierto es que defienden el monopolio de los medios por parte de las grandes empresas o del Estado. Esto se puso de manifiesto en que la promesa de otorgarle un tercio del espectro a medios sin fines de lucro quedó en la nada; fue una zanahoria para la cooptación oficial de organizaciones populares. Las condiciones establecidas para la TV digital eran directamente prohibitivas. El pliego para presentarse a una licitación era de 140 mil pesos y el canon mensual de 24 mil. A esto había que agregarle la inversión en infraestructura y personal. Como era previsible, el concurso terminó desierto. El centroizquierda que ahora se declara estafado apoyó entusiastamente la ley de medios del oficialismo. La intervención de los trabajadores Los sucesivos choques crearon una situación de polarización en los sindicatos. Mientras las burocracias sindicales se colocan de uno y otro lado del mostrador, está ausente un punto de vista independiente de los trabajadores. Sin embargo, sólo auspiciando la intervención de los trabajadores como clase sería posible superar los límites de este choque entre patronales. El primer paso debería ser poner en el primer plano la defensa de los trabajadores, como clase, a través de las decisiones soberanas de sus asambleas y de una deliberación permanente de toda la base. La agenda debe consistir en la defensa de las fuentes de trabajo, incluido el veto a cualquier modificación del plantel de personal, así como la independencia ideológica de los trabajadores de prensa y comunicación, que es indisociable de la defensa de su lugar de trabajo. Por encima de las diferencias de pensamiento y adhesión política de cada trabajador, reivindicamos la unidad de la clase sobre la base de una agenda propia de defensa de sus intereses materiales y morales. En esta línea, propiciamos el derecho de los trabajadores a intervenir en el diseño político y cultural de los medios en los que trabajan, y hacer extensiva esa participación al conjunto de los trabajadores en el ejercicio de ese derecho. En el caso de los periodistas, dad la peculiaridad de que su actividad que consiste en elaborar información, la defensa de los puestos de trabajo supone rechazar toda regimentación política e ideológica. Para los dueños de los medios, la negativa de un periodista a someterse a la directiva ideológica de la empresa equivale a un despido... justificado. Esto vale tanto para las empresas estatales como para las privadas, en todos los casos las patronales operan presionando a los periodistas en función de determinada orientación. De este modo, la lucha por la defensa de los puestos de trabajo se une concretamente a la defensa de la libertad de prensa, en oposición a ambos bloques en disputa, que agitan abstractamente esa bandera cuando en la práctica la violan todos los días. El planteo de asambleas soberanas y de una agenda de clase es tanto más pertinente cuanto que las comisiones internas de varias empresas han tomado ya una posición por uno u otro bando patronal, arrogándose la representación ideológica de los trabajadores. Esto es inadmisible: la posición programática debe ser establecida colectivamente, y la prevalencia de la mayoría sobre la minoría debe legitimarse mediante convocatorias periódicas que permitan analizar los resultados obtenidos.

Un importante debate El paro del 10 se dió en cuadro de luchas de los estatales, cuyo epicentro fue la huelga de Educación. En el acto hubo miles de estatales, a pesar de la confusión política introducida por el kirchnerismo y otras agrupaciones que cedieron a esta presión. Un ejemplo de esto es la agrupación Víctor Choque (corriente sindical Rompiendo Cadenas), mayoritaria en las directivas de las dos seccionales de ATE Sur (Lomas de Zamora y Almirante Brown). Los compañeros se declaran opositores al tiempo que reivindican medidas del gobierno (nacionalización de YPF) y, en este caso, fueron partidarios de no ir al a Plaza de Mayo. En la seccional Almirante Brown-Presidente Perón se realizó una asamblea con 40 compañeros. Por iniciativa de nuestra agrupación se votó movilizar a la Plaza de Mayo con una columna independiente, con 30 votos a favor contra 10 de la moción de la Choque, de hacer alguna actividad antes de la movilización y luego dar vía libre al que quisiera ir. En el plenario de delegados de Lomas de Zamora, también tuvo mayoría la posición de nuestra agrupación de movilizarnos a la Plaza de Mayo con una columna independiente, defendiendo nuestras organizaciones obreras, con una delimitación de la burocracia y la oposición patronal, mientras otros se dividieron entre abstenciones, propuestas de acciones en Lomas, en La Plata, o una moción de las agrupaciones Víctor Choque y Primero de Mayo, que planteaban no concurrir y hacer una acción previa. La argumentación fue que la presencia de la Federación Agraria lo transformaba en una movida destituyente y que la situación estaba polarizada como con la votación de la 125. La crisis instalada en un sector de este combativo gremio por esta concesión política al kirchnerismo es evidente. La asamblea del sector Patronato de Niñez votó “no parar”, mostrando el carácter abstencionista y conservador de esas posiciones que fueron rechazadas por la mayoría de los compañeros en Brown y Lomas. Esa línea nos colocaría por detrás de la dirección provincial y nacional del gremio, y significaría un retroceso para la oposición clasista. En consonancia con lo resuelto en ambas seccionales, ATE de Zona Sur se hizo presente con sus banderas y una columna de 50 compañeros en la Plaza de Mayo, junto a AGD, el Sitraic, la Fuba, la Junta Interna del Inta y otros sectores que manifestaron de manera independiente de la dirección de la CTA y la CGT. El activismo ha defendido el lugar del sindicato como una referencia entre los que luchan evitando la parálisis y la presión kirchnerista. Asambleas en todos lados y un plenario de delegados de provincia y capital para votar un plan de lucha. Ya hay razones “de sobra” para ir a la huelga general.

La pesificación del pago del bono dolarizado chaqueño cayó como una bomba en la provincia. Los bonos tucumanos, también emitidos en dólares, cayeron un 10%. En diciembre y en marzo, cuando se produzcan los próximos vencimientos, se verá cómo pagará Alperovich. Sobre lo que se informó menos es que el gobierno tomó 170 millones de pesos de las reservas de la Caja Popular (la única banca pública en la provincia), a cambio de Letras de Tesorería de la provincia, para pagar el medio aguinaldo de fin de año. O sea que Tucumán se encuentra en cesación de pagos (defol). Alperovich ya había logrado que la legislatura lo autorizara a endeudarse con la banca privada por 400 millones, pero el gobierno nacional no autorizó ese endeudamiento. La crisis fiscal es manifiesta. El manotazo a la Caja Popular apunta a un canje de la deuda tomada por una privatización. La Asociación Bancaria, que denunció el desfalco, viene sufriendo el accionar de la D2 (los servicios provinciales de inteligencia), que vigilan la sede sindical, los domicilios de los dirigentes y han irrumpido en algunas instalaciones de La Bancaria. El gobierno acaba de votar un tercer impuestazo, un aumento del 150% en ingresos brutos. Además, Alperovich anunció un aumento del 24% en la tarifa del agua a partir del 1º de enero, cuando anunció que la desocupación está creciendo. Recientemente 300 trabajadores de los call centers han sido despedidos. Las medidas de ajuste en el ámbito educativo y de la salud se están acelerando. Interna En este marco ha vuelto a recrudecer el internismo. El gobierno impulsa el voto a los 16 años, e incluso a ser candidatos en los consejos y la legislatura a partir de los 18. Estas reformas sirven como disparador para promover una nueva reforma constitucional, con vista a otra re-reelección para Alperovich. En este cuadro, el cacerolazo reunió en Tucumán a cerca de 10 mil personas. La jornada del 10 de la CTA y la CGT agrupó alrededor de tres mil personas (con una importante columna independiente del PO). Numerosos conflictos están en desarrollo, como el de los autoconvocados de la salud, los bancarios en defensa de la Caja Popular, o las miles de familias “sin techo” que han extendido las tomas de tierras de los ingenios (Concepción, Florida y San Juan), conformando una coordinadora que ha resuelto medidas para reclamar tierra y viviendas. Toda la situación impone la necesidad de una intervención de conjunto para enfrentar el ajuste en curso y el recrudecimiento de las acciones de espionaje y represión contra el movimiento popular. Es necesario un plenario de sindicatos, organizaciones populares y movimientos de lucha para votar un plan de lucha.

El Frente de Recuperación Gremial, encabezado por la Agrupación Bordó, ganó las elecciones para elegir la Comisión Interna del gremio de los trabajadores universitarios (Apuba) en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por 201 votos contra 105. Sociales tiene dos sedes: en la que trabajamos 255 compañeros, la Lista del Frente sacó 175 votos contra 53. En la otra sede, la Lista 82 sacó 52 votos y el Frente 26. La lista perdedora, bajo la conducción de un militante de IS, contó con el apoyo del gremio y de la gestión kirchnerista de “6,7,8”, Caletti. Hace dos años, este sector nos ganó la Interna por apenas cinco votos. Durante estos años, usaron el presupuesto para designar a los amigos de la gestión (militantes camporistas y amigos de los funcionarios), familiares de los miembros de la Interna y militantes de IS. Como nunca antes había ocurrido, se crearon 25 cargos puros nuevos y otros 20 por reemplazos de personal. El Rectorado fue generoso en presupuesto para garantizar la modificación del padrón y terminar con el activismo de Sociales, que años antes había protagonizado grandes luchas. La gestión de Caletti contó durante dos años con un incremento presupuestario que no se veía desde hacía mucho tiempo, que utilizó con toda discrecionalidad gracias a la complicidad de la Interna. Este cometido se cumplió eliminando las asambleas y la información para los trabajadores. En el triunfo, los trabajadores de Sociales festejaban a viva voz que íbamos a tener asambleas nuevamente. Los trabajadores de Sociales vencieron el miedo a las autoridades k, asiduas concurrentes a “6,7,8”, desde donde imparten clases de moral, algo que nunca les impidió cometer mobing laboral contra muchos trabajadores, despreciar el trabajo de otros, echar a un trabajador que ingresó por bolsa de trabajo (el último) cuando supieron que era del PO y mantener intacto el tercerismo en la facultad, entre otras tropelías, además de truchar datos institucionales para tergiversar a la Interna dirigida por la Bordó. Sólo fue posible esto por la complicidad total de la Interna. Los trabajadores les dieron la espalda: tenemos nuevamente en Sociales una interna de los trabajadores, clasista e independiente.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, transformó la condena a tres de los masacradores de Trelew en un acto oficialista. Sin embargo, los fusilamientos de 19 militantes del ERP, las FAR y Montoneros, cometidos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la entonces base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, Chubut, fueron un crimen de Estado. Aquellos asesinos disfrutaron de cuatro décadas de completa impunidad. La pregunta se impone: ¿qué hicieron en estos 40 años los Alfonsín, los Kirchner del menemismo, los Chacho Alvarez y Garrés de la Alianza, los Aníbal Fernández del duhaldismo y así de seguido? Fueron cómplices del encubrimiento. La condena por crímenes políticos que no se producen en tiempo y forma pierden lo esencial de su función histórica, que es desmantelar el estado de cosas que llevó a su comisión. Sin embargo, como todo el mundo comprueba en forma cotidiana, en Argentina no ha sido desmantelado el Estado policial. Si el acto oficialista que celebró las condenas hubiera desarrollado este planteo político, habría sido sin duda un acto revolucionario, al menos en principio. Lo que importa no es defender el poder punitivo del Estado (capitalista), incluso contra criminales políticos o de lesa humanidad, sino desenmascarar a ese Estado (capitalista) punitivo, que es la causa última de la comisión de esos asesinatos.Los cambios de regímenes políticos e incluso de gobiernos, sobre la base del mismo Estado (capitalista), opera como un salvataje o rescate de esa organización de la violencia política contra los explotados y los pueblos. Los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio del Real, y el cabo Carlos Marandino, los sicarios del crimen, han sido condenados cuando tienen un pie en la tumba, y lo que es aún peor permanecerán en libertad “hasta que “la sentencia quede firme”. Para que eso suceda puede transcurrir mucho tiempo. Por otra parte, fueron absueltos el entonces jefe de base, el ex capitán de navío Rubén Paccagnini (como si los fusilamientos hubieran podido ejecutarse sin su conocimiento, si no directamente por su orden), y el ex capitán Jorge Enrique Bautista, acusado de encubrimiento. Después de 40 años, esas condenas y esas absoluciones son lo más parecido a una farsa trágica. Otro criminal impune es el ex contraalmirante Horacio Mayorga, quien no fue juzgado por haber padecido un accidente cerebro-vascular. Ése, con toda seguridad se muere sin siquiera haber pasado por una instancia judicial. También está libre el ex capitán de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo en los Estados Unidos y protegido por la Justicia yanqui, que negó la extradición. Festejar esto y hacer alharaca por las “condenas” es un engaño morboso. En aquel momento, dicho sea al pasar, fuertes movilizaciones repudiaron los crímenes y, de algún modo, el repudio a los fusilamientos contribuyó a acelerar la crisis política en que estaba sumida la dictadura a partir del Cordobazo, en 1969. Un sólo hombre guardó silencio: Juan Domingo Perón, aunque varios de los asesinados habían muerto por él. El acto oficialista posterior a las sentencias, se esmeró por ocultar este hecho. No debe extrañar: poco más de un año después, el viejo general crearía la Triple A, un equipo criminal nacido de las entrañas del Estado e integrado, básicamente y al menos en su primera época, por bandas de la burocracia sindical y de la Policía Federal.

Frente a la parálisis de la urbanización en el barrio, varias organizaciones sociales, comunitarias, políticas, delegados y vecinos convocaron una movilización el jueves 27 de septiembre. Luego de 14 meses del predictamen de la ley 3343 que permanece cajoneada en la Legislatura porteña y puede perder su estado parlamentario, se le suma la negativa del traspaso de las tierras del Estado Nacional en beneficio de los vecinos. La Mesa de Urbanización sufrió una fractura el día anterior a la movilización: las agrupaciones kirchneristas se negaban marchar a la Casa Rosada para reclamar por las tierras nacionales. Así, la movilización se partió en dos: los kirchneristas fueron a reclamar sólo a la Legislatura con unos pocos vecinos. La segunda movilización fue heterogénea y más numerosa: unos 500 vecinos marcharon desde el barrio a la Casa Rosada, luego a la Legislatura y a Jefatura de Gobierno, dejando en cada dependencia el reclamo que correspondía. El Partido Obrero estuvo presente en esta última y discutió la necesidad de impulsar un plan de lucha para arrancarle a los K y los Macri la urbanización y radicación definitiva para todos los vecinos de la 31 y 31 bis. Pasado un mes, no hubo ninguna respuesta. En cambio, avanzan los acuerdos entre Nación y Ciudad para entregarle las tierras del Ferrocarril a la patria inmobiliaria. La necesidad de construir una herramienta de lucha para los vecinos y organizaciones, que sea independiente de los dos gobiernos, es una tarea pendiente para conquistar la integración de la Villa a la Ciudad, avancemos hacia ello.

Al tiempo que impartía la orden de desalojo a los mil trabajadores de la Isla De Marchi, el gobierno convocaba a la presentación de proyectos a grandes desarrolladores inmobiliarios. Ese llamado a licitación aporta indicios poderosos respecto de lo que se propone el gobierno en la isla. El pliego -que está disponible en la página de la Anses- propone el uso de 131 mil metros cuadrados para estudios y oficinas, un espacio para 15.000 personas y una playa de estacionamiento para 1.500 autos. A renglón siguiente, se prevé la construcción de 90 mil metros cuadrados para productoras privadas y canales de televisión. Como se ve, los planes exceden por mucho al comentado “polo audiovisual”. Los requisitos exigidos a las empresas oferentes sólo podrían ser cubiertos por megaconstructoras: precisamente, se han anotado Irsa (Elsztain) y Consultatio (Constantini). Los “desarrolladores” esperan continuar en De Marchi el desarrollo inmobiliario de Puerto Madero. En este sentido, el “polo audiovisual” sólo sería la cobertura de un negocio más amplio. Por las tierras que saldrían a la venta, se anticipan no menos de 150 millones de dólares en juego (Clarín, 14/10). Mientras tanto, los trabajadores de las actividades de dragado tienen sus puestos laborales en peligro. El gobierno nacional anunció que invitará a representantes del estado de la Ciudad al “comité evaluador” de los proyectos inmobiliarios. Podría ser el primer paso de una colaboración entre el kirchnerismo y Macri en torno de la privatización de los estratégicos terrenos de la Costanera Sur. A pocos metros de la Isla, el mismo grupo Elsztain tiene proyectado un complejo de doce megatorres, que aguarda su aprobación en la Legislatura (el macrismo no logró hasta ahora el apoyo de los K). Si los desarrollos del “polo audiovisual” también requirieran la venia legislativa, podríamos estar a las puertas de un “intercambio de favores” entre los dos gobiernos. El “combo” se completa con los proyectos inmobiliarios que emergen de la venta de las tierras del ferrocarril Sarmiento, que también deberán pasar por la Legislatura. De cara a esta realidad, este martes 16 se concretó una acción de protesta con las siguientes consignas: No a la entrega de la Isla, no al negociado inmobiliario y por la reactivación de la Dirección Nacional de Vías Navegables, Puertos e Industria Naval. La actividad fue convocada por el sindicato de trabajadores de dragado y balizamiento, por ATE y CTA, con la participación de asociaciones vecinales y ambientalistas de la Ciudad y el conurbano. El Partido Obrero de la Ciudad estará presente, junto a trabajadores y vecinos.