Prensa Obrera N° 1239

Carlos Nine (Haedo, Buenos Aires, 21 de febrero de 1944) es un dibujante, pintor y escultor argentino. Entre 1983 y 1990 dibujó innumerables tapas de la revista Humor, dirigida por su colega Andrés Cascioli. Dibujó en las revistas Fierro, Echo des Savannes, Il Grifo, Co & Co, Noticias y en las ediciones de la Playboy de Estados Unidos, Argentina e Italia. Sus dibujos aparecieron regularmente en los diarios Clarín y Le Monde. Ilustró las primeras ediciones de las Crónicas del Angel Gris y El libro del fantasma, de Alejandro Dolina. En Francia editó, entre otros, los libros Crímenes y Castigos (1991) y Fantagas (1995), con textos y dibujos propios. En 2005 vio publicada una adaptación del capítulo 16 de la primera parte de El Quijote en la obra colectiva Lanza en astillero. Ahora dibuja para Caras y Caretas. Ante un pedido de Mariana, de que mandara algo para El Diario del Juicio de la Naranja de Prensa (justiciapormariano.wordpress.com), Carlos Nine respondió con este dibujo y con este texto (caricatura). "La diferencia entre las muertes de Kosteki y Santillán, ejecutados por asesinos profesionales de la Federal, y la de Mariano Ferreyra consiste en que a este último lo asesina un traidor. Traidor a los intereses de su gremio, traidor a su clase social originaria, traidor al patrimonio de Estado y a los intereses de la Nación, y traidor a su propia historia de sindicalista de izquierda. Los traidores múltiples son tan letales como los experimentados asesinos de la derecha argentina".

La Justicia dispuso el lunes el procesamiento de José Pedraza y de otros cuatro acusados, por los delitos de tráfico de influencias y pago de sobornos durante el proceso por el homicidio de Mariano Ferreyra. Se acusa a José Pedraza, a Juan Riquelme, a Angel Stafforini -contador público y vicepresidente del Belgrano Cargas-, a Luis Ameghino Escobar -prosecretario de la Cámara de Casación Penal- y al abogado Aráoz de Lamadrid de tratar de obtener ilícitamente un fallo favorable a sus intereses, en favor de la excarcelación de los imputados por el crimen de Mariano Ferreyra. La Justicia acusa a Pedraza, a Stafforini y a los demás de llevar adelante "estrategias para determinar la sala en que caerían los recursos a resolver, con el objetivo de lograr la libertad y revocatoria del procesamiento de los mismos". Por sus gestiones para influir sobre los jueces, tanto Riquelme -cobró un cheque por 3.500 pesos- como Aráoz de Lamadrid recibieron, de parte de Pedraza y de Stafforini, sumas de dinero que provenían de la Unión Ferroviaria y del Belgrano Cargas. El dinero fue retirado ese mismo día por Stafforini de una caja de seguridad y llevado al estudio de Aráoz de Lamadrid por la abogada Susana Planas, quien, además de ser directora suplente del Belgrano Cargas, ejerce funciones en la "Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur" una de las "cooperativas" que empleaba tercerizados en el ferrocarril. A los acusados también se les imputa ofrecerle dinero a Luis Ameghino Escobar, para que manipulara el sorteo que permitiera que la Sala III fuera la que juzgara esos recursos. Stafforini también fue acusado por posesión de arma de guerra civil: en su caja fuerte se secuestró un calibre 32, con numeración limada y sin registro. Las pruebas que fundan el fallo son rotundas. El descargo del ex juez Aráoz de Lamadrid, de más de siete horas, sólo fue un intento delirante por explicar y por negar lo que contundentemente surge de las escuchas. La mayoría de los imputados optó por el sano silencio. Este procesamiento refleja que la Unión Ferroviaria, el Belgrano Cargas y la Cooperativa del Mercosur tienen un conductor común que no es otro que José Pedraza, quien, en su doble rol de sindicalista y de empresario, dispone y ordena sobre las tres instituciones. Por el Belgrano Cargas pasan todos los subsidios destinados al pago del personal de las líneas Roca y Ferrobaires. La causa de los sobornos ha vuelto a poner de manifiesto las fuentes de financiamiento de las tercerizaciones ferroviarias y, naturalmente, a sus responsables. La motivación de Pedraza para llevar adelante su "acción ejemplificadora" contra los tercerizados del Roca ha quedado al descubierto también en esta causa conexa.

Comenzado el juicio por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, y como parte de la gran movilización por la perpetua a Pedraza, concretamos el plenario abierto "Justicia por Mariano Ferreyra. Perpetua para Pedraza". El mismo congregó a docentes, estatales y fabriles, con una nutrida presencia de secundarios. El plenario votó tres grandes iniciativas: la realización de una muestra cultural, la presentación del libro "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” de Diego Rojas -junto a la oficialización del nombre "Mariano Ferreyra" al aula 15 de la Facultad de Humanidades de la Unco- y un festival musical para octubre, para el que ya tenemos comprometidas bandas regionales con importante reconocimiento y convocatoria. El primer objetivo es la muestra cultural para el 29 de septiembre. La UJS secundarios y Tribuna Docente pusieron en marcha la agitación, para que todos los jóvenes expresen su deseo de justicia por Mariano realizando murales en los colegios, dibujos, poesías, fotografías, canciones, videos, esculturas, etc. Hemos lanzado una intensa campaña de recorrida de colegios con un volante. La propuesta de realizar un cine-debate con el video del Ojo Obrero fue muy bien recibida y se lanza en cuatro colegios. Del mismo modo, la propuesta de los murales ha tenido un efecto sorprendente y varios compañeros se suman a esta iniciativa. La muestra cultural contará con la participación de bandas musicales y solistas locales, compuesta por jóvenes estudiantes y trabajadores. Ya empezamos a recibir dibujos y letras para canciones, entre otras obras que expresan la exigencia de perpetua a Pedraza. Estos jóvenes que estudian en los colegios secundarios comprenden que el asesinato de Mariano es un crimen contra la clase obrera, entienden que su militancia estaba motivada por la transformación social de la realidad. En la Unco, que no pase el bloqueo K En la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades, la campaña por la oficialización del nombre del aula 15 "Mariano Ferreyra", ya lleva cientos de firmas entre estudiantes. Aula donde está prevista la presentación del libro de Diego Rojas. El Consejo Directivo, con representación mayoritaria del kirchnerismo, se niega a oficializarla con ese nombre. Primero planteó que ya tiene otro nombre (desconocido e ignorado por el propio CD) y no han presentado ninguna prueba de ello. Propusimos otra aula y otra más. Han llegado al exabrupto de decir: "No podemos andar poniendo nombre por cada persona que matan, ¿si mañana matan a Juan Pérez vamos a tener un aula Juan Pérez?". Repudiamos esta actitud reaccionaria y llamamos a reforzar una campaña por cientos de firmas más. En contraposición, el IV Foro de Trabajo Social que reunió a estudiantes, graduados y docentes de la provincia de Neuquén y Río Negro emitió un comunicando exigiendo la justicia por Mariano y la perpetua a Pedraza. Toda esta gran campaña nos exige la conquista de recursos financieros, por ello la tarea del momento es la concreción de aportes en todos los lugares de trabajo y estudio. ¡Ponemos todo por la perpetua a Pedraza!

Un voto negativo de la mayoría oficialista del Frente Progresista local a una declaración pidiendo justicia por el asesinato de Mariano Ferreyra generó una fuerte e inusitada polémica. A la indignación de la edila del Partido Obrero, Jorgelina Signa, se sumó el recientemente normalizado Partido Socialista, que se expresó a favor del pedido. El debate se instaló cuando una simple declaración de forma, en un caso resonante por el que están juzgando a dirigentes del gremio ferroviario, extrañamente no fue acompañada por el bloque del oficialismo, y se disparó la discusión. Ferreyra, militante del PO, murió el 20 de octubre de 2010 cuando participaba en Buenos Aires de una protesta contra la tercerización de trabajadores ferroviarios. A principios de agosto, cuando comenzó el juicio, la edila del PO presentó el proyecto que fue pasado a comisión por el oficialismo. "Me dijeron que estaban de acuerdo con el pedido", relató Signa. Luego se produjo otra sesión en la que no hubo quórum para tratarlo, debido a que estaban ausentes un edil del FAP y otro del FpV. Los ediles del FAP en la última sesión votaron en forma negativa, mientras que Signa y el FpV lo hicieron a favor. Fue la titular del cuerpo, Vilma Paulini, quien desempató por la negativa. Indignada, Signa relató: "Nos dijeron que el Concejo no es el ámbito para reclamar justicia por un militante político, cuando precisamente todos estamos acá por actuar en política. La presidenta del Concejo se golpea el pecho hablando de la Constitución y de las instituciones, pero se olvida de los derechos humanos y en el principal de ellos en la Constitución, que es el de la vida". En Bermúdez, el Frente Progresista está compuesto por la UCR y un partido vecinal. El socialismo local reorganizó su representación distrital en junio pasado, y no tiene ediles propios. Sin embargo, la respuesta del sector no se hizo esperar. Fabio Rovere, secretario adjunto del socialismo, habló sobre el tema con La Capital: "Sin dudas, el Partido Socialista está a favor de que se pida a la Justicia el rápido esclarecimiento de la muerte del joven militante Ferreyra. De haber tenido representación en el Concejo, hubiésemos apoyado la idea". Hasta aquí la información de La Capital de Rosario. Ahora nuestra reflexión política. El PS de Capitán Bermúdez no se encuentra contenido en el FAP local, pero el FAP de Capitán Bermúdez reúne a los principales aliados del Partido Socialista en el gobierno de la provincia. Lo ocurrido en el Concejo del distrito pone un foco especial en la naturaleza, en última instancia reaccionaria, de la coalición de partidos que gobierna Santa Fe. El rechazo a un planteo de justicia por el crimen contra Mariano Ferreyra es un hecho típicamente reaccionario, cuya única explicación es dejar clara la delimitación del FAP local de cualquier expresión militante, como la expresada en el piquete ferroviario que reclamaba el pase a planta permanente en la ocasión del asesinato. Muchos militantes y organizaciones de base del PS y de otras integradas al FAP se hicieron presentes en aquel 21 de octubre de 2010, pero de ningún modo la coalición como tal ni tampoco sus dirigentes principales. El gobierno del FAP de Santa Fe aborda a las luchas obreras y sindicales en la provincia con la misma orientación y metodología que caracteriza a cualquier gobierno burgués, es decir a partir del mismo contenido de clase. En más de una oportunidad, Hermes Binner rechazó que se comparara al PS de Argentina con un Rodríguez Zapatero, que en España aplicó el ajuste capitalista, y asegura que el modelo del FAP es el FA de Uruguay. Precisamente, en estos días pende la amenaza de que se declare la llamada ‘esencialidad' a la huelga de la salud, como ocurrió con los municipales de Montevideo hace dos años; o sea, la concurrencia forzada de los trabajadores a sus lugares de trabajo. La izquierda de Uruguay se asume como un partido de Estado, o sea como un sujeto político del poder estatal, no del movimiento obrero y de la juventud. Cuando esta pseudo-izquierda "llega al poder", la clase obrera pierde el que tenía por medio de sus organizaciones.

El 6 de setiembre declaró otro testigo protegido, Claudio Díaz. De nuevo no se permitió el ingreso del público ni de la prensa. La declaración de Díaz, que subió al estrado disimulado con lentes y visera, tuvo varios puntos de contacto con la de Alejandro Benítez, otro testigo protegido. Díaz dijo que Gabriel "Payaso" Sánchez concurrió armado a la convocatoria de la Unión Ferroviaria contra los tercerizados, y también describió la férrea organización vertical del sindicato. Fue enfático al denunciar "la movilización espontánea", esgrimida por Pedraza y compañía, como una coartada preestablecida. "La UF nunca acató una orden de los afiliados. Es al revés. Ellos fueron los que convocaron", afirmó. Dijo que concurrió para "hacerse ver", por el interés de hacer ingresar a su esposa en la planta ferroviaria. "Desde 2010 que el sindicato maneja todos los ingresos al ferrocarril". De la mano de la UF había concurrido al acto de Moyano en la 9 de Julio y al estadio de River, pocos días antes del crimen de Mariano. "Podíamos retirarnos de nuestros lugares de trabajo sin recibir sanciones porque convocaba la Unión Ferroviaria", precisó. La burocracia sindical y CFK decían, por aquellos tiempos, que las concentraciones eran "espontáneas". Díaz llegó a Barracas junto a Gabriel "Payaso" Sánchez, señalado como otro de los que abrieron fuego contra los luchadores ferroviarios. Llegó en el automóvil de Sánchez, quien extrajo de la guantera un revólver. "Traje el muñeco", le dijo Sánchez a Díaz. Díaz puso de manifiesto la complicidad activa de la policía con la patota. Relató que al llegar a Barracas pudo identificar, debajo del puente ferroviario, "a policías de civil que conozco de Constitución, que son los que arman los operativos en la estación". "También había un patrullero que estaba cruzado en la calle, y que luego se movió y quedó estacionado en un costado". Señaló que, cuando comenzó la corrida contra la columna -"que estaba lejos, a 150 metros por lo menos"-, la policía no hizo nada para detenerlos. También describió la presencia de personas ajenas al gremio entre los ferroviarios. Cuando a Claudio Díaz lo llevaron a la guardia del hospital Argerich, por la herida que le produjo un piedrazo, González, otro de los detenidos, le dijo que no hablara de lo que había pasado porque estaba todo podrido". La patota comenzaba a tejer un pacto de silencio, amenazas e intimidaciones a granel. En ese momento, los militantes y los tercerizados que habían sido agredidos en Barracas cortaban Corrientes y Callao. Díaz dijo que las repercusiones del hecho en el que había quedado involucrado lo impactaron, que esperó en vano durante varios días a que alguien del sindicato lo llamara para ir a declarar. Lo hizo, al final, persuadido por otro ferroviario. El interrogatorio de las defensas fue errático e insustancial. Finalmente, el abogado de Sánchez solicitó un careo con su defendido. "El Payaso" pretendía protagonizar una apretada contra el testigo. El tribunal no lo autorizó, pero le ofreció al detenido ampliar su indagatoria. Sánchez puso como condición responder solamente a las preguntas del tribunal. Durante 15 minutos desarrolló un relato confuso y lastimero. Negó andar armado y pertenecer a la barrabrava de Racing. Otros testimonios -además del de Díaz- también lo habían descrito como un pistolero violento al servicio de Pedraza y de Fernández. Sánchez no aportó ningún elemento relevante que refutara las acusaciones en su contra. A esa altura, las defensas ya habían recibido una nueva paliza. El testimonio de Claudio Díaz puso de manifiesto el carácter "oficial" de la convocatoria de la patota, una decisión que -atento al orden de jerarquías de la Unión Ferroviaria- solamente había podido ser adoptada por Pedraza y por el "Gallego" Fernández.

Un periodista del establishment internacional, Andrés Oppenheimer, acaba de caracterizar la iniciativa del gobierno uruguayo para que el Estado asuma el control de la producción y de la distribución del cannabis -mediante una empresa privada- como parte de las propuestas del “presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y de los presidentes de Colombia y México” -todos gobiernos de derecha-, para liberar el comercio de estupefacientes (La Nación, 25/8). Es la línea que defienden el magnate financiero George Soros, el semanario The Economist y un sector significativo de la derecha de Estados Unidos. El fin de una etapa La escala de asesinatos por la droga en la frontera Estados Unidos-México- demuestra que el flagelo se ha desmadrado. La intervención de las fuerzas armadas ha alterado su carácter político. La brasileña Dilma Rousseff también lanzó plan de acciones militares contra el narcotráfico: por un lado, en las barriadas de las grandes ciudades; por el otro, en las fronteras -donde crecen las plantaciones ilegales. “Según estudios oficiales, el 54% de la cocaína que ingresa en Brasil llega de Bolivia, mientras que el 38% lo hace desde Perú. En tanto, la mayor parte de la marihuana que se consume tiene su origen en Paraguay”. El gobierno brasileño aspira a ocupar el lugar dejado por los Estados Unidos y sus militares hablan de “nuestro Plan Colombia” (La Nación, 21/8). El crecimiento de los cárteles y del delito organizado asume un carácter regional, potencialmente explosivo. La legalización de las drogas aparece como un recurso último para enfrentar este impasse. Según Oppenheimer -y Mujica-, el crecimiento de la criminalidad vinculado con las drogas duras obliga a replantear la prohibición a las “drogas blandas”. La libre accesibilidad al porro separaría al usuario del consumo de drogas más pesadas y “debilitaría el narcotráfico”. La contracara de la libertad Sin embargo, el esquema de libertad contempla la inscripción de los consumidores en un registro de consumidores; a partir de cierto nivel de consumo, el usuario sería sometido a una rehabilitación compulsiva. El capitalismo albergaría un pabellón gigantesco de adictos a la droga, al lado del gigantesco que reserva para los desocupados. La sociedad quedaría convertida en un sistema de excluidos -esto en pleno derrumbe de las finanzas públicas. La “legalización” de la marihuana viene acompañada de una gigantesca regimentación de sus consumidores, por parte del Estado. La izquierda y los sindicatos La izquierda uruguaya y la central obrera del país, el PIT-CNT, apoyan el proyecto oficial. Traicionan una larga tradición histórica del movimiento obrero internacional de lucha contra el alcoholismo y contra el tabaquismo, por medio de sus organizaciones, la propaganda socialista y los métodos de clase. La burocracia sindical da otro paso por el camino de su función destructiva en el movimiento obrero.

Resulta harto conocido que un sector muy amplio de la izquierda adopta frente al consumo de drogas una posición liberal, no una socialista. Opone a la lucha que debe encarar el movimiento obrero y el socialismo contra el carácter embrutecedor de las drogas en la población trabajadora y en los barrios obreros -cualesquiera sean ellas- la reivindicación de la libertad individual. Narcotráfico Sin ningún lugar a dudas, el combate a las drogas es una política del imperialismo yanqui para militarizar los regímenes políticos y para justificar la penetración de sus servicios de espionaje. Frente a la represión de los explotadores, defendemos incondicionalmente el derecho de los obreros y de la juventud a hacer y a consumir lo que les venga en gana; pero es simplemente criminal que esta posición frente al imperialismo signifique complicidad con lo que equivale a una destrucción moral y material de los trabajadores. Un obrero tiene todo el derecho del mundo, si quiere, a votar por Pedraza; pero solamente una izquierda desnaturalizada podría convalidar esta posición en lugar de combatirla; esto por medio de la propaganda, del ejemplo, de la organización. El mismo imperialismo que “combate” el narcotráfico lo estimula, mediante el lavado de dinero de los bancos, o el apoyo a regímenes como el de Uribe -jefe del narcotráfico colombiano. En Afganistán, el imperialismo yanqui es el responsable del auge descomunal de la producción de amapola y de heroína. El desarrollo del narcotráfico está ligado en forma íntima a la bancarrota del capital -al cual ofrece una “salida”-, a igual título que el armamentismo y la guerra. Las libertades La izquierda ligera defiende el consumo de drogas, bajo el pretexto de la libertad. Pero este consumo no es el resultado de un acto libre, sino que se produce bajo la presión del medio social opresor -cada vez más penetrante- del capital. Marx no dijo que el opio fuera un aire libertario que refresca a las masas, sino que lo comparó con el sopor de la religión. La izquierda ligera admite que, en el capitalismo, el obrero tiene la “libertad” de vender su fuerza de trabajo, o sea la obligación de hacerlo, pero trata a los estupefacientes como un néctar liberador. ¿Para qué el sacrificio de la militancia revolucionaria si podemos liberar las pulsaciones con un porrito? Hay una enorme maquinaria capitalista que impone la droga por medio de la coacción -la principal de las cuales es la explotación social y, peor, la desocupación. Un diario acaba de registrar una frase conocida: antes que la fábrica, prefiero ser puta -clamó una francesa. Ante la policía y los servicios de “moralidad”, nosotros defendemos el derecho de la francesa mencionada a la prostitución -al mismo tiempo lucharemos para que se organice, contra los atropellos que sufren todas ellas, incluso la extorsión policial y, finalmente, para que sean militantes revolucionarias, que luchen por una sociedad que abola el trabajo asalariado. Rechazamos las reglas seudomorales sobre la sexualidad, pero no oscurecemos la diferencia de la sexualidad en una sociedad libre y en otra opresora. ¿Qué legalizar? Los que comparan el derecho al libre consumo de drogas con la legalización del aborto juegan sucio, porque, en realidad, son partidarios de ese consumo, no señalan su condición social destructiva en las condiciones concretas de la descomposición capitalista. Es como si fueran promotores del aborto, algo que el imperialismo ha impulsado en forma sistemática como método anticonceptivo entre poblaciones indígenas. Ha perpetrado verdaderas masacres en este campo. Defendemos “el derecho” cuando es una defensa del trabajador frente a la represión; pero no somos liberales, sino socialistas: el derecho reglamenta un orden desigual o explotador, los socialistas oponemos a la reglamentación por medio del derecho la libre asociación de los productores. Una lucha obrera y socialista El combate al “opio” de los pueblos no es una novedad para los socialistas. Los estupefacientes, el alcohol y las drogas destructoras -que son un negocio de los grandes laboratorios- funcionan como un factor de descomposición de la fuerza de trabajo y de destrucción de su moral, con el único fin de obturar una salida revolucionaria. La droga es la continuación de la política capitalista por otros medios. Así lo demuestra el ingreso masivo de drogas como el crack, por parte de los servicios, en los barrios negros de Estados Unidos durante los 70, y hoy en todo el mundo. Los socialistas debemos pelear para que sean las organizaciones obreras las que lleven adelante la lucha contra la descomposición social en los barrios.

En noviembre próximo se desarrollarán las elecciones de centros de estudiantes en la Universidad de La Plata. A la izquierda y al activismo se les presenta un desafío político. Las elecciones se encuentran enmarcadas en la profundización de una lucha contra el intento de copamiento kirchnerista de las organizaciones estudiantiles. Es que los jóvenes chocan en forma reiterada con el gobierno, responsable del derrumbe educativo. En el caso de la UNLP, "co-gobernada" entre radicales y kirchneristas, lo magro del presupuesto queda en evidencia en la falta de bandas horarias, los centenares de docentes ad honorem o en la no implementación del comedor turno noche, entre otras cosas. Los negociados de los posgrados arancelados, los convenios con terceros o los ingresos restrictivos como el de Medicina; es decir, el proceso de privatización de la educación, es la contracara del ahogo presupuestario que impulsa el gobierno. La cruzada K tiene como antecedentes más inmediatos el sabotaje al congreso de la Fuba, la ruptura de la FUA y la regimentación de los centros de estudiantes secundarios en Buenos Aires. Panorama platense En la Universidad platense, la intentona kirchnerista ha tenido un nuevo capítulo en el último congreso de la Fulp, donde las fuerzas K quedaron a sólo tres votos del frente de conducción. Es que, en La Plata, las fuerzas ligadas al gobierno ostentan seis centros de estudiantes de enorme importancia: Humanidades, Ingeniería, Psicología, Periodismo, Informática y Exactas, y son segunda fuerza en varios otros. Por otro lado, la Franja Morada, que expresa más fielmente los intereses del rectorado, dirige tres centros importantes: Derecho, Arquitectura y Económicas. El avance registrado por el gobierno no puede estar disociado del papel jugado por buena parte de la izquierda. El Frente Darío Santillán, que se encuentra al frente de tres centros y de la Federación, llevó adelante una sistemática adaptación a la política del gobierno, que permitió el avance de los K. El apoyo que le ha dado a la reprivatización de YPF o su negativa de participar del acto y movilización convocado por la CGT contra el impuesto al salario, son muestras claras de esa adaptación. Se suma a ello su participación de un acto rupturista y filo-kirchnerista el 24 de marzo, que saboteó la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, o su apoyo a la ley de medios K, factor determinante que llevó a la derrota de la izquierda en Periodismo, bastión del kirchnerismo puro. El desafío de la izquierda La independencia política de los centros y la Federación es el abecé para proyectar un movimiento estudiantil combativo, capaz de enfrentar el ajuste ‘nacional y popular'. Aquí reside, justamente, el desafío estratégico que se le presenta a la izquierda: la recuperación de los centros de estudiantes. Es evidente que para avanzar en esa dirección es necesario poner en pie frentes de recuperación de los centros de estudiantes que abarquen a la totalidad de la izquierda, y funcionen como herramienta para enfrentar al gobierno y a la Franja Morada. Incluso, queda planteada la posibilidad de la ampliación de los frentes allí donde ya dirige la izquierda y existe el riesgo de que caigan en manos de los K. La UJS se dispone en esa dirección y convoca a la totalidad de las fuerzas de la izquierda a concretar frentes de lucha, independientes del gobierno y las autoridades para recuperar los centros de estudiantes.

A Jorge Julio López lo desaparecieron dos veces. La primera, durante la dictadura militar en 1976. López era, en ese entonces, un albañil de La Plata y militante peronista. Sobreviviente del Circuito Camps, fue liberado en el ’79. Fue querellante y testigo en el juicio de la verdad que se desarrolló en la ciudad de La Plata. Con sus desgarradoras declaraciones, que daban cuenta de torturas y asesinatos, quedaron involucrados gran cantidad de represores. La lista no se agota en Ramón Camps y Miguel Osvaldo Etchecolatz. La segunda desaparición forzada fue el 18 de septiembre de 2006. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, a pocos días de la sentencia que condenaría -gracias a su declaración- al genocida Etchecolatz. Las mismas fuerzas represivas que se- cuestraron y torturaron a López durante la dictadura en esta democracia lo desapare- cieron. Desde el gobierno permanecen inmutables y el silencio parece ser la única directiva, lo que se traduce simplemente en garan- tizar que la policía se mantendrá libre de sospechas. Jamás se investigó durante estos años a la Bonaerense. El silencio encubridor de la desaparición posibilitó que asesinaran a Silvia Suppo, así como también los secuestros de Gerez, Puthod y Martínez, además de las amenazas sufridas por una enorme cantidad de testigos de las causas contra los represores. Scioli no hizo más que meros circos mediáticos con el tema, pero no tomó, en su calidad de jefe de la policía Bonaerense ninguna medida que posibilitara una investigación precisa que diera con López. El gobierno nacional, por su parte, sólo calla. Durante los seis años que lleva desaparecido López, se cargaron las tintas sobre sus compañeros y, sistemáticamente, se produjeron dilaciones y, el empantanamiento de la investigación como método de encubrimiento. A seis años sin Julio López, exigimos al gobierno: basta de silencio, encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables. Basta de persecución y asesinato de luchadores populares.

El nuevo aniversario de la Noche de los Lápices encuentra al movimiento estudiantil secundario en alza, en la pelea por la defensa de la educación pública. Movilizaciones secundarias en la provincia de Buenos Aires y, antes, tomas de colegios en la Capital, pusieron en evidencia el desbarranque educativo. Los secundarios se encuentran movilizados para terminar con las malas condiciones edilicias, la falta de becas y de viandas, y que sean entregadas las prometidas netbooks. La semana pasada, una importante movilización de la Coordinadora secundaria de la zona sur del Gran Buenos Aires se hizo presente en la Casa de la Provincia. Los pibes de Pergamino han conquistado el boleto estudiantil gratuito luego de una intensa pelea. A 36 años, la lucha contra el ajuste a la educación tiene toda la actualidad. Este nuevo aniversario se encuentra atravesado por el debate en torno al derecho de los jóvenes a votar a partir de los 16 años. La iniciativa del kirchnerismo no puede ser explicada independientemente de su política regimentadora sobre la juventud. La semana posterior al 16 asistiremos al intento de avanzar en esa línea en la provincia de Buenos Aires, a través de la imposición de estatutos y tutelajes por parte de los directivos de cada colegio. Ese rol de los K ya había quedado en evidencia en los talleres obligatorios dictados por La Cámpora. Un avance en las libertades democráticas de la juventud, como lo sería el voto a partir de los 16 años, pretende desnaturalizarse para transformarlo en un arma de fortalecimiento del poder estatal. La lucha contra la regimentación de los centros de estudiantes y las coordinadoras, será una bandera clave este nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Por último, pero no por eso menos importante, la lucha contra la impunidad tiene la mayor de las actualidades. No sólo porque la mayoría de los genocidas de los 30 mil compañeros siguen sin castigo, sino también para reclamar por justicia para los desaparecidos en democracia, como Julio López y Luciano Arruga. La exigencia de justicia por Mariano Ferreyra, por ser un crimen político contra la clase obrera y la juventud, también será un estandarte presente. El viernes 14, a las 17 horas, desde Congreso a Plaza de Mayo, se realizará la movilización convocada por los secundarios de la Capital y las coordinadoras del Gran Buenos Aires, acompañados por la Fuba, estudiantes terciarios y la Conadu Histórica, en paro contra los despidos a los docentes de la UBA y por la reapertura de paritarias.

La primera tanda de elecciones en la UBA, en la que participaron cerca de 35 mil estudiantes, concluyó con un fortalecimiento de la coalición de la izquierda que está a la cabeza de la Fuba, en una coalición de hecho. En especial salió fortalecida la UJS-PO, que retuvo la presidencia de dos centros de los cuatro en juego: Veterinaria y Medicina, uno de los más numerosos. Las listas derechistas asociadas a Franja Morada y las autoridades continuaron en la dirección de los otros dos: Odontología y Económicas. En estos dos casos, la UJS y la izquierda hicimos una elección muy buena. La Cámpora obtuvo votaciones marginales: en ninguna facultad superó el 7%. En Veterinaria ni siquiera se propusieron armar una lista. La gran batalla de Medicina Es un lugar común escuchar decir que "Medicina es una facultad derechista", y que la izquierda está confinada a las facultades humanísticas. Pero es falso. En Medicina, el frente que encabezó el Partido Obrero obtuvo el 52% de los votos, bien a distancia de Nuevo Espacio (35%). Carolina Fernández, estudiante de quinto año de Medicina, será presidenta por segunda vez. Habíamos recuperado Medicina el año pasado, de las manos de una burocracia reconvertida de la UCR al kirchnerismo. Nuevo Espacio es una alianza entre Franja Morada y peronistas vinculados con la corporación capitalista de la salud y los negocios del PAMI, que forman parte de la gestión de la Facultad. Este bloque de intereses empresariales invirtió cuantiosos recursos para tratar de terminar con la mayoría de izquierda en el Cecim, lo que incluyó comprar el QRS, la agrupación que más votos aportaba al frente K, para evitar que se presentara en competencia con Nuevo Espacio. La defección de QRS mejoró los resultados de la derecha a costa del derrumbe de la lista de La Cámpora, que no superó el 7%. Durante los dos primeros días de elección Nuevo Espacio lograba superarnos por cuatro puntos, a pesar de que la votación hacia El Frente no dejaba de ser masiva (arriba del 40%). En ese momento, la posibilidad de que los agentes de la privatización y la destrucción de las carreras conquistaran el Cecim conmovió a la facultad. Esta amenaza determinó que la alianza entre La Mella y Plan B decidiera retirar su lista de la elección tras un debate con la UJS, cuando era claro, de todos modos, que ese bloque no lograba pasar el 5% de los votos. La Mella y aliados habían rechazado, con anterioridad, tanto concretar un frente de toda la izquierda para derrotar al QRS como retirarse de la elección. El acuerdo de último momento para allanar la victoria de la izquierda galvanizó la elección. La izquierda concretó un frente único (PO, PCR-Cepa, 29 de Mayo, con el agregado ahora de La Mella), con excepción del PTS que, con el 1.54% de los votos, se prepara, como dice su propaganda, “para los momentos decisivos¨, que nunca coinciden con el momento real. En la interpretación de nuestros compañeros del Frente de Izquierda, ellos han quedado como "única izquierda" (...) marginal, que es algo muy distinto a reflejar una posición minoritaria activa e influyente León Trotsky nunca dijo que bloquear a la derecha fuera algo negativo (¡imagínense!), sino que en esa lucha contra la derecha los revolucionarios debían mantener su independencia política y su programa -precisamente lo que hacemos los de la UJS-PO. Los K, tras vender una agrupación a la derecha y las autoridades, hicieron una pésima elección del 7,1%. En Vete, también Veterinaria concentró, también, la batalla entre izquierda y derecha. El Evet (UJS) derrotó con el 56,4% a La Tropilla (43,14%), un armado derechista vinculado con Franja Morada y una gestión cuyos vínculos con el gobierno son totales, pues el actual decano Marcelo Míguez, ocupa la presidencia del Senasa. La desesperación por desplazar a la izquierda del Centro llevó a un hecho inédito: el propio vicedecano pasó por cursos atacando abiertamente a la conducción del CEV. Los compañeros dieron la pelea, y no lo hicieron solos: en la lucha para defender el Centro participaron los delegados de los cursos. Económicas y Odontología También hubo elecciones en Económicas, donde el Centro siguió en manos de los radicales, que gestionan la Facultad con un decano oficialista (Barbieri). La principal oposición es un frente de agrupaciones de izquierda (Mella, Base, UJS-Partido Obrero), que alcanzó el 20%, un crecimiento respecto de las dos últimas elecciones, lo cual augura la posibilidad de consagrar consejeros en 2013. Un frente de varias agrupaciones K (La Cámpora y otros), o sea los pibes de Axel Kicillof y de Boudou, logró un módico 6,99%. El fracaso no hizo mella en el humor K, que denunció a sus rivales por contar "con aparato" (sic), en volantes seguramente impresos en Ciccone. En Odontología volvió a ganar una agrupación independiente de derecha (AFO) vinculada con el radicalismo; mientras el VPAR (UJS-Partido Obrero) sacó casi el 25%. Otra vez, La Cámpora hizo sapo: 5% de los votos. El "relato" En la Universidad de Buenos Aires, el lugar del kirchnerismo se encuentra ‘arriba', no abajo; el rector y otras autoridades son K. Gobierna en alianza con el radicalismo y hasta el PRO. ‘Por abajo', los estudiantes le dan la espalda a las listas oficiales, y apuestan por la izquierda para defender la educación pública y combatir la privatización y la crisis. Por caso, la Facultad de Medicina no tiene gas por quinto año consecutivo. Siempre un desafío Nos valdremos de estos resultados para desarrollar la influencia de la izquierda revolucionaria en el movimiento estudiantil, con un programa. Por el presupuesto educativo, contra la precariedad laboral y el despido de docentes mayores de 65 años. Buscaremos integrar al movimiento estudiantil de Argentina al torrente continental que tiene luchas históricas, como en Chile y Canadá, que enfrentan también el desahucio del endeudamiento educativo; el que se movilizan en Estados Unidos o gana las calles en El Cairo y Atenas. La juventud que lucha por el socialismo tiene una política, cuyos resultados somete a la prueba de la práctica.

En unos pocos años, el pasivo de la obra social gráfica pasó de 4 a 90 millones de pesos y se fueron del sistema diez mil aportantes. La reciente apertura del "concurso preventivo por cesación de pagos" (El Cronista, 29/8) marca un salto en este acelerado proceso de destrucción. Los ciento veinte despidos entre personal médico, auxiliares y administrativos (que podrían ser muchos más), la interrupción de las prestaciones zonales, la clausura de servicios enteros, la reducción del horario de atención del sanatorio Ciudad de la Vida son un brutal mazazo contra la misma "familia gráfica" que supo ser el centro de la demagogia ongarista. El intento de echarle el fardo a las "gestiones anteriores" es absurdo: la dirección de la obra social ha estado siempre en manos de la directiva del sindicato y todas sus fracciones son cómplices del vaciamiento. Los responsables tiene nombres conocidos: Ongaro, Abraham, Amichetti y varios más que ya no figuran, como Andrés Avellaneda. Resulta educativo que sea el ala "progre" de la Verde, encabezada por Amichetti, la que acometa la tarea patronal de despedir en masa a trabajadores que no cuentan siquiera con la defensa de un cuerpo de delegados. Ellos son quienes soportaron el cobro fraccionado de salarios y aguinaldos, el no pago de aumentos paritarios, el aporte compulsivo a la Verde y, sobre todo, su utilización como tropa de maniobras para asegurarse el control de asambleas generales y elecciones. En las últimas semanas, una guardia de seguridad reforzada se plantó en las entradas de la clínica con una planilla indicando quién pasaba y quién no. Con este método propio de un vil negrero, el nuevo consejo directivo se quitó de encima a ciento veinte trabajadores, la mayoría de ellos con muchos años de antigüedad y de compromiso con la OSPG. Los despidos (que no incluyeron ñoquis notorios o familiares de dirigentes, como la mujer de Ongaro) buscan aliviar la situación de la caja corriente, pero sólo agravan el pasivo económico ya que ahora vendrán juicios millonarios por las múltiples deudas y las indemnizaciones que se pretenden abonar al 50%. El drástico ajuste contra la salud de los gráficos es un paso al abismo. Empeorará más aún los servicios médicos y no resolverá nada, porque no ataca las causas de la bancarrota: las deudas patronales y del Estado -la deuda K con las Obras Sociales-, los negociados como el de la mafia de los medicamentos, la caída en flecha de la cantidad de aportantes, el trabajo en negro y la reducción de los aportes por la degradación de la escala salarial y de la cápita jubilatoria. El concurso es la antesala de la quiebra; ¿vendrá luego la liquidación de los activos y los inmuebles? Sin dudas está en juego el patrimonio histórico de generaciones de gráficos. La defensa de nuestra obra social requiere que cada taller se pronuncie por una asamblea general para rechazar el ajuste contra la salud, por una comisión de base que investigue los libros y denuncie a los vaciadores ante la justicia, que se ejecuten los bienes personales de los responsables, que se resuelva una plan de movilización para exigir al gobierno nacional y a las patronales deudoras los recursos que son de los trabajadores gráficos; para revertir los despidos, eliminar los ñoquis y votar un nuevo consejo directivo con participación de activos, jubilados y trabajadores de la obra social, así como la inmediata organización gremial del personal de la clínica central.

EXCLUSIVO DE INTERNET Concentración: 11:30 horas en Diagonal Norte y Esmeralda para luego marchar a la Jefatura de Gobierno. Como continuidad de la lucha que se está librando en los hospitales y por este programa: Derogación del decreto 260 y la resolución 40. El primero barre con las estructuras profesionales y de enfermería y la segunda, que impedía las asambleas, fue suspendida por la jueza Lilia Funes Montes por ser violatoria de los derechos gremiales de los trabajadores. Contra la construcción del "Centro Cívico" en los terrenos del Borda y de la casa Mac Donald en los del Gutiérrez. Por la reconstrucción hospitalaria del Alvarez incendiado hace nueve meses y del Muñiz con pabellones derrumbados y salas de internación cerradas. Por insumos, equipamiento tecnológico, remodelación edilicia y nombramientos. Por la reapertura de las paritarias Convocan: Interhospitalaria Frente de Recuperación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales Asociación de Profesionales Centro de Salud Mental Ameghino Autoconvocados del Borda ATE Centro de Estudiantes de Medicina

Una delegación de la Naranja de Prensa, junto a trabajadores de distintos medios, visitó el miércoles 7 a Marcela Pacheco en su casa, quien, desde el pasado 27 de agosto, ya lleva 12 días de huelga de hambre. La periodista adoptó esta desesperada medida de lucha con el objetivo de ser reincorporada en su puesto en la Televisión Pública, del que fue desvinculada en el 2006 por expresar libremente sus opiniones. Pero Marcela, en la matriz de su reclamo, también manifestó en forma enérgica su postura y su lucha por un periodismo libre, sin ningún tipo de censura, que acompaña esta decisión que pone en riesgo su salud. Expresó, en este contexto, su deseo de que los trabajadores de prensa puedan expresarse libremente en cualquier medio de prensa, sean públicos o privados. La periodista, poniendo su cuerpo, plantea esta lucha por la defensa de los derechos laborales en todo el gremio de prensa. Desde la Naranja de Prensa, junto a un grupo de compañeros de distintos medios, le llevamos nuestro apoyo incondicional a la compañera en esta lucha, que también es la nuestra y exigimos a las autoridades de la Televisión Pública su inmediata reincorporación. Además, nos comprometimos a lanzar una colecta por Marcela, quien, por otra parte, expresó su solidaridad por el pedido de justicia por Mariano Ferreyra. Llamamos a la Utpba, a los compañeros de canal 7 y todos los periodistas de los medios públicos y privados a iniciar una campaña de forma inmediata por la reincorporación de Marcela Pacheco. Asimismo, reclamamos al gobierno nacional que brinde una respuesta de inmediato al reclamo de la compañera y lo responsabilizamos por los daños que pueda sufrir en su salud.

La emboscada de una patota de la Uocra de Lomas de Zamora contra activistas del Sitraic el miércoles 5, en la puerta de una obra en Temperley, es una nueva muestra de la descomposición y desesperación que domina a la banda liderada por el colaborador de la dictadura, Gerardo Martínez. El ataque terminó con cuatro miembros de la patota detenidos, contra los cuales la comisaría planteó cargos menores y fueron liberados esa misma noche. La presencia de Leguizamón, el secretario adjunto de la Uocra de Lomas, en el lugar de los hechos, intentando impedir la detención de los agresores, muestra el carácter organizado de la agresión, a pesar de lo cual la comisaría de la zona elevó un ridículo sumario contra los detenidos caratulado como "lesiones leves". El mismo Leguizamón estuvo preso en abril de este año por un tiroteo con una banda rival de la Uocra Quilmes. La presencia y la organización en las obras, una derrota para la patota La respuesta del activismo del Sitraic y de numerosas obras fue inmediata. Los compañeros se fueron concentrando en la sede del sindicato desde media mañana para expresar su solidaridad y discutir los pasos a seguir. Se hicieron presentes también delegaciones solidarias de diversas organizaciones. La disposición de la comisión directiva fue clara: exigir la cárcel de la patota local y de Martínez, responsabilizar a Casal y la Bonaerense por la impunidad del accionar de la patota y disponerse a garantizar el conjunto de la actividad del sindicato que la patota pretende impedir. La derrota de los matones puede medirse por la continuidad del conjunto de las asambleas de obra previstas en la semana, al igual que las charlas de formación para los activistas del gremio. Como resultado de la intensa actividad en la zona, en los últimos dos meses se ha conquistado un plus salarial en concepto de alimentos para 400 compañeros en 13 obras, mientras que un centenar de trabajadores han sido blanqueados en 14 obras. En la última semana, tres importantes obras presentaron al Ministerio de Trabajo su decisión de desvincularse de la Uocra y afiliarse al Sitraic. Es contra esta perspectiva que la patota pretende imponer el terror. La patota de Martínez atacó esta semana también a Raúl Murga, de la dirección de los Dragones de Comodoro Rivadavia, así como a activistas de la minera Vale en Bahía Blanca, quienes habían resuelto un paro. Las agresiones, lejos de disuadir al activismo combativo que aflora en el gremio, están mostrando el agotamiento total de esta banda sostenida por Tomada y la Rosada en función de poder lanzar la fantasmagórica CGT Balcarce. El congreso nacional de trabajadores de la construcción -lanzado para octubre por el Sitraic y la Coordinadora Sindical Clasista- se afianza como alternativa y numerosas delegaciones del interior ya están confirmando su presencia. Frente a un panorama difícil, por la inmensa caída de la construcción por obra pública y el colapso del mercado inmobiliario, se avanza hacia un agrupamiento clasista nacional de la construcción.

EXCLUSIVO DE INTERNET Con esta frase, los maestros separados por Macri en la escuela 3 del distrito 18 resumen la lucha que se viene llevando adelante en contra de sus separaciones, como medida de represalia por las actividades que llevaron adelante contra el cierre de cursos. Los directivos de la escuela denunciaron los aprietes de los funcionarios del ministerio para "dar los nombres" de todos los que participaron en la teatralización contra el cierre de cursos. La solidaridad con los docentes afectados se hizo sentir cuando el gobierno quiso enviar a concurso los cargos de los separados. No fueron tomados por los docentes de primaria presentes, en reclamo contra la medida del gobierno. Esta corriente de solidaridad entre los docentes se expresó en el paro del 1º de septiembre. En el acto, López (UTE) anunció que la lucha seguiría con "recursos legales". Efectivamente, el gremio está evitando poner toda la carne al asador para evitar los despidos. No han convocado plenario de delegados para poder discutir la situación, lo cual reduce el alcance de las medidas de lucha. La pelea de los docentes de la escuela 3 es estratégica, porque se juega el derecho a manifestarse públicamente en las escuelas contra el gobierno. Es una lucha contra la regimentación por parte del estado en las escuelas, que el macrismo realiza al igual que los K. Que se convoquen plenarios de delegados para discutir y poner en pie las medidas necesarias para que no pasen los despidos.

El viernes pasado fue despedida de Canal 13 Mariana Cuccarese, militante de La Naranja y activista sindical en el canal. Mariana, en las condiciones difíciles de represión patronal que caracteriza a las empresas del grupo Clarín, se había afiliado a la Utpba y llevaba adelante una actividad gremial constante, de apoyo a la comisión interna y sus luchas, actividad que irradiaba hacia otras empresas del pulpo de Noble y Magnetto, siendo enlace y organizadora de activistas sindicales de varios medios del grupo. Esa es la razón por la que la despidieron. Por ese motivo, el lunes 10 se realizó un acto público en la puerta del canal para exigir la reincorporación de Mariana. La compañera recordó que su relación con la comisión interna de prensa de la Utpba comenzó a partir de plantear las inquietudes laborales de su sector, donde el 75% de los trabajadores está tercerizado, mientras que los pocos que están en blanco se encuentran “fuera de convenio”, un ardid de la patronal para excluirlos de derechos convencionales y congelarles el salario o subírselo a su antojo. La intervención de Mariana fue reveladora: denunció las pésimas condiciones de trabajo que se esconden detrás del solcito de colores de la pantalla del 13/TN, con gente trabajando en sótanos sin ventilación, con salidas de emergencia que dan al vacío o que están bloqueadas, con alarmas de incendio que se disparan a cada rato atemorizando a los compañeros, todo lo cual ha convertido el lugar de trabajo de tanta gente en un infierno. Por rebelarse contra todos esos abusos y participar activamente en la gestación de una salida colectiva para enfrentarlos, es que despidieron a Mariana. Por eso la solidaridad con ella fue inmediata. No sólo por el acto que se logró poner en pie para lanzar la campaña, sino también desde adentro, con los centenares de llamados y mails de solidaridad y muchos otros gestos que recibió Mariana, una prueba de la justeza de su lucha y de la enorme identificación de sus compañeros con su causa. Llamamos a todo los trabajadores de Canal 13/TN y de las restantes empresas del grupo Clarín, a apoyar la lucha de Mariana por su reincorporación, sobre todo por el carácter estratégico que tiene plantar la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo ante los acontecimientos que se avecinan, y para que no sean utilizados para descargar más golpes contra los compañeros.

Con una enorme alharaca, el gobierno anunció el ingreso de Arsa a la alianza internacional de empresas aerocomerciales Sky Team: se la presenta como expresión de un crecimiento. Es lo contrario, porque Aerolíneas Argentinas y Austral cargan un déficit operativo diario de más de 2 millones de dólares (en ascenso), que el gobierno ya no puede financiar. Por otro lado, la tendencia a formar alianzas obedece a que el mercado aéreo internacional se caracteriza por quiebras, despidos, derrumbe de utilidades y megafusiones. Sky Team compite con Star Alliance y One World. Según el portal especializado "La Gaceta Aeronáutica" se trata de "aprovechar el concepto de economía de escala para reducir costos" -o sea reducir personal y flexibilizar el trabajo. De hecho, un primer objetivo es "unificar redes, salas de embarque, servicios de emisión de billetes, de facturación, handling y demás servicios asociados a la operatoria aerocomercial". Esto implica la polifuncionalidad: por ejemplo, que los trabajadores de Arsa vendan pasajes a Shangai operados por China Airlines. O, reemplazar las áreas operativas particulares por una supra empresa común. De hecho, la "auditoria de Sky Team" exige la presencia de los trabajadores en los mostradores de atención, incluso cuando no hay pasajeros ni vuelos programados. La alianza convierte a Aerolíneas Argentinas en una línea de cabotaje y regional; una suerte de política internacional de cielos abiertos donde Arsa opera como tercerizada. Uno de los "cien puntos" del acuerdo plantea la "racionalización de la flota", lo cual implica orientar a AA hacia las aeronaves chicas y con escasa autonomía de vuelo como son los Embraer. La compra de aviones Airbus con capacidad de 800 pasajeros para destinos como Roma o Madrid (muy rentables) ha quedado en el olvido. Como un gesto de buena voluntad anticipado con sus socios de Sky Team, Recalde canceló destinos como Auckland y México. Arsa deberá abandonar los destinos principales mientras se vaya haciendo obsoleta su flota de larga distancia y no pueda cumplir alguno de los "cien puntos" para pertenecer a la alianza. Así ocurrió con los Boeing 737-500 a principios de este año. El mercado de cargas (más oculto, pero más rentable) también tiene su Sky Team Cargas. Aerolíneas ya entregó destinos regionales rentables a Lan Argentina y se limita a "garantizar la conectividad nacional". Lan, junto con TAM, forman parte de la alianza One World. Otro punto presentado como una "ventaja para el pasajero" es que la acumulación de millas valdrá para el conjunto de las empresas integrantes de Sky Team, lo que permitirá a Arsa disminuir pasivos (y perder pasajeros) y al conjunto de la alianza modificar el tratamiento contable de esos pasivos en sus balances, del mismo modo que lo hicieron los bancos que precipitaron la crisis financiera. La puta realidad Aerolíneas Argentinas ingresa a Sky Team cuando todavía retacea la convocatoria a paritarias de 2012, vencidas desde hace más de cinco meses. Los sindicatos se encuentran paralizados (Apta) o abiertamente entregados a la patronal (APA). Han sido cómplices de la regimentación laboral impuesta por la auditoria (una suerte de FMI aeronáutico) y colaboran abierta e interesadamente en el despido de Cristian Fontana (histórico dirigente de la oposición y delegado general del Aeroparque durante más de una década) en un año de elecciones sindicales. En Apta, el horno no está para bollos. La conciliación obligatoria está casi vencida y los delegados combativos de Austral-Aeroparque impusieron la convocatoria de un plenario general de delegados para dar comienzo a un plan de lucha. Los delegados de Apta de Ezeiza trataron el tema con la presencia de 150 trabajadores movilizados. Los pilotos comienzan a calentar motores para enfrentar la destrucción de conquistas y derechos adquiridos. Las tercerizadas de los aeropuertos son una bomba de tiempo. El Partido Obrero plantea: No al despido de Cristian Fontana, por una lista antiburocrática en APA. Reapertura de las paritarias y asamblea general aeronáutica por un plan de lucha unificado. Aumento del 35%. Salario mínimo de 5.000 pesos para los tercerizados y pase a planta. Monopolio estatal. Recuperación de los servicios de catering y free shop para Arsa. Apertura de los libros de la empresa.

EXCLUSIVO DE INTERNET El pasado 25 de agosto se celebraron las elecciones municipales para centro vecinales en el barrio Rosedal. Al igual que la última elección, se presentaron dos listas: por un lado la lista 27 "Unión y Participación Vecinal" como un armado entre sectores de la UCR y kirchneristas afines al ex intendente Giacomino; por el otro, la Lista 1 "Recuperación Vecinal" sobre la base de un frente con activistas del barrio, cuyo candidato a presidente fue el compañero José Barraza (PO). La Lista 1 es la expresión del sector más activo del barrio, que logró de la derogación del pago obligatorio de los costos de la red cloacal denunciando el negociado del Municipio con las empresas contratistas (Alacor), descargando al vecindario el costo de la obra a precios exorbitantes. Es un triunfo y antecedente para enfrentar la política de ajuste e impuestazos que pretende descargar el Intendente Mestre al conjunto de los barrios. La gestión vecinal cumplió el papel de correa de transmisión de la empresa, al oponer los intereses de la contratista a las necesidades del conjunto del vecindario. En el mismo sentido, impulsamos un programa a partir de los puntos más sentidos del barrio como: Salud, Educación, Jubilados, Obras públicas, Cultura reflejada en la consigna "Por un centro vecinal de Todos y Para Todos". Como tarea inmediata, nos proponemos organizar una asamblea cuyo principal eje será resolver el problema de la obra cloacal, ya que actualmente la empresa Alacor pretende hostigar judicialmente a los vecinos. Una Asamblea vecinal que legitime el triunfo de La Lista 1 y refuerce nuestra perspectiva de independencia política frente al Estado.

Los compañeros de Transnoa suspendieron su extraordinaria huelga de dos meses. La empresa se comprometió reincorporar a los compañeros despedidos -salvo al delegado José Barraza- y a pasar a planta permanente a los 27 tercerizados, en tandas hasta fin de año. La antigüedad en la tercerizada se les reconocería a los efectos de las licencias, pero no así en cuanto a los adicionales salariales. Además, se pagarán los dos tercios de los días caídos. El reclamo de fondo del pago íntegro del convenio 36/75 quedó sin respuesta. Feroz a la hora de mantener el despido de Barraza, la burocracia de la Federación de Luz y Fuerza ha debido echar lastre para poder imponer el levantamiento del paro. Esta huelga es la primera en veinte años desde que la burocracia del gremio se sumó al negocio de la privatización eléctrica. Con ella ha emergido un activismo combativo y se ha destacado un sector del cuerpo de delegados que acompañó con una conducta clasista en todo momento. Cinco boletines de Tribuna Energética fueron orientando la acción de estos delegados, y activistas, y ayudaron a poner, blanco sobre negro, el papel patronal de la burocracia sindical. Se realizaron múltiples movilizaciones en Salta con el apoyo del PO y la CCC, también en Buenos Aires frente a la Federación y en Tucumán. Se constituyó un fondo de huelga y se obligó al sindicato a realizar la primera movilización callejera (en décadas) con 300 compañeros de Luz y Fuerza de toda la provincia, además de un festival multitudinario en la carpa. Se ha colocado un programa que es la base para reunificar la lucha de todos los trabajadores del sector, hoy divididos en múltiples empresas, con convenios siempre por debajo del convenio madre 36/75. Un programa que, junto con los métodos de la democracia obrera y de la acción directa, son la base para construir una nueva dirección para el gremio. Con esta lucha obrera, también se puso sobre la mesa el cuadro de colapso del sistema eléctrico en todo el NOA y la corruptela de los concesionarios. Quedó de manifiesto el vaciamiento y desguace de la compañía, la propiedad asociada de la misma en manos de Taselli y la Federación de Luz y Fuerza, y la conformación de un sistema de tercerizadas que, al igual que en el ferrocarril, contratan trabajadores fuera de convenio. El poder político local tuvo que reconocer, bajo la presión de esta lucha, que los crecientes cortes del servicio eléctrico son responsabilidad de la empresa, luego de tratar de culpar a los trabajadores. El desafío del activismo que protagonizó esta lucha es la organización de una agrupación clasista que se proponga recuperar el sindicato. La lucha por la reincorporación de Barraza, que se ha planteado también en la Justicia, debe ser un eje central, junto a la defensa de un pliego obrero que preserve la estabilidad laboral y el convenio colectivo, frente a los desafíos que va a plantear la quiebra generalizada de las compañías eléctricas. Más estratégicamente, y para toda la población salteña, está planteado recuperar el manejo del sistema eléctrico de manos de estos saqueadores.

La guerra con el kirchnerismo le ha quitado a Moyano resortes vitales en su poder sindical. Es el caso de la parte estatal de los fondos de obras sociales (que él administró en beneficio de su burocracia), el subsidio de 1.000 millones anuales a las empresas camioneras sólo por estar en blanco y el negocio de 100 millones anuales del examen psicofísico a los choferes de camiones y fletes. Todo ello le quita poder como burócrata sindical y, en el caso del subsidio a las empresas camioneras, la posibilidad de aspirar a parte de ese subsidio a la patronal para volcarlo en salarios y obtener algún diferencial para los trabajadores -algo que no provenía de la ganancia patronal, sino de un subsidio adicional a esas ganancias. Es decir que Moyano se hizo fuerte como lobbista de las empresas camioneras y, por ese motivo, muchas de sus movilizaciones son facilitadas por la patronal, la que da permisos a los trabajadores, les paga el día y hasta colabora para los micros. Moyano no ha tenido hasta acá un poder de movilización contra las patronales, sino con las patronales. El divorcio político con Cristina agrava esta situación. El gobierno prepara una ley de "envíe nacional" -parafraseando al "compre nacional"- que consistirá en que ninguna dependencia estatal puede hacer su correspondencia por medio de correos privados, sino por el Correo Argentino. Hasta ahora, Moyano fue un fuerte delegado de las patronales de la llamada "rama clearing", la cual incluye jugadores como Oca, Andreotti y hasta Unir (del grupo Clarín), que fueron destinatarios de licitaciones y convenios de todo tipo para la distribución y envíos postales del Estado, justamente por presión del propio dirigente camionero. Moyano las premió con convenios absolutamente negreros como el de Oca (toda la rama es similar) los que establecieron el salario por pieza y fraccionaron vacaciones de acuerdo a las necesidades patronales, al calor de la reforma laboral que el propio Moyano denunció. Por otro lado, Quilmes (ver nota) se transforma en la experiencia piloto de una racionalización de los gastos de recolección de basura o de reprivatizaciones para liquidar los jugosos contratos de Covelia, ligada a Moyano, en 12 distritos de Buenos Aires. Ya hubo conflictos por ello en Bahía Blanca y Esteban Echeverría, así como cancelaciones de contratos en San Miguel y Berazategui, que precedieron al fuerte conflicto quilmeño. En estos ataques cristinistas a Moyano se ponen en juego miles y miles de puestos de trabajo, con ajustes en la plantilla de personal, como también en las condiciones de convenio y salario de los trabajadores -al menos en el caso de la recolección de basura. En el caso de correos, de prosperar la ley vendrá una presión sobre los costos laborales de los trabajadores para equipararlos a las condiciones de trabajo por productividad introducida por el propio Moyano en las empresas de la rama. Y, desde luego, una ola de despidos en las empresas de correos privados, muchas de las cuales están colgadas de contratos con el Estado. El Estado puede, además, obligar a concesionarios privados de servicios públicos a seguir las mismas normas. Como se aprecia, el futuro de los trabajadores camioneros está lleno de amenazas que ya se están haciendo realidad. Motivo suficiente para que se abra una gran deliberación en las filas de los trabajadores de las empresas camioneras -en especial de recolección y de clearing. Hay que establecer un programa contra los despidos: cualquier reorganización de los servicios públicos o de alguna de sus actividades tercerizadas debe realizarse con la continuidad del total de los trabajadores y la vigencia de su convenio colectivo camionero. Esto no se arregla con discursos contra el gobierno, ni con actos donde se proclama que los sindicatos son de Perón, o manifestaciones por la memoria de Rucci como la que plantea Moyano para fin de mes. El gremio camionero se tiene que poner en pie y basarse en asambleas que fijen un programa y organicen la lucha por la defensa de los puestos de trabajo y el convenio, al mismo tiempo que se reclama por salario familiar para todos y anulación del impuesto al salario.

EXCLUSIVO DE INTERNET En asamblea, 800 trabajadores de la construcción, que se encuentran desempeñando distintas tareas para la gigante de la minería Vale, resolvieron un paro en reclamo de aumento de salario y mejores condiciones laborales como medidas de seguridad para terminar con "accidentes" fatales. Los delegados, elegidos a dedo por la burocracia, pretendían levantar la medida de fuerza sobre la base de un supuesto arreglo con la patronal, pero "no decían qué porcentaje y si nos garantizaban las condiciones para trabajar seguros, simplemente repetían que la empresa no iba a negociar bajo presión" (nos dijo un trabajador). En un primer momento prevalecieron los intentos de "persuadir" a los trabajadores, incluso con amenazas, para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Oscar Destéfano (secretario de finanzas del gremio, que oficia como vocero de la patronal), planteó que no iban a tener el respaldo del sindicato y que iban a decretar la ilegalidad del paro. La respuesta fue un repudio generalizado y se decidió continuar con la medida. "Advertimos que se trataba de una entrega. Arreglan a espalda nuestras sin consultar en asamblea, reciben la cometa y nosotros volvemos a trabajar con las manos vacías", protestaron los compañeros. Al día siguiente en la entrada de la planta, estaban apostados 50 matones, ajenos a la obra, armando dos filas (un túnel) esperando el ingreso de los trabajadores. A cinco de los voceros del activismo les propinaron una paliza para "aleccionarlos". La Uocra logró levantar el paro apoyada en ese lumpenaje que con "falopa y fierros" está dispuesto a todo tipo de agresiones. La complicidad de la empresa fue crucial ya que dejó pasar a la patota para "restaurar el orden". La violencia que se vive en la estructura nacional de la Uocra con el agente de la dictadura Gerardo Martínez a la cabeza, tiene sus ejecutores locales. La descomposición imparable de la burocracia de la Uocra y sus esbirros va generando el antídoto para detenerla. En los lugares más avanzados -Sitraic es uno de ellos pero no el único-, se les está respondiendo con organización y lucha, enfrentando a las patotas. En este cuadro hay que trabajar en Bahía por el Congreso que convoca el Sitraic por un nuevo sindicato nacional de los trabajadores de la construcción.

Parque Avellaneda Desde el Partido Obrero de la zona oeste de la capital impulsamos hace algunas semanas la iniciativa de organizar una jornada artística y musical, en el marco de la campaña Justicia por Mariano. Lanzamos la convocatoria y enseguida se fueron sumando varias bandas de los barrios, artistas y estudiantes de arte. Unas cien personas se acercaron durante el transcurso del día. Sonaron en el escenario, Facundo acustico de tango; Cantergrill, banda de Parque Avellaneda integrada por estudiantes del Yrurtia; Legendarios del Rock, del barrio de Lugano; Artesanos de la Mente, de Mataderos; Hijos de Saturno, de La Tablada; y Luz de los Ahorcados, de Villa Madero. Se pintó un mural en un paredón, donde se mezclan las consignas de "justicia por Mariano" y "basta de patotas". Uno de los momentos mas emotivos fue cuando hizo uso de la palabra Osvaldo Saleh, médico del Hospital Alvarez, luchador del hospital público. Planteó que veía a Mariano en cada luchador y en cada joven que reclama por los suyos. Agradeció el apoyo del PO a la lucha de su hospital y comprometió su participación para profundizar esta campaña. La realización del festival fue un gran desafío para toda la militancia y la juventud de la zona. Todas las bandas y artistas que colaboraron nos volveremos a reunir el sábado 15 para seguir sumando apoyo, organizar la semana del arte y la cultura por Mariano en cada barrio, y preparar otro festival de la zona. Adelante compañeros ¡todos y todo por Mariano! Marcos, Oeste Capital La plata Un gran festival tuvo lugar en el auditorio del Pasaje Dardo Rocha, un lugar neurálgico de la cultura en la ciudad de La Plata, que convocó a más 400 personas a lo largo de su desarrollo. En el festival participaron las bandas Puente de Ligre, Viah Pandora, Buena Semilla, Tantrikas y Lucas Bichir. También hubo lectura de poesía, una muestra artística y proyecciones de cortos como parte de la convocatoria que desplegó el Frente de Artistas. Un compañero del Partido Obrero explicó el significado de la lucha por Mariano Ferreyra y la actualidad del juicio. Todavía tenemos un gran camino por delante para seguir aportando con nuestro arte a esta lucha por justicia. Por eso, nos encontramos preparando una jornada artística en la Facultad de Bellas Artes para el miércoles 12 de septiembre, con un mural, bandas y radio abierta; vamos a participar con una intervención en la marcha a seis años de la desaparición de Julio López, contra la impunidad de ayer y de hoy; realizamos una convocatoria para hacer una gigantografía por Mariano a dos años de su asesinato en Plaza Moreno. Estamos preparando un festival en Berisso con estudiantes de la escuela de arte, y a su vez nos encontramos produciendo un corto para la convocatoria video-minuto por Mariano Ferreyra. El mismo sistema que promovió el negocio criminal de las tercerizaciones es el lleva adelante otro negocio: el de las industrias culturales que también nos precarizan como artistas, convierten al arte en mercancía, impulsan la privatización de la cultura, regimentan al arte y llevan adelante un derrumbe feroz en la educación. Es por eso que hemos tomado como propia la lucha por Mariano y seguimos su ejemplo. Hemos puesto nuestro arte para comprometernos con la transformación de este régimen social y decir ¡Mariano Ferreyra, presente! Gabriela

Luego de cuatro días de paro, con un campamento de los recolectores en la puerta del municipio, desde el Ministerio de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria. Hace un mes se levantó el paro anterior, con el anuncio de la prórroga del contrato a la empresa Covelia hasta el mes de noviembre. El conflicto se origina en el anuncio del despido de 150 trabajadores que realizan la tarea de barrido, ya que la nueva licitación no contempla esta tarea para la empresa que se haga cargo de la recolección. Simultáneamente, la Secretaría de Medio Ambiente abrió los sobres de las ofertas de la licitación por la recolección y la única oferente es Covelia. Pero sus costos superan en casi un 100% al monto aprobado por el Concejo Deliberante para esa función. El municipio, según anunció el propio intendente Gutiérrez a medios de comunicación locales, ha resuelto que el barrido sería municipal y que tendrá los trabajadores y los medios necesarios. En realidad, esa tarea será realizada por los compañeros de las cooperativas de Argentina Trabaja, quienes ya barren la peatonal y las plazas centrales. Por supuesto, por fuera del convenio camionero y también municipal, y por un cuarto de sueldo de lo que perciben hoy los barrenderos. En Quilmes hay cerca de 9.000 trabajadores cooperativizados, muchos de ellos cumplen tareas que debieran realizar trabajadores de planta del municipio, como la recolección de ramas, el podado de árboles, la limpieza de predios, etc. Al cuarto día del conflicto, el municipio salió a levantar la basura en las zonas más críticas con camiones y personal propio. La situación confirma que tras el divorcio Cristina y Moyano se encuentra el ajuste, el cual no puede sostener los negocios que armaron con el camionero, por un lado, y que pretende descargarse sobre los trabajadores, por el otro. Nuestra posición es que la crisis la paguen los capitalistas. Ni privatización de la recolección ni alquiler de camiones como propone la banca del PRO. Los 374 millones de pesos presupuestados para la recolección son suficientes para equipar al municipio con los elementos necesarios, sin negociados de alquiler de camiones ni precarización laboral. Es necesario que se abran los libros contables del municipio y de Covelia. Que la compra de equipamiento sea controlada por los trabajadores y por comisiones vecinales. Pasar a planta permanente a todos los trabajadores de Covelia -tanto de recolección como de barrido-, manteniendo el convenio camionero, el salario y las condiciones laborales. También el pase a planta permanente de todos los trabajadores cooperativizados del Argentina Trabaja, quienes cumplen tareas municipales. Pongamos en pie asambleas vecinales y de trabajadores que discutan estas medidas, sin esperar hasta que en noviembre se reabra la crisis.

En el colegio San Martín, comenzamos con una serie de reclamos, que llevan un largo tiempo sin respuesta. Entre ellos, alimentos en mal estado, suciedad, falta de bancos, ventanas que se caen y hasta un "guardia" que acosa a nuestras compañeras. Llamamos inmediatamente a una asamblea para decidir las medidas que debíamos tomar. La decisión de los estudiantes fue clara, sentada y corte de calle. Después de esa medida, la directora de nivel medio del concejo provincial de educación se presentó y nos dio una respuesta favorable. Llegaron los bancos faltantes, se limpiaron los desechos de las palomas y se retiraron los nidos. El "guardia", un acomodado político, fue sacado del colegio y se elevo un acta, estaremos atentos si intentan acomodarlo en otro establecimiento ya que nuestras compañeras corren peligro. La lucha debe continuar. Esta victoria se logró gracias a las acciones en conjunto de todos los estudiantes y con un centro independiente de la dirección y dispuesto a luchar contra el gobierno que no tiene en sus planes la mejora de la educación pública. La lucha por un edificio único es el próximo paso. Por la defensa de la educación pública, por los derechos de los estudiantes y de los trabajadores no bajamos las banderas y convocamos a una gran jornada para los 36 años de la "Noche de los lápices" como jornada de lucha y organización de los estudiantes.

En los próximos días y semanas, la juventud que lucha tendrá por delante varias batallas de enorme importancia. Este viernes será la marcha por la “Noche de los Lápices”. La va a encabezar un movimiento estudiantil secundario en ascenso, el cual logró victorias de peso contra la destrucción de la escuela media La que va a defender a sus centros de estudiantes como herramientas de lucha, sin “reglamentos” ni “veedores” oficiales. Para ese movimiento, la jornada de los lápices no es una evocación escolar de los derechos humanos del pasado. Es la oportunidad para denunciar a los represores de hoy y al gatillo fácil. También de escrachar a la lacra destructiva de la droga, cuyos beneficiarios también cuentan con protección estatal y policial. Esa juventud, que se mira en el espejo de Mariano Ferreyra, también levantará bien alto la lucha por la condena definitiva de Pedraza y su patota. Después del 16, se vienen grandes batallas electorales en colegios y facultades. Para defender la universidad pública contra las camarillas de la privatización educativa. Para que nuestros centros de estudiantes sirvan a esa lucha. En los últimos días, la izquierda y el Partido Obrero revalidaron victorias en varias de las mayores facultades de la UBA y está creciendo en votos en otras. Vamos por ese rumbo en las elecciones que se vienen en la UBA, la Plata y todo el país. Ese progreso de la izquierda revolucionaria tiene claras razones. Los “relatos” oficiales podrán llenar las horas de la TV pública o la cadena nacional. Pero no llenan la vida de una juventud precarizada, sin derecho al estudio o a la vivienda, sobre la que se descarga todo el peso de la crisis capitalista. Esa juventud pide pista. Para luchar por el salario, para ponerle fin a laprecarización laboral y la desocupación. Por el derecho a la educación estatal y gratuita. Por la libertad de organización en todos los lugares de estudio y trabajo. Por plenos derechos políticos y gremiales a la juventud, sin ninguna injerencia estatal. Vamos con ellos.

Se abrió un conflicto en la justicia penal, a raíz de la solicitud de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) para que se bajen cuadros y recordatorios de jueces de la dictadura, particularmente el juez Quiroga, y que en su lugar se coloque un recordatorio del defensor oficial desaparecido en la última dictadura, Guillermo Díaz Lestrem. El 3 de agosto pasado, la Comisión Interna del fuero penal de la UEJN solicitó a la Cámara del Crimen la remoción del cuadro homenaje al juez Quiroga en el Juzgado de Instrucción 20, cuya presencia fue advertida por el delegado Facundo Miño. Quiroga, quien fue "miembro del Camarón (o Cámara Federal Antisubversiva), interrogó a los presos políticos antes de su fusilamiento en la Masacre de Trelew (...) él los interrogó mientras rechazaba los hábeas corpus de los abogados" (Página/12, 2/9). Al delegado que informó al gremio, se lo persiguió con un sumario interno "por asistir como público el día que empezó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, a pesar de que había acordado que se tomaría el día. En el gremio denuncian que mientras nombraron a otros judiciales en vacantes interinas en los últimos días, a él lo efectivizaron, pero lo mandaron a la oficina de fotocopias. Por eso anuncian la intención de presentar un amparo" (ídem). La presión y la denuncia realizadas por los delegados y activistas hicieron que la Cámara del Crimen traslade al delegado a otro juzgado. Aun así, seguimos ante un acto violatorio del derecho elemental de libertad de expresión y avasallamiento de los fueros gremiales de Facundo. La persecución a Facundo y la Comisión Interna no es un hecho aislado, sino que es parte de un régimen de arbitrariedades donde el reglamento y la carrera judicial son manejadas según su antojo por los camaristas y jueces contra el interés de los judiciales. Es uno de los pocos fueros que no tiene régimen de ascensos (puntajes y ranking) y de concursos, dado que todo se maneja a dedo. La UEJN debe atravesar la vía del recurso de amparo para que se respete la plena vigencia de la tutela sindical en la justicia. Pero la Justicia en este caso es juez y parte. La única vía para hacer respetar realmente nuestros derechos es la acción de los trabajadores. Ante este ataque de la corpo judicial a los trabajadores (y siendo la propia patronal la que debe decidir el asunto), se deben convocar asambleas en todos los edificios de la Justicia Nacional y el Ministerio Público para desarrollar un plan de lucha por la reinstalación de Facundo, el cese de toda persecución ideológica y gremial, la defensa de la carrera judicial y la eliminación de toda la simbología de la dictadura en la Justicia.

EXCLUSIVO DE INTERNET El reciente acuerdo salarial firmado por el sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa se ha presentado como un pauta salarial récord, del orden del 35 al 40%, que la colocaría muy por encima de los topes de Tomada y Kristina. Este punto de vista es una falacia para la tribuna. El aumento nominal es, para el año 2012, de apenas el 25% y 13% el otro año. ¡Treinta y ocho por ciento para dos años, no es ningún aumento récord! Pero tampoco se trata de un aumento de un 38% en el bolsillo, sino que es sobre el básico (de 3.500 a 6.000 pesos, según las categorías), que es una tercera o cuarta parte del salario de bolsillo, ya que el salario bruto está constituído en su mayor parte por adicionales no remunerativos con valores vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012. Conclusión: se ha firmado una baja salarial. Esto es estrictamente lo que las petroleras le exigieron a Sapag cuando visitó Estados Unidos hace poco. Le reclamaron por el alto costo laboral en Neuquén. El descontento en la base petrolera es grande. Por un lado los adicionales, que son la parte del león del salario, siguen congelados hasta fin de año, pero además porque se pierden por huelga o por tres faltas por accidentes o enfermedad. La asociación con el capital extranjero que implica la "nacionalización" de YPF, ya no sólo se manifiesta como una reprivatización, sino que la misma exige la devaluación salarial de los obreros petroleros.

La dirección de la Conadu Histórica está preparando un "dictamen" de junta electoral por el que se restringe la fiscalización de la próxima elección, que comienza el 18 de setiembre, a afiliados de la asociación de base donde se vote. La resolución, que estaría por ser aprobada por la junta electoral, de mayoría oficialista, contraría toda la tradición de Conadu H, nacida precisamente contra las prácticas de la burocracia sindical, contra la ley Banelco y la cooptación de los sindicatos al Estado y su ley del unicato sindical. Hasta ahora, cualquier persona acreditada por la lista podía fiscalizar, como se hizo recientemente en la extraordinaria elección de AGD en la que votaron 3.460 docentes, en urnas enteramente fiscalizadas por la oposición. Indisimuladamente, la resolución apunta al fraude. En la Conadu H votan 22 universidades en cuyos sindicatos de base no siempre hay expresión de la lista opositora. Con la resolución apuntada se crea el terreno para una vieja práctica en la CTA, que quedó expuesta en la fractura: inflar de votos inexistentes las urnas no fiscalizadas para fingir resultados, mayorías inexistentes y participaciones también inexistentes. El frente formado por la Naranja (PO e independientes) y Alternativa Docente (PCR e independientes) dirige los más grandes sindicatos de la Conadu H: AGD-UBA, Fadiuc de Cuyo y Adiunt de Tucumán, junto a Comahue y minorías y agrupaciones en distintos puntos del país. Puede ganar la mayoría de votos si no hay fraude; en cambio, será más difícil ganar la mayoría de congresales, puesto que pequeñas asociaciones -que llegan al extremo de un sindicato de la UTN de 27 afiliados recientemente creado por el oficialismo- consagran una proporción de delegados muy superior que las grandes como AGD, que supera los 4 mil afiliados. La maniobra sólo confirma el giro de la conducción que lleva como candidata a secretaria general a una ex asesora del bloque radical legislativo de Santa Cruz, que alberga en sus filas elementos yaskistas y que de conjunto se inclina cada vez más a trasformarse en dócil instrumento sindical de la política de las gestiones de la universidad, más o menos kirchneristas, estratégicamente orientadas al ajuste, y la penetración privada a través de los subsidios mineros y las viejas leyes educativas del menemismo. Esta maniobra de fraude debe llamar a un debate en las filas de La Mella y otras agrupaciones estudiantiles -y sus correlatos docentes-, que participan del frente de izquierda en la Fuba y otros centros y federaciones, pero han apoyado en diversas instancias a la actual dirección de la Conadu H. La lista Unidad Docente denunciará y combatirá esta resolución, para que sea un bumerán contra sus inspiradores.

"El Partido Obrero denuncia que la Cámara de Senadores se apresta a aprobar el proyecto de Diana Conti que apunta a la liquidación del Banco Ciudad. Los depósitos judiciales, del orden de los 7.000 millones de pesos, serán transferidos de ahora en más al Banco Nación. Se trata de una pelea por la caja: el gobierno nacional ha recurrido a los fondos del Banco Nación para financiar el creciente déficit fiscal, inundando sus activos con títulos públicos. Todo esto para sostener un sistema de subsidios millonarios a los privatizadores, el cual ya supera los 100.000 millones de pesos anuales. “Los trabajadores vienen sosteniendo una extraordinaria movilización para evitar la aprobación del proyecto de Diana Conti. Distinta es la política del gobierno porteño, que de palabra denuncia la política del kirchnerismo, pero en los hechos apunta también a un vaciamiento. Lo prueba que, en el mes de junio, intentó llevar a licitación el pago de los sueldos de todos los municipales para sustraerlos del Ciudad y otorgárselos a un banco privado. Y que ahora licitó el pago de sueldos a los 4.000 agentes de la Policía Metropolitana, un negocio con una ganancia estimada de 2 millones de pesos. “Como lo denunciaron los trabajadores del Banco oportunamente, kirchneristas y macristas votaron juntos en la Legislatura, a fines del año pasado, la reforma de la carta orgánica del Banco Ciudad. La misma habilitó al gobierno de Macri a utilizar una parte de sus beneficios para un fideicomiso manejado por el Estado y, así, financiar la "obra pública". De esta forma, los recursos del Banco pueden ser utilizados para financiar un presupuesto cuya parte principal se la llevan los "proveedores" del Estado, que recibieron reajustes del orden del 35%. “La gestión macrista ha tenido un rol preponderante en el financiamiento de los grandes proyectos vinculados a la especulación inmobiliaria en la Ciudad, con un armado en gran escala de fideicomisos para la ocasión. Mientras tanto, el plan de créditos hipotecarios para vivienda, que anunció el gobierno porteño con bombos y platillos, tiene un cupo de escasísimos 3.500 créditos para 73.000 inscriptos. “El Partido Obrero de la Ciudad llama a defender el Banco Ciudad de los gobiernos vaciadores, rechaza el proyecto de Diana Conti y la entrega del pago de salarios a la banca privada".

El lunes 10 de septiembre, una movilización de 10.000 trabajadores -quienes ocupaban dos kilómetros y medio de los dos carriles de una autovía- recorrió los pozos de la mina de platino de la empresa británica Lonmin en Marikana -el lugar de la masacre en la que 34 mineros fueron asesinados y otros 73 heridos por disparos de la policía, el 16 de agosto. Rodeados por efectivos antidisturbios fuertemente armados -y, en gran parte, blancos- muchos de los mineros iban armados con palos, machetes y lanzas. La imagen que recoge la foto es imponente. Los cantos más escuchado, según el cronista, fue “el hombre blanco está temblando”, “los policías que nos dispararon están temblando”. La movilización era un inmenso piquete móvil contra los rompehuelgas organizados por la empresa -“estamos buscando a los mineros que han ido a trabajar, si los encontramos los tenemos que matar”, sinterizó un minero negro de 23 años. La huelga se inició el 9 de agosto y tuvo su centro en Marikana, donde los mineros (a partir de la iniciativa de los perforadores de roca, su sector más explotado) exigieron llevar el salario de 4.000 rands (482 dólares) por mes a 12.500 (1.506). El gigantesco piquete no fue un hecho aislado. Las huelgas y protestas se están extendiendo a otras minas -entre ellas las de oro, consideradas estratégicas. El mismo lunes 10, unos 15.000 trabajadores de una mina de oro de la compañía Sudafricana Gold Fields -la cuarta productora a nivel mundial- se declararon en huelga con piquetes. Trabajadores de la parte occidental de la mina KDC reprodujeron, en escala mayor, la huelga de sus compañeros de la parte oriental a fines de agosto. Exigen el cese en sus funciones de los representantes del sindicato oficialista Unión Nacional de Trabajadores de las Minas (NUM, en inglés), comprometidos con la masacre de Marikana, así como un salario mensual mínimo también de 12.500 rands. En ambos casos, la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA), un instrumento antihuelgas del Estado que tiene su origen en el régimen del apartheid, exige que los mineros deben volver a trabajar antes de cualquier negociación. Las huelgas tienen el impulso y el respaldo de la Asociación de Trabajadores de las minas y de la Construcción (AMCU, en inglés), un sindicato creado en 1998 por varios dirigentes y activistas del sindicato minero burocratizado. Los 113 conflictos sindicales desde julio del 2012, había sacado a luz la descomposición del movimiento nacionalista negro (Congreso Nacional Africano, CNA) que relevó al estado del apartheid. Así como Ramaphosa, uno de los líderes del CNA, se convirtió en multimillonario y miembro del consejo de administración de Lonmin (la empresa británica dueña de Marikana), Khulubuse Zuma, sobrino del actual presidente; y Zondwa Mandela, nieto del histórico Nelson Mandela, acaban de ser expulsados como contratistas de la mina de oro Aurora, por no pagar a los trabajadores y enriquecerse mediante la venta de activos de la mina. Las huelgas tienen un respaldo inmenso en las capas más humildes de la población. A pesar de los índices de crecimiento económico de Sudáfrica, la esperanza de vida pasó de 61 años en 1994 (fin del apartheid) a 52 en 2010. Sudáfrica tiene el mayor coeficiente de desigualdad económica del mundo. A pesar de que las huelgas están “fuera de la ley”, el gobierno ha debido dar marcha atrás en la pretensión de enjuiciar a 270 mineros detenidos luego de la masacre policial. Para un investigador social, se ha llegado a un punto límite: “Si el gobierno no trata todos estos problemas, nos podremos estar dirigiendo hacia algún tipo de revolución como las de la Primavera Arabe, y puede que ya no estemos demasiado lejos” (Johan Burger, Pretoria, Institute for Security Studies). (Información: The Economist, El País, www.europapress.es, EFE)

Por primera vez, en la UOM de Villa se presenta una lista de delegados y activistas independiente de los sectores que históricamente han dirigido la seccional: la Marrón (Piccinini, hoy michelista) y la Azul (Pailón, yaskista). Dos alas que se han revelado por igual incapaces de defender las reivindicaciones de los metalúrgicos de Villa. La seccional está sumida en un gran retroceso. Acindar, la principal fábrica dirigida por el sector de Paulón, tiene el 50% de los trabajadores tercerizados; lo mismo ocurre en Tenaris y en toda la seccional, donde la mitad de los metalúrgicos están precarizados con una enorme diferenciación salarial entre los que son y no son efectivos. La derrota de Paraná Metal fue un golpe demoledor sobre todo el gremio. Mil familias quedaron en la calle, lo que significa una catástrofe social para la ciudad. Allí la lucha fue sostenida fundamentalmente por los activistas, y puso en evidencia el fracaso de la orientación de la actual directiva marrón, orientada por Piccinini, y de la Azul de Paulón. Ambas fueron incapaces de organizar un plan de lucha del conjunto de la seccional que frenara el vaciamiento patronal y defendiera los puestos de trabajo. En la campaña electoral, marrones y azules quieren eludir sus respectivas responsabilidades en el peor golpe recibido por los metalúrgicos villences en el último período. La Verde-Negra es un reagrupamiento de delegados jóvenes y luchadores, que plantean un cambio en la política de la seccional y se manifiestan independientes de las alas de la burocracia. Marrones y azules se reivindican de una y otra CTA, mostrando la resaca de la crisis de esa central que ahora se ha trasladado a cada uno de sus gremios. Paulón, con el gobierno kirchnerista de los techos salariales y Cristóbal López, el enterrador de Paraná Metal. Piccinini, con el FAP de los ajustes de Bonfatti. La Verde-Negra levanta en su programa la lucha por terminar con la flexibilidad laboral mediante el pase a planta permanente de todos los metalúrgicos. Plantea la defensa del salario con la eliminación del impuesto a las ganancias, los topes a las asignaciones familiares, el rechazo a los topes salariales y la lucha por un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta familiar. Defiende la necesidad de la asamblea general (método abandonado desde hace muchos años) como máxima autoridad, y un gremio que tenga independencia política y no se subordine a los gobiernos de turno. Un reciente y representativo plenario de la Coordinadora Sindical Clasista orientada por el Partido Obrero, que se desarrolló en el cordón industrial, dio su apoyo a la lista Verde-Negra de la UOM de Villa y a los distintos reagrupamientos de activistas que se están dando en todos los cordones industriales de Santa Fe. Llamamos a votar a la Verde-Negra.

La prohibición, por parte de Macri, de hacer asambleas en los lugares de trabajo en la Ciudad es parte de toda una política anti sindical. Empalma con los despidos a los docentes por protestar contra el cierre de cursos, con el ataque a la Junta Interna del Teatro Colón y los intentos de despidos, con los descuentos a los días de huelga y con la impugnación de 22 elecciones de juntas internas de ATE por parte del "Ministerio de Modernización" de la Ciudad. El objetivo del gobierno es atar de pies y manos a los municipales frente a la ofensiva que se viene. Busca tener herramientas para quebrar las huelgas y los movimientos de lucha independientes, como el que vienen desarrollando los enfermeros que se oponen a la liquidación de la carrera de enfermería, o la lucha de los trabajadores del Borda contra el desmantelamiento El intento de transformar las reparticiones estatales en una cárcel no es privativo del gobierno. Macri actúa con la colaboración directa de la burocracia del Sutecba, encargada ella misma, en toda la Ciudad, de impedir el desarrollo de asambleas soberanas. Los voceros "K" en la Ciudad han rechazado la medida. Sin embargo, en los ministerios y reparticiones del gobierno nacional rige la misma regimentación -esta vez, con la complicidad de UPCN. La CTA presentó un recurso judicial para rechazar la medida, que tuvo un fallo de primera instancia contrario al gobierno. Pero es la organización en cada repartición la que puede asegurar la libertad de organización en los lugares de trabajo en el Estado. Reclamamos la libertad de organización gremial para todos los estatales, sobre la base de la expulsión de la burocracia del Sutecba. Rechazamos el ajuste y las sanciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.

El panorama político egipcio ha cambiado en forma acelerada. Mohammed Morsi, nuevo presidente -de la Hermandad Mulsulmana (HM)-, desplazó en forma sorpresiva a la cúpula militar. Morsi había aceptado sin chistar la disolución del parlamento -dominado por la HM- por parte del mando de las fuerzas armadas, el cual se reservó las facultades legislativas y la designación del comité redactor de la nueva Constitución. De un plumazo, Morsi dio vuelta el tablero en medio de un escenario tumultuoso, al que manejó con destreza, y con el apoyo de la diplomacia norteamericana. Para lograr todo esto, aprovechó un atentado en la península de Sinaí -no se sabe si real o fabricado- y reocupó, de paso, la zona a la que los tratados con Israel habían desmilitarizado. Colapso económico Resulta claro que Estados Unidos fogonea esta transición política, que se encontraba empantanada. La Hermandad musulmana tiene vínculos fluidos con los grandes fondos financieros internacionales. Transcurridos 16 meses desde la caída de Murabak, la economía egipcia está virtualmente colapsada. La fuga de capitales ha vaciado las reservas del Banco Central, las que cayeron de 36.000 millones de dólares a 16.300 millones de dólares en menos de un año. La deuda pública representa el 76% del PBI. Existe el temor de que Egipto no pueda pagar sus importaciones ni mantener su costoso sistema de subvenciones a los productos básicos. Las dificultades de aprovisionamiento -como las que ocurrieron a comienzos de año con el combustible- desembocan en verdaderas avalanchas humanas. Las reacciones de consumidores desesperados se vienen multiplicando. La inflación se mantiene en dos dígitos; el 40% de la población vive con menos de dos dólares por día. La política represiva de la Junta Militar ya se había agotado Morsi procedió a descabezar dicha cúpula militar cuando se cercioró de que un sector de la oficialidad estaba dispuesto a soltarle la mano al alto mando. Iniciativa Morsi explotó a su favor el ataque de un grupo comando a comienzos de agosto a un puesto de control en el Sinaí -en la frontera entre Gaza y Egipto, en el que se mató a 16 guardias. Las versiones sobre la autoría de este atentado son confusas y hasta contradictorias. Morsi no sólo se puso al frente de la represión, sino que inició una escalada militar con el aporte de la nueva oficialidad. Hubo un despliegue inusitado de fuerzas -que incluyó cientos de tanques, helicópteros, diversos equipamientos militares y miles de soldados. El Estado sionista asimiló el cambio sin chistar e inició negociaciones secretas con el nuevo gobierno, bajo el patrocinio de Hillary Clinton. Todo para fortalecer al gobierno egipcio, sin importar su tradición histórica de enemistad con el sionismo. La retribución de Morsi a sus patrocinadores llegó muy rápido: en la conferencia de países no alineados, en Teherán, Morsi desafinó con el reclamo de la partida inmediata del presidente de Siria, como lo reclama la Otan. Perspectivas Egipto ha ingresado en una nueva etapa política, prebonapartista. El desafío fundamental para la estabilidad del nuevo régimen es el derrumbe económico, que se ha acentuado con la disparada de los precios internacionales de las materias primas de alimentos. El FMI exige un plan de ajuste y la privatización de las empresas estatales, que en gran parte están en manos de las fuerzas armadas. Uno de los principales blancos del ajuste fondomonetarista son los subsidios a los artículos de primera necesidad. A ello, hay que agregar restricciones en materia de salarios, una liberalización de la economía, ventajas para atraer inversionistas del exterior y, como broche final, una devaluación. En otras palabras: un ajustazo de grandes dimensiones. En estas condiciones, debe encararse la redacción de una Constitución política y convocar a elecciones parlamentarias. El Tribunal Supremo de Justicia sigue ocupado por gente del viejo régimen de Mubarak. Un síntoma de la precariedad política existente es la decisión de Morsi de separar a su gobierno de la HM para poder maniobrar frente a las crisis que asoman en cadena. El principal escollo para el nuevo gobierno es la contención del movimiento de los trabajadores. La rebelión popular se hace sentir a cada instante. Acaba de obtener una importantísima victoria: la liberación de la cárcel de uno de los principales periodistas opositores. La consigna del movimiento popular es el desmantelamiento completo del viejo régimen.

Para el 18 de octubre están convocadas las elecciones del gremio de la sanidad de Buenos Aires -ATSA, West Ocampo-Daer domina el gremio. Se trata de una burocracia del sector de "los gordos", vertiente del proyecto CGT-Balcarce, subordinada al régimen K. Pero más aún que al gobierno es tributaria de las patronales privadas de la salud, con las que forma desde hace años un tándem antiobrero. Es tal el grado de integración, que cuando ATSA anuncia, cada muerte de obispo, un estado de alerta y movilización en épocas de paritarias, significa que las cámaras de sanatorios y clínicas privadas y las prepagas están reclamando aumento de aranceles y cuotas. O que los laboratorios aumentan sus precios. Es un clásico el papel buchón de los representantes de la Celeste y Blanca -la lista oficialista- contra el activismo que osa organizarse en el gremio. En las recientes paritarias, la conducción acordó con las patronales de las siete ramas de la actividad aumentos salariales en cuotas, que anualizados van del 20 al 21%. Una rebaja salarial para un año con no menos de un 30% de inflación estimada, que beneficia a patronales que han aumentado sistemáticamente sus precios o que sobrefacturan a un 100 ó 200% en el caso de los laboratorios de medicamentos. La lucha de meses de los trabajadores del Centro Gallego contra el vaciamiento del hospital, ha evidenciado hasta qué punto esta burocracia da la espalda a los trabajadores y juega el papel de gestora de la patronal y de los funcionarios del gobierno, saboteando, hasta donde puede, toda iniciativa de lucha de los activistas. O cómo frenó la tendencia de los trabajadores a movilizarse contra el impuesto a los salarios y por el salario familiar, en oportunidad de la movilización a Plaza de Mayo el 27 de junio. En este cuadro se ha presentado una lista de oposición, la Bordó, antiburocrática, que tiene su centro en delegados y activistas del Hospital Italiano y el Centro Gallego y aportes de establecimientos como el Sanatorio Mitre, el Dupuytrén y otros. Se trata de una oportunidad para un reagrupamiento de activistas de base, que sufren todos los días el peso de esta mochila antidemocrática de la Celeste y Blanca y que, años atrás, supo disputar desde varias comisiones internas antiburocráticas. La Agrupación Sindical Independiente de la Sanidad integra el frente Bordó y se ha lanzado a la campaña "por una ATSA independiente y de los trabajadores", planteando: Por un salario mínimo igual a la canasta familiar actualizado por costo de vida. Por paritarias y paritarios electos por asambleas de base. Por condiciones dignas de trabajo. Por el 82% móvil para nuestros jubilados. Fuera el impuesto al salario y salario familiar actualizado para todos. Contra el cierre de establecimientos y por la defensa de los puestos de trabajo. Por la libre organización gremial. Plan de lucha del gremio de la sanidad contra el cierre del Centro Gallego. Por 6.200 pesos de salario mínimo. Asambleas y elección de delegados en todos los establecimientos.

A quince días de la huelga, la situación es absolutamente inestable. El tan meneado traspaso de jurisdicción del servicio está congelado. La cuestión del destino de la concesión, de los subsidios y de la tarifa lejos de zanjarse, sigue siendo motivo de guerra entre el gobierno nacional y el de la ciudad. A tal punto que la reunión tripartita por la regulación del trasporte metropolitano pasó a cuarto intermedio empantanada por este tema. En este cuadro, el desbloqueo de un depósito bancario de subsidios de Nación respondió a una orden de una jueza del fuero porteño, al sólo efecto de que se pagaran los sueldos para evitar reabrir la huelga. La jueza declaró que no tenía potestad para opinar en el tema de fondo -esto es sobre el traspaso. Y el gobierno macrista aclaró que acataba la gestión, pero que no modificaba su postura sobre el subte. Como consecuencia de todo esto, el "acta complementaria" firmada el 29 de agosto por Metrovías y la UTA (que pretende ordenar las cláusulas de los acuerdos logrados -por vías separadas- por ese gremio y la AGTSyP durante la huelga) tiene un carácter provisorio y precario. Allí se dice que se pagarán los sueldos con un aumento de 23%, se aumentarán los días de algunas licencias y se pagará una suma extraordinaria no remunerativa, por única vez, que irá entre 2.100 y 3.200 pesos según las categorías. La precariedad del acuerdo tiene varios componentes. No es un acuerdo paritario, ya que la negociación paritaria ha quedado postergada, en principio, hasta diciembre. Además, estas actas no han sido homologadas por autoridad laboral alguna, por lo cual tampoco se paga el retroactivo correspondiente al vencimiento del convenio el pasado febrero. Fuera de la cuenta de subsidios que fue liberada, nadie sabe de dónde saldrá en el futuro el financiamiento de sueldos y mantenimiento. Metrovías ha declarado que el servicio es deficitario por la caída del número de pasajeros. El subsidio de Nación se corta en diciembre, lo que conduce a un hipotético nuevo aumento del pasaje, que es a su vez impracticable sin un acuerdo más general sobre el valor del trasporte ferroviario y automotor metropolitano. Y esa vía está hoy bloqueada por la puja Cristina -Scioli- Macri acerca de quién aplica la sintonía fina. En este cuadro, se ha montado por parte de Metrovías y la UTA una provocación contra los trabajadores huelguistas. A los carneros de ese gremio no se le descontaron los días caídos, por lo que cobran este mes de 2.000 a 3.000 pesos más que los huelguistas. Ante semejante injusticia, la directiva kirchnerista de la AGTSyP ha lanzado una campaña planteando "Yo no quiero un plus carnero", revelando una profunda impotencia ante el golpe de la patronal y la patota contra los luchadores del subte, así como una total falta de voluntad política para defender la AGTSyP. La base tiene otro sentimiento, no pusimos el cuerpo diez días en los túneles para que los carneros se lleven el premio. Es que la directiva de Pianelli y Segovia -yaskista uno y más cerca de Moyano el otro- coinciden en la campaña "que Macri se haga cargo" y, en la misma medida, renuncian a enfrentar al gobierno nacional, que coloca las fichas del subte en el casillero de Fernández -CGT Balcarce. La lucha para que los trabajadores del subte sean protagonistas de una salida a esta crisis es integral: que se pague a todos el mismo sueldo, que se reinicie la paritaria ahora y no en diciembre, no al tarifazo, apertura e investigación de las cuentas de Metrovías, reconocimiento ya para la AGTSyP, que demostró sobradamente que es la única representación genuina en el subte. Impulsamos el debate en asambleas de sectores, entre delegados y activistas, retomar la bandera del 28% y el 2% por antigüedad, no olvidemos que estuvimos cinco meses con un 15% y ahora un 23% que nadie aprobó -el que, además, vence en diciembre. Basta de parches, queremos paritarias.

El viernes 7 se movilizaron varios miles de vecinos de Lanús contra la inseguridad manifiesta que se ha cobrado varias víctimas, mediante el fusilamiento con el que increíble y sospechosamente concluye cualquier asalto. Estamos ante una interna político/policial que tiene de rehén a los vecinos. La interna forma parte del absoluto fracaso de la política de más y más fuerzas de seguridad en el distrito. La presencia de gendarmes y policías no ha servido para evitar delitos cuyas víctimas son trabajadores y vecinos. Nos encontramos frente una profunda descomposición de las fuerzas de seguridad. Mientras el intendente acusa de “politización a los reclamos de seguridad”, la denuncia pública del Partido Obrero es que la organización delictiva en el distrito consiste en una red de intereses donde están metidas las fuerzas policiales, la justicia y funcionarios públicos que son responsables de enriquecerse administrando la delincuencia vía (entre otras cosas) los desarmaderos. Para éstos, el Concejo Deliberante vuelve a plantear el plato recalentado de regular la venta de autopartes, iniciativa que ya ha fracasado. Como siempre ocurre cuando el movimiento excede a los aparatos, la movilización quiere ser enchalecada por punteros y matones que vociferan “aquí nada de política”, tratando de valerse de los prejuicios ancestrales de la ciudadanía contra los chorros que se dedican a la política en los partidos tradicionales. Es en esta experiencia en la calle que el movimiento elaborará su propio programa de salida, si es alimentado por organizaciones que tengan algo distinto que decir sobre la política de encubrimiento del régimen. El único que distribuyó dos declaraciones proponiendo una alternativa fue el Partido Obrero. Los vecinos deben controlar los libros de entrada y salida de las comisarías, porque allí se cocina cualquier cosa y a toda hora, es el ámbito de los aprietes para probos e ímprobos para que trabajen para “la gorra” .Para terminar con la inseguridad planteamos la destitución de las cúpulas policiales, la conformación de una fuerza de seguridad ciudadana bajo control de organismos sociales, derechos humanos y el control ciudadano.

En una actitud atentatoria contra la unidad de clase, el PTS se autoexcluyó del frente único que logró el activismo en casi todas las líneas urbanas. La propuesta formulada por la Gris a los compañeros fue mantener el mismo acuerdo logrado en oportunidad de la elección de cuerpo de delegados de Ugofe LGR. La propuesta fue rechazada por el PTS, que reclamó, sin argumentos valederos, que el frente fuera Bordó-Gris, algo imposible pues el color Bordó pertenece al agrupamiento encabezado por Sobrero, quien les negó definitivamente la autorización para actuar con ese color. La opción que le quedó al PTS fue solicitar un nuevo color (naranja), desconocido para los ferroviarios. La Junta Electoral no se había pronunciado por la posibilidad de frentes bicolores. La única solución a la situación era, como hicimos las agrupaciones opositoras en todos los ferrocarriles, asimilar los compañeros al color de más tradición o que ya tenía lista armada. Por eso la Lista Gris va como Lista Violeta en Haedo y Victoria, y como Bordó en el Belgrano Norte. Simétricamente, compañeros de la Violeta van en nuestro color Gris en la seccional Escalada. Priorizamos el frente único a la denominación de lista. Cuando la Junta, finalmente, accede extraoficialmente a aceptar listas bicolores, a pocas horas de vencerse el plazo de presentación, los compañeros se retiraron a un cuarto intermedio en la negociación para no volver. Un serio error de caracterización llevó a los compañeros a mantenerse en un color ajeno hasta este momento. La negativa a presentarse con el color gris, siguiendo el criterio unitario descripto, ha derivado en una lista fracturista cuya viabilidad estatutaria desconocemos. Llamamos a los compañeros a levantar esa lista divisionista y cerrar filas en la lucha contra la burocracia asesina de Mariano.

El caso Mariano Ferreyra: el trabajo tercerizado y la criminalización de la protesta” Participan: Hugo Bonafina, secretario general de ATE Mercedes Daniel Rapanelli, dirigente nacional del Partido Obrero. Miércoles 19, 19 horas. Local de ATE (Av. 17 e/28 y 30)

La intervención del kirchnerista Agustín Rossi en favor de “la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas de modo de garantizar la accesibilidad... y evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas” (Clarín, 23/8) causó un gran revuelo mediático. El ministro de Justicia, Julio Alak lo calificó de “disparate” y el propio Rossi se retractó. La escaramuza puso sobre el tapete la polarización social creciente, que se manifiesta en la cuestión de la propiedad del suelo y de la vivienda. Reculan frente a la patria contratista Los barrios cerrados o countries constituyen una gigantesca cesión de tierras fiscales a grupos privados; hoy es una masa de 90.000 viviendas con casi 300.000 habitantes; 449 de estos barrios cerrados se encuentran en el conurbano bonaerense. La contracara de esta proliferación es el crecimiento de villas y de asentamientos, en medio de la ausencia de servicios esenciales. El reciente plan oficial de viviendas recibió más de un millón y medio de consultas, para un cupo de sólo 100.000 créditos. Uno de los graves problemas de este plan es la ausencia de tierras fiscales para la construcción de viviendas. Los barrios privados han sido, precisamente, los grandes usurpadores de esos terrenos. Frente a esta crisis, el gobierno se limitaría a impulsar la cesión de terrenos para uso público -como plazas- en esos countries. Es el mismo régimen de “altruismo inmobiliario” que se aplicó en Puerto Madero. Fracaso La crítica oficial a los countries aparece cuando se hace evidente otro hecho: el fracaso de esta privatización suburbana para muchos de sus usuarios. Los beneficios de una conexión rápida con el centro de Buenos Aires, por medio de las autopistas, han terminado en embotellamientos crecientes. Pero el fracaso mayor se presenta en el terreno de la seguridad. En 2010, la sucesión de robos violentos fue caracterizada por el entonces ministro Stornelli como el resultado de internas entre las firmas de seguridad privada, por el control de los lucrativos contratos de los countries. Al igual que las policías municipales o, en su momento, la Bonaerense II, la seguridad privada reproduce las mafias de la mano de obra desocupada y ocupada. Un programa El recule de los K tiene razones contantes y sonantes. En la disputa con Scioli por el PJ bonaerense necesita no chocar con el modelo de varios intendentes. No se trata solamente de Sergio Massa, abanderado de la ciudadela exclusiva del Nordelta y de la instalación de cámaras de seguridad y la policía comunal, una suerte de agencia privada municipal. Zúccaro (Pilar), Granados (Ezeiza), Mussi (Berazategui) defienden a muerte el esquema económico que concentra en un puñado de emprendimientos privados gran parte de los recursos y del territorio de sus distritos, mientras la otra mitad vive, el hacinamiento más brutal. Exigimos un plan de obras públicas que garantice la extensión de los servicios públicos al conjunto de la población bonaerense. Los terrenos ociosos deben integrarse a un plan de espacios públicos y de viviendas accesibles para los trabajadores, no a una nueva burbuja especulativa. Un plan de transporte público, de vialidad y de seguridad, debe integrar a las organizaciones obreras de cada distrito, para fiscalizar su cumplimiento y organizarlo de acuerdo con los intereses del conjunto de la población.

Con el cierre para la presentación de las listas para las elecciones de la Unión Ferroviaria del 27 de noviembre, culminó una primera fase en la batalla por quebrar el dominio de la burocracia y su estatuto "cárcel", cocinado entre el ministro Tomada y Pedraza en 2006. La elección entera está diseñada para perpetuar a la Verde en el gremio y en los negocios montados alrededor de las empresas tercerizadas de los distintos ferrocarriles. La histórica lucha de los tercerizados, que se trató de ahogar con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, terminó con Pedraza y la patota en la cárcel y también con sus sueños de reelección indefinida. Sin embargo, al estar vigente aún el estatuto proscriptivo de la UF, desde la propia cárcel, los asesinos de Mariano han armado un pedracismo sin Pedraza. La única lista nacional en las elecciones de la UF es la de la patota. La oposición, para llenar los "requisitos" del estatuto, debía presentar listas completas en 17 seccionales, algunas de ellas semi fantasmas, de pequeño número en el interior del país. Una tarea imposible de llevar adelante en la medida que el 87% de los ferroviarios se encuentra en el conurbano. Precisamente, donde la oposición presentó lista en la mayoría de las seccionales. Formidable batalla política de la Lista Gris - Frente Mariano Ferreyra Al cierre de la presentación, la Lista Gris -los compañeros de Mariano Ferreyra, como tituló Télam- presentó nómina completa en la estratégica Seccional Gran Buenos Aires Sur (Escalada, la de la patota). La presentación de candidaturas en Escalada debió sortear una política de terribles presiones por parte de la empresa, que sigue actuando de la mano de la patota. Antes de la convocatoria fueron suspendidos Hospital y Bustillo, dos dirigentes antiburocráticos que encabezaron la oposición en las elecciones de cuerpo de delegados, con el claro objetivo de atemorizar a los compañeros y quebrar la presentación de listas. Aún así, la respuesta de los activistas fue ejemplar y en el propio taller, nido de la patota, hay 15 de los 38 candidatos de la Gris. En la seccional Chaco, la Gris presentó también lista completa. Ahí se libró una formidable lucha contra las amenazas de la empresa, los aprietes de la Verde, contra la confusión de una oposición nacida del riñón pedracista -lista Amarilla- y contra la proscripción, puesto que los requisitos para la seccional del Chaco, con menos de 500 afiliados, son casi los mismos que para Escalada, que tiene 5.000. Se logró presentar los 32 candidatos que incluyen además ferroviarios de varias empresas, jubilados y cupo femenino. Además, compañeros de la Lista Gris van como candidatos a ejecutivos seccionales en la Lista Violeta de la Seccional Gran Buenos Aires Oeste (Haedo) con importantes cargos (secretario gremial) y en la Violeta de la Seccional Gran Buenos Aires Tren de la Costa (Victoria) conformando excelentes listas de activistas antiburocráticos. En la Seccional Belgrano Norte apoyamos la Lista Bordó, aportando también activistas a su formación. Este mapa de frente único antiburocrático tuvo expresión en Escalada en la integración de un compañero de la Violeta de Ferrobaires. Según la información que disponemos se presentó una Lista Bordó en Rosario. En conjunto, un desarrollo del clasismo sin antecedentes, puesto que cuando hubo oposición nacional fue con sectores de la burocracia, hoy asimilados a la Verde. La negativa de Rubén Sobrero a encabezar una lista de unidad en su propia seccional obligó al resto de agrupaciones de izquierda de la seccional Haedo -Violeta MST, Violeta 29 de Mayo y Gris-Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra- a formar un frente para participar. Esta posición de Sobrero y, suponemos, de Izquierda Socialista, tuvo también implicancias en la lucha contra el estatuto proscriptivo. La unidad de todas las seccionales opositoras para reclamar por el reconocimiento de una lista nacional habría creado otro escenario para quebrar la lista única, con la cúpula de la UF presa y el ministerio de Tomada escuchado en los diálogos íntimos con Pedraza. La inclusión de compañeros nuestros y de otras agrupaciones en un solo color por seccional se debe a la necesidad de sortear otro aspecto restrictivo de la elección: la Junta Electoral no se expidió en tiempo y forma sobre el reconocimiento de frentes de colores, como en cualquier otro gremio. El activismo ferroviario actuó con un método para quebrar esta indefinición que amenazaba la proscripción, que fue ir con el color de la agrupación mayor, superando con una acción unitaria los obstáculos impuestos por la patota verde. Así lo hicimos. Los próximos pasos La presentación de las listas es sólo un primer gran paso en la lucha contra el pedracismo sin Pedraza. Ahora, la junta electoral digitada desde la cárcel comenzará a mandar restricciones e impugnaciones que requerirán a todo el activismo ferroviario seguir la lucha hasta la oficialización. Ese será el próximo desafío de la semana. Con todo, la presentación de seis seccionales opositoras abarcativas del 80% de los afiliados de los ferrocarriles es un salto histórico, dado en el marco de la lucha por justicia para Mariano.

“Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra” Presentación del libro Miércoles 19, 19:30 horas. Instituto de Formación Docente N° 28.

A sólo dos semanas de asumir, la flamante directora general de Escuelas de la provincia, Nora De Lucía, arremetió con 153 despidos de contratados y de la planta temporaria en Educación. Hacía por lo menos veinte años que un gobierno provincial no se atrevía a tocar las plantas de los trabajadores de la administración bonaerense. Rápidamente, una asamblea masiva con 600 compañeros se congregó para repudiar el ataque contra uno de los más importantes derechos adquiridos de los estatales, la estabilidad laboral. A esto se le suma el recorte en la designación de los cargos docentes suplentes, la amenaza de una reducción en un 20% de las partidas para viáticos y horas extras, el no pago a los proveedores de la obra social Ioma y al personal de maestranza. Lo mismo ocurre con los proveedores de los comedores escolares y el vaciamiento de los hospitales, cuyos insumos básicos se encuentran en colapso. Después de la derrota del aguinaldo en cuotas por las huelgas, sobrevino la tregua entre Cristina y Scioli, el cambio en el gabinete con la sciolista De Lucía en Educación, y hoy se advierte el núcleo de los acuerdos: el ajuste, donde Scioli ejecuta y los camporistas miran para otro lado. La asamblea de Educación encabezada por la junta interna de ATE pudo conseguir que la ministra revea el expediente con los despidos. Se encuentra el compromiso “de palabra” de tramitar las plantas permanentes al Ejecutivo provincial y al Ministerio de Economía. El gobierno recula ante la reacción unificada de contratados y despedidos. Están tentando a ver en qué momento nos encuentran con la guardia baja. Hay que ir entonces por la derogación del decreto que congela las vacantes provinciales. Ningún sector político opositor ni tampoco ala alguna del kirchnerismo rechazaron la medida, que -como denunciamos en su momento- iba a provocar los despidos de los precarizados provinciales. Si no frenamos este ataque, el ajuste de los Scioli y los K, irán por más. Planteamos plenarios de delegados de todos los sindicatos, en toda la provincia, para establecer un programa defensivo y preparar las medidas al primer ataque. ATE y CTA tienen gran responsabilidad: que convoquen de manera urgente a un plenario provincial de delegados para discutir un plan de lucha. De inmediato, por ejemplo, deberíamos movilizarnos masivamente a la gobernación. Por otro lado, cada día tiene más vigencia el reclamo de reapertura de paritarias ante el aumento incesante de precios, pero hay que conquistar esa reapertura con la lucha.

Con ese pie empezó la CGT Balcarce aun antes de nacer. El eje de su constitución fue "la recuperación del diálogo con el gobierno", perdido por Moyano al chocar con el kirchnerismo. Derivados de ese diálogo sobrevendrían los anuncios alrededor de algunas de las reivindicaciones más acuciantes y, en especial, las que hacen a la caja de la burocracia sindical más preciada: la de las obras sociales. Pero el camino hacia el congreso oficialista del 3 de octubre se ha transformado en un calvario. La delegada presidencial en la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, reunió a Gerardo Martínez, Caló, Cavalieri y compañía para anunciar un nuevo sistema para el Fondo Solidario de Redistribución (FRS). De ese fondo, incluida la administración de prestaciones especiales (alta complejidad) fueron retenidos en el período kirchnerista la friolera de unos 15 mil millones de pesos.Pues bien. De los 15 mil millones adeudados no hubo, ni parece que habrá, definición alguna. Lo que se anunció es una promesa de cumplimiento futuro de redistribuir 2 mil millones por año, especialmente entre las obras más débiles. Se trata de una estafa a varias puntas. Primero, roban la deuda. Segundo, que aun cumpliendo la promesa de redistribución anual se estarían quedando igualmente con unos mil millones anuales. Tercero, el FRS está hecho integralmente para balancear el ingreso per capita de aquellas obras de menores recursos para alcanzar el Plan Médico Obligatorio, no a las que se crea conveniente. Cuarto, el anuncio no garantiza criterio alguno de equidad y obligatoriedad frente a la arbitrariedad en los pagos de los tratamientos de alta complejidad; de tal manera que seguirá el dedo según el comportamiento sindical y político de cada gremio. Quinto, la plata no es del gobierno, ni la que se debe, ni la que prometen distribuir con tal o cual criterio: es de los trabajadores, de sus obras sociales, como consecuencia de la retención del 10% de los aportes que se hacen en los recibos de sueldo por parte de la patronal. De impuesto a las ganancias sobre salarios, nada. De asignaciones familiares aniquiladas por los topes y la tablita, tampoco, aún cuando están saliendo fallos judiciales que favorecen a mamás denunciantes por discriminación, cuando pasan los 5.200 pesos y dejan de cobrar. Aunque el grupo Balcarce mostró toda su docilidad al votar un salario mínimo muy por debajo de la línea de pobreza, no recibe compensaciones por ello. En este contexto, se realizó un confederal que no tuvo pena ni gloria. No estuvo presente el barrionuevismo, al que se lo invitó hasta último momento. Tampoco pudo definir quién será el próximo secretario general de la central K. La debilidad es tal que no se descarta por completo la formación de un triunvirato para integrar al barrionuevismo. Pero esto tiene más problemas que soluciones. Barrionuevo es antikirchnerista y va por la plata de las obras sociales, sobre las cuales construyó su poder sindical. Caló vuelve a ser candidato a pesar de la oposición de Cristina, por descarte. En ese caso nacería una CGT que es apenas una fracción del movimiento obrero, pero que tampoco termina de ser oficialista: Caló indicó que con 6 pesos no se vive, su gremio marcó una canasta básica de 6.300 pesos y, lo más importante, puede girar junto a Techint, como lo hizo la UOM toda la vida. La nonata CGT oficial, más temprano que tarde, puede terminar en algún tipo de planteo o de choque en función de la caja y prebendas de los sectores que la componen. No está resultando fácil la conformación de la CGT del ajuste. Desprestigiada, disminuida, sin autoridad, policía de las luchas, compuesta por patotas en descomposición como la de Gerardo Martínez, sin política frente a la recesión y los despidos y mucho menos frente a la inflación. Fuera las manos del gobierno de los sindicatos, devolución incondicional de los fondos de las obras sociales, asambleas en los sindicatos que elijan comisiones de control de esos fondos y fijen un programa de reivindicaciones y un plan de lucha para llevarlas adelante. Fuera la burocracia sindical.

Los promotores de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas argumentan que la planta no generara contaminación al ser una “procesadora de semillas”; tratan de ocultar el carácter tóxico de la misma detrás de la simbólicamente apreciada concepción de “semilla” que tienen todos en general. También intentan esconder los poderosos venenos con que trataran a esas semillas, y sobretodo buscan disimular en qué han convertido a esas semillas de maíz manipuladas por Monsanto, la empresa más siniestra e inescrupulosa entre todas las multinacionales. Para divulgar esta información, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados emite este primer Informe sobre la nueva semilla que se procesará en la planta, utilizando la información que ha podido ser obtenida hasta este momento con mucha dificultad. En poco tiempo emitiremos un 2º Informe sobre el proceso de tratamiento de las semillas en el proyectado establecimiento. 1º Informe: El maíz venenoso de Monsanto Monsanto produce actualmente tres semillas de maíz que comercializa en la Argentina. Una es el Maíz MON810, semilla al que han injertado genes transgénicos a través de bombardeo con micropartículas, logrando que las plantas que se generan de todas ellas, durante su ciclo vital, en cada una de sus células, secrete una toxina (toxina Bt, procedente del bacilo turingiensis), tóxica para insectos lepidópteros (mariposas) que atacan estos cultivos. El maíz MON810 contiene entre otros genes implantados, genes que convierten en resistentes a los antibióticos de uso común en medicina humana (resistencia a aminoglucócidos). La Unión Europea prohibió, por esta razón, el ingreso de esas semillas a su territorio en 2004 a través del art. 2 de la Directiva 18/ 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo Ejecutivo de 12 de marzo de 2001 (1) (el Ministerio de Salud argentino parece que nunca se dio cuenta de ello). Paralelamente muchos países de Europa denunciaron el impacto ambiental que estas plantas venenosas de maíz generan, al secretar insecticidas todo el tiempo durante el que están vivas, causando una huella mucho mayor a la que generan las fumigaciones esporádicas con agrotóxicos. Últimamente científicos canadienses detectaron la toxina Bt inclusive en sangre de cordón umbilical de niños recién nacidos, confirmando la amplísima contaminación generada por este tipo de cultivo. Es preciso reconocer que esta toxina no es inocua para los humanos, por lo que la preocupación médica está aumentando (2). En la Argentina el maíz MON810 se conoce como Tecnología MaízGard® (MG) y se utiliza desde 1998. En 2004 Monsanto incorporó un maíz resistente al glifosato. Es el Maíz NK603 aquí conocido como Roundup Ready Maíz 2. Esta semilla permitió rociar con glifosato los cultivos de maíz y también a la población rural vecina del cultivo, con las consecuencias ya conocidas, sobre todo por los vecinos de Bº Ituzaingo de Córdoba. La ventaja era que no crecerian plantas entre los surcos con maíz, entonces este progresaria fuerte y alto sin competencia por el sol, el agua o los nutrientes del suelo. Pero glifosato no es atóxico como miente aún Monsanto, ni se puede tomar un vaso lleno de roundup como propone el Ministro de Ciencia y Tecnología Barañao: produce cáncer, malformaciones y es disruptor endócrino (3). Monsanto en 2007 lanza una versión que cruzaba los dos monstruosos maíces transgénicos, NK603 X MON810, llamado aquí MaízGard Roundup Ready 2® (MGRR2), una semilla que genera una planta resistente a glifosato y secretora permanente de insecticida. El nuevo maíz mutante de Monsanto Recientemente el gobierno nacional, en un arranque de complacencia transgénica, aprobó nuevas semillas, entre ella una de Monsanto y Dow, el maíz MON89034 x TC1507 x NK603. Esta es una versión mejorada del maíz Bt (MON810), aquel que generaba una toxina que permanentemente mataba a algunos insectos perjudiciales para el cultivo. Ahora el nuevo mutante de maíz no sólo genera un veneno, sintetiza tres venenos diferentes, que se secretan todo el tiempo. El nuevo maíz (si aún se le puede llamar así) es capaz de matar todo tipo de orugas y gusanos de mariposas que traten de anidar en sus chalas, hojas o espigas, y ahora también es capaz de exterminar a las temibles vaquitas de San Antonio, un coleóptero que suele anidar en su raíz. Este nuevo maíz, que según la anuncio la Presidenta durante su encuentro con los líderes de Monsanto, se llamaria comercialmente: “Intacta”, también quedará intacto bajo la lluvia de glifosato, para el que tiene dos nuevos genes que le dan la capacidad de sobrevivir, y además será resistente a un segundo herbicida: el glufosinato que comenzará a llover sobre los 12 millones de personas que viven en las zonas de cultivos transgénicos del país. El nuevo y venenoso maíz que Monsanto preparará en Malvinas Argentinas vendrá a generar niveles de contaminación y daño ambiental nunca imaginados; pensar que muchos países desarrollados rechazan al maíz que produce una sola toxina Bt, y nosotros autorizamos y cultivaremos un maiz que tiene tres venenos Bt, cuyo impacto es desconocido y que aún asi fue autorizado por el SENASA en base al principio de equivalencia sustancial de transgénico con orgánico; equivalencia que imaginan hipotéticamente, pero que desconocen y afirman como real con temeraria irresponsabilidad (Resolución Nº 382/2012, Ministerio de Agricultura de la Nación)(4). Intacta, el nuevo maíz mutante de Monsanto, significará una escalada más en la carrera por aumentar la cantidad de herbicidas con los que se bañan nuestros campos; hoy glifosato solamente consume 280 millones de litros/kg por año, glufosinato lo acompañará rápidamente aportando su propia y reconocida toxicidad en humanos; y la realidad demostrará como es falso el argumento de que estos manipuleos genéticos disminuyen el uso de agrotóxicos (5). La experiencia nacional demuestra que desde que se aprobó la soja RR no deja de crecer el consumo de venenos agrarios; con venenos es imposible impedirle a la naturaleza penetrar en los extensos monocultivos con plantas (malezas) que se adaptan a los agrotóxicos; esta carrera contra la naturaleza sólo le conviene a las empresas de biotecnología que inventan una solución falsa y dañina todos los años para sostener su negocio. A la vez, por el carácter de cruzamiento de los distintos mutantes acoplados del maíz, es muy probable que más de un 10% de las nuevas plantas continúen reproduciendo genes de resistencia a antibióticos de uso en medicina que son utilizados como genes marcadores en el proceso de transgénica del MON89034, lo que es una amenaza concreta a las herramientas terapéuticas de la medicina actual. Además Intacta es híbrido, nadie podrá guardarlo para volver a sembrarlo: ya no vuelve a crecer; inevitablemente contaminará genéticamente a otros maíces vecinos y las empresas multinacionales cobrarán derechos de propiedad genéticas a los productores; ya nada será como antes. El maíz en poco tiempo no podrá convertirse en mazamorra o un buen locro, este es un maíz pensado para forraje de animales o principalmente para biocombustible. Para comer habrá que ir a Mac Donald. En conclusión, la semilla INTACTA, el nuevo maíz mutante de Monsanto, que se preparará en la nueva planta, es una verdadera amenaza a la salud humana y al ambiente general de nuestro país. El maíz es el alimento que permitió a los humanos progresar a través de 15.000 años en América, su semilla es convertida ahora a través de biotecnología en un asesino serial capaz de resistir la lluvia combinada de venenos en fumigaciones aéreas o terrestres sistemáticas, que matarán a todas las plantas cercanas al cultivo menos al nuevo mutante; y será también una usina permanente de toxinas insecticidas cuya consecuencias ambientales en nuestro delicado equilibrio ecológico-sanitario (recordar epidemia de dengue 2009) son por lo menos imprudentes y alarmantes. Con esta base de información se debería desencadenar la aplicación inmediata del principio de precaución de la legislación ambiental y frenar el proyecto Intacta de Monsanto. Malvinas Argentinas, un humilde pueblo trabajador cercano a la Ciudad de Córdoba, caracterizado por sus carencias y la dignidad de sus habitantes, no merece convertirse en la factoría de este temible maíz venenoso. La historia de las factorías de Monsanto en todo el mundo sólo refieren contaminación, dolor y muerte; no queremos eso para Malvinas Argentinas y tampoco queremos que sea cómplice de este negocio macabro que impulsan Monsanto y los gobiernos de los estados nacional, provincial y municipal, deslumbrados por el productivismo extractivista de corto plazo.- Referencias 1- DIRECTIVA 2001/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de marzo de 2001 sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:ES:PDF 2- Toxinas peligrosas de maíz genéticamente modificado que se encuentra en la sangre de mujeres y fetos. http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Farticles.mercola.com%2Fsites%2Farticles%2Farchive%2F2011%2F10%2F06%2Fdangerous-toxins-from-gmo-foods.aspx%3Fe_cid%3D20111006_DNL_art_3 3- El Glifosato no es agua con sal. http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/el-glifosato-no-es-agua-con-sal/ 4- Resolución Nº 382/2012, Ministerio de Agricultura de la Nación. http://www.boletinoficial.gov.ar/Content/Xml/Avisos/01/2012/07/25/4355432.xml 5- No estamos eliminando agroquímicos, estamos introduciendo nuevos, A. Carrasco. http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=100501 Fuente http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/

El gobierno nacional dejó sin efecto una licitación de nuevas frecuencias de telefonía móvil y convirtió a la estatal Arsat en la cuarta empresa en el mercado, junto a Claro, Movistar y Personal. Arsat deberá buscar “esquemas asociativos no sólo con los grandes prestadores, sino también con participación de cooperativas y de Pymes del interior” (La Nación, 7/9). Nada nuevo por aquí, ya que son numerosos los países que tienen operadoras públicas con participación minoritaria; si no fuera porque pone al desnudo, un nuevo conflicto con los llamados “capitalistas amigos”, como ocurriera con Eskenazi -en petróleo- o con Cirigliano -en ferrocarriles-, y con algunos en el sector eléctrico. En este caso, los diarios llamaron la atención acerca de que el grupo Werthein -Caja de Seguros, Telecom- no hubiera sido advertido. Arsat, por su lado, ya ofrece servicios de televisión digital a través del sistema TDA; incluso distribuyó a dedo siete señales entre otras corpos amigas: a Telefónica (Telefé), al mexicano González (Canal 9, también se le atribuye SuriTv, que reproduce programas de Latinoamérica), a Hadad (C5N), a Szpolski (CN23 y todo indica que también Vivra, una señal de música) y a Francisco Casal (principal empresario del fútbol uruguayo, dueño de GolTv). Al listado habría que agregar a Telesur, a CBA24 (de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigida por Esteban Falcón, quien antes se desempeñó en Canal 7 y en Encuentro) y a Construir Tv, un canal de la Uocra. El 80% del mercado de telefonía sigue en manos de los grandes pulpos conocidos. Para algunos analistas, la licitación se levantó para impedir que la gane algún rival de Telefónica. “El anuncio de ayer ya dejó ganadores y perdedores entre las empresas. Telefónica aparece entre los ganadores, porque es la compañía que tiene más espectro disponible en el país y lo seguirá teniendo. Entre los perdedores se ubican Nextel, que sigue sin poder acceder a las frecuencias necesarias para ofrecer servicios 3G; Telecom y Claro, la firma del magnate Carlos Slim, que fue descartada sobre el final del concurso” (Cronista, 6/9). De Vido arremetió contra “la famosa integración monopólica de Telefónica y Telecom”, un pleito que el gobierno dio por resuelto hace un año, por lo que cabría suponer que querría dar marcha atrás. Si cambió la alianza con Repsol por la norteamericana Chevron, todo puede ocurrir en los negocios K. La “lucha antimonopólica” es un fuego de artificio -como lo acaba de admitir Kicillof, al defender la posición dominante de Techint en la provisión de chapa para automóviles. El Estado ya tiene invertido varios miles de millones de pesos en el desarrollo de una red de fibra óptica que le permitirá a Arsat competir en el llamado Triple Play (TV por cable, telefonía e internet). Cristina se vio forzada a excluir a las telefónicas de su acceso a la televisión por cable para obtener los votos necesarios para aprobar la ley de medios -aunque nunca renunció al objetivo inicial de entregarles el “triple play” por otra vía. Esto podría producirse en caso de una asociación de Arsat con “grandes prestadores”.

Acevedo, Sancho, Peralta: los K voltean gobernadores en su provincia como muñecos. Es lo que ocurre siempre donde se establece un régimen de re-re-re-re. Después de que Menem consiguiera la re-re, Argentina tuvo cinco gobiernos en cuatro años. Carta Abierta tiene en Santa Cruz una metáfora exquisita para ‘relatar’ el desgobierno kirchnerista (da para un novelón). Si estos intelectuales se tomaran el asunto en serio, advertirían que la crisis santacruceña pinta al kirchnerismo como un saltimbanqui. Sin embargo, no solamente el oficialismo se repite a sí mismo en esto de gobernar por medio de golpes de Estado: alguien más tiene que repetirse para que el espectáculo funcione. Ahí está, entonces, la llamada ‘oposición’, la cual vuelve a plantear, por boca de la UCR, “la defensa de la institucionalidad” como si el territorio fuera un jardín constitucional. Peralta también defiende una “institucionalidad”: la suya -la cual no contempla la satisfacción de las reivindicaciones populares y ni siquiera el pago de los salarios en fecha. Derrumbe del gobierno de familia En los últimos 22 años, el kirchnerismo ha puesto el régimen político y jurídico de la provincia a su servicio personal. El derrumbe de Santa Cruz resume el del país, porque es el resultado de la sangría producida por la explotación minera y petrolera, así como también por el saqueo de una obra pública financiada gracias a las retenciones sojeras. La provincia sureña es el escenario privilegiado de la ‘reconstrucción de la burguesía nacional’ -el slogan del que se ha valido el setentismo senil para renegar de “la patria socialista”. En Santa Cruz no se puede defender ninguna ‘institucionalidad’ sin barrer con el kirchnerismo, mucho menos para hacer respetar el pago de los salarios y el desarrollo social de la provincia. Los bancarios están con paros parciales por el reclamo de un adicional por zona y los trabajadores de muchos municipios del interior con retención de servicios, porque no cobraron el salario de agosto. A los empleados provinciales sólo les pagaron el sueldo de bolsillo, no los aportes y contribuciones que representan gran parte de la masa salarial. En el municipio de Gallegos -que viene cobrando en fecha y había negociado un blanqueo de sus salarios- un incumplimiento de los acuerdos ha desencadenado un quite de colaboración. Es necesario canalizar esta fuerza en un gran movimiento de conjunto, que vote un programa de recuperación de Santa Cruz bajo la dirección de los trabajadores y, sobre esta base, lance un plan de lucha. Las direcciones sindicales, sin embargo, están dejando a la buena de dios una convocatoria a un plenario sindical de bases para el 29 de septiembre. Es necesario dar impulso a esta convocatoria. Los recontra K promueven un golpe a la paraguaya o a la hondureña: por vía parlamentaria, al estilo yanqui-gorila. En su defecto, recurrirán a una intervención federal. La crisis de Santa Cruz puede convertirse en nacional. Las marionetas del golpe están en la Legislatura de la provincia; la titiritera, en la Rosada. Peralta paga el precio de haber oficiado de mayordomo de la familia. Vamos por la deliberación popular y un plan de lucha. Vamos por la recuperación de los recursos mineros, petroleros y pesqueros bajo la gestión de los trabajadores. Que el movimiento obrero llame al pueblo trabajador a poner en pie una alternativa.

EXCLUSIVO DE INTERNET A la espera de la reunión de conciliación convocada por la Corte Suprema en el juicio que la provincia de Córdoba le hizo a la Nación por la deuda de 1.040 millones de pesos a la Caja de Jubilaciones, y luego de tres semanas de lucha, los dirigentes de los gremios estatales levantaron las medidas de lucha y firmaron con De la Sota una tregua hasta el 10 de setiembre. El único compromiso del gobierno es que si la Nación paga lo que debe y firma un nuevo acuerdo para los años 2012 a 2015, suspendería la aplicación de la ley que posterga por seis meses los aumentos jubilatorios. La lucha de los trabajadores estatales cordobeses ha venido creciendo Cuatro marchas, dos de ellas multitudinarias, paros, asambleas, indican que los trabajadores vieron en este ataque sólo el principio de un ajuste mayor. La lucha de los estatales puso de manifiesto la política de ajuste de ambos gobiernos. El gobierno K, que rasca todas las ollas para pagar la deuda usuraria y sostener su propio régimen de subsidios al capital, quiere que De La Sota pague los costos del ajuste. La pelea DLS-CFK tiene como telón de fondo la lucha de los estatales, pero las ambiciones ajustadoras de ambos terminaron abriendo una crisis política. En el oficialismo, por la ejecución de las medidas. En el kirchnerismo por la virulencia que ponen los funcionarios nacionales y sus representantes locales contra las conquistas jubilatorias. Las direcciones sindicales que responden directamente al gobierno nacional, como municipales, luz y fuerza o judiciales, terminaron siendo solidarias con el recurso ante la Corte Suprema y la denuncia por parte de la provincia del Pacto Fiscal del ‘92-‘93, por el cual las provincias resignan el 15% de la coparticipación de impuestos para la Anses. De la Sota no da tregua A la par que la burocracia firmaba la suspensión de los planes de lucha, la Legislatura aprobaba un impuestazo a todos los combustibles. El argumento: la necesidad de reparar rutas y la falta de fondos por las deudas de la Nación. El gobierno piensa recaudar 500 millones con esta tasa, que será traslada a precios y tarifas. El gobierno prepara otra ley que eleva un 500% el valor de las cuotas de las 48.500 viviendas realizadas a través de los institutos provinciales. De la Sota quiere fondos para sostener su propio régimen de subsidios a los capitalistas. La crisis y los pulpos automotrices, tampoco Con poco menos de 15 días de diferencia Renault volvió a suspender, a todo su personal argumentando nuevamente problemas en la entrega de suministros por parte de un proveedor de Brasil. Lo cierto es que la producción automotriz cayó un 13% en los primeros ocho meses, por la retracción del mercado brasileño y también del local. Siguen las suspensiones, los despidos encubiertos y la caída de anunciados planes de incorporación de personal. Por un congreso de delegados de todos los gremios estatales La crisis fiscal por la caída de la economía y el alto endeudamiento están atrás de la pelea entre los ajustadores nacionales y provinciales. Con su tregua, la burocracia de los gremios estatales aceptó condicionar la suspensión del ajuste a un improbable acuerdo con el gobierno nacional. Si la Corte no resuelve el entuerto, De la Sota y la burocracia presentarán al ajuste sobre los jubilados como inevitable. La burocracia sindical está abriendo la puerta a la definitiva ‘armonización' de las jubilaciones. La dependencia política de los dirigentes gremiales a la política patronal es una cuenta que los trabajadores no deben pagar. La victoria de la lucha contra el ajuste requiere de independencia política: derogar las leyes contra los jubilados; exigir el cese la intervención a la Caja y a la Anses; rechazar los impuestos sobre los trabajadores y exigir que se cobren impuestos a los capitalistas (sobre todo, pools sojeros y pulpos industriales); cese del pago de la deuda usuraria que estatizaron Mestre y De la Sota; establecer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y la prohibición de despidos y suspensiones, por el reparto de las horas de trabajo. El congreso de delegados de base que reclamamos a los gremios tiene la función de unificar a los trabajadores tras una salida propia y avanzar en un plan de lucha que lleve a la victoria los reclamos.

La expropiación de Zanón fue votada por la Legislatura neuquina hace tres años (Ley 2656/09), pero el Estado neuquino no avanzó en la aplicación de la misma. Mientras tanto, Cerámica del Valle ya cerró y Stefani también se encuentra en una situación precaria. La caída de la actividad industrial y de la construcción refuerza la concentración a favor de los mayores monopolios del rubro. Para Zanón y Cerámica del Valle cae la demanda y aumenta el costo de materias primas y productos, mientras que, a la vez, aumenta el deterioro y la caducidad de equipos y maquinarias. Entre altas y bajas, lo que cae frente al costo de vida es el salario de los obreros y, sobre todo, el de los que sostienen las cooperativas, quienes resignan parte de su esfuerzo laboral para sostener la producción. La presión de la crisis cumple el papel de disciplinamiento y explotación obrera que las patronales ejercían antes en forma directa. La aplicación de la ley de expropiación lleva tres años en la congeladora. Mientras avanza en acuerdos con la ‘patria contratista’ local o nacional, condena a la agonía a las ceramistas bajo gestión obrera, cuando su producción se podría aprovechar para la reactivación de la obra pública. El proyecto La iniciativa, que el Partido Obrero impulsa en el marco del Frente de Izquierda, es un proyecto de ley en defensa de las fábricas recuperadas ceramistas de la provincia que obligue al Estado provincial (patronal). a reconocer el carácter de proveedoras exclusivas a las ceramistas neuquinas, en función de un plan de obras públicas -sean estas de ejecución directa o mediante terceros. Plantea que el Estado deberá adquirir los productos manufacturados por las empresas a título oneroso, es decir pagarlos -no a cambio de la devolución del pago a los acreedores privilegiados (como Iadep, Sacmi y la Corporación Financiera Internacional) que establece la ley de expropiación de Sapag. El proyecto establece incluso los volúmenes a adquirir, para que el Estado no compre productos en cantidades simbólicas. Asimismo, establece los precios unitarios y el ajuste por el índice de construcción (de la Cámara Argentina de la Construcción), plazos de entrega de la mercadería y pagos de la misma. El proyecto plantea que ante un retraso en la ejecución de la obra pública, no se interrumpa la absorción de la producción de cerámicas mediante un sistema de acopio. También establece la creación de un Comité de Aplicación a los efectos de garantizar el cumplimiento de la ley, integrada con la representación de los trabajadores, para garantizar que los beneficios y los montos resultantes que surjan de la aplicación estén destinados a conservar, ampliar los puestos de trabajo actuales y para preservar y mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Y que cualquier modificación, indefectiblemente, deberá ser más beneficiosa para los trabajadores y deberá contar con su aprobación previa. Hemos presentado el proyecto en la bancada del Frente de Izquierda y en las fábricas, para ser debatido y enriquecido con todos los aportes de los propios obreros que ya lo tienen en sus manos. Ya se ha abierto un gran debate. Algunos compañeros se preocupan por darle forma a los anexos (volúmenes de compra, precios, costos, infraestructura, etc). Otros, a anticipar los obstáculos políticos y elaborar una gran campaña para ganar la adhesión popular activa que supo tener la lucha de Zanón. Este proyecto es un planteo integral de defensa de la mayoría de la población trabajadora frente a la crisis: un plan de obras públicas para superar la necesidad de viviendas, escuelas y hospitales. O sea: ligar los problemas más urgentes de la población neuquina. Llamamos a todos los trabajadores a movilizarse y reclamar a la Federación Nacional (Focra) para que apoyen el reclamo neuquino por Zanón y Stefani -que es, en definitiva, una salida a favor de los trabajadores de conjunto. El proyecto está sobre la mesa. Es más que un planteo legislativo: es el punto de referencia de una movilización y lucha a escala nacional.

La organización Tití Guerra -de la Red que responde a Milagro Salas- se instaló en un predio de las afueras de Humahuaca, desalojando a una familia que habitaba en el lugar desde hacía más de veinte años. Esto provocó la reacción de los vecinos y de las comunidades originarias de la zona. Intervino la policía, reprimiendo con gases y balas de goma. Como resultado, el joven “Pato” Condorí fue muerto de un balazo, hubo varios heridos y más de cincuenta detenidos (entre ellos, el dirigente de la agrupación, quien fue acusado de ser el autor del disparo homicida). No es la primera vez que los grupos de Milagro Sala actúan como fuerza de choque en desalojos de tierras. Lo hicieron en la gran crisis de los asentamientos masivos de hace dos años, junto a los funcionarios del gobierno. Dos colectivos y cuatro autos de alta gama en los que llegó la patota fueron incendiados por los vecinos. Los capos de este grupo paraestatal llevaban 30.000 pesos encima, como para financiar la faena. La pueblada repelió a los agresores y luego exigió la renuncia del intendente y los concejales, por no intervenir en el conflicto. ¿Por cuenta de quién y en el marco de qué negocio inmobiliario se produjo la ocupación? Esta es la clave para entender lo que pasó. Es que el valor de la tierra en Humahuaca está asociado al negocio del turismo, más aún luego de que la Quebrada fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. La llegada de los okupas oficialistas fue la gota que colmó el vaso, en un pueblo en donde es literalmente imposible acceder a la propiedad de un terreno. Existen 14 asentamientos, lo que demuestra la precariedad en la que viven miles de humahuaqueños y la falta de una política de viviendas. Los cuatro muertos de hace dos años en Ledesma pusieron al rojo vivo un déficit superior a las 60.000 viviendas a nivel provincial. El plan “Un Lote para cada familia” -presentado como pretendida salida a aquella crisis- ¡no entregó terrenos ni al 3% de los inscriptos! Los crímenes de Ledesma están impunes y la causa está completamente parada. La lucha por la tierra y vivienda va de la mano de la lucha por justicia para que caigan los responsables políticos, materiales e intelectuales de aquellos crímenes y del asesinato de “Pato” Condori en Humahuaca. Para Humahuaca y para todos los pueblos, hay que arrancar un plan de expropiación de tierras y urbanización de los asentamientos bajo control de los sin techo.

EXCLUSIVO DE INTERNET No quedan dudas de la caracterización realizada desde Prensa Obrera sobre el carácter regimentador de la acción de "La Cámpora" en las escuelas secundarias. Evidentemente a los "militantes" les cuesta hacer pie en su tarea de adoctrinamiento. Las marchas del viernes 14 y los resultados en la UBA demuestran que "La Cámpora" ha hecho un sapo, pero además la lucha de la UJS contra esta tarea regimentadora ha puesto en crisis esta política. La labor paraestatal de "La Cámpora" venía impulsada por la resolución 4288 de la Dirección General de Escuelas promovida en su momento por Silvina Gvirtz (ahora asesora de la Anses), que establecía un estatuto regimentador para los centros de estudiantes en toda la provincia de Buenos Aires, en sintonía con el que impulsó Adriana Puiggrós, durante su gestión del año 2006. En dicha resolución no sólo se impone la existencia de un "docente asesor", sino que se coloca toda la actividad de los centros bajo la órbita de la dirección y las inspecciones. Entre estas normativas se pretendía imponer la elección de los centros de estudiantes, en la semana posterior al 16 de septiembre, con el claro objetivo de quitarle a la jornada histórica de lucha de los estudiantes secundarios su carácter reivindicativo. En vistas de los pobres resultados de esta regimentación, empezó a llegar a las escuelas la Circular Interna 485 que solicita a las direcciones un relevamiento sobre los centros de estudiantes. Los datos solicitados apuntan a crear un "Proyecto X" para espiar la actividad de los estudiantes, sus agrupaciones y centros. Rechazamos el espionaje a los jóvenes y sus organizaciones, que se publiquen todos los datos de esta circular y posteriormente se destruyan. Junto a la derogación de la resolución 4288, reclamamos: La libre organizacion de los centros de estudiantes en todos los campos de la educación -secundaria, universitaria, pública o privada, confesionales o no. La libertad de difusión política para todas las tendencias y partidos en el ámbito de las escuelas públicas o privadas, lugares de trabajo, liceos militares, institutos correccionales, etcétera. El derecho a ser electo delegado gremial desde los 16 años (la actual legislación sólo lo permite desde los 18 años). El voto universal a partir de los 16 años. La denuncia de este espionaje debe ser parte de las movilizaciones del 14 de septiembre por parte de los estudiantes secundarios.

La Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (Cues) de zona sur, nace a principio de año al calor de la lucha por arreglos edilicios, becas, viandas, netbooks, etc. Después de varios compromisos incumplidos, la Cues se vió obligada a realizar una marcha a la Casa de la Provincia en Capital. Allí arrancamos una serie de compromisos. Su cumplimiento, por parte de funcionarios aplicadores de un ajuste en la educación, está por verse. Pero los pasos que va dando la coordinadora fortalecen a los centros y agrupaciones que luchan en los secundarios de la zona (Enam, Espora, Piedrabuena de Lanús, Nacional de Adrogué). Estos días son claves para sumar más colegios y compañeros a la coordinadora y para verificar que se cumplan los acuerdos. Está claro que la lucha rinde, allí donde las promesas de los funcionarios mostraron ser huecas. Frente a la demagogia K de "la participación política de los jóvenes", los estudiantes nos movilizamos en forma independiente del Estado y expresamos nuestros verdaderos intereses, enfrentando al ajuste de Scioli y Cristina, saliendo a las calles en defensa de la educación pública y gratuita.

El jueves 6, alrededor de 1.500 personas de varias organizaciones (PO, PCR, Libres del SUR, PTS, MST, Darío Santillán y otras) se movilizaron desde los Tribunales Federales a la Plaza Independencia con la consigna de “No a la ley antiterrorista, basta de espionaje y represión”. La movilización coronó una semana de denuncias y pronunciamientos en relación a las revelaciones sobre todo un sistema de espionaje e infiltración de los servicios de inteligencia D2 sobre las organizaciones opositoras -en las que se destacaban en particular al PO y la CCC. El PO presentó una denuncia en la Fiscalía Federal, a la cual luego se sumaron varias organizaciones. Por su lado, Alperovich y el ministro de Seguridad, López Herrera, intentaron desmentir las denuncias, las que provinieron de ex miembros de las propias fuerzas de seguridad. Pero el D2 cuenta con todo un sistema de cámaras estratégicamente instaladas para espiar a los que realizan manifestaciones ante el poder político. Precisamente, La Gaceta del 7/9 destacaba que “Daniel Blanco sufrió ayer aquello que estaba tratando de denunciar. Es que el histórico dirigente del PO concurrió a la Plaza Independencia para protestar públicamente por el presunto espionaje que realizan policías del D2 (...) Y, tal vez sin darse cuenta, se puso en el centro de las cámaras alperovichistas”. Por otra parte, el gobierno no dio hasta el momento ninguna explicación sobre el seguimiento al equipo de Lanata y tampoco porqué el D2 funciona en una instalación sin identificación y con autos sin patente. Tampoco por qué supuestos fotógrafos y camarógrafos de medios inexistentes hacen su tarea cada vez que hay una manifestación opositora. El gobierno, además, aplica una política de censura a rajatablas, donde la izquierda no figura en los programas y medios oficiales. Lanata sigue censurado. El gobierno logró que el libro El zar tucumano, que denunciaba cómo la camarilla gubernamental -entre otras cosas- se enriqueció en el poder, no tuviera una sola librería dispuesta a venderlo -indudablemente por presiones oficiales. En una época de ajuste, el gobierno de Alperovich acentúa la regimentación política, tanto en sus propias filas como, en especial, en la oposición de izquierda y combativa. En esa tarea juega un papel fundamental los aparatos de espionaje y represión.

La eficacia del derecho al voto como instrumento de soberanía popular siempre ha dependido de las condiciones históricas que condicionaron su ejercicio. Se pasa por alto que el sufragio universal (restringido a los adultos masculinos) no fue inaugurado por las democracias liberales sino por regímenes autoritarios. Mientras el gobierno parlamentario británico, en los años 40 del siglo XIX, reprimió con brutalidad la reivindicación del voto por parte del Partido Cartista –un partido obrero-, una década y media más tarde lo pusieron en práctica los regímenes de Luis Napoleón, en Francia, y Bismarck, en Alemania. Fue precisamente con referencia al primero que Marx señaló que el sufragio consagraba el derecho de los trabajadores a escoger a su opresor cada determinado período de tiempo. El bonapartismo europeo, como hijo bastardo de las revoluciones sociales que lo precedieron, concedió a las masas derrotadas el consuelo del derecho al voto en condiciones perfectamente regimentadas. En Argentina ocurrió lo mismo: la oligarquía conservadora se arrepintió prematuramente, con el golpe del 30, de haber concedido la ley Sáenz Peña; quien extendió el sufragio a las mujeres no fue el liberalismo sino el peronismo -una vez que logró estatizar el ovimiento obrero que se había manifestado en forma belicosa desde mucho antes de Octubre del 45. La bancarrota capitalista internacional ha dejado expuesta la condición de vulnerabilidad extrema de los adolescentes. Son la mayoría aplastante de la población desocupada y de los trabajadores precarizados, y las víctimas naturales del derrumbe de la educación pública, o de la destrucción moral del tráfico de drogas que amparan todos los Estados. No debería sorprender, entonces, que los jóvenes sean mayoría en la plaza Tahir, en El Cairo; en Syntagma, en Atenas; en las minas de Sudáfrica; o en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Tampoco suena extraño que las agrupaciones juveniles de la izquierda crezcan en influencia y en votos en los centros de estudio de Argentina, o que listas clasistas se distingan por la presencia de los obreros más jóvenes. Mariano Ferreyra, asesinado por una burocracia sindical protegida por el Estado, se ha convertido en un símbolo de identidad que atraviesa a distintas clases sociales de la nueva generación. En estas condiciones históricas de crisis y belicosidad social, el liberalismo vernáculo esgrime, como lo hicieron sus progenitores, la minoría legal de los adolescentes para negarles el derecho al voto. “Volver a los 17”, como cantó Violeta Parra, fue convertido en subversivo por la dictadura ‘liberal’ de Pinochet. Los sobrinos del bonapartismo criollo, los kirchneristas, por su lado, han lanzado una activa política de cooptación de la juventud adolescente, mediante sus organizaciones para estatales. Aborda, sin embargo, el voto a los 16 años con vacilaciones, porque es conciente de su limitada capacidad de contención. Por eso propone un derecho al voto optativo (que posibilita el tráfico de documentos de identidad), que podrá archivar en cualquier momento cuando se lo califique de inconstitucional. Curiosamente, se ha acogido al largo trámite del debate en comisiones. No tiene apuro, hace alarde. Para nosotros, en cambio, el Partido Obrero, hay que tratar el hierro cuando está caliente. “Donde hay una necesidad hay un derecho”. La madurez política (y también la psicológica) no la establecen los códigos sino que la da la experiencia –no es pasiva sino activa. Emerge del estudio y la militancia. En oposición a la regimentación de los grupos paraestatales del oficialismo, planteamos desarrollar los centros de estudiantes en todos los colegios –públicos y privados- y los cuerpos de delegados en todas las empresas. ¡Que ellos organicen la participación de todas las corrientes políticas! Advertimos, por último, que el derecho a elegir solamente es tal cuando existe el derecho a revocar. El ejercicio de la soberanía popular supone una profunda transformación social. 8 de septiembre