Prensa Obrera N° 1228

EXCLUSIVO DE INTERNET El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo. El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación. Campaña mediática Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país. La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP. Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia. El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty. En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo. Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto. Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010. Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo. En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial. Las conexiones La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez – quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos – entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción. Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra. La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio. Los hechos de Curuguaty Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo. Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente. Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní. Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos. El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner. Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno. Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación. Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno. Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011. Juicio político a Lugo En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay. Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones. Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP – en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas – está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos. Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental – en las narices del Brasil – supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas. El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado. Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico. Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática. Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil. Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para--destituir-a--lovera-411495.html Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la cierra. Volumen I: Informe principal. 2007. Censo Agropecuario Nacional 2008. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-politico-416196.html (*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.

Cristina Kirchner declaró, en una reunión con empresarios, que "vamos hacia un modelo de varias centrales sindicales". De Mendiguren se manifestó "preocupado" y lo mismo hizo Garzón Maceda, ex ministro y decano de los asesores de la burocracia sindical. La fractura múltiple de la CGT es presentada por la Presidenta como la inauguración de un "nuevo modelo" caracterizado por la multiplicidad de centrales sindicales reconocidas. La ley vigente establece una CGT única con personería gremial; por ejemplo la Azul y Blanca de Barrionuevo no tiene ese estatus, como no lo tienen ninguna de las dos CTA. O sea que el gobierno estaría dispuesto a modificar la legislación sindical. Resulta claro que no se busca el pluralismo sindical, sino la quiebra de las organizaciones sindicales, ya que este "pluralismo" nace de una crisis política, que consiste en la incapacidad del gobierno para encontrar una burocracia adicta para sustituir a Moyano. La Rosada sabe que sus próximos adversarios serán muchos de los que hoy está apoyando para asaltar la dirección de la CGT. Lo que importa destacar, sin embargo, es que el "modelo" nuevo mantiene todos los mecanismos de intervención del Estado en los sindicatos por medio del Ministerio de Trabajo. Tomada no ha bloqueado solamente la homologación de convenios colectivos, también se ha metido en la CTA, ha intervenido el gremio de las azafatas y ha usurpado al clasismo en el Suteba La Plata. Del próximo Congreso pueden surgir tres CGT, dos de ellas "simplemente inscriptas" -Moyano y Barrionuevo- o ni siquiera inscriptas. Con este carácter precario, las CGT no oficiales no podrían participar, por ejemplo, de la negociación en el Consejo del Salario Mínimo, de la OIT o de otras instancias -lo que creará una situación de crisis política permanente. Pero el gobierno tampoco querrá consejos salariales "pluralistas" para no "legitimar" a los opositores. Más allá de las intervenciones dl Ministerio de Trabajo, el kirchnerismo opera inescrupulosamente con los dineros de la salud trabajadora, repartiendo discrecionalmente los fondos de tratamientos de alta complejidad. O para reclutar a Pedraza con garantías de manejo de los subsidios ferroviarios y presumibles garantías de impunidad. Claramente, la crisis de la burocracia sindical es una expresión de la disgregación del régimen político K, acosado por la bancarrota capitalista mundial y por el "modelo" nacional. La disgregación del régimen y de la burocracia forman un paquete; por eso la salida será política, no sindical en sí misma. Con Moyano, el kirchnerismo tuvo una CGT que se esforzó por garantizar la "paz social". Hoy estamos ante una definida tendencia huelguística contra las primeras manifestaciones del ajuste en marcha: docentes, dragones, camioneros, metalúrgicos, alimentación, etcétera. La disgregación es expresión de una crisis del gobierno con los sindicatos, no del montaje de un nuevo modelo sindical. Ante la atomización que plantea la crisis de la CGT, la consigna de "unificación del movimiento obrero" es enteramente abstracta. Lo que importa es que ella sólo será real si es conquistada por medio de métodos clasistas, pero -por sobre todo- que debe formar parte de un desarrollo político independiente, de contenido socialista. La reunificación del movimiento obrero se hará únicamente sobre nuevas bases de democracia sindical, de independencia política de la clase obrera, de la lucha por una nueva dirección clasista de los cuerpos de delegados y de los sindicatos que, a su turno, puedan reconstituir grandes sindicatos por rama industrial y una central obrera revolucionaria, asociada a la lucha por la emancipación social y al gobierno de los trabajadores. Cuando planteamos un Congreso de Bases de la CGT, lo hacemos en esa dirección, confrontando con los congresos amañados, ajenos a las reivindicaciones inmediatas, a un plan de lucha y a una salida de los trabajadores a la crisis planteada. Nuestra política es empujar con todo al Frente de Izquierda en esta dirección.

La movilización de masas a la Plaza tuvo un alcance político infinitamente mayor que las 60 ó 70 mil personas que se reunieron allí. Tengamos en cuenta que paró un solo gremio, camioneros. Pero la mitad de la colmada Plaza de Mayo no era camionera. Por eso mismo, hay que tener en cuenta el impacto político en las filas obreras. Un millón de personas siguieron en vivo el discurso de Moyano a razón de 6,4 puntos de rating en TN y alrededor de tres puntos en el resto de los canales de noticias. En las fábricas metalúrgicas y de infinidad de actividades, las radios estuvieron en el dial que reproducía en directo el discurso. La deliberación política abierta por el discurso de CFK el día anterior, cuando atacó los reclamos obreros y a "Los Dragones" de Chubut -como lo había hecho antes con los docentes, el subte y la Línea 60- rompió una relación política de la clase obrera con el kirchnerismo un día antes de la movilización. Moyano develó un proceso de crisis y realineamientos, cuando denunció que los dirigentes que se plegaron al gobierno fueron apretados por el poder y la caja del APE, pero las bases estaban en la Plaza. La movilización fue masiva con abandono de plantas en plásticos o papeleros, al igual que en Apta -gremios en los cuales el clasismo movilizó como fracción interna de esos sindicatos. Al igual que lo hicieron la mayoría de la agrupación clasista camionera, que se movilizó con el clasismo y el FIT. En cambio, los ferroviarios, los gráficos (los más masivos), el subte, la alimentación o docentes se movilizaron en una maciza columna, que -al decir de un periodista de Clarín- fue "más importante que ninguna de las columnas sindicales no camioneras". Claro, sindicatos combativos como AGD o el Sitraic movilizaron también su concurrencia con este reagrupamiento que trascendió las fronteras del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda fue un factor aglutinador en el corto, cortísimo lapso de organización de esta movilización. El paro descomunal de la docencia bonaerense contra Yasky, el paro del Sutna San Fernando (tentado de marchar con el clasismo ante la defección de la CTA Micheli), las fracciones masivas estatales que prefirieron la Plaza antes que la anodina convocatoria de Micheli o el contingente de casi cien compañeros del Subte, quienes desafiaron el boicot de la dupla Pianelli-Segovia que llamó a "no parar con la derecha" ,completan un nuevo cuadro en el movimiento sindical. Moyano dedicó la plaza a posicionarse para retener una CGT que repetirá viejas historias de pelea por la sede de Azopardo (como en los '60 y comienzos de los '80). Pero careció de un planteo para dar una salida a esta quiebra de la relación entre la clase obrera y el gobierno cristinista, el cual -como Isabel Perón- golpeó el puño para afirmar un tope salarial que quebró la huelga general antes y después de otro 27 de junio hace 37 años. Como tributario de un Scioli y un Macri que le sacaron el cuerpo porque el ajuste está primero, carece de toda perspectiva política. Se quedó en la B de la interna sindical.

El asesinato de Mariano Ferreyra, dirigente del Partido Obrero de 23 años, a manos de una patota sindical de la Unión Ferroviaria no sólo es un delito que debe encontrar el camino de la justicia, sino que el contexto en el que el crimen se desarrolló concentra varios problemas fundamentales del país y, en particular, de su clase laboriosa. La tercerización del trabajo como forma de precarización laboral, el rol de la burocracia sindical, la tercerización de la represión a manos de patotas y barrabravas, la connivencia del Estado, el gobierno y sus fuerzas de seguridad con este estado de las cosas. Estos fenómenos se exhiben con una franqueza inaudita a cada paso que avanza la investigación sobre los acontecimientos que culminaron con la vida de Ferreyra. Plazademayo.com pudo acceder, en exclusiva, a las escuchas judiciales que se realizaron sobre las conversaciones telefónicas de varios protagonistas de este caso. Esta es la primera de una serie de notas que aportará revelaciones importantes, acaso fundamentales, sobre el curso de esta investigación. El juicio oral que determinará las responsabilidades de los caciques sindicales José Pedraza (hoy alineado con la presidenta Cristina Fernández en la disputa sindical con Moyano) y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, presos al igual que los miembros de la patota que mató a Ferreyra, comenzará el 6 de agosto de este año en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Nota de redacción: los modos de desgrabación de las escuchas varían de acuerdo el agente encargado de la tarea. A veces diálogos, a veces resúmenes, también cambia el modo de nombrar a los protagonistas de los diálogos. Plazademayo.com intenta normativizar, para mejor comprensión de sus lectores, el contenido de los expedientes, que obran en poder del Tribunal Oral número 21, que tendrá a su cargo la realización del juicio. Sindicalistas y funcionarios gubernamentales: amos y señores de trabajadores precarizados. La tercerización es una forma de fraude laboral muy extendida en la Argentina. Consiste en la contratación, por parte de una empresa madre, de empresas satélite cuyos trabajadores no sólo perciben menores salarios, sino que se enrolan en convenios laborales que no corresponden a la rama de la empresa madre, sino que permiten que se hiperexplote a los obreros con condiciones de trabajo precarizadas. Esto, cuando no se conchaba empleados sin convenio alguno, como en el caso de las cooperativas truchas. La tercerización laboral hizo su entrada masiva en el ferrocarril de la mano de José Pedraza, Juan Carlos “El Gallego” Fernández –dirigentes máximos de la Unión Ferroviaria (UF)–, el ministro de Trabajo Carlos Tomada y representantes de la Unidad de Gestión Operativa del Ferrocarril (Ugofe, sociedad anónima con participación del Estado y empresas concesionarias a cargo de varias líneas), quienes acordaron en la sede ministerial el 16 de octubre de 2007 un convenio que habilitó el ingreso de empresas tercerizadas. El Estado se haría cargo del pago de sueldos y subsidios, los empresarios aportarían el management (y las ganancias), los trabajadores la mano de obra barata y flexibilizada. Previsores, los directivos de la UF habían inscripto meses antes la Cooperativa Unión del Mercosur ante la Inspección General de Justicia. La “cooperativa” estaba presidida por Horacio Castellanos, secretario de medios de la UF, y una de sus sedes era Independencia 2880, domicilio del sindicato. Los sindicalistas se habían convertido, sin mediaciones ni metáforas, en empresarios. Los obreros a su cargo tenían las peores condiciones laborales del ferrocarril. Esto no quita que, desde antes, tuvieran el control de los ingresantes a cada línea ferroviaria. El poder con el que contaban –y las ganancias que percibían– se potenciaron con esta medida. A continuación, varias escuchas que dan cuenta del poder y los negocios antes y después del ingreso de las tercerizadas al ferrocarril. Un negocio que no dudaron en defender a sangre y fuego frente a la resistencia de los trabajadores a la explotación. Antonio Guillermo Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario: el trabajo como derecho de pernada. Escucha judicial realizada el 11 de enero de 2011. El diálogo está protagonizado por Antonio Guillermo Luna –actual subsecretario de Transporte Ferroviario (nombrado en 2004), hombre del gremio La Fraternidad y sobreviviente de las gestiones de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, se encuentra imputado por la tragedia de Once, que costó 51 vidas– y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, secretario adjunto de la UF. Discuten el ingreso de una trabajadora al ferrocarril. Al final del diálogo, el funcionario kirchnerista revela una característica de la contratación. Luna: Hola. Fernández: ¿Cómo andás? L: Qué mierda te importa. F: Bueno, está bien, está bien. Tenés derecho a contestarme como quieras. L: Ya soy subsecretario. F: Ya sos subsecretario. L: Por ahora (ríe). F: Cómo andás. L: Y, para el orto, para el orto… F: ¿Qué pasó? ¿Levantó el paro el Negro? L: No era paro. (N. de R.: se refieren al trabajo a reglamento implementado por La Fraternidad para oponerse al ingreso de los trabajadores tercerizados al ferrocarril). J: Bueno, no. La medida. L: Era trabajo a reglamento. ¿Por qué? J: Sí, ¿y cómo sigue? L: Y no sé, preguntale al Negro (N. de R.: se refiere a Omar Maturana, secretario general de La Fraternidad) , loco, qué me preguntás a mí… J: Ah, yo pensé que me llamabas por eso. L: Escuchame un poquito, ¿cómo viene la mano? (N. de R.: Hablan sobre los ingresos de los ex tercerizados y los futuros ingresos) (…) Bueno, loco, anotá un nombre. J: Un nombre. L: Se llama L. V. (N. de R.: Hemos decidido solamente usar las iniciales de esta persona de sexo femenino para resguardar su privacidad) Para picaboleto. J: Bueno, ¿dónde está? L: L. V., entrando el sábado o el domingo de esta semana. (…) J: Entonces entra. L: El sábado este y sale el otro sábado a la mañana. J: Sí. Lo que no dice es el lugar. Esto está complicado, ahora sí que está complicado, déjame que te confirmo. Dale. L: Fijate qué podés hacer. J: ¿Y qué, uno solo es? L: Sí, ella sola. J: Bueno, déjame que veo y te digo y te llamo. L: Cama matrimonial por si vas vos o yo… Podemos ir a visitar. J: Dale L: Jaja. J: Y llevo a José que está acá enfrente mío. L: Que también le da a José, qué problema tiene. J: Dale, ahora te averiguo… En el ámbito del ferrocarril es vox populi que una de las formas de acceder a trabajos se da a través de la realización de favores sexuales. Este cronista conversó con muchos ferroviarios que confirmaron este modo de obrar de los responsables de los ingresos a planta o a las tercerizadas: aseguran se incrementó a medida que se agravó a medida que avanzaba la decadencia de la dirección sindical ferroviaria. Este diálogo muestra que las más altas esferas del ámbito, que incluye a funcionarios del gobierno, también formaban parte de esta operatoria. ¿Cuánto cuesta ingresar al ferrocarril? Escucha realizada el 10 de enero de 2011. Los protagonistas son Carlos y Mauro. Hay unas vacantes para ingresar a trabajar. Qué se pide a cambio. Mauro: ¿A qué hora venís vos para Alejandro Korn? Carlos: Y hoy debe ser como a las once. (…) ¿Por qué, qué pasó negro? M: Viste el tipo que yo hablé cuando te hice entrar. Esto es como cuando se va. C: Sí. M: Bueno, yo lo tengo que ver mañana, por eso te digo si te venís hoy, este, yo me voy a juntar mañana con este cuando se va. Aparte, porque tengo que llevar a dos personas más a ferrocarril, a Lorena, la que la mamá de mi hija, y al primo. C: Bueno, dale, listo, hoy paso, quedate tranquilo. M: Fijate, si vos tenés a alguien para hacer meter, lo hago meter, bola… Como hice entrar a otros muchachos. C: Dale, por ahí, bueno… Cuando te llame te comento, dale. Pero mirá que ellos hacen paro mañana, eh… M: No, por eso te digo: mañana hay paro, por eso lo voy a ver. C: Dale, dale, negrito, dale. M: Dos lucas. Más no le pidas, eh… C: ¿A quién? M: Si hay algún otro para hacer entrar, dos lucas. Más no le pidas, que yo tengo toda la línea. Los sindicalistas cobrarían dos lucas (dos mil pesos) para garantizar la entrada al puesto de trabajo. Una razón más para defender el negocio gremial de la UF. Tercerizados: empleados de los sindicalistas. La lucha de los trabajadores tercerizados, que era apoyada y organizada por Mariano Ferreyra, planteó el ingreso de centenares de operarios que dejarían de estar bajo el control directo de la burocracia sindical. Esta situación no sólo atentaba contra los intereses comerciales de los jerarcas sindicales del ferrocarril, sino que posibilitaba el ingreso de trabajadores renuentes al cacicazgo burocrático debido a que su trabajo había sido conseguido mediante la lucha. Las resistencias a este nuevo estado de las cosas cobra vida en numerosos diálogos detectados por la justicia. “Que los ponga en caja” (“Gallego” Fernández, dirigente sindical refiriéndose a tercerizados) Escucha realizada el 3 de enero de 2011. Héctor Mesineo, gerente de Recursos Humanos de Ugofe, y Juan Carlos Fernández, evalúan medidas para neutralizar las medidas de lucha de los tercerizados. Nótese que uno representa a la patronal y otro al sindicato, aunque defiendan los mismo intereses. Mesineo: Quiero comentarte dos cosas. Una, que recién me llamó el señor Gutiérrez de la secretaría de Transporte y me citó para ir a firmar un acta de transferencia de personal. Yo dije que no iba. Que conocía la reunión de los gremios con Tomada y Schiavi y con la secretaría de Transporte y que esta gente no tiene la revisación médica, no tiene médica, clínica, de práctica, declaración jurada, ni radiografía de columna y que yo no iba a firmar. Fernández: Está bien. M: Y… nos pone en un aprieto: “No, viejo, vayan y firmen ustedes”. F: Claro M: Hablé con el Negro (N. de R.: Maturana, líder del gremio ferroviario La Fraternidad) , anoche habíamos quedado en eso, ¿no? F: Yo estuve un rato recién con él. M: Ah. Bueno. Pero ahora veo que en la cuadrilla 3 del 1, que es del Mercosur, por Gutiérrez, permanece en campamento. Según el personal, los delegados habrían manifestado que a partir de hoy pasarían a pertenecer a… F: Pero si no tienen delegado… M: Se negaron a salir a trabajar… F: Sí, pero no tienen delegado. M: Campamento sin trabajar, según el personal los delegados les habrían manifestado que a partir de hoy pasarían a pertenecer a… F: Claro, pero no son delegados. M: Pará que te siga leyendo, ¿eh? F: No son delegados. Si no tiene delegados la Cooperativa (N. de R.: Cooperativa Unión del Mercosur, fundada, dirigida y rentabilizada por directivos de la UF) . ¿Qué delegado tienen? Ninguno. M: Por eso, son punteros. F: Son esos tipos que andan caminando. M: Siendo las 11, deja de trabajar la cuadrilla referida. Manifiesta que el delegado, que es el puntero, se comunicó con el responsable de la cooperativa y le dijeron que no pertenecen más a ellos… F: ¡Es una locura! Nadie les dijo nada. M: Yo les dije: ¿Ah, sí? Si no trabajan, no cobran”, les dije. F: No, pero escúchame. Decile a Senic que hable con la gente de la Cooperativa, que se ocupe, que es el que hace los contratos, que hable con la gente de la cooperativa y que los ponga en caja, ¿viste? (…) Y por eso que la gente de contrato, la que le hizo el contrato a la cooperativa, la que le paga a la cooperativa, le tienen que decir que tienen que laburar, de dónde sacan que no tienen que laburar… M: Claro. F: ¡Qué delegado! Si la cooperativa no tiene delegado, si es una cooperativa, todavía es una cooperativa hasta que no pasen alguna vez, mañana, pasado, el mes que viene o cuando sea… tienen que hacer el trabajo que para eso les pagan, se distribuyen los dividendos, las ganancias… M: Ahora, correcto. Yo les dije: “Si no trabajan, no tienen que cobrar”. Punto. F: Claro, listo. Que le descuenten a los de la cooperativa. Que le avisen a la cooperativa que le van a descontar los jornales de la gente que no labura, eso es lo que tienen que hacer, pero lo tiene que hacer el comité (N. de R.: Comité Gerencial de la Cooperativa Unión del Mercosur, organismo integrado por miembros de la directiva de la UF) El castigo a los nuevos. El ingreso de los tercerizados al ferrocarril produjo que los líderes sindicales promovieran castigos a quienes habían ingresado mediante el método de la asamblea, el corte de vía y la lucha. Escucha realizada el 21 de enero de 2011. Los protagonistas son un masculino no identificado (tal como lo llama el agente desgrabador) y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, secretario adjunto de la UF. Masculino: ¡Alarcón! Vení. Fernández: Hola M: Sí, qué tal Fernández, buen día. F: Buen día. M: ¿Te puedo hacer una consulta? F: Sí. M: Vinieron un chico de vía y obra de Tolosa F: Sí. M: Viste un tal Alarcón que la hermana juega para nosotros. Tiene un problema grande. Ellos son 10 y ahora le pusieron 18 tercerizados. F: Sí, y no tienen lugar. M: No, no, no. El problema es que ahora los pusieron estricto. Los matan laburando, y dice: “Laburar a nosotros no nos molesta, lo que pasa es que parece que los castigados somos nosotros”, dice, “porque el capataz nos da con un caño. Pablo (N. de R.: Díaz, principal dirigente del Ferrocarril Roca, preso y acusado de ser el jefe de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra) nos había conseguido que vayamos a comer al campamento”. Están ahí, en el medio de la selva viste. F: Sí. M: “Y tardábamos entre que íbamos y veníamos y comíamos una hora. Ahora este te da los veinte minutos y te mata laburando” F: Y bueno. ¿Pero es el mismo capataz? M: Sí, es el mismo capataz. F: Y bueno. Le dieron órdenes, está bien. M: Sí, él sabe que le dieron órdenes. F: Deciles a los muchachos que se calmen y que aguanten y después vemos cómo lo acomodamos. M: Porque él me dice (Nota del agente desgrabador: no se interpreta) F: Hay que hablar con ellos y explicarles y hay que hablar con los nuevos también y después los vamos a poner a todos en la bolsa y más vale meterlos en la bolsa que dejarlos ahí enojados… M: Por eso me dice: (Nota del agente desgrabador: no se interpreta) “No saben nada”, me dice, “yo estoy de acuerdo que lo aprieten a los nuevos, yo estoy de acuerdo». (…) F: Bueno, pero esperá, que esperen. M: No, le digo, sí, sí. F: Claro, banquen un poco. M: Listo. F: Porque arriba es así: hoy ganás, mañana perdés. M: Que se banquen un tiempito y después hablamos. F: Claro M: Listo, Gallego. #CastigosParaTodos Más castigos recomendados por Juan Carlos “El Gallego” Fernández para los tercerizados ingresantes al ferrocarril. Escucha realizada el 31 de enero de 2011. Sus protagonistas son Vitali y Juan Carlos “El Gallego” Fernández, secretario adjunto de la UF. Fernández: ¿Qué hacés, cómo estás? Vitali: Uh, ¿qué hacés, Gallego, cómo estás? ¿Cómo andas, viejo? F: Bien, bien, bien. Decime, te hago una pregunta técnica, ¿vos cuántos tipos tenés arriba de los trenes como brigadistas? V: Y… tendría que descontar los que tengo en puestos fijos pero calcúlale, con puesto fijo y todo, y más o menos 220 F: 220. Quiere decir que de estos tipos que entran ahora que eran de seguridad y ahora van a ser ferroviarios expertos, vos podés mandar dos arriba de cada tren en vez de uno, por que a estos hay que mandarlos arriba de los trenes. V: Yo te digo, Gallego, yo se lo explicaba hoy al Tano: nosotros tenesmos 260 formaciones que no tienen nada, ni policía, ni paquitos… F: Sí, sí. V: Sabés, yo en su momento dije denme 300, ya hace más de un mes y medio, y me dijeron que no, que no salían, que esto que el otro. Se me tiró en contra el comité, viste, porque yo les dije… F: Porque yo estoy hablando del tema. Por eso lo que yo te digo, estos, ¿cuántos son? Como 700 estos tipos que van a entrar. V: Son 700, y más o menos con la mitad… F: Todos tuyos son. V: Bueno. F: Todos tuyos. Los ponés de porteros y los repartimos arriba del tren. Los muchachos que están haciendo este laburo que ya están, los vamos a bajar, los vamos a mandar a laburar para darles a posibilidad de que asciendan y cambien de categoría. Y estos muchachos toda su vida van a ser control como querían ser. En formación, categoría C, arriba del tren. V: Bueno si me haces la gauchada hacemos así, bárbaro. F: Ya está, lo estoy hablando. V: Bueno. F: O sea, ¿vos en realidad cuántos precisás? ¿500 por lo menos? V: Y sí, por lo menos F: 500 (Nota del agente desgrabador: no se interpreta) de portero, van de portero y los que están de porteros los mandamos a laburar. Y si tenés que poner en algún lugar más, una portería en el campo, en algún lugar donde haga frío. V: Sí, sí, tengo muchas así. F: Y rotativos. Todos rotan. V: Yo tengo muchos puestos libres de Ezeiza, Cañuelas y (Nota del agente desgrabador: no se interpreta), Haedo… F: Bueno, haceme un resumen y habla con Cot que yo ya estoy hablando con él. V: Bueno, listo. F: Dale. V: Besos. Chau F: Chau, chau. Las relaciones de Pedraza con el gobierno de la presidenta Fernández. Las relaciones del gobierno de Cristina Fernández con la UF siempre fueron no sólo cordiales, sino de activa colaboración mutua. En una entrevista que concedió Pedraza a este cronista –la única entrevista concedida por el jefe sindical hoy preso luego de la muerte de Mariano Ferreyra- se planteó su pertenencia al kirchnerismo de manera abierta. “Hemos tenido una recuperación muy grande en estos años. Te digo, como sindicato. Con Kirchner recuperamos sueldos, salarios y población ferroviaria. -Pero ustedes no son kirchneristas. -Nosotros apoyamos al gobierno. -Moyano dice… -No, no, Moyano no… Lo que pasa es que no estamos con Moyano. Acá estuvo la presidenta cuando se inauguró el centro cultural. La presidenta y más de la mitad del gabinete. Ese día hubo cinco mil ferroviarios en la calle, afuera del sindicato. Apoyamos al gobierno, su política ferroviaria y la apoyamos desde el primer día. Con Moyano tenemos diferencias metodológicas y conceptuales desde siempre. Un grupo nos hemos alejado, pero no abandonamos la CGT. Ni de ocupar los cargos o secretarías. Yo soy secretario de Cultura y llevé adelante las tareas del Bicentenario. -Desde los medios oficialistas se le adjudica cercanía a Eduardo Duhalde. -No, acá estuvo no sólo la presidenta, sino que estuvieron (Carlos) Tomada, (Florencio) Randazzo, (Oscar) Parrilli, (Juan) Manzur, (Jorge) Coscia. Con Coscia hemos firmado un convenio de cooperación cultural. Hemos participado de las movilizaciones en contra del campo, de la marcha de la CGT en apoyo al gobierno, también estuvimos en River…” Es cierto. La Unión Ferroviaria estuvo presente en el acto de River del 15 de octubre de 2010, cinco días antes del asesinato de Ferreyra. En ese acto quedaba sellada (momentáneamente, como se puede observar hoy) la alianza de la burocracia sindical con el poder ejecutivo. En ese estadio lleno también se encontraba Cristian Favale, presunto matador de Ferreyra, que había asistido en un rol organizador de la llegada de los micros ferroviarios (asistieron 1500 trabajadores de la rama) y como custodio de Pablo Díaz. Algunas de las primeras escuchas originadas por la causa que investiga el asesinato dieron cuenta de la relación de cercanía que tenía el ministro de Trabajo Carlos Tomada con José Pedraza. Tomada había sido abogado del jerarca sindical en el pasado. En el diálogo registrado por las escuchas judiciales, Tomada asesoraba a Pedraza acerca del modo de contención que podía implementar para neutralizar el ingreso de los tercerizados, entre los que –especulaban- también contratarían a activistas de izquierda. “C.T.:–Hay un montón que se los puede ganar y entonces, porque ahí llegamos, después que íbamos a hablar con la Unión también. De manera que estos pensaran en meterlos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo y empezar a hacerles la cabeza…” La desgrabación entera se puede leer aquí . No es el único funcionario de llegada cercana al sindicalista, que acaba de reafirmar su fe kirchnerista al adelantar que votará por el candidato de la presidenta en la interna de la CGT. Pedraza votará desde la cárcel. A continuación, algunos diálogos comprometedores. La orden de la presidenta y los ministros. En el siguiente diálogo registrado entre José Pedraza y el líder del sindicato La Fraternidad Antonio Maturana en la que tratan el tema del ingreso del personal de seguridad tercerizado a las filas del ferrocarril, situación a la que ambos se oponen y que, incluso, derivaría en un trabajo a reglamento de La Fraternidad, un paro en los hechos. En la conversación, invocan la promesa del ministro de Trabajo Carlos Tomada, la viceministra Noemí Rial y la promesa de la presidenta Fernández sobre el rechazo al pase a la planta ferroviaria de esos trabajadores. PEDRAZA: ¡Negro! MATURANA: Sí. P:Pedraza. M: ¿Qué hacés, José? ¿Cómo andás? P: Bien, ¿vos? M: Todo bien, ¿vos? P: Bien, bien… Eh… ¿Qué hay de que vos no aceptás el ingreso de los de seguridad? M: No, si ellos me dieron la palabra, Tomada y Noemí y coso que no entraron los de seguridad, José. P: Sí, si, a mí también me dijeron lo mismo. N: Aparte es la orden de la Presidenta, delante tuyo y delante mío. También lo dije, José. P: Así es. M: Y bueno, José. P: Entonces… N: Aparte yo no me voy a poner en problemas. De los de seguridad ni (ininteligible) yo el viernes le hago un paro en todos los ferrocarriles por falta de seguridad, José. P: Ajá. N: Porque no están bien los trenes y todo eso. Nos dedicamos a eso, yo ya estoy cansado de salir en contra de los tercerizados, viste, José. P: Bueno, avísame. M: Bueno, listo, José. Quedamos así, un abrazo, José. P: Igualmente, chau. M: Chau. “Llamame a casa” El 11 de febrero de 2011, y mientras se realizaban unos allanamientos decisivos para la causa en los domicilios de Pedraza y Fernández y en la sede de la Unión Ferroviaria, el secretario general del gremio ferroviario recibió un llamado de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que –tal como su jefe Tomada- también había prestado servicios legales a Pedraza en el pasado. La conversación se realizó días antes, apenas, de la detención de Pedraza, imputado como jefe de la asociación ilícita que llevó adelante el crimen de Ferreyra. Dra. Rial: Por favor, con el señor Pedraza. Cristina: ¿Quién habla? Dra. Rial: La dra. Rial. C: Ah, cómo le va. Cristina. Ya le paso. R: Ahh, Cristina, ¿cómo estás? C: Ya le paso. R: Bueno, no te conocí la voz. Perdoname. José: Hola, hola! R: Hola, José. J: Noemí, ¿cómo estás? R: Bien, bien, estoy bien, estoy recuperándome muy bien, pero estuve leyendo ahora en el diario que está la gendarmería ahí? ¿Están llevándose cosas? J: Acá estuvo a las 6 de la mañana la Gendarmería y la Policía federal. R: ¿Y se llevaron cosas? J: Se llevaron cosas. R: ¿Levantaron un acta, no? De Todo o que se llevaron. J: Sí, sí. Allanaron mi casa, están allanando la de Fernández. R: A la miércoles… Bueno. J: Encontraron un arma calibre 22 y un recibo de compra de un 38. Tenía todos los papelitos del registro nacional de armas, pero la mía estaba en la caja de seguridad del banco, no la usé nunca. R: (no se interpreta lo que dice) ¿No había nada raro? J: Nada raro. R: Bueno, yo cualquier cosa el lunes a la tarde voy a empezar a ir a la tarde, pero viste que todavía estoy caminando con muletas. J: Sí. R: Pero ya a partir del lunes estoy. Si no, llamame a mi casa cualquier cosa que necesites, José. J: Bueno. R: Estela tiene mi teléfono y si no, se lo pedís a Emiliano y me llamás al celular cualquier cosa que necesites. J: Bueno. “Sé que cada vez tenés menos amigos pero quiero seguir solidarizándome con vos” Los protagonistas de la siguiente conversación son Juan Carlos “El Gallego” Fernández –secretario adjunto de la UF, preso, acusado de ser instigador del asesinato de Ferreyra- y Antonio Guillermo Luna, subsecretario de Transporte, investigado por desvío de fondos en el juicio que investiga el crimen de Ferreyra e imputado en la causa que investiga la tragedia de Once, que costó 51 vidas. En el diálogo, producido el 26 de octubre de 2010, Luna no sólo se solidariza con Fernández, sino que elogia la tercerización y admite que Gabriel Bran, interventor del ferrocarril Belgrano S.A., es el funcionario que conoce todos los datos sobre contrataciones de empresas tercerizadas. Bran es sindicado por fuentes ferroviarias el hombre del gobierno que maneja “la caja” en el ferrocarril. En el diálogo, Luna especula con que Mariano Ferreyra es un muerto “que le tiraron al gobierno” para desestabilizarlo, y ambos señalan que tanto Bran como un periodista de Clarín serían laderos de Alberto Trezza, ex director de Ferrobaires, empresa ferroviaria hundida en la corrupción. LUNA: Gallego, Gallego… FERNÁNDEZ: ¿Cómo andás, Antonito? L: Sé que cada vez tenés menos amigos así que yo quiero seguir solidarizándome con vos. F: Sí, eso seguro. L: Estoy acá con este amigo, como es que se llama, con el ingeniero Calmielo y bueno estaba viendo este… F: Vos estas en las (no se interpreta lo que dice) L: No, no, estoy en mi ofician. Gallego que, qué se yo, no sé, espero que esto por el bien de todos se clarifique porque ya no están atentando contra la Unión Ferroviaria, están atentando contra el sistema. F: Síiii, contra el sistemaaa. L: Yo le decía, al Ingeniero acá, de que para mí esto lo aprovecho alguien, algún mal parido, viste para , sembrarle un muerto al gobierno nacional, que está haciendo cosas por los trenes. F: Seguro, seguro. L: Y aprovechó el tema de los sindicatos, porque es lo mejor que pueden hacer viste. F: Sí, pasa que algunos muchachos el sindicato no lo ven. L: Esperame, esperame… Bueno, lo que entiendo viste, yo lo que entiendo por eso creo más que nunca hay que dejar actuar a la justicia, viste porque si nosotros dejamos actuar a la justicia vamos a tener terminado o clarificado todo esto. Y el rol que cumplió cada uno en estas cosas viste. Yo estoy convencido de que esto, la verdad a la larga triunfa, viste. F: Sí, seguro. L: Y acá hay un montón de gente de la oposición que nos está pegando mal a nosotros, espérame … Hola. F: Sí. L: Bueno. F: Sí, es todo eso y además estos de los gremios, qué se creen desprendiéndose sin llamarnos ni preguntarnos cómo es la historia… Por lo menos como, por compañerismo, ni para que se hagan cómplices, se creen que van a ser cómplices de algo que … L: Además tenemos un amigo… Como el amigo Rossi que nos pega mal viste. ¿No sé si leíste Clarín hoy? F: No. No leí todavía nada. L:Bueno, fíjate Clarín qué es lo que dice. Habla del perfecto aceitamiento que hay, no sé cómo es el título. El hijo de puta se olvida de decir que Gabriel Bran está al frente del Belgrano S.A., que es el que liquida los sueldos de todos, quien sabe cuánto cobra cada una de las tercerizadas, eh, y que además Gabriel Bran es un hombre del riñón de Alberto Trezza y que él cómo escribiente es un hombre del riñón de Alberto Trezza. Eso no lo dice, pero (no se interpreta lo que dice) sindicato en vez de protegerse, en vez de proteger el sistema, del cual el confió toda la vida. Viste… F: Sí, y vive. Pero además tendría que preguntar por qué esto de las tercerizadas es un bolazo inventado para armar todo este ruido a trabajadores de la tercerizada porque vos sabés… L: Gallego, Gallego. ¿Sabés cuál es la mejor forma de defenderse? No aclarando nada. ¿Sabes por qué? Te voy a decir: porque cada vez que salís a la prensa a decir algo te agarran alguna palabra para prenderse de ella, primero. Segundo, acá si venís al ministerio de trabajo vas a ver que la limpieza no la hacen empleados del ministerio de T rabajo, si vos vas a vialidad vas a ver que las rutas no las hacen los empleados de vialidad, si vos vas a energía atómica, el corte de pasto y todo lo que se hace en energía atómica no lo hacen los empleados de energía atómica… Entonces qué vienen a hablar de la precarización del trabajo si esto viene degenerándose desde el año 89. F: Además son empresa, que tienen sindicato. L: Obviamente. F: No es que tomaron a un tipo de la calle en negro. Eso es lo que hay que recalcar, que le pagan dos lucas, ganan cuatro lucas. L: Lo único que quería decirte gallego es que yo a los amigos los acompaño hasta la puerta del cementerio. F: Ta, ta gracias. L: te mando un beso. F: ¿Y después no llevas flores? L: No, no, no, ni en pedo. Eh, bueno, Gallego, lo que quiero decirte en serio, eh, me parece todo una aberración lo que están haciendo y que creo que ni la Unión ni la Fraternidad ni Señaleros somos ningunos delincuentes como nos están haciendo ver por todos lados. F: No por eso. Pero anda a saber si no hay algún boludo que en el ruido te llevo un arma… L: Y te estoy llamando del teléfono de la oficina, porque ya sé que están todos los teléfonos pinchados. F: No, ya sé, y yo no tengo nada que ocultar. L: Y yo tampoco. F: Che, Antonio, te digo que ayer me llamo Ayen, nosotros estaríamos cerrando con los otros de carga. L: Y no sé, loco, eso háblalo con el ministerio de Trabajo, yo no me meto más en la mierda esa. F: (no se interpreta lo que dice) en el camino vos a la secretaria de transporte, secretaria de transporte ferroviaria. L: Sí, sí. Listo, querido, te mando un beso. F: Abrazo. “A la jueza yo le voy a decir, Gloria, que Pablo dio la orden de disparar. Que yo lo vi. Y que Pablo lo planeó con ellos. ¡Qué se pudra todo de una buena vez por todas! ¡Qué se vayan todos a la puta que los parió estos!”. Estas son las palabras que le transmitió Cristian “Harry” Favale, desde el penal de Ezeiza, el 22 de febrero de 2011 a Gloria Cáceres, su mujer, según consta en los expedientes judiciales a los que tuvo acceso el diario PERFIL. Los documentos, que transcriben las escuchas realizadas por personal de inteligencia, cobran estado público por primera vez. Favale permanece preso acusado de ser el asesino de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que terminó sus días por una bala de plomo que lo alcanzó durante un ataque llevado a cabo por una patota de la Unión Ferroviaria (UF) el 20 de octubre de 2010. El “Pablo” al que se refiere Favale es Pablo Díaz, también preso y sindicado como jefe de la patota homicida. Hasta el momento, las declaraciones de Favale ante la Justicia deslindaban a Díaz de responsabilidad en el hecho. Además, permanecen tras las rejas esperando el inicio del juicio José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández –máximos dirigentes de la UF– y otros ocho miembros de la patota. Las escuchas son reveladoras. Ese día, ochenta obreros de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, conducidos por Díaz, que habían realizado ya un primer ataque a los tercerizados, aguardaban sobre las vías del ferrocarril Roca, en Barracas, la llegada de Favale. Los manifestantes –entre los que se encontraba Ferreyra– reclamaban su incorporación a la planta permanente del ferrocarril y se estaban retirando del lugar. Varios testigos afirmaron haber visto llegar a Favale –vecino de Florencio Varela y barrabrava del club Defensa y Justicia– con un conjunto de personas de aspecto marginal y actitud violenta, que se unieron a la patota para cometer el segundo ataque, fulminante. Las escuchas dan cuenta de sus nombres y permiten reconstruir el rol jugado por el barrabrava en la manifestación. De los diálogos, se desprende que no sólo Favale habría sido contratado por Díaz para encabezar el ataque contra los tercerizados sino que el sindicalista le habría encargado la tarea de reclutar a otros barrabravas para reprimir la protesta laboral. El 29 de octubre de 2010, a pocos días de su entrada a Ezeiza, Cáceres le cuenta que recibió la visita de un muchacho, hijo de paraguayos, vecino de su barrio, al que Favale no logra identificar. “Un muchacho jovencito –le explica Gloria– me dio sus datos porque él se fue, viste, con ustedes a Constitución… Me dio sus datos y me dijo que si necesitan va a declarar que Pablo Díaz les pagaba a ustedes para ir allá”. En otra conversación, Favale le dice a su mujer que le diga a sus compañeros de la patota que “no les va a pasar nada, solamente necesito que atestigüen que fueron en el colectivo y nada más”. “Sí, pero la mayoría de ellos no vieron nada –le responde Cáceres–. Los que realmente vieron eran el Loki y los que estaban más cerca de ti”. –Y sí –contesta Favale–: Harry y El Rajid y Gabarra. Desde la cárcel, Favale instruía a sus compañeros de la barrabrava para que cantaran a su favor durante los partidos o hicieran banderas. “‘El pibe es inocente’, que diga sólo eso, sin nombres”, le dice a su tocayo de alias Harry, mientras cuenta que su vida en la cárcel es nueva. “Unos pibitos que manejan muy bien los cuchillos me enseñan a hablar y a caminar”, cuenta en una charla. Favale apuñaló a otro detenido en noviembre de 2011. Las escuchas posibilitan establecer que Díaz organizó con premeditación a la patota y que propició la participación de barrabravas para garantizar la contundencia del ataque. El juicio oral tiene fecha de inicio fijada para el 6 de agosto, aunque Oscar Igounet –defensor del miembro de la patota Guillermo Uño– acaba de recusar a los jueces del Tribunal Oral 21 en una maniobra que, de fructificar, postergaría el litigio y podría permitir la liberación de Pedraza y sus supuestos cómplices. * Publicado en diario Perfil el 1/7/2012

El anuncio, por parte de CFK, de una línea de créditos para la construcción de viviendas no sólo está jugando el rol de cortina de humo para sacar de los titulares la situación de "defol" de la Argentina, sino que, además, ha dejado en "orsai" a los gobernadores de las provincias. Tal es el caso del cordobés De la Sota, quien ante el anuncio salió a las apuradas a respaldar el plan y a pedir que le paguen la deuda con la Caja de Jubilaciones. Pero el gobernador de Córdoba se cuidó bien de ocultar que el anuncio de Cristina es el certificado de defunción de más de 16.000 viviendas de los Programas Federales de Construcción de Viviendas I y II que han quedado sin ejecutarse en Córdoba. El silencio de De la Sota en este punto tiene que ver con la co-responsabilidad que le cabe al gobierno provincial en la no ejecución de estos programas. Tanto De la Sota como su antecesor, Schiaretti, se han pasado seis años despotricando por la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional en el envío de fondos, pero el "cordobesismo" del gobierno provincial sólo sirvió para pagar -únicamente en 2011- 360 millones de pesos de intereses de la deuda pública y para financiar obras en beneficio de la patria contratista. Pero para vivienda, no han puesto un mango. De estafa en estafa Si el nuevo programa de Cristina sirve para ocultar el rosario de programas de viviendas incumplidos y lanzados ante cada crisis política que oscurecía el horizonte K, en Córdoba también se desenvuelven estafas con acento docteño. De la Sota, en la campaña para gobernador de 2011, prometió un plan de 20.000 viviendas -en realidad, créditos a tasas usurarias por medio de los bancos, lo que lo convirtió en un adelantado al reciente anuncio K. Transcurridos 180 días de gobierno, el programa Tu Hogar -que se gestiona mediante el Banco de Córdoba- ha pre-aprobado ¡42 carpetas! y recién en julio se entregarían los primeros 12 préstamos. A este paso, los 20.000 créditos terminarán de ver la luz dentro de unos cuantos miles de años. La cosa tiene que ver con que se exigen requisitos casi incumplibles para la mayoría de las familias sin techo para abrir la carpeta de crédito, como así también el carácter confiscatorio de las cuotas. Una salida a la crisis habitacional La cosa así planteada pone al desnudo que, en materia de vivienda, tanto el gobierno nacional como el provincial van de estafa en estafa, tapando una con otras, por lo que las ilusiones de más de 300.000 familias sin techo de Córdoba se van a los caños. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda vamos a responder a esta nueva estafa a las necesidades populares con un programa y con la movilización para reclamar el cumplimiento de todos los planes no cumplidos -muchos de los cuales se encuentran, incluso, licitados y sorteados los beneficiarios. Además, impulsaremos en la Legislatura cordobesa la ley de vivienda que asegure una casa a cada familia sin techo, con planes cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso familiar -el 40% anunciado por el programa de Cristina es confiscatorio. Además, que declare de utilidad pública todo el suelo urbano disponible y que obtenga los fondos para los programas habitacionales de las utilidades del Banco de Córdoba y de un impuesto extraordinario a la especulación inmobiliaria, en vez de sacarlo de los bolsillos de los jubilados y de los ahorros de los trabajadores. También vamos a impulsar que esta ley regularice y titularice las tierras de todas las ocupaciones que se han llevado adelante. La banca del Frente de Izquierda estará al servicio de la lucha de todas las familias sin techo, de todas las organizaciones sociales y cooperativas de viviendas que llevan años luchando por un techo. A la estafa permanente, le respondemos con una salida real a la crisis habitacional.

En los útimos días, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner deslizó que las agrupaciones políticas que respaldaban el paro de la CGT eran "funcionales" a los intereses de Hugo Moyano. El referente del Frente de Izquierda, Jorge Altamira, discrepa. "Con toda seriedad, Moyano es funcional a nosotros", retrucó a Perfil.com el líder del Partido Obrero (PO) durante el acto. "¿Si nosotros somos funcionales a Moyano? Es al revés. Porque todos los obreros que están acá, en su inmensa mayoría, votaron por Cristina en octubre y hoy están en esta Plaza contra el gobierno, como lo está la izquierda. Este es un movimiento que va a nuestro campo y no van a convencer a estos obreros de hacer una alianza con Scioli, pero sí a hacerlo con la izquierda", explicó el ex candidato a presidente. Arropado por las columnas del PO, el PTS y el MST, Altamira aseguró que "Moyano buscó concentrar la atención en la manifestación y disuadió de que hubiera paro. El quiere hacer su política y que los obreros no se involucraran mucho". Es más, aventuró que "Moyano no quería una gran convocatoria ni un paro". En opinión del referente de la izquierda, el reclamo de Moyano "es justo", aunque recordó que "los formulamos antes que a Moyano se le ocurriera. Hemos hecho una campaña (...) Apoyamos porque pensamos que si esto es un éxito, estamos más cerca de conseguir la reivindicación y si esto es un fracaso, pierden los trabajadores". Sin embargo, Altamira es pesimista sobre una eventual giro de la Rosada sobre Ganancias. "Cristina no va a cambiar de postura. El gobierno está en un principio de disgregación política y entre la crisis internacional y la crisis de este modelo, se acabó el margen de accionar de este gobierno", señaló. Desde su perspectiva, "lo más relevante hoy es el paro del sector automotriz en Córdoba, este es el hecho, porque el corazón de la clase obrera industrial decidió parar". La candidata del Frente de Izquierda en la Ciudad, Myriam Bregman, (declaró) "lo de funcionalidad lo instaló el gobierno. Nosotros tenemos nuestras propias reivindicaciones y venimos denunciado la gran cantidad de familias que no llegan a cubrir las canasta básica más allá de los impuestos". La abogada de los empleados de Kraft querellados por Gendarmería por las protestas de la Panamericana en 2009 estimó (que) "Cristina Kirchner fue ayer muy concreta" respecto a no modificar su postura respecto al piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

EXCLUSIVO DE INTERNET JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDADE DUHALDE A LOS KIRCHNER 10 AÑOS DE IMPUNIDAD CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ. BASTA DE REPRESION, ESPIONAJE Y JUDICIALIZACION, ABAJO EL PROYECTO X Y LA LEY ANTITERRORISTA JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. EXIGIMOS JUSTICIA POR EL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA, DE LOS HERMANOS QOM EN FORMOSA, POR LOS ASESINADOS EN LAS TOMAS DE TIERRAS DEL INGENIO LEDEZMA , EN EL INDOAMERICANO, EN SANTIAGO DEL ESTERO, Y EN ROSARIO A PRINCIPIO DE 2012 ASI COMO LA ULTIMA SEMANA NUEVAMENTE EN ROSARIO. EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA. QUE LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES NI EL PUEBLO. BASTA DE AJUSTE Y SAQUEO DEL GOBIERNO K Y LAS MULTINACIONALES JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y ECONÓMICOS DEL GENOCIDIO, CARCEL A BLAQUIER, SOCIO DEL GOBIERNO. Hoy se cumplen 10 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos con el puño en alto recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto deentre la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar. La decisión política de tamaña represión fue fogoneada por los organismos internacionales, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias: AEA, UIA, SRA, ADEBA y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Felipe Solá a la cabeza. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia. La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La memoria de lucha y resistencia obrera y popular de los trabajadores ocupados y desocupados y de la juventud de nuestro país se manifestó en aquellas jornadas históricas. Hoy, a 10 años de sus asesinatos, Darío y Maxi siguen siendo la expresión viva de esa juventud rebelde y combativa que se fogueó en las luchas, piquetes y puebladas contra el menemismo, contra la Alianza de De la Rúa y Chacho Álvarez y contra Duhalde. Darío y Maxi, como muchos otros jóvenes que hoy recorren el camino de la organización y la lucha junto a los trabajadores y el pueblo, fueron protagonistas de aquella rebelión del año 2001. Darío y Maxi dieron su vitalidad y sus convicciones en cada construcción que encararon, con un compromiso inclaudicable en la lucha contra la opresión, la explotación, la represión y el hambre. Esa llama está viva en los miles y miles de jóvenes que militamos día a día en los barrios, en las escuelas, en las universidades y en los lugares de trabajo. Esa llama está viva en la juventud trabajadora que se organiza en fábricas y talleres contra la superexplotación y la precarización laboral y es enemiga irreconciliable de la burocracia sindical. Darío y Maxi son hijos del pueblo y de sus organizaciones. Son la contracara de las agrupaciones construidas desde arriba, con los recursos del Estado y al abrigo del poder de turno; las que nutren de funcionarios al gobierno y tiene a sus jefes rodeados de lujos y privilegios. Hace 10 años, el movimiento piquetero supo disputar y ganar terreno para la independencia política de la clase trabajadora, frente a las estructuras punteriles que responden a los dirigentes políticos de las clases dominantes y sus partidos, como el PJ. Pasan los años y nos seguimos organizando en los barrios, seguimos construyendo independencia de clase. Darío y Maxi siguen vivos en cada lucha de nuestras organizaciones, en cada joven que se acerca a pelear, en cada compañera que se rebela contra el sometimiento, en cada trabajador y trabajadora ocupado o desocupadao que se organiza para defender sus derechos. Hoy, una vez más, denunciamos que la Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. Durante los meses previos, las organizaciones en lucha y muchos de nuestros militantes y dirigentes, sufrieron agresiones, con el único objetivo de amedrentar a las movilizaciones que se multiplicaban. Nuestros reclamos y reivindicaciones no eran escuchadas por Duhalde ni Solá. En este contexto de aprietes y amenazas, fue asesinado Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y, unos meses después, baleado el compañero Juan Arredondo en Lanús. El pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Esas movilizaciones obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno. Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, por José Luis Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil. De la misma manera, no olvidamos que Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es Senador Nacional, fue otro de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Tampoco olvidamos que Carlos Soria, ex gobernador de la provincia de Rio Negro, fue designado candidato directamente por Cristina Fernández; Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y murió sin ser juzgado por su activa responsabilidad en esta masacre. Como cada 26 de junio, desde hace 10 años, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Estos personajes siguen perteneciendo al establishment, muchos dentro del actual esquema político kirchnerista y otros en la oposición patronal. El gobierno kirchnerista intentó cooptar y engañar a las compañeras, compañeros y familiares de Darío y Maxi. Ofrecía "investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga". La comisión investigadora prometida nunca existió y los que hoy estamos aquí, levantando esta tribuna, jamás aceptamos abandonar la movilización en la calle y nuestra independencia, tal como nos proponían como si se tratara de una moneda de cambio. Con la fuerza de la lucha y la movilización constantes - en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y en todas las plazas del país- logramos que los responsables materiales paguen por los asesinatos. Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieroan penas menores. Venimos a denunciar que los asesinos Fanchiotti y Acosta acaban de ser beneficiados con su traslado a un régimen penal semiabierto, lo cual significa que gozarán de privilegios a los que casi ningún preso común accede, que podrán gozar de salidas transitorias y eventualmente ser liberados, en tanto sus sentencias no sean reafirmadas por la suprema corte de la provincia de Buenos Aires, que hoy integra uno de los responsables políticos de la masacre, Luis Genoud. A pocos días del décimo aniversario de sus brutales asesinatos, la resolución de los jueces en beneficio de Fanchiotti y Acosta constituye una provocación y un agravio a las memorias de Darío y Maxi y a una década de lucha popular. Mientras casos como el de Fernando Carrera sacan a la luz que miles de personas inocentes o sin sentencia se pudren en las cárceles, dos asesinos probados, fotografiados en el momento del crimen, repudiados por todo un pueblo, pasarán el tiempo en prisiones VIP que son la antesala de su liberación. Hace pocos días, vimos fotografiado al asesino de Carlos Fuentealba, José Poblete, paseando por Zapala, Neuquén, donde se supone que se encuentra purgando condena también a cadena perpetua -mientras existen compañeros condenados y procesados por repudiar este brutal asesinato. ¡Exigimos cárcel común y efectiva para Fanchiotti y Acosta! ¡Ningún privilegio para los asesinos de Darío y Maxi! Saludamos desde aquí el formidable paro de los docentes neuquinos contra la impunidad de Poblete y por el castigo al ex gobernador Jorge Sobisch. El gobierno kirchnerista hizo todo para salvaguardar a Duhalde y a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Nunca abrió los archivos de la SIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense. Recientemente, el Juez Ariel Lijo -un juez puesto a dedo por Néstor Kirchner bajo su presidencia- ordenó archivar la causa federal iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la Masacre. Nunca solicitó los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriores a la represión del 26 de junio del 2002. Venimos a este histórico Puente Pueyrredón para reclamar el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda, para denunciar la impunidad de sus mentores y para exigir el cumplimiento efectivo de las condenas que recibieron Fanchiotti y Acosta. Esta impunidad de la que gozan Duhalde y demás responsables políticos de la masacre de Avellaneda es el producto de las alianzas y protecciones entre los poderosos de siempre, que se cubren las espaldas mientras reprimen, asesinan y encarcelan al pueblo con la complicidad de los grandes medios, tanto opositores como oficialistas. Denunciamos el papel de Clarín y los grandes medios de comunicación que el 26 de junio difundieron la versión oficial de que los piqueteros "se mataron entre ellos", versión que fue desbaratada por la movilización popular y por el compromiso de los trabajadores de prensa. Luchamos contra la impunidad y por eso también reclamamos por la aparición con vida de Julio López, por el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, por la aparición de Luciano Arruga, por el castigo a Sobisch por el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte, por Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas, de Bariloche; por Roberto López y Mario López, de los Qom de Formosa; por Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, del Indoamericano; por Mártires López, de Chaco; por Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán, de Jujuy; por Cristian Ferreyra, de Santiago del Estero; por Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, de Rosario; y por Noemí Condorí, de Escobar y por César Oviedo, de Rosario - y contra la impunidad de la policía bonaerense y federal que junto con la gendarmería mata a miles de pibas y pibes de los barrios populares. Desde esta tribuna, reclamamos el castigo a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra y denunciamos las operaciones políticas del gobierno, que negocia con Pedraza de cara al juicio contra él y su patota que comenzará el próximo 6 de agosto, en función de la reorganización de los negociados ferroviarios y de su intento por copar la CGT y la Unión Ferroviaria. Luego de diez años de gobierno kirchnerista, la mitad de la clase trabajadora continúa precarizada y sin derechos laborales, mientras otras decenas de miles aún revisten en las filas de la desocupación. Mientras la crisis capitalista recorre el mundo, el gobierno de Cristina se prepara para aplicar los ajustes sobre los trabajadores y el pueblo. La sintonía fina ya la vemos en el comienzo de despidos y suspensiones, en el tope a las paritarias, el impuesto al salario, el tope a las asignaciones familiares, la proliferación de la precarización laboral y el trabajo en negro. Al servicio de estas políticas hay un crecimiento de la criminalización de la protesta social, como se expresa en la votación de la nefasta ley antiterrorista y la utilización del código penal contra el derecho a huelga y en más de 5000 procesados por luchar. Como asi también lo vemos en la utilización de las fuerzas represivas contra los pueblos que luchan contra la megamineria, contra los movimientos de desocupados, contra los trabajadores que luchan contra las patronales y la burocracia, contra los que luchan por tierra o contra la reciente huelga de camioneros. La seguridad democrática de la que habla Garré, no es mas que un maquillaje a estas políticas que se basan en la preservación del aparato represivo, en la judicialización, la represión, el espionaje como salió a la luz con el Proyecto X de Gendarmería, patotas con las que se terceriza la represión, y un constante discurso contra la huelga y las medidas de acción directa de los sectores populares. A su vez, el gobierno intenta dividir lo que no puede controlar y ha dado la orden de fracturar las organizaciones populares, sindicales y estudiantiles. Rechazamos la injerencia del Estado en nuestras organizaciones. Apoyamos y compartimos la lucha contra la minería depredadora y contaminante junto a las asambleas y organizaciones de Andalgalá, Famatina, Amaycha del Valle, Belén y Tinogasta; repudiamos la represión de los gobiernos nacional y provinciales al servicio de las corporaciones mineras. Exigimos justicia para las 51 víctimas de la masacre de TBA, que son víctimas de los negociados y la inoperancia de los empresarios apañados por el Gobierno. Apoyamos la lucha de los trabajadores ferroviarios que vienen denunciando el desguace del sistema de ferrocarriles y recuperando espacios contra la burocracia entreguista. La conformación de la Autoridad de Transporte Metropolitana con Macri, Scioli y los intendentes prepara las condiciones para una suba de boletos de tren y colectivo, pasándole la factura de la salida de los subsidios estatales a los usuarios. Recientemente, con los allanamientos a la empresa Ledesma quedó evidenciada su complicidad con los crímenes y desapariciones durante la última dictadura militar, y su vigilancia, persecución y represión a los sin tierra y al sindicato de trabajadores de la empresa. El juicio a Blaquier -socio privilegiado del gobierno y beneficiario de subsidios millonarios- es una victoria de la movilización popular encabezada por los pueblos de Libertador y los trabajadores del Ingenio Reivindicamos las jornadas de lucha y piquetes en Mosconi, Tartagal, Cutral-Có y Plaza Huincul, porque han sido expresiones de resistencia de nuestra clase a la entrega de los recursos petroleros y gasíferos, la desocupación y empobrecimiento masivo, perpetrados por el menemismo y también por la mayor parte del actual elenco gobernante -que integraba sus filas. Los únicos defensores genuinos de nuestros recursos, patrimonio y derechos hemos sido los trabajadores, trabajadoras y el pueblo, que no hacemos alianza con los grupos económicos que han depredado nuestro país y Latinoamérica. Ahora, el gobierno nacional pretende presentar su política sobre YPF como una política de soberanía nacional. Necesitamos expropiar sin pago y estatizar nuestros recursos energéticos bajo control de los trabajadores y y el pueblo, no repetir la entrega con trasnacionales como las imperialistas Exxon, Chevron, Total, SINOPEC, o de grupos monopólicos como los socios de Petrobrás, la Panamerican Energy, Cristóbal López y compañía. Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir exigiendo justicia insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; por los más de 3 mil asesinados por "gatillo fácil" desde 1983. Seguiremos luchando para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. Hoy los pueblos seguimos levantándonos y mostrando el camino, enfrentando las crisis capitalistas que generan ellos y nos quieren hacer pagar a nosotros y a nosotras. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas y particularmente contra la megaminería que en este mes se ha cobrado varias vidas de luchadores en Perú. En la Argentina la lucha por que la crisis no la paguen los trabajadores y las trabajadorasnos encuentra enfrentando al ajuste que ejecuta el gobierno, rechazando los topes salariales a las paritarias por debajo de la inflación, rechazando también la política de aumentar tarifas e impuestos contra los trabajadores y enfrentando los despidos y suspensiones. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero con quienes salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea. Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 10 AÑOS DE IMPUNIDAD CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ. BASTA DE REPRESION, ESPIONAJE Y JUDICIALIZACION, ABAJO EL PROYECTO X Y LA LEY ANTITERRORISTA JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. EXIGIMOS JUSTICIA POR EL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA, DE LOS HERMANOS QOM EN FORMOSA, POR LOS ASESINADOS EN LAS TOMAS DE TIERRAS DEL INGENIO LEDEZMA , EN EL INDOAMERICANO, EN SANTIAGO DEL ESTERO Y EN ROSARIO A PRINCIPIO DE 2012, ASI COMO LA ULTIMA SEMANA NUEVAMENTE EN ROSARIO ASI COMO LA ULTIMA SEMANA NUEVAMENTE EN ROSARIO . EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA. QUE LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES NI EL PUEBLO. BASTA DE AJUSTE Y SAQUEO DEL GOBIERNO K Y LAS MULTINACIONALES JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y ECONÓMICOS DEL GENOCIDIO, CARCEL A BLAQUIER SOCIO DEL GOBIERNO. APARICIÓN CON VIDA DE LAS MUJERES DESAPARECIDAS EN DEMOCRACIA. DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA DE PERSONAS. EDUCACIÓN SEXUAL Y ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL Y GRATUITO PARA NO MORIR. * POR TRABAJO GENUINO , BASTA DE DESOCUPACION * POR UN SEGURO AL DESOCUPADO * POR AUMENTO PARA TODOS EN EL ARGENTINA TRABAJA , * NACIONALIZACION Y AMPLICION DEL PROGRAMA, NINGUN TRABAJDOR POR DEBAJO DEL SALARIO MINIMO LEGAL ( $2300). * ¡ ABAJO LA PRECARIZACION LABORAL!!. * DUPLICACION DEL MONTO DE LA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO. * POR UN PLAN DE LUCHA NACIONAL HASTA OBTENER TODAS ESTAS REIVINDICACIONES: * SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR * PROHIBICION DE DESPIDOS Y SUSPENSICONES. *ANULACION DEL IMPUESTO AL SALARIO. * RESTITUCION DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES. *FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL. * EXPROPIACION SIN PAGO Y ESTATIZACION DE TODA LA INDUSTRIA PETROLERA , BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO. *FUERA DE YPF CHEVRON ,EXXON , TOTAL, SLIM, EZQUENAZI Y REPSOL. *NO A LA MEGA MINERIA CONTAMINANTE , BASTA DE SAQUEO Y DEPREDACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALES. * ¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CONTRA LOS MONOPOLIOS CONTAMINANTES Y SUS GOBIERNOS. * CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y EMPRESARIALES DE LA MASACRE DE ONCE, RESTATIZACION DE TODOS LOS FERROCARRILES BAJO CONTROL D ESUS TRABAJADORES Y USUARIOS. * NO A LOS TARIFAZOS. *FUERA INGLESES DE MALVINAS *FUERA EL IMPERIALISMO DE AMERICA LATINA. *FUERA LAS BASES YANQUIS DEL CHACO Y DE TODA AMERICA LATINA. * NO AL GOLPE DE ESTADO EN PARAGUAY. REPUDIAMOS LA MASACRE DE CAMPESINOS Y EXIGIMOS EL CASTIGO A SUS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES. * POR EL TRIUNFO DE LA HEROICA HUELGA DE LOS MINEROS ASTURIANOS. *VIVA LA REBELION DE LOSM PUEBLOS DEL MUNDO CONTRA EL AJUSTE Y EL IMPERIALISMO. HOY COMO SIEMPRE ¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!! ¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!

Esta semana tuvo lugar, en una serie de comisiones del Congreso, el debate sobre distintos proyectos de ley de fertilización asistida. La infertilidad es una enfermedad (así fue reconocida por la OMS) que afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva, la que tiene un impacto negativo en la salud física y psíquica de la pareja que la padece. Desde hace 26 años se practican con éxito en nuestro país las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, durante un largo cuarto de siglo se ha mantenido un vacío legal sobre el derecho a la salud de los pacientes infértiles. En estos 26 años, sólo quienes lograron costearlos pudieron acceder a los tratamientos -lo que los transformó en un fabuloso negocio para los que lucran con la salud-, mientras que muchos otros perdieron ya su oportunidad de ser padres. En los últimos años se multiplicaron los amparos ante la Justicia para lograr que las obras sociales cubrieran estos tratamientos. El año pasado, por primera vez en estos 26 años, llegaron al recinto de Diputados dos dictámenes (uno de mayoría y otro de primera minoría); proyectos que además de establecer el otorgamiento de la cobertura de las técnicas de fertilización asistida, las regulaban -lo que confería seguridad jurídica tanto a los destinatarios de las técnicas como a los médicos y a los científicos que las practican. En noviembre de 2011, el dictamen de mayoría sólo fue votado en general y al no tratarse en particular perdió estado parlamentario. En 2012 todo recomenzó de cero El lobby capitalista de la salud, que pretende no ser desalojado de un negocio que ha monopolizado ante la ausencia de cobertura estatal o de las obras sociales, ha empantanado una solución legislativa a la cuestión. Estos sectores están accionando para retrasar la sanción de una ley de fertilización asistida. O para que, en caso de que llegara a sancionarse, por un lado la norma tenga alcances restringidos y, por el otro, sea integrada a una política de tercerización de los tratamientos y, en este marco, el Estado o las obras sociales remuneren lo que, hasta el momento, es costeado por las parejas enfermas más pudientes. En las recientes discusiones parlamentarias, el nuevo proyecto consensuado sólo da tratamiento al tema de la cobertura, pero deja de lado cuestiones de fondo como el manejo de los gametos y embriones. Según los diputados que intervinieron en el debate, éstas serán legisladas en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Que se dejen de lado estas cuestiones revela que se trata de un proyecto claramente armado a medida del lobby clerical y anticipa la fuerte presión que realizará cuando se debata la reforma del mencionado código. Por otra parte, si bien el proyecto establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública deberán incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de los tratamientos, deja librado a que el Ministerio de Salud de la Nación sea el encargado de establecer "cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados". En todos estos años han surgido diversas organizaciones reclamando una legislación. "Sumate a dar Vida" ha alcanzado mayor protagonismo a partir de la realización de diversas convocatorias, como las marchas de "los cochecitos vacíos". Esta agrupación ha establecido frente al debate legislativo una plataforma de reclamos que contempla (entre otros) que: Se reconozca la infertilidad como una enfermedad. Se incluya la infertilidad en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Se obligue al sistema de salud público, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a cubrir todos los costos en todos aquellos casos en que la aplicación de las técnicas de Reproducción Humana Asistida sea requerida (los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad; tratamiento y otros estudios requeridos; los procedimientos terapéuticos de Reproducción Humana Asistida de baja y alta complejidad, incluyendo aquellos que requieran donación de gametos; la medicación correspondiente en todos los casos; la criopreservación o vitrificación de los pre-embriones. Que sean los médicos, en acuerdo con las parejas pacientes, quienes determinen el mejor procedimiento y tratamientos para dar las soluciones requeridas.

Cuando el gobierno anunció la militarización de la huelga de camioneros, la Fuba -en un comunicado- repudió la "represión" y el impuesto contra los trabajadores y el tope salarial". Luego, ante la movilización planteada a Plaza de Mayo, propusimos la convocatoria de la Junta Representativa de la Federación -la que reúne a los presidentes de todos los centros- para que se votara la concurrencia a la movilización, con una posición independiente de la burocracia sindical. La Mella, que integra la conducción de la Fuba, se opuso a este planteo, con el argumento de que los reclamos "son justos", pero que "queda(ría)mos pegados a Moyano sin que se note una posición independiente" -sin la más mínima preocupación por quedar pegados a los K y a los ‘gordos' de la CGT. La miopía política de esta posición es del tamaño del obelisco, porque es claro que una presencia masiva de la Fuba, de sindicatos independientes y de la izquierda hubiera dejado ‘pegado' a Moyano con sus críticos más firmes -incluido su servicio político de una década al kirchnerismo. A La Mella no le preocupa Moyano, sino el viraje que ha pegado Moyano , o sea su ruptura con el gobierno. Le atribuye a esta ruptura implicancias reaccionarias, o sea que los K quedarían como el mal menor. Ajena a la clase obrera, no consigue ver que lo ocurrido es una manifestación deformada del repudio de los trabajadores al ‘ajuste', o sea al rescate del capitalismo. La Mella acentúa su atadura al kirchnerismo cuando este ha entrado en una declinación irreversible. En cualquier caso, sin embargo, al rechazar la convocatoria a la Junta Representativa, la Mella instala los métodos de Moyano (y de los K) en la Fuba. La Federación tiene sus propios ámbitos de resolución y todos debemos estar absolutamente dispuestos a quedar en minoría sobre la base de un debate claro. Tenemos que recordar a La Mella, en especial, este principio elemental de la democracia aplicada a los movimientos de lucha, porque los que adoptaron como nombre el de un internacionalista proletario -el cubano Julio Antonio Mella- no se cansan de repetir que los métodos de la UJS son sectarios o alejados de la masa. Ahora quedó en evidencia que los métodos de nuestros críticos son de camarilla y los nuestros democráticos. La Mella alega, asimismo, la inconveniencia de una Representativa, para "no fijar posición sobre temas que nos dividen". O sea que solamente deberíamos ejercitar la democracia en la unanimidad. Otra vez, Moyano. Además, se trata de una trampa, porque "no fijar posición" es adoptarla, aunque en forma vergonzante, boicoteando la movilización y haciendo el juego al gobierno del impuesto a los trabajadores. Sin embargo, no hubo ningún "consenso" para "no fijar posición". La Cepa-PCR se sumó al planteo de no convocar la Representativa, aunque sí era favorable a la movilización. Este confusionismo colosal merece una reflexión: la quiebra Moyano-K ha abierto una crisis política que ha dejado a muchos como perro en cancha de bochas. El seguidismo al nacionalismo de contenido burgués les impide ver las limitaciones de éste y el carácter inevitable de su declinación ante los desafíos que plantea la bancarrota capitalista y la necesidad de aplicar un ajuste nacional y popular. En plena lucha por el funcionamiento del Congreso de la Fuba, al que la alianza K-PRO-Franja Morada ha privado hasta ahora de quórum, llamamos a reivindicar la vigencia de la democracia deliberativa y la unidad de acción en el movimiento estudiantil.

Los trabajadores de la construcción de Cerro Dragón están protagonizando una lucha que es distorsionada por la gran prensa. "Los Dragones" desarrollan trabajos en áreas petroleras con las mismas características que los trabajadores del petróleo, pero perciben 4.011 pesos menos por mes. Con este procedimiento se manejan todas las petroleras del país: hay involucrados casi 8.000 trabajadores de la construcción, con la abierta complicidad del gobierno nacional. El reclamo de "Los Dragones" es similar al de los tercerizados ferroviarios. Los grandes disparadores del conflicto fueron que las empresas Tecnotrol e Incotrol produjeron 22 despidos cada una, que Panamerican desconoció un acuerdo establecido por el gremio petrolero sobre el pago de las horas de viaje a los yacimientos, por lo que se les da a los que trabajan en la construcción la mitad del dinero por viajes a los mismos lugares y en las mismas combis. Por si esto fuera poco, las petroleras no reconocen un acuerdo de pago de los salarios familiares a los trabajadores de la construcción, que sí se les paga a los petroleros. La burocracia de Gerardo Martínez convive desde siempre con este sistema de precarización laboral en toda la Patagonia, lo que llevó a "Los Dragones" a formar una nueva organización sindical, por lo que se desafiliaron casi 3.000 compañeros de la Uocra. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no reconoce al nuevo sindicato y ahora, con el vergonzoso acuerdo firmado por Martínez (desde México), se profundizan las diferencias salariales con los trabajadores petroleros, pues las petroleras se atienen a lo firmado por la Uocra. En el conflicto, el gobierno nacional tiene una enorme responsabilidad, pues ha mirado para otro lado en todos los reclamos desde enero, la Gendarmería nacional actúa en los yacimientos como la guardia de seguridad de Panamerican Energy, hostigando permanentemente los reclamos. Esto ha generado odio entre los compañeros, quienes trabajan en condiciones durísimas. El gobierno nacional tiene todo el poder para sentar a la Panamerican con los trabajadores y no lo hace. Tiene el poder para retrotraer el conflicto y que se reintegren los 44 compañeros despedidos. También puede lograr equiparar el pago de las horas de viaje a los yacimientos e iniciar un proceso de pase a petroleros de los compañeros. Sin embargo, dilata esta reunión nacional que piden los compañeros y ha mandado al militar "todo terreno" Berni a hacerse cargo de las "operaciones" de Gendarmería, repitiendo la militarización que sufrieron los camioneros -lo que, en las circunstancias que se viven en Chubut, puede tener consecuencias más graves que los refregones de La Matanza en las puertas de YPF. Los compañeros están dispuestos a levantar su conflicto si la empresa y el gobierno se sientan a discutir los reclamos -con soluciones y actas de compromiso- con una comisión integrada por algunos de ellos. Las petroleras han desconocido tres acuerdos anteriores y reina la desconfianza por la impunidad con que se mueven las patronales. El reclamo está inscripto en la lucha nacional contra la precarización laboral, en la lucha del Subte, Sitraic o AGD por obtener la personería de su sindicato y en la lucha de la independencia de los sindicatos del Estado.

Carta abierta al Sr. presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1, Dr. Acuña Martín Vázquez; a los señores vocales, doctores Roberto Luis Salas, Alberto Huarte Petite, al secretario de Cámara Erica Susana Manigot y al señor juez Marcelo Martínez Giorgi del Juzgado Federal N° 2 (causa N° 6420/01 Secretaría 4). Las causas judiciales por el megacanje están a punto de prescribir, ante la evidente inacción de la Justicia Federal. Sus antecedentes son: La llamada operación del "megacanje" fue concretada por De la Rúa-Cavallo y Marx en junio de 2001. Se trató de una de las operaciones financieras más ruinosas para el país y uno de los desencadenantes de la crisis de 2001. Asimismo, formó parte de una megamaniobra, conducida por Domingo Cavallo, para internalizar los títulos que tenía en su poder la gran banca norteamericana y llevarse a cambio las reservas del sistema financiero, lo cual posteriormente determinó la instalación del "corralito bancario". Y, además, para hacer caer el seguro de liquidez que dicha banca había firmado con el Banco Central -para hacer frente a una crisis como la que se precipitó en 2001- que dichos bancos incumplieron. Inmediatamente después del mismo se radicaron varias denuncias penales, que se acumularon en la causa Nº 6420/01 radicada en el Juzgado Federal Nº 2 y la Fiscalía Nº 6 a cargo del Dr. Federico Delgado. Se inició así una infatigable tarea por parte de la fiscalía, de la querella y de los peritos de la parte acusadora. Se probó que mediante el "megacanje" se había incrementado -sin autorización- la deuda pública en la monumental cifra de 55.000 millones de dólares y que los funcionarios intervinientes en la operación habían mantenido negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. A pesar de las innumerables chicanas judiciales de los acusados y de sus costosos estudios de abogados, así como de la indiferencia del Poder Ejecutivo nacional -que siguió pagando los bonos judicialmente cuestionados-, la causa judicial siguió trabajosamente adelante y fue desdoblada en dos partes: una involucra a los funcionarios y la otra, a los banqueros. La que involucra a los funcionarios intervinientes (causa N° 5751/08) fue elevada a juicio oral en enero de 2008 al Tribunal Oral Federal Nº 1. Desde enero de 2008, este Tribunal está en condiciones de llevar adelante el juicio oral y no ha dispuesto ningún avance en la causa. La causa que involucra a los banqueros se encuentra en primera instancia (Juzgado Federal N° 2 causa N° 6420/01 de la Secretaría 4). La Fiscalía pidió el procesamiento a todos los banqueros el 20 de febrero de 2009 y el juez de la causa aún no resolvió. Por todo lo expuesto, atento al estado de estas actuaciones y existiendo el peligro de que por la falta de impulso se produzcan prescripciones que conviertan en abstracta la investigación, venimos a requerir a V.S. para que lleven, de una vez por todas, adelante las medidas conducentes al progreso de las causas, bajo apercibimiento de atribuirle la responsabilidad por la frustración de ellas y pedir el consecuente jury por denegación de justicia. Saludamos a ustedes, atentamente.

Los 70.000 trabajadores que colmaron la Plaza de Mayo este miércoles superaron el marco de una movilización de "aparato" de los gremios alineados con Moyano. La adhesión a la jornada introdujo fracturas en gremios cruciales, como Smata y Luz y Fuerza. En el caso de los mecánicos, la seccional Córdoba adhirió al paro contra su secretario general nacional, en el marco de las suspensiones en las automotrices. El sindicato de técnicos aeronáuticos reunió una importante columna, en medio de un paro macizo. Movilizaron varias importantes comisiones internas de Atilra, en oposición a la dirección del sindicato. En Acindar de Villa Constitución, el activismo batalló por el paro contra la seccional (dirigida por la CTA Micheli) y contra la dirección de la fábrica (kirchnerista). La columna de los cuerpos de delegados clasistas, junto al Frente de Izquierda, ocupó todo un flanco de la plaza y las inmediaciones. Delegados fabriles de gráficos, la alimentación, el subte o ferroviarios -entre otras- expresaron la batalla que dio la izquierda contra el cerrojo que el kirchnerismo intentó colocar en esos sindicatos. La Plaza recogió también la presencia espontánea de muchos trabajadores que vinieron por su cuenta. Fue, en definitiva, una gran demostración obrera. Moyano captó parte de estos desplazamientos sindicales cuando señaló que "muchos trabajadores vinieron sin sus dirigentes". Reclamó la nacionalización del Banco Hipotecario, mientras se burlaba del plan de viviendas oficial, también denunció la tercerización laboral o los haberes jubilatorios. Pero no le dio ninguna salida a las reivindicaciones que impulsaron la jornada. Moyano no anunció ninguna continuidad para después del 27, ni por el impuesto al salario ni por ninguna otra reivindicación. En cambio, dedicó buena parte de su discurso a hacer una reivindicación histórica y política del peronismo -algo que no hubiera sido necesario si no estuviera cuestionado. Los comentaristas interpretaron que busca impulsar un bloque opositor con las viudas del kirchnerismo que anidan en el PJ, o que todo no es otra cosa que parte de una interna peronista. Se equivocan: Moyano está tratando de definir límites a una evolución de la clase obrera que la saca de los marcos del peronismo. Hay una bancarrota capitalista mundial y los trabajadores se enfrentan a tareas que tienen un potencial revolucionario. Los destinatarios de la propuesta de Moyano, de todos modos, son tan ajustadores como el gobierno, de modo que difícilmente sean el remedio para la enfermedad. El discurso de Moyano fue dirigido contra el clasismo; en un tramo presentó a los empresarios -o sea a los patrones- como trabajadores. El moyanismo está reiterando la historia de finales de los '90, cuando -con el MTA- trabajó en favor de un frente político devaluacionista en reemplazo del "modelo" menemo-cavallista. Moyano llamó a aprovechar "las circunstancias económicas favorables", enfatizando -como todos los opositores- que "no estamos en 2001". Lo que quiere decir es: hagamos el ajuste de conjunto ahora, ya que el precio de la soja todavía es alto, para evitar hacerlo cuando se derrumbe. Es un llamado a la concertación nacional, como el que días antes hizo Binner. Binner y Moyano sorprendieron a todo el mundo cuando se prodigaron elogios mutuos durante la pasada campaña electoral. La tentativa de Moyano de encuadrar la Plaza del 27 en los límites del peronismo responde mucho más al pasado que a las tendencias actuales de la clase obrera. Ingresamos en una etapa de formidable revulsión en los sindicatos, que debe servir para un desarrollo político inédito de la izquierda revolucionaria.

En los últimos días, muchos trabajadores y profesionales del hospital Borda hemos recibido por cadena de correos electrónicos y por distintas redes sociales un comunicado de la Asociación de Profesionales del hospital, que informa su rechazo (al igual que ATE y la Asociación de Psicólogos del GCBA) a suscribir un acuerdo al cual habrían arribado el miércoles 13 de junio los gremios AMM, UPCN y Sutecba con la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, para "no obstaculizar el desarrollo de la obra del edificio gubernamental perteneciente al Centro Cívico" (sic). Muchos advertimos que el carácter vertiginoso del plan de obras del gobierno de la Ciudad que vino a garantizar el interventor "trucho" Néstor Pérez Baliño -correspondiente a la instalación de splits frío-calor en los servicios ubicados dentro del pabellón central que hasta el día de hoy sigue sin conexión de gas- tenía como objetivo relanzar el "otro" plan de obras, que apunta a levantar el fastuoso centro cívico de Macri en los terrenos del "fondo" del hospital, donde hoy se encuentran el taller protegido Nº 19 y el área de deportes y recreación, muchas veces presentado de manera falaz como "terrenos ociosos". La gravedad del acuerdo UPCN-Sutecba-AMM con el gobierno de la Ciudad radica, en principio por partida doble: por un lado, se pretende entregar un cheque en blanco al gobierno de Macri, con el agravante que se desconoce el resultado de la asamblea histórica del hospital, que a finales de abril se pronunció de manera rotunda y por amplia mayoría por el "No al centro cívico en el Borda". Cabe mencionar que, según algunos medios, algunas fuerzas opositoras al gobierno de Macri en la Ciudad, como el kirchnerismo, habrían dado su visto bueno al proyecto del centro cívico, condicionado a que un porcentaje de los fondos obtenidos por la futura venta del edificio del Plata sea destinado a "obras hospitalarias", lo que constituye un antecedente de características bochornosas: el financiamiento de la infraestructura hospitalaria estaría subordinado a la venta de "activos" de la Ciudad, para que se entienda mejor, a subastar "las joyas de la abuela". El panorama tampoco resulta alentador cuando constatamos que la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, oportunamente se pronunció también por la "erradicación del Borda y el Moyano", al presentar el año pasado el Plan de Seguridad Cinturón Sur (28/6/11). La finalización de las obras del pabellón central será la señal de largada para volver a la carga por la construcción del centro cívico en el Borda, lo cual se traduce al cierre de nuestro hospital en un lapso de cinco años, como muchos lo reconocen off the record. Llamamos en primera instancia a los delegados y compañeros de ATE y la Asociación de Profesionales a que se convoque nuevamente a una asamblea general del hospital, para que se informe con mayor amplitud el acuerdo firmado por las direcciones de AMM, Sutecba y UPCN con el gobierno de Macri y se ratifique lo ya votado masivamente por los trabajadores y profesionales del hospital en la asamblea de finales de abril: "No al centro cívico en el Borda". Asimismo, también hacemos extensivo nuestro llamado a la comisión interna de UPCN, AMM y Sutecba para que desconozcan el acuerdo espurio suscripto por las direcciones gremiales de Andrés Rodríguez, Gilardi y Patricio Datarmini con el gobierno de la Ciudad, y se sumen a la defensa incondicional del hospital Borda, frente al intento de vaciamiento y cierre que se pretende consumar con el proyecto del centro cívico.

El pase a planta de los trabajadores precarizados de Capitán Bermúdez tiene una implicancia incuestionable para los trabajadores del cordón. Nuestra concejala reclamó un informe sobre la situación de los precarizados y que el tema se trate en el Concejo. Luego, presentó un proyecto de pase a planta y se puso en la primera fila de las movilizaciones en la puerta del municipio junto a los precarizados. La repercusión provincial de esta acción permite varias lecturas políticas. Desde su llegada al Concejo, Jorgelina desplegó una enérgica acción política en los temas de los jubilados, de los precarizados y de las obras de la ciudad. Juró en el Concejo por la memoria de nuestro compañero Mariano Ferreyra y, precisamente, su proyecto de pase a planta está tomado de la lucha de los tercerizados ferroviarios. Se trata del mismo planteo que se formuló al Estado nacional y a las concesionarias ferroviarias, pues contempla el ingreso por la antigüedad y el reconocimiento de las categorías. El respeto por la antigüedad sienta un enorme precedente político contra las prácticas del punterismo, habituales en todas las comunas. El triunfo de los precarizados de Bermúdez tendrá su réplica en Fray Luis Beltrán, en Granadero Baigorria, en Puerto San Martín y en la propia cabecera, San Lorenzo. El pase a planta, además, funciona como un llamado de atención para los dirigentes de la CGT, quienes han peleado mejoras para los precarizados, pero no libran ninguna lucha por el pase a planta de los miles de contratados del cordón. Las patronales han canjeado mejoras salariales a cambio de la continuidad de la tercerización. Los trabajadores contratados saben, sin embargo, que en los fluctuantes procesos productivos en el complejo agro-exportador son la variable de ajuste ante despidos y suspensiones. La banca socialista del Partido Obrero ha demostrado que se encuentra al servicio de terminar con la depredación ambiental y laboral en toda esa enorme zona industrial. El proyecto de Jorgelina Signa debe ser ahora el proyecto de todos los precarizados del cordón.

El décimo aniversario del asesinato de Kosteki y Santillán dio lugar a una enorme movilización. Desde la vigilia del lunes 25, un movimiento de masas invadió literalmente la estación Avellaneda y sus inmediaciones. Al pie del Puente, el Polo Obrero y el Frente de Artistas organizaron un festival con un claro contenido político antigubernamental. Entre las intervenciones de dirigentes políticos y de derechos humanos, el aguante estuvo protagonizado por bandas y artistas muy destacados: Piti, de las Pastillas del Abuelo, Kapanga, Salta la Banca, Las Manos de Filippi, La perra que los parió, Patricia Barone y Javier González, y Ayre. La jornada del 26 congregó 20 mil compañeros arriba del puente. Lejos de un "homenaje", la jornada estuvo marcada por una lucha política aguda con el gobierno kirchnerista, denunciando su política de preservación de los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda, así como de los catorce caídos en la lucha durante los nueve años del kirchnerismo, asesinados por las fuerzas de seguridad o por patotas paraestatales. Esa lucha fue reavivada por las operaciones de impunidad en las últimas semanas: la flexibilización de las condenas a los asesinos Fanchiotti y Acosta, y el archivo de la causa contra los responsables políticos del Puente; la salida de la cárcel de Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba; la excarcelación de Cirigliano y las maniobras de Pedraza con el kirchnerismo en vísperas del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. El kirchnerismo, lejos de disputar el acto del puente como otros años, armó a último momento una convocatoria en un salón cerrado para escuchar discursos de funcionarios oficiales como Mariotto o Abal Medina. La impostura llega a límites grotescos, mezclando víctimas y victimarios, con el gobierno de Aníbal Fernández convocando a un acto con los rostros de Darío y Maxi junto a Néstor Kirchner. La política de Estado para defender a sus fuerzas represivas, a los funcionarios, empresarios y burócratas sindicales aliados fue analizada en el documento elaborado por el conjunto de organizaciones convocantes. Los discursos de los familiares de Darío y Maxi fueron contundentes. Respondieron a la mención oportunista que realizó Cristina Kirchner desde una cadena nacional en paralelo. Alberto Santillán denunció "la solidaridad de mierda de Cristina Kirchner" y reclamó la cárcel efectiva de los asesinos y la reapertura de la causa contra todos los responsables políticos. Leonardo Santillán, hermano de Darío, llamó a darle continuidad al movimiento que confluyó en el Puente para lograr las condenas de los asesinos de Kosteki y Santillán, de Fuentealba, de Ferreyra, de todos los casos de gatillo fácil. Su intervención planteó abrir un debate crítico entre las organizaciones convocantes para superar cualquier carácter ritual o conmemorativo y poner en pie un movimiento de lucha sistemático contra las fuerzas represivas. Vanina Kosteki destacó la vigencia del programa del movimiento piquetero en 2002, y la victoria de las tendencias de lucha sobre los intentos de cooptación oficial que han actuado sobre todo el movimiento popular. Vanina planteó que en la lucha de los trabajadores está la única perspectiva de conquistar el derecho a la salud, la vivienda, al trabajo y a la educación.

Más de 180 trabajadores (enfermeros, técnicos y profesionales) se autoconvocaron el lunes 11 de junio frente a la renuncia de la directora del hospital, doctora Elsa Andina. Su dimisión se suscitó a raíz de los aprietes de la delegación gremial del Sutecba, ante el hecho comprobado de la falta de personal de enfermería en el servicio de neonatología, pese a que los planteles figuraban completos y a que el personal se encontraba presente, según el registro del fichero. Los acontecimientos se precipitaron por las denuncias de padres de los niños internados, que reclamaron por la notable falta de enfermeras en un área tan sensible como es la terapia intensiva neonatal. El período estacional y la prevalencia de patología respiratoria (bronquiolitis) hacen que la UTI neonatal esté completa -funciona a cama caliente- y con la totalidad de sus respiradores ocupados. En un hospital donde se distribuyen mensualmente centenares de módulos (plus salarial por extensión de jornada), la denuncia de los padres destapó la olla del manejo fraudulento de estos, por parte del gremio municipal. Para Sutecba y la jefatura de enfermería, que se ventilara esta situación resulta un acto de persecución al personal por parte de la directora del hospital. En la raíz del problema está, sin embargo, el déficit crónico de enfermeras -y sus magros salarios- que son sostenidos por Sutecba y por el gobierno porteño. Mientras para un enfermero -luego del miserable aumento acordado en paritarias- su salario de bolsillo (técnico tramo A) va a ser en julio de 4.200 pesos, por 20 módulos cobra 1.700 pesos; es decir, más del 40% de su futuro sueldo. Mediante el manejo de estos plus, "los módulos", Sutecba ha logrado dividir y subordinar a los trabajadores, aplicar premios y castigos y cobrar un porcentaje a quienes los reciben. Un comportamiento mafioso, con el silencio del gobierno. Frente a los acontecimientos, resultó llamativo que la Asociación de Profesionales y la Gremial Médica -dirigidas ambas por la burocracia de la AMM- no fijaran posición, no convocaran a los miembros de estas asociaciones y se autoacuartelaran en la biblioteca (cuatro miembros), mientras el hospital masivamente paraba y se autoconvocaba. A la asamblea concurrieron, además de profesionales y médicos, trabajadores del escalafón general y muchas enfermeras que desconocieron la orden del gremio de no concurrir. Por unanimidad se aprobó la moción de solicitar la no renuncia de la directora y de apoyar su denuncia. La asamblea resolvió por unanimidad redactar un acta con la firma de los 183 asistentes para presentar en el Ministerio de Salud porteño. Una delegación de profesionales del hospital la entregó y se entrevistó con los responsables del área sanitaria a las 48 horas. Los funcionarios señalaron que si bien no pretendían aceptar la renuncia de la directora encontraban muy dificultoso enfrentarse al gremio municipal... (sic). Como en el Borda o en el Muñiz, hay un acuerdo espurio entre la AMM, el Sutecba y el macrismo, para sostener este "status quo": cada cual maneja su caja, y todos sostienen al gobierno porteño. Para un sector de los trabajadores del escalafón general la jornada del 11 de junio se vivió como un triunfo, frente a los frecuentes aprietes y maniobras del Sutecba; y para los profesionales se plantea la perspectiva del desplazamiento de la actual conducción de la Asociación de Profesionales y de la Gremial Médica hospitalaria. Luego de esta gran movilización, la maternidad Sardá ha ingresado en un escenario asambleario permanente, lo que se manifiesta por reuniones a diario y la pugna entre los que luchan y las maniobras de las burocracias el Sutecba y la gremial médica (AMM), que se han reunido para negociar la salida de la directora y su sucesión. Los trabajadores y profesionales nos preparamos en la base para intervenir por una salida propia y constituir una comisión de control por la defensa del hospital y la expulsión de la troica (Sutecba, AMM, gobierno).

A principios de mes, en Wisconsin, el gobernador republicano, Scott Walker, fue ratificado en su cargo por una cómoda ventaja de ocho puntos. La realización de la votación sobre la continuidad del gobernador -un procedimiento tan infrecuente y extremo que sólo ocurrió tres veces en las historia de Estados Unidos- fue lograda por un esfuerzo descomunal de los sindicatos y de los miles de activistas que protagonizaron, el año pasado, una enorme lucha contra su política antiobrera, quienes este año consiguieron un millón de firmas -en un Estado de 6 millones de habitantes- para que se realice esta votación. Al igual que durante la lucha de 2011, todo el país fijó su mirada en Wisconsin. Es que mucho estaba en juego en estas elecciones; pero fueron los republicanos los que se volcaron, con toda su organización y recursos, a favor de Walker. Gastaron ocho veces más dinero que los demócratas, pasearon por Wisconsin a todas sus figuras y plantearon esta votación como un anticipo de lo que ocurrirá en noviembre. Obama, en cambio, fue muy criticado por sus partidarios por mantenerse ajeno a la campaña -no viajó a Wisconsin y sólo dio su apoyo a Barret, el candidato demócrata, vía twitter. La campaña pusilánime de Barret -quien apeló a la unidad del Estado y a cerrar las heridas todavía abiertas tras el conflicto- tampoco ayudó (Financial Times, 6/6; El País, 9/6). La economía, que creció un 3% el último trimestre de 2011, va a acabar este año con sólo un 2% de incremento. Los intentos para aprobar nuevas medidas de estímulo en el Congreso, sin mayoría parlamentaria, están condenados al fracaso. Sólo quedaría aferrarse a la tabla de salvación de la demanda internacional. Pero la política de austeridad en Europa está liquidando las ventas norteamericanas en su principal socio comercial -representa casi el 20%. En estas condiciones, Obama se enfrenta al oximorón de suavizar el impacto de los aumentos de impuestos -ahora vencen las reducciones impositivas a los más ricos implementadas por Bush, que los republicanos quieren hacer permanentes- al tiempo que reduce el déficil. Aparece en el horizonte, además de la recesión, el fantasma del default y de un crack fiscal (Financial Times, 17/6). Con este panorama, aumenta la desazón entre los demócratas. "Siento arruinar su fin de semana, pero seamos honestos: Mitt Romney tiene, desde ahora, una buena oportunidad de ser el próximo presidente", escribe John Cassidy en el progre The New Yorker (1º/6). La búsqueda, dirigida a reconstruir los lazos con sus votantes, explica las declaraciones de Obama en apoyo del matrimonio entre personas del mismo sexo, las ayudas a los graduados universitarios endeudados y el rechazo a la deportación de inmigrantes jóvenes con cinco años de residencia. Demasiado tarde, demasiado poco. Con las bases demócratas descontentas y desmoralizadas, el Partido Republicano parece tener por primera vez una chance de triunfo. Después de que las elecciones internas consagraron a Mitt Romney -un conservador moderado-, el candidato recaudó tanto como el Presidente -además lo supera ampliamente en el volumen de los fondos disponibles, lo que muestra un viraje en las preferencias de Wall Street. En un momento en que la polarización social ha generado la existencia de un récord de electores que se consideran independientes, la elección de un moderado afianza las chances republicanas de captar sus votos. Pero, para ello, todavía deberá poner en caja a los extremistas del Tea Party -ganadores en Wisconsin, quienes, además, acaban de obtener sonadas victorias contra el establishment republicano en Iowa y en Utah-, mientras trata, al mismo tiempo, de no perder en el camino su apoyo militante. Las encuestas dicen que Obama y Romney, en este momento, se encuentran en un empate técnico. Pero en Estados Unidos no necesariamente gana el que saque más votos. El Presidente se elige por vía indirecta: así, gana el que supere a 270 votos en el Colegio Electoral. En la mayoría de los Estados, el candidato que obtenga la mayoría de los votos gana todos los electores. Y todavía Obama aparece ganando en los principales Estados. Aún faltan 150 días, pero nos acercamos a un final para alquilar balcones.

Las concesiones a la derecha realizadas por Fernando Lugo -en especial luego de la masacre de campesinos- no sirvieron para evitar el golpe. Lugo asumió con la promesa de la reforma agraria y con la crítica a la apropiación de tierras públicas por parte de la oligarquía paraguaya. Sin embargo, cuando las ocupaciones de tierras de las organizaciones campesinas fueron denunciadas a la Justicia y esta convalidó los títulos de los terratenientes paraguayos y brasileños, Lugo se jugó a desalojarlas. El hambre de la soja, que vive un boom exportador en Paraguay, no permite concesiones en materia de tierras. El desalojo violento de las tierras de Blas Riquelme -terrateniente del Partido Colorado-, en el que murieron once campesinos y seis policías tiene el antecedente de los desalojos "pacíficos" de Ñanducay, en los primeros meses del año. La denuncia del gobierno, de que los colorados -el partido de la oligarquía terrateniente- se encontraban atrincherados en la Justicia y en el parlamento, sirvió para... una capitulación frente a la Justicia y al parlamento. El nombramiento del colorado Candia Amarilla como ministro del Interior luego de la masacre de Curuguaty fue un último intento de generar un gobierno de acuerdo con la derecha. Algunos observadores lo atribuyen a un intento de cambio de alianzas de Lugo, con vistas a las elecciones de abril, lo que detonó la ruptura final con el partido del vicepresidente Franco (Partido Liberal). No le dio el resultado que esperaba, porque colorados y liberales se conjugaron para voltearlo. La política agraria de los golpistas es una guerra sin cuartel contra el campesinado, en defensa de los "agronegocios" con Monsanto y con los pulpos de la producción de semillas y transgénicos. Esto no impide que a tan sólo 48 horas del golpe se haya producido una nueva ocupación de tierras en Capiibary (O Globo, 23/6). El polvorín agrario en Paraguay está intacto. Río Tinto El golpe se entronca, sin embargo, con una segunda crisis. Sucede que la minera Río Tinto -canadiense- está negociando, desde hace tres años, la construcción de un mega emprendimiento de producción de aluminio en Paraguay, que pasaría a exportar casi 700.000 toneladas anuales. La planta transformaría el aluminio en el segundo producto de exportación de Paraguay. La entrada de Río Tinto cambia el cuadro de influencias en la burguesía paraguaya. El tema central de la instalación de la planta pasa por el uso de la energía. Paraguay utiliza 2.200 MW de energía; la planta utilizaría 1.100 MW más. Río Tinto chocó con Lugo sobre los precios de la energía. Reclamaba un precio de 30 dólares por MW (una estafa monumental) y el gobierno había fijado, en una primera ronda de negociaciones, el precio de 60 pesos por MW (Reuters, 14/6). Pero, lo más importante, un volumen de consumo de ese nivel por parte de una empresa monopólica lleva a reconfigurar todos los acuerdos por el uso de la energía entre Brasil, Argentina y Paraguay, por Yacyretá y, sobre todo, por Itaipú. No resulta casual, entonces, que el primer país en saludar el golpe de Estado y en reconocer al nuevo gobierno haya sido Canadá. El embajador estadounidense visitó al nuevo Presidente paraguayo el sábado previo. Bajo Lugo avanzó en Paraguay la penetración militar de Estados Unidos. Los yanquis capacitan una parte de las fuerzas armadas paraguayas, tienen bases y sectores militares actuantes en el Chaco paraguayo con motivos "humanitarios". Lo reconoce la propia embajada en su página web. La importancia geoestratégica de Paraguay, una base para acceder al Amazonas y una reserva clave de agua y de energía, resulta un factor de interés para el imperialismo norteamericano. Brasil y la Unasur Los propietarios brasileños de tierras en Paraguay son un sector importante. Estos "brasiguayos" reclaman al gobierno de Brasil que reconozca al gobierno de Franco. El canciller brasileño, Patriota, había viajado antes a Paraguay para disuadir a los colorados del golpe. La misión fracasó (Página/12, 24/6). El gobierno de Brasil teme que se vean afectados los acuerdos por Itaipú, que quedarían comprometidos por el ingreso de Río Tinto, una rival de la minera brasileña Vale do Rio Doce. Si el golpe sojero apunta contra la minería, Brasil pasará a apoyarlo a corto plazo, en defensa de los contratos de energía. Ya hemos dicho en estas páginas que la Unasur es un armado de la burguesía paulista, que depende de la energía paraguaya. Río Tinto, al igual que la presencia estadounidense en Paraguay, son un factor de desestabilización para Brasil y de choque con la burguesía brasileña. La política brasileña no consiguió disimular las rupturas al interior de la propia Unasur. México señaló que el proceso había sido legal. El golpe derechista a Lugo golpea el eje chavista. El apoyo de la Unasur no salvó en su momento al hondureño Zelaya de la destitución. Los golpistas se apuraron a consumar el golpe, en parte, para poder negociar desde el poder con los gobiernos vecinos. Un acuerdo en torno de los factores en disputa -la energía, la tierra, etcétera- podría mandar al diablo la "lucha anti golpista" de Dilma Rouseff y de Cristina Kirchner. El elogio de todos los gobiernos del discurso de Lugo de retirarse y no llamar a las masas a movilizarse -la "resistencia pacífica"- marca que tienen límites insalvables para enfrentar el golpe por la vía de la movilización popular, que pondría en jaque, no solamente el control sobre la tierra de la oligarquía paraguaya, sino todo el esquema de colonización económica montado en torno de la represa de Itaipú y de los intereses brasileños. La movilización política independiente contra el golpe debería ir acompañada del planteo en favor de una asamblea constituyente contra el Estado "colorado" de Paraguay, una tarea de los trabajadores y del pueblo de toda Latinoamérica.

En la base de los trabajadores del subte hay una fuerte disposición para plegarse a la marcha a Plaza de Mayo, del miércoles 27, por la eliminación del impuesto a los sueldos y por la restitución del salario familiar: dos cuestiones que afectan fuertemente a este sector. Varias asambleas están anunciadas para fijar posición ante el silencio -por el momento- de la directiva K de la AGTSyP. No se trata en absoluto de una adhesión al moyanismo. En todo caso, su conducta en relación a la paritaria de Camioneros -con un 19% de aumento anualizado- resultó un balde de agua fría para el subte, cuya paritaria quedó pendiente de una negociación en agosto. Esto porque la directiva filo K levantó, de manera inconsulta, un sólido plan de lucha que, votado en asambleas de líneas, se venía desarrollando en favor de que la AGTSyP fuera integrada a la paritaria con su reclamo del 28% de aumento al básico. En lugar de ello, Pianelli y Segovia (secretario general y adjunto, respectivamente) firmaron la postergación de las negociaciones, según el acta cerrada por Metrovías, por el gobierno y por la burocracia de la UTA, que estipuló una suma fija de un 15% por tres meses. Notable convergencia entre los oficialistas yaskistas del subte y los disidentes moyanistas de la CGT, para frenar los reclamos salariales en el límite impuesto por Cristina y por Tomada. Varias asambleas de líneas y talleres rechazaron el levantamiento de los paros y el acuerdo firmado. Los delegados de esos sectores y otros más impulsaron que, en una asamblea general que se convocó para considerar memoria y balance, se introdujera el tema de la paritaria y la necesidad de retomar el plan de lucha. La oposición de los kirchneristas fue cerrada, lo que evidenció hasta qué punto bajan la línea del ajuste K -aun al costo de una total subordinación a la burocracia de Fernández, lo que implica un golpe al desarrollo autónomo de la AGTSyP. El paro y la marcha de la CGT, aun con las limitaciones de la burocracia moyanista, operan como una vía de expresión de reivindicaciones del movimiento obrero. La Agrupación Trabajadores de Metrovías emitió un llamamiento a los trabajadores del subte y a la AGTSyP a convocar asambleas para marchar a la plaza, con las consignas centrales y por la inmediata reapertura de la paritaria del subte por el 28% de aumento salarial.

Es Curuguaty, departamento de Canindeyú, una de las zonas más pobres del país y, al mismo tiempo, rica en tierras fértiles y en plantaciones, entre la soja, en las miles de hectáreas de tierra en disputa, aún siguen apareciendo cuerpos de campesinos en lugares donde no llegaron las balas de la policía. ¿Quién los mató? ¿Quién los mata? Riquelme, el empresario, no se ha visto por allí; pero todos hablan de él. La Radio Comunitaria Popular clama a los cuatro vientos las verdades del pueblo, que distan mucho de aquellas que la "prensa oficial" de Asunción ha dado a conocer. La gran desigualdad social del país -donde el 90% de la tierra está en manos de poco menos del 10% de la población- se hace patente en la zona, que en algún momento fue capital del Paraguay y que fue tierra elegida por el libertador uruguayo José Artigas para su última morada. Un comunicado de los vecinos "Las organizaciones sociales y campesinas, ante los hechos públicos del 15 de junio durante el desalojo de las tierras, a 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty, hacen un llamamiento a las autoridades para garantizar la vida de los campesinos heridos que aún siguen en los montes, y los desaparecidos y evitar más hechos de violencia en el lugar. Solicitar la presencia de una comitiva interinstitucional con representantes de los tres poderes del Estado, comisiones de derechos humanos y organismos internacionales en el lugar de los hechos, que permita una tregua de las operaciones de policías y militares, y lograr el retiro de los fallecidos y la asistencia de los heridos que reclaman los ocupantes", dicen los vecinos. Son los mismos que denuncian las detenciones arbitrarias de las personas que no tienen nada que ver con la ocupación, detenidas por auxiliar a los heridos, por ser familiares, "que inclusive fueron torturados y en estos momentos están en el calabozo de la comisaría de Curuguaty". Recurren a la solidaridad nacional e internacional para lograr "la recuperación de las tierras". Allí expresaron su firma los movimientos ecologistas y campesinos, foros educativos y cuanta organización social trabaje en la zona de Curuguaty, apenas horas más tarde de la matanza más trágica de la historia moderna de Paraguay. El concejal Santiago Martínez conoce la zona. "La visión de los medios de la capital ha sido muy parcial, en los canales de televisión se vieron las fotos de los policías fallecidos, pero ni se mencionan los nombres de los campesinos muertos. Las tierras no son de Riquelme, las tierras públicas son para la reforma agraria como se estableció en la década del '60. Eso fue legalizado durante los '90, pero la poca capacidad y debilidad institucional nunca hizo valer eso. La gente tiene sus derechos (...). Son propiedades sujetas a la reforma agraria, todos los sin tierra tienen derecho de acceder a ese pedazo de tierra", dice uno de los referentes políticos de la zona.

La concentración obrera en Plaza de Mayo, el pasado 27 de junio, constituye un principio de ruptura política de la clase obrera con el gobierno kirchnerista. La protesta contra la ampliación de la base del impuesto al salario fue la envoltura de una evolución política, que registra la marcha del 'ajuste' contra los trabajadores como consecuencia de la bancarrota capitalista mundial y sus reflejos nacionales. Al final, el impuesto al salario, que incluye un IVA del 21%, está en línea con la política de la 'troika' europea -que la Presidenta argentina fustiga en sus discursos, pero no puede evitar aplicarla en la práctica. Hace solamente seis meses, el 75% de los que fueron a la Plaza habían votado a CFK; el miércoles aplaudieron a quien la tildó de usurera hipotecaria en los tiempos de la dictadura militar. El derrumbe del llamado 'modelo', que no es otra cosa que la versión criolla de la crisis mundial, va adquiriendo sus contornos políticos. El Frente de Izquierda marchó a la Plaza a disputar esos trabajadores a la burocracia sindical y los políticos patronales que la sostienen. Moyano no admitió a nadie en la tribuna que no fuera él, pero no lo hizo por egolatría. Entiende mejor que ninguno que esta ruptura política entraña la posibilidad del desarrollo de una tendencia de los trabajadores hacia la izquierda. Por eso centró la parte final de su discurso en una reivindicación del peronismo, para marcar desde el vamos los límites de la ruptura. Es la misma persona que, en mayo del año 2000, había dicho que el peronismo estaba acabado y el que hace un par de meses calificó al PJ de cáscara vacía. Moyano sabe que un trío con Lavagna y con Scioli no significa otra cosa que un choque con los trabajadores, porque estos levantan un programa de ajuste al cuadrado. La burocracia sindical está luchando, todavía preventivamente, por su supervivencia; Moyano les dice que su liderazgo es la última valla contra la desaparición. Que lo diga, si no, Pignanelli, quien el mismo miércoles tuvo que aguantarse una huelga en la industria automotriz: exactamente lo contrario de la línea que expuso en forma pública, de aguantar las suspensiones. Hemos ingresado en una nueva etapa. Lucha de clases Los acontecimientos recientes han servido también como una escuela política excepcional a cielo abierto. En las llamadas circunstancias normales, la lucha entre las clases se encuentra opacada por toda suerte de manipulaciones ideológicas. La masificación del impuesto al salario, que gravaba antes al 3% de los obreros y ahora llega al 20, ha expuesto con crudeza que el 'subconsciente' de la política no es otro que la lucha por la apropiación de la riqueza social. Casi todo el país se ha visto obligado a discutir esta realidad como consecuencia del impuesto al salario. En la sociedad capitalista, esa riqueza es generada por la clase obrera y apropiada por la burguesía. El discurso sobre la 'redistribución de los ingresos' presenta esta realidad al revés: que la riqueza social la estaría creando el capital y que se trata de redistribuirla a los trabajadores. A esta presentación invertida de la realidad -donde la expropiación del trabajo es convertida, por la acción asistencial o intermediaria del Estado, en una distribución en beneficio de los trabajadores- se reduce toda la argumentación del progresismo. La distorsión ha saltado ahora por los aires: el Estado supuestamente benefactor ha salido a aplicar un impuesto directo al salario. La justificación es que la recaudación irá a los trabajadores que se encuentran en la miseria extrema, en una suerte de redistribución entre explotados que deja intangible al capitalista. El destino real del impuesto es seguir subsidiando a los Cariglino, Roggio, Techint y al pago a los usureros internacionales. Roberto Feletti, en La Nación (24/6), sostiene que el impuesto al salario es progresivo, en tanto que el que se aplica a la renta estaría muy lejos de eso. El motivo que esgrime Feletti es que afectar a la renta financiera resultaría en una salida de dinero y en una des-pesificación de la economía. Repite lo dicho por Bush y Berlusconi, entre otros. O sea que los K han decidido que es mejor gravar el trabajo productivo y premiar la especulación capitalista. El gobierno está confesando que se encuentra en una crisis sin fondo. Del mismo modo, ha quedado expuesto el carácter de clase del Estado, incluso cuando se viste con una fraseología 'izquierdista'. La confiscación del salario, por la vía impositiva, se produce como consecuencia de una coacción. El argumento de que el 80% de los asalariados no son alcanzados por el impuesto deja expuesta la miseria de esa mayoría inmensa, cuyo 80% cobra un salario promedio de tres mil pesos. Menear con el impuesto a los ingresos de los trabajadores es siempre riesgoso: en Inglaterra, por ejemplo, el 'poll tax' (un impuesto fijo igual a todos los ciudadanos, con independencia de su clase social) le costó la vida política a la señora Thatcher. El ajetreo que está viviendo Argentina obedece a la presión de la crisis capitalista. El impuesto al salario viene a llenar una parte de los cofres del Estado, acosado por tres flagelos: el pago de la deuda usuraria, la fuga de capitales y los subsidios a las empresas de energía y transporte. ‘Destituyentes': todos y nadie Es esta crisis, precisamente, la que explica la ruptura entre Moyano y CFK y no al revés -que esta ruptura sea la causa de la crisis. Las 70 mil personas que colmaron la Plaza el miércoles son el testimonio -como dijimos- de una ruptura de los trabajadores con el improvisado régimen kirchnerista. Estamos ante un principio de disgregación del régimen político actual; las bases del bonapartismo tardío del kirchnerismo se desintegran a un ritmo que crece. Cuando los K denuncian a sus oponentes como 'destituyentes', se equivocan como nunca, porque ninguna fracción de la burguesía los quiere voltear, dado que nadie quiere hacerse cargo de aplicar un tarifazo y una devaluación del peso. Quieren que lo haga el gobierno actual. Buscan matar dos pájaros de un tiro: evitar hacer el trabajo sucio de un 'rodrigazo' y lograr que, con el ajuste, el gobierno complete su ciclo. Fue lo que ocurrió en 1975. Con el impuesto al salario, con la negociación con las petroleras norteamericanas, con el pago de la deuda usuraria, los K labran su propia dimisión. Si el eje Moyano-Scioli-Lavagna aún no existe -o no ha sido consumado- que se produzca es solamente cuestión de tiempo y táctica. El programa de este eje lo presentó Lavagna en la página central de Clarín: un ajuste en toda la línea, en especial una devaluación, que junto con el tarifazo serviría para reequilibrar 'los precios relativos' (gas, nafta, transporte). Los opositores critican la ampliación de la base del impuesto al salario porque lo consideran una cirugía menor -una 'sintonía fina' donde se necesita un asalto de blindados. La crisis fiscal, la tendencia incipiente a una rebelión contra el ajuste, la crisis internacional, la inflación, todo esto -y algo más- expresa que la burguesía no puede seguir gobernando como lo venía haciendo. Eso mismo ocurre en todo el mundo: desde Mubarak o Al Assad hasta Grecia, España e Italia, pasando por Sarkozy, México y Paraguay (sin excluir a Obama y al inglesito Cameron). El derrumbe de los de arriba advierte a los de abajo que el edificio social existente amenaza con caerse sobre sus cabezas. La jornada del 27 fue el sustituto que encontró Moyano al llamado a una huelga nacional; es un método para 'acotar daños'. Sus laderos explican que no podía ir más allá porque perdería aliados en la burocracia para el próximo Congreso en la CGT. La misma razón valdrá cuando tenga a esos aliados en una nueva conducción, si lograra mayoría. En realidad, Moyano no quiere ni en sueños una movilización obrera gigantesca; no tiene antecedentes de tal cosa en su trayectoria. Que las condiciones para una huelga de verdadero alcance se van creando es demostrado por la huelga en las plantas automotrices de Córdoba el mismo día. La jornada del 27 no tiene prevista una continuidad. Sin embargo, ha sido suficiente para darle un carácter oficial a la crisis política - entre otras cosas, a la lucha por la sucesión presidencial (que, como se ve en Paraguay, no excluye voltear al gobierno en el camino). Estos candidatos al recambio -como Scioli (o De la Sota)- no cuentan, sin embargo, con el apoyo de los trabajadores y operan como socios del ajuste. Los que se movilizaron el 27 no andan buscando a un Scioli como piloto de tormentas. La experiencia en curso, en Grecia, enseña que los virajes de los trabajadores a la izquierda han pasado a integrar el escenario de la crisis mundial. Hacia una reconfiguración política La jornada del 27 ha producido divisiones en todas las tendencias sindicales. Las rupturas políticas dentro de la burocracia son manifiestas, incluso dentro del moyanismo, el que se jacta más que ninguno de operar como una corriente -con origen en el MTA. Lo mismo ha ocurrido en la CTA y en la dirección del sindicato del subte. O, por caso, en la Fuba, donde La Mella decidió 'no quedar pegada a Moyano', para pegarse más a los confiscadores del salario y pagadores seriales de la deuda externa. Estas quiebras son un síntoma de que se aproxima una crisis de poder, para la cual ninguna de esas tendencias se ha preparado ni se preparará. La clase obrera se enfrenta a una reconfiguración política. La crisis ha ampliado el campo para la acción política de la izquierda revolucionaria. La clase obrera necesita ver a la izquierda revolucionaria en la pelea por el poder por medio de la propaganda, la agitación y la organización. Lejos de la imputación de los K -de que la izquierda revolucionaria le está haciendo el juego al moyanismo- los K, los Moyano y los elementos centristas o intermedios (estos con su confusión), le están haciendo el juego (si cabe expresarse de este modo) a la izquierda revolucionaria, porque con sus movilizaciones para revalidar títulos y autoridad profundizan la brecha por la que irrumpen nuevas camadas de obreros jóvenes. El cable que habilita el paso de la energía no debe ser confundido con la energía que transporta. Es fundamental que discutamos la caracterización de la situación política que se está creando, así como las nuevas tareas sobre estas bases.

El viernes 22, la CGT marplatense realizó una marcha de 4.000 trabajadores. La movilización se llevó a cabo después de casi tres meses de conflicto del Simape (gremio mayoritario de los marineros) y en un cuadro de parálisis productiva del Puerto. La columna mayoritaria fue la del Simape, que impulsó la marcha para romper la intransigencia patronal en la paritaria: la Cámara selló un acuerdo ruinoso con el sindicato del Somu y se niega a reconocer al Simape, a pesar de su representación. Lo menos que se puede decir de la marcha -convocada por el "plenario de los 60 gremios"- es que llegó muy tarde. La mayoría de los gremios de la pesca y portuarios firmaron los convenios paritarios a la baja, ajustándose a los topes del gobierno. Son miles los compañeros de la pesca en negro y blanco que no cobran o apenas reciben la garantía horaria. En este cuadro, los aumentos paritarios no han pasado de los papeles. La CGT, además, se negó a convocar al paro regional, por lo que se limitó la concurrencia de los trabajadores. La central marchó después de haber anunciado su integración a una Mesa de Diálogo con el gobierno de Pulti. La Mesa -que se presenta como una salida "política"- no tiene otro propósito que presionar a la dirección del Simape para que levante la huelga. La conducción cegetista marchó sin programa alguno frente a la crisis, lo que equivale a una convergencia con las patronales que piden subsidios, el recorte de las retenciones pesqueras y la devaluación. Se trata de promover -como ya ocurrió en el pasado- un frente obrero-patronal en defensa de la "producción". En la convocatoria a la marcha ha pesado también la crisis de la burocracia sindical y la interna entre el kichnerismo y Scioli. Los principales sindicatos que intervienen en el Puerto (incluidos el Simape y el Soip) impulsaron la reelección del intendente Pulti en octubre pasado. Pulti es hombre de Scioli. En la marcha se anunció una oferta de la cámara patronal al Simape, la que sin embargo, no se dio a conocer públicamente. La asamblea de los marineros deberá fijar posición. La huelga del Simape es parte del ascenso huelguístico que se vive en todo el país. El PO participó con un cartel que decía: "por el triunfo de las luchas obreras, que la crisis la paguen los patrones". En los días previos se volanteó la ciudad con un programa obrero frente a la crisis portuaria, en reclamo del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, de la garantía horaria, del subsidio para los compañeros de las cooperativas, por la efectivización de todos los trabajadores en negro y por el triunfo de la huelga de los marineros.

El gobierno llegó muy lejos, no contra Moyano sino contra los trabajadores. El comité de crisis contra la huelga camionera, que incluyó al comandante de la Gendarmería, recordó las peores épocas de ataques al movimiento obrero. Les dictaron la conciliación obligatoria, amenazaron con la intervención del sindicato, aplicaron la Ley de Abastecimiento -destinada a la especulación empresarial-, mandaron la Gendarmería a distribuir combustible, presionaron a la patronal de cargas para que sacara los camiones con carneros, les abrieron causa penal a Moyano y al hijo, multaron al sindicato por 4 millones de pesos y, finalmente, De Vido amenazó con aplicar la Ley de Hidrocarburos, redactada contra posibles maniobras de Repsol. Una batería antiobrera, no antiburocrática. Pocos destacan la manera fulminante en la que los camioneros pararon el transporte de combustibles en todo el país en 45 minutos, expresión de las sentidas reivindicaciones en juego. La huelga despertó, además, una enorme simpatía en el movimiento obrero por el reclamo del 30% de aumento, por la exigencia del incremento en el mínimo no imponible de Ganancias y de la eliminación de los topes en los salarios familiares. Sin dudar un minuto, nuestras agrupaciones clasistas se colocaron en el campo de la defensa -y extensión- de la huelga. Lo mismo el Partido Obrero, como fuerza política. El discurso "progre" de los Mariotto y de La Cámpora, quienes súbitamente se acordaron de los "consumidores" que no tendrían nafta, es un burdo encubrimiento del ataque a la huelga que defiende al mayor colectivo de consumidores del país, que son los asalariados y los jubilados. El gobierno tiene por objetivo asegurar paritarias a la baja, como único elemento de "estabilización" frente a la desorganización económica y el desmadre inflacionario en curso. Los jubilados serán alcanzados por la caída de sus actualizaciones -basadas en los índices de aumento de salarios y de la recaudación, que está en picada. Por eso defraudó la firma de Moyano por cuotas que suman 25,5% hasta marzo del año que viene, pero que promediadas dan un 19,1%: en línea con lo comprometido por CFK ante la UIA durante la campaña electoral. Moyano tuvo a sus pies al gobierno, desesperado porque las usinas eléctricas quedaban sin fueloil en doce horas más y porque el operativo de Gendarmería fue un fiasco. No quiso ir a fondo para romper los topes salariales y transformarse en un punto estratégico de reagrupamiento para todas las paritarias que faltan -130- y para la reapertura de las que firmaron por chirolas. El mismo lo dijo: "el problema no es el salario", sino el impuesto a las Ganancias. Al firmar y levantar el paro, Moyano clausuró el proceso de paritarias y desarmó al movimiento obrero para la próxima etapa de la "sintonía fina" -o sea, de los tarifazos. Lo desarmó, cuando está en curso una tenida devaluatoria, que puede alimentar la hoguera de la inflación, sin incluir cláusula alguna de actualización. Dejó en la estacada a los subtes y a los ferroviarios, cuyas paritarias fueron postergadas para agosto, mediante una exigua cifra del 15%. También les quitó "espaldas" a luchas fabriles salariales, como las de los gráficos de La Nación e Interpack, o a las plantas de la alimentación que pugnan por un aumento del 35 o del 40%, mientras Daer les firma por cuotas insuficientes. Moyano, que pretende escindir seccionales de Luz y Fuerza de cara al congreso cegetista, "colgó" a las seccionales combativas de este gremio. Se confirmó en este episodio que la disputa que llevará a la CGT a la fractura no tiene como eje romper el cepo salarial, tampoco por parte del moyanismo. El gobierno quiere una central obrera para sí, carente de toda autonomía, y Moyano se anota "acumulando" para Scioli o "articulando" con una oposición -Macri, radicales, Binner-, que comparte la orientación del ajuste. El moyanismo es una variante de la vieja burocracia sindical. Así las cosas, el paro nacional camionero del miércoles 27 y la "jornada de movilización" que lanzan los gremios de su CGT son un emergente de una crisis y una expresión limitada, acotada, de las enormes tendencias huelguísticas que anidan entre los trabajadores para no pagar los platos rotos de la crisis capitalista y del derrumbe de la política kirchnerista. Derrumbe que pinta de Rodrigazo -el estallido cambiario e inflacionario de 1975- y que replanteará la lucha obrera y popular más temprano que tarde. La Coordinadora Sindical Clasista -que orienta nuestro partido, abarcativa de cuerpos de delegados y seccionales de gremios de todas las centrales- se movilizará a la Plaza de Mayo con banderas propias, incluso para que sean precisados los reclamos. No aceptamos una actualización de Ganancias en un 18 o en un 20%, que consolide la confiscación; por la actualización del "no imponible" a 15.000 pesos. Que el salario familiar sea para todos, pero de 700 pesos por hijo. Contra todo tope salarial; por un salario equivalente a la canasta familiar y por su actualización a partir de la inflación real. Ningún despido; reparto de horas disponibles sin afectar los salarios ante suspensiones o despidos. Resulta claro que el porvenir de los reclamos requiere una orientación sindical y política independiente para la clase obrera y para los trabajadores. El Partido Obrero -en el Frente de Izquierda- moviliza con esa perspectiva y reclama un congreso de bases del movimiento obrero.

El kirchnerismo se pasó cinco días advirtiendo sobre la plaza del "golpismo destituyente". En cambio, en la Plaza había 70.000 trabajadores movilizados contra el gobierno del impuesto al salario, el despojo de las asignaciones familiares y el cepo a las paritarias. Un día antes, la Presidenta había declarado que la confiscación impositiva de los salarios era una cuestión de Estado. En respuesta, numerosas comisiones internas y hasta sindicatos seccionales pararon o se movilizaron a pesar de sus direcciones oficiales. El paro y la jornada del 27 produjeron una conmoción política, porque fueron el primer paso de una ruptura, la cual nos debe llevar a la independencia política completa de la clase obrera. Pasar de "columna vertebral" de una dirección patronal a una dirección política de todas las clases oprimidas. Muy por encima, por supuesto, del horizonte de miras de Moyano -cuyo discurso fue: con el peronismo, todo; fuera del peronismo, nada. ¿Con Scioli, Lavagna, Duhalde, todo? Es lo mismo que decir todo con Techint, con los usureros internacionales, con el agronegocio -es decir con los explotadores de la clase obrera y los saqueadores del país. El discurso no dio salida, ni en términos de lucha ni de programa, a la enorme inquietud planteada en la Plaza. Pero los cuerpos de delegados e internas que se ponen en pie contra la burocracia están a la búsqueda de otra perspectiva política. Una importante columna del Frente de Izquierda y de los obreros clasistas expresó, en la Plaza, a la vanguardia de la clase obrera que inicia una nueva etapa política. Vayamos por la completa fusión de la clase obrera con la izquierda revolucionaria -o sea, con el socialismo.

Al momento de salir este número de Prensa Obrera estaremos completando el 30% de la campaña. Los primeros 2.000 compañeros han colaborado económicamente. Pero el grueso de los aportes ingresará con el cobro del aguinaldo. Para la última semana de junio y la primera de julio esperamos el ingreso de centenares de trabajadores, que se han comprometido a brindar su apoyo económico. Estos aportes provienen de más de 40 gremios, entre los que se destacan gráficos, ferroviarios, metalúrgicos, trabajadores del subte, UTA, construcción, aeronáuticos, docentes y estatales. Un párrafo especial debe dedicarse a la juventud. La UJS universitaria, coincidente con la enérgica campaña en la que están empeñados por la convocatoria a nuevo Congreso de la Fuba, ha dispuesto una movilización especial para reunir los recursos antes de que llegue el receso invernal. Esto incluye fiestas y otras actividades especiales, que resultarán una oportunidad para reunir a la periferia y para darle envión a la campaña. En Capital y en el conurbano, luego de una inercia inicial, la campaña, de un modo general, esta alcanzando el ritmo necesario a la altura de las necesidades. No ocurre lo mismo con el interior, donde resulta necesario provocar un giro. Una de las pocas excepciones es Salta, que ha tomado decididamente la delantera y donde hay un ambicioso plan en el que sobresalen los aportes de docentes, trabajadores de la salud, químicos y de otros gremios del parque industrial. Llamamos a concentrar el esfuerzo en estas dos semanas decisivas para logar el éxito de la campaña. La movilización en la que estamos empeñados persigue un doble objetivo: económico y político. La decisión de aportar económicamente constituye una definición política. Es un pronunciamiento a favor de una nueva dirección en los sindicatos, a favor de una salida anticapitalista frente a la crisis nacional y mundial; en síntesis, a favor de una alternativa obrera y socialista. Llamamos a los luchadores y a los activistas, con los que compartimos una trinchera de lucha, a colaborar económicamente y a sumarse activamente en la batalla por los recursos, con los que nos proponemos hacer frente a los grandes desafíos de cara a la nueva etapa política que tenemos por delante.

Apache, una de las petroleras norteamericanas aliada de la YPF kirchnerista, hace reprimir a la comunidad Gelay Ko de la zona de Anticlinal y Barda Negra, cercana a la ciudad de Zapala, Neuquén. Esto parecería el título de una película norteamericana de la década del '60, una suerte de coproducción entre CFK, Jorge Sapag y la petrolera americana Apache. Desde la década del '50, el terreno de esta comunidad se encuentra intervenido por la actividad petrolera. Después de varios años de negociación, esta comunidad ahora quiere impedir que se realice la perforación del primer pozo de gas no convencional (shale gas) de Sudamérica con el método de fractura hidráulica, una técnica cuestionada internacionalmente por sus graves consecuencias ambientales y sociales. Esta ha sido prohibida en Francia y Bulgaria, y se han dictado moratorias en diferentes regiones de Europa, Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Zelanda. La comunidad resolvió comenzar con un corte dentro de su territorio a los equipos de perforación petrolera de la empresa estadounidense Apache. Al otro día, durante la mañana, se hicieron presentes policías, quienes procedieron a desalojar a los comuneros con violencia física y verbal, sin considerar la presencia de niños, de mayores y de mujeres. Además, dos comuneros fueron detenidos y, si bien fueron liberados a las pocas horas, se los denunció por amenazas a la fuerza pública -hecho desmentido categóricamente por parte de estos. El desalojo fue ordenado por el juez de instrucción de Zapala, Oscar Domínguez, a raíz de una denuncia presentada por Raúl Vila, representante de la empresa Apache. La policía reprimió directamente sin notificar la orden judicial ni dar lugar al retiro voluntario que se contemplaba en esta. Cabe destacar que esta variedad de gas -el shale gas- y su forma de explotación (fracking) son las niñas mimadas y el caballito de batalla de la nueva gestión de la YPF Sociedad Anónima. Resulta indiscutible que la única manera de garantizar la seguridad ambiental y el respeto a las tierras de los pueblos originarios es una YPF bajo control de los trabajadores, con un directorio que garantice la representación de los sectores intervinientes: los trabajadores con representantes votados por sus pares -no un eximio lobbista de las petroleras, como Pereyra- y compañeros de las comunidades aborígenes.

El 11 de junio se llevaron a cabo las elecciones para Centro de Estudiantes y Cuerpo de Delegados en el Instituto de Nivel Superior del Colegio Carbo. La lista "Agrupación Terciarios en Movimiento" (integrada por la UJS) mantuvo la conducción del Centro de Estudiantes -por segundo año consecutivo-, por 200 a 148 votos de la lista kirchnerista "Formación para el futuro". Alrededor del 60% del padrón se hizo presente en la votación, lo cual le dio un marco más imponente a la elección. La "Agrupación Terciarios en Movimiento" es la expresión, por un lado, de la continuidad del proceso abierto y trazado por el estudiantazo en 2010 (contra la Ley de Educación de Schiaretti) y, por el otro, de la lucha que estamos desenvolviendo contra el ajuste en la educación, en general, y en nuestra escuela, en particular, por el gobierno de De la Sota. El eje de nuestra camapaña estribó en desplegar un programa que parte de las reivindicaciones más sentidas por nuestros compañeros (becas, horas docentes sin cubrir) y en denunciar las políticas de ajuste, tanto del gobierno nacional como del provincial. Un importante número de activistas y de delegados se acercaron durante la campaña y colaboraron con ésta, porque vieron la necesidad de mantener un Centro de Estudiantes independiente de la gestión y del gobierno. La lista "Formación para el futuro" es un armado entre elementos kirchneristas y las autoridades. Estaba digitada, disimuladamente, por la Dirección General de Enseñanza (De la Sota), ya que sus integrantes ocupan cargos políticos en dependencias públicas. También contaba con el aval de la burocracia celeste de la UEPC. Su campaña se realizó de manera abstracta, girando sobre la órbita de la representatividad y de la construcción colectiva (¿con las autoridades?). Su falta de programa revela su incapacidad para movilizar a los estudiantes contra el ajuste y su connivencia con las autoridades de turno; su política resulta funcional al ahogo presupuestario. Las elecciones en el Carbo son la expresión particular del proceso que va desde el ajuste a los institutos terciarios por parte del tándem Cristina Kirchner-De la Sota, por medio de la política de ajuste reflejada en la modificación de los planes de estudios, en el recorte de becas, en el deterioro edilicio o en el cierre de divisiones. Pero, por otro lado, ha emergido la necesidad de los estudiantes de estructurar cuerpos de delegados en sus lugares de cursado y, por ende, de organizar o recuperar sus Centros de Estudiantes. Desde la "Agrupación Terciarios en Movimiento" se nos plantea, en primer lugar, la tarea de profundizar la movilización y el debate entre nuestros compañeros de cara a las reivindicaciones pendientes en nuestro instituto. En segundo lugar, desplegar la organización y la coordinación con el resto de los centros de estudiantes de los institutos restantes, para que movilicemos al conjunto de los estudiantes terciarios por una educación pública y gratuita.

En el mismo momento en que Hugo Moyano anunciaba el acuerdo del 25,5% en cuotas para el gremio de Camioneros y la movilización a plaza de Mayo, la burocracia del STIA cerraba un preacuerdo con la cámara de la alimentación del 27,5%. Las cuotas de este acuerdo serían de un 18% retroactivo a mayo, un 8% en noviembre y un 1,5% en febrero de 2013. Aunque el porcentaje acordado se encuentra un par de puntos por encima de la media de los cierres de la mayoría de los gremios, el aumento del salario en la alimentación sería el paso de un básico de 3.800 pesos a uno de 4.400 pesos en el presente, para terminar arribando a 4.780 pesos en noviembre y a 4.845 pesos en febrero. En realidad, el aumento real por el lapso de un año promedia los 850 pesos en el básico -es decir el 22,37%. Si se tienen en cuenta la inflación pasada y la que se prevé para los meses venideros, el acuerdo de la burocracia del STIA con la Copal sólo ha conseguido un paliativo que incluye una crisis a plazo fijo. El acuerdo tampoco incorpora el problema de las horas caídas por el paro. Los paros convocados por la burocracia de la federación encabezada por Morán fueron de cuatro horas por turno. Este paro con restricción horaria se cumplió en todo el gremio, incluidas las fábricas opositoras que en la primera etapa de paros no los habían realizado. Arcor a la vanguardia, quite en Kraft En la planta de Arcor de Salto, los trabajadores desbordaron las cuatro horas por turno al realizar paros totales con permanencia en las puertas de la fábrica. En Arcor de Córdoba, los trabajadores ya habían realizado paros totales antes del dictado de la conciliación obligatoria. El jueves 21, tras los paros que siguieron a la conciliación obligatoria, fábricas como Stani-Cadbury o Kraft rechazaron el preacuerdo en las asambleas de cada turno y votaron llevar como mandato al plenario de delegados el reclamo del 35% (o 27,5% en una sola cuota) y la continuidad del paro. La burocracia del sindicato (con mayoría en el pleno de delegados), la cual había comenzado las medidas de fuerza con el reclamo de 5.000 pesos de básico, satisfecha dio por concluida la pelea por el salario. El viernes 22, en Kraft, se realizaron asambleas que resolvieron realizar un quite de colaboración y formular un pliego de reclamos internos. Este pliego incluye el problema de las recategorizaciones, un plus por hora trabajada (1,5 pesos por hora, que ya cobran los trabajadores del depósito), el pago de un plus de guardería para las compañeras del turno noche y la realización de un petitorio para que la empresa pague las horas caídas por el paro. La burocracia del STIA ha logrado llevar a la baja la negociación de esta paritaria; sin embargo, para esto ha tenido que salir a pelear. Aunque restringidos, estos paros han demostrado los ánimos de lucha presentes en los trabajadores de la alimentación de todo el país. El aumento, aunque insuficiente, coloca a miles de trabajadores de la alimentación frente al recorte que implica el pago compulsivo del impuesto a las ganancias. La pelea por llevar el mínimo no imponible a 15.000 pesos está planteada también en el STIA.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 25 de junio de 1912, hace cien años, una asamblea en Alcorta (Santa Fe) en la que participaron entre 300 y 2.000 agricultores arrendatarios, según distintos cronistas, proclamó la huelga general en la región, pidiendo la rebaja de los arrendamientos al 25% de la cosecha, una mayor extensión para pastoreos, libertad para trillar y para desgranar con las máquinas que cada uno deseara, contratos de no menos de cuatro años y cese de los desalojos, salvo por causas "justas y comprobables". Pasó a la historia como "Grito de Alcorta" y es considerado el acto de nacimiento de la Federación Agraria Argentina (FAA), constituida dos meses después. Los agricultores arrendatarios provenían de varias localidades del sur de Santa Fe y de varias asambleas que habían reclamado infructuosamente estos puntos a los dueños de la tierra. Dos años antes, una rebelión similar en Macachín (La Pampa) había exigido la abolición de los contratos esclavistas, lo que reveló la existencia de un movimiento de lucha nacional que, por otra parte, había tenido una larga incubación. En 1903, uno de los prohombres de la generación del '80 había advertido sobre la elevación de los precios de las tierras urbanas y rurales, las cuales eran "desproporcionados en relación a la capacidad productiva"(1) y la propia Sociedad Rural, tres años más tarde, advertía que se había llegado a una situación límite. De 1881 a 1911, los valores de la tierra habían aumentado en un 218% en las provincias productoras de cereal, lo que fue acompañado por un ascenso en la misma proporción de los arrendamientos y por una tendencia a acortar sus plazos con la idea de aumentar su valor con cada contrato nuevo. El porcentaje de la cosecha entregado a los terratenientes por los aparceros -quienes utilizaban sus propios implementos- se elevó de un promedio del 10/12%, a inicios de la década del '90, al 30% en 1912. No resulta casual que la rebelión se haya producido en el sur de Santa Fe, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, centros de la producción (en ascenso) del trigo, el maíz y el lino. Pero el arrendatario era también la pieza clave de la explotación en la zona pastoril, a partir de los cambios producidos por la posibilidad de exportar carne de calidad, lo que planteó para el estanciero la necesidad de roturar la tierra, alambrar los campos, destruir el pasto pampa, sembrar alfalfares o disponer de forraje para animales refinados. La importancia del arrendamiento se mide en una cifra: en 1914, las unidades arrendadas eran el 43,2% del total y en la provincia de Santa Fe, el 55,1%. La especulación (no sólo) de los terratenientes La vertiginosa valorización de la tierra estaba dictada por su concentración (en 1912, según datos de la Dirección de Estadística y Economía Rural, el 66,9% de los que aparecen laborando la tierra son "no propietarios") y la feroz especulación promovida por los terratenientes, el Estado y el capital extranjero. En sólo un decenio -1900/1909- se vendieron 81.707.670 hectáreas de las 150 millones que se estimaban útiles en el país para la agricultura y para la ganadería. En este movimiento febril del mercado de tierras jugó todo un papel el crédito del Banco Hipotecario Nacional. Estos tenían una tasa baja y una amortización en bonos, que se vendía si se necesitaba dinero y cotizaban en Bolsa. ¿Quiénes eran sus mayores compradores? Los inversores europeos(2). Este solo dato resulta de por sí la radiografía de la clase terrateniente y de "su" Estado. "El capital argentino, reconocidamente hostil a volcarse en ferrocarriles, puertos, construcción o empresas industriales, se mantuvo concentrado en inversiones en tierra, conservadoras, seguras y muy provechosas. Los bienes raíces proporcionaban un ingreso anual del 10 al 15%, además de la fabulosa valorización del capital, que a veces representaba varios miles por ciento en pocas décadas"(3). Los contratos Para comprender la situación del arrendatario es importante apreciar, fuera de su inaccesibilidad a la tierra, su indefensión absoluta frente a los terratenientes, a los intermediarios, a los "almacenes de ramos generales" y al acopiador, quienes tendían a fundirse en una misma firma y eran, a su vez, dadores de crédito usurario. El Estado no intervenía, salvo en el cobro del papel sellado -cuando había contrato por escrito-, lo que hizo que se aplicaran cláusulas aberrantes, que resultaban comunes -como hacer responsable al arrendatario por la insuficiencia de la cosecha. Los intermediarios o compañías de colonización eran quizá la peor carga: los propietarios solían dar en arriendo grandes extensiones de tierra a estos intermediarios, los que a su vez subalquilaban parcelas a los agricultores y eran un factor de encarecimiento y extorsión -expresado, por ejemplo, en el alquiler de sus propias máquinas. Además, al valor en alza de los arriendos se sumaba su duración (un año en el caso del cultivo de cereales), lo que dejaba a los campesinos a merced de los terratenientes (en una situación aún peor que la del arrendatario en la ganadería, con un contrato que tendía a ser por tres años). En 1911, debido a la declinación de los precios internacionales y a una feroz sequía, los terratenientes endurecieron aún más las condiciones de los contratos y la oportunidad de una buena cosecha al año siguiente no resolvía la quiebra de centenares de arrendatarios. La única salida fue el llamado a la "huelga general" y a la organización de piquetes para garantizarla, en un grito que "copió" la heroica experiencia de la clase obrera de la época, expresada masivamente en las luchas del Centenario. La rebelión se extendió rápidamente a la provincia de Buenos Aires (con centro en Pergamino) y a Córdoba; y alimentó el temor a un movimiento nacional. En ella participaron propietarios agrícolas afectados por la caída de los precios, así como la suba de costos de mano de obra y de insumos. Al mismo tiempo se abrió un debate en la burguesía, con un ala interesada en que la explotación de los pequeños agricultores no excediese ciertos límites y evitar un escenario de confluencia con el proletariado. Aún declarativamente, el Grito de Alcorta tuvo el apoyo de una vasta red de comerciantes y del Centro de Acopiadores de Cereales, quienes estaban interesados en evitar una ruina en masa de los arrendatarios y su propio quebranto. El debut de la UCR contra el pueblo Cuando estalla el Grito de Alcorta en Santa Fe, gobierna la UCR (que ha dejado de lado la abstención luego de sancionarse la Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio) y ha ganado sus primeras elecciones en la provincia. El papel de la UCR fue clave en la estrategia que se fijó la burguesía frente al conflicto, el cual consistió en rebajar el valor de los arrendamientos y en ir acordando con cada una de las familias campesinas por separado, para debilitar el frente de lucha y dejar pendiente el resto de los reclamos. Mientras Lisandro de la Torre impulsaba esta política en el seno de la Sociedad Rural, la policía "brava" enviada por la UCR detenía, apaleaba y encerraba a los luchadores de las localidades en huelga. Fue el "debut" temprano del nacionalismo burgués contra una rebelión popular y bajo la dirección del mismísimo Hipólito Irigoyen antes de ser presidente. En estas condiciones, el movimiento comenzó a declinar hacia agosto y una asamblea resolvió levantarlo sin plantearse una salida de conjunto: "el pronunciamiento fue (sólo) para aquellos pueblos y colonias donde los propietarios y subarrendatarios hubieran aceptado los nuevos contratos"(4). Nacimiento y crisis de la Federación Agraria Casi en paralelo a este desenlace, el 15 de agosto de 1912 se constituyó en Rosario la FAA, sin debatir un programa y sobre la base de un compromiso forzado sobre los estatutos. Antonio Noguera, militante del Partido Socialista, fue designado presidente; pero dos meses después fue depuesto por el Comité Central de la naciente organización, que eligió en su lugar a Francisco Netri y que proclamó que la Federación no militaba ni militaría en partido político alguno -una aproximación a los planteos de colaboración con el gobierno y la ascendente UCR. Dos años después, los socialistas -a esta altura expulsados de la FAA- constituyeron los Centros de Agricultores Socialistas, cuyo balance del Grito de Alcorta merece ser leído: "fue un movimiento profundamente social donde los arrendatarios -que no eran colonos, pues no tenían tierras de su propiedad- fundaron una institución agraria que paulatinamente perdió su origen para ser conducida por agricultores propietarios muy respetables, pero cuyos intereses no son iguales al de los arrendatarios"(5). El PS, de todos modos, jamás planteó la nacionalización del latifundio y el reparto de la tierra. La perspectiva de J.B. Justo se situaba por entero en el campo de la reforma del Estado oligárquico. En relación con la oligarquía, el programa del PS planteaba un "impuesto directo y progresivo sobre la renta de la tierra"; es decir que planteaba favorecer el desarrollo capitalista del agro, pretendiendo ahorrarse una revolución democrática que expulsara a la clase terrateniente del poder. La acción del PS se remitió al plano estrechamente parlamentario y rehuyó toda acción movilizadora en los centros urbanos. Reivindicó en su momento la sanción de la Ley 11.627 de arrendamientos agrícolas en 1921, que fijó la posibilidad de una prolongación a cuatro años de los contratos, la indemnización por mejoras y otros derechos. Sobre su efectividad habla el Censo Agropecuario Nacional de 1937: el 55% de los agricultores que fueron censados carecían de contratos. Había transcurrido un cuarto de siglo desde el Grito de Alcorta. Cabe a la Fora el mérito de haber organizado el apoyo de los obreros agrarios y los braceros de máquinas desgranadoras de Alcorta, así como de haber convocado a la gran movilización de apoyo a la huelga del 2 de julio, en la que habló Francisco Bulzani -uno de los dirigentes socialistas luego expulsados- y en la que la Federación Obrera planteó "su apoyo incondicional a los agricultores que reclaman la justicia social y rechazan la inhumana explotación de los terratenientes"(5). La Cora -enrolada en el sindicalismo- declinó intervenir, en tanto el colono viviese "en una condición tan ambigua, en la que no es asalariado ni capitalista". De ayer a hoy Un proyecto de la FAA planteando la extensión de los contratos de alquiler de los campos de tres a cinco años duerme el sueño de los justos en el Congreso desde antes de la crisis por la 125. Aunque el problema se presenta como casi idéntico a 1912, es sólo una falsa apariencia. En 1912, los pequeños productores alquilaban la tierra a los grandes terratenientes. Cien años después, los grandes grupos -los pool de siembra o los capitalistas agrícolas- son quienes alquilan la tierra a los propietarios que carecen del capital necesario para realizar cultivos que requieren inversiones importantes. El desarrollo tecnológico de la actividad agraria (semillas, fertilizantes, maquinaria) ha elevado inmensamente el monto mínimo de capital requerido para la actividad. Por otra parte, estos pool (que son asociaciones temporarias de capital) quieren beneficios en el plazo más corto posible, aunque sea a costo de la quiebra del chacarero y de la depredación ambiental. El proyecto de la FAA por contratos "largos" de alquiler quedó parado en el Congreso porque pretende limitar la movilidad del capital financiero en el campo. En ese "entierro" ha jugado y juega un papel determinante el gobierno "nacional y popular" de CFK. Estanislao Zeballos: "Problemas conexos con la inmigración", Revista de Derecho, Historia y Letras, 1903. Osvaldo Barsky, Jorge Gelman: "Historia del Agro Argentino", Mondadori, 2001. James Scobie: "Revolución en las Pampas", Solar/Hachette, 1968. Grela, Plácido: "El Grito de Alcorta", CEAL, 1985. Archivos en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina.

En la declaración del ex comisario Jorge Tobar ante el tribunal que juzga a los trece imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de María de los Angeles "Marita" Verón, volvió a evidenciarse el alevoso vínculo entre el aparato represivo y la trata de personas. Tobar contó que luego de afirmar en un reportaje en Página/12 que "en la Argentina las mujeres se venden como ganado", el entonces jefe de policía, Hugo Sánchez, lo sancionó. "Me había ordenado verbalmente que no diera entrevistas. Esa nota hizo que iniciara las actuaciones, que luego elevó a tribunales para que se vea en qué causa me iban a encuadrar. Fue archivada por falta de mérito", precisó (La Gaceta, 7/6). Tobar conoce bastante la causa: fue designado al frente de la investigación en mayo de 2002, un mes después de la desaparición de la joven. Se desempeñó en ese rol hasta 2004, cuando la causa se elevó a juicio oral. Luego, por pedido de la titular de la Fiscalía de Instrucción VI, Adriana Reinoso Cuello, continuó investigando hasta su retiro, en 2008. Entre 2006 y 2008 estuvo al frente de la División Trata de Personas de la policía de Tucumán. La pretensión de Sánchez de sancionarlo no fue lo único de la declaración de Tobar que involucra a la policía provincial. A los cinco días del 3 de abril de 2002 (día en que desapareció Marita), se supo que vecinos de Los Gutiérrez y de La Ramada (pueblos ubicados a 10 y a 30 kilómetros al noreste de la capital tucumana, respectivamente) la habían visto deambular, como drogada, por la zona. Los policías que la "rescataron" en aquella ocasión dijeron que la subieron a un ómnibus que viajaba a San Miguel de Tucumán. "Cambiaron la versión cuando declararon, para zafar de su negligencia. Pedí los informes telefónicos, porque creo que de la comisaría avisaron a alguien que Marita iba a la terminal, para que la levanten allí", afirmó Tobar ante los jueces (ídem, 5/6). Estos hechos, que involucran directamente a la Policía, implican lo que se conoce como el segundo secuestro de Marita. Tobar también denunció a la policía de La Rioja (provincia donde habría estado secuestrada Marita, obligada a ejercer la prostitución). "Cuando allanamos la casa del 'Chenga' (José Gómez, uno de los principales imputados), acababan de borrar toda la memoria de la computadora. Un informante manifestó que a Marita la tenía Irma Medina (otra imputada) en su domicilio encerrada y que la llevaba a trabajar en el Candilejas (una de las wisquerías en la que habría estado la joven). Personal de la Dirección General de Investigaciones de La Rioja no quiso recibirme una denuncia", aseveró (13/6). La policía no resultó la única institución salpicada de connivencia con el delito de trata de personas a partir de las declaraciones de Tobar: de sus palabras se desprende que varios organismos del Estado asfaltaron el camino para la desaparición de Marita. De tres fuentes distintas, Tobar recibió la versión de que la joven permaneció cautiva en España durante algún tiempo. Una de estas fuentes daba cuenta de que, en septiembre de 2003, Ramona Alcaraz la había llevado, junto a otras dos mujeres. Según su relato, Tobar se dirigió a Migraciones para determinar si en los registros figuraba la posible salida del país de Marita. En la oficina, en efecto, están registrados la salida y el regreso de Alcaraz, así como de varios homónimos de Marita, que fueron descartados tras comprobarse que no se trataba de la joven. "Se llegó a la conclusión de que si (Marita) fue sacada del país, es posible que haya sido con documentación falsa", indicó Tobar al tribunal (21/6). En medio de este nuevo testimonio, que vuelve a demostrar la imposibilidad de que se cometa el delito de trata de personas sin el visto bueno policial, Susana Trimarco -la mamá de Marita- se despachó contra los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, quienes están llevando adelante el proceso. "Estos delincuentes presentan estrategias sucias y los jueces se dejan dominar. No están acostumbrados a trabajar, con semejante sueldo que ganan. ¿Cómo van a sesionar tres veces a la semana? Voy a pedir audiencia a la Justicia, porque siento vergüenza ajena, todo el mundo me pregunta qué les pasa a estos jueces", aseveró Trimarco (15/6) en relación a que el proceso sólo se realiza de martes a jueves. Recién el miércoles 27 se conoció que no suspenderían las audiencias durante la feria judicial, ante el rumor que circulaba sobre la posibilidad de que se tomen el receso. A la manifiesta complicidad policial en este delito, se están sumando un accionar de los jueces para nada inocente. Con ese modus operandi dilatan un juicio clave y ponen paños fríos en la causa, con el objetivo de que la sociedad se relaje. Frente a ello, resulta imperativo mantener vivas las denuncias y la movilización popular para que efectivamente se lleve adelante a fondo el juicio y se aplique la máxima condena a todos los imputados. Sería un buen punto de partida para continuar la lucha, con el fin de avanzar en la tarea de desmantelar los aparatos represivos y las redes de trata de personas.

Jorge Altamira, líder histórico del Partido Obrero (PO), participó en Rosario de un congreso partidario y presentó su último libro: El ascenso de la izquierda. En una entrevista con La Capital, destacó que el PO realiza esos encuentros todos los años para elegir autoridades y discutir su programa. "Vamos por el congreso XXI", señala. Buen conversador y mejor defensor de sus ideas, Altamira postula que "la crisis capitalista mundial plantea un ascenso de la izquierda". Ejemplifica con los votos que sacó el Frente de Izquierda en los comicios de diciembre pasado (500.000) y la gran performance de la izquierda en Grecia hace muy poco. "Hace veinte años se disolvió la URSS y ahora está amenazada de disolución la Unión Europea: este es un dato histórico de fondo, porque la amenaza de disolución priva de toda base a la idea de que el capitalismo ha impuesto su victoria a nivel mundial", señala. "Vivimos una situación excepcional; una crisis sin parangón que no alcanzó su punto más grave; por lo tanto, el tema del socialismo y la izquierda repercute en la sociedad", advierte. Tras aclarar que "no se alegra por las crisis, porque sabemos que la gente la va pasar mal", sostiene que (es) "una oportunidad para cambiar un sistema". Levanta la voz cuando se (le) pregunta si la izquierda fomenta las crisis: "¡No nos pueden meter ese San Benito!; son consecuencia del sistema capitalista, y yo voy a aprovechar esta oportunidad para decirle a la población cómo salimos y, de ese modo, jugamos un rol constructivo". Altamira sostiene que a medida que se va planteando la crisis de sistema "el debate político va a girar cada vez más en quién paga la crisis" y que el dilema comienza a ser "entre izquierda y derecha"; y asegura que la izquierda "tiene que presentar propuestas avanzadas para ganar la autoridad para plantearse la posibilidad de ser gobierno". Dice que no es cierto que el país sufre por problemas externos. "La falacia está en dividir el mundo por países. El sistema capitalista es mundial y esta es una crisis capitalista, viene desde adentro en todos lados". Ya encarado a la cuestión argentina, marca que "hay una crisis fiscal impresionante, que en parte se financia del dinero de la Anses, que viene del aporte de los trabajadores; que la situación energética es terminal ('o se entrega YPF a la Exxon y dispara un tarifazo o se van al bombo') y que la situación de los medios de transporte es peor, con un sistema ferroviario escandaloso". Luego resume: "En Argentina hay una crisis de fondo, y el dato político más importante de la crisis fiscal es el hecho de que el gobierno no levanta el mínimo no imponible; lo que está provocando huelgas. Y si lo levantan por las presiones, no lo van a hacer significativamente porque quieren chuparle parte del aumento salarial para las arcas fiscales. Lo mismo se ve con el salario familiar, que ya prácticamente no lo está cobrando nadie". Altamira critica otro de los instrumentos del gobierno: los subsidios. "Si se subsidia un producto de consumo, el costo de la canasta familiar baja, y si baja, el aumento de los salarios es menor porque se basa en el costo de la canasta". Explica: "Cuando se subsidian productos de consumo se transfieren ingresos del contribuyente a la clase patronal, que paga los salarios, porque el salario es relativamente menor del que sería si la canasta fuera mayor". Altamira considera que el hecho que sacó a la luz "el fracaso del modelo kirchnerista" es la tragedia de Once: "Revela que estamos gastando cien mil millones de pesos al pepe. Tenemos una crisis fiscal porque estamos alimentando parásitos. No me interesa que exista déficit fiscal si, por ejemplo, invertimos en una industria informática... Ahora, si gastaste cien mil millones de pesos en Cirigliano, Roggio, Cristóbal López...", deja picando. Asegura que se trata "del fracaso del propósito de estructurar una burguesía nacional", porque se consiguió "una burguesía incapaz de industrializar al país, incapaz de ser eje de nada, que no sirve para nada. Toda la organización económica del kirchnerismo se viene abajo". Altamira dice que el PO se opone a la devaluación de la moneda porque afectará a los salarios y es una medida que están pidiendo los agropexportadores y sectores ligados al gobierno, "como Techint", apunta. Aclara que está bien "que la gente proteste porque no le dejan comprar dólares", que el cepo es "para el chiquitaje; la plata se está yendo a carradas a través de la Bolsa de Comercio con la venta de títulos públicos". También critica la nacionalización de YPF: "Que no me lo vendan como una recuperación de soberanía; que están haciendo el programa de Mosconi, recuperando la soberanía, para después entregarla a la Exxon" porque la empresa necesita recursos por el rojo que le dejó Repsol. Asegura que "los monopolios van a venir (a YPF) si el gobierno les garantiza un tarifazo, y ese tarifazo lo van a pagar los trabajadores. Y ahí viene un problema interesante: si aumentan las tarifas, ningún patrón va a querer aumentar el salario, y los obreros van a tener que ir a la huelga. En ese caso va a haber una crisis fenomenal, porque habrá huelgas para recuperar el equilibrio perdido por el tarifazo". Si bien considera "interesantes" los gobiernos de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela), destaca que lo que tienen en común, al igual que el de Cristina Kirchner, "es que están malversando los altos precios del petróleo, los minerales, el gas y la soja, ya que los recursos que entran por su venta los utilizan para asistencia social. Es decir, la estructura histórica del país no se modifica sino que se buscan atenuar las contradicciones". Como alternativa propone que se debe "industrializar y dar trabajo para todos". Ante la observación de que tal cosa lleva bastante tiempo, responde: "Hace diez años que (el kirchnerismo) está en el poder y ni siquiera tiene un plan para el futuro". 24/6

EXCLUSIVO DE INTERNET Desde las 18 del martes 3 de julio, en la sede de Catamarca 2.330, realizaremos una charla-debate organizada por la Secretaría de Hacienda de Amsafe Rosario: "Análisis de la política-económica del gobierno nacional". Invitamos al profesor Pablo Rieznik (*) (*) Pablo Rieznik es economista, profesor titular de la UBA e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales. Autor de libros y de numerosos artículos en revistas del país y del exterior, ámbito en el cual ha ejercido su tarea profesional. Como docente y como investigador ha dictado cursos en numerosas universidades nacionales y ha participado de seminarios y de conferencias en instituciones nacionales y extranjeras. Entre sus libros publicados se encuentran Un mundo maravilloso -Capitalismo y Socialismo en el siglo XX El mundo no empezó en el 4004 antes de Cristo -Marx, Darwin y la ciencia moderna Las Formas del Trabajo y la Historia -Una introducción al estudio de la Economía Política , Marxismo y Sociedad , y Endeudamiento externo y crisis mundial; el caso de Brasil , editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Militante político; es un conocido dirigente de la izquierda argentina. Muni (23/6

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal denegó la excarcelación al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, quien la había solicitado por tercera vez desde su detención, el 22 de febrero de 2011, por el homicidio del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y por las graves heridas ocasionadas a Elsa Rodríguez y a dos compañeros más. La defensa de Pedraza -al igual que la de los otros miembros de la Unión Ferroviaria- ha dejado abierta en forma continua una instancia judicial que permita la excarcelación de Pedraza, pero ha evitado, hasta el momento, llegar a la Corte con el planteo. El rechazo del TOC 21 a su excarcelación y la confirmación de la Sala de Casación Penal de esa medida establece que Pedraza llegara detenido al 6 de agosto. En el fallo, los jueces de Casación han recordado que la Ley 24.390 determina que el plazo razonable para una prisión preventiva es de dos años, prorrogable por uno más, y que Pedraza sólo llevaba un año y cuatro meses detenido; y ya se encontraba fija y próxima la fecha del juicio. Además, tomaron en consideración la grave imputación que pesa sobre Pedraza, acusado por homicidio calificado. Seguramente durante el juicio la defensa volverá con el planteo de excarcelación. Legalmente, este planteo correspondería que fuera rechazado, aun cuando durante el juicio se cumplan los dos años de detención. Los argumentos para extender el plazo un año más, tiempo suficiente para la finalización del juicio, está dada por la posibilidad de Pedraza de obstaculizar la Justicia. Recordemos que Pedraza es el principal acusado de la causa por cohecho que tenía como finalidad sobornar a los jueces de la Cámara de Casación Penal. Otro elemento de peso son las sucesivas denuncias por amenazas que constan en el expediente, sufridas por los testigos. En particular, la semana pasada fue amenazado José Luis García, ex empleado de Ugofe, cuyo testimonio es fundamental para entender el beneficio económico obtenido por la dirección ferroviaria en la contratación de empresas tercerizadas, y la apropiación de los subsidios por la propia Ugofe. Su amenaza tuvo la particularidad que en la nota que recibió sostenía que José y "el Gallego" serían liberados en agosto. A pesar de los "fracasos" judiciales de las excarcelaciones presentadas, todo indicaría que los esfuerzos políticos en el sentido de liberar a Pedraza siguen en el orden del día. Desde la cárcel, mediante poder, Pedraza ha dado una gran mano apoyando a Caló y a los "gordos" en el apoderamiento de la CGT, tal como pretendía el gobierno. Si la moneda de cambio no es la libertad, puede ser la absolución. Sólo una masiva movilización popular y una gran campaña de agitación podrán asegurar que los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra sean condenados a perpetua.

El martes 12, en la Jefatura de Gobierno, se realizó un gran festival con la actuación de Kapanga, Los Carabajal, Hernán Cabra, Nico Favio y Miguel Cantilo como parte de la campaña contra el veto de Macri a la Ley de Reconocimiento a la Actividad Musical, la cual dispone un subsidio mensual y vitalicio para los músicos de reconocida trayectoria. En esta campaña, Músicos Organizados (MO) ha jugado un importante rol por sus iniciativas y poder de movilización, conformando un inédito y unitario frente de lucha con las principales organizaciones de músicos (Músicos Organizados, UMI, Sadem y AADI). Pero lo que distingue a MO, tal cual lo expresa en su declaración, es: "entender este reclamo como parte una lucha más general: contra el estado de absoluta precariedad laboral de la mayoría de los músicos en el país a la hora de poder jubilarse y contar con obra social -así como con otros beneficios conquistados por los trabajadores". Asimismo, se delimita de aquellos que "se cuidan de plantear los límites de la ley y silencian, a su vez, la política de indefensión jubilatoria que lleva adelante el gobierno nacional, como si Macri fuera una isla en un país donde la tercerización y el trabajo precario es política oficial". También plantea "lanzar una campaña contra el trabajo en negro, por un régimen jubilatorio municipal y nacional que defienda nuestros derechos laborales". Si bien la campaña es puntualmente por el derecho a las pensiones que otorga la ley, se dirige también al conjunto de los músicos en actividad, pues la precariedad laboral de hoy significará la ausencia de una futura jubilación. Las acciones en la calle han actuado de manera directa en la Legislatura porteña, donde se han obtenido las firmas de 33 legisladores para tratar nuevamente la ley (se necesitan 40 para anular el veto de Macri). Entre los fundamentos de la nueva presentación se mencionan los "eventos de gran aceptación y nutrida concurrencia" realizados por "organizaciones como UMI, Fami, MO, AAADI, Sadem, MCC y Sadaic)". Se demostró que el camino emprendido con acciones, movilizaciones y festivales es el correcto, ya que quebró la pasividad legislativa y nos colocó ante un nuevo desafío. Se trata ahora de dar un paso fundamental: la presentación inmediata de la ley en una sesión de la cámara legislativa, acompañada de una gran movilización para obtener los votos necesarios. Sumate a esta campaña. La mejor manera de defenderla es con las acciones que unitariamente llevamos con las demás organizaciones de músicos. La vigencia de la ley será un triunfo de la movilización. ¡Sumate a esta lucha! Por la vigencia de la ley y la ampliación de la cuota de músicos. Por una jubilación a nivel nacional. No al trabajo precarizado. Por derecho al trabajo de los músicos de la calle. Por los derechos laborales que nos corresponden por nuestra actividad artística.

EXCLUSIVO DE INTERNET El Ministerio de Trabajo de la Nación hizo lugar (parcialmente) a los planteos de las listas opositoras y suspendió las elecciones de Atep, con lo que abortó la maniobra proscriptiva de la burocracia, que pretendía ir con lista única el 24 de junio. A partir del momento en que se conoció la decisión de la Junta Electoral de proscribir todas las listas opositoras, desde el frente antiburocrático, la lista Roja-Rosa, desarrollamos una campaña que combinó todo tipo de iniciativas, como denuncias públicas, recorridos por escuelas y juntada de firmas, entre otros. Llevamos la lucha a todos los terrenos: a los medios de comunicación, a las redes sociales y a las calles. Realizamos varios actos en la puerta del sindicato, una gran peña -que contó con el apoyo de artistas populares-, caravanas de vehículos y, claró está, todas las presentaciones judiciales y administrativas correspondientes. Varias de estas acciones las concretamos en frente único con las otras listas proscriptas. El dictamen del Ministerio mantiene en pie a la misma Junta Electoral oficialista, pese a la enorme cantidad de pruebas aportadas acerca de su accionar arbitrario, proscriptivo y fraudulento. Por lo tanto, la burocracia de Toledo conserva un instrumento clave de resolución sobre el resto del proceso electoral, para asegurar mediante el fraude la perpetuación de la burocracia. La decisión ministerial hace lugar a un solo aspecto de nuestro planteo y obliga a conceder a todas las listas un plazo de 48 horas para subsanar los aspectos cuestionados de las presentaciones realizadas. A la vez, se establece un plazo no mayor a 15 días corridos para realizar las elecciones suspendidas. Al momento de escribirse esta nota, aún no se conoce qué listas serán habilitadas ni la fecha para la elección. Para el acto comicial quedan como alternativa el 1º de julio y, como último plazo posible, el 8 de julio. Si se realizan en la primera fecha, prácticamente no queda tiempo material para realizar una campaña de alcance provincial; si se realizan el 8, los comicios se llevarían a cabo casi sin participación de la docencia, pues ya habrán concluido las clases. A pesar de todo esto, se generó un escenario extraordinario, pues quedó claramente expuesto, como nunca antes, que estamos ante una dirigencia sindical entregadora, sin base, que necesita de la proscripción y del fraude para sobrevivir. En contraste, tenemos un enorme ascenso de la Roja-Rosa y de su prédica en favor de un sindicato de la docencia, que restablezca la democracia sindical, el funcionamiento de un cuerpo de delegados y la independencia del gobierno; o sea, la transformación del sindicato como herramienta efectiva para luchar por el salario y por la defensa del estatuto. Mientras se afirma una alternativa combativa por medio de la Roja-Rosa, la división del aparato burocrático resulta inmensa (tres listas que se presentaron emergieron a partir de desprendimientos de la actual comisión directiva) y se amplió durante estos dos últimos meses. Les queda indudablemente el recurso del fraude en las urnas, sobre la base de su control del proceso electoral (la Junta) y al apoyo del gobierno (aparato de Junta de Clasificación, supervisores, flotas de remises, etcétera) para retener el gremio. Para enfrentar todo esto se requiere de una movilización excepcional del activismo, para que en una semana se pueda recorrer todas las escuelas y contar con fiscales que cubran todas las mesas de la provincia. Estamos ante un gran desafío; y en ello se juega el porvenir de la docencia y de sus conquistas.

La UJS de la UBA arrancó su campaña financiera. Desde el inicio tenemos una respuesta positiva. Nuestra campaña resulta un esfuerzo de movilización política, que debe expresar el desarrollo y las posiciones que hemos conquistado en la universidad. Todo esto nos impone el compromiso de debatir a fondo con la juventud trabajadora y con los estudiantes la necesidad de colaborar activamente con el desarrollo político de la izquierda revolucionaria, que enfrenta las políticas del Rectorado y del gobierno nacional. Nuestros planes avanzan con firmeza. En muchas facultades hemos superado el primer objetivo del 20% y nos encaminamos para alcanzar, durante la próxima semana, el 50%. A la cabeza, Filo y Farmacia marcan el ritmo. En el caso de esta última, hay que destacar que el crecimiento de la UJS se manifiesta en la campaña, pues los compañeros más nuevos están consiguiendo aportes. Nos hemos puesto el gran objetivo de abordar más de mil estudiantes de la UBA, para que colaboren. Se trata de afianzar la lucha de la juventud y de los trabajadores en la universidad. Pero, fundamentalmente, tenemos que lograr que nuestra campaña política se multiplique, con nuevas planificaciones de estudiantes y de docentes, que se sumen a este gran desafío político de construcción con la búsqueda, por parte de ellos mismos, de nuevos aportes, aun cuando todavía no formen parte de nuestra organización. Tenemos que convertir nuestra campaña financiera en una actividad que movilice a amplios sectores de la universidad y en ese camino estamos. Será decisivo abordar la mayor cantidad de aportistas antes del fin de las clases, por lo que hemos discutido colectivamente intensificar el ritmo de la campaña. Además, realizaremos una fiesta de campaña en 15 días, para recolectar más fondos. La Campaña Financiera va tomando impulso. Hay que ir a fondo en esta lucha política para acercarnos a nuestros objetivos, en definitiva una alternativa de la clase obrera.

El compañero Pepe Barraza inició hoy una huelga de hambre frente a la empresa Trasnoa, que lo despidió el 14 de este mes, día en el que fue ratificado como delegado. Barraza encabeza un pliego que arranca por la exigencia del cumplimento del convenio colectivo, el fin de las tercerizaciones y la reapertura de las paritarias, ya que la burocracia de Luz y Fuerza firmó por un miserable 15%. La Federación de Luz y Fuerza es dueña de la empresa, junto a Taselli -experto en vaciamiento de empresas- y a Alejandro Urtubey, el hermano del gobernador. La campaña contra el despido de Barraza crece. El jueves 21 se realizaron tres actos en simultáneo en la provincia. En Tartagal, 200 personas se concentraron frente a Edesa, en el cual participación la mayoría de las organizaciones de desocupados y de los trabajadores de la electricidad de la localidad. En Orán se manifestaron decenas de ex trabajadores de la compañía, quienes están en lucha por el derecho a la propiedad participada, junto a compañeros del PO. Por último, en la capital, compañeros del PO y de la CCC se movilizaron frente a la principal planta transformadora de Transnoa. En la región está avanzando también el proceso de organización. Los trabajadores de la empresa en Jujuy han elegido delegados y han presentado el mismo pliego al Ministerio de Trabajo. Este dictó la conciliación obligatoria, la cual debía obligar a las partes a dejar sin efecto todas las medidas adoptadas. Pero la empresa ratificó el despido sin causa y el ministerio ni siquiera la ha intimado a reincorporar al compañero. Es el mismo Ministerio que hace un mes multó con medio millón de pesos a la UTA por no acatar una conciliación en un paro que duró doce horas. La dirección local del gremio se ampara en la vigencia de una conciliación, que sólo vienen respetando los obreros, para eludir tomar medidas de fuerza "hasta que el ministerio libere las partes", dicen. Hemos iniciado una campaña nacional de pronunciamientos en apoyo a la lucha de los compañeros de Trasnoa y por la reincorporación del compañero. Estamos llamando la atención de todo el pueblo para que comprendan que el despido de Barraza y el ajuste en general contra los trabajadores eléctricos son la otra cara del tarifazo en la boleta de la luz que llegaría al 48%, según lo que exige la empresa local. La lucha contra las tercerizaciones, contra el vaciamiento de las empresas de servicios públicos, contra la burocracia sindical empresaria y contra el tarifazo, todas ellas están concentradas en esta batalla que están dando los trabajadores de Trasnoa. De allí que debamos convertirla en una causa de todo el pueblo.

EXCLUSIVO DE INTERNET Por segunda vez en el mismo mes, el viernes 22, los docentes bonaerenses realizaron un paro masivo por la eliminación del impuesto al salario y por la restitución de las asignaciones familiares. En promedio, el acatamiento superó el 50% en promedio, con picos de más del 60 y del 70% en distritos como La Plata, Lomas de Zamora, La Matanza o el ex General Sarmiento. El paro fue convocado por Udocba, en el marco de la huelga camionera del miércoles 20 y por el Suteba La Plata Legítimo y el Suteba Escobar. La simpatía de la lucha de los trabajadores camioneros hizo que, incluso, muchas escuelas pararan también el jueves 21 de junio. La tendencia a la huelga general crece en docentes y abre un nuevo panorama para imponer la reapertura de las paritarias, entregadas en marzo por el Frente Gremial de Suteba y FEB. Tribuna Docente también llamó a parar y fue la única agrupación sindical docente que sacó un volante que convocaba a la medida y que se distribuyó masivamente, impulsando en numerosos distritos la realización del paro. Por el contrario, los sectores de la oposición de Suteba integrantes de la CTA-Michelli se opusieron a convocar al paro y realizaron ese día actividades sindicales que pretendieron diferenciarse de la huelga que la docencia tomó masivamente en sus manos. Tampoco llamó a parar el Suteba Bahía Blanca, y en ningún caso se realizaron asambleas en esos Suteba para consultar la voluntad de los docentes. El 27 de junio, la docencia va a parar y va a movilizarse masivamente La medida de fuerza convocada por la CGT, por la suba del mínimo no imponible y por la restitución de las asignaciones familiares será masiva. Udocba y la FEB ya han declarado el paro, lo que deja a la campaña carnera de la Celeste de Suteba-Ctera -acusan a los trabajadores que paran y se movilizan de "destituyentes"- aislada y al descubierto. Tribuna Docente llama a parar y a marchar masivamente, sin un gramo de confianza en la burocracia moyanista, que entregó la paritaria camionera por un 19%, en medio de una de las luchas más populares que hayan encarado los trabajadores camioneros. Planteamos: mínimo no imponible a 15.000 pesos para el soltero; salario familiar de 700 pesos para todos, sin quitas; reapertura de las paritarias, por un salario que cubra la canasta familiar. Impulsamos asambleas por escuelas y elaborar mandatos exigiendo a Suteba-Ctera que rompa con el gobierno y la inmediata convocatoria a asambleas y reuniones de delegados con mandato para votar un plan de lucha hasta obtener estos reclamos.

El viernes 22 se reunió la Junta Representativa de la Fuba y votó una nueva convocatoria al Congreso Ordinario de renovación de autoridades, el cual tendrá lugar el martes 3 de julio, en la Facultad de Medicina. Se trata de un importante paso en la pelea que se libra en la UBA contra el pacto podrido de los K con Franja Morada. Prensa Obrera reflejó, en sus últimos números, la lucha política que suscitó el boicot acordado entre kirchneristas, radicales y hasta el PRO contra la primera convocatoria. Ahora, el rechazo de La Cámpora a participar de la FUA y su proclamación de una "nueva Federación" sumaron nuevos elementos al debate político y modificaron el escenario. En efecto, se verificó que los radicales "le hacían el juego a los K" al acordar el sabotaje a la Fuba, pues los "camporistas" seguían órdenes "de Estado", que implican dividir toda organización que no puedan copar o borocotizar. Así, Franja Morada terminó probando de su propia medicina. Sin embargo, los congresos de la FUA y de la Fuba no son equiparables. Mientras la primera elige autoridades en un marco de completa irregularidad -criterios ad hoc de distribución de los delegados, que fueron "anunciados" horas antes del inicio de la votación-, la segunda surge de elecciones intachables. Nadie tiene margen para cuestionar siquiera uno de los 130 delegados que conforman el Congreso -algo que hasta los K consideraron, pues su única "denuncia" fue que la Fuba no está con Cristina ("divorciada de la realidad nacional"). En el caso de los radicales, la contradicción llega al extremo, pues hace 15 días la FUA, a la que controlan, reconoció como "normalizada" a la Fuba. ¿Por qué no vienen al Congreso? Todas las fuerzas políticas, por lo tanto, tienen la responsabilidad de defender la unidad y la integridad de la Fuba, participando del Congreso regular y estableciendo allí las mociones o propuestas de alianzas que deseen. Lo contrario es liquidador de la organización estudiantil. ¿O acaso llegarán hasta el boicot de las elecciones de centro en el segundo semestre? La UJS profundizará su agitación para que todas las agrupaciones del movimiento estudiantil fijen posición y cumplan con el deber de participar en la federación de centros de la UBA. Esto vale aún más para aquéllas con representación nacional. ¿Seguirá el PS de Binner en un frente con los K para quitar el quórum? Se preparan días de intenso debate político, que son de especial interés para el conjunto de los estudiantes. La realización del Congreso de la Fuba reforzará las peleas que vienen, en primera instancia, a profundizar la lucha contra el ajuste educativo en curso.

El domingo 24 de junio fue liberada Romina Tejerina. El caso se hizo conocido porque el movimiento de mujeres de todo el país, por medio de los Encuentros Nacionales de Mujeres, tomó en sus manos la defensa de una mujer pobre que apuñaló a la beba recién nacida prematuramente en el baño -bajo un estado de shock psicótico-, porque no había dicho nada sobre su embarazo, que fue producto de una violación. El violador fue rápidamente absuelto, debido a que se trata del hermano de un policía del pueblo, con influencias. Romina Tejerina fue una víctima de la lucha política contra el aborto legal y del desentendimiento del Estado de todas sus responsabilidades educativas y sobre el derecho al acceso a la salud. Romina no podía saber que habiendo sido violada tenía derecho a practicarse un aborto seguro, porque aún hoy, después del fallo de la Corte, no se practican en su provincia y porque la educación pública allí también está inficionadas por posiciones clericales y políticas reaccionarias que impiden a las mujeres conocer sus derechos para, de ese modo, acceder a estos. Desde la propia Justicia provincial llegó a naturalizarse, y a justificar el derecho de pernada que existe todavía hoy en el norte argentino. Romina pagó caro esta campaña: sin ser una asesina, permaneció durante nueve años en la cárcel. Pero durante todo este tiempo permaneció rodeada de familiares, amigos y de miles de mujeres a las que no conoce, pero que tomaron su defensa como emblema de la lucha por los derechos negados a las mujeres.

EXCLUSIVO DE INTERNET La reprivatización de YPF ha dado otra vuelta de tuerca con el ingreso del multimillonario mexicano Carlos Slim. El dueño del pulpo Claro, en su momento, financió la entrada de Ezquenazi a YPF. Como Ezquenazi no puede pagar esa deuda, Slim, prestamista de última instancia, se quedó con las acciones correspondientes. Pero la operación tiene otras implicancias. El megapulpo mexicano es también accionista del grupo financiero español La Caixa. A su vez, La Caixa controla el 13% del capital accionario de Repsol. En los últimos dos años, Slim ha inyectado recursos en La Caixa para contribuir a su rescate de la bancarrota de la banca peninsular. La Caixa, a su turno, detenta el 20% del banco mexicano Imbursa, controlado por los Slim. Entre Slim y La Caixa, por lo tanto, hay un fuerte entrelazamiento accionario. El lugar que pasa a ocupar Slim en YPF reforzará la posición de la petrolera española. Según ha trascendido, el aterrizaje de este socio mexicano de La Caixa a YPF no se produjo solo: fue resultado de largas gestiones de uno de los principales asesores de Slim, el abogado Juan Manuel Abal Medina, furioso kirchnerista y padre del actual jefe de Gabinete. En definitiva: para reemplazar a Ezquenazi, el cristinismo fogoneó el ingreso a YPF de un aliado de Repsol.

El miércoles 20 de junio se realizó, en el CBC de Martínez, un festival organizado por la Cues de Zona Norte, al que asistieron alrededor de 200 personas de distintos secundarios de la zona. Organizado por los colegios Polivalente de Artes de Martínez, el Nacional de San Isidro y Paula Albarracín de Vicente Lopez, el festival tuvo como consigna la lucha por las becas, viandas y el boleto educativo gratuito, de cara al congreso de la Cues. El objetivo fue nuclear una gran cantidad de estudiantes bajo esta consigna y convocar al congreso para votar un plan de lucha contra el vaciamiento educativo. Los fondos recaudados serán destinados a la agitación de la Cues Zona Norte con volantes, banderas, etc. Con este primer festival, la Cues Zona Norte se pone en pie para ir a fondo con la lucha contra el vaciamiento educativo y por nuevos centros de estudiantes, independientes de las autoridades y del Estado.

Los sindicatos de Luz y Fuerza y Municipales -dos importantes gremios, cuyos dirigentes se identifican abiertamente con el kirchnerismo- resolvieron parar por 24 horas y concurrir a Plaza de Mayo (aunque sin sus dirigentes). Estas resoluciones fueron impuestas por los cuerpos de delegados que reclaman, con carácter prioritario, la eliminación del impuesto a las ganancias y la vigencia de las asignaciones familiares. El paro de estos gremios, sobre todo de Luz y Fuerza, es un golpe muy fuerte a las pretensiones del kirchnerismo en la provincia, ya que es parte de su armado político y de negocios (Eletroingeniería). Al paro de camioneros, recolectores de residuos, judiciales nacionales y provinciales (éstos a partir de las 10) y otros gremios menores, se sumó el Smata, el cual paró a partir de las 14. El secretario general del Smata es el actual ministro de Trabajo de De la Sota; su adjunto, Tello, concurrió a la Plaza y la comisión interna de VW hizo un corte de calle frente a la planta (ayer, Renault suspendió a todo su personal y adelantó vacaciones hasta el 10 de julio). Los gremios ligados al gobierno provincial, e interlocutores de Moyano en su última estadía en Córdoba, resolvieron adherir al reclamo, pero no parar y movilizaron a los "cuerpos orgánicos" frente a la Afip (unos mil manifestantes); es el caso de empleados públicos, docentes (cuya directiva entró en franco proceso de crisis), gastronómicos, alimentación, bancarios, Luz y Fuerza regional y otros.

EXCLUSIVO DE INTERNET Casi el 30% de los municipios de la provincia no estaría en condiciones de pagar el aguinaldo en término o plantea el desdoblamiento del pago. En definitiva, la cantidad de los que apelarían a estas medidas se conocerá, con exactitud, a mediados de junio. Los principales municipios resultan los más comprometidos; son los casos de Río Cuarto y de la capital. El intendente Mestre aseguró que podrá cumplir con el pago, pero para ello apelará al endeudamiento, colocando letras por casi la mitad de los fondos necesarios para cumplir con los salarios de junio y con el medio aguinaldo. Los municipios echan la culpa al Gobierno provincial, que restringe fondos de la coparticipación; y este culpa a la caída de la recaudación (y, por lo tanto, de la coparticipación) de los impuestos nacionales. Todos tienen algo de razón. Por primera vez, el aumento de la recaudación nacional ha sido inferior al aumento de precios y de salarios; lo que revela un freno en la actividad económica. En el caso de la Provincia, la tendencia era similar, pero fue revertida en mayo gracias a una moratoria lanzada por el Gobierno, destinada fundamentalmente a las multas de la caminera y al inmobiliario urbano. Esto después de un sacudón al bolsillo popular, con el aumento de impuestos y de servicios a fines del año pasado. También es cierto que el Gobierno provincial no perdona a los municipios un solo peso, y retiene todas las deudas u obligaciones que estos mantengan con cualquier organismo provincial, incluidos los autárquicos (Epec). En otras palabras, se cayó el financiamiento de la provincia hacia a los municipios. De ahí que los intendentes hablen de un ajuste "político". Los municipios ya han apelado a ajustar para abajo: no renuevan contratos, aumentan las tasas y frenan obras. De la Sota ha declarado que la provincia podrá afrontar sus obligaciones sin mayores inconvenientes. Hasta ahora está apelando a la emisión de letras, lo que le permite contar con líquido a costa del pago de intereses. Pero esto no alcanza: pidió autorización para endeudarse por U$S 200 millones en el mercado internacional, pero las altas tasas de interés lo obligaron a bajar el monto a U$S 50 millones. Para completarla, las "obligaciones" de la Provincia han crecido como consecuencia de la devaluación, ya que el 60% de su deuda la tiene en dólares. "En apenas 120 días, el valor en pesos de la cuota que la Empresa Provincial de Energía (Epec) afronta por los títulos de deuda para pagar la nueva Central de Pilar creció, a valores corrientes, de forma sorprendente... La razón: los títulos y la tasa de interés anual de 12,5% están dolarizados" (La Voz del Interior, 31/5). La Provincia se encuentra, de hecho, en cesación de pagos. La obra pública se encuentra prácticamente parada; entre ella, dos hospitales del interior. Los contratistas reclaman el pago de $ 700 millones por obras; los proveedores del Estado plantean atrasos de más de cinco meses, entre ellos los concesionarios del Paicor (comida para escuelas y hospitales). El Gobierno destina la mayor parte de los fondos al pago de la deuda con los bancos y a los subsidios de todo tipo a la clase capitalista; el parasitismo de esta está secando las arcas públicas. E. S.

Luego de tres semanas, el plan de lucha sigue muy firme. Al quite de colaboración, la rebaja de la producción y paros de dos y tres horas por turnos, sumamos un acampe por 48 horas y un acto del que participaron delegados y dirigentes obreros, entre otros Víctor Grossi del Sitraic, Rubén Schofrin de la interna de Editorial Perfil, Pablo Viñas de AGR y Néstor Pitrola, en nombre de la mesa de la Coordinadora Sindical Clasista. La patronal empieza a sufrir los efectos del conflicto, pero hasta el momento no mostró ninguna voluntad de sentarse a negociar. Uno de los argumentos que ha deslizado es que ya cerró un acuerdo con la interna de la planta 2. Nuestro reclamo está encabezado por el 35% de aumento, pero no se reduce a lo salarial: incluye el pase a convenio del personal administrativo, la recategorización de algunos sectores, una bonificación para los trabajadores que se jubilan y un doble aguinaldo. La asamblea general votó un nuevo acampe esta semana, además de la profundización de las medidas dentro de la planta y, desde ya, parar el miércoles y movilizar a la Plaza de Mayo. El grupo Zupan, propietario de Interpack, ha tenido una fuerte expansión en los últimos años, no sólo en el mercado local, sino hacia otros países de Latinoamérica; emplea unos 2.000 trabajadores y más de 600 están en la órbita de la Federación Gráfica Bonaerense. Nuestro planteo de establecer una coordinación con Celomat 1 y 2 e Interpack 2 (Farmográfica no tiene delegados) fue muy bien recibido por la base. Sin embargo, la conducción oficial resulta hostil a cualquier iniciativa que salga de su riguroso control. En todo el gremio la principal fortaleza de las patronales deriva de la ausencia de una estrategia de intervención sindical común. El conflicto de La Nación Otro conflicto que es víctima de la misma orientación "aislacionista" es el de La Nación. El acuerdo paritario se cerró con la rama Obra, pero dejó afuera a los diarios. Las empresas -con el argumento de una caída en sus ventas- ofrecen una miseria y en negro. Al cerrar por su cuenta Clarín, que es parte de la conducción Verde, todo el peso del reclamo quedó en manos de La Nación, ya que los otros medios (Perfil, Popular, Ambito, etc.) tienen poca capacidad de presión. El reclamo salarial devino en un despido masivo y en una conciliación obligatoria de complejo desenlace. Corresponde unificar las acciones que sea posible y reunir al cuerpo de delegados -sin excluir a la oposición- para votar la solidaridad con La Nación e Interpack.

En vísperas del paro y la marcha del miércoles 27, Cristina Kirchner decidió colocar las cosas en su lugar y salió a una defensa furiosa del impuesto al salario. Denunció que sólo el 18 por ciento de los asalariados paga "ganancias". Sin querer, reveló que el 82% de los trabajadores está por debajo de la canasta familiar, luego de diez años de gobierno que redistribuye los ingresos. Cuando aseguró que ese impuesto "se paga en muchos países del mundo", enterró el relato oficial que dice que el ajuste se practica sólo ‘afuera'. Se "olvidó" del IVA y de otros tributos que gravan el consumo de los trabajadores, o sea el salario. Todo sumado, el Estado ‘nacional y popular' se queda con el 40% de la remuneración nominal de la fuerza de trabajo. Todavía falta agregar a esto las contribuciones a la seguridad social, que constituyen también una parte del salario. CFK aprovechó la ocasión para asegurar que cumplirá los compromisos de deuda externa usuraria de 2012. Cristina Kirchner llegó tan bajo como para responsabilizar a los huelguistas de Chubut por la muerte de los gendarmes que habían ido a reprimir esa huelga, después de una tragedia vial. Dos años atrás, el kirchnerismo había "responsabilizado" del crimen de Mariano Ferreyra a sus propios compañeros. Destituyentes que no destituyen Según la propaganda oficial, la convocatoria de los camioneros es una maniobra de la derecha "destituyente". Pero los coqueteos de los Macri o la mesa de enlace con la marcha del 27 se fueron apagando con el correr de los días. Los 70 mil asistentes a la Plaza eran obreros y trabajadores de pies a cabeza. El 27 se destacó por la ruptura de miles de explotados con el gobierno que votaron hace seis meses; los ‘destituyentes', al igual que el gobierno, están tratando de entender lo que está pasando. La huelga en la industria automotriz de Córdoba es el termómetro de la posición de la clase obrera. Binner tampoco llamó a ir a la Plaza; en su lugar pidió un "gobierno de concertación". La propuesta envenenada del ‘socialista' de Santa Fe no deja de reflejar por eso la preocupación de estos opositores, quienes ofrecen asumir las responsabilidades del ajuste con el gobierno. Quiere decir que la ve fea. La disgregación del oficialismo se manifiesta también en la oposición -hasta Lozano ha decidido re-pactar con Solanas y viceversa, lo que lleva a suponer una disolución del FAP. La CTA Micheli se bajó de la movilización. La disgregación en la oposición, combinada con la del oficialismo, significa que "la incapacidad para gobernar como lo venían haciendo" es completa.