Prensa Obrera N° 1227

Cuando en 2007, después del fusilamiento de Carlos Fuentealba, el MPN arriesgaba perder las elecciones ante el repudio popular, el candidato Sapag tuvo que presentarse ante el electorado con un planteo distinto al de su predecesor, Sobisch. Sapag esgrimió eslóganes como el bíblico "tierra nueva" y fatigó con su política de "consenso" y "paz social". A tono con el gobierno nacional, hasta lanzó una política de cooptación de organizaciones sociales. Algunas se unieron a sus filas. Pero, al igual que el huevo de la serpiente, la ponzoña represiva nunca dejó de estar bajo el cascarón. Un solo dato: en 2007, durante el acto de presentación de sus candidatos, Sapag expresó que "Sobisch debía culminar su mandato" cuando las movilizaciones populares exigían que se fuera. La crisis capitalista y, en especial, la energética -en una provincia donde la explotación de hidrocarburos implica el 80 por ciento del Producto Bruto Geográfico- hizo que los eslóganes de Sapag y sus estrategias de entregar los recursos a cambio de dádivas se hundieran como el Titanic. Consciente de que la reactivación prometida lo era para las calendas griegas -y con los reclamos sociales y salariales de los trabajadores del Estado en puerta-, Sapag apela a la vía de la mano dura y a las medidas antidemocráticas. En este contexto debe ubicarse la exhibición pública, en libertad, del asesino de Fuentealba, condenado a perpetua. Se trata de un mensaje a la sociedad toda. En Zapala, a plena luz del día, por la zona céntrica, era imposible que finalmente Poblete no fuera descubierto caminando libremente. Nadie puede creer que esto haya ocurrido, porque no había un móvil. ¿Qué condenado a perpetua sale, sin custodia y sin esposas, a comprar un remedio y a visitar asiduamente una clínica para hacerse "estudios"? Se trata de un hecho de coacción agravada contra toda la sociedad y contra los que reclaman. No es el único Hace apenas una semana fueron reprimidos -dos veces- los trabajadores estatales que reclamaban. Esta semana fueron reprimidos -con el fin de defender los intereses de la petrolera Apache- integrantes de una comunidad Mapuche. Algunos fueron conducidos presos a Zapala; tal vez ocupen la celda donde debía estar Poblete. En esta semana, además, fue ejecutado en su celda un preso que había denunciado a guardiacárceles por torturas. Muchos de los acusados eran custodios de éste. Y esta semana, el Estado neuquino impugnó ante la Justicia la realización del referéndum que, en Loncopué, se expresó abrumadoramente en contra de la megaminería. Se arremete contra la ordenanza que aprobó la convocatoria a este referéndum que, en realidad, fue votada hace meses. Se la impugna ahora, luego que el pueblo ya ha votado y lo ha hecho contra los intereses del gobernador Sapag. El fracaso de su política ante la crisis que ha desembarcado de lleno -como lo demuestran diversos índices económicos, incluso que evidencian un parate en varios rubros (construcción, petrolero y comercio, entre otros)- devuelve al gobierno al recurso gastado de palos por aquí y palos por allá. Poblete paseando en libertad es la punta del iceberg. Exigimos la perpetua efectiva para Poblete y la renuncia del ministro y de los jefes policiales responsables directos de esta coacción agravada contra los trabajadores y contra el pueblo.

José Luis García, ex jefe de pagos en Ugofe -empresa que administraba el ferrocarril Roca- y testigo en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra (a raíz de sus denuncias sobre desvíos de fondos estatales), salió de su casa para ir al trabajo como todos los días. "Al cerrar la puerta del edificio se me acercó un muchacho, de unos 30 años, que andaba en bicicleta y tenía un bolso. 'Tengo un sobre para José Luis García', dijo. Le dije que era yo y lo tomé. El muchacho, morocho y con una coleta, se fue en su bici. En un primer momento me pareció una casualidad que justo estuviera el cartero con el sobre dirigido a mí. Pero después vi que el sobre sólo tenía inscripto mi nombre, sin dirección ni nada. Lo abrí y ahí encontré los dos papeles". García se refiere a una nota escrita en Word y a la impresión de una nota aparecida en plazademayo.com: "José García, jefe de pagos. Seguimos con boludeses (sic) Antonio está recaliente y otra vez te deja sin laburo a fin de mes, ya dio la orden, forro, fijate quien te ayuda ahora. Cortala con todo y no hables más porque en agosto salen José y el Gallego y se te va a poner espesa la sopa por buchón. Entendes ¿no?". Además de este mensaje, en el sobre se adjuntaba una impresión de la nota "Los sueldos ferroviarios que se desvanecen", publicada el 7 de junio, en la que se da cuenta de la declaración de García en la fiscalía de investigaciones 19 de esta capital -en la que se registraron como pruebas de su denuncia de desvíos de fondos el recibo de sueldo que el ex jefe de pagos recibía y un mail de un superior suyo admitiendo irregularidades en los pagos. El responsable de los desvíos de fondos sería Antonio Guillermo Luna, actual subsecretario de Transporte y miembro del sindicato La Fraternidad, definido como "un par" por José Pedraza, preso por el crimen de Ferreyra. No es la primera amenaza que recibe García. La investigación del caso Mariano Ferreyra cuenta con una larga serie de aprietes a diversos testigos e, incluso, a la ex fiscal del caso, la actual funcionaria del ministerio de seguridad Cristina Camaño. Una Ford Eco negra con vidrios polarizados esperaba a la fiscal a la salida de una jornada de trabajo nocturna, luego de que un hombre hubiera traspasado la seguridad del edificio donde se encontraba su Fiscalía. A partir de ese momento, Camaño contó con seguridad policial permanente. Por esos días, y sin que se hubiera dado difusión a la amenaza a la fiscal, una Ford Eco negra con vidrios polarizados cruzó al auto que manejaba García camino a su trabajo, al bajar de la autopista que va a Ezeiza. García pensó que le iban a robar su movilidad y le entregó las llaves a los hombres que habían bajado de la cuatro por cuatro. "No queremos el auto. Sólo te queremos decir que la cortes con el tema del ferrocarril", le dijeron -según consta en la denuncia radicada en la Fiscalía de Ezeiza. Los hombres tomaron las llaves del auto de García, las tiraron a un descampado, uno de ellos golpeó el techo del auto y partieron. Un testigo de identidad reservada, trasladado de su domicilio, denunció que unos hombres lo ubicaron y le demandaron que cambiara la declaración que implica a Pablo Díaz como jefe de la patota que asesinó a Ferreyra. La periodista Gabriela Carchak -presente durante los acontecimientos del 20 de octubre de 2010 y responsable de las filmaciones de C5N que obran como pruebas en la causa- fue interpelada por una mujer que le dijo que no perjudicara a un familiar suyo ferroviario. El mensaje le fue transmitido mientras cumplía su trabajo: Carchak no es una mujer de imagen pública. En noviembre del año pasado, el testigo de la causa José Sotelo denunció que fue secuestrado por desconocidos, golpeado y que le fue exigido cambiar su declaración, que implica a miembros de la patota. El 6 de agosto comienza el juicio oral y público que señalará la responsabilidad de los miembros de la patota que atacaron, el 20 de octubre de 2010, a los ferroviarios tercerizados y en un hecho que le costó la vida a Mariano Ferreyra y graves heridas a Elsa Rodríguez, ambos militantes del Partido Obrero. También investigará el rol de la policía en la liberación de la zona para dejar actuar a la patota y el posterior borramiento de pruebas. Y dictaminará sobre la autoría intelectual del crimen, presuntamente ideado por José Pedraza y por Juan Carlos "El Gallego" Fernández -ambos presos a raíz de las fuertes sospechas que los implicarían en el asesinato. El enrarecimiento del clima previo al juicio podría ser una variante para intentar desviar el rumbo de la justicia. Una posibilidad que debe ser evitada a toda costa, con la protección de cada testigo de la causa. En estos momentos, José Luis García se encuentra radicando la denuncia por esta amenaza en la Unidad Fiscal de Investigaciones Número 5 de San Martín.

Por resolución judicial, rápidamente cumplida por la Secretaría de Justicia de la provincia, el criminal comisario Fanchiotti, condenado por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación Avellaneda en 2002, fue trasladado al Penal Nº 11 de Baradero, en un régimen abierto, lo que plantea la posibilidad de salidas transitorias y posterior liberación. En declaraciones de prensa esta mañana, Vanina Kosteki sostuvo: "A diez años, la Justicia kircherista, de la mano del juez Ariel Lijo, ha mandado al archivo la causa contra todos los funcionarios responsables, intelectuales del asesinato de Maxi y Darío, Duhalde, Solá, Atanasoff, J.J. Alvarez, Aníbal Fernández, Genuod, entre otros". "El gobierno no sólo los recicló en sus filas, también negó abrir todos los archivos de la Side y los ha indultado para evitar su condena". Por su lado, Néstor Pitrola denunció que "el traslado de Fanchiotti y Acosta a una semilibertad en penales controlados por sus amigos del Servicio Penitenciario completa el cuadro de beneficios de los presos amigos del poder (del que no gozan la mayoría de los detenidos comunes) y se suma a la impunidad del asesino del docente Fuentealba, que se pasea por la calles de Zapala (...) Es un capítulo más del rescate kirchnerista de la Bonaerense, que nos costó la desaparición de J. J. López y tantos otros por el gatillo fácil". El dirigente, que encabezó la columna del Polo Obrero en junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, sostuvo que "el próximo 26, el movimiento piquetero, el movimiento obrero clasista, así como la juventud trabajadora y estudiantil, junto a los familiares y a decenas de organizaciones populares van a llenar el Puente Pueyrredón para exigir cárcel común para Fanchiotti, juicio y castigo a los autores políticos e intelectuales de la operación de Estado que pretendió ahogar en sangre el movimiento popular del Argentinazo", dijo. Tanto Néstor Pitrola como Vanina Kosteki llamaron también a levantar el reclamo por perpetua a los asesinos de Mariano Ferreyra, cuyo juicio comienza el próximo 6 de agosto.

La Cámara Federal porteña resolverá si la causa por tráfico de influencias para beneficiar a los acusados del homicidio del compañero Mariano Ferreyra sigue investigándose en la Justicia en lo criminal o pasa al fuero federal. El tribunal de apelaciones deberá dirimir la cuestión luego de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó un planteo para reclamar al fuero ordinario que se inhiba de continuar con la causa para enviarla a su juzgado. La causa se inició cuando la jueza Wilma López, que investigó el crimen de Ferreyra, denunció la intención de ofrecer entre 50.000 y 75.000 dólares a los camaristas de Casación para obtener las excarcelaciones de detenidos por el asesinato. Estas maniobras quedaron al descubierto en escuchas telefónicas que habían sido ordenadas en la causa del crimen, en las que aparecían involucrados los citados a indagatoria, entre los que se encuentra además del imputado (el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid), el contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini; el titular de la UF, José Pedraza (detenido por el crimen); el secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar, y el agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme.

El apoyo que José Pedraza mandó desde la cárcel a la fracción de la burocracia de la CGT que responde a la Rosada fue una trabajada negociación de varios meses. Pedraza es uno de los 19 miembros del Concejo Directivo de la CGT que impugnarán la convocatoria de Moyano, lo que podría fundamentar una intervención del ministerio de Trabajo -como lo prometieron públicamente Tomada y su vice, Rial. Un día antes de la carta, el ministro Randazzo había recorrido los talleres de Remedios de Escalada del ex Ferrocarril Roca, acompañado por Guillermo Antonio Luna. De ese lugar salió la patota que atacó a los trabajadores tercerizados y mató a Mariano Ferreyra. Los acompañó Aldo Amuchástegui, uno de los "delegados" que formaron y seleccionaron la patota. Luna, hombre de La Fraternidad y secretario de Transporte Ferroviario, fue cabeza de todo el negocio ferroviario de la tercerización. La visita con Randazzo, nuevo ministro del área, implica su confirmación en el cargo. Una semana atrás se había firmado la postergación de la paritaria ferroviaria hasta agosto. Mientras tanto, el gobierno kirchnerista prepara la entrega de varios ferrocarriles a Sofse, la sociedad del Estado capitaneada por Juan Rosendo Araya, otro hombre de Pedraza. Está en marcha una operación política y comercial con los herederos de Pedraza, con la participación del mismo Pedraza, cuya esposa sigue gerenciando el Belgrano Cargas. El escenario político-comercial de la impunidad para Pedraza se encuentra en pleno despliegue. El Partido Obrero denuncia esta situación y llama al más amplio movimiento popular para que el juicio conduzca al castigo y a la cárcel a los responsables materiales y políticos del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, incluidas las patronales. Los ferroviarios de los Talleres de Escalada ya dieron su primera señal con un paro y movilización de 400 compañeros, que ha sido la vanguardia en todos los ferrocarriles en la lucha contra la entrega de la paritaria. El 26, en el Puente Pueyrredón, será la primera estación de esta gran movilización política.

La reacción del gobierno frente al paro camionero ha desatado una crisis política de larga incubación. Después del 'roce' con Cameron, la Presidenta ha amenazado al sindicato camionero, primero con la fuerza pública (ley de abastecimiento) y con la intervención; luego con la Gendarmería. ¿Para qué? Para defender a rajatablas el ajuste "en casa": paritarias con techo y la confiscación impositiva del salario. El sindicato de Moyano reclama un 30 por ciento de aumento y la elevación del mínimo no imponible. Página/12, el domingo pasado, defendió el impuesto al salario en nombre de la 'redistribución del ingreso'. La advertencia de una intervención a los camioneros tiene como antecedente la amenaza de retiro de la personería a los técnicos aeronáuticos, por parte del camporista Kicillof, y coloca al gobierno "nac & pop" en la saga de la revolución libertadora. El arbitraje oficial contra la clase obrera se lleva adelante con unos métodos encarnizados que jamás se pusieron en marcha contra los especuladores capitalistas. Moyano, por su parte, se manifestó dispuesto a bajar la pretensión de aumento del 30 por ciento si el gobierno sube el mínimo no imponible. Pero no dijo de cuánto tiene que ser esa suba, lo que deja la puerta abierta a un acuerdo en torno de un aumento efectivo inferior. Según los mentideros oficiales, CFK piensa elevar el mínimo después del congreso de la CGT. Pero no en más de un 20 por ciento, en línea con los aumentos homologados en las paritarias. Esa variante deja la exacción impositiva al salario en el mismo nivel que existía antes de las paritarias, en el mejor de los casos. Desde el anuncio de la "sintonía fina", el moyanismo se dedicó a una escalada de chicanas verbales con el gobierno -mientras dejaba pasar aumentos a la baja en la abrumadora mayoría de las negociaciones colectivas, sin promover una respuesta de conjunto. A la intervención de los K en la CGT, Moyano no respondió con un programa y un plan de lucha contra el ajuste. La lucha por la sucesión Moyano estuvo subordinando los intereses de los trabajadores a sus choques con el gobierno. Sostuvo reuniones con Scioli y con Lavagna en función de un armado político patronal para 2013 -nada que ver con un gobierno de trabajadores. Ese armado opositor propugna un ajuste fiscal a costa de tarifazos. Una lucha consecuente por las reivindicaciones obreras es incompatible con las alianzas políticas con estos ajustadores. Dentro de los ataques del kirchnerismo a Moyano, Horacio Verbitsky denuncia el uso de "métodos gremiales para dirimir un conflicto político"; pretende que las paritarias y el impuesto al salario se zanjen en 2013 (Página/12, 17/6). Pero, en realidad, es el gobierno el que ha convertido a la lucha por la sucesión presidencial en un ataque contra el movimiento obrero y en una cruzada para convertir a la CGT en un anexo de la Rosada. El trabajo sucio de atacar el paro camionero quedó en manos de "Ciccone" Boudou, hasta que CFK tome la cadena. Los arribistas del kirchnerismo han salido a una campaña reeleccionista en nombre del "constitucionalismo popular", para ocultar la marcha del ajuste y la regimentación sindical. El kirchnerismo viene condicionando la ayuda nacional para el pago de los sueldos bonaerenses a que Scioli desista de armar una lista propia para las parlamentarias de 2013. Por ahora, el oxígeno oficial llegaría para pagar los sueldos de junio, aunque el anuncio del "pago en fecha" quedó en manos del cristinista Mariotto. Plan de lucha Con su largo inmovilismo, Moyano confiaba en salvar la ropa de la paritaria camionera al final de las restantes negociaciones colectivas. Pero el gobierno resolvió que cualquier aumento de salarios de los camioneros debería ser bancado sin la ayuda estatal. Como también ocurre en ferroviarios o en Luz y Fuerza, el ajuste de los subsidios oficiales se opera a través de los trabajadores, no de la gestión capitalista. Al final, un paro obrero terminó concentrando todos los elementos de la crisis política. Los límites del moyanismo para dar una respuesta a esta escalada son insuperables. La crisis planteada exige un planteo y un programa de la clase obrera frente a sus reivindicaciones inmediatas y frente al conjunto de la crisis política. En sus diferentes vertientes, la política de la burocracia sindical coloca los reclamos obreros como moneda de cambio de las fracciones capitalistas que emergen del derrumbe de la política oficial. El porvenir de los reclamos exige, en cambio, una orientación política y sindical independiente para la clase obrera, que debe manifestarse en un programa: abajo el ajuste, salario igual a la canasta familiar, por el pago integral de las asignaciones familiares; eliminación del impuesto al salario hasta los 15 mil pesos mensuales; por la liquidación del IVA, por impuestos progresivos a la tierra y a la especulación inmobiliaria; el cese del pago de la deuda externa, nacionalización sin pago de las privatizadas (en quiebra), fuera el capital financiero internacional del petróleo; por un Congreso de Bases del movimiento obrero y una alternativa política propia de los trabajadores.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 5 de junio, Rodrigo Simonetti, un chico de tan sólo 11 años, fue hallado muerto; asesinado en un callejón de Tolosa. El joven era de Altos de San Lorenzo, un barrio ubicado al otro lado de la ciudad. No se sabe cómo llegó al lugar donde fue abandonado ya sin vida. Rodrigo venía de una familia muy pobre, cartonera; y pasaba la mayoría del tiempo en la calle. Su familia ha empezado un proceso de movilización: con marchas a los tribunales platenses y al centro de la ciudad reclaman juicio y castigo a los responsables. Exigimos que no se dilate la investigación. Resulta ineludible la responsabilidad del Estado -municipal, provincial y nacional-, incapaz de garantizarle a Rodrigo y a miles de chicos como él de todo el país las mínimas condiciones de vida. El mismo Estado que no le permite tener a la familia de Rodrigo una vida digna, que los condena a no tener vivienda, a no tener trabajo, o a ser superexplotados por un patrón o por el propio Estado. El mismo, que al hablar de seguridad criminaliza la pobreza, mientras mantiene el aparato represivo-policial, que libera zonas para el narcotráfico, para la delincuencia en gran escala, para la trata de personas, para la Policía del gatillo fácil y del espionaje a los que luchan. Es necesario dar una lucha de conjunto para terminar con la impunidad, con la "seguridad" en manos de la Policía repodrida y por nuestro derecho a vivir dignamente: no al ajuste del Gobierno; trabajo para todos; salario igual a la canasta familiar. Decimos: ¡basta de matar a nuestros pibes! ¡Justicia por Rodrigo!

Las suspensiones en la industria metalmecánica avanzan a pasos agigantados. Fiat suspendió tres días al 50% de su personal. Argumenta las trabas a las importaciones de piezas; pero lo cierto es que Fiat viene suspendiendo desde febrero, y el motivo central parece estar en que el 80% de su producción va al mercado brasileño. La empresa Renault decidió implementar un plan de suspensiones que afectarán a la totalidad de los 2.000 trabajadores de su planta de Córdoba (siete días en este mes, divididos en cuatro semanas). Estas suspensiones no son las primeras de la empresa: ya las había ejecutado durante los últimos meses del año pasado. La importancia que cobra esta decisión de Renault estriba en que se presenta por primera vez como un plan (es decir, se plantea la persistencia de estas medidas por un período) y en que se justifica como resultado de la necesidad de "regular stock", con lo que se reconoceo una "desaceleración" de la industria a niveles regionales. Hasta ahora habían sido justificadas como respuestas ante lo que llamaban situaciones coyunturales, o debido a los conflictos aduaneros provocados por las medidas de control de las importaciones de Moreno. La razón para "regular stock" radica en la caída del mercado brasileño; las exportaciones de autos cayeron 45,7%, respecto de mayo de 2011, la mayor parte de estas se destina a ese país. El presidente de Adefa (la asociación de fabricantes), Viktor Klima, consideró que los datos del último mes y los acumulados "reflejan un reacomodamiento de los mercados a nivel global, en cuyo marco las exportaciones argentinas disminuyeron en 52.000 unidades en lo que va de 2012, de las que 49.000 corresponden a Brasil, el principal mercado de destino" (citado por Urgente24, 5/6). Adefa informó también que en mayo la producción registró una suba del 9,9%, respecto de abril (que había sido pobre) y una baja del 24,4%, con relación a mayo del año pasado (que había sido extraordinario). Si se comparan los cinco primeros meses de 2012 con igual período de 2011 se observa que se registró una baja del 10,5%. El aumento en mayo de los patentamientos en el mercado interno no cambió esta situación, ya que la mayor parte de los 0 km vendidos son producidos en Brasil. De todas maneras, la mejora de las ventas en nuestro país no expresan un expansión del consumo, sino muy posiblemente la derivación del ahorro a raíz de las restricciones a la compra de dólares, lo que está ocultando la propia caída del consumo interno. La crisis la pagan los trabajadores Las suspensiones revelan que la orientación de los capitalistas frente a la crisis apunta a descargársela a los trabajadores. La burocracia acepta esta política, y considera que los obreros mecánicos están "blindados" por el pago del 75% del salario durante los días de parate. Esto es una verdad a medias; o sea, una mentira total. Las suspensiones son la antesala de los despidos: la crisis tiende a agravarse; la caída del mercado brasileño expresa una crisis más profunda en el país vecino, como resultado de la bancarrota mundial capitalista: "En Brasil hay una mora creciente en la devolución de los créditos personales y comerciales, incluso el ‘defol'. El intento del Gobierno de Rousseff de contener esta quiebra, con una reducción de la tasa de interés que pagan los deudores, favorece la salida de capitales. La devaluación del real, la moneda de Brasil, ha alcanzado el 30% en menos de un mes, lo que pone en dificultades al comercio de Argentina" (PO Nº 1.222). Además, un recorte salarial por las suspensiones agrava la caída ya producida por el corte de las horas extras; es decir, es un golpe muy fuerte en corto tiempo al bolsillo del trabajador, en el marco de una inflación creciente y de subas de impuestos y de tarifas. Por otro lado, la cláusula del 75% no incluye a parte de los trabajadores tercerizados ni a los autopartistas, cuya situación es mucho más grave: siete empresas del sector pidieron el recurso preventivo de crisis para abaratar costos laborales y violaciones a convenios. Tampoco contempla los miles de trabajadores contratados por las consultoras, cuyos contratos dejan de ser renovados. Se concluye que las suspensiones son la punta de cientos de despidos. Que la paguen los capitalistas Para que no sean los trabajadores los que paguen la crisis hay que meter la mano en los bolsillos de las multinacionales, que han hecho fabulosas ganancias, con escasa inversión, con un aumento de la productividad, con el pago de bajos salarios y parasitando las arcas públicas por la gestión de los Gobiernos de la Provincia y de la Nación, que les otorgaron subsidios, eximiciones e infraestructura gratis. El Smata y la UOM deben convocar a asambleas de fábricas, que unifiquen a todos los trabajadores, y congresos de delegados de todo el sector metalmecánico, para votar un plan de acción y para imponer la prohibición de los despidos y de las suspensiones, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la apertura de los libros de las empresas bajo control obrero y la prohibición de repatriación de utilidades a las multinacionales.

Está previsto para el próximo 6 de agosto el comienzo del juicio oral y público contra los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Nuestro partido va empeñar sus mayores esfuerzos en el desarrollo de este juicio, para que sean condenados todos los responsables. Más allá de lo que nos une a sus compañeros de partido con Mariano, su figura se ha transformado en un emblema para la juventud trabajadora y estudiantil. Incluso ha trascendido más allá de las fronteras. De alguna manera se ha transformado en un símbolo convocante para miles y miles de jóvenes. Por este motivo, en el Congreso del Partido Obrero discutiremos cómo nos movilizaremos para conseguir una condena para todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra -incluidos los responsables políticos que, como en todos los juicios, son los casos más difíciles de probar. Tomemos el papel de la Policía, pues sin su colaboración este crimen nunca se hubiera podido perpetrar. Ella jugó un papel activo al facilitar el ingreso de la patota y, por sobre todas las cosas, al organizar la fuga de la misma. Es decir que fue activa en el intento de eliminar las pruebas de quienes habían participado en este crimen político. A pesar de esta complicidad en la ejecución del crimen, la Policía sólo va a ser juzgada por abandono de persona; es decir, por haber tenido una actitud negligente y, en ese caso, las penas van a ser menores. El punto no se reduce a esto. Ningún comisario de seccional asume la responsabilidad de participar activamente en un crimen de esta envergadura (en un crimen político contra la clase obrera) y la Justicia ha reunido las pruebas de que en esto están comprometidas las máximas autoridades de la Policía Federal. En el expediente judicial aparece una interrupción de unos tres minutos en las comunicaciones radioeléctricas entre Barracas y la Jefatura de Policía, que están borradas para salvar la responsabilidad de la Jefatura. En el crimen de Mariano Ferreyra está comprometido el conjunto del aparato del Estado. En febrero de 2011, uno de los policías que va a ser juzgado -sólo por abandono de persona- fue ascendido dentro de la Policía (sólo más tarde, cuando quedó en evidencia que iba a ser juzgado por este crimen, fue exonerado). Fue ascendido por Nilda Garré, la ministra de Seguridad perteneciente al Frente Grande (el ala anti-imperialista, izquierdista del gobierno nacional). De manera que se desenmascara la responsabilidad también de esta figura en el crimen de Mariano Ferreyra. Se trata de una batalla política muy importante y ningún militante del Partido Obrero debiera dejar de mencionarla en ninguna circunstancia y en ninguna oportunidad. Y debe preguntarse en cada momento: "¿qué puedo hacer yo, qué convocatoria puedo hacer para desenvolver en mi ámbito de actividad, para que haya un intenso seguimiento, una intensa movilización en el curso de este juicio oral y público?". Por ejemplo, pensando en Rosario, en el Cordón, etcétera: ¿cómo organizar reuniones informativas semanales en las que el Partido Obrero ofrezca a la población toda la información sobre la marcha del juicio, la caracterización política de su desarrollo y convocar a los participantes a sugerir vías de acción? En la semana que acaba de transcurrir se produjo una novedad importante. En el curso de la crisis de la CGT, José Pedraza mandó -desde la cárcel- la orden de que su sindicato vote en contra de Moyano en la próxima elección del secretario general de la central obrera. Entonces, la Unión Ferroviaria, por mandato de Pedraza -quien está preso por un crimen- aparece apoyando la maniobra del gobierno de regimentar la CGT con figuras digitadas por la Casa Rosada. ¡Se trata de un hecho extraordinario! El hombre no va a estar presente, pero ha designado a sus representantes para apoyar la línea política del gobierno, porque -independientemente de las críticas y de las denuncias que se le puedan hacer a Moyano- es claro que el gobierno ha decidido transformar la central en una sucursal de la Casa Rosada. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Pedraza está comprando su absolución por medio del apoyo al gobierno nacional? Esto todavía no lo podemos aseverar. Pero la cuestión es ésta: ¿se le va a reconocer a la burocracia pedracista una representación en el congreso cuando está involucrada en el crimen político de un joven trabajador y estudiante? Está planteada aquí una cuestión política de la misma envergadura. Exactamente lo que nosotros planteamos en la plaza de Mayo el 21 de octubre -un día después del asesinato de nuestro compañero, en una movilización de repudio gigantesca, que nos llevó a un enfrentamiento con el gobierno, el cual pretendía eximir su responsabilidad de esta cuestión. Señalamiento este muy importante, que quiero que ustedes recojan, que discutan y que tiene que ser patrimonio mucho más allá de las fronteras del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Tiene que ser realmente una causa popular. Y no sólo tiene que ser una causa popular: se ha transformado en un problema esencial dentro del movimiento obrero, a partir del papel que juega esta patota dentro del congreso de la CGT. El gobierno está buscando votos para imponer su propia dirección dentro de la central sindical y, para eso, no le hace asco a la que elija la burocracia pedracista de la Unión Ferroviaria. Este es un problema político crucial. Si nos detenemos un momento, vemos toda una cantidad de ramificaciones, donde lo más significativo son los claroscuros, pues el cristinismo de paladar negro sostiene a una burocracia sindical que desautoriza al mismo tiempo que reivindica los derechos humanos. Muchos K me dicen: "Altamira, cómo nos podés decir eso, si nosotros vamos contra Menéndez, contra éste, contra el otro...". Este es un argumento falaz, la política burguesa está hecha así, son todas maniobras: se finge una cosa, se hace otra; un viejo enemigo pasa a ser un amigo; Boudou venía de la Ucedé, ahora es vicepresidente; Alberto Fernández armó la campaña para que Néstor Kirchner sea presidente, ahora está afuera. Así es la política burguesa, no se pueden presentar sus oposiciones aparentes o sus contrastes como si fueran contradicciones absolutas. Como se puede ver, este juicio oral y público plantea un problema político en el movimiento obrero y en el país. Nosotros, el Partido Obrero, lo vamos a desarrollar en estos términos; porque la única forma que imaginamos -si se puede decir así- "vengar" el asesinato de Mariano, o de cumplir con lo que nuestro compañero hubiera esperado de nosotros, pasa por demostrar que este crimen hunde sus raíces en las contradicciones de clase de la sociedad capitalista y que la sociedad capitalista no puede vivir sin perpetrar estos crímenes. De otro modo, este proceso judicial, este juez, el otro juez, ¿qué importan? Hay más maniobras. Por cuerda separada se tramita otro juicio por un intento de soborno a otros jueces para que lo dejen libre a Pedraza y su patota, un juicio por coimas. En este juicio se encuentra en marcha una tentativa de pasar las actuaciones a la Justicia Federal, con la expectativa de que sea archivada. Estamos frente a una magna tarea. Para cumplirla, pedimos que transmitan este mensaje, que acerquen a esta lucha a las relaciones cotidianas de ustedes, a sus familiares; pero esto debe ser hecho a partir de núcleos organizados de difusión, junto al Partido Obrero.

En febrero de 1958, Arturo Frondizi ganó con más votos que CFK en octubre pasado, pero en noviembre del mismo año ya había militarizado una huelga petrolera y, en enero del '59, aplicaba un plan 'Conintes' contra todos los trabajadores. En septiembre de 1973, otro presidente superó a la actual en votos, pero en febrero del 74 militarizaba la provincia de Córdoba y en abril de 1975 el mismo gobierno lo hacía con todo el cordón industrial del Paraná. Menem, que también tuvo mayoría de votos, arrancó enseguida con una cruzada contra los trabajadores, para rematar mejor las empresas estatales. De la Rúa, el lento, fue más rápido, porque apenas subió produjo la muerte de dos manifestantes en el puente Corrientes-Resistencia. La Presidenta actual, que machaca toda vez que puede con su 54 por ciento eterno, eligió el Día de la Bandera para mandar a la Gendarmería contra los camioneros. Esta vez, la secundan los "nacionales y populares" más belicosos y radicales, los que se reclaman herederos de los luchadores que fueron víctimas de los atropellos del pasado. ¿Por qué militariza? ¡Para defender el tope a las paritarias, el impuesto al salario, la 'sintonía fina' y el intento de convertir a la CGT en una sucursal digitada por la Rosada! El gobierno, que nunca convocó a una reunión de gabinete, anunció que ahora reunirá un "gabinete de emergencia". Los alcahuetes del oficialismo ya dicen que la huelga de camioneros es 'destituyente', pero el gobierno podría superarla eliminando el impuesto al salario y liberando la negociación colectiva. ¿O también piensan militarizar a los controladores aéreos, a los trabajadores de la alimentación o a los aeronavegantes, quienes ya han anunciado medidas de fuerza? ¿Los K quieren 'dar una lección' a los camioneros y, reforzando el poder político, asegurar la re-reelección? En ese caso, estarían copiando a Ronald Reagan, un 'prócer' que los "nac&pop" juraron que no iban a imitar. La reacción del gobierno K contra los camioneros es la del capital contra el trabajo, la de la burguesía contra la clase obrera, la de los gobiernos que enfrentan la bancarrota capitalista con el 'ajuste'. Estamos con los camioneros y sus reivindicaciones -que son las de toda la clase obrera-, contra sus patrones y contra el gobierno de la 'burguesía nacional'.

EXCLUSIVO DE INTERNET Casi el 30% de los municipios de la provincia no estaría en condiciones de pagar el aguinaldo en término o plantea el desdoblamiento del pago. En definitiva, la cantidad de los que apelarían a estas medidas se conocerá, con exactitud, a mediados de junio. Los principales municipios resultan los más comprometidos; son los casos de Río Cuarto y de la capital. El intendente Mestre aseguró que podrá cumplir con el pago, pero para ello apelará al endeudamiento, colocando letras por casi la mitad de los fondos necesarios para cumplir con los salarios de junio y con el medio aguinaldo. Los municipios echan la culpa al Gobierno provincial, que restringe fondos de la coparticipación; y este culpa a la caída de la recaudación (y, por lo tanto, de la coparticipación) de los impuestos nacionales. Todos tienen algo de razón. Por primera vez, el aumento de la recaudación nacional ha sido inferior al aumento de precios y de salarios; lo que revela un freno en la actividad económica. En el caso de la Provincia, la tendencia era similar, pero fue revertida en mayo gracias a una moratoria lanzada por el Gobierno, destinada fundamentalmente a las multas de la caminera y al inmobiliario urbano. Esto después de un sacudón al bolsillo popular, con el aumento de impuestos y de servicios a fines del año pasado. También es cierto que el Gobierno provincial no perdona a los municipios un solo peso, y retiene todas las deudas u obligaciones que estos mantengan con cualquier organismo provincial, incluidos los autárquicos (Epec). En otras palabras, se cayó el financiamiento de la provincia hacia a los municipios. De ahí que los intendentes hablen de un ajuste "político". Los municipios ya han apelado a ajustar para abajo: no renuevan contratos, aumentan las tasas y frenan obras. De la Sota ha declarado que la provincia podrá afrontar sus obligaciones sin mayores inconvenientes. Hasta ahora está apelando a la emisión de letras, lo que le permite contar con líquido a costa del pago de intereses. Pero esto no alcanza: pidió autorización para endeudarse por U$S 200 millones en el mercado internacional, pero las altas tasas de interés lo obligaron a bajar el monto a U$S 50 millones. Para completarla, las "obligaciones" de la Provincia han crecido como consecuencia de la devaluación, ya que el 60% de su deuda la tiene en dólares. "En apenas 120 días, el valor en pesos de la cuota que la Empresa Provincial de Energía (Epec) afronta por los títulos de deuda para pagar la nueva Central de Pilar creció, a valores corrientes, de forma sorprendente... La razón: los títulos y la tasa de interés anual de 12,5% están dolarizados" (La Voz del Interior, 31/5). La Provincia se encuentra, de hecho, en cesación de pagos. La obra pública se encuentra prácticamente parada; entre ella, dos hospitales del interior. Los contratistas reclaman el pago de $ 700 millones por obras; los proveedores del Estado plantean atrasos de más de cinco meses, entre ellos los concesionarios del Paicor (comida para escuelas y hospitales). El Gobierno destina la mayor parte de los fondos al pago de la deuda con los bancos y a los subsidios de todo tipo a la clase capitalista; el parasitismo de esta está secando las arcas públicas.

La decisión del Tribunal Supremo Constitucional de Egipto, de ratificar la candidatura del ex premier de Mubarak, Ahmed Shafik, operó como un golpe de Estado que, de paso, suprimió el parlamento (Cámara baja), que había establecido un veto político a los funcionarios del régimen anterior. Se espera que en un plazo breve se anuncie la disolución de la Cámara alta. Los militares comunicaron, al mismo tiempo, su versión de la Declaración Constitucional, lo que les ha permitido limitar los poderes del próximo presidente. En este cuadro tuvo lugar el balotaje entre Shafik y el candidato de la Hermandad Musulmana, Mohamed Mursi. El golpe terminó de hacer "saltar por los aires" -como describió el diario El País- la transición. El triunfo de la HM Aunque el contexto anunciaba el triunfo de Shafik, los resultados provisionales dan un triunfo por estrecho margen del candidato islamista, Mursi. Este tiene los días contados, tanto si acepta fungir de títere de la Junta como si intenta ignorarla. La transición ha muerto, pero la crisis social y política está más viva que nunca.

Mientras Cristina Kirchner discursea en el G-20 contra los "ajustes" reclamados por el FMI, la creación de un ente tripartito entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires para reorganizar el transporte público apunta a un tarifazo del servicio. Cuando anunció su creación, CFK advirtió que era necesario distribuir con la Ciudad y con la provincia el "esfuerzo" de bancar los 20.000 millones de pesos en subsidios, que van derechito a las empresas de transporte del área metropolitana. En la misma línea se manifestó Randazzo, el ministro que quedó a cargo del área. Río que suena... Detrás de los anuncios hay una crisis fiscal que superaría los 50.000 millones de pesos, un 65% por ciento por encima del desequilibrio de 2011. La caída de la actividad económica produce una reducción de la recaudación impositiva a valores constantes. Sin embargo, los subsidios a las privatizadas y a los monopolios del transporte siguen en ascenso. El aumento a los choferes de la UTA, por ejemplo, lo pagó integralmente el gobierno nacional. Macri y Scioli La mesa tripartita es un intento por reducir subsidios con el auxilio de Macri y de Scioli; el último, antes de que la situación se desmadre. Sin embargo, Macri aún no resolvió la crisis del traspaso del servicio del subterráneo, que sube con la presión de Roggio y de los K del sindicato del subte, para que se haga cargo del servicio. Scioli, por su lado, está encima de una provincia virtualmente fundida. Las idas y vueltas de Macri dan cuenta de su propia crisis. Con el ente metropolitano, el gobierno nacional pretende que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires digiera su parte en el costo de la transferencia. La aplicación de un tarifazo necesita abarcar el conjunto del transporte de la zona metropolitana. Pero no resuelve, en el caso del subte, el punto de la inversión en la extensión de la red y en material rodante. Bomba de tiempo A sabiendas de que enfrenta una bomba de tiempo, el kirchenrismo se empeña en asociar a sus opositores externos e internos al operativo tarifas. Se ha reservado la presión de un juicio oral a Macri por las escuchas y el retiro de los depósitos judiciales del Banco Ciudad; en tanto que a Scioli lo torpedea con la mafia de la Policía Bonaerense y con la caja de la publicidad oficial y del juego. Asistimos a una pelea inescrupulosa de buitres. El gobierno se juega su suerte en esta operación política de dudosa resolución. Asistimos al final de la tentativa de salvar el esquema de las privatizaciones menemistas a costa de subsidios millonarios que llevaron al Estado a la bancarrota. Nuestras consignas: "Que la crisis la paguen los capitalistas", "nacionalización de la banca y las privatizadas sin compensación, bajo control obrero".

EXCLUSIVO DE INTERNET El anuncio, por parte de CFK, de una línea de créditos para la construcción de viviendas no sólo está jugando el rol de cortina de humo para sacar de los titulares la situación de "defol" de la Argentina, sino que, además, ha dejado en "orsai" a los gobernadores de las provincias. Tal es el caso del cordobés De La Sota, que ante el anuncio salió a las apuradas a respaldar el plan y a pedir que le paguen la deuda con la Caja de Jubilaciones. Pero el gobernador de Córdoba se cuidó bien de ocultar que el anuncio de Cristina es el certificado de defunción de más de 16.000 viviendas de los Programas Federales de Construcción de Viviendas I y II, que han quedado sin ejecutarse en Córdoba. El silencio de De La Sota en este punto tiene que ver con la co-responsabilidad que le cabe al Gobierno provincial en la no ejecución de estos programas. Tanto De la Sota como su antecesor, Schiaretti, se han pasado seis años despotricando por la falta de cumplimiento por parte del Gobierno nacional en el envío de fondos; pero el "cordobesismo" del Gobierno provincial sólo sirvió para pagar, únicamente en 2011, $ 360 millones de intereses de la deuda pública y para financiar obras en beneficio de la patria contratista. Pero para vivienda no han puesto un mango. De estafa en estafa Si el nuevo programa de Cristina sirve para ocultar el rosario de programas de viviendas incumplidos y lanzados ante cada crisis política que oscurecía el horizonte K, en Córdoba también se desenvuelven estafas con acento docteño. De La Sota, en la campaña para gobernador de 2011, prometió un plan de 20.000 viviendas -en realidad, créditos a tasas usurarias por medio de los bancos, lo que lo convirtió en un adelantado al reciente anuncio K-. Transcurridos 180 días de Gobierno, el programa Tu Hogar -que se gestiona mediante el Banco de Córdoba- ha pre-aprobado... ¡42 carpetas!; y recién en julio se entregarían los primeros 12 préstamos. A este paso, los 20.000 créditos terminarán de ver la luz dentro de unos cuantos miles de años. La cosa tiene que ver con que se exigen requisitos casi incumplibles para abrir la carpeta de crédito para la mayoría de las familias sin techo, como así también el carácter confiscatorio de las cuotas. Una salida a la crisis habitacional La cosa así planteada pone al desnudo que, en materia de vivienda, tanto el Gobierno nacional como el provincial van de estafa en estafa, tapando una con otras; y las ilusiones de más de 300.000 familias sin techo de Córdoba se van a los caños. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda vamos a responder a esta nueva estafa a las necesidades populares con un programa y con la movilización para reclamar el cumplimiento de todos los planes no cumplidos, muchos de los cuales se encuentran, incluso, licitados y sorteados los beneficiarios. Además, impulsaremos en la Legislatura cordobesa la ley de vivienda, que asegure una casa a cada familia sin techo, con planes cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso familiar -el 40% anunciado por el programa de Cristina es confiscatorio-. Además, que declare de utilidad pública todo el suelo urbano disponible y que obtenga los fondos para los programas habitacionales de las utilidades del Banco de Córdoba y de un impuesto extraordinario a la especulación inmobiliaria y no de los bolsillos de los jubilados y de los ahorros de los trabajadores. También vamos a impulsar que esta ley regularice y titularice las tierras de todas las ocupaciones que se han llevado adelante. La banca del Frente de Izquierda estará al servicio de la lucha de todas las familias sin techo, de todas las organizaciones sociales y cooperativas de viviendas que llevan años luchando por un techo. A la estafa permanente respondemos con una salida real a la crisis habitacional. Manuel D'Alessandro

Al menos once campesinos fueron masacrados mientras ocupaban la hacienda de Blas Riquelme, terrateniente sojero y miembro del Partido Colorado. En el enfrentamiento murieron también al menos seis policías. Al cierre de esta edición, la policía continuaba a la caza de decenas de campesinos prófugos, en muchos casos heridos. Las organizaciones campesinas denunciaron una acción de venganza por los policías caídos. La principal propuesta de campaña de Lugo había sido llevar adelante una reforma agraria. El oficialista Frente Guasu -que incluye al Partido Comunista de Paraguay- denunciaba la usurpación de tierras desde la guerra de la Triple Alianza. El gobierno denuncia ahora el boicot de la Justicia -que convalida los títulos de propiedad de las llamadas "tierras mal habidas"- y del parlamento -con mayoría colorada. El gobierno no ha expropiado una sola hectárea de tierra, mientras los otorgamientos a los campesinos se realizaron a cuentagotas. Las tierras fiscales han sido acaparadas por los productores sojeros y por los terratenientes. El Indert -organismo encargado de administrar las tierras fiscales- fue intervenido por Lugo. El informe de la intervención ha denunciado los otorgamientos irregulares de tierras fiscales a terratenientes de la "oligarquía". Sin embargo, cuando el Frente Carpero (campesino) ocupó tierras del terrateniente sojero Tranquilo Favero -renombrado narcotraficante-, el gobierno de Lugo se jugó a desactivar la ocupación tras una intimación judicial. El apetito por la soja impulsa la cadena de desalojos de familias campesinas e indígenas. Las organizaciones campesinas paraguayas, impulsadas por este cuadro, llevan adelante ocupaciones masivas; los campesinos no esperan los tiempos del gobierno de Lugo. Para poner fin a las ocupaciones por un lado, y a la presión del Partido Colorado por el otro, el gobierno llamó -antes de que ocurra la masacre- a un "acuerdo nacional" por la tierra, e incluso llegó a hablar de "evitar una guerra civil". La guerra por la tierra, sin embargo, está en pleno desarrollo. Adónde va Lugo Los recambios ministeriales posteriores tienen un sentido político muy claro. El nuevo ministro del Interior, Candia, pertenece al Partido Colorado y fue ministro del gobierno de Duarte Frutos. Lugo se hizo eco de las críticas de la derecha por la muerte de los policías. De acuerdo con la tesis de los colorados -que el gobierno hace propia-, no corresponde el diálogo, sino el desalojo directo por parte del ejército y de la policía. Después de denunciar al Partido Colorado como sostén de la "oligarquía paraguaya", el Frente Guasu y Lugo le entregaron el Ministerio del Interior, en un avance hacia un verdadero co-gobierno con los oligarcas. No aprendieron de cuando Allende designó a Pinochet ministro de Defensa, semanas antes del golpe. Como frutilla del postre, Lugo colocó a Sanabria, que dirigió la masacre policial en Curuguaty, al frente de la Policía Nacional. Sanabria está acusado de contrabando de armas.

Luego de 29 días de lucha (en asamblea permanente, primero apostados en el obrador municipal, luego con una olla popular en la puerta de la Municipalidad y con movilización casi permanente al Concejo municipal), se logró que bajo el régimen de la ley provincial 9.286 que abarca a municipios y comunas- se firme un acta entre el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo municipal, el sindicato y los representantes de los trabajadores que establece la realización de 29 contratos municipales con la categoría 8 -el convenio mínimo municipal- en un plazo de un año. Los primeros tres pasarán el 1º de julio; luego, dos por mes hasta culminar, respetando a rajatabla la antigüedad armada por la misma asamblea de los trabajadores. Entre otros logros, esto significa que pasarán a trabajar 30 horas semanales, con seguro de vida, con obra social, con aportes jubilatorios, etcétera: lo que, ni más ni menos, son las mínimas condiciones de seguridad e higiene laboral de las que deberían gozar el conjunto de los trabajadores de nuestra ciudad. La organización de los trabajadores Ahora más que nunca es necesario que los trabajadores continúen organizados, hasta que se garantice el último de los compromisos del acta establecida en el Ministerio de Trabajo. Porque las reivindicaciones de los compañeros son múltiples, todavía hay reclamos pendientes: ropa de trabajo, herramientas, años de antigüedad y, el más importante, el definitivo pase a planta permanente. Luego de esta importante victoria, entre los grandes desafíos que quedan planteados figuran la afiliación gremial, la lucha por los comités de seguridad e higiene, la elección -en asamblea- de delegados por cuadrillas de trabajo y el nacimiento de una agrupación de base que tome todos estos problemas. El Concejo municipal Como fue de público conocimiento, el oficialismo del concejo votó en contra de un pedido de informe sobre los trabajadores subsidiados. Pero no sólo eso. Frente a la imposibilidad de votar en contra del proyecto presentado por el bloque del Partido Obrero sobre el pase a planta permanente de estos trabajadores, quienes desarrollan tareas municipales según la ley 9.286 -debido a la movilización de los compañeros al Concejo-, decidieron enviarlo a comisión, sin fecha preestablecida. Esto debe entenderse como una clara señal por parte del oficialismo de no querer romper con la política de precarización en nuestra ciudad. Resulta sumamente importante que el tema de los precarizados no quede cajoneado por el Poder Legislativo; porque, además, se trata sólo de una parte de los más de cien compañeros que continúan en esa misma situación. La sustanciación de los 29 contratos, por medio de la lucha, sienta un precedente histórico para el resto de los trabajadores en negro de la ciudad e incluso para los más de 12 mil trabajadores tercerizados de nuestra provincia, Santa Fe -una de las más ricas del país que, como contracara, tiene a los trabajadores peor pagos. Lo que se viene El regreso al trabajo llena de ansiedad a los trabajadores; no sólo por el miedo a las represarías a raíz de la medida de fuerza que realizaron durante un mes -que se mezcla con la alegría por haber logrado el objetivo-, sino, además, por la nueva situación que enfrentan de ahora en más: son trabajadores reconocidos, en algunos casos después de veinte años de trabajo. Desde el Partido Obrero estaremos acompañando cada movimiento, como lo hicimos hasta ahora desde la bancada y en la calle. ¡Viva la lucha de los trabajadores subsidiados! ¡Basta de trabajo en negro! ¡Por el pase planta permanente de todos los trabajadores! Felicitaciones, compañeros.

EXCLUSIVO DE INTERNET Esta semana tuvo lugar, en una serie de comisiones del Congreso, el debate sobre distintos proyectos de ley de fertilización asistida. La infertilidad es una enfermedad (así fue reconocida por la OMS) que afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva, la que tiene un impacto negativo en la salud física y psíquica de la pareja que la padece. Desde hace 26 años se practican con éxito en nuestro país las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, durante este más de cuarto de siglo se ha mantenido un vacío legal que estableciera claramente el derecho a la salud de los pacientes infértiles. En estos 26 años, sólo quienes lograron costearlos pudieron acceder a los tratamientos -lo que los transformó en un fabuloso negocio para los que lucran con la salud-, mientras que muchos otros perdieron ya su oportunidad de ser padres. En los últimos años se multiplicaron los amparos ante la Justicia para lograr que las obras sociales cubrieran estos tratamientos. El año pasado, por primera vez en estos 26 años, llegaron al recinto de Diputados dos dictámenes (uno de mayoría y otro de primera minoría); proyectos que además de establecer el otorgamiento de la cobertura de las técnicas de fertilización asistida, las regulaban -lo que confería seguridad jurídica tanto a los destinatarios de las técnicas como a los médicos y a los científicos que las practican. En noviembre de 2011, el dictamen de mayoría sólo fue votado en general y al no tratarse en particular perdió estado parlamentario. En 2012 todo recomenzó, de cero. El lobby capitalista de la salud, que pretende no ser desalojado de un negocio que ha monopolizado ante la ausencia de cobertura estatal o de las obras sociales, ha empantanado una solución legislativa a la cuestión. Estos sectores están accionando para retrasar la sanción de una ley de fertilización asistida. O para que, en caso de que llegara a sancionarse, por un lado la norma tenga alcances restringidos y, por el otro, sea integrada a una política de tercerización de los tratamientos y, en este marco, el Estado o las obras sociales remuneren lo que, hasta el momento, es costeado por las parejas enfermas más pudientes. En las recientes discusiones parlamentarias, el nuevo proyecto consensuado sólo da tratamiento al tema de la cobertura, pero deja de lado cuestiones de fondo como el manejo de los gametos y embriones. Según los diputados que intervinieron en el debate, éstas serán legisladas en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Que se dejen de lado estas cuestiones revela que se trata de un proyecto claramente armado a medida del lobby clerical y anticipa la fuerte presión que realizará cuando se debata la reforma del mencionado código. Por otra parte, si bien el proyecto establece que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública deberán incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de los tratamientos, deja librado a que el Ministerio de Salud de la Nación sea el encargado de establecer "cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados". En todos estos años han surgido diversas organizaciones reclamando una legislación. "Sumate a dar Vida" ha alcanzado mayor protagonismo a partir de la realización de diversas convocatorias, como las marchas de "los cochecitos vacíos". Esta agrupación ha establecido frente al debate legislativo una plataforma de reclamos que contempla (entre otros) que: 1) Se reconozca la infertilidad como una enfermedad. 2) Se incluya la infertilidad en el Programa Médico Obligatorio (PMO). 3) Se obligue al sistema de salud público, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a cubrir todos los costos en todos aquellos casos en que la aplicación de las técnicas de Reproducción Humana Asistida sea requerida (los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad; tratamiento y otros estudios requeridos; los procedimientos terapéuticos de Reproducción Humana Asistida de baja y alta complejidad, incluyendo aquellos que requieran donación de gametos; la medicación correspondiente en todos los casos; la criopreservación o vitrificación de los pre-embriones. 4) Que sean los médicos, en acuerdo con las parejas pacientes, quienes determinen el mejor procedimiento y tratamientos para dar las soluciones requeridas. Alejandra del Castillo (Plenario de Trabajadoras)

El 5 de junio, despedidos de Securitas se encadenaron en el hall de Ezeiza por su reincorporación. Los compañeros encabezaron un paro de 15 días -que incluyó cortes de la autopista Richeri- en reclamo del cumplimiento del convenio de la actividad. La empresa aceptó frente al Ministerio de Trabajo pagar un plus por actividad (500 pesos) y no despedir a nadie. Después desconoció lo firmado y echó a 16 activistas. La medida tuvo gran impacto. Cosechó la simpatía de los trabajadores de seguridad y la solidaridad de otros delegados que actúan en los aeropuertos -como los técnicos de Apta, los delegados de ATE, los taxistas y otras tercerizadas que, junto con centenares de pasajeros, firmaron un petitorio. El grupo Eurnekian, que controla AA2000, es afín al gobierno. Hace días fue "distinguido" en Oslo por los premios Nóbel de la Paz. Como concesionario de los aeropuertos, tiene responsabilidad solidaria con las tercerizadas que subcontrata. Pero en sus 49 aeropuertos reina la precarización y el tercerismo -el cual alcanza, además, de la limpieza y el mantenimiento, el despacho de maletas, los free shop y otras actividades-, con el objetivo de evadir convenios aeronáuticos y de avasallar derechos gremiales. Securitas se encuentra en el país desde 2000 y ha ido comprando a todas sus competidoras. Algunos trabajadores aseguran que Eurnekian tiene un tercio de las acciones. La tercerizada tiene 14.000 empleados en el país, a quienes paga el salario mínimo de 2.400 pesos. Para juntar 4.500 pesos, los trabajadores deben soportar jornadas de doce horas con un franco semanal y percibir "plus no remunerativos", que financia el Estado en nombre de la "seguridad aeroportuaria". La historia y el presente de la empresa dan escalofríos. Fue fundada en 1934, en Suecia; época donde se estaba encubando la reacción fascista luego del ascenso del movimiento obrero europeo. Todo indica que nació como una compañía paraestatal de represión a huelguistas. Hoy tiene 300.000 empleados y es líder mundial en su rubro. En 2011 facturó 4,5 billones de dólares. En Estados Unidos carga con denuncias por imponer jornadas de 24 horas. Sus trabajadores aseguran que deben recurrir a la seguridad social para sobrevivir; en Valencia y en Granada (España) han iniciado un proceso de organización. La respuesta fue la persecución y los despidos. Las comisiones internas españolas ya se han solidarizado con los despedidos argentinos. La acción ha sido un duro golpe contra la patronal, la que se vio obligada a abrir una negociación. Mientras, en la Justicia y en el Ministerio avanzan los reclamos de reinstalación por persecución gremial y por el reconocimiento de sus fueros sindicales. La medida ya dio frutos. La patronal comenzó a respetar el 4x2 en los francos, entregó ropa de abrigo, calefacción y hasta un microondas. Los gerentes aseguran que no habrá más despidos. Pero ya nadie confía. El reclamo por el cumplimiento del convenio y por el respeto a la organización gremial ya no sólo va dirigido a Securitas, sino principalmente a AA2000 y al Estado, que tienen la responsabilidad solidaria.

Se realizó una conferencia de prensa, impulsada por la junta interna de ATE del Teatro Colón. La conferencia planteó la necesidad de recoger la solidaridad de la población y las organizaciones sindicales y políticas frente a la amenaza cierta de que se sustancien las cesantías a 17 destacados activistas del teatro, luego de la huelga de 44 días del año pasado. Originalmente, los cesanteados incluían, además, a ocho delegados de la junta interna que lograron un fallo favorable amparado en sus fueros gremiales. García Caffi, el director del teatro, ahora amenaza con dar el visto bueno para pasar a disponibilidad a los 17 activistas que, en rigor, debieran ser también amparados por los fueros por la actividad gremial realizada, que es el motivo de fondo para su despido. La lucha de los trabajadores del Teatro Colón cuenta con una enorme simpatía popular y, por eso, es una piedra en el zapato para las aspiraciones presidenciales del macrismo y para sus planes de privatización del Primer Coliseo. De allí el intento de descabezar la organización gremial. Pero la política de privatización del Teatro Colón emana de la ley de autarquía que fue votada por todas las fuerzas patronales en la Legislatura porteña, incluyendo a los K. De hecho, es la política que ellos mismos han implementado en el Teatro Argentino de La Plata y que está presente en el espíritu de las "industrias culturales" que promueven los kirchneristas desde la Secretaría de Cultura de la Nación. En el directorio del Teatro Colón, de hecho, conviven funcionarios PRO con representantes electos por el kirchnerismo, que nada han dicho sobre la persecución a los luchadores, el avasallamiento de los derechos a huelga y organización. Mucho menos sobre la realidad que existe en los pasillos del Teatro Colón donde, mientras se cierran talleres, destruyen la producción propia del teatro para convertirlo en una sala de alquiler para producciones privadas, negocian entre bastidores una nueva carrera y estructura para el teatro, negándose a establecer la discusión paritaria con la junta interna de ATE. La actuación de la directiva verde del sindicato durante aquella huelga fue criminal. Además de condenarla al aislamiento, al no convocar siquiera a un paro de todo el gremio, actuaron, a través del entonces secretario general de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, para meter una cuña entre la interna y la dirección del teatro. Una y otra vez buscó desmontar la huelga y reclamar un mandato de confianza para que sea el mismo quien negocie en nombre de los trabajadores. El ninguneo a la junta interna sólo llevó al fracaso de las negociaciones y el retroceso del conflicto. El sector kirchnerista de ATE (la 102), que hoy domina el consejo directivo de Capital, insiste en establecer un canal de negociación con los funcionarios PRO sobre la base de desplazar a la junta interna. Hoy, una elección de delegados fortalecería a la interna y la defensa de los cesanteados, además de que permitiría incorporar a varios de ellos a la misma. Es perentorio garantizar esa convocatoria y exigir el respeto de la autonomía de la junta interna para ser interlocutor válido frente a la patronal. Desplegar una enorme campaña nacional e internacional de pronunciamientos y actividades de solidaridad con el Colón y contra los despidos a partir de las organizaciones obreras, sindicales, políticas, estudiantiles y de la cultura para derrotar al macrismo y la falsa demagogia kirchnerista. Alfonso V.

EXCLUSIVO DE INTERNET El jueves 14 de junio, el Centro de Estudiantes del ISFD N° 29 de Merlo -conducido por el Frente EPA- dio inicio a las Jornadas por los Derechos Humanos: una iniciativa que busca generar dentro del terciario un espacio de debate y de denuncia sobre la violación de los derechos humanos ayer y hoy. Se han programado jornadas por Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra, teniendo como objetivo sumarse a los pedidos de juicio y castigo a los responsables de estos asesinatos. La primera charla -de la que participó, como invitada, Vanina Kosteki- se dio en el marco de los 10 años de la Masacre de Avellaneda. Contó con una concurrencia de más de 60 estudiantes y profesores. Se discutió el estado de la causa, la función de la Policía dentro de la sociedad capitalista, el papel del Gobierno tratando de cooptar a los familiares y a las organizaciones para arrogarse una política de derechos humanos cuando es responsable del asesinato y de la represión a luchadores y a la organización de la movilización del 26 de junio. Desde la 20/12 saludamos la actividad y a todos los compañeros que participaron, teniendo en cuenta la importancia de este tipo de iniciativas en un distrito tan hostíl a cualquier voz opositora a los gobiernos nacional y municipal. Nos disponemos a impulsar una gran movilización el próximo 26 de junio.

Con sesenta días de lucha y más de tres años de pelea contra el vaciamiento, los compañeros de Mecca han recorrido todas las instancias: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, funcionarios de toda clase. Aislados por la UOM, lograron, sin embargo, arrancar la movilización del congreso de delegados de la seccional explotando una crisis de la burocracia sindical. Se movilizaron y los ha rodeado la solidaridad de los trabajadores, quienes los acompañan en cada movilización y en las recorridas por el fondo de huelga. La mesa de trabajo conquistada con la lucha -municipio, Concejo Deliberante, ministerios de la Provincia y Nación- no ha dado una sola solución. La UOM inscribió una cooperativa trucha, totalmente ilegítima, violando el método de la asamblea, a espaldas de los trabajadores y sin ningún tipo de discusión ni de futuro. La burocracia pretende empujar a todos a la "salida cooperativa", ¡sin clarificar con qué recursos, con qué salarios, con qué clientes! Pretenden tirarles el muerto a los trabajadores y se valen de la necesidad de los compañeros que, con muchos años de antigüedad, no tienen perspectiva de conseguir otro trabajo en lo inmediato. Deben renunciar, encima, a los créditos laborales y a los derechos indemnizatorios, los que pasarían a integrarse como capital de la nueva cooperativa. Es decir que deben sacrificar lo único que tienen mientras el Estado se lava las manos y la patronal queda indemne. La reactivación de la fábrica exige un involucramiento directo del Estado, en el marco de una reorganización general de la industria automotriz en crisis. Debe asegurar los recursos y los medios necesarios para que la planta vuelva a estar en condiciones de funcionar y que los trabajadores cobren sus salarios. Aun cuando hubiera una forma cooperativa de gestión. Los metalúrgicos necesitamos una salida en serio cuando las grandes terminales automotrices están suspendiendo y despidiendo a sus trabajadores. La situación de Mecca es la de miles de compañeros de las autopartistas y no tardará en llegar al resto. Los diarios coinciden en informar una retracción en la venta de electrodomésticos, la línea blanca. La UOM está en la disputa por ocupar el sillón de Moyano y por congraciarse con la Presidenta para que Caló sea ungido en ese cargo. Para ello, su "contribución" al "modelo" fue la mísera paritaria del 23 por ciento. ¿Acaso Caló puede ser la alternativa del movimiento obrero cuando deja pasar los despidos, las suspensiones y los topes salariales? Cuando el colectivo obrero de Mecca agota sus fuerzas, luego de la enorme lucha librada, reafirmamos más que nunca a los trabajadores metalúrgicos: que el Estado se haga cargo de Mecca, así como también de un plan de reactivación y de reconversión de la industria mecánica y autopartista.

Desde que comenzó la era kirchnerista en nuestro país, muchos fueron los anuncios que se hicieron de planes de vivienda. Un año después de haber asumido, a mediados de 2004, Néstor Kirchner hacía público el mega-anuncio del Plan Federal de Viviendas, el cual contemplaba la construcción de 120.000 unidades habitacionales, las que debían terminarse en doce meses y que darían empleo a 360.000 trabajadores. La información que se desprende de aquel momento indica que las viviendas tendrían un costo de entre 30.000 y 65.000 pesos, según la ubicación geográfica y los metros cuadrados. El plan se llevaría a cabo en diferentes regiones del país, con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -luego fue sustentado con fondos de la Anses. El programa fue centralizado por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido -el mismo que maneja la energía, las obras públicas y que debe controlar a los concesionarios de las empresas de servicios A partir de ese momento comenzó una catarata de anuncios y promesas (ver recuadro: "Promesas incumplidas"), fundamentalmente con los planes federales de vivienda -nave insignia de los grandilocuentes anuncios del gobierno kirchnerista-, los que prometían 420.000 viviendas, de las cuales se terminaron alrededor de 143.000. Eso sin contar que en el mismo plan se anunciaron tres veces, durante tres años consecutivos, las mismas viviendas. Lo más grave es que nunca se hicieron, pero sí se pagó a los empresarios, cómplices del desfalco. El presupuesto destinado a este plan ascendía a casi 21.277 pesos millones. Hasta el año pasado ya se había gastado más del 90 por ciento de los fondos -más de 19.000 millones de pesos- en menos del 35 por ciento de las viviendas terminadas. Cada una de estas viviendas terminó costando alrededor de 150.000 pesos, lo que implica un sobrecosto de construcción del 300 por ciento. A esto hay que sumarle que la adjudicación de las viviendas no ha sido transparente, por lo cual en muchos casos no han sido entregadas a quienes más lo necesitan, sino a quienes los "punteros" políticos del gobierno designan a dedo. Entre tantos anuncios, fueron innumerables los reclamos de las provincias y de las empresas por la falta de pagos. Empezaban así también a suspenderse aquellas obras que habían comenzado, con los trabajadores en la calle utilizados como variable de ajuste de la corrupción, de los desmanejos y de la impunidad de De Vido y de su "banda". Dime qué anuncias y te diré cómo mientes Aunque los datos oficiales escasean para los ciudadanos -e incluso para la oposición-, los pronósticos más optimistas aseguran que sólo se terminaron aproximadamente 300.000 unidades entre todos los planes nacionales y provinciales que el kirchnerismo anunció con bombos y platillos al calor de los aplaudidores oficiales. Las viviendas anunciadas durante estos nueve años de Néstor y de Cristina fueron más de 1.200.000 -lo que marca el nivel de impunidad para generar falsas expectativas. La utilización de temas tan sensibles para los trabajadores -como el derecho a la casa propia- para usarlos como bandera resulta de una perversidad manifiesta. Tanto los anuncios incumplidos de construcción de viviendas como las promesas de créditos accesibles para los trabajadores resultan moneda corriente para un gobierno que eligió como socio a Sergio Schoklender para la construcción de viviendas sociales, en las que reinaron los sobreprecios y la corrupción. Las estadísticas oficiales hablan de un déficit habitacional, en la Argentina, de más de 2 millones de viviendas, aunque el crecimiento demográfico y la demanda que crece año a año hablarían del doble. Por ende, casi 4 millones de familias no tienen una vivienda digna en este país. Por otra parte, en el último mes, un estudio del BID manifestó que el 32 por ciento de las familias argentinas vive en casas precarias. Frente a cada crisis política realizaron un anuncio sobre créditos o sobre planes de vivienda; lo que está directamente relacionado a una de las industrias madre en la economía de nuestro país, por ser generadora de miles de puestos de trabajo: la construcción. El gobierno de los Kirchner y sus cómplices de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Uocra se han enriquecido gracias a la obra pública, con salarios de hambre y con el sostenimiento de un sistema mafioso, que recauda a costa del esfuerzo y de la vida de los trabajadores. Hoy, nuevamente el gobierno -de la mano de las corporaciones patronales que representan a la Cámara Argentina de la Construcción, así como también con el ferviente apoyo de su cómplice en la burocracia sindical, Gerardo Martínez- vuelve a echar mano a las promesas de una casa propia, con la misma liviandad con la que anunció la supuesta "estatización" de YPF, cuando no fue más que una nueva reprivatización. Cristina promete ahora 100.000 créditos por año para viviendas, con la plata de la Anses. Una nueva bomba de humo que, por otra parte, no logra explicar por qué en lo que va del año sólo se ha ejecutado el 12 por ciento del presupuesto destinado a la construcción de viviendas. Las operaciones del gobierno para intentar tapar el ajuste que pretende aplicar sobre los trabajadores cada vez tienen un efecto más corto y débil; y una vez más terminan dejando al descubierto diez años de discursos vacíos, de falsos anuncios y de promesas incumplidas.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 31 de octubre se realizarán las elecciones de Aten para todas las comisiones directivas de seccionales, para la directiva provincial y para los congresales a Ctera. Se trata de una oportunidad para recuperar nuestro sindicato de la hipoteca que significa la actual dirección -Celeste, Azul y Blanca, Amaranto (FUS)-, a fuerza de eliminar los métodos democráticos y de imponer el ahogo financiero a las seccionales opositoras, en adhesión a los Gobiernos nacional y provincial. Necesitamos una dirección que rompa el cepo salarial y los acuerdos con aumentos inferiores al 20% en cuotas -que las asambleas rechazaron ante la inflación que crece imparable-, cuando Sapag anuncia que no habrá aumentos en el segundo semestre y que el aguinaldo se pagará atrasado, el 19 de julio (adelantó el inicio del receso para que las escuelas se encuentren vacías en medio de semejantes atropellos). Necesitamos una dirección que enfrente la reforma privatista de la educación y el Foro Educativo trucho; que enfrente el cierre de horas y de cargos y el abandono de las escuelas. Una dirección que le pare la mano al desguace del ISSN y a la amenaza del aumento de los aportes del trabajador y de la edad jubilatoria. Tenemos una experiencia valiosísima en la lucha por la democracia interna y por la organización por nuestros reclamos. Las 10 seccionales opositoras han actuado en conjunto, lo que hizo madurar un movimiento antiburocrático al que le llegó la hora de ponerse a prueba también en el terreno electoral. La mayoría de las seccionales y de las agrupaciones opositoras se han manifestado a favor de la constitución de un frente antiburocrático; y ya se han realizado las primeras reuniones. Tribuna Docente ha contribuido a la formación de la lista con una campaña de pronunciamientos. Tanto en la reunión de Cutral Co como en la de Neuquén propusimos que una lista unitaria expresara representativamente la realidad de cada fuerza, sobre la base de las últimas elecciones de esta categoría (2010). Esa propuesta fue consensuada por la mayoría de las seccionales y de las agrupaciones. Con ese punto de partida se pueden sumar otros criterios políticos para reforzar la lista. Significan más de 50 candidaturas, de modo que todas las agrupaciones son parte del frente antiburocrático, en listas seccionales, provincial o de congresales a Ctera, donde se expresa un desarrollo mayor para todas. Porque sobre la base de ese criterio de desarrollo se refuerza una alternativa antiburocrática frente el aparato, que luche contra el fraude que se avecina. El programa que comenzamos a debatir contempla todos los puntos que nos unificaron en acciones comunes. La democratización de Aten, la soberanía de las asambleas, la lucha contra la reforma privatista y una batería de reivindicaciones en defensa de la educación pública, laica y gratuita. El salario igual a la canasta familiar. Contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral; por la defensa del ISSN y por el desprocesamiento de los luchadores: el juicio y la cárcel a los responsables de los compañeros caídos como Silvia Roggetti y Carlos Fuentealba. Tribuna Docente convoca a todos los compañeros a pronunciarse activamente en la lucha por un frente antiburocrático unitario. A defender los primeros pasos que hemos dado y a desterrar cualquier terreno de oportunismo, contrario al interés general de los trabajadores de la educación. Porque está planteada una lucha crucial: por un sindicato independiente del Gobierno o por la continuidad de una dirección que lo convertirá definitivamente en una agencia del kirchnerismo. Está lucha está planteada para toda la clase obrera, por parte de un gobierno que no tolera el menor viso de autonomía de las organizaciones obreras. De este concepto surge la necesidad de poner en pie un frente antiburocrático, para expulsar de Aten a los agentes del Gobierno. La derrota del kirchnerismo en el sindicato más numeroso de la CTA significará un cambio en las condiciones de la lucha de los trabajadores en la provincia y el país. Se trata de una responsabilidad que no resiste ningún pretexto divisionista.

La paritaria camionera ocupa el centro del ring. El gremio exige el 30 por ciento de aumento y que las patronales compensen, con una suma de 3.000 pesos, el impuesto a las ganancias. La federación (patronal) ofrece un 18 por ciento en cuotas. Se siente un descontento entre los compañeros. Sucede que el básico de camioneros está por el suelo: apenas si llega a los 3.500 pesos. Ramas enteras dependen de las horas extras y de las cláusulas por productividad, sean kilómetros o piezas repartidas. La tercerización también resulta una norma en el gremio; por ejemplo, en las empresas de correos. El mito de que con Moyano el salario y las condiciones de trabajo de los camioneros se fueron para arriba está desmentido por la realidad laboral de las empresas de transporte. Empezaron los paros "sorpresivos". Del jueves al viernes 15 paró la rama de caudales. La patronal reclamó conciliación obligatoria. Tomada no la dictó; sin embargo, el gremio levantó la medida hasta nueva audiencia. Pero los "paros sorpresivos" sorprenden aun a los propios trabajadores. No existe un plan de lucha que haya sido discutido y votado en asambleas obreras. La base no conoce qué se está discutiendo ni puede opinar sobre las medidas a tomar; tampoco sobre las negociaciones en curso. Moyano amenazó con paralizar el reparto de combustible, de caudales y la recolección de residuos. Perfecto; pero hay que organizarlo. El choque del gobierno con la CGT le da voltaje a plan de lucha; pero con eso no ganamos. Tampoco están claras las reivindicaciones, porque se deben discutir básicos, no premios, cuando está cayendo la actividad económica en todas las ramas. La politiquería de Moyano -ahora anotado con Scioli en la interna kirchnerista- sirve a otros fines: los de salvar los negocios de Covelia con las intendencias, no el salario de los camioneros. Necesitamos un plan de lucha contundente, con asambleas de base, y poner toda la carne al asador para obtener el 30 por ciento en una sola cuota, la incorporación de todas las sumas al básico, el fin de la tercerización y el fin del impuesto al salario. En esto último, nuestro gremio debe unirse al resto del movimiento obrero. Moyano debería convocarlo.

La derechista Nueva Democracia obtuvo en las elecciones griegas del 17 de junio una victoria pírrica -con una ventaja muy estrecha sobre el segundo, el reformista Syriza-, la que no le permite formar por sí solo un gobierno de mayoría. Este "éxito" extremadamente limitado y nada alentador de la derecha tiene lugar a pesar de la gigantesca campaña nacional e internacional de intimidación al pueblo griego y a favor de Nueva Democracia. A pesar de que los partidos pro-Memorándum (Nueva Democracia, Pasok, el liberal Izquierda Democrática) pueden formar un gobierno de coalición -gracias también a la ley electoral antidemocrática, que da al primer partido, como "bonificación", 50 escaños-, la mayoría de los votantes se inclinó por partidos anti-Memorándum. El giro a la izquierda de la clase obrera y de las masas populares en su oposición a la austeridad draconiana impuesta por la odiada troika de la Unión Europea/Banco Central Europeo/ FMI, el que se expresó el 6 de mayo, continúa proyectando nuevamente a Syriza al segundo lugar de la oposición oficial -esta vez con un porcentaje mucho más alto. La polarización de las fuerzas de izquierda anti-Memorándum se concentró en torno de Syriza. El estalinista KKE (el cual hizo una campaña electoral histérica, en la que llamó al pueblo griego a "corregir su error y su voto del 6 de mayo" y convirtió a Syriza en su blanco casi exclusivo) fue aplastado en las elecciones, ya que perdió la mitad de sus votos y cayó al último lugar entre los partidos parlamentarios con un oprobioso 4,5 por ciento. El frente centrista Antarsya también fue pulverizado: cayó de un 1,2 por ciento el 6 de mayo ¡a un 0,3 por ciento! el 17 de junio. En este último caso, las razones también son políticas y no se limitan a la presión de la ola arrolladora que llevaba hacia Syriza. Durante las discusiones que el EEK tuvo con Antarsya antes de las elecciones del 17 de junio -para explorar las posibilidades de un bloque electoral-, insistimos sobre la necesidad de realizar una evaluación objetiva de la nueva situación política luego del 6 de mayo y en la necesidad de evitar tanto una capitulación oportunista ante Syriza, como una ceguera sectaria hacia el proceso político en las masas que ayudaron a su ascenso. Sobre esta base pusimos solamente tres condiciones: incluir en el programa la lucha por el poder obrero, la necesidad de contraponer a la Unión Europea (UE) imperialista la lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa y mantener nuestra propia identidad e independencia políticas, colocando también nuestro nombre junto al de Antarsya en las boletas. Los líderes de Antarsya dijeron que, en general, acordaban con los puntos político-programáticos, pero que rechazaban -por "razones técnicas y políticas"- colocar nuestro nombre en las boletas. Por lo tanto, las negociaciones colapsaron. A pesar de ello, el EEK decidió dar un voto crítico a Antarsya, haciendo un frente único con aquellos miembros de su base que se opusieron a una capitulación oportunista ante Syriza y que aceptaban nuestros puntos programáticos. Sin embargo, Antarsya hizo exactamente lo opuesto a lo que habíamos discutido. Internamente, estaban divididos y paralizados entre grupos abiertamente pro-Syriza y anti-Syriza. Los pro-Syriza -que torpedearon el bloque con el EEK- no pudieron esconder su oportunismo hacia los reformistas y los anti-Syriza siguieron una línea bastante sectaria, no muy diferente de la del estalinista KKE. En la base programática, la llamada "aceptación" de los puntos programáticos de EEK sobre el poder obrero y la unidad socialista de Europa desaparecieron, mientras que la línea de una salida de la UE y el abandono del euro, sin la alternativa de los Estados Unidos Socialistas de Europa, no se distinguía de la línea del KKE. La vasta mayoría del pueblo griego -que resulta hostil a la UE, a causa de las medidas de austeridad que destruyeron sus estándares de vida- ve un retorno al dracma devaluado como la culminación de la actual catástrofe. Una salida socialista revolucionaria a la bancarrota del sistema capitalista y por los Estados Unidos Socialistas de Europa no es propagandismo abstracto, sino una tarea urgente. La falta de dicha perspectiva fue utilizada por la clase gobernante en su campaña de intimidación no solamente contra el KKE y Antarsya, sino también contra el mismo Syriza. Tsipras y Syriza pidieron un compromiso imposible: el rechazo del Memorándum sin una ruptura con la UE y el euro y sin romper el marco del sistema capitalista. Las burguesías griega y europea, así como sus políticos presentaron una posible victoria electoral de Syriza y la formación de un gobierno de la izquierda en Atenas como el preludio de la famosa "Grexit": la expulsión automática de la UE y la salida del euro. A pesar de todas las protestas de Tsipras y Syriza, que afirmaban lo opuesto -su lealtad a la UE y al euro, su tendencia cada vez más pronunciada durante la campaña electoral a la conciliación explicitada en su programa electoral, la cual respetaba el capitalismo, el euro, la UE e, incluso, la pertenencia de Grecia a la Otan-, el programa de Syriza fue visualizado por cada vez más gente al menos como una vaguedad que exacerbaba su inseguridad. Por lo tanto, el hecho de que Syriza no ganara el lugar de primer partido en las elecciones de junio -como deseaba- no puede ser explicado simplemente por las enormes presiones que realmente ejercieron el imperialismo y la clase gobernante griega. En condiciones de crisis sistémicas insolubles y de profundización de la polarización social, cuanto más conciliatorio se vuelve un polo político más se debilita, ya que el polo opuesto se torna más radical y extremadamente violento en su oposición. Esta es una lección política que explotan los propios fascistas. El nazi Amanecer Dorado tuvo éxito al mantener su alto porcentaje del 7 por ciento, no a pesar, sino gracias a su comportamiento extremadamente provocativo luego del 6 de mayo: el aumento de progroms mortales contra los inmigrantes y el predeterminado espectáculo de violencia de un líder de los nazis contra dos diputadas de la izquierda durante un programa del canal de televisión Antenna. Por supuesto, toda esta violencia nazi sigue impune gracias a la protección de la policía y de los servicios de seguridad. Los partidos burgueses y los medios los encubrieron, "condenando igualmente a ambos extremos, la derecha y la izquierda". La rápida desintegración de la pequeña burguesía, el desempleo masivo de la juventud sin un futuro y con un miserable presente, el descreditado parlamentarismo, las políticas conciliatorias de la izquierda sistémica y la falta de una izquierda anti-sistema, revolucionaria, irreconciliable, poderosa, profundamente implantada en las masas trabajadoras ayuda a los contrarrevolucionarios a enmascararse como "anti-sistema". La movilización de tropas de asalto por parte de la clase gobernante es una clara señal de alerta de que nos aproximamos en Grecia al momento de la verdad: la confrontación histórica entre la revolución social y la contrarrevolución. La crisis del poder político no ha sido resuelta, a pesar de que el vacío de gobierno será llenado ahora por una coalición de las ruinas del viejo sistema burgués bi-partidista más los "aliados bien dispuestos " de una (no tan) democrática (ni tan) izquierda. Este será un gobierno burgués muy débil y heterogéneo, en medio de una bancarrota capitalista generalizada. Confronta a una fuerte oposición oficial de izquierda y, sobre todo, a un pueblo devastado, completamente hostil a la implementación del Memorándum. No hay ninguna duda de que tratarán de implementar todos sus compromisos con la UE y con el FMI. Por ejemplo, enormes recortes de 11.500 millones de euros, nuevas privatizaciones, etcétera. Y lo harán por la fuerza, mediante la represión estatal y para-estatal. Un gobierno débil puede ser muy agresivo y peligroso, precisamente debido a su debilidad y a sus rasgos semibonapartistas. Nadie cree que sea un gobierno muy duradero. Los trabajadores y el movimiento popular deben prepararse políticamente, programáticamente, organizativamente: la auto-organización de las masas en asambleas populares, en centros de trabajadores en lucha, en escuadrones de defensa obreros contra los fascistas; por un frente único para aplastar el Memorándum y al gobierno capitalista del Memorándum y de la Troika; por el repudio a la deuda; por la nacionalización de los bancos y de los sectores clave de la economía, sin compensación y bajo control de los trabajadores; por un plan de emergencia de salvación del pueblo -todo lo cual solamente un gobierno de los trabajadores y un poder de los trabajadores puede implementar, aliado a los trabajadores europeos que luchan para aplastar a la UE imperialista para establecer los Estados Socialistas Unidos de Europa. Debemos desarrollar este programa en todas las luchas y hacia la izquierda, incluyendo las bases de Syriza, reagrupando a los elementos más combativos de la clase obrera y de la juventud. Esta es la línea general para los militantes del EEK y para toda la vanguardia revolucionaria. 18 de junio de 2012

EXCLUSIVO DE INTERNET El pase a planta de los trabajadores precarizados de Capitán Bermúdez tiene una implicancia incuestionable para los trabajadores del cordón. Nuestra concejala reclamó un informe sobre la situación de los precarizados y que el tema se trate en el Concejo. Luego presentó un proyecto de pase a planta y se puso en la primera fila de las movilizaciones en la puerta del municipio, junto a los precarizados. La repercusión provincial de esta acción permite varias lecturas políticas. 1) Desde su llegada al Concejo, Jorgelina desplegó una enérgica acción política en los temas de los jubilados, de los precarizados y de las obras de la ciudad. Juró en el Concejo por la memoria de nuestro compañero Mariano Ferreyra; y precisamente su proyecto de pase a planta está tomado de la lucha de los tercerizados ferroviarios. Se trata del mismo planteo que se formuló al Estado nacional y a las concesionarias ferroviarias, pues contempla el ingreso por la antigüedad y el reconocimiento de las categorías. 2) El respeto por la antigüedad sienta un enorme precedente político contra las prácticas del punterismo, habituales en todas las comunas. El triunfo de los precarizados de Bermúdez tendrá su réplica en Fray Luis Beltrán, en Granadero Baigorria, en Puerto San Martín y en la propia cabecera, San Lorenzo. 3) El pase a planta, además, funciona como un llamado de atención para los dirigentes de la CGT, que han peleado mejoras para los precarizados, pero que no libran una lucha por el pase a planta de los miles de contratados del cordón. Las patronales han canjeado mejoras salariales a cambio de la continuidad de la tercerización. Los trabajadores contratados saben, sin embargo, que en los fluctuantes procesos productivos en el complejo agro-exportador son la variable de ajuste ante despidos y suspensiones. La banca socialista del Partido Obrero ha demostrado que se encuentra al servicio de terminar con la depredación ambiental y laboral en toda esa enorme zona industrial. El proyecto de Jorgelina Signa debe ser ahora el proyecto de todos los precarizados del cordón. Juan Ferro

Este 26 vamos al Puente, no sólo a homenajear y a recordar. Vamos a levantar las banderas del reclamo que hemos llevado a lo largo de estos diez años, la cárcel a todos los culpables, porque nuestro homenaje será incompleto mientras se mantenga la impunidad. Tenemos razones para convocarnos: "La lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos del asesinato de Maxi y Dario". A diez años, la Justicia kirchnerista, de la mano del juez Ariel Lijo, ha mandado al archivo la causa contra todos los funcionarios. El gobierno no sólo los recicló en sus filas, también se negó a abrir todos los archivos de la Side y los ha indultado, para evitar su condena. También ganaremos las calles luchando contra el fallo del tribunal de Lomas de Zamora, que ha otorgado el "beneficio" de traslado de los asesinos Fanchiotti y Acosta a penales de régimen abierto. Con esto han dejado planteada la posibilidad de que obtengan salidas transitorias y su libertad. Los jueces y el Ministerio de Seguridad bonaerense han protegido a estos elementos por ser parte del aparato represivo que tienen a su servicio. Fanchiotti, recordemos, formaba en inteligencia a policías desde el penal de Magdalena, cuando ya estaba condenado; se descubrió que salía a comer asados con el condenado juez Lima, con el aval del Servicio Penitenciario, y para armar su defensa cuenta con todos los recursos legales y técnicos desde dentro de los penales. La condena a perpetua y la exigencia de cárcel común y efectiva es otro motivo de lucha. Porque no tendremos homenajes a nuestros compañeros mientras este régimen de impunidad siga vigente. Pero también nos movilizan las luchas que recorren a nuestro pueblo. Nos movilizaremos por los 14 compañeros asesinados por luchar. Por los compañeros qom, por Almirón y Ramos (José León Suárez), por Velázquez, Farfán y Reyes en Jujuy; por Carrasco y Cárdenas, en Bariloche; por los compañeros del Indoamericano; por los chicos de la masacre de Rosario; por la aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruga; por los más de 5.000 luchadores procesados por defender sus derechos y los de sus compañeros. Porque el asesino Poblete que, al igual que Fanchiotti, sale del penal amparado por la policía neuquina, pague el crimen contra el compañero Fuentealba; y también lo paguen todos los responsables políticos. Marcharemos por la condena ya a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Que Pedraza y su patota, la policía, la patronal y los funcionarios terminen tras la rejas. Todos estos motivos; los de los compañeros que han sido asesinados mientras peleaban por reclamos populares que aún siguen sin resolverse: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, al salario; la lucha contra la tercerización, por el salario y contra la burocracia sindical y contra las patronales; por el derecho a la tierra y a la vivienda y contra la impunidad del aparato represivo y mafioso al servicio del delito, de la trata y del narcotráfico. Contra la Ley Antiterrorista y contra el espionaje kirchnerista. Todas estas razones nos unen y nos vuelven a convocar este 26 para ser una sola voz, para levantar las banderas de Maxi y de Darío; las banderas de la juventud luchadora y militante; las de Mariano; las de todos los que no dejaremos pasar tanto atropello y tanta impunidad. Como un poema escrito por Maximiliano, este 26 estaremos nuevamente sobre el Puente, porque todos nosotros tenemos una cita de lucha, porque "Hablamos por los que fueron callados" y porque su verdadero homenaje será nuestra victoria. Vanina Kosteki

Con la participación de 1.700 afiliados y un total de 3.400 docentes (entre afiliados y no afiliados) se cerró la elección más grande de la historia de la AGD, que consagró con el 62 por ciento para Mesa Ejecutiva al frente Unidad Docente, que lidera la Agrupación Naranja (PO e independientes) junto con Protagonismo Docente (PCR e independientes) e IS. Las listas del frente -que en Sociales y en Filo integramos con el PTS- se impusieron en siete unidades académicas. La masiva elección reflejó el crecimiento de AGD, un sindicato defensor de la educación pública, definido contra el ajuste en la universidad, aliado al movimiento estudiantil organizado en la Fuba, independiente del gobierno kirchnerista y de las gestiones universitarias y enrolado en las filas del sindicalismo antiburocrático y clasista. Con estos resultados, la AGD no sólo se ha convertido en el sindicato de todos los docentes de la UBA, sino que, además, se constituye en la principal asociación de base de la Conadu Histórica y uno de los principales gremios de la CTA Capital. Los militantes naranja inscribimos esta elección en el cuadro de la lucha contra las cesantías, por la reapertura de las paritarias, por salario para los ad honorem, por estabilidad laboral y por un convenio colectivo de trabajo. Días antes, como dirección del gremio, protagonizamos un enorme acto que colmó el auditorio de la Facultad de Sociales por el derecho a optar por jubilarse a los 70 años para todos los compañeros. Llevamos a la consideración de todos los compañeros la historia y presente del gremio que conducimos, un programa de reivindicaciones y candidatos históricos y jóvenes probados en la lucha. El agrupamiento "Docentes por el cambio" (que buscó aglutinar a los K, al michelismo y al yaskismo, todo junto y en el mismo programa "a la carta") probó todas las maniobras: a la campaña más macartista a la que hayamos asistido -levantaban la consigna "saquemos al PO"- le sumaron una presentación en el Ministerio de Trabajo, que nos fuera notificada a cuatro días de iniciado el proceso electoral y cuando ya habían votado -sin la más mínima impugnación- cerca de 2.000 docentes. Curioso: quienes denunciaban que pretendíamos hacer votar a los que no eran docentes (o estaban muertos) se empeñaron, por un lado, en observar los votos de jubilados y cesanteados; por el otro, en hacer votar a estudiantes de económicas, bajo el pretexto de que eran investigadores y no figuraban ni en el padrón de afiliados ni en el padrón de la facultad. Un escándalo. No menos que el hecho manifiestamente público de la intervención del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de funcionarios del Estado que bajaban de los automóviles oficiales para ir a votar "por el cambio" en esa facultad. En el Gran Buenos Aires, incluso, fiscalizaron para la lista de Docentes por el Cambio militantes de la Juventud Sindical de Facundo Moyano, enrolados en el sindicato de canillitas. El frente Unidad Docente hizo una excelente elección en las comisiones directivas de Derecho -donde conquistamos la directiva- y en Medicina -donde obtuvimos el 35 por ciento-, ambas en manos del Frente Gremial (PC disidente, que había roto el histórico frente con la Naranja); en Económicas, donde perdimos la directiva por apenas doce votos; en CBC, donde ganamos en cinco de las siete sedes con un 70 por ciento general, y en el resto de las facultades en las que renovamos la dirección (Exactas, Fadu, Psicología y Sociales), o donde se elegía por primera vez (Veterinaria). En Filo, la Naranja achicó diferencias logrando dos lugares por minoría, en lugar de uno. La votación, enorme en su conjunto, y el triunfo de la actual conducción refuerzan la lucha que llevamos adelante contra las más de 600 cesantías del Rectorado de la UBA -violatoria de la ley de jubilaciones universitaria-, cuyo Consejo Superior integran los decanos de todas las facultades, radicales, del kirchnerismo y del PRO. La Agrupación Naranja -que ha consagrado nueve de los diecinueve miembros de la Mesa Ampliada y cuatro de los siete de la Mesa Ejecutiva- felicita a todos los compañeros y reafirma su política asamblearia y organizadora de los docentes como herramienta para el triunfo de la lucha en curso y de todas las que nos esperan: salario, efectivización salarial de los ad honorem, estabilidad, convenio colectivo. La Naranja se cargó la campaña. Ha militado con programa y candidatos esta enorme elección. El recorrido de estos trece años desde la fundación de AGD transformó a la Naranja en una agrupación de masas y la de mayor militancia de toda la docencia de la UBA, cualquiera sea su encuadramiento sindical. Las nuevas responsabilidades no sólo implican mantener el rumbo, sino organizar a la nueva camada de docentes que se incorporó al trabajo desde 2006 en un plano político-sindical (ad honoren, doctorados, nuevos designados), pero también a todos los docentes de la UBA, disputando a los aparatos de Ricci-Moyano y De Feo-Yasky (Aduba y Feduba) la personería gremial para erigirnos en máxima representación de los docentes e investigadores de la universidad. Un capítulo especial será marcar el desarrollo de una corriente clasista en la CTA. Así, con esta agenda enfrentaremos la decadencia de la UBA (que ya ni figura entre las diez mejores universidades de Latinoamérica) resultado de su privatización/ mercantilización creciente y del desgobierno de la rosca K-UCR-PRO, que implementa esa política bancomundialista. A construir una AGD más poderosa y una agrupación con influencia de masas en cada unidad académica. Ya mismo empeñaremos todo el respaldo conseguido en las urnas en la batalla contra las cesantías.

EXCLUSIVO DE INTERNET A cinco meses de las elecciones, la confianza de los demócratas en la segura victoria de Obama comienza a minarse. El agravamiento de la crisis económica acelera la desazón de sus bases electorales y provoca divisiones en el campamento demócrata, ante la evidencia de que el establishment económico empieza a retirarle su apoyo en beneficio del triunfador de las internas republicanas, el conservador moderado Mitt Romney. A principios de mes, en Wisconsin, el gobernador republicano, Scott Walker, fue ratificado en su cargo por una cómoda ventaja de ocho puntos. La realización de la votación sobre la continuidad del gobernador -un procedimiento tan infrecuente y extremo que sólo ocurrió tres veces en las historia de Estados Unidos- fue lograda por un esfuerzo descomunal de los sindicatos y de los miles de activistas que protagonizaron el año pasado una enorme lucha contra su política antiobrera, y que este año consiguieron un millón de firmas -en un Estado de 6 millones de habitantes- para que se realice esta votación. Al igual que durante la lucha de 2011, todo el país fijó su mirada en Wisconsin. Es que mucho estaba en juego en estas elecciones; pero fueron los republicanos los que se volcaron, con toda su organización y recursos, a favor de Walker. Gastaron ocho veces más dinero que los demócratas, pasearon por Wisconsin a todas sus figuras y plantearon esta votación como un anticipo de lo que ocurrirá en noviembre. Obama, en cambio, fue muy criticado por sus partidarios, por mantenerse ajeno a la campaña -no viajó a Wisconsin y sólo dio su apoyo a Barret, el candidato demócrata, vía twitter-. La campaña pusilánime de Barret -apelando a la unidad del Estado y a cerrar las heridas todavía abiertas tras el conflicto- tampoco ayudó (Financial Times, 6/6; El País, 9/6). Unos días antes de la elección, Obama había recibido otro golpe con la divulgación de las cifras oficiales de desempleo, que vuelven a subir ubicándose en el 8,2% -aunque con cinco millones que han dejado de buscar empleo en los últimos tiempos, se calcula que, en realidad, unos 23 millones de estadounidenses se encuentran sin trabajo-. Con un ritmo de creación de empleo negativo desde hace varios meses, en noviembre la situación puede llegar a ser alarmante. Ningún presidente ha sido reelecto con más de un 7% de desempleo, desde Franklin D. Roosevelt antes de la segunda guerra mundial (Financial Times, 5/6; Clarín, 10/6). La economía, que creció un 3% el último trimestre de 2011, va a acabar este año con sólo un 2% de incremento. Los intentos por aprobar nuevas medidas de estímulo en el Congreso, sin mayoría parlamentaria, están condenados al fracaso. Sólo quedaría aferrarse a la tabla de salvación de la demanda internacional. Pero la política de austeridad en Europa está liquidando las ventas norteamericanas en su principal socio comercial -representa casi el 20%-. En estas condiciones, Obama se enfrenta el oximorón de suavizar el impacto de los aumentos de impuestos -ahora vencen las reducciones impositivas a los más ricos, implementadas por Bush, que los republicanos quieren hacer permanentes- al tiempo que reduce el déficil. Aparece en el horizonte, además de la recesión, el fantasma del default y de una crackfiscal (Financial Times, 17/10). Con este panorama, aumenta la desazón entre los demócratas. "Siento arruinar su fin de semana, pero seamos honestos: Mitt Romney tiene desde ahora una buena oportunidad de ser el próximo presidente", escribe John Cassidy en el progre The New Yorker (1/6). La búsqueda por reconstruir los lazos con sus votantes explica las declaraciones de Obama en apoyo del matrimonio entre personas del mismo sexo, las ayudas a los graduados universitarios endeudados y el rechazo a la deportación de inmigrantes jóvenes con cinco años de residencia. Demasiado tarde, demasiado poco. Con las bases demócratas descontentas y desmoralizadas, el Partido Republicano parece tener por primera vez una chance de triunfo. Después de que las elecciones internas consagraron a Mitt Romney -un conservador moderado-, el candidato recaudó tanto como el presidente, y le supera ampliamente en el volumen de los fondos disponibles, lo que muestra un viraje en las preferencias de Wall Street. En un momento en que la polarización social ha generado la existencia de un récord de electores que se consideran independientes, la elección de un moderado afianza las chances republicanas de captar sus votos. Pero, para ello, todavía deberá poner en caja a los extremistas del Tea Party -ganadores en Wisconsin y que, además, acaban de obtener sonadas victorias contra el establishment republicano en Iowa y en Utah-, mientras trata, al mismo tiempo, de no perder en el camino su apoyomilitante. Las encuestas dicen que Obama y Romney en este momento se encuentran en un empate técnico; pero en Estados Unidos no necesariamente gana el que saque más votos. El presidente se elige por vía indirecta; así, gana el que supere a 270 votos en el Colegio Electoral. En la mayoría de los Estados, el candidato que obtenga la mayoría de los votos, gana todos los electores. Y todavía Obama aparece ganando en los principales Estados. Todavía faltan 150 días, pero nos acercamos a un final para alquilar balcones. Pablo Ramasco

Hemos ingresado en la tercera etapa de las paritarias. En la primera, Yasky y Andrés Rodríguez entregaron a más de un millón de compañeros a dos cuotas de 10 por ciento cada una, como fuera pactado por CFK con la UIA durante la campaña electoral de octubre. Luego, la UOM de Caló se anotó con la pauta del 23 por ciento anual, un estironcito que marcó todas las paritarias privadas: comercio, bancarios, etcétera. Algunas, como gráficos o gastronómicos -que suman, punta a punta, 26 ó 27 por ciento al promediar las cuotas-, arrojan porcentajes parecidos. Todos muy por debajo de una inflación que tiende al 28/30 por ciento, antes de los tarifazos. Ahora están siendo destruidas las paritarias de los gremios de la "patria privatizada subsidiada". En la línea de UTA (18%), pero incluso peor: el subte y los ferrocarriles sufrieron la postergación de su paritaria hasta agosto, mediante sumas fijas del 15 por ciento. Aproximadamente lo mismo le tocó a los trabajadores del gas, donde se ha desatado una huelga de jerárquicos carnereada por el sindicato oficial, dirigido por el hermano de Yasky. El caso de Luz y Fuerza resulta peor, porque han perdido adicionales. A medida que pasan los meses las cosas se agravan. El plácido acuerdo de 6 por ciento por trimestre, firmado por otro cristinista de última hora, Pignanelli (Smata), se encuentra totalmente cuestionado. En este tobogán se inscribe la grave situación de la Uocra. Los compañeros han cobrado en mayo 500 pesos menos que en abril, debido al fin de unos suplementos. La industria se encuentra infartada y las bandas armadas del más cristinista de todos los burócratas, Gerardo Martínez, no cuentan con una política, ni para defender los puestos de trabajo ni para defender un salario, que equivale al Argentina Trabaja, que ofrece hasta 1.750 pesos por cuatro horas. Los salarios a la baja son el arma de "estabilización". Moyano ha sido responsable, junto a toda la burocracia, de esta política de ir cortando en fetas al movimiento obrero, hasta el desquicio de las paritarias. No tomó nota cuando Tomada le rebajó once puntos a Uatre, que hoy es su aliado. Tampoco hizo nada por Ganancias y por Salario Familiar, más allá de hablar. Así las cosas, Alimentación y Camioneros entran en paros a partir de esta semana; se viene la hora de la verdad en telefónicos. Desde luego, cada uno de estos gremios cuenta con un gran poder si se plantan en paros progresivos, hasta la huelga general. El triunfo en estos sindicatos abriría una enorme deliberación por abajo, significaría un refuerzo en los conflictos fabriles en curso (La Nación, Interpack, Clarín, etcétera) y animaría a estatales y a docentes a la cuestión de la reapertura de las paritarias en los próximos meses. Salario igual a la canasta, anulación del impuesto al salario y salario familiar de 700 pesos por hijo para todos.

Si faltaba una sorpresa en la política criolla, el frente único que se acaba de formar entre el dueño de Metrovías, Benito Roggio, y la dirección kirchnerista del sindicato del subte, con Pianelli y Segovia a la cabeza, colma expectativas. Roggio se sumó al reclamo de que "Macri se haga cargo del subte", iniciado por los sindicalistas. Un afiche del contratista pide que la Ciudad "asuma el control y el manejo de la concesión" y que Macri perciba "el esfuerzo de los trabajadores y los recursos económicos asignados por Metrovías". Roggio le pone sacrificio al incremento salarial miserable -del orden del 15 por ciento-, que aceptó el dúo sindicalista. Tanto Roggio como los K del sindicato saben que el traspaso lleva bajo el brazo un tarifazo. ¿Así defienden los sindicatos a los usuarios? El afiche de Benito Roggio resulta un agradecimiento a la concesión que obtuvo de los ramales Sarmiento y Mitre, que gestionaba su socio Cirigliano -tuvieron dos compañeros muertos en un año en los talleres de Metrovías. Los trabajadores tampoco recibieron el reconocimiento de la personería gremial, que sigue siendo patrimonio de la UTA. La consigna de que "Macri se haga cargo" de Roggio y Pianelli implica más tarifazos y subsidios. La cooptación estatal de los que querían "cavar trincheras con la burocracia" avanzó hasta el fondo del pozo. Es necesario rechazar este planteo derrotista.

EXCLUSIVO DE INTERNET Carta abierta al Sr. presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1, Dr. Acuña Martín Vázquez, a los señores vocales: doctores Roberto Luis Salas, Alberto Huarte Petite, al secretario de Cámara Erica Susana Manigot y al señor juez Marcelo Martínez Giorgi del Juzgado Federal N° 2 (causa N° 6420/01 Secretaría 4). Las causas judiciales por el megacanje están a punto de prescribir, ante la evidente inacción de la Justicia Federal. Sus antecedentes son: • La llamada operación del "megacanje" fue concretada por De la Rúa-Cavallo y Marx en junio de 2001. • Se trató de una de las operaciones financieras más ruinosas para el país y uno de los desencadenante de la crisis de 2001. • Asimismo, formó parte de una megamaniobra, conducida por Domingo Cavallo, para internalizar los títulos que tenía en su poder la gran banca norteamericana y llevarse a cambio las reservas del sistema financiero, lo cual posteriormente determinó la instalación del "corralito bancario". Y además para hacer caer el seguro de liquidez que dicha banca había firmado con el Banco Central -para hacer frente a una crisis como la que se precipitó en 2001- que dichos bancos incumplieron. • Inmediatamente después del mismo se radicaron varias denuncias penales, que se acumularon en la causa Nº 6420/01 radicada en el Juzgado Federal Nº 2 y la Fiscalía Nº 6 a cargo del Dr. Federico Delgado. • Se inició así una infatigable tarea por parte de la fiscalía, de la querella y de los peritos de la parte acusadora. Se probó que mediante el "megacanje" se había incrementado -sin autorización- la deuda pública en la monumental cifra de 55.000 millones de dólares y que los funcionarios intervinientes en la operación habían mantenido negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. • A pesar de las innumerables chicanas judiciales de los acusados y de sus costosos estudios de abogados, así como de la indiferencia del Poder Ejecutivo Nacional -que siguió pagando los bonos judicialmente cuestionados-, la causa judicial siguió trabajosamente adelante y fue desdoblada en dos partes: una involucra a los funcionarios y otra, a los banqueros. • La que involucra a los funcionarios intervinientes (causa N° 5751/08) fue elevada a juicio oral en enero de 2008 al Tribunal Oral Federal Nº 1. Desde enero de 2008, este Tribunal está en condiciones de llevar adelante el juicio oral y no ha dispuesto ningún avance en la causa. • La causa que involucra a los banqueros se encuentra en primera instancia (Juzgado Federal N° 2 causa N° 6420/01 de la Secretaría 4). La Fiscalía pidió el procesamiento a todos los banqueros el 20 de febrero de 2009 y el juez de la causa aún no resolvió. Por todo lo expuesto, atento al estado de estas actuaciones y existiendo el peligro de que por la falta de impulso se produzcan prescripciones que conviertan en abstracta la investigación, venimos a requerir a V.S. para que lleven de una vez por todas adelante las medidas conducentes al progreso de las causas, bajo apercibimiento de atribuirle la responsabilidad por la frustración de ellas y pedir el consecuente jury por denegación de justicia. Saludamos a ustedes, atentamente. Mario Cafiero

El 14 de junio los obreros pararon y ocuparon la principal estación transformadora de Salta para exigir la reincorporación de Pepe Barraza, elegido delegado 20 días antes por unanimidad, en asamblea general. Desconociendo de hecho aquella elección, la dirección del sindicato local convocó a una elección "formal" para ese día 14, que sólo produjo el mismo resultado, también por unanimidad. En un intento por abortar esta elección, la patronal -que no es otra que la Federación de Luz y Fuerza aliada al vaciador Taselli, nada menos- despide ese día a Barraza, lo que precipita el paro y la ocupación. Frente a los hechos consumados, la dirección local del sindicato se vio obligada a declarar una huelga por tiempo indeterminado. Rápidamente se presentaron, en solidaridad, compañeros de Jujuy que, además, acaban de organizarse y de elegir delegados. Luego de diez horas de paro, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria, lo que supone la obligación de la empresa de reincorporar a Barraza y abrir la discusión de un pliego de diez puntos. De no producirse esto, los obreros mostraron la firme disposición de volver al paro general. Está convocado el plenario general de delgados de Luz y Fuerza Salta. Una fuerte corriente de estos lleva la moción de realizar una medida de fuerza de todo el gremio, cuya mayoría esta concentrada en la empresa de distribución Edesa y en sus contratistas. En este marco, los compañeros han fundado una agrupación clasista, "Tribuna Energética" y editan un boletín. La lucha había comenzado hace un mes, cuando se aprobó un pliego que exige el cumplimiento del convenio colectivo (los compañeros están un 30 o un 40 por ciento debajo de los salarios de convenio) y el pase a planta de todos los tercerizados, entre otros puntos. La burocracia acaba de cerrar la paritaria para esta empresa con un miserable 15 por ciento, perforando todos los pisos. Trasnoa se encarga del trasporte de electricidad en alta tensión de todo el NOA. El pliego de los compañeros corrió por todas las provincias y recogió una fuerte adhesión. También han tenido fuerte repercusión en la opinión pública las denuncias de vaciamiento de la empresa por parte de los concesionarios. Los compañeros denuncian graves faltas en el mantenimiento -los caminos para acceder con vehículos y las redes de alta tensión se encuentran obstruidos, entre otras numerosas denuncias- y también falta de cobertura de guardias técnicas -las estaciones transformadoras quedan solas durante muchas horas y durante todo el fin de semana. Los trabajadores documentan el deterioro de los equipos por falta de mantenimiento y denuncian que esto podría provocar un colapso energético. En la misma línea se denuncia un desguace, que incluye la venta de terrenos que pertenecieron a Agua y Energía, con el objetivo de llevar adelante negocios inmobiliarios en Salta (capital). Todo indica que Trasnoa integra el lote de empresas de servicios vaciadas y endeudadas. Hace poco, el mismísimo Lescano -gremialista y dueño de la empresa- ha declarado que para el caso de Cammesa (vendedora mayorista de electricidad) y para las transportadoras como Trasnoa y Trasnea, la única salida pasa por la nacionalización. Es decir, el burócrata reclama que el Estado se haga cargo de las pérdidas, luego de haber vaciado la empresa. En oposición a estas maniobras reclamamos la satisfacción del pliego de los compañeros, comenzando por la efectiva reincorporación de Barraza y por la apertura de los libros de la empresa con control de los trabajadores, para frenar el vaciamiento. Estamos convocando a todo el pueblo de Salta a defender esta lucha. El martes se realizarán movilizaciones frente al Ministerio de Trabajo en Salta (capital) y en la sede del Ministerio en Tartagal, pueblo donde Pepe Barraza es dirigente histórico del Partido Obrero y del movimiento piquetero.

Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas "pedimos dialogar, no estamos pidiendo que nos den la razón", no buscaba solamente dejar incómodos a los ingleses. Aludió a la negociación, en 1974, entre los británicos y Perón, hacia una soberanía compartida de las Islas Malvinas. La propuesta de entonces establecía que las banderas de Argentina y el Reino Unido fueran "enarboladas juntas", que el inglés y el castellano fueran declarados idiomas oficiales y que el gobernador de las islas fuera nombrado alternativamente "por la reina y el presidente de Argentina". El documento del gobierno inglés pretendía "poner fin a la disputa sobre la soberanía" y "crear una atmósfera favorable dentro de la cual los isleños podrían desarrollarse de acuerdo con sus intereses". Según el ex embajador Carlos Ortiz de Rosas, receptor del documento, Perón había decidido aceptar la propuesta de la soberanía compartida. Isabel Perón también era favorable a la propuesta inglesa, pero temió que generara fuertes rechazos en el país. Las negociaciones siguieron abiertas después del golpe de 1976 y hasta semanas previas a la guerra; en febrero de 1982 se discutió la posibilidad de un "retroarriendo", que dejaría la administración de las islas a los ingleses durante una serie de años, para luego ceder la soberanía a la Argentina. Hace un mes, esta posición fue adelantada por la embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, durante un coloquio organizado por el London School of Economics (Prensa Obrera N° 1.223). Castro anticipó que había recibido instrucciones del gobierno de Cristina Kirchner para avanzar en un acuerdo sin reparos por la disposición de la Constitución que establece que la soberanía integral sobre Malvinas es "un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino". La "soberanía compartida" de Malvinas ofrecería protección jurídica a las inversiones internacionales en las islas y a los derechos fiscales de Argentina sobre ellas. Luego de su discurso en la ONU, la presidenta se reunió con los principales monopolios petroleros de Estados Unidos para volver a invitarlos a participar de la exploración petrolera. La asociación con los grandes monopolios petroleros, como Exxon o Chevrón, tiene una importancia estratégica para conseguir la "soberanía compartida" de las islas, como la tuvo el acercamiento a Barrick Gold para clausurar los diferendos fronterizos con Chile en la Cordillera -que hoy explotan las grandes mineras. Carlos Slim, que acaba de comprar una participación en YPF que estaba en poder de los bancos acreedores de Eskenazi (Ambito, 19/6), ha declarado que sus intereses apuntan a la exploración petrolera en el mar (Cronista, 19/6). Las palabras de la Presidenta no fueron contradichas por ninguno de los miembros de la oposición que formaron parte de la delegación oficial. Menos que nadie, por Claudio Lozano de la CTA.

El gobierno de Piñera se prepara para recibir el embate de la crisis mundial. Para ello comenzó con una desmentida: no aplicarán -en forma total ni parcial ahora- ningún plan anticrisis, porque no es necesario. Y luego envía un proyecto de flexibilización laboral al Congreso, en el que propone que en tiempos de crisis los empleados trabajen media jornada y cobren el 50 por ciento de su salario, más un 25 por ciento proveniente de un seguro de desempleo durante cinco meses. Esta medida fue tomada por el gobierno a partir de una declaración de voluntades de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y de la Confederación de Producción y Comercio, con el fin de "proteger el empleo". Un acuerdo escandaloso entre la burocracia sindical y los empresarios, para descargar el peso de la crisis económica sobre los trabajadores. Con una caída sostenida en el precio de la cotización del cobre, el gobierno -que cuenta sólo con un 33% de aprobación en las encuestas- no tiene otra opción que avanzar en el ajuste contra el pueblo. Un pueblo que también avanza en la lucha. ¡Que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario y que se prohiban los despidos! Nacionalización de las empresas que cierren. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

En las dos primeras semanas hemos llegado al 20 por ciento del objetivo económico. Este porcentaje se compone, primordialmente, del esfuerzo económico de la militancia y de la periferia más cercana. A esto hay que agregar varios centenares de compromisos que provienen de las filas del activismo obrero y de la juventud, cuyo ingreso está previsto una vez que se cobre el aguinaldo. Para esta semana tendrán lugar distintos almuerzos, encuentros y actividades especiales, en las que muchos simpatizantes están participando activamente. De todos modos, estamos atrasados con respecto al ritmo que nos habíamos fijado. Llamamos a redoblar la movilización. Llamamos a los simpatizantes a involucrarse en la campaña, a colaborar económicamente, a conseguir otros aportes y a ayudar para que ésta resulte un éxito. La batalla por los recursos forma parte de la batalla por forjar una nueva perspectiva política en el país, por abrir paso a una alternativa obrera y socialista.

La huelga del movimiento estudiantil de Quebec contra el aumento en las matrículas de la educación superior (preuniversitaria y universitaria) alcanzó una proyección mundial con el reciente cacerolazo y movilización, que opacaron el desarrollo del Gran Premio de la Fórmula 1 en Montreal. A mediados de febrero, el gobierno provincial de Quebec -en manos del Partido Liberal- anunció un aumento del 75% en las matrículas de los preuniversitarios y de los universitarios. Alegó un retraso de estas, respecto de la inflación acumulada... ¡de los últimos 50 años! Desde entonces, las cuatro federaciones estudiantiles ingresaron en huelga, en un proceso que ya ha derribado a dos ministros provinciales (Educación y jefe de Gabinete). El movimiento huelguístico ha incluido asambleas masivas, piquetes en puertas de aulas y de colegios, y más de cuarenta movilizaciones en Montreal -algunas de ellas de 200.000 personas. Los estudiantes han ganado el respaldo de docentes, de numerosos sindicatos y de la mayoría de la población. En Chicago y en otras ciudades de Estados Unidos se realizaron movilizaciones de apoyo. Ante la insuficiencia de la represión, el gobierno apeló a una supresión parcial de derechos constitucionales, y obligó a los profesores a dar clases -en nombre del derecho a estudiar- y a los manifestantes a comunicar a la policía el itinerario de las marchas con ocho horas de anticipación, con la potestad de modificarlo. Lo que resulta más grave: establece una virtual intervención -cierre de locales, retención de cotizaciones, multas a los dirigentes de hasta 125.000 dólares- sobre las organizaciones estudiantiles que violen la norma de excepción, que pretende regir hasta julio de 2013. Pese a todo, las movilizaciones se sostienen. Incluso, sectores ecologistas han salido también a las calles de la radicalizada Montreal. La lucha de los estudiantes canadienses se encuentra precedida y acompañada por movimientos similares en todo el mundo: Chile, Colombia -donde una movilización de 200.000 estudiantes en Bogotá sepultó un proyecto privatista el año pasado-, España, Gran Bretaña y hasta Australia. Por un lado, la crisis capitalista ha reforzado la asfixia presupuestaria de la universidad pública. Por el otro, los mecanismos de la privatización resultan una carga cada vez más pesada para los estudiantes y para sus familias, en el marco de la crisis capitalista. Con alcance mundial, la juventud se incorpora masivamente a la lucha de los explotados.

El 22 de enero de 2007, las calles porteñas amanecieron empapeladas con afiches que advertían: "no jodan con Perón". La inconclusa amenaza llevaba la firma del sindicato ferroviario La Fraternidad, el sello de la CGT y el de las 62 Organizaciones Peronistas. Por esos días se había realizado un pedido de captura contra María Estela Martínez de Perón, a raíz de la causa que investigaba los crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Su detención abría la puerta para indagar sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo durante la última presidencia de Perón en el asesinato de unas 1.500 personas, a manos de esa banda criminal fascista. Una obra contundente El filme de Javier Diment Parapolicial Negro desmenuza, desde sus orígenes, el entramado de poder de la AAA a partir de la figura de Eduardo Almirón Sena, uno de sus capangas. El documental es contundente desde todo punto de vista: se apropia del tono del policial negro para contar, de manera descarnada, la mugre de este aparato podrido desde antes de que existiera. Es contundente en su denuncia a la burocracia sindical y a sus vínculos con la AAA, mediante la exposición de su participación, coordinada por medio de la Concertación Nacionalista Universitaria y por la Juventud Sindical Peronista (JSP). Es contundente al retratar lo fundida que se encuentra la corrupta fuerza policial con el crimen, los robos, los secuestros y las mejicaneadas; todo caldo de cultivo y de reclutamiento para las patotas parapoliciales y para lo grupos de tareas. Es contundente al demostrar hasta qué punto el Estado puede organizar y facilitar recursos, sin miramientos, a una patota asesina, destinada a aplastar el clasismo, hasta que la llegada de una dictadura militar haga que su existencia ya no tenga sentido. Asesinatos destacados Entendiendo que detrás de cada muerto por luchar hay una historia que contar, Parapolicial Negro escoge, de entre las 1.500 víctimas de la AAA, unas pocas historias que dan una muestra de la calidad militante de aquella larga lista de asesinados. Además de los notorios casos del diputado Rodolfo Ortega Peña y del sacerdote Carlos Mujica, el filme se detiene brevemente en Silvio Frondizi -destaca su lugar como pensador de izquierda-, y en Jorge Fischer y en Miguel Angel Bufano, trabajadores de la pintura entregados por la burocracia de su propio gremio. Aunque el filme no mencione la participación de Fischer y de Bufano en la organización antecesora del Partido Obrero, la mención de sus historias destaca cómo el sindicalismo clasista de base es para el fascismo un arma peligrosa. Una inquietante actualidad Parapolicial Negro no deja la historia encapsulada en los '70. Desenmascara la vigente impunidad de la burocracia sindical y de las fuerzas represivas, una herencia de poder de la AAA presente en nuestros días. El "No jodan con Perón" de La Fraternidad es, en definitiva, un "no jodan con nuestra impunidad". Cualquier espectador, con un simple ejercicio de memoria reciente, puede concluir que las condiciones políticas que parieron a la AAA continúan intactas. Cabe recordar a la Presidenta en el Luna Park, cuando el 14 de setiembre de 2010 le dijo a su juventud: "Si nosotros hubiéramos podido sentarnos junto a los jóvenes de la Juventud Sindical, como ustedes se sientan ahora, ¡qué país diferente hubiéramos tenido!". Sí, CFK se refiere a la misma JSP que formó parte del accionar terrorista de la AAA. Treinta y seis días después del acto en el Luna Park, con métodos no muy distintos a los de otrora, una patota reclutada por la burocracia ferroviaria asesinó a Mariano Ferreyra, mientras la policía liberaba la zona. Parapolicial Negro es un sólido documental de entrevistas que mantiene siempre en vilo la atención del espectador. Logra construir un relato de género, con los mejores elementos del policial negro puestos al servicio de un inquietante retrato de nuestra actualidad: el de una policía criminal, una burocracia corrompida, un poder abyecto y decadente en el que anida, no tan silenciosa, una asesina derecha peronista.

En las últimas semanas, los economistas de la oposición se han dedicado a un curioso deporte retórico. Por un lado, censuran a quienes pronostican un "rodrigazo" -el paquete de medidas que, bajo el gobierno de Isabel Perón-López Rega (1975) devaluó la moneda en un 100 por ciento, aumentó las naftas un 175 por ciento, la energía el 80 por ciento y el transporte público el 100 por ciento, al tiempo que congelaba los salarios. Por el otro, esos mismos economistas proponen ese mismo paquete. Daniel Artana, jefe de Fiel, ha señalado, por ejemplo, que "el atraso tarifario acumulado desde 2002 puede ser similar al que existía en 1975" y que "con costos en dólares que aumentan 15 por ciento al año, la solución se demora". En la misma línea, según Alfonso Prat Gay "lo único barato en la Argentina es el dólar" (Cronista, ídem). Reclaman tarifazo y devaluación. Mientras denuncia a los "agoreros del rodrigazo", el kirchnerismo asiste al colapso de las privatizadas. Edesur y Edenor se encuentran en cesación de pagos, que el gobierno atribuye a los desvíos de fondos de sus accionistas. A pesar de la alharaca, la plata para los aumentos de los trabajadores de Luz y Fuerza sale directamente del Tesoro. Por su parte, Metrogas también avisó que "después de octubre, entraría en cesación de pagos" (Ambito Financiero, 7/6). British Gas, su principal accionista, confía en "un aumento de tarifas o una suba de los subsidios" (ídem, 13/6). Metrogas carga el fardo de una deuda externa "establecida en paraísos fiscales, que fueron quedándose con la deuda de la empresa a precio de incendio" (ídem). Quizá por eso CFK se reunió con fondos buitres en Nueva York el fin de semana pasado. Es que la capacidad de seguir rescatando a los privatizadores con fondos públicos choca con la crisis fiscal creciente. No sorprende, entonces, que los diarios anticipen un retome de la "sintonía fina" (ajuste) para la segunda mitad del año. Tratarían de "no hacer cambios antes de que se cierren las negociaciones salariales de los principales gremios, ya que se teme que un ajuste de las tarifas pueda ponerle más presión al reclamo de los trabajadores" (La Nación, 16/6). Se trata del rumbo que habían anunciado Boudou y De Vido en noviembre pasado, pero que está en una impasse "desde que el accidente del Sarmiento obligó a cambiar de planes" (ídem). El retiro del desprestigiado De Vido del área de Transporte y la rescisión a los Cirigliano apuntarían a "preparar políticamente" el tarifazo en puerta. El mismo paquete incluiría "acelerar la devaluación, una vez finalizadas las paritarias" (ídem). El gobierno prepara un viraje en la línea de lo que exigen los Prat Gay o los Lavagna.

Cuando se cumplen ya veinte días de la declaración de huelga indefinida en la minería de carbón, sigue creciendo la lucha de los trabajadores contra los recortes de los subsidios estatales que plantean el cierre de gran parte de esa industria, base fundamental de la economía de la región. Se trata de un sector que viene sufriendo un deterioro tras décadas de vaciamiento: se calcula que, actualmente, las minas de carbón españolas dan trabajo a unos 8 mil obreros en casi cincuenta explotaciones, mientras que hace 27 años empleaban a más de 50 mil. La producción ha caído de 20 millones a 8,5 millones de toneladas. El recorte drástico de los subsidios que ha resuelto Rajoy implica enterrar definitivamente toda la producción minera y condenar al desguace a toda la región.} Los enfrentamientos y escaramuzas con las fuerzas policiales son cotidianos en toda la cuenca, como consecuencia de la represión policial a los persistentes cortes de rutas y ferrocarriles de los trabajadores mineros. Los periódicos de toda España informan diariamente de la aguerrida resistencia de los mineros, quienes enfrentan a la policía con "técnicas de la guerrilla urbana y el uso de ‘armamento' casero, consistente en lanzacohetes y escudos artesanales y munición de piedras, tornillería y material pirotécnico" (El País). El 16 de junio se dio uno de los enfrentamientos más violentos en una localidad conocida como Pozo del Sotón, cuando la represión policial sobre uno de los cortes de carretera continuó al interior de un pozo minero y recibió la respuesta de los trabajadores, los que a fuerza de cohetazos resistieron más de una hora y volvieron a montar barricadas en la puerta principal del pozo. A la huelga indefinida de la minería se sumó, el pasado lunes 18, una huelga general de todos los sectores en las comarcas carboneras de Asturias, Castilla, León, Aragón y Castilla-La Mancha. Según todas las crónicas, el acatamiento de la medida fue del cien por ciento: se trata de pueblos y regiones enteras que quedarían arruinadas con un eventual cierre de las minas. El día de huelga arrancó con cortes de casi veinte carreteras y dos vías ferroviarias en Asturias: la presencia de la Guardia Civil y la policía fue menor durante la mañana, ante el temor de provocar choques y enfrentamientos más graves. Al mediodía, una manifestación de 15 mil personas recorrió las calles de León, bajo el lema: ‘Quieren acabar con todo. No al cierre de la minería del carbón'. La marcha concluyó en la sede de la Diputación provincial, donde seis mineros realizan un "encierro" desde el 4 de junio. Esa misma tarde se realizó una manifestación de 50 mil personas en Langreo (Asturias). Los sindicatos que actúan en la región minera son los mismos que tienen presencia mayoritariamente en todo el Estado español: Comisiones Obreras, históricamente ligado al Partido Comunista, y el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (Soma), fundado en 1910 e integrado en la UGT, afín a los socialistas. Ambos sindicatos realizan asambleas separadas y muchas veces piquetes y cortes diferenciados. Los dirigentes anunciaron que llamarán a una "movilización general" (no una huelga) en Asturias para julio, lo que en este cuadro significa un tiempo enorme. En lo inmediato, se acordó que el viernes 22 partirá -desde Asturias, León y Teruel- una "Marcha del Carbón" compuesta por grupos de 60 personas, que saldrán de las diferentes localidades y prevén llegar a Madrid el 11 de julio. En los últimos días, un grupo de mujeres de los pueblos mineros ya se manifestaron en Madrid y fueron desalojadas del Senado, cuando protestaban en la sesión que rechazó anular los ajustes impuestos en los presupuestos impulsados por el gobierno de Rajoy. Nadie duda de que el conflicto está lejos de cerrarse. Según el diario El País (17/6), "la mítica memoria histórica de los mineros -aún muy viva en el colectivo- de la condición de ‘vanguardia' del movimiento obrero desde fines del XIX y su probada capacidad de organización y de resistencia son factores que contribuyen al temor de que haya una mayor escalada de tensión".

Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda; de Duhalde a los Kirchner, diez años de impunidad; cárcel ya a Duhalde, a Solá, a Fernández, a Vanossi, a J.J. Alvarez; basta de represión, de espionaje y de judicialización; abajo el Proyecto X y la Ley Antiterrorista; juicio y castigo a todos los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra. Exigimos justicia por el asesinato de los hermanos qom en Formosa, por los asesinados en las tomas de tierras del ingenio Ledesma, en el Indoamericano, en Santiago del Estero y en Rosario, a principios de 2012. Exigimos la aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruga; que la crisis no la paguen los trabajadores ni el pueblo. Basta de ajuste y de saqueo del gobierno K y de las multinacionales; juicio y castigo a los responsables políticos y económicos del genocidio; cárcel a Blaquier, socio del gobierno. Frente Popular Darío Santillán en la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa); Partido Obrero; Polo Obrero; Unión de Juventudes por el Socialismo; Coordinadora de Organizaciones de Base (COB) La Brecha; CTD Aníbal Verón; MTD Aníbal Verón; FOB; Quebracho; MTR 12 de Abril en el Espacio Humahuaca; MULCS; MTD Aníbal Verón en la CTA Capital; Movimiento Unidad y Lucha; MTL Rebelde, Cuba MTR: Mido en la COD; MTR Fogoneros; Torre Bloque Piquetero Nacional; Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ATE Sur; Agrupación Víctor Choque; Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas; Movimiento Unidad y Lucha; Corriente Clasista Combativa; MST; MST-Teresa Vive; Juventud Socialista del MST; PTS; Partido Revolucionario Marxista Leninista y siguen firmas

En muchos años de congresos de FUA nunca se reunieron comisiones donde poder discutir el cuadro educativo, el papel de la federación y las tareas político-reivindicativas. El afán de la UCR por recomponer fuerzas, el agravamiento de la crisis nacional y los realineamientos políticos empujaron a Franja Morada a dar lugar al funcionamiento de comisiones. La participación de una parte de las fuerzas del Frente 20 de Diciembre en las comisiones sirvió para clarificar y para denunciar estas circunstancias; en especial, el vaciamiento de la FUA por parte de Franja Morada. Las denuncias fueron fulminantes: el cogobierno de los radicales con los K en la mayor parte de las universidades del país o su accionar común a la hora de sabotear a la Fuba, los vínculos de Franja Morada con la megaminería contaminante en las provincias del noroeste, su complicidad con las reformas privatizadoras de los planes de estudio, su papel de gendarme en distintas universidades, buchoneando activistas. Frente a la superioridad del planteo político de la izquierda y a la contundencia de las denuncias llegó "la directiva" a los militantes de Franja Morada de retirarse de las comisiones. Pero el llamado previo de varios compañeros de la UJS surtió efecto: varios militantes de base de la Franja rechazaron "la directiva" y se quedaron escuchando, atentos, en la comisión de situación nacional. Muchos de ellos se llevaron Prensa Obrera y se mostraron dispuestos a discutir con el PO.

Estamos hartos de que nos traten como a delincuentes. Somos trabajadores que luchamos contra un gran abuso: tratan de eliminar nuestra forma de vida". Así de contundente es José Luis. Con voz muy ronca y un fuerte acento asturiano, dice que las barricadas son la única forma de lucha que conoce. "Mi abuelo luchó en el ‘34, mi padre en el ‘62 y ahora me toca a mí". En la solapa de la chaqueta lleva un pin con una foto de Lenin y la hoz y el martillo. Los compañeros bromean con él. "Tú lo que quisieras es destronar al rey e instaurar el comunismo", comenta un compañero entre carcajadas. A lo que él, muy serio contesta: "Pues claro". José Luis, de unos 40 años y con dos hijos, asegura que en 80 años la situación no ha cambiado. "Los métodos son distintos, pero el objetivo es el mismo: aplastar a los trabajadores, que somos quienes mantenemos a la clase política". Dice estar harto de que a los mineros se les trate de aplastar. Se siente engañado por el gobierno. Porque no cumple lo pactado, un plan de reconversión industrial para las cuencas mineras que garantice un futuro digno. "Primero llegan a un acuerdo y a los pocos años deciden no cumplirlo. Esto es demasiado, llevamos mucho tiempo así. Nosotros no es que estemos indignados, estamos hasta los cojones". (...) Kafixiu es un líder sindical de otro pozo minero del centro de Asturias. Todos los días dedica 12 ó 14 horas a planificar sus "acciones reivindicativas". En principio, podría parecer que no cumple el perfil de la mina. No es corpulento ni tampoco alto. Pero hablando con él, se descubre que no hace falta más cuerpo para imprimir respeto. Con su voz amenazante, bromea continuamente y se acuerda de Dios cada tres frases. Para mal. Dice que al luchar por sus derechos se arma de valor y asegura que el resto de mineros están hechos de la misma pasta. "Tengo aquí a 40 paisanos que darían la cara por mí en cualquier situación". (...) Admite que la minería ya no es tan rentable, pero eso no justifica su destrucción. "El sector hay que salvarlo en su conjunto. Que no me hablen de la prima de riesgo. Hay fondos para crear empleo, había una planificación ordenada y se la quieren cargar de un plumazo. Se trata de un atentado contra el movimiento obrero".

Desde el 28 de mayo, los trabajadores de Gas Natural Fenosa llevan a cabo un paro total de actividades, que incluye el bloqueo del edificio principal de la empresa en Barracas (ICA) y la toma pacífica de los centros operativos de San Martín y La Tablada (Crovara). Reclaman un aumento salarial del 24 por ciento, el pago de otros rubros y la incorporación de todos los compañeros tercerizados. La lucha -que ha unido a todos los trabajadores de la empresa- fue convocada por la APJ Gas (Asociación Personal Jerárquico). El otro sindicato de la actividad, el Stigas -Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, dirigido por el hermano de Hugo Yasky- carnerea, una vez más, las medidas, aun en contra de lo votado por sus afiliados en asambleas. Este gremio, entre gallos y medianoche, firmó un acuerdo por el 18,5 por ciento desguasado en varios meses y dejó abierta la discusión para septiembre, en una clara maniobra junto con la empresa para frenar el paro. Esto no provocó más que descontento entre los compañeros y el refuerzo del paro, que se mantiene al día de hoy. Esta lucha se da en el marco de un proceso de reducción de la empresa y del personal -ya denunciado por la Asociación de Personal Jerárquico-, bajo la forma de venta de sucursales y del intento por trasladar puestos de trabajo y sectores completos a Brasil y a Colombia. También se ha denunciado la venta de datos confidenciales de los usuarios a España, lo que incumple la resolución Enargas I-1215. Desde el Partido Obrero, llamamos a rodear de solidaridad esta lucha que, en atención a los elementos mencionados, se presenta como una lucha contra el ajuste K (o "sintonía fina") y contra las consecuencias de la crisis del régimen de privatizadas y de subsidios. Es justamente el derrumbe de este esquema el que plantea que la defensa de los servicios esenciales para la población va inevitablemente unida al triunfo de la lucha de sus trabajadores.

Desde hace casi treinta años la Franja Morada dirige la que debería ser la principal federación del país, a espaldas del movimiento estudiantil. El Congreso anual se limita a una ceremonia vacía de contenido, que no resuelve absolutamente nada: ni programa, ni orientación, ni plan de lucha. Los delegados se distribuyen de manera completamente irregular, al punto que se conoció ¡a las 6 de la mañana del sábado 15! Eso ocurrió en el Congreso de la FUA, que se reunió en Córdoba el pasado fin de semana. Todo lo contrario sucede con la Fuba, cuyos delegados surgen de elecciones intachables y no son cuestionados por nadie, ni siquiera por aquellos que la quieren romper. Paralelismo K Los K invocaron estas circunstancias para justificar su inasistencia y para fundar la FUA K, junto a funcionarios del gobierno, como Abal Medina y el secretario de Políticas Universitarias, Martín Gill. Los K han pretendido esconder su condición absolutamente minoritaria, circunstancia que los hubiera dejado últimos en delegados y que los hubiera obligado a aliarse con la Juventud Peronista, que está poblada de rivales internos del "camporismo". El boicot al Congreso de FUA fue numéricamente irrelevante y políticamente defensivo. Los K regentean la universidad en alianza con la UCR: el secretario Gill, por ejemplo, que apoya la "paralelización" de la FUA, es bancado por el CIN, organismo dominado por los rectores radicales. El pseudo boicot al Congreso manipulado por Franja Morada no hace mella, sin embargo, en el otro boicot que ambos, junto al PRO, realizan contra el Congreso de la Fuba. Escenarios de lucha política En este cuadro, la Franja pretendió afrontar la crisis de su Congreso "abriendo" diversas instancias. Una fue la tribuna inaugural, la otra fueron las comisiones que los dirigentes radicales "armaron" a último momento. En este cuadro, la Franja Morada (290 delegados) retuvo la dirección, mientras la lista de la JUP (Frente Universitario "Néstor Kirchner") obtuvo la secretaría general con 210 votos. La UJS-PO integró el Frente 20 de Diciembre, que agrupó a la enorme mayoría de las agrupaciones de izquierda. Reunió 169 delegados y conquistó tres secretarías y dos cargos ejecutivos. Santiago González (UJS) será uno de los secretarios. El frente entre el MNR y Libres del Sur quedó en último lugar, con 127 votos. Libres del Sur prefirió jugar como furgón de cola del MNR de Binner para ocupar el último lugar. Perspectiva En un documento común -leído tras una marcha que realizamos los integrantes del Frente por las calles de Córdoba- pudimos reivindicar la jornada de lucha del 18, el enfrentamiento a la política educativa del gobierno, la unidad obrero-estudiantil como principio rector y, en definitiva, la perspectiva de recuperar la FUA, para los que ya somos protagonistas de las principales federaciones universitarias.

Un soldado israelí, encarcelado por negarse a realizar el servicio militar de reserva obligatorio, se declaró hoy en huelga de hambre y se unió a los prisioneros palestinos en el Estado judío para protestar por las condiciones de detención. Yaniv Mazor, un israelí de 31 años, fue encarcelado la semana pasada tras decidir que no continuaría con el servicio de reserva obligatorio en protesta por la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. Mazor inició la huelga de hambre en apoyo de la "Batalla de los estómagos vacíos" de los prisioneros palestinos, la que condena la política de detención administrativa de Israel según la cual los palestinos pueden ser encarcelados durante años sin un juicio. El mes pasado, unos 1.600 palestinos que se encontraban en prisiones israelíes, acordaron poner fin a una huelga de hambre de casi un mes, que amenazó con romper la frágil paz en Cisjordania, ya que Israel temía que la muerte de alguno de los prisioneros generara violencia en la región. La huelga de hambre de Mazor busca protestar por la detención administrativa de Mahmoud Sarsak, un ex jugador de fútbol que ha estado en huelga de hambre durante 90 días, y de Akram Rikhawi, quien no ha comido en 66 días. "Decidí iniciar una huelga de hambre en solidaridad (con lospalestinos), para crear conciencia en relación con el tema de la detención administrativa y no para acelerar mi propia liberación", dijo Mazor al periódico Ha'aretz.

La planta metalúrgica Emfer, de San Martín, resultaba una pieza clave en el mantenimiento de los coches de TBA, cuya concesión perdió Cirigliano como resultado del accidente de Once. Después de dejar 51 muertos y de incinerar las pruebas de su responsabilidad en el vaciamiento, ahora la voracidad del grupo Cirigliano amenaza con cargarse los puestos de trabajo de los 350 trabajadores de Emfer. El grupo Cirigliano -ante sus dificultades con el gobierno del que fue amigo y como ya lo hizo algunas semanas atrás en Ecotrans- se las tomó con los salarios de los trabajadores. Abonó el 50 por ciento de la quincena, no pagó los retroactivos convencionales e intentó usar el hambre de las familias obreras como prenda de negociación con el Estado. La empresa, además, no reconoce al cuerpo de delegados que ha sido validado por los trabajadores y les abrió juicio por desafuero. Las asambleas votaron un primer pliego de reclamos: por el pago de los salarios y de los retroactivos adeudados, también por la defensa de los puestos de trabajo. Se votó también un plan de lucha -con cortes sobre General Paz- hasta que los reclamos sean satisfechos, el cual se cumplió con enorme unidad y combatividad. La UOM vino a los cortes y "apoyó" con la presencia de dos representantes; y fue muy cuestionada en la asamblea, a raíz de su pasividad. En la asamblea se denunció que ni a Ferrovías ni a Metrovías -que ahora pasarán a gestionar las líneas de la ex TBA- les interesa que Emfer continúe con el trabajo de mantenimiento de los coches, porque cuentan con talleres propios que operan en condiciones de mano de obra barata. Los ex socios de Cirigliano en la Ugofe se hacen así cómplices del vaciamiento en TBA, mientras ningunean el mantenimiento en sus formaciones. Después de que el gobierno kirchnerista avanzó sobre todas las cajas del Estado para sostener el régimen de subsidios, aquí también el "modelo" de los K hace agua. Las unidades productivas y de mantenimiento ferroviario como Emfer se hacen innecesarias desde el punto de vista capitalista. En la asamblea se planteó -con toda justeza- que el Estado se haga cargo de la empresa. La UOM se opone y el debate está madurando. Agregamos nosotros que es necesario un plan de recomposición del ferrocarril, la caducidad de todas las concesiones, la disolución de la UGO (ex Ugofe) -cómplice del asesinato de Mariano Ferreyra, la elaboración de un plan de inversiones por parte de los propios trabajadores y la ejecución de éste bajo su control. La UOM San Martín debe convocar a una asamblea general y votar un plan de lucha en defensa de Emfer. Que el Estado se haga cargo de la empresa y la ponga en funcionamiento bajo gestión de los trabajadores.

El "plan de viviendas" doble K (Kirchner-Kicillof) es inviable con un 30 por ciento de inflación anual. Los costos de construcción serían crecientes, por lo que desactualizarían el valor de los créditos. En la ciudad de Buenos Aires, la construcción de viviendas en el marco de la ley 341 (con similitudes al actual plan oficial) se ha paralizado, a raíz de la falta de financiamiento. Los que pudieron continuar han debido completarlas por sus propios medios. Ni hablar de lo que ocurriría si se intentara superar la crisis fiscal por medio de un tarifazo, devaluación y recesión económica. El valor de los créditos se pulverizaría y el costo de la construcción se dispararía. La perspectiva de una futura estabilidad de los precios tampoco sería positiva. El "Plan Bicentenario", por ejemplo, contempla tasas fijas hasta el quinto año del crédito; luego, las tasas varían hasta un máximo de entre el 14 y el 18 por ciento. Con precios frenados, la tasa se convertiría en usuraria. Para financiar el plan se ha previsto la formación de un fondo específico que se constituirá con aportes del Estado y con las 1.900 hectáreas de tierras fiscales destinadas al plan, cuya valuación se desconoce. Este fondo podrá engrosarse con un bono de deuda, cuya tasa -dice El Cronista (18/6)-será baja al comienzo, pero después "llegará al 15 ó 16 por ciento", cuando termine el lustro de "tasa fija", más un rendimiento adicional "enganchado al rendimiento del fideicomiso" (ídem). El mismo diario señala, por ese motivo, que se busca "replicar el modelo del cupón PBI para atraer inversores". Esta incentivación saldría de la venta de las tierras públicas asignadas al plan. Eso planteó Rivadavia, en 1825. Entre el liberalismo y los "nac & pop" existe la misma diferencia que entre la ropa de invierno y la de verano. Quien también puso de manifiesto la plusvalía que se espera del remate de terrenos fiscales es el editorialista económico de Página/12, Raúl Delatorre. Subrayó que los bonos del plan de viviendas podrán ser adquiridos "por inversores privados así como por la Anses" (16/6). El periodista K se guarda que si la inflación pulveriza el plan de créditos, la única adquirente de los bonos será la Anses -la que saldrá también al rescate de los inversores privados, si fuera necesario. El plan doble K es una estafa financiera.

Gran elección logramos los compañeros para la comisión interna de la AGD en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA quedando a sólo doce votos de la lista ganadora integrada por la Mella, el "K"ause y con el firme apoyo del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Casi 400 docentes votaron, cuadruplicando comicios anteriores. Por primera vez, en Económicas no habría una lista única: la delimitación política que llevó a la escisión se puso brutalmente de manifiesto en el curso de la propia elección. A pesar de la campaña macartista, ellos no pudieron romper significativamente la paridad hasta el día miércoles, y el jueves resolvieron ensuciar la elección. Hicieron votar de prepo a una treintena de estudiantes con la excusa de que eran "pasantes de investigación". Incorporaron para ello más de diez padrones complementarios ajenos a la elección. Forzaban la introducción en la urna de esos sufragios con escándalos que desanimaban a votar a los verdaderos docentes, nuestros fiscales impugnaron y marcaron cada voto. Tanto empiojaron el comicio que esa urna del jueves quedó con una diferencia insalvable entre votantes y sobres en su interior, y ni se animaron a pedir su escrutinio. Desde el miércoles, comenzaron a ir y volver los autos oficiales del Ministerio de Economía al servicio de lista, ya no tan disimulada K. Se contabilizaron 26 vehículos pagados por el erario público. La otra faz de la misma moneda fue la cara de derrotados de quienes habían llevado bombo, bandera y vincha para festejar un supuesto resultado holgado. La fiesta estuvo del lado de la lista clasista que estuvo a un ápice de despojarlos de todo. En Económicas, la tradición clasista de la AGD fue salvada por Unidad Docente. Con ese balance, encararemos la etapa que se viene.