Prensa Obrera N° 1201

-Exclusivo de internet ¿Qué haría usted, señor, como padre de un niño de 12 años que va a jugar (andar en bici) a la plaza del barrio con sus amiguitos de la misma edad y viene una patota, lo maltrata, lo amenazan, y encima le pegan? ¿Qué haría si se lo hacen desaparecer y en la comisaria nadie sabe dónde lo tienen? ¿Qué haría usted si llama al hospital y le dicen que un niño rubio de ojos celestes vestido con ropa de marca, muy bien vestido, y le dicen que allí no está? ¿Qué haría usted si ellos se burlan de usted? ¿Qué haría usted en la desesperación de no saber dónde está su hijo? ¿Qué haría si justo ahí, en ese lugar, no hay cámaras de seguridad? Ellos lo sabían, nadie los filmaba. ¿Qué haría usted cuando otro amigo encuentra la bicicleta tirada en la calle de la plaza y se la lleva a su casa? ¿Y le dicen que esa patota que le pegó al amiguito, que lo maltrató, que lo secuestró delante de la madre del amigo que fue con ellos a acompañarlos, que también se lo llevaron y sufrió lo mismo que su hijo? ¿Qué haría usted si se entera que esa patota que se llevó a su hijo, son los que tendrían que estar cuidándolo? ¿...Qué haría usted si se entera que a su hijo se lo secuestró la Policía Bonaerense...? ¿Y que recién le avisan cuando usted amenaza que si no aparece le vas a llenar de gente la comisaría porque a tu hijo lo levantó una patrulla? Espero que usted haga lo que yo voy a hacer. Mario Martínez, papá de Alan... y agradezco al amiguito que me trajo la bici y me avisó... porque no sé adónde mierda iba a encontrar a mi hijo y gracias a él lo tengo conmigo otra vez. La inseguridad en Tigre está en la comisaría 2° de General Pacheco. Desde la que atiende el teléfono, que se burla de uno, del maltrato a mi mujer e hija (tratándolas de locas), hasta los hijos de puta de la patrulla que se llevó a mi bebé. Perdón, pero estoy muy indignado. Y con mucha bronca. Llevo todo a los medios.

Por primera vez, el Congreso discutió (en la Comisión de Legislación Penal) un proyecto de aborto legal seguro y gratuito, que fue aprobado. El logro es el resultado de años de lucha del movimiento de la mujer, en particular de los 26 encuentros nacionales de mujeres. La aprobación, sin embargo, tiene sus reservas: de los 31 miembros de la Comisión, sólo 12 bajaron a sesionar. De ellos, sólo ocho pusieron su firma en alguno de los proyectos: siete lo hicieron por el de la Campaña por el Derecho al Aborto, en tanto que Vega, el presidente de la Comisión, firmó su propio proyecto de modificación del artículo 86 del código penal. El FpV sólo envió a la Comisión a Diana Conti, mientras los diarios insisten en la firme oposición de CFK a consagrar el derecho al aborto. El proyecto debe pasar ahora a la Comisión de Familia y a la de Salud. El presidente de la Comisión de Salud es un kirchnerista, que acaba de firmar junto a Duhalde y otros tantos derechistas en contra del aborto legal. Se sesionó con un quórum mínimo especial y las firmas del proyecto representan la mitad más uno de los que participaron del debate. No está claro que haya llegado la firma de Liliana Parada -del espacio de Claudio Lozano- que, aunque es vicepresidenta segunda de la Comisión, no estuvo presente. Gil Lavedra de la UCR, Laura Alonso, del PRO, y Martínez, del juecismo, aunque se pronunciaron a favor del proyecto de aborto legal, se negaron a firmar el dictamen. De Marchi, un aliado PRO, cuestionó que hubiera dictamen. La Comisión de Legislación Penal está integrada por once diputados kirchneristas, diez de los cuales pegaron el faltazo -entre ellos, Recalde y Kunkel. La diputada Conti firmó el proyecto (en disidencia, porque quiere que el proyecto penalice a los médicos que practiquen abortos luego de las doce semanas de gestación), pero abandonó la sala antes de la finalización del debate. La intervención de la diputada Cynthia Hotton, en oposición al aborto legal, rescató la política del Ministerio de Salud de la Nación -un guiño a los K-, alegando que otorga subsidios a la maternidad. Mientras esto ocurría adentro, afuera se desarrollaba una movilización a favor del aborto legal, que contó con la presencia de los partidos del Frente de Izquierda, la Fuba, la Compa, la CTA, el PCR y el MST, junto a integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto. Fue destacada la ausencia absoluta de cualquier sector ligado al kirchnerismo. A pesar de algunos pronunciamientos pro aborto legal de Carta Abierta, ninguno de sus miembros se acercó siquiera al Congreso. El 25 de noviembre, en el día contra todas las formas de violencia contra las mujeres, debemos marchar masivamente advirtiendo que no dejaremos que la lucha por el aborto legal quede en un saludo a la bandera en el Parlamento. A la luz de este debate abierto se pone más en evidencia el enorme daño que la política del PCR de realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones le imprime al movimiento, negándose a realizar el Encuentro en el centro del poder político, lo que facilitaría una movilización popular por este y todos los reclamos de las mujeres. La limitada perspectiva parlamentaria obliga aún más al movimiento de mujeres a redoblar los esfuerzos por colocar el reclamo en la movilización popular; caso contrario, el lobby clerical sobre los diputados seguirá ganando la pulseada.

-Exclusivo de internet Hace seis años, el Concejo Deliberante, en el marco de la privatización de las riberas del río Limay, habilitó un gran negociado inmobiliario permitiendo, vía excepción, que un grupo empresario se quedara con 450 hectáreas ribereñas y dos islas. Entre las razones argumentadas en aquel momento para la excepción, se dijo se trataba de un emprendimiento inmobiliario, que por contar con su propia planta de líquidos cloacales, sistema de potabilización de agua, etc., mejoraría los servicios de la localidad, todos ellos colapsados por el crecimiento urbano explosivo. El pasado jueves 20, el Concejo votó una ordenanza donde, a pedido de los empresarios inmobiliarios, se permitía no construir la planta de tratamientos de líquidos cloacales y tampoco la planta potabilizadora, pero sí que el megaproyecto, con sus futuras 800 viviendas, su hotel, su hipermercado, su cancha de golf, se engancharán a las ya colapsadas redes locales. Esto produjo una inmediata autoconvocatoria de vecinos a la plaza el viernes, en plena veda electoral y en una asamblea popular se votó exigir la anulación de la ordenanza. Luego de la asamblea se hizo una movilización. Con asambleas populares diarias, el jueves 27 se marchó al Concejo, en el marco de un paro parcial de docentes y estatales, de trabajadores del hospital, con cierre de comercios. Una verdadera pueblada, que nos tuvo como protagonistas activos. Quebramos la maniobra Sabiendo que el pueblo se movilizaría a la sesión, cuatro concejales sobre diez estuvieron ausentes, con lo cual se tenía quórum para sesionar pero no los dos tercios para anular la ordenanza. La movilización rodeó el Concejo y se instaló en la sesión. Se exigió pasar a cuarto intermedio hasta que se obligara a asistir al concejal que faltaba para los dos tercios. Grupos de vecinos fueron a las viviendas de los ausentes a buscarlos, pero habían huido. El presidente del Concejo pretendió cambiar el cuarto intermedio por el llamado a una nueva sesión la semana entrante, pero le fue impedido por los manifestantes al grito de ¡anulación hoy!. Tras horas de ocupación y rodeando el Concejo, finalmente llegó otro concejal y se votó por unanimidad la anulación de la cuestionada ordenanza con los siete votos requeridos. Los métodos La asamblea popular, con votaciones a mano alzada, la conformación de comisiones de la asamblea para distintas tareas, la movilización, repite el método con el cual hace pocos meses se logró acelerar la habilitación del nuevo hospital (que llevaba cinco años de construido, pero sin uso). Con el mismo método, estudiantes, trabajadores de la educación y padres, a mediados de año libraron una lucha victoriosa contra la intromisión de la Iglesia en un colegio secundario. Sin duda que estos métodos son una gran escuela para la bancada obrera y socialista conquistada por el Frente de Izquierda. Nuestra compañera Gabriela Suppicich, diputada electa de esa bancada y protagonista activa de todas estas experiencias, adelanta cómo debe actuar un tribuno del pueblo trabajador. En Plottier se ha puesto a prueba la bancada. Y ha pasado esa prueba exitosamente.

Este jueves 3 de noviembre, la Cámara de Apelaciones Criminal y Contravencional Penal decidirá en qué jurisdicción va a continuar la causa de los policías involucrados en el crimen de Mariano Ferreyra. Los defensores policiales reclamaron que las actuaciones sean pasadas a la Justicia contravencional de la Ciudad. Ante el rechazo de este pedido por parte de la jueza Wilma López, los defensores apelaron la resolución. Por cierto, lo que está en discusión es mucho más que un "simple cambio de jurisdicción". Primero, la justicia apartó de la causa principal (la que juzga a Pedraza y la patota) a las responsabilidades policiales, abriendo otra causa específica contra ellos. Pero en ese nuevo expediente, la fiscalía calificó las acciones policiales bajo la figura de "abandono de persona calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público" -que resulta ser un delito menor, como si la actuación de los policías hubiera sido el resultado de una mera negligencia. Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, abogadas querellantes de Correpi y Apel, sostuvieron, por el contrario, que "el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los tercerizados y sus acompañantes, ya que sin su cooperación, acordada de antemano y cuidadosamente coordinada con los ejecutores de los homicidios, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado". Además de facilitar el ataque de la patota, los policías dejaron a las víctimas libradas a su suerte y se "olvidaron" de registrar en video y audio el momento del crimen, aún cuando tenían el personal dispuesto para ello. Además, permitieron la fuga de la patota con las armas empleadas. Finalmente, intentaron encubrirse a sí mismos a la hora de sus declaraciones ante la justicia. Como consecuencia de ello, Ferrero y Verdú solicitaron a la jueza Wilma López que los seis oficiales sean juzgados como partícipes necesarios de homicidio calificado, lo que prevé una pena de 25 años a perpetua. En su alegato, las abogadas denunciaron fuertemente la decisión del ministerio de Seguridad de Nilda Garré de amparar con abogados a los policías involucrados. Sólo cuando nuestra denuncia cobró estado público, Garré apartó a estos abogados de la causa. La discrepancia entre las carátulas de la justicia y la que hemos planteado los querellantes explica el pedido de "cambio de jurisdicción". En efecto: si la causa pasa a la jurisdicción de la Ciudad, queda legitimada la pena menor pedida por la fiscalía, la que podría avanzar en los términos de la justicia contravencional. En cambio, la figura penal de homicidio sólo puede ser juzgada por los fueros federales. La cuestión del juzgamiento de los policías por el delito que efectivamente les cabe es una cuestión crucial en esta lucha. Aunque Pedraza y la patota están presos y procesados por homicidio, la fiscalía (ligada al poder político) se aseguró de apartar al aparato estatal de represión de las responsabilidades criminales. Con él, quieren correr también de la línea de responsabilidades a los funcionarios políticos a cargo de la Policía Federal, quienes no podían desconocer lo que ocurría en Barracas. Este jueves 3 nos haremos presentes y nos movilizaremos a la Cámara de Apelaciones, para rechazar el "cambio de jurisdicción" y exigir que los policías sean juzgados como participes necesarios del homicidio de Mariano.

Amenos de una semana de pasadas las elecciones, Fiat suspendió a parte de la planta en el sector de chapa, y Renault, este lunes 31, hizo efectivas sus amenazas suspendiendo a casi mil operarios de su planta. En Volkswagen, al recorte de las horas extras en la planta MQ200 (que exporta principalmente a Brasil), ahora se agrega la posibilidad de anticipar las vacaciones en la MQ250, que produce cajas fundamentalmente para Europa. El secretario de prensa del Smata local, Almada, declaró a Comercio y Justicia (1º/11) que “hay un efecto cascada que podría afectar al sector” -esto es lo que terminó reconociendo la cámara que agrupa a los autopartistas que proveen a las terminales locales, cuyos afiliados notificaron bajas en el nivel de producción respecto de los planes previstos. El problema central está concentrado en la recesión brasileña, que los directivos de Renault eufemísticamente llaman “corrección de stock” (pero, como se ve en VW también, se ve afectada por la recesión europea). La baja en las ventas en Brasil, principal mercado de las exportaciones automotrices de la Argentina, está muy lejos de un hecho pasajero. El sobrestock de Brasil es una manifestación de una nueva recesión mundial. En este marco, las suspensiones son una antesala de los despidos. Las multinacionales, sin embargo, insisten en que seguirán haciendo inversiones y creando nuevos puestos de trabajo. Ratazzi ratificó los planes para 2012 y 2013; lo mismo hizo GM. Suena a maniobra para preservar los beneficios fabulosos que reciben. Para empezar, son quienes más repatriaron beneficios a sus “empresas madres”, pero además mantienen intactos las eximiciones impositivas, los subsidios para pagar parte de los salarios, los descuentos descomunales en energía, etc. -y, sobre todo, la precarización laboral a través de las tercerizaciones y las consultoras. Esto es avalado y sostenido por el gobierno nacional y por el provincial, cuyos funcionarios actúan además como celosos custodios de semejante expropiación de recursos a manos de las multinacionales. La burocracia del Smata viene actuando como “anunciadora” de las malas nuevas. En su papel de vocero de los planes patronales, no plantea ninguna política que responda a los intereses de los trabajadores y de la propia Nación para intervenir. Su “programa” muere en que se pague el 75%. Esto es un engaño porque se trata del 75% del valor de la hora -cuando el ingreso del trabajador está compuesto además por otros ítems, pero también por las horas extras que son parte del ingreso regular, ya que las mismas son prácticamente obligatorias desde hace dos años. Por otro lado, existe una relación encubierta entre los pulpos automotrices y los trabajadores a través de las consultoras, y ahí hay despidos presentados como finalización de contratos. El Smata tampoco responde por los trabajadores de las tercerizadas que tienen otros convenios, y muchos menos por lo de las autopartistas que también trabajan por consultoras o con un gran nivel de trabajo en negro. El costo de una baja en la producción lo están pagando los trabajadores, cuando debiera ser absorbido por las empresas, haciendo uso de las ganancias de estos últimos años. Se impone la apertura de los libros, la publicidad de los convenios con los gobiernos, la prohibición de la repatriación y distribución de utilidades. Repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, incluidas las horas extras -incorporando en ello al conjunto de los trabajadores empleados en la planta, independientemente de quién sea el empleador- son las medidas para preservar los empleos e impedir que los trabajadores financien la crisis capitalista. Ante la magnitud del ataque a los trabajadores, es necesaria una asamblea general, para votar un plan de lucha que quiebre lo que es el comienzo de un desmantelamiento de los planteles obreros.

El 30 de octubre falleció el compañero Antonio Bitto, dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril. Antonio fue parte de una camada de dirigentes del movimiento piquetero que encontraron en las barriadas un nuevo ámbito de militancia, provenientes de una larga trayectoria política y sindical bajo las dictaduras de Onganía y Videla. Confluimos desde el Polo Obrero con Antonio, como miembro del Movimiento Casa del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y luego del MTR, en la conformación del Bloque Piquetero Nacional, o sea el reagrupamiento de una fracción masiva del movimiento piquetero que mantuvo la independencia de clase y el rechazo a la cooptación estatal, primero con Duhalde y después ante el kirchnerismo. En este camino protagonizamos juntos las Asambleas Nacionales de Trabajadores, que unieron en un programa y en planes de acción común, mediante reuniones nacionales y masivas de delegados de base electos con mandato, a los movimientos de lucha piqueteros, sindicales, estudiantiles y de fábricas ocupadas, en toda la primera etapa abierta por el Argentinazo. En estos planes de acción, Antonio estuvo en la primera línea, junto a Néstor Pitrola y tantos compañeros, en el corte del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, en la organización de las siete Asambleas Nacionales de Trabajadores o en la masiva marcha por trabajo genuino ni bien subía Néstor Kirchner. En un movimiento que ha recibido duros golpes por la cooptación y la represión promovidas desde el Estado, honra a Antonio ser uno de los compañeros que ha estado firmemente en el campo de la independencia de clase y la lucha de los trabajadores. La línea política abstencionista en el plano electoral, que llevó adelante Antonio durante años, no fue el taparrabos de una cooptación política: esto se vio con claridad cuando, con todo entusiasmo, defendiendo un campo de izquierda contra el gobierno patronal disfrazado de nacional y popular, fue uno de los primeros en llamar después de las internas del 14 de agosto a saludar al PO y al FIT por haber hecho una elección exitosa y expresar su apoyo. Recordamos en Antonio a un gran luchador de la clase obrera, un compañero entero y solidario; uno de los "imprescindibles", como diría Brecht. Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero, nuestro acompañamiento y saludo a su mujer y compañera de lucha, Cristina, a su hija Laura y a todos sus compañeros, familiares y amigos.

Ana fue una luchadora de toda la vida. Peleó en las buenas y en las malas. Por sus hijos, por sí misma. Por el hospital público. Por el socialismo. Solidaria, cabeza dura a veces, amiga. Vinculada por décadas a la vida del Partido Obrero, Ana se destacó en la lucha por una nueva dirección en ATE, y fue pionera de la batalla contra la precariedad laboral en el gobierno de Menem y Duhalde. Como enfermera en el hospital Eva Perón (ex Castex) a principios de los ’90, Ana desarrolla lo mejor de sí como militante y luchadora sindical. A poco de ingresar, encara con otras compañeras la lucha contra el desguace y privatización de áreas periféricas del hospital, proceso generalizado en la provincia de Buenos Aires. En esos años aparecen lo que alguno llamó las tres mosqueteras del Castex de San Martín -una, claro, era Ana. Recuperan la Comisión Interna de ATE del hospital, con Ana como secretaria general, y se convierten en el dolor de cabeza de la burocracia y de las autoridades. Revolucionan el hospital y son un factor clave en las luchas hospitalarias de la provincia en los años siguientes. Todas éstas tuvieron a Ana como protagonista: la puesta en pie de listas independientes en ATE -que encabezó más de una vez en la provincia-, las batallas conjuntas con la Cicop contra la degradación de las leyes laborales, la defensa del hospital público contra el proceso de privatización menemo-duhaldista. Hay que enfatizar la pelea que quebró la precarización laboral con la huelga de 18 días de los trabajadores del Castex en 1998, obteniendo el ingreso a planta permanente de 270 trabajadores del hospital -y obligando a Duhalde a efectivizar a 4.000 contratados en el resto de los hospitales provinciales, temeroso de una oleada huelguística tras el triunfo en San Martín. No hubiera sido posible sin la conducción de Ana y la Comisión Interna clasista. En la crisis de 2001 y la emergencia del movimiento piquetero, jugó un destacado papel para integrar al hospital a las asambleas y planes de lucha piqueteros. Lo entendía, como era, parte de la lucha obrera de la época. Sus últimos años fueron una batalla por su salud. Primero enfrentando una durísima operación de columna. Después, la pelea contra el cáncer, que dio con una enorme entereza. Ana dejó una estela. En el partido y en el hospital. Hasta días antes de su muerte, hinchaba por el voto a Altamira. No sé si lo pudo hacer. Quiero abrazar a sus hijas y a su hijo que recibió la noticia fuera del país. A su compañero Marcelo. A sus compañeras y compañeros de lucha de tantos años. Anita, hasta la victoria siempre.

-Exclusivo de internet Bajo el sonido ensordecedor de cornetas, platillos, triángulos, matracas, botellas que los compañeros fueron bajando de sus oficinas, los últimos dos miércoles, se realizaron dos ruidazos reclamando el pase a planta en el edificio de Santa Fe 1548. Las medidas de lucha fueron resueltas en asamblea convocada por la Junta Interna de ATE planteando que "a un año del asesinato de Mariano Ferreyra la lucha por el pase a planta sigue más vigente que nunca". En el ministerio conviven las más variadas formas de precarización laboral: cooperativas (truchas) de seguridad que pagan miserias y sueldos con atrasos, cientos de compañeros bajo el régimen de monotributo, contratados de empleo público de duración anual asimilados parcialmente a categorías de planta (pero sin adicionales) y una planta permanente sin posibilidades de ascenso. Concursos, una nueva estafa En el año 2009, Cristina anunció acompañada de Andrés Rodríguez (UPCN), que en el Estado no iba a haber más trabajadores de primera y trabajadores de segunda, pero, en concreto, del anuncio sólo quedó la apertura de 1.000 vacantes para las decenas de miles de contratados que hay en el Estado nacional. Lo peor es que la mitad de esas vacantes no se concretó aún, ya que sólo se abrieron 300 en Trabajo (donde todavía no tomaron posesión del cargo los ganadores) y 208 en Educación, siendo que en este ministerio hay más de 1.500 contratados. Los requisitos estipulados en el convenio colectivo para poder concursar son tan restrictivos que una parte importante de esos cargos ya quedaron vacantes. A esto se suma que a quienes ingresen a planta no se les reconoce la antigüedad, lo que representa para algunos una reducción salarial. Lo que las autoridades y UPCN vendían como la gran conquista y que la Junta Interna de ATE venía denunciando, ha quedado demostrado que no soluciona el problema. De ahí la bronca y la indignación de los trabajadores. A esta situación general se suman reclamos que van surgiendo de distintas direcciones para pedir el pase urgente de régimen de monotributo a contrato de empleo público, que ya van teniendo sus primeras conquistas. Mientras los funcionarios del gobierno continúan planteando que seguirán abriendo concursos a cuentagotas, perpetuando así las condiciones de trabajo precario, los trabajadores vamos a seguir con los ruidazos y otras medidas de fuerza hasta que quede blanqueado todo el personal.

-Exclusivo de internet Pater Dixit reivindica al teatro como tal. Sin necesidad de sobre-estímulos sensoriales propios de otros géneros, sólo recursos del actor, las voces y el cuerpo, las luces y las sombras, un toque de música, un texto maravilloso y la síntesis creativa colectiva que orienta Pompeyo. Actores en drama y en relato, la destrucción física de los libros y el actor escribiendo a máquina. Podemos decir que es teatro del segundo milenio, enormemente escaso. Pompeyo defiende que el conjunto de actores sea el autor de la obra, los dueños. Esta es una de sus claves. Si se presencia el trabajo en sus clases no extraña la creación actoral de los protagonistas. Sus caras, sus cuerpos, sus voces y sus vínculos son, en sí, son una obra de arte. En esta pieza, el texto y las situaciones planteadas son transparentes: la opresión paterna, la negación de la vida propia del hijo en la existencia del padre, que reduce la vida a "la escuela de la muerte", está determinada por la propiedad y su indisoluble herencia. No hay resquicio en la relación padre-hijo que se salve de esta condición, por lo menos en la estirpe propietaria, la de los príncipes torturados por la conservación de sus tierras y sus hijos estudiantes en Londres, torturados por su destrucción. Unidos por un destino sin vida que le imprimen a la humanidad. Los parientes y las mujeres de la familia no tienen casi lugar, el foco de la autoridad y la propiedad se guía por el camino masculino central. El gran monólogo del padre propietario, sobre su tema de conversación: la crecida, en contradicción con el tema del padre médico. La comedia, repetida hasta el agotamiento, es de una belleza infernal. El Estado, encarnado en el funcionario municipal, atormenta al hijo en sus deberes, una vez que el padre se ha suicidado, enfermo y adolorido, asediado por voces internas. La superposición (como recurso teatral) de padre príncipe, hijo de otro, hijo propio, explica cómo la relación histórica de propiedad le da el carácter a los vínculos de otros padres e hijos, inexorablemente. Con una pequeña pero iluminada diferencia: alguno de esos otros hijos aparece zafándose, por un instante. Pompeyo no tiene pudor en abordar la decadencia hasta el horror, la locura y la muerte. Creo que en esta valentía se basa su capacidad creativa, pocos se atreven a hundirse en el barro y la sangre del régimen social y sus expresiones. Su barbarie mortuoria y atormentada. Desde ya que revoluciona la estética del teatro, que no es poco, en los tiempos que corren. Recurre a la creación colectiva, defiende esa labor contra el vedetismo del estrellato, intrínsecamente mediocre. Es oscuro, es cierto. Creo que el combate que libra contra lo panfletario —más allá de su inutilidad real—, es para no forzar una expresión de la que carece: el palpitar de la otra cara de la propiedad, la opresión, la locura y la muerte, el estado y la explotación. Una carencia parcial y una actitud de parte de Pompeyo nuevamente respetable y consecuente. Vayan mis enormes respetos para él y todo el grupo. Su firma es suficiente.

Un cable de estas horas relata un calvario conocido en la Argentina: el de Ofelia Esther Wilhelm, jubilada, quien inició un juicio por el ajuste retroactivo de sus haberes y el cobro de los intereses respectivos. Ofelia, como más de 300.000 jubilados, quiere acogerse al “fallo Badaro” de la Corte Suprema -el cual estableció, para un caso, el reajuste de los haberes congelados entre 2003 y 2008. En abril de este año, Ofelia consiguió sentencia firme de la Justicia para su reclamo. Sin embargo, como con tantos otros jubilados, la Anses desconoce el fallo y no le paga a Ofelia lo adeudado. Anualmente, la Anses sólo paga uno de cada diez de estos juicios. Pero en el mismo lapso desde que Ofelia inició su demanda, la caja de los jubilados prestó dinero a la General Motors, absorbió buena parte de los títulos de la deuda pública y, recientemente, aportó sus dólares a la especulación cambiaria para financiar la fuga de capitales. La “imposibilidad” de pagar juicios -a la que siempre alude el titular de la Anses- es inseparable de esta política de rescate de los capitalistas. Ofelia deberá seguir esperando. O pedir, como tantos otros jubilados, la ayuda de sus hijos. En su caso, la que tendrá que arrimar algo a la olla es su hija: Cristina Fernández de Kirchner.

-Exclusivo de internet El 9 y 10 de noviembre se llevarán a cabo las primeras elecciones de centro de estudiantes en la UNRN Sede Atlántica-Viedma. Hay que recordar que esta universidad fue creada con las bases de la LES y la Coneau, ley menemista, impulsada por el gobierno de De la Rúa, y retomada por el kirchnerismo para profundizarla. Esta ley apunta a privatizar y mercantilizar las carreras, devaluando los títulos, recortando los programas de estudio, impulsando la realización de posgrados arancelados, fomentando el ingreso restricto, entre otras medidas. En dicha universidad también rige un estatuto provisorio muy reaccionario, que a pesar de haberse realizado las elecciones "normalizadoras" de la institución en las que se eligieron representantes de los diferentes claustros, todavía no se ha convocado a asamblea universitaria, para tratar dicho estatuto. En el mismo, establece que en la asamblea se dará participación a los funcionarios de los gobiernos de turno, a los sindicatos (burocracia), a los representantes empresariales, ONG, y los estudiantes sólo tenemos un 1% de representación. Avalado por este estatuto y con la aprobación del rector Del Bello, se implementó un "Reglamento de Disciplina para los alumnos de la UNRN" al mejor estilo de las universidades yanquis y similar al código de convivencia que se quiso aprobar en la UNCo, pero que fue rechazado masivamente por el estudiantado, por organizaciones de derechos humanos, trabajadores de la educación, entre otros. En este marco, somos dos agrupaciones quienes presentamos listas, una filo k, disfrazada bajo el nombre de Integración Estudiantil y nuestra agrupación: Estudiantes Unidos y en Lucha, que nos presentamos a estas elecciones, con la perspectiva de poder organizar al movimiento estudiantil y dar la batalla por las reivindicaciones más urgentes. Por un centro de estudiantes democrático y en defensa de los derechos estudiantiles Por la inmediata culminación del edificio de la sede A bajo el reglamento de disciplina. Por una fotocopiadora gestionada por los estudiantes, por guarderías. Por más y mejores becas y presupuesto para la Educación Pública ¡Democratización de la UNRN Ya!

El jueves 20 de octubre, poco más de un mes después de la caída de Trípoli, fue capturado y ejecutado Muammar Gaddafi, el ex dictador libio que se encontraba refugiado en la ciudad costera de Sirte, último reducto de las fuerzas leales al viejo régimen. La captura se produjo cuando se derrumbó la resistencia de los gaddafistas, luego de semanas de asedio terrestre por parte de las fuerzas rebeldes y bombardeos aéreos nocturnos permanentes de la Otan, que según algunas informaciones habrían dejado más de tres mil muertos en una ciudad de 100 mil habitantes (El País, 27/9) -organismos humanitarios denunciaron la aparición de más de medio centenar de cuerpos de leales a Gaddafi asesinados en un hotel de la ciudad, con las manos atadas a la espalda (Financial Times, 25/10). Según diversas fuentes, Gaddafi intentaba escapar de Sirte junto con una comitiva en una serie de vehículos que fueron atacados por aviones de la Otan, y luego capturado por los milicianos rebeldes, que lo detuvieron cuando intentaba refugiarse en una cañería al costado de la ruta. Los videos caseros tomados en el momento muestran que Gaddafi fue capturado con vida, pero luego ingresado en un vehículo del cual lo bajaron muerto de un tiro en la cabeza -lo mismo que ocurrió con uno de sus hijos. Hillary Clinton había estado en Libia pocas horas antes, en un viaje sorpresivo, y había llamado a que el ex jefe de Estado fuera “capturado o asesinado” lo más rápido posible (Huffington Post, 19/10). La ejecución sumaria de Gaddafi, cuando ya había sido detenido, obedece no sólo al temor de que el prisionero se convirtiera en un factor de reagrupamiento de la oposición al nuevo régimen, sino también a las consecuencias imprevisibles que podrían haber tenido las revelaciones del dictador, en un eventual juicio, sobre sus más que estrechos vínculos con las potencias imperialistas que ahora impulsaron su derrocamiento. A ocho meses de iniciado el levantamiento contra Gaddafi en la ciudad de Bengasi, la rebelión ha sido virtualmente copada por las fuerzas imperialistas y sus personeros locales al mando del Consejo Nacional de Transición, actual gobierno interino del país. Crisis política Aún luego de la ejecución, el ex dictador se ha convertido en un factor de la crisis política: su cadáver no fue trasladado a Trípoli ni a Bengasi sino a la ciudad de Misrata, controlada por milicias que no responden directamente al Consejo Nacional de Transición, donde fue colocado sobre un colchón en una cámara frigorífica y la población realizó largas filas para ingresar a ver el cuerpo. La crisis se puso en evidencia cuando el entonces primer ministro del CNT no logró establecer un acuerdo con los líderes militares de la ciudad sobre qué hacer con el cuerpo, que continuó en exposición pública varios días -a pesar de que la ley islámica dispone que sea enterrado dentro de las 24 horas posteriores a la muerte. En las últimas horas se informó que el cadáver de Gaddafi y su hijo habían sido enterrados en un “lugar secreto del desierto”. Las discusiones sobre el lugar del entierro son un reflejo de las profundas contradicciones del campo ‘rebelde’, que prometen profundizarse con la caída del dictador que actuaba como factor de unificación de los distintos grupos opositores. El CNT acaba de anunciar, con respaldo del imperialismo, la ‘liberación de Libia’ y la formación de un nuevo gabinete: la crisis ya se cargó al primer ministro Yibril, que fue desplazado de su puesto y reemplazado en forma interina por el “tecnócrata” Abdurrahim el-Keib. Según el comentarista de El País, “el desgobierno, la incapacidad palmaria para someter a las anárquicas brigadas de alguna ciudad libia, las pugnas territoriales, la división entre liberales e islamistas y el vacío político marcan el nacimiento de la nueva Libia” (25/10). En este cuadro, la dirigencia del CNT ha acelerado un giro derechista y pro imperialista: el presidente Abdul Jalil reafirmó que la sharia o ley islámica será “el fundamento constitucional de la nueva Libia”, al tiempo que restableció disposiciones que atacan los derechos de las mujeres y reclamó una mayor intervención del imperialismo para reforzar su posición y asegurar la ‘reconstrucción’ del país. En un editorial, el Washington Post destaca que “los líderes libios pretenden un rol más activo de los Estados Unidos” y exigen al gobierno de Obama una respuesta positiva: “La estabilización de Libia bajo un gobierno democrático podría ayudar a inclinar la marea de cambio en el Medio Oriente en favor de aquellos que defienden la libertad” (20/10). Reparto imperialista y desarme de las milicias Aunque según un informe del grupo Barclays a sus clientes “la muerte del depuesto líder libio se verá como un desarrollo positivo para la seguridad de Libia y las perspectivas de producción (petrolera)”, lo cierto es que el precio del barril apenas se redujo y fuentes financieras aseguraron que “la muerte de Gaddafi cambia muy poco las dinámicas subyacentes del escenario petrolero”, esto porque aún no están dadas las garantías de ‘orden’ al interior del país. Está en curso, en cualquier caso, una virtual carrera entre las empresas de las diferentes potencias imperialistas, para quedarse con la mejor parte del nuevo reparto de Libia. Ya una semana antes de la muerte de Gaddafi, una delegación de ochenta empresas francesas se reunió en Trípoli con el gobierno interino, mientras que el nuevo ministro de Defensa británico reclamó a las compañías de su país “hacer las maletas y viajar a Libia” cuanto antes. Según The New York Times, una compañía británica, Trango Special Projects, está ofreciendo viajes a Trípoli para “hacer negocios en Libia”, garantizando el transporte y el alojamiento con el respaldo “de nuestro discreto equipo de seguridad combinado libio y británico” (28/10). Según el cronista de El País, “se da por hecho que las empresas de los países más afines al régimen de Muamar el Gaddafi, sobre todo Rusia, China y Brasil, no tendrán cabida en la nueva Libia” (El País, 20/10). La restauración del “orden” reclamada por el imperialismo exige, en primer término, el desarme de la población y la reorganización de un ejército centralizado. No parece tarea sencilla: “El CNT es sólo una de varias fuerzas políticas en el país: desde que las fuerzas rebeldes entraron en Trípoli el 21 de agosto, ha habido un incremento sostenido de grupos armados en zonas como Misrata, Zentan, Trípoli e incluso el este que cuestionan la autoridad de los dirigentes del CNT” (Stratfor, 21/10). En los últimos días circularon noticias de bandas armadas que buscan ‘recuperar’, por propia mano, el control de propiedades que habían sido expropiadas en los años setenta por el gobierno de Gaddafi, a través de disposiciones que establecían que los locatarios de un inmueble podían convertirse en sus propietarios. Si bien la Otan dio formalmente por terminada la “zona de exclusión aérea” el 31 de octubre, la intervención imperialista, promovida por el CNT, implica la presencia en el terreno de fuerzas militares extranjeras: en los últimos días, dirigentes libios le plantearon a senadores norteamericanos que visitaban el país que estaban dispuestos a pagar por misiones de entrenamiento militar norteamericanas para sus fuerzas de seguridad. Desde hace algunas semanas, Estados Unidos está enviando antiguo personal militar y contratistas para ‘recuperar’, sigilosamente, armamento pesado que ha desaparecido de los arsenales de Gaddafi y cuyo paradero se desconoce (Washington Post, 13/10). La explicación oficial es que se busca evitar que ese armamento caiga en manos del ‘terrorismo’, pero lo cierto es que la preocupación principal es la situación interna de Libia. Según divulgó hace pocos días la agencia France Presse, cientos de soldados de Qatar participaron en las operaciones militares en el terreno junto a los rebeldes libios; el jefe del Estado Mayor de ese país dijo que una vez concluida la misión de la Otan, “su país va a liderar una coalición que supervisará el entrenamiento de las fuerzas armadas, la recogida de armas, y la integración de los rebeldes en las instituciones militares” (El País, 27/10).

En forma selecta han sido procesados los principales dirigentes de la actual interna de Kraft que encabeza Javier Hermosilla, de la que dirigió el conflicto, encabezaba Ramón Bogado, y junto a ellos Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. Es un proceso a una huelga que marcó una etapa en el movimiento obrero, un juicio a sus organizadores, a quienes fueron solidarios activamente con la huelga y a quienes, a partir de la intervención, nos transformamos en voceros políticos de la lucha. La causa estaba a punto de prescribir cuando se dispusieron las indagatorias y luego cayeron los procesamientos en cadena, acompañados de embargos. Todo lo cual ocurrió casi simultáneamente con la causa de Sobrero y a los ferroviarios del Sarmiento, ambas por parte de jueces federales de reciente designación. La decisión política es inocultable. No obstante, en tiempo real de la huelga, mientras intervenía en el conflicto la embajada norteamericana reclamando "seguridad jurídica", mientras Tomada conciliaba con los despedidos afuera y mientras Scioli ingresaba la infantería dentro de la planta, el entonces flamante juez federal Mariano Larrea disponía el espionaje mediante servicios de inteligencia, que son los que aportaron las "pruebas" del delito de Pitrola y de los demás compañeros. Es decir que se trata de una penalización largamente preparada con la colaboración de organismos de inteligencia del Estado. Obreros que tuvieron que luchar contra un despido injusto son procesados y, encima, embargados. Al igual que Pitrola y Ripoll, a razón de 30 mil pesos por corte -algunos acumulan seis-, con lo que el proceso se transforma en una condena para conseguir trabajo y para disponer de los bienes que puede poseer una familia obrera. Es un ataque ejemplificador, como la cárcel a "Picante" Oñate, el delegado petrolero santacruceño, lo cual marca una orientación política de conjunto del kirchnerismo frente a los grandes movimientos de la clase obrera. Luego de dos años, la naturaleza del ataque patronal con los 156 despidos que desataron la huelga ha quedado probada. Ni antes ni después, la multinacional dejó de facturar cuantiosas ganancias. Ni antes ni después la patronal dejó de presionar por mayores ritmos de explotación para mejorar sus "costos" a expensas de los trabajadores. Estaba -y está- en disputa el control del lugar de trabajo, el papel que puede jugar la organización obrera si la patronal puede dominar la situación con la colaboración de un aparato sindical cooptado. El despido fue arreglado y tal vez nominado, despedido por despedido, por la burocracia de Rodolfo Daer, la que pretendía retomar el control de la principal industria del gremio. El día que indagan a Pitrola, el 12 de octubre pasado, los obreros de Kraft respondieron ellos mismos con un soberbio pronunciamiento a todo el proceso contra los compañeros. La actual interna (Lista 2) ganó la elección de delegados por un amplio margen, contra otra lista de izquierda de la anterior interna que había firmado la paz social con parte de los despedidos afuera; y ante una burocracia que no pudo armar lista propia y se tuvo que resignar a apoyar "por abajo" a la Lista 1, cuyos líderes están ahora también procesados. Jorge Altamira, en la conferencia de prensa por el desprocesamiento de Pitrola, marcó un concepto: la tercerización de la persecución por medio de la Justicia, así como tenemos la tercerización de la represión por medio de patotas. Mediante la persecución por la justicia posan de "dejar actuar a las instituciones", para delicias de una oposición que reclama lo mismo. Todo, de parte de un gobierno "nacional y popular" que muestra en este flanco crucial de la lucha de clases, sus límites, su naturaleza de clase y su alcance como experiencia política popular. Kraft -contemporánea de los paros generales del subte por su reconocimiento, de una ocupación obrera en Emfer y otras luchas- es parte de un proceso político en pleno desarrollo en el movimiento obrero: la tendencia a la lucha por una nueva dirección en el mismo. Este proceso judicial apunta ahí. Por eso incluyen a los militantes políticos de la izquierda que se involucraron en la lucha. El Partido Obrero motorizó, en las postrimerías de la huelga, en oposición a la política de cooptación y de actas de paz social con las izquierdas del subte y de Kraft, una Conferencia Obrera que nucleó a mil delegados de todo el país y potenció el desarrollo clasista en más de cien gremios. El proceso judicial de Kraft opera cuando Cristina Kirchner empieza a prefigurar su segundo mandato. Es por eso un tiro por elevación para disciplinar al movimiento obrero en su conjunto, de cara al Consejo Económico y Social que se esboza en los cenáculos empresarios, destinado a digitar salarios a la baja de la inflación, a imponer un ajuste en el gasto público, a los tarifazos, a viabilizar las suspensiones y despidos que hoy mismo empiezan en Renault, a reorganizar la CGT por derecha. La defensa de los compañeros, el desprocesamiento de los miles de luchadores (Memoria, Verdad y Justicia ya registró 2.400), la libertad a Olivera y Oñate, el plan de lucha que se informa en estas páginas, con eje en la marcha del 23 de noviembre, no constituyen una mera reacción defensiva -plenamente justificada-, sino tomar la iniciativa frente al poder político que asumirá el 10 de diciembre, por parte de un gran frente único de todas las expresiones de lucha por esa nueva dirección en el movimiento obrero.

El presidente francés, Sarkozy, se declaró "sorprendido" por la decisión del gobierno de Grecia de llamar a un referendo sobre los planes de austeridad que le impone -sin remedio, desde hace dos años- la ‘troika' compuesta por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el FMI. El último referendo en Europa, hace unos veinte meses, decidió anular la deuda externa de Islandia -por 98 contra 2 por ciento. El nuevo paquete que debía aprobar Grecia estaba varias veces envenenado, pues le exigía despedir a treinta mil empleados del Estado, privatizar industrias y servicios, y para colmo hacerse cargo de ‘nacionalizar' la banca griega, la cual se encuentra quebrada (o sea: se deben hacer cargo de la pérdida). El canje ofrecido por la ‘troika' para esta dosis de ‘austeridad' era igual a cero, porque la prometida reducción de un 50% no pasa de un proyecto vago -el cual no pone remedio a la situación de quiebra de las finanzas públicas- y porque la creación de un Fondo de Rescate de hasta un billón de euros no ha salido de la fase imaginativa. Políticamente, la exigencia de la ‘troika' tenía un solo y único significado: despachar al gobierno que encabeza Papandreu, disolver el Parlamento y transferir el gobierno a la derecha por medio de nuevas elecciones. Papandreu respondió a esta iniciativa golpista con la convocatoria a referendo, pero sin ponerle fecha. Con este planteo, ha pedido un "voto de confianza" al Parlamento. El viernes podría pasar a mejor vida si pierde la votación. Lo único que ataja el temor a destituirlo, luego del llamado al referendo, es que detone una rebelión popular. Grecia viene coqueteando desde hace tiempo con una crisis revolucionaria -quizá logre su propósito. No debe pensarse, sin embargo, que Papandreu no tiene quién lo respalde. La salida de Grecia de la zona euro podría ser bien vista por Gran Bretaña y por otros gobiernos de la Unión Europea que no participan de la moneda común. Las propuestas para que los países que sí están en la zona euro converjan en un Tesoro común, el cual estaría condicionado por Alemania, son vistas fuera del continente como un acaparamiento del mercado europeo en perjuicio de los países de la Unión Europa que han conservado sus monedas nacionales. Esta situación ya ha desatado una conspiración por parte de la derecha de los conservadores británicos, quienes reclaman un referendo para decidir si siguen en la Unión Europea. Los griegos suelen comparar, por estos días, la ignominiosa ocupación nazi-alemana de su país con los ‘planes' que les quiere imponer la germana Merkel; pero Grecia ha sido ocasionalmente una colonia alemana y, en forma permanente, una de Inglaterra, que incluso impuso su independencia entre 1825 y 1830 (luego fue relevada por Estados Unidos a partir de los años ’50 del siglo pasado). Otro respaldo a Papandreu parece venir de Estados Unidos, que interpreta la extorsión de los griegos a la ‘troika' como un factor que podría forzar a Francia y Alemania a lanzar el Fondo de Rescate de Europa, cuyo financiamiento se haría con la colocación de deuda pública conjunta en los fondos de inversión norteamericanos. El episodio del referendo griego se juega en el tablero de una disputa mundial. Los chinos ya han dicho que no financiarán ese Fondo Europeo si Europa no le otorga ventajas comerciales y la posibilidad de comprar empresas y bancos europeos. La Cámara de la Industria de Alemania y los bancos ya han respondido con un civilizado ‘niemand'. La ‘operación Rajoy' es una fantasía de la ‘troika' que visualiza a la transición entre el ‘socialista' Rodríguez Zapatero y el franquista Rajoy como un modelo para ‘gestionar' en toda Europa la crisis política que emerge como consecuencia de la bancarrota capitalista. Los italianos, concretamente, no saben cómo usarla, pues la oposición a Berlusconi está fragmentada y carece de apoyo social, mientras los aliados del proxeneta no quieren saber nada de una ‘unión nacional' con ella. La ‘troika' podría descubrir también que su operación española podría naufragar por completo inmediatamente después de que asuma Rajoy, dado el implacable descenso de la economía española a los infiernos y la tendencia de su juventud a la rebelión. La tendencia a la declaración de bancarrota del capital continúa, por otra parte, implacable. La elevación de la tasa de interés de la deuda pública de Italia a nivel de quiebra (400 puntos de riesgo-país sobre Alemania) está paralizando las transacciones financieras, que a ese nivel de riesgo reclaman mayores garantías (las que nadie, sin embargo, puede ofrecer). El mismo efecto está produciendo, pero en Estados Unidos, la quiebra de una firma corredora de Bolsa fuertemente comprometida con la deuda europea, que ocurrió la semana pasada. Aún se teme que pueda desencadenar una onda de quiebras. Aunque la crisis europea y el derrumbe de las Bolsas ocupa la atención de la prensa internacional, el plato fuerte lo ha servido China con el anuncio del derrape del precio del cobre. Esta materia prima es el indicador más fuerte del nivel de inversión industrial de ese país, el que obviamente se ha derrumbado como consecuencia, entre otras cosas, de la crisis inmobiliaria (construcción). Esta caída forzó una renegociación de todos los contratos de compra, en especial por parte de la siderurgia, y el pasaje a un régimen de contratos al día (‘spot'). La novedad golpeó a la minera más importante del mundo, Vale do Rio Doce, cuyos ingresos son la principal fuente de financiamiento de la economía brasileña. Los apologistas del capitalismo han venido contraponiendo la ‘bancarrota capitalista" en los países desarrollados a la ‘explosión de desarrollo capitalista' de los países rezagados, e imaginan un futuro del capitalismo arrastrado por estos últimos. Los acontecimientos van zanjando el veredicto sobre esta contraposición de caracterizaciones. Al cabo de veinte años de restauración capitalista en naciones tan decisivas como China y Rusia, resulta claro que su condición de salida para la sobreproducción capitalista mundial ha ido paralela con una intensificación de esa sobreproducción como resultado de su incorporación al mercado mundial. Estamos en el siglo XXI, en plena declinación histórica del capitalismo; no en los siglos XVIII y XIX, cuando la ampliación de la frontera geográfica del capitalismo era impulsada por un sistema social que tenía adelante todo por hacer. Antes de revigorizar las posibilidades de esas economías en transición como una salida para el capital, la economía mundial deberá atravesar una purga gigantesca -preñada de crisis políticas, guerras y revoluciones. Aquella contraposición entre bancarrotas y desarrollos nos lleva a otra: mientras que en los países avanzados el proletariado asimila en forma pasiva la crisis y recula ante la ofensiva del capital, en China se registra una persistente ofensiva obrera que ha dejado ya importantes conquistas (desde aumentos salariales imponentes hasta el reconocimiento de las organizaciones sindicales autónomas en numerosas empresas). El aliento del proletariado sopla con mayor intensidad en los países que ‘crecen' que en los países que ‘retroceden', pero el capital teme por su cabeza más en estos últimos, porque la crisis arrastra a la miseria al conjunto de la población. Se trata, claro, de diapositivas diferentes de una misma película.

-Exclusivo de internet Desde hace seis semanas los trabajadores de los hospitales están en lucha, con paros, movilizaciones, cortes de calles, escraches. Reclaman un salario básico de 6.000 pesos (hoy están en 2.600), la incorporación de 5.000 enfermeras y la efectivización de contratados y monotributistas. La lucha abarca desde los médicos hasta los empleados administrativos y de mantenimiento, pasando por los de enfermería, laboratorio y otros, y también los residentes médicos que en su mayoría no cobran y los que sí lo hacen no superan los 1.500 pesos, con jornadas de hasta 32 horas seguidas. El sistema de residencias se convirtió en el principal sostén de hospitales públicas y clínicas privadas en una verdadera superexplotación avalada por la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos ante un verdadero colapso de la salud pública llevada a cabo en beneficio de grandes grupos capitalistas, a los cuales el gobierno les ha entregado servicios enteros de los hospitales públicos usufructuando los edificios y el presupuesto de salud. Schiaretti mantiene la negativa a siquiera discutir, argumentando que debe hacerlo el nuevo gobierno. Sin embargo su gestión terminará con el envío del presupuesto 2012 a la Legislatura provincial. Allí quedará blanco sobre negro que el gobierno no piensa dejar de pagarle un solo peso o dólar a los usureros, que seguirá sin cobrarles impuestos a los grandes grupos capitalistas (les perdonan todos los años 4.000 mil millones de pesos a los pools sojeros y más 1.000 millones a los pulpos industriales, los mismos que rápidamente suspenden o despiden trabajadores), que seguirá "invirtiendo" en obras innecesarias que son fabulosos negociados para las empresas amigas del poder. Para los trabajadores del Estado ya adelantaron que se prevé un aumento salarial no superior al 14% en cuota cuotas. Como se ve muy lejos todo de lo reclamado. Nace un activismo independiente Las varias maniobras que el gobierno realizó para quebrar la lucha fracasaron. El sindicato reconocido por el estado provincial es el de empleados públicos (SEP) cuyo secretario general es legislador electo por el oficialismo. Sin embargo su incidencia en el conflicto es cada vez menor, no sólo hay otros sindicatos no reconocidos por el estado como ATE y UPS, sino que además surgió un interhospitalaria que funciona con delegados de las asambleas de los hospitales y que desconoce al SEP; las enfermeras se agruparon en "Enfermeras Unidad" y son el gran motor en esta etapa de la lucha, los mismo sucede con los residentes que ya habían salido a la calle varias veces en el año. Este desarrollo de la lucha choca con la intransigencia oficial que considera a la salud como una "variable de ajuste" además de un gran negocio para los pulpos de la medicina que cotizan en las bolsas internacionales. Schiaretti y su sucesor se erigen como representantes de ese negocio. Está claro a esta altura para un sector cada más importante de la población que lo que está en juego no es meramente un reclamo gremial, que lo que se está peleando es el futuro de la salud de 3 millones de cordobeses, sobre esta base llamamos a un gran movilización popular que garantice el triunfo de la lucha y una salud pública y gratuita para todos.

A estas horas, que Néstor Pitrola tendría asegurada su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con los votos que acaba de obtener en las elecciones no es novedad para nadie. Está claro, por otra parte, que habría ocupado el lugar 24 entre los 35 elegidos -es decir por delante de 11 diputados con menos votos y menor legitimidad que el primer candidato en la lista del Frente de Izquierda. Se sabe menos que la anomalía es producto de un sistema parido en su momento por la dictadura militar y convalidado luego por los sucesivos gobiernos de la democracia. En la provincia de Buenos Aires, como en todo el país para los cargos nacionales, rige el antidemocrático piso del 3% del padrón electoral como condición para acceder a una banca. El sustento “jurídico” es el Código Electoral Nacional sancionado en 1983 bajo la dictadura de Bignone. Ese requisito, eliminado para cargos provinciales en varios distritos (Capital y Córdoba, entre ellos), rige hoy para los cargos nacionales, luego de ser preservado por todos los gobiernos de la “democracia”. Esta valla quedó planteada en Santa Fe cuando el candidato de Proyecto Sur a diputado provincial -Carlos del Frade- no pudo ocupar su banca a pesar de superar el 3% de los votos “válidamente emitidos”, piso exigido en la convocatoria electoral. El Tribunal Electoral rechazó la pretensión con el planteo de que el piso de votos debía calcularse sobre la totalidad del padrón, invocando una ley provincial que tomó como modelo el Código Electoral Nacional aprobado por la dictadura en las vísperas de la elección del Alfonsín. En la provincia, como en la “década infame” “Hacia abajo”, en la propia provincia, existe un régimen de proscripción que, por su sofisticación y múltiples variantes, ha sido colocado como modelo de estudio en facultades de ciencias políticas. Primero, porque en lugar del reparto proporcional que se utiliza para integrar el Congreso de la Nación (desde ya, luego de superar el antidemocrático piso del 3%), los cargos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se distribuyen con el sistema de cocientes, que toma la cantidad de votos válidos y los divide por el número de cargos electivos en juego, estableciendo un piso mínimo para acceder a una banca. La imposición de este sistema ha llevado a que los partidos que dominan el régimen político -concretamente el PJ y la UCR- hayan tenido un tercio de representantes por encima de lo que les correspondería de aplicarse un sistema de representación proporcional. En segundo lugar, el régimen de la “década infame” impuso en 1934 -bajo el gobierno de un Martínez de Hoz- la división de la provincia en ocho secciones electorales, una reforma política nada ingenua. La división permite que los distritos menos poblados o dominados por la oligarquía en su tiempo tuvieran una representación similar o mayor que los populosos distritos obreros del Gran Buenos Aires. Sólo a modo de ejemplo, la primera sección electoral -que abarca toda la zona norte y oeste del GBA- con 3.652.490 empadronados en 2009 elige 15 diputados y ocho senadores, uno cada 158.804. La sexta, del sudoeste de la provincia con centro en Bahía Blanca, elige once diputados y seis senadores, es decir un representante cada 33.264 votantes. Con todos sus rasgos fraudulentos, se ha mantenido en pie durante setenta y cinco años por un acuerdo básico entre el PJ y la UCR. ¿Concejal? En el caso de los concejales, la proscripción es aún más elaborada. Los distritos del GBA tienen, en promedio, entre veinte y veinticuatro concejales, según la cantidad de habitantes, los que se renuevan de a mitades. Si para ser diputado nacional hay que superar el antidemocrático 3%, para ser concejal en un distrito como Merlo se requiere un 8,33%. ¿Por qué? El “sistema” establece un cociente electoral obtenido de tomar la cantidad de votos válidos y dividirlos por el número de cargos electivos en juego. Este cociente es el piso mínimo de adhesión para participar en el reparto de bancas ¿Y los puestos que “sobran” luego de este reparto de bancas? Se reparten entre los más votados, es decir entre los mismos. Naturalmente, “si se aplicara el sistema proporcional D’Hont a la actual composición de los consejos deliberantes, hallaríamos que hay concejales electos con cero votos en varios municipios” (La Nación, 27/6/09). Es el mismo “sistema” que se utiliza para acceder a la Legislatura y tiene la marca de origen del “bipartidismo”, aunque hoy sirva para bloquear el acceso del Frente de Izquierda al Congreso nacional, la Legislatura o los concejos deliberantes. Denunciemos y rechacemos la regimentación política. Fuera los “pisos”, los cocientes fraudulentos, las secciones amañadas y todos los mecanismos que tienden a bloquear la representación política de los explotados.

El lunes 31 se realizó en el hotel Bauen una conferencia de prensa para rechazar el procesamiento dictado contra Néstor Pitrola por haber participado solidariamente de la lucha de los obreros de Kraft en el año 2009. Las importantes representaciones que se hicieron presentes y las intervenciones de más de veinte dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles superaron el objetivo inicial, para cobrar la forma de una verdadera asamblea de lucha por el desprocesamiento de Pitrola y por la libertad de organización y de lucha de los trabajadores en oposición a la persecución legal del Estado y de las patotas de la burocracia sindical y para-estatal. Junto a Pitrola, en la mesa central de la Conferencia de Prensa, se encontraban presentes Daniel Farella, del cuerpo de delegados de la Línea 60; Javier Hermosilla, del cuerpo delegados de Kraft; Rubén "Pollo" Sobrero, delegado del Ferrocarril Sarmiento, y Vilma Ripoll, del MST, quien está procesada en la misma causa que Pitrola. Durante las dos horas de duración de la conferencia, que tuvo cobertura periodística, hicieron uso de la palabra, además de los integrantes de la mesa, entre otros, Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital; Fernanda Gil Lozano, diputada nacional de la Coalición Cívica; María del Carmen Verdú, de la Correpi; Carlos Serrizuela, dirigente procesado del Frigorífico Rioplatense; José Piazza, secretario general de ATE del Teatro Colón, quien tiene sobre sí un juicio de desafuero del gobierno de Macri; Alejandro Lipcovich, presidente de la Fuba; Jorge Altamira, Christian Castillo y Juan Carlos Giordano. La numerosa presencia incluyó a Carina Maloberti, secretaria de organización de ATE Nacional; Norberto Ducasse, del sindicato de visitadores médicos de la CTA; Ileana Celotto, por la AGD-UBA, quien trajo además la adhesión de la Conadu Histórica; Carlos Pachecho junto a miembros del cuerpo de delegados de Transporte del Oeste; José Luis Perea, de la junta interna del Inta; Alejandro Britos, de ATE Senasa; Laura Kniznik, de ATE-Conea; Pascual Villacorta, de Paty; Caty Balaguer, de Pepsico; Víctor Amarilla, de Sitraic; Federico Miranda, presidente de la FUA; Tito Borio, de Barrios de Pie; dirigentes de Tribuna Docente como Daniel Sierra; integrantes de la Lista Naranja del Inti; miembros de la comisión interna de la papelera Kimberly-Clark; Héctor Heberling, del MAS, y dirigentes del PCR, Convergencia Socialista, Asambleas del Pueblo y otros partidos y organismos populares. Se hicieron presentes también representantes del sindicato del subte, quienes fueron de los primeros en enviar su solidaridad a Pitrola. Mandaron su adhesión los diputados nacionales Victoria Donda, Claudio Lozano, Héctor Toty Flores, Graciela Iturraspe, Delia Bisutti y Jorge Cardelli. También hicieron lo mismo la legisladora Liliana Olivero, Patricia Walsh y el Chino Navarro. Mandó un pronunciamiento la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, excusando su participación por causas de fuerza mayor. Cabe aclarar que otras organizaciones pudieron no llegar a ser convocadas o encontradas debido a la premura en la organización de la actividad.

Los resultados luego del 23 están a la vista: una fuerte incorporación de activistas, jóvenes y trabajadores a las filas del PO. El gran desafío luego de las primarias era el de incorporar a todos los que colaboraron haciendo suyo el programa del Frente. Ellos son los tribunos de las causas populares, que movilizan a un sector de indignados hacia una perspectiva de los trabajadores. Así, se sumaron 53 fiscales nuevos entre Caimancito, San Pedro, Perico, Palpalá, San Salvador y Humahuaca, sobre un total de 180 fiscales del PO. En capital obtuvimos un 4,27 por ciento en la categoría diputado provincial y diputado nacional, donde caímos un punto respecto de los resultados del 14 de agosto, un cuarto lugar. En Palpalá sacamos el 2,77%. En el resto de los departamentos, caímos a la mitad del porcentaje de las primarias por la gran cantidad de colectoras -entre dos y tres por alianza- en el FPV, la Udeso o la facción del PJ Frente Primero Jujuy. Nuestro eje de campaña, junto al programa en defensa de los trabajadores, fue consagrar legisladores de izquierda. La composición del parlamento jujeño no varía, pero hay una crisis de representatividad de los sectores más vulnerados que se demostró en el masivo voto en blanco en esa categoría. Ganó la expresión derechista K de Fellner-Jenefes -los de “la zanahoria y el garrote”, según sus propias palabras- que se propone regimentar el reclamo popular. La Udeso de Morales no es menos crítica a Milagro Sala que para atacar la lucha popular; o el PJ de Snopek, otro adherente a la mano dura. Todo un equipo cuya referencia política es la paz de los cementerios -como en Ledesma- para capear los síntomas de la crisis, a caballo de las demandas irresueltas. Fuera de la caracterización política actual, es destacable la participación de artistas (plásticos, artesanos, músicos, del teatro popular, etc.), quienes no solamente dieron su adhesión, sino que colaboraron con las campañas financieras para que no nos silencien en la pelea con aparatos millonarios. Trabajadores de Aceros Zapla militaron junto al compañero Cruz por el Frente de Izquierda en su lugar de trabajo, sin prestar atención a la burocracia y sus alcahuetes. También en el Ingenio Ledesma, donde en la puerta de entrada nos quitaban de las manos las propuestas, levantando la boleta. Delegados del Ingenio La Esperanza, junto a los trabajadores en negro (cuartas), se llevaron docenas de boletas. Compañeros de las comunidades del norte que fueron hasta el local (Volcán, Abra Pampa, Santa Ana, Tilcara, docentes y sectores del periodismo independiente), al igual que enfermeras de los tres principales hospitales de la capital, trabajadores del municipio. Una oleada refrescante un busca de la arena socialista. Sobre la base de todas estas experiencias, vamos a las elecciones por la capital jujeña el 20 de noviembre con una vigorosa militancia a construir una alternativa obrera y socialista para que la crisis se lleve puesta a las estructuras del capitalismo.

-Exclusivo de internet Este jueves 3 se llevarán adelante las elecciones de Juntas de Clasificación y Disciplina docentes de la Ciudad. Las elecciones se producen en un marco particular: el gobierno pretende eliminar las Juntas y reemplazarlas por una "Oficina única de clasificación docente". Los representantes electos, de aprobarse el proyecto, quedarían como miembros de una "Junta residual" destinada a desaparecer. El gobierno pretende aprobar el proyecto el viernes 4 en la comisión de Educación para enviarlo el Jueves 10 al recinto legislativo. Se trataría, de aprobarse, de un ataque de largo alcance, dado que le otorga al gobierno el control total de los ascensos, las sanciones, el ingreso y la carrera docente. Es la liquidación del estatuto del docente. Una lucha política Los docentes se manifestaron contra el proyecto en dos paros con movilizaciones masivas, el último el 3 y 4 de octubre. Luego del primer paro, la burocracia sindical de UTE y los gremios macristas -Camyp, Amet, Sedeba, UDA- discutieron "enfriar" las medidas de lucha e intentar abrir una negociación con el Gobierno. La burocracia procura silenciar el canto de todo un sector de los docentes que anuncian que si tocan el estatuto, vamos al paro permanente. Por eso no han convocado a parar sino a "ceses de tareas" semanales que desgastan a las pocas escuelas que han conseguido movilizarse bajo estas convocatorias. A pesar de que han circulado proyectos "alternativos" al oficial y de que incluso la UDA afirma que podría negociar una variante del proyecto a cambio de una titularización masiva de docentes de media, no se hizo pública ninguna negociación con el Gobierno, cuyos representantes en la legislatura sostienen que aprobarán el proyecto. La política de "presión" de la UTE no tiene ningún triunfo que mostrar. Frente a esta situación, se produjo una rebelión de un sector de la docencia, especialmente concentrado en la zona sur de primaria. Más de 150 docentes con mandatos en una asamblea convocada por Ademys lograron imponer -a pesar de una política zigzagueante del sector violeta de la directiva-, un paro de Ademys para el lunes 31. Esto forzó a la UTE a otorgar un "cese de tareas" -aunque trabajando contra una convocatoria masiva-. El valor del paro de Ademys, que se sintió fuertemente en las primarias de la zona sur, fue el de abrir una brecha en la política de la burocracia sindical, orientada a frenar un proceso de movilización masivo. Está planteado tomar este punto de partida para desarrollar un plan de lucha consecuente hasta el retiro del proyecto, e imponer la asamblea general del gremio contra las negociaciones entre cuatro paredes y las reuniones de secretarios generales de espaldas a la base docente. En este cuadro, las elecciones del 3 otorgan la oportunidad de fortalecer políticamente este bloque independiente, que se agrupó en las listas de Ademys. La situación actual cuenta con el antecedente de las movilizaciones en apoyo a la huelga de Santa Cruz, donde Ademys logró convocar a parar a todo un sector de los docentes en oposición a la política de la burocracia kirchnerista de UTE -que se alineó con el Gobierno incluso frente a la represión. Tribuna Docente viene de desarrollar una fuerte campaña para quebrar el "planchazo" de la burocracia. Con esa posición integramos y llamamos a votar las listas de Ademys en las elecciones del 3 y a poner en pie un paro el 4, cuando el proyecto se presente en la comisión de educación.

El 19 de octubre se realizó el plenario interhospitalario convocado por un conjunto de organizaciones encabezadas por la Asociación de Profesionales, la filial de Médicos Municipales (AMM), la junta interna de ATE -todas del hospital Gutiérrez-, la Asociación de Profesionales en formación (residentes, becarios y concurrentes) y el Frente de Recuperación Gremial -oposición en la AMM. Más de cuarenta organizaciones se hicieron presentes, en una asamblea que reunió casi 300 trabajadores en el aula magna del viejo Hospital de Niños. A diferencia de asambleas recientes (Borda y Moyano, Ameghino) que culminaron sin aprobar medidas de lucha, la mesa de dirección del plenario presentó de entrada una propuesta finalmente aprobada: acto el 9 de noviembre en Córdoba y Gallo -Centro de Salud Ameghino- encabezado por el reclamo de reincorporación del doctor Slipak, ex director del centro de salud despedido por el gobierno PRO hace veinte días; paro, Marcha Blanca y acampe frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad el 23 de noviembre. Se votó, además, la firma masiva de un pronunciamiento en defensa de los profesionales perseguidos y la salida de un boletín de lucha interhospitalario. La movilización por el Ameghino quedó ad referéndum de la asamblea de ese centro de salud. La reapertura de las paritarias El llamado a la Marcha Blanca se hace en defensa de la salud, la educación y la cultura, y pretende levantar una tribuna de lucha de conjunto, por el retiro del proyecto PRO de destrucción de la junta de calificaciones docentes, por la anulación del pedido de desafuero a siete delegados y el despido inminente de otros 17 trabajadores del Colón y por los propios reclamos de los trabajadores de la salud, que están encabezados por la reincorporación del doctor Slipak -el primer médico despedido en décadas- y el retiro de las causas por acciones de lucha contra los doctores Liechtenstein (hospital Posadas) y Posternak (hospital Gutiérrez), ambos cabezas de las respectivas asociaciones de profesionales. El pliego exige la reapertura de las paritarias con un mínimo de 8.000 pesos para profesionales y 6.000 pesos para personal de escalafón -lo que, junto a la determinación de un coeficiente mínimo de una enfermera/o cada cuatro pacientes y la implantación de un segundo turno, ataca al corazón del vaciamiento hospitalario. Plantea, además, el 82% mínimo y móvil para las jubilaciones y la defensa de los hospitales monovalentes, en primer lugar, los centros de salud mental que el gobierno PRO quiere desguazar. El plenario tomó posición contra la política de hegemonía de la corporación médica que sostiene la gestión PRO, y se pronunció por el reconocimiento de Aldo Pagliari como director del centro de salud de la Villa 1-11-14. Pagliaries es un psicólogo al que se pretende desplazar por la disposición que reserva los cargos de dirección para los médicos. El mérito El mérito de esta convocatoria corresponde a las Asociaciones de Profesionales del Gutiérrez, del Garrahan y del Posadas, en ese orden, y a la oposición en la AMM. Son las organizaciones que defienden la existencia de una interhospitalaria basada en asambleas como una herramienta para organizar la lucha del conjunto de los establecimientos, en oposición a lo que constituye el “cerrojo” del vaciamiento actual: el pacto entre el gobierno PRO y las burocracias de Sutecba y la AMM, el verdadero poder en salud en la Ciudad -una realidad que, con otros protagonistas, se reproduce en la provincia. En palabras de la titular de la Asociación de Profesionales del Gutiérrez: “Somos una unión para cuestionar a las direcciones existentes”. No casualmente, estas asociaciones están sufriendo la persecución oficial -en el caso del Garrahan, el ministerio se niega a reconocer su conducción actual. ATE Capital, a través de una delegación, tuvo una presencia fugaz en el plenario y comprometió su participación en el plan de lucha. Arrechea, su secretario general, impugnó la propuesta de editar un boletín de lucha interhospitalaria (una moción de la minoría de la AMM que fue aprobada), un planteo que apunta a dar una voz y una dirección al movimiento de lucha en los hospitales. En el debate se cuestionó el manejo por arriba de las paritarias y se planteó la necesidad de exigir la discusión de todos los convenios que afecten a los trabajadores de la salud en un mismo momento -en oposición a la fragmentación que existe. En una reunión posterior al plenario se sumaron representantes del hospital Francés integrado al Pami, que denunciaron la situación de vaciamiento atroz del hospital y se sumaron al plenario. Todo y todos por el plan de lucha votado.

-Exclusivo de internet Confirmado: somos ahora 7.000 millones de habitantes en el planeta, pero no marchamos a ninguna "explosión demográfica", que durante mucho tiempo se presentó como inevitable y catastrófica. Al revés: hace poco más de una década se estimaba que la población mundial se duplicaría para 2050, superando los 10.000 millones de individuos. Las predicciones actuales sugieren que no se superarían los 9000 millones, pero sólo alrededor de 2070, y luego el número caería, posiblemente de manera muy rápida. Es el derrumbe de un mito muy antiguo. Van más dos siglos desde que Thomas Robert Malthus formulara su famosa y equivocada ley, según la cual nuestra especie se multiplicaría a un ritmo imposible de ser sostenido por el crecimiento de los recursos materiales para abastecerla. El hombre sería condenado así a la indigencia no por la explotación capitalista sino por una ley natural demográfica. La productividad del trabajo humano, sin embargo, resolvió el intríngulis: la industrialización y el desarrollo de la ciencia como un factor de la producción hicieron crecer las posibilidades de la vida humana como nunca antes. Es lo que explica la expansión de la población a un ritmo sin precedentes y también sus límites. El crecimiento de las fuerzas productivas del hombre mostró que el dominio creciente de la naturaleza implica, a partir de cierto momento, una disminución progresiva de la tasa de natalidad como resultado de la urbanización y la industrialización. De modo que la población terminó siendo una variable del metabolismo social de la producción, una dinámica exactamente opuesta a la planteada por Malthus, cuando anunciaba un destino inevitable de hambruna para el hombre en la Tierra. Tenían razón Marx y su compañero Engels cuando, en oposición al economista inglés, plantearon la posibilidad de que el hombre, con sus capacidades productivas, podía pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. La catástrofe estaba planteada no por una ley demográfica sino la del propio capital que potenciaba las posibilidades del hombre al mismo tiempo que lo degrada con la explotación del trabajo y una miseria social creciente. Los límites relativos del capitalismo se transformarían en barreras absolutas para la humanidad cuando agotara las posibilidades de su desarrollo histórico. Es el signo de nuestra época. Muchos especialistas dicen ahora que el mal de la "demografía" es el inverso del planteado por Malthus: la amenaza estaría dada por la caída en la tasa de reproducción de los hombres. Al disminuir la tasa de natalidad, la proporción de viejos aumentaría y no habría cómo mantenerlos. Sería el apocalipsis malthusiano invertido: "La pesadilla es un rápido envejecimiento de la población combinado con una colapso en la tasa de natalidad", según el comentario periodístico de estos días. No habría, según esta versión, manos suficientes para el trabajo capaz de sostener a la población de mayor edad ya retirada de la actividad laboral. El planteo es otra vez falso: la producción depende ahora no tanto de la aplicación directa del trabajo de la población activa como de las posibilidades fantásticas abiertas por la automatización de los procesos productivos. El robot y la máquina sustituyen al hombre trabajando. El problema es que el capitalismo, al expulsar al trabajo del metabolismo de la producción inmediata convierte al trabajo innecesario no en fuente de libertad para el hombre sino de miseria, inanición y muerte. El capital es potencia y degradación crecientes: hay alimentos para sostener a muchos más que los 7.000 millones de seres humanos y la mitad de la humanidad agota su existencia en el hambre o en la búsqueda de la comida más elemental. Algo que la crisis mundial presente está llevando al paroxismo con la desocupación en masa, la pobreza sin fin, la bancarrota generalizada y el despilfarro sin precedentes de recursos ociosos. El capital produce mucho más que lo que puede hacer circular como mercancía que lo haga rentable. Por eso sobra pan y hay hambre. No faltan recursos, lo que sobra no es la población sino el capital como forma social agotada de la producción del hombre. Cualquier entendido en la materia nos informa que con la biotecnología, la informática y las posibilidades de recursos energéticos provenientes de los resultados posibles de las investigaciones en física nuclear, la tecnología y la ciencia pueden proveer, con una planificación adecuada, todo lo que los miles de millones necesitamos. El capital, en cambio, progresa en anarquía y destrucción irracional del medio ambiente. En la literatura especializada la cuestión de la "explosión demográfica" ha sido sustituida por el temor a una suerte de "implosión" provocada ahora el envejecimiento poblacional, por una "pirámide de la población" que se estrecha en su parte inferior y media. Curiosa observación de una de los más conocidos divulgadores del tema, el inglés Fred Pearce: "Algunos creen que las poblaciones jóvenes podrían estar atrás de todo; desde la declinación de Occidente a los levantamientos árabes hasta el milagro económico chino". Se equivoca en un punto: la juventud de "occidente" está también en el umbral de la insurgencia, como se muestra, entre otras cosas, en la "indignación" que crece a nivel planetario. El problema no es, como dice Pearce, que la "fiesta se terminó... porque ya no disponemos de una población joven en expansión". Ni "explosión demográfica" ni distorsión de la "pirámide poblacional"; cuando llegamos a ser 7000 millones de seres asistimos a un capitalismo que ha alcanzado un nivel de descomposición histórica sin precedentes. Este es el punto: la "implosión", no de la demografía sino del capital.

• Por la reincorporación del doctor Slipak, genuino director del Centro de Salud Ameghino y el retiro de todas las causas contra los luchadores. • Reconocimiento de Aldo Pagliari como director del Centro de Salud de la Villa 1-11-14. • 8.000 de mínimo para el profesional que ingresa, 6.000 de mínimo para el personal de escalafón, reapertura de las paritarias. • Defensa de los hospitales monovalentes. • 82% mínimo y móvil para los jubilados. • Retiro del proyecto que destruye las juntas de calificación docentes. • Retiro del desafuero a los delegados y de los despidos anunciados en el Teatro Colón. Jueves 10 de noviembre, 13 horas : junto a la movilización docente para impedir la destrucción de las conquistas de su Estatuto. Miércoles 23 de noviembre, 10:30 hs : Marcha Blanca y movilización frente a la sede del Pami (Perú al 100) y a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando más remachadamente cajoneado está el "paquete de leyes laborales de Recalde", Moyano usó el aniversario de la muerte de Kirchner para desempolvar el proyecto de Reparto de Ganancias. Pasó del "partido sindical" a un brote reivindicativo. Eso sí, bien parlamentario. Plaini, que se está por ir, insiste en que ni se les ocurra confrontar con la presidenta, "es sólo un proyecto de ley para cumplir la constitución". Pero el moyanismo en diciembre estará con menos diputados en medio de un bloque oficial mucho mayor. Si la Presidenta "enfrió" el proyecto el año pasado -cuando peleaba la recomposición política del kirchnerismo sin los votos de hoy, sin la fuga de capitales, sin el evidente déficit fiscal que se instaló, ni la recesión mundial que desembarca aceleradamente- hoy, la cosa está más lejos que nunca siquiera de tratarse. Consciente de eso, Recalde se desvive explicando las virtudes que tendría un "bonus" atado al presentismo, el cual sería una de las formas que podría adquirir el reparto del 5% del 50% de las ganancias. Porque la otra mitad de las ganancias -según el proyecto- se puede descontar por "inversiones" y el otro 5% (del famoso 10%) iría a un fondo para la asignación por hijo. Por otro lado, explica que se aplicaría a empresas de más de 300 trabajadores y que todo el régimen podría quedar en discusión para las "pymes". Es decir que venden el proyecto como un arma para aumentar la "productividad" y para acrecentar las divisiones internas en el movimiento obrero. Pero la UIA -y el gobierno- están en otra cosa. El vicepresidente tercero de la UIA, Juan C. Sacco, aseguró que "la única que puede exigir algo es la Presidenta con su 54%, y esto está fuera de lugar, tengo plena confianza en que no lo avalará". Para la UIA, cualquier cosa de este tipo debe discutirse en paritarias "que para eso las tenemos", en lo cual han coincidido con el ministro Tomada. La discusión de los bonus por productividad y presentismo por ramas y hasta por empresas son armas para condicionar el salario a una mayor explotación. Además, al mismo tiempo que ponen en alto las paritarias, las patronales impulsan un Consejo Económico y Social para digitar, mediante el dedo presidencial, todo lo que se discuta en ellas. Ese es el núcleo de toda la discusión con el moyanismo. El disciplinamiento del movimiento obrero al proceso futuro de tarifazos progresivos, a los aumentos pautados por debajo de la inflación y sujetos a cláusulas de productividad, así como a la vía libre a las suspensiones, cortes de contratos y despidos como consecuencia del desembarco de la crisis mundial. En función del déficit fiscal, el gobierno discute la estatización de los fondos de las obras sociales, en vez de devolver los 10 mil millones que ha retenido, de lo cual Moyano no habla. Su hijo Pablo estuvo más picante: dijo que "da bronca trabajar para el Estado", refiriéndose al impuesto a las ganancias. Otra de las reivindicaciones más sentidas entre los sectores calificados -y no tanto, como los maestros de doble turno- del movimiento sindical. Pero todo es pirotecnia verbal en función de la crisis del moyanismo. Las garantías parlamentarias en torno del reparto de ganancias delatan el objetivo "político" de Moyano, que es negociar un retiro digno y sin causas penales. En torno al impuesto al salario, el propio Moyano aceptó, callado la boca, la actualización ruinosa del 20% después de dos años y se volvió a tragar el sapo en ocasión del Concejo del Salario Mínimo, cuando la presidenta bajó, laudó y se acabó. Todas las reivindicaciones quedaron a la vera del camino. La prioridad en el movimiento obrero es el reclamo del doble aguinaldo ya. La anulación del impuesto al salario. La defensa de las paritarias y la exigencia de un piso salarial equivalente a una canasta familiar para todo el movimiento obrero, condiciones para discutir cualquier variedad de reparto de ganancias, lo que requeriría una lucha consecuente para abrir los libros de las empresas. En tercer lugar, fijar una línea en todos los gremios, mediante asambleas, para que, ante la baja de la producción y eventuales reducciones horarias, se prohíban los despidos y no se toque el salario: nada de suspensiones, adelantos de vacaciones, ni cortes de contratos o cesantías. Para esto hay que poner en pie de movilización al movimiento obrero. Abramos la deliberación en asambleas fabriles.

En los últimos 30 días, varios sectores aeronáuticos han salido a luchar por diferentes reclamos. Los tercerizados son los más movilizados. En Todoli (limpieza de aviones) los trabajadores cortaron la autopista Richieri, ante el despido de 180 compañeros por la cesación de la propia empresa. Este tipo de maniobras es común a las tercerizadas: un grupo tercerizador cierra una empresa y ya tiene armada otra donde conchabar a los mismos trabajadores -previa limpieza de activistas- pero en peores condiciones de trabajo y salario, y pérdida de antigüedad. El ministerio decretó la conciliación con los despedidos adentro. Días antes HAS (seguridad de carga y aviones) había salido a luchar contra un despido, aunque en realidad se trataba de defender lo conquistado con un corte de la Costanera en febrero: reducción de 12 a 8 horas sin afectar el salario, aumento y elección de delegados. La misma burocracia de Upadep, que coqueteó con el corte de Todoli, tuvo en el conflicto de HAS una postura propatronal, dejando al despedido a su suerte, oponiéndose al paro espontáneo y al corte resuelto por los trabajadores. Los compañeros no han dejado de reclamar por distintas vías la reincoporación, enfrentan cada día los aprietes de la empresa y exigen el reconocimiento de los delegados electos. HAS es una tercerizada emblemática, propiedad del genocida Donda Tigel, que desde la cárcel controla la empresa por medio de testaferros. La lucha quebró años de terror patronal. Hay una juventud trabajadora que no está dispuesta a dejarse atropellar y tiene claro que su objetivo es el pase a planta de Aerolíneas. También se tomaron medidas parciales en Gate Gourmet (catering), por incumplimiento de compromisos salariales y de convenio. La Cámpora en Aerolíneas-Austral En tráfico de Aerolíneas ingresaron decenas de trabajadores de la mano de La Cámpora. Hace algunos meses, en alianza con la burocracia de APA (Llano, CTA Yasky), lograron desplazar en elecciones por lista a los delegados combativos de la agrupación Aita (CTA Micheli). Fue una elección despolitizada, en la que las presiones sobre los nuevos no fueron contrarrestadas con una denuncia política a La Cámpora como agente de la patronal y el gobierno. Aun así, los camporistas no superaron la prueba del primer conflicto. El viernes 7, frente a los retrasos -producto del colapso recurrente de Aeroparque-, un compañero fue agredido por un pasajero. La asamblea del turno votó masivamente mantener un paro en repudio, en contra de los nuevos delegados y la burocracia que pedían “no morder la mano del que nos da de comer”. Fue el turno más camporista el que denunció a la patronal como responsable de la indefensión y hasta de la incitación a los pasajeros a agredir a los trabajadores en paro. Mar de fondo Todas las burocracias firmaron el aumento en negro que ofreció Recalde Jr., presentado como del 24% -aunque en la práctica no llega al 15. Este porcentaje luego fue tomado como tope por todas las patronales del sector. En el caso de los sectores calificados (técnicos, pilotos), además de tener el 50% del sueldo en sumas no remunerativas, han perdido el salario familiar, y lo que se lleva el impuesto a las ganancias es una exacción constante al bolsillo. Existe preocupación entre los cercanos a jubilarse, ya que las crecientes sumas en negro auguran una vejez en la miseria. También por las condiciones de trabajo y el futuro de esta nacionalización trucha. Es el caso de los técnicos de Austral, donde se han fusionado turnos con la complicidad de la burocracia de Apta, superponiendo funciones y tareas en un claro ataque flexibilizador. Los compañeros denuncian que se están mandando aviones a reparar a Costa Rica, un negociado característico de esta administración estatal. Todo el cuadro del grupo estatizado es precario, con un déficit operativo de 2 millones de dólares diarios. Para colmo, avanza en el Ciadi (Banco Mundial) el juicio por 2.000 millones de euros que inició Posibilitum, el fondo buitre que se quedó con las acciones nunca expropiadas a los vaciadores de Marsans. Se va camino del ajuste y/o de una privatización parcial, a través de separar a Austral -que tiene veinte aviones nuevos comprados a Lula, otro negociado cuyas cuotas seguirá pagando el Estado nacional. Lo que dificulta estos planes es la crisis mundial, cuyo desplome recesivo ha afectado profundamente las ganancias de las líneas aéreas, alejando la posibilidad de inversores para una privatización. Sin dejar de exigir un ajuste sobre los trabajadores, la burguesía sigue consintiendo el agujero negro de esta administración K, en la medida en que es un servicio esencial a sus negocios. La lucha por el control obrero de toda la actividad aérea se planteará de manera concreta frente a los ataques que se preparan. Si bien en los trabajadores prevalece aún la idea de que la administración estatal es garantía de estabilidad, la campaña del Frente de Izquierda ha desarrollado importantes debates entre el activismo, que plantean la necesidad de una estructuración política y sindical independiente.

El 26 de octubre, el Tribunal Oral Federal N° 5 pronunció la primera sentencia contra un grupo de represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). De los 18 imputados, doce fueron condenados a prisión perpetua. Entre ellos, Alfredo Astiz y "El Tigre" Acosta; junto a los otros militares y policías, recibieron la pena máxima por su participación en el secuestro y asesinato de Azucena Villaflor, del núcleo fundador de Madres de Plaza de Mayo, y de las monjas francesas Alice Domon y Léoni Duquet. En seis de las doce perpetuas, se agrega además el crimen del escritor y militante montonero Rodolfo Walsh. Estas condenas son una victoria de treinta años de lucha contra los intentos de todos los gobiernos democráticos de absolver a la dictadura. Por la Esma pasaron cerca de cinco mil víctimas y la abrumadora mayoría permanece desaparecida. Es un emblema del genocidio. Del resto de los acusados, cuatro recibieron penas de entre 18 y 25 años, mientras que otros dos -Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco- fueron absueltos por el tribunal. Una victoria demorada Los dieciocho represores fueron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín y ratificadas por el gobierno de Menem, su mayoría parlamentaria y sus gobernadores. Estas leyes permanecieron vigentes durante más de 15 años, hasta su derogación parlamentaria en 2003. En aquella ocasión, el gobierno condicionó el apoyo de la bancada oficialista al proyecto de la diputada Patricia Walsh a que se excluyese de él la anulación de los indultos, como finalmente fue aprobado (los indultos serían declarados "inconstitucionales" en 2007). La derogación de las leyes le permitió al gobierno evadir el pedido de extradición a España sin necesidad de recurrir a un decreto de De la Rúa, que impedía expresamente la extradición de militares. Una vez derogadas, no había impedimentos formales para su juzgamiento en el país. Ocho años más tarde, llegan las primeras sentencias por los crímenes de la Esma. Entre tanto, Astiz ya había sido condenado en ausencia en Francia y en Suecia. España reclamaba su extradición desde 1997. Este no fue sin embargo el primer juicio relacionado con la Esma. El primer caso en ser juzgado fue el del prefecto Héctor Febres, asesinado en su lugar de detención (un equipado departamento de dos ambientes en una isla del Tigre custodiado por Prefectura) en la víspera de su sentencia, por lo que no fue pronunciada. En este momento hay 802 represores procesados en todo el país, de los cuales hasta ahora 262 fueron condenados; de ellos, menos de la mitad tiene condena firme. Los juicios, una movilización política En este, como en todos los juicios relacionados con los crímenes de la dictadura, las pruebas fueron aportadas exclusivamente por las víctimas y las querellas. La Secretaría de Derechos Humanos es apenas una cámara de registro de la tenaz movilización de familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones populares. Son las víctimas quienes reconstruyen los hechos y deben individualizar a sus verdugos -por caso, el absuelto Velazco usó de chivo expiatorio a su mellizo ya fallecido, ex oficial de la Armada, y se benefició con la duda del tribunal, pero seguirá preso a la espera de su juzgamiento por otros crímenes. El Estado no aportó ningún archivo ni elemento de prueba. Por otra parte, la nómina de buchones del Batallón de Inteligencia 601 (en la que figura el actual secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez) fue desclasificada hace casi dos años, y duerme desde entonces en el juzgado de Ariel Lijo. Sobrevivientes y familiares deben reiterar sus testimonios una y otra vez, en calidad de víctimas o de testigos, en un sinnúmero de causas, porque los jueces de instrucción piden la elevación a juicio a cuentagotas ("por tramos"), en vez de hacerlo de una vez por centro de detención. De este modo, Juan Carlos Rolón resultó absuelto porque "demostró" que no participaba de la Esma en el año ’77, aunque podría ser condenado en el próximo tramo que abarque el año 1976. El reclamo histórico de los organismos de derechos humanos es el juzgamiento en un solo paso de todos los represores por todos los compañeros por referencia a cada centro de detención, circuito o territorio. La unificación de las causas Veinticuatro horas después de conocidas las sentencias, la Procuración General de la Nación solicitó al TOF 5 la unificación de los tramos pendientes de la llamada "megacausa Esma". El tribunal deberá expedirse. En el pasado, la Cámara de Casación y la Corte Suprema dieron indicaciones similares sin mayores resultados. De unificarse, el próximo juicio podría albergar otros 700 casos atribuidos a un grupo de 70 represores -los que los sobrevivientes pudieron individualizar. En este juicio reciente se ventilaron 86 casos, pero no todos se dieron por probados. Según la estimación de los organismos de derechos humanos, en caso de no unificarse, los juicios por los crímenes de la Esma demorarían al menos diez años más. Apoyamos la unificación de los tramos pendientes de la causa Esma y de todos los juicios por lugar de detención. Perpetua y cárcel común a todos los represores. Juicio y castigo a sus cómplices políticos, empresarios y eclesiásticos. Apertura de los archivos de la dictadura. Separación de todos los implicados que aún revisten en actividad en las fuerzas armadas y de seguridad. Aparición con vida de Julio López.

Con una publicidad inusual, Cristian Castillo acaba de lanzar su libro La Izquierda frente a la Argentina kirchnerista, un volumen que recoge diversos artículos publicados a la largo de la última década. No sabemos si el título es obra del autor o sugerencia de la editorial que comercializa el libro, pero sí que se trata de una hipérbole. Es lo que los especialistas definen como “exageración para impresionar el espíritu del lector”, aunque en este caso se trata de una innecesaria concesión. Son los intelectuales del oficialismo quienes recurren a la fábula que adjudica al kirchnerismo una marca nacional propia de la historia reciente, como si hubiera inaugurado una nueva era. Hablan de un “modelo” para encubrir a un equipo político que ha improvisado y pegado mil volteretas sin mayor originalidad. La Argentina “kirchnerista” es un híbrido “duhaldista” e inclusive “menemista”, si se tienen en cuenta las privatizaciones, la precarización laboral y la extranjerización de la economía que se mantienen en pie. Los críticos intelectuales que abrevan en las tiendas de la oposición de derecha han apelado también al recurso “hiperbólico”. Beatriz Sarlo atribuyó a los Kirchner la victoria en una supuesta “batalla cultural” en la cual nunca presentaron combate. El propio Horacio González, una de las plumas intelectuales más notorias del gobierno, tuvo que recordar días atrás que el “discurso” intelectual oficial estaba repitiendo los modos del más rancio liberalismo criollo, sin innovar en nada. El énfasis en lo discursivo también lo asume el libro de Castillo, que se presenta como un “relato alternativo” que confrontaría con el del gobierno, reivindicando un rigor académico y un saber profesional. Es, sin embargo, también su costado más débil. A diferencia de la labor de crítica histórica, el “relato” no explica sino que describe. Y mistifica: bajo una apariencia de “objetividad” discursiva, nos brinda una versión unilateral de las muchas que pueden reclamarse como “alternativas”. Argentinazo, piqueteros y clase obrera Castillo arranca su libro con la caracterización del Argentinazo como un levantamiento absolutamente dominado por el protagonismo de la clase media (desde sus sectores más plebeyos a los más acomodados) y por “la ausencia de la clase obrera”, algo que no es correcto ni social ni políticamente. Las jornadas del 19 y del 20 se caracterizaron por un giro abrupto de la clase media hacia el movimiento de masas de desocupados, que había cobrado auge con la unificación del movimiento piquetero, en junio de 2001, contra el cual De la Rúa decretó el estado de sitio que provocó la revuelta popular. La semana previa, la CGT de los “gordos”, el ala de Moyano y la CTA habían convocado a un paro nacional. Días antes, un paro general había sacudido a Neuquén. El movimiento obrero y piquetero estaba en ebullición de una punta a otra del país. Los piquetes, las ocupaciones de lugares de trabajo, los cortes de vías y rutas, se habían transformado en el arma de luchas y huelgas que jalonaron la marcha hacia el Argentinazo. Desde las de los ferroviarios a las de los telefónicos, los metalúrgicos, los trabajadores del pescado, los ex petroleros y obreros de la construcción que tomaron el norte salteño, así como aquellas que protagonizaron los docentes, estatales y municipales en todo el país. Fue la clase obrera la que ocupó un lugar dirigente en todo el proceso que remata en el Argentinazo. El movimiento piquetero al cual aparece asociado el levantamiento de una década atrás fue dirigido por delegados históricos de la clase obrera, los que constituían la representación histórica del movimiento obrero combativo de la Argentina. La “ausencia de la clase obrera” en el Argentinazo es otra “hipérbole” desafortunada en la tentativa de justificar la nula participación del partido de Castillo -PTS- en la organización piquetera, un laboratorio político excepcional, sin cuya comprensión el análisis de la historia reciente no puede superar los límites de un mero “relato”. Debemos a nuestro compañero Luis Oviedo una reconstrucción de este proceso en su libro Historia del Movimiento Piquetero. Política, marxismo y algo más El Argentinazo fue también el fruto de una experiencia colectiva “subjetiva” del movimiento obrero a lo largo de una década entera, frente al régimen menemo-aliancista de la época. Ese fue el escenario de reagrupamientos y delimitaciones políticas, de lucha de tendencias, planteos y programas. Castillo, sin embargo, no considera la experiencia clave de las Asambleas Nacionales Piqueteras que antes del Argentinazo lanzaron la consigna “Fuera De La Rúa y Cavallo” -esto con la intervención dirigente del Partido Obrero. Tampoco sigue su desarrollo posterior, cuando desertan las corrientes que poco más tarde cabalgarían en el carro del duhaldismo y el kirchnerismo, abriendo paso a la experiencia de la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), la incorporación de nuevas tendencias políticas, sus concentraciones multitudinarias, sus formulaciones programáticas, su papel en las movilizaciones suscitadas por los asesinatos del Puente Pueyrredón que llevarían a la salida apresurada de Duhalde. Castillo se limita al respecto a alguna mención episódica e inconsistente y a oponer a la ANT, la experiencia “revolucionaria” de Zanón y Brukman, porque representan a la fracción “ocupada” del proletariado, como si tal cosa las eximiera de la lucha política contra la cooptación y la disgregación que signaría, en cambio, al movimiento piquetero. Por eso, no menciona que Brukman acabó diezmada por el copamiento de una camarilla duhaldista, ni tampoco que Zanón fue acosada por una política de domesticación -incluyendo una ley de “expropiación” del sapagismo, cuyas trampas signan todavía hoy las vicisitudes de esta enorme experiencia de la lucha obrera de nuestro país. El planteo de Castillo supone que las clases sociales y sus fracciones actuarían de acuerdo al estricto “lugar que tienen en el proceso de producción capitalista”, sin reparar en la conciencia que esas clases asumen respecto de ese proceso, la que sólo puede ser el resultado de la acción concreta de los partidos que intervienen en él. Este proceso político aparece ninguneado en el libro de Castillo, en la pretensión de una exposición que hace gala de un sociologismo “objetivo”. Pero es una objetividad pre-marxista, feuerbachiana, que no comprende el costado subjetivo de la actividad humana en su... objetividad, como actividad “práctica”1. Desde el punto de vista teórico, se trata de una falla decisiva que se revela de una defectuosa asimilación del marxismo -que, sin embargo, Castillo se ve en la obligación de reivindicar insistentemente. Es notable, por otra parte, que luego de asimilar el Argentinazo a una rebelión de la clase media, Castillo no dedique una sola línea de las decenas de páginas relativas a la Izquierda a la experiencia de la Fuba, tomada por la Izquierda y liderada por el Partido Obrero en estos largos diez años. Así, el planteo de relatar la experiencia de la “izquierda frente al kirchnerismo” adolece de limitaciones muy serias. También se refleja en cuestionamientos de orden faccional contra nuestro partido, que no son pocos cuando se recorren las páginas del texto y que, seguramente, pueden ser reconsiderados a la luz de la novedosa experiencia del Frente de Izquierda. El análisis unilateral del libro se expresa en una caracterización conservadora de la situación presente, dominada por la crisis mundial y el agotamiento de la experiencia kirchnerista. Como el Argentinazo no superó los límites de una asonada revolucionaria de la clase media, Castillo afirma que no se lo debe comparar con el Cordobazo, sino con la resistencia peronista de una década y media antes, la que abrió el largo período preparatorio que condujo al levantamiento del proletariado cordobés de fines de los años sesenta. Plantea que nos encontraríamos ahora en un período en el cual el proletariado todavía debe recuperarse de dos grandes derrotas: la de la dictadura y la correspondiente a la década de los años ’90. Se diría que Castillo y su partido abordaron la campaña electoral con una suerte de pesimismo estructural que limita el potencial de “la izquierda frente a la Argentina kirchnerista”. Frente de Izquierda Con relación a las perspectivas del propio Frente de Izquierda, el planteo del libro de Castillo es muy restrictivo. Incluye un largo artículo de febrero pasado, donde plantea una política electoral que elude cualquier formulación frentista y ataca al PO “por hacerle el juego al gobierno” en su propaganda contra el “trotskismo” -que no se aclara en qué consiste. En el artículo siguiente del libro (toda la obra es una antología de textos desde 2002 en adelante), se presenta al Frente de Izquierda ya en marcha como un acuerdo “técnico político” determinado por la ley electoral que fija el piso del 1,5% de los votos en la elecciones “primarias” para poder participar en las elecciones de octubre. Según Castillo, no “expresa ninguna convergencia política” entre las fuerzas que lo integran. A lo que acabamos de señalar, se agrega una formulación muy confusa cuando Castillo dice que “las diferencias con el Partido Obrero no son de programa, sino de práctica política y de estrategia”, un aserto incomprensible. ¿Cuál sería el programa (con el cual acuerda) que no fija la estrategia (con la cual discrepa)? Quizás un error de imprenta para aclarar. Constituiría un avance el hecho de que el libro de Christian Castillo permita desarrollar contribuciones a un debate clarificador en la Izquierda, de cara a los desafíos que presenta el curso abierto por el Frente. Las viejas polémicas podrán ser superadas e integradas a la luz del carácter revolucionario de un momento histórico marcado por la crisis capitalista mundial y el “final de un ciclo”, que es como Castillo califica la etapa actual del régimen kirchnerista. 1. “El defecto fundamental de todo el materialismo anterior -incluido el de Feuerbach- es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto...” (Marx).

Se realizó el segundo encuentro de los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero en el hotel Bauen, continuidad de la reunión inicialmente convocada por los delegados y comisiones internas en respuesta a las amenazas y ataques de parte de patotas de la burocracia sindical, las que actúan por cuenta de las patronales amparadas por el Ministerio de Trabajo, y para organizar la respuesta a la cárcel y el procesamiento a los trabajadores que luchan contra los despidos y la miseria salarial. El encuentro fue una verdadera asamblea de unos 300 compañeros, entre los que se encontraban los delegados de la 60, de Ecotrans, del Teatro Colón, de Kraft, de Pepsico, del Subte, de Ate-Sur, del Garrahan, del ferrocarril Sarmiento, de la papelera Kimberley Clark, de la ADG-UBA, docentes del Suteba, la CTA de Bahía Blanca, entre muchos otros, la mayoría de ellos procesados por luchar. Entre los dirigentes sindicales y políticos recientemente procesados se encontraban el "Pollo" Sobrero y Néstor Pitrola. Las numerosas intervenciones reflejaron que los procesos son un ataque al movimiento obrero independiente y a la izquierda, para lo cual se sirven tanto de las "instituciones" como de las patotas de la burocracia sindical de los Pedraza y compañía. Se caracterizó que los procesos son una decisión política del gobierno kirchnerista, detrás del objetivo de disciplinar y regimentar al movimiento obrero, sobre el cual están volcando la actual crisis capitalista. Luego de una intensa deliberación se resolvió convocar a una gran marcha nacional el miércoles 23 de noviembre, marchando de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 17:30 horas, bajo las siguientes consignas: • No a la criminalización de la protesta social • Libertad a Oñate, Olivera, Tapia, Claros y Germano, así como a todos los presos por luchar. • Desprocesamiento de los 5000 luchadores obreros y populares. • Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan. Asimismo, en reclamo de la inmediata libertad de Olivera, se realizará una movilización el 16 de noviembre a los Tribunales de Lomas, a las 11 horas, en Larroque y Camino Negro. Esta agenda de lucha se completa preparando la intervención en los diez años del Argentinazo, el próximo 20 de diciembre, y acompañando a Sobrero en su audiencia del 2 de noviembre, donde sufre una querella del jefe de Gabinte, Aníbal Fernández.

Bueno, ustedes estarán al tanto del fallecimiento de Ana Galeani, una compañera del PO, una gran luchadora, en el hospital que tanta falta nos hace, me llena de hermosos recuerdos de militancia el día que trajo a Jorge Altamira en el Aula B, donde disfrutamos una interesante charla, reuniones con Frígoli donde pasamos días formidables. Pero la mató el tumor o las consecuencias de las malas condiciones del trabajo del hospital debido al sistema capitalista que es el cáncer que debemos extirpar. Al mediodía fuimos con Alicia y Mirta a darle apoyo a las hijas y darle el último adiós y seguir apoyando la lucha que es lo único que nos queda. Sería bueno que en la próxima Prensa Obrera salga un pequeño recordatorio o dedicatoria por lo que fue y lo que hizo en su vida, no les parece. Salud compañeros, un gran abrazo.

El TOF 5 condenó a los represores por homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y sustracción de bienes, pero no por "genocidio", que es el reclamo de muchos de los organismos de derechos humanos -entre ellos de los agrupados en el colectivo Justicia Ya!- para subrayar el carácter planificado de la represión, orquestada desde la cúpula del poder político y económico para arrasar con una generación de luchadores. De todos modos, el tribunal tuvo que dar cuenta del planteo y solicitó que la Corte Suprema impulse una modificación de la Convención contra el Genocidio en los foros internacionales, para que incorpore la figura de "politicidio" (dicha convención sólo reconoce el "genocidio" por causales de raza o religión). Por otra parte, el TOF 5 ordenó investigar los crímenes de tipo sexual cometidos en el marco de la represión, y también al ex jefe de la Armada bajo el gobierno de Alfonsín, Ramón Arosa -quien declaró como testigo en este juicio-, por su presunta participación en un campo de concentración montado por la Marina en La Plata.

-Exclusivo de internet La campaña electoral del Frente de Izquierda en las escuelas bonaerenses ha sido muy intensa. En provincia de Buenos Aires más de cien docentes fueron candidatos, y casi 300 fiscalizaron en las elecciones del 23 de octubre, un tercio más que en las elecciones primarias del 14 de agosto. Tribuna Docente editó un material electoral que explicaba por qué los docentes debían votar al FIT, denunciaba la política privatista que se profundizará a partir de la designación de Silvina Gvirtz (representante de los intereses capitalistas en la educación) como directora de Escuelas en la provincia, y el programa educativo del Frente de Izquierda. Veinte mil folletos ingresaron a los establecimientos, con una recepción muy positiva de parte de amplios sectores de la docencia. Esta actividad, de un mes, se realizó mediante recorridas escuela por escuela. Así, el Partido Obrero visitó centenares de escuelas y colegios, llevando los planteos del FIT a miles de compañeros, incluyendo a muchos estatales auxiliares de escuela, que también recibieron con simpatía los planteos de la izquierda revolucionaria. En algunos distritos, como en Merlo, el material que explicaba por qué había que votar al FIT y su programa fue colocado espontáneamente por los docentes en las carteleras escolares. La recepción en las escuelas fue muy positiva, con muchos comentarios de docentes que ya nos habían votado en las primarias y que iban a volver a votarnos. Tomaron un lugar destacado los comentarios de los spots publicitarios del Frente de Izquierda que muchos compañeros vieron en la televisión. Muchos compañeros se ofrecieron a difundir nuestros folletos y volantes en las escuelas donde ellos trabajan. Esta campaña también abrió una discusión y una simpatía entre docentes y alumnos de los profesorados, en varios de los cuales se realizaron mesas redondas en las que expusimos los planteos políticos del FIT (profesorados de Campaña, Vicente López, Escobar). La clarificación acerca del balance de ocho años de aplicación de las leyes K de educación ha abierto una oportunidad de agrupamiento también en los profesorados. El voto docente al FIT fue muy importante, y lo registramos al día siguiente de la elección, cuando en forma muy amplia los compañeros nos decían con alegría que nos habían votado. En ese espectro de compañeros, incluso, hay votantes provenientes de la kirchnerista lista Celeste del Suteba. Se trata de un salto político importante: Los docentes que siempre nos reconocieron como los que luchamos por las reivindicaciones docentes y contra la burocracia sindical celeste que está integrada como carne y uña con el gobierno votaron en el pasado mayoritariamente por las opciones políticas que representaban a nuestros verdugos. Hoy, un amplio sector votó políticamente por una opción independiente de los trabajadores. Se nos presenta el desafío de darle estructuración y proyección a este salto, sumando la mayor cantidad de compañeros al FIT y al Partido Obrero.

El gobernador ha decidido, como Romero en el pasado, empeñar las regalías petroleras hasta 2023. Se invoca que tal decisión implica una “reparación histórica” para los departamentos del Norte. La reparación histórica es un reclamo de las puebladas en el Norte provincial entre el ’97 y 2001. Quienes más agudamente han hecho este planteo fueron las organizaciones de desocupados reunidas en un plenario departamental en el año 2000. Claro que los trabajadores basaban este pedido en la necesidad de recuperar el recurso petrolero para el Estado y de poner la producción bajo control de los trabajadores, para cortar el saqueo de la riqueza que ya lleva cien años en el departamento. La producción petrolera de Salta cayó un 20% en los últimos tres años, por un proceso de desinversión que se da en todo el país y que ha llevado ya a tener que importar combustibles para garantizar -apenas- el abastecimiento. Es decir que estamos ante la encrucijada de que esta producción siga declinando, y con ella las regalías petroleras. Nada se ha anunciado para recuperar los recursos petroleros, terminar con el parasitismo de las concesionarias y garantizar el abastecimiento de combustibles. Al contrario, se busca hipotecar las regalías mientras la producción languidece, y se reducen dramáticamente los puestos de trabajo en la actividad. Es decir que se hipoteca un recurso en extinción -algo así como el anuncio o la crónica de una muerte anunciada para la economía del norte de Salta y el porvenir de sus habitantes. Esto no lo compensa el anuncio de algunas obras necesarias y urgentes en los municipios norteños. Es más bien “pan para hoy y hambre para mañana”. Las condiciones usurarias de la hipoteca Como dijo el ministro de Finanzas y Obras Públicas, Carlos Parodi, al diario Punto Uno, los bonos que va a emitir la provincia son similares en sus condiciones a los de Romero; la garantía serán los ingresos de regalías que serán descontados automáticamente de los pagos que hacen las petroleras en este concepto, y hasta excluidos de la contabilidad regular de la provincia. Es decir que la provincia cede sus derechos sobre esas regalías, hasta 2023... Se trata además de bonos en dólares en una etapa de fuerte inestabilidad económica y presiones devaluacionistas -aunque Parodi asegura, sin ponerse colorado de vergüenza, que no hay riesgo de que vuelva una crisis como la de 2001, que llevó al país a la quiebra y al dólar de 1 a 4 pesos. Las tasas de interés serán solo del 8,5% en dólares, dice el ministro. Si fuera real, sería una tasa en dólares varias veces superior a la vigente en el mercado internacional. Pero lo más probable es que se termine pagando una tasa aun más alta, del orden del 11 ó 12% -como la que acaban de aceptar la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que nos están por hipotecar a una tasa usuraria, en dólares, por un período que equivale ¡a los próximos tres mandatos gubernamentales! Otros costos millonarios de seguro vendrán de la banca intermediaria, que ya hizo su agosto con la colocación de los bonos emitidos por Romero hace más de una década. El Partido Obrero viene planteando desde hace un par de décadas, junto a los trabajadores del Norte provincial, que la única reparación histórica verdadera es la nacionalización de los hidrocarburos, su producción bajo control de los trabajadores y la industrialización del recurso en las zonas productoras. La recuperación integral de la renta petrolera es indispensable para garantizar las inversiones que nos devuelvan el autoabastecimiento de combustibles, y para un plan integral de desarrollo e infraestructura que arranque en las zonas productoras.

Tuvieron que fugarse del país 7.000 millones de dólares en menos de noventa días para que el gobierno admitiera la existencia de un “golpe especulativo” y dispusiera de medidas intervencionistas en el mercado de cambios. Mucho antes de que eso ocurriera, el Frente de Izquierda denunció esta sangría en el curso de la campaña electoral y planteó la apertura de los libros de las grandes corporaciones y bancos, así como el control obrero de sus operaciones. El intervencionismo oficial sólo apunta a arrancarle una tregua a los especuladores para preparar la devaluación. En los hechos, ha establecido un ‘corralito’ para los pequeños ahorristas. El corralito oficial Los nuevos controles oficiales han clausurado virtualmente el mercado minorista de cambios. Según datos del propio Banco Central, sólo el 3% de las compras de dólares se canalizan a través del cambio minorista. Mientras tanto, cuatro bancos internacionales -por cuenta y orden de sus grandes clientes- movilizan el 80% del mercado cambiario. La decisión de obligar a petroleras y mineras a liquidar las divisas de sus exportaciones en el país es puramente cosmética, porque pueden invertir los pesos al 20/30% anual y, gracias al seguro de cambio establecido por el Banco Central, convertirlos en dólares oportunamente. De la crisis mundial a la crisis política Esta corrida está lejos de ser una mera cuestión monetaria. Esta crisis se ha incubado cuando las exportaciones y las reservas de divisas engordaban al calor del alza especulativa del precio de la soja, que rigió desde fines de 2009 hasta hace poco tiempo. El ingreso de dólares a la Argentina -y, en general, a los países “emergentes”- alimentó una enorme liquidez monetaria, la cual fue a parar a la compra de títulos públicos, a la bolsa o a fideicomisos que financiaron el crédito de consumo a tasas usurarias. Los que viven de su trabajo pagaron esa especulación con un salto cualitativo de la inflación. Esta creciente acumulación de activos líquidos es la que se dispara ahora fuera del país, en función de una especulación para devaluar el peso. Asimismo, hay una fuerte salida de divisas en los ‘países emergentes’ para hacer frente a las deudas de las casas matrices en Europa y Estados Unidos. La crisis en Europa, en este momento, fue detonada por una salida de dólares -por parte de los fondos norteamericanos- que dejó sin financiación a los bancos del viejo mundo. La fuga de capitales está vinculada a la bancarrota capitalista. Devaluación a plazo fijo La estación terminal de la corrida cambiaria es la devaluación de la moneda, que la burguesía industrial, los agroexportadores y el propio capital financiero (cada uno con sus propios intereses) reclaman a gritos. La devaluación abatiría el salario, el gasto social y, principalmente, los activos en pesos en poder de la Anses y de las provincias, que se han endeudado al 12% anual en dólares. Para los especuladores financieros, que han acaparado los dólares, la devaluación sería un negoción. Las reservas internacionales ya no son suficientes para cubrir la circulación monetaria y funcionar como garantía de nuevos préstamos internacionales. La salida de divisas ha estado acompañada por un fuerte retiro de depósitos de los bancos. El gobierno decidió volver a colocar fondos de la Anses en los bancos locales. A los monopolios cerealeros, el gobierno les está prometiendo la “corrección cambiaria” para febrero o marzo, cuando comience a liquidarse la próxima cosecha de soja. Mientras prepara una devaluación a término, el gobierno utiliza a la Afip para condenar a los trabajadores y a los pequeños ahorristas a un verdadero corralito en pesos. El futuro gabinete La corrida cambiaria tiene un contenido político fundamental, porque apunta a condicionar la composición del próximo gabinete. O sea que después del 53% de los votos obtenidos, la orientación del futuro gabinete sería definida por los “mercados”. El “pliego de reclamos” de los pulpos cerealeros, agroindustriales o financieros excede por mucho a la devaluación: quieren que ésta sea acompañada por una contención de salarios y jubilaciones. Para eso, quieren ver en los ministerios al ala que impulsa un acuerdo con el Club de París (los acreedores internacionales) y el FMI, en detrimento de los que hablan de ‘profundizar el modelo’. En cambio, el ‘ajuste del modelo’ -que exige la banca internacional- pasa por un tarifazo que ponga fin a los subsidios a las privatizadas y que las autorice a contraer nuevos préstamos en el exterior. El nombramiento de un ministro que asegure este programa “podría pegarle un vuelco a las expectativas que gobiernan la demanda de dólares”, señala Clarín (2/11), en un artículo que propagandiza la candidatura de Mario Blejer, ex funcionario del FMI y actual asesor de los K, al Ministerio de Economía. La disputa por el gabinete desatada por una corrida cambiaria es una crisis política, que el gobierno debe resolver antes de asumir un nuevo mandato. La crisis no es “cambiaria”: antes de su debut, el gobierno de la votación plebiscitaria se enfrenta con una crisis de fondo. La capitulación ante los banqueros y capitalistas significa una confiscación contra los que trabajan y un hundimiento en el pantano de la bancarrota capitalista. En oposición a ello, planteamos medidas anticapitalistas: control de las operaciones de cambio y apertura de los libros de los bancos y grandes empresas, a cargo de los trabajadores. Prohibición de remesas de utilidades, regalías y préstamos del país. Nacionalización de la banca. Prohibición de suspensiones y despidos. Salario igual a la canasta familiar, vigencia del 82% móvil.

Para Cristina Fernández, la mejor noticia que podía llevar al cónclave 'ajustador' del G-20 es el anuncio de un tarifazo. Las empresas privatizadas lo apoyaron de inmediato. Macri, por su parte, fue el encargado de dictar el tarifazo para el subterráneo y de endeudarse para la extensión de los recorridos a tasa usuraria. El tarifazo reemplazará a los subsidios y dará vía al endeudamiento de las privatizadas con la banca extranjera. La realidad del tarifazo se vio en la Bolsa: Techint y Repsol, consumidores de energía, se hundieron, mientras Pampa Holding, privatizada del servicio, se fue para arriba; los primero reclamarán ahora la devaluación para compensar, y el segundo asegurar el tarifazo en dólares. Liberado de subsidios, el presupuesto nacional quedará como garantía de las nuevas operaciones de deuda que plantean el Club de París y el FMI. Es lo que han buscado producir los especuladores y banqueros con la fuga de capitales. El paquetazo le fue ocultado al pueblo durante la campaña electoral que acaba de concluir. El gobierno obtuvo el 53 por ciento, pero su rumbo futuro es dictado por un puñado de bancos, exportadores y empresas privatizadas. Sólo el Frente de Izquierda denunció, durante la campaña, el manotazo que se venía. Ahora, tenemos que desarrollar una intensa acción política no sólo contra este tarifazo, sino también contra los despidos y suspensiones, el impuesto al salario y la devaluación del peso. Por eso, lanzamos una convocatoria por asambleas abiertas para intervenir contra la confiscación del pueblo y desarrollar el Frente de Izquierda como un instrumento de lucha y organización. Que la crisis la paguen los capitalistas. No al tarifazo: nacionalización de las privatizadas y del petróleo y la minería. No a las suspensiones y los despidos, reparto de las horas de trabajo. Indexación de salarios, aguinaldo completo, ningún impuesto a los salarios. Abajo los especuladores: apertura de los libros de las grandes empresas y control obrero de sus operaciones, nacionalización de los bancos. Que la CGT y la CTA convoquen a un plan de lucha. Por el desprocesamiento de Pitrola y de todos los luchadores populares, por el cese de la persecución al “Pollo” Sobrero: TODOS A LA MARCHA DEL 23 DE NOVIEMBRE