Prensa Obrera N° 1197

-Exclusivo de internet El empresario Carlos De Narváez, hermano de Francisco, anunció el comienzo de la construcción de las cinco megatorres en la costa de Vicente López. "Cada torre cuenta con 26 pisos, con una variedad de propuestas que incluyen desde departamentos de dos ambientes hasta penthouses con terrazas con vista al río. En total se trata de 300 unidades, que suman más de 66.000 metros cuadrados. Los edificios además estarán unidos a través de puentes de veinte metros de largo que, a la vez, funcionarán como viviendas" (La Nación, 23/9). Este mega emprendimiento inmobiliario, que destruye los predios públicos de la costa del rio, tendrá un precio entre 3.500 y 6.500 dólares por metro cuadrado. Los estudios ambientales, por su parte, han dejado en evidencia el impacto que esto va a tener para los vecinos. Un informe de Aisa ha señalado que las actuales estructuras cloacales ya están colapsadas, mientras el plan de este emprendimiento es descargar sus residuos cloacales en la actual red. Otro informe demuestra que la zona de la avenida del Libertador, que también se encuentra en un colapso por el tránsito, se saturará definitivamente con este emprendimiento. Los vecinos de Vicente López son víctimas de la voracidad capitalista. El intendente García ha aumentado los impuestos más de un 400% para financiar la construcción del vial costero. El aumento de los precios de la propiedad hace inaccesible alquilar o acceder a una vivienda propia. Los vecinos no sólo están siendo privados de la costa del río, sino también de poder seguir viviendo en el distrito. García y Macri, el juego de la ‘derecha...' Las colectoras kirchneristas "bajaron" sus listas por expreso pedido de la casa rosada para favorecer al intendente radical-k, García. Luego de la renuncia del candidato sciolista, Leo Rial, le llegó el turno a Julio Careza, candidato del sabbatellismo, que señaló: "tomamos esta decisión (...) sin otro interés que no sea el de ser consecuentes con nuestras convicciones y principios", "nos bajamos para no ser funcionales a Macri. No vamos a permitir que la derecha se instale en la Argentina" (infoban, 12/9). Los kirchneristas han optado por ser funcionales a García, del cual sin embargo se habían diferenciado cuando presentaron sus propias alternativas-colectoras. Si esa diferenciación estuvo justificada, el giro significa una corruptela ideológica, política y moral. García llamó a la policía para reprimir a los vecinos que se pronunciaban contra el vial costero. Ser funcional a García es lo mismo que ser funcional a Macri, porque representan los mismos intereses. Llamamos a los sabbatellistas a poner fin a esta política suicida y sumarse al Frente de Izquierda. Los candidatos de Rodríguez Saá y Carrió también se bajaron de la carrera, pero en este caso para favorecer explícitamente a Jorge Macri. El voto al frente de Izquierda Los compañeros que encabezan las listas del Frente de Izquierda en el distrito han estado presentes en el conjunto de la lucha de los vecinos de Vicente López en defensa del espacio público, para terminar con la especulación inmobiliaria y conquistar un verdadero plan de viviendas populares. Vamos por un plan de íntegro de reorganización urbana que respete el espacio público, suspendiendo de inmediato las obras de las megatorres en la costa, por créditos accesibles para todos los vecinos que no tienen acceso a la vivienda propia. Nuestro programa es el fin del trabajo precarizado, el pase a planta de todos los contratados y tercerizados, la defensa de la educación pública y gratuita frente a la proliferación de institutos privados, el rechazo al cierre del geriátrico municipal, por una sistema de salud único y gratuito para todos los vecinos. Llamamos a todos los izquierdistas, progresistas, ambientalistas y nacionales y populares del distrito a acompañarnos, porque necesitamos en el Concejo un bloque de fuerzas que resista la especulación inmobiliaria, para defender la vivienda popular y el medio ambiente de la ribera.

-Exclusivo de internet La crisis energética que tiene nuestro país da para todo, incluso para anuncios de características electorales. La inauguración de la planta de Atucha II no es otra cosa que estrategia de campaña ya que la entrega de electricidad a los consumidores no se producirá sino en 2013 (Urgente, 28/9). Hay que recordar que la construcción de estas plantas ya lleva treinta años. Los anuncios de Cristina K no pueden disimular los casi 50.000 millones de dólares de subsidios energéticos que lleva en lo que va del año. Asimismo se anuncio la instalación de una planta nuclear en Formosa dentro del programa Carem, que impulsa la instalación de centrales de 25 MW que alcanzan para ciudades de no más de 100 mil habitantes. Es lo que denominan Carem 25, y que recién ahora se empiezan a estudiar la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el reactor, para poder alcanzar potencias de hasta 330 MW (http://www.cnea.gov.ar). La Presidenta quiere darle elementos de campaña a Gildo Insfrán, responsable de las represiones y asesinato de los aborígenes Qom. Estos anuncios se dieron en el marco de la denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Sin embargo, a raíz del desastre de Fukuyima en Japón ya se conocieron comunicados en rechazo a esta posibilidad. Así lo hizo el grupo de legisladores del Parlasur, órgano deliberativo del Mercosur, cuyos miembros "apuntaron que la construcción de una planta nuclear en la ciudad argentina de Formosa, Argentina, ante una posible catástrofe natural y su extrema sensibilidad a fallas humanas, constituirá una grave amenaza a la salud de la gente y al ecosistema circundante por los riesgos que implica una fuente energética de estas características" (http://www.ultimahora.com). Claro está que esto desarrollará una tendencia a la oposición de la instalación de la planta basada en esta posibilidad catastrofista. Precisamente porque la forma en que es utilizada la naturaleza, el modo de explotación de la misma no puede ser analizada al margen de la crisis económica mundial. Un régimen agotado termina usando los beneficios de la explotación de la naturaleza, sin importarle que ello entrañe peligros para la humanidad. El dominio de la humanidad sobre la naturaleza sólo es posible en un régimen de nuevas bases, donde las masas decidan, en función de sus necesidades, la mejor forma de explotar la naturaleza, proteger el medio ambiente y por lo tanto a la propia humanidad. Es decir, en este caso, un plan político energético decidido por los trabajadores.

-Exclusivo de internet En el cordón de las Sierras Chicas, en Punilla y en otros lugares de la provincia la crisis hídrica llegó a su punto más crítico. Los diques están en niveles récord de bajante. En localidades como Salsipuedes, La Granja y otros, los ríos se secaron. Los cortes y restricciones al consumo de la población llegaron al máximo posible. Si bien en los últimos años la provincia y los municipios desarrollaron algunas obras que apuntaban a mitigar los efectos de la crisis hídrica, esta sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en los últimos seis años asistimos a una explosión de la especulación inmobiliaria. Las lomas, los bosques nativos y campos de la provincia se transformaron en nuevos loteos, barrios privados, countries o complejos de cabañas. Como ejemplo: sólo en Mendiolaza, el cuarenta por ciento (40%) de la población vive en countries. Localidades como Río Ceballos y Unquillo abastecían de agua a sus pobladores desde el dique La Quebrada, que históricamente tuvo capacidad para aproximadamente 11 mil conexiones. Y en los últimos años se otorgó factibilidad de agua a más de 5 mil nuevos lotes. La factibilidad de agua es la clave para vender los lotes. Ningún municipio las ha negado. Actualmente, se desarrolla una lucha en la ciudad de Mendiolaza, porque el municipio pretende otorgar el permiso para la construcción del emprendimiento El Torreón, un loteo con centro comercial y cancha de golf con 18 hoyos, un total de 280 hectáreas. Sólo para la mantenimiento de la cancha se calcula que se necesitarán 700 mil metros cúbicos de agua por año, el equivalente al suministro para una población de 15 mil habitantes. Hace unos días, uno de los responsables de la situación, el empresario Bugliotti, anunció que obtendría la financiación por parte de la Nación para la construcción de un acueducto para las Sierras Chicas. El hecho de que haya sido el especulador inmobiliario el que hizo el anuncio de la supuesta nueva obra pública, da cuenta de hacia dónde se dirige el beneficio: Bugliotti construye un megaemprendimiento en la ciudad de Salsipuedes. Los intendentes de la zona y el gobierno provincial no abren la boca al respecto. La crisis hídrica se profundiza. Sin embargo, los gobiernos siguen tirando de la cuerda en beneficio de un puñado de capitalistas. Ya el año pasados el PJ, la UCR y Juez votaron en la Legislatura la mal llamada "ley de bosques" cuyo nombre real debería ser ley de desmonte, y lo hicieron por cuenta y orden de los pulpos sojeros. El acueducto anunciado por Bugliotti tomaría agua del río Carnero, de Colonia Caroya. Esta noticia abrió una puja de intereses entre los capitales inmobiliarios y los sojeros. El intendente de Colonia Caroya ya planteó su oposición, dado que esto privaría a los sojeros de la explotación de 4 mil hectáreas. Este hecho debe ser tenido en cuenta por las asambleas de vecinos que comenzaron a surgir por toda la región en defensa del agua y el ambiente, para levantar un programa de independencia frente a los intereses de los pulpos sojeros e inmobiliarios. Sobre la base de esta caracterización, desde la izquierda proponemos el siguiente programa de salida: -Preservación y recuperación de los bosques con las especies nativas verdaderas fábricas de agua. -Derogación de la ley de desmonte y aprobación del proyecto consensuado en la comisión de ecología de la Legislatura cordobesa. -Suspensión de factibilidad a cualquier nuevo loteo. -Poner fin al acaparamiento privado del suelo para la especulación, declarándolo de utilidad pública. -Impuesto progresivo al capital inmobiliario y sojero, destinado a solucionar integralmente la crisis hídrica. -Sistema de provisión de agua unificado, estatal y bajo control de usuarios y trabajadores.

-Exclusivo de internet En los últimos años, la ocupación de tierras y viviendas en el distrito de Almirante Brown se ha transformado en la única salida que han encontrado los trabajadores frente a la crisis habitacional. El Estado y el régimen político kirchnerista han respondido a esto con desalojos y represión. Las escasas viviendas que se han levantado en la zona, a través de los planes federales y el cuestionado "sueños compartidos", no llegan ni hacer una aspirina. En el caso del plan "sueños compartidos" los obreros han reclamado el pago haberes adeudados, como así también por el no pago de los aportes previsionales. Los barrios Glew 1 y Glew 2 fueron ocupados, a fines de julio, por vecinos y trabajadores de la zona de Kanmar y Glew. Son 400 viviendas que estaban en plena construcción en un barrio de 600 casas, de las cuales 200 ya habían sido adjudicadas. Esta obra pertenece al "plan federal de viviendas". Luego de varios intentos de desalojos y maniobras por parte del Estado y los punteros de Giustozzi, el barrio logró organizarse en una asamblea y un cuerpo de delegados. Consiguió, además, a través de la organización y la lucha, que el municipio y la dirección de tierra y vivienda de la provincia, se comprometieran a llevar adelante la firma de actas de preadjudicación de estas viviendas, para los ocupantes. Esto se tendría que llevar adelante entre los días 10, 12 y 13 de octubre. La preadjudicación de las viviendas, se firma, con el compromiso del ocupante de terminar la construcción de la casa en el término de un año, el municipio aportará los materiales y se encargará de licitar la terminación de la obra. Luego de finalizada la obra, las familias empezarán a pagar la vivienda en cuotas, al valor de la misma al momento de la ocupación. Además de esta fundamental conquista, se ha logrado que el gobierno lleve adelante obras de mejoramiento de calles y accesos al barrio, como también la red de agua potable. Otro logro fue que se comprometiera el gobierno a entregar los llamados "terrenos con servicio" para las familias que quedaron afuera del censo inicial, realizado por el municipio y la dirección de tierra y vivienda. Llamamos a los trabajadores y vecinos a fortalecer la organización barrial, defendiendo el cuerpo de delegados y la asamblea general, como único método que puede garantizar una lucha a fondo por la definitiva adjudicación de la tierra y la vivienda. Por un Plan de obras públicas y urbanización integral: construcción inmediata de 70.000 viviendas populares en Almirante Brown. Expropiación de las tierras ociosas, privadas y/o públicas, para llevar adelante este plan. Además de escuelas y salitas de atención primaria. Tendido de gas natural, agua corriente, cloacas, iluminación y asfalto en todos los barrios. Esto debe ser financiado con un impuesto a los grandes especuladores inmobiliarios y sobre las patronales que llevan adelante la depredación ambiental y laboral en el distrito. Además, los trabajadores y vecinos que sean beneficiados deben tener la posibilidad acceder a un plan de pagos accesible y en cuotas, de acuerdo con el ingreso familiar y que no supere el 5% de ese ingreso. Es fundamental poner en pie comisiones y organizaciones obreras y vecinales, que lleven adelante el control y la dirección de estas obras: su licitación, ejecución y financiamiento.

La CGT chocó con Aníbal Fernández al reclamar la libertad de Sobrero, pero no hay que equivocarse. Moyano contrastó la detención con los “narcos, apropiadores de bebés, abusadores de menores, los que saquearon la Argentina, los que hacen espionaje a los vecinos, los traficantes de armas, los corruptos, los que defraudan al Estado (¿Jaime y los Cirigliano?) y al pueblo (que) parecen tener, aun los condenados, otra consideración y otra suerte”. Es decir, reclamó por Zanola, Venegas o incluso Pedraza, acusados por delitos comunes. Yasky se delimitó de este despropósito, distinguiendo a Sobrero de Zanola y Pedraza, pero no fue más lejos. El Movimiento Evita reclamó la libertad de Sobrero, y D’Elía consideró a la detención la “pelotudez de un pelotudo”, o sea un incidente sin significado político. Maturano, secretario de La Fraternidad, disintió con todos, hasta con Pedraza, quien en un comunicado delirante asumió la “defensa de los ferroviarios aunque sean opositores”. Guillermo Antonio Luna, de La Fraternidad, sigue a cargo de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que controla toda la caja y los negocios de los concesionarios de los ferrocarriles. La Presidenta, en un discurso, la emprendió contra la “corporación sindical”, o sea que respaldó la detención de Sobrero y a Aníbal Fernández. D’Elía, Evita, el Cels, debieran tomar nota de esto y pronunciarse sobre lo que dice CFK, si no quieren producir su propia ‘pelotudez’. La alusión de la Presidenta a los ‘intereses corporativos del sindicalismo’ refuerza la versión de que el gobierno pretende apropiarse de las obras sociales, para usar su caja para financiar la salida de divisas y el pago de la deuda externa. En resumen, el zarpazo judicial contra el movimiento sindical independiente desató una crisis política al interior del kirchnerismo, que se inscribe en contradicciones más profundas. La victoria por la libertad de Sobrero se suma a la victoria de los choferes de la Línea 60. El posicionamiento verbal de la CGT no modifica nuestro planteo de fuera la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y de todo el movimiento obrero. Luego de la excarcelación del ‘Pollo’, vayamos por la libertad del delegado petrolero de Santa Cruz, Oñate, preso por la huelga petrolera, y por el desprocesamiento de todos los luchadores.

El intendente García y el opositor Jorge Macri están intentando forzar una polarización para el 23 de octubre, mediante la cooptación de la derecha, en el primer caso, y de la izquierda en el otro. Los seguidores de Carrió, Rodríguez Saá y De Narváez fueron comprados por Macri, mientras los de Sabbatella y el PJ cristinista se han ido con el "Japonés" García. El problema es que tanto el intendente como su rival son, antes que nada, representantes de la inmensa especulación inmobiliaria que está asolando la costa de Vicente López. Llamamos a los seguidores de Sabbatella y de la CTA oficialista a repudiar esta asociación política con la ‘patria inmobiliaria' y a votar y a militar por el voto al Frente de Izquierda. El ingreso de nuestro Frente en el Concejo Deliberante será para librar la madre de todas las batallas: la defensa de la ribera de Vicente López y el desarrollo de un plan de vivienda para la clase media y obrera que viven en el distrito. La prioridad del "Japonés", de los K y de los aliados es la privatización de la costa. Según Clarín (24/9), el municipio de Vicente López otorgó a Carlos De Narváez 16 hectáreas para la construcción de una mini ciudad, de cara al río -un complejo que tendría torres de 26 pisos, cuyo valor alcanzaría los 7 mil dólares el metro cuadrado, oficinas de primer nivel, helipuerto, hotel cinco estrellas, amarraderos privados, clínicas, etc.-; y esto es sólo en una parte del primer tramo del proyecto vial costero. Si vemos a lo publicado en La Nación el 1º de octubre, Macri planea hacer lo mismo en costanera Sur. Otra de las similitudes en sus programas, es que en los dos proyectos planean el desalojo de dos barriadas obreras, como la Villa Rodrigo Bueno en Capital y el barrio El Ceibo en Vicente López, sin siquiera prever su relocalización equivalente. Estos megaemprendimientos traen aparejada la revaluación de las tierras privadas y públicas. Por otro lado, la parálisis del plan federal de viviendas en Vicente López obedece a la negativa de García a ceder tierras del municipio con ese fin. El primo de Jorge Macri, Mauricio, fundamentó el aumento del ABL en Capital en la necesidad de "que tengamos un sistema como el de Vicente López", que usa los fondos para las obras complementarias de la especulación inmobiliaria en la costa. Las obras de infraestructura para que el vial costero sea una realidad, fueron votadas 23 a 1 en septiembre de 2009 por todo el arco opositor, incluida tanto la UCR como los concejales que integran hoy el Frente Progresista. Sólo el ingreso del Frente de Izquierda al Concejo puede plantear una oposición a esta devastación ambiental y habitacional y convertirse en referencia de la movilización popular. El Frente de Izquierda plantea la entrega inmediata de los terrenos del ex batallón 601 para la construcción de viviendas, y el resto de los terrenos disponibles declararlo parque nacional. Planteamos la defensa de la costa como espacio público y la suspensión inmediata de los proyectos inmobiliarios en la misma. Es necesaria la eximición del pago de ABL y de rentas para las viviendas únicas de los trabajadores y el establecimiento de una tasa progresiva de hasta el 50% para las torres de valor máximo.

El 23 de setiembre, al cumplirse diez años del fallecimiento de René Sotelo, sus familiares, con el apoyo del PO y de un grupo de amigos, realizaron en un resto-bar de Tafí Viejo un emotivo homenaje que contó con la presencia de más de cien personas. René Sotelo había sido miembro de comité regional del PO, varias veces delegado a los congresos y conferencias nacionales. Fue un referente de la oposición antiburocrática en Atsa y antes en el ferrocarril. René también fue un poeta y cantor de sus propias letras, reconocido en la zona. En la actividad, se pasó un video documental que recoge diversos testimonios de familiares, de músicos y cantores populares, y también de los compañeros de lucha en la sanidad y de varios compañeros del PO. A diez años de tu muerte: René, hasta la victoria siempre.

En la causa que investiga por “tráfico de influencias” a Pedraza, al ex juez Aráoz de la Madrid y al agente de la Side Riquelme, se ha ordenado investigar si tres jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal recibieron dinero a cambio de dejar libre a los imputados por el crimen de Mariano Ferreyra. Por pedido del fiscal en la investigación, los teléfonos fijos y celulares de los tres jueces de la Sala III del máximo tribunal -Gustavo Wagner Mitchell, Eduardo Riggi y Mariano González Palazzo- serán sometidos a pericias. El fiscal ya había requerido la indagatoria de varios imputados, pero el juez no dio lugar al requerimiento. La investigación pretende determinar si los camaristas -como se presume- fueron tentados con 50 mil dólares de coima que habría impulsado el abogado Octavio Aráoz de Lamadrid, ex funcionario judicial, con el objetivo de lograr la liberación de los siete acusados por el crimen de Mariano y evitar el posterior encarcelamiento de Pedraza. Las escuchas telefónicas, obtenidas en el marco de la causa principal que investiga el crimen, recogen conversaciones de Pedraza antes de su detención. Un interlocutor le aclara que los supuestos sobornos son en dólares y no en pesos: “Son 50 mil verdes... verdes”. En esas escuchas se habla explícitamente de dos jueces de la Cámara de Casación: Eduardo Riggi, directamente señalado como el juez que sería influenciable, y Gonzalo Palazo, quien, a través de los contactos con la curia, podría favorecerlos. El avance de esta causa, y la resolución de la Corte Suprema rechazando el primer pedido de excarcelación que llega a esa instancia, el del imputado Uño, van cerrando las posibilidades de que Pedraza y sus secuaces puedan ser excarcelados antes del juicio oral, que se presume comenzará en febrero de 2012.

El lunes 3 de octubre, Fiat suspendió a todo el segundo turno de producción (400 trabajadores) hasta este jueves 6, y anunció que al día siguiente la suspensión abarcaría a toda la planta. La patronal italiana atribuyó la medida a la falta de materiales para mantener el ritmo productivo y a la necesidad de ajuste general de stock. Sorpresivamente, al día siguiente Fiat decidió "suspender" las suspensiones porque había conseguido la aprobación de licencias no automáticas para la entrada de 7.000 unidades a Brasil -a las que no había aludido nunca. ¿Se confirmó la caracterización del ministro cordobés de industria de que el tema no era alarmante? ¿Estamos ante un simple problema de permisos aduaneros o ante la manifestación concreta de la crisis provocada por la bancarrota del capitalismo mundial? A la par que se anunciaban las suspensiones en Córdoba, se conoció que la empresa en Brasil suspendió por diez días a 2.000 trabajadores de su planta en Minas Gerais. Las suspensiones responden a una "desaceleración" (caída) de las ventas en Brasil y a la certidumbre de que las posibilidades de recomponer el mercado interno brasileño son remotas en el marco del derrumbe financiero mundial. Las patronales metalmecánicas (incluido Ratazzi) sostienen la necesidad de avanzar en la reducción de costos y el aumento de la competitividad de la producción local -o sea, como en Europa, reducir salarios, mayor precarización laboral y devaluación. Cuenta de esto lo pueden dar los trabajadores de la planta de Fiat en Ferreyra. Permanentemente son "anoticiados" por los supervisores de que después del 23 se viene "la limpieza": 700 despidos, levantamiento de una línea de producción para mandarla a Brasil y apriete a los que queden. De hecho, ya se han estado desprendiendo de trabajadores contratados por consultoras, cambiando de empresas contratistas. La estabilidad laboral no pasa de los seis meses para el grueso del personal. El abuso de la precarización alcanza a las empresas de limpieza, cuyos empleados trabajan en la línea de producción con salarios del 40%. Esta situación es la que abona dentro de la empresa un clima de constante tensión y bronca de los trabajadores. No sólo Fiat Mientras empresa y gobierno quitaban "dramatismo" a la situación, reduciéndola al conflicto aduanero, VW "suspendió la posibilidad de realizar horas extras en una de sus plantas (...) desde el sábado 1º de octubre, Mauricio Businello, gerente de Relaciones Institucionales, destacó que esa situación se ‘da solamente en la planta que realiza cajas para todos los vehículos que se exportan a Brasil. La otra -que provee a España y México- trabaja con normalidad’" (Comercio y Justicia, 5/10). La situación de VW Córdoba se complica aún más por su carácter de autopartista y exportadora. Dentro de fábrica los constantes reclamos por la situación laboral e incluso salariales, chocan con el ninguneo que la patronal y el Smata hacen a la comisión interna independiente que derrotó a la burocracia en las últimas elecciones.El panorama de crisis lo completa Renault con la eliminación de horas extras. Es la crisis capitalista, estúpido Las suspensiones, el quite de horas extras, la posibilidad de levantamiento de líneas de producción no es ni de lejos un hecho de estos días. Es en realidad una continuidad de la primera manifestación de la crisis a fines de 2008. En ese momento hubo más de 2000 despidos, y se perdió una parte importante de la producción autopartista, acentuando lo que ha sido la característica del "boom" de la industria automotriz a partir de 2004: ser una ensambladora de autopartes importadas. Las multinacionales tenían en claro que la recuperación de 2009 era sólo un veranito, que no duraría, y a causa de ello la abordaron profundizando la tercerización y precarización laboral, con contratos de tres y cuatro meses a través de consultoras. Tenían pleno conocimiento de lo que ahora sucede y en esto contaron con la complicidad de la burocracia sindical, que entregó la lucha contra las suspensiones y despidos con el cuento de que había que soportarlos para defender el grueso de los puestos laborales. Un programa de salida El gobierno responde a las presiones y amenazas de las patronales automotrices prometiendo concesiones. En palabras de De la Sota: "mejoramos cualquier oferta". Esto es lo que se ha hecho hasta ahora: cientos de millones de pesos en subsidios directos y en eximiciones impositivas, hicieron la vista gorda frente a violaciones a las condiciones de trabajo, alentaron la precarización laboral -y al primer estornudo de la crisis los pulpos se mandan a guardar, después de haber amasado fortunas. La "salida" del gobierno es una encerrona que ya muestra su fracaso y que agrava las finanzas públicas, obligando a un mayor endeudamiento, para concluir en recortes y ajustes de los gastos en salud, educación, jubilaciones y salarios. Que el costo de una baja en la producción lo absorban las empresas, haciendo uso de las ganancias de estos últimos años; que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario; que se abran los libros de las empresas. La garantía laboral por parte de las patronales debe ser extendida al conjunto de los trabajadores empleados en la planta, independientemente de quién sea el empleador; hay que rechazar la desvinculación de las patronales de los trabajadores tercerizados o contratados por consultoras.

Carta abierta a los camaradas de Proyecto Sur Quiero llamar a una reflexión ante los resultados del 14 de agosto pasado y la falta de una dirección o un debate en el cual fijemos posición, ya que los dirigentes no se pronunciaron por un camino a seguir. Propongo sacar una conclusión y una reafirmación. En primera instancia se debe analizar el nuevo escenario político para desarrollar una dirección que coincida con la postura por nosotros adoptada. Ante nosotros tenemos una derecha devastada, con una votación marginal. Siendo las dos fuerzas emergentes el kirchnerismo y el Frente de Izquierda, se nos hace más que nunca, como movimiento emancipador no sólo del país sino también del hombre por el hombre, nos vemos en la obligación de tomar una postura de cara al 23 de octubre. En una dirección es fácil encontrar una continuidad del menemismo (o neoliberal implementado en los '70); hoy nos encontramos con la mayoría de las empresas que son estratégicas para el crecimiento del país privatizadas, cuyas empresas están generando un agujero financiero al Estado, ya que dichos subsidios podrían ser destinados a mejorar la salud, la educación, etc. Para colmo, las empresas se vieron beneficiadas con las leyes de flexibilización laboral y tercerización implementadas por el menemismo. Que encontraron una resistencia en los trabajadores expresadas en las listas antíburocráticas y en las luchas, de la cual quiero resaltar la de los ferroviarios que se enfrentaron a la patota de la Lista Verde (dirigida por Pedraza) que se cobró la vida del camarada Mariano Ferreyra; que a pesar de que el asesinato hoy, al cumplirse un año, sigue impune, y que pese a todo se logró el pase a planta permanente de 3.500 trabajadores. Mientras tanto el llamado gobierno "popular y nacional" ha largado una feroz ofensiva contra la clase obrera deteniendo al luchador ferroviario y militante del Frente de Izquierda "Pollo" Sobrero; bajo la misma acusación deja libre a Menem. En oposición a esto la única voz que se plantea una verdadera salida, con la nacionalización de la banca y las empresas regaladas en los '90. etc. Entiendo que por dicha razón que tal empresa está representada por el Frente de Izquierda, no sólo apoyo con el voto sino también con una participación plena en la construcción de dicha empresa. Por tal motivo invito a participar y apoyar al FIT y sus candidatos obreros. Emiliano Andrés Corrales Después del conflicto de la Línea 60, sigue el verso Los compañeros siguen en alerta Hay algo que huele mal, dice Héctor. El lunes se apersonaron a la cabecera de Rincón, en Tigre, gente de la empresa, amedrentando y amenazando con tomar represalias con los trabajadores, acción que derivó en un paro por dos horas. En tanto, en Maschwitz entró gente a las oficinas llevándose papeles y computadoras. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa con el pago, si no cumplen volveremos al paro.Nosotros estamos unidos y la vamos a seguir peleando. Terminó Héctor. Otro compañero cuenta: "Ayer se llevaron los coches nuevos, sacando a la calle todos los que estaban parados hace tiempo, le lavaron la cara y lo pusieron en marcha. Será tal vez porque hasta los coches que están rotos y parados reciben subsidios diarios". Susana de Savio Desde Noruega Estimado Partido Obrero: Desde Noruega les envío mi saludo cordial y les deseo la mejor elección de la historia, son muy tenaces, tienen una resistencia y unas agallas admirables y, por sobre todas las cosas, admiro que se presenten por la vía democrática. ¡Mucha suerte! Saluda atentamente, Federico, obrero gastronómico y estudiante de Filosofía radicado en Noruega hace muchos años Netbooks Sorteando la timidez, aprovecho el espacio que este periódico ofrece. La semana pasada les entregaron a mis hijos la famosa Netbook, el mayor de ellos me muestra las aplicaciones y demás cosas que trae, entre ellas un juego que me recordó a los libros de "Elige tu propia aventura" de mi infancia, pero esta vez digital. ¡Qué lejos está la aventura que propone el kirchnerismo a nuestros adolescentes de las historias espaciales y viajes en el tiempo que leía! El personaje es Luis Medina, un algodonero chaqueño que debe elegir entre quedarse en su provincia donde escasea el trabajo o venir a probar suerte a algún centro urbano, Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Siguiendo todas las alternativas posibles, sólo quedándose en el Chaco su suerte no es la cárcel o la pobreza suburbana. Pero ¿cómo sortea la narración del juego el tema del desempleo de las provincias más pobres? Luis Medina debe apoyar a su mujer en un emprendimiento de dulces de zapallo. Ahora bien, se abre una nueva disyuntiva, la señora de Medina, asociada con su vecina, ¿debe cooperar con la "Milagro Salas" de turno o mantener autonomía? Se adelanta la respuesta moralizante... Si no obedeces al puntero kirchnerista, te será más difícil vender tus productos, dice el juego. Entiendo que me dirán y... bueno... entre que los chicos jueguen a ser soldados norteamericanos en Afganistán y que jueguen a ser un manso algodonero que tiene la vida jugada, ¿qué preferís? Y yo contesto que prefiero que mis hijos puedan pensar autónomamente y que la salida no está en la nueva ética kirchnerista, sino que la salida es la organización independiente de todos estos espejitos de colores. Ojos Críticos, Palermo

-Exclusivo de internet En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT está en curso un proceso de lucha para lograr la expulsión de un profesor acusado de acoso sexual contra varias estudiantes y profesoras. El acosador, Guillermo Frías, era docente en la carrera de Trabajo Social a cargo de una comisión de estudiantes de primer año. El profesor ofrecía a sus alumnas arreglar de manera "particular" sus problemas con las asistencias, se ofrecía a acompañarlas a la salida de sus clases (su comisión terminaba alrededor de las 22 horas) y les mandaba constantemente mensajes de texto o las llamaba para charlar sobre su "situación académica". Frías, hace unos años había sido denunciado por casos similares en el terciario de la Escuela Normal y que obligó en esa oportunidad a que los trasladaran a una sección de la biblioteca de la escuela. Tiempo después ingresó en la UNT de la mano de las autoridades que lo nombraron interino sin rendir concurso alguno. Frías llegó a ser elegido consejero directivo vinculado con la anterior gestión en la facultad. Este apoyo de las autoridades al acosador se ha mantenido también ahora, donde a pesar de las denuncias y evidencias presentadas han bloqueado el reclamo estudiantil de separación del cargo sin goce de sueldo y que no pueda ser reasignado en ninguna función en la UNT con argumentos legalistas como que "la facultad no puede decidir sobre otras unidades académicas" o que "el consejo no tiene la facultad para suspender a un docente, sólo para separarlo". Así solo resolvieron separar a Frías del cargo provisoriamente, dejando abierta la puerta a una posible reasignación en otra facultad y en otras funciones, además de mantener intacto su sueldo. Sólo recularon en el pedido de que se conformara un tribunal interestamental ad hoc para investigar el caso. Entre los estudiantes está la disposición de ir hasta el final, por eso se han tomado nuevas medidas de difusión del caso y preparación de nuevas medidas de lucha hasta lograr la expulsión definitiva del acosador de la UNT.

Indalo: el botón de muestra El servicio de transporte público en manos de Indalo fue inaugurado por el ex intendente Chito Jalil, del MPN, luego lo consolidó Horacio Quiroga (UCR) y ahora estalla en manos de la intendencia de Martín Farizano, de la Concertación (PJ-UCR-UNE-Recrar-Libres del Sur). “Yo no fui”, dicen las fuerzas políticas que, como el UNE y Libres del Sur, quieren despegarse de las responsabilidades políticas ante la crisis del transporte. Sin embargo, en el informe que presentamos con el Frente de Izquierda están las huellas digitales de Raúl Dobrusin y Mariano Mansilla (UNE), Mercedes Lamarca y Jesús Escobar (Libres del Sur), entre otros, quienes han apoyado y votado cláusulas de garantías económicas para la empresa Indalo por medio de sus concejales e integrantes del gabinete de Farizano. Una gigantesca confiscación a los bolsillos de la población a favor del empresario Cristóbal López. No es una exageración decir que, durante los últimos ocho años, el titular de la empresa no ha puesto un centavo para el transporte público, pero se le han entregado a Indalo alrededor de 80 millones de pesos a través subsidios de todo tipo y condonaciones impositivas. Los responsables tienen nombre y apellido, los que están reflejados en los documentos oficiales que relevamos. El análisis de costos que la empresa presenta está dibujado de manera antojadiza, para poder justificar toda esta entrega de los fondos públicos a través de decretos y ordenanzas como las que se pueden comprobar en el informe. Indalo tiene a casi 400 trabajadores en condiciones laborales y salariales inaceptables, a los que se les pagan sueldos atrasados y en cuotas, mientras la empresa se da el lujo, junto a la burocracia de UTA, de amenazar con retirar el servicio a los 70 mil usuarios del transporte si no se le renueva un nuevo ciclo de enriquecimiento que pagamos todos. ¡Y para colmo se lo premió con un nuevo tarifazo en la sesión del Concejo Deliberante! Saquemos conclusiones Sólo con el ejemplo del transporte podemos explicarnos por qué Neuquén es el botín de un puñado de empresarios bancados con los fondos del Estado. Por qué los trabajadores municipales cobran un sueldo de miseria. Por qué los tarifazos, la depredación y la contaminación ambiental se descargan contra la población. Lo que cualquier ciudadano de Neuquén puede percibir en carne propia es que la ciudad sigue dominada por los mismos intereses sociales responsables que condenan a miles a la precariedad de la vida en tomas y asentamientos, la falta de servicios elementales como el agua, la luz, las cloacas y el gas. O la entrega del espacio público a los apetitos de las constructoras e inmobiliarias. Lo que sí se han desarrollado son los negociados inmobiliarios que llevaron los precios de los terrenos y la vivienda a niveles exorbitantes, agravado por el hecho de que, con salarios tan bajos, no se puede acceder a un crédito para la vivienda. Una política que, cuando fue necesario, se impuso a palazos y represión contra los trabajadores “sin techo” de la ciudad (incluso mientras Jesús Escobar, de Libres del Sur, era secretario de Derechos Humanos). Juntos o separados, el centroizquierda compartió el esquema de gestión capitalista. Sus campañas electorales son un acto inmoral, de manipulación política sobre la misma población perjudicada, de cara a las elecciones del 23 de octubre. En lugar de intentar reciclarse, deberían rendir cuentas de lo que han hecho y votado. El transporte público es el resultado del fracaso de la Concertación como alternativa al MPN. Con el Frente de Izquierda Contraponemos la recuperación del servicio público mediante la municipalización bajo control de los trabajadores y usuarios. O sea que los que hoy son víctimas se transformen en protagonistas, en organizadores de los recorridos, de las frecuencias, de las condiciones para su funcionamiento. Es necesario cambiar las bases sociales que orientan el servicio y pasar a ser garantes de los 70 mil usuarios y los trabajadores del transporte. Indalo es el botón de muestra. Neuquén es el botín de un puñado de empresarios bancados con los fondos del Estado. Conquistar una bancada en el Concejo con el Frente de Izquierda es clave para defender las necesidades populares y desbaratar los negociados de las contratistas con el municipio. La agenda urgente del pueblo de Neuquén en el Concejo Deliberante será defendida por el Frente de Izquierda y en eso pretendemos transformar la campaña en marcha: en un laboratorio de la intervención de la izquierda en el deliberante, reforzada con el apoyo activo de los trabajadores y la juventud.

El conflicto en las boleterías del subte, del que se valió Cristina Kirchner para atacar al sindicato de los trabajadores de Metrovías, se mantiene abierto. La empresa no inició la reconversión prometida de los aparatos cuyo uso provoca serias lesiones a los que los operan, con el resultado de que en una cantidad de boleterías la recarga no se realiza. El reclamo, que lleva varios meses, se originó en la instalación por Metrovías del sistema de carga electrónica de tarjetas -Sube y Monedero- sin los estudios previos y medidas preventivas para evitar las lesiones propias de las "tareas manuales repetitivas, estereotipadas y sostenidas en el tiempo" (OIT, Listado de enfermedades profesionales). Falencias patronales fueron las responsables de lesiones traumáticas a numerosos trabajadores, que tuvieron que ser licenciados y sometidos a tratamientos médicos. El cuadro se vio agravado por el hecho de que se recargan tarjetas a pasajeros de otros transportes, ajenos al subte, lo que incrementó en varias veces el trabajo de los boleteros. Y porque la mayor tarea no está convencionada ni se paga como tal; esto desmintiendo los comunicados mendaces de Metrovías, agrandados por la ofensiva presidencial. Así las cosas, el reclamo, como corresponde, se extendió a la solicitud de más personal, recategorización y mayor descanso -los trabajadores del subte, a diferencia del resto de los gremios, tienen un solo franco semanal. La demanda de los boleteros, ignorada durante meses de negociaciones, llegó a manifestarse en el paro del 100% de las boleterías de todas las líneas. El gobierno, que sintió cuestionado el sistema de boleto electrónico -a través del cual programan un tarifazo para todo el transporte-, montó un ataque político, incluida la ridiculización del reclamo obrero contra el trauma laboral en un discurso por cadena nacional. Correspondía entonces, por parte del sindicato del subte, una respuesta a ese ataque y el apresto de la movilización de los trabajadores, en defensa de las reivindicaciones pendientes, que en temas como ingreso de personal, categorizaciones y francos, afecta a todos los sectores. En lugar de ello, en una reunión con la empresa y el ministerio (el gobierno), los representantes gremiales firmaron un acta donde se establece una "mesa técnica", "a fin de analizar alternativas con vistas a los temas susceptibles de tratamiento en el año 2012". Metrovías agregó como condición el "mantenimiento de la paz social". Esto es, a guardarse y patear todo para el año que viene. Al día siguiente un comunicado de la CTA Yasky, refrendado por su secretario gremial Marín, revelaba quién dio la letra. Decía que aceptaban la integración de una mesa técnica y que los trabajadores del subte no iban a producir medidas de acción directa -en total sintonía con gobierno y patronal, y atribuyéndose una representación que la base del subte les negó en su momento. El Frente de Izquierda del subte emitió una declaración y publicó un folleto rechazando los términos del ataque presidencial y fundamentando la defensa de la salud laboral de los trabajadores y el rechazo del tarifazo -cuya preparación fue reconocida por el secretario de Transporte Schiavi. Además, el compromiso, no escrito, de la empresa, de comenzar a adecuar las máquinas de recarga para evitar lesiones, no se cumplió. Así, la medida que mantienen los boleteros "rebeldes" es, de lejos, el estandarte mayor de la defensa del sindicato y los reclamos de los trabajadores. No corresponde pedirles que "no se corten solos" y que esperen a nuevas reuniones "técnicas" -como se ha hecho desde sectores de la Comisión Directiva-, sino apoyar su lucha, convocando asambleas de línea y un inmediato plenario de delegados, que resuelva medidas concretas si las soluciones no aparecen.

-Exclusivo de internet El viernes 30 de septiembre se realizó el congreso ordinario de la Federación Universitaria de Rosario. La Franja Morada, después de cuatro años consecutivos, perdió la federación a manos de un frente entre el FEI (agrupación de medicina vinculada con el PS), el Alde-PCR, el Darío Santillán y el MNR de Giustinian. Crisis entre las camarillas En el congreso se puso de manifiesto una crisis profunda entre las fuerzas que componen a nivel provincial el Frente Progresista Cívico y Social, que también gobiernan la UNR. Las camarillas se presentaron en cuatro listas distintas; incluso el PS fue dividido. El sector de Giustiniani integró la lista ganadora, mientras el sector de Binner presentó otra lista que obtuvo 18 votos. La crisis provincial entre los radicales y el PS se trasladó, entonces, al congreso. Un privatista en lugar de otro Los diarios destacaron el carácter del frente ganador. "Desde el Frente "Recuperemos la FUR" denunciaron " la política llevada adelante por el rectorado de la UNR controlado por una alianza entre la UCR (rector Darío Maiorana) y el Gobierno nacional (vicerrector Eduardo Seminara)" (La Capital, 2/10). Lo que el comunicado y los diarios no dicen, sin embargo, es que el FEI, la cabeza de este frente opositor, y el MNR, comparten el mismo programa que los radicales, como se ve en Medicina, donde junto con Maiorana, son los principales impulsores de la acreditación a la Coneau. La han convertido en la facultad con mayor cantidad de posgrados de la UNR, uno de los planes de estudio más devastados de las facultades de Medicina del país, con docentes terriblemente precarizados y pésimas condiciones de cursado. El FEI llevó adelante en medicina la misma política que los radicales desenvuelven en cualquiera de las facultades. ¿La agenda de la FUR en manos de quién? El principal argumento de la izquierda (Alde y Darío Santillán) para sellar esta alianza con el PS es que la conducción "real" estará en la mesa representativa (que incluye a los 12 centros) y no en la presidencia. "Será una conducción colegiada, con un presidente más que nada nominal, y con amplios consensos políticos" (Página/12, 2/10). Nos preguntamos, qué acuerdos y consensos a favor de los estudiantes pueden emerger de esta alianza. Esta izquierda no podrá imponer en la FUR una agenda contra la privatización y la destrucción de la educación pública, porque sencillamente la izquierda todavía controla menos cantidad de centros de estudiantes (5 de 12) de los que dirigen las agrupaciones agentes de la privatización. Por ejemplo: ¿cuál será la posición de la mesa representativa de la FUR en relación a las acreditaciones de la Coneau, los malos salarios, el boleto interurbano cuando la mayoría de las fuerzas en esa mesa son quienes desenvuelven estas políticas? Por otro lado, esta izquierda argumenta que la federación no será una correa de transmisión de las políticas de Maiorana y la UCR. Inevitablemente, una FUR planteada en estos términos, pasará a ser una correa de transmisión de las políticas del PS, Binner y Giustiniani: ataque a la educación pública, negar el 82% móvil para nuestros jubilados, depredación ambiental, explotación y tercerización laboral en los puertos, para nombrar solo algunos ejemplos. Los estudiantes que votaron en los centros de estudiantes a esta izquierda para luchar en defensa de la educación, deben mirar con mucha atención esta alianza que los subordina a camarillas y agrupaciones que constantemente embaten contra la universidad pública. Defendamos la UNR Para la UJS-PO, en cambio, se trata de confrontar con todos los sectores que impulsan la privatización. Invitamos a todos los estudiantes a discutir este balance con la UJS.

Por estos días, se conoció el fallo de la jueza federal Valeria Pérez Casado, quien se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley provincial de expropiación de Zanón. De cualquier manera, el gobierno provincial ha decidido esperar para "ver si hay una apelación de los ex obreros de Zanón". Para la jueza, el monto indemnizatorio establecido al momento de sancionarse la ley de expropiación -23.400.000 pesos- es "conveniente a los intereses de la quiebra", o sea que salva los intereses del grupo capitalista acreedor. La jueza no deja de marcar lo que ella llama "defectos" y "términos oscuros" de la ley provincial de expropiación. Condiciona su constitucionalidad al alcance que le da su fallo. Para eso, pone como condición que "la totalidad del precio expropiatorio -23.406.566,31 pesos- sea depositado en la cuenta de autos, para ser luego distribuido según el orden de privilegios que se estime pertinente". Esta cuestión merece la máxima atención, pues este mismo punto es el que han esgrimido los jueces en los casos de las empresas recuperadas Impa y ex Rabbione para impugnar la validez de las expropiaciones. Ambos jueces señalaron que el Estado no había puesto la plata para concretar la expropiación, que es lo que se repite, ahora, con Zanón. Han transcurrido dos años desde que se aprobó la ley y el gobierno de Sapag sigue bicicleteando el pago de la indemnización correspondiente. De modo que lo que separa a un fallo del otro es un hilo muy delgado que en cualquier momento se puede romper. Estamos en presencia de una política premeditada de extorsión orquestada desde el Estado provincial. Por su parte, la denominada "cuenta de autos" -a la que hace referencia el fallo- no es otra que la del "sujeto expropiado... que, en el caso, es la quiebra, puesto que es quien resulta titular de los bienes que se expropian a partir del desapoderamiento e incautación previstos por los artículos 107 y 177 LCQ". La ley de expropiación contempla que ese monto será compensado al fisco neuquino con la entrega de cerámicos a precio de costo de parte de Fasinpat al gobierno provincial. Fasinpat paga la indemnización. Este fallo deja abierta la posibilidad que los ex obreros de Zanón que no están en la cooperativa Fasinpat pretendan el cobro de sus acreencias (que reconoce legítimas) sobre bienes no prendados por los acreedores beneficiados con la indemnización de la ley de Sapag (Sacmi Impianti SA, Iadeo y la Corporación Financiera Internacional). De allí el interés del gobierno provincial en esperar los pasos del grupo que desistió de dar la pelea o se pasó al bando de la patronal. A su turno, ésta acaba de presentar la apelación al fallo de la jueza, dando excusas a nuevas dilaciones de parte de Sapag. El sábado se cumplieron diez años de gestión obrera de la hoy Fasinpat. Se está organizando un festival con la Bersuit y Arbolito. Es loable festejarlo. Sería muy importante también una convocatoria de otro tipo, la que permita a los diputados de la banca rotativa del Frente de Izquierda y de los Trabajadores exponer la agenda colectiva de dicha banca en relación a Fasinpat y al resto de las fábricas ceramistas bajo gestión obrera.

En un comunicado emitido el 29/9, la comisión directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a un plenario de la CTA (Yasky), realizado 24 horas después, donde -decía- "bajo la consigna ‘Por más distribución de la riqueza, unidad latinoamericana y protagonismo popular', los secretarios generales adjuntos Pedro Wasiejko (Sutna) y Marcelo Frondizi (ATE) estarán a cargo de la lectura de las resoluciones donde se plantearán los principales ejes para avanzar hacia una agenda social. El cierre estará a cargo del secretario general Hugo Yasky". El comunicado contenía una doble impostura. En primer lugar, dar a entender que la AGTSyP integra la CTA oficialista de Yasky, cuando la base del subte rechazó, en su momento, el golpe de mano de un sector del cuerpo de delegados para forzar esa integración. Más de 500 firmas avalaron el rechazo y, luego, el intento de armar una votación en el subte en las elecciones internas de dicha central, en pleno proceso de su división, fue una farsa enfrentada por una altísima abstención. En segundo lugar, se ocultó que la "distribución de la riqueza, la unidad latinoamericana, bla, bla..." consistía en realidad en hacer votar el apoyo a la fórmula Cristina-Boudou, en presencia de diputados kirchneristas y funcionarios del gobierno como Abal Medina. Esto sazonado con que los oradores centrales del acto son entregadores seriales de las luchas de sus gremios. Con maniobras semiclandestinas y mentiras, intentar llevar a los trabajadores de las narices a la integración al gobierno nacional es un camino sectario y divisionista, que atenta contra la independencia y la democracia de la organización de lucha del subte. En estos términos, la Agrupación Trabajadores de Metrovías rechazó públicamente el comunicado.

-Exclusivo de internet El 30 de septiembre, en el marco de la detención y encarcelamiento de Sobrero, desde la más alta cúpula del poder local de Merlo se emprendió un armado de "seguridad" para estar "alertas" ante la movilización de los trabajadores que se manifiesten por la libertad del compañero. Con personal de la Gendarmería y de la policía principalmente. No nos sorprende, ya que Othacehé defiende a rajatabla los intereses de los Cirigliano y TBA, privilegiando intereses y lucro empresarial a costa del desmantelamiento del ferrocarril. Mientras tanto seguimos viajando como ganado, hasta con saldo de muertes, como en Flores. En el mismo sentido dirigen un ataque puntilloso hacia el Partido Obrero: en un medio local (véase en http://laverdadperiodico.com.ar/audios/situacion-TBA.mp3) el secretario municipal, Ricardo Yacomino, vuelve a responsabilizar al Partido Obrero de la quema de trenes del año 2008 sin ninguna prueba que lo verifique. En el marco de la campaña electoral, su ataque apunta al Frente de Izquierda, la única fuerza política que plantea que los trenes se tienen que nacionalizar bajo control de los propios trabajadores y frenar el robo y saqueo de TBA en el Sarmiento. Las difamaciones y denuncias falsas del poder local, tienen paralelo con el ataque del kirchnerismo al movimiento obrero clasista, que pretende recuperar los sindicatos de la burocracia sindical: los trabajadores de la línea 60, los trabajadores del subte, y ahora los ferroviarios del Sarmiento. De Othacehé es harto conocido para los merlenses la represión, difamación y ataque a cualquier tipo de organización independiente, se suman a esta cruzada contra los que luchan: el kirchnerismo que ya no puede alegar al "fantasma de la derecha". Se cae de maduro para todos: son ellos los que se alejan del "centro" y se desplazan hacia la derecha.

El paro del martes fue el más masivo en la Ciudad que se recuerde en los últimos años. De todos los distritos concurrieron columnas organizadas a la movilización. La columna se extendió por varias cuadras por Avenida de Mayo, coreando a favor de la huelga general si el macrismo avanzaba con el proyecto que ataca al estatuto docente. La jornada contó con el apoyo de la movilización de Centros de estudiantes terciarios, secundarios y universitarios, la Fuba, y diversas organizaciones. Pero lo que resaltó fueron las columnas y banderas de decenas de escuelas y distritos de todos los niveles, con los docentes encolumnados. Frente a la movilización, el macrismo retiró del orden del día la votación del proyecto, que quedó pospuesta para el próximo martes. Una asamblea convocada por Ademys votó luego de la movilización parar y movilizarse el próximo día que se trate el tema. Los docentes están desarrollando una experiencia de la mano de la lucha contra el ataque al estatuto. En la asamblea se remarcó que la aprobación del proyecto depende del apoyo del la “oposición legislativa” a Macri, una parte de la cual no ha definido una postura y especula con un apoyo al PRO (la UCR, la CC, el PS de Binner e incluso un sector kirchnerista). También se remarcó la necesidad de ganar el apoyo de los padres, y se planteó que la movilización golpeó al proyecto de las Juntas, pero también al de “maestro de maestros”, que ataca los mecanismos de ascenso por las Juntas creando un nuevo cargo jerárquico controlado por el Ministerio. La intervención con el reclamo de reapertura de las paritarias también tuvo un eco en la asamblea. Llevemos a fondo este proceso de movilización por el triunfo de todos los reclamos.

Alrededor de 40 choferes participaron de la charla con Marcelo Ramal el sábado 1° de octubre en Morón, para discutir la jornada de seis horas (sin reducción salarial). Estuvieron presentes compañeros de Ecotrans, de otras líneas zonales y de la 60. Los choferes del transporte automotor trabajan largas jornadas (con trabajo negro incluido) de hasta doce horas, con un caos vehicular alucinante, con calles en mal estado y unidades faltas de mantenimiento. La población del oeste ha crecido enormemente, pero en algunos casos el plantel de colectivos ha incluso decrecido. Los choferes están sobreexigidos por el mayor volumen de pasajeros que transportan, por el incremento del parque automotor y por la falta de obras viales que devienen en congestionamientos de tránsito. Están sometidos a un estrés creciente que termina en accidentes de los cuales son víctimas. La legislación incluso reconoce esta situación, cuando instaura un régimen donde los choferes se jubilan a los 55 años (en lugar de los 65 del resto de la clase trabajadora). Este factor contribuye al crecimiento de los accidentes automotores, ligados al desastre operativo del ferrocarril Sarmiento, dirigido por la concesionaria TBA. La coordinación de las internas y el activismo antiburocrático por las seis horas de trabajo sería también un gran paso en la lucha contra la burocracia sindical.

-Exclusivo de internet Luego de ocho años de gobierno "nacional y popular", al menos el 57% de la población económicamente activa sigue sin empleo pleno. Una recuperación económica basada en la precarización y superexplotación de los trabajadores. Los datos, que se desprenden del último informe del Observatorio Social de la UCA, coordinado por el prestigioso sociólogo Agustín Salvia, que releva las condiciones laborales del pasado año, muestran una realidad muy diferente a la que intentan vender los propagandistas del oficialismo: el empleo con "plenos derechos" alcanza sólo al 43,1%, mientras que el empleo precario ("en negro") alcanza al 35,5%, el subempleo inestable (changas y planes sociales) 9,6% y el desempleo un 11,8%. En síntesis, el 57% de la población económicamente activa sigue sin tener empleo pleno. A pesar de lo categórico de los números de este estudio, estos todavía menosprecian la realidad de la precarización laboral. Primero, la franja de la población sin empleo que no buscó trabajo en la semana previa a la encuesta (desmoralizados por la búsqueda infructuosa de trabajo o por las ofertas miserables en materia de condiciones laborales y de salario) no es considerada como desempleada sino como "inactiva". Se trata de un desempleo oculto que podría estimarse, según otros estudios, en algo más del 10%. Segundo, se incluye dentro de los empleados con "plenos derechos" a los cuentapropistas que realizan aportes a la seguridad social, obviando que una forma muy común de "negreo" es obligar al trabajador asalariado a facturar como si fuese autónomo. Tercero, se toma en cuenta sólo parcialmente la expansión de la tercerización de la producción, donde las empresas subcontratan a otras empresas (o crean una ad hoc) para realizar diferentes tareas, permitiéndoles reducir costos empeorando las condiciones de estabilidad y los niveles salariales de los trabajadores que no dependen de la empresa principal, que son subcontratados con convenios laborales de otras ramas donde se cobra menos, pero que en estos casos no aparecen como empleos precarios. Cuarto, la investigación se limita a la población activa urbana mayor a los 18 años, de manera que excluye a los más jóvenes y al trabajo rural (donde se encuentran los índices más grandes de desempleo y precarización laboral). Como se puede ver, la verdadera dimensión de la Argentina precaria todavía está por cuantificarse, pero es la realidad cotidiana de la gran mayoría de los trabajadores. Se precariza a partir de las agencias de empleo eventual que surgieron como hongos luego de las leyes de flexibilización laboral, se precariza también a través de los "becarios" o "pasantes" que realizan las mismas tareas que otros trabajadores, pero no son reconocidos como tales, so cuento de que están realizando un aprendizaje en un negocio en el que intervienen hasta las universidades públicas: se ha denunciado que algunas facultades de la UBA ofrecen pasantías y contratos en empresas estales o privadas, funcionando como una agencia de empleo que se queda con parte del salario de los estudiantes/trabajadores. Aunque el sector privado sea el que más negrea (45%, según los últimos datos), el Estado también precariza el empleo: son miles los casos de trabajadores sin estabilidad, con contratos que duran muchos años y son tratados como cuentapropistas. Cuatro de cada diez empleados que se sumaron a la administración pública nacional entre 2003 y 2010 fueron tomados por contrato y no a través de puestos efectivos. El plantel de contratados pasó de 17.242 a 43.973 empleados, quienes llegan a cobrar la mitad y en algunos casos un tercio de otros empleados permanentes que hacen igual tarea ( Clarín , 6/6). La recuperación de los niveles de empleo es el caballito de batalla de la propaganda oficialista, pero el trabajo en negro no es lo opuesto a la desocupación, sino que es sinónimo de una completa precariedad en el empleo. El trabajador que no está en blanco no tiene la menor garantía de estabilidad, puede ser despedido en cualquier momento sin indemnización. El estudio de la UCA refleja el hecho de que para los trabajadores de empleo precario el riesgo de quedar desempleado es dos veces y medio mayor que los que tienen un trabajo estable. Por eso, la precarización laboral permite una mayor explotación obrera. Si la media de ingresos monetarios laborales relevados era de 2.443 pesos mensuales (en diciembre de 2010, cuando el costo de la canasta familiar ya superaba los 5.000 pesos mensuales), los trabajadores con empleo pleno de derechos registraron un promedio de 3.121 pesos, mientras los que poseen empleo precario cobraron 1.948 pesos, y los que sólo pudieron acceder a un subempleo inestable un promedio de 1.238. Menores salarios, pero también mayor intensidad del trabajo y falta de protección sindical, que hacen del trabajador contratado en negro, pasante o tercerizado, el obrero más productivo (más explotado) para sus empleadores. Con estos niveles salariales, la capacidad de consumo de los trabajadores en negro y los empleados públicos apenas si alcanzan los peores niveles de la década del '90. Además, como consecuencia de la inflación, el salario real dejó de crecer a partir de 2007, tanto para obreros en blanco como en negro. El salario real, en consecuencia, es todavía peor que el de la época pre-crisis del menemismo. La realidad es que, con la reactivación económica, las tasas de desempleo tuvieron una reducción, pero se mantienen aún en los niveles de la década menemista; lo mismo ocurre con el empleo en negro, apenas unos puntos porcentuales por debajo (1993: 39%); de conjunto, la precarización laboral continuó expandiéndose y profundizándose. El avance de la precarización laboral es el resultado de la política de "reconstrucción de la burguesía nacional" que enarboló el kirchnerismo sobre la base de la superexplotación obrera: "promociones industriales", que eximen de impuestos a los capitalistas a cambio de la creación de un trabajo basura con contratos miserables, tercerizaciones y fuera de convenio; la ley laboral K, que consagró la posibilidad de firmar convenios a la baja con desconocimiento de los derechos adquiridos y prolongó la vigencia de los convenios por empresa -al menos un tercio de todos los convenios que se firman- y los convenios "pymes" con cláusulas a la baja y aportes patronales jubilatorios reducidos en un 50%, además de que sigue vigente el nefasto "recurso de crisis" ideado en los noventa. En consecuencia, la vuelta de las paritarias - fuertemente regimentadas por medio de las leyes de arbitraje y conciliación obligatoria- vinieron acompañadas por un aumento de las cláusulas flexibilizadoras con relación a los noventa. Uno de los ejes la campaña electoral de la presidenta fue destacar "la fuerza del trabajo". Ahora entendemos más a qué se refería.

El 23 por la tarde fue liberado Juan Acosta, trabajador de Oleosur, detenido hacía 75 días después de protagonizar la huelga petrolera de junio en Las Heras y la toma de la planta deshidratadora LH3 de YPF. Cincuenta autos repletos de trabajadores y vecinos fueron a recibirlo. Al llegar al acceso a Las Heras se cortó la ruta y se realizó un acto. La familia y su abogado no fueron notificados de la liberación de Acosta. Los argumentos judiciales para detenerlo no resisten ninguna prueba: no se ratificaron las denuncias y hay un armado de las causas por el propio juez y las operadoras. Víctor “Picante” Oñate sigue preso, aun cuando ya han caído los elementos para la acusación. La justificación para la prisión de Oñate, se supone, es el pedido del juzgado para reflotar otras causas, que tenían destino de archivo por el tiempo que llevan sin pruebas. Horas antes de la liberación de Acosta, en Buenos Aires, se firmó un acta entre la Federación, el Ministerio de Trabajo nacional, el gobierno de Santa Cruz y un grupo de delegados de todas las localidades de la provincia, en donde se plantea el respeto a los tiempos que determine la Federación para la convocatoria a las elecciones y la cláusula de la paz social. El acuerdo ha caído mal entre un gran sector del activismo: nada dice de los más de 50 despidos en Pride, de Romero, de los actuales despidos de Sica en Cañadón Seco (donde se bloquea la planta deshidratadora), o los despedidos pendientes de traspaso en Oleosur, o los traspasos pendientes de empresas como Quintana. No existe pedido de liberación de los compañeros presos. Ninguna reivindicación obrera tiene lugar. El reclamo de elecciones -con fecha incierta de mediados de 2012- fue dejado de lado por los propios dirigentes de la huelga, justificando así la desconfianza de la mayoría del activismo y de los delegados combativos de Las Heras. La intervención se dedicó en este período a limar la representación de los delegados, quitándoles el poder de negociación, digitando colaboradores y dejando avanzar despidos en línea con los intereses patronales. La agrupación Petroleros en Lucha se plantea seguir la pelea por la inmediata convocatoria a elecciones, por frenar los despidos y lograr las demás reivindicaciones.

La Lista Verde del Smata realizó un acto en el Luna Park, en el que presentó a Ricardo Pignanelli como el sucesor de Paco Manrique. El acto contó con el apoyo del kirchnerismo y estuvieron presentes el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango, Débora Giorgi y Amado Boudou. Además, Moyano, West Ocampo, Viviani, Gdansky, Schmid y Amor (municipales), entre otros. En contraste, la concurrencia de trabajadores al acto fue raquítica. Las dos semanas de persecución constante y marca personal a los compañeros sólo sirvieron para arrastrar apenas unos 300 trabajadores de Mercedes Benz (en su mayoría contratados y empleados de la tercerizada "Linser", bajo la eterna promesa del encuadramiento). En Volkswagen ocurrió algo similar. Según fuentes oficiales, la escasa convocatoria se debió a que "les aflojamos las riendas ya que el kirchnerismo nos confirmó que llevaría su gente". Ricardo Pignanelli: el carácter de la sucesión K Luego de la dictadura militar (de la que, como se sabe, José Rodríguez fue activo colaborador), el Smata fue el primer gremio en convocar a elecciones. En el '84, con ayuda del gobierno y fraude de por medio, la Lista Verde volvió al gremio. Una de las mayores preocupaciones de José Rodríguez fue la gran tradición antiburocrática de la planta de Mercedes. En esos años, Pignanelli estaba ligado a ese activismo, pero luego rompió con él para presentarse por la Verde, ingresando como subdelegado de mantenimiento: éste es el comienzo de su carrera burocrática. Al poco tiempo, saltó a la dirección de la delegación San Justo. A partir de 1998 y por tres mandatos, Pignanelli es designado secretario gremial. En el año 2008, la obra social quebró y la Justicia investigó a José Rodríguez, que no pudo explicar sus cuentas en Suiza y tampoco la estafa de empresas de sus hijas a la obra social. Lo apartaron y en su lugar quedó Manrique. La historia de Pignanelli está marcada por una extensa cadena de silencios y encubrimientos, no sólo de los compañeros desaparecidos en la dictadura, sino también por manejos fraudulentos de los fondos de la obra social (dónde los burócratas se han enriquecido con el dinero y la salud de los trabajadores) y de la entrega de todas las conquistas conseguidas (doble aguinaldo, vacaciones, antigüedad, etc.). ¿En qué cabeza cabe que éste recambio puede ser una renovación de la Verde, como la ha presentado el kirchnerismo? Ladran Sancho El primer discurso fue el de Manrique, quien después de enfatizar la continuidad (continuismo) que tendrá Pignanelli, la emprendió contra nuestra agrupación La Naranja Mecánica: "Aquellos que me cansan por cómo opinan libremente sobre situaciones que no conocen", "a los trabajadores nos enseñaron a hacernos cargo de los problemas, no a huir como ratas o ir a pintar las paredes de noche o a escribir 'pelotudeces' en las computadoras". Finalmente, "que vengan esos de la Naranja Mecánica a ver si pueden sacarnos". Hace poco más de dos años que la Naranja viene haciendo un trabajo de denuncias sobre las entregas y el accionar burocrático de la Lista Verde en complicidad con el gobierno y las patronales. Las palabras de Manrique confirman que "La Naranja Mecánica" se está colocando como una referencia para todos los activistas y trabajadores metalmecánicos, desarrollando un programa obrero y un método sindical que choca con el matonaje ejercido en las plantas. Ladran Sancho...

-Exclusivo de internet ¿Quién es Yalj, el magistrado que detuvo sin fundamento a los sindicalistas combativos? La noticia corrió rápido. Más rápido que los trenes cuyos trabajadores el sindicalista combativo Rubén "Pollo" Sobrero representa. Veloz, la noticia también fue conmocionante: el viernes, antes de que los primeros rayos iluminaran la mañana, policías de civil habían detenido a Sobrero, golpeando a su hija, con violencia. Otros gremialistas ferroviarios, y un ex compañero suyo del ferrocarril, también había caído preso. La orden había sido impartida por el juez Juan Manuel Yalj quien señaló a la prensa que se había dado con los ideólogos de la quema de los trenes en la estación Haedo ocurrida el 2 de mayo. Los detenidos estaban acusados de integrar una "asociación ilícita" que había quemado once vagones y tres estaciones ferroviarias. "Es la decisión de un juez que se puso a hacer las investigaciones cruzando todo lo que debía ser cruzado -respaldó el jefe de gabinete Aníbal Fernández según se puede escuchar en la comunicación que mantuvo con C5N- . El juez lo investigó, ha buscado información, ha cruzado teléfonos, ha cruzado un montón de información que le permite tener semiplena prueba de la responsabilidad en las acciones que estamos viendo en este momento en las imágenes. Y eso es justo que suceda". La causa judicial era un mamarracho imposible de medir, tanto que las mentadas pruebas del señor juez -que lo llevaron a encarcelar a los sindicalistas con el aval explícito del poder político- se fueron diluyendo. Diluyendo. Como la pintura que se va diluyendo al contacto con el aguarrás. Porque, en la Argentina, las pruebas -es decir, los hechos- tienen la facultad de diluirse. Obra y gracia de su señoría Yalj, que logró traspasar virtudes de algunos elementos de la naturaleza a la mismísima justicia. Juan Manuel Yalj accedió al cargo de magistrado en las postrimerías de su madurez. En 2009 fue designado juez federal subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2. "Subrogante" es el término que se usa en los corrillos tribunalicios para designar a los magistrados que ejercen un rol, por así decirlo, de "suplentes". Yalj estaba reemplazando a Alberto Suárez Araujo, que había renunciado. El juez Yalj no tenía el acuerdo del Senado para ejercer su rol, tal como lo establece la constitución nacional. La renuncia en el momento adecuado de Suárez Araujo le permitió que el Consejo de la Magistratura, dominado por el kirchnerismo, le concediera su anhelado lugar en justicia. Lugar que intentó legitimar, pero que no pudo. Se presentó a sendos concursos para obtener el cargo de juez federal, pero en la prueba a la que se sometió el 3 de junio de 2010 quedó en quinto lugar. En la prueba del 4 de noviembre de 2010 le fue un poquito mejor: quedó cuarto. Los resultados no lo habilitaban para ser juez titular. Pese a esto, la presidenta Cristina Fernández lo postuló al cargo de juez federal de la Cámara de San Martín y así fue designado hace pocas semanas. Todavía no juró en su nuevo cargo. Tal vez la presidenta supo de la defensa que hiciera su flamante señoría en 2007 cuando, frente a los rumores acerca de la inexistencia de su título de abogada, Yalj escribió: "Es muy difícil que alguien tenga una foto de graduación con Cristina Fernández ni con ninguno de los que nos recibimos en la Universidad Nacional de La Plata de abogados por esa época", para luego explicar cómo su título le fue entregado en un despacho, luego de que lo sacaran de un cajón. Solidaridad, que le dicen. (...) Los vericuetos disparatados de la "investigación" que se cayó por todos los costados abundan en el atrio del estado burlesco del sistema judicial y por eso esta nota no abunda en ellos. Simplemente trata de brindar un retrato del juez Juan Manuel Yalj, definido por Tiempo Argentino como "un juez de perfil académico". El mismo diario, expresión del "periodismo militante", que tituló el domingo en tapa que publicaría "todas las pruebas del juez" para detener a Sobrero. Sí, las mismas pruebas que, horas después, se fueron diluyendo.

El frente constituido por Tribuna Docente-Lista Rosa, Lista Azul, Lista Naranja, Lista Bordó e independientes lleva adelante un programa de democracia sindical, plantea la participación proporcional de las minorías en todos los cuerpos orgánicos de la asociación, la solidaridad con toda la clase trabajadora, la recuperación de los sindicatos de las burocracias sindicales, impulsando plenarios de delegados de base de todos los sectores para unificar las luchas y arrancarle al gobierno nuestras conquistas. Primer paso El primer paso de la Multicolor se dio en las elecciones realizadas el 28 de septiembre, cuando se eligieron vocales a la Junta de Disciplina, logrando el Frente de Unidad Multicolor más de 2.000 votos y ganando en las localidades de Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre y Perito Moreno. La Lila, que dirige el gremio, logró apenas algo más de 2.100 votos, haciendo diferencia sólo en las localidades más pequeñas. En Río Gallegos, la Multicolor se impuso con 190 votos de diferencia. Con este resultado, la Multicolor gana la representación por minoría, con la presencia del compañero José María Llaryora de la Lista Azul. Segundo paso El 27 de octubre se desarrollarán en Santa Cruz las elecciones para renovar las comisiones directivas de Adosac provincial y de algunas filiales -entre ellas Puerto Deseado y las dos localidades más grandes, Río Gallegos y Caleta Olivia. La Multicolor es la única lista de oposición que se presenta y lo hace en todas las filiales que se eligen y para la comisión directiva provincial. Es tal el temor de la Lila de perder en la capital que Pedro Muñoz, su dirigente histórico, se ha bajado a una candidatura en la filial de Río Gallegos. Las vacilaciones de la conducción lila en el último conflicto han generado una corriente de pensamiento a favor de un cambio de dirección; la elección que se viene es una oportunidad de constatarlo. A pesar de los descuentos de más de dos meses de sueldos y de diversas formas de persecución que se han desatado desde el poder contra los maestros, el activismo que sostuvo la huelga está entero y una gran parte se ha reagrupado en la Multicolor -lo cual prepara no sólo una intervención electoral, sino una acción de las bases apenas se disipen las heridas de la última gran batalla. La lista de la Multicolor para la conducción provincial la encabezan Ada Vivanco, de Tribuna Docente, y Soledad Vitta, de la Lista Naranja de Pico Truncado, como adjunta. En Caleta Olivia encabeza la compañera Sandra Beltrán, de la Lista Rosa, y en Río Gallegos la compañera de Tribuna, Silvia Dickie, en un acuerdo paritario en este caso con la Lista Azul. En Puerto Deseado son candidatos José Mellado y Daniel Escobar, independientes. La Multicolor es hoy una alternativa concreta para la nueva dirección sindical de los docentes de la provincia.

Desde hace 15 días, los hospitales provinciales están en lucha. El miércoles 28, una asamblea interhospitalaria votaba el paro por tiempo indeterminado (con atención de urgencias y emergencias). La asamblea también conformó una coordinadora interhospitalaria con tres delegados de cada hospital elegidos en asamblea. Las reivindicaciones más sentidas son el reclamo salarial (el básico de los médicos y profesionales no llega a los 2.800 pesos), la escasez de personal (faltan 5.000 enfermeros) y la precarización laboral. Estos reclamos no son nuevos de este año: los médicos residentes, que trabajan jornadas de 36 horas seguidas por 1.500 pesos, ya se habían hecho escuchar a lo largo de 2011. Mientras los trabajadores de la salud reclamaban, entraba en la Legislatura un proyecto del actual gobernador, Schiaretti (apoyado por De la Sota), para endeudarse por otros 200 millones de dólares de "forma preventiva", argumentando un déficit por obras públicas. Esto agudiza aún más la crisis económica provincial, la cual se descarga sobre el bolsillo de los trabajadores y sus condiciones laborales. Por otro lado, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y su titular, el legislador electo por el oficialismo José Pihén, era desplazado de una parte de los hospitales: los trabajadores rechazan la política de la burocracia de los gremios estatales y buscan organizarse en forma independiente. Algo parecido sucedió con la dirección de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), ligada al juecismo, que vio rechazado el intento de ponerse a la cabeza de la lucha. Los municipales también Mientras esto sucedía en la provincia, los trabajadores de los hospitales municipales ocuparon el hospital de Urgencias. Por segunda vez en el corriente año, los trabajadores del Urgencias ocuparon la institución reclamando por salarios atrasados a monotributistas, pase a planta permanente de los contratados, aumento de personal y el arreglo de dos tomógrafos averiados. La determinación de los profesionales de la salud obligó al intendente K, Giacomino, a dar un paso atrás y otorgar una parte de los reclamos. La Municipalidad ofreció el pase de 110 monotributistas al artículo 8 y "concursos efectivos" para el personal del hospital. Hoy son 22 los hospitales que se alzan en lucha, tanto de la capital como del interior de la provincia. Como Frente de Izquierda y como Partido Obrero levantamos la consigna de que la lucha por el salario es la lucha por la salud pública. Apoyamos el pliego de reclamos, reivindicamos los métodos de la asamblea independiente, las medidas de fuerza que se llevan adelante y la lucha de los profesionales sanitarios. Vamos por la conquista de diputados de izquierda en las próximas elecciones para ponerle un freno a la privatización de la salud y establecer un sistema estatal integrando hospitales y obras sociales

-Exclusivo de internet Durante su visita al hospital Garrahan, el candidato Binner declaró que el gobierno nacional carece de un plan de salud universal. Y añadió que "hay un 48% de la población que no tiene cobertura de salud hacia los que debería llegar un sistema de salud de calidad" (Urgente 24.com, 7/9). Binner dice que en Santa Fe se avanzó hacia un sistema único de salud, "con la construcción de nueve hospitales de mediana y alta complejidad y 80 centros de atención primaria", y remarca: "Destinamos una inversión inédita a la construcción de los ocho hospitales que hoy se levantan en forma simultánea". En primer término, alguien debería decirle a Binner que en Argentina toda la población tiene cobertura de salud: la salud pública. El sistema de salud argentino está formado por tres subsectores: la salud pública, la medicina privada (sistemas prepagos, seguros médicos y pago directo) y la seguridad social (las obras sociales sindicales). A partir de la desregulación menemista, contra la que ningún sector del pseudoprogresismo se opuso consecuentemente, las obras sociales sindicales se asociaron a las empresas de medicina privada, y juntas acordaron compartir el negocio capitalista de la salud. Algunas organizaciones sindicales fueron más allá y crearon sus propios sistemas de servicios privados bajo la fórmula de "adherentes", captando fondos provenientes de aportes particulares -negocio del que, antes de Menem sólo disfrutaban las empresas de medicina prepaga. Mientras tanto, el desfinanciamiento de la salud pública se agudizó. El vaciamiento de los hospitales y centros de salud se expresa en la decadencia edilicia, el atraso tecnológico, los salarios deprimidos y el deterioro de la calidad de atención (el Pami es el mejor ejemplo). Al mismo tiempo, el Estado nacional rescató a la atrasada industria farmacéutica, aprobando un mercado de segundas marcas (prescripción por nombre genérico) y entregando una canasta de medicamentos básicos (Plan Remediar), similar a la caja Pan del alfonsinismo. Binner vende humo caro: las construcciones de los hospitales en Santa Fe benefician en primer término a las constructoras de la patria contratista. Desde Tribuna de Salud nos oponemos al negocio capitalista de la salud que ha crecido en forma exponencial en las últimas décadas. La salud y el sistema sanitario deben ser reorganizados a partir de un sistema único de acceso universal y gratuito, pleno de presupuesto, tecnología y capacidad de resolución de todas las necesidades de los oprimidos y excluidos. La mortalidad infantil, la muerte materna, el embarazo sin control, el aborto, son las consecuencias del vaciamiento de la salud pública en función del negocio capitalista. El reclamo por el aumento del presupuesto y del salario de los trabajadores y profesionales de la salud, el mantenimiento edilicio, la renovación de la tecnología, la disponibilidad de medicamentos e insumos, se enfrenta a las condiciones que exige este negocio -que incluye nada menos que el dominio de los pulpos económicos sobre el área vital de los medicamentos y la investigación farmacéutica. Cuando planteamos un incremento del presupuesto para la salud, lo unimos siempre a la exigencia del control de ese presupuesto por los trabajadores de la salud, y como un peldaño en la restructuración social de la misma. No es novedad que los aumentos de presupuestos de salud de sucesivos gobiernos -sean en la nación, la ciudad o las provincias- han terminado favoreciendo el interés de los privados, vía tercerización o negociados para la "patria contratista". La consigna de un sistema único, el control de los trabajadores, el desconocimiento de la ley de patentes medicinales, por el salario y las condiciones laborales, son herramientas de organización de los trabajadores en torno de un programa de lucha. La seguridad social - el subsector de la medicina de las obras sociales- debe ser reorganizado bajo la dirección de los trabajadores y enmarcado en la tarea de expulsar a la burocracia de los sindicatos. Reclamamos también el derecho al aborto seguro y gratuito, y nos pronunciamos contra su penalización. Este es el programa de Tribuna de Salud para terminar con el negocio capitalista de la salud.

En la noche del martes 4 de octubre, a las 23 horas, un funcionario de la municipalidad de Los Antiguos, acompañado de dos agentes de la policía de Santa Cruz, intentaron impedir una normal pegatina de afiches por parte de un grupo de militantes del Partido Obrero, entre quienes se encontraba el candidato a intendente por Los Antiguos; profesor Hugo Salto, bajo el pretexto de que una ordenanza municipal lo impedía. Los partidos políticos son reconocidos, a partir de la reforma constitucional de 1994, como una de las instituciones centrales del sistema democrático, y tienen derecho a expresar libremente sus ideas, sin afectar el nombre o los bienes de otros ciudadanos a tal punto que una ley nacional les cede espacios gratuitos en radio y televisión. Parece que Peralta, el ministro de Gobierno Córdoba y el intendente Sandoval, que pintan y pegan afiches profusamente en toda la provincia, no aplican la Constitución en el ejido urbano de Los Antiguos. Estas prácticas típicas de los Macri o los Duhalde son el correlato de la proscripción de la reforma política y de la trampa de la ley de lemas, que distorsiona la voluntad popular y un nuevo intento por silenciar a la izquierda, para evitar que los reclamos populares lleguen a la Legislatura y a los concejos deliberantes de cada localidad.

Luego de la masiva detención, el sábado 1º, de 700 "indignados" en el puente de Brooklyn (las detenciones suman mil en dos semanas), se volvió imposible negar que el descontento social que tomó las calles españolas, griegas, israelíes y de los países árabes también llegó a Estados Unidos. El acampe de los indignados neoyorquinos había arrancado el 17 de septiembre, impulsado desde la revista canadiense de cultura alternativa Adbusters y organizado por una asamblea semanal que plantea seguir el ejemplo de "nuestros hermanos y hermanas en Egipto, Grecia, España e Islandia, usando la táctica de la 'Primavera Arabe' de la ocupación masiva para restaurar la democracia en Estados Unidos" (www.nyse.com). Como ocurrió en otros lugares, en las primeras semanas sólo durmieron unas 300 personas en el parque Zuccotti (la policía acordonó la Bolsa neoyorquina y no les permitió acercarse) y la protesta -ninguneada por los medios de comunicación y aislada del resto de los movimientos sociales y sindicales- era invisible para el país. Eso ha cambiado en los últimos días: además del apoyo de algunos famosos como Michael Moore y Susan Sarandon, han empezado a votar su apoyo oficial los sindicatos como el de los empleados de correos, el de camioneros (teamsters), y los de docentes y del transporte público de Nueva York, y se disparó el número de personas que ocupan Wall Street. La policía de Nueva York estima que más de 5.000 personas están ocupando la zona. Además, centenares de manifestantes salieron a las calles en Boston, Los Angeles, Albuquerque (Nuevo México), San Francisco, Raleigh, Chicago, Portland, Washington, Massachusetts y Pittsburgh. Se prepara para esta semana una jornada nacional de lucha, la cual se incluye el abandono de clases en las universidades, marchas (a la de New York se sumaron 15 sindicatos y 20 asociaciones comunitarias. Al cierre de esta edición, cincuenta mil personas participaban de la movilización en la ciudad) y acampes en varias ciudades. El fracaso inicial de la protesta había hecho las delicias de los escasos comentarios en la prensa: The Wall Street Journal comentó en forma ácida que "no basta con crear un hashtag en Twitter para montar una revolución". Más ‘analítico', The New York Times (25/10) describió a la protesta como "un progresismo de pantomima", un "movimiento fracturado y etéreo" con una causa "virtualmente imposible de determinar". La estrechez de miras de los comentaristas es abrumadora. Causas sobran: luego de tres años de crisis en Estados Unidos, 46 millones de pobres deben recibir ayuda estatal para alimentarse, el número de desempleados asciende a 14 millones según cifras oficiales (bls.gov, 2/9) o 34 millones según otras estimaciones (eutimes.net, 6/3) y unas 200.000 familias son desalojadas cada mes. Mientras tanto, los 400 estadounidenses más ricos han aumentado su riqueza un 12% en el último año y tienen más dinero que 180 millones de sus conciudadanos juntos (forbes.com/forbes400, 21/9; politicalfact.com, 5/3). En Nueva York, entre 2009 y 2010, 75.000 personas cayeron en la pobreza, llegando el pauperismo a 1,6 millones y elevando el porcentaje local hasta el 20,1% -el nivel más alto desde 2000. Se trata del mayor incremento en dos décadas (New York Times, 22/9). Entre los jóvenes -amplia mayoría del movimiento de los indignados-, el desempleo duplica a la media nacional y cunde el empleo precario. Como producto del arancelamiento de la educación superior, el joven que se gradúa en la universidad debe, en promedio, 27.000 dólares en el momento de terminar la carrera. No es raro que más del 85% de la promoción universitaria de 2011 se mudara de nuevo a casa de sus padres -la cifra más elevada de la que haya constancia. Además de la crisis social y económica, el país vive una crisis del régimen político. En agosto, los republicanos lograron imponerle a Obama, luego de un largo impasse en el Congreso, que el levantamiento del límite de deuda (imprescindible para evitar la cesación de pagos) se haga de forma escalonada y de acuerdo al volumen de recortes en el gasto público y sin subir los impuestos a las mayores fortunas. La reducción del gasto ascenderá a tres billones de dólares en diez años y afectará a los programas sociales -incluidas la asistencia sanitaria y las ayudas a impedidos físicos o las familias con escasos recursos. Estas medidas han provocado una nueva caída en la popularidad de Obama, pero también ha provocado una crisis en el Partido Republicano, cuyo centro se encuentra rehén del protagonismo del extremista Tea Party. De cara a las elecciones del año que viene, con la posibilidad de que los republicanos terminen coronando a un candidato que asuste a los independientes y aterrorice a los progresistas, están puestas también las esperanzas de Obama, el mal menor -no sólo para aquellos, sino también para el establishment, por ser aún una salvaguarda ante el aumento de las tensiones sociales. Es por eso que esta ola de descontento ciudadano puede ser un elemento determinante: el activismo de los jóvenes fue clave en 2008 para lograr su elección y es el mismo sector que ahora está decepcionado por lo que empieza a movilizarse. Ocupar Wall Street no es el único fenómeno de protesta: el mismo 1º de octubre, también en New York, otro movimiento análogo movilizó a varios miles de ciudadanos para denunciar el recorte de servicios públicos a los pobres. Tampoco es el primero, luego del estallido de la crisis: hace tres años, una gran parte del país fue paralizada por una huelga general convocada por la comunidad latina, que volvió a movilizarse el año pasado contra las leyes antiinmigratorias; también se movilizaron estudiantiles en California contra los aumentos de matrícula; en enero de este año, la clase trabajadora de Wisconsin realizó una extensa y masiva lucha contra las medidas antisindicales y de ajuste del gobernador, que provocó manifestaciones solidarias en todo el país; en mayo, veinte mil neoyorquinos se movilizaron en el distrito financiero contra la política de recortes sociales del alcalde Bloomberg. El planteo de los indignados puede parecer amplio y genérico, pero no deja de tener una profunda agudeza en su negatividad: se consideran parte del "99% que se niega a seguir tolerando la avaricia y corrupción del 1% que se apropia las riquezas", denuncian a las corporaciones y su rol en los desalojos inmobiliarios, los rescates a la banca, la discriminación, el sistema arancelado de educación superior, el colonialismo, la falta de derechos laborales, la industria armamentística y la monopolización del agro (www.nycga.cc/2011/09/30/declaration-of-the-occupation-of-new-york-city). Se trata del inicio de una crítica radical a las consecuencias de la crisis capitalista. A pesar de las tendencias a la lucha que germinan en las masas, los dirigentes sindicales y sociales, excepto en Wisconsin, no se han planteado organizar un movimiento serio contra los ataques a los sectores populares debido a su confianza o compromiso con Obama. La bronca popular, en consecuencia, sólo había sido interpelada por el reaccionario Tea Party, que logró grandes avances en las elecciones de noviembre y que ahora juega un rol de primer orden en el impulso de planes de ajuste contra el pueblo. Resultado de la misma causa última -la bancarrota capitalista internacional, incluidos los Estados y sus recursos fiscales- con el surgimiento de los "occupiers" en Estados Unidos se comienza a ver un movimiento interno de protesta similar al de Egipto y España, el que introduce nuevamente, dentro de la vida política del país, a la movilización como método de lucha. Se trata de un anticipo de los conflictos por venir. Un cartel de los indignados neoyorkinos lo resume en cuatro palabras: "This Is Just Practice" ("Esto es sólo práctica").

-Exclusivo de internet Quince sindicatos de trabajadores de Nueva York se unen hoy a la protesta de los "indignados" de Wall Street en una marcha conjunta para "mostrar la cara de los neoyorquinos que han sido golpeados más duramente por la avaricia corporativa". Algunos de los grandes sindicatos de la ciudad, como Transport Workers Union (TWU), que agrupa a trabajadores de los servicios de autobús y metro, así como de diferentes aerolíneas del país, y United Federation of Teachers, que representa a profesores de las escuelas públicas de Nueva York, se encuentran entre las agrupaciones que han decidido unirse a las concentraciones en el sur de Manhattan. "Aplaudimos la valentía de los jóvenes de Wall Street, que están manifestándose de una manera dramática por la que ha sido nuestra posición durante bastante tiempo: el sacrificio compartido preconizado por el gobierno parece terriblemente una calle de dirección única", asegura en su pagina web TWU. Esa asociación, con unos 38.000 miembros activos y otros 26.000 jubilados, se unirá a otros 14 sindicatos, así como a más de una veintena de asociaciones comunitarias, a las 20:30 GMT de este miércoles para marchar desde la plaza Foley, en el distrito financiero neoyorquino, hasta la llamada plaza Liberty, donde acampan desde el pasado 17 de septiembre los "indignados" de Wall Street. "Juntos levantaremos nuestras voces para decir que creemos en que el sueño americano puede vivir otra vez, que la manera de hacer las cosas en este país es ayudarse entre sí a tener éxito", afirman en su página web los organizadores de las protestas, el movimiento "Occupy Wall Street". Las protestas, que centran su atención en el sistema financiero estadounidense, se han extendido ya a otras grandes ciudades de Estados Unidos como Los Angeles, Boston, Filadelfia, Seattle y Chicago. 5/10

El Encuentro Nacional de Mujeres se desarrolla en el cuadro político de la crisis capitalista y de las próximas elecciones. Durante seis años, la mayoría parlamentaria del gobierno kirchnerista estuvo ajena a las principales reivindicaciones de las mujeres. Muy lejos de esto, el gobierno de Cristina Kirchner debutó quitando el estado parlamentario a los proyectos de legalización del aborto en 2007, y luego ratificó su posición en contra mandando a su ministro Randazzo a reunirse con Cynthia Hotton para garantizar la ‘cruzada’. La oposición parlamentaria apenas convocó a dos audiencias públicas en el lapso de un año por el tema. Oficialismo y oposición coincidieron en no tratar la cuestión en la etapa electoral, mostrando que las cabezas de sus partidos están en contra del derecho al aborto. Sólo el Frente de Izquierda defiende este y todos los derechos de las mujeres. El 1º de noviembre, cuando se vuelvan a tratar los proyectos parlamentarios, estaremos movilizadas reclamando aborto legal. La agenda de reclamos La lucha por el derecho a la maternidad, la vivienda, la educación, la socialización de las tareas domésticas, los jardines maternales en los barrios y lugares de trabajo, la atención sanitaria adecuada, la anticoncepción gratuita, el aumento de los profesionales para la atención ginecológica, el trabajo en blanco y el salario acorde a la canasta familiar, no puede quedar en manos de aquéllos que han sido hostiles a estos reclamos. El gobierno ha consolidado la precarización laboral y la tercerización, la falta de vivienda y la entrega de los escasos planes a los Shocklender. La oposición derechista sigue este libreto sin demasiadas modificaciones. En más de tres años de Ley de Trata de personas, no se desmanteló una sola red de trata. Sin embargo las mujeres nos organizamos y logramos liberar a niñas secuestradas, logramos instalar la denuncia sobre la desaparición de mujeres para el negocio de la esclavitud laboral, desenmascaramos la ley kirchnerista que contiene la principal agresión contra las mujeres y establece que hay una forma de esclavitud admitida -aquella por medio de la cual se le imputa a la víctima haber consentido ser esclava. El principal absuelto de este flagelo es el Estado mismo, los políticos, los funcionarios, la policía y todo el andamiaje que garantiza que el delito de secuestrar, explotar y torturar personas se pueda llevar a cabo. Necesitamos más organización para terminar de cuajo con este drama. El Encuentro Las mujeres tenemos una experiencia propia de la cual aprender. El Encuentro Nacional, hoy en manos de una dirección conservadora, necesita cambiar su rumbo. El camino de la entrega del encuentro a la iglesia, el bloqueo a la continuidad, el esfuerzo por desarrollar el Encuentro en lugares alejados del centro de la escena política, conspiran no sólo contra el Encuentro mismo, sino fundamentalmente contra la posibilidad de que las mujeres convirtamos esa instancia en un ámbito de deliberación y preparación de las luchas que encaramos. La lucha por el aborto legal es, en este sentido, emblemática. No puede desarrollarse sin un plan de movilización, que no puede estar supeditado a la agenda parlamentaria de los partidos históricamente hostiles a los derechos de la mujer trabajadora Tenemos el desafío de utilizar el Encuentro como el ámbito de organización de las mujeres de todo el país. El Encuentro debe ser el canal de las trabajadoras docentes que están peleando contra Macri y su intento de destruir el estatuto, de las que se organizan contra los gobiernos kirchneristas que implementan la educación religiosa. Nuestra pelea es por defender los derechos democráticos a organizarse, a oponerse a las patotas y las represiones. La burocracia sindical es una de los mayores enemigos de las mujeres trabajadoras, tanto por la entrega de los derechos laborales como por la estructura de sometimiento contra las delegadas que responden a sus bases. El Plenario de Trabajadoras concurre a Bariloche a batallar por este programa de lucha; vamos a reivindicar la lucha contra el tercerismo por la que fue asesinado nuestro querido Mariano Ferreyra, y a reivindicar su vida como un ejemplo de un joven militante y socialista; a Elsa Rodríguez, nuestra querida compañera que lucha con la garra de las mujeres valientes para superar las secuelas de las balas asesinas. Elsa se proponía participar de una movilización nacional por el aborto legal cuando, horas antes, la burocracia asesina amparada por la policía y los funcionarios del transporte se interpuso. En honor a las Elsas, en homenaje a Mariano y en homenaje a todas las mujeres luchadoras, unámonos en una causa común por el programa de reivindicaciones de las mujeres: aborto legal, seguro y gratuito; trabajo en blanco; salario igual a la canasta familiar; 82% móvil para los jubilados; jardines maternales; triplicación del presupuesto en salud y educación. Separación de la Iglesia del Estado. La presencia del Frente de Izquierda en el Congreso sería un formidable punto de apoyo para estas luchas. Marchemos las mujeres, adelante por lo nuestro.

Las elecciones en Ingeniería de la UBA, el último centro de estudiantes que faltaba definir, y las elecciones de graduados del colegio Carlos Pellegrini, finalizadas ambas el viernes 30, reafirmaron las tendencias reflejadas en las recientes votaciones universitarias. En ambos casos, ganó la izquierda: en Ingeniería, el Frente 7 de Septiembre -conformado por la agrupación EIA (Partido Obrero e independientes), la Cepa y el Puño (Izquierda Socialista)- obtuvo el 43% de los votos y revalidó de esa manera la dirección del centro por segundo año consecutivo, triunfo al que hay que sumarle el consejero directivo conquistado en la elección previa. En el Pelle, el Frente de Graduados por la Democratización (FGD) -encabezado la UJS-Partido Obrero e integrado por diferentes expresiones de izquierda, incluida la agrupación que actualmente conduce el centro de estudiantes- alcanzó el 58% de los votos y retuvo los dos consejeros del claustro de graduados para el consejo resolutivo del colegio. Tanto en Ingeniería como en el Pelle, el kirchnerismo se alió a la derecha y las camarillas radicales, con el objetivo de desplazar a la izquierda, pero terminó en un fracaso rotundo. Por su parte, listas K puras representadas por La Cámpora obtuvieron resultados marginales (cuarto lugar en Ingeniería con el 6,6% y terceros en el Pelle con el 11%). Pellegrini La paliza de la izquierda en graduados del Pelle es significativa no sólo por los 30 puntos de distancia (58% contra 28%), sino porque se trata de un claustro que históricamente estuvo en manos de los radicales y la derecha. En su momento, las autoridades universitarias habían introducido ese claustro en el Consejo Resolutivo como un contrapeso a los consejeros estudiantiles, docentes y no docentes, los que representaban al movimiento de lucha del colegio. El FGD ya había derrotado tales pretensiones en 2009, unificando a las distintas promociones de graduados que, de 2001 a la fecha, hicieron del Pellegrini una escuela de lucha y organización en defensa de la educación pública. Por primera vez en la historia, los consejeros del claustro de graduados, que como estudiantes habían enfrentado al privatista Viegas en la lucha de 2007, este año apoyaron los reclamos del colegio contra Fornasari, Hallú y compañía. Esta nueva victoria del FGD tiene un doble valor, puesto que se hizo en condiciones de un fraude escandaloso, con manipulaciones del padrón electoral de todo tipo y la exclusión de la generación 2010 que no pudo participar de la votación. Los yaskistas de UTE-Ctera se unieron a la Franja Morada para derrotar a la izquierda, pero, a pesar del apoyo del Rectorado de la UBA y el control total del padrón, no pudieron contar más de 179 votos (28%). La lista cristinista, cuya función era dividir el voto del activismo y facilitar así un retorno de Franja y Ctera, no logró su cometido y quedó muy atrás (11%, 73 votos). Ingeniería En Ingeniería, la gran votación de la izquierda con el 43% de los votos fue la contrapartida del derrumbe de El Gradiente, la agrupación histórica de la gestión (ahora sabbatellista), que perdió su consejero luego de diez años en el gobierno de la facultad. Por su parte, IPF (La Cámpora) obtuvo un marginal 6,6%, desplegando una campaña derechista en apoyo a las leyes educativas menemistas y contra la izquierda. El apoyo recibido por el decano Rosito, defensor acérrimo de la Coneau y las PPS (trabajo gratuito obligatorio para empresas), y la presencia de Lino Barañao, ministro nacional de Ciencia y Técnica, acentuaron el rechazo de la juventud a la regimentación de las autoridades y del propio Estado que avanza sobre su educación. El MLI, la pata más derechista del bloque de los grupos autodenominados “independientes”, pudo recuperarse del bajón del año pasado (cuando, luego de haberlo vaciado, perdió el centro en manos de la izquierda), aprovechando la crisis de las agrupaciones de la gestión. Así, quedó en segundo lugar con el 36% de los votos. Esta nueva polarización entre la izquierda y el MLI muestra una izquierdización de la situación política en Ingeniería, pero también echa luz sobre los “independientes de todos los partidos”, que adaptaron toda su política para ocupar ese espacio vacante, haciendo una campaña lavada, vacía de contenido, sin abrir la boca sobre la orientación privatista del gobierno y las autoridades. Los que siempre hicieron campaña contra los aparatos no tuvieron empacho en recibir el apoyo “desde afuera” de La Mella, que aportó militantes y fiscales al MLI con el afán de derrotar a la izquierda. No pudo ser. Nuevo desafío Estas nuevas victorias refuerzan la tendencia de la juventud a apostar a la izquierda, en la comprensión de que sólo sobre una base de independencia política -respecto tanto del gobierno capitalista como de su oposición de derecha- es posible avanzar en la lucha por sus propios reclamos. A nivel nacional, el Frente de Izquierda es la única fuerza política que se propone desenvolver a fondo esta tendencia independiente de la juventud, que tiene un alcance revolucionario en la medida en que se vuelque a una perspectiva común con la clase obrera. Por eso ahora, nuestro nuevo desafío es que estos resultados sean el anticipo de una votación masiva de la izquierda en octubre, que conquiste un bloque de diputados de izquierda en el Congreso y sea el puntapié inicial de una transformación de la estructura política y social del país. Resultados -Ingeniería Frente 7 de Septiembre (EIA-PO, CEPA, IS) 43% / 928 votos MLI ("independientes") 36% / 786 votos El Gradiente (K Sabattelistas) 10.5% / 226 votos IPF (La Cámpora) 6,6% / 143 votos Proyecto Sur 2,5% / 54 votos -Graduados del Pelle Frente de Graduados por la Democratización 58,23% / 368 votos Graduados por el Pellegrini 28,32% / 179 votos Graduados del Kirchnerismo 11,55% / 73 votos Graduados en el Frente de Izquierda (lista trucha) 1,74% / 11 votos

La intervención del gobierno al Indec, en enero de 2007, fue uno de los primeros síntomas de que el modelo económico k empezaba a caminar la cuesta abajo. Presentada como un "fraude patriótico" por los "nacionales y populares", en función de pagar menos deuda externa, lo cierto es que lejos de ser un ataque a banqueros y financistas internacionales la intervención al Indec fue "funcional a la derecha": tendió a justificar topes salariales, magnificó el alcance de medidas sociales (asignación universal, aumento de jubilaciones) y ocultó el enorme número de pobres e indigentes que existen en el país donde el empresariado se jacta de que nunca ganó tanta plata. Hoy, cuando se discute el presupuesto 2012, la manipulación de las estadísticas le ha servido al gobierno para subvaluarlo y luego recaudar una enorme masa de dinero que queda sustraída de la ley. En los últimos días, el Indec estuvo nuevamente en la picota, por la manipulación de las estadísticas que produce. Pobreza oficialista Los números de pobreza que publica la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) se han vuelto un escándalo para el propio oficialismo. La consultora Equis del K Artemio López ha calculado la pobreza en un 21% de la población, cerca de 8,5 millones de personas, mientras para el Indec los pobres son sólo el 8,3%. El presidente del INTI, Enrique Martínez (un referente k) cuestionó los datos del Indec y declaró que "hacer invisible a un pobre es traicionar al movimiento popular". El centro de estudios (Cifra) de la CTA de Yasky (insospechado de opositor) calculó para fines del año pasado la indigencia en el 6,1 de la población (2,4 millones de personas). El propio Indec reconoce que la mitad de los ocupados gana menos de 2.400 pesos (!), unas 8 millones de personas. Pero esos paupérrimos asalariados no cuentan como pobres porque al estar completamente subvaluada la inflación durante años, la canasta con que se calcula la pobreza está hoy para una familia tipo en 1.347 pesos, cifra superada hasta por el plan Argentina Trabaja. A la polémica se le sumó el propio funcionariado del Indec que, a través de Claudio Comari, director de la EPH, en una entrevista por radio Mitre (28/9) acusó de insolvencia técnica a Artemio López y a Enrique Martínez e inmediatamente después protagonizó el papelón de demostrar que no sabe diferenciar la CBA (Canasta Básica Alimentaria), que permite calcular la cantidad de indigentes, de la CBT (Canasta Básica Total) insumo del cálculo de la cantidad de pobres. El mismo Comari sancionó la semana pasada a dos compañeras de esa misma área con cinco días de suspensión y el correspondiente descuento de salario. A diferencia de él, las compañeras tienen una notable trayectoria como técnicas de años en el instituto y como luchadoras en contra de la manipulación de las estadísticas y la persecución a sus compañeros. El gobierno y las consultoras El gobierno siempre ha tratado de deslegitimar la lucha de los trabajadores del Indec, acusándolos de favorecer a las consultoras privadas. Luego de montar un teatro de sanciones económicas a dichas consultoras y de, através de una presentación judicial del secretario Moreno, iniciar una persecución a los trabajadores de prensa que utilicen esos datos, es el propio gobierno el que utiliza los cálculos alternativos al IPC oficial. Tanto en informes internos como en acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo con gremios, como surge del Boletín Oficial que publica el propio Poder Ejecutivo (Clarín, 30/9). Esta situación llega al colmo de que acuerdos homologados por el Mtyss y el Smata toman el cálculo de la consultora de Bevaqua, desplazada del Indec por la intervención. El FMI, cómplice de la estafa al pueblo En los últimos días, el FMI ha "amenazado" al gobierno con que si no mejora la calidad de las estadísticas utilizará datos de las provincias y de consultoras privadas. Pero el FMI estuvo trabajando junto al Indec en un nuevo IPC y sabe bien que el problema del Indec no es la calidad sino la manipulación. En una presentación formal ante la SEC en Washington el Gobierno manifestó que se encamina a una renegociación con el Club de París y admitió una "vuelta al mercado" para emitir deuda por cerca de U$S 13.300 millones (La Nación, 4/10). En los últimos tiempos, el vergonzoso presente del Indec fue denunciado por otros organismos internacionales. Es el caso de la OIT, que hizo referencia a la persecución gremial que sufren los compañeros del Indec y también el Instituto Internacional de Estadística (ISI, su sigla en inglés), que mantiene convenios de trabajo conjunto con institutos de estadística de todo el mundo y también con el Indec. Más inflación, más manipulación En estos días en los que se fugan capitales, se devalúa el real, baja el precio de la soja y el gobierno trata de ver cómo cubre la situación fiscal, está planteada (y reclamada por diversos sectores) la devaluación del peso, lo cual acicatearía un proceso inflacionario. El gobierno no puede dar ninguna salida progresiva al Indec (ni a la población) toda vez que se refuerza la situación que lo llevó a intervenir en él.

Una vez más, Tucumán volvió a ser el escenario de una iniciativa reaccionaria contra el movimiento de mujeres. El domingo 25 de septiembre se llevó a cabo en la Casa Histórica el Encuentro Nacional de Parlamentarios por la Vida, presidido por la senadora Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal) y la diputada Cynthia Hotton (PRO), que contó con numerosos parlamentarios nacionales, provinciales y municipales y también con representantes del Vaticano y de varios obispos del NOA. Los asistentes firmaron un documento denominado “Protocolo por la Vida y la Familia”, donde “se comprometen” a defender el derecho a la vida “desde su concepción hasta la muerte natural”. Se manifestaron no sólo en contra del aborto, sino también de la “eutanasia” y de la fertilización asistida sin ningún tipo de límite. Mientras el gobierno le hace el juego a la Iglesia y a la derecha pateando el tratamiento en el Congreso de los proyectos de aborto legal y de modificación del artículo 86 del Código Penal, éstos han aprovechado esta impasse para desatar una ofensiva en regla. En ese sentido, y coincidente con este encuentro, se conocieron pronunciamientos contra al derecho al aborto legal e incluso a su despenalización por parte de Alperovich, del decano de la Facultad de Medicina y del Colegio Médico. Semanas antes lo había hecho todo el arco político con la excepción del Frente de Izquierda. En un simulacro de debate parlamentario entre los candidatos a diputados nacionales, el candidato binnerista “Rolo” Succar se abstuvo sobre este punto. Está planteado profundizar la denuncia de todo este frente único de la reacción contra los derechos de la mujer y la movilización popular para imponer esta reivindicación impostergable. En este sentido, cobra un enorme significado para el movimiento de la mujer el apoyo al Frente de Izquierda y el desafío de conquistar un bloque de izquierda en el Congreso nacional, verdaderamente consecuente en la defensa de los derechos de las mujeres.

El Polo Obrero de Mar del Plata viene llevando, desde hace años, una lucha consecuente por la vivienda, el trabajo genuino y las necesidades de la población en los barrios. Junto a otras organizaciones, hemos protagonizado innumerables piquetes y acampes, que gracias a la decisión de los compañeros, han ido redundando en logros arrancados a los funcionarios de diferentes gobiernos municipales, provinciales y nacionales. • En febrero de este año firmamos la renovación del contrato para 32 compañeros del Pris (Programa de Inversión Social), lo que significa la continuidad de trabajo para ellos. • Se logró la incorporación de 16 compañeros más en la construcción del CIC (Centro Integrador Comunitario) del barrio Martillo, lo que nos ha permitido terminarlo. • Se obtuvo la construcción de cuatro casas más para cuatro familias del Polo, así como los puestos de trabajo para otros 12 ó 16 compañeros que las construirán. • Otra vivienda para una compañera, en el barrio Bosque Grande, la cual será entregada la primera semana de octubre. • Un terreno grande, en el barrio Camet, en el que se edificarán dos viviendas para otras dos familias del Polo. • Se terminaron 41 viviendas, producto de la lucha llevada adelante por los compañeros del barrio Pueyrredón junto a la intervención vigorosa del Polo Obrero y otras agrupaciones y trabajadores en lucha por la vivienda. • La sede del Polo Obrero del barrio Pueyrredón ha sido declarada Centro de Evacuados de barrio y, con ello, se logró el compromiso del Municipio de entregar los fondos necesarios para la reparación y puesta en condiciones del enorme salón, gracias a la lucha de nuestra organización. ¡El Polo Obrero de Mar del Plata sigue en la lucha! ¡Ahora vamos a intervenir para lograr tribunos obreros en las legislaturas que acompañen y lleven adelante nuestros reclamos! ¡Vamos Compañeros del Polo Obrero de Mar del Plata!

Binner visitó Tucumán el 27 de septiembre. Los periodistas destacaron su prudencia y moderación y el hecho de que no haya criticado a nadie, ni oficialistas ni opositores. Interrogado sobre cuáles son sus diferencias con el kirchnerismo, destacó que “tiene que ver con la falta de confianza en el sector inversor. ¿Cómo se expresa? En 2.000 millones por mes que se van del país” (La Gaceta, 28/9). ¿Qué propuso? Que “Cristina convoque en forma inmediata a un diálogo nacional con todos los sectores para preparar al país para el escenario internacional que se avecina” (El Tribuno, 28/9). En función de esta convocatoria justificó su reunión con Moyano y planteó que “si todos tienen espacio y todos vamos construyendo una Argentina celeste y blanco, dejamos atrás esta Argentina que es pasión del paro y el corte, como hechos sistemáticos” (La Gaceta, ídem). Binner, durante la conferencia de prensa, no realizó ningún planteo en referencia a los reclamos acuciantes de las masas en materia laboral, salarial o jubilatoria -con la excepción de la mención a la cuestión educativa como respuesta “al millón de jóvenes sin trabajo”, ocultando que en la provincia de Santa Fe está en curso una huelga docente cuyos reclamos no son satisfechos por el gobierno del PS. Binner es conciente de que no va a llegar a la presidencia en octubre, pero sí puede ser un importante factor de contención si la crisis se agrava -e, incluso, si el gobierno efectivamente se ve obligado a convocar al “diálogo nacional”. Aunque pretenda posar de progresista, Binner, como todo político capitalista, se orienta a defender una política para que la crisis la paguen los trabajadores- y de allí su pasión (en esto compite con los K) para terminar con los paros y los cortes. En este plano se está probando, ante los ojos de la clase capitalista desde el banco de suplentes, como potencial relevo si la crisis se desmadra.

Huelgas de hambre, paros generales, vigilias de protesta, rutas cortadas y movilizaciones sacuden Bolivia. Todo comenzó hace unos 50 días cuando representantes de 36 pueblos indígenas, salieron de Trinidad -capital de Beni, en el oeste de Bolivia- hacia La Paz, en demanda de sus derechos y la protección del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), una reserva natural de 1,2 millones de hectáreas, amenazada por un proyecto de construcción de una carretera de unos 300 kilómetros, que dividiría en dos la llamada “casa grande” de los indígenas chimán, yuracaré y moxenos. El domingo pasado, en un intento de no permitir que llegaran a La Paz, la movilización indígena fue brutalmente reprimida por la policía, dejando cientos de heridos y detenidos y más de 200 personas desaparecidas. La represión desató una escalada de movilizaciones y acciones de repudio al gobierno de Evo Morales, que culminaron con una paro nacional de la Central Obrera Boliviana de 24 horas, surgido por una fuerte presión de las bases, convulsionadas también por el incumplimiento de los acuerdos salariales firmados con el gobierno en el mes de abril. Sólo en la ciudad de La Paz, los medios calculaban la presencia de 100 mil personas movilizadas. La dura represión policial de la marcha indígena derivó en consecuencias políticas de magnitud, convirtiéndose en la mayor crisis del gobierno de Morales desde que llegó al poder en 2006, al incluir la renuncia de los ministros de Defensa e Interior y dos viceministros, así como la pérdida de varios diputados oficialistas. “Asumo esta posición porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma”, señala la carta de renuncia, enviada a Evo, de la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón. La crisis ha puesto en peligro además las elecciones judiciales del 18 de octubre, mediante las cuales el gobierno pretende avanzar en el copamiento del órgano judicial, al punto de considerarse incluso la posibilidad de la suspensión de las mismas. Varios diputados del partido de Morales han anunciado que empezarán a votar contra el gobierno, poniendo en riesgo la cómoda mayoría de dos tercios que tiene hasta ahora. En un abierto desafío al presidente Evo Morales, los indígenas bolivianos anunciaron tras la represión que proseguirán su marcha hasta La Paz para asegurarse de que el proyecto vial que rechazan se cancele para siempre -a pesar de que Evo Morales anunció, reculando ante la bronca desatada por la represión, la suspensión de la obra hasta tanto los ciudadanos se pronuncien. Mientras Evo intenta desentenderse de la represión y finge un pedido de disculpas a la población, maniobra para concretar un plebiscito que le permita continuar con el emprendimiento. Los pueblos originarios, que por la constitución plurinacional debían haber sido consultados antes de comenzado el emprendimiento, rechazan tajantemente tal injerencia. “Vamos a retomar nuestra marcha y solamente en La Paz vamos a aceptar el diálogo”, dijo el mojeño Fernando Vargas Mosúa, vocero de los indígenas. Una segunda marcha indígena se dirige hacia La Paz proveniente de Oruro, encabezada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (Conamaq), que reúne a los pueblos quechua y aymara. El Presidente ya ha perdido el apoyo de tres de las cinco grandes agrupaciones indígenas que apoyaron su candidatura en 2006. Dos tercios de los habitantes de Bolivia -unos 12 millones- son indígenas o asumen esa herencia étnica e histórica. Una mayoría de esos dos tercios son nativos del Altiplano, de cultura quechua y aymara -etnia a la que pertenece Evo- y el resto, los llamados amazónicos o de tierras bajas, se dividen en numerosos grupos de lengua y usos que los alejan de las etnias dominantes. La fuerza de Evo reside en los llamados “colonizadores” -indígenas del Altiplano a quienes se les han prometido tierras de labriego-, que creen que grandes extensiones de tierra cultivable en el oeste del país están en manos de muy pocos “hermanos”. El parque natural objeto del conflicto tiene 1,2 millones de hectáreas y está habitado por unas 15.000 personas de tres etnias. Con esta situación como transfondo, el conflicto actual es resultado, sin embargo, de un gran negocio al servicio de las transnacionales brasileras, que buscan un acceso al océano pacífico. El proyecto se encuentra financiado en un 80% por la banca brasilera, y ha sido adjudicado a la constructora (también brasilera) OAS, denunciada por un sobreprecio de más del 100% (1,3 millones de dólares por Km costaría la obra con este sobreprecio). El gobierno de Evo retoma el programa Iirsa, elaborado a fines de los ’90 por los gobiernos neoliberales de la región que busca hacer un gran negocio mediante obras de infraestructura para desarrollar el comercio entre los dos océanos -esto sin contar el negocio de las petroleras y madereras en la región. En menos de un año, Morales ha tenido que dar marcha atrás dos veces por las presiones de los sectores sociales que lo llevaron al gobierno: primero en diciembre pasado, cuando buscó imponer un alza del 83% del precio de la nafta, y ahora con el anuncio de la suspensión de la autopista. Luego del levantamiento popular en respuesta al “gazolinazo” y del ataque de Evo Morales a la huelga general de la COB por salario, la represión a los indígenas del Tipnis desata una nueva crisis con la base social que lo llevó al poder en 2006 y refuerza la delimitación de los sectores populares del “capitalismo andino”. La alianza del Estado, el capital internacional y la producción indígena, concebida por el vicepresidente de Evo, ha desnudado una vez más su carácter reaccionario. La centralización y el usufructo de los recursos y capitales que requiere el desarrollo de Bolivia, solamente pueden ser establecidos por un gobierno obrero y campesino. La construcción de una alternativa socialista de clase al gobierno de Morales es la tarea de la etapa.

El 26 del corriente fueron agredidos los trabajadores en negro del ingenio La Esperanza, por orden de la patronal y del propio directivo sindical y de la comisión directiva. La agresión partió desde el interior del ingenio, desde donde fueron arrojadas piedras que hirieron a varios compañeros. Además, “el operativo preventivo” está a cargo del juez Samman, responsable del reciente desalojo violento en el Ingenio Ledesma, que se llevó la vida de cuatro jujeños. Los trabajadores precarizados que realizaban piquetes en los accesos del ingenio -ante el incumplimiento de las distintas promesas, como la incorporación a planta en forma paulatina-, fueron sorprendidos por el ataque. La Roggio, en connivencia con el Estado y la burocracia sindical, utiliza a las patotas para amedrentar a los jóvenes cuarta. El martes 27 se reforzó el piquete, con la participación de los casi 400 obreros precarizados que llegaron de los distintos lotes. De esta situación sólo se puede concluir que, en medio de fuertes ganancias dadas por el alto precio de la materia prima, la patronal rechaza la efectivización de los trabajadores que cosechan en zafra 7.000 hectáreas de caña, machete en mano. El sindicato se encuentra en la picota, como producto de su responsabilidad por la agresión y del desconocimiento a la organización gremial de los cuarta -que genera división entre las bases, cuando los reclamos deberían unificarse para una mejora en las condiciones laborales de todos. Muchos trabajadores son extorsionados a actuar como desalojadores para obtener recategorizaciones, según comentan sus propios compañeros de fábrica. Los voceros del gobierno provincial (Dirección Provincial de Trabajo) inducen al trabajo en negro en forma de cooperativas. Esa fue la última propuesta realizada al cuerpo de delegados de los cuarta, con la clara intención de desmovilizarlos. El PJ y la UCR declararon su apoyo incondicional, así como la posibilidad de otorgar más beneficios a través de subsidios y exenciones impositivas a los empresarios que vacían la provincia. La vida útil de Ingenio la Esperanza está en manos de buitres; el futuro de la agroindustria ramaleña es incierto y propenso al desguace. La organización y lucha independiente de los trabajadores por el pase a planta de 400 jóvenes es inseparable del reagrupamiento por comisiones internas y asambleas de base para superar a la patronal, sus políticos del bipartidismo y los burócratas.

El comienzo de los debates del presupuesto 2012 vino con una novedad política. Más allá de las críticas que hicieron al proyecto oficial, los opositores no presentarían un proyecto alternativo y se abstendrían a la hora de votar. El Frente Amplio de Binner también reclamará modificaciones en particular. En 2010, la misma circunstancia terminó en un escandalete y el presupuesto salió por decreto. ¿Qué cambió de entonces a hoy? Un estudio de la asociación de especialistas en presupuesto señala que el proyecto actual incrementa los ingresos en un 23%, mientras que los gastos suben sólo un 18%. Pero la brecha entre ingresos y gastos será seguramente mayor, para “recuperar el superávit fiscal”. Federico Pinedo, el jefe parlamentario del PRO, consideró al proyecto 2012 como “más serio que el del año pasado” (Cronista, 28/9). En el Council of Americas, Boudou anunció “la vuelta al superávit primario” -o sea un presupuesto de ajuste. En la fila de los “ingresos” seguirán revistando los recursos de la Anses. Del mismo modo, no se ha contemplado corrección alguna del mínimo no imponible, lo que hace prever otro impuestazo sobre el salario. Endeudamiento El presupuesto contempla destinar 5.700 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa; prevé, a su vez, el pago de anticipos al Club de París por la deuda externa contraída bajo la dictadura. Pero en vistas de la caída del superávit comercial y la salida de capitales, el gobierno sólo podría pagar deuda contrayendo otra mayor: Boudou anda peregrinando por los foros financieros con ese objetivo. Pero esta pretensión de endeudamiento también puede acabar en un “dibujo”. Varias provincias deficitarias (Buenos Aires, en primer lugar) no están consiguiendo tomar deuda ni siquiera pagando tasas usurarias. De paso, se pone en evidencia que los Estados provinciales están en quiebra. A la luz de lo anterior, es bien probable que los gastos del presupuesto no estén “subestimados” -como ha señalado Lozano. La pauta de aumentos salariales y gastos sociales menores a los del año anterior es el único aspecto del proyecto que no sería un “dibujo”, sino que es la evidencia de una orientación ajustadora. Por su parte, las reducciones de subsidios a los privatizadores serán compensadas con aumentos de las tarifas. Todo esto explica que los representantes parlamentarios de Alfonsín, Duhalde y Macri hayan bajado los decibeles de sus críticas al presupuesto 2012.

El V Congreso de la Liga Obrera Marxista se llevó a cabo en la ciudad de Mikkeli (Finlandia) entre el 29 y 30 de julio de 2011. Se mantuvieron intensos debates y conferencias sobre la actual crisis capitalista y sus consecuencias, las revoluciones árabes, la crisis de la deuda europea, el estado de los partidos y organizaciones de izquierda en Finlandia y en otros lugares, la posible cooperación con otras fuerzas de izquierda y otras futuras orientaciones de la LOM. Como conclusión, se señaló que el permanente y caótico empeoramiento del estado del capitalismo mundial exige una acción radical de la izquierda revolucionaria. De lo contrario, el escenario quedará en manos de los partidos de extrema derecha, que ya han obtenido el éxito en Finlandia y en otras partes de Europa. La refundación de la IV Internacional tiene que ser nuestra principal tarea. La Liga Obrera Marxista continuará intensificando sus esfuerzos para crear un nuevo partido revolucionario en Finlandia, como parte del partido mundial de la Revolución Socialista. En la última sesión del congreso, Jani Poimala fue elegido como nuevo presidente, y Mikko Niemi como secretario de publicidad de la LOM.

Eduardo Grüner, docente y ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, forma parte de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda . A un año del asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la burocracia sindical, ¿cuál es tu balance de lo ocurrido desde entonces y de la lucha por el juicio y castigo a los responsables? -El de Mariano Ferreyra se transformó en lo que suele llamarse un "caso testigo". Desde entonces, hemos presenciado lo de los Qom, el Indoamericano, Jujuy y ahora -aunque no sea comparable su gravedad inmediata para los cuerpos afectados- lo del "Pollo" Sobrero. En cada caso puede haber responsabilidades particulares, más o menos mediatizadas, y hay que bregar por su investigación "hasta las últimas consecuencias", como se dice. Una cosa que ha demostrado este episodio es que aún las "primeras consecuencias" (la incorporación a planta de los "tercerizados", el procesamiento de Pedraza) son efectos de la movilización de las masas y no de las "buenas intenciones" del poder. Pero, más allá de eso, lo que importa es la caracterización de la etapa política. El primer dato, incontrastable, es que la "balanza" bonapartista se inclina cada vez más manifiestamente para el mismo lado. Que, contemporáneamente a estos hechos, se haya exonerado a Menem de crímenes aberrantes es todo un símbolo. Esto era de esperarse: tarde o temprano, el bonapartismo se ve obligado a elegir; en el contexto de la feroz crisis internacional, la que ya ha provocado revueltas populares en diversas y muy diferentes regiones (de El Cairo a Madrid, de Túnez a Nueva York, de Tel Aviv a Atenas, para no mencionar la muy vecina Santiago de Chile), el sistema empieza a "abrir el paraguas" también aquí. Vemos síntomas asomando en los diversos pliegues de la trama capitalista nacional: que, por un lado, algunas fábricas suspendan turnos o se insinúe preocupación por la merma de las reservas del BCRA y, por otro, el Estado reprima a los luchadores sociales no es, en verdad, "un lado" y “el otro": aunque el análisis deba atender a la especificidad de esos fenómenos, no se puede estar ciegos ante la conexión subterránea entre ellos. El demoledor triunfo de Cristina en las Paso y el aún mayor que se prevé para el 23 de octubre auguran "manos libres" para "profundizar" en "lo que falta": ante el colapso de la oposición de derecha, el gobierno va en camino de transformarse definitivamente en un representante privilegiado y eficaz de los negocios de la clase dominante en su conjunto, de allí que cotidianamente veamos fracciones de esas clases y sus voceros políticos "pasarse" al bando ganador. En este contexto -que va a quedar aún más clarificado después de las elecciones- la lucha por el esclarecimiento del asesinato de Ferreyra se vincula con la posible emergencia de nuevos conflictos, como resultado potencial de los ajustes (veremos de qué magnitud) que el gobierno tendrá que aplicar como paliativos -para las clases dominantes, se entiende- a los efectos de la crisis mundial, y las cada vez menores concesiones y "reparaciones" que podrá hacer a los sectores populares. Este es el marco en el cual la búsqueda de juicio y castigo a todos los culpables (y no sólo a un Pedraza ofrecido como "cambio de figuritas") adquirirá un tono cada vez menos estrictamente "jurídico" y cada vez más nítidamente político. -Para el 20 de octubre está convocada una gran movilización en reclamo de juicio y castigo a todos los responsables. -La iniciativa me parece muy bien, por supuesto. Creo que debería hacerse un esfuerzo para que -desde ya -sin renunciar a los principios estratégicos y ético-políticos esenciales- la convocatoria fuera lo más amplia y plural posible. Una parte del progresismo más o menos indeciso, que todavía está pensando en votar al "mal menor", tres días después podría acusar el efecto. Pero no se trata sólo -ni siquiera principalmente- de la coyuntura electoral. Es, asimismo, una manera de darse una política de mediano plazo para esos sectores y para mostrar que el asesinato de Mariano es un símbolo -entre muchos otros- de agotamiento del "modelo". Muchos van a acusar el FIT, sin duda, de usar electoralmente a Mariano. Hay que estar preparados para eso y explicar pacientemente lo que significa el reclamo más allá de las elecciones. En cuanto a los intelectuales -y en particular los nucleados en la Asamblea de Apoyo al Frente- son varios los ejes de discusión que pueden contribuir a instalar en el espacio público, partiendo del "caso" Ferreyra y de los otros que hemos nombrado más arriba: a) un análisis profundo de la naturaleza actual del Estado argentino, de su recurso tendencialmente creciente a la represión (directa e indirecta) y de por qué ello es así, en el marco de una política general de "disciplinamiento" de la clase obrera, los sectores populares, el estudiantado y la intelectualidad crítica; b) un igualmente profundo análisis de la situación económica, explicando las razones del acercamiento cada vez más evidente de prácticamente todas las fracciones del capital al gobierno, haciendo un diagnóstico de las posibilidades de continuidad o límites para las ilusiones "bienestaristas", "neodesarrollistas", etc.; c) un debate riguroso con otros sectores intelectuales ("progres", centroizquierdistas, "nacional-populistas" o filo-kirchneristas) sobre las lógicas ideológico-culturales del discurso "K" y su pretendida "hegemonía cultural". Se trata, en general, de demostrarles a ellos y al pueblo que la llamada batalla cultural es falsa, en tanto que en el mejor de los casos es una "interna" dentro de un "modelo" que no pone en cuestión -más aún: tiende a reforzar- las estructuras básicas del "sociometabolismo" del capital. Hay que procurar modificar radicalmente, pues, los criterios de la discusión. Esto es muy importante, porque el "disciplinamiento" de la intelectualidad del que hablábamos antes pasa también por un efecto de "seducción" de los que se imaginan a sí mismos como "intelectuales críticos", a través de cosas como cierta retórica "antiimperialista" o las (muy parciales y, en los últimos meses, mancilladas) políticas de derechos humanos. Sin embargo, se puede demostrar que aún esas imperfectas y frecuentemente falaces "reparaciones" son compatibles con la garantía a ultranza del "sistema".

En el proceso de edición del artículo “IX Congreso del EEK”, publicado en Prensa Obrera 1196 se ha deslizado un error. Donde dice que en Grecia hay una "...confrontación social entre la clase trabajadora, por un lado, y, por el otro, la rápidamente empobrecida pequeña burguesía, la gran burguesía griega...." Debe decir: “...confrontación social entre la clase trabajadora y la rápidamente empobrecida pequeña burguesía, por un lado, y, por el otro, la gran burguesía griega...”.

Entrevista a Hernán Camarero, historiador y docente (UBA), miembro de la coordinación de la Asamblea de Intelectuales del Frente de Izquierda. El próximo 20 de octubre se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la burocracia sindical. ¿Qué balance hacés de lo ocurrido desde entonces y de la lucha por el juicio y castigo a los responsables? -El asesinato de Mariano Ferreyra por parte de la burocracia sindical ferroviaria fue un crimen contra la clase obrera, contra sus elementos más conscientes, contra su vanguardia, contra la izquierda revolucionaria y socialista. Y a medida que se fueron conociendo los hilos de la responsabilidad, complicidad y encubrimiento, quedó completamente clara la participación directa e indirecta que en el hecho tuvo no sólo la patota ejecutora de los disparos, sino la entera conducción de la UF, la empresa, la Policía Federal que liberó el terreno y la propia administración kirchnerista. Los posteriores animados diálogos telefónicos entre el ministro Tomada y Pedraza permitieron dar cuenta de la total colaboración y colusión de intereses entre la casta que parasita los sindicatos y el gobierno ‘nacional y popular’ -sobre todo, el papel que ambos cumplen en la existencia del trabajo tercerizado y la persecución del activismo antiburocrático y antipatronal. La activa movilización realizada en este último año ha logrado importantes triunfos, como el procesamiento y detención de los autores materiales del hecho, así como de sus más directos organizadores (incluyendo al propio Pedraza). Todo ello ha sido conseguido gracias a la movilización. Pero aún es mucho lo que falta; lo cual, otra vez, sólo será conseguido merced a la presión popular: la condena a perpetua para los responsables y la extensión del enjuiciamiento a la policía y los funcionarios políticos que aseguraron que el crimen fuera posible. -Para el 20 se ha convocado a una gran marcha a Plaza de Mayo en reclamo de juicio y castigo a TODOS los responsables del asesinato. ¿Cómo ves la iniciativa y qué aporte pensás que pueden hacer los intelectuales en el contexto de este aniversario? -Creo muy oportuna y necesaria la realización, para el 20 de octubre, de una gran movilización a Plaza de Mayo con los ejes del juicio y castigo a todos los responsables del crimen, y enlazarlo también a la denuncia del nuevo y actual atropello que el gobierno y su justicia cómplice están cometiendo sobre Rubén Sobrero y los activistas antipatronales y antiburocráticos de la Línea Sarmiento. Entiendo que debe ser una convocatoria amplia para lograr una gran masividad e impacto en la opinión pública. Los intelectuales y artistas debemos colaborar en esta gran convocatoria a través de llamados y declaraciones, explorando la posibilidad de alguna solicitada, participando de las reuniones preparatorias de la movilización. En este sentido, el rol a cumplir por la Asamblea de Intelectuales, docentes universitarios y Artistas en apoyo al Frente de Izquierda es muy evidente.

Desde las elecciones provinciales, el gobernador -Urtubey- reelecto con más del 60%, no ha podido evitar distintas crisis. La investigación por el crimen de las dos turistas francesas sería un guión armado por la policía -la cual, además, ha torturado gente durante los distintos procedimientos. Los familiares de distintos casos de violencias y crímenes aún impunes han comenzado a movilizarse y denuncian al régimen político. La madre de Cintia Fernández, asesinada en su departamento, denunció al ex ministro de Seguridad y candidato a diputado del gobierno, Kosiner, y a la ministra de Justicia, por inacción; señaló además que el autor del asesinato de Cintia sería un policía de la división de trata de personas. El papá de Natalia Soruco, una niña fallecida por falta de seguridad en un parque de diversiones, denunció que el juez Pérez, el mismo del caso de las turistas, en cuatro años no avanzó nada en la causa y no procesa a los funcionarios municipales que debieron controlar al parque. Como la frutilla del postre, ocho policías involucrados en el caso de Evangelina Pisco -que torturaron a jóvenes aborígenes para que digan que la mataron, cuando en verdad Evangelina cayó a un pozo de Aguas del Norte y murió- han sido absueltos por la Justicia. Sin dudas, todo esto precipitó la salida de Kosiner del gobierno, que se refugió en la excusa de la campaña electoral. La Salud en lucha Post primarias, Urtubey tuvo que padecer la primera gran huelga estatal de su gobierno, la de los trabajadores de la salud. Enfermeros, profesionales no médicos y administrativos salieron a rechazar el estatuto de la salud impuesto por el gobernador y el burócrata de Atsa, Eduardo Abel Ramos, que los des-categoriza, y reclaman la equiparación con los aumentos que recibieron los médicos del hospital Materno Infantil (los más altos de la provincia). Las movilizaciones son masivas y de alcance provincial, y se vienen nuevos paros escalonados. En estos días se abre la discusión salarial para los estatales. Los trabajadores de la salud, en su asamblea general, ya lograron que no quede en manos de la burocracia sindical la discusión con el gobierno -toda una novedad. En docentes, el gobierno propone que la discusión salarial esté atada a una reforma laboral, que implica un ajuste contra la docencia. Ya se han empezado a cerrar secciones en las escuelas del centro, con el riesgo de que algunos docentes pierdan el cargo. Las crisis de la oposición patronal El candidato a diputado por el romerismo, Javier David, llama de manera vergonzante a cortar la boleta, que comparte con Duhalde. David rompe con Duhalde y el sojero Olmedo rompe con David, que dice públicamente que no lo apoya. Por su lado, el ex candidato a vice de Olmedo en abril y actual candidato a diputado de la UCR, Biella, ha recibido el rechazo de la juventud radical, que lo caracteriza como derechista y olmedista, y plantea una "libertad de voto". El PO en marcha En este cuadro, hemos defendido el planteo del salario mínimo igual a la canasta familiar en el debate del estatuto de salud, y lo haremos en el debate salarial que se está abriendo. La Comisión de Familiares contra la impunidad, impulsada por nosotros, está participando activamente de las movilizaciones de los viernes. En la Legislatura provincial volvimos a presentar el proyecto para que las cien hectáreas de Pereyra Rozas se destinen a la vivienda social. Esta semana hay asamblea de los movimientos por la vivienda, a propuesta del PO. Nuestro programa se desarrolla en las luchas cotidianas, no como recetas. Si los que nos votaron en agosto consiguen un voto más, podemos meter diputados de izquierda en el Congreso.

A escasas semanas de resultar reelecto, el gobierno de Macri se prepara también para profundizar el modelo. Hablamos, claro está, del modelo de la especulación inmobiliaria y de la expulsión de la población trabajadora de la Ciudad. Luego de vender los lotes del barrio vip de Catalinas para engordar el presupuesto local, el gobierno pretende llevar adelante una multitud de proyectos que alientan el encarecimiento del suelo y la privatización del espacio público. Proyectos Entre los proyectos más sobresalientes, se encuentra el traslado de la sede del gobierno porteño y cinco ministerios a Barracas, “un emprendimiento de 250 millones de pesos, para lo cual se pondrá a la venta el edificio del ex Mercado del Plata, unos 15 mil metros cuadrados a metros del Obelisco Porteño” (Ambito, 13/9). La formación de este distrito gubernamental apunta a la valorización de tierras en el sur, lo que ya ha puesto en la mira de los especuladores a los predios donde funcionan los hospitales Borda y Moyano -contra cuyo cierre luchan los trabajadores. El distrito gubernamental es la punta del iceberg inmobiliario. Se pondrá en marcha también un megaemprendimiento -Solares de Santa María- de un millón de metros cuadrados sobre la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. También se encuentra en marcha, en San Telmo, un “centro gastronómico, comercial y cultural que afectará a los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas linderas, de la calle Bolívar, Balcarce y Paseo Colón” (ídem). A esto, se agregan el shopping de Caballito, las construcciones del grupo IRSA, los proyectos de estacionamientos abiertos y un interminable etcétera. Recientemente, la Justicia porteña prohibió la construcción de trece megatorres sobre la avenida Salvador María del Carril, una zona de casas bajas, luego de una intensa movilización vecinal. Del mismo modo, en Caballito se ha extendido un movimiento contra megaemprendimientos inmobiliarios que afectan al barrio y contra la violación sistemática de la ley 2722, la cual prohíbe la construcción en altura en esa zona. Mientras el presupuesto de vivienda se encuentra subejecutado, el gobierno está próximo a endeudarse a tasas usurarias de dos dígitos “por 500 millones de dólares, en parte para pagar las obras públicas en curso” (El Cronista, 13/9). Está más que claro que gobiernan para los especuladores. Casas sin gente y gente sin casas El metro cuadrado en Puerto Madero se cotiza a 4.200 dólares, superando el valor promedio del metro cuadrado en Miami. En algunas áreas del barrio, el metro cuadrado se llega a cotizarse a 7.000 dólares. “La profundización de la crisis económica mundial termina de convencer a muchos inversores”, explica a La Nación (19/9) el presidente de la desarrolladora Gnvgroup. “El que compró en 2008 a 2.300 dólares en proyectos como Zencity, hoy puede vender a 4.000 ó 4.500 dólares” -o sea que se trata de uno de los negocios más rentables del mercado. El carácter especulativo del proceso se confirma en que está “plagado de inversores que compran no para vivir, sino como un refugio para sus ahorros” (ídem). Este fenómeno de casas deshabitadas tiene su correlato en la población que no tiene vivienda. La ex ministra de Desarrollo Social porteña -y vicejefa de gobierno electa- María Eugenia Vidal, admitió pocos días después del desalojo en Parque Indoamericano que: “Estimamos que hay 500 mil personas con déficit habitacional, lo que incluye a las que viven en villas y las que tienen dificultades para pagar el alquiler o que están en condiciones de hacinamiento” (Cadena 3.com, 14/12/10). El ataque a la población trabajadora El encarecimiento del suelo y de los alquileres, sumado a la política represiva del gobierno, empuja a los trabajadores a una situación desesperante. Los datos del último censo indican que la población porteña ha disminuido, lo que revela una política expulsiva del capital contra todo un sector de la población que trabaja en la Ciudad -o sea, la perspectiva de ‘ciudades dormitorio’ para los trabajadores contiguas a una Buenos Aires elitizada. En los organismos que motorizan esta política -Corporación Puerto Madero, Corporación del Sur, etc.- conviven macristas y kirchneristas. Macri avanza ahora en un proyecto de escrituración de terrenos en villas de emergencia a favor de los ocupantes, el que obliga a las familias que se presenten para obtener la escritura de la propiedad a “aportar la documentación que acredite que son los poseedores” (Ambito, 16/9), como si tal cosa fuera simple de conseguir para una familia villera. Pero lo peor es que el proyecto -que apunta a “movilizar una suerte de mercado de viviendas sociales” (ídem), bajo control del IVC- exige a las familias regularizar impuestos y “estar conforme a derecho con sus obligaciones tributarias, con el fisco de la ciudad”. Este proyecto fue aprobado casi unánimemente en la Legislatura. Por último, el proceso de especulación inmobiliaria incluye también la inseguridad obrera. Acaba de fallecer un operario de la construcción en una obra en Caballito y no se trata de un caso aislado. Los obreros no disponen de las condiciones más elementales de seguridad para desarrollar su labor. ABL El panorama se completa con la enorme suba del ABL que anticipa el gobierno porteño para 2012. Para que no queden dudas del carácter regresivo del impuesto, el gobierno de la Ciudad resolvió eximir del pago a empresas de la ‘industria audiovisual’ asentadas en Palermo Hollywood, como Pol-Ka e Ideas del Sur. A su vez, la productora ultra-K PPT está eximida del pago de ingresos brutos, lo que le reporta un ahorro anual de 165 mil pesos. Contra la orientación privatista de Macri, apoyada en la Legislatura por los bloques patronales, levantemos un programa que defienda el desarrollo armónico de la Ciudad, la seguridad obrera y la vivienda popular. No al aumento del ABL Que el precio de los alquileres no supere el 15 por ciento de los ingresos del trabajador. Por un plan de viviendas que cubra la demanda habitacional en la Ciudad, bajo control de las organizaciones sociales. Respeto de las leyes que prohíben la construcción en altura. Formación de comités electos por trabajadores y vecinos que monitoreen la seguridad en las obras en construcción.

Con la libertad del “Pollo” Sobrero se derrumbó otra provocación oficial contra la izquierda y el movimiento obrero independiente del Estado y de la burocracia sindical. La detención de Sobrero no fue un desvarío judicial: en toda su trama se advirtió la mano del gobierno y de su aparato de represión y espionaje contra el movimiento popular (las acusaciones de una persona en situación de calle, vulnerable, contra Sobrero, llegaron a la Justicia a través de elementos de la policía bonaerense). Aníbal Fernández fue el vocero político de la embestida judicial, sin que su accionar fuera jamás desmentido por la Presidenta o algún miembro del gabinete. El kirchnerista Tiempo Argentino desplegó esas inmundicias en su tapa del domingo. La determinación de este operativo político demuestra que tenían la intención de dejar a Sobrero en la cárcel. Si la provocación se vino abajo fue por la conmoción popular generada por las detenciones, que se manifestó frente al juzgado de San Martín y en la marcha masiva concretada horas después a Plaza de Mayo. Sólo después de esas manifestaciones, que dejaron abierta la perspectiva del paro ferroviario, Sobrero fue liberado. Una línea política Que el gobierno haya cargado contra Sobrero y el activismo ferroviario no es una “torpeza” o exabrupto: revela la hostilidad cerril del kirchnerismo para con los luchadores antiburocráticos, y muy especialmente hacia los ferroviarios. Es una línea largamente “trabajada”: de un lado, eximir de la responsabilidad del vaciamiento ferroviario a los privatizadores “amigos”, y cargarle el fardo al movimiento popular. Del otro, proteger a la burocracia sindical ferroviaria -que gerencia ese mismo vaciamiento- y criminalizar a los que luchan contra ella. Fernández ya había acusado al PO y a Solanas de las quemas de trenes del año 2006, sin haber podido presentar nunca una sola prueba de ello. Cuando el PO le inició una querella por esas infamias, se declaró prófugo de las citaciones judiciales. Pero esa saña oficial se redobló después del crimen de Mariano Ferreyra. Desde el primer minuto posterior al crimen, quisieron “compensar” la responsabilidad criminal de la burocracia ferroviaria inculpando a los luchadores (“teoría de los dos demonios”). La posición oficial, expresada por Tomada, fue lamentar “los enfrentamientos”. Dos meses después, Nilda Garré debutaba como ministra de Seguridad, endilgándole al Partido Obrero los desmanes que la burocracia sindical había organizado en Constitución para desarticular la lucha de los tercerizados. La participación de elementos de la burocracia en esa provocación nunca fue investigada, pero cuatro compañeros de Causa Ferroviaria han sido procesados. La inmensa acción popular mandó a la cárcel a Pedraza y a sus secuaces. Pero el régimen asociado a los Pedraza está empeñado en cobrarse esa cuenta a costa de quienes combaten a Pedraza y al derrumbe ferroviario. El significado de la nueva provocación La nueva provocación contra Sobrero se produce en un momento preciso. Por un lado, el régimen que ha rescatado a los privatizadores a costa de subsidios millonarios se ha agotado. Pero el kirchnerismo y sus opositores apuestan a salir del pantano a costa de los usuarios (tarifazos) y de una mayor presión contra los trabajadores del transporte. Este rumbo exige, naturalmente, golpear a sus luchadores antiburocráticos: la detención de Sobrero fue precedida por las patoteadas en la Línea 60 y los ataques de Cristina Kirchner a los delegados del subte. Por otra parte, el aniversario del crimen de Mariano Ferreyra será el escenario de otra gran manifestación popular, mientras salen a la luz las corruptelas de los defensores de Pedraza para volcar a la justicia de su parte. El régimen que nunca ha expulsado a los socios de Pedraza de la gestión del ferrocarril no renuncia a sentar en el banquillo a los enemigos de los privatizadores. El fracaso de esta nueva provocación ha dejado planteada una crisis política. Para una parte sustancial de la opinión pública obrera, popular y progresista (incluso para una parte de los kirchneristas), la provocación contra Sobrero ha sido un plato muy duro de digerir. Exijamos, con ellos, el desprocesamiento definitivo de Sobrero y de todos los luchadores ferroviarios y que se vaya el provocador Aníbal Fernández. La libertad de Sobrero refuerza la convocatoria, para este 20 de octubre, a una gran movilización popular por Mariano Ferreyra, para que sean condenados Pedraza y su patota; para que vayan presos los policías y empresarios cómplices; para expulsar a los privatizadores y burócratas del ferrocarril; para luchar por una nueva dirección sindical y política de la clase obrera.

Publicado en el semanario “Redacción”. Lucio Yazlle, magister en Sociología Rural, es profesor de Etica Ambiental en la Universidad Nacional de Salta, fue dirigente del Partido Socialista Democrático y decano de la Facultad de Ciencias Naturales de Unsa. La izquierda-izquierda está con Jorge Altamira. Por lo que escucho y analizo, particularmente en la universidad, el estudiantado y en general se vota al Frente de Izquierda. Particularmente, votaré por Pablo López en la categoría a diputado nacional. En cuanto a Hermes Binner, su discurso no alcanza ni para ser de centroizquierda. Es que él cosechará más votos, pero Cristina también verá crecer su porcentaje. Lo que pasa es que Binner tiene un mensaje que ni roza a la izquierda y en su gobierno apoyó al campo y frenó leyes controversiales para la Iglesia y para sectores concentrados de la economía. Entonces, para mí el discurso de izquierda está en Altamira. No lo comparto totalmente, pero es así.

Labels Plast es una empresa de etiquetas con un centenar de trabajadores, una parte de ellos mayoritaria encuadrada en gráficos y la otra, en plásticos. Hace dos años, por impulso de un grupo de compañeros, logramos organizarnos y elegir delegados. Las condiciones de trabajo que soportamos son tremendas: no sólo por los salarios de hambre, las categorías rebajadas y los ritmos extenuantes; además, debemos tolerar a un grupo de gendarmes y guardias de seguridad armados dentro de la planta y los atropellos constantes de patrones y jefes que convierten nuestra jornada laboral en un verdadero infierno. A medida que empezamos a plantear nuestros reclamos, la tirantez con la patronal creció. Pensamos que el apoyo del sindicato serviría para contrarrestar esta presión, pero cada vez que propusimos alguna iniciativa, chocamos con los asesores (por ese entonces, los señores Ruiz y Moro, de la sede de Morón). Ellos se encargaron de cajonear cada una de las denuncias que presentamos en el Ministerio de Trabajo y nos recriminaron que hayamos elevado el caso al Inadi. Peor aún, nos desautorizaron para realizar una asamblea cuando despidieron a un compañero (...) Para las elecciones, la patronal desplegó una gran campaña con el fin de desplazarnos: armó una lista propia y repartió premios y castigos para asegurar los votos. Pese a todas las maniobras, logramos retener la comisión interna por un margen importante. Pero lejos de darse por vencida, la empresa decidió redoblar su ofensiva y empezó una cruzada para impugnar los resultados, denunciando que habíamos impedido votar a compañeros cuando la realidad es que se trataba de supervisores. ¡Todos los trabajadores de Labels Plast saben que esto es así! Lo grave es que el sindicato, asociándose ahora sin disimulo a la patronal, hizo lugar a la impugnación y, en forma sigilosa, llamó a una asamblea, de un día para otro, e hizo votar -con la participación de los jefes- una revocatoria de nuestro mandato... Es penoso que un sindicato que impide que los trabajadores realicen asambleas para enfrentar despidos o luchar por el salario, que jamás movió un dedo para denunciar el hecho aberrante de tener a la Gendarmería adentro de un taller, se ponga a la cabeza de una operación abiertamente impulsada por la patronal para sacarse de encima a una comisión interna que no aceptó ser comprada (...) A sólo 24 horas, empezaron los despidos de los compañeros que rechazaron esta porquería. ¡Qué verdadera bancarrota moral la de esta dirección sindical que ataca a los trabajadores en alianza con la empresa, para defender vaya a saber qué beneficio personal! Hacemos saber a todo el gremio y, en particular, a los delegados honestos, que vamos a luchar contra esta porquería con todos los recursos que tengamos a mano (...) Todos los que conocen la trayectoria de la interna de Labels Plast saben que (...) en todo este tiempo respetamos la “organicidad” y seguimos, aun sin estar de acuerdo, las orientaciones del gremio. ¡Y este fue nuestro gran error! Por culpa de seguir al sindicato, terminamos en el desastre actual. Esta reflexión debería ayudar a las muchas internas que, por confusión, se mantienen en la órbita de la Lista Verde y la dirección del sindicato. Hay que romper esa subordinación y encontrar un camino propio.

El lunes 3 de octubre, la conducción empresaria “militante” de Télam prohibió a los compañeros redactores de la sección Política informar sobre la repudiable detención del dirigente ferroviario Rubén Sobrero y las consecuentes movilizaciones obreras que reclamaban su inmediata libertad. Tal actitud, según Martín García, presidente del directorio de la agencia de noticias, obedecía a órdenes del secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina. La indignación de los trabajadores y su responsabilidad profesional hizo que finalmente la empresa retrocediera (mientras miles de trabajadores marchaban a Plaza de Mayo), y con ciertos retaceos la información finalmente salió. Felicitaciones a los compañeros. No es la primera, ni será la última batalla que se libró y que se habrá de librar en Télam en defensa del derecho a la información y contra la censura.

Se trata del ex convencional constituyente por el Partido Justicialista y ex fiscal y juez de la provincia Carlos Arturo Ulibarri, quien manifestó por Aries que hay un hartazgo en gran parte de la sociedad, y que no quiere más de lo mismo. "En vez de votar al justicialismo, al cual pertenezco, voy a apoyar a Pablo López como diputado nacional", sostuvo Ulibarri, y recalcó que se necesita en el Congreso de la Nación una voz nueva y honesta. Dijo que esto no se trata de compartir ideologías, sino de compartir sensaciones y necesidades, y recalcó que el candidato del Partido Obrero tiene un apoyo amplio de distintos sectores profesionales y sociales, y él se plegó a ese apoyo.

Después de pelear duramente contra una larga enfermedad, falleció nuestra compañera Marta Lapides. Marta fue protagonista de primera línea en la recuperación de la comisión interna de UPCN en el Inti de manos de la burocracia, en 1993. Tres años antes, se había integrado a la Lista Naranja (orientada por el PO), cuando ésta presentó una lista nacional antiburocrática opositora a la camarilla de Andrés Rodríguez. Poco tiempo después, se incorporó al Partido Obrero. La gestión de la interna recuperada del Inti forma parte de la mejor historia del instituto y de los trabajadores estatales, por su trayectoria de lucha y la defensa apasionada de la democracia sindical. A tal punto que la tradición de la asamblea general quedó en la conciencia de sus trabajadores asociada a la experiencia de la Naranja. La autoridad de esta interna llevó a la burocracia a un ataque en regla en 2002, un “navarrazo” en el que sus matones, junto a la policía, barrieron con los integrantes de la organización recuperada y, a la vez, montaron un gigantesco operativo de cooptación sobre algunos de sus miembros. De aquella agrupación Naranja del Parque Tecnológico, hubo tres “leones” que defendieron cada pulgada de terreno. Fueron Marta Lapides, Marcelo Kadener -fallecido hace unos años- y Mariela Ugarteche. Es fruto del tesón de Marta, junto a otros, la construcción de la Mutual del Inti, luego expropiada por la burocracia. Marta fue una delegada ejemplar, una militante denodada y, a la vez, una excelente profesional, un hecho reconocido por todos los trabajadores -en contraposición con los descompuestos elementos de la burocracia. En paralelo con la experiencia del Inti, Marta Lapides fue una activista notable del Argentinazo. Constructora y vocera de la Asamblea Barrial de Chacarita, jugó un papel destacado en la recuperación de la fábrica Grissinópoli, que formó parte del vasto movimiento de lucha que ocupó e hizo andar las plantas vaciadas por los capitalistas en la quiebra de 2001/2002. Por allí encontrarán su rostro anguloso y feliz, en las imágenes de la película sobre la fábrica, la cual recorrió y organizó junto al luchador, militante y compañero de fierro de toda su vida: Olegario. Como fruto de esta experiencia, Marta Lapides ocupó uno de los primeros lugares en la lista de candidatos a legisladores del PO en la Ciudad de Buenos Aires, en 2003. Aun afectada fuertemente por la enfermedad, mantuvo siempre una actitud de colaboración y participación en las actividades de su cercano local del Partido Obrero de Palermo. Siempre fue una apasionada lectora de Prensa Obrera. Sus compañeros de trabajo la fueron a despedir masivamente en reconocimiento de esta larga trayectoria de lucha. A su esposo, a sus hijas Paloma y la “Negra”, a su padre Jorge, nuestro abrazo fraternal y nuestro recuerdo. Marta forma parte de la historia que seguimos librando ya sin ella, con esa tenacidad que nos dejó -aunque, eso sí, un poco más tristes.

El sector de la ciudadanía que votó por la reelección de la Presidenta en las recientes “primarias abiertas” es seguramente muy diverso, heterogéneo y hasta contradictorio. Votaron por ella los trabajadores que fueron reprimidos (con cuatro muertos) por ocupar terrenos del Ingenio Ledesma para construir sus viviendas; también votó por ella el dueño del ingenio, el grupo Blaquier, que además recibe millones de pesos de subsidios para la producción de biocombustibles. Esta carta no va dirigida a todos, sino al sector obrero, popular y progresista de esos votantes: ¿qué opinan ustedes de la detención brutal del delegado sindical combativo del ferrocarril Sarmiento, el “Pollo” Sobrero -uno de ellos arrancado de la cama y esposado, como si fuera el asesino de la niña Candela- y sus compañeros, detención que fue apoyada de inmediato por Aníbal Fernández, o sea ordenada por el gobierno nacional que ustedes han votado? El secuestro ‘legal’ de Sobrero y sus compañeros ocurre un par de semanas después de los accidentes criminales en esa misma línea, en el barrio de Flores, que se llevaron la vida de once personas. No hay nadie detenido por ese hecho, a pesar de que abundan los testimonios de fallas graves en la barrera del paso a nivel -o sea de la responsabilidad de los empresarios, que manejan millones de pesos en subsidios sin control. No hay empresarios imputados, procesados ni detenidos, pero sí una cacería de delegados luchadores, quienes viven en sus casas y de sus salarios -y no en Puerto Madero y en casas de lujo, con la plata que roban a las obras sociales. ¿No es claro que el apoyo del gobierno al arresto brutal de los delegados honestos y luchadores, que se ajustan a la democracia sindical con las bases, es un intento de desviar la atención de aquellos accidentes criminales que comprometen a ‘capitalistas amigos’? ¿No es claro que procura desviar la atención del desastre ferroviario y cargárselo a los trabajadores? ¿No es claro, asimismo, que prepara el aumento de tarifas que anunció hace tres semanas el secretario de Transporte, Schiavi, porque los subsidios están sangrando las finanzas del Estado en beneficio de esos ‘amigos’? ¿No es el momento de reflexionar y preguntarse si este gobierno defiende a las patronales y no a los trabajadores; a la corrupta burocracia sindical y no a los luchadores? Pero octubre es también el mes aniversario del asesinato de mi compañero Mariano Ferreyra, por luchar por el pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios tercerizados, por parte de la misma burocracia sindical de Pedraza -la que hoy apoya, como el gobierno, el encarcelamiento arbitrario del “Pollo” y de sus compañeros. ¿No es claro que este ataque contra los delegados combativos del Sarmiento es una tentativa de contrarrestar las movilizaciones que tendrán lugar por este aniversario, así como el reclamo de que Pedraza y sus compinches sean condenados y se someta a juicio, por el mismo cargo, a la Policía Federal y a los empresarios del ferrocarril Roca, los que colaboraron en diferentes medidas con ese asesinato? Esta carta a los sectores obreros, populares y progresistas que han votado por el oficialismo, es para pedirles que reflexionen sobre estos hechos y que nos acompañen -en primer lugar y antes que nada- para repudiar la detención de los compañeros y reclamar por su libertad, y para que el 20 de octubre, cuando se cumpla el primer aniversario del asesinato de Mariano, nos acompañen en la movilización que convocamos a Plaza de Mayo, por el juicio y castigo a TODOS, TODOS los culpables. No podría, sin embargo, terminar esta carta, que tiene por objeto invitar a una reflexión sobre este alevoso ataque a la clase obrera, sin exponerles la conclusión que se desprende de todo esto: el gobierno actual es un gobierno capitalista, no un gobierno de la masa del pueblo, menos un gobierno de trabajadores. Frente a un gobierno capitalista es necesaria una oposición política de izquierda, una oposición entrelazada con el activismo obrero, estudiantil y popular. Por eso hemos construido un Frente de Izquierda. Sin diputados obreros y de izquierda en el Congreso y un Frente de Izquierda en todo el país, la enorme crisis capitalista que se desarrolla en el mundo entero se llevará puestas las conquistas sociales más elementales de los trabajadores y la propia independencia nacional. Buenos Aires, 1º de octubre de 2011

Ya nadie habla de ‘blindaje', ‘desacople' ni de la ‘solidez del modelo': los bancos y los grandes capitales están sacando decenas de miles de millones de dólares de Argentina; la producción industrial ha comenzado a caer y se están cortando las horas extras en las principales empresas; la inflación sigue sin parar. La fábrica Alpargatas, de la localidad tucumana de Aguilares, suspendió a 1.300 trabajadores por diez días, mientras que Fiat Córdoba amenazó hacer lo mismo con 400 obreros. Los especuladores y los monopolios capitalistas se llevan del país los beneficios que obtuvieron con la explotación obrera y con los cuantiosos subsidios o créditos que recibieron del gobierno. Fugan esos fondos para rescatar a sus casas matrices de la quiebra y para prevenirse de una fuerte devaluación del peso. Entretanto, al calor de la recesión mundial, el precio de la soja se ha desplomado en las últimas semanas. ¿Qué hace el gobierno frente a esta sangría y qué plantean los que se dicen opositores? El gobierno está financiando esta fuga de capitales con la entrega de las reservas del Banco Central y de la Anses -¡se está usando la plata de los jubilados y los aportes de los trabajadores a la Anses para rescatar al capital! Los trabajadores estamos pagando la bancarrota capitalista. ¿Qué propone el gobierno de aquí en más? Propone buscar financiamiento en el exterior a la tasa usuraria del 10% anual. El cordobés Schiaretti, el bonaerense Scioli y el porteño Macri ya lo están haciendo con el aval del gobierno de la Nación. Prepara, igualmente, tarifazos -como ya ocurre con la nafta y la electricidad. Apoya a las burocracias sindicales que en 2009 dejaron pasar miles de despidos de contratados y cierres de empresas, como Paraná Metal y Massuh. La llamada oposición apoya estas medidas antinacionales y antiobreras. La factura de deudas y rescates que exige el capital es una carga demasiado pesada para la mayoría que trabaja, la que hoy cobra un salario promedio de 2.800 pesos. El Frente de Izquierda plantea una salida frente a la desorganización económica y la sangría que preparan los capitalistas contra el país y sus trabajadores: 1) ningún despido ni suspensión. Reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores ocupados y desocupados sin afectar el salario. Salario mínimo igual a la canasta familiar, indexado con la inflación, y 82% móvil para los jubilados. Pase a planta permanente de todos los contratados; 2) ningún tarifazo contra el pueblo. Basta de financiar las ganancias de los capitalistas privatizadores: renacionalización del petróleo, el gas, los ferrocarriles y los servicios privatizados para ponerlos a funcionar bajo el control de sus trabajadores; 3) eliminación del IVA y de todo impuesto al salario. Comités obreros y populares de control de precios; 4) impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las ganancias financieras, agrarias e industriales; 5) prohibir de inmediato la remisión de utilidades y dividendos al exterior; 6) cese del pago de la deuda externa usuraria; 7) abrir los libros de las corporaciones económicas y establecer el control obrero; 8) expropiación de los bancos privados y concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado: por una banca nacional única. Nacionalizar el comercio exterior y establecer con sus recursos un fondo para la reindustrialización nacional, vivienda y obra pública bajo control de los trabajadores; 9) cese de la intervención de la Anses, por un directorio electo y revocable por los jubilados y los trabajadores. Para evitar que la crisis la paguen, una vez más, los trabajadores, es necesario luchar para recuperar los sindicatos y las organizaciones obreras que hoy se encuentran en manos de la burocracia sindical, defender a los delegados y activistas antiburocráticos de toda persecución, rodear de solidaridad activa cada conflicto contra las suspensiones, despidos y cierres de empresas. Es necesario poner en pie una alternativa política de los trabajadores en las calles y en el Congreso para evitar que la crisis capitalista se lleve puesta las conquistas sociales de los trabajadores. El 23 de octubre, votemos al Frente de Izquierda y de los Trabajadores 5/10/2011