Prensa Obrera N° 1194

El 18 de septiembre se cumplen cinco años sin Julio López. Cinco años de la desaparición de un ex desaparecido que se sentó ante la Justicia para señalar y acusar a sus captores y asesinos de sus compañeros. Cinco años en los que la política de encubrimiento oficial no cambió, a lo que se ha sumado el más absoluto silencio, como si nada hubiera pasado. El silencio es el mayor encubrimiento y protección a las fuerzas represivas responsables de su desaparición. Por ello, este 18 nos movilizamos desde Congreso a Plaza de Mayo a las 15 horas. Exigimos al gobierno: • Aparición con vida de Julio López. • Castigo a los responsables. • Basta de represión y asesinatos a los luchadores populares.

Luego de que Jorge Macri resultara el candidato a intendente más votado en las primarias de agosto, todo el kirchnerismo ha decidido cerrar filas con el "japonés" García, el radical K que desde hace dos décadas y media es intendente de Vicente López. Detrás de García, no sólo se encolumnó Scioli, que retiró a su propio candidato a intendente, sino también lo hizo Sabbatella, quien bajó la candidatura de Julio Ceresa, referente de la burocracia celeste en Suteba. El candidato a gobernador de Nuevo Encuentro también llama a votar a García, según él para cerrarle el camino a una gestión "facilitadora de negocios privados" (la de Macri). Pero quien ha "facilitado" efectivamente esos negocios en los últimos veinticinco años -no en los próximos veinticino- es García. García es la gestión municipal que puso en marcha el Vial Costero, la movida más audaz de privatización de la costa que se registra en la provincia de Buenos Aires. Tanto el Vial como otros negocios y medidas en favor del capital inmobiliario, por ejemplo las megatorres de Irsa, fueron aprobadas en común por los concejales de García y por los del PRO. Al igual que los presupuestos municipales, los que han postergado las necesidades de vivienda y de salud en el distrito. Que García pueda llevar adelante una oposición a los "negocios privados" que impulsará también Macri es algo que no puede creerse ni el mismo Sabbatella. Sabbatella baja su lista por orden del kirchnerismo. En este caso, para votar el supuesto "antiderechista” que viene gobernando, incluso con palos y gases, para defender los negocios sobre la costa del río. En oposición al programa que defenderán por igual los García o Macri, el Frente de Izquierda plantea: • No al vial Costero. Plan integral de urbanización, que preserve a la costa como espacio público, y por el desarrollo de la vivienda popular. • Fin del trabajo precarizado, pase a planta permanente de todo trabajador que cumpla funciones en el municipio. • No al cierre del geriátrico municipal. La única alternativa contra la privatización de Vicente López es el Frente de Izquierda.

La presidenta Cristina Kirchner criticó duramente, por cadena nacional, a los trabajadores del subte, quienes vienen reclamando -hace meses- que la tarea de carga de las tarjetas Sube y Monedero se modifique, a efectos de evitar las lesiones comprobadas que están provocando en los trabajadores de estaciones. La Presidenta los acusó de corporativos, egoístas, insolidarios y falsos revolucionarios. Semejante diatriba, lanzada desde tan alto nivel, contra una reivindicación justa, no pudo responder a falta de información de la Presidenta. La Secretaría de Transporte -cuyo titular, Juan Pablo Schiavi, atacó a los trabajadores en términos similares- y el Ministerio de Trabajo venían de firmar un acta donde se reconoce el reclamo y se comprometen a resolverlo a la brevedad. Además, se sabe que el trabajo en el subte es altamente insalubre. Calificado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como ámbito de alta siniestralidad, no hace un año el compañero Alfonso, de talleres Constitución, murió electrocutado; las enfermedades laborales -la tendinitis es una de ellas, común también en los conductores - son moneda corriente. Y si la situación no es más grave, se debe a que los trabajadores organizados del subte han puesto un límite a las situaciones más extremas, defendiendo no sólo la salud del trabajador, sino la seguridad del pasajero. No se trata, entonces, de tomarla a la ligera, como lo hizo Cristina, ante una claque de adulones bien pagos, sino de hacerse cargo de la alta incidencia de muertes, accidentes y enfermedades laborales en la clase obrera, producto de la voracidad patronal y la legislación permisiva. No olvidemos que la ley de ART, que privatizó la medicina laboral, rige desde el menemismo y que la UIA mantiene una campaña contra su modificación, porque incidiría en los "costos laborales". La reivindicación, por parte de la Presidenta, de su "padre colectivero", sería más consecuente si se sumara al reclamo de las seis horas de trabajo para los choferes -dada la condición insalubre de la conducción del transporte- al definitivo encuadramiento de la insalubridad en todo el subte y a la eliminación del nefasto régimen de las ART. Pero el discurso de la Presidenta tuvo otro alcance: la defensa del sistema de la tarjeta Sube y del tarifazo que se prepara en todo el transporte a partir del 24 de octubre. Así lo reconoció el propio Schiavi, ante la denuncia de compañeros delegados nuestros -otorgando sentido a las palabras de Cristina, que parecían fuera de lugar y sobreactuadas. Ahora se entiende: se marcha a un aumento generalizado de pasajes en todos los trasportes, a través de la Sube, que se quiere disfrazar como aplicación de tarifas "diferenciadas" pero que, según reconocen, afectará al 90% de los usuarios. La reducción de los subsidios irá al pago a los bancos acreedores de deuda pública y al Club de París, con lo que el aumento del pasaje significará una trasferencia millonaria de recursos desde el bolsillo de la población trabajadora a los capitalistas. Además ¿quién dijo que el aumento es inevitable? No nos consta ¿Qué relación tiene con los costos? Los subsidios a Metrovías aumentaron un 40% respecto del año anterior, mientras los sueldos de sus trabajadores lo hicieron en apenas un 21%. La empresa no pone un peso de inversión; ésta corre a cuenta del Estado. El caudal de pasajeros aumenta constantemente y también todo tipo de explotaciones, como publicidad, alquiler de locales y muchas otras. Tampoco se justificaría por el servicio brindado que, sin competencia, es de pésima calidad, comprobado por organismos oficiales y por los pasajeros que viajan como ganado. Se debe exigir la apertura pública de los libros de Metrovías y las cuentas de la Secretaría de Transporte, para comprobar los costos y revelar el grado de parasitismo de estas intermediarias y luego resolver en consecuencia. Finalmente, tampoco puede ignorar la Presidenta que la libertad sindical, que dijo habernos otorgado, no es tal. La inscripción gremial que realizó Tomada -presente en el acto- desconoce a la AGTSyP derechos elementales y la subordina, a todos los efectos, a la burocracia de la UTA. La Presidenta lanzó una advertencia a los sectores independientes y antiburocráticos del movimiento obrero para que "no saquen los pies del plato". Una modalidad que ya usó ante el Consejo del Salario, donde amenazó sacar por decreto los 2.300 pesos, si Moyano y Yasky no acataban la orden del gobierno. Bastante antes ya había apretado a los petroleros de Santa Cruz y a los docentes en huelga, reprimidos frente al Ministerio de Trabajo. El mensaje es claro: el gobierno está resuelto a meter mano en las organizaciones obreras para garantizar, como sea, la "gobernabilidad", ante las turbulencias económicas y sociales que acechan en el horizonte. Cristina no emplea el mismo tratamiento contra los capitalistas que se están llevando 2500 millones de dólares de las reservas del Banco Central, pero por sobre todo de la Anses -cuyos fondos pagan la deuda usuraria de los bancos quebrados del país y del exterior, en lugar de financiar el 82% móvil que el gobierno le vetó a los jubilados. Tampoco contra empresarios como Roggio, que reciben del Estado subsidios millonarios. Quienes en el movimiento obrero miran para otro lado, o, peor, apoyan esta ofensiva gubernamental y desautorizan medidas tomadas en asambleas soberanas y cuerpo de delegados -como lo hizo la llamada CTA de Yasky en sus comunicados- desmoralizan a los que luchan y "son funcionales" a los que quieren vernos de rodillas. Desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores rechazamos los términos amenazantes del discurso presidencial y su contenido anti popular y de defensa de los intereses patronales. Defendemos la independencia política del movimiento obrero y la democracia sindical asamblearia contra cualquier injerencia del Estado. Luchamos por plenos derechos y personería para la AGTSyP. Estamos comprometidos con la lucha por el 82% móvil, el régimen de insalubridad, la eliminación del régimen de las ART y la nacionalización del transporte bajo control de los trabajadores.

La Anses se quedará con 6.200 millones de pesos del bolsillo de los trabajadores con hijos y de los cesanteados, como consecuencia del recorte del salario familiar por hijo y el seguro del Fondo de Desempleo. El salario familiar sigue atado a la “tablita” menemista de los ‘90, con el agravante de que los topes de esa tablita fueron aumentados después de dos años en 16,7% (de 2.400 a 2.800 para un salario de 270 pesos por hijo), en un 11,1% (de 3.600 a 4.000 pesos para un salario de 204 pesos) y en un 8,33% (de 4.800 a 5.200 pesos para un salario de 136 pesos). Luego de este último importe de 5.200 pesos no se cobra salario familiar. El sistema ha sido virtualmente destruido. La función del salario por hijo es completar una canasta familiar para una familia tipo. En salarios, supongamos de 4.000 pesos, sería necesario un salario por hijo de 1.000 pesos cada uno para acceder a la actual canasta familiar de unos 6.000 pesos. La franja mayor del salario en blanco, de 2.800 a 4.000 pesos, se quedó con una asignación familiar de 204 pesos por hijo, un importe absolutamente alejado de cualquier necesidad de la crianza y educación de un niño. Desde 2009, 600 mil chicos dejaron de cobrarlo, y este año ya dejaron de cobrarlo otros 400 mil que serán muchos más con la entrada en vigencia de las cuotas de las actuales y futuras paritarias, por bajas que sean. Se calcula que 1,5 millones de niños dejarán de cobrarlo desde 2008. Se trata de una confiscación deliberada de un componente del salario, propiedad de toda la clase trabajadora, porque está financiado por un aporte patronal actualizado permanentemente, año a año, con los aumentos de salarios por paritarias. Semejante desactualización de los montos que percibimos los trabajadores, simplemente está operando una confiscación, por parte de la Anses, que este año alcanza 3.900 millones de pesos que hubieran ido a parar a los bolsillos de los trabajadores, solamente si los montos se hubieran actualizado de acuerdo a paritarias, o sea a la recaudación efectiva de la Anses por el concepto. Con el Fondo de Desempleo ha ocurrido lo mismo. Su monto se actualizó por última vez en 2006 y no ha sido tocado ahora, por lo cual quedó clavado en la cifra (descendente, porque se reduce por trimestres) de 400 pesos, cuando de acuerdo a inflación debería estar en 2.000 pesos si su monto inicial del año 1992 se actualizara al día de hoy por inflación. Lógico de toda lógica porque, para sobrevivir, un compañero despedido mientras busca trabajo necesita como mínimo 2.000 pesos. El “ahorro” de Boudou y de Cristina, en este rubro es de 2.300 millones pesos en 2011, porque este ex-beneficio, también está financiado por un aporte patronal específico. Entre salario familiar y Fondo de Desempleo, la confiscación suma 6.200 millones de pesos sólo este año. La confiscación del asalariado no acaba ahí. Con la desactualización de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, 1,5 millones de trabajadores tributan esta gabela destinada a las ganancias patronales y nunca a los salarios, excepto gerenciales, que podrían ser superiores hoy a 15 ó 20 mil pesos. Y no podemos olvidar los 6 mil millones de pesos de deuda acumulada a las obras sociales que el gobierno no paga ni piensa pagar. Es plata también nuestra, que debiera fluir a nuestras familias en forma de salud, hoy crecientemente arancelada mediante los “coseguros” de la atención. Por lo tanto, otro rubro fiscal de financiamiento obrero al pago de las deudas con el capital financiero y a los subsidios a las privatizadas y a los capitalistas. CGT y CTA, dibujadas El golpe económico al movimiento obrero es enorme. Recordemos, además, que el salario mínimo fue fijado a dedo por la Presidenta en 2.300 pesos contra el reclamo de las centrales sindicales. La CGT y la CTA han quedado dibujadas. Yasky se ha quejado por todas las situaciones referidas aunque no tomó posición por nada de todo esto en el Consejo del Salario mínimo. Moyano ha dicho que “si al movimiento obrero se le intenta quitar derechos y avances, va a haber confrontación”. Pero no la hay.

El llamado “capitalismo de amigos” se refiere al entramado de empresas (en algunos casos manejadas por testaferros) que crece al amparo de la obra pública, de las concesiones y de la asociación con empresas existentes en condiciones ‘convenientes’ por medio de la presión del Estado (el caso emblemático es el ingreso de los Eskenazi en YPF). Este maridaje fue bautizado, en su momento, ‘reconstrucción de la burguesía nacional’. Pero ¿cuál es su anclaje internacional? Es imposible que este esquema pueda siquiera plantearse sin un entrelazamiento con capitales internacionales que vinculen el mercado nacional con el mundial. Es aquí donde aparece el protagonismo de los capitales y de los gobiernos de Brasil, China, en parte Rusia e incluso de Canadá. Este esquema aparece también en los llamados países del Alba. Se repite aquí una vieja odisea de las burguesías: las alianzas con las potencias rivales de las hegemónicas o que hayan ocupado ese lugar. Los “hermanos” brasileños Después de la declaración del ‘defol’ en 2001, la inversión directa de origen europeo (dominante en los ’90) y estadounidense disminuyó drásticamente. Tomó protagonismo, en cambio, la de origen brasileño, que hoy participa de un modo significativo en numerosas ramas industriales y de servicios. Petrobras (con fuerte presencia de fondos de inversión internacionales) quedó ubicada en segundo lugar detrás de Repsol-YPF luego de adquirir la vieja refinería de EG3 de Bahía Blanca y su red de estaciones de servicio, así como de realizar sucesivas ampliaciones e invertir en la extracción de crudo y de la petroquímica. La compra de Loma Negra por el grupo brasileño Camargo Correa le dio un lugar dominante en la industria cementera y en toda la industria de la construcción, a lo cual añadió la línea férrea Ferrosur (ex Roca cargas) que también pertenecía a Loma Negra. El emporio Votorantim compró Aceros Bragado (la tercera acería del país), a la que amplió y modernizó. Grupos brasileños también compraron fuerte en la alimentación. JBS compró Swift y otros grupos compraron frigoríficos, mientras Brahma adquirió Quilmes, la cervecera líder, con presencia en el mercado de aguas y gaseosas. Santista compró Grafa y Alpargatas es manejada desde Brasil, lo cual convierte a la industria textil argentina en satélite de capitales brasileños. También desembarcaron las grandes constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez, que junto con Camargo Correa están ganando presencia en las grandes obras. Un caso emblemático es el de minera Vale do Rio Doce, una de las más grandes del mundo, con fuerte presencia de fondos internacionales. Vale le compró el gigantesco yacimiento de Potasio Río Colorado a la inglesa Río Tinto hace dos años. Río Tinto fue presionada a vender, porque ni el gobierno nacional ni el kirchnerista de Mendoza le aprobaban la declaración de impacto ambiental. Una vez a cargo de Vale, los certificados salieron por un tubo. El proyecto de Potasio Rio Colorado está dirigido enteramente al mercado agrícola brasileño, que será su único consumidor, dado que, por el tipo de suelos, el campo argentino utiliza fosfatos o nitratos, pero no potasio. La construcción del complejo de Vale (más de 4.000 millones de dólares de inversión) tendrá como protagonistas a Odebrecht asociado a Techint y Andrade Gutiérrez. Camargo Correa, por su parte, a través de su controlada Ferrosur construirá una línea férrea especial para transportar las sales de potasio desde el yacimiento, al sur de Mendoza, hasta Bahía Blanca. También hay que tener en cuenta los acuerdos de Embraer para proveer de aviones a las flotas de Aerolíneas y Austral, y adaptar las instalaciones de la vieja Area Material Córdoba para dar servicio y repuestos a esos aviones. Para completar la trama, se instaló con fuerte presencia el Banco Itaú, uno de los más grandes de Brasil, y recientemente el Banco do Brasil compró el Patagonia. Los chinos vienen comprando... Capitales chinos compraron hace unos años la mina de hierro de Sierra Grande, la ex Hipasam. Hace un año, el gigante petrolero asiático CNOOC compró el paquete mayoritario de Bridas, lo cual dejó a la familia Bulgheroni en condición minoritaria. Antes, British Petroleum, golpeada por los derrames en el Golfo de México y por el acoso del gobierno K al capital británico, había vendido su participación en Pan American Energy a Bridas, lo cual posicionó a los chinos en PAE. PAE es la beneficiaria de la concesión de Cerro Dragón, en las cercanías de Comodoro Rivadavia (Chubut), que fue prorrogada por 40 años y también explota yacimientos en el norte santacruceño, con lo cual CNOOC se convirtió en uno de los principales productores petroleros del país. Con la reciente compra de la red de estaciones de servicio y la refinería de la Esso en Campana, por parte de Bridas, los chinos se aseguran una posición protagónica vertical en todo el negocio petrolero. Los chinos también están explorando en importantes yacimientos de cobre en San Juan y están negociando fuertes inversiones en tierras en la provincia de Río Negro. Los chinos también están anotados en las provisiones de material ferroviario y de subtes. La crisis financiera internacional está dificultando la determinación de las condiciones del crédito para estos proyectos. Los canadienses La presencia de capitales canadienses es dominante en la minería argentina, especialmente a partir del gobierno de Kirchner. A la instalación de la Barrick Gold en San Juan, en 2004, con su proyecto Veladero, siguió la construcción de Pascua Lama, el megaproyecto binacional en la frontera con Chile, a pocos kilómetros de Veladero. Ambos proyectos extraen oro a costos bajísimos, mientras el precio internacional bordea los 1.900 dólares la onza (estaba a 400 cuando comenzó a construirse Veladero). Los canadienses de Goldcorp, por su parte, concretaron el año pasado la más importante adquisición del mercado minero argentino. Pagaron 3.500 millones de dólares por el yacimiento de Cerro Negro, en el norte de la provincia de Santa Cruz, que será la principal mina de oro subterránea del país (hoy en construcción). Los K están directamente asociados a estos proyectos, como ocurre con Fomicruz, en la provincia respectiva, o a través de empresas satélites en los otros proyectos. De ahí la cerrada oposición de los K a la ley de protección de los glaciares. Goldcorp es socia con el 37,5% de Alumbrera, en Catamarca, y junto a sus socios acaban de comprarle el proyecto de Agua Rica a Yamana, otra firma canadiense (véase recuadro). Firmas canadienses como Silver Standard y Pan American Silver explotan las minas de plata de Pirquitas (Jujuy) y Manantial Espejo (Santa Cruz). PAS es, además, dueña del yacimiento Navidad en Chubut, el principal yacimiento de plata descubierto en el país y diez veces mayor que Manantial Espejo. También los canadienses están creciendo en la industria nuclear argentina. Hace diez días, Julio de Vido anunció las tareas de remodelación y prolongación de la vida de la central nuclear de Embalse, que incluye contratos con firmas canadienses por más de 400 millones de dólares, las dos Atuchas se hicieron con tecnología alemana No debe extrañar, entonces, la destacada presencia de Cristina en el almuerzo ofrecido por el presidente de Barrick Gold, Peter Munk y los demás líderes mineros canadienses, durante su visita a Canadá durante un G20 el año pasado. En estos días, “la Cámara de Comercio argentino-canadiense, conjuntamente con la Cámara de comercio argentino-británica (convocaron) a un almuerzo de trabajo con Hermes Binner, candidato a presidente de la nación” (Newsletter Geonavitas, 2/9). Grietas en la pared El entramado de lazos internacionales -a expensas de Estados Unidos y Gran Bretaña- no está exento, sin embargo, de roces y choques. Techint -principal fabricante de tubos y aceros planos del país, con fuertes intereses en Brasil (es dueña de Confab)- está amenazada por la presión china para exportar sus propios tubos. Los próximos gasoductos (el del NEA en especial) prometen ser un territorio de disputas entre Tenaris y los chinos. Techint también pretende establecer algún acuerdo con los brasileños para “blindar” al Mercosur de la ofensiva china en acero (que es denunciada por ‘dumping’). Los roces con europeos y yanquis van a reanudarse. La Shell, después de Esso, está a punto de vender su refinería y red de estaciones de servicios. Los franceses dejaron el negocio del agua hace unos años y no lograron concretar los negocios ferroviarios (tren bala). El ‘modelo’ K está muy lejos de ser un proyecto “autónomo”. Es más bien un proyecto entreguista, que reserva para la ‘burguesía nacional’ las migajas del festín.

El primer "acto de gobierno" de Mauricio Macri, luego de su triunfo en la Ciudad, ha sido tomar revancha contra los trabajadores del teatro Colón. Una huelga de cuatro meses obligó al directorio a otorgar un aumento sectorial de casi el 40% (lo que reclamaban los trabajadores) por encima del 25% otorgado a todos los municipales. Los planes de desguace y privatización buscaban convertir al Colón en una sala de alquiler y minar las bases de la producción propia del teatro. La represalia patronal se manifestó en las demandas millonarias contra los delegados de la Junta Interna, que tuvieron que ser "cajoneadas" como resultado de la continuidad de las movilizaciones. Luego de las elecciones porteñas, sin embargo, aparece el pedido de cesantía y desafuero de los miembros de la comisión interna de ATE y de un activista destacado, además de la apertura de 17 sumarios contra reconocidos activistas. Las cesantías de los delegados requieren su desafuero gremial. Pocos días después del anuncio de las cesantías y pedidos de desafuero, los trabajadores le arrancaron a ATE una movilización masiva. En las funciones del Colón, las orquestas se manifestaron públicamente contra la persecución y fueron ovacionadas por los espectadores. Lo mismo ocurrió en salas del interior del país. La directiva no está a la altura Los delegados de ATE del Colón mocionaron una nueva movilización a la Jefatura del Gobierno porteño y al Ministerio de Trabajo. La moción fue rechazada por la directiva, que sigue la línea de parálisis y aislamiento que mantuvo durante los cuatro meses de huelga. El gobierno nacional, que usó el conflicto para hacer propaganda anti-Macri antes de las elecciones, ahora mira para otro lado. Es necesario desplegar una enorme campaña de apoyo a los trabajadores y por la defensa de un teatro Colón con producción propia. Una gran campaña que ya cuenta con el respaldo de los intelectuales del Frente de izquierda y debe asociarse a los sectores combativos del movimiento obrero, a la juventud de los centros de estudiantes, a los artistas, hasta hacer de la defensa del Colón una causa popular. En esa tarea están empeñados los delegados y la Bermellón de ATE.

“Ya avisó: no está dispuesto a caer solo” (La Nación, 9/9). Sergio Schoklender, en efecto, ha lanzado públicamente un operativo de extorsión ante la posibilidad de quedar detenido por la estafa cometida por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con dineros públicos. Es una extorsión mafiosa que golpea, con toda su porquería, muy cerca de la línea de flotación de un gobierno corrompido hasta los huesos. Y ha logrado un primer éxito: el juez Norberto Oyarbide, después de permanecer largamente sentado sobre el expediente, reactivó la causa aunque, de todos modos, nada se resolverá hasta después de las elecciones de octubre. En principio, un escrito presentado por Schoklender en el juzgado se refiere a contratos de su empresa Meldorek con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el intendente de Tigre, Sergio Massa; el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el de Buenos Aires, Daniel Scioli. También dice que en los aviones de Meldorek viajaban la ministra de Industria, Débora Giorgi, Capitanich y Pablo Moyano. En otra parte de su denuncia, Schoklender señala que la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra, ejecutó operaciones inmobiliarias por 470 mil dólares, que compró una vivienda en 300 mil dólares y un departamento en 90 mil, que luego vendió en 20 mil... a Meldorek. También habla de cuentas aún activas de Madres en el exterior, y advierte que tiene “mucho más para decir”. Sobre todo, Schoklender apunta contra el ministro de Planificación, Julio de Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; y el de Vivienda, Abel Fatala. Ese es el punto más sensible en este caso para el gobierno K. Al mismo tiempo, Schoklender admitió que Meldorek es suya, pero, según dijo, repartió las acciones entre sus socios Alejandro Gotkin y Gustavo Seventich, “y otros que van a causar sorpresa”. Esa amenaza debe haber alterado la digestión de más de uno en el gobierno. Porquerías conocidas Las denuncias de Schoklender, sin embargo, sólo remueven porquerías conocidas. La primera, que el gobierno nacional envió 765 millones de dólares a las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas y centros de salud. Ese dinero, en gran parte, fue desviado, malversado, robado, sin que el Ministerio de Planificación -responsable de controlar su manejo- abriera la boca. Aunque por un monto menor, el sayo le cabe también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri. Incluso, Planificación firmó certificados falsos de avance de obra, que daban por hechos trabajos que no se habían ni empezado, para, de esa manera, habilitar nuevos giros de dinero. Véase en qué ha transformado la cooptación política del Estado a una institución histórica de defensa de las libertades, como Madres de Plaza de Mayo: en una empresa corrompida, que debe ser defendida de los reclamos de sus obreros por la Guardia de Infantería de la Policía Federal.

Tal como se había anunciado en marzo, pocos días antes de la elección catamarqueña, los dueños mayoritarios de Alumbrera (la suiza-australiana Xstrata y la canadiense Goldcorp) confirmaron la compra del proyecto de Agua Rica a su socio minoritario, la también canadiense Yamana, que hasta entonces era la propietaria del 100% del proyecto. De ese modo, se confirma lo que señalamos en su momento. Agua Rica se va a llevar adelante sacando el mineral en el yacimiento ubicado a 35 kilómetros en línea recta de Alumbrera con una cinta transportadora que atravesará la montaña. De ese modo, podrá utilizar las instalaciones de proceso de Alumbrera. Esto incluye el dique de colas y el mineraloducto que lleva el concentrado hasta Tucumán y la planta de filtrado. Alumbrera, que comenzó sus operaciones en 1997 y tiene previsto culminarlas hacia 2017, encuentra de este modo una prolongación de su vida útil de por lo menos 25 años y con una producción de cobre anual mayor que la actual. Si, además, tenemos en cuenta que el precio del cobre desde que comenzó a operar se multiplicó por más de cuatro, los beneficios que obtendrá serán descomunales. Pero hay que tener en cuenta que tanto Alumbrera como Agua Rica operan como concesionarias del Ymad, empresa estatal minera que además de explotar Farallón Negro (en la misma zona de las otras dos) es la titular de sus terrenos. Alumbrera funciona como una UTE con el Ymad y, según el contrato de concesión, las instalaciones deberán quedar en manos del Ymad cuando se finalice la operación. Con la triquiñuela de prolongar la vida útil artificialmente (es, en realidad, un nuevo proyecto) Ymad se ve privado de lo que le corresponde, que pasa a manos de los pulpos.

El gobierno de Macri acaba de anunciar su intención de trasladar en el lapso de tres años cinco ministerios y distintas oficinas públicas del Estado (hoy situadas en el Edificio del Plata, el cual sería vendido) al interior del hospital Borda, en un sector de tres hectáreas, hoy "inhabilitadas". El anuncio de Macri blanquea un "viejo" proyecto que se remonta a la gestión de Ibarra: la transformación de la zona sur de Barracas -donde se encuentran ubicados varios neuropsiquiátricos- en favor de negociados inmobiliarios. A diferencia del (abortado) Plan de Salud Mental en 2008 -donde Macri había anunciado el cierre directo de los neuropsiquiátricos y su reemplazo por once centros de internación y un centro de evaluación-, y que generó un contundente rechazo de los trabajadores, profesionales y usuarios de la Salud Mental, esta vez el Gobierno de la Ciudad se adelantó a afirmar que "el Borda no será cerrado". Según los funcionarios, el traslado de las oficinas sería el puntapié inicial para la construcción de un "Centro Cívico" que insumiría una inversión aproximada de 250 millones de dólares. El "cinturón verde del sur" (un viejo anhelo de la Corporación Buenos Aires Sur desde la época de Ibarra y Telerman) entraría dentro del proyecto. "Las propiedades en la zona se valorizarán desde los actuales 900 dólares el metro cuadrado a unos 1.600, cuando se traslade allí la sede del gobierno" (Página/12, 8/9). En el caso del Borda, en las tres hectáreas a ocupar funcionaba antiguamente la morgue y es donde hoy están ubicados los Talleres Protegidos (que serían retrasladados). El Centro Cívico resultará ser un "caballo de troya", para ir acorralando al Borda paulatinamente, hasta conseguir su traslado definitivo dentro de algunos años. Nadie podría imaginarse, en el cuadro social actual y frente al derrumbe de la salud pública en la Ciudad, la convivencia "armoniosa" de los neuropsiquiátricos con una zona que costará, al menos, 1600 dólares el metro cuadrado. Los sindicatos y asociaciones profesionales, que hasta ahora no se han pronunciado, deben discutir un plan de acción inmediato para enfrentar esta nueva escalada contra el Borda.

Definitivamente, la presidenta Cristina Kirchner ha cambiado su discurso, aunque no de política. Si durante el conflicto agrario, en 2008, llamaba desde la tribuna a evitar la sojización del país, ahora se ha transformado en una impulsora directa del “poroto”. Según acaba de anunciar en Tecnópolis, espera para 2020 que la cosecha se incremente en un 50%, llegando a los 150 millones de toneladas, y que la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo tengan un incremento de la misma proporción. Hasta el sojero Nº 1 del país, el periodista Héctor Huergo, festejó que la Presidenta se sume a lo que él denomina la “segunda revolución de las pampas”. El “plan agropecuario” que se acaba de anunciar viene al dedo para analizar el proyecto de “ley de tierras” del gobierno. El proyecto pone un techo de 1.000 hectáreas a las nuevas propiedades de extranjeros y un límite del 20% del territorio que pueda estar en manos foráneas. La lista de grandes propietarios extranjeros que se vieron beneficiados con la política K quedan afuera del marco de la ley: los Benetton, con su millón de hectáreas en la Patagonia, la aseguradora yanqui AIG, que posee en Salta 1,5 millón de hectáreas (el 7% de la provincia), la chilena Arauco, asociada a capitales argentinos, que tiene el 6% del territorio de Misiones, o el empresario de Estados Unidos Douglas Tompkins, quien posee territorios con recursos naturales vinculados con el agua -tanto en la Patagonia como en los Esteros del Iberá en Corrientes, incluido el Acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo. La lista es interminable y no sólo tiene a la familia Bush con 30 mil hectáreas en Córdoba, sino a los principales monopolios mineros del mundo, los que poseen el 91% de los emprendimientos en ese rubro del país, la mayoría de ellos en zonas fronterizas de los Andes o a través de la Cordillera. La nueva ley no afecta “la seguridad jurídica de las inversiones”. Esas tierras, en general, están pagadas a precios de remate y en zonas reclamadas por comunidades originarias y campesinas. Se estima -aunque los cálculos difieren significativamente- que la cantidad de tierras en manos extranjeras es del 10% del territorio -la mitad de lo que autoriza la propuesta que llegó al Congreso. El proyecto, por otro lado, excluye de la norma a los extranjeros que se asocien a capitales nacionales hasta un 49% del capital. Se trata apenas de una formalidad, pues bastaría que el capital extranjero financie con créditos el desarrollo del proyecto compartido para convertirse en el dueño privilegiado de la asociación. Es claramente lo que busca el proyecto, pensando en el ingreso de capitales de China, como acaba de ocurrir con una asociación comercial con productores de Río Negro (330 mil hectáreas), enteramente financiado por capitales de China para exportar la totalidad de la producción a ese país. El pretexto de la “extranjerización” sirve como pantalla para ocultar la expansión de los grandes capitales financieros en el agro, los que contratan los servicios del campo (siembra-cosecha) o alquilan los lotes que les interesan. Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores propietarios y arrendadores de tierras, acaba de plantear, precisamente, la necesidad de ampliar el plazo mínimo de los arrendamientos a cinco años y de eliminar el “arriendo accidental” (La Nación, 13/9). La Federación Agraria ha advertido hacia adónde apunta el proyecto agrario: “por el camino actual, podremos llegar a los 160 millones de toneladas, pero con miles de chacareros que quedaron en el camino... y un puñado de pooles de siembra y grandes empresas mantendrán su situación dominante”. Hay que añadir a esto que las grandes propiedades agrarias pagan impuestos inmobiliarios sobre valores fiscales que equivalen al 15% del valor de mercado de la tierra. La oposición patronal no rechaza el proyecto. El peronismo federal, la UCR y Binner ya han consensuado con el gobierno excluir de las restricciones a los capitalistas extranjeros que tienen residencia en la Argentina. Binner tampoco plantea prohibir la compra por extranjeros de tierras con recursos naturales, como fuentes de agua, sino sólo su “protección”. El proyecto tiene una elevada dosis de demagogia, en la búsqueda de mantener la iniciativa en un período electoral. Por otro lado, procura mantener la presión sobre los capitalistas, en el marco de la crisis mundial, con la advertencia de una ‘profundización del modelo’. Al precio actual de la tierra, determinado por el elevado precio de la tierra y la bajísima tasa de interés, a nadie le interesa comprar los campos. La aprobación de la ley consolidaría los ‘derechos adquiridos’ de los actuales poseedores foráneos de tierras y de la oligarquía local que se ha apropiado de tierras fiscales y expropiado a los campesinos. Lo que está planteado en lo inmediato, precisamente, es la revisión de todas las compras de tierras de las dos últimas décadas por los grandes propietarios -sean extranjeros o locales- y la aplicación de impuestos rurales progresivos sobre el valor venal de la tierra.

El terrible choque y descarrilamiento en la estación Flores, con su secuela de muertos y heridos, tiene un responsable directo que es la concesionaria TBA. Las cámaras de seguridad muestran una prueba irrefutable: la barrera no funcionaba. El concesionario era perfectamente consciente de ello, por eso envió un banderillero. Pero no mandaron a los que debían repararla, ni se preocuparon en constatar la presencia permanente de una persona junto a la barrera rota -incluso en una hora de intenso tráfico. Los concesionarios no hacen mantenimiento alguno del ferrocarril, como lo demuestra el vaciamiento de los grandes talleres. Embolsan todos los subsidios, tercerizan, incluso con miles de trabajadores efectivizados, y no se ocupan del mantenimiento de vías, de formaciones y, mucho menos, de la seguridad ferroviaria. El uso de barreras con chicharra en las cercanías de las estaciones es una aberración. La chicharra suena 700 metros antes del paso del tren y 30 metros después de que pasa. Si la estación queda dentro de ese radio, la espera puede ser interminable, pues hay que aguardar la desaceleración del tren, que bajen los pasajeros, que asciendan los demás y, en el medio, puede haber un cruce de trenes. La situación en la estación de Flores se repite, en forma agravada, en Morón, Haedo o Moreno. La chicharra es un ahorro para el concesionario, pues elimina al guardabarrera que garantiza el funcionamiento manual de la barrera. Por cada chicharra se ahorran tres turnos de un operario. La falta de mantenimiento de las chicharras y de las barreras es total. El gobierno nacional tiene una enorme responsabilidad en estos accidentes. La obra de fondo que podría evitarlos es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, o simplemente hacer pasos bajo nivel. Las dos cosas han sido largamente postergadas. El kirchnerismo "licitó" y anunció el inicio del soterramiento en repetidas oportunidades, pero su ejecución aún se encuentra en veremos. Los Kirchner y Macri han privilegiado en la Ciudad las obras con fines inmobiliarios y expulsivos, y postergado indefinidamente esta obra necesaria. No está de más recordar que la gestión del ferrocarril, pero principalmente los órganos estatales a cargo de "seguir" las obras de mantenimiento y las inversiones, continúan en manos de agentes directos de José Pedraza. O sea, la burocracia sindical que hace negocios con los privatizadores ferroviarios. Las consecuencias de esa gestión se vieron hace unos meses, con el accidente del FFCC San Martín, asociado también a la falta de mantenimiento. Ahora, se suceden los descarrilamientos por el pésimo estado de las vías y ha entrado en colapso la vieja señalización inglesa, pero siguen los Antonio Luna y los Schiavi, aliados a los privatizadores, en la gestión del ferrocarril. Los voceros de TBA se han apresurado a cargar las culpas en el chofer del colectivo 92, quien, por otra parte, falleció a causa del accidente. Los videos, sin embargo, son contundentes al mostrar la barrera semiabierta. Reclamamos una investigación exhaustiva del accidente de Flores, con participación de representantes obreros y de los usuarios; la eliminación inmediata de todas las chicharras en el tejido urbano y su suplantación con guardabarreras en todas las estaciones. El cese inmediato de la concesión a TBA; la expulsión de los agentes de Pedraza de la gestión ferroviaria. Necesitamos, de una vez por todas, la renacionalización de los ferrocarriles bajo gestión de trabajadores y técnicos electos, para impulsar un inmediato plan de reinversión y reconstrucción del sistema ferroviario. Es urgente que todos los trabajadores del transporte trabajen seis horas con el mismo salario, por trabajo insalubre.

El Plan Estratégico Agropecuario (PEA), anunciado por CFK con toda pompa desde Tecnópolis, fue presentado como el fruto de una elaboración que abarcó 53 universidades, 24 complejos productivos y 470 escuelas agrotécnicas. Se plantea allí un aumento, durante la próxima década, del 58% en la producción de granos, del 70% en la de carnes y del 100% en el monto de las exportaciones agroindustriales y agroalimentarias. El informe no dice una palabra de cómo llegar a esas metas, aunque alude a la “revolución científica y tecnológica del agro”. Clarín (7/9) dice: “Varios exponentes de la industria de semillas no disimularon su satisfacción cuando escucharon el panegírico a la transgénesis, la clonación, la aprobación reciente de varios eventos biotecnológicos y el impulso a más de 200 (eventos) ya desregulados para investigación”, como a la producción y exportación de semillas y maquinaria agrícola. Según el editorialista de temas agropecuarios de ese diario, las palabras de la Presidenta “implican lisa y llanamente un giro copernicano” (10/9). La Nación reconoce “que hay un plan” (10/9). Antes del PEA El camino previo al PEA estuvo pavimentado de gestos y concesiones hacia los dos polos extremos de la cadena de valor del capital agrario: químicas y biotecnológicas, por un lado; exportadoras, por el otro. “Brasil apretó el acelerador en la carrera biotecnológica tanto que ahora, el Ministerio de Agricultura de Argentina acaba de anunciar un nuevo marco regulatorio para la aprobación de transgénicos que tiende a acelerar los procesos en el país” (El Cronista, 6/9). De este modo, Monsanto introducirá en el país la soja que Brasil estrenará este año (BTRR2Y), la que garantiza un mayor rendimiento y contiene un gen resistente al herbicida glifosato de su primera soja. “Desde la compañía son optimistas de que, mediante un acuerdo con los productores y la industria semillera en general, podrán cobrar por su investigación, no como la primera vez” (ídem), cuando debieron desistir de cobrar regalías en forma compulsiva por esta tecnología. Luego de este conflicto, Monsanto se concentró en el maíz, un grano que los productores no pueden reproducir en el campo obteniendo una semilla idéntica, por lo que la patente se paga con cada compra de semillas. Cuando le preguntan al vicepresidente de Monsanto en Latinoamérica si van a poder cobrar patentes, responde: “Falta un marco acordado para que haya control y en esto estamos avanzando con la Asociación de Semilleros Argentinos” (El Cronista, 27/6). La ley de promoción de biocombustibles estableció la mezcla obligatoria para el gasoil y las naftas con biodiesel y bioetanol. La producción de biodiesel depende casi exclusivamente de la soja y ha tenido un crecimiento exponencial, con 18 plantas instaladas por los pulpos exportadores o aceiteros. El capital agrario, por su lado, se queja de “que el cartel comprador (exportadores) encuentre otro camino para no pagar el precio real a un importante volumen de las operaciones de la oleaginosa” (La Nación, 8/1). La política oficial está dictada por este complejo social en el que actúan pools de siembra y fondos que agrupan, a la vez, a grupos económicos proveedores y exportadores de maquinaria agrícola y materias primas -semillas, agroquímicos, fertilizantes (industria química y biotecnológica), junto a los históricos exportadores de cereales. Son los que se llevan la parte del león de los ingresos extraordinarios generados por “el campo” quienes tuvieron asistencia perfecta en el lanzamiento del Agropecuario y han comenzado a “ir por más”. Una plataforma de reclamos Para Miguel Calvo, de la Asociación de la Cadena de la Soja, todo “es muy positivo”, pero las retenciones siguen siendo “un impuesto inequitativo y riesgoso, porque termina confiscando al capital”. Para Santiago del Solar, presidente de la Asociación Maíz Argentino, (Maizar) es imperioso “que se pueda exportar... acceder al desarrollo tecnológico y tener mercados transparentes y abiertos” (La Nación, 7/9). El editorialista de Clarín añade que “la presión gubernamental por el control de precios internos vía freno a las exportaciones” es el lugar en el que “se sospecha, naufragarán las ilusiones generadas por un discurso que, indudablemente, sacudió al agro”. Desde el lugar del capital agrario, Hugo Biolcatti, de la Sociedad Rural, denunció “una concentración cada vez mayor” y Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, como un eco, pidió definir “cuál va a ser el sujeto agrario de la próxima etapa (porque) un puñado de pools de siembra y grandes empresas se quedarán con la renta del campo” (citas de La Nación, 7/9). La producción de granos por empresas que alquilan los campos (o sea los ‘pools’) ha subido al 80%. Quizá por esta explosión de reclamos el proyecto de extranjerización de la tierra ha entrado en un impasse que puede ser prolongado. El Plan Agropecuario del gobierno de CFK plantea la perspectiva del gran capital financiero/industrial/exportador.

Rápidamente, todo el armado de la causa por el crimen de Candela Rodríguez empieza a caerse por su propio peso. Según dicen los diarios, el gobernador Daniel Scioli había pedido explícitamente que no se detuviera a personas que luego debieran ser liberadas por falta de mérito, pero eso es lo que está ocurriendo. Por el momento, la mayor de las certezas ofrecidas por la "investigación" es que uno de los testigos fraudulentos que inventaron, si es que existe, terminará preso por falso testimonio. El otro "testigo", que aceptó entrevistas periodísticas y dijo llamarse "Pedro", denunció ante la prensa que su testimonio fue manipulado y que le tomaron la declaración en su casa, donde lo mantuvieron esposado durante cuatro horas. Todo es descabellado, un dibujo absurdo. No tiene casi antecedentes en la historia mundial de los secuestros que un secuestrador use su propia casa para tener a la víctima y que, además, la pinte mientras su víctima está adentro. La policía tiene un testigo que tendría superpoderes: vio cuando se llevaban a la nena, la vio pasear por la calle con su victimario mientras el mundo la buscaba, la escuchó pedir auxilio y hasta vio un pelo negro que pendía de una uña de uno de sus denunciados. También tendrían superpoderes los que obtuvieron un resultado de ADN en apenas unas pocas horas y, seguramente, los tendrán los policías "científicos" que hicieron sobre la camioneta de uno de los detenidos ese peritaje apto para todo público, en la plaza de Villa Tesei. Ahora bien ¿qué busca ocultar la policía, qué pretende encubrir con esta farsa? Simplemente, a sí misma. Veamos un ejemplo que sirve para ilustrar el asunto. Una tía política de Candela, María Alejandra Romagnoli, hace poco más de dos meses "fue secuestrada por un grupo de hombres armados con FAL y vestidos con chalecos policiales. Aparentemente, la banda estaba integrada por policías y delincuentes comunes; en el mismo golpe fue secuestrado un conocido dealer de la zona conocido como ‘Pimeteco', que es pariente de Romagnoli" (La Nación, 11/12). En la zona de Villa Corea hubo por lo menos ocho secuestros de ese tipo en poco más de sesenta días y sólo uno fue denunciado. Seguramente, hubo bastantes más. "Pero no sólo se habla de bandas mixtas en Villa Corea; el fenómeno se extiende a lo largo de toda la jurisdicción y -según fuentes que trabajan en inteligencia criminal- las sospechas alcanzan a jefes de la fuerza bonaerense" (ídem). Entre todos los múltiples negocios delictivos a los que se dedica, la Bonaerense ha descubierto uno particularmente rentable. Como los narcotraficantes se secuestran entre ellos y se liberan a cambio de pagos en dinero y/o partidas de droga, la policía ha decidido copar la parada y ocuparse ella misma de ese rubro: secuestrar a delincuentes que, por su carácter criminal, no pueden presentar denuncias. Por ese oficio, los señores cobran suculentos rescates en plata o en droga, o en ambas cosas a la vez. Si, como se sospecha, el secuestro de Candela forma parte de esa actividad, una investigación seria puede poner a la luz buena parte de ese entramado hediondo. Una crisis política El crimen de Candela quebró la tregua precaria entre el gobierno nacional y el provincial. Desde que la Presidenta la puso al frente del Ministerio de Seguridad, Nilda Garré fue una de las puntas de lanza contra Scioli y hasta tomó parte, personalmente, en la campaña de Martín Sabbatella. No es casual que, ahora, bombardee al gobernador con informes sobre los fraudes evidentes cometidos en el caso Candela. Sin embargo, tampoco el gobierno nacional puede librarse del sayo. Por eso no va a fondo y los informes son "reservados", aunque se filtran a la prensa. Después del circo mediático que se organizó alrededor del caso, ahora, cuando Candela está muerta, la Casa Rosada y La Plata prefieren el silencio. Pero, puertas adentro de los despachos, la crisis se desarrolla y amenaza con voltear a más de uno. Por ejemplo, la agencia Noticias Argentinas informa sobre una reunión en la casa de gobierno entre el secretario de Legal y Técnica, el "halcón" K Carlos Zannini, con Emilio Pérsico y Fernando Navarro, del Movimiento Evita. No fue precisamente un encuentro de amigos, dice esa agencia. "A esa altura -dice la agencia- ya era vox populi el rumor de que Carola Labrador, la madre de Candela, militaba en el Movimiento Evita de Hurlingham". El padre de la criatura K, Eduardo Duhalde, sabe en persona hasta qué punto la mafia policial de la provincia puede llevarse puesto a un gobierno. Se necesita impulsar la constitución de comisiones independientes, compuestas por vecinos movilizados y por organismos de derechos humanos, para investigar el caso de Candela y otros similares para terminar con esta pudrición.

La convocatoria a una nueva movilización a la Embajada israelí por parte de diversos sectores, al cumplirse pocas semanas del brutal ataque sionista contra Gaza y en la frontera con Egipto e Israel, se convirtió en una verdadera pueblada. Luego de una movilización previa por los bombardeos a Gaza, que finalizó con el ingreso de un manifestante a la sede diplomática, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSAF) levantó un muro de cien metros de largo y 2,5 de alto alrededor del edificio, para evitar una repetición. En la nueva movilización, los manifestantes portaban martillos, cadenas y otros elementos para derribar el muro. La protesta exigía la ruptura de relaciones y el fin de la impunidad del aparato represivo en Egipto. Los manifestantes derribaron una parte del muro y un grupo de ellos ingresó al edificio, desde donde lanzaron cientos de documentos confidenciales que iban encontrando. El intento de disolver la movilización produjo una verdadera batalla campal, con el saldo de tres muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Durante los últimos meses, cada intento de las fuerzas de seguridad por disolver una movilización popular derivó, casi inevitablemente, en enfrentamientos callejeros prolongados. Crisis y renuncia La pueblada contra la sede diplomática sionista produjo la renuncia del jefe de Gobierno, Essam al Sharaf, que fue rechazada por los militares. Su defunción en los hechos agrava la crisis política en el país, en momentos en que el CSAF dilata la convocatoria a elecciones -según argumenta, para evitar un triunfo de la Hermandad Musulmana. Esta última, por su parte, se mantiene al margen de la inmensa mayoría de las movilizaciones, incluida la última. El colapso del gobierno de al Sharaf marca el fracaso de la “transición ordenada”. El gobierno israelí mostró una gran preocupación frente a la escalada de la movilización popular. Una ruptura forzada de las relaciones bilaterales con El Cairo, seguiría a la expulsión del embajador israelí de Turquía por el ataque a la flotilla del año pasado. En este cuadro, se inserta el rechazo del imperialismo a una declaración unilateral de un Estado palestino. Los militares egipcios decidieron restablecer el estado de excepción, lo que habilita el regreso “legal” de las detenciones arbitrarias, los juicios militares a civiles, etc. De cualquier manera, este sistema represivo nunca se había detenido; así lo demuestran los 12 mil juicios militares a activistas populares. La novedad es que, pese a haber desplegado todo el arsenal de medidas represivas, “El caos en El Cairo levantó dudas sobre si el gobierno de transición encabezado por los militares es capaz de mantener la ley y el orden, y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones internacionales” (New York Times, 11/9).

Hace algunas semanas, el rectorado y Franja Morada aprobaron en el Consejo Superior de la UNC la postergación de las elecciones de consejeros y consiliarios estudiantiles para junio de 2012, además de resolver la auto prórroga de sus mandatos por ocho meses. El argumento: sincronizar todas las elecciones, para “fortalecer las instituciones y favorecer la democracia universitaria”. Con ese mismo criterio, Franja Morada (con el respaldo de La Bisagra), el MNR de Ingeniería, el GECIM (ex Mega) y el Geadi (Frente Cívico) resolvieron, en la representativa de centros de estudiantes de la FUC, prorrogarse a sí mismos en la conducción de los mismos y postergar las elecciones hasta junio de 2012. Sin duda, se trata de una maniobra podrida de las camarillas y la burocracia de Franja Morada, que busca como principal objetivo avanzar en el disciplinamiento del conjunto de los claustros y, por sobre todo, del movimiento estudiantil -regimentando las elecciones de arriba hacia abajo, para fortalecer un régimen de camarillas que haga pasar mejor la política privatista en la universidad. Ese fue el objetivo estratégico trazado desde el comienzo por la alianza progre-radical, la que vino a desenvolver a fondo la aplicación de la Ley de Educación Superior menemista -que el gobierno derechista de González no pudo imponer, por la masiva movilización de la comunidad educativa en 2005. El saldo es el avance de la Coneau en más facultades que en la era González y la proliferación de convenios con empresas; con ello la subordinación de los planes de estudio e investigaciones al servicio del lucro capitalista, el deterioro creciente de las condiciones de cursado y la calidad académica, mientras los estudiantes debemos sortear el cupo al ingreso y las restricciones al cursado y egreso. Violando los principios más elementales de la democracia, y atacando como nunca lo que queda de las conquistas de los reformistas del ‘18, arremeten contra la democracia universitaria y el cogobierno para cuidar su caja. La famosa “sincronización” es una herramienta al servicio de este objetivo -que, a su vez, pretende dirimir una interna entre las camarillas gobernantes para establecer la sucesión de Scotto en el rectorado. Quien mejor ha quedado parado para este propósito es el aparato radical de Franja Morada, el cual se ha reconstruido bajo el gobierno “progresista” y es el que resulta beneficiado por la postergación de las elecciones. La sincronización de las elecciones apunta a conservar a la burocracia estudiantil enquistada en los centros de estudiantes y mantenerlos paralizados, mientras avanza la política privatista en la UNC. Llamamos a denunciar el objetivo político de esta maniobra podrida y a enfrentarlo con una fuerte campaña en toda la universidad para que las elecciones se realicen en octubre -cuando vence el mandato de las actuales conducciones, consejeros y consiliarios. Sólo de esta forma podremos prepararnos para recuperar los centros de estudiantes, desplazando a las agrupaciones adheridas al Rectorado y poniéndolos al servicio de nuestras luchas.

En tiempo récord, el parlamento español ha votado una reforma constitucional que impone un “tope” al déficit presupuestario y a la deuda pública, pero que establece, por sobre todo, la prioridad del pago de los vencimientos de la deuda del Estado. Los partidos nacionalistas y las formaciones de izquierda han votado en contra, precisamente por el temor a que la norma sirva para incumplir los pagos a las comunidades autónomas. The Economist caracterizó por ello a la reforma como el primer acto de gobierno de Mariano Rajoy antes que como el último de Rodríguez Zapatero. Alemania cuenta con un “techo” similar incorporado a su Constitución, y en los últimos días el consejo de ministros de Berlusconi presentó un diseño de ley para establecer un “déficit cero” de esas características en la Constitución italiana. La modificación de las cartas constitucionales obedece a la aceleración de la bancarrota europea, pero también es vista como un paso hacia la unión fiscal de la Unión Europea -o sea a su absorción por parte de Alemania. El BCE tuvo que precisar “que las compras de bonos en el mercado secundario (...) estaban condicionados a reformas que aseguren la estabilidad presupuestaria” (Financial Times, 2/9). Para el diario El País es “un mensaje (...) a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos: es decir, Francia y Alemania” (ídem, 3/9). La reforma ha sido rechazada por los principales partidos nacionalistas de Euskadi (país vasco) y Cataluña, que consideran que la medida reduce el margen de autonomía financiera de las comunidades (ídem, 9/9). De este modo, la obligación de pagar en primer lugar la deuda pública, a costa de la bancarrota de los gastos sociales y de la coparticipación territorial, deja planteada la perspectiva de la desintegración política del Estado español -que, curiosamente, sólo podría conservarse si se produce la desintegración de la Unión Europea. El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y el Bloco Nacionalista Galego “han planteado, por primera vez de forma abierta en el Congreso, la inclusión del derecho a la autodeterminación en la Constitución” (ídem, 3/9) -es decir, la vía de la separación política. Izquierda Unida y otros grupos nacionalistas de izquierda solicitan un referéndum sobre la reforma constitucional, para lo cual les faltan las firmas de al menos tres diputados. La bancarrota capitalista, que ya se ha cargado el mito del “milagro español”, pone ahora en cuestión también la tan mentada “España de las autonomías” de la Constitución de 1978, niña mimada e intocable de la Transición gestada en acuerdo con la monarquía y el franquismo. Todo esto mientras se han puesto en movimiento los pueblos y la clase obrera del Estado español.

En las elecciones para elegir cuatro representantes de graduados para el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la UBA, la lista Psicólogos en Frente -integrada por Apel Psicólogos (PO), AGD-UBA, Revista Topía y profesionales independientes- logró mantener la minoría por cuarto mandato consecutivo, pero en un escenario radicalmente distinto respecto de años anteriores -por la irrupción del kirchnerismo. La disputa por este lugar fue con la lista Frente de Psicología para la Victoria, un armado de pura cepa K entre el aparato del Ministerio de Salud de la Nación, Carta Abierta y La Cámpora. Fueron consagradas Ileana Celotto (Apel, AGD) como titular por la minoría, y Susana de la Sovera (independiente) como suplente. Con una lista integrada por quienes luchan todos los días en defensa de la universidad y la salud públicas y gratuitas, superamos 23,73 a 21% a un aparato de Estado entero, financiado y orientado para imponer la “ola K”: los afiches con la foto de Cristina, las presiones incesantes a psicólogos en los lugares de trabajo y el llamado al voto “para que la Argentina entre en la facultad”, como decía su propaganda. Así, en Psicología, donde ya había ganado la clasista Lista 3 en las elecciones de CTA, se impuso el trabajo constante en el consejo directivo, la lucha de la AGD y la de los candidatos de los hospitales Borda, Gutiérrez y Ameghino, además del lugar ganado por los profesionales que integran la lista, todos compañeros que encabezan diariamente la pelea por los distintos reclamos de los trabajadores, de la salud mental y por la transformación de la universidad. Desde el Consejo Directivo de la facultad, nuestra representación interviene y pelea cada semana por las condiciones edilicias en las que trabajamos, por las reivindicaciones docentes y contra los atropellos en los concursos por parte de las trenzas dominantes, por las reivindicaciones de los estudiantes en unidad con su centro y sus movimientos de lucha, en apoyo a los movimientos del Ameghino y del Borda contra su desmantelamiento, contra la mercantilización de la educación superior y la aceptación de las regalías mineras, contra todo el sistema de arancelamiento de los post grados, e interviene en cada capítulo de lucha por la democratización del sistema de gobierno universitario. Durante las 14 horas de cada uno de los tres días que duró la elección, los compañeros de “Psicólogos en Frente”, como leones, no dejaron de pelear el voto con quien estuviera dispuesto a escucharlos -disputando tanto con el aparato K como con Convergencia Académica- los graduados de la Franja Morada y shuberoffistas residuales, que mantuvieron la mayoría. Con esta victoria, en los próximos dos años seguirá en el claustro de graduados una posición que enfrente a las camarillas universitarias y las políticas de entrega y privatización.

El nuevo aniversario del golpe militar de 1973 encontró de pie al movimiento estudiantil chileno, con más de trescientos colegios secundarios tomados, masivas movilizaciones, cacerolazos, huelgas de hambre, y la participación activa en la huelga de los trabajadores de la salud contra la política privatizadora del gobierno. Colapso educativo y crisis política El modelo educativo chileno ha colapsado. Según El Cronista (9/9), parte de la reforma de los ‘80 -iniciada por Pinochet y profundizada por los cuatro gobiernos de la Concertación- consistió en quitar fondos a las universidades, que debieron arancelar sus carreras para poder operar. “Aquellos estudiantes de clase media y media baja que logran entrar, deben postular al Fondo Solidario -un crédito otorgado por las universidades públicas con aportes del Estado- para solventar los aranceles, que promedian los 600 dólares mensuales” (ídem). Esto lleva a las familias a endeudarse. “Un egresado de una universidad tradicional chilena puede arrancar su vida laboral con una mochila de más de 30 mil dólares, cifra que aumenta en carreras de mayor valor agregado, como Medicina” (ídem). Como resultado del levantamiento estudiantil en épocas de Bachelet, se amplió el acceso a préstamos bancarios por medio del Crédito con Aval del Estado (CAE). “Con un interés promedio del 6% anual, las deudas se multiplican. Hoy los deudores del CAE ascienden a 207.256 jóvenes que deben a los bancos chilenos más de 514 mil millones de pesos chilenos, poco más de 1.000 millones de dólares”. “El endeudamiento asfixiante de las familias de clase media y los quintiles más bajos por la educación y otros efectos del sistema” (Clarín, 25/8) se encuentra en la base de un proceso de movilización extraordinario, que ha desatado una enorme crisis. “Dos importantes empresarios de derecha y grandes amigos de Piñera coincidieron en estos días en que el sistema se agotó” (ídem). La aprobación de Piñera apenas supera el 25% contra el 80% de la población que simpatiza con los reclamos estudiantiles. La derecha, pero también la Concertación -cuya aprobación es menor incluso que la del gobierno -analizan una reforma del régimen político. El ex presidente Ricardo Lagos recoge la toalla, al concluir que “el andamiaje político construido a principios de los ‘90 está obsoleto, desgastado. Llegó la hora de ir más allá porque hay una nueva ciudadanía que lo exige y un sistema político que no es capaz de dar respuestas a esas demandas” (Clarín, 4/9). Se debe agregar que se está abriendo una enorme crisis dentro de la Concertación. Concesiones, represión y dirección La estrategia del gobierno frente al movimiento de lucha combina el ofrecimiento de concesiones con la represión. A pocos días del asesinato de Manuel Gutiérrez, procedió al desalojo de dos universidades en la VIII Región y de numerosos liceos de la capital. Piñera salió a enfrentar la movilización del 11S con el anuncio de una ley para aumentar penas a aquellos que ataquen a Carabineros, una institución casi tan desprestigiada como el gobierno. También ejerce una fuerte presión sobre el movimiento con la amenaza de la pérdida del año escolar. Simultáneamente, declara su disposición a incrementar las becas, aunque “sólo si los estudiantes dan garantías de que tanto colegios como universidades volverán a clases” (La Tercera, 11/9). Esto está muy lejos del reclamo por la gratuidad de la educación y contra el lucro, pero es aleccionador del enorme esfuerzo que realiza el gobierno para desactivar la movilización popular. En cualquier caso, resulta decisivo el debate abierto al interior de las direcciones del movimiento. “Al interior de la Confech explican que también está en conversaciones pedir un piso mínimo para volver a clases”, según informa un cable de la agencia EFE (12/9). Momentáneamente, la mesa de diálogo con el gobierno se ha empantanado. Dentro del movimiento se abre una pelea entre la lucha a fondo por la gratuidad de la educación y las tendencias al compromiso de una parte de su dirección.

Entre el viernes 9 y el sábado 10, cuatro menores de entre 15 y 17 años, que se encontraban privados de la libertad en la Alcaidía de la capital, murieron como consecuencia de las quemaduras sufridas tras un incendio de colchones. Según la versión oficial, todo ocurrió por sorpresa. No había reclamos previos y los detenidos no habían sufrido apremios. Los familiares de uno los menores aseguran que el chico estaba en huelga de hambre desde el miércoles, con conocimiento de la jueza -quien, a modo de represalia, había decidido que recuperara la libertad recién el lunes 12. El familiar de otra víctima denunció que las provocaciones y vejaciones que sufría su hijo por parte de los policías eran moneda corriente. Una menor comentó que uno de los adolescentes le había manifestado a los policías que quemaría la celda si no lo dejaban en libertad y tuvo como respuesta: “Tomá (le dieron un encendedor) si tenés huevos para hacerlo” (La Unión, 11/9). Luego del incendio se encontró ese encendedor en una de las celdas. Este hecho, que truncó la vida de cuatro adolescentes, no es algo aislado en esta provincia. La semana previa, familiares y jóvenes andalgalenses marcharon en contra de la persecución policial de la que son víctimas los que luchan en contra del saqueo minero. En la misma ciudad, niños y adolescentes que tomaron varias escuelas, reclamando la entrega de las netbooks del plan nacional, recibieron todo tipo de provocaciones por parte de la policía, para obligarlos a deponer su reclamo. Los funcionarios del Frente Cívico y sus “opositores” K han ofrecido asistencia a los familiares. Quieren cooptarlos con dinero para silenciarlos. Unos y otros sostienen un régimen carcelario que, como ocurre en la Alcaidía, no tiene un sistema de seguridad contra incendio que se active por la presencia de humo. Tampoco sabían que los menores estaban bajo un régimen vejatorio. Mantienen un código contravencional que instituye la figura del merodeo, que habilita a la policía a perseguir a los jóvenes sin motivos, un código represivo que sanciona las movilizaciones. Para que este hecho no quede impune, desde el Partido Obrero (en el Frente de Izquierda) planteamos: * Cárcel a los policías involucrados en la muerte de estos cuatro adolescentes. * Renuncia del ministro de Gobierno. * Derogación del Código Contravencional provincial. * Comisión investigadora independiente.

La política de impuestos es uno de los ejes más importantes de debate para enfrentar la crisis capitalista. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (Ocde), que agrupa a los principales países industriales, el impuesto a las ganancias que pagan sus miembros bajó del 70% en 1981 al 40% en 2011. Actualmente, sólo tres países de la Ocde gravan a los individuos más ricos, mientras en 1976 lo hacían diez. En los últimos treinta años, las principales potencias imperialistas se las arreglaron para transferir a las masas la carga del rescate a los bancos, el pago de la deuda pública y la guerra. En Argentina, la situación no es diferente: el impuesto a las ganancias sólo representa el 18% de los ingresos del Estado. Las corporaciones que pagan ese impuesto suelen trasladarlo a los consumidores a través de los precios, según consideran diferentes tributaristas. Más del 50% de los impuestos de Argentina grava el consumo popular. Uno de los puntos centrales de esa exacción lo constituyó la introducción del IVA -entre otras razones para compensar la rebaja de aportes patronales a la jubilación. En este caso, el IVA funciona como impuesto directo al salario, porque la jubilación es un salario diferido a cargo de la patronal. El kirchnerismo dejó intacta esta detracción, que se revela en la caída histórica de las jubilaciones. “Ampliar la base” En Estados Unidos existe un intenso debate respecto de “quién debe pagar los impuestos a la renta”. El Partido Republicano ha iniciado una campaña para que se “amplíe la base” de los que pagan el impuesto a los ingresos personales, alegando que el 47% de la población “no paga nada”. Según El País (4/9), apunta a “redistribuir el peso tributario para rebajar la deuda pública”. Y se orienta a gravar los ingresos de todos los trabajadores. En Europa, la iniciativa de “gravar a los ricos” sería, si se aplicara, una “propuesta estética”, porque, “al final, si, por ejemplo, hay una subida en el impuesto a la renta de las personas físicas, probablemente iría para todos y perjudicaría más a las rentas medias” (Público.es). En España, la bandera de guerra del Partido Popular español es “una gran reforma fiscal” que apunte, justamente, a “ampliar las bases imponibles”, para “repartir los costos de salida de la crisis” (El País, 7/9). Para el PP, la aplicación de mayores impuestos a los ingresos personales (o incluso al IVA) debería paliar una reducción fuerte del impuesto a las sociedades que, de todos modos, no podrían pagar porque los capitales se encuentran en quiebra. Los impuestazos acompañan un recorte fenomenal de los gastos sociales. El costo de mantenimiento del Estado capitalista ha aumentado en forma impresionante como consecuencia de la deuda pública, las bancarrotas y los rescates. La confiscación impositiva Queda claro que la exacción impositiva contra la clase obrera y las capas intermedias explotadas se inscribe con fuerza en la agenda de la bancarrota capitalista. La lucha por la eliminación de los impuestos al consumo no es una lucha por la “redistribución de ingresos”, que los capitalistas no podrían tolerar en un marco de bancarrota generalizada. Es una lucha para que la crisis la paguen los capitalistas, por la expropiación de los expropiadores.

A poco menos de un mes de la caída de Trípoli, aún continúan las operaciones militares aéreas de la Otan y el cerco terrestre contra algunas ciudades del país controladas por fuerzas leales al régimen de Gaddafi. La atención está, sin embargo, concentrada en las maniobras de las potencias imperialistas para organizar el proceso de ‘reconstrucción’ y la llamada ‘transición a la democracia’. El Consejo Nacional de Transición (CNT), actual gobierno provisional, se enfrenta de todas maneras a serias dificultades para establecer su autoridad sobre el terreno, donde dominan diferentes grupos armados y se ha quebrado la estructura del aparato estatal. El imperialismo y Gaddafi Los sucesos de las últimas semanas han confirmado los fuertes vínculos del antiguo régimen de Gaddafi con el imperialismo. Diversos hallazgos en oficinas abandonadas por el régimen en Trípoli han expuesto los estrechos vínculos que existían entre Gaddafi y las potencias imperialistas. Han salido a la luz, por ejemplo, las relaciones de los aparatos de espionaje norteamericano y británico con el régimen libio, así como la colaboración de éste en la entrega de prisioneros acusados de “terrorismo”, sometidos a diversas prácticas de abuso, tortura y desaparición. La colaboración era recíproca: se conoció que el gobierno de Tony Blair puso en arresto domiciliario a disidentes libios que se encontraban con asilo en Gran Bretaña, luego de firmar acuerdos con Gaddafi en el año 2004 (Daily Mail, 11/9). Se ha dado a conocer, asimismo, un contrato de la empresa británica General Dynamics para vender armas por 85 millones de libras al régimen de Gaddafi, obtenido gracias a la acción del embajador británico en Trípoli en el año 2008. Algunos de los estrechos vínculos del imperialismo con Gaddafi continuaron incluso hasta bien entrada la guerra, cuando ya la Otan había cambiado de frente. Es el caso del ex canciller adjunto del gobierno de George W. Bush, David Welch (actualmente ejecutivo de la multinacional yanqui Bechtel) que tiene “multimillonarios contratos de construcción en todo Oriente Medio”, quien impulsó proyectos en el Congreso norteamericano para detener la operación de la Otan y se reunió hasta el mes de agosto con funcionarios de Gaddafi. El reparto de Libia Con la caída de Trípoli y el derrumbe final de las fuerzas leales a Gaddafi, se ha desatado una auténtica carrera entre las potencias imperialistas, sus cancillerías y sus principales empresas, para asegurarse un lugar privilegiado en la “nueva Libia”. Sarkozy organizó hace algunos días, en París, una cumbre de países “Amigos de Libia”, la que contó con la presencia de los principales dirigentes del CNT. Al mismo tiempo que se realizaba la cumbre, el diario Liberation difundió una carta, fechada en abril, donde la disidencia acordaba entregar a los franceses el 35% del crudo del país a cambio de su apoyo en la guerra civil en curso. El canciller de Sarkozy “consideró lógico que los países que apoyaron a los rebeldes sean privilegiados a la hora de la reconstrucción” (Ambito, 2/9). Franco Frattini, ministro del exterior de Italia (país con histórica influencia en Libia), tuvo que salir a aclarar que su país “no disputa una carrera colonialista contra Francia para ver quién llega primero a Libia”. El Departamento de Estado norteamericano, por su parte, consideró necesario “salir al paso de la impresión creada de que Francia y Reino Unido han sido los auténticos artífices” de la operación en Libia. China ha quedado mal parada en el nuevo realineamiento de las potencias, particularmente luego de que trascendiera que inició negociaciones para vender armas a Gaddafi en julio pasado -es decir en plena guerra civil: Beijing mantiene frenado el descongelamiento de los fondos libios, reclamando garantías para sus inversiones en Libia, que según algunas fuentes ascienden a más de 50 proyectos por unos 20 mil millones de dólares y emplean a más de cuarenta mil trabajadores (Clarín, 3/9). Algunas versiones informan, incluso, de una crisis política entre quienes promovieron los acuerdos comerciales para la venta de armas y quienes recomendaban una mayor cautela -en China todas las empresas de armamento son estatales (New York Times, 12/9). Por detrás de los posicionamientos diplomáticos, se procesa la carrera de las diferentes multinacionales imperialistas para picar en punta en la “reconstrucción” de Libia. El 6 de septiembre, 400 empresas francesas -entre las que se destacaban Alcatel, Alstom, Peugeot y Total- participaron de un ‘seminario’ organizado por la cámara de comercio franco-libia, “con el objetivo de informarse sobre los proyectos de inversión en ese país”. El secretario de Estado de Comercio Exterior francés planteó allí que “Francia goza de un capital de simpatía elevado ante las nuevas autoridades libias y es normal que las compañías galas se aprovechen del mismo” (Ambito, 7/9). Una posición preferente es la de Vitol, el mayor comercializador de petróleo del mundo, que aceptó venderle gasolina a crédito a los rebeldes desde las primeras etapas de la guerra civil, cuando otras operadoras petroleras dudaban en hacerlo, dados sus vínculos con el régimen gaddafista. La apuesta de Vitol -que contó con el respaldo del Tesoro norteamericano y el gobierno yanqui, que liberó una parte de los fondos libios congelados para pagar por la gasolina- “la ha catapultado a una posición de liderazgo en la Libia post-Gaddafi” (Financial Times, 6/9). Otro aspecto central es el mantenimiento de los contratos establecidos por el régimen de Gaddafi con diversas multinacionales extranjeras. Según The Guardian (11/9), “buena parte de la corrupción de Libia está institucionalizada en los contratos de largo plazo firmados por el régimen de Gaddafi con compañías de diferentes lugares del mundo, particularmente Rusia, China, Italia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos: el CNT ha sido objeto de una tremenda presión por parte de estos países para anunciar públicamente que estos contratos serán respetados, lo cual ha hecho”. Los contratos “incluyen grandes sumas en pagos ilegales a miembros de la familia de Gaddafi y otros partidarios”. El post-gaddafismo, como se observa, nace como una continuidad del régimen de Gaddafi por otros medios. Los límites del nuevo gobierno La carrera por el reparto del botín libio puede quedarse en los papeles, si antes el imperialismo no logra asegurar la capacidad del CNT para controlar el país. Los distintos voceros del imperialismo, quienes repiten sus intenciones de evitar que Libia se convierta “en una nueva Irak”, se refieren explícitamente a la necesidad de salvaguardar el aparato estatal del régimen gaddafista, para evitar la disgregación social y regional de un país con reservas petroleras inmensas. Pero aún está por verse si podrán evitarlo: en Trípoli y otras ciudades, la policía se ha desbandado y no quedan rastros del antiguo ejército. La posesión de armas está generalizada entre la población y el gobierno provisional está muy lejos de poder controlar el ‘orden’. El Consejo Nacional de Transición, compuesto por varias decenas de delegados que representan formalmente a los ‘comités’ de las diferentes ciudades y regiones del país, está hegemonizado por los dirigentes del movimiento de Bengasi. Según el corresponsal de El País (8/9), “liberales, abogados, tecnócratas y exiliados principalmente en Estados Unidos nutren el Ejecutivo”, en el cual tienen escasa representación muchos otros grupos que participaron del movimiento rebelde y ven con recelo el liderazgo de los dirigentes del CNT. “Para el CNT es clave integrar las múltiples milicias en un nuevo ejército y una nueva policía. Por el momento, cada consejo local administra sus asuntos militares y nombra su propio jefe de seguridad: en Trípoli, por ejemplo, se rechazó el nombramiento impulsado por Bengasi y se insistió en poner al mando a Abdelhakim Belhaj, un ex jihadista, a cargo de la ciudad” (The Economist, 10/9). Belhaj fue detenido en 2004 por fuerzas norteamericanas, las que lo entregaron al régimen de Gaddafi, acusándolo de terrorismo y vínculos con Al Qaeda. Aunque ahora ha negado estas acusaciones y planteado que pretende “un estado civil que respete las leyes y los derechos y haga justicia, no un régimen al estilo talibán”, lo cierto es que las diferencias del mando rebelde en Trípoli con el CNT ya han alcanzado un nivel muy serio. En los últimos días, “aparecieron voces de dirigentes islámicos moderados demandando la renuncia completa del Comité de Transición: rechazan que esta conducción administre los miles de millones de dólares pirateados por Gaddafi y que los bancos del mundo devolverán al país” (Clarín, 8/9). También se han multiplicado, por otra parte, las denuncias de una “caza de brujas” contra inmigrantes negros de origen subsahariano: “los rebeldes los acusan de haber sido mercenarios a sueldo del régimen de Gaddafi, aunque muchas de sus historias parecen las de inmigrantes llegados a Libia en busca de una mejor vida: ‘Aquí no hay negros, los negros viven en el sur y en Trípoli, los blancos. Trípoli es para los libios, no para los blancos’, explica el capitán de una de las milicias de la ciudad” (Ambito, 1/9). Los inmigrantes subsaharianos, que antes de la guerra civil sumaban aproximadamente dos millones y medio, constituyen el grueso de la clase obrera de Libia, cuya población total es de poco más de seis millones de habitantes. Lo que se desarrolla en Libia es el intento imperialista de operar sobre el proceso de la revolución árabe para reforzar sus posiciones en el norte de Africa y condicionar las rebeliones populares en toda la región. Sus límites, sin embargo, están al rojo vivo.

En los meses de julio y agosto se desplegó una gigantografía frente al Obelisco, donde se mostraba al mismo desmoronándose en medio de una rebelión de chimpancés. No era otra nueva hipótesis especulando como sería el tan esperado "2012" de los Mayas, sino la publicidad del estreno de la remake de un clásico del cine distópico: El Origen del Planeta de los Simios: (Re) Evolución. Dirigida por el guionista y productor ingles Rupert Wyatt, la misma sería una precuela que intentaría explicar cómo el planeta Tierra terminó en manos de los simios, trama que se desenvuelve en las cinco películas filmadas entre 1968 y 1973. Por otra parte, es una suerte de reivindicación del clásico, después del bochornoso film de Tim Burton en 2001. La película transcurre en una gran corporación farmacéutica de San Francisco, donde un científico, en su búsqueda por curar el Alzheimer que padece su padre, desarrolla una droga que eleva la capacidad cognitiva de unos chimpancés utilizados como prueba. Esta vacuna irá siendo mejorada con el tiempo, al punto de permitirles razonar a un nivel cercano al hombre. El CEO de dicha corporación verá la gran oportunidad económica de ofrecerla como un fuerte estimulante para la inteligencia. Pero los simios irán tomando conciencia del sometimiento que viven como animales y terminarán organizando una revuelta en la ciudad contra todo tipo de opresión, ya sea la del zoológico o la de la mismísima corporación farmacéutica que manipuló sus cuerpos para experimentar. La revuelta será dirigida por un chimpancé llamado César, criado primero por el mismo científico y después puesto en cautiverio en una cruel instalación para primates. La vacuna, que eleva la inteligencia de los simios, se transformará en un mortal virus para los humanos, que se irá esparciendo por la atmosfera del planeta, dando "grandes" indicios de las condiciones objetivas en las que se desenvolverá esta promocionada revolución. A pesar de su nombre, la película de Rupert Wyatt no deja de ser "políticamente correcta": no existe la violencia ni la maldad en los monos, éstos no matan a nadie, salvo al CEO de la corporación farmacéutica que ha experimentado con ellos. El derrocamiento del hombre como "especie" dominante no sería producto de esta "(Re) evolución", sino la consecuencia de la propagación del virus, para lo cual la toma del poder sería una simple sustitución de especies. Además, el único objetivo claro que los simios muestran en el film es refugiarse en una reserva natural contigua a la ciudad. La saga iniciada en 1968, a la cual esta precuela intenta darle un origen (al mejor estilo Star Wars) tenía, en cambio, un muy interesante contenido político. Describía a unos astronautas que, viajando casi a la velocidad de la luz, eran parte de una misión de la Nasa para la búsqueda de otros mundos habitables. Por accidente, caen en un desconocido planeta habitado por simios, los cuales viven en una sociedad militarizada, donde el hombre no tiene mayores capacidades que las de un animal (ni siquiera el habla) y es cazado como ganado por estos simios, cuando no exterminado como plaga. Este planeta desconocido resulta ser la Tierra, pero 2 mil años en el futuro, cuando el astronauta Taylor descubre, en una de las escenas más memorables de la historia del cine, a la estatua de la libertad enterrada en una costa. Más adelante, en La conquista del planeta de los Simios (1972) se explica la manera en que los monos derrocan a los seres humanos, en la que la acción se desarrolla en un hipotético 1991, con una Norteamérica transformada en un Estado policial y en la cual los primates han tenido que reemplazar a los perros y gatos como mascotas al desaparecer éstos como consecuencia de un virus. Esta antropización comienza a transformarse en un tortuoso reeducamiento para convertir a los primates en fuerza de trabajo y es César, hijo de Zira y Cornelius (dos chimpancés que escaparon de la destrucción de la tierra en el futuro, volviendo así al presente) el que organizará y dirigirá una revolución contra la opresión de los humanos, instaurando más tarde una dictadura, la cual le generará la contradicción de terminar siendo tan despótico como sus antiguos verdugos. Este dilema lo llevará al final a buscar la convivencia igualitaria entre las dos especies, en una suerte de comunismo primitivo. La saga termina manifestando desde una burla a la carrera espacial de los Estados Unidos hasta una campaña antibelicista contra la guerra fría, de Vietnam, las dictaduras militares y la CIA; convirtiéndola junto con 2001, Odisea del espacio e Easy Riders en uno de los íconos del cine contracultural de los ’60. Sin duda, los efectos especiales del nuevo film la acercan más a la realidad del hombre común de hoy, pero la alejan otro tanto de la creatividad con la que hace más de 40 años atrás la ciencia ficción expuso las perspectivas sociales del presente. En varias escenas, como la noticia de unos astronautas perdidos en el espacio y el mismo final del film, se sugiere una segunda entrega, que, de ser así, posiblemente estaríamos ante una nueva reinterpretación de toda la historia. En fin, para los que buscan entretener sus sentidos con una buena "pochoclera", la misma es muy recomendable en una moderna sala de 3D. En cambio, para los que gusten deleitarse buscando metamensajes de gran carga política, busquen la vieja saga en cualquier página web de films online desde la comodidad de casa.

A partir de la conformación del Frente de Izquierda, cientos de artistas de distintas disciplinas (música, cine, teatro, danza, plástica, etc.) a lo largo y ancho del país comenzaron a dar su apoyo a este nuevo polo clasista de la izquierda revolucionaria, participando de comités de bases, encuentros, reuniones, etc. Fue tal el desarrollo de este nuevo agrupamiento, que músicos reconocidos como Maikel de Kapanga o Ciro de Jauría participaron de un spot electoral contra la proscripción que intentaba imponer las elecciones primarias -la que superamos holgadamente. Pero el apoyo no quedó solamente en la campaña electoral: impulsada por organizaciones de artistas como Músicos Unidos por el Rock (MUR), Ojo Obrero y LuchArte, se llevó a cabo el Encuentro de Artistas en apoyo al Frente de Izquierda, en donde lanzamos el Frente de Artistas internacionalista, anticapitalista e independiente de gobiernos y patronales. Como uno de nuestros primeros pasos, elaboramos colectivamente el Manifiesto fundacional, el cual expresa nuestra caracterización y nuestra perspectiva frente a la crisis capitalista. Grandes rebeliones populares sacuden al mundo. Los trabajadores y la juventud se levantan, desde los más diversos puntos geográficos, para terminar con la catástrofe que la crisis capitalista impone. Desde la revolución árabe en Egipto, Libia o Siria hasta las impresionantes huelgas generales en Grecia e Inglaterra, pasando por los indignados de España y Francia hasta llegar a las movilizaciones de masas por la educación pública en Chile y toda Latinoamérica, se multiplican las expresiones que piden a gritos un cambio de raíz para la situación que vivimos. El Frente de Artistas nace con la necesidad de hacernos protagonistas de esta lucha global. Nuestra inspiración nos la dan todos esos jóvenes que, con una gran valentía, realizando una hazaña histórica que se expande sin parar, nos muestran la alternativa de un nuevo camino, un nuevo comienzo para este mundo. Sucede que somos testigos de una enorme crisis capitalista internacional que golpea hasta lo más hondo del sistema. Los Estados, al borde de la bancarrota, intentan salvar de forma fallida, una y otra vez, a bancos y grandes empresas que quebraron. Estos salvatajes desesperados se realizan sobre la base del ajuste y la precarización de las condiciones de vida de millones de trabajadores y jóvenes a lo largo del mundo, con despidos masivos, aumento de la edad jubilatoria, reducción del gasto social, hambre, crisis nucleares; o sea, con el reforzamiento de los pilares del capitalismo: la explotación y la desigualdad. El sistema ha colapsado por sus propias contradicciones, y los que crearon las condiciones para la crisis pretenden que la paguemos los trabajadores. Los pueblos no lo van a permitir, por eso se están levantando. El Frente de Artistas se pronuncia anticapitalista y, como tal, planteamos la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, donde, de una vez por todas, el pueblo trabajador sea el que gobierne. Esta crisis también golpea al arte: los gobiernos se alían con los grandes empresarios "artísticos" para avanzar en la privatización de la cultura. Así, ellos consiguen ganancias extraordinarias, mientras los artistas somos superexplotados y mientras es desmantelado el espacio cultural público. En el capitalismo, el arte, o sea el acto personal de libertad que debería significar la creación, es convertido en una mercancía, un producto, o sea, un acto impersonal. El "mercado artístico" le pone techo a la libertad creativa y la envasa según su necesidad para hacerla negocio. Quienes no siguen esos lineamientos son marginados de los circuitos artísticos. Nosotros planteamos que el Estado debe hacerse cargo de financiar todo tipo de actividad artística y cultural para que todas las expresiones artísticas puedan desarrollarse, sin importar su estilo, género, contenido o ideología. Tenemos que construir fuertes organizaciones de artistas que tomen esta reivindicación central y desenvuelvan un programa para darle una salida a las problemáticas que padecemos. Uno de los fines principales que deben tener estas organizaciones es, al desarrollarse, conformar listas en los distintos sindicatos y/o gremios en los cuales intervenimos y que son, en su mayoría, conducidos por burócratas que están al servicio del Estado y las patronales. La pelea es por recuperar los sindicatos y devolvérselos a los trabajadores de la cultura, a quienes les han sido arrebatados. Mientras muchos intentan poner al artista en el lugar de un mercader o un ser iluminado, para que seamos desclasados sin conciencia ni perspectiva, desde el Frente de Artistas nos pronunciamos como parte de la clase trabajadora. Porque las estrellas solamente están en el cielo. Nos oponemos a los enormes aparatos de cooptación que construyen los gobiernos del mundo, con grandes prebendas para los artistas que estén dispuestos a obedecer. Quieren atar la cultura a los intereses del Estado para regimentarla y controlarla. El Frente de Artistas dice NO a la cooptación y SI a la independencia política de gobiernos y patronales. Luchamos por un arte libre e independiente, pero para que sea posible, debemos ligar esa lucha a una pelea anticapitalista para acabar con la explotación del hombre por el hombre y dar paso a un gobierno de los trabajadores para que los que decidamos seamos nosotros, no un monopolio o un gobierno capitalista. El Frente de Artistas no tiene fronteras ni quiere tenerlas: es internacionalista, como la conciencia de la clase obrera, que es una sola. Invitamos a todos los artistas a hacerse parte de esta conciencia global y a unirse a nuestro Frente. El capitalismo tiene fecha de vencimiento, derrotémoslo y vayamos hacia una perspectiva superadora. Ese es nuestro horizonte.

En la petrolera española Repsol, controlante de casi el 60% de YPF, acaba de producirse una fuerte movida accionaria. La constructora española Sacyr y la petrolera mexicana Pemex se pusieron de acuerdo para tomar la rienda de Repsol, mediante un pacto que reúne el 30% de las acciones. Para efectivizar el pacto, Pemex salió a comprar acciones en la Bolsa con un préstamo de 1.200 millones de euros. Montaña de deudas La movida de Sacyr-Pemex en Repsol sacudió al propio gobierno español. Ocurre que las dos compañías soportan una montaña de deudas. Pemex carga con un pasivo de 53.000 millones de dólares, mientras sobrevuelan sobre ella los planes de privatización. Precisamente, la “internacionalización” de Pemex -vía su mayor participación en Repsol- es una de las condiciones que hace apetecible esa privatización. Sacyr, por su parte, está en defol con la deuda que contrajo para su negocio inmobiliario y aún debe la totalidad de los 5200 millones que tomó prestados para comprar el 20% de Repsol en 2006. No sorprende, entonces, que el “asalto” a Repsol estuviera fogoneado por los acreedores de Sacyr y de Pemex, quienes le “exigieron tomar el control de Repsol YPF (como condición) para refinanciar su deuda” (Cronista, 7/9). El banco que actuó como ´facilitador´ de la ampliación de capital de Pemex en Repsol, el francés Crédit Agricole, es el principal acreedor de Sacyr. La nueva alianza de accionistas apuntaría, por lo tanto, a lograr que Repsol “haga caja” para pagar las deudas, sea por la vía de un mayor reparto de dividendos o por la “conversión en liquidez de algunos activos o inversiones” (El País, 1/9). Los críticos del acuerdo temen -con razón- que Sacyr-Pemex endeuden a Repsol para rescatar a sus propias finanzas quebradas y la lleven a un desguace o al rescate por parte del Estado español. YPF El gabinete kirchnerista es un cómplice declarado de estas operaciones. El grupo Eskenazi, instalado en YPF por un acuerdo entre Repsol y los K, ha firmado la distribución abusiva de dividendos, como lo reclamaban los españoles, a expensas de los planes de inversión y exploración de hidrocarburos, o de la financiación de parte de ellos con nueva deuda. En la última década, YPF consumió el 76% de sus reservas de gas y más de la mitad de las de petróleo. Después del ingreso de Ezkenazi, la distribución de utilidades entre los accionistas llegó hasta el 90% de las utilidades, cuando “el promedio mundial de dividendos de las empresas petroleras se ubican en el 26%” (Cronista, 5/9). Esos recursos resarcieron a los accionistas de Repsol, en medio de la bancarrota internacional, y también a Ezkenazi, quien está pagando con los dividendos que recibe el préstamo que contrajo para entrar en la compañía -o sea que los K aceptaron que cobrara dividendos un grupo que no había puesto aún un solo peso. Ezkenazi acaba de anunciar nuevas inversiones para la exploración de gas esquiso, pero que serán financiadas con el ingreso de contratistas de servicios o integralmente con deuda. Esto, mientras se siguen distribuyendo la casi totalidad de las utilidades. Ezkenazi y los K siguen con atención la movida en Repsol, convencidos de que ésta tiene la intención de irse de YPF y la expectativa de avanzar accionariamente sobre el 57% restante de la empresa, con los dividendos que se distribuyan. La orientación de los empresarios “Nac y pop” es “hacer caja” con YPF, ahora con los aumentos prometidos en los combustibles y agravando la desinversión y el endeudamiento. El gobierno que dice “blindarse” frente a la crisis mundial es incapaz de “blindar” a YPF de una nueva tentativa de desguace, que está directamente relacionada con esa crisis. Las nuevas maniobras en Repsol plantean, como nunca, la necesidad de renacionalizar YPF sin resarcir a sus vaciadores, bajo gestión de sus trabajadores.

La unanimidad con la que fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto que establece la adhesión de Argentina al Banco del Sur debería moderar el optimismo de los autodenominados nacionalistas que anidan en el gobierno. Una de dos: o los Pinedo y Bullrich han sido ganados a la causa de la “patria grande latinoamericana” o el afamado Banco no pasa de ser una criatura deforme. Los diputados aprobaron el proyecto a libro cerrado sin debate, junto a otros proyectos, algunos referidos a aumentar penas por delitos sexuales. Nuestros nacionalistas han perdido hasta el menor sentido de la puesta en escena. Pero no les vino mal. Pudieron zafar, por ejemplo, de explicar por qué demoraron cuatro años para ratificar la iniciativa y la razón para que Brasil siga sin dar su consentimiento. Como el Estatuto del Banco establece que se requiere la mitad más uno de los países comprometidos (y las dos terceras partes del capital previsto) para ponerlo en marcha, hace falta que lo voten uno entre Brasil, Uruguay y Paraguay. En este caso, debería ser Brasil, el mayor aportista de los tres. Aunque Brasil no tiene interés en la iniciativa, ha comprometido su aprobación. En el mejor de los casos, el Banco del Sur tiene previsto un capital de 7.000 millones de dólares, una migaja, que deberán ser suscriptos al cabo de cinco años. Con un capital tan escaso, el Banco del Sur no podrá cumplir ninguna de las funciones que se ha adjudicado (invertir en infraestructura). El monto del capital contrasta con las reservas acumuladas por estos países, que superan los 250.000 millones de dólares. El Banco de Desenvolvimiento de Brasil tiene un capital de 30 mil millones de dólares y una fuente inagotable de financiamiento -la Anses en sigla portuguesa. Los bancos no financian con sus capitales, sino con el dinero que recogen en los mercados internacionales. Con un capital insuficiente, el Banco del Sur se convertiría, en el mejor de los casos, en una correa de transmisión del capital internacional. Los apologistas de la iniciativa destacan que el Banco podría financiar a las Pymes. Pero los grandes capitalistas no verían esto con malos ojos, ya que convierte al Estado en garante del endeudamiento que contraigan. El Banco del Sur no podría nunca compensar la crisis de financiamiento descomunal que está provocando la crisis mundial, ni lograría financiamiento para sus préstamos. Los 400 millones que le corresponderá aportar como capital a la Argentina equivalen a menos de una semana de fuga de capitales; infinitamente superior es el saqueo a que somete al Banco Central o a la Anses. Mientras se proclama la formación de una “institución financiera soberana”, se promueve el desangre financiero del Estado. A la luz de lo expuesto, se entiende porqué los Pinedo y Bullrich han dado un voto aprobatorio.

El lunes pasado, el Frente de Izquierda de Córdoba desplegó una enorme actividad, con la vista puesta en las elecciones del domingo en la ciudad capital. En una jornada muy intensa, los integrantes del FIT acompañaron el recorrido de Jorge Altamira por una veintena de medios de comunicación y diarios locales y nacionales, que culminó en una concurrida conferencia de prensa. Altamira impulsó el voto a la lista del Frente, que integran Daniel Báez, candidato a intendente, y Leticia Celli y Manuel D'Alessandro, candidatos a concejales. Luego de la ratificación de la banca de Liliana Olivero el 7 de agosto, el Frente aumentó su votación en la capital el 14 de agosto, lo que ofrece ahora una posibilidad de ingresar en el Concejo Deliberante. Como lo ha establecido el Frente, esa posición será gestionada en forma colectiva y rotativa por el conjunto de los candidatos. La gira tuvo un éxito mediático indudable, que se verificó en la extensión de los espacios que le fueron concedidos a Altamira, así como en la repercusión en diarios porteños y nacionales que se hicieron eco de la visita del candidato presidencial del Frente a la provincia. Asimismo, la visita permitió desarrollar de forma minuciosa el carácter contradictorio de la elección de CFK, que deberá arbitrar un conflicto social creciente, en el marco de una atomización muy fuerte del conjunto de las instituciones que integran el régimen político actual. Altamira destacó también el ataque de la Presidenta contra los trabajadores del Subte -luego de haber circulado profusamente por las cámaras empresarias en los días previos- como una comprobación de que el gobierno ve a su adversario en el movimiento obrero independiente y en el Frente de Izquierda. Inadvertidamente, Cristina Kirchner desvió su ataque tradicional contra los ‘destituyentes' de derecha, para centrar en la izquierda a su oposición política principal. Estamos ante un giro potencial en las relaciones políticas que han dominado bajo el kirchnerismo. La gira de Altamira por la ciudad de Córdoba permitió convertir a la capital de la provincia en el escenario para desplegar la posición conquistada por el Frente de Izquierda luego de las ‘primarias' del 14. La seguidilla de elecciones no nos ha dado el tiempo para instalar a nuestros candidatos a concejales ante el medio amplio de la opinión pública, pero tenemos la expectativa de que el electorado que acompañó la renovación de la banca de Liliana y a la fórmula presidencial en las ‘primarias', se manifieste de nuevo el domingo que viene con el ingreso de concejales de izquierda en el Concejo Deliberante. De conquistar este objetivo, quedaría planteado de manera inmediatamente posterior la pelea por el ingreso de un diputado nacional por la provincia al Congreso de la Nación.

Los datos del Censo 2010 pretendían ser utilizados por los K como muestra de sus logros en estos ocho años. Sin embargo, deberían ser tomados por el Frente de Izquierda como un respaldo a los que luchan por vivienda y para poner de manifiesto con más contundencia la necesidad de una transformación social de fondo. El punto de partida para hacer un análisis es que los resultados del Censo 2010 se contrastan con el realizado en 2001, con lo cual partimos de una crisis profunda. El segundo, es que en estos diez años la riqueza nacional -medida en el producto bruto- aumentó más del 100 %, o sea que se duplicó. Sin embargo, por un lado, disminuyó el porcentaje de construcción de viviendas “en los 80, el stock (...) aumentó un 23,3% (+1,9 millones), en los 90 el 19,1% ( +1,9 millones) y desde 2001 el 14,9% (+ 1,8 millones)”. Por el otro, subió la cantidad de viviendas deshabitadas, las que “en 1980, representaban el 13,3% del total y ahora superan el 18%, llegando a 2,5 millones de viviendas” (Clarín, 9/9). Estos dos indicadores, tomados de conjunto, demuestran que el boom inmobiliario especulativo no alcanzó para contrarrestar el retroceso de la economía argentina (ni siquiera en este rubro) y que, por el contrario, contribuyó a aumentar la diferenciación social. Resulta que este “boom” en ladrillos hizo que el precio de compra y alquiler de los inmuebles aumentara por encima de la inflación -por ende, muy por encima de los salarios y jubilaciones. Esto ejerció una expulsión de familias enteras a villas o inquilinatos (lo que aumentó en este período) y también de Capital Federal a provincia de Buenos Aires, alejando a las personas de su lugar de trabajo. Mientras tanto, las viviendas desocupadas son atribuidas a inversiones especulativas como Puerto Madero, con un nivel de ocupación inferior al 40% o a segundas casas de un pequeño grupo social. Este cuadro está reforzado por la baja inversión pública en vivienda y hábitat social. Si bien se le quiere contraponer a la ultima década “neoliberal” esta “nacional y popular”, la construcción de viviendas sociales no superó las 39 mil por año (similar a las ejecutadas por el menemismo), por lo que no llegó a cubrir el crecimiento vegetativo. Con la expansión de servicios pasa lo mismo. Según el Censo, “La disponibilidad de agua corriente subió del 80,1 en 2001 al 83,9 de los hogares en 2010 (...) En cuanto a desagües cloacales, se registra el pasaje de un 47,2 a un 53,1 (...) La cobertura de gas de red pasó del 50,3 por ciento al 56,2” (Página/12, 2/9). Avances tan efímeros para las barriadas populares, en el marco de un crecimiento económico récord y comparados con las enormes aumentos de los beneficios del conjunto de la burguesía, sólo pueden ser entendidos como un retroceso. Debemos valernos de estos datos para explotar la contradicción de que una gran parte de aquellos que luchan por su vivienda votaron a Cristina y clarificar cuáles son los motivos reales de tantas carencias y sus responsables políticos. Para esto, el Frente de Izquierda debe desarrollar un programa que plantee un régimen de impuestos progresivos sobre la propiedad del suelo; la disposición de tierras fiscales de zonas urbanas para planes de vivienda popular, al igual que las tierras privadas ociosas; un régimen de créditos a tasa cero para la vivienda y un plan enérgico de urbanización y de obras públicas para los asentamientos y villas. Todo ello exige la centralización del ahorro social mediante la nacionalización de la banca, bajo una dirección electa de trabajadores.

Las elecciones provinciales muestran una disputa de la gobernación entre dos candidatos patronales: Carlos Soria y César Barbeito, que no son los dos polos opuestos del mapa político provincial -como ellos pretenden hacerse ver-, sino que cada uno representa a un sector de la derecha que ha demostrado su debacle en las primarias de agosto. Barbeito es el candidato de un partido que va a votar a Alfonsín en las nacionales. Soria fue el jefe de la Side en el gobierno de Duhalde y el hacedor de su política en el ámbito provincial. Que ambos se presenten como aliados K revela los límites del kirchnerismo, el cual siempre y en todo el país pacta con estos sectores. En este cuadro, cualquier reivindicación elemental en la vida de los trabajadores se choca de plano con la imposibilidad de que sea resuelta por alguna de estas expresiones políticas. El radicalismo ha gobernado la provincia por 27 años sobre la base de ser el que le ha asegurado a empresarios nacionales y extranjeros las condiciones necesarias para imponer la explotación de recursos naturales y humanos con total impunidad. Todo con la complicidad de las burocracias sindicales, que le ha permitido arrasar con conquistas históricas del movimiento obrero y que ha transformado al Estado provincial en la primera patronal del trabajo en negro y los contratos basura, junto al armado de un aparato clientelar y de prebendas en los que están comprometidas las finanzas públicas. Las declaraciones de Soria ante la sucesión de tomas de terrenos para construir viviendas en condiciones de máxima precariedad, por parte de los trabajadores, indican que su política será la de Barrionuevo en Jujuy. Tampoco serán estos candidatos quienes resuelvan la descomposición del aparato policial y el delito estructural alojado en las entrañas mismas del Estado, que ha amparado a todos y cada uno de los casos de muertes en calabozos, golpizas y apremios a jóvenes, gatillo fácil, etc. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda encara el último tramo de la campaña denunciando este cuadro de situación, mediante la organización de charlas, recorridas por los medios, actos y agitación callejera. También llama a sumarse a una alternativa social y política que plantee una verdadera polarización, la cual enfrente a los planteos patronales con una oposición obrera, de izquierda y socialista. El 25 de septiembre, Alejandra Velázquez a la Legislatura provincial.

El 23 de octubre se realizarán, junto con las elecciones nacionales, las de intendente y concejales en Neuquén capital. Se presentarán diez candidatos a intendente y catorce listas de concejales, entre ellas varias colectoras del actual intendente, Martín Farizano (UCR-Concertación), que busca su reelección, y el sobischista José Brillo (MPN). Un botín La ciudad es, para los capitalistas, un botín muy codiciado. Aquí se desarrollan fuertes negociados inmobiliarios, que han llevado los precios de la vivienda a niveles exorbitantes; tiene fuertes intereses Cristóbal López, que monopoliza el transporte y el juego. También Benito Roggio, un contratista privilegiado de la obra pública en la capital. El centroizquierda compartió este "esquema de gestión" de intereses capitalistas. El escándalo desatado por la votación de un concejal de UNE a favor de la continuidad de Indalo en la explotación del servicio de transporte público, sirvió para poner al desnudo que la "oposición" del UNE "al monopolio" es una farsa, justamente porque este concejal les recordó que ellos fueron los promotores de la prórroga de sus contratos tres años atrás. Los "rebeldes" de Libres del Sur fueron comparsa de todo este proceso. Frente de Izquierda El Frente de Izquierda concurre a esta elección luego de haber conquistado una bancada legislativa el 12 de junio, con una votación en la capital que se incrementó en las primarias del 14 de agosto. Graciela Frañol (PTS), candidata a intendenta; Patricia Jure (PO), Manuel Sánchez (IS) y Elisa Cisterna (obrera ceramista de Zanón), candidatos a concejales, serán los voceros de las reivindicaciones del pueblo de la ciudad. Nuestra campaña se desarrollará en forma paralela a la presidencial y a la de diputados nacionales, con Altamira-Castillo como fórmula presidencial y Angélica Lagunas como candidata a diputada nacional. Pelearemos por el ingreso de la izquierda en el Concejo Deliberante, para reforzar la construcción de una oposición de izquierda. Nos proponemos una agenda de intensa agitación política por los barrios de la ciudad y reuniones con los vecinos para organizar la agenda de reivindicaciones urgentes del pueblo de Neuquén. Se abre un nuevo desafío a la altura del lugar ganado por el Frente de izquierda, y ante el vacío político generado por la disgregación del oficialismo y la crisis del MPN. Vamos por una alternativa propia de los trabajadores, con el Frente de Izquierda.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones Criminal y Contravencional le ha sacado el cuerpo a la resolución de las apelaciones presentadas en favor de seis policías. Estos agentes están acusados por sus responsabilidades en el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez. Para excusarse, la Cámara argumentó que debe resolver previamente el recurso de incompetencia interpuesto por la defensa de Lompizano, cuyo abogado pertenece al equipo de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. Esto significa que la jueza Wilma López deberá declararse incompetente y pasar la causa a la Justicia contravencional de la Ciudad; o rechazar el planteo y seguir con las actuaciones. Pero la figura penal elegida por la jueza por sugerencia de la fiscalía -abandono de persona- constituye uno de los tipos penales que ha pasado recientemente a la competencia de la justicia criminal y contravencional de la Ciudad. Ello con independencia de que, al no haber sido sobreseídos los policías por conductas que pueden encuadrarse en delitos más graves, deberían permanecer en el ámbito de la Justicia de Instrucción Penal. Esta situación no es más que la continuidad de una serie de decisiones que llevan, indudablemente, a la impunidad. En primer lugar, la separación de las responsabilidades policiales de la causa principal por el crimen de Mariano, a pesar de la comunión de hechos y pruebas. Luego, la negativa de procesar a los policías por homicidio agravado, como lo habían planteado las querellas. Si la investigación termina en la Justicia contravencional y criminal de la Ciudad, se estaría abandonando en forma definitiva la hipótesis de una clasificación penal más gravosa, como sería la de homicidio. En ese caso, las defensas de la policía, representados en su mayoría por Asuntos Jurídicos de la Federal, habrán ganado una importante batalla hacia la impunidad.

La inauguración del local del Partido Obrero de Villa Scasso, el sábado pasado 10 (ya estábamos instalados, pero sin local), volvió a contar con una concurrencia formidable. Más de 50 vecinos, compañeras de las cuadrillas del programa Argentina Trabaja, trabajadores, desocupados y jóvenes se dieron cita para participar de una charla-debate. Romina Del Plá destacó el 2,7%, o sea 16.000 votos, que obtuvimos en La Matanza. Visita presidencial Romina realizó un balance de la visita de CFK al distrito, remarcando que mientras la Presidenta se refería en Mercedes Benz al trabajo y la industria "nacional", en realidad lo hacía en una empresa de capitales alemanes que, en su mayor parte, ensambla piezas importadas y con un gran porcentaje de trabajadores contratados. Destacó también que "en su visita a la automotriz, la ‘Presidenta de los derechos humanos’ omitió mencionar que allí, durante la última dictadura y con la complicidad del Smata, desapareció toda la comisión interna y que esta 'omisión' está dictada por la alianza del gobierno nacional con ese gremio en particular y con la burocracia entregadora en general". Sobre el comentado encuentro de CFK con una vecina de Virrey del Pino, sostuvo que las obras "inauguradas" pertenecen al plan "agua + trabajo", el que no es otra cosa que agua de pozo filtrada, distribuida por cañería y no agua corriente de red. Además, el plan es realizado con la precarización de los trabajadores. Nueva etapa: diputados de izquierda Luego, Romina analizó que, con los resultados de las primarias, "se acabó la extorsión del gobierno nacional de que ‘hay que votarlo para que no avance la derecha'; están las manos libres para votar por el ingreso al parlamento de trabajadores, de la izquierda", señaló. "En este marco ¿qué sería lo nuevo? Que existan diputados de izquierda", explicó. "La llamada 'oposición' de los Duhalde, los Alfonsín, los Binner y Carrió ya tiene mayoría en el Congreso y nada han hecho. Hay que poner en el Congreso un bloque de izquierda. Lo nuevo es meter diputados de izquierda". Elsa Las palabras referidas a la extraordinaria recuperación de nuestra compañera Elsa Rodríguez -baleada por la patota criminal de Pedraza, quien, recientemente, ha dado sus primeros pasos acompañada por un bastón- fueron saludadas con un aplauso por todos los presentes. Luego de una muy nutrida ronda de intervenciones de los asistentes sobre distintos temas, desde el apoyo al Frente de Izquierda, reclamos pendientes del barrio (asfalto, salas de salud, transporte, agua corriente, inseguridad), propuestas de actividades y la necesidad de reunir más fiscales, quedaron definidas una serie de tareas para seguir desarrollando la organización del Partido Obrero, donde ya constituimos una referencia política. Como lo definió Romina: "Esta organización de trabajadores está instalada desde hace más de diez años, poniendo la cara todos los días y ante los mismos vecinos. Festejamos también que hace muchos años que estamos aquí, antes sin local, ahora con él, porque -mientras otras organizaciones políticas van cambiando de ropas, mutan o desaparecen- permanecer tantos años en un lugar también es crecer". Un compañero contó su experiencia personal como desocupado y padre de seis hijos: realiza changas a los vecinos del barrio y desde que hace diez años perdió su último trabajo, su único ingreso fijo era la AUH hasta que le fue sacada por la Anses Kamporista cuando inició un trámite para que el beneficio lo cobrara su esposa. El miércoles 14 de septiembre estará marchando junto a los compañeros del AT y el Polo Obrero por trabajo genuino. El agua de CFK Los vecinos contaron que a un pequeño panadero del barrio le realizaron una inspección municipal. Además de la multa, ahora le niegan la habilitación oficial con el argumento de que la elaboración del pan la realiza con agua de la zona y, según la municipalidad de La Matanza, está contaminada. Lo curioso es que se trata del "agua" ¡que inaugura la Presidenta!, y la consumen todos los vecinos del barrio.

Después de un periplo coqueto por todas las cámaras empresariales, Cristina Kirchner decidió descargar su bronca contra los trabajadores del subte, en otra expresión de la condición de clase de su gobierno. Días después del discurso oficial, el régimen de explotación laboral de los Roggio y Cirigliano se cobraba decenas de heridos y víctimas fatales. La tendinitis que ‘alegró’ el discurso de CFK quedó desenmascarada enseguida por los delegados del subte, quienes denunciaron la inminencia de un tarifazo en el transporte -admitido sin ‘peros' por el ministro Schiavi. Para la Presidenta, "es fácil ser revolucionario en democracia, bajo mi gobierno", como si los K hubieran movido un dedo para acabar con la dictadura, o como si no hubieran sido precisamente estos revolucionarios los que la combatieron en la más dura clandestinidad. Nunca, por otra parte, la democracia burguesa hizo fácil la labor de los revolucionarios, porque une a la represión de sus aparatos de seguridad o de las patotas que encubre (Pedraza y la policía mancomunados), la manipulación de los monopolios de la comunicación y el ejercicio de la censura. Políticamente, el discurso antiobrero contra los trabajadores del subte y contra los revolucionarios tiene toda la huella de la confrontación política contra el Frente de Izquierda -algo que acredita la condición de ‘estadista' que sus acólitos le atribuyen, porque advierte que en Argentina se desarrolla, desde hace tiempo, una oposición obrera y socialista, en el marco de una bancarrota capitalista mundial sin parangón ya en la historia. CFK sabe muy bien que el movimiento de lucha del subte se forjó en los días del "neoliberalismo", cuando los Kirchner participaban del gobierno de la flexibilidad laboral. En la batalla contra Ibarra por la jornada de seis horas, los kirchneristas se pusieron del otro lado de la barricada -con Alberto Fernández a la cabeza, se fueron de viaje cuando se necesitaban los votos para insistir en la ley vetada por Ibarra. El ataque de la candidata del 50% a los delegados no puede separarse de la agenda del Frente de Izquierda en la campaña electoral: la lucha por la recuperación de los sindicatos contra la burocracia, o la defensa de los centros de estudiantes y federaciones independientes frente a las camarillas radical-kirchneristas. En estos mismos días, un diario porteño retrató el carácter de la lucha política en las elecciones universitarias en la UBA con fotos de Cristina, de Boudou y de Altamira. En esta universidad se enfrentan los arribistas del poder y los militantes revolucionarios. Resucitando a la derecha El kirchnerismo se opone con todas sus fuerzas al desarrollo de una oposición política a su izquierda; prefiere el negocio de extorsionar al pueblo con el peligro de la "derecha". Ahora que esa derecha quedó pulverizada electoralmente, el kirchnerismo está empeñado en mantenerla a flote. Rescata, por un lado, a los Binner -para que la bronca social no alimente la votación del Frente de Izquierda- y también avanza en acuerdos con Macri. Como todos los bonapartes del pasado, CFK quiere designar a su propia (inocua) oposición. El Plan Agropecuario -que promete soja, monocultivo y tóxicos para el campo en las próximas décadas- es una oferta excelente para los intereses agrarios que protege el Frente binnerista. Binner le dio el vuelto con la oposición a que Shocklender vaya a declarar al Congreso -aunque lo que el gobierno teme más es que abra la boca el secretario de Obras Públicas, José López. La hostilidad del kirchnerismo a la izquierda delata la inminencia de los tarifazos y la devaluación del peso. La salida de capitales está protagonizada por gran parte de los que le dieron el voto al kirchnerismo el 14 de agosto. El voto al Frente de Izquierda La constitución del Frente le ha dado una expresión política a las luchas antiburocráticas al interior de las empresas y los sindicatos. El ingreso a la elección general nos ha dado la oportunidad de dirigirnos a millones de trabajadores, incluso -y principalmente- a aquellos que no han tenido una experiencia directa o personal de lucha de clases. Luchamos por llevar diputados del Frente al Congreso nacional. Los medios insisten en estos días de que se trata de una elección "cantada", pero un ingreso del Frente de Izquierda al Congreso significaría un cambio en las relaciones políticas en el país: la aparición de una oposición de izquierda terminaría con la extorsión política del kirchnerismo a los trabajadores: ‘nosotros o la derecha’ (aunque la mayor parte de la derecha se anida en el gobierno). En las vísperas de un derrumbe de la Unión Europea, no sería poca cosa. Para sepultar a la derecha no hay otra garantía que el voto al Frente de Izquierda. Sólo una oposición de izquierda al gobierno kirchnerista, en el país y en el Congreso, desarrollará un programa de salida a la crisis capitalista a partir de las aspiraciones obreras y populares.

El choque y descarrilamiento de Flores dejó un saldo terrible, pero repetido. Son las muertes que traen el derrumbe ferroviario y el de todo el transporte público. El desquicio lleva décadas. Sus beneficiarios son los mismos: los Roggio, los Cirigliano, los Cristóbal López o los Taselli. De Menem a Kirchner, de Cavallo a Boudou, el vaciamiento se mantuvo intacto. ¡Sólo los trabajadores lucharon contra él! Los ferroviarios, que pusieron en jaque la tercerización -el negociado que unía a los Pedraza, al Estado y a las privatizadas para lucrar con el trabajo precario. Los obreros y delegados del subte, que han denunciado una y mil veces a Roggio por el mantenimiento deficiente de las formaciones, el trabajo insalubre y la inseguridad que soportan tanto los trabajadores como los pasajeros. Sólo dos días antes de la inmensa tragedia de Flores, la Presidenta se refirió al transporte y, más precisamente, a los subtes. ¿Lo hizo para condenar la desinversión? ¿Llamó la atención a los concesionarios? No: atacó a los trabajadores. Minimizó las enfermedades laborales que sufren. Y anticipó lo que se viene: un tarifazo en el transporte público. Parece una burla, o una ironía. Pero mientras esto pasaba, la justicia de la Argentina K premiaba al gran privatizador, Carlos Menem, con la inocencia. Los grupos capitalistas a los que él benefició también serán premiados, en breve, con aumentos de tarifas. El kirchnerismo permitió que todos ellos sigan sirviéndose del patrimonio público. Pero tampoco removió de la gestión ferroviaria a sus socios de la burocracia sindical. Los agentes de Pedraza siguen al frente de las oficinas que “controlan” las inversiones y el mantenimiento ferroviario. En suma, son los que hacen la vista gorda frente al derrumbe. Otra tercerización, la que se ejecutó con la cooptación de Hebe Bonafini, ha dejado al desnudo un nuevo vaciamiento: el de la política de vivienda popular. El gobierno que exige el voto para frenar “a la derecha” no sólo pactó con Menem, candidato a senador de los K. También rescató a los privatizadores que se “llenaron” en aquellos años. La “derecha”, principalmente, está adentro del gobierno. Terminemos con el vaciamiento renacionalizando ferrocarriles y subtes, poniéndolos bajo la gestión de sus obreros y profesionales. Reforcemos, con el voto, a los que han luchado, siempre, contra los privatizadores. Al Frente de Izquierda.