Prensa Obrera N° 1165

La atención pública internacional ha estado acaparada, en lo que respecta a Italia, por la crisis política que ha desatado la acción delictiva de Berlusconi, primero en el plano patrimonial y, ahora, por las evidencias que lo muestran promoviendo la prostitución colectiva y de menores. Aunque la caída más o menos próxima del primer ministro pondrá, sin dudas, en primer plano la impasse social y política del capitalismo peninsular, la circunstancia de que la crisis gire sobre la inconducta moral del sátrapa y no sobre los problemas políticos de fondo, muestra el fenomenal atraso circunstancial en el que se encuentra el movimiento popular italiano en su conjunto. De cualquier modo, los avatares de esta crisis han relegado un hecho de importancia, por definición estratégica, como ha sido la derrota de los trabajadores de la Fiat ante la ofensiva de liquidación sindical emprendida por el principal pulpo capitalista de Italia. A decir verdad, en Italia nadie caracteriza que se hubiera producido semejante derrota, en parte porque la batalla todavía no ha terminado, pero fundamentalmente para no poner en evidencia el completo fracaso de la política de la burocracia sindical metal-metalúrgica (Fiom) -a la cual pertenece la mayoría de los obreros de Fiat. Extorsión Lo que ha ocurrido, en síntesis, es que la patronal de Fiat ha logrado imponer el desconocimiento del convenio colectivo de trabajo en dos grandes establecimientos de la firma, primero en Pomigliano y luego en la planta histórica de Mirafiori, mientras avanza en el cierre de la planta de Termini Inmerese. Recurrió para eso a la convocatoria de sendos referendos de carácter extorsivo, que habían sido pactados previamente con las burocracias sindicales del ramo -rechazados por la Fiom. Los términos del referendo establecían, entre otros: la posibilidad de modificar los horarios de trabajo sin restricciones; restringir el tiempo de comidas y prohibir el rechazo de horas extras; impedir, de hecho, las huelgas; y, de un modo general, establecer un nuevo contrato que deberá ser firmado por cada obrero, que sustituye a la convención colectiva nacional. El plato todavía más fuerte de este atropello es el que retira la representación sindical a los gremios que no firmasen el nuevo acuerdo. En el caso de Pomigliano, la patronal planteó la alternativa de aprobar el nuevo convenio o cerrar la empresa, y en Mirafiori más o menos lo mismo, mediante la reducción de las inversiones. La patronal extorsionó con su retiro de Italia. En estos términos, el referendo consiguió un 39% de rechazos en Pomigliano, y en Mirafiori triunfó apenas por tres votos en el sector obrero, aunque lo hizo en forma aplastante entre los administrativos. Todavía no hemos podido encontrar una explicación de la participación del personal que no estaba afectado por la reorganización laboral. Los comentaristas de la derecha admiten que si el referendo hubiera sido derrotado en el sector obrero, no hubiera podido pasar aunque ganara entre el conjunto del personal. Como la Fiom se opuso al acuerdo de la patronal con la burocracia sindical de derecha y rechaza los resultados de los referendos, ha quedado excluida de la representación sindical en la Fiat, ¡aunque constituya el sindicato mayoritario! La dirección de la Fiom se ha negado también a seguir la recomendación de la dirección de la CGIL, la central sindical mayoritaria a la que pertenece la Fiom, de firmar ‘técnicamente' el nuevo acuerdo, con el objetivo de conservar la representación sindical. En los hechos, la CGIL se puso en el mismo bando de las centrales sindicales minoritarias amarillas. De acuerdo con la prensa italiana, otras patronales metalmecánicas pretenden seguir el camino de la Fiat, lo cual implica la liquidación del régimen laboral-sindical vigente en Italia. La batalla no habrá terminado hasta que se cierre el capítulo de los convenios nacionales que han sido puestos en jaque, pero ello no disminuye en nada la derrota sufrida por el movimiento obrero en la principal ciudadela industrial de Italia. La Fiom El rechazo del planteo de la Fiat, por parte de la mayoría de la dirección de la Fiom, ha sido el pretexto usado para disimular que le cabe la responsabilidad principal por la derrota. Desde el estallido de la crisis mundial -que se reflejó en Italia con una fuerte caída de la producción industrial-, la mayoría dirigente adoptó una política de adaptación pasiva a la crisis, es decir que toleró las reducciones de jornadas, las suspensiones, los despidos y los cierres temporales de empresas, que fueron parcialmente compensados por los llamados "amortizadores sociales", o sea subsidios, indemnizaciones y reducciones de salarios. El ataque de la Fiat fue encarado en este marco de adaptación y de retroceso. Los referendos no fueron enfrentados con medidas de lucha. La Fiom no llamó al boicot a los referendos, bajo la premisa de que no sería acompañada, y tampoco llamó a votar por el No, que sin embargo alentaba claramente, para no legitimar la convocatoria extorsiva de la patronal -la firmeza aparente frente a la patronal estaba cubierta por la ambigüedad de la respuesta de conjunto. A mediados de diciembre pasado llamó a un paro de ocho horas para el 28 de enero -más de un mes más tarde y bastante después del referendo en Mirafiori, de principios de enero. El paro fue seguido parcialmente; en las concentraciones que acompañaron la huelga, la dirección desoyó el reclamo de una huelga general en toda la industria. La diferencia entre la Fiom y los sindicatos amarillos es la siguiente: los amarillos se sumaron a la ofensiva patronal; la Fiom se adaptó a esta ofensiva y capituló ante la burguesía italiana. La nueva línea de batalla de la mayoría de la dirección de la Fiom (la minoría, que se encuentra a la derecha, responde a la burocracia de la CGIL) es impedir que el conjunto de la patronal (Confindustria) se sume a la línea de la Fiat. Curiosamente, el conjunto de la izquierda política y sindical de Italia apoyó la orientación de la Fiom, con la caracterización de que su oposición formal al planteo de la Fiat significaba la aparición de un nuevo sujeto de referencia para la clase obrera italiana. Obama La liquidación de los derechos laborales, por parte de la Fiat, no responde solamente a la presión de la crisis mundial sobre el mercado del automóvil en Europa y a la capacidad exportadora de Italia. La nueva gerencia de la Fiat se ha embarcado en la reestructuración de la norteamericana Chrysler, que fue rescatada de la bancarrota por el gobierno de Obama. La Fiat, que pretende quedarse con Chrysler, se encuentra desde entonces bajo la tutela del gobierno norteamericano. Los planes industriales de la Fiat están condicionados a la sobrevivencia de Chrysler en el mercado de Estados Unidos. La reestructuración laboral en Italia responde a la presión para abaratar la integración de ambas firmas. Por esto mismo, amenaza la supervivencia de lo que en Italia se llama el ‘indotto' -o sea el tejido industrial asociado a la Fiat, como autopartistas y siderúrgicas anexas. En días recientes, el director general de Fiat, Marchionne, levantó la hipótesis de trasladar el centro Fiat (diseño, tecnología) a Detroit, lo que provocó una pequeña conmoción en Italia. Cuando se tiene presente que el mercado automotriz se encuentra boyante solamente en los llamados países emergentes, esto como consecuencia de la especulación financiera y la consiguiente expansión del crédito al consumo, es claro que una reversión de tendencia (completamente inevitable), no solamente golpeará a Fiat, cuyas mayores ventas tienen lugar en América del Sur, sino a toda la aventura con Chrysler. Crítica Este panorama del conjunto de la crisis subraya con mayor fuerza que la lucha contra los planes anti-obreros de Fiat en Italia reunía todas las condiciones para un gran desarrollo de conjunto, que fue frustrado por la adaptación social y política de la burocracia sindical de la Fiom. Al mismo tiempo, esta caracterización pone en evidencia que una nueva gran crisis laboral-industrial en Italia no sólo está en carpeta, sino que es inevitable. Precisamente por esta razón, es necesaria una fuerte corriente crítica dentro del movimiento obrero.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los gobiernos de todas las provincias coinciden en repetir la conducta de las paritarias pasadas, otorgando migajas salariales a los docentes a pesar del avance imparable de la inflación y de la carestía. En la paritaria nacional, el gobierno contraofertó (contra los 2.500 pesos iniciales propuesto por Ctera) llevar el salario mínimo a 2.200 pesos, en dos cuotas. En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más numerosa del país, el salario inicial está en 1.840 pesos, a lo que se agrega la suma fija de 250 pesos por única vez que Scioli está pagando en los meses de enero y febrero: 2.090 pesos; es decir, 110 pesos menos que lo que propone el ministro Sileoni. ¡No hay, entonces, tal aumento! El gobierno prácticamente no otorga nada y la cifra que pide la burocracia celeste no representa nada, pues aceptan mantener un básico de indigencia (reclaman 1.250 pesos de básico). La dirección de Ctera al "acercarse" tanto a las migajas que ofrece el gobierno sólo pretende crear una "ficción" de conflicto que no exceda a alguna amenaza de paro o alguna medida aislada que les permita "zafar" de un no inicio de clases, postergando nuevamente los destruidos salarios docentes. Este pacto de la burocracia celeste con el gobierno profundiza la flexibilidad laboral docente, porque para cubrir las necesidades básicas los compañeros deben trabajar dos y hasta tres turnos. Lo reconoce el propio Baradel: "El salario docente es una de las variables de la calidad educativa. Porque no se puede pretender mejorar la calidad educativa en las escuelas si tenemos docentes con sobrecarga laboral de dos o tres cargos, o acumulación de cuarenta o cincuenta horas cátedra para poder llevar un mínimo salario a sus hogares" (entrevista en página de Suteba). Ni el presupuesto nacional ni el de las provincias contemplan aumentos en el rubro educación. Pero ello no es indicador de que no haya recursos: en 2011, el Estado nacional va a pagar a las empresas privatizadas (petroleras, autopistas, ferrocarriles, colectivos, energéticas, etc.) más de 40.000 millones de pesos en subsidios. En estos términos ruinosos quieren cerrar la paritaria nacional. Luego vendrá la lucha provincia por provincia, a la que nos ha condenado la burocracia yaskista. El mar de fondo está creciendo. En Santa Cruz, el congreso de Adosac votó un aumento salarial del 50%. Si el gobierno no da respuesta, plantean no iniciar las clases. En Aten, diez seccionales opositoras están actuando coordinadamente para enfrentar la entrega de la directiva provincial Azul-Celeste en la mesa salarial de Neuquén. En Santa Fe, Amsafe-Rosario también prepara asambleas que discutan un plan de lucha. En todo el país está planteado superar el vaciamiento sindical de la celeste y poner en pie plenarios de delegados de base con mandato de docentes y estatales para organizar un plan de lucha por un aumento salarial del 40% en todas las categorías y un salario básico de 2.500 pesos.

No me extraña o mejor dicho no me sorprende que en el Ministerio de Trabajo sucedan cosas como la patoteada contra Pablo Viñas, de la Naranja Gráfica. Como empleada del Ministerio de Zárate Buenos Aires, sufrí algo parecido cuando me negué a recibir en diciembre obsequios de las empresas. Inmediatamente, desde los niveles jerárquicos y hasta de mi sindicato (ATE), pasé al banquillo de los acusados. Me encontré en la situación de tener que explicar por qué no los quería recibir e intentaban convencerme ¡de que no estaba mal! Hasta el día de hoy, sigue en juego mi trabajo por ese tema y hasta han pedido mi pase de organismo. Está claro cuáles son los intereses que se reproducen desde los organismos del Estado y está claro que cuando uno toma una postura crítica, el aparato entero se te vuelve en contra y comienza a operar para neutralizarte.

En poco más de 15 días, las inspecciones del Ministerio de Trabajo han individualizado más de 1.200 casos de trabajo esclavo, infantil y en negro en todas las latitudes del país. El gobierno está focalizando la denuncia en Nidera o DuPont, pero lo que sale a luz es mucho más que la explotación en el desflore del maíz: una trama sofisticada en la que actúan el gobierno, las patronales agrarias, las contratistas, las agencias de empleo y que explican el 65% de trabajo en negro o precarizado en el medio rural, luego de siete años de gobierno "nacional y popular". Curiosamente, esta realidad asoma en los datos del Indec sobre la ocupación en blanco al tercer trimestre 2010 -últimos datos conocidos. En el sector agropecuario, con un incremento que supera el 25% respecto al año anterior, el empleo registrado... cayó el 1,6% (iEco, 2/1). Las denuncias (ciertas) sobre las multinacionales que apelan al trabajo esclavo, el llamado a los jueces a aplicar el Código Penal por los casos de servidumbre, son, en definitiva, un ejercicio de ocultamiento. Formalmente, todo el sistema de contratación en el campo está bajo el dominio absoluto del Renatre (creado por el gobierno de la Alianza) que otorga la libreta de trabajo, administra el sistema de prestaciones por desempleo, controla el trabajo estacional -habitual o eventual- y, lo más importante, ejerce el poder de policía del trabajo. El Renatre está constituido por cuatro dirigentes en representación de Uatre, cuatro por las entidades patronales del campo -SRA, CRA y Coninagro-, y dos síndicos en nombre del Estado, por lo que el gobierno tiene el informe riguroso del sistema mafioso que permite el trabajo infantil, esclavo, en negro y precario. En ¡siete años! no surgió jamás el planteo elemental de intervenir un organismo que es parte de una organización delictiva contra el obrero rural. El jubileo se completa con el número insignificante de inspectores de trabajo en la provincia de Buenos Aires -210 para todo tipo de empleo, y los poco más de 500 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las agencias del trabajo esclavo El gobierno no ha tocado una sola pieza de las que sostienen este régimen de explotación. "Todos los beneficios que se les quitaron" (a Nidera y Dupont) por orden de la Afip, sobre los que machaca la "cadena oficial", "pueden ser recuperados una vez que cese la infracción" (Página/12, 2/2). Es decir, no pasa nada. ¿Acaso hay algo dispuesto frente a la trama siniestra y "legal" que revelaron los procedimientos? Un violento editorial de La Nación contra las denuncias sobre trabajo esclavo plantea que los trabajadores supuestamente reducidos a servidumbre "son dados de alta ante la Afip y la ART desde el comienzo de la relación laboral" (5/2). Es que el propio gobierno alienta la trama mafiosa, a través de lo que se conoce como "alta temprana", una notificación a la Afip en formulario electrónico antes de que una persona comience a trabajar, carente de cualquier otra verificación. Luego, "es práctica recurrente de estas empresas presentar la documentación sólo después de una denuncia ministerial o judicial por contratación en negro" para cubrirse las espaldas (Página/12, 9/1). Las agencias de empleo, uno de los grandes canales de la contratación en negro a todo nivel y no sólo en el campo, mantienen su actividad a pleno y el gobierno ha guardado un cuidadoso silencio sobre el otro nudo gordiano del trabajo no registrado: las contratistas. La frutilla del postre Enarbolar frente al trabajo esclavo el "nuevo" estatuto del peón rural presentado por CFK en junio 2010 (luego de siete años de gestión), para reemplazar el decreto ley de la dictadura militar, suena a estafa. El "nuevo" estatuto posibilita el trabajo de adolescentes a partir de los 16 años con autorización de los padres y de los 14 si trabaja en la explotación de la familia. Los considerandos del proyecto reconocen que el 75% de los trabajadores rurales son temporarios o eventuales pero la única disposición para que se los registre es un descuento de los aportes patronales por dos años, con prórroga por otros dos, una cuenta de la que se hace cargo el Estado. Lo más importante: no hay paritarias ni derecho de huelga, ni jornada laboral, y el trabajo rural queda en manos de la CNTA, un ente de mayoría estatal patronal. El PO plantea: expropiación sin pago de las empresas que emplean trabajo esclavo, contratantes y agencias de empleo, renuncia de todos los funcionarios responsables por este estado de cosas, incluyendo los gobernadores. Paritarias libres, elección de paritarios por los propios trabajadores.

Muchos de los obreros en huelga, el 10 de febrero de 2011, han difundido declaraciones en apoyo a las demandas políticas procedentes de la revolución en la Plaza Tahrir y en Alejandría. La declaración de los trabajadores siderúrgicos y de la industria del acero, que está circulando ampliamente, refleja la dinámica en curso. Demandas de los trabajadores del acero y la siderurgia: 1. Inmediata dimisión del Presidente y de todos los hombres y referentes del régimen. 2. Confiscación de los fondos y de los bienes de todos los referentes del régimen anterior y todo aquel al que se le pruebe corrupción. 3. Los obreros del acero y la siderurgia, que hemos dado mártires y militantes, llamamos a todos los trabajadores de Egipto a rebelarse contra el régimen y contra la federación obrera del partido gobernante. Llamamos a desmantelarla y anunciar de inmediato la formación de una organización sindical independiente, convocando a una asamblea general que, libremente, funde un sindicato independiente sin autorización ni consentimiento previos del régimen que ha caído y perdió toda legitimidad. 4. Confiscación de las empresas del sector público que hayan sido vendidas, cerradas o privatizadas. Las empresas públicas pertenecen al pueblo y llamamos a nacionalizarlas en su nombre y a formar una nueva gerencia constituida por trabajadores y técnicos. 5. Formación en todos los lugares de trabajo de comités de control obrero que monitoreen la producción, los precios, la distribución y los salarios. 6. Convocatoria a una asamblea general de todos los sectores y tendencias políticas del pueblo para elaborar una nueva Constitución y elegir verdaderos comités populares sin esperar el consentimiento o las negociaciones con el régimen. Una enorme manifestación de los trabajadores se sumará el viernes 11 de febrero de 2011 a la Plaza Tahrir para unirse a la revolución y anunciar las reivindicaciones de los trabajadores de Egipto. ¡Viva la revolución! ¡Vivan los trabajadores de Egipto! ¡Viva la intifada de la juventud egipcia: revolución del pueblo para el pueblo!

Tengo que disentir con Hernán respecto de su crítica, no su primera aseveración (que las reseñas hacen una crítica sobre el carácter político de una personalidad pública). Soy violinista, y también admiro y disfruto artísticamente de ciertos personajes relevantes en la historia del arte. Pero creo que la función de Prensa Obrera no es la de recordarnos una vez más que tal o cual fue bueno en su profesión (lo cual abunda en publicaciones especializadas para tales fines), sino justamente poner de manifiesto la dimensión política que esta figura ha tenido, pesar desde una perspectiva revolucionaria cuánto ha favorecido o dificultado la lucha de los explotados, siempre hablando desde el punto de vista de una crítica política. Que un análisis de las limitaciones en este plano se traduzca en una desvalorización de otra esfera de su actividad (el arte en este caso) es, sí, una simplificación unívoca (que nos recuerda al stalinismo y su "realismo socialista"). Pero eso es si confundiéramos una caracterización política con una crítica artística, cosa que no sucede en Prensa Obrera, y aquí sí le pido al compañero que relea las reseñas (que siempre y metódicamente intentan clarificar esta distinción). Para ir más allá, en las revistas En Defensa del Marxismo hay varios artículos publicados sobre arte y política revolucionaria, que intentan definir o analizar las relaciones y las características diferenciadas de ambas actividades humanas. En una asamblea, en el contexto de una lucha en la Universidad (año '99), un compañero intervino citando a Alejandro Dolina, llamando a acabar con las tomas para no "hacerle el juego" a los que decían que los estudiantes no queríamos estudiar. Me entretiene su programa de radio, me parece un buen escritor, pero el día que pase a la posteridad espero que Prensa Obrera ponga las cosas en su lugar.

Lo ocurrido la semana pasada, con la detención y excarcelación de Venegas, el Mubarak de la Uatre, tiene todas las características de una operación golpista. Duhalde y compañía no lo presentaron de este modo por obvias razones conspirativas, pero tampoco lo hicieron la Presidenta y sus cortesanos, que tantas veces recurrieron al cuco ‘destituyente'. El oficialismo cree que ninguneando el hecho, aleja la vulnerabilidad que dejó al desnudo. En un abrir y cerrar de ojos, un aparato de punteros debidamente ‘lubricado' y alerta forzó al gobierno a recular de la operación que había montado antes: obtener de Oyarbide el encarcelamiento de Venegas. Bajo la presión de la ‘derecha' duhaldista, los K pusieron el cambio en reversa y, con los mismos métodos con que llevaron al responsable del trabajo esclavo en cana (la presión sobre el juez), ordenaron a Oyarbide que lo pusiera en libertad. Con la detención de Venegas, los K pretendieron, probablemente, ‘compensar' el procesamiento de Capaccioli por el mismo delito de adulteración de medicamentos. Pero, apretada oficialista aparte, Oyarbide tenía fuertes motivos para encerrar al aliado ‘obrero' de la Mesa de Enlace sin pasar antes por una indagatoria, puesto que en tres ocasiones anteriores había encontrado las pruebas para hacerlo en allanamientos al ‘sindicato'. La excarcelación, por el contrario, fue el producto del matonaje: los momo-barranueva-duhaldistas se largaron a cortar calles y rutas, importándoles un bledo sus repetidos planteos de defensa del ‘espacio público'. El oficialismo, en pánico, hizo soltar al Momo, pasando por encima de toda la ficción de la independencia del Poder Judicial. El sometimiento de las ‘instituciones' a la presión de un aparato político mafioso tipifica una acción golpista -que el gobierno no ha querido admitir para mejor poder recular. Ningún periodista, curiosamente, a pesar de las calificaciones intelectuales de muchos, relacionó esta asonada con los métodos de la burocracia sindical en los '70 para derrocar a los gobernadores camporistas y al propio Cámpora. Obviamente, como la historia que se repite se disfraza de farsa, esta pseudo-reposición derechista de los '70 no debería ser tomada en serio. Pero no ocurre por primera vez: antes de las murgas movilizadas por el Momo la semana pasada, el ‘fraternal' Maturano paró varias veces el ferrocarril para que no fuera indagado Pedraza y para que fuera liberada la patota que mató a nuestro compañero Mariano -lo que supone el hecho anterior de la ejecución de este crimen. Un escriba regular de Tiempo Argentino, vinculado con Madres, o sea un ‘militante', había advertido a la Presidenta de la imprudencia de separar a la mafia de Pedraza del ferrocarril y de la Secretaría de Transporte, por las represalias que ella pudiera tomar contra el gobierno. La previsión del mencionado alcahuete ha ocurrido efectivamente por partida doble: las represalias tuvieron lugar, aunque no por parte la burocracia oficialista pero sí de la opositora, y el gobierno capituló ante el apriete en toda la línea. La reacción de los ‘destituyentes' ha dejado al desnudo la impotencia oficial. Así razonando, los ‘militantes' K van justificando sus agachadas ante la derecha -tanto ‘endógena' como ‘exógena'. En la comparsa del Momo de la semana pasada participó incluso la Mesa de Enlace en pleno. En definitiva, la prepeada de los Duhalde, Barrionuevo y Venegas (y Biolcati) ha dejado al desnudo las posibilidades golpistas de la patota opositora ante la total incapacidad del gobierno para hacerle frente. La momo-patoteada ‘destituyente' puso también de manifiesto las fracturas y las deslealtades del frente oficial. Ocurre que Moyano tomó partido por el Momo. Para los comentaristas se trató de una "reacción corporativa" de los adulteradores de medicamentos. Esto es cierto pero hasta un cierto punto, pues el sector oficialista de los adulteradores hubiera debido confiar en el socorro que les brinda el gobierno -y no socavar a este gobierno haciendo pata con los sindicalistas de la Mesa de Enlace. Si, a la luz de los hechos, resulta que esa confianza ha mermado, estamos entonces ante una enorme crisis política -lo que es más que una complicidad ‘corporativa'. La ‘momada' de Moyano produjo una crisis con La Cámpora sindical, que se manifestó durante la reunión del Consejo Directivo de la CGT cuando Recalde y Piumato se opusieron a acompañar a Moyano en el repudio a la detención de Venegas. Esto ha ocurrido cuando los lazos entre la juventud ‘militante' y la ‘juventud sindical' son cada vez más estrechos. En contraste con la capitulación del gobierno ante los ‘destituyentes' y sus métodos golpistas, y en oposición a su política frente a los delitos de la burocracia sindical, nuestra posición es: juicio ya y cárcel a la burocracia sindical adulteradora de medicamentos y a todos sus socios de la mafia empresarial; indagatoria ya a Pedraza, y juicio y castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra -es decir a la burocracia, a la policía y a las patronales de Ugofe. Pase a planta permanente de todos los tercerizados.

Otra vez la Bonaerense -y el poder- cobrándose vidas de jóvenes. Sin que medie agresión ni delito, Lucas Rotella, de 19 años, fue literalmente fusilado a itakazos por el suboficial Kapp, cuando se retiraba de la plaza ante la actitud amenazante de un grupo policial: el maltrato a los jóvenes es pan de todos los días. Otra vez Baradero es la vidriera nacional del ataque a la juventud y muestra que el aparato represivo y la complicidad del gobierno es el verdadero origen de la inseguridad. Como con Giuliana y Portu hace un año. Miles salimos ese marzo a las calles: asustados, los dueños del poder nos pidieron "confiar en la Justicia", para desmovilizar. Hoy, los responsables están libres y el intendente Carossi y su primo político, el comisario Fransoia, en funciones. Lucas no pudo terminar la secundaria porque salió a trabajar como peón de albañil. No es víctima de un loco suelto, sino de un régimen que odia y teme a la juventud, a la que no le puede ofrecer un futuro. Kapp ya tenía antecedentes de prepotencia y abuso con arma de fuego. Trasladado a otra seccional -así son los "castigos"- volvió a Baradero traído por el jefe policial, con la anuencia del intendente. Por eso debe irse Fransoia, cuyo desempeño debe ser investigado, porque se ataca a jóvenes inocentes y el delito sigue impune. Carossi (FpV) es el responsable político como jefe comunal. ¿Hasta cuándo lo va a salvar el Concejo Deliberante y el gobierno provincial? Impulsamos la formación de una comisión movilizadora encabezada por la familia, amigos, centros de estudiantes, agrupaciones barriales, sindicatos y partidos políticos, para terminar con la impunidad en este pueblo. Hay que organizarse para terminar con la impunidad y la inseguridad. Perpetua a Kapp. Fuera Fransoia, investigación del accionar policial bajo su mando. Fuera Carossi, responsable de mantenerlo en el cargo. • Basta de persecución a la juventud, basta de gatillo fácil! • Que se vaya la Infantería, no queremos represión ni más muertos.

Hola compañeros: en cierto sentido, hay algo de lógica en lo propuesto por Ballesteros (en el Correo de Lectores de Prensa Obrera Nº 1.164), pero en este caso estoy totalmente de acuerdo con el análisis del PO, puesto que para cantar las loas "izquierdistas" de María Elena Walsh ya están Página/12, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, revista 2010, radio cooperativa, la 750, etc., que no dijeron una palabra de los coqueteos de ella con la dictadura y sí hablaron de su "exilio" reivindicando una moral "impoluta" que no tuvo. Uno puede estar de acuerdo en muchos de sus valores artísticos, pero esos mismos valores artísticos tienen un límite que ellos no lo declaran ni lo quieren destacar, pues les sirve para su política izquierdosa, no de izquierda; y estos mismos límites sólo son comprensibles y evidentes rememorando sus claudicaciones. Nadie pone en duda los méritos que tuvo, pero ello no quiere decir que por haber criticado al "pequeño burgués", ella sea ya revolucionaria, mientras que en declaraciones más trascendentes que los de un poema o una canción, ha justificado el asesinato y la tortura de miles de compañeros que Ballesteros dice honrar, cuando MEW dijo que "la lucha contra la subversión es un acto del que nos 'beneficiamos todos'". Lo que comparto con Ballesteros es que, desde hace un par de años, veo que hay como una ambigüedad en algunos titulares, sin ir más lejos el último "Cristina con las cerealeras", es un títular neutro q no propone nada, podría haber sido algo más contundente que marque editorialmente nuestra oposición a tal conducta. Hace unos meses, otro título que no me gustó, fue uno que más o menos decía así (no tengo el periódico a mano para transcribirlo fielmente): "Todos con Moyano" o algo parecido, que a un lector desprevenido de PO le puede parecer un llamado a unirse a Moyano, si no lee el artículo, hubo varios títulos de este estilo que me parecen un retroceso a lo que históricamente fueron las tapas de PO desde el '86 en adelante y dejan una ventana abierta a la intención subjetiva, sobre todo, cuando se quiere vender la prensa y esos títulos me suenan más a PTS o MST que a PO.

El ataque al Partido Obrero, mediante difamaciones emanadas desde el poder, en acuerdo directo con los grandes medios de comunicación, no es una política privativa del kirchnerismo. Ahora el macrismo y Clarín han lanzado también un ataque de cosecha propia, afirmando que el Partido Obrero es el responsable de la quema de la puerta de la Jefatura de Gobierno (ver Clarín del 17 de enero). La nota de marras nos responsabiliza por incidentes que se habrían sucedido el 20 de diciembre en el edificio de la Jefatura sin aportar prueba alguna que involucre a nuestra organización: "También en diciembre militantes del PO quemaron la puerta y hubo que restaurarla casi por completo". Como salta a la vista no se trata de un ataque político, que debe ser respondido mediante una lucha política, sino de una afirmación que nos imputa una acción sin la menor prueba. Notas como la de Clarín apuntan a socavar a nuestra organización de cara al conjunto del pueblo. No estamos ante el libre ejercicio de la "libertad de prensa" sino ante un operativo político de la clase capitalista, su gobierno, partidos y medios de comunicación para atacar, mediante la calumnia y la injuria, a una organización que siempre defendió los intereses de los trabajadores. Se trata de una cuestión de clase y, por lo tanto, estratégica, en la que se borran las diferencias que separan a los Macri con los K, y a Clarín de Página/12 y Tiempo Argentino. El PO envió una carta documento al diario Clarín para que rectifique sus dichos, reservándonos el derecho de comenzar acciones legales. El diario respondió señalando que la nota "refleja fielmente la información brindada por las fuentes, en este caso fuentes oficiales del GCBA (Sr. Iván Pavlovsky -vocero del GCBA), las que por otro lado han sido concretamente enunciadas en ella". Con este recurso, Clarín busca sacarse el problema de encima y responsabiliza sobre sus afirmaciones calumniosas al vocero oficial del Gobierno de la Ciudad. Pero, luego, recibimos una nueva carta -fechada el 29 de enero- enviada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ella señalan que el PO "orienta y consiente destrozos y daños a bienes públicos de la Ciudad de Buenos Aires" y que personas "que se identifican" con el PO "han promovido alguno de los ataques a los que hacemos referencia". Concluye reclamando que el PO "arbitre las medidas necesarias a fin de cesar en los ilícitos" y que asuma "los daños ocasionados al patrimonio público" que cuantifican en 1.463.879,55 pesos. En la nota, esa cifra está justificada por el artículo publicado en Clarín, lo cual es un absurdo total, ya que el gobierno debiera saber por sí mismo lo que le salen los arreglos y no por lo que cite un diario. El reclamo del pago millonario suena a burla, aunque si tenemos en cuenta que a los trabajadores del Colón Macri les reclama 50 millones de pesos por sus movilizaciones, la cosa puede ir en serio. Es posible que la nota enviada por el gobierno sea una maniobra dictada por sus abogados para zafar de una causa penal en su contra. Todo hace recordar al modus operandi de los funcionarios y medios K, que se tiran la pelota mutuamente para evitar hacerse cargo de la responsabilidad que le compete por las injurias y mentiras vertidas contra nuestra organización. Como vemos, los ‘destituyentes' de Macri y Clarín repiten el mismo libreto. El Partido Obrero llevará a fondo la lucha contra Macri y Clarín, en todos los terrenos, incluso el legal. De esta manera, defendemos a nuestra organización de los ataques de la clase capitalista.

A mediados de enero, los empresarios del transporte pidieron el aumento de la tarifa de 1,80 a 2,35 pesos (el 30%). Este aumento pretendía compensar los "viajes gratuitos" que se otorgan a discapacitados, alumnos de primaria, secundaria, docentes y auxiliares. Los empresarios se olvidan de los 70 millones de pesos en subsidios que les otorga la Secretaría de Transporte de la Nación, sumas que fueron creciendo un 300% a partir de 2005. Cobran los pasajes por adelantado y no cumplen con las condiciones de prestación. Las organizaciones sociales se pusieron en movimiento para frenar el aumento, mediante asambleas, petitorios firmados por la población, manifestaciones frente a la Municipalidad, denuncias públicas, recorrida por los bloques del Concejo. El miércoles 9, la comisión de transporte del Concejo Deliberante se negó a recibir a los manifestantes. A la tarde, en una reunión trucha, Acción Marplatense (AM), partido del intendente aliado de Scioli) y el FPV (que dio quórum) aprobaron el aumento en 2,10 pesos y dieron pie a que se trate sobre tablas. El viernes 11 se convocaba a una manifestación frente al municipio, para ingresar cuando se tratara el aumento. Una patota de la UTA ingresó más temprano a la sala del Concejo, bloqueando la puerta de acceso. En la puerta de la Municipalidad se encontraba la policía y frente al municipio la burocracia de diferentes sindicatos de la CGT. Al mediodía, cuando los manifestantes intentamos ingresar al municipio, una barrera formada por los burócratas nos impidió el paso, hubo forcejeos, empujones y algunos golpes. El aumento del boleto se trató y aprobó cerca de la medianoche, intentando restringir el ingreso de los vecinos y manifestantes que durante 13 horas, esperaron el circo deliberativo. La patronal del transporte recibió un premio adicional, al incorporarse un artículo que abriría la puerta para un nuevo subsidio, esta vez, para la instalación de las monederas.

El último número de El Aromo, mensuario que publica la organización "cultural" y "piquetera" Razón y Revolución, demuestra que sus miembros no sólo están alejados de la lucha de clases, ya que prefieren las tribunas académicas -además de las periodísticas que les otorga el kirchnerismo-, sino que se han convertido en una banda de delatores y buchones sin principios. En una nota señalan que el seudónimo de un colaborador de Prensa Obrera corresponde a cierto periodista en actividad (aunque ninguno de los involucrados reconoció nunca públicamente ningún tipo de relación). La pertinencia de ese señalamiento, sea verdadero o falso, sólo le podría corresponder a miembros de los servicios de inteligencia del Estado y no a los militantes de una "organización" que se dice socialista. El disclosure de un seudónimo es un acto de elevado botonaje y sólo se explica debido al abandono de RyR de la realidad concreta en la que podrían basar sus análisis (y que los lleva a sostener teorías disparatadas en los terrenos de la economía, la política y el arte), ya que desconocen que las relaciones capitalistas que rigen el mundo del trabajo impiden, la mayoría de las veces, que un trabajador reconozca abiertamente su filiación con un partido revolucionario (hay que recordar que hace mucho tiempo que este grupo abandonó la tarea de la construcción de tal partido). El "desatino" de esta "organización" forma parte de una serie de ataques personales, insultos y bajezas para defender sus posiciones en los debates que intenta llevar adelante con el Partido Obrero, una recurrencia que demuestra que no se trata de un exabrupto, sino de un método establecido.

En diciembre, la jueza Wilma López reinstauró el secreto de sumario en la causa que investiga el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. A pesar de ello, los "trascendidos" informan de escuchas telefónicas que involucrarían a José Pedraza en la tentativa de soborno a uno de los integrantes de la Cámara de Casación, con el objetivo de obtener la excarcelación de los patoteros detenidos (Ambito Financiero, 7/1). También se informa que en los allanamientos a locales de la Unión Ferroviaria se habría secuestrado "‘mucha documentación', en especial sobre relaciones laborales y entrecruzamiento de actividades de los principales implicados en la investigación". Para los medios, esos allanamientos serían la "antesala" del llamado a indagatoria de Pedraza y Juan Carlos "Gallego" Fernández, los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria. Las revelaciones en torno del tráfico de influencias -que se tramita en una causa aparte- confirman el involucramiento de la cúpula de la UF en la defensa de los siete imputados, con métodos igualmente mafiosos. Pedraza sigue diariamente la situación de los detenidos y "se había interesado en persona de las gestiones en marcha". Pero, principalmente, la tentativa de obtener mediante sobornos la liberación de los patoteros fue un intento de "los capos" por mejorar su propia situación en la causa. En la medida que el círculo se cierra sobre Pedraza, las conspiraciones de la burocracia en pos de su impunidad se han redoblado. La burocracia, "alerta y movilización" La UF, en tándem con el otro gremio ferroviario, La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, han llevado adelante "medidas de fuerza" en función de ese objetivo. Pero ese estado de movilización incluye a los aprietes contra compañeros y testigos del crimen de Mariano. A fines de enero, nuestro compañero Damián Reynoso recibió nuevamente llamadas intimidatorias en su domicilio, que se han venido repitiendo alrededor del día 20 de cada mes. Al menos otros cuatro testigos -entre ellos, un ex gerente de Ugofe que denunció en su testimonio negociados de la burocracia, las empresas y funcionarios- recibieron intimidaciones. En los Talleres de Escalada, donde la burocracia hizo ingresar a 150 elementos de su riñón para doblegar un bastión de la oposición, reina un clima de terror. Poco antes del ataque a los tercerizados, Fernández había "recomendado" a Cristian Favale para su ingreso en ese taller. El gobierno Todo esto se desarrolla ante el silencio del gobierno nacional, que en estos cuatro meses jamás repudió a la burocracia de la UF y mantiene a sus personeros en la gestión del ferrocarril y en la Secretaría de Transporte; por el contrario, el gobierno mantiene una sistemática campaña macartista contra el Partido Obrero y promovió la detención y procesamiento de dos luchadores ferroviarios del PO. La indagatoria y detención de Pedraza y de Fernández no debe demorarse más. Para terminar con sus presiones y aprietes, los Pedraza, Schiavi y Luna deben ser expulsados de la gestión del ferrocarril.

La patronal de Fate, que encabeza el golpe de Estado pro-kirchnerista en la UIA, logró que los oligárquicos tribunales de San Isidro resuelvan "exclusión de la garantía sindical para proceder al despido" de Víctor Ottoboni, delegado obrero. Como en casos anteriores, la acusación se basa en legítimas medidas del accionar sindical. El fallo queda como una espada de damócles, mientras se procesan las apelaciones. No se trata de un hecho aislado. Pretenden una derrota en la antesala de las discusiones paritarias, en particular, en una empresa donde rigen precarias condiciones de trabajo y donde el último acuerdo salarial del neumático cerró con más de 10% por debajo del reclamo inicial, luego de un plebiscito trucho impulsado por la burocracia de Pedro Watseijo. El alineamiento del Sutna con Yasky y el gobierno le cuesta caro a los trabajadores de Fate. La experiencia indica que no es suficiente exigirle a la burocracia que se ponga a la cabeza de los reclamos de los trabajadores, está planteada un accionar independiente del cuerpo de delegados fabril y de la seccional opositora de San Fernando. La lucha contra la persecución sindical tiene que estar incorporada al conjunto de los reclamos salariales y de condiciones de trabajo que están planteados en Fate. Preparemos en esta etapa una asamblea general de fábrica que discuta luchar por Ottoboni hasta el levantamiento del juicio y por un pliego paritario propio, que fije el piso salarial tomando la ruta de los aceiteros que arrancaron cinco mil de mínimo, actualización según inflación, y coloque en la mesa la reversión del robo patronal de los turnos americanos, que para eso están las paritarias, no solamente para el salario.

El 15 de enero por la mañana recibimos una noticia que oscureció el día de sol. Yanina Maidana, presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 11, falleció por un ataque de asma fatal. Yanina era una persona que, a pesar de su corta edad, ya era una gran mujer, con un enorme valor, una entrañable humildad y una entrega formidable. Todos sus compañeros y amigos del Normal 11 saben que sin ella el Centro de Estudiantes pierde a una de sus mejores activistas. Yani se puso al hombro la construcción del Centro. Encabezó una de las tomas más aguerridas del movimiento secundario, que duró varias semanas, en las que ella permaneció siempre firme junto a sus compañeros, bajo la presión de las autoridades y del Gobierno de la Ciudad. Su persona no podrá separarse de la enorme gesta que fue el estudiantazo en la Capital. El movimiento secundario y la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios han perdido a una de sus luchadoras más importantes. Nadie va a olvidar sus apariciones en las movilizaciones, organizando a una de las columnas más grandes, con una bandera enorme del Normal 11. Ella organizaba, discutía, cantaba con el megáfono, intervenía ante los funcionarios, sin perder nunca la humildad y la capacidad de escuchar a todos sus compañeros. En las reuniones de la Cues o en los congresos jugaba un papel importantísimo. Sus intervenciones eran tenaces, cortas y concisas, marcaban una orientación de lucha y de independencia al conjunto de los secundarios. Con apenas unos meses de actividad en el movimiento secundario, Yani era respetada por todos los activistas y estudiantes secundarios. Sus compañeros y amigos de la UJS y el Partido Obrero tampoco la olvidaremos. Desde el primer momento, Yani vio en la UJS un canal para organizarse, un programa para orientarse y para luchar. También participaba con gran interés en los cursos sobre teoría marxista. Desde Avellaneda atravesaba la ciudad para reunirse en el local del PO en Soldati. Simplemente, estamos orgullosos de haber compartido este proceso con Yani. El dolor que sentimos sus amigos y sus compañeros es inmenso. En su memoria, desde la UJS nos empeñaremos en continuar todo lo que ella se propuso, con la misma entrega y el mismo ímpetu. El Centro de Estudiantes del Normal 11 y todo el movimiento estudiantil la llevará como bandera para seguir luchando. Compañera, amiga, ¡hasta la victoria siempre!

La recuperación de nuestra querida compañera Elsa Rodríguez está recorriendo el camino de las victorias populares. La inmensa solidaridad, incluso internacional, la firme presencia familiar y de sus compañeros del partido, del Polo Obrero y, fundamentalmente, la in-que-bran-ta-ble voluntad de Elsa están logrando que día a día desarrolle pasos fundamentales en su recuperación. El tratamiento, tanto fonoaudiológico como kinesiológico que realiza en un centro de rehabilitación de la Capital, muestran grandes avances. Tanto sus compañeros como toda su familia, seguimos apuntalando a Elsa en estos pasos fundamentales de su recuperación, que continúa sin pausa. Como desde el primer día siguen llegando muestras de afecto y de deseos de recuperación de todas partes que fortalecen su espíritu indomable. La voluntad militante de Elsa, demostrada en decenas de luchas en estos últimos años, fue duramente puesta a prueba frente al ataque de la patota asesina de Pedraza y la burocracia de la UF, y está saliendo victoriosa. Su recuperación, que fue, es y será una bandera popular, será también, a su turno, un mazazo contra quienes creyeron que con una bala terminaban con su lucha y con la de todos los que peleamos contra la explotación. Como dicen los afiches: "¡FUERZA ELSA!".

El sábado 5 de febrero, durante el recital organizado por la Municipalidad, donde actuaba Pimpinella, una patota de 50 patovicas armados con palos y gases vomitivos, dirigida por Bertol, el director de Tránsito, agredió a vecinos que repartían volantes contra la privatización de la costa del río. La patota actuó con total impunidad, ante la mirada cómplice de los efectivos de la policía de Scioli y la gendarmería de Garré. Se trató de una acción coordinada, una zona liberada, para defender el megaproyecto inmobiliario. Se trata de una ‘tercerización' de la represión contra la oposición política y social. La lucha contra este negociado comenzó un 24 de diciembre de 2004, cuando el Concejo Deliberante votó fraudulentamente la entrega de la costa pública a grupos privados. El oficialismo radical K y kirchnerista cuenta con la complicidad también de la ‘oposición' PRO, al servicio de los Irsa y De Narváez y sus negociados inmobiliarios. Esto explica la conjunción de policía, juzgados y fiscalía actuando a favor del meganegocio especulativo. El Vial no es sólo un negociado, privatiza la costa y asesta un golpe a la ecología ribereña. Es financiado con 54 millones del presupuesto nacional y la parte del león del presupuesto de obras municipal. Mientras el plan de viviendas populares en Las Flores y otras barriadas ha sido definitivamente postergado. Las obras de infraestructura del complejo Vial son financiadas por el municipio, a costa de brutales aumentos en el ABL y la reducción de fondos en el presupuesto, en salud y educación. Para detener el Vial y juzgar a los estafadores participantes del negociado, hace falta una fuerte movilización popular, un plan de lucha que se proponga multiplicarse para terminar con el ataque a los intereses de los habitantes de Vicente López. Algunos sectores señalan que la salida debe ser a través de una consulta popular. Luego de años de lucha contra el vial costero por parte de los vecinos, ¿es necesario consultarles su opinión? Se trata solamente de una medida que el intendente García jamás convocará apoyándose en su bancada y la oposición cómplice del PRO. Es necesario que intervenga el pueblo de Vicente López, en defensa de un plan de vivienda popular, junto con las organizaciones estudiantiles y docentes que luchan contra la falta de presupuesto educativo, etc. • Que los patoteros y sus mentores vayan en cana. • No al Vial costero.

Entre el 4 y el 6 de febrero, la juventud del centro de la provincia de Buenos Aires realizó su Campamento en la ciudad de Tandil, con presencia de jóvenes de Mar del Plata, Azul, Olavarría y Tandil, quienes disfrutaron del entorno serrano. La actividad central fue un curso de formación política, donde se debatió la delimitación del socialismo del nacionalismo burgués que encarna el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El análisis puntual de todas las medidas del gobierno en estos siete años y su agotamiento en el marco de la crisis mundial nos permitió desarrollar como conclusión un programa de salida al derrumbe capitalista que oriente nuestra lucha política por una alternativa obrera y socialista. La misma por la cual luchó y fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra. El Campamento cargó las pilas de todos los compañeros para seguir la lucha por el socialismo.

El jueves 3 de febrero descarriló un tren de carga cerca de la estación de José León Suárez, en las inmediaciones de la villa La Cárcova, en el distrito de San Martín. Algunos momentos después, la policía bonaerense de la Comisaría 4ª de Suárez abría el fuego con balas de plomo a un grupo de vecinos que se encontraban junto al tren descarrilado. Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, fueron acribillados por la policía. Las pericias realizadas demostraron que Franco recibió cinco balazos de plomo que le causaron la muerte, también que ninguno de ellos estaba armado y que iban a buscar cartones en sus bicicletas. Minutos después del asesinato de los chicos a sangre fría se desató una verdadera persecución en las inmediaciones donde fueron golpeados y detenidos decenas de jóvenes que circulaban por la calle. La Comisaría 4ª de Suárez inició una verdadera cacería. Esta comisaría es conocida en la zona, hace mucho tiempo, por su salvajismo y su accionar impune contra la juventud en la zona, teniendo en su haber varios casos de gatillo fácil. Scioli y su ministro de Seguridad Casal son los responsables directos del accionar de la maldita policía, antes, durante y después de estos hechos. Este hecho es una consecuencia directa de la campaña fogoneada por Scioli -y reafirmada por la propia Presidenta- para bajar la edad de imputabilidad de los menores, es decir, colocar a la juventud como los responsables de la delincuencia. Con este respaldo desde el poder político es con que se mueven los policías, que actúan en consecuencia. Esta masacre se da en el medio de las internas del gobierno nacional y de la provincia sobre el problema de la inseguridad. La Bonaerense se siente desplazada, desde el gobierno nacional y su "plan centinela", que ha dispuesto el desembarco la Gendarmería nacional en la provincia. Esta interna se expresó en la acusación del canciller Timerman al gobierno bonaerense de "formar" a la policía en "cursos de tortura" y "técnicas golpistas" en la International Law Enforcement Academy (Ilea), dictada por Estados Unidos en El Salvador. Luego de varias idas y vueltas, Casal respondió que también las policías Federal y la Metropolitana se "formaban" en esta academia. La conclusión que se desprende de estas acusaciones cruzadas es que estamos ante una práctica que envuelve a todas las fuerzas de seguridad. La represión y la persecución a los trabajadores y a la juventud es una verdadera política de Estado. El 30 de enero, la Gendarmería nacional secuestró, golpeó y robó sus pertenencias a cuatro jóvenes a la salida de un boliche en San Miguel. En Vicente López, las patotas del intendente García reprimieron con palos y gases vomitivos a vecinos que se manifestaban su rechazo al Vial Costero frente a la mirada impávida y cómplice de la Policía y la Gendarmería. Scioli y Casal pretenden desprenderse de la responsabilidad separando a un grupo de policías involucrados en los hechos. La policía no actúa si no es con órdenes desde arriba. Es necesario, apuntar a la cabeza: la cúpula de la Bonaerense, Casal y el propio Scioli. Juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de José León Suárez.

Los trabajadores de UTA vienen de realizar una jornada histórica para el gremio. Los planes de luchas y paros generales arrancados desde la bases en los últimos años han evolucionado en una asamblea general impuesta al sindicato donde se votó reclamar que una suma que venían cobrando en negro vaya al básicos. Los trabajadores de la UTA a nivel nacional viene percibiendo parte de su sueldo (300 pesos) en negro que, como ya es costumbre, en vez de ser incorporado al básico van a parar a los distintos ítems que componen el sueldo. Frente a esta situación la agrupación Ortuta, a fines de diciembre empezó una fuerte campaña pública que incluyó una carta documento y una entrevista con la nueva comisión directiva solicitando se convoque con urgencia a una Asamblea General para discutir las principales reivindicaciones insatisfechas: que los 300 pesos en negro pasen al básico, un aumento salarial para 2011 no inferior al 40%, la devolución de los días descontados por asamblea a las compañeras de Trolebuses y un plan de mejoramiento de las unidades y las condiciones de trabajo. Producto de esta campaña y la situación explosiva que hoy se vive en el transporte urbano de pasajeros, la conducción llamó a una asamblea general por primera vez en décadas, ya que las últimas asambleas y planes de lucha que tuvo la UTA fueron convocadas desde las bases e impuestas a la burocracia. Sin embargo, el punto del temario era sólo uno: se informaría como se incorporaría al sueldo los 300 pesos en negro. Los más de los 300 compañeros que se movilizaron a la asamblea, hecha en un club a las ocho de la noche, fueron en gran medida gracias a la fuerte propaganda de la Ortuta. La dirección del gremio se jugó a que la asamblea fuera un saludo a la bandera: no garantizó la presencia masiva de los compañeros y le dió un carácter sólo informativo ya que la negociación estaba cerrada (sólo 170 pesos irían al básico y el aumento para 2011 sería del 20%). La reacción de los trabajadores fue inmediata. Transformaron la pantomima de asamblea de la directiva en una asamblea genuina como las que los compañeros venían realizando los últimos años en las líneas, empresas e inclusive en la puerta del gremio.El carácter resolutivo de la asamblea cambió el programa que traía la conducción: se impuso reclamar con una movilización al Ministerio de Trabajo que los 300 pesos en negro vayan íntegramente al básico y no un porcentaje; también se exhortó al gremio a que se convoque a un plan de lucha con asamblea y paros si no se conseguía el reclamo. A su vez, se rechazó el 20% "que viene de las negociaciones salariales de Buenos Aires" y se planteó que el monto no podía ser inferior al 35 ó 40% y que la suma la tienen que discutir las bases en Asamblea General antes de ir a cualquier negociación. Además, se votó que a las compañeras de Trolebuses les devuelvan íntegramente lo que se les había descontado por las asambleas. También se intimó al gremio a que presione a las patronales para que mejore el estado de los coches. En las dos negociaciones que ya se han llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo con la patronal, consta en acta que la UTA peticiona que los 300 pesos y cualquier futuro aumento tienen que ir al básico. Si el lunes la patronal no da lugar al reclamo la conducción planteó públicamente que va al paro.

El Partido Obrero catamarqueño está desarrollando una fuerte movilización política. En esta lucha recogimos cientos de adhesiones, que se trasmitieron a través de firmas o de las redes sociales, con cartas a los diarios y también con reuniones especiales como el encuentro de docentes y trabajadores de la cultura. Nos presentamos con senadores en cinco de los ocho departamentos que estaban en juego y con lista completa en ocho municipios. La lucha por las candidaturas El proceso de constitución de listas fue el escenario de una intensa lucha política. Las expresiones del movimiento popular de la provincia recibieron el embate de los partidos patronales y los oportunistas. Ello se manifestó sobre las asambleas y luchadores ambientalistas, pero también en otros terrenos, como el del movimiento de la salud. Hubo una campaña por cooptar a las asambleas al Frente Cívico o al kirchnerismo, asociándolos a sus listas, ofreciendo concejalías o puestos en el Ejecutivo, con la pretensión de que se creaba así una suerte de "control popular" sobre el futuro gobierno. Esta campaña logró resultados entre unos pocos elementos de las asambleas de San José y Santa María, que se dividieron entre la integración a las listas oficiales de sus municipios o a los de la oposición patronal. En Andalgalá, entre el presidente de la UCR, Páez, y el del partido de Saadi, Ramos, buscaron, con tibias manifestaciones antimineras, que la asamblea ambiental del Algarrobo les diera su apoyo. Aunque no lo lograron, sometieron a la asamblea a un fuerte desgaste. Finalmente, terminó uno usando la personería del MST, a cuenta de Proyecto Sur; y el otro se postulará en un acuerdo del partido de Saadi con el de Carrió. Los luchadores de la salud también recibieron presiones, y un par de ellos sucumbió frente a al peronismo federal (Liliana Barrionuevo). En esta delimitación, una fracción del movimiento de lucha tomó decidido partido por la lista del PO. El sector más activo del movimiento de la salud conformó un frente, de hecho, con el Partido Obrero, que redundó en decenas de firmas de apoyo entre trabajadores del hospital San Juan Bautista. Tres destacados dirigentes de los Autoconvocados por la Salud integran nuestras listas, como candidatos a intendentes de Valle Viejo (Tato Traverso), de Andalgalá (la anestesista y luchadora ambiental Viviana Passarelli) y, en el tercer lugar en la lista de diputados, la compañera Sonia Sosa. Los compañeros de la salud han valorado la intervención electoral junto al Partido Obrero como un fuerte impulso a los reclamos laborales (fin de los contratos, becas y tercerizaciones) y por la salud. En Belén, encabeza la lista de concejales una destacada luchadora docente, Norma Rearte; y en Santa María, otro distrito afectado por la minería, es candidata la escritora Coca Salvatierra. Las listas del Partido Obrero se han constituido al cabo de una tenaz lucha política y expresan la maduración del activismo catamarqueño. Apoyarlas, impulsarlas y defenderlas es la tarea de la hora para darle un impulso vital a la decisión del pueblo catamarqueño de ir a fondo contra el derrumbe ambiental y social.

El proceso de ingreso de los tercerizados a planta permanente en la Línea Roca le ha dado un enorme golpe a la burocracia ferroviaria. En La Fraternidad todavía no puede medirse el costo que ha tenido para Maturano el alineamiento con la patota de Pedraza, pero en la Unión Ferroviaria, mientras se extiende el reclamo de pase a planta de los tercerizados en todas las líneas, existe en el Roca un virtual vacío de poder por la disolución del cuerpo de delegados. La mayoría de éstos se borró luego del asesinato de Mariano Ferreyra y ahora han empezado a proliferar nuevos agrupamientos apadrinados por el Gallego Fernández que pretenden ocupar el lugar que tenía la Lista Verde. En este cuadro, la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra inició un empadronamiento de hijos y familiares de compañeros para impulsar su ingreso al ferrocarril, convocó tres asambleas, presentó más de 250 aspirantes a la UF para que sean incorporados a la bolsa de trabajo y reclamó una audiencia al Ministerio de Trabajo. Esta iniciativa desató una deliberación en la especialidad de guardatrenes. En la sala de guardas de Plaza Constitución, una asamblea de más de 60 compañeros votó un empadronamiento de familiares de la especialidad y marchar al Ministerio el lunes 7. La comisión formada fue copada por elementos afines a la burocracia, quienes se entrevistaron con el Gallego Fernández y recibieron, como toda respuesta, que la UF no puede entrar más personal al ferrocarril ni iba a publicar la bolsa de trabajo del gremio. Que la única función que se habían asignado en estas circunstancias era tratar de sacar de la cárcel a la patota criminal. Los elementos afines a la burocracia plantearon que había que darle quince días de plazo a Fernández, y disolvieron la convocatoria votada en asamblea. En la dotación Llavallol no se aceptó el plazo y se convocó una nueva asamblea el lunes 7. En ésta intervino el delegado verde de guardas de Temperley, quien propuso reconvocar a toda la especialidad el miércoles 9 en su base. En el medio de estas deliberaciones, se realizó la tercera asamblea de ferroviarios y familiares promovida por nuestra agrupación que convocó a marchar al Ministerio el viernes 18 para reclamar el ingreso de compañeros de todas las especialidades y votó un afiche para pegar en las estaciones y trenes, con el fin de sumar a más ferroviarios. La bolsa de trabajo es una reivindicación histórica de los ferroviarios absolutamente prostituida por la verde, quien la utilizo para meter sus hombres en talleres y especialidades para dominar la organización gremial a través de la patota. Ahora, la Bolsa se está transformando en un reclamo masivo de los efectivos, que empiezan a atreverse contra Pedraza y Fernández y reclaman la publicidad de estos ingresos, y el respeto por las antigüedades de inscripción de los hijos de los ferroviarios.

Todo se relaciona con todo" en el entramado de la mafia de los medicamentos. Una y otra vez, por ejemplo, regresan los nombres de los tres traficantes asesinados en General Rodríguez y se revela una red sorprendente de vínculos entre aquellos crímenes, la muerte a tiros de dos narcos colombianos en un shopping de Martínez, los medicamentos adulterados y/o robados en las obras sociales sindicales, el contrabando de cocaína a España y el de todo eso con los caciques de la burocracia y el gobierno nacional. Gustavo y Eduardo Juliá, se sabe, están detenidos en Barcelona junto con su piloto, Matías Miret, por tratar de introducir casi una tonelada de cocaína en el aeropuerto de El Prat. Sus empresas, Medical Jet y Federal Aviation, fundadas por el fallecido brigadier José Juliá para hacer negocios sucios con el gobierno de Carlos Menem, utilizaban sus aviones para estafar al Pami con traslados de jubilados que nunca se habían hecho y, ahora se sabe, para hacerles de "mulas" lujosas a carteles colombianos y mexicanos. Pues bien: uno de los ejecutivos de esas compañías, Gustavo Luaces, es socio de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, uno de los traficantes asesinados en General Rodríguez. Bellone está procesada, acusada de ejecutar maniobras financieras para lavar dinero procedente de la venta de remedios adulterados a las obras sociales de los sindicatos. Por cuerda separada, decenas de llamados telefónicos revelan los vínculos de Forza con Héctor Duque Zeballos, uno de los narcos colombianos acribillados en Martínez. Ahora, el fiscal Diego Grau tiene la casi certeza de que el sicario que le disparó a Duque Zeballos y a otro narco huyó del país en uno de los aviones de Medical Jet. Gustavo Juliá, preso en Barcelona, fue nombrado gerente financiero del Pami durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Así, pudo controlar personalmente los negociados comenzados por su padre en tiempos de Menem. Está probado que, desde entonces, burócratas sindicales de todas las facciones usaron los aviones de Medical Jet para sus viajes privados, igual que funcionarios del gobierno. En 2003, esas estafas empezaron a salir a la luz. Juliá perdió su puesto en el Pami pero no su operatoria, protegida por el Estado. Nunca nadie investigó a sus empresas y el gobierno de Kirchner lo compensó con un permiso de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para operar en el aeropuerto de Morón, donde cargaron la tonelada de cocaína en un avión Challenger Bombardier. Comisario traficante Durante la investigación de las estafas con medicamentos a las obras sociales por parte de la burocracia, y a la Administración de Programas Especiales (APE) por los burócratas y el gobierno, fue allanado el hospital Posadas y detenida la directora del depósito de drogas de ese establecimiento, Susana Yannacaccio. Con ella apresaron a un personaje clave en todo este asunto: el ex comisario José Luis Salerno. Salerno había sido echado de la Bonaerense y estuvo detenido en 2008 por ocultar pruebas en el caso del triple crimen de General Rodríguez. Toda una definición del sujeto, sobre todo si se tiene en cuenta que dos de los traficantes asesinados eran sus socios. En efecto, Salerno era el dueño, en sociedad con Sebastián Forza y Leopoldo Bina, de Pharma Group, proveedora de medicamentos truchos a la obra social de La Bancaria y a decenas de otras. También es el propietario de Tecnopharma, otro de los laboratorios investigados por sus maniobras fraudulentas con las obras sociales. El ex comisario también estaba vinculado con los negocios de la obra social del sindicato de maestranza, y ahora se lo investiga por el asesinato de Roberto Roger Rodríguez, que era su presidente. El auto de Salerno tenía un permiso de libre estacionamiento en el Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular es Alicia Kirchner. No es cierto lo que dice la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre supuestos "agujeros" en los controles estatales en materia de narcotráfico. El Estado es parte orgánica de ese negocio, que no podría desarrollarse sin su amparo y protección. Los trabajadores argentinos no pueden permitir que sus obras sociales -por lo tanto, su salud- sigan en manos de esta mafia infame.

Pasaron más de 90 días y Cristina dejó sin reglamentar la ley de glaciares. En lugar de vetarla como hizo en 2008, la cajoneó para no aplicarla. Tampoco proveyó de fondos para el inventario de glaciares. Como adelantamos cuando se aprobó la ley en octubre y Cristina no la vetó, la postura del gobierno a favor de los pulpos mineros no cambió, sólo se volvió más hipócrita. Las autoridades encargadas de elaborar la reglamentación de la ley, las secretarías de Minería y de Medio Ambiente, fueron dos activos lobbistas a favor de los pulpos y contra la ley. ¿Alguno se puede asombrar que la reglamentación no avance? El cambio de Bibiloni por Mussi sólo cambió a uno de los zorros que cuidan el gallinero. Catamarca El propio secretario de Minería se mandó un raid por Andalgalá en Catamarca, a mediados de enero. Fue en nombre de los pulpos mineros Alumbrera y Agua Rica a inaugurar un lavadero industrial "donado" por los pulpos (que permitiría que alguna decena de trabajadores lave la ropa de Alumbrera). Es que está fresca la gigantesca movilización popular de febrero del año pasado en Andalgalá que arrancó la suspensión de las tareas de Agua Rica. El secretario de Minería fue a Andalgalá acompañado de la candidata kirchnerista, Corpacci, para que no queden dudas de su alineamiento con los pulpos. Corpacci también había asistido en diciembre a la Casa de Gobierno para firmar en nombre de la provincia el Pacto Social en defensa de la minería. Allí, Cristina se jugó a fondo, preanunciando para quien quisiera verlo que no pensaba aplicar la ley de glaciares. Radicales Los diputados y senadores radicales por Catamarca actuaron a fondo con el lobby minero contra la ley de glaciares en ambas cámaras y Brizuela se alineó en la estrategia marcada desde la secretaría nacional de minería y de la cámara de empresarios mineros de que cada provincia elabore su propia ley provincial de "protección de glaciares", es decir de vía libre a los pulpos. No es casual que un radical haya sido nombrado primero por Néstor y después por Cristina Kirchner para presidir el Ymad, la empresa minera que explota Farallón Negro y es socia menor de Alumbrera y lo piensa ser de Agua Rica. Y que desde ese lugar haya alcanzado la presidencia de la Cámara de empresarios mineros. Las peleas mediáticas de Brizuela y Corpacci, en 2007 integrantes de la misma fórmula, son para la tribuna. Se disputan las migajas que dejan los pulpos mineros en su saqueo del patrimonio nacional.

A casi cuatro meses del asesinato de Mariano Ferreyra y a tres de los anuncios de pase a planta permanente de todos los tercerizados del Roca, se suceden en varios ferrocarriles movilizaciones al Ministerio de Trabajo nacional, se han producido una decena de bloqueos de boleterías y varios cortes de vías que seguramente se profundizaran en los próximos días. El plan del gobierno de pase a planta se realiza en "cuentagotas", condicionado por las presiones de la burocracia de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Por su parte, las tercerizadas, con la abierta anuencia del gobierno, han producido ya dos centenares de despidos, lo que constituye una verdadera provocación. Producto de esta situación aun permanecen afuera compañeros de Expervías de Ecocred, Herso, Confer y Aumont excluidos del traspaso. Las llamadas "altas tempranas" que son el "pase" a la pertenencia al ferrocarril, denotan la absoluta ausencia de un plan de trabajo ferroviario. En su gran mayoría, los trabajadores pasados a planta aún no tienen la ficha ferroviaria ni funciones específicas asignadas. En varias de las empresas de seguridad, aún no se han cobrado las equiparaciones salariales. Otras, ni siquiera han sido tenidas en cuenta en el traspaso (Milenium). Del 20 de octubre hasta hoy, han ingresado en esas condiciones precarias menos de 900 tercerizados en el Roca Unos 1.200 tercerizados de los demás ferrocarriles han comenzado su lucha por el ingreso definitivo al ferrocarril. En los últimos días se han sumado empresas de vías y obras y de seguridad del FFCC Mitre, casi todas las tercerizadas del FFCC San Martín, la mayoría de las tercerizadas del Belgrano Norte y el Belgrano Sur, algunas del Urquiza y del FFCC Sarmiento, socorristas y hasta vendedores ambulantes. Un masivo plenario realizado el día martes en Lanús, con presencia de todos estos sectores, votó un plan de acción. Se marcha hacia una asamblea unitaria, la próxima semana en pos del reclamo de pase planta y las reincorporaciones de todos los tercerizados. De ese modo, el movimiento busca derrotar la política de división orientada desde el Ministerio de Trabajo. La enorme lucha por el pase a planta se enlaza con la batalla por la expulsión definitiva de la burocracia de los FFCC, el encarcelamiento de Pedraza-Fernández y la liquidación definitiva de Ugofe, que se ha transformado en un coto de los negocios de la propia burocracia sindical.

No pasaron más que algunas semanas desde que la secretaria norteamericana Hillary Clinton agradeciera a CFK su reacción discreta frente a las revelaciones de WikiLeaks, que mostraban la injerencia de la embajada de Estados Unidos en los asuntos políticos de Argentina. La Presidenta debió haber creído entonces que su gesto había ‘comprado' la neutralidad del matón del norte frente a las elecciones nacionales de octubre próximo. Los mentideros yanquis habían alimentado esa ficción con la interpretación de que "CFK no es Néstor", aludiendo a una tendencia de la Presidenta a la contemporización. El anuncio, por parte de Obama, en la sesión de apertura del Congreso norteamericano, de que pasaría por Brasil y Chile, y esquivaría a Argentina, la devolvió, sin embargo, a la realidad: los yanquis quieren un cambio de gobierno en las orillas occidentales del Plata. Los mismos voceros del gobierno norteamericano avalaron esta interpretación cuando dijeron que Obama no quería venir a Argentina en un año electoral. No es un problema ‘ideológico' lo que está en juego, como lo prueba la visita que tiene planeada Obama, en esa misma gira, a El Salvador, cuyo presidente es un camarada de ruta proyanqui del FMLN, o a la ex guerrillera Dilma Roussef. Luego de haber defendido con éxito el golpe de Estado en Honduras, el gobierno norteamericano logró que el colombiano Santos impusiera a Chávez un cordón de seguridad en la frontera que ya redundó en la extradición de varios guerrilleros de las Farc, y aún más con el ecuatoriano Correa, que tiene un verdadero pacto militar con su par colombiano. Todo esto ha tenido lugar sin afectar al Plan Colombia, como se llama la penetración político-militar que esgrime como pretexto el combate al narcotráfico. Ahora se prevé extender este plan a México. En las recientes elecciones en Venezuela, el establishment yanqui se entusiasmó con la victoria electoral de la oposición ‘escuálida'. La Argentina K, que navega entre las aguas del Alba chavista y los acuerdos con el imperialismo yanqui y el capital financiero internacional, aparece como el ‘eslabón más débil' de los gobiernos que tienen roces con el gobierno norteamericano -incluso después de la partida de Bush. El esfuerzo que deben hacer los yanquis para quitárselo de encima no es mucho, pues les alcanza que los K no ganen en primera vuelta. Esto explica las tiradas del ministro más proyanqui del gabinete, Héctor "Twitterman", contra el entrenamiento de la seguridad argentina por parte de los servicios yanquis y el ‘incidente' del avión. Llama la atención que los comentaristas políticos no hayan considerado la ligazón entre la decisión del gobierno de declarar un conflicto con su par de Estados Unidos por la incautación del material no declarado en el avión norteamericano, con el asunto del contrabando de cocaína de ex miembros de la fuerza aérea argentina que fue develado en España. Ocurre que mientras la Justicia de España tiene distanciado al gobierno de Argentina de la investigación, no ocurre lo mismo con la DEA o con el FBI, para quienes no parece regir el secreto del sumario. Se podría sospechar o suponer que el gobierno de CFK espera alguna ‘sorpresa' por este lado, con implicancias en la perspectiva electoral. Las andanzas de Twitterman podrían interpretarse, entonces, como una apertura preventiva del paraguas. El experto internacional Gabriel Tokatlian, describió en Clarín el descontento de Estados Unidos con la posición de Argentina de no implicar a las fuerzas armadas en operaciones contra el narcotráfico, pero no menciona que en Madrid se está ventilando la operación inversa: una implicancia de militares de Argentina con el negociado de estupefacientes. En su momento, Chávez echó a la DEA, el organismo de combate al narcotráfico de Estados Unidos; los K responden al acoso norteamericano sobre el mismo tema desde una posición más módica -con una incautación de material. Todo indica que los tribunales ocuparán un lugar más relevante que la televisión en la próxima campaña electoral, a pesar -incluso- de la ley de medios. Todo este escenario no alcanza, sin embargo, para rebobinar un escenario de Braden o Perón, simplemente por la enorme atadura que tienen la burguesía criolla y el gobierno K con el imperialismo yanqui y el capital financiero internacional. Una campaña electoral con el lema Obama o Cristina tendría que apoyarse en hechos, como el retiro de las tropas argentinas de Haití, la ruptura de las operaciones conjuntas de entrenamiento con el Comando sur del Pentágono, la anulación de la ley antiterrorista -y, por último, la disposición a tomar medidas económicas contra el capital financiero, ya que la respuesta a esta crisis de parte del capital mundial y de sus Estados sería una fuga de capitales aún mayor que la que está ocurriendo en este mismo momento. Ni la burguesía K, que ha salido presurosa a endeudarse en el exterior, para aprovechar el diferencial entre las tasas de interés que se pagan afuera y la tasa de beneficios que se obtiene adentro, respaldaría un choque con el imperialismo; sería la gota que la empujaría al campo opositor. Esto explica la firmeza de la oposición para defender la versión mentirosa de los yanquis sobre el contrabando de equipos sensibles en el avión incautado, con la excepción limitada de Ricardo Alfonsín. Como nos tiene habituado el nacionalismo burgués criollo, detrás de los gritos histéricos del canciller, y ni qué decir del jefe de Gabinete, se esconde un apasionado deseo de compromiso, o sea de capitulación. El compromiso reforzará la convicción del matón del norte de que podría poner a su pollo en octubre, se llame Macri, Duhalde o Sanz -un triángulo de mediocridades. A partir de esta caracterización, llamamos a acentuar la denuncia de la penetración norteamericana en los servicios de seguridad y en el Estado argentino, y a reclamar la expulsión de todas las misiones que operan aquí y la ruptura de la colaboración política internacional con el imperialismo yanqui. Sobre esta base llamamos, por sobre todo, a desarrollar un polo político independiente de los trabajadores, advirtiendo que la más mínima confianza en el gobierno y en los K en general, es una vía segura para la derrota.

A pesar de los esfuerzos del radicalismo gobernante y del peronismo por polarizar la elección, el cierre de listas de Catamarca ha dejado un escenario de fuerte disgregación política. El kirchnerismo ha borocotizado gran parte de la lista del PJ, donde gravitan viejos elementos, tanto de Saadi como de Barrionuevo. No obstante, la hermana del gastronómico va a la cabeza de una lista minoritaria, y Saadi presentó su sello con el objetivo de disputar la cabecera del amputado PJ. En estas condiciones no es serio decir que el kirchnerismo pelea la gobernación de Catamarca, aunque la "dama" visite los pagos del Portezuelo. Pero el fondo de la cuestión es que el kirchnerismo es tan pro-minero como el gobernador al que pretendería desafiar. En el orden nacional, el gobierno que respalda a Corpacci sostiene el mismo compromiso de hierro que Brizuela ha sellado en Catamarca con los contaminadores ‘a cielo abierto' (ver nota sobre Ley de Glaciares). Los K no quieren terminar con Brizuela, incluso porque los intereses capitalistas mineros que ellos defienden no ven conveniente "alterar" a Catamarca con un viraje político. La cohabitación entre radicales y kirchneristas está afincada en el seno del Ymad, la empresa minera estatal cuyo directorio fue elegido por CFK, en un acuerdo con Brizuela y la cámara de empresarios mineros. La pretensión de que el voto por Corpacci servirá para terminar con Brizuela es, por lo tanto, una impostura. Para los K, la elección catamarqueña es otra interna más, con vistas a la sucesión presidencial. Los luchadores y las definiciones políticas De cara a la inquietud popular causada por la depredación de las mineras, Brizuela y Corpacci se lanzaron a una tentativa de cooptación de los movimientos de lucha de la provincia. Para ello, hablan ahora de "minería responsable" a sabiendas que eso no es compatible con la Barrick, la Yamana Gold y la megaminería. La integración a las listas de los partidos de los contaminadores sólo envolvió, sin embargo, a un puñado de arribistas. Proyecto Sur se apoya en las denuncias y filmaciones de Solanas sobre la minería a cielo abierto. Pero esos señalamientos se han restringido siempre a una cuestión puramente ambiental; no cuestionan el régimen social que habilita la minería a cielo abierto ni han integrado sus denuncias a un planteo integral de transformación social de la provincia. Por ello, no debe extrañar que hayan entregado su lista, nada menos que de Andalgalá, al ganador de la interna radical, resistido por la conducción del Frente Cívico. En oposición a ello, el Partido Obrero propone una salida popular fundada en una delimitación de clase, o sea en un programa de medidas drásticas de ataque a los monopolios: planteamos nacionalizar la minería, sin ninguna clase de indemnizaciones, bajo el control de los trabajadores; que las grandes propiedades agrarias paguen los impuestos en función del precio de mercado de la tierra, que es treinta veces superior al de la valuación. La campaña del PO En los últimos años y décadas, Catamarca ha experimentado una aguda politización. La crisis desatada por el crimen de María Soledad, las luchas del movimiento piquetero, y ahora del movimiento ambiental han dado lugar a un fermento de insatisfacción política con los partidos capitalistas, metidos hasta los tuétanos en esos agravios contra el pueblo. En las elecciones de 2009, ello se expresó en la votación al Partido Obrero, cuando alcanzamos 8.500 votos que, en estas elecciones, alcanzaría para instalar representantes propios en la Legislatura provincial. Esta tendencia se ha manifestado ahora en la constitución de nuestras listas, que van más allá de las fronteras del partido. Nuestra lista es "movimientista", sí, pero en un sentido contrario al de la disolución política. En torno al PO, queremos armar un amplio movimiento popular dirigido a quebrar el monopolio político de los partidos capitalistas y, por esa vía, arrancar una representación política en la Legislatura y en los concejos. A través de las redes sociales, de pronunciamientos y encuentros de trabajadores, se está desarrollando una verdadera cruzada popular detrás de esta perspectiva.

El Ministerio de Trabajo nacional con la firma de Tomada dictó otro cuarto intermedio en las negociaciones entre la CGT San Lorenzo y las cerealeras de la región, en el marco de la conciliación obligatoria, dilatando por 15 días más una resolución al conflicto que mantuvo seis días parados los puertos privados del cordón. En la primera reunión, las patronales pusieron en cuestión la propia representatividad de la CGT para discutir el aumento salarial, argumentando que debía ser una discusión gremio por gremio, lo que dilató una semana las negociaciones. En la segunda reunión, las patronales ofrecieron 1.600 pesos, por única vez y en cuatro cuotas, para todos los empleados, como contraoferta del reclamo de equiparación de 5.000 de mínimo para todos los trabajadores del complejo agro-exportador. Esta "oferta" patronal, que se "aviene" a reconocer a la CGT como posible firmante del acuerdo, pone como condición que se desestime cualquier nuevo reclamo de encuadramiento de pase a planta de los contratados y además mantiene la enorme diferencia salarial de 2.500 pesos de promedio que hay entre los actuales efectivos y los tercerizados. La oferta por única "vez", para las patronales, es una provocación ante el reclamo, pero puede ser canjeada por un aumento fijo mucho menor que mantenga las enormes diferencias salariales entre efectivos y tercerizados y el andamiaje completo de la tercerización en el cordón. Los piquetes que le dieron al conflicto una dimensión nacional no han merecido ninguna consideración política de los dirigentes políticos del gobierno de Binner ni de la oposición, ya sea reutemista o cristinista del PJ, mostrando la sumisión absoluta de ambos partidos a las patronales agro-exportadoras. Binner sigue, como en todos los conflictos obreros provinciales, los pasos dictados por el Ministerio de Trabajo nacional, cubriendo las espaldas de la gran patronal cerealera con el 60% de los trabajadores tercerizados del cordón y la brutal escalada de muertes obreras por accidentes laborales. Por su parte, la CGT San Lorenzo y los gremios Supa, Uocra y Urgara, que nuclean a trabajadores de las terminales portuarias, han acatado el "reto" directo de Cristina al conflicto sin convocar, a pesar de esta dilación de 15 días, a ninguna instancia de asamblea para evaluar el rumbo del conflicto y establecer un plan de acción. Ahogar este movimiento es una cuestión de Estado para la Unión Industrial y para los dos gobiernos involucrados. Le temen al desarrollo de un verdadero movimiento para terminar con la tercerización. Los trabajadores del cordón deben deliberar para evaluar los pasos a seguir ante la intransigencia de las patronales. La CGT San Lorenzo tiene que convocar a asambleas conjuntas de contratados, tercerizados y efectivos para preparar los pasos futuros ante el eventual fracaso de las negociaciones. Defendamos los 5.000 pesos de bolsillo para todos, el pase a planta permanente de contratados y tercerizados. Hay que dar lugar a la organización de todos los tercerizados impulsando la elección de delegados negociadores de tercerizados y contratados, que defiendan -junto con los gremios que apoyan el reclamo- una comisión única que evite los intentos de división patronal. Es necesario armar los listados de todos trabajadores no efectivos del cordón. Reclamando plazo preciso para la equiparación y efectivización. El otro reclamo más sentido de todo el cordón es el de la seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo, para terminar con las muertes obreras.

En 2009, la lucha por la protección de las Sierras de Tandil llevó al gobierno de Scioli y del intendente Lunghi a impulsar la ley de "Paisaje Protegido". La nueva normativa sólo afecta a las cuatro canteras que se encuentran cercanas al éjido urbano y de los principales paseos turísticos. Se les otorga un plazo de dos años para "reconvertirse". Un futuro y discrecional "plan de manejo del paisaje protegido" reglamentará la reconversión. Desde que se sancionó la ley en el Senado provincial las canteras afectadas han incrementado el ritmo de producción y hasta los días domingos se escucha el trabajo de la molienda: no hubo ningún freno a la destrucción del medio ambiente serrano. El Organismo Provincial del Desarrollo Sustentable (OPDS) se reunió con el intendente para discutir los primeros borradores para la reconversión turística de las canteras. El plan contempla megaconstrucciones en las sierras (hoteles cinco estrellas y otras alternativas) que profundizarán la agresión al medio ambiente, destruyendo una flora y fauna únicas en el mundo, y afectando al paisaje con construcciones sobre la cota máxima permitida por otras leyes vigentes. La ley permite a los capitalistas de las canteras (que han ganado millones a costa de la destrucción de un recurso no renovable con impacto sobre los recursos hídricos de la zona) reconvertirse en operadores turísticos, el "boom" de la ciudad. La habilitación de la construcción en las canteras es una "cabeza de playa" para el desarrollo de countries en todo el entorno serrano de la ciudad. El desarrollo turístico y la renta sojera empujaron la especulación inmobiliaria a precios astronómicos concentrando la propiedad en muy pocas manos. Hay más de seis mil familias sin techo propio, mientras el crecimiento de las construcciones no se ha detenido en estos diez años. El trabajo en negro y la superexplotación laboral que se cobró la vida de varios trabajadores de la construcción han cimentado las ganancias de los capitalistas. El Partido Obrero llama a movilizarse para derrotar esta pérfida ley exigiendo: • Anulación de la ley de Paisaje Protegido y declaración de áreas protegidas para todas las sierras del distrito, transformándolas en una reserva natural pública. No a las construcciones en las Sierras. • Expropiación sin pago de todas las canteras, confiscación de la piedra producida para obra pública, bajo control de los trabajadores. • Garantía salarial para los obreros mineros equivalente a la máxima categoría. • Confiscación de todo terreno improductivo y destinarlo a viviendas sociales, bajo control de los trabajadores de la construcción y de las organizaciones sin techo.

El gobierno kirchnerista se siente, seguramente, muy distanciado de los acontecimientos que transcurren en Egipto y del destino de Mubarak. Supone que no tiene ningún contacto con ese régimen, como seguramente ocurre con la mayoría de los gobiernos de América Latina -unos porque se consideran democráticos y otros por nacionales y populares. Olvidan que tienen, en tanto regímenes capitalistas, aparte de la corrupción, un fuerte rasgo en común. Eso es lo que pone de manifiesto la información del enviado de Clarín a El Cairo, que dice que "el domingo, un grupo de trabajadores se plantó en las vías de trenes de larga distancia aquí, en la estación central de El Cairo, reclamando que se los convierta en empleados fijos de la empresa y, por cierto, con aumentos en los ingresos" (15/2). La noticia no se limita a destacar la característica común de la tercerización laboral, en particular en el sistema ferroviario -o sea que en Egipto también se encuentran los Pedraza, Ugofe y la Secretaría de Transporte. Los ferroviarios cairotas no han vacilado en cortar las vías para apoyar el reclamo, lo cual es una de las razones por las cuales la Junta Militar egipcia pretende mantener la ilegalidad de las huelgas hasta completar la ‘transición' de la que está encargada. Los militares egipcios han sacado la conclusión que aquí los K se niegan a reconocer: que prohibir el corte de vías en función de un reclamo laboral equivale a cercenar y prohibir el derecho de huelga, y a criminalizar la protesta social. En otra información se señala que los trabajadores egipcios han manifestado frente a la Federación de Sindicatos para reclamar el fin de la burocracia sindical. Cuando se juntan las dos informaciones, es claro que una de las primerísimas reivindicaciones de la clase obrera sublevada es acabar con los Pedraza. La movilización de los ferroviarios de El Cairo es un desafío al conjunto del régimen capitalista, porque, como lo dijeron primero Techint y luego La Nación (en un editorial), para los capitalistas, la tercerización es innegociable. Buenos Aires y El Cairo, Argentina y Egipto -estamos unidos por una causa sentida por las masas.

En un cuadro inflacionario ascendente las paritarias no tienen un rumbo definido todavía, o al menos la burocracia, la patronal y el gobierno encuentran cada día un nuevo obstáculo para diseñar una línea de contención a la presión obrera, incluso algunas precoces huelgas estivales. En un año electoral, el conjunto de la patronal no quiso dar un acuerdo marco que constituyera un respaldo de "gobernabilidad". El debate no parece ajeno a la crisis de la Unión Industrial, donde un sector pateó el tablero capitaneado por la súpersubsidiada Aluar, también dueña de Fate, súperprotegida de las importaciones chinas y coreanas de neumáticos. El gobierno apeló también a los íntimos capitales petroleros y mineros y parte de las burocracias sindicales del sector, con los que firmó acuerdos de paz social que no sirvieron de contención ni en sus propios gremios. La CGT moyanista, imposibilitada ya el año pasado de fijar un tope que discipline los salarios, se ha dado la táctica de hacer bandera con dos temas: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la suba del tope para el cobro de los salarios familiares. El tema debe ser clarificado entre los trabajadores porque se trata de devolvernos algo que es nuestro y de lo cual estamos siendo despojados. Un millón y medio de asalariados tributan ganancias, cuando por definición se trata de un impuesto al capital. Para colmo la cantidad de trabajadores afectados presenta una trayectoria ascendente, porque las actualizaciones kirchneristas de la base imponible son menores a los promedios arrancados en las paritarias y aumentos fabriles, y más aún cuando buena parte de la reactivación económica es cubierta con extras y no con nuevos puestos de trabajo. Esto vale incluso en el Estado, porque el 30% del gremio docente tributa la gabela como consecuencia de que trabaja en doble cargo, lo que constituye un atentado al Estatuto docente, al ser humano que enseña y al que aprende. En el caso de los salarios familiares, que no se cobran en salarios más arriba de 4.800 pesos y tienen escala descendente según el monto, directamente están haciendo caja de la Anses con fuerte superávit, des-universalizando un salario por hijo cuando se llenan la boca con la asignación universal, como se ve financiada en parte por los propios trabajadores. Se impone la derogación del impuesto al salario y el cobro irrestricto y actualizado del salario familiar. La cuestión del mínimo será corregida, contra los dichos del atribulado Tomada, que negó que estuviera en la agenda, pero, ojo, su porcentaje, lo mismo que los aumentos estatales, tratarán de ser tomados por el ministro-candidato como la referencia que Moyano, Yasky y compañía no están en condiciones de garantizar. El tema no es menor porque se trata del ministerio que después hace caer el peso arbitral del Estado para controlar las huelgas que luchan por una verdadera recomposición salarial. Otro recurso de emergencia busca ser instrumentado por la burocracia petrolera de la patagonia, la participación en ganancias, inspirada en el proyecto Recalde que le sirvió a Moyano para discursear en River y que luego la presidenta le mandó a archivar. Confirmando nuestro análisis -a contramano de una entusiasmada izquierda- este proyecto busca ser usado para rebajar el reclamo de aumento a la plantilla salarial -del 40%, en el caso petrolero. Sin apertura de los libros empresarios, y aplicado sólo a grandes empresas, es estéril y un factor de división del movimiento obrero. Moyano ha vuelto con la muletilla de que no hay "piso ni techo", pero mientras tanto la UOM, sin mandato de ninguna naturaleza, ha hecho dos movimientos decisivos. Firmó en Peugeot el laudo 29 automotriz metalúrgico, 15% por seis meses. Después del retraso de los años anteriores, el aumento es una entregada, basta ver que el básico se va a cuatro mil pesos, lo cual en la industria automotriz es la última miseria. Con un aumento de este tipo, la rama 17 -que abarca a la inmensa mayoría de la UOM- se iría a un básico de 2.500 pesos, una auténtica canasta de pobreza. El otro movimiento de la UOM ha sido presentarse al conjunto de la paritaria con un reclamo del 30% que nadie votó, destinado a sufrir rebajas como todo reclamo inicial, es decir una política a la medida de la patronal. Esta línea de firmar por seis meses "y vemos", lo mismo que las cuotas con las que vienen entregando el salario ante una inflación creciente, es música para los oídos patronales que ya adelantaron que remarcarán trasladando los aumentos a los precios, lo cual es una estafa porque, por esos aumentos pasados, precisamente, la recaudación tributaria aumentó un 40% en el 2010, claro indicativo del nivel de confiscación que sufrimos en las ramas privadas y en el Estado -que otorgó la mitad de ese porcentaje. En los gremios estatales, Yasky no está nada cómodo. Le han ofrecido migajas a Ctera, cuando empiezan a moverse las aguas en las provincias patagónicas mucho antes del comienzo de clases. Hay que tomar el toro por las astas apoyados en las experiencias más avanzadas del movimiento obrero, como los 5.000 pesos de básico que arrancaron los aceiteros, y sobre esos importes reclamar cláusulas de actualización por inflación. Los aceiteros no consiguieron un gran porcentaje, sólo el 25%, pero sin cuotas y con una cláusula de revisión a mediados del año paritario si la inflación desborda. En realidad, tienen que fijarse actualizaciones en base a índices de universidades e institutos provinciales, bajo control periódico de los trabajadores, dada la destrucción del Indec. Otro tema vital de todo debate salarial es la incorporación al básico de todos los importes en negro y no remunerativos de distinto tipo que se han acumulado, especialmente con la excusa de la crisis 2008/2009. Si no es ahora, ¿cuándo? Por otro lado, a pocos meses del asesinato de Mariano, con la lucha de los tercerizados ferroviarios en pleno desarrollo, cuando una CGT regional como la del cordón industrial de San Lorenzo ha ido a la huelga por la equiparación y pase a planta de sus tercerizados, el tema de la efectivización de contratados y el pase a planta de tercerizados y de agencia es una bandera clave. Lo mismo ocurre con los planteos de recategorización, pendientes en infinitos gremios, como gráficos, metalúrgicos, papeleros y tantos otros, o los de aumento por antigüedad como en el subte (piden 2% por año), tienen que formar parte de un paquete de reivindicaciones a impulsar en cada gremio. El marco para desenvolver este programa es el de un desprestigio brutal de toda la burocracia sindical y de una crisis política, donde Moyano ha tenido que salir a rescatar a la mafia de Uatre, con Mesa de Enlace y todo, para salvar su propio pellejo. Más que nunca se trata de exigir paritarios elegidos en asamblea, con pliegos reivindicativos votados por esas asambleas, cuando los dirigentes sindicales pierden sus energías en los estrados judiciales y allanamientos a la mayoría de las obras sociales. Abramos el debate en las asambleas fabriles para condicionar y exigir que los reclamos sean votados por congresos de delegados con mandato y que toda la negociación sea informada y sometida a examen de los trabajadores. • 5.000 pesos de salario básico. • Actualización por inflación.Incorporación al básico de todo monto en negro. • Recategorización. • Pase a planta de todos los tercerizados y contratados. • Anulación del impuesto al salario. • Salario familiar sin topes. • Asambleas de base para mandatar a los sindicatos.

-Exclusivo de internet El problema de falta de viviendas y tierras accesibles a las familias obreras es un flagelo que recorre todo el país. La negación del derecho a la vivienda se profundiza con cientos de trabajadores desocupados, viviendo en condiciones penosas, situación que existe desde hace años en Maquinista Savio, sin que las autoridades municipales de Escobar o de Pilar muevan un dedo para solucionarlo. Es por todo esto que más de treinta familias han tomado un predio del barrio Lagomarsino (Savio-Pilar) para exigir que se las oiga y se les dé una pronta respuesta a su necesidad de un techo para sus hijos. En cuanto ocurrió este hecho, apareció la reacción del Estado mandando a la policía para reprimir si los trabajadores no se retiraban; punteros ligados al kirchnerismo de Escobar se arrimaron para tratar de "capitanear" las acciones. Todo esto fue sorteado, sin embargo, por la férrea decisión de los vecinos, que acompañados por el Polo Obrero, discutieron en asamblea los pasos a seguir, organizaron una comisión y eligieron delegados, para movilizarse a la Municipalidad de Pilar y reclamar al intendente Zúccaro una inmediata solución. Desde el Partido Obrero saludamos y acompañamos esta lucha y denunciamos que la falta de viviendas crece en distritos como Pilar y Escobar al amparo de los funcionarios que fomentan la especulación inmobiliaria en detrimento de las necesidades de los trabajadores. - Que los recursos municipales estén a favor de los vecinos, que las tierras disponibles estén al servicio de la urbanización social. - Por un plan de viviendas populares ya. - Construcción inmediata y control obrero de las obras.

En noviembre pasado dejamos pasar una entrevista que Clarín (21/11) le hizo al escritor David Viñas -que se destacó en política, por sobre todo, como un inspirador intelectual del frondizismo, y que mucho más tarde fue candidato de relleno de Izquierda Unida. La entrevista gira en torno de la literatura, la militancia y la intelectualidad, pero cuando se desvía hacia "la organización obrera" - "En una gran crisis", según Viñas- el escritor sorprende con lo que parece un exabrupto: "Tendría que hacer -dice- el análisis de Palabra Obrera (sic, se refiere al Partido Obrero), de su vocero. Tiene (dice en referencia a éste) la retórica de la vieja izquierda. Yunque, Almafuerte, Altamira... ¿Altamira? ¿Qué ves vos (por Altamira) que yo no veo? (se pone la mano como visera). Está atorada la izquierda...". Dejamos pasar estas observaciones, en su momento, porque son muy exiguas para un análisis o cometario. Ahora, sin embargo, cobran actualidad, aunque no porque equiparen la retórica de Altamira con la de Yunque y de Almafuerte. La comparación es, claro, un elogio, pero aún más la admisión de que el PO tiene una retórica, algo que solamente ocurre con tendencias políticas de personalidad definida y concluyente. Lo que da actualidad a lo que dice Viñas en la entrevista es el proceso revolucionario que se da en las naciones árabes y en particular en Egipto. Porque lo que Viñas no ve, incluso con la ayuda de la mano en la visera, es la bancarrota capitalista que pone de manifiesto la crisis mundial presente y, por sobre todo, sus consecuencias políticas: la creación de situaciones revolucionarias y la irrupción de revoluciones. Viñas, escuetamente, es cierto, expone el punto de vista convencional de la izquierda, que ha perdido por completo su carácter revolucionario -si es que alguna vez lo tuvo. Los aliados pasados de Viñas se encuentran hoy en las filas de los K o de Pino -vaya antigüedad si las hay. Para esa izquierda, la crisis del capital es un episodio que sirve para reafirmar su imbatible dominación, no la manifestación de su carácter transitorio y de la inevitabilidad de las revoluciones sociales y socialistas. La lucha política es también una lucha de previsiones y de pronósticos, porque ellas son la base de la organización y de la acción políticas.

Este último martes, los trabajadores de Línea B concluían la deliberación sobre lo conquistado, frente al problema de la baja cantidad de personal y el faltante de trenes. El pedido consistía en incorporar dos trenes en la hora valle (horario no pico), ascender personal para cubrir los puestos en el tráfico y mejorar el diagrama de servicio. Este reclamo estaba unido a otros del resto de los sectores de trabajo de la línea. Ya que cuantos más trenes hay en circulación, mejora la calidad del servicio, genera puestos de trabajo para que puedan ascender los compañeros de estación y material rodante, así como también la incorporación de personal a la línea. La huelga de 24 horas -votada por las asambleas de líneas- forzó a que la Secretaría de Transporte destrabe el conflicto. Los delegados que no firmaron ningún acta hasta que la base no lo aprobara, le arrancaron a la empresa el compromiso público de gran importancia. Se sube la cantidad de trenes en la hora valle a 2, se incorporan ocho parejas más (alrededor de 27 ascensos), se queda en una próxima reunión para continuar la discusión de los ascensos e incorporaciones en los demás sectores. Un triunfazo. Eso sí, si alguno de los pasos de compromiso de la patronal no se cumple en tiempo y forma... se vuelve al plan de lucha.

-Exclusivo de internet El 30 de enero pasado realizamos la Jornada Cultural por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra. Contamos con la colaboración de bandas de rock: Scote y Noise (No Intentes Ser Educado), Descontrol Crew y el rapero MC Shoko. Al término de sus actuaciones, proyectamos el video realizado por el Ojo Obrero: "Mariano Ferreyra: Obrero, Artista y Militante", dando lugar, posteriormente, a un charla-debate. Muy importante fue la presencia de jóvenes que se mostraron interesados en el seguimiento de la causa. A pesar de los esfuerzos del oficialismo por sacarlo de la agenda de los medios, nuestra incansable labor como Partido ha permitido que el reclamo siga vigente. Esto se evidenció en el festival por Mariano, tanto en la concurrencia como en el interés que mostró la gente. Esta jornada nos abrió camino para seguir realizando actividades y poner en pie a la juventud combativa en unión con los trabajadores y demostrar, así, que hay una verdadera alternativa obrera y socialista. Pese al calor y al espacio reducido con el que contábamos, se expusieron nuestros materiales y se repartieron los Manifiestos de la juventud, que tuvieron muy buena aceptación entre los presentes. Teniendo en cuenta el panorama político en este año electoral y en vista al Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en nuestra provincia, nos planteamos el desafío de dar a conocer y profundizar nuestro programa en todos los ámbitos. ¡Cárcel a Pedraza! ¡Juicio y castigo a todos los responsables y cómplices del asesinato de Mariano Ferreyra! ¡MARIANO FERREYRA, PRESENTE!

El derrocamiento de Mubarak ha parado a la revolución egipcia sobre sus propios pies. Es lo que descuidan quienes advierten, correctamente, que el régimen político establecido sigue en pie o quienes caracterizan la partida del dictador como un golpe de Estado que el mando militar ejecutó en función de sus propios intereses. A renglón seguido de la revolución en Túnez, la revolución egipcia se destaca por su alcance o carácter internacional. Ya nadie discute que es una expresión política de la crisis capitalista mundial, que se manifiesta en este caso en la inflación del precio de los alimentos -Egipto es el principal importador de trigo, cuyo precio ha subido un ciento por ciento en el último medio año. La crisis alimentaria ya está moviendo a las masas en otros países -Bolivia ha vuelto al centro de la escena en los últimos días, luego del llamado ‘gasolinazo' de hace un mes y medio. El levantamiento popular en Egipto le ha dado, asimismo, una forma definitiva a la revolución en los países árabes e incluso musulmanes, como lo muestra la acentuación de la movilización de masas en Túnez, Argelia, Bahrain, Jordania, Yemen e incluso en los territorios palestinos -y ha reabierto la crisis política en Irán. Pero más allá de esto, la revolución egipcia ha alterado la posición de Israel en el Medio Oriente, que simplemente asiste al derrumbe político de su principal aliado en la región. Menos atendido, el gigantesco movimiento de masas en Egipto está operando como un inspirador al movimiento popular que busca acabar con Berlusconi en Italia, y lo mismo vale para Francia, luego de las gigantescas movilizaciones del año pasado en este país contra la contrarreforma jubilatoria (Italia y Francia son dos Estados imperialistas vinculados históricamente con la opresión nacional del norte de Africa). En Estados Unidos, finalmente, la revolución egipcia ha abierto un principio de crisis política, que condiciona las posibilidades de gobierno de Obama. La derecha se ha agazapado con la tesis de que Obama sería el Jimmy Carter, que en su oportunidad habría ‘perdido' a Irán como consecuencia de la revolución del 13 de febrero de 1979. La intervención extraordinaria que ha tenido el gobierno norteamericano para ‘arbitrar' entre las camarillas egipcias acosadas por el levantamiento popular -entre ellas las fracciones democratizantes del movimiento popular-, lo ata al destino de la revolución en curso. Obama está forzado a encauzar la revolución dentro de los marcos capitalistas y del status quo en el Medio Oriente para aspirar a la reelección dentro de dos años -e incluso su mandato a corto plazo. Estados Unidos enfrenta una crisis fiscal gigantesca y se apresta a imponer un plan de austeridad que implica, en primer lugar, una poda gigantesca de los gastos sociales -encima de una desocupación del orden del 20%. Obreros y soldados Los medios de comunicación abundan ahora en informaciones sobre el desencadenamiento de huelgas obreras en Egipto, lo cual marca, sin el menor rastro duda, una profundización del proceso revolucionario. Pero no se trata solamente de una "liberación de fuerzas" desatada por la caída de Mubarak: ha sido el factor decisivo o el golpe final que propició esa caída. Las huelgas comenzaron varios días antes de la partida del dictador y adquirieron su punto más alto el 10 de enero, el día previo a la renuncia de Mubarak. O sea que debutaron como huelgas políticas que ligaban la satisfacción de las reivindicaciones económicas al derrocamiento del régimen. Esto desmiente la versión que presenta a la revolución como un fenómeno ‘bloggero', en un claro intento de definir (y orientar) a la revolución como un proceso estrictamente democrático, no social, e incluso como ‘occidental', o sea identificado con la demagogia democratizante del imperialismo mundial. Pero "la revolución no será twitteada": la clase obrera ha sido la más activa en la oposición a Mubarak, al menos desde las huelgas de 2005, duramente reprimidas por la dictadura. Una de las iniciativas más importantes de las huelgas obreras ha sido desautorizar a la burocracia sindical del régimen, impulsar su expulsión de la Federación de Sindicatos y desarrollar una nueva dirección. En la agenda de la revolución ha quedado instalada la convocatoria de un Congreso de Bases. Para los observadores más entrenados con la política regional, el otro factor decisivo que llevó al desahucie del gobierno fue la verificación de que no contaban con el acatamiento de la tropa de las fuerzas armadas para una alternativa represiva. Luego de la salida de Mubarak se han producido huelgas entre el personal policial y manifestaciones de confraternización de los soldados. Estas tendencias esbozan una perspectiva de alianza de la clase obrera con la base del ejército, incluidos oficiales de menor graduación. Estas tenencias muestran la envergadura que ha alcanzado el proceso revolucionario -y condicionan el proceso político que se ha iniciado. Asamblea Constituyente Mubarak se llevó con él al vice que había designado para sucederlo, el super espía Suleimán, pero nada más. El nuevo gobierno es el mismo que había designado de ‘faraón' descartado. Aunque disolvió la asamblea nacional de Mubarak, el régimen de excepción con el que gobernó Mubarak no ha sido derogado ni han sido liberados los presos políticos. La hoja de ruta de los sucesores se limita a lo siguiente: que un comité, con integrantes de la oposición, redacte un proyecto de Constitución que sería sometido a referendo y realizar elecciones en seis meses. No contempla satisfacer ninguna reivindicación social -por el contrario, ha amenazado a las huelgas con el establecimiento de la ley marcial. La inadecuación de este planteo con la situación política es abismal, lo cual no ha impedido que le diera su aprobación el grupo ‘bloggero' que encabeza un ejecutivo de Google, en una reunión oficial que mantuvo con el primer ministro. También ha recibido la aprobación del ex inspector de la ONU, El Baradei, e incluso de varios voceros de la Hermandad Musulmana. La revolución se ha parado sobre sus propios pies y ha obligado al régimen político a reorientar la ruta que tenía establecida, pero todavía lo ha dejado indemne, y aun más al aparato estatal. Es decir que aún están lejos de ser realizados los objetivos mínimos de la revolución. La alianza de fuerzas opositoras reivindica esta salida porque prevé, mediante las elecciones, la salida del gobierno en un plazo breve, pero fundamentalmente porque ella también quiere poner fin al proceso deliberativo. La burguesía y una parte de la pequeña burguesía reclaman reanudar el proceso económico alterado por la crisis revolucionaria. El planteo tiene el apoyo abierto de Obama y es la nueva línea de contención para Israel, Arabia Saudita y otros regímenes amenazados. Pero el apoyo de la oposición al planteo del gobierno es todavía más inadecuado que el propio planteo. El nuevo gobierno está a la búsqueda de una interrupción de la movilización popular para aplastar la revolución y mantener el régimen repudiado. La contrarrevolución necesita derribar a la revolución del pedestal que ha conquistado. Las masas necesitan, por el contrario, valerse de ese pedestal para desarrollar sus propias organizaciones, que es la vía para que puedan convertirse en alternativa de poder. Esta caracterización indica que la reivindicación de una Asamblea Constituyente inmediata, sería la más adecuada a la etapa actual de la revolución y de la organización y conciencia de las masas. Marca una línea de delimitación con el régimen y, por lo tanto, clarifica los términos de una oposición política. Una Asamblea Constituyente es incompatible con la continuidad del gobierno de Mubarak sin Mubarak y por eso plantea la necesidad de que un gobierno nacido de las masas realice la convocatoria. Por eso, el reclamo de la Constituyente debería servir para desarrollar las organizaciones obreras, no solamente una nueva central sindical que agrupe al conjunto de las masas movilizadas, incluidos los campesinos pobres. Debería servir, asimismo, para organizar el control obrero en las empresas y comités de barrios para supervisar los abastecimientos. La cuestión internacional La insistencia del sionismo y de la derecha norteamericana en que la revolución implica una amenaza para Israel y para ‘la paz' en la región significa que están preparando una guerra, como último recurso, si fracasan los planes continuistas. La guerra ha sido el recurso reiterado de la reacción contra todas las revoluciones a través de la historia. Es necesario advertir estas intenciones y denunciarlas por medio de una campaña internacional. La revolución debe operar por medio del "efecto demostración": al profundizar su propio rumbo, la revolución egipcia le marca una perspectiva al conjunto de las masas de las diferentes naciones y, de ese modo, socava a la reacción política internacional. Una "unidad árabe para terminar con el sionismo" sería funcional a la reacción, por la doble razón de que sería una alianza con la contrarrevolución interior y un pretexto de guerra para el imperialismo. El planteo adecuado debería ser la unidad de los explotados de las naciones árabes (incluidos los árabes palestinos que habitan Israel) para derrocar a sus regímenes opresores sin distinción de tendencia política. La Autoridad Palestina, por ejemplo, acaba de convocar a elecciones completamente truchas para legitimar a su gobierno proyanqui y prosionista. Un boicot a estas elecciones debería estar presidido por el reclamo de una Asamblea Constituyente que reúna a Cisjordania y Gaza, para reivindicar el planteo de una República Unica en todo el territorio histórico de Palestina con iguales derechos para árabes y judíos, y el respeto al retorno de la población palestina expulsada por el sionismo. La política internacional de la revolución en el Medio Oriente debe ser la de impulsar los procesos revolucionarios mediante el ejemplo propio y la denuncia de los preparativos de guerra de parte del imperialismo, el sionismo y la reacción árabe.

La situación del subterráneo está dando un giro en la lucha contra la patronal, y también en la maduración político-sindical de sus trabajadores. Esto se aprecia en torno de la cuestión salarial, que en los últimos años no fue eje reivindicativo fundamentalmente por una posición "táctica" de la dirección del nuevo sindicato que apostó a un acta de paz social que aceitara la relación con el Ministerio de Trabajo con vistas a obtener así el reconocimiento del nuevo sindicato. Hoy, el compromiso y las ataduras con el gobierno kirchnerista son mucho más grandes, que los resultados obtenidos. El nuevo sindicato ha sido condenado por el ministro Tomada a "sindicato de empresa", invalidado para firmar convenio y salarios. Efectivamente, como ocurrió todos estos años, recientemente se firmó un defectuoso aumento del viático a 35 pesos cuando se habían pedido 46 y una retroactividad que no hubo, y se dejó de lado el 2% a la antigüedad y una mala liquidación a 3.100 compañeros. Ese aumento fue firmado primero por la UTA, como ocurrió sistemáticamente en los últimos años. El nuevo sindicato es llamado a rubricar lo que firma la patota de Fernández, que por ello no ha levantado polvareda ante la inscripción de la AGTSyP firmada por Tomada. La UTA considera que está avanzando, puesto que en su última elección de delegados votó, de forma despareja, alrededor de un 30% de los obreros del subte. Una señal de alarma para actuar a tiempo: o el nuevo sindicato se pone al frente de las reivindicaciones o avanza la UTA. Este tipo de historias son viejas: ahora se ha producido un "clic" en la base y en buena parte del activismo del subte. Cayó muy mal que se arreglara por esa migaja cuando estaba decidido un paro por el conjunto del pliego¨, que sería una plataforma desde la cual los obreros del subte encararían la paritaria de marzo. El paro se levantó contra la decisión de asambleas y consultas en distintas líneas. Es decir, se advirtió el deslizamiento abierto a un método que se combatió durante años contra la UTA. Primó el compromiso con el ministerio antes que con los compañeros, esto fue patente en una declaración televisiva muy repudiada de Segovia: "nadie está hablando de paro en el subte". El extremo de esta experiencia se dio en el Premetro que paró igual, no sólo rechazando lo ocurrido, sino también contra la posición de sus propios delegados. Pero el impulso de lucha desde abajo no se limita a la cuestión salarial, más bien todo lo contrario. En la Línea B, la más grande del subte, los trabajadores vuelven al paro por los ascensos, al igual que en la Línea H. Ocurre que una bolsa de trabajo avalada por la UTA y rubricada por la dirección de la AGTSyP, otorga a la patronal -o sea la burocracia- el 80% del manejo de los ingresos y además no ascienden a nadie. La Secretaría de Transporte no adjudica los fondos para los ascensos que, sólo en la Línea B, implican la friolera de 57 servicios nuevos. Con la lucha se arrancaron los cursos de capacitación y un orden de los trabajadores, pero no se nombra a los compañeros, como no se han cubierto todos los fallecimientos y jubilaciones. La misma Secretaría manejada por la patota de Pedraza, que no admite el ingreso de todos los tercerizados ferroviarios a planta, niega aquí los ascensos. Elecciones En este cuadro, para el 23 de marzo se han convocado elecciones para normalizar el nuevo sindicato. Polémico, porque el carácter del nuevo sindicato "de empresa" está apelado en la Justicia, reclamando que sea de "actividad". Con un padrón de 1.200 afiliados cotizantes a la fecha, el nuevo sindicato se juega en esta elección el rumbo entero de todo lo que está en debate en el subte: ¿será un sindicato basado en la asamblea y el cuerpo de delegados, luchará por tener plenos derechos gremiales y no ser un sindicato de segunda, será independiente de Yasky? Recordemos que el dirigente Norberto Pianelli, sin resolución de asamblea alguna, lo afilió a ese sector kirchnerista de la hoy rota CTA. De manera que todas las batallas -la del salario, la de ascensos, la de la democracia sindical- se concentran hoy en qué dirección sindical elegir. El mismo Pianelli y otros delegados de su sector acaban de hacer algo que caracterizó históricamente a la burocracia sindical: fue al acto de lanzamiento de la candidatura del ministro Carlos Tomada, durante casi veinte años abogado de la Unión Ferroviaria, y representante del Estado contra el cual hay que luchar. Un Estado que, por vía de los subsidios, es tan patronal como Metrovías. Aquella frase famosa de ese mismo compañero "tenemos que cavar trincheras con la burocracia" -lanzada oportunamente para aceptar una subsecretaría de la UTA que el cuerpo de delegados, con Charly Pérez a la cabeza, rechazó- ha ido más lejos. Ahora se "cavan trincheras" con el ministro socio de Moyano y de Fernández, que comparte el gabinete con la patota de Pedraza enquistada nada menos que en Transporte, de donde depende el subte. Ni ante el mejor de los gobiernos capitalistas un sindicato debe perder su independencia. Seguir la historia clasista del cuerpo de delegados nos plantea formar una lista por un sindicato independiente de Yasky y del gobierno, basado en la asamblea obrera. Y la primera batalla por un sindicato de este tipo es que la integración de su directiva sea proporcional a las listas que se presenten, rescatando la mejor tradición del cuerpo de delegados, aquella basada en el debate y la resolución colectiva, con la que se consiguieron las seis horas, el pase de los tercerizados, la defensa de los activitas despedidos y los aumentos salariales decisivos. Un plenario de la Agrupación de Trabajadores de Metrovías), con presencias muy importantes, resolvió proponer en la asamblea que los cargos se repartan con el sistema D'Hont. Esta propuesta obtuvo un gran apoyo en un plenario de delegados, a tal punto que el sector de Pianelli y Segovia, que defendió la lista única y sin representación proporcional, no quiso votar por temor a perder. La asamblea general será también ocasión de votar el pliego salarial de paritarias y el apoyo a las líneas que reclaman los ascensos. La ATM -que oportunamente difundió un proyecto de estatuto con aquellos preceptos de democracia sindical para ser considerado en una asamblea previa a cualquier elección- ha resuelto ahora formar lista e impulsar un plenario de delegados y activistas que vote su programa y sus candidatos. Es decir, un método que empiece por casa. El objetivo es que esta gran experiencia de la clase obrera argentina que enfrentó a la patota de la UTA y a la infantería, que arrancó con la huelga la jornada de trabajo de seis horas al gobierno kirchnerista de Ibarra -quien las había vetado-, no caiga ahora en las redes de la cooptación K, lo que sería una vía para su desangre.

-Exclusivo de internet El desbarranque de la muletilla kirchnerista "Moyano es el dirigente que yo quisiera tener en mi gremio", no puede ser más completo. El camionero reunió de urgencia, en horas, a la cúpula de la CGT para defender al "duhaldista" Venegas y al "compañero Zanola", "por encima de las diferencias". La inclusión de Zanola (y su mujer) después de horas de debate no deja dudas de una presión política de conjunto a favor de la impunidad de toda la burocracia sindical. La CGT ha dicho que "los dirigentes sindicales parecieran sufrir la presunción de culpabilidad, no de inocencia", quedando a milímetros de pedir que Pedraza no sea molestado (bien mirado, lo ha planteado por elevación). Duhalde ha dicho que apuntaron al "corazón del peronismo", es decir a la burocracia sindical. Moyano se le unió. Es que la causa llegó demasiado lejos, hay por lo menos cinco delitos en juego que, bien investigados, ya no abarcarían a las 52 obras sociales involucradas hasta ahora, si no a todas. Troqueles falsos, adulteración de medicamentos, uso del dinero asignado a remedios para otros fines (como serían veinte vehículos de Uatre), lavado de dinero (los cheques para la campaña kirchnerista no habrían provenido de los fondos del empresario importador de efedrina Néstor Lorenzo, sino que se habrían usado para encubrir fondos que venían presumiblemente del tráfico de drogas). El agua llega muy cerca del cuello del propio Hugo Moyano, puesto que la obra social de camioneros está fuertemente involucrada en la cuestión de los medicamentos, con uno de los auditores de su obra social ya procesado en la causa y su propia mujer en la mira de la justicia porque es la gerente de los negocios de salud -y de los otros- de la burocracia camionera. Patricia Bullrich, que de esto sabe porque fue ministra de Trabajo de De la Rúa y amiga íntima de Santibáñez, jefe de la Side de aquel gabinete, declaró que el lavado de fondos por vía del preso Néstor Lorenzo podría provenir de la caja institucionalmente negra de la Side, que -agreguemos- durante el kirchnerismo ha cuadruplicado sus fondos medidos en moneda constante. Un resorte clave del moyanismo está bajo la lupa, según se deduce de estos delitos: el manejo de la APE, la administración de fondos especiales que concentra miles de millones para tratamientos de alta complejidad. Una caja formada por el 10% de los aportes que va a este fondo de redistribución y que es administrada por el Estado kirchnerista-moyanista. Moyano está admitiendo que "Cristina presidenta" le debe 6 mil millones de pesos a las obras sociales en este rubro, lo que constituye una confiscación para pago de deuda pública y otros fines. Moyano protesta pero con sordina, porque él maneja discrecionalmente para sus sindicalistas este fondo. De allí, y de su descontrol y transfugueadas, surgen algunos de los desvíos ventilados en la causa. Venegas tuvo que declarar por el procesamiento en tres causas, pero sabido es que varias de estas causas ya están ligadas al triple crimen de General Rodríguez, cuyas conexiones con cárteles de la droga aparecieron por todos lados. Sabido es también que se estima que el crimen del sindicalista de la Obra Social de Maestranza está siendo vinculado al caso. También sabemos que el asesinato de Beroiz, el tesorero rosarino de la federación camionera, fue resultado de una feroz interna que está saltando cada día más adentro de Camioneros. Si Oyarbide avanzara por algún motivo en el delito de los "retornos", el vaciamiento de clínicas propias, la venta adulterada de activos de las obras sociales, lo manejos a favor de prestadores ligados a las gerenciadoras ligadas a los dirigentes sindicales que regentean las obras sociales, no quedaría títere con cabeza de toda la burocracia sindical. El Momo Venegas, atacado últimamente por cierto kirchnerismo por tolerar el trabajo esclavo en los campos o haber apoyado a la Mesa de Enlace, antes de la crisis del campo era el ejemplo de "regularización" del trabajo rural para el propio Ministerio de Trabajo de Néstor Kirchner. Es más, el Renatre, un órgano obrero-patronal de regulación del trabajo agrario, formado por la Sociedad Rural y las demás patronales agrarias junto a la Uatre de Venegas, fue creado en 2004. Se trata de una criatura colaboracionista de cuño kirchnerista responsable de que el 60/70% del trabajo agrario sea en negro, de que los peones rurales tengan un salario de pobreza y de que se haya prolongado la exclusión del sector de la ley de contrato de trabajo que rige a todos los trabajadores de la producción. Venegas es un Pedraza, puesto que está asociado como él al negocio de la explotación de sus propios compañeros; por eso, para el duhaldismo, la burguesía agraria, Solá, el degennarista Eduardo Buzzi y hasta Alfonsín "genera dudas el accionar del ejecutivo sobre la justicia". La defensa de Venegas fue una cuestión de Estado. El kirchnerismo sindical se distanció políticamente de Venegas y Barrionuevo con motivo de la crisis con el capital agrario que los tenía en un mismo frente de clase junto a toda la patria sojera, para la cual el gobierno sigue gobernando como lo demuestra el boom del "yuyo" y de sus exportadores que se multiplica año tras año. El fabuloso cierre de filas operado en horas, ante la detención para indagar a Venegas, es una enorme escuela para los trabajadores acerca de la naturaleza de la burocracia sindical Resulta notable que la CGT jamás tuvo reunión ni de urgencia ni de las otras, ni declaración alguna para defender a los miles de procesados por luchas sindicales de decenas de gremios de todo el país, incluidos presos como el compañero Luis Guineo de ATE Santa Cruz o, más recientemente, los cuatro compañeros ferroviarios de Causa Ferroviaria y el PO, por el corte de vías a favor del pase a planta de dos mil tercerizados del Roca y la reincorporación de centenares de despedidos. No se ha pronunciado por la cárcel a los asesinos de Mariano y mucho menos, por la cárcel a Fernández y Pedraza, cuya indagatoria ya está doblemente pedida por dos fiscales diferentes. Dos centrales irreconciliablemente enfrentadas por las listas de octubre, la de Moyano y de Barrionuevo, se unieron de pronto en torno a la defensa de la corrupción generalizada que caracteriza a la burocracia sindical. El encarcelamiento de las mafias de los medicamentos y la investigación de la caja negra de la APE y de todas las obras sociales son banderas políticas para toda la clase obrera. Los seis mil millones adeudados por el gobierno kirchnerista a las obras sociales tienen que volver a los trabajadores, no al bolsillo de la burocracia sindical. Los trabajadores tenemos que replantearnos a fondo la intervención en los sindicatos y las obras sociales: apertura de libros a comisiones obreras electas en asambleas; independencia de los sindicatos y electividad de los cargos de las obras sociales; sistema único de salud articulado, gratuito y universal para todos los trabajadores.

El Partido Obrero de La Plata, Berisso y Ensenada se viene movilizando para obtener miles de adhesiones en todos los barrios de la región. Nuestro objetivo: denunciar y quebrar la reforma política proscriptiva en la provincia de Buenos Aires. En estos términos, la campaña electoral ya está lanzada. La campaña de adhesiones al PO está acompañada de grandes pintadas y mesas callejeras denunciando el operativo político que ha montado el gobierno para asegurarse el monopolio político y evitar que en las próximas elecciones haya una voz de los trabajadores. Pero ya son 1.800 los trabajadores y vecinos que se han pronunciado a favor de los derechos políticos de nuestro partido. Las jornadas que realizamos periódicamente los fines de semana se están convirtiendo en una aplanadora por todo lo que se consigue y por los compañeros que concurren a luchar por la legalidad electoral de nuestro partido. En Berisso ya hemos alcanzado el objetivo que teníamos. Además, la propia campaña ha servido para abrir un nuevo barrio y organizar reuniones con una veintena de jóvenes que se acercaron al PO. Estos jóvenes ven en el Partido Obrero un canal para luchar por la salud, la vivienda, el trabajo: una herramienta que lo distingue de los partidos patronales. En barrio Obrero, al calor de las adhesiones, se ha planteado el desafío de poner en pie un centro político cultural que sirva como un factor de organización de los vecinos y que sea la Casa del PO en el barrio. Algo similar ha sucedido en Ensenada, donde en diez días se llegó al objetivo planteado recogiendo adhesiones de trabajadores de Astilleros Río Santiago y de Siderar. En La Plata, donde nos proponemos juntar 2.250 adhesiones, se recorrieron unos treinta barrios, de los cincuenta que conforman la ciudad de las diagonales y se están poniendo mesas en los principales centros neurálgicos. La discusión con cientos de vecinos todos los días ha permitido extender la llegada del PO a nuevos barrios de la ciudad. Con el correr de los días, la lucha por la adhesión al Partido Obrero se ha ido politizando cada vez más. La enorme autoridad ganada en la lucha de los trabajadores tercerizados y por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano se expresa en la colaboración popular a través de su firma. Es evidente que el asesinato de nuestro compañero ha calado hondo en la conciencia de toda la población, y que el trabajo precario, flexibilizado y mal pago es una constante en cada rincón de nuestra ciudad, como lo demuestra el hecho de que el intendente Bruera mantiene a miles de trabajadores precarizados en las "Cooperativas Ciudad Limpia", otro monopolio del intendente y sus punteros. El Partido Obrero recorre los barrios explicando a la población que queremos la ciudad limpia, pero de punteros y trabajo precario, para lo cual necesitamos una voz de los trabajadores en las próximas elecciones y el reconocimiento electoral del PO en la provincia y los municipios. El empadronamiento de adherentes al PO en la región ha demostrado un interés creciente de los trabajadores que es, por otra parte, el reflejo de una inquietud política en ascenso. En las mesas callejeras de agitación se vendieron más de cien periódicos en una semana. Redoblemos nuestros esfuerzos para que en cada municipio de la provincia de Buenos Aires los trabajadores tengan su propia voz en las próximas elecciones. ¡Adelante, compañeros!

El 20 de febrero, el Movimiento Popular Neuquino (el partido provincial que gobierna Neuquén desde hace 40 años) define en elecciones internas sus candidaturas a gobernador y vice. Las fórmulas que compiten son las de Sobisch-Lara, el ex gobernador y su ex ministro "todoterreno", y Sapag-Pechén, ambos a cargo actualmente del Ejecutivo. La reaparición de Sobisch ha despertado inquietud popular, ya que se trata de uno de los políticos más repudiados de la provincia y del país. Su gobierno se caracterizó por la entrega desenfrenada, la corrupción sin límites y una política represiva brutal, que alcanzó su punto más alto con el crimen de Carlos Fuentealba. Las puebladas y la ola de repudio nacional desatadas por el crimen acabaron con sus aspiraciones presidenciales: el entonces aliado de Mauricio Macri obtuvo un 2% en las presidenciales de 2007. El regreso de Sobisch es resultado de un rescate político que estuvo a cargo principalmente de sus actuales competidores en la interna. Sapag no se pronunció jamás por el castigo al responsable político del crimen de Fuentealba; por el contrario, mantuvo un pacto con Sobisch durante tres cuartas partes de su mandato, así como la orientación social de su predecesor, al servicio de las petroleras, los bancos, la especulación inmobiliaria, contratistas y mineras. El relevo de un Sobisch políticamente desahuciado era necesario para el MPN, que, con Sapag, pudo armar un entendimiento con los K. En este cuadro, Aten provincial y Proyecto Sur (Libres del Sur y el MST) lanzaron la campaña "Sobisch Nunca Más". Su llamado no dice una palabra sobre el respeto del actual gobierno a la deuda emitida bajo el sobischismo, ni sobre el derrumbe de la educación, la salud y el salario protagonizadas por Sapag. Tampoco sobre la represión al pueblo mapuche ni sobre la renovada entrega a las petroleras. Una campaña contra el desahuciado Sobisch que no denuncie a Sapag coloca al pueblo como rehén del MPN. Marcelo Guagliardo, el ex secretario general de Aten provincial, dice que "opinar sobre este asunto no nos hace intervenir en la interna del partido provincial". Pero Guagliardo ha sido punta de lanza del "pacto social" entre el sindicato que condujo hasta hace pocos meses y el gobernador Sapag. Los trabajadores neuquinos necesitamos una alternativa independiente a la "alternancia" al interior del MPN y a la oposición que convive con él desde la intendencia de Neuquén capital (la UCR y el UNE-CTA). En oposición a ambas, cuya orientación social está dictada por los monopolios capitalistas, desarrollemos una alternativa centrada en las demandas de salario, trabajo, salud, educación y vivienda por las cuales el pueblo de la provincia se moviliza sistemáticamente.

Mientras las clases dirigentes del país desencadenan una guerra social contra el mundo del trabajo y la juventud, se precipita la crisis política e institucional de la segunda República, sin que la oposición parlamentaria sea capaz de plantear una vía de salida positiva para los trabajadores, las mujeres y la juventud. El gobierno de Berlusconi busca sobrevivir a su propia crisis acentuando todos sus aspectos más reaccionarios: la pose bonapartista del líder, el desprecio por las formas democráticas, la corrupción más flagrante de los parlamentarios, con el telón de fondo de la prostitución del régimen. Mientras la Confindustria obtiene el apoyo para las peores medidas contra los trabajadores, la educación pública, los derechos sindicales. Y el Vaticano recibe más regalos a cambio de la absolución del Sultán y de sus "pecados". La oposición parlamentaria, a su turno, aparece paralizada por la propia crisis: pretendiendo reemplazar a Berlusconi por un gobierno afín a los industriales, banqueros y obispos, no es capaz de movilizar contra Berlusconi las energías de los trabajadores y de las masas. Por eso se oponen a cualquier huelga general y proyectan grandes alianzas transformistas con partidos clericales, sectores de la derecha y eventualmente incluso la Lega Nord. El resultado es que Berlusconi sigue en su silla, con el riesgo de un futuro deslizamiento reaccionario del cuadro político y social en su conjunto. Es necesario un cambio. Son los trabajadores y las grandes masas populares los que pueden poner fin al gobierno Berlusconi y abrir el camino de una verdadera alternativa. En estos meses, en las calles y en las plazas de toda Italia -si bien de manera discontinua- se ha manifestado una oposición de masas. La movilización de los metalmecánicos y de la Fiom en octubre y en enero. La lucha estudiantil de diciembre. Las manifestaciones de las mujeres el 13 de febrero han revelado, en formas diversas, un enorme potencial de rebeldía. Este potencial no debe dispersarse ni subordinarse a maniobras de palacio. Es el momento de unificarlo en una gran acción de masas, de carácter extraordinario, capaz de imponer un cambio. Una gran marcha nacional de trabajadores, jóvenes, mujeres, al Palacio Chigi, con el asedio prologado y masivo de los palacios gubernamentales, hasta la caída del gobierno. Los levantamientos populares de Túnez y Egipto han demostrado una vez más que la fuerza de las grandes masas es capaz de derrocar en pocas semanas a regímenes de varias décadas, desbaratando su reacción, dividiendo sobre el terreno sus fuerzas, obligándolos a rendirse. El gobierno de Berlusconi, hoy por hoy, no es por cierto más fuerte que el régimen de Ben Alí o el de Mubarak. Los trabajadores, los jóvenes, las mujeres de nuestro país -si se unen- no son más débiles que los trabajadores y los jóvenes de Túnez y de Egipto. Es el momento de derribar los muros del escepticismo o de la resignación. Es el momento de salir de la lógica de las manifestaciones de pura denuncia o propaganda. Es el momento de hacer como en Túnez y en Egipto. Hasta las constituciones liberales reconocen el derecho popular a la rebelión contra gobiernos corruptos y reaccionarios. Nada es más democrático que derrocar a un gobierno basado en la mentira y en la corrupción. No sirve pedirle a Berlusconi la renuncia. Hay que imponérsela. Por esto llamamos a todas las organizaciones de izquierda, políticas, sindicales y de los movimientos, a todas las fuerzas del asociacionismo democrático, a todas las estructuras populares empeñadas cotidianamente en la batalla social y democrática, para promover juntos la marcha nacional sobre el gobierno y abrir desde abajo una nueva página, para echar finalmente a las clases dirigentes del país. 15/12/11 Con este llamamiento queremos abrir una discusión pública entre las fuerzas de la oposición obrera y popular, en todos los niveles, recogiendo adhesiones y observaciones).

La flamante dirección del FUS (Frente de Unidad Sindical, Azul y Blanca-Celeste-Amaranto-Azul Gris) se juega a imponer de lleno en Aten la política de la dirección de Ctera. Cerró en 2010, a las corridas, un acta por el 22% de aumento en cuotas (marzo y junio) con sumas fijas y la promesa de una mesa de negociación para "evaluar" el adelantamiento de la segunda cuota. Varias asambleas de las seccionales más numerosas en afiliados dirigidas por la oposición, rechazaron la "oferta" de Sapag o reclamaron el cobro sin cuotas, pero en el plenario de secretarios generales las anularon con el artilugio formal del voto indirecto (una seccional, un voto), contra la votación directa (por cantidad de afiliados) y falsificaron el mandato de la seccional Aluminé a favor de la aceptación. Semejante maniobra tiene poco vuelo y será con el cobro del 4 de marzo, cuando se potencie la bronca masticada en diciembre. La inflación volatilizó el mísero aumento antes de que llegue a los bolsillos y se los comió el impuesto al salario, en el caso de los directores. La conclusión de que estamos frente a una nueva rebaja salarial para este año, será no sólo inevitable sino explosiva. El yaskismo le teme a las asambleas Las elecciones de Aten expresaron un crecimiento del voto antiburocrático, madurado al calor de las grandes huelgas en los últimos años. El aterrizaje forzoso, el triunfo ajustado de la directiva provincial con el 22% de los votos, se puso de manifiesto en las asambleas. La Celeste-FUS dirige 11 de las 21 seccionales, lo que formalmente les garantiza la mayoría en el plenario con el voto indirecto, pero las diez seccionales opositoras representan el 78% de los afiliados (indiscutida mayoría con el voto directo). Esta condición abrió un debate respecto del método de resolución en el plenario de secretarios generales, lo que en realidad expresa, por donde se lo mire, un problema político de la Celeste-FUS a la hora de imponer la paz social acordada con el gobierno de Cristina y Sapag. La iniciativa de las seccionales opositoras Las diez seccionales opositoras propusimos la convocatoria a las asambleas y a un encuentro de trabajadores de Aten para definir un plan de lucha y pliego de reclamos. Defendimos el derecho de los trabajadores de la educación a decidir. Sin embargo, esta vez los levantamanos de la Celeste-FUS ¡se negaron a ponerlo a votación! Teniendo la mayoría formal, evitaron dejar las huellas dactilares contra las asambleas. Ante la negativa de la dirección provincial, marchamos a convocar asambleas el 24 de febrero y a un encuentro de trabajadores de la educación en capital el 26 de febrero. En este proceso, Tribuna Docente en la minoría de la seccional Capital y Plottier, interviene activamente por esta perspectiva.Tenemos el desafío de abrir un proceso de asambleas que fijen un mandato democrático y un plan de lucha que rompa el corralito salarial de diciembre y la "paz social" que reclaman el gobierno nacional y provincial.

El kirchnerismo ha explicitado que para "colgar" la lista del partido de Sabbatella con la fórmula presidencial va a proponer una alianza entre el PJ bonaerense y Nuevo Encuentro, para presidente y diputados nacionales. En ese caso, el sabbatellismo debería participar de la interna "abierta y obligatoria" de la alianza para esos cargos, preservando la postulación de Sabbatella a gobernador en oposición a Scioli. Así, Sabbatella renunciaría a postular una lista propia de diputados nacionales para participar de una interna que, como es previsible, perderá. Sabbatella ha conseguido que Moyano apoye su colectora nacional, pero a cambio de ello aceptaría meter a moyanistas en su lista provincial. Hasta aquí, el negocio de Sabbatella sería igual a cero o peor; esto, porque además de recibir un escaso número de votos para la provincia, no podría aspirar más que a colar a algún diputado nacional en la lista que resulte de su alianza con el pejotismo. La trampa de todo esto reside en que se pretende que la lista de la alianza nacional vaya pegada a las boletas provinciales, sea del PJ-FpV, por un lado, como de Nuevo Encuentro, por el otro, y no como una lista única de la alianza. Presentar a la alianza en dos listas separadas, una que encabeza a los candidatos provinciales del PJ y la otra a la cabeza de los de NE serviría para arrastrar votos para CFK a la lista de Sabbatella, lo cual inflaría su representación en la provincia. Pero el ensamble de listas nacionales con las provinciales que pretende Sabbatella está prohibido por la ley electoral; Nuevo Encuentro y el PJ-FpV deberían ir en boletas separadas para los cargos provinciales. No es, repetimos, a lo que Sabbatella aspira: quiere que la candidatura de la Presidenta y de los diputados nacionales vaya pegada a su lema provincial, como también iría con el lema de los pejotistas. Pero esto sería un fraude legal y político. En este caso, porque pondría a los candidatos provinciales bajo la protección de una alianza de dos bloques que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, actúan en abierta rivalidad. El derecho que reclama Sabbatella para candidatear a CFK en forma independiente del pejotismo requiere, primero, la derogación de la ley de reforma política y del sistema de internas abiertas. Todo este galimatías expone la crisis definitiva del peronismo y la completa falta de principios (y también el impasse) del sabbatellismo, porque convierte a la Presidenta en un árbitro entre unos y otros; o sea, en un compromiso entre pejotistas e ‘izquierdistas': un cambalache político. Sabbatella, que votó contra la reforma política, sabe muy bien que esa ley le quita el derecho a votar por CFK en una lista independiente y con un programa propio. Sin embargo, ello no le impide apoyar al gobierno que sancionó esa reforma, precisamente, para salvar al "viejo pejotismo" ¡que él dice combatir! Pero para saltar el impedimento legal propone, entonces, violarlo: hacer una alianza con el PJ que se presente, a pesar de ser una alianza, en forma separada, es decir, paralela. Esta "ingeniería electoral" perjudica a Scioli y a los intendentes pejotistas: de ahí la crisis que, además, ofrece la posibilidad de una victoria de De Narváez, como ya ocurrió en 2009. Todo o nada La Presidenta se vale del llamado a apoyar lo que llama el "proyecto nacional", para neutralizar políticamente al peronismo bonaerense. La crisis en curso es una repetición de la pelea Kirchner-Duhalde de 2005. Pero, seis años más tarde, el kirchnerismo no tiene la capacidad para doblegar a los ‘barones del conurbano', ya que, bajo la forma que terminen eligiendo, una parte importante de ellos le harán la guerra legal al sabbatellismo y movilizarán al aparato contra él. Inflación mediante, la economía política del kirchnerismo se encuentra en retroceso; los ‘chicos' de La Cámpora no son un sustituto al pejotismo -como tampoco lo es Moyano, acorralado por los delitos cometidos en las obras sociales. La ‘concertación plural' ha volado por los aires. El incidente del avión norteamericano demuestra que el establishment yanqui tiene puestas las cartas en la derrota del gobierno en octubre, mientras que los K no tienen capacidad para llevar una campaña ‘antiimperialista' hasta fin de año. Ni Moyano ni La Cámpora, por otra parte, son del paño del sabbatellismo -un rejunte de progres en el desierto. Por ahora, Scioli ha rechazado un desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, pero va creciendo el número de provincias que lo ha hecho. Scioli, sin embargo, arriesga la división del pejotismo bonaerense si, como se podría suponer, el desdoblamiento es rechazado por el moyanismo. Mientras tanto, ha pactado con los intendentes una reforma de la ley de internas de la provincia, dirigida a subir el mínimo de votos para el reparto de los cargos a concejales y, por lo tanto, a ponerle piedras en el camino a los "compañeros" de Moyano, la Evita o La Cámpora. Este es el cuadro de dispersión del bloque que pretende ganar en primera vuelta en octubre próximo. Emerge de aquí un cuadro de crisis política e, incluso, los estertores del kirchnerismo que, al cabo de una década, ha sido incapaz de desarrollar una organización autónoma en oposición a los punteros tradicionales. Además, queda expuesto el oportunismo de la izquierda paralela al oficialismo que, en nombre de ‘profundizar el modelo', quiere pasar a un compromiso con el pejotismo -en lugar de pelear contra la reforma política regimentadora que impide a los partidos organizarse como les venga en gana y a los ciudadanos votar por lo quieran.

El choque de trenes en San Miguel ha mostrado un escenario repetido: el del derrumbe ferroviario. El deterioro del servicio marcha de la mano de la precarización de sus trabajadores, del enriquecimiento de los concesionarios y de la complicidad de una burocracia sindical que es, ella también, empresaria. El ente regulador, a cargo del "control", es una agencia muda al servicio de los concesionarios. Mientras tanto, los gastos de infraestructura fueron pasados al Estado. Las vías del San Martín, donde sucedió el accidente, son administradas por la Ugofe. La misma "empresa tripartita" que en el ferrocarril Roca se aferra a la tercerización laboral, en complicidad con el gobierno y los Pedraza. Hace cuatro meses, esa alianza burocrático-empresarial-estatal se cobró la vida de Mariano Ferreyra. Los responsables políticos de ese crimen aún no han sido indagados. Sus cómplices empresariales, tampoco. La continuidad de todos ellos, en la gestión del ferrocarril, no sólo es impunidad para con el crimen de Mariano. Es la garantía para que siga el saqueo del ferrocarril, nuevos accidentes y crímenes contra el pueblo. Expulsemos a los Pedraza-Maturano, a los privatizadores y sus funcionarios de la gestión del Ferrocarril. Por su re-estatización bajo la gestión de trabajadores electos. Cárcel a Pedraza y a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra.