Prensa Obrera N° 1159

Por cárcel a Pedraza y a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra. Por el fin de las patotas y de la burocracia sindical. Por una nueva dirección en los sindicatos. Por el fin del régimen negrero de las "tercerizaciones" y el pase a planta de todos los trabajadores. Por el fin de las "zonas liberadas" y las mafias policiales. Apoyá esta lucha aportando a la colecta solidaria del Partido Obrero.

Los inquilinos bonaerenses que adeuden el pago de la renta o cuyo contrato haya vencido podrán ser desalojados inmediatamente si así lo requiere el titular de la propiedad. "La medida intenta evitar maniobras disuasivas de los arrendatarios para permanecer durante más tiempo en la vivienda" (La Nación, 5/12). Así lo dispuso el Poder Legislativo de la provincia el jueves pasado, al modificar el artículo 676 del decreto-ley 7425/68 -el Código Procesal Civil y Comercial local. Un juez podrá dictaminar el desalojo de la propiedad de manera inmediata, sin dejar la posibilidad de que el locatario interponga siquiera una medida cautelar. Hasta ahora, el magistrado disponía la entrega inmediata del inmueble solamente cuando existía una amenaza de graves perjuicios para el accionante (arrendador). En caso contrario, los jueces atendían a los pactos internacionales que aseguran los derechos mínimos de las personas en situación de riesgo social, como es el caso de la vivienda. Un magistrado perteneciente al fuero contencioso administrativo "alertó que esta modificación al Código es ilegal y que atenta contra la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales" (ídem). Este proyecto se había postergado en el ámbito provincial durante más de seis años, sobre todo luego de que se sancionara la ley nacional 25488 en octubre de 2001, la cual incorporó un artículo bis dentro del Código Procesal Civil y Comercial. Según fuentes oficiales, "la modificación establecida incorpora una medida disuasiva en el caso de que el propietario utilice la norma que lo favorece en forma ilegal. Así, será sancionado con una multa de 20.000 pesos más los daños y perjuicios que ocasionare por su acción" (ídem). Pero la comprobación de tal circunstancia, además de ser un hecho tortuoso y prolongado en el tiempo, va a ocurrir una vez que los ocupantes ya estén afuera y el daño consumado.

La ocupación del Parque Indoamericano en Soldati es expresión de la enorme crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo la achaca a la llegada de "inmigrantes", de los que se sirve para el trabajo esclavo en los "talleres textiles". La crisis habitacional va de la mano de esta superexplotación y del desarrollo de la especulación inmobiliaria; sólo en agosto, el precio del metro cuadrado de un departamento nuevo en la Ciudad aumentó un 2,5% (una tasa anual del 25%) y de los departamentos usados un 6%. Desde 2008, el aumento es del 80%. Por otro lado, se ha procedido al completo desguace de la política de vivienda del Estado: el presupuesto de 400 millones de pesos se encuentra sub-ejecutado en un 80% (el 40% de aquella suma se consume en gastos administrativos del Instituto). La reciente ley de "emergencia habitacional" no contempla ninguna medida efectiva. El IVC ofrece, en los casos de desalojos, un subsidio que no llega a los 1.000 pesos por mes para familias enteras, y no sostiene ningún tipo de política de vivienda social. El IVC y la Corporación del Sur En cambio, Macri le ha dado realce a la Corporación del Sur, que administra los terrenos fiscales de esa zona de la Ciudad. La Corporación maneja una caja propia, paralela a la del presupuesto, con asignación de partidas para licitaciones de obras de todo tipo, desde el "polo farmacéutico de Lugano" hasta la administración del Parque Roca (y el Creamfields). El manejo de la Corporación del Sur amplía el radio de la especulación inmobiliaria en la Ciudad. Tanto en el desguace del IVC (dirigido por un aliado de Kravetz) como en la Corporación, el kirchnerismo -junto con el progresismo de la Ciudad- y el macrismo han funcionado como aliados. La Corporación del Sur ha sido acusada de fallas en el control interno de auditorías, de procesos de licitación fuera de control, y de realizar adjudicaciones directas a empresas amigas del gobierno en el conjunto de sus programas. Un ejemplo, el programa "Pro Sur Habitat" (con un presupuesto de 80 millones de pesos) invirtió más de 3 millones de pesos en la refacción del centro comercial bajo la autopista del barrio de Piletones y en pintar las fachadas de las casas. Macri también se vale de la Corporación para "fomentar los emprendimientos productivos" que lucran con el trabajo en negro y precario en el sur de la Ciudad. De planes de vivienda tampoco se escucha hablar: la Corporación no llegó a inaugurar 50 viviendas el año pasado, concentradas en Villa Pirelli y Villa 19. La Ugis La tercera pata de la política del gobierno para las villas de la Ciudad es la Ugis. La Ugis se encarga, supuestamente, de la limpieza de los barrios y de las situaciones de emergencia. En realidad, la Ugis ha sido un puntal de la intervención del macrismo para armar una base punteril en las villas de la Ciudad. La Ugis interviene de forma irregular en los procesos de elección de delegados Villeros, que se vienen desarrollando a partir de la retirada de las intervenciones del juez Gallardo contra los punteros tradicionales de las villas de la Ciudad. Macri juega, en esas designaciones, con sectores punteriles ligados al aparato ibarrista de la Ciudad, como Changalai de la Villa 20. El hombre clave de la Ugis en este terreno es el "comandante Rodríguez". En Villa 20, el "comandante" apoya a la burocracia de Changalai, que desarrolló un ataque mafioso contra el dirigente Diosnel Pérez, del cuerpo de delegados combativo de la Villa. En Piletones, el puntero Ozuna, también con el apoyo de la Ugis, instigó a una patota para asesinar a Julio Cari, dirigente del Polo Obrero del barrio. También dirigentes de Villa 3 han sufrido ataques de sectores vinculados con el gobierno. El fuerte de la presencia del "comandante" se encuentra en la Villa 1-11-14. El macrismo opera con los métodos de la patota para regimentar los cuerpos de delegados villeros. El ataque de la patota contra los ocupantes del Indoamericano cuenta con todos estos antecedentes. La ocupación del parque Indoamericano y la represión posterior fueron incubadas por este cuadro de intervención del macrismo y el kirchnerismo. Es necesario disolver la Ugis y la Corporación del Sur, y concentrar el conjunto de las tierras fiscales del sur de la Ciudad en una organización que centralice los recursos, bajo control de los vecinos y trabajadores.

La Junta Interna verde (michelistas, morenistas y kirchneristas) no quiere debatir sobre trabajo tercerizado por miedo a quedar expuesta. Para el martes 14, en el marco de la campaña por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra y contra las tercerizaciones, desde la Agrupación La Naranja del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) habíamos organizado una gran mesa debate en el Auditorio del Instituto sobre el trabajo tercerizado. Iban a participar Jorge Altamira (Partido Obrero), Enrique Martínez (presidente del Inti) y Horacio Meguira (director del Departamento Jurídico de la CTA), contando con el compromiso de todos los oradores desde hacía más de 25 días. Sorpresivamente, a pocos días de la charla, recibimos una nota de la Junta Interna (una junta interna integrada no sólo por los verdes de Micheli, sino también por el MST, Opinión Socialista y la Darío Santillán) en la cual anunciaban que no vendrían a la charla y que tampoco lo haría Meguira. Alegaron que Martínez sería el gran responsable de que haya trabajo tercerizado en el Inti -en referencia a los compañeros de la Cooperativa Santa Rosa- por lo que no se sentarían con él. Además, se jactaron de estar llevando a cabo una gran lucha por el pase a planta de dichos trabajadores. Como consecuencia de este tironeo, que habría llegado hasta la cúpula de la CTA, Meguira terminó desistiendo del debate, con lo que dio lugar a la posición de la Junta Interna ATE-Inti, la que ya había dicho que no en su nombre. La (im)postura de la Junta Interna refleja lo peor del cinismo de la burocracia sindical: la Cooperativa Santa Rosa nació como producto de un acuerdo entre Martínez y la Junta Interna actual. Desde entonces, durante ocho años, sus trabajadores fueron sometidos a un régimen de servidumbre, cuya dirección siempre estuvo ligada a la propia Junta Interna. El salario de bolsillo de estos trabajadores no ha superado los 1.600 pesos, contrapuesto a una facturación al Inti muy superior. Todo intento de organizarse ha tenido por respuesta aprietes, cuando no despidos. En consecuencia, la JI no quiere ir al debate por temor a que quede en evidencia su responsabilidad central en la situación de estos trabajadores. Si no fuera así, ninguna interna que estuviera luchando de verdad se perdería la posibilidad de debatir públicamente acerca de lo que dice estar luchando en contra. Vale agregar, que el proyecto de pase al Instituto de los Trabajadores de limpieza propuesto por la Interna de ATE-Inti somete a los trabajadores a un período de prueba y los mantiene como monotributistas, por lo que parece apuntar más a tapar algún chanchullo en todos estos años de licitaciones y negocios que a defender los derechos laborales de los compañeros. Horacio Meguira, quien se baja del debate desilusionado por la reducción a "mínimas expresiones de rencillas domésticas", debiera replantearse el verdadero ángulo que generó su desilusión. Martínez, ante la realidad del debate, también nos anunció que no participaría de la mesa. Un debate mano a mano con un representante de una oposición clasista y luchadora, en el cuadro de una gran crisis del régimen político del que es parte Martínez, sin lugar a dudas dejaría más al desnudo los problemas de la tercerización y las contradicciones del kirchnerismo que el falso teatro verde-morenista de la Interna. Desde la Agrupación Naranja del Inti, seguiremos en el terreno de la lucha sindical y política peleando por el pase a convenio de los compañeros de la cooperativa, con el mismo salario y derechos de los demás trabajadores del Inti. También por el pase a planta, por un salario igual a la canasta familiar y por mejores condiciones laborales de todos los trabajadores del Inti.

La ocupación de Soldati fue el disparador de una ola ocupaciones en la provincia de Buenos Aires. La provincia enfrenta un déficit habitacional de un millón de viviendas, especialmente en el conurbano. La construcción de viviendas, en particular las del publicitado Plan Federal, está paralizada. Scioli en acción En la Matanza, además de la ocupación en el Km 32, en González Catán, se produjeron otras dos: en Villa Palito, en Camino de Cintura, y en el predio de la ex Jabón Federal, recostada sobre la avenida General Paz. Las tres fueron desalojadas violentamente. En Catán intervino la Bonaerense y en Villa Palito la Gendarmería. En Jabón Federal, a la agresión se sumaron patotas organizadas por punteros de la zona. El desalojo por parte del intendente fue inmediato, sin ninguna negociación con los vecinos. También se produjeron ocupaciones en Bernal: 200 familias a un terreno anexo al del frigorífico Finecor. A ocho cuadras de ahí, en Lamadrid, otra más reducido de 30. Barba Gutiérrez no procedió al desalojo y se comprometió a una solución. Durante su mandato, se han entregado apenas 170 viviendas de las 10.000 programadas. La falta de respuesta a la demanda popular de viviendas contrasta con la generosidad con la que el municipio actúa a favor de Techint, a la que Gutiérrez entregó la zona costera para un megaemprendimiento inmobiliario. Scioli y los intendentes no se diferencian de Macri, ni en planes de vivienda ni en métodos violentos de desalojo. Los terrenos disponibles son reservados para los pulpos inmobiliarios, en particular en la franja ribereña, una suerte de extensión de Puerto Madero. A los vecinos se les hace insostenible pagar alquileres prohibitivos. Como parte de esta política expulsiva, la Legislatura bonaerense, por iniciativa de Scioli, acaba de reformar el Código Procesal (ver nota aparte).

1) Disponer las tierras públicas y predios ociosos, y todos los terrenos de la Corporación del Sur, para emprender una urbanización y viviendas de carácter social, a un costo del 10% del salario promedio; 2) plan de habilitación de los parques de la Ciudad, y construcción de polideportivos municipales; planes de desarrollo para los clubes de barrio; 3) integración de los recursos de Ausa, Corporación Puerto Madero y del Sur, y del Banco Ciudad, para financiar la construcción de un mínimo de 5.000 viviendas al año; 4) aplicación, al mismo fin, de un impuesto extraordinario a las grandes corporaciones con sede en la Ciudad; a partir de la segunda y más viviendas; a las desarrolladoras y constructoras a partir de un nivel de beneficios; 5) control vecinal de la calidad y los costos de las construcciones; consejos electos por asambleas; 6) concesión de créditos a tasa cero para la adquisición de viviendas, la cual sería recuperada por recaudación de impuestos, generada por el plan de construcción de viviendas; 7) empadronamiento y capacitación de los desocupados para su participación, con salario y convenio, en la construcción de las viviendas y el derecho a su adquisición. Ni Macri ni K: independencia política y auto-organización del movimiento vecinal.

-Exclusivo de internet Los resultados del informe Pisa (Evaluación internacional de Estudiantes) -realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009, sobre alumnos de 15 años de 65 países- arroja un retroceso de Argentina del puesto 53 (en 2006) al puesto 58, o un retroceso de 20 puntos (de 418 a 398), si se comparan los resultados de 2000 y 2009 (La Nación, 7/12). Mientras los diarios se ocupan de magnificar el retroceso citando números diversos, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y otros funcionarios minimizan los resultados (Clarín, 8/12). El oficialismo cambia las fechas de comparación, lo que implica una confesión de que seguimos atrás de la década del '90. Que en Argentina los efectos devastadores de 2001 continúen en pie muestra el contenido social de la ‘recuperación' kirchnerista: un restablecimiento de las condiciones de beneficios para el capital a partir de un descenso histórico del nivel social de las masas. Es lo que se manifiesta igualmente en el desarrollo del trabajo precario o en la crisis abismal de la vivienda o de la salud. La existencia de alumnos que cursan más años de los esperados refleja el crecimiento de la repitencia, el ingreso tardío en la escuela y el regreso a los estudios después de un período de abandono. Estos resultados ponen en evidencia el fracaso rotundo de la reforma educativa, la que primarizó la escuela secundaria tanto en materia de estructura (incorporando años de la secundaria a la primaria) como en materia de contenidos, devaluando notoriamente los programas. Aún después de las reformas, la repitencia, la sobre-edad y el abandono crecen, lo que refleja un doble fracaso. La nueva Ley de Educación Nacional intenta disimular esta realidad. Un curioso argumento de Sileoni es que la incorporación de más alumnos al sistema explica la baja en los resultados. El pez por la boca muere: aumenta el número de alumnos sin que se construyan nuevas escuelas, sin arreglar los edificios existentes, sin mejorar los salarios y condiciones de trabajo de los docentes, y sin becas para asegurar las condiciones de acceso a la educación. Los reclamos insistentes de los empresarios para que se dé más atención a la educación reflejan el interés por conseguir subsidios y exenciones impositivas para inversiones en el rubro, en especial la enseñanza privada o clerical. La asignación universal por hijo no puede considerarse una beca, ya que es insuficiente hasta para alimentos. Los gobiernos utilizan sus fracasos para echar la responsabilidad sobre los docentes y rápidamente descontar los días de paro o avanzar en métodos de flexibilización en la contratación al estilo finlandés. La situación educativa sólo va a mejorar, en primer lugar, si se produce un cambio en las condiciones sociales. Luego, si se aumentan el presupuesto educativo; las partidas para infraestructura; nuevas escuelas y para becas, y si se aumenta el salario docente al monto de la canasta familiar, para que todos los docentes puedan trabajar en un solo cargo. Eso producirá resultados en la calidad educativa y no hará falta reinterpretar las estadísticas.

Con la votación en Filosofía y Letras, la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre, concluyó el largo ciclo de elecciones en la UBA. Las fuerzas políticas que responden a las camarillas y al gobierno o la oposición patronal han retrocedido, mientras que los centros dirigidos por fuerzas de izquierda, independientes y combativas ya son nueve sobre trece. En este marco, la UJS fue la única fuerza política que participó en los comicios de las trece facultades y se vuelve a destacar como la principal corriente de la izquierda: se encuentra en cinco presidencias de Centro e integra la conducción, con la secretaría general, de un sexto. El Rectorado, la Franja Morada y el gobierno han sido derrotados en su intento de desplazar a la izquierda del movimiento estudiantil; el kirchnerismo jugó un papel marginal en casi todos los casos. Las elecciones de la UBA superaron la intención del kirchnerismo de convertirlas en el escenario de la polarización política que busca desarrollar en el plano nacional. Elecciones, lucha y la crisis política Al haber abarcado un período tan prolongado en el tiempo -casi tres meses-, las distintas elecciones fueron atravesadas por una sucesión de acontecimientos políticos diversos. En primer lugar, el estudiantazo colocó en el banquillo de los acusados a los K y los Macri, como responsables del derrumbe del sistema educativo. La UJS fue una de las principales abanderadas de esta lucha; Franja Morada y las autoridades creían que asustarían a los estudiantes con el "caos" del que nos hacían responsables. El tiro les salió por la culata: en Veterinaria, a pesar de la campaña motorizada por el decanato y las cátedras, casi el 70% de los estudiantes ratificaron a la conducción combativa de Evet-UJS contra la Franja; La Cámpora ni llegó a armar lista. En Arquitectura, el frente de izquierda en el cual participa la UJS, retuvo el Centro con el 45% de los votos, contra un armado pro-gestión de unos arribistas que ahora ‘trasvasaron' al sabbatellismo; a la Franja y La Cámpora les fue muy mal. En una facultad donde aún dirige la Franja, como Odontología, a pesar del macartismo brutal, V-PAR creció y obtuvo el 34%. Un párrafo aparte, dentro de la primera tanda de elecciones, merece Ciencias Económicas, donde la victoria de Franja fue contundente. Además del aislamiento de la Facultad respecto a las luchas, pesa el enorme aparato que despliega el oficialismo morado. Mientras aquí La Cámpora hizo sapo otra vez -no llegó al 2%-, también quedaron de manifiesto los enormes límites de la experiencia del Frente que integramos junto a la izquierda e independientes (MxE), especialmente la negativa de las principales agrupaciones que lo componen -en particular La Mella- a tomar partido frente a los grandes problemas políticos de la Facultad, implicada en los escándalos de la ONCCA y el Indek -para no ‘desgraciarse' con el oficialismo nacional. Exactas, por su lado, tuvo su pelea electoral concentrada entre la izquierda. La delimitación de fuerzas no avanzó lo suficiente, con el resultado de que ganó una dirección, el FEM-Mella, que apareció siendo parte de la lucha contra la Coneau. Triunfazos contra la derecha Los verdaderos "sacudones electorales" en la UBA fueron Medicina y Farmacia. Estos dos Centros, importantísimos bastiones de la derecha, fueron recuperados por la izquierda, con la UJS en la presidencia en ambos casos. En Medicina, la vieja dirección del Centro, ex Franja, a último momento se hizo K para sobrevivir, pero no pudo; los kirchneristas "puros" (lista "6,7,8") no llegaron al 2%. En Farmacia, por su parte, el derrumbe de la Franja fue total. Antídoto-UJS creció un 26% respecto de la anterior elección y superó el 44%. La Cámpora salió tercera -y última. "El Frente", en Medicina, ganó como abanderado de las luchas por las reivindicaciones de la Facultad y de la salud pública en general, contra las autoridades y el gobierno, mientras en Farmacia, el triunfo de Antídoto dio pie a una asamblea de 200 compañeros, algo único e histórico en esa Facultad. Algo similar vale para Ingeniería. Ahí, una corriente intermedia aliada a La Mella -el MLI-, dirigía el Centro y se derrumbó. El Frente 7 de Septiembre (UJS, Cepa, Puño), identificado con la ocupación del Consejo (su nombre es el de la fecha en que comenzó la toma), sacó el 45% de los votos. Sin pena ni gloria Proyecto Sur prometía jugar un papel relevante; deberá esperar. Se presentó en pocas facultades y su máxima apuesta fue, vía Libres del Sur y el MST, desplazar a la UJS-PO de Psicología. No pudo ser: quedó lejos, a diez puntos. El pinosolanismo había repudiado las tomas y la lucha estudiantil. EPA!, con la UJS al frente, ganó con el 34%. El kirchnerismo: reacción conservadora Sociales y Filo tuvieron dos particularidades. Una, haber estado ocupadas por más de un mes. La otra, que ambos decanos (Caletti y Trinchero), kirchneristas de la línea "Carta Abierta", se opusieron a rajatablas a los reclamos estudiantiles. El kirchnerismo pactó con la derecha contra la lucha. La reacción anti-toma de un sector del estudiantado le posibilitó arañar el 20% de los votos. En Sociales hubo un retroceso muy importante de la izquierda, tanto del Frente que integró la UJS, como del armado de La Mella, que retuvo por escaso margen el Centro. La Mella conformó un rejunte con ex PC de la CTA Micheli, chavistas "libertarios" y el Viejo Topo-Cauce. Estos grupos, por separado, en la elección anterior sacaron casi veinte puntos más que ahora. En Filo, en forma diferente, "El Bloque", la lista de izquierda encabezada por la UJS, identificada con la lucha y la independencia política, resistió los embates y hasta creció respecto de la votación anterior, en medio de una campaña furiosa de la gestión K por desplazar al PO del Cefyl. Triunfó una variante intermedia, encabezada por La Mella. Crítica mediante, vamos por más El cierre del año encuentra a la UJS de la UBA en pleno desarrollo -a la cabeza de la recupearación de nuevos centros de estudiantes. Estamos jugados a fondo en las luchas que venimos llevando adelante; en primer lugar, el juicio y castigo a todos los responsables del crimen de Mariano. Él fue un gran protagonista de estas peleas; fue asesinado cuando iba a participar de la gesta de la recuperación de Medicina. Para compartir este balance y las tareas planteadas, realizaremos nuestro encuentro de fin de año el sábado 18 en Veterinaria, la Facultad en que arrancamos la pelea electoral de este 2010 convulsionado.

Un reguero de tomas de tierras se extiende a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Córdoba, como mancha de aceite. La crisis habitacional ha encontrado mediante las ocupaciones, en la acción de los vecinos, una respuesta genuina al estado de indefensión de miles de familias que carecen de vivienda, situación en la que han sido colocadas por la política del gobierno. El agravamiento de la situación habitacional de más de 175 mil familias, que en la ciudad de Córdoba carecen de vivienda propia, tiene bases materiales muy precisas: la inflación ha hecho estallar el precio de los alquileres y de los costos de la construcción, también el de las viviendas. El otro factor es el ingreso de fondos buitres especulativos y la liquidación de exportaciones en una provincia sojera como Córdoba, en la cual el destino de esos fondos son los negocios inmobiliarios. Existe un enorme proceso de acaparamiento de tierras por parte de los desarrollistas urbanos -eufemismo con el que se conoce a los especuladores-, lo que conlleva a la expulsión de vecinos que terminan engrosando la población de los asentamientos precarios. El gobierno de Schiaretti y su cuadrilla de fiscales han ido a las tomas a amedrentar y amenazar a los vecinos con represión e imputaciones. De ninguna manera a buscar una solución a la falta de viviendas. El gobierno ha colocado el presupuesto de 2011 al servicio de los negocios capitalistas en materia de construcción y no está previsto el desembolso de un solo peso para enfrentar la crisis de viviendas. Sólo la construcción de la nueva Casa de Gobierno se va a llevar más de 800 millones de pesos -por supuesto, la favorecida será Electroingeniería. El presupuesto provincial prevé una inversión de más de 4.600 millones de pesos, pero menos de un 5% estará destinado a viviendas. Los desalojos violentos, represión mediante, de los vecinos de los barrios San Jorge y Juan Pablo II se colocan en la misma línea del ataque en Buenos Aires a los vecinos de Villa Soldati, que se cobró la vida de tres vecinos. De la m isma manera que en Soldati que han vuelto a las tierras, en Córdoba no han logrado desactivar la ola de ocupaciones, porque la necesidad y el derecho a la vivienda superan los intentos de desanimar a los vecinos. El 20 de diciembre, la lucha por el derecho a la vivienda estará expresada en la movilización con la participación de las organizaciones de lucha por la vivienda para exigir: un plan integral de viviendas populares para todas las familias sin viviendas; la titularización inmediata de todas las tierras ocupadas a favor de sus ocupantes; la declaración de toda superficie disponible, superior a una hectárea, de utilidad pública y cuyo único destino sea la ejecución de planes de vivienda, el establecimiento de un censo de todas las familias que carecen de vivienda en todo el ámbito de la provincia.

En el feriado del miércoles 8, el país amaneció con la noticia de una nueva represión feroz con otros dos muertos. Al mediodía, y en el predio del Soldati, una conferencia de prensa de "Memoria Verdad y Justicia", junto a los parientes de los asesinados, denunció el nuevo crimen policial. Por la tarde, íbamos a realizar una marcha por el centro porteño. El curso de los acontecimientos obligó, sin embargo, a cambiar el rumbo. Durante la mañana, los ocupantes fueron reinstalándose en el predio, para retomar su lucha por el techo. Pero pasado el mediodía, un "piquete" de la Metropolitana comenzó a actuar provocativamente contra ellos. De inmediato, dirigentes políticos, barriales y vecinales nos interpusimos para impedir una nueva represión. En esas condiciones, la marcha del centro se trasladó a Soldati: hacia las tres de la tarde, miles de militantes, entre ellos una gruesa columna del PO de Capital, marcharon desde Cruz y Escalada hasta la toma, ante la emoción de los ocupantes. La movilización se dirigió luego a bloquear las oficinas de la Unidad de Gestión Social (Ugis) del gobierno de Macri, donde se exigió la provisión de agua, alimentos y asistencia sanitaria a las familias. La masiva movilización del miércoles fue decisiva para impedir un nuevo desalojo. En los días siguientes, el PO denunció la tentativa de liquidar a los ocupantes liberando la zona, por un lado, y sometiéndolos al hambre, por el otro. Nuestros militantes trabajaron todo el tiempo en la solidaridad y organización de los ocupantes, en la elección de delegados y en la lucha política contra los punteros oficiales.

-Exclusivo de internet En la provincia de Santiago del Estero, las organizaciones campesinas como el Mocase, así como familias campesinas, están siendo invadidas constantemente por empresarios. Estos usurpadores cuentan con títulos apócrifos y apoyados en el poder político desalojan a los campesinos. En el Departamento Alberdi, se instaló una banda armada, con personas provenientes de Salta, para realizar trabajos de desmonte y alambrado bajo las órdenes de un empresario Cordobés de nombre Matías Bufaz. Los desalojos están como regueros en varias zonas de conflicto de la provincia. Los parajes más afectados son los de Pozo Castaño, El Negrito, Villa Matoque, El simbolar. En este último, el desalojo de las familias dio como resultado ocho víctimas gravemente heridas por las guardias blancas -grupos comandos pagados por los empresarios que, trabajando junto a la policía, ingresan a los domicilios y corren a las familias a tiros y golpes, con quemas de ranchos o destrucción total de la vivienda. El Estado provincial es conciente de lo que sucede. El martes pasado, mientras reprimían y desalojaban en el Simbolar, grupos de familias de Villa Matoque se encadenaban en la Casa de Gobierno. El Mocase se mantiene en alerta y está colocando carpas negras en localidades en conflicto. La carpa de la localidad de Vilmer se encuentra levantada desde hace dos meses aproximadamente. Los reclamos del Mocase son los reclamos del campesinado en su conjunto, los que se orientan hacia la responsabilidad política del Estado en torno al retroceso de la región y provincia en su conjunto. Es por ello que uno de los puntos principales es separar de los cargos a la cúpula policial de la zona, así como a los ministros de Justicia (Daives) y de Gobierno (Neder). También se reclaman el juicio político de los jueces intervinientes y, obviamente, el cese de los desalojos. Zamora, provocador de las sojeras El gobernador de la provincia, ante todos estos sucesos, no hizo ni un amague de gesto para solucionar la problemática de los campesinos, sino que sobre esta situación aprovecha para lanzar un plan sojero. Las distintas familias junto a organizaciones campesinas se presentaron en la Casa de Gobierno para pedir ayuda y respuestas. Sin embargo, no salió el más mínimo apoyo a los campesinos, sino más provocaciones. El gobierno de Zamora quiere medir fuerzas con los campesinos jugando al desgaste. Durante los planteos de negociaciones, fue constante la provocación al campesinado. El gobernador K adujo que no se puede negociar por el 100%, sino que tienen que ceder una parte a los que poseen los títulos (truchos) para poder negociar. Los compañeros campesinos del Mocase plantean el desconocimiento total de los títulos. Lo que Zamora plantea en este sentido es validar el título, aunque sea por menos hectáreas. Una política podrida de punta a punta. Hay que tener en cuenta que las negociaciones se firmaron en junio/julio y recién en octubre los atendió. Al no avanzar las tratativas, llevan desde entonces la medida de la carpa y un corte de ruta a la altura de Vilmer, sobre ruta 34. Mientras el gobernador defiende y patea judicialmente los casos, las familias campesinas están siendo acribilladas, desalojadas por las guardias blancas, que son grupos de asesinos a sueldo que trabajan junto a la policía. Desde el Partido Obrero planteamos la solidaridad con el sector campesino y llamamos a todas las organizaciones obreras, sociales, sindicales y estudiantiles a lanzar un plan de lucha que defienda los intereses de los trabajadores rurales y urbanos, bajo un programa en común. Basta de desalojos y precarización laboral. Titularización de las tierras. Por asambleas de obreros y campesinos para organizar nuestros reclamos.

Sobre la última tapa de "Prensa Obrera" (Convocatoria del 20 de Diciembre) Los puntos mencionados están perfectos, ¿pero no falta el reclamo de aumento de salarios para todos? Ustedes saben que con la inflación no estamos mal, estamos recontramal. Raquel Silvia Suppo Creo que es muy importante incorporar al programa del 20 de diciembre junto a la aparición con vida de J. J. López, el inmediato esclarecimiento ante el crimen de Silvia Suppo en la ciudad de Rafaela hace ocho meses atrás. Silvia fue un testigo clave en los juicios a los represores en Santa Fe y un eslabón más en la cadena de la tercerización de la represión. Pablo V. Parque Indoamericano Sin duda que los planteos que hizo el Partido Obrero son los correctos. Finalizando el sábado, los primeros puntos fueron ya cumplidos (agua, comida y baños sanitarios llegaron al Parque). Lo difícil será que el gobierno tome conciencia de la gravedad. Claro que no van a avanzar en el tema del reparto de tierras o, en su defecto, algún tipo de vivienda digna para las personas que están en situación de "calle". Hacer lo que corresponde y otorgarles a estos hermanos que están haciendo punta valientemente sería sentar un precedente de dignidad e igualdad y los que seguramente están en idéntica situación, sin duda y con todo el derecho que los asiste, reclamarían lo mismo. Esa es la razón, no ceder con lo de fondo y se les fue de las manos. Hoy, será el parque; mañana, cualquier otro punto de la vasta Argentina. Eso sería, indudablemente, adquirir un nivel de conciencia en nuestros habitantes que, según mi punto de vista, está todavía lejano. Antonio Norcorea y sus bemoles Jorge: yo creo que ya no se trata de quién le mojó la oreja a quién, si fueron los sureños o los norteños. El régimen stalinista sólo pudo generar un régimen semifeudal hereditario, incluso es tan patético y desagradable, que parafraseando al barbudo, se puede decir que la primera vez es una tragedia y cuando se repite... ¡es de terror! Estoy de acuerdo que los troskos mantuvimos a rajatablas la defensa de la URSS a pesar que los soviets ya habían sido borrados del mapa, se me escapó un lagrimón cuando cayó el muro de Berlín por todo lo que eso significaba. También comprendí, después de duras reflexiones, que la caída del Muro no era una derrota del movimiento obrero internacional, ni mucho menos era una victoria porque Stalin era a la Revolución Bolchevique lo que Napoleón fue a la Revolución Francesa. Parafraseando a otro marxista (Groucho), el stalinismo sólo sirve de mal ejemplo! No quiero dispersarme: ¡el régimen norcoreano es indefendible! El resto es geo política. No nos corresponde a los troskos de pura cepa defender a esos sátrapas, Corea no es Cuba, y ni siquiera se parecen. Saludos, muplis@hotmail.com El aporte "nacional y popular" Concuerdo en varios puntos de su reflexión sobre Soldati, pero me veo obligado a disentir y expresar mi indignación sobre su comentario referido a las Madres de Plaza de Mayo. Me da vergüenza y lástima el ataque sistemático de su agrupación contra las Madres de Plaza de Mayo. Me gustaría que fundamenten los negocios inmobiliarios a que hacen mención. Comparto los de Macri, los puedo aceptar de parte de cuadros del oficialismo, pero nunca de la idoneidad de luchadoras como las Madres. Pablo Campos

Córdoba El Partido Obrero de Córdoba organizó el miércoles 8 un festival en la Plaza de la Intendencia, por el juicio y castigo a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra y del ataque a los compañeros que se movilizaron ese 20 de octubre. El festival fue una tribuna de lucha contra la represión tanto en Soldati (que se estaba desarrollando en esos momentos) como la ocurrida contra los compañeros qom en Formosa. Los más de 5.000 asistentes siguieron con un silencio apabullante el video del Ojo Obrero sobre Mariano. El silencio se quebró con el grito de ¡Mariano presente! Hubo adhesiones de diversas organizaciones, entre ellos tercerizados de la salud, de call centers, etc. El cantante Raly Barrionuevo ocupó el lugar central del espectáculo artístico. Además participaron La Coca Fernández, La Arcada de Noé, Cartelera Ska, Sur Oculto, La Sonora Ludovica, Malpaso, La Peluca Rabiosa, Rut Nya. El actor Toto López recitó un poema que impresionó por su descripción de la opresión que sufrimos los trabajadores. A todos ellos nuestro profundo reconocimiento por el compromiso que expresaron en el escenario y fuera de él a favor de la causa de Mariano. En especial a Bam Bam Miranda, un prestigioso músico cordobés, que envió una adhesión filmada. Eduardo Salas Almirante Brown El sábado 11 de diciembre, desde las 16 horas, alrededor de 150 compañeros, jóvenes y trabajadores, se reunieron en la plaza de la estación de Burzaco para presenciar el festival, que fue una verdadera tribuna de lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra. En la semana previa, se difundieron afiches y volantes por el centro de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Presidente Perón. El jueves 9 de diciembre se realizó una reunión en el local del PO, en José Mármol, con veinte jóvenes, integrantes de las bandas que tocaron en el festival; se charló sobre la lucha por el juicio y castigo, la tercerización, el gobierno y su policía cómplice del asesinato. La jornada arrancó a puro reggae con Real Esencia, seguidos por Polodum, que sacudió a los presentes con la fuerza de su percusión. Juntos atrajeron la atención y el entusiasmo del público; y la mirada atenta de transeúntes y pasajeros del Ferrocarril Roca. Entre banda y banda llegaban las adhesiones de organizaciones sociales e incluso una banda de rock, que no pudo participar, envió su adhesión. El frente Darío Santillán se hizo presente y también adhirió al festival. Omar Merino, de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, hizo uso de la palabra para reivindicar la lucha de los tercerizados por el pase a planta y denunciar el rol de la burocracia asesina que actuó junto a Ugofe en defensa de un negocio. El festival siguió con el ritmo y el color de La Suite Mambo; saludaron "al partido" y a "los que luchan" por organizar el festival con este contenido. Nelson Aguirre destacó la solidaridad de las bandas que dijeron presente por Mariano y señaló que esto es parte de la respuesta que la juventud y los trabajadores damos a la patota, a la precarización laboral y al gobierno, cuya policía liberó la zona. Llamó a movilizarse masivamente el 20 y 21 de diciembre por el juicio y castigo a todos los culpables (Mariano, Formosa y Soldati). Así se dio paso al combativo grupo de hip-hop de Claypole, que reivindicó el festival y a los "que militan" desde la clase obrera y que era "un honor estar en un festival organizado por el Partido Obrero". Lamentablemente, alrededor de las 20:30 horas, una tormenta feroz impidió seguir el festival. Nuestra Fuerza y Mereketembe no pudieron tocar, pero hicieron el aguante hasta el final. Nelson

El acuerdo que declararon los gobiernos de Macri y de Kirchner se basa en la promesa más ignorada y bastardeada de todos los gobiernos capitalistas: la ejecución de planes de viviendas populares. En este caso, el "plan ni siquiera tiene un monto o un número de viviendas definido. Sólo establece que el Estado nacional colocará "un peso por cada uno que ponga el Estado porteño". A juzgar por "los pesos" aportados por Macri durante 2010, el plan macro-kirchnerista cubriría el déficit habitacional porteño al cabo de... 66 años. Por eso, los mismos funcionarios aclararon que es un "plan de largo plazo", y Macri insistió que se trata de un ‘plan de urbanización' -apertura de calles, instalación de una comisaría y alguna escuela, y la regularidad de los servicios de vaciamiento de pozos ciegos. Se trata de un plan de control social, no de una salida al reclamo de viviendas. Lo mismo ocurría con las promesas de escrituración de Macri, que legalizaba la tenencia en la villa, para facilitar luego la compra subrepticia de terrenos por parte de los especuladores que ‘miran' desde hace tiempo la zona sur. Los Macri y los Kirchner acordaron, en definitiva, un plan de desalojos para futuras ocupaciones de tierra. Han unificado sus políticas de represión. Nada más. De la represión al cerco, del cerco a la represión Ningún funcionario se acercó al Indoamericano a exponer esta propuesta. Tampoco le fue transmitida a las organizaciones que defendían o representaban a los ocupantes, con excepción del puntero kirchnerista Salvatierra, quien anunció de inmediato que se retiraba del parque. Quien llevó el anuncio a los ocupantes fue la Gendarmería. A quienes abandonaban la toma, los gendarmes le entregaban un comprobante para gestiones por viviendas "ante quien corresponda". Para reforzar la intimidación, ocuparon el parque con efectivos, carros hidrantes y otros aprestos de desalojo. Las familias no abandonaron el parque en nombre de una difusa promesa de vivienda: lo hicieron por el temor a las represalias del nuevo frente único oficial, el mismo que actuó los primeros días bajo el comando de la Federal y la Metropolitana. En las últimas 72 horas, la Gendarmería y la "asistencia social" habían convertido a la toma en un verdadero campo de refugiados. El conflicto terminó como comenzó, con un acuerdo entre Macri y el gobierno K para desalojar a los ocupantes. Bajo la crisis política desatada por las muertes de la represión, el gobierno kirchnerista intentó una diferenciación con Macri y hasta llegó a ofrecer "tierras" a los ocupantes. Pero muy pronto, los K advirtieron que su afán de diferenciarse de Macri era peligroso para ellos mismos. El acuerdo entre el "federal" Aníbal y el "metropolitano" Macri reproduce, punto por punto, las pretensiones iniciales del jefe de Gobierno: el desalojo inmediato, la sanción a la toma, la negativa de cualquier conquista o derecho por medio de la lucha. Para los ocupantes, su movilización terminó de la misma manera. Iniciada por impulso de punteros acicateados por los choques entre el gobierno de la Ciudad y los K, quedó concluida cuando éstos depusieron sus entuertos de clase; sus punteros se incorporaron a la rosca antes, incluso de que fuera anunciada. Las enormes necesidades de los ocupantes quedaron secuestradas por una disputa de los dueños de poder. No hay posibilidad de una victoria real sin organización propia, independiente, y planes de lucha diseñados en base a una discusión colectiva. Perspectiva Los Macri y Kirchner celebran haber doblegado a los ocupantes con extorsiones y amenazas, sin haber resuelto nada. La crisis de Soldati ha sacado a la luz una inmensa crisis social. Por un lado, la especulación inmobiliaria encarece el suelo y el techo. Por el otro, el achatamiento salarial y el trabajo tercerizado o precario (mucho más el trabajo esclavo de los inmigrantes en la zona sur) imposibilitan el acceso al crédito o, incluso, a un alquiler. Macri y Kirchner defienden por igual el copamiento del suelo urbano por parte del capital financiero (como quedó harto evidente en Calafate). Que los dos gobiernos debieran anunciar un "plan de viviendas" ambiguo, bajo la presión de la toma, revela, en definitiva, que no tenían ninguno antes de esta crisis y que tampoco lo tienen ahora. El fin de la ocupación no cancela la inquietud popular instalada en los barrios precarios, en las villas y entre los trabajadores inscriptos, hace años, en planes oficiales de vivienda. Los ocupantes, en su mayoría de las villas de la zona, se plantean ahora la tarea de reagruparse para exigir colectivamente el derecho a la vivienda. Los vecinos ¿Los llamados vecinos ganan algo con el acuerdo? El destino del Parque Indoamericano, abandonado por décadas, no será resuelto en función de sus intereses, sino de la marcha de los negocios inmobiliarios que impulsa la Corporación del Sur. Su ámbito territorial seguirá bajo la tensión de la presencia de miles de personas que se hacinan en villas en constante crecimiento. La inflación podrá licuar sus cuotas hipotecarias y solamente para algunos, pero desata una carestía que pone en peligro su capacidad de supervivencia social. Incluso, muchos de ellos podrían pasar a integrar las filas de sus coterráneos de barrio. El punterismo en sus filas es infinitamente más nocivo que el que actúa en las villas, porque responde a las patotas criminales de la burocracia sindical. Los de K y de ‘Mauricio' tienen las fichas puestas en ambos lados. Es hora de que el movimiento barrial desarrolle los intereses comunes de villeros y pobladores de conglomerados habitacionales, contra los del capital y de sus gobiernos. Es el método para derrotar a fascistas y xenófobos.

-Exclusivo de internet Ver las llamas cuando salían del cuarto piso de la torre 5, en la cárcel de San Miguel, sabiendo que allí estaban encerradas muchas personas quemándose, generó una sensación de impotencia y desesperación para los familiares de los reos que observaban desde los alrededores. Después vino rabia al percatarse de las condiciones miserables y de barbarie humana a que son sometidos. Allí perecieron 81 personas encerradas y atrapadas por las llamas, y varios heridos graves de los que se teme por su vida. Aunque fue producto de una violenta riña entre los internos, la realidad es que el incendio sacó nuevamente a la luz pública que el hacinamiento, la represión de los "pacos" (gendarmería), las malas condiciones de vida y las violentas peleas que se producen al interior de las cárceles para los reos es el pan de todos los días. Es importante destacar, también, que todas las cárceles del país están con una sobrepoblación que sobrepasa a casi el doble de su capacidad. El incendio de la cárcel de San Miguel y la serie de factores que incidieron para que llegase a producir una tragedia que deja como saldo una enorme cantidad de muertos y heridos, nos debe llevar a meditar que este verdadero desastre carcelario es consecuencia de la profunda crisis en que está sumido el sistema capitalista a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. La crisis capitalista genera altos niveles de delincuencia, prostitución y consumo de alcohol y drogas en los barrios obreros, son indicadores que están directamente relacionados con la alta cesantía y pobreza en que viven los trabajadores por el cierre generalizado de empresas, la precarización de los sueldos y la falta de oportunidad laboral que afecta principalmente a la juventud, y ésta es la razón por la cual opta por criminalizarse para vivir. De allí, entonces, que la mayoría de la población penal en todo el país se compone de juventud. El otro aspecto es que al momento de producirse el incendio, en la cárcel sólo se encontraba un personal de cinco gendarmes para la vigilancia de una población de 1.900 internos, y con un alto grado de violencia entre ellos. Esto demuestra la falta de recursos del personal de vigilancia de las cárceles. Recordemos que, el año pasado, Gendarmería realizó huelgas y movilizaciones por mejoras salariales y denunciaron, también, la precariedad de las condiciones en que laboraban en las cárceles. Refiriéndose a este tema, un oficial de Gendarmería declaró por la televisión que la falta de recursos para el sector penitenciario es un problema de Estado. ¿Cómo, entonces, el Estado trata de solucionar el problema penitenciario? Suicidios en cárceles concesionadas Fue en el período del socialista Lagos que se inicia el Programa de Cárceles Concesionadas. Actualmente, existen seis cárceles concesionadas en el país, que alojan cerca de 10.000 internos. La Comisión Defensora Ciudadana, entregó un informe que compara el nuevo sistema carcelario con el antiguo y destaca al nuevo sistema concesionado en mayor tecnología, confortabilidad y segregación como un gran avance penitenciario. El negociado de este nuevo sistema es que su mantención es de muy alto costo para el Estado y beneficioso económicamente para los concesionarios. Sin embargo, los datos recopilados de reclusos que se suicidan en las cárceles concesionadas son terroríficos. Aquí son albergados sólo el 20,6% de la población encarcelada, pero concentran el 53,3% de los suicidios. A diferencia de las cárceles tradicionales, el 1,75 por cada 10.000 se suicida. La cifra en las cárceles concesionadas es de 8 por cada 10.000, es decir que presentan una tendencia de quitarse la vida más de cuatro veces superior a las tradicionales. La pregunta es: ¿qué lleva a los reclusos de estas "nuevas" cárceles a no superar la desesperanza y que lleva a los detenidos a quitarse la vida? La respuesta la podemos encontrar en la política del "nuevo sistema penitenciario". La mayor parte de los esfuerzos que han realizado los gobiernos concertacionistas se ha centrado en la búsqueda de un sistema penitenciario que logre del modo más eficiente la "redención" del delincuente. Los primeros sistemas, con fuerte inspiración religiosa y muy reaccionarios asociaban el delito con la noción del pecado y, por supuesto, ponían el acento en la reflexión que condujera a los detenidos de mayor conflictividad al arrepentimiento. Para esto, aplicar el aislamiento físico y espiritual es la condición indispensable para su "redención", además de la implantación de la "ley del silencio" que prohíbe al recluso no sólo hablar sino también escuchar a otros seres humanos. Hemos escuchado denuncias que a los comuneros mapuches detenidos se les aplicaron métodos de tortura similares a los detenidos en Guantánamo: sometidos a aislamiento, oscuridad absoluta, vendados durante días, etc. Todas estas torturas, aplicadas con el objetivo de "redimir" a los condenados, provoca graves daños a la salud mental. La diferencia que existe entre las cárceles tradicionales y las concesionadas es que las primeras se adscribieron a los llamados "sistemas progresivos", que pretenden la reinserción social del delincuente a través de trabajo, educación y la concesión gradual de espacios de libertad con permisos de salida. Eso es un proyecto, pero la realidad es que los mismos gendarmes denuncian que existe una gran falencia en las actividades de rehabilitación, la mayoría de estos talleres permanecen vacíos y de esto han transcurridos años que no se solucionan los problemas. Estos "sistemas progresivos" no pueden llevarse adelante por la crisis que vive el sistema capitalista. No hay dinero para financiar estos proyectos penitenciarios y dejan en total abandono a los presos y sin recursos a los gendarmes. Con el incendio de la cárcel de San Miguel toma más fuerza la idea reaccionaria de la "redención" de los presos en más "cárceles concesionadas".

...Con infinita rabia y profundo dolor quiero compartir algunas palabras sobre lo que está pasando a pocas cuadras de la escuela donde trabajo. No puedo hacer análisis macroestructurales ni quiero despotricar contra el fascista infradotado, simplemente contar que allí están, bajo toldos deshilachados y tapados por los mosquitos y el fango, las familias de tres alumnas mías. Melanie reaparece hoy en la escuela, después de una semana, y me cuenta que su mamá y su papá, costureros de 20 horas por día, decidieron ir por un pedazo de tierra porque ya no aguantan más pagar el alquiler de 800 pesos por las dos míseras piezas del hacinamiento donde viven con sus cinco hijas en la Villa Cildáñez. Dice que el dueño les cobra además 10 pesos por cada día que se atrasan en la renta. "Y encima dice que es cristiano", sentencia. Mónica me cuenta que su madre resistió todas las tinieblas de la noche desde el viernes en la precaria carpa que se armó con sus manos de obrera. Ayer no durmió bajo la lona: se la prestó a otra madre que aguantaba el viento con su niña aferrada al pecho. Y hoy, en la clase, Mónica nos pregunta a todos, juro que textual: "yo no entiendo por qué la policía en vez de estar defendiendo a la gente se dedica a perseguir y matar a sus hermanos". Aylén ya no tiene miedo. Está acostumbrada porque los domingos recibe el amanecer en La Salada, contando las monedas que le dejó el fin de semana. Siempre callada, hoy se desviste las vergüenzas para explicarnos que no hay robo y sí necesidad. Melisa cuenta que en esos terrenos del parque hace años que hay olor a muerto. Suele ella encontrar algunos huesos y más de una vez tuvo que escapar del horror de los cadáveres. Varios dicen que sí: todos saben que allí descartan los fiambres chorros y yutas. Ese baldío, cementerio del fin del mundo, es el "espacio público" que los hipócritas dicen defender. Kevin nos cuenta, casi entre lágrimas, que desde su terraza de la Villa 20 quiso ver, pero no pudo: lo cegó el humo de la furia y la represión. Los demás escuchan, preguntan, comprenden porque viven igual. En medio de la intensa charla, Nicole se hace una pregunta sincera: "Yo no sé si esa es la manera de conseguir una casa". Y Ariana impecable, vocera de muchos, comparte: "Yo tampoco sé si es la manera, pero lo que es seguro es que no lo hacen porque les gusta sino porque no les queda otra. ¿Qué harían ustedes si no tienen lugar donde vivir con sus familias?". Y vuelvo a jurar que el parlamento es casi textual. Esto es algo de lo que pasó en el aula de quinto de la escuela 15 hoy por la mañana. Y esto es también algo de lo que no pasó: ninguno le echó la culpa a los bolivianos, ninguno se quejó porque sí paga sus impuestos, ninguno temió porque le vayan a ocupar también el Parque Avellaneda, ninguno pensó que hay "vecinos" por un lado y "usurpadores" por el otro, ninguno pidió la policía para sentirse más tranquilo. Eso es todo. Gracias por dejarme compartirlo.

El espacio de Horacio Verbitsky, el domingo 12 en Página/12, es un plato fuerte de hipocresía. Con una manipulación característica, 'construye el relato de Soldati' como un drama creado por la ausencia de políticas de vivienda de Macri y por la xenofobia de su discurso. En este cuadro prefabricado, los K aparecen como unos impolutos que han cometido 'errores' que ya se han apresurado en corregir. ¿Los errores? Los asesinatos de la Federal contra los ocupantes del Indoamericano, que son caracterizados como "un grave error inicial", es decir que van a ser seguidos de otros. El segundo 'error' fue dejar "la palabra oficial" a un "vocero policial" y al ministro Alak, que usaba los mismos argumentos de la Federal -y que aún continúa en el gobierno. Con un pase de mano, el plumífero oficial transforma al establecimiento de una secretaría de Seguridad comandado por una civil, en la salida "que no podía prolongarse". Como todo el mundo sabe, ésta demoró una semana en producirse, sin ser por ello ninguna salida, porque la 'solución final' vino del Pacto con Macri -cuyas únicas dos cláusulas establecen que allí donde uno de ellos ponga un peso, el otro va a poner lo mismo, y que el que quiera una vivienda que no existe, deberá dejar de luchar para conseguirla. Ante el tamaño de la crisis, el mentor del diario se anima a palmear el trasero de Schoklender, que cometió el error de atribuir 'la violencia' a los narcos y no a la Federal ni a la Metropolitana, como según Verbitsky efectivamente ocurrió. Este compendio de errores le permite al 'pensador' asegurar que Garré "terminará con el insensato (sic) autogobierno policial, una de las grandes deudas (sic) de la democracia". Nada menos que casi treinta años de gobierno del 'gatillo fácil', de los cuales casi ocho fueron bajo el gobierno de los derechos humanos. Así, "CFK propicia una salida política para el conflicto social" -o sea que con la flamante Secretaría de Seguridad resolverá la crisis de vivienda. Para Verbitsky, el abogado, "la seguridad no es incompatible con la ley" -algo que se cae de maduro, porque la seguridad es la ley. Entre las medidas que, según Verbitsky, demuestran que CFK recogió el desafío de la crisis que se le ha venido encima, se encuentra la audiencia que le otorgó a los familiares de los asesinados por la Federal, "sin fotógrafos ni periodistas"; como cuando recibió a los familiares de Mariano Ferreyra (aunque aquí demoró dos meses en despabilarse), "el chico asesinado (...) en Constitución". De la pluma infame de este escritor a demanda, nuestro militante obrero y estudiantil, revolucionario y socialista, se ha convertido en un 'chico', o sea en un NN, en alguien sin identidad ni personalidad. El asesinato político del militante, como se ve, es común a 'demócratas' como a dictadores, aunque los métodos sean distintos, pero en ambos casos por imperativo del Estado. Este es el personaje que promovió la reunión "sin fotógrafos ni periodistas" de CFK con familiares de Mariano, y que pretende, a través del Cels, orientar la acusación contra la patota de Pedraza, Ugofe y, de nuevo, la Policía Federal, y asegurar el juicio y castigo a TODOS los culpables. Está claro que si prevalece la orientación de Verbitsky, la causa por el crimen de Mariano va a resultar seriamente perjudicada. Pero, ¡oh!, CFK no recibió a los tobas, ni siquiera sin fotógrafos ni periodistas -"una diferencia indefendible", pontifica el charlatán. No le dio el cuero para marcar otra 'deuda' decenal: que el responsable político del asesinato de los tobas, el gobernador Gildo Insfrán, es un fundador del kirchnerismo.

En la noche del viernes 11 fuimos convocados a una reunión con el gobierno nacional y el de la Ciudad, en relación con la crisis de Soldati. También estuvieron presentes la CCC, el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Madres por la Vivienda y otras organizaciones y abogados de derechos humanos. En nuestra intervención, responsabilizamos a los dos gobiernos por el desenlace criminal de los acontecimientos de Soldati. "De la represión abierta, ustedes han pasado a la ‘zona liberada' y al recurso de las patotas y barrabravas que son financiadas desde el propio Estado". Exigimos a los dos gobiernos el retiro de las patotas y que el Estado garantice ya la vida de los ocupantes. En el mismo sentido se expresó el Frente Darío Santillán. En relación con el reclamo de viviendas en Soldati, presentamos un programa. En primer lugar, un inmediato censo de los ocupantes a cargo del Estado, con control de las organizaciones vecinales de la zona. También reclamamos la provisión de agua, posta sanitaria y alimentos para las familias, para poner fin al cerco sanitario y alimentario de hecho que se había impuesto contra la toma. En segundo término, planteamos que el Estado nacional y de la Ciudad disponga los terrenos y casas ociosas, y los recursos para asegurar una vivienda digna a las familias censadas. Pusimos de manifiesto que la Corporación Buenos Aires, en cuyos activos revistan más de 400 predios del sur porteño, está co-gerenciada por macristas y kirchneristas. Reclamamos, en consecuencia, que esas tierras sean colocadas a disposición de una urbanización social, y no -como ocurre hoy- al servicio de la especulación inmobiliaria. En tercer lugar, reclamamos una partida de emergencia que triplique el actual presupuesto de vivienda, y permita atender a las demandas planteadas. También exigimos el inmediato cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la Villa 20, sancionada hace cinco años, sin que se haya construido una sola vivienda. Por último, planteamos el juicio y castigo a los culpables, instigadores y responsables de la represión oficial y para-oficial. La reunión no dio respuestas a los reclamos, y se dilapidó reproches recíprocos entre Macri y Aníbal Fernández. Particularmente, ninguno de los funcionarios presentes hizo el menor gesto en relación a la represión ilegal que estaba ocurriendo en esos mismos instantes, y en relación a nuestro reclamo de frenar a la patota. Aníbal Fernández posaba de garantista, señalando que "no era conveniente intervenir". Macri, por su parte, señalaba que "los vecinos hacían justicia por mano propia ante la inacción estatal", o sea que se erguía en portavoz de los agresores, que no eran vecinos sino patoteros. Los dos gobiernos dejaron hacer, probablemente, con la expectativa de que la escalada patotera "limpiara" el parque en el curso de esa noche. Pero en esa noche, la tentativa de desalojar el parque vivía su segundo fracaso. En el curso de las reuniones, el kirchnerismo se empeñó en manipular a las organizaciones sociales, pretendiendo que, a diferencia de Macri, estaba dispuesto a "entregar tierras". La demagogia se derrumbó en pocas horas: el lunes por la tarde, los K firmaban su el planteo de Macri y Rodríguez Larreta.

-Exclusivo de internet El anuncio de la realización de la segunda vuelta electoral entre la candidata Mirlande Manigat y el candidato oficialista, Jude Celestin -yerno del presidente, Rene Preval-, provocó masivas movilizaciones de protesta contra el alevoso fraude electoral cometido en la primera vuelta. Los seguidores del cantante popular Michelle Martelly, quien según indicaban los sondeos debía obtener el segundo lugar, incendiaron locales del partido oficialista Unidad y se enfrentaron con las tropas de la ONU, con un saldo de dos muertos hasta el momento. En el último mes y medio, la fuerza de "estabilización" internacional a la que contribuyen con sus propias tropas Lula, Cristina y Mujica, ya asesinó a cuatro personas en distintas protestas. El fraude cometido resulta tan escandaloso que el mismo Departamento de Estado norteamericano se vio obligado a reconocer "irregularidades" en los comicios, dejando inclusive en off-side a la OEA, que avaló los comicios en su totalidad y se limitó a pedir "un recuento", algo rechazado por la totalidad de los candidatos por el carácter corrupto del órgano electoral. Justamente, los comicios estuvieron completamente viciados: antes de su realización, 12 de los 19 candidatos a presidente habían pedido la anulación. Sin embargo, además del fraude, se suma la completa falta de legitimidad del régimen político de Haití, si es que siquiera existe. A la proscripción de candidatos como el ex mandatario Bertrand Aristide, se sumó la abstención -que no fue divulgada por el Consejo Electoral- que rondó niveles elevadísimos, mientras que la principal candidata obtuvo solamente el 31% de los votos. Un cuadro de disgregación completo. Quizá por este motivo, el imperialismo norteamericano y la ONU hayan reconocido las "irregularidades", en función de llevar adelante un recambio en el gobierno que permita cierta legitimidad. Inclusive dentro de la camarilla que se encuentra al frente del gobierno se deslizó la posibilidad de reconocer una futura "derrota" en la segunda vuelta. Manigat, la principal candidata, no pidió durante todo el transcurso de la campaña la expulsión de las tropas de la ONU, es decir, que se candidatea para ser el recambio en el gobierno y poner fin así a la crisis política. Cólera, hambre y miseria Sin embargo, la crisis no se limita a la disgregación del régimen político ficticio, armado por el imperialismo. La población, mientras tanto, sigue sufriendo una ola de cólera que ya dejó más de 2.200 muertos y casi 100 mil afectados. Para peor, se comprobó de manera fehaciente que la cepa fue ingresada por un contingente de las fuerzas de la ONU proveniente de Nepal. La Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (Minustah) sigue rechazando la acusación. El cuadro social de las masas de Haití es de extrema desesperación y miseria. Más de un millón y medio de refugiados sigue viviendo en campamentos tras haber perdido todo en el terremoto de principios de año, que dejó más de 240 mil muertos. Menos del 17% de la población cuenta con agua potable y el 80% de los haitianos vive con menos de dos dólares al día. La ayuda internacional llega a cuentagotas y es manejada por una camarilla corrupta sobre la que pesan acusaciones de negociados millonarios en la reconstrucción de viviendas. Frente a esto, es necesario plantear el inmediato retiro de tropas de la ONU y de su gobierno, el control y aplicación de la ayuda internacional por parte de las organizaciones obreras y populares, y el rechazo a las elecciones armadas por el imperialismo para enero. Una asamblea popular debe elegir al nuevo gobierno, con un programa de transformación social, que contenga todas las reivindicaciones de los explotados.

Pasó en Chaco hace meses y ahora en la Capital Federal: junto a la necesidad habitacional de miles de familias, con peleas entre pobres; represión a los más necesitados y bandas y punteros lucrando; aparece el nombre de Sergio Schoklender, apoderado de las Madres de Plaza de Mayo. En el noreste, se denunciaron armas blancas, aprietes y violencia entre gente allegada a él versus un supuesto piquetero K de apellido Sena, según Raúl Castells, "por plata". Hoy, la represión en Soldati habría sido pedida por el mismo apoderado, ante la intrusión de familias al obrador que poseen Las Madres, lindero al Parque Indoamericano (tomado a pleno por los ocupas) junto a la Villa 20 donde esa Fundación hace viviendas. Sobre estas, años atrás, los medios denunciaron cheques en blanco y anomalías; época en que se habría cambiado a Schoklender del manejo económico para ubicar a Felisa Micelli. El mismo Castells volvió a las acusaciones afirmando que para esas viviendas "se autorizó un presupuesto de 140.000 pesos por casas que cuestan 40.000 pesos". Y la jueza Barreto, de Chaco, trababa embargo por 3 millones contra las Madres por la demanda de los obreros cesanteados por el conflicto. Ahora Schocklender pareciera volver a las contradicciones. Ayer hablaba de bandas de narcos y la no presencia de la policía Metropolitana. Hoy, de poco menos de una coexistencia entre ambos. Más cierto es cuando nombra la parálisis habitacional del macrismo, pero yerra al ponderar a Ibarra. Como catequista de la Villa 1-11-14 durante quince años, sé que eso no es así, y de las duras peleas de los vecinos y los curas villeros ante funcionarios como Bouzo e Ibáñez para poder dar soluciones reales a los vecinos. Y vi cómo los departamentos se entregaban sólo en épocas electorales y el vacío de ellos por años, favorecía la intrusión, e incluso no se entregó la totalidad. Sí, es cierto que el macrismo adoleció siempre de respuestas serias y cree que el desalojo y subsidio son la solución. Pero siempre actuó con la policía Federal, que depende de los K. Schoklender debería explicar por qué suele aparecer asociado a estos manejos inefables. Más, representando a las Madres. El macrismo, porque parece creer que con su poderoso operador Ritondo maneja los barrios del Sur, desconociendo la real problemática de los vecinos y prometiendo lo que pareciera no saber cómo cumplir. Y los K y los PRO, porque sus fuerzas y su desidia en derechos humanos causaron en 45 días seis muertes perfectamente evitables.

El viernes se concretó en el Centro Cultural Virla, el más importante de la UNT, un foro debate presidido por una convocatoria que planteaba en sus puntos reivindicativos: juicio y castigo a todos los responsables, materiales y políticos, del crimen de Mariano, del intento de homicidio contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre, Ariel Pinto y demás compañeros! Basta de encubrimiento oficial. El silencio del gobierno es total. No ha condenado políticamente a la patota, no ha tomado la menor medida para desmantelar a la red que ejecutó este crimen. Justicia por Mariano significa terminar con las patotas y recuperar los sindicatos para los trabajadores, poner fin al sistema policial de las zonas liberadas y el gatillo fácil, acabar con el trabajo precario, tercerizado y en negro. Cárcel a Pedraza y a todos los responsables por el crimen de Mariano. El Foro fue impulsado por la UJS (PO) y se sumaron la JCR, la Juventud de la CCC, la Juventud Socialista del MST, Cantera Popular (UCR), jóvenes de la Coalición Cívica, Oveja Negra-Pan y Rosas (PTS) y la juventud del PS. Con una concurrencia de alrededor de cien personas, el Foro tuvo una previa con el pasaje del video en pantalla gigante del Ojo Obrero sobre el crimen de Mariano, y luego se pasó a las exposiciones y al debate con el público. Hubo diferentes posiciones pero todos de una u otra manera dejaron claro que con el asesinato de Mariano hay un antes y un después, que es necesario continuar la lucha para que todos, los ejecutores y los responsables intelectuales vayan a la cárcel; y hubo coincidencia en convocar a marchar para el 20 de diciembre con esas banderas.

Doce detenidos y una decena de heridos. De este modo, el gobierno de Schiaretti consumó la aprobación de una ley de educación a favor del clero, los negociados capitalistas y de la precarización laboral. El gobierno, autodefinido como progresista, recurrió a un enorme despliegue policial para reprimir a los estudiantes, docentes y padres que se movilizaron para impedir la sanción de una ley reaccionaria. Esta lucha, que ya lleva más de dos meses, puso de manifiesto la enorme decisión de los estudiantes, quienes no se dejaron amedrentar por el despliegue represivo. El oficialismo contó, en esta oportunidad, con el voto "positivo" de los legisladores K. Los "nac & pop" se llevan en esta provincia la estima del Arzobispado, de las cámaras empresariales y del Consejo de escuelas privadas. Al cierre de esta nota, la Interestudiantil junto a las organizaciones políticas y sociales, se encuentran frente a la UCA (cárcel de encausados), para reclamar la libertad de los detenidos. En este lugar también se registraron actos de intimidación: desde el interior de la UCA arrojaron gas pimienta a los compañeros movilizados. ¡Abajo la ley de educación! ¡Libertad a los compañeros detenidos!

-Exclusivo de internet La filtración de miles de cables diplomáticos por parte del sitio WikiLeaks reavivó la polémica por la "neutralidad" de la red, que venía siendo cuestionada por parte de los pulpos digitales en el último tiempo. El cese de la neutralidad de la red significaría la creación de distintos "niveles" de acceso a ella, lo que pondría fin a la igualdad de acceso para los usuarios. Lo mismo sucedería con la descarga y utilización de aplicaciones, archivos y cualquier dato. La extinción de la neutralidad por motivos económicos, pues permitiría tarifar los accesos, adquiere un carácter político luego de lo de WikiLeaks. Barack Obama había hecho eje, durante la campaña electoral, en mantener la neutralidad -sostenido por Google-, pero ahora encabeza la "contrarrevolución" -también sostenido por Google-, para regimentar los contenidos y evitar cualquier futura "filtración" indeseable. El candidato que se apoyó en el boom de las redes sociales y el acceso a la tecnología para difundir su campaña, es ahora el candidato a sepultar Internet (tabicar el acceso). "El gobierno no puede tomar acciones oficialmente para silenciar a Wikileaks, pero una compañía de web hosting no es el gobierno", explica la organización Electronic Frontier Foundation (Página/12, 7/11). La regulación de la neutralidad de la red permitiría distinguir (discriminar) "contenidos legales" de "ilegales" e impedir la publicación de nuevas "filtraciones". El argumento para poner fin a la neutralidad en Internet es la existencia de una demanda "excesiva" de parte de los usuarios, que podría ser segmentada (restringida) mediante la creación de distintos niveles y financiar, de este modo, un mayor desarrollo técnico. En oposición a las condiciones materiales existentes (tecnología, infraestructura) para un desarrollo "universal" de la red, la crisis capitalista empuja a los pulpos a impulsar, de un lado, una competencia despiadada, y del otro, un "tarifazo planetario" (PO nº 1.147). En ese cuadro, Obama interviene para la censura en Internet, hasta ahora una prerrogativa de sus rivales chinos -que parecen también mejor entrenados para la llamada guerra cibernética. Si bien existen formas de limitar los contenidos a los usuarios EN determinados países (Irán, China, Cuba, ¿Estados Unidos?), la posibilidad de replicar el sitio por parte de usuarios con un dominio, como de hecho está sucediendo con WikiLeaks, permite romper esos cercos. El fin de la neutralidad permitiría a las corporaciones levantar barreras virtuales. Si estas se hubieran establecido en el origen de la red, habrían hecho imposible su expansión y masividad, porque sólo hubieran permitido a los usuarios interactuar con una "parte" de la red. Por ejemplo, sería afectado el correo electrónico, uno de los pilares sobre los cuales se edificó la red, pues un usuario de Hotmail no podría enviar un ‘mail' a uno de Gmail. Algo impensable. La excusa WikiLeaks es, en realidad, una excusa. Hace más de dos meses, el gobierno norteamericano envió al Capitolio un proyecto para reformar Ley para la Asistencia de las Comunicaciones en el Orden Público y poder intervenir, así, perfiles en las redes sociales o ‘chat' codificados, como el BlackBerry. Por su parte, el titular del ente regulador de las telecomunicaciones de los Estados Unidos (FCC), Glen Genachowski, tras las revelaciones de WikiLeaks, anticipó que contempla avalar el cobro de "diferentes tarifas" para diferentes tipos de servicios. La propuesta también permitiría a los proveedores "gestionar sus redes para limitar la congestión del tráfico" (ídem), lo cual implica negar el acceso a toda una franja de usuarios. Es decir, el gobierno de Obama se metió de lleno en la regimentación y despedazamiento de Internet. Podría dar la impresión de que asistimos a una operación de restricción del mercado virtual por parte de quienes lo explotan. Ocurre, sin embargo, lo contrario: sin una expresión monetaria adecuada (precios, tarifas) el mercado no existe efectivamente. Ocurre lo mismo con servicios más antiguos, por ejemplo el agua, que pasaron del pago de un canon general a un precio de acuerdo con los niveles de consumo. Los pulpos de Internet fuerzan una intervención del Estado para regular el servicio, es decir desarrollar su carácter mercantil, que no tiene lugar en forma espontánea. El bloqueo a la interactuación y a diversas formas de participación social en la red es funcional al desarrollo de la cibernética militar -algo que también tiene que ver con la crisis mundial, pues ella ha agudizado la rivalidad en este terreno y la llamada guerra cibernética es un signo de la preparación de enfrentamientos militares. En cierta oportunidad, la Presidenta aseguró que si Internet hubiera existido en los ‘70, el golpe militar no hubiera podido producirse, dado el desarrollo de la información en el ciberespacio. La capacidad de la tecnología para imponerse sobre las contradicciones sociales ha sido refutada una vez más. El desarrollo de las fuerzas productivas, por el contrario, lleva al paroxismo las contradicciones en las relaciones de producción. La crisis del ciberespacio es otra manifestación, por cierto altamente relevante, de la decadencia histórica del capital. La represión contra WikiLeaks y sus implicancias para el desarrollo mundial de la red ponen sobre el tapete, de nuevo, que Internet no es un factor de "salida" a la bancarrota capitalista mundial, sino un factor de agravamiento de la crisis mundial.

Mire usted la calle. ¿Cómo puede usted ser indiferente a ese gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río de sangre, a ese gran río? Nicolás Guillén Para los antiguos griegos había algo peor que la muerte. Y era el extrañamiento, el exilio. Arrancar a una persona del lugar donde nació, se crió, se enamoró, donde queda todo un ayer detrás que ya no es sólo un ayer, sino un nunca más. Elsa Rodríguez, desde 1984, es una de las uruguayas que -como cientos de miles de uruguayos desde Artigas, el primer exiliado- hasta hoy, padecemos la condena del extrañamiento. Cada día, el paisito se vuelve más añorado, el tiempo se vuelve polen que, al mirar atrás, nos nubla la familia, los compañeros de rayuela, la escondida, los trompos de mil colores. Poco a poco, se borran nuestros amigos y compañeros. Los que estamos lejos somos un recuerdo que se va apagando como las luciérnagas del campo. Nos fuimos y nos llevamos las luciérnagas que ya no hay en Uruguay. Elsa, al igual que muchos, seguramente sintió como un morir el irse del paisito, pero la vida nos hace desmorir, y al abrir los ojos, como dice el tango nos damos cuenta que el mundo sigue andando. Hace años ya, cuando sus hijos eran aún peques, se le incendió la humilde casilla donde vivía en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Eso fue casi la muerte social. Nadie le tendía una mano, había perdido hasta su identidad en el incendio, sola, cargada de hijos, sin documentos. Sin una organización de los compatriotas que la pudiéramos ayudar, la porfiada desmoridora encontró en el Polo Obrero quienes le tendieran una mano a cambio de nada. Así comenzó una vida de militancia al servicio de los demás. El 20 de octubre de este 2010, con 56 años, siendo empleada doméstica, con siete hijos y trece nietos, fue a las vías del Ferrocarril Roca a defender el derecho de los trabajadores del ferrocarril que reclamaban por los derechos de dignidad que merece cualquier obrero. Kierkegaard decía que quien no vive poética o religiosamente es un tonto. La vida de la uruguaya se había convertido ya en poesía. Si la no resistencia al mal implica resistencia al bien, nuestra luciérnaga deslumbraba por su lucha a favor del bien. Su fuego, fue uno de esos fuegos que -al decir de Galeano- arden la vida con tantas ganas que no se los puede mirar sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Ninguna bala cobarde puede con una luciérnaga tan encendida y desmoridora. Luciérnaga oriental, tus compatriotas te saludamos. EMOCIONADOS.

Con la presencia de 100 ferroviarios, el viernes 10 de diciembre se realizó el brindis de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra. Hubo delegaciones del San Martín, del Mitre y del Sarmiento. También la CI de Ecotrans y delegados del Subte. La presencia del activismo le dio a la jornada un carácter asambleario, hubo numerosas intervenciones de delegados, activistas y del asesor jurídico, quienes trazaron el cuadro actual de las negociaciones del conflicto por los despedidos de la planta efectiva y el pase de los tercerizados a planta permanente. Cerró la asamblea Néstor Pitrola, destacando el cuadro general de crisis política del régimen y las tareas del movimiento obrero. La parrilla y el brindis completaron la consolidación en esta lucha de numerosas relaciones y el desarrollo en ciernes de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra en todas las líneas ferroviarias.

-¿Cómo se originó el conflicto del corte de la ruta 86? -Todo esto empezó en enero, cuando fuimos a ocupar nuestros terrenos que fueron expropiados en el año 2007, porque ya no veíamos la manera de seguir reclamando ante la Justicia. Hemos presentado un reclamo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tampoco le dio ninguna importancia, y en la Defensoría General de la Nación. Ellos argumentan que no pueden intervenir porque no es jurisdicción federal; también ante el Inadi, donde tampoco hubo respuesta, y ante la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros nunca pensamos que íbamos terminar así, perdiendo vidas por reclamar el territorio. Ya veíamos difícil parar la construcción del instituto universitario de la provincia, que hizo un desmonte en junio. Preocupados por este tema, tuvimos que tomar una decisión muy difícil, salir a la ruta, pero llegó el momento que no quedaba otra: el 25 de julio salimos a la ruta sabiendo el riesgo enorme que corríamos en ese momento. Salimos a la ruta y pudimos parar el ingreso de los camiones que traían los materiales para construir el instituto, después de 20 días de estar ahí nos dieron la idea de presentar una medida cautelar de no innovar ante un Juzgado Federal, ya que estamos enfrentando a la Universidad Nacional de Formosa. Entonces, era una oportunidad para presentarlo ante un Juzgado Federal. La Justicia lo aceptó y hasta ahora sigue en vigencia la medida cautelar. Después hubo una pelea por el tema de la competencia: la provincia quiere quedarse con la competencia para dilatar el tiempo, pero el Juzgado Federal lo rechazó. La provincia violó la resolución, usó la violencia contra nosotros a través de la policía provincial sin ninguna orden judicial, el hecho en sí, la lucha campal que se produjo sobre la ruta nacional 86 y la supuesta orden que tenían para desalojar a las familias que estaban por fuera del territorio federal de la ruta nacional. Entonces, ellos nos desalojaron con la fuerza policial de la ruta y de ahí comenzaron a entrar en nuestras casas y quemaron todos nuestros ranchos, todo, todo lo que teníamos. Estaba el padre del intendente con un bidón de gas oil; entonces, los policías echaban gas oil en los ranchos y los prendían fuego, todas las cosas que estaban afuera, sillas, mesas, ellos las tiraban al fuego con una violencia muy brutal y también la golpiza que han recibido los ancianos, las mujeres, los niños fueron secuestrados, estuvieron dos días detenidos en la comisaría. Entonces quemaron nuestros documentos, todo, todo lo que teníamos. Lo más importante para nosotros es la integridad física, las cosas que nos quemaron se pueden recuperar, pero la vida para nosotros es algo fundamental. Lamentablemente, perdimos la vida del hermano Roberto López. Los hermanos tuvieron que defenderse de cualquier manera, entonces la policía nos hacía pisar por los caballos, nos tiraba gases lacrimógenos, vinieron con armas de fuego con proyectiles de plomo. Ese fue el momento terrible que hemos pasado. La orden era que me mataran especialmente a mí: "Maten a Félix, no lo detengan, es Félix, lo queremos muerto". Los miembros de la comunidad me defendieron, me rodearon y tuvieron que sacarme del lugar para poder escapar de la balacera de la policía. Hasta ahora sigo como shockeado por la situación difícil que hemos vivido, toda esta violencia institucional. El Estado tendría que ser garante de nuestra integridad física, de nuestra existencia; sin embargo, el Estado es la herramienta para poder matarnos. Yo creo que si realmente existe la democracia, esto se tiene que desterrar. El gobernador se tiene que ir y que no sea reelecto porque él se está candidateando para 2011. A nosotros nos preocupa mucho, porque es un tipo que maneja muchísimos recursos económicos y está apoyado por el gobierno nacional. -¿Cómo fue el asesinato del delegado de la comunidad Pilaga? -Para mí fue muy doloroso, porque Mario López era muy amigo mío. El se enteró el martes, cuando nos golpearon muchísimo, y el miércoles él se organizó para venir a nuestra comunidad. Lo ve un policía que iba al velorio del policía muerto, lo atropella y lo asesina. Su crimen sigue impune como el incendio de nuestras viviendas, la represión y las muertes en la ruta. -¿Qué opinás de nuestro planteo de echar a Insfrán y convocar a una asamblea popular? -A nosotros nos parece que es una propuesta que hay que acompañarla, porque es favorable a la gente. Pero debemos conocer los fundamentos para poder articularnos. Empecemos a conocernos y trabajar juntos para que estas cosas no sigan sucediendo. -¿Qué respuesta tuviste del gobierno nacional? -Hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el ministro del Interior, Randazzo. El se comprometió a que en 48 horas iba a resolver este tema. También nos entrevistamos con el ministro de Justicia, Alak, también con el mismo verso. Estamos esperando que la Presidenta tenga la humildad, por lo menos, de escucharnos y encontrar una salida a este problema que tenemos. Seguimos pidiendo que nos reciba, pero lo vemos muy lejos todavía, porque Gildo Insfrán tiene mucha influencia con esta política nacional... -¿Cómo ves la perspectiva de participar este 20 de diciembre en un gran acto por el juicio y castigo por los tobas, Mariano y los muertos de Soldati? -Para nosotros, sería muy importante que podamos conocernos los luchadores sociales para articularnos y que no pase lo que nos está pasando: que nos reprimen, nos judicializan, nos persiguen, nos arman causas. Yo tengo muchísimas causas federales y provinciales. Para nosotros, sería muy importante participar.

-Exclusivo de internet El miércoles 1o de diciembre, en Villa del Parque, se suscitó un brutal hecho de abuso policial, al mejor estilo de Lula en las favelas de Brasil o de la Metropolitana de Macri y la Federal de Cristina Kirchner en Villa Soldati. En este caso, la Bonaerense de Scioli y Rosso sitiaron el barrio creando un estado de terror. A esa hora salían los chicos de la guardería del barrio, el aparato represivo armado hasta los dientes buscando a supuestos ladrones. En ese contexto, preocupado por la situación, un dirigente de la agrupación MTC, Agustín Burgos, se dirige a los responsables del operativo para señalarles que tengan cuidado con las armas, ya que andan muchos chicos y transeúntes en lugar y el riesgo que eso implica. Los policías sin mediar palabras se lo llevan detenido, además de insultar y golpear a los presentes que trataban de impedir que se lo llevaran. Burgos fue detenido y trasladado a la comisaria donde le iniciaron una causa por "atentado contra la autoridad en grado de instigador". Los compañeros del Polo Obrero, al enterarse de este abuso se movilizaron inmediatamente para lograr la liberación de Agustín. El punto de encuentro para vecinos y organizaciones sociales fue la Comisaria 1ª de Luján, que por más de cinco horas fue asediada por la movilización popular hasta que logramos su liberación. Los medios locales destacaron dos noticias de trascendencia ese día: el brutal operativo de represión y la detención de Burgos y un acto por la normalización de la CGT Luján - Rodríguez con la presencia de la intendenta Rosso y el burócrata sindical Omar Viviani. Pero sólo un hecho fue progresivo para el interés general de los vecinos de Luján. Ya que la normalización de esta CGT es para colaborar localmente en la contención de los trabajadores bajo el pacto social, y pretendiendo regimentar un movimiento de lucha que asoma por todas partes, basta recordar la huelga de los trabajadores del Walmart. Por eso, lo progresivo fue la respuesta contundente de lucha y resistencia contra un hecho abusivo y violento por parte de este aparato represivo del Estado que es la policía. Movilización Al calor de lo acontecido, el viernes 10 de diciembre se realizó una masiva movilización al municipio, partiendo de la plazoleta de los Derechos Humanos, donde el Polo Obrero, la Santillán y decenas de organizaciones se convocaron para repudiar el atropello policial y el levantamiento del proceso a Burgos. Al llegar al lugar, se leyeron numerosas adhesiones. Hicieron uso de la palabra (además de Agustín Burgos) diversas organizaciones y, en representación del Partido y Polo Obrero, el compañero Gastón Fernández destacó esta iniciativa y llamó a reforzar esta lucha. Nuestro volante era muy bien recibido por los transeúntes. Aprovechamos también la instancia para la convocatoria del acto del PO por Mariano, el 17 de diciembre. Para finalizar, lo de Agustín se inscribe en el marco del asesinato de Mariano por la patota sindical de Pedraza, en la detención del dirigente sindical Luis Guineo por seguir luchando en Santa Cruz y no "acatar" la orden del pacto social impuesta por Cristina Kirchner y los pulpos petroleros, en la represión y el asesinato a los qom en Formosa por el gobernador K Insfrán y al brutal desalojo y crimen de los vecinos de Soldati, de la mano de la Federal y la Metropolitana. Por todo esto: - Exigimos el desprocesamiento inmediato a Agustín Burgos. - Por comisiones vecinales, organizaciones de derechos humanos, obreras y populares en los barrios de control al accionar policial. - Abajo la persecución y represión del aparato represivo y de la patota sindical a los luchadores populares y a la juventud trabajadora de los barrios.

Viernes 17 de diciembre - 18 hs - plaza de la estación Quilmes "Juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra" Traé tu remera y te la llevás estampada Mandar adhesiones a: festivalxmarianoquilmes@yahoo.com.ar

Un paro de 48 horas se ha reconvertido en huelga al cierre de esta edición. Luego de varias negociaciones entre los trabajadores tercerizados y sus patronales -con la presencia de Edenor y la directiva del sindicato de Luz y Fuerza-, ocurrió lo previsible cuando la burocracia mete la mano: se dilató todo. Un primer compromiso, de que a partir del 1º de diciembre los trabajadores tercerizados cobrarían el convenio de Luz y Fuerza y se armaría una mesa de negociación para discutir el pase a planta, fue desconocido. La directiva del sindicato desvió los ejes hacia el pago de una suma por refuerzo de aguinaldo, pero, empezado el paro, los compañeros van por todo. Se afianza la organización Hubo un primer paro el 6 de diciembre en todos los obradores, medida que tuvo en un principio el guiño de la burocracia de Luz y Fuerza. Al día siguiente, asambleas en todas las tercerizadas votaron levantar el paro con el compromiso de que Edenor se sentaba a discutir el convenio. Pero la burocracia de Lezcano desplazó el eje al pago de los días caídos y el pago de un plus de fin de año, sobre lo que tampoco hubo acuerdo ante una Edenor que planteó que era un problema de las tercerizadas, todas socias de sus negociados. Allí maduró la bronca que desembocó en el paro de 48 horas. Esta medida fue avalada por grandes asambleas en Case, Radiotrónica, Benasi y Rowing. El proceso de lucha y organización se revitalizó ante las maniobras de Edenor por no responder y desviar el conflicto. La condición para que la combatividad alcanzada se mantenga es tener un rumbo claro de independencia antes las maniobras de la patronal y la burocracia. Porque primero Luz y Fuerza terció en función de una vieja política de convenio a la baja para el sector, cosa que los compañeros rechazan enteramente. Luego vino lo del suplemento de aguinaldo, tratando de anestesiar el movimiento con unos pesos. Ayudemos a delegados y trabajadores a sacar estas conclusiones -que son las de los tercerizados del Roca, lucha que activó los espíritus de los compañeros de Edenor, quienes tenían toda una trayectoria de lucha infructuosa hasta ahora. El PO ha planteado una línea en la ruta del Roca, que mientras una comisión negociadora discute, se pase a cobrar la categoría mínima del convenio de Luz y Fuerza, marcando la cancha en forma definitiva mientras se sustancia y organiza el pase a planta de todos los tercerizados. Que se cumpla el acta firmada el 19 de noviembre, la cual establecía este camino. Que todo Luz y Fuerza apoye con medidas. La bandera de Mariano flamea en nuevos sectores del movimiento obrero.

En una asamblea donde el denominador común fueron las denuncias al gobierno nacional y al gobierno departamental, y la bronca evidente, los trabajadores municipales comenzaron a discutir cómo seguía el conflicto. La asamblea había sido convocada con anterioridad a la declaración de "servicios esenciales" por parte del Ministerio de Trabajo, y de las amenazas de sanciones a los recolectores de residuos, barrenderos y guardavidas de las playas por parte de la Intendencia; y también antes de la militarización de los servicios. Para abrir la asamblea, varios dirigentes sindicales de otros gremios expresaron su total solidaridad con la lucha de Adeom y repudiaron el decreto de ‘esencialidad'. El dirigente de Aebu (bancarios), Rafael Fernández, rechazó el decreto y planteó que el gobierno pretende quebrar a Adeom para luego continuar con el resto de los sindicatos en lucha, y que quien sigue en esta lista y está amenazado con la aplicación de la ‘esencialidad' es el propio sindicato de Aebu, con lo cual el triunfo de Adeom es necesario y una bandera de todo el movimiento obrero uruguayo. Se leyeron varias declaraciones de sindicatos apoyando la lucha de los trabajadores municipales. También se leyó una declaración del Partido Obrero de Argentina (ver en esta página) que anuncia un acto frente a la embajada de Uruguay en Buenos Aires, para repudiar este brutal ataque al movimiento obrero latinoamericano, y el apoyo incondicional a la lucha de Adeom. Tanto las oratorias de solidaridad como las declaraciones fueron ovacionadas por los más de 2500 municipales que se encontraban en la asamblea. Hubo un fuerte rechazo a la burocracia del PIT-CNT. Muchos compañeros manifestaron que el sindicato debería romper con la central obrera y hasta se presentó una moción en ese sentido, que no fue votada ya que no se trataba de una asamblea sólo de afiliados. Álvaro Soto, presidente de Adeom, señaló que la central obrera debe ser una herramienta, y que no es Adeom la que se tiene que ir del PIT-CNT sino los burócratas sindicales que llaman a carnerear la huelga de los municipales. A la hora de las resoluciones, el Ejecutivo llevó una propuesta única con dos puntos de diferencia. La propuesta general planteaba mantener el conflicto; facultar al Ejecutivo a resolver paros sorpresivos y movilizaciones y ocupar los lugares de trabajo en el caso de que los compañeros que no acataron el primer día la ‘esencialidad' fueran sancionados; y comenzar una campaña mediática difundiendo las reivindicaciones, pedir que se reúna la mesa representativa del PIT-CNT y que se vote un paro general de 24 horas en rechazo a la militarización y a la ‘esencialidad' decretadas por el gobierno de Mujica y de Olivera. La moción fue afirmativa por una abrumadora mayoría. Este jueves 16 se movilizan a la explanada del municipio, donde realizarán un acto junto a organizaciones sociales y políticas. Las diferencias se expresaron en los siguientes puntos: rechazar las declaraciones de Castillo, secretario general del PIT-CNT, por no defender los intereses de los trabajadores y alcahuetear al gobierno; y no hacer horas extras ni extensión horaria hasta que se retire la ‘esencialidad'. La moción primera fue lanzada por la Lista 1980, de Alvaro Soto, y la 17, de Mabel Lolo, la 112 del ex dirigente Platero, la 19.74 y la 307 y tuvo la oposición del 5 del PCU. La moción segunda fue impulsada solo por la 17, la 19,74 y la 1980 y no fue aprobada. Se aprobó la de reintegrarse completamente a todas las tareas, impulsada por la 5 (PC) y la 112 (Articulación, oficialista del gobierno), y acompañada por la 307 de Aníbal Varela (secretario general de Adeom). El discurso del sector afín a la mayoría de la dirección del PIT-CNT fue del tinte de las declaraciones de Castillo; plantearon que "se había errado en la táctica, y que ahora los municipales se encontraban en un callejón sin salida". El planteo de la lista 307, por otro lado, puso en evidencia una vacilación y recule fenomenal. Caracterizó que Adeom estaba derrotada, que había que replegarse para luego tomar impulso, y que el gobierno les había pegado un tiro y que había que levantarse del suelo casi muertos. La posición de la 307 reflejó el enorme cabildeo que ejercieron sobre ella el gobierno y los aparatos del FA, y la presión de los medios de comunicación y del periodismo oficialista. La caracterización es incompatible, sin embargo, con la necesidad de lograr la firma del convenio colectivo de trabajo y con la decisión de la asamblea de continuar la lucha. Veinticuatro horas más tarde, la intendenta ratificó las sanciones, lo cual obligaría a la dirección a iniciar el plan de ocupaciones que fue votado. Quedó en evidencia la operación de las dos listas partidarias del FA de levantar las medidas sobre los miembros de las otras listas, y la operación de los diferentes partidos del FA, en especial del partido comunista, para que sus militantes aceptaran levantar las medidas. Tanto la 5 y la 112 habían promovido antes de la asamblea levantar todo el conflicto casi que una rendición incondicional. Las listas clasistas respondieron a la presión de aceptar el levantamiento de las huelgas rotativas o perladas en la basura, con una oferta de compromiso -no realizar horas extras ni aceptar prolongación de jornada-, que fue rechazada por la mayoría de la Ejecutiva de ADEOM. Ahora habrá que ver como ésta lleva adelante la prosecución del conflicto y cómo reacciona al mantenimiento de las sanciones, ya que está bajo el mandato de la asamblea general de ocupar los lugares de trabajo de instrumentar las paralizaciones necesarias. La caracterización de la mayoría omite que el gobierno quiere quebrar a los sindicatos combativos y someter a una nueva cura de ‘austeridad' a los trabajadores. Es que también tiene que resolver el conflicto bancario, el de los municipales del interior, de los empleados públicos (Cofe) y de los controladores aéreos. Uruguay acaba de recibir una mejora en la calificación de deuda de S&P, y el tupamaro Mujica no quiere perderla por causa de los trabajadores.

Después de estar presa casi nueve años y de ser condenada a muerte, absuelta y vuelta a condenar, Shahla Jahed, de 40 años, fue ahorcada por orden del ministro de Justicia de Irán. En 2002, Shahla -quien convivía en "matrimonio temporario" con un as de la selección de fútbol nacional, Naser Mohammad Khani- fue acusada de matar a la ex esposa de éste, Laleh Saharkhizan. En Irán, los "matrimonios temporarios" dan forma legal al adulterio masculino. Los hombres tienen permitidas cuatro esposas "permanentes" e ilimitadas "temporarias". Las mujeres pueden tener sólo un esposo y el adulterio se castiga con la muerte. Khani, supuesto cómplice del crimen, fue liberado cuando la chica confesó. Sin embargo, en el juicio oral -tocada con un pañuelo de colores, muy lejos del negro grato a los ayatollahs- Shahla dejó atónito al país. Se declaró inocente, acusó al juez de parcial y dejó en evidencia que el juicio era una farsa. "Si quieres matarme, adelante... si me envías de nuevo allí (a prisión), voy a confesar no sólo este asesinato sino todos los que hayan ocurrido", lo desafió. Un documental muestra todo: www.youtube.com/watch?v=52Czda3tr4I, en inglés. Los vicios en la investigación obligaron a la Magistratura a revocar la sentencia: hasta el jefe de policía reconoció que habían destruido pruebas que favorecían a Shahla y que Khani y otros hombres la "visitaron" en la celda para que confesara. En 2006, el entonces ministro de Justicia, el ayatolá Shahroudi, promovió un nuevo juicio. Pero su sucesor, el ayatolá Sadegh Larijani, un ultraconservador amigo de los servicios de inteligencia, ordenó que la ejecutaran sin más. La puja entre los distintas facciones del régimen iraní se tramita sobre la vida de las mujeres. Larijani pertenece al sector más oscurantista de los ayatollah, el cual a partir de la revuelta "verde" de junio de 2009 (protagonizada principalmente por jóvenes y mujeres) reforzó la represión. El recrudecimiento de las ejecuciones (146 este año) sirve para "intimidar a la oposición política y expandir terror entre la población, para persuadirlos de que el poder está dispuesto a emplear todos los medios necesarios para aplastar a la disidencia", declaró Hadi Ghaemi, miembro de la Campaña Internacional para los Derechos Humanos en Irán a IPS . El inesperado ahorcamiento de Shahla hace temer por la vida de Shakineh Mohammadi Ashtianí, más aún cuando las fuerzas de seguridad no responden dónde está su hijo y detuvieron a su última abogada. El régimen también renovó el control sobre la vestimenta femenina, que se había relajado en los últimos años. La Hiyab (el pañuelo) debe cubrir todo el cuerpo, excepto el rostro, y Ahmadinejead reflotó una norma por la cual algunas organizaciones son responsables de vigilar que se cumpla. En las plegarias de los viernes en la Universidad de Teherán, abundan las amenazas contra las chicas ("la fornicación es culpable de los terremotos"), las que incumplen con la Hiyab son expulsadas y se las revisa a la entrada de clases. "En muchos casos, por mantener una simple conversación con un compañero de clase del sexo opuesto, el Comité Disciplinario las acusa de relaciones ilícitas", informó un activista estudiantil. No estamos simplemente, sin embargo, ante un régimen feminofóbico: la mujer iraní está pagando con su vida la orientación cada vez más represiva con la que el régimen entiende que debe hacer frente a la tendencia a la rebelión popular en Irán. La feminofobia sirve a una causa política de conjunto, incluso porque la mujer iraní es la fuerza más importante de esa tendencia a la rebelión popular. ¿No lo prueba así, acaso, la actitud desafiante de esas mujeres ante sus esbirros -jueces y jurados, clericales y civiles, incluidos los verdugos? Ninguna amenaza imperialista contra la independencia de Irán puede acallar ni por un instante la protesta y la movilización contra este re-podrido régimen reaccionario para conquistar la libertad civil y política de sus hombres, mujeres y niños y de las organizaciones de los explotados. Al Este y al Oeste El odio cerval contra las mujeres por parte de talibanes y ayatollas está siendo utilizado por la derecha imperialista. Intentan conmover a la población occidental y persuadirla de que hay que atacar Irán y permanecer en Afganistán para resguardar a las "pobres mujeres bajo el yugo del Islam". Un documento difundido por WikiLeaks esboza las estrategias "para apuntalar el apoyo de la opinión pública en Alemania y Francia" y recomienda "apelar a la simpatía del pueblo por las refugiadas afganas... que compartan sus historias con francesas, alemanas y de otros países europeos podría ayudar a vencer el escepticismo dominante hacia la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de la Otan (Isaf) entre las mujeres en Europa Occidental... Los testimonios de afganas serían más eficaces emitidos en programas con gran audiencia femenina" (LewRockwell.com). "¿Qué les pasará a las afganas que se quitaron sus burqas a finales del otoño de 2001 o a las niñas que se matricularon en las escuelas del gobierno?", se pregunta The Wall Street Journal. La cima la logró la revista Time con una portada que dio la vuelta al mundo, en la que aparecía una joven afgana atrozmente desfigurada por su marido. "Lo que ocurrirá si nos vamos de Afganistán", aseguraba el título. El rostro de Aisha fue restaurado en un hospital norteamericano de excelencia -posibilidad de la que carecen, como es sabido, millones de norteamericanas. En realidad, las que tienen la respuesta exacta para los defensores de "las mujeres que viven bajo el yugo del Islam" son las iraquíes. La ocupación yanqui de su país tuvo como socios privilegiados a los señores de la guerra, terratenientes y jefes tribales ultrarreligiosos, quienes mandaron el Código Civil laico a la basura e impusieron la sharia -legalizando el rapto de mujeres, los crímenes de honor y los juicios religiosos- y con lo que devolvieron a las iraquíes al medioevo. Un medioevo surcado por aviones no tripulados.

La lucha por el pase a planta permanente de los tercerizados del ferrocarril es, aún, una tarea pendiente. El gobierno, después de la histórica lucha que culminó con la muerte de Mariano y abrió un camino de movilizaciones en todo el país, se vio obligado a anunciar que procedería a reincorporar a los despedidos de las tercerizadas (algo pendiente desde hacía meses), a equiparar los sueldos a la escala inicial del convenio de la UF y pasar a planta permanente a todos para el 20 de diciembre. Entre los anuncios y los hechos reales producidos por el gobierno, han intervenido factores políticos y presiones, tanto de las patronales de las tercerizadas como de la burocracia ferroviaria, que sistemáticamente han colocado obstáculos a todos estos pasos. El lock-out burocrático patronal, producido después de la confirmación de prisión de los detenidos de la patota, fracasó entre los trabajadores, quienes se negaron a solidarizarse con los asesinos, pero no en el Ministerio de Trabajo, donde la burocracia de la Unión Ferroviaria obtuvo una "conciliación obligatoria" trucha que le sirvió para mantener intensas reuniones tratando de defender las tercerizaciones y obstaculizando los pases a planta. La burocracia, con una injerencia abierta en varias tercerizadas de los ferrocarriles, aceptó la salida de escena de la cooperativa Unión del Mercosur, sólo del Roca, y pretende, además, colocar su propio listado de personas a ingresar en Ugofe o en el Belgrano SA. Las tercerizadas han aceptado la reincorporación de los cesantes después de un compromiso del gobierno de que él mismo se haría cargo integral del costo económico de estas reincorporaciones, y reclaman resarcimientos por contratos establecidos y todo tipo de prebendas del Estado. Los despedidos de Ugofe aún no han tomado servicio efectivo en el ferrocarril y además no se les han pagado los sueldos como estaba establecido. Los listados de compañeros para el ingreso directo a Ugofe, que figuraban en resolución del Ministerio, no se han efectivizado y hay una larga bicicleta en los procesos preocupacionales, cuando se había dejado establecido que esto no debería ser obstáculo alguno para el ingreso directo ni para el cobro el 1º de diciembre. La política del Ministerio frente a todas estas presiones es alargar el proceso de pase a planta y dividir a los participantes de esta gran lucha, abriendo discusiones con diversas comisiones, prometiendo arreglar a cada una de ellas en particular, tratando de cortar en pedacitos una eventual situación conflictiva. Entre el dicho y el hecho del pase a planta, como se ve, hay un importante trecho. A raíz de esto, ha crecido el malestar en el activismo. Las asambleas cada vez más numerosas del Plenario Ferroviario de Lanús, las movilizaciones de los trabajadores de Herso (aún con 16 despedidos), la desesperación de distintos compañeros de las tercerizadas del Roca y de otros ferrocarriles, quienes ven cómo se dilata el pase a planta, han creado una situación que amenaza con la reapertura del conflicto. La comisión negociadora del plenario de Lanús ha efectuado, en la última reunión, un emplazamiento al Ministerio: si no se da cumplimiento efectivo a la resolución emitida por el propio Ministerio de Trabajo, dando por finalizados los tres pasos establecidos (reincorporación de los cesantes, cobro de los sueldos con la escala ferroviaria y pase a planta) se reabrirá el conflicto. Esta semana habrá una asamblea decisiva para garantizar la continuidad de lo firmado. Si no hay garantías de culminar el pase a planta de todos al 20 de diciembre, habrá una fuerte medida de fuerza. El activismo del ferrocarril no va permitir que le arrebaten una conquista que costó la sangre de lo mejor de la clase obrera. Es necesaria la más amplia unidad de acción dado que está en juego todo el proceso de lucha contra las tercerizaciones en el país.

-Exclusivo de internet Tarde pero seguro: estaba rumiando mi punto de vista sobre la historia del Indec y el gobierno K y se puede resumir así: ¡es una pelea conyugal! Paso a explicar y trataré de no dispersarme. Recordarán que el "gran Lavagna", apenas asumió, reunióse con el gran capital "nacional y popular" (UIA, Sociedad Rural, etc.) y al presentarles el plan del dólar recontraalto, no a 5 pesos, como casi estaba en ese entonces, y les solicitó a cambio que financiaran el proyecto a cambio de los "Boden 2012 atados al CER" (era un coeficiente que evolucionaba de acuerdo a los precios o a la inflación, no recuerdo bien, pero lo definía el Indec) porque el Banco Central estaba desnudo después del saqueo del gobierno de De la Rúa. Pero resulta que no hubo mayormente "evolución de precios", como gustan llamar a la inflación los analistas liberales. Entonces: ¿qué hacemos?, dijeron los "nacionales y populares", tenedores de Boden 2012; si no hay inflación, la provocamos. ¿Se acuerdan cuando el tomate pasó a costar más que el cuadril? Dos días de boicot y el tomate volvió al redil. Entonces, le tocó al zapallito y a una especie de zapallo muy apreciado para los que hacen dieta, pero todo esto sucedió en Capital Federal (perdón, Caba), porque en el teruño norteño, donde transcurre mi existencia, lo mirábamos por TV. ¿Y qué hicieron los K? ¿Denunciaron la maniobra? ¿Movilizaron a alguien? ¿Desenmascararon a alguien? No, señor, todo lo contrario: ¡guardaron silencio cómplice! Cuando después del conflicto del campo -Molinos, AGD y toda la lacra de la "agroindustria nacional y popular"- triplicaron los precios de los alimentos (aceite de girasol, mayonesas, etc.), tampoco salió murmullo por sus comisuras labiales. Entonces, ¿qué hicieron? ¡Gran pregunta! Lo único que se les ocurrió hacer es intervenir el Indec, para no pagar más intereses por los Boden 2012 a sus socios financieros y privilegiados del Plan Lavagna. ¡Que la mesa familiar financie el desmadre! Pero los K fueron incapaces de enfrentarse al gran capital nativo que es su fuente de financiamiento y su razón de ser; así funcionan los matrimonios. Pero ¿por qué ahora permite al FMI revisar los números? ¡Porque ya se canjearon los bonos atados al CER! Además, el FMI se maneja con el índice yanqui, distinto del que acá se usaba antes de la intervención y sus resultados son inferiores. ¡El FMI viene a convalidar la expropiación de la canasta familiar a manos del gobierno K!

Queridos compañeros: Reciban de nuestra parte, el Partido Obrero de Argentina, la completa solidaridad con vuestra lucha en defensa del derecho de huelga, del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la recuperación del poder adquisitivo del salario -y nuestro repudio a la militarización del servicio de recolección de residuos, por parte del gobierno, y su amenaza de sanciones y despidos contra los trabajadores de esa categoría. Hemos observado que estas reivindicaciones vuestras son compartidas por el sindicato de los bancarios, AEBU, por el de los trabajadores del Estado (Cofe), por los municipales del interior de Uruguay y por los controladores aéreos. Están reunidas, entonces, las condiciones para triunfar. Exhortamos al PIT-CNT a que adopte medidas en apoyo de estas luchas, en las que se juegan principios históricos del movimiento obrero de todo el mundo. Al gobierno de vuestro país le reclamamos que no use contra Adeom al mismo ejército que reprime al pueblo de Haití y que acaba de participar en operaciones conjuntas con el Comando Sur del Pentágono para ‘proteger' el canal de Panamá. En Argentina hemos comenzado una campaña de difusión, esclarecimiento y solidaridad con ustedes, a pesar de que nos encontramos en una situación de tensión excepcional debido a la represión contra miles y miles de pobladores barriales que reclaman el ejercicio del derecho a la vivienda. Esta circunstancia extrema, sin embargo, no nos hace olvidar nuestros deberes de solidaridad internacional -más cuando se trata de la solidaridad con trabajadores tan próximos a nosotros como lo son ustedes. Queremos involucrar en esta campaña a la izquierda, a los estudiantes y a los sindicatos de Argentina. Hemos propuesto, para ello, una movilización a la Embajada de Uruguay, el jueves 16 al mediodía. Viva Adeom, viva el glorioso movimiento obrero de Uruguay, abajo la militarización a cargo de las fuerzas armadas del Goyo Alvarez, por la vigencia de la independencia de clase y la conciencia de clase de los movimientos obreros de nuestros dos países. 13 de diciembre de 2010

El último en proceder a la militarización de la recolección de basura en la capital de Uruguay había sido el dictadorzuelo colorado Pacheco Areco, a finales de los '60, quien gobernó bajo estado de sitio. No volvió a ocurrir desde entonces, a pesar de los varios conflictos que tuvieron lugar en Montevideo desde el llamado 'retorno' a la democracia -o incluso uno anterior, en 1982. En varios de esos conflictos, el sindicato apeló a la huelga indefinida -a diferencia de lo que ha ocurrido ahora, cuando la huelga es 'perlada' o rotativa, por sectores y jornadas. La acumulación de basura o el llamado 'riesgo sanitario' son por eso menores. El pretexto del gobierno 'nac & pop' a la uruguaya es menos permisible que nunca. Mujica y la intendenta Olivera han elegido golpear por razones eminentemente políticas: la necesidad de neutralizar al movimiento obrero en un período de convulsiones económicas, que se manifiesta por ahora en una inflación creciente. Uruguay acaba de 'beneficiarse' por una mejora de la calificación de deuda, por parte de Standard & Poors -un 'tesoro' que el tupamaro en la Presidencia quiere preservar a toda costa. Como en Argentina, el gobierno del Frente Amplio quiere aumentar su deuda extranjera -a este 'noble' propósito responde la declaración del servicio de recolección como 'servicio esencial', así como la posterior militarización de la tarea y la sanción de los trabajadores. El gobierno también sacó un decreto que prohíbe las ocupaciones de edificios públicos, incluso en condiciones de lucha sindical. Los patrones reclaman lo mismo para la industria privada. Cuando lo esencial es visible En honor a la verdad, incluso la negociación del convenio colectivo, que vence en diciembre, es también un pretexto. Lo mismo podría decirse hasta de la calificación de la consultora -que con todas sus rivales manipularon sus dictámenes para que los bancos pudieran descargar de sus balances los 'activos tóxicos' (títulos y préstamos desvalorizados), en las vísperas del estallido de la bancarrota capitalista. Bastante antes de asumir su cargo, la intendenta en cuestión, que pertenece al partido comunista, había complotado una destitución del presidente de Adeom, tildado de 'radical'; después de un éxito parcial, el operativo fracasó por el rechazo de los propios militantes del partido comunista en el sindicato. Ocurre que, para esa época, la conflictividad sindical ya había alcanzado un buen ritmo y se habían producido paros generales. Mujica no gozaba de la 'paz social' de su antecesor, Tabaré Vásquez. Todo Montevideo sabe que Olivera responde a Mujica, quien la impuso como candidata, antes que al comité central del PC, al cual pertenece. En el reñidero del Frente Amplio, la intendenta es asignada a la derecha del partido comunista. Todo esto explica el secreto que con tanto empeño intenta ocultar la prensa uruguaya, en especial la frenteamplista: por qué Olivera ha rechazado atender en todo momento el pliego de reivindicaciones de Adeom. Después de todo, este pliego plantea el ajuste de los salarios por la inflación pasada -un derecho adquirido hace mucho tiempo- más (esto por primera vez) un 2,5% de incremento real. ¿Ese 2,5% va a quebrar las finanzas del municipio? Curiosamente para un frenteamplista, el argumento oficial es que la mejora acentuaría las ventajas de los empleados públicos sobre los del sector privado. ¡Pues que les aumenten a estos un porcentaje mayor! El último cálculo de la canasta familiar ubica su costo en 40 mil pesos uruguayos, ¡ocho mil pesos argentinos! Incluso si descontamos un 20%, por el desnivel de precios entre los dos países, quedan unos 6,5 mil pesos argentinos, que no gana la inmensa mayoría de los uruguayos. La intendenta 'comunista' no quiere participar ni un pesito del crecimiento del PBI de Uruguay, entre el 6 y el 8%, a pesar de que su partido 'disputa' con Mujica y su vice Astori por una "redistribución de los ingresos". La intendenta 'comunista' aboga por una mayor privatización del servicio de recolección (una forma de sacarse de encima a sus trabajadores), sin importarle que el costo para el municipio ha comenzado a superar al estatal. Mejor es aumentar la 'remuneración' del patrón que la de los obreros -en sintonía con S&P. Sea como fuere, los trabajadores de las privatizadas han hecho causa común con Adeom (¡sus salarios son inferiores!). En resumen, asistimos a un intento de quebrarle el espinazo al movimiento obrero -como lo está intentando Rodríguez Zapatero con los controladores aéreos de España y como ocurre con toda la burguesía de la Europa en quiebra. Adeom es un conejillo de Indias, cuya derrota debería servir para disuadir al resto de los sindicatos. Es el caso de AEBU: los bancarios han resuelto impulsar la parálisis del 'clearing' (compensación de cheques) en su plan de lucha por el convenio (hay 130 mil cheques 'trancados'). Ello, aunque su dirección -que pertenece a la corriente oficialista Articulación- se opone a la medida. El gobierno ha comenzado a amenazar a los bancarios con la declaración de 'esencialidad', lo mismo que a los controladores aéreos del aeropuerto de Carrasco. En una asamblea del miércoles 15, Articulación y parte del PCU intentaron negarle la palabra de saludo al presidente de Adeom, pero la moción fue rechazada por la asamblea. Juan Castillo (del PCU), secretario general del PIT-CNT, se ha convertido en el principal operador del gobierno, luego de un incómodo repudio inicial a la declaración de 'esencialidad' de los servicios de residuos. De esta manera, la Ejecutiva de la central obrera se ha convertido en una suerte de carnero político del movimiento obrero. Nada menos que en Uruguay, con el pasado que tienen sus fuerzas armadas, una central sindical apoya la militarización de sus propios afiliados. La integración del PIT-CNT al Estado está en la víspera de un salto cualitativo, como ocurriera con la CUT bajo Lula. Por eso crece el reclamo de que se convoque a la Junta Representativa de la Central y la expulsión de Castillo. El carácter político del enfrentamiento del gobierno del FA contra Adeom es inconfundible: se trata de someter al movimiento obrero en el marco de la crisis mundial. Del "gobierno en disputa" a la "armonía" El ataque oficial a Adeom es parte de una estrategia de conjunto, que apunta a poner fin a las rencillas en el FA y a disciplinar a sus integrantes. El más díscolo, el partido comunista, cuya dirección está empeñada en una pelea contra la fracción fondomonetarista del vice, Astori -de influencia creciente en el gobierno- se ha plegado al ataque contra Adeom. Sin el concurso del PC, ese ataque estaba condenado al fracaso. El partido comunista ha hecho causa común con sus adversarios a la hora de encontrarse con un movimiento obrero con características de independencia. El "gobierno en disputa", como caracteriza el PC al que preside Mujica, se ha convertido en su contrario, en el gobierno 'de la armonía'. Este pase de manos 'dialéctico' de parte de la dirección del partido comunista ha puesto fin a su fantasía emancipadora, pero ha suscitado una rebeldía sorda en sus activistas, que habían observado con entusiasmo el nuevo espíritu militante de la organización. El PC es aún el fiel de la balanza del movimiento sindical; la crisis que ha provocado su conducta se reflejará de inmediato en sus filas. Para esto hay incluso una razón adicional: la cúpula del FA quiere reorganizarse para quitar derechos a los comités de base, muy debilitados, donde es fuerte el PC; quiere verticalizar al FA aún más. La dirección del PC está siendo estrujada por los conflictos de clase y por la tendencia pro-imperialista de su gobierno 'kerenskiano' (calificado por Lenin como bonapartismo de centroizquierda). La acelerada regresión del FA ha tenido otras manifestaciones, como la imputación de Mujica a Adeom de actuar como aquellos ultraizquierdistas que fueron funcionales al ascenso de Hitler. El hombre simplemente escupió para arriba, porque ese ultraizquierdismo fue protagonizado por el PC alemán y su tutor, Stalin -y combatido por Trotsky casi con brutalidad. De cualquier modo, Hitler subió al cabo de varios gobiernos que se caracterizaron por aplicar la 'esencialidad' y la suspensión de las garantías constitucionales -como lo hace Mujica, dentro de sus límites políticos e intelectuales. El exabrupto de Mujica es una declaración formal de repudio histórico a su corriente, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que tuvo esa conducta en las vísperas del golpe militar en Uruguay, en junio de 1973. Con un pie en la tumba, Mujica se empeña en ensuciar su pasado y su reputación. ¡Qué enorme remoción de escombros ha suscitado la huelga de Adeom! ¡Cuánta conmoción sindical y política! La asamblea de Adeom, el martes 14, decidió no continuar con la huelga intermitente en los servicios de recolección. Pero habilitó al ejecutivo de Adeom a instrumentar nuevos paros: a parar el jueves 16, concentrar en la Junta Departamental y luego en la IM para que los atienda la intendenta, con la esperanza de que el gobierno retire su decreto de militarización y la intendenta anule las sanciones. Sin embargo, las sanciones fueron ratificadas, lo que supone aplicar la decisión de la asamblea para ese caso, que es ocupar los lugares de trabajo. La concesión de la asamblea al gobierno no recibió del gobierno ninguna clase de concesiones. Es que los conflictos en otros sindicatos continúan, lo mismo que la política rompe huelgas del gobierno. En Montevideo se está discutiendo la realización de una marcha para quebrar la política oficial con un paro del PIT-CNT, que reclaman numerosos sindicatos a través de la convocatoria de la Mesa Representativa. Hay que cumplir las decisiones de ocupar en caso de sanciones; hacer un frente con los recolectores de las privadas y que se convoque de emergencia un Congreso de Bases del PIT-CNT; por un paro general de repudio a las medidas de excepción contra el movimiento sindical. Uruguay comienza una nueva historia.

Los trabajadores petroleros jerárquicos del norte de Santa Cruz y Chubut se encuentran en paro desde hace una semana, en demanda del reconocimiento de su propio convenio y del sindicato que han formado y los representa, así como por la elección de delegados. Las empresas multinacionales, encabezadas por Repsol-YPF, se niegan a aceptarlo, porque representaría importantes aumentos salariales. Se amparan en el acuerdo de "paz social" suscripto por el gobierno, las empresas petroleras y la burocracia sindical del sector. Respondieron a la lucha con 200 despidos y un lock-out patronal que paró la actividad petrolera del Golfo de San Jorge. Frente a este ataque, los trabajadores se vieron obligados a profundizar sus medidas, ocupando pacíficamente la planta Termap de Caleta Córdova en Comodoro Rivadavia, desde donde se bombea el petróleo de exportación hacia los buques. Toda la producción petrolera está paralizada, y las empresas y gobiernos provinciales se aprestan a aplastar la lucha, bajo el silencio cómplice de las direcciones sindicales -colaboradoras de las empresas y amigas de la "paz social" con la patronal. Desde el el FUT-PO nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los compañeros. Primera lucha contra el "pacto social" Esta justa pelea desnuda el carácter del "pacto social" que impulsan la presidenta Cristina Fernández y las empresas -y es el primer round de la batalla de toda la clase trabajadora contra el mismo. De extenderse a todos los gremios, ese "pacto" servirá para poner tope a los reclamos salariales, sostener las ganancias patronales y su capacidad para elevar los precios, mantener la precarización laboral y controlar las luchas de los trabajadores. Moyano y la cúpula de la CGT (inclusive Yasky, de la CTA ) ya manifestaron su acuerdo con esa política, aunque ahora chantajean para lograr una mejor ubicación ante los juicios por la estafa a las obras sociales. Enfrentar el "pacto social" y la "paz social" que favorecen a las empresas es una gran tarea para toda la clase trabajadora. Por eso, está planteado el llamado a un plenario de delegados petroleros para exigir a los dirigentes sindicales la convocatoria a una huelga general petrolera en todo el país y de todos los sectores de la industria hidrocarburífera, para que ganen los jerárquicos y se cumpla con todos los convenios colectivos de trabajo de los obreros del sector. Hace falta que de la CGT y la CTA convoquen de manera unificada a una acción nacional en apoyo a los jerárquicos. ¿De quién es el petróleo? A la vez, se pone sobre el tapete el gran problema de fondo para todo nuestro país: la cuestión energética. Repsol puede parar la producción cuando se le ocurre, del mismo modo que exporta sin restricciones y saquea el recurso hidrocarburífero. Argentina marcha hacia la pérdida de su soberanía energética y pronto se verá empujada a importar petróleo, tal como hoy importa gas. A la vez, se nos escurren por entre los dedos miles de millones de dólares que las multinacionales se llevan como ganancias al exterior, sin dejar absolutamente nada en el país. En el año del Bicentenario, el gobierno que se define a sí mismo como "nacional y popular" oculta que sigue permitiendo el robo de nuestro petróleo, así como de todas las riquezas naturales, por parte de multinacionales. Este 13 de diciembre, Día Nacional del Petróleo, a 103 años del descubrimiento del primer pozo en la Patagonia, vuelve a estar planteada la necesidad de nacionalizar y estatizar toda la industria petrolera bajo control de los propios trabajadores, para que la enorme renta petrolera sea puesta al servicio de las necesidades de todo el pueblo argentino.

-Exclusivo de internet Ni los números impunes del Indec pueden tapar la realidad, y hoy, en el sur de la Capital, se están matando pobres contra pobres. Mientras, los políticos siguen viendo quién le hecha más la culpa al otro. Durante quince años, como catequista en la Villa 1-11-14 pude aprender algo de la problemática ese sur y sé que todo se puede solucionar. Ojalá los políticos puedan instruirse y ver que: 1) El 90% de los vecinos de Soldati y Lugano, y los de las villas de emergencia adyacentes son gente de laburo y honor y sólo quieren vivir y trabajar; 2) que la problemática de la vivienda viene desde hace décadas y que hay en Argentina un déficit de viviendas para 750.000 familias, y la Nación -en este caso la Ciudad- son los responsables; 3) que la punta del caos actual habría sido la intrusión (a la par del parque) de personas en el obrador de las obras de las Madres de Plaza de Mayo, por eso su apoderado Schoklender habría presionado por el desalojo; 4) se equivocan quienes piensan que hay que reprimir, pero también aquellos que creen que toda presencia policial es represiva. Son preconceptos ideológicos. La presencia de la guardia de la infantería en el lugar podría disuadir sin un disparo; 5) doy fe que las viviendas siempre se entregan en épocas electorales. En el Barrio Nuevo del Bajo Flores, las casas no se regalaron: los vecinos pagan una suma mensual; 6) hace décadas, el equipo de los curas villeros de la mano de los padres Rodolfo Richardelli y Vernazza, de vuestra villa, hicieron la campaña "Madre del Pueblo", nombre que lleva la iglesia de la 1-11-14, donde me casé. Gracias a la ayuda de entidades católicas europeas y desinteresados de aquí, levantaron con el Sistema de Autoconstrucción en los Feriados, los barrios: a) Nuestra Señora de Luján; b) Madre del Pueblo; c) San José Obrero; d) San José Obrero 2; e) San Cayetano 1; f) San Cayetano 2, y g) barrio Padre Vernazza en Virrey del Pino. Todos barrios obreros en zonas muy populares del conurbano. Claro, eso trajo el ataque de políticos del mismo PJ que veían que no habían intermediarios, cheques en blanco, empresas constructoras amigas, adoctrinamiento ideológico, clientelismo ni coima; e hicieron todo lo posible para boicotearlos. La gente ponía todo su laburo, nada era gratis. Ahí esta la respuesta. O, si no, seguir con Pilatos, emparchar y esperar no mucho que todo esto vuelva a ocurrir.

Mujica ha enviado a las Fuerzas Armadas actuar como rompehuelgas contra la lucha de los municipales. Tras su violento discurso contra Adeom, la militarización demuestra que no duda en utilizar todas las medidas de la derecha y del pachecato, con el objetivo de imponer una derrota ‘ejemplarizante' al movimiento obrero. Mujica sigue el mismo camino represivo que el ‘socialista' Rodríguez Zapatero, que militarizó a los operadores aéreos en España. Con los ‘servicios esenciales' y el envío del Ejército y la Armada a levantar la basura, el gobierno le envía una advertencia a Cofe, a los bancarios estatales y a toda la clase obrera. Pero ante todo le envía una señal a Standard & Poor's y a los acreedores internacionales, de que está dispuesto a defender el "grado inversor" aunque sea negando el derecho de huelga y reprimiendo a los trabajadores.Mujica ataca a los dirigentes de Adeom acusándolos de ‘ultras' y de preparar el camino... ¡a Hitler! Pero no fueron tres dirigentes los que votaron los paros. ¡Fueron más de 2.500 asambleístas!, a los cuales el gobierno no dejó otro camino para defender sus legítimas reivindicaciones.El camino al nazismo lo pavimentaron los gobiernos ‘democráticos' anteriores, que empezaron a utilizar las medidas de ‘excepción' contra el movimiento obrero. Del mismo modo que en Uruguay los recortes a las libertades democráticas, los ‘servicios esenciales', las ‘medidas prontas de seguridad' y finalmente la militarización de las huelgas, terminaron abriendo las puertas al golpe de estado de las Fuerzas Armadas. Acusar a los ‘excesos' de los dirigentes obreros, y a la acción de la guerrilla, de provocar el golpe militar, es el discurso de Sanguinetti, ¡no de la izquierda! Mujica pretende hablar en nombre de los ‘vecinos' contra los obreros. Afirma defender a los trabajadores privados, que ganan menos que los estatales. Es decir, confiesa que los ‘vecinos', que son en su inmensa mayoría trabajadores, cobran salarios de hambre. Pero son Mujica y la propia Ana Olivera (intendenta de Montevideo, del PC, red.) los que impulsan los salarios de hambre para los privados, como lo demuestra lo que sucede con CAP-Teyma, donde los trabajadores del área privatizada debieron realizar varias semanas de huelga para lograr ¡que se cumpla la jornada de 8 horas! Las pautas del gobierno en los consejos de salarios mantienen esta miseria de los trabajadores privados, ¡y mantienen el salario mínimo más bajo de toda la región! Que la intendenta Ana Olivera empiece por respetar todos los días a los vecinos: la mugre en la ciudad no empieza con los paros de Adeom, sino que es una presencia permanente como consecuencia de la política de la Intendencia.Las reivindicaciones de Adeom están lejos de ser ‘exageradas'. La plataforma es muy elemental. El sindicato reclama que los ajustes salariales sean equivalentes a la inflación pasada más un 2,5% de recuperación. La Intendencia se niega siquiera a discutir la posibilidad de una recuperación salarial. El secretariado del PIT-CNT tras negarse a emitir una declaración repudiando el decreto de servicios esenciales, ahora piensa que hay ‘tímidos avances' en la negociación. ¡Están enviando las tropas a recoger la basura, y los ‘coordinadores' de la central sindical ven ‘avances'! Con este accionar, están rompiendo la unidad del movimiento obrero, para hacerle los mandados al gobierno. El decretazo y la militarización se constituyen en antecedentes para todo el movimiento sindical. Es impostergable la convocatoria de una Mesa Representativa del PIT-CNT, ante lo que es un atentado a los derechos sindicales y constitucionales, y una amenaza contra todo el movimiento obrero. El Partido de los Trabajadores declara su más firme apoyo a la lucha de Adeom y exige la anulación del decreto gubernamental, el retiro de las Fuerzas Armadas y el respeto al derecho de huelga. El Partido de los Trabajadores reclama que el PIT-CNT se pronuncie contra el decretazo represivo, y convoque a un inmediato paro general en defensa del derecho de huelga y en apoyo a las reivindicaciones obreras.

Ante la destrucción de la flota y con ella el acelerado deterioro de las condiciones de trabajo, los trabajadores de Tamse-troles garantizaron un aguerrido paro el lunes 29 de noviembre. La Ortuta venía preparando las condiciones para la lucha de los troles al denunciar en sus últimos boletines las condiciones letales en las que se viene trabajando, también hizo firmar un petitorio dirigido al intendente, que suscribió más de la mitad del personal. Cuando la decisión de ir a la lucha estaba madura, los delegados ligados al gremio y la conducción de Peñaloza tuvieron que convocar a una asamblea, a la que los trabajadores transformaron en un paro total. En la primera negociación que se tuvo con la Municipalidad, la oferta fue la entrega de 25 millones de pesos para comprar once trolebuses, sin fecha de desembolso. Esos fondos estaban destinados anteriormente a renovar parte de la flota de colectivos de Tamse. Si bien las delegadas querían firmar, las compañeras que estaban en la negociación exigieron que sean las bases quienes tomen la decisión. La negativa de la asamblea fue rotunda. Se exigieron 30 coches y que la plata salga del Fondo de Mejora del Transporte (impuesto al boleto que pagan los usuarios y que es desviado a rentas generales) y no del aumento del cospel como pretendía Peñaloza. Desconociendo abiertamente lo resuelto en asamblea, apareció Peñaloza con la misma acta que había sido rechazada, firmada entre Giacomino y el gremio, en una negociación a espaldas de los trabajadores. Esto no sólo le valió el repudio generalizado de toda la asamblea sino que, además, tuvo que retirarse de la empresa. A partir de ese momento, la asamblea se enrareció y termino levantándose. El paro ha sido el camino para resolver la situación de la empresa. La forma de negociación que se estableció al principio es la más efectiva para unir y fortalecer a los trabajadores. La conducción de Peñaloza y las delegadas no quieren ni la una ni la otra. Están alineados con el gobierno de Giacomino. El paro del Trole no es un rayo en cielo sereno. Una asamblea de la punta de línea de Belardinelli sacó a la luz la misma tendencia en Tamse, a raíz del reclamo de una vieja deuda que se tiene con un sector de los trabajadores (ítems salariales) y el incumplimiento de actas sobre mejoras en condiciones de trabajo. La conducción aquí ni siquiera apareció. Vamos por la asamblea general de trolebuses y de Tamse para garantizar la respuesta a los reclamos de los trabajadores. De esa forma, unificaremos los reclamos de todos los compañeros. Por una comisión de trabajadores de toda la empresa, elegida en asamblea, para frenar su vaciamiento. Así preparemos el terreno para intervenir en las paritarias.

El jueves 9, en la Casa de Gobierno, Cristina Kirchner anunció el lanzamiento del pacto social para la actividad minera, exactamente dos meses después de que fuera aprobada la Ley de Protección de Glaciares, que cuestiona la actividad minera en zona de glaciares y periglaciares. Esta ley enfrentó la oposición del ‘lobby' minero que hoy firma el pacto social, el cual logró que quedara neutralizada enseguida por medio de leyes provinciales y apelaciones a la Justicia. Se puede decir que el pacto constituye una suerte de veto presidencial a la Ley de Glaciares, en especial porque la Presidenta reiteró que, al menos para ella, la minería "no contamina". Además de los gobernadores K de las provincias mineras, firmaron el pacto los radicales cobistas y los sapagistas de Neuquén, aunque tampoco faltó Scioli -al cual el rumor adjudica una probable candidatura a la presidencia y, naturalmente, la burocracia de Aoma, que rubricó de este modo su apoyo a la tercerización muy extendida en esta industria. Cristina recordó en el acto que conoce bien a la minería desde sus tiempos en Santa Cruz y mencionó como ejemplo a Cerro Vanguardia -sin comentar, por supuesto, todos los privilegios y chanchullos del pulpo minero sudafricano y su sociedad con la empresa kirchnerista Fomicruz de la provincia de Santa Cruz. Se ocupó especialmente de destacar el proyecto, en construcción, de Pascua Lama, en la frontera con Chile, a cargo del pulpo canadiense Barrick. Se trata del proyecto más claramente cuestionado (tanto en Chile como en Argentina), porque está ubicado en las altas cumbres, en plena zona de glaciares. En su discurso, CFK destacó el megaproyecto de Potasio, con la brasileña Vale do Rio Doce, en las nacientes del río Colorado, que amenaza toda su cuenca y la de río Negro con su salinidad. Antiobrero La burocracia de Aoma puso su firma sin consultar a los trabajadores mineros. El proletariado minero fue creciendo junto a las nuevas inversiones y ya ha dado muestras de su combatividad en diversas luchas en los últimos dos años, especialmente en las minas de la provincia de Santa Cruz. Tanto en Cerro Vanguardia, hace dos años, como en Manantial Espejo, hace pocas semanas, y antes en San José, los trabajadores bloquearon las rutas de acceso, algo que ahora el "pacto" prohíbe expresamente. Esta vez, CFK no repitió la frase que propinó a los petroleros: "si me (sic) cortan rutas (...) los mato". El pacto, naturalmente, no dice una palabra sobre los miles de trabajadores tercerizados que son explotados en la minería. Se calcula que en las dotaciones habituales, por lo menos la mitad de los trabajadores pertenecen a empresas contratistas que se ocupan desde la limpieza y la alimentación, a la soldadura y el mantenimiento de los grandes equipos. Aunque están en blanco carecen de estabilidad, porque cuando ‘baja' el trabajo las empresas cortan los contratos y "bajan" a los contratistas. A la celebración del pacto no fue convocada ATE de Río Turbio, que representa a los trabajadores de la mina de carbón de esa localidad. Durante el anuncio estaba De Petris lo cual no deja de ser significativo, aunque hoy no representa a esos trabajadores. Tampoco fue convocada la Organización Sindical de Mineros Argentinos (Osma-CTA) formada por trabajadores de Barrick-Veladero, de San Juan, que negoció a principios de año los salarios en un sonado conflicto y luego obtuvo su inscripción gremial. Según declaró su dirigente al diario BAE (10/12), "en el acuerdo nos tienen relegados, porque Aoma ha iniciado un juicio porque no ostentamos la personería sindical... además, creo que (no nos convocaron) porque somos de la CTA". La Osma no denuncia, sin embargo, el pacto social ni atribuye al contenido de éste la razón de su exclusión. El pacto establece una cláusula de "paz social" que prohíbe las luchas de los trabajadores.

-Exclusivo de internet Ante la declaración de servicio esencial Ante el decreto contra el derecho de huelga Ante la represión a los estudiantes del Ceipa Comunicado Plenaria Memoria y Justicia contra la Represión Unos meses atrás decíamos: están construyendo desde hace mucho una idea de cuál es el delito. Han construido una sociedad donde el único derecho de verdad defendido es el de propiedad y los privilegios de ricos e impunes. En momentos en que los discursos sobre: delitos, cárceles, menores y penas, construyen desde los grandes medios masivos de comunicación y desde el sistema político la necesidad de avanzar en mecanismos represivos, leyes de procedimiento policial, disminución de la edad de imputabilidad, creación de nuevas cárceles, aumento de recursos para la seguridad y el control; y el "sentimiento de inseguridad" lo han instalado en nuestra sociedad, Ahora recurre este gobierno a las leyes firmadas y aplicadas en 1968 por Pacheco Areco y Peirano Facio. Dictadores y represores que impulsaron el Terrorismo de Estado, los Escuadrones de la Muerte y la represión contra este pueblo. Decretos que trabajadoras y trabajadores, estudiantes, vecinos, enfrentamos a costa de presos, sangre y muertos. La sociedad que se construye desde los grandes medios de comunicación y el gobierno es fascista. La prensa incita, alienta a aislar, a condenar a todos los que luchan. Hace campaña denigrando a los trabajadores movilizados. Hay quienes dan manija organizados en patotas anónimas por Internet. Este gobierno decreta contra el derecho de ocupación. Reprime a estudiantes movilizados y pese a que este gobierno ha dicho que entre 1968 a 1985 la actuación del Estado fue ilegítima porque ejerció el terrorismo de estado ahora aplica una ley de ese período. Así no se construye ningún nunca más, así se afianza la impunidad. Creemos que es necesario un debate crítico, más amplio y comprometido, ya que el modo en cómo resolvamos estos temas prefigura la sociedad que vendrá. Porque no podemos aceptar la militarización, la intervención de las Fuerzas Armadas cruzados de brazos. No podemos aceptar que actúen contra Mabel Lolo de Adeom de forma canallamente fascista. Para avalar el rol cada vez más protagónico de las botas y los fusiles. La justeza de luchar por la mitad de la canasta, la justeza de reclamar contra la esclavitud de las horas extras, el derecho a una vida digna es inalienable. Los archienemigos que ellos crearon son los que aún soñamos con otra sociedad justa y solidaria Hoy el Poder Ejecutivo apela al decreto pachequista de los servicios esenciales para reprimir a los trabajadores de Adeom y se amenaza a los trabajadores bancarios con aplicar otras medidas represivas. Acuartelan a las FFAA y las mantienen al acecho de la lucha de los trabajadores, sacan a los militares a la calle, usan a los milicos de rompe huelgas pagos por el Estado y para avalar tercerizaciones. Criminalizaron las ocupaciones, estigmatizaron a los municipales y a los que no callamos y nos organizamos para luchar con memoria y compromiso. Es esencial para juzgar cuál es el delito es ponernos a pensar, no dejarnos llevar de las narices para oler ahora la basura que este gobierno y la gran prensa nos incitan a oler. Incitan al enfrentamiento de vecinos contra trabajadores. No caigamos en esa manija. En esa trampa. Porque el olor a fripur invade La Aguada y a nadie de arriba le importa. Porque las curtiembres inundan los barrios de olores nauseabundos. Porque UPM dispersa olor a huevo podrido y nada hacen. ¿De qué nos hablan? El hambre es el delito. Esencial es que nadie más coma de la basura. Que a los miles que nacieron y viven en medio de la basura, las ratas y el hambre, se les retornen sus derechos. La riqueza es el delito. Esencial es la salud. La impunidad es el delito. Los impunes libres y gozando de lo que robaron eso es delito de Estado. La libertad, la vivienda. La verdad, la justicia, es esencial La memoria es esencial para juzgar cuál es el delito. Toda nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores. Vienen por todos porque el saqueo no se concreta sin represión. Ningún recorte de libertades. La protesta es un derecho humano. A derrotar el decreto. Ningún milico en las calles ¡Que nadie piense no me toca a mí! Reprimieron a Adeom, nos reprimieron a todos. ¡Tocan a uno tocan a todos! Todos el jueves 16 diciembre, 18 horas, a la explanada de la Intendencia municipal de Montevideo -11/12/10 Plenaria memoria y justicia

Frente al decreto del Poder Ejecutivo para el desalojo de las ocupaciones de edificios públicos por medio de la fuerza policial y las medidas ya adoptadas en el marco de su aplicación: Rechazamos enérgicamente el decreto del Poder Ejecutivo sobre el desalojo de las ocupaciones de edificios públicos por medio del aparato represivo del Estado. Así como todas aquellas medidas que no sólo vulneran los derechos históricos de los trabajadores sino que, además, tienden a criminalizar la protesta, siendo ésta un derecho humano fundamental y su misma génesis. Rechazamos la reciente aplicación del decreto a pocas horas de su firma, que tuvo como consecuencia el desalojo de los trabajadores municipales de Tacuarembó, que estaban luchando por aumento salarial. Vemos con preocupación la omisión en que incurre el Poder Ejecutivo al no proteger las garantías que establece la propia Constitución en su artículo 57, y la violación de convenios internacionales emanados de la OIT y ratificados por nuestro país. Hasta juristas que no son conocidos por proteger a los trabajadores agremiados (Ermida, Sere, Grzetich) reconocen como una extensión del derecho de huelga a la ocupación y declaran que cualquier limitación de la misma incurre en violación directa de la Constitución y de normas internacionales. Rechazamos este decreto entendiendo que restringir el derecho a ocupar lesiona implícitamente el derecho de huelga establecido por la Constitución, y pone en riesgo la propia libertad sindical y gremial, golpeando a trabajadores como a estudiantes que en su lucha se propongan la legítima y justa medida de la ocupación. Pero, además, advertimos el peligro de la extensión de este decreto al sector privado, tal como lo están solicitando la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, que como era de esperar, aplaudieron la medida represiva del gobierno. Ratificamos con firmeza nuestro lugar junto a los trabajadores para concretar en la práctica la histórica unidad obrero-estudiantil, defendemos las luchas de los trabajadores por sus condiciones de vida, por salarios, por mejores condiciones laborales y contra todo tipo de represión sindical y gremial. 13/12

La inscripción como sindicato, objetivo tenazmente perseguido por los luchadores del subte, fue adulterada descaradamente por el ministro Tomada. Efectivamente, dicha inscripción se realizó bajo la modalidad de sindicato "de empresa", lo que lo inhabilita para obtener la personería gremial mientras exista la UTA en la misma actividad (ley de asociaciones sindicales); contra el pedido de inscripción como sindicato "de actividad". Teniendo en cuenta que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro cuenta con cerca del 90% de la afiliación de los trabajadores, estamos ante una clara provocación política. El régimen K ha decidido mantener, indefinidamente, el tutelaje de la burocracia de la UTA sobre una masa de trabajadores que votó expresamente dejar de pertenecer a esa organización. El destino de los reclamos elementales del subterráneo -como el salario, las condiciones de trabajo, el personal y los ascensos correspondientes a la mejora del servicio, la seguridad, el régimen jubilatorio correspondiente a las condiciones de insalubridad- queda así postergado y sometido al contubernio de la UTA y la patronal de Roggio, en tanto no se reconoce a la organización que detenta la representatividad mayoritaria de los afectados. Por eso, la Agrupación Trabajadores de Metrovías ha levantado el planteo de la necesidad de un plan de acción, con paro y movilización, si el Ministerio no rectifica el encuadramiento tan arteramente introducido. En el último plenario de delegados, de escasa convocatoria, esta posición fue en principio desestimada por la mayoría relativa, que responde a la fracción Yasky de la fracturada CTA. Su postura es que bastaría con la apelación legal de la medida -esto cuando los asesores legales informaron que una insistencia de Tomada en su resolución derivaría en un trámite de apelación a la Suprema Corte, que podría estirarse por cuatro años y con final incierto. Esta posición, para quienes de verdad defiendan la conquista de un sindicato independiente y antiburocrático, sólo es explicable como un acto de subordinación a la estrategia de pacto social que impulsa el régimen K, para garantizar una falsa paz social a expensas de las reivindicaciones obreras. Política que tuvo como antecedente el intento -frustrado- de forzar la entrada de la AGTSyP a la CTA. Al momento, por ejemplo, está planteado el pase a planta de Metrovías de los sectores tercerizados que aún quedan de CAF (talleres) y Metropolitana (seguridad). En el subte se ha profundizado así una fuerte lucha política sobre el destino de la organización de este sector combativo de la clase obrera. Las asambleas de las líneas tienen que tomar la palabra y abrir el debate.

El pacto social que anunció la Presidenta y los que viene firmando en tandas -petroleros, minería- están en ruinas. En la campaña electoral de 2007, fue un eje de campaña que tuvo que archivar antes de asumir. Según la prensa ‘destituyente', el estancamiento obedecería a los avatares judiciales que amenazan a la camarilla de Moyano. Sin que esto deje de ser cierto, el punto es que los petroleros (jerárquicos) llevan diez días de huelga con piquetes y cortes de ruta; ahora, también, se ha tomado de la emblemática Termap. Antes que cuestionar los topes salariales que kirchneristas e industriales sueñan en un 18 ó 20%, ellos piden el cumplimiento de un convenio que está vigente, que entre otras cosas fijaba un aumento desde septiembre que no se cumplió, con una actualización salarial de entre el 15 y el 20%. Este sector de supervisión está empleando el método huelguístico y piquetero de las más radicalizadas huelgas del sector obrero, justamente lo que condena el núcleo del pacto social petrolero. Hoy por hoy, la huelga afecta al 60% de la producción de crudo, pero el faltante de nafta super responde a otra realidad: las petroleras están haciendo su boicot, no bien terminaron de firmar el pacto social, para que se aumente el precio del combustible. El pacto social destinado a regular precios y salarios debutó con una feroz lucha por esos precios y esos salarios. Lo demuestra la cascada de reclamos por el doble aguinaldo. El propio Daer ha obtenido un adicional de fin de año de 450 pesos para las grandes industrias, y menos según la cantidad de obreros: una migaja. Comercio está reclamando 1.000 pesos de bonificación para los súper. La carne consiguió 300 pesos para llegar a marzo. La gráfica Interpack tiene un plan de paros como refuerzo de fin de año. Varios bancos reclaman lo arrancado por el Ciudad: 7.000 pesos de premio por ganancias. En las fábricas automotrices, crece la inquietud, puesto que los convenios se firmaron por seis meses. En las mecánicas, se anestesia a los compañeros con camionadas de horas extras que disimulan la caída del salario real en medio de un boom comercial. Aceiteros abrió su discusión paritaria reclamando 5.000 pesos de mínimo. Moyano da vueltas sin rumbo, porque está arriba de un volcán.

-Exclusivo de internet Chirino, dirigente sindical de la Izquierda Socialista de Venezuela, acaba reunirse con una veintena de dirigentes de sindicatos apoyados por los patronos del monopolio privado nacional más importante del país, el grupo Polar. Entre los invitados al presídium de la reunión se encontraba también un ex correligionario de Chirino, Froilán Barrios, asesor ahora de la burocracia escuálida de la vieja central CTV, y Henry Arias, representante de la Mesa de Unidad Democrática MUD (derecha) en Guayana. Chirino planteó en la reunión que una nueva Ley del Trabajo debe discutirse con los diputados de la nueva Asamblea Nacional, en rechazo a la pretensión de hacerlo con la actual controlada por completo por el chavismo. Resaltó que confiaba en que los nuevos parlamentarios realicen un papel de contralor. En una entrevista previa al diario La Razón alegó que la AN electa el 27 de septiembre había sido electa democráticamente, como si la AN vigente no tuviera ese carácter. Lo que es peor, no deslindó en absoluto el carácter burgués de una y de otra, ni tampoco que el chavismo continúa teniendo una mayoría absoluta. La organización a la cual pertenece Chirino, la USI, no tiene una línea política definida, más bien se diluye en sus tácticas, aderezada con mucho de oportunismo y sectarismo; sus aliados son muy variados en el espectro político venezolano. La lucha que llevan los compañeros de la USI en Mérida o la que han llevado en la industria petrolera es muy diferente a la que realizan en otras regiones, donde son aliados o cercanos a la derecha escuálida. Realmente tienen posiciones en común con la burocracia sindical de la derecha, abiertamente propatronal como la de ahora en defensa de las empresas Polar, como la tuvieron en el conflicto de la General Motors hace dos años, o hace meses la política electoral en alianza con Patria Para Todos (PPT), donde nada dijeron sobre sus otros aliados en la campaña electoral, como el gobernador de Lara Henry Falcón, o como en un circuito electoral de Carabobo, Carlos García candidatos totalmente de la derecha. En la campaña electoral al parlamento el 26 de Septiembre, postulados con la tarjeta del PPT, reclamaron una serie de leyes, entre las cuales una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT). No cabe esperar, sin embargo, de estas asambleas nacionales, leyes de protección laboral, en especial ante la orientación regimentadora del chavismo y el carácter gorila de la oposición de derecha. Chirino y la USI, antes fugazmente llamados PRS, Voz de los Trabajadores o La Chispa, promovieron en 1998 la candidatura de Chávez como el candidato de los trabajadores. Luego apoyaron la intervención del gobierno a la vieja central sindical CTV, que derivó en unas elecciones regimentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato impuesto por el gobierno, Aristóbulo Isturiz estaba hacía tiempo desligado de las luchas de los trabajadores; el candidato promovido por el gobierno para presidir la regional sindical del estado Carabobo fue el mismo Chirino. Isturiz y Chirino perdieron de todos modos ante la burocracia adeca. Para salir de este impasse, el gobierno decidió, luego del golpe de Estado y del lock-out petrolero (2003), promover una nueva central sindical, para lo cual creó una coordinación provisoria en la fundación de la UNT. En esta coordinación estuvo representada la ahora USI por medio de Chirino. También fue pieza clave por varios años como representante de la UNT ante la OIT en Ginebra, enviado por el gobierno, donde defendió la nueva central sindical regimentada a través de la Comisión Nacional Electoral (CNE). El gobierno creo también una nueva federación sindical petrolera para discutir el convenio colectivo -Sinutrapetrol. Chirino ingresó, como asesor del nuevo sindicato, a PDVSA de la mano del ministro Rafael Ramírez, ministro de energía y a su vez presidente de PDVSA. Este sindicato, fue creado para servir de bombero en los conflictos de los trabajadores. Este sindicato petrolero nunca realizó elecciones sindicales pero sí discutió dos convenciones colectivas, en la cual se eliminaron dos conquistas históricas de los trabajadores petroleros como el comisariato (cesta de alimentos cada seis semanas) y el ingreso de 2/3 de la nómina obrera petrolera. Fueron sustituidas por una tarjeta electrónica (monto en dinero) y un sistema informático (Sisdem) elaborado y realizado por el patrón para realizar los ingresos de la nómina de obreros. Más tarde la burocracia sindical incluida Sinutrapetrol fue cooptada con puestos de supervisores en la industria petrolera y hasta de gerentes, ante lo cual Chirino se quedó sin la asesoría para el aparato. Por otro lado, luego del lock-out petrolero se iniciaron unas asambleas llamadas "Encuentros de trabajadores petroleros". En el primer encuentro en junio de 2003, José Bodas, dirigente sindical, miembro de la USI, defendió el control obrero. Cuando se promovieron luego, dentro de PDVSA, unos grupos llamados comités guías, se olvidaron de la consigna; más tarde el mismo ministro y presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, les prohibió la asistencia a los encuentros petroleros. Los comités guías, Boda incluido, acataron la orden y no asistieron al cuarto y último encuentro, a pesar de que el documento a discutir había sido propuesto por los comités guías. Sin embargo, los trabajadores agrupados tras C-Cura, frente de trabajadores promovidos por la USI, han continuado una dura lucha a pesar de que más tarde, en 2008, durante el conflicto de General Motors, Chirino se puso del lado del patrón y en contra de la huelga, alegando que era dirigida por una directiva sindical burocrática, aunque había sido electa por los trabajadores, tan válida como hoy arguye Chirino para respaldar a los candidatos elegidos por la oposición de derecha a la próxima asamblea nacional. En pleno conflicto de GM, trató de dividir a los trabajadores y debilitar la lucha. Durante ese período, era ministro de Trabajo Roberto Hernández, viejo burócrata del PCV, promotor de un proyecto de constituyente sindical promovida desde el parlamento. Chirino con Roberto Hernández logró una orden de reenganche a PDVSA, que no fue admitida por el ministro de Energía, Rafael Ramírez. Chirino se distanció entonces de Chávez. Usualmente La USI baila al son que le toca la región. En Guayana anduvo con la vieja burocracia Adeca en un Comité Laboral; en Carabobo está representado por un grupo de burócratas que medra en la burocracia de la construcción mediante el paralelismo sindical En Aragua, luego de un período de "radicalismo", ahora se encuentra debilitado, lo que permitió que aproveche la situación ahora es su antigua compañera de la UNT, Marcela Maspero Ahora se lanza en contra de las nacionalizaciones, que aunque no ha tocado a Polar, la apuntaría en última instancia. Enarbola un NO A LAS EXPROPIACIONES porque no se ha consultado a los trabajadores. Pero la organización sindical de Polar está aliada a los patronos. Polar está contribuyendo ávidamente, en particular con sus 40 sindicatos por empresa, a ejercer una oposición política a Chávez en nombre de los trabajadores. Se oponen a la nacionalización, porque ella amenazaría los puestos de trabajo. Pero en lugar de tomar partido por Polar contra Chávez, o por éste contra Polar, habría que reclamar que la expropiación no comprometa recursos públicos con cuantiosas indemnizaciones, que se efectúa Control Obrero de la producción y que se reconozca al sindicato y el convenio colectivo. Robert Gonzáles, miembro del comité ejecutivo del sindicato FUTPV (petroleros), tiene impedida la entrada a la planta y sus salarios fueron suspendidos. En ese encuentro sindical brilló por su ausencia la defensa al fuero sindical y el derecho al trabajo de varios compañeros despedidos de la refinería El Palito, entre ellos Robert González. El llamado de la ahora USI a crear un partido de trabajadores, tiene el mismo fin de fortalecer un grupo inflado que se aprovecha de sus gestiones sindicales para hacer un acto público del lanzamiento del partido, sin programa y sin consignas de lucha. Antes fueron directivas sindicales que ahora no existen porque se pasaron a la patronal o fueron derrotados y ahora es la base de 40 sindicatos agrupados tras un patrón en una lucha encarnizada contra el gobierno, el monopolio nacional con mayores ingresos del país, el grupo Polar, grupo cuya base económica que se sostiene por ser líder, más que en la producción de alimentos, en la producción de cerveza. Por último, hace una semana, en su primer congreso nacional, se realizó la unidad con un grupo llamado Paso a la Democracia, escindido del grupo de choque de la derecha, Bandera Roja. También entre sus invitados estaban representantes de la anquilosada burocracia sindical cetevista, representantes de "Solidaridad Laboral" -un frente de la vieja burocracia sindical adeca; del PPT nuevo aliado de la Mesa de Unidad Democrática (unión de la derecha) y de "notables intelectuales" que hasta hace poco vivieron del gobierno de Chávez y ahora buscan una alternativa más segura para su supervivencia política. Una marcha convocada por la USI, con base al encuentro sindical "Polar" para el 11 de diciembre, fue suspendida para enero, sin fecha concreta.

Mientras el Consejo de la banca pública de AEBU define en asamblea si continúa el conflicto y con qué medidas de lucha, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, aseguró que el sindicato "transgredió todos los límites posibles". En declaraciones emitidas por Canal 12, Astori dijo que el gobierno no va a elevar ninguna "propuesta adicional" a AEBU e indicó que las que se presentaron ya "se retiraron". "Aguardaremos con serenidad lo que resuelvan los trabajadores en asamblea. Pero el gobierno no va a hacer ninguna propuesta", enfatizó el vicepresidente. Astori, en tanto, expresó que ni anuncia ni descarta declarar la esencialidad de los servicios bancarios. Corresponde recordar que el mes pasado el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sostuvo que la esencialidad "no es aplicable" a los servicios bancarios. Por su parte, Fernando Acosta, consejero de AEBU, dijo a Telemundo que "este tipo de declaraciones", como las que formuló hoy Astori, "no ayudan a una salida negociada y nos ponen entre la espada y la pared". Según Acosta, el sindicato está a la espera de una convocatoria a una mesa de negociación con el gobierno y los directorios de los bancos. Mientras, la banca oficial está de paro, realizando la asamblea, y se mantiene firme en su posición de que el gobierno no hace lugar a ninguno de sus reclamos. Ayer, el dirigente Eduardo Mernies señaló a El País digital que la banca oficial de AEBU se "bajó bastante" al presentar una propuesta "intermedia" sobre el pago a aquellos funcionarios que realizan tareas por encima de su cargo. "El directorio del Banco plantea cubrir los pagos desde el 31 de mayo a través de los concursos. Nosotros ofrecimos establecer un cronograma de concursos pero se pague desde el 1º de diciembre. Por ley, nos corresponde el pago desde que se realiza la tarea". Por otra parte, piden el pago por antigüedad para unos 150 empleados del ex Banco de Crédito. Mernies dijo que el gobierno "propone instalar un ámbito para discutir" este punto, pero "no para concretar el reconocimiento" de ese pago. Además, Mernies indicó que no hay ninguna partida prevista para los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario, como lo reclaman.

Como estaba establecido, el Polo de Jujuy salió nuevamente a las rutas en cumplimiento de la jornada nacional. Cortamos en cuatro puntos de la provincia, igual que la semana pasada. Esta vez con más firmeza, aunque los distintos ministerios que nos tenían que recibir nos amenazaron con desalojar la ruta con la infantería en la capital jujeña. El martes 14 fueron recibidos los delegados en Infraestructura, donde se discutieron los puestos de trabajo en obra pública para las cuatro regionales del Polo. Se consiguió el aguinaldo social, unos 100 pesos. También iremos por 100 puestos de trabajo, como mínimo. Esta semana estamos preparando la movilización del 20, para que sea una manifestación de la lucha política de los explotados -en oposición a la pelea de los punteros, que no ven más allá de las prebendas y el clientelismo. Cubrieron la jornada distintos medios. Pusimos de manifiesto el carácter de la lucha social en medio de la carestía descomunal que arrasa los bolsillos obreros. Mariano, los Qom de Formosa, Villa Soldati son las consecuencias de una política sistemática de un gobierno en descomposición, aferrado a lo más podrido de las patotas y mafias estatales y paraestatales. La lucha que sostenemos es por trabajo en blanco y estable, tierra y vivienda.

"Qué bonito que todos estemos acá congregados. Estamos aquí reunidos por los derechos humanos, que son nuestros derechos, hay que decírselo a todos los gobiernos del mundo, que a veces no lo entienden. Aquí vinimos por eso, yo voy a ejercer mi derecho, el mío. Yo soy puertorriqueño, y ojalá mi patria sea libre e independiente algún día, pronto, con la ayuda de ustedes y de demás gente. Y yo, mirando desde afuera las cosas, vengo a ejercer el derecho de que no deben haber asesinatos, como los que están ocurriendo acá. Es increíble, no debe pasar eso, aquí yo no vengo a tratar de caerle bien a la gente, vengo a ejercer mi derecho y por eso me escribo en la espalda, y el que quiera que le tome una foto, y el que me quiera pegar el tiro, que me pegue un tiro (se da vuelta y muestra una inscripción en su espalda en la que se lee ‘Justicia para Mariano Ferreyra, Tobas, V. Soldati"). Este es mi derecho, estoy en todo el derecho' (aplausos).

-Exclusivo de internet Una movilización de más de cien residentes y estudiantes de Medicina sacó a las calles un movimiento que se viene gestando desde hace dos meses. Residentes y estudiantes avanzados de la carrera de Medicina, que realizan prácticas en los hospitales nacionales, provinciales y municipales de Córdoba, han emprendido un plan de lucha poniendo de manifiesto un conjunto de reivindicaciones pendientes que van desde el no pago de las becas de residentes, hasta la pésimas condiciones de trabajo en las que se ven obligados a atender a sus pacientes. Los jóvenes trabajadores se ven sometidos a realizar guardias de 36 horas sin descanso, en pésimas condiciones de salubridad; los residentes hace más de tres meses que no cobran las becas que les corresponden, ni hablar de los concurrentes y estudiantes que realizan la PFO (Práctica Final Obligatoria) que no reciben ninguna retribución económica por su trabajo. Al no ser reconocidos como trabajadores carecen de aportes jubilatorios, no están agremiados, y a pesar conformar el 70% de la planta de los hospitales, no cuentan con un salario acorde al trabajo realizado. El conflicto estalló en una asamblea en el movilizado Hospital Nacional de Clínicas y rápidamente se extendió al Hospital de Niños y al Córdoba (dependientes de la provincia), llegando hasta el Hospital privado Allende. El gobierno provincial, junto al gobierno nacional y la UNC, descargan el derrumbe sanitario sobre las espaldas de los jóvenes trabajadores. Un acuerdo entre la UNC y el Ministerio de Trabajo de la provincia, firmado en 2009, prevé prácticas, residencias y concurrencias en más de 80 hospitales públicos y privados de la provincia, haciéndole pagar a los jóvenes la asfixia presupuestaria con trabajo precarizado. El movimiento de médicos en formación (denominación que adoptó la asamblea) resolvió un plan de lucha con movilizaciones y juntada de firma por: -Inmediato cobro de los haberes adeudados desde julio a los residentes del Ministerio de Salud de la nación. -Reducción de las horas de guardia y descanso post guardia. -Salario digno para todos (la mitad cobra menos de 2.000 pesos por trabajar 65-80 horas por semana y la otra mitad no cobra un centavo). -Condiciones dignas de trabajo (baño y habitación en condiciones, almuerzo en el lugar de trabajo). Que los médicos residentes sean considerados trabajadores de la salud.

El balance del movimiento de lucha contra la reforma de Sarkozy fue el tema de un encuentro que organizó el NPA (Nuevo Partido Anticapitalista) el 11 de diciembre. Reunió alrededor de 600 militantes para una jornada de debates, la que finalizó con un meeting público y la intervención de militantes europeos. Fuerzas y debilidades El NPA ingresó en la lucha contra esa reforma con la caracterización de que la "clase obrera francesa tenía la dirección que se merecía". Defendió permanentemente la "unidad sindical" de las confederaciones, esto es la dirección del movimiento. Aunque esas direcciones síndicales no llamaron a la huelga general, como hubiera deseado el NPA, éste resalta que tampoco se opusieron a ella y que nunca fueron desbordadas por las bases. Una caracterización casi idéntica realizó la organización Lutte Ouvrière. La lucha, en definitiva, no resultó victoriosa debido -dice el NPA- a una "debilidad de la auto-organización" y no a la política de las direcciones. Los autores de esta conclusión no se han dado cuenta, aparentemente, de que están diciendo que la lucha estaba condenada de antemano, a sabiendas de todas las direcciones que intervinieron en ellas -tanto la burocracia como los trotskistas. Una política justa no debería ser ‘desbordada' nunca por las bases y si fuera al revés es un contrasentido considerar a esa política adecuada a las circunstancias. El NPA simplemente ‘compra' la política que la burocracia había decidido llevar adelante con anticipación. El NPA justifica su apoyo a la burocracia con la caracterización de que ella no tuvo más remedio que "reaccionar" contra Sarkozy porque el gobierno no les dió ningún margen de negociación. En estas condiciones, "gestionaron la combatividad": ni la impidieron, ni la impulsaron. Este comportamiento ‘comme il faut', o sea a reglamento, es por lo menos una semi-traición política. El NPA habría descubierto la posibilidad de la neutralidad en la lucha de clases. En defintiva, el NPA se negó a desarrollar, en el curso de la lucha, una alternativa de dirección, o sea que se limitó a marcar el paso. Si esto no es una traición, es un presagio fatal para las luchas futuras. En el marco de la bancarrota capitalista mundial, el NPA sostiene que no hay una crisis de dirección en el movimiento obrero francés (e internacional), sino un atraso en las masas para "desbordar" a una dirección que no merecería ser desbordada y una dificultad de la vanguardia para "autoorganizarse", que no tendría nada que ver con su capitulación ante aquella dirección. Esto, que parece un razonamiento, constituye, por el contrario, un desvarío circular, un callejón sin salida. Las exposiciones de varias decenas de jóvenes militantes síndicales y juveniles, sobre todo de provincia, acerca de su experiencia de movilización y agitación durante los meses del conflicto mostraron la falacia de la caracterización del NPA. Destacaron la importancia de los reagrupamientos intersindicales, de las asambleas conjuntas de los sindicatos locales, de la agitación por la huelga, de las fisuras y rupturas en el aparato de la CGT. Señalaron que hubo un esfuerzo militante muy intenso para romper con la camisa de fuerza de la política de las direcciones. En este terreno, los militantes y ciertos comités del NPA estuvieron en la primera línea; un verdadero contraste con la ausencia de todo intento nacional de reagrupamiento de estas fuerzas militantes, por ejemplo un "comité nacional por la huelga general", "sindicatos locales y regionales por la huelga y el retiro del proyecto". En septiembre y octubre hubo dos llamados a la huelga general de varios centenares de militantes síndicales, entre ellos del NPA, pero sin continuidad ni estructura de trabajo. ¿En dónde hay que ubicar las "fuerzas y las debilidades" del movimiento? La experiencia práctica del movimiento obrero se desarrolla a través de fuerzas contradictorias y no en una imagen de espejo entre base y dirección, donde una ‘desborda' y la otra ‘frena'. Las direcciones síndicales se manejaron con una hipótesis ‘blindada': o una serie de movilizaciones con centenares de miles de manifestantes iba a ser suficiente para compeler al gobierno a negociar o el fracaso de este propósito habría servido para exculpar a las direcciones de la sospecha de que, para ella, la imposición de la reforma jubilatoria era un mal menor. Una transacción o la victoria del ajuste: esta política es contrarrevolucionaria, se trate de Francia o de Bangladesh. La práctica de presionar hasta donde se pueda ha sido impuesta por la colaboración de clases de la izquierda, la rutina y el conservadorismo. Ninguna fuerza política trabajó sistemáticamente y a nivel nacional para que emergiera una orientación opuesta. En las primeras reacciones de masa ante la bancarrota capitalista, la izquierda ha demostrado que no reúne las condiciones de una dirección consecuente. Los militantes de esta izquierda deberán tomar conciencia de esta crisis. Por un reagrupamiento programático El llamado del NPA a una reunión amplia de militantes sindicales y del "movimiento social" para discutir el balance y las perspectivas de la lucha reciente contrasta con el también reciente congreso del Partido de Izquierda, que ni se interesó por un análisis de esa lucha y concentró su atención en las elecciones de 2012 -es decir que dio vuelta la página. Por su parte, las direcciones sindicales ya están embarcadas en una nueva ronda de negociaciones con el gobierno y la patronal, esta vez sobre las jubilaciones complementarias. Como se puede ver, el gobierno de Sarkozy no ha cerrado tampoco la puerta a la colaboración de clases. ¿Una vuelta a la ‘normalidad'? Es olvidar que Francia atraviesa un momento de extrema dificultad y enfrenta una crisis financiera a corto plazo. Es olvidar, por sobre todo, que las recientes movilizaciones fueron un pre-calentamiento. Desde el congreso de fundación a comienzos de 2009, el NPA ha perdido la mitad de sus miembros. Entró más bien en una etapa de disgregación, luego de su fracaso en las elecciones regionales. La hipótesis política de que el pasaje de la LCR al NPA iba a permitir la emergencia de una fuerza política militante y combativa, aunque con un programa centrista, no se verificó. El reciente encuentro fue un sucedáneo del primer congreso del NPA, que debió haberse realizado en noviembre y ahora se efectuará en febrero. Mientras tanto, la dirección ha perdido toda autoridad y en la organización predominan abiertamente las tendencias centrífugas. Desde la tribuna del meeting final, una de las respuestas anunciadas del encuentro fue la negativa del NPA a un acercamiento con el Partido de Izquierda y el Frente de Izquierda. Sería la conclusión básica de una reunión que, sin embargo, casi no discutió una orientación estratégica. Es más bien un acto de superviviencia que de desarrollo político. La enorme experiencia de estos últimos meses no va a pasar a beneficio de inventario, no importa lo que piensen las direcciones políticas establecidas.

El apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, acusó a los ocupantes del Parque Indoamericano de "narcotraficantes armados". Obsesionado por sus intereses inmobiliarios en la zona, tomó rápidamente la posición xenófoba de Macri. Ningún plumífero K se sintió obligado a deslindar posiciones o responsabilidades. De hecho, la posición de este individuo justifica la represión y los asesinatos de la policía. Sobre el ‘aprovechamiento político' de la situación, tampoco se refirió a la interna que mantienen, de cara al 2011, el gobierno nacional y el macrismo: prefirió acusar "al MST, el Partido Obrero y todos los trotskos (sic)" (Urgente 24, 8/12), que en su opinión utilizan a la gente. "No tenían nada que ver y ahora aparecen acá" (ídem), se lamentó. "No se puede permitir que en cada plaza o terreno se arme una villa" (ídem), concluyó un Schoklender, erigido en defensor de la propiedad privada de los terrenos públicos y privados -el mismo argumento de los sojeros que matan campesinos y originarios. Schoklender es, sin embargo, un usurpador cabal de terrenos, que obtuvo por gracia del poder. Schoklender argumenta que están construyendo 300 viviendas para la población más humilde de Los Piletones. Pero estas construcciones se basan en la tercerización, o sea en salarios menores. La fundación Madres y la firma italiana Emme Due han armado un consorcio para construir, el cual superó a otros rivales privados precisamente por la diferencia en el salario de los obreros: los trabajadores de la obra no se encuentran bajo convenio de la Uocra, sino bajo un contrato precario con el Gobierno de la Ciudad (con jornadas que a veces superan las 10 horas de trabajo). O sea que Schoklender es un favorecido de Macri. Son conocidas, también, las represalias contra aquellos obreros que no comulgan políticamente con Schoklender-Bonafini, o que no asisten a los actos, quienes en tal caso son rápidamente despedidos de su trabajo. A ello deben agregarse sus vínculos con los punteros más descompuestos de la zona. Es el caso de Miguel Ozuna, denunciado por sus patoteadas y amenazas contra los luchadores de Los Piletones. Colocándose del lado de Macri y de la policía contra los explotados del sur de la Ciudad, macarteando a las organizaciones de izquierda simplemente para defender un negocio, Schoklender-Bonafini han dado un nuevo salto de proporciones en su descomposición política. Han hecho la peor de las usurpaciones: la del nombre y la bandera de las Madres, en beneficio de un negocio en sociedad con los Kirchner y los Macri.

Hace un tiempo atrás, los alcahuetes del gobierno salieron a exigir que los periodistas de los medios que ellos denominan "hegemónicos" renunciaran a sus trabajos. El llamado no hacía referencia a la manipulación informativa propia, la censura y la creciente regimentación que ofrecen los medios estatales y para estatales. El canciller Héctor Timerman fue uno de los abanderados de esta propuesta, lanzada en el contexto de uno de los momentos más álgidos del enfrentamiento por los bienes gananciales del otrora matrimonio de los K con el monopolio Clarín, luego de un idilio que duró todo el mandato del ex presidente. Al ex periodista le siguió un coro de vociferantes de esa perspectiva, entre los que se contaron varios del bien remunerado panel de 6,7,8 y hasta dirigentes de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el denominado grupo del Foro de la Comunicación y otras organizaciones kirchneristas, que lo plasmaron en una solicitada. Ahora, a la luz de lo sucedido en los últimos hechos de represión y violencia contra el campo popular, se puede observar con mayor nitidez todavía la perfidia de esa posición. Tanto en las jornadas en las que una patota de la Unión Ferroviaria acabó con la vida de Mariano Ferreyra, como en el ataque fascista de la Federal, la Metropolitana y los punteros macristas contra los ocupantes del Parque Indoamericano en Villa Soldati, hemos visto que reporteros gráficos y cronistas, en momentos terribles de crisis y tensión, incluso arriesgando sus vidas, relatan los hechos en forma objetiva e incluso sacan conclusiones que juegan un papel clave en la difusión de las luchas y también en el terreno judicial. Lo hacen, incluso, violentando la línea editorial de los medios a los que pertenecen, como fue el caso de la periodista de C5N que refutaba sistemáticamente los intentos de la conducción del noticiero para hacer aparecer la emboscada de Barracas como un "enfrentamiento". Las imágenes eran dramáticas: la periodista, aún sumida en una crisis por lo que había tenido que ver ("Vi morir a Mariano al lado mío", relató días después) enfrentó palmo a palmo, casi obstinadamente, la versión que le querían imponer desde el canal de Daniel Hadad sobre una presunta "pelea entre gremialistas y piqueteros". -Pero del otro lado les tiraban piedras (a los patoteros de la Unión Ferroviaria) -la azuzaban desde el "piso". -No, no hubo enfrentamiento. Los tercerizados se estaban retirando pacíficamente y los persiguieron desde atrás y los emboscaron. Las piedras que vos ves son las que los tercerizados devolvieron para defenderse de la patota que se las tiró primero -contraatacó la joven cronista. La periodista y las imágenes tomadas por el camarógrafo están jugando un rol clave en la causa para dar con los culpables del asesinato de nuestro compañero. En Villa Soldati ocurrió algo similar. "Yo vi cómo se cayó solo, yo vi cómo se cayó solo", se escucha al cronista del canal TN, mientras un policía lo amenaza para que se retire y deje de filmar, mientras otro policía intentaba vender la versión de que el joven ensangrentado que aparecía en el piso estaba así tras sufrir una caída sin intervención policial. El camarógrafo resiste y sigue filmando, aún cuando se escucha, en referencia a él o a otra de las víctimas, "ponelo al guacho, ponelo al guacho". Estremecedor. Existe una versión que indica que TN no publicó esas imágenes en un primer momento, las que sólo habrían visto la luz por la presión del camarógrafo. Ahora, por supuesto, utiliza demagógicamente la valentía del camarógrafo para publicitar su "periodismo independiente". Si esto es así no sería una novedad: en 2002, las fotos que mostraban a Fanchiotti como asesino de Kosteki y Santillán tardaron 24 horas en conocerse y también vieron la luz por la presión del autor de las imágenes. Si los compañeros hubieran seguido los consejos K de renunciar como salida a la manipulación y la censura que ejercen las patronales sobre su tarea periodística nunca hubiéramos conocido esos impresionantes testimonios informativos. Y tendríamos algunos compañeros menos con los cuales contar para desarrollar una organización de trabajadores de prensa que, además de la lucha por sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo, ponga límites a la manipulación informativa. La expulsión de la burocracia sindical de la UTPBA y de Fatpren es fundamental para la lucha contra la manipulación de los medios capitalistas, sean privados o estatales. La organización independiente de los periodistas es la única salida progresiva y efectiva para desarrollar esa tendencia a veces espontánea, inorgánica y, la mayoría de las veces individual y arriesgada de tantos compañeros; la mayoría, por defender una información veraz y objetiva aun contra los cerrojos del monopolio capitalista de los medios. Esta salida se opone por el vértice a la propuesta derrotista y claudicante, sin perspectiva, de la "renuncia" o de la fuga hacia la constitución de "medios alternativos", cuya existencia y papel no menospreciamos en la lucha por una comunicación al servicio del pueblo, pero que de ninguna manera deben ser un obstáculo o una alternativa a la organización de los trabajadores de los medios concentrados o monopólicos, tanto privados como estatales -y más a estos últimos, que pueden imponer su política con los recursos que da el poder del Estado. Tampoco hay salida en la estatización de contenidos que nos proponen los voceros mediáticos de los K. Coberturas como la del asesinato de Mariano son concluyentes: si sólo ellos hubieran estado en la cobertura estaríamos perdidos en los meandros de la conspiración duhaldista o del "enfrentamiento" gremial sin saber nada de Favale, excepto su costumbre de sacarse fotos con funcionarios y periodistas K. Ni siquiera sabríamos que Mariano era militante porque Radio Nacional dispuso que sólo se lo mencionara como "manifestante" y también pensaríamos que nuestro joven compañero actuaba como un outsider, ya que la radio oficial también prohibió que se mencionara a nuestra organización. La porosidad de los medios hegemónicos no es el resultado de una ‘permeabilidad' de sus patronales, sino que expresa la constante tensión entre los trabajadores de prensa y los capitalistas de los medios que los emplean, en el marco de la tensión objetiva, aguda y creciente, de las contradicciones de la sociedad capitalista. En estas condiciones, los medios estatales tienen más aceitados sus mecanismos de control y censura, incluso la imponen por decreto a medios privados, para unificar la versión de la historia del capital. Cuando el cerrojo se fisura incluso en los medios estatizados, seguramente la situación política ha devenido en revolucionaria. En todo caso, la lucha contra la manipulación informativa e ideológica por parte del capital, requiere una prensa obrera propia, de partidos, sindicatos y organizaciones populares, y una organización independiente y anti burocrática de los trabajadores de las redacciones, las radios y los canales, estatales y privados; en definitiva ,un sindicato clasista que funcione como escuela socialista de los trabajadores.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal confirmó la prisión preventiva a Roberto Martino. Han convalidado una causa que fue armada para condenar a un referente de la lucha contra la opresión y la masacre sobre el pueblo palestino. A Martino le armaron dos causas: una por "prepotencia ideológica", tras haber denunciado los ataques del Estado de Israel sobre el territorio palestino, de la cual ya fue sobreseído; y la otra por tenencia de arma de guerra, luego de un allanamiento sumamente irregular. Esta decisión de los jueces atenta contra la propia vida de Martino que, en estos momentos, se encuentra internado en el penal de Marcos Paz, luego de haber cumplido más de 35 días de la huelga de hambre que inició en protesta por su encarcelamiento. Mientras la integridad física del compañero está en peligro, el gobierno K festeja el "día internacional de los derechos humanos". Pero ¿qué es lo que hay qué festejar?: ¿la impunidad que todavía reina sobre el asesinato de Mariano Ferreyra?; ¿que Pedraza y Fernández estén libres? ¿que continúe preso Martino y su vida esté en peligro? ¿la masacre de Soldati? ¿O que terminemos el año con miles de causas abiertas contra los luchadores populares? Martino es víctima de la complicidad del gobierno kirchnerista con el sionismo, que no permitirá la libertad de quien se ha movilizado por los derechos palestinos. El Partido Obrero convoca a participar de la jornada de protesta organizada por el Comité por la libertad de Martino el viernes 17, a las 11 horas, frente a los tribunales de Comoro Py. Hacemos responsables a los jueces de la Cámara y al gobierno nacional de su integridad física.

Macri ha salido a culpar de la ocupación de Soldati a los inmigrantes de países limítrofes. Se "olvida" del gran negocio que implica la masa de bolivianos, paraguayos y peruanos para los capitalistas de la Ciudad. La inmigración va a parar a los más de 3.500 talleres textiles clandestinos de la Capital y el conurbano, visibles para el conjunto de los porteños, pero -curiosamente- nunca registrados por los inspectores laborales del gobierno. Las ganancias que emergen de la superexplotación esclavista nutren los ingresos de la "burguesía nacional" kirchnerista (los De Mendiguren) con la complicidad del gobierno de la Ciudad. Mauricio se olvida también de los prostíbulos y redes de trata, que funcionan en asociación con la Policía Federal, los que traen paraguayas, dominicanas, bolivianas y peruanas para someterlas a la peor esclavitud sexual. En ambos casos, el negociado armado en torno a la inmigración lleva a que ésta sea organizada en gran escala, prometiéndole a los migrantes casa y trabajo. Los que ingresan en la Capital no tienen otra salida que alquilar una pieza a un alto costo (más de 500 pesos), ya que en la mayoría de los casos no cuentan con documentos ni papeles. Los especuladores inmobiliarios existen en todos lados, también en las villas. Con la presión de no tener vivienda, los recién llegados se ven obligados a trabajar en los talleres textiles, ya que a cambio del trabajo esclavo tienen un alojamiento, un plato de comida y una cama. Los medios kirchneristas han salido a hacer una gran alharaca contra los dichos xenófobos de Macri. Omiten, en primer lugar, que la base social de su gobierno y su legislación laboral son parte principal de esta sociedad de explotación esclavista. Los K han tratado de crear una polarización ficticia, colocando al macrismo -cuando no a la "clase media gorila"- como único responsable de la acción de la patota contra los ocupantes del Indoamericano. En realidad, la patota actuante tiene tanto vínculos con el gobierno de la Ciudad como con el nacional. El detenido Capella había viajado con Hinchadas Unidas (kirchneristas) al mundial de Sudáfrica. Además, estaba ligado a Sutecba, la burocracia municipal que responde a Moyano. Pero los que calentaron el caldo de la xenofobia fueron los dos gobiernos, quienes, con su inacción y falta de respuesta a la demanda de vivienda digna, por un lado, y la zona liberada, por el otro, crearon las condiciones para la acción de los agresores. La hipocresía nacional y popular no tiene límites.

Luego de seis meses de dura lucha contra una enfermedad terminal, el domingo 12 de diciembre falleció Adriana Calvo. Fue una de las fundadoras y dirigentes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Activista gremial de la Universidad de La Plata, fue secuestrada embarazada el 4 de febrero de 1977 en su casa de Tolosa y retenida en las mazmorras de la dictadura durante tres meses. Pasó por el Destacamento Policial de Arana y el llamado "Pozo de Banfield", entre otros campos de concentración en los cuales también estuvo secuestrado su marido, Miguel Laborde. Parió a su tercera hija estando todavía en manos de los represores. Fue liberada el 28 de abril de 1977. Rechazaron la posibilidad de exiliarse en Alemania y retomaron sus vidas en la ciudad de Mar del Plata. Desde su liberación, Adriana se convirtió en una gran luchadora antidictatorial hasta convertirse en una de las principales dirigentes del movimiento de derechos humanos del país. Fue una de las primeras sobrevivientes de los campos de concentración que declaró en el "juicio a las Juntas", en los albores del alfonsinismo (http://bit.ly/fOaBJV). Desde entonces, se mantuvo independiente de todos los gobiernos, a los que denunció sistemáticamente por haber preservado el aparato represivo formado bajo la dictadura y por ser garantes de la impunidad de sus crímenes. Frente al gobierno kirchnerista, Adriana jugó un papel clave en la defensa del carácter independiente de las movilizaciones de cada 24 de marzo, que la tuvieron como una de sus principales organizadoras, contra los intentos de quienes pretendían convertir esa gran movilización popular en un ritual sin presente y en una celebración oficial. Su militancia por el castigo a los genocidas unió varias generaciones bajo las banderas de las luchas obreras y populares del presente y del combate contra la represión de ayer y de hoy. Los actuales juicios contra los represores representaban para ella "una conquista" de la lucha democrática de varias décadas y no el resultado de la "política de derechos humanos" del gobierno nacional, como plantean los organismos cooptados por el oficialismo. Fue también protagonista de haber convertido la lucha por la aparición con vida de Julio López en una causa nacional. Denunció implacablemente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por haber abandonado rápidamente el reclamo por la aparición de López, y por su silencio cómplice ante el encubrimiento montado por la policía, los jueces y los fiscales. Adriana fue también constructora del sindicalismo clasista en el ámbito de la docencia universitaria. Ya en la Facultad de Ingeniería de la UBA, la gran huelga docente de 1988 y la creación de la Conadu la tuvieron entre sus más destacadas impulsoras. Integrante de la directiva de Aduba, rompió en 1998-1999, cuando ésta se había convertido irreversiblemente en un aparato burocrático alineado con el Estado, para trabajar en la formación de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, de la cual fue su primera secretaria adjunta. Defendió en forma pertinaz a la Conadu Histórica contra los intentos de los gobiernos y de las camarillas universitarias por destruirla. Bajo las banderas de la AGD, Adriana Calvo estuvo en las calles aquel 20 de diciembre de 2001. De personalidad vigorosa y siempre cordial, la enfermedad que finalmente doblegó su salud no pudo hacer mella en su voluntad de lucha: en un momento personal durísimo, Adriana Calvo quiso estar y estuvo el 21 de octubre marchando a Plaza de Mayo junto a miles de luchadores por la cárcel a los asesinos de nuestro compañero Mariano. Su velatorio concluyó en un acto homenaje en el que hablaron dirigentes y militantes de los derechos humanos, de los partidos de izquierda, de la AGD y del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la UBA. Ningún representante del "gobierno de los derechos humanos" se hizo presente, ni hubo un pésame oficial a sus familiares y compañeros, a pesar de haber sido una de las más destacadas luchadoras por el juicio y castigo que tuvo el país. El régimen de los K, que es un régimen de punteros y burócratas sindicales y de escritorio, no tolera la independencia en ningún terreno. En un país donde la impunidad y la infamia son "política de Estado", Adriana aportó memoria, verdad y justicia. El Partido Obrero despide a una gran luchadora.

Julio Cari, militante del Polo Obrero de Soldati, es vicepresidente de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones. Desde allí, muchas familias participaron de la toma del parque para poner fin al hacinamiento y los alquileres extorsivos. Mientras los punteros de Macri y Kirchner conspiraron contra ellos, Julio Cari -junto al PO de la zona- se abocó decididamente a la defensa de los ocupantes contra la represión, las patotas y en defensa de sus reclamos por vivienda. Horas antes de que se levantara la toma, respondió de este modo a "Prensa Obrera". -¿Cuáles son los problemas de los vecinos del barrio? -El tema de la vivienda es crucial. Sabemos que en estas villas, la gente vive hacinada. La situación no se aguanta más. Las familias crecen y no pueden mantenerse asfixiadas en una habitación de dos por dos. Los alquileres tienen precios que no están al alcance de la mayoría. Los reclamos ante los organismos que tendrían que resolver el problema, como el IVC y la Corporación del Sur, nunca fueron respondidos con medidas concretas. En cambio, en Piletones se gastaron en los últimos años más de diez millones de pesos en maquillar la villa y en obras que no benefician al conjunto de los vecinos. Nuestro reclamo ha sido la pronta urbanización de las villas para así insertarnos al tejido urbano y estar en las mismas condiciones que cualquier otro barrio de la ciudad. A esta situación desastrosa se suma la falta de servicios básicos como el agua, la luz, cloacas, gas y calles asfaltadas. Actualmente en Piletones, los vecinos vivimos en peores condiciones que hace tres años porque la población se acrecienta día a día. Como si esto fuera poco, en el barrio se sufre más que en toda la ciudad el problema de la inseguridad y el gatillo fácil. Todas las villas cercanas al Parque Indoamericano (Piletones, Villa 20, Fátima, Carrillo, 1-11-14, Villa 3, Cildáñez) son grandes zonas liberadas. -¿Qué situación se vive actualmente en la toma del parque Indoamericano? -En el parque hay alrededor de 13 mil personas que viven en condiciones inhumanas. Actualmente, el parque está sitiado: no parece una toma sino un campo de concentración. La Gendarmería no permite el ingreso de agua, comida ni elementos para cubrirse del viento y el sol. La situación es una bomba de tiempo. Los servicios sanitarios no son suficientes y sin agua es imposible garantizar la salud de los niños y adultos. En cualquier momento puede desatarse una epidemia que llevaría a más muertes. -¿Cuál fue el accionar del gobierno nacional y del de la Ciudad? -El gobierno nacional se llena la boca diciendo que la crisis habitacional no se soluciona con represión, pero la Federal reprimió junto a la metropolitana asesinando a dos vecinos. Macri organizó a las patotas de barras bravas que entraron a golpear y matar. Para ello previamente liberaron la zona. Ya son cuatro los muertos, ambos gobierno son responsables. En la última semana hemos participado de diversas reuniones. El denominador común es que no existe una voluntad política por resolver el conflicto. De urbanización ni se habló. Las promesas de enviar agua, alimentos y elementos para mantener la higiene no se cumplieron. Como contrapartida a esto, enviaron a la Gendarmería. El anunció último que realizaron no soluciona nada. Pretenden que los vecinos abandonen el parque sin otorgarles garantía alguna de que puedan acceder a una vivienda digna en otro lado. -¿Cómo sigue la lucha? -No vamos a dar el brazo a torcer. La sangre derramada no va a ser en vano. Los vecinos no vamos a parar hasta conseguir la urbanización de las villas y viviendas, y trabajo digno para todos.

Una masiva asamblea de 150 tercerizados del Plenario Ferroviario de Lanús emplazó al Ministerio de Trabajo de la Nación a dar respuesta a la resolución emanada de ese ministerio a principios de noviembre por la reincorporación de los cesantes, pago de la escala inicial de la Unión Ferroviaria a los tercerizados y el pase a planta de todos para el 20 de diciembre. Omar Merino, dirigente de la Agrupación Causa Ferroviaria, señaló: "Los compañeros agotaron su paciencia. El gobierno incumplió con sus propias resoluciones, ningunea a las comisiones obreras, no han ingresado los despedidos de Ugofe ni se ha incorporado al personal en negro, no se ha equiparado salarialmente a los tercerizados, discrimina excluyendo empresas del traspaso y todavía nadie ha pasado a planta permanente. Si no hay respuesta inmediata, habrá fuertes medidas de lucha". Por su parte, Jorge Hospital señaló que "la asamblea del Plenario Ferroviario de Lanús votó una comisión de coordinación con las otras comisiones para implementar una medida conjunta con todos los tercerizados de los distintos ferrocarriles si no hay respuestas concretas al 20 de diciembre". El Plenario de Lanús votó, además, la realización de una conferencia de prensa el próximo viernes 17, a las 15 horas, en el hall de Constitución, donde se expondrán fecha y hora de las medidas a implementar. 15/12

El tercer aniversario del gobierno de CFK llega en medio de una crisis de gabinete. El eje de esa crisis cruza nada menos que al aparato de represión del Estado. El asesinato de Mariano había sacado a la luz el entramado de la burocracia sindical y sus patotas con el aparato policial -y de ambos con el régimen político y sus camarillas empresariales. Los crímenes de Formosa y Soldati han acentuado esa crisis, y no sólo por haberle añadido nuevos muertos al gobierno K. La intervención policial en Soldati quiso ser un viraje en la política represiva. Por primera vez, el gobierno accedía a ‘prestarle' la Federal a los fiscales macristas. Ante la acusación de "tercerizar la represión" después del crimen de Barracas, el gobierno K se quiso pasar al campo de la "represión legal". Pero el viraje terminó en nuevos crímenes policiales y en una aguda crisis política. En Soldati, el fracaso de la represión policial devolvió al primer plano a las patotas. El régimen volvía, en cuestión de horas, al escenario de Barracas. En este caso, cargando con la doble hipoteca de la zona liberada y de un crimen policial. Ministerio de Seguridad La pretensión de salir de la crisis con un traspaso de jurisdicciones -la creación de un ministerio de Seguridad- es una operación de maquillaje, pero que encierra la posibilidad de nuevas crisis con el aparato de la Federal. Esta no tiene disposición a que le descuelguen retratos. Después de Mariano, de Formosa y de Soldati, es muy tarde para que el oficialismo establezca una "policía renovada", como si eso fuera acaso posible. ¡Menos después del pacto con Macri, cuya única cláusula es penalizar a los que ocupen terrenos, del mismo modo que el pacto social a la Moyano penaliza los cortes de ruta! La única ‘seguridad democrática' es la que han implementado Uribe-Santos en Colombia. Pero el traspaso de órbita de la Federal va acompañado por la preservación de los Pedraza y los Fernández; y de los Gildo Insfrán, el santiagueño Zamora o el minero Gioja. Los políticos mandantes de la Federal están intactos y lo mismo vale para sus camarillas internas. Para dirigir a esta "policía renovada", el gobierno, que ve conspiraciones duhaldistas por todos lados, ha pensado en ‘Juanjo' Alvarez, el duhaldista inspirador intelectual y político de la masacre de Puente Pueyrredón. Así las cosas, el operativo de "limpieza" de la Federal podría comenzar y terminar con el desplazamiento de Aníbal Fernández. En ese caso, le darían cumplimiento a las sospechas de complicidad con el narcotráfico que ‘wilkilikeó' la embajada norteamericana. El Ministerio de Seguridad nacería en medio de guiños con la enviada de Hillary Clinton, la nueva amiga de CFK. La agenda oficial y el aparato represivo Estamos ante las puertas del enésimo intento estatal de remozamiento policial. Pero esta crisis del aparato de represión tiene que ser considerada a la luz de toda la situación política. La pretensión de enfrentar estos antagonismos con una burocracia sindical agotada y un aparato policial largamente descompuesto conducirá a nuevas y graves crisis políticas -y el gobierno lo sabe. Por eso, al igual que los otros intentos "garantistas", la nueva política de Seguridad debutará con un pacto con las camarillas represivas, burocráticas y delictuales. Juicio y castigo Surge, de todo lo anterior, la importancia crucial que cobra la movilización para que vayan a la cárcel los Pedraza y los Fernández, y se llegue hasta el final en las responsabilidades policiales y empresariales; por ponerle fin al régimen de Insfrán y establecer en Formosa una intervención responsable ante las organizaciones populares; por enjuiciar la represión policial e ilegal, y a sus inspiradores políticos, en los hechos de Soldati. Estas reivindicaciones, en este 20 de diciembre, estarán unidas a la lucha contra el pacto social que quiere derrumbar el salario; a la lucha por la tierra y la vivienda, contra el acuerdo desalojador impuesto a coro por los Macri y los Kirchner; a la pelea contra las tercerizaciones, que en el ferrocarril y en toda la industria las patronales pretenden mantener a rajatablas. El programa de este 20 de diciembre se completa con el reclamo por el 82% móvil -ninguneado por el gobierno y olvidado por sus opositores parlamentarios- y la lucha contra el pago de la deuda, después del giro oficial a favor del Club de París y del FMI. Por este programa, marcharemos el 20 a la Plaza de Mayo. Y el 21, desde la mañana, estaremos en los tribunales, para que se confirme la prisión de la patota asesina. Estas son las tareas para este 20 de diciembre.

Se juntaron al principio, cuando estalló la crisis en Soldati, para mandar la Federal y la Metropolitana -y dejar a su paso dos muertos, a cuyos familiares la Presidenta recibió varios días después- "sin fotógrafos ni periodistas", pero con el conocimiento de todo el mundo. Se volvieron a juntar una semana más tarde -luego de agravar la crisis con imputaciones recíprocas de todo tipo, mientras las patotas se cobraban otra vida. El acuerdo que tejieron al final apuntó al mismo propósito que tuvo el operativo criminal del comienzo: desalojar el Parque. Los términos de ese acuerdo son tan hipócritas como vacíos: Cristina dice que va poner un peso para viviendas allí donde Macri ponga otro -como fulleros en un Casino. No puede poner nada un hombre que incumple con el presupuesto que tiene asignado -un 0,9% del total, cuya mitad se consume en gastos administrativos (curros). Macri ya aclaró que se limitará a abrir calles, instalar comisarías y asegurar los camiones levanta-mierdas. Un verso -como se dice. El acuerdo dice también que quien lucha no recibirá nada de lo que no piensan darle; a este espíritu combativo, La Cámpora lo llama ‘militancia'. No solamente esto; también perderá otras asignaciones asistenciales. No es un acuerdo para dar concesiones, sino para amenazar con represalias. Con este acuerdo de represalias bajo el brazo ingresa la derechohumanista Garré a desarrollar la "seguridad democrática". ¿Habrá otras cosas que no se han dicho? Dado que la disputa entre ellos no tiene que ver con los intereses del pueblo sino con los suyos, suponemos que llegaron a un arreglo político: que Macri no adelante las elecciones antes de junio. Los dos se sacaron un peso de encima: Macri una crisis interna -de quienes no quieren su candidatura ‘testimonial'- y los K una derrota al comienzo del año electoral. El acuerdo ha fortalecido a Macri -el xenófobo impuso su línea de orden-, los K se enfrentan a una crisis política en el gabinete. Si esta especie fracasada pretende ser el parate contra la derecha, estamos en el horno. Las conclusiones se desprenden solas.