Semanas atrás, el gobierno cubano anunció, a través de la central sindical oficial, la Central de Trabajadores Cubanos (CTN), la reducción de medio millón de puestos de trabajo en el ámbito estatal. El recorte deberá implementarse desde octubre de este año en un plazo no mayor a seis meses. La cifra equivale al 10% del total de la fuerza laboral del país y es aún la mitad de la cantidad citada, por Raúl Castro y otros funcionarios, como empleo público sobrante . Hay, sin embargo, quienes sugieren que este número podría ser aún mayor y afectar a más de un cuarto de la fuerza de trabajo de la isla, calculada hoy en casi 5 millones. El por qué El paquete de medidas es presentado por las autoridades como una "actualización del socialismo", que incluye la eliminación paulatina del subsidio al desocupado, de los comedores públicos y de la cartilla de racionamiento que brinda a la población una canasta de productos y alimentos subsidiados. Se propone, al mismo tiempo, extender masivamente los criterios salariales de productividad y rendimiento, impuestos hace años en las empresas dependientes del Ministerio de Defensa. La economía cubana ha sufrido como pocas los embates de la crisis mundial capitalista. Entre la serie de "factores externos" que han afectado en forma negativa a Cuba se encuentran las enormes pérdidas provocadas por los huracanes que asolaron el país en 2008, el aumento de los precios de los alimentos y el petróleo, la baja en los ingresos provenientes del turismo y la caída en casi el 40% precio del níquel -el producto de exportación más importante del país. El alza del precio del azúcar del último año no pudo ser aprovechado por los bajísimos niveles de producción. En el último año, además, se endurecieron las condiciones de financiamiento externo y se dificultó el acceso al crédito. Los bajos salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, la bajísima productividad en el sector agrícola obliga a importar el 80% de los alimentos que consume la población y la existencia de una dualidad monetaria (circulan el peso y el dólar interno) atenta fundamentalmente contra el turismo, ya que convierte a Cuba en el destino menos económico del Caribe, además de tener una menor cantidad y calidad de servicios e infraestructura que sus competidores. El gobierno busca avanzar en medidas de esta naturaleza para, por un lado, hacer más competitivas a sus empresas, descentralizar la economía hacia iniciativas privadas para aligerar la carga del Estado y, por el otro, promover la asociación con capitales extranjeros. El cómo Pese a que la CTC y el gobierno reiteraron que "nadie será abandonado a su suerte", las compensaciones previstas para los cesanteados sólo alcanzarían a un mes de salario. Los de mayor antigüedad recibirían un 60% del salario por un período de hasta cuatro meses. Según trascendió por algunos documentos oficiales, el objetivo del gobierno es que una parte de ellos sean reubicados en sectores estatales disponibles y necesarios (fundamentalmente la agricultura y la construcción). Paralelamente, se va a estimular que gran parte de los nuevos desocupados pasen a ser "cuentapropistas" habilitando un régimen especial de licencias que les permita tomar créditos bancarios, eventualmente convertirse en proveedores de organismos estatales y, por primera vez, contratar mano de obra. El régimen de autoempleo fue autorizado a comienzos de los '90, pero siempre como una actividad marginal. Hoy son apenas 141 mil las personas que tienen licencias para ejercerlo, aunque se calcula que hay una cantidad similar que lo hace en el mercado negro. Las nuevas disposiciones cambiarían, además, el régimen impositivo. Los nuevos autónomos deberán pagar impuestos diferenciados según ingreso y actividad: por ventas o servicios, por contratación de fuerza de trabajo y seguridad social, etcétera. En un país con un mercado negro laboral de tanta importancia, semejante carga tributaria -rondaría entre un 30 y un 40%- podría ser un obstáculo para la formalización y blanqueo de la actividad. Se calcula que otros 200 mil puestos de trabajo pasarían a la órbita privada, en cooperativas de trabajo de algunos organismos estatales agropecuarios, de servicios y de industria liviana. El gobierno ensaya este tipo de iniciativas desde hace tiempo, con poco éxito. Cuando hace dos años comenzó a entregar tierras estatales ociosas para su explotación a productores privados y cooperativas, éstas se enfrentaron con la escasez de insumos, de maquinaria agrícola, semillas, fertilizantes. Según datos oficiales, en la primera mitad del año 2010, la producción agrícola doméstica cayó en un 7,5% respecto del año anterior, también malo. Lo mismo ocurre en otras actividades autónomas y pequeñas empresas de servicios, donde son frecuentes las quejas respecto de los costos de materiales e insumos. Esto se suma a la falta de experiencia y capacitación en varios de esos oficios. Resta saber cuál será el impacto en las fuerzas armadas, corazón estratégico del Estado cubano, cuyas empresas controlan directa o indirectamente dos tercios de la economía. Sus empresas han sido el laboratorio de los métodos de gestión y trabajo que apuntan al mayor rendimiento de la fuerza de trabajo. El para quién La Agencia EFE (17/9) da cuenta de que si bien la "financiación para arrancar un negocio no ha sido aún definida", el Estado cubano "piensa acudir a las líneas de microcréditos de los gobiernos español o noruego, de la Comisión Europea o de la misma ONU". El Estado español, con varias inversiones en la isla, podría ser un proveedor. También Brasil, en boca de su canciller, se anotó en la voluntad de "colaborar" en el financiamiento de las nuevas empresas cubanas. En todos los casos, el Estado cubano debería primero poder brindar las garantías necesarias para esos créditos. También será de la partida la burguesía cubana instalada en Miami. Hay quienes sostienen que estas medidas podrían encauzar los más de 600 millones de dólares que, a través de remesas y el mercado negro, hacen llegar anualmente a sus familiares (El Cronista, 17/9). Con el argumento de extender las garantías al inversor externo en el negocio inmobiliario, la burocracia gobernante justificó, el mes pasado, la modificación de la ley de tierras, que duplica -de 50 a 99 años- la duración de los arrendamientos a inversores extranjeros. Ya se habla de la construcción, con capitales mixtos (estatal y foráneo), de nuevos complejos turísticos de lujo, de unos 16 campos de golf y de viviendas para extranjeros. Pero no es sólo el turismo. En los últimos años, se ha abierto una gran expectativa por la exploración y explotación de crudo en Cuba, en la que están fuertemente involucradas la brasileña Petrobras y la española Repsol, entre otras. Justamente, Brasil podría también jugar un papel en la explotación de etanol, a través de las plantaciones de caña de azúcar, una vez superadas las trabas ideológicas de la dirección cubana sobre ese tema. Pero ese es también un mercado en disputa: Estados Unidos está interesado en mantener el monopolio que goza en este rubro en América Central. El hacia dónde La decisión de reestructurar y reducir la plantilla pública en tal magnitud supone un inédito cuadro de tensión social e incertidumbre, agravado por la falta de información. Sin duda, estas medidas agudizarán el proceso de diferenciación social que se observa en la isla en los últimos años, en particular por la penetración del capital extranjero. Según un dirigente comunista expulsado recientemente, la asociación con el capital extranjero, junto con la corrupción estatal, fue "apalancando financieramente" a un sector de funcionarios que ostentan posiciones de privilegio. La crisis en el aparato de gobierno se manifiesta en expulsiones, desplazamientos, renuncias y la postergación permanente del VI Congreso del Partido Comunista Cubano (el anterior es de 1997). Muchos analistas discuten si este proceso reformista podría transformar a Cuba en una suerte de China o Vietnam por una penetración masiva del capital extranjero arbitrada por el Estado. Este escenario supone anudar un acuerdo general con el imperialismo yanqui. El estímulo a las cooperativas, que podrían operar como subcontratistas de las empresas estatales, la asemeja a la experiencia de la ex URSS en el período gorbachoviano, cuando éstas fueron el canal de acumulación de capital de la burocracia, que al mismo tiempo vaciaba el parque estatal. Cuba está viviendo un gigantesco proceso deliberativo desde hace meses. Se han escuchado reclamos de reformas económicas y civiles, la supresión del permiso gubernamental para entrar y salir del país, una ampliación del acceso a Internet y una mejoría de los servicios de transporte, salud y educación. Pero también prosperan los debates, tanto en el interior del PCC como fuera de él, sobre un socialismo alternativo que cuestiona los privilegios de la burocracia y su dominación política. En estas semanas se realizarán cientos de asambleas, promovidas por los Comités de Defensa de la Revolución y la CTC, en los barrios y centros de trabajo. El secretario general de la central sindical adelantó, sin embargo, que éstas se limitarán a explicar la necesidad impostergable de apoyar los despidos, sin demasiado detalle sobre qué pasará de acá en adelante. Habrá que ver cómo se canalizará ese debate y cómo intervendrán las masas en el contexto de una situación económica insostenible, un régimen político plagado de contradicciones y de iniciativas inciertas que avanzan sobre las condiciones de vida de las masas. La clave reside en quién dirigirá esta obligada transición; si la burocracia o la clase obrera con organizaciones independientes. Ese es el sentido concreto del reclamo por la libertad de asociación y organización política y gremial de los trabajadores cubanos, cuyas organizaciones están expropiadas por la burocracia. ¿Quiénes serán los cesanteados? ¿Dónde serán reubicados y bajo qué condiciones? ¿Cómo se defienden frente a los abusos patronales? ¿Qué pasa con el derecho de huelga en las empresas extranjeras y en las nacionales? El reparto de tierras entre propietarios privados y el fomento de pequeñas unidades productivas, por ejemplo, sólo podría tener alguna viabilidad en el marco de una planificación económica de conjunto, lo que requiere, a su vez, una intervención obrera independiente que debiera garantizar, como piso, la defensa de las condiciones de vida de las masas. Todo lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno, que fomenta una mayor desigualdad social, la precariedad e inestabilidad laboral, la regimentación de las masas, y que ha colocado como árbitros del proceso de transición a la Iglesia católica y a sectores del imperialismo europeo y de la burguesía de América Latina.