La crisis política desatada por la huelga de hambre indefinida del militante liberal Osvaldo Farina se ha zanjado, por el momento, mediante una transacción política del gobierno de Cuba, por un lado, y la Iglesia y el Vaticano, el gobierno español y la Unión Europea –en definitiva, el imperialismo mundial–por el otro. Las libertades que hemos reclamado desde la izquierda revolucionaria en forma incondicional, como parte de un planteo de conjunto en favor de los derechos políticos plenos para las masas revolucionarias cubanas, fueron legitimadas por el gobierno de Raúl Castro sólo cuando pasaron a formar parte de un arreglo con el Vaticano. El gobierno cubano prefirió esta transacción al otorgamiento unilateral de la libertad de los disidentes, aunque la transacción significara dejar la bandera de la democracia en manos del clero y del imperialismo, y volver a quedar acorralado como una dictadura que no mide extremos cuando se trata de la represión. Ha oficializado la incorporación del Vaticano y del imperialismo al arbitraje político interno. El método que se vuelve a usar es un golpe contra la moral de los trabajadores de todo el mundo que luchan contra el capital. El gobierno de Cuba ha preferido promover la injerencia clerical y foránea en sus asuntos, a un otorgamiento unilateral de libertades, que enfrentara esa injerencia e incentivara el reclamo de democracia de los sectores populares, como se ha manifestado reiteradamente en la isla en los últimos años. La Iglesia y el imperialismo no han dudado un instante en aceptar ese compromiso, aunque significara sacrificar el reclamo de libertades de “la disidencia” a cambio de un exilio dorado y a cambio también de la contención de los movimientos de protesta de esa “disidencia”. La “disidencia”, por su lado, ha demostrado, con la aceptación de esta transacción, que carece de cualquier independencia política y que es un simple títere del imperialismo. La revolución latinoamericana ha sufrido un considerable golpe político, precisamente en el lugar que sigue considerando su vanguardia. La asociación política que desarrolla el gobierno de Cuba con el clero es una amenaza mortal para la supervivencia de la Revolución Cubana, y forma parte de la restauración capitalista que va ganando a la burocracia estatal, por la presión del imperialismo. Max Marambio, empresario chileno, fue guerrillero del MIR y custodio del presidente Salvador Allende. Hoy, sus negocios en Cuba, donde se exilió en 1973, le permiten facturar unos 100 millones de dólares anuales con su holding turístico e inmobiliario International Network Group (ING). Además, fue teniente coronel de la división Tropas Especiales del Ministerio del Interior cubano y es amigo de Fidel Castro. En abril, apareció muerto en su casa de La Habana el también chileno Roberto Baudrand, gerente general de la alimentaria Río Zaza, compañía de propiedad mixta entre Marambio y el Estado cubano. Según la autopsia, Baudrand murió por un paro cardíaco producido por la ingesta de fármacos. El gobierno chileno pidió una investigación exhaustiva, pero aún no se sabe si se trató de un accidente, un suicidio o un crimen. El asunto adquiere una importancia peculiar, porque permite trazar una caracterización social y política de la Cuba actual. “Marambio, considerado por muchos el extranjero más cercano a Fidel Castro, ha tenido una relación más tensa con el actual presidente, Raúl Castro. El congelamiento de pagos a empresas extranjeras, establecido en la isla en 2009 y que afectó mayormente a capitales españoles, motivó el cierre de dos de sus plantas de producción de alimentos, en Sancti Spiritus y en Camagüey, y le retuvo activos por 23 millones de dólares” ( La Nación , 15/4). Marambio se quejó por el rumbo que toman las cosas de la economía cubana y, pocos días después, el gobierno ordenó una investigación contra Río Zaza por presunto contrabando y otros delitos, y fueron detenidos su contadora y un gerente técnico, ambos cubanos. A Baudrand le fue prohibido salir del país después de ser interrogado al menos dos veces por fiscales cubanos. Días más tarde, apareció muerto. La Fiscalía de Cuba también investiga a la agencia de turismo Sol y Sol, dirigida por un hermano de Marambio, por supuestas maniobras ilícitas con la estatal Cubana de Aviación. La corrupción en Cuba es un problema extendido, reconocido desde hace tiempo por la cúpula gubernamental. “Una vez en la presidencia, Raúl Castro creó la Contraloría General, que entre abril y mayo envió miles de inspectores a auditar unas 750 empresas. El problema es que si buscan siempre van a encontrar”, dijo un ejecutivo de una compañía estatal ( Ambito Financiero , 16/4). La corrupción es inherente a una economía devastada como la cubana. Pero, en la actualidad, cumple una función que trasciende la captura de beneficios con fines de consumo: desarrolla acumulación primitiva de capital a partir de la burocracia del Estado, y especialmente del sector que ya se ha transformado en capitalista por medio de inversiones extranjeras, como en el caso de Marambio. Este proceso se desenvuelve en niveles políticos más altos, se ve desde el despido del ex canciller Felipe Pérez Roque y del ex virtual primer ministro Carlos Lage en marzo del año pasado, acusados de corrupción en casos relacionados con el capital español. Ahora, lo mismo ha sucedido con el ministro de Transporte, Jorge Luis Sierra, y con el del Azúcar, Luis Manuel Avila. El académico cubano Esteban Morales, especialista en estudios sobre los Estados Unidos en la Universidad de La Habana, fue expulsado del partido comunista cuando señaló, recientemente, que “hay gente en posiciones de gobierno y estatal que se está apalancando financieramente para cuando la revolución se caiga, y tener todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como ocurrió en la antigua URSS”. Otro comunista cubano, el también investigador universitario Pedro Campos, autor de decenas de artículos sobre los problemas de la revolución en Cuba, en Estados Unidos y en América latina, habla de la crisis producida en diversos comités de base por la expulsión de Morales: “El carné del partido –escribió– se fue con los sancionadores. La militancia comunista se quedó con Esteban Morales (...) Si esta sanción burocrática no es prontamente rectificada se estarán mandando mensajes muy confusos a la militancia, al pueblo, a la izquierda internacional”. Y se pregunta: “¿Se pretende que hagamos otro partido los comunistas los que no cabemos en el PCC?” ( kaosenlared , 1º/7). Economía destruida El decrecimiento de la capacidad productiva de Cuba se hace sentir especialmente en el azúcar, su principal rubro de exportación: de 8 millones de toneladas a comienzos de los años ’90, la producción azucarera cubana se ha derrumbado hoy a sólo 1,2 millón de toneladas, en momentos en que el mercado mundial del producto explota debido a la demanda de China y a la destinada a la producción de etanol. Ahora, el gobierno cubano se propone suprimir el Ministerio del Azúcar y reemplazarlo por una empresa estatal, lo cual es sugestivo, porque un ministerio no puede ser privatizado pero una compañía del Estado sí. “Planes de crear una corporación, cerrar aún más ingenios, reorganizar las plantaciones de caña, autorizar la inversión extranjera y diversificar la producción, están a un paso de ser aprobados por el presidente Raúl Castro” ( Reuters , 7/4). Al mismo tiempo, entre 2008 y junio de este año, el Estado cubano entregó a productores privados y a cooperativas el 56 por ciento de las tierras ociosas, que abarcan 3,5 millones de hectáreas. Se trata de las que quedaron improductivas a partir de la decisión de Fidel Castro de cesar la producción azucarera. Luego del fracaso de la cosecha de 1970, las autoridades pronosticaron que la demanda mundial sufriría una retracción como consecuencia de la aparición de productos sintéticos, como los edulcorantes. Al mismo tiempo, la productividad de la industria, que fue reorganizada en unidades agro-fabriles, cayó sistemáticamente por la falta de incentivos para los trabajadores. La entrega de tierras a campesinos y cooperativistas encuentra obstáculos severos en el atraso y en la resistencia de franjas del gobierno y del PC. Hay una falta de insumos, de maquinarias, de semillas y fertilizantes. Entretanto, el empobrecido Estado cubano gasta 1.600 millones de dólares anuales en importar los alimentos que su agro no consigue producir. El reparto de tierras está dificultado por la resistencia de la franja de la burocracia que lo considera como una medida que favorece la restauración capitalista, porque implica un mercado agrario libre y un principio de acumulación privada. Pero la restauración capitalista en Cuba no se desarrolla a partir de la incipiente producción campesina, sino de la burocracia que se “apalanca financieramente” para apropiarse de la propiedad estatal, y que va a controlar en un futuro inmediato una privatización parcial de tierras. La crisis extrema por la que atraviesa Cuba puede autorizar ese reparto, incluso hacerlo inevitable, precisamente para rehabilitar la producción interna; no existe un capital interno que pueda suplir a la pequeña producción. Pero para que este retorno a la reforma agraria de 1959 y 1961 sea efectivo, es necesario que su control y dirección sea arrancado de las manos de burocracia estatal y sea transferido a un gobierno de trabajadores. Ningún pasaje de la fracasada estatización del agro a su privatización parcial, puede ser eficaz sin una planificación de conjunto, algo en lo cual la burocracia ha fracasado durante medio siglo, y sobre todo ahora cuando las tendencias restauracionistas son irreprimibles. La cuestión del poder (burocracia o proletariado) es la llave de la rehabilitación económica de Cuba y del mantenimiento de las conquistas sociales de la Revolución. Este es el contenido del reclamo de la expulsión de la burocracia del Estado y el establecimiento de una democracia proletaria. El impasse cubano no es otra cosa que la incapacidad de la dirección política del Estado cubano para proceder por esta vía. Cada vez son mayores las expulsiones de burócratas que se apalancan por medio de la corrupción, pero es claro que las hojas crecerán con más fuerza si no se extrae la raíz. En Cuba, esta restauración acabará piloteada por el imperialismo y la burguesía de Miami. Los burócratas reconvertidos serán sus socios menores, e incluso sus víctimas. La transición política En ese contexto, el diálogo del gobierno cubano con la Iglesia traslada al clero y al imperialismo una parte del arbitraje político del proceso de restauración del capitalismo. El gobierno no esconde que ha liberado a los presos políticos como consecuencia de una transacción; o sea, de un aporte político de la Iglesia para contener la explosión social que promete el prolongado impasse económico, y un aporte del capital extranjero a una reactivación de la producción. La incorporación del clero al arbitraje político va más lejos: “Nuestra capacidad de dar respuesta al diálogo dentro de la nación depende de que estemos en condiciones también de abrir el diálogo con la emigración”, ha escrito en un editorial Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas. Ese diálogo ya ha comenzado, y el exilio de Miami se muestra ahora excepcionalmente “moderado”. Según diversas encuestas, el 65 por ciento de los exiliados aprueba las negociaciones con La Habana ( El País , 23/6). Carmelo Mesa-Largo, catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, explicó que, en una reunión reciente de representantes cubanos con emigrados, “hubo consenso sobre la necesidad de implementar las reformas estructurales y profundizarlas, para profundizar un proceso que en los últimos tres años ha sido positivo pero lento y a cuentagotas” (ídem). En esa reunión, nadie propuso el regreso abrupto a un régimen de propiedad privada ni una reforma de la Constitución que declara a Cuba “Estado socialista”. Esto es: nadie propuso una vía restauradora de guerra civil. Ellos saben que el problema, por el momento, no radica en la forma de propiedad sino en controlar, o por lo menos compartir, el control del proceso político, y de eso se encarga la Iglesia. Uno de los mediadores del Vaticano ante el gobierno de La Habana, el jesuita Jorge Cela, habló de promover en Cuba “el derecho a la libre asociación, la importancia de la sociedad civil para el desarrollo de la democracia económica (y) el pluralismo de empresas para no dejar todo en manos del Estado” (ídem). Esa es la línea que empieza a presidir los asuntos cubanos. En definitiva, el de Cuba es un proceso abierto. Junto a las tendencias restauradoras se desarrolla otra, por la eliminación de la burocracia y a favor de una democracia socialista. Las masas son conscientes de que se acerca el momento del desenlace, porque Fidel y Raúl, y la gerontocracia que los acompaña, tienen el límite infranqueable de la naturaleza. Los problemas estructurales de Cuba se han agravado debido a la crisis mundial. Las masas de Cuba sufren un ajuste que los trabajadores están combatiendo en todo el mundo. La crisis cubana se engarza con la mundial. La revolución latinoamericana bien puede re-comenzar por la heroica Cuba.