Prensa Obrera N° 1136

Una masiva asamblea –que congregó a gran parte de los mensualizados y 50 jornalizados– está indicando que hay una reserva y un potencial de lucha entre los trabajadores de la ex Massuh. La convocatoria realizada por la comisión interna de los mensualizados despertó las expectativas de la masa de la fábrica y eso explica la presencia de jornalizados, pese a que dicha iniciativa fue boicoteada por la federación papelera. En la asamblea (que se hizo efectiva ese día con la designación de una junta de administración), la comisión interna planteó que la formación de una cooperativa, un paso que se consideró decisivo para luchar por la fuente de trabajo –en lo que estaban siendo apoyados por el gobierno a través del Inaes, por el gobierno municipal, por la CTA y por el sindicato gráfico. En la asamblea, había representantes de los dos primeros nombrados. No se hizo ninguna mención al financiamiento. Ante la requisitoria de un compañero, se señaló que lo primero era la cooperativa. Pero lo concreto es que la propuesta de una cooperativa en estos términos fue lo que venía fogoneado Moreno y que, apenas unas semanas atrás, mereció el rechazo por parte de los compañeros. Una cooperativa aislada –sin recursos ni financiamiento, obligada a salir a competir en el mercado y en medio de la actual crisis capitalista en desarrollo– es un proyecto herido de muerte antes de arrancar. Más que una salida es una trampa. El sorpresivo reflotamiento de esta suerte de emprendimiento “autogestivo” constituye un paso atrás con respecto al proyecto original que inicialmente había elaborado el municipio de Quilmes, que planteaba una UTE (unión transitoria de empresas), en la cual el Estado estaba involucrado de entrada, compartiendo una sociedad con los trabajadores. Esta variante, impulsada por el Barba Gutiérrez –intendente de Quilmes–, no contó con el apoyo del gobierno (quien no quiere dar la más mínima señal en la que aparezca involucrado con la nacionalización de las empresas industriales en quiebra). Por eso, el intendente metió violín en bolsa y sacó de la galera esta nueva criatura que es una caricatura de la propuesta inicial. Quienes inmediatamente se anotaron en la partida fueron la CTA y el sindicato gráfico, que brillaron por su ausencia durante la prolongada lucha que vienen librando los compañeros de Massuh desde hace más de un año. El sindicato gráfico, incluso, ha planteado que la ex Massuh podría asociarse a la red gráfica de cooperativas como proveedora de papel, aunque su capacidad de producción excede holgadamente la eventual demanda que podría venir de esa fuente. Lo más importante es que, en nombre de estas gestiones legislativas y con el gobierno, este conglomerado de sectores “aliados de la última hora” de la lucha de Massuh plantean que hay que desensillar y bajarse del caballo con el propósito de facilitar y permitir que prosperen las tratativas. Esto es lo que explica que en estas semanas haya primado una línea de desmovilización. Mientras, la fábrica continúa cerrada con candado. Esta política de apaciguamiento compromete seriamente las posibilidades de reapertura. La discusión sobre la cooperativa y sus posibilidades es necesaria, pero, en cualquier caso, una salida favorable a los trabajadores sólo podremos arrancarla forzando al Estado a otorgarla por medio de nuestra acción directa y movilización. La primera reapertura fue lograda con ese método. No hay nada que indique que la segunda vaya a ser diferente. Tenemos que instalar nuevamente el conflicto en la opinión pública, ganar las calles, convertir la causa de Massuh en una causa popular. Insistimos nuevamente con nuestra propuesta de un gran acto público en la puerta, en la que se comprometan todas las fuerzas, incluidas la CTA, exigiéndoles a todos que movilicen al efectivo militante y a la base de las organizaciones que representan. En lugar de una autogestión sin futuro, reclamemos que se expropie Massuh y que el Estado ponga los recursos al servicio de un plan de reacondicionamiento de la planta y reactivación elaborado en común con los trabajadores.

Muchos trabajadores se acercaron a votar en el referéndum. Pero quiero destacar dos casos ocurridos en la escuela donde me tocó actuar. Uno, el del jubilado Juan Przezdziecki (el primer canillita de Cutral Có), que apoyado en su bastón trípode, apenas pudiendo caminar, no quiso faltar para votar “por los obreros”. El otro caso, el de compañero Huenupay, con sangre mapuche en sus venas, que vino directamente del hospital donde fue a nebulizarse por su asma crónico, quien antes de volver a su casa pasó a votar “porque las patronales están arregladas con los gobiernos”. Hay una larga historia de clasismo y luchas obreras en lo más profundo de la indomable Cutral Có.

Los compañeros de Prophos (jaboneros de Valentín Alsina, Lanús) se vienen movilizando por los siguientes reclamos: 1) que la patronal pague las deudas salariales que mantiene impagas desde 2007; 2) acabar con el bicicleteo de los adelantos semanales; 3) que el Estado intervenga para que los trabajadores reciban el Repro como parte de su salario y que garantice el salario y los puestos de trabajo. Luego de varias semanas de agitación, volanteos en otras empresas cercanas a su fábrica, pintadas y otras actividades de difusión, el conflicto ganó la calle superando el inmovilismo de la burocracia de jaboneros. Se organizaron varios cortes frente al Ministerio de Trabajo, que fueron acompañados por organizaciones y partidos de izquierda (PO, MST y PTS). El resultado que arrojó la última audiencia, sin embargo, representa un retroceso en relación con todo el proceso de lucha, como lo prueba el acta que se firmó entonces: 1) como se unificaron los recursos administrativos, la burocracia sindical vuelve a tomar la batuta de las tratativas (absorbiéndose la presentación independiente que habían hecho los trabajadores de la fábrica); 2) todas las medidas a favor de que el Estado se haga cargo (Repro, etc.) fueron abandonadas; 3) mientras se venía arrancando en las anteriores iniciativas de movilización pagos a cuenta y adelantos de 1.000 pesos, esta vez la patronal se comprometió –y sólo en forma oral– a entregar 250 pesos. Esto fue amargamente recibido por los trabajadores presentes. El abogado del PTS, presente en la audiencia, no alteró una letra del acta y terminó adaptándose a la presión ejercida por el ministerio. La asamblea debe hacer un balance de este desenlace y replantear un plan de lucha para remontar la situación. Una de las cuestiones clave consiste en unificar a la fábrica de jabón Prophos con la aceitera Hebos, de la misma patronal. Los trabajadores de Hebos corren la misma suerte que sus compañeros de Prophos. Han comenzado también los atrasos en el pago de sus sueldos y hubo una reacción que se hizo esperar, pero que finalmente llegó al concretarse un paro de un día. Esto los pone en la misma vía de lucha. Es necesaria una asamblea de las dos plantas para unificar el reclamo y evitar que se tomen decisiones a espaldas de los trabajadores.

-Exclusivo de internet Desde el mes de junio, la lucha de los Autoconvocados de la Salud entró en un reflujo. El movimiento se dividió como resultado de que un sector de delegados referenciados con el PJ disidente, la UCR, la iglesia, el CTA y la izquierda sojera (MST y PCR) decidieron imponer desde arriba la formación de un sindicato, el Sitas, planteado desde el vamos con métodos burocráticos y opuestos al del movimiento de autoconvocados. En oposición a este operativo, una numerosa asamblea autoconvocada realizada el jueves 10 de junio, donde estuvieron representados varios hospitales y Centros de atención primaria, decidió darle continuidad al funcionamiento del movimiento y a la lucha a través de sus interhospitalarias. A partir de ese momento, quedaron constituidos dos bloques que actúan separadamente. Por un lado, el bloque burocrático que promovió el Sitas y por el otro el bloque combativo e independiente. . Desde este último, se hizo un llamado a que la unidad de acción se plasmara por medio de una interhospitalaria única en base a un delegado cada 50 trabajadores, con votos y mandatos de asambleas verificables. La respuesta del bloque burocrático fue la provocación. Plantearon que ellos eran el movimiento, que si el otro sector quería sumarse fueran a la cola. Simultáneamente, declararon persona no grata a tres delegados autoconvocados, simplemente por sus declaraciones periodísticas o por sus simpatías con el PO, mientras encubren a directivos del nuevo sindicato que carnerean las propias medidas de lucha que promueven. Simultáneamente declararon que eran contrarios a las interhospitalarias (instancias plenarias de delegados mandatados abiertas a los trabajadores de la salud), y que debían ser sustituidas por las reuniones de delegados. Esta actitud desarmó cualquier posibilidad unitaria. En este escenario el bloque burocrático anunció la formación de una Multisectorial que tiene por base al Acuerdo Cívico y Social (UCR, PS, DC, ARI), a los justicialistas disidentes, a las formaciones de la derecha macrista y bussistas. Junto con ellos aparecieron los ruralistas de la Comisión de Enlace, la dirigencia burocrática de varios sindicatos alineados con la CGT vinculada al justicialismo disidente y como crema de esta bolsa de gato, la dirigencia del MST y el PCR quienes se presentan como amplios y unitarios pero son los que encabezan la cruzada maccartista contra el PO y los luchadores independientes del movimiento autoconvocados. Esta Multisectorial que fue presentada como el instrumento para extender y masificar la lucha de la salud es una reunión de políticos fracasados que pretenden usar el prestigio de la lucha de los autoconvocados para hacer subir sus acciones en vista a las elecciones del 2011. La lucha de la salud para que sean convocados a paritarias, por un aumento superior al 50% del salario, el 82% móvil, la insalubridad y para erradicar toda forma de precarización laboral en la salud sigue en pie. La necesidad de fortalecerla pasa por mantener vigente su independencia del gobierno y de los bloques políticos patronales opositores, y apoyarse en los métodos democráticos y soberanos de las asambleas. Sobre esta base se debe avanzar en la clarificación, la unidad y recomposición de conjunto del movimiento que sigue siendo la expresión de lucha más profunda y avanzada en la provincia.

Moyano cerró filas con Kirchner y Boudou en la posición de que no hay fondos para pagar el 82% móvil. Se trata de la entrega de una reivindicación obrera por excelencia. ¿Pero qué están haciendo los sindicatos para contribuir a que la Anses recaude lo que corresponde? El convenio de Comercio, cuya tinta está fresca, supera la increíble barrera del 50% del salario en negro, que no contribuyen para las jubilaciones. A partir de julio vendrán cuotas homeopáticas de incorporación al básico. No ocurre lo mismo con la Obra Social, que percibe el aporte de todos los rubros; es más, por la firma del convenio fueron a sus arcas 50 pesos por titular, lo que multiplicado por el millón cien mil empleados de comercio son 55 palos. Para la Anses, nada. Con el convenio camionero ocurre lo mismo. Habrá un 9% de aumento a los básicos, pero ese básico apenas supera los dos mil pesos; los viáticos, la comida, el pago por kilómetro y por día trabajado son de carácter no remunerativo, asestando otro golpe de la misma envergadura que comercio a la Anses. A los 800 mil docentes no les va mejor. Con los “conformados” de Yasky para el “mínimo garantizado”, lo que está realmente garantizado es que ningún maestro supera los mil pesos de básico. Los docentes jujeños estuvieron más de un mes de huelga general, sólo para reivindicar la incorporación de los negros al básico, porque su jubilación está destruida. En UTA, como en ferroviarios, el último 20% es de ese tipo; los ‘negros’ anteriores que van al básico son por montos inadecuados al nivel actual de la inflación. No nos equivocamos si estimamos que el 25 ó 30% del salario de los trabajadores en blanco, no reporta a la Anses. Lo cual es una cifra anual de unos 16 mil millones de pesos. Desde luego, si se incorporaran los aportes de los trabajadores en negro, el 36% según el Indec, a un promedio salarial de 2.000 pesos, ingresarían unos 34 mil millones más. O sea, 50 mil millones de pesos, lo que alcanza para establecer el 82% móvil sobre el último salario cobrado. El socialista Giustiniani, autor de proyecto de 82% móvil sobre el mínimo, dijo que “tenemos una Anses rica y jubilados pobres”. Hubiera debido decir que tenemos una Anses pobre, que no recauda lo que corresponde, y que usa lo que tiene para subsidiar el pago de la deuda externa y enriquecer a los ricos. Los políticos patronales, como la burocracia sindical, atacan el concepto de que la jubilación es un salario diferido neto, o sea después de pagar impuestos y aportes (82%). Siguiendo esta ruta, la jubilación no es considerada un derecho adquirido por una vida de trabajo, sino una prestación asistencial del Estado, cargado al presupuesto público. Para Cobos, “hay recursos para pagar como los abultados subsidios al transporte”, es decir promueve un tarifazo con la excusa de las jubilaciones que perfectamente pueden financiarse con los fondos genuinos de los aportes por salarios. En tanto, los fondos de la Anses son usados para los fideicomisos y para los bonos de deuda pública. El financiamiento de la asignación a la niñez históricamente también provino del aporte para el salario familiar, hoy una cuenta superavitaria de la Anses.Que se incorporen al básico de todos los importes en negro firmados en paritarias, sea por parte de las patronales como por parte del Estado-patrón.

El jueves 1° de julio explotó una sección en Terminal 6 (que tiene la Aceitera General Deheza como principal socio), donde se calienta el grano triturado para luego enfriarlo y obtener aceite usando hexano como solvente. Este solvente es muy volátil y explosivo. La planta ya experimentaba fallas y ruidos raros, por lo que se puede inferir que las reparaciones a las apuradas fueron deficientes y que se continuó el proceso violando las reglas de seguridad. Ocho obreros sufrieron golpes y quemaduras por la onda expansiva. Dos son efectivos de la empresa y seis contratados mediante la contratista Sergen. La complicidad de todo el arco político-gremial es alevosa. Las pocas declaraciones, tanto de la patronal como del contratista, se complementan hasta lo intorelable con la del gremio aceitero. El secretario general Pablo Reguera se limitó a declarar que las lesiones fueron en su mayoría menores y que solamente un obrero tenía quemaduras más severas, pero que sus vidas no peligran. Incluso ante las preguntas de la radio LT8 (tomada por varios medios gráficos) aseguró que tampoco hubo peligro para la población, ya que el barrio de Bella Vista (el más cercano a Puerto San Martín) está a 2 Km de la planta. La ley provincial (12931) de creación de comités mixtos de seguridad e higiene que promocionaran el binnerismo y la CTA entrega todo el poder de decisión a las patronales con lo que es una normativa para hacer como que se controla; ni siquiera es cumplida por la mayoría de las patronales. El Partido Obrero fue la única organización que hizo una campaña pública planteando un paro y movilización de todo el Cordón Industrial para arrancar la elección de comités de seguridad compuestos por obreros y vecinos electos en asambleas, y que las empresas financien integralmente el funcionamiento y los recursos monetarios para que realmente se prevengan tanto los “accidentes” y como la contaminación ambiental. Que haya tutela sindical para los obreros que los integren. ¡Basta de muertes y “accidentes” en las fábricas! ¡Basta de depredación ambiental y laboral!

El jueves 1º de julio se desarrolló una movilización de la seccional Buenos Aires, con el objetivo de oponerse a la intervención del sindicato, por el cumplimiento del acta salarial de marzo de 2010, el pase a planta de los call centers y el aumento del mínimo no imponible. Todas justas reivindicaciones, pero que evaden la más importante: la reapertura de las paritarias para arrancar el 35% que impusieron infinidad de gremios. La movilización fue por el microcentro y concentró al escueto aparato zanolista, unas 300 personas. Se hizo una “asamblea” en el Banco Provincia, junto con la CGI del banco, y también otra en el Nación, pero sin la participación del opositor Fontana y su CGI. En sí, la jornada no afectó el normal funcionamiento de los bancos y tampoco lo quiso hacer. El objetivo fue abroquelar a la CGI del Provincia, que es opositora, contra la intervención; e ir al Nación para buscar a Fontana y marcar la cancha contra aquel que alienta la intervención. Del mínimo no imponible, de los call centers y del cumplimiento del acta no estamos ni cerca. Ni hablar de la reapertura de paritarias. Los bancarios, ni enterados de este plan de “lucha”. De esta forma, la movilización nacional del 14 julio no va a tener ningún éxito. En tanto y en cuanto no apelen a la movilización de los trabajadores sólo van solucionar sus disputas internas. Las CGI y los sectores opositores tenemos que hacernos presente en la jornada nacional del 14 de julio. Tenemos que movilizar a los compañeros, al activismo y marcar el camino para la conquista de los incumplimientos patronales, la reapertura de paritarias para reajustar los salarios al 35% y la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Vamos por los call centers, vamos por todo lo nuestro.

En Río Turbio hay un conflicto de poderes: el Concejo Deliberante aprobó por ordenanza un 30% de aumento para los empleados municipales (que se adiciona al 20% obtenido en la paritaria de abril). El intendente “Pilo” Adolfo lo vetó, pero el Concejo Deliberante ratificó el aumento. Ahora el Intendente denunció al Concejo ante la justicia por considerar que la ordenanza es de “imposible cumplimiento”. En el camino de estas idas y vueltas, hubo casi tres semanas de huelga total de los municipales. Ahora el conflicto está en conciliación obligatoria. El reclamo de los municipales se había iniciado luego de que los cargos políticos se otorgaran un aumento del 80%. Esta ordenanza luego fue anulada por el escándalo que generó. Todos los estamentos provinciales se están pronunciando sobre esta crisis, incluso el gobernador Peralta, quien tilda a los concejales de “irresponsables” y asegura que no enviará el dinero para pagar esas diferencias de sueldos. En este cuadro, el FUT tomó la iniciativa de convocar a los gremios y sectores que apoyan el reclamo municipal a una reunión para coordinar acciones y plantear otros reclamos pendientes.

En su viaje a Toronto, para asistir a la cumbre presidencial del G-20, Cristina Kirchner asistió a un almuerzo convidada por el fundador de la Barrick, la empresa minera que explota desde hace más de cinco años el yacimiento de oro de Veladero en San Juan y que está construyendo a pocos kilómetros de allí, en la frontera con Chile, la mina de oro de Pascua Lama, una de las más grandes y rentables del mundo. Cristina no se limitó a comer. A los directivos de Barrick “les aseguró que ‘las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo’” ( La Nación , 27/6). Música para los oídos de los mineros cuando el precio del oro se encuentra por las nubes, porque los K les aseguran que no tocarán un céntimo de esa enorme plusvalía o ganancia extraordinaria. ¡Y el Credicoop Heller nos dice que pretende gravar la renta financiera!, como si el diferencial entre el costo de producción del oro y su precio no fuera una renta financiera –más allá de la estrictamente minera. La Presidenta disipó cualquier temor de los pulpos a que el Estado les fuera aumentar las amarretas regalías fiscales de un 3%. En Australia, al primer ministro le acaba de costar la cabeza su pretensión de aumentar esas regalías para recoger alguna migaja del alza espectacular de los precios (la prensa calificó a la destitución como un “golpe incruento”). Mme. Kirchner no quiso correr el mismo riesgo –aunque cuando vetó la ley de glaciares ya se había cubierto de semejantes sinsabores. “La palabra de la Presidenta y la promesa de más inversiones, concluye el enviado de La Nación, sepultaron el reclamo” (de aumentar las regalías). La misma Barrick fue señalada en su momento como la impulsora del veto de Cristina a la ley de glaciares -que prohibía la explotación de yacimientos mineros en la zona donde se encuentran justamente Veladero y Pascua Lama. También fueron de la partida alimentaria en Toronto los directivos de Panamerican Silver, que explota la mina de Manantial Espejo de plata y oro en Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, y que acaba de comprar el yacimiento Navidad en el norte de la meseta de Chubut, la más grande reserva de plata del país y una de las más grandes del mundo. Das Neves se apresta a modificar la legislación provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto –de nuevo, para facilitar los negocios del pulpo canadiense. También participaron directivos de Oro Cobre y Lithium Americas, que está encarando la explotación de sendas minas de litio en los salitrales de la puna salteño-jujeña. El noroeste argentino, al igual que Bolivia, posee grandes reservas de este mineral, que es clave en la fabricación de las baterías para los autos eléctricos o híbridos, la tecnología del futuro. Cristina estuvo acompañada por sus gobernadores mineros. Junto a Gioja, el agente descarado de la Barrick, se anotaron el salteño Urtubey y el jujeño Barrionuevo, los continuadores de la política de Romero y Fellner. No faltó tampoco el riojano Beder, que hizo campaña criticando el proyecto de la Barrick en Famatina. Que no hayan ido el sureño Das Neves o el cobista Brizuela del Morral, de Catamarca, es sólo anecdótico, pues de todos modos no abrieron el pico después del almuerzo canadiense; ¡cómo lo van a hacer si son pioneros en la entrega y en la destrucción del ambiente! No estamos, sin embargo, ante otro negociado más de cuño ‘nacional y popular’. Los K se vuelven a colocar firmemente del lado de los pulpos mineros en la confrontación de éstos con China por los precios de las materias primas minerales. Barrick es un aliado ‘necesario’ cuando en el G-20 consideran que hay socios de más en el grupo y que habría que despedir a algunos –entre ellos, la Argentina K. Por esta razón, lo más importante de la cumbre paralela de Toronto entre la dama (y la intelectual) del matrimonio con Barrick y compañía fue la declaración del presidente de este pulpo, quien elogió: 1) el canje; 2) la transparencia institucional del gobierno; 3) la solidez de las instituciones políticas. Barrick se ha transformado en el puntero electoral más importante de los K y en un blindaje mundial para el dúo de gobierno. Mientras tanto, en la fachada del Cabildo siguen pasando el episodio de la cadena en la Vuelta de Obligado, en 1845, que simboliza en el ritual nacional a la gesta de la soberanía.

Luego del paro de 48 horas, cuando todo el gremio esperaba una profundización de las medidas de lucha, las cuatro federaciones y sindicatos (Fatel, Foeesitra, Fopstta y Upjet, que representan a los trabajadores telefónicos, personal de supervisión y jerárquicos) abrieron un compás de espera en el Ministerio de Trabajo que se estiró durante toda la semana siguiente – una suerte de “conciliación obligatoria” de hecho, en la cual se desarrolló una negociación con las empresas sin informar de nada a los trabajadores. La falta de información de las negociaciones no es un problema menor. Una vez más se presenta la contradicción entre los intereses de los trabajadores y los intereses de las empresas y el gobierno. El gobierno, apretado por la crisis de las paritarias en la que no ha logrado fijar un techo salarial, ha tenido que salir a “apretar” para que no se firmen “aumentos desmedidos”, apoyándose en la burocracia sindical adicta. Pero la inflación continúa haciendo estragos sobre el salario de los trabajadores y el gobierno ni siquiera ha modificado aún el mínimo no imponible que debería eliminarse para acabar con ese impuesto al salario disfrazado de “ganancia” que afecta a miles de trabajadores. El gobierno se ha colocado en estas paritarias, así como también lo hizo en las luchas contra el tercerismo, como un defensor intrínseco de los intereses monopólicos de las empresas telefónicas. Recordemos que Telefónica aún posee casi el 50% de las acciones de Telecom. Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo son el mayor ámbito de presión de las patronales para que se bajen las expectativas de un aumento salarial real y se llegue a un acuerdo para volver a discutir en un año. Pero son precisamente esos acuerdos los que son rechazados por la base del gremio porque se ha venido perdiendo el poder adquisitivo del salario, mientras otros gremios firmaron a principio de año y ya vuelven a discutir. El 35% de aumento por seis meses es para empatar la inflación de este año. Pero para conseguirlo, se impone la exigencia de un paro con movilización nacional. Además, se debe incluir en las negociaciones con las empresas la exigencia de la reincorporación de los dos compañeros despedidos y el cese de las persecuciones sindicales en Telecom. La recorrida de Manuel Salguero, despedido por Telecom en Córdoba, logró despertar la solidaridad de numerosos trabajadores y delegados de base, que participaron en asambleas de edificio (República, Libertad, Humahuaca), a pesar de que ninguno de los sindicatos que llevan adelante la negociación con las empresas (Foeesitra, Fopstta, Upjet y Foetra/Fatel) ha tomado el tema. Se trata, sin embargo, de defender la actividad sindical frente a la persecución de esta patronal, que se ha extendido a otros trabajadores que fueron sancionados por salir de testigos en la causa judicial contra la persecución de Telecom. Algo similar sucede con el compañero Escalante, despedido por Telecom en Buenos Aires hace más de cuatro meses. Este es el contexto en el cual se intenta organizar el activismo combativo de los edificios de Telefónica y Telecom. Vamos por las reivindicaciones. Que nada se firme sin pasar por la Asamblea General. Por el 35% para todos los rubros y por seis meses. Por la unidad de efectivos y tercerizados. Por un paro activo con una gran movilización nacional hasta conseguirlo. Reincorporación de los dos compañeros despedidos en Telecom.

El policía que mató a Diego Bonnefoi declaró ante el nuevo juez que entiende en la causa, Miguel Gaimaro Pozzi, que se trató de un “disparo accidental”. Ahora el juez deberá decidir si continúa en prisión o lo libera. Gaimaro Pozzi sucedió al juez Martín Lozada, quien fue recusado por la defensa del policía por “prejuzgamiento”, porque definió el fusilamiento de Bonnefoi como un “homicidio alevoso”. La Cámara Segunda aceptó la impugnación de la defensa y ordenó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento, incluido el procesamiento y la prisión preventiva que pesaban sobre el policía. La misma Cámara que desplazó a Lozada ratificó a Gaimaro Pozzi al desestimar la excusación que el nuevo juez había presentado casi inmediatamente después de asumir. Los familiares y las organizaciones lo habían señalado como “un hombre de la corporación judicial”. La defensa del policía festejó su ratificación como un triunfo propio. En tanto, la causa volvió a foja cero. Los familiares de Diego temen que el nuevo juez cambie la carátula de “homicidio doblemente calificado” a “homicidio culposo”, que en caso de una condena prevé una pena considerablemente menor. Por otra parte, la investigación sobre los homicidios de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, asesinados por la represión a la pueblada, se encuentra empantanada, “sin detenidos ni pistas firmes”. El fiscal pidió que se investigue “si existió orden de reprimir con postas de plomo”. Como difícilmente haya testimonio de una orden de esa naturaleza, el fiscal está preparando el terreno para absolver a los responsables políticos de la represión. Tampoco progresa la investigación sobre las torturas sufridas por Mario Cayún y demás detenidos durante el 17 y 18 de junio. Descomposición policial y crisis política Los familiares de los tres chicos exigen las renuncias del gobernador Saiz, del Secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y del ministro de Gobierno, Diego Larreguy. La pueblada de Bariloche golpeó de lleno en la crisis política provincial. Saiz buscaba la habilitación constitucional para un tercer mandato a pesar de la oposición del PJ y de la mayoría del bloque radical. Planeaba convocar a una “consulta popular no vinculante”, pero la tentativa bonapartista (enana) del gobernador quedó cuestionada por la rebelión del Alto y sus repercusiones políticas y sociales. La oposición patronal buscará ahora más que nunca un compromiso de recambio para 2011. El gobierno nacional evitó cualquier declaración que pudiera comprometer la “gobernabilidad” de su aliado Saiz. El gobierno de Saiz es régimen de camarilla, la mitad de su gabinete está investigado por corrupción. Uno de sus principales puntos de apoyo es el aparato represivo de la provincia, pútrido hasta los huesos. Cufré, ahora secretario, fue jefe de la policía provincial por años y se convirtió en una pieza clave del gobierno. “Cufré erige un poder inusual, (basado) en su relación con Saiz, construida (...) en el suministro de información, la oficial y de la otra” ( Río Negro , 4/7). Cufré es “El Fino” Palacios de Saiz. Su ascenso a secretario fue un espaldarazo político a las mafias policiales, imputadas por decenas de casos de “gatillo fácil” y muertes en comisarías (al menos diez en la zona Bariloche-El Bolsón), por el encubrimiento del crimen de Otoño Uriarte y de la “protección” sobre las redes de trata y prostitución y el narcotráfico. Fuera Saiz, Cufré y Larreguy. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Bariloche. Desmantelamiento del aparato represivo. Por una comisión investigadora independiente de este y de todos los crímenes cometidos y encubiertos por la policía y el Estado.

Sólo en los primeros meses de 2010 hubo asambleas y movilizaciones por el 82% para jubilados, desde Puerto San Julián en Santa Cruz hasta el norte, pasando por Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Villa Constitución, San Nicolás. En localidades como Villa Constitución y San Nicolás, la composición mayoritaria es de viejos obreros de las siderúrgicas que sufren a flor de piel la diferencia entre sus haberes jubilatorios y lo que ganan los trabajadores activos. En Corrientes, se movilizan contra los miserables 23 pesos de marzo salidos de la Caja Provincial. En algunas provincias la lucha es para enfrentar las políticas de sus gobiernos de uso de las cajas para sus negociados. En otras, incluidas en la Anses, las movilizaciones son contra el gobierno nacional. En todos los casos, el pedido es idéntico: la jubilación es el salario diferido, debe ser el 82% acorde al salario del trabajador en actividad. En Capital hay un movimiento que se concentra todos los miércoles en Congreso, hay otro que lo hace los jueves en Tribunales. La organización autoconvocada de Docentes Jubilados y en Acción, que se movilizó masivamente a Congreso y a Legislatura, forma parte de este proceso y convoca ahora a concentrarse en la Anses, el jueves 15 de julio, a las 12 horas. Sin embargo, está claro que esto no basta para imponer el reclamo histórico del 82% móvil para todos. Es el momento de impulsar en los sindicatos, en la CGT y la CTA, una lucha de conjunto por el 82% de aumento de la misma y el 82% móvil. También se llamó a organizar la movilización en los centros de jubilados, las colas de la Anses y de Pami. Existe un dato adicional a favor: los cientos y cientos de jubilaciones otorgadas por el gobierno a trabajadores que no tenían sus aportes al día –que durante años le sirvió para aletargar a las organizaciones de jubilados– han entrado en crisis por la miseria que significa un ingreso por debajo de los 895 pesos. Miles a la calle por los derechos jubilatorios.

La conformación de una lista contra la burocracia de Yasky en Ctera entró en una fase decisiva. Después de casi dos meses de insistencia de Tribuna Docente acerca de la necesidad de una reunión nacional con el conjunto de las listas de oposición a la burocracia Celeste para discutir un frente único entre la Rosa-Gris-Roja (encabezada por Tribuna) y la Lila, el martes 6 se realizó un encuentro del cual sólo participó una delegación de la Lila. El encuentro no avanzó en la constitución de un frente. El planteo de Tribuna Docente La propuesta inicial de la delegación Lila consistió solamente en plantear una ubicación de cargos. Incluso este afán de no discutir programas ni políticas, tampoco respeta la proporcionalidad que surge de los resultados de la última elección de Ctera, sólo se afana por proponer el copamiento por parte de la Lila, poniendo al frente a sus direcciones sindicales de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Tribuna Docente desenvolvió una postura global, con un planteo político-sindical. Partimos de la necesidad que tiene la docencia de denunciar la paz social, que las fracciones de la Lila firmaron en el subte y en Kraft. La paz social es la política de Yasky para domesticar a los sindicatos de Ctera y para convertir a la CTA en una oficina de la Rosada. Es la política de transformar a la CTA en un peón electoral de los K, junto a Moyano y con la complicidad de De Gennaro, como ocurrió en la huelga de Neuquén. Una lista única antiburocrática en Ctera debe señalar al conjunto de los docentes y al movimiento obrero la necesidad de enfrentar el disciplinamiento completo de los sindicatos detrás del Estado y preparar los futuros capítulos de la rebelión contra la burocacia en los sindicatos. La delegación lila dijo aceptar el planteo contra la paz social con el propósito de sacarse de encima un debate y pasar al asunto de los cargos. Pero que la lista estuviera encabezada por Adosac no es coherente con ese programa, porque su dirección acaba de firmar un acuerdo salarial por debajo incluso del que firmó la burocracia de Yasky, bajo la excusa de que el gobierno le prometió reabrir la discusión salarial a mitad de año. Hoy (ver nota), el gobierno de Peralta pateó la discusión a las calendas griegas. La directiva se ha vuelto a adaptar, postergando hasta mediados de julio su congreso provincial. Esta adaptación al ninguneo del gobierno fue reconocida por una parte de los dirigentes de la Lila, que admitieron que los docentes de Santa Cruz están en una “mala situación”. En oposición a que encabece un dirigente de Adosac, Tribuna Docente planteó que debía encabezar la lista Amsafe Rosario, o los compañeros de Agmer (Entre Ríos). Rosario, además de ser una de las seccionales mas importantes del país en términos de afiliados, es un sindicato que enfrentó claramente al gobierno de Binner y se plantó en la vereda de enfrente de la paz social de Yasky. Su directiva es un frente que reúne a toda la oposición santafesina contra Yasky, el cual obtuvo el 40% de los votos. Los compañeros de Agmer vienen de derrotar el fraude perpetrado por la Celeste y se preparan en su congreso para votar medidas de lucha por la reapertura de las paritarias. El bloque más cerrado contra nuestro planteo estuvo integrado por el MST y el PCR. Son los grupos que sostuvieron la paz social en el subte y en Kraft, y que en Suteba se integraron durante una década a la directiva provincial con la Celeste de Yasky. Llegados recientemente a la oposición, la dividieron en las elecciones del Suteba de 2009, particularmente en La Plata, incluso con el costo de perder parte de las seccionales y cargos que detentaban, y así evitar la derrota de la Celeste en las principales seccionales del conurbano (comenzando por la Matanza). Tribuna Docente viene de una fuerte campaña por una lista en común y ha juntado ya la totalidad de los avales necesarios para la presentación. Hemos hecho reuniones abiertas, incluso con sectores que integraron la Lila, para avanzar en una lista unitaria. Seguiremos desarrollando la campaña por una lista clasista representativa y real en base a este programa, a cuya construcción convocamos a todos los sectores de la oposición.

-Exclusivo de internet El lunes 11 de junio se estrenó en el Cine Gaumont (hoy bajo la órbita del llamado espacio INCAA), el documental "¿Quién dijo miedo?", de la realizadora hondureña Katia Lara, actualmente exiliada en Argentina. El mismo resulta interesante desde el punto de vista narrativo por dos cuestiones sustanciales. La primera consiste en que el relato comienza con los hechos previos que dieron lugar al golpe de estado, es decir el impulso a una consulta sobre una reforma constituyente y la negativa del ejército a distribuir las urnas para esa consulta, hasta la actualidad donde se ha mantenido la situación de ilegimidad por medio del terror y la persecución. El segundo aspecto tiene que ver con la narración en primera persona del relato. No son los realizadores simples observadores de la realidad, sino que su participación activa en el proceso de resistencia al golpe de estado es un elemento constante durante toda la película. Estas dos cuestiones acercan de gran manera al espectador y lo ubican dentro del convulsionado proceso hondureño de una manera emotiva pero muy descriptiva. El documental, sin embargo, no logra desatar el nudo del problema central, ¿cómo es posible que el golpe de Estado haya logrado encausar el proceso político en su país si todo el pueblo hondureño y todos los gobiernos latinoamericanos se posicionaron en contra? En este punto es donde afloran las contradicciones que el documental intenta disimular poniendo en su explicación de los acontecimientos a los gobiernos nacionalistas del lado del pueblo hondureño en base a imágenes, sobre todo de Cristina Kirchner, que lo único que hacen es indignar por su demagogia. No salieron de las gestiones diplomáticas. Esto se hizo más claro aún luego de la última reunión de la OEA, donde fue acordada una política de normalización paulatina de las relaciones con el país centroamericano. Es necesario generar un debate a partir de este valioso documento audiovisual en torno a esta problemática, ya que sólo dilucidando el verdadero carácter de los gobiernos nacionalistas del continente podremos los pueblos latinoamericanos desarrollar una política independiente que pueda derrotar no sólo a los golpes de Estado, impulsados por las oligarquías nativas y el imperialismo, sino a las burguesías locales cómplices de ambos. Negar la cobardía de estos gobiernos transforma una herramienta tan valiosa como este documental -que muestra un pueblo insurrecto contra la explotación- en un 6, 7 y 8 latinoamericano.

Apenas quince días después de la renuncia de Taiana, un funcionario fiel a los K, Eduardo Sigal, fue pillado por los diarios con un cable al nuevo ministro Timerman, en el que denuncia una diplomacia paralela en los negocios en Venezuela. Ya no son los ‘destituyentes’ ni los kirchneristas ‘tibios’ los que desnudan que el país está gobernado por una camarilla que se encierra cada vez más sobre sí misma. Quien dejó esto más en claro fue el inefable D'Elía al declarar que apoyaba a los Kirchner porque eran ‘sus’ “hijos de puta”; o sea, los “hijos de puta” que le gustan a D'Elía. La crisis política es entonces una crisis del régimen de camarilla. El cortocircuito en la Cancillería viene de lejos y ha logrado quebrar la solidaridad de sus cuadros intermedios con el gobierno. El punto más alto se alcanzó cuando estalló la crisis comercial con China, sin haber resuelto tampoco la crisis con Brasil. El encargado de pilotear estas tormentas, el ahora vicecanciller Charadía, respaldó la actitud de Sigal. Que el comercio internacional de Argentina se ha transformado en un coto de la camarilla, lo demuestra el entrelazamiento que ha armado con los pulpos mineros, al punto de vetar la ley de glaciares. En Toronto, la Presidenta se juntó con estos pulpos para ratificar los privilegios que gozan en Argentina. El intento de reducirlo, recientemente, en Australia, provocó un “golpe de Estado incruento” ( Financial Times ) de las mineras, que logró derribar al primer ministro de ese país. Las manifestaciones de descomposición del oficialismo son abrumadoras. Van quedando solamente los alcahuetes. Del transversalismo se ha pasado al gobierno de la familia y amigos. Se trata, ahora, de denunciar, en primer lugar, a los adversarios capitalistas del kirchnerismo, para combatir el intento que hacen de capitalizar el fracaso de los impostores del nacionalismo popular.

Los docentes no cobran el 82% móvil, como sí afirma la dirección de la Ctera. Y no lo cobran por culpa de la mismísima Ctera, que acordó con el gobierno que la movilidad no sea automática sino en base a un índice semestral, que se aplica en marzo y septiembre, el cual se elabora tergiversando la ley 24.016 de jubilación docente. Esa ley textualmente dice: “El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiera desempeñado por su carrera docente por un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses, ya sea como titular, interino o suplente. Si este período fuera menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendario más favorables continuos o discontinuos”. Para mayor precisión, la ley 24016 agrega: “En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida que se modifiquen los sueldos del personal en actividad”. Claramente, la ley no hace referencia a ningún indice sino a los sueldos en actividad y tampoco de plazos ya que expresamente dice que debe hacerse “de inmediato”. Si el índice tergiversa lo que marca la ley, que sea semestral es otra estafa. Porque toma en cuenta los semestres calendarios: de enero a junio para aplicar el ajuste en septiembre y de julio a diciembre para aplicarlo en marzo del año siguiente. O sea, si un docente activo obtiene un aumento en enero o febrero, al jubilado docente recién le aplicarán la suba del índice en septiembre, o sea siete u ocho meses después. Con una inflación del 2% mensual, como la actual, el jubilado sufre una confiscación permanente y creciente. El índice es elaborado por una Comisión formada por la Secretaría de Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Ctera a partir de la evolución de los sueldos de cuatro cargos docentes tomados como referencia y de un promedio ponderado de las diferentes jurisdicciones del país. ¿Qué pasó en marzo último? “Este año, en marzo, el índice de ajuste semestral fue el 0,98%. Las críticas no se hicieron esperar y semanas atrás, el Gobierno tuvo que otorgar un 4,95 por ciento adicional “en atención a instrucciones enviadas por el Ministerio de Trabajo y la Secretaria de Seguridad Social y a definiciones impartidas por la superioridad” ( Clarín , 5/7). Ctera co-elaboró, de este modo, un aumento de 0,98% cuando la inflación ronda el 25% anual. Y ese 0,98% fue tan trucho que luego el Gobierno, reconociendo la estafa y por fuera del índice, tuvo que dar un aumento adicional del 4,95%, ridículo, pero que demuestra la estafa del 0,98%. ¡Que se aplique la ley 24016! ¿Por qué se aplica el 82% móvil para jueces y diplomáticos y no para los docentes e investigadores científicos? La dirección de la Ctera debe retirarse de la Comisión trucha que hace el índice y luchar por el 82% móvil, que debe aplicarse a todos los jubilados docentes cada vez que aumentan los salarios activos.

-Exclusivo de internet El impresionante espectáculo que conlleva un mundial de fútbol ocultó, sólo por un momento, la situación crítica del fútbol argentino. Detrás de la derrota argentina no hay sólo "un mal partido", sino años de rapiña y pésimos negocios. ¿Se juega como se vive? Con esta pregunta, el pasquín oficial del gobierno "6, 7, 8" abría sus programas en la semana previa al partido del Seleccionado nacional con la de México. Por su estupidez la pregunta no resiste mayor análisis. Sólo muestra la miseria de un gobierno que, en función de un par de buenos resultados futbolísticos, intenta disfrazar una realidad nacional no tan "atractiva" y, peor aún, se mofa de la situación crítica que atraviesan, no los capitalistas griegos, italianos e ingleses, sino sus trabajadores y hasta la de los trabajadores argentinos emigrados. Sin embargo, toda pregunta puede reformularse para buscar los verdaderos motivos de los fracasos... ¿Se juega como se vive? o ¿Se juega como se dirige? Fútbol para algunos La dirección de Julio Grondona al frente de la AFA ya lleva 31 años. Sobrevivió a dictaduras y democracias, profundas crisis económicas y convulsiones políticas. Sin embargo, se mantiene intocable en el poder gracias al antidemocrático estatuto de la Fifa y a las camarillas que ha formado con los presidentes de los principales clubes, quienes, a su vez, le devuelven el favor sosteniéndolo al frente de la AFA. A lo largo de esos 31 años, además, se convirtió en vicepresidente y tesorero de la Fifa, nada menos que el encargado de las finanzas de la organización deportiva más multimillonaria de la historia (nada mal para un ferretero de Sarandí). Pero las finanzas del fútbol argentino hace tiempo que están en rojo. La infraestructura es pésima en todos los niveles, la gran mayoría de los futbolistas cobran salarios miserables cuando tienen la suerte de cobrar y los clubes (salvo excepciones) están quebrados. Los dirigentes han vaciado los principales clubes de primera división con negocios truchos, desviación de ingresos o simplemente el robo. Los casos más significativos son los de River y Racing, seguidos muy de cerca por Boca y Rosario Central. "Los clubes del fútbol se han transformado en un campo de enriquecimiento de decenas de dirigentes inescrupulosos, que ocultan las verdaderas transacciones con los jugadores, evaden impunemente los impuestos y no pagan los aportes jubilatorios a los jugadores y a los empleados de esos clubes. Tampoco presentan los balances de sus cuentas en la AFA; ni la AFA se las pide. Las deudas de los clubes con el fisco rondan los 300 millones de pesos, casi la mitad de la deuda total" (PO Nº 1.095). Los ingresos del negocio se orientó a "salvar" a los clubes vaciados por sus dirigentes. Con todo, los clubes siguen en rojo, y los jugadores (principal ingreso hasta la televisación) se malvenden a empresarios y clubes de países de segundo orden futbolístico como Rusia, México o Emiratos Árabes. Amateurismo Sin embargo, el fútbol argentino en los últimos 15 años descolló en las competencias "amateurs". Ganó cinco de los últimos ocho mundiales juveniles, una medalla olímpica de plata y dos de oro. El acelerado profesionalismo de los juveniles argentinos se debe a que son fogueados desde chicos en la primera división con la intención de valorizarlos y generar nuevos ingresos para los clubes. En los campeonatos juveniles y las olímpiadas, participan jugadores menores de 21 años, mientras que en Argentina esos jugadores son "las grandes esperanzas" para salvarse en Europa debutan a mayor edad en los clubes chicos de sus respectivos países. La contraparte son las selecciones mayores, cuyas principales figuras participan, prácticamente todos, sólo en las cuatro ligas más profesionales del mundo. Mientras todos codician la dirección técnica del fútbol juvenil (que tuvo en estos 15 años sólo tres directores técnicos), ningún técnico de renombre quiso agarrar la Selección mayor luego de la caída de Basile. La decisión recayó "demagógicamente" en Maradona, un DT carente de experiencia como técnico (apenas unas experiencias desastrosas en Mandiyú y Racing), quien sólo contó con su capacidad de motivación. Ni Bianchi ni Díaz, ni otros "telefoneados" quisieron agarrar el fierro caliente de la Selección, ya que eso implicaba enfrentarse a las diferentes camarillas dirigenciales. Panqueques vuelta y vuelta Mientras el periodismo deportivo vinculado con los principales monopolios se encargó de destrozar a Maradona, los periodistas del canal oficial festejaban el carácter popular y acertado de la decisión. Con la clasificación frente a Uruguay y los resultados siguientes se fueron dando vuelta y llenando las interminables horas de programación con elogios esperanzados en una Argentina finalista en Sudáfrica 2010. La paliza recibida frente a la Selección alemana los volvió rápidamente al mundo de la crítica. Sin embargo, pocas voces se escuchan denunciando las atrocidades de la AFA, los negociados y la rapiña dentro de los clubes argentinos que han llevado al fútbol argentino al fondo del pozo. La descomposición del fútbol viene de la mano de la descomposición capitalista que lo convirtió en un negocio para pocos. El fútbol argentino, al ser uno de los principales exportadores de "materia prima" es punta de lanza de esa crisis.

Cuando se echa una mirada hacia el ajuste contra los trabajadores en todo el mundo, para rescatar a los grandes capitales de la crisis, queda en evidencia que el bulto lo cargan los jubilados. En primer lugar, porque tanto los sistemas estatales como privados se encuentran en quiebra debido a que tienen colocadas las contribuciones previsionales en acciones o deudas de las empresas y en títulos del Estado –cuyas acciones y bonos, respectivamente, se han desvalorizado en proporciones catastróficas. En el caso de los sistemas privados, los trabajadores han tenido que postergar la fecha de su retiro (sin que haya sido necesaria una ley que eleve el mínimo de la edad para jubilarse). Esto ocurre principalmente en los Estados Unidos. Pero el desastre no exime a los sistemas estatales, pues según acaba de revelar Boudou, los 160 mil millones de pesos en acciones y deuda pública que tiene la Anses (que acumularon las ex AFJPs y luego la gestión K) cotizan hoy a un valor de mercado de 70 mil millones. O sea que las gestiones públicas y privadas (capitalistas) han desvalorizado el fondo acumulado por los trabajadores para su jubilación en un 60%. Para colmo, las ‘inversiones’ de la Anses en títulos públicos y Letras del Tesoro en pesos se ajustan de acuerdo con el índice de inflación del IndeK, mientras los intereses –unos 8.000 millones de pesos anuales– no quedan en el sistema previsional sino van a pagar la asignación que antes pagaba el Tesoro. Entre ese dinero acumulado se encuentran depósitos a plazo fijo, a tasas de interés inferiores a la inflación, en los bancos que se han comprometido con el gobierno a prestarlo a grupos capitalistas afines al oficialismo. Es decir que los subsidios a las empresas son mayores que los anunciados. La quiebra de los fondos de pensiones, sean privados o estatales, que fueron usados primero para subsidiar al capital y luego para financiar su rescate, ha sido el pretexto para que Grecia, España, Francia, Alemania e Italia hayan elevado la edad para jubilarse y reducido en porcentajes variados el monto de las jubilaciones. La UE propone una ley comunitaria para llevar la edad jubilatoria a los 70 años. Berlusconi acaba de presentar un proyecto de ley para que, además, la edad de retiro se suba cada tres años, de acuerdo con el aumento de la expectativa de vida. El bufón de los italianos evita decir que las personas que vean privada su posibilidad de retiro tampoco podrán trabajar o seguir trabajando, debido al crecimiento de la desocupación. Como se puede ver, la cruzada del capitalismo contra los trabajadores se ensaña en especial contra los jubilados. Ahora que el sistema jubilatorio ha llegado a su “madurez”, queda claro que el “estado de bienestar” fue un eufemismo para designar un período en que las cajas recaudaban aportes pero eran escasas las jubilaciones a retribuir. El excedente que se generó en esa etapa fue literalmente confiscado por el ‘estado de bienestar’, que lo destinó al financiamiento subsidiado a los capitalistas. Cuando la nómina de jubilados comenzó a crecer (en Estados Unidos la llaman la generación de posguerra o ‘baby boomers’), el desfalco a las cajas quedó al desnudo y los Estados comenzaron a compensar el faltante con impuestos o con la desvalorización de las jubilaciones por medio de la inflación. No son, por lo tanto, las tendencias crecientes de expectativa de vida o la menor natalidad las que han hundido a las jubilaciones, sino simplemente el capital, que se financió con las cajas de jubilaciones en la ‘bonanza’ y ahora las hunde con la crisis. Un gobierno de trabajadores no solamente garantizaría un retiro digno, sino que, más importante, garantizaría la posibilidad de que las personas de la tercera edad sigan trabajando y creando en concordancia con sus condiciones de vida. No hace falta decir que este abordaje social incrementará aún más la calidad y las expectativas de vida. Argentina, primera En la Argentina kirchnerista, el ajuste contra los jubilados supera al de Europa, a pesar de que la Presidenta se pasee por el mundo dando lecciones contra los ‘ajustes’ europeos –aunque votando a favor de ellos, como ocurrió, en el FMI, con el paquete para Grecia. Es que en Argentina, la jubilación promedio apenas llega al 36% del último salario y es un 80% menor al costo de una canasta familiar. Los K lo ven de otro modo, claro: aseguran que la jubilación mínima ha crecido, desde 2002, por encima de la inflación. Pero, mientras a principios de la década, los que cobraban el mínimo no llegaban al 10% del registro, hoy ha caído a esa categoría el 80%. Lo que es aún peor, los K hacen sus cálculos sobre los mínimos congelados por Menem, que luego volvieron a desvalorizarse con la devaluación y la inflación de 2002. Los jubilados tampoco recibieron nada (como sí ocurrió con las empresas y bancos) del ‘crecimiento a tasas chinas’ desde 2003, lo que equivale a una desvalorización relativa (respecto del PBI) de sus haberes (digamos de paso, que el mismo ‘perro’ meten los K con la deuda externa: parten del crecimiento usuario de la deuda en 2001, como consecuencia de megacanjes, blindajes, préstamos garantizados y tasas usureras de más del 30%, para luego presentar a la ‘quita’ como un ‘despojo’ a los acreedores, cuando se limita a retrotraer el nivel de deuda que existía con anterioridad a ese desfalco). En resumen, el gobierno kirchnerista consolidó la confiscación de las jubilaciones que ejecutaron los gobiernos que lo precedieron, y encima agravó la condición de los millones de jubilados que se encontraban por encima del mínimo. Jactarse de pagar una jubilación de 900 pesos (que no cubre el gasto semanal de maquillaje de la Presidenta) al 80% de los jubilados, retrata de alma y vida a un gobierno anti-obrero. Sinvergüenzas El oficialismo, con K a la cabeza, ha reaccionado con inusitada virulencia a la posibilidad de que el Congreso apruebe una jubilación del 82% del salario mínimo y la actualización de las jubilaciones; su pedigrée nacional y popular se vino abajo en menos de lo que canta un gallo. Asegura que la propuesta es ´destituyente´, porque la Anses no podría financiar los aumentos. Dicho en otros términos: la deuda externa tiene financiación, el pago adelantado al FMI, también, lo mismo el nuevo arreglo con los acreedores de bonos en default –los ‘curros’ más destacados de una lista que es interminable, porque incluye subsidios a GM, a Peugeot y otros. Todo esto suma decena de miles millones de dólares, cuando el misérrimo aumento que recibirían los jubilados si se aprobaran los proyectos propuestos, no sumaría más que 30 mil millones de pesos por año. ¡El proyecto de Presupuesto para 2011, dicen los que saben, prevé comenzar los pagos al Club de París! La deuda externa es un flujo continuo de pagos periódicos (no un pago de única vez) que tiene hipotecado al país desde hace cuarenta años, y va por otros cuarenta años más. Ahora bien: si los precios aumentan sin que se les pregunte a los consumidores si tienen recursos para solventarlos; si lo mismo ocurre con los impuestos, que ignoran la posibilidad de pago de los contribuyentes; si se permite una fuga de capitales de casi 50 mil millones de dólares, sin preguntarse si esto afecta o no la capacidad de inversión del país; y si la cosa se repite cuando se paga a los buitres internacionales; si esta es la norma general, ¿a qué obedece esta súbita reacción ‘nacional y popular’, que rechaza otorgar un aumento misérrimo a los jubilados con el pretexto de que no alcanzan los recursos? El problema no es contable sino social. Para el capital el gasto en jubilados es improductivo –no es una fuente de explotación que permita generar nuevos beneficios (esto es, sin embargo, falso, pues se trata de un salario que se paga en forma diferida a un obrero productivo que ha dado ganancias al capital). El problema es, luego, político: basta con que la Anses deje de subsidiar parásitos capitalistas, o que se reasignen los derroches del Presupuesto, para que el 82% sea perfectamente viable. El aumento lo deberían financiar los capitalistas, a quienes Cavallo les redujo las contribuciones previsionales. Después de todo, si las jubilaciones no son más que un salario diferido, el rechazo del capital a pagarlas equivale a un robo. Los K pretenden ahora movilizar a los capitalistas contra el 82% (y contra el reajuste de las jubilaciones que están por encima del haber mínimo) para que presionen al Congreso y para convertir la discusión sobre las jubilaciones en una extorsión de que el 82% y los reajustes dañarían la ‘competitividad’ de la economía. Solamente un deshonesto puede usar este argumento cuando la productividad del trabajo (el monto de producción sobre el número de obreros) ha crecido sin interrupción en el medio siglo último. Repetimos: no es una cuestión contable, pues los recursos existen siempre, y ahora también; la cuestión son las prioridades que se les asigna. Rebelión popular La aparición de los proyectos del 82%, por parte de la ‘oposición’, no responde a una inesperada vocación popular: en su momento, no vaciló en reducir las jubilaciones en un 13% ni en votar impuestazos ‘célebres’ (para pagar, como siempre, la deuda externa). Los proyectos buscan una salida a una crisis del régimen político, que pueden explotar en cualquier momento en forma catastrófica. Ocurre que la Corte Suprema se ha visto obligada a declarar inconstitucional los congelamientos de Cavallo y los posteriores a 2002, lo cual crea una nueva deuda de varios miles de millones de dólares para un Estado que tiene que arrebatar dólares del Central para poder pagar la deuda existente. Los proyectos opositores son una operación de rescate frente a la acumulación de 350 mil juicios que ya tienen un fallo favorable asegurado a partir del dictado en los casos de Badaro y Sánchez. Se trata de una movilización extraordinaria de jubilados, por vía judicial, que les insume un enorme esfuerzo e incluso un costo económico. La generalización de los ajustes ya decididos por la Corte en esos dos fallos, obligaría al Estado a actualizar las jubilaciones anteriores a 2006 y cargar con el compromiso de los retroactivos, que en algunos casos llegan a los años 80. Esa generalización es inminente. La iniciativa de la ‘oposición’ procura una salida a este gigantesco impasse. Por eso sus proyectos no incluyen el pago retroactivo de los congelamientos, ni tampoco el 82% sobre el salario último del trabajador (sino sólo sobre el salario mínimo). El objetivo de esta legislación limitada es que sirva como pretexto para que la Corte dilate un fallo colectivo y para que las jubilaciones superiores a las mínimas, desde antes y después de 2006, se ‘instalen’ en un monto equivalente al 40/50 del salario último del trabajador. El proyecto de los ‘opositores’ no es ‘destituyente’ sino ‘conservador’. Es sobre esta base que oficialistas y opositores ya están buscando un compromiso ulterior, que reduzca aún más la concesión que se haga a los jubilados. El operativo lo encabeza Moyano, quien propone un ajuste del mínimo (y el reajuste de las escalas superiores) en forma progresiva o en cuotas –y, naturalmente, el mantenimiento de la movilidad actual– basada en un índice de recaudación fiscal y no, integralmente, en la inflación o los aumentos salariales (que incluya los ítems ‘no remunerativos). Nuestra posición En el Congreso no hay una bancada obrera, y para peor los Moyano y los Yasky se han puesto del lado del gobierno y de las patronales contra los trabajadores y los jubilados. El más pérfido es Yasky, quien ha sacrificado el 82% móvil de los docentes, firmando ajustes del 0,98% para los maestros jubilados y pactando aumentos salarios no remunerativos, que no se toman para el cálculo de la jubilación; Yasky ha condicionado el apoyo al 82% en debate a que se financie con un aumento de contribuciones patronales –a sabiendas de que los diputados no van a hacerlo y destruir así la posibilidad de que sea votado el 82%. Una fuerte bancada obrera opondría a los proyectos de la oposición patronal, un proyecto integral del 82% móvil; la devolución de las jubilaciones confiscadas por el congelamiento; la devolución de la Anses a los trabajadores; impuestos al capital; el rechazo al canje fraudulento y el no pago de la deuda externa. Y apoyaríamos ese proyecto con una movilización popular y de los sindicatos. En ausencia de esa bancada y de la posibilidad de que se vote un proyecto que establezca los derechos de los jubilados en forma plena, llamamos a impedir que naufrague el proyecto de llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo; reajustar todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002; y establecer una movilidad de acuerdo con la suba real de los salarios –no la movilidad trucha semestral vigente. Advertimos que opositores y oficialistas ya están negociando para reducir aún más esos proyectos que ya rebajan lo que corresponde por justicia a los jubilados. Movilicémonos al Congreso cuando se traten los proyectos. Manifestémonos en las Comisiones del Congreso. Exijamos un debate en los sindicatos y un plan de lucha de la CGT y la CTA.

El panorama en docentes de Santa Cruz es preocupante: después de que Adosac firmara uno de los acuerdos salariales más bajos del país (lo cual la puso en el campo de las paritarias pactadas por Yasky con los K), con la promesa de “reabrir” la paritaria el 22 de junio, ahora el gobierno patea la discusión salarial prometida hacia adelante (confirmando el pronóstico de nuestro artículo anterior, ver PO Nº 1.125, 22/4), y avanza incluso por encima de la paritaria en la aplicación de la Nueva Ley de Educación, que incluye reformas laborales contra maestros y profesores, y el riesgo cierto de una pérdida de puestos de trabajo en perjuicio de los profesores que se desempeñan en horas cátedra. Ante la postergación, la Comisión Directiva ha declarado el ‘clásico’ “estado de alerta y movilización”, recurso usado en muchas oportunidades por la burocracia sindical para dilatar y disolver la lucha contra los atropellos patronales –en este caso del Estado. Pero en los hechos el ‘alerta’ tiene desconectados los tapones de la luz, porque no hay casi actividad que indique que la Directiva se encuentre preparando una ‘movilización’, plan de lucha o la huelga. La Directiva de Adosac se limita a imputar “improvisación” al gobierno de la provincia acerca de la aplicación de la ley de educación. Ante estas críticas, los diputados del oficialismo han contestado que un documento elevado por la propia Directiva de Adosac avala la posición del gobierno, pues propone siete años de primaria y cinco de secundaria, como lo hace el gobierno, con el añadido oficial de eliminar una parte de los paquetes de horas cátedra. Es que al pasar del tercer ciclo a la nueva secundaria los actuales 8º y 9º años, pero dejando el 7º en la primaria, los paquetes de horas cátedra dedicados a los 7º se caen y no tienen reubicación a la vista en un sistema que se achica. Tampoco generan nuevos puestos de trabajo para los profesores de primaria, que ya venían trabajando en pareja pedagógica y ahora simplemente trabajarán solos y con mayores cargas horarias frente a alumnos por el mismo precio. El Congreso de Adosac, que había sido convocado para el 26 de junio, se suspendió por razones climáticas, y ahora se va a realizar el 14 de julio. Es necesario poner en pie de lucha nuevamente a nuestra organización gremial, por la recuperación salarial, para frenar los inminentes ataques contra el régimen jubilatorio provincial, así como impedir los concursos truchos para titularizar, que van a ser el medio para dejar en la calle a decenas de profesores de secundaria. En el plano de la Ley Educativa, es preciso un cambio de orientación: en lugar del documento de Adosac que recomienda “principios pedagógicos” y “aconseja” cuántos años debe tener la primaria, es preciso un conjunto de reivindicaciones educativas: topes de alumnos por aula, construcción de edificios, salarios que permitan vivir dignamente con un solo cargo docente, generalización de las salas de tres años, gabinetes y materiales de estudio en todas las escuelas, escuelas y colegios de jornada completa, ampliación de las horas cátedra del sistema, todo lo cual exige la duplicación o más del presupuesto educativo.

Se terminó. Un brutal cachetazo nos devolvió a la realidad. La derrota cruda, sin atenuantes, de la selección Argentina contra Alemania demostró que buenas individualidades no pueden superar la falta de un trabajo de equipo. La selección fue precisamente un culto a las individualidades, empezando por la de su propio técnico – que incluso la llevó a la publicidad. Pero el análisis debe ir más allá. La selección es hija de la crisis política argentina y de la improvisación total ante esa crisis. Maradona es el técnico argentino por la decisión política de los Kirchner de poner al más “nacional y popular” al frente de la selección La decisión fue una arreglada con Grondona, mercenario de todos los gobiernos civiles y militares. El gobierno se metió en el fútbol para sacar réditos políticos en su lucha contra la patronal de Clarín. “Fútbol para todos” obedece a ese propósito y a desarrollar un canal de inmensa propaganda y nuevos negocios, como la futura implementación de un nuevo sistema de apuestas en el fútbol en asociación con los K de Telecom. El acuerdo con Telefé para este Mundial es sólo un adelanto de los nuevos negocios del fútbol. “La selección nacional es un ministerio más del Estado”, diría el poeta y músico Hernán Cabra. Los “intelectuales” a sueldo del kirchnerismo acuñaron en TV pública el slogan la “última parada es la gloria”, o sea una foto con el ídolo convertido de nuevo en campeón del mundo, la estación final después de la ‘parada’ del Bicentenario. Los ‘intelectuales’ maradanonianos fueron los inventores de los 200.000 afiches con la frase “Dejà Vu” luego de México y “Dejar la vida” antes de los alemanes, pagados con el dinero que le niegan a los jubilados, como lo fue el abortado y bochornoso armado de Hinchadas Unidas, que terminó con un muerto, decenas de deportados y crisis internas y pases de factura entre Aníbal Fernández y Grondona. La selección llegó al Mundial rodeada de crisis internas entre su propio cuerpo técnico y con muchos periodistas agredidos con la anuencia del gobierno. Toda esta porquería se “taparía” con una gran actuación argentina. La derrota en cuartos de final estuvo muy lejos de la “parada de la gloria”. La continuidad de Maradona no es un problema futbolístico, cuando está en la agenda el adiós a los K. En el año de las elecciones se jugará la copa América... en Argentina. Volverá el manoseo de los K, en función de sus intenciones políticas.

El fracaso de un dictamen de mayoría en favor del llamado “matrimonio gay” es otro episodio significativo de la desintegración del kirchnerismo. Ocurre que el clero movilizó a sus agentes dentro del oficialismo para imponer su oscurantismo. El salteño Urtubey y el chaqueño Capitanich, dos candidatos al relevo de los K dentro de sus propias filas, dieron libertad a sus senadores para actuar conforme al operativo de la Iglesia en esa Cámara. Con esto dieron un guiño al llamado ‘peronismo disidente’ para que los considere como alternativa para poner nocaut a los K. El sanjuanino Gioja, que la semana que viene celebrará los acuerdos de minería que la Presidenta firmará con China, dio asueto a los estatales sanjuaninos para sumarlos a las manifestaciones del clero. En la misma línea actuaron Jenefes, de Jujuy, y Celso Jaque, de Mendoza –y hasta una senadora del Frente Grande, de Río Negro. Desde la media sanción del matrimonio gay hasta hoy, los Kirchner asistieron impávidos a la ofensiva del clero. Néstor se limitó a levantar la mano en Diputados, mientras Cristina “nunca sentó posición sobre el tema” ( La Nación , 7/7). No debe sorprender que acaben capitulando ante el clero: la ‘libertad de conciencia’ que dieron a sus huestes demuestra que no existe el llamado ‘proyecto de transformación’ que invocan, y que todos los K son, como dice D’Elía, “nuestros hijos de puta”, o sea una camarilla de arribistas. Se apunta a un ‘consenso’ para que salga una unión civil, que de paso enfrenta decisiones judiciales que rubricaron matrimonios entre personas de sexo diferente. Mientras tanto, sin embargo, un rechazo del Senado deja el tratamiento del proyecto original para marzo del año que viene –y hasta la posibilidad de su archivo. La demostración de fuerza de la Iglesia la convierte en árbitro de los alineamientos políticos que van a sustituir a los K en 2011. Los mismos gobernadores que se rebelaron contra el matrimonio homosexual prevén adelantar las elecciones provinciales para separase de la elección nacional y poder negociar así su apoyo a quien más les convenga. En la misma semana, la cancillería volvió a crujir cuando funcionarios del riñón kirchnerista, como Sigal o la propia Alicia Castro, han salido a cuestionar la ‘diplomacia paralela’. Del choque al compromiso reaccionario La disgregación oficial parece animar a la oposición capitalista del Congreso, que ahora quiere avanzar en una ‘agenda común’. Los ejes de ésta vuelven a ser la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la devolución de la autonomía del IndeK –en este caso para beneficiar a los acreedores extranjeros que tienen títulos indexados según la inflación y para habilitar el monitoreo de cuentas por parte del FMI. La oposición parlamentaria está unida para producir la ‘transparencia’ que reclaman los pulpos internacionales. Esta ‘agenda’ no confiesa, sin embargo, uno de sus puntos vitales: la ‘reconciliación nacional’ -o sea el cese de los juicios a los genocidas. La propuesta ya la hizo Duhalde, quien fue vicepresidente cuando Menem dictó el indulto. Esto explica que Videla haya decidido abrir la boca en un juicio, como ha ocurrido en Córdoba, y la ofensiva del ‘service’ Yofré, quien se ha convertido en asesor de Duhalde, para reivindicar a Perón y a López Rega y en la bolada a la Triple A. Las victorias de Piñera, en Chile; Chinchilla, en Costa Rica; Martinelli, en Panamá; y Santos, en Colombia, animam a los Duhalde-Yofré-Lavagna en el armado de la ‘agenda’ de la oposición, que apunta a una victoria de la reacción política en octubre del año que viene. Las victoria de la derecha regional ha servido para que Obama extienda su política de bases militares a nuevos países (ahora Costa Rica), sin que ‘nuestros’ K, Chávez y Correa digan esta boca es mía. Correa ha rechazado el fallo de la Justicia de su país que ordena el arresto del colombiano Santos por el ataque al territorio ecuatoriano contra un campamento de las Farc. En Argentina, Macri acaba de confesar que contrató a los espías de la Ciudad por una orden de la CIA, la DEA y el Mossad, sin que esta ‘expiación’ haya siquiera mosqueado a los K, que tienen sus propios compromisos con ese trío nefasto. Los ‘populistas’ de América Latina han salido escaldados de su frustrada experiencia con el hondureño Zelaya, que mostró su incapacidad para defender la democracia contra un golpe imperialista. El tema del 82% móvil no debe llamar a engaño: a los opositores no los anima derivar el dinero público para los trabajadores retirados, sino resolver una crisis política que se arrastra desde el derrumbe de 2001 –el ajuste de las jubilaciones por inflación– que ya obligó a la Corte a emitir fallos a favor del reclamo de los jubilados, aunque evitando extenderlos al conjunto de ellos; con eso procura evitar el pago de las retroactividades a los jubilados afectados por el congelamiento de sus haberes y evita establecer el 82% móvil del último salario cobrado (incluidos los ítems no remunerativos) para el conjunto de los jubilados. Obviamente, una ‘agenda’ que apunta a ‘normalizar’ las relaciones con el capital financiero, el FMI, el clero y las fuerzas armadas choca con la lucha que caracteriza desde hace tiempo al movimiento popular. Por eso se la edulcora con fraseología democrática. Entre esta ‘agenda’ y la ‘agenda’ de los K no hay una diferencia de principios sino de abordaje y de método. Pero ante la primacía que va conquistando esa oposición, la denuncia de su política y de sus objetivos debe ocupar el primerísimo lugar en la agenda (también) de la agitación socialista y revolucionaria. Esa falta de principios en la diferencia entre las fracciones capitalistas ha quedado demostrada de nuevo con la inclusión de los pagos al Club de París en el proyecto de Presupuesto de 2011. Pero en la ‘agenda’ del Club de París figura, en primerísimo lugar, el pago de diferencias a los acreedores por la manipulación del IndeK y el ‘monitoreo’ del FMI. La tarea de la hora es que los trabajadores tomemos la lucha por el 82% móvil y por el derecho de los homosexuales en nuestras propias manos, y que sobre la base de esta lucha desarrollemos una alternativa política propia. Los Yasky y los Moyano son cómplices de la política oficial contra los compañeros jubilados. Hay que sacarle la Anses a los K y a los capitalistas que se benefician con esto y ponerla bajo la dirección de obreros activos y retirados.

-Exclusivo de internet En las elecciones del sindicato docente de Mendoza la Celeste se impuso con el casi el 37% de los votos, seguida por la Lila (ligada al cobismo) con el 34%. El tercer lugar fue para la Marrón-Fucsia, el frente antiburocrático, que alcanzó el 20% de los votos, finalmente quedó la Plateada con el 8,5%. La Lista Marrón-Fucsia creció con respecto a las últimas elecciones, pasando de 1.500 a más de 2.200 votos, con una excelente elección en el gran Mendoza, donde se registra casi un empate entre las tres principales listas, se ganó en Lavalle, en Las Heras con el 36% de los votos y se creció en el este de la provincia. El frente consolidó un reagrupamiento que se forjó en las luchas salariales de los últimos años, por el trabajo organizado y la repercusión de la campaña que conmovió a un sindicato que hace casi dos años que no va al paro. El balance es positivo porque los miles de compañeros que votaron al frente, sintieron que éste era capaz de dar vuelta la historia de traiciones y entregas de la dirección celeste, en estas elecciones fuimos una alternativa concreta para los trabajadores. El afiche con la consigna "Reapertura de Paritarias y 35% de aumento de emergencia" cerró la campaña y nos delimitó de las otras listas opositoras que se enredaban con sus palabras cuando querían hablar de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Este afiche nos dejó planteadas las tareas para la próxima etapa. El triunfo de la Lista Celeste no significa ningún apoyo de las bases a su política, sino que es simplemente la utilización de un aparato burocrático y clientelar que no tiene sustento en las escuelas, en muchas mesas de activos no superaban el 2 ó 3% de los votos y como ya es un clásico en jubilados los números se distorsionan. Lila, la gran colectora celeste Los dirigentes de la Lista Lila se subieron a la ola del cubismo; se aliaron a Cornejo, intendente de Godoy Cruz, creyendo que de esta manera ganaban seguro. Pero los números no le dieron y otra vez fueron los principales responsables del triunfo celeste. Esta lista, autoproclamada como la más grande del Sute, el día de las elecciones se comportó como parte de la conducción: no puso ninguna objeción a todas las irregularidades, incluso avaló la intervención de miembros de la Lista Celeste de Provincia de Buenos Aires en el acto eleccionario. Esta lista -que se venía a llevar el mundo por delante y prometía un cambio- no pudo ir más allá, porque está presa de los pactos que la atan a distintos proyectos patronales según las circunstancias, tenemos que recordar que fueron socios de la Lista Celeste durante seis años Lo que viene Este proceso de consolidación de un reagrupamiento combativo debe continuar, no hay que darle tregua a la nueva dirección que ya se declaró muy conforme con la política de la Dirección General de Escuelas. Tenemos que sumar a los más de 150 fiscales que colaboraron en el acto electoral, manteniendo un contacto sistemático con ellos. Este frente, como el de Santa Fe, marca la necesidad de formar una lista única de oposición para las elecciones de Ctera y una tercera lista en CTA.

La nota del MAS en respuesta al artículo de Prensa Obrera (Nº 1.133) –“El ‘señor Altamira’ responde...”–, es una verdadera vergüenza. Insiste en interpelar al “señor Altamira”. Con este ataque personal de cuño contrarrevolucionario, el Nuevo MAS, sin embargo, propone todos los días un frente de izquierda al PO. Este ‘método’ suena más a delincuencia que a política. Un frente de izquierda con “señores” es un frente con los explotadores. El desgraciado crítico del discurso de Altamira sobre el Bicentenario pertenece a un MAS ‘nuevo’, que sin embargo es un clon del ‘viejo’, pues no dice una palabra de la acusación de que el ‘viejo MAS’ celebró la Marcha Peronista (no el Himno Nacional) durante diez años, porque obedecía a las “órdenes del general Perón” (subtítulo de su periódico “Palabra Obrera”). ¿Cómo se puede sostener que la clase obrera no desarrolla una experiencia nacional (y acusar al que lo dice de ‘nacionalista’) y seguir defendiendo, por medio del ocultamiento, diez años de un peronismo ultra-Perón? Esto revela un defecto moral. Pero no se trata sólo de aquellos diez años (1954/63), sino más cerca en el tiempo también, cuando el ‘viejo MAS’ reclamaba que la Argentina “necesita un presidente como Alan García”. ¿O cómo llamar al apoyo al bloque de los 9, para apoyar al gobierno de Perón, en 1974 y ‘75, sino como una ‘recaída’ en el nacionalismo y el apoyo al frente popular? ¿O al cretinismo a secas cuando saludó a los familiares de los militares argentinos caídos durante la dictadura de Videla, o cuando calificó de “asesinos” a los militantes foquistas que asaltaron el cuartel de La Tablada e 1989 y que acababan de ser masacrados con fósforo blanco? Nahuel Moreno dejó una herencia deplorable y sus sucesores han preferido recoger la peor parte de la herencia. Ahora resulta que para cuestionar al “señor Altamira”, que llama a recuperar la patria mediante la expropiación del capital nacional y extranjero, el MAS proclama que “hoy como ayer (sic, sic) las tareas de la independencia nacional -dice- no pueden tener una solución satisfactoria si no está en manos de a clase trabajadora” Dejemos de lado aquí dos cosas: 1) la sustitución de proletariado o clase obrera por clase trabajadora (expresión acuñada por peronistas y nacionalistas), o sea la indiferenciación entre el proletariado y el trabajador no asalariado, y 2) la idiotez de pretender que esa clase trabajadora dirigiera la revolución en 1810 (aunque quizá lo de ‘clase trabajadora’ obedezca a que el Nuevo MAS interpreta a la revolución permanente como un proceso dirigido por los artesanos –los que sí existían en 1810 (para dejar al descubierto su propio anacronismo histórico, el MAS podría plantear que el fracaso de Mayo se debe a la inexistencia de soviets). Lo que importa aquí es que si clase obrera debe tomar a su cargo “las tareas de la independencia nacional”, debe desarrollar para ello sus propias características nacionales, como clase revolucionaria internacional. No podría cumplir esta función una clase apátrida, o sea ajena a sus propios procesos nacionales. El autor de la diatriba del Nuevo MAS se contradice consigo mismo, porque simplemente no sabe de qué está hablando, y es desde esta insuperable ignorancia que ‘critica’ al ‘señor Altamira’. La incoherencia es total. Es, sin embargo, desde una posición ‘apátrida’, o sea desde Moscú, lo que pretendía hacer el stalinismo: dirigir (traicionar) los procesos revolucionarios desde afuera de la experiencia nacional de las clases obreras en luchas, o sea desde un posición apátrida, para defender las posiciones ‘nacionales’, o sea chauvinistas, de la burocracia moscovita. Insisto, si el propio MAS admite que es a la clase obrera a quien compete llevar a la victoria la reivindicación de la independencia nacional, ¿cómo no reconocer que las tareas de una clase, la burguesía, han pasado a otra, el proletariado (no la ‘clase trabajadora’), o sea apropiarse de la nación para oponerla contra la burguesía? ( Programa de Transición ). Mi reflexión final es que los compañeros del PO deberían dejar de usar el Correo de Lectores para criticar el tono ácido e irónico de los artículos de Prensa Obrera, que le dan brillo y agudeza, y denunciar con indignación el lenguaje lumpenesco que es propio de algunas camarillas que no saben literalmente de lo que hablan. Cartas en este sentido, no he leído ninguna.

En los tribunales federales de Córdoba se está desarrollando un juicio contra Videla, Menéndez y 29 represores más. Se los acusa de fusilar y torturar a 31 compañeros en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (ubicada en Barrio San Martín) entre abril y octubre de 1976. Veintisiete de ellos eran presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde 1975. Primero estuvieron desaparecidos, luego fueron blanqueados como detenidos a “disposición del PEN”, y finalmente se les aplicó “la ley de fugas”, un procedimiento por el cual la dictadura mataba presos acusándolos de intento de fuga. Este es el tercer juicio a Menéndez por su responsabilidad en el genocidio (en los dos primeros fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común). Por la tradición del tribunal, y considerando que los principales imputados ya cumplen condena por otros juicios, el fallo condenatorio parece estar asegurado. Muy posiblemente ésta sea una de las razones por las que el inicio del juicio no generó una movilización popular, como si había sucedido con el primer juicio a Menéndez. La complicidad del aparato judicial A pesar de no estar imputados, varios integrantes del poder judicial y la Justicia de conjunto han quedado en el centro de la situación. Primero por parte de un abogado querellante, Rubén Arroyo, quien planteó que “acá tendrían que estar jueces, fiscales, secretarios y defensores oficiales. Tendrían que estar acusados de asociación ilícita y encubrimiento” ( La Voz del Interior , 3/7). Arroyo representa a Eduardo De Breuil, que estaba preso en el penal junto a su hermano que fue fusilado. De Breuil declaró ante la jueza Garzón de Lascano (cuando aún no había elevado la causa a juicio) que en el año 1978, cuando ya estaba en Sierra Chica, lo fue a visitar el ex juez federal Zamboni Ledesma –ya fallecido–, ocasión en que él le contó lo sucedido con su hermano y los otros presos, a lo que el juez le contestó “‘son cosas que pasan’, y no hizo nada”. En esa oportunidad De Breuil ratificó su declaración de ¡1984! El que fuera secretario de Zamboni en esa época, Otero Alvárez, fue denunciado por Luis Baronetto, secretario de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba, cuya compañera fue fusilada en el penal. Otero actuó como camarista en el primer juicio a Menéndez. En sus testimonios, dos de los represores acusados implicaron directamente a miembros del poder judicial. Yabour, de la D-2 (investigaciones de la policía provincial), responsabilizó directamente en los hechos a Zamboni Ledesma, al ahora jubilado camarista Otero Alvárez, y al actual camarista Luis Rueda. Yabour señaló que todo se hizo “bajo la directiva del juzgado” donde el primero era juez, el segundo secretario y el tercero empleado. El ex militar Enrique Mones amplió la lista a Cristina Garzón de Lascano, quien elevó la actual causa a juicio, y al defensor Eduardo Molina. En este juicio no sólo se salpicó a la Justicia, también al radicalismo. Uno de los imputados es el ex policía Yanicelli, un personaje siniestro de la D2. Yanicelli ocupó un alto cargo en la jefatura de la policía durante la gobernación de Mestre, cuyo ministro de gobierno era el actual jefe de la bancada de la UCR, Oscar Aguad. Para terminar de graficar la continuidad entre el Estado genocida y el constitucional, uno de los imputados alabó la obediencia debida y el punto final y Videla se basó en el “juicio a las Juntas” para reclamar contra su actual juzgamiento. La impunidad K El inicio del juicio fue usado como acto a favor de la política kirchnerista de derechos humanos. Los K directos y los periféricos coparon la tribuna. Sin embargo, las cifras desnudan la verdadera efectividad de la política de los juicios en manos de los K. Según informaba el portal http://notas.desaparecidos.org, el 17 de mayo de 2010, “ya han concluido 23 debates de juicio oral, con 68 condenados y siete absueltos, y otros diez debates se están realizando ahora, que involucran a 59 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y algunos civiles. Menos de 1500 personas fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad, es decir un porcentaje minúsculo de quienes integraron esas fuerzas entre 1976 y 1983 (no menos de 50.000 oficiales y suboficiales en cada año). Sólo 649 fueron procesados, de los cuales 421 están detenidos con prisión preventiva y 228 en libertad. Hubo 230 imputados que murieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, entre ellos el ex dictador Emilio Massera. En varias jurisdicciones es ostensible la decisión de algunos jueces de impedir que las causas lleguen a la instancia del juicio oral”, ¡demoledor! Los cómplices de la represión: empresarios, políticos, jueces y otros, no pisaron aún ningún tribunal. Sólo la movilización popular los colocará en el banquillo de los acusados.

Ante la proximidad de las elecciones en la Ctera y en CTA, le hicimos una entrevista al compañero César Camargo, referente de la oposición combativa en el Suteba Mar del Plata, dirigente de la agrupación Violeta. –¿Cuál es tu opinión con respecto a la conformación de una lista unitaria en Ctera? –Desde la Violeta de Mar del Plata hemos tenido siempre la posición de conformar una lista que agrupe a toda la oposición a la burocracia. Ante esta elección, llamamos a todas las agrupaciones a debatir para lograr una síntesis programática que nos contenga a todos. No puede ser que la lista unitaria no se conforme sólo porque no se acuerda en la integración de los cargos electivos. Nosotros creemos que ésta es una excusa para enmascarar las diferencias políticas que no se exponen claramente. En todo caso, creemos necesaria una lista que se delimite rotundamente de la burocracia de Maldonado y compañía para que sirva de referente peleando por una salida favorable para los docentes. –¿Qué papel jugaría esta lista en el reagrupamiento de los sectores combativos? –Una lista unitaria sería de importancia capital para reagrupar a los sectores combativos que luchan en los diferentes distritos. La crisis de la burocracia puede ser un tránsito hacia su disolución sólo si se forma un reagrupamiento capaz de desplazarla en los hechos y en las elecciones. La enorme responsabilidad que tenemos los que militamos en agrupaciones clasistas es ver con claridad este momento y avanzar en la constitución de listas clasistas y antiburocráticas, sin transigir en los principios y posiciones que, justamente, nos diferencian de las burocracias de Ctera y CTA. –¿Cuál es el papel que juega el “nuevo modelo sindical” de la CTA ante el planteo de reapertura de las paritarias? –Si “nuevo” se refiere a algo que no existía antes, se trata lisa y llanamente de una estafa política. La CTA es la versión “aggiornada” de la CGT (al estilo de la CFDT o FO de Francia), que en los últimos doce años ha seguido y/o apoyado a cada gobierno de turno. Tratándose de una central con una base mayoritaria de trabajadores estatales, los acuerdos salariales han estado muy por debajo de los del sector privado que firman los sindicatos de la CGT. Desde la Violeta sostenemos que lo que se interpone entre un aumento de salario que nos acerque considerablemente a la canasta familiar es la paritaria totalmente amañada entre las entidades de la CTA y el gobierno. Por esto debemos luchar para romper esta danza macabra, exigiendo que los paritarios sean elegidos en asamblea y no se firme ningún acuerdo que no esté refrendado por otra asamblea de base. El accionar del Tribunal de Etica en Suteba, el fraude en Suteba La Plata, el “nuevo estatuto de CTA”, los salarios en negro, el vergonzoso seguimiento de Yasky y De Gennaro a la política del gobierno son la muestra de que el “nuevo modelo sindical” se parece demasiado a la CGT de los “gordos”.

La Campaña Financiera del Partido Obrero ingresa en la última fase, que requerirá de una movilización política extraordinaria. En todas las regiones del país, debemos visitar a varios miles de compañeros que se comprometieron a realizar un aporte económico para construir y desarrollar una alternativa política revolucionaria, obrera y socialista con el Partido Obrero. Este próximo fin de semana largo es una instancia importante, ya que concluye lo que hemos llamado la “Semana Especial” de la Campaña Financiera, que significa que toda la militancia del PO estará abocada a concretar esos compromisos.

La Nación del domingo 4 de julio menciona que en una reunión con dirigentes de la Amia y la Daia, Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad, les comunicó que Fino Palacios “fue designado en su cargo ‘por recomendación expresa de la CIA y el Mossad’”. En un comunicado de la Agencia Judía de Noticias, se añade que ese nombramiento fue “encomendado” también por la DEA -la agencia de combate al narcotráfico del gobierno de Estados Unidos. Numerosas fuentes de información le asignan a la DEA una colusión con el narcotráfico. Los vínculos entre Fino Palacios y el Mossad y la CIA no constituyen una novedad. La novedad ahora es que Macri anuncia que una decisión de Estado le fue indicada por servicios de inteligencia de Estados extranjeros. Este hecho lo convierte en un agente no registrado de esos Estados. A partir de esto, el proceso judicial que se le ha iniciado por el espionaje ejercido por Ciro James y Palacios se convierte en un caso de espionaje al servicio de potencias extranjeras. Macri se encuentra en una situación cualitativamente peor que la del gobernador de Tucumán, Alperovich, que ha contratado al Mossad para entrenar a la policía provincial: Macri ha seguido “recomendaciones expresas”. Estados Unidos, en dos acciones al hilo, puso bajo el rubro de “agentes no registrados de un Estado extranjero” a un grupo de venezolanos y a un uruguayo, vinculados con el asunto de Antonini Wilson y, recientemente, a una supuesta red a la que acusa de espiar para Rusia (aunque hay fundadas sospechas de que se trata de una presión para que Moscú limite su colaboración con Chávez). Macri se encuentra en la misma situación –con el agravante de su condición de jefe de Gobierno. Macri se confesó ante un sector de la comunidad judía con la finalidad de que ésta ejerza una presión sobre la Cámara que debe evaluar el fallo de Oyarbide contra Macri y para neutralizar los reclamos de otro sector de esa comunidad, que está liderado por Sergio Burstein –espiado por James y Palacios. Ocurre que, además, Burstein ha acusado a Palacios de una tarea de encubrimiento del atentado terrorista contra la sede de la Amia. Por carácter transitivo, la CIA y el Mossad aparecen apadrinando ese encubrimiento. La crisis que esto ha desatado entre la colectividad judía no podría ser más explosiva; esto porque el servicio secreto de Israel queda denunciado como cómplice de la falta de esclarecimiento de un hecho criminal que se cobró la vida de numerosos judíos inocentes y que destruyó el edificio símbolo de la acción cultural y social de la comunidad judía en Argentina apenas después del inicio del siglo XXI. Cuando faltan dos semanas para la conmemoración del aniversario de ese atentado, la confesión de Macri tiene todas las características de un escándalo oprobioso, que debe ser seguido por su destitución inmediata y la condena judicial respectiva. Naturalmente, la infiltración de la CIA y el Mossad en el gobierno de la Ciudad –nada menos que a través de su Primer Magistrado y candidato a la Presidencia de la Nación– tiene un alcance político mayor, pues desnuda la política de apoyo político de los K a la preparación de un ataque militar israelo-norteamericano contra Irán. Los K no han abierto aún los archivos de la Side sobre el atentado; la Corte ha clausurado la investigación sobre otro atentado terrorista –contra la Embajada de Israel. Esta complicidad objetiva entre los K y Macri es el principal obstáculo a vencer para que se produzca la destitución de Macri y para que se investigue la infiltración de la CIA y el Mossad en los organismos del Estado -algo que a los K sólo les preocupa cuando se trata de un investigador que hurga en el Ministerio de Economía para encontrar datos que refuten las mentiras del Indek. La infiltración de la CIA en otros Estados a través de funcionarios o gobernantes es larga y conocida. Sólo por citar antecedentes recientes: Iyad Allawi, el primer ministro iraquí “instalado” por Estados Unidos en 2004, era un reconocido agente de la CIA. En Perú, Vladimiro Montesinos, el “Fino” Palacios (jefe de Seguridad) de Fujimori, nunca cesó de trabajar para la CIA durante el tiempo en que ocupó funciones públicas. La actuación de Macri por cuenta y orden de la CIA y del Mossad convierte al jefe de gobierno en un Allawi o Montesinos, o sea en un agente o vehículo de Estados extranjeros. La confesión de Macri destruye su versión de que no estaba en condiciones de controlar un nombramiento en el Ministerio de Educación – como se defendió contra la acusación que lo liga a Ciro James. Pero el funcionario que Macri reconoce como propio –Fino Palacios– desarrolló a través del Estado una red de espionaje, habiendo sido “recomendado” por otros servicios de espionaje –extranjeros. En las vísperas del 19 de julio, la comunidad judía debe acompañar el reclamo de la destitución de Macri, la apertura de los archivos de la Side y la destitución de las autoridades de la Daia cómplices de Macri. Los judíos argentinos no pueden soslayar este desafío so pena de convertirse en cómplices por omisión. No existe forma peor de antisemitismo que la complicidad con los funcionarios ‘recomendados’ que están acusados por embarrar las pistas que podrían clarificar el atentado contra la Amia. La Legislatura viene demorando el tratamiento del juicio político a Macri, con el argumento de que “debe pronunciarse primero la Justicia”. El procesamiento de Macri, apelado en primera instancia, se encuentra ahora en manos de la Cámara de Casación, que podría tardar meses en expedirse. La Coalición Cívica, por boca de Carrió, ya anticipó que no hará olas hasta entonces. El kirchnerismo también se ha llamado a silencio. Quizá porque la acción conspirativa de sus propios “servicios” está a la vista, o por sus propios vínculos políticos con los “inspiradores” de Fino Palacios; o sea, el Departamento de Estado yanqui y el gobierno de Israel. La primacía de un fallo judicial sobre la decisión parlamentaria es un sofisma – en especial de parte de una institución que no esperó al fallo por Cromañón para destituir a Ibarra. Si la Legislatura y el Congreso no proceden a destituir a Macri, se convierten de inmediato en cómplices de Estados extranjeros y sus servicios de inteligencia, y susceptibles, por lo tanto, de una complicidad culposa con el delito de “traición a la Patria”.

-Exclusivo de internet El 1º de julio se realizaron las elecciones para elegir la comisión directiva del primer Centro de Estudiantes en un I.E.S. de Tucumán. Se presentaron dos listas: la Fuentealba, que agrupó al activismo más representativo y el que metódicamente trabajó para que emergiera un centro de estudiantes independiente; por otro lado, estuvo la Franja Celeste (un sector disidente de la Franja tradicional). El triunfo de la Fuentealba fue contundente. Obtuvimos la presidencia, que quedó en manos de Manuel González (militante del PO), y seis secretarías. La Franja Celeste obtuvo una secretaría. La agrupación Fuentealba se presentó con un programa claro, que nos delimita tanto de los gobiernos nacional y provincial como de las autoridades educativas que sostienen una educación superior desfinanciada. Durante la campaña, comenzamos a actuar como conducción antes de serlo, impulsando un petitorio que plantea el no pago de la libreta de calificaciones terciaria, el boleto estudiantil, becas estudiantiles, mejores condiciones de cursada y edilicias, etc. Ahora que conquistamos el centro, tenemos que profundizar la organización y la lucha. Para ello, debemos organizar los cuerpos de delegados y convocar a la primera asamblea para empezar a luchar por una educación verdaderamente pública y gratuita. En este sentido, vamos a ir a fondo hasta arrancar el no pago de las libretas de calificaciones (actualmente cuestan 18 pesos) de todos los compañeros ingresantes. Ya le presentamos el petitorio a la directora, con la firma de todos los estudiantes de los primeros años de todas las carreras. En función de la respuesta fijaremos las medidas a tomar.

Ni la muerte se salvó de José. La peleó hasta la última, como una cuestión de principios. Comenzó su vida adulta como mecánico de aviones en la Fuerza Aérea, pero se fue harto de las arbitrariedades. Golpeó a un oficial que lo sometía a castigos sin motivo y pidió la baja. Tiempo atrás, había comenzado a leer libros del Che Guevara, que ocultaba en la guarnición donde prestaba servicio. Pasó a trabajar en la construcción y la década menemista lo dejó en la calle. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer: luchar. Carpio fue el principal dirigente del movimiento piquetero cordobés en el período clave de la Coordinadora de Desocupados y el Sutrade (Sindicato Único de Trabajadores Desocupados). En ese momento, se sumó al Partido Obrero y estuvo a la cabeza de grandes conflictos y, particularmente, del sector del movimiento de desocupados que combatió la cooptación estatal. Pero sería injusto recordarlo sólo como ‘luchador’, porque José fue además un socialista cabal. Cada situación de su vida diaria era para él un episodio de la lucha de clases y trataba siempre de explicar los problemas como manifestación de la descomposición capitalista, concluyendo en la necesidad del socialismo. Esto lo aplicó hasta para explicar su enfermedad: la única duda que tenía era si el capitalismo le había generado cáncer a partir las fumigaciones sojeras en su barrio o si era producto del tabaquismo, o de la combinación de ambos. A Carpio lo conocí cuando ya había sufrido una traqueotomía y tenía muy reducida su capacidad pulmonar. Impedido de hablar y con dificultades para movilizarse, fue uno de los impulsores del movimiento contra el abuso policial en Alta Gracia y se cargó encima la campaña electoral 2009, bancando pegatinas y pintadas que hasta el día de hoy cubren las principales paredes de la ciudad. Era un apasionado por el socialismo y por la vida. Cuando comenzó a ingresar seguido al hospital bromeábamos: lo visitaba tanta gente que parecía una estrella de rock. No era casualidad, la amistad de Carpio nunca mostraba fisuras. José solía mostrar orgulloso su nombre en la página 45 del libro Una historia del movimiento piquetero (Luis Oviedo). Está bien: Carpio ya no está, pero ha dejado su huella en la conciencia de la clase obrera argentina. En cada piquete de huelga, en los cortes de calle y las puebladas, en todas las luchas inspiradas en el método del movimiento piquetero, ahí va a estar José. Y, como le prometimos varios compañeros, también va a estar cuando el proletariado irrumpa en la Rosada. Hasta la victoria, negro culiao.

Ya hemos realizado varias reuniones con estatales, auxiliares de escuela y de otras dependencias provinciales y docentes. Nos pusimos de acuerdo para presentarnos como una lista por una CTA independiente de los dos bloques que se la disputan –unos con el gobierno, otros con una oposición asociada al campo. Las multinacionales son las que marcan el ritmo a sus actividades. No queremos que desgarren a la CTA con el fin de que gane alguno de sus dos aparatos, porque como lo dice su propio nombre, es la Central de los Trabajadores Argentinos, no tiene dueño. Tiene que ser una unidad donde se debata, se discuta y se tomen las decisiones entre todos los trabajadores de los distintos gremios. Que sea para una salida democrática, que no te lo marquen los “gordos” de la CGT, quienes se llenan los bolsillos con la plata de los afiliados, viviendo lujosamente mientras entregan nuestro salario. El agrupamiento que estamos formando está integrado por compañeros independientes y compañeros de las agrupaciones Tribuna Docente y Tribuna Estatal. Funcionamos como autoconvocados. Nos reunimos semanalmente para sacar material con el fin de organizar a los compañeros, en forma conjunta, por los problemas que tenemos que enfrentar. En este momento, sacamos volantes y petitorios porque la situación de las escuelas va de mal en peor. En lugar de destinar más personal y poner doble escolaridad, más comedores y más profesionales, el gobierno va por el camino contrario: están cerrando turnos, quieren tercerizar la limpieza y los comedores, etc. Ahora, por ejemplo, jubilan a auxiliares titulares por edad avanzada y hace años que no titularizan, es decir que a lo sumo nombrarán algunos mensualizados, que tienen una situación laboral más precaria. Mientras esto ocurre, la CTA, ATE y Suteba bloquean todo intento de discutir y resolver un plan de lucha unificado por parte de las bases, tanto por esta situación, como por salario. En ATE Zona Norte, intervinieron por la prestataria y la situación empeoró. En Europa están castigando a los empleados estatales por la crisis, acá también lo están haciendo a “su ritmo”. Necesitamos, como nunca, una CTA que nos sirva para luchar.

El jueves 23 de junio, los trabajadores municipales de General Rodríguez resolvieron en asamblea general comenzar un paro por tiempo indeterminado. Los compañeros exigen que se cumpla el acuerdo firmado con el ejecutivo municipal, el aumento del 40% del salario en dos veces: un 25% fue entregado en marzo y resta un aumento del 15% que debía ser abonado en julio. Queda todavía la incorporación a planta permanente de todos los compañeros contratados con más de un año de antigüedad, el pase de sumas no remunerativas al básico y la recategorización de diversos sectores. Los trabajadores vienen desarrollando esta lucha con mucha fuerza, organizaron ollas populares y una importante movilización al palacio municipal el 30 de junio, a pesar de que el intendente interino, Juan P. Anghileri, intentó frustrarla, acercándose él mismo al corralón municipal. La movilización se desarrolló de todos modos con la presencia de más de un centenar de compañeros que ocuparon el palacio municipal y desarrollaron un acto en la puerta. Los planteos por parte del gobierno municipal que no están en condiciones de afrontar ese gasto se entrecruzan con un proceso de disgregación político general: el intendente interino está convocado para el 7 de julio por el Concejo Deliberante para ser interpelado y no cuenta con ningún concejal que lo apoye. Después de la destitución a principio de año del intendente electo Marcelo Coronel por fraude al fisco, las alternativas políticas patronales opositoras se enfrentan y agudizan la crisis política local. Esta realidad, la consideran los trabajadores municipales que hoy están tomando la iniciativa política en la lucha por sus reclamos salariales. Debemos apoyar la lucha de los municipales de general Rodríguez. Por el triunfo de los municipales. Por una alternativa política independiente de los trabajadores.

-Exclusivo de internet Más de 600 indígenas de tierras bajas (oriente de Bolivia) han iniciado una marcha desde Trinidad, capital de Beni, hacia la sede de Gobierno, adonde estiman llegar en tres meses. La movilización, convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), demanda el respeto a la nueva Constitución Política del Estado en lo referente a la Autonomía indígena, que fue vulnerada por la ley de Autonomías, recientemente aprobada por parlamentarios del partido de Evo Morales. La ley de Autonomías desconoce la Constitución, pues obstaculiza la conformación de territorios indígenas autónomos. La Carta Magna promulgada en 2009 reconoce que los territorios indígenas autónomos se crearán en función a usos y costumbres de cada pueblo. Sin embargo, la ley aprobada establece que sólo se conformarán como territorios indígenas autónomos mediante referéndum. Así, el compromiso de la autonomía indígena -tan anhelada y demandada por los indígenas en el marco de la Asamblea Constituyente- ha sido negado por el partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero el Gobierno indígena de Morales no sólo es experto en desviar la lucha de las masas bolivianas, o de vender gato por liebre cuando se trata de la nacionalización de los recursos estratégicos. Ahora, recurre a los mismos métodos que los antiguos gobiernos neoliberales: se ha dado a la tarea de desprestigiar y malinterpretar el reclamo de las organizaciones indígenas movilizadas, asegurando que ellas quieren "la desestabilización del país", "el retorno de la derecha" y que además son financiadas por la imperialista Usaid (agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Otro recurso del Gobierno ha consistido en aislar la marcha mediante la negociación con los indígenas de tierras altas (Conamaq), que también estaban en conflicto con el gobierno y amenazaban con plegarse a la marcha de la Cidob. Los marchistas han manifestado que no pasarán por el trópico de Cochabamba, pues temen enfrentamientos con las federaciones cocaleras, cuyo dirigente máximo es el presidente boliviano. La traición del Gobierno a los indígenas no es reciente: Morales ha pactado durante su primer mandato con las oligarquías de la Media Luna en desmedro de los indígenas. Por eso, ahora no tiene empacho en echar lodo sobre los indígenas, quienes con sus movilizaciones y su respaldo lo sentaron en el poder. La marcha indígena irrumpe después del revés sufrido por el gobierno de Morales en las elecciones regionales de abril, cuando el MAS perdió un millón de votos (en comparación con diciembre de 2009) y fue derrotado en las principales ciudades por desprendimientos del oficialismo. Desde entonces, el presidente echa mano, cada vez más, al recurso represivo frente a la movilización popular. Un punto de inflexión se tuvo con el asesinato de dos campesinos en Caranavi en mayo pasado, cuando la Policía atacó un corte de rutas que reclamaba la instalación de una planta de cítricos prometida por Morales durante su campaña electoral. La política del MAS empieza a chocar físicamente contra sus propias bases sociales. Así lo demostraron la movilización del Magisterio y de la clase obrera fabril en mayo por incremento salarial, la rebelión de la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) de El Alto en su Congreso de la semana pasada, cuando aplastó los amarres oficialistas imponiendo una dirección independiente que pedirá la renuncia de Evo si no cambia su conducta, según ha declarado. Un Estado que se disgrega Mientras Morales enfrenta y reprime a campesinos y trabajadores urbanos, se lleva cada vez mejor con la derecha. A principios de junio se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aquel que durante la sedición derechista de 2008 había dicho en un discurso a los militantes del MAS: "cobardes, sigan temblando". Al salir del encuentro, Costas declaró: "Hay que valorar la actitud que ha tenido el presidente. Eso nosotros debemos recogerlo como una perspectiva esperanzadora". Esas declaraciones dan la medida, por un lado, de la derrota en que vive la derecha, producto de la enorme movilización de las masas. Por otro, reflejan el retroceso que Morales impuso a las masas y su adaptación a la derecha. Ahora, la "unidad nacional" del MAS consiste en el acuerdo con la oligarquía sojera, petrolera, narcotraficante y contrabandista de la "Media Luna". El pedido de "autonomía" se corresponde con el problema de la tierra, que -contrariamente a las afirmaciones de Morales- está cada vez en propiedad de menos personas. Según las autonomías legisladas por el MAS, este tema se agrava. El Gobierno ha generado una suerte de bolsones tomados por poderes mafiosos, que implican para el campesino la misma explotación con un nuevo patrón. A menudo el reclamo de autonomía indígena involucra una acción reaccionaria para proteger al contrabando y narcotráfico ligado al capital, como ocurrió en mayo en ayllus de Potosí, donde fueron linchados cuatro policías acusados de corrupción. En el marco de la autonomía, los indígenas reclaman la legalización de la "justicia comunitaria". Pero la "justicia comunitaria" aprobada hace días por el MAS, lejos de establecer un principio de soberanía política para los pueblos indígenas, es usurpada por negocios ilegales y amenaza la unidad del país. Si el pedido de autonomías indígenas plantea el problema de la tierra, la defensa real de los recursos naturales, la expulsión de las transnacionales, la soberanía y la autodeterminación de las naciones originarias, se trata de una demanda progresista que choca con el Estado burgués y los intereses capitalistas. En este sentido, reivindicar los derechos indígenas sin plantear una lucha frontal contra el capitalismo y sus instituciones no llevará a nada. La movilización indígena y las huelgas en las ciudades dejan a la vista la necesidad impostergable de construir la herramienta política de la clase obrera, que al desarrollar una lucha frontal contra el capitalismo abandere de las reivindicaciones de las demás clases oprimidas.

-Exclusivo de internet El documento final del encuentro nacional de la Aefip (Asociación de empleados fiscales e ingresos públicos de la República Argentina), desarrollado el 4 de junio de este año en Córdoba, se pronuncia sobre un tema nacional candente: el 82% móvil para los jubilados. "Dejamos expresamente aclarado que la lucha por el 82% móvil continuará, ya que es una bandera histórica del movimiento obrero, aunque hoy resulte inviable y demagógica" (Huerta Grande, junio 2010). Es decir, la directiva de la Aefip no está dispuesta a enfrentar la confiscación millonaria contra los jubilados. En lugar de exigir que el Estado nacional pague a los compañeros el 82% móvil del salario en actividad, propone como salvoconducto una suerte de jubilación privada, donde cada trabajador "haga su propio ahorro" y deje la administración de esos fondos a discreción de la burocracia sindical. Por eso, resucita el proyecto de Caja Complementaria jubilatoria, que tuvo que ser archivado en 2007 tras las movilizaciones de más de 800 trabajadores que se pronunciaron contra lo que dieron en caracterizar como una estafa: descontar entre el 2 y el 4% (o más) del salario a unos 12 mil trabajadores afiliados y no afiliados, que en mucho de los casos ya cargan con el fardo del impuesto a las ganancias. Actualmente, un trabajador de la Afip se jubila, en promedio, con un haber que corresponde sólo al 42% del salario en actividad. Sigamos el camino propuesto por las agencias del interior. Firmemos masivamente el petitorio en rechazo de la Caja Complementaria y mandatemos al sindicato para iniciar un plan de lucha escalonado por el pago efectivo del 82% móvil.

-Exclusivo de internet Un joven que trabajaba en la puerta del cabaret, el 10 de mayo, ubicado en la calle Vergara y Avenida 7, realizando el control de los clientes que ingresaban a lo que es un prostíbulo, fue asesinado de dos tiros en un confuso episodio. Como parte de la investigación del hecho, el juez a cargo de la causa ordenó tres allanamientos, todos en el distrito de Berazategui. Han sido liberadas cuatro mujeres esclavas que ejercían la prostitución en verdaderas cuevas del sexo; mujeres indocumentadas y una que había dado a luz hace poco tiempo y probablemente en cautiverio (Infosur, 23/6). A nadie se le escapa que para que funcionen estos oscuros prostíbulos, donde se llevan a cabo uno de los negocios mas rentables de los capitalistas, secuestrando a mujeres y niñas para someterlas, explotarlas sexualmente y mantenerlas prisioneras, cuentan con la protección de las instituciones del Estado (Justicia, policías, políticos de turno). El Partido Obrero continuará luchando e impulsando la movilización popular para denunciar a los gobiernos y funcionarios cómplices del negocio de la prostitución y del trabajo esclavo. • por el desmantelamiento de las redes de trata. • por cárcel a los proxenetas. • por la confiscación de los bienes de los dueños de los prostíbulos. • por la atención integral de las víctimas a cargo del Estado.

El lunes 5, una asamblea de trabajadores del Metro de Madrid pospuso hasta el 12 de julio la adopción de nuevas medidas de lucha, con el objetivo de negociar con la empresa recortes presupuestarios que no afecten a la masa salarial. La decisión es una clara concesión a la exigencia de levantar las medidas de fuerza para negociar por parte de la Comunidad de Madrid, el patrón de los trabajadores del subterráneo. No es menos cierto que la Comunidad pasó de la intransigencia absoluta a la voluntad de negociar. Más allá del buen fin de esta negociación, la huelga de los trabajadores y empleados de Metro fue uno de los hechos que desnudaron hasta qué punto el control de las direcciones de Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO) puede resquebrajarse. La semana del 21 de junio, los trabajadores del Metro votaron en asamblea tres días de huelga –el 28, 29 y 30 de junio– en contra de la rebaja salarial del 5% que el gobierno de la Comunidad de Madrid estableció. El lunes 28, la Asamblea de Madrid, parlamento regional, aprobó la reducción de sueldos para 200.000 trabajadores, entre ellos médicos, profesores, trabajadores de las universidades públicas y medios de comunicación como Telemadrid. El decreto de la Comunidad de Madrid incluyó además a los trabajadores de empresas públicas que fueron exceptuados en el decreto del gobierno central, entre ellos los del Metro. El mismo lunes 5, ante la aprobación del decreto por la Comunidad, una asamblea de los trabajadores de Metro decidió mantener la huelga los días 29 y 30 de junio, pero no respetar los servicios mínimos abusivos aprobados por la empresa a la vista de la aprobación del decreto. Los trabajadores exigen ahora, entre otras cosas, que se retiren las más de 400 sanciones contra los huelguistas a raíz de los dos días de “huelga salvaje”. En el Metro, además de los sindicatos CCOO y UGT, están presentes otras organizaciones sindicales. En particular Solidaridad Obrera, rama sindical de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Los trabajadores de Metro tienen además una larga tradición de lucha. Esta huelga tuvo lugar en medio de la tregua de hecho que CCOO y UGT han dictado para favorecer la aprobación de una reforma laboral antiobrera en el parlamento español antes de agosto. Tanto CCOO como UGT están presentes en el comité de empresa y de huelga, y han tenido que plegarse al movimiento; son signos de sus dificultades de supervivencia. Durante una semana, los trabajadores del Metro fueron el referente de la resistencia obrera. Entretanto, en plena efervescencia madrileña, el 29 de junio se celebró en el País Vasco una huelga general. La huelga convocada por el sindicato nacionalista ELA-STV, vinculado con el Partido Nacionalista Vasco, y por LAB, el sindicato controlado por la izquierda independentista, tuvo una repercusión desigual, aunque de acuerdo con sus organizadores fue cumplida con éxito en las grandes concentraciones industriales de la región y en los transportes públicos. La jornada se cerró con importantes manifestaciones en las principales ciudades del País Vasco. Comisiones Obreras de Euskadi decidió plegarse a la huelga del 29 de junio. Es decir, por una vez que los sindicatos nacionalistas lanzan una movilización de clase contra las medidas del gobierno, CCOO se ve obligada a seguir el movimiento para no quedar en la acera de Rodríguez Zapatero, pero se da el lujo de decir que el decreto del gobierno ha sido por ausencia de negociación sindical, cuando ellos –CCOO y UGT– se pasaron meses en la mesa de negociación sin resultado alguno. En todo caso, el decreto es resultado de la pasividad de CCOO y UGT (www.ccoo-euskadi.net/webeuskadi/menu.do?Inicio:91066). El otro acontecimiento significativo fue la convocatoria en Barcelona de una asamblea de trabajadores, ciudadanos y estudiantes por parte de los trabajadores y el comité de empresa de los trabajadores de autobuses de Barcelona. De acuerdo con los compañeros de En Defensa del Marxismo de Barcelona, que concurrieron al acto, asistieron entre 300 y 400 personas. La asamblea declaró que aspira a utilizar la convocatoria a la huelga pos-datada por parte de CCOO y UGT para el 29 de septiembre, dentro de dos meses y medio, en un eje de movilización. El acta de la asamblea declara que “resulta escandalosa la actuación de las cúpulas de CCOO y UGT, que después de haber apoyado a Zapatero durante todos estos años, ahora se muestran incapaces de plantarle cara. En lugar de convocar una huelga general para echar atrás las medidas, dejan que estas se aprueben, y nos hablan de una hipotética ‘huelga general’ para fines de septiembre.” La asamblea propuso crear comités y asambleas de fábrica y de barrios, y organizar a los desocupados. El 15 de septiembre se ha convocado una nueva asamblea. Mientras tanto funcionarán comités de comunicación y expansión del movimiento, y se planteará el trabajo fábrica por fábrica, barrio por barrio, a partir de la auto-organización de los militantes y trabajadores. El comité de empresa de los trabajadores de autobuses de Barcelona tiene mayoría de corrientes clasistas y ha estado a la vanguardia de las luchas por el salario y las condiciones de trabajo en esa ciudad.

-Exclusivo de internet Elección de delegados por abajo y bloqueos de boleterías en Mapra; surgimiento de oposición a los delegados patronales en el tramo Avellaneda-Korn y asambleas en el tramo Temperley-Ezeiza en Ecocred; asambleas en Aumont, en Confer; la lucha inquebrantable de los despedidos de Ecocred y Unión del Mercosur. Todo refleja un estado de deliberación que coincide en un punto: el reclamo general por la incorporación al convenio ferroviario. Pesa fuerte la historia. Todos los compañeros son conscientes de que luego de enfrentar la complicidad de la burocracia verde de la UF con la patronal y los sucesivos gobiernos, los tercerizados del Metropolitano lograron incorporarse al convenio ferroviario y conquistar una estabilidad laboral y un sueldo que, en algunos casos, duplica la miseria que pagan las contratistas. Desde inicios de junio se vienen realizando, en ATE Sur, asambleas con la presencia de alrededor de 40 compañeros e integrantes de las agrupaciones Trabajadores Ferroviarios de Base (Fogoneros), 2 de Octubre (Cuba), Desde las Bases (PTS) y Causa Ferroviaria. Las asambleas son la culminación de un trabajo de difusión previo. Las necesidades de los despedidos y la madurez del movimiento supone que llegó el momento de acciones de lucha que obliguen a la patronal a dar respuesta a los reclamos de reincorporación de los despedidos y pase a planta permanente para todos. En los debates, llegaron a reunirse 70 compañeros, quien muchos de los cuales se alejaron tras las dilaciones en resolver un plan de lucha concreto. Los militantes del PTS intervienen sistemáticamente para desanimar la lucha pronosticando una derrota. Incluso por escrito llaman a formar comisiones para votar más volantes, pintadas y denuncias. Causa Ferroviaria planteó la necesidad de una acción de lucha concreta y que las vacilaciones provenían de una caracterización de que el gobierno y la burocracia estaban fuertes, lo que era un planteo de parálisis y desmoralización para los trabajadores y que si el gobierno se va a debilitar es precisamente por la lucha de los compañeros. También planteó que la situación de los despedidos hace tres meses es insostenible. Los compañeros de otras agrupaciones intervienen en un sentido similar al nuestro. Finalmente, se resolvió un bloqueo de boleterías el lunes 5 de julio, a las 17 horas, y una nueva asamblea en ATE Sur, la cual llamamos a todos los tercerizados para votar una profundización del plan de lucha.

-Exclusivo de internet Los trabajadores de Wall Mart rechazaron en Córdoba el aumento del 27% cerrado por el gremio, realizando protestas y asambleas en varias sucursales. La patronal decidió entonces despedir al delegado de uno de los super elegido por la asamblea general. Argumentó para ello poca productividad. El gremio de comercio, el mismo que acuerda la flexibilización laboral para los call centers, salió a decir que no había que mover el avispero y, por lo tanto, respetar la decisión de la patronal porque si no se venía una ola de más despidos, hostigando a los trabajadores para que no se organicen. La lucha que llevan en este momento los trabajadores de Wall Mart por la incorporación de su delegado sentó las bases para luchar por todas sus reivindicaciones. En primer lugar, el rechazo al 27% (que no es otra cosa que un aumento miserable, no remunerativo, en tres cuotas, donde un 15% se aplicará retroactivamente para mayo, otro 7% en septiembre y un 5% noviembre). Exigen 3.000 pesos de básico, 500 de plus para los cajeros y un 2% por año de antigüedad; el reconocimiento de la jornada laboral completa; el pase a planta de los contratados (encuentra la mayor parte de los trabajadores) y mejores condiciones de trabajo. Las primeras medidas ya se están desarrollando con agitaciones, asambleas y bloqueo en las entradas de los supermercados para frenar los despidos y el techo salarial.

-Exclusivo de internet Esta carta fue escrita el 13 de junio, en la víspera del referendo en Pomigliano d' Arco. en el que los trabajadores han sido llamados a expresarse sobre sus condiciones de trabajo. La Fiat ha aceptado invertir en esta fábrica para la producción del modelo Panda, el que actualmente se produce en Tychy, Polonia. La patronal les ha preguntado a los trabajadores acerca de trabajar los sábados, de hacer trabajar tres turnos por día en lugar de dos y sobre acortar las vacaciones. Tres sindicatos sobre cuatro han aceptado estas condiciones, el Fiom se resiste. "La Fiat juega muy sucio con los trabajadores. Cuando trasladaron la producción a Polonia nos dijeron que si trabajábamos duro y superábamos todos los límites de producción mantendríamos nuestros puestos de trabajo y crearíamos más. En Tychy lo hicimos. Hoy, la fábrica es la más grande y productiva de Europa y no se nos permite protestar a la administración (excepto cuando los sindicatos preguntan por bonus para los trabajadores más productivos, o contrataciones para los turnos del fin de semana. En un momento a fines del año pasado, comenzó a difundirse la noticia de que Fiat iba a trasladar nuevamente la producción a Italia. A partir de ese momento, sobre Tychy cayó el terror. Fiat Polonia cree que puede hacer lo que quiere con nosotros. El año pasado, por ejemplo, sólo ha pagado el 40% de bonificación, aunque habíamos superado todos los récord de producción. Ellos piensan que la gente no luchará por temor a perder sus puestos de trabajo. Pero nosotros estamos muy enojados. El tercer "Día de Protesta" de los trabajadores deTychy previsto para el 17 de junio no será gentil/educado como el año pasado. ¿Qué tenemos que perder ahora? Ahora les están pidiendo a los trabajadores italianos que acepten peores condiciones, como hacen siempre. A quién trabaja le quieren hacer entender que si se niegan a trabajar como esclavos, alguien más lo hará en su lugar. Dan por hecho que nuestros compañeros italianos se romperán el lomo, tal como lo hicimos nosotros. En estos días, esperamos que los sindicatos en Italia luchen. No para mantener nuestros trabajos en Tychy, sino para mostrar que hay trabajadores en Fiat dispuestos a resistir sus condiciones. Nuestro sindicato, nuestros trabajadores han sido débiles. Teníamos la sensación de no estar listos para luchar, de ser demasiado pobres. Habíamos rogado por cada puesto de trabajo. Habíamos dejado solos a los trabajadores italianos y tomado su trabajo, y ahora estamos en la misma situación. Es evidente que esto no puede durar mucho. No podemos seguir luchando entre nosotros por el trabajo. Debemos unirnos y luchar por nuestros intereses a nivel internacional. Para nosotros, no queda otra cosa que hacer Tychy que dejar de arrodillarse y comenzar a luchar. Instamos a nuestros colegas para resistir y sabotear la empresa que nos han desangrado durante años y que ahora, encima, nos escupe.

El martes 29 de junio, en la asamblea de Junta Electoral para las elecciones del gremio, los trabajadores de prensa asistimos a un fraude escandaloso y a una nueva muestra de descomposición de la burocracia de la Utpba. En un sindicato vaciado por la directiva, que vive de los aportes de los afiliados desde hace más de 25 años, las cuatro agrupaciones de la oposición (La Naranja, el Colectivo, la Gremial y la Violeta) presentamos una lista única acompañada por la presencia de 150 compañeros. Por este motivo, la directiva se vio obligada a aumentar su apuesta por el fraude, que esta vez llegó a niveles que le envidiarían los “gordos” de la CGT. No solamente acreditó para la asamblea a afiliados truchos, sino que además repartió en la puerta carnets a sus “invitados” e hizo ingresar a la Asamblea a centenares de individuos que no exhibían nada que los identificara como trabajadores de prensa. Sólo pasaron por las “mesas de acreditación” quienes no respondían al aparato de la burocracia. Una asamblea fraudulenta Adentro de la Asamblea se vivió otra seguidilla de maniobras. La burocracia armó dos listas propias para asegurarse la mayoría y la minoría en la Junta Electoral, lo que anticipa el fraude que pretenden armar para las próximas elecciones. La burocracia no tuvo ningún discernimiento a la hora de votar, por lo cual muchos de los suyos votaron directamente sus dos listas (¡tenían hasta a un mismo candidato!). La propuesta de la oposición tuvo 60 votos cuando era evidente y se podía contar que éramos más de 140. A tal punto fue así que, en una segunda votación, subimos a 92. ¡El 50% de diferencia entre conteo y reconteo! Un párrafo aparte merece la actitud propia de los “gordos”, cuando con silbidos, griteríos y empujones trataron de impedir que la oposición hablara. Aún contra los compañeros de Crítica, que llevan dos meses de lucha por sus puestos de trabajo en medio del abandono total por parte de la burocracia. Sin embargo, más allá de los aprietes, los 150 compañeros cantamos por las paritarias, por la lucha de Crítica y por las demás conquistas entregadas por esta dirección. Afuera, un centenar de compañeros que, sin poder ingresar a la asamblea, bancaron a sus compañeros cantando, con todas sus fuerzas, que “se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical”. Esta fue una manifestación más del proceso de movilización antiburocrática que recorre el gremio, una de cuyas expresiones fue el masivo acto en la puerta de Crítica. El cuadro para la burocracia tampoco es bueno: antes lograba movilizar a trabajadores de las empresas del gremio. Hoy, en cambio, recurre a lúmpenes llevados para silbar a delegados y luchadores para que voten lo que se les indique. La Asamblea de Junta Electoral fue una muestra implacable de la descomposición de la dirección del sindicato, pero se inscribe al mismo tiempo en la tendencia a la organización por abajo que recorre al gremio de prensa en su lucha por desembarazarse de esta directiva podrida. Las tareas que se vienen Los trabajadores de prensa debemos avanzar en nuestra organización, extenderla a todos los lugares donde no la hay, fortalecerla donde ya se avanzó y dotar al conjunto de los compañeros del gremio de un programa de lucha por sus reivindicaciones, como son el triunfo de Crítica y las paritarias únicas para todo el gremio. La defensa y fortalecimiento del cuerpo de delegados deberá funcionar como una dirección en los hechos hasta que el sindicato vuelva a manos de los trabajadores. El de martes fue un paso muy importante en este camino. 1° de julio de 2010

Con un abrumador 99% a favor del Sí a la expropiación de Stefani, el pueblo de Cutral Có le dió otra paliza política histórica al gobierno municipal del kirchnerismo y al MPN, que hicieron campaña contra la expropiación de la fábrica. Los datos son abrumadores: sobre 4.990 votantes, 4.942 lo hicieron por el Sí. Por el No sólo hubo 47 votos. El kirchnerista presidente del Concejo Deliberante calificó como “un fracaso” a la votación porque no llegó a la mitad más uno del padrón electoral. Pero esto es apenas un arranque de histeria antiobrera, porque ningún concejal obtuvo más de 4.600 votos para acceder a su cargo. La población de Cutral Có ha sido contundente: más de 3.000 firmas para obligar al Concejo Deliberante a votar la expropiación. Como se negaron tuvieron que llamar al referendun. Ahora casi 5.000 votos dicen que Sí. No hay ninguna excusa leguleya que justifique no presentar el proyecto de expropiación. El pueblo se ha expresado mayoritariamente. Pero en los estamentos del Estado no están los demócratas que cumplen los mandatos populares sino los representantes políticos de las patronales, entre ellas la de Stefani. Los sindicatos de docentes privados y de empleados municipales (ambos de la CGT) y de Aten y ATE provinciales (ambos de la CTA) se pronunciaron por el Sí pocos días antes del plebiscito, luego de haberlo ninguneado olímpicamente durante todo este tiempo, ante la evidencia de que sus bases concurrirían a las urnas de manera significativa para respaldar a los ceramistas. Los resultados del plebiscito amplían las bases para una acción decisiva de la clase. La cuestión del paro provincial en apoyo a Stefani está más vigente que nunca. Por la expropiación ya de la cerámica Stefani, el pueblo de Cutral Có ha sido muy claro.El Partido Obrero participó con móviles y militantes (tanto locales como los que viajamos desde Neuquén) para asegurar esta victoria política.

Desde hace ya varias semanas las noticias sobre la crisis mundial se han visto obligadas a recuperar, en pleno siglo XXI, el lenguaje de la “vieja” lucha de clases. La irrupción de la clase obrera ha cambiado el panorama. Las huelgas que sacuden al corazón industrial de China –y el levantamiento masivo de los trabajadores textiles de Bangladesh, hace dos semanas– son los acontecimientos más importantes de la respuesta obrera a la crisis mundial, en tanto muestran la explosión de la fuerza elemental del proletariado en el marco de la bancarrota del capital. El proceso huelguístico generalizado que tiene lugar en Europa y la respuesta de los trabajadores de ese continente a los planes de ajuste de las patronales y sus gobiernos evidencian también un proceso de desarrollo que, con la huelga “salvaje” de los trabajadores del Metro de Madrid, parece haber ingresado en una nueva etapa. La lucha de los trabajadores griegos presenta un equilibrio muy frágil que puede romperse en cualquier momento como consecuencia del completo impasse económico y de las vacilaciones políticas dentro del partido del gobierno. La desigualdad del desarrollo de la lucha de los trabajadores contra la bancarrota capitalista en distintos lugares del planeta muestra todos los matices de una maduración política que está en pleno desarrollo. China: ya nada será como antes La reciente ola de huelgas obreras en China ha recibido más atención y mejor tratamiento en la prensa financiera de la gran burguesía internacional que en las publicaciones de la izquierda, con la excepción de Prensa Obrera. Los apologistas del capital no se equivocan cuando advierten la trascendencia de las huelgas que estallaron en el corazón industrial de China. Su perspicacia se redujo notablemente, eso sí, cuando intentaron explicar este ascenso obrero como una consecuencia de la disminución relativa de la población de jóvenes que ingresa el mercado de trabajo –producto de las políticas oficiales de control de natalidad– luego de los planes de “estímulo” oficiales de los últimos años. “En conjunto, estos efectos han llevado la oferta de trabajo por debajo de la demanda por primera vez”, dice el Financial Times (2/6). Estas explicaciones “sociológicas”, más allá de su importancia, no alcanzan a advertir que el elemento decisivo de las huelgas actuales es la irrupción de la fuerza elemental de las masas que rompen todas las estructuras existentes para contenerlas y cambian el cuadro de las relaciones entre las clases. Se trata de millones de jóvenes que trabajan para empresas contratistas de las principales multinacionales del mundo. En las plantas donde se ensamblan las flamantes PlayStation 3 de Sony y los sofisticados iPhones de la “progresista” Apple, los trabajadores cumplen turnos de doce horas, sin poder sentarse ni hablar entre ellos y con un régimen carcelario hasta para ir al baño. Como en su gran mayoría se trata de migrantes de zonas rurales, viven en dormitorios colectivos provistos por las propias empresas. En una de ellas, la Foxconn, que es la principal fabricante de electrónica del mundo, la noticia de los últimos meses ha sido la ola de suicidios de jóvenes empleados, ante la desesperación provocada por larguísimas y monótonas jornadas de trabajo y el impasse de una vida sin sentido. La crisis de los últimos años ha sido el laboratorio acelerado en el cual se procesó aceleradamente la experiencia de esta nueva generación de trabajadores chinos. “Vienen produciéndose protestas obreras a lo largo del delta del río Pearl y el Yangtze desde principios de año” ( Financial Times , 11/6); no se dieron a conocer por su carácter localizado y por la decisión de las empresas y el gobierno de no difundirlos, para evitar “mala prensa”. Otros van aún más lejos: “De hecho, China ha conocido una considerable agitación industrial en las últimas décadas, en su mayor parte localizada y poco conocida” ( Financial Times , 10/6). “Chang Kai, profesor de Relaciones Laborales y Derecho en la Universidad de Renmin, dijo que el número de huelgas se incrementó a razón de un 30% anual” ( The Guardian , 17/6). Cuando los conflictos salieron a la luz, el mes pasado, fueron varias las empresas multinacionales que informaron que en sus plantas chinas se habían producido huelgas en los últimos meses. Entre la multiplicación de los “incidentes” industriales –tal como los define el gobierno chino– y la actual ola de huelgas, sin embargo, hay un salto cualitativo. No se equivocaron los que señalaron que la novedad de las huelgas del mes pasado fue su “interconexión”: cada conflicto fue la inspiración del siguiente. “Los trabajadores se mantienen al tanto de las acciones huelguísticas a través de los teléfonos celulares y otros dispositivos de mensajería instantánea” ( Financial Times , 11/6). En varias de las recientes huelgas, los trabajadores se enfrentaron con la burocracia sindical oficial y reclamaron la formación de sindicatos independientes, basados en representaciones electas, a partir de la experiencia que realizaron durante el conflicto. El Wall Street Journal (14/6) se alarmó ante el fenómeno: “El hecho de que los trabajadores estén reclamando el derecho de formar sindicatos independientes”, señaló, “le da una dimensión política a la conflictividad laboral. Si los trabajadores pudieran elegir democráticamente sus líderes sindicales, sería un antes y un después en la historia del movimiento obrero chino”. La burocracia del PCCh guardó un prudente silencio durante el desarrollo de las huelgas, aunque hacia mediados del mes pasado echó lastre y declaró que “los trabajadores han recibido la menor parte de la prosperidad económica” y que las huelgas “ponen de manifiesto la necesidad de una protección organizada del trabajo en las fábricas chinas”. Los que plantean que el gobierno chino no ve con malos ojos que las empresas extranjeras aumenten los salarios, toda vez que contribuiría a “fomentar el consumo” en el contexto de la crisis, observan sólo una parte de la película, porque la burocracia le teme como la peste a la posibilidad de una intervención obrera, la cual necesariamente rebalsaría los canales de sus aparatos sindicales controlados desde el Estado y abriría el camino a una crisis del régimen. “Los expertos creen que los líderes del PCCh están muy preocupados ante la posibilidad de un escenario como el Polonia de la década de 1980, en el cual un movimiento sindical independiente llevó a la caída del régimen” ( Wall Street Journal , 14/6). La implementación de negociaciones colectivas de trabajo significaría un abierto descalabro para el régimen político chino –a la elección de representantes por parte de los trabajadores seguiría el reclamo por sindicatos independientes y luego por la libertad de expresión y el derecho de huelga. Jorge Castro, en Clarín, advirtió la magnitud del problema cuando editorializó que “el problema de los trabajadores migrantes no es salarial, sino político”. Su pronóstico de que el régimen chino logrará hacer un cambio de frente para adaptarse a las nuevas circunstancias, no obstante, refleja menos la realidad que sus deseos y en cualquier caso pone en evidencia un error de método: cualquier “adaptación” de estas características sólo podría procesarse en el marco de crisis sin precedentes. También miran sólo una parte del film los que concluyen que la consecuencia de la insurgencia obrera china será un aritmético aumento de los “costes laborales” y el fin del trabajo barato que proveían las masas de ese país. Las declaraciones de la joven de 21 años que dirigió la huelga de Honda (“nuestra lucha no es por los 1.800 trabajadores sino que se trata de defender los derechos de todo el proletariado chino”) ponen de manifiesto el elevado nivel de complejidad de las discusiones que se procesan entre los trabajadores y muestran que la maduración de esa vanguardia se desarrolla al ritmo acelerado que marca la crisis mundial. Al mismo tiempo evidencian la profundidad de los debates que están en juego: si, por una parte, la “defensa del proletariado contra el capital” implica una lucha contra la restauración capitalista y el apoyo a algún sector del PCCh, y la consolidación de una oposición clasista frente a un desarrollo capitalista, o, por otro lado, significa una lucha por la revolución social, que debe derribar en primer lugar a la dictadura restauracionista del PCCh y establecer una auténtica dictadura del proletariado. Bangladesh: huelga de masas Los obreros “peor pagos del mundo” Ante la ola de huelgas obreras en China no faltaron los que señalaron que la consecuencia sería el traslado de muchas empresas a otros países asiáticos, como Bangladesh. Pensaban sin dudas en la industria textil de ese país, donde una fuerza de trabajo de más de cuatro millones de trabajadores, mujeres en un 85%, es empleada por contratistas que producen para las más sofisticadas marcas de indumentaria del mundo, en condiciones dantescas de explotación: con un salario mínimo de 25 dólares son, según el Financial Times , “los peor pagos del mundo”. La ocurrencia de los analistas pecó de inoportuna, porque precisamente esa capa superexplotada de la clase obrera acaba de protagonizar una auténtica explosión huelguística de masas. Desde el 13 de junio y durante más de una semana, decenas de miles de trabajadores textiles abandonaron las fábricas y ocuparon calles y carreteras: el 21 hubo una masiva demostración de más de 50.000 personas ocupando las rutas que fue respondida con una brutal represión que dejó más de cien heridos. Los choques con la policía se extendieron por varios días y se transformaron en auténticas puebladas en los barrios obreros. La patronal intentó pasar a la ofensiva con un lock out masivo de más de 250 fábricas y todas las zonas fabriles fueron militarizadas. El 23, sin embargo, el gobierno debió ceder: el ministro de trabajo reconoció que el salario mínimo “ya no se correspondía con la situación actual” y prometió revisarlo en los próximos meses. Ante la presión de las órdenes incumplidas a sus clientes extranjeros, las empresas levantaron el lock-out y los trabajadores volvieron a las fábricas con una constante vigilancia policial y en medio de plantas destrozadas por los enfrentamientos de los días previos. “Tenemos que evitar la violencia porque estamos en presencia de una recuperación económica y la agitación obrera pone en riesgo las órdenes de nuestros clientes”, advirtió un think-tank de los empresarios textiles. Junto a las huelgas de los trabajadores chinos, el levantamiento obrero de los textiles de Bangladesh marca un salto en la respuesta del proletariado a la crisis capitalista: que provenga de los sectores más explotados de la clase obrera mundial es un dato que debería ser registrado por todos los que creyeron que la bancarrota económica era un asunto de pura estadística. Italia: la extorsión de la Fiat y la respuesta de los trabajadores Para los lectores de Prensa Obrera no es una novedad que la pulseada que mantienen la Fiat y sus trabajadores es la madre de todas las batallas de la lucha de clases italiana en el marco de la crisis mundial. Mientras está en pleno desarrollo la lucha contra el anunciado cierre de la fábrica ubicada en la isla de Sicilia, se abrió un nuevo capítulo en este conflicto cuando la empresa dio a conocer una “oferta” para “mantener en funcionamiento” su planta de Pomigliano, cerca de Nápoles, que está desde hace años trabajando al 25% de su capacidad, con la mayor parte de su personal suspendido. El plan de la Fiat es, lisa y llanamente, una extorsión: su ofrecimiento fue invertir 700 millones de euros en la planta para fabricar allí su modelo Panda, que actualmente se produce en Polonia, a cambio de acordar un nuevo régimen de flexibilización laboral que establece reducción de los descansos, horas extras compulsivas, sanciones contra lo que Fiat considera licencias por enfermedad “inaceptables” y restricciones al derecho de huelga-un paquete que en conjunto implica la liquidación de conquistas históricas del proletariado italiano e incluso va en contra de disposiciones de la Constitución de la República, sancionada después de la derrota del fascismo. El “acuerdo” comenzó a complicarse cuando se hizo evidente que el principal sindicato metalúrgico (la Fiom) se oponía a firmarlo. Sergio Marchionne, el gerente de la Fiat, advirtió que la firma de un convenio con los restantes sindicatos podía transformarse en un mero papel pintado y contraatacó con una nueva extorsión: estableció que el acuerdo debía ser refrendado en un plebiscito por los trabajadores de la fábrica napolitana, anunciando que cerraría la planta, dejando en la calle a sus 5.300 trabajadores si el acuerdo no alcanzaba un “consenso suficiente” (sic) en el plebiscito. La pulseada de la Fiat contra los trabajadores se convirtió en un caso testigo y todo el arco patronal italiano advirtió la trascendencia de lo que estaba en juego: el principal diario lo definió como “un episodio crucial en la historia de las relaciones sindicales del país” (Corriere della Sera, 21/6). Los berlusconianos se jugaron a reproducir en el plano sindical la desarticulación del centroizquierda que han logrado en los últimos años en el terreno político; es decir, darle un golpe a la Fiom, la CGIL y la izquierda sindical. Los opositores del Partido Democrático, en cualquier caso, dejaron a un lado sus diferencias con el gobierno y se sumaron, junto a la patronal y la burocracia sindical, al coro de los que exigían el voto por el “sí”. Llegaron a realizar una manifestación callejera, encabezada por los sindicatos amarillos y el personal jerárquico de la Fiat, que alcanzó la singular proeza de lograr que el informe de la policía contabilizara el doble de manifestantes que el de los propios organizadores. La lucha por el “no” quedó en manos de la izquierda política y sindical, pero contó también con el apoyo de los trabajadores de la planta polaca de la Fiat, que enviaron una carta que revela una madurez política notable y reclama la unidad internacional de los trabajadores (ver la carta completa en la versión digital de Prensa Obrera). El día anterior al plebiscito, realizado el 22 de junio, el Corriere della Sera ya se curaba en salud, cuando admitía que “el triunfo del sí está descontado, pero el problema es por cuánto margen”. Al día siguiente, los titulares de los diarios no dejaron lugar a dudas, cuando plantearon que el plan de Marchionne estaba ahora “puesto en cuestión”. Ocurre que tan sólo el 62% de los trabajadores votó a favor – según los diarios, Fiat esperaba por lo menos un 80%. Todo el plan ha entrado ahora en un impasse, porque sin ser un “catastrofista” Marchionne advirtió claramente la trascendencia de que un 40% de trabajadores haya votado “no” en un plebiscito cuya única opción era aceptar el ajuste o quedarse en la calle. A la patronal italiana le preocupa que el acuerdo de “paz social” se transforme en un papel sin valor, porque, al no haberlo firmado, la Fiom no tiene ahora impedimentos legales para impulsar medidas de fuerza a las que podrían sumarse los trabajadores afiliados a los sindicatos que sí lo hicieron. Rápido de reflejos –y mostrando que cuando se trata de atacar a los trabajadores el centroizquierda no le va en zaga a Berlusconi– un senador del Partido Democrático acaba de proponer que se promulgue una ley que impediría que los trabajadores afiliados a un sindicato que firmó una “paz social” se adhieran a una huelga convocada por un sindicato que no lo haya hecho. Pero Marchionne ha dado a entender que no le cierran las salidas legislativas: para ser tal, el acuerdo tiene que contar con la firma de la Fiom. La posibilidad de la reapertura de una negociación con este sindicato es una confesión de que su extorsión ha fracasado, y la disposición de la Fiom a aceptar esa negociación, por su lado, es también un síntoma de que no pretende llevar hasta el fondo una resistencia a los planes de la patronal –como, después de todo, nunca lo ha hecho, ya que han sido sus concesiones las que vienen permitiendo los avances de la Fiat en los últimos años. Como se ve, la patronal italiana es consciente de que está metida en un entuerto y resulta bastante irónico que sea el mismo sistema de representación sindical múltiple, impulsado por la burguesía para dividir a los trabajadores, el que ahora sea visto como la causa de todos los problemas. Los chupamedias de la Fiat deberían tener presente que las maniobras legales y las extorsiones en forma de plebiscito agotarán su utilidad en cuanto la fuerza de los trabajadores se ponga abiertamente en movimiento, y que la crisis mundial creada por su propio régimen social está haciendo todo lo posible para que eso suceda.

-Exclusivo de internet La campaña por la constitución de una lista antiburocrática =independiente de las patronales y del gobierno= para recuperar el Soip se encuentra en marcha. Las aceptaciones de candidaturas obtenidas hasta este momento tienen especial significado ya que todavía no se han convocado a las elecciones. Los compañeros tienen claro que hay que agruparse desde ahora porque la burocracia de los Salas-Verón, por un lado, y de Ledesma -dos camarillas de la actual burocracia-, esperarán a tener sus cuestiones limadas o sus listas separadas conformadas para convocar, de un día para el otro, las elecciones, sin dar tiempo para que se presente oposición. En las reuniones en el local y en las visitas a fábrica, se ve con buenos ojos la caracterización de la Bordó de que la conquista del 20% sin cuotas ha sido gracias a la lucha y que es necesaria la reapertura de paritarias en agosto, como se planteó con el paro, porque la inflación arrasa con las conquistas. Los trabajadores del Pescado se mantienen alertas no sólo para pedir reapertura de paritarias, sino porque hay ramas =como la de la conserva y la de empanado= que no han obtenido el 20%, ya que el Soip firmó a la baja, antes del conflicto de los fileteros (rama fresco). Además, llueven las denuncias contra la conducción del Soip. En varias plantas no se paga el 20% a la hora de calcular el pago del excedente (lo que se filetea extra sobre el cupo por cajón). En otras, se mantiene a cientos de trabajadores como eventuales durante años, cuando el convenio lo admite por sólo seis meses. La situación productiva en cada fábrica es diferente. Mientras en algunas el procesamiento se mantiene constante, en otras falta pescado. Esto hace que se cobre la mísera garantía horaria que ha quedado congelada hace varios años en 1.250 pesos. Sobre esto tampoco abren la boca ni los Salas-Verón ni Ledesma. Para la Bordó, la lucha por la nueva dirección en el Soip se muestra en avance. Esto no es poco en un gremio en el que, luego de las elecciones del Soip de 2006, las patronales llevaron adelante una feroz política de despidos de activistas y candidatos. Es un momento favorable para la organización y la lucha. Se ha fortalecido el cuerpo de delegados con la presencia de las fábricas blanqueadas con el convenio Pyme. De allí salió el paro y la concentración triunfantes. Las patronales de la pesca acaban de ser favorecidas con la condonación de las deudas de la tasa de inspección sanitaria, por 40 millones de pesos, a cambio de realizar el asfalto de las calles del puerto (9 millones). Está planteado más que nunca: que paguen las deudas con los trabajadores, reapertura de paritarias, paritarios elegidos y mandatados por asamblea. Aumento salarial automático al costo de vida. Todos los trabajadores en Convenio 161/75. Actualización de la garantía horaria al valor del filet. Jubilación por insalubridad a los 25 años de trabajo y 50 de edad. 82% móvil. Por el control obrero de la producción y de la captura. Por asamblea general. Por la recuperación del Soip en manos de los luchadores.

En LVO Nº 381, Alejo Lasa se regocija porque la dirección de la CTA “a cuatro días del referéndum, se definieran a llamar a votar por el Sí a la expropiación de Stefani”. Pasa por alto que en siete meses de lucha, la CTA no ha movido un dedo a favor de la lucha de los obreros de Stefani –lo cual califica como “un retraso” y confiesa que la direcciones de la CTA se pronunciaron bajo la intimación escrita a que “se pronuncien públicamente”. El escriba chupamedias de la CTA no denuncia los siete meses en que la CTA dio la espalda a la lucha, sino que ensalsa como si fuera “un triunfo” que cuatro días antes abrieran la boca.

Para Pablo Micheli, de ATE, “no hay unidad porque nos vinieron con la imposición de un candidato a secretario general, sin poder discutirlo. Pero a los de ATE no nos arrean, por más que crean que tienen poder”. También cree necesario aclarar que la división entre Yasky y De Gennaro “no es una lucha de aparatos entre ATE y Ctera, porque el que apuesta a eso pierde. Pero es absolutamente cierto que con ATE no se jode”. En lenguaje típico de la burocracia cegetista, que siempre defiende un aparato contra otro, anuncia que ATE dará batalla electoral. Claro que nunca se tomó el trabajo de discutir esto con las bases de ATE, como tampoco se le ha ocurrido a Yasky con las bases de Ctera. En el mismo reportaje, Micheli cree necesario defender a los “militantes de la CTA que apoyan al gobierno kirchnerista porque somos plurales”, o sea que sale a cubrir a Yasky incluso después de la división. Pero no son los ‘militantes’ quienes están en los diarios defendiendo la sumisión política a los K sino los dirigentes yaskistas, que no cuentan con mandato para eso, como tampoco lo cuenta De Gennaro para defender al capital sojero. La pluralidad debe servir para elaborar un mandato sindical, que luego debe ser defendido por medio de la acción, no para justificar las decisiones inconsultas de los burócratas, que comprometen la independencia formal y clasista de los sindicatos. Las elecciones en la CTA se van a realizar con los padrones fabricados por su burocracia, respaldados por el Ministerio de Trabajo. Sobre esto, Micheli no tiene nada para denunciar. La letanía del pluralismo apunta a encubrir la volatilización política de la corriente oficialista de la CTA, que no aprendió nada de su pasado aliancista y de su conducta antagónica al levantamiento popular de 2001. La atomización de la dirección de la CTA se expresa en las regionales, donde se planean listas “autónomas”, para despegarse de una u otra lista del ex oficialismo. Watsejko, del sindicato del neumático, insiste en otra variante con el propósito de quedar bien parado en las seccionales y mirando en su propio futuro: la de ofrecer al sindicato del Neumático, o sea él, como ‘prenda de una unidad’. Esto fue rechazado por Micheli con el calificativo de “amontonamiento”, para que no le ‘jodan’ su propio aparato. Las listas “ni” uno “ni” otro en las seccionales expresan la profundidad de la crisis del oficialismo. En el ‘ni, ni’ se esconde una gran confusión ante la crisis, sin dejar de ser un intento de varios caciques locales para preservar sus posiciones y sus pequeños presupuestos de seccionales. La única salida a esta crisis es plantarse con una posición clasista, que se plasme en una lista nacional. El tironeo de la cúpula de la CTA se opera de espaldas a las tendencias a la lucha y a la rebelión que recorre todos los sindicatos de la CGT y de la CTA. A los Micheli y a los De Gennaro no se les ocurre convocar a un congreso de bases si realmente creen que su disputa con Yasky es un intento por asegurar la autonomía de la CTA. En el Congreso provincial de ATE, hace pocos meses, los delegados de ATE Sur y de Tribuna Estatal presentaron un plan de lucha y criticaron a la Constituyente Social por significar una vía de subordinación de la clase obrera a sectores patronales (disfrazados de pequeños productores o afiliados individuales). El sindicato de ATE Sur, como tal, decidió promover la formación de listas independientes de ambas fracciones de la burocracia de la CTA, tanto en lo local y provincial, como en lo nacional. El Sutna (neumáticos) de San Fernando ha girado también un llamado de parte de su cuerpo de delegados y de su comisión directiva. La dirección de AGD-UBA ya encabezó una lista clasista nacional en las pasadas elecciones de la CTA y ha definido, de nuevo, la necesidad de una nueva dirección de la CTA. Es importante que al interior de todas las organizaciones obreras combativas de la CTA se abra el más amplio debate. Organicemos, en común, plenarios locales y un plenario nacional.

“Es demencial, una irresponsabilidad”, una locura”, repiten a coro los Kirchner, Boudou y Aníbal Fernández. ¿Se refieren a los medicamentos truchos? ¿A la inflación? No. Están furiosos porque se debate una ley para elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y actualizar los haberes congelados primero por Cavallo y luego por los K. “No hay de dónde sacar la plata”, miente Boudou, mientras saquea sin vergüenza las reservas internacionales del Banco Central y los dineros de la Anses para pagar a los usureros internacionales. “No hay de dónde sacar la plata”, repiten los tránsfugas, que nunca se preguntan de donde sacará la plata un obrero para pagar los aumentos de precios; o un contribuyente, para pagar mayores impuestos y tarifas; o el propio país, para pagar la deuda externa o los negociados de la patria paralela de los K y los De Vido. Más grave es, sin embargo, lo que ocurre con Moyano y con Yasky. Moyano, para sacar a los K del ‘apuro’, está planteando que se vote el 82%, a condición de que se lo vaya pagando en cuotas: primero el 60%, luego el 65, a paso cansino, como está acostumbrado a hacerlo él mismo en las paritarias. Yasky eligió otro argumento: la Anses no tiene plata, que paguen los patrones, a sabiendas de que la mayoría del Congreso no lo votaría porque representa, precisamente, a esos patrones. Yasky disfraza su oposición al 82% con el cinismo; en Ctera acaba de firmar un acuerdo que aumenta las jubilaciones docentes en un ¡0,98%! Los macaneos de Moyano y Yasky nos dan una pauta de lo que ya se está negociando en el Congreso para desvirtuar los proyectos que se han presentado, ¡y que ya están desvirtuados, porque no establecen el 82% móvil sobre el último salario cobrado, sino solamente sobre el mínimo! Sin embargo, podemos ganar, porque tenemos el apoyo de todo el pueblo. Para eso tenemos que movilizarnos, ganar la calle, realizar debates, firmar petitorios y preparar una gran concentración para cuando se discutan los proyectos. Necesitamos movilizar a los sindicatos: el dinero que los K están dilapidando es el que aportan los trabajadores activos, que llegado el momento también tendrán que jubilarse. En este terreno hay que dar una gran batalla en las elecciones inminentes en Ctera y en la CTA, para denunciar y derrotar a Yasky, un agente de los K, que ya ha declarado su propósito de estatizar por completo a la CTA. Para eso tenemos que organizar listas clasistas, o sea que denuncien y combatan la integración de los sindicatos al Estado, planteen su independencia de clase y rechacen cualquier ‘paz social’ con los patrones y su Estado. Aprovechemos la indignación popular que desata la inflación, el crecimiento de la desigualdad social, la complicidad de las fuerzas de represión con el delito organizado, la corrupción, las embajadas paralelas, los negociados con las mineras contaminantes y con el conjunto de los capitalistas; aprovechemos esta indignación para ganar la batalla de las jubilaciones. La consigna es: recurramos a todos los medios de movilización y de lucha para ganar la batalla de las jubilaciones.