Prensa Obrera N° 1120

Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Ciudad, acaba de generar un escándalo al proscribir los materiales curriculares de discusión sobre el bicentenario elaborados por un equipo de historiadores armado por el propio Ministerio. El ministro cuestionó especialmente los materiales para la escuela media, que plantean (en palabras de los autores) el objetivo de recuperar la visión histórica de las clases "subalternas" (o sea, de los trabajadores y los explotados). Al asumir como ministro de Educación de la Ciudad, Bullrich dijo que "convocaría a la Iglesia" a la discusión de las políticas educativas. Aseguró el copamiento del Ministerio por privatizadores eclesiásticos. De esta banda, se destacan Mario Terzano (de financiamiento), vinculado al Opus Dei y a las privatizaciones menemistas, y Santiago De Estrada, ex funcionario de la dictadura militar, del menemismo y embajador en el Vaticano bajo el gobierno de Alfonsín. Las críticas a los materiales reproducen las de Héctor Aguer (obispo de La Plata y encargado del área de Educación Católica de la Iglesia) a la materia Construcción de la Ciudadanía (que se dicta en la provincia de Buenos Aires). Aguer declaró el año pasado que la materia apuntaba a formar "revolucionarios analfabetos". Sileoni, el ministro de Educación kirchnerista, rechazó en ese momento las críticas de Aguer, pero eso no le impidió compartir la tribuna con él, por ejemplo, al presentar la nueva secundaria en el curso de rectores de colegios católicos en Salta, en febrero de este año. En realidad, la avanzada de la subordinación de la educación a la Iglesia se la llevan los K: en 2009, el kirchnerista Urtubey reinstaló la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas del Estado en Salta. El macrismo, que otorga millones de pesos de subsidios a las escuelas de la Iglesia ahora proscribe por mandato clerical el debate del Bicentenario. Demuestra así, una vez más, que es incompatible con las libertades democráticas más básicas. Aprovechan el Bicentenario para barrer con cualquier atisbo del laicismo heredado de la Revolución de Mayo.

En la elección general de Apuba, el gremio de los trabajadores de la universidad de Buenos Aires, el Frente de Recuperación Gremial Lista 9 alcanzó el 19% de los votos: 1.056 compañeros votaron por una lista de clara definición clasista, asociada a las luchas universitarias por la democratización y contra las camarillas que destruyen la universidad. Entre los doce institutos en los que el Frente tenía candidatos o en los que logramos que nuevos compañeros se acercaran a trabajar de forma común, alcanzamos un promedio del 35% de los votos. Los porcentajes más altos están colocados en el Pellegrini y Sociales, donde ganamos; en el Colegio Buenos Aires y en el gran Hospital de Clínicas en el que alcanzamos el 32% de los votos. En Medicina se llegó casi al 30% de los votos y un porcentaje mayor de votantes obtuvimos en Filosofía y en Agronomía donde no teníamos candidatos locales. Por apenas 70 votos no llegamos a obtener la minoría de congresales a Fatun, que nos hubiera permitido contar con seis congresales a la Federación. No pudimos fiscalizar hasta la última urna y entonces no sabremos si obtuvimos esos votos. Estos resultados tienen el valor de haberse inscripto en una campaña que se desplegó denunciando a la burocracia sindical, adaptada a los gobiernos de turno, que se enriquece a costa de la entrega de los derechos laborales. La campaña fue precedida por una lucha triunfante en la Facultad de Sociales por el refuerzo de fin de año y en medio de un ataque combinado entre la directiva de Anró y el Rectorado para castigarnos por el triunfo, intento que fracasó nuevamente por la acción masiva de los trabajadores de Sociales. El resultado tiene un valor especial porque en estos últimos cuatro años Anró logró cooptar a un sector de la oposición nucleada con el ex secretario general de Apuba, Garusso, y porque otro sector que se decía opositor, que formaba el MIC, no se presentó e hizo una campaña por el voto en blanco o el no voto, pero ninguna de las dos cosas ocurrió. El Frente de Recuperación Gremial se juega en la próxima etapa a multiplicar las representaciones de la oposición en cada instituto para conquistar nuevas internas. Anró centró su campaña en la orden a todas las internas para que apretaran, intimidaran, en evitar el debate. No hubo campaña del oficialismo. No podían intervenir sobre las cuestiones importantes: 82% móvil, democracia sindical o en días de tanta inflación, no podían hablar de paritarias y de negociación salarial. Esto no fue azaroso. La última vez que prometieron algo para todos fue a través de la última revista La Posta en la que señalaban que aspiraban a la duplicación de la paritaria local: finalmente no obtuvieron más que 500 pesos para los no asistenciales, luego de cinco años de congelamiento. La directiva que acaba de ganar las elecciones forma parte del pelotón de burocracias que dentro de la CTA y de la CGT entregan las paritarias, negocian a la baja, firman la paz social y garantizan sus intereses de aparato contra el interés general de los trabajadores. La elección dio un gran apoyo a una oposición que ha demostrado ser consecuente. La elección también aportó a la clarificación de quienes no se explican las diferencias en la izquierda: ninguna de las variantes que tienen militantes en no docentes llamaron a votar por el FRG, actitud que contrasta con, por ejemplo, el llamado del PO en Kraft a votar por la lista encabezada por un militante del PTS. En este caso no llama la atención, porque estos militaron siempre con el MIC de no docentes, quienes ahora impulsan el pasaje al aparato burocrático de la CTA negándose a votar en contra de Anró. IS directamente llamó a votar oralmente por la burocracia de Anró. Clarito.

Para encubrir su propuesta, Mujica señaló: “no quiero viejos de 75, 80 años presos; no sólo militares, ningún preso de esa edad”. No es cierto. La ley uruguaya ya contempla la posibilidad de otorgar libertad anticipada para mayores de 70 años y para quienes sufran enfermedades graves o terminales. Pero la norma respectiva, que habla de “humanización del sistema carcelario”, sancionada en 2005, excluyó precisamente a los culpables por delitos de lesa humanidad. De modo que nuestro “humanista” se ha concentrado específicamente en un planteo de liberación de genocidas. Los que, además, como todos sabemos, llegaron a los 70 años impunes por la complicidad de los “demócratas” y de los frenteamplistas. Los que ya en 1984, en los llamados Pactos del Club Naval acordaron con la dictadura la intangibilidad de la cúpula militar genocida. Sigue vigente, por eso mismo en Uruguay, la ley de amnistía y un puñado de milicos fue a parar muy tardíamente a la cárcel en función de algunos resquicios legales en la legislación de la impunidad. El “Pepe” se propone remediar la omisión.

El Nuevo MAS, que integra la Comisión Interna de prensa de Crónica, calificó de “empate digno” el conflicto que acaba de cerrarse en ese diario. La singular caracterización acompaña a un balance desmoralizante de una dura lucha de casi un año y medio. En Crónica, la patronal del grupo Olmos (ligada a la burocracia de la UOM) quiso llevar adelante un verdadero desguace de la redacción mediante retiros voluntarios y “despidos preventivos”. Fueron meses y meses de pelea. A los despidos masivos seguían paros fulminantes que lograban la reincorporación de los compañeros, mientras la patronal seguía presionando por los retiros voluntarios en las llamadas “conciliaciones voluntarias”. La burocracia de la UTPBA estuvo totalmente borrada; el Ministerio de Trabajo amagaba con aceptar un pernicioso Recurso Preventivo de Crisis pedido por la empresa para rebajar salarios e indemnizaciones y la comisión interna gráfica terminó aceptando sin lucha el despido de más de 150 gráficos y su propio retiro de la empresa. En ese cuadro, la patronal se despachó con otra tanda de 20 despidos en prensa. Los trabajadores declararon un paro por tiempo indeterminado, el aguante de los despedidos en la puerta de la redacción y movilizaciones al Ministerio de Trabajo. Se logró la reincorporación de todos los trabajadores que querían volver al diario, se firmó un acta de estabilidad laboral por un año, un aumento salarial del 20% y el pago de una gratificación del año 2009 y ptra para el 2010. En este cuadro, lejos de un “empate digno”, los trabajadores derrotaron el ataque patronal. No es casual que para el articulista del MAS la burocracia de la UTPBA sea “muy parecida a la burocracia sindical tradicional” y no exactamente igual a ella o peor (abandonó a su suerte un conflicto que duró más de un año). El gremio de prensa no tiene paritarias, ni siquiera regimentadas. Por último, el MAS destaca que la lucha fue apoyada “por los trabajadores de prensa del Nuevo MAS”, ninguneando el hecho decisivo de las comisiones internas, activistas y trabajadores que se solidarizaron con la lucha y que participaron del aguante y de las distintas acciones de lucha. Este hecho plantea la perspectiva de liquidar a la burocracia de la UTPBA.

En la tarde del 4 de marzo, en el recinto del Concejo Deliberante de Merlo, el cuerpo legislativo local aprobó por unanimidad, con fuerza de ordenanza, la reglamentación de la ampliación del subsidio que recibirá el distrito de Merlo para incrementar la cantidad original de cinco unidades de producción. Se llegaría a trece cooperativas funcionando con trabajadores residentes en el partido, con una inversión de casi 8 millones de pesos y 900 fuentes de trabajo. El concejal del bloque del FPV, Atilio Tarnoczy, señaló que el gobierno nacional califica el comportamiento de la operatividad del programa a nivel local como uno de las más eficaces de los distritos del conurbano que participan del programa Argentina Trabaja (Merlo, Gran Buenos Aires). Lo curioso es que los concejales opositores fundamentaron su voto favorable a la reglamentación, ¡denunciando la “discrecionalidad” con la que se crearon las cooperativas! Cepeda, concejal de Libres del Sur dijo: “ha sido muy difícil saber cuáles fueron los criterios específicos como para poder acceder a ser un beneficiario (...) la cuestión de la formación está muy atrasada todavía (...) si bien participan el Ministerio de Educación y el de Trabajo, todavía no está claro de qué forma van a ir trabajando (...) No estuvo abierto a los sectores de la Iglesia que realizan trabajos territoriales ni a las organizaciones sociales que hace años vienen trabajando en el distrito” (sic). La reglamentación no aclara cómo se accederá al “beneficio”, pero además deja de lado la necesidad de ampliarlo, en términos universales, para todos los trabajadores desocupados que lo necesiten. Un plan de obras públicas, basado en la necesidades de los trabajadores del distrito, discutidas en asambleas con los vecinos, es un trabajo pendiente que sólo podrá ser arrancado con la movilización de los trabajadores.

Los Kirchner estuvieron junto a todos los gobiernos que garantizaron la impunidad de los genocidas y sus cómplices. Muchos de estos cómplices fueron reciclados como funcionarios de la “democracia”. Cogobernaron con el Menem de los “indultos”, a quien don Néstor calificó como el “mejor presidente de nuestra historia”. Los Kirchner derogaron el Punto Final y la Obediencia Debida cuando sirvió para evitar que los criminales fueran juzgados en el exterior. En siete años no consiguieron encarcelar sino a un puñado de asesinos seriales, cuando se los está por llevar la parca. Continúa el gatillo fácil, la tortura en las comisarías y la impunidad de los represores. Convirtieron el 24 de Marzo en feriado para distorsionar su contenido de movilización y lucha. Ahora, quieren vallar la Plaza para festejar una administración “nacional y popular”, empeñada en honrar la deuda con los mismos usureros que financiaron los grupos de tareas. Los que venimos luchando desde siempre contra la impunidad, por el juicio y castigo a todos los culpables, vamos a reivindicar la Plaza de Mayo como lugar histórico de nuestra lucha.

El 5 de marzo, la empresa Telecom envió dos telegramas de despido. Uno a Néstor Escalante, trabajador de Telecom de la oficina Munro, y otro a Oscar Quiñónez de la provincia de Córdoba. Estos despidos tienen un claro tinte de persecución política-sindical y se encuadran en un avance más general de las empresas. En el caso del compañero de Munro, la empresa esperó a que le vencieran los "fueros gremiales" luego de la última elección del Sindicato y, a pesar de que el compañero se encontraba con licencia médica (sin concurrir al trabajo), lo echó "con causa" por algo sucedido hacía más de un año. En el caso de Córdoba, el despido del compañero se encuadra en un marco de persecución permanente contra los delegados y activistas, con suspensiones y sanciones para impedir la organización en los lugares de trabajo. Todo esto ante el silencio cómplice del Sindicato. Estos despidos han puesto en pie de lucha a una parte del gremio. Las empresas actúan sobre la base de la inacción de las organizaciones sindicales, tanto en el caso de Foetra como en el de la Foeesitra (federación burocrática nacional que abarca al sindicato de Córdoba). A pesar de esto, avanzan las asambleas, petitorios y concentraciones por abajo, que se van generalizando poco a poco mientras que se reclama la inmediata intervención del sindicato. La Lista Naranja denuncia la política de Telecom, que ahora se agrava con estos despidos, pero viene con vaciamiento de sectores, la aplicación de la polifunción pactada con acuerdo del sindicato, la implementación del "plan cero" (averías) para presionar por mayor productividad, la tercerización de sectores estratégicos y promoción de "exámenes" unilaterales en los sectores técnicos, además del teletrabajo para deslocalizar tareas y, como broche de oro, el congelamiento salarial y de las paritarias hasta julio. En este contexto se abre paso la lucha por un programa: reincorporación ya de los despedidos. Que se convoque al plenario de delegados con mandato de las asambleas de base. No a la entrega del convenio, el vaciamiento de sectores y la polifunción. Reapertura de las paritarias. Recomposición de las dotaciones y salario mínimo igual a la canasta familiar.

Cuando faltan pocos días para las elecciones, el Partido Obrero refuerza su campaña electoral que tiene como objetivo llevar trabajadores al Concejo Deliberante para solucionar los problemas de conjunto de la sociedad capitalina. En una seguidilla de foros-debate en las que participamos, todos los candidatos fueron redefiniendo los límites del oficialismo y la oposición de derecha en cuanto a presentarse como alternativa de solución a problemas como las altas tasas, impuestos y alquileres, hacinamiento en los barrios del oeste, inseguridad, transporte, cultura, trabajo y salario. Desde el Partido Socialista, con candidatos que reivindican constantemente la condición de no ser socialistas; desde Encuentro por la Ciudad, que vendría a ser la lista kirchnerista que reivindica la política de “derechos humanos y latinoamericanista” de los “nacionales y populares”; desde el Partido Demócrata, que propone reforzar el aparato represivo; desde el PRO, con la misma dirección represiva que ya supieron mostrar en la Ciudad de Buenos Aires, pasando por la Coalición, por el justicialismo, todos demostraron con sus discursos el reforzamiento de la orientación social antiobrera que prima en la ciudad de la mano de la UCR. Todos hablan de la participación democrática, pero no se les cae una sola oración que tenga que ver con garantizar las condiciones materiales para llevar adelante esa participación y que pasa por terminar con el trabajo en negro, garantizar el salario mínimo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores del turismo, del comercio o del municipio. Sí aluden a los trabajadores, a los pobres, cuando se trata la inseguridad. En esto tienen responsabilidad tanto el PTS como el MST, al coincidir con el oficialismo y la derecha en que el problema del delito se termina con salario, con trabajo, con políticas de inclusión social, educación y contención. Como si los chorros fueran los pobres. Desde el Partido Obrero denunciamos esta maniobra y decimos que mientras más policías haya más crece el delito. El narcotráfico, la prostituciòn (que para Leiva, candidato de la Coalición, debe ser un atractivo turístico más, controlado puertas adentro), la especulación inmobiliaria y el juego son organizados desde arriba, desde el mismo aparato estatal descompuesto. Nunca por los desocupados, pobres y marginados. La ciudad de Mendoza es la puerta a la actividad turística de la provincia. Esta actividad económica descansa sobre una base social que es de miseria y explotación laboral hacia la juventud, de la represión y persecución a los artistas callejeros, artesanos, vendedores ambulantes, cartoneros, limpiavidrios y todo aquel que “ensucie” la ciudad. Una capital llena de limitaciones. Desde el Partido Obrero decimos que sobre la base de la desvalorización del trabajo se está hipotecando el futuro de la ciudad. La privatización de la capital es bochornosa. Una capital en donde priman las construcciones suntuarias, los hoteles cinco estrellas y sus casinos, la cultura convertida en el lucro del espectáculo, la limpieza racial en nombre de la seguridad, la marginación y crisis habitacional, no es lugar atractivo para desarrollar ninguna actividad turística como desarrollo material propio del pueblo. En este sentido, una banca del Partido Obrero en el Concejo Deliberante tiende a ser un canal de expresión y organización de todos los sectores oprimidos por las políticas de limitaciones y exclusiones del intendente Fayad y el Concejo cómplice, que son meros gestores de los reclamos de los empresarios.

El miércoles 17, los diputados de la oposición se propusieron derogar el decreto de las reservas, e incluso cargarse otros decretazos oficiales. Por caso, dos artículos de la ley de “reforma política”. El Senado podría sancionar una reforma que coparticiparía el impuesto al cheque con las provincias. ¿Significaría esto que quedó superado el empantanamiento político entre los tres poderes del Estado? Probablemente suceda lo contrario. Si la oposición consiguiera sumar el quórum necesario en las dos cámaras, se enfrentará con impugnaciones del más diverso tipo. La Presidenta vetará los cambios en el impuesto al cheque, y en el caso del DNU para el uso de las reservas internacionales ya contaría con una mayoría en el Senado para ponerlo en vigencia. Sobre ese tema, ya aparecieron otros proyectos opositores que destinan parte de las reservas al auxilio a los tesoros provinciales. Un grupo de gobernadores plantea un perdón a la deuda de las provincias con la Nación. La camarilla oficial, sin embargo, no quiere pagar estos peajes. El destino de este impasse no se encuentra en el Congreso. Como lo probaron las gestiones del radical Gerardo Morales para ‘concensuar’ las divergencias con el oficialismo, la primera tentativa para salir de este marasmo pasa por un acuerdo de la UCR con los K –que, dicen los radicales, les permitiría alcanzar su objetivo principal de llegar a 2011. Hasta el propio De Narváez ha sido incluido por un sector de la prensa en esos trámites, con la expectativa de que los K lo ayuden a conseguir el reconocimiento de su ciudadanía para candidatearse para Presidente. Es muy difícil, sin embargo, que rosqueando logren superar la crisis. Detrás de las ‘aspiraciones’ de la UCR y del ‘colorado’ opera la banca Morgan, que quiere el uso de las reservas para consumar el canje con la deuda vieja y precipitarse a una intensa especulación con la deuda externa de Argentina. Varios pulpos (Repsol, Arcor, Aluar) acaban de anunciar que, apenas se concrete el canje, se largarán a colocar deuda en el exterior. Los K pretenden sustentarse hasta 2011 con un nuevo ciclo de endeudamiento público y privado, lo cual significaría un retorno a la ‘plata dulce’ de Martínez de Hoz y a la convertibilidad de Cavallo. Esperan, de este modo, revertir la nueva salida de capitales que se ha producido en enero y febrero, e incluso revertir la retención de dólares por parte de los exportadores. Algo de esta expectativa ya se estaría manifestando en la primera parte de marzo. La contrapartida de este éxito en frenar el drenaje no sería, sin embargo, auspiciosa, pues supone que el Banco Central esterilice los pesos que se emitan por la entrada de dólares para frenar la inflación. Algunos calculan que, en este caso, la deuda del Banco Central con los bancos que entreguen sus disponibilidades en pesos podría llegar a unos 70 mil millones de pesos, o sea a 20 mil millones de dólares, la mitad de las reservas existentes, a una tasa de interés, al principio, de dos dígitos. Los K pretenden superar la crisis de financiamiento del sector público con un manotazo de otro tipo al Banco Central: tomando el ciento por ciento de sus utilidades. Ocurre, sin embargo, que éstas no son efectivas sino contables, o sea que el dinero no está sino que hay que emitirlo. Es un caso claro de creación de dinero ficticio. Esas utilidades son igualmente ficticias porque obedecen a la revalorización (medida en pesos) de las reservas en dólares como consecuencia de la devaluación del peso. Así, el Central y el Tesoro ganan cada vez que el patrimonio del país y los salarios y jubilaciones se devalúan. Depender de utilidades semejantes es instaurar el régimen de la devaluación permanente del peso y de la inflación. Para colmo de las contradicciones, los K pretenden ahora, mediante la entrada de dólares por exportaciones y capitales, dejar de devaluar el peso, o sea revalorizarlo. Estado de excepción El impasse político-institucional ha creado, en los hechos, las condiciones para crear un “estado de excepción”. En el “estado de excepción”, el régimen de gobierno se aparta de las normas constitucionales invocando, sin embargo, a la Constitución. El ejemplo más claro de esto es cuando Marcó del Pont le dio los dólares del Central al gobierno con el argumento de que, para ella, “un DNU es una ley”, o sea que el país pasa a ser gobernado por decreto. Es claro que en el futuro veremos más de lo mismo, acompañado por el uso abusivo del veto a las leyes. La Corte, por su lado, no tiene facultades para dirimir este impasse, ni puede convertirse en árbitro de disputas cotidianas. Esto parecen entenderlo muy bien los K, como lo demuestra un artículo de su jefe de senadores, Miguel Pichetto, en el diario ‘destituyente’ La Nación (15/3). Allí Pichetto caracteriza que con el “escenario político creado con posterioridad a las elecciones del 28 de junio (...) la división de poderes se transformó en un obstáculo para la gobernabilidad”. Pichetto explica que los DNU se instauraron para permitir el ejercicio del gobierno “en situaciones de crisis”. Como la gobernabilidad, dice, supone “eficacia decisional” y “un sistema de balances y contrapesos puede tornarse, en ciertas circunstancias, un obstáculo para la gobernabilidad”, Pichetto propone “moderar la división de poderes”. La tarea de ejercer esa ‘moderación’ debe quedar a cargo de los K. Este artículo, que pasó desapercibido, señala la intención de instaurar un ‘estado de excepción’, lo cual equivale a una abolición del llamado estado de derecho dentro del estado de derecho. Como el litigio que justificaría el ‘estado de excepción’ es por las reservas del Banco Central, la conexión entre la crisis financiera (crisis mundial) y la crisis política queda firmemente establecida. Cuando en Alemania se estableció el estado de excepción, en 1929, luego del crash de la Bolsa de Nueva York, la causa de la disputa fue también por los decretos financieros que no conseguían aprobación en el Parlamento. ¿Prosperará esta tentativa? Los K no tienen la autoridad ni los recursos políticos para gobernar bajo un estado de excepción: no tienen a las masas ni tampoco a las Fuerzas Armadas. ¿Podrían crear las condiciones necesarias para ello con el conflicto por Malvinas? Aquí tampoco tienen a las masas ni a las Fuerzas Armadas. Si bien la llamada ‘oposición’ es una bolsa de gatos, el kirchnerismo vive un desangre permanente; el diario Crítica ha dado cuenta de repetidos enfrentamientos dentro del propio matrimonio. Se han ido los Cobos, los Alberto Fernández, los Solá, los Das Neves y otros, luego llegó el turno a varios senadores y todo indica que seguirán por ese camino Pampuro y varios intendentes del conurbano. El desangre se procesa por dentro y por fuera. Los K quieren el balón de oxígeno de las reservas. Mientras tanto tienen que lidiar con la importación de combustibles por primera vez en tres décadas; con el precio de la carne (y de la merluza) y hasta con el ingreso de los chinos en una petrolera con capitales malvineros, que viene a pelearle territorio a Repsol y su socio K. Lo que queda fuera de un gobierno de DNU, sustentado en decretos financieros y endeudamiento internacional, es un acuerdo con la UCR, que acabaría con las posibilidades presidenciales de la UCR (y con la UCR) o una convocatoria a distancia (por ejemplo para marzo de 2011) para las elecciones presidenciales. Minga a la deuda externa La deuda externa corresponde a las llamadas “deudas soberanas” que, desde Estados Unidos a Grecia, amenazan con barrer con la estabilidad política de los principales países. Se ha convertido en el nuevo epicentro de la crisis mundial, luego de que esos mismos Estados empeñaran los recursos fiscales para rescatar, sin haberlo logrado, a un capitalismo en bancarrota. El no pago de la deuda soberana –que se encuentra, en su mayor parte, en manos de fondos y bancos especulativos– ha pasado a ser el eje para el rescate social de pueblos y naciones, que de otro modo están condenados a un duro proceso de miseria social. Una campaña por el no pago, conjugada con la lucha por la defensa del trabajo y del salario, sería la forma de aproximar a las masas a elaborar una salida propia a la crisis, precisamente a partir de sus necesidades y experiencias. El régimen vigente está agotado, financieramente y políticamente, como lo indica esta necesidad de un estado de excepción y de la abolición de sus propias normas de gobierno. El protagonismo de las masas abrirá el rumbo hacia un gobierno de trabajadores.

Faltando poco para Semana Santa, la CNRT (Comisión Nacional Reguladora de Transporte) y los medios masivos de comunicación se acuerdan de los Conductores de Ómnibus de Larga Distancia y de los pasajeros mediante controles que se limitan a hacer soplar un "aparatito" para test de alcoholemia a la salida de la terminal de Retiro, en un hecho que pretende disimular la absoluta y total falta de control sobre el transporte de larga distancia. Pero la realidad es otra y esto nadie lo controla: la mayoría de los conductores que llegan a la mañana a Retiro desde Bariloche, después de conducir 22 horas, han realizado esa mismo trayecto en el sentido contrario con sólo dos o tres horas de "descanso", o sea que 48 ó 50 horas de conducción casi ininterrumpida. Los conductores luego regresan a la empresa a entregar la unidad para realizar mantenimiento para volver a salir a la tarde: otras 22 horas más... Un párrafo aparte merecen los de "horario o línea fija", quienes permanentemente realizan estos rebotes. Algunos realizan dos vueltas (cinco días) y descansan una jornada. Totalmente "estresados" por el cumplimiento estricto del horario, permanecen no menos de cinco días sin bajarse del coche, situación ésta que hace no tolerar más que un par de años realizando este tipo de servicios. Esta situación incluye también a los " auxiliares de a bordo " (encargados de la atención de los pasajeros). La mayoría son jóvenes de veinte años, que en temporada alta perciben como máximo un jornal de 2.200 pesos, trabajando 500 horas/mes. Su vida transcurre en los micros, llegando a dormir varias noches seguidas en el asiento del acompañante, o sentados en la escalera, ya que en las boleterías venden hasta la última butaca disponible. El resto del año, su sueldo ronda los 1.500 pesos y no cobran un peso de viático. Vía Bariloche es la "empresa madre" de un grupo integrado por Tigre-Iguazú, El Valle, Don Otto, Transportadora Patagónica, Albús, Pehuenche, Vía-Tac y Quebús. Se nutre de personal aprovechando la falta de oferta laboral que existe en el interior del país, "tentando" a los conductores que vienen a Buenos Aires con "trabajo, casa y comida" pero en condiciones absolutamente precarias, sufriendo un desarraigo que los mantiene alejados durante semanas enteras de sus hogares. Quedando a entera disposición del servicio, estos viven hacinados en casas o habitaciones que la empresa les provee en las cercanías de las cabeceras: Pablo Nogués (en el Gran Buenos Aires), Bariloche, Cipolletti, Iguazú, Bahía Blanca, etc. Los organismos de control estatal (CNRT-Ministerio de Trabajo) y la UTA están al tanto de todas estas irreguralidades y son garantes y cómplices de este proceso de superexplotación. Un grupo de trabajadores nos comenzamos a organizar y denunciamos estos atropellos, exigiendo el cese de esta superexplotación y la reducción de los ritmos de trabajos negreros en esta empresa.

En una charla distendida, Sileoni, responsable de Educación nacional, y Oporto, director de Educación provincial de Buenos Aires, festejan un inicio de clases sin roces y con la actividad educativa a pleno. Programando sus estrategias para una educación de "calidad", en una de sus brillantes ideas infieren disminuir las faltas de los alumnos para que permanezcan en las escuelas, como si permanecer significara mayor aprendizaje... El ausentismo del alumnado posee múltiples causas de las cuales no quiero entrar en detalle, el motivo de estas líneas es contar una anécdota que sucedió en mi barrio: en el inicio del ciclo, citan al padre de un alumno (responsable de la familia, ya que la madre hizo abandono) a dialogar respecto al ausentismo del estudiante en años anteriores, e imponen como condicionante que si este año el alumno llegase a faltar, la responsabilidad sería exclusivamente del padre. Si la asistente social, firmas mediante, responsabilizó al tutor en caso de faltar N cantidad de días, éste estaría haciendo abandono de persona. Lo siniestro es que las asistentes sociales son los brazos del sistema expulsor, a sabiendas de la realidad comunitaria apelan a esta forma de marginar e implementar el otro pilar del sistema capitalista, el judicial. Cualquier mortal con sentido común vería las graves contradicciones; no sólo dejan sin trabajo a los padres, sino que el sistema que los margina y los sumerge en la indigencia todavía pretende enviarlos presos por ser pobres. Recordemos que este padre si no sale a trabajar un día, este niño no come. Pero cómo explicárselos al gobierno del Indek o a los "intelectuales", que cuando uno los lee o los escucha por un momento elogia la ignorancia. Como vemos cada día, este sistema nos desvía de lo verdadero, nos quita la creatividad, nos pone en contra de nuestros alumnos, nos hace creer que la educación es un negocio más y que estas medidas son innovadoras, creer que la disminución de faltas es una solución es una falacia, ya que la educación pública tiene infinidad de problemáticas serias, que no se solucionan con reformas superfluas. A estos progres, lo que menos les importa es la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la clase explotada debe cargar con la falta de planificación e irracionalidad del Estado. La crisis del sistema educativo es cada vez más aguda, las reformas que implementa el Estado no son suficientes ante este panorama, es necesaria una revolución cultural, por lo tanto, educativa.

Desde la reapertura generalizada de las causas a los represores en 2003, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, se realizaron sólo cinco juicios en los cuatro años siguientes, siendo la condena a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, en 2006, la más emblemática. En 2008, el número de condenados subió a 36, siendo 533 los procesados. Si se considera que en el país funcionaron más de 400 centros clandestinos de detención, estadísticamente hablamos de un represor procesado por cada uno de esos centros de tortura y exterminio, o sea, menos de dos represores procesados por cada mil víctimas. Un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Cels asegura que el tiempo promedio que transcurre desde que se reciben una causa hasta que se inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde en 2009 hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó, por si fuese poco, con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, quienes quedaron en libertad. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré ( Página/12 , 24/11/09). El pasquín oficial Página/12 reconoció que, a pesar de que en 2009 se batió un record de juicios a represores (37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio), las posibilidades de juzgar a los responsables en vida son nulas. “Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años” ( Página/12 , 27/12/09). Es sumamente importante señalar que las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura son una asignatura pendiente. Los funcionarios, jueces y empresarios que tuvieron participación activa en la represión se encuentran casi enteramente por fuera de las investigaciones. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos humanos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina “personal civil de inteligencia”. La cantidad de represores prófugos –que incluye militares, policías y civiles– se mantiene estable en unos 40 casos desde hace cuatro años, imposibles de entender sin la complicidad del aparato represivo del “Estado democrático” actual.

El viernes 5 de marzo, la multinacional despidió a un compañero del establecimiento donde funciona el 110. La complicidad del sindicato (Soetc, adherido a la Foeesitra) es total. La patronal inventó una causa, ya que en junio de 2009 la Foeesitra, en el acta del acuerdo de miseria salarial, tomó el compromiso de “paz social” a cambio de la obligación de la empresa de garantizar la estabilidad laboral. La burocracia aceptó la causa inventada y desarrolló una campaña de amedentramiento para que no hubiera reacción alguna frente al despido. Pero ese mismo lunes, el activismo telefónico de varios establecimientos, nucleado principalmente en la combativa agrupación violeta (Utatec), convocó a una asamblea en la puerta del edificio, a la que asistieron más de 70 compañeros y que recibió la solidaridad de distintas organizaciones sociales y políticas. Minutos antes, los delegados del edificio, alineados con la conducción, “cambiaron” su posición y le plantearon al compañero que iban a reclamar su reincorporación pero que no se movilizara, que les diera tiempo. Minutos después, la patronal ya hacía correr el rumor de la indemnización. A pesar de todo, las asambleas van aumentando en su cantidad. Los trabajadores han sacado la conclusión correcta de que el despido no puede pasar. Está a la orden del día la convocatoria para una la asamblea general y el establecimiento de un plan de lucha por la reincorporación. El petitorio desarrollado por la Utatec, que exige al sindicato que convoque al paro contra el despido, plantea el camino más eficaz.

Sr. Jorge Altamira no quería dejar de felicitarlo, por la nota “La cuadratura del círculo” publicada el 12/3, en rebelion.com, en este terreno los dirigentes que se autodenominan de la progresividad deberían ver claramente lo inadecuado de navegar en este debate que sólo logra acciones inmovilistas, que no es difícil pronosticar que el pago de la deuda destroza el futuro de la patria, y le reitero mi felicitación por poner con nombre y apellido a los que confunden a la comunidad y abandonan además de sentido de la oportunidad para remar a favor del viento, de las causas populares cansados de períodos de correcciones insoportables para la sociedad. Lo saludo atentamente.

El 24 de Marzo, en el 34º aniversario del golpe militar de 1976, será una jornada masiva de movilización en todo el país. El epicentro, en la Plaza de Mayo, está convocado por el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a 300 organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. La consigna central será “la lucha continúa. No a la impunidad de ayer y de hoy”; y dentro de las principales se reclama “el no pago de la deuda externa”. Esta no sólo será masiva sino que tendrá un carácter independiente del Estado y de sus partidos. Cuando los Kirchner, Cobos, Morales y Carrió se pelean por ver de qué manera pagan la deuda a la banca Morgan, la jornada del 24 colocará en la calle a un sector del pueblo con sus propios reclamos y perspectivas. La característica independiente de la jornada del 24 de marzo afecta en particular al gobierno. Es por esto que ha decidido cometer el atropello, digno de una patota, de ocupar la Plaza de Mayo durante toda la jornada del 24 de Marzo para evitar el Espacio Memoria Verdad y Justicia pueda realizar el acto que viene organizando desde el año 1996; o sea, desde hace 14 años. Para ocupar la Plaza de Mayo el, gobierno ha sacado de la galera un festival de la ignota “Unidad Bicentenario” de la presidencia de la Nación, al que ha sumado, para disimular, a algunos organismos de derechos humanos afines al oficialismo. El festival del gobierno fue lanzado cuando la movilización de Memoria, Verdad y Justicia ya estaba lanzada. Para completar la provocación oficialista los funcionarios K dieron por canceladas de manera unilateral las negociaciones iniciadas por los organismos de derechos humanos que participan de Memoria, Verdad y Justicia con finalidad de compatibilizar un espacio para las diferentes iniciativas. Los funcionarios K fueron categóricos por órdenes superiores rechazaban toda negociación y para que la Plaza sea ocupada sólo por el gobierno. Es claro que los K viven el 24 de Marzo con una alta dosis de culpabilidad. Al pago de la deuda externa que contrajeron los Videla y Massera, que el matrimonio presidencial paga con todos los medios a su disposición, hay que agregarle que la mayor parte de la alta plana kirchnerista – sino toda– militó como un solo hombre del lado de los ejecutores de la Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. Su paso al campo de los derechos humanos fue tardío y por sobre todo tramposo, como se demuestra en que la anulación de las leyes de impunidad que ellos apoyaron en el pasado sirvió para evitar la extradición de los militares a varios países pero no para juzgar realmente a los asesinos. Al día de hoy y pasados ya casi siete años de gobierno K los juicios contra los responsables de la masacre de la dictadura están en la mayoría de los casos paralizados. Es evidente que el copamiento de la Plaza de Mayo por parte de este gobierno es una afrenta contra los 30.000 desaparecidos. No deja de ser ilustrativo el silencio del centroizquierdismo en general y de Pino Solanas en particular frente a este intento de copamiento estatal del 24 de Marzo. Tampoco la CTA ha sacado hasta el momento ni un mísero comunicado. No es casual que el centroizquierdismo haya festejado como un triunfo propio el ascenso de Mujica en el Uruguay, quien ahora está reclamando una ley de amnistía para los genocidas del pueblo uruguayo. El intento de copamiento del gobierno de la Plaza de Mayo sólo servirá para que las organizaciones populares redoblemos la apuesta y realicen la movilización más importante de los últimos años. El 24 de Marzo vamos con todo a la Plaza de Mayo contra la “impunidad de ayer y de hoy” y el “no pago de la deuda externa”.

La empresa de transporte Tamse (propiedad de la municipalidad de Córdoba) viene sufriendo hace bastante tiempo las consecuencias de la política de vaciamiento del intendente Giacomino. La conducción de UTA, que viene dejando pasar el vaciamiento, convocó el día 8 de marzo, por la fuerte presion de las bases, a un plan de lucha que consistía en asambleas de dos horas en las distintas puntas de líneas. En la segunda asamblea por línea que se realizó, los trabajadores votaron trasladarse a la central para poder realizar una asamblea general. Así se hizo y Tamse entró al paro de hecho. A partir de esto, la conducción pretendió trasladar el eje de la cuestión al Ministerio de Trabajo, un grupo de compañeros marchó hasta allí mientras la mayoría permaneció en la empresa. A las 22 horas, intervino Giacomino y el sindicato se apresuró a firmar un acta donde, en primer lugar, se levantaba la medida de fuerza y se establecía un plan de trabajo de saneamiento de las unidades a corto, mediano y largo plazo. Este acta fue rechazada por los trabajadores, quienes ratificaron el pedido de la presencia en la empresa del intendente para que se comprometiera personalmente ante los trabajadores. Al día siguiente, se realizó una asamblea a las 10 horas, el intendente en persona dio su compromiso de reparación de la flota, compra de nuevas unidades y estabilidad laboral. Mediante la asamblea general y el paro, han obligado al intendente a asumir un compromiso que está en abierta contradicción con su política de gobierno y, por lo tanto, se prevé que no cumplirá. El control obrero de la administración de Tamse se hace totalmente necesario para garantizar un transporte público de calidad y el respeto de las condiciones de trabajo y de la dignidad de los trabajadores. La asamblea general es el camino en ese sentido.

Con el inicio de las clases en universidades y colegios, la campaña por los derechos políticos del Partido Obrero ha tomado un nuevo impulso. En todo el país, centenares de jóvenes están aportando con su firma al PO, contra la reforma proscriptiva del kirchnerismo. En la universidad de Catamarca, la primera semana de clases sumó casi un centenar de afiliados, y nos permite llegar al 50% de nuestro objetivo de afiliaciones en la provincia. En un distrito donde las prácticas punteriles son moneda corriente, nos hemos encontrado con que la mitad de los trabajadores de mayor edad que se afilian ya están fichados a la UCR o al PJ, muchas veces sin saberlo. En ese cuadro, el aporte de los jóvenes que recién se incorporan al padrón electoral, es decisivo. En Caleta Olivia, Santa Cruz, la presencia de la mesa de afiliaciones del FUT-PO causó un verdadero revuelo en la puerta del Instituto Politécnico. Después de vencer un intento de expulsión por parte de las autoridades, el piquete de afiliadores sumó decenas de fichas, entre jóvenes con fuertes lazos con la clase obrera. En las semanas anteriores, la mesa callejera que montamos en el centro de la ciudad, muy cercana al sindicato de petroleros privados, había sumado el aporte de compañeros que trabajan en yacimientos y plantas de la zona. Sumando la tarea de Río Gallegos, la regional ya se encuentra en el 60% de la meta planteada en materia de afiliaciones. Al pelotón de distritos que están en campaña, se ha sumado más recientemente el PO de Jujuy. En pocas semanas sumó más de seiscientos avales y cuatrocientos afiliados. Como primera tarea, cada militante se propuso el compromiso de afiliar a sus contactos, amigos y compañeros de trabajo. Luego, se inició un trabajo de recorridas barriales en San Salvador, San Pedro y Perico. Finalmente, el Polo Obrero jujeño le puso manos a la obra, y sumó afiliaciones en sus barrios y asambleas. En los próximos días, la mesa de afiliación tendrá su lugar también en la universidad jujeña. La mesa de la universidad comenzó a sumar afiliados en la capital salteña. De conjunto, en esta provincia hemos superado el 70% de las fichas necesarias. Con el aporte de universitarios y secundarios, nos proponemos llegar al 15 de abril con el requisito legal asegurado en los distritos donde realizamos una gran elección en junio – Salta, Catamarca, Río Negro y Santa Cruz–, mientras seguimos en plena marcha en todo el país.

30 mil compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes! * CON EL GOBIERNO DE LOS KIRCHNER Y LA OPOSICIÓN PATRONAL CONTINÚA LA IMPUNIDAD, EL HAMBRE Y EL SAQUEO * JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, POR TODOS LOS COMPAÑEROS * APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA * NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA, AUMENTO DE SALARIOS, QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO 23/3 Marcha a las 17 horas, Plaza San Martín 24/3 Todos a Plaza de Mayo MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

El 12 de marzo, unos cien trabajadores de Kraft, Pepsico y otras plantas cortaron la avenida 9 de Julio a la altura de Corrientes y marcharon luego a la sede de la Copal –cámara de los empresarios de la alimentación. Fueron acompañados por doscientos estudiantes. El objetivo era reclamar un aumento del 35% para todas las categorías, la apertura de las paritarias, la reincorporación de los cesantes y paritarios electos por la base. La Federación de la Alimentación, que agrupa a gran parte de las plantas del GBA y está enfrentada al Sindicato de la Alimentación (STIA), reclama que se reabra de inmediato la paritaria (el convenio vigente vence en abril) y estima la canasta mínima en 3.800 pesos mensuales. Ha planteado paros de dos horas por turno por la reapertura de las paritarias para esta semana. La burocracia del STIA acompañaría este reclamo. La movilización a la Copal, en Kraft, fue decidida en una asamblea del turno noche que congregó a 300 compañeros; en el turno mañana y tarde hubo reuniones informativas. En la deliberación del turno mañana, la Comisión Interna saliente (PCR) reclama un 50 por ciento de aumento, pero se impuso el planteo de un 35 por ciento. Los trabajadores de Kraft no cobraron aún el plus de fin de año. La empresa ha impuesto también una virtual jornada de 12 horas. La empresa tampoco reincorporó a ninguno de los 53 cesantes de la lucha de 2009. Acrecentó los ritmos de producción en niveles que varían entre un 40 y un 60%. Rechazó la elección de delegados por “departamento” y mantuvo el rechazo al reconocimiento de los 27 delegados que fueran electos a instancias de la CI desde fines del año pasado. Por el lado de los trabajadores, después de dos días de boicot en el comedor, hubo una mejora en la dieta y un vale de canje. Pero es inminente el ofrecimiento del retiro a trabajadores sometidos a “tareas livianas” por su desgaste físico y está avanzando la instalación de robótica en dos líneas, preludio posible de cesantías. Sí a la asamblea general La Comisión Interna de Kraft está planteando: “exijamos a las direcciones de los sindicatos de la alimentación delegados paritarios elegidos en asamblea”, pero no una asamblea en la planta. A su turno, el PCR defiende la “idea” de la asamblea general, pero no hace nada por ella. Está empeñado en aislar a la Comisión Interna y saboteó la movilización a la Copal. Bogado no estuvo. Nuestro planteo es que se haga una asamblea general para debatir y resolver: • Elección de paritarios y la elaboración de un anteproyecto encabezado por la reincorporación de los cesantes y un salario que cubra el costo de la canasta familiar. • Bono de fin de año. • Control de los ritmos de producción. • Retiro de los juicios de desafuero. • Elección de delegados sin trabas de ningún tipo. • Frente a la fusión con Cadbury, ningún despido. • Plan de lucha.

Con una asistencia de 80 personas -entre las que se encontraban delegadas auxiliares municipales de ATE, docentes, miembros de la junta interna del Inta, trabajadores de Ecotrans, vecinos del barrio y jóvenes estudiantes- se realizó la mesa redonda “Deuda externa y crisis política”. Hubo una importante cobertura de los medios locales. Participaron la concejal Mónica López, por Libres del Sur; el concejal por la Coalición Cívica, Jorge Tasara; Tony Borja, secretario general de ATE Hulingham e Ituzaingó, y Néstor Pitrola por el Partido Obrero. Al final de las exposiciones se generó un debate muy interesante. La mayoría de los asistentes se pronunció por el no pago de la duda externa. Tony Borja se pronunció contra el pago de la deuda, habida cuenta que no hay dinero para hospitales, escuelas, salarios y para terminar con la miseria de la población. El concejal de la Coalición Cívica, en contra de lo que sostiene su organización, también se pronunció por el no pago. La charla fue precedida por una importante agitación en las estaciones y en los barrios. En el debate con los asistentes, pudimos comprobar que muchos jóvenes y vecinos se acercaron al lugar después de haber visto el afiche y haber recibido las mariposas. Instalamos el debate entre la población y los trabajadores de Hurlingham, ya que el pago de la deuda significa mayor confiscación, peores salarios y peores condiciones de vida para nosotros.

Proyecto Sur está empeñado en dar la impresión de que quiere pagar la deuda usurera y también de lo contrario. “No venimos a decir que hay que pagar la deuda”, insistió Solanas en una audiencia pública en la que participaron otros bloques del parlamento ( Clarín , 10/3). “Pero sólo se debe pagar, agregó, la deuda legítima” – una aclaración que confunde. Es que la deuda argentina es ilegítima por su naturaleza confiscatoria. Es el resultado de un gran pecado original (la dictadura) y de sucesivas refinanciaciones. Las refinanciaciones capitalizan los intereses impagos y añaden otros nuevos. De este modo, la deuda se ha transformado en un contrato usurero. El primer ‘desendeudador’, Menem-Cavallo, que redujo deuda entregando las empresas del estado, llevó al extremo la tendencia a la refinanciación permanente, que explotó en 2001. Los centroizquierdistas no reclaman contra esta ilegitimidad social y de derecho. En su lugar reclaman una investigación que ya fue hecha, por parte del juez Ballesteros, por una presentación del fallecido Alejandro Olmos. Así van pateando el asunto de la deuda mientras pueden. La novedad de la audiencia fue que sirvió, no para denunciar por enésima vez la “deuda ilegítima” (una parte de la deuda), ¡sino para ofrecer un mecanismo para pagarla! De eso se encargó el co-piloto de Solanas, Claudio Lozano. Según relata Crítica (15/3), los referentes de Proyecto Sur insistieron en un planteo reciente de pagar la deuda en consignación, o sea hacer un depósito cuyo beneficiario cobraría al cabo de la investigación. Es difícil, si no imposible, que tal cosa sea viable no habiendo un proceso judicial. Argentina, en cualquier caso, estaría sacrificando una suma extraordinaria de dinero. El asunto suena a una fantasía. La novedad real de la audiencia fue otra cosa: la propuesta de Lozano de cómo pagar la deuda. Planteó para ello que el Banco Central que mantiene deudas con los bancos locales (por absorción de pesos, los Lebac y Nobac), entregue el dinero correspondiente, en cada vencimiento, al Tesoro nacional, para que este pague la deuda pública. El Tesoro se convertiría en deudor de los bancos locales y estos en acreedores del Tesoro. Es una suerte de préstamo forzoso. El stock de títulos en poder de los bancos es de 38 mil millones de pesos, que equivalen a 10 mil millones de dólares. El plazo de la deuda con los bancos sería de siete años a una tasa fija de interés. Para hacerla corta: Lozano propone pagar deuda pública contrayendo otra. Como el 60% del mercado argentino está en manos de la banca estatal, tendríamos que el Tesoro se endeudaría, en gran parte, consigo mismo para pagar a los usureros. Esto ya ocurre con el Pami, la Anses y, hasta cierto punto, con los mismos bancos estatales, donde son depositados los fondos unificados de la administración del Estado. La propuesta de Lozano culminaría el operativo del kirchnerismo de endeudar a jubilados y ahorristas, con títulos en pesos, para pagar a los usureros. Esta transferencia de la deuda de los especuladores internacionales al pueblo, facilitaría al Estado su liquidación por medio de la inflación. ¿Qué tiene esto de progresista? ¿De qué modo esta propuesta cancela la deuda ilegítima? ¡Se la transfiere a los ahorristas de los bancos estatales y privados y fondos públicos depositados en los bancos estatales! Los bancos no operan con dinero propio sino con el de los depositantes. Esta propuesta implicaría una confiscación del dinero de los ahorristas que depositan en los bancos, pues al cabo de siete años cualquier deuda en pesos valdría menos de la mitad de su valor actual ¿No sería mejor (‘menos traumático’) repudiar la deuda usurera y nacionalizar los bancos sin compensación? La otra contradicción de la propuesta es no dice quién se hará cargo de la regulación de la moneda una vez que se suprima el mercado monetario formado por los Lebac y Nobac. La alternativa sería establecer un sistema de encajes móviles, sin remuneración, que los bancos deberían dejar en el Banco Central. Proyecto Sur no ha propuesto nada semejante. Pero este sistema correría un riesgo: que Proyecto Sur quiera quedarse con esos encajes para pagar la deuda usurera como ahora lo propone con los Lebac y Nobac. Estamos dando la vuelta en torno a lo mismo. Todo esto suena a un despropósito. Lozano dice que el Tesoro compraría dólares al Central, con el dinero que el Central le debe a los bancos locales, para pagar la deuda. La operación no tendría, así, efectos inflacionarios, porque el dinero que saldría del Central al Tesoro volvería al Central para comprar dólares. Lo mismo dicen los K para justificar su DNU. Pero la mayor parte de la deuda pública está en pesos, por lo que su pago desataría una mayor inflación. De nuevo, para esquivar el repudio a la deuda usurera, Proyecto Sur elucubra un despropósito. La idea de pagar la deuda con créditos de la banca local, no es original de Lozano; Cavallo la propuso hace un mes. Lo de Cavallo era más coherente (y por supuesto enormemente dañino), pues no suprimía el mercado monetario de Letras y le pagaba a los bancos la tasa de interés del mercado. En el mundo financiero internacional circulan una cantidad enorme de propuestas para rescatar al capital de la bancarrota; todas buscan minimizar el costo del rescate para el sistema. El planteo de Proyecto Sur forma parte de esa corriente de propuestas, y tiene las contradicciones insalvables de todas ellas.

Las paritarias se están transformando en un aspecto crucial de la situación política nacional. La inflación es uno de los síntomas del desbarranque de la política kirchnerista y el salario tiende a ser la puerta más importante para abrir una intervención obrera en la crisis política. Cristina Kirchner lo entendió así cuando convocó a Olivos, primero a los empresarios (los remarcadores de precios), a quienes pidió no hablar de inflación y a quienes ella misma no les habló del tema. Luego a la burocracia sindical, a la que le bajó la línea de “que en este país no habrá desbordes por reclamos desestabilizadores”. El cumplimiento de la orden presidencial está en marcha: Yasky picó en punta para entregar la docencia, esta vez por el 17% anualizado. El tema de las cuotas y las sumas en negro es clave. En Comercio se prorrogan hasta el 30 de junio los “negros” de 2008 y 2009. Esto significa que horas extras y vacaciones continúan liquidándose sobre los básicos de 2008, lo mismo que las cargas patronales. ¡Una ganga! Luego pactó 175 por mes y pateó la paritaria para el mes de abril, al tiempo que incluyó cláusulas de fraccionamiento de aguinaldo y vacaciones, facilidades en deudas patronales de obra social y una comisión de “paz social”. Pero abril está muy cerca y Comercio tiene reclamos de bases en decenas de supermercados y call centers. Los bancarios acaban de firmar por 3.500 pesos de básico para diez mil “calls” de su actividad, lo que plantea un movimiento de lucha por la equiparación con bancarios entre los más de 60 mil trabajadores de call de todo el país. La paritaria bancaria le ha colocado un problema al plan de la UIA y el gobierno. La cárcel de Zanola y el imparable proceso de descomposición de las burocracias que se referencian con el dirigente preso han llevado a la banca y al gobierno a pactar un 23,5% al contado, con un inicial a 4.495 pesos, apenas doscientos pesos abajo de la canasta familiar de la CTA para febrero. El antecedente bancario debe abrir los ojos de toda la clase obrera. La gran banca y el gobierno kirchnerista que dirige el Nación, el Provincia y el Central (a punto de firmar lo mismo) están al corriente de la catarata inflacionaria que se avecina: 31,8% anual según la Universidad Torcuato Di Tella ( Ambito , 16/3). Salvan a Zanola y marcan una pauta que luce atractiva, pero está ocho puntos por debajo de la inflación prevista, al tiempo que los bancos están polifuncionando todas las actividades en un plan salvaje de no reemplazo de jubilados y de retiros voluntarios. Para bancarios y para todo el movimiento obrero está planteada una cláusula gatillo por inflación al menos trimestral. Para los compañeros del subte, los docentes universitarios, los compañeros de Kraft y la alimentación, para los gráficos de Interpack, Morvillo y las internas combativas, para los nuevos sindicatos azucareros salteños, para el Astillero Río Santiago, para los choferes de la 60 y Ecotrans –que rondan en reclamos del 30 ó 35%– el antecedente bancario debe ser tenido en cuenta en las asambleas y ante las patronales en dos sentidos, no aceptar las cuotas y llevar los iniciales a la canasta familiar de 4.696 pesos calculada por el Instituto de la CTA. Otro punto vital que reclaman distintos gremios es la elevación del mínimo de ganancias o su anulación sobre los salarios. Las burocracias centrales, por ejemplo UOM, UTA, Uocra, como otras menores como plásticos, gráficos, papeleros, negocian en secreto para traer todo cocinado, lo mismo está haciendo la seccional duhaldista del Astillero –y sus paritarios de izquierda. Luego, están las cláusulas para aumentar la productividad sobre la base de ritmos y polifunción como insta la UIA –han sido impuestas, por ejemplo, en el convenio SAT (televisión) con Multicanal-Cablevisión o por Foetra y Foesitra en Telefónicos. Estas no pueden ser aceptadas. En este escenario de conspiración de las cúpulas sindicales con las patronales, la confrontación tiende a pasar por las grandes fábricas. En el caso Kraft es posible elegir los paritarios de base en una asamblea general de la fábrica, porque habrá que luchar por el 35% a partir de tres mil obreros que son la mitad del gremio. El piquete de un sector de activistas y estudiantes viene bien para instalar el reclamo, pero no ganará el aumento. En Kraft se ha sufrido la confiscación del adicional de fin de año, la disminución de plantel por despidos y el aumento de ritmos, con horas extras compulsivas que disimulan la miseria salarial. Algunos burócratas (entre ellos Cavalieri) y sectores de la UIA pretenden una gran paritaria nacional para “bajar” un tope. Temen que se les escape la liebre ante las presiones obreras. Organicemos los reclamos y asambleas fabriles, y reclamemos a la CGT y la CTA un congreso de bases unificado para luchar por el 35% de aumento ya.

Exponen: Dr. Luis Pravato, abogado y profesor a cargo de la cátedra de Instituciones del Derecho Público en el Curza-UNCo Horacio Pastor, ex preso político de la dictadura militar y dirigente provincial del Partido Obrero Martes 23/3, 19 horas. Aula Nº 21 del Curza-Universidad Nacional del Comahue. - Se entregaran certificados. - Actividad libre y abierta para toda la comunidad. Invitan: UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) y Partido Obrero - Viedma (Río Negro)

Contra lo anunciado en su campaña, José Mujica retiró su invitación a la Asamblea de Gualeguaychú para mantener una reunión. Su canciller ratificó que Botnia no se moverá de donde está, y reiteró el pedido al gobierno argentino para que reprima a los asambleístas. Se impone un plan de lucha conjunto de todas las asambleas ambientales. El presidente uruguayo hizo campaña diciendo que iba recibir a los ambientalistas, pero ahora cambió de idea, fiel a su lema "como te digo una cosa, te digo la otra" No bien la Asamblea aprobó la concurrencia a la reunión, Mujica retiró la invitación. ¿Qué quiere el gobierno uruguayo? El canciller del gobierno de Mujica, Luis Almagro, expresó: "Los asambleístas de Gualeguaychú deben ser conscientes de que no pueden pedirle al nuevo presidente que relocalice la planta de celulosa". Agregó: "el Poder Judicial argentino en algún momento tendría que dictar un auto para levantar el bloqueo de los puentes". ¿Desea el canciller uruguayo que la Justicia mande a las fuerzas de seguridad a reprimir a los asambleístas? Por su parte, Mujica ha declarado en un almuerzo con empresarios argentinos que el conflicto por Botnia "es poder pasar el puente". Respecto de los capitales finlandeses, dijo: "En lugar de sacarlos, nosotros quisiéramos que vinieran muchos más a vivir e invertir en Uruguay" (Pagina/12, 9/2). También agredió a una periodista oriental diciéndole: "No sabía que defendías a los piqueteros, creía que eras uruguaya" Urribarri, Mujica y Cristina Urribarri, refiriéndose a Mujica, dijo públicamente: "Nos unen la historia, los sentimientos y los intereses". Cuando hablaba de intereses, se refería al corredor del río Uruguay, al dragado del río. El objetivo de la hidrovía es sacar a granel los productos primarios agropecuarios del sur de Brasil y los productos forestales primarios para la gran industria de la celulosa y la pasta misma. Lo describe así la IIRSA (Iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana). Otro "interés conjunto" es el de las represas que Uruguay tiene urgencia de concretar con Brasil y Argentina. Son los proyectos hidroeléctricos Roncador y San Carlos. También Uruguay le reclama a Argentina el desbloqueo de fondos del Mercosur necesarios, para la construcción de la interconexión eléctrica con Brasil. "A Cristina le urge el voto que necesita de Uruguay el ex presidente Kirchner para ser secretario general de la Unasur. Voto que le negara Tabaré en dos oportunidades", dice la asambleísta Lilian Melnik. ¿Y qué podríamos esperar del fallo de la Haya? La Corte Internacional no va a afectar la propiedad privada, derecho inalienable de la sociedad burguesa. Probablemente aplicará una sanción al gobierno uruguayo por no haber avisado formalmente a su par argentino. Respecto de la contaminación, recordará al Estado uruguayo su obligación de controlar las emisiones de la pastera y, finalmente, recomendará un monitoreo del río Uruguay a cargo de ambos países. En previsión a este resultado, el gobierno uruguayo viene diciendo que para acatar el fallo es necesario acordar con el gobierno argentino. ¿Y el régimen político en su conjunto? El pueblo uruguayo pierde soberanía sobre los ríos, los puertos, el agua, y la tierra. Donde se criaban vacas, se producía carne y leche, se sembraban alimentos, ahora hay sólo eucaliptos que consumen el agua del acuífero. Una superficie equivalente a seis departamentos está forestada con pinos y eucaliptos para alimentar a Botnia y otras pasteras. Con la perspectiva de sacar aún más productos primarios por la hidrovía, ambos gobiernos utilizarán el fallo del tribunal internacional para desactivar la protesta, ilegalizando el bloqueo del puente. El régimen político cierra filas a favor de los contaminadores. Como lo demuestran los bloqueos al transporte minero en Andalgalá y Tinogasta, crece la resistencia ambiental en todo el país. Se impone, entonces, la realización de un encuentro nacional ambiental con representantes de todas las asambleas para hacer un plan de lucha conjunto.

La benevolencia del Nuevo Mas con la burocracia de la UTPBA se convierte en agresión faccional cuando se trata de La Naranja Gráfica, una agrupación clasista a la cual acusan nada menos que de cómplice de la burocracia ongarista. Aseguran, sin pestañear, que se mantuvo en silencio frente al desguace de la planta de gráficos en Crónica. Se trata de una calumnia, porque aun sin una responsabilidad dirigente en la empresa realizó una agitación muy fuerte en la misma y en los talleres: sacó dos volantes sobre el conflicto, difundió la lucha en su boletín y acompañó las movilizaciones de prensa. Este ataque busca ocultar la permanente política divisionista de sus direcciones sindicales -uno de los principales problemas de los trabajadores gráficos (y de los de prensa) de Crónica.

El Bicentenario se conmemora con un gobierno "nacional y popular" dispuesto a pagar "contra viento y marea" la deuda fraudulenta y usuraria. El asunto tiene su costado pedagógico porque traduce la conducta histórica de la clase dominante de Argentina. La voluntad de "honrar la deuda" aun con el "hambre de los argentinos" ha sido la consigna histórica de la oligarquía y la burguesía argentinas. Una larga historia continental Muy tempranamente, en 1825, cuando inauguraba el flamante cargo presidencial, Bernardino Rivadavia hizo una operación leonina con la Banca Baring Brothers por un millón de libras, de las que sólo llegaron poco más de la mitad. Su pago multiplicó varias veces el monto "recibido" y recién pudo saldarse en el siglo siguiente, en 1904. La deuda y el vaciamiento financiero son un dato congénito de nuestra historia. Brasil es otro caso, aunque no el único: al consagrarse como nación independiente asumió como propio el pago de un préstamo de 1,4 millón de libras contraído en Inglaterra por el gobierno portugués para combatir el movimiento independentista. El cobro de la deuda de México provocó, en 1861, la llamada Convención de Londres, donde Inglaterra, Francia y España acordaron una acción militar común para ejecutar sus créditos impagos. La invasión conjunta comenzó con el desembarco de tropas en el puerto de Veracruz y, más tarde, quebrado el acuerdo original de las potencias europeas, se transformó en la ocupación de México por las tropas francesas y en la instalación en el poder de Maximiliano, archiduque de Austria. Los invasores serán derrotados por las fuerzas nacionales, bajo el comando de Benito Juárez, cuatro años más tarde. A comienzos de este siglo se produce, por idénticas razones, la segunda gran operación bélica contra un país «deudor», esta vez contra Venezuela. Fue emprendida en forma conjunta por los gobiernos de Inglaterra, Alemania e Italia. La exigencia era el cobro de la deuda por un monto casi ocho veces superior al estimado por las autoridades venezolanas, como resultado de la acumulación exponencial de intereses. A través del bloqueo y el bombardeo de puertos venezolanos, los acreedores impusieron sus puntos de vista en los Protocolos de Washington, firmados en 1903. Estados Unidos y las "colonias" caribeñas Fue con el mismo pretexto del endeudamiento que los países del Caribe, en este caso, quedaron tempranamente colocados bajo el dominio de los Estados Unidos. En 1901, el Senado norteamericano votó la llamada Enmienda Platt (el senador que elaboró el proyecto), por la cual el gobierno local consentía que los Estados Unidos pudieran ejercer el «derecho de intervención» y fiscalizar el manejo de la deuda pública. Esta enmienda fue incorporada a la Constitución de Cuba. Por otro "acuerdo" de características similares, el gobierno estadounidense se hizo cargo, desde febrero de 1905, de los ingresos aduaneros de la República Dominicana, cuyos fondos eran girados en un 50% a un banco de Nueva York para cubrir las deudas de la nación caribeña con sus prestamistas. Por supuesto, el endeudamiento estaba totalmente "inflado": la deuda externa dominicana alcanzó en aquella época una dimensión superior a 20 veces los ingresos anuales totales del Estado. Los "desórdenes" financieros justificaron luego la invasión directa de los Estados Unidos, que administraron el país hasta 1930. No es muy distinto el caso de Haití, que fue obligado a colocar sus aduanas, su ordenamiento presupuestario y también su principal institución financiera estatal bajo el control del gobierno norteamericano y del National City Bank of New York. Los «marines» ocuparon el país directamente en 1915 para garantizar el cobro de la deuda. Un itinerario casi idéntico siguieron los acontecimientos en Nicaragua, cuando en los primeros años de este siglo un funcionario de la United Fruit asumió la presidencia, lo que no impidió, años más tarde, la intervención militar directa, que tuvo como respuesta la guerra civil y la resistencia liderada por César Augusto Sandino. Cuando éste fue asesinado, se inauguró la era de los Somoza. Deuda e imperialismo La deuda externa, por lo tanto, constituyó desde el siglo pasado un instrumento privilegiado del proceso expropiatorio que domina toda la historia latinoamericana. En este sentido, no ha perdido actualidad la definición formulada por Lenin: "El mundo ha quedado dividido en un puñado de Estados usureros y una mayoría gigantesca de Estados deudores". Es parte de la historia que sigue hasta nuestros días(1).

A partir del conflicto suscitado por la descarga de los camiones atmosféricos de Luján (se reclamó por esto frente al municipio), quedó planteado el colapso de las plantas receptoras de líquidos cloacales en el distrito. En Luján existen dos plantas y han existido decenas y decenas de reclamos para la construcción de una nueva planta. Lo que ha primado -por parte de las sucesivas gestiones locales (vecinalistas, UCR, Prince, Rosso, etc.)- son las permanentes postergaciones de obras esenciales para la salud y el bienestar de los trabajadores. El 60% de los lujanenses no dispone de red cloacal. Antes de explotar este conflicto, los cisternas descargaban los residuos cloacales en el basural municipal de la ruta 192 (lindante con el barrio San Pedro). Ese basural, además, ya no puede seguir estando ni un día más por ser un brutal foco de contaminación. La realidad es que ya no hay dónde descargar. Por eso es que los empresarios de atmosféricos (en función de rediscutir sus negociados en la zona) salieron también a bloquear las puertas del municipio. A partir de esto, el municipio de Luján ofrece como salida descargar en unos piletones en desuso del barrio El Quinto, lo que motivó la respuesta negativa de sus vecinos. Luego, ofreció la planta de Open Door, pero la misma no tiene capacidad. Por consiguiente, planteó descargar en el distrito vecino de Mercedes (previo acuerdo entre ambas intendencias). Se expande el conflicto y la reacción popular A partir de esto, al tener una gran difusión en los medios mercedinos, el Concejo Deliberante de esa ciudad, llamó el lunes 8 a una sesión especial para que se apruebe o no la descarga de los residuos cloacales de Luján. En esa sesión, se pateó la decisión para más adelante. Luego, el viernes 12, el oficialismo que representa al intendente Selva logró aprobar el proyecto en una votación dividida. El problema es que Mercedes también presenta una situación idéntica a la de Luján, ya que dispone de una planta que funciona a media máquina. Pero los empresarios lujanenses tienen sus resquemores, porque alegan que se incrementan sus costos y por las resistencias que pudiera haber por parte de los vecinos. Por eso, el intendente interino Mosca ofreció, como "salida parcial", volver a descargar en el basural municipal, lo que ya está generando un movimiento de vecinos del barrio San Pedro que se resiste a esto. Planean un corte en la ruta 192 para el viernes 19. Una salida para los trabajadores y vecinos En coincidencia con la asamblea ambiental que lucha contra Curtarsa -y contra sus cómplices en el Estado y en la burocracia del cuero- es necesario unir ambas luchas. Por otro lado, el Partido Obrero -tanto de Luján como de Mercedes- está desarrollando una tarea al intervenir en la situación: ha fijado su posición ante los medios y mediante agitaciones. Por ello proponemos: La inmediata construcción de tres plantas de tratamiento de líquidos cloacales: una en Luján, otra en Mercedes y la tercera para las localidades intermedias (por ejemplo: Jáuregui, Olivera, Gowland), con capacidad acorde a la población y bajo la supervisión de las organizaciones obreras encuadradas en el plan "Argentina Trabaja". Que se financiar la obra por medio de impuestos progresivos al gran capital agrario e industrial de ambos distritos. Asambleas de trabajadores y vecinos de Luján y Mercedes para debatir y organizar las obras necesarias para las dos poblaciones.

Esto sucede en el depósito perteneciente a esta corporación en la localidad de Florida, perteneciente a Vicente López. Desde diciembre, la corporación multinacional San Martín del Tabacal le adeuda los salarios a decenas de trabajadores en una actitud que no tiene razón de ser. Esta multinacional factura millones de dólares anuales, tiene ingenios propios y abarca los negocios del alcohol, los eco-combustibles, jugos cítricos aceites esenciales, etc. Esto demuestra su poderío, de hecho es el proveedor principal de La Serenísima, sin contar otras grandes empresas y laboratorios. Este monopolio es el causante del destierro de centenares de familias de la comunidad Guaraní en Orán, quienes están luchando hasta hoy bajo la más violenta represión para recuperar sus tierras. Mantiene a sus trabajadores bajo un régimen de explotación desde la tercerización, por medio de contratistas, pagan parte del salario en negro y casi todos son trabajadores eventuales. Restringen la organización sindical, al punto de que no se puede ni elegir delegado. De hecho, el sindicato no se hace cargo de esta situación, es por esto que llamamos a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, que tome cartas en el asunto. Con esta actitud del no pago o el pago a cuentagotas, El Tabacal busca desgastar a los trabajadores por hambre para que resignen parte de su salario al pasarse a la otra contratista que paga menos o para que renuncien a su trabajo perdiendo el derecho a indemnización. Exigimos el pago inmediato de los salarios, así como el aguinaldo y las asignaciones familiares que también les son negados. Exigimos el pase a planta permanente, respetando toda la antigüedad.

Ll Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras ha anunciado la realización de una consulta nacional para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria es para el 28 de junio próximo, fecha en la que se cumplirá un año del golpe de Estado. La tentativa de una consulta para convocar a una Constituyente precipitó el golpe contra Zelaya. Ahora, adquiere otro carácter en el marco de la actual situación política. El FNRP denuncia “la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país... que de manera vulgar intenta darle una cara de legitimidad al régimen de facto mediante un falso diálogo nacional que ignora el rechazo mayoritario de la población a la dictadura”. La resistencia ha lanzado la convocatoria al II Encuentro por la Refundación de Honduras para preparar la consulta popular. El primer encuentro, celebrado hace tres semanas, contó con la presencia de más de 1.000 delegados de toda Honduras y es una señal de la fortaleza que ha conquistado la resistencia. La multiplicación de los secuestros, torturas y asesinatos contra militantes del FNRP en los días previos al encuentro, es un llamado para que los trabajadores de América Latina nos movilicemos en defensa de los luchadores de Honduras, sobre todo si se enfrentan con un gobierno que nunca contó con el aval de las mayorías hondureñas.

Una vez más, los habitantes del radio de influencia de la pastera Botnia se vieron afectados por sus emisiones. En esta ocasión, ciento quince personas sufrieron una afección en la piel, lo que motivó el cierre del balneario. El mismo 25 de febrero, los asambleístas ingresaron indignados al edificio municipal y lo ocuparon durante media hora. Como consecuencia, el intendente reaccionó entregando la renuncia del cuestionado secretario de Salud. Desde fines del año 2007 se vienen sucediendo episodios de contaminación. Los primeros afectados fueron niños de una escuela de Fray Bentos. Posteriormente, hubo accidentes internos que terminaron con la vida de trabajadores. El 26 de enero de 2009 se produjo en Gualeguaychú la primera intoxicación respiratoria masiva por causa de las emisiones de gases de la pastera. Siguió a ese evento una mancha en el río Uruguay que está asociada al emisario subfluvial donde la pastera descarga sus efluentes. Esta situación persiste con distintas variantes de color y tamaño. Las algas que forman parte de esta gran mancha, que se aprecia a simple vista en el río, se alimentan de los nutrientes (nitrógeno, fósforo) que emite la pastera. Las algas, algunas tóxicas, forman parte de la mancha que comenzó a visualizarte en febrero del año pasado. La resistencia del pueblo de Gualeguaychú -expresada en el corte del puente internacional San Martín, marchas de 100.000 personas a la cabecera fronteriza y manifestaciones en la costanera de Gualeguaychú- ha hecho retroceder la instalación de nuevos proyectos y enfrenta los abusos de la pastera que han sido amparados por los sucesivos gobiernos.

La movilización de los trabajadores del Subte al Ministerio de Trabajo, expresó la presión que acumula esa olla y puso de relieve el fracaso de la política de Tomada y el gobierno. El gobierno pretende establecer un cordón sanitario alrededor de los luchadores del subte mediante una tutela permanente del ministerio sobre las relaciones obrero-patronales, manteniendo el reconocimiento a la burocracia de la UTA como representación legal del sector. Es que la supercombativa marcha de 600 trabajadores expresó las tendencias a la lucha que recorren el Subte. Las consignas centrales que votó el cuerpo de delegados –“paritarias y reconocimiento del sindicato del subte”– ya de por sí irrumpen contra los límites que pretendió Tomada al colocar la cláusula de paz social y al diferir sin fecha el reconocimiento de la nueva y genuina organización sindical del Subte. Pero además, la movilización expresó el debate salarial extendido en las líneas; la lucha por las categorías de los talleres Rancagua, San José, Constitución; por los descuentos arbitrarios en la Línea H; por la regularización del tráfico en la B y por las condiciones de seguridad e higiene. En todos estos sectores se han protagonizado medidas de fuerza parciales en estos días: trabajo a reglamento en Rancagua y San José, paro en la H y levantada de molinetes en la Línea C. El taller de San José marchó con la bandera del 35% votada por su asamblea, posición que también es ampliamente apoyada en otras líneas como la B. La delegación recibida por los funcionarios presentó un petitorio: actualización salarial, modificación del régimen de licencias (dos francos semanales), bolsa de trabajo con sistema democrático, reconocimiento de la insalubridad, jubilación anticipada en base al 82% móvil, categorías en los talleres, inmediato otorgamiento de la inscripción gremial del nuevo sindicato. El Ministerio se limitó a recibir la petición y a “elevarla”, equivalente a una recepción por “mesa de entrada”. Se abre una nueva situación. Sin duda las asambleas de línea y el plenario de delegados tienen que evaluar la bicicleta oficial para decidir los pasos a seguir.

El Financial Times (5/3) dedica todo un largo de página a una investigación que demuestra que la crisis de las hipotecas, en Estados Unidos, se agrava sin un final previsible. El derrumbe del mercado de hipotecas fue el detonante de la actual crisis mundial. En la actualidad, 7 millones de casas están vacías y otro tanto se encuentra a punto de ser abandonado por diferentes motivos: algunos ya no pueden seguir cancelando sus cuotas y otros prefieren la bancarrota a seguir pagando un valor que en el mercado ha caído un 35-50%. Las propiedades afectadas ahora incluyen en forma creciente a deudores de nivel medio y alto. Los precios no paran de caer: el valor promedio de una casa para una familia tipo se encuentra hoy un 30% por debajo del de 2006 y las consultoras del mercado estiman que deberá caer al menos otro 10%. La novedad ahora es que están dejando de pagar las familias de mejores ingresos, pero que no están dispuestas a seguir cumpliendo con una deuda que es cada vez mayor respecto del valor de sus casas. Estos llamados “defaults estratégicos”, no provocados por una insolvencia inmediata, están creciendo en flecha. Según el Financial Times este fenómeno evidencia una especie de “ruptura moral” en el “americano medio” que juzgaba que “honrar la deuda” era un principio de vida y que ahora rechaza a los usureros (una lección para nuestros oficialistas y opositores empeñados en cumplir con los acreedores de la usura). Un informe anticipa que, en junio próximo, el 10% de las casas norteamericanas tendrá un precio que no llegará al 75% del valor por el cual fueron hipotecadas. En esta situación se encontrarán hipotecas que suman 750 mil millones de dólares, “equivalente a la totalidad del programa de estímulo fiscal del gobierno” ( ídem ). Mientras los subsidios para el rescate de los bancos han alcanzado cifras billonarias, apenas 116 mil propietarios tuvieron la oportunidad de refinanciar de sus hipotecas. Los especialistas explican esta reticencia en el temor de los bancos de que ello alargue la lista de los que se declaren morosos. Esto podría hundir el llamado mercado de “securitización” -donde los bancos se financian con la garantía de las hipotecas. Los principales afectados son las gigantescas agencias semiestatales de financiamiento de la vivienda (Fannie Mae y Freddie Mac), intervenidas por el gobierno, que entre las dos reúnen la mitad del mercado de hipotecas por cerca de 3 millones de dólares. Conclusión del Financial Times : “Hasta que la crisis de la vivienda no sea remediada, es imposible imaginar algo parecido a una recuperación”. Dicho en criollo: después de casi tres años del estallido de la crisis mundial, estamos peor que cuando vinimos de España.

La Fuba, junto con familiares y amigos de victimas del gatillo fácil y la impunidad, y organizaciones sociales y políticas, estamos preparando un gran festival en la Plaza de Mayo para el martes 23 de marzo. Una decena de bandas ya se sumaron a la convocatoria, entre las que se destaca la presencia de Karamelo Santo, Chala Rasta y Las Manos de Filippi. A 34 años del golpe militar, el delito organizado sigue alojado en las estructuras del Estado “democrático”. Los cientos de casos de gatillo fácil, el encubrimiento de crímenes realizados por los “hijos del poder”, la complicidad estatal para resguardar negocios capitalistas (como sucedió en Cromañón), la desaparición y asesinato de jóvenes que se niegan a delinquir para la policía, y la creciente intervención judicial para maniatar las luchas sociales, tienen como responsables directos a los gobiernos nacional y provincial que han dejado intacto el aparato represivo del Estado de la dictadura. El festival se inscribe en la lucha por desarrollar una organización independiente de la juventud. El 23/3, desde las 16 horas, ¡todos a la Plaza de Mayo!

El último acuerdo de Empleados de Comercio ha sido elogiado por Julián De Diego (reconocido abogado patronal) y la Cámara del sector: se postergó la paritaria, como en 2009, y se firmó un “aumento” no remunerativo de enero a abril de 175 pesos por mes (debajo del 10% del conformado). Como en Comercio abunda la jornada reducida muchos terminan con un proporcional de 100 pesos. El aumento rige, además, desde enero y no desde octubre, cuando venció el acuerdo anterior. La cámara patronal agrega en su página web: “Se prorrogan hasta el 30 de junio las asignaciones no remunerativas establecidas en 2008 y 2009 que debían incorporarse a los salarios y pagar aportes a partir de este mes y el próximo. Esto significa que horas extras y vacaciones continúan liquidándose sobre los básicos de convenio establecidos en 2008 (maestranza 1290)”. ¡Una ganga! El acuerdo tiene otras “perlas”: permite el fraccionamiento de aguinaldo y vacaciones en las pymes (empresas de hasta 40 trabajadores), ofrece a las patronales pagar en cuotas y con intereses mínimos las deudas con la obra social (“favor” que pagan los trabajadores con los aranceles) y les garantiza la “conformidad” de la burocracia de Cavalieri a los pedidos de subsidios (Repro). Por último, constituye una “Comisión de Interpretación y Resolución de Conflictos, que actuará a pedido de cada una de las partes y que deberá expedirse en 60 días. En ese plazo, no podrán adoptarse medidas de acción directa”. Un ataque al derecho de huelga. El acuerdo fue homologado por el “nacional y popular” Carlos Tomada, y lo apoyan con su silencio todas las alas “seudo-opositoras” que integran la directiva sindical. Tampoco han dicho nada los “socialistas” de Rosario. Basta de “paritarias” truchas y antiobreras, como dice el último boletín de Combativos Mercantiles: “Que se escuche la voz de los trabajadores, como hicieron a fin de año los compañeros de numerosas sucursales de Disco, Coto, Vital, Wal Mart y Carrefour del país yendo a paros, asambleas y movilizaciones por un aumento en serio y por un plus de fin de año. Por la organización en todos los supermercados y lugares de trabajo. Fuera la burocracia sindical y los delegados truchos. Vamos por lo nuestro!

Cuatro disidentes cubanos tomaron la posta de una nueva huelga de hambre tras la muerte de Orlando Zapata.Uno de ellos, Guillermo Fariñas, se encuentra en un estado desastroso y ya ha sido hospitalizado dos veces. Lo que sigue es la respuesta al título, actual y pertinente, de esta nota. El reclamo de los disidentes es el cese de los tratos vejatorios e inhumanos en las cárceles. Igual que en el caso anterior, el gobierno de Cuba niega los reclamos y acusa a los huelguistas de ser agentes del imperialismo. Guillermo Fariñas es el más importante de los huelguistas. Es un periodista de 48 años, ex miembro del Partido Comunista. Fariñas, hijo de revolucionarios castristas, a los 12 años entró en la escuela militar Camilo Cienfuegos, donde se forman los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Raúl Castro le propuso personalmente integrar la misión militar cubana en Angola en 1979, para combatir la guerrilla pro-yanqui. Al volver fue escolta personal del general Arnaldo Ochoa, a cuyo fusilamiento se opuso en 1991. En 1993 entró a trabajar en el Hospital Pedro Castro de La Habana y denunció públicamente ante Fidel, en una visita al establecimiento, los planes de cierre del hospital. Fue electo entonces secretario general del sindicato del hospital por sus compañeros y denunció a las autoridades que negociaban los fármacos en el mercado negro. Según diferentes despachos de prensa, el gobierno estaría negociando con López Zapatero el envío de Fariñas al exilio. Pero Fariñas se opone: pide que se “liberen a 26 presos políticos en graves condiciones de salud, para poner fin a su huelga de hambre” ( Efe , 11/3). Las principales ONG y las organizaciones anticastristas en Cuba han reclamado a Fariñas y a los otros huelguistas que levanten su medida (sin previas condiciones), como antes se lo pidieron a Zapata. Lula acusó a Fariñas de “delincuente”, como si esta condición privara a Fariñas y a otros huelguistas de los derechos que caben a los delincuentes. La sorprendente posición de Lula ha sido unánimemente interpretada como un manto de protección de los activos intereses comerciales que Brasil ha desarrollado en Cuba. Si se tiene en cuenta la situación de los presos por delitos comunes en Brasil, podríamos calificar cómodamente a Lula de violador serial de derechos de las personas. La violación de derechos de un delincuente o condenado convierte en delincuente a quien lo realiza o apaña. “Contrarrevolucionarios” o “delincuentes”, la pregunta es cuánto castigo debe admitirse en tales casos y en qué condiciones cargar con las penas. El socialismo también se manifiesta en la calidad de la conducta hacia quienes quebrantan la ley, no puede ser más severa e inhumana que la que caracteriza a los peores regímenes capitalistas. Cuba no se encuentra, ni de lejos, en situación de guerra civil, que legitimaría la pena de muerte. Esta, sin embargo, se aplica en Cuba y en China, tanto a los delitos comunes como a los adversarios políticos. El socialismo ha estado siempre en contra de la pena de muerte. Como los gobiernos de Cuba y China no desconocen la posición histórica del socialismo a favor de los derechos de delincuentes y adversarios políticos, hay que convenir que el trato que les dan a éstos tiene un rol de intimidación y represión contra el conjunto del pueblo que discrepe con esos gobiernos. Ningún gobierno socialista puede ser más represivo que los gobiernos capitalistas. No son admisibles los ‘guantánamos’ o ‘abu grahibs’; o sea, el juicio secreto o alguna forma de tortura. Cuba tiene un serio problema con su propia burocracia, pues dos ministros fueron desplazados hace dos años por corrupción y complicidad con potencias extranjeras. Ahora fue depurado el presidente de la aeronáutica civil, el general de división Rogelio Acevedo, otro ex combatiente de Sierra Maestra y miembro fundador del PCC. La severidad con delincuentes reales o no, no parece detener la corrupción en la cima. Así como reclamamos la expulsión de los yankis de Guantánamo, la extradición a Cuba del gusano Posada Carriles y la libertad de los cinco presos cubanos en los Estados Unidos, también reclamamos la satisfacción de los reclamos de la huelga de hambre de Fariñas; para que en Cuba y en todo el mundo nadie sea condenado sin un debido proceso público; que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito; que las cárceles cumplan condiciones mínimas de higiene y buen trato; por el derecho a la inspección humanitaria internacional de cualquier centro de detención (y de todo tipo de presos).

Juan Carlos Beica, dirigente de Convergencia de Izquierda, acaba de ser condenado a seis meses de prisión por un juez de la Capital. La condena se relaciona con su participación en las movilizaciones realizadas durante enero de 2009, para repudiar la masacre perpetrada en Gaza por el ejército sionista. Esta masacre ha sido calificada como “crimen de guerra” por una comisión investigadora de las Naciones Unidas (presidida por un jurista judío de Canadá). Lo mismo hicieron numerosas organizaciones de derechos humanos. En esa oportunidad, la corriente de Beica se movilizó a las puertas del hotel Intercontinental, cuyo propietario, Eduardo Elsztain, preside el Consejo Judío Mundial. Este Consejo representa al sionismo a nivel mundial y es asimismo, por la vía de la Agencia Judía, titular de una gran parte de la propiedad inmueble en Israel. En las puertas del hotel, Beica reclamó el cese de la financiación internacional al gobierno sionista responsable de la masacre. En el curso del juicio, Beica diferenció la condena al sionismo de cualquier forma de antisemitismo. En su fallo, el juez afirmó, sin embargo, que “todo ataque al sionismo es de contenido un ataque al judaísmo...” ( extraído de un comunicado de Convergencia de Izquierda, 13/3 ). Es indudable que el magistrado puso de manifiesto dos cosas: una, una supina ignorancia, pues el sionismo es, históricamente, una de las corrientes políticas del pueblo judío, durante largísimo tiempo minoritaria frente a las corrientes socialistas, tanto reformistas o revolucionarias. La otra, el fallo constituye una contemporización con el crimen de guerra que implicó la masacre de Gaza, pues reputa a la denuncia del crimen como un ataque al sionismo y a este ataque una forma de antisemitismo. De ese modo, dejó planteada una condena de antemano contra toda manifestación de repudio a cualquier acción terrorista presente y futura de Israel. El fallo amerita la destitución del juez por violar los derechos de expresión y de opinión, en particular en un caso grave de violación de los derechos humanos por parte de un Estado. No hace falta recordar que la masacre del gobierno de Israel contra Gaza ha sido repudiada por contingentes masivos de judíos –en el extranjero, en Argentina ¡y en Israel! El denunciante de Beica no es otro que el gobierno kirchnerista. María José Lubertino, entonces presidenta del Inadi y actual legisladora porteña “k”, inició la causa contra Beica, bajo una intensa presión del ‘lobby’ sionista en Argentina. Llamamos a una enérgica acción política para revocar este fallo reaccionario y destituir al juez que lo promovió.

En cuatro provincias (Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego y Jujuy) hubo paros importantes, que incluso han impedido el comienzo de las clases, como las 72 horas semanales de Santa Fe. En Jujuy, Adep (maestros primarios) y los profesores de Cedems están de huelga por tiempo indeterminado. El sueldo básico de los docentes en Jujuy es de 590 pesos. La última marcha de docentes jujeños fue brutalmente reprimida. Cedems y otros sectores en lucha no están alineados con la burocracia celeste de Ctera. Lo mismo ocurre en Santa Fe, donde la lucha es impulsada por las seccionales de Amsafe de Rosario, Castellanos y San Lorenzo. En Tierra del Fuego, la dirección de Sutef tampoco responde a la burocracia yaskista. También salieron al paro los docentes neuquinos. En San Luis, se ha masificado la lucha de los docentes autoconvocados, quienes realizaron una marcha multitudinaria por la Dignidad el viernes 12 y decidieron continuar con la medida de fuerza por 48 horas para la próxima semana, con posibilidad de extenderla por 72 horas más. Según reflejó la prensa, en el norte de San Luis hubo una gran participación de docentes autoconvocados de todas las comunidades. Los docentes autoconvocados de Merlo y Costa de los Comechingones, reunidos en asamblea, resolvieron por unanimidad rechazar la propuesta del gobierno y continuar con la medida de fuerza por tiempo indeterminado y con movilización. Decisiones muy similares se tomaron en Quines, La Toma, Naschel, Tilisarao, Concarán y por una comisión de Santa Rosa, que viajó para participar de la asamblea del Valle del Conlara. Se está consensuando con las demás comunidades una nueva marcha a San Luis Capital. Ya adhirieron a la propuesta Tilisarao, Santa Rosa, Merlo y Quines. A esta situación se suma la convocatoria a un paro de 48 horas de la Conadu Histócrica los días 17 y 18 de marzo. Es vital que desarrollemos en todas las gremiales de base del país el apoyo a estas huelgas. De su derrotero dependerá la perspectiva de una lucha general del conjunto de la docencia.

Acosado por una deuda nacional que ya alcanza los 13 billones de dólares, Obama ha presentado una proyección del presupuesto norteamericano para 2011 que viene con recortes... claro que no para los gastos militares. Así es. El presupuesto de gastos discrecionales no dirigidos a la seguridad (vivienda, educación, transporte) será congelado por tres años. Mientras tanto, se calcula que, en los próximos diez años, el gasto militar, exceptuado de los recortes, se incrementará en 500 mil millones de dólares. Los ahorros de Obama se harán, entonces, a costa de la educación, la vivienda y el transporte, que tendrán sólo el 11% del presupuesto. Lo que se ahorre de una retirada en Irak, se gastará en Afganistán. Se trata, para el secretario de defensa Robert Gates, de profundizar la política de priorizar ganar las guerras de hoy sobre el equipamiento para posibles conflictos del mañana. El gasto en seguridad nacional, alrededor del 23% del presupuesto, representa el doble del resto de los gastos discrecionales no dirigidos a ella. En 2011, eso incluirá 708 mil millones dólares sólo para el Pentágono. El departamento de Defensa prevé aumentar la inversión en 96 de sus programas de armas, totalizando un gasto de 295 mil millones de dólares. Uno de ellos, el de los aviones militares de carga C-17, sumará 65 mil millones de dólares, a un costo de 330 millones de dólares por avión. El Congreso incluyó 2.500 millones de dólares en el presupuesto de 2010 por diez C-17 que el Pentágono no había solicitado. Para quién le pueda resultar extraña esta política bastará recordar que Gates, nombrado por Obama, proviene de la administración Bush (The Economist, 6/2). Mientras el Nobel de la paz aumenta el presupuesto para la guerra, la situación interna se torna más sombría: el 31 de diciembre de este año, la mayor parte del paquete de estímulo de Obama vencerá. Los gobernadores de casi todos los Estados ya anunciaron que deberán hacer fuertes recortes para afrontar sus déficits fiscales. En Massachusetts, se eliminarían los vales de vivienda a familias sin hogar; California reduciría 1.500 millones de dólares de la financiación a jardines de infantes y la universidad; Nueva York reduciría los pagos a los prestadores de salud (Information Clearing House, 5/3). Las cifras del presupuesto 2011 se basan en la proyección de que la tasa de desempleo caerá del 9,7 al 8,5 % en 2012. Pero esta ampliación del consumo y los pagos de impuestos proyectada es inalcanzable. Estados Unidos necesita generar unos 1,5 millones de empleos nuevos cada año simplemente para absorver a los recién llegados al mercado de trabajo. Congelando el gasto por tres años, está en cuestión si se va a poder cumplir siquiera esto. De todas formas, el índice de desempleo oculta algo más: no cuenta a todos los que están subempleados o a los que, desalentados, dejaron de buscar trabajo; sumados, el 16,5% tiene problemas laborales. Según las proyecciones de una Conferencia de Alcaldes de EE.UU, la situación no tiene una solución de corto plazo: en Dayton, Ohio, no se espera ver un repunte significativo del empleo hasta el año 2015; en Hartford, Connecticut, hasta 2018 y en la industrial Detroit, Michigan, no hasta después de ¡2039!. A pesar de que, según un informe del Departamento de Agricultura, 49 millones de norteamericanos -el 16% de la población- no contaron con comida suficiente en el año 2008, el presupuesto prevé el congelamiento del monto de los cupones de alimentos, que actualmente usan 36 millones de norteamericanos. En síntesis, según la proyección del presupuesto de 2011, el desempleo y el hambre de los norteamericanos se extenderán y los gastos en educación y vivienda se reducirán, para que con su ahorro el gobierno pueda comprar más armas. Lo que se dice un gobierno progresista.

Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, en base a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero el 30 de marzo de 2008, titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero, ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”. La frase por la que el intendente Othacehé se siente agraviado es la que denuncia que “ha impuesto un régimen de terror” en el Municipio de Merlo. La denuncia del PO es fácilmente verificable: prácticamente toda expresión opositora al intendente, con independencia de su naturaleza o signo político, ha sufrido en carne propia el amedrentamiento, el envío de patotas, la difamación, la persecución judicial. La querella contra el PO no es un ataque aislado contra los tres dirigentes denunciados. La intención no es otra que mantener en el distrito de Merlo, precisamente, un régimen de excepción que sirva para amordazar las opiniones políticas de oposición. Estamos ante un intento de penalizar el derecho a la libre expresión y a la libertad de opinión y de acción de un partido político. Recordemos la campaña de difamación contra el Partido Obrero y contra Pino Solanas por parte del gobierno nacional y municipal, de Aníbal Fernández y de C5N en ocasión de una quema de vagones del Sarmiento por pasajeros indignados. El Partido Obrero ha iniciado un juicio por esta difamación contra el Estado Nacional, el jefe de Gabinete, el canal de televisión y su vocero. El proceso que inicia el intendente de Merlo es una cortina de humo de este intento de demolición moral y política de un partido de principios socialistas, como el Partido Obrero. El 25 de marzo, a las 11 horas, se realizará la primera audiencia en el Tribunal Oral Nº 2 de Morón. Altamira, Pitrola y Ramal asistirán al juzgado y defenderán el derecho a la libre expresión u opinión política.

Con bombos y platillos, Cristina Kirchner anunció una nueva reforma de la escuela secundaria, orientada a "recuperar el bachillerato". La reforma forma parte de la aplicación de la Ley de Educación Nacional (LEN). La "prueba piloto" es la Provincia de Buenos Aires. Se anunció como un intento de "evitar la deserción" y para garantizar la universalidad del secundario. Bluff Sileoni presentó la reforma en febrero, en un seminario del Consudec (educación privada clerical) en la provincia de Salta, donde hace años rige la educación confesional obligatoria. Los contenidos de la nueva secundaria se adaptan a una educación provincializada y colocada bajo control confesional. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires viene de votar un proyecto de ley que ajusta el presupuesto de cada escuela al cumplimiento de una serie de parámetros que serán establecidos por un "observatorio de políticas educativas" establecido a tal efecto, con incidencia de la iglesia y las patronales. La reforma de Cristina se adapta a estas tendencias. La "obligatoriedad" de la secundaria debería incluir un plan de desarrollo para albergar al conjunto de los estudiantes. Cristina anunció que destinará a infraestructura 2.700 millones de pesos. La cifra es la tercera parte del "Fondo del Bicentenario" y la mitad de lo que gasta anualmente sólo la Ciudad de Buenos Aires (donde las escuelas, literalmente, se vienen abajo) en Educación. O sea, una cifra totalmente irrelevante y miserable. Una reforma de la secundaria que permitiera albergar a los 900.000 adolescentes que no estudian ni trabajan (más los que sólo trabajan) exigiría la triplicación del presupuesto educativo y la reconstrucción de un sistema educativo único nacional en lugar tirarle el fardo a las provincias. Flexibilización La reforma apunta, con el cuento de la "inclusión", a flexibilizar tanto los trayectos educativos de los estudiantes como las condiciones para aprobar. Los documentos del Consejo Federal de Educación cargan las culpas de la "exclusión educativa" a los mecanismos de evaluación de la escuela secundaria "elitista"; cuando no a la "cultura institucional no inclusiva" de los docentes. Por el contrario, la crisis de la secundaria es el resultado, en primer lugar, de la miseria presupuestaria; como lo mostró el acuerdo de Ctera con el kirchnerismo, la educación es la primera variable de ajuste de los gobiernos provinciales frente a la crisis. La reforma anunciada apunta a rebajar los contenidos ("para que la gente pueda"); en los hechos, los reduce al mínimo. El anuncio de tutorías y "clases de apoyo", así como el de talleres extra clase, no contempla contratar a un mayor número de docentes. Las horas para los mismos están (donde se aplican) por fuera del estatuto (muchas veces designadas por los directivos), están peor pagas, se cobran con meses de atraso y muchas veces funcionan por contrato. Se trata de un ataque en regla al estatuto del docente.

Un reciente artículo en la revista Rolling Stone se ha convertido en el comentario obligado para buena parte de la prensa financiera internacional. Escrita por Matt Taibbi, un periodista que el año pasado publicó un artículo que denunciaba el papel jugado por Goldman Sachs en las burbujas especulativas de las últimas décadas, la nota realiza una demoledora denuncia de los gigantescos negociados que está realizando la gran banca de inversión con el dinero de los rescates y “planes de estímulo” que el Estado norteamericano inyectó en la economía desde la generalización de la crisis en 2008. Los lectores de la tradicional revista de rock pueden leer en su última edición en inglés, por ejemplo, que Wall Street y el Estado yanqui “están recreando rápidamente las condiciones para un nuevo colapso, con los mismos actores repitiendo los mismos juegos financieros con los mismos activos tóxicos de antes”. El análisis de los mecanismos que llevan el dinero de los rescates estatales a una nueva ola de especulación financiera es una radiografía de la metástasis galopante de la crisis capitalista mundial. La máquina de hacer billetes El manotazo de la gran banca al dinero de los rescates estatales comenzó, en realidad, incluso antes de que Bush, primero, y Obama, después, lanzaran sus billonarios “paquetes de estímulo” en pleno descalabro de la crisis mundial. Los productos financieros “subprime” que los bancos vendían a clientes y fondos de inversión estaban asegurados por empresas como AIG. Cuando empezó a hacerse evidente que esos bonos no eran más que deudas incobrables, la gran banca reclamó (y consiguió) que AIG adelantara efectivo en forma de garantía por esos bonos, lo cual arrastró definitivamente a la aseguradora a la bancarrota, de la cual se salvó por un nuevo rescate estatal (que sirvió, claro está, para pagar los seguros de esos activos tóxicos en poder de los bancos). Apenas una semana después del rescate de AIG, en septiembre de 2008, Goldman Sachs y Morgan Stanley dejaron de ser bancos de inversión para convertirse en bancos tradicionales, lo cual les permitió, de la noche a la mañana, ser elegibles para recibir ayudas del gobierno federal. “Se permitió -dice Taibbi- que instituciones que no eran más que casas de apuestas de alto riesgo se presentaran como conservadores bancos comerciales y pudieran recibir una corriente inagotable de ‘dinero gratuito’ de los inocentes contribuyentes”. La posibilidad de tomar dinero prestado de la Fed a un interés prácticamente igual a cero fue lo que salvó de la quiebra, literalmente, a los grandes bancos de inversión en el otoño de 2008. Lo interesante es que no se trató de un simple rescate de emergencia, sino de la principal fuente de ingresos que encontraron los bancos, toda vez que tomaron ese dinero prestado por el Estado a tasas mínimas para comprar bonos... emitidos por ese mismo Estado, que pagan un interés del 3 ó 4%. Según el articulista de la Rolling Stone, que tiene el mérito de la capacidad de síntesis, “se trataba básicamente de un permiso para fotocopiar billetes; algo así como poner un cajero automático en la medianera de la Reserva Federal”. Mentime que me gusta Pero eso no fue todo –como bien saben, por otra parte, los lectores de Prensa Obrera. Aun cuando pudieran mantener abierta la canilla de los fondos estatales, los bancos seguían teniendo en sus carteras una enorme masa de bonos y títulos basados en hipotecas cuyo valor real se había derrumbado. Fue entonces cuando la Reserva Federal cambió las reglas del juego, permitiendo que los bancos pudieran presentar como garantía para tomar préstamos prácticamente cualquier tipo de activo (anteriormente sólo se aceptaban bonos del Tesoro o títulos de máxima calificación). En abril de 2009, el Congreso norteamericano aprobó una disposición poco conocida que profundizó este enorme negociado al modificar las reglas contables que establecían que los activos debían contabilizarse en los balances al precio de mercado. Desde entonces, créase o no, “los bancos pueden evitar reportar pérdidas en algunas de sus inversiones tóxicas declarando, simplemente, que ‘es probable’ que no se desprendan de ellas hasta que recuperen su valor anterior”. La cosa sigue. Porque luego de que el Estado comprara 700 mil millones de dólares en hipotecas basura, regalara préstamos a tasas casi nulas y aceptara todo tipo de inventos contables para que los balances no mostraran los valores reales de los activos, los bancos simplemente advirtieron que no había ningún negocio en prestarle ese dinero a los industriales para volver a impulsar una “recuperación”, por la sencilla razón de que la sobreabundancia de mercancías invendibles plantea, más bien, la necesidad de recortar la producción y despedir trabajadores. El gobierno yanqui se dedicó entonces a imprimir todavía más billetes, es decir a crear dinero de la nada, para comprar los bonos que los bancos retenían. Con el dinero “inventado” por el Estado, claro está, los bancos compraron bonos del Tesoro: el crédito sigue parado y el empleo en caída. Tal como dijo un analista de un fondo de inversión: “Hay que subirse al tren, tan sólo se trata de saber en qué momento exacto saltar antes de que caiga al precipicio”. Sucede que es más fácil hacerlo cuando se cuenta con la información adecuada. Mientras inyectaban estas millonadas en paquetes de “estímulo”, los funcionarios del Tesoro y la Reserva Federal contrataban los servicios de “consultoría” de los grandes bancos privados. Es decir que “además de recibir grandes sumas de dinero, los bancos también recibían señales acerca de cuándo iba a suceder, lo cual les permitía hacer las inversiones necesarias para posicionarse en el mercado”. No sólo eso. La transformación de los bancos de inversión en bancos tradicionales implicó que ahora las mismas compañías pueden recomendar una inversión a sus clientes y al mismo tiempo invertir, por cuerda separada, en contra de ese mismo cliente. Supongamos que un gran cliente le pide a Goldman que haga una gran inversión en petróleo: sabiendo que esa inversión hará subir el precio del petróleo, Goldman actúa antes y compra el mismo producto para venderlo más caro un momento después. El mecanismo se conoce como “flash trading” y es una de las principales fuentes de las ganancias bancarias. Piñata con bombos y platillos A fines del año pasado, Goldman anunció enormes ganancias y otorgó a sus ejecutivos premios anuales que ya están al nivel de los que recibían durante la burbuja especulativa anterior. El impacto causado por la nota de la Rolling Stone obedece a que se dedicó a divulgar los diversos mecanismos especulativos y fraudulentos que permiten que los ejecutivos de Wall Street naden en la abundancia, gracias a un plan de “rescate” dictado por sus propios intereses, mientras las noticias del desempleo y el desmantelamiento industrial se generalizan en todo el mundo. “Hacia fines de 2009, lo inimaginable estaba sucediendo: la burbuja se estaba reinflando. Una política de estímulos diseñada para ayudarnos a salir de la crisis de la mayor burbuja de la historia estaba produciendo exactamente el resultado opuesto, en tanto toda la inyección de fondos del Estado se dirigía otra vez a los activos más tóxicos y destructivos”. O sea que el intento capitalista de evitar, por medio de la intervención estatal, que se proceda a un ajuste entre el capital ficticio y el capital real (ley del valor) ha impulsado una nueva ola de especulación que bloquea la salida a la propia crisis y prepara las condiciones para un colapso aún más brusco. Es una lástima, aunque previsible, que el artículo concluya con un lamento sobre la “falta de ética” de los banqueros que, dice, es lo que provoca este nuevo colapso. Prensa Obrera promueve la discusión y el análisis del desarrollo de la crisis mundial -y de las estafas que los banqueros y capitalistas quieren mantener en la oscuridad de las columnas de los diarios “de negocios”- porque la comprensión de las leyes capitalistas por parte de los trabajadores es fundamental para terminar de una vez con los capitalistas, con sus estafas y con su “ética”.

Después de la enorme victoria del año pasado, cuando docentes y padres de la escuela 694 de Puerto Iguazú, Misiones, lograron la restitución de su directora, Ramona Romero, y que se construya un nuevo edificio para la escuela, se ha elevado una causa contra Ramona y contra varios padres que cortaron la ruta en el año 2008. El motivo real es, por cierto, muy otro: Romero, además de ponerse al frente de la movilización en defensa de la escuela, fue candidata de la lista opositora a la burocracia de la Ctera, razón por la cual, además, tenía fueros gremiales en el momento de su destitución y por eso la Justicia debió reponerla en su cargo. El gobierno de Maurice Closs (Partido Renovador), aliado del gobierno nacional, echa mano cada vez más a la represión. Recientemente, por citar un caso, militantes de la CCC estuvieron presos una semana en Posadas. En estos días, los docentes hacen firmar masivamente un petitorio contra la persecución político-judicial a los docentes autoconvocados que hacen frente al derrumbe de la escuela pública. Durante la presentación de pruebas por parte de la abogada de los procesados, Claudia Ferrero (Apel), el presidente del tribunal oral intentó que nuestros compañeros aceptaran una “probation”, como si fueran culpables. La propuesta fue rechazada de plano: culpables son los gobernantes, responsables de que las escuelas se caigan, literalmente, en la cabeza de sus alumnos, no los padres y docentes que fueron al paro y organizaron piquetes y acamparon frente a la escuela, y resistieron la represión para garantizar condiciones mínimas de dictado de clases. El estado de movilización es y debe ser total. El juez se entrevistó con la directora perseguida y le aseguró que tiene “buena voluntad”, pero que una condena “es inevitable”. Si eso ocurriera, nuevamente Ramona Romero sería destituida, de modo que lograrán por vía judicial lo que la movilización impidió el año pasado. El gobierno de Closs necesita dar un escarmiento así, porque la victoria de 2008/2009 impulsó la organización de los docentes hasta llegar a los paros de las últimas semanas. Y no sólo se trata de los docentes, sino de un fuerte proceso de organización popular en las barriadas, afectadas gravemente por la crisis de la industria maderera. Indicativo de ese proceso es la incorporación de 1.500 compañeros al Polo Obrero del noroeste misionero en los últimos tres meses. La presidenta de la República tuvo noticias de ese fenómeno cuando fue a un acto de Closs y tuvo que llegar por camino de tierra, porque el Polo Obrero le estaba cortando las dos rutas de acceso. El Partido Obrero y el Polo Obrero impulsan una campaña de solidaridad popular con los compañeros perseguidos y por la inmediata absolución de los maestros y padres piqueteros. ¡Absolución ya!

El 17 y 18 de marzo, la docencia universitaria realizará un paro de 48 horas por aumento salarial. La dirección clasista de la AGD-UBA fijó que esa recomposición salarial fuera del 33% en blanco y sin cuotas, en línea con la inflación que proyecta el primer trimestre del año. La decisión fue respaldada en dos plenarios docentes de la UBA y luego la Conadu Histórica definió reclamar el 30%. El planteo del 25% publicado en Clarín, corresponde a la Conadu Flamarique, y refleja su voluntad de adaptarse a los topes de Yasky, a las cuotas y tal vez a los “negros” que dominan la política de ajuste inflacionario de los salarios públicos por parte del gobierno kirchnerista. El paro estaba decidido si no había propuesta salarial, y no la hubo. La provocación del gobierno y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de no realizar oferta alguna ante la Mesa de Negociación el 9 de marzo empujó a las burocracias que dirigen la Conadu (que responde a la dirección de la CTA) y la Fagdut (Tecnológica) bajo presión de sus bases, a plegarse a las medidas convocadas por la Conadu Histórica. Así el 17 y 18 de marzo habrá un paro general de la docencia universitaria. Sólo la Ctera y la moyanista Fedun no convocan, mostrando que su alineamiento con el pago de la deuda externa y los techos salariales los lleva directamente al carnereaje. Al reclamo salarial se suma la lucha por la efectivización de los ad honorem, la efectivización de los miles de interinos (estabilidad), carrera docente, recuperación del nomenclador histórico y abolición del impuesto al salario (ganancias). AGD-UBA ha realizado importantes asambleas de ad honorem que suman su activismo a la lucha salarial por el 30%, y organiza junto a la Fuba una gran caravana el 17 en las calles céntricas de Buenos Aires. El paro temprano (no hay clases todavía en las universidades) será masivo.

Sarkarya es un barrio de la capital turca, convertido en una suerte de ciudadela obrera por los trabajadores de Tekel, una ex compañía de tabaco y bebidas alcohólicas privatizada a principios de 2008. Es el escenario de una heroica batalla que ha entrado en una nueva fase y de una intervención militante de la Iniciativa para un Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP), sección turca de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI). Después de 78 días de lucha resuelta y militante, la heroica batalla de los obreros de Tekel ha entrado ahora en una nueva fase. A finales de enero, el gobierno dictó un decreto que agregaba algunas mejoras menores para los trabajadores de Tekel. Los trabajadores y sus sindicatos rechazaron la nueva oferta, dada la naturaleza informal de las condiciones de empleo en que quedaban a pesar de las mejoras (los trabajadores podrían ser despedidos al final de los once meses de empleo en su nuevo trabajo). El 1º de marzo, el penúltimo día antes de que expire el plazo dado por el gobierno, el Consejo de Estado decidió suspender la ejecución del decreto del gobierno, alegando que la opción era “innecesariamente restrictiva”. Los trabajadores aceptaron este aplazamiento. El sindicato decidió que, después de 78 días en Ankara, los trabajadores podían volver a sus hogares y retornar el 1º de abril para comenzar una nueva lucha. Así entramos en un nuevo estado de situación que es muy crítico para el futuro de esta lucha, que le ha dado un ímpetu electrizante a la lucha de clases en Turquía. Las fábricas de Tekel tabaco fueron compradas por la British American Tobacco para conquistar el amplio mercado interno de Turquía; despidió a 12.000 obreros y cerró muchas fabricas. El gobierno propuso trasladar estos trabajadores a otros lugares del sector público, pagándoles menos de la mitad de sus salarios anteriores, sin seguridad ni derechos laborales. Los trabajadores se sublevaron contra esto, organizando el 15 de diciembre de 2009 una marcha sobre Ankara desde 21 provincias. Habiendo sobrevivido al feroz ataque de la policía durante el cuarto día de su acción en Ankara, los trabajadores pasaron las siguientes cuatro semanas frente al edificio de la Confederación del Trabajo Turk-is (donde está afiliado su sindicato). Habiendo ganado el apoyo de amplios sectores de la clase obrera y de la sociedad, se votó seguir la lucha y los obreros forzaron a la burocracia de la Confederación a entrar en acción, con una hora de paro en todo el país y una gran manifestación en Ankara el 17 de enero, durante la cual los obreros de Tekel subieron al podio para llamar a la huelga general (que no es reconocida legalmente por la legislación turca). La “Comuna de Sakarya” Mientras tanto, después de la manifestación del 17 de enero, los trabajadores acamparon en un barrio llamado Sakarya, en el cual está ubicado el local central de Turf-Is, que se convirtió en una completa “ciudad campamento” extendida a lo largo de varias calles en el corazón de Ankara. Los trabajadores pasaron noches de vigilia en esas carpas, debatiendo entre ellos y con sus visitantes, en su mayoría socialistas pertenecientes a organizaciones o bien independientes. La ciudad campamento en Sakarya se convirtió en la Meca para todo tipo de movimiento de oposición y creó un enorme impulso para el despertar de la conciencia en todos. El prejuicio de los trabajadores turcos hacia los kurdos (eran mirados como “terroristas” y “separatistas”) fue superado en gran parte. Otro elemento importante fue la presencia de un importante contingente de mujeres trabajadoras. Era tal la fuerza y la legitimidad de la lucha que el gobierno no se atrevió a dar la orden de evacuación, lo cual hubiera sido, hablando militarmente, una tarea fácil para la policía, dada la docilidad de los sindicatos burocráticos. Esto es, entonces, lo que nosotros llamamos “la comuna de Sakarya”, un espacio de libertad y rebelión que duró 40 días en la forma de ciudad campamento y 78 días en total. Cualquiera sea el resultado final de la lucha de Tekel ya ha hecho historia por el espíritu resuelto e inmensamente militante de los trabajadores. Ha demostrado que los trabajadores aprenden y adquieren conciencia de clase a través de la acción. Han demostrado el camino a seguir para la fraternidad entre los pueblos turco y kurdo. Finalmente, también ha despertado la conciencia de clase en amplias capas de masas trabajadoras. El DIP, inmerso en la lucha Iniciativa para un Partido Revolucionario de Trabajadores (DIP), la sección turca de la CRCI, ha abrazado la lucha en forma total. Sus militantes en Ankara estuvieron presentes en la lucha desde, literalmente, el primer día. Desde que los trabajadores votaron unánimemente continuar la lucha, el DIP tomó la decisión central de reforzar su presencia en el lugar y enviar militantes de todas partes del país hacia Ankara para luchar al lado de los trabajadores. Esos militantes pasaron las noches en las carpas junto a los trabajadores, dedicados a realizar largos debates políticos con ellos y tomando parte en todas sus acciones. Doce boletines (“¿Cómo puede ganar Tekel?”) fueron impresos y distribuidos de a miles entre los trabajadores. Dos volantes especiales se imprimieron para el día de la llamada “huelga general” del 4 de febrero y para el 20 de febrero en Ankara. Como resultado de este tremendo esfuerzo, el DIP ahora tiene fuertes relaciones con trabajadores en al menos tres ciudades donde había lugares de trabajo de Tekel y contactos en tres o cuatro ciudades más. Está organizando actos públicos en Estambul, Esmirna, Adana y Anatolia, donde los trabajadores de la vanguardia de Tekel serán oradores junto con nuestros propios compañeros. El DIP continuará presente en la lucha de Tekel hasta el final y espera poder ganar más trabajadores para la causa revolucionaria internacionalista. 12 de marzo de 2010

El gobierno de Macri agravó significativamente el crecimiento de la crisis de vivienda en la Ciudad. Según datos oficiales de 2007, basados en un censo realizado en 2004/5, la población en las villas ascendía a 165 mil personas. Hoy, ya se estiman que son más de 300 mil y que alrededor de 150 mil más tienen problemas de vivienda por subalquilar o vivir en inquilinatos. Frente a este desastre, Macri acaba de señalar que "el talón de Aquiles de su gestión es el problema del déficit habitacional". Como ya hiciera con las inundaciones o los subtes, disfraza de "realismo" cada uno de sus fracasos. En el caso de la vivienda, sin embargo, no hay otra cosa que una política deliberada de expulsión de los trabajadores de la Ciudad. El Instituto de Vivienda ha sido virtualmente liquidado. Por añadidura, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para poner en venta 36 inmuebles pertenecientes al IVC. Entre esas propiedades figuran terrenos en la zona sur, en especial en Villa Soldati, La Boca, Mataderos y Lugano. A partir de esta determinación, un conjunto de organizaciones sociales y de lucha de la Ciudad acordamos una movilización. El jueves 11, un millar de compañeros marchamos a Jefatura de Gobierno para reclamar el fin de los desalojos, no a la venta de los 36 terrenos del IVC y que éstos se destinen a la construcción de viviendas populares. Por terrenos y aumento de presupuesto para las cooperativas. Por un alquiler social que no supere el 20% del ingreso familiar, con garantía estatal. Por la urbanización de las villas con todos los habitantes adentro. Frente a la desocupación de la ciudad, reclamamos que el Estado contrate a los desocupados para llevar adelante todas las obras necesarias para terminar con el déficit habitacional. Planteamos que todo esto sea financiado mediante grandes impuestos al capital inmobiliario. El gobierno nos otorgó una reunión en los próximos días con el IVC y la Jefatura de Gabinete. Si no dan salida a nuestras reivindicaciones más elementales, vamos a volver a movilizarnos el 20 de marzo. Llamamos a realizar asambleas en los inquilinatos, cooperativas de vivienda y en las villas para discutir cómo reforzamos el plan de lucha.

El radicalismo universitario redobla su ataque contra la Fuba, ahora por boca de un docente que fue dirigente de Franja cuando sus militantes cobraban planes Trabajar. Ofensiva privatizadora. Los radicales reniegan ahora hasta de la Reforma de 1918. Cristian Henkel responde a Fernando Pedrosa en la nota que reproducimos, aparecida en la revista Contraeditorial el 17 de marzo. Recientemente, el profesor Fernando Pedrosa utilizó las páginas de esta revista para establecer su opinión sobre la Universidad de Buenos Aires luego de la escandalosa reelección de Hallú como rector de la institución. La nota contiene una catarata de ataques contra la Fuba. Pedrosa , sin embargo, no polemiza desde una posición neutral (cosa imposible, por cierto). A pesar de que se esfuerza por ocultar su filiación radical, sus posiciones lo delatan. Los lectores deben saber que el actual profesor fue dirigente de la Franja Morada en uno de sus períodos más bochornosos. Nos referimos, concretamente, al momento en el que la agrupación morada fue denunciada públicamente porque sus militantes cobraban Planes Trabajar destinados a los desocupados. Pedrosa parte de un hecho que la Fuba se ha encargado de ponen de manifiesto como nadie: que atravesamos una profunda crisis universitaria. Pero a la hora de identificar la causa de la crisis, Pedrosa sólo atina a afirmar que "se produce por la ausencia de responsabilidad política de un claustro de profesores" y porque éste "hace tiempo ha perdido la capacidad política de generar consensos sobre la planificación de rumbos a mediano y largo plazo". Realmente no sabemos qué canal estuvo viendo el profesor Pedrosa estos últimos cuatro años. Sucede que si algo caracterizó a la dirección de la UBA fue que reunió a todos las facciones dirigentes en una lista común. Fue así que, en la UBA, los radicales 'destituyentes' del cobismo y los supuestamente 'progres' de Carta Abierta cogobernaron la UBA sin mayores diferencias. Hasta llegaron a armar una fórmula de rector y vice-rector, uno de cada bloque, para darle viabilidad a los "consensos" que reclama nuestro crítico. ¿A dónde llevaron estos "consensos" o, como le gusta decir a los politicólogos, estas "políticas de Estado"? A un reforzamiento de la política capitalista contra la universidad y la educación pública. Esto se plasmó en la implementación de los lineamientos generales de la Ley de Educación Superior menemista, en la proliferación masiva de docentes trabajando gratis (los ad honorem), en el derrumbe edilicio que llevó a que buena parte de los edificios de la UBA no tengan siquiera suministro de gas, en el crecimiento de la deserción estudiantil, en la descalificación de las carreras y títulos. Esta política, llamémosla de "ajuste" contra la Universidad, tuvo como contraparte un crecimiento de la privatización y de los negocios, como se demostró con el arancelamiento generalizado de los posgrados (algunos cuestan hasta ¡50.000 pesos!) y en la firma de más de 5.000 convenios con empresas privadas que utilizan la Universidad en su beneficio, mientras los estudiantes y docentes sufren todo tipo de padecimientos. Resulta ilustrativo, ahora que la población de Andalgalá (Catamarca) realizó una verdadera pueblada contra la minería a cielo abierto que contamina y destruye la vida humana y el medio ambiente, denunciar que la UBA aceptó de buena gana la 'coima' de 3 millones de pesos que le giró el monopolio La Alumbrera, establecido también en esa provincia del norte argentino. Los "consensos" que reclama Pedrosa existieron y tuvieron todos ese contenido privatista y antipopular. Pero, por su propia naturaleza, esos "consensos" no excluyen la lucha "facciosa" entre las camarillas sino que la explican. Es que mientras todas las fracciones son partidarias de llevar a la Universidad por el sendero de la privatización y la subordinación al gran capital, se desarrollan peleas y choques por el manejo de la caja y por los dividendos que se derivan de los negociados. Esto lo sabe con lujo de detalles el profesor Pedrosa, porque él mismo es parte de las camarillas privatizadoras, que todo el tiempo chocan y concilian por el reparto de los negocios. Cuando la Fuba se movilizó al Congreso Nacional para rechazar la Asamblea Universitaria reaccionaria y la reelección del rector Rubén Hallú, tuvo en cuenta esta realidad. La denuncia mostró que el régimen universitario actual -donde el poder real lo tienen unos 2.000 profesores mientras que más de 300.000 estudiantes, 30.000 docentes y 10.000 trabajadores no docentes tienen una representación testimonial- es la correa de transmisión de los intereses capitalistas contra la universidad. En ese sentido, un cambio de la forma de gobierno debe ir de la mano de una nueva orientación social para la universidad y la educación, basada en las necesidades de las mayorías populares y del desarrollo nacional contra el imperialismo. Evidentemente, para Pedrosa esto es algo ya pasado de moda. No en vano se queja tanto del reformismo surgido en 1918 como de la lucha por enfrentar un régimen social basado en la explotación del hombre por el hombre que tuvo un impulso fenomenal en 1917 en Rusia. "¡Ni reforma ni revolución!" nos grita el escriba, que pretende entonces la defensa de un statu quo que pone los recursos de la universidad pública al servicio del lucro privado. La Fuba le molesta tanto porque se encuentra exactamente en la otra vereda.

Antes del terremoto ocurrido en la madrugada del sábado 27 de febrero, la crisis financiera internacional se había dejado caer con fuerza en nuestro país. Los niveles de cesantía que azotaban en la zona del epicentro del fenómeno telúrico, el sector agricultor de Cauquenes como en la industrializada octava región superaban el 14% de obreros desocupados. Otros miles de hogares sobrevivían con sueldos precarios de los planes de pro-empleo y muchas fábricas estaban cerradas. Hoy, a veinte días de la catástrofe, la incertidumbre laboral entre los trabajadores se acreciente día a día. La fuerza de la naturaleza no fue tan sólo implacable con las viviendas, principalmente con las construcciones antiguas y con la destrucción de las casas del borde costero a causa del tsunami, sino que derribo gran parte de la infraestructura de las principales industrias de Talcahuano y alrededores: los astilleros navales de Asmar, la Compañía Acero del Pacífico, la Empresa Nacional del Petróleo, las industrias pesqueras Alimar, Landes, Camanchaca, Iquique Guanaye. Se prevé que la mayoría de estas empresas no comenzarán su funcionamiento después de un año. Gran parte de los locales comerciales tuvieron daños y pérdidas significativas, otros quedaron convertidos en escombros. En el borde costero, el no anunciado tsunami destruyó casi todas las caletas y embarcaciones de las regiones afectadas por el terremoto. Son miles los pescadores artesanales que perdieron sus embarcaciones y artes de pesca, además fueron destruidos los muelles y sitios de atraque para el desembarque de sus productos. La cesantía afectará también a los obreros portuarios de la zona, ya que los muelles y las grúas quedaron deshabilitados para el embarque y desembarque de los productos. Los efectos del terremoto y de la crisis financiera internacional en la población obrera no tienen precedentes en nuestro país, ya que van a aumentar niveles de cesantía y se someterá a los trabajadores a un sistema de trabajo similar a la esclavitud. Hoy son miles son los trabajadores que se han acercado a sus empresas, bolso en mano, mirando con mucha incertidumbre su futuro laboral. La industria de la madera Arauco, del consorcio Celco, ubicado en Nueva Aldea, quedó con un daño de un 50% en el sector productivo, por lo que la gerencia solicitó a los obreros, alrededor de 400, una exigencia especial de trabajar 12 horas, sin embargo, a 5 días del terremoto fueron despedidos 50 obreros del sector contratista. Pensamos que esa será la tónica empresarial para enfrentar los efectos del movimiento telúrico y la crisis financiera que los afectan: más despidos de obreros y sobreexplotación, con excesivos horarios de trabajo y rebajas salariales. En períodos de crisis económica, donde se reducen las inversiones y aumentan los cierres de fábricas, el capital se concentra en pocas manos. Como nunca los capitalistas aumentan sus cuentas en los bancos. Dinero tienen, pero esta bien resguardado. Por otro lado, aumentan los desocupados y los pocos trabajadores que logran mantenerse en sus puestos son sometidos a horarios extremos de trabajo. Los gobiernos de derecha transforman el aparato del Estado en un sistema político opresor, con mayor control policial y la presencia de los militares en circunstancias requeridas. En todo el mundo los capitalistas aplican medidas extremas para enfrentar el derrumbe financiero. Aquí, en nuestro país, con la catástrofe que provocó el sismo, van a dejar caer la crisis sin piedad sobre los trabajadores y los explotados. Esa es la salida que tienen los capitalistas para nuestro país. Los sindicatos de obreros y campesinos, las organizaciones poblacionales, las federaciones de estudiantes se verán enfrentadas a las pretensiones de los capitalistas. Debemos hacerle frente hombro con hombro. Firmes como uno solo. La vanguardia de la clase obrera debe salir al paso de esta ofensiva capitalista en forma unitaria por la defensa de nuestras reivindicaciones, levantando el programa de los obreros, campesinos y estudiantes. ¡No a los despidos masivos de trabajadores! ¡No más horas extraordinarias, trabajo para todos! ¡A formar comandos comunales por el trabajo!