Prensa Obrera N° 1102

Unas tres mil personas participaron de la marcha programada desde hace meses por la CTA al Ministerio de Trabajo, en reclamo de que se le otorgue la personería gremial como central obrera. La fecha permaneció inamovible durante los 38 días de huelga general de Terrabusi y se hizo, efectivamente, después de la huelga. Desde diciembre, la CTA ha lanzado un “plan de lucha” por su personería, que ha dado lugar a dos jornadas de cortes de calles y actos que han tenido escasa repercusión aun entre sus dos principales gremios adheridos: ATE y Ctera. La mitad de la marcha fue de organizaciones sociales, algunas de ellas ni siquiera encuadradas en la central, como la CCC. La presencia gremial en la marcha sólo reflejó algo ya endémico en la CTA que es la ausencia del movimiento fabril. En las marchas estuvo expresada por una raquítica presencia de trabajadores del neumático y “delegaciones” de la UOM de Villa Constitución, pequeños grupos de gastronómicos, de la Uocra y de mineros de San Juan. Lo verdaderamente significativo fue una presencia muy reducida de ATE y de los docentes. En ambos sindicatos sólo concurrieron a la marcha las direcciones de los dos gremios en un día absolutamente laborable en la docencia, pues la CTA ni llamó a parar dos horas para la movilización. Sin que la CTA haya tenido ningún rol en los fuertes conflictos en curso en Kraft y en el Subte se benefició de la existencia de los mismos. La presencia de más de un centenar de trabajadores del Subte también en lucha por su reconocimiento sindical y algunas decenas de los luchadores de Terrabusi le dieron el marco combativo a la rutina clásica del reclamo de la central. La CTA está muy lejos de ser la central alternativa que alguna vez se perfiló en congresos de masas en el Luna Park. Su conducta en grandes conflictos como el del neumático es la contracara de la lucha de Kraft, de las ocupaciones de fábricas y de los cortes de ruta. Mientras algunos nuevos agrupamientos sindicales mantienen una expectativa en que la central sea una especie de paraguas para sus reclamos, los que están desde hace tiempo ya conocen los límites insalvables de esta dirección. Lo saben los trabajadores de Fate y de Pirelli, lo saben los docentes de La Plata a los que les birlaron un triunfo ganado en las urnas y en la lucha. A la inmensa descomposición de las distintas fracciones de la CGT le están surgiendo variantes de radicalización y de lucha en el movimiento obrero. De ese movimiento deberán salir instancias de deliberación sobre qué tipo de sindicalismo necesita la clase obrera. Serán necesarios congresos de bases, plenarios provinciales y nacionales de los luchadores que quieran organizarse con independencia de las patronales y el Estado. Las palabras finales de Yasky señalando que ellos y los manifestantes son el “nuevo sindicalismo”, no convenció a los curtidos luchadores del Subte y de Kraft, que no tuvieron el apoyo de la CTA para llegar a donde llegaron. Hay un abismo entre la luchas del Subte y Kraft y la política de Yasky.

Los habitantes de una extensa franja en la que están Pehuajó, Casares, 9 de Julio y Junín estamos siendo envenenados lentamente por el agua “potable” que consumimos. Desde hace varios años, el nivel de arsénico se ha ido elevando. En estos días conmocionó a la ciudad de Pehuajó la confirmación, mediante estudios hechos en Estados Unidos, de la contaminación con arsénico y aluminio de tres mayores y dos chicos. Los adultos integran la Comisión de Seguimiento de la Calidad del Agua y las Cloacas de la ciudad. Este envenenamiento del agua se puede asociar con la explotación agrícola y, especialmente, con el auge de la patria sojera y el uso indiscriminado de agroquímicos, al que van asociados otros metales también perjudiciales para la salud. Los vecinos de estas localidades han realizado acciones para darle una solución a este flagelo, sin que hasta la fecha se haya conseguido respuesta. Junín tiene un fallo adverso de la Suprema Corte provincial por no garantizar el suministro de agua con el nivel de arsénico por debajo del máximo que establece la OMS, pero sin consecuencias prácticas. Ya no se puede ocultar la situación y empiezan a “blanquearse” los casos de cáncer y de Hacre (Hidro Arsenismo Crónico Regional Endémico). En los últimos meses se ha detectado en estudios oficiales un altísimo grado de aluminio –peor en el corto plazo que el arsénico–, y además vanadio, que pueden deberse a los métodos usados para disminuir el contenido de arsénico. Hace algunos años que se viene “inaugurando” en Pehuajó una planta potabilizadora (decantadora de arsénico). Sin embargo, nunca funcionó y, a pesar del negociado denunciado en torno a su construcción, no hay una causa penal abierta. Nos estamos organizando en Pehuajó para resolver este problema. Hay que impulsar la formación de comisiones por barrio y de padres y docentes en las escuelas. Los sindicatos deben tomar el problema. Estamos juntando firmas con un petitorio que reclama los siguientes puntos: • Que se intime a la empresa ABSA a proveer de agua potable según índices autorizados por los organismos pertinentes. • Que la Municipalidad provea agua envasada a los vecinos, a las escuelas y a toda repartición pública en forma gratuita. • Que en carácter de poder concedente del servicio, la Municipalidad inicie acciones legales por los perjuicios ocasionados a diversos vecinos. • Que se realice un control de nivel de arsénico entre la población y se realice tratamiento gratuito y en la localidad a todos sin excepciones con especialista en el hospital público. La entrega de firmas irá acompañada de una movilización popular a la municipalidad.

Las elecciones municipales en Santa Fe fueron ganadas por el Frente Cívico. Con el 34% de los votos, superó por seis puntos al PJ. Aunque el Frente Cívico ganó en la mayor parte de los departamentos y municipalidades, no logró remontar del retroceso electoral que viene experimentando en su bastión, la ciudad de Rosario. Así, perdió dos concejales y la mayoría automática en el municipio. El que salió más golpeado fue Reutemann. Después de su ajustada victoria en junio pasado, el “Lole” ingresó en una crisis política. Roxana Latorre, su compañera de fórmula, se pasó al campo del gobierno. Las declaraciones de Reutemann señalando a Duhalde como postulante a la presidencia por el PJ abrieron una crisis en decenas de agrupamientos del peronismo, cada vez más dividido en la provincia. Ello se manifestó en retrocesos electorales en Rosario, Santa Fe y todo el cordón industrial de San Lorenzo. Crisis social El trasfondo de estos desplazamientos políticos es el descontento social, que crece al compás de la crisis capitalista y los despidos en los grandes cordones industriales de la provincia: Santa Fe registró una caída del empleo del 5% en el último semestre. En Mahle hubo más de 300 “retiros” y despidos, sin que aparezca un inversor a la vista. En Paraná Metal postergaron por algunas semanas un desenlace, donde pretenderán armar una “salida” en base a despidos y rebajas salariales. Continúa la depredación ambiental y laboral en el cordón de San Lorenzo, donde las patronales cuentan con la total complicidad del gobierno municipal y del provincial. En Rosario, los trabajadores soportan una desenfrenada especulación inmobiliaria alentada por el gobierno municipal “socialista”, que expulsa de miles de trabajadores a villas y asentamientos. La elección del Partido Obrero En ese cuadro, el Partido Obrero realizó una excelente elección. Su crecimiento electoral ya se había anticipado en las recientes internas abiertas. Fue el único partido de la izquierda que presentó listas en diez distritos. Realizamos una intensa agitación política sobre el movimiento obrero y en los barrios, y participamos activamente en todos los grandes conflictos obreros del período. Principalmente, la votación del Partido Obrero avanzó en los cordones industriales de la provincia a expensas del PJ provincial en sus dos alas. En Villa Constitución,el peronismo, que alentó expectativas por la intervención nacional en Paraná Metal, se derrumbó junto con la política que llevó adelante en esa fábrica. El Partido Obrero se se presentó por primera vez en una elección municipal en Villa Constitución y obtuvo el 2,50 por ciento de los votos. La inmensa mayoría de ellos provino de los trabajadores metalúrgicos de la ciudad. Una situación similar se dio en Pérez, Santo Tomé y Granadero Baigorria, grandes dormitorios obreros de Rosario y Santa Fe. El derrumbe de Reutemann y una fuerte agitación en las fábricas y barriadas populares nos dieron votaciones del 2,50; 2,30 y 3,6%, respectivamente. La más significativa de las elecciones se dio en Capitán Bermúdez, donde el Partido Obrero, con el 8,8%, se constituyó en la tercera fuerza del distrito y desplazó al cuarto lugar al candidato de Reutemann. Nuestra candidata, Jorgelina Signa, estuvo muy cerca de ingresar al Concejo Deliberante. El voto al Partido Obrero en Bermúdez provino esencialmente del medio fabril, por parte de una juventud trabajadora azotada por el trabajo en negro y los contratos eternos. También fueron muy importantes los votos obtenidos en San Lorenzo (4,8%) donde la agitación del Partido Obrero ha calado hondo en más de 1.500 trabajadores aceiteros, químicos, papeleros, del Smata, municipales, mecánicos, petroleros y de docentes, donde tenemos una fuerte representación. En Rosario, el PO mantuvo una elección del 1,0%, con casi un 2,0% en las barriadas obreras. La elección alcanzada en todos los cordones industriales de la provincia nos compromete a reforzar la agitación política, la intervención en todas las lucha obreras y a impulsar la organización política independiente de los trabajadores. El Partido Obrero lanzará una serie de asambleas abiertas en los principales distritos y plenarios obreros para reforzar la lucha contra la depredación laboral y ambiental y la organización de agrupaciones sindicales clasistas en los principales gremios de la provincia.

La convocatoria en defensa de la voluntad de los docentes de La Plata y por aumento salarial tuvo una respuesta de carácter masivo. Pese a la campaña de la Celeste –el día anterior envió mensajes en los que se decía que el día se iba a descontar y que la marcha se había levantado–, concurrieron escuelas enteras en las que las clases quedaron suspendidas, o en otros casos, un turno completo. La marcha pasó frente a la sede de Suteba La Plata-Celeste, que cerró sus puertas mientras espiaban entre las cortinas. Es un gesto que hace literal la frase: tiemblan ante la base docente que se moviliza. En un acto frente a la Gobernación, se reclamó la reapertura de paritarias por salario. Frente al paro dispuesto por Udocba, se puso a votación la propuesta de la Comisión Directiva de Suteba La Plata de adherir a este paro, porque ayuda a preparar las condiciones para un verdadero plan de lucha que arranque al gobierno de Scioli 500 pesos de emergencia al básico. En el marco de los acuerdos que el gobierno se apresta a cerrar con el FMI, el voto a la propuesta de la Comisión Directiva fue de aprobación masiva. Este pronunciamiento de la base docente trascendió en los medios y se ha extendido a un muy alto porcentaje de la docencia platense. Hay un reanimamiento que busca enfrentar las condiciones de miseria salarial que obligan al doble y, cada vez más frecuente, triple cargo. Una vez más, el combativo Suteba La Plata es el canal de expresión de los reclamos docentes, rompiendo el muro de contención que conforma la burocracia del Frente Gremial. Por ello, el fraude que ha perpetrado la Celeste de Baradel con la complicidad de Yasky y la CTA se inscribe en la política general que lleva adelante el gobierno y la burocracia sindical de liquidar las direcciones sindicales independientes de las patronales. En un día emblemático para la ciudad de La Plata, como es el de la marcha por los tres años de la desaparición de Julio López, la Multisectorial de La Plata-Berisso y Ensenada, convocante de la marcha, se pronunció por el reconocimiento de la Rosa-Roja-Marrón como la legítima ganadora de las elecciones, a través del documento que se leyó en el acto central: “Con la complicidad de las burocracias sindicales, se persigue a los compañeros que han logrado democratizar sus herramientas de lucha como los trabajadores del subte. También se desconoce la legitimidad a la conducción del gremio que por mayoría de votos lograra en el Suteba La Plata la Lista Rosa-Roja-Marrón”. Por ello, la lucha contra el fraude y por aumento salarial marchan por un mismo camino, que es el de demoler el pacto entre la burocracia sindical y el gobierno.

Entrevistamos a C., activista y trabajador de la empresa Ciudad de Córdoba -Contanos qué fue la jornada del martes 22. -Fue algo muy positivo. Porque mirá, nosotros venimos desde principios de año con una lucha, cuando los compañeros rechazaron el acuerdo salarial que vino de Buenos Aires. Ahí comenzamos este reclamo por el 30% al básico de convenio. Y el martes fuimos al gremio con un petitorio de más de 1.900 firmas, a ese petitorio lo firmaron compañeros de todas las empresas. Fue algo muy positivo porque reflejo que el 80% de los trabajadores llevó adelante el reclamo del 30%. Con la movilización del martes logramos que la dirección acate ese mandato. Y quedó firmado en el libro de actas del gremio, acompañado de la firma del secretario general, la junta ejecutiva, el cuerpo de delegados y de todos los compañeros que participaron del acto. -¿Cuál fue el rol de la dirección del gremio a lo largo de la lucha? -Desde que comenzamos con el reclamo lo que vemos es una división del gremio. Y eso se vio el martes. Hay un sector de delegados que apoya el reclamo del 30% y que estuvo presente el martes, y otro sector que quiere acatar lo del 21% y que ni apareció por el gremio. Ese sector le decía a los compañeros que levantábamos lo del 30% para perjudicarlos en las elecciones. Pero lo cierto es que desde 2004 para acá las cosas se están haciendo mal. Perdimos nuestro básico que era más alto que el de Buenos Aires. Ahora estamos muy por debajo de la canasta familiar, en los 1.417 pesos. -¿Cuáles son las perspectivas después de lo del martes? -Buenas, pues más allá de que aún no se firmó nada. Esto salio de las bases, de algo que se propuso la gente y por eso estamos seguros de que podemos llegar al objetivo. -¿Querés agregar algo más? -Tendríamos que unirnos todos los trabajadores que estamos en lucha en Córdoba. Los municipales, docentes, médicos, y todos juntos ganar la calle para pelear por un salario digno.

La crisis desatada por el escándalo de corrupción que tenía como cabeza visible al intendente de la capital, Julio Alegre, va camino a transformarse en un nuevo caso de impunidad. Se ha producido el cambio de jueces y de carátula y se anuncia que el caso terminaría con una condena leve y por lo tanto excarcelable. Este apaciguamiento del caso seria el resultado de un acuerdo por el cual Alegre no destaparía otras ollas que pondrían al descubierto la existencias de mafias y negociados en el régimen zamorista. El gobernador Zamora se conformaría con sacarse de encima a un dirigente que sacó los pies del plato y había decidido pasarse a la oposición sojera, como posible candidato en las próximas elecciones a gobernador. El paso en falso de Alegre fue completo, en su ambición de no ser segundo violín quiso encarnar los intereses de los sojeros terratenientes, pero éstos ya tenían su representante en el propio Zamora. El gobernador ha sido un impulsor del negocio sojero, ha dado rienda suelta a la política expulsiva de campesinos, con represión incluida, a cada intento de resistencia, ha impulsado una política de obras (canales de riego, caminos, etc.) que ha tenido como directo beneficiarios a los latifundistas en general y a los sojeros en particular. Los otros que dieron un paso en falso fueron la izquierda y el centroizquierda sojeros (PCR, MST, PS, etc.), que formaron una multisectorial junto a la UCR de Zavalía, en la creencia de que se reiniciaba el segundo santiagueñazo sojero, y quedaron pedaleando en el vacío. En contraste con estas estrategias, que pretenden arrastrar a los trabajadores como furgón de cola de los terratenientes, ha comenzado a emerger un proceso de reclamos y de autoconvocatorias que tienen su epicentro en los trabajadores de la salud, pero el descontento se entiende a la docencia y al resto de los estatales. Los reclamos se basan en el salario, mejoras en las condiciones de trabajo y contra toda forma de precarización laboral. La tarea de la hora es desarrollar, profundizando y extendiendo estos procesos

De pronto, los comunicadores oficiales que pregonaban el “progresismo” de la ley de medios se tuvieron que callar. En cuestión de minutos, el gobierno que defendían les explicó cuál es el “triple play” que mejor conoce: la santa unión de la patronal yanqui, la infantería y los burócratas sindicales, en contra de la clase obrera que lucha. ¿Dónde quedó el gobierno “enfrentado a los monopolios”? Actuando por cuenta y orden de la jefatura general de monopolios, o sea, de la Embajada yanqui. La planta de la ex Terrabusi fue convertida en un campo de concentración, donde decenas de trabajadores fueron apaleados y privados, incluso, de su derecho a la defensa. A fuerza de palos, Terrabusi volvió a trabajar. Pero Moyano-Daer, Aníbal Fernández y la Unión Industrial no tienen nada que festejar. Es que la lucha de Kraft los desnudó de cabo a rabo. Mostró que los “sindicalistas” oficiales sólo sirven para lucrar con medicamentos truchos. De la clase obrera, los separa un abismo. Deschavó a un gobierno que, en su caída libre, sólo aspira a salvarse siguiendo el libreto de los usureros de la deuda o los monopolios que reclaman tarifazos. ¿Qué decir, finalmente, de los Lozano o Solanas, entretenidos en arreglos parlamentarios con el mismo gobierno que reprimía en Pacheco? En oposición a todos ellos, la lucha de Kraft puso en las calles a una generación de jóvenes obreros, de estudiantes, de desocupados. “Vayan a estudiar”, ladró la jauría de C5N. “No hay porvenir para nosotros en el país de los despidos”, le sacudió el presidente de la Fuba a todos ellos. Pero la voz de la calle, que se hizo sentir por Kraft, llegó para quedarse. Así lo exigen los nuevos tarifazos, que el gobierno se empeña en aplicar. Y la distancia cada vez mayor entre los salarios y la carestía. Por sobre todas las cosas, la lucha que ha ganado las fábricas, facultades, calles, rutas y autopistas exige que pongamos en pie una alternativa propia de los trabajadores.

El gobierno de Sapag impulsa la “reforma educativa” con el apoyo de todo el arco de partidos patronales. Su objetivo es adecuar la legislación provincial a las leyes Nacional de Educación y de Financiamiento del kirchnerismo y la conducción de Ctera. Con ese fin han anunciado la realización del Congreso Pedagógico “Neuquén siglo XXI” para el 2010, impulsado por todos los bloques en la Legislatura. El gobierno apunta centralmente a modificar el Estatuto Docente, especialmente el régimen de licencias, de antigüedad y previsional, y “diversificar la oferta educativa en media de acuerdo con la matriz productiva de la provincia”, lo que en definitiva es el reclamo de las cámaras empresariales, que buscan confiscar el presupuesto educativo y ponernos a alumnos y docentes a disposición de las necesidades “productivas” de los grupos capitalistas de la región. Las causas del actual derrumbe educativo y de la creciente deserción escolar no se encuentran, desde ya, en las conquistas laborales que figuran en el Estatuto, como pretenden presentarlo el gobierno y los diputados. Actualmente, el Estado cierra y fusiona cursos y horas cátedra (más de 120 solamente en Neuquén capital, varias horas de Educación Física, etc.) de la escuela Media. En primaria, “el plan del gobierno apunta a alcanzar con el régimen de jornada extendida al 30% del total de las escuelas neuquinas” para el 2010 ( Río Negro , 1/9). Pero sin construir nuevas aulas o escuelas, la “doble jornada” implica hacer lugar en las aulas actuales fusionando, cerrando grados, o utilizando como “aula” espacios como el escenario, laboratorios, etc. En terciaria, el plan oficial propone el financiamiento por proyectos y las direcciones de Aten (capital y provincial) abonan el debate de la “transformación desde la propia práctica” con la propuesta de la formación desde el inicio de su carrera en las aulas. Es decir promueven “transformar” a los estudiantes en pasantes gratuitos y la “polifuncionalidad” de los docentes, que asumirían una nueva tarea, la de “acompañantes pedagógicos”. La barbarie educativa Otro planteo oficial es la necesidad de “establecer criterios de promoción”. Con el pretexto de que la ley nacional establece la educación “por ciclos”, se estimula la promoción forzada de alumnos para enmascarar el nivel real de repitencia y aumentar los índices de retención escolar. Este “dibujo” le permite al gobierno provincial recibir más fondos de la Ley de Financiamiento que vence a fin de año. La primarización de los contenidos empuja a los docentes a reducir los criterios de promoción año a año. Para un egresado de primaria, las cuatro operaciones básicas y el uso utilitario de la lengua escrita será el horizonte último que los prepare para ser arrojados al “mundo laboral”. Esto es la barbarie educativa. Con la zanahoria de la participación y la “escuela soñada”, las direcciones de Guagliardo (Azul y Blanca) y Aguirre (Naranja-Azul-Lila) repiten la mascarada con la que se valió la Celeste, en Ctera, para ser coautora de las leyes antieducativas del gobierno nacional. De hecho, “fundaciones” ligadas a la burocracia celeste se pasean por la provincia “animando” el debate, que será dominado y regimentado por los funcionarios de Sapag, el clero y los capitalistas de la región. Contra esta estafa, constituimos el Frente Rosa-Fucsia-Marrón-Negra-Ambar-Malva, sobre la base de un programa que propone organizarnos para enfrentar este atropello. Para defender el estatuto, el salario, el ISSN y las condiciones laborales, estamos dando una batalla en toda la provincia. La necesidad de un plenario provincial de delegados de Aten y asambleas en todas las seccionales para preparar las condiciones de una lucha fundamental, está a la orden del día.

El martes 22, más de 400 trabajadores de las tres empresas de transporte urbano de Córdoba se movilizaron frente al gremio para exigir que el aumento salarial se aplique al básico de convenio y que no sea inferior al 30%. Hubo una movilización anterior de 200 compañeros por la firma de un petitorio, que ya alcanzó las 1.900 adhesiones, y sigue. Los trabajadores no sólo se movilizaron en horario laboral; ademas, frente a la conducción del sindicato (comisión directiva y delegados alineados con Galván), desarrollaron con gran claridad y firmeza sus reivindicaciones: “Estamos cansados de perder el salario”, “No importa lo que cierre UTA nacional”, “30% ya y al básico de convenio”, “que el arreglo se discuta en una asamblea general de todos”, “Galván: pará ya las puntas de línea así pueden venir todos los compañeros”. Gregorio Galván (secretario general de UTA Córdoba) se había preparado para “la movida”, contratando un grupo de barras bravas, que desde las sede del sindicato exhibían armas de fuego. Después de tratar de persuadir a los compañeros de respetar la ‘organicidad’ de la UTA nacional, firmó un acta donde se comprometía a “luchar” por el 30% y al básico. También lo hicieron la comisión directiva y los cuerpos de delegados, y compañeros de base en representación del conjunto movilizado. El acta comprometía a la conducción y a los delegados a convocar a la mañana siguiente asambleas en las puntas de línea. Ante la falta de pago del adelanto en la empresa Tamse (municipal), la directiva se vio obligada a trasladarse a la punta de línea y parar. Pero Galván y los delegados alineados con él, ya han desconocido abiertamente el compromiso asumido; no convocaron a las asambleas en punta de línea, ni la asamblea general, y por los medios dicen que son orgánicos y que van a seguir la pauta nacional, de 400 pesos (13%) al conformado, y 255 en negro hasta diciembre. La lucha sigue.

El miércoles 23, a las 10 de la mañana, un grupo numeroso de músicos pertenecientes a tres agrupamientos de bandas de rock nos congregamos frente al Ente Cultural. Luego de tres horas nos recibe el secretario de Cultura de la provincia, Mauricio Guzmán. Siete representantes formamos parte de la comisión: dos pertenecemos al MUR (Músicos Unidos por el Rock), uno de la UDU, uno de Umita, y el cantante de la banda de folclore Taa Huaira. Nuestros reclamos: espacios, presupuesto, reconocimiento como actividad artística y cultural del rock. En la discusión, entre otras cosas, Guzmán sostuvo que el Ente no dispone de lugares habilitados para hacer recitales de rock. Después de un repaso por todos los locales de los cuales el Ente puede echar mano a la hora de hacer un evento, se llegó a la conclusión de que no existe ningún recinto completamente habilitado para albergar un recital de rock. Esto afirma nuestra consigna de que el rock actualmente no es considerado un espectáculo. Todas las propuestas de lugares hechas por Guzmán se refieren a lugares abiertos (anfiteatros del J.B. Terán, Pileton, anfiteatro del Cadillal) donde se imposibilita el cobro de entradas y, por lo tanto, se priva al músico de una remuneración por su trabajo. El Ente pidió dos semanas hasta la próxima reunión, y en la asamblea vamos a plantear: 1) Inclusión de las bandas tucumanas en recitales en Tucumán de bandas de afuera en Tucumán. 2) Arreglo único entre las bandas y locales de rock. 3) Concesión de lugares de forma inmediata junto con un proyecto de la creación de salas. destinadas a espectáculos de rock en toda la capital y el interior de Tucumán con sonido, luces y escenario para poder explotarlos. Hoy jueves 24, a las 18 horas, hay asamblea y vamos a plantear seguir la lucha en Dipsa, Defensa Civil y unir la lucha con los trabajadores autoconvocados de la salud.

Como ningún otro acontecimiento, la huelga de la ex Terrabusi ha delatado la demolición política del gobierno kirchnerista. En la represión a los obreros de Kraft, los “nacionales y populares” no sólo actuaron por cuenta y orden de la Embajada norteamericana. Peor aún: trataron de disimularlo de cualquier modo. Los voceros oficiales insisten en afirmar que “no recibieron ninguna presión” (de la embajada); claro está, a varios días después de haber consumado el desalojo “por encargo” de la planta. El gobierno no puede reconocer que perdió la capacidad de arbitrar en la crisis política, y que sólo es peloteado por las fuerzas sociales que actúan en ella. Los palos del viernes 25 desnudaron la cobardía del gobierno, sin que ello les valiera a los Kirchner un solo gramo adicional de confianza por parte del imperialismo. Por el contrario, una columna periodística en Nueva York acaba de denunciar al matrimonio presidencial porque “el miedo les prohíbe actuar. No quiere cargar con muertos. Entonces el problema no se resuelve” ( The Wall Street Journa l, 28/9). Pero los Kirchner tuvieron que relevar, precisamente, a un gobierno que se había cargado a dos muertos en el Puente Pueyrredón. De cara a la crisis y a la radicalización popular, el imperialismo y la patronal argentina reclaman la “salida” que han fracasado, una y otra vez, en aplicar. La reciente derrota del tarifazo sobre la luz y el gas da cuenta de una impasse que no sólo es de los Kirchner, sino de todo el régimen político. A pesar de ello, De Vido acaba de confirmar la reimplantación de ese tarifazo que debió suspender en julio. Quieren hacer correr los aumentos en medio de los menores consumos del verano, pero pueden terminar echando más leña al fuego de la agitación popular. Al gobierno ya no le salen bien ni sus operativos de cooptación: el plan de “trabajo cooperativo” (precario) anunciado por Cristina ha removido las aguas de todas las organizaciones de desocupados, incluyendo a las filokirchneristas, y se ha transformado en un factor de crisis y disputas al interior de las intendencias y punteros bonaerenses. Burocracia sindical Por sobre todas las cosas, la huelga de Kraft mostró el derrumbe oficial a través de uno de sus principales pilares: la burocracia sindical. El país entero venía de asistir al desfile de los Moyano, Zanola y otros involucrados en el negocio criminal de los medicamentos truchos. Ahora, la lucha de Kraft los ha mostrado como un sindicalismo vencido, incluso para jugar su histórico papel de freno. Los ataques permanentes de Moyano o de Daer a la huelga de Kraft ni siquiera rozaron la determinación de lucha de sus trabajadores. Más aún: cuanto más encarnizadas eran sus alcahueterías, más se redoblaba la solidaridad de la clase obrera combativa con los obreros de Kraft. Los viejos burócratas no pudieron con la huelga, tuvo que ir la infantería a hacerse cargo de ella. Súbitamente, los diarios se han dedicado a contarle las costillas a la misma “izquierda radicalizada” a la que silencian todo el año. Pero la nueva camada de activistas obreros no irrumpe en el vacío. Se abre paso, y es también un resultado, de la completa descomposición de la burocracia de los sindicatos. Ese ajuste de cuentas no deja afuera a la CTA, la central “independiente” que no resolvió una sola medida activa de apoyo a la gran expresión independiente y antiburocrática de Kraft en el curso de los 38 días de huelga. Dos puntas tiene el camino En definitiva, bastó con una firme huelga obrera para que la “iniciativa política”, que el gobierno decía haber recuperado con la ley de medios, se volatilizara. En realidad, la “iniciativa” también la perdió con la propia ley de medios. Lo que el Senado se apresta a votar es una solución de compromiso con Clarín y otros grupos mediáticos, que le otorgará un amplio margen de tiempo a los pulpos para negociar la venta de sus activos. La “iniciativa” parece derretirse, también, en las negociaciones con el FMI, el Club de París y los acreedores de la deuda que no fue refinanciada en 2005. La “apertura al crédito internacional” sólo se hará en las condiciones leoninas que reclaman los usureros. Durante varios meses, la crisis social y política fue disimulada con los arreglos parlamentarios y en la ilusión oficial de recobrar una iniciativa de la mano de los acuerdos políticos, en particular con el centroizquierda. Pero las combinaciones parlamentarias no pueden dar cuenta de los despidos, la carestía, el aumento de la pobreza o los tarifazos. Por eso, el centro de la situación política ha vuelto a las calles. La huelga de Kraft abrió una nueva etapa política, donde tendrá que dirimirse qué fuerzas sociales se harán cargo de la crisis que emerge con la descomposición del kirchnerismo. La disyuntiva que se abre después de Kraft es clara. Por un lado, está la jauría patronal que exige el arreglo inmediato con el capital financiero, los tarifazos y un “ordenamiento” de las relaciones laborales de la mano de la infantería. Por el otro, está la profunda corriente de lucha que ha emergido con Kraft, que exige poner en pie una alternativa propia de los trabajadores.

Al cierre de esta edición, y con resultados provisorios, la Lista 3 encabezada por Tribuna Docente y el Suteba La Plata obtenía 45.000 votos (un 25%) y se colocaba segunda en la elección para el Consejo General de Educación. Según estos cómputos, la Lista 1 que llevó a las burocracias del Suteba y la FEB en una lista común habría obtenido el 52% y la Lista 2 (Azul y Blanca, de la CCC y el MST), el 23%. El dato significativo es el derrumbe del “frente gremial” (Suteba-FEB-UDA-Amet) en el Gran Buenos Aires y en los distritos más grandes del interior. En La Plata perdieron cerca de 1.000 votos si se compara este resultado con la elección anterior de tribunal de clasificación, que era también obligatoria. En 14 de los 26 distritos más populosos del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia la Lista del Frente Gremial perdió por demolición. En once de ellos, la Lista 3 “Multicolor” ganó en forma aplastante. De no mediar el divisionismo de la Lista 2 (PCR-Azul y Blanca-MST-Alternativa Docente), la burocracia de Baradel y de Petrocini habrían perdido en por lo menos otros seis distritos del Gran Buenos Aires y posiblemente toda la elección. La “diferencia” la hizo en los distritos del interior, donde la 3 no tuvo fiscales y la campaña no pudo implantarse. De ahí viene este “52%” que tiene que pasar todavía por el escrutinio definitivo y el cotejo de los certificados firmados por los presidentes de mesas. En algunos municipios, como José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, la burocracia perdió en todas las mesas. En Lomas, también sufrió una derrota aplastante. En ambos distritos se alzó con una victoria contundente la lista 3 antiburocrática. La alegría le duró poco a Baradel, quien apenas unos meses atrás se jactaba de haber “recuperado” el control de las dos seccionales y desplazado a sus direcciones combativas. Las elecciones fueron un verdadero plebiscito contra la burocracia y una rebelión en cadena de los docentes. Se votó por el salario y contra el congelamiento que pactaron las burocracias celeste de Suteba y la FEB, con el gobierno provincial. La votación puso al desnudo lo que piensa la docencia de la “reforma secundaria” que apoyan Baradel y la FEB y presentan como un gran paso adelante cuando las escuelas se caen a pedazos y se viene una ola de fusiones de cursos que amenazan los cargos docentes. Pero, principalmente, los 45.000 votos de la 3 verificaron el rechazo al ajustazo y al pacto Scioli-Baradel contra los docentes. Es que el ajuste tiene en los docentes y los trabajadores provinciales un blanco directo para cargarle el colapso financiero del Estado bonaerense. Apenas 24 horas antes, la burocracia del Frente Gremial había sido apabullada por un parazo de la docencia, que llegó al 70 por ciento en numerosos distritos del conurbano. El paro había sido llamado por Udocba, y Baradel y compañía lo habían boicoteado. En la zona norte repercutió la solidaridad y la defensa militante de Terrabusi. En La Plata y en Ensenada fue masiva la votación contra el fraude de los celestes y en defensa del Suteba La Plata. La 3 no ganó, pero creció en 1.000 votos respecto de la elección de Tribunal. Sumando los votos de la 2 y de la 3 la burocracia de los dos aparatos pierde por paliza. Se abre un nuevo panorama La responsabilidad de los sectores combativos de la Lista 3 “Multicolor” es ponerse a organizar la lucha de la docencia y la pelea por una nueva dirección en Ctera-Suteba. Tribuna Docente asume esa responsabilidad.

El gobierno de Córdoba se mantiene en la negativa de dar algún aumento a los empleados públicos y docentes. La Secretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria para los hospitales. Los médicos autoconvocados y trabajadores del Polo Sanitario siguen realizando asambleas en rechazo a la conciliación y reclamando el aumento. La burocracia de la UEPC (docentes) lanzó un plan de paros de 24 horas pero rotando a lo largo de la semana en cinco divisiones que hizo de la provincia. La burocracia kirchnerista agregó que si el gobierno decidía sentarse a discutir podía rever la medida. El jueves 24, una multitudinaria marcha de los sindicatos de Luz y Fuerza ganó las calles en el medio de un paro para reclamar que les paguen a los jubilados un retroactivo y un aumento del 8%. Ese mismo día los municipales se desayunaban con que el intendente negaba compromisos anteriores de un aumento de sueldos y se agarraba de una cláusula que logró establecer que no puede pagar salarios más allá del 60% de los ingresos del municipio. El viernes 25 empezaron las asambleas, pero la directiva del gremio (artífice del acta que ahora invoca Giacomino) se ha convertido en un freno para ir a fondo por el reclamo del 10% comprometido en abril. Mientras esto sucedía en el sector público, los choferes de UTA protagonizaban una nueva rebelión por un 30% de aumento al básico. Ajuste, más ajuste, sólo ajuste La lucha salarial es clave; Schiaretti anunció un plan de austeridad en el gasto público que parte de la no renovación del personal que se jubila o renuncia, de la parálisis de la obra pública, etc., y que tendrá un fuerte impacto sobre el ya destruido sistema de salud y de educación. Asimismo, otorgó nuevos subsidios a la oligarquía y una nueva ley de “promoción industrial” con mayores subsidios y beneficios para las patronales automotrices y los pulpos internacionales de la informática. En el medio están anunciados aumentos de las tarifas de electricidad, de transporte, y un aumento del agua. Según los corrillos, el gobierno provincial estaría estudiando un revalúo del inmobiliario rural (lo presupuestado es 16 veces inferior al valor real), pero la reacción a una medida similar de Scioli le debe haber hecho revisar el proyecto. El primer paso seguramente será un nuevo ataque al régimen jubilatorio provincial: llevar el cálculo del haber promedio sobre lo suma de los últimos diez años (en Córdoba es sobre los últimos cuatro). La tarea central para el movimiento obrero y popular es defender las luchas en curso y reagrupar a los activistas y luchadores. Es lo que está sucediendo en docentes, la UTA o municipales.

Las jornadas Wikimanía 2009, realizadas durante los últimos días de agosto en Buenos Aires (donde funciona uno de los grupos de colaboradores más fuertes de la enciclopedia virtual Wikipedia, razón por la cual la ciudad fue elegida como sede de este encuentro mundial), tuvo un invitado clave: Richard Stellman, pionero del movimiento de software libre. Creador (impulsor, mejor dicho) del sistema operativo abierto Linux –entre otros aportes de máxima relevancia, con millones de usuarios–, Stallman aprovechó su estadía para continuar su batalla contra el software “privativo”, que reserva para los propietarios del copyright derechos de uso, modificación y distribución, prohibiendo a sus usuarios –sobre todo– la adaptación de los programas informáticos a sus necesidades y bloqueando así la programación independiente. La propuesta del software libre, por el contrario, propone un sistema abierto de programación por medio del cual cualquier programador puede tomar de base un software y modificarlo a su gusto y según sus necesidades, y además poner sus aportes a disposición de la comunidad, para que otros puedan aprovechar esta producción de conocimiento que –de esta manera– se torna abierta y compartida, además de gratuita. El principal enemigo de Stallman es, sin dudas, Microsoft y su sistema insignia, Windows, paradigmas del software privativo, que él propone combatir desde el sistema educativo como principal campo de disputa. “La mayoría de las escuelas enseñan a base de sistemas privativos. Eso sucede en la Argentina, que usa mucho el Windows. Y la alfabetización digital con Windows hace daño. Sembrar dependencia y colonización va en contra de la misión de la escuela”, declaró durante su visita ( revista Ñ, 29/8). “Yo pienso que la escuela debe borrar Windows de las computadoras –agregó. La presencia del software privativo en las escuelas debe estar prohibida, porque va en contra del espíritu de la educación. El software privativo es conocimiento denegado, secreto. Y la escuela es un lugar para compartir conocimiento”. Como panelista estrella del encuentro mundial de Wikipedia, Stallman intervino con determinación en un debate caliente, referido, esencialmente, al control de la información que Wikipedia publica, y a un reciente incidente por el cual un portal de izquierda, Rebelion.org, fue colocado en la lista “negra” de Wikipedia, entre las páginas calificadas como “spam”. “Al revisar los argumentos ‘oficiales’ (para justificar la exclusión de Rebelion.org) leo que se califica a esta gente de ‘no ser neutral ni verificable’. ¿Acaso es menos neutral y menos verificable que Foxnews.com? En absoluto. Tampoco es justo haber puesto a Rebelion en esa lista sólo porque alguien haya empezado a meter links que conducían a esa dirección”, enfatizó, en referencia a la excusa esgrimida para la exclusión: que “alguien” había plantado de manera indiscriminada links a Rebelión (lo que sería una práctica de autopromoción desleal). Lo cierto es que detrás de esta acusación (que luego tomó ribetes de persecución) se encuentra el inevitable debate sobre el control de quién escribe en Wikipedia y quién tiene vedado hacerlo, y la legitimidad de las fuentes que intervienen en la elaboración de esta enciclopedia virtual, que incluso ha sufrido (y seguramente esto continúa) el bombardeo “informativo” de los servicios de la CIA: hace un par de años se detectó que una gran cantidad de artículos y otros “aportes” provenía de computadoras ubicadas en edificios de la propia Agencia, lo que obligó a un intenso trabajo para la detección y el bloqueo de estas fuentes “contaminantes”. Nuevas tecnologías, nuevos conflictos En su visita a la Argentina, Stallman se refirió también a un conflicto emblemático de los abusos de las empresas que producen ciertos productos informáticos. Se trata, particularmente, del soporte digital de libros electrónicos (e-book) Kindle, de la librería digital Amazon, que se comercializó con una serie de obras incluidas, entre ellas la novela 1984 y otros escritos del escritor George Orwell. Tras suscitarse un conflicto sobre los derechos de autor de esas obras, Amazon optó, simplemente, por borrarlas de los dispositivos de lectura de Kindle, con lo cual de un momento a otro los usuarios no sólo se encontraron sin esos libros, sino que además se les borraron todas las anotaciones que hubiesen escrito sobre ellos en el Kindle. Resultó inquietante, además, esa demostración del control que la empresa puede ejercer sobre un dispositivo, de manera remota. “La informática permite una vigilancia totalitaria como nunca hubo”, opinó Stallman ( Ñ , 29/8). La periodista Patricia Kolesnikov (también en revista Ñ , pero de hace unas semanas atrás) describió la situación como si alguien hubiera metido la mano en las bibliotecas de esos usuarios y hubiera sustraído esos libros, en una certera caracterización de esta violación de la intimidad y los derechos a la privacidad de los usuarios del libro electrónico, que promete tantas novedades como nuevos conflictos.

La jueza electoral María Servini de Cubría decidió tomar en sus manos la investigación por los aportes a la campaña Cristina K-Julio Cobos, que antes había delegado en el fiscal Jorge Di Lello: “Ese ínfimo paso procesal podría cobijar una gigantesca crisis política” ( La Nación , 22/9). ¿Por qué? Porque esa investigación, si se hiciera seriamente, develaría “la posibilidad de que la recaudación del Frente para la Victoria (FpV) haya servido, en 2007, para ocultar una operación muy extendida de lavado de dinero” (ídem). En ese punto se hace obligatorio formular una advertencia: todos, denunciantes y denunciados, tratarán de mantener esa crisis dentro de ciertos límites. Tempranamente, Ambito Financiero (16/9), hizo sonar las alarmas porque, según dijo, el debilitamiento de Juan José Zanola –el primer involucrado en el escándalo– podría favorecer la acción de “algunos representantes (sindicales) internos... (como en) la UTA con los empleados del Subte, y la toma de la fábrica de Kraft por parte de delegados sindicales vinculados con Barrios de Pie y el Polo Obrero”. Importa el concepto, no la pertenencia política que el asustado portavoz del capital financiero atribuye a esos líderes obreros. Ese diario recuerda que “hasta ahora siempre se pudo contener, bajo la conducción de Zanola, a las vertientes de izquierda y de centroizquierda, además de grupos radicales y hasta seguidores de (Elisa) Carrió”. Ambito habla de Zanola, pero en verdad se refiere a toda la burocracia, especialmente cuando ya se sabe que son más de cincuenta las obras sociales vinculadas con la mafia de los medicamentos. Plata sucia Gabriel Brito es el dueño de Global Pharmacy y Servicios SA y tiene un pedido de quiebra presentado por Néstor Lorenzo, el “Yabrán” de la mafia medicinal según la ex ministra Graciela Ocaña. Brito figura con un aporte a la campaña Cristina-Cobos por 310 mil pesos, aunque dice que la plata no la puso él sino Lorenzo, que él prestó su nombre a cambio de la promesa de “negocios futuros” o “un favor político, como podría ser el manejo de una obra social” ( Clarín , 23/9). Hernán Diez y Sebastián Gramajo, responsables financieros de la campaña del FpV, explicaron en un e-mail al entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que ese dinero “se recibió conforme a la ley en cuatro cheques del banco Credicoop” ( Clarín , 22/9). Eran cheques al portador, pero el nombre del destinatario (el Frente para la Victoria) está escrito con una letra que no es la de Brito. Como se ve, basta introducir un dedo en cualquier costado de este asunto para que brote la pestilencia. Hay otros dos cheques incautados en los allanamientos, por un millón de pesos cada uno, firmados por Carlos Torres y César Posse, dos monotributistas. Además, como muchos otros, esos cheques “no coinciden con la contabilidad de campaña que presentó el oficialismo” ante el juzgado de Norberto Oyarbide ( La Nación , 22/9). Ahora, Servini le pidió a Oyarbide toda la parte del expediente referida a los aportes de campaña. Como se sabe, esa jueza tiene la antigua costumbre de mantener causas abiertas para presionar al poder político, sobre todo ahora, cuando se dice “perseguida” por los Kirchner. Las derivaciones del asunto son por el momento imprevisibles, porque sólo esos cheques alcanzarían para que Servini ordenara la intervención del PJ. Servini ya hizo eso en 2005, aunque entonces la operación sirvió para desplazar al duhaldismo en beneficio de los K. En ese momento, esa jueza nombró normalizador del justicialismo a su amigo Ramón Ruiz, ex agente de la Side y actual diputado kirchnerista. Ahora podría hacer al revés: desplazar a los kirchneristas para devolverle el partido a Duhalde. Por eso, como dice La Nación (22/9), “el escándalo de las droguerías está ingresando, sin estridencias, en el corazón de la política”. Scioli, con las barbas en remojo Cuando Zanola armó aquel fideicomiso con Néstor Lorenzo –anunciado ruidosamente en 2008, en un acto al que fue Néstor Kirchner– no las tuvo todas consigo. Primero la banca privada y después el Nación le negaron cualquier financiamiento, y únicamente aceptó poner los fondos el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Otro salpicón para Daniel Scioli, quien ya vio caer a dos funcionarios del Ministerio de Salud provincial por sus vínculos con esa mafia, y tiene a su ministro del área, Carlos Zin, al borde del barranco. El escándalo de los medicamentos golpea al gobernador bonaerense cuando, según los diarios, los K se proponen voltearlo para poner en su lugar a un “leal”: Alberto Ballestrini. Fuentes periodísticas ( La Nación , 26/9), aseguran que Scioli ha deslizado en privado una amenaza curiosa. Si el gobierno nacional lo derribara, dice, “me pongo el sombrero de Zelaya”. El asunto, además, promete otras derivaciones. Por ejemplo, Zanola denunció a Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura por supuesto prejuzgamiento. En ese Consejo, entre otros, está la kirchnerista Diana Conti, cuyo marido, Enrique Dratman, es uno de los dueños de la droguería Cofeme, de Néstor Vázquez, socio de Néstor Lorenzo. Vázquez, antiguo menemista, fue el principal colaborador del burócrata José Luis Lingieri cuando éste era gerente general de la Superintendencia de Seguros de Salud en tiempos de Menem. Ahora, dice Ocaña, es uno de los “yabranes” de los K. Y el propio Zanola mantiene puentes con el gobierno. Su abogado, Carlos Robinson Marín, es un viejo amigo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Su secretario de prensa, Eduardo Berrozpe, es íntimo de Guillermo Moreno y del diputado kirchnerista Carlos Kunkel. “Siento esta adhesión como una condecoración”, había dicho Cristina Kirchner, aún candidata, cuando recibió el respaldo electoral de Zanola. La condecoración se le ha vuelto pesada, pero ella la sostiene. En definitiva, el entretejido mafioso que ha quedado a la vista acelera una crisis política que ya subyacía. La resolución de esa crisis dependerá, en primer lugar, del grado de intervención independiente que puedan tener los trabajadores para echar a toda esta mugre.

Pasado un mes y medio del anuncio por cadena nacional del plan de empleos por cooperativas, poco o nada se sabe de cómo efectivizar el ingreso a esas cooperativas truchas. No hay registros públicos en los municipios para que los desocupados se anoten. Muchas de las cooperativas ya existentes, formadas por el gobierno, están paralizadas por falta de pago de los salarios. Los supuestos ingresos están limitados a la digitación de los punteros oficiales. Los anuncios han parido un conflicto también con los trabajadores municipales, cuyo sueldo está en general por debajo de los 1.300 pesos anunciados para las cooperativas. Frente al reclamo de paritaria para los municipales, el Ministerio de Desarrollo Social acordó con los municipios, no una actualización salarial de los municipales sino rebajar los ingresos mensuales de cada cooperativa al techo del sueldo municipal de cada distrito. El Polo Obrero, que viene de una intensa agitación, con dos declaraciones distribuidas en las barriadas que denuncian el carácter de esta iniciativa oficial, pasa hoy a organizar a los desocupados, a los que necesitan los puestos de trabajo, frente al verso oficial y la digitación de los punteros. Nos proponemos reorganizar el movimiento de desocupados, asambleario, para desarrollar la lucha por trabajo genuino. El movimiento piquetero hoy es un pálido reflejo del movimiento de lucha que fue, porque predomina en sus filas el rol de “tercerizador” de la asistencia oficial, lo cual lo neutraliza como movimiento de lucha independiente. Vamos por el ingreso irrestricto y el pase a planta del Estado de todos los inscriptos, se hayan anotado con quien sea. Vamos por la reorganización del movimiento de desocupados, organizando comisiones barrio por barrio y levantando los reclamos y los piquetes en cada distrito y localidad. Con este programa, el Polo Obrero se moviliza a la Plata, el martes 6 de octubre, contra el hambre y el ajuste, en la que vamos a colocar una gran olla popular frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

En Mendoza, durante la década del '90, se congelaron los salarios de los trabajadores, incluido el ítem de la antigüedad, que debe aumentar automáticamente año a tras año. Esto generó distintas reacciones entre los trabajadores hasta que, en 2004, las burocracias de SUTE, ATE y Judiciales hicieron un acuerdo con el gobierno de Cobos para cobrar en 48 cuotas la deuda acumulada, por el ítem de antigüedad congelado. Pero más de 20.000 trabajadores estatales rechazaron este nefasto acuerdo y siguieron la vía judicial. Un grupo de trabajadores judiciales, encabezado por un compañero del Partido Obrero, ganaron el juicio y ya cobraron. Pero la Justicia, a pesar de este fallo favorable, siguió dándole vueltas al juicio más numeroso, que tiene 18.000 demandantes, hasta que el 28 de agosto la Corte Suprema falló en contra de los miles de trabajadores estatales. "La resolución judicial del denominado Caso Cañas se hizo en plenario e involucró a los siete magistrados que integran el máximo tribunal provincial. Los ministros Alejandro Pérez Hualde, Aída Kemelmajer, Carlos Böhm y el presidente de la Corte, Jorge Nanclares (quien desempató) votaron a favor de declarar legal el recorte de la antigüedad. En tanto, Pedro Llorente, Herman Salvini y Fernando Romano se manifestaron en disidencia" (Los Andes, 29/8). Desde ese día comenzaron a realizarse asambleas en Casa de Gobierno, dirigidas por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, Sitea (un sindicato creado por una agrupación opositora de la conducción verde de ATE). En esas asambleas, se votó comenzar a escrachar a la Corte Suprema y a los jueces que fallaron contra los trabajadores. El viernes 25 de septiembre se realizó un escrache a Pérez Hualde, hijo de un ex funcionario del gobierno de Onganía. Hualde tiene, junto a sus hermanos, un estudio que es representante de las petroleras y de otras empresas que se llevan las riquezas de nuestra provincia. Participaron más de cien compañeros, que al finalizar el escrache sufrieron una provocación montada por una fiscal obsecuente de la Corte, que quiso imputar a alguien por delitos como desacato o desobediencia a la autoridad pública. El argumento de la fiscal era que ordenó al chofer del micro que trasladó a los compañeros al escrache, a que detuviera su marcha, pero éste continuó con su recorrido porque la fiscal en ningún momento mostró su credencial. La cuestión es que seis compañeros fueron demorados unas horas y la Justicia mendocina volvió a dejar bien claro su carácter propatronal, represor y antiobrero. El plan de lucha va a continuar con un nuevo escrache el jueves 1º de octubre. Desde Tribuna Docente y Tribuna Judicial estamos dando la mayor difusión posible a este plan de lucha, ignorado por las burocracias que firmaron el nefasto acuerdo de las 48 cuotas. Estamos embarcados en una campaña contra el congelamiento salarial anunciado por el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni. Las luchas en Mendoza de a poco van creciendo, mientras el gobierno de Jake se desintegra. Esta semana, el gobernador tuvo que echar a su cuñado por un caso de corrupción; además, renunció a la Secretaría de Deportes, dando un portazo, mientras el vicegobernador, Cristian Raconto, sigue formando su propia tropa y criticando la gestión al mejor estilo Cobos.

Hay frases, relatos, arte; una cultura, en definitiva, de Derechos Humanos en Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz, impuestos tesoneramente por cientos de compañeros que no se amedrentaron a lo largo de los años en los que el gobierno de los Kirchner y compañía eran ley y que son los que este 16 de setiembre estuvieron en la calle esgrimiendo carteles que rezaban sobre reivindicaciones aún incumplidas. Hay reuniones para honrar la memoria, pero sin dejar de lado a los compañeros a los que la injusticia los alcanza cotidianamente. Hay desvelos para dar a conocer en los medios nacionales la represión en los cortes de ruta, en las comisarías y penitenciarías. Hay impaciencia para seguir afirmando que en la provincia de Santa Cruz y en la nación se siguen violando los derechos humanos más elementales y que el poder cuenta con una justicia adicta que deja libre, entre otras “irregularidades”, a Varizat, así como ayer declarara la falta de mérito a los represores de caceroleros y municipales. Para decir también que el poder legislativo de Santa Cruz sigue levantando las manos sin ningún prurito entregando riquezas a las multinacionales que depredan no sólo el medio ambiente, sino también el bolsillo de los trabajadores. Hecho que permite afirmar que quienes detentan el poder han construido su riqueza explotando trabajadores y que las mejoras salariales obtenidas han sido conquistadas con lucha y en la calle. Estamos frente a un gobierno que intenta reivindicarse como defensor de los derechos humanos, mientras patéticamente sigue manteniendo un aparato represivo que al no ser desmantelado,”desaparece” a López, mantiene en su cargo a Olivares que en el año 1991 formó parte del aparato policial que terminó con la vida de Bulascio y torna sistemática la tortura y los vejámenes en las comisarías de Río Gallegos y Santa Cruz. Exigir la vigencia de los derechos humanos no sólo consiste en seguir reclamando Aparición con vida de nuestros 30.000 desaparecidos, sino también para exigir que los derechos que toda una generación pidió, se hagan efectivos. • Desmantelamiento del aparato represivo. • Aparición con vida de Jorge J. López. • Aparición con vida de Iván Torres en Comodoro Rivadavia. • Que el jefe de policía y el ministro Barreto renuncien por la violencia que sistemáticamente sufre el pueblo de Santa Cruz, especialmente los jóvenes en las comisarías. • Que la Secretaría de Derechos Humanosde Santa Cruz explique el Estado en el que se encuentran los setenta juicios iniciados por violencia policial. • Cárcel a Varizat y justicia plena para las mujeres víctimas del atropello. • Becas para los estudiantes que lo requieran. • Aumento del presupuesto educativo. • Educación pública y gratuita. • Creación de foros juveniles en defensa del medio ambiente y en rechazo a las multinacionales que depredan el suelo y el futuro. Río Gallegos, 24 de septiembre de 2009

Desde Tribuna Docente venimos denunciando que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha depositado los aportes jubilatorios de los trabajadores de la Ciudad desde febrero de este año. Utiliza, así, los fondos de la Anses para el salvataje de los amigos empresarios (tal como lo hizo el gobierno nacional) y la inversión en los negocios inmobiliarios. Esta política encuadra perfectamente con los tarifazos, el congelamiento salarial, los despidos masivos y el vaciamiento de la salud y la educación pública. Así como los ataques propugnados a la clase trabajadora en general. El mismo jefe de Gobierno reclamó una policía propia para desbaratar cualquier manifestación de los trabajadores, y el gobierno nacional ha sabido cumplir con sus deseos. Frente a este atropello, la CGT hizo oídos sordos, como siempre, para no generar un escenario más desastroso de cara a las elecciones de junio pasado y mantener los pactos que los K tienen con el macrismo. Por su lado, la CTA limitó las denuncias al trasfondo del reclamo por su personería gremial. Unos y otros han dejado a los trabajadores a merced de las patronales, entre las cuales se incluye al Estado. Dentro del gremio docente, la UTE presentó un recurso judicial del cual, a la fecha, no se tienen noticias. Sin embargo, en simultaneidad con esto, ha frenado toda acción o plan de lucha que permita organizarnos por el reclamo de la reapertura de paritarias, los salarios, las condiciones de trabajo y la devolución de los aportes jubilatorios. Exijamos ya la devolución de los aportes jubilatorios y la inmediata reapertura de paritarias.

Los trabajadores no docentes de la Universidad de Mar del Plata nucleados en APU están en lucha por una serie de puntos que se vienen discutiendo en paritarias. Entre los reclamos de los trabajadores están la reincorporación del compañero León Masciarelli (ver recuadro), el pase a planta del personal contratado y el pago de "riesgo de trabajo" para el sector de servicios generales, entre otros. Los trabajadores se anotaron un triunfo importantísimo al lograr la reincorporación de Masciarelli luego de un paro masivo y una asamblea, que decidió continuar con los paros si no habia respuesta positiva a cada uno de los puntos. Las paritarias continúan y se prepara una asamblea para luego de la última reunión, donde en base a lo conseguido se evaluará cómo continuará el conflicto. Más allá del resultado general de la lucha, ha quedado claro una vez más y que sólo la fuerza de los paros y las asambleas pueden torcer el brazo de la gestión. En ese sentido, desde la Agrupación Bordó impulsaremos la lucha por el salario igual a la canasta familiar y la recuperación de la Fatun para los trabajadores.

El 30 de marzo de 2006, en una huelga de Aten por recomposición salarial, una patota parapolicial de los llamados "cascos amarillos" (disfrazados de obreros de la Uocra), organizada por el gobierno, atacó salvajemente a los docentes en el acceso a la destilería de Plaza Huincul. Entre los dirigentes del operativo estaban Juan Gómez (sindicato petrolero), Juan Mazzina (Uocra) y Juan Antío (funcionario provincial). La zona fue liberada. El entonces gobernador Sobisch declaró a la prensa: "Quien dio la orden tiene nombre y apellido: se llama Jorge Omar Sobisch". La causa abierta lo imputa por abuso de autoridad. No asistió a la citación para declarar, el 24 de septiembre pasado, ordenada por el juez Alfredo Elosu Larumbe. Lo hizo al día siguiente. Sus punteros y ex funcionarios montaron guardia desde muy temprano. Un operativo policial con vallados y la Despo esperaban a los docentes. Y junto a los comisarios Libio Alveal y Gerardo Escobar patotearon a los periodistas. Los trascendidos dan cuenta de que Sobisch y su abogado Ricardo Cancela trataron de "boludo" al juez cuando éste intentaba leerle la acusación y las pruebas en su contra, como establece el Código Procesal. El imputado se negó a declarar y su abogado presentó un escrito donde solicitó la nulidad del proceso y recusó al juez porque "ha dejado de ser imparcial". Tres años después, Sobisch expresó al periodismo: "No di ninguna orden".

No puedes personalizar la cuestión con Maradona. Maradona es un factor más, como otros, en la crisis capitalista del fútbol. Hasta te puedo decir una víctima más. Lo que ocurre con el seleccionado es la mercantilización y privatización que se ha llevado a los clubes. Navarro Montoya explicaba, en Area 18, que los futbolistas tienen como único horizonte inmediato ir al extranjero (fijate lo que le sucede al Globito) y los recursos no van a los clubes, sino a los timadores que manejan a los futbolistas. La mejor demostración es la situación física de los clubes, donde los hinchas no tenemos ninguna comodidad. E incluso, y vos sabés, todos los negocios que hay alrededor del fútbol. Es edad antigua, la meta, para un jugador, llegar al Seleccionado, eso explica que el mencionado haya hablado de aburguesamiento. Tampoco, Juancito, no decís qué pasó con Basile en el Seleccionado. Y de los otros técnicos que pasaron (Bielsa y otros). Hay otro cuadro histórico, y no podés caer en el existismo del hincha común de atacar desconsideramente a nuestro querido Maradona. Te repito: Maradona, es un factor más de la crisis capitalista del fútbol, y no el predominante. Para Ferro que lo mira por TV, para Ferro que lo mira por TV.

La empresa Irsa (Elztain) pretende construir, en Caballito, un shopping de 23.700 metros cuadrados sobre la Avenida Avellaneda, lindero al Club Ferrocarril Oeste. La zonificación no lo permite. Después de que el miércoles 23 de octubre salieran más de cien vecinos a manifestarse en contra de la construcción del shopping, la Legislatura pospuso el tratamiento de la ley para modificar el encuadramiento. Los vecinos de Caballito somos víctimas de la especulación inmobiliaria (contrucción desenfrenada de megatorres, el colapso de la estructura de la ciudad y sus servicios, encarecimiento de la vivienda). Caballito no está falto de zonas comerciales sino de espacios verdes y recreativos; la movilización vecinal exige que allí se contruya un parque público. Si la Legislatura aprobara la ley, permitiría la construcción de un shopping de hasta doce pisos, y también la urbanización de todos esos terrenos. Esta normativa no contempla ni siquiera contraprestaciones, como fue en el caso de la contrucción del Shopping Dot por parte de la misma empresa, que fue obligado a construir un centro de salud y un jardín de infantes en Saavedra. Algunos “críticos” de la ley quieren que la “contraprestación” sea una nueva escuela. Hay que dar prioridad a los espacios verdes, culturales, hospitales, cloacas, escuelas. No a la entrega de los espacios públicos, no a la especulación inmobiliaria, no a la construcción del shopping.

-¿Cómo comienza el conflicto? -Yo me tomo una licencia por enfermedad (hipertiroidismo) y mientras estoy de licencia se arma un expediente en contra mío, en el que la gestión y la gente de intendencia (vinculada con las burocracias de Fatun y Sutun) me acusa de robos, faltas injustificadas y varias cosas más. Un expediente armado para golpear al gremio (APU) en el sector de servicios generales, que es donde la burocracia está intentando montar un sindicato paralelo. Ese expediente corre hasta que, tres semanas después de haber retomado mi puesto de trabajo, me llega el telegrama de cesantía. -¿Qué pasó entonces? -Yo hablo con la directiva de APU y ellos en un primer momento rechazan que lo mío tuviera un trasfondo político, y encaran mi defensa en forma individual y sólo y exclusivamente desde lo legal. Es decir que lo único que hacen es ponerme un abogado cuando yo ya estaba afuera. Yo había estado hablando con los compañeros del PO y ellos caracterizaban al conflicto como político y planteaban la necesidad de poner en conocimiento inmediatamente al Cuerpo de Delegados. La directiva lo rechaza también, pero yo igual me presento en el plenario de delegados y expongo mi caso. -¿Cuál fue la actitud de los delegados? -El cuerpo exigió a la directiva que mi tema se incorporara inmediatamente a la discución paritaria. La directiva lo aceptó, pero en un primer momento la gestión se negó de plano a discutir mi reincorporación. Sólo después del paro votado por la asamblea la gestión retrocede y me reincorpora en los términos que los trabajadores exigíamos. -¿Qué conclusión sacás del conflicto? - Que la unidad y la lucha es el único camino para triunfar y para luchar hace falta tener en claro las características del conflicto y qué política debemos llevar adelante. Los compañeros del Partido Obrero fueron los que siempre me apoyaron y los que tuvieron siempre la caracterización y la política correcta, fruto de su organización. Por eso es muy importante poner en pie una fuerte agrupación clasista en APU, para luchar por salario, por la recuperación de la Fatun y para llevar las luchas a la victoria. A la tarea de construir la Agrupación Bordó del Partido Obrero es a la que me comprometo desde ahora.

Como si no fuera suficiente la presencia de la petrolera Apache en pleno patio de las familias logko puran, hoy se suma un ex juez para el intento de explotar nuestro territorio. Eduardo Badano, ex juez del tribunal superior de justicia de Neuquén, fue destituido dos años atrás por perseguir al fiscal Ricardo Mendaña para proteger la corruptela de Sobisch. Echado de la Justicia, conforma una empresa fantasma WFL Trading. Compra en Capital Federal en un remate una porción del territorio de logko Puran y desde esa condición llega acompañado de agentes de la petrolera Apache, guardias privados y escribanía a pretender poner en marcha pozos petroleros que han sido instalados en los patios de la familia. La actitud prepotente de Badano y Apache fue rechazada por la comunidad que bloqueó el paso, a pesar de los gritos de Badano “entremos como sea”. Durante dos años la comunidad mantenía cerrado el yacimiento Cerro Bandera norte, en manos de Apache, lo cual costó una represión en el año 2004, juicios y persecución política a las autoridades de la comunidad. Por esto denunciamos: A Jorge Sapag, gobernador de la provincia del Neuquén, por no garantizar los derechos que tenemos como pueblos facilitando la radicación de petroleras, sin considerar nuestra preexistencia; A la empresa Apache por sobornar a mapuches débiles, de pensamiento débiles, abusando de la pobreza material, buscando romper la unidad mapuche; A Badano y su empresa fantasma, porque su especulación económica pone bajo amenaza a una comunidad toda, exponiendo toda su miseria conocida en su rol de juez de la corrupción sobichista.

Debate Zaffaroni-Altamira sobre genocidio Enviado en “Genocidio, sociedad, historia y derecho” -Charla-debate con Raúl Zaffaroni y Jorge Altamira en la Facultad de Derecho, por Ariel. Interesante el debate, aunque faltó un dato histórico reciente muy importante y candente como el genocidio en Haití, donde se organizó un mapa político orquestado en el Pentágono y en la Casa Blanca (EEUU) para intervenir en dicho país caribeño, luego de la destitución de Aristide, con la colaboración de gobiernos latinoamericanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que enviaron tropas de sus respectivos ejércitos para colaborar con la muerte de varios miles de personas. Todo dentro del marco de derecho de los organismos internacionales, que se podrían caracterizar como cómplices del marco abierto por la ausencia de procesos al respecto y la complicidad en el desarrollo del mismo. Esto serviría para refutar lo que dice Zaffaroni sobre los avances logrados en materia punitiva contra los genocidas. Creo que la ausencia de Haití en este debate habla a las claras que hay un avance en la funcionalidad de los mecanismos de dominación, peligrosamente en manos de los “nuevos” genocidas latinoamericanos, del que no se habló. También la ausencia de procesos con los respectivos gobiernos cómplices como el de Kirchner y demás países participantes, la ausencia de alguna causa abierta en los despachos internacionales como en la Corte Suprema de Zaffaroni, contra el propio gobierno. Esto, metiendo el tema del tiempo, porque parece que lo más reciente tampoco parece caracterizarse como genocidio y hubiera sido interesante que Altamira introdujera esta reciente masacre en Haití, con la colaboración de presidentes que vienen del centroizquierda, como Tabaré y Lula, de su rol genocida encubierto y poco charlado en el ámbito del derecho actual. También se desnuda la funcionalidad del discurso del derecho en defensa del Estado democratizante burgués y su maquinaria represiva, que sirvieron para el genocidio en Haití. Pienso que Haití hubiera sido la frutilla del postre de este debate. Sin más, saludos a ustedes. Para mirarlo dos veces Enviado en “Genocidio, sociedad, historia y derecho” -Charla-debate con Raúl Zaffaroni y Jorge Altamira en la Facultad de Derecho, por Nahuel. Muy muy bueno, como para mirarlo dos o tres veces y seguir sacándodole jugo. Abrazo.

Como resolución de la numerosa convocatoria realizada en la Asociación Argentina de Actores –de la que diéramos cuenta en la anterior edición de Prensa Obrera–, se constituyó la Asamblea por la Cultura. Respuesta colectiva a la política rabiosamente capitalista, también respecto del arte y la cultura, que materializa el gobierno de Macri, profundizando la acción privatizadora que llevaran a cabo sus predecesores centroizquierdistas. Con la inclusión sintética de las diferentes problemáticas que afectan a cada uno de los muchos sectores representados se está elaborando un documento. La Asamblea por la Cultura convoca a una primera acción pública: el 5 de octubre, a las 16 horas, en Harrod’s. En la oportunidad se llevará a cabo una concentración en la sede que se designe como apertura del Festival Internacional de Teatro (FIBA), por lo que se invita a músicos, actores, integrantes de centros culturales que aún no se hayan sumado a la convocatoria, a participar con sus vestuarios, intrumentos y materiales de denuncia.

En medio del alud de denuncias contra la mina La Alumbrera, gran contaminadora y envenenadora pública, el consejo superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) posterga una y otra vez el tratamiento de una oferta de fondos que le hizo ese pulpo. Si aún no aceptaron ese dinero, ha sido por la denuncia del gremio docente (Adiunsa) y la fuerte campaña del frente Todo un Palo (independientes y UJS) que conduce el Centro de Estudiantes de Humanidades (CUEH). Las autoridades universitarias organizaron una comisión para debatir el asunto, y hasta un foro con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel (tiene un doctorado honoris causa de la UNSa). Sin embargo, cada paso dado por el consejo le ha significado una crisis mayor. El rechazo a los fondos de La Alumbrera implicaría una crítica terminante al funcionamiento de la universidad "con recursos propios"; es decir, con posgrados arancelados, trabajos por cuenta de terceros, convenios y pasantías con empresas, entre otras cosas. La dirección del Centro de Estudiantes de Humanidad (CUEH) juega un papel de primera importancia en este asunto. Con la consejera de Todo un Palo se logró que el consejo directivo de Humanidades se manifestara por el rechazo de los fondos y exigiera idéntica conducta del consejo superior. En la Facultad de Naturales, bastión de la actual gestión "progre", se ha abierto una crisis: tuvieron que mandar a comisión el proyecto de Todo un Palo. La Alumbrera y todas las empresas capitalistas contaminantes deben cesar su actividad e indemnizar al pueblo por el daño ambiental, de ningún modo pagar para seguir contaminando. Sería un golpe a los pulpos mineros y un reforzamiento de la lucha del pueblo contra la depredación ambiental, no sólo el rechazo de los fondos; además, que los técnicos y científicos de la universidad se pongan del lado del los que luchan. Todo un Palo se juega el todo por el todo por esta perspectiva.

A pesar del viento y del frío, militantes, simpatizantes y amigos del PO coronábamos una jornada histórica: “metíamos” un concejal obrero al Concejo y cómo no festejar... La columna “roja” (nos dicen algunos medios) transitó las calles de nuestra ciudad recibiendo los bocinazos y aplausos, quienes se alegraban por este triunfo y acompañaban nuestros cánticos... “...Nosotros somos del PO... queremos un gobierno obrero, un gobierno obrero y trabajador...””... Luchar... Vencer, obreros al poder”. “...Unidad de los trabajadores y al que no les gusta... se jode, se jode”. En medio de la descomposición política y ante una crisis económica mundial ocultada por el resto de los candidatos, el Partido Obrero logró ubicarse tercero con 787 votos (9,92%) ante el aparataje del PJ (1.390 votos) y el PRS (2.478 votos). En muchos de los casos, aun sin ser concejal, un histórico constructor del PO en esta zona, “Perico” Raineri, actuó como tribuno de los trabajadores y selló un camino de reconocimiento. Los trabajadores y vecinos, en general, también vieron este “recuperar” del espacio que ocupó la compañera María Elena, cuando fue concejal en el período 2005/2007. Nada es gratuito, menos para los militantes y simpatizantes del PO. A las camarillas que manejan las cajas públicas y, por lo tanto, los recursos, opusimos un principio de organización y militancia. De tal forma, les peleamos palmo a palmo la presencia pública a través de la realización de un acto de apertura de la lucha electoral, de rodantes, ocupando los medios de comunicación, con agitación callejera, pegatinas, banderolas, caminatas, volanteos con nuestro programa, el acompañamiento de los legisladores obreros y referentes recontrarreconocidos de Salta capital. Realizamos un movilización importante como cierre, derrotamos a los candidatos patronales en los debates públicos y también el trabajo más fino e importante: la colocación de la Prensa Obrera. Vendimos casi cien prensas semanales en los distintos barrios, suscribimos a docentes y a un trabajador petrolero, hicimos contactos con vecinos y planificamos futuras reuniones. Se plantean grandes desafíos. Debemos fortalecer el fuerte apoyo que dieron los docentes (un antecedente reciente es que para las elecciones de la Junta, Tribuna Docente ganó ampliamente en Mosconi), los trabajadores de los planes, los vecinos en general, que aparte de votarnos acompañaron cada actividad realizada, desde el inicio de esta contienda electoral hasta la fiscalización y conteo del último voto al PO... todo esto debe contribuir a la construcción de un partido que represente a los trabajadores, un partido revolucionario. En definitiva, la construcción del Partido Obrero.

Cuando sólo ha pasado un año y medio de su nueva gestión, Berlusconi enfrenta una profunda crisis política. "A 18 meses de haber ganado las elecciones por amplia mayoría y con la oposición convertida en un juguete roto, ni siquiera sus ministros se atreven a defender en público al jefe de Gobierno, y algunos prefieren promocionarse para el futuro inmediato, el llamado dopo Berlusconi" (El País, 20/9). Los recurrentes escandaletes sexuales de Berlusconi han jugado un rol en el acelerado deterioro de su imagen, pero no son el único factor y ni siquiera el más importante. Italia se encuentra seriamente comprometida por la crisis económica internacional. "Ha comenzado la fase final del berlusconismo", dice el presidente de la agencia ANSA, "el problema es que nadie puede decir cuánto durará" (ídem). Lo distintivo de la actual crisis es que la alternativa a Berlusconi parece estar surgiendo del propio seno de la coalición gobernante. El personaje de la hora se llama Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados, "un antiguo fascista que en los noventa tenía un busto de Mussolini en su despacho pero que con los años se ha transformado en un centrista constitucionalista (y sionista) muy respetado incluso por amplios sectores de la izquierda" (New York Times, 25/9). El año pasado, el partido de Fini (Alleanza Nazionale) se unió a Forza Italia, de Berlusconi, para conformar un partido de centroderecha que lleva el pomposo nombre de "El Pueblo de la Libertad" (PDL). Poco más de un año después, el PDL está en un tembladeral. A comienzos de este mes, un periódico editado por el hermano de Berlusconi y considerado el vocero del gobierno, salió a atacar a Fini y amenazó con destapar sus propios escándalos sexuales. Lejos de quedarse callado, Fini anunció que comenzará acciones legales contra "Il Giornale", y profundizó sus diferencias políticas con el primer ministro. Fini incluso salió a distanciarse de la legislación recientemente aprobada que establece una dura represión a los inmigrantes ilegales, promovida por Berlusconi y la Lega Nord (Liga del Norte) del ultraderechista Umberto Bossi. También buscó diferenciarse del Vaticano al plantear que los diputados deben contar con "libertad de conciencia" a la hora de votar temas polémicos que puedan ser cuestionados por la Iglesia. Como si el horno no estuviera para bollos, la crisis se agudizó luego de la muerte de seis soldados italianos en Afganistán, tras un ataque de las fuerzas talibán el 17 de septiembre. Umberto Bossi salió a decir que la misión está "agotada" y que las fuerzas italianas deben regresar al país antes de Navidad. El propio Berlusconi señaló que es necesario reducir el número de efectivos, aunque de manera consensuada con el resto de los aliados. Si se tiene en cuenta que Obama ya anunció que piensa incrementar el número de soldados en Afganistán y que hasta Zapatero se pronunció en el mismo sentido, cobran especial relieve, por una parte, las declaraciones de la oposición italiana de centroizquierda, que aclaró que se opone al retorno de las tropas y, por otra, la foto que se sacó el mismísimo Fini, paseando por las ruinas del terremoto de Abruzzo, con la dirigente del partido demócrata en la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi. Todo parece indicar que Fini se presenta como el eje de un reagrupamiento de la burguesía italiana. "Berlusconi se siente aislado frente al tramado de relaciones que ha tejido Fini. El propio Obama también simpatiza con él" (Clarín, 16/9). Según el New York Times (25/9), "cuanto más se corre Fini hacia el centro, más apoyos pierde en la centro derecha". En el actual estado de crisis política, eso parece ser un mérito más que un defecto. El escritor Andrea Camillieri señaló hace poco que "la reunión de estos días entre Fini y Rutelli (dirigente de centroizquierda) confirma el final del Partido Democrático. Los ex democristianos quieren huir. Y en el otro campo, Fini quiere abandonar a Berlusconi" (El País, 18/9). Tal vez por aquello de que hay que evitar que la sangre llegue al río, el pasado lunes tuvo lugar una "cumbre" entre Fini y Berlusconi. En cualquier caso, los comentaristas no tardaron en hacer notar que la reunión no se realizó en la residencia de Berlusconi o en la sede del gobierno sino en un lugar "neutral" (la casa de un allegado al primer ministro). De hecho, en la "fiesta" del PDL que se realizó en Milán el último fin de semana, Fini volvió a diferenciarse del resto de la coalición derechista al pedir que se reduzca el tiempo necesario de residencia en Italia para obtener la ciudadanía. Según Fini, "no es la primera vez que me dicen que me hice de izquierda. Quizás es la izquierda la que se ha acercado a la derecha" (Corriere, 26/9).

El viernes 25, una nutrida movilización con compañeros de la Naranja Gráfica, la Fuba, el Polo Obrero y otros sectores obreros solidarios, cortaba por completo la avenida Belgrano, delante del Inaes, mientras una delegación con delegados y trabajadores de Indugraf y otras gráficas permanecía en el interior del Instituto Cooperativo para exigir que los atendieran las máximas autoridades y obtener respuestas. Luego de haber encabezado el proceso de ocupación, movilización y lucha por la gestión obrera, y de ver aportado incluso los mayores trabajos, hoy los compañeros se encuentran excluidos y vienen reclamando ser inscriptos en la cooperativa Loria, impulsada en su momento por el sindicato y funcionarios del Inaes, para desplazar a la Cooperativa 10 de Diciembre, que era presidida por la Comisión Interna. Es que, una vez inscripta la Loria, a fuerza de chantajes gubernamentales (subsidios, promesa de agilidad en los trámites y de trabajo por doquier, etc.), se excluyó de ella a tres luchadores que impulsaron y dirigieron esta lucha desde la primera hora, para luego negarle la inscripción a otros de los 88 compañeros que en su momento el vaciador Martínez dejó en la calle, promover la desafiliación de miembros asociados, vaciar de trabajo el taller y finalmente hasta negarle el ingreso a la planta a los delegados. Finalmente, se obtuvo una reunión y se firmó un acta con las máximas autoridades en materia de recuperadas y con el expreso conocimiento del presidente del instituto, por la que se inicia un curso de mediación arbitrado por el Inaes. Se trata de un importante primer paso, mediante el cual se intentará acercar posiciones. En caso de enfrentar una negativa cerrada, los propios funcionarios reconocieron las irregularidades de la cooperativa (no hay trabajo, rendición de cuentas ni a los asociados ni a los síndicos y un largo etcétera) y la posibilidad de instrumentar por ello otros medios, como inspecciones y auditorías sobre la cooperativa e incluso el propio pedido de intervención judicial.

El 21 de septiembre se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT un acto festival que tuvo como temática el apoyo a la resistencia del pueblo de Honduras contra el golpe de Estado. El acto fue organizado por la agrupación PUL (Plenario Universitario de Lucha)-UJS, y se realizó a pesar de las presiones por parte de las autoridades para que no se llevase a cabo. Fue un gran festival, al que asistieron miles de estudiantes, quienes disfrutaron de la música de bandas de las más importantes del ámbito local, como Karma Sudaca, Skaraway, Priztik, Nomine y Ututos, además de muy buenas bandas de la facu como Mordan Funkies, Aristes y La Tribu. En el acto también se saludó la gran lucha que están llevando a cabo los trabajadores de la salud de la provincia, donde una de las delegadas de los autoconvocados hizo uso de la palabra. También los músicos plantearon sus reivindicaciones por la falta de lugares donde tocar. Fue una gran jornada de lucha y de festejo. Una a una las intervenciones eran fervorosamente aplaudidas por la juventud que hace suyas las luchas populares. Desde el PUL saludamos la lucha del pueblo hondureño contra el golpe de estado y hacemos manifiesta nuestra solidaridad, como se demostró en este gran acto festival.

Una vez más el método de los incapaces se manifiesta como solución a los problemas que afronta la comunidad. Se repite la historia: por un lado, el Estado provincial de Urtubey avala el saqueo del gas y el petróleo por las multinacionales; por el otro, cientos de trabajadores desocupados se acercan a las puertas de las petroleras a solicitar los famosos "cupos" laborales, reducidos en cantidad y tiempo y por sorteo. La intolerancia alcanzó niveles colosales cuando el jueves 24 un grupo de desocupados fue reprimido violentamente en una "cacería de brujas" por la Infantería del gobierno "del cambio y la esperanza". Al mejor estilo de la época represiva irrumpieron en viviendas, disparando balas de goma, gases lacrimógenos, sin siquiera respetar a niños, jóvenes y transeúntes que circulaban sorprendidos por las calles del pueblo. El repudio ganó rápidamente las calles del tranquilo Aguaray, y desocupados y familias marcharon rapidamente a cortar la ruta nacional 34 a la altura de la loma. La represión dejó como resultado doce detenidos y varios contusos. Una vez en la ruta se realizó una asamblea que determinó entre los puntos más importantes la inmediata liberación de los detenidos, frenar cualquier apertura de causa penal a los luchadores, castigo a los responsables de la represión y solicitar de manera inmediata la presencia de funcionarios provinciales para dar respuesta a la demanda laboral de la zona. El bloqueo de la ruta fue contundente: más de 800 desocupados y vecinos de la localidad provocaron un impresionante congestionamiento, sobre todo de vehículos pesados. En horas de la noche, los detenidos fueron liberados y el ministro de Justicia, Kosiner, propuso el levantamiento del corte y la apertura de una mesa de negociación para el lunes 28. La propuesta se llevó a las bases y se decidió mantener el corte hasta tener una propuesta escrita. La misma llegó al mediodía de la siguiente jornada y los desocupados en asamblea decidieron levantar el corte de ruta y participar en la mesa de negociación propuesta por el gobierno. Conocemos en qué terminan estas famosas mesas de negociación, pero será una experiencia más que tendrán que recorrer los desocupados para sacar todas las conclusiones y, finalmente, entender que el cambio y la esperanza nunca llegarán mientras estén en el poder los saqueadores y explotadores que gobiernan la provincia desde hace más de 20 años.

La presencia de Pablo Rieznik en el seminario sobre "La crisis mundial y América Latina" organizado por el CECSo (Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad estatal uruguaya), convocó a cerca de 250 personas, en su mayoría estudiantes, al debate sobre la caracterización de la crisis y las salidas a la misma. El martes 23, la actividad consistió en una exposición de Rieznik, que reunió a casi 150 personas, donde el panelista subrayó el carácter capitalista de la crisis mudial, que expresa el agotamiento de este régimen social y la necesidad histórica de la revolución socialista. Rieznik analizó el proceso histórico del capitalismo, desde sus orígenes hasta su etapa de decadencia, y mostró como a cada una de estas fases corresponde un tipo diferente de crisis. La charla estuvo centrada en el lugar histórico de la crisis, algo que llamó la atención a los jóvenes allí presentes porque prácticamente nadie analiza la crisis desde este punto de vista. El miércoles 24 se realizó una mesa redonda a la que asistió un centenar de personas, en la cual intervinieron -además de Pablo Rieznik- dos economistas vinculados con el Frente Amplio: el senador Alberto Couriel (del sector de José Mujica) y Joaquín Etchevers (de la Red de economistas de izquierda del Uruguay -Rediu). Se produjo un hecho paradojal: la que en un principio parecía una polémica de dos economistas vinculados con el gobierno uruguayo contra el invitado, se reveló como un debate donde los economistas del FA discutían entre sí en torno de los supuestos "logros sociales" del gobierno. Etchevers presentó una serie de cuadros estadísticos que retrataban la gigantesca miseria social (el número de presos se duplicó bajo el gobierno del FA) y la transferencia realizada por ese mismo gobierno desde los bolsillos de los trabajadores a las cuentas de los capitalistas (la masa salarial pasó de un 31% del PBI en 1998-2002 -es decir, en plena crisis- a un 21% del producto en los cuatro años de gobierno del Frente Amplio -es decir, en la etapa de reactivación). Pese a estas evidencias irrefutables, Couriel pretendió defender al gobierno de Tabaré Vázquez afirmando que había producido una "redistribución del ingreso" en favor de los sectores populares, lo que fue nuevamente cuestionado por Etchevers. Rieznik señaló la completa bancarrota política de la izquierda "progresista", algo que por otra parte mostraba la propia exposición de Couriel, quien reconoció no sólo que el FA no se planteaba el socialismo (algo por demás evidente) sino incluso que él mismo no sabía hacia dónde ir. El ambiente en el público era crítico con el gobierno, lo que llevó a que en varias oportunidades el propio Couriel se viera obligado a subrayar que él mismo era "crítico de la política económica", aunque en todas sus exposiciones intentó una y otra vez defenderla. Hay que destacar la reacción del público cuando Rieznik reivindicó la lucha por el socialismo y "la dictadura proletaria": se produjo un aplauso general y espontáneo. Una joven estudiante -que seguramente votará al Frente Amplio en las elecciones- agradeció a Rieznik por su presentación, marcando que estaba harta de participar en seminarios que se centraban en el tema de "cómo atraer inversiones extranjeras" y que en cambio él había "traído a nuestro país la dictadura del proletariado". Otros jóvenes defendieron algunas medidas del gobierno, pero igualmente se mostraron interesados en la discusión estratégica que había planteado el panelista invitado. La actividad mostró el interés de una parte de la juventud uruguaya en debatir una salida a la crisis capitalista y a la situación desesperante de las masas, en el cuadro de la bancarrota política de la "izquierda" progresista, convertida cada vez más en gestora del capitalismo, como lo reconoció Tabaré Vázquez ante Obama, al declarar que "la izquierda gobierna mejor que la derecha". Hace unos meses, en la misma facultad se realizó otro debate sobre la crisis capitalista mundial con la presencia del revolucionario griego Savas Matsas, que también despertó un gran interés entre los estudiantes. La Juventud Revolucionaria, vinculada con el PT de Uruguay, se plantea continuar esta tarea conformando grupos de estudio y organizando nuevos debates.

En octubre, en 9 de Oro entramos en paritarias por aumento de salarios, con un dato particular: la patronal, Molino Cañuelas, no participa de la paritaria, sosteniendo que ellos “pagan todo aumento que salga entre el sindicato y el resto de las patronales”. La cuestión central es que el sindicato no realiza asambleas para elegir paritarios con mandato de las bases. Los que producimos y somos explotados no tenemos siquiera derecho a opinar, votar y discutir qué queremos como aumento. En estos días se está llevando adelante una de las luchas más emblemáticas del país: la lucha de Terrabusi. Esta lucha marca un camino a seguir por los trabajadores que estamos buscando una salida para todas las reivindicaciones obreras. De esta lucha, los trabajadores tenemos que sacar todas las conclusiones necesarias y pelear por nuestras propias reivindicaciones. ¡Impulsemos asambleas en cada lugar de trabajo y luchemos por un 25% de aumento salarial! Delegado 9 de Oro

El martes 22 se reunió el consejo superior de la Uiversidad Nacional de Tucumán. La reunión tenía como misión central escuchar el informe que los ex rectores Mario Marigliano y Rodolfo Martín Campero, actuales representantes de la UNT en el YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) acerca de si la explotación de Alumbrera produce o no contaminación. Se debe recordar que esos ex rectores están alineados con una camarilla recientemente desplazada del rectorado, vinculada con la UCR provincial. Tanto Campero como Marigliano habían pedido que la sesión fuera a puertas cerradas. El rector Cerisola se opuso y pidió que fuera transmitida en directo por Canal 10, de la universidad. Todo indicaba que se iba a producir una gran trifulca entre las dos camarillas, incluso algunos trascendidos indicaban que desde el rectorado iban a cuestionar el informe. Pero entre bueyes no hay cornadas. El informe que brindaron los ex rectores dice que La Alumbrera, según los estudios, no produjo ningún tipo de impacto ambiental en el DP2 y que la universidad debía estar orgullosa de tener un negocio con esa minera, que aporta recursos económicos y no viola ninguna ley ambiental. Esto fue votado por unanimidad en el consejo. Que los consejeros que responden al rector hayan votado a favor del informe, cuando todos los días ambas camarillas se despedazan, demuestra que no están dispuestos a levantar la alfombra porque saldría toda la mugre de una política que compromete a todas las camarillas con los negociados en el YMAD, y con la administración fraudulenta de un presupuesto cuyos ingresos se duplican por los fondos provenientes de la minera. De ese dinero, 70 millones de pesos son de libre disponibilidad y nunca hubo una rendición de cuenta por ellos. Al finalizar la sesión del consejo superior se organizó una asamblea ante las puertas del rectorado, y se propuso convocar a una asamblea general a la que se invitará a toda la comunidad universitaria del país y a las asambleas ambientales de Catamarca. A la vez, se organizará una campaña por todas las facultades de la UNT. * Basta de contaminación * No a los fondos contaminantes de la alumbrera * Por la triplicación de presupuesto genuino.

El Bordo es una localidad de cinco mil habitantes, a 39 kilómetros de Salta capital, departamento General Güemes. Esa zona es un feudo de señores de la tierra desde el siglo XVII. Allí, la disputa entre el kirchnerismo y la gran patronal agraria se reflejó en los resultados electorales municipales para concejales. La lista de Arias, representante de la oligarquía salteña, ganó dos concejales con el 21,7%. Representan los mismos intereses que el sojero Olmedo, aspirante a la gobernación. El kirchnerismo ganó los tres restantes entre el 14% (Frente Segurista) y el 10% (FPV), quedando el oficialismo solamente con el 12,5% (PRS); todos candidatos de Urtubey. El PJ bordeño no consiguió bancas, marcando un hecho histórico. Esto porque Urtubey (PJ), con el sí de su candidato Salcedo, decidió apoyar a Segura, ganador de la senaduría y representante de los intereses de la burguesía del departamento General Güemes. El Partido Obrero dio la lucha electoral. Salimos a ganar la calle con un sólido grupo de la juventud simpatizante, delimitando nuestra posición frente a las listas de la disputa Romero-Urtubey y de la gran patronal agraria (Arias y ACyS). Esto significó el 7,3%, marcando un crecimiento en relación con la primera elección (4% en 2007), quedando arriba de las listas del Acuerdo Cívico y Social (UCR-PS-PPS). Quedó de manifiesto la solidez de nuestro programa en los debates e intervenciones públicas, ganando el respeto de otras fuerzas políticas y militantes. El voto al Partido Obrero en El Bordo nos posiciona como alternativa ante el kirchnerismo y la gran patronal agraria, y plantea la necesidad de construir un partido de la clase trabajadora. Organicémonos en el Partido Obrero y defendamos los intereses de los trabajadores.

En Brasil, el Programa de Alimentación para el Trabajo (PAT), que subsidia la compra de alimentos de trabajadores ocupados cuyos ingresos no superan determinado mínimo, es política de Estado: rige desde 1976, cuando gobernaba la dictadura militar de Ernesto Geisel. Hoy, ese programa incluye a 12 millones de personas. De manera explícita, el PAT tiene por objetivo mantener a la clase obrera en condiciones más o menos aceptables de alimentación para sostener los ritmos de productividad, cada vez más intensos en Brasil. “Trabajadores, empresas adheridas y el Estado ganan mejorando la alimentación de los asalariados, y cada uno de los actores puede medir los beneficios del programa” ( Perfil , 27/9). El PAT se sostiene básicamente con descuentos al salario y, en menor medida, con el financiamiento de las empresas para la compra de comida, por medio de tarjetas magnéticas, en restaurantes y supermercados. Además, el programa en cuestión se ha transformado en un negocio enorme. Uno de sus promotores, el investigador José Alfredo Mazzon, de la Universidad de San Pablo, está en Buenos Aires con el propósito de que ese negocio prospere también aquí. Mazzon explica: “Imagínese cómo mejora la actividad económica cuando se le da de comer a doce millones de trabajadores. En treinta años, el PAT produjo negocios por 158 mil millones de dólares” (ídem). Mazzon añade: “Los niveles de indigencia de los trabajadores argentinos son muy altos, tanto oficial como extraoficialmente. Por eso creo que aplicar un PAT argentino es buena idea”. El hambre y la miseria salarial pueden ser negocios excelentes. Y ya hay quien hace cuentas.

El sábado, luego de la brutal represión en Kraft, en el Hotel Bauen se desarrolló un extraordinario plenario de solidaridad con la huelga. Más de 400 compañeros desbordaron las instalaciones del anfiteatro con representaciones calificadas de decenas de comisiones internas, delegados combativos, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, fábricas recuperadas. Estuvo presente también un sector de la CTA. El plenario se transformó en autoconvocado al no poder asistir la Comisión Interna de la planta, que a esa hora deliberaba con todos los despedidos en Pacheco. Fue presidido por los compañeros del Bauen. Después de una importante deliberación política, se aprobó por unanimidad un apoyo a la entrada del turno de la mañana del lunes, que culminó con un gran corte de varias horas de la Panamericana y la realización de una gran marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, que instaló al conflicto en el plano más alto de la atención de todos los trabajadores del país. La marcha venía siendo reclamada desde hacía muchas reuniones porque, como se demostró, era una instancia de participación masiva de todos los sectores sociales que se solidarizaban con el conflicto e instalaba en el centro del poder político la defensa de la lucha. La CTA informó de su marcha del 30. Al mismo tiempo, se entabló un debate por el reclamo generalizado de un paro nacional, que la central no convocó en los 38 días de huelga. Tampoco ahora. La delegación sindical y política del Partido Obrero, firme impulsora de la marcha, fue de las más numerosas del plenario, participó con delegaciones de trabajadores papeleros, ferroviarios, telefónicos, metalúrgicos, textiles, gráficos, plásticos, de la UTA, estatales, de sanidad, empleados de comercio, del Subte, docentes, docentes universitarios y numerosos dirigentes de centros de estudiantes. En la numerosa delegación se destacó la presencia del presidente de la Fuba, Cristian Henkel, y los dirigentes nacionales Néstor Pitrola y Marcelo Ramal. El plenario marcó un método de deliberación política y organización del plan de lucha para reproducir en los distritos, por esta huelga y todas las luchas planteadas.

El viernes 25 de septiembre se realizó en el Parque Centenario el festival “Un mundo contra la trata”, que contó con la participación de variados artistas reconocidos y un centenar de personas de público. Un grupo de compañeras del Plenario de Trabajadoras fue con Fabio, el papá de Rocío Marini, para difundir el caso de su desaparición hace ya más de un mes. Pero, contradictoriamente con el “espíritu” del festival, las organizadoras de la Fundación Mujeres en Igualdad, financiadas por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), un fondo dependiente de la ONU “para el desarrollo de la mujer”, censuraban al padre de Rocío, por cuestiones de “cronograma” unas, y otras por “no ser el espacio adecuado” ¡Un festival contra la trata! ¡Dicen combatir la trata acallando y censurando a las víctimas y a sus familiares! Luego de una incansable lucha política, el papá de Rocío finalmente subió, sin permiso ni invitación, al escenario, y las locutoras se vieron forzadas a ofrecerle el micrófono. En realidad, estas mujeres se aterrorizan de que alguien pueda denunciar al Estado, las fuerzas de seguridad, el poder judicial y empresarial y al conjunto de los responsables de la trata de mujeres, porque son esos los sectores que las financian. Luego de su intervención, que permitió conocer el caso a los asistentes, Ricardo Fabio Marini fue rodeado de un cerrado aplauso por el público. Mientras daba a conocer los detalles de la desaparición de Rocío y convocaba al público a sumarse y participar de la movilización del 1º de octubre desde el Obelisco a Jefatura de Gobierno, las compañeras del PdT volanteamos, difundimos el boletín del Plenario de Trabajadoras y empadronamos compañeras para viajar al ENM. Estamos convencidas de que la única forma de encontrar a Rocío y a las cientos de mujeres y niñas desaparecidas en todo el país no es acallando y censurando a las víctimas y sus familiares, sino luchando contra las redes de trata, organizando y movilizándonos de forma independiente del Estado, los partidos patronales, y por supuesto de las instituciones imperialistas que se financian con el presupuesto empresarial y gubernamental de los responsables de las masacres en el mundo y de la esclavitud sexual y laboral. Aparición inmediata de Rocío y de todos los niños y mujeres desaparecidas.

La prensa nacional presentó como una gran victoria de Urtubey el resultado de las elecciones parlamentarias y municipales que se concretaron en la provincia el domingo pasado. Pero para esto sumaron los votos del PJ del gobernador con los de las listas de una fracción del Partido Renovador y del Frente para la Victoria, aliados del oficialismo. Urtubey no superó de conjunto el 30% de los votos y sólo obtuvo el 24% en la capital de la provincia. La otra lista del ex gobernador menemista, Romero, le pisó aquí los talones con el 23% del total de los votos. Por eso Urtubey obtuvo sólo tres de los diez diputados que se elegían en la Capital, igual que los que consiguieron los romeristas. Las restantes quedaron para una tercera lista pejotista, para otra fracción del PRS, que está en completo retroceso y para el Acuerdo Cívico, un frente de sojeros y hombres vinculados a la Iglesia que posan de centroizquierdistas. Nuestro Partido Obrero consiguió mantener un diputado con una gran elección, en cuarto lugar y con el 9% de los votos. El sojero y latifundista Olmedo que amenazaba con ser la gran novedad política, cosechó una votación marginal. Urtubey, por lo tanto, no pudo remontar la dispersión del voto y la elección registró la fragmentación de las camarillas del PJ que marcharon por separado. Los votos pejotistas no pueden sumarse como expresión de un fenómeno común. Queda planteada la posibilidad de que esta división se supere mediante un pacto Urtubey-Romero, como reclamó recientemente don Duhalde para que el actual gobernador pueda ser “presidenciable” en 2011, fecha en que el caudillo lomense estima que el PJ será... derrotado. Para semejante empresa sin futuro Urtubey debiera terminar sus idas y vueltas con el kirchnerismo y dejar en el camino a actuales aliados; es decir, debiera pasar por una crisis en su propio gobierno. Por lo pronto, se ha lanzado a conquistar a las patronales que hicieron su agosto con Romero anunciando beneficios a las cámaras sojeras y madereras, reprimiendo a los movimientos reivindicativos, como el de los desocupados en Aguaray, anunciando la privatización del gerenciamiento del Hospital de Niños, entre otras linduras. Los condimentos de una crisis política provincial tienen un carácter más amplio si se tiene en cuenta el derrumbe de la votación del PRS, que fue durante mucho tiempo la segunda fuerza política provincial y ahora se encuentran en proceso de disolución. Nuestros resultados La campaña del PO opuso a las camarillas patronales de Romero y Urtubey un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Agitamos el proyecto de ley de nuestra bancada para que los grandes terratenientes paguen impuestos conforme al valor de mercado de sus tierras (hoy pagan a valores de hace 20 años atrás). Mediante una intensa actividad, con nuestro 9% en la capital conquistamos dos puestos en el Concejo Deliberante, además de la diputación provincial. Sumamos, además, un nuevo concejal en Mosconi con el 10% de los votos. También llegamos al 9% en Colonia Santa Rosa y obtuvimos el 7,5% en Irigoyen y en El Bordo, en el departamento Güemes. En Tartagal también hicimos una muy buena votación y por apenas 80 votos quedamos sin ingresar al Concejo. Quebramos así la campaña de provocaciones que se montó allí contra nosotros: en plena veda, se distribuyeron no menos de diez mil cartas firmadas por un militante que se fue hace más de un año y medio del PO de Tartagal, atacando al partido con una serie de mentiras y canalladas sobre supuestos actos de corrupción. Las votaciones municipales del PO deben valorarse frente a la “victoria” de los intendentes que casi siempre apelaron a varias listas, sumando bancas con distintas “colectoras”. En la Capital tuvimos un crecimiento muy importante con relación a 2007, cuando apenas superamos el 5% y, ahora, enfrentando la campaña del Acuerdo Cívico, con una inusitada presencia en los medios, concebida para oponer el “progresismo” al PO y que habría contado con generoso financiamiento del romerismo. Con este resultado, mantenemos la presencia en diputados, con el ingreso del compañero Claudio Del Plá y duplicamos la presencia en el concejo con Gabriela Cerrano y Norma Colpari. Estas bancas, más la conquistada en Mosconi con el ingreso de Favio Paz, serán una herramienta fundamental de los trabajadores para enfrentar la política de ajuste que el gobierno intentará descargar, tal como lo explicamos en la campaña electoral. En esta nueva etapa que se abre, los desafíos que tenemos son enormes y la campaña ha mostrado que tenemos con qué asumirlo. La tarea de los simpatizantes y militantes que actuaron en la campaña y en la fiscalización ha sido extraordinaria y abren una perspectiva de desarrollo. Adelante compañeros.

Durante la sedición derechista del año pasado, la exposición industrial en Santa Cruz (Expocruz) fue un punto álgido del conflicto. El ultraderechista Comité Cívico cruceño era entonces la voz unitaria de empresarios, sojeros, petroleros, narcotraficantes, curas y, en fin, de la oligarquía de todos los pelajes. Ese Comité, con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Coinco), decidió transformar la Expocruz en una manifestación de poderío golpista contra Evo Morales y, por eso mismo, la movilización popular procuraba impedirla. Todo ha cambiado este año. Ahora, la Cámara patronal ha invitado a Morales al acto inaugural de la exposición, mientras el Comité Cívico, desmembrado y aislado, acusa de “traidores” a sus ex compinches. Como se ve, la alianza de un Felipe Quispe con algunos derechistas para promover “la reconciliación entre Oriente y Occidente” es una convocatoria a la nada, porque esa “reconciliación” ya está en marcha: la negocian Evo Morales y los empresarios cruceños. Antiguas logias fascistas, algunas de ellas con orígenes en el siglo XIX, como Caballeros del Oriente o Toborochi, se pelean entre ellas y hasta sus miembros entre sí, después de la paliza que les propinó el levantamiento indo-campesino en 2008. Y si aquella movilización popular no los aplastó definitivamente fue sólo porque Morales encontró los modos de impedirlo. Así las cosas, esa dispersión de la derecha “abre la posibilidad de que el Movimiento al Socialismo (MAS) gane en esta región hostil las elecciones generales de diciembre próximo” ( Clarín , 20/9). Además, la oligarquía sojera, opositora al gobierno, ha sido golpeada por los tratados de libre comercio de Perú y Colombia con Estados Unidos –primer productor mundial de soja–, que erosionaron la posición de los sojeros bolivianos en el mercado andino. Ese sector se ha visto afectado también por la actividad de la empresa estatal de alimentos, Emapa, que paga mejores precios a los campesinos y debilita así “el complejo financiero, político y productivo armado por los grandes empresarios agroindustriales” (ídem). La cooptación En las organizaciones obreras, todo es confusión. La Central Obrera Boliviana y los principales sindicalistas han sido cooptados por el gobierno, a pesar de lo cual la presencia de burócratas sindicales en las listas del oficialismo es casi nula. Otros, como Jaime Solares, ex secretario ejecutivo de la COB, buscan infructuosamente algún pacto oportunista con derechistas “moderados” o con emigrados del MAS. En un caso extremo, Gabriel Helding, dirigente fabril y ex ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, es ahora candidato a vicepresidente del empresario Samuel Doria Medina, de la derechista Unidad Nacional. En ese punto termina la burocracia después de haber agitado en el pasado reciente el votoblanquismo o el abstencionismo sin perspectivas. Entretanto, el gobierno se las arregla para que los trabajadores paguen lo peor de la crisis. Bien lo saben los mineros de Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glenmore SA, que explota complejos de plomo, plata y zinc. En mayo, 3 mil mineros de Sinchi Wayra marcharon a La Paz contra un acuerdo firmado en enero entre la empresa, el gobierno y la dirección sindical, que evitaba despidos a cambio de extender la jornada laboral y reducir los salarios. Producto de esa marcha, el gobierno dispuso un aumento nominal del 12 por ciento al salario básico: apenas un poco más que nada, porque ese básico sólo es una parte menor del salario, compuesto mayoritariamente por los pagos a la productividad, que permanecen congelados. En el agro, prosiguen los atropellos ambientales y la invasión de territorios campesinos por los pools de siembra. Esos avasallamientos generan protestas y movilizaciones, siempre dirigidas a este o aquel ministro, sin tocar la figura presidencial. En Bolivia, la conflictividad social se desenvuelve, por ahora, sordamente. Su maduración y eventual eclosión demandará un período cuya extensión no puede preverse por el momento. Se trata, por tanto, de aprovechar la quietud relativa de esta fase de transición para preparar la herramienta propia del pueblo explotado, en la perspectiva de un gobierno obrero y campesino.

Conmovidos por la huelga, en la gran marcha a Plaza de Mayo por Terrabusi se nuclearon muchísimos activistas obreros de mil luchas. Entre ellos, en primera fila, detrás de los obreros de Kraft, una docena de activistas del Casino se reagruparon después de mucho tiempo y marcharon con su cartel. Los compañeros sintieron que su lucha estaba presente allí, que otros siguieron su camino, que en la clase obrera están vivas y actuando las banderas de clase, antiburocráticas y combativas que ellos desplegaron. Que otra vez miles de obreros chocaban contra la represión kirchnerista y denunciaban la complicidad del gobierno con la patronal, en este caso con una patronal norteamericana y todavía más, actuando con el libreto de la Embajada yanqui. Pero la conexión de esta huelga con el Casino fue mucho mayor, como lo fue marcando expresamente Prensa Obrera. Al tiempo que crecía la solidaridad obrera y los piquetes por la huelga, la burguesía fue cerrando filas y deponiendo diferencias contra los huelguistas, al punto que toda la UIA pidió sangre. La burocracia de Daer, de la alimentación, ex secretario de la CGT de los “gordos”, pertenece a un ala históricamente enfrentada al moyanismo. Igual que Amoroso, el burócrata macrista del sindicato del juego que disputaba el encuadramiento de los compañeros del Casino con marítimos del “Caballo” Suárez, también moyanista y kirchnerista. En ambos casos, las burocracias depusieron sus diferencias para enfrentar al movimiento independiente de los cuerpos de delegados que abrieron la ruta de un sindicalismo asambleario, de lucha, antipatronal. Moyano dio la señal política más poderosa al atacar la huelga para que fuera reprimida, y lo hizo mencionando precisamente que formaba parte del mismo movimiento de la “ultraizquierda” del Casino. Aquéllos que el moyanismo pretende dejar en la “banquina” de la realidad política nacional. Igual que en el Casino, la primera represión galvanizó la huelga y el respaldó a los delegados, cuestionados por la patronal igual que en el Casino, apoyados por la masa de la fábrica igual que en el Casino. La huelga tomó el método piquetero en la Panamericana, igual que el Casino en el puerto contra el control militar de la Prefectura. Los piquetes solidarios y la acción de los estudiantes y de la Fuba se hizo sentir, igual que en el Casino. En este caso, con un movimiento de solidaridad nacional y cortes de ruta en todo el país, que auspiciosamente llegó más lejos que con el Casino. Al Casino le tocó un gobierno de Cristina Kirchner recién elegido, más fuerte, menos dividido. La actual crisis del gobierno pudo ser explotada por el movimiento de lucha de Kraft, aunque no alcanzó. La huelga, como el Casino, fue quebrada al final por la represión. Pero, por eso mismo, la huelga de Kraft mostró que los desembarcos de Infantería no detienen una tendencia profunda de la juventud a sacarse de encima a la descompuesta burocracia sindical. El debate de la huelga del Casino, usado por diferentes sectores contra la formación de una corriente clasista en el país, ha sido saldado por la huelga de Terrabusi. Los autores de la frase “que no nos pase como en el Casino” –el ex MIC– se han desintegrado para asimilarse a distintas variantes de la burocracia sindical con la cual pretenden “cavar trincheras”. La huelga de Terrabusi puso otra vez en el tapete la tarea histórica de la expulsión de la burocracia de los sindicatos.

El sábado 26 de septiembre, en vísperas del XXIV Encuentro Nacional de Mujeres, el Plenario de Trabajadoras de Tucumán realizó su segunda asamblea provincial con la participación de cien compañeras de distintas localidades, de barrios de la Capital, y estudiantes universitarias y secundarias. Se hizo presente una delegación de las Madres de la Esperanza y de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. Fue muy importante la presencia de delegadas del Movimiento de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, quienes explicaron la experiencia de la gran lucha que está en desarrollo. Grandes fueron los aplausos y ante la consigna “Salud unida jamás será vencida”, la asamblea expresó su incondicional apoyo a la lucha y el compromiso de sumar vecinos, estudiantes a esta pulseada contra el gobierno. En la asamblea se explicó que a medida que pasan los días se van acercando al mismo escenario la lucha de la salud y el Encuentro de la Mujer, y que hay un accionar simultáneo de la Iglesia para liquidar el conflicto de la salud y paralelamente una campaña nunca vista para desacreditar al Encuentro. La asamblea repudió a la represión desatada contra los trabajadores de la ex Terrabusi y señaló que estaba en consonancia con la provocación que se está desatando contra la lucha de la salud. La asamblea trabajó en comisiones sobre la violencia, la salud reproductiva y el aborto, la impunidad y la trata de personas, la educación y la salud y el trabajo. Entre las principales resoluciones se fijó formar una comisión de mujeres trabajadoras del movimiento de autoconvocados de la salud que se prepare para intervenir en el Encuentro, y de impulsar, frente a la presencia de 20.000 mujeres de todo el país, una gran jornada de lucha en defensa de la salud pública. Otra de las grandes tareas que votó la asamblea fue llevar al Encuentro la propuesta de impulsar una campaña por un congreso universitario que resuelva un plan de acción para poner fin al negociado de la minería contaminante. Finalmente, se llamó a redoblar el esfuerzo para movilizar a nuevos núcleos de compañeras y se eligió una mesa ampliada para poder coordinar todas estas tareas. El Plenario de Trabajadoras se prepara con todo para el Encuentro...

En abril, los trabajadores de Citrusvil se movilizaron hacia Uatre para denunciar el arreglo salarial al que la directiva del gremio había arribado con las patronales. Una segunda movilización fue recibida por matones, que golpearon a los trabajadores. A partir de ese momento se conformó un agrupamiento que se ramificó a otros empaques, y ha decidido presentar batalla en las próximas elecciones de congresales nacionales que se va a realizar el 3 de octubre. Se han denominado Lista Azul y Blanca y se presenta en la seccional 651, que agrupa a todos los empaques existentes en la provincia (las otras seccionales agrupan a los trabajadores cosecheros). Desde la Junta Electoral han demorado en oficializar la lista, casi dejándola sin tiempo para encarar la campaña electoral. La elección se va a realizar en una fecha donde ya la cosecha habrá concluido, por lo cual muchos trabajadores habrán emigrado a otras cosechas y donde el peso del aparato de la burocracia (movilidad, manejos de los planes interzafra, prebendas con la obra social, etc.) le da una evidente ventaja, pero igualmente los luchadores de la Azul y Blanca han decidido presentar batalla para instalar una alternativa que canalice un descontento que en la próxima cosecha seguramente se va a expresar en el reclamo salarial. En este sentido, la Azul y Blanca ha sacado una declaración con la que está recorriendo los empaques y, entre otras cosas, declara: "...la directiva de Uatre Tucumán ha firmado un convenio salarial que es una vergüenza, pues el aumento estuvo por debajo del costo de vida acumulado, costo de vida que siguió creciendo en los meses subsiguientes. Muchos trabajadores no ganan en el mes el salario mínimo nacional (1.400 pesos), o sea que la conducción ha aceptado los salarios de hambre de las patronales. Se nos dijo desde la conducción gremial que se aceptaba ese aumento a cambio de que todos los trabajadores que habían trabajado en la cosecha anterior iban a tener trabajo en la cosecha actual y ya sabemos que todo eso fue un cuento, que más del 40% de los trabajadores no fueron llamados, y quienes hemos trabajado lo hemos hecho en una cosecha corta y con salarios a la baja. Los trabajadores necesitamos una conducción sindical que efectivamente esté del lado de los trabajadores y no de las patronales. Una conducción que no firme nada sin consultar a los trabajadores. Una conducción que organice la lucha por los reclamos más vitales, con son el salario, las condiciones y la estabilidad en el trabajo, el blanqueo de los compañeros que ponga fin al negrerismo, que se haga respetar el derecho de afiliación y organización sindical (que puedan tener delegados) varios empaques donde los trabajadores son sometidos a las peores persecuciones."

L a ausencia de dirección en el seno de los trabajadores es tal que la burocracia conduce a las bases no sólo a los brazos del MAS. En el caso de regiones más atrasadas políticamente, como en Santa Cruz, un fabril y ex ejecutivo de la COD de Santa Cruz (Gabriel Helbing) está yendo como candidato vicepresidencial del empresario Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional. Estoy de acuerdo con el periodo de quietud que se menciona. Luego de las victorias electorales del MAS frente a la derecha, y el desarme impuesto a las masas, hay un retroceso enorme... ahora lo que se pone en juego es la discusión de una serie de propuestas de ley para la aplicación de la nueva Constitución. Todo esto con la ayuda de las ONGs que están organizando uno y mil encuentros entre organizaciones, especialmente indígenas-campesinas. Por otro lado, es evidente que la derecha se ha fracturado aún más que antes. Los “demócratas”, a pesar de sus críticas, están conformes con ir hacia el juego electoral y democrático pues ven que es posible conseguir una serie de acuerdos y pactos con el MAS. La ultraderecha ha quedado aislada, luego de que el gobierno desbarató al grupo de Jorge Rosza. En la Feria Exposición (Feria “empresarial” de Santa Cruz), los empresarios han invitado por primera vez a Evo a la inauguración (hay un evidente acercamiento). Este hecho ha puesto aún en mayor evidencia la fracturación de la derecha, pues los ultraderechistas del Comité Civico se han opuesto tajantemente ante la prensa. Los pataleos de los cívicos del Comité demostraban su aislamiento y horfandad. El escenario electoral se desarrolla evidentemente a favor del actual gobierno, la derecha apuesta nada más que a frenar la mayoría del MAS en el parlamento. Los indígenas, que han sido víctimas de una traición tras otra, se han vuelto a postular con el MAS. Sin embargo, siguen los conflictos medioambientales y de invasión transnacional a sus territorios, con la complicidad absoluta del gobierno... ellos, conscientes de esto, dirigen sus críticas a los ministerios, haciendo a un lado a su similar indígena Evo. ¿Qué viene ahora? La derechización del gobierno, que se irá profundizando en otro mandato. ¿La presencia de un frente que hubiese aprovechado las elecciones para propagandizar hubiese contribuido a acelerar el proceso de desencanto de las masas? Lo cierto es que estamos de brazos cruzados, igual que el POR, esperando a que las masas “superen sus ilusiones democráticas y se eleven al programa”.

El movimiento nacional de solidaridad con Terrabusi la transformó en una huelga de la clase obrera, de todo su activismo. Surgieron comisiones de solidaridad, como en Quilmes por ejemplo, precedidas por luchas en desarrollo como la de la textil Febatex o la petroquímica Sealed Air por sus propios despidos; o la que se libra contra la expulsión de los delegados de la UOM en Campana. O por la multitud de conflictos que recorre Mar del Plata. O por el ascenso en Escobar, con la recuperación del Suteba y el afianzamiento de la Fuba de la zona norte. En todos los casos, hubo cortes y fondo de huelga. Las actividades impulsadas por el PO fueron parte de la campaña política más general, con un vigoroso acampe en las puertas de Kraft y la gran movilización a Plaza de Mayo. En Ecotrans, durante dos horas se realizaron reuniones con grupos de choferes, junto con la Comisión Interna. Se intercambiaron experiencias de lucha: la delegación de Kraft pudo saber, de labios de sus protagonistas, cómo se logró impedir el cierre de TDO combinando el paro, la ocupación, las comisiones de solidaridad y sucesivas marchas sobre Plaza de Mayo, que incluyeron el Micrazo. En Inta, se hicieron reuniones en tres institutos. Los científicos, profesionales y empleados recordaron que Jorge Zorreguieta (mandamás de la cámara empresaria de los alimentos, Copal), quien pidió que se desalojara la fábrica y se reprimiera a los trabajadores, fue ministro de Agricultura de la dictadura y responsable de las detenciones, desapariciones y cesantías llevadas adelante en el Inta. En ambas visitas, los trabajadores de Terrabusi/Kraft respondieron todas las preguntas. Señalaron que el verdadero objetivo de la patronal es imponer el turno “americano” de doce horas, que implica reducir un turno entero e imponer condiciones de superexplotación que constantemente eran enfrentadas por los delegados. Informaron que la empresa Kraft se encuentra en plena expansión. El ataque de Moyano a la huelga por responder a la “ultraizquierda” produjo un gran repudio. Dijeron varios de ellos: “Que sean de izquierda está muy bien, lo que quieren ocultar es que son los 2700 trabajadores los que están en lucha”. Agradecieron la presencia física de la delegación de trabajadores, ya que los medios distorsionan los reclamos y se preocupan sólo por los cortes al tránsito. Apoyaron abiertamente que se apele al corte de rutas en casos como éste, en los que la burocracia les da la espalda a los trabajadores y se alía con la patronal. En las dos visitas hubo acuerdo en apoyar una gran marcha a Plaza de Mayo, con los trabajadores de Terrabusi a la cabeza. Se juntaron 600 y 297 pesos, respectivamente, y se dejaron bonos para continuar con la colecta. Los trabajadores de una empresa de pintura acercaron al corte de ruta del jueves, a través de su Comisión Interna, 1.000 pesos. Los trabajadores de prensa de la Naranja colectaron 460 pesos en BAE; en Perfil, 800. El Frente Multicolor de Foetra Buenos Aires, que integran la Naranja, Dorada, Violeta y Roja, decidió entregar su fondo de huelga de 1.182 pesos. En el Hospital Mercante se hicieron dos colectas impulsadas por los nuevos delegados combativos con intervención de obreros despedidos, también en el Inti y los CBC. Movilización nacional En Mar del Plata se realizaron cuatro actividades con movilizaciones. Se pudo responder inmediatamente a la represión del viernes porque estaba votado concentrarse inmediatamente en caso de que ocurriera el desalojo. Durante estas protestas se logró la reincorporación de dos trabajadores de Grúas Vázquez. Funciona una coordinación de apoyo a la lucha. En Morón se hizo un importante corte y acto el 24, con choferes de Ecotrans, ferroviarios de Haedo, docentes y estudiantes de los profesorados, jóvenes del CBC y secundarios, trabajadores del Hospital Posadas, docentes, estatales. En La Matanza hubo cortes de docentes, gráficos, estatales, estudiantes y un gran festival el sábado 26, en el que se recaudaron 2.683 pesos. En San Martín hubo un corte en General Paz y San Martín (viernes 26) convocado por Emfer, Inti, CNEA, delegados de Bosch, Tatsa, Easy, Gas Natural, Cicop, FP. En San Miguel hubo cortes en 202 y Ruta 8, por iniciativa de los estudiantes de la Universidad de General Sarmiento y de Luján. En Campana y Escobar hubo movilizaciones y festivales y se constituyeron comisiones por la victoria de Kraft y otras luchas. Es sólo una crónica parcial de las actividades que se desarrollaron en apoyo a Terrabusi, que se reprodujeron en Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Jujuy. En todos los casos, con la presencia del Partido Obrero.

El gobierno bonaerense no ha convocado a paritarias para los profesionales de la salud. Por eso, el congreso de delegados del sindicato que agrupa al sector (Cicop) decidió retomar los paros después de haber suspendido las medidas de fuerza durante un mes. Así, se votó la realización de dos paros de 24 horas cada uno y convocar nuevamente a los delegados. Un tercio de los congresales votó, en cambio, por una serie de paros progresivos. Se reclama un aumento salarial del 22 por ciento. Si ese incremento se lograra, aún así las categorías más bajas quedarían por debajo de la canasta familiar. Ni hablar de los “becarios” (contratados) y residentes. Entre otras exigencias se encuentran los nombramientos y el reconocimiento de la insalubridad. La titularización (ingreso a la carrera hospitalaria) de 2.400 profesionales depende de una ley que pasea desde hace meses de comisión en comisión en la Legislatura provincial. Como se sabe, la mafia de los medicamentos se llevó puestos a dos funcionarios en la provincia del “sorprendido” ministro Claudio Zin. Lobbista de las farmacológicas, Zin quiere dar el golpe de gracia al Instituto Biológico para favorecer a los laboratorios privados con la compra de vacunas. Tampoco vaciló en apoyar una reglamentación que convertiría a los pacientes de la provincia en potenciales cobayos de los laboratorios privados para sus investigaciones. A todo eso se añaden las vejaciones que debemos soportar todos los días los trabajadores de los hospitales provinciales. Sin embargo, esa situación encuentra escasa respuesta en la movilización. Ya no se puede explicar eso por las “características del gremio”. Una conducción consecuente con las necesidades de los trabajadores debería levantar la bandera del aumento salarial, revertir su tendencia a eludir el reclamo y apurar el levantamiento de las luchas ante ofertas escasas. Aprovechemos las asambleas para manifestar nuestro rechazo a los planes de lucha tibios, para votar acciones que pongan contra las cuerdas a los corruptos funcionarios del Ministerio de Salud.

El proceso de lucha se ha profundizado en la semana que transcurrió. Por un lado, continuó el paro por tiempo indefinido y se concretó la marcha del miércoles 23, la más numerosa de las catorce realizadas hasta el momento. Esa jornada se dio en el marco de un paro nacional convocado por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). No sólo eso: durante toda la semana se produjeron iniciativas de gran combatividad. El intento de instalar la carpa en Plaza Independencia fue impedido por la Infantería, pero el gobierno no pudo impedir la instalación de un puesto de agitación, que en un momento reunió a más de 200 trabajadores de los diversos hospitales y consiguió 10.000 firmas de apoyo en 48 horas. En el sur de la provincia hubo importantes marchas. En Santa Lucía, el viernes 25 se realizó un piquete en la ruta a los Valles, que fue impedido por un fenomenal despliegue de la Infantería. Provocación El gobierno comenzó la semana denunciando judicialmente a los huelguistas por abandono de persona y la cerró lanzando desde Canal 10 la versión de un chiquito muerto en el Hospital del Niño como resultado de la huelga (una patraña). En los hospitales, varios directores han comenzado a actuar de manera más desembozada, apretando y amenazando, en especial a los pasantes y a los residentes. En algunos hospitales se han producido enfrentamientos con la policía; en el hospital Centro de Salud terminó con algunos médicos hospitalizados en el mismo hospital. Las amenazas y difamaciones con mensajes, cartas, etc. se han multiplicado. Encrucijadas Los dirigentes del Fesprosa que el 23 estuvieron en Tucumán, posteriormente se reunieron con los delegados de los autoconvocados para plantearles que tenían que buscar un arreglo urgente. De esta orientación conciliadora se ha hecho eco el ala sojera y clerical en el conflicto, que comenzó a divulgar (incluso en los medios) una contraoferta de los Autoconvocados, no discutida en ninguna asamblea, y todo un contrasentido, pues el gobierno hasta el momento no hizo ninguna oferta, como para que el movimiento tuviera que realizar una “contraoferta”. Precisamente, esta maniobra fue desarmada en la asamblea general del viernes 25, que ratificó la continuidad de la huelga general y los reclamos, y convocó a una nueva marcha para el miércoles 30 y a diversas iniciativas de piquetes, marchas en algunos pueblos, etc. Por el momento, las posturas conciliadoras han fracasado por el empuje desde abajo y por un bloque de delegados que interviene con una estrategia consistente. Los conciliadores han insistido en presentar la mediación de “monseñor” como una salida, pero este 24 (día de la Batalla de Tucumán) ese ‘monseñor’ estuvo a la cabeza de una procesión (reunió a casi 40.000 personas) y su discurso lo concentró a atacar al próximo Encuentro de la Mujer, a los planteos laicistas y en favor de la legalización del aborto. Frente a este escenario, los medios han destacado el acuerdo de Alperovich con la Sociedad Rural de Tucumán, que incluso generó reproches de la Federación Agraria (FAA) a los ruralistas porque los dejaron marginados. El gobierno está jugado a quebrar la lucha con la represión y el hambre, y ha anunciado que no va a pagar los próximos sueldos. Frente a esas perspectivas el movimiento tiene que redoblar los esfuerzos por extender y masificar aún más la lucha. Por ejemplo, convocar a un plenario provincial de organizaciones dispuestas a sumarse a un plan de acción, de huelgas, piquetes, fondo de huelga, etc.

El asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, en la región de la Araucanía, ha sacudido a Chile. Se suma a las de Matías Catrileo y Alex Lemus, todos en la cuenta del gobierno “socialista” de Bachelet y la Concertación. El 13 de septiembre, una movilización mapuche ocupó por algunas horas el fundo San Sebastián, en reclamo por las “tierras ancestrales”, en el mismo lugar en que cayó asesinado hace un mes Mendoza Collío por el balazo de un carabinero ( www.mapuexpress.net ). De Pinochet a Bachelet El investigador Marcelo Garay, experto en el tema mapuche, señaló a Página/12 (27/8) que “con la dictadura de Pinochet, el tema se encendió (...) y lo que está ocurriendo ahora es una consecuencia de eso, una nueva ocupación militar para garantizar la propiedad de la tierra.” El reagrupamiento de las comunidades mapuches, con posterioridad a Pinochet, obtuvo el “reconocimiento cultural” de los “demócratas” con la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) pero no el derecho a la tierra. “Cuando llegaron los españoles a Chile los mapuches ocupaban 30 millones de hectáreas, hoy tienen 320 mil y estamos hablando de una población aproximada de un millón y medio de mapuches” (ídem anterior). Pinochet entregó esas tierras a la explotación forestal. El gobierno de la Concertación no alteró la política de ocupación militar, fraude y especulación inmobiliaria en favor de las forestales. Desarticulados y empobrecidos, los campesinos mapuches que obtienen tierras de la Conadi se ven forzados a arrendar las parcelas a las forestales, para plantación de pinos a costos muy bajos. En tanto, Chile es signatario del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que reconoce a los mapuches derechos intransferibles sobre su tierra, Bachelet pretende que en septiembre el Parlamento apruebe una ley “de inversión responsable”, que los despoja de esos derechos y otorga al gobierno atribuciones para que inversores exploten los ricos recursos naturales de la Araucanía y el Bío-Bío. Pero el peligro del gobierno es enfrentar el rechazo de comunidades que están dejando de ser “pacíficas”. La alternativa de “chilenizar” al campesinado mapuche incorporándolo como fuerza de trabajo en las ciudades está vedada por la crisis capitalista, que infla la desocupación al 10 y al 23% entre los jóvenes de hasta 25 años. Frente a este cuadro de crisis capitalista, tampoco en la ciudad Bachelet tampoco se anda con chiquitas. Acaba de aprobar una ley de criminalización de la protesta que responsabiliza penalmente a toda organización que convoque por algún medio a una manifestación que “genere perjuicios a la propiedad pública o privada” ( Boletín 4821 ). La unidad de los obreros, los campesinos y las comunidades de los pueblos originarios en defensa de las libertades democráticas y de la tierra es una tarea urgente para los revolucionarios en Chile. Sólo esta unidad práctica podrá frenar el avance represivo del Estado sobre las comunidades mapuches, y de los capitalistas sobre la tierra y los trabajadores del campo y la ciudad.

El 26 de septiembre, de madrugada, 18 carros de asalto con sus efectivos y dos transportes se instalaron en el interior de la planta de Kraft, cercando militarmente al turno en huelga, unos 400 compañeros en ese momento. Se iniciaba un lock-out armado para preparar el desalojo violento de los delegados y despedidos que hacían permanencia en el interior de la planta. Antes de eso, una y otra vez, los compañeros superaron los intentos de quebrar la huelga por presión de los capataces o “líderes” y de la burocracia de Daer, lo que fue transformando a Kraft en una de las grandes gestas del movimiento obrero: sólo pudo ser quebrada por la Infantería y la Gendarmería de los Kirchner y de Scioli. Embajada, gobierno y burocracia Los Kirchner reprimieron muchas huelgas, pero por primera vez lo hicieron por cuenta y orden de la Embajada norteamericana. La Copal y la UIA exigieron al gobierno terminar con las vacilaciones frente a la “agitación fabril”. Pero no se trató de un operativo fácil para el gobierno a partir del lugar ganado por la huelga en la situación política nacional. El kirchnerismo puso varias condiciones y atravesó varias disputas políticas internas antes de actuar. Aníbal Fernández exigió a Scioli intervenir y éste, a su vez, hizo acompañar a las tropas por la Secretaría de Derechos Humanos, lo que resultó novedoso como cobertura de semejante acción “filantrópica” por parte de la Infantería. Pero esto no le bastó a Scioli, quien pidió que el Ministerio nacional acompañara también la acción, de manera que los “derechos humanos” y los “derechos de los trabajadores” fueron defendidos a palos, gases y balas, con el método de que todos dejaran las huellas dactilares para evitar facturas futuras. Una salida “duradera” La salida “duradera” –pedida por la representante de Obama– que urdió el gobierno es una truchada: todos los compañeros afuera y media interna despedida. Luego de cinco horas de reunión, el Ministerio de Trabajo produjo una resolución que no fue firmada ni por la patronal ni por el sindicato, ni por la comisión interna, en la que insta a la patronal a considerar “caso por caso” los 86 despidos (con causa, sin indemnización), a “rever” las 36 suspensiones, a pagar los salarios y a aceptar el ingreso a planta de la Comisión Interna. La empresa planteó su rechazo al ingreso de cinco miembros y su permanencia fuera de la planta con pago de salarios hasta que la Justicia determine su responsabilidad en los hechos que le impute la patronal. Los delegados han planteado la revisión “caso por caso” con su presencia y el ingreso incondicional de la Comisión Interna. Dentro de la planta, la tensión es enorme, a la patronal le está costando poner las líneas en producción –y no sólo por razones técnicas. Se discute la organización de un gran acampe de delegados, cesantes y organizaciones solidarias en la puerta de Kraft, que sea un centro de agitación y organización. Varias comisiones de solidaridad, lejos de desbaratarse, discuten nuevas acciones de lucha. Llamamos a redoblar la movilización por el retiro de la policía de la planta, la reincorporación de todos los despedidos, el ingreso de la Comisión Interna a fábrica y el reconocimiento pleno de los delegados.

La huelga de los municipales de Coronel Suárez supera el mes y medio, y sigue firme. El salario miserable (770 de básico para la categoría más baja), los manoseos del intendente, sus patoteadas, la experiencia de las luchas anteriores y el funcionamiento en asambleas han galvanizado a los trabajadores, que reclaman un 30 por ciento de aumento. El intendente, el ultrakirchnerista Ricardo Moccero, había vuelto con todas las ínfulas de sus vacaciones en las Bahamas y reiteró amenazas, mentiras y ataques por los medios. Dijo, por ejemplo, que si los trabajadores “fueran privados, ya estarían echados”. Como las amenazas no le dieron resultado, ofreció un 16 por ciento de aumento a partir de octubre, pero quitándole a los que ganan más de 1.800 pesos una suma fija de 120 (el incremento para esos trabajadores sería así casi nulo). Moccero rechazó las contraofertas sindicales y amenazó con descontar los días y con poner urnas para que “la gente vote, porque muchos quieren trabajar”. Lo único que logró fue calentar la huelga. Ya anunció que no descontará los días y no se animó con las urnas. Lo que tonificó la lucha fue la realización de asambleas en el corralón, en el hospital, en el hogar de ancianos y, especialmente, en el patio del palacio municipal, en las “barbas” de Moccero que estaba en reunión de gabinete. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) tiene ahora que convocar un paro provincial para darle continuidad a la lucha. Suárez lo necesita y todos los municipales necesitan el triunfo de Suárez. Se debe recordar que la sola amenaza de un paro provincial de recolectores hizo aparecer el dinero (ATN) para resolver un conflicto en Azul. Entramos en la fase decisiva.

Partido Fórmula Votos % 542 - Frente Progresista Cívico y Social Medina, Daniel Federico 6.660 40,43 002 - Partido Justicialista Bustos, Ariel Marcelo 5.599 33,99 014 - Partido Obrero Signa, Jorgelina Dora 1.454 8,83 172 - Partido de Participación Popular Martinich, Orlando Alberto 1.394 8,46 047 - Afirmación para una República Igualitaria Gamarra, Hipólito 673 8,46 Votos en Blanco 691 4,09 Vótos válidos emitidos 16.471 4,20

El grado de corrupción y vinculación con el narcotráfico por parte del gobierno colombiano ya comenzó a crear un cuadro de crisis que podría comprometer al régimen político de conjunto. Con decenas de funcionarios y 86 legisladores investigados por sus vínculos con paramilitares, Uribe encuentra comprometidos sus planes para conseguir la habilitación de la Corte Suprema para ir por su segunda reelección. Por otro lado, la Corte acaba de rechazar la terna de candidatos presentados por el gobierno para presidir la Fiscalía, órgano encargado de "coordinar la política criminal con el Presidente de la República" ( El Tiempo , 20/9). El control de este organismo por parte del gobierno resulta clave para el funcionamiento sin sobresaltos de la futura estructura de inteligencia del Estado, que reemplazará al "viejo" Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), denunciado precisamente por la Fiscalía de encontrarse "al servicio de los paramilitares". Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos -interesado en que nada perturbe la instalación de sus siete bases militares en Colombia- presionó a favor de la disolución del organismo. Las denuncias comprometían al DAS desde hace por lo menos tres años. Sus últimos cuatro directores están siendo investigados por vínculos con paramilitares y por escuchas ilegales a candidatos de fuerzas opositoras, jueces de la Corte Suprema, periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos democráticos ( Página/12 , 20/9). De todos modos, el nuevo organismo que se constituirá no será sino una réplica del disuelto, con la ventaja de partir de foja cero para continuar con las "chuzadas" (espías) habituales. El avance de la actividad terrorista en Colombia, la imbricación del Estado con la actividad narcotraficante que permitió inyectar dinero y dinamismo a la economía del país, obliga a Uribe a perfeccionar los controles estatales sobre esta actividad; por esta razón necesita la re-reelección, el control directo de la Fiscalía e introducir reformas legales que le permitan desconocer los vetos de la Corte Suprema. La popularidad de Uribe Sin embargo, el dato más notable de la situación política en Colombia es la enorme popularidad que mantiene Uribe, quien según recientes encuestas concentra más del 65% de la intención de voto ( Clarín , 12/9). Como en otros países, la tendencia al financiamiento de la economía capitalista con dinero derivado de la droga y del contrabando de armas -exacerbada por la crisis, ya que el dinero sucio se convierte en único capital líquido disponible para la inversión- permitió mantener cifras de inversión y empleo que sostuvo los niveles de adhesión al régimen. Con todo, la crisis mundial capitalista ya ha dejado a más de un millón de personas sin trabajo, y por la actividad paramilitar cerca de tres millones y medio de campesinos fueron desplazados de sus tierras. Más temprano que tarde deberán salir a luchar. Más que nunca necesitamos un congreso latinoamericano de organizaciones políticas y sociales para echar a los Uribe, pero también para enfrentar y desenmascarar a sus falsos opositores de la Unasur que en toda América Latina se predisponen a una nueva claudicación.

La asamblea de trabajadores despedidos, con la presencia de la Comisión Interna y los delegados, aprobó en la noche del martes 29 tres medidas. Por un lado, hacerse presentes en la movilización llamada por la CTA para el 30 de septiembre, para encabezar la marcha enarbolando las tres consignas graníticas de la huelga: reincorporación de todos los cesantes, reconocimiento de los delegados electos, retiro de los desafueros y las causas penales. Por otro, organizar una movilización al Ministerio de Trabajo el jueves 1º de octubre, cuando se desarrolle la negociación iniciada hace 72 horas. En tercer lugar, elaborar un plan de lucha que parta de un acampe de los despedidos en la puerta de la fábrica, que se convierta en un gran centro de organización de la continuidad de la lucha.

Luego de una nueva marcha masiva, el municipio ofreció incorporar al básico de los trabajadores municipales sólo 150 pesos de los 320 que hoy cobran en negro. Además, los incorporará en cuotas: 100 pesos en septiembre y los otros 50 en octubre. También se comprometió a establecer una “garantía salarial” de 1.400 pesos. El municipio intentó justificar esa miseria con el argumento de que otras comunas “no han podido pagar los sueldos... nosotros hacemos una oferta salarial que pensamos cumplir”. Le echaron las culpas a Scioli, porque, según dijeron, la provincia “no cumplió con las pautas presupuestarias”. El sindicato organizó una consulta sobre el acuerdo, y de 800 empleados votaron en contra 550. La encuesta comprendía a los afiliados y a quienes no lo son, y sólo entre los primeros se votó por aprobar el acuerdo, aunque la propuesta apenas le significa 60 pesos de bolsillo a un trabajador de categoría media con diez años de antigüedad. Después de esa consulta se hizo una asamblea general muy caliente, que votó un paro de 48 horas. El viernes 25, al terminar la medida, se hizo la marcha más masiva y combativa: 1000 trabajadores llegaron al municipio y lo encontraron cerrado. La burocracia tuvo que esforzarse para impedir un corte de ruta. Que los sindicatos municipales de la provincia y ATE convoquen a un paro provincial, por el triunfo de todas las luchas en curso.

Las elecciones locales en Capitán Bermúdez se dieron en un marco de profundización de la crisis de los partidos más importantes del municipio. El Frente Cívico lleva once años de gobierno en nuestra ciudad, haciendo cada día más esfuerzo para sostener el gallinero de la coalición (PJ, PS y UCR). Ahora, también con la integración del GEN, obtuvieron 6.660 votos sobre un padrón de 16.768 electores positivos. Ello les permitió tener dos de las tres bancas en el Concejo y así seguir siendo mayoría. El PJ tenía porotos en varias canastas, ya que no pudo cerrar ningún acuerdo entre las camarillas. El PJ K sacó 5.599 votos y consiguió una banca, el PJ reutemista obtuvo 1.394 votos. Por afuera del Frente Cívico se presentó el ARI, con 673 votos. El PO, con 1.454 votos (9%) quedó como tercera fuerza en la ciudad. Un trabajo sistemático de agitación y propaganda Los resultados de las elecciones internas del 2 de agosto (en la que el PO obtuvo el 8,5% de los votos) nos plantearon un enorme desafío político. Repartimos más de 20.000 declaraciones, no quedó un barrio sin recorrer, la mesita de agitación del partido en la galería central no decayó ni en los días de lluvia. Una trafic que desbordaba de banderas rojas y amarillas con compañeros alrededor difundió el spot mañana y tarde. Duplicamos el número de prensas vendidas. Fuimos a puerta de fábrica con mesita, megáfono, banderas y llamando a votar al PO. Dimos una batalla por sostener las pintadas y los afiches. Estuvimos en los medios de radio y de TV. La presencia de Jorge Altamira en los medios del cordón ayudó mucho. El sábado, con más de veinte compañeros de la localidad, llevamos adelante la reunión de fiscales, donde hubo más de quince intervenciones. Los resultados de las elecciones fueron vividos con mucha pasión. Los vecinos se quedaron en el local mientras saltábamos de entusiasmo por estar peleando el tercer lugar. Al confirmarse que era así, salimos en caravana por la ciudad con banderas y cánticos. El 27 de septiembre, el Partido Obrero vivió un verdadero Bermudazo. Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabla con cuadrícula"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Partido Votos % Frente Progresista Cívico y Social 6.660 40,43 Partido Justicialista 5.599 33,99 Partido Obrero 1.454 8,83 Partido de Participación Popular 1.394 8,46 Afirmación para una República Igualitaria 673 8,46 Votos en blanco 691 4,09 Vótos válidos emitidos 16.471 4,20

La reforma sanitaria de Barack Obama no está inspirada en los 50 millones de norteamericanos que carecen de atención médica ni en los 150 millones que tienen pésima cobertura. El gasto en salud es un “asunto crítico para la economía de Estados Unidos”, porque insume el 16% del PBI –cuatro veces más que Defensa– y duplica el gasto de cualquier otro país desarrollado. En seis años, si no se reduce, llegará al 20% del PBI. La presión sobre las arcas públicas es enorme, aunque no existe medicina gratuita. Sólo los planes federales de salud –Medicare y Medicaid, para mayores de 65 años y familias muy pobres– se llevan el 4% del presupuesto federal por las altísimas tarifas de los prestadores. Si nada cambia, el costo de la atención médica será “el factor más decisivo para el crecimiento vertiginoso del déficit presupuestario” ( New York Times , 18/7). Obama afirma que con bajar sólo un décimo en una década, el déficit fiscal se reduciría en 4 mil millones. Para eso, habría que eliminar “miles de millones de dólares de gastos innecesarios y concesiones injustificadas a las compañías de seguro” ( AFP , 15/9). Así las cosas, todo el mundo está de acuerdo en disminuir los gastos. La pelea es por quién pagará el recorte. Obama proponía crear un seguro estatal muy barato, que compitiera son las aseguradoras y bajara las tarifas de atención privada ( New York Times , 4/8), disminuyera los costos de los planes federales y redujera en 313.000 millones de dólares los pagos a las empresas en una década ( AP , 13/6; New York Times , 3/8). Para que aceptaran estas regulaciones, les entregó un filón: su proyecto obliga a que todos compren un seguro individual (público o privado). Las aseguradoras no aceptaron, aunque “de este modo, podrían conocer en plena crisis una extraordinaria bonanza” ( New York Times , 4/8). La reacción del poderoso lobby sanitario y sus agentes republicanos y demócratas, llevó al Ejecutivo a “una situación de inédita debilidad” y le bochó a Obama 17 puntos de popularidad en tres meses. Las aseguradoras quieren mantener su altísima rentabilidad, amenazada por la crisis: 17.000 personas por día pierden el empleo y la cobertura. Los patrones contratan primas más baratas o directamente las anulan. Como las primas aumentaron cinco veces más que los salarios en los últimos años, hay trabajadores que no pueden pagar su parte. Una opción pública obligaría a las compañías de seguro a bajar las primas para no perder parte de su clientela privada y empresarial. Aunque los 170 medicamentos considerados esenciales cuestan en Estados Unidos 80% más que en Europa, las farmacéuticas pretenden que el gobierno las ayude a capear la crisis prorrogando las patentes de las drogas biológicas (cáncer y Parkinson, etc.), prohibiendo importar un número mayor de medicamentos y fabricar genéricos; y, fundamentalmente, manteniendo el padrón de Medicaid, al que Bush trasladó millones de afiliados del Medicare porque allí el Estado paga estrictas tarifas de mercado. Las prestadoras médicas se oponen a que el Estado controle (“racionalice”) los tratamientos o les imponga tarifas diferenciales en un plan público. Para todos, cualquier regulación “terminaría con la fiesta” (La Nación, 9/9). El apoyo de la AFL-CIO y de las organizaciones de médicos y enfermeras no evitó que el “celo del gobierno por recortar los gastos de salud” le restara apoyo en gran parte de la población. La reforma, sospechan, “trae más ajustes”, que recaerán sobre los beneficiarios de planes federales ( New York Times , 20/8). El seguro compulsivo, aunque fuera el más barato y subsidiado por el Estado, insumiría no menos del 10% de los ingresos de una familia trabajadora. El gobierno está dividido. Nancy Pelosi, jefa de la bancada demócrata, anunció que no votará una ley sin seguro público. Pero las acciones de las aseguradoras subieron después de que Obama prometió “instalar un mercado” donde “los individuos y las pyme puedan comprar seguros médicos a precios competitivos”, pero garantizando a las aseguradoras “incentivos para participar en ese mercado que les permitirá competir por millones de nuevos clientes” ( La Nación , 9/11). Hasta ahora hay cinco proyectos. El que parece prevalecer surgió del Comité de Finanzas del Senado, presidido por el demócrata ultraconservador Max Baucus, el mayor beneficiario de los aportes del lobby sanitario para campañas políticas. Baucus reemplaza la opción pública por cooperativas sin fines de lucro con algún subsidio estatal, demasiado débiles para competir con las aseguradoras o imponer tarifas menores. Exige que todo estadounidense contrate un seguro, so pena de una multa de hasta 3.800 dólares por familia. Prevé una mínima ayuda del Estado para los más pobres y flexibiliza el ingreso a los planes federales. Exime a las empresas chicas de pagar cobertura laboral y permite que las otras “vinculen su aporte a los subsidios que sus empleados acaben obteniendo”. Las familias de clase media baja “acabarían pagando mucho más en primas” ( El País , 20/9). Como contrapartida, los capitales del sector salud deberían colaborar con un fondo de 100.000 millones de dólares y no podrían desprenderse de clientes con enfermedades graves, como sucede en la actualidad. La crisis política sigue abierta: el plan Baucus debe sintetizarse con el surgido del Comité de Salud (que mantiene una opción pública ultra restringida) y después con la Cámara de Representantes. Recién entonces presentarán una ley definitiva al Ejecutivo. Si Obama acepta la eliminación de toda opción pública, el vaticinio republicano de que la reforma sanitaria iba a ser su Waterloo, como lo fue de Clinton, habrá sido certero.

Con un paro fulminante y total del sector tráfico, los trabajadores de la Línea B lograron que la patronal levantara una sanción arbitraria y punitoria a un reconocido activista, conductor, muy querido por todos los compañeros. La patronal ha tomado el hábito perseguir con arbitrariedades y sanciones a delegados y activistas que responden al nuevo sindicato del subte. Por ejemplo, no permite que los delegados legítimos del nuevo sindicato cambien de turno con otros compañeros, como se hace en toda la empresa. En cambio, los “deletruchos”, colocados de prepo por la burocracia de la UTA, tienen permisos y todo tipo de prerrogativas. La sanción en cuestión tuvo como pretexto que el compañero advirtió a los pasajeros, por altoparlante, que había demoras ocasionadas por desperfectos técnicos. Totalmente reglamentario y fundamental para que no se carguen todas las demoras a la cuenta de los “conflictos gremiales”, como hace la empresa. El compañero se negó a firmar la sanción y se presentó en su turno habitual. Al no dejársele subir al tren, los delegados presentes, en rápida consulta con los trabajadores, paralizaron el tráfico de la B y de 6 a 9 de la mañana, hora en la que la patronal levantó la sanción y se retomó el servicio. Una muestra contundente del espíritu que reina en la base del subte y de cuáles son los métodos para frenar la persecución patronal, e incluso para lograr el reconocimiento de los delegados genuinos: la acción directa. Fue importante también la columna de más de un centenar de compañeros en la marcha de la CTA. En el terreno del plan de lucha general, un paro de 6 a 9 de la mañana resuelto para este jueves, como continuidad del plan de lucha hacia el reconocimiento de la nueva organización, fue levantado ante la convocatoria a una reunión por parte del jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo. Hubo opiniones divergentes sobre la oportunidad de levantar la medida. Hay una larga experiencia sobre las maniobras dilatorias del ministerio. En cualquier caso, con el resultado de la reunión en la mano, un plenario general de delegados tendrá que resolver los futuros pasos a tomar. La huelga de Terrabusi y la actitud del gobierno en línea con Kraft, la Embajada yanqui y los “bomberos” Daer y Moyano, dan la pauta de que habrá que reforzar la lucha para arrancarle la inscripción al gobierno y el reconocimiento a la patronal, la aliada más tenaz de UTA.

Casi en simultáneo, mientras daba la orden de reprimir a los trabajadores de Terrabusi-Kraft, la reforma fiscal de Scioli retrocedía ante las presiones de diversas patronales. Se trata de una ‘flexibilización’ en el caso del impuesto en las puertos del 60 por ciento, pues a lo sumo reportaría al fisco 200 millones en lugar de los 500 previstos originalmente. El famoso impuestazo nació herido de muerte antes de salir a luz. El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, anunció también la revisión del inmobiliario rural y los ruralistas dejaron en suspenso un paro que habían proyectado. El aumento tenía características irrisorias. Un predio rural ubicado en Pergamino, es decir en la mejor tierra de la provincia, que estaba pagando 60 pesos por hectárea, pasaría a pagar 120, cuando el precio de mercado asciende a 10.000 ó 12.000 dólares la hectárea. En estas condiciones, lo único que queda en pie es el impuesto a las casas de 50.000 ó 60.000 dólares y el impuesto de sellos sobre los autos usados. Es decir, un ataque en regla la clase media y a un sector de la clase obrera. Está claro que, a lo sumo y con suerte, la reforma fiscal reportaría 500 millones de pesos, frente a un rojo de la provincia, que asciende a 10.000 millones de pesos. El fiasco del impuestazo va a acentuar el empantanamiento y orfandad en que se encuentra Scioli. Otra salida Los Stolbizer, Solá o De Narváez han hecho causa común contra el impuestazo con las patronales del puerto, del campo y de la industria. Reclaman mayor coparticipación del presupuesto nacional, precisamente cuando Boudou ha ido al exterior a pedir financiamiento internacional. Pero las diferencias entre oficialistas y opositores se disipan cuando se trata de promover el ajuste contra el pueblo. Los intendentes sojeros, o que han tomado distancia del kirchnerismo, aplican el mismo libreto en sus comunas que sus pares “nacionales y populares”: postergación salarial de los municipales, no renovación de contratos, despidos encubiertos, paralización de las obras públicas, recorte de servicios y aumentos de las tasas municipales. En la provincia, la crisis capitalista también la pagan los trabajadores.

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Juan Rinaldi, superintendente de Seguros de Salud durante un breve periodo, cuando Graciela Ocaña aún estaba al frente del ministerio, presentó ante el juez Claudio Bonadío documentación que incrimina a la obra social del sindicato de camioneros con irregularidades en el suministro de fondos para el tratamiento de pacientes de alta complejidad. En verdad, esas denuncias contra Moyano datan del año 2006 y las presentó en su momento Juan Pablo Medina, un sindicalista de la Uocra opositor a Gerardo Martínez. Se trata de una caja que maneja más de 20 millones de pesos, con 700 mil miembros, a cuyo frente está la mujer de Moyano, Liliana Esther Zulet. Además, en Camioneros dicen que en nueve años sólo usaron 9 millones de pesos de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud. Sin embargo, otro informe, elaborado por el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) indica que los fondos provistos por la APE al sindicato de los Moyano subieron de 1,7 millón de pesos en 2004 a 14,2 millones en 2008. En el mismo lapso, las solicitudes de ese gremio a la APE pasaron de 89 a 1.445, un aumento del 1.500 por ciento. No sería de extrañar y en el futuro lo será menos aún, ya que Moyano logró colocar al frente de esa Administración a Hugo Sola, uno de sus laderos de confianza. Entretanto, se sabe que las obras sociales vinculadas con la mafia de los medicamentos son más de cincuenta, entre ellas la de Daniel Amoroso, el burócrata macrista que dirige el sindicato de los juegos de azar, represor de la huelga del Casino por cuenta de otro "Yabrán" kirchnerista: el empresario Cristóbal López, dueño de ésa y de varias timbas en todo el país.La burocracia de la Utpba (prensa) y gráficos también empiezan a poner las barbas en remojo.