El alineamiento que parece perfilarse en el Congreso demuestra que está largamente superada la etapa de las divergencias por el monto y el escalonamiento de las retenciones. Las negociaciones que pudieron haber tenido lugar para aproximar posiciones sobre este punto han fracasado sin remedio, si es que alguna vez existió el intento. El proyecto del ex gobernador Solá, que pone un tope del 40% en la escala del impuesto (la resolución oficial lo fija en 47%), casi no fue considerado, a pesar de que, en la semana, el precio internacional de la soja se disparó a 600 dólares la tonelada, 160 dólares por encima del que había alcanzado a mediados de marzo, cuando arrancó el conflicto. Los capitalistas de la soja consideran que la tasa de Solá sigue siendo ‘confiscatoria', mientras se hacen los distraídos sobre la confiscación que implica para el consumidor una suba de casi el 40% en el precio en un lapso de cien días. Menos se deben haber dado cuenta de que el IVA no es móvil y que por lo tanto no baja cuando los precios suben. El acaparamiento de aproximadamente treinta millones de toneladas de soja durante el conflicto ha sido un factor relevante para alentar la especulación internacional al alza del precio del poroto. Los chacareros se comportan como unos consumados capitalistas, mientras algunos de ellos se animan a posar junto a una pechera de la CCC. Una pulseada por el poder El proyecto del gobierno exige ratificar la resolución 125 y el derecho del Ejecutivo para establecer los montos de las retenciones; si lo aprueba, el Congreso estaría renovando una delegación de poderes y por lo tanto el derecho del gobierno para regular a su arbitrio las ganancias del capital agrario. La oposición se ha unido en el rechazo sin que aún se sepa el número de votos del oficialismo que podrían hacerle compañía. Si el gobierno perdiera en este punto, quedaría obligado a renunciar. Un régimen presidencialista acabaría cayendo como lo hacen los parlamentarios, precisamente porque fue a reclamar una ratificación de su poder al Congreso. De la Sota y Binner, curiosamente, se han anticipado al reclamar que se pase a un régimen parlamentario. La semana pasada, un politólogo chileno de derecha escribió en el diario El Mercurio que la reducción de los mandatos presidenciales y la imposibilidad de la reelección servían al objetivo de impedir cualquier cambio, en este caso del régimen que construyó Pinochet y adornó la democracia. En Argentina, la burguesía aún tiene que armar ese régimen ideal para luego pensar en fosilizarlo. Antes de llegar al parlamentarismo, que serviría a los mismos propósitos que acaricia el chileno, en Argentina aún habrá que pasar por sacudidas muy fuertes. La oposición se ha unido en el rechazo de esa ratificación, lo que significa que no la negocia a cambio de ninguna nueva escala de retenciones. Esto, de todos modos, lo puede discutir en el segundo punto, que trata de las modificaciones que propone el gobierno. A partir del rechazo de la resolución 125, se propone recurrir a la Corte y preparar las condiciones para un nuevo lock-out o cortes de ruta y movilizaciones. Apunta a profundizar la división del peronismo, que sigue su curso, al punto que ni Moyano está seguro de seguir al frente de la CGT, por lo que han venido a socorrerlo desde el lugar menos pensado: los ‘gordos' de Cavallieri y West Ocampo. Aunque menos impactante en número, también sigue su curso la división de la ‘coalición plural' y el protagonismo de Cobos. Los números ya no importan Si el gobierno consigue, uno, la aprobación de la ratificación de la Resolución y, dos, la oposición no abandona el Congreso y las entidades rurales no vuelven al lock-out, deberá imponer el voto del segundo punto, que básicamente devuelve las retenciones a los productores hasta un tope de 1.000 toneladas de soja. El gobierno se convertiría en una máquina de subsidios, si se tiene en cuenta que ha pasado de 12.000 millones de pesos, en 2007, a un presupuesto de cerca de 30.000 millones para 2008. Este monto del 15% del gasto público podría alcanzar entonces cifras inimaginables, porque no solamente se subsidiaría a 100.000 productores de mil toneladas sino que los famosos pools de siembra podrían subdividirse administrativamente para hacerse acreedores también a esta devolución de impuestos. Los sojeros, sin embargo, no quieren saber nada con este sistema, lo cual es natural: uno, porque dependerían de un gobierno que ya no tiene superávit fiscal y enfrenta déficit fiscales crecientes de las provincias. Dos, porque el gobierno retiene la posibilidad de aumentar las retenciones en virtud del artículo 1º que le reconoce ese derecho. Tres, porque el mantenimiento de las retenciones y su escala actual le acotan a los sojeros el margen para especular con los precios futuros del grano. Mercado de futuros, consigna chacarera y socialista O sea que nuestros honorables chacareros han comenzado a degustar la ventaja de la ‘volatilidad' de los precios, claro que ahora que están subiendo ¡ni quieren oír hablar de estabilidad! Los izquierdistas que los apoyan con un fervor cuasi religioso han quedado convertidos, como consecuencia de esta circunstancia, en una especie de Indiana Jones del libre mercado, sus adoradores. ¡Que les repongan el mercado de futuros, por dios! piden maoístas y ripollistas al unísono. Por su lado, Lozano, que se dedica a escabullir los problemas, dice, en cambio, que es necesario ordenar esta ‘volatilidad'. Para eso propone retenciones a las exportaciones que se muevan al compás de la volatilidad de los insumos agropecuarios, de modo que, si los costos del campo suben, las retenciones bajen y el precio final del grano pueda subir también. Sería una suerte de retenciones indexadas. Lamentablemente, a nadie se le ocurrió todavía incorporar a un esquema similar a los aumentos de los precios de la canasta familiar (inflación), de modo que cuando suban esos precios, también suba el salario o que cuando caiga el poder adquisitivo del salario, el IVA baje en la misma proporción. Menos el consumidor, que vive de un salario, todo el mundo recibe el beneficio de la indexación de los impuestos a la ‘volatilidad'; solamente él, el trabajador, queda condenado al pago de impuestos confiscatorios y a sufrir la confiscación de la inflación. Esta es la lógica capitalista que hacen suya el gobierno, los opositores y Lozano. Es que de otro modo, si a todos les bajan los impuestos, el Estado quiebra. El parche que ofrece el gobierno a su esquema de retenciones es sencillamente inviable. Las contradicciones que ha engendrado la crisis capitalista internacional superan la capacidad de arbitraje del gobierno, como ocurre, con diverso grado de agudeza, con todos los gobiernos del mundo. Para colmo, ahora se metieron en la crisis de Argentina Lula y Tabaré, cuyos ministros declararon que las retenciones argentinas violan el libre comercio del Mercosur y le otorgan una ventaja desleal, como si eso ya no se hubiera producido bastante con la devaluación del peso, por el lado local, y con los créditos subsidiados de Brasil, cuya tasa de interés, entre otras cosas, no incorpora el riesgo de incumplimiento empresario. Preparando un nuevo choque El alineamiento de los distintos bloques en el Congreso apunta a una sola dirección: a preparar políticamente una ruptura y dirimir el conflicto por otras vías. El fiel de la balanza lo tiene el sector del justicialismo que está abandonando al gobierno. Por las declaraciones de sus voceros, se deduce que estiman prematura una ruptura que lleve a una crisis institucional (golpe y autogolpe). Pero en la crisis se han anotado ya numerosos sectores, con independencia de los agrarios: los petroleros, que reclaman disminución de retenciones y aumentos de precios; la minería, que está levantando la voz por medio del sanjuanino Gioja y el catamarqueño Brizuela del Moral; en general, una amplia porción del capital financiero que ya ha retirado 6.000 millones de dólares y que también explota la ‘volatilidad' comprando dólares a futuro, a un precio igual al que tiene el contado en la actualidad, y que por eso ganaría una fortuna, fuerza una devaluación del peso (recibirían un dólar por tres pesos que podrían vender por encima de ese precio). El agotamiento del gobierno y su inviabilidad política están reflejados en la salida de capitales, en el aumento de la morosidad de los deudores de los bancos (en especial tarjetas de crédito), en el crecimiento de la inflación y de las tasas de interés, en la caída del consumo y la brusca declinación de la tasa de crecimiento del PBI. O sea que las clases sociales comienzan a sentir que es intolerable la situación en su conjunto, resienten el empantanamiento político y presionan por un desenlace. La deliberación política que se manifiesta hoy expresa la disolución de un régimen político, que es el mismo de excepción y transición (gobierna con un régimen de emergencia económica y superpoderes) y el tránsito hacia una nueva forma histórica de dominación política. Por la unidad política independiente del activismo El problema no es ya el enfrentamiento entre distintas soluciones a la crisis planteada por la patronal agraria, sino la emergencia de una crisis política y la posibilidad de un desenlace de fuerza, impuesto por los choques entre los sectores en disputa. La movilización práctica y real de numerosas organizaciones piqueteras el lunes próximo, contra ambos bandos capitalistas y por las reivindicaciones obreras, debe servir como foco de reagrupamiento del activismo sindical y político clasista. Crecen los pronunciamientos anti-capitalistas en los lugares de trabajo. La crisis ha pulverizado las expectativas de que la CTA o determinadas fracciones de la burocracia sindical o de la izquierda del gobierno pudieran colaborar en un nuevo desarrollo sindical y político de la clase obrera. El activismo que lucha debe adoptar definiciones políticas claras, que sirvan para una acción política unificada de los luchadores y de los trabajadores ligados a ellos.