Prensa Obrera N° 1019

El lunes realizamos una muy buena actividad de agitación por las seis horas en el transporte público en Barrancas de Belgrano, que reforzó la actividad realizada el sábado anterior. Entre ambas actividades colocamos veintidós periódicos y conseguimos una lista importante de relaciones en las líneas 64 y 118. Barrancas de Belgrano es el nucleamiento más importante de trabajadores del transporte automotor de la zona norte de la Capital y es cabecera de cuatro líneas de colectivos. El buen resultado de la actividad realizada expresa la sensibilidad de los trabajadores del transporte ante la posibilidad de imposición de sanciones y demuestra el acierto de la campaña por las seis horas para colectiveros y taxistas, como eje de la denuncia contra el registro con puntaje. Surgió además una preocupación latente en los trabajadores: que el registro por puntaje habilite los despidos con causa de trabajadores. Teniendo en cuenta que con la reincidencia en las infracciones la suspensión del trabajador puede ser de tres meses, las patronales van a tener en sus manos la decisión de efectuar los despidos, o de utilizarlos para manipular al conjunto de trabajadores. Es decir, que el registro con puntaje va a debutar además como una herramienta de las patronales para avanzar en una ola de despidos en el gremio.

El viernes 23 se realizó en la peatonal Mendoza y Muñecas un acto por la legalización del aborto, en el marco del Día Internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer. En el acto participaron núcleos de mujeres del Partido Obrero y del PTS. Se realizó una importante agitación. Hablaron dos compañeras y se juntaron centenares de firmas respaldando el reclamo de una ley que legalice el aborto. Ahora se plantea concentrar la campaña alrededor del petitorio en diversos centros laborales y de estudio.

-¿Qué expectativas tienen para la campaña de este año? -Las mejores. Tenemos el objetivo de duplicar la que hicimos el año pasado, pidiéndole su aporte a los activistas que están protagonizando esta lucha y que ya llevan tres años de experiencia de lucha común junto al PO. Muchos de ellos han votado al PO por primera vez, algunos fueron candidatos y varios fueron fiscales en las elecciones. Durante el año hemos protagonizado grandes luchas contra los despidos, como la carpa que montamos en Constitución hace siete meses, donde logramos la reincorporación de todos los despedidos el día de la rebelión popular contra Taselli o las movilizaciones constantes en el último tiempo contra el desguace final de la planta. Así fue que hemos sumado compañeros al círculo partidario y seguimos discutiendo con muchos otros activistas a los que hoy nos alegra llamarlos simpatizantes. Hoy, pese a todos los problemas, seguimos teniendo 13 suscripciones a Prensa Obrera y colocamos unas 35 prensas semanales en la fábrica. Sabiendo hoy que tenemos compañeros despedidos, vaciamientos y traslados a fábricas muertas, y una lucha que no cesa, creemos necesario levantar las consignas contra los despidos en Parmalat: que se vaya Taselli y el Estado se haga cargo de la reactivación de una Parmalat bajo control obrero. Luchemos por el doble aguinaldo y las seis horas para choferes y taxistas, contra la precarización que blanqueen a los trabajadores del Pescado y reincorporen a los trabajadores despedidos del Casino Buenos Aires. Nos encontraremos este año para celebrar todas nuestras luchas y juntar fuerzas para 2008 en el Pic-nic del Partido Obrero.

El martes 20, la “Cooperativa en lucha” del ex Supermercado Tigre convocó a una reunión para lanzar un “movimiento en defensa de la Toma”. Esta convocatoria obedeció a la ofensiva de la Justicia contra la Cooperativa, que tiene vencido los plazos fijados por la ley de expropiación provisoria aprobada en 2004, en la Legislatura santafesina, y a la reciente resolución del Juzgado que considera a los trabajadores de “La Toma” como “ocupantes” y señala la inviabilidad de la “Cooperativa”. Estuvieron presentes concejales, diputados, emprendimientos productivos y sociales, otras empresas recuperadas como Mil Hojas y la Cabaña, la CTA, ATE, Amsafe, Empleados de Comercio, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Más de 100 personas escucharon a Ghioldi, secretario gremial de Comercio, que dio el informe legal, señaló que es un problema general que están sufriendo las empresas recuperadas e informó la propuesta de campaña que ya habían resuelto en reuniones previas de los emprendimientos que funcionan en el “ex supermercado”. Se presentará un petitorio, dirigido a la Presidencia, al gobierno provincial y a diputados y senadores, con la “necesidad de una resolución que permita la continuidad del emprendimiento productivo y de las actividades culturales y sociales, que a partir de la autogestión de los trabajadores funciona en ese lugar desde hace años”. Aunque la reunión fue exclusivamente informativa, quedó planteado un debate con la propuesta que llevó el Partido Obrero. El PO planteó la necesidad de desarrollar una campaña de conjunto, en defensa de las empresas recuperadas y entregó a los asistentes una declaración con una propuesta de programa y de plan de lucha. El eje de la campaña debería ser la expropiación definitiva, sin indemnización, y la entrega gratuita a los trabajadores del ex Supermercado; un planteo aplaudido, pero que no quedó registrado en el petitorio. Un aspecto señalado por los medios de prensa es que en la Legislatura santafesina está presentado un proyecto de ley de expropiación definitiva, realizada por el diputado socialista Bonfatti, que establece que “el Estado provincial se haga cargo de la quiebra, en tanto la cooperativa beneficiada deberá devolver ese monto a través de una línea de crédito a 20 años con dos años de gracia y en cuotas semestrales, a una tasa de interés que no deberá ser superior al 10%”. Este hecho abrió la especulación de que ahora cuando el PS es gobierno, el tema estaría prácticamente resuelto; los principales dirigentes de Empleados de Comercio de Rosario son aliados del binnerismo. Sin embargo, los Kirchner están acaudillando la ofensiva contra las empresas recuperadas en todo el país. Es más necesaria que nunca una campaña de conjunto con un programa de expropiación definitiva y entrega gratuita a los trabajadores como parte de la defensa de todas las empresas recuperadas.

Treinta compañeros y compañeras participamos de la proyección y posterior debate del documental “Mujeres Reb(V)eladas”, que refleja los últimos cien años de historia en la Argentina y la intervención de la mujer en ella. La actividad estuvo precedida por una fuerte agitación en colegios, barrios y medios escritos y orales. Luego de la proyección hubo un importante debate. Uno de los principales ejes fue la necesidad de movilizarnos para obtener la legalización del aborto, y así impedir que sigan muriendo mujeres en abortos clandestinos sin condiciones de seguridad sanitaria. Nuestro desafío es llevar a fondo este debate, abriéndolo a toda la sociedad. Hemos organizado un nuevo encuentro para concretar el plan de lucha votado en asamblea en el último Encuentro Nacional de la Mujer. Todas las compañeras y compañeros que asistimos llevamos una planilla del petitorio por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la Prensa Obrera en mano y partimos con la convicción de dar este gran paso. Desde el FUT- PO llamamos a todas y todos a sumarse para ser miles y poner en pie un gran movimiento de lucha.

-¿Están presentando su nuevo disco? -Estamos presentando nuestro disco “Sexo, Drogas y Rock and Roll” grabado en los estudios de El Abasto, mezclado y pasterizado en el Abastito por Alvaro y Gonzalo Villagra. Lo presentamos el 30 de septiembre, el día de mi cumpleaños, en el Teatrito de la calle Sarmiento 555; cuenta con catorce canciones y hay artistas invitados como Luis Robinson y Lalo Toral en teclados. Somos quien habla, Luciano Napolitano en guitarra y voz, está Matías Arman en batería y Guillermo Rouco en bajo. Del disco participó además, en coros, Diego Tomas, cantante de Sabbathica, una banda under que toca covers de Ozzy —quien además era el primer cantante de la banda “Los Bornes” -banda de donde viene toda esta movida. -Vienen a tocar al Pic-nic del Partido Obrero en diciembre. ¿Cómo llegan? -A partir de este año comenzó una nueva etapa para la banda, porque decidimos tomar otro tipo de mecanismo para con lo que sucede debajo de la tabla. Hay algún punto en común con lo que es la política del Partido Obrero, con lo que es el mecanismo de movernos de “Lovorne”. Todo esto es impulsado por Milton, quien nos está ayudando hace varios meses a hacer la presentación de la banda con lo que son las presentaciones, los afiches y sponsors a cambio de nada, lo hace de corazón. Hay una voluntad, viene todas las semanas y nos habla siempre de política; a nosotros no nos interesa “la política”, hacer política, pero hay un punto en común que es la gestión de los trabajadores. En el caso de “Lovorne”, si nosotros no cobramos el cachet que cobra una banda cuando nos contrata un productor y hay unas monedas, la ponemos para los plomos o para el combustible, pero los músicos no nos quedamos con nada. Hay un punto en común que nos une en la mente de dos mundos; por ahora son los únicos que nos ofrecieron tocar para varias personas, y a la vez nosotros estamos apoyando una causa a la que no vamos y le decimos: “el show sale tanto”; no diría de “onda”, nosotros queremos presentar el disco y como acá es de forma gratuita, vamos de forma gratuita. Acá el único punto en común es la humanidad, por eso me dan ganas de planteárselo a mis compañeros: “Vamos a este lugar”; no es como en otros lugares que va a haber otro tipo de movida.

El matrimonio presidencial se encuentra ocupado por los ajetreos del cambio de mando. Es comprensible, aunque no vaya a cambiar ni el mobiliario ni la vajilla. El gabinete simplemente rota, como en el vóley, o en algún caso entra un suplente. Pero esta escenificación sirve como pantalla para ocultar su complicidad con procesos internos e internacionales que apuntan a derrotar las principales luchas populares. Lo obsesiona derrotar la gran lucha de los compañeros del Casino Puerto Madero y la de los del Pescado de Mar del Plata. En estas dos luchas descollan los piquetes formados por centenares de compañeros de base, que cubren las 24 horas, y por la presencia de una aguerrida vanguardia de trabajadores jóvenes. Por otro lado, Alberto Fernández ya anunció que piensa ignorar el fallo de la Corte que reconoce a los jubilados el ajuste por inflación — hablando al mismo tiempo por Néstor y por Cristina. Aunque ya formaba parte del círculo oficial, el nombramiento del presidente de la francesa Peugeot como embajador en Francia es sintomático. El ‘antiimperialista’ que está ahora había sido nombrado cuando se produjo el choque con la francesa Aguas ‘Argentinas’. Con Sarkozy parece que la cosa es diferente, o se trata probablemente de la necesidad de arreglar con los acreedores nucleados en el Club de París. Este nombramiento hace dudar de que el Senado convalide el reemplazo de los tickets por dinero, ya que perjudicaría a la principal empresa que explota el salario en negro: la francesa Accor. Si se trata de terminar con el negreo del salario habría que suprimir a las agencias de empleo, el trabajo por tiempo parcial y los negociados por pasantías con las camarillas de las universidades — y, claro está, incorporar a los contratados de la administración pública a la planta permanente (en especial a los que cobran por Plan Trabajar) y llevar todos los adicionales al básico. Pero el punto central de este momento es la actitud encubridora que ha adoptado el gobierno ante las iniciativas golpistas de la derecha en Bolivia, y en el caso de Venezuela a partir de la ruptura diplomática provocada por el derechista Uribe. Es un silencio que se desparrama por todo el arco ‘nacional y popular’. La pitada conspirativa la dieron Zapatero y el reyezuelo en Chile, y los Kirchner tienen importantes negocios con los españoles. Por cierto que Morales y Chávez son víctimas de sus propias contradicciones políticas, características de un nacionalismo de contenido capitalista. Mientras de un lado plantean un programa de transformaciones sociales parciales, por el otro se esfuerzan por impedir que los trabajadores intervengan con sus propios medios, esto porque defienden el sistema capitalista y sus instituciones fundamentales. La reforma boliviana sigue en el intento de pactar con la derecha, en tanto que la venezolana no pasa de la pretensión de reforzar un régimen de poder personal dentro de los marcos capitalistas. Rechazamos las dos. Pero esas reformas se han transformado también en el pretexto conveniente para reactualizar las actividades golpistas y contrarrevolucionarias del imperialismo bajo el taparrabos de la defensa de la democracia. No es la primera vez que el gorilismo opera de esa manera. Llamamos a aplastarlo para defender nuestros derechos sociales y políticos No, por supuesto, mediante el voto disciplinado a la reforma constitucional regimentadora de Chávez, ni el texto de compromiso con la derecha de Evo Morales, los cuales jamás servirán, como no han servido nunca, para impedir un golpe. De ningún modo sometiéndonos a la política del nacionalismo, que por sobre todas las cosas pretende impedir la irrupción independiente de los explotados. Sino mediante la movilización en toda América Latina. Denunciamos que el silencio distraído de los Kirchner equivale a una complicidad con los desestabilizadores. Lo mismo hizo Perón, en 1973, cuando se preparaba el golpe contra Salvador Allende. A la generación actual de luchadores le cabe la tarea de aplastar en el nido a los candidatos a Pinochet, sean civiles o militares, de Bolivia o Venezuela. La necesidad de la revolución social se plantea como una tarea actual en toda América Latina (como lo demuestran también las huelgas en Chile, las insurrecciones en México, los levantamientos en Perú, las rebeliones provinciales en Argentina). Pero ellas no serán llevadas adelante por los políticos, carreristas o militares nacionalistas sino por la clase obrera organizada en un partido político independiente. Por la Unidad Socialista de América Latina.

El viernes 23, un guarda de la Línea B sufrió una dura agresión por parte de un usuario; tuvo que ser internado. Algunos usuarios habían reaccionado violentamente contra el trabajador ante la interrupción del servicio producida por una avería en la formación. Los trabajadores y sus delegados de inmediato se reunieron en asamblea y resolvieron ir al paro, que comenzó a las 17 horas y se extendió hasta el final de la jornada. A las 19 horas, en una conferencia, se denunció que la primera responsable de la agresión es la patronal; primero, por la falta de mantenimiento que produce permanentes demoras; segundo, por su persistente campaña contra el Cuerpo de Delegados. A las 19,30 horas, los trabajadores de base de la Línea E resolvieron sumarse solidariamente. La resolución fue recibida como un importante respaldo por los compañeros de la B, que habían propuesto al Cuerpo de Delegados extender la medida a todo el Subte. En el resto de las líneas había una gran predisposición a prestar apoyo. En el Subte, los trabajadores vienen sufriendo todo tipo de persecuciones (cámaras, policías, desafuero a un delegado, suspensiones, etc.). No hay ninguna respuesta al pedido de mayor mantenimiento ni al resto de sus reclamos como la bolsa de trabajo, un criterio justo de ascensos y el doble aguinaldo para fin de año. En los días previos, los trabajadores ya habían recibido hostigamientos por la paralización de distintas formaciones (incluso la misma con la que se produjo el incidente). Una semana antes, en la Línea A, una boletera fue tomada del cuello, luego de que le rompieran el vidriado de la boletería en la estación Miserere. Los trabajadores del Subte son los principales luchadores por un subte seguro y un mejor servicio. El único saboteador de trabajadores y usuarios es Benito Roggio, que se traga los más de 300 millones de pesos de subsidios anuales sin realizar mantenimiento preventivo de formaciones y vías, con la complicidad de la Secretaría de Transporte. El paro de la B y la E demuestra el acierto del planteo de la agrupación Trabajadores de Metrovías de dar una respuesta de conjunto a los ataques, con un primer paro de media hora de advertencia.

El 9 de noviembre, los obreros de la Fundición San Cayetano fueron al paro, hartos de las pésimas condiciones de seguridad. La metalúrgica está ubicada dentro del Parque Industrial de Almirante Brown. Un terrible accidente estuvo a punto de ocasionarle la pérdida de sus piernas a uno de los trabajadores de la planta. Sufrió quemaduras gravísimas al producirse el derrame de hierro líquido sobre su cuerpo. Esto sucedió debido a que la cuchara que carga el metal fundido, estaba rota por falta de mantenimiento. Los obreros denunciaron que la empresa “habla de espíritu de cooperación”, pero no hace nada para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo; los accidentes ocurren a diario. El año pasado, el gancho de un puente grúa se le cayó en la cabeza a otro operario, que estaba en su puesto de trabajo, ocasionándole la muerte. La patronal salió al cruce por los medios locales pidiendo a los trabajadores el abandono de la medida de fuerza y “cooperación para resolver el problema en una instancia de diálogo”. Según el punto de vista de la empresa, la seguridad no sería su responsabilidad sino que “depende de un conjunto de factores”, donde “es fundamental el nivel de eficiencia de los operarios”. La culpa la tienen los trabajadores. El PO realizó, durante la campaña electoral, una sistemática denuncia en los medios y en el propio parque industrial, sobre las pésimas condiciones de trabajo que reinan en el lugar. Lo unimos al reclamo de vecinos de la zona sobre la contaminación de la tierra y el agua, presentamos un proyecto de ordenanza que plantea el ingreso de una comisión obrera-vecinal al organismo mixto que dirige el parque, que controle las condiciones laborales y ambientales de la producción industrial. El Partido Obrero se pone a disposición de la lucha de los obreros de la Fundición San Cayetano. Denunciamos al intendente municipal Manuel Rodríguez como responsable de la catástrofe laboral que sufren a diario los trabajadores de la Fundición San Cayetano y el Parque Industrial. Pongamos en pie comisiones obreras de seguridad, electas en asamblea, que inspeccionen las condiciones laborales y pongan un freno a la súper-explotación que reina en el lugar.

“Tenemos la reforma”, anunció triunfal Nicolás Sarkozy poco después de que los ferroviarios y los trabajadores del transporte público de París (RATP) levantaran la huelga que durante nueve días paralizó el transporte en todo el país y comenzaran las negociaciones con los sindicatos sobre la “reforma” del régimen de “jubilaciones especiales”. Las negociaciones se realizan, como exigía el gobierno, empresa por empresa y se limitan a considerar las “compensaciones” que recibirán los trabajadores. El núcleo de la reforma — la extensión de las cotizaciones de 37,5 a 40 años; el ajuste de las jubilaciones por los precios (y no como hasta ahora, por los salarios) y la reducción para quienes se jubilen anticipadamente— están fuera de la agenda de discusión. Las empresas han comenzado ofreciendo aumentos salariales y compensaciones monetarias por la extensión del período de cotización, algo que los sindicatos han considerado “constructivo”. Se trata de un engaño: cualquier aumento salarial que se obtenga será absorbido en el curso del tiempo. La huelga de nueve días de los ferroviarios y la RATP fueron un “test político” durante los cuales Sarkozy “auscultó la opinión, la determinación de los ferroviarios, la exasperación de los pasajeros, las divisiones de los estudiantes y la solidez de su propio equipo” (Le Monde, 27/11). Durante esos nueve días, funcionó en el Eliseo (el palacio presidencial) una “sala de guerra” que seguía permanente las votaciones de las asambleas, las posiciones de los sindicatos y, dos veces por día (por lo menos), impartía directivas sobre cómo hundir la huelga. ¿Qué sacó en limpio Sarkozy de estos análisis? En primer lugar, la disposición de la burocracia a aceptar la reforma y terminar la huelga. Pero sus informes indicaban la gran combatividad entre los trabajadores de base, los choques entre los trabajadores y las direcciones sindicales, el progreso del sindicato Sud-Rail, que en el ferrocarril (aunque no en la RATP) rechazaba cualquier tipo de negociación sobre la reforma y, finalmente, el progreso en las asambleas de lo que en Francia se denomina “la extrema izquierda” (la Liga Comunista Revolucionaria y Lutte Ouvriere). En vista de todo esto, el “salón de guerra” de Sarkozy dio directas instrucciones a los dirigentes de su partido de no organizar movilizaciones contra la huelga que pudieran radicalizar la situación; al mismo tiempo, ordenó a los ministros involucrados y a los directivos de las empresas no “apretar” a las direcciones sindicales para levantar la huelga. Frente al hecho de que Bernard Thibault, secretario general de la CGT, había sido silbado en varias asambleas generales, Sarkozy ordenó: “Hay que salvar al soldado Thibault y darle tiempo para convencer a sus adherentes que no tienen nada que ganar con un conflicto largo (...) la apertura de las negociaciones será fijada según las condiciones de la CGT” (Le Monde, 27/11). Según Le Monde (27/11), la gran preocupación de Sarkozy era el “manejo de los tiempos”. Forzar a la burocracia a levantar la huelga la hubiera desacreditado ante los trabajadores y favorecido a “los radicales y a las coordinaciones incontrolables”. Permitir que se extendiera hubiera dado alas al movimiento de coordinación que empezaba a crearse por abajo: en la manifestación del 20 de noviembre hizo su aparición pública la coordinadora “Ferroviarios de la Asamblea General”, en la que eran mayoritarios los militantes de Sud-Rail, la LCR y LO (Le Monde, 23/11). Pero los márgenes de la negociación son estrechos. Por un lado, los trabajadores no están dispuestos a regalar su régimen jubilatorio y exigen que todo lo que se negocie sea aprobado en las asambleas. Por otro lado, la propia derecha exige que las “compensaciones” sean mínimas. “Ya se han hecho concesiones; no hay que ir más lejos (porque) entonces no habrá reforma. Si se cede, el quinquenato (el período presidencial) estará terminado”, advierte el diputado oficialista Lionel Hardy (Le Monde, 22/11). “Aperitivo” Según el propio Sarkozy, la reforma de los regímenes jubilatorios especiales ha sido sólo “un aperitivo” (Le Monde, 27/11). Ahora viene la extensión a 41 años de todas las cotizaciones y la reforma del régimen de convenios de trabajo. Pero el “aperitivo” se le puede atragantar porque ha saltado un reclamo inesperado, tanto de los estatales como de los privados: el aumento de los salarios comidos por una inflación en aumento. El gobierno está notoriamente paralizado frente a la cuestión del “poder adquisitivo”; la razón son las gruesas divisiones que existen en su interior. Un ala es partidaria de ciertas reducciones impositivas (sobre el aguinaldo y otros “costos laborales”). Para otro sector del gobierno, esto es inviable como consecuencia de la grave crisis de las finanzas públicas. Su “solución” es aumentar los salarios “trabajando más”: proponen extender las horas extras y aumentar la “productividad” (flexibilización” para “ganar más”. Sarkozy no se pronunció en este debate que encubre otro más general: cómo enfrentar las tendencias recesivas que han comenzado a manifestarse en Francia. Política Sarkozy enfrenta otros problemas, de naturaleza política. No provienen del PS ni del PCF, que han desaparecido de la escena. Pero Sarkozy enfrenta opositores en el propio campo de la derecha, en particular como consecuencia del agudo giro pro-norteamericano que le ha dado a la política exterior de Francia. Entre los gaullistas, la tensión con el Presidente es palpable. Le reprochan aceptar el ingreso de Turquía a la Unión Europea, su apoyo a Bush en Irak e Irán y su alejamiento de los países árabes. No se trata de “opiniones”; hay intereses fuertes en juego: “entre 2000 y 2007, Francia invirtió 30.000 millones de dólares en Irán, a través de empresas como Renault, Peugeot, Citröen, Alcatel y Total”, recuerda la escritora gaullista Nicole Muchnik (El País, 7/11). A la luz de todo esto, Sarkozy puede declararse contento de haber evitado, gracias a la burocracia, una derrota en la huelga ferroviaria que habría hundido a su gobierno. Pero todavía es temprano para que cante victoria.

La situación política de los últimos días se encuentra definida por las crisis de los procesos nacionalistas en América Latina, en particular en Bolivia y Venezuela. En este marco se ubican también la provocación del reyezuelo franquista en Santiago de Chile, así como la decisión del colombiano Uribe de poner fin a la mediación de Chávez para facilitar un canje humanitario de prisioneros con las Farc. En Bolivia, los pulpos petroleros y los mayores latifundistas han lanzado un lock-out contra el gobierno de Evo Morales; el acuerdo establecido para sacar una Constitución pactada había fracasado por completo hacía bastante tiempo. Las petroleras internacionales se han ‘sentado’ sobre las reservas de gas del país y están incumpliendo con las prioridades de abastecimiento al mercado interno, a la Argentina y, por último, a Brasil. Las masas campesinas de las regiones gobernadas por la derecha han comenzado a movilizarse contra las milicias armadas de los latifundistas. Aunque la vigencia de la reforma constitucional que el gobierno está procesando a las apuradas depende de un futuro referendo, la derecha no acepta llegar a esta alternativa. Reclama una autonomía regional que dejaría al gobierno central sin los recursos necesarios para timonear el Estado. Todavía son posibles nuevos pactos entre el oficialismo y la derecha, pero el margen para ellos y sus alcances son cada vez más reducidos. En Venezuela, mientras tanto, un planteo de reforma constitucional que lucía de fácil aprobación hace un par de meses, se enfrenta ahora a la posibilidad de salir airoso con una débil diferencia de votos, lo cual cuestionaría su vigencia y aplicación, e incluso la gobernabilidad. Dentro del chavismo han surgido contradicciones insalvables, tanto por arriba como por abajo. Por arriba, porque una parte del cuerpo militar se resiste a que Chávez transforme a las fuerzas armadas en un coto personal, y advierten el peligro de tener que enfrentar, en esas condiciones, una creciente polarización política. Por abajo porque, por un lado, la inflación y el desabastecimiento han agravado la situación social y, del otro, porque se ha desarrollado una oposición, aún débil, a la tendencia del gobierno a regimentar a las organizaciones populares, en especial los sindicatos, y debido a la manifiesta corrupción dentro del elenco gobernante. La derecha ha salido a explotar estas contradicciones e incluso se ha encontrado con el surgimiento de una oposición militante al chavismo en la masa del movimiento universitario. La derecha está blandiendo la bandera de la democracia para disfrazar sus intereses anti-nacionales y establecer un régimen represivo. Los auxilia en su tarea la desorganización económica causada por la inflación (que amenaza de muerte a la reforma monetaria del gobierno), la imparable corrupción del aparato estatal y el saqueo financiero que lleva adelante la banca privada por medio del mercado negro de divisas. En vez de nacionalizar a los bancos y de impulsar una deliberación política en el ejército, Chávez promueve una reforma dirigida a consagrar un régimen de poder personal, la regimentación de las organizaciones populares, y la obediencia y sujeción absoluta de los distintos niveles de las fuerzas armadas. En este marco de crisis, el presidente colombiano, Uribe, un ultraderechista, desbancó a Chávez de su papel de mediador en el “canje humanitario” de prisioneros entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. Se trata de una provocación muy clara. Por un lado, reafirma la política oficial de darle una salida militar al conflicto armado en Colombia. Por el otro, se anticipa al resultado electoral del próximo domingo con una línea golpista. El episodio pone al desnudo las limitaciones de la política internacional de Chávez, quien creyó que podría convertirse en el vehículo de un compromiso con el Estado terrorista de Uribe (que oficia como peón de Bush), desarticular por esta vía el Plan Colombia y neutralizar la estrategia de Uribe, que es la de tomar por asalto los bastiones de las Farc. Chávez ha respondido con una implacable denuncia de la provocación. Se ha abierto una crisis internacional que puede convertirse en explosiva, porque Uribe ha fracasado reiteradamente en conseguir la solución del conflicto armado. Esto podría estimular el desarrollo de una corriente nacionalista en las fuerzas armadas colombianas — en especial porque, para gran parte de los analistas, Uribe no tendría condiciones de frenar el constante crecimiento electoral del centroizquierda — , que se ha registrado en los últimos años en Colombia. Este cuadro general pone en una adecuada perspectiva el atropello del reyezuelo de Madrid en la reciente ‘cumbre’ Iberoamericana. Como ahora lo admite el progre-monárquico El País (11/11), la actuación del reyezuelo fue una operativo de Estado premeditada, que “fue acordada con Zapatero”. Como también lo admitió el canciller del Estado español, Miguel Moratinos, “Está claro que no compartimos su visión (la de Chávez) y esto ha saltado” (El País, 11/11). Por la boca de Moratinos hablan Repsol, el Banco Santander, BBVA, Telefónica y otros. El resumen de todos estos hechos es que se está creando en América Latina una situación atípica, de características excepcionales, que combina las crisis de los proyectos nacionalistas burgueses con la oportunidad que estas crisis ofrecen al imperialismo para rehacer sus fuerzas sociales diezmadas o dispersas, y reintentar la contención o el aplastamiento de los movimientos nacionales de masas. De Calafate... Mientras ocurría todo esto en América Latina, ¿dónde estaban los Kirchner? ¿De qué lado? ¿Dónde estaban los nacionales y populares de la Argentina? ¿Dónde estaban los Bonasso, los D’Elía, Tumini o Kunkel? ¿Y los Lozano y Solanas? El matrimonio eligió callarse desde el lugar preferido para sus grandes ‘borradas’: la mansión de Calafate. Pero antes de subirse al avión, el Presidente tuvo tiempo del calificar al reyezuelo madrileño de “el mejor político de España”, mientras los voceros de Repsol, Telefónica o el BBVA, acicateados, salían a reclamar “seguridad jurídica” para sus operaciones en el continente. Cuando Kirchner firmó con Evo — hace tres meses — , el acuerdo por un suministro diario de veinte millones de metros cúbicos diarios de gas a la Argentina, le ofreció su “apoyo” en el caso de que “las empresas se pongan duras, y no quieran sacar el gas”. Pura bravuconada, porque ahora que los pulpos petroleros declaran una verdadera huelga de inversiones en el altiplano, Kirchner calla como si obedeciera a una orden del rey. Lula fue incluso más claro, porque anunció que Brasil se retiraba del proyecto petrolero de Mariscal Sucre, en Venezuela, cuyas reservas debían alimentar el megaducto hacia la Argentina. Lula y Kirchner liquidaron el Gasoducto del Sur, al anunciar la construcción de plantas regasificadoras en Uruguay y Argentina, para poder importar gas licuado por mar. Lula y Petrobras le ofrecieron a la futura Presidenta la provisión de gas boliviano y, más adelante, brasileño, transportado en barcos (o sea que el gas boliviano saldrá por puertos brasileños). “Cristina se deslumbró con esos proyectos en Brasil” (La Nación, 21/11). En la misma reunión, Cristina y Lula acordaron apurar la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur e Israel, para anticiparse a un ingreso de Venezuela al Mercosur. La diplomacia kirchnerista y su izquierda, tan activas en 2003 para “contener” la insurrección obrera y campesina en Bolivia, han hecho mutis frente al levantamiento gorila de días pasados. ...a Davos El encubrimiento de las conspiraciones imperialistas por parte de la diplomacia oficial argentina se complementa con el afán que ella ha puesto en aceitar los lazos con “la comunidad internacional”. El futuro embajador argentino en Francia será el presidente local de Peugeot, “en un claro mensaje de acercamiento a la administración de Sarkozy” (El Cronista, 26/11). Esa misma diplomacia está aceitando los contactos para la concurrencia de Cristina al Foro de Davos, del cual en el pasado había dicho que era “lo mismo que el FMI”. Allí buscará arreglar con el llamado Club de París. Pero allí mismo también comprobará que para conseguir financiamiento para pagar deuda externa, deberá además arreglar también con los bonistas que no aceptaron el canje y aumentar las tarifas de los servicios públicos. Si al final del camino cumpliera con todos los requisitos, descubrirá que la crisis internacional ha dejado a los grandes bancos sin capacidad para financiar nada. O sea que, para salir del pantano, el ‘nuevo’ gobierno ha elegido meterse en un callejón sin salida. Es decir que los Kirchner y los militantes nacionales de la Argentina han decidido jugar de encubridores del imperialismo en la crisis que afecta a Bolivia y a Venezuela, en función de sus intereses de clase: el refinanciamiento de la deuda pública argentina y la asociación del capital nacional con el internacional. En ese punto llama la atención el silencio de la prensa argentina acerca de la decisión oficial de aceptar un acuerdo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que reduciría drásticamente los aranceles de importación industrial a cambio de un recorte de los subsidios agrícolas por parte de Estados Unidos y Europa. Este recorte no constituye, sin embargo, ninguna concesión, porque esos subsidios han dejado de ser operativos debido a los elevados precios internacionales que han alcanzado los productos agrícolas (ver nota). Al final, el ‘modelo productivo’ acabará en el museo. Movilización antiimperialista En definitiva, lo fundamental de la situación política argentina, en las vísperas del cambio presidencial, no son las zancadillas que se hacen los miembros de la camarilla oficial ni las rotaciones en el gabinete. Debido a la presión de los intereses de clase, los Kirchner se han alineado con las conspiraciones en curso contra los procesos nacionales e indigenistas, cumpliendo el papel de encubridores. Entre esos intereses de clase hay que incluir por sobre todo la necesidad de los Kirchner de poner fin a las luchas obreras en la Argentina, que los Moyano y los Yasky no logran frenar o desviar. El nacionalismo kirchnerista sufre sus propias contradicciones de clase, con diferencias apenas de grado respecto de las que golpean a Evo o a Chávez. En estas condiciones, llamamos a desplegar en el país una activa movilización en defensa de los procesos nacionales y de las rebeliones populares en todo el continente, desde una posición de defensa y desarrollo de la autonomía y la independencia de la clase obrera, tanto sindical como política. Ganemos la calle contra el golpismo gorila o fascista, por la nacionalización sin pago del petróleo y el gas en todo el continente; por la confiscación del latifundio y la satisfacción de las reivindicaciones de las masas campesinas; por la nacionalización de la banca y del comercio exterior; por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y por el control obrero de la producción. Por la unidad socialista de América Latina. 19 y 20 de diciembre 2001- 2007: Reivindicamos la rebelión popular -Por la defensa de los movimientos nacionales de América Latina contra el imperialismo. -Por el salario igual a la canasta familiar. -Contra el trabajo en negro y precario. -Por la nacionalización sin pago del petróleo y todos los recursos naturales. -Por el derecho al aborto. -Por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los crímenes del Puente Pueyrredón y de Carlos Fuentealba. -Por la aparición con vida de Jorge Julio López -Contra la represión y el matonaje a las luchas obreras. -Por el Casino, por el Indec, por el Bauen y por Zanón, por la victoria de todas las luchas obreras.

No hay “bonus” por inflación en el Smata. El acuerdo firmado por el Smata de Buenos Aires (José Rodríguez) con algunas empresas automotrices no tiene que ver con la inflación. El “plus”, que iría de 2.500 a 3.300 pesos, tiene que ver con un aumento de la producción. El secretario general del Smata Córdoba, Omar Dragún, dio cuenta de la realidad del acuerdo: “este acuerdo tiene una serie de puntos que deben cumplirse en lo que resta del año para que ese sueldo extra sea abonado en enero… los trabajadores deben cubrir nueve en vez de ocho horas diarias, también un cupo de 270 horas extras, con un cumplimiento propio y del grupo del 85 por ciento del objetivo que se ha trazado… De esa manera, según el dirigente, tienen que producir 5.600 unidades más de las programadas… este tipo de convenios, con pagos extras, se firman dentro de lo que las empresas denominan `cumplimiento de objetivos´. Si algo no se cumple, no se cobra el plus”. Más claro... imposible. Sin embargo, se sigue hablando de “plus por inflación”. Hay una confusión creada en torno al acuerdo. El “bonus” condicionará los acuerdos paritarios con las empresas: “General Motors aceptaría conversar con el gremio el pago de una suma, si bien sus directivos ayer aclararon que la negociación será para acordar, a la vez, la paritaria gremial de los próximos dos años. ‘Antes de fin de año nos vamos a sentar a conversar’, anticipó Edgar Lourencon, el ejecutivo brasileño que se hizo cargo de GM Argentina, en reemplazo de Felipe Rovera, quien a su vez acotó: ‘Pero primero deben pasar las elecciones de octubre y también las elecciones del gremio, que serán en diciembre’...” (Clarín, 26/9). La burocracia y la patronal se plantean llegar al “acuerdo social” con cláusulas de productividad (superexplotación) metidas en los acuerdos. La reactivación de la industria automotriz se monta sobre ritmos infernales de trabajo, las tercerizaciones (para las que no hay bonus de ninguna clase) y los contratos eventuales y precarios. En Córdoba, el Smata local no arribó aún a ningún acuerdo. Pero a fin de año vencen los convenios de Fiat y Renault (y en marzo VW). El reclamo es: · Doble aguinaldo ya para compensar la inflación. · Asambleas generales (con trabajadores tercerizados y contratados) para discutir los convenios y elegir paritarios mandatados y revocables por asamblea.

El intendente saliente de Neuquén, el ex lopezmurphista y ahora kirchnerista Horacio “Pechi" Quiroga, anunció el llamado a licitación de 380 viviendas. El Intendente adelantó que la tipología de las casas a construir es acorde a “las características constructivas para las cuales está calificada la Cooperativa de Madres de Plaza de Mayo. Si bien hay un proceso licitatorio, están en condiciones inmejorables de acceder a la construcción de estas 380 viviendas”. El presupuesto asignado es de nada menos que de 45 millones de pesos, casi 120.000 pesos por vivienda. Durante la campaña electoral, Hebe de Bonafini participó de actos proselitistas junto al Intendente y su candidato. Aquí se puede apreciar todo el contenido de esa “alianza”. Hace aproximadamente dos meses, las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén rompieron públicamente con Bonafini por su cooptación al gobierno. Lo hicieron mediante una declaración que reprodujimos en Prensa Obrera. Quiroga es un especialista en los llamados a licitación “a medida”: todo indica que el que estará en “condiciones inmejorables” de ganar la próxima licitación del estacionamiento medido de la ciudad es Benito Roggio (que ya explota la terminal de micros, la recolección de residuos y la venta de pasajes de colectivo). Esa licitación vendrá acompañada por un aumento del precio de entre el 40 y el 100%, y la eliminación de los 10 minutos de gracia y del fraccionamiento del tiempo de permanencia, entre otras cosas. Cada casa que se licita costará cinco veces más que los 24 mil pesos proyectados en el “plan de viviendas populares” que “aportó” en la reciente campaña electoral su aliado del UNE-CTA, el abogado Mariano Mansilla. Mansilla no ha abierto la boca, lo cual confirma que su verdadero “aporte” a la campaña fue la cuota de demagogia que le permitió a los radicales K captar una parte del voto de las miles y miles de familias sin techo de la capital. Quiroga destacó “la continuidad” que representa el plan de gobierno de su sucesor, Martín Farizano; es decir, la continuidad de un gobierno que se ha caracterizado por los desalojos, las topadoras, el alza de la especulación inmobiliaria, los negociados de las constructoras y la connivencia con el MPN. El nuevo Intendente proyecta construir mil viviendas populares en 2008, muy por debajo de las necesarias y mucho menos si se lo pone en perspectiva, ya que la Capital incrementa su población a razón de un 10% o más al año. El Partido Obrero llama a organizar un gran movimiento de lucha por el techo y la vivienda en la capital y en toda la provincia de Neuquén.

-¿No consideran ustedes que con la reforma constitucional se avanza al socialismo como dice Chávez? -Los objetivos de la reforma no son la expropiación a los capitalistas y las transnacionales, la socialización de los medios de producción. Por el contrario, se convalida la propiedad y la explotación capitalista sobre millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos, se vulnera la soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos, especialmente el petróleo, con la figura de la propiedad mixta, que abre de par en par las puertas a las transnacionales. No es cierto que se consolida el poder popular. Se incrementan los porcentajes electorales para revocar mandatos; se niega el derecho al voto para escoger a los vicepresidentes regionales, que los elegirá el Presidente de la República... así como graves restricciones a las garantías democráticas como la libertad de información. -¿No temen que por criticar la reforma constitucional los acusen de contrarrevolucionarios? -Consideramos que no se puede andar calificando como contrarrevolucionario a todos aquellos que disientan con el gobierno. Debemos reivindicar el derecho democrático de cualquier ciudadano, especialmente de los que han defendido este proceso revolucionario, a emitir sus opiniones políticas con absoluta libertad. Los funcionarios que rompieron con Chávez, no han sido nunca verdaderamente revolucionarios ni mucho menos socialistas. Dejaron el chavismo para irse a la oposición de derecha, que es a dónde pertenecen. El problema es que el presidente Chávez siempre les levantó la mano ungiéndolos como ‘revolucionarios’. Este es el destino de gobiernos de colaboración de clases como el del presidente Chávez, que no tienen empacho en albergar en su seno a personajes de derecha y vendérselos al pueblo como de izquierda y revolucionarios. Nosotros hemos estado en primera fila en los días del golpe y del sabotaje petrolero, enfrentando al imperialismo y a sus acólitos nacionales, así como defendiendo el proceso revolucionario, y como decía antes, lo seguiremos defendiendo”. -¿Hay un plan golpista? -Si quieren intentar alguna aventura golpista, se encontrarán nuevamente de frente a los trabajadores y el pueblo. Desde el movimiento sindical movilizaremos a los trabajadores para ocupar inmediatamente todas las empresas, y nos organizaremos para enfrentar al golpismo en todos los terrenos. A diferencia del 2002, hoy estamos en plena capacidad de ejecutar esta acción. Defenderemos las conquistas de este proceso revolucionario y al gobierno del presidente Chávez de cualquiera de sus ataques, tal como lo hicimos en el golpe del 2002 y en el paro-sabotaje petrolero. Pero lo haríamos sin darle un cheque en blanco y manteniendo nuestra total independencia política, en la perspectiva de profundizar el proceso revolucionario rompiendo de verdad con el imperialismo, la burguesía, los terratenientes, así como con los burócratas y corruptos, para lo cual propondríamos un gobierno independiente de los trabajadores, los campesinos y el pueblo. Por ello les planteamos a los trabajadores la necesidad de que nos organicemos en un partido propio de los trabajadores y los sectores oprimidos de la sociedad. Así como la burguesía tiene sus partidos, los trabajadores necesitamos nuestra propia herramienta política para luchar por el poder obrero y popular. Si hay un plan golpista en marcha, como dice el gobierno, le exigimos que hable con toda claridad al pueblo y le diga en qué consiste ese plan, quiénes lo financian y organizan. La mejor forma de desactivarlo es diciéndole al pueblo y a los trabajadores toda la verdad, y organizándonos en los sindicatos, en la comunidades urbanas y rurales para enfrentarlo y defender el proceso revolucionario mediante la movilización. No basta con decir "allí viene el coco", tenemos que saber a quien vamos a enfrentar para derrotarlo.

Luego de la Revolución de Febrero, al igual que en Petrogrado, los bolcheviques sólo contaban con un reducido apoyo en Moscú. Aquí, sin embargo, el clima de “unidad” en torno al gobierno provisional era aún más fuerte. Muchos comités distritales del partido no estaban siquiera claramente diferenciados entre bolcheviques y mencheviques; otros discutían abiertamente la unificación. Las diferencias comenzaron a manifestarse luego del retorno de Lenin y a medida que las masas se enfrentaban con el gobierno provisional. De todas maneras, todavía la influencia de los bolcheviques era muy limitada, como lo pusieron en evidencia las elecciones para la Duma municipal el 25 de junio. Los socialistas revolucionarios ganaron en todos los distritos de la ciudad y obtuvieron una mayoría aplastante (58 por ciento). Los kadetes (burgueses liberales) obtuvieron el 17 por ciento; los mencheviques y los bolcheviques prácticamente empataron en el tercer lugar, con un 11 por ciento 1 . Las jornadas de julio transcurrieron en Moscú en una atmósfera tensa, pero en calma. No hubo, como en Petrogrado, enfrentamientos ni grandes manifestaciones. La represión que se abatió luego contra los bolcheviques fue también menor; en pocas semanas el partido comenzó a recuperar sus fuerzas. La primera gran muestra fue la huelga general que llamaron los bolcheviques para el 12 de agosto, en ocasión de la Conferencia Nacional que se realizaba en la ciudad en la tentativa de sostener al gobierno burgués. A pesar de haber sido convocada con la oposición del Soviet de Moscú, dirigido por los conciliadores, la huelga general fue un gran éxito y marcó el comienzo del ascenso bolchevique entre las masas de Moscú. Fue vertiginoso. Muchas fábricas y soviets distritales comenzaban a tener direcciones bolcheviques. El 5 de septiembre, casi al mismo tiempo que en Petrogrado, el Soviet de Moscú aprobaba por primera vez una resolución presentada por los bolcheviques. El 24 de septiembre (7 de octubre) se realizaron elecciones a dumas de distrito. Los bolcheviques obtuvieron la mayoría con el 51 por ciento de los votos; los kadetes tuvieron el 26 por ciento, mientras que los socialistas revolucionarios se derrumbaron al 14 por ciento y los mencheviques al 4 por ciento. A fines de septiembre, el soviet de Moscú también pasaba a estar dirigido por los bolcheviques. Octubre y la catástrofe que amenaza Así las cosas, en octubre la situación se acercaba hacia un desenlace también en Moscú. La situación económica era catastrófica, aún más que en Petrogrado. Las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo empeoraban día a día. Los precios aumentaban sin parar, dejando atrás los escasos aumentos salariales. Los capitalistas cerraban las fábricas, impulsaban el lock-out, vendían las maquinarias. En nombre de las “dificultades económicas” emprendían un auténtico sabotaje. Los trabajadores de la industria del cuero llevaban diez semanas en huelga. Muchos otros sindicatos planeaban lanzarse al paro en forma inminente. Tal como sucedía en Petrogrado, la crisis había madurado. Ya no se trataba de llevar adelante luchas económicas o incluso huelgas políticas. Lo que se planteaba era la cuestión del poder, de la insurrección. El 19 de octubre (1º de noviembre), el Soviet, ahora dirigido por los bolcheviques, adoptó una serie de medidas que tenían, en palabras de Victor Serge, un carácter “semi-insurreccional”. Disponía que las reivindicaciones de los huelguistas fueran satisfechas de inmediato; los capitalistas acusados de sabotaje industrial debían ser encarcelados. Se establecía que los sindicatos debían garantizar el cumplimiento de la jornada de ocho horas, bajo su propia responsabilidad. Se llamaba a la movilización de las masas y a la toma del poder. Era un llamado directo a la insurrección. El 23 de octubre (5 de noviembre) dio un paso más. Emitió el llamado “decreto número 1”, que establecía que la contratación o despido de los trabajadores eran responsabilidad exclusiva de los comités de fábrica. Al día siguiente se dispuso la creación de una guardia roja. El 25 de octubre (7 de noviembre) estalló la insurrección en Petrogrado. Al calor de estos hechos, y siguiendo el ejemplo de la capital, el Soviet de Moscú dispuso la creación de su propio comité militar revolucionario. La cuestión se discutió abiertamente en el Soviet: los mencheviques y socialistas revolucionarios hicieron conocer su rechazo a la política seguida por los bolcheviques, y llamaron a los trabajadores a mantener el control y no seguir el ejemplo de Petrogrado. Cuando su propuesta fue derrotada en la votación, anunciaron que de todos modos iban a participar en el trabajo del comité, con el objetivo de “mitigar en la medida de lo posible los efectos del proyectado golpe de estado bolchevique” 2 . Es decir, para sabotear la insurrección. La participación de los conciliadores fue autorizada. Al mismo tiempo, la Duma municipal, dominada por los partidos conciliadores, se reunió en secreto, sin la participación de los diputados bolcheviques, y decidió constituir un Comité de Salvación Pública. Se trataba de un órgano para la lucha directa contra la insurrección. Los principales responsables de este organismo eran miembros del partido socialista revolucionario: lo encabezaba el alcalde de la ciudad, llamado Rudnev. El coronel Riabtsev, del mismo partido, se ocupaba de los aspectos organizativos. Era el inicio de la formación de los ejércitos “blancos”. La batalla de Moscú La lucha abierta comenzó el día 27 (9 de noviembre), cuando la Duma y el Comité de Salvación intimaron al Comité Militar Revolucionario a disolverse de inmediato. Lo que siguió fue una batalla callejera que duró varios días. Victor Serge señala que la propia geografía de la ciudad contribuyó a dificultar el desenlace del enfrentamiento: “Moscú tiene el aspecto topográfico de una ciudad que ha ido creciendo en el transcurso de los siglos, desarrollándose en círculos concéntricos en torno a los palacios y a las iglesias del Kremlin (...) La ciudad, edificada sobre colinas, conjunto de callejuelas estrechas cuyas líneas irregulares se entrecruzan, sembrada de innumerables iglesias que se levantan entre jardines, cercada de largos bulevares plantados de árboles, ofrece innumerables posibilidades para el ataque y la defensa” 3 . El Comité Militar Revolucionario tenía su cuartel general en el edificio del Soviet, en el centro de la ciudad. El objetivo de las fuerzas contrarrevolucionarias era ocupar el lugar y detener a sus líderes. El plan de los revolucionarios, en tanto, consistía en resistir ese ataque y esperar que llegasen refuerzos de los suburbios de la ciudad, para tomar a los contrarrevolucionarios por la espalda. El 28 de octubre, los blancos rodearon el Kremlin, ocupado por las fuerzas revolucionarias en las primeras horas de la insurrección. El comandante de la fortaleza, sin contacto con el comité militar revolucionario, se rindió, bajo la promesa de que sería respetada la vida de sus hombres. Pero los oficiales y alumnos de las escuelas militares no cumplieron el pacto. Los obreros del arsenal del Kremlin fueron conducidos a un patio, apuntados con grandes ametralladoras, y se abrió fuego sobre ellos. Sólo algunos lograron salvar la vida. Comenzaba el terror blanco, que se cobraría miles de vidas en la guerra civil. Los fusilamientos del Kremlin, dice Serge, “no eran un hecho aislado... los blancos detenían y fusilaban gente, al azar, casi en todas partes” 4 . Para entonces, las fuerzas contrarrevolucionarias habían recuperado el control de las principales estaciones de ferrocarril, y las centrales eléctrica y telefónica. Ya había, de hecho, una negociación con el comité militar revolucionario para llegar a un armisticio. Pero la noticia de los fusilamientos del Kremlin convenció a los revolucionarios de que debían luchar hasta el final; no había posibilidad de negociación. A pesar de que el cuartel general estaba casi cercado, los refuerzos de guardias rojos y regimientos sublevados llegaban desde las afueras de la ciudad en auxilio de las fuerzas revolucionarias. El 29 de octubre se combatió en forma durísima en todo el centro de la ciudad. Por la tarde se firmó una tregua de veinticuatro horas, pero la llegada de refuerzos para los blancos la rompió. Horas más tarde, los revolucionarios recibieron también refuerzos de artillería, que fueron emplazados en las principales plazas. Los blancos comenzaron a replegarse, hasta atrincherarse en el Kremlin. El bombardeo del Kremlin Se planteaba el asalto final a esa fortaleza. Pero los propios bolcheviques titubeaban y no se decidían a bombardear el histórico edificio. Finalmente comenzó a caer fuego de artillería. “La noticia — cuenta John Reed— se transmitía casi con horror de boca en boca por las calles de Petrogrado. Personas llegadas de ‘la madrecita Moscú de piedra blanca’ relataban cosas atroces. Miles de muertos... Nada de lo cometido por los bolcheviques podía compararse a este pavoroso sacrilegio en el corazón mismo de la santa Rusia” 5 . Los blancos capitularon, finalmente, el 2 de noviembre (15 de noviembre), a las cuatro de la tarde. La insurrección había triunfado, también, en Moscú. Pero la insurrección mostraba aún una indulgencia excesiva hacia sus enemigos. Las cláusulas de la rendición establecían que los oficiales podían conservar sus armas, y que las escuelas militares podrían hacer lo propio con aquellas armas “necesarias para los ejercicios”. Aún más importante, se garantizaba la libertad de todos los implicados en la lucha contrarrevolucionaria. Casi todos ellos iban a reagruparse para combatir de nuevo contra los bolcheviques en la futura guerra civil. Notas 1. Diane Koenker: The Evolution of Party Consciousness in 1917: The Case of the Moscow Workers (1978). 2, 3 y 4. Víctor Serge: El año I de la revolución rusa (1930). 5. John Reed: Diez días que conmovieron al mundo (1919).

Durante casi dos años trabajé en la cuenta Motorola de Teleperformance hasta que fui despedido sin causa, sin explicación alguna, el pasado miércoles 21 de noviembre. La Jefatura ha hecho correr, tal vez queriéndose cubrir, que mi despido se debe a no haber cumplido con una supuesta suplencia. Esto es ficticio. El despido es injustificado. Se debe a que siempre he rechazado los descuentos salariales impuestos, las sanciones y quitas de bonos por faltas justificadas, las sanciones o descuentos por los feriados nacionales y la prepotencia de la empresa, que nos hace trabajar en condiciones insalubres por salarios por debajo de la línea de pobreza. No les da la cara para explicar que mi despido es parte de su política antisindical. Como trabajador estoy cansado de ver cómo despiden a otros trabajadores y avasallan nuestros derechos. Por eso denuncio públicamente esta situación. La política antisindical y discriminatoria de Teleperformance ya ha cobrado muchos despidos. En Motorola ya lo había sufrido Gloria, así como tantos otros compañeros que fueron forzados a renunciar, quitándoles sistemáticamente los bonos y sancionándolos injustificadamente. A esto se suman las decenas de despidos en Vodafone, Arnet y tantos otros. Durante estos dos años he participado activamente en Teleperforados y participo de la Agrupación Clasista Telefónica, que agrupa a trabajadores de Telefónica, Telecom y de diversas empresas tercerizadas de las telecomunicaciones. Los despidos son la respuesta que tiene Teleperformance a quienes nos organizamos para elegir nuestros propios delegados gremiales por el aumento salarial, por las mejoras en las condiciones de trabajo para evitar las enfermedades laborales de la actividad telefónica, por el convenio que nos corresponde, etc. Con los métodos represivos imponen el trabajo precario. A Teleperformance tampoco le interesa la seguridad y la salud de los trabajadores. Muestra contundente de ello es la intoxicación de decenas de compañeros en el Edificio Irigoyen, ya que la empresa impuso el trabajo en un edificio en construcción. (...) Lo único que les interesa es ir a fondo contra los trabajadores para obtener ganancias extraordinarias. (...) Compañeros: ¿Hasta cuándo? No se puede seguir así. Hay que aprender a defendernos entre nosotros mismos y para ello hay que organizarse. Todos sabemos muy bien que si se agacha la cabeza una vez, la próxima serán dos, tres, y así el trabajo será cada vez peor y más denigrante. Para enfrentar la prepotencia del “si no te gusta, andate” de TP, resulta imperioso organizarse. Sólo organizándonos y actuando en conjunto podemos derrotar su política antisindical y de precarización laboral. No se la van a llevar de arriba. Rechazo el despido y exijo la reincorporación. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2007

Los vecinos de la Asamblea de Campo Santo vienen advirtiendo a las autoridades, desde hace mucho tiempo, que hace falta una nueva planta potabilizadora para resolver el problema de la falta de agua en todo el departamento. Pero la empresa privatizada Aguas de Salta, en complicidad con el gobierno, pretende con la construcción de un acueducto redistribuir la escasa agua que tiene Campo Santo hacia localidades vecinas, sin resolver el problema de fondo. La crisis obligó al Concejo Deliberante a sesionar a puertas abiertas, y la comunidad exigió a los concejales resolver el problema en forma inmediata; también impedir a la empresa la continuidad de la obra. Al mismo tiempo, se ha elevado a la Justicia un recurso de amparo y una medida cautelar. El gobierno ha garantizado las ganancias de las compañías privatizadas por medio de tarifazos y subsidios. Urtubey, el nuevo gobernador, dice que se “deben revisar los pliegos de concesión”. No hay nada que revisar. La crisis de la falta de agua es provincial. El pueblo salteño viene reclamando hace mucho tiempo la falta de calidad, devolvió los medidores y realizó numerosas marchas en contra de la empresa. El Partido Obrero propone la estatización de Aguas de Salta bajo control de los trabajadores, vecinos y usuarios sin pago de indemnización a la empresa.

Rafael Fernández, dirigente del Partido de los Trabajadores de Uruguay, y otros militantes populares están siendo procesados por haber quemado una bandera yanqui -algo habitual en un país de tradición antiimperialista como Uruguay- , mientras manifestaban reclamando la libertad de un joven detenido durante 187 días, en una de las masivas protestas contra la visita del genocida Bush. El Partido Obrero se ha sumado a la campaña que, en Uruguay e internacionalmente, reclama el desprocesamiento de los compañeros. Reproducimos a continuación los primeros pronunciamientos de compañeras y compañeros que reclaman a las autoridades uruguayas el inmediato cese de las persecusiones penales y políticias contra estos militantes populares. Edgardo Cherbavaz (secretario general del Sindicato Judicial de Neuquén, Sejun); Jorge Izquierdo (Federación Judicial Argentina); Julio Fuentes (secretario adjunto de ATE nacional); Miguel Sánchez (CTA Neuquén); Alejandra Barragán (concejal de la ciudad de Neuquén, UNE); Horacio Fernández (secretario general de la CTA Neuquén); Mariano Mansilla (abogado de la CTA); Ana Ambroci (concejal de San Martín de los Andes, UNE); Mabel Parra (secretaria general de Aten Plottier); Oscar Dagoberto Fuentes (secretario adjunto de Aten Plottier); Norberto E. Calducci (secretario de Prensa de Aten Plottier); Susana Lamela (congresal CTA Neuquén); Patricia Jure (congresal CTA Neuquén); Guillermo Pacagnini (MST); Elizabeth Dos Santos (Asambleas del Pueblo); Guillermo Rocha (PCR); María Díaz (COR); Bárbara Palla (COR); Alejandro Rodríguez (NOR); Gustavo Lerer (delegado ATE Garrahan); Héctor Heberling (MAS); Marina Alonso (secretaria DDHH Suteba General Sarmiento); Eduardo Saab (PTS y delegado de LAN); Adrián Primerano (presidente del Centro de Estudiantes Sociales, Izquierda Socialista); María Laura Lozano (estudiante); Alicia Segura (empleada); Olga Viviana Leguizamón (trabajadora del Casino Buenos Aires); Graciela Hanauer (delegada de Atento Argentina, Edificio Martínez); Claudia Baigorria (secretaria general ConaduH); María Ester Salas (docente universitaria); María Teresa Basilio (secretaria de Organización ConaduH); Laura Nuever (docente universitaria); Hugo Lavizzari (docente universitario); Horacio Cagnardi (secretario de Finanzas de ConaduH); Santiago Gándara (secretario general AGD-UBA); José Vazeilles (docente universitario); María Rosa Lorenzo (Comisión Directiva AGD Colegio Pellegrini); Gabriel Delisio (secretario general AGD Fadu); Luis Tiscornia (secretario gremial Conadu H); Silvia Lago (docente universitaria); Joaquín Farina (secretario gremial AGD-CBC); Liliana Parada (diputada de la Ciudad de Buenos Aires); Marta Maffei (diputada nacional); Vilma Ripoll (diputada mandato cumplido Ciudad de Buenos Aires); Eduardo Macaluse (diputado nacional); Héctor Bidonde (diputado Ciudad de Buenos Aires); Carlos Tinnirello (diputado nacional); Martín Vidal (docente e integrante del grupo de educadores populares "Pañuelos en Rebeldía"); Juan Dimas (abogado y periodista programa de radio "El otro medio"); Leonardo Pérez Esquivel sSociólogo e integrante de la asamblea de Béccar); Víctor Rodríguez (integrante de Intercuencas); Eduardo Osores y Lucia Stanig (integrantes de la Asamblea Autoconvocada de González Catán); Hugo Galarraga (Asamblea de San Telmo); Hugo Alem (integrante de Intercuencas).

“El sorpresivo relevo de (el general Osvaldo) Montero tiene como fondo la vieja pelea por las partidas para los agentes secretos del Ejército y un quiebre de lealtades personales. Desde la época de Oscar Camilión hay tironeos para saber cómo se gastan esos presupuestos extra” (Clarín, 22/11). Ése es el punto, pero allí las cosas apenas empiezan. El militar relevado tiene un prontuario voluminoso, aunque no lo echan por eso. Comenzó su carrera en 1971, en esa academia de torturadores y criminales que era la Escuela de las Américas, organizada por el Pentágono. A partir de 1976, el aún joven oficial “prestó servicios” en el centro clandestino de detención “El Campito”, en Campo de Mayo, junto con otros jefes aún en actividad. Ya en 2003, Montero fue asesor coordinador en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington DC. Ése era el “hombre de confianza” de Nilda Garré. De todos modos, Montero demostró ser un típico oficial de inteligencia argentino; es decir, un insulto a la inteligencia. El general aceptó gustoso un teléfono celular que le prestó un director de la Side, mientras estaba internado en el Hospital Militar. “Tomá este celular para que me llames cuando quieras”, dicen que le dijo (Clarín, 23/11). Por supuesto, el teléfono estaba “pinchado” por la Secretaría de Inteligencia –ilegalmente, claro está– y le grabaron conversaciones en las cuales despotricaba contra su protectora y promovía su desplazamiento. ¿Con quién habló? Con la directora de Inteligencia Criminal, Verónica Fernández Sagari, subordinada de Aníbal Fernández. Además, en la Casa Rosada atribuyen a Montero el haber “filtrado datos sobre Garré a un polémico sitio en Internet” (Clarín, 23/11). Se trata de la página editada por un grupo de ex miembros de los servicios dedicados ahora a operaciones de prensa, usina de rumores y chantajes varios; el informe está referido a presuntos manejos turbios con los fondos destinados al mantenimiento de material de las Fuerzas Armadas, y sería producto de esas trapisondas la caída de un avión Mirage de la Fuerza Aérea en mayo pasado –el piloto murió– e incluso el incendio a bordo del rompehielos “Almirante Irízar”. Todo ese desmadre se desarrolla en una bolsa de gatos. Montero había sido oficial de confianza del titular del Ejército, Roberto Bendini, pero se pelearon cuando el ahora ex jefe de Inteligencia se aproximó a Garré, con quien Bendini siempre se llevó mal. Por otra parte, se supone que la J II (Inteligencia) depende del director nacional de Inteligencia Estratégica Militar, Carlos Aguilar, ladero del represor Marcelo Saín, interventor en la Policía de Seguridad Aeronáutica. Sin embargo, Montero nunca hablaba con Aguilar y se reportaba directamente a Garré, lo cual también indica cómo funciona una administración camarillesca. Por su parte, el propio Bendini casi no tiene trato con Garré: él se dirige al “cajero” Julio de Vido, a Alicia Kirchner y al matrimonio presidencial. Ellos son sus sostenes, y parece que lo serán también en el gobierno de la señora. Con esta gente al frente del Estado, seguiremos todos en libertad condicional.

— ¿Cuál es la situación en la fábrica? — Hay una situación de bronca generalizada por diferentes factores. Uno es el convenio que el sindicato arregló en abril de 2006; para lograrlo realizamos un plan de lucha (quite de colaboración) durante dos semanas. Rodríguez lo presentó como un exitazo, pero en realidad ni siquiera cubre la inflación. En total es un 40% de aumento, escalonado de la siguiente manera: abril del año pasado, 19%; agosto, 3%; enero de este año, 2%; el resto (16%) recién en marzo y abril de 2008. Hay categorías que no cobran ni 100 pesos de aumento. Podemos decir que, sin nombrarlo, el “Gordo” Rodríguez ya impuso por dos años el pacto social. Otra cuestión importante es la tan remanida lucha por el plus salarial. La empresa nos propuso que, a cambio de trabajar seis sábados enteros (a la mañana) y diez minutos diarios de lunes a viernes durante esas seis semanas, cobrábamos en enero 3.000 pesos. Intervino el sindicato con el cuento que iba a lograr un acuerdo por otros 3.000 pesos. Lo cierto que “gracias” a la intervención de Rodríguez esos seis sábados se convirtieron en siete, el plus absorbe un premio anual que Toyota ya entregaba anteriormente y a ese premio se les hacen todos los descuentos sindicales (cuota, obra social, etc.) Teniendo en cuenta todos los recortes, el refuerzo salarial no llega a los 900 pesos. A todo esto hay que agregarle que si faltamos en uno solo de los días mencionados nos descuentan el 20%. La tercera cuestión conflictiva es el tema de los ritmos de producción. Para que tengas en cuenta, la línea en la que yo trabajo tenía un recorrido de 4 minutos 20 segundos; ahora hacemos el mismo trabajo en 2 minutos 50 segundos, un aumento de casi el 100%. Esto, más allá de las superganancias que significan para la empresa, ha traído prácticamente una “epidemia” de varicocele y hernia de disco, en un plantel obrero que tiene un promedio de edad de no más de 22 años. En la fábrica tenemos una frase: “la muerte y trabajar en Toyota no se le desea a nadie”. — ¿Cómo se manifiesta esa bronca de la que hablás? — En forma de grafittis, carteles y algunos volantes. Recuerdo un grafitti que decía “seamos solidarios, 3.000 para nosotros y 3.000 para el sindicato”. Es el sentimiento generalizado: que nos afanaron 3.000 pesos. — El Partido Obrero lanzó una campaña por el doble aguinaldo. ¿Cómo lo ves? — Creo que debería ser tomada como bandera de toda la clase obrera. El doble aguinaldo tiene que ser un derecho adquirido de los trabajadores. Con convenios como el que firmó Rodríguez, el salario hace la plancha contra una inflación galopante, aunque la quieran maquillar. Por otra parte, el plus salarial no es tal; es más explotación.

El 22 de noviembre, a pocos días de finalizar su mandato, Romero designó en la Corte de Justicia al secretario de Seguridad Gustavo Ferraris, el de la Noche de la Tizas y el del espionaje contra los docentes salteños y legisladores del PO. Romero también envió al parlamento un decreto de necesidad y urgencia para prorrogar la ley de emergencia económica. Cuando planteamos en la sesión del martes 20 la derogación de un artículo que prohíbe la actualización automática de los salarios de los empleados públicos, tanto los diputados del actual oficialismo (Romero) como los del nuevo (Urtubey) se negaron a tratar el proyecto. Más significativo todavía es el ataque del nuevo gobernador Urtubey a la ley de enganche de los empleados judiciales, que es de autoría de sus propios diputados. Urtubey espera que Romero vete la ley de enganche y prorrogue la emergencia económica para usarla contra los trabajadores. El mismo jueves 22, Urtubey acordó con el intendente romerista de la capital, Isa, endeudar al municipio capitalino en 35 millones de pesos a tasa variable para construir un centro cívico.

Un libro biográfico (titulado “Cero a la izquierda”) escrito por el periodista Federico Leicht, se convirtió en un best seller en Uruguay. Se trata de la biografía del ex militante y dirigente tupamaro Jorge Zabalza (apodado “el Tambero"). La vida de Zabalza es suficientemente rica para justificar tal interés: hijo de un rico y prominente dirigente del Partido Nacional (su padre fue Intendente de Lavalleja, diputado y senador, e incluso integró el Consejo Nacional de Gobierno en la época del Poder Ejecutivo colegiado), se convirtió en uno de los más célebres tupamaros. Pasó más de 13 años preso, casi todos ellos en calidad de “rehén” —al igual que otros ocho tupamaros—, lo que significaba estar confinados en aljibes o celdas de aislamiento construidas especialmente en distintos cuarteles del país. De acuerdo con el libro, antes de convertirse en Tupamaro, el joven Zabalza era no sólo un joven sin privaciones ni responsabilidades, sino frívolo, célebre en la ciudad de Minas por los disturbios y sus borracheras nocturnas. Su transformación en militante revolucionario significó un cambio radical en su vida. Antes de ingresar en el MLN-Tupamaros, Zabalza viajó al exterior y vivió casi un año en un kibutz. Luego de volver a Uruguay y fracasar en el intento de ingresar al MLN-T, en 1967 participó —al igual que Ruben Sassano— de un grupo reclutado por el MRO (Movimiento Revolucionario Oriental) para entrenarse en Cuba e ir a combatir con el Che a Bolivia; el asesinato del guerrillero argentino-cubano significó el prematuro final de esa experiencia. Al volver de Cuba, Zabalza logró finalmente integrarse a Los Tupamaros. En 1969, preso en la cárcel de Punta Carretas (de donde sería partícipe de la más numerosa fuga de prisioneros políticos de todo el mundo, en 1971), Zabalza recibe la noticia de la muerte de su hermano Ricardo (cinco años menor que él), quien había caído herido en la ciudad de Pando y fue ejecutado de un tiro en la nuca por el aparato represivo. Todos estos elementos, así como la narración de sus peripecias en la clandestinidad, en las cárceles, en la tortura, su condición de rehén tupamaro, no son sin embargo los que motivaron la celebridad de esta biografía. Existen otros libros que testimonian experiencias similares, aunque tal vez no tan intensas como la del “Tambero”. La novedad y el impacto político de este libro, obedece a las revelaciones sobre hechos posteriores a la dictadura militar, y al balance de Zabalza sobre la debacle política de los Tupamaros, que finalmente se integraron al Estado burgués como una pieza fundamental del gobierno capitalista del Frente Amplio. El debate estalló —incluso con diputados que se insultaron y se trompearon en pleno parlamento— fundamentalmente en torno a la conocida como “masacre de Jacinto Vera” o “del Hospital Filtro”, en la cual el gobierno del Partido Nacional en 1994 ordenó a la policía reprimir brutalmente y a balazos a una manifestación pacífica, que reclamaba por el asilo político a tres vascos que hacían huelga de hambre en contra de su extradición a España. Decenas de heridos y dos muertos de bala fue el resultado de esa masacre. El libro sobre Zabalza afirma que los Tupamaros “contaban con un ómnibus repleto de cócteles molotov y 5 mil miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción”, lo que pretendió ser utilizado por un diputado de extrema derecha del Partido Colorado para justificar la masacre, pese a que dichos “miguelitos” y “cócteles molotov” nunca se utilizaron ante la masividad de la manifestación pacífica. El libro también revela la realización de “expropiaciones” ( tras la dictadura) para financiar al MLN-T y en particular sus medios de prensa (editaban un quincenario que llegó a tirar 23.000 ejemplares, y contaban con una radio), así como los contactos políticos y financieros de Tupamaros con ETA y el MRTA peruano. La biografía narra como en 1993 Zabalza trasladó 30 mil dólares provenientes del grupo peruano para financiar al MLN-T, y cómo en 1996 (cuando ya no integraba el MLN) “estuvo a punto de tomar parte” en la toma de la embajada de Japón en Lima. La importancia de la masacre del Hospital Filtro en la evolución del MLN-T, fue que aceleró el proceso de cooptación de su dirección a la política del Frente Amplio, con el cual mantenía una unidad contradictoria (según el libro, tanto Raúl Sendic como Zabalza y otros 7 dirigentes tupamaros, votaron contra el pedido de ingreso al FA, realizado en 1986 y concretado en 1989, poco después de la muerte de Sendic). El MLN integraba en 1994 una coalición dentro del FA llamada “Movimiento de Participación Popular” (MPP), la cual designó a cuatro dirigentes (entre ellos dos líderes tupamaros, Mujica y Fernández Huidobro) como “asesores” del entonces candidato Tabaré Vázquez. En 1995, Zabalza rompió con el MLN-T, aunque permaneció dentro del MPP junto con otros sectores que formaban su ala izquierda, rechazando esa política de subordinación al vazquismo. En 1997, “el Tambero” se convirtió en una figura política pública de la izquierda cuando, siendo presidente de la Junta Departamental de Montevideo, se opuso a la privatización del Hotel Casino Carrasco. La dirección del MPP intentó durante 14 horas vencer la resistencia de Zabalza y obligarlo a votar a favor o, al menos, a retirarse de la sala sin votar. La negativa del entonces líder del MPP llevó a una crisis política en el Frente Amplio (incluyendo la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia de dicha coalición, y la renuncia del propio Zabalza a la presidencia de la Junta Departamental) y al estallido del MPP entre 1998 y 1999. Los “asesores” de Tabaré habían culminado su integración al Estado capitalista, y serían una pieza clave en la regimentación del movimiento obrero que culminó en el acceso de Vázquez a la presidencia hace tres años. En 2004, Zabalza ya no militaba en ninguna organización del Frente Amplio, ni era candidato a ningún cargo parlamentario; sin embargo, todavía declaraba: “yo voy a votar al Frente Amplio… (porque) desde el punto de vista táctico favorece al desarrollo de la conciencia el hecho de que esa instancia se agote”. La experiencia de los últimos tres años revela con total nitidez el carácter capitalista del gobierno del Frente Amplio, el que impulsa la política del FMI, la firma de un TLC con Bush y la penetración de las multinacionales —como Botnia— que acaparan las tierras, depredan el ambiente y se llevan la renta de la tierra al exterior. Todo esto lo lleva adelante un gobierno cuyo ministro de Agricultura es un viejo Tupamaro, ex rehén de la dictadura, como José Mujica, quien hoy constituye una de las tendencias que impulsan un giro aún más a la derecha del Frente Amplio y su gobierno (incluyendo el ataque a los funcionarios públicos y el impulso a las privatizaciones). La biografía de Zabalza ha tenido un gran impacto, entre otras razones porque quien hace 40 años era un joven que se entrenaba para ir a pelear con el Che, y tuvo un papel fundamental en la lucha de las últimas décadas, denuncia no ya la capitulación sino la completa integración de los viejos líderes tupamaros al régimen burgués y semi-colonial. El título del libro —Zabalza dice que responde a la visión de su autor, y no a la propia— declara al ex dirigente tupamaro un “Cero a la izquierda”. Pero no estar integrado a la cúpula que gobierna el Uruguay no equivale a una “muerte política”, como pretende el título. La “izquierda” sólo se puede (re)construir fuera del Frente Amplio, como oposición de izquierda al gobierno capitalista de colaboración de clases. Los trabajadores vienen agotando sus expectativas en el Frente Amplio, como se ha expresado entre otras cosas en numerosas elecciones sindicales y luchas salariales. El MLN-T está sufriendo desgajamientos por la derecha (como el grupo liderado por Fernández Huidobro) y sobre todo una sangría constante de militantes y adherentes que se desengañan de la política oficial. El Partido Comunista vive una crisis imparable, que se ha manifestado incluso en la renuncia de su ministra de Desarrollo Social al Comité Central, así como en los choques dentro de su aparato sindical. Es hora de poner en pie una alternativa obrera y socialista.

La Corte Suprema zanjó una deuda política rayana con la complicidad. Dejó pasar un año sin definir el caso Badaro, en el cual había reconocido la movilidad de las jubilaciones pero dejando al gobierno y al Congreso la modalidad de su implementación. Ahora fijó expresamente, por unanimidad, que las jubilaciones deben ajustarse por el índice salarial y declaró la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad provisional, de Cavallo y Menem, que reemplazaba el ajuste por un monto arbitrario que debía establecer el Congreso. Pero el fallo no resuelve la situación de un millón de jubilados afectados, ya que sólo tiene validez para el caso en disputa. El gobierno ya ha dicho que se atendrá a lo que resulte de cada juicio, o sea que no generalizará lo decidido por la Corte. Asegura que no tiene el dinero para eso ni para pagar la deuda acumulada como consecuencia de varios años de incumplimiento. Sin embargo, el Anses tiene un superávit de 22.000 millones de pesos, que el gobierno reserva para: a) comprar títulos públicos para pagar la deuda que vence; b) acumular un fondo para sustituir al Banco Central en la compra de dólares del superávit comercial (para evitar, dice, la emisión de moneda o la acumulación de deuda de ese banco). En definitiva, el gobierno reconoce que ha establecido un régimen de confiscación de los aportes jubilatorios. Los perjudicados por el atropello oficial contra lo resuelto por la Corte pone de manifiesto los límites que tiene auto-impuesto el llamado ‘estado de derecho’: cuando favorece el reclamo de un trabajador, no lo extiende, con fuerza ejecutoria, a todos los que se encuentran en la misma situación. Es otra manifestación del principio de la división de poderes: cada uno atiende su juego, mientras el Estado, en su conjunto, esquilma al ciudadano o al trabajador. El gobierno cuenta para llevar adelante su atropello con otro factor: que los involucrados por el fallo se encuentran en la franja de jubilados de mayor edad, lo que dificulta su movilización. Los límites del estado de derecho son acompañados de una gota de perfidia. Nada de esto podría tener lugar, sin embargo, sin la complicidad de las organizaciones sindicales, en cuyos estatutos figura la defensa de sus jubilados. ¿Resistirían Kirchner o el Congreso una movilización conjunta de la CGT y de la CTA con la única reivindicación de hacer valer el fallo de la Corte sin la necesidad de nuevos juicios? La ex primera dama, de todos modos, se despidió el miércoles del Senado con una viva defensa de su actuación en defensa de un poder judicial independiente. La cuestión jubilatoria es, con todo, más amplia, porque no rige ni la movilidad ni el 82% para los trabajadores que deben jubilarse. El salario que se le reconoce al momento del cese laboral es un promedio de los últimos diez años sin ajuste por inflación. El fallo de la Corte debería ser esgrimido para reclamar el ajuste del salario final y la vigencia de la movilidad. Todo un programa.

La gran huelga del Casino por la reincorporación de los 69 despedidos ha ingresado en su segunda semana. La firmeza del paro se mide por el poderoso piquete de huelga mantenido en las tres puertas de ingreso de público, sobre la avenida Brasil, y en un cuarto piquete, a más de cinco cuadras, en la puerta de ingreso de personal. El Casino se encuentra sitiado por sus trabajadores; centenares de ellos defienden la huelga en turnos de piquetes de doce horas desde hace diez días. La magnitud de la resistencia de los trabajadores ha reforzado las tensiones con la patronal — la cual, no hay que olvidarlo, participa del riñón del gobierno (Cristóbal López). Mediante solicitadas y telegramas amenazantes busca aumentar el piso de carneros y envía telegramas de intimación, que emplazan a presentarse a trabajar en términos de horas. Un sector de los que entraron a trabajar está pidiendo licencias médicas por la presión que se vive en el interior del predio; otro sector no va a trabajar y no participa del piquete. La empresa ha fracasado en reiniciar la actividad del juego. El piquete también opera como un factor de “convencimiento” sobre los jugadores y turistas. De los cuatro mil visitantes diarios, sólo cien han ingresado en estos días de huelga, y muchos de ellos lo tuvieron que hacer en combis o accediendo por el río. Los jugadores buscan otros “aires”. Hay videos, difundidos por los huelguistas, que muestren a las salas casi desiertas de jugadores y trabajadores. El gobierno esta dejando desangrar el conflicto. El Ministerio de Trabajo deja correr los días sin dictar ningún tipo de medida a pesar de que se han reiterado las reuniones con los trabajadores, las direcciones de gremios involucrados y la propia empresa. La dirección de Aleara esta abiertamente jugada a la derrota del conflicto, para sacarse de encima la dirección de lucha del Casino. No se ha “declarado en conflicto”, y la patronal sigue señalando que los despidos “son individuales”. La burocracia recomendó a sus afiliados que retomen las tareas habituales para evitar nuevas sanciones, a fin de “no entorpecer las gestiones ante las autoridades ministeriales y la empresa”. (Diario Gremial.com, 26/11). La lucha enfrenta dos grandes desafíos. Mediante el reforzamiento de los piquetes, reducir aún más el número de los que entran y atraer al mismo a los que aún no se han sumado, y por otro lado acentuar los obstáculos a la entrada del público. El conflicto se ha rodeado de una importante solidaridad de sectores en lucha — trabajadores de Parmalat, del Hospital Francés, de la Fuba, del Garrahan, de activistas y delegados telefónicos, delegados del Subte, de docentes, de gráficos, papeleros, del Indec, Terrabussi. En conjunto han emprendido grandes acciones, como la marcha del martes a la Legislatura y a la Plaza de Mayo. El Cuerpo de Delegados se reúne diariamente y realiza también diariamente una asamblea general en el piquete. Trabaja intensamente un fondo de huelga, convoca a reuniones periódicas con todas las organizaciones de lucha (que vuelcan sus opiniones y dan su solidaridad al conflicto) y ha establecido relaciones con distintos sectores que están afuera del campo obrero. La cuestión central de esta pulseada es que todas las organizaciones de lucha redoblemos el esfuerzo para colocar al conflicto en un plano nacional; que comience a provocar no sólo costos econó micos sino todos los costos políticos del intento de dejar a centenares de familias en la calle. Hay que aprovechar a fondo la oportunidad que brinda la transmisión del mando en el Congreso, en la Ciudad y en la Rosada. Podemos ganar porque estamos protagonizando una lucha masiva y extraordinaria.

Mañana, jueves 29, a partir de las nueve de la mañana, familiares, estudiantes y el Partido Obrero se movilizarán por las calles de Orán para reclamar el juicio y castigo a los responsables de la muerte de Ariel Colque, un chico de 15 años que trabajaba en negro juntando piedras en el Ingenio El Tabacal. Hay otro jóven de 17 en gravísimo estado. En la movilización, además de la concejal oranense del PO, Josefa Cardozo, estará presente el diputado Pablo López. Al respecto, el legislador del PO señaló que "si se hubiese actuado en consecuencia a las denuncias de que el Ingenio hace trabajar a los niños, que hicimos el año pasado, se podría haber evitado esta muerte". López agregó: "por el contrario, estas denuncias casi le cuestan la expulsión del Concejo a Josefa Cardozo, la Dirección de Trabajo nos respondía que nunca constataron la presencia de niños trabajando. El Ingenio quiere despegarse del tema acusando a los contratistas, pero es el responsable directo de estas muertes y del trabajo infantil". La convocatoria reclamará, además, el cumplimiento de la ordenanza 1371/05 de autoría del PO, que establece un fondo para la juventud y que el todavía intendente Barberá incumple sistemáticamente. "No queremos que sigan muriendo nuestros jóvenes, por eso vamos por un plan de becas para todos los que las necesiten", señaló Josefa Cardozo. La edil obrera agregó: "el gobierno saliente fue siempre cómplice del Ingenio y de sus atropellos, pero el que viene a gobernar ahora es directamente el Ingenio, ya que el intendente electo es nada menos que su asesor legal".

Sobre la nota de J.V. se ha desatado un interesante debate, en la cual los compañeros que aportan al mismo distorsionan —a mi juicio- el contenido de la nota original. Que haya una relación material entre la constitución fisiológica del cerebro en relación a sus funcionalidades, y que ésta haya evolucionado, no reduce las operaciones mentales a una adecuación fisiológica, aunque ésta sea una de las resultantes de tal aprendizaje. Hay que tomar la materialidad de las operaciones mentales que derivan en ‘la mente’ en un sentido amplio. En primer lugar, la configuración sináptica y fisiológica de todas las operaciones del cerebro son la base subyacente de sus operaciones. Pero no las determinan linealmente. Operan contradictoriamente con una cantidad de estímulos que hacen a la vida del sujeto. Y a las conclusiones que tal sujeto haga de esa experiencia, es decir, su aprendizaje. Esta realimentación entre la base material (sináptica y fisicoquímica) y la experiencia, que a partir de ese sistema llega a tener una existencia tan material como las mismas neuronas, es la que podemos catalogar como ‘mente’ en el sentido de la personalidad, capacidades, etc. Esas ‘rutas’ cerebrales, llamadas engranas, tienen una materialidad de una calidad distinta. Pero igualmente materiales, por imponderables que hoy puedan parecer. En el campo de la inteligencia artificial los autómatas celulares, las redes neuronales y la programación genética, pretenden emular el mecanismo de aprendizaje del cerebro humano (y de mamíferos superiores, además del pulpo y los delfines, hasta donde hoy puede saberse). Pero que puedan emularse los principios básicos de la sinapsis cerebral no significa que el proceso mismo sea transparente. Las operaciones individualizadas de una sinapsis son una categoría diferente a las del pensamiento, totalización de miles de millones de sinapsis simultáneas. El todo es superior a la suma de las partes. Por ejemplo, se ha patentado un modelo de antena, que no fue inventada por ser humano alguno, sino por un programa desarrollado por ‘el inventor’, el cual ha dotado al programa de ciertas premisas y habilitado operaciones recurrentes hasta hallar la solución óptima, a partir de esas premisas generadas por el programador. Las operaciones internas de tales sistemas no son evidentes, y en un sentido amplio, tampoco ‘lógicas’, no hay una evolución de operaciones secuenciales que derivan de ciertos principios o axiomas. El programa no sabe nada de electromagnetismo, ni ‘conoce’ las ecuaciones de Maxwell. Un ser humano no encararía el problema así, ni el programa puede — al menos al nivel de la técnica actual— encarar ‘humanamente’ nada. Estos progresos, que han dejado hace algún tiempo el ámbito experimental para plasmarse en utilidades (por ejemplo, los traductores de idiomas, el desarrollo de medicamentos y máquinas de modo automático), fueron inspirados en analogías con la evolución natural y el funcionamiento sináptico. Descubrimientos y desarrollos que son de por sí una victoria del materialismo dialéctico. Pero estos logros precursores no hacen más que realzar la enorme complejidad de los mecanismos cerebrales. No se ha logrado — aún, ni hay perspectivas inmediatas de lograrlo- ninguna entidad que asuma consciencia de sí misma. Con respecto a la complejidad cerebral se descubrió, por ejemplo, que en lesiones graves unas partes del cerebro pueden readecuarse para suplir funciones atrofiadas, correspondientes a otras. A su vez, estudios topográficos y de resonancia magnética han demostrado que ante patrones repetitivos el cerebro trabaja con partes diferentes y con distinta intensidad. Lejos de una dependencia lineal de la subjetividad a la objetividad, hay una relación dialéctica entre la primera y la segunda (idea ampliamente desarrollada en ‘El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre’ de Engels). En contrapartida, situaciones extremas han llevado a una bestialización a personas cultas. Una expedición polar compuesta por personas experimentadas y solidarias, luego de meses de inanición terminó en el canibalismo. Sucede que en un sentido, esas personas no eran ‘las mismas’ (no sólo por el hambre y las privaciones), sino porque la falta de alimentación había debilitado la materia gris, esa parte de la corteza cerebral, donde literalmente reside la civilización. Ante el debilitamiento de las funciones superiores las funciones básicas toman el mando; el cerebro es una superposición de modelos complementarios y contradictorios (las funciones de alimentación, territorialidad, competencia residen en su parte más profunda, el ‘complejo R’, un cerebro de reptil que convive con las otras capas evolutivas y que todos llevamos dentro, aún PV). La estructura cerebral no determina en primera instancia la personalidad. Pero, en última, sí. Respecto al psicoanálisis, recordemos que los indudables aportes científicos de Freud tienen distintos alcances, unos son generales (el subconsciente), otros refieren a una etapa de la organización social humana y a formas específicas de ésta (la organización familiar, básicamente ‘occidental’). No es un cuerpo homogéneo (‘Pulsión de muerte’). Hay que tomarlo selectivamente. Por mucho que les duela a los ‘humanistas’, las ciencias humanas son las más afectadas a la constitución clasista de la sociedad y por tanto sus aportes están circunscriptos por esta etapa histórica. Volviendo a los aportes de Freud, como toda conquista científica, la aplicación de su método trasciende su objeto inmediato, pero remitir el funcionamiento cerebral y su derivación en la mente a la psicología es degradar mutuamente ambas disciplinas. En síntesis, atacando artificialmente el ‘materialismo vulgar’ del artículo que originó este debate, quienes lo hacen muestran más bien su comprensión débil del materialismo de los procesos cerebrales que derivan en ‘la mente’. Sin duda, los primeros pasos en este camino son aún precarios y sujetos a un mar de conjeturas. Pero menospreciarlos es repetir la fábula de la zorra y las uvas, para proponer… ¿Qué?

La alianza de Hebe de Bonafini con el gobierno va mucho más allá de una “afinidad ideológica” o del carácter ‘progresista’ con que Bonafini quiere investir al gobierno de los Kirchner. Sólo durante 2006, el gobierno nacional entregó casi dos millones de pesos a las Madres; otros cuatro millones fueron aportados por el Gobierno de la Ciudad para “becas”. A eso hay que sumarle los 32 millones de pesos para la construcción de un complejo de viviendas en Villa Soldati. En los últimos días se concretó la enésima “ayuda”, también millonaria: un proyecto financiado por el gobierno para que la Universidad de las Madres otorgue formación a 500 profesionales que trabajarán con las comunidades indígenas. Con el concurso de una universidad privada, el gobierno se lava la cara del verdadero genocidio que sufren estas comunidades y con impávida indolencia asiste a las denuncias hechas por el canal Crónica de las muertes de indígenas por inanición en un país que vive de la exportación de alimentos. Cuando la “afinidad ideológica” llega a niveles tan altos en términos contables se impone el recurso a los servicios profesionales de un economista. Felisa Miceli ha sido incorporada al equipo de las Madres. Se acabaron las rondas; se acabó la protesta destemplada; se acabó apoyar algún conflicto. La figura del ahora poderoso abogado-empresario Sergio Shocklender domina el 80% de las actividades de la institución. A las Madres sólo queda darles un amargo consejo, advertir a Felisa Miceli: “No olvidar objetos personales a bordo”.

La empresa Coto, desde hace más de dos años, viene aplicando una política de despidos constantes, salarios de miseria, presiones y persecuciones de todo tipo. Hace un año los trabajadores de Coto levantaron durante tres meses una carpa contra los despidos luego de obtener la reincorporación de los compañeros y la separación del gerente de la sucursal 99. El sábado, después de que llegara a Rosario el mismo Alfredo Coto, fueron despedidos cuatro compañeros con la excusa de la desaparición de 3.000 pesos. Rápidamente, los trabajadores se convocaron en asamblea. Con la dirección de los delegados de Resistencia Mercantil se votó darle 48 horas a la empresa para reincorporar a los despedidos. La empresa contestó que no reincorporaría a nadie. El viernes a las 6 de la mañana, primer horario de ingreso, los activistas garantizaron que no entrara ningún compañero. Con la solidaridad de la comisión interna del Lavadero Virasoro y de la UJS, se realizaron piquetes junto a los compañeros. El personal jerárquico, al ver que el paro comenzaba a ser un éxito, armó algunas provocaciones que fueron rápidamente contestadas por los compañeros. Cerca de las 7 de la mañana, la empresa desembarcó, con total impunidad, un camión con cerca de 30 patoteros de la seguridad de la empresa, encabezados por un gerente (el mismo que los trabajadores había hecho rajar de la sucursal 99). En ese momento se comprobó la decisión de los trabajadores, que resistieron con una firmeza ejemplar a los patoteros. La patota de la patronal hirió a dos compañeros, entre ellos el delegado de la sucursal. Frente a esta situación, los trabajadores ratificaron, en asamblea, la medida de fuerza. La resistencia de los trabajadores duró todo el día, con corte de calles y quema de gomas; se logró impedir que el supermercado abriera sus puertas. Un conjunto de activistas sindicales se acercó a la sucursal para realizar un acto de apoyo. Por la tarde, la patota debió irse en los autos de la policía, hostigada por los trabajadores y el activismo. La victoria era absoluta. Una asamblea decidió entregar un petitorio como última instancia de discusión, dejando claro que se cumpliría el paro de 24 horas y que, de no haber respuesta o de haber represión, se realizaría uno de 48 horas en la semana. Al otro día, una comitiva de la empresa propuso garantizar el cese de todo tipo de despidos y sanciones; pagar el día y el presentismo; abrir la discusión de las condiciones de trabajo y sacar de la sucursal al gerente que ya los trabajadores de la 99 habían echado. Los trabajadores reunidos en asamblea, plantearon aceptar en principio y levantar en lo inmediato el paro de 48 horas, iniciar una causa penal por las agresiones, discutir los 25 puntos del petitorio elevado y reclamar a la dirección del Sindicato de Comercio de Rosario que oficialice el reclamo de la asamblea. La derrota de Coto y su patota abre una importante perspectiva a los trabajadores y al conjunto de los mercantiles. Resistencia Mercantil seguirá comprometida batallando por el desarrollo de la lucha y la resistencia de los trabajadores contra la patronal de Coto y el conjunto de las patronales, y la lucha por la reincorporación de los compañeros despedidos de cualquier sucursal y la elección de delegados en todos los establecimientos. La lucha del Coto en la web Ya puede verse en la web nuestro video-informe “Resistencia Mercantil: Un paro histórico”. www.argentina.indymedia.org/news/2007/11/567515.php

Durante la última cosecha, las patronales del citrus argumentaron que la producción limonera estaba en crisis y que por ese motivo no estaban en condiciones de otorgar una mejora sustantiva de los salarios. La dirigencia de Uatre (trabajadores rurales) aceptó esos argumentos y pactó un aumento del 13% (por debajo incluso del tope que el gobierno nacional había impuesto en las negociaciones salariales). El salario básico está por debajo de los niveles de pobreza. Terminada la cosecha, Sánchez Loria, presidente de la ATC (Asociación Tucumán del Citrus), declaró que “la zafra 2007 fue muy buena... durante esta campaña, se exportó un 15% más de fruta fresca... los precios son estables y se están sosteniendo en el tiempo” (El Periódico, 10/11). El empresario explicó, además, que “gran parte de la recuperación del sector se debió al buen comportamiento que experimentaron los precios de los derivados industriales del limón, destacando que la fruta con destino a la industria revalorizó su precio en más de un 100% respecto al 2006. Hay que tener en cuenta que el 70% de la cosecha Tucumán está destinada a molienda. Los valores de los derivados industriales significan hoy un 50% de los ingresos de toda la actividad” (ídem). En las últimas semanas se han producido diversas acciones de los obreros del citrus por la ampliación de planes interzafras. Como viene ocurriendo todos los años, miles de trabajadores quedan sin ningún ingreso, trabajan en negro, sólo reciben planes los que están en blanco. Pero los planes no alcanzan para todos y su monto apenas llega a la mitad de un ingreso de indigencia. Es claro por qué hay una bronca creciente. Las patronales se lavan las manos, los reclamos van dirigidos al gobierno que utiliza recursos nacionales para otorgar los planes. La lucha por asegurar los planes interzafra tiene que servir de base para la preparación de la lucha por la recomposición salarial que se deberá encarar con la nueva cosecha y para reclamar, en lo inmediato, un doble aguinaldo a cargo de las patronales. Durante la última cosecha se han producido algunos hechos destacables, como la lucha en Citrusvil, donde se puso en pie un Cuerpo de Delegados combativos que ha unido en una lucha común a los efectivos y tercerizados. Esta lucha impactó en otras empresas, donde se han conformado nuevos cuerpos de delegados enfrentados a la burocracia. La tarea es extender la organización combativa entre empacadores y cosecheros y reclamar el funcionamiento del plenario de delegados y la asamblea general del gremio para impulsar los reclamos, bajo control de los propios trabajadores.

El proyecto de ley para “eliminar gradualmente” los tickets le devuelve a los salarios en dinero el lugar que le corresponde y que perdieron por responsabilidad de la misma burocracia sindical que ahora los defiende. Los tickets representan un enorme negocio para sus emisores, y beneficia a las patronales porque no se computan para los aportes sociales, vacaciones, horas extras y aguinaldos — o sea que también representan una quita del salario. Habrá que ver ahora si su eliminación es tomada por las patronales como un aumento a cuenta de futuras paritarias. ¿Será aprobado? Todo indicaba que sí, el miércoles 28 en Diputados, jaqueado por la denuncia de intento de coima al diputado Recalde. Pero todavía tiene que pasar por el Senado. Las empresas emisoras han comenzado una campaña brutal para impedir su sanción. Son veintisiete parásitos que lucran con la intermediación de estos vales, atendiendo a 45.000 empresas por cerca de siete mil millones de pesos al año. El Senado se verá en figurillas para acompañar el proyecto, ahora que la nueva Presidenta ha elegido a un hombre de Peugeot para representarnos ante Francia, a la cual pertenece la principal ticketera —el pulpo Accor. Las contradicciones tampoco terminan aquí, porque simultáneamente el ministro Tomada resolvía ampliar de 15 a 25 pesos el tope que se podía pagar con tickets de almuerzo. O sea que una parte del gobierno alentaba una eliminación gradual mientras otra parte promovía un uso mayor de los papelitos. Los tickets se han transformado en piedra de pendencia entre dos clanes del gabinete y pone de manifiesto la rivalidad que se ha creado entre Moyano y Tomada, o la voluntad del primero de quedarse con el Ministerio de Trabajo. El pago de los salarios en dinero incrementa los ingresos de la Anses, que en estos días estuvo poniendo plata para pagar la deuda pública. El fisco ha pasado a cobrar una importancia mayor que la habitual, porque de él depende la capacidad del Estado para arbitrar los conflictos sociales y manejarse con el capital financiero internacional. En momentos en que tiende a secarse el ingreso de fondos del exterior, debido a la crisis mundial, todos los estados están tratando de reforzar su propia caja. La próxima presidenta deberá laudar entre las necesidades de la Anses y el compromiso de llegar a un acuerdo con los capitales que forman el Club de París. Salarios en blanco El salario no solamente está negreado por los tickets; el 40% de los trabajadores cobran en negro. En la mayor parte de los casos sin ningún registro, en otros bajo la forma de adicionales de distinto orden, que en algunos casos cubren el 50% de la remuneración. Una parte de la burocracia alardea con la eliminación de los tickets para mejor conservar el resto de los ítems. Ctera, por ejemplo, no está aprovechando la agitación por los tickets para exigir la incorporación al básico de todos los adicionales, sean remunerativos o no. Hay que llevar este tema a las paritarias, pero para ello la representación sindical y los anteproyectos de convenio no pueden seguir siendo el monopolio de la burocracia; deben ser objeto de elaboración, discusión y votación en asambleas o congresos de delegados electos en los lugares de trabajo.

El viernes 16 de noviembre, la Asamblea Autoconvocada de docentes, con mandato de base, impuso un paro de 48 horas para los días 21 y 22. En un acto desesperado de la burocracia celeste, el plenario de la UTE (19/11) resolvió sumarse al paro. La Celeste fue arrastrada por las bases docentes a hacer lo que no hizo durante años. Así, los docentes encontramos la solución para un largo debate: cómo desenvolver un plan de lucha efectivo contra la fragmentación de los sindicatos, la burocracia sindical traidora y el gobierno. El paro de 48 horas fue masivo. En primaria paró más del 90% y en media más del 70%. Esto demuestra a las claras que el año no está cerrado y que la tendencia a la lucha va a en permanente crecimiento. El acatamiento al paro fue total porque las condiciones laborales de los docentes son insostenibles. Fue una medida de lucha que surgió de las propias bases docentes a la que la burocracia de todos los sindicatos se vieron obligadas a acatar. En la Asamblea del 21 se votó la convocatoria a una nueva Asamblea con mandato para el 30 de noviembre, la difusión de una carta abierta a los padres explicando el conflicto docente, la participación en la movilización de la docencia combativa de provincia de Buenos Aires el 29 de noviembre y la elaboración de una declaración por el derecho de huelga, en contra de los descuentos extorsivos de Solá y por el fondo de huelga, entre otras mociones aprobadas. Sigamos desarrollando la Autoconvocatoria. Sigamos rompiendo el pacto social. Los docentes agrupados en Tribuna Docente proponemos: • Movilizaciones a la jefatura de gobierno y cacerolazos desde las escuelas a la supervisión de cada distrito. • Autoconvocatoria y plan de lucha con paros progresivos para ganar: • Salario básico igual a la canasta familiar. • Pago inmediato de Doble Aguinaldo para paliar la inflación. • 82% móvil para jubilados. • Triplicación del presupuesto educativo. • Pago en tiempo y forma de suplentes e interinos. • Titularización inmediata con un año de antigüedad en todas las áreas. • Pase a planta permanente de contratados del área educación del GCBA.

El 6 de octubre se realizaron elecciones en Uatre (trabajadores rurales) para renovar autoridades en las seccionales que integran la federación local. En cinco seccionales corrió una lista única de la burocracia. En la principal seccional, la 651, la de los empacadores, se presentaron cuatro listas: la oficial de la burocracia, dos listas auspiciadas por el gobierno (una ligada a Barrios de Pie) y una lista antiburocrática, la Lista Naranja. Las elecciones se realizaron cuando la cosecha había concluido; la concurrencia a votar dependía en gran medida de que cada lista llevara a los trabajadores a votar. La seccional de empacadores abarca media provincia. Durante la campaña, la burocracia armó la lista de beneficiarios de los planes interzafra. El día de las elecciones se pagaba 50 pesos por voto más los consabidos bolsones; la burocracia movilizó una impresionante cantidad de vehículos. Aunque la lista oficial fue la que hizo el mayor despliegue de aparato, también hicieron lo suyos las otras dos listas burocráticas. La Naranja hizo una campaña a pulmón que llegó a muchos trabajadores. Sobre un padrón de 3.000 trabajadores, la Naranja salió segunda con 200 votos; superando a las dos listas burocráticas de oposición. La lista de la dirección del sindicato obtuvo 600 votos. A partir de este reagrupamiento de luchadores tenemos que encarar las próxima batallas que van a estar concentradas en la lucha por el salario.

Durante los cuatro años de gobierno de Kirchner se fue instalando un aparato de represión para-estatal, formado principalmente por la burocracia sindical, pero no sólo por ella. Hemos visto cómo, en Neuquén, la Uocra atacó a docentes en huelga; cómo Apuba atacó estudiantes durante la lucha por la democratización de la UBA; barrabravas golpeando a trabajadores del Hospital Francés y a supuestos comerciantes expulsando a ambientalistas de la ruta en Colón (Entre Ríos). En los últimos días esto se ha repetido, de la mano del Somu del “Caballo” Suárez, en el ataque a los trabajadores del Casino. Esto no ha sido óbice para que la Gendarmería se haya instalado en Santa Cruz y en el Hospital Francés, ni para la creciente intervención de la Guardia de Infantería en desalojos y contra las ferias que se organizan en los parques por fuera de las mafias. En los últimos días hemos asistido a la represión abierta, y ante las cámaras de televisión, de los trabajadores del transporte por parte de la Infantería, y de la Prefectura contra los trabajadores del Casino. De la mano de estos hechos crece la criminalización de las luchas obreras y la utilización de la Justicia como herramienta contra los trabajadores. Las patronales han comenzado una caza de delegados combativos, de la mano del gobierno nacional, como instancia previa (y necesaria) a un pacto social. Se han iniciado procesos de desafuero contra delegados de distintos cuerpos de delegados combativos; tal el caso de Metrovías, pero no es el único. Paralelamente, la Presidenta electa dice que hay que acelerar los juicios a los represores. Veremos desfilar por los medios a testigos y organismos en procesos limitados, paralelamente al crecimiento de los pedidos de desafuero y la represión a huelgas de toda índole. Debemos prepararnos.

Porque juntos enseñamos, investigamos, defendemos la universidad pública, luchamos por el salario equivalente a canasta familiar para todos y la jubilación del 82% móvil. Entonces, ¿cómo no vamos a divertirnos juntos? Es el sábado 8 de diciembre, desde las 21 horas, en el Quincho de Exactas (al lado del estacionamiento del Pabellón II)... Entrada gratis, consumición bajísima, baile hasta la madrugada... Juegos para chicos y canchita de fútbol... La AGD pondrá micros cada hora desde Plaza Italia (sobre Av. Sarmiento) para llegar y salir...

Jorge: Me parece que ante la agudización del proceso tendríamos que proponer la convocatoria a una conferencia latinoamericana de organizaciones obreras, populares y de izquierda en apoyo de la revolución boliviana y por la nacionalización sin pago del gas y del petróleo. Algo parecido a lo que se planteó en su momento para Europa contra las guerras imperialistas de sus gobiernos. Sería de apoyo a una revolución en curso cuya dirección nacionalista es incapaz de llevar a la victoria. La conferencia latinoamericana no tendría un sentido "defensivo" sino "ofensivo". Esto abriría la posibilidad de un reagrupamiento clasista en el continente que se delimitaría del nacionalismo burgués y de la izquierda pedorra. Un abrazo

Se inició el juicio a los once acusados de “daño calificado” por haber desalambrado un campo en defensa de la posesión histórica de una familia campesina del paraje Cañada Larga, cercano a la localidad de Tuclame, en el noroeste cordobés. Tres de los acusados fueron imputados sin siquiera haber estado en el lugar, pero son los mismos que el 5 de febrero de 2005 defendieron el campo de 1.039 hectáreas en y del que la familia Loyola vive desde hace tres generaciones. Entre los acusados hay dos miembros de la familia Loyola, vecinos campesinos, varios militantes e ingenieros agrónomos de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), dos periodistas, una militante cristiana y el sacerdote Carlos Julio Sánchez, párroco de Serrezuela y director de la radio FM comunitaria San Cayetano. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el viernes próximo para concurrir a Cañada Larga e inspeccionar el lugar del conflicto. El fiscal que instruyó la causa, Raúl Casado, está en lista de espera en el Jurado de Enjuiciamiento, sospechado de haber participado de un vasta red de tráfico de influencias, estafas y otros delitos. Al salir de la gélida sede de Tribunales, a los acusados los recibió el implacable sol cruzdelejeño, un cerrado aplauso y un coro que decía: “Quiénes somos: ¡Campesinos! Qué queremos: ¡Tierra, trabajo y justicia!”. *Agencia de Noticia del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA)

En el marco del plan de lucha nacional, la Conadu Histórica durante el día jueves 22 de noviembre se instalará frente al Congreso de la Nación para reclamar, en el momento en el que se discute el presupuesto nacional, la inmediata triplicación del presupuesto universitario, el salario equivalente a canasta familiar (media canasta para el cargo testigo), el salario para todos los ad honorem y por ajuste de emergencia, frente a la carestía, el doble aguinaldo para este fin de año. Paralelamente, reclamará que el proyecto de jubilaciones móviles para los docentes universitarios que ha presentado la Federación y que ya tiene estado parlamentario, sea aprobado inmediatamente. Durante la jornada se llevaran a cabo mesas y charlas sobre presupuesto, jubilaciones, obra social, salud y medicamentos, entre otras; una conferencia de prensa y radio abierta.

La reducción de la jornada laboral es otra de las cuestiones que más atraen a los trabajadores y trabajadoras (Art. 90), y es que esto ha sido parte histórica de la luchas de la clase obrera en general, y de los comunistas en particular, reivindicando el derecho al tiempo libre que debe tener la clase. Pero veamos la realidad del asunto. En primer lugar, cabe señalar que en nuestro país prácticamente la mitad de la población trabajadora se encuentra ocupada en el sector informal, por lo que en nada afectará esta disposición sus ritmos y condiciones de trabajo. Sólo para la mitad de la clase trabajadora del país podría llegar a tener efecto esta disposición. Luego de aclarado esto, conviene recordar que Chávez y los ministros han dicho que no se trata de disminuir la productividad, que ésta debe ¡mantenerse! Sabemos que la manera de mantenerla puede ser, incorporando nuevos trabajadores, nueva tecnología o intensificando la jornada de trabajo. Con seguridad se puede esperar que el sector patronal, buscando lo más fácil y lo que más le convenga, no dudará en tratar de hacer efectiva la última opción. De ser así, se tratará de hacer producir o rendir lo mismo en menos tiempo, es decir, mantener con las 6 horas la cuota de explotación (plusvalía) que obtienen hoy con 8 horas, con lo que en realidad podría hacerse más intensivo el desgaste físico y mental de los trabajadores y trabajadoras. Es que para que realmente se opere una reducción de las horas y la carga de trabajo, que implique liberación de tiempo para el trabajador o trabajadora, sin afectar su salario, lo fundamental es la existencia de una correlación de fuerzas favorable de la clase trabajadora con respecto a sus patronos. El tiempo de trabajo es central en la dinámica de la economía capitalista, pues se trata del tiempo por el cual se compra la fuerza de trabajo, la única "mercancía" capaz de general valor, es así columna vertebral en la generación de más o menos plusvalía. Por eso ha sido motivo de grandes disputas y luchas históricas y lo sigue siendo hoy en cada lugar de trabajo. De allí que la nominación formal en una ley no implica ninguna garantía real de cumplimiento, porque se pone en juego la tasa de ganancia de los capitalistas. Por eso, vista esta disposición formal en el marco de la política real del gobierno de cada vez más acercamientos con sectores del empresariado nacional, en una "alianza" para impulsar la producción y la industria "nacional", de su afirmación de que no debe disminuir la productividad, junto a su rechazo a la autonomía de los sindicatos y el intento de avanzar en controlar las organizaciones obreras, todo hace augurar que entre la enunciación y la ejecución real de la misma, estará de por medio la lucha entre el interés de las ganancias patronales y la lucha de la clase trabajadora. Y precisamente, aspectos que suman contra las luchas obreras, como son la garantía de la continuidad del poder de los capitalistas y los mecanismos de control del movimiento de masas, forman parte fundamental de esta propuesta de Reforma. Contra toda esta charlatanería, los y las socialistas planteamos una salida verdaderamente obrera revolucionaria para el problema de la desocupación y el salario. ¡La distribución de todas las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con salario igual a la Canasta Básica, indexado automáticamente al aumentar la inflación! Se divide el total de horas de trabajo nacional entre el total de las personas dispuestas para trabajar y así se determina la duración de la jornada de trabajo semanal, con un salario igual al costo de la canasta básica (es decir, no 614.000, sino, como mínimo, 1.750.000) que aumenta automáticamente (diariamente) al variar la inflación. Así se busca garantizar empleo para todos y todas y un salario digno. Los capitalistas pegarán el grito en el cielo, dirán que eso es insostenible, que no pueden mantenerlo, que los llevaría a la quiebra, etc., etc. Pero eso es entonces una confesión de que son incapaces de manejar la economía del país, pues, ¡eso no es socialismo aún!, lo único que se plantea es garantizar empleo (el único derecho real de los trabajadores en el capitalismo) y salario digno para vivir, y si los capitalistas dicen que no pueden hacer otra cosa que no sea condenar a grandes franjas de las masas trabajadoras a la precariedad e indigencia (por desempleo, trabajos miserables, etc.), entonces demuestran que ya no puede seguir en sus manos la economía de país, que deben darle paso a la economía manejada por los propios productores de las riquezas, los trabajadores. "Ya que ustedes los capitalistas confiesan que no pueden garantizarnos condiciones mínimas decentes de vida, entonces déjennos a nosotros manejar la economía del país", dirán los trabajadores y trabajadoras. Pero nada tiene que ver con esto la propuesta de Reforma Constitucional.

Tres semanas después de la masacre en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero, ni siquiera se sabe exactamente cuántos reclusos fueron asesinados allí el domingo 4 de noviembre. En principio, la gobernación sostuvo que los muertos eran 31, pero la fiscalía general hablaba de 33. La cuestión derivó en escándalo cuando días después falleció en el hospital otro de los heridos, Ramón Ariel Gutiérrez, porque ese hombre no estaba en la lista de internados. Por eso, la defensora ante la Cámara de Apelaciones, Carmen Morán, dijo: “Apareció no se sabe de dónde, me temo que pueda haber más sin que se conozca” (Página/12, 7/11). El gobernador Gerardo Zamora se limitó a poner en duda la “historia oficial” –intento de fuga– y a relevar al director del Servicio Penitenciario provincial, Rodolfo Camaño. En su lugar nombrará un comité provisorio integrado por “miembros selectos” del Servicio Penitenciario Federal, un organismo sospechado de cometer las peores atrocidades en distintas prisiones del país. De Guatemala a guatepeor... Sin embargo, las cosas no encontraron en ese punto su límite más extremo: el jefe de esa comisión será Hugo Sbardella, del SPF, denunciado y procesado por torturar a un preso, lo cual le impidió ser designado jefe del penal de Devoto debido a las denuncias públicas, aunque no lo privó de verse ascendido a titular de la Región Noroeste del Servicio. Esa comisión podrá ejercer su poder dictatorialmente en todas las unidades carcelarias de Santiago del Estero porque allí ni siquiera hay jueces de ejecución penal. Organismos de derechos civiles calculan en unos 200 los presos que mueren violentamente cada año. No hay personal penitenciario juzgado o condenado por esa masacre sistemática.

En Psicología de la UNT, la Cepa—PCR, que dirigía el Centro desde 2001, perdió las elecciones a manos de la Franja Morada. La Cepa fue víctima de su política, pues pactó dirimir la elección con Franja cuando ya habían culminado las clases. Tanto la Cepa como la Franja, las dos corrientes mayoritarias de la Facultad, hicieron caso omiso a la resolución de la Junta Electoral de realizar las elecciones durante el dictado de clases. La Cepa tiró abajo un preacuerdo para conformar un frente de izquierda con la agrupación “La Asamblea” y el PUL. Su inconducta y la seguridad de que iban a ganar (hasta el punto que el día del comicio se hallaban presentes representantes de la Cepa de varias provincias preparando los festejos), los llevó a perder el Centro a manos de la derecha. El resultado fue que participó la menor cantidad de estudiantes en muchos años (menos del 20% del padrón), lo que permitió a la Franja ganar con una baja cantidad de votos: 372 contra 336 de la Cepa. La agrupación SUR (Patria Libre) obtuvo 192. Desapareció el PTS, que el año pasado había obtenido un resultado importante. El PUL (PO) se presentó aliado con la agrupación “La Asamblea”. Denunciamos el pacto Cepa-Franja y planteamos la necesidad de un centro políticamente independiente del gobierno y de las autoridades universitarias. Canalizamos los votos de un sector del estudiantado disconforme con la actual conducción, obtuvimos 120 votos (el 11,2%) lo que nos permitió obtener una secretaría y volver al Centro.

Estamos convencidos de que estos señores (José Rivero y Rafael Chacón) forman parte de la corrupción más rancia que ha surgido en este proceso y que hasta la fecha no han dado ningún resultado positivo en el avance de la revolución, todo lo contrario, su labor se ha centrado en la conspiración en lo interno, no sólo contra el proceso revolucionario sino contra el comandante Hugo Chávez. Algunas falencias del proceso venezolano El proceso venezolano tiene varios enemigos; entre ellos, los grandes capitales trasnacionales, la burguesía nostálgica del punto fijismo, la misma que ha lanzado sus hijos a la calle para gritar con histeria que en Venezuela no tenemos libertad de prensa, sirviendo de caja de resonancia de la pro-imperio SIP. Pero de los enemigos que nunca hablamos, son aquellos que hacen parte del mismo proceso, ésos que se camuflan detrás de un discurso seudo-revolucionario, pero que la práctica cotidiana dista mucho de la orientación del presidente Chávez, de acelerar la revolución venezolana. Estos enemigos le restan velocidad al proceso, por acción u omisión, para bien de los críticos del proceso provenientes de la socialdemocracia y qué no decir de la derecha empresarial. Un ejemplo de esta dinámica es el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, en conchupancia [contubernio] con el viceministro Rafael Chacón, quienes han brillado por restarle velocidad a la labor que desde el Ministerio se puede realizar en beneficio de los trabajadores y trabajadoras venezolanas y la construcción del socialismo. Su gestión la podemos considerar como mediocre y de complicidad con la derecha reaccionaria y fascista. Vamos a sintetizar para nuestros lectores las razones y argumentos para sustentar nuestra afirmación. El ministro de marras pertenece a una corriente denominada "Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores", y quien no está con él está contra él y es sujeto de represalias. Desde allí se ha querido imponer la Fuerza bolivariana como cohesionadora de toda la fuerza de trabajadores y trabajadoras, irrespetando los procesos y dinámicas internas de las diferentes corrientes sindicales. Se está haciendo, bajo las banderas de la izquierda, lo mismo que hizo durante muchos años la tripartita con sindicatos sistémicos. Otro ejemplo es el denominado "Contrato de Petróleo", que tiene la firma del ministro. Este contrato beneficia sólo a un pequeño número de trabajadores y trabajadoras. Contrario a lo que todos piensan, este contrato es un monumento a la tercerización, pues la estimula y la promueve. No olvidemos que la tercerización es una condición de la precarización de las condiciones laborales del neoliberalismo económico. Bajo este contrato, el porcentaje de trabajadores contratados bajo condiciones paupérrimas supera con creces a los contratados bajo la modalidad de contrato indefinido. Siguiendo con los ejemplos, el sector de transportistas se encuentra en condiciones paupérrimas a nivel laboral, sin seguridad social, con intensas jornadas laborales, sin ninguna organización sindical. En algunas zonas, se ha intentado organizar y conformar un sindicato, sin el apoyo logístico y sin recursos del Ministerio. En ciudad Bolívar, por ejemplo, se está gestando un proceso organizativo interesante, que puede originar un gran sindicato, pero el ministro le ha dado la espalda porque esta dinámica no se inscribe en la denominada Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores. No está de más mencionar el caso de Sanitarios Maracay, conflicto que marca pauta en las luchas de la clase trabajadora venezolana y que el ministro José Ramón Rivero decretó sin importancia porque, según él, no era una empresa estratégica. Sobre la reforma laboral, todo el mundo opina sobre sus propuestas y contenidos. En cuanto a la propuesta de reducción de la jornada laboral, el ministro guarda un silencio preocupante. ¿Ignoracia? ¿Mediocridad? ¿Negligencia? No lo sabemos, pero nadie en Venezuela sabe qué piensa el ministro de las propuestas constitucionales que afectan a los trabajadores y trabajadoras. La propuesta de reducción de la jornada de trabajo (Artículo 90), sobre la política de derechos de trabajadores y trabajadoras (Artículo 87), los consejos de trabajadores y trabajadoras (Artículo 70), derechos socioeconómicos (Artículo 112) son algunos de los contenidos donde la reforma reconoce reivindicaciones históricas de los trabajadores y trabajadoras, pero el trabajo del ministro frente a defender el Sí para estos artículos brilla por su ausencia. Conceptos como la autogestión, la consolidación de las unidades de gestión, la producción y la distribución socialista no hacen parte de la agenda del ministro, por lo tanto no existe un plan de trabajo estratégico para implementarlas. El ministro se volvió experto en organizar grandes actividades al margen de los objetivos del Ministerio, donde se despilfarra el dinero del pueblo. Los gastos en el Ministerio se han concentrado en otorgar licencias para reformar las instalaciones, para comprar uniformes, mientras las inspectorías de trabajo no han cumplido con su función, muchas veces por ausencia de logística, recursos y líneas del viceministerio del Trabajo. Las partidas presupuestales no ejecutadas en lo corrido del año fiscal 2007 ascienden a más de 50 millardos, ¿a quién beneficia el no gasto presupuestal de esta monumental cifra?, ¿por qué el ministro se empeña en dejar en los bancos esas cantidades que generan grandes dividendos?, pero no políticas laborales en beneficio de los trabajadores. Esto amerita una investigación, porque muchos ministros cierran los ojos, amarrando los presupuestos en los bancos y privando de financiación los proyectos. El nepotismo hace carrera en el Ministerio del Trabajo, la hermana del ministro es asesora del Ministerio, su cuñado es subdirector del Departamento Administrativo; en fin, ninguna diferencia con las épocas de la meritocracia puntofijista. El Ministerio del poder popular para el trabajo y la seguridad social no da empleo de contratación, muchos de sus trabajadores y trabajadoras en diferentes departamentos se encuentran regidos por la contratación temporal, es decir, si por el lado de los transportistas llueve, por los lados del Ministerio no escampa. Para completar este cuadro, el ministro no asiste, o no ha sido invitado a la comisión central de planificación del gobierno, no sabemos los motivos, pero ¿qué socialismo se puede construir si el ministro que rige los destinos de la cartera, de los hombres y mujeres que generan riqueza en el país está ausente de los escenarios y discusiones más importantes de la nación? (...) En este sentido hacemos un llamado a los servidores y servidoras públicas y al resto de la clase trabajadora para que cierren filas contra estos seudo-revolucionarios corruptos y al comandante Hugo Chávez para que tome cartas en el asunto, ya que estos señores forman parte de los muchos enemigos de este proceso.

Luis Patti ha sido detenido, acusado por siete secuestros ocurridos en la zona norte del Gran Buenos Aires, entre 1976 y 1977. Dos de los secuestrados –el diputado Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández– fueron asesinados poco después de su detención; otros tres –Carlos Souto y los hermanos Guillermo y Luis D'Amico– continúan desaparecidos. Todos ellos fueron secuestrados en Escobar y llevados a la comisaría local, donde fueron torturados antes de ser trasladados a Campo de Mayo. En la época, Patti era oficial subinspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires y trabajaba en la comisaría de Escobar. Además de estos asesinatos, Patti debería ser juzgado por el asesinato de los dirigentes peronistas Cambiasso y Pereira Rossi, asesinados en 1982. El propio Patti, en otros tiempos, se hizo el guapo declarando que “he cometido tres o cuatro homicidios”, cuando se le preguntó cuál había sido su participación en la “guerra sucia”. El encargado de ponerlo en el banquillo no es otro que el Juez Alberto Suárez Araujo, titular del juzgado Federal N° 2 de San Martín, quien bien poco ha hecho para llevar a juicio a los genocidas. El juez en cuestión tiene a su cargo toda la investigación del Circuito Campo de Mayo y el ‘mérito’, luego de cuatro años de la anulación de las leyes de punto final, de haber elevado una sola causa a juicio por un solo caso de homicidio contra cuatro represores. Suárez Ataujo desmembró todas las acusaciones y rechazó el pedido por las querellas representadas por el colectivo Justicia Ya de que los acusados sean indagados por genocidio. El Estado guarda todos sus recursos para asegurar la impunidad, como ha ocurrido hasta ahora. Pero también como ha ocurrido hasta ahora, movilécemonos para que Patti sea condenado.

Juan Alberto Cerisola, rector de la UNT, ha manifestado en la prensa que pretende implementar en la universidad un “pacto social” que garantice el normal desarrollo de las actividades académicas. El Consejo Superior se manifestó en favor de esta iniciativa. Con el pacto social, Cerisola intenta abrir el paraguas ante los conflictos inevitables que tendrán lugar en 2008 como consecuencia de la miseria presupuestaria y el congelamiento salarial. Las autoridades pretenden una tregua sin haber otorgado ninguna respuesta satisfactoria a los reclamos docentes. No existe ninguna posibilidad de acuerdo ante la insoportable situación laboral y salarial de la docencia, que trabaja en condiciones indignas en las facultades y escuelas medias de la UNT. Hace ya muchos años que la universidad pública no funciona de manera adecuada. Tanto las autoridades nacionales como universitarias son las responsables de este deterioro de la educación superior. Frente a esas políticas anti-educativas surge el reclamo y la lucha de los docentes, no docentes y del movimiento estudiantil. Adiunt, el gremio docente, se pronunció en contra del “pacto social del rector”, denunciando su propósito. Sin embargo, en el último Congreso de Conadu Histórica, la conducción de Adiunt, alineada con el PCR y el PC, votó en contra de la Declaración presentada por la Agrupación Nacional Naranja de Docentes Universitarios, que denuncia a fondo el intento del “nuevo” gobierno K de imponer un pacto social. Nuevamente la conducción de Adiunt muestra su inconsecuencia. En este fin del ciclo lectivo, vamos por el doble aguinaldo y contra el pacto social de Cerisola y los Kirchner. *Ariel Osatinsky (secretario de prensa de Adiunt e integrante de la Agrupación Naranja de Docentes Universitarios)

Las últimas horas se ha producido un virtual levantamiento en la ciudad de Sucre contra el gobierno del MAS, el cual no es sino la expresión más exacta de la agudización de la lucha de clases en el país. La Asamblea Constituyente, la cual fue durante algún tiempo el escenario del acercamiento entre las tendencias reformistas y la derecha, por la dinámica de los hechos, ha superado los estrechos moldes en los que fue convocada. Una Constituyente en adelante sólo puede tener continuidad real bajo un programa revolucionario, pues cualquier posibilidad de acuerdo, de llegar a algún arreglo en términos pacíficos, ha sido sepultada. La disyuntiva es clara: si las masas no se apropian en esta hora de la Constituyente y la dotan de un verdadero programa que destrabe la situación política, que sea bandera de la lucha contra las tendencias de la derecha, ingresaremos a la guerra civil en condiciones desventajosas, toda vez que la derecha, protegida por la política pactista ha ido ganando fuerzas.

El miércoles 21, delegados y vecinos de la Villa 31 y 31 bis fueron convocados para firmar un acuerdo que establecería el comienzo de un proceso de urbanización en esas villas. El acta acuerdo, que iba a ser firmado a instancias de la Onabe (Organización Nacional de Bienes del Estado), no incorporaba el reclamo fundamental de los vecinos de la villa, que es la entrega de las tierras en forma definitiva. Bastó un solo día para que el anuncio fuera desmentido como fruto de la presión del macrismo. “La difusión pública que tuvo el tema nos obliga a poner paños fríos” (Clarín 22/11), dijo Fernando Suárez, titular de la Onabe. La suspensión el convenio de urbanización provocó el repudio generalizado de los delegados y vecinos de la villa. Ha quedado al desnudo que la política de “negociar con el gobierno y no movilizarse” no representa ninguna salida. La postergación de los planes de urbanización coloca al orden del día la necesidad de preparar un plan de lucha del conjunto de la Villa 31 y 31 bis. Llamamos al conjunto de los vecinos de la 31 y 31 bis, al Cuerpo de Delegados y al conjunto de las organizaciones del barrio a convocar a asambleas por manzana para confluir en una gran asamblea de toda la villa para preparar un plan de lucha por: No a la erradicación de la Villa 31 y 31 bis. Titularización de las tierras y la radicación definitiva para sus vecinos. Urbanización inmediata, con todos los vecinos adentro, con acceso a la salud, educación, espacios verdes y servicios públicos. Plan de urbanización, bajo control de los vecinos, con bolsas de trabajo para los habitantes. No a la discriminación de inquilinos e indocumentados, inclusión de todos en los censos y planes de vivienda. Por la organización masiva de los vecinos a través de asambleas por manzana, con delegados electos y revocables por la asamblea. Basta de cortes de los servicios. En defensa del acceso gratuito a los servicios básicos. Renovación de la infraestructura e instalación inmediata en los asentamientos y tomas donde todavía falte.

No es casualidad que para ocupar el nuevo Ministerio de Ciencia y Técnica se haya nominado a Lino Barañao, actual titular de la Agencia de Promoción Científica. La “Agencia” fue creada durante el menemismo para desahuciar al Conicet y redireccionar fondos por la vía de una dependencia directa del Poder Ejecutivo. Se abrió así una fuente de subsidios a las empresas capitalistas con el pretexto de estimular el vínculo “ciencia y producción”. Un área en la cual “los proyectos son habitualmente definidos por el sector privado y subsidiados por el sector público”, en función de criterios no científicos sino de rentabilidad del capital (blogspot del “Grupo de Gestión de Políticas Científicas”). La “Agencia” creó sus propios vínculos con el capital financiero mediante acuerdos con el BID y con el Banco Mundial, con el propósito de someter a sus propios criterios al “sistema de ciencia y técnica (CyT)”. La vieja y reaccionaria burocracia del Conicet, pero sobre todo la intensa movilización de los jóvenes investigadores por la democratización del organismo fueron puenteadas así para crear un despotismo pseudo-científico y nada ilustrado desde Balcarce 50. La “Agencia” fue parte, además, de un planteo más amplio. El presupuesto para la educación superior se fue cortando con el objeto que el Ministerio repartiera fondos a la “investigación” con el mismo propósito: estimular los convenios con la empresa privada, privilegiar a las camarillas de amigos y, por último pero no menos importante, fragmentar al cuerpo docente con incentivos y subsidios establecidos arbitrariamente y que benefician desigualmente a profesores e investigadores. Finalmente se procedió a aumentar desproporcionadamente los salarios de los funcionarios políticos de las casas de estudio (decanos, secretarios) -una política de cooptación y de prebendas seleccionadas, que continuaron por todas las administraciones. El kirchnerismo cultiva con especial celo la política de cooptación y de camarillas, porque le sirve como correa de transmisión contra el movimiento de estudiantes, docentes e investigadores. El todavía titular de la “Agencia” y futuro ministro acaba de anunciar que los fondos para los investigadores aumentarán en un 20%; es decir, por debajo de la inflación real. El próximo ministro y la decisión de crear el ministerio “científico” han recibido un elogioso editorial de “La Nación”, que desde siempre apoyó la línea de la “Agencia”. Mientras alardea de su nuevo ministerio de “ciencias”, el gobierno congela el presupuesto educativo. La Conadu Histórica denuncia que el presupuesto universitario para 2008 es inferior a la inflación pasada y está por debajo de los requerimientos que plantean los salarios pactados luego de la huelga del año anterior. “Es un presupuesto de guerra contra todos los trabajadores de las universidades nacionales —dice textualmente el gremio de los profesores- …no prevé ningún peso de aumento para ninguna de las categorías… el pago de renta a todos los ad-honorem… la eliminación del trabajo precario en todas sus formas… el desgaste y la obsolescencia de edificios, bibliotecas, laboratorios y del equipamiento se profundizarán… la extensión y la investigación languidecerán”. Mientras tanto, estamos muy lejos de la inversión mínima del 1% del PIB en ciencia y tecnología. El futuro ministro ha revelado que más del 50% de los subsidios fueron para el área de “ciencias biomédicas” y en los medios de la “Agencia” se denuncia la vinculación “especial” que une a ésta con los especuladores de la industria biotecnológica. ¿Ciencias “biomédicas”? “En el tema del Mal de Chagas estamos como en la década del ‘60, en los años 2005 y 2006 faltaron insecticidas y medicamentos” (doctor David Gorla, investigador del Conicet en “Tucumán al Día, 23/10/06). El Plan de Producción Pública de Medicamentos, anunciado en 2003, quedó en la nada; el hospital de Clínicas más importante del país —el de la UBA - se cae a pedazos. La elevación de la ciencia a “ministerio” es el ascenso del negocio y la apropiación indebida de la investigación y el conocimiento.

Creo que el proyecto es muy bueno. De cualquier manera hay que tener en cuenta que existe una diferencia con respecto a los subtes, ya que los mismos no trabajan 24 horas y sí lo hacen los taxis y los colectivos. Para el tema taxis te diría que conseguir que se puedan hacer turnos de 8 horas seis días a la semana sería más factible ya que la ecuación económica de tener que hacer cuatro relevos por día sería poco factible, sí se podrían hacer tres relevos diarios. Bueno, obviamente se debería conseguir un porcentaje mayor al actual, digamos el 40% de entrada. Te mando un abrazo y cualquier cosa, a disposición.

El “consenso” firmado entre los dirigentes sindicales del transporte y la Legislatura logró levantar el paro que el gremio de taxistas había anunciado para el próximo 29. Pero no desactivó el régimen punitivo de los “puntajes”. Sólo se estableció un difuso compromiso, por parte de los legisladores, de reducir las “quitas de puntos” en diferentes faltas. Por ejemplo, un taxista perdería su registro con tres “pasadas” de semáforo en rojo, cuando, en la primera versión del proyecto, la cancelación se producía con dos. Significativamente, “tanto Moyano como Viviani se mostraron escépticos en que sólo el registro con puntaje pueda ordenar el tránsito” (Infobae, 23/11). El “escepticismo”, sin embargo, no les alcanzó para rechazar la penalización a los choferes y denunciar el régimen laboral negrero que impera en el transporte. En cambio, reclamaron “mejoras en el “sistema de tránsito”, como la extensión del sistema de carriles exclusivos o la restricción de la circulación privada. Pero sin un planteo contra el régimen laboral en el transporte, las patronales se servirán de cualquier mejora en el tránsito para reducir el tiempo de los recorridos, manteniendo la superexplotación de los choferes. La burocracia sindical no quiso aprovechar la deliberación causada por el régimen de los puntajes para colocar en la agenda las condiciones laborales y salariales. La omisión no sorprende: son ellos quienes vienen pactando con las patronales la liquidación del convenio colectivo, y las condiciones particulares atadas, por la general, al trabajo a destajo. Una “comisión” conspirativa La “comisión técnica” formada por la burocracia y los legisladores no va alterar el contenido punitivo del scoring contra los trabajadores. En contra de este manejo conspirativo, el Partido Obrero inició una intensa campaña pública por la jornada de seis horas para choferes y taxistas. El último número de “Prensa Obrera”, con ese reclamo en la tapa, fue colocado en paradas de taxistas, terminales de línea y otros puntos de concentración. También hemos concurrido a las radios de la Capital a defender nuestro planteo. Contra el silencio legislativo, vamos a concurrir a la Comisión de Transporte a presentar nuestro proyecto de ley, aún cuando ha sido retirado de la “agenda” de la propia comisión. Promovamos la discusión por las seis horas en asambleas de línea, en reuniones delegados, entre los taxistas que no quieren ser superexplotados. Promovamos el debate en toda la población, porque la seguridad vial sólo se puede reconstruir a partir de las condiciones de trabajo, nunca contra ellas.

Tribuna de Salud hace suyo el plan de lucha nacional para arrancar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en todos los niveles del sistema de salud. Que 2008 sea el año de esta conquista. Reclamamos que en los hospitales y centros de salud de todo el país se garantice la asistencia integral y gratuita para todas las mujeres. Frente al drama del aborto y sus consecuencias catastróficas, exigimos educación sexual laica y científica, y el acceso universal y gratuito a la anticoncepción. No aceptamos que la objeción de conciencia condene a la mujer a una muerte evitable. Anticoncepción gratuita para no abortar, aborto legal, gratuito y seguro para no morir.

Sr. Miguel Briante: De mi consideración Extraordinaria su nota pero... no sé por qué pregunta ¿qué se hacía allí? (por la presencia de Chávez y otros en la cumbre íberoamericana). Si no se hubiera asistido, NADIE se habría enterado del exabrupto del reyezuelo y de la posición del bolivariano. Todo bien, pero me asustan estas contradicciones. Siempre me digo "ojalá el equivocado sea yo" pero... Salute

En una investigación realizada por “Clarí”n —30/3/04- sobre el régimen laboral de los taxistas, el secretario general del gremio, Jorge Viviani, aportaba un dato categórico: consultado sobre el “grado de presión” que soportaban los radiotaxis, obligados a cumplir tiempos mínimos para concurrir a la llamada de un pasajero, señalaba: "El año pasado se hicieron 6.800 consultas psiquiátricas y psicológicas en nuestra obra social". En la misma nota, Viviana Romano, una psicóloga especialista en el ámbito laboral, señalaba: "Es imposible que los taxistas no se estresen con ese sistema. Están todo el día escuchando una voz que les habla, tienen que prestar atención a los semáforos y trabajan 12 horas seguidas cuando no deberían hacerlo durante más de seis"(ídem). Siempre sobre el régimen de los radiotaxis Alberto Silveira, director una ONG dedicada a la prevención de accidentes de tránsito, señalaba: "exigir que cumplan determinados tiempos y sancionar las llegadas tarde son dos presiones ilegales que deberían contemplarse desde el punto de vista legal" (ídem). El régimen de chantaje laboral que soportan taxistas y colectiveros es harto conocido. Sin embargo, Viviani ha dejado de lado estas denuncias y acepta la punición de los taxistas. Pero los especialistas en salud laboral son claros: no se puede trabajar en la calle más de seis horas. Exijamos la reducción de la jornada sin afectar el salario. En el caso de las empresas de taxis, éstas destinan actualmente un 30% de su recaudación para remunerar a los peones. Sobre esa base, imponen turnos “normales” de doce horas durante seis días a la semana, y le “ofrecen” a los tacheros trabajar por el 40 ó 45% de la recaudación los días domingo. Por su parte, la amortización, el combustible y mantenimiento de las unidades sólo demanda otro 20% de la recaudación del coche. Es decir que las mandatarias se llevan un 50% de beneficio puro sobre cada viaje. Luchemos por las seis horas, reclamemos la revisión de los convenios y la apertura de los libros y costos de los capitalistas del transporte.

El viernes 23 más de 3.000 mujeres y hombres marchamos desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo contra las múltiples formas de la violencia contra la mujer. La cabecera de la columna fue un orgullo para todas las mujeres del país ya que estuvieron en ella las mujeres luchadoras del Casino Buenos Aires, que están peleando por la reincorporación de los trabajadores despedidos y contra la insalubridad; las mujeres que pelean contra el vaciador Taselli en Parmalat; las compañeras delegadas del Diario Popular; las trabajadoras del Indec, que pelean contra los despidos, traslados y aprietes y las heroicas mujeres luchadoras del Hospital Francés, que exigen el pase definitivo al Pami. En todos los casos denunciaron que la violencia es promovida y baja desde el propio Estado. Esta marcha fue el punto de lanzamiento de la campaña por el Aborto Legal que miles de mujeres en todo el país hemos votado en la Asamblea realizada en el Encuentro Nacional de Mujeres. Desde la marcha, las oradoras invitaron a todas las mujeres del país a sumarse a esta lucha contra el gobierno de Cristina Kirchner, que ha pactado con al Iglesia, que quiere imponer un pacto social para recortar el gasto social, para congelar los salarios y para hacer pasar los tarifazos y la inflación.

Desde el 24/10 empezaron a llover las amenazas a nuestro Colegio (Normal I -Av. Córdoba y Riobamba-), ahí me enteré que las amenazas además del Carlos Pellegrini estaban en el Lengüitas, en el Bermejo, Normal 4, Normal 6, etc., etc. Las amenazas eran dos a tres veces mínimo por día. La de 9:30 y 12:30 -momento del almuerzo-, nunca faltaban. ¿Cómo eran las evacuaciones? Pésimas, discordinadas, a destiempo. Llegaba la noticia de la amenaza de bomba al colegio a la rectoría y desde allí al resto del personal de condución para evacuar el colegio. Los docentes conducían a los chicos a la salida de la calle Paraguay y junto a algunos padres se empezaba a cortar la calle, hacia la calle Paraguay a veces, otras en la plaza del Palacio Pizzurno, otras en el galpón del Palacio Pizzurno -con ingreso por Montevideo- ya que por Rodríguez Peña "los chicos podían ensuciar las paredes". La policía entre 10 y 15 minutos empezaba a colaborar con los cortes de calle, ya cuando casi todos los chicos habían completado la salida y el destino de la evacuación. Otros 15 minutos para que llegue el escuadrón antiexplosivos de la Federal. Y otros 15 para que llegue algún móvil de Mitigación de Riesgo del GCBA. Casi 2.000 chicos desde tres años hasta 16 -Nivel Inicial, Primaria y Media-, perdían mínimo dos horas por día y muchas veces el momento de almorzar. Frío, lluvia, calor, hambre, el peligro del tránsito; es la tensión que se vivía en cada amenaza. La desinformación estaba a la orden del día, a pesar de ello las "clases" sin contenidos continuaban como si nada pasara. Las preocupaciones de los padres fueron en alza, empezaron a girarse las notas de padres a las autoridades de competencia para que informaran el estado de situación y los pasos a seguir, no hubo respuestas. Recién cuando nos juntamos con un grupo de padres y se corto la avenida Córdoba, superó el problema el techo político y se empezó a analizar el grave conflicto de las amenazas de bomba y sus evacuaciones. Luego llegó de parte de la rectora la denuncia y la llegada al Juzgado de Oyarbide bajo la carátura de coacción. Y empezó el gran bonete, Jefe de Gobierno, quién Señor, yo Señor, no Señor. Ministro de Educación de la Nación, quién Señor, yo Señor, no Señor. Ministra de Educación del GCBA, quién Señor, yo Señor, no Señor, Dirección de Educación Superior, quién Señor, yo Señor, no Señor. Supervisora General del GCBA, quién Señor, yo Señor, no Señor, Ministro del Interior de la Nación, quién Señor, yo Señor, no Señor. La semana pasada vinieron segundas líneas del GCBA, Jefatura, para descomprimir y mostrar a los padres su preocupación. Algunos padres se enteraron de la reunión y fueron para escuchar las propuestas, en definitiva nada en concreto porque tuvimos que evacuar también ese día ¡dos veces! ¿Cómo estamos hoy? Nos adelantan el cierre lectivo; con todo lo que conlleva esto. ¿Cómo llegamos a marzo de 2008? Sólo Dios sabe. Convocamos a padres, alumnos, vecinos a defender la escuela.