Prensa Obrera N° 1017

E l 25 de octubre, por la noche, el periodista y socialista norteamericano John Reed llegó hasta el Smolny y se abrió paso entre la muchedumbre para llegar a la sala de sesiones. Así relataba el escenario que se presentó ante sus ojos: “El salón no tenía otra calefacción que el calor sofocante de los sucios cuerpos humanos. Una densa nube azul del humo de los cigarrillos de esta multitud se elevaba y permanecía suspendida en la pesada atmósfera. A veces, uno de los dirigentes subía a la tribuna y rogaba a los camaradas que no fumasen. Entonces todos, incluso los fumadores, gritaban: ‘No fumen, camaradas’, para continuar fumando mucho más. Petrovski, delegado anarquista de las fábricas de Obújovo, me hizo un lugar a su lado. Sin afeitar, sucio, se caía de cansancio, llevaba trabajando tres noches seguidas en el Comité Militar Revolucionario. En la tribuna habían tomado asiento los jefes del antiguo Comité Ejecutivo Central, dominando por última vez a estos soviets turbulentos, a los cuales dirigían desde el comienzo de la revolución, pero que ahora se habían alzado contra ellos. Así terminaba el primer período de la revolución, que estos hombres habían tratado de mantener dentro de las vías de la prudencia. Faltaban los tres principales: Kerenski, que corría hacia el frente a través de las ciudades de provincia, donde la agitación comenzaba a ser inquietante; Cheidse, la vieja águila maltrecha, que se había retirado desdeñosamente a sus montañas de Georgia, donde había de atacarlo la tisis; y, por último, Tsereteli, noble carácter, quien afectado también peligrosamente por la enfermedad, debía de todos modos gastar aún su hermosa elocuencia en una causa perdida. Gots, Dan, Lieber, Bogdanov, Broido, Filipovski, se encontraban presentes, con las facciones pálidas, los ojos hundidos, desbordantes de indignación. A sus pies hervía y se estremecía el segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia, mientras sobre sus cabezas el Comité Militar Revolucionario forjaba el hierro puesto al rojo vivo, manejaba con decisión los hilos de la insurrección, golpeaba con vigoroso brazo... Eran las diez y cuarenta de la noche.” 1 “El poder está en nuestras manos” La apertura del Congreso, pautada para las dos de la tarde, se había ido postergando hora tras hora, dado que los bolcheviques pretendían rematar la toma y ocupación del Palacio de Invierno antes de iniciar las deliberaciones. Pero la toma del Palacio no finalizaba y la situación no podía alargarse más. Los dirigentes conciliadores, que tenían la responsabilidad de inaugurar el Congreso en su carácter de autoridades salientes, abrieron la sesión cerca de las once de la noche. Dan hizo sonar la campanilla. “Se hizo el silencio, instantáneo, imponente, turbado tan sólo por los empujones y las discusiones que había en la puerta. — El poder está en nuestras manos — comenzó, con un acento de tristeza. Tras una pausa continuó, bajando la voz: — Camaradas, el Congreso de los Soviets se reúne en circunstancias tan desacostumbradas, en un momento tan extraordinario, que comprenderán por qué el Comité Ejecutivo Central no considera necesario abrir esta sesión con un discurso político. Lo comprenderán mejor todavía si tienen en cuenta que yo soy miembro del buró del CEC y que en este mismo momento nuestros camaradas de partido se encuentran en el Palacio de Invierno, bajo el bombardeo, sacrificándose para desempeñar las funciones de ministros que les han sido confiadas por el CEC... Declaro abierta la primera reunión del Segundo Congreso de los Soviets de diputados obreros y soldados.” 2 En medio de la agitación, se realizó la elección de la mesa. La composición de este Congreso era muy diferente a la del Congreso de junio. “Los galones de oficial, las gafas y las corbatas de los intelectuales ya casi no se veían, dominaba el color gris en las vestimentas y en los rostros (...) Rostros rudos, mordidos por la intemperie, pesados pies cubiertos de sabañones, dedos amarillentos de fumar tabaco ordinario, botones medio arrancados, correas colgando, botas gastadas y sucias sin lustrar desde hacía tiempo. Por primera vez, la nación plebeya había enviado una representación honesta, sin disfraz, hecha a su imagen y semejanza” 3 . De los 650 delegados presentes, los bolcheviques y sus aliados sumaban casi 400. Respetando el criterio proporcional, según la cantidad de delegados, la votación dio como resultado una mesa compuesta por catorce bolcheviques, siete socialistas revolucionarios, tres mencheviques y un internacionalista del grupo de Gorki. Pero los socialistas revolucionarios de derecha y del centro anunciaron inmediatamente que se negaban a formar parte de la mesa. Los mencheviques tomaron la palabra para decir lo mismo. Incluso los mencheviques internacionalistas (el grupo de Martov) plantearon que ellos no podían participar. En medio de gritos y agitación general, se nombró a los bolcheviques que integrarían la mesa. Se desató entonces una ovación y subieron a la tribuna de la presidencia Trotsky, Kamenev, Lunacharsky, Kollontai y otros bolcheviques. Comenzaba el Congreso de la insurrección soviética. ¿Un gobierno de toda la “democracia soviética”? Tras la lectura del orden del día, pidió la palabra Martov, aquel viejo compañero de Lenin en los comienzos de la socialdemocracia rusa, dirigente histórico del partido menchevique, jefe ahora de su fracción internacionalista. Mientras tanto, comenzaban a sonar más fuerte los cañonazos del crucero Aurora. “¡Comienza la guerra civil, camaradas! — dijo Martov— . La primera cuestión debe ser el arreglo pacífico de la crisis. Por razones de principio tanto como por razones políticas, debemos comenzar por discutir con urgencia los medios de impedir la guerra civil. Están matando a nuestros hermanos en las calles. (...) Es preciso que creemos un poder reconocido por toda la democracia. Si el Congreso quiere ser la voz de la democracia revolucionaria, no debe cruzarse de brazos ante la guerra civil, so pena de provocar el estallido de una peligrosa contrarrevolución... Una solución pacífica sólo es posible mediante la constitución de un poder democrático unido... Debemos elegir una delegación que negocie con los otros partidos y organizaciones socialistas...” 4 . La propuesta de Martov de formar un gobierno soviético compuesto por todos los partidos que integraban el Congreso (es decir, desde los conciliadores hasta los bolcheviques) contó con la aprobación de un amplio sector de delegados. Sujánov y otros cronistas relatan que la propuesta fue aplaudida por la mayoría de la sala. Los socialistas revolucionarios de izquierda y otros pequeños grupos se mostraron de acuerdo. Todos ellos pensaban que los bolcheviques se manifestarían en contra. Sin embargo, Lunacharsky pidió la palabra y declaró que los bolcheviques no tenían nada que objetar a la propuesta de Martov. La moción fue aprobada. Era un momento crítico. Durante meses los soviets, dominados por los conciliadores, habían cedido el poder a la burguesía y al gobierno provisional, negándose a tomar el poder en sus manos. Ahora, cuando los bolcheviques contaban por primera vez con una mayoría, se planteaba formar un gobierno unitario de todos los “partidos soviéticos”. Es decir un gobierno de conjunto de los bolcheviques con aquéllos que habían apoyado al gobierno de coalición con la burguesía. En otros términos, cuando todavía se estaban combatiendo en el Palacio de Invierno, Martov proponía un acuerdo entre los sitiadores y los sitiados. Aún así, los bolcheviques decidieron no rechazar la propuesta. Las tradiciones del poder dual, las antiguas consignas, los viejos planteos todavía pesaban en la conciencia de las masas revolucionarias. Había que procesar esa experiencia. Y los acontecimientos se desarrollaban de modo tal que el proceso sería muy rápido. Se retiran los conciliadores En efecto, la actitud que tomaron los conciliadores estuvo lejos de aceptar el “compromiso”. “Tan pronto como los bolcheviques apoyaron la formación de un gobierno democrático de coalición, una sucesión de oradores, todos representantes del antiguo bloque dominante de los socialistas moderados, salió a denunciar a los bolcheviques” 5 . Uno tras otro, fueron subiendo al estrado voceros de los mencheviques y socialistas revolucionarios, denunciando el “golpe de Estado” bolchevique. La mayoría de ellos eran oficiales del frente, y a pesar de su alto rango decían defender la postura de los soldados de las trincheras. “Los políticos hipócritas que dominan esta asamblea — gritó uno de ellos, un capitán menchevique llamado Jarash— nos han dicho que debemos arreglar la cuestión del poder. Bien, esta cuestión se está arreglando a espaldas nuestras, antes incluso de que se abra el Congreso.” Lo siguió otro oficial, también menchevique: “Los socialrrevolucionarios y los mencheviques rechazan toda participación en este movimiento e invitan a todas las fuerzas públicas a que se opongan a toda tentativa violenta de toma del poder”. Un representante de los socialistas revolucionarios, en el mismo sentido, dijo: “en el frente, al cual voy a regresar, todos los comités consideran que la toma del poder por los Soviets, tres semanas antes de la reunión de la Constituyente, ¡es una puñalada asestada por la espalda al ejército y un crimen contra la nación!”. Entre los gritos de la mayoría de la asamblea, que lo acusaba de mentiroso, continuó: “Terminemos aquí esta aventura, abandonemos todos este salón por el bien del país y de la revolución”. La situación se volvió tensa en extremo. Los delegados conciliadores eran interrumpidos por los gritos de la masa de soldados y obreros, que los acusaba de kornilovianos, de hablar en nombre del Estado Mayor, de traicionar a la revolución. Cuando consiguió hacerse oír, Jinchuk leyó la declaración de los mencheviques: “la única solución pacífica consiste en entrar en negociaciones con el Gobierno Provisional para la formación de un nuevo gabinete que tenga el apoyo de todas las capas de la sociedad”. Según Reed, “durante varios minutos le fue imposible continuar”. Cuando pudo seguir, anunció que los mencheviques se retiraban del Congreso. Cambia el clima Después de las intervenciones de los oficiales conciliadores, comenzaron a tomar la palabra soldados rasos de los regimientos del frente, muchos de ellos bolcheviques. El clima de la asamblea cambió por completo. Karl Peterson, un soldado joven de la infantería letona, fue el más recordado. “Habéis escuchado — dijo— , las declaraciones de los dos delegados del ejército; esas declaraciones hubieran tenido algún valor si sus autores hubiesen sido realmente representantes del ejército”. En medio de una ovación, continuó, “los soldados letones han repetido muchas veces: ‘¡Basta de resoluciones, basta de palabrerías! ¡Actos! ¡Queremos el poder!”. ¡Que los delegados impostores abandonen el Congreso! El ejército no está con ellos’...”. La intervención de los soldados rasos transformó el clima de la asamblea. Relata John Reed: “Los aplausos estremecieron el salón. Al comienzo de la sesión, asombrados por la rapidez de los acontecimientos, sorprendidos por el estruendo del cañón, los delegados permanecían indecisos. Por espacio de una hora, desde la tribuna les habían asestado martillazo tras martillazo, soldándolos en una sola masa, pero aplastándolos también. ¿Sería posible que estuviesen solos? ¿Se había alzado Rusia contra ellos? ¿Era cierto que el ejército marchaba sobre Petrogrado? Luego había venido este soldado joven de mirada límpida y, como a través del fulgor de un relámpago, habían reconocido la verdad. Sus palabras eran la voz de los soldados; los millones hormigueantes de obreros y campesinos en uniforme eran hombres como ellos, que pensaban y sentían como ellos”. “¡Al basurero de la historia!” Los delegados de la derecha abandonaron el Congreso. Al hacerlo, dejaban tecleando en el vacío la propuesta presentada por Martov, que ya había sido aprobada, de llegar a un compromiso entre todos los partidos soviéticos. Pero Martov insistía, denunciando la insurrección como “algo realizado únicamente por el partido bolchevique” y reclamando la suspensión del Congreso hasta llegar a un acuerdo entre “todos los partidos socialistas”. Era preciso responder; Trotsky fue el encargado. Su discurso, histórico, marcaba el punto de inflexión en el Congreso de la insurrección proletaria. “Lo que ha sucedido — dijo Trotsky, con el rostro pálido y un tono frío y despectivo— es una insurrección y no un complot. El levantamiento de las masas populares no necesita justificación. Hemos dado temple a la energía revolucionaria de los obreros y soldados de Petrogrado. Hemos forjado abiertamente la voluntad de las masas para la insurrección y no para un complot. Nuestra insurrección ha vencido y ahora se nos hace una propuesta: renunciad a vuestra victoria, concluid un acuerdo. ¿Con quién? Pregunto: ¿con quién debemos concluir un acuerdo? ¿Con los miserables grupitos que se han retirado de aquí?... Pero si ya los hemos visto de cuerpo entero. No hay nadie ya detrás de ellos en Rusia. ¿Con ellos deberían concluir un acuerdo, de igual a igual, los millones de obreros y campesinos representados en este Congreso, a quienes aquéllos, y no es la primera vez, están dispuestos a entregar a merced de la burguesía? No, ¡aquí el acuerdo no sirve para nada! A los que se han ido de aquí, como a los que se presentan con propuestas semejantes, debemos decirles: Estáis lamentablemente aislados, sois unos fracasados, vuestro papel ya está jugado, dirigiros allí donde vuestra clase está ahora: ¡al basurero de la historia!...” 6 Notas 1 y 2. John Reed, Diez días que conmovieron al mundo. 3. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa. 4. John Reed, idem. 5. Alexander Rabinowitch, The Bolsheviks come to Power. 6. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa

Los trabajadores autoconvocados de Parmalat estamos empeñados en una intensa movilización contra los despidos y traslados que impulsa el vaciador Sergio Taselli. En los últimos días hemos desplegado una gran actividad para difundir nuestro conflicto. Luchamos para se vaya Taselli, el estado se haga cargo de Parmalat otorgando los subsidios necesarios para que se reactive la planta bajo gestión obrera. ¿Quién protege a Taselli? Sergio Taselli ha violado toda la legislación vigente y es un probado estafador del dinero público, es decir que goza de impunidad. Gran parte de nuestra agitación se ha concentrado en denunciarlo públicamente como un vaciador que roba con los subsidios públicos y la venia oficial. Nos hemos movilizado el 5 de noviembre a la Defensoría del Pueblo de la Nación donde entregamos una frondosa carpeta con las denuncias que hemos acumulado durante todos estos años contra Sergio Taselli. Pese a estas pruebas el vaciador sigue contando con el apoyo del gobierno nacional. Con el decreto 1447 (firmado por Miguel Peirano, Alberto Fernández y Néstor Kirchner) recibió los beneficios de "terminal automotriz" para su empresa Materfer. Reclamamos que se vaya Taselli y que el Estado impulse un plan de reactivación de la planta bajo gestión obrera. Repartimos cientos de miles de volantes en la estación Constitución, en el Parque Industrial y en otras fábricas. Como parte de nuestra actividad hemos sacado un primer número de un Boletín de lucha, fundamentalmente para trabajar en el interior de la planta. La dirección de ATILRA hasta ahora ha avalado el plan Taselli. El boletín cayó muy bien entre los trabajadores, que ven como seguimos luchando por los puestos de trabajo mientras la dirección sindical plantea "esperar al 1 de diciembre", fecha en que se hacen efectivos los 120 telegramas de despidos. La patronal sigue con provocaciones, no ha retirado los telegramas "truchos", siguen efectivos los traslados, retacea los sueldos, etc. Como parte de nuestra acción nos vinculamos con todo el movimiento obrero que lucha. Nos solidarizamos con Zanón y las fábricas recuperadas en el Bauen, con los trabajadores del Casino y del subte hostigados por las patotas y los atropellos patronales. Participamos del acto contra los despidos arbitrarios en el Hospital de Pilar donde concurrimos 20 compañeros. Por una gran movilización a Plaza de Mayo... Estamos organizando una gran movilización a la Plaza de Mayo. Pedimos la solidaridad de todos los trabajadores. Es la oportunidad de golpear todos juntos contra los empresarios vaciadores de empresas y reclamar que el Estado se haga cargo con la expropiación de las empresas entregandolas gratuitamente a la gestión de trabajadores, la garantía estatal del sueldo mínimo equivalente a la canasta familiar y un plan de subsidios para su activación. Luchamos por: níngún despido ni traslados truchos, pago de los salarios caídos y regularización de los aportes jubilatorios; Fuera Taselli y que el Estado se haga cargo de reactivar Parmalat bajo gestión obrera. Esas son nuestras banderas y nuestra causa. Queremos que sea una causa nacional.

Compañeros: Quiero expresar mi total repudio hacia la actitud tomada por las editoras de diarios, especialmente Clarín y La Nación. Ante el reclamo de nuestro gremio de recuperar el 7 de noviembre, el Día del Canillita, han expuesto los argumentos capitalistas de siempre y negado esa posibilidad, por lo que nuestro sindicato promovió un paro para ese día, cosa que ningún medio está registrando. Los vendedores de diarios estamos siendo visitados por gente de Clarín que nos ofrece el 90% (¡el noventa por ciento!) del precio de tapa para que trabajemos ese día y tratar de romper la huelga. Si eso no es soborno, ¿cómo se puede llamar? El 7 de noviembre, los canillitas no abriremos los puestos, la dignidad y los derechos del trabajador no se negocian. Gracias por darme este espacio y poder expresar mi deseo que es el de todos ustedes: una patria manejada por los obreros, una alternativa socialista y por siempre marxista.

La situación de Aerolíneas Argentinas merece largamente el titulo de la “estafa interminable”. La plata que ha puesto el estado en la empresa es mucha y su funcionamiento empeora cada día. En 1990 Aerolíneas fue transferida a lberia, una empresa prácticamente quebrada; el Estado retuvo el 5% de las acciones y un 10% quedó para el personal. Aerolíneas fue vendida al precio de remate de 500 millones de dólares pero el Estado argentino se hizo cargo de un pasivo que era exactamente el doble: 1.000 millones de dólares Iberia no invirtió nada; incluso vendió 10 de los 40 aviones que ya existían. Comenzaron las denuncias de vaciamiento. Cinco años más tarde, en 1995, el Estado español rescató a Iberia y se hizo cargo de la empresa; se suman capitales yanquis y en el 2001 Iberia la transfiere al grupo Marsans, que actualmente maneja la compañía. La crisis actual que atraviesa Aerolíneas tiene que ver con el inicio de la enésima estafa. El Estado argentino tiene la opción de pasar del 5 al 20 por ciento de las acciones de la compañía y quiere hacerlo a cambio de la deuda que la empresa tiene con el Estado y con Aeropuertos 2000, donde el propio Estado argentino va a tener el 40% de las acciones. Los españoles le deben al Estado y a Aeropuertos 20.000 millones de pesos por tasas aeroportuarias y otro tanto por deudas con el fisco. Pero los españoles quieren: 1) que el ingreso de este 15% de las acciones se paguen en efectivo y ellos “reprogramar” por enésima vez la deuda con Aeropuertos y el Estado; 2) el establecimiento de un pacto social que contenga a los gremios que actualmente tienen actuación dentro de la línea para realizar una inversión en aviones. La política del gobierno durante todo este período ha consistido en darle rienda suelta a las exigencias de los españoles y su política oficial y ha sido comprar directamente a los dirigentes sindicales pasándolos “del otro lado del mostrador”. Así, Alicia Castro del gremio de las azafatas (AAA) hoy es embajadora en Venezuela; el ex dirigente de los técnicos aeronáuticos (Apta) Ricardo Cirielli es Subsecretario de Transporte Aerocomercial y Ariel Basteiro también dejó su cargo de secretario general (Apa) para pasar a ser directamente representante del Estado argentino en el directorio de la empresa. La burocracia de los gremios aeronáuticos es el caso más despreciable de cooptación de la historia del sindicalismo argentino. La dirección de los pilotos (Apla), por su parte, hace lobby junto con la Fuerza Aérea con el propósito de que el Estado cobre sus deudas o la empresa sea reestatizada bajo su control y ahora “cumple” a rajatabla hasta el 23 (fecha en que puede producir una definición sobre la compra del 20% de las acciones de la empresa) una rigurosa conducta en materia de horas límites de vuelo, cuando durante años ha dejado que estos derechos sean abiertamente vulnerados. Es un “quite de colaboración conjunto” con el gobierno. Mientras reprime y aprieta a los trabajadores del Subte, a los del pescado, a los del Casino, el gobierno mira para otro lado frente a este caos de la aviación donde por milagro no tenemos nuevos Lapas pues hasta los radares son prestados. El cuadro se puede resumir así. Otra vez Aerolíneas será objeto de una monumental estafa. Otra vez los capitales internacionales le sacaran al pueblo argentino millones de dólares. La burocracia de los gremios aeronáuticos está totalmente entregada al Estado y hacen sus propios negocios mientras la situación del mantenimiento de los aviones es critica, las condiciones de trabajo son infames, los sueldos de todos están congelados y no hay un sólo peso de inversión. Los españoles han tomado a Aerolíneas como el modelo a seguir en el futuro con todas las empresas de Argentina en las que tienen capitales. Zapatero viajó a Buenos Aires para negociar las condiciones del traspaso de las acciones de Aerolíneas. Saqueo y “paz social” pactada con los burócratas de los gremios es su derrotero. Hay que reestatizar sin pago a Aerolíneas Argentinas, rajar a la burocracia “patrona” de los gremios y que quede bajo el control de los trabajadores.

LOS DESPEDIDOS DENUNCIARON LA EXTORSIÓN DE YASKY El gobierno ha confirmado el despido de trece trabajadores del Indec. El ataque fue disimulado bajo la forma de un “traslado” de los cesanteados al Ministerio de Economía. Pero será sólo por un año, y “todavía se desconocen los puestos que les van a ofrecer y las áreas” (Ambito Financiero, 12/11). Mientras tanto, las interventoras del Indec están reemplazando a estos trasladados (y a otros técnicos desplazados) por elementos adictos. El gobierno ha logrado dar un paso estratégico para su “pacto social”, que sustentará sobre las cifras truchas del Indec y sus proyecciones. Extorsión a los despedidos Los nuevos despidos pusieron de manifiesto el fracaso del “acta acuerdo” firmada por ATE y CTA con el gobierno semanas antes de las elecciones: las promesas de “levantamiento de las sanciones” terminaron en despidos, apenas pasados los comicios. Este fracaso, sin embargo, no sirvió para que estas direcciones gremiales ensayaran un viraje. En cambio, le plantearon a los despedidos de que no había nada para hacer y que, en estas condiciones, lo mejor sería aceptar los traslados para preservar los puestos de trabajo. Ahora, ni siquiera esto está garantizado: ATE le entregó la suerte de los cesanteados a la fracción de Peyrano, en momentos en que ella está por abandonar el gobierno. Los traslados fueron aceptados en una confusa asamblea, donde, en realidad, se impuso la abstención. Lo que determinó el desenlace de la asamblea fue la lectura de una carta de los cesanteados, donde aceptaban la “solución” del traslado. Pero como lo reconocieron varios de ellos, fue el mismísimo Yasky quien promovió que los despedidos aceptaran la propuesta oficial. Les dijo que si rechazaban la indigna oferta del gobierno, ni la CTA ni ATE responderían por ellos. Una extorsión lisa y llana. Primero a los despedidos, y luego a la propia asamblea. Ahora qué El traslado de los compañeros constituye un golpe al activismo de la asamblea del Indec, al mismo tiempo que da vía libre a mayores manipulaciones y nuevos ataques a los trabajadores. Apenas cerrado el conflicto, se agudizó la crisis política entre Peyrano y Moreno. Un sencillo “no” a los despidos encubiertos del Indec hubiera empalmado con ella. Con su aceptación a los traslados, ATE es fiel a una línea de capitulación permanente que excede, incluso, su afiliación con tal o cual fracción del gobierno. . La relación de fuerzas entre los trabajadores del Indec y el gobierno se mide con la vara de la crisis política, y no sólo por las capitulaciones de su dirección sindical. La crisis del Indec continúa en la cresta de la ola. En ese cuadro, sigue planteado un frente de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas en defensa del Indec y por la reincorporación de los trabajadores despedidos. Alfonso Villalobos (Lista Violeta de ATE, Agrupación de Estatales en Lucha)

La etapa pos-electoral demuestra con toda claridad que la agenda del próximo gobierno es atacar en dos frentes: la crisis inflacionaria y las presiones que promueve la crisis internacional, en ambos casos a costa de los trabajadores. Ése es el contenido del Pacto Social que se está publicitando. Por medio de este pacto el viejo-nuevo gobierno pretende doblegar las luchas que la burocracia sindical no controla y regimentar al conjunto de la clase obrera. Trata de lograr lo que no pudo el primer mandato: ponerla bajo la tutela estatal. Queda esclarecida de este modo la naturaleza de la lucha de partidos en las últimas elecciones: de un lado el bloque “nacional y popular”, cuyo propósito político es avanzar en la regimentación político-social y someter todavía más a los sindicatos y organizaciones populares al control de la burocracia; del otro, la campana de nuestro partido por la emancipación política de los trabajadores de la tutela del nacionalismo patronal y del Estado capitalista. La realidad pone a los trabajadores delante de una gran lucha por la defensa de sus intereses frente a la patronal, como se manifiesta en la extensión que está alcanzando el reclamo de un doble aguinaldo. También está en marcha una campaña de conjunto en defensa de las fábricas recuperadas, por su expropiación definitiva bajo gestión obrera. Por otra parte, numerosas organizaciones que participan del Encuentro Nacional de la Mujer se han dado el objetivo de arrancar en 2008 el derecho al aborto legal. La nueva Presidenta ya le anunció a Bergoglio su oposición a ese reclamo. La etapa pos-electoral ha delimitado con más claridad los objetivos de clase que persigue el gobierno “nacional y popular”. Tenemos el desafío de profundizar esta delimitación, para que los trabajadores podamos reunir todas nuestras energías con el objetivo de dar una batalla victoriosa por nuestra agenda reivindicativa. El agotamiento de la política “nacional y popular” como perspectiva plantea la tarea de avanzar con más decisión en la formación de un partido de acción y de lucha de la clase obrera. Los luchadores deberían debatir en forma abierta la realización de esta tarea histórica. Este es el programa que preside nuestra campaña financiera de fin de 2007. Necesitamos reunir el dinero necesario para esta lucha política. Convocamos a los trabajadores y a los activistas a contribuir con la campaña y a colaborar para obtener mayores contribuciones. El gobierno declaró enseguida después de los comicios que había derrotado a los que cortan rutas, hacen huelgas, manifiestan y reclaman por medio de la organización y de la lucha. Nuestro Partido, el Partido Obrero, recoge este desafío, que nosotros fuimos los primeros en definir desde la rebelión popular de 2001 y el subsiguiente cambio de frente de la patronal nativa —del “neoliberalismo” al “modelo productivo” (que en ambos casos se construye sobre nuestras espaldas y sacrificios).

La Asamblea de Interpol en Marruecos votó la orden de detención urgente (circulares rojas) de cinco ciudadanos iraníes y uno libanés, acusados por el gobierno y la Justicia argentinas de ideólogos y organizadores del atentado contra la Amia. La decisión arrancó aplausos del Congreso Judío Mundial y del gobierno norteamericano, que antes había logrado que se retirara el pedido de captura contra “las tres figuras políticas que habían sido incluidas (el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani, el ex canciller Ali Akbar Velayati y el ex embajador Hadi Soleimanpour)”. Bush “quería evitar sentar precedentes y que un día pudieran perseguir a un ciudadano estadounidense en el exterior, como el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld” (Clarín, 8/11). El dictamen del fiscal Nisman no ofrece pruebas contra los imputados y se basa exclusivamente en incomprobables informes de inteligencia de la CIA y el Mossad, al punto que “fuentes diplomáticas y de inteligencia estadounidenses consideraron que hubiese sido muy difícil que Interpol emitiera las llamadas circulares rojas si Estados Unidos no hubiera estado a favor y no hubiera presionado a otros gobiernos para que también votasen a favor” (Clarín, 8/11). El gobierno kirchnerista cumplió un doble servicio a los halcones norteamericanos, no sólo contra Irán sino contra su “amigo” Hugo Chávez. Aunque “hubo en el Congreso de EEUU un lobby judío muy activo a favor del pedido de captura de los iraníes, el interés por el tema creció por el impacto que tuvo en los sectores más duros del Partido Republicano la relación del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, con el venezolano Hugo Chávez”. El representante de Venezuela ante Interpol no participó de la Asamblea, “lo que fue interpretado como un gesto hacia la Argentina: en caso de haber estado allí, seguramente hubiera votado en favor de la posición iraní”. Brasil se abstuvo con el argumento de que “votar por la afirmativa volvería a traer sobre el tapete el papel que juega la zona de la Triple Frontera como área sensible para operaciones del terrorismo islámico” (La Nación, 8/11). El gobierno proimperialista de Lula hizo gala de una autonomía nacional que deja al desnudo el servilismo político de los “nacionales y populares” de Argentina. “Después de un largo año de esfuerzos formales de Estados Unidos e Israel para acusar a Irán de ser un Estado patrocinador del terrorismo, buscando su aislamiento y condena internacionales, es el gobierno de Kirchner quien facilitó el triunfo de esta política al obtener las órdenes de captura pedidas por Interpol contra funcionarios iraníes, en nombre del supuesto esclarecimiento del ataque a la Amia”, señala un reciente comunicado de Apemia. Apemia puntualiza que “suponer que este apoyo internacional a las políticas de Bush y Olmert devendrá en 'un avance' en el esclarecimiento de la causa Amia es, sencillamente, un engaño y un nuevo esfuerzo por manosear la ilusión de familiares y amigos de las víctimas”. Estafa descaradamente reconocida por el director ejecutivo del Comité Judío Americano: “Una victoria de la Argentina en Marruecos no significará necesariamente arrestos en el corto plazo, pero enviará un mensaje contundente al mundo (…) Aún si demora (otros) trece años, involucra pasos en falso, encubrimiento y comienzos inconducentes… Argentina merece apoyo absoluto… deberían seguir su ejemplo”, recomendó David Harris. La acusación contra Irán es absolutamente ajena a la voluntad de esclarecer el atentado, es la columna vertebral del disciplinamiento kirchnerista detrás de la política bélica del imperialismo.

El paro docente de 48 horas del 8 y 9 de noviembre fue masivo. Fue convocado por un “frente de unidad sindical” que agrupa a los sindicatos docentes de la Ciudad. Dentro de este frente, se expresan tendencias y políticas contradictorias. El 31 de octubre el activismo docente nucleado en Ademys votó en asamblea un paro de 48 horas para los días 8 y 9 de noviembre. El “frente sindical” ya había anunciado un paro testimonial para el día 8; UTE-Ctera boicoteó el paro del 9. En la asamblea de Ademys se votó convocar a una asamblea general docente con mandato de base para el jueves 8 con el propósito de definir cómo proseguir el plan de lucha, una movilización al gobierno de la Ciudad para el viernes 9 y la coordinación con los plenarios de delegados en lucha de los Suteba opositores. La asamblea de Ademys del jueves 8 fue masiva. Más de 100 docentes se congregaron para definir la continuidad del plan de lucha, muchos de ellos con mandatos de paro de 48 y 72 horas. La asamblea ratificó por unanimidad el paro de 48 horas que estaba en curso y convocó a un nuevo paro de 48 horas los días 20 y 21 de noviembre. También se votó, por moción de Tribuna Docente, la participación en el plenario de delegados en lucha de los Suteba combativos del 16; el repudio contra la agresión y la persecución de la patota de la Ctera a los alumnos del Pellegrini; y el envío de una carta de Ademys como miembro de la CTA a la dirección nacional de la Central denunciando los repudiables hechos de la burocracia celeste de la UTE que montó una campaña de desinformación y adulteración de documentos para boicotear el paro del viernes 9 (sólo convocado por Ademys). El “frente de unidad sindical”, y en particular UTE-Ctera, está protagonizando una maniobra para “lavarse la cara” en vísperas de las elecciones de Juntas de Clasificación y Disciplina del 14 de noviembre. Al mismo tiempo, la UTE busca mostrarse ante Macri como un sindicato fuerte con el único objetivo de fortalecer su situación de cara a una inminente “negociación” para mantener sus prebendas con el gobierno de la ciudad. Los paros convocados por la burocracia responden a esta necesidad. Los paros fueron masivos, más allá del oportunismo de la burocracia, porque la situación de los docentes porteños es extrema. Al desastre que está provocando la inflación sobre el techo miserable de Yasky-Filmus y sus 1.040 pesos, hay que sumarle la flexibilidad laboral. Por ejemplo, la Disposición 14 del Director del Área Primaria ordena resolver la emergencia educativa generada por la ausencia de maestros suplentes obligando a los maestros con cargo a cubrir las horas libres en los horarios curriculares; es otro claro ataque al estatuto del docente. Los desafíos del plan de lucha en curso Los docentes no debemos confiar en la burocracia que nos ha traicionado sistemáticamente. La perspectiva que debemos desarrollar es la de la docencia clasista de la provincia de Buenos Aires: plenarios de delegados con mandato de base y organización de los distritos mediante asambleas de delegados por un plan de lucha con paros progresivos hasta ganar.

El Seminario convocado en la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa) en La Paz para debatir “Qué fue la rebelión de octubre 2003” tuvo como propósito reivindicar y analizar el proceso revolucionario del Altiplano. En dos jornadas sucesivas, con la participación en total de unos 300 trabajadores y jóvenes, fueron debatidas las posiciones de Jaime Solares, ex ejecutivo de la COB (hoy trabajador minero en Huanuni), del “Mallku” Felipe Quispe, ex dirigente máximo de la Confederación Sindical de Trabajadores del Campo de Bolivia (hoy representante de uno de sus departamentos), Carlos Rojas, ex miembro de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Lorgio Orellana (del Centro de Estudios de Latino América — Cedla— ) y Christian Rath (del Partido Obrero de Argentina). “Que Evo cambie, si vira lo vamos a apoyar” Jaime Solares reivindicó la conducta revolucionaria de los mineros en las jornadas de octubre 1 y en la batalla obrera que llevó a la recuperación de la Mina de Huanuni. A partir de aquí, Solares reivindicó al proletariado minero como vanguardia de la revolución y señaló que la “agenda de octubre” — a la que identificó con la indemnización sin pago del petróleo y el gas, y la Asamblea Constituyente revolucionaria y originaria— había sido traicionada. El corolario de su mensaje, sin embargo, fue una apelación al gobierno nacionalista: “Que Evo cambie, si vira lo vamos a apoyar”. Felipe Quispe produjo una intervención en gran medida auto-referencial, aunque defendió la nacionalización del petróleo y el gas y su industrialización, sin caracterizar de conjunto la política petrolera del gobierno de asociación. Al momento de plantear una salida, propuso “autogobernarnos” en nombre de la comunidad indígena. La política del “Mallku” pareció detenida en el tiempo. En las jornadas revolucionarias de octubre de 2003, luego de 20 días de huelga de hambre, “la dirigencia campesina aymara se cansó de escuchar las mismas propuestas y exigencias por parte del gobierno (y) el Malku anunció que iban a esperar unos días más para ver si el gobierno cambiaba de actitud, si no ‘vamos a retirarnos a nuestras comunidades a organizar el gobierno de los indígenas, la nación del Qullasuyu’ 2 . Ambos dirigentes fueron protagonistas de las jornadas de octubre de 2003 y desde entonces perdieron posiciones de liderazgo en sus organizaciones a favor de representantes alineados en mayor o menor medida con el MAS. El análisis de este cambio de dirección fue soslayado por Felipe Quispe pero no por Jaime Solares, que lo atribuyó a un “problema de ideología o pensamiento revolucionario” en la vanguardia. Christian Rath (PO) destacó que la insurrección fue protagonizada por los obreros y los campesinos, ocupados y desocupados; el surgimiento de una especie de doble poder; una movilización extraordinaria de las masas, una división profunda en la burguesía, la fractura del ejército; la ausencia de un partido con una autoridad política que lo capacite para organizar la toma del poder. Nadie en Bolivia discutió el problema de la organización del derrocamiento y la toma del poder. Evo Morales se mantuvo ausente de la rebelión de octubre para no asumir la responsabilidad política por un desenlace revolucionario, y planteó antes que ninguno el apoyo al relevo constitucional y “la revolución en democracia”; es decir, el sacrificio de la revolución. “La COB ha sido cooptada por el MAS” Rath planteó luego que las masas campesinas e indígenas ocupan el centro del escenario político y que el progreso de la revolución depende del agotamiento de la experiencia de esta masa en relación con el gobierno, al que consideran, en una proporción importante, representante y depositario de sus intereses. Estas tienen interés en una revolución agraria, que han esperado que sea consumada por la Asamblea Constituyente. La clase obrera puede jugar un papel dirigente si orienta a los campesinos e indígenas en torno de dos planteos: la expulsión de la oligarquía fascista de la Constituyente, y la expropiación de los latifundios y la nacionalización sin pago de los hidrocarburos. Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, reivindicó el papel de la central obrera en las jornadas de la rebelión de octubre, a través de la huelga general indefinida 3 : “No sólo (estuvieron) los mineros, no sólo los de El Alto”, planteó el dirigente. Reconoció la ausencia de “un partido o un frente político para tomar el poder”. Denunció al MAS por “reformista”, explicó el silencio de la COB por la cooptación de una parte de sus miembros por parte del gobierno, denunció la impostura de la falsa “nacionalización” de los recursos y senaló que incluso la nacionalización de Huanuni significó “concentrar 4.700 trabajadores en una pequeña mina sin herramientas”. Como “agenda pendiente de octubre” y base de la movilización del pueblo planteó la derogación del decreto 21060 de flexibilidad laboral, la recuperación de las empresas capitalistas quebradas o vaciadas, la nacionalización del gas y del petróleo, y el juicio y castigo a los asesinos de la rebelión de octubre. La encrucijada de la izquierda El gobierno del MAS cuenta con el apoyo de las organizaciones campesinas e indígenas y la parálisis de las organizaciones obreras — una parte de cuyos dirigentes ha sido cooptada por el gobierno, en tanto que otra (el Partido Comunista y el PC Marxista Leninista, maoístas)... han ingresado directamente en él. El POR no es un factor político en Bolivia y su peso está limitado a algunas posiciones sindicales (maestros de La Paz, universitarios de Cochabamba). Pero continúa siendo una referencia histórica y ha sido el “paso obligado” de centenares de militantes que han hecho su experiencia y salido de la organización. La perennidad del POR está abonada, además, por la renuncia de la izquierda a criticar el fracaso del POR como partido revolucionario de la clase obrera. La caracterización del gobierno del MAS, por parte del POR, como “gobierno burgués...lacayo del capitalismo mundial, del imperialismo” (Masas 2057, 12/10), elimina todas las contradicciones de la situación política, la más importante de las cuales es que el campesinado de las comunidades, el que ha emigrado a las ciudades y los obreros que se han reconvertido a la actividad agraria ocupan el centro del proceso político. El POR, junto a la impotente izquierda que no tiene origen estalinista desconocen a la Asamblea Constituyente y la califican de “farsa” y de “maniobra demagógica” del gobierno. El POR está así en una clásica posición de puro propagandismo, o sea de un sectarismo conservador que ignora la situación política dominada por el protagonismo de las masas campesinas e indígenas. El POR enarboló hace mucho tiempo la “tesis” de la “inviabilidad de la democracia burguesa” en Bolivia, dando la espalda a los procesos políticos electorales en cualquier circunstancia en nombre de la inmediata “dictadura del proletariado”. El propagandismo se convirtió en ultimatismo. Ahora, sin embargo, asegura que se han cumplido “25 años de democracia burguesa”, tirando por la borda todo el propagandismo previo, pero que tiene por función poner en el mismo plano a los procesos políticos encabezados por los los gobiernos de Sánchez de Lozada y el del MAS, y al parlamento títere del gorilismo con la disputada Asamblea Constituyente, encargada de enfrentar, por el voto masivo de las masas, las cuestiones agrarias y nacionales, tanto en referencia al separatismo petrolero como a la independencia del imperialismo. Si, en efecto, Bolivia hubiera conseguido en un cuarto de siglo imponer la democracia que a los países desarrollados les llevó más de un siglo, con la ventaja de tener un capitalismo en ascenso, estaríamos ante un gigantesco salto histórico. En un escenario signado por las ilusiones democráticas y agrarias, el POR le dice a las masas que estas aspiraciones han quedado históricamente relegadas y que se han convertido, por lo tanto, en reaccionarias. Es “comprensible” entonces que carezca de un programa de transición que ayude a los explotados precapitalistas y pequeño burgueses a agotar, en el terreno de la lucha, o sea por medio de una práctica revolucionaria, la experiencia del MAS. Notas 1. Según varias crónicas lo que definió la batalla para la caída de “Goni” fue la confluencia de los pobladores insurrectos de El Alto con los mineros, que avanzaron y ocuparon La Paz a costa de varios trabajadores muertos. 2. Al asumir la presidencia, Evo Morales entregó el Ministerio de Economía a los dirigentes de las cooperativas mineras, que pretendían la privatización de las áreas más ricas de Huanuni en alianza con capitales extranjeros. El intento de asalto de las cooperativas, amparado por el gobierno, provocó los enfrentamientos del 5 y 6 de octubre 2006 (con 16 muertos y muchos heridos) en los que los mineros derrotaron a dinamitazos a los cooperativistas y defendieron sus fuentes de trabajo. En lo que fue la primera gran crisis del gobierno del MAS, la victoria de los mineros arrancó la caída del ministro, la nacionalización de la mina, la creación de 4.000 puestos nuevos de trabajo, a través de la incorporación de cooperativistas pobres y desocupados, y un llamado control obrero social, por el cual todo trabajador tiene acceso a los libros de la empresa y un consejo electo en asamblea discute los problemas de la producción. 3. El Alto de pie, Luis Gómez, Ediciones Preguntas Urgentes, 2006. 4. El Obrero Internacional N° 4, diciembre 2004.

En los primeros días de diciembre, la CTA celebrará su 8º congreso nacional. El congreso de una central obrera debería servir para preparar una intervención estratégica independiente de la clase trabajadora en el próximo período político. Los documentos publicados por la dirección de la CTA, sin embargo, apuntan en el sentido opuesto. Latinoamérica El informe central plantea una división continental entre “dos campos de fuerzas que pugnan en sentido contrario”: los neoliberales y “los que apuestan a profundizar el cambio”. Ubicándolos en el segundo barco, reivindica a los gobiernos de Lula, Tabaré Vázquez, Evo Morales y Chávez. Poco parece importarles a los dirigentes de la CTA que Lula y Kirchner hayan boicoteado activamente la revolución boliviana, que todos ellos (con la excepción de Chávez) hayan enviado tropas a Haití, o que Lula firme acuerdos de producción de biocombustibles con Bush. La reivindicación de Tabaré Vázquez como agente del cambio continental roza la desvergüenza, y más si se da en el mismo documento que reclama la “despenalización y legalización del aborto”: Tabaré será recordado no sólo por Botnia, sino por ser el primer presidente ‘izquierdista’ que se declara dispuesto a vetar cualquier ley de despenalización del aborto. Desde luego que si se ‘escapan’ cuestiones de ese calibre, no es de extrañar que la ‘autónoma’ CTA no haga mención alguna a la regimentación que Chávez pretende establecer sobre las organizaciones obreras en Venezuela. Caracterización del kirchnerismo Lo más jugoso viene en el apartado de caracterización del gobierno de Kirchner. Para la CTA, “con sus más y con sus menos, integró el mapa político regional de esta nueva etapa histórica”. El documento señala que “esa pugna entre quienes apuestan a profundizar los cambios y los que empujan para volver a un esquema que se allane a los intereses de los factores de poder, se da hacia adentro del oficialismo”. Así nos venimos a enterar que el kirchnerismo está fracturado entre un sector que defiende una estrategia popular y otro sector que ‘no quiere el cambio’. En realidad, lo importante de esta caracterización no es que el kirchnerismo esté dividido en dos campos, sino que la CTA se alinea en el campo (popular, claro) del gobierno... para influir. Yasky, De Gennaro y Lozano, se encargan de ‘tirar onda’ también a todo el arco político patronal (la ‘pugna’ se daría “hacia adentro, también, del archipiélago de expresiones heterogéneas que conforman la oposición”). El asesino siempre vuelve a la escena del crimen (¡Frepaso!)... Paritaria social, pacto social Esta caracterización de un oficialismo que se debate entre dos estrategias sirve para ocultar los planes políticos y económicos de la presidenta electa. No es casualidad que en todo el documento (más de 40 páginas), no haya una sola especificación de reivindicaciones salariales (el ‘salario mínimo vital y móvil’ no tiene monto o equivalente en relación a la canasta familiar). Sí se plantea la tan mentada “paritaria social” que, en esencia, es idéntica a la convocatoria de Cristina (estado, trabajadores y empresarios ‘nacionales’). ¿Sería muy descabellado suponer que la tan reclamada personería legal pudiera servir como moneda de cambio? Evidentemente De Vido, amigo de Moyano, no representa el ‘cambio’ para la CTA. ¿Será el ex cavallista Alberto Fernández (con quien Yasky está demostrando tener tan buenas migas en el conflicto del Indec), el representante del campo popular dentro del kirchnerismo? El rol de la CTA El balance de actividades constituye un fraude. La CTA dice haber roto el techo salarial y pone como ejemplo a telefónicos y docentes. Pero la Directiva de Foetra, desconociendo la votación de asamblea, pactó el techo salarial de Kirchner (la corriente de Marín-Lozano jugó un rol fundamental en esta entrega). Fuentealba fue asesinado por luchar contra el techo salarial de Filmus-Yasky (1.040 pesos). En el ‘balance’, la Directiva de la CTA tiene la caradurez de reivindicar su papel frente el asesinato del maestro neuquino... Se olvidan que en aquel momento, Yasky no podía pisar Neuquén. Los hechos no sólo marcan que la CTA está con los topes salariales del gobierno, sino también que ha salido al socorro del oficialismo en cuestiones políticas de importancia mayúscula, como las rebeliones populares de Salta, Neuquén y Santa Cruz. Lo mismo está sucediendo con el Indec, donde Yasky y Micheli son cómplices y partícipes necesarios del desguace y la adulteración de los índices económicos. El rumbo que marca el documento puesto a debate marca una continuidad de esa orientación de apoyo vergonzante a un gobierno que prepara tarifazos y una mayor inflación. Ningún delegado que represente honestamente a la clase obrera debe votarlo.

El gobierno de Kirchner, Solá y Scioli ataca a los docentes que salieron a parar con los Sutebas combativos, con descuentos en sus salarios. Las retenciones llegan hasta los 1.600 pesos. El descuento es ilegal porque viola el derecho constitucional de huelga y porque en muchos casos supera más del 60 por ciento del salario alimentario. Para llegar a ese nivel de descuentos, que incluyó a muchos que no pararon, el gobierno apeló a “deudas” pasadas de todo orden, y a la adulteración de las quitas. El objetivo es quebrar al movimiento de lucha que abrió la huelga en la provincia de Buenos Aires y estableció un canal de organización para la docencia que rechazó al pacto de Baradel y Solá. En particular, el gobierno se ensañó con los docentes del Suteba La Plata, una de las seccionales que se ha puesto a la cabeza de la lucha provincial. Los funcionaron se negaron a dar marcha atrás en los descuentos extorsivos, arbitrarios e ilegales: “Tenemos la decisión política de destruirlos; luego buscaremos las formas jurídicas para justificar lo que hagamos”, dijeron El ataque ha sido planificado meticulosamente. Pretende eliminar el derecho de huelga para defender el salario y hasta el funcionamiento de los Sutebas combativos: han descontado las licencias gremiales de los delegados que han participado en reuniones y asambleas. La orden de destruir a los Sutebas combativos y a todo aquel que saque los pies del plato es coincidente con el ataque a los trabajadores del Soip que pelean por la garantía horaria contra las patronales, la burocracia y el estado, la tenaza represiva de la burocracia del Somu y de la prefectura contra los trabajadores del casino, con los despidos del Indek o con los ataques contra los trabajadores de las fábricas recuperadas. El gobierno “nac y pop” está decidido atacar y disciplinar a todo el mundo, para que pase el “pacto social” con las patronales y la burocracia sindical. Ocupación, paro, movilización, cortes de calle El Suteba La Plata ocupó la Torre 1 por 9 horas el miércoles 7 de noviembre. Al día siguiente, en el marco de un paro de 24 horas, los Sutebas combativos realizaron una marcha a la Dirección General de Escuelas, de la cual participaron, también, los Sutebas dirigidos por la Azul y Blanca. Ese mismo, el 8 de noviembre, el gobierno desalojó la DGC y E con la excusa de que se había recibido la amenaza de una bomba. Ante el temor de que procedieran a ocupar la sede de Educación, preparó un operativo represivo contra los manifestantes. La jornada terminó con un nuevo corte de calles frente a la Plaza Moreno de más de cuatro horas y la decisión de seguir la lucha hasta quebrar el ataque de los descuentos y hasta conseguir los 1.200 pesos de básico. Este camino debe profundizarse por medio de un plan de lucha conjunto de los Sutebas combativos, la Feb y los Sutebas azules y blancos. Debemos enfrentar al gobierno con la más contundente unidad de acción. Derrotar los descuentos es una tarea clave. Para defender a los huelguistas, a los Sutebas combativos y a los que enfrentaron el pacto Baradel-Solá, realicemos una amplia campaña nacional de fondo de huelga para sostener y continuar la lucha. Que los sindicatos combativos, el movimiento obrero en general, los centros de estudiantes, los trabajadores, los padres de los alumnos apoyen la lucha docente. Es una causa popular, en defensa de la educación, del salario y de las conquistas antiburocráticas de los docentes. El 16 de noviembre, los Sutebas combativos realizarán un nuevo plenario provincial de delegados para resolver cómo continúan el plan de acción.

Rafael Fernández, dirigente del Partido de los Trabajadores de Uruguay, y otros militantes populares están siendo procesados por haber quemado una bandera yanqui, mientras manifestaban reclamando la libertad de un joven detenido durante 187 días, en una de las masivas protestas contra la visita del genocida Bush a Uruguay. Entre las destacadas actividades de Rafael se cuenta la de su apoyo activo y el de su organización en defensa del medio ambiente, de la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú y en contra de la política contaminadora del gobierno de su país. Rafael es delegado sindical de la Asociación de Empleados bancarios de Uruguay. Reclamamos ante las autoridades uruguayas el inmediato cese de las persecuciones penales y políticas contra estos militantes populares.

En La Plata se realizó el 9 de noviembre el Congreso Provincial de la CTA. Durante las extensas intervenciones de apertura, que estuvieron a cargo de Hugo Godoy y Hugo Yasky, los centenares de congresales que estábamos presentes pudimos escuchar en vivo y en directo, la directa integración de la conducción de la CTA al gobierno “nac & pop”. Pudimos entender qué significaba el “momento bisagra” del que hablaba el documento político de la secretaría general, en relación al nuevo gobierno que asumirá en diciembre. Yasky despejó todas las dudas informando que irán a discutir con el gobierno cuando los convoquen al pacto social. Sin tapujos dijo “vamos a mantener la alianza política entre clases”. Ejemplificó: sostendremos los acuerdos con la Federación Agraria, Apymes y el Movimiento Cooperativo porque tienen un compromiso antiimperialista (¡) y acordamos con la demanda social” (sic). En cuanto al compromiso antiimperialista de la Federación Agraria, digamos que levanta (como la Sociedad Rural) el reclamo de la derogación de las retenciones a las exportaciones de granos. Respecto de Apymes, recordemos que son firmes partidarios de la flexibilización laboral. Finalmente, no olvidemos que el “movimiento cooperativo” (el banco Credicoop) defiende a muerte la privatización jubilatoria. El Congreso fue organizado para que no se expresaran los opositores, con comisiones en las que había que alcanzar un porcentaje del 20 por ciento de los asistentes para que se pudiera tratar en el debate plenario. Los burócratas que coordinaban las comisiones defendieron puntillosamente las premisas de Yasky. En la comisión de Organización Gremial votaron en contra de la moción realizada por la oposición (PO, Ate-Sur, Bahía Blanca) que planteaba “luchar contra los gobiernos nacional y provincial y explícitamente rechazar el pacto social”. Llegaron al absurdo, para una organización gremial, de votar contra la moción de la oposición de que las decisiones deben ser adoptadas en asambleas. A esto llegaron los supuestos campeones de la “democracia sindical”. Durante todo el congreso no se realizó la menor crítica al gobierno y hasta casi su mención. En ningún momento se abordó un plan de lucha por el salario y las condiciones laborales por las que han salido a la huelga docentes y estatales. Un congreso completamente a espaldas de los trabajadores. No hay ninguna posibilidad de lucha con estas direcciones integradas al gobierno. Para abrir un camino de triunfo de las luchas que la burocracia de la CTA entrega, planteamos una campaña por el Congreso de Bases de la CTA, con asambleas, debates, pronunciamientos que resuelva un plan de acción para ser tomado por el conjunto de los trabajadores por el salario igual a la canasta familiar; el pase a planta permanente de miles de contratados en el Estado; el doble aguinaldo; y contra la flexibilidad laboral.

Cuando toda la carroña enquistada en los medios de prensa de la burguesía festejaba que en las elecciones del Pellegrini no había ganado el FEL (la agrupación donde actúan los militantes de la UJS-PO), se realizaron las elecciones del otro colegio universitario de la UBA, el Nacional Buenos Aires. La contienda tenía un valor político especial, porque se pondrían a prueba dos caracterizaciones políticas opuestas acerca de la situación en la UBA y en los colegios pre-unviersitarios en particular: si como dijimos en Prensa Obrera, la iniciativa seguía siendo de los luchadores, tesis que sosteníamos porque el FEL había realizado una gran elección y un numerosísimo reagrupamiento de estudiantes; o si, como sostenían La Nación y Clarín, se estaba operando un retroceso de la izquierda. Naturalmente si éstos tenían razón debía confirmarse en las elecciones del Buenos Aires a través de una derrota de nuestra lista. No es, sin embargo, lo que sucedió el viernes pasado en las elecciones para el Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Si bien las listas que se presentaron fueron tres, la elección se jugó entre dos de ellas: por un lado, el Frente de Estudiantes en Lucha, compuesto por la CEBA (agrupación independiente que encabezó el frente), la Agrupación La Toma (UJS + independientes), y otros activistas independientes de lucha; por el otro lado, Escoria, hasta el momento conducción del Centro, defensora del independentismo y relacionada con el MST y el MAS. El FEL triunfó con alrededor del 50 % de los votos, superando por un importante margen de 120 votos a Escoria. ¡Es decir que la mitad de los estudiantes votaron por nuestra lista! ¿No sigue estando, entonces, la iniciativa en manos de los luchadores? La campaña En general, el planteo de la democratización fue reivindicado tanto por el FEL como por Escoria (si bien estos últimos lo desmerecieron parcialmente). Es decir que la mayoría del estudiantado que se volcó a las urnas lo hizo defendiendo la democratización. La línea divisoria, sin embargo, recae en que Escoria había desenvuelto una política conciliadora con las autoridades (aceptando la asunción de González Gass como rectora interina), mientras que el FEL defendía una política de oposición a las autoridades para poder conquistar el Consejo Directivo. Frente a esta disyuntiva, los estudiantes se pronunciaron por la última opción; es la victoria de una política de independencia frente a las autoridades del movimiento estudiantil que lucha por la democratización. Lo hicieron incluso contra todo tipo de presiones. Los medios de comunicación se habían encargado de utilizar las elecciones del Pellegrini para atacar al PO, luego de demonizarlo permanentemente por defender la lucha por la democratización. Las propias autoridades del colegio admitieron que no querían que ganaran los “troskos”. La burocracia sindical de CTERA hizo campaña el mismo día de la elección contra el FEL, argumentando que no había que votar al PO y sí había que hacerlo por Escoria; reflejando de esta forma la verdadera voluntad de las camarillas con quienes la burocracia está entrelazada. El hecho de que los independentistas recibieran el apoyo de la burocracia sindical, demuestra que su falta de definición política es reconocida por el propio Estado como una oportunidad para cooptarlos o quebrarlos. Los agentes del Estado apoyaron a la “izquierda independiente”, contra el FEL que defiende efectivamente la independencia del movimiento frente a los directivos. En este cuadro, el triunfo del FEL es doble. En primer lugar, porque representa una derrota de las camarillas universitarias, de las autoridades del colegio y de la burocracia sindical por un lado, que se empeñaron en evitar dicho triunfo; y de los medios de comunicación por el otro, que habían intentado demostrar, con la apretada victoria de los kirchneristas en el Pellegrini, el supuesto retroceso de la izquierda revolucionaria en las organizaciones estudiantiles. En segundo lugar, porque luego de un año en el cual el movimiento estudiantil del Buenos Aires no protagonizó activamente la lucha por la democratización; de un año en el que la conducción del Centro, que defendía una política conciliadora, desmovilizó al estudiantado; los estudiantes se pronunciaron por modificar este rumbo y poner al Centro de Estudiantes en pie de lucha, de forma independiente de los directivos. La disyuntiva en estas elecciones era muy clara: avalar o luchar. Los estudiantes eligieron luchar, para hacer del 2008 un año en el que el Centro del Nacional desenvuelva un gran movimiento por la democratización del colegio. Como dijimos en la anterior Prensa Obrera, ¡el carnaval recién empieza!

En Darfur, en el oeste de Sudán, se asiste desde hace cuatro años -a vista y paciencia de las grandes potencias- a una salvaje limpieza étnica de la población local (de etnia negra) por parte de las tropas y milicias del gobierno central en manos del árabe Partido del Congreso Nacional Islámico. La masacre ya ha provocado 200.000 muertos y el desplazamiento de 4,5 millones de personas. La “conferencia de paz de Darfur”, que se realizó en Libia con el auspicio de la ONU y de la Unión Africana, terminó en un fracaso mayúsculo: sin la asistencia de los dos principales grupos rebeldes de Darfur, la dictadura sudanesa de Al Bashir anunció un cese del fuego unilateral que, como los anteriores, no cumplirá. El genocidio sigue mientras la “fuerza de paz” de la Unión Africana (escasa de hombres y sin recursos materiales) se limita a contar los muertos. Al mismo tiempo, está a punto de colapsar el acuerdo de paz establecido hace dos años -bajo presión norteamericana- entre el gobierno central y los rebeldes del sur (también negros, de confesión cristiana). La guerra entre el norte y el sur costó dos millones de muertos en los últimos veinte años; según The Economist (20/10), “una quiebra del acuerdo podría hacer que la debacle de Darfur pareciera, en comparación, modesta”. Lo que los medios presentan como guerras “étnicas” o “tribales” no es más que una disputa salvaje por las enormes riquezas petroleras de Sudán. Desde 1999, Sudán multiplicó por 30 su producción petrolera y todavía está muy lejos de su potencial. Las zonas en explotación se encuentran en el límite entre las regiones del norte y el sur; la lucha por su dominación llevó a una guerra que duró veinte años. Sin embargo, las mayores reservas petroleras se encuentran bajo el suelo de Darfur. Contra lo que se podría imaginar en un país que sostiene una guerra civil en el oeste, enfrenta la posibilidad de una guerra civil en el sur y está sometido a sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea, “Jartum (la capital sudanesa) vive el mayor auge de la historia” (El País, 5/11). Están en construcción hoteles de lujo, edificios oficiales, puentes y complejos de oficinas, financiados por China, Libia, Turquía, Arabia Saudita y Dubai. Como dice el enviado especial del diario español, “ni las sanciones económicas ni la inestabilidad han asustado al capital”. Tampoco el genocidio. La prensa internacional responsabiliza a China por la política genocida del gobierno sudanés y por su incumplimiento de los acuerdos de paz y cese del fuego. China es el principal socio comercial de Sudán: realizó grandes inversiones en la industria petrolera y compra el 70% de la producción sudanesa. Aunque esto es real y la burocracia china no ha movido un dedo para detener la masacre, no es el único responsable. A pesar de las “sanciones” (absolutamente inútiles) y de las declaraciones de prensa, el gobierno de Bush considera a la dictadura sudanesa como un aliado en la “guerra contra el terrorismo”. John Prendergast, del International Crisis Group, denunció que “Estados Unidos invitó al jefe de seguridad del régimen al cuartel central de la CIA para fortalecer la relación con el hombre considerado el arquitecto de la campaña de limpieza étnica en Darfur. (Bush) le está diciendo a Jartum que mientras esté ‘con nosotros’ en la guerra contra el terror, podrá continuar lo que el propio presidente norteamericano calificó como un genocidio en Darfur” (The Philadelphia Inquirer, 14/9/06). Por esta misma razón, “Estados Unidos se ha negado a proporcionar información e inteligencia a la Corte Criminal Internacional que investiga los crímenes de guerra en Darfur” (ídem). En la disputa entran, también, los intereses de Francia. La francesa Total está instalada en Chad (fronteriza con la región de Darfur) pero su presencia ha sido bloqueada en Sudán. Francia se apresta a enviar una fuerza militar a Chad con la excusa de permitir el acceso de las “misiones humanitarias” a Darfur. Las propias ONG que trabajan en la frontera rechazaron la presencia de tropas francesas por considerarla “contraproducente”, lo que no le impidió a Sarkozy y a su canciller Kouchner insistir con el envío de las tropas. Kouchner es un agente de Total. Los pueblos de Sudán están siendo desangrados en la lucha de las distintas camarillas (asociadas a pulpos internacionales) por la apropiación de las reservas petroleras.

“Se suponía que el Borbón iba a lucirse en la Cumbre Iberoamericana” (La Nación, 2/11). Pero la mediación terminó en un estruendoso fracaso, sólo opacado por los gritos a Chávez. La expectativa era que en Chile, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez “podrían dar una fuerte señal política sin incluir ni la queja uruguaya por el bloqueo a los puentes ni el reclamo argentino de relocalizar la planta” (ídem, 21/10). Las declaraciones de Cristina K -“Botnia va a empezar a funcionar antes o después. Habrá que controlarla y, si no contamina, las protestas no tendrán más razón”– eran otro indicio de que estaba en marcha el “okay” definitivo a Botnia. El acuerdo se limitaba a un monitoreo conjunto del impacto ambiental y a “la gestión de inversiones sobre el río Uruguay”. Esto último es clave para el gobierno uruguayo: la portuguesa Portucel está definiendo “el sitio para instalar otra planta de celulosa y fábrica de papel”, con una inversión igual o mayor que la de Botnia (ídem, 21/10), y Celulosa Argentina —controlada por capitales norteamericanos y responsable de décadas de contaminación del Paraná- también informó que instalaría en Uruguay “otra fábrica de pasta de celulosa, con capacidad de alrededor de 700.000 toneladas por año, a un millón de toneladas por año de pulpa” (El Litoral, 25/10). El monitoreo ambiental es una farsa: Botnia ya admitió que se sentirán “ciertos olores” dentro de la planta y “posiblemente también en Fray Bentos y la costa de Entre Ríos” (Perfil, 11/11; Clarín, 12/11). "No hay, salvo para Botnia, medios técnicos para controlar la contaminación", dice el ambientalista Víctor Cardona (La Nación, 12/11), lo que significa que Argentina y Uruguay carecen de la aparatología necesaria: sólo un equipo de estudio de dioxinas en aire y agua, conformado por un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas de alta resolución, cuesta varios cientos de miles de dólares (Sol y Luna Nº 84 abril / julio de 2005). Kirchner aspiraba a que el acuerdo “dejara a los asambleístas en una situación más minoritaria que la que ya padecen sin notificarse” y “tenía previsto pagar ese costo para liberarle el camino a la futura presidenta”. La mediación terminó con la Prefectura uruguaya cerrando el puente, con una multitudinaria movilización de los entrerrianos en simultáneo a la cumbre y con Tabaré ofendiendo la inteligencia de propios y ajenos al comparar el bloqueo norteamericano contra Cuba con el bloqueo de los puentes por la Asamblea de Gualeguaychú. Aunque Vázquez explicó la ruptura de las negociaciones porque “con los puentes cortados no había negociación posible” (El País, 11/11), en realidad, “no estaba en condiciones políticas internas de firmar ningún acuerdo con los puentes cortados”. La oposición calificó de “papelón” y “mamarracho” su postergación de la puesta en marcha de Botnia y pidió la renuncia del “indigno” ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana (Clarín, 3/11; La República, 5/11). Botnia sumó sus fichas: un alto ejecutivo finlandés viajó a Montevideo “y se encargó de contar que la empresa pierde miles de dólares cada día que pasa sin producir” (La Nación, 2/10). Qué más hubiera querido el kirchnerismo que levantar el corte. Alberto Fernández varias veces amenazó con desalojar a los “violentos” de Gualeguaychú. Cristina K intentó usar su triunfo electoral contra los asambleístas, alegando que "una encuesta del gobierno entrerriano señaló que cerca del 70 por ciento de la sociedad de Gualeguaychú está en contra de los cortes” (La Nación, 6/11). La movilización de los indoblegables entrerrianos ha llevado a una impasse a dos gobiernos que rivalizan en su sumisión al imperialismo y en su desprecio por el deterioro ambiental (como lo prueba la patente de corso para contaminar de las mineras y las pasteras radicadas en la Argentina). El fracaso deja más heridos: “el gobierno socialista español, que embarcó hace un año al rey en la aventura de los buenos oficios, tiene necesidad de que el esfuerzo diplomático termine de la mejor manera” para “ayudar al monarca a superar las dificultades que lo acosan en su crispado reino” (La Nación, 6/11). Juan Carlos comenzó el año tratando de desmentir un video que lo mostraba en Rusia cazando un pobre oso de circo, drogado para mayor gloria de su majestad. Lo concluye con “una imparable ola de protestas republicanas” de la que “no hay memoria en el pasado reciente de la consolidada democracia española” (ídem, 2/10). Morales Solá había predicado que “argentinos y uruguayos le deben un gesto al rey”, capaz de otorgarle lo que no tiene en su tierra: el papel de “autoridad moral de América Latina” (ídem, 6/11). No pudo ser. El domingo, “24 horas después de una nueva y multitudinaria protesta con lanchas en el río y manifestantes sobre el puente”, Colón y Concordia se sumaron varias horas a los cortes. La firmeza de los entrerrianos está intacta.

Entre el 7 y 9 de noviembre pasado se realizaron las elecciones del claustro y centro estudiantil en la UNLP. Los diarios locales titularon con bombos y platillos: “Retroceso de la izquierda”. Sucede que luego de un año de lucha del movimiento estudiantil por la democratización de la universidad, la camarilla radical-peronista que gobierna en la Universidad de La Plata decidió intervenir activamente en las elecciones estudiantiles, apuntalando desde la Franja Morada clásica hasta todas las tendencias K, incluso su ‘izquierda’ como puede ser Libres del Sur o el Movimiento Evita. Fraudes Gracias a la ofensiva del conjunto de las fuerzas patronales, en Arquitectura la Franja Morada aparece triunfando por 10 votos contra “Arquitectura al Frente (IT, Independientes, PTS, PO)” gracias a un fraude escandaloso armado con certificados truchos emitidos por la facultad. De entrada nomás el resultado ha sido desconocido y hay un movimiento para derrotar el fraude. Algo similar sucedió en Derecho, donde la Franja logró retener el centro por pocos votos, ante la gran elección obtenida por una lista de izquierda independiente. En este caso la maniobra fue contabilizar votos de urnas del interior completamente truchas, ya que en la sede de La Plata se impuso la izquierda. En Periodismo una asamblea estudiantil había tomado el recaudo de modificar el estatuto para no reconocer las urnas truchas del interior. De esta manera la izquierda logró ganar el centro que estaba en manos de los K. Sin embargo, para la elección de consejeros las autoridades contabilizaron dichas urnas truchas, para asegurarse la reelección para la mayoría de su lista. Balance Tomado en su conjunto la izquierda quedó finalmente con 10 de los 17 centros estudiantiles, pero con menos consejeros académicos y superiores que el año anterior, gracias al fraude y distintas maniobras de la derecha oficial. Hay dos facultades donde logran avanzar las listas del rectorado. En Ingeniería e Informática, listas peronistas “K” con el aval económico del Rectorado despojaron de la conducción a la CEPA y Quebracho respectivamente. Pero por otro lado en Veterinaria fue derrotada Franja Morada a manos de la Copa (Frente Darío Santillán), recuperando el centro de estudiantes para la izquierda. A esto hay que sumarle la gran elección realizada en Derecho, donde fraude mediante la Franja logra ganar por sólo 15 votos. La izquierda y el desafío del movimiento estudiantil La ofensiva del rectorado encontró a la izquierda con posiciones políticas heterogéneas. Mientras un sector, donde nos encontramos nosotros, plantea una posición independiente del conjunto de las camarillas capitalistas, la dirección de la FULP, en manos del PCR y la COPA, pero sobre todo el primero, forman parte de un bloque con los decanos ‘progres’, quienes a su vez, han votado al actual rector y forman parte del oficialismo actual. No es casual, por lo tanto, que el PCR haya sido el gran derrotado de la elección, perdiendo dos centros de estudiantes, uno a manos de la derecha (ingeniería) y otro a manos de la izquierda. Fue lo que sucedió en Bellas Artes, donde el Frente entre el PTS, PO, y MAS duplicó en votos a la unión de la CEPA con elementos K y el MST, que actúan en un pacto explícito desde hace años con el decano.

Tres dirigentes de la Federación del magisterio de Cochabamba, militantes de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA) y del Partido Obrero Revolucionario, fueron sancionados con la suspensión de sus derechos sindicales durante diez años por el estatal Consejo Departamental de Disciplina, en manos del Partido Comunista. Los sancionados, Miguel Lora, Norma Barrón y Julián Aranda, denunciaron a su vez que el objetivo del PC “es anular toda acción opositora revolucionaria en el seno del magisterio cochabambino y nacional, en concomitancia con el gobierno” (Bolpress, 13/11). No es la primera vez que sucede. Tiempo atrás, Lora y Barrón sufrieron una sanción similar, revocada después del rechazo que la medida encontró en el XX Congreso Nacional Ordinario del magisterio boliviano. De inmediato, el stalinista Federico Pinaya promovió un proceso penal contra Lora, Barrón y Aranda porque críticas aparecidas en el periódico de URMA fueron consideradas por él lesivas a su “dignidad personal”. Esa causa deriva ahora en la nueva sanción. El acusador Pinaya está a su vez acusado de falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos, entre otros su título de bachiller, su libreta de servicio militar, la legalización de sus certificados de egreso de la Universidad Católica e incluso los que le permiten ejercer el magisterio. En cualquier caso, se trata de una nueva manifestación de la veta represiva del gobierno de Morales. Vaya nuestra incondicional solidaridad para con los maestros y luchadores perseguidos.

El país se conmovió ante la brutalidad del policía que golpeó al taxista inerme tirado en el suelo. Hay más de quince internados con diversas heridas, muchas de balas de goma. Pocas horas antes se había visto por televisión la represión en el puerto del Mar del Plata contra los obreros pesqueros, así como la batalla campal de los trabajadores del Casino flotante contra la represión de la Prefectura y de los patovicas de la empresa. Sin embargo, cuando se planteaba el raje del ministro del Interior, responsable de las policías ‘bravas’ contra los trabajadores, de la Gendarmería en Santa Cruz y, en última instancia co-responsable de la represión que terminó con la vida de Fuentealba, Moyano decidió levantar el anunciado paro nacional de repudio a la represión frente a la Legislatura. Moyano y Viviani cedieron una vez más ante Kirchner. No lograron cancelar los puntajes para los carnets de conducir que fueron el puntapié del enfrentamiento. Macri y el kirchnerista Kravetz ratificaron la penalidad contra los taxistas. El sistema de puntos responsabiliza al trabajador del volante de la crisis del tránsito. Pero es el Estado el que sabotea el desarrollo del transporte público y de la infraestructura vial, y el que subsidia la anarquía del tránsito. Los Macri, los Telerman, los Filmus y los Carrió pretenden sancionar a los trabajadores en lugar de sancionar los abusos de los empresarios del transporte: “Hoy los choferes de camiones participan del 30 por ciento de los accidentes, por distintos motivos, como cansancio, que es consecuencia de una ausencia de control de su jornada de trabajo”, apuntó Gustavo Brambati, jefe del Departamento de Seguridad Vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi)” (Página/12, 13/11). Los peones de taxi deben trabajar hasta catorce horas para pagar los “alquileres” leoninos que les imponen los propietarios. Nuestro partido, el PO, tomó posición de inmediato en apoyo al paro y tomamos las primeras medidas para garantizarlo, organizando grupos de agitación en las terminales del transporte e impulsando piquetes en los subterráneos. Moyano levantó el paro para evitar que se pusieran a la cabeza los trabajadores del transporte e impedir que los compañeros de subtes ganen aliados contra la enorme ofensiva desatada contra ellos por la patronal de Metrovías y la burocracia de UTA (esta última, socia de Moyano). El paro hubiera servido para garantizar los derechos de organización y de lucha de la clase obrera, precisamente cuando se acumulan los reclamos por el doble aguinaldo en respuesta a la inflación. Nos movilizaremos para impulsar asambleas de los gremios involucrados del transporte y para que se discuta la extensión de jornada y la flexibilización laboral; la insalubridad; las necesidades de infraestructura; y el desarrollo de un sistema de transporte bajo control de los trabajadores.

Las elecciones en FyL consagraron por sexta vez al PUL como dirección del centro con 562 votos. Ganamos en todas las carreras, con excepción de Ciencias de la Comunicación. El nuevo presidente, Blas Rivadeneira, es dirigente de la UJS y del PO. El PUL contará con cuatro secretarías. El segundo lugar lo ocupó Franja con 478 votos y cuatro secretarías; contó con el apoyo del decanato y del rectorado. Dos agrupaciones que responden al gobierno de Alerovich, Nueva Línea y Sur (Patria Libre) obtuvieron 296 votos (dos secretarías) y 159 votos (una secretaría), respectivamente. El MUCyT (dirigida por el PCR) sacó 225 votos (dos secretarías). La “izquierda que se une’ fue dividida y perdió toda representación (MST, PC, PH). El PTS arañó 26 votos. Los resultados del PUL tienen que ver con una política de lucha, incluso el apoyo a los no docentes. Filo fue así, junto con Artes, la avanzada de la lucha por la democratización en la UNT.

A comienzos de agosto, este periódico publicó un artículo (“Crisis en las fuerzas armadas bolivarianas”, Prensa Obrera, 4/8), que analizaba el discurso del general Raúl Isaías Baduel, comandante en jefe del ejército (bolivariano) al retirarse del servicio activo. Baduel, precisamente, acaba de anunciar públicamente su oposición a la reforma constitucional impulsada por Chávez y aprobada por la Asamblea Nacional. La reforma será sometida a referéndum en los primeros días de diciembre. De nuevo la cuestión del régimen político Baduel fue uno de los más firmes aliados de Chávez aún antes de su llegada al poder; fue el que movilizó a los paracaidistas contra el golpe de abril de 2002 y quien movilizó al ejército para enfrentar el lockout de los gerentes de PDVSA de diciembre de 2002/febrero de 2003. Ahora Baduel critica el proyecto de reforma porque concentra el poder político en Chávez. “Las constituciones deben limitar y controlar el poder, no deben hacer lo contrario. Cualquier constitución que desregule y le quite límites al poder, debe ser vista con sospecha, como este proyecto”, dice Baduel. El ex jefe militar chavista asume ahora la defensa de la llamada división de poderes, que sin embargo presidió la desintegración de Venezuela al cabo de varias décadas de gobiernos pequeño burgueses, primero nacionalistas y luego directamente entreguistas. El actual proceso bolivariano se inaugura, precisamente, a partir de dos grandes levantamientos populares, en 1989 y 1992. Baduel había sido dentro del ejército, durante la mayor parte del proceso bolivariano, quien mejor reflejaba la comprensión de que el viejo régimen de Venezuela era definitivamente incapaz de ahorrarle al país una guerra civil y de que, por eso, era necesario que la fuerza armada asumiera un papel de arbitraje para poder contener o controlar a las masas populares. En oposición a los planteos de la reforma constitucional, que ponen a las fuerzas armadas bajo la tutela personal de Chávez, Baduel sale ahora a defender el “profesionalismo militar”, y rechaza que “(el ejército) esté al servicio (...) de persona o parcialidad política...” (La Nación, 7/11). El planteo de Baduel “de independizar a las fuerzas armadas del caudillismo presidencial” (Prensa Obrera, 4/8) pone de manifiesto una disputa en torno del régimen político que debe regir en Venezuela. De un lado hay un planteo cesarista o bonapartista, que concentra el poder político en una única persona; del otro, una tentativa de mantener dentro del semi-bonapartismo presente una dosis de instituciones parlamentarias tradicionales. Es una crisis entre dos formas históricas del Estado capitalista - ni siquiera aflora la disputa sobre el socialismo o el gobierno de los trabajadores, que de todos modos nunca podría ser introducido por vía constitucional o por medio de una consulta. La propuesta oficial esquiva la convocatoria de una Constituyente y recurre al referendo, algo que se ha repetido hasta el cansancio en la historia, porque la función del régimen bonapartista o del cesarismo político es suprimir los peligros de agitación, que en momentos de crisis y polarización social, pueden provocar los debates públicos, incluso en la reforma restringida del parlamentarismo. El planteo semi-parlamentarista y semi-bonapartista, por su lado, pretende evitar que la burguesía pierda por completo el control de la hacienda pública, en particular en una potencia petrolera como Venezuela y con un gobierno de tendencias nacionalistas y populares. Esta cuestión se observa especialmente en la oposición a que Chávez se haga cargo del Banco Central. De todos modos, la reforma constitucional que propone Chávez está sólidamente anclada en la defensa de la propiedad privada y en el monopolio político de las instituciones históricas del Estado (como las fuerzas armadas), mientras Baudel ha dicho claramente que defiende el régimen capitalista y que condena al marxismo. Crisis política Según algunos diarios, “Baduel no actúa sólo (...) sus puntos de vista serían compartidos por otros integrantes del alto mando” (La Nación, 9/11). Pero cuando un ex militar habla en lugar de actuar es porque no ha logrado reunir apoyo en el conspirativo mundo castrense. Una gran parte de la oficialidad (entre un cuarto y un tercio) ocupa posiciones de gobierno y participa de la corrupción generalizada que denuncian incluso las organizaciones bolivarianas. La irrupción de Baduel constituye un síntoma de una crisis que no tiene retorno, porque cualquier recule de Chávez en sus propósitos de establecer un régimen de poder personal podría poner fin a su gobierno. La excepcionalidad de la situación política que vive Venezuela se pone de manifiesto en el hecho de que se enfrentan dos posiciones golpistas: la del gobierno, que quiere quedarse con la totalidad del poder, y hacerlo además sin pasar por una Constituyente; y la de los opositores de derecha y Baduel, y de otras fracciones del chavismo (organización Podemos), que cuestionan la legitimidad de la acción política de un gobierno popularmente electo (en ocho ocasiones). El ex vicepresidente José Rangel, que habían albergado la expectativa de que la decisión de la oposición derechista de presentarse a las últimas elecciones presidenciales ofreciera un espacio para reintegrarla al ámbito parlamentario mediante el adelantamiento de las elecciones al Congreso, rechazó la calificación de que Baduel es un “traidor” formulada por Chávez y todos los voceros oficiales. A partir del llamado de Baduel, algunos analistas acarician la ilusión de derrotar a Chávez por medio de las urnas. Baduel ha sido convertido en un héroe de la noche a la mañana por el gobierno norteamericano. Lamentablemente para ellos, antes de imaginar esta posibilidad deberían cicatrizar sus propias divisiones, pues una fracción fuerte de la derecha está dispuesta a boicotear el referéndum e incluso a apelar a acciones directas en la jornada electoral. Aunque el gobierno goza de apoyo popular en término generales, Chávez ha vislumbrado que podría producirse una elevada abstención, por eso llamó a una fuerte campana para ir a votar. Además de la enorme presión mediática de la derecha contra el referendo (que se queja, sin embargo, de falta de libertad de expresión), conspira contra la reforma chavista el desarrollo de una inflación creciente y el desabastecimiento de productos básicos. Una abstención elevada, no hace falta decirlo, acentuaría la crisis política. Qué hacer Para los luchadores obreros de Venezuela que se oponen a la tentativa de cesarismo o bonapartismo de origen militar; que se oponen a un planteamiento de hacer crecer el número, la influencia y la arbitrariedad de la burocracia del Estado; que se oponen a sancionar con su voto una reforma constitucional capitalista; que se oponen a los recursos que la reforma ofrece a Chávez para profundizar su política de regimentación de los sindicatos por parte del Estado; que tienen claro que la reforma no plantea ninguna suerte de “poder popular” (esto porque subordina a las organizaciones comunales o de base al Estado y al poder personal del Presidente); para estos luchadores podría parecer que esta oposición socialista a la reforma podría confundirse con la campaña de la derecha o quedar desdibujada por ella, esto debido a que es la derecha la que dirige la oposición a la reforma y a que es ella también la que comanda la oposición en las calles. Pero frente a esto hay que subrayar, ahora más que nunca, que se ha llegado a esta situación como consecuencia de un largo período de seguidismo al chavismo o incluso de franca capitulación, la cual ha impedido preparar sistemáticamente la emergencia de una oposición obrera y socialista. A pesar de esta situación, sin embargo, o, mejor, debido a ella, no puede haber ni un gramo de apoyo a la reforma constitucional de Chávez, ella debe ser criticada firmemente y el rechazo debe ser claro (sea bajo la forma del No o de la abstención). Esta reforma no constituye un muro defensivo contra la conspiración que prohija el imperialismo, que nunca será realmente derrotado por los aparatos burocráticos del Estado y las fuerzas armadas y sus mandos, sino por la iniciativa popular y por su movilización independiente. La defensa del gobierno y de las conquistas sociales y avances de organización frente a la agitación golpista de la derecha de ningún modo pasa por el apoyo a la política de poder personal y de regimentación de las organizaciones populares, que es un instrumento que estrangula las iniciativas de lucha. Esa defensa pasa, en primer lugar, por advertir al pueblo de los riesgos y de los perjuicios que representa para los trabajadores la reforma bonapartista. En segundo lugar pasa por denunciar el golpismo derechista y denunciar, en especial, sus poses y planteos democráticos, que no tienen nada de tales porque responden a la inspiración y a la dirección del imperialismo yanqui y la oligarquía financiera venezolana. La historia latinoamericana les ha puesto el mote de gorilas, precisamente, a los movimientos golpistas reaccionarios que se cubren con una fraseología democrática, a diferencia de aquellos que, con anterioridad a ellos, recurrían al arsenal ideológico del integralismo y del fascismo. Pero a diferencia del chavismo, que utiliza al golpismo derechista como pretexto para justificar la necesidad de medidas de excepción por arriba, los socialistas denunciamos a la derecha para que los trabajadores se organicen (desde abajo) para destruirla por medio de la organización y de la lucha. El fracaso miserable de los métodos burocráticos del chavismo para combatir a la derecha se manifiesta en la completa incapacidad que ha demostrado para confrontar al movimiento estudiantil por medio de la propaganda, la lucha de ideas, el impulso a las reivindicaciones educativas y la organización de la juventud. Ha desarrollado centros de educación paralelos para nuevos sectores de la juventud, donde no se desarrolla su independencia política sino la tutela estatal, y al mismo tiempo ha dejado los centros históricos del estudiantado en manos hostiles a la causa nacional y a las luchas sociales. En oposición a estos métodos fracasados, es necesario proponer: 1) un plan de lucha contra la derecha, incluyendo el armamento de los trabajadores; 2) el derecho para los socialistas y para cada trabajador a discutir y discrepar con el planteo de reforma constitucional y con la política oficial dentro de todas y cada una de las organizaciones populares. Hay que ir a las organizaciones populares que siguen al chavismo (¡que son chavistas!) a pelear por el derecho de los obreros socialistas a discutir los planteos en disputa. En este marco sería necesario que las organizaciones de izquierda que critican inequívocamente la reforma cesarista desarrollen una acción en base a la siguiente plataforma: 1. No o abstención en el referendo constitucional; denuncia de su carácter bonapartista, que pretende liquidar la independencia obrera y poner a las organizaciones obreras bajo la tutela del Estado; 2. Por la libre discusión de la reforma constitucional dentro de todas las organizaciones populares y por medio de los medios oficiales y no oficiales de comunicación; 3. Denuncia del carácter gorila de la oposición de derecha a la reforma, porque esconde detrás de slogans democráticos una política golpista apañada por el imperialismo yanqui y europeo; 4. Organizar la defensa de las conquistas populares y del propio gobierno contra el golpe por medio de un plan de lucha de las organizaciones de masas y el armamento de los trabajadores; 5. Por la inmediata satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores en lucha, por salario, por la gestión obrera de las empresas recuperadas, por el control obrero de PDVSA y de las empresas nacionalizadas. Por la nacionalización de la banca sin indemnización. América Latina La crisis política en Venezuela no es un fenómeno aislado de la crisis mundial y de la convulsión política y social de América Latina. Los gobiernos capitalistas están al acecho de cualquier oportunidad que pueda ofrecerles la crisis para golpear el ascenso de luchas nacionales. La actitud del rey de España en la reunión iberoamericana refleja bastante bien la tensión psicológica que impone ese acecho. Es incuestionable, entonces, que la izquierda latinoamericana que ocupa una posición de defensa de las luchas de carácter nacional y de independencia de clase frente a los movimientos y cúpulas nacionales; es incuestionable que esta izquierda debe asumir una iniciativa política continental, de un lado, para agudizar la convicción de la necesidad de luchar contra el imperialismo y defender a Venezuela contra Bush; del otro para señalar claramente que los regímenes burgueses se valen de las posiciones nacionalistas para regimentar a las masas y que está en el primer lugar de la agenda la lucha por la independencia de los sindicatos frente al Estado y la necesidad de construir partidos de acción de la clase obrera.

Militantes católicos robaron tres obras de la muestra “Contratapa’s”, de la revista Barcelona. Antes, habían presionado a la Universidad Nacional de San Luis, organizadora de la muestra, para que la censurara. También irrumpieron en la muestra, se reunieron a rezar en las escalinatas de ingreso de la universidad y pintaron las paredes con consignas de cuño fascista “UNSL = dictadura del relativismo”, “¡Viva Cristo Rey!” y “ni 30.000 ni inocentes”. Argumentan que las tapas de Barcelona “insultan y se burlan de la religión”. Cada vez con más frecuencia, los sectores clericales intentan violentar o destruir aquello con lo que disienten: los encuentros de mujeres, las muestras del artista plástico Alfonso Barbieri en Córdoba, las exposiciones de León Ferrari. El Estado no interviene para ponerles un límite. Pero Barcelona no irrita sólo a la Iglesia. En agosto, en Tucumán, una patota que llegó en dos camionetas de la Municipalidad, también secuestró la totalidad de la muestra, organizada por la Asociación de Prensa de Tucumán y la librería El Griego. Rehusaron identificarse y le dieron una trompada a uno de los organizadores cuando intentó fotografiarlos. Muchos definen a Barcelona como una revista de humor, pero sus editores la consideran una revista periodística. Es editada por un grupo de periodistas y amigos con años de trabajo en los medios, que se propusieron no depender de la publicidad para que les fuera posible “decir cualquier cosa”. Barcelona se convirtió, apelando a un humor corrosivo, en una implacable crítica de la realidad política y social, y del tratamiento que le dan los medios. Denunciamos los intentos de acallarla y nos solidarizamos con quienes la hacen.

Como balance del plan de lucha que los docentes universitarios llevamos adelante durante el presente año y como orientación frente a la política del Pacto Social que preanuncia el “nuevo” gobierno K, el Congreso Nacional de la Conadu Histórica, reunido el viernes 9 y el sábado 10 en la ciudad de Santa Fe, aprobó (una) declaración(...) presentada por los congresales de la Agrupación Nacional Naranja de Docentes Universitarios, (que) fue aprobada por mayoría —33 votos frente a 18- de los presentes. con el voto de rechazo de delegados del PC y PCR, quienes -antes de denunciar a las burocracias de Conadu, Fedun y Ctera; y el Pacto Social- optaron por votar en contra y mocionar la difusión de otro documento: ¡la memoria del balance que finalizaba en junio de 2007... cinco meses atrás! En la continuidad del plan de lucha, el Congreso resolvió la instalación de una carpa en plaza Congreso entre el 21 y 23 de este mes para denunciar el presupuesto universitario 2008 y reclamar el doble aguinaldo, salario equivalente a la canasta familiar, el salario para todos los ad honorem y el 82% móvil. Asimismo, se aprobó la convocatoria a un nuevo Congreso a mediados de marzo de 2008 para resolver, de no haber respuestas a los reclamos docentes, el no inicio de clases en todas las universidades del país. La Conadu Histórica reclama: * 1.500 pesos al cargo testigo, hoy. Adelantamiento a noviembre del incremento de enero. Doble aguinaldo en diciembre. * 1.800 pesos al cargo testigo a partir del 1° de enero. * Indexación mensual de los salarios. * Aplicación del Nomenclador Histórico: 5:2:1 por dedicación; 1,8:1 para la diferencia entre cargos. * La antigüedad no se toca. Derogación del Decreto 965/92 con su inmediata incorporación al básico, respetando la escala salarial. * Ningún adicional por título u otro concepto, todos los incrementos al básico * Ninguna suma en negro. * Ningún trabajador debe pagar por trabajar. Exigimos el pago de salarios, retroactivo a agosto, para los 3.000 puestos conquistados. Rentas para todos los docentes ad-honorem, sin discriminaciones a partir de 2008. * 82% móvil. Por ello exigimos al Congreso su sanción y la derogación de toda la legislación vigente que lo impide. * Derogación de todas las leyes antieducativas anteriores y vigentes. * La triplicación del presupuesto universitario. * La gratuidad de todos los posgrados. * No al pacto social.

Por estos días un fantasma recorre los pasillos del Teatro Colón, la obra del Master-Plan están en su mayor porcentaje parada, el crédito del BID se cayó hace rato, por lo tanto la financiación debe hacerse desde la caja de la ciudad. Pero es sabido que el actual jefe de Gobierno, Telerman, está dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Macri dejando las cuentas “claras” a costa de dejar una precarización laboral y de servicios públicos en todos los ámbitos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, estamos con un teatro cerrado, destruido, roto por donde se lo mire (así las empresas constructoras se aseguran la continuidad del trabajo), con el personal disperso por la ciudad, trabajando en lugares que no pasarían una inspección. A pesar del alto riesgo que es estar dentro del Colón en las condiciones en las que se encuentra, encontramos compañeros trabajando. No contamos con un presupuesto para el cierre de temporada como el Colón tiene acostumbrado al público, ni hablar de un presupuesto para la temporada 2008. Tenemos casi un 40% del personal en condición de jubilarse de forma precaria, tampoco la consagración de estructuras y carrera. Tenemos un porcentaje de trabajadores contratados; esta modalidad de trabajo precarizado es el modelo a implementar: no lo efectivizan como personal de planta para que los funcionarios-empresarios de turno dispongan de un ejército de trabajadores a disposición de sus propios negocios e intereses. Las declaraciones del futuro jefe de Gobierno no dejan dudas del recorte de personal que se va a realizar. Las idas y vueltas que tiene el macrismo en el área de cultura nos dejan ver las peleas por el manejo de una mina de oro como lo son las “industrias culturales” en la ciudad de Buenos Aires. El funcionario responsable del área de cultura está siendo catalogado como “superministro” ya que estará al frente del Ministerio de Cultura y también de una agencia de promoción de turismo en la órbita del mismo Ministerio. Esto deja ver que el turismo consume “cultura”, por lo tanto la cultura pasa a ser un producto de mercado bajo la marca Buenos Aires. Esta administración no trae un programa cultural integral para sus ciudadanos y trabajadores; todo lo contrario, traen un programa de “grandes espectáculos y eventos” a precios inaccesibles, realizados con mano de obra precarizada. Un negocio redondo para los funcionarios de turno por donde se lo mire. La ley de mecenazgo y autarquía de Colón están hechas para alejar del dominio de los ciudadanos y trabajadores del teatro y llevarlo a manos privadas. Detrás del mecenazgo y autarquía están las figuras de Pablo Batalla y el grupo Sushi, responsables de las condiciones laborales existentes en el teatro. Este proyecto en el Colón está siendo fogoneado desde Legislatura por los funcionarios macristas que vienen gobernando con mayoría legislativa desde 2003, junto con las fuerzas políticas encolumnadas en la Coalición Cívica y en el kichnerismo. Estas fuerzas están en total acuerdo en cuanto precarizar a los trabajadores de la Ciudad para tener la caja de la Ciudad con un superávit fiscal para sus propios negocios y no el crecimiento en salud, educación, vivienda, transporte, trabajo y cultura para sus ciudadanos y trabajadores de Buenos Aires. La decadencia de la cultura y la degradación del trabajo en la Ciudad son, en realidad, la decadencia y degradación de la clase que gobierna y sus negociados. Ante la destacada iniciativa de la orquesta estable del Teatro de hacer un acto público en la calle el miércoles 14 en reclamo de las condiciones laborales, y ante la falta de una iniciativa sindical que caracterice la crisis en la que se encuentra el teatro, los trabajadores de la Marrón de Sutecba (Uoem) y Violeta de ATE llamamos, como lo hemos hecho siempre, a poner en pie una organización unificada (sin distinción de gremios y colores), cuerpos artísticos, cuerpos técnicos, servicios auxiliares, personal de mayordomía y administración, una agrupación con un accionar sindical que construya una alternativa que nos permita luchar por nuestro trabajo. Planteamos: • Pase a planta permanente de todos los contratados del teatro. • Suspensión de las actuales condiciones jubilatorias por un 82% móvil. • Estructura y carrera. • Presupuesto 2008. • Comisión obrera supervisora de las obras. • Salario mínimo igual a la canasta básica familiar.

El triunfo de Bellas Artes al Frente (LuchArte-Partido Obrero, Contraimagen, Mas) en las elecciones de Centro y claustro estudiantil sobre la lista Unidad (PCR, Mst, Faba) fue aplastante. Ganamos las cinco carreras de la facultad y los duplicamos en votos: 2015 votos (46,79 %) para Bellas Artes al Frente, contra 1099 votos (26%) para la Unidad. La política del PCR La “Lista Unidad” estuvo en la conducción del Centro y de claustro durante siete años. En los últimos años profundizó violentamente la política de integración a la gestión ‘progre’ de la facultad. Esta política condenó al Centro de Estudiantes al vaciamiento y la parálisis. Este año, la Unidad votó la reelección del decano Belinche. La UJS-PO denunció que el decano había cerrado un pacto con la derecha de medicina (Hoja de Roble) para votar la reelección de Aspiazu y darle continuidad al régimen de camarillas privatizadoras que gobiernan la universidad. En abril de este año Belinche y su camarilla confirmaron el pacto, movilizándose 300 kilómetros para participar, custodiados por la policía, de la Asamblea Universitaria mas fraudulenta y reaccionaria de la historia de la UNLP. La política privatizadora de la gestión tuvo su expresión también hacia el interior de Bellas Artes mediante ‘reformas’ de planes de estudio que sólo favorecen el negocio de los postgrados arancelados que se dan en la facultad (todos en proceso de acreditación por la CoNEAU). En cada conflicto la “Unidad” se ubicó con el decano contra los estudiantes. Nuestra política La política de nuestra agrupación se destacó no solo por encontrarse al frente en cada uno de los procesos de lucha que se gestaron, sino también por ser la chispa que encendió la pradera en muchos de ellos. La lucha por el comedor y los materiales a mediados del año pasado; por el juicio y castigo para los asesinos de Francisco Lissa (estudiante de cine) a principio de este año; contra la Asamblea Universitaria reaccionaria y la reelección del Decano; contra la elección trucha y antidemocrática del jefe departamental de cine; por la apertura de la carrera de música popular en los términos definidos por los estudiantes y docentes y no en los impuestos por la gestión; por la anulación del nuevo plan privatizador en plástica y la gratuidad de los postgrados. En los últimos años LuchArte-PO llevó adelante un trabajo metódico y paciente de desenmascaramiento de la gestión ‘progre’ de la facultad, y señaló las contradicciones insalvables de la integración de la lista Unidad al decanato. El triunfo en estas elecciones de Bellas Artes al Frente, es el triunfo de años de delimitación política y luchas que nos han tenido como protagonistas. El Centro de Estudiantes, los consejeros superior, académicos y departamentales estarán al servicio de la lucha contra las ‘nuevas’ leyes antieducativas que pretende implementar Kristina, contra el ahogo presupuestario y por la democratización de la Universidad para ponerla al servicio de los trabajadores y el pueblo.

Los obreros y obreras de Zanón, junto al sindicato ceramista neuquino, han lanzado una campaña de recolección de firmas para solicitar “el tratamiento y aprobación de la ley de expropiación y estatización sin pago bajo control obrero de cerámica Zanón”. También reclaman “por una ley nacional de expropiación para todas las fábricas y empresas recuperadas”. Ambos proyectos fueron presentados en la Legislatura neuquina y en el Congreso Nacional por los trabajadores de la fábrica. Esta campaña se relanza, luego de que un fallo de la Cámara de Apelaciones acortara los plazos de la gestión obrera al 20 de octubre de 2008. Dicha resolución judicial se produce en el marco de una acción concertada entre la vieja patronal de la fábrica y SACMI (principal acreedor privado, proveedor de maquinaria). Sapag y la Legislatura A finales de junio, los trabajadores de Zanón marcharon a la Legislatura para insistir con el tratamiento del proyecto de expropiación, avalado por casi 20 mil firmas, que presentaron mediante la modalidad de la “iniciativa popular”. Desde que ingresó, los legisladores lo “cajonearon”. Ninguno de los diputados provinciales accedió a recibir a una delegación de los trabajadores. El 25 de octubre hubo una movilización a la sede de la fundación que preside el gobernador electo Jorge Sapag. Hasta ahora el sucesor de Sobisch tampoco ha accedido a nada. Los obreros de Zanón anunciaron que se movilizarán el día de la asunción del nuevo gobernador, el próximo 10 de diciembre, para insistir con su reclamo. Posteriormente, para los días 19 y 20 de diciembre está prevista una nueva movilización, ahora al Congreso Nacional, para exigir la aprobación de la ley nacional que beneficie con la expropiación a todas las recuperadas. Por una campaña de conjunto La ofensiva contra Zanón es parte de un proceso más amplio, que abarca a todas las empresas recuperadas por los trabajadores de la bancarrota capitalista. Muchas de ellas se encuentran en una situación similar a la de Zanón, con vencimientos próximos y bajo fuerte presión de los acreedores que quieren cobrar y de las patronales que quieren retomarlas. En otros casos, las expropiaciones “transitorias”, arrancadas al calor del Argentinazo, han caído, dejando a las empresas a merced de los capitalistas que exigen su restitución. Finalmente se suma el ahogo económico, ya que la mayoría de ellas carece de capital de trabajo, no sólo para invertir en maquinaria nueva sino, incluso, para mantener la instalada. En muchas empresas recuperadas, sus trabajadores reciben salarios por debajo del convenio de su gremio (entre otras, Zanón se encuentra en esa situación). El gobierno tiene el objetivo de recomponer las viejas bases sociales que llevaron a estas empresas y al país a la bancarrota. En un caso, apunta a la restitución de sus antiguos patrones; en otros, a la asociación con grupos capitalistas interesados en ingresar en el negocio. Aquellas que finalmente resulten expropiadas, lo serán a título oneroso, o sea que la gestión obrera deberá indemnizar a ex patrones o cubrir las deudas con los acreedores. Todos los partidos políticos patronales defienden esta política. Programa El Partido Obrero se suma a la campaña de los trabajadores y trabajadoras de Zanón por la expropiación definitiva de la fábrica bajo gestión obrera. Se necesita poner en pie un único movimiento nacional por la expropiación sin pago y cesión gratuita de las fábricas a sus trabajadores, 2.000 millones de pesos en el presupuesto 2008 para su capitalización, garantía estatal de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, reconocimiento de la afiliación sindical de los trabajadores de las recuperadas, obra social, jubilación; representación obrera en el directorio de los bancos estatales. Con este planteamiento el Partido Obrero se suma a la convocatoria lanzada por los obreros de Zanón para realizar el próximo 10 de diciembre, en Neuquén, un Encuentro nacional de fábricas y empresas recuperadas.

El Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica, reunido los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Fe, entiende que la lucha que se desarrolla en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” es expresión de los reclamos de democratización de las escuelas preuniversitarias y universidades de todo el país. En este marco, este Congreso expresa: 1. Su más completa solidaridad y apoyo al movimiento que han venido desarrollando a lo largo de este año los docentes de la AGD-Pellegrini, junto con los estudiantes, no docentes y padres de la escuela. 2. Su exigencia a las autoridades de la UBA del cumplimiento del acta firmada en junio, que abarca los reclamos históricos de Consejo Resolutivo, titularización docente, pase a planta de los contratados no docentes y defensa del carácter experimental de la escuela, así como su perfil democrático, laico, humanista y científico. 3. Repudio a los hechos de violencia contra estudiantes y la sistemática persecución gremial y política a nuestros compañeros por parte de las autoridades de la escuela y la conducción de UTE-Ctera-Pellegrini. Denunciamos especialmente las intenciones de limitar la actividad gremial manifiesta en el pedido de sumario y separación de su cargo de nuestro compañero profesor Julio Bulacio, secretario general de AGD-Pellegrini y miembro de la Mesa Ejecutiva de la AGD-UBA. Por lo antes dicho, el Congreso de la Conadu Histórica resuelve: * Rechazar el comunicado persecutorio de la conducción de UTE-Ctera-Pellegrini del 4/11/07. * Repudiar la persecución gremial del secretario general de la AGD-Pellegrini, profesor Julio Bulacio y la nueva causa penal iniciada contra el presidente del Centro de Estudiantes (Cecap), Julián Asiner. * Realizar un llamamiento a organizaciones sindicales, de DDHH, partidos políticos, intelectuales, etcétera, a pronunciarse en defensa de los derechos democráticos y gremiales. * Mandatar a la Mesa Ejecutiva y al Plenario de Secretarios Generales de la Conadu Histórica para que se haga presente en Buenos Aires, a fin de llevar este planteo a los jueces de las causas precitadas y a las autoridades universitarias y gubernamentales, así como a la conducción de Ctera y CTA.

La Voz del Interior, del grupo Clarín, decidió el lunes despedir sin causa a los redactores Eduardo Eschoyez y Juan Carlos Domínguez; además, personal de seguridad agredió al delegado Walter Moyano, cuando se aprestaba a participar de una asamblea. El jueves pasado fue cesanteado el David Schäfer, del diario Día a Día, del mismo grupo. En un comunicado, el Cispren, exigió la inmediata reincorporación de los despedidos y se declaró en estado de alerta y movilización. “Este nuevo gesto de prepotencia tiene una directa relación con la rotunda derrota que sufrió en las negociaciones paritarias tras la cual se consiguió un histórico aumento del 29%”. “Esta conducta tiene su correlato en la sistemática política de persecución sindical con denuncias penales y pedidos de exclusión para los delegados y dirigentes del Cispren”. Asimismo, muchos compañeros del diario manifestaron que esta drástica determinación de la empresa se puede explicar por el “rotundo fracaso del plan de retiros voluntarios”. La Comisión Interna del La Voz del Interior “deploró y repudió” los despidos y criticó “la inacción de los superiores". Además, denunció la brutal agresión de la que fue víctima el delegado Moyano. La Comisión también repudió la decisión de Personal de negar la realización de una asamblea y rechazó una propuesta del Gerente de Recursos Humanos para charlar a solas. “No podemos aceptar que la Empresa elija con qué delegado quiere discutir”. “Esta situación agrega más preocupación e incertidumbre al clima que se vive dentro de la Empresa, donde se ha instalado el miedo como respuesta a los legítimos reclamos que venimos efectuando”, finaliza el comunicado.

La misma noche del 28 de octubre, Humberto Zúccaro, el intendente reelecto de Pilar, despidió a los tres dirigentes del gremio de médicos Cicop y Ampac. Desde hace casi dos años, estos compañeros venían reclamando por aumentos salariales, por la falta de personal profesional en toda la cadena de salud (salitas y hospitales), denunciaron la aparición de personal que no estaba registrado como médico que atendía pacientes, la falta de insumos y la precariedad laboral, tanto de médicos como del resto del personal. Zúccaro dijo que no iba a dar marcha atrás porque hace un año los médicos habían puesto una corona en la puerta del hospital en señal de duelo por la salud y no podía olvidar la afrenta. La dirección de ATE local, al igual que el gremio municipal, participan de la “familia” de Zúccaro. Los médicos convocaron a una movilización contra los despidos de sus delegados. Ese día, Zúccaro movilizó un grupo de cien personas (entre patoteros, alcahuetes, trabajadores de planes sociales bajo amenaza de despido). Repitió que no iba a reconocer los fueros sindicales de los despedidos y alardeó con la impunidad que le daba su reelección con el 52%. Sin embargo, el corte frente al hospital, apoyado por médicos de los hospitales cercanos, un sector de la dirigencia de la Cicop provincial, con la participación de Nora Cortiñas y con el apoyo de un grupo del Partido y el Polo Obrero, más la importante participación de los trabajadores de Parmalat despedidos, le dieron una proyección que el Municipio no esperaba y lograron que pacientes y empleados se animaran a apoyar el acto. Hay que rodear de apoyo esta lucha.

La situación del Subte requiere con urgencia una respuesta de conjunto. La comisión del “diálogo” que habilitó el gobierno en el Ministerio de Trabajo para evitar un paro del subte está absolutamente empantanada. No hay solución a los reclamos obreros mientras la empresa y la burocracia de UTA siguen adelante con su política de desconocimiento del Cuerpo de Delegados. Luego de dos meses de Comisión, la única “respuesta” ha sido el pago de algunos días caídos a algunos de los compañeros represaliados por negarse a habilitar formaciones fuera de estado; ese pago ha sido a cambio de la firma de una “aceptación” de las sanciones. Pero en ningún caso se ha retirado la suspensión. A los sancionados que no han aceptado el trato “caso por caso” por parte de la UTA, al igual que quienes se han negado a firmar la “aceptación” mencionada, ni siquiera les han pagado los días. Por otro lado la empresa ha ratificado ante el Ministerio que mantiene firme el desafuero de Segovia. De este modo, la UTA impulsa una política de división de los trabajadores e incluso de los represaliados a la que oponemos el planteo del retiro de la suspensión y el pago de los días caídos para todos los compañeros sin condicionamientos ni extorsiones. Los problemas y reivindicaciones se van acumulando. A las cámaras de Constitución y Congreso de Tucumán ahora se agrega el intento de instalarlas en Rancagua, lo que los trabajadores resisten. El taller Rancagua ha discutido en sus asambleas la necesidad de dar una respuesta de conjunto. Los ascensos y las promociones se están haciendo en forma arbitraria a gusto de la empresa, la UTA y la Secretaría de Transporte. Lo mismo pasa con los ingresos de personal. Los trabajadores de base y su Cuerpo de Delegados son convidados de piedra en estas decisiones. Mientras tanto la empresa desconoce un acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo antes del reclamo salarial en el cual se establecía el compromiso de establecer un criterio estable de promociones, una bolsa de trabajo, y los comités de seguridad e higiene. Todos estos problemas merecen una respuesta de conjunto. Lo mismo sucede con el pase de CAF y Metropolitano a Metrovías, que están estancados. En el caso de Metropolitano se ha incorporado una nueva tanda de compañeros a Metrovías dejando de lado al Cuerpo de Delegados y la comisión que venía siguiendo la cuestión. Ahora en el Cuerpo de Delegados se acaba de plantear, frente a la escalada inflacionaria, incorporar el reclamo de un doble aguinaldo para fin de año. Se trata de un reclamo clave que debe ser impulsado con asambleas en todo el subte, preparando la lucha paras imponerlo. Los reclamos de aumento, bolsa de trabajo, promociones y doble aguinaldo por un lado y el reclamo contra la persecución al cuerpo de delegados, las cámaras, las suspensiones y los desafueros, son dos caras de una misma moneda. Es que el gobierno, las patronales y la burocracia pretenden golpear las organizaciones independientes de los trabajadores para hacer pasar su pacto social contra el salario y las condiciones laborales. Para defender la organización del subte, rechazar la persecución contra los trabajadores y sus delegados y para avanzar en nuestros reclamos, por nuestro salario, el doble aguinaldo, la bolsa de trabajo, el pase de las tercerizadas CAF y Metropolitano, es necesario pararse en una posición de fuerza. La respuesta no pude estar librada a cada sector; debe organizarse en común. Llamamos a dar una respuesta de conjunto comenzando con un paro de media hora de advertencia para comenzar un camino de lucha para ir por nuestras reivindicaciones y frenar los atropellos.

Ante la inoperancia y la complicidad de la Justicia y la policía, un grupo de madres del barrio Autopista y la Ribera decidió tomar el problema de la inseguridad en sus manos: sitió la casa de los narcos y exigió por medio de la movilización el desmantelamiento de un lugar de venta de la droga llamada "paco" (según informan los diarios quilmeños). Este es el camino para terminar con los narcos que envenenan a los pibes de los barrios humildes con el "paco" y a los de la clase media con la cocaína y el éxtasis. Tenemos que tomar la tarea en nuestras manos. La Justicia y la policía son cómplices, cuando no beneficiarios directos del tráfico ilegal de drogas. El poder político ampara y se beneficia de los dividendos del narcotráfico. Desmantelamiento del aparato represivo Disolución de la Bonaerense y su reemplazo por un cuerpo de seguridad ciudadana conformada por las organizaciones de derechos humanos, populares y vecinales. Esta también tiene que ser una bandera para llevar el 25 de noviembre, en la manifestación contra toda violencia hacia la mujer.

Lo único seguro en esta provincia es que Obeid se va y viene Binner. Todo lo demás es incertidumbre. En el hospital de Baigorria cerca de 150 trabajadores tienen que cobrar deudas salariales que en cifras globales ronda los 150.000 pesos. Para cualquier funcionario la cifra puede ser insignificante para nosotros es el alimento que mes a mes le damos a nuestros hijos.Todavía estamos esperando su cobro. El Ministerio de Salud tiene una deuda con el hospital por medicamentos y descartables de alrededor de 2.000.000 de pesos. Con este déficit financiero la situación del hospital es desastrosa. La inflación que no cesa, ni en la ropa, ni en el combustible, ni en el alimento. El pacto social del cual habla todo el mundo que atará nuestro salario a acuerdos entre la burocracia de UPCN-ATE y el gobierno de Binner nos obliga a salir a la lucha ya. Movilicémonos junto a los trabajadores de la salud del hospital de Baigorria este jueves 15 a las 10hs. Paro y movilización sobre la ruta 11 En los hechos comencemos a enfrentar este pacto social ya Salir a pelear por el doble aguinaldo frente a la inflación que nos devora ,por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y terminar con el trabajo en negro, los contratos basuras y por paritarias libres.

La jueza Ruata ha decretado la prisión domiciliaria (pueden trabajar, pero deben reportarse varias veces al día al cuartel de gendarmería) para los siete obreros detenidos, acusados por la muerte del policía Sayago, en el marco de la revuelta popular del año pasado en Las Heras. Esto ha sucedido después de un año y siete meses de detención en un lugar denigrante, víctimas de torturas, a 500 kilómetros de sus familias y sin elementos de prueba que la justifiquen. Esta medida es una concesión, que está vinculada a la ausencia de pruebas en la causa, que ya ha completado la fase de instrucción pero vienen postergando su elevación a juicio oral. El gobierno tan “respetuoso” de la justicia para el caso Varizat, ha lanzado una ofensiva furiosa contra los obreros de Las Heras, con propaganda en los medios y una presentación apelando la medida, y descalificando a la Jueza Ruata. La presión del poder político sobre los jueces aparece aquí tan desvergonzada como en el caso Varizat, solo que en el sentido contrario. La actitud de Peralta contra los trabajadores en prisión domiciliaria es una provocación, que coloca al gobierno como defensor del aparato policial y reclama que se pudran los compañeros en la cárcel. Llamamos a solidarizarse activamente con los presos, algunos de los cuales no han sido reintegrados a sus trabajos y a reorganizar a los familiares y amigos para seguir luchando por la libertad y estar alertas acerca de la posibilidad de que prosperen los recursos legales interpuestos contra la medida de prisión domiciliaria.

Las luchas obreras ganan el escenario político nacional. La extendida huelga de los fileteros marplatenses, la lucha de la juventud del Casino, la movilización de los obreros del transporte, el Bauen que gana la calle para defender la continuidad de la gestión obrera. Por otro lado, se extienden como una mancha de aceite los reclamos por doble aguinaldo. Lo reclaman el Cuerpo de Delegados del Subte; de la Editorial Perfil; los maestros rosarinos de Amsafe; en los edificios telefónicos, Fargo y otras fábricas de la alimentación; la papelera Kimberley de Quilmes; los bancarios y el Smata. Crece la deliberación por todo tipo de adicionales salariales. Frente a esa movilización, el gobierno apeló a Infantería. El voto que obtuvo en octubre, lo transformó en carros hidrantes y bastones largos. Aníbal Fernández, el recordado hombre del “código penal en la mano” y de la Gendarmería en Santa Cruz, molió a palos con la Federal a los taxistas, mandó la Prefectura a la juventud del Casino y reprimió por cuarta vez en el puerto del Mar del Plata. No se puede decir que la familia oficial lo haya dejado solo. Al revés, movió todo su elenco. Contra el Casino se movilizó, además de la empresa, una vieja amiga de la flamante Presidenta -la burocracia del Somu. Moreno despidió a trece trabajadores apoyado por otra amiga: la patota de UPCN. En su edad adulta, la juventud setentista encuentra su mejor aliada en la juventud lopezrreguista. Así se anticipa el pacto social encargado de contener el desmadre inflacionario y la crisis energética. El “cambio recién comienza”, pero De Vido y Alberto Fernández se quedan. Moyano amenazó con Troya, pero dejó a la vera del camino a los compañeros reprimidos. Yasky se transformó en columnista de Clarín para defender el “pacto con contenido social”, aunque sabe que lo que dice es un verso. El mismo está traicionando las reivindicaciones de “contenido social” de los docentes bonaerenses. La defensa del salario, de los convenios, contra el ajuste sobre maestros y estatales, vendrá de las asambleas obreras, contra el freno de la burocracia sindical. Más que nunca: doble aguinaldo, salario equivalente a la canasta familiar y paritarias libres. El único ‘derrame’ que acepta este gobierno es el de los deshechos cloacales de Botnia (y de Celulosa Argentina) en el río Uruguay; el de la “burguesía nacional” en el río Reconquista; y el de los pulpos mineros y petroleros en las napas de agua de la Patagonia y el noroeste argentinos.

Quien lea la nota sobre el Inti que publica el MST (AS 464), firmada por José Magallanes, supondrá que nos encontramos frente a un proceso de recuperación sindical, que la Junta Interna (JI) de ATE es combativa, y que la designación de su lista con el color verde más tiene que ver con la esperanza que con su alineamiento con la burocracia verde de ATE Nacional. En el Inti no hay un proceso de recuperación sindical que se haya plasmado en la Interna de ATE ni existe la tan mentada democracia de los trabajadores. Encontramos, eso sí, un ejemplo práctico del postulado “teórico” del MST de “cavar trincheras con la burocracia”. José Magallanes dice en su nota que fue la Junta Interna la que se puso desde el principio al frente de la lucha contra la patronal para firmar el Convenio Sectorial del Inti, y que cada diez días se realizó una asamblea en los últimos dos años. En los últimos tres meses, la Interna permitió que una comisión independiente redactara modificaciones al convenio en conjunto con ellos; acompañó a esta comisión en las recorridas por los sectores y hasta aceptó la conducción conjunta de la asamblea con sectores independientes, cosa que anteriormente rechazaba de plano. Pero todo el idilio “democrático” se fue al tacho cuando, unas semanas antes de la firma, la Interna planteó la necesidad de discontinuar el plan de lucha y firmar, mientras que un sector mayoritario de la asamblea consideró que las supuestas mejoras ofrecidas estaban lejos de lo reclamado y no eran razón suficiente para bajarse del plan de lucha. Los subsiguientes paros fueron sin el corte de la entrada del INTI ya que la interna no lo garantizaba; en las asambleas comenzaron las amenazas y las patoteadas y las puertas del local gremial se cerraron. El balance es éste: de todas las modificaciones redactadas en conjunto al convenio, cerca de 25 artículos, ninguna se hizo efectiva. El día previo a la firma del convenio, ATE convocó, a regañadientes, a un paro impuesto por la asamblea general. En esa jornada un grupo de compañeros llevó adelante una autoconvocatoria de aproximadamente 100 personas que discutieron porque no se debía firmar el convenio. En medio de la deliberación llego un mail donde el presidente del INTI aseguraba que las dos direcciones sindicales (ATE y UPCN) se aprestaban a firmar el convenio al día siguiente. Los allí presentes resolvieron movilizarse al local de ATE y reclamar una asamblea. Cuando llegaron al local, en medio de cantos y aplausos, fueron recibidos a golpes de puño por la interna. Cuando cesaron las agresiones, la interna informó que ellos no iban a firmar el convenio tal cual estaba y que para el día siguiente convocaban una asamblea. Esta asamblea, realizada el viernes anterior a las elecciones, fue una de las más concurridas de los últimos años, con cerca de 450 personas. En el informe que dio la JI, contrariando lo que había manifestado el día anterior, alabó las supuestas mejoras obtenidas en el convenio y llamó a votar por su aprobación. Una gran indignación invadió a gran parte de los presentes y se comenzó a sentir la tensión. Se realizó la elección de la dirección de la asamblea y ganó el sector independiente. La burocracia quiso imponer sus decisiones a través de la fuerza física e impuso poner a votación la firma del convenio sin debate. El convenio fue aprobado por 240 votos contra 180. Dentro de los 240 votos hubo gerentes, alcahuetes de las autoridades y personajes que jamás estuvieron en una sola asamblea ni en los cortes. El salario mínimo sigue muy lejos de la canasta familiar (un trabajador del Inti cobrará 1.800 pesos). Por otra parte, los contratados pasan a planta transitoria. Finalmente, solo en los primeros cuatro grados de carrera se asciende cada dos años; luego en toda la carrera el ascenso será cada 3 años, representado una variación salarial de 60 pesos como máximo. La JI de ATE no es la expresión del nuevo movimiento sindical clasista. Es un agente disfrazado de la “vieja” burocracia verde.

Fue una maniobra orquestada entre el poder político y el juez Lobo: se trataba de dejar pasar las elecciones de octubre, para no “perjudicar” la campaña electoral del señor Peralta. Lo acaba de confirmar definitivamente el defensor oficial Roggero, quien declaró que solamente se mantuvo preso a Varizat para evitar una “convulsión social” y que, pasadas las elecciones, consideraron suficiente la parodia de tenerlo “preso” en una cárcel VIP. En realidad, estuvo “protegido” y ahora le organizaron la salida y se lo llevaron muy lejos, para eludir el escarnio de un pueblo que fue “atropellado” por su 4x4. La impunidad, sin embargo, tiene su costo... y al electo gobernador Peralta se le ha caído la “careta” populista: ha condenado fieramente la prisión domiciliaria de un grupo de obreros de Las Heras, otorgada por la jueza de Instrucción, porque después de un año y siete meses presos no tiene pruebas; obreros que, además, fueron torturados durante su detención; pero guarda silencio ante la libertad de un funcionario que cometió un acto criminal, filmado y difundido por televisión en el mundo entero y que estuvo apenas dos meses en un “alojamiento”, rodeado de toda clase privilegios. Vayan estas actitudes para descalificar las expectativas de insignes políticos de oposición, que ven en el electo gobernador el “cambio”... Claro está, que buena parte de esa “oposición” tampoco ha realizado aún declaraciones acerca de la libertad de Varizat. Como planteó el FUT-PO en la movilización del viernes por la noche, la lucha contra la impunidad del poder es ahora . Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y democráticas a sumarse a las movilizaciones y paros que están previstos para esta semana, en repudio a la liberación de Varizat y exigiendo que sea llevado a una cárcel común por haber atropellado a 20 personas, varias de ellas aún convalecientes y por pura suerte sin víctimas fatales.

Cristina Kirchner debió precipitar el anuncio de su nuevo gabinete por dos motivos. Primero, para ponerle fin a su primera “crisis de gabinete”, que estalló cuando Peirano, el hombre que Techint y la UIA pusieron en el Ministerio de Economía, anunció que no seguiría con la nueva presidenta. Segundo, para frenar la lucha de clanes capitalistas desatada en torno de la sucesión de Peirano. Detrás de los nombres y los anuncios, se está disimulando una crisis de carácter general. Guerra de clanes El retiro de Peirano se precipitó por sus “graves diferencias” con el secretario Moreno, y como parte de la pelea entre las cliques de Alberto Fernández, por un lado, y de De Vido, por el otro. Cristina confirmó a los dos en el cargo: las guerras de camarillas del gobierno que termina se trasladan intactas al que comienza. ¿Qué separa a los dos clanes? No se trata de “métodos de gobierno diferentes”, como se sugiere hoy cuando Alberto Fernández “lamenta” el “manejo desprolijo” del Indec. Mucho antes de que Moreno instalara a los matones de UPCN en el instituto de estadistícas, el “moderno” Alberto enviaba a la barra de Chacarita contra los trabajadores del Francés. Es cierto, en cambio, que las dos camarillas chocan por “cuestiones de negocios”. De Vido maneja el fabuloso botín de la obra pública, con el cual ha privilegiado a ciertos grupos capitalistas. Precisamente, Peirano le acaba de objetar la “valuación y garantías” del proyecto del tren de alta velocidad a Rosario, es decir que tenemos a otro Skanska en puerta. Pero, más de conjunto, la guerra de facciones coloca sobre el tapete todas las contradicciones del orden político y social del kirchnerismo, que la campaña electoral había disimulado. “Normalización” En su desplante, Peirano no actuó por cuenta propia. Antes de su paso al costado, el ministro tomó nota “del diagnóstico sombrío que recibió en su último viaje a Washington, en la asamblea anual del FMI”. Allí, “todos los funcionarios e inversores dejaron en claro que (para contener la inflación y negociar con el Club de París) desde diciembre habrá que tomar medidas de ajuste, como la moderación del gasto público, un incremento de las tasas de interés y una apreciación gradual del tipo de cambio” (La Nación, 13/11). Como se ve, el “productivista” Peirano también llevaba bajo el brazo un libreto de “enfriamiento” de la economía. Sus mandantes de la Unión Industrial lo comparten: para la burguesía nacional, la “desaceleración económica” y cierta revaluación de la moneda es el precio que debe pagarse para encaminar un aumento de tarifas y contener los reclamos salariales. Pero la más importante bandera de los patrones de Peirano es la “recuperación del crédito internacional”, es decir, reiniciar un ciclo de endeudamiento con el capital financiero. Para eso, le exigen al gobierno lo mismo que los jefes — actuales o jubilados— del FMI: cerrar el acuerdo con el Club de París y con los bonistas que no aceptaron el canje de 2005. Esto obliga, por supuesto, a un programa de impuestazos, de reducción de gastos sociales y de parte de los subsidios que, hasta hoy, frenaban los aumentos de tarifas. Como se ve, nada demasiado diferente a los Prat Gay o Lavagna. Pero con una importante diferencia: los devaluadores de la UIA quieren pilotear ellos el “ajuste” que se viene, para arrancarle al gobierno las compensaciones del caso. Entre ellas, la creación de un “banco de desarrollo” que los financie a tasas subsidiadas. Por eso, la retirada de Peirano instaló una lucha encarnizada de fracciones capitalistas respecto de quién piloteaba esa “normalización”. El nombramiento de Martín Lousteau, actual presidente del Bapro, ha calmado por ahora los nervios de la UIA, con quien cogobernó el banco en estos años. Al joven ministro, el Bapro también le sirvió como “escuela” de maniobras contra los salarios y las conquistas de los trabajadores bancarios. Los barones de la industria sueñan con reabrir el crédito internacional “para la expansión”. Pero si lo obtienen, es más probable que lo terminen usando para sacar el agua del bote. La inmensa hipoteca del pasado — una deuda que sigue representando más del 70% del PBI, junto a las nuevas exigencias del Club de París y los bonistas— tendrá como telón de fondo a una crisis bancaria internacional. En ese cuadro, la pretensión de bajar las tasas de interés sucumbe bajo la permanente salida de capitales, que “no ha remontado desde las elecciones presidenciales” (Ambito, 12/11). Lo mismo ocurre con la caída de los títulos públicos argentinos y hasta de la Bolsa. Cuando Cristina asuma, también se habrá reinstalado con fuerza la crisis energética. Solamente en Córdoba, los cortes previstos en la industria podrían equipararse a los de julio pasado. Anticipando lo que se viene, el presidente de la asociación de “Grandes Usuarios de Energía” — donde revistan Aluar, Arcor, Fate o Siderca— lanzó su grito de guerra: “los electores estarán contentos, porque pagan el gas menos que la televisión por cable (y) la energía se convirtió en un bien de uso político” (Cronista, 11/11). En el reciente seminario de Idea, los mayores aplausos se los llevó el ex presidente brasileño Cardoso, cuando recordó su aumento tarifario del 200% en ocasión de la crisis energética de 1998. En oposición al racionamiento, la gran patronal reclama que las tarifas residenciales aumenten ahora. Pacto Social Con estos frentes de crisis abiertos, el futuro gobierno plantea realizar un “pacto social”, o sea, un cepo sobre los salarios para 2008 y 2009. Para la burocracia sindical, el ajuste salarial que convalide el “pacto” debe partir de lo que llaman una inflación “real” del 14% en 2007, “no la del Indec”. Sin embargo, los institutos de estadísticas del interior acusan, para este año, no menos del 22-25% de aumento. El “índice” de Moyano, por lo tanto, es casi tan trucho como el de Moreno, y convalida una caída del salario del 10% para 2007. Es falso, por lo tanto, que el 22-25% de aumento que la CGT pedirá para “ingresar al pacto” cubra la inflación de 2007 y “la prevista para el año que viene”. De todos modos, esa es sólo la cifra a negociar: “la Directiva cegetista aceptaría una pauta menor y que se llegue al porcentaje pretendido mediante aumento de adicionales o sumas especiales” (Cronista, 12/11). Es decir que el tira y afloje volverá a incluir una mayor intensificación del trabajo, a través de cláusulas flexibilizadoras. Moyano sólo muestra los dientes para forzar al gobierno a seguir pactando con él la liquidación de las conquistas obreras. Lo acaba de demostrar en la crisis de los “puntajes” del transporte en la Capital, donde levantó un paro nacional a cambio de nada. Inmovilismo La resultante de todas estas contradicciones explosivas es un brutal inmovilismo político. El “cambio que recién empieza” debuta confirmando a los Fernández, por un lado, y a los De Vido, por el otro. El gobierno no puede renunciar a los métodos de camarilla para seguir gobernando, aún cuando éstos demuestren su agotamiento manifiesto. El “intervencionismo” del secretario de precios hace agua por todos lados, como se demuestra en el aumento del 30% en los combustibles o prepagas, y el 5% de incremento de la canasta básica sólo en el mes de octubre. En cambio, los colmillos del “gurka” del gobierno sí resultaron efectivos a la hora de golpear al Indec y a sus trabajadores. Pero en este caso, porque contó con la colaboración de las burocracias de ATE y de la CTA. La burguesía “lamenta” los métodos del arbitraje kirchnerista cuando golpea sus intereses particulares, como ocurre con las retenciones al campo. En cambio, celebra todos y cada uno de sus ataques a la clase obrera. No sólo en el Indec, sino también en la represión y el matonaje a los trabajadores del Casino, en los subtes, en el Indec, en el Pescado de Mar del Plata o en el Hospital Francés Los resultados electorales le sirvieron al gobierno para ocupar el centro político, a expensas de la derecha, por un lado, y del movimiento obrero y la izquierda que luchan, por el otro. Pero el enjambre de fracciones, lemas y cooptados que construyó esa victoria no alcanza para desarrollar un método de gobierno diferente. Para la clase obrera y los explotados que enfrentan al gobierno, la etapa que se viene plantea una agenda de lucha y de estrategia política claras. La defensa del salario igual a la canasta familiar ajustado mensualmente; de un doble aguinaldo y de un aumento de emergencia frente a la carestía galopante; la lucha contra los impuestazos y tarifazos; contra el trabajo en negro, el tercerismo y las cláusulas flexibilizadoras; la defensa de las empresas recuperadas contra la tentativa de devolverlas a los vaciadores capitalistas; de las comisiones internas y cuerpos de delegados independientes, de los centros y federaciones estudiantiles. Esta gran agenda exige el desarrollo, en todos lados, de organizaciones autónomas del gobierno y de sus agentes burocráticos, en todas sus vertientes. El kirchnerismo ingresa en su segundo período sin haber resuelto nada; los trabajadores, con la oportunidad de desarrollar su independencia política, es decir, la construcción de su partido propio.

En momentos en que culminaba en el Hotel Sheraton otra edición del coloquio empresario de Idea, y cuando funcionarios y concejales emprendían el fin de semana largo, los trabajadores del pescado producían otra jornada histórica de lucha. Se cumplía un impresionante paro en toda la industria del pescado convocado por los obreros que ocupan el Soip. Los trabajadores en huelga marcharon, bajo una fuerte lluvia, al centro político y en la ciudad militarizada de Katz ocuparon el Concejo Deliberante. Una lucha impresionante en julio arrancó un acta que establecía un plazo de cien días “para analizar y efectuar la registración” de los trabajadores en negro. Cumplidos los cien días del acta tenemos centenares de despedidos y ningún obrero efectivizado. Ya sin “mediadores ni gestores” (CGT, CTA), quedó planteada la movilización al centro del poder. Al intendente Katz y al electo Pulti (actual concejal, que lleva varios períodos en ese puesto), pasando por los ministros de Trabajo, diputados y concejales sólo les preocupó la “libertad de trabajo” de los negreros. Por eso votaron en forma unánime la intervención de la Prefectura contra los obreros. Hicieron lo imposible para “llegar” al 28 de octubre. Como en los anteriores 17 años de “cooperativización” forzoza, no tomaron una sola iniciativa para terminar con el trabajo en negro. Así que el viernes 9 y el sábado 10 entró la lucha contra el trabajo en negro al Concejo Deliberante... por la vía de la acción directa de la clase obrera. Claro que la falta de representantes legislativos directos de los obreros en lucha se notó: ningún bloque ni concejal aceptó refrendar el petitorio obrero, que se anexó a la declaración del “honorable concejo”, con generalidades “constitucionales". Una comisión de los bloques monitoreará las negociaciones. Pero el escrache ha sido monumental. El título de portada de La Capital (11/11) es “Unánime apoyo a los obreros”. El petitorio plantea: 1. La reincorporación de los obreros despedidos con motivo del conflicto originado por la registración y a partir del día 1º de agosto pasado. 2. El pago de la garantía horaria (dos meses) a los 8 mil trabajadores de la industria del pescado que involucran a permanentes, temporarios y changas. 3. La anulación de todas las matrículas de las cooperativas que funcionan en el puerto relacionadas con la industria pesquera que han significado un verdadero fraude a la ley y que han perjudicado al fisco. 4. Un compromiso de parte del Gobierno Nacional de obligar a los empresarios a registrar en forma automática e inmediata a los trabajadores en el marco del Convenio Nº 161/75 y 171 de Conserva, sin modificaciones ni anexos posteriores. 5. La condonación de la deuda previsional, la cual es responsabilidad empresarial. 6. La aplicación del artículo Nº 26 de la Ley Federal de Pesca, que contempla que cada empresario que obtenga un permiso debe cumplir las obligaciones previsionales y fiscales. 7. La eliminación de las listas negras. 8. No armar causas policiales y/o judiciales a los trabajadores que ocuparon las instalaciones de la Municipalidad. El compromiso público más importante es de una reunión para el miércoles con el Ministerio de Trabajo de Nación y la secretaría de Pesca, con una delegación de este movimiento de lucha. En resumen, varias victorias en un mismo día. 1. Paro total del puerto. La camarilla de Salas-Verón lo había desautorizado. 2. Movilización aguerrida y decidida, a pesar de todos los obstáculos y la represión (es incalculable la cantidad de policias que “custodió” la movilización). 3. Ocupación del Concejo contra todo el operativo represivo. 4. Obligamos a presentarse a todos los concejales a dar la cara ante los obreros y toda la población. 5. Desocupamos el Concejo cuando nosotros lo decidimos y con la firme decisión de parar y marchar nuevamente el miércoles 14 si no hay soluciones. Estamos cada vez más cerca de la victoria.

Hace una semana que ex ypefianos bloquean la playa de tanques de Repsol en Comodoro (reclaman por el cobro de sus bonos de propiedad participada). Otro grupo de ex ypefianos bloquea también la playa de tanques de Petrobras en Caleta Olivia y camioneros del transporte de combustibles hace lo mismo en la playa de tanques en Río Gallegos. No hay nafta en ninguna estación de servicio de Caleta Olivia ni de Comodoro, y los servicios esenciales han comenzado a paralizarse. En Río Gallegos, las colas de cuatro cuadras en las estaciones de servicio se repiten desde el sábado. Los jerárquicos del petróleo han paralizado gran parte de la producción con una huelga que lleva también varios días. La liberación de Varizat ha desatado una gran indignación. El mismo día varios centenares de compañeros terminamos marchando a a la casa del juez Lobo, quien huyó del lugar con su familia cuando la marcha estaba a tres cuadras. Adosac llamó a un paro de 24 horas el miércoles 14 con movilización a la Casa de Gobierno. Peralta no sabe cómo reaccionar, mientras gran parte del pueblo le adjudica la responsabilidad política de la libertad de Varizat. El juez Lobo se ha sentido obligado a “explicar” su fallo en una solicitada. Los dirigentes de la UCR esperan ofertas de cogobierno. Sobre la libertad de Varizat han declarado tener “interrogantes”; el ex candidato Costa o el intendente Roquel no se han manifestado. Peralta prepara, en estas condiciones, un acto multitudinario para la asunción, adelantada al 9 de noviembre, con el matrimonio Kirchner en Gallegos. Inició las paritarias con estatales y docentes, y anunció inversiones en Río Turbio. En el Obispado se ha formado una Asociación de víctimas de la impunidad. Varios crímenes han sido encubiertos como “suicidios” y el testimonio claro y contundente de los familiares dio por tierra en un par de horas con todo el aparato judicial y policial de la provincia. El debate político sobre el balance electoral sigue a flor de piel y la agitación de estos días demuestra que se equivocaron fiero los funcionarios que el 29 de octubre vaticinaron el fin de los cortes de ruta y de los reclamos masivos.

Luego de la retirada de los conciliadores, se cerraba la primera batalla política del Congreso. Ahora había que seguir adelante, avanzar con las medidas del poder. Pero el Palacio de Invierno seguía en manos del gobierno. Se convocó entonces un cuarto intermedio, que duró menos de una hora. Cuando el Congreso se reanudó, la situación había cambiado. Kamenev leyó el telegrama que acababa de enviar Antonov: el Palacio de Invierno ha sido tomado; todo el Gobierno Provisional, excepto Kerensky, ha sido detenido. Mientras Kamenev intentaba leer la lista de los personajes detenidos, la euforia se apoderó del Congreso de los Soviets. Era la victoria. Durante varias horas se sucedieron todavía las mociones de orden y los telegramas de apoyo al nuevo régimen por parte de todos los destacamentos y fuerzas militares revolucionarias. Casi a las cinco de la mañana, finalmente, Lunacharsky subió a la tribuna para leer un llamamiento del Congreso al pueblo. Escrito por Lenin, la proclama era mucho más que una declaración. Según las palabras de Trotsky, “no es un simple llamamiento (sino) el comienzo de un nuevo régimen estatal”1. Este es el texto del llamamiento: “Obreros, Soldados, Campesinos, El segundo Congreso de los Soviets de Diputados obreros y soldados de toda Rusia comienza sus tareas. Representa a la gran mayoría de los soviets. Toma parte en él, asimismo, cierto número de delegados de los soviets campesinos. Apoyándose en la voluntad de la inmensa mayoría de los obreros soldados y campesinos y en la victoria de los obreros y la guarnición de Petrogrado, el Congreso toma en sus manos el poder. El Gobierno Provisional queda derrocado; la mayor parte de los miembros del Gobierno Provisional ha sido ya detenida. El poder soviético propondrá una paz democrática inmediata a todas las naciones y un armisticio inmediato en todos los frentes. Procederá a entregar a los comités campesinos los bienes de los terratenientes, de la Corona y de la Iglesia. Defenderá los derechos de los soldados y llevará a cabo la total democratización del ejército. Implantará el control obrero sobre la producción, asegurará la convocatoria de la Asamblea Constituyente en la fecha fijada, tomará todas las medidas necesarias para abastecer de pan a las ciudades y a los pueblos de géneros alimenticios de primera necesidad. Asegurará a todas las nacionalidades que vivan en Rusia el derecho absoluto a disponer de su propia existencia. El Congreso decide que el ejercicio de todo el poder en las provincias sea conferido a los Soviets de Diputados obreros, campesinos y soldados, quienes deberán asegurar una disciplina revolucionaria perfecta. El Congreso hace un llamamiento a la vigilancia y firmeza de los soldados en las trincheras. El Congreso de los Soviets está persuadido de que el ejército revolucionario sabrá defender la revolución contra los ataques imperialistas, hasta que el nuevo gobierno haya podido concertar la paz democrática que va a proponer directamente a todos los pueblos. El nuevo gobierno tomará las medidas necesarias para cubrir todas las necesidades del ejército revolucionario, mediante una política firme de requisición e imposición a las clases poseedoras y para mejorar la situación de las familias de los soldados. Los kornilovistas, Kerenski, Kaledin y otros se esfuerzan por lanzar tropas contra Petrogrado. Varios regimientos engañados por Kerenski han pasado ya al lado del pueblo insurrecto. ¡Soldados! ¡Oponed una resistencia activa al kornilovista Kerenski! ¡Manteneos en guardia! ¡Ferroviarios! ¡Detened todos los trenes de tropas enviadas por Kerenski contra Petrogrado! ¡Soldados! ¡Obreros! ¡Funcionarios! ¡El destino de la revolución y de la paz democrática está en vuestras manos! ¡Viva la revolución!" El llamamiento estaba firmado por el Congreso de los Soviets de Diputados obreros y soldados de toda Rusia y delegados de los Soviets campesinos: “La lectura de este manifiesto histórico fue interrumpida una y otra vez por tormentosas olas de ovaciones y gritos (…) Finalmente, a las 5 de la mañana del 26 de octubre el manifiesto que legitimaba la creación de un gobierno revolucionario fue votado y aprobado por un margen abrumador, con sólo dos votos en contra y doce abstenciones. Despuntaba una mañana gris y brumosa, típica del otoño de Petrogrado, cuando los delegados salieron lentamente del Smolny. En los pisos de arriba, los líderes exhaustos del Comité Militar Revolucionario se tiraban en el piso de sus oficinas repletas para tratar de dormir un poco, algunos por primera vez en varios días. Lenin se había ido al cercano departamento de Bonch-Bruevich para descansar y preparar un decreto sobre la reforma agraria para la siguiente sesión del Congreso. Los bolcheviques habían llegado al poder en Petrogrado y una nueva era en la historia de Rusia y del mundo acababa de comenzar”2. 1. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa. 2. Alexander Rabinowitch, The Bolsheviks come to Power.

A cuatro días de los violentos incidentes generados por una patota de matones de la burocracia del Somu, el Casino de Puerto Madero continúa cerrado por orden judicial. Al cierre de esta nota, centenares de trabajadores se están movilizando a los Tribunales y al Ministerio de Trabajo para exigir la reapertura de las salas de juego. En los últimos meses, el cuerpo de delegados del Casino inició un reclamo de salubridad ante las penosas condiciones de trabajo en que los trabajadores desarrollan su labor cotidiana. Un conjunto de asambleas fijaron el reclamo de reducción de la jornada y una etapa de movilización a fines de octubre con dos movilizaciones que recorrieron el centro porteño. La formalización del reclamo ante la empresa motivó la convocatoria a asambleas informativas para el viernes en los horarios de descanso del personal. Dichas asambleas convocadas por el cuerpo de delegados del casino, nucleado en Aleara (juegos), tienen la particularidad de agrupar a todo el personal del casino, sin distinción de sindicatos, por el enorme respeto que esta conducción gremial de base se ha ganado entre los trabajadores. En la noche del jueves, una banda de matones de la burocracia del Somu ingresó a la zona de descanso del personal ubicada en tierra. Para acceder al sector tuvo que sortear primero, a la prefectura, que controla cada milímetro de Puerto Madero. Y luego, pasar por una guardia de seguridad del casino que actúa en los hechos, como un “grupo de tareas”, dedicado a amenazar a los delegados y activistas. Los casinos de Puerto Madero son un negocio gigantesco. Se calcula que recaudan más de 400 millones de dólares por año. No cualquiera ingresa. La presencia de esta banda en la zona durante horas, indica la existencia de una “zona liberada” por la patronal kirchnerista del casino. Sobre la base de esta “zona liberada” los matones de la burocracia montaron una provocación brutal contra la asamblea del turno noche realizada en la madrugada del viernes. Cuando los delegados comenzaban a informar de las negociaciones con la empresa, la patota entró en acción golpeando a todo el mundo, recibiendo la colaboración de la prefectura y la seguridad interna del casino. Los trabajadores salieron en defensa de su organización gremial. Durante horas resistieron el ataque fascista de la burocracia del Somu, mientras se iban congregando en la puerta de la empresa centenares de compañeros de los otros turnos alertados por el ataquey decenas de sectores gremiales que concurrieron a solidarse con la lucha de los compañeros , mientras la prefectura impedía su ingreso con un enorme operativo de seguridad. La patronal responsabilizó al Cuerpo de Delegados de los disturbios anunciando que recurriría a la justicia. La preparación del “pacto social” El carácter podridamente patronal y antisindical de la burocracia quedó marcado por las declaraciones posteriores del Somu que denunciaban al Cuerpo de delegados del Casino por realizar “asambleas en forma periódica”. Es que el “Caballo” Suárez, mandamás del Somu, no es cualquier equino. Formó parte de la delegación de argentina que acompañó a Cristina Kirchner a la OIT en Ginebra, meses antes de que fuera elegida presidenta. La provocación del Somu es un calco a la montada por la burocracia de UTA contra el cuerpo de delegados del Subte, que en combinación con la patronal de Metrovías y el gobierno ha organizado una patota que recorre los túneles amenazando y golpeando a los trabajadores, combinándolo con la promoción de causas penales que buscan descabezar la organización gremial independiente de los trabajadores del subte. Es evidente que la patronal kirchnerista tuvo un guiño del gobierno para semejante provocación. Asistimos a un nuevo intento de descabezar un cuerpo de delegados combativos surgido al calor de la organización de más de 1.500 compañeros del casino que han logrado conquistas decisivas. La cuestión del famoso “encuadre gremial” actúa como taparrabos para ocultar el objetivo de golpear a esta masa de jóvenes que no se doblegan ni se resignan. La defensa del Cuerpo de Delegados del Casino es una tarea de todo el movimiento obrero y popular. ¡Por la reapertura inmediata del Casino! Defendamos al cuerpo de delegados ¡Fuera la patota!

Como muchos de ustedes saben, hoy fui invitado a retirarme de mi lugar de trabajo con el aviso de que no se me permitiría el ingreso. Para evitar confusiones, quiero informar brevemente cómo sucedieron los hechos: El día 11/9/07 intimo fehacientemente a UPJET y a la empresa para que se realicen elecciones en el edificio SK (donde presto servicio), atento a la falta de representación sindical; al mismo tiempo procedo a informar fehacientemente mi postulación al cargo. No recibo contestación de UPJET, pero sí de la empresa que mediante carta-documento rechaza mi telegrama. El día 23 realizamos el acto sindical en ATE (fui el único orador sin fuero sindical). A los pocos días, soy invitado a salir fuera de convenio con un sueldo mayor. Luego de unas semanas rechazo el ofrecimiento. El día de hoy tomé servicio en mi domicilio laboral, pero no tenía acceso a la red. Soy citado a una oficina donde el representante de Tasa en las negociaciones colectivas, me indica que debo retirar mis objetos personales (vigilado por un superior) y abandonar el edificio a la brevedad. El despido es con indemnización y sin expresión de causa. Gracias a todos por el apoyo. Estamos analizando los pasos a seguir.