Las elecciones de 2027 ya están presentes en la actualidad política, con independencia de lo que adelanten las encuestas en cuanto a la intención de voto del electorado. La incertidumbre acerca de una reelección de Javier Milei afecta el plan económico, el pago de la deuda y el ritmo y la intensidad del ‘ajuste’. Afecta a las inversiones de capital extranjero. Aunque la tasa de interés que habría que pagar por la refinanciación de la deuda externa de Argentina (‘riesgo-país’) apunta a una baja, encuentra un piso de ‘resistencia’ en el ‘riesgo-político’. Las victorias de la ultraderecha en Chile y en Colombia no adelantan todavía el resultado de una elección en Argentina, a la que le faltan aun dieciséis meses; aunque la derechización aparece como una tendencia, no adelanta por si sola los resultados en cada país. Tampoco constituye un reaseguro electoral para la camarilla liberticida que las reservas netas del Banco Central hayan alcanzado los 10.000 millones de dólares, ante los desafíos de pagos a lo largo del año que viene. Luis Caputo, el ministro de Economía, lleva adelante una política temeraria, como lo es la tentativa de reducir la deuda externa registrada en títulos internacionales a cambio de un aumento superior de los préstamos bancarios a corto plazo, sea con instituciones oficiales (Banco Mundial, BID, FMI) o con consorcios de bancos privados. Para alcanzar este objetivo ha trazado, junto a Sturzenegger, una política de mayor ajuste social. El propósito es reforzar el superávit fiscal. Como la mayor parte de los gastos discrecionales del Tesoro ya ha sido suprimida, se diseña una gran motosierra para los gastos jubilatorios (incluido el PAMI). En definitiva, las concesiones sociales de “los años impares” (cuando tienen lugar las elecciones) estarían, en la intención libertaria, fuera de radar. El oficialismo apuesta a una reelección en base a un frente sólido con el gran capital internacional y la pequeña burguesía propietaria, no mediante un guiño a las masas empobrecidas. La palabra de orden es sostener una estabilidad cambiaria como ancla de la inflación. La llamada “batalla cultural” de la camarilla liberticida consiste en convencer a los trabajadores de que la política de sus enemigos de clase es la única viable, aunque más no sea para desviar un voto opositor a la abstención. Una gran parte de los gobernadores, sean radicales o peronistas, se ha ido alineando detrás de la reelección. Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, ha sido un artífice del acuerdo entre Milei y los rectores universitarios para desconocer la ley de financiamiento de las universidades que los radicales santafesinos habían votado favorablemente. Es probable que numerosos gobernadores se plieguen a una reforma electoral que derogue las PASO, para boicotear la formación de un frente opositor e incluso dividir al peronismo (que, de todos modos, se dividirá con o sin PASO). Manuel Adorni no llegaría, eventualmente, a las elecciones como Jefe de Gabinete, pero su despido tendría lugar cuando el Ejecutivo haya mostrado ‘autoridad’ frente al Congreso y se despeje, en lo posible, la conexión entre su enriquecimiento ilícito (latrocinio, mejor) y $Libra, la estafa de Javier Milei. El dato principal del ‘affaire’ Adorni es el respaldo de Luis Caputo a Milei en el manejo del asunto. La supervivencia del mileísmo reside en el retroceso de las masas con la colaboración de toda la oposición política y sindical, como acaba de demostrarlo la derrota de los trabajadores de FATE. El escenario tiene por eje la cuestión de la reelección. Incluso sin las PASO, las oposiciones tendrían un repechaje en la segunda vuelta o balotaje. La atadura del peronismo y del macrismo a los principales ejes del plan motosierra, con diferencias de matices, dificultan la formación de un “frente grande” frente a Milei. Aníbal Fernández ha declarado que el ajuste fiscal es inamovible. Queda el interrogante de si la ausencia de un frente opositor puede ser compensada con una lista única del peronismo. Por otro lado, con un Milei que cae en los sondeos de opinión, podría ocurrir lo de Perú, donde quienes llegan a la segunda vuelta no han reunido más que el 30 % de los votos en la primera y, en consecuencia, obtienen una escasa representación parlamentaria; es también lo que en parte ha ocurrido en Chile. La cuestionada victoria de la ultraderecha en Colombia ha pintado el mapa de América del Sur de negro, como consecuencia del sabotaje del llamado “progresismo” (Boric, Petro, Correa) a enormes rebeliones populares; no ha habido nada más efectivo que el progresismo para abrir el camino a una derecha que se encontraba desmoralizada y dividida. Lula, en Brasil, y Scheinbaum en México han hecho ese mismo trabajo, aunque Lula gane la elección de octubre próximo por estrecho margen. Myriam Bregman se presenta, en este escenario general, sin partido asignado, si se puede decir así; aunque es promovida, obviamente, por su propio partido, el PTS, se ha instalado con independencia de su filiación partidaria. También la apoya el FITU, con grados diversos de adhesión. Pero no están definidas las candidaturas parlamentarias comunes (nacionales, provinciales, municipales), o ejecutivas, como en CABA, ni ratificado el método de rotación de cargos. De acuerdo a una investigación de La Nación, “el lanzamiento de los comités electorales genera cuestionamientos de sus socios”. Bregman ha ido creciendo en los sondeos de imagen, lo cual debería tener un correlato electoral. La posibilidad de que arribe al segundo turno e incluso gane la elección, por ahora altamente improbable, tiene sin embargo antecedentes: el caso del chileno Gabriel Boric, candidato de un ignoto Frente Amplio venció primero, en las internas, al Partido Comunista y luego ganó la Presidencia; o el peruano Pedro Castillo, en 2024, y ahora su sucesor, Roberto Sánchez, quien todavía depende del recuento electoral. Luis Zamora, virtualmente sin partido, alcanzó el 14 % en CABA, en 2001/03. Los programas y los partidos han perdido relevancia frente a la imagen electoral. Myriam Bregman, en varias declaraciones, se ha definido como una candidata del Progresismo. En el texto de estrategia electoral, se lo presenta como “un gobierno de la nueva clase trabajadora”. Se trata de lo mismo, porque esa “nueva clase” sería la conjunción de los movimientos feministas, ambientalistas, de disidencias sexuales, indigenistas, o sea, en movimientos identitarios, no de clase, aunque se los empaquete en una “nueva clase”. En la burguesía y las patronales abundan todas esas identidades, que cruzan a todas las clases sociales. El único antagonismo social irreconciliable, sin embargo, que caracteriza al modo de producción social capitalista, tiene lugar entre la burguesía y el proletariado, y es la única base de la revolución en la época del capital. La caracterización de gobierno progresista (ni siquiera de izquierda) pasa el límite de una etiqueta, cuando determina todo el programa y toda la política del Manifiesto electoral del PTS: La burguesía internacional ha demostrado su disposición a tolerar “gobiernos progresistas”, como los citados Boric y Castillo, y otros más también. A título ilustrativo es oportuno mencionar que, luego de la rebelión popular chilena, en 2019/20, tuvo lugar una polémica entre dos derechistas colombianos, los expresidentes Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe, en torno a los acuerdos que buscaba el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con Gabriel Boric, para llamar a una Constituyente en los marcos del régimen vigente. Uribe se opuso a Piñera y reclamaba un autogolpe de Estado; Santos, por el contrario, apoyaba un acuerdo, que resultó, efectivamente, ‘exitoso’ para la gran burguesía. Enseguida después estalló una rebelión popular en la misma Colombia, y su Boric fue Gustavo Petro. El Manifiesto de Bregman se adecúa a ese progresismo: no plantea ninguna acción para quebrar el Estado capitalista, en caso de triunfo electoral; dilata sus principales medidas, como el No Pago “Soberano” de la Deuda Externa para cuando se reúna una Asamblea Constituyente “Soberana”. Es lo que también respondió Bregman al periodista Tenembaum, cuando le preguntó sobre sus primeras medidas de gobierno: ‘no imponer medidas, sino que se vote, democráticamente’. Esa votación estaría a cargo de una Asamblea Constituyente ‘a la chilena’, cuya convocatoria depende de un Congreso hostil, mientras la hemorragia de capitales y la inflación toma cuenta de la vida de las masas. Bregman también ha señalado que la Constituyente es el organismo “más democrático en el orden actual”. Es decir, una Asamblea convocada en conformidad a las reglas existentes. En estos términos, la Constituyente se convierte en reaccionaria, porque pospone la acción, no la impulsa; la condición de cualquier consigna es que sirva para movilizar, no para contener. El objetivo estratégico que el Manifiesto electoral señala desde el comienzo es ‘poner fin a la declinación nacional’, el mismo slogan de Milei, aunque con otros matices. Poner fin a la decadencia nacional no significa otra cosa que preparar a Argentina para competir mejor en el mercado mundial, o sea, por medio de una mayor explotación relativa de la fuerza de trabajo. Es una perspectiva histórica reaccionaria en una época de guerras imperialistas y rebeliones populares; un objetivo ‘nacional’ (burgués), no un objetivo socialista (proletario). Los “socios” de Bregman a los que alude La Nación (el FITU) no rechazan el planteo, sino que circunscriben sus ‘disidencias’ a los comités electorales (participación de cada uno). El programa electoral de Bregman , de neto cuño kirchnerista, ha sido la base común del FITU desde hace una década, no es un giro brusco. Se le atribuye a Cristina Kirchner haber declarado que, si el peronismo no presentaba una candidatura y programa adecuados, ella “se iría” con Myriam Bregman. Aunque nadie podría decir aún quién podría irse con quién en las próximas elecciones (aunque un voto del PTS por el peronismo en un balotaje es una ficha segura), es definitivamente cierto que la semejanza entre el programa K y el programa B es real, no un dibujo de inteligencia artificial. Llegado el caso, Cristina Kirchner podría salir en libertad y convertirse en Jefa de Gabinete de Myriam Bregman. Al final, se tendría una alianza, invertida, con el peronismo. En debates internos en POLITICA OBRERA, se nos hizo una observación importante: que en las “entregas” acerca del Manifiesto del PTS no hacíamos referencia a la omisión, en ese Manifiesto, de la burocracia sindical, cuando es público el apoyo del PTS al FreSU, el frente disidente de la burocracia de la CGT, encabezado por el kirchnerista Abel Furlán, de la UOM. La burocracia de los sindicatos ha sido, en la historia, la fuerza más hostil a los gobiernos obreros y de la izquierda revolucionaria; quieren amurallar a los sindicatos contra el avance de la izquierda. Los sindicatos mencheviques contra la Revolución de Octubre; ostensiblemente, contra la Revolución Alemana; contra la huelga general en el Mayo francés; en Argentina, el vandorismo lo fue contra el Cordobazo; el moyanismo contra el Argentinazo. La burocracia integró los grupos de tareas bajo el gobierno de Perón, López Rega e Isabel. El Manifiesto-Programa de Myriam Bregman no aborda la cuestión de quebrar el Estado capitalista ni tampoco al aparato de la burocracia, que no debería ser una tarea del Estado, sino de la militancia obrera; no plantea los comités de fábrica contra el sabotaje patronal y del Estado, ni para neutralizar y derrotar a la burocracia sindical. El supuesto “gobierno progresista”, que no será de izquierda ni obrero, destila por todos sus poros la tentativa de encontrar un compromiso con el régimen capitalista; será un fracaso para los trabajadores si triunfa en su propósito y mucho peor, si fracasa. La imagen de Myriam Bregman ha progresado, pero en un cuadro de reflujo de los trabajadores; su crecimiento no es parte de una movilización obrera, ni representa un ascenso político de la clase obrera. Pero el PTS no lucha para superar estos límites, sino que ha hecho de estos límites la base de su acción; no haremos la revolución proletaria, pero podríamos llegar al balotaje de 2027 –‘histórico’-. Lo mismo podría decir del objetivo práctico que se ha asignado: el de ampliar la bancada nacional con parlamentarios de provincias, donde las cuotas de votos que se necesitan para ser electo son muy altas. El reparto de cargos en el FITU, con estas ambiciones, deberá pasar por una crisis. Hay sectores que impugnan el propósito de llegar al gobierno por la vía electoral, como si las ‘vías’ del desarrollo político fueran una bandeja en la que se puede elegir el mejor plato. Los partidarios de la insurrección armada, en cualquier tiempo o lugar, se refugiarán en la abstención que promueve Milei para los votantes opositores. Dado el estado político actual en Argentina, Bregman no llegaría al balotaje ni ganaría, en caso contrario, la Presidencia, sino que sería ‘depositada’ en esos lugares por la convergencia de diversos factores objetivos y accidentales; una conveniente justificación para no salir del marco del progresismo y la colaboración ‘pluralista’ de clases. En lugar de cambiar a fondo este cuadro, cuando todavía falta año y medio para las elecciones, el PTS ha votado acentuarlo. Es la posición ‘clásica’ de un oportunismo de derecha. Un gobierno de izquierda en transición a un gobierno obrero debe conseguir el apoyo de las masas, no solamente en el voto, sino por medio de la lucha. Debería plantear, por de pronto, un aumento inmediato de salarios y jubilaciones a partir de un mínimo de dos millones y medio de pesos; una rebaja de los alquileres y un congelamiento de desalojos; nada de esto figura en el Manifiesto. Debería anular la contrarreforna laboral, poner en vigencia la ley de financiamiento de universidades, el apoyo a discapacitados. Son las reivindicaciones mínimas que llevarían a movilizaciones obreras de masas, apoyadas en comités de fábricas y coordinadoras de comités de fábrica, en la mejor tradición obrera revolucionaria de Argentina. Daría lugar a un gobierno de izquierda de origen electoral y creciente apoyo de la clase obrera, que buscaría convertirse en un gobierno obrero, mediante acciones de masas que impugnen al Estado existente y el surgimiento de organismos obreros de poder. Un programa como el que exponemos tiene un contenido internacional; es la pelea obrera en todo el mundo, junto a la lucha contra la guerra imperialista y el imperialismo. Este programa debe rechazar toda perspectiva de “salida nacional”, aunque no se vista de bandera y escarapela, ni cante el himno. Solamente una revolución socialista desencadenaría un renacimiento nacional, lo mismo que en cualquier otro país. Un programa socialista es un instrumento de movilización y de organización y un formador de conciencia emancipadora. No solamente se trata de marchar contra el enemigo imperialista, sino de construir, en el camino, los fundamentos de una sociedad que marcha hacia la libertad. El programa debe partir, no de la decadencia nacional, sino de la decadencia histórica del capitalismo; de un modo de organización social que sólo tiene por delante un camino de crisis y masacres humanitarias. Pero el Manifiesto destinado a guiar la campaña de Bregman, e incluso un gobierno bajo su dirección, no plantea la Unidad Socialista de América Latina, mientras el imperialismo expone la doctrina Donroe y el pacto guerrerista del Escudo de las Américas. No se trata sólo de prometer petróleo de Vaca Muerta a Cuba desde un “gobierno progresista’ que carece de poder político propio, o desde una campaña electoral que tiene objetivos parlamentarios. El imperialismo norteamericano vuelve a promover, en América Latina, con más ferocidad que en el pasado, una guerra civil del capital contra los obreros y campesinos. En el Atlántico Sur se instala una plataforma militar norteamericana al lado de Malvinas ocupadas. Es necesario luchar por la expulsión del imperialismo con una bandera concreta: la Federación Socialista de América Latina. En cuanto a la guerra mundial en los cuatro continentes, la claridad es más necesaria que nunca: Abajo la guerra imperialista, por el derrocamiento del imperialismo.