Mayo de 2026

En las últimas semanas, el Profesorado Joaquín V. González se vio convulsionado por diversos motivos que tienen un denominador común: la creciente injerencia del Gobierno de la Ciudad. Por un lado, el Ministerio de Educación, en completa colaboración con el Rectorado, realizó evaluaciones obligatorias de lectocomprensión (que no figuran en ningún plan de estudio) a todos los ingresantes en el año 2026. Estos exámenes se dan en el marco de la política del Consejo Federal de Educación del gobierno de Milei, que pretende evaluar a 300 institutos de formación docente en todo el país. El verdadero objetivo de la evaluación externa es acreditar a los profesorados como la CONEAU lo hace con las universidades, en definitiva, recortar los planes de estudio y cerrar las carreras que no se adapten a “las necesidades del mercado”. El diario Clarín aclaró al respecto: “El objetivo es evaluarlos periódicamente y establecer estándares más exigentes para darles validez nacional a las carreras que ofrecen y, si no pasan el test, cerrarlos”. El gobierno de la ciudad decretó en diciembre pasado un nuevo Reglamento Orgánico Marco (ROM) que regula el funcionamiento interno de los institutos de formación docente, atacando directamente la democracia institucional como forma de imponer a sus autoridades y la política de privatización de las carreras. Dicha orientación para la educación terciaria es acompañada por el Rectorado, que representa a UTE y sus agrupaciones afines, Arquimedeanos y La Caravana. Estas agrupaciones garantizaron el ingreso de los funcionarios del Ministerio al Instituto, mientras se realizaba un piquete votado en asamblea para boicotear las evaluaciones a los estudiantes de primer año. Por su parte, una fracción de la conducción del centro de estudiantes, en particular los representantes del aparato del Partido Obrero y del PTS en el Consejo Directivo, votaron una moción en común con el Rectorado para permitir que se realicen dichos exámenes. En la misma línea, forman parte de la “Comisión de Revisión del Reglamento Orgánico Institucional (ROI)” promovida por el Rectorado para adaptarse al nuevo ROM macrista, y que conduce a la legitimación de la reglamentación reaccionaria. En definitiva, para que se deroguen los nuevos ROM-ROI, para tirar abajo las evaluaciones y que no se reformen nuestras carreras, para que se reabra el postítulo de ESI, para repudiar las amenazas, tenemos que ocupar el Profesorado e impulsar la huelga general educativa. Adelante, compañeros.

Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), el gasto militar mundial tocó un récord histórico en 2025 al llegar a 2,887 billones de dólares, con una suba del 2,9 % interanual. En este sentido, la tendencia al rearme mundial avanza a pasos agigantados. El gasto en defensa en Europa ha llegado a 864.000 millones de dólares, con un crecimiento del 14 % impulsado por la guerra de la OTAN contra Rusia y la presión de Estados Unidos para que los países de la OTAN incrementen su inversión militar. Alemania elevó su presupuesto un 24 % hasta los 114.000 millones de dólares; sus fuerzas armadas podrían alcanzar al medio millón de soldados. Lo anunció la semana pasada el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius. El plan de rearme alemán, orientado a convertir a Alemania en la potencia militar dominante de Europa hacia 2039, a cien años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso similar al de Japón , pretende incrementar el presupuesto de defensa al 3,5 % del PBI para 2035 y llegar a los 152.800 millones de euros anuales, además de pasar de 185.000 a 260.000 soldados activos en la próxima década. El objetivo oficial implica ampliar tanto la tropa activa como los cuadros de reservistas: pasar de 60.000 a 200.000 en 2033 y conformar una fuerza de 460.000 efectivos disponibles para una eventual movilización, política que se viene llevando a cabo . Con una nueva ley, el Bundestag (Congreso) aprobó en enero de 2026 un proceso más ágil para la adquisición de material de defensa. Alemania apuesta a combinar desarrollos propios con compras puntuales en el extranjero. El plan integra una inversión de 355.000 millones de dólares hasta 2041 solo en material y 500.000 millones de dólares en infraestructura, con adquisiciones de tanques Leopard 2, vehículos Puma y Boxer, más de 5.000 unidades, aviones F-35, helicópteros, buques, submarinos y sistemas Arrow 3 y Patriot. La realización de un sistema de defensa aérea eficaz se ha vuelto una prioridad. El objetivo es generar un escudo defensivo escalonado. El sistema de defensa Arrow 3 está creado para interceptar misiles balísticos en una fase muy temprana, incluso cuando aún se encuentran en el espacio. El IRIS-T SLM, un sistema de defensa aérea diseñado en Alemania, está preparado para derribar aviones, helicópteros, drones y misiles de crucero a distancias de hasta 40 kilómetros. El objetivo es crear, en estrecha coordinación con la OTAN, una sólida red defensiva capaz de hacer frente a amenazas a distintas alturas y distancias. Además, el ejército alemán ha encargado 20 nuevos cazas Eurofighter. El desarrollo de drones por parte de start-ups alemanas como Helsing está captando mucha atención. Se están testeando, entre otros, sistemas de munición merodeadora: drones desechables con explosivos que patrullan una zona y atacan únicamente cuando reciben una orden específica. A su vez, se están llevando a cabo pruebas con enjambres de drones, en los que las tareas de reconocimiento, control y ataque están conectadas digitalmente. Los nuevos satélites de radar permitirán detectar movimientos en tierra incluso de noche o con mal tiempo. El ejército de tierra también es una prioridad, con la compra de 200 blindados Puma adicionales y una renovación a fondo de su artillería. Se espera que los nuevos obuses autopropulsados puedan cubrir distancias más largas. En el mar, la Marina amplía su capacidad operativa con nuevos helicópteros embarcados y aeronaves no tripuladas, pensadas para vigilar amplias zonas oceánicas y apoyar en la caza de submarinos. Por último, las compañías armamentísticas Rheinmetall y MBDA están trabajando en el desarrollo de innovadoras armas láser, destinadas entre otras cosas a la defensa frente a drones. Los gobiernos están recortando el gasto social para financiar el rearme. Los investigadores del SIPRI advirtieron que el desvío de recursos nacionales supondrá recortes en los servicios sociales, la atención médica y la ayuda al desarrollo. En síntesis, la guerra imperialista mundial es una expresión del estallido de todas las contradicciones sociales del capitalismo. Recortes en el gasto social En el ataque al gasto social, la coalición de democristianos y socialdemócratas ha llegado al acuerdo de reducir los gastos sanitarios en 38.000 millones de euros en 2030, mediante un plan que contiene un golpe al seguro sanitario y se suma al recorte de ayudas públicas y de las pensiones. El canciller Friedrich Merz, que apenas llegó al Gobierno declaró que el estado de bienestar alemán era “insostenible”, lo está recortando como no se hacía en este país desde la Agenda 2010 de Gerhard Schröder, en el año 2000. Se acaba, por ejemplo, la gratuidad de la seguridad social para los cónyuges. La reforma incluye casos de dificultades para familias con varios hijos de hasta siete años, padres de niños discapacitados, pensionados y personas que cuidan de familiares dependientes. Pero quienes no cumplan estos requisitos tendrán que pagar una contribución mínima del 2,5 por ciento de los ingresos del cónyuge asegurado a partir del momento en que las medidas entren en vigor. Suben además los copagos por medicamentos y hospitalización, además de cambios de reglas en la financiación que sobrecargarán a las Cajas del Seguro, las Krankenkassen, cuyo déficit se sitúan en torno a los 3.300 millones anuales. En su totalidad, el paquete de austeridad prevé un ahorro estatal de 19.300 millones de euros el próximo año. Para 2030, el ahorro total crecerá hasta 38.300 millones de euros, con el foco puesto en la reducción del gasto en consultas, clínicas y medicamentos. El resultado se suma al cercenamiento de las ayudas públicas a los desocupados de tiempo prolongado y a la reforma de las pensiones, que, según ha declarado Merz recientemente, quedarán convertidas en una “cobertura básica” para la vejez y ya no serán suficientes para garantizar el nivel de vida a largo plazo. Merz también planea podar la ayuda a más de 850.000 niños a los que sus padres no pagan la cuota alimentaria, reduciendo el límite de edad a los 12 años y dejando a los chicos de entre 12 y 18 con las manos vacías. El ahorro de esta medida, todavía por concretar, sería de alrededor de mil millones de euros y afectaría a un grupo de población que ya vive al límite: padres solteros justo por encima del límite de ingresos para recibir la prestación social básica. La burguesía alemana argumenta que la natalidad ha caído a mínimos históricos mientras la población envejece rápidamente, lo que desemboca en el aumento en la presión sobre sanidad y pensiones. De lo que se trata, sin embargo, es de financiar la guerra mundial en beneficio del imperialismo alemán.

La movilización de la CGT cumplió su objetivo. Por la Plaza de Mayo desfilaron los aparatos de los sindicatos, de los intendentes del PJ bonaerense y de los movimientos sociales para manifestar contra “el régimen económico del Gobierno que perjudica la industria”. La movilización se hizo bajo el lema “El trabajo del Siglo XXI será con derechos o será esclavo”, una frase de Jorge Bergoglio, que admite la resignación de derechos. La intención original de la CGT era hacer una misa en homenaje al Papa Francisco, pero la Curia se negó a participar del acto. Lo hizo el arzobispo de la Ciudad en el festival de rock de Dante Gebel, un pastor evangelista que busca posicionarse como candidato a presidente de la Nación. El objetivo de la jornada fue mostrar a la CGT como parte un gran frente nacional. El abanico va desde el Gobernador Kicillof hasta el pastor evangelista Dante Gebel, pasando por el presidente Macri, que dé una salida electoral ordenada al derrumbe del Gobierno de Milei. En ese sentido debe interpretarse el discurso contra el Gobierno cuando el secretario de la CGT, Octavio Arguello, proclama: “Le queremos decir basta a este Gobierno. Se terminó la paciencia, señor Presidente”. No se refiere a una huelga general sino al armado de un frente patronal. La movilización fue moderada. La convocatoria estuvo diseñada para ello: convocada para un día laboral, en horario de trabajo y sin paro. Los medios que cubrieron el acto destacaron los grandes claros que dejaba el acto. Incluso se colocó el palco frente al Cabildo de Buenos Aires, para evitar que las columnas que ingresen a la Plaza de Mayo muestren su escaso número. Horas previas al acto se corrió el rumor de que se coronaría con la convocatoria a un paro nacional. Voces más ‘aplomadas’ reclamaron “no almorzarse la cena”. Finalmente, el acto no convocó a nada. La movilización estuvo precedida por el intento de negociar un comunicado con Paolo Rocca, el CEO de Techint, en defensa de la industria nacional. Los triunviros de la CGT se reunieron con Gebel. Salieron de la reunión con la expectativa de unas PASO 2027 de toda la oposición. El documento de la CGT plantea “No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”. Primero la patronal, el ‘derrame’ para los trabajadores. La burocracia cegetista denuncia el derrumbe de los salarios cuando la tinta de la paritaria de Comercio y Camioneros, por debajo de la inflación, todavía está fresca.

En el marco de los ejercicios militares conjuntos Daga Atlántica y Passex, que se realizaron en aguas de la zona Económica Exclusiva Argentina en el Atlántico Sur, Milei recibió al jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer. Schafer se encuentra al frente de dos buques militares y de los movimientos de adiestramiento, que son parte de una campaña más grande denominada Southern Seas 2026, la cual comenzó en el hemisferio Norte y ya tuvo paradas en México, Ecuador, Chile y la Argentina; posteriormente lo harán con Brasil. El Daga Atlántica y Passex son ejercicios conjuntos intensivos, en los que participan unidades navales y aeronavales que realizan operaciones de comunicación, evoluciones tácticas, instrucciones en navegación y defensa aérea, que tienen como objetivo últim aceitar la operatividad conjunta para posibles escenarios de conflicto. Esto último se ve amplificado en el escenario de guerra imperialista, en la que Argentina se encuentra como país beligerante por el alineamiento de Milei con Trump y Netanyahu en la conflagración que se desarrolla en Medio Oriente. En ese intercambio, las unidades navales y aeronavales desarrollaron un programa intensivo conjunto. En los ejercicios recientemente realizados se incorporaron por parte de Argentina los 24 aviones F-16 comprados a Dinamarca a través de la intermediación de los Estados Unidos. El gobierno liberticida, por medio del DNU 264/26, autorizó la entrada de tropas estadounidenses. En el DNU en cuestión se puede leer que estos ejercicios servirán para “mejorar la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico, y además ayuda a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en futuras operaciones multinacionales” y a su vez “fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global”. Si bien el proyecto de ley fue enviado al Congreso para su tratamiento, la cámara baja no le dió tratamiento, convirtiendo a la oposición parlamentaria en cómplice necesaria de la entrada de tropas estadounidenses, lo que fue utilizado por el gobierno para recurrir al mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia. En la mañana del jueves 30, Milei partió desde Aeroparque para luego arribar al portaaviones nuclear USS Nimitz, que se encontraba navegando en las proximidades de Mar del Plata, a fin de participar de una actividad conjunta organizada por el Comando de Operaciones Especiales Sur, como parte de los ejercicios navales de la operación conjunta Passex. Milei estuvo flanqueado por Karina Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno. También fueron parte de la comitiva el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay. Al frente del Comando de Operaciones Especiales del Sur se encuentra el contraalmirante Schafer, una extensión del Comando Sur de los Estados Unidos, que tiene bajo su égida la planificación y ejecución de los despliegues militares en la región, con operatividad en 31 países. En el buque de guerra, Milei se encontró con Schafer, el capitán Joseph J. Furco y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. El liberticida recorrió la cubierta del portaaviones y participó de una operación aérea de aeronaves F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que son parte del ejercicio Passex. Carlos Presti señaló en sus redes sociales que los ejercicios conjuntos "fortalecen la cooperación, la interoperabilidad y el trabajo conjunto entre la Argentina y Estados Unidos”. La “visita” de la delegación argentina funcionó como una ratificación del rabioso alineamiento de los liberticidas con los Estados Unidos y, en consecuencia, con Israel. Los ejercicios se desarrollaron aprovechando “el tránsito de los buques de guerra por aguas jurisdiccionales” (La Nación, 30/4) y se extendieron desde el lunes hasta el jueves 30. El ejercicio Passex, del que participaron marines miembros de “grupos de batalla”, posibilitó que el portaaviones USS Nimitz y el destructor Gridley, ingresaran a aguas argentinas el lunes desde el Océano Pacífico y navegaran a través del Estrecho de Magallanes. Desde el Ministerio de Defensa señalaron que “a medida que el grupo de combate aeronaval estadounidense avanzó hacia el Atlántico Sur y se aproximó al litoral marítimo argentino, comenzó el trabajo conjunto en aguas jurisdiccionales nacionales, mediante la ejecución del ejercicio Passex 2026”. Al entrar en aguas argentinas se incorporaron al ejercicio dos helicópteros Sea Kimg, de la II Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros y luego zarparon de Puerto Belgrano el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, que a la altura de Trelew participaron de ejercicios con mayor grado de dificultad. Por su parte el avión P3Orion hizo un vuelo de exploración y se montó un escenario de defensa antiaérea. Luego, las unidades se acercaron a Necochea, donde los esperaban el destructor ARA Sarandí, la corbeta ARA Robinson y los patrulleros oceánicos ARA Cordero y ARA Storni, que se desplazaron a las cercanías de Mar del Plata (Ídem). En paralelo se realizó la operación Daga Atlántica, que contó con la presencia de Fuerzas Especiales de EE. UU. y se llevaron a cabo en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en la localidad bonaerense de Moreno, donde se hizo presente el contraalmirante Schafer, en una clara señal de la subordinación en la que el gobierno liberticida ha sumido a las FF.AA.. Reafirmando esta condición Peter Lamelas expresó en sus redes sociales que “Nuestros países son más fuertes cuando trabajamos juntos. La visita del contraalmirante Shafer reafirma el valor de la relación entre nuestras fuerzas de operaciones especiales y continúa fortaleciendo la cooperación en defensa entre Estados Unidos y la Argentina. Una Argentina más fuerte hace a toda la región más segura”. Los movimientos militares de EEUU en el país y en la región tienen como estación final el control en regla del Atlántico Sur, que ha tenido como iniciativa la puesta en pie de una Base Naval Integrada en Ushuaia, fundamental para tender un puente a la Antártida y presentarse como el gendarme del Estrecho de Magallanes, en medio de la guerra comercial con China, para asegurar la vigilancia del corredor bioceánico. Pero en el corto plazo, los movimientos militares en toda América Latina apuntan a reforzar el asedio sobre Cuba y sumir a la isla en una crisis terminal, con el propósito de instaurar un protectorado de facto. Como alternativa a esta imposición, Trump ha amenazado con convertir el bloqueo en una invasión militar. Milei y todo el régimen político, que no ha denunciado los ejercicios militares ni lo harán, son responsables de asfaltar la política trumpista sobre Cuba, Venezuela y América Latina en su conjunto.

Política Obrera se dio cita en Unione e Benevolanza para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores con un salón repleto de activistas. Fue el escenario, inmediatamente después de muestro último congreso, para exponer el debate político acerca de los alcances y el lugar histórico que ocupan los problemas fundamentales que atraviesan a la clase obrera. Los oradores de la jornada fueron Marcelo Ramal, Natalia Bello (candidata a secretaria general adjunta en SUTEBA José C. Paz por la Lista Naranja-Tendencia Docente Clasista), Cristian Míguez (Delegado de la comisión interna de ACINDAR Villa Constitución), Eva Gutiérrez (dirigente del Polo Obrero Tendencia), Violeta Gil y Jorge Altamira. El acto fue seguido por el YouTube de PO y puede verse en las redes. El lugar de la guerra imperialista mundial y las tareas de la clase obrera internacional, enmarcaron y marcaron el conjunto de las exposiciones. El gobierno de Milei es el producto de esta situación histórica y su supervivencia se encuentra asociada a la crisis de dominación política del capitalismo mundial. “Hay una crisis de la dominación imperialista. No hay un comando unificado del imperialismo mundial: nadie le da pelota a la ONU, la OTAN está dividida. En Estados Unidos se discute el aumento del presupuesto en armamento, el déficit que implica este aumento puede llevar a un colapso de la deuda norteamericana. La burguesía yanqui está profundamente dividida", sintetizó, en dos palabras, Jorge Altamira. La guerra mundial ha penetrado todos los continentes. "Hoy, lo que recorre el mundo es la guerra imperialista mundial y esta cruza la situación nacional; si no, miren lo que pasó ayer: Milei se subió al portaaviones ubicado en el Atlántico Sur. Este entrelazamiento militar con el imperialismo es la política fijada por el Escudo de las Américas, que busca organizar al Cono Sur en función de esta guerra", colocó Marcelo Ramal. Esta asociación impacta de lleno en el régimen político argentino: “La jornada de Adorni en el Congreso, por ejemplo, arrancó con una foto colectiva de toda la camarilla de los Milei, que acompañó en bloque y festejó todas sus evasivas. Lo que este bloque compacto quiso decir en esa jornada es ¡Nosotros estamos con Adorni!, con su corruptela y su accionar sin reglas, nosotros somos esta lumpen burguesía y vamos a acabar con todos los derechos con estos métodos, fuera de la Ley y de toda regla. Es el mismo método de ataque a los derechos políticos y laborales aplicado por Trump y la lumpen burguesía en Estados Unidos”, reforzó Ramal en su alocución. Sobre los métodos de Trump y Netanyahu, Violeta Gil subrayó: “estamos ante una guerra mundial que se materializa en la barbarie ejercida, por ejemplo, en el ataque a la Cisjordania ocupada, dónde se instalan alambrados para impedir el paso a los palestinos, impidiendo el paso a los niños que deben ir a la escuela. El imperialismo norteamericano lleva a adelante hoy un bloqueo ilegal y criminal contra Cuba. En este cuadro, la incompatibilidad de la guerra imperialistas con los derechos políticos conquistados por los trabajadores es tajante. Es esta incompatibilidad la que sustenta la campaña fascista de la ultraderecha a nivel mundial”. Milei se vale de estos métodos en la Argentina, principalmente en las barriadas, señaló Eva Gutiérrez, cuando le tocó su turno como oradora. “En los barrios y en las villas Milei lleva a adelante un espionaje y una represión policial contra los trabajadores migrantes. Ingresa, frena a los jóvenes, les piden documentos, y si no los tienen, los detienen y les vacían los bolsillos”. El ataque contra las masas y las respuestas de la clase obrera fueron el punto central del acto. La miseria social ha escalado a niveles históricos, o sea en términos de ingresos, extensión de la jornada laboral y condiciones de trabajo, y en materia de infraestructura social, educación y atención médica. “Son escasos los ejemplos que con un empleo formal trabajando 8 horas se lleguen a cubrir las reales necesidades de una familia vivienda, alimentación, educación, salud, vestimenta, esparcimiento, vacaciones, transporte, conectividad y reservas”, denunció Christian Míguez. ”Lo que debiera ser lo normal para todo trabajador, desde el estado y el capital pretenden instalarlo como anomalía o como trabajadores privilegiados. La anomalía es que un trabajador necesite tener más de un empleo o que finalizada su jornada laboral formal de 8 horas o más horas deba salir a changuear en negro o con aplicaciones para ver si llega a fin de mes. Ni que hablar de quienes no tienen un trabajo formal y la reman día a día, ni horarios ni salario fijo, es trabajar todas las horas que hagan falta para parar la olla, ese trabajador deja de vivir, pasa simplemente a sobrevivir”. La burocracia sindical ha entregado a los trabajadores. La firma de paritarias a la baja, junto con el abandono de la defensa de las conquistas obreras (8 horas, vacaciones, obra social) en reemplazo de los “bonos” e “incentivos” a las horas extras, a los premios por producción. “Hoy vivimos la abolición de la jornada de 8 horas ... hemos vuelto a la lucha de los mártires de Chicago, hace 140 años, pero con la diferencia de que esa abolición se produce en medio de un capitalismo que se encuentra en decadencia”, señaló Altamira. En definitiva, un capitalismo que ya no promete el desarrollo de una civilización, sino que está embarcado en su destrucción La clase obrera lucha cotidianamente contra los efectos devastadores de esta política. La compañera Natalia Bello señaló al respecto: “Hay un profundo rechazo a la entrega que se ha hecho en todos los sentidos, contra la burocracia, como la sobrecarga y pluriempleo. La autoconvocatoria interpela a toda la comunidad educativa. Hay que ir a las escuelas discutir con docentes, padres y alumnos y preparar una gran huelga educativa." La lucha contra el cierre de FATE y contra los despidos masivos ocupó más que un lugar importante en el acto del 1 DE MAYO de POLÍTICA OBRERA; ocupó un lugar estratégico, porque asocia las dos cuestiones fundamentales del momento en todo el mundo. De un lado la agonía del imperialismo y el anacronismo del régimen capitalista como un todo, y del otro la descomposición de la burocracia obrera, incluso, o especialmente, en sus variantes de ‘izquierda’. Altamira denunció que la burocracia sindical en todo el mundo y la izquierda democratizante habían levantado tribunas este 1ro de mayo para apoyar la guerra imperialista, sea en Ucrania o en el Medio Oriente, donde la socialdemocracia atribuye la guerra a los nacionalismos que chocan con el imperialismo y el sionismo. En FATE, toda esta izquierda ha dado la espalda a la ocupación de la fábrica para no indigestar a los ministros, legisladores y gente de esa laya, que gargarea todo el tiempo con “la defensa de la industria nacional”. Le han dado la espalda incluso las direcciones que tienen activistas en esa ocupación. “¿Defendemos los despidos con pasilleos en el ministerio y en las legislaturas o reforzando las tomas y ocupaciones de fábricas? ¿Defendemos un aumento de salario sobre la base de la mínima o defendemos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar? Que no es lo mismo. ¿Defendemos a la clase obrera con medidas cautelares o la defendemos con la huelga indefinida?", expresó Marcelo Ramal. Altamira, en el cierre, se refirió a las ilusiones que despierta en la pequeña burguesía progre, pero aun también en un estrato de trabajadores, los sondeos que favorecen la “imagen” de Myriam Bregman. Destacó que estos datos ambiguos de ‘opinión pública’ colocan al PTS en la posición incómoda de responder a esta situación con un programa, que es la prueba ácida para un progresista. Los programas del FITU, en sucesivas elecciones, no han sido más que des-“arreglos” de la partitura kirchnerista. Comparó los sondeos de opinión de los últimos días con la victoria de Zoran Mamdani, otro progre, en Nueva York, que no ha puesto en práctica ningún punto de su plataforma reformista y que ha dejado en su puesto a la jefa de Policía trumpista de la ciudad. El giro a la izquierda que supondrían estos datos son un escenario propicio para la izquierda revolucionaria, porque llevaría al debate abierto y público los programas de las corrientes de izquierda en presencia y las sacarían del submundo del faccionalismo y del arribismo. Política Obrera se encuentra enteramente preparada para profundizar las posibilidades que abre el hundimiento del peronismo y la derecha en las ‘encuestas’, no desde el compromiso y la colaboración de clases, sino del socialismo revolucionario internacional, en una etapa de guerras y contrarrevoluciones, de un lado, y rebeliones y revoluciones del otro. Al encarar de nuevo la guerra, al final de la lista de oradores. Altamira señaló que las huelgas y las masacres de Chicago, a partir del 1 de Mayo de 1886, durante casi siete días (una Semana Trágica en el Norte) en 1886, por la Jornada de ocho horas, fueron libradas contra un capitalismo en poderoso ascenso, que había coronado su dominación de clase con la victoria de la burguesía industrial en la guerra civil (de secesión) norteamericana; ahora, en cambio, luchamos contra una capitalismo en declinación, cuya dominación política internacional se descompone a ojos vista; “no luchamos contra la guerra como pacifistas o humanistas”, subrayó, “sino como revolucionarios porque buscamos enterrar al capitalismo. La burguesía prefiere enterrar a la humanidad si no gana la guerra, está comprometido el destino de los seres humanos. “Nosotros ofrecemos nuestro programa, que ha sido puesto a prueba por acontecimientos históricos fundamentales, e invitamos a todos aquellos que quieran defenderlo a sumarse y luchar con estos objetivos, que los defendemos contra viento y marea”, concluyó Altamira.

La humanidad se encuentra ante un nuevo capítulo de la llamada "conquista del espacio", pero despojada de cualquier halo de romanticismo científico. Bajo el lema “esta vez regresaremos para quedarnos”, la NASA inaugura una era de exploración que tiene como objetivo central la explotación de los recursos lunares y el establecimiento de una presencia sostenida en el satélite como plataforma de lanzamiento hacia Marte. Sin embargo, detrás de las promesas de avance colectivo y los mensajes de “amor” y “alegría” difundidos por tripulantes como Jeremy Hansen, se esconde una realidad mucho más escabrosa: la complicidad directa de los magnates tecnológicos al complejo industrial militar en los conflictos bélicos actuales. El frente lunar: Artemis III y el rol de los magnates La fase Artemis III, que prevé el aterrizaje lunar de naves, está proyectada para concretarse hacia mediados de 2027. No obstante, la agencia espacial espera alunizar a partir de 2028 con la misión Artemis IV. Para cumplir estos hitos, la NASA ha encargado el desarrollo de los aterrizadores lunares a las empresas de Elon Musk y Jeff Bezos. A diferencia de la cápsula Orion, desarrollada por la propia NASA, las naves de SpaceX y Blue Origin todavía no han demostrado ser capaces de volar a la Luna y acumulan años de retraso. El caso de la Starship de Musk es el más llamativo: a pesar de haber prometido enviar una flotilla a Marte para finales de 2026, la nave todavía no ha logrado alcanzar una órbita terrestre baja y ha encadenado explosiones en serie durante sus pruebas (El País, 15/04/2026). Mientras SpaceX trabaja en una versión adaptada del cohete Starship de gran escala, Blue Origin desarrolla el módulo Blue Moon Mark 2, con objetivos técnicos similares (La Nación, 1/05/2026). Elon Musk y sus satélites de espionaje La vinculación de Elon Musk con el aparato de defensa de los Estados Unidos ha dejado de ser una colaboración logística para convertirse en una integración operativa. Su empresa SpaceX desarrolla actualmente Starshield, una red de satélites de baja órbita destinada al espionaje y contratada por 1.800 millones de dólares con la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Este programa permite un control de reconocimiento tal que fuentes de inteligencia sentenciaron que “nadie podrá esconderse” . La tecnología de Musk ya es un activo decisivo en la guerra. El sistema Starlink proveyó comunicaciones vitales a las fuerzas ucranianas para organizar ataques de precisión con drones y permite neutralizar misiles antisatélites . Sin embargo, Musk utilizó este poder de forma discrecional: en 2023, saboteó un ataque de Ucrania contra la flota rusa en Crimea al ordenar la desconexión de internet para los drones submarinos. Además, el Pentágono ya utiliza tecnología láser de SpaceX para transmitir datos a la velocidad de la luz entre satélites militares, facilitando el seguimiento y derribo de misiles. En este contexto, la visita de Musk a Israel para participar en la Smart Mobility Summit 2026 el próximo 18 de mayo (Israel económico, 30/04/2026) adquiere un carácter político y bélico central. El diálogo con Benjamín Netanyahu busca integrar las capacidades de inteligencia artificial de sus empresas con la infraestructura local para convertir a Israel en un laboratorio global de sus tecnologías (Israel económico, 30/04/2026). Jeff Bezos y el Proyecto Nimbus: IA para el exterminio Jeff Bezos, dueño de Amazon y Blue Origin, no se queda atrás en su vinculación con el Pentágono. Desde la administración Obama, Bezos fue invitado a la Junta de Innovación de Defensa para asesorar al Secretario de Defensa. Amazon Web Services (AWS) ya gestiona un contrato de computación en la nube de 600 millones de dólares para la CIA y busca capturar contratos multimillonarios adicionales con el Pentágono (Infobae, 5/3/2018). La faceta más oscura de esta colaboración es el Proyecto Nimbus, un acuerdo de 1.200 millones de dólares entre Amazon, Google y el gobierno de Israel (Página 12, 23/04/2024). Trabajadores de estas empresas denuncian que el proyecto las convierte en cómplices de los conflictos armados y del trato ilegal que el gobierno israelí da a los civiles palestinos. El ejército israelí utiliza estos servicios en la nube para obtener ventajas significativas en la batalla (Wired, 15/04/2024). Informaciones vinculan este entramado tecnológico con el software Lavender, que permite identificar blancos humanos para aniquilarlos sobre el terreno o en sus propias viviendas (Página 12, 23/04/2024). Gaby Portnoy, jefe de la Dirección Nacional Cibernética de Israel, ha definido este marco de colaboración como la "Cúpula de Hierro de la cibernética" (Wired, 15/04/2024). La respuesta de las empresas ante las protestas ha sido la represión, llegando a despedir a 28 trabajadores que exigían el cese del acuerdo con el estado sionista (Página 12, 23/04/2024). Guerra a los gobiernos de la guerra La militarización del espacio que comenzó en la década de los 90 con el GPS ha alcanzado un nuevo estadio bajo el mando de los magnates tecnológicos. La Luna y Marte no son destinos científicos, sino objetivos en un mapa de reconocimiento y espionaje. Mientras la propaganda oficial habla de "amor" por el avance de la humanidad, las naves y satélites de Musk y Bezos se consolidan como herramientas para la identificación de blancos en genocidios en curso. La carrera espacial de 2026 es, en última instancia, el despliegue técnico de la barbarie imperialista sobre la Tierra que en su debacle no ofrece más que exterminio de pueblos enteros. Fuentes: https://elpais.com/ciencia/2026-04-15/artemis-3-y-mas-alla-para-pisar-la-luna-la-nasa-necesita-a-elon-musk-y-jeff-bezos-pero-no-tienen-listas-sus-naves.html#?rel=mas https://elpais.com/ciencia/2026-04-11/la-nasa-celebra-el-exito-de-artemis-2-hace-53-anos-la-humanidad-dejo-la-luna-esta-vez-regresamos-para-quedarnos.html https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/jeremy-hansen-astronauta-del-artemis-ii-nosotros-somos-un-espejo-que-los-refleja-si-les-gusta-lo-que-nid30042026/ https://www.israeleconomico.com/economia-y-empresas/elon-musk-retoma-su-agenda-en-israel-en-medio-de-la-pausa-en-el-conflicto-con-iran/ https://www.infobae.com/america/wapo/2018/03/05/como-jeff-bezos-el-fundador-de-amazon-fue-elegido-para-la-junta-de-innovacion-de-defensa-de-eeuu-pero-nunca-se-unio/ https://es.wired.com/articulos/lazos-ocultos-entre-ejercito-israeli-y-proyecto-nimbus-google-y-amazon https://www.pagina12.com.ar/730856-israel-google-y-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-gaza/

El multifacético artista, autor de trascendentales intervenciones en el espacio público, lo ha hecho otra vez. En el corazón simbólico de Londres, durante la madrugada del miércoles 27 de abril y a pocos días del 1 de mayo, instaló una escultura en Waterloo Place, cerca de Buckingham. Como señala BBC Mundo: “Es una zona diseñada para conmemorar el imperialismo y el dominio militar británico en el siglo XIX”. La aparición del monumento sorprendió tanto a transeúntes como a autoridades. Mientras la noticia recorre el mundo, crece la incógnita: ¿qué pasará con la obra? Técnicamente, se trata de una pieza realizada en resina y fibra de vidrio sobre un pedestal tradicional. El acabado imita el cemento en la base y el bronce patinado en la figura; a pesar de su apariencia robusta, la ligereza de los materiales facilitó un operativo de instalación secreto y relámpago, sello distintivo de su trabajo. Ubicada entre el monumento al rey Eduardo VII y el Memorial de la Guerra de Crimea, la escultura establece un diálogo crítico con su entorno. Al mismo tiempo que confronta las políticas imperialistas históricas de Inglaterra, funciona como un presagio de la embestida del imperialismo del siglo XXI: aumento de presupuestos bélicos y un horizonte de incertidumbre para el mundo y los trabajadores. La figura —un hombre de traje, marchando de forma hierática mientras una bandera ondeante le cubre la cabeza y lo deja ciego— funciona como una alegoría de la política imperialista y del capital asociado a estos intereses. El personaje está a punto de dar un paso fuera del pedestal, evocando el proceso que relata Javier Maderuelo en su libro El espacio raptado . Ese paso inminente genera una inestabilidad en todo el conjunto; es, como diría Henri Cartier-Bresson, un “momento decisivo” presentado al espectador como el segundo previo al desastre. Este salto al vacío cuestiona directamente la dirección política y económica global. Utilizando un formato formalmente asociado a la conmemoración de hitos históricos, Banksy se adelanta a su tiempo y recupera lo mejor del debate estético para cuestionar tanto los usos del arte como la marcha de los acontecimientos actuales. El presagio del artista interpela al mundo sobre la guerra imperialista en curso y la necesidad de cuestionarla como parte esencial de la intervención de los pueblos, verdaderos hacedores de la historia. Saludamos la audacia de artistas capaces de convertir su obra en la mejor herramienta para desarmar ese “sentido común” que dé común no tiene nada. El arte es, siempre y en todo lugar, un espacio de disputa.

Desde el 9 de abril, los trabajadores de Granja Tres Arroyos vienen atravesando reducciones en la jornada laboral, suspensiones y retrasos en los pagos. La patronal ha pedido 180 días para sanear sus deudas. En menos de un mes, la crisis ha escalado y se expresa con mayor intensidad en la planta de Pinazo, en la localidad de Pilar, Buenos Aires. Luego de que la patronal liquidara la deuda que tenía con los trabajadores, quienes cobran por quincena a través de un esquema en cuotas (cinco cuotas por quincena, para ser exactos), la patronal avanzó con la suspensión de los trabajadores del sector de prefritos en la planta. En Pilar solo trabajan de lunes a miércoles, en algunos casos un día menos. Los días que no trabajan son pagados en un 50 %, es decir, un proporcional en función de los días trabajados. Esto se expresa en el bolsillo, ya que los compañeros apenas pueden cubrir unos días de vida, haciendo que recurran a préstamos y tarjetas de crédito, endeudándose cada vez más. En la semana del 27 de abril, los trabajadores de GTA Pilar nos han señalado que la situación salarial ha empeorado. De las cinco cuotas que debía pagar la patronal, ha pagado una y la mitad de otra. No se ha abonado el total de la cuota aún teniendo en cuenta que el pago de salarios de manera fragmentada ha sido una medida impuesta por la empresa con complicidad de la burocracia sindical. La crisis de Granja Tres Arroyos se carga sobre las espaldas de los trabajadores, aún teniendo en cuenta que es producto de un pésimo manejo administrativo por parte del grupo empresario que controla la firma. En el resto del país, ha habido recortes y suspensiones. En la planta de Concepción del Uruguay se redujo un día de la jornada laboral para la faena en la misma semana que se redujo en Pilar. Ha ocurrido lo mismo en la planta de Capitán Sarmiento, donde se han pagado dos cuotas y media de la quincena y se encuentra en crisis eléctrica. En resumidas cuentas, esta orientación por parte del grupo empresario que controla Granja Tres Arroyos es nacional. Responde, a su vez, a una estrategía del conjunto de la clase capitalista, que consiste en llevar adelante una guerra en contra de los trabajadores y provocar un cambio en el régimen laboral para maximizar la producción y las ganancias. Con o sin reforma laboral, esta estrategía necesita liquidar al activismo obrero. Como producto de este avance patronal en contra de los trabajadores, crece la necesidad de organización en el interior de la planta. Plantea, además, pensar en los métodos que se utilizarán para llevar adelante la lucha en favor de los trabajadores. En principio, una asamblea de base que reúna a los compañeros de la planta serviría para que los trabajadores discutan cómo derrotar a la patronal e imponer el 100 % del pago de salario. Una lucha progresiva tiene que llevar a los trabajadores a plantear el control total de la planta y de las finanzas de la empresa, la única salida es la organización de los trabajadores, independiente de la burocracia sindical, que le arranque todas sus reivindicaciones a la patronal.

Una manifestación del Sindicato de Comercio de Bahía Blanca en las puertas del centro comercial Bahía Blanca Plaza Shopping, en el feriado del viernes 3 de abril, ha derivado en la encarcelación de su secretario adjunto, Claudio Montiel. Ese día, el sindicato bloqueó las puertas de ingreso del shopping denunciando que se estaba incumpliendo un acuerdo con las patronales de los comercios de no convocar a trabajadores, a quienes además se los estaba amenazando de despedirlos en caso de que no concurrieran. Durante el piquete, se ha captado en un momento al secretario adjunto golpeando con un cono de plástico las puertas del shopping, sin romperlas. La gerencia del shopping, en manos de la cadena de supermercados de la Cooperativa Obrera, junto con la Cámara de Comercio local, denunciaron el piquete como “un ataque directo a la libertad de trabajo y a la propiedad privada” y “solicitaron a las autoridades competentes que garanticen de manera inmediata el orden y la seguridad en la ciudad”. Esto fue recogido personalmente, primero por el fiscal general de la ciudad, Juan Pablo Fernández, quien antes de las imputaciones judiciales realizó declaraciones públicas afirmando que las imágenes del piquete mostraban “a un energúmeno, a un patotero que pretende imponer sus deseos con la violencia”, al tiempo que remarcó que ese tipo de conductas “no son admisibles”. Es un ‘prejuicio’ por completo, donde Fernández asume la defensa directa de los intereses de las patronales por encima de una manifestación sindical. Por estas afirmaciones, los abogados de Montiel recusaron por imparcialidad a los fiscales de la causa. Efectivamente, a partir de estos hechos es que se ha iniciado una fuerte persecución judicial que comenzó con allanamientos en la sede del sindicato, en las viviendas de miembros del sindicato y la posterior orden de detención del secretario adjunto el 14 de abril, a quien se lo ha imputado por “delitos de privación de la libertad agravada, coacción agravada, violación de domicilio y daño reiterado”. Es decir que podría afrontar una condena muy importante. En la justicia, Montiel negó haber realizado amenazas, daños o agresiones. También afirmó que no impidieron la entrada o salida de gente al shopping. A Montiel le fueron negados todos los pedidos de excarcelación, mientras que de estar detenido en una comisaria pasó a estar en la cárcel de Villa Floresta. Por su libertad bajo fianza debería pagar 30 millones de pesos. El Concejo Deliberante, por su parte, votó por unanimidad un proyecto de declaración también para “rechazar los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en el Bahía Blanca Plaza Shopping, en el marco de las protestas realizadas por afiliados de la filial bahiense de la Asociación Empleados de Comercio”. Lo votaron los concejales del peronismo, que son gobierno en la ciudad, junto con los libertarios y macristas. Por su parte, el gobierno de la provincia de Kicillof también se involucró en el hecho, sancionando al superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense, el Jefe Departamental y a un subcomisario. Esta decisión está claramente vinculada a cuestionar la ausencia de una represión policial a la manifestación del sindicato y no haber detenido a los manifestantes. La respuesta del conjunto del aparato estatal y de sus partidos de la ciudad ha sido, entonces, una fuerte ofensiva criminalizante buscando establecer una sanción ejemplificadora contra el movimiento obrero y el derecho a la protesta. Este mismo aparato es el responsable del incumplimiento sistemático de las leyes laborales, de la extensión de la precarización laboral y es el que acaba de sancionar una pulverización de derechos establecidos en la ley de Contrato de Trabajo con la reciente contrarreforma laboral de Milei. La Cooperativa Obrera, por caso, es una patronal encubierta que precariza a trabajadores subcontratándolos con otra cooperativa, llamada Borlenghi. La criminalización de Montiel en nombre de la “violencia” esconde precisamente la súperexplotación contra los trabajadores, quienes deben vivir con un sueldo de miseria, trabajar jornadas superiores a las 8 horas diarias, pagarse su propio despido (fondo de cese laboral), tienen vedado por la ley la posibilidad de deliberar, protestar contra esta opresión, y ahora incluso no pueden descansar en un feriado. Desde el Sindicato de Comercio y la CGT local denunciaron como “desproporcionadas” las imputaciones a Montiel y la doble vara de la justica por la celeridad y el peso de las imputaciones contra Montiel, pero no se pronunciaron así frente al “incumplimiento de las leyes laborales de los sectores empresariales”. Sin embargo, no ha anunciado ninguna medida de fuerza en defensa de Montiel. Abajo la persecución y la criminalización de la protesta. Por un paro general de la CGT y todos los sindicatos en Bahía Blanca hasta la inmediata libertad y absolución de Claudio Montiel.

Hace solo unos días, el martes 28 de abril, el juez Massimo Palazzolo del Cuarto Tribunal Penal Federal de San Pablo condenó al histórico dirigente del PSTU de Brasil, Zé Maria, por “racismo” a dos años de prisión. El PSTU ha anunciado que apelará la condena ante el Tribunal Federal de San Pablo. Las frases por las cuales Zé Maria fue enjuiciado y condenado fueron pronunciadas en un discurso realizado el 14 de octubre del 2023, cuando el Estado de Israel impuso una ofensiva genocida contra el pueblo palestino. Allí, Zé Maria defendió el derecho legitimo del pueblo palestino a rebelarse contra la opresión del sionismo. La denuncia fue realizada a instancias de la CONIB (Confederación Israelita de Brasil) y la FISESP (Federación Israelita del Estado de San Pablo) alegando entre sus argumentos la definición de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) que equipara cualquier denuncia al Estado de Israel como un acto de antisemitismo. En Brasil, esta definición no tiene respaldo oficial desde julio de 2025, cuando el gobierno de Lula se retiró de la organización IHRA. Previamente, el gobierno de Bolsonaro se había aliado de manera incondicional con el gobierno de Trump y Netanyahu, inscribiendo a Brasil como país veedor del cumplimiento y adhesión de otros países de la región a la definición de antisemitismo promovida por la IHRA. La acusación ha encontrado terreno fértil en San Pablo, que se encuentra bajo el dominio del ultraderechista bolsonarista Tarcisio de Freitas como gobernador, quien ha participado en varias convenciones de la CONIB junto a otros bolsonaristas. La misma organización había dado su apoyo explícito a Bolsonaro en las campañas presidenciales de 2018 y 2022. Estas organizaciones, CONIB y FISESP, no sólo han impulsado cargos contra Zé Maria, también intentaron silenciar a periodistas en 2023 y a otros dirigentes políticos, como Rui Costa Pimenta y Francisco Weiss Muniz, del Partido Causa de los Trabajadores (PCO) en 2024. La derecha brasileña se encuentra impulsando un proyecto de ley para reintroducir la definición del IHRA como un marco legal en el país. Esto ha contado con el acompañamiento de la derecha que integra la “gran coalición” de Lula. La diputada Tabata Amaral (PSB-SP) ha presentado este proyecto, que ya recibió el nombre de “Ley Mordaza” y que se encuentra alineado con el proceso impulsado por el gobierno brasileño para definir una "Estrategia para Combatir el Antisemitismo" en un plazo de seis meses, movilizando al menos a ocho ministerios. En contrapartida, la propia derecha ha promovido la aprobación de una ley a medida de Bolsonaro para quitarle años de cárcel por su fallido golpe de Estado en 2023. Esta movilización del bolsonarismo en Brasil coincide con la persecución a la denuncia del genocidio al pueblo palestino que promueven los gobiernos de extrema derecha, como Milei en la Argentina, e incluso los “izquierdistas” como el britanico del laborista Keir Starmer, quien ha llegado a calificar de terrorista por vía parlamentaria a la organización Palestine Action. Este ataque a la libertad de expresión y movilización busca cercenar al conjunto de los oprimidos en sus derechos democráticos. Denunciamos la condena contra Zé Maria, impulsamos su absolución inmediata y promovemos la más intensa movilización de los trabajadores para ponerle fin a las guerras y matanzas que emprende el imperialismo en asociación con el sionismo sobre los pueblos del Medio Oriente.

A fines de octubre habrá elecciones en Israel. En ese contexto, se ha anunciado una alianza opositora encabezada por Naftali Bennett —del ala religiosa, exaliado de Benjamín Netanyahu— y el laico Yair Lapid, referente del autodenominado “centro”. Bajo el nombre Juntos, presentan su fusión como “el primer paso para la sanación de Israel”. El comunicado conjunto promete terminar con las disputas internas de la oposición para concentrar fuerzas en una “victoria decisiva”. Bennett llamó a “abrir un nuevo capítulo” tras tres décadas de hegemonía de Netanyahu. Bennett es un abierto enemigo del reconocimiento de un Estado palestino, no importa la forma que asuma. Es referente de la extrema derecha religiosa y representante directo del movimiento de colonos. Preside el Consejo Yesha, que agrupa a los asentamientos ilegales de Cisjordania. Su discurso de “reconciliación nacional” se refiere al sionismo. Lapid, con base secular y urbana, tiene un agrupamiento de activistas organizados construida en todo el país durante más de una década. Es una de las voces más activas contra la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu, para liberarse de los juicios de corrupción; trasfiere facultades del Poder Judicial al Parlamento. Defiende un Estado con “el máximo de judíos en el máximo de territorio y el mínimo de palestinos” y las llamadas “fronteras bíblicas” de Israel, que abarcarían desde Irak hasta Egipto. O sea, impulsa la “limpieza étnica”. Ambos dirigentes apelan a la “unidad nacional”. “Israel necesita la unidad como el aire para respirar”, afirmó Lapid. Pero esa unidad tiene fronteras claras: excluye explícitamente a los partidos que representan a la población palestina con ciudadanía israelí y descarta cualquier tipo de alianza con los llamados ‘partidos árabes’ y con Hadash, el partido comunista en el cual militan tanto árabes como judíos. Los partidos árabes, sin embargo, han declarado su disposición política para esa alianza, al menos desde hace una década. Bennet y Lapid han reafirmado que no constituirían un gobierno que dependiera de los de esas formaciones en el Parlamento. Bennett ha subrayado que no habrá lugar tampoco para los partidos cuyos votantes no sirven en el ejército. Una redundancia, porque esos partidos tampoco tienen interés en fomentar a esa coalición. “Nos unimos para establecer un gobierno sionista fuerte y estable, señala Lapid, una conexión entre el centro y la derecha, entre lo religioso y lo secular, entre el norte y el sur, sin evasivas ni extremismos”. Es la segunda vez que Lapid y Bennett forman una coalición para desbancar a Netanyahu. En 2021 lo lograron por apenas un voto de diferencia a costa de pactar con un partido árabe, lo que ahora dicen rechazar. Formaron un gobierno de coalición con una mayoría mínima que al año siguiente se disolvió. Las siguientes elecciones devolvieron a Netanyahu al poder. En términos electorales, las encuestas muestran un escenario abierto. Aunque la nueva alianza podría superar al Likud en votos, no tiene asegurada la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno. Bennet y Lapid esperan ampliar sus posibilidades sumando al exjefe de las Fuerzas Armadas Gadi Eisenkot (líder del partido Yashar, «Recto»), un criminal que dirigió la temible brigada Golani y es autor de la Doctrina Dahiya, que propone causar el suficiente daño en los centros urbanos y la población como para que “se vuelvan contra los militantes (árabes o musulmanes), obligando al enemigo a pedir la paz”. Esta semana, Lapid dijo que está dispuesto a ceder el segundo lugar a Eisenkot en la lista del nuevo partido para conseguir que se una a ellos. El oficialismo ha respondido con ferocidad, acusando a Bennett y Lapid de “apoyar el terrorismo” y de tener vínculos con la Hermandad Musulmana. El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, calificó a Bennett como de “extrema izquierda”. La plataforma de Juntos afirma que trabajarán por un servicio militar obligatorio para todos (incluidos los ultraortodoxos). Que crearán una comisión para investigar los fallos israelíes del 7 de octubre de 2023, «para llevar la verdad a las familias y a toda la nación de Israel». Que promoverán un «judaísmo bueno e inclusivo», «sin coacción». “Los israelíes están exhaustos”, afirma el Jerusalem Post. Votarán tras más de dos años en situación de guerra y sin que Netanyahu haya acabado con Hamas, Hezbollah ni Irán. El presupuesto estatal para 2026 financió la defensa y a los colonos y los ultraortodoxos a expensas de los servicios de salud, educación, bienestar social y transporte, al tiempo que aumentaban el IVA y las tarifas del transporte público. Alrededor de dos millones de israelíes (el 21 % de la población), incluidos 880 000 niños (el 28 %), ya viven por debajo del umbral de la pobreza. Amit Segal, un analista cercano a Netanyahu, piensa que hay «fatiga» dentro de Israel a causa de la guerra. «El malestar entre la población, especialmente entre los votantes de Netanyahu, proviene de la sensación inicial de que la operación contra Irán sería la última ronda. En cambio, descubrieron que el asunto estaba lejos de terminar, agravado por la reapertura del frente libanés que se creía cerrado», escribió en Israel Hayom. La “sanación nacional” que preocupa a Bennett y Lapid revela el impasse histórico en que se encuentra Israel, condenado a tomar la iniciativa de todas las guerras presentes y futuras a expensas de su propia población. Trump, naturalmente, apoya la enésima reelección de Netanyahu, hasta que sea capturado como criminal de guerra oficialmente acusado por el Tribunal Penal Internacional.

La medida fue anunciada por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) tras denunciar despidos masivos y sueldos de indigencia. Los reclamos y el plan de lucha Los trabajadores del correo llevan adelante un plan de lucha contra las cesantías y exigen la inmediata reinstalación de los afectados en todo el país. Denuncian que esta decisión patronal atenta contra el desarrollo de la actividad, ya que ha dejado sucursales prácticamente sin personal. Por otra parte, reclaman la reapertura de paritarias y exigen un bono de 840 000 pesos, en un contexto en el que la situación salarial es crítica, con ingresos que orillan la línea de indigencia. En ese sentido, un empleado del correo percibe salarios que rondan los 700 000 pesos, mientras que una familia, para no ser pobre hoy, necesita ingresos superiores a 1.434.000 pesos. En el último congreso gremial realizado en Santa Fe se resolvió avanzar con un plan de lucha que comenzó esta semana, en primer lugar, con el estado de alerta permanente y trabajo a reglamento. Según señalan, esta medida pone en evidencia que la actividad no puede sostenerse sin la sobrecarga laboral cotidiana. Además, resolvieron movilizarse el 30 de abril junto a la CGT y, posteriormente, realizar una huelga general los días 4 y 5 de mayo, sin asistencia a los lugares de trabajo. Las acciones continuarán del 6 al 8 de mayo con trabajo a reglamento. Insólito El año pasado, el Correo Argentino se ubicó entre las empresas estatales que no registraron pérdidas, incluso considerando las indemnizaciones por los miles de retiros voluntarios realizados. Esto resulta significativo si se tiene en cuenta que la actividad postal fue una de las que más creció en los últimos años, impulsada por el desarrollo de las compras digitales. Sin embargo, en la empresa estatal esa parte de la actividad se encuentra completamente tercerizada en la firma Flecha Log, perteneciente al mismo holding empresarial que el correo privado OCA. En este marco, ya sea por volumen de trabajo o por ingresos, la patronal estatal no tendría argumentos que justifiquen los despidos ni los salarios actuales. Lo que hay de fondo Lo que ocurre en el Correo Argentino también se replica en otros correos privados, a pesar de regirse por distintos convenios, en esos casos, el de camioneros. En todos existe una política patronal orientada a pauperizar al colectivo de trabajadores para luego impulsar retiros voluntarios y, en los casos en que estos no son aceptados, avanzar directamente con despidos. Ahora bien, si el nivel de actividad se mantiene, ¿por qué avanzar en ese sentido? La explicación que se desprende es que se busca precarizar la actividad postal, ya sea mediante la tercerización parcial o a través del reemplazo del personal bajo convenio por nuevos trabajadores en el marco de la actual reforma laboral. Conclusión La lucha que comenzó en el Correo Argentino debe llamar la atención al conjunto de los trabajadores de la actividad, tanto en el ámbito público como privado. En este contexto de crisis y guerras internacionales, que impactan de forma directa sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, la defensa del empleo y del salario se vuelve una reivindicación urgente.

En los últimos días de este mes, la patronal del Bingo de Merlo apercibió a todos los trabajadores del área técnica, incluido su delegado, desconociendo su tutela gremial. La patronal aduce que los trabajadores no cumplieron con los deberes propios de su puesto laboral. Se apoya en las filmaciones de las cámaras de las puertas de entrada y salida a la sala y al taller: dicen que los trabajadores permanecieron largos minutos adentro de estos espacios sin cumplir tareas. Sin embargo, la patronal no ha permitido a los trabajadores acceder a esas supuestas filmaciones. Los trabajadores denuncian que se trata de un apercibimiento “armado” con el fin de perseguir al sector y a su delegado. Los operarios del taller vienen de denunciar, precisamente, la instalación de cámaras. El Bingo lo justificó afirmando que buscaba cuidar las herramientas del taller. Sin embargo, las cámaras no apuntan a los sectores donde están las herramientas, sino a los bancos de trabajo . Los apercibimientos vinieron a justificar lo que los trabajadores sospechaban y denunciaron en su momento: que las cámaras tenían el objetivo de intimidar y perseguir a los delegados y trabajadores en cuanto a su derecho a organizarse, de un lado, y a controlar los tiempos y la modalidad del trabajo, del otro. Los trabajadores llamaron a este sistema el “Gran Hermano”. Pero también los trabajadores habían denunciado que se pretendía reducir el taller, lo que acarreaba problemas de salubridad, debido a que debían trabajar seis personas en un tamaño menor que una pieza. Como la patronal no pudo avanzar con las reformas de estructura, dividió al grupo de técnicos, mandando a trabajar a la mitad a la sala, lo que implica cambios en las condiciones de trabajo, al no tener a disposición el espacio y las herramientas acordes a la tarea. Despidos En marzo, la patronal despidió a tres trabajadoras de recepción en Merlo, y otros 15 en las demás salas que la empresa tiene en el Gran Buenos Aires. En el caso de Merlo, fueron despedidas con el artículo 247, que permite a la empresa pagar la mitad de la indemnización por motivos de “fuerza mayor” o caída de las ventas. Sin embargo, no presentó recurso preventivo de crisis. El servicio de recepción se remplazó por lockers con llave. Reducción de personal y súperexplotación del plantel que queda en la planta, persecución sindical y amedrentamiento e impunidad ante las leyes laborales vigentes, como por ejemplo pagar los salarios e indemnizaciones en tiempo y forma. Hay una ofensiva patronal contra los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de Merlo hicieron una importante experiencia en años anteriores, como lo fue el paro y corte de calle en reclamo del pago de salarios y aguinaldos adeudados. Hay que retomar el camino de la organización y la lucha directa y ampliar la experiencia a todo el gremio, para frenar en seco la voracidad de las patronales que quieren exprimir al pueblo trabajador con tal de no perder ni un punto de su ganancia.

Con una participación destacada de la docencia universitaria tucumana, las elecciones del pasado 29 de abril en la ADIUNT arrojaron un resultado categórico: el Frente Docente por el Cambio (FDxC), conformado por militantes de Política Obrera y activistas independientes, se impuso a la lista Unidad y Compromiso Docente, conformada por el PCR y sectores del peronismo, por amplia mayoría en todas las categorías. El FDxC se conformó en 2014, luego del triunfo de la histórica huelga autoconvocada de 90 días de la docencia universitaria de Tucumán, lo que permitió luego recuperar el sindicato, que hasta ese momento estaba dirigido por un frente K con el PCR. La votación se realizó en un día de paro total, a pesar de lo cual los afiliados se movilizaron para concurrir a votar con un elevado promedio (60 %) del padrón. El FDxC obtuvo el 71 % de la votación (782 votos) para los cargos a Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora, lo que permitió conquistar 5 de los 6 cargos que estaban en disputa. El otro cargo le correspondió a la lista opositora que obtuvo 312 (el 29 %). Mayor fue la votación a vocales, donde el FDxC obtuvo 792 (obteniendo 15 vocalías) contra 220 (3 vocalías) y a delegados/as, donde el FDxC logró 901 votos (37 delegados) frente a 272 (8 delegados) de la lista opositora. El sindicato va a estar encabezado como secretaria general por Anahí Rodríguez, militante de Política Obrera, quien asumirá su segundo mandato, y Dorkas Andina Guevara, como secretaria adjunta. Por otro lado, también estaba en juego la elección de los congresales nacionales en la CONADU H, donde de los 6 cargos en juego el FDxC obtuvo 5 (uno más que en el anterior periodo) y la lista opositora logró sólo un congresal. Este resultado no fue inesperado, pues durante estos dos años la conducción de ADIUNT liderada por el FDxC mantuvo una orientación independiente de las autoridades, una intervención en los diversos procesos de la lucha educativa local y nacional con posiciones muy sólidas, contrastando con las posiciones conciliadoras y tributarias de la burocracia y el peronismo por parte de la conducción mayoritaria en la CONADU H y minoritaria en el seno de la ADIUNT. ADIUNT se ha transformado en una referencia insoslayable en todos los procesos de la lucha educativa y en la provincia. La dirección del sindicato ha enfrentado sistemáticamente la política conciliadora promovida por el CIN y las políticas de paros aislados que solo han producido división y frustración; se ha comprometido por una lucha a fondo, de conjunto, mediante la huelga indefinida y las movilizaciones de masas. ADIUNT también jugó un papel de primer orden en la lucha contra la reforma laboral, tomando la iniciativa en la provincia. La lista Unidad y Compromiso hizo una campaña con chicanas. Por ejemplo, señalando que las asambleas generales tienen baja participación, cuando ellos no asisten ni tampoco participan de las reuniones de comisión directiva. También buscaron desprestigiarla señalando que sería "sectaria" y contraria a la más amplia unidad, lo que, traducido en la práctica, para estos sectores significa seguir como furgón de cola a los rectores agrupados en el CIN y el Frente Sindical Universitario, que agrupa a todo el espectro de la burocracia sindical de la universidad, incluida la FUA. En medio de un conflicto universitario en ascenso, marcado por el deterioro salarial, la crisis presupuestaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional, además del seguidismo a los Rectores de todo el arco burocrático sindical universitario, los desafíos son inmensos. De inmediato y casi sin tiempo, precisamos organizar una marcha docente estudiantil masiva para el martes 12 de mayo; de la misma manera contribuir al agrupamiento del estudiando orientado a poner en pie centros estudiantiles independientes de las autoridades y de lucha y toda iniciativa autoconvocada, apuntalando por esa vía la unidad docente estudiantil. Por extensión, convocar a diversos sindicatos y agrupamientos antiburocráticos, socioambientales, culturales y democráticos que se han sumado a las iniciativas de lucha de ADIUNT. El próximo miércoles asume la nueva conducción. Vamos a este escenario con una ADIUNT reforzada y una dirección más militante.

La sífilis se convirtió en la enfermedad de transmisión sexual de mayor crecimiento en nuestro país. Durante 2025 se registraron 55.183 casos. Esta cantidad representa un 71 % más de diagnósticos en comparación con el promedio registrado entre 2020 y 2024, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N° 803, 2026). El impacto mayor de la enfermedad se produce en adolescentes y jóvenes adultos, con un 76 % de los casos concentrados en personas de 15 a 39 años y presentando un pico en el grupo de 20 a 24 años, donde la tasa alcanzó los 290,6 casos por cada 100.000 habitantes. Las mujeres jóvenes presentan tasas superiores a las de los varones en los grupos de 20 a 29 años. A nivel global, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, o PAHO por sus siglas en inglés) estimó que en 2022 hubo 8 millones de casos nuevos en adultos de 15 a 49 años, con un incremento del 30 % en la región de las Américas respecto a 2020. La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales sin protección (anales, vaginales u orales), por vía transplacentaria o por transfusión sanguínea. (BEN N° 803, 2026). Se puede prevenir y curar, pero si no se trata puede causar graves problemas de salud. El uso del preservativo durante las relaciones sexuales puede prevenir esta enfermedad. Muchas personas con sífilis no presentan síntomas o no son conscientes de ellos. El aumento de los casos de sífilis se conjuga con el desmantelamiento de la salud pública por parte del gobierno liberticida, que lleva adelante un feroz ajuste para cumplir con las exigencias de los fondos internacionales y avanzar en la privatización. El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, conformado por más de 30 organizaciones de todo el país que intervienen sobre el tema, denunció que dentro del presupuesto 2026 la partida destinada para la respuesta a las infecciones de transmisión sexual (ITS) se redujo más del 40 %. El Programa 22 (de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y TB) pasó a representar sólo 2 % del presupuesto del Ministerio de Salud, cuando en 2023 representaba 4,8 % y las metas físicas del Presupuesto 2026 prevén atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170 (ADHESIONES - Solicitud de Declaración de Emergencia Nacional de Salud Sexual). A su vez, denuncian que dentro del presupuesto de este año no se incluyeron las compras de tratamientos preventivos con PrEP y PEP (profilaxis previa a la exposición y profilaxis postexposición), dejando sin cobertura más de 11.000 personas que las utilizaron en años previos. En cuanto a la compra de preservativos, en 2023 se distribuyeron 30 millones de unidades a través del Programa 22, y 25,3 millones mediante el Programa 25. En 2025, al tercer trimestre, se habían distribuido apenas 832 preservativos. Para 2026 se proyecta la compra de 33,5 millones, un poco más de la mitad de lo distribuido en 2023. En el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la distribución real cayó un 45,5 % entre 2023 y 2024 (de 4,4 millones a 2,4 millones), y solo se entregó el 9,1 % de lo planificado para 2024 (26,1 millones de preservativos). A esto se suma el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis con el despido del 40 % del personal técnico, a lo que se suma el cierre y desmantelamiento de las coordinaciones de los programas específicos de Hepatitis Virales y de Tuberculosis. De esta forma el gobierno incumple con la ley 27675 (LEY NACIONAL DE RESPUESTA INTEGRAL AL VIH, HEPATITIS VIRALES, OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ITS– Y TUBERCULOSIS –TBC–). Por otro lado, las obras sociales y prepagas interrumpen o demoran el acceso a tratamientos, estudios y prestaciones esenciales para personas con VIH, ITS, hepatitis virales y otras condiciones asociadas a la salud sexual. A esto se suma el ataque por parte del gobierno liberticida al dictado de Educación Sexual en las escuelas. En un país donde aumentan el desempleo y la pobreza, el acceso a un análisis y seguimiento a tiempo resulta cada vez más dificultoso. Además del crecimiento de sífilis, también se está registrando un incremento de notificaciones por VIH. El último año se reportaron alrededor de 6900 nuevos casos, cuando en 2022 el promedio era de 5300 y se registra una caída histórica en la vacunación contra el VPH (Virus de Papiloma Humano), la causa del 99 % de los cánceres de cuello uterino, un cáncer evitable que provoca alrededor de 5.000 nuevos casos y 1.800 muertes anuales en Argentina. En este contexto, las organizaciones que integran el Frente Nacional de VIH impulsan un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, que es acompañado por más de 600 firmas de organizaciones y personas de todo el país. “El sistema está desfinanciado, no hay campañas de prevención ni insumos básicos", advirtieron el 7 de abril durante la presentación de dicho proyecto. (El Destape, 8/04/2026). Pero resulta que no hay salida posible desde el Congreso, mientras se votan leyes que atacan directamente a los trabajadores y sus condiciones de vida. El aumento de enfermedades prevenibles es el reflejo de un sistema capitalista acabado, que no tiene nada para ofrecer a los trabajadores y que requiere de la destrucción de sus condiciones de vida para continuar su reproducción. La lumpen burguesía que nos gobierna representa estos intereses. Respondamos a los ataques a la salud de la clase obrera con la organización y la lucha. Fuentes: Boletín Epidemiológico Nacional N° 803: ben 803 se 13 vf.pdf https://www.pagina12.com.ar/2026/04/03/presentan-en-diputados-un-proyecto-de-ley-de-emergencia-nacional-en-salud-sexual/ Emergencia en Salud Sexual: el peligro de un Estado que se retira de los cuerpos – Página|12 Sífilis en Argentina: el alarmante informe que revela el récord de casos y que tiene a los adolescentes en peligro | El Destape CRISIS DE SALUD SEXUAL: presentaron en el Congreso el proyecto de emergencia | El Destape RESUMEN - LEY 27675 - LEY NACIONAL DE RESPUESTA INTEGRAL AL VIH, HEPATITIS VIRALES, OTRAS INFECCIONES | Argentina.gob.ar ADHESIONES - Solicitud de Declaración de Emergencia Nacional de Salud Sexual

Los arreglos fastuosos que Manuel Adorni pagó a arquitectos y contratistas ha dejado patas para arriba la operación de encubrimiento que Milei y todos los ministros, había perpetrado en el Congreso la semana pasada. El revés incluye al kirchnerismo, que había hecho un pacto de silencio con el gobierno, a cambio de alguna reciprocidad aún oculta. Está saliendo a la luz un régimen de sobresueldos en el gabinete de hasta 50.000 dólares por mes, originados en los fondos de la SIDE. Santiago Caputo es el operador que maneja los gastos reservados y el espionaje personal a oficialistas y opositores. Adorni es el lugarteniente de todos los chanchullos de Milei, comenzando por el caso $Libra. Las revelaciones sobre el gasto de Adorni partieron del juzgado de Ariel Lijo. La apresurada cobertura de cargos en juzgados y fiscalías, el ministro Mahiques las ejecuta a través de pactos con el peronismo. La revelación de este aceitado régimen de estafas lleva a una crisis de dominación política del Estado capitalista. Privatizaciones Estas disputas han sido acicateadas, no ya por cuestiones de grifería, sino por una operación de saqueo a gran escala. Las listas de privatizaciones que anunció Luis Caputo incluye a la transportadora de energía Transener, centrales termoeléctricas, el Belgrano Cargas, la Hidrovía, AySA y un amplio plan de concesiones viales. El Belgrano Cargas y la Hidrovía son parte de una disputa entre Estados Unidos y China. Caputo compensa la pérdida de ingresos corrientes con remates del patrimonio público. Argentina debe pagar vencimientos de deuda por 36.000 millones de dólares de acá a finales de 2027. Un nuevo pago al FMI, de unos 800 millones de dólares, acaba de ser cubierto con “Derechos de Giro” facilitados por el Tesoro norteamericano, tal como había ocurrido en enero y en septiembre pasados. El peso de los intereses de deuda ha crecido la friolera de un 76% respecto de hace un año. Las privatizaciones, de unos 2.000 millones, son un acicate a la pelea de camarillas. En el caso de Transener, el principal oferente de la compulsa es el grupo Neuss, un clan de origen local estrechamente ligado a Santiago Caputo. Para otras centrales eléctricas en venta, se anotan también aventureros de origen local -los “inversores internacionales”, que, como se ha dicho, enfocan en el Belgrano y la Hidrovía. Este entramado de intereses capitalistas está interesado en que la banda liberticida continúe en el poder. La misma preocupación confesó Peter Theil, el dueño de Palantir. Otras fracciones de la gran burguesía multiplican sus reservas hacia Milei-Caputo. La burguesía agraria está retaceando los ingresos de divisas. El carry trade -la bicicleta financiera con la cual los sojeros pensaban compensar las pérdidas por el dólar planchado- se encuentra tambaleando, porque el gobierno ha promovido una caída de la tasa de interés. Pero el endeudamiento ha tocado un límite, y la morosidad de familias y empresas con el sistema bancario no cesa de crecer. Mientras tanto, la presión inflacionaria se refuerza bajo la presión de la guerra internacional y el estallido del precio del petróleo. Todas estas contradicciones golpean con fuerza la vida de los trabajadores. Desde el derrumbe persistente de los salarios hasta la crisis del transporte, que ha disminuido en un 30% a sus frecuencias en el Conurbano. La preocupación de los círculos de poder, en este cuadro, no son ya las corruptelas de la banda libertaria, sino cuándo terminará de estallar por “abajo” este escenario intolerable. La Patagonia está surcada por huelgas docentes en Chubut, Santa Cruz y Río Negro; los activistas que sostienen la ocupación de FATE no aflojan; la marcha educativa del próximo 12 de mayo tendrá lugar en un cuadro convulsivo de las casas de estudio -el hospital de la UBA acaba de anunciar su cierre en 45 días, por falta de fondos. Ponerle fin a la banda de aventureros capitalistas que gobierna la Argentina será la tarea de la movilización de los trabajadores.

El fracaso de Trump y Netanyahu para someter a Irán a una rendición política los ha colocado en un impasse estratégico. A este escenario se han sumado otros acontecimientos: el vencimiento del plazo constitucional para que Trump prosiga la guerra sin autorización del Congreso, un crecimiento de la disidencia de los principales Estados europeos, como consecuencia del impacto económico de una guerra que no ofrece visos de salida, y la impopularidad en aumento de Trump y el partido Republicano para las elecciones del próximo noviembre, Un elemento adicional, de no poca importancia, es el desarrollo del Mundial de Fútbol, que tendrá lugar durante junio-julio en el norte de América. A mediados de mes, Trump tiene marcado un encuentro con Xi Jinping, que había sido demorado con la intención de que se celebre con una victoria militar en la mano de parte de la diplomacia norteamericana. El bloqueo de los puertos iraníes por parte de la Armada norteamericana ha agravado las consecuencias del control del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Se trata de un bloqueo internacional, porque prevé sanciones contra cualquier país que haga negocios con Irán. Los ceses del fuego ‘de facto’, o sea no suscriptos, de EE.UU. con Irán y de Israel en Líbano, tampoco han sido acatados; Pete Heghset, el secretario de Guerra de Trump, ha calificado como “menores” los ataques contra tres naves norteamericanas o contra barcazas iraníes Pero la situación ha dado un giro con el anuncio de Trump de que escoltaría a las naves que navegan en el Golfo Pérsico con destructores, 15.000 hombres y una centena de aviones. La medida es sorprendente, porque desde que se planteó la ocupación militar de la Isla de Kharg, en las aguas del Golfo, había quedado claro que habrían quedado a merced de las baterías costeras y los drones de Irán; cuánto más si se intenta la travesía de una flota. En este escenario de provocaciones, Irán atacó instalaciones petroleras de los vecinos del Golfo, en represalia por acciones militares contra barcazas suyas. El despliegue militar norteamericano hacia el estrecho de Ormuz implicaría una intención de escalar la guerra en Medio Oriente. En cuanto al vencimiento del plazo de la guerra sin intervención del Congreso, Trump se ha sacado el tema de encima, con el pretexto de que los ceses de fuego ‘de facto’ han interrumpido el reloj constitucional, como ocurre en las partidas de ajedrez. En este marco, el choque entre Trump y el primer ministro alemán, Fredrich Merz, acerca de la guerra en Irán, que fue seguida con un retiro de tropas norteamericanas de Alemania, es significativa. Merz ha puesto el acento en el elevado costo que la guerra representa para Alemania, al mismo tiempo que financia, a un costo similar o mayor, la guerra contra Rusia en el este de Europa. Los imperialistas europeos proponen suspender la escalada militar por una presión conjunta de todos los bloques imperialistas sobre Teherán para obtener los objetivos comunes, en un cuadro hiperinflacionario y de escasez en Irán. En ese caso, sin embargo, el gobierno iraní seguirá respondiendo a las sanciones económicas contra su país, mediante el control del pasaje por el Estrecho. El impasse es generalizado. China misma reclama el libre tránsito por Ormuz, aunque en función de otros intereses y perspectivas. Trump ha dispuesto, de acuerdo a la prensa de la derecha alternativa de Estados Unidos, el traslado de misiles hipersónicos al escenario de combate del Medio Oriente. Un retiro en chancletas de parte de Trump no haría bajar el precio de la energía, pero sí provocaría un estallido bursátil, que en medio de la guerra ha alcanzado nuevos récords. La escalada de la guerra no transcurre solamente en el Oriente. Un reciente ejercicio militar en el Caribe -Flex 2026- ha venido a respaldar la renovada amenaza de tomar por asalto a Cuba, que Trump ha fijado para cuando obtenga la rendición de Irán o alguna salida que pueda calificar como tal. Cuba se encuentra totalmente bloqueada en materia de energía, a lo largo del mundo entero, pues cualquier país que lo desafíe sería sancionado con otros tantos bloqueos. Trump ha amenazado con instalar frente a las costas de Cuba al portaviones Abraham Lincoln, en su regreso del Medio Oriente, o sea durante el Mundial o antes. La disputa por la Copa debe ser aprovechada para intensificar la agitación contra la guerra imperialista, en la misma metrópoli del imperialismo. Mientras el imperialismo mundial se debate en el laberinto iraní, a costa de miles de vidas y de enormes sufrimientos, la guerra en aparente sordina del imperialismo norteamericano contra China marcha a todo vapor. Trump y cuatro de los dieciséis países latinoamericanos que han suscripto el Escudo de las Américas, han denunciado presiones de China contra el gobierno de Panamá, relacionadas con la derogación de los contratos con un conglomerado de Hong Kong que manejaba los puertos del Canal, que fueron entregados fondos y navieras norteamericanas, por presión de Trump. China ha diseñado una gama de sanciones contra los países involucrados en lo que califica como una expropiación. Sería el primer punto del temario que Xi plantearía a Trump en caso de que la reunión entre ellos tenga lugar. El agravamiento de este desacuerdo podría desatar una nueva guerra arancelaria y trasladarse a todas las otras confrontaciones geopolíticas, incluida la guerra. La guerra contra Irán es, en realidad, una guerra contra China, porque una victoria del imperialismo norteamericano y el Estado sionista en el Medio Oriente, convertiría a la región en un súper estrecho contra el comercio internacional de Pekín. La guerra mundial es el nudo de todas las crisis nacionales y sus peculiaridades. El aumento del costo de vida tiene lugar en un período de ajustes y de rearmes militares, o sea en un escenario de ampliación de la guerra entre las principales potencias. Los gobiernos (entre ellos el de Milei) ha reducido los impuestos a los combustibles para que el alto precio del petróleo y el gas licuado, o incluso la urea, no afecten las ganancias extraordinarias de los pulpos de la energía –a costa de la recaudación fiscal, que sería compensada con mayores ajustes sociales. El cese incondicional la guerra imperialista internacional exige una movilización masiva de los trabajadores de todos los países, con la conciencia de que sólo será barrida de la historia por una revolución socialista mundial.

El 16 de abril de este año, Tom Waits y Massive Attack publicaron la canción “Botas sobre el terreno”, una obra maestra. Con una percusión sobre maderas y hierros, la pieza abre paso a una secuencia de imágenes fijas: un registro de movilizaciones, enfrentamientos y del accionar del ICE. El video transcurre en un clima de extrema tensión, agudizada por pausas regulares y placas negras que funcionan como memento mori para un espectador que no encuentra alivio, sino denuncias sobre la cantidad de detenidos muertos bajo custodia de las fuerzas represivas. La obra se apoya en la poesía sin que la metáfora oscurezca una férrea denuncia que interpela directamente al público: “No hay lugar para esconderse cuando el cielo tiene ojos, cuando los museos se limpian de "pensamientos rojos". El general en el espejo dice que todo va bien, mientras el tren de la historia descarrila en el andén. Sácate el barro de los ojos, despierta del letargo, que el camino que nos queda es oscuro y es muy largo.” Hace un año, Trump firmaba la orden “Restaurar la Verdad y la Cordura en la Historia Estadounidense”, mandatando al propio vicepresidente la intervención del Instituto Smithsoniano, un complejo de los museos más importantes de EE.UU. que recibe a millones de visitantes por año. El objetivo estratégico fue borrar todo vestigio de la influencia woke de izquierda y restaurar una narrativa histórica conservadora. Este decreto representa un ataque a la ciencia y a la historia reconstruida, en gran parte, por sobrevivientes y víctimas de la esclavitud, y su lucha. Se han retirado, por ejemplo, las menciones a los esclavos que asistían a George Washington en el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia; hombres y mujeres que apenas habían sido reconocidos recientemente en una placa con sus nombres. También fue retirada la icónica fotografía de 1863 titulada "Espalda azotada", que muestra a un hombre llamado Peter con las profundas cicatrices de los latigazos sufridos antes de escapar de su esclavista. Esta "operación cancelación" de la derecha fascista revisa la labor de curadores e historiadores, pone bajo vigilancia el Museo de la Mujer y censura obras de arte bajo un código moral de valores de la tradición sureña. A la denuncia de la esclavitud de negros, chinos y latinos, el nuevo relato oficial le opone la versión del "trabajo duro" que promete brillos futuros. La oscuridad que cae sobre museos institucionales, se extiende a otra área del arte. Tiene como objetivo regimentación de la intelectualidad y artistas activos, una práctica fascista apoyada con las fuerzas represivas que empujan a un régimen de excepción en el mismísimo territorio del imperialismo. Mientras tanto, Tom Waits y Massive Attack atizan el fuego de las barricadas que iluminarán el cielo nocturno de los Estados Unidos, declarando en otro estribillo: “Botas sobre el terreno, botas sobre tu pecho, el imperio se está mudando al cuarto de al lado. Botas sobre el terreno, marchando hacia el oeste, ya no hay fronteras, solo hay una guerra más.” VER VIDEO

Por medio de la resolución administrativa N° 542/2026, el “Ministro de Prepagas”, Mario Lugones, pretende revivir el Reglamento de Residencias liberticida que fuera derogado el año pasado por la Ley N° 27.796 del Congreso de la Nación –vetada por Milei y luego confirmada por mayorías especiales. Esa ley en su conjunto, que incluía la declaración de la emergencia pediátrica y el refuerzo presupuestario para el Garrahan, pretendió ser ignorada por el gobierno y luego fue solo parcialmente aplicada gracias a la lucha de los trabajadores de la salud. Ahora, con esta medida antijurídica, el gobierno reincide en el desconocimiento del Congreso para incrementar los ataques a los trabajadores y la salud pública. La resolución de Lugones argumenta que, al derogar el Reglamento mileísta, el Congreso produjo “un vacío normativo que, de consolidarse, afectaría gravemente al Sistema [Nacional de Residencias]”. La afirmación es una burrada, porque al anular el Reglamento introducido por la resolución 2109/2025 , lo único que ocurría es que volvía a tener vigencia la normativa anterior del año 2015. La insistencia del gobierno en violar el principio constitucional de jerarquía normativa está anudada al interés de los grandes pulpos capitalistas de la salud para desguazar y privatizar el sistema público de formación profesional. La nueva resolución ilegal de Lugones liquida la relación de dependencia de los residentes e impone su condición de “becarios”. La derogada norma liberticida del año pasado ofrecía, en cambio, a los residentes la posibilidad de “elegir”. El Ministerio Prepago argumenta que “el 80% de los residentes que ingresaron en 2025 eligió la modalidad Beca”, como si se pudiera hablar de “elección” cuando la “modalidad” de conservar los aportes previsionales y la obra social implicaba aceptar el cobro de un salario más bajo, inferior al millón de pesos, y dejar de percibir los bonos especiales que otorgan algunos hospitales. Esta condición de “becarios” devuelva a los residentes de salud al estatuto fijado en 1979 por Videla, borrando medio siglo de luchas y conquistas laborales. El artículo N° 8 de la nueva normativa establece un régimen laboral de nueve horas diarias a las que se añaden ocho guardias mensuales de 24 horas. Este régimen insalubre incluye el desconocimiento del derecho al descanso posguardia ya que, según el dictado liberticida, “en la jornada subsiguiente a la realización de una guardia, el residente cumplirá hasta la mitad de la jornada de formación (sic)”… como si fuera posible hablar de “formación” para un residente que tiene que seguir trabajando después de “deslomarse” 24 horas corridas. Poner a los funcionarios mileístas a trabajar una semana bajo este régimen alcanzaría para obtener la tan mentada renuncia de Adorni y todos los demás adornados. La resolución de Lugones amenaza con descontar parte de la beca si este régimen horario no es respetado y anula derechos adquiridos como el cobro del aguinaldo, la licencia por estrés y el reconocimiento de la antigüedad en el sistema de salud. Un tema sensible se concentra en la elección de los jefes de residentes: mientras que la resolución del 2015 consagraba su votación por parte de los residentes, Lugones dispone que sean electos por “el cuerpo docente”, es decir, los jefes de servicios y aquellos designados por las autoridades de los hospitales. De delegados de sus compañeros, los jefes de residentes se convertirían en emisarios de la cadena jerárquica patronal. Haciendo gala de xenofobia y chovinismo, la resolución coloca enormes obstáculos para que médicos y profesionales migrantes logren acceder al sistema de residencias. La torpeza de esta medida discriminatoria no podría ser mayor, cuando todos los años quedan miles de vacantes sin ocupar en especialidades críticas y el aporte de estos compañeros y compañeras resulta indispensable para sostener en pie los servicios y efectores del sistema de salud. Lo único que está “afectando gravemente al Sistema Nacional de Residencias” es la política de desguace del gobierno, que para el próximo concurso recortó 70 cargos de residencias. Los residentes del Hospital Posadas, el más grande del país, denuncian que fueron cerrados el 40% de los cupos para nuevos residentes. El Posadas se encuentra prácticamente paralizado tras la ruptura de sus tomógrafos, sin respuestas oficiales, frente a lo cual la asamblea de residentes está convocando a un abrazo al Hospital para el miércoles 6 de mayo. La residencia de salud mental (RISAM) del Hospital Bonaparte directamente no tendrá ingresos por segundo año consecutivo, por lo que el gobierno que fabula sobre la salud mental está provocando su liquidación. La destrucción de las condiciones laborales de los residentes de los hospitales nacionales afectará más temprano que tarde a las otras jurisdicciones, en las que aún se conservan derechos y conquistas establecidos en diferentes normativas de carácter distrital. Así lo desean las patronales de la medicina privada, que quieren capturar la especialización profesional y quebrar todo vestigio de derecho laboral al interior de sus clínicas y sanatorios. Las burocracias sindicales de la salud, desde UPCN a las federaciones médicas, no han abierto la boca sobre la medida anticonstitucional de Lugones. Según La Política Online (30/4), Rojo de Médicos Municipales se alió con el Ministro Prepago en una maniobra para quedarse con Osmédica. Los burócratas juegan sus propios intereses empresariales en la crisis de la salud. En el caso de ATE Capital, Catalano se limitó a enviar una carta documento exigiendo el cumplimiento de la Ley 27.796. En estas condiciones, la lucha por defender a las residencias, sus cupos y derechos conquistados y al conjunto del sistema público de salud es una tarea que involucra e interpela, sin intermediarios, a trabajadores y usuarios. Tomemos el ejemplo de los residentes del Hospital Posadas y multipliquemos las autoconvocatorias en todos los hospitales y centros de salud. Abajo el estatuto ilegal de los liberticidas. Cumplimiento efectivo de la Ley 27.796. Reconocimiento irrestricto de todos los derechos laborales, pago de guardias y respeto al descanso posguardia. Elección democrática de los jefes de residentes y continuidad laboral en planta permanente. Vamos por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (3 millones de pesos) para todos los trabajadores de la salud.

La derrota de Victor Orbán en Hungría desbloqueó un nuevo préstamo de 106.000 millones de dólares a Ucrania. Este paquete, junto con otros 117.000 millones previstos en el presupuesto de largo plazo de la UE, muestra la decisión de la UE en profundizar la guerra contra Rusia, cuando Trump se encuentra empeñado en apartarla del nuevo reparto geopolítico que está en juego en la guerra mundial, o incluso convertirla en una dependencia del imperialismo norteamericano. Mientras los pueblos pagan la guerra con inflación, recortes y energía cara, los fondos fluyen sin pausa para anexar a Ucrania y asaltar Rusia. Unos 70.000 millones de dólares irán directamente al ejército ucraniano, destinados a comprar costosos sistemas de defensa aérea y a expandir la producción masiva de drones. En sintonía con el reforzamiento de la guerra, Zelensky ha reorganizado su gabinete. El nuevo ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, es un tecnócrata entusiasta de los drones. Según el propio Zelensky, Ucrania ya produce cerca de mil interceptores de drones por día. Queda al descubierto la naturaleza imperialista de la guerra ‘nacional’ en Ucrania, no una “defensa de la soberanía”. “Desafortunadamente para Ucrania, la destitución de Orbán por los votantes a mediados de abril ha hecho más visibles las dudas de otros líderes, que ya no pueden escudarse en el veto húngaro” (The Economist, 28/4), en referencia a la incorporación formal de Ucrania a la UE, esto porque convertiría en beligerantes a los 29 socios europeos. Durante una cumbre en Chipre, el primer ministro polaco Donald Tusk lo expresó sin rodeos: Rusia podría atacar el flanco oriental “en cuestión de meses”. La “unidad” europea se resquebraja cuando se toca el tema de la adhesión de Ucrania. Francia y Alemania, en particular, frenan cualquier calendario acelerado. El canciller alemán Friedrich Merz ha sido tajante: Ucrania no puede entrar mientras esté en guerra, y debe cumplir además “estrictos estándares” relativos al estado de derecho y anticorrupción. En realidad, Alemania quiere cortarse sola en cuanto a una anexión de Ucrania, para que pueda convertirse en la plataforma de un asalto a Rusia. Ucrania “podría salir de este conflicto con fronteras ambiguas y Rusia como su vecino más hostil” (ídem). Otro factor no menor es el económico: la agroindustria ucraniana, en manos de inversores norteamericanos y alemanes, pondría en jaque la Política Agrícola Común y sus millonarias subvenciones a los agricultores europeos. Los lobbies ya hacen ruido en los pasillos. Pero los partidarios de una integración acelerada responden con el argumento de la necesidad militar: los 800.000 hombres en armas de Ucrania y su desarrollo de tecnologías de drones e IA. Por eso se impulsan fórmulas intermedias: membresía asociada con observadores sin voto y, especialmente, la extensión de la cláusula de defensa mutua (artículo 42.7). Movimientos internos en Rusia Una parte significativa de la sociedad rusa muestra signos crecientes de insatisfacción por la guerra prolongada en Ucrania, las altas bajas militares y las restricciones impuestas por las autoridades, que incluyen cortes de internet y amenazas de bloqueo a Telegram. Al malestar se suma un fenómeno reciente: el giro crítico de varios influyentes blogueros “Z”, que hasta hace poco defendían con vehemencia la invasión, ahora denuncian públicamente el estancamiento en el frente, las consecuencias de los ataques ucranianos contra la infraestructura rusa y un deterioro general de la situación interior. Critican los movimientos de tregua y condenan al Kremlin por supuestas concesiones. Exigen una victoria total, y promueven activamente la eliminación de prisioneros de guerra ucranianos y el empleo de armas nucleares. La situación económica rusa no parece acuciante. Los ingresos petroleros rusos casi se duplicaron en marzo: “El aumento repentino de los ingresos supuso un salvavidas crucial para Moscú, que ha tenido dificultades para financiar la guerra en Ucrania en medio de déficits récord” (New York Times, 14/4). El alza de los precios del petróleo, impulsada por la guerra en Irán, supuso un salvavidas para el Kremlin mientras su presupuesto registraba déficits récord. “El conflicto en Oriente Medio elevó el precio del crudo ruso a 78 dólares por barril, desde los casi 46 dólares anteriores, al tiempo que se registraron aumentos en los precios del diésel y el fueloil” (ídem). Los ingresos fiscales aumentan y el salario promedio alcanzó los 103.000 rublos (unos 1.350 dólares) en enero. No obstante, existe una marcada desigualdad: los sectores vinculados a la guerra o con mercados estables prosperan, mientras que aquellos afectados por sanciones enfrentan dificultades crecientes. La industria militar rusa, a pesar de ser una prioridad absoluta para el Kremlin, sufre una grave escasez de mano de obra cualificada. Fábricas de armamento como Kalashnikov reciben generosas subvenciones estatales y, sobre todo, la capacidad de ofrecer aplazamientos del servicio militar a sus trabajadores. Mientras tanto, sectores esenciales de la economía civil -agricultura, manufacturas no bélicas, infraestructuras y transporte- compiten en desventaja, sin incentivos equivalentes. El Gobierno incluso presiona a las empresas estatales para que liberen personal hacia el ejército. En las regiones del Volga y los Urales, donde se concentra la producción de armas, los salarios han crecido entre un 30% y un 60% desde 2022, según el ministro de Trabajo e Industria. El resultado es una economía fracturada: “un sector de defensa que opera en tres turnos y aún sufre escasez de personal; y una economía civil que se contrae silenciosamente en los sectores que abastecen, transportan y mantienen al país mientras se sostiene la guerra” (Foreignpolicy 28/4) La guerra ha causado daños irreversibles. Cientos de miles de hombres en edad laboral han muerto o quedado discapacitados de por vida. “La economía civil compite ahora por los supervivientes con un sector de defensa que ofrece salarios tres o cuatro veces superiores a la media regional, por no hablar de un ejército que ofrece bonificaciones por alistamiento equivalentes a varios años de salario en las regiones más pobres.” (ídem). Aunque Rusia aún está lejos de un colapso, la crisis que se incuba apenas enmascarada por su auge bélico se manifestará con toda su agudeza.

Los telefónicos enfrentamos un nuevo cuadro. La presión laboral para inducir el retiro “voluntario” -despido encubierto- se intensificó. Pretenden reducir los puestos laborales, aumentar la productividad y disciplinar la fuerza laboral a costa de nuestra estabilidad laboral y salud mental. Los cinco despidos en el lapso de unos meses, sin causa o con causas inventadas, las sanciones y pedidos de informe, apuntan a generar terror para quebrar la resistencia a los retiros. Un factor es la fusión de Telecom y Telefónica, aún no aprobada por el gobierno, pero donde Telecom avanza unificando redes, sistemas, modificando grupos y roles laborales. Por otro, es el cuadro que genera el gobierno de Milei, que incluye una legislación antilaboral, con el abaratamiento de los despidos y facilidades para quienes tomen “nuevos” trabajadores. Este es el plan de un gobierno antiobrero hasta la médula. Debemos prepararnos para enfrentar esta situación con los métodos de los trabajadores. Ante esta situación, la Azul y Blanca, oficialismo en FOETRA, pretende responsabilizar a quienes denunciamos los despidos y aprietes de ser funcionales a la política de terror patronal. Pretenden matar al mensajero y simular que el problema no existe. Plantean que hay que esperar al 2027 y un cambio de gobierno, porque no se podría hacer nada. Pero el silencio frente a despidos y aprietes es el principal mecanismo de desmoralización y desorganización de los trabajadores. Esta parálisis es “siga siga” para las patronales. A una de las compañeras despedidas le fue cortada la atención en la Obra Social sindical estando embarazada. También cortaron los subsidios económicos a los despedidos. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las calificaciones arbitrarias y las invitaciones al retiro, la presencialidad obligatoria como método de castigo, los pedidos de informe como método de hostigamiento. Defendamos la estabilidad y condiciones laborales conseguidas con tanto esfuerzo. Actos públicos y agitaciones sobre los edificios telefónicos, colectas y pronunciamientos para derrotar la esclavitud laboral que Telecom y la Ley de Reforma laboral quieren imponernos. El miércoles 6 de mayo, a las 16hs, los cinco trabajadores despedidos convocan a un acto frente a la comercial de Personal Telecom en Av. Corrientes 566. ¡Todos por la reincorporación de los despedidos! Basta de aprietes y sanciones.

La marcha educativa del próximo 12 de mayo tendrá lugar en medio de una devastación general de la universidad y de la educación pública. Los salarios de docentes y no docentes se han desplomado un 40 % en dos años. Los investigadores y sus laboratorios han corrido la misma suerte. El hospital de Clínicas de la UBA, según han denunciado sus autoridades, tiene fondos para apenas 45 días. La banda gobernante, Adorni, Espert y los hermanos Milei, han perpetrado un desfalco de los fondos públicos en su propio provecho y en el de los grandes capitalistas. Desconocen una Ley de Financiamiento Universitario votada en doble instancia que repone parcialmente los fondos arrebatados a la Universidad. Las autoridades universitarias, ligadas al radicalismo y al peronismo han consentido todas las fechorías de Milei y actúan con manifiesta duplicidad. Aunque reclaman “que se cumpla la Ley de Financiamiento”, están negociando con el gobierno un ‘auxilio’, para las “cajas” de los rectorados, es decir un ‘arreglo’ entre “castas”. Por eso atacan las huelgas de profesores y no docentes. Para los que trabajan y estudian en las Facultades, colegios y escuelas de todo el país, la marcha de este 12 de mayo debe servir para poner en marcha una huelga indefinida acompañada de piquetes. Llamamos a los trabajadores y todas sus organizaciones de base a participar en forma masiva en esta marcha, para que adquiera el carácter de una movilización política de conjunto. La única herramienta que puede derrotar a este gobierno de prepotencia política y social es la huelga general del conjunto de los trabajadores.

La política del PTS frente al conflicto de FATE puede confundir a más de un trabajador. Por un lado, los activistas del PTS permanecen entre “los trabajadores del Tanque”, que vienen sosteniendo la toma parcial de la fábrica. Por el otro lado, el PTS apoya por completo la línea del PO Oficial, que da la espalda a la toma y que rechaza la ocupación y puesta en producción de la fábrica, para reclamar la intervención de Kicillof a fin de que el estado provincial ponga en movimiento la planta. El PTS dice “tener diferencias” con el aparato del PO, pero no se refieren a ocupar FATE, sino a la “democracia sindical” (que se reduce a la convocatoria de “asambleas”). Del faccionalismo al apoyo de aparato Las ambigüedades del PTS, enteramente calculadas, en relación al Neumático, vienen de largo. Cuando la Lista Negra derrotó a la vieja burocracia, el PTS desarrolló frente a esta vanguardia una política faccional, equivalente al sabotaje político. No planteó en aquel entonces “organizar la simpatía’ por la nueva dirección, que había puesto a prueba su ascendiente por medio de los votos, no de las encuestas. Esto llevó al aislamiento de sus militantes en el interior de la fábrica y a votaciones marginales, tanto en las elecciones de delegados como de Comisión Directiva. Con el correr del tiempo y en la misma medida en que la Lista Negra se descomponía , la política del PTS giró 180 grados incluso en el apoyo a convenios con cláusulas de sobretrabajo . La única crítica contra este planteo provino desde las páginas de Política Obrera . Cuando una asamblea rechazó en forma contundente un régimen de trabajo propuesto por el SUTNA a pedido de Madanes , el PTS planteó que necesitaba tiempo para estudiar la propuesta. Todavía hoy no han presentado por escrito una crítica a ese cambio de régimen. En la primera línea El apoyo a la Lista Negra, aun en su avanzado proceso de burocratización, continúa hasta hoy. Como dijo Sebastián Tesoro, en el acto del 1º de Mayo del PTS, “venimos impulsando todos los proyectos que llevan adelante los compañeros de la Comisión Directiva, y los vamos a seguir apoyando. Estamos en la primera línea ante cada acción que plantea la Directiva”. Pero, ¿dónde están frente a las acciones que no plantea, como ocupar la fábrica? La hipocresía es manifiesta: el centro no es la ocupación total de la fábrica para presionar a la patronal y al Estado, sino gestionar ante la burocracia del Estado que se encuentra del lado de Madanes, “nacional y popular", sin masificar la ocupación . El PTS da la espalda a la ocupación, a sabiendas de que esto lleva a la derrota. El reclamo al gobernador Kicillof y el franeleo del PTS con el kirchnerismo se acerca en mucho a lo actuado por los dirigentes del SUTNA en el conflicto. El seguidismo del MST al peronismo fue señalado en forma reiterada por el PTS, pero el seguidismo al peronismo en el conflicto de FATE ha sido la regla de todos los ‘fituístas’. El PTS y el conjunto del FITU se han convertido en sepultureros del primer sindicato industrial, en años, conquistado por el clasismo . El programa de Bregman, Kicillof y el FITU Las intervenciones de los militantes del PTS en los plenarios de FATE han insistido en que el camino es el proyecto de ley de tutela estatal temporal. El proyecto de Kicillof de “Emergencia de la industria del Neumático” constituye un verdadero programa común entre el gobernador y la patronal de FATE, pues articula, una por una, todas las reivindicaciones de la patronal: los aranceles a la importación de China, los controles estrictos de la calidad por parte del INTI (a las piezas importadas), las reducciones en los impuestos a la industria local y una línea de créditos blandos para reconvertir la industria. Este es el programa de Myriam Bregman y de quienes se agarran a ella, para las elecciones de 2027. Podría ser también la pieza central de un acuerdo electoral con el kirchnerismo. El lock out de FATE sería el ensayo general del próximo estreno electoral. Sebastián Tesoro planteó en el mencionado acto: “tenemos bien en claro que mientras empujamos los proyectos en la Provincia de Buenos Aires, sabemos que está el peronismo, que está Kicillof y que se patean la pelota de un lado al otro. El proyecto de ocupación temporal se podría votar en minutos: en el Senado tienen mayoría, se puede buscar la coalición en Diputados, le tiran la pelota a Nación donde saben que están los libertarios”. ¿Conclusión? Seguir el manganeo con Kicillof, restarle activistas, recursos y energías a la ocupación de FATE. Quizás en 2027, si ganan Bregman o Kicillof, o los dos juntos, el Estado aprobaría la mencionada ley y Madanes reabriría las puertas. Una orientación en común El PTS en ninguna instancia ha llamado a masificar la ocupación de la planta y a la organización de su puesta en marcha. La “perspectiva de Madygraf” que fue mencionada en el acto, es decir, la ocupación y puesta en marcha de la fábrica por los trabajadores, es sacrificada en el altar del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pero tampoco Madygraf es una salida obrera auténtica, porque aquí se trata de la gestión obrera de una gran industria (no de reconvertirla en un taller), en el marco de una guerra industrial y comercial del capitalismo. Los diputados del PTS, así como sus activistas, acompañan el raid de giras sin resultados de los dirigentes del SUTNA por los ministerios, los tribunales y las legislaturas. El “otro camino que queremos marcar”, al que se refirió Tesoro, es un ‘falso negativo’, porque no se diferencia en nada de el del PO Oficial . El PTS denunció, el 1º de Mayo, que “el verticalismo no va más”, que “hay que retomar las asambleas y la organización interna.”; cuestiona “las formas” al SUTNA, pero le esquiva el bulto al “contenido”. El verticalismo en los sindicatos es el fruto de la conciliación de clases y la consecuencia de la integración al Estado. La ocupación violenta esos principios, por eso se le ha dado la espalda y se la condena al aislamiento. ¿Para qué quiere asamblea el PTS en FATE? ¿Para darle la espalda a la ocupación? Esta misma ocupación no fue una decisión de asamblea, sino la iniciativa combativa de los primeros compañeros que vieron las puertas cerradas al volver de las vacaciones . FATE y el SUTNA en su conjunto son la prueba ácida para cualquier corriente clasista y socialista. El aparato del PO y el FITU no la han pasado. Esto no tiene retorno.

Desde mediados de 2025, la patronal de Pirelli viene apretando a los trabajadores para que firmen su propia renuncia (retiros voluntarios). En los últimos dos años, despidió en forma directa o bajo la rúbrica de “retiros voluntarios” al menos al 50 % de sus empleados e implementó de facto una reforma laboral que aumenta los ritmos de trabajo y los niveles de producción. Ha impuesto cambios en los “sistemas de trabajo” (turno central y en producto terminado) con rebaja de salarios, afectando derechos adquiridos como el chárter. Esta política produjo varios "accidentes" laborales, algunos de ellos luctuosos. El SUTNA respondió a esta ofensiva con la misma política de conciliación de clases que sigue frente al lock out en FATE: pasilleos interminables en el Ministerio de Trabajo de Kicillof (para que “laude en favor de los trabajadores”) y pedidos de audiencias y más audiencias al Ministerio de Trabajo delegación Morón. La seccional Merlo está intervenida desde hace seis meses por la lista directiva del SUTNA (lista Negra), al no convocar a nuevas elecciones ante el empate registrado entre ella y la Multicolor. En este cuadro, la patronal notificó mediante Carta Documento a los delegados de fábrica que daba por vencidos todos sus mandatos. O sea, hoy los trabajadores no tienen representación seccional electa ni tampoco Cuerpo de Delegados. El SUTNA no atendió a reclamos de las listas Multicolor y Naranja para que convoque a elecciones, al menos entre las empatadas. La semana pasada, el Secretario General del SUTNA, Alejandro Crespo, hizo un acto en la puerta de Pirelli, luego de una larga ausencia, llamando a los obreros a apoyar la lucha de FATE. Lo acompañaron una veintena de militantes de la lista Negra, casi en su totalidad directivos nacionales y de la seccional de FATE. No participó ningún obrero de base o activista de Pirelli. Sobre estos problemas fundamentales Crespo no se pronunció y limitó su intervención a un “Pronto daremos novedades sobre los movimientos a realizar por el conjunto de los trabajadores del neumático y felicitamos a todos los compañeros por la entereza con la cual están atravesando la enorme adversidad que las patronales y el gobierno han colocado sobre cada uno de nosotros y nuestras familias”. Desde hace siete meses la seccional del SUTNA Merlo está intervenida, sin ejercer función sindical. Es necesaria la inmediata convocatoria a elecciones de seccional y del Cuerpo de Delegados de fábrica.

Los trabajadores y la Comisión Interna de la metalúrgica IMSA, ubicada en el oeste del Gran Buenos Aires, vienen enfrentando a la patronal por mejoras salariales e instalaron una carpa frente a la fábrica, denunciando los salarios de miseria que perciben. La paritaria que Furlán aceptó por debajo de la inflación, establece quincenas de 600/700 mil pesos, de este modo, los trabajadores cotidianamente solicitan vales para poder llegar a fin de mes o hacen horas extras siendo la jornada diaria `normal y habitual´ de 12 horas. No debemos olvidar que la burocracia metalúrgica tiene congelada desde hace 2 años la paritaria de Acindar Villa Constitución, la misma que ha permitido el cierre de varias fábricas sin ninguna medida de lucha. En el caso IMSA, durante el último año la patronal incrementó los ritmos de producción para estoquearse y procedió a decenas de despidos de compañeros de agencia y también a compañeros efectivos por medio de ´retiros voluntarios´ . Ahora que la producción repunto, según consignan los trabajadores, el Cuerpo de Delegados impulsa, con el acompañamiento de la masa obrera, un reclamo interno de 5% de incremento salarial sobre el valor de la hora conformada, que aún no ha aparecido. Este reclamo salarial no incomoda para nada las abultadas ganancias industriales ya que el repunte de la producción es significativo y la patronal sigue con su política de aumentar ritmos de producción a costa de destruir la salud psíquica y física de los trabajadores. Los delegados y los trabajadores han instalado una carpa frente a la fábrica para visibilizar y difundir los reclamos planteados. Desde Política Obrera llamamos a todos los trabajadores del distrito a apoyar el reclamo de los metalúrgicos porque su triunfo es un triunfo de todos los trabajadores. Por la Jornada de 8 horas y salario igual a la canasta familiar de 2.800.000. Ningún despido.

Scott Bessent ha confirmado que las monarquías del Golfo han pedido ayuda financiera a Estados Unidos. Los emiratos, que se caracterizan por su abundante liquidez, se han declarado ilíquidos a raíz de la guerra contra Irán. La producción de petróleo y gas licuado ha caído en forma severa como consecuencia de un doble bloqueo: el de Irán en el estrecho de Ormuz y el norteamericano en la salida del Golfo y los puertos iraníes. Emiratos Árabes es el más avanzado en las negociaciones, para afrontar gastos a corto plazo. Sin embargo, las monarquías del Golfo, tarde o temprano, van a tener que afrontar la destrucción de infraestructura por los bombardeos. Según sus autoridades, la UAE ha sido atacada por más de 2.800 misiles y drones de Irán desde que comenzó la guerra. Irán ha elegido como su blanco a las monarquías sunitas y a las bases militares norteamericanas en su territorio, en represalia por la agresión no provocada de parte de Estados Unidos e Israel. El gobierno de Trump se encuentra obligado a conceder el swap para evitar que Emiratos ponga en venta sus tenencias de bonos del Tesoro norteamericano. Según trascendió en algunos portales, la UAE habría amenazado a Donald Trump con derrumbar el sistema de petrodólares, que consiste en colocar los excedentes de liquidez de la exportación en el mercado de títulos públicos en Nueva York. Desde la década del 70, las monarquías del Golfo tienen pactado con Estados Unidos el compromiso de vender el petróleo en dólares y al excedente de ganancias invertirlo en bonos del Tesoro. Una venta desordenada y masiva de esos activos por parte de cualquiera de esos países dejaría expuesta la descomunal crisis de deuda de Washington, de cerca de 40 billones de dólares, un 120 % del PBI norteamericano. Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Qatar, Irak, Kuwait y Arabia Saudita atraviesan un verdadero colapso económico como consecuencia del doble bloqueo. Han paralizado la producción debido al abarrotamiento de sus almacenes, ocasionado por falta de ventas. Los oleoductos permiten redirigir una pequeña fracción de las exportaciones saudíes, emiratíes e iraquíes. A esto hay que sumarle el derrumbe del turismo. Desde el inicio de la guerra, Pimco, el mayor fondo de renta fija del planeta, ha adelantado más de 10.000 millones de dólares a los países de la región, según los datos recopilados por Bloomberg. Es una crisis comparable solo con la de la pandemia de 2020. Las cinco monarquías verán evaporados entre 103.000 y 168.000 millones de dólares de sus economías, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay otras cuestiones que han movido el tablero del Golfo más allá de los bloqueos. Estados Unidos se ha convertido en una nación exportadora, de modo que su balanza petrolera ha pasado de negativa a positiva. China, por su lado, ha pasado a ser uno de los principales -si no el primero- socios comerciales de los países de la región, en especial en cuanto a la importación de combustibles, que paga con exportaciones industriales. Se ha creado, en consecuencia, un balance en yuanes. Irán, por este motivo, no tiene inconveniente en admitir que el pago del peaje por el estrecho de Ormuz se haga en yuanes, cuando, por el otro lado, tiene bloqueado el uso de dólares debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estas cuestiones han movido el mapa de alineamientos; la guerra desatada por Trump y Netanyahu ha provocado un realineamiento comercial a favor de China, con las consecuencias geopolíticas consiguientes. Esto desafía al imperialismo norteamericano a encarar una guerra contra China misma, no sin antes presionar a Pekín para que abandone el gallinero norteamericano. La salida de la OPEP Emiratos tiene desde hace rato razones para irse de la OPEP y abandonar las cuotas de mercado y de producción que asigna a cada uno de sus miembros. Que lo haya hecho la misma semana obedece claramente a la necesidad de aumentar su participación de mercado a expensas de sus exsocios. El swap es un incentivo para esta operación, que haría bajar los precios de los combustibles y permitir que la guerra imperialista alcance sus objetivos geopolíticos sin provocar, como ocurre, un estallido de los mercados de materias primas. Estados Unidos ha buscado siempre destruir a la organización de los productores. Así logró que países como Indonesia, Qatar y Angola se retirasen de la OPEP en los últimos años. Emiratos es una prenda mayor, como también lo es Venezuela, ahora convertida en un protectorado de Washington. Acusaciones en el Senado Los senadores demócratas se han opuesto al swap, alegando que representa el congelamiento de miles de millones de dólares a tasas de interés reducidas. Denuncian también los múltiples negocios que Donald Trump tiene con la monarquía emiratí. Citaron la inversión de 500 millones de dólares de un alto funcionario del gobierno de los Emiratos en la empresa de criptomonedas de la familia Trump y el uso de 2.000 millones de dólares de su criptomoneda estable para invertir en Binance, cuyo fundador, Changpeng Zhao, fue indultado por Trump en octubre. Para responder a estas acusaciones, Bessent alegó en el Senado que “las líneas de intercambio de divisas, ya sean de la Reserva Federal o del Tesoro, sirven para mantener el orden en los mercados de financiación en dólares y evitar la venta desordenada de activos estadounidenses”. Desnudó, de este modo, que la guerra ha puesto al rojo vivo la crisis de deuda pública , lo cual explica, precisamente, las vacilaciones políticas de Trump con la guerra, o sea, el derrumbe del mercado de deuda pública y de acciones. Las líneas de intercambio de divisas (swaps) son operaciones propias de la Reserva Federal, que tiene la facultad de emitir dólares. El Tesoro, en cambio, tiene una caja fija de 250.000 millones de dólares, que no es de disponibilidad inmediata, y una caja chica que no supera los 30.000 millones de dólares. La intervención del Tesoro subraya la oposición de la Reserva Federal. Por su parte, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, llamó a los países del Golfo a deshacerse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, para evitar las pérdidas enormes que causaría el desplome de su cotización. Aludió a que “la curva de rendimientos” de esa deuda está subiendo peligrosamente, lo que es una señal de que los inversores están saliendo de ella. Lo que no dijo Ghalibaf es que un abandono masivo por parte de bancos centrales y entidades públicas extranjeras serían consideradas ´declaraciones de guerra´ en Washington. Para Rusia, que financia su presupuesto con la venta de petróleo y gas licuado, la crisis de liquidez del sistema del petrodólar (al que se suma Venezuela, que se encuentra fuera de la OPEP sin haberse ido de ella) puede significar una crisis final del régimen putiniano y una derrota militar frente a la OTAN y la Unión Europea. El entrelazamiento de la guerra con la crisis financiera, o sea, con el sustento de los Estados en guerra, plantea una crisis política en los principales países, que no podría ser sino revolucionaria.

El 28 de abril, las elecciones del STIA en Concepción del Uruguay dieron como ganadora a la lista Blanca, asociada a la burocracia de Miguel Klenner, que se desprendió del frente Celeste y Blanco. Sin embargo, la lista Naranja, que agrupa a gran parte del activismo obrero en la planta, quedó en segundo lugar con solo diez votos menos. El total de votos fue de 607, una cifra considerablemente menor a los aproximadamente 855 votos de las elecciones de 2022. Esta baja se explica por los despidos que la patronal llevó adelante en los últimos cuatro años y también porque solo los afiliados pueden votar a las autoridades. Los resultados fueron: lista Blanca, 219 votos; lista Naranja, 209; la vieja burocracia (lista Verde), 115 y la Celeste y Blanca de Klenner, 64 votos. Tras su derrota, Miguel Klenner envió un audio por WhatsApp a «los compañeros de la CGT», en el que se proclamó como un ‘’luchador contra los intereses de una multinacional’’ y dijo que se iba ‘’con la frente en alto’’. Afirmó también que Julio Chamorro, quien encabeza la lista Blanca, ‘’tiene tendencias al peronismo’’ por lo que consideró la suya una victoria, ya que no ganaron ‘’los zurdos’’ de la Naranja. La Celeste y Blanca ha colaborado con la patronal desde su asunción: permitió los despidos en la planta, los recortes salariales e incluso el cierre en el frigorífico de Beccar, en Entre Ríos. También maniobró junto al FTIA y la patronal para que esta no pagara los salarios adeudados, pese a existir una conciliación obligatoria vigente, proponiendo medidas para beneficiar a la empresa, evitar el pago total de los salarios y la reincorporación de los despedidos, en lo que terminaron siendo las jornadas de lucha de febrero de 2025 . Klenner también dijo que ‘’los compañeros entendieron que un sindicalista que lucha por los trabajadores no se vio’’... y en eso estuvo en lo correcto. La derrota aplastante de la Celeste y Blanca se debió a que no lucharon, sino que operaron con la misma lógica de conjunto que el resto de las burocracias sindicales: ‘’el sindicato queda, los trabajadores pasan’’. Al igual que otros sindicatos de la CGT, permitieron que el ajuste avanzara y que las paritarias se mantuvieran a la baja, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal del gobierno de Milei. La lista Blanca será una continuidad de esta política de colaboración de clase. En medio de la profunda crisis de Granja Tres Arroyos, la nueva burocracia funcionará como salvavidas de la patronal y verdugo de los trabajadores. En cambio, la lista Naranja -nucleada por activistas obreros que reunió 209 votos- tiene la posibilidad de desarrollar una corriente de lucha independiente y derrotar a la patronal en sus intentos por despedir, suspender, recortar salarios, e impedir que los 180 días solicitados por la empresa deriven en un cierre masivo de plantas y granjas, o en un cambio total del régimen laboral en favor de los intereses patronales.

El intendente Javier Martínez (¿ex? PRO), siguiendo el libreto de Milei, ha anunciado que los próximos aumentos salariales de los empleados municipales serán definidos por decreto del Ejecutivo. El anuncio tuvo lugar luego de que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Obras Sanitarias de la PBA no aceptaran la última propuesta paritaria del Ejecutivo. Los bloques de concejales de Fuerza Patria y de La Libertad Avanza habían aprobado un proyecto de ordenanza para "recomponer" el salario de los municipales, ajustándose los aumentos paritarios según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC. El proyecto de ordenanza también establece que los aumentos salariales de los trabajadores municipales deberían ser mediante el acuerdo paritario con la representación colectiva de los sindicatos, aunque sujetos a esta ´recomposición´ preestablecida. Los salarios municipales, actualmente, no llegan al millón de pesos. El Ejecutivo vetó el proyecto de ordenanza, quedando sin efecto hasta tanto el Concejo Deliberante vuelva a sesionar. Peronistas y libertarios han hecho la del tero, gritar en un lado y poner los huevos en el otro. El “aumento” propuesto por Martínez fue de unos míseros $13.430 para la primera categoría, que al día de hoy reciben un salario de bolsillo de $803.482. Ante los atropellos de Martínez, el secretario general de SOEM, Adalberto Enríquez, declaró que “no hay más tareas ni estrategias legales para abordar la situación”. No es de extrañar la postura adoptada por los burócratas sindicales vernáculos que, lejos de movilizar a los trabajadores municipales, vienen acordando desde hace años paritarias salariales a la baja. Los municipales de Pergamino, al igual que los del resto de la provincia, se encuentran en extremas condiciones de precarización laboral, con salarios de indigencia. La mitad de la planta municipal son monotributistas, sin contrato, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni licencias médicas, ni estabilidad laboral. Enríquez, al ser consultado en medios locales sobre la posibilidad de un paro, respondió que "no estaban dadas las condiciones". Los burócratas sindicales, agentes burgueses hacia dentro de las filas del movimiento obrero, son un factor de desorganización de los trabajadores. No recorren los lugares de trabajo municipales ni tienen en su perspectiva la convocatoria de una asamblea general de municipales, para discutir la cuestión salarial y las condiciones de trabajo, llevando a una inacción de la cual abreva el Ejecutivo. Martínez, incluso antes de Milei, enarboló la bandera del “déficit cero” a costa de los trabajadores. Con un presupuesto municipal de 70 000 millones de pesos para este año, el intendente, aspirante a gobernador de la provincia, repite como un mantra que "no cierran los números de la balanza financiera local", mientras premia con exenciones impositivas al sector de los agronegocios y los "amigos" de la obra pública. Ante este cuadro de situación, los trabajadores municipales debemos trazar una perspectiva de intervención mediante la organización propia de las bases, a través de la discusión, coordinación y elaboración de un plan de lucha, tomando las riendas de la autoconvocatoria por fuera de las cúpulas sindicales, teniendo como eje una huelga general por tiempo indefinido. Por una asamblea de todos los trabajadores municipales afiliados y no afiliados, para decidir un plan de lucha que derrote el ajuste de Javier Martínez y todos los bloques patronales que actúan dentro del Concejo Deliberante a espaldas de los trabajadores. La complicidad de la burocracia sindical en el empobrecimiento masivo plantea la necesidad de poner en pie una nueva dirección para la clase obrera.

Trabajadores del arte han declarado un paro para exigir la exclusión de Israel del pabellón oficial, denunciando lo que consideran un operativo de artwashing por parte del Estado israelí en el marco de una de las instituciones artísticas más influyentes del mundo. La organización ANGA (Art Not Genocide Alliance), un colectivo de artistas y trabajadores culturales, surgido para visibilizar los horrores sufridos por la población palestina, lidera esta campaña. El grupo ha hecho pública una carta dirigida al directorio de la Bienal, respaldada por más de 200 firmas de artistas, curadores y trabajadores culturales. En el documento, manifiestan su solidaridad con los artistas en Palestina y exigen que se ponga fin al apartheid y Palestina sea una nación libre. Además de la presión institucional, ANGA ha lanzado un llamamiento al boicot dirigido tanto a trabajadores como a espectadores: “Animamos a la gente a participar en la huelga del 8 de mayo, negándose a visitar la Bienal y uniéndose a la manifestación por la tarde”. Este movimiento representa un hito político y artístico sin precedentes. El debate sobre el uso institucional del arte ha generado tal impacto que el jurado internacional renunció en bloque días antes del inicio del evento. Según los organizadores, la complicidad de la Bienal con la destrucción de la vida palestina debe cesar, ya que el genocidio no puede ser tolerado por una institución que pretende celebrar los valores humanos. La declaración subraya que la violencia no solo afecta a las personas, sino que constituye un intento de aniquilación cultural. Denuncian que las fuerzas israelíes han destruido museos, archivos, bibliotecas y centros culturales, además de perseguir y asesinar a artistas, poetas y periodistas palestinos. Además, la organización del boicot ha establecido vínculos directos con sindicatos italianos para denunciar la militarización de la economía italiana y la precariedad laboral dentro de la propia Bienal. Muchos de los trabajadores que sostienen el evento enfrentan salarios bajos y contratos precarios, condiciones que los sindicatos vinculan con el mismo sistema económico que financia los conflictos bélicos. Nos pronunciamos por la victoria de la lucha, por el retiro del pabellón de Israel de la bienal y por la Huelga General activa, con una movilización internacional contra los presupuestos de guerra, para poner fin a la guerra imperialista sobre Palestina y el mundo.

La tarde empezó “movidita”, con un semaforazo en Callao y Corrientes de las agrupaciones de jubilados, puntualmente a las 14 hs. Las pilas del megáfono se agotaban al calor de las consignas de denuncias contra el brutal ataque de este gobierno liberticida y todos sus cómplices del arco patronal con la connivencia de la burocracia de la CGT y de las CTA, contra los trabajadores y jubilados. A las 15 hs, marchamos a Congreso donde realizamos nuestra radio abierta y la ronda alrededor de la Plaza. Los cánticos de los jubilados inundaban las calles circundantes, al grito de “contra el gobierno y la patronal, es necesario una huelga general”. La tarde culminó en la Feria del Libro, donde las banderas y pancartas de las distintas organizaciones de jubilados recorrieron los pasillos con un masivo apoyo de los visitantes de la feria que se unieron a la protesta en contra del gobierno. Las denuncias contra la corrupción no cesaban de escucharse. Algunos de los carteles exigían también la libertad de los trabajadores Milton Tolomeo y Eneas Gallo detenidos cuando marchábamos el día 11 de febrero contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Caputo-Milei. Un sector de trabajadores de la cultura que manifestaban en la Feria se unió a la protesta. Los jubilados enfrentamos un desafío extremo, la inflación que no frena y continúa carcomiendo nuestros indigentes haberes con bonos de miseria congelados hace años. El FAL (Fondo de Asistencia Laboral), que determina que el pago de las indemnizaciones por despidos se descuente del aporte patronal a las arcas de la ANSES, es un nuevo ataque a las jubilaciones. Ahora el plan de este gobierno liberticida de vaciar la obra social del PAMI forma parte de la completa privatización de la salud, que va de la mano junto al regreso de la jubilación privada, exigencias del FMI y los monopolios de seguro de las grandes corporaciones que pretenden alzarse con pingües ganancias administrando aportes por millones de dólares. La consecuente falta de medicamentos, la carencia de turnos, la exigencia de copagos, de la falta de profesionales conduce lisa y llanamente a la muerte de cientos de jubilados. Frente a esta barbarie, se impone la necesidad de unificar nuestra lucha con los trabajadores del PAMI, de las clínicas y de todos los sectores de la salud afectados por esta política y de impulsar y organizar una huelga general con los trabajadores de todos los rincones del país. Por medicamentos y prestaciones al 100%, el PAMI y ANSES deben ser dirigido por sus afiliados y trabajadores, aumento ya de salarios y jubilaciones, reincorporación de los despedidos, no a la reforma previsional, libertad a los detenidos por luchar. Los miércoles a las 15 hs nos vemos en Congreso. La lucha continúa.

Mientras el ajuste sobre la educación pública suele expresarse en salarios deteriorados, sobrecarga laboral y falta de recursos, hoy aparece una nueva modalidad menos visible, más silenciosa, pero igual de grave: el manejo arbitrario del sistema de licencias docentes. A través del sistema digital donde cargamos los certificados médicos -incluyendo diagnósticos, cantidad de días indicados por el profesional tratante y su matrícula médica- comenzó a implementarse una práctica preocupante: no se respetan los días prescriptos por el médico. Lo que antes era un procedimiento administrativo, hoy se convirtió en un mecanismo de control y desgaste. Cada vez son más los casos en los que un docente solicita, por ejemplo, equis horas de reposo indicadas por un profesional, y el sistema deja la licencia “en revisión”, otorgando luego una cantidad distinta de días. No se trata de una excepción aislada: es una metodología que termina perjudicando directamente al trabajador. Escribo con conocimiento de causa. Cargué un certificado por 24 horas y el sistema terminó otorgándome cinco días de licencia, incluyendo el feriado del 1° de mayo, el fin de semana e incluso un día en el que no tenía actividad laboral en ninguna escuela. ¿El resultado? El Estado computa esos días como utilizados dentro del cupo anual de licencias del docente, consumiéndolos de manera acelerada y sin respetar el criterio médico original. La docencia siempre ha sufrido los descuentos de días feriados o fines de semana incluyéndolos dentro de sus licencias, cuando por lógica el impacto debería recaer sólo sobre el día laborable. La gravedad de esta situación no radica solamente en el desorden administrativo. Lo alarmante es el mecanismo político detrás de estas decisiones: el Estado desoye certificados firmados por profesionales de la salud y redefine unilateralmente cuánto tiempo “considera” necesario para la recuperación de un trabajador, agotando aceleradamente el tope de días para luego, en caso de enfermedad propia o de nuestros hijos, derivar esos días a descuento salarial. En una profesión atravesada por el agotamiento físico y emocional, donde miles de docentes sostienen la escuela pública en condiciones cada vez más difíciles, este tipo de prácticas resultan perversas. Es un dispositivo de disciplinamiento silencioso: desgastar, limitar y condicionar el uso legítimo de las licencias médicas. Pedir días por enfermedad puede terminar perjudicándonos salarialmente, lo cual nos lleva a dejar de ejercer un derecho. Aquí se juega no solo lo económico, sino una forma de control sobre los cuerpos y la salud de quienes enseñamos todos los días. La defensa de la educación pública también implica defender las condiciones laborales y humanas de quienes la sostienen. Debemos desnaturalizar estas prácticas administrativas, denunciar y no aceptar que los derechos docentes puedan ser reinterpretados arbitrariamente por un sistema que, lejos de cuidar, castiga.

La Lista Naranja de la Tendencia Docente Clasista está recogiendo numerosas adhesiones en estos últimos días de campaña para las elecciones de SUTEBA. En primer lugar, es la única lista que ha presentado un programa para ser debatido con la docencia en las escuelas. Hemos discutido con decenas de compañeros que adhieren a los planteos de autoconvocarse para la lucha que es cada vez más necesaria, mientras ganamos votos en cada escuela. Nos sobran los motivos Una reivindicación urgente que surge en las escuelas es la del avasallamiento del régimen de licencias; el gobierno de Kicillof sigue manipulando las prescripciones médicas de manera antojadiza. ¿Qué dice la Lista Celeste sobre esto? Que ya se arregló el mes pasado y que ya no debería ocurrir. Pero en los hechos persiste. Incluso existen casos de compañeros a quienes se les han rechazado licencias (con el consiguiente descuento por falta injustificada). En otros casos se les exige “estudios complementarios”. Es decir que para Kicillof un profesional médico no tiene autoridad para diagnosticar. El gobernador quiere dar una segunda opinión viendo una radiografía, que además hay que pagar. Casi una privatización de las licencias. La Lista Celeste aplaude porque sostiene que ya no ocurren estas tropelías gracias a una supuesta “jornada de lucha”, que consistió en un paseo de burócratas rentados, ajenos a la realidad escolar, a las Secretarías de Asuntos Docentes. Otro reclamo que empieza a resonar nuevamente es el de la falta y retraso de pagos. Hace unas semanas cientos de compañeros pudieron cobrar, con una semana de atraso, pagos adeudados con hasta tres meses de letargo. En estas semanas hemos encontrado compañeros que ni siquiera en ese mentado “alcance” han percibido el dinero adeudado. Ni que hablar de las decenas que han realizado suplencias por “decreto” (un invento antiestatutario de Kicillof) y que nunca cobraron ni un peso. Ante este cuadro, la Lista Celeste procuró apurar el cese del hostigamiento docente por pretender percibir una retribución por su trabajo, recolectando reclamos por WhatsApp de docentes sin cobrar. De acciones de lucha, debate colectivo o un simple comunicado, no hubo nada. Lo que sí existe es una iniciativa de lucha de un conjunto de compañeras de Psicología que están en una situación límite ya que aún no cobran sus cargos tomados en febrero y tienen deudas enormes, aun habiéndose anotado en el WhatsApp de la Lista Celeste. Incluso varios compañeros de Especial han realizado la “retención de servicios”, una herramienta legal individual que tenemos para no presentarnos a trabajar cuando no nos han pagado en tiempo y forma, básicamente porque los compañeros no tienen ni para el colectivo. Lo que queda claro es que el gobierno ajusta. Cada peso que retiene de salario, que descuenta por licencias o que se ahorra por no designar suplentes, es un crecimiento del superávit para pagar la deuda. Una versión bonaerense de la motosierra mileista con el cotillón de las burocracias sindicales del FUDB decorándola. La Lista Naranja impulsa la organización de la docencia independiente del gobierno. Por eso llevamos a debate en cada escuela y con cada compañero la enorme lucha autoconvocada que está llevando adelante la docencia en Chubut, reclamando un salario de 1,6 millones, hoy en 800 mil pesos, contra el gobierno, la policía y la Lista Celeste chubutense del sindicato ATECH, quienes actúan en común para quebrar la huelga. Acompañamos a las docentes de Psicología en su iniciativa. A los compañeros de Especial que sufren de violencia todos los días. A los compañeros de los talleres de las Escuelas Técnicas, quienes saben que el recorte de Milei a las Técnicas es una continuidad de los gobiernos anteriores; desde hace muchos años están desprovistas de recursos materiales y de renovación de maquinarias. Para colmo, la burocracia Celeste impulsa el autofinanciamiento que propone Kicillof: las “cooperativas escolares”, un sistema de generación escolar de dinero en base al trabajo ultraprecarizado de estudiantes y docentes. Milei y Vidal acompañan rabiosos este desguace y devaluación de la Educación Técnica. Estamos con los pibes que en las escuelas se empiezan a organizar contra la quita de la “Mesa Bonaerense”, que Teriggi camufla sosteniendo que será reemplazada por una duplicación de las raciones que los pibes reciben a diario en las escuelas, a saber; en lugar de un pan con queso o una mandarina, serán dos panes o dos mandarinas. La elección Frente a esta situación, la docencia no permanece estática. Hay discusiones sobre el salario y las condiciones laborales todos los días en todas las escuelas. La Lista Naranja impulsa estos debates, pero fundamentalmente propone un método para empezar a revertir la debacle: la autorganización docente para resolver cómo luchamos. La conducción del SUTEBA y del FUDB están comprometidos con el gobierno provincial, no con la docencia. Esta es una premisa que recorre al conjunto. Solo a la desdibujada Lista Multicolor se le ocurre reclamarle a Baradel-Torre que luchen contra Kicillof. La autoconvocatoria docente se manifiesta en todo el país como el canal de expresión de nuestros reclamos. Pero, además, participamos de las elecciones del SUTEBA. Porque entendemos que los sindicatos son de los trabajadores. La Lista Celeste puso a nuestro sindicato -al sindicato más grande de la provincia- al servicio de la patronal, de los salarios de pobreza y la precarización laboral. Presentamos una lista seccional, con decenas de activistas, compañeros y simpatizantes para pelear la recuperación del SUTEBA para la lucha docente. Y aprovechamos la campaña electoral para agitar nuestro programa frente a la docencia. Y el día de la elección vamos a defender los votos de nuestra Lista Naranja, fiscalizando en cada mesa ya que la historia de la Lista Celeste tiene enormes hitos de fraudes, algunos pequeños y otros escandalosos, incluso avalados por María Eugenia Vidal, como ocurrió en la Seccional La Plata en 2017. Por eso necesitamos decenas de fiscales, y llamamos a los docentes a acompañaros en la campaña, en las urnas y fiscalizando para pelear cada voto de la Naranja. Porque cada uno de esos votos significará un pronunciamiento de clarificación política y conciencia colectiva, frente a una burocracia desprestigiada y deslegitimada en las escuelas, en un escenario de rebeliones docentes.

El 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria desde la asunción de Milei. Docentes, estudiantes, no docentes, investigadores y la población en general marcharán a Plaza de Mayo y las distintas plazas del país para rechazar la motosierra contra la educación pública, para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento y el aumento inmediato de los salarios, las becas y el presupuesto. La convocatoria se da en medio de un agravamiento general de la crisis universitaria. El gobierno ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para continuar incumpliendo la Ley de Financiamiento, votada varias veces en el Congreso y con fallos judiciales a su favor. La norma se encuentra ahora empantanada en los Tribunales. El derrumbe salarial es brutal, los trabajadores universitarios perdieron la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Más de diez mil docentes renunciaron a sus cargos para buscar otros trabajos. El encarecimiento del transporte, de los medios de vida y los materiales de estudio expulsa a la juventud trabajadora de las aulas. Producto de los recortes, los laboratorios no tienen insumos para investigar. Los hospitales universitarios están al borde del colapso por la falta de financiamiento: el gobierno tampoco cumple con las partidas previstas en el Presupuesto 2026. Ante esta crisis terminal y el enorme descontento que recorre las casas de estudios, los rectores atacan los paros docentes. Se encuentran negociando con el gobierno una versión morigerada de la Ley de Financiamiento Universitario. En cuanto a las direcciones sindicales, todavía no han definido si habrá paro el día de la movilización. Al mismo tiempo, en facultades y colegios se discuten iniciativas y medidas para garantizar una marcha multitudinaria. La masa de estudiantes y docentes se valen de esta convocatoria para darle impulso a sus reclamos. El gobierno de Milei sólo será derrotado por medio de la acción directa y coordinada de trabajadores y estudiantes. Tenemos que convocar masivamente a la marcha del 12 y aprovecharla para fortalecer la iniciativa desde las bases, con asambleas, autoconvocatorias y cuerpos de delegados para organizar las medidas. Construyamos la huelga universitaria siguiendo el camino de los docentes de Exactas de la UBA, que mantienen un paro por tiempo indefinido hasta que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento. Reforcemos la lucha en las distintas facultades y colegios del país impulsando cortes, tomas, clases públicas y medidas en las calles para conquistar nuestros reclamos. El gobierno de los escándalos de corrupción y las estafas perpetradas por su propia camarilla no tiene ninguna autoridad para seguir destruyendo la educación, la salud, las jubilaciones y los derechos de los trabajadores en nombre del “equilibrio fiscal” y el pago de la deuda. Debemos derrotar esa política por medio de una pelea de conjunto y la coordinación con los distintos sectores en lucha, como los trabajadores de FATE, del INTI y los docentes autoconvocados de Chubut.

El gobierno porteño dio de baja 88 convenios laborales que sostenían el trabajo de limpieza y recolección de residuos en barrios populares, villas y plazas en donde este servicio público no existe. El plan “Veredas Limpias” tenía 20 años de existencia: en marzo dejaron de pagarse los salarios y en abril llegó la baja final a todos los miembros de las cooperativas que participaban del programa. En sus redes Jorge Macri festejó la medida adoptando la jerga de los liberticidas: “Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones”. Las cooperativas que estaban a cargo debían conveniar con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad para trabajar. Cuando fue creado el programa “Veredas Limpias”, en 2006, el decreto que le dio origen dictaba “la limpieza de las aceras, postes y muros de la Ciudad” con el fin de “crear fuentes de empleo a través de cooperativas”. Las cooperativas se dedican a la limpieza de veredas y calles de la ciudad, principalmente en lugares donde los pasillos de los asentamientos no permiten entrar a los camiones recolectores. El año pasado, desde el gobierno indicaron a las cuadrillas pasar a limpiar en las zonas urbanizadas. Tras varios meses en esta modalidad, llegó el golpe del cierre final del programa. En la puerta de la Legislatura porteña hubo una manifestación de cooperativistas la semana pasada. Muchos se hicieron presentes llevando sus herramientas de trabajo, como escobas y rastrillos. Delia, una de las despedidas, vistiendo su uniforme de "Buenos Aires Presente", explicó: “Yo no sabía que cobraba un plan social. Hace doce años que limpio las veredas y siempre pensé que por este trabajo nos merecíamos pasar a planta permanente”. Otra trabajadora dijo: “Somos personas que cumplimos una tarea necesaria. Con el olor a pis que hay en tantas calles de Buenos Aires el gobierno debería tomar a más gente que limpie en lugar de echarnos”. La mayoría de los 5.000 despedidos son mujeres jefas de familia. Los salarios eran de apenas 145.000 pesos mensuales que los trabajadores complementaban con otros ingresos, laborales o asistenciales, como el “Volver Al Trabajo”, que el gobierno nacional dictó cerrar y actualmente se encuentra en paréntesis por una cautelar de la Justicia. Este salario miserable de los cooperativistas es presentado como un subsidio al desocupado con contraprestación laboral. Sin haber mediado el ´desenganche´ de la asistencia social con el salario mínimo oficial, ahora hubiera debido ubicarse en al menos $352.400. De los “vouchers” a otro hachazo al gasto social Al estilo de Sandra Pettovello, el Gobierno de la Ciudad anunció que “estamos haciendo todas las semanas convenios con más empresas que se van a sumar a dar las capacitaciones y que van a ser probables empleadores de esta masa de personas”. Pero esos convenios no implican obligación a a las empresas de tomar a los compañeros. “Ya hicimos capacitaciones, esos cursos terminaron en la nada. Lo real de este cambio es que la gente se queda sin trabajo porque el gobierno no va contratar a nadie”, dijo otro de los despedidos. Además del Veredas Limpias, Jorge Macri eliminó el VIEL (Programa de Vivienda, Infraestructura y Empleo Local), el FIT (Formación e Inclusión para el Trabajo) y el PREASIS (para la reinserción de personas con problemas de salud mental). El fin del “Veredas Limpias” abre la puerta a una situación delicada para la salubridad pública en la Ciudad, ya que la falta de recolección de basura en los asentamientos sin urbanizar no solo acumula residuos, sino que obstruye los drenajes fluviales facilitando la inundación en caso de lluvias fuertes. Las organizaciones sociales con más presencia en este programa consideran que es una medida de campaña política propagandística y mantienen expectativas en abrir un diálogo con Jorge Macri y sus funcionarios para poder encontrar una alternativa. Esta cadena de recortes, sin embargo, es la antesala de una reducción de dependencias del Estado y el cierre de áreas completas. Los gremios SUTECBA y ATE no anunciaron acciones a pesar de ver en estas medidas el paso previo a un ataque sobre los contratados en las dependencias de la ciudad y sobre el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), que cuenta hoy con 1.500 trabajadores. Junto al récord de desalojos de viviendas, el foco del ajuste apunta hacia las áreas dedicadas a las políticas sociales para los ámbitos del trabajo, la salud y la vivienda en la Ciudad.

El interminable escándalo sobre los gastos de Manuel Adorni ha dejado ver una fractura en la coalición política que ganó el ballotage de noviembre de 2023. Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de senadores oficialistas y responsable de la represión oficial durante los primeros dos años de gobierno, aprovechó el episodio de Adorni para mostrar su propio juego. Al emplazar al jefe de gabinete a “que muestre su declaración jurada”, dejó en claro que no piensa atar su futuro político al clan Milei, al menos de un modo incondicional. El que avisa no traiciona: Bullrich está a las puertas de su enésima voltereta política, al cabo de cinco décadas de arribismo. En este caso, una ruptura podría ser parte de una tentativa de reconstrucción del macrismo. Macri volvió a la palestra en las últimas semanas, incluso con gestos de acercamiento a la propia Bullrich. Más importante fue su encuentro con Paolo Rocca, quien le manifestó a Macri su preocupación por la “política industrial”. El dueño de Techint acaba de ser derrotado en una nueva licitación de conductos para la industria petrolera. La “estrella” con la que Milei y Caputo pretenden remontar la cuesta del impasse económico -la industria energética- consume sus dólares en compras al exterior, no en la industria de Rocca. Morir de pie La ratificación furibunda a Adorni por parte de Milei, muestra al gobierno liberticida "dispuesto a morir con las botas puestas". De acuerdo a varias denuncias, los recursos de Adorni tendrían su origen en la megaestafa de la criptmoneda $Libra. Deslizar una culpabilidad o siquiera una sospecha fundada sobre Adorni pondría al propio Milei en la picota. En comprensión de ello, Milei ató su propio futuro al del jefe de gabinete (“ni en pedo se va”). Sostener a Adorni, incluso bajo las evidencias de enriquecimiento ilícito, es refrendar un método de gobierno de excepción, que actúa sin los límites del ordenamiento legal o incluso constitucional. Los gastos fastuosos de Adorni estarían ligados a un sistema de sobresueldos alimentado desde la SIDE, es decir, a un gobierno sostenido en base a un presupuesto paralelo. La legalización de este régimen establece un marco para el desconocimiento de leyes votadas en el Congreso -Universidades, discapacidad- y para un dispositivo de represión y espionaje paralegal como el que seguramente le ofreció el dueño de Palantir a Milei. El sustento de este gobierno de bandas es la cohorte de aventureros financieros que lucran con el “plan” de Luis Caputo, y el gobierno de Trump, que ha convertido a la Argentina en un Protectorado económico, comercial y militar. Es una base aparentemente poderosa, pero sujeta ella misma a poderosos cimbronazos. Las implicancias del caso Adorni colocan, al menos como hipótesis, la posibilidad de un final abrupto del gobierno liberticida. Sin llegar a ese extremo, los socios de Milei en el gobierno ven que la perspectiva de la reelección está comprometida. Con la demarcación de Bullrich y la vuelta al ruedo de Macri, una fracción del bloque de gobierno toma sus recaudos, y quiere evitar una crisis de poder de alcance mayor. Después de todo, el experimento liberticida se sostiene con alfileres en todos los planos. Caputo “grande” no ha resuelto la crisis de financiamiento del Estado, y sigue sorteando la cesación de pagos con préstamos de corto plazo y alto costo -ello, junto al socorro de última instancia que le brindan Bessent y Trump. Cavallo En esta tentativa de reformulación política que insinúan los Bullrich y Macri, cabalgan intereses capitalistas que toman distancia del programa oficial. Quien también levantó la voz en estos días fue un experto en programas económicos colapsados, Domingo Cavallo. El ex ministro de Menem y De la Rúa advirtió que el régimen económico que pilotea Luis Caputo puede ser fácilmente barrido si alguna corriente especulativa retira los capitales que lucran en el mercado argentino a plazos extraordinariamente breves. Según Cavallo, esos beneficios son cosechados gracias a un dólar planchado por la persistencia parcial de un cepo, y por tasas de interés exorbitantes, que agravan la recesión económica y acentúan una situación social “preocupante” (sic). En ausencia de reservas internacionales disponibles, sostuvo Cavallo, una brusca salida de capitales conduciría a una corrida cambiaria y a un default. Cavallo se mira en el espejo de sí mismo, e imagina un desenlace del experimento libertario similar al del 2001, sin tener en cuenta que el nivel de endeudamiento de Argentina y las condiciones internacionales son apreciablemente más graves -Martín Wolf, en el Financial Times, acaba de alertar sobre una crisis financiera global en ciernes. En oposición al “caputismo”, Cavallo propone una liberación cambiaria completa, y una “acumulación de reservas” fundada en una devaluación. En ese carro, conspiran los Rocca y una buena parte del capital agrario. Durante estos dos años, la burguesía industrial y agraria ha sido compensada por el derrumbe del mercado interno y la pérdida de competencia internacional haciéndola partícipe del carry trade. Pero la “bicicleta financiera” tiene sus límites: los observadores financieros vienen señalando una fuerte tendencia a la “dolarización” de carteras. La expectativa de bajar la inflación por debajo del 3% se aleja, bajo la crisis inflacionaria que ha desatado la guerra mundial en desarrollo. En este cuadro, el gobierno ha celebrado la mejora que una calificadora de riesgo -Fitch- ha hecho respecto de la deuda argentina. Pero el anuncio desató versiones contrapuestas de otras calificadoras, que mantienen sus “objeciones de fondo” respecto de la condición financiera de Argentina. Blindaje político Detrás del caso Adorni, como se ve, se cuecen las habas de una crisis de mayor alcance. Una parte del bloque gobernante reclama una reestructuración política como condición para que "haya 2027" e incluso para llegar a los comicios sin una crisis fulminante. En ese planteo, comienzan a colarse los reclamos de una clase capitalista fracturada. En definitiva, asistimos una “crisis en la dominación política del Estado”. En el esfuerzo por sortear un desbarajuste político intervienen todos los poderes del Estado y la llamada oposición. El pejotakirchnerismo, con sus diputados y gobernadores, se llaman a “prudencia” para que "la sangre (Adorni y $Libra) no llegue al rio"; la Justicia acaba de habilitar a que la Corte intervenga, sin plazos, en la cuestión del financiamiento universitario. La burocracia sindical ha reforzado sus compromisos con el gobierno, en momentos en que la crisis salarial y laboral alcanza dimensiones catastróficas para los trabajadores. Las evidencias acerca de un “gobierno de ladrones” deben ser explotadas para convocar a la movilización popular y a la huelga general para terminar con el régimen corrupto y antiobrero -no para abrirle paso a otra variante explotadora sino a una salida de los trabajadores.

AGTSyP, el sindicato de los trabajadores del subte y premetro, convocó a una conferencia de prensa en su sede para denunciar la persecución judicial impulsada por el gobierno de la Ciudad, SBASE y la empresa Emova contra delegados y activistas . El gobierno de Jorge Macri, SBASE y la concesionaria Emova impulsaron esta denuncia penal contra 170 trabajadores y trabajadoras del Subte bajo la figura de asociación ilícita. La causa quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, alfil judicial del gobierno porteño. La denuncia refiere a un conjunto de medidas de fuerza gremiales adoptadas por AGTSyP en 2024, como el paro escalonado de todas las líneas del 19 de junio, la apertura de molinetes en la estación Lacroze de la línea B del 29 de octubre, la adhesión al paro general de la CATT del 30 de octubre de 2024 y el paro en la línea H tras agresiones a dos trabajadores, la más reciente, en octubre de 2025. La asociación ilícita es un delito penal que castiga la formación de una banda estructurada y de carácter permanente que tiene el propósito de cometer una serie indeterminada de delitos. Se reprime el sólo hecho de formar parte de la ´banda´, con independencia de la participación en tal o cual delito. Esto significa la persecución a todos los afiliados y dirigentes de AGTSyP por su sola pertenencia al sindicato. Tanto la fiscal como la empresa y el gobierno porteño quieren aplicarle una figura penal que equivale a asimilar a la organización obrera a una mafia, y a todos sus miembros como integrantes de la misma. Las medidas señaladas por la fiscal Ramírez como delictivas levantaban reclamos elementales contra despidos y agresiones y, fundamentalmente, contra el envenenamiento por asbesto, que ya mató a seis trabajadores y ha afectado a otros 150. La grosería alcanza el punto que la misma empresa tuvo que retirar 400 toneladas de material tóxico e iniciar una desabestización de toda la línea, a pesar de lo cual los trenes Nagoya y Mitsubishi todavía contiene piezas con el mineral cancerígeno. Los dirigentes del subte denuncian que, en la acusación, se sumaron esta serie de medidas de fuerza legítimas para armar un expediente gigante, eligiendo caprichosamente a quiénes imputar. Lo calificaron como un caso de "criminalización de la protesta sindical". También señalaron el criterio de oportunidad de esta ofensiva, a la que Néstor Segovia, secretario general de AGTSyP, calificó como una "prueba piloto" que desencadenará un "efecto cascada" sobre las organizaciones obreras. Insistió en apartar la acción del sindicato de "la política", a pesar de la numerosa presencia de diputados y legisladores del peronismo y del FITU, confluencia que, lo dijo en el micrófono, a Segovia lo "pone feliz". A pesar de la gravedad del diagnóstico, la dirección de AGTSyP no precisó ningún plan de lucha. Se limitó a anunciar una eventual concentración en Tribunales cuando sean citados a declarar. Aunque se refirió a esta ofensiva como un ataque a las organizaciones sindicales, el caso de AGTSyP se distingue por haber sido una organización obrera formada hace relativamente poco tiempo, a comienzos de siglo, al calor de las huelgas por la reducción de la jornada laboral y del Argentinazo, y en oposición a la UTA. La burocracia de Roberto Fernández, sin embargo, todavía retiene la representación sindical reconocida por el Estado y monopoliza las paritarias del subte, mientras que AGTSyP reviste como sindicato con personería "simplemente inscripta", a pesar de su amplia representación de la base obrera del subte. Esta ofensiva judicial apunta a su desarticulación e ilegalización. La empresa entregó a la fiscalía los números de legajo de los compañeros imputados y luego ella misma les trasladó la notificación judicial a cada trabajador. La CATT -la confederación de sindicatos del transporte que lidera Camioneros, a la cual la dirección de AGTSyP se acercó en el último tiempo- estuvo ampliamente representada en la conferencia de prensa, con una delegación encabezada por Juan Pablo Brey, el operador del predicador evangelista y multimillonario Dante Gebel, al igual que la CTA, que tuvo presentes a Hugo Yasky, "Cachorro" Godoy y Roberto Baradel. Yasky calificó la acusación como "hecho aberrante" y la contrastó "con la impunidad de los ladrones de guante blanco". Ninguna de estas organizaciones aportó tampoco medidas. La única pregunta que formularon los medios presentes fue la de un cronista de Radio 10, que volvió a preguntar, algo incrédulo, si iba a haber una marcha. Segovia cerró la conferencia ratificando que eso ocurrirá "el día que nos citen". La imputación contra los compañeros del subte entraña un desafío para todo el movimiento obrero. Es un intento de llevar a fondo su regimentación y blindar el unicato de la burocracia sindical, cuando la situación social se agrava y el gobierno de la ultraderecha ha ingresado en una pendiente en las encuestas de opinión. Derrotar esta provocación debe ser una prioridad para todos los luchadores. Los Milei y los Macri pretenden sofocar las libertades democráticas más básicas, empezando por el derecho a la protesta. Esta provocación debe ser enfrentada con una campaña inmediata, con manifestaciones y acciones callejeras.

Recién ha concluido el mes de abril y la situación dentro de las escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires se ha tornado literalmente insostenible. El caos provocado por las “reformas” del director de la modalidad, Sebastián Urquiza, han convertido al hecho educativo en una ficción que coloca a docentes y estudiantes ante el riesgo concreto de que ocurra una desgracia, que no sería tal, sino la consecuencia de decisiones desgraciadas. Los docentes especiales podemos dar una respuesta positiva a nuestros reclamos si retomamos el camino que condujo a la histórica marcha de noviembre de 2024 y dar pasos concretos hacia un plan de lucha victorioso. Esto requiere darle un nuevo impulso al movimiento autoconvocado surgido en agosto de aquel año. El caos antieducativo en las escuelas especiales El fin de las escuelas por caracterización de estudiantes ha creado una situación de verdadero caos. La “igualdad en la diversidad” hace que cada docente atienda un grupo que en promedio tiene ocho estudiantes con diferentes características: desde discapacidad neuromotora hasta discapacidad intelectual, pasando por sordera e hipoacusia o trastorno de la personalidad. A su vez el docente está formado en la especificidad de su escuela de origen y se pretende que dé respuestas a todos. El desprecio por la formación profesional de cada uno de ellos y el despilfarro de recursos humanos de docentes formados durante años en su especificidad es propio de funcionarios que solo están dispuestos a ejecutar un feroz ajuste y donde las consecuencias las sufren no solo aquellos estudiantes que dicen pretender “incluir”, sino la propia docencia que se desangra a diario para intentar dar una respuesta educativa y solo atina a contener una situación que la desborda. Y cuando decimos que la desangra a diario estamos usando una figura para nada exagerada: ahí están las decenas de docentes que semanalmente denuncian las situaciones de golpes, mordeduras ,etc. ante sus directivos y ante la ART. Urquiza y sus asesores creyeron que con “apretar” a los docentes para aceptar “reconvertir” su cargo específico al de “Formación General”(FG) pasaban ahora a poder abordar a cualquier estudiante , cualquiera sea su característica, un despropósito “liberticida” en la provincia del “Nacional y Popular” Kicillof. Milei y Kicillof contra los discapacitados Las reformas impulsadas desde la dirección de la modalidad son de una magnitud tal que semejan al ajuste del gobierno nacional sobre el colectivo de personas con discapacidad. Veamos. Se ha destruido la educación por caracterización de estudiantes. Ahora en una misma escuela y en un mismo grupo, un docente formado en determinada discapacidad debe atender a estudiantes con diferentes caracterizaciones. Se ha destruido el concepto de educación personalizada, base de la Educación Especial. Hay grupos donde, literalmente, se amontonan de 20 a 25 estudiantes. Se han virtualmente cerrado los servicios agregados para atender a estudiantes con alteraciones del lenguaje. Cabe decir que este servicio fue creado por la modalidad hace menos de 25 años y la formación de sus docentes en muchas escuelas de la provincia corrió por cuenta de los mismos, brindando una oportunidad a muchos estudiantes de “tener voz” (con todo lo que ello significa) y seguir estudios en forma normal. Otro enorme despilfarro de recursos humanos y la condena para muchos estudiantes de tener un desarrollo diferente. Se ha limitado al área pedagógica el servicio de Atención temprana del desarrollo, desvinculándolo del área de salud y de las redes sociales que sostenían; se ha pasado del trabajo individual al grupal equiparándolo a un jardín maternal cuando el trabajo en ambos y sus objetivos son diferentes. En la escuela para ciegos y disminuidos visuales de J. C. Paz se dio la orden este año de cerrar el taller que hace décadas existe para adultos (pues la ceguera se puede adquirir a cualquier edad). Muchos adultos que concurren allí a aprender Braille u otras necesidades como orientación y movilidad (uso del bastón) se quedan sin nada. Estudiantes con TEA y TES El incremento exponencial de la población infantil con diagnóstico de TES ( trastorno específico del sujeto) y de TEA (trastorno del espectro autista) ha pillado al gobierno provincial sin una política preventiva y adecuada a esas infancias y se pretende que la docencia especial la tenga, cuando el abordaje de esos niños requiere de profesionales específicos y de otro tipo de establecimiento educativo-terapéutico. Muchos de estos niños vienen derivados de las escuelas de nivel (sistema educativo ordinario) donde concurrían con horario mitigado ¡y pasan a tener horario completo en las especiales! Este estudiantado requiere atención reducida no solo en tiempo sino también respecto de lo grupal. Para algunos inclusive el abordaje debería ser individual. Para que se vea la situación insostenible que se ha creado basta ejemplificar con lo siguiente: en escuelas de San Miguel y José C. Paz se ha llegado al cambio de cerraduras colocando las que no tienen picaportes (como en los neuropsiquiátricos) para evitar los constantes intentos de escape de niños que no pueden tolerar estar cuatro horas en un salón. La frustración que toda esta situación genera (pasar a solo contener dentro de cuatro paredes a niños que piden a gritos y golpes otra cosa) en la docencia que se ha preparado durante años de estudio para determinados abordajes, es total. Mucho se habla, con justicia, del ataque del gobierno nacional a los discapacitados, pero lo que se ve en la provincia de Buenos Aires es el equivalente a un trabajo en tándem entre ambos. Está planteada en forma objetiva la unificación en la lucha de ambos movimientos. La docencia especial necesita un programa para ganar No nos vamos a cansar de señalar que la resolución 1664/17 es la que le quita la potestad a la docencia sobre qué tipo de escuela necesita cada estudiante en base a su característica y la deja en manos de sus padres que, engañados por un discurso igualitario emanado desde los diferentes gobiernos, no pueden ver que la igualdad de oportunidades no es dar a todos lo mismo sino a cada cual lo que necesita, tan sencillo como ello. Por eso había (¡¡hay !!) escuelas y docentes para personas sordas e hipoacúsicas, escuelas y docentes para personas ciegas o disminuidas visuales; escuelas para niños con discapacidad intelectual y para niños con discapacidad motora. Los niños con TEA y TES merecen otro abordaje, otros profesionales (que no se hallan en la docencia especial) y también otro tipo de establecimiento físico en la medida que lo requieran. Por esto cualquier lucha debe ser encabezada por la derogación de aquella resolución; ésta nunca tuvo el objetivo de incluir sino de quitar a la docencia poder de decisión sobre cómo abordar la educación de cada estudiante. Hay que remarcar que ésta resolución se dicta bajo el gobierno PRO de María Eugenia Vidal. Solo a los que concedieron un carácter inclusivo al gobierno macrista se les pudo ocurrir saludar ésta resolución. Y nos referimos a la burocracia del SUTEBA de Roberto Baradel. Las consecuencias están a la vista. Estamos frente a un brutal ajuste económico contra los menos favorecidos: Urquiza–Kicillof trabajan en tándem con Milei contra los discapacitados. Nunca hay que olvidar que en las guerras imperialistas como la que se encuentra en rápido desarrollo a nivel mundial, los discapacitados son las primeras víctimas. Ya hemos citado en otro artículo como los nazis ensayaron el gaseamiento que se iba a usar para matar a millones de judíos, matando al comienzo de su gobierno a 60.000 discapacitados alemanes. Proponemos, entonces, el siguiente programa para discutir entre la docencia y las familias de nuestros estudiantes y movilizar masivamente a La Plata para derrotar a quienes nos quieren ver derrotados: Derogación de la resolución 1664/17. Vuelta al régimen de integración con todos los cargos necesarios para llevar adelante esa tarea. Abajo la reforma de Urquiza. Si a las escuelas por caracterización. Restitución y respeto de la especialidad de cada profesor/a. No a la “formación general”. Pase a planta docente de los Asistentes Terapéuticos con todos los derechos y obligaciones que fija el Estatuto del Docente. Defensa de las escuelas para sordos e hipoacúsicos como ámbitos multiculturales y bilingües. Defensa de todos sus cargos con todos los derechos estatutarios. Derogación de la resolución 4418/06. Por la construcción Centros de Formación Laboral en todos los distritos, con todo su equipamiento y personal. Restitución del carácter de Rama diferenciada de la enseñanza para la Educación Especial. Creación de escuelas para estudiantes con TEA y TES; creación de la carrera docente para estos estudiantes. Como medida de transición, capacitación por parte del Estado para aquellos docentes que elijan especializarse en esta orientación. Salario igual a la canasta familiar por cargo. Jubilación a los 20 años de servicio sin límite de edad. Aumento del presupuesto educativo. No al pago de la deuda externa, pago que está al servicio de la guerra imperialista.

Luego de 20 años del crimen impune de Paulina Lebbos, y de 20 años de lucha por el castigo a los culpables, se sintió nuevamente la tremenda impunidad montada por el poder político. Este miércoles 6 de mayo, el tribunal integrado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, absolvió a César Soto, ex pareja de Paulina, y a Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de Seguridad del gobierno de Alperovich. Desde el comienzo hubo sospechas sobre ambos, pero las maniobras de impunidad los beneficiaron. Recién en el segundo juicio, que tuvo lugar entre 2018 y 2019, que terminó con la condena al ex secretario de Seguridad de la Provincia y a altos mandos de la policía, se ordenó investigarlos. Soto ejercía violencia sobre Paulina, estaba vinculado a la barrabrava de Atlético, y fue señalado por la familia como sospechoso. Al poco tiempo del crimen fue contratado en la Legislatura de Tucumán. Kaleñuk, quien tenía vínculos con Soto, hizo 170 llamadas a los altos mandos de la policía condenados por encubrimiento y a su padre. Un anticipo del desenlace del juicio fue la negación a que Alberto Lebbos se conformara como querella. Luego en el juicio se evidenció la falta de producción de pruebas por parte de la fiscalía, aunque sí había pruebas producidas en las otras causas y juicios. El día de los alegatos el fiscal Carlos Sale retiró la acusación contra Kaleñuk por la supuesta falta de pruebas. El día de la sentencia los jueces del tribunal absolvieron a Soto argumentando falencias en la investigación elevada a juicio. Apuntaron contra el Ministerio Público Fiscal pero no ordenaron investigar ni actuar por ese mal desempeño. También responsabilizaron a la familia Lebbos por esta situación pasándose por alto los 20 años de denuncia y lucha contra la impunidad. Está claro que hay un intento del poder político, incluidos fiscales y jueces, para que el crimen de Paulina quede impune y proteger a los hijos de poder y al resto de acusados de encubrimiento como el propio Alperovich. Jaldo declaró que hay que respetar el fallo, aunque no guste. A la impunidad, sin embargo, hay que quebrarla con la lucha como se hizo durante estos 20 años. Alberto Lebbos aunque no fue aceptado como querella apelará el fallo y seguirá hasta llegar a tribunales internacionales. Presentará también pedido de Juicio Político al Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez y a otros integrantes de dicho ministerio. Estas acciones sólo podrán avanzar si pone en pie nuevamente una lucha masiva e independiente del Estado y sus partidos. Hay que apuntar a todo el régimen sumando las denuncias de otros casos que muestran el accionar criminal de la policía y de otros fiscales y jueces que amparan a poderosos e integrantes del poder político.

A muy pocos días del comienzo de la 61º edición de la Biennale Di Venezia, uno de los eventos más importantes e influyentes de la escena artística global ha dado que hablar en la última semana por la dimisión conjunta de todo su jurado internacional. La decisión sacudió no solo a los directivos locales, sino que generó dudas, debates y rechazos acerca de la dicotomía arte/política. El jurado internacional, conformado por Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi, dimitió sin dar mucha explicación pública en detalle. Sin embargo, se adjudica esta decisión, por un lado, a la reincorporación del pabellón de Rusia quien no participaba en la Biennale desde el 2022 por la guerra con Ucrania; y, por el otro, por considerar para los premios a los países que están denunciados por crímenes de lesa humanidad como Israel. Este rasgo ético del jurado ha puesto en evidencia las propias divisiones internas del gobierno italiano. La decisión de que la Federación Rusa vuelva a participar de la Biennale ha generado no solo el rechazo de Alessandro Giuli -Ministro de Cultura Italiano- quién afirmó que no va asistir a los eventos previos ni a la apertura del evento sino también el pedido de renuncia de algunas figuras del Consejo Directivo como Tamara Gregoretti cercanas a Piettrangelo Buttafuoco -Director de la Biennale-. Buttafuoco, fiel defensor de la participación de la Federación Rusa y de la independencia de la institución ante situaciones políticas, pareciera que olvidó las amenazas de la UE en 2024 sobre quitar un porcentaje de las subvenciones que recibe la Fundación si Rusia participaba. Buttafuoco sostiene que el arte no debe excluir a nadie y defiende “la oportunidad de brindar un diálogo artístico a países como Rusia, Ucrania, Israel, Palestina o Irán” (RTVE 30/04). Pero no todo es acerca de la Federación Rusa. El motivo de la dimisión del Jurado Internacional también golpea a Israel, denunciado por diferentes organismos de Derechos Humanos y repudiado por gran cantidad de países por el genocidio que está llevando adelante al pueblo palestino. El pabellón de Israel está representado por el escultor Belu-Simion Fainaru, quien lejos de posicionarse en contra del genocidio, se ha abanderado en el ataque de racismo y exclusión a su persona. Ni él, ni su escultura a presentar rechazan la limpieza étnica llevada adelante por el país al que representa. Al silencio y a la complicidad por parte de los directivos y el gobierno italiano, se imponen las respuestas del sector artístico. Es el caso del colectivo ANGA (Art Not Genocide Alliance), quienes presentaron en octubre del 2025, al igual que en 2024, una carta al Presidente de la Fundación firmada por al menos 200 personas en las que se incluyen artistas, curadores y trabajadores de la Biennale, en contra de la participación de Israel y de la complicidad con el genocidio. A pesar de esta petición, es claro que la directiva de la Biennale se mantuvo firme en su posición de neutralidad política, defendiendo a capa y espada la participación de un Estado genocida bajo la excusa de que “el arte no debe excluir ni censurar a nadie”. Para Buttafuoco y el gobierno italiano, poco importa el secuestro, la persecución y asesinato de periodistas, artistas y curadores palestinos o la destrucción -por parte de las fuerzas sionistas- de museos, galerías, patrimonio artístico, escuelas, centros culturales y espacios destinados a defender, promover, difundir, exhibir y preservar el patrimonio del pueblo palestino. Es evidente que las posiciones sobre mantener el pabellón de Israel, no son las mismas frente a la exclusión de la Federación Rusa por parte del gobierno italiano. El Partido Demócrata habilitó un petitorio en el sitio change. org en contra de la participación rusa logrando 7 mil firmas, denunciando que “la cultura no puede servir para encubrir una agresión” (Infobae, 17/3). Pero, al parecer, si puede encubrir un genocidio. La dimisión por parte del jurado internacional no recae en una responsabilidad meramente administrativa; por el contrario, trae consigo un debate histórico acerca del rol que deben asumir las instituciones artísticas y sus directivos en tiempos de guerras, persecuciones y genocidios. "Desde su fundación en 1893, la Biennale Di Venezia aspira a ser -y debe seguir siendo- un espacio de tregua en nombre del arte, la cultura y la libertad artística" (El País, 30/04). Sin embargo, esta posición contiene una contradicción en sí misma… ¿Qué libertad artística puede tener el pueblo palestino si no existe la libertad de habitar su propia tierra? El silencio apático de quienes presiden la Fundación y las instituciones artísticas, ha dejado en claro los criterios que defienden y qué concepciones del arte sostienen. Por el contrario, la defensa del arte como campo de disputa y herramienta de denuncia debe ser primordial para quienes defendemos el arte al servicio de la sociedad. El arte tiene la tarea insustituible de comprender y reflejar las barbaries del imperialismo.

La organización de la marcha del 12, en Tucumán, está siendo impulsada y coordinada por ADIUNT. Desde hace varias semanas, el sindicato de docentes universitarios de la provincia viene organizando reuniones con centros de estudiantes de escuelas preuniversitarias, con delegados, agrupaciones y activistas estudiantiles. Para este viernes, el Rectorado de la UNT, siguiendo la línea del CIN, convocó a la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) y los sindicatos docentes y no docentes para tratar de coordinar una marcha y acto común el 12 de mayo. ADIUNT intervino en esa reunión, por mandato de la Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, señalando que se iba a sostener un bloque independiente en la marcha y un acto con oradores en plaza Independencia que representan los sectores en lucha de la provincia. Quedó claro que el 12 en Tucumán se desarrollará una única marcha con dos bloques y dos actos. Una de las autoridades, que leerá el documento del CIN en las puertas del Rectorado y un acto en Plaza Independencia organizado por la ADIUNT. Esta posición de independencia tuvo un fuerte debate en la última reunión de la nueva Comisión Directiva de ADIUNT. El PCR, que representa la minoría en el sindicato, se acordó de la marcha una vez que culminaron las elecciones. Plantea que ADIUNT debe convocar a los gremios universitarios, que sólo son cáscaras vacías que responden al Rectorado, para formar el Frente Sindical en Tucumán. Es decir, con el argumento de ´la más plena unidad´, insisten en convocar a sectores burocráticos que incluso actúan deliberadamente contra los paros y las acciones de lucha de la docencia. Esta propuesta no tuvo lugar porque ADIUNT viene en proceso de coordinación, pero con sectores que realmente están luchando, no con sellos . En la elección de ADIUNT, que se desarrolló el 29 de abril y concluyó con un contundente triunfo del Frente Docente por el Cambio (FDxC) , el eje principal de la campaña del FDxC estuvo concentrada en una fuerte crítica y delimitación con las burocracias que hacen el seguidismo al CIN , la perspectiva y los desafíos que hay por delante respecto al conflicto universitario. Concluida esa elección, intervinimos con una lista de ADIUNT en el proceso de elecciones de asambleístas preuniversitarios, para desenmascarar de que no existe la ciudadanía plena para los preuniversitarios como se lo pretende presentar. Los mismos ni siquiera integran los órganos de decisión como el Consejo Superior. La lista de la ADIUNT triunfó frente a la lista que impulsaba el Rectorado, consagrando como asambleístas a Raquel Grassino y Raúl Mira. La campaña, que se desarrolló en apenas horas, tuvo como eje la delimitación con las camarillas universitarias. En estas dos instancias electorales sirvieron para marcar la temperatura de la base universitaria y agitar la necesidad de ir a una marcha masiva el 12 de mayo que sea el punto de partida de una verdadera rebelión educativa.

En el cuadro de una conciliación obligatoria por 20 días -acatada por todas las direcciones sindicales de la provincia- y dos semanas de movilizaciones y paros docentes autoconvocados en distintos puntos de la provincia, el miércoles 6 pasado se desarrolló la tercera reunión paritaria entre el gobierno provincial y los cinco sindicatos docentes con presencia en la provincia (ATECH, SITRAED, UDA, AMET y SADOP). El gobierno de Ignacio Torres “ofreció” un aumento del 7,4 % al básico para mayo, el IPC de abril más 1 % para junio y para julio el IPC de mayo más 1 %. Con estas cifras, el gobierno pretende superar su “ofrecimiento” de la anterior reunión, a finales de abril, que repitió el 1,2 % al básico decretado tras cerrar la negociación con los sindicatos. El reclamo de la base docente es un aumento del 100 %. Es el aumento que consideran necesario para alcanzar la canasta básica patagónica ($1.800.000). Con ese reclamo, una multitud se concentró en las puertas de Vialidad Provincial, donde se desarrollaron las negociaciones. La canasta familiar (no la básica) en la provincia supera los $3.500.000. Si bien, ninguno de los sindicatos presentes firmó la pauta salarial propiciada por el gobierno, tampoco hubo un rechazo explícito. “Paro, paro, paro, paro provincial” exigió la multitud ante el anuncio de la propuesta oficial por parte de los paritarios sindicales y del llamado a “cautela” de “no anunciar medidas hasta que se consulte la voluntad de las escuelas”. El movimiento autoconvocado, no obstante, se dirigió al sindicato a exigirle el rechazo explícito y convocó a una movilización en Rawson de rechazo a la pauta salarial oficial (Anccom, 7/5). También hubo una importante movilización en Puerto Madryn. Finalmente, el mandato de la masa docente fue contundente: el relevamiento que los sindicatos hicieron en todas las escuelas de la provincia, recogió un 87 % de rechazo a la propuesta oficial (El Comodorense, 7/5). Ante la contundencia del rechazo de la base docente y ya fuera de la conciliación obligatoria, que venció el jueves 7, la burocracia de ATECH emitió un escueto comunicado de un paro aislado sin ningún reclamo salarial concreto para el lunes 11 y una movilización (¡sin paro!) para el martes 12 en el marco de la movilización universitaria: “En reunión de Consejo Directivo de ATECH, analizando los mandatos escolares, por mayoría rechazamos la propuesta ofrecida por el Gobierno [...] y declaramos paro el lunes 11 por reapertura de paritaria, para seguir exigiendo recomposición del salario. El martes 12 acompañamos las acciones de las universidades en defensa de la Educación Pública” (La tecla Patagónica, 8/08). La estrategia de la burocracia sigue siendo la dilación, con el propósito de disolver la tendencia a la huelga indefinida en paros aislados entre conciliaciones obligatorias. Está en manos de la masa docente la coordinación provincial de una huelga indefinida por un salario equivalente a la canasta familiar para un cargo y por el resto de las reivindicaciones. Desde que el movimiento autoconvocado tomara en sus manos el paro del 23 de abril, levantado por los sindicatos provinciales, la lucha de la docencia se siguió desarrollando y convocó a nuevos sectores de trabajadores. El 29, una movilización autoconvocada de 6.000 docentes, médicos, trabajadores de la salud, ordenanza de escuelas, vialidad, etc. de distintos puntos de la provincia movilizó en Rawson (Prosa urgente 29/04). El gobierno de Torres buscó evitar una huelga de toda la administración provincial (educativa, salud, etc.) cerrando paritarias con ATE, UPCN y APOC con tres tramos de aumento del 2 % en los meses de mayo, junio y julio (La Nación 5/05). Al momento de terminar esta nota, un corte de docentes autoconvocados y trabajadores de ATE en la Ruta 3 en Comodoro Rivadavia (El Comodorense, 8/08) anuncia una etapa de luchas decisivas. LEER MÁS: Viva la huelga de la docencia de Chubut Impulsemos autoconvocatorias y una huelga general en todas las provincias del país. Declaración de la Tendencia Docente Clasista. Por Tendencia Docente Clasista, 30/04/2026. “Faltazo” en Chubut: huelga autoconvocada desafía la conciliación obligatoria acatada por la burocracia de los sindicatos docentes Por Alejandro Barton, 28/04/2026.

Con la firma del juez José Michilini, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 otorgó el beneficio de la libertad condicional al exagente de inteligencia durante la última dictadura militar, Eduardo Ruffo. A fines del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal sentó precedente al liberar al excomisario Eduardo Kalinec, otro represor y apropiador. Michilini invocó aquel fallo para dictar su resolución. Ruffo fue condenado a 25 años de prisión en 2011 por los secuestros y tormentos cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. En 2012 se le sumó otra condena a 14 años por la participación en el plan sistemático de apropiación de bebés, entre ellos el de Carla Artés Company. También fue señalado por el represor Miguel Ángel Furci como el entregador de Mariana Zaffaroni Islas y aparece como alguien que tenía información sobre lo que había pasado con Macarena Gelman -nieta del poeta Juan Gelman- y Simón Gatti Méndez -hijo de Sara Méndez-. En 2020, el TOF 1 lo condenó a prisión perpetua en el juicio conocido como Orletti V (Página 12, 6/5). El fiscal Pablo Ouviña señaló que en el caso de Ruffo “no había pronóstico de reinserción social favorable”, en tanto el exrepresor no manifiesta arrepentimiento alguno de los crímenes cometidos, y sigue manteniendo silencio sobre el destino de los desaparecidos. El prontuario de Ruffo Entre los años 1970 y 1978 Ruffo fue parte de las filas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También supo ser miembro de la banda de Aníbal Gordon, organización criminal y parapolicial que operó entre finales de la década de 60 y principios de los 80. Luciana Bertoia señala que “Ruffo fue uno de los espías que en 1976 firmaron el contrato de locación para alquilar el taller mecánico donde funcionó el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras de la región” (ídem). En 1976 también Ruffo llevó adelante la apropiación de Carla Artés Company, quien fue secuestrada junto a su madre, Graciela Rutila, en Bolivia. Ambas fueron puestas en cautiverio en Orletti. Ruffo, junto a su esposa, se apropiaron de Carla, hasta que en el año 1985, su abuela, Matilde Artés, la recuperó de las garras de los apropiadores. Al igual que muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y exagentes de inteligencia, Ruffo se “recicló” al inicio de la democracia, pasando a ser parte de la agencia de seguridad Magister, conformada por exmiembros de los servicios de inteligencia y encabezada por Otto Paladino, quien presidió la SIDE en los primeros meses del gobierno de facto. En Magister, Ruffo se desempeñaba como jefe operativo. La agencia de seguridad de los ex SIDE fue responsable de secuestro de personas al inicio de la democracia y se la investigó por un posible plan para atentar contra el expresidente Raúl Alfonsín. Prisión domiciliaria y libertad Al igual que otros exrepresores, Ruffo gozaba del privilegio de la prisión domiciliaria, la cual cursaba en el barrio porteño de Belgrano y contaba con el permiso para salir a caminar tres veces por semana. En 2021 la defensa del represor comenzó a pedir la libertad condicional, pero no prosperó porque “en las entrevistas que mantuvo para determinar si le correspondía el beneficio, el represor no se mostró arrepentido por haberse apropiado de Carla, quien también denunció que fue sometida a malos tratos y abusos mientras estuvo con el matrimonio Ruffo. ‘Le salvé la vida’, se jactó en más de una ocasión mientras expresaba molestia porque ella había sido una de las víctimas que declaró en su contra” (ídem). En las mismas entrevistas Ruffo se exculpó por sus actividades delictivas por el “contexto imperante en la década del 70”. En diciembre pasado la Sala IV de Casación falló en favor del exrepresor Eduardo Kalinec, que también tenía prisión perpetua por los crímenes cometidos en el circuito compuesto por Atlético-Banco-Olimpo (ABO) . En su momento los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, se basaron en los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que señalaba que Kalinec tenía buena conducta y le daban pronóstico de reinserción social. El fallo que garantizó la libertad del “Doctor K” sentó precedente, en los que se apoyó el juez Michilini para fallar en favor de Ruffo. Bajo la batuta de Patricia Bullrich, y ahora de Alejandra Monteoliva, el SPF tiende a presentar reportes favorables a la libertad de los represores o a sostener que no cuenta con las condiciones necesarias para mantenerlos en prisión. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), ha advertido que durante el 2025 se registró un “aumento considerable” de las absoluciones de exrepresores, contabilizándose 51, contra las 16 del 2023 y las 12 del 2024, repercutiendo en una “caída histórica” de los represores en cárcel común. A esto hay que sumarle que Bullrich llevó adelante maniobras para que la mayoría estén alojados en la unidad VIP de Campo de Mayo. Al día de la fecha sólo hay 19 represores alojados en cárcel común, reforzando la impunidad a 50 años de la última dictadura militar. LEER MÁS: Presti obstaculiza los juicios de lesa humanidad Por Lucas Giannetti, 04/02/2026.

El proceso electoral en el SUTEBA Campana se desarrolla en medio de un profundo vaciamiento político y sindical del gremio. Mientras la docencia enfrenta salarios de miseria y un deterioro constante de las condiciones laborales, la conducción Celeste ha convertido al sindicato en una estructura cada vez más alejada de las escuelas y de los reclamos docentes. Este cuadro dio lugar al surgimiento de las autoconvocatorias de marzo y, por primera vez en décadas, a la conformación de una lista opositora en el distrito. La campaña se desarrolla en condiciones profundamente desiguales. La burocracia de la lista Celeste utiliza el aparato del sindicato para levantar un cerco contra la oposición: negó el acceso al padrón digitalizado, existen denuncias de traspasos irregulares de afiliados y se intentó proscribir a la lista opositora mediante el rechazo de su oficialización en dos instancias por parte de la Junta Electoral local. Finalmente debieron retroceder porque el carácter fraudulento y viciado de todo el proceso comenzaba a quedar expuesto . A estas maniobras se sumaron presiones y hostigamientos contra candidatos y docentes. Varias compañeras denunciaron llamados intimidatorios por parte del actual secretario general, mientras en distintas escuelas se registraron presiones de directivos ligados al oficialismo sindical. La oposición Naranja-Marrón, sin licencias gremiales ni recursos, debió sostener toda la campaña a pulmón, recorriendo escuelas y difundiendo sus planteos entre los docentes. Pero la burocracia no sólo prepara un fraude mediante estas irregularidades. También dispuso apenas seis mesas de votación para todo el distrito, obligando a docentes que trabajan en varias escuelas y recorren largas distancias durante la jornada a trasladarse a lugares alejados para poder votar. Esta situación golpea particularmente a los sectores críticos de la conducción, mientras el oficialismo tendrá a disposición una flota de remises destinada a garantizar el traslado de sus propios adláteres y punteros sindicales. Pese a todo, la lista logró oficializarse y desarrollar una campaña que expresa un fenómeno político de fondo. La aparición de una oposición organizada no es un hecho meramente electoral, sino el resultado de las autoconvocatorias y de la lucha por salario y condiciones laborales. Cada vez más docentes cuestionan a una conducción que ha sido incapaz de enfrentar el ajuste y que incluso atraviesa una crisis en sus propias filas. Para la Tendencia Docente Clasista (lista Naranja), el surgimiento de este movimiento opositor tiene un enorme significado: expresa el intento de poner nuevamente en pie a la docencia, recuperar el sindicato para la lucha y devolverle al SUTEBA un carácter de organización al servicio de los trabajadores de la educación y no de una burocracia enquistada desde hace décadas.

En la recta final de cara a las elecciones del SUTEBA que se realizarán el próximo 13 de mayo, la caracterización que realizamos desde Tendencia Docente Clasista se ha corroborado . Las elecciones pasarán desapercibidas para el conjunto de la docencia. Esto tiene una explicación concreta: el vaciamiento del sindicato es la resultante del rechazo de los docentes a la complicidad de Baradel y compañía con el ajuste de Kicillof sobre la educación en la provincia de Buenos Aires. En las recorridas por escuelas, reuniones y plenarios que venimos realizando desde la lista Naranja, los docentes describen su realidad a partir de la pérdida del poder adquisitivo del salario, que se encuentra en un mínimo histórico, se manifiesta en un nivel de endeudamiento sin precedentes con bancos, tarjetas y prestamistas. La sobrecarga laboral constituye la expresión de esta situación y de la implementación de reformas antieducativas. También el pluriempleo, ya que muchos docentes se ven obligados a buscar ingresos por fuera de la docencia, cómo ocurrió con Cristian Pereyra , que fue asesinado mientras manejaba para una aplicación. La sobrecarga laboral y el pluriempleo, a su vez, impactan sobre la salud de los docentes en un cuadro en el cual la crisis del IOMA y el manoseo sobre el régimen de licencias , junto al vaciamiento del sistema público de salud lesionan el usufructo de este derecho. De conjunto, asistimos a la pulverización de las condiciones de vida de la docencia. No resulta casual entonces que la actual conducción Celeste del SUTEBA haya apelado a la realización de una campaña autoproclamatoria y vacía de propuestas. Se trata de una camarilla alineada a las aspiraciones presidenciales de Kicillof en 2027 y que, en función de ese objetivo, se ha colocado como cómplice del ajuste sobre la educación pública. Por lo tanto, no pueden plantear ningún tipo de superación a las actuales condiciones salariales, laborales y de vida de los docentes. Esto explica también que busquen reciclarse reemplazando a Baradel por la actual secretaria adjunta, María Laura Torre, y presentando candidatos de poca exposición pública en las seccionales. Es una maniobra para preservar el control sobre el sindicato y continuar con la misma orientación política. En función de dicho objetivo, durante los últimos días hemos detectado distintos mecanismos de control de la elección por parte de la conducción Celeste, como la digitación de los padrones, el establecimiento arbitrario de los lugares de votación y utilización de licencias gremiales para que los candidatos celestes desarrollen su campaña. Esto se suma a las condiciones proscriptivas para la presentación de listas, la inexistencia de rotación y revocabilidad de cargos y la escueta representación de las minorías. Un sindicato burocratizado subsume cualquier reivindicación docente a sus propios intereses de capilla. Las asambleas convocadas de un momento a otro, las limitaciones a las listas de oradores y los tiempos de intervención en las mismas, terminan de configurar la forma de un sindicato antidemocrático. La inexistencia de cualquier plan de lucha por parte de Baradel y compañía frente al avance sobre la educación pública no sólo se plantea para la provincia sino también a escala nacional. A pocos días de la marcha nacional educativa, convocada para el 12 de mayo, ni el SUTEBA ni la CTERA han convocado a un paro. Descartan de plano la posibilidad de unificar las luchas de los distintos niveles educativos y de nacionalizar las luchas autoconvocadas de los docentes patagónicos, con Chubut y Santa Cruz a la cabeza, en una gran acción por la educación pública que sea el inicio de un plan de lucha sostenido contra el gobierno liberticida de Milei y los gobernadores. Lo mismo hicieron frente a las autoconvocatorias de Santa Fe, Catamarca y Córdoba. El aislamiento de los conflictos educativos provinciales coloca a la camarilla que dirige la CTERA, el SUTEBA y demás gremios provinciales en el lugar de cómplices del ataque contra la educación pública. Por otro lado, también se ha corroborado, a lo largo de la campaña, la caracterización que realizamos sobre la lista Multicolor. Es una alianza oportunista y policlasista, como lo confirma la constitución del frente con la kirchnerista Azul y Blanca (PCR) en La Matanza . El paro convocado por las seccionales de Tigre y Marcos Paz el 21 de abril no fue acompañado por la conducción de la Seccional de Bahía Blanca , mientras que el paro convocado por esta última el miércoles 29 no fue convocado por las otras dos . En concreto, las seccionales dirigidas por la Multicolor no actúan de manera unificada para impulsar una lucha sostenida. Su norte es la exigencia a la CTERA y el SUTEBA de "planes de lucha" que coloquen a la conducción Celeste a la cabeza. La Multicolor bajo ningún punto constituye un frente único de acción que pueda constituirse en un canal para desarrollar una lucha a fondo por las reivindicaciones de la docencia. La campaña de Tendencia Docente Clasista-lista Naranja ha abierto un importante canal de discusión con grandes núcleos de la docencia, a partir de la presentación de un programa que plantea una salida de conjunto a la actual situación. Este planteo trasciende el marco electoral, en la medida que defiende que las autoconvocatorias constituyen la vía para superar el vaciamiento del sindicato y unificar en acciones de lucha al conjunto de la docencia. Esta perspectiva no sólo se ha demostrado correcta (ver los procesos en Santa Fe, Catamarca, Córdoba, Santa Cruz, Chubut ) sino que, en la propia discusión, los docentes la consideran como la única forma de impulsar sus reclamos. Llamamos al conjunto de la docencia a impulsar deliberaciones y coordinaciones para desarrollar autoconvocatorias en la perspectiva de la huelga general para luchar por nuestras reivindicaciones y necesidades. Además, llamamos a votar a la Lista Naranja en Bahía Blanca, José C Paz, San Miguel, Campana y Ezeiza, en la medida que constituye un pronunciamiento en este sentido. Además, planteamos a todos los docentes que quieran fortalecer esta orientación, la necesidad de sumarse como fiscales de la Lista Naranja para que cada pronunciamiento sea contabilizado.

El secuestro de 175 activistas de la flotilla Global Sumud el pasado 30 de abril ha escalado hacia una crisis humanitaria y política de dimensiones internacionales. Mientras la mayoría de los tripulantes fueron deportados tras sufrir violencia y torturas, el hispanopalestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila permanecen secuestrados en la cárcel de Shikma (Ashkelon), un centro denunciado históricamente por la tortura de presos palestinos. Los informes que emergen de las visitas consulares y de los abogados del Centro Adalah confirman una "escalada dramática": interrogatorios de los servicios secretos (Shin Bet y Mossad), huelgas de hambre y marcas visibles de una brutalidad extrema (Diario Red, 03/05). Testimonios de violencia y amenazas de muerte El asalto de la Armada israelí en aguas internacionales fue una emboscada militar que no distinguió nacionalidades ni fueros. La periodista chilena Macarena Chahuán, recientemente liberada, relató que fueron apuntados con fusiles en la sien: “Nos amenazaron de muerte si no deteníamos el motor”, afirmó (El Periodista, 05/05). Otro de los que fueron detenidos, Pablo Giachello, del PO, denunció que mientras estuvieron detenidos, los activistas fueron “atados, cegados e inmovilizados”, sufriendo golpes y vejaciones durante el traslado forzoso (Canal Abierto, 05/05). La brutalidad contra los activistas propalestinos es sistemática. La exalcaldesa Ada Colau, quien integró la flotilla en 2025, denunció haber sido encerrada en Ashdod frente a fotos de Gaza devastada con la leyenda “Bienvenidos a la nueva Gaza”. El trato contra los dos compañeros detenidos fue particularmente salvaje. Thiago Ávila fue arrastrado boca abajo por la cubierta y golpeado hasta desmayarse dos veces, presentando hematomas visibles en el rostro (Diario Red, 03/05). Saif Abukeshek fue mantenido maniatado y con los ojos vendados durante días, obligado a permanecer boca abajo en el suelo. Ambos mantienen una huelga de hambre como medida de lucha contra la fabricación de cargos por parte del Shin Bet. Milei y los "Acuerdos de Isaac": cómplices del genocidio Este escenario de horror ocurre con el aval total de la Casa Rosada. Mientras ciudadanos y legisladores argentinos eran vejados en alta mar, Javier Milei se encontraba en Israel firmando los "Acuerdos de Isaac", integrando a la Argentina al andamiaje de inteligencia y defensa del sionismo. Para Milei, el secuestro de activistas es "aritmética elemental de poder" en su alineamiento con el imperialismo. Su silencio ante el cautiverio de los tripulantes es la firma de su complicidad con este "fascismo del siglo XXI" . A la huelga Frente a la complicidad de los estados europeos, la resistencia se organiza desde la clase obrera. Los sindicatos italianos han unido esta lucha a la denuncia contra la militarización de la economía, señalando que los mismos recursos que faltan en salarios financian la guerra imperialista. Esta indignación ha desbordado hacia las calles. En Zaragoza, este 7 de mayo, una multitudinaria manifestación convocada por la Coordinadora "No a la guerra" recorrió el centro de la ciudad para denunciar la agresión imperialista contra Irán, Líbano y el genocidio en Palestina. La movilización, que reunió a más de una treintena de colectivos sociales, sindicales y políticos (como CCOO, CUT y diversas asambleas populares), incorporó una denuncia explícita contra el ataque a la Global Sumud Flotilla y reclamó la liberación inmediata de Saif Abu Keshek y Thiago Ávila. La Plataforma “OTAN No” también estuvo presente, exigiendo el fin del gasto militar y el desmantelamiento de las bases que sostienen la impunidad de criminales de guerra como Netanyahu y Trump (Ara Info, 07/05). Hay que seguir estos ejemplos, por una huelga general internacional de los trabajadores para detener la maquinaria de guerra imperialista. Libertad inmediata de Saif Abukeshek, Thiago Ávila. Ruptura de los "Acuerdos de Isaac" y de toda relación diplomática, militar y comercial con el Estado genocida de Israel. Por el derrocamiento de los gobiernos de la guerra. Socialismo o barbarie. Fuentes: https://www.elperiodista.cl/2026/05/macarena-chahuan-denuncia-detencion-en-flotilla-a-gaza-nos-amenazaron-de-muerte-en-aguas-internacionales/ https://canalabierto.com.ar/2026/05/05/flotilla-a-gaza-denuncian-detenciones-ilegales-y-torturas-a-activistas-argentinos/ https://www.diario-red.com/articulo/internacional/varias-fuentes-senalan-signos-tortura-activistas-flotilla-thiago-avila-saif-abukeshek-secuestrados-israel/20260502190517068795.html https://www.elsaltodiario.com/israel/colau-denuncia-audiencia-nacional-torturas-cometidas-israel-durante-secuestro https://arainfo.org/coordinadora-no-a-la-guerra-llama-llenar-calles-zaragoza/

Los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires se encuentran en estado terminal. Así lo expresaron sus directores en la conferencia de prensa realizada en las puertas del hospital de Clínicas el martes pasado. Advirtieron que contaban con recursos para funcionar por sólo 45 días, luego de lo cual no podrían garantizar la atención. Esto debido al desfinanciamiento por parte del gobierno liberticida, que ha dejado de enviarle las partidas presupuestarias corrientes. Previamente, el 29 de abril, los trabajadores de toda la red de hospitales que dependen de la UBA adhirieron al paro convocado por los distintos gremios universitarios docentes y no docentes. Desde las puertas del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo (director del Hospital de Clínicas) Roxana del Águila (directora del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo) y Norberto Lafos (director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari), denunciaron que en lo que va del año, el Gobierno no envió fondos presupuestados por casi $80.000 millones. De estos fondos, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril y son vitales para el funcionamiento de los hospitales. La Red UBA cuenta con seis hospitales: Hospital de Clínicas “José de San Martín”; Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”; Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”; Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; Hospital Odontológico Universitario y Hospital Escuela de Veterinaria. El desfinanciamiento pone en peligro la atención de los más de 700.000 usuarios y la formación de profesionales, que cumplen funciones clave en investigación y docencia. Marcelo Melo declaró que el Hospital de Clínicas está funcionando al 50 %. Por su parte, Norberto Lafos, del Instituto Lanari, denunció que “Los insumos están dolarizados, siguen aumentando. Los costos de medicamentos de atención son prácticamente inaccesibles. Llega un momento en que nuestra responsabilidad nos lleva a decir basta: hasta dónde podemos llegar o hasta cuándo”. En el Instituto Roffo, hospital de oncología, peligran los tratamientos y desde hace un año no funciona el equipo de radioterapia, esencial para el tratamiento oncológico. Además, dejaron de atender a pacientes que no poseen obra social y hay servicios vaciados por el éxodo de profesionales por las condiciones laborales. Frente a esta situación, los directivos del hospital salieron a buscar fondos propios con una gala a beneficio para cubrir necesidades básicas como actualizar los equipos, afrontar refacciones edilicias urgentes o mejorar las instalaciones. También acudieron a empresas privadas como Siemens. Los trabajadores del instituto, por su parte, el día 23 de abril llevaron adelante una jornada de visibilización junto a usuarios y usuarias, en defensa del hospital. En la última asamblea, a mediados de abril, votaron impulsar una campaña por aumento de salarios para los trabajadores monotributistas, quienes cobran salarios por debajo de la línea de indigencia. También resolvieron organizar una asamblea general invitando a la comisión directiva de APUBA (sindicato de trabajadores no docentes de la UBA). Además de exigir la implementación de la Ley de financiamiento universitario, los trabajadores de los hospitales universitarios reclaman una recomposición salarial del 55 %. Los bajos salarios están empujando a un éxodo de profesionales especializados. “¿Cómo hago para retener a un neurocirujano, a un cirujano ortopédico, a un especialista o a un jefe de servicio que tiene cuatro o cinco doctorados con $2.000.000?”, exclamó el Director del Hospital de Clínicas en la conferencia de prensa. La respuesta del gobierno Como era de esperarse, el gobierno liberticida respondió atacando el reclamo. A través de su cuenta de X, el Ministerio de Capital Humano declaró que “considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”. Y afirmaron que “El reclamo de la UBA apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ´Hospitales Universitarios´”. Desde el Ministerio afirman que “el área aún debe contemplar su distribución entre todas las casas de estudio que cuentan con hospitales”, pateando la pelota para adelante. El dinero para que funcionen los hospitales está contemplado en un ítem específico del presupuesto universitario que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo para utilizarse. Hay otro ítem denominado “función salud” que hoy asciende a $34.505.738.992 y se destina para las carreras vinculadas a la medicina y, por lo tanto, puede usarse para los hospitales. El dinero de la función salud es el que el Gobierno transfirió, pero aún no se transfirieron aquellos de la partida de “Hospitales universitarios” (La Nación, 6/05). La crisis de los hospitales universitarios se enmarca en el contexto de desfinanciamiento general de las universidades nacionales y del incumplimiento por parte del gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, luego ratificada tras el veto presidencial y respaldada por fallos judiciales. Los trabajadores de los hospitales que dependen de la UBA ya se encuentran organizando la convocatoria a la marcha federal universitaria convocada para este 12 de mayo, estableciendo como punto de encuentro Plaza Houssay. La junta interna de ATE Garrahan anunció que se va a plegar a la movilización. En defensa de la universidad pública y de la salud sobran motivos para marchar. Organicemos la más amplia participación con asambleas, cortes de calle, clases públicas y todo tipo de acciones en los lugares de trabajo.

La información de que Myriam Bregman encabeza la encuesta de imagen positiva entre los eventuales candidatos a las próximas elecciones generales, por encima de Axel Kicillof y de la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Kirchner, o sea del peronismo, ha dado paso a comentarios y discusiones inusitadamente bizarros. Aunque ese sondeo no aborda la cuestión de las intenciones de voto del electorado, personajes como Jorge Fontevecchia o Miguel Angel Pichetto se han interrogado acerca de la posibilidad de que la diputada del PTS pudiera ganar la Presidencia en octubre del año que viene. En la llamada izquierda, que Bregman misma integra, se discute, si es que se puede llamar así, entre quienes vaticinan que su partido, el PTS, ya tiene arreglada una coalición con el kirchnerismo (‘para que no gane Milei’) y quienes le dan lecciones acerca de “cómo tomar el poder”. Este ‘caos y desorden conceptual’ es un reflejo de una volatilidad política objetiva, que arrancó con la victoria del francotirador mediático, Javier Milei, en 2023, interesadamente interpretada como la inauguración de un ‘nuevo ciclo político - no solamente en Argentina. En Perú, un candidato ‘marxista-leninista’, Pedro Castillo, ganó las elecciones presidenciales hace tres años , algo que podría ocurrir de nuevo con Roberto Sánchez, otro candidato de cuño maoísta, quien podría entrar en el ballotage con una victoria en primera vuelta en las caóticas elecciones recientes, relegando a Keiko Fujimori una vez más. Para registro del lector de este artículo, las encuestas dan al FITU una intención de voto que va del 4 al 6 % (o incluso al 7%), muy distante del PeJota y de LLA, en un lejano y cómodo ‘tercer lugar’. Las ‘terceras fuerzas’ (de ultraderecha) vienen husmeando el gobierno en varios países, como sería el caso de Francia y Alemania; en Nueva York, un candidato que se declara “socialista” y propalestino, Zohran Mamdani , ajeno al aparato del Partido Demócrata, ha ganado las elecciones a la jefatura de gobierno de la ciudad. Es una posición ejecutiva en la metrópoli del imperialismo. La gestión de Mamdani ha fracasado, hasta el momento, en concretar la serie de reformas anunciadas en su campaña, con el pretexto (que ya se discute en su corriente) de “no hacerle el juego” a la ‘desestabilización’ de la derecha. Así definido, el ganador de las elecciones ha pasado, en pocas semanas, de una posición de iniciativas a un recule defensivo (conservador) . Si los sondeos de intención de voto comenzaran a ofrecer resultados como los que se desprenden de las consultas de imagen, tendremos un giro a la izquierda en el electorado, lo cual no es poca cosa. Sería otra más de las manifestaciones de la bronca popular contra el actual régimen de lúmpenes pequeño burgueses que gobierna con métodos extraconstitucionales al servicio de sí mismo y de una oligarquía financiera. Abriría, probablemente, un espacio político para la deliberación en el campo de la clase obrera y de los trabajadores, que debería ser aprovechado y que llamamos a aprovechar, para dar vuelta la serie de derrotas que ha sufrido la clase obrera en estos tres años. Debería ser aprovechado, como lo haremos nosotros, para clarificar, ante una tribuna más numerosa, incluso masiva, acerca de una estrategia y un programa socialista, en un período de guerra imperialista internacional. A diferencia de las históricas experiencias electorales de la clase obrera, ni el FITU ni el PTS son canales u organizaciones de la clase obrera. Es lo que los distingue, negativamente, de los grandes partidos comunistas y socialistas de Europa y Asia hasta el final de la posguerra, o en Chile, donde se desarrollaron tres Frentes Populares –el último encabezado por Salvador Allende-. La victoria electoral del FP en Francia, en 1936, fue acompañada por la mayor ocupación de fábricas de la historia, junto a la de Torino, en Italia, en 1920 (hasta la más grande, en Polonia, en 1980); en España, la victoria electoral desató el golpe militar del fascismo y la aparición de las Juntas Obreras Revolucionarias; en el caso de Chile irrumpieron los cordones industriales. Es evidente que quienes desprecian la participación electoral y le bajan el precio a una campaña electoral socialista, ignoran o desprecian esas experiencias históricas. Esas experiencias llevaron a enormes derrotas por el carácter contrarrevolucionario internacional de las direcciones obreras, no por una cuestión de tácticas electorales. En febrero de 1972, Salvador Allende le dijo al diario Le Monde que impediría a toda costa “una dictadura del proletariado”; antes del golpe, un año y medio más tarde, nombraría a Augusto Pinochet como ministro de Defensa el gobierno de la Unidad Popular. El FITU, por su lado, ha venido practicando un electoralismo por completo distante de la clase obrera, como se había planteado en el Congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda, en noviembre de 2014, en el Luna Park. En el momento actual, ha dado la espalda, conscientemente, a la ocupación de FATE, para comportarse ‘responsablemente’ como una fuerza que acata las decisiones ministeriales y respeta la propiedad privada de los medios de producción, incluso cuando Madanes Quintanilla procede a un vaciamiento industrial. Esta posición fue reivindicada en el acto de Ferro, por parte de los oradores del PTS , el pasado 1 de Mayo. Los obreros de FATE y del SUTNA, sin embargo, han representado a lo más avanzado de la clase obrera en Argentina. El programa del PTS y del FITU se ha aplicado en FATE , y no es, por supuesto, ni obrero ni socialista. Una campaña electoral no modificará este posicionamiento, probablemente lo profundice. El giro a la izquierda del electorado confronta la imagen de sus candidatos con esta realidad. El mismo FITU impulsa el planteo de que la burocracia de la CGT tome “la dirección de un plan de lucha”, en lugar de promover las luchas por medio de la denuncia de la colaboración de clases de la CGT con el gobierno de Milei. El comportamiento que sigue el PTS confirma esta caracterización. Myriam Bregman ha llamado a ‘organizar la simpatía’. un planteo personalizado y vacío de contenido. Los encuestados desconocen el programa del PTS o del FITU, convertido en acta de un contrato privado. Christian Castillo ha propuesto recrear el IAPI, un organismo de control del comercio exterior, concebido primero por Federico Pinedo y Raúl Prebisch (voceros económicos de la oligarquía agraria) y aplicado por Perón. Otros consejeros no invitados al festín de la ‘simpatía’ la exhortan a que extienda el intervencionismo del estado o incluso a expropiaciones parciales. Castillo, de nuevo, le ha bajado el precio a la campaña, al asegurar que las elecciones no ponen en juego el poder. El diputado ha olvidado, si es que alguna vez lo tuvo presente, que toda lucha de clases es política, y que toda lucha política encierra una lucha por el poder. Lo vio así Madanes Quintanilla cuando declaró que había perdido el control de la fábrica a manos de los obreros (una media verdad rayando en la mentira). Lo que los voceros del PTS están diciendo es que no se han reunido las condiciones, en especial, por parte de ellos mismos, y del ‘consenso’ burgués, para gobernar constitucionalmente. Una fuerza revolucionaria se valdría, primero de la campaña electoral y luego de una llegada al gobierno por la vía electoral, para concretar de inmediato las reivindicaciones más apremiantes de las masas; llamarlas en su defensa; y crear, con base a ese llamamiento y a esa movilización, las organizaciones propias de un poder obrero independiente. La participación de los revolucionarios en los procesos electorales que cuentan con la expectativa de las masas, es una obligación. El PTS no es el único que ha abandonado la tesis de la dictadura del proletariado, el primer paso dado por numerosas ‘izquierdas’ en el mundo para convertirse en partidos pluriclasistas (trabajadores, ambientalistas, feministas, pacifistas) y adaptados al constitucionalismo liberal (en franca disolución). El “gobierno de los trabajadores” no es, en cuanto se refiere al FITU, una expresión popular de la dictadura del proletariado, sino la etiqueta del “gobierno obrero liberal”, como la III Internacional definió a los gobiernos laboristas y socialdemócratas cuando estos eran aún partidos obreros de masas. O sea, gobiernos, si no de la burguesía, sí gobiernos burgueses que se ofrecen como dique de contención contra la revolución. Si un gobierno del PTS o del FITU rompiera en el acto con el capital mediante el dictado de medidas largamente deseadas por las masas y las llamara a defenderlas por todos los medios de la acción directa, no sería todavía un poder obrero, pero sí un gobierno merecedor del apoyo de toda la clase obrera internacional, sin formar parte de él. En cambio, Néstor Pitrola quiere derrocar a Milei por medio de un juicio político. Incluso descuidando que lo sustiuiría Victoria Villarruel. La corriente internacional a la que pertenece el PTS ha dejado de llamarse, recientemente, Fracción Trotskista, para adoptar el de Revolución Permanente. aunque con el aditamento de Cuarta Internacional. Es un ‘aggiornamento’ significativo si tenemos presente que bajo esta rúbrica (revolución permanente) el PTS incluye a la Revolución Cubana, que no fue una revolución proletaria, más allá de la profundidad de su ataque al monopolio de la propiedad capitalista, ni estableció una dictadura proletaria, y que, con vaivenes y oscilaciones, se sometió a la política internacional contrarrrevolucionaria de la burocracia stalinista de la ex URSS. Definió a un régimen bonapartista liderado por la pequeña burguesía cubana (como Altamira le dijo públicamente a la dirección del PC Cubano, en 1993, en La Habana) como un estado obrero. En definitiva, Revolución Permanente, de parte del PTS, es una distorsión de la tesis trotskista de la IV Internacional. En manos del PTS se convierte en una abstracción, o sea vacía de contenido, para promover la formación de partidos social y políticamente pluralistas, o sea internamente antagónicos. El aparato del Partido Obrero, igualmente, a partir de 2016, presentó la tesis de que cualquier formación política que cuente con la voluntad necesaria, puede iniciar una revolución en nombre del proletariado. Para llevar adelante una campaña electoral al servicio de crear un doble poder que sirva de puente a un gobierno de la clase obrera, es necesario un partido socialista de la clase obrera. Repetimos. Impulsemos, por medio de la propaganda y la agitación la tendencia al giro a la izquierda del electorado y los trabajadores, con independencia de la forma que asuma. Convirtamos a esa tendencia en una tendencia a la huelga general para imponer las reivindicaciones presentes de las masas, derrotar a Milei y socavar su gobierno. Aprovechemos la ampliación del auditorio popular hacia la izquierda para clarificar la naturaleza de la estrategia y el programa de la clase obrera en esta época de crisis de la dominación capitalista mundial, impulsar la movilización contra la guerra, unir a los trabajadores de todos los países, por la victoria de la revolución socialista en todos y cada uno de ellos.

El jueves 7 de mayo se realizó una asamblea docente convocada por el SUTEBA Bahía Blanca luego del paro realizado el miércoles 29 de abril . El debate de la asamblea estuvo atravesado por un grave hecho ocurrido el día anterior cuando, ante una alerta meteorológico naranja por lluvias, las autoridades educativas y del municipio (de UxP) decidieron no suspender las clases. En municipios aledaños, como Coronel Rosales y Villarino, por el contrario, las clases fueron suspendidas. Lo que terminó sucediendo es que con el desarrollo de la tormenta varias escuelas comenzaron a inundarse por los techos o desde las calles anegadas, por lo que la suspensión de las clases se fue imponiendo de facto, pero originando enormes complicaciones a los docentes, estudiantes, sus familias y despertando una fuerte indignación. Muchos docentes se encargaron de grabar y denunciar lo que estaba sucediendo. Es necesario tener en cuenta que las consecuencias de la catastrófica inundación del 2025 aun están lejos de haber sido subsanadas por un evidente faltante de obra pública; en esa oportunidad, por una alerta rojo se habían decidió suspender las clases, pero aun así fallecieron 18 personas, miles de vecinos fueron afectados y muchas escuelas destruidas. Al respecto, desde la conducción Multicolor emitieron un comunicado en donde exigieron la “Suspensión de las actividades escolares presenciales ante alertas meteorológicas de nivel “naranja” y superior”. Ante una situación similar, durante la pandemia, en asambleas de sindicato votaron por un cese de actividades presenciales y su desarrollo en forma remota, una posición defendida por nuestra corriente y rechazada por la conducción. En la asamblea, varios docentes tomaron la palabra para exponer el cuadro de desidia que vivieron en las escuelas que se inundaban; el reclamo en general fue por la exigencia de una suspensión completa de clases ante alertas meteorológicos de esta envergadura. Plan de lucha, “táctica y estrategia” Luego, el punto a debatir fue la continuidad de la lucha, luego del paro del 29. Como señalamos, ese paro fue demorado casi una semana en ser convocado desde la asamblea en el que fue votado, pero aun así tuvo un importante acatamiento . Al respecto, la conducción Multicolor abrió la asamblea sin referirse en absoluto a la medida, su balance y perspectivas. Propusieron realizar una movilización el martes 12 por la mañana en apoyo a los reclamos de la rama de educación especial y por la tarde para ante la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria, utilizando licencia gremial. De conjunto, todos los oradores de la Multicolor dedicaron gran parte de sus largas intervenciones a una autodefensa de la conducción del sindicato hacia las elecciones del 13 de mayo mediante múltiples autoproclamaciones. La Lista Celeste, como viene sucediendo, no participó de la asamblea y boicoteó el paro del 29. Hacia las elecciones, dicen ir por un “nuevo SUTEBA” y proponen una “renovación” como si Baradel no hubiese estado unos largos años como secretario general sin rotación de por medio. Se trata de planteos vacíos y derechistas de parte de quienes se presentan como la “oposición” a Milei de la mano del ajustador gobierno de Kicillof. En las intervenciones de la Naranja-Tendencia Docente Clasista, colocamos el hecho de sostener las clases a pesar de la alerta naranja en un cuadro de ofensiva sobre la docencia y la educación pública de conjunto. Quedó nuevamente en evidencia el cuadro de destrucción de la infraestructura escolar y urbana. Denunciamos el desmantelamiento que, por su parte, está haciendo el gobierno de Milei al Servicio Meteorológico Nacional y del CONICET. La unidad entre todo el poder político para que la educación sea un servicio “esencial” al solo efecto de prohibir las huelgas docentes. Señalamos que enfrentamos entonces un problema político que debe ser respondido de parte de los trabajadores con una respuesta del mismo tenor mediante la preparación de una huelga general bajo el programa de un aumento generalizado de salarios, mayor presupuesto para educación y, entre otros, la suspensión directa de clases ante nuevas alertas meteorológicos. En este camino, y dándole continuidad al paro hecho el 29 de abril, propusimos marchar el 12 ante la Marcha Federal Universitaria, hacerlo convocando a un nuevo paro de 24 horas para que se extienda al conjunto de la provincia y la convocatoria a una nueva asamblea el viernes 15 para evaluar y definir continuidad. Nuestra moción despertó respuestas del conjunto de las organizaciones de la Multicolor local. Afirmaron que “tácticamente” no era conveniente parar porque mediante el certificado gremial la concurrencia iba a ser mayor que si fuera paro. Ese certificado es entregado al docente para que pueda justificar su ausencia durante el día, lo cual es en ocasiones una importante herramienta para el desarrollo de la lucha. Sin embargo, no puede ser el reemplazo de una conciencia y organización para la lucha que se necesita para enfrentar la ofensiva en curso, mucho más ante un gobierno que ha declarado a la educación pública un enemigo predilecto. La docencia de la provincia esta, de hecho, parando y no tiene a disposición esa licencia gremial de parte de la burocracia sindical docente. En la asamblea anterior, el paro también fue combatido por la Multicolor (aunque se dividieron en la votación), pero esa vez sin consideraciones “tácticas”. Algunos oradores de la Multicolor exaltaron este camino, el de usar una licencia gremial y en contra del paro, al tiempo que defendían levantar la consigna “Fuera Milei”, que evidentemente solo podría concretarse desde el campo de los trabajadores mediante una huelga general. Lo contrario sería un recambio institucional desde el Estado que integran Villarruel, Bullrich, Adorni, Santilli. Otros dijeron también apoyar la huelga general, algo que no fue mínimamente desarrollado con anterioridad en todo lo que va del 2026 ni en la propia asamblea; es decir, puro macaneo. Antes, en una reunión de delegados, una dirigente del PTS/Marrón había afirmado que ir por una huelga general directamente iba a generar un “linchamiento a los docentes”. La cuestión sobre la conveniencia “táctica” de no parar es también otra patraña, porque la “estrategia” de la Multicolor reposa por entero en “exigir plan de lucha” a la burocracia sindical en contraposición al desarrollo de un plan de lucha propio y de las autoconvocatorias docentes. Esto quedo aún más en evidencia sobre el final de la asamblea, cuando la conducción no puso a votación la moción de la Naranja sobre la convocatoria a una nueva asamblea luego del 12, porque esto sólo era “potestad del Comité Ejecutivo Seccional”. Un sector de la asamblea repudió esta decisión. El derrotero burocrático de la Multicolor que desconoce o boicotea las resoluciones de una asamblea, ahora se corona con esta clausura hasta nuevo aviso directamente de próximas asambleas. La eventual dilación en su convocatoria será un nuevo factor de desgaste de la lucha. La moción de movilizar el 12 fue votada por unanimidad y, por mayoría de hacerlo usando la licencia gremial. Desde la Lista Naranja convocamos a marchar masivamente el 12 en la Marcha Federal Universitaria, para asestar un golpe político al gobierno de ladrones y ajustador de la educación pública, en la perspectiva de construir una huelga general indefinida de toda la educación pública. El balance de las deliberaciones y luchas de estos últimos días en el SUTEBA Bahía Blanca plantean que para apuntalar una estrategia clasista y de lucha para la docencia, que hemos plasmado en la agitación de nuestra plataforma, hay que votar el 13 de mayo por la Lista Naranja.

El Parlamento brasileño anuló este jueves el veto del presidente Lula al proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por golpe de Estado, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). El veto de Lula fue rechazado por una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144), convirtiendo así la propuesta original en ley. Entre los puntos principales se encuentra el impedimento a la acumulación de condenas por delitos de la misma naturaleza (en el caso del expresidente, la abolición violenta del Estado de Derecho democrático y el golpe de Estado) y amplía la posibilidad de libertad condicional, permitiendo a los condenados avanzar en su condena tras cumplir aproximadamente el 16,6 % de la misma. Se trata de un golpe del Congreso contra el gobierno de Lula, a cinco meses de las elecciones que deberán enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente). La anulación del veto presidencial se produjo, además, un día después de que el Senado rechazara al candidato de Lula para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo (según los diarios, la primera derrota de este tipo para un presidente brasileño en más de 130 años). El expresidente Jair Bolsonaro se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario , concedido tras el deterioro de su salud a causa de una neumonía. La Corte Suprema lo había sentenciado en septiembre pasado por intento de golpe de Estado , con intento de asesinato de varias figuras políticas y funcionarios públicos incluido, tras perder las elecciones contra Lula en 2022. La suma de sus condenas llevó a los jueces a dictarle 27 años de prisión; con la nueva reglamentación deberá prevalecer la pena por el delito más grave (golpe de Estado), y no la suma de ambas. Se prevé que Bolsonaro pueda ahora pasar de un régimen penitenciario cerrado a uno semiabierto en dos o tres años. La ley beneficiaría también a cientos personas que participaron en el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Según la opinión de algunos juristas, la medida también mejoraría la situación de condenados que nada tienen que ver con el golpe de Estado: cerca de 200.000 condenados por otros delitos comunes. La reducción de la condena de Bolsonaro no será automática; sus abogados deberán presentar una solicitud de revisión de la sentencia ante el Tribunal Supremo. El Poder Judicial deberá valorar e interpretar la nueva ley, y definir en qué medida beneficia a los condenados. Se prevé, además, que la ley de sentencias será impugnada ante el Tribunal Supremo, el cual deberá definir la constitucionalidad y el alcance de la nueva legislación (inmediatamente después del resultado, el PSOL y Rede anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema para que declare inconstitucional el proyecto de ley). Hace pocos meses se habría dado por hecho que el Tribunal Superior de Brasil fallaría contra cualquier medida que pudiera beneficiar a Bolsonaro. El presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, uno de los objetivos a ser asesinado por el plan de golpe de Estado bolsonarista, fue el principal impulsor del enjuiciamiento y condena contra Bolsonaro. Pero los tiempos han cambiado. “Los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil (TSF) han indicado a los legisladores que es improbable que el Tribunal interfiera en la decisión del Congreso Nacional de revocar el veto del presidente Lula al proyecto de ley de penas” (O Globo, 4/5). Incluso parte del tribunal fue partícipe de la confección del proyecto: “el ala del Tribunal Supremo con mayor influencia en el Parlamento, conocida como el 'Centrão do Supremo' (Bloque Centrista del Tribunal Supremo), fue consultada de antemano” para precisar cuestiones del proyecto. En este grupo se encuentran Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, quienes se dice que “incluso recibieron borradores del texto original del proyecto de ley” (ídem). El propio Moraes “discutió ajustes a la redacción del texto aprobado por la Cámara de Diputados con al menos cuatro senadores” y se ocupó de informar a los legisladores con anticipación que los miembros del Tribunal no iban a rechazar la ley. Moraes está en el centro de la tormenta por las sospechas de vínculos con el exbanquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, cuya causa (“Caso Master”) por múltiples delitos de corrupción y defraudación lleva adelante el propio Tribunal Supremo. El sorprendente acercamiento entre Moraes y Bolsonaro va más allá de la cuestión de la ley de sentencias. Una columnista de Folha de Sao Paulo asegura que “el bolsonarismo se ha aliado con el mayor verdugo del expresidente Jair Bolsonaro”, Alexandre de Moraes. para revocar la nominación de Messias, el candidato al Tribunal propuesto por Lula. Curiosamente, los miembros del tribunal Nunes Marques y Mendonça, ambos nombrados por Bolsonaro, pidieron al Congreso los votos para el candidato de Lula. Durante su comparecencia ante el Senado, Messias se despachó con un discurso antiaborto, lo cual se interpretó como un intento de atraer a los votantes evangélicos (un 26,9 % de la población y mayoritariamente bolsonaristas). El gran armador de la jugada contra Messias fue el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien se alió con Flávio Bolsonaro para esta movida, pero también más allá. Alcolumbre, “como buen representante del bloque centrista, cambia de postura según las circunstancias. Así, forjó una buena relación con Jair Bolsonaro y se había mostrado aliado del gobierno de Lula, hasta que todo se complicó con la nominación de Messias” (Folha, 30/4). Según informes, Alcolumbre, ahora amo y señor de la cámara, sólo permitirá una nueva audiencia de confirmación después de las elecciones. Si Flávio Bolsonaro ganara, y considerando la cantidad de magistrados que se espera que se jubilen en los próximos cuatro años, además de los dos nombrados previamente por su padre, la familia Bolsonaro podría obtener una mayoría de seis de los once magistrados del tribunal. La votación por la reducción de la pena de Bolsonaro se inscribe así en una ofensiva más general de la derecha, que se ha ganado un amplio apoyo del Centro y del Tribunal Supremo. Todavía más, la votación en favor del proyecto contó con el apoyo de los partidos que forman parte de la coalición de gobierno de Lula. Los diputados del PSD, União Brasil y MDB, cuyos miembros lideran ministerios en la actual administración, contribuyeron a la derrota del gobierno en la votación. En la Cámara de Diputados, la anulación del veto recibió 27 votos más de los que había recibido la aprobación del propio proyecto de ley en diciembre, gracias a este giro de los partidos aliados de Lula. “Durante todo este tiempo, ningún ministro me llamó para hablar en contra del proyecto. Al contrario, algunos incluso lo elogiaron”, dijo Paulinho da Força, el impulsor del proyecto de sentencias, al diario O Globo. El repunte de la derecha llega en el peor momento del gobierno de Lula. El oficialismo se ha visto paralizado frente a esta ofensiva. “Una fuente describió el manejo del asunto como algo «dejado en manos de Dios», lo que indica que el Palacio de Planalto optó por no invertir capital político en la disputa”, asegura O Globo. Las encuestas dan un empate técnico entre Lula y Bolsonaro hijo para las elecciones de este año. Aun así, la ultraderecha se encuentra lejos de lograr la movilización que alguna vez alcanzó . Las manifestaciones en favor de Bolsonaro han menguado, hasta ahora, en forma irrefrenable. Al inicio del juicio contra el expresidente, en febrero de 2024, unos 185.000 manifestantes se congregaron en la capital, para rechazar el inicio de las investigaciones. Al finalizar el juicio, unas 42.000 se congregaron para rechazar la sentencia. Otras convocatorias no superaron las 12.000 personas. En ocasión del reciente 1 de mayo, un grupo formado por partidarios de Bolsonaro, personas religiosas y conservadores intentaron impedir las manifestaciones obreras y de la izquierda en la Avenida Paulista. Los manifestantes, que ocuparon la avenida en apoyo de Jair Bolsonaro, de la candidatura presidencial de su hijo Flávio y en defensa de una amnistía total para los investigados y condenados por los atentados del 8 de enero de 2023, no alcanzaron el centenar de personas y los medios registraron que los transeúntes repudiaron su presencia.

A solo tres meses de haber sido designado al frente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada luego de la disolución de la quebrada IOSFA, el general de brigada (R) Sergio Maldonado renunció a su cargo. Si bien esta renuncia estuvo oficializada “por motivos personales”, su salida estuvo precedida por tensiones internas y decisiones financieras controvertidas. Si bien Presti “detenta mayor poder político, dentro del mundo castrense, su trayectoria más breve como militar introducía un componente simbólico que complejizaba la relación con el extitular de la obra social” (Clarín, 6/5). Maldonado había sido puesto en funciones con el objetivo de revertir el ahogo financiero de la obra social, pero rápidamente chocó con los límites impuestos por el gobierno para resolver el problema de fondo. Maldonado propuso que la deuda fuera absorbida en su totalidad por el Estado, lo que fue descartado de plano. Fuentes cercanas a las FFAA aseguran que la renuncia de Maldonado se debió a fuertes discrepancias con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en un cuadro de situación signado por la crisis hacia dentro de la “familia militar”, por la falta de cobertura médica, que no se ha saldado con la creación de OSFA. Por el contrario, la nueva obra social enfrenta un déficit operativo mensual cercano a los $18.000 millones. A esta situación, el primero de mayo se ha sumado un nuevo suicidio, el del suboficial retirado Carlos Velázquez, en San Juan, que se había quedado sin cobertura médica, influyendo directamente en la decisión tomada por Maldonado. Velázquez dejó una carta manuscrita en la que denunció que “la obra social le había cortado la cobertura en medio de un cuadro grave que derivó en cáncer, luego de agotar todas las vías de reclamo” (ídem). La creación de OSFA no ha dado respuesta de cómo el Ministerio de Defensa afrontará la deuda que ronda entre los $ 250 mil millones y $ 300 mil millones que ha dejado la gestión de Petri, generando un endeudamiento creciente con prestadores médicos, farmacias y proveedores. Esto se tradujo en la interrupción de servicios esenciales, la provisión de medicamentos críticos, el corte de tratamientos oncológicos, obligando a los beneficiarios a costear tratamientos de su bolsillo o directamente suspenderlos. El desglose presentado por el Ministerio de Defensa ante el Congreso del pasivo que ha dejado IOSFA incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $ 53.187 millones en préstamos del IAF (LPO, 5/5). El actual diputado libertario por Mendoza recibió una obra social que contaba con superávit financiero de $ 25.000 millones. En los planes de Presti se encuentra la venta de activos de las FFAA para hacer frente al agujero financiero de la obra social. Según un documento oficial fechado el 19 de marzo, el gobierno puso bajo revisión 44 inmuebles que al día de hoy se encuentran bajo la égida de la ex IOSFA, entre ellos hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, utilizados por los asociados. A su vez, para “sanear” el balance de la obra social propone retirar las propiedades de los asientos contables. Para tratar de salir rápidamente del atolladero financiero, el gobierno libertario dispuso para OSFA un mecanismo de emergencia: habilitó utilizar “partidas originalmente destinadas al pago de sueldos del personal militar, con la promesa de que el Tesoro las reintegraría. La elección no fue casual: esos fondos tienen una disponibilidad más rápida que los destinados a infraestructura o equipamiento” (Clarín, 6/5). El gobierno hizo la de la manta corta: por un lado, cubrió emergencias inmediatas, con desembolsos del Tesoro, pero profundizó los problemas de fondo. Una fuente castrense señaló que “están tapando agujeros, pero generan otros”. Mientras Milei lanza un plan de rearme de las FFAA, el descontento dentro de la “familia militar” para con Presti crece, poniendo en cuestión el rol que los liberticidas le quieren asignar a las fuerzas: la de servir como activo político ante la crisis terminal por la que transita el gobierno. LEER MÁS: IOSFA se ha transformado en un agujero negro Por Lucas Giannetti, 29/03/2026.

Por cuarta vez en las últimas dos semanas, se replicaron en el terciario Joaquín V. González amenazas escritas de tiroteo en los baños del profesorado, como ocurrió en escuelas primarias, secundarias, y también en universidades . Esta vez las amenazas también fueron dirigidas contra el Rector de la institución, en el contexto de un avance de la intervención del gobierno de Jorge Macri en los institutos de formación docente . Como señalamos en otros artículos, estos no son hechos aislados, sino que se son la caja de resonancia de la violencia ejercida desde el gobierno y el Estado nacional por parte de una camarilla fascista de lúmpenes y ladrones. Recordemos que Milei, Caputito y compañía llaman a “exterminar a la izquierda” mientras apoyan el genocidio sionista contra el pueblo palestino, y la guerra imperialista llevada adelante por Trump y el imperialismo norteamericano. Las provocaciones de la ultra derecha internacional y nacional, deben ser combatidas con toda la fuerza y con los métodos históricos de los trabajadores. La respuesta a estos hechos por parte de las autoridades de la institución fue la suspensión de clases, la denuncia policial y la notificación al Ministerio de Educación en reclamo de “un protocolo”. También convocaron a “instancias de reflexión”. Lo mismo han replicado las agrupaciones afines, y la conducción del centro de estudiantes . Estas amenazas generalizadas sirven como excusa para militarizar las escuelas, realizar requisas a estudiantes y docentes, y también en el caso de nuestro Profesorado, para vaciar las aulas virtualizando las cursadas. En estas semanas decenas de docentes han dado clases sincrónicas de forma online, algo que ya intentó aplicar el Rectorado el año pasado a pedido del Consejo Federal de Educación, y que fue masivamente rechazado. Estos intentos de amedrentamiento promovidos por el Estado deben ser combatidos con asambleas, huelgas, tomas, y la acción colectiva directa de estudiantes y docentes. Preparemos una gran columna del Profesorado para que la marcha educativa del próximo 12 de mayo sea masiva. Abajo las amenazas fascistas, abajo los nuevos ROM-ROI (Comisión de revisión del reglamento, promovida por el Rectorado y el Gobierno de la Ciudad) , por la reapertura del pos título de ESI , por becas integrales para poder cursar.

El amparo dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay , que semanas atrás ordenó al gobierno mantener el pago del “Volver al Trabajo”, fue acatado con el cobro del 7 de mayo que llegó a los 935.000 titulares del programa. La ministra Sandra Pettovello presentó una apelación , argumentando que no posee el Estado nacional los fondos necesarios para continuar los pagos de este plan hoy congelado en $78.000, colocando en la incertidumbre el pago de los meses próximos. Ante esto, las organizaciones de lucha realizamos este jueves 7 de mayo una jornada de asambleas abiertas con centro en el Puente Pueyrredón, en la Autopista La Plata y en 11 puntos del interior país, con la intervención de compañeros de comedores, cooperativas y de los barrios. Por la Tendencia del Polo Obrero intervino en Puente Pueyrredón la compañera Elena González de Lanús, donde se ponen en pie merenderos y comedores. Señaló que “la lucha se hace a la par de todos los trabajadores, es de la clase trabajadora de conjunto. Ocupados, desocupados, jubilados y estudiantes. Reclamamos el trabajo genuino, hay que unirnos y continuar en la lucha, con los compañeros de FATE, del Garrahan, en el sur donde aguantan con cortes de ruta por la salud y la educación, la política la llevamos a las calles.” Al finalizar Elena subrayó: “Así como nos sacaron la mercadería y se la volvimos a conquistar con el reclamo a provincia, en nación la tenemos que recuperar también, pero con la visión del trabajo genuino, de un trabajo en blanco y con una obra social. Como nos corresponde a todos los trabajadores, por el aumento, por un seguro al desocupado que cubra el 82 % móvil de la canasta familiar. La lucha es larga compañeros, no nos dejemos llevar por las narices, sigamos en unidad con los trabajadores de todos los gremios, hasta llegar a la huelga general que pare al país y saque a patadas a este gobierno y a todos sus cómplices”. Continuaron compañeros de comedores y barrios de distintas organizaciones sociales que describieron la situación de derrumbe económico y social. Se pronunciaron por la continuidad del plan de lucha. También hubo intervenciones que plantearon que la situación mejorará con Axel Kicillof u otras variantes de la burguesía y responsables de la desocupación que lleva décadas y se profundiza con los despidos y cierres de fábricas. Recientemente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, copiando al gobierno nacional de Milei y Pettovello, les retiró los alimentos a los comedores populares . Con la movilización hacia las oficinas en la ciudad de La Plata logramos la restitución de los alimentos retenidos . Es cada vez más claro que para conquistar el trabajo hace falta un programa y la independencia política del Estado y los partidos patronales, como lo levantó el movimiento piquetero histórico. Vamos por un plan de lucha para asegurar la continuidad del “Volver Al Trabajo” con aumento, un seguro al desocupado, trabajo genuino y un plan de obra pública que permita ingresar al trabajo a los millones de desocupados.

En las vísperas de la marcha federal, las tensiones van creciendo. El jueves 7, la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo por el cual le concede al gobierno el recurso extraordinario que deja sin efecto la cautelar a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, el destino de la ley en el plano judicial quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a merced de sus tiempos resolutivos. Esto, de hecho, ya le está dando un respiro al gobierno, que buscará ganar tiempo para forzar algún tipo de “acuerdo” con los Rectores, para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya intentó concretarlo con un proyecto en febrero de nueva ley de financiamiento, que en esa oportunidad no prosperó, o un fallo favorable de la Corte que se imponga sobre los dictámenes judiciales anteriores. En paralelo, frente a los paros universitarios y el proceso de organización de la marcha federal, la semana pasada el gobierno jugó la ficha de “apriete”, sacando un comunicado desde el Ministerio de Capital Humano pidiendo a los Rectores que pongan orden en las universidades, procurando dividir y enfrentar al estudiantado con la docencia. Ese comunicado lejos de disuadir la convocatoria a la movilización generó rechazo entre docentes que están frente a los salarios más bajos de la historia. Con el paso de los días, la convocatoria a la marcha ha ido ganando fuerza a lo largo y ancho del país. El punto neurálgico será Plaza de Mayo, pero la marcha se replicará en todos las plazas y centros políticos del interior del país y también donde haya alguna sede universitaria, como va a ocurrir en Tucumán donde la marcha se reproducirá frente a la casa de gobierno provincial y también en la ciudad de Aguilares Todo indica que la movilización será igual o superior a las marchas anteriores, porque en estos dos años se han agudizado todos los antagonismos frente a la política educativa del gobierno que ha profundizado el ajuste presupuestario, y a la par de ello el derrumbe de los salarios y las becas estudiantiles Para el CIN las marchas federales son concebidas como cierre o culminación de un proceso. Así sucedió en las tres marchas anteriores. En abril del 2024, luego de la primera marcha, los Rectores negociaron a con el gobierno una partida especial para gastos de funcionamiento a cambio de calmar la situación y evitar un proceso de movilización en medio del debate por la ley bases. El canje incluyó los votos positivos de Yacobitti y otros en el Congreso. En la segunda marcha federal, luego que el gobierno vetara por primera vez la ley de financiamiento universitario en el 2024, los Rectores salieron atacar al movimiento estudiantil que tomando la posta de la continuidad de la lucha estaban tomando las escuelas y facultades. En la tercera marcha, en 2025, pese a que el veto fue rechazado, se frenaron los procesos de movilización para pasar al 2026 sin pena ni gloria y ahora estamos en las puertas de la cuarta marcha federal. El CIN quiere mantener el timón de la lucha universitaria y demostrarle al gobierno con el que pretende llegar a un acuerdo que mantiene la capacidad, con el auxilio de las dirigencias burocrática y/o conciliadoras que están a la cabeza de las federaciones universitarias, de disciplinar la lucha docente estudiantil. En este plano, el Frente Sindical universitario, ya ha demostrado su disposición a subordinarse a la política del CIN El viernes 8, se llevó adelante el Plenario de Secretarios Generales de Conadu y también de CONADU H que votaron no llamar a parar de conjunto el 12 sino que resolvieron dar “libertad de acción” para que cada asociación decida si para o suspende las actividades a partir del mediodía o no llama a parar, apoyado en la idea de que los Rectores van a llamar a levantar las actividades académicas y administrativas para la marcha. Algunas asociaciones como la ADIUNT o la AGD-UBA ya habían votado parar el día de la marcha, independientemente de lo que decida la Federación a la que pertenecen. Un debate en el plenario de secretarios generales que generó tensiones en la CONADU H fue cómo continuar luego del 12. Varios secretarios generales hicieron el planteo para que de manera inmediata se coloque fecha para un próximo plenario de Secretarios Generales o Congreso que pueda evaluar la marcha y resolver dar continuidad al proceso de lucha. Sin embargo, la moción que se impuso por 11 a 8 votos impulsada por la conducción de la federación (PCR+ lista verde) fue que el 14 de mayo, dos días después de la marcha, recién se convoque a reunión de la mesa ejecutiva y sea ella la que fije la mejor fecha para una instancia de discusión colectiva con todas las asociaciones de base que integran la federación. Es decir, dilatar el tiempo, enfriar los ánimos, esquivando resolver en tiempo y forma una lucha a fondo que imponga los reclamos. Por su lado, el Plenario de la CONADU, en la misma sintonía, votó convocar un próximo plenario de Secretarios Generales el 15 de mayo con la misión de discutir la continuidad del plan de lucha; en función de ello ya trascendió que la posición de la conducción será impulsar un paro en la semana del 25 de mayo, o sea una política que, en lugar de profundizar la lucha, la orienta a que la misma se vaya desinflando y los ánimos se vayan desgastando. Quienes de manera más desembozadas expresan esta política de disipar el proceso de lucha, son las federaciones agrupadas en la CGT (FATUN, FEDUN), quienes en todo este periodo solo se limitaron a concretar paros aislados de 24 horas. La marcha del 12 tiene que transformarse en una movilización masiva de la docencia, los estudiantes y de todos los sectores que defienden la educación y punto de partida de una acción histórica, la huelga por tiempo indefinido, la toma de las casas de estudio, los cortes y nuevas movilizaciones, o sea abrir paso a una rebelión que derrote efectivamente al gobierno y logre arrancar el salario y el presupuesto. Esto no vendrá de la mano de la burocracia, sino de un proceso de autoconvocatorias y coordinaciones de las asociaciones de base combativas, de las agrupaciones y el activismo antiburocrático.

Los restos de once personas fueron reconocidos en las nuevas excavaciones realizadas por el Equipo Argentina de Antropología Forense (EAAF), junto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. La información fue divulgada por organizaciones de Derechos Humanos, incluidas las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba y Rosario, así como por el Juzgado Federal N.° 3 de la provincia de Córdoba. Es el segundo hallazgo en meses que se realiza a partir de estos trabajos de excavación, iniciados en 2025, en Loma del Torito, dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera. Los nombres de las personas identificadas serán revelados, previa notificación a las familias y su aprobación, en una conferencia de prensa prevista para el próximo martes 12 de mayo. La tecnología y metodología aplicadas siguieron a las excavaciones previas que permitieron el reconocimiento de 12 personas mediante restos óseos dispersos y mezclados. La aplicación de esta tecnología de última generación se volvió indispensable para lograr obtener muestras óseas y de material genético, desperdigadas en más de 3 hectáreas delimitadas, que permitiera no solo recuperar los restos sino además poder darles una identidad. Expone el trabajo criminal de los genocidas, que han intentado durante 50 años mantener enterrada, literalmente, cualquier evidencia de sus crímenes. Los planes organizados para la represión muestran una gran coordinación y un manejo articulado para borrar cualquier rastro de los militantes que caían en las garras de los grupos de tareas. El centro clandestino “La Perla” se ganó el “título” de un verdadero sitio de tortura, vejaciones y asesinato. Se cuentan casi como excepciones a los sobrevivientes que pasaron por este sitio, menos de 200, regentado por Luciano Benjamín Menendez y su III Cuerpo de Ejército. Se calcula que entre 2500 y 3000 fueron trasladados a este sitio, siendo el más importante en funciones fuera de Buenos Aires. La mayoría de los asesinados se encuentran enterrados en fosas comunes, distribuidos entre más de 16.000 hectáreas. El EAAF reconoce que este trabajo casi corresponde a encontrar una aguja en un pajar. Las actividades de excavación debieron seguir un trabajo muy preciso, a partir del análisis de testimonios judiciales, estudios geológicos y una fotografía aérea de 1979 que permitió detectar alteraciones en el terreno compatibles con posibles fosas clandestinas. Los primeros hallazgos en “La Perla” habían reavivado los debates sobre la conservación de los sitios de memoria, que continúan siendo una fuente judicial y de investigación hasta el día de hoy. El Kirchnerismo había rebajado esta cuestión a la utilización de diversos espacios, incluida la ex ESMA, como un espacio habilitado para su propia tribu. En el caso del gobierno liberticida y la tropa de la derecha, asociada históricamente al golpe y su reivindicación, busca sacarse esta piedra del zapato a cualquier costo, es el llamado a “dar vuelta la página”. El gobierno liberticida ha promovido a los militares desde diversos ángulos, tanto discursivos como prácticos, al incluir a diversos militares en ejercicio en distintos escalafones del organigrama oficial. El caso más resonante es el del general Presti, que ocupa el Ministerio de Defensa, vestido de fajina. Es el armado de un gobierno cívico militar que busca involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión interna, en asociación con el imperialismo norteamericano y su “Escudo de las Américas” que permite el ingreso de tropas extranjeras al país. Los hallazgos en “La Perla” son una conquista de 50 años de lucha y deben servir para seguir promoviendo la lucha contra la impunidad y los crímenes de un gobierno que es alfil de la matanza imperialista en todo el globo. LEER MÁS: "Los muertos que vos matáis…" La Perla. Por Jacyn, 21/03/2026. Identificaron los restos de 12 desaparecidos de la dictadura en el centro clandestino La Perla Un golpe al ´negacionismo´ y la impunidad, a 50 años del golpe. Por El Be, 11/03/2026.

El miércoles pasado, 4.000 trabajadores hicieron cola para tener una entrevista de trabajo en un frigorífico de Moreno. Fue noticia en todos los medios nacionales y se viralizó en las redes sociales. La empresa publicó la búsqueda informando que debía cubrir 60 puestos de trabajo. Los trabajadores, provenientes en su mayoría de Moreno, pero también de Merlo y General Rodríguez, esperaron desde las 2 a.m. para participar de la entrevista laboral. Esta postal no se veía desde la crisis de la convertibilidad con Menem y De la Rúa. Es un indicador de la miseria social que caracteriza al régimen de Milei. Los mismos dueños del frigorífico relataron ante las cámaras que estaban sorprendidos por la cantidad de mayores de 65 años que acudieron en busca de un puesto de trabajo. "Los argentinos quieren trabajar y salir adelante", era su conclusión. En todo caso, "los argentinos" quieren trabajar, pero no pueden, porque el régimen social capitalista no es capaz de asimilarlos. Según el informe de “Mercado de Trabajo” de marzo de 2026 del INDEC, en Argentina hay 1.100.000 desocupados, es decir, una tasa del 7,5 % de desocupación. Esto implica un crecimiento interanual de un punto, porque la misma tasa era del 6,4 % un año antes. De los 13.000.000 de trabajadores que se encuentran trabajando, más de un millón se encuentra subocupado, lo que quiere decir que no llega a cubrir la jornada laboral semanal. De otro lado, la mitad de los 13.000.000 se encuentra trabajando en la informalidad, en negro o como monotributistas. Las estadísticas no explican la diferencia entre la población en edad de trabajar y aquella que efectivamente está trabajando. Según el censo de 2022, en Argentina hay más de 20 millones de personas que tienen entre 16 y 60 años de edad, que conforman la llamada "población económicamente activa" ¿Qué hacen las 6.000.000 de personas que surgen de la diferencia entre los 14 millones que mide el INDEC y los 20 millones activos que se censaron? La estadística de desocupación solamente contabiliza a quienes buscan empleo, no a quienes desistieron de encontrarlo. En la región del Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación es la más alta del país, de 8,6 %. Se han multiplicado los vendedores ambulantes y las ferias en semáforos, estaciones y plazas centrales -en las cabeceras de distrito y en los grandes barrios-, en trenes y colectivos. La desocupación se hace más dramática en el hogar, cuando no se llega a cubrir los costos de la supervivencia, lo que la estadística llama la ´canasta familiar básica´. La insuficiencia de un salario acorde empuja a todos los integrantes de la familia a la búsqueda laboral y/o al pluriempleo. Los jóvenes menores de edad, que no son tenidos en cuenta por las estadísticas, también buscan trabajo. Es normal ver, en las escuelas, alumnos que dejan sus estudios en el ciclo superior porque se encuentran trabajando en negro o a cargo del cuidado de los hermanos. Lo que la fila ha venido a mostrar es que el capital no es capaz de absorber la enorme masa de desempleados: 4.000 desocupados para 60 puestos de trabajo es una prueba irrefutable de la incapacidad del capitalismo para poner en marcha a una fuerza laboral ociosa, cuando se encuentra todo por hacer. En el mismo conurbano del cual hablamos, son urgentes las obras de tendido de gas, agua y cloacas; de vivienda, pavimento y la resolución urgente de la crisis del transporte público. Llamamos a organizar a los desocupados en los barrios para luchar por trabajo genuino: que se ponga en marcha un plan de obras públicas, con contrato bajo convenio colectivo. Por un subsidio al desocupado equivalente al 82 % de la canasta familiar y el restablecimiento de la entrega de alimentos a los comedores. Es indispensable y urgente resolver el problema de la desocupación.

Medios hondureños revelaron que Milei habría aportado U$D 350.000 a una campaña de fake news a fin de desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y de la mexicana Claudia Sheinbaum, impulsada por el trumpismo, y que se inscribe en una trama más amplia que tiene como finalidad instaurar gobiernos de características policíacas, allanando el terreno para una persecución y represión en regla en todo el continente. La tentativa de montar un Estado policial por parte del gobierno liberticida se presenta como el modelo a seguir por el resto de los gobiernos afines a la gestión de Trump y que han firmado su entrada al Escudo de las Américas. En audios de WhatsApp, Signal y Telegram, intercambiados entre enero y febrero de 2026, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), y el actual mandatario Nasry Asfura revelan que coordinaron los detalles de una operación mediática que habría sido financiada, en parte, por Javier Milei. De los audios se desprende el entramado con el que montaron "una célula informativa", con operatividad en Estados Unidos para evadir rastreo en Honduras, con el propósito de producir contenido contra Manuel Zelaya -derrocado en el golpe militar de 2009 que respaldó el Departamento de Estado bajo la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton-, Xiomara Castro, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con la finalidad última de golpear los intereses chinos en la región. Si bien Sheinbaum, Petro y Lula se encargaron de denunciar “una red internacional de derecha”, los tres se abstuvieron de vincular a Trump en estos movimientos desestabilizadores, dando cuenta de la sumisión del nacionalismo progresista para con el imperialismo. En los audios, se puede escuchar a JOH precisar que "estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica". JOH también mantuvo comunicaciones con la vicepresidente María Antonieta Mejía, en las cuales le explicó el alcance del plan. En las mismas afirmó que necesitaba "liquidez para montar una oficina con el apoyo de algunos republicanos" y le afirmó "pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350 mil dólares también". El expresidente hondureño describió el objetivo de la operación mediática como "atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica". Según lo trascendido, la usina de fake news estaría bajo el control de trolls republicanos que responden a Trump. Sugestivamente, Milei y Asfura mantuvieron una reunión el pasado miércoles, en el marco de la conferencia anual del Instituto Milken, realizada en Los Ángeles. La investigación realizada por Canal RED y Diario Red América Latina, bajo la etiqueta "Hondurasgate", da cuenta también de la participación del presidente del Congreso de Honduras Tomás Zambrano y de la consejera electoral Cosette López-Osorio. Hasta el momento, ni el gobierno argentino ni la presidencia de Honduras han emitido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios. En noviembre de 2025, en las visperas de las elecciones presidenciales de Honduras, Milei apoyó a Asfura. Celebró su victoria electoral tuiteando que “La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”. En la misma línea, Trump exhortó a los hondureños a votar por Asfura para desterrar el “avance comunista” del país y la región. Al igual que en las elecciones de octubre de la Argentina, en las que Trump y Bessent intervinieron por medio de un desembolso del Tesoro, el 28 de noviembre de 2025, a dos días de las elecciones hondureñas, el “King” norteamericano anunció que indultaría a JOH, condenado por conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos y por haber recibido dinero del "Chapo" Guzmán para financiar fraudes electorales (Diario Red, 3/5). En su momento, los fiscales neoyorquinos calificaron a Honduras como un "narcoestado" y acusaron a JOH de haber aceptado millones de dólares en concepto de soborno para brindarles protección a los cárteles narcos. JOH fue condenado, en junio de 2024, por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos y luego indultado por Donald Trump, dando por tierra con el relato de la “lucha contra el narcoterrorismo”, impulsada por republicanos y demócratas por igual, y que en enero pasado fue utilizada como argumento para llevar adelante el asalto sobre Venezuela y reforzar las operaciones militares en América Latina y el Caribe, que tiene como eje el asedio a Cuba. En la línea de extorsiones para ejercer un tutelaje sobre los gobiernos y los países, Trump también anunciaba el respaldo al entonces candidato del Partido Nacional, Nasry ”Tito” Asfura ,y que de la victoria de este último dependía que mantuviera la ayuda económica al país centroamericano. Las filtraciones sugieren que JOH buscaría retomar el poder con apoyo y financiamiento estadounidense e israelí. (ídem) La politóloga Valeria Duarte Galleguillos, columnista de Diario Red, asegura que el plan apunta a que JOH se imponga en las próximas elecciones para “ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo, una base militar estadounidense y el desarrollo legislativo de un entorno jurídico favorable a las empresas de Inteligencia Artificial de EE. UU. e Israel” (Diario Red, 29/4). En los audios se revela que “el exmandatario no solo planea su retorno físico al país una vez que se anulen todos los procesos judiciales en su contra, sino que ya negocia con Nasry Asfura una sucesión pactada” (ídem). Durante la campaña electoral Asfura negó tener vinculaciones con el expresidente, pero en los audios se expone que su llegada a la presidencia fue digitada entre Trump y JOH. En un audio de JOH a Asfura se puede escuchar el plan a seguir: “Presidente. Buenas tardes. Un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no va a hacer un lado a mí porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump.” En las elecciones, en las que Asfura se impuso con el 40,2 % de votos antes de que termine el conteo, estuvo surcada por anomalías de todo tipo. Desde el gobierno saliente de Xiomara Castro “denunciaron irregularidades, mientras Estados Unidos restringía visas a los magistrados que impulsaban el reconteo, incluyendo a Mario Morazán y Marlon Ochoa. Apenas tomó posesión, Asfura viajó a Mar-a-Lago para reunirse con Trump, donde habrían negociado una agenda de intereses extranjeros” (Diario Red, 29/4). JOH, con el traje de lobysta del trumpismo y el sionismo en Centroamérica, quiere convertir a Honduras en una base militar, logística y económica del imperialismo, a través de una Zona del Desarrollo Económico Especial (ZEDE), con el claro objetivo de desterrar los intereses chinos en la región. La ZEDE, que se habría negociado en la residencia de Trump en Florida, contempla la construcción de una base militar -que se sumaría a la ya existente en Comayagua conocida como Palmerola, donde opera el Comando Sur-, un tratado de libre comercio y una ley para incentivar la inversión en IA, cuyos contratos serían entregados directamente a empresas privadas estadounidenses como General Electric. Los ZEDES son conocidos como "estados privados" o "ciudades modelo", en las que se permiten tribunales autónomos y sistemas jurídicos extranjeros en Estados nacionales, denunciado esto por diferentes organizaciones como una cesión de soberanía. En la Argentina se ha implementado este modelo de inversiones a través del RIGI. En 2024 el Tribunal Supremo de Honduras declaró el caracter inconstitucional de las ZEDE, pero el gobierno de Asfura, bajo el tutelaje trumpista, está accionando no solo para reactivarlos, sino para ampliar la injerencia estadunidense en el país, con sus consecuencias para la región. En este sentido, el Partido Nacional está preparando licitaciones a medida de empresas estadounidenses (al igual que Milei con la licitación de la Hidrovía) para que se hagan de grandes proyectos de infraestructura, como el Ferrocarril Interoceánico de Honduras. En otro de los audios que salieron a la luz se puede escuchar a JOH decir que “el dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes (...) salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel, y ellos habían apoyado en un pasado a Yani Rosenthal”. Los audios dejan al descubierto que “el indulto fue gestionado mediante un intenso lobby liderado por Roger Stone y la bancada republicana en Estados Unidos, con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según las conversaciones filtradas, el regreso del exmandatario a Honduras, la operación logística y su próxima candidatura presidencial estarían financiados en su totalidad por Israel” (Diario Red, 29/4). La campaña de desinformación ejecutada en Honduras, financiada por distintos actores entre los cuales estaría Milei, contra los presidentes progresistas de la región y opositores políticos hacia dentro de Honduras, se inscribe en los planes del trumpismo delineados en la Estrategia de Seguridad Nacional, que tiene como principal objetivo el de reconstruir las cadenas de producción internacionales, para desalojar a China de América Latina y controlar la cadena de suministros de materias primas estratégicas. El ataque sobre Venezuela, seguido por el secuestro de Nicolas Maduro y el asedio contra Cuba, han sido la punta de lanza de la “Doctrina Donroe”, que busca colocar a toda América Latina bajo la situación de una semicolonia del imperialismo estadounidense y convertirla en un peón de la guerra imperialista en curso.

Desde abril que la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas de colectivo 333, 407, 437 y 707 en la zona norte del AMBA, claves para unir las localidades del distrito, está en quiebra, con más del 40 % de sus unidades confiscadas por la justicia para saldar sus deudas. Como resultado, San Isidro se encuentra con barrios sin conexión entre sí o con el centro, zonas que no pueden acceder a los hospitales de Boulogne o San Isidro, entre ellos el materno infantil. Estudiantes y docentes deben tomarse dos colectivos o algún auto de aplicación para poder llegar a las escuelas. A modo de ejemplo, Villa Jardín o el bajo Boulogne no pueden llegar al centro de San Isidro como tampoco al hospital de Boulogne. Béccar-Boulogne queda sin conexión (recorrido de la 333 y la 707), lo mismo que San Isidro/Béccar-bajo Boulogne (recorridos de la 707 y el 437), e incluso quedan puntos aislados como el Puerto y Garín (437). Frente a este panorama, tanto el antiguo oficialismo (Gustavo Posse) como el actual (Ramón Lanús) presentaron sus proyectos que, aunque con matices distintos, recorren un mismo hilo conductor: el desguace de la 707, entregando los recorridos a otras empresas que ya están en el distrito (como la 314 o la 343), pasando por alto la estabilidad laboral de casi 400 choferes (más mecánicos, maestranza y administrativos) y las necesidades de los barrios. La propuesta del Ejecutivo municipal fue discutida en La Plata el martes 6 de mayo, ante el Ministerio de Transporte de la Provincia, y está a la espera de una respuesta. Sin embargo, las declaraciones off the record de un funcionario que forma parte de "la mesa de negociación" no dejan lugar a dudas: “Van a ser nuevas líneas y nuevos recorridos. Lo que existía ya no volverá a existir del mismo modo”, aseguró (Que Pasa Web, 3/05). Por su parte el vaciador de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Pablo Terenziani, presentó una medida cautelar para intentar frenar el proceso de reasignación de recorridos de colectivos. Aunque fue rechazado por el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de San Isidro, demuestra la clase de calaña de esta patronal. Mientras miles de usuarios quedan varados y cientos de choferes en la calle, el empresario utiliza las herramientas de la justicia burguesa para defender "su" concesión. No opera las líneas, pero tampoco permite que funcionen bajo otra gestión. Prefiere el transporte paralizado y los barrios aislados antes que ceder su "negocio". Durante décadas, las patronales del transporte como la MOGSM se limitaron a cobrar subsidios millonarios, vaciar las empresas y fugar el capital, dejando los colectivos en ruinas y a los trabajadores en la calle, cuando el negocio, como ocurre ahora, ya no cerraba. El objetivo de estas “propuestas” es mantener este esquema de patronales administradoras del subsidio estatal. Los trabajadores y vecinos de San Isidro debemos irrumpir en esta crisis con nuestro propio pliego de reclamos: el transporte es un derecho y una necesidad social, no un negocio. Debemos poner sobre la mesa que la prioridad es que podamos llegar a nuestros lugares de estudio y de trabajo, que tengamos acceso a los centros de salud, etc. Si nosotros no defendemos nuestros intereses, nadie más lo hará. Planteamos: Pago inmediato de todos los salarios adeudados y garantía de continuidad laboral para todos los choferes y personal técnico. Estatización inmediata del servicio sin pago de indemnización a los vaciadores. Apertura de los libros contables de MOGSM para saber dónde fueron a parar los subsidios de los últimos 30 años. Que sean los choferes y técnicos quienes gestionen el transporte para garantizar frecuencias, seguridad y eficiencia.

El jueves a la tarde fue convocada, por primera vez en el año, una asamblea del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales-UBA (CECSO). La conducción saliente fue derrotada hace dos semanas por su rival en la interna peronista, la UES, y el traspaso se producirá este lunes. En su última convocatoria como dirección del CECSO, el kirchnerismo convocó a esta asamblea estudiantil con el objetivo de hacer aprobar su “plan de acción”, que consiste en una vigilia previa a la marcha, no una toma. La moción contó con el apoyo acrítico del FITU. De hecho, el kirchnerismo y el FITU se presentaron en la asamblea como un bloque, con planteos y caracterizaciones políticas comunes entre ellos. Sin embargo, en términos de acción, se limitaron a formalizar con la aprobación de la asamblea la participación en la movilización. La participación en la asamblea fue reducida, aproximadamente un centenar de estudiantes, la mayoría pertenecientes a agrupaciones y algunos independientes. El martes, de todas formas, de acuerdo a lo que se palpa en las aulas y pasillos de la facultad, la marcha a Plaza de Mayo será masiva. Una delegación de docentes y estudiantes de Ciencias Exactas se hizo presente en la Asamblea, a instancias de nuestro partido, Política Obrera. Los compañeros de Exactas explicaron que el paro por tiempo indeterminado ya ingresó en su octava semana, aunque las autoridades lo boicoteen y los sindicatos le den la espalda. Un grupo de estudiantes independientes hicieron propia la moción propuesta por Política Obrera: “todo el apoyo a la huelga de Exactas. Por un paro por tiempo indeterminado en Sociales y en toda la UBA hasta que se cumpla la ley de financiamiento y se aumenten los salarios. Piquetes y tomas estudiantiles para garantizarlo”. La moción salió aprobada por amplia mayoría, con la abstención -en soledad- del administrador del micrófono y de la lista de oradores de Patria Grande. Sin embargo, en la difusión de los resultados de la asamblea, la conducción saliente decidió no mencionar esta resolución, que fue la única importante de la jornada. En las intervenciones de los “representantes gremiales” de FEDUBA (K) y AGD (FITU), cualquier mención a Exactas fue deliberadamente omitida. Al activismo de Sociales se le presenta ahora una gran tarea: agitar los términos de la resolución de la asamblea y conquistar al conjunto de la Facultad a seguir ese camino, marcado por la persistente lucha de Exactas. La política del Rectorado es rebanar el reclamo salarial mientras ataca los paros docentes. Para el gobierno nacional la guerra contra la Universidad es ´existencial´. El resultado de la lucha universitaria depende por entero de una lucha general de docentes y estudiantes, extendiendo la huelga y ocupando las Facultades. La movilización del 12, que se espera masiva, va a despertar mejores condiciones para extender esta pelea.

En Rio Negro se viene desarrollando un proceso de lucha de la docencia desde enero, con importantes movilizaciones y jornadas de cortes intermitentes, como los que sucedieron en la ruta 151, en el contexto de un paro de 48 horas y con un importante apoyo de la comunidad. En el marco de las jornadas de paro y movilización del lunes y martes pasado por la apertura de paritarias, los docentes fueron brutalmente reprimidos por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el puente carretero que une Cipolletti (RN) - Neuquén. Estas son las primeras experiencias de una lucha de alcance provincial con la nueva dirección del sindicato que desplazó a la Azul Arancibia el año pasado, después de más de dos décadas de hegemonía. En las elecciones de octubre del año pasado el frente Docentes al Frente (DAF)-MULTICOLOR, integrado por las conducciones de seccionales opositoras -Cipolletti, Valle Medio, Cinco Saltos, Rio Colorado, Allen, Villa Regina- y agrupaciones del FIT U y el peronismo -la Violeta (PCR), Tribuna Docente (PO), 9 de Abril (PTS)- derrotó al frente burocrático Azul Arancibia/Celeste por el 54 % de los votos. La nueva conducción asumió en diciembre. La conducción Azul Arancibia venía desarrollando en todos sus mandatos una política de entrega del salario docente, las condiciones laborales y educativas al gobierno provincial, con su política de ´diálogo´, conciliación y tregua. Este panorama fue cambiando por la acción de las conducciones opositoras, con acciones callejeras y medidas de lucha concretas, que se fueron enlazando con el hartazgo de las bases docentes. En las seccionales oficialistas empezó, asimismo, un proceso de organización y copamiento de las asambleas, por el activismo, cuando hasta entonces se encontraban vaciadas por la burocracia sindical. Esa fue la antesala para la recuperación del sindicato docente de manos de la burocracia sindical tradicional en la provincia. Este frente variopinto cuenta con un sector abiertamente integrado al peronismo K, como la Violeta-PCR, que es parte integrante del PJ/FPV. En la ciudad de General Roca, gobernada por María Emilia Soria (h), el PCR cuenta con un concejal electo en las listas del PJ. En la seccional de UnTER, la más grande de la provincia, la secretaría general es ocupada por la Violeta (PCR) y la adjunta por Tribuna Docente (PO). Ya en las elecciones provinciales del sindicato de 2022, que retuvo la Azul Arancibia, pero con un retroceso significativo, se formó el Frente de Unidad Docente (FUD) encabezado por el PCR y el kirchnerismo ligado a Nuevo Encuentro y Patria Grande; en algunas seccionales incluyó a sectores de la Celeste y a una considerable cantidad de independientes. La otra lista opositora a la conducción fue el Frente Antiburocrático, formado por las agrupaciones que dirigían las seccionales de Cipolletti y Valle Medio, la 9 de Abril (PTS) y Tribuna Docente oficial, que hasta último momento había explorado la posibilidad de integrarse al FUD. Como vemos, se repite en varios lugares del país la tendencia de las listas de izquierda a “cavar trincheras”, tanto Tribuna Docente (PO), como la 9 de Abril (PTS), con sectores abiertamente integrados a partidos patronales, en este caso al peronismo. Esto se replica, por ejemplo, en las elecciones de SUTEBA, el sindicato mayoritario de la docencia de la provincia de Buenos Aires, donde la Azul y Blanca (PCR), hasta anteayer integrada y aliada a la burocracia Celeste de Baradel, hoy integra un frente con la Multicolor del FITU en el municipio más importante de la provincia, La Matanza. La nueva conducción en acción La nueva conducción de UnTER inició el 2026 con paros semanales de 48 horas y otras medidas intermedias. El reclamo inicial fue la apertura de paritarias, cerradas desde septiembre de 2025 y sin mejoras salariales desde entonces, para exigir una recomposición salarial al básico, aumento de presupuesto educativo, derogación de las auditorias médicas privadas, mejoras en las condiciones edilicias, cierres de cargos docentes, regularización del IPROSS (obra social) y un salario mínimo de $2.000.000. El gobierno de Río Negro viene desoyendo y dilatando los reclamos en paritarias. Responde sin propuestas reales a las demandas y cierra las paritarias intempestivamente. En la última negociación, propuso el pago de un bono en dos cuotas de $125.000 cada una. Fue declarado insuficiente oportunamente y no aceptado por el congreso de UnTER, pero el pago se efectivizó unilateralmente por parte del Gobierno. Ante el reclamo de una nueva paritaria, en cambio, el Gobierno se retiró, cerrando el diálogo. Ante el desplante del gobierno provincial, la dirección de UnTER ha conformado “espacios de diálogo, articulación y unidad de acción” entre los gremios estatales, es decir, con la burocracia de ATE -Rodolfo Aguiar, que saltó de la provincia a la secretaría general de ATE Nacional, fue un activo promotor de la candidatura de Weretilneck-. El objetivo declarado de este ´espacio´ es reclamarle “salarios dignos y acordes al costo de vida patagónico” y hacer presión juntos sobre el gobierno “para lograr la apertura de paritarias provincial y nacional”. Sin embargo, ATE Rio Negro se apresta a sellar con el gobernador una nueva paritaria a la baja. Este ´frente único´ con la burocracia marcha a un impasse. Cómo derrotamos a la motosierra de Weretilneck El gobierno rionegrino viene amenazando por medios públicos que va a proponer hacer pública la paritaria. Acusa a los docentes de “extorsión” para deslegitimar el reclamo. Estuvo difundiendo un audio apócrifo por sus medios afines y trolls pagos en las redes, donde un supuesto dirigente de UnTER Cipolletti amenaza a los docentes que se unan a la huelga. Esto es una mentira, como lo son también las escuelas en condiciones y que la docencia rionegrina tendría uno de los mejores salarios del país. Alcanza contrastar esto con la dura realidad que viven muchos docentes, que viven con salarios de pobreza. El gobierno de Weretilneck quiere quebrar los reclamos de la docencia, al sindicato y al conjunto de los trabajadores del Estado. Debemos preparar las condiciones para una huelga general educativa y estatal en la provincia, que quiebre al gobierno rionegrino y a las burocracias sindicales que pactan a la baja el salario de los estatales en la provincia.

En las Facultades y colegios crece la expectativa de que la movilización educativa de este martes será masiva. Los docentes universitarios han sido víctimas de una confiscación sin precedentes de su salario. "Si los aumentos salariales hubieran acompañado la inflación registrada por el IPC CABA, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, y desde enero de 2017 y hasta marzo de 2026 por el IPC del INDEC, su salario del último mes habría sido de $6.019.899, sin considerar la mayor antigüedad. (...) Sin embargo, el sueldo bruto percibido el mes pasado por un docente adjunto con siete años de antigüedad fue de apenas $1.699.188" (LPO, 10/5). Una pérdida del 71,8 % de su poder adquisitivo en apenas una década. El recorte del presupuesto universitario y el deterioro social acumulado desde el gobierno Macri, con ´hitos´ como la gestión de la pandemia bajo el gobierno de los Fernández y la devaluación brutal y la híper que inauguraron el mandato de Milei, han provocado una severa contracción de la matrícula estudiantil. Los servicios básicos que utiliza un habitante de la universidad (telecomunicaciones, transporte, alimentos, alquileres) han sido objeto de incrementos por encima del promedio y de los índices inflacionarios. La multitud que acudirá mañana a la Plaza de Mayo, respondiendo a la convocatoria de rectores, sindicatos, centros y federaciones estudiantiles, lo hará en busca de un canal de expresión contra el gobierno liberticida. Un gobierno de ladrones que se jacta de su impudicia y respalda incondicionalmente las masacres que otros dos corruptos y criminales de guerra, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, desarrollan por el mundo. Los organizadores de la jornada, sin embargo, han evitado deliberadamente ´politizar´ la marcha con consignas contra el Gobierno. Los decanos atacan los paros y huelgas que, en forma espaciada, convocan los sindicatos. La única facultad de todo el país que mantiene una huelga ininterrumpida desde que comenzó el cuatrimestre es Exactas de la UBA. A pesar de su importancia estratégica en términos de formación de profesionales, el caso es silenciado deliberadamente por las ´fuerzas vivas´ de la universidad y los grandes medios de comunicación. Incluso el Gobierno se ha cuidado de difundirlo, como podría ocurrir si focalizara en ella sus agravios, como hace habitualmente con cualquier expresión de lucha o desobediencia a su mentalidad policíaca. La marcha del martes, repetimos, será masiva, pero los estudiantes le dieron la espalda a las asambleas convocadas por los aparatos que dirigen los centros de estudiantes, incluso a pesar de que la mayoría revalidaron sus mandatos hace apenas dos semanas. Esto demuestra el carácter provisional de las victorias de Franja Morada y el kirchnerismo, que son agentes de la política de contemporización con el Gobierno emanada de las autoridades y de la burocracia sindical. Mañana la Plaza de Mayo se llenará también de docentes de las escuelas primarias y secundarias de CABA y la provincia de Buenos Aires. Los gobiernos ´distintos´ de Jorge Macri y Axel Kicillof aplican la misma guadaña de Milei contra los docentes y la educación. Como lo hicieron los rectores en la UBA con la elección consejeros que conformarán la Asamblea Universitaria de fines de año, la burocracia del SUTEBA también apuró la elección sindical para acomodarla a sus necesidades de camarilla. Sus mandatos serán desautorizados por la realidad, dado que el deterioro económico y social que promueve la crisis capitalista continúa haciendo su trabajo de zapa. El gobierno de Milei y Adorni ha anunciado que está dispuesto a imponer nuevos y mayores sacrificios a trabajadores, docentes, jubilados y estudiantes para satisfacer las demandas de los parásitos financieros. Entre la multitud de jóvenes y trabajadores que colmará la Plaza de Mayo y la pandilla de lúmpenes que habita la Rosada existe un abismo. El centro del reclamo será la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, votada cinco veces en el Congreso, avalada por la Justicia y ahora empantanada en la Corte Suprema a instancias del gobierno. Esa ley contempla recuperar sólo parte de lo suprimido desde diciembre de 2023. Un docente que, desde 2015, a valores actuales, debería estar cobrando el equivalente a poco más de $ 6.000.000, con la aplicación de esta ley pasaría a cobrar en bruto de $ 2.744.795. Es una compensación módica, pero no por ello menos urgente. Es necesaria una lucha decidida. Todos a la marcha contra el gobierno de ladrones, contra la barbarie.

La ‘cumbre’ Trump-Xi que tendrá lugar el 13 y 14 de mayo próximos en Pekín enfrenta una agenda ultracargada que exigiría una discusión de varias semanas, pero que carece, según los analistas, de una elemental planificación previa. El tema saliente de la reunión, la guerra no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra lejos de una salida. Trump ha amenazado con una escalada mayúscula de la guerra al rechazo de su oferta de acuerdo -en realidad, una rendición-, por parte de Irán. El denominado ‘cese del fuego’ no acordado entre Washington y Teherán no ha detenido en absoluto las hostilidades. El estrecho de Ormuz sigue bajo el control de la Guardia Revolucionaria iraní, del mismo modo que el bloqueo de los puertos de este país por la Marina de Guerra norteamericana. El Estado sionista, por su lado, parte activa de la guerra, continúa bombardeando el sur del Líbano y Beirut, así como también el sur de Siria, convertida en zona de ocupación a manos de Israel. Irán habría ofrecido, a último momento, trasladar su reserva de uranio enriquecido a un tercer país, que en el pasado estaba dispuesta a acoger Rusia, pero que ahora podría ser China. China habría ofrecido ´garantías de seguridad´ a Irán, si de ese modo reabría Ormuz a la navegación internacional, pero las autoridades iraníes han anticipado hace tiempo que pretende convertirlo en un puesto de inspección del tráfico por sus aguas. La guerra imperialista internacional contra Irán no solamente es de naturaleza internacional, en cuanto afecta al régimen de poder en el Medio Oriente, sino porque apunta directamente a China en aspectos estratégicos: el flujo de petróleo a sus refinerías y las cadenas de producción en la región. También involucra la provisión de petróleo al conjunto del Sudeste asiático, o sea, a países costeños con el mar de China, el área más sensible de guerra mundial, que involucra a Estados Unidos, China y Japón. El hilo conductor de la guerra lanzada por el imperialismo norteamericano, como el asalto a Venezuela, el redoblamiento de las sanciones contra Cuba y la guerra contra Irán tiene un destinatario único: la República Popular China. La misma dirección tienen el arrebato de los puertos del canal de Panamá a un conglomerado de Hong Kong, por parte de Trump, o la feroz disputa desatada en las elecciones de Perú, que alberga el principal puerto de una firma China en el sur del Pacífico. Trump se traslada a Pekín con un paquete de iniciativas que pretende convertir a la guerra internacional que ha desatado en forma unilateral, tanto económica como política, como un hecho consumado; es lo que los analistas han interpretado de la propuesta de Trump de establecer un G-2, una suerte de duopolio político internacional, con China de segundo violín. Además de esta torpeza, Trump tropieza con su incapacidad para derrotar a Irán, a pesar del desequilibrio de poder militar a su favor y con la crisis energética desatada por esta guerra. Esto lo convierte de ‘benefactor’ en mendigo. La crisis energética se ha transformado en un factor adicional de crisis en el régimen político de Estados Unidos. Un acuerdo, por ejemplo, que se limite al compromiso, por parte de China, de nivelar el comercio bilateral mediante la compra de soja y aviones Boeing, a cambio de que Estados Unidos no eleve los aranceles a la importación de bienes industriales, sería señalado como un fracaso monumental, que llevaría a una escalada militar en el Golfo Pérsico. En cuanto al acuerdo comercial mismo, no resolvería ninguno de los desequilibrios económicos internacionales. Estados Unidos asiste a una escalada financiera en medio de una inflación empujada por los aranceles a la importación y a la suba del precio de los combustibles, una receta perfecta para un estallido. BlackRock, el principal fondo internacional, ha contraído deuda en yuanes, a una tasa de interés inferior a la de Estados Unidos, para quedarse con la diferencia (“carry trade’). Internacionaliza la divisa de China, que el Tesoro norteamericano combate, y encarece el dólar, lo que favorece a los competidores internacionales de Estados Unidos. China no puede celebrar, sin embargo, porque la demanda de su divisa obedece a la deflación de su economía y a la sobreproducción industrial y la depresión inmobiliaria. Tanto Estados Unidos como China enfrentan deudas públicas enormes. BlackRock y los fondos de crédito de Estados Unidos han establecido ‘corralitos’ financieros en perjuicio de sus depositantes, que temen una implosión financiera en cualquier momento. El sustrato de la guerra mundial es el impasse de sus dos potencias económicas y el conjunto de la economía mundial. Trump arribará a Pekín para negociar una salida al impasse estratégico de Estados Unidos en Irán. Como aperitivo ha sancionado a grandes tecnológicas de China, acusándolas de ofrecer información satelital a Irán para alcanzar a objetivos militares norteamericanos. La “flotilla mosquito” de Irán (miles de barcazas cargadas de misiles) se ha servido de esas imágenes para infligir fuertes daños a los navíos militares estadounidenses. China se encuentra envuelta, si no directamente, en la guerra. Para varios analistas, existe el temor de que Trump ofrezca a Xi concesiones no conocidas acerca de Taiwán, con la finalidad de forzar a Irán a una capitulación. Pero Trump ha proveído a Taiwán de varias decenas de miles de millones de dólares en armamento sofisticado. La burocracia de China reivindica la integración de Taiwán al territorio continental como un asunto ‘existencial’, aunque las inversiones taiwanesas en China son significativas, porque la ve como la base política potencial, asistida por Estados Unidos, para un recambio de poder en caso de una crisis política de magnitud contra el partido comunista. Un G-2, como se la atribuye a Trump, iría contra los intereses, también existenciales, del imperialismo norteamericano. La agenda de la reunión Trump-Xi es manifiestamente mundial. Un fracaso precipitaría un asalto contra Cuba, incluido un equivalente a Delcy Rodríguez. Las sanciones de Trump contra el Grupo de Empresas que dirige el alto mando de las FF. AA. de Cuba, podría apuntar, al igual que lo ocurrido con PDVSA, a que el gobierno norteamericano tome la supervisión del mismo, que cuenta con reservas de 14.000 millones de dólares. Lula se ha ido de la reunión que ha tenido con Trump la semana pasada, con la promesa, dijo, de que no habría una invasión de la Isla, lo que apenas disimula la intención de repetir un asalto armado a la cúpula del gobierno cubano. Pero es el otro frente de la guerra, Rusia, el que ha sufrido las mayores transformaciones, con la incorporación de los estados del Cáucaso sur al plan de convertir al corredor Zangezur, que atraviesa Armenia, bautizado como corredor Trump (Tripp por sus siglas), al norte de Irán, en una vía comercial y militar al Asia Central, hasta Kazakstán, al cual se incorporará la misma Ucrania. La prensa internacional se ha puesto de acuerdo en difundir versiones sobre “la debilidad de Putin”, en forma concertada, con el establecimiento de este cerco. “Trump está haciendo retroceder a Rusia”, se congratula una publicación norteamericana (Durden), que asegura el envío de misiles hipersónicos de Estados Unidos a Irán. En el bloque participa la totalidad de la Unión Europea, que también ha decidido formar una flota para asegurar la ‘libertad’ del estrecho de Ormuz, con posterioridad a la guerra. Este es el contexto de la ´cumbre´ Xi Jinping-Donald Trump en la dinámica ascendente de la guerra imperialista mundial. La precariedad del evento y el carácter explosivo de un temario no acordado es una manifestación de la crisis internacional de la dominación política del imperialismo.

La vertiginosa colonización sionista de Cisjordania se cumple sembrando el terror y desalojando a sus pobladores con bandas fascistas de colonos, el ejército de ocupación israelí y también con cemento y asfalto. La Municipalidad de Jerusalén está construyendo una carretera de circunvalación, la 45, destinada únicamente al tráfico proveniente de los asentamientos sionistas para conectarlos más rápidamente con Jerusalén. Según la ministra de Transporte, Miri Regev, el objetivo es “llevar a un millón de residentes a Judea y Samaria” (nombre bíblico utilizado por el sionismo para referirse a Cisjordania). Por el contrario, decenas de miles de residentes palestinos, que viven junto al trazado previsto, no tendrán acceso a la autopista porque la ruta no tendrá una salida que los conecte y “restringirá aún más el movimiento de los residentes, agravando los embotellamientos ya existentes” (Haaretz, 6/5). De ese modo quedarán aislados los 140.000 residentes del Barrio de Kafr Aqab, de Jerusalén Este, aunque supuestamente son ciudadanos “árabes israelíes”. Hace veinte años, Israel levantó un muro de separación que obliga a sus habitantes a atravesar puestos de control, los infames checkpoints donde la soldadesca sionista se permite retener a su antojo a mujeres en trabajo de parto, enfermos graves, trabajadores y escolares que necesitan entrar a la ciudad, dado que la mayoría trabaja o estudia en Jerusalén. Niños y adultos se ven obligados a levantarse antes del amanecer para cruzar el checkpoint. El comité de Kafr Aqab denunció que “los residentes sufren una dependencia total del checkpoint de Qalandiyah”, conocido por su brutalidad. Para evitarlo, muchos utilizan el checkpoint de Hizma, pero a partir de la construcción de la Ruta 45 el camino que conecta Kafr Aqab con Hizma será cerrado. Las obras bloquearán durante varios meses una de las únicas dos salidas del barrio hacia Jerusalén, obligando a los residentes a desviar sus trayectos hacia el ya saturado Qalandiyah. Los habitantes de Kafr Aqab pueden tardar horas en ingresar a la ciudad, horas en que son hostilizados por los soldados y a veces por colonos. El sionismo es especialista en construir guetos. El suburbio de Al Eizariya, tres kilómetros al este de Jerusalén, recibió esta semana unas 50 órdenes de demolición inmediata de comercios situados en la carretera principal, sobre la que Israel quiere construir un paso directo con Maale Adumim, su mayor asentamiento en Cisjordania. A los talleres, almacenes y demás comercios llegaron blindados militares para “recordarles” a sus propietarios palestinos que tienen que desalojar la zona antes de este domingo. Les informaron que ejecutarán las demoliciones a pesar de que sus tribunales aún no han dado respuesta a las apelaciones de los vecinos de Al Eizariya. “El tribunal soy yo”, contestó el oficial a cargo del operativo. Las demoliciones están relacionadas con la nueva carretera que conectará Jerusalén con el asentamiento de Maale Adumim, donde más de 40.000 colonos israelíes ocupan territorio palestino. Para construir la nueva carretera, el Estado ya expropió 280 km2 de tierras palestinas. "Llegan, empiezan a hacer fotos y te dicen que esta es un área militar. Pero esto no es un área militar. Es tierra palestina, propiedad milenaria de los palestinos, no de ellos", reclama Abu Ghalia, dueño de una carnicería que será demolida junto a su hogar. La ruta es construida por la empresa de infraestructura de la Municipalidad de Jerusalén, artífice de varios grandes proyectos destinados a conectar la ciudad con los asentamientos circundantes. Por ejemplo, la Ruta 4370, conocida como la “carretera del apartheid”: su lado occidental está destinado a palestinos, que no pueden ingresar a Jerusalén, mientras que el lado oriental sirve a los colonos israelíes, que ahora pueden llegar más fácilmente desde los asentamientos de Cisjordania a barrios de Jerusalén como French Hill y Mount Scopus. Esa ruta está dividida en el medio por un muro de ocho metros de altura: un lado sirve a los palestinos y el otro a los colonos. Es un plan de ocupación a gran escala: el gobierno de Netanyahu informó que pretende avanzar con E1, un nuevo proyecto de construcción que abarca unos 12 km2 con alrededor de 3.400 unidades de vivienda en Cisjordania. El área conocida como E1 se ubica entre Jerusalén Este y Maale Adumim, y de hecho rompe la continuidad geográfica entre el Norte y el Sur de Cisjordania. “El Estado judío considera estratégicamente importante la zona para consolidar la conexión entre Jerusalén y Maale Adumim (Iton gadol, 6/5). A fines de abril, los colonos bloquearon con alambrados de púas el camino que lleva a la escuela de la comunidad beduina de Umm al-Khair. Docentes, padres y alumnos se reúnen cada mañana a las 7 frente a la barrera de púas para dar clases a la intemperie, bajo el sol, desafiando a los colonos y al ejército que los custodia. Este domingo, en un solo día, colonos y fuerzas militares lanzaron redadas coordinadas en toda la Cisjordania ocupada, dejando varios palestinos heridos, entre ellos una mujer embarazada. Según la agencia Anadolu, los colonos irrumpieron en la aldea de Jurish y en la localidad de Aqraba, al sur de Nablus, lanzando piedras contra viviendas palestinas y agrediendo a los residentes. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informó que atendieron a dos mujeres con cortes y golpes en todo el cuerpo, una embarazada de 35 años y una anciana. En el centro de Cisjordania atacaron la aldea de Deir Jarir, lo que desencadenó enfrentamientos después de que las fuerzas israelíes entraran en la zona para protegerlos. En Belén, las fuerzas israelíes irrumpieron en un salón de bodas en la localidad de Doha y acordonaron la zona circundante. Las fuerzas israelíes secuestraron a tres jóvenes palestinos en la ciudad de Al-Bireh, cerca de Ramallah. En el campo de refugiados de Jalazone ocuparon varios barrios, mientras que en Beit Ummar, los soldados lanzaron gas lacrimógeno dentro de las casas asfixiando a decenas de niños y sus familias. Esta semana, Naciones Unidas calculó que las operaciones militares israelíes en Cisjordania desplazaron a casi 40.000 palestinos desde principios de 2025. Los desalojos son política de Estado. En febrero, Israel aprobó un plan para declarar grandes áreas de Cisjordania ocupada como “propiedad del Estado”, donde ya más de un millón de sionistas viven en asentamientos ilegales. La ocupación de Cisjordania y el desalojo de miles de palestinos se hace a sangre y fuego: desde octubre de 2023, el ejército israelí y sus colonos asesinaron por lo menos 1.155 palestinos, hirieron a otros 11.750 y secuestraron otros 22.000. La clase obrera internacional debe levantarse contra esta política de exterminio que se extiende también a Gaza y El Líbano.

En vísperas de la Marcha Educativa, el gobierno dispuso otro tijeretazo sobre el gasto público. Aunque afectan a más de doscientas partidas, el 70% de los ajustes corresponden a rubros relacionados con la Salud y la Educación. En el caso de las universidades, amputa otro 10% del magro presupuesto de 2026; ello, después de haber reducido a la mitad los recursos de las casas de estudio en dos años. La medida oficial también recorta al Fondo de Compensación Docente, dirigido a cubrir diferencias entre los salarios provinciales y el salario mínimo estipulado por la paritaria nacional. O las provincias cubren la diferencia, o el salario de sus docentes caerá todavía más. El zarpazo de Caputo atacó con saña a varias partidas de Salud, como las que corresponden al Instituto del Cáncer. El INTI, el INTA y el Conicet, otra vez, son “número puesto” en el decretazo del gobierno. Ni qué decir de las partidas dirigidas a subsidiar el transporte y los servicios públicos. Precisamente, el recorte fue acompañado por tarifazos en el boleto de colectivo y de trenes. Estos aumentos se anuncian cuando el desquicio del transporte público alcanza su punto más alto. Fracaso El manotazo de Caputo tiene lugar cuando al gobierno se le viene abajo la supuesta “estrella” de su plan económico: el “superávit fiscal”. Es cierto que ese superávit ha sido siempre una ficción; por un lado, porque encubre una deuda flotante (compromisos con proveedores) que el gobierno libertario posterga sistemáticamente. Por el otro, porque las cuentas del Tesoro no tienen en cuenta la carga de intereses de una parte de la deuda que emitió -la de las “Letras de Capitalización”- que recién serán pagados al vencimiento del capital adeudado. Pero incluso con esos “dibujos”, el gobierno ha “desaparecido” al superávit, como resultado de la caída feroz de los ingresos y del crecimiento de intereses de deuda. En abril pasado, los ingresos del fisco cayeron un 4,5% en términos reales respecto del mismo mes de 2025. Se trata del octavo mes consecutivo de caída, por el desplome de la actividad económica y su impacto sobre los impuestos que gravan el consumo. Por el lado de los intereses, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el pago de intereses subió un 62% en los cuatro primeros meses del año respecto de 2025 -el doble que la inflación- sin contabilizar, claro está, a las mencionadas “LeCaps”. En el primer cuatrimestre del año, según la misma OPC, el gobierno ejecutó podas enérgicas en las transferencias al PAMI, Universidades y subsidios al transporte. Aun así, Caputo llegó al quinto mes del año sin poder ofrecerle al FMI y a los fondos, a quienes suplica financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda, un mango de superávit. El manotazo anunciado en el día de ayer apunta a fabricar ese “resultado positivo”: el número prometido al FMI es de 3,2 billones de pesos de superávit. El decreto de este lunes anuncia recortes equivalentes a 2,5 billones, o sea el 80% de lo que debería reunir. Caputo improvisa sobre la marcha, para remontar la cuesta de un Tesoro quebrado y poder tramitar un socorro financiero en el exterior. Pulseada contra las masas Pero la decisión de anunciar estos ajustes en vísperas de la marcha educativa no fue improvisada. En los informes de las calificadoras de riesgo y los fondos internacionales, abundan las prevenciones acerca de la “reacción social” ante el ajuste oficial. Para los especuladores, el “riesgo país” no es “Kuka”, sino que está en las calles. La calificadora Fitch, que la semana pasada le subió la nota a la deuda soberana, acaba de abrir el paraguas en relación a la situación de las provincias argentinas. Señala, sencillamente, que los recortes permanentes a las partidas que involucran a gastos sociales o educativos son una bomba de tiempo para el interior del país. De cara a esa realidad, Milei-Caputo les dicen a los fondos internacionales que están dispuestos a imponer la motosierra a como sea. No han inventado nada, porque es la conducta que ha precedido a todas las rebeliones populares que terminaron con gobiernos ajustadores. El otro ingrediente han sido las crisis políticas y la descomposición interior del gobierno (sin palabras). La provocación oficial instala en la marcha de hoy, que será extremadamente numerosa, un desafío. Debe ser el peldaño de una lucha superior: la huelga general hasta terminar con la liquidación de la Universidad y con todos los ajustes.

La denuncia por la pérdida del 60% del poder adquisitivo de los salarios estatales durante los últimos 10 años fue uno de los ejes discutidos en la asamblea general convocada por la Junta Interna de ATE Diputados. Los responsables directos son los gobiernos provinciales de dicho periodo y los gremios firmantes de paritarias a la baja. Desde el año pasado, una campaña de afiches dentro y fuera de la Legislatura se concentró en la exigencia de la recuperación salarial y el pase a planta permanente para terminar con la precarización de los contratos. Frente al tratamiento del Presupuesto 2026, la demanda de mayores cupos no tuvo excusa: se logró aumentar en 169 el cupo de plantas permanentes y en 60 las temporarias, además de elevar la carrera administrativa hasta la categoría 23 (que históricamente terminaba en la 16). Debemos destacar la participación en dos jornadas de lucha donde se juntaron más de 400 firmas en un petitorio que exigía un presupuesto para los trabajadores. El resultado, por ahora, es una victoria parcial; todavía no se han designado esas plantas, no se desarrolló el plan de recategorización y la recomposición salarial esperada sigue sin aparecer en los bolsillos. En las recorridas previas a la asamblea y las movilizaciones relámpago hacia la Presidencia para entregar petitorios y pedidos de audiencia -reiterados desde enero sin respuesta- hemos recogido el drama que se vive: desde lo económico hasta el impacto emocional. Los compañeros y compañeras recurren a dos o tres trabajos, viven endeudados y realizan esfuerzos tremendos para ajustar los gastos de las familias legislativas. La dilación de la respuesta, que se prometió para marzo, luego abril y ahora fines de mayo, no hace más que caldear los ánimos. Esto se verificó en el clima de la asamblea general realizada este jueves 7 de mayo en el hall central de la Cámara de Diputados. La misma reunió a un centenar de trabajadores que expusieron la urgencia, mientras un fervor -mezcla de alegría y lucha- crecía entre los presentes. Saludos, abrazos y el reconocimiento en el encuentro templaron la tarde. En un espíritu de unidad por reivindicaciones comunes, la asamblea votó por unanimidad un "ruidazo" dirigido a los pasillos donde se toman las decisiones políticas. Allí se oyó fuerte el grito de: “unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”. Se exteriorizó la bronca y la voluntad de lucha. Por ello, la asamblea mandató a la Junta Interna a participar de la próxima reunión e informar los resultados, declarando el estado de alerta y movilización hasta triunfar.

El dirigente Mehmet Türkmen, presidente del sindicato textil independiente (BİRTEK-SEN) ha recibido, según denuncia su propio abogado, Esmer Özer, maltratos físicos y psicológicos durante su detención en la prisión de Gaziantep. Türkmen se encuentra detenido desde el 16 de marzo por haber pronunciado un discurso de solidaridad con los trabajadores de la fábrica de alfombras Sırma en Gaziantep, que habían dejado de trabajar por el impago de sus salarios. Enfrenta un pedido de prisión de uno a tres años, así como una inhabilitación permanente para ocupar cargos sindicales y políticos. En el expediente judicial figura una denuncia realizada “de oficio” por un fiscal, acusando formalmente a Türkmen de violar el artículo 217/A del Código Penal turco por “difundir públicamente información engañosa”. En la presentación realizada por el abogado Özer se esclarece esta situación: “El propietario de Sırma Carpet es el hijo de uno de los empresarios más importantes de Gaziantep. En su intervención, mi cliente mencionó a un trabajador al que le arrancaron los brazos en la fábrica Şireci Textile en diciembre y dijo que ningún empresario había rendido cuentas por ello. El fiscal alega que el trabajador no presentó ninguna denuncia y, por lo tanto, acusa a mi cliente. Pero hay un mundo de diferencia entre lo que un sindicalista entiende por exigir responsabilidades y lo que entiende un fiscal. El fiscal considera que el papeleo es rendir cuentas, mientras que un líder sindical ve las condiciones que causaron el accidente y la falta de un castigo disuasorio como un incumplimiento de la responsabilidad de rendir cuentas. Nos enfrentamos a este proceso judicial simplemente porque dijo que los trabajadores no deberían perder sus brazos y piernas” (ANF, 10/05). La situación de detención de Türkmen es completamente infrahumana, violando todos los criterios básicos de detención. El abogado defensor ha denunciado esta situación: “Estas salas están diseñadas normalmente para 20-25 personas, pero actualmente albergan a 60-65 reclusos” (Ídem). Estas denuncias son acompañadas por el sindicato BİRTEK-SEN, que el propio Türkmen preside, pero dejado de lado por el conjunto de los dirigentes sindicales. El silencio más abrumador lo realiza la central obrera “progresista” y “opositora” a Erdogan (DISK) que no ha emitido su solidaridad ni con Türkmen ni con ninguna de las luchas obreras que se han librado en el último periodo en Turquía, a medida que la inflación crece y las patronales continúan incrementando sus abusos en los ritmos de trabajo e incumpliendo los pagos de salarios en tiempo y forma, sin contar los paupérrimos salarios que abonan. En los días previos a una audiencia judicial, prevista para este martes 12 de mayo, fue sometido durante al menos cuatro días a un régimen de aislamiento total. El motivo habría sido su persistencia en denunciar las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los presos en su pabellón y la apremiante situación de un compañero de celda que sufría complicaciones médicas sin que su salud interese a los guardiacárceles. Represión La represión contra el movimiento obrero y la prensa opositora, una constante de Erdogan, se ha visto intensificada en los últimos meses. El ascenso de las luchas obreras, al margen de la burocracia oficial y “opositora”, tiene relación con el surgimiento de nuevos dirigentes independientes en el movimiento obrero y las necesidades de una nueva generación de trabajadores. El apoyo popular a la movilización sobre Ankara, capital del país, por parte de los mineros de Doruk -que recorrieron más de 200 kilómetros para lograr su objetivo- terminó por derrotar la feroz represión del gobierno que había detenido a los principales dirigentes del sindicato minero (Başaran Aksu y Gökay Çakır) y a más de 110 trabajadores. La lista de dirigentes sindicales detenidos va en franco crecimiento. Por nombrar solo algunos casos, encontramos: Esra Işık, líder comunitaria que lucha contra la destrucción del bosque de Akbelen en Muğla; İleri Devrim Yurtsever, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Naval, Transporte Marítimo, Almacenamiento y Almacenamiento (LİMTER-İŞ); su secretario general, Beycan Taşkıran; Kenan Hesas, miembro de la junta ejecutiva general; el ex presidente Kanber Saygılı; y los ex ejecutivos Aydın Kılıçdere y Hakkı Demiral están encarcelados desde principios de febrero. Asimismo, el sindicato de periodistas denuncia que 14 periodistas permanecen en prisión debido a su actividad periodística, entre ellos Merdan Yanardağ, exdirector del canal de televisión TELE1; Alican Uludağ, reportero de DW Türkçe; e İsmail Arı, reportero del diario BirGün. El gobierno de Erdogan está jugado a una feroz represión contra los trabajadores turcos y cualquier manifestación política de oposición a su gobierno. En el marco de la intensificación de la guerra imperialista en Medio Oriente, el gobierno turco se ha colocado al servicio de la “diplomacia”, es decir, una capitulación de Irán ante Trump y Netanyahu. Mientras se contempla que cerca de un 90% de la población turca rechaza la guerra no provocada de Trump y Netanyahu contra Irán. La represión de Erdogan, en el marco de una intensificación de la guerra imperialista, recuerda (por si hiciera falta) el carácter irreconciliable entre los intereses de los trabajadores y los capitalistas. LEER MÁS: Turquía: la lucha de los mineros del carbón desafía al gobierno de Erdogan Por El Be, 28/04/2026.

El pequeño núcleo de docentes de José C.Paz y San Miguel que dio origen al movimiento autoconvocado "En defensa de la Educación Especial “integra la lista Naranja en esos distritos. Y hay tres razones principales para ello. La primera es que la Naranja es la única que plantea la derogación de la resolución 1664/17 y reclama la restitución del carácter de rama diferenciada de la enseñanza para la Educación Especial. La segunda razón es que planteamos la jubilación a los 20 años de servicio sin límite de edad. Una vieja reivindicación del primer sindicato propio de la docencia especial que nació en los años 60 y se disolvió a fines de los 80: la ADyTED, la Asociación de Docentes y Técnicos de la Enseñanza Diferenciada. Tercera razón, planteamos luchar por un salario igual a la canasta familiar por cargo. Tanto la lista Celeste como la Multicolor no llaman a derogar la 1664/17 y la razón es simple: para la Celeste la “inclusión” que pregona esta resolución dictada bajo el gobierno macrista de Vidal estaría garantizada por Kicillof-Urquiza. Para la Multicolor, integrada en su enorme mayoría por docentes que militan en los partidos del FITu, colocarse en contra de una resolución que habla de “inclusión” sería “piantavotos”. Para una izquierda perdida en la deriva electoralista, esto sería un sacrilegio. Ha quedado así objetivamente planteado un gran frente que va desde el macrismo, el peronismo y la izquierda del FITU. Por eso esta última se permite hablar de que la “inclusión se sostiene con recursos reales”; y hasta llegan a hablar, en la misma declaración, de que “para defender la rama, a los estudiantes y a los docentes, votá Multicolor el 13 de mayo” (declaración de fines de marzo en el grupo de WhatsApp “En defensa de la Educación Especial). Compañeros/as de la Multicolor: ¡hace 32 años que la Educación especial dejó de ser rama diferenciada de la enseñanza! Finalmente, los compañeros que integramos la Naranja y dimos origen al grupo de autoconvocados “En defensa de la Educación Especial” lo hicimos porque no estamos atados a esquemas tales como “Que SUTEBA convoque a plan de lucha", etc, que es lo que reclaman continuamente los compañeros de la Multicolor. Así no hubiera existido nunca el grupo ni la marcha histórica que protagonizamos TODOS.

En las vísperas de las elecciones del SUTEBA, crece la bronca en las escuelas del distrito por la parálisis del sindicato ante los enormes y acuciantes problemas que atraviesa la docencia. Hace tan sólo 40 días, el docente Cristian Pereyra caía asesinado a manos de un polichorro, mientras trabajaba de madrugada haciendo viajes con su automóvil. Tener un segundo y un tercer trabajo ya no es la excepción, sino que es la regla entre la docencia, que está percibiendo un salario de pobreza, cuando no de indigencia. Todo esto no le ha movido un pelo de la barba a Baradel, el Secretario General del SUTEBA que sigue con su apoyo incondicional a las políticas del gobernador Kicillof. Se demuestra de esta manera el acierto de presentar una oposición antiburocrática, en las próximas elecciones del SUTEBA, para no dejarle el terreno libre a una burocracia que es una loza sobre las cabezas de la docencia que quiere salir a luchar. Con un enorme esfuerzo militante hemos constituido el “Frente Multicolor + Naranja” que es la única Lista que presentó un programa, donde plantea que: “No queremos un sindicato que gestione el ajuste, queremos un sindicato independiente de los gobiernos de turno. Por un sindicato donde decidamos los docentes. Por asambleas de escuelas, de afiliados y no afiliados, autoconvocatorias, y plenarios provinciales para unir fuerzas y organizar la lucha por el salario, la obra social, la defensa del estatuto y la jubilación. El frente fue recogiendo una gran simpatía en las recorridas de escuelas durante toda la campaña y es la referencia de lucha al interior del SUTEBA, ante el oficialismo “Celeste/Violeta”, de un lado, y su versión descafeinada, la lista “Beige”, del otro. En el día de mañana, las decenas de fiscales de la Multicolor-Naranja iremos a defender el único voto que abre una perspectiva. Paro En paralelo a las elecciones del SUTEBA, un conjunto de docentes de diferentes escuelas y jardines de Ezeiza, con los cuales venimos compartiendo una experiencia común de impulsar las diferentes medidas de lucha que van surgiendo, como ocurrió durante los paros del SUTEBA Tigre y de la FEB, todos los cuales han tenido una alta adhesión autoconvocada en el distrito, hemos decidido dar un paso adelante en la organización constituyendo una Coordinadora Docente de Ezeiza que debatió y resolvió impulsar al paro convocado por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, un gremio antiguo que se reactivó en 2023-2025 obteniendo la inscripción gremial. La convocatoria a parar por parte de la Coordinadora Docente de Ezeiza recorrió todo el distrito, logrando una gran adhesión en numerosas escuelas secundarias, primarias, y en particular en los jardines, a pesar del boicot abierto por parte de otras agrupaciones docentes, y ni que hablar los aparatos sindicales. La voluntad de lucha crece desde abajo, este paro es un síntoma. Tenemos planteado avanzar mediante una mayor organización, asambleas por escuela y asambleas abiertas sistemáticas, por un plan de lucha y la huelga general, hasta obtener todos los reclamos. En primero lugar el salario, pero también las condiciones educativas, contra las reformas, en defensa del estatuto del docente, por Ioma y el régimen jubilatorio. ¡Adelante, compañeros!

Mañana miércoles 13 de mayo se harán las elecciones del SUTEBA, el sindicato docente más importante de la provincia de Buenos Aires. Deliberadamente, la dirección saliente impuso un estrechísimo lapso de tiempo para las deliberaciones y armado de listas. A estas condiciones proscriptivas, debe sumarse, durante la campaña, el hostigamiento a candidatos y fiscales de la oposición como así también la digitación de los padrones, el establecimiento arbitrario de los lugares de votación y utilización de licencias gremiales para que los candidatos Celestes desarrollen su campaña en desmedro de las demás listas. El objetivo de “la Celeste” es controlar la elección para evitar que se transforme en una deliberación general de la docencia y concluya en una renovación de las autoridades sindicales. Las asambleas convocadas de un momento a otro, las limitaciones a las listas de oradores y los tiempos de intervención en las mismas, la inexistencia de rotación y revocabilidad de cargos y la escueta representación de las minorías, terminan de configurar un sindicato antidemocrático. El SUTEBA es, hoy, un aparato burocratizado, alineado con Kicillof y que opera por su candidatura a presidente en 2027. Subsume cualquier reivindicación docente a sus propios intereses políticos. Se han encargado, en complicidad con el gobernador, de pulverizar las condiciones de vida, salariales y laborales de la docencia. Nuestra presencia La Tendencia Docente Clasista, que participa como lista Naranja en las seccionales de José C.Paz, San Miguel, Campana, Ezeiza y Bahía Blanca, fue la única corriente que caracterizó esta convocatoria como antidemocrática y exigió una reconvocatoria en tiempo y en forma. También somos la única lista que presentó un programa por escrito, aprobado en un plenario abierto, por decenas de docentes. El salario de 2.800.000 por cargo, la recapitalización del IOMA en base a un impuesto a las grandes fortunas y su control por parte de los trabajadores, la necesidad de un sindicato único nacional, la derogación de las reformas antieducativas y la defensa del régimen jubilatorio, entre otros aspectos, constituyen el núcleo de nuestro planteo. Unificamos la agitación y propaganda de un proceso electoral con la necesidad de poner en pie coordinadoras, autoconvocatorias y una huelga general como vía de superación del vaciamiento sindical contra el ajuste nacional y provincial sobre la educación pública. Durante la campaña, por otro lado, comprobamos un gran desinterés por la elección. Existe un agudo distanciamiento entre la base docente y esta burocracia sindical. Lo que prima es un proceso de desafiliación sindical, directamente relacionado con el rechazo a una conducción que durante décadas se ha encargado de convalidar todos los ataques salariales, laborales y educativos impuestos por los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales. Esta brecha se ha manifestado con mayor claridad en los importantes paros docentes provinciales autoconvocados de los últimos años. El recambio de ´figuras´ -de Roberto Baradel por María Laura Torre en la Secretaría General- es resultado de este desgaste de la Celeste, pero que no modificará en lo más mínimo su orientación política. La colaboración de clases practicada por esta corriente ha avanzado sin contemplación alguna, en un cuadro de barbarie educativa y de la situación social dramática de la docencia, a través de los gobiernos peronistas, con Vidal-Macri y ahora con Milei. La disgregación del peronismo ha originado ciertas divisiones de la Celeste, como en el caso de La Matanza y Ezeiza. Una elección exprés también era necesaria para evitar mayores desangres. El PCR y su lista docente Azul y Blanca se separó del oficialismo del SUTEBA luego de permanecer asociada a éste durante varios años, pero sin romper su integración al peronismo. El FITU y la Multicolor, carentes de otro programa y perspectiva que no sea una disputa de cargos, sellaron un acuerdo entre cuatro paredes con esta corriente, precisamente, en La Matanza, la principal seccional del sindicato. El frente “Multicolor-Azul y Blanca” marca un claro corrimiento derechista de la Multicolor, avalado por todas las corrientes que la integran, avivando las especulaciones electorales de un frente de Myriam Bregman y el PTS con el peronismo. La campaña electoral profundizó la disgregación política de la lista Multicolor. Sin un programa común, la lista provincial solamente ha sido militada por las corrientes que la encabezan (La Verde de Tigre, la Granate de Bahía Blanca y La Marrón del PTS). Este cuadro se ha repetido también en las listas seccionales. Una vez más, a la hora de las acciones directas, se ha plasmado una división, porque las seccionales dirigidas por la Multicolor no actuaron unificadamente durante los paros del 21 y 29 de abril. Tampoco convocaron a un plenario provincial abierto para debatir cómo actuar. En Tigre, la Multicolor encabezada por la Lista Verde disputará la reelección ante la Celeste, mientras que, en Marcos Paz, la Multicolor ha sufrido una división de parte de una lista que se proclama “independiente de todos los gobiernos y partidos políticos”, en clara delimitación con el FIT U. En Bahía Blanca, la Naranja-Tendencia Docente Clasista hará su segunda presentación, ante el agotamiento político de su conducción, que desde hace 20 años es encabezada por la Granate-Encuentro Colectivo Docente, y que ahora se presenta en alianza con el FIT U. El conservadurismo y la pérdida de democracia sindical se ha profundizado notablemente, con un manifiesto rechazo a las autoconvocatorias docentes, las huelgas generales y a realizar asambleas generales. La campaña de la Tendencia Docente Clasista-Lista Naranja se desarrolló sobre todo a través de recorridas por las escuelas y también vía redes, a partir de comunicados y videos de los candidatos, con pronunciamientos respecto de las diferentes problemáticas que padece la docencia. En José C. Paz llevamos más de 30 escuelas recorridas y tenemos presencia, a través de carteleras y candidatos en otras 20, entre jardines, primarias, secundarias, especiales y profesorados. En Bahía Blanca y San Miguel, la situación es similar. En Ezeiza y Campana, extendimos nuestra presencia como agrupación. En las discusiones directas con los docentes se reiteran las quejas con respecto al retroceso del salario, la sobrecarga laboral y el pluriempleo; y el vaciamiento del IOMA. El repudio a la Celeste es extendido por esta situación. Muchos docentes reconocen abiertamente que no se afilian o se desafiliaron porque “no se sienten representados”. De hecho, prácticamente no nos encontramos con docentes que manifiesten un apoyo taxativo a la actual conducción. El programa impreso con el que hacemos las recorridas es muy bien recibido no sólo porque plantea una salida a la situación actual sino también porque tiene la virtud de ser un planteamiento escrito y no en el aire. Más allá de nuestro planteamiento acerca de las condiciones laborales y salariales, lo que sobresale es la visualización de las autoconvocatorias para superar el vaciamiento sindical. Se pondera favorablemente el planteamiento de impulsar una acción directa que unifique bajo un planteo de lucha al conjunto de la docencia, sean o no afiliados. Además, porque los procesos de Santa Fe, Catamarca y Jujuy, hace poco, y los de Santa Cruz y Chubut ahora, son observados con atención. Expresan en la realidad la forma organizada desde las bases para superar la complicidad entre las conducciones sindicales, los gobernadores y el gobierno nacional en el ataque a la docencia. Queda claro, a partir de las acciones que desarrollamos en la campaña, que cada voto a la lista Naranja es un pronunciamiento por el desarrollo de coordinaciones y autoconvocatorias, en la perspectiva de la huelga general. Sin embargo, lo más importante es el hecho de que núcleos importantes de docentes participaron de la realización de videos y actividades, y lo harán como fiscales en la defensa de nuestro programa. Esto constituye el saldo más importante porque abona al crecimiento de la Tendencia Docente Clasista en términos de influencia sobre la docencia y suma compañeros que viabilizarán el desarrollo de la perspectiva señalada en nuestro programa.

En las vísperas de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno dio a conocer una nueva serie de recortes brutales en el financiamiento a la educación superior, a la educación en general y al sistema científico. Según lo publicado ayer en el Boletín Oficial, se recortaron futuros gastos por casi 110.000 millones de pesos para universidades, educación y ciencia y tecnología. El Plan Nacional de Alfabetización sufrió una poda de más de $35.000 millones y $21.686 millones para Infraestructura y Equipamiento. Los $5.303 millones que estaban destinados a obras y recursos en la UNLP, la UNSAM y la Universidad Nacional de Avellaneda también fueron eliminados. Además, se recortaron $559 millones en el rubro becas, entre otros. La ciencia también se verá afectada por este nuevo avance del gobierno en su política de destrucción y realineamiento del sistema científico nacional. Casi $35.000 millones fueron recortados en total de diferentes áreas. A esto hay que sumar los $3.263 millones que se le quitaron al CONICET, dentro de los cuales fueron dados de baja $2.049 millones destinados a exclusivamente a becas de investigación. Se trata de un claro desafío a la Marcha Federal Universitaria y de un mensaje para los fondos financieros. Mientras los rectores atacan a la docencia en huelga e intentan utilizar la movilización para volver a las negociaciones de una ley que reemplace a la votada, el gobierno se muestra yendo a fondo con su política de guerra contra la clase trabajadora, sus derechos, la educación, la ciencia y la salud. Aplica el método que exhibió con la interpelación a Adorni en el Congreso: exhibe su disposición a ´morir con las botas puestas´, de no recular ante los reclamos ni entregar piezas del Gabinete a pesar de las revelaciones que casi a diario sacuden a la cúpula libertaria en materia de afanos. No escatima esfuerzos en respaldar a un jefe de Gabinete a todas luces corrupto, incumple lo votado y refrendado en el Congreso y desoye los fallos judiciales que lo intiman a “ajustarse a derecho”. Es una verdadera banda fuera de la ley, aliada internacional de corruptos y genocidas como Trump y Netanyahu. La política del gobierno de guerra contra los trabajadores pone en evidencia la tibieza -cuando no la complicidad- de las direcciones nacionales de los sindicatos docentes. Ante el ataque feroz de Milei y su banda a la universidad y la ciencia, han venido desarrollando el mismo esquema de paros aislados que ya había fracasado en los dos años anteriores. Para luego de la marcha universitaria, por ejemplo, no está convocada ninguna medida de lucha, lo cual coloca a las direcciones sindicales a la rastra de la política de los rectores. En el único lugar donde la respuesta ha estado a la altura de la embestida del gobierno es en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí se viene desarrollando un paro por tiempo indeterminado desde el comienzo del cuatrimestre, con acciones de protesta y visibilización durante todas las semanas, y que está votado continuar la semana que viene. Por esta razón no se la da a conocer, ni desde la Universidad y las direcciones de las federaciones sindicales; ni desde el gobierno que se cuida muy bien de no atacarla. Ese es el camino que la lucha universitaria debe seguir; una lucha decidida y a fondo. Hagamos explotar las calles y las plazas de todo el país por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y contra el gobierno de ladrones, la guerra y la barbarie.

La dirección del SUTNA ha convocado una asamblea general extraordinaria para el lunes 18 en el local del sindicato en San Fernando. Es una convocatoria tardía, cuando los despidos de FATE llevan tres meses y la política de la Directiva se encuentra totalmente agotada. Tiene un largo temario, pero sin un informe acerca de la posición de la dirección acerca de ellos. Los asistentes a la asamblea se enterarán de los planteos y las conclusiones en el lugar, sin tiempo para formarse una opinión sobre ellos y presentar una respuesta, si cabe, a cada uno de ellos. Uno de los puntos de la agenda anuncia un informe sobre la situación del movimiento obrero, de una duración indefinida, que manda la pelota afuera en cuanto a los problemas más acuciantes de las grandes fábricas del Neumático. Hacia el final figura la situación de la Obra Social, un tema dramático para los trabajadores . No es una asamblea sino una pseudoasamblea, que no servirá para sacar al Sindicato del inmovilismo. Está concebida como una escribanía, no como un instrumento de lucha. Los miembros de la lista Negra, del oficialismo, asistirán con sus camperas habituales, que llevan la inscripción 'Crespo Conducción'. El primer punto del temario es la elección de la presidencia de la asamblea (artículo 17 del estatuto), o sea de quien manejará la lista de oradores y administrará el debate, algo que no ha tenido antecedentes democráticos favorables. . El segundo punto no es FATE, sino un “informe del movimiento obrero”, que incluye a FATE y el apoyo a los recapadores de Córdoba. No se conocen los términos del informe, ni las propuestas para encarar esos conflictos. Es una firme tradición del movimiento obrero independiente que las propuestas de lucha sean conocidas con antelación y que desempeñen una función movilizadora hacia la asamblea. El tercero y cuarto punto es un informe de las paritarias del SUTNA, que se encuentran empantanadas desde hace meses, de modo que es una incógnita las novedades que pueda aportar la Directiva en cuanto a medidas de lucha. En cuanto a la elección de seis paritarios, tampoco la dirección hace publica su propia propuesta. El punto cinco. uno de los puntos más críticos del temario, está planteado como “Situación de los mandatos de delegados ante la situación de la cruda lucha existente en todo el gremio”. Acá la dirección también omite cual va a ser su planteo, pero con el agravante de que el cierre de FATE afecta a media Directiva en situación directa. Segundo porque el temario omite la situación de Pirelli en particular la no convocatoria de la Negra a elecciones para desempatar el resultado de la última elección; la seccional Merlo se encuentra acéfala . Esta vacancia ha sido aprovechada por la patronal para desconocer los mandatos gremiales. En Bridgstone no se deja entrar a los directivos a la planta, otro desconocimiento. La política de la Negra en materia de los criterios de funcionamiento de los delegados ha fracasado: nunca se utilizó el criterio de que los rentados gremiales fueran extremadamente escasos y que incluso rotaran los cargos. Ha primado el criterio de que el Sindicato se hiciera cargo de viáticos y las licencias gremiales lo que de hecho formó un aparato que se resquebrajó cuando la caída brutal de afiliados afectó las propias finanzas del Sindicato . La situación casi no tiene retorno. La dirección seguramente llevará a la Justicia el reconocimiento gremial, pero no deja ninguna enseñanza para la clase obrera de los métodos clasistas de los delegados sindicales. El último punto de la asamblea es grave. “Informe de situación sobre S.U.T.N.A y O.S.P.I.N., propuesta de plan de acción (de conformidad con lo establecido en los artículos 12 inciso d) y (79 del Estatuto Social) ¿Qué significan los artículos 12 inciso D y el 79 del estatuto? Los mismos autorizan toda adquisición, venta o compra de bienes inmuebles con consentimiento de una asamblea general. Como el SUTNA no está en condiciones de comprar nada, el temario lleva implícita alguna venta de bienes, para refinanciar a la Obra Social, que ya no da respuesta a nada en materia de salud. La directiva está pidiendo autorización para vender un camping o algún hotel para cubrir las deudas impagas. Ni abrir los libros ni abordar el problema en unión con otros sindicatos como lo hacen todas las organizaciones gremiales pequeñas . En resumen, la asamblea no está pensada para ocupar FATE realmente y ponerla a producir ; vender la producción resultante y la existente, para pagar los sueldos hasta junio, como lo establece un acuerdo de despidos con fecha para ese mes. Simplemente se obtendrá una limosna que legitimará las cesantías La línea de festivales, torneos de boxeo y de truco y el pasilleo interminable por el Parlamento corresponde a una orientación anticlasista que nunca tuvo el Partido Obrero ni en las ocupaciones del 70 ni en Editorial Atlántida, ni en AGR, ni en Bed Time. Una ocupación real se puede ganar o perder pero se inscribe en la lucha histórica de la clase obrera.

La crisis de Granja Tres Arroyos no para de agravarse, y ya hay muchos analistas que plantean la posibilidad de una quiebra. Este martes, la planta de Wade -la ex Cresta Roja- fue paralizada por los trabajadores ante la falta de pagos. La planta de Córdoba también está de paro. En las granjas productoras, los paros son frenados por UATRE, mientras la empresa aprieta ofreciendo arreglos. Hasta ahora, todas las plantas de Granja Tres Arroyos venían teniendo conflictos por los retrasos en los pagos, salvo la ex Cresta Roja. Con la suma de Wade SA, la sociedad que armó Cresta Roja para comprarla, todas las plantas de la principal avícola del país están cursando conflictos. En la planta de Concepción del Uruguay, la nueva comisión directiva del STIA viajó a Buenos Aires a negociar con la empresa, ante una nueva falta de pagos sobre salarios que se redujeron y sobre un plan de pagos de cinco cuotas por quincena. El curso que marca la nueva directiva es hacer los reclamos “legales”, una vía que fortalece la posición de la empresa que incumple leyes y acuerdos a diestra y siniestra. En la planta de Capitán Sarmiento, la empresa no pagó los servicios así que desde la semana pasada la planta se encuentra sin luz y sólo opera con generadores. Durante la jornada de hoy correría la misma suerte la planta de Concepción del Uruguay. En las granjas productoras que GTA tiene diseminadas por todo el interior de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, los trabajadores venían haciendo paros cada vez que no se pagaban las cuotas de los sueldos. Desde las granjas se dio a conocer una parte sustancial de la crisis: por el atraso en los pagos de la empresa, los pollos no recibían el alimento necesario para su engorde, provocando el corte del ciclo productivo, además de matanzas de animales no aptos para la venta. Los directivos de UATRE han buscado disuadir a los trabajadores de las granjas de que hagan huelgas, batiendo el parche de que ya no estaban permitidas a partir de la contrarreforma laboral. Los encargados de Recursos Humanos de la empresa recorren las granjas ofreciendo arreglos por el 50 % de las indemnizaciones. Después de dos años de crisis, es evidente que no estamos ante un problema de “liquidez” de la empresa de la familia De Grazia. Lo que al principio se intentó disimular como “una tensión financiera” es hoy un proceso de quiebra abierto, como lo prueba el derrumbe de la producción industrial de la empresa. Según Infogremiales, “los números que circulan hablan de que mientras años atrás el grupo faenaba alrededor de 700.000 pollos diarios, hoy el volumen se habría reducido a cerca de 200.000 aves por día”. Según consta en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la deuda de Wade SA supera los $6.000 millones y suma 615 cheques rechazados por falta de fondos. Granja Tres Arroyos, la controlante, está todavía peor: cuenta con una deuda en cheques que asciende a $29,3 mil millones, producto de 1.813 cheques rechazados. La posibilidad de acceder a financiamiento, en este cuadro, es remota. Estamos ante un proceso de liquidación de los activos de la empresa hacia la quiebra definitiva. Los gremios que intervienen en el conflicto juegan todos con las mismas cartas. Acompañar las negociaciones legales, presentar medidas ante el Ministerio, seguir la ruta de las negociaciones que propone la empresa. Para que los trabajadores no expresen su voluntad de lucha, evitan convocar a asambleas en las plantas. Los paros de las plantas de Granja Tres Arroyos son verdaderas “autoconvocatorias” que pasan por arriba de la orientación de la representación oficial. Existe un conflicto permanente entre la bronca general de los trabajadores y la política dialoguista de la burocracia sindical -tanto de la UATRE como del STIA-. Cuando la empresa denunció a los trabajadores de Concepción del Uruguay por realizar “paros intempestivos”, los representantes del STIA dijeron no tener nada que ver con las huelgas impulsadas por los delegados. El proceso de quiebra plantea a diario la discusión entre los trabajadores sobre cómo actuar. Los cuerpos de delegados -con excepción de los delegados de Concepción del Uruguay- actúan como poleas de transmisión de la orientación de los sindicatos, y no como representantes de la voluntad de los trabajadores. En las puertas de la planta de Pilar los trabajadores comentan que, por la falta de perspectivas, un sector se inclina por el arreglo. La mayoría debe recurrir a trabajar en otras changas para complementar un salario sobre el cual no hay certezas de cobrarlo. El paro de Wade y de la planta de Córdoba, el corte de luz de la planta de Cahuané, los cheques rechazados por miles de millones de pesos grafican un proceso de quiebra sin retorno. Los trabajadores deben actuar con la comprensión de esto porque, de lo contrario, además de quedar afuera de la empresa serán las principales víctimas de la quiebra, como ya lo son con la reducción salarial, con los pagos en cuotas, etc. Frente a una quiebra, corresponde preparar la ocupación de las plantas para frenar el desangre de la empresa al que la está llevando la familia De Grazia, reclamando el control obrero de los planes productivos, así como de las cuentas de la misma, para frenar el vaciamiento y para imponer el pago en tiempo y forma de las obligaciones que le corresponden a la empresa con los trabajadores.

La discusión sobre las leyes de salud mental no puede separarse del contexto político, social y económico de un capitalismo en crisis. Discutir los aspectos técnicos de una ley separados de la ideología de las clases sociales que la impulsan es arrastrar al conjunto social que la demanda a una nueva frustración. Para el capitalismo la salud mental es irrelevante y forma parte del sistema punitivo. El loco es el resto improductivo de la sociedad: no es un sujeto de derecho sino un estorbo, una molestia, un gasto. En realidad, la salud en general del pueblo forma parte de la misma mirada, la productividad que produce ganancia es el dios capitalista, el resto es un gasto que sacrifica los presupuestos y el llamado superávit fiscal. La nota de la época está dada por la baja de los llamados gastos sociales o la subejecución de los mismos y por el incremento de los presupuestos de guerra, los déficits fiscales y el endeudamiento de los Estados dirigidos a subsidiar a las empresas privadas, y la especulación en bonos públicos. La transferencia de ingresos ha creado una clase capitalista parásita que vive del empobrecimiento generalizado de las clases obreras y del conjunto de los trabajadores. La desocupación, la baja de salarios y jubilaciones, la pérdida de derechos laborales, la precariedad, las condiciones de vivienda y sanidad en las barriadas obreras... enferma. Los filósofos progresistas del régimen insisten en que una de las cuestiones centrales del presente está dada por la pérdida de perspectivas de la juventud y hasta por un fatalismo que recuerda la vieja consigna del “no futuro”, que ahora vuelve a acompañar a las nuevas generaciones. Esta consigna ya ha atravesado a por lo menos tres generaciones. Es la que no parece envejecer. Pero no son las actuales generaciones las que carecen de futuro ni las anteriores, sino el propio capitalismo que en su decrepitud arrastra a los jóvenes de hoy, de ayer y de siempre a la senda de la barbarie. Los progres, los reformistas, los liberales humanistas y todo el resto de demagogos observan, miden y opinan sobre la pobreza como un fenómeno social ajeno y reversible: se trata de que el capitalismo se humanice, de que comprenda la injusticia social que provoca. Observar la pobreza no es lo mismo que vivirla y lo mismo sucede con la enfermedad mental. Al interpretar el “sentido de la vida” desde el punto de vista liberal, las legiones académicas se sitúan a una enorme distancia con respecto a la realidad miserable de la población. Repito: la pobreza enferma y el crecimiento de los trastornos mentales es una manifestación viva de esto. Para los representantes del régimen y para aquellos que vergonzosamente se suman a esta cruzada sanitaria, el tema pasa por una ley y con esto el problema quedaría resuelto. El debate se traslada a qué hacer con los enfermos mentales y no con las causas de la enfermedad mental. Se trata de humanizar los tratamientos en el caso de los burgueses con una formación más humanista, o endurecerlos y discriminar al loco marginándolo de la sociedad, para los más fascistas; aunque, tanto unos como otros, discutirán el fenómeno de la locura como algo de lo que hay que ocuparse siempre y cuando no desequilibre los presupuestos destinados al pago de deudas, gastos armamentísticos, pagos por corrupción y todas las lacras que acompañan la llamada “economía social de mercado”. El llamado proceso de desmanicomialización tan promocionado en nuestro país desde finales de los años 90, que se sostenía en teorías humanísticas y derechohumanistas, basado en experiencias italianas (Trieste), terminó convirtiéndose en otra forma de ajuste. El cierre de manicomios (llamados monovalentes, porque las palabras importan) terminó por echar a los locos a la calle, sin ningún tipo de red social de contención o devolviéndolos a su precariedad de origen, con lo cual también los devolvieron a sus propios precursores etiológicos. El discurso interdisciplinario conforme con este proceso acompañó las medidas desmanicomializadoras hasta su puesta en marcha y, sintiéndose reconocido y aprobado por los mandantes de turno, empezó a justificar aun aquellos casos donde la indefensión de los enfermos los volvía a situación de calle o al suicidio social. La premisa de cerrar áreas enteras de hospitales psiquiátricos estaba cumplida y los colocaban como los representantes de una tendencia mundial progresista y moderna. Las certificaciones académicas, los trabajos y publicaciones de investigación, las charlas y conferencias en el país y en el exterior justificaban los sacrificios de los enfermos. Rindió un lucro descarado tanto al Estado, que logró bajar los presupuestos de salud, como a sus teóricos que incrementaron su prestigio y abultaron sus billeteras. Para el capitalismo y sus representantes parlamentarios, ejecutivos y legislativos la locura es un resto, una anomalía, una fractura subjetiva. Responder con políticas de DD.HH., de atención, de desarrollo vital al enfermo mental es sentido como una dádiva. ¿Acaso podría ser de otro modo para un régimen que desconoce estos derechos a la población corriente, sobre todo a la clase obrera? Tanto el kirchnerismo en su momento como el mileísmo en la actualidad, con sus procesos de leyes de salud mental, de lo que tratan es de que el loco que pueda pagar sea asistido y el que no pueda, que se haga cargo de su padecimiento, “después de todo el Estado no es responsable”. La desmanicomialización fue un gran negocio que fructificó en clínicas privadas, centros de atención, ONG y todos aquellos que de una u otra manera entienden la enfermedad como un negocio. La locura atravesó los presupuestos de las obras sociales con una carga de corrupción que continúa hasta el día de hoy. ¿Acaso los tratamientos privados llevaron a una política humanística del tratamiento de la enfermedad mental? En absoluto. Las denuncias que recaen sobre estos centros dan testimonio del abandono, el maltrato y la absoluta falta de una terapéutica destinada a los enfermos. La demanda de una ley de salud mental debe ser contextualizada en una realidad social concreta. Sería utópico esperar de un gobierno que toma al diferente como “parásito”, que plantea que los jubilados sean asistidos por sus familiares, que desarrolla las tesis hitlerianas sobre la discapacidad (idiotas), etc., que vaya a proponer una ley de salud mental que beneficie a los enfermos mentales. La discusión de cualquier ley de salud mental pasa, en primer lugar, por la denuncia del régimen social que lleva a la humanidad a la barbarie, donde la locura aparece como una consecuencia de esta política criminal. Cualquier ley de salud mental tendría que ser discutida en términos de lucha política contra el Estado, donde se empiecen por cumplir con las reivindicaciones de los trabajadores de la salud. Son los trabajadores de la salud los que deberían tener en sus manos la discusión de cualquier proyecto de salud mental y garantizar con su movilización y su lucha que este proyecto se lleve adelante. Los familiares de los enfermos mentales deben ser convocados a esta lucha como hoy están convocadas las familias con integrantes discapacitados. Mejorar las condiciones de vida de los enfermos mentales pasa por una lucha del movimiento obrero y el pueblo por mejorar sus condiciones salariales, laborales, de vivienda, de salubridad.

El pasado 9 de mayo quedó inaugurada la Biblioteca Federico Decoppet en el local de Boulogne de Política Obrera, con un registro inicial de más de 2200 libros donados por compañeros simpatizantes y militantes, y especialmente el generoso gesto de María Sánchez por el aporte de la biblioteca personal de Pablo Rieznik y parte sustancial de la propia. La apertura de esta biblioteca constituyó un acto cultural de enorme significación para la construcción y desarrollo de una militancia socialista consciente, critica e intelectual de trabajadores y jóvenes para que se acerquen a las ideas de la emancipación social. La inauguración tuvo además un valor profundamente emotivo ya que el 15 de mayo se cumplirán cinco años de la muerte de Federico Decoppet, compañero entrañable cuya trayectoria militante, compromiso inquebrantable y pasión por la defensa de las ideas socialistas dejaron una huella indeleble. Que esta biblioteca lleve su nombre es una expresión política y la reivindicación de su legado. Fede no fue solo un luchador consecuente; fue también un trabajador que comprendió que la pelea por cada conquista inmediata debía enlazarse con la lucha histórica de la clase obrera por la transformación socialista de la sociedad. Portero precarizado que peleó hasta el último día por su pase a planta, tribuno popular en Vicente López, denunciante incansable de la especulación inmobiliaria y de la expulsión de los trabajadores de sus barrios y lugares de trabajo, Federico encarnó una militancia que hacía de cada batalla concreta una escuela política. Pero además fue un lector apasionado, convencido de que la formación teórica es una condición imprescindible para la acción revolucionaria. Ese fue precisamente el sentido central que atravesó todos los discursos de la jornada: una biblioteca obrera no es un depósito silencioso de libros, ni un ornamento cultural: es una herramienta de combate. En un tiempo signado por la degradación educativa, el vaciamiento cultural y la ofensiva ideológica de la barbarie capitalista, abrir una biblioteca es levantar una bandera política. Hicieron uso de la palabra las compañeras Eugenia Cabral, Olga Viglieca, Pablo Busch, y cerramos con la lectura de los poemas de Carla Manfredi y Silvia Jayo. La Biblioteca Federico Decoppet ha nacido como una herramienta de formación y combate para la militancia obrera. Su apertura afirma el derecho de los trabajadores a apropiarse del conocimiento, desarrollar pensamiento crítico y preparar las luchas que vienen. Que cada libro sea una invitación a transformar la cultura en una fuerza al servicio de la emancipación y el socialismo. ¡Adelante, compañeros! Video:

El 1° de mayo, el Pentágono cerró acuerdos con siete empresas de inteligencia artificial: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services. Luego se sumó Oracle. La serie de acuerdos consiste en integrar inteligencia artificial (IA) avanzada en sus redes informáticas clasificadas. Estados Unidos ha utilizado la inteligencia artificial en Gaza, Ucrania, El Líbano o Irán, para el análisis de imágenes satelitales, la identificación automática de objetivos, el manejo de drones autónomos o semiautónomos, la predicción de movimientos enemigos, el espionaje y la ciberseguridad. Gracias a la IA, los drones modernos incorporan capacidades para seguir objetivos, evitar interferencias, coordinar ataques y operar parcialmente sin piloto humano. Esto reduce costos y acelera tanto la defensa como los ataques. Así, la gestión y síntesis de grandes volúmenes de datos logra optimizar la toma de decisiones en tiempo real. El Pentágono remarcó la urgencia de acelerar su adopción y diversificar los proveedores. Tal vez sea un aprendizaje de lo que le pasó a Ucrania en 2022, cuando Zelenski quiso usar Starlink, de Elon Musk, para dirigir un ataque con drones navales contra la flota rusa en Crimea. El ataque fue abortado debido a que el magnate sudafricano desactivó el sistema debido a su oposición a escalar el conflicto en ese momento. Existe un conflicto potencial respecto de quién comanda las decisiones bélicas. La relevancia de la tecnología aplicada a la guerra les otorga a las empresas un lugar en la dirección de la defensa. Esta serie de acuerdos está relacionada con el conflicto que tuvo el Pentágono con Anthropic. Anthropic es la gran ausente del acuerdo. Hasta hace unos meses, el modelo Claude, de Anthropic, estaba integrado en plataformas militares como el sistema Maven de Palantir, que el ejército estadounidense utiliza para el procesamiento masivo de datos militares: imágenes satelitales, señales electrónicas, reportes de inteligencia y datos de drones. Sin embargo, a principios de año el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro”, tras una disputa de varios meses sobre la insistencia de la compañía en medidas de seguridad que, según el Pentágono, eran excesivas. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, hizo públicas sus preocupaciones de que las agencias de defensa pudieran utilizar potentes herramientas de IA para llevar a cabo una vigilancia interna masiva y desplegar armas de guerra totalmente autónomas. Por eso el Pentágono dejó de usar Claude, aunque el sistema es utilizado en otras áreas del Estado. Sobre este conflicto, Palantir sentó posición en el manifiesto de 22 puntos que publicó recientemente en X. Palantir, la empresa de Peter Thiel, fue en sus inicios financiada y desarrollada por la CIA. Es una empresa de software especializada en “big data” e inteligencia artificial. Sus algoritmos han designado hospitales y escuelas de niñas como blanco para los Tomahawk norteamericanos, y seleccionan inmigrantes para deportar en las redadas de ICE. En su manifiesto, Palantir hizo un llamado al resto de las tecnológicas a supeditarse a los intereses del Estado en su guerra comercial contra China. Palantir coincide en objetivos fascistas de control social y supremacismo racial. La burbuja de la IA El otro eje de la cuestión es la burbuja financiera que se está creando alrededor de la IA. Se está invirtiendo más en infraestructura de IA de lo que la rentabilidad inmediata puede justificar. Los centros de datos gigantes, los chips carísimos, el enorme consumo eléctrico, la contratación masiva de ingenieros y las startups valuadas en miles de millones -que aun no dejan ganancias- están generando miles de millones de dólares de deuda. Muchas empresas están construyendo casi lo mismo, lo que puede terminar generando exceso de capacidad y caída de precios. El aumento de los hidrocarburos no colabora, y tampoco lo hace la velocidad de obsolescencia de los chips. Según J. P. Morgan, las tecnológicas emitieron alrededor de 455.000 millones de dólares de nueva deuda para financiar infraestructura de IA y centros de datos. Por lo tanto, el acuerdo del Pentágono con las tecnológicas es, además de una necesidad para la maquinaria bélica imperialista, un rescate financiero del Estado imperialista a los paladines mundiales de la meritocracia. Pero, como no podía ser de otra manera, es también un negociado: 1789 Capital, un fondo de inversión del cual Donald Trump Jr. es socio e inversor en Reflection IA, es la menos relevante de las tecnológicas incluidas en el acuerdo. Algunos análisis del sector estiman que el gasto total del Pentágono en IA, nube y ciberseguridad, ya supera los 32.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Para tomar un ejemplo, el Pentágono adjudicó a Scale AI, empresa de la que Meta posee el 49 %, un contrato de 500 millones de dólares, lo que supone un aumento de cinco veces con respecto al acuerdo de 100 millones de dólares que la startup firmó en septiembre de 2025. La relación de Palantir con el Estado imperialista se registra desde sus inicios, pero desde que asumió Trump multiplicó sus contratos con varias agencias del gobierno de Estados Unidos, especialmente en defensa, inteligencia, inmigración y seguridad. En 2025 firmó un contrato marco de hasta 10.000 millones de dólares a diez años para software de datos e inteligencia artificial aplicado a operaciones militares. La guerra algorítmica, tal como la está planteando el imperialismo, es un sistema enredado en las propias contradicciones del capitalismo.

La cuarta marcha federal educativa tuvo una concurrencia masiva en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas también masivas en el resto del país. Miles de docentes, estudiantes, no docentes, investigadores y trabajadores en general se movilizaron a la Plaza de Mayo para rechazar los recortes del gobierno de Milei y reclamar el inmediato aumento de los salarios, las becas y del presupuesto. Las columnas de las distintas facultades y colegios de la UBA tuvieron una participación muy importante en la convocatoria. El empuje de las bases contrasta con la orientación planteada por sus convocantes. La marcha universitaria fue encabezada por los rectores de las universidades nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) adscribieron al documento leído en el acto realizado en Plaza de Mayo. En este documento se señala la debacle universitaria, se plantea que la universidad es una institución de ascenso social y se pide a la Corte que tome partido en favor de las universidades. Quedan allí expresadas todas las limitaciones de la estrategia del CIN y el frente sindical para darle una salida al colapso de las instituciones que dirigen. Su derrotero lleva más de dos años, durante los cuales se ha producido un desangre en la universidad: salarios por debajo de la línea de pobreza, renuncias masivas en todos los niveles, hospitales universitarios en crisis terminal, proyectos de investigación y desarrollo destruidos. El decano de Exactas sintetiza este diagnóstico cuando señala que “estamos marchando por algo tan sencillo como que se cumpla la ley, nada más”. Las limitaciones en lo que refiere a las consignas de la marcha hablan de una estrategia que conduce a una derrota premeditada. Frente a la destrucción del estado de derecho, de las universidades, de los hospitales, que se reduzca el reclamo al pedido de intervención de la Corte para que falle a favor de una ley que ya fue votada cinco veces en el Congreso, implica que los rectores no irán más allá de la vía que hasta ahora ha fracasado, para desviar el profundo empuje de lucha que surge como reacción al golpe social y económico del gobierno. Si la Corte interviene a favor de las universidades, se plantearía la ilegitimidad del gobierno, es decir una crisis de poder. Dentro de la UBA, la facultad de Exactas encaró la marcha con un corte de autopista Cantilo a las 10 de la mañana, buscando imprimir un carácter de rebelión a la jornada del martes 12. Este corte se realizó en el marco del “paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley” que ya lleva nueve semanas. Es decir que el reclamo del cumplimiento de la ley es tomado como un requisito mínimo de funcionamiento, no como la aspiración fundamental. Sin embargo, es la única Facultad del país que sostiene esta medida. En las demás se cumplen los paros intermitentes que dispusieron los sindicatos docentes y no docentes. Las columnas de estudiantes y docentes partieron de las Facultades y concentraron en Plaza Houssay, donde convocaba el CIN y la AGD-UBA. Asistieron la mayor parte de facultades, colegios y sindicatos, con algunas excepciones. Sociales concentró en su facultad y marchó por 9 de Julio hasta Av. de Mayo. Exactas-UBA armó su columna separada en Callao y Mitre, encabezada por el decano, en un intento de despegarse de la conducción de la UBA y mostrar su propio arrastre. La asamblea interclaustros de la facultad había votado que la columna de Exactas sea encabezada por la bandera “Exactas-UBA en PARO por tiempo indeterminado”, en claro desafío a la conducción del decano. Seguiremos disputando la orientación de esta lucha entre quienes queremos desarrollarla con los métodos históricos de los trabajadores y quienes quieren mantenerla en el brete parlamentario-judicial que busca culminar en acuerdos que consoliden la liquidación del salario. El cumplimiento de la ley de financiamiento universitario es simplemente un piso existencial para que puedan sobrevivir los docentes y no-docentes y para que carreras y departamentos eviten un colapso, en muchos casos inminente. Esto es más acentuado en unidades donde no existen docentes ad honorem, como la facultad de Exactas-UBA o los colegios preuniversitarios. En otros lugares plagados de ad honorem y docentes nombrados a dedo, si el colapso no es inmediato, lo es como tendencia. Si la ley es un piso existencial, desarrollar una marcha como un hecho puntual, no alcanzará para hacerla efectiva. Son necesarias medidas de acción directa que acompañen, como ocupaciones, clases públicas en la calle y, finalmente, la huelga educativa. El gobierno responde que "la ley nació muerta", porque no señala de dónde se financiará. Lleva la discusión a que afectaría el ´equilibrio fiscal´, que todos los partidos en los cuales se referencian los decanos piden respetar a rajatabla. Finalmente, son los mismos partidos que aprobaron el presupuesto sin considerar los fondos universitarios. Tampoco cuestionan esta flagrante violación del estado de derecho. Estas chicanas no tendrían lugar si el movimiento siguiera el camino de Exactas-UBA con su paro activo. Si el reclamo tuviera eje en el estado de excepción y el golpe social y económico de Milei a la universidad, los hospitales y los trabajadores en su conjunto. Si la huelga universitaria estuviera colocada en la perspectiva de una huelga general, por supuesto que la marcha sería política, opositora y la discusión no podría girar en cuestiones de “equilibrio” sino de democracia y de legitimidad. En cambio, los rectores y sindicatos colaboraron con la despolitización de la marcha, amputando las consignas contra el gobierno, a pesar de que la masa movilizada ayer a la tarde cantó durante horas consignas contra Milei y su pandilla de ladrones. Es en esa dirección que el movimiento universitario necesita elevar sus planteos para triunfar.

La reciente desclasificación de los archivos del caso Epstein ha permitido a The Institute for Primary Facts (Instituto de Hechos Primarios) —una ONG destinada a "promover la alfabetización cívica mediante exhibiciones de museos itinerantes e inmersivas" poner en marcha un dispositivo de denuncia demoledor. Se trata del montaje de una sala de lectura y una instalación artística interactiva que exhibe la totalidad de los archivos que prueban los vínculos de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. De acceso público pero ubicada en un departamento secreto en algún lugar de Tribeca, Manhattan, la muestra requiere una inscripción previa a través del sitio oficial de la organización para poder ser visitada. Un lugar común afirma que una imagen vale más que mil palabras. Quizás ese sea el objetivo de esta instalación, que combina e hibrida recursos artísticos con documentación pura y dura: textos impresos, encuadernados y perfectamente ordenados en 3.437 volúmenes que contienen 3,5 millones de páginas. En total, la sala sostiene 7.700 kilos (17.000 libras) de archivos públicos y parcialmente censurados de los que, según los organizadores, "Trump se ha esforzado al máximo por distraernos". Sin embargo, frente al peso físico de una documentación que demuestra un régimen de impunidad corporativa que funcionó durante décadas, ninguna imagen aislada es capaz de dar cuenta del horror provocado sobre las más de 1.200 víctimas y sus familias. A juzgar por los registros fotográficos del montaje, la instalación genera el tremendo impacto de una denuncia clarificadora. Al superar el bloqueo informativo habitual, el espectador choca de frente con la terrible impunidad de la que goza Trump y la élite representante de un mundo "asquerosamente rico" y capitalista. Hasta el momento, Jeffrey Epstein (quien murió por suicidio en prisión) y Ghislaine Maxwell (condenada a 20 años de cárcel) aparecen como los únicos culpables visibles de una gigantesca red de trata mundial. Este engranaje criminal mantenía contactos estrechos con el mundo de la moda y captaba a niñas menores de edad, hijas de la clase trabajadora originarias de Estados Unidos, Europa Occidental, Europa del Este, Rusia, Ucrania, Polonia, la ex-Yugoslavia y Checoslovaquia. Además, tras las recientes aperturas de estos archivos, se comprobó la existencia de transferencias financieras hacia conexiones locales en Argentina y Uruguay (específicamente en Punta del Este), en el marco de una investigación que aún permanece abierta. Desde la organización señalan. "La Sala de Lectura se creó para mantener la atención pública sobre los crímenes de Epstein y su red, para desafiar los desesperados intentos de la administración Trump por encubrirlos y para apoyar a las víctimas en su búsqueda de justicia. Somos solo una parte de un movimiento mucho más amplio". La muestra expone las múltiples y contradictorias declaraciones de Trump, quien a lo largo del tiempo mutó de amigo íntimo y admirador público del magnate a rechazar cualquier contacto posterior al año 2007. Luego, tras un largo silencio, intentó limpiar su imagen denunciando la isla privada de Epstein —el epicentro del horror donde se realizaban orgías de celebridades con menores— como "una cloaca de la sociedad". De este modo, la instalación funciona como un dispositivo que confronta a los espectadores con el resquebrajamiento del sistema democrático y de justicia, desnudando también el rol de los medios de comunicación que ocultaron lo que era un secreto a voces. Al mismo tiempo, rescata las iniciativas de activistas, curadores y artistas que trabajaron para sacar las pruebas de los tribunales y exponerlas ante la sociedad, revirtiendo los operativos de silenciamiento del pasado y del presente. A la contundencia de los archivos impresos se le suma un elemento simbólico estremece: 1.200 velas encendidas en una de las salas principales, presentes como una metáfora de las víctimas, un número que amenaza con superarse a medida que avanza la investigación. El recorrido incluye también un mural cronológico detallado que relata cada encuentro entre Trump y Epstein, además de un cartel de bienvenida con el registro fotográfico de un hito de protesta urbana. Se trata de la imagen del monumento satírico montado de forma relámpago frente al Capitolio en septiembre de 2025 por un colectivo anónimo. La obra, titulada "Best Friends Forever" (Mejores amigos por siempre), retrata de manera burlona a ambos personajes saltando de la mano. La escultura estuvo instalada bajo un permiso tramitado ante Parques Nacionales y fue desmontada días después ilegalmente mediante un fuerte operativo policial. En definitiva, todo el caso constituye una radiografía de la decadencia e inmoralidad de los círculos del poder y el capital. La explotación sistemática de la red provocó consecuencias psicológicas devastadoras en las sobrevivientes. Las secuelas del abuso, el trauma crónico, la constante revictimización en los medios de comunicación y la falta de justicia han provocado un impacto tan profundo que, en los casos más trágicos, terminó conduciendo al suicidio de las víctimas. Ver: https://primary-facts.org/ https://trumpsonian.us/rr/ https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/inauguran-en-nueva-york-una-muestra-sobre-epstein-con-una-referencia-incendiaria-a-trump-nid11052026/

A principios de mayo, Donald Trump promovió un pronunciamiento, junto a Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Trinidad Tobago y Panamá, contra "la presión económica específica de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera de Panamá". "Estas acciones", reseña el texto, se producen "tras la decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá con respecto a las terminales de Balboa y Cristóbal”, en referencia al desalojo de la china Hutchinson de esos puertos y su adjudicación a firmas norteamericanas. En represalia, China ha retenido buques de bandera panameña en los puertos que controla a través de todo el mundo. “Según la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, China detuvo en marzo a casi 70 buques con bandera panameña, una cifra que 'supera con creces los niveles históricos'”, informa Al Jazeera (29/4). Panamá opera el mayor registro abierto de barcos del mundo: casi el 18% de los barcos mundiales. El registro de buques es un negocio importante para Panamá. Muchos armadores eligen Panamá porque tiene uno de los registros marítimos más grandes del mundo y suele ofrecer bajos impuestos y regulaciones flexibles. La acción de China significa un ataque a nodos críticos de las redes logísticas panameñas y su registro de buques, haciendo valer el peso de los puertos chinos, que incluyen, dentro de una extensa red portuaria, a siete de los diez puertos de contenedores más activos del mundo. Escalada La escalada en el conflicto no es un asunto de segundo orden en la disputa mundial. El cierre del estrecho de Ormuz ha desnudado la importancia del control de los pasos marítimos navegables como parte de la estrategia de guerra. Por el canal de Panamá transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha reclamado el cese de las detenciones de buques. Estados Unidos aseguró que "sigue de cerca" las “acciones de represalia” de China. El secretario de Estado, Marco Rubio, posteó que “Estados Unidos está con Panamá contra cualquier acción de represalia contra su soberanía y siempre apoyará a nuestros socios ante la intimidación”. La bandera de la “soberanía” mal puede disimular que Estados Unidos convirtió a Panamá en un protectorado norteamericano. Además de obtener la firma de los presidentes derechistas Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia, para suscribir el comunicado, consiguió pronunciamientos similares por parte de los gobiernos de Honduras, Perú, Costa Rica y Chile, y de Israel y Ucrania. Más recientemente, Portugal anunció su futura adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, lo que es un intento de neutralidad ante los hechos consumados por Trump⁣. Javier Milei no ha suscripto el comunicado promovido por Trump debido a la necesidad de volver a renovar el swap de Argentina con China. El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, ha denunciado a China por llevar el registro marítimo panameño a un “momento crítico”. Apenas una semana después, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó Panamá y firmó un acuerdo conjunto para “ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio” y acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, seguridad hídrica, logística y tecnología, entre otros. Según Infobae (6/5), “hace unos días, el canciller panameño sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente”. La agenda del presidente israelí continuó en Costa Rica -otro de los firmantes del comunicado de Trump- donde participó de la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, en una “agenda regional [que] busca reforzar la presencia diplomática de Israel en América Latina y ampliar su red de cooperación política, económica y tecnológica” (ídem). Según el portal China en las Américas, “la decisión sobre los puertos [expulsión de China] no se tomó de forma aislada. Formó parte de un distanciamiento más amplio respecto a China. Durante el mismo periodo, Panamá también decidió retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, dando marcha atrás en algunos proyectos clave de infraestructura respaldados por China, y adoptó legislación que impedía el despliegue de tecnología china en ciudades clave”. Algunos analistas aseguran que Estados Unidos ahora pretende exportar el “modelo Panamá” de expulsión de China al resto del continente. Es decir, desmantelar la infraestructura china y desplazar sus intereses estratégicos mediante el uso de los marcos legales locales y presiones de seguridad hemisférica. China canalizó las actividades que realizaba en Panamá principalmente a través del megapuerto de Chancay en Perú, del cual son propietarios parciales. Pero aún así no logra compensar la importancia del Canal de Panamá. “Algunos argumentan que el suceso puso de relieve una brecha estructural en la red logística de China: aunque Chancay es una alternativa en el Pacífico, China carece de un equivalente en el lado atlántico”, (ídem). Con su expulsión de Panamá, algunos analistas sugieren que China “podría redirigir su navegación desde el Atlántico Sur -principalmente Brasil, Argentina y Uruguay- a través de una ruta alternativa que transite por el Cabo de Buena Esperanza, el Océano Índico y el Estrecho de Malaca” (ídem). Estados Unidos tiene en miras las actividades de China en el resto del continente. “Tres nodos logísticos clave (Chancay, Lázaro Cárdenas y Paranaguá) muestran los mismos focos rojos que parpadearon en Panamá antes del colapso de la concesión de Hutchison [en el Canal]” (ídem). En relación al puerto de México (Puerto de Lázaro Cárdenas), donde opera justamente uno de los gigantes chinos expulsados de Panamá (Hutchison), y que es clave en la logística de semiconductores y de la industria automotriz, está programada para dentro de dos meses la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), donde el lugar de China va a ser el primer punto de la negociación. En Perú, en el megapuerto de Chancay, el gigante naviero estatal chino COSCO mantiene la exclusividad de servicios y Perú se encuentra en un ajustadísimo recuento del ballotage presidencial que es clave para la ofensiva norteamericana contra China. El Puerto de Paranaguá, el segundo mayor puerto de Brasil, es el puerto de graneles más grande de América Latina y el puerto de exportación de productos agrícolas más grande del país. Recientemente fue noticia porque China acaba de realizar el mayor desembarque de vehículos jamás registrada por el puerto, con la importación de 5.000 vehículos. Allí, la empresa china China Merchants Port (CMP) adquirió el 90 por ciento del Terminal de Containers de Paranaguá (TCP) por 30 años. Lula acaba de volver de Washington por una reunión bilateral con Trump, donde se discutió la cuestión del comercio (Estados Unidos mantienen las sanciones comerciales contra Brasil) y la injerencia del país del norte en la región). China se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina y tiene asentadas gigantescas inversiones en infraestructura, minería y energía, además de ser un mercado de importación privilegiado para los productos de la región.

El estrangulamiento naval en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz ha desatado un aumento colosal de los precios de la energía y la alimentación. El índice anualizado de precios mayoristas, en Estados Unidos, en abril, ha sido de un súper seis por ciento. Los precios de las materias primas se han disparado. El impacto financiero de la guerra deberá manifestarse en una caída de la cotización de la deuda pública, incluidas las ventas de tenedores del exterior. Los principales países tenedores de títulos de deuda (Japón, China, monarquías del Golfo como EAU o Arabia Saudita) son justamente los más golpeados por el aumento de precios. La ayuda financiera de Scott Bessent a Emiratos Árabes Unidos y otros países aliados de la región, para evitar un remate de bonos norteamericanos, “tienen como objetivo mantener el orden en los mercados de financiación en dólares y evitar la venta desordenada de activos estadounidenses” ( NYT , 2/4). El precio de la gasolina (nafta) subió de 2.98 el galón a finales de febrero a 4.52 dólares, es decir, más del 50%. Esto es un promedio, en algunos Estados (Ohio, California) superó los $ 5 y $ 6. Lo mismo sucede con el gasoil (diesel). El alza del combustible encarece el transporte de mercancías. La electricidad, otro componente el gasto, viene subiendo como consecuencia. La creciente inflación ha provocado una caída en el consumo de las familias trabajadoras. Ejecutivos de grandes empresas estadounidenses advierten que “los consumidores se están quedando sin dinero y están recortando gastos” ( Chicago Business , 7/5). Steve Cahillane, director ejecutivo de Kraft Heinz Co., se quejó de los “flujos de caja negativos en los estratos de menores ingresos, donde están recurriendo a sus ahorros”. “Literalmente se están quedando sin dinero a fin de mes”, afirmó. “La guerra en Irán intensificó la preocupación de los consumidores por el costo de vida”, dijo Marc Bitzer, director ejecutivo de Whirlpool Corp. (empresa fabricante de lavadoras, secadoras y electrodomésticos). “La empresa describió la consiguiente caída del 15 % en la demanda del sector como similar a la crisis financiera mundial de principios de la década de 2000”. El director ejecutivo de McDonald's Corp., Chris Kempczinski, “afirmó que la confianza de los consumidores no está mejorando e incluso podría estar empeorando” y “mencionó la creciente ansiedad y el aumento del precio de la gasolina, factores que afectan de manera desproporcionada a los consumidores de bajos ingresos”. Esta situación “afectará negativamente a los resultados del segundo trimestre” de la empresa. “Tras registrar un buen comienzo de año, la cadena advirtió hoy que prevé una ‘desaceleración significativa’ en el trimestre actual debido al aumento de los precios del gas provocado por la guerra en Irán”. Otro ejecutivo, de la compañía que es propietaria de las cadenas de bares Applebee’s y los locales de desayunos IHOP, reportó que sus “clientes más sensibles al precio (…) parecen estar quedándose más en casa”. También se informa sobre la caída de venta de combustible; sin embargo, aunque las familias ya no carguen el tanque tan seguido igualmente gastan más en transportarse. “A medida que los consumidores destinan una mayor parte de sus ingresos al combustible, disponen de menos dinero para gastos discrecionales como comer afuera.” Los índices de confianza del consumidor están en un mínimo histórico, lo cual coincide con la percepción de distintos sectores económicos. Las cadenas de gimnasios también apuntan a una caída de su clientela: “El panorama económico y de consumo ha cambiado” declaró una ejecutiva de Planet Fitness Inc. Ya el año pasado “un nuevo estudio de la Reserva Federal de Boston” estableció que “los consumidores de bajos ingresos ahora tienen niveles de deuda de tarjetas de crédito sustancialmente más altos que en 2019” (prepandemia). La situación ha empeorado con la guerra en Medio Oriente. Por otra parte, “Cada vez más estadounidenses están recurriendo a sus ahorros para la jubilación debido a emergencias financieras” ( WSJ , 4/3). Es una tendencia que se viene incrementando año a año: “los principales motivos para realizar retiros por dificultades económicas el año pasado fueron evitar la ejecución hipotecaria y el desalojo, así como el pago de gastos médicos.” El Pentágono ya ha reconocido que el costo de la guerra de Irán ronda los 29.000 millones de dólares (una estimación de las municiones consumidas, aviones destruidos, costo de los despliegues, etc.). Otros analistas afirman que el costo real es bastante mayor (40.000 o 50.000 millones), pero no incluye el costo para el conjunto de la economía, que superaría el billón de dólares. El secretario de “Guerra” Pete Hegseth ha solicitado un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares para el año 2027, un aumento del 40%, o dicho de otro modo, 600.000 millones de aumento, unos 4.000 dólares por hogar ( NYT , 8/5). La sangría de la guerra va a aumentar, no es transitoria. Sólo con el gasto de armamentos y municiones durante dos meses, podrían haberse financiado la extensión de programas de salud y de asignaciones sociales. Trump había prometido una caída del porcentaje de aumento del costo de vida, y ha provocado exactamente lo contrario.

Los eventos inaugurales de la 61.º edición de la Bienal de Venecia, durante la primera semana de mayo, se vieron marcados por fuertes tensiones geopolíticas, renuncias y rechazos a nivel internacional, entre ellos, las agrias comunicaciones entre el director de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, y el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, y la dimisión del Jurado Internacional, encargado de entregar los dos premios más significativos de la Bienal, en protesta por la presencia de Rusia y en apoyo a Ucrania. Asimismo, esta edición quedará marcada también por la silenciosa baja por parte de la República Islámica de Irán. La directiva de la Bienal desoyó todas las solicitudes de impedir el pabellón israelí, lo que generó que el colectivo ANGA llamara a una huelga y movilización para el pasado viernes 8 de mayo. Desde el colectivo sostuvieron que “la huelga rechaza la normalización de la presencia de Israel en los espacios culturales y las economías del genocidio, al tiempo que denuncia las precarias condiciones laborales que sustentan la Bienal, que reflejan la inseguridad generalizada que sufren los trabajadores culturales y la consiguiente falta de capacidad de acción para reivindicar sus derechos. Ningún artista ni trabajador cultural debería verse obligado a compartir plataforma con un Estado acusado de genocidio”. Esta iniciativa, convocada en la Via Garibaldi -una calle muy popular de Venecia- hasta llegar al pabellón israelí en el Arsenale, estuvo acompañada por organizaciones culturales locales como Biennalocene, Sale Docks, Mi Riconosci, Vogliamo Tutt'altro y sindicatos como Associazione Difesa Lavoratori (ADL Cobas), Unione Sindacale di Base y Confederazione Unitaria di Base que tambien adhirieron. En paralelo, un portavoz de la Bienal declaró que “tales iniciativas, así como cualquier forma de huelga anunciada, no involucran al personal ni a la organización de la institución. Las actividades de la Bienal de Venecia se desarrollan en pleno cumplimiento de la normativa vigente; sus relaciones con colaboradores y proveedores se rigen por contratos que se ajustan a la ley. Por último, la Bienal de Venecia se compromete a garantizar el buen desarrollo del evento, respetando la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones” (The Art Newspapper, 6/5). A dicha convocatoria por “Palestina Libre” y contra del “Art Washing” se sumaron los reclamos por mejoras en las condiciones salariales y de trabajo, por parte de los trabajadores de la cultura, y de la Bienal italiana como personal de mantenimiento y seguridad, desmintiendo el comunicado oficial. La protesta no pasó desapercibida. Los registros evidencian una gran convocatoria con banderas palestinas, pancartas, panfletos y un apoyo masivo a la huelga. A pesar de las confrontaciones con la policía donde algunas personas tuvieron heridas leves, la respuesta por parte de artistas y curadores fue de solidaridad. El alcance de estos reclamos fue de gran magnitud, ya que 27 pabellones de 99 decidieron cerrar o suspender su acto inaugural el 8 de mayo con carteles en sus puertas que decían “Palestine is the future of the world”. También la biblioteca de la Bienal permaneció cerrada. Algunos de los países que cerraron su persiana durante la jornada de huelga o durante todo el día fueron: Austria, Bélgica, España, Reino Unido, Turquía, Finlandia e Irlanda. Otros mantuvieron abierto el pabellón, pero con banderas de Palestina como fue el caso del Artista Alfredo Jaar (Chile) y Tabita Rezaire (Francia) como forma de solidaridad. La representación de España acompañó la medida suspendiendo su evento inaugural y cerrando su pabellón hasta horas de la tarde, luego de que su curador confrontara con los responsables institucionales del espacio dependientes del Ministerio de Exteriores y con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional) (El País 8/5). La exposición internacional de la Bienal de Venecia no puede ser entendida únicamente como un conjunto de pabellones artísticos. Más bien se debe comprender el trasfondo curatorial. La edición 61.º fue titulada por su curadora Koyo Kouoh, fallecida en 2025, “En claves menores” ó “In Minor Keys”. El proyecto curatorial y el de los artistas no está alejado de una configuración política, si bien no tematizan de forma directa o explícita las problemáticas sociales, sino que se encuentran inscritas desde la estructura de la exposición. En este sentido, la postura curatorial no coincide con las de su director -Buttafuoco-, quien, en su discurso inaugural, volvió a sostener la postura sobre la "neutralidad política" de la Bienal. Pero no es sólo la postura curatorial. Existe un antecedente en la historia de la Bienal que los directivos parecen olvidar, o mejor dicho, eligen no recordar. La edición de 1974 estuvo presidida por Carlo Ripa Di Meana, quien tomó la decisión de dedicar la exposición a Chile, que en aquel entonces se encontraba bajo la dictadura de Pinochet. Aquella edición fue atravesada explícitamente por la política en repudio a una dictadura, tal es así que desde la propia Bienal sostienen que esa “edición fue quizás la protesta cultural más grande”. Este antecedente desmiente las posiciones de las autoridades actuales acerca de que la Bienal debe ser completamente autónoma de las cuestiones políticas y sociales. Más bien, la historia demuestra que puede ser una herramienta de visibilización ante hechos de violencia y genocidios. Está claro que posicionarse en contra del genocidio palestino no es inevitable, sino una elección meramente institucional a la cual Buttafuoco defiende sin temor. El desenlace de la Bienal de Venecia durante los próximos meses y el impacto de los hechos ocurridos ya no son exclusivos del perímetro cultural, sino de todos los que estamos en contra del genocidio al pueblo palestino, de la guerra imperialista y a favor de las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo en el arte y en todos los ámbitos.

El pasado 29 de abril, más de 80 intendentes bonaerenses, encabezados por el aparato de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y Andrés Larroque, manifestaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano contra el recorte del financiamiento del Servicio Alimentario Escolar. Lo que expuso la ´movilización´ fue mucho más que una disputa administrativa por fondos atrasados, sino la crisis de un régimen entero: Nación, Provincia y municipios disputándose recursos en medio de una bancarrota estatal y social creciente. Dos millones y medio de chicos reciben la asistencia alimentaria del SAE. Sin embargo, presentar el conflicto como una simple “agresión” de Javier Milei contra la provincia de Axel Kicillof es quedarse en la superficie, porque mientras el gobierno libertario descarga el ajuste bajo la bandera del “equilibrio fiscal”, el peronismo bonaerense aplica su propio reordenamiento regresivo del hambre, mediante el recorte y suspensión del programa MESA, que garantizaba módulos alimentarios directos a las familias trabajadoras. Los fondos retaceados a este se destinan a complementar el SAE. Es un juego de suma cero: se quita de un lado para reforzar otro dispositivo igualmente insuficiente. Este dato no es menor dado que los montos por estudiante -que apenas alcanzan para cubrir una fracción mínima de una comida diaria- exponen el carácter de esta política, que evidencia que no hay "dos modelos" enfrentados, sino distintas administraciones del mismo ajuste. Por otro lado, la descentralización del SAE hacia los municipios profundizó esta dinámica. Según declaraciones de Larroque, “el 90% del presupuesto de nuestro ministerio está dedicado a la cuestión alimentaria”. Como resultado, los intendentes quedaron convertidos en gerentes de la contención social en territorios atravesados por la pobreza, la precarización y el derrumbe de los ingresos. Ya no administran "desarrollo social", sino emergencias alimentarias. Esa administración está atravesada por una feroz disputa por recursos, caja y control territorial. En ese marco deben leerse las tensiones internas del peronismo. La disputa ya no es solo electoral. Es una pelea por quién administra el derrumbe social y quién conserva capacidad de control sobre municipios que se han transformado en verdaderos polvorines sociales. Los datos presupuestarios desnudan esa crisis. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), reglamentado este año por la Provincia, prevé un piso de 250.000 millones de pesos para asistir a municipios asfixiados financieramente. No obstante, esos fondos dependen, en gran medida, del propio endeudamiento provincial y de futuras negociaciones con Nación. Dicho de otro modo, la asistencia a los municipios está atada a la refinanciación de la deuda provincial, que a su vez demanda "equilibrio financiero". En este escenario la crisis del SAE no es un hecho aislado, sino la expresión descarnada de la bancarrota del Estado en todos sus niveles. Nación ajusta transferencias, Provincia y los municipios aplican ese ajuste mediante redistribuciones regresivas de escasez administrando el hambre y, en el medio, quedan millones de hijos de trabajadores que atiende el SAE. Para esos niños el comedor escolar es un apoyo alimentario en el marco de una crisis social insostenible. Mientras tanto, las burocracias sindicales docentes y estatales mantienen un silencio de radio. Hablan de “gestión”, de “articulación” y de “acompañar el esfuerzo”, mientras subordinan los intereses más urgentes de los trabajadores y sus familias a la supervivencia política de Kicillof. Por último, el peronismo intenta mostrarse como muro de contención frente a Milei, pero la propia crisis del SAE pone de manifiesto que forman parte del engranaje que descarga el ajuste sobre los trabajadores y sus hijos. Entonces, la salida no vendrá ni de las negociaciones entre Nación y Provincia ni de las internas entre intendentes. Tampoco de un recambio de camarillas dentro del PJ. Se hace vital para los trabajadores, docentes y familias, la organización independiente mediante autoconvocatorias para discutir en asambleas en cada escuela, barrio y lugar de trabajo un programa que ponga en agenda las demandas urgentes de los trabajadores: salario igual a la canasta familiar, trabajo genuino, presupuesto al SAE equivalente a la magnitud de la crisis.

Las empresas de transporte público en la ciudad de Posadas decidieron, con el apoyo expreso del Estado, vienen reduciendo las frecuencias en el servicio desde el mes de septiembre de 2025, se profundizó en el verano (con la excusa de las vacaciones) y, en 2026, continúan agravando las penurias de los trabajadores. La excusa es el aumento de combustible, pero por esa misma razón aumenta el precio de la comida, los servicios, y no hay aumentos de sueldos, sólo la miseria que fija el gobierno con el apoyo de las burocracias sindicales. El Estado habilita la reducción de frecuencias en los horarios “valle”, es decir, los de menor demanda. El secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, justifica la reducción adjudicándola a la baja demanda de pasajeros debido a la crisis económica, aunque las empresas afirman que dicha baja es por el uso de las aplicaciones. Pero la situación en las paradas desmiente cualquier argumento de “baja demanda”, donde se acumulan pasajeros que deben aguantar esperas de más de una hora, mientras ven pasar de largo a colectivos abarrotados. El padecimiento se agrava en los días de lluvia, dado que las paradas no pueden acoger a todas las personas que intentar refugiarse. El mencionado secretario expresó que “es parte de las políticas para que el transporte público continúe creciendo”, lo cual debe traducirse como crecimiento de las ganancias de las empresas, a costa de pasajeros y choferes. Dicen que las aplicaciones generaron caída del servicio, pero es al revés: se usan por la falta de servicio. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha expresado que si las empresas suben el precio del boleto, que al menos mejoren los servicios. Una forma hipócrita de hacer pasar el aumento y la reducción de frecuencias. Boleto estudiantil gratuito En febrero se abrieron las inscripciones al boleto educativo, pero sin considerar que muchos estudiantes ya usan el transporte para rendir finales desde mediados de ese mes; sin embargo, la gratuidad comenzó a regir recién el 9 de marzo. Además, los boletos gratuitos de larga distancia para quienes viajan desde el interior a Posadas se habilitaron recién el 30 de marzo, y no en todas las empresas. Esto dejó a muchos estudiantes sin acceso al beneficio en pleno período de exámenes. Los estudiantes de todos los niveles están obligados a pagar el boleto, debido a que los turnos para tramitar el derecho al boleto gratuito se otorgan hasta dentro de dos meses. Durante este tiempo los estudiantes y sus familias deben destinar un importante porcentaje de sus golpeados ingresos a este gasto. Ante eso implementaron “puntos móviles sin turnos” para gestionar el beneficio, lo cual generó filas larguísimas y esperas de más de cuatro horas en esos puntos, donde atiende una sola persona. Particular mención merecen los estudiantes del nivel secundario del turno tarde, debido al siguiente problema: el horario de salida de sus escuelas es entre las 18h y las 18:30h, pero como deben esperar hasta más de una hora, terminan abonando el boleto porque el gratuito funciona sólo hasta las 19. Los estudiantes de todos los niveles junto a los trabajadores debemos exigir la apertura de los libros contables de las empresas, para verificar sus ingresos, y defender el derecho al boleto estudiantil gratuito. Reclamemos el cese de la concesión y el funcionamiento bajo control de los choferes y comisiones vecinales. Impulsemos asambleas en los barrios, escuelas y universidades, para exigir la implementación inmediata del boleto gratuito a todos los niveles, tanto urbanos como interurbanos.

El gobierno de Milei se propuso llevar su política de barbarie social al terreno de la llamada “salud mental”. Usa a su favor el malestar que en sectores de profesionales y familiares generó el fracaso de la Ley 26.657, sancionada en 2010, que en esta década y media acompañó el vaciamiento de los hospitales públicos, el colapso de los servicios de salud mental, la precarización de sus trabajadores y la tendencia a la medicalización y privatización de la atención en salud. Un malestar convenientemente azuzado por intereses empresariales y corporativos, que pretenden recuperar lugares de poder en el aparato del Estado y eliminar cualquier viso de regulación sobre clínicas y dispositivos privados. La ofensiva oficial se complementa con los brutales ajustazos sobre todas las partidas de salud, el cierre de cupos para las residencias interdisciplinarias (RISaM) y con otra ley, la que ‘protege’ las patentes de los medicamentos a pedido de los laboratorios yanquis y la cámara de comercio norteamericana (AmCham), que obtuvo dictamen de comisión en Diputados y con la que Milei busca congraciarse con Trump. La barbarie mileísta La reforma reaccionaria del gobierno liberticida comienza por reemplazar el concepto de padecimiento subjetivo por el de ‘trastorno’, un reduccionismo biomédico que pretende sustraer a la vivencia psíquica de las relaciones sociales que la condicionan y degradan; de tal modo, la experiencia subjetiva es sustituida por la psicopatología. Es la perspectiva del capital financiero, que observa las urgencias subjetivas como una dispensa de diagnósticos a la que corresponde una dosis (creciente) de psicofármacos. El propio término “salud mental”, que aquí entrecomillamos, separa artificiosamente lo psíquico de lo físico, ignorando la unidad dialéctica de la realidad social y subjetiva del ser humano y la historicidad que entrelaza el carácter bio-psico-social de sus procesos de salud. El profesional de la salud quedaría subsumido, en consecuencia, a operar como un engranaje ‘técnico’, una suerte de ‘algoritmo’ o robot (palabras exactas de la directora mileísta de Salud Mental) para ponderar síntomas y prescribir medicamentos, en la cadena que va desde la industria farmacéutica a un mercado de pacientes en aumento directamente proporcional al sufrimiento que resulta del agravamiento de las condiciones existenciales de vida. Siguiendo esta línea, la ofensiva mileísta coloca a las crisis de “salud mental” ya no en el ámbito de la salud, sino bajo la égida del poder judicial y las fuerzas represivas que le responden. Los jueces volverían a tener la potestad de disponer internaciones de pacientes, custodia policial mediante, más allá de la opinión de los equipos de salud. El equipo de salud mismo dejaría de ser tal, para ser reemplazado por la firma de un psiquiatra, como si los ‘trastornos’ se redujeran a problemas neurológicos con independencia de las circunstancias que atraviesa la persona, su historia y red vincular. El riesgo cierto e inminente, que debía mediar en las internaciones involuntarias, es trastocado por el riesgo ‘grave’, que vuelve a las estimaciones de ‘peligrosidades potenciales’ sin plazo temporal. Este retorno a los ‘viejos métodos’ se produce frente a un cuadro social enloquecedor, que es el resultado directo de la política oficial: despidos, sobretrabajo, miseria salarial, endeudamiento de las familias, crisis de vivienda y el aumento de los intentos de suicidio entre los jóvenes, de la violencia intrafamiliar y de la población que es arrojada a sobrevivir en la calle. En la misma sintonía, el macrismo porteño pretende abrir un pabellón para “crónicas sociales” en el Moyano, lo que fue repudiado por una asamblea de trabajadores que votó un acto y un corte de calle para la semana que viene. El bloque “no es la ley, es su implementación” La campaña oficial dio lugar a la formación de un ‘frente popular’ entre diferentes organizaciones profesionales, políticas y sindicales que postulan una línea de defensa de la ley vigente en nombre de la “desmanicomialización” y la llamada “salud mental comunitaria”. La Federación de Profesionales de CABA, por caso, envió una nota a los senadores con este contenido, evitando, como es su costumbre, convocar a asambleas de base, recabar mandatos y propuestas de acción. Emergió un bloque político que va desde el kirchnerismo derechohumanista hasta el FITU, que se escuda en la consigna “no es la ley, es su implementación”. Al PTS y el MST, que históricamente tuvieron esta posición acrítica, se sumó ahora el aparato del PO. Sin embargo, lejos de haber naufragado por su falta de puesta en práctica, la Ley 26.657 fracasó por los postulados, propósitos e intereses sociales que pretendió encarnar. En su articulado, la ley habilitó desde el minuto cero el negocio de las clínicas, centros de atención y fundaciones del ‘sector privado’, que crecieron al amparo del vaciamiento de la salud pública y las tercerizaciones promovidas por el propio Estado. No por nada la ley fue votada en el Senado por unanimidad, con un consenso político excepcional que incluyó a pejotistas, radicales y macristas. Una vez conseguida la cooptación del movimiento de la salud, el kirchnerismo demoró tres años para sacar una reglamentación, en 2013, que favoreció aún más a las clínicas y establecimientos privados. Presentada como baluarte contra el manicomio, la 26.657 sirvió a objetivos más prosaicos, como los negociados inmobiliarios con los grandes terrenos de los hospitales monovalentes. El PRO se valió de la ley para intentar un desalojo brutal del Borda, que contó con el voto cómplice del bloque K de la legislatura porteña y sólo fue derrotado gracias a la vigorosa lucha independiente de sus trabajadores y pacientes. Con el vaciamiento de los hospitales especializados estatales y la quiebra de las obras sociales, el capital privado tuvo el camino allanado para desarrollar sus clínicas, hospitales de día, casas de medio camino y toda clase de dispositivos lucrativos disfrazados al amparo de fundaciones y ONG. El financiamiento de dispositivos terapéuticos intermedios por parte del Estado fue dejado a iniciativa “de cada jurisdicción”, mientras se prohibió la construcción de nuevos hospitales monovalentes como si la especialización fuera sinónimo de encierro o internaciones crónicas. El 10 % del presupuesto para “salud mental”, dentro del miserable presupuesto público para salud, no fue redactado como una resolución de ejecución inmediata, sino dilatado a largos plazos. Es cierto que el límite a las internaciones proviene en buena medida de la carencia de camas y recursos y no de la letra de la ley, pero esto no se trató de un “descuido”, sino de una política orquestada por el Estado y los ajustes sucesivos que todos los gobiernos pactaron con el FMI. La mentada “salud mental comunitaria”, que amalgama ideológicamente desde la OMS y el kirchnerismo hasta los intelectuales de ‘ideas de izquierda’, es una entelequia cuando se la confronta con la ‘comunidad’ real, dividida entre explotadores y explotados. La reinserción social de los pacientes tiende a colisionar contra una estructura clasista que reproduce la alienación, el despojo, la miseria y el padecimiento. La defensa de la “salud mental” frente a la experiencia deshumanizante del capitalismo decadente se produce en la lucha por la remoción de sus bases sociales. Esto no niega la necesidad -y la urgencia- de dispositivos terapéuticos transicionales, pero no justifica el apoyo a una ley que habilita su privatización mientras entrega el hospital público. Todo esto fue dicho y recontradicho por el Partido Obrero en 2010 y también mucho antes, cuando la primera ley ‘progresista’ de salud mental fue votada en el año 2000 en la legislatura porteña bajo el auspicio del Banco Mundial ( https://prensaobrera.com/politicas/una-ley-progresista ). Hoy, el aparato que usurpa aquel nombre saltó a la otra vereda. Una posición obrera y socialista A la ofensiva reaccionaria del gobierno es necesario responderle con una gran movilización de los trabajadores de la salud, pacientes y familiares. Promovamos la deliberación y las autoconvocatorias en todos los centros y hospitales para luchar por tirar abajo la reforma de Milei, no en defensa de la ley vigente, sino del conjunto de las reivindicaciones acuciantes que se derivan del fracaso de la 26.657, del avance de la privatización, del colapso de los servicios y de los recortes sistemáticos contra la salud pública perpetrados por este y todos los gobiernos. Repudiemos el acuerdo entreguista anudado con Trump en favor de los pulpos farmacéuticos, por la nacionalización sin indemnización de los grandes laboratorios y la anulación de las patentes privadas, para colocar al conjunto del aparato científico y tecnológico al servicio de las necesidades de salud de la población trabajadora. Luchemos por una pensión igual al costo de la canasta familiar para todos los pacientes (y sus familias) incapacitados de trabajar. Y un salario mínimo igual a la canasta familiar como piso para todos los trabajadores de la salud. Defendamos la libertad de elección para los pacientes (o sus familiares) entre los diferentes abordajes y modalidades terapéuticas. Movilicémonos por un aumento del presupuesto de salud capaz de garantizar las necesidades materiales que requieren las variadas modalidades de abordaje terapéutico. Postulemos un sistema de salud único, estatal y gratuito, bajo el control de sus trabajadores, que integre todos los recursos y niveles de atención sanitaria: los centros comunitarios y preventivos, el hospital público y las obras sociales. Organicémonos no en rescate de la panacea de un ‘paradigma’ encubridor del carácter enfermante de las relaciones sociales capitalistas, sino para oponer a esas relaciones y a la descomposición material y subjetiva que provocan un movimiento que reunifique en la lucha a todos los que viven de su trabajo. Coloquemos la cuestión de la “salud mental” en el campo de la clase obrera y de una perspectiva histórica emancipatoria y socialista para la humanidad.

Durante la jornada de ayer, en todas las plantas de Granja Tres Arroyos del país corrió la novedad de que los trabajadores de Wade SA, la ex Cresta Roja, habían iniciado una huelga general contra el atraso en los pagos de las cuotas del salario. En la planta de Capitán Sarmiento, una de las principales, la bronca no dio para más y los distintos sectores se autoconvocaron en el playón para sumarse a la huelga. La planta AVEX, en Río Cuarto, perteneciente al Grupo Granja Tres Arroyos, también arrancó con medidas de fuerza. Sólo se pagó el 20 % de los salarios de abril y tienen cortada desde hace más de un año y medio la obra social. En AVEX, como en todo el Grupo Granja Tres Arroyos, la empresa viene abonando el salario de cada quincena en cinco cuotas, lo que representan diez cuotas de pago por mes. Un trabajador relató al medio Bichos de Campo que la planta, ubicada en la localidad bonaerense de El Jagüel, venía operando solamente “con jefes y encargados”, a quienes apoyaban algunos operarios. Sin embargo, los empleados se encontraron este martes con el impedimento para ingresar a faenar. “Es la noticia de todas las semanas cuando llega la fecha de pago. Hasta el día de ayer, en Wade venían trabajando solamente jefes y encargados junto a algún que otro operario. A la mañana bloquearon la entrada y salida de los camiones de faena, así que está 100 % parada la planta”, cuentan trabajadores de la empresa. La Secretaría de Trabajo de Nación, dependiente de Capital Humano, convocó a una negociación en CABA, a la que viajaron representantes de los distintos gremios que representan a los trabajadores del Grupo: el sindicato de la Alimentación (STIA), UATRE (rurales), el sindicato de la Carne y otros. La negociación busca darle una salida a una situación explosiva que se presenta en cada planta del grupo, entre los cortes de luz, el lockout patronal y las huelgas autoconvocadas. El resultado de la reunión fue negativo: en un comunicado enviado por los gremios en conjunto se informa que "la empresa vino al Ministerio de Trabajo nuevamente con una promesa del 10 % hoy (de los salarios correspondientes al mes de abril). Se sigue con la medida ya tomada y la medida se extiende a todas las plantas de Granja Tres Arroyos de todo el país”. La burocracia pretende anunciar una medida que ya estaba en curso, no para reforzarla y extenderla, sino para abrirle el camino a una nueva conciliación obligatoria: la empresa seguirá faenando aves, aunque los trabajadores no hayan cobrado los salarios. Granja Tres Arroyos, principal avícola del país, ha montado en los hechos un “régimen de excepción” en el interior de los lugares de trabajo, siguiendo el modelo de la contrarreforma laboral. La clase obrera tiene obligaciones, pero no le asiste en la práctica ningún derecho sobre la empresa. Al revés, el capitalista, la familia De Grazia, actúa como si tuviera todos los derechos y no le asistiera ninguna obligación sobre los trabajadores, incluido el levantamiento de la huelga por una conciliación obligatoria. El conflicto de Granja Tres Arroyos ha pegado un salto importante, pasando de huelgas autoconvocadas de cada planta, a una huelga general de todo el grupo. Los trabajadores intervienen ante la evidencia del proceso de quiebra. La Conciliación Obligatoria, que buscará darle un marco de negociación y tiempo a la empresa, no debe ser aprobada sin pasar por las asambleas de planta.

En Tucumán, la movilización educativa tuvo la concurrencia de alrededor de 15.000 personas. En su organización y convocatoria se presentaron claramente dos perspectivas distintas. Por un lado, la convocatoria oficial del rectorado quiso replicar la orientación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de ´unidad´ entre autoridades, sindicatos, centros estudiantiles y la Federación Universitaria, y esto se expresa en la cabecera, el documento del acto y los oradores. Por otro lado, estaba la convocatoria de ADIUNT, el sindicato combativo de la docencia universitaria tucumana, que con mucha antelación impulsó la marcha, convocando a movilizar desde el rectorado a la Plaza Independencia para concretar allí un acto independiente de las autoridades y las burocracias sindicales y estudiantiles. En función de ello, ADIUNT convocó a los sectores estudiantiles y sindicales, con los cuales se concretaron acciones de lucha coordinadas contra la reforma electoral. En la preparación de la marcha, ADIUNT impulsó clases públicas y fue uno de los ejes en la campaña de las elecciones de renovación de Comisión Directiva del sindicato, que se llevaron a cabo el pasado 29 de abril, arrojando una masiva ratificación de su dirección actual. Cuatro días previos a la movilización, el Rectorado UNT organizó una reunión para los centros de estudiantes y sindicatos universitarios donde planteó que querían replicar la convocatoria nacional con la lectura del documento del CIN, cuyo contenido hasta ese momento se desconocía. ADIUNT aclaró en esa reunión que iba a realizar un acto propio en el centro político de Tucumán, que es Plaza Independencia. El Rectorado recién el 11 de mayo, un día antes de la marcha, publicó el flyer llamando a la movilización. A diferencia de las marchas del 2024-25, donde había una ´bajada de línea´ a decanos, consejos directivos y directores de escuela, convocándolos a participar, en esta oportunidad el rectorado fue a menos. El actual rector que se postula para la reelección, cuyo desenlace se producirá el 20 de mayo, moderó su perfil con relación a las marchas anteriores en sus intentos por copar políticamente la jornada. Las autoridades organizaron la lectura del documento del CIN antes de marchar. Allí se denuncian la grave crisis que atraviesan las universidades públicas, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y concluye convocando a defender la universidad pública como herramienta de "desarrollo de la soberanía" y "ascenso social"; por último, el texto cierra con el pedido a la Corte Suprema de que esta garantice el cumplimiento de la Ley. Mientras tanto, se iban conformando las columnas de la marcha convocada por ADIUNT. En esas circunstancias, patotas con banderas del gremio no-docente taparon el frente de lo que iba a ser la cabecera de la marcha para poder instalar la bandera del Rectorado e impedir que la ADIUNT avance. Ante esto, decidimos cambiar el rumbo de la movilización y resguardar la convocatoria independiente de los gobiernos y también de las autoridades. En la plaza Independencia hablaron como oradores el Centro de Estudiantes de la Escuela de Cine, de Filosofía y Letras y Educación Física; también Dante Marcial, representante de SIDUT, el gremio docente de la Tecnológica; Adriana Bueno, del SITAS, sindicato de la Salud que integra el Fesprosa; una docente en representación de los despedidos del programa Coros y Orquestas y una estudiante secundaria de la UES-T. También se leyeron adhesiones de organizaciones políticas, de jubilados, sindicales y personalidades. Cerró el acto Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT, quien desarrolló la denuncia contra el gobierno de Milei y presentó un planteo de continuidad de la lucha, con el llamado a que las federaciones convoquen a un congreso para preparar una huelga general educativa, que tuvo una importante aclamación por los concurrentes. La movilización del 12 de mayo fue multitudinaria en todo el país. Sin embargo, la misma estuvo bajo la dirección del CIN, que está negociando con el Gobierno para poner freno al proceso de lucha. En Tucumán, se pudo abrir paso a una perspectiva independiente.

La “cuarta” marcha federal educativa cargó sobre sus espaldas con el nombre que le pusieron sus organizadores, es decir, “otra” marcha más, repitiendo el programa y el camino rutinario que el Consejo de Rectores viene impulsando en las tres movilizaciones anteriores. En estos dos años, el Gobierno desconoció los reclamos universitarios. La reiteración de planteos que no consiguen resultados no entusiasma a nadie: la concurrencia fue inferior a la de las marchas anteriores, que a su vez habían menguado respecto de la primera gran movilización de medio millón de personas. En la marcha de ayer, dominó el activismo universitario y juvenil de facultades y colegios, pero la concurrencia espontánea que había caracterizado a la primera movilización fue inferior. Ello no le quita mérito a los más de 100.000 jóvenes y docentes que ganaron la calle, donde se volvió a manifestar la juventud secundaria de la ciudad y del conurbano. Las nuevas generaciones, a las que se atribuía un papel decisivo en la victoria electoral de Milei, alimentan hoy un odio irrevocable contra el ajustador. Pero para que ese rechazo conduzca a una victoria, es necesaria otra orientación de la lucha educativa. Los Rectores y la Corte En su mensaje político, los Rectores y las burocracias estudiantiles y docentes que dirigieron la marcha de ayer cifraron toda la expectativa en un fallo de la Corte en favor de la ley de Financiamiento. Esa ley, aprobada y luego refrendada en el Congreso contra el veto presidencial; ratificada en dos instancias por la Justicia y vuelta a apelar por el Gobierno, reposa ahora en las oficinas de la Corte. El tribunal deberá decidir si se aboca a tratar la cuestión o rechaza el recurso, en cuyo caso la ley de Financiamiento quedaría “en firme”. La expectativa de un rechazo de la Corte al pedido del gobierno tiene pronóstico reservado. Por lo pronto, el tribunal no tiene plazos: el destino de la universidad podría correr la suerte de los miles de juicios de jubilados, cuyos expedientes reposan en las oficinas de Rosatti, Ronzenkrantz y Lorenzetti. Además, el Gobierno pidió el apartamiento de estos jueces por sus antecedentes como profesores universitarios (otra chicana para dilatar una resolución). A pocas horas de la marcha, Alejandro Álvarez, el gánster a cargo de “Políticas Universitarias”, declaró que “la ley (de financiamiento) nació muerta”. No solo se refería a la oposición terminante del gobierno a aplicarla, sino a la duplicidad de la oposición que la impulsó en el Congreso. Una parte de ella avaló después una ley de presupuesto que no contemplaba los recursos para la universidad. Actuaron en complicidad con un gobierno que presentó un presupuesto en completa ilegalidad, pues omitía los recursos necesarios para normas que estaban vigentes. El “Financiamiento Universitario” no aumenta ni crea nuevas partidas para los claustros. Apenas devuelve parcialmente el dinero que le fuera confiscado cuando el presupuesto universitario, al igual que muchos otros gastos y educativos, resultó planchado en medio de la hiperinflación del verano de 2023-24. Financiamiento Universitario y oposición Entre los partidos capitalistas que coquetean con “la importancia de la universidad pública”, nadie quiere que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento. Esa norma fue redactada bajo la presión de las marchas y ocupaciones de facultades de 2024 y 2025. El radicalismo y el peronismo, partidos que albergan a la mayoría de los rectores, impulsaron la ley para poner bajo su tutela al movimiento de lucha de los claustros, y encorsetarlo detrás de la perspectiva parlamentaria. La zanahoria de “La Ley” fue empleada para gambetear una lucha resuelta: la huelga general con ocupación de las facultades. Una vez que el movimiento refluyó, los rectores y sus partidos dejaron que el Gobierno avanzara con sus maniobras económicas y judiciales. No hay que olvidar que, después de la primera gran marcha, Gobierno y rectores alcanzaron un acuerdo sobre el “financiamiento” que disponía un aumento del 270 % para los gastos generales de las universidades; en cambio, los salarios docentes y no docentes ´durmieron el sueño de los justos´. Ahora, el Consejo de Rectores ni siquiera está comprometido con la ley de Financiamiento que dicen defender. Han expresado su disposición a discutir con el gobierno un “Financiamiento Low Cost” o bastardo: algunos fondos para los gastos generales, y un aumento para la docencia que represente la tercera parte de lo perdido en los dos últimos años. En esa perspectiva, atacan las huelgas universitarias. Para los funcionarios libertarios, el salario de los profesores, como dijo uno de ellos textualmente, no es “para vivir de eso”. Debe ser un “complemento de la actividad privada”. Por esa vía, las cátedras, sus docentes y los contenidos de estudio resultan cooptados por el capital privado. El objetivo estratégico de la ofensiva libertaria es la privatización del conocimiento. Como ocurre con toda su política, Milei-Caputo aspiran a convertir a la universidad pública y su patrimonio científico en un Protectorado de la oligarquía digital que lucra con Trump y la guerra imperialista. Para ese propósito, el 90 % de la Universidad argentina es material sobrante. La ley de Financiamiento habilita a una recuperación del orden del 35 % de los salarios docentes (la mitad de lo perdido en los últimos diez años, que supera el 70 %). Es lo sustraído por el gobierno de Milei después de la híper de 2023-2024. Un calco de lo ocurrido con jubilaciones, salud, gastos sociales, discapacidad. Milei teme que una restitución a las universidades abra la compuerta para el mismo reclamo por parte de todos los demás sectores agraviados. Los partidos patronales que se preparan para el “hay 2027" tampoco quieren alterar ese “trabajo sucio” perpetrado por Milei. A eso aluden cuando afirman que “el equilibrio fiscal es razón de Estado”. Volviendo a la Corte, la historia de sus fallos es particularmente sensible a esas “razones del Estado”, como cuando intentó habilitar el 2x1 a los genocidas de la dictadura. Ese fallo fue volteado por la movilización de masas más imponente de las últimas dos décadas. La cuestión universitaria -y toda la motosierra oficial- también exige una acción histórica, la huelga general educativa, cuyo bulto esquivan todas las fuerzas políticas y sindicales que actúan en los claustros universitarios. Lo que está planteado La convicción de que las reivindicaciones universitarias sólo pueden ser arrancadas con una lucha decisiva ha venido ganando lugar en las facultades. Es el mandato que dejaron numerosas asambleas de base de las dos CONADU, en las vísperas del inicio de clases, y que luego fue desconocido o manipulado por las burocracias docentes. Es el camino que, a pesar de los bloqueos, decidieron emprender los docentes de Exactas de la UBA. En cambio, las burocracias del sindicalismo universitario insisten con sus paros intermitentes, a la medida del desgaste y la desmoralización. La movilización de ayer, a la luz de todo lo anterior, deja un saldo contradictorio. El acto anodino y rutinario del final es la expresión de una orientación de derrota, piloteada por los rectores, las burocracias y los partidos que están detrás de ellas. Pero la concurrencia numerosa de docentes y jóvenes es la materia prima para colocar la lucha en un peldaño superior: la huelga general universitaria, hasta arrancar los reclamos planteados.

Los resultados de las elecciones del SUTEBA representan un importante retroceso de la conducción PeJota-kirchnerista de la Celeste, a pesar de su victoria a nivel provincial. En cuanto a las seccionales, la Celeste ha perdido La Matanza, ante una coalición del FIT U y el mao-peronismo, la Azul y Blanca, ligada al PCR, un sistemático aliado de Roberto Baradel. Se trata, por lo tanto, de una victoria de aparatos, sin referencia a programas o principios políticos; una alianza izquierda-kirchnerismo. La nueva secretaria general del SUTEBA, María Laura Torre, de la Celeste, proviene precisamente de ese distrito. En otros distritos, como Ensenada y San Isidro, la Celeste también sufrió retrocesos, aunque no llegó a ser derrotada. La participación de los afiliados en el conjunto de la elección no superó el 40 % promedio de los padrones, una abstención superior a la de la elección anterior, esto sin contar a quienes se han desafiliado. La burocracia Celeste ha sido una colaboradora sin desmayos con el gobierno de Kicillof, pero también con el de Milei. El asesinato del docente matancero Cristian Pereyra, quien tenía que recurrir a un trabajo alternativo como chofer de aplicación para poder llegar a fin de mes, sin dudas alimentó un repudio a una dirección sindical. En muchos distritos, los propios integrantes y delegados de la Celeste no fueron a votar. “Hay 2027” es lo que defiende la burocracia oficialista, que aguarda una derrota de Milei sin lucha. La burocracia Celeste se vio afectada por las escisiones sufridas, en primer lugar, en La Matanza, Ezeiza y Lomas de Zamora. La alianza Multicolor-Azul y Blanca se impuso en La Matanza por un margen mínimo, sin haber sumado la totalidad de los votos que recogió por separado en el 2022. La Azul y Blanca es una corriente que ha estado aliada con la Celeste, integra las filas del peronismo y obtuvo el apoyo de otras corrientes peronistas. Se ha puesto en pie un bloque político, formado por la izquierda con el peronismo, que está siendo debatido en estos momentos a nivel nacional. El FIT U se ha unido a la Azul y Blanca con plena consciencia de que se trata de un frente de colaboración de clases. El triunfo del FIT-U/peronismo fue saludado en las redes sociales por Alejandro Schwartzman, expresidente consejo escolar de La Matanza y líder de la agrupación "Néstor Carlos", que llamó por abajo a darle el apoyo a la lista encabezada por Del Pla. Las listas Multicolores consiguieron renovar las conducciones de Tigre y Bahía Blanca, aunque en este último caso estancándose en votos ante un importante crecimiento de la Celeste. En Marcos Paz, la Multicolor se dividió entre la Rosa (PO oficial) y la Lila (apoyada por el MST). La Multicolor estuvo cerca de pelear la conducción en algunos distritos puntuales, como Ensenada, San Isidro y General Rodríguez, pero en el resto de los distritos, en general, marcó el paso. La campaña de la Multicolor se disgregó de acuerdo a quien encabezara la lista de cada distrito, otra manifestación de su carácter de aparato, en contraposición a un movimiento desde abajo. El fraude electoral volvió a decir presente. Los padrones por mesa fueron vedados para todas las listas opositoras, pero a disposición del oficialismo, y las mesas mismas fueron en su cantidad y disposición completamente arbitrarias. La composición de esos padrones tampoco pudo ser evaluada adecuadamente por la oposición. En La Plata, la lista Multicolor denunció la incorporación trucha de 260 personas, lo cual fue reconocido parcialmente por la Celeste. Se ha presentado una impugnación ante la Justicia que ha dado lugar al pedido de impugnación. La Tendencia Docente Clasista Nuestra corriente presentó listas seccionales en José C. Paz, Campana, San Miguel, Ezeiza y Bahía Blanca. Los resultados, entre el 5 y 6 % en los casos de San Miguel, José C. Paz y Bahía Blanca han sido modestos; pero no en Campana, donde el frente Marrón-Naranja recogió el 13 %, y en Ezeiza, donde el frente Multicolor-Naranja obtuvo 16 %. No fue una campaña con objetivos de aparato, sino fuertemente programática. Repartimos entre las escuelas y los docentes nuestra plataforma en forma impresa, además de la campaña por las redes sociales. Nuestro programa electoral fue puesto en debate en asambleas y huelgas docentes que tuvieron lugar durante el proceso electoral. La campaña nos permitió acceder con nuestros candidatos a medios masivos de comunicación. Hemos organizado la fiscalización de nuestra boleta en los distritos en donde nos presentamos. La campaña ha sido un importante punto de desarrollo. Lamentablemente, no hemos hecho campaña en los distritos donde no hemos logrado presentar lista, en especial donde habíamos tenido una activa militancia en la polémica acerca del carácter clasista que debía tener la participación de una izquierda consecuente. Hemos dejado vacante la oposición a las conducciones electas en esos distritos.

El pasado 30 de abril fueron las elecciones de congresales de la filial Caleta Olivia de ADOSAC. Mediante el sistema de mayorías y minorías se completan los 23 cargos que participan en los congresos llevando el mandato de las asambleas. El resultado general fue 534 votos para la actual conducción (Lista 7 + Tribuna Docente), 283 votos Lista 2 Lila (ex conducción provincial) y 69 para la Lista Roja-Tendencia Docente Clasista. Con respecto a la elección anterior el frente de conducción saco 2 votos más, mientras que la Lila aumento en 57 votos y la Roja-Tendencia Docente Clasista, 14 votos más. De conjunto los resultados arrojan un incremento en la votación de las listas “opositoras”. La elección se da en el marco del plan de lucha por la reapertura de la paritaria. El debate central gira en torno a dónde va el conflicto, luego de la experiencia del segundo semestre del año pasado donde los paros aislados llevo al desgaste, los descuentos y sin lograr recomposición salarial. La conducción promueve este año el mismo camino, incluyendo el pasilleo en los Consejos Deliberantes y juntada de firmas para que la cámara de diputados vote una consulta popular sobre el proyecto pedagógico de ADOSAC. Por su parte la Lista Lila vacía las actividades, no asiste a las asambleas ni acciones de lucha y promueve el levantamiento de las medidas. Desde nuestra agrupación defendimos una perspectiva clasista y combativa, planteamos la preparación del paro por tiempo indeterminado, vigilias en las rutas y la coordinación con las provincias en la lucha mediante el llamado a un paro patagónico de la docencia, mediante asambleas en las escuelas y la conformación de cuerpos de delegados, basándonos en la caracterización que el gobierno de Vidal viene a fondo a ajustar a los estatales, mientras intenta beneficiar con una quita de impuestos por regalías a las empresas petroleras. La presentación de la lista contó con los 23 titulares y 4 suplentes, sustentada en 145 avales, casi 60 más que en la elección anterior. La lista estuvo encabezada por nuestra compañera Vanesa Costancio y se conformó con docentes de nivel primario, secundario y la modalidad de educación especial. Por el sistema de representación actual, que establece que la mayoría se queda con casi todos los congresales, y la minoría con 5, no ingresamos. Es necesario, tal como lo planteamos en la elección anterior, modificar el estatuto defendiendo una representación de quienes participan en forma organizada en la vida gremial. Sobre esta base seguiremos participando de la vida gremial y resolviendo iniciativas que aporten al debate y la clarificación al sector docente.

Luego de los casi 90 despidos de diciembre 2025, y de no haber abonado absolutamente ni un solo peso a dichos trabajadores hasta el día de la fecha por los salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones adeudadas, la cadena de Farmacias del Dr Ahorro continúa el vaciamiento, afectando a los más de 200 trabajadores restantes. El salario de marzo 2026 fue abonado en tres cuotas, debiendo reclamar vía judicial aquellos que estaban bajo licencia médica, ya que de forma unilateral la empresa decidió no abonar sueldos a los empleados que no iban a trabajar por problemas de salud. Los faltantes de mercadería, que ya eran críticos a fines del año pasado, se fueron agravando con el correr de los meses, a tal punto de no tener en stock productos básicos como envases estériles para análisis de orina, loratadina para la alergia, omeprazol para la acidez, incluso en algunas sucursales llegó a faltar paracetamol. La caída de las ventas, con ese nivel de desabastecimiento, responsabilidad absoluta de la empresa, era más que esperable. La patronal convocó a concurso de acreedores, pero no tomó ninguna medida tendiente a abastecer las sucursales. De forma sorpresiva, el viernes 8 de mayo, los trabajadores se encontraron con los candados cambiados en la totalidad de las sucursales, y simultáneamente, cambio de cerradura en casa central. Hasta las pertenencias de los empleados quedaron secuestradas en los locales. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, un gerente envió por WhatsApp un comunicado avisando que no fueran a trabajar, ya que a partir de ese día la totalidad de las sucursales iba a quedar cerrada "hasta nuevo aviso". Hasta ese momento, a pesar de haber transcurrido más de cuatro días hábiles, la empresa todavía adeudaba el salario de abril. Les fue depositado sólo el 25 % de sus haberes, excepto aquellos que tenían licencia médica, que siguen sin cobrar nada. Ante la negación de tareas por parte de la patronal, pero sin telegramas de despido, -un lockout patronal-, una delegación de trabajadores se presentó a realizar la denuncia en la Secretaria de Trabajo. De forma similar a lo ocurrido en diciembre 2025, el Estado no dio ninguna solución, ni intervino para preservar los salarios ni las fuentes de trabajo. “No pueden hacer nada porque solamente se puede realizar las denuncias por intermedio de los sindicatos”, les contestaron. Los trabajadores suspendidos se acercaron luego al sindicato ADEF, asociación de empleados de farmacia, y como ocurrió previamente con los primeros despedidos, se negaron a actuar y a efectuar cualquier tipo de denuncia contra el accionar de la empresa. Ni siquiera hacen mención del conflicto en su página oficial ni en las redes sociales. Empresarios, Estado patronal y burocracia sindical, actuando en conjunto contra los trabajadores, de forma explícita. Mientras tanto la empresa solicitó al juez que maneja el concurso de acreedores autorización para desprenderse de parte importante de sus activos como “condición necesaria para poder pagar lo que resta de los salarios”. Quiere liquidar las sucursales de mayor facturación, los autos y el único camión de reparto (herramienta de trabajo imprescindible) sin presentar a cambio un plan de continuidad, ni asegurar los puestos de trabajo en el tiempo, ni asegurar el pago de salarios a mediano y largo plazo. Tampoco contempla el pago de lo adeudado a los primeros despedidos. Se trata de una maniobra de liquidación anticipada que termina perjudicando a la larga a los trabajadores. Los despedidos y los suspendidos deben unirse de forma autoconvocada para evitar la licuación de los bienes y exigir a la empresa el pago de todos los montos adeudados, antes que rematen lo poco que queda para fugarse, adeudando salarios e indemnizaciones, como lo hicieron ya los mismos dueños con la filial chilena.

El 8 de mayo no fue solo un aniversario del fin del nazismo, fue el día en que la juventud alemana le dijo al Canciller Friedrich Merz que no está dispuesta a morir por los intereses de la OTAN. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta disfrazar el Servicio Militar como un "taller de oficios" para la juventud precarizada, en el corazón del imperialismo europeo la careta del voluntariado se ha desplomado por completo. Alemania ha dejado de ser la "locomotora democrática" de la UE para transformarse en un laboratorio de excepción: leyes de reclutamiento forzoso, prohibición de símbolos políticos y una juventud estudiantil que ha decidido plantar bandera contra la guerra. El punto de inflexión se dio con la aprobación de la Ley de Modernización del Servicio Militar, en vigor desde principios de 2026. Bajo el pretexto de alcanzar una tropa de 260.000 soldados y 200.000 reservistas para 2035, el estado alemán ha reactivado mecanismos represivos que no se veían desde la Guerra Fría. El dato más crudo es el inicio del registro obligatorio para los nacidos en 2007, quienes ya están siendo fichados por la maquinaria estatal (El Cronista, 15/04). En un movimiento que transforma al país en lo que podemos caracterizar como una cárcel preventiva, se ha impuesto un control estricto de movimientos: los hombres de entre 17 y 45 años ahora deben solicitar una autorización oficial para permanecer más de tres meses en el extranjero, incluso en tiempos de paz. El Estado alemán sabe que, en una guerra de rapiña contra Irán o Rusia, la juventud no tiene nada que ganar. Por eso, cierran las fronteras de forma anticipada. La líder política Sahra Wagenknecht llegó a comparar estas medidas con los controles de la antigua Alemania del Este (ídem), exponiendo que el régimen de Merz y el ministro Pistorius está dispuesto a anular los derechos civiles más elementales en nombre de la "defensa nacional", es decir, de sus aspiraciones imperialistas. Huelga estudiantil Frente a esta avanzada, el pasado 8 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la capitulación nazi, decenas de miles de estudiantes protagonizaron una jornada de lucha histórica bajo el lema: “Queremos educación para la paz, no para la guerra” (Infobae, 08/05). La organización "Schulstreik gegen wehrpflicht" ("Huelga escolar contra el servicio militar") logró movilizar a jóvenes en más de 150 ciudades, con un acumulado de más de 55.000 estudiantes participando en acciones de boicot y manifestaciones desde que se anunció la reforma. La huelga escolar no es solo una marcha; es una forma de autodefensa ante la militarización de la educación. Los estudiantes denuncian que la Bundeswehr (el ejército alemán) ha duplicado sus visitas a las escuelas desde 2020, intentando reclutar adolescentes en ferias de empleo y talleres educativos. La respuesta de los centros ha sido la creación de "Comités de huelga escolar" y la votación de resoluciones para declarar a las instituciones como “Escuelas sin Bundeswehr” (ídem). La represión estatal ha sido feroz. En Berlín y Múnich, la policía detuvo a estudiantes por portar carteles que decían: “Merz, muere tú mismo en el Frente Oriental” (íbidem). Esta consigna, cargada de odio de clase, pone el dedo en la llaga: son los hijos de los trabajadores quienes irán a las trincheras, mientras las camarillas políticas y los dueños de la industria armamentística dirigen la masacre desde sus despachos blindados. Para sostener este reclutamiento forzoso, el Estado alemán necesita limpiar el "frente interno" de cualquier disidencia. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior, ha dado un paso inédito en la persecución política: ha incluido a la sandía -símbolo internacional de la resistencia palestina- en su lista de "símbolos extremistas" cuando se usa para delimitar el mapa histórico de Palestina (Diario Socialista, 14/05). El delirio represivo llega al punto de criminalizar el triángulo rojo. La inteligencia alemana sostiene que su uso indica “apoyo a la violencia”. Ese mismo símbolo fue el que los nazis utilizaron para marcar a los presos comunistas y socialistas en los campos de concentración. Hoy, los herederos de aquel Estado vuelven a utilizar el triángulo rojo para silenciar a quienes denuncian el genocidio en Gaza y la complicidad alemana con el régimen de Netanyahu. Bajo el argumento de que cualquier crítica a Israel es "antisemitismo", el BfV ha creado una sección específica para vigilar a "grupos no religiosos" y "núcleos duros" de activistas en Berlín (Diario Socialista, 14/05). Lo que buscan disfrazar como lucha contra el odio racial no es más que una mordaza política para evitar que la juventud alemana una su lucha contra la militarización con la lucha de los pueblos oprimidos por el imperialismo. El espejo argentino Esta cacería en Alemania no es un fenómeno aislado, sino una pieza del engranaje global que también tiene su capítulo en América Latina. Mientras en EE. UU. el registro militar pasa a ser automático para asegurar "cuota de carne de cañón", en Argentina el gobierno de Milei utiliza la miseria como método de reclutamiento. Con una informalidad juvenil del 67,4 %, los "talleres de habilidades técnicas" del Servicio Militar Voluntario son la única oferta del Estado para una generación sin futuro. La firma de los "Acuerdos de Isaac" y la subordinación de las fuerzas armadas argentinas a la "Estrategia de seguridad nacional" de Trump cierran el círculo. La burguesía mundial ha decidido que el impasse económico solo se resuelve mediante la guerra, y para ello necesita censar, fichar y disciplinar a la juventud trabajadora de todos los continentes. Las contrarreformas Esta cacería de jóvenes en las escuelas tiene su correlato necesario en los lugares de trabajo. El gobierno de coalición de Friedrich Merz prepara una reforma laboral para liquidar la jornada de ocho horas diarias, reemplazándola por un esquema semanal "elástico" (La Nación, 11/05). Bajo el eufemismo de la "flexibilidad", el capital busca que los trabajadores queden a disposición total de las necesidades de producción, permitiendo extender las jornadas de forma discrecional según los picos de demanda o las urgencias del rearme. La Confederación Sindical Alemana (DGB) ya ha denunciado que esto aumentará la presión y el agotamiento de una clase obrera que ya carga con el peso del ajuste (ídem). No es casualidad: un Estado que se prepara para la guerra necesita exprimir la productividad al máximo y eliminar cualquier traba legal que proteja el tiempo de descanso. Este ataque tiene un espejo idéntico en nuestro país. En Argentina, el gobierno de Milei avanza con una contrarreforma que busca generalizar el modelo de "banco de horas" y la eliminación de las indemnizaciones, bajo el mismo pretexto de la "modernización" y a su vez criminalizar la organización y la protesta, quitándole los derechos a los trabajadores al momento de pisar el lugar de trabajo. En ambos países la flexibilización se hace para profundizar la precarización, garantizar beneficios extraordinarios a las patronales y en pos de una guerra mundial en medio de un hundimiento económico. El objetivo es el mismo: que la crisis del capital la pague el cuerpo de la clase trabajadora. La "modernización" de Merz y la de Milei son, en realidad, un regreso al siglo XIX, donde el obrero no tiene derecho al tiempo ni al descanso, convertido en un mero recurso descartable de la maquinaria estatal y empresarial. La experiencia de los estudiantes alemanes que salieron a las calles este 8 de mayo es una brújula para nosotros En Argentina, venimos de protagonizar una nueva marcha universitaria por el financiamiento universitario que se opuso al plan de ajuste de Milei. Esa fuerza, que llenó las calles en defensa de la educación pública, debe elevarse ahora hacia una conciencia superior: no hay presupuesto universitario posible en un mundo al servicio de la masacre imperialista. Los recursos que el gobierno nos quita en las facultades son los mismos que se destinan a la compra de armamento y a la subordinación de nuestras fuerzas armadas a la estrategia de guerra de Trump . La lucha por la universidad pública y la lucha contra la guerra son una sola. Debemos tomar el ejemplo de los comités de huelga alemanes y la resistencia estudiantil. La única forma de detener la maquinaria de muerte es con la acción directa y la unidad internacionalista de la clase obrera y la juventud. Lo que tenemos enfrente es la barbarie capitalista en su estado más puro. Hay que quebrar el brazo del imperialismo antes de que hipotequen nuestro futuro en el frente de batalla. ¡Ni un peso para la guerra, presupuesto para educación! Fuentes: https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/cambia-la-ley-del-servicio-militar-ya-reclutan-a-los-nacidos-en-2007-y-podria-volver-el-alistamiento-obligatorio/ https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/alemania-quiere-flexibilizar-la-jornada-de-trabajo-y-cambiar-el-historico-limite-de-ocho-horas-nid11052026/ https://politicaobrera.com/16091-el-plan-de-trump-para-cazar-a-los-jovenes-y-mandarlos-a-la-guerra https://www.infobae.com/espana/2026/05/08/los-estudiantes-alemanes-convocan-una-huelga-contra-el-servicio-militar-queremos-educacion-para-la-paz-no-para-la-guerra/ https://diariosocialista.net/2026/05/14/alemania-incluye-la-sandia-en-su-lista-de-simbolos-antisemitas-y-extremistas/

La docencia chubutense, en forma autoconvocada, ha logrado reabrir la paritaria y la propuesta de dos ofertas salariales, que siendo miserables ya fueron rechazadas. Todo esto en tres semanas de lucha. Ahora se ha autoconvocado a una asamblea general de estatales para coordinar acciones de lucha. En Santa Cruz hace casi dos meses nos encontramos con medidas de paro, junto al resto de los estatales, reclamando la reapertura de la paritaria salarial. Sin embargo, el gobernador Vidal en lugar de reabrir la paritaria, realizo descuentos en los golpeados salarios docentes. Llevamos cuatro meses sin aumento de salario. Este congelamiento implica una desvalorización brutal de nuestros ingresos. Si a esto le sumamos que miles de estatales no cobran nada de sus salarios, por las retenciones totales que realiza el banco Santa Cruz, lo que tenemos es una situación catastrófica. En Chubut los docentes han salido en forma decidida a luchar por el salario, superando la tregua de la conducción sindical y autonconvocandose. En Adosac la actual conducción apuesta desde comienzo de año a negociaciones indefinidas con el gobierno, sin sustentarlas en una lucha resuelta. Como consecuencia de ello el conflicto se dilata. Se promueve un pasilleo en los Concejos Deliberantes y pedidos de reunión a diputados por pueblo, mientras a la par se impulsa una juntada de firmas para que una consulta popular, que debiera resolver la cámara de diputados, apruebe el proyecto pedagógico presentado. Esta expectativa en la cámara de diputados choca con la realidad, que exigió rodear la legislatura en tres oportunidades el mes pasado, para que no aprobaran la Emergencia Económica. Paro patagónico y vigilias en las rutas Desde la Lista Roja Tendencia Docente Clasista planteamos que es necesario profundizar, en primer término, coordinando con el resto de las provincias en lucha, un gran PARO PATAGONICO de la docencia, que unifique en una acción ante el aislamiento promovido por nuestra federación Ctera, que actúa en colaboración con los gobiernos, aislando cada reclamo en las provincias. En segundo término, promover vigilias en las rutas de la provincia junto a los otros gremios estatales. Estas mociones hemos defendido en las asambleas de Caleta, resultando en mandatos que se plantearon en los dos últimos congresos provinciales. Salario igual al costo de la canasta familiar, hoy en $2.500.000 por un solo cargo. Devolución de los descuentos por paro.

El dato inflacionario a la baja de abril -después de 10 meses de persistente aumento- fue recibido "con relativo alivio", como dijo Milei en una larga entrevista que brindó en Neura a poco de conocerse el índice. El 2,8 % relevado en abril significa una baja respecto del 3,4 % de marzo. No obstante, la carestía acumula 12,3 % en el primer cuatrimestre de 2026, lo que cifra las expectativas anuales en no menos del 40 %. Sigue ubicándose entre las más altas del mundo. Además, en un cuatrimestre ha superado el 10,1 % que "Toto" Caputo dibujó para todo el año en la ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. En estos 29 meses que lleva en la Rosada, el gobierno de Milei acumula una inflación de 303,6 %, mayor a la que dejó Macri tras cuatro años de gestión (295,7 %). Para el gobierno que venía a "matar a la inflación", el fracaso no podría ser más rotundo, en especial cuando se tiene en cuenta que, a la par de estos resultados, viene podando el gasto en salud, jubilaciones, educación y asistencia social a niveles catastróficos. El Banco Central había anticipado una ´desaceleración´ por “ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales”. Las "presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo" remiten, lisa y llanamente, a las paritarias del 1,5 % que viene firmando la burocracia sindical. Esto explica que los rubros que menos aumentaron hayan sido alimentos y bebidas, por la caída del consumo básico. Por otro lado, los llamados precios estacionales redundaron en una inflación cero, cuando el impacto del aumento del barril de petróleo no se había hecho ver todavía en los surtidores. En cambio, los que más aumentaron fueron los precios "regulados", que incluyen transporte y energía. "El problema son los precios que viajan en contratos, alquileres, expensas, tarifas y servicios, entre otros", dice Elisabet Bacigalupo, de la consultora Abeceb, en La Nación (14/5). Es decir que el programa ´deflacionario´, con su programa de eliminación de subsidios, bombea inflación de precios al consumidor. En el caso del transporte, por citar un caso dramático, el boleto de colectivo aumentó el mes pasado 4,4 %. No sólo se ubica por encima del promedio, sino que describe una trayectoria ascendente cada vez más empinada: la actualización de tarifas toma en cuenta, en forma automática, la inflación de dos meses atrás más un incremento adicional del 2 %. Es por eso que el aumento del boleto de colectivo, en el cuatrimestre transcurrido de 2026, ha triplicado en CABA a la inflación promedio (32,83 %) y la quintuplica en provincia de Buenos Aires (54,15 %). Como resultado, para pesadilla del trabajador, el boleto es más caro, ha caído el transporte de pasajeros y las empresas recortaron frecuencias y recorridos. Entre los ítems que más subieron (transporte, educación, comunicación, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, ropa y calzado, equipamiento y mantenimiento del hogar), se cuentan varios cuya incidencia en el costo general de vida permanece subvaluada. Los trabajadores del Indec insisten, mes a mes, en denunciar al Gobierno, precisamente, por no actualizar la metodología de cálculo del IPC. “Desde el 10 de febrero de 2026 esperamos la difusión del IPC actualizado y, sin embargo, el gobierno de Caputo y Milei decidió bloquear administrativamente y postergar políticamente su publicación con argumentos inverosímiles. En los hechos, esto constituye una forma de censura estadística y una nueva intromisión política en la vida de un organismo técnico”, señalaron en un comunicado. La ´desaceleración´ tiene un alto componente de fraude. El gobierno mantiene artificialmente deprimido el tipo de cambio para favorecer el ingreso de capitales especulativos que se benefician con el carry trade , es decir, con la diferencia que hacen entre las altas tasas de interés en pesos y el dólar planchado. Para absorber los dólares el gobierno emite pesos -"la inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario", insiste Milei sin dar cuenta de esto- que absorbe con instrumentos financieros a altas tasas de interés. La compra de dólar para ´ahorro´ se ha duplicado, una incipiente corrida contra el peso. La caída de la consideración del gobierno en las encuestas, el resquebrajamiento del gabinete y la insolvencia del Estado para afrontar vencimientos próximos del orden de los 30.000 millones de dólares, son manifestaciones inconfundibles de una crisis política creciente.

El 18 de mayo habrá una nueva huelga general en Italia que une la exigencia de ruptura de relaciones con Israel por el genocidio en Gaza y la guerra imperialista en Medio Oriente con la de reorientar el presupuesto de guerra hacia políticas de vivienda, salud, educación y el aumento de salario. “Bloqueamos todo” es el grito de guerra de la clase obrera italiana contra la masacre sionista y sus repercusiones en la vida cotidiana de los asalariados en la península. Los italianos están a la cabeza de la resistencia contra la política bélica imperialista, que tiene como una de sus metas pulverizar dos siglos de conquistas obreras. En febrero pasado, un parazo paralizó no solo Italia, sino que sumó a la lucha antiimperialista a trabajadores de decenas de puertos del Mediterráneo, Francia y Alemania. Esta vez, la medida involucrará tanto a los sectores públicos como privados, desde la sanidad hasta el transporte, los metalúrgicos y la educación. La movilización es convocada por la coalición de sindicatos de base Unione Sindicale de Base con el apoyo de FI-SI (federación de sindicatos de la sanidad) y otras organizaciones. La USB el año pasado encabezó históricas jornadas de lucha contra el genocidio en Gaza bajo el lema "Blocchiamo Tutto", a partir de la iniciativa de los trabajadores portuarios. ha marcado un punto de inflexión en la lucha obrera frente a las políticas de guerra y explotación. La convocatoria nació con dos motivos claros: denunciar el genocidio del pueblo palestino y rechazar el aumento del gasto militar que el gobierno pretende imponer mientras recorta en sanidad, educación y derechos sociales. La convocatoria establece una enérgica relación entre los presupuestos de guerra del gobierno de Giorgia Meloni y el grave deterioro de las condiciones de vida de las masas. La guerra, afirma el comunicado de USB, "se inmiscuye en nuestras vidas a través de la disminución de los salarios, el deterioro de la sanidad pública, la precariedad de las escuelas, los recortes en las ayudas sociales, el aumento de los alquileres, la escalada de precios y la creciente carga que supone la gasolina para las familias. Cada euro destinado al rearme es un euro que se les quita a quienes trabajan, a quienes estudian, a quienes buscan atención médica, a quienes viven de sus salarios». La medida coincide con otras huelgas nacionales programadas para el mismo día por otros sectores y organizaciones: la huelga nacional multisectorial convocada por Usi 1912 (anarcosindicalistas) como por USB Lavoro privato e involucrará al servicio nacional de salud, cooperativas sociales, empresas y asociaciones que operan en los sectores social, sanitario, de bienestar y educativo, ya sea directamente o a través de subcontratistas. La demanda exige “intervenciones inmediatas y estructurales para proteger salarios y pensiones frente al aumento del costo de la vida relacionado con las guerras, introducción de un mecanismo de ajuste automático de salarios y pensiones al costo de vida y la introducción de un salario mínimo contractual adecuado”. También que se detengan “los planes de recuperación europeos e italianos” (que solo beneficiaban a las grandes empresas y al capital industrial) y se reasignen “fondos para la protección y el desarrollo de los servicios públicos esenciales y la política de vivienda”. Los trabajadores denuncian el genocidio en Gaza y la complicidad de la Unión Europea con el sionismo. Como en los paros anteriores, piden “la interrupción de toda relación institucional y colaboración económica, científica y política con el Estado de Israel junto con un embargo completo sobre armas”. Por otra parte, que se impida la exportación y tránsito de material bélico “hacia escenarios de guerra o donde se violen tratados internacionales”. En la prevención de que Italia se sume a la política de reclutamiento forzoso que están por implementar Alemania y Francia, los trabajadores exigen que se presente “un decreto urgente para el reconocimiento de la objeción de conciencia” (Il Mattino, 14/5). La jornada está precedida por miles de asambleas sindicales, paros escalonados previos, movilizaciones regionales, coordinación con el movimiento estudiantil y acciones en puertos y nodos logísticos, En Italia rige una gran agitación obrera: desde abril hubo una cadena de paros ferroviarios y del transporte urbano convocados por sindicatos de base, paros en la sanidad privada y en la prensa. También hubo acciones de trabajadores portuarios y de logística, especialmente en Génova, La Spezia, Gioia Tauro y Trieste, vinculadas a la lucha por el salario y condiciones laborales. Los sindicatos ferroviarios, del transporte por carretera y los portuarios tenían prevista una huelga nacional de seis días, desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de abril. El gobierno primero trató de “limitar” la medida arguyendo que era lesiva para la economía y finalmente abrió una mesa de negociaciones, que la burocracia aprovechó para levantar la huelga. Sin embargo, varios sectores la sostuvieron. El más relevante fue el paro nacional de camioneros que se extendió los 5 días, convocado por Trasportounito en protesta por el aumento del combustible y los costos operativos. En Sicilia, tuvo una adhesión muy alta, cercana al 90 %, afectando puertos y distribución de mercancías. Hubo interrupciones fuertes en Milán, Nápoles y Génova. El sábado 16, un día después del Día de la Nakba (aniversario de la expulsión y el desplazamiento en 1948), habrá contundentes manifestaciones en Roma y Milán. Esta semana también hubo huelgas en sanidad y servicios sociales, preparatorias para el 18 de mayo. José Nivoi, del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (CALP) afirma: “Desde que hicimos la huelga internacional en febrero se han solidarizado más organizaciones. En marzo se solidarizaron también los ferroviarios y en la zona de Pisa se bloqueó un tren cargado de armas. La población en general se está movilizando más”. (Anred) Por su parte, los sindicatos han convocado para el 20 de mayo una huelga en Kering que afectará a todas sus marcas de máximo lujo, como Gucci y Saint Laurent, en protesta por los 54 despidos en Alexander McQueen y la opacidad del plan "ReconKering", que amenaza con redefinir -y recortar- el futuro de miles de empleados. El objetivo declarado de la patronal es duplicar los márgenes de beneficio del grupo (sic). Meloni hizo algunas críticas a la guerra de Estados Unidos y el Estado sionista contra Irán, y suspendió la renovación automática de un acuerdo de defensa con Israel, pero, al mismo tiempo, reforzó el apoyo militar a naciones del Golfo Pérsico, y fue la principal defensora -junto a Alemania- de sostener el tratado de asociación entre la Unión Europea e Israel, frente a la propuesta de otros Estados de cancelarlo. Los sindicatos antiburocráticos italianos han tomado en sus manos la defensa del pueblo palestino. Marcan el camino.

Donald Trump aterrizó en Pekín el miércoles pasado en compañía de diecisiete ejecutivos de la oligarquía financiera de Estados Unidos, dejando fuera de toda duda que viajaba como agente de los intereses capitalistas más poderosos del imperialismo norteamericano. Lo mismo había ocurrido en ocasión de una visita anterior, en 2017, bajo su anterior mandato, aunque como un debutante. El tenor de la delegación y la consigna del emprendimiento (“abrir la economía de China” al capital estadounidense) han servido para disipar otro malentendido, a saber, que Trump emprendía un repliegue hacia el mercado interno de Estados Unidos (”reshoring” o costas adentro), en función de una reindustrialización de la economía norteamericana. Apenas Trump emprendió el retorno de la visita, el conjunto de la prensa internacional coincidió en informar que el gobierno de Trump había adquirido bonos, acciones u otros instrumentos en esas grandes compañías, por montos variables, que en el caso de Intel ha llegado al 10 % de su capital accionario. El valor de la acción de esta productora de semiconductores ha subido un 200 % en el último año. Entre los beneficiarios se encuentran Apple, Meta, Nvidia, Citi, Tesla y Boeing –entre muchas otras-. La política arancelaria de Trump no tiene nada de proteccionista; funciona como un régimen de sanciones para que el resto de las economías abra sus mercados a la oligarquía financiera estadounidense. Este elenco de acompañantes, que representan la mitad del valor de la Bolsa de Nueva York, la cual concentra el 65 % del valor bursátil internacional, ha participado de una cumbre donde quedaron expuestos los objetivos de conquista, de unos y otros, en la guerra financiera, comercial y militar en que se encuentra envuelto el capitalismo mundial. El New York Times cita a Ucrania, o sea Rusia; a Irán, o sea al Medio Oriente; y a la Inteligencia Artificial, o sea el monopolio de la ciencias y aplicaciones cuánticas y computacionales. La discusión acerca de la apertura económica ha operado como una “máscara”, como señala un diario de Hong Kong, de una pelea de fondo acerca del Canal de Panamá, el Caribe y América Latina en su conjunto; la captura del Cáucaso sur y su proyección al Asia Central; el apoderamiento de la cuenca petrolera del Medio Oriente; y finalmente la vasta Rusia. Trump reclamó a Xi, el ‘premier’ de China, el cese de las sanciones a la mayor flota de barcos de bandera, Panamá, que es la represalia más notoria, por parte de China, al despojo de los puertos del canal, en beneficio de un consorcio liderado por BlackRock, cuya principal ejecutivo, Larry Fink, formó parte de la comitiva de Trump. El propósito fundamental de la cumbre, Estabilizar las Relaciones Mutuas, ha funcionado como escenario de la guerra mundial que se encuentra en desarrollo. En procura de esa ‘estabilización’ Trump resolvió levantar el veto a Nvidia para vender sus chips H200 a un número de diez empresas de China, algo muy limitado, pero aun así criticado en Estados Unidos. La venta descuenta la rápida obsolescencia de los semiconductores como consecuencia de la velocidad de los cambios tecnológicos. Al mismo tiempo, sin embargo, Trump mantiene el veto a las transacciones con China, por parte de la compañía holandesa ASML, al tiempo que el gobierno de los Países Bajos ha expropiado a Nexperia, una sucursal de la china Wingtep, por la que reclama una indemnización de 8.000 millones de dólares. Xi Jinping ha vuelto a rechazar la oferta de comprar los H200 a Nvidia, para dar preferencia a Huawei. Ha vetado, asimismo, la compra de la start up de IA, Manus, una china con sede en Singapur, por parte de la norteamericana Meta. Numerosas compañía de China han traslado sus sedes a Singapur, con el propósito de sortear regulaciones del país de origen y escapar a la depresión de la economía china, pero la larga mano de Pekín ha limitado esta suerte de trasnacionalizaciones y puesto en crisis un floreciente negocio en Singapur. China, sin embargo, ha dado piedra libre al Citigroup para operar en los mercados de deuda de China, al cabo de un año de papeleos. BlackRock, por su lado, ha tomado deuda en China para sacar provecho de una tasa de interés menor a la que rige en Nueva York. China necesita ‘liberar’ estos mercados debido a una fenomenal crisis de deuda pública y privada. Pero lejos de una ‘estabilización’ o ‘normalización’ financiera, se asiste a desequilibrios internacionales cada vez mayores y a un mayor proteccionismo tecnológico. En los próximos días, Trump prometió un relajamiento a las inversiones de China en Estados Unidos, acompañado de una prohibición férrea en las grandes tecnologías. Necesita ofrecer una salida al dinero acumulado por el superávit comercial a favor de China, de lo contrario arriesga una venta masiva de bonos del Estado. China ha ordenado la compra de 200 aviones Boeing, para compensar ese superávit, cien menos de lo esperado, lo que volteó las acciones de Boeing. Tesla, de Elon Musk, no ha visto satisfechas sus expectativas de desarrollar su sistema avanzado de conducción. Estas negociaciones económicas revelan el propósito de penetrar el mercado de China; uno de los grandes botines de guerra, sino el mayor, del imperialismo norteamericano. Es, al mismo tiempo, una imposición de la situación histórica del momento. La bomba financiera que va marcando el ritmo de la economía mundial, por un lado, y la sobreproducción industrial, por el otro, revelan que el número de participantes del mercado es ‘excesivo’. El capitalismo está desarrollando un ajuste ‘insuficiente’ para el tendal de quiebras que acumula la crisis. Los desarrollos tecnológicos no superan este impasse , lo acentúan. Un nuevo reparto del mundo, o sea la guerra, es ineludible. El cerco geopolítico es un arma de esta guerra. Trump fue asistido en su visita a China por todo el círculo de guerra y de seguridad de su gobierno. El temario de la cumbre no ha sido diferente a los que caracterizaron a las conferencias internacionales en guerras mundiales anteriores. Ambos mandatarios se pusieron de acuerdo, según los partes de prensa de uno y otro, en liberar el Estrecho de Ormuz, pero no en cómo hacerlo, que será por medio de una escalada mayor de la guerra. El silencio acerca de las masacres sionistas en Líbano y la expansión del estado sionista en Cisjordania y el sur de Siria ha sido estruendoso. Xi no ha respondido al reclamo de Trump de que cese el apoyo limitado a Irán y que deje de exportar bienes ‘duales’ (para uso civil o militar) a Rusia. Los estados imperialistas de la Unión Europea han alistado una flota para asegurar el paso por Ormuz después de la guerra, en lo que es una advertencia de que el Estrecho quedaría bajo el dominio de Estados Unidos, que ya tiene a su flota atacando a las barcazas de defensa de Irán. En todas las conferencias mundiales sobre la guerra, la ceguera y la hipocresía le han ganado a la claridad. De acuerdo a un comunicado de la delegación norteamericana, no confirmado por las autoridades chinas, Trump rechazó una mediación de China en Irán. Como en casos anteriores, Trump usará el fin de semana para escalar la guerra. En forma simultánea, John Radclife, el jefe de la CIA, desembarcó en La Habana y se reunió con el jefe de Seguridad de Cuba, para poner el broche a un cambio de gobierno que viabilice una salida a la venezolana, o sea la toma de control del aparato económico de Cuba por parte de Trump. Los negociadores en Pekín no desconocían este curso de los acontecimiento Trump, por último, no recogió la principal advertencia o requerimiento no publicado de Xi, acerca de no implementar la venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares, como ha sido votado por el Congreso. Concretará la venta apenas se disipe el humo de la cumbre. “Tomaré decisiones”, adelantó el mandatario. El Wall Street Journal ha difundido encuestas que aseguran que un exagerado 95 % se opone a un acercamiento con China. Retener esa venta o postergarla, ya es calificada como una “capitulación”. El final de la cumbre fue saludado por una suba del barril de petróleo y un desplome (“slumping”) de los bonos estadounidenses. Trump “no lideró una gran negociación”, concluye el diario, que también exige escalar los ataques contra Irán. La movilización contra la guerra imperialista mundial es más urgente.

El 13 de mayo, la Duma Estatal rusa aprobó en segunda y tercera lectura -prácticamente de manera unánime- una enmienda a las leyes de ciudadanía y defensa que otorga a Vladimir Putin la facultad explícita de desplegar tropas en cualquier país del mundo “para proteger a ciudadanos rusos” sometidos a arresto, detención, proceso penal o “persecución” por tribunales extranjeros o instancias internacionales en las que Rusia no participe (como la Corte Penal Internacional). La norma, que espera la firma presidencial para entrar en vigor, amplía formalmente las bases jurídicas para operaciones militares extraterritoriales. Según el texto y las declaraciones de sus impulsores, el objetivo es contrarrestar la “rusofobia”. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, y el jefe del Comité de Defensa, Andrei Kartapolov, lo presentaron como escudo contra detenciones arbitrarias en Europa y EE.UU, citando casos como el del arqueólogo ruso Alexander Butyagin, detenido en Polonia. Moscú ya había invocado la “protección de rusos” (o “rusoparlantes”) para justificar la guerra de 2008 contra Georgia, la anexión de Crimea en 2014 y la “Operación Militar Especial” en Ucrania en 2022. Es una práctica a la que Estados Unidos ha recurrido en numerosas ocasiones. Analistas y opositores advierten que podría usarse para justificar nuevas incursiones en el Báltico, Moldavia (Transnistria), o incluso países de la UE con importantes comunidades rusas, en el contexto actual de guerra prolongada en Ucrania y de crecientes alertas sobre un posible cerco de la OTAN en sus flancos sur. El Kremlin podría invocarla de forma preventiva ante las amenazas que percibe en Europa del Este, el Cáucaso Meridional y Asia Central. Representantes de la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores (las tres principales instituciones políticas de Rusia) han advertido en las últimas semanas sobre estos riesgos, que, de no neutralizarse, podrían derivar en una guerra indirecta en tres frentes contra Rusia. El punto de inflexión fue el anuncio, en agosto del año pasado, de la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales” (TRIPP), un megaproyecto que según los analistas “tomo por sorpresa a Moscú”. Todo indica que Moscú confió hasta último momento en que Armenia y Azerbaiyán cumplirían el punto del alto el fuego de noviembre de 2020 -mediado por Moscú-, que preveía un corredor de conectividad regional bajo protección del FSB, la muy influyente agencia de seguridad estatal, considerada la principal sucesora de la KGB. En cambio, ambos países sustituyeron el rol ruso por el estadounidense, convirtiendo la ruta en un corredor logístico militar de la OTAN hacia Asia Central. Poco después, Azerbaiyán anunció la completa adaptación de sus fuerzas armadas a los estándares de la OTAN. Kazajistán, por su parte, firmó un acuerdo sobre minerales críticos con Washington y reveló planes para producir proyectiles compatibles con la Alianza Atlántica. La visita del vicepresidente de EEUU, J.D.Vance a Armenia y Azerbaiyán en febrero completó lo que en Moscú se interpreta como un cerco estratégico. Rusia tardó meses en digerir el golpe. El viceprimer ministro Alexei Overchuk declaró a TASS que la Ruta Trump “perturbó el equilibrio regional existente desde 1828”. El ministro de Defensa Andrey Belousov alertó sobre los intentos de “Estados extrarregionales” de establecer presencia militar y logística en Asia Central. Para entonces, Azerbaiyán ya había sellado una alianza militar de facto con Ucrania, que se suma a sus estrechos vínculos con Estados Unidos, Turquía y el Reino Unido. Aunque no se menciona de forma explícita, en Moscú se percibe con claridad que la Organización de Estados Turcos (OTS) se consolida como un bloque militar y de seguridad que aspira a reemplazar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (la alianza militar liderada por Rusia considerada el equivalente ruso de la OTAN) especialmente en Kazajistán y Kirguistán. El objetivo sería arrancar estos países de la órbita rusa, de manera similar a como la OTAN y la UE intentan separar a Armenia de la OTSC y la Unión Económica Euroasiática. Un escenario considerado catastrófico para la seguridad rusa. La posición geoestratégica de Azerbaiyán le otorga un papel central en este cerco impulsado por la OTAN. Si el proceso se acelera, Azerbaiyán -considerado en la sombra un miembro de la Alianza- y Kazajistán podrían coordinar, junto a Ucrania, una presión en tres frentes. Frente interno Este año ha dejado huella en la sociedad rusa con un combo de aumentos de impuestos, restricciones en el acceso a internet y los evidentes efectos colaterales de la guerra. A ello se suma el estancamiento económico, que se traduce en cierres de negocios, encarecimiento de los alimentos y un fuerte aumento de facturas. Aunque el conflicto en Irán ha impulsado al alza los precios del petróleo, la sociedad rusa no ha percibido los beneficios de ese repunte. El descontento se manifiesta de forma diferenciada según los sectores. Las personas mayores se quejan principalmente de sus magros ingresos y del creciente costo de vida: “En Volgogrado, estallaron manifestaciones espontáneas contra el aumento de los precios. En Pskov, los comerciantes organizaron una huelga fiscal, negándose a pagar el IVA incrementado. En Moscú, jubilados manifestaron ante el Kremlin para exigir un aumento de sus pensiones, congeladas desde 2022.” Cuenta Luisa Corradini, corresponsal en Francia de La Nación (5/5). “Aunque los índices de aprobación de Putin han disminuido recientemente, siguen siendo significativamente más altos que en los años previos a su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según el Centro Levada, una encuestadora independiente”, matiza el New York Times (11/5). Un amplio sector de la población expresa su frustración por una guerra que ya se extiende por cinco años. Los analistas coinciden en que la población tiende a dirigir su malestar hacia el gobierno en general o hacia las autoridades locales, pero rara vez hacia el propio Vladimir Putin. “Por el momento, ‘el zar es bueno y los boyardos son malos’”, señala un observador retomando un viejo refrán ruso que describe a un líder benevolente supuestamente rodeado de malos consejeros. En paralelo, Kiev ha intensificado sus ataques de largo alcance contra territorio ruso, utilizando nuevos misiles de crucero y drones de fabricación ucraniana. Los días previos al desfile del Día de la Victoria, este sábado, estuvieron marcados por intensas especulaciones sobre un posible ataque ucraniano durante las celebraciones, presumiblemente mediante drones guiados a través de internet móvil. Estas alertas provocaron un fuerte despliegue de medidas de seguridad y duras advertencias rusas de una respuesta devastadora. La aprobación de la ley de seguridad de rusos en el extranjero, llega en un momento delicado para el Kremlin. La economía rusa soporta el esfuerzo bélico gracias al petróleo y a la represión interna. Ampliar el marco legal de intervención es un preaviso para una escalada en la guerra: Putin busca mantener viva la narrativa de “Rusia asediada”. Ante su crisis, Putin recurre al nacionalismo granruso y al militarismo. No defiende “al pueblo ruso”, sino los intereses de la oligarquía ligada al Estado y al aparato represivo. Los rusos que verdaderamente sufren son los soldados enviados al matadero ucraniano y los trabajadores aplastados por la inflación y la censura. La ley de la Duma no es un acto de defensa sino una ampliación del radio de acción de los servicios secretos; es un paso a una mayor militarización.

Durante la cumbre de dos días que el presidente norteamericano mantuvo en Pekín con su par chino, los portales del mundo barajaron todo tipo de hipótesis sobre los posibles acuerdos que podrían alcanzarse entre las dos potencias. Al finalizar la cumbre, ya con Trump volando de regreso a Estados Unidos con su comitiva y dando declaraciones optimistas sobre los acuerdos alcanzados, las incertidumbres fueron todavía mayores. La guerra indirecta de información cruzada y contradictoria en que se trenzaron los portavoces chinos y los estadounidenses abrió un juego de sospechas para saber qué se definió realmente en Pekín. La respuesta más clara parecieron darla las bolsas internacionales, que amanecieron el día de hoy con un desplome generalizado de las acciones y los bonos. Los inversores financieros entienden que la cumbre fue un fracaso y esperan una crisis inflacionaria duradera derivada de la continuidad del conflicto en Oriente Medio. Las apuestas se volcaron también a la espera de un aumento de los tipos de interés en Estados Unidos. Los precios del petróleo también volvieron a subir, hasta los 108 dólares de crudo por barril, temiendo una escasez de suministro mundial de petróleo. Los intentos de Trump por conseguir que China presione a Irán para abrir el estrecho de Ormuz parecen haber fracasado estrepitosamente, al igual que el conjunto de la agenda discutida en Pekín. Estrecho de Ormuz La guerra con Irán fue uno de los temas centrales de la cumbre, principalmente del lado estadounidense, que viajó hasta Pekín con el propósito de que China, principal comprador de petróleo de Irán, intercediera en el conflicto y presionara a la nación persa a ceder a los reclamos norteamericanos. Al comenzar las conversaciones privadas entre ambos mandatarios, Trump se apresuró a declarar a los medios que Xi Jinping le ofreció su ayuda para desbloquear el estrecho de Ormuz y que Pekín no enviará material militar a Irán, generando altas expectativas respecto al fin de la guerra. Previamente Trump había declarado que el presidente de China se había portado "relativamente bien" con Irán por no haber interferido con el bloqueo estadounidense a pesar de ser el mayor comprador de petróleo iraní. Sin embargo, mientras la cumbre tenía lugar, salió en los medios la información de que más de 30 embarcaciones cruzaron el estrecho de Ormúz desde la noche del miércoles en coordinación con la armada iraní, incluyendo algunos buques chinos que fueron autorizados a transitar por el estrecho a petición de Pekín. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó Pekín la semana pasada en una reunión oficial, cuyos resultados no han trascendido. La cumbre se realizó en medio de una escalada entre las dos potencias respecto de la guerra. Esta misma semana Estados Unidos impuso sanciones a varias empresas chinas acusadas de facilitar los envíos de petróleo iraní y de suministrar imágenes satelitales utilizadas en operaciones militares iraníes contra objetivos estadounidenses. China estableció en abril normas que amenazan con sanciones para quien interrumpa sus cadenas de suministro, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Trump sostuvo que habló con su par chino sobre el levantamiento de las sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní. Pero, para el Financial Times (14/5), “el presidente de China no ha dado ninguna señal de que vaya a ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Ormuz” ni tampoco dio señales de que vaya a dejar de comprar petróleo iraní. Mientras la Casa Blanca declaró que Estados Unidos y China acordaron que el estrecho de Ormuz debería permanecer abierto y que Xi Jinping se opuso a la “militarización” de la vía marítima y al cobro de peajes por su paso por parte de Irán, el comunicado chino sobre la reunión solo indicó que ambas partes habían intercambiado opiniones sobre la situación en Oriente Medio. Un exjefe de la CIA declaró al FT que “resulta llamativo que los comunicados chinos publicados hasta ahora no mencionen los acuerdos sobre un Irán no nuclear ni la oposición a la soberanía iraní sobre el estrecho”. Según este analista, “al aceptar permitir el paso de los petroleros chinos, Irán parece haber neutralizado de antemano la capacidad de Trump para negociar con China sobre la apertura del estrecho”. Es decir que, en adelante, a Trump sólo le queda escalar la guerra. Guerra comercial Al finalizar la reunión, Trump anunció "fantásticos acuerdos comerciales" con China. Sin embargo, no dio detalles al respecto y el gobierno chino respondió con el silencio ante las preguntas de los medios por los supuestos acuerdos alcanzados. Washington y Pekín alcanzaron el año pasado una tregua comercial, luego de que Trump amenazara con imponer a China aranceles superiores al 140 % y China respondiera con lo propio. Además de aranceles mutuos, China bloqueó las exportaciones de sus minerales de tierras raras a Estados Unidos, vitales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Estados Unidos dice que ha habido conversaciones en curso y un interés mutuo en prorrogar el acuerdo de tregua del año pasado. Previo al viaje, “la Casa Blanca ha insistido en que Trump no hubiera realizado el viaje sin la mira puesta en asegurar resultados concretos, lo que sugiere que podría haber anuncios sobre comercio” (La Nación, 13/5). La expectativa estaba en las nubes cuando se supo que Trump no sólo viajó con todos los funcionarios de más alto nivel de su gobierno (el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros), sino que además llevó consigo a la plana mayor de la burguesía norteamericana: Tim Cook de Apple, Elon Musk de Tesla y SpaceX, Jane Fraser de Citigroup, Larry Fink de BlackRock y Kelly Ortberg de Boeing eran algunos de ellos. El agregado a última hora de Jensen Huang, jefe del diseñador de chips Nvidia, que abordó el Air Force One durante una escala en Alaska, aumentó las expectativas de conversaciones sobre la adquisición por parte de China de más chips Nvidia, muy codiciados por los desarrolladores chinos de inteligencia artificial. El gobierno de Estados Unidos había acusado a China de robar propiedad intelectual de laboratorios de IA estadounidenses a escala industrial y prohibió que Nvidia exporte sus chips de procesamiento más potentes a China, lo que ha restringido el acceso de China a diseños de semiconductores de vanguardia. En enero, la Casa Blanca había anunciado que Nvidia podría exportar su segundo chip más potente, el H200, pero aún no se ha realizado ningún envío y se esperaba que Huang aproveche su estancia en Pekín para reactivar las conversaciones sobre los pedidos chinos de los avanzados chips H200 de la compañía. Tampoco en este terreno se realizó ningún anuncio al finalizar la cumbre. Trump declaró a la prensa que los agricultores estadounidenses se pondrán contentos con las compras chinas de soja estadounidense. Funcionarios estadounidenses indicaron que esperaban que China aceptara comprar más de 10.000 millones de dólares en productos agrícolas, incluyendo carne de res y soja. Estas compras eran otra prioridad para Trump, ya que serían bien recibidas por los agricultores estadounidenses, un electorado clave para los republicanos, de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Sin embargo, China no hizo mención de estos acuerdos. Funcionarios de la Casa Blanca también querían avanzar hacia el establecimiento de una Junta de Comercio con China, con el fin de conseguir la completa apertura del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses. Trump había anunciado que su “primera petición” a Xi Jinping sería crear “un entorno más favorable” para las principales empresas estadounidenses, entre otras cosas para tener acceso a las tierras raras y para competir en el mercado chino. Estados Unidos ha agotado una cantidad considerable de su arsenal de armas en la guerra contra Irán, y muchos componentes de armamento requieren minerales críticos cuyas cadenas de suministro están dominadas por China. Por su parte, China busca reducir las barreras a la inversión en Estados Unidos. A la Junta de Comercio propuesta por Trump, China respondió con la propuesta de una Junta de Inversiones. Pero Trump abandonó Pekín sin ofrecer detalles concretos sobre ningún acuerdo comercial. Su único anuncio detallado fue que China compraría 200 aviones Boeing, lo que provocó que las acciones de la compañía cayeran casi un 4 % debido a que se esperaba que la compra alcanzara los 500 aviones. La escasez de anuncios contrasta fuertemente con el nivel de la comitiva que viajó a Pekín, con 17 de los líderes empresariales más importantes de Estados Unidos. Taiwán Según trascendió, Xi Jinping le dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos” y advirtió por un conflicto que podría desatarse. La Casa Blanca acaba de aprobar un paquete armamentístico por valor de 11.000 millones de dólares para la isla, aunque aún no ha empezado a suministrarlo. Se trata de un paquete récord de venta de armas a Taiwán (la mayor venta de armas jamás realizada a la isla) y la administración también anunció estar preparando otro paquete, por un valor de al menos 14.000 millones de dólares. Según algunos analistas, el líder chino presionó a Trump para que ceda en la cuestión de Taiwán, como condición para ejercer su propia presión contra Irán en favor de Estados Unidos. Trump alarmó al gobierno taiwanés esta semana al afirmar (aunque no fue la primera vez) que planeaba discutir el tema de la venta de armas con Xi Jinping. Los medios estadounidenses aseguran que se trataría de una violación de las garantías estadounidenses a la isla y que rompería décadas de precedentes de no consultar con Pekín sobre las exportaciones de armas a Taiwán. Pero funcionarios de la Casa Blanca restaron importancia a las declaraciones de Trump al respecto. Al finalizar la cumbre, los medios comenzaron a debatir sobre el significado de la propuesta de Xi Jinping de establecer una nueva “estabilidad estratégica” entre las dos potencias. Para The Economist, “es posible que en los próximos días surjan más detalles, como ocurrió tras la última reunión de los dos líderes en Corea del Sur en octubre. Por el momento, sin embargo, a pesar de toda la pompa y las cortesías en Pekín, parecen estar siguiendo guiones muy diferentes” (15/5). Ambos mandatarios tienen previsto celebrar otra cumbre el 24 de septiembre en la Casa Blanca, y es posible que también se reúnan en el marco de dos encuentros internacionales este año. Por ahora, las negociaciones parecen no salir de la impasse . La guerra se sigue desarrollando sin atenuantes.

En solo 16 páginas, el memorando de la administración Trump del 2026 expone con crudeza el programa de venganza y dominación del gran capital estadounidense. Bajo el pretexto de “contraterrorismo”, el documento equipara militantes antifascistas, anarquistas, opositores de izquierda y activistas defensores de causas democráticas con ISIS y Al Qaeda, mientras eleva a los cárteles a “narcoterroristas”. La frase lapidaria “Los encontraremos y los mataremos” resume el espíritu: una declaración abierta de guerra contra enemigos reales e imaginarios, dentro y fuera de las fronteras. Esta estrategia unifica la guerra de Trump contra el mundo —intervenciones en Yemen, Somalia, Venezuela y el Caribe— con la represión letal interna, tal como se vio en Minneapolis. No es mera retórica. Es la síntesis del trumpismo como sistema de gobierno facista al servicio de los intereses imperialistas más agresivos. Enemigos internos: de Antifa a los “extremistas protrans” El texto identifica tres amenazas principales: islamistas, narcoterroristas y “extremistas violentos de izquierda”, donde entran las organizaciones antifascistas, anarquistas y cualquiera que desafíe el orden MAGA («Haz a Estados Unidos grande otra vez»). Se menciona repetidamente a quienes siguen una “ideología radical protransgénero” o posiciones “antiamericanas”. Es la actualización moderna de COINTELPRO: un programa secreto e ilegal del FBI que operó entre 1956 y 1970, bajo la dirección de Edgar Hoover, creado para vigilar, infiltrar, desacreditar, y neutralizar a organizaciones y personas que consideraba "subversivas" o una amenaza para el orden social y político estadounidense. Entre los principales objetivos se encontraba el Partido Comunista, el Movimiento por los derechos civiles (Martin Luther King Jr.), las Panteras Negras y el Movimiento contra la Guerra de Vietnam. También incluyó a grupos de extrema derecha como el Ku Klux Klan, aunque el foco principal estaba en la izquierda y los movimientos de minorías. “Este documento es una lista de los enemigos de la administración y una promesa de lo que les van a hacer”, denuncian desde las organizaciones en defensa de los derechos civiles. Ya lo aplican en la práctica. Arrestos del ICE contra estudiantes pro Palestina, como el caso de Mahmoud Khalil en Columbia, donde denuncias anónimas y sin sustento sirvieron para tildarlos de “simpatizantes de Hamas”. Procesamientos por “terrorismo” contra manifestantes en Texas (Prairieland) y el uso del aparato federal para perseguir ONGs y disidencias. La estrategia convierte la etiqueta “terrorista” en un arma flexible para reprimir cualquier oposición. Esto no es nuevo, pero sí más descarado. Trump retoma y profundiza las extralimitaciones ejecutivas de Bush, Obama y Biden: listas secretas, reglas de enfrentamiento laxas y el derecho a matar sin juicio. El general Gregory Guillot, al mando del Comando Norte, dejó claro que ejecutaría órdenes de atacar dentro de EE.UU. si las considera “legales”. Cuatro estrellas no se ganan resistiendo al poder. Primeras condenas Ocho activistas que participaron en una protesta frente a un centro de detención de ICE en Prairieland (Texas) han sido condenados por proporcionar “apoyo material al terrorismo”, principalmente por vestir de negro completo —la indumentaria característica del “black bloc”— durante la manifestación. Siete de ellos enfrentan ahora posibles penas de hasta 60 años de prisión. El Departamento de Justicia ha señalado que estos casos representan sólo el inicio de una línea de acción más amplia. El incidente ocurrió la noche del 4 de julio de 2025. Según los registros judiciales, los manifestantes lanzaron fuegos artificiales y pintaron con aerosol vehículos en el aparcamiento del centro. Algunos participantes portaban armas de fuego, algo legal en Texas. Durante los disturbios se produjo un intercambio de disparos en el que un agente de policía resultó herido leve. Sin embargo, la fiscalía no acusó a los ocho condenados de participar directamente en el tiroteo. Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron memes antigubernamentales encontrados en sus perfiles, dibujos, publicaciones en fanzines “radicales”, el uso de la aplicación de mensajería cifrada Signal y su pertenencia al bloque negro. El caso ha sido seguido de cerca por portales alternativos, mientras los grandes medios le han dado menor o nula cobertura. Organizaciones de defensa de las libertades civiles han criticado el veredicto, considerándolo un caso de prueba para la aplicación de la orden ejecutiva antifascista y el NSPM-7, el memorándum presidencial que instruye a las agencias federales a investigar como posibles amenazas de terrorismo interno a quienes defiendan determinadas posiciones políticas de izquierda. Hasta el momento, las autoridades locales no han entregado todos los registros públicos solicitados sobre la respuesta policial a la protesta. El caso de Prairieland se produce en un contexto de mayor énfasis por parte del gobierno federal en la persecución de actividades que vincula con el “extremismo antifascista”. La tormenta que se avecina La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció la compra masiva de “Municiones Especializadas Menores no Letales”, un eufemismo oficial para designar un amplio arsenal de armas químicas, proyectiles de impacto y dispositivos de aturdimiento destinados a herir e incapacitar a personas. Según el documento de contratación, la agencia busca un proveedor capaz de suministrar grandes cantidades de 123 tipos diferentes de municiones distribuidas en 10 categorías. La enorme variedad ha generado alarma entre especialistas.“Cuando hay tantos tipos diferentes, te hace preguntarte, tácticamente, ¿cuál es el objetivo ahí?”, señaló Rohini Haar, médica de urgencias e investigadora especializada en munición “no letal”, en declaraciones a The Intercept. El uso indiscriminado de estas armas se ha convertido en sello distintivo de la política migratoria de Trump. Gases lacrimógenos, granadas de humo, proyectiles de espuma química y dispositivos de distracción formarán parte del equipamiento habitual de agentes federales contra manifestantes. La lista incluye dos agentes químicos principales, uno usado por EE.UU. en Vietnam y prohibido hoy para uso militar. Además, cien mil proyectiles de impacto lanzados desde tubos tipo lanzagranadas. Incluye 12 variedades de granadas de gas lacrimógeno, granadas de humo en cuatro colores y proyectiles “Hurón” (más de 12.000 unidades), diseñados para atravesar paredes, vidrio y barreras antes de liberar químicos al otro lado.“Si puede atravesar vidrio, aglomerado y paredes, puede atravesar un cuerpo”, advirtió Haar. Scott Reynhout, investigador de Physicians for Human Rights, expresó preocupación por la compra de granadas de goma y proyectiles de dispersión tipo “perdigones”, usados en Chile (2019), que causó cientos de casos de ceguera por parte de las fuerzas represivas. Esta millonaria inversión confirma la orientación del segundo gobierno Trump: convertir la frontera y las ciudades en zonas de ocupación militar interna, donde cualquier protesta sea enfrentada con un arsenal variado y letal. Se trata de preparar la maquinaria represiva para contrarrestar una caldera social en aumento.

El próximo 7 de junio se celebrará el balotaje en Perú. Las elecciones presidenciales fueron el 12 de abril y terminaron en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el candidato de izquierda nacional popular vinculado al castillismo. Recién esta semana quedaron definidos los resultados de la primera vuelta. El proceso de conteo fue extraordinariamente lento debido a problemas logísticos, miles de votos observados e impugnados y denuncias de fraude impulsadas, sobre todo, por el ultraconservador Rafael López Aliaga, que quedó tercero por muy poco margen. El liberticida argentino Martín Laje estuvo colaborando con López Aliaga, prometiendo una recompensa a los ciudadanos que documentaran pruebas del fraude. Incluso renunció una autoridad electoral en medio de la presión política. Sin embargo, los observadores europeos y la justicia peruana declararon que no hubo signos de fraude. Keiko quedó primera con alrededor del 17 % y Sánchez segundo con cerca del 12 %, en una elección hiperfragmentada, con más de 30 candidatos. Esta situación nos da la pauta de que, cualquiera sea el candidato vencedor, tendrá una presidencia hiperdebilitada, sin representación significativa en el Congreso, lo que preludia un final tan poco feliz como el de sus antecesores, cuatro de los cuales están presos y uno suicidado. Es la cuarta vez que Keiko Fujimori va a una segunda vuelta presidencial. Perdió todas las anteriores. Roberto Sánchez, consagrado candidato por una alianza heterogénea, propone una reforma constitucional y busca representar a los sectores andinos, rurales y amazónicos. Sin embargo, Sánchez sobrevivió en el Congreso pactando con el fujimorismo, canjeando votos. Perú tuvo nueve presidentes en aproximadamente una década, con destituciones, renuncias, protestas y una crisis permanente. Perú no ha encontrado una salida al desplazamiento de Alberto Fujimori, que ha dejado plantado un régimen político pinochetista centrado en el Banco Central, la gran minería y un ajuste social permanente. Luego de fugarse del país por escándalos de corrupción, Fujimori terminó preso con una condena de 25 años, acusado además por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Menos Castillo —depuesto por querer disolver el Parlamento y producir una reforma constitucional—, los últimos expresidentes, incluso Alan García, que se suicidó, fueron implicados en causas de corrupción vinculadas a la brasileña Odebrecht y a los negociados de la obra pública. La continuidad del modelo económico está garantizada por el presidente del Banco Central, Julio Velarde —en su cargo desde hace veinte años—, que sigue una política deflacionaria. Las causas de Odebrecht —que patearon todo el tablero político de América Latina— fueron impulsadas por la Justicia estadounidense. Así, por un lado, se destruyó la injerencia de Brasil en la región y, por otro, se limpió el mercado de competidores para que las empresas norteamericanas pudieran acceder. Sin embargo, a pesar de que JP Morgan, BlackRock y Citigroup se beneficiaron con la renegociación de los contratos, las empresas que coparon las licitaciones de obra pública fueron las chinas, como Cosco. Las elecciones de Perú se dan en este contexto, en el que Trump quiere cercar las rutas comerciales a China. En América ha avanzado en Panamá, forzando al gobierno de Mulino a expulsar a la empresa hongkonesa que controlaba los puertos a ambos lados del canal. El acuerdo al que llegó con Europa para redoblar su presencia militar en Groenlandia apunta a controlar el paso por el océano Ártico. El megapuerto de Chancay, que la china Cosco construyó en 2024 en la costa pacífica del Perú, es parte de un corredor vial que atraviesa el Amazonas y comunica con un puerto en la costa atlántica de Brasil. Más allá de que el puerto constituye un bypass para evitar el uso del canal de Panamá para el transporte de mercancías, por sí solo ya optimiza los tiempos y agiliza el flujo comercial hacia y desde China. Consolida a Perú como nodo de unión marítima entre Sudamérica y Asia, reduciendo el tiempo de navegación entre Lima y Shanghai de 35 a 23 días. Entre enero y octubre de 2025, el terminal movilizó cerca de 1.880 millones de dólares en comercio y aportó más de 230 millones en recaudación aduanera. Para la estrategia de seguridad de Trump, controlar este puerto es central. Por eso comprometió 1.500 millones de dólares para modernizar la Base Naval de El Callao, la principal base naval del Perú, ubicada a 75 kilómetros del puerto de Chancay. El acuerdo implica, en principio, la presencia de asesores estadounidenses, pero la “cooperación militar a largo plazo”, explícita en el acuerdo, promete presencia de tropas norteamericanas. En esta línea, el Congreso peruano destituyó en febrero al presidente interino José Jeri por mantener reuniones no reveladas con empresarios chinos. Jeri sustituyó a Dina Boluarte en la presidencia en octubre de 2025 y duró solo cuatro meses. Quien sea que gane las elecciones en Perú se topará con el mismo problema que tienen todos los gobiernos: la relevancia de las relaciones comerciales con China y su papel como inversor en infraestructura. China no solo es el principal socio comercial de Perú, sino que mantiene un acuerdo de libre comercio desde 2010 y es uno de los principales inversores en minería. Perú es actualmente el segundo exportador mundial de plata y cobre, metales esenciales para la electromovilidad y los semiconductores. Anticipándose a las consecuencias de la guerra comercial, Perú quiere diversificar sus apuestas e inició tratativas con la India para construir otro puerto, de modo que ese país no tenga que depender de la infraestructura portuaria hecha por China. Se trata del megapuerto de Corío. El objetivo es que los inversionistas indios se integren al proyecto una vez concluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral. Ubicado en Punta de Bombón, en la región de Arequipa, Corío proyecta una capacidad de carga de 100 millones de toneladas anuales y daría salida al cobre y oro del sur peruano, al litio de Bolivia y del “triángulo del litio” (Chile y Argentina), al cobre del norte chileno y a la producción agrícola de Brasil y Argentina. Según datos de las Naciones Unidas, las importaciones de la India desde Perú alcanzaron los 4.690 millones de dólares en 2024, de los cuales más del 90 % correspondieron a metales preciosos. La India ya tiene acuerdos de explotación de minerales con Chile y Brasil. El gobierno de Narendra Modi está alineado con Trump y Netanyahu, lo que, ante una eventual escalada de la guerra comercial, le otorgaría un salvoconducto para seguir comerciando con América Latina. Por lo tanto, las elecciones de junio exacerbarán la crisis política en Perú.

Federico “Fred” Machado, exfinancista de José Luis Espert durante su campaña presidencial en el año 2019, ha decidido declararse culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero tras llegar a un acuerdo en Estados Unidos con el fiscal federal de Texas, Jay Combs. El acuerdo tiene como intención evitar el juicio oral, que podía resultar en varias décadas de condena, así como el retiro de la acusación de narcotráfico, que había sido central en 2020 cuando surgió la denuncia contra Machado. El acuerdo debe ser aceptado por el juez para que sea oficial. Machado se encuentra hace 6 meses arrestado en un penal de Oklahoma y su proceso puso en el centro de la escena, el año pasado, sus aceitados vínculos con el entonces diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, un fascista que se caracterizaba por reclamar “bala para los delincuentes” en las redes sociales, y quien tuvo que bajar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el escándalo. El acuerdo firmado por Machado no estipula una condena concreta, que será definida por el propio juez, aunque descarta la acusación más importante contra Machado. Su exsocia, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue sentenciada a 16 años tras admitir el delito de narcotráfico internacional en 2023. Ahora, Machado espera obtener diversos beneficios como que sean tenidos en cuenta como cumplimiento de sentencia sus 4 años de prisión domiciliaria en Río Negro desde 2021 hasta su extradición a los Estados Unidos. La extradición fue acelerada por el alcance público que obtuvo la revelación de una conexión oscura entre Machado y el entonces candidato a diputado nacional, José Luis Espert. El dueño de la empresa de aviación South Aviation espera concretar una pronta recuperación de su libertad y obtener el beneficio de culminar su sentencia en libertad en la Argentina. Los medios aseguran que su entorno asegura que al retornar al país volverá a ejercer sus negocios. Machado fue un habitué de las altas esferas de la política local durante al menos dos décadas; también se conocen conexiones de importancia en el ámbito del espectáculo y el deporte. Dedicado a los vuelos privados, supo construir una sólida red de contactos. Machado es solo un alfil de la lumpenburguesía que vive del robo y la estafa. La actividad por la que es acusado Machado incluye la creación de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, logrando circular millones de dólares mediante este mecanismo. Durante años, Machado y sus socios recurrieron a la estafa lisa y llana en la venta de supuestos aviones que resultaban “invendibles”, puesto que pertenecían a terceras empresas. Entre los casos reconocidos por Machado en el expediente se cuenta: “en septiembre de 2019, lo hicieron con una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, con un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, con un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5 millones.” (La Nación, 15/05) El proceso de lavado de dinero ha puesto en el centro de la escena la transferencia por 200 mil dólares realizada a Espert, que figura entre las pruebas del fiscal Combs para justificar la acusación. Machado se vió obligado a alcanzar un acuerdo, tras negar en repetidas instancias cualquier delito, debido a la acumulación de pruebas en su contra, 20 terabytes de información, y la sentencia de su principal socia, Mercer-Erwin. Se especula que Machado haya otorgado información, no publicada, a las autoridades puesto que los acuerdos siempre incluyen el arrepentimiento y la cooperación con las autoridades. Se espera que haya sido el otorgamiento de otros implicados o de la ingeniería utilizada para lograr un circuito confiable (Diario Ar, 12/05). La resolución de la causa contra Machado puede traer consecuencias contra el exdiputado Espert, que se encuentra acusado por lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables en un juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli. La investigación es conducida por el fiscal Fernando Domínguez, que ha encontrado diversos indicios que corroboran las acusaciones contra Espert. En primer lugar, el fiscal ha demostrado que existió una relación comercial entre Espert y Machado. En segundo lugar, demostró que la justificación presentada por Espert: auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, a pesar de no tener experiencia previa comprobable, alcanzaba en realidad un monto por 1 millón de dólares y nunca fue llevada a cabo. Con el reconocimiento de Machado sobre sus delitos, Espert se transforma en un eslabón de la red de lavado de dinero. Atento al desenlace judicial de su exfinancista, Espert intentó trasladar sus causas a Comodoro Py, algo que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa abierta en 2021 tras el pedido de detención de Machado por parte del tribunal de Texas. La trama delictiva de Machado-Espert se ha extendido como una mancha de aceite sobre la primera línea del gobierno liberticida. La estafa y el robo son el método de gobierno que ha encarado “La Libertad Avanza”; para este fin ha moldeado un régimen político a su medida. Es lo que sucede, a su propio nivel, con Donald Trump y su gabinete. La red internacional de la guerra y el fascismo es, a su vez, la del pillaje y el robo. Toda una clarificación del estadio que ha alcanzado el parasitismo del capital en su decadencia histórica.

Las recientes elecciones municipales en Inglaterra, y las parlamentarias en Irlanda del Norte, Escocia y Gales, han consagrado un derrumbe histórico del Partido Laborista y puesto en terreno de retirada al Primer Ministro, Keir Starmer . El laborismo ha desaparecido de Escocia, siguiendo lo ocurrido con el Partido Conservador, mientras que ha perdido su bastión en Gales. La victoria fue enteramente para los partidos nacionalistas y para el Republicano Sinn Fein en Irlanda del Norte. En el caso de Inglaterra, la ultraderecha Reform UK ha obtenido resultados arrasadores, arrebatando al laborismo los distritos obreros y, según las encuestas, el voto estudiantil. En el marco de un estancamiento económico enorme y de un crecimiento de los costos de producción y financiamiento, se ha puesto a la orden del día la partida de Starmer. La Bolsa de Londres reclama su continuidad, aludiendo a que la mayor parte de sus rivales en el partido representan ‘un peligro K’ para la continuidad de la austeridad fiscal. El Laborismo retuvo 1040 concejalías, pero dejó en el camino más de 1400. Reform UK se ha convertido en la primera fuerza en cantidad de concejales, aunque no ha logrado convertir este resultado en la conquista de los gobiernos municipales mismos. En el Gran Manchester, un conjunto de municipios obreros, bastión de uno de los rivales ‘populistas’ de Starmer, Reform UK obtuvo el 50,2 % de los concejales en disputa. En Tameside, bastión político de la exviceprimer ministra y candidata a líder laborista Angela Rayner, perdió 16 de los 17 concejales en disputa. Mientras que en la ciudad Wigan perdió los 22 concejales que puso en juego. La caída de los Conservadores, iniciada en 2024, continuó . Han quedado en cuarto lugar a nivel nacional, por debajo de los Liberales Democráticos. El ascenso de Reform UK no se limita a recoger el derrumbe conservador sino que ha penetrado a fondo en los distritos obreros laboristas. Es el resultado del alto costo de vida, los recortes al histórico Seguro Nacional de Salud (NHS), la crisis inflacionaria y ahora los presupuestos de guerra para el rearme militar. La derecha laborista impulsa como reemplazo de Starmer a Wes Streeting, un exministro de cuño “blairista”, como se denomina a quienes reivindican al ex ‘premier’ Tony Blair –una suerte de thacherista dentro del laborismo-. Por la ‘izquierda’, Andy Burnham no puede aspirar al cargo porque no es miembro del parlamento. Burnham, sin embargo, postula financiar el rearme por medio de un presupuesto paralelo, o sea por medio de un elevado endeudamiento público. Los intereses de la deuda británica ya orillan el 10 % anual. Crisis política, crisis de régimen Los pedidos de renuncia de Keir Starmer han reemplazado a las elecciones del primer plano político. Debe decidirla la bancada laborista, que cuenta con una mayoría abrumadora en el parlamento nacional. Starmer ha respondido que su renuncia sumiría al país en el caos. Sostiene que las razones de su ascenso al gobierno siguen vigentes: la crisis terminal de los Conservadores y el fracaso del Brexit . La City de Londres ha saludado el “operativo resistencia” de Starmer con un tímido ascenso de la cotización de los bonos del gobierno. La crisis llegó al punto de comprometer el inicio de las sesiones parlamentarias; el Rey Carlos III consultó horas antes acerca de si pronunciaría el discurso tradicional. El secretario de Salud, Wes Streeting, renunció este último jueves 14 de mayo tras mantener una reunión personal con Starmer. Señaló que era necesario un nuevo liderazgo partidario de cara a las futuras elecciones parlamentarias. Se sospecha que su candidatura como posible líder del partido no tendría sustento real y, en su lugar, estaría Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester. Para Michael Heseltine, un líder conservador, la caída de Starmer provocaría "un caos mayor". La llegada al Parlamento de Burnham no pararía los dolores de cabeza del Laborismo, puesto que debería renunciar a su cargo de Alcalde de Gran Manchester y, correr el riesgo de que el distrito caiga en manos de Reform UK. Para la prensa financiera, especialmente el Financial Times, Burnham sería un terremoto para la City de Londres. Las otras candidaturas, como la de Angela Ryanair, son evaluadas con mayor riesgo, puesto que descartan una derrota segura contra Nigel Farage. La intención de modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas ha figurado en primer lugar en el discurso del rey leído hace solo días. El gobierno de Starmer se ha comprometido a aumentar su ayuda a Ucrania y, más importante, a comandar una flota que asegure la “seguridad” en el Estrecho de Ormuz, una vez que sea reabierto. El futuro de Starmer está casi decidido, debe aceptar su derrota y renunciar al cargo o estirar el letargo para intentar garantizar una transición ordenada. La “transición” es el reclamo casi unánime en las filas laboristas, que saben con sustento que una caída abrupta podría disparar una agitación popular mayúscula. Gran Bretaña ha vivido en los últimos años los procesos huelguísticos más importantes de su historia , luego de la huelga general de 1926 . La llegada de Burnham al Parlamento se concretaría, si gana su banca, en julio como fecha mínima. La dirección sindical del Partido no descuenta que se produzca una quiebra de las cuentas partidarias, por una erosión de gastos de campaña descomunales. La suerte de Starmer está conectada con los gobiernos de Europa continental. El francés Emmanuel Macron fue barrido en unas elecciones municipales recientes , mientras en las encuestas figura primera la ultraderechista Marine Le Pen. El gobierno español pende de un hilo tras diversos escándalos de corrupción y desmanes de los allegados más cercanos al presidente Pedro Sanchez. En Italia, Meloni ha perdido la iniciativa política tras un revés en el referéndum para modificar la Constitución. En Alemania, Friedrich Merz asiste a una crisis política muy amplía mientras se robustece el rearme y la militarización. En las encuestas figura primero la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, en alemán). Lo sustancial de este recuento son las fuerzas con las cuales los gobiernos imperialistas de Europa asisten a la guerra mundial, o sea, en situaciones políticas de extrema precariedad y de un crecimiento de los choques entre las clases, como las huelgas, manifestaciones y piquetes que acompañan este desarrollo.

El jueves a la noche un gran operativo de la Policía de la Ciudad nombrado como “Tormenta Negra” desplegó de manera simultánea 1500 agentes en prácticamente todas las villas y asentamientos porteños. En él participaron divisiones especiales, se desplegaron drones aéreos, vehículos blindados, helicópteros y unidades antibombas. Uno de los epicentros fue la Villa 31 “Padre Múgica” que es el eje de una cadena de redadas que llevan dos meses. Anoche fueron afectados la Villa 1-11-14 en Bajo Flores, la 21-24 y la Zavaleta en Barracas, Ciudad Oculta, Villa 20, la Fraga, la Carbonilla en La Paternal, Rodrigo Bueno en Puerto Madero, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Villa 15, INTA-Bermejo, Cildáñez y el Barrio Mitre. El operativo fue presentado como de “saturación” y para realizar “controles aleatorios de vehículos y personas” fue encabezado por Horacio Giménez, Ministro de Seguridad de la Ciudad, y por Jorge Macri el Jefe de Gobierno porteño y exintendente de Vicente López. En la Villa 31 vecinos desde ventanas y puertas gritaban indignados contra los policías y funcionarios que por momentos temieron piedrazos: “¡Caraduras dediquen esta plata al Garrahan!”. La denuncia de vecinos y organizaciones sociales es de una convivencia y sociedad común entre la Policía de la Ciudad y las mafias que controlan el delito organizado que va desde el narcotráfico a la trata de personas. El pobre resultado de “Tormenta Negra” respecto a un real desmantelamiento de esta red delictiva desnuda el show mediático armado por Giménez y Macri e indica que las bandas estaban alertadas previamente. Horas más tarde salió a la luz que el operativo no contaba con orden judicial alguna o siquiera la presencia de un juez de turno, tampoco contaba con una investigación previa de los delitos y bandas criminales a perseguir. “Tormenta Negra” es parte de un armado con el que se pretende avanzar hacia la construcción de un estado policial en la Ciudad. Así, Jorge Macri, ante las críticas de parte de la burguesía local de llevar un gobierno intrascendente y sin rumbo propio, intenta presentarse como un candidato fuerte para el fascismo porteño y un garante de la regimentación de las protestas que volvió a la agenda tras las luchas de las últimas semanas. Jorge Macri avanza con una agenda de ataque a los trabajadores más pobres de la ciudad, agitando un eje racista y xenófobo, que busca competir políticamente con la ultraderecha liberticida de la Casa Rosada. El jefe de gobierno aprovechó el operativo para ganar notoriedad en los medios de comunicación: “Hay varios detenidos en las 15 villas y estamos trabajando codo a codo con los fiscales de flagrancia. Estos operativos de saturación intentan encontrar al delito donde se esconde. Es un operativo que busca devolverle tranquilidad a la ciudad y al barrio”. El operativo de la Policía de la Ciudad sobre los principales pasillos de la Villa 31 en el barrio de Retiro generó repudio de vecinos y de organizaciones sociales. Con camiones de gran porte se cargó de manera indiscriminada todos los carros, puestos de comida, parrillas, carretillas y herramientas de trabajo de diferente tipo que se encontraban en las veredas y la entrada de las casas. Esto es parte de un ataque que lleva casi 2 meses, donde el jefe de gobierno Jorge Macri colocó un cerrojo al ingreso de materiales de la construcción en los accesos del barrio, en un intento bastante burdo de impedir nuevas construcciones y obras de los vecinos dentro del mismo. La medida afecta también el ingreso de las garrafas de gas, que a partir de ahora deben retirarse bajo inscripción previa de las familias residentes. Lejos de dar impulso a una urbanización real y definitiva, la “solución habitacional” del gobierno de la ciudad agita la expulsión de los habitantes del barrio con una campaña de redadas policiales que convive con todo tipo de negocios ilegales que proliferan en la villa: desde el narcotráfico a la trata de personas. Este operativo es la continuidad de las redadas en villas y asentamientos, del robo e incautación de mercadería a los feriantes en plazas y avenidas, de las razias pidiendo DNI y la ‘residencia precaria’ en los operativos antimigrantes. También es parte de un reforzamiento de los controles en los accesos de entrada y salida de la ciudad y de las terminales de trenes como Constitución y Once. Esta política se completa con los desalojos de viviendas sin notificación y bajo la excusa de un “derrumbe inminente” de más de 600 propiedades desde que asumió la actual gestión de CABA. Desde el gobierno liberticida buscan opciones para acelerar un proceso expulsivo e ingresaron al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada” que permite expulsar rápidamente a quienes deban el alquiler o vivan en una casa o terreno sin contar con la escritura. La ley tiene el objetivo de impulsar desalojos en los más de 5.000 barrios populares de todo el país y afectará a 5 millones de habitantes; su autor es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Desde hace casi un mes, Bolivia asiste a una escalada de movilizaciones. Este fin de semana, la capital de Bolivia se encontraba cercada por 22 bloqueos de caminos. En la mañana de este lunes, se espera una movilización masiva sobre La Paz, para reclamar la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz Pereira. Las reivindicaciones en juego A los transportistas que denuncian el incumplimiento de las medidas de resarcimiento acordadas con el gobierno nacional por la mala calidad del combustible, se le han sumado, desde abril, sectores campesinos e indígenas que exigen la caída de una ley, la 1.720, que anula el carácter inembargable de sus tierras. Los maestros rurales y urbanos exigen aumentos salariales y la Federación de Cooperativistas Mineros (Fecomin), nuevas concesiones de explotación minera. La COB ha decretado una huelga general por tiempo indeterminado el 2 de mayo; mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Túpac Katari, lo hizo el 6 de mayo. Impasse del régimen Paz Pereira no ha podido desactivar las manifestaciones y estas no han parado de crecer y extenderse desde La Paz a Potosí, Oruro y otros departamentos del Oriente. A principios de la semana, bajo la presión de una marcha campesina que recorrió más de 1.000 kilómetros hasta La Paz, el Senado decidió abrogar la ley 1.720, aunque incluyendo una cláusula que rehabilita la posibilidad de su tratamiento dentro de 60 días. Los maestros rurales derribaron los muros del Ministerio de Educación a la par que enfrentaban la represión policial. Ante los rumores de posibles motines policiales, el Gobierno otorgó un bono de 3.000 pesos bolivianos por única vez a la policía (La Razón, 14/5). Por otro lado, bajo la excusa de los bloqueos, el Gobierno impuso una suerte de lock out de YPFB, que dejó de enviar camiones cisterna a las expendedoras. En este marco, los cooperativistas mineros bajaron hacia La Paz y se enfrentaron a la policía. En las bases del movimiento prospera la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz. La COB y la Túpac Katari, así como otros sectores sindicales, han firmado, en cambio, un compromiso con el Gobierno, como ya había ocurrido a principios de año en ocasión del gasolinazo. La dureza de los bloqueos ha puesto en jaque el abastecimiento de La Paz, El Alto y otras ciudades. Blindaje derechista Los expresidentes Mesa y "Tuto" Quiroga, junto con cámaras empresariales y comerciales, han exigido la declaración del “estado de excepción”. El Gobierno no cuenta con los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ratificarlo, tal como exige la Constitución boliviana. Por su parte, los presidentes latinoamericanos alineados políticamente con Donald Trump, entre los cuales revista el boliviano, sacaron una declaración de apoyo a Paz, sumándose a las denuncias de golpismo y desestabilización contra el Gobierno (Ámbito Financiero, 15/5). El presidente argentino Milei ha enviado dos aviones Hércules con “ayuda humanitaria” para sortear los bloqueos. Es una repetición de lo que habían hecho Macri y Bullrich en 2019. Paz Pereira ha intentado retomar la iniciativa política mediante un feroz operativo represivo, bautizado “corredor humanitario”. El sábado a la madrugada movilizó a miles de efectivos policiales y militares para levantar piquetes instalados en puntos estratégicos, principalmente de La Paz y El Alto. Sin embargo, después de 13 horas de represión, 47 personas detenidas y al menos 5 heridos, el Gobierno debió ordenar el repliegue militar y policial “sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas” (infobae, 17/5). Los bloqueos se restablecieron y se sumaron otros. Hasta la noche del sábado permanecían instalados 22 puntos de bloqueo, la gran mayoría en el departamento de La Paz. Luego del fracaso del operativo represivo, Paz ha retomado un operativo de cooptación de diferentes organizaciones gremiales. Convocó a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y a otros sectores sociales (La Razón, 17/5) a “un diálogo productivo” con una “agenda abierta” para ayer, domingo 17, en la Casa Grande del Pueblo, el palacio presidencial. Pero la dinámica de la movilización por abajo supera a las organizaciones establecidas. Así lo demuestra el repudio de los cooperativistas mineros al acuerdo alcanzado este viernes, entre el Gobierno y la Fecomin, para suspender las medidas de lucha. Paz festejó un acuerdo con los maestros, por un bono anual de 2.400 pesos bolivianos y la promesa de una reunión en octubre para discutir la incorporación de un aumento salarial en el presupuesto 2027. El acuerdo fue rechazado rápidamente por el magisterio rural de La Paz (La Razón, 17/5). Lo mismo sucede con la Central Obrera Regional de El Alto, que firmó un acuerdo con Rodrigo Paz para la instalación de la internet satelital Starlink en colegios, proyectos de viviendas sociales y obras viales en el Alto, el viernes pasado. Sin embargo, buena parte de sus bases han continuado las medidas de fuerza y acusado de traidores a sus dirigentes, de “negociar con la sangre del pueblo” (ídem). A diferencia de enero pasado, cuando la COB y la Túpac Katari cerraron un acuerdo con el Gobierno para la abrogación del decreto 5.503, que viabilizó el gasolinazo, las bases y dirigentes medios de estas y otras organizaciones sindicales y sociales no están dispuestas a dejar que sus direcciones entreguen su lucha. Sin embargo, los obreros fabriles, y particularmente los de YPFB y de mineras privadas, no tienen una participación activa ni han paralizado la producción. Entre las acusaciones de Rodrigo Paz y sus funcionarios contra las movilizaciones y bloqueos obreros y campesinos, se destaca la que atribuye a Evo Morales la preparación de un golpe de Estado, sin ofrecer mayores pruebas. Pero Evo Morales se ha delimitado de las bases que piden la renuncia de Paz Pereira en varias declaraciones públicas y hasta ha declarado estar dispuesto a asesorar al presidente bajo ciertas garantías (Latitud Bolivia, 17/5). “Fuera Rodrigo Paz” Mientras el gobierno de Paz Pereira no logra quebrar las manifestaciones y estas se extienden por todo el país, va creciendo también la exigencia de su dimisión. Si Paz Pereira renuncia, asumiría el vicepresidente Edman Lara, quien ha roto con Paz apenas asumió. Lara busca un pacto con sectores del MAS, pero debería llamar a elecciones en 90 días. Carentes de una perspectiva de poder, las masas movilizadas corren el riesgo de quedar atrapadas en un conflicto de cúpula (disfrazada de salida revolucionaria), lo que sería el mayor peligro para obtener la satisfacción de sus reivindicaciones. Sería necesario transformar las movilizaciones en una huelga política de masas y desarrollar una dirección nacional de la huelga al margen de las burocracias de turno. Como telón de fondo de esta rebelión social en desarrollo, se encuentra la crisis inflacionaria desatada por la guerra imperialista. Bajo la invasión a Irán, se han disparado los precios de los combustibles y torpedeado la política de Paz. El presidente boliviano, un socio de Trump en el Escudo de las Américas, ha pedido socorro al imperialismo y a sus socios regionales, como Javier Milei. Llamamos a seguir el ejemplo de Bolivia y convertir a las marchas masivas por la Educación y la Salud en bloqueos de ruta, al mejor estilo piquetero. El derrumbe de las condiciones sociales de las masas de Argentina no es menor al de las masas de Bolivia.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA adelantaron las elecciones del claustro de graduados, como lo hicieron con las de estudiantes y profesores. Los mandatos arrancan en marzo del año que viene y el objetivo es claro: allanar el camino a la elección de Emiliano Yacobitti, actual vicerrector, como rector. La gran mayoría de la docencia ocupa en el gobierno de la Universidad una posición de segunda categoría frente a los profesores titulares. Por eso, históricamente, la elección de "graduados" no involucra solamente a los egresados de las distintas carreras, sino que es el ámbito de intervención política de esa docencia -JTP, ayudantes, interinos- que en Exactas hoy se encuentra a la cabeza de la lucha universitaria, con el paro por tiempo indeterminado en todo el primer cuatrimestre. En ese cuadro, impulsamos la conformación de una lista encabezada por Agustín Martínez, Jefe de Trabajos Prácticos en Computación, militante de Política Obrera y uno de los organizadores de la lucha docente. La lista llevará a los graduados y docentes en lucha un programa político sobre la situación de la Universidad, los objetivos del gobierno de Milei y, especialmente, los métodos e iniciativas necesarios para llevar esta lucha a la victoria. Sin esa discusión programática, la docencia queda a merced de la política del Rectorado: la negociación con el Gobierno, la apelación a la Corte Suprema y demás salidas institucionales que no retribuyen. Un programa de lucha requiere también una forma diferente de organizarse. Proponemos que las asambleas interclaustros sean presididas por una mesa con un representante de cada claustro -un docente, un estudiante, un no docente- elegidos por la propia asamblea, no designados por los sindicatos. La elección de delegados tiene que traducirse en una dirección real de la lucha. El eje de ese programa es el despliegue de una huelga general educativa que le imponga una derrota a Milei. Por eso impulsamos la extensión del paro a otras facultades, las tomas y los piquetes. También llevaremos al Consejo Directivo la voz de los estudiantes autoconvocados, de los NODOS -no docentes autoorganizados frente a la burocracia de ADUBA- y de los becarios que trabajan sin derechos laborales. Esta perspectiva no es la de las fuerzas que dirigen la Facultad y los sindicatos. El decano Durán controla la lista Unidad x Exactas y representa el boicot al paro: en sus propias palabras, la huelga "le hace el juego a Milei". La lista La Fuerza de les Graduades representa el seguidismo a los rectores del CIN: son peronistas que controlan el Frente Sindical Nacional, que no impulsó ninguna gran acción que no haya sido convocada primero por los propios rectores. Tampoco es la alternativa una lista referenciada en el FITU: ese sector, que dirige la AGD, rechaza hacer una campaña por la extensión del paro de Exactas, priorizando sus acuerdos con el "frente gremial" por sobre las asambleas de base que son, en los hechos, el verdadero motor de la lucha en Exactas. En las próximas elecciones de graduados, se plantea la necesidad de conquistar consejeros con esta perspectiva para defender los intereses docentes y estudiantiles en Exactas.

En las últimas semanas, el brote de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que provocó tres muertos y otros once contagios, forma parte de la agenda pública nacional e internacional. Encendió las alarmas porque la cepa detectada es la Andes Sur, única variante con capacidad de transmisión entre personas. Dado el amplio recorrido de la embarcación, ha surgido el interrogante de si nos encontramos frente a la posibilidad de una nueva pandemia. La “Odisea Atlántica” del MV Hondius comenzó el 1 de abril en Ushuaia, Argentina. Se trata de un crucero de lujo operado por Oceanwide Expeditions. Habitar sus camarotes tiene un costo que oscila entre los 11.000 y 17.000 dólares por persona. Se encontraba transportando a 114 pasajeros a través de la Antártida rumbo a Cabo Verde (África). El primer caso registrado fue el de un pasajero holandés de alrededor de 70 años, quien desarrolló fiebre el 6 de abril y falleció a bordo del barco durante la noche del 11 de abril. Frente al hecho, el médico del barco no tomó muestras ni ordenó aislamiento y el capitán expresó a los pasajeros a la mañana siguiente: “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran contagiosos, así que el barco es seguro en ese sentido” (WSWS, 9/05). El cuerpo permaneció a bordo durante 13 días, mientras el barco continuaba su itinerario. Un pasajero que estuvo a bordo expresó que siguieron comiendo todos juntos y no se utilizaban barbijos. El 24 de abril, el crucero atracó en Santa Elena (una isla perteneciente a la corona británica), donde la esposa del fallecido desembarcó en silla de ruedas y abordó un vuelo a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmó la presencia del hantavirus el 27 de abril, dieciséis días después del primer fallecimiento. Para entonces, 30 personas que habían desembarcado partieron en vuelos comerciales hacia 12 países sin someterse a pruebas, cuarentena ni notificación alguna. ¿Qué es el hantavirus? Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en el ser humano. La transmisión al ser humano más común ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados. La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores (Ministerio de Salud Argentina, Glosario de Salud). Puede provocar diversas enfermedades, que pueden ser graves e incluso mortales. En América, los hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria grave, con una tasa de letalidad que puede llegar al 50 %. El virus Andes, presente en América del Sur, es un hantavirus conocido del que se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona entre contactos. En Europa y Asia, los hantavirus causan fiebre hemorrágica con síndrome renal. La cepa Andes del hantavirus, que puede transmitirse entre humanos, es endémica en tres provincias de la Patagonia argentina y circula también en la región patagónica de Chile. Esto ha generado controversias y acusaciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países acerca de dónde se produjo el contagio del primer caso. La OMS y el gobierno argentino La notificación de la situación a la OMS fue realizada recién el sábado 2 de mayo de 2026. El organismo envió a un experto a bordo del buque para colaborar en la realización de una evaluación médica exhaustiva de todos los pasajeros y la tripulación, así como para recabar información para evaluar su riesgo de infección. Según el organismo, el número de contactos del barco y los dos vuelos internacionales afectó a más de 600, de más de veinte países. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que, “aunque se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo”. Asimismo, advirtió que, dado el periodo de incubación del virus, “es posible que se notifiquen más casos” (Comunicado de la OMS, 7/05). El organismo, además, indicó que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos. Ghebreyesus, además, le pidió al gobierno nacional que reconsidere su salida del organismo. Esto fue rechazado por el gobierno liberticida, que acusó al organismo de intentar hacer uso de la situación sanitaria para "condicionar una decisión soberana de la Argentina". A través de un comunicado, el Ministerio de Salud argentino aseguró que el país "no necesita pertenecer" a la entidad para trabajar con otras naciones, ya que puede sostener "la cooperación internacional sin resignar soberanía". El funcionario omite que la salida de la Argentina de dicho organismo sigue los lineamientos de los Estados Unidos. Este lunes, la asamblea de la OMS que se realizará en Ginebra discutirá la salida de Argentina del organismo. Desastre internacional El brote de hantavirus en el crucero encendió las alarmas en los gobiernos europeos debido a que se trata de una variante que no se ha detectado en los países de dicho continente. El gobierno de Francia anunció la adopción de medidas presentadas por la ministra de Salud, Stéphanie Rist, como “las más estrictas de Europa para proteger al pueblo francés”, con el objetivo de “romper las cadenas de transmisión” de la enfermedad (Clarín, 15/05). Las personas que viajaban en el crucero MV Hondius y llegaron a territorio francés deberán ser puestas en cuarentena el tiempo necesario en un centro sanitario, para realizar una evaluación médica y epidemiológica, y permanecerán en cuarentena o aislamiento durante 42 días. En España son 14 los pasajeros aislados en un hospital de Madrid y 1 caso positivo, luego del operativo conjunto entre el gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud, en el que parte de la tripulación fue evacuada en la isla de Tenerife para la repatriación inmediata a sus países de origen. En otros países, como en los Estados Unidos, 41 personas están siendo monitorizadas por hantavirus, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 14 de mayo. La mayoría de los monitoreados estuvieron en algún momento a bordo del MV Hondius. En Canadá se notificó un caso sospechoso este fin de semana y se mantiene bajo observación epidemiológica estricta a 36 personas. Por su parte, en Argentina, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, la temporada epidemiológica 2025-2026 ya acumula 101 casos confirmados y una tasa de letalidad que supera el 31 %. El país se consolida como el territorio americano con mayor cantidad de casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El brote de hantavirus se produce en el contexto de recortes y vaciamiento del sistema de salud y de la ciencia a nivel mundial. En los Estados Unidos, más de 20.000 trabajadores han sido despedidos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos desde febrero. El presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud se ha reducido de 47.000 millones de dólares a 27.000 millones. El programa STOP Spillover, establecido para monitorear las amenazas zoonóticas, de las cuales el brote de Hondius es un ejemplo paradigmático, fue eliminado por orden ejecutiva. El Programa de Saneamiento de Buques de los CDC, la única institución de salud pública estadounidense orientada a los cruceros, fue eliminado en abril (WSWS, 9/05). Los liberticidas en nuestro país avanzan con el desmantelamiento del CONICET, el Instituto Malbrán, recorta el presupuesto de salud, cierra y desmantela programas de prevención de la salud y hospitales y despide profesionales de la salud. Lo mismo sucede en Italia y Alemania, donde grandes movilizaciones rechazan los recortes en salud y educación mientras se engrosan los gastos destinados para la guerra. Fuentes: El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y el peligro de otra pandemia - World Socialist Web Site: https://www.who.int/es/news/item/07-05-2026-who-s-response-to-hantavirus-cases-linked-to-a-cruise-ship https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hantavirus https://www.clarin.com/sociedad/oms-advirtio-hantavirus-altamente-contagioso-inicio-enfermedad-podrian-crecer-casos-proximos-dias_0_WINMwqwleL.html https://elpais.com/sociedad/2026-05-12/ultima-hora-del-brote-de-hantavirus-en-directo.html 41 personas en EE. UU. bajo vigilancia por hantavirus: CDC | The Epoch Times Hantavirus | Argentina.gob.ar Detectan primer caso sospechoso de hantavirus en Canadá por brote en crucero MV Hondius Hantavirus en Argentina: los últimos datos oficiales y cómo avanza la investigación del brote en el crucero - Infobae La salida argentina de la OMS en el peor momento – Página|12

Los trabajadores de la línea 148 retoman la lucha a 14 días de haber reiniciado sus trabajos en Misión Buenos Aires (Vicente López S.A.C), tras su adquisición a Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA). La empresa se había comprometido a respetar las condiciones de trabajo, así como los mandatos sindicales rápidamente, pero quebró todo acuerdo. La UTA, responsable intelectual de este ´pacto de caballeros´, había desarticulado el proceso huelguístico de los choferes en favor de políticas más “conciliadoras” con las patronales. Los trabajadores, tras más de cuatro meses sin cobrar, aceptaron esta orientación ante la ausencia de una dirección política firme. El pasado viernes 8, recibieron 50 telegramas de despido, el desafuero gremial de los delegados y derivación de choferes a otras líneas de la firma. También confirmaron que no se harán cargo de la deuda con los trabajadores (arranca en noviembre del pasado año), alegando que la nueva patronal sólo se haría cargo de los salarios caídos desde marzo. Previamente, los choferes habían realizado una jornada de huelga y protesta en las cabeceras. Entre sus reclamos figuraban la ausencia de las condiciones mínimas de trabajo requeridas por convenio: baño en cada cabecera, espacio de descanso, unidades en condiciones de seguridad e higiene para resguardar a choferes y pasajeros. La respuesta mostró una unidad política entre los gobiernos “distintos" de Milei, Kicillof y la camporista quilmeña Mayra Mendoza. El gobierno nacional ha dado rienda suelta a la patronal para liquidar a un colectivo obrero combativo, dado el fracaso de la ´contención´ de la UTA. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha dictado la conciliación obligatoria para desarmar cualquier reacción obrera. La patronal ha rechazado reincorporar a los choferes despedidos y dejado en pie los traslados arbitrarios de choferes a otras líneas de la empresa, sin el consentimiento exigido por ley de ambas partes. Los gobiernos provincial y municipal aportaron a la policía de cada jurisdicción para reprimir a los choferes y desarticular el piquete en la cabecera. La prohibición de ingreso a los 50 despedidos y el desconocimiento de los delegados electos es un camino para imponer la liquidación de toda acción huelguística venidera. Este conflicto, ofrecido por la UTA como una gestión ´eficiente´ de la crisis del transporte, revela la continuidad de la ofensiva patronal que inició la vieja concesionaria de la línea 148, MOQSA. Asimismo, aquella patronal continúa su ataque en aquellas líneas que mantiene en su órbita. Las patronales del transporte encaran la crisis con una política de liquidación de los derechos conquistados por los choferes, por un lado, y el aumento constante del boleto y los subsidios para compensar la caída de pasajeros, por el otro. La burocracia sindical ha abandonado una concepción integral del ‘transporte público’, que es precisamente el de los obreros a sus lugares de trabajo. La burguesía ligada al transporte ha hecho un negocio de la responsabilidad patronal de trasladar a sus propios obreros al lugar donde son explotados y expropiados de la riqueza que producen en beneficio del primero. Solo bajo una concepción integral, y con un planteo de clase, se puede elaborar una salida a la crisis del transporte que articula, por su profundidad, las contradicciones insuperables del monopolio capitalista del transporte. Por la reincorporación de los choferes despedidos y el respeto de los derechos sindicales y políticos de los choferes. Por la satisfacción de todos sus reclamos y el abono de los sueldos adeudados. Por un aumento general de salarios para el conjunto de la clase obrera que compense los nuevos "boletazos" en el transporte público de pasajeros.

“En años recientes Israel han construido un aparato de seguridad donde la violencia sexual se ha convertido, como indicó un informe de las Naciones Unidas el año pasado, en uno de los 'procedimientos operativos estándar' de Israel y 'un elemento principal' en el maltrato a los palestinos”, sostiene una nota de Nicholas Kristtof, editor del New York Times. La nota incluye 14 testimonios desgarradores de palestinos violados por Israel. Las violaciones corren por cuenta de soldados, colonos, interrogadores del servicio de seguridad interna Shin Bet y, sobre todo, guardias de prisiones (que dependen del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, un fascista promotor de la ley de pena de muerte, que se jacta de haber endurecido al máximo el maltrato a los prisioneros palestinos). La información no es nueva, como bien dice Kristtof. Las violaciones sexuales contra hombres, mujeres y niños en las mazmorras sionistas han sido denunciadas no solo por las víctimas, sus abogados y organizaciones palestinas, sino por Naciones Unidas, por ONG internacionales como Médicos sin Fronteras y Save de Children, por Human Rights Watch -la ONG de derechos humanos más proimperialista de Estados Unidos- y también por otras israelíes, como B’Tselem o el Comité Israelí contra la Tortura. Esta vez genera un gran escándalo porque la denuncia ocupó la tapa de New York Times y está firmada por uno de sus más prestigiosos columnistas. El NYT, fundado en 1851, es un periódico de gran influencia mundial. Desde 2023, numerosas movilizaciones a las puertas de su redacción denunciaron su parcialidad proisraelí. Esta vez, fueron los grupos sionistas los que se agolparon para repudiar la nota de Kristtof. Si bien los peores abusos sexuales parecen haber sido dirigidos contra prisioneros de Gaza, “nadie escapó a las agresiones sexuales. No todos fueron violados, diría yo, pero todos sufrieron agresiones sexuales humillantes y repugnantes”, dice un periodista que fue violado hasta por perros. Otro periodista, Sami al-Sai, de 46 años, estuvo más de un año en “prisión administrativa” (sin acusación formal) en una cárcel israelí. Repetidas veces fue penetrado por soldados con una porra y después con zanahorias, mientras una soldada le retorcía los testículos y el pene al grito de “esto es mío”. Todo entre vítores y carcajadas. La inteligencia israelí le exigía que se convirtiera en su informante; él se negó. La cárcel y la tortura pretendían convencerlo. Un agricultor de Cisjordania le contó a Kristtof que seis guardias lo violaron apenas llegó a la cárcel. Cuando se desmayó lo llevaron a enfermería, donde lo volvieron a violar cuando despertó. Ya en el calabozo pidió papel para escribir la denuncia. Entonces otros guardias lo volvieron a violar y a golpear, así tenía “más que poner en tu denuncia”. Días después de dar su testimonio, el agricultor llamó a Kristtof y le pidió que retirara su nombre porque “acababa de recibir la visita del Shin Bet, que le había advertido que no causara problemas”. Los entrevistados narran todo tipo de abusos sexualizados: que les tiraban de los genitales, les golpeaban los testículos, les pinchaban o cortaban las nalgas. Utilizaban detectores de metales para hurgar entre las piernas y golpearlos en las partes íntimas. Les introducían objetos metálicos. Azuzaban a los perros (antes entrenados) para que los penetraran. Varios tuvieron que ser sometidos a una amputación de testículos tras las palizas. Los israelíes emplean sistemáticamente la violación y la tortura sexual contra las detenidas. Una mujer de 42 años fue desnudada y violada durante 2 días mientras la fotografiaban y filmaban. Después le dijeron que si no colaboraba con la inteligencia israelí publicarían las fotos. Otra, de 23 años, dijo que la amenazaron con violarla a ella, a su madre y a su pequeña sobrina. Cuando entraba un nuevo turno, la desnudaban, la golpeaban, la manoseaban y no sabe si la violaron porque perdía el conocimiento. La violencia sexual también se dirige “contra niños palestinos, que suelen ser encarcelados por lanzar piedras”. Los tres que hablaron con Kristtof fueron abusados. A todos los liberados, niños o adultos, los amenazaron con violar o matar a sus madres y hermanos si abrían la boca. “Pero recuerdo que todavía hay gente ahí dentro. Así que hablo”, explicó uno. Una encuesta de Save the Children reveló que más de la mitad de los niños consultados había presenciado y sufrido agresiones sexuales. La ONG estimó que la cifra real probablemente sea mayor. Kristtof es corresponsal de guerra y registró masacres, torturas y violaciones en varios puntos del planeta. Pero esta vez, dice, “nuestros impuestos estadounidenses subvencionan el aparato de seguridad israelí, por lo que se trata de una violencia sexual en la que Estados Unidos es cómplice”. Según un recuento, dice Kristtof, Israel ha detenido por lo menos a 20 000 personas solo en Cisjordania desde los ataques del 7 de octubre, y más de 9 000 seguían detenidos a la fecha en “prisión administrativa”. “Desde 2023 se les ha negado recibir visitas de la Cruz Roja y de abogados”. Ya en agosto de 2024, Human Rights Watch denunció que las tropas israelíes “abusaron, incluso sexualmente, de médicos, enfermeras y sanitarios palestinos”. Un informe del Euro-Med Human Rights Monitor, en abril, concluye que Israel emplea “violencia sexual sistemática como parte de una política estatal organizada”. B’Tselem habló de “un grave patrón de violencia sexual” contra palestinos. El Comité Público contra la Tortura en Israel presentó cientos de denuncias sin que derivaran en imputaciones penales. “La impunidad da luz verde a los abusadores”, dijo Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité. La respuesta de Israel a la nota del New York Times fue furibunda. El viernes 15 de mayo, Benjamín Netanyahu -prófugo de la Corte Penal Internacional por genocidio- y el canciller Gideon Saar ordenaron "iniciar una demanda por difamación contra The New York Times". El comunicado conjunto calificó el artículo como "una de las mentiras más espantosas y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna". Si bien la nota de Kristtof admite que no puede probar que el gobierno de Netanyahu ordene las violaciones, el aval a los torturadores es inexcusable no solo por lo generalizado de las torturas y por el desconocimiento de las denuncias. En julio de 2024, un preso palestino de Gaza fue hospitalizado con un desgarro en el recto, costillas fracturadas y un pulmón perforado. Un video muestra el abuso. Las autoridades detuvieron a nueve soldados reservistas, pero la derecha israelí estalló en indignación y una multitud de manifestantes furiosos irrumpieron en la prisión para mostrar su apoyo a los guardias. Ministros como Bezalel Smotrich y Ben Gvir exigieron la liberación de los violadores. En marzo, la justicia retiró los último cargos y Netanyahu lo celebró como el fin de una “calumnia sangrienta”. “El Estado de Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes”, se ufanó. En abril, el ejército aprobó el regreso de los violadores a sus filas. Israel además denuncia que la nota fue una operación para opacar una investigación impulsada por el gobierno. La califica como “un informe israelí independiente sobre la violencia sexual perpetrada por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023”. Las autoridades sostuvieron que esa coincidencia buscó “socavar” el impacto de ese reporte (LN, 14/5). La comisión que produjo el “informe independiente” que presenta Israel está dirigida por Cochvan Elkayam-Levy, una jurista israelí que inmediatamente después del ingreso de las milicias palestinas a Israel fundó la Comisión Civil sobre los Crímenes de Hamas contra Mujeres y Niños del 7 de octubre, que ha recibido desde entonces millones de dólares en subsidios para la tarea. Entre otros medios, Yediot Aharonot, tal vez el periódico más importante de Israel, acusó en 2024 a Elkayam-Levy de estafar a los principales donantes, incluida la administración Biden, difundir historias falsas sobre “atrocidades de Hamas”, como mostrar en una presentación de la Universidad de Harvard fotos de mujeres kurdas asesinadas como si fueran israelíes o la patraña de que Hamas había cortado en rodajas un feto. La caída en desgracia de Elkayam-Levy se produjo cuando el New York Times rectificó una nota propia del 28/12/23 que alegaba “violencia sexual sistemática” por parte de Hamas el 7 de octubre basándose en informe de la jurista. El 25 de marzo rectificó que el paramédico israelí que se identificó como “G” (nombre real: Guy Melamed ) mintió al periódico cuando afirmó haber encontrado los cadáveres de niñas adolescentes desnudas y violadas en el Kibbutz Beeri. “Las imágenes tomadas por un soldado israelí que estaba en Beeri el 7 de octubre… muestran los cuerpos de tres víctimas femeninas completamente vestidas y sin signos aparentes de violencia sexual», afirmó el Times. Elkayam-Levy también intentó obstruir una visita a Israel de la Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, la ultrasionista Pramila Patten, cuyo informe fue finalmente promocionado por Israel como «prueba» de los crímenes sexuales cometidos por Hamas, aunque la misma Patten admitió que no tenía pruebas sino “indicios” y carecía de cualquier mandato de investigación de la ONU (Resumen Latinoamericano 29/5/24). La comisión del informe actual también es integrada por Hillary Clinton, de inmejorables vínculos con el lobby judeo-norteamericano de AIPAC, e Irwin Cotler, que preside el centro sionista Raoul Wallenberg. The New York Times ha defendido sistemáticamente su reportaje en este caso y la portavoz Danielle Rhoades dijo: "Esta amenaza, similar a la del año pasado, forma parte de un remanido guion político que pretende socavar el periodismo independiente y sofocar el periodismo que no se ajusta a una narrativa específica".

En un movimiento aparentemente contradictorio, el Gobierno anunció un programa de rearme de las Fuerzas Armadas y, casi simultáneamente, un recorte de casi 3 % en el presupuesto de Defensa. El gobierno nacional lanzó el Plan de Adecuación y Re-equipamiento Militar Argentino (ARMA), para “ordenar y priorizar el re-equipamiento militar en función del planeamiento conjunto y de las necesidades operativas de cada fuerza”. El programa se financiará por medio de privatizaciones, concesiones y venta de activos estatales. El 70 % de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas serán destinados a la compra de equipamiento y obras de infraestructura. Los liberticidas prevén que, si se avanza en las privatizaciones, los fondos destinados a Defensa “podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años”. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que “la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos” (Infobae, 1/5). El plan también contempla obras de infraestructura consideradas "críticas" para el funcionamiento de las Fuerzas, como bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares. Uno de los proyectos más relevantes es la Base Naval Integrada a construirse en Ushuaia, un reclamo del imperialismo para incrementar su logística y operatividad sobre el Atlántico Sur, el paso bioceánico de Magallanes y la Antártida. El Plan ARMA, de alguna manera, es una ´contribución´ del Estado argentino a la empresa bélica imperialista. Comenzó con la compra de aeronaves de combate F-16 Fighting Falcon, de origen norteamericano, a Dinamarca, que se complementa con inversiones “en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado” (ídem). Por su parte desde el Ejército avanzaron en la compra de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. Desde la Armada, el arma más enconada con el ministro Presti, buscan recomponer la operatividad submarina luego de la implosión del ARA San Juan en 2017. Nuevamente, negocio en puerta para los proveedores. En contraste con esto, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un programa de autoría de Agustín Rossi para equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con las de otras fuerzas de seguridad, se encuentra congelado. Inicialmente se financiaba con un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, pero el Presupuesto de 2026 derogó este financiamiento porcentual y se estableció un monto fijo, eliminando las garantías de financiamiento automático. El gobierno liberticida también ha dispuesto el recorte del 2,6 % de los recursos para el sector, haciendo peligrar no ya la "capacidad de combate" de los militares argentinos, sino el pago de la luz y el gas de los cuarteles y la comida de los soldados. Altas fuentes del Ejército le señalaron a Clarín (11/5) que “la medida afectará aún más la ya crítica entrega de alimentos a los efectivos. Muchos de ellos ya encuentran dificultades para obtener raciones, salvo cuando realizan guardias, y la mayoría de los soldados dependen de las comidas en los cuarteles para poder alimentarse debido a los bajos salarios, que no llegan siquiera a mil dólares”. El sitio especializado Zona Militar estima un recorte superior a los $48.900 millones. Desde el gobierno nacional salieron a señalar que el recorte no supone necesariamente la cancelación definitiva de la iniciativa de rearme, aunque sí posterga su ejecución hasta encontrar una fuente alternativa de financiamiento. En el cuadro de crisis en OSFA -Obra Social de las Fuerzas Armadas-, la única área que percibirá un aumento en las partidas es Sanidad Naval, con un incremento de $4.000 millones, “compensación que no modifica las capacidades operativas pero evidencia la presión acumulada sobre el sistema sanitario de la fuerza” (ídem). En síntesis, el "rearme" de las FF. AA. será un negocio. El avance de las privatizaciones supone un gran negocio inmobiliario, por un lado, las tres fuerzas, que cuentan con terrenos y locaciones altamente codiciadas por los especuladores, ubicadas en todo el país, y por otro los proveedores de armamento, especialmente norteamericanos e israelíes, de acuerdo al alineamiento ´estratégico´ del gobierno argentino. La excusa de "la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico" ha servido para justificar este intento de devolverles a los militares protagonismo político. Incluso ha incorporado a una de sus facciones al gabinete, inaugurando un gobierno cívico-militar. Los liberticidas quieren sumar a las Fuerzas Armadas como un contrapeso esencial ante una crisis interna y una rebelión popular, pero la crisis estructural que sacude a su gobierno acabó por envolver este proyecto represivo.

Detrás de la retórica desesperada de los gobiernos de Europa por alcanzar una supuesta "autonomía estratégica", se esconde la bancarrota tecnológica y financiera del capitalismo europeo. La realidad es que la Unión Europea corre de atrás en condiciones de absoluta sumisión frente a las superpotencias mundializadas: el despliegue del 5G avanzado standalone (pura o independiente) apenas alcanza al raquítico 2 % de la población europea, frente al 80 % en China, dejando además el 90 % de los datos y el 69 % del mercado de la nube del continente bajo control de monopolios norteamericanos (El Confidencial, 16/05/2026). Mientras el Pentágono destinará más de 66.000 millones de dólares a la Inteligencia Artificial (IA) en 2026, todo el Fondo Europeo de Defensa apenas araña los 1.000 millones de euros para este año; lo que Washington gasta en cuatro meses, Europa tarda siete años en reunir (Clarín, 15/05/2026). Para financiar de apuro a sus propios pulpos tecnológicos de defensa —como la francesa Mistral AI o la alemana Helsing, que mete algoritmos en los aviones Eurofighter— (Clarín, 15/05/2026), las burguesías continentales necesitan confiscar de inmediato los recursos de la sociedad. Los países bálticos operan hoy como los voceros oficiales de este saqueo contra la clase obrera mundial. En la Conferencia de Tallín, los ministros de Defensa de Estonia y Letonia reclamaron abiertamente que los países del sur europeo, como España, Italia o Francia, incrementen su gasto militar por encima del 4 % o 5 % del PBI (Infobae, 16/05/2026). El ministro estonio Hanno Pevkur sinceró el objetivo de la maniobra: "Si todos invirtiéramos el 4 % obtendríamos aproximadamente un billón en Europa sólo para la defensa" (IDEM). Este billón de euros no caerá del cielo, sino del desguace de la salud, la educación y la vivienda, traduciéndose en "encargos reales y contratos reales" para los fabricantes de armas y las telecomunicaciones (IDEM). Monopolios como Telefónica actúan como cómplices directos de esta reconversión, liderando el consorcio EURO-3C junto a la Comisión Europea para centralizar la infraestructura de datos e IA, tras haber participado ya en más de 15 ejercicios operativos de conectividad crítica bajo las órdenes directas de la OTAN (El Confidencial, 16/05/2026). Las redes civiles son militarizadas y puestas al servicio de la guerra imperialista mundial. El callejón sin salida (capitalista) de la productividad de la IA Es en este marco de descomposición económica donde se manifiesta la contradicción dialéctica fundamental. El rearme y la guerra obligan a acelerar las innovaciones de la IA, buscando un salto en la productividad. Sin embargo, al automatizar masivamente los procesos, el sistema engendra su propia ruina. De acuerdo con un informe elaborado por CaixaBank Research, la adopción de la IA provocará que la productividad en Europa crezca apenas un 0,5 % anual durante la próxima década, la mitad de lo proyectado para Estados Unidos (Expansión, 16/05/2026). Pero la IA expone un potencial de automatización de hasta el 60 % de las tareas humanas (IDEM). La única fuente generadora de plusvalía —y por ende, de ganancia capitalista— es el trabajo vivo, la fuerza de trabajo humana (capital variable). Las máquinas y los algoritmos (capital constante) no crean valor, sólo transfieren su propio costo. La productividad del trabajo debe superar el monto del capital constante invertido, para poder generar un valor mayor. Para compensar una caída de la tasa de plusvalía y asimilar la bajísima productividad de las pequeñas empresas —donde la adopción de IA es apenas del 13,4 % frente al 58,2 % de las grandes corporaciones (Expansión, 16/05/2026)—, el capital opta por la violencia económica contra los trabajadores. Los economistas burgueses alertan sobre el "efecto Baumol", advirtiendo que si la productividad se estanca en los sectores tradicionales, la rentabilidad general del sistema crujirá (Expansión, 16/05/2026). La respuesta de los Estados europeos es fulminante: el gobierno alemán de Friedrich Merz ya prepara una contrarreforma laboral para destruir la histórica jornada laboral de ocho horas, flexibilizándola hacia esquemas semanales elásticos de hasta 48 horas ( https://politicaobrera.com/16275-rebelion-en-las-aulas-55000-estudiantes-alemanes-se-plantan-contra-la-guerra-y-el-genocidio ). Bajo el capitalismo moribundo, la automatización no libera al obrero, sino que deprime los salarios reales y pulveriza los convenios colectivos. El disciplinamiento económico requiere, de manera obligatoria, la aniquilación de las libertades democráticas para limpiar el frente interno de cualquier resistencia. Con este objetivo, la prensa burguesa difunde informes policiales como el de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW), sembrando el pánico sobre una supuesta red de "espionaje ruso, ciberataques a plantas de agua y sabotajes físicos masivos" (Infobae, 16/05/2026). Al amparo de esta retórica, el Estado polaco disparó las causas judiciales por espionaje, igualando en dos años el total acumulado en las tres décadas anteriores (IDEM). El control digital de las comunicaciones bajo el pretexto del "reclutamiento en criptomonedas" son las herramientas del Estado Policial para forzar a 26 de los 27 países de la UE a alinearse dócilmente detrás de las directrices bélicas de la Casa Blanca (IDEM). La guerra que buscaba dar una salida la sobreproducción actúa como catapulta de su propia ruina, los avances de la IA demuestran que la única vía que nos va a emancipar de la explotación es el socialismo, reparto equitativo de horas de trabajo, centralización y socialización de los medios de producción. Los Estados imperialistas intentan aferrarse a la vida recurriendo a la violencia del Estado Policial, el pánico de los informes de espionaje y reformas laborales bárbaras como la jornada elástica de 48 horas de Merz en Alemania, o la contrarreforma laboral en Argentina Fuentes: https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/16/estonia-y-letonia-piden-a-paises-del-sur-de-europa-invertir-mas-en-defensa/ https://www.clarin.com/mundo/europa-pisa-acelerador-inteligencia-artificial-militar-avance-arrollador-estados-unidos-china_0_EsQMvhrXDe.html https://www.infobae.com/espana/2026/05/16/el-espionaje-ruso-que-amenaza-europa-reclutamiento-digital-exmiembros-de-wagner-sabotaje-fisico-y-ciberataques-masivos/ https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2026-05-16/resiliencia-tecnologica-europa-inversion-5g-1hms-1svm_4356259/

En 2026 se cumplen 90 años de la producción de Tiempos Modernos , una de las mayores obras maestras de todos los tiempos. Estrenada en 1936, en pleno epicentro de la Gran Depresión de Estados Unidos, le valió a Charles Chaplin -su director y actor principal- la acusación de comunista. Esto desencadenó actos de censura y una persecución del FBI que duró décadas, hasta que una asfixiante campaña de boicot y presión política forzó su salida del país. Ya en alta mar, el Gobierno le prohibió el reingreso aplicando la Ley de Inmigración y Nacionalidad; la misma herramienta legal que utiliza ICE en la actualidad para expulsar inmigrantes y denegar la entrada a artistas que no superan los filtros de la censura ideológica. Cualquier homenaje a esta película debe destacar en su análisis las innovaciones que representa y sus múltiples implicaciones para el cine como séptimo arte; un recorte analítico que ya ha llenado varios volúmenes de la historia del cine. Como pasa con las grandes obras, una nueva generación está llamada a descubrir cómo este artista se ha ganado el consenso universal contemporáneo. Aunque no siempre fue así, Chaplin enfrentó al macartismo por y con su trabajo, como fiel exponente de un intelectual con el oído pegado a las masas y a los problemas de las barriadas obreras. Se suele decir que sus sátiras resultan respetuosas y amorosas con los humildes y burlonas con los representantes del poder: el policía, el tendero discriminador o el millonario son constantes víctimas de sus torpezas o de sus destrezas acrobáticas. Sin embargo, frente a Tiempos Modernos, el espectador tiene un desafío interpretativo superior. La obra provoca el despertar de la conciencia de la clase trabajadora porque expone, en sus distintas partes, los problemas del hombre frente a la explotación capitalista: su alienante relación con el aparato productivo, la fábrica, la máquina, la hospitalización y la cárcel; una radiografía de la enajenación del obrero y de sus problemas cotidianos, de los cuales intenta huir para desarrollarse plenamente a través del amor y la libertad. La película está lejos de buscar únicamente el efecto humorístico, pese a que encontramos su mejor versión siendo sagaz e irónico en ella, o de ser un mero documento histórico contemporáneo de los efectos del desempleo durante la crisis del 30. Todo el metraje es enriquecido por la profundidad del planteamiento filosófico-político de Chaplin, y esto fue, precisamente, lo que alarmó a las autoridades de Estados Unidos. Los archivos históricos confirman la dimensión de este acoso: “Ya en 1922, el FBI se había interesado en Chaplin, investigando sus supuestos vínculos con el Partido Comunista Estadounidense. Vigilaron de cerca su vida personal, entrevistando exhaustivamente a sus asociados y colegas para encontrar cualquier conexión entre él y la ideología comunista, lo que derivó en acusaciones de violar la Ley de Tráfico de Esclavas Blancas de 1910 debido a que financió los viajes de su pareja a través de las fronteras estatales. El extenso expediente de Chaplin en el FBI, repleto de calumnias e insinuaciones, abarcaba 1900 páginas, y sus películas Tiempos Modernos (1936) y El Gran Dictador (1940) fueron interpretadas como favorables a las ideologías comunistas” . Fiel a su estilo provocador, mientras promocionaba otra película durante una gira, declaraba: “No soy comunista. Soy demasiado rico para serlo. Además, no me gustan los dogmas, y el comunismo es un dogma más” . Él mismo se definía como un humanista internacional enemigo del fascismo y no ocultaba su simpatía por la Segunda República durante la guerra civil española, en clara oposición a Franco. Más allá de estas expresiones y conductas que lo muestran como un liberal de izquierda, y del posterior fracaso del FBI por demostrar lo contrario, le damos crédito a las sospechas de la agencia: es evidente la profunda influencia en Tiempos Modernos de los fundamentos desarrollados por Karl Marx en sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 . Marx, la estructura de Tiempos Modernos y la fábrica Adentrándonos en la película, el conflicto podría resumirse en una premisa fundamental: “El economista nos dice que todo se compra con trabajo y que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado, pero al mismo tiempo nos dice que el obrero, muy lejos de poder comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo y a su humanidad” . Una contradicción escrita por Marx casi un siglo antes del estreno del filme. Para facilitar una comprensión conceptual, la estructura de la obra se puede dividir en cuatro partes: la fábrica, la cárcel, los grandes almacenes y el restaurante. Da inicio a la primera escena un enorme reloj marcando las 6 a.m., luego la imagen de unos corderos marchando al matadero transiciona hacia la salida del subte, de donde brotan obreros apurados por ingresar a la fábrica. El tiempo es una constante presente en toda la película. Chaplin plantea la polémica desde el comienzo con una metáfora visual que centra la crítica en la fábrica como institución, presentada como una enorme arquitectura que domina el paisaje urbano. La superposición de imágenes de los obreros sobre los animales enfatiza los efectos de la explotación de la clase trabajadora: ubica a la planta como un matadero, a la vez que, a lo largo del filme, se desmitifica el concepto de mansedumbre de los obreros. Rápidamente aparece el conflicto; enormes máquinas se ponen en movimiento y la cinta de montaje atrapa a nuestro héroe, volviéndolo parte del engranaje de producción. En esta parte encontramos las imágenes más icónicas: Charly es víctima del aumento frenético de los ritmos de producción; luego, en un intento por acentuar su enajenación, es utilizado como conejillo de Indias de una máquina experimental que falla en alimentarlo, mientras continúa trabajando; más tarde, será tragado por la cinta taylorista y vomitado psicológicamente roto. Marx explicaba este fenómeno con precisión: “Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que, en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo” . La alienación descrita por Marx, y su consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado de su actividad vital, es la que finalmente detonará el colapso en la salud mental del protagonista. El colapso, la bandera roja, el almacén y el restaurant Esta cita de Marx. que describe cómo “el hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre” , abre paso directamente al "colapso nervioso" del protagonista. Persiguiendo tornillos imaginarios que ajustar, Charly no puede dejar de trabajar, confunde las narices de sus compañeros con máquinas y los botones de los vestidos con tuercas, que intenta ajustar. Tras estos hechos y demostrar que ya no sirve para continuar trabajando, generando la suspensión del trabajo y convirtiéndose en agente del caos dentro de la planta, no tarda en aparecer la solución del sistema: recluirlo en un hospital de salud mental. De allí saldrá cambiado, más pobre y como parte del ejército de desempleados que pululan y se manifiestan en las calles, chocando constantemente con la policía. Es en ese escenario donde ocurre el inolvidable equívoco que lo lleva a encabezar una manifestación ondeando una bandera roja. A nadie se le escapaba: el cine era en blanco y negro, sin embargo, Chaplin se las arregla para que todos veamos el color de esa bandera, tanto en su forma como en su contenido político. La consecuencia es inmediata: la reclusión del protagonista de la ficción, pero esta vez en la cárcel. Y la persecución del artista por parte del FBI. Esta dinámica de exclusión responde a lo que el propio Marx detallaba en sus manuscritos: “En una sociedad cuya prosperidad crece, sólo los más ricos pueden aún vivir del interés del dinero (...) La concentración de capitales se hace mayor, los capitalistas grandes arruinan a los pequeños y una fracción de los antiguos capitalistas se hunde en la clase de los obreros (...) Una parte de la clase obrera cae con ello en la mendicidad o la inanición” . A su salida de la cárcel, vuelve el contraste. Somos testigos de la lucha de los niños huérfanos por sobrevivir y de una particular “suspensión del tiempo” que afecta al protagonista; lejos de las preocupaciones por los ritmos de producción, Charly parece ir atento al presente mientras pasea y contempla las injusticias del mundo. En la tercera parte, mientras el personaje experimenta el conflicto de satisfacer las funciones animales más básicas descritas por Marx -comer y dormir-, sin embargo, se ve más humano, se suma el conflicto del amor como una promesa o proyecto de vida. Desconectado del sistema productivo fabril, consigue empleo como sereno nocturno de un gran almacén, una especie de shopping de aquellos tiempos. Come con su compañera, duerme, juega y disfruta los placeres que la dura vida les niega a diario, convirtiendo la tienda en sus dominios por una noche. La fantasía dará paso a la dura realidad de la pobreza, lo que determina y empuja a volver a la fábrica, abriéndose paso entre una multitud de desempleados. Pero este retorno será otra ilusión: porque Charly ya no encaja en el engranaje. Su torpeza provoca una cómica fusión de hombre-máquina, esta vez en la figura de su jefe, quien, a pesar de quedar atrapado físicamente en la máquina, respeta de forma domesticada los horarios estipulados de descanso y comida. Marcados por los dispositivos de la fábrica, como sirenas, este será el fin de este segundo intento por integrarse al régimen de explotación moderno capitalista. Tiempos Modernos es una obra que se encuentra en la transición del autor entre el cine mudo y el sonoro. Las pocas voces que se escuchan provienen de dispositivos de comunicación como altavoces. Son parte de un sistema de monitoreo con cámaras y pantallas que controlan la actividad de máquinas y obreros, tan omnipresente que se extiende incluso hasta el baño, registrando rígidamente el tiempo de uso de los trabajadores. En la cuarta parte, vemos finalmente al Chaplin artista y escuchamos su voz por primera vez en la pantalla. Es curioso que la película, teniendo la tecnología para ser completamente sonora, sostenga por elección estética los intertítulos de diálogo, esos cuadros de texto que resolvían los diálogos en el cine mudo. Cuando el protagonista rompe el silencio, elige cantar en gibberish , un seudoidioma que mezcla sonidos franceses e italianos. Esta sección de la película es liberadora, después de tanta opresión, a los protagonistas se los ve felices asociados al arte: él a través del canto y ella mediante el baile. Sin embargo, las fuerzas represivas del Estado no tardan en irrumpir para perseguir a ambos. Los conceptos de alienación, los mecanismos de control, el intento de dominación del capital sobre los cuerpos, la presión de las fuerzas estatales y la lucha histórica de los trabajadores por vivir en libertad siguen presentes hoy más que nunca. En esa coincidencia reside la total vigencia de dos obras eternas: las de Charles Chaplin y la de Carlos Marx. Por supuesto que hoy, como ayer, está vigente la lucha de los trabajadores contra las jornadas de trabajo extenuantes y la persecución dentro y fuera de las fábricas. También sigue vigente la lucha contra el fascismo de los Estados y, nuevamente, contra los efectos de una recesión económica mundial que conduce a una guerra imperialista y a una tercera guerra mundial. Hemos de pararnos sobre los hombros de quienes lucharon con todas las herramientas contra estas orientaciones políticas que conducen a la barbarie, para buscar una salida propia de los trabajadores. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=i15UCTIdfwI

El pomposo anuncio de la entrada en vigor provisional, el pasado 1 de mayo, del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha durado menos que un suspiro (Euronews, 11/05/2026). Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, celebraba los supuestos "beneficios tangibles" del tratado (Ídem) y la Secretaría de Comercio de la Argentina difundía proyecciones oficiales que prometen un salto del 122 % en las exportaciones para la próxima década (Infobae, 05/05/2026), la realidad material expone un pacto clásico de intercambio desigual. El acuerdo reduce aranceles para que las corporaciones europeas inunden Sudamérica con bienes de alto valor agregado (autos, maquinaria y químicos), a cambio de subordinar la economía regional a la exportación de bienes primarios de bajo valor, como los productos minerales o la pasta de papel (Euronews, 11/05/2026). Sin embargo, la ilusión de una apertura comercial para el sector agropecuario —el principal interés de las burguesías locales— fue desmantelada de inmediato. El acuerdo ha suscitado profundas preocupaciones en Europa ante el temor de sus ganaderos de verse perjudicados por el ingreso de productos agrícolas más baratos (Euronews, 11/05/2026). Para proteger a sus mercados internos, países como Francia e Irlanda impusieron límites estrictos a las cuotas de carne vacuna y un mecanismo de salvaguardia provisional que faculta a la UE a detener las importaciones de forma unilateral (IDEM). Como advirtió la propia Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), los supuestos beneficios del tratado quedan severamente matizados por normativas europeas que operan de hecho como verdaderas barreras no arancelarias para impedir que la carne sudamericana ingrese efectivamente al mercado comunitario (Infobae, 05/05/2026). La confirmación más violenta de este escenario de guerra comercial encubierta ocurrió con la exclusión total de Brasil —el principal exportador mundial de carne vacuna— de la lista de países habilitados para exportar al mercado comunitario, bajo el ropaje de nuevas exigencias sanitarias sobre el uso de antimicrobianos (TN, 15/05/2026). Esta medida, que bloquea de un plumazo exportaciones brasileñas por más de 1.800 millones de dólares anuales, hizo crujir el pacto regional a días de nacer (IDEM). Con Brasil cercado simultáneamente por Bruselas y por la política hostil de aranceles de Donald Trump en Estados Unidos , las cuotas globales pactadas —como las 99.000 toneladas de carne vacuna al 7,5 % arancelario (Infobae, 05/05/2026)— comenzarán a regir en Europa bajo la modalidad desregulada de "el que primero llega se lo queda" (Agrofy News, 15/05/2026). Esta anarquía arancelaria desata una guerra de caníbales entre las burguesías ganaderas del continente por la concentración y el dominio del acceso a los cupos asignados, ante la alerta de los propios parlamentarios europeos sobre el peligro de que los pesos pesados agrícolas monopolicen las cuotas (Euronews, 11/05/2026). Ante este estrangulamiento, el gobierno de Lula da Silva en Brasil se apura a impulsar gestiones diplomáticas para intentar revertir la sanción en septiembre (TN, 15/05/2026). Con todo, estas negociaciones, de cuyo resultado pende el futuro equilibrio comercial de la región (IDEM), exponen la total inviabilidad del Mercosur como bloque independiente. Ningún pacto diplomático va a contener las fricciones imperialistas. La volatilidad es global: jaqueado por la inflación interna provocada por la guerra en Medio Oriente, el propio gobierno de Trump evalúa suspender temporalmente todos los contingentes arancelarios en Estados Unidos para inundar su mercado con carne barata, lo que liquidaría la "posición privilegiada" y el cupo de 100.000 toneladas que la Argentina apenas ejecutó en un 30 % (Agrofy News, 15/05/2026). Al mismo tiempo, China amaga con flexibilizar sus regulaciones, amenazando la estabilidad de los despachos locales hacia Asia (IDEM). La burguesía argentina y el gobierno de Javier Milei pretenden sobrevivir en este laberinto caótico actuando como el lacayo predilecto de las potencias mundiales y descargando la crisis sobre las espaldas de la clase obrera. Mientras el Ejecutivo festeja que la Argentina tiene plazos de "adaptación industrial" hasta 2041 (Infobae, 05/05/2026), lo que en verdad prepara es la destrucción definitiva del entramado productivo local ante la competencia europea y la consolidación de un modelo de bandidaje extractivista. El capitalismo moribundo no ofrece progreso ni estabilidad: utiliza las fronteras para balcanizar las regiones, cartelizar los mercados y regimentar las condiciones de explotación mediante contrarreformas laborales bárbaras a nivel global. Frente a este entramado de sometimiento, la respuesta de la vanguardia combativa debe ser una sola: rechazar los pactos coloniales de sumisión, unificar las luchas de los trabajadores por encima de las fronteras y levantar una alternativa obrera y socialista. Fuentes: https://tn.com.ar/campo/2026/05/15/europa-endurece-controles-y-deja-a-brasil-fuera-del-mercado-carnico-comunitario/ https://news.agrofy.com.ar/noticia/215818/estados-unidos-china-y-europa-ponen-jaque-ventaja-historica-carne-argentina https://www.infobae.com/economia/2026/05/05/acuerdo-mercosur-ue-el-gobierno-proyecta-que-las-exportaciones-aumenten-122-en-la-proxima-decada/ https://es.euronews.com/my-europe/2026/05/11/mercosur-estrechan-lazos-economicos-ue-sudamerica

La semana comenzó con malas noticia para el bolsillo de los que dependen del transporte público. El precio del servicio ferroviario suma el 18 % y las líneas de colectivos nacionales el 2 %, como parte de aumentos escalonados que continuarán en los próximos meses. Para las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martin, Belgrano sur y norte y Urquiza el precio mínimo pasa de $280 a $330 para las SUBE registradas, la segunda sección vale $429 y la tercera $528. El pago en efectivo se eleva a $1.100. Estos aumentos tendrán la siguiente continuidad: un 15 % en junio, 13 % en julio, 12 % en agosto y 10 % en septiembre. Estas 5 actualizaciones al hilo planifican llevar el mínimo a $530, acumulando una suba del 90 % respecto al mes de abril. En el caso de los colectivos son más de 100 líneas nacionales donde varias de las afectadas recorren Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mínimo será de $714 hasta los 3 kilómetros. Quedando la escala máxima de 3km a $714, 6km a $807, 12km a $894 y 27km $983, que se duplican para los no registrados. Estos aumentos además continuaran en junio y julio. Para las líneas de colectivos exclusivas de CABA el aumento no rige porque ya se había aplicado el mismo semanas atrás. El mazazo del ajuste bajo el pretexto de una “recomposición tarifaria del transporte en AMBA” es de dimensiones. Según el ‘Observatorio de Tarifas y Subsidios’ del IIEP ya acumulan el 1.236 % desde diciembre del 2023, con subas del 76 % interanual y un acumulado del 29 % en 2026. Para tener una referencia la inflación desde que comenzó el gobierno es del 303% . La gestión liberticida de la Secretaria de Transporte se excusó con que no puede seguir sosteniendo los subsidios y con que el costo operativo tiene que salir del precio de los pasajes. Las tarifas hoy representan el 5 % del costo total, una muestra de todo el trayecto de aumentos aún a recorrer. El “ajuste más grande en la historia de la humanidad” y la colaboración de la burocracia, que pactó paritarias al 1,5 % mensual o menos, no bastó para lograr un equilibro en el sector del transporte. La crisis golpea también a las empresas que, con boletos encarecidos y una caída de la actividad económica, ven una merma de pasajeros que resuelven recortando frecuencias y recorridos. Así el gobierno de Javier Milei, que acaba de “respirar” tras una leve baja de la inflación en abril al 2,8 %, sigue alimentando la hoguera con una cadena de aumentos en los precios regulados que van desde la electricidad, el gas, las naftas y como vemos al transporte público.

El encuentro “Argentina productiva, con el INTI de pie”, realizado en las puertas del INTI tras la militarización del predio por parte del gobierno, dejó planteada una contradicción de fondo. Mientras Milei avanza en el desguace del organismo, un sector empresario salió a defenderlo, pero no desde el punto de vista de los trabajadores ni de los más de 700 despidos anunciados, sino desde sus propias necesidades de competitividad, exportación y reducción de costos. Toda la convocatoria estuvo estructurada alrededor de esa orientación. Los ejes del encuentro fueron “exportación”, “productividad” y “articulación público-privada”. Ninguno de los empresarios que tomó la palabra colocó en el centro la defensa de los puestos de trabajo. Las intervenciones giraron alrededor del perjuicio económico que implicaría reemplazar los servicios del INTI por laboratorios privados más costosos. Luciano Galfione, de Fundación ProTejer, cuestionó que los controles privados serían “más caros” y afectarían la competitividad exportadora. Fernanda Mettini insistió en el problema de los costos y de la pérdida de trazabilidad para el comercio exterior. Juan Cruz Hamdam destacó el rol del INTI para desarrollar productos destinados al mercado estadounidense. Es decir, defendieron al organismo en función de las necesidades del capital industrial. Esto expresa el carácter de clase del planteo de “Argentina productiva, con el INTI de pie”. Para estos sectores, un INTI “de pie” es un organismo que subsidie certificaciones, abarate costos y facilite exportaciones. Pero la defensa del INTI no puede quedar subordinada a la rentabilidad empresaria. La única Argentina que puede ponerse verdaderamente de pie es la de sus trabajadores. En el propio encuentro, varios empresarios reconocieron haber votado a Milei. Uno de los oradores afirmó explícitamente que su diferencia con el gobierno “no tiene un carácter ideológico”. Es decir, acuerdan con el conjunto del ajuste y del ataque a los trabajadores, pero rechazan una medida puntual porque afecta sus negocios. Por eso es un error sembrar expectativas en una supuesta alianza estratégica con sectores patronales para defender el organismo. Los empresarios pueden cuestionar aspectos del desguace estatal cuando afecta sus costos, pero no van a enfrentar consecuentemente al gobierno ni a sus despidos. La militarización del INTI mostró, además, que el gobierno está dispuesto a imponer el vaciamiento mediante métodos represivos. Frente a esto, las declaraciones y los actos testimoniales resultan impotentes. Sin embargo, también ha fracasado la orientación de las direcciones sindicales y de la multisectorial. La pelea permanente entre la burocracia de ATE-UPCN y la Multisectorial se ha transformado en un verdadero bloqueo para desarrollar una lucha consecuente contra los despidos y el vaciamiento. Ambos bandos polemizan -o se agravian- entre sí, pero coinciden en un punto decisivo: ninguno plantea preparar la ocupación del predio frente a los despidos. Mientras el gobierno elimina servicios, destruye áreas enteras y prepara centenares de cesantías, la burocracia sindical reduce la lucha a maniobras aisladas, reclamos administrativos y acciones de desgaste sin continuidad. La Multisectorial, por su parte, evita deliberadamente levantar una orientación de ocupación y permanencia que permitiría organizar una resistencia real al vaciamiento. Pero la experiencia demuestra que no habrá defensa efectiva del INTI sin métodos de lucha capaces de impedir físicamente el desguace. La ocupación del organismo frente a los despidos no es una consigna “extrema”: es la respuesta elemental ante un gobierno que busca liquidar organismos estratégicos mediante despidos masivos y represión. Una ocupación colocaría la defensa del INTI en manos de sus trabajadores, permitiría convocar la solidaridad activa del movimiento obrero y quebraría la política de desgaste impulsada tanto por la burocracia como por quienes limitan la lucha a pronunciamientos y actividades testimoniales. El problema de fondo no es simplemente quién certifica productos o cuánto cuestan los controles. El gobierno de Milei pretende reorganizar el país en función de los intereses del capital financiero, destruyendo capacidades científicas, tecnológicas e industriales y descargando toda la crisis sobre los trabajadores. Los empresarios que participaron del acto rechazan algunos aspectos de esta política porque afecta sus márgenes de ganancia, pero comparten el régimen social que hace posible el ajuste. Por eso no pueden ofrecer ninguna salida para los trabajadores del INTI. La defensa consecuente del organismo solo puede venir de una acción independiente de sus trabajadores, basada en asambleas, coordinación con otros sectores en lucha y la preparación inmediata de la ocupación del predio frente a los despidos y el vaciamiento.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo de “acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas”. Con esto se da posibilidad a que empresas privadas, ya sean nacionales o internacionales, puedan visitar activos estratégicos como en un tour de compras. El expediente se inició el mismo día en que arribó al país la delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria de los Estados Unidos para inspeccionar los centros atómicos del país, y se aprobó a los dos días. El procedimiento pone a disposición de los interesados “todo bien, recurso, infraestructura, derecho, instalación, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación, técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una solicitud preliminar”. Desde ATE indicaron que el objetivo de este procedimiento es avanzar en la privatización del reactor de investigación AR-10 y los yacimientos de uranio que se encuentran bajo jurisdicción de la CNEA -Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut). El interés del gobierno por abrir la cancha a la extracción de uranio se da en el marco del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Un tratado que pone los esfuerzos nacionales en el reemplazo de la cadena de suministros que pretenden los EE.UU. en detrimento, principalmente, de China y Rusia. En 2023, EE.UU. importó el 99 % del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Siendo Rusia el histórico vendedor del mineral, ha dejado de serlo a partir de que el gobierno de Biden logró aprobar una ley de prohibición de importación para el uranio ruso. Se estima que en Argentina hay 40.000 toneladas de uranio. Las tres centrales nucleares que tiene el país consumen 200 toneladas al año; sin embargo, el uranio que consumen es importado desde Kazajistán. El interés por una nueva etapa de extracción de uranio en el territorio nacional no tiene que ver con un reemplazo de importaciones, sino con el abastecimiento a EE.UU. El interés norteamericano por este mineral hay que verlo desde tres puntos. Primero: la guerra mundial. Ha prohibido la importación de uranio ruso, pero ¿qué pasará con el uranio canadiense? Canadá es un país que Trump amenazó con anexar y del cual proviene el 25 % de la importación total. Kazajistán y Uzbekistán (21 % y 9 % de las importaciones de uranio a EE.UU., respectivamente) se encuentran también comprometidos en la ruta de la seda, cercanos geográficamente al área de guerra (Irán y Ucrania) o con fuertes lazos político-militares y económicos con Rusia y China, en el caso de Kazajistán. El segundo punto que lleva a las empresas a la mayor exploración y extracción de uranio es la fuerte inversión que está desarrollando el Pentágono en el área de la IA, tecnología que requiere -y se encuentra limitada por- una alta demanda energética. Entre las inversiones para IA se encuentran las destinadas a hacerlas funcionar. En este marco, se piensa en la instalación de pequeños reactores modulares, con capacidad para alimentar una ciudad pequeña, abocados enteramente a sostener el funcionamiento de los centros de datos (datacenter). El tercer punto vuelve a poner a la guerra como factor principal, ahora a la luz de las armas nucleares. La producción en masa de armas nucleares podría ser el destino final real de todo el uranio que se extraiga de la Argentina, siendo que por el momento la IA tiene más de burbuja financiera que de industria rentable. La entrega del uranio a los EE.UU. forma parte de una escalada bélica mundial que apunta a sacar al imperialismo de su retroceso histórico a partir del desarrollo de la barbarie más grande que haya visto la humanidad. La defensa de los glaciares, del agua y de los ecosistemas donde se instalen las minas debe ser discutida con este planteo.

Las recientes elecciones del SUTEBA se desarrollaron bajo el signo de una profundización sin precedentes de la crisis que atraviesa la docencia bonaerense y el conjunto de la clase trabajadora. El ajuste descargado sobre educación, salud y discapacidad, los despidos, suspensiones, cierres de empresas y tarifazos, junto a la pulverización del salario, la sobrecarga laboral, el deterioro edilicio y el vaciamiento del IOMA, constituyeron el cuadro político y social de una elección que reflejó un creciente malestar de base contra la burocracia sindical. A nivel provincial, la burocracia Celeste retuvo la conducción, pero lo hizo acusando un retroceso político significativo. La pérdida de distritos importantes y, sobre todo, el alto nivel de abstención puso de manifiesto el desgaste de una dirección que ha subordinado completamente el sindicato a la defensa del gobierno de Axel Kicillof, actuando como un engranaje del ajuste y no como una herramienta de organización y lucha de la docencia. En Campana, este proceso se expresó con nitidez. Sobre un padrón cercano a los 600 afiliados votaron apenas 327 docentes. Este dato no expresa apatía sino una profunda crisis de representación sindical. La abstención revela el vaciamiento político de un sindicato cuya conducción ha dejado pasar una pérdida salarial superior al 60% del poder adquisitivo en poco más de dos años, sin convocar una sola medida de lucha consecuente ni abrir instancias reales de deliberación en las escuelas. En este cuadro, la presentación de una lista opositora luego de décadas sin alternativa constituyó un hecho político de primer orden. La participación de la lista Naranja-Marrón significó la irrupción de una referencia clasista en el distrito, levantando un programa de independencia política frente a la adaptación completa de la burocracia Celeste al poder estatal. Nuestra campaña se desarrolló en condiciones profundamente desiguales. La dirección oficialista utilizó todas las prerrogativas que le otorga su control del aparato sindical: acceso exclusivo al padrón, utilización de recursos y licencias gremiales y, según denunciaron compañeras, prácticas de presión y hostigamiento contra integrantes de nuestra lista y activistas de espacios autoconvocados. Frente a ello, la campaña de la Tendencia Docente Clasista se apoyó exclusivamente en la militancia política y la difusión de un programa basado en los reclamos más sentidos de la docencia: salario igual a la canasta familiar -hoy superior a los $2.800.000-, aumento de emergencia del 100%, defensa del IOMA bajo dirección de sus trabajadores y afiliados, mejores condiciones laborales y edilicias, asambleas por escuela, autoconvocatorias y la preparación de una huelga por tiempo indeterminado para quebrar el ajuste. El 13% conquistado por la lista Naranja-Marrón representa mucho más que un porcentaje electoral. Constituye un punto de apoyo político para desarrollar una oposición clasista en Campana. Expresa que un sector de la docencia comienza a sacar conclusiones frente al fracaso de la Celeste y busca una referencia de lucha e independencia de clase. La elección dejó planteada la existencia de una tendencia, todavía embrionaria pero real, de cuestionamiento a la burocracia sindical. El proceso de desafiliaciones, el malestar generalizado y la receptividad encontrada en decenas de escuelas indican que se abre una posibilidad concreta para disputar políticamente a una dirección agotada. El desafío inmediato es transformar este avance electoral en una construcción orgánica y permanente. Esto exige intervenir en todos los conflictos que atraviesan a la docencia del distrito: la violencia creciente en las escuelas, el cobro del peaje a las compañeras de Isla Talavera, la falta de pago a auxiliares, el vaciamiento del IOMA y cada expresión concreta del ajuste sobre la educación pública. La preparación de una actividad política de presentación oficial de la Tendencia Docente Clasista aparece, en este sentido, como un paso necesario para consolidar esta experiencia y ampliar una referencia de lucha entre la docencia campanense. El balance es claro: sin aparato, sin recursos y enfrentando maniobras del oficialismo, la Tendencia Docente Clasista dio en Campana un primer paso en la reconstrucción de una oposición de clase. La tarea que se abre ahora es convertir ese avance inicial en una fuerza organizada capaz de disputar la dirección política del sindicato y poner en pie un SUTEBA al servicio de la lucha docente y no de la contención del ajuste.

“Italia vive hoy una jornada de graves trastornos debido a la huelga general nacional convocada por la Unión Sindical de Base junto con otros sindicatos”, se quejan algunos medios. Es que el lunes 18 la convocatoria de los sindicatos antiburocráticos a la huelga general propició una movilización obrera y popular por todo el país. El eslogan de la convocatoria fue: “Nemmeno un chiodo per guerra e genocidio” (“Ni un céntimo para la guerra y el genocidio”). En comunicados, conferencias de prensas y sus pancartas, los trabajadores denunciaron “las numerosas complicidades del gobierno con el Estado terrorista de Israel” y repudiaron la carrera armamentística de Giorgia Meloni y sus pares de la Unión Europea. También exigieron que los recursos se reorienten a los salarios, a frenar la subida de los precios, a poner fin a la carrera armamentística. La movilización, repiten, es una protesta «contra la guerra que se cuela en nuestras vidas», en referencia al aumento del costo de la vida, a la crisis del bienestar social y al gasto militar. La huelga general tuvo alto acatamiento, pero las diferencias entre los sindicatos de base impidieron que las movilizaciones alcanzaran la masividad que tuvieron en octubre pasado. El paro se sintió fuerte en el transporte público y ferroviario, la educación, la sanidad y numerosos servicios públicos y privados, con repercusiones en todo el país. El sector más afectado fue el del transporte, que paralizó los trenes regionales y de alta velocidad desde las 21 del domingo 17 hasta las 20:59 horas del lunes. También los autobuses, tranvías y metros fueron cancelados y generaron enormes retrasos en las principales ciudades italianas. La huelga del personal de los peajes generó un embotellamiento colosal en las autopistas. También se vieron afectados los taxis y el transporte marítimo, con posibles retrasos en las conexiones hacia las islas mayores y menores. En Roma, varias líneas de subte fueron directamente cerradas y otras funcionaron con servicios de emergencia. La huelga se cumplió ampliamente en la educación, y en la salud solo funcionaron servicios esenciales y urgencias. A la protesta contra la guerra se suman reivindicaciones salariales, críticas al rearme y peticiones de mayores inversiones en los servicios públicos. El balance de la USB afirma que el gobierno de Meloni se siente acorralado, que “ahora se dan cuenta de que no es realista el aumento al 5 % del PIB de los compromisos para la OTAN!”. La USB sostiene que los tímidos escarceos del gobierno italiano contra Israel solo reflejan “la creciente preocupación del establishment ante un disenso cada vez más explícito”, que quedó claramente expresado en las movilizaciones del día lunes en cientos de plazas. En las movilizaciones la bandera más presente fue la de Palestina, ya que las movilizaciones coincidieron con el ataque israelí a la flotilla Sumud. Muchos sindicatos votaron piquete y permanencia en los puertos en solidaridad con la flotilla. Lamentablemente, otros sectores del sindicalismo de base (SiCobas, Adl Cobas, CUB y Federazione Cobas) han convocado a su propia huelga general para el 29 de mayo. Son un amplio grupo de trabajadores de la logística privada, un sector cada vez más criminalizado tras ser incluido entre aquellos que pueden ser juzgados por la nueva ley antihuelga italiana, que considera la logística como un servicio esencial y facilita la represión legal y policial en caso de huelga o actividad sindical. Que se hayan convocado dos huelgas por separado explica que esta vez el movimiento no alcanzara la envergadura de la huelga general del 3 de octubre, que obligó a participar hasta la infame burocracia de la CGIL .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola que se reportó la semana pasada en la República Democrática del Congo. Es el décimo séptimo brote que ocurre en el país africano desde que se identificó la enfermedad en 1976. La gravedad del hecho radica en que se trata de una cepa poco común -la Bundibugyo- para la cual no se ha desarrollado una vacuna ni tratamientos específicos, como sí existen para otras cepas. Ya hubo expansión hacia Uganda y hay contagios en las capitales de ambos países, Kinsasa y Kampala. El foco principal está en la provincia de Ituri, en el noreste del Congo. Las cifras cambian rápido, pero los reportes más recientes hablan de entre 246 y casi 400 casos sospechosos y más de 100 muertes reportadas. Guinea, Sierra Leona y Liberia sufrieron una epidemia de ébola en 2014 y 2015 que derivó en la muerte de más de 11.000 personas. Más de 28.000 pacientes en diez países se enfermaron, según estimaciones de la OMS. Desde entonces, ha habido una serie de brotes, principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda. Pero estos se han contenido, en gran parte, porque los funcionarios de salud pública reaccionaron con cierta rapidez. A diferencia de otros brotes anteriores, este último se propagó aparentemente en poco tiempo. Los primeros casos no fueron detectados a tiempo, lo que favoreció el contagio y la propagación debido a la falta del debido aislamiento. Se calcula que el ébola comenzó a circular hace un mes. El virus se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, lo que supone un riesgo especial para familiares y cuidadores. Rastrear a las personas que puedan haber estado en contacto con los enfermos, aislar y tratar a las víctimas con rapidez y enterrar adecuadamente a los muertos son medidas imprescindibles. Esta vez hubo una serie de factores que colaboraron con la transmisión generalizada del virus, relacionados, de una u otra manera, con la crisis del imperialismo y la disputa que se desarrolla en el continente por la apropiación de sus recursos. Estados Unidos recortó severamente los fondos destinados a atender los desastres humanitarios que ellos mismos ocasionan en África. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha desempeñado un papel importante en la contención de brotes anteriores, pero el año pasado fue cerrada por el gobierno de Donald Trump. Trump también recortó la financiación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la principal agencia de salud pública del país, y además se retiró en enero de la OMS junto con todos los fondos que solía aportar, para aumentar, en cambio, su presupuesto de guerra. Pero, además, Ituri, el epicentro del brote, se encuentra en el este del Congo, ocupado por el M23 y otros cien grupos armados que se disputan la zona y que no coordinan con el gobierno la atención sanitaria. Ituri limita con Uganda y Sudán del Sur, por lo que los frecuentes desplazamientos transfronterizos constituyen otro problema adicional. Los grupos armados en Ituri dificultan la vigilancia epidemiológica y el acceso a comunidades aisladas. Por eso, el mayor riesgo es la expansión hacia zonas controladas por otros grupos armados. Ya se detectó el primer caso en Goma, provincia controlada por el M23, donde tampoco funciona el aeropuerto necesario para la llegada de insumos y ayuda. De fondo, la guerra El principal socio comercial de la República Democrática del Congo es China. El 70 % del cobalto del mundo se produce en el Congo. Este metal es necesario para las baterías de los autos eléctricos, la tecnología y las aplicaciones militares y aeroespaciales. El Congo también produce cobre, coltán, tantalio, oro, estaño, tungsteno, litio y diamantes. Algunos de estos son los metales y minerales críticos que necesita la industria tecnológica estadounidense. El acuerdo más relevante entre el Congo y China fue el de “minerales por infraestructura”, firmado en 2007 entre el gobierno congoleño y un consorcio de empresas chinas conocido como Sicomines. China financió carreteras, hospitales, universidades, represas y obras públicas. A cambio, obtuvo acceso a grandes yacimientos mineros de cobre y cobalto. Uno de los principales grupos armados que opera en la región es el M23 -con el propósito declarado de defender a la etnia tutsi- financiado por Ruanda, país aliado histórico de los imperialismos estadounidense y británico. Ruanda exporta más minerales de los que produce porque por allí se trafica el material extraído del este del Congo. Uganda es otro país que también interviene militarmente en el norte y el este del Congo con la excusa de combatir a los grupos armados. El imperialismo lleva la guerra consigo y propaga las pestes y la barbarie.

El gobierno liberticida aplicó al Presupuesto 2026 un ajustazo ´extra´ de casi 2,5 billones de pesos. En Salud, representa un ajuste de $63.021.299.401. Este miércoles 20 de mayo habrá una Marcha Federal de la Salud, convocada por residentes, sindicatos y la CTA. El nuevo recorte afecta a áreas muy sensibles. Por ejemplo, se ve afectada la partida destinada a investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, que percibe una baja presupuestaria de $5.000 millones. Se recortan $25.000.000.000 en transferencias a los sistemas provinciales de salud, como las que financian el programa SUMAR+. El ajuste en acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica es de $20.000.000.000. En el área de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, de la que dependen los subprogramas de "Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas" y de "Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis en General" (por ejemplo, dengue), se recortan $1.500 millones. A los programas de "Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica" y"Abordaje de Curso de Vida", se les restan $1.000 millones menos cada uno. En el de "Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles", el recorte es de $500 millones. El Área de respuesta al VIH, "Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra" sufrirá una poda de $800 millones -en 2025, además, fue despedido el 40% del equipo técnico que lo integraba. Por su parte, el programa de "Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable" tendrá $900 millones menos, lo que profundizará la caída en la distribución de preservativos y anticonceptivos. Hace tiempo que referentes de hospitales y las organizaciones de personas con VIH en distintas provincias del país denuncian su faltante. El recorte afecta también al área de Salud Mental y consumos problemáticos: $120 millones menos recibirá la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Y se recorta el presupuesto destinado al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. En el marco del aumento de casos de enfermedades como Sífilis, Tuberculosis, Hepatitis B, Hepatitis C, la duplicación de casos de Hantavirus en nuestro país -y de un brote en un crucero que encendió las alarmas a nivel mundial- el ajuste en estas áreas de Salud es criminal. Como el gobierno liberticida no ha reunido el superávit comprometido con el FMI -por la caída de la actividad económica y de la recaudación- ha improvisado este hachazo al presupuesto público por un monto más o menos equivalente. La marcha federal de Salud Este miércoles 20, habrá una movilización desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo, convocada por sindicatos y juntas internas de distintos hospitales y asambleas de residentes. También convoca el Foro por el Derecho a la Salud. Entre los reclamos que encabezan la convocatoria se encuentran el rechazo al ajuste y el desfinanciamiento en salud, el desmantelamiento del programa REMEDIAR, el vaciamiento del PAMI, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el rechazo a la contrarreforma de la ley de salud mental. Sin dudas, el aspecto combativo lo imprime la participación de los residentes de los hospitales nacionales dentro de los cuáles se encuentran los del Hospital Posadas que resolvieron ir al paro ese día contra el recorte de cupos, despidos, falta de insumos y un aumento de la demanda lo que genera demoras en la atención. Sindicatos como CICOP y las delegaciones opositoras, la Asociación de Profesionales de Servicio Social de CABA (APSS), la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM), Federación de profesionales del GCBA, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otros, se pliegan a la movilización. El Cabildo Abierto impulsado por las organizaciones que intervienen en el Hospital Garrahan se reunió el día lunes para discutir y coordinar su participación. Todos a la marcha federal de la salud Este 20 tenemos una nueva oportunidad para llenar las calles contra el gobierno liberticida y el "ministro de prepagas" Mario Lugones. Impulsemos en todos los hospitales y centros de salud la más amplia participación y discutamos un programa: aumento del presupuesto, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por un sistema de salud único, estatal y gratuito, bajo el control de sus trabajadores; nacionalización sin indemnización de los grandes laboratorios y la anulación de las patentes privadas, para colocar al conjunto del aparato científico y tecnológico al servicio de las necesidades de salud de la clase obrera. Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341744/20260511

Desde que la agresión norteamericana-sionista contra Irán desatara una crisis energética internacional, el aumento del precio de los combustibles, fertilizantes y algunos minerales raros de especial importancia, no impactó en forma concluyente en la media de inflación de los principales países. Por la misma razón, tampoco afectó los mercados de deuda pública y, por lo tanto, la tasa de interés. Este desfasaje ha concluido: el índice de precios mayoristas en Estados Unidos, en mayo, alcanzó el 6 % anual, cuando la meta de la política monetaria de la Reserva Federal, para los precios minoristas, es del 2 % y la tasa efectiva de mercado orillaba el 4 %. La inflación incide negativamente en los bonos de la deuda pública y un mercado vendedor. Aumenta el costo del financiamiento del Estado; en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania el pago de intereses de la deuda pública se ha convertido en el rubro más elevado de los gastos presupuestarios. Para contener la inflación, la política económica oficial prescribe el aumento de las tasas de referencia que aplican los bancos centrales. La irracionalidad del planteo salta a la vista, pues el desequilibrio económico que se pretende corregir es el resultado de una guerra internacional que tiene pronóstico de escalar. Como el gasto público desatado por la guerra deberá aumentar, como lo prevén los propios Estados agresores, un aumento proporcional de los intereses de la deuda conducirá a una recesión ‘desordenada’, que se repartirá en forma extremadamente desigual. El paso siguiente será el racionamiento, como ocurre con todas las economías de guerra. En este contexto, los analistas abordan otra cuestión: el contraste entre el mercado de deuda pública, en baja (aumentando intereses), y el mercado de acciones y el de crédito privado en general, que ha venido subiendo al ritmo de la Fórmula 1. Las ganancias financieras han sido enormes, incluso desde la embestida de Trump “contra el resto del mundo’ –como se viene diciendo. El ascenso accionario es, sin embargo, extremadamente, desigual – el 50% de la suba ha sido acaparado por las dos decenas de compañías que producen semiconductores e Inteligencia Artificial. Space X, la empresa de Elon Musk, ha alcanzado una cotización de 1.3 billones de dólares, con Nvidia pisándole los talones a cierta distancia. Los patrones de estas compañías hicieron parte del elenco que acompañó a Donald Trump a la reunión con Xi Jinping. Estas empresas se financian en el mercado bursátil, cuando emiten nuevas acciones a cotizaciones superlativas. Pero un gran número de ellas lo ha hecho en el mercado de crédito privado, con la particularidad de que se han endeudado varias veces por encima de su capital sin haber ofrecido ganancias realizadas, pero que descuentan que serán históricamente elevadas. Lo que preocupa a los analistas es que un aumento de la tasa de interés afecte ahora al mercado accionario; en primer término, al panel de las llamadas acciones tradicionales, que pagarían las consecuencias de una recesión. Pero, por, sobre todo, a las Grandes Magníficas, como se las llama, debido al mayor costo de su endeudamiento elevado. La crisis mundial de 2007/9 tuvo su epicentro en las Bolsas, no en la deuda pública. Sólo el rescate del capital privado por parte del Estado, en esa crisis y en las posteriores (pandemia), ha llevado a la deuda pública a niveles de default. En resumen, escalada de la guerra, mayor inflación, suba de tasas de interés, recesión, acabarían con el desfasaje entre el mercado de títulos públicos y el mercado accionario, provocando el derrumbe de este último. El mismo resultado podría provocar un revés militar del imperialismo norteamericano o una multiplicación de rebeliones contra las consecuencias de la guerra internacional y contra ella misma. La interrelación de los escenarios de crisis financieras, podría acelerar los ritmos de ellas. Un aumento de la tasa de interés por parte del Banco de Japón, como ya viene ocurriendo, aceleraría la salida de inversiones niponas en Estados Unidos, donde hasta ahora obtenían un diferencial a favor; sería un movimiento de devaluación del dólar, en contradicción con el que impulsa su revalorización, mediante una suba de tasas en Estados Unidos. El eslabón más débil en esta crisis encadenada, es, posiblemente, Gran Bretaña, donde la cuestión de los títulos del Estado ha pasado a ocupar el centro de la crisis política. El impacto de estas sacudidas sobre China se daría en varios planos, en primer lugar, frente a una recesión internacional extendida. Provocaría un enorme revés en una economía que descansa sobre exportaciones elevadas crecientes, debido a una crisis de sobreproducción. Por otro lado, cerraría la apertura de fuentes de financiamiento, como se manifiesta en el éxodo de sus firmas hacia Singapur, que replica, en Asia, al mercado de Nueva York; el desarrollo del capitalismo en China ha sido financiado mayormente por el Estado y sus colaterales regionales y bancarias. El cierre de salidas a la crisis de sobreproducción sería, en China, una chispa eficaz para desatar protestas y rebeliones sociales. Pondría fin, de inmediato, a las fantasías de la burocracia china acerca de los “mercados abiertos” y la “multipolaridad”. La guerra imperialista internacional puede ser vista como un fenómeno súperestructural, o sea geopolítico. como ocurre con muchos analistas, pero ella es siempre la expresión del estallido de contradicciones indisolubles instaladas en el modo de producción capitalista y, más precisamente, en su época de declinación. Es también la manifestación de la incompatibilidad entre el carácter internacional alcanzado por las fuerzas productivas, por una parte, y los Estados nacionales, por la otra. La guerra mundial, de un lado, y la revolución internacional, del otro, no son más que dos salidas antagónicas a una misma contradicción, con la salvedad de que las guerras imperialistas reproducen esta contradicción hasta el infinito y la revolución internacional la supera históricamente.

Diez naciones, con el Reino Unido al frente, compartirán equipos, se adiestrarán de manera conjunta y elaborarán planes de guerra comunes para hacer frente a Rusia en el noroeste de Europa y el Ártico, según anunció el primer lord del Mar, el general sir Gwyn Jenkins. Jenkins calificó a Moscú de “amenaza creciente” y subrayó que Gran Bretaña y sus aliados necesitan la “capacidad de combate colectiva necesaria” para disuadirla en el ámbito marítimo. A comienzos de abril, el secretario de Defensa británico, John Healey, reveló que la Marina Real había seguido la pista a tres submarinos rusos que realizaban una operación “encubierta” sobre cables y gasoductos submarinos del Reino Unido. La inquietud ante la expansión de la Flota del Norte rusa, podría desembocar en un enfrentamiento militar directo con Moscú. Las recientes revisiones gubernamentales sobre defensa, seguridad y política exterior han descrito a Rusia como la "amenaza más grave" para la seguridad del Reino Unido. Como respuesta trabaja con sus socios para poner en marcha una nueva asociación de armadas del norte, una fuerza marítima multinacional destinada a defender el noroeste de Europa y el Alto Norte, con el Reino Unido a la cabeza. Esa fuerza estará compuesta por los diez países que integran la alianza militar ya existente denominada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés): Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia, a los que podría sumarse Canadá. La JEF, creada en 2014 no forma parte de la OTAN, pero pretendía complementarla, centrándose geográficamente en el Ártico, el Atlántico Norte y la región del Mar Báltico. A diferencia de ésta que opera de forma puntual, la nueva iniciativa aspira a convertirse en una fuerza permanente mucho más integrada. “La Marina Real Británica sería, con diferencia, la flota más grande de la alianza, seguida por los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Países más pequeños como Estonia poseen capacidades particulares en campos como la detección de minas” (inews.co.uk 29/4). Esta alianza se integró como bloque a la guerra en Ucrania en junio de 2023 cuando anunció un paquete de defensa aérea para ese país valorado en 92 millones de libras. El Reino Unido dispone de un plan maestro para articular esta iniciativa, plasmado en un acuerdo con Noruega el año pasado. Dicho pacto contempla que Gran Bretaña construya fragatas avanzadas Tipo 26 para Noruega y que ambos países operen una fuerza conjunta en la que se compartan personal, tecnología, equipos e instalaciones. Estos buques, conocidos también como Clase City, son modernas fragatas polivalentes diseñadas sobre todo para la guerra antisubmarina de última generación y constituyen uno de los programas navales más relevantes de los últimos años. La nueva alianza septentrional tendrá carácter “híbrido”, con buques tripulados operando junto a embarcaciones autónomas y drones. La Marina Real Británica ya ha recibido 20 embarcaciones no tripuladas. El general Sir Gwyn Jenkins reveló que un ejercicio de guerra puso a prueba el concepto de Armada Híbrida, y afirmó que proporcionó "pruebas claras de que nuestro enfoque híbrido ofrecerá un aumento significativo en la capacidad de combate”. El ejercicio de guerra “demostró que la Armada Híbrida generaba un aumento sustancial en la masa de combate, medida en términos de armas y sensores, que la capacidad de misiles se triplicó al nivel necesario para ganar una contienda en el Atlántico Norte" (ukdefencejournal.org.uk, 29/4). El belicismo es ensalzado en forma descarada. Guerra híbrida Uno de los principales motivos esgrimidos para crear esta fuerza es que, en caso de confrontación militar con Rusia, las fases iniciales serían “probablemente confusas y poco definidas”, ya que Moscú recurriría a la guerra híbrida para ocultar sus movimientos e intenciones. “En tal escenario, a los funcionarios del Reino Unido les preocupa que la alianza de la OTAN, en su conjunto, pueda tardar en formular su respuesta, mientras que la iniciativa de las Armadas del Norte podría actuar con mayor rapidez y flexibilidad” (inews.co.uk). Se trata de contramedidas apremiantes ante la crisis de la OTAN. La insistencia con el carácter “híbrido” de la guerra y la exaltación de los medios técnicos busca ocultar que, así como los drones no pueden suplantar las tropas en el terreno para consolidar las posiciones conquistadas, las plataformas tripuladas siguen siendo la columna vertebral de cualquier ejército, esto es, la movilización general de la sociedad para la guerra, y potencialmente su resistencia a ella. Los sistemas basados en inteligencia artificial han reducido los plazos de decisión, y la elección de objetivos, como se atribuye al ejército de EEUU en el ataque con misiles Tomahawk contra una escuela de niñas en Iran, donde tanto los programas de Palantir como Anthropic habrían generado miles de objetivos en cuestión de minutos. Los choques de Trump con sus aliados europeos han sembrado dudas sobre si Estados Unidos acudirá en auxilio del Reino Unido en el Atlántico Norte, en especial si estuviera envuelto militarmente en otros conflictos, como un eventual choque con China en el Indo-Pacífico. Las recientes dificultades de Washington para imponerse a Irán han llevado a algunos analistas de defensa a preguntarse si el país está realmente en condiciones de librar dos guerras en teatros distintos al mismo tiempo. Mientras Washington busca apoyos que le permitan arrebatarle a Irán el control del estrecho de Ormuz, tacha de "absurda" la propuesta franco-británica de crear patrullas defensivas independientes una vez el conflicto termine: “Trump ha reprochado al Reino Unido su falta de apoyo en la ofensiva contra Irán, llegando a burlarse de sus portaaviones, que calificó de «juguetes»” atiza RT (30/4). Recuerda que pese a que Londres advirtió públicamente que confiscaría los petroleros de la 'flota fantasma' rusa que navegaran en aguas británicas, el Reino Unido no ha llevado ninguna acción al respecto. “De hecho, Rusia ha ignorado las amenazas, escoltando con fragatas a sus buques sancionados por el estrecho de Dover, [Canal de la Mancha] lo que permitió que 98 petroleros incursos en sanciones hayan cruzado aguas del Reino Unido desde entonces” (ídem). Esta nueva alianza naval del norte, es un nuevo capítulo en la frenética carrera de rearmamento que sacude al imperialismo mundial. Mientras los gobiernos preparan la guerra, híbrida o directa contra sus rivales, la clase obrera paga con miseria, inflación y el riesgo de una catástrofe mayor.

El director de la CIA, John Ratcliffe, voló a La Habana el jueves pasado para reunirse con el nieto del expresidente cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro y altos cargos del gobierno. La visita se realizó en medio de una crisis humanitaria acuciante. También esta misma semana el gobierno norteamericano redobló las sanciones contra la Isla y ha amenazado con procesar al expresidente Raúl Castro (2008-2018) por acontecimientos de hace casi 30 años. Al mismo tiempo se ha registrado una cantidad récord de vuelos de inteligencia y vigilancia de Estados Unidos sobre la Isla. El temario de la reunión con el director de la CIA permaneció en un estricto secreto. Un comunicado de EEUU asegura que las conversaciones incluyeron “cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y cuestiones de seguridad. Según el New York Times (15/5), Ratcliffe “visitó la zona para presentar una exigencia tajante: cerrar las estaciones de escucha rusas y chinas y tomar medidas para reabrir la economía”. El departamento de Justicia de EEUU ha dejado trascender la intención de procesar a Raúl Castro por el derribo, en 1996, de las avionetas de la organización de exiliados Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate), un grupo de provocación contra Cuba. CBS News cita a funcionarios estadounidenses no identificados. “En lo que quizás sea el secreto peor guardado del sur de Florida, los fiscales federales de Miami están trabajando para lograr una acusación formal contra Castro”, afirma el NYT (15/5). El número de acusados y los cargos exactos aún están en discusión, pero podrían incluir también cargos por tráfico de drogas. Se trata de los mismos argumentos, que luego fueron desechados, que la administración Trump utilizó en la acusación federal contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, como pretexto para un secuestro en Caracas en enero pasado. Mientras tanto, Estados Unidos también ha incrementado los vuelos de reconocimiento militar y de inteligencia alrededor de la Isla. Se realizaron al menos 25 vuelos de vigilancia e inteligencia utilizando aeronaves tripuladas y drones desde principios de febrero. Brian Latell, ex analista de la CIA, afirmó no recordar semejante despliegue ni siquiera durante la Guerra Fría. La mayoría se realizaron cerca de La Habana y Santiago de Cuba. Para algunos analistas, estos vuelos forman parte de lo que se prevé sería una incursión militar semejante a la realizada en Venezuela. El incremento de los vuelos, sin embargo, ha sido llamativamente público. “Este tipo de misiones de inteligencia suelen realizarse en secreto. El uso de aeronaves visibles públicamente demuestra que el gobierno estadounidense parece interesado en intimidar a los funcionarios del gobierno cubano y hacerles sospechar que podría haber una acción militar”, asegura el NYT (13/5). “Se desconoce si el ejército estadounidense se está preparando para una incursión similar [a la de Venezuela] en Cuba, aunque probablemente la operación no sea inminente. Un gran número de efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, en caso de que se reanuden las hostilidades contra Irán” (ídem). Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba han provocado la salida la semana pasada de la minera canadiense de cobalto y níquel Sherritt, asociada al grupo Gaesa, el más poderoso conglomerado de empresas en Cuba, bajo control de los militares. El gobierno de Estados Unidos otorgó a las empresas extranjeras un mes para liquidar cualquier negocio que mantengan con Gaesa. La reunión del director de la CIA se realizó con altos funcionarios cubanos de seguridad e inteligencia. El protagonismo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, causó inquietud entre algunos sectores cubanos, “que se quejaron de que el nieto de Raúl no ostenta ningún cargo oficial en el gobierno” (The Guardian, 15/5). La principal sospecha es que Estados Unidos está intentando forzar una división en el gobierno. Para desmentir esta versión, el presidente de la Isla, Miguel Díaz-Canel, ofreció una rueda de prensa para confirmar las conversaciones y la participación de Castro. En un comunicado del periódico estatal Granma, se explica que la "dirección de la revolución aprobó la realización de esta visita" de la CIA. La “dirección de la revolución” incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no necesariamente ocupan cargos en el Gobierno. “A diferencia de Maduro, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel es considerado una figura decorativa al frente de un Partido Comunista altamente organizado y una infraestructura militar que controla todos los aspectos del poder nacional” (Washington Post, 14/4). Un diplomático cubano que habló bajo condición de anonimato para el Washington Post, afirmó que “existe la sensación general de que Díaz-Canel no puede permanecer mucho tiempo más en el cargo” (ídem). Las reuniones bilaterales secretas se vienen sosteniendo desde hace varias semanas Según algunos medios, Raúl Guillermo Rodríguez Castro se ha convertido en la “eminencia gris” de la diplomacia secreta cubana. Medios estadounidenses confirman que Rodríguez Castro ya había sostenido un encuentro preparatorio en febrero con el secretario de Estado, Marco Rubio, en San Cristóbal y Nieves, allanando el camino para la crucial cita de La Habana. Junto al nieto de Castro se sentó el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, jefe supremo del aparato de control social. En otras palabras, las reuniones con la CIA las lleva adelante el ala militar del gobierno cubano. “Para la Casa Blanca, tratar con los herederos de la seguridad del Estado y la familia Castro –en lugar de la burocracia civil del presidente Miguel Díaz-Canel– responde a una certeza analítica: en Cuba, el poder real sigue vistiendo uniforme y respondiendo al apellido histórico” (Perfil, ídem). Pero el poder militar no es sólo militar: este sector dirige lo que se ha llamado un verdadero "Estado paralelo" con la empresa Gaesa. Según el Financial Times (18/5), es justamente el “hermético grupo Gaesa” el que “está en el centro de las conversaciones con la administración Trump”. Los dominios de Gaesa representan hasta el 40% del PBI del país, según algunas estimaciones. Algunos economistas cubanos sostienen que “Gaesa se ha convertido en un poderoso interés creado para las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia —un complejo militar-industrial cubano”. El FT afirma que “cualquier negociación que busque impulsar el sector privado en la isla tendrá que enfrentarse a la enorme influencia política y económica de Gaesa”. Desde su creación, durante el “período especial”, luego de la disolución URSS, Gaesa tomó el control de un número significativo de hoteles del país, así como de empresas de importación y exportación, supermercados, gasolineras, fábricas, puertos, bancos, etc. “Como resultado, Gaesa domina muchos de los sectores de la economía que generan divisas, algo que a Cuba le falta desesperadamente” (ídem). Hasta su fallecimiento en 2021, Gaesa fue dirigida durante más de una década por Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un general que era yerno de Raúl Castro. Su hijo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que lleva las negociaciones con Estados Unidos, tiene estrechos vínculos, se cree, con los actuales líderes de Gaesa. Para Tom Shannon, ex alto funcionario del Departamento de Estado: "El hecho de que estemos llevando a cabo conversaciones a través de nuestros servicios de seguridad pone de manifiesto que nuestro propósito no es el cambio de régimen, sino la gestión del régimen". Hace algunas semanas, el NYT se preguntaba si alguno de los miembros de la dinastía Castro que tomó el control de las negociaciones con Estados Unidos podría ser “la "Delcy cubana” (28/3). El diario argentino Perfil asegura que fuentes norteamericanas confirmaron que “Washington dejó de lado las exigencias maximalistas de una transición democrática formal inmediata, concentrando su presión en dos demandas pragmáticas: una profunda liberalización de la economía privada cubana y el fin de la cooperación estratégica militar con Rusia y China en el Caribe”. Pero el secretario de Estado, Marcos Rubio, ha sugerido que Estados Unidos podría conformarse con amplias reformas económicas al sistema cubano en lugar de cambios drásticos en su estructura política. En una entrevista, el miércoles 13, con Fox News, Rubio afirmó que dudaba que fuera posible “cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén al mando de ese régimen”. Rubio también puso sobre la mesa la exigencia del regreso de los cubanos expatriados a la isla como residentes, inversionistas o ambas cosas, en particular los 1,3 millones de cubano americanos en Estados Unidos. Rubio también destacó la importancia de los “importantes yacimientos minerales” y la existencia en Cuba de “algunos de los minerales de tierras raras, algunos de los mejores del mundo”. La política del gobierno cubano hacia el interior de la isla sigue siendo de completo hermetismo. El Granma “informó” que la reunión tuvo como objetivo abordar "la situación actual" entre ambos países, sin mayores detalles. El gobierno cubano presentó la visita de Ratcliffe como un intento de reducir tensiones, “en un contexto marcado por la complejidad de las relaciones bilaterales, con el objetivo de contribuir al diálogo político entre ambas naciones”. En su comunicado, agregó que los intercambios permitieron demostrar que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”, además de rechazar las acusaciones vinculadas a una supuesta presencia china en la isla. “Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", subraya el texto. El comunicado del gobierno cubano concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional". El gobierno de Díaz-Canel respondió a las presiones de Estados Unidos con la campaña "Mi firma por la patria", en defensa de la soberanía nacional. El gobierno no ha informado cuántas firmas ha logrado recoger. Mientras tanto, la crisis eléctrica ha provocado nuevas protestas en distintos puntos de la isla donde los apagones esta semana han durado hasta 22 horas seguidas. Vecinos de distintos barrios de La Habana realizaron cacerolazos y protestas callejeras al grito de “¡Enciendan las luces!”. Cerca del 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes 12 pasado. La crisis se va a agudizar con la suba de las temperaturas, con la llegada del verano. La gente tiene dificultades para dormir sin ventiladores o para mantener los alimentos refrigerados. El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, aseguró públicamente que ya “no tenemos absolutamente nada de combustible ni absolutamente nada de diésel. No tenemos reservas”. Esa misma noche, en La Habana se golpearon cacerolas y sartenes y quemaron barricadas en las calles. También se reportaron enfrentamientos con la policía. Los apagones obligan a muchos cubanos a dormir en las terrazas para escapar del calor, mientras que otros se despiertan a horas intempestivas cuando hay una breve ráfaga de luz para preparar café, cargar los teléfonos y cocinar la comida del día siguiente. La situación se ha vuelto insostenible. Mientras tanto, Cuba divulga cómo actuar en caso de ataque de Estados Unidos (Deutsche Welle) y algunos medios han publicado que Rusia habría enviado 300 drones, describiendo posibles ataques al estado de Florida en caso de una invasión norteamericana. Se diseñaría otro caso de guerra asimétrica, lo que supondría la existencia o necesidad de un arsenal mayor por parte de Cuba. Los acontecimientos en Bolivia, por otro lado, han suscitado un pronunciamiento conjunto de los gobiernos del Escudo de las Américas, en apoyo del gobierno de Paz –el primer paso para una intervención militar extranjera. Es necesario llamar a las masas latinoamericanas a una movilización internacional en defensa de Cuba (y de Bolivia). En cuanto a Cuba, se impone el reclamo de que el gobierno publicite sus negociaciones con la CIA y abandone la diplomacia secreta, para que el pueblo cubano tome en sus manos la respuesta a esta avalancha imperialista. Lejos de esto, Díaz Canel ha aceptado que la Iglesia distribuya una ‘ayuda humanitaria’ de 100 millones de dólares provista por el mismo Trump. La “ayuda humanitaria” es un pretexto para la infiltración de las ONGs del imperialismo y para justificar a gobiernos, como el de México, que se sirve de ese auxilio para justificar su aceptación del bloqueo establecido por Trump. Es necesario plantarse políticamente, con el entendimiento de que hay que defender a Cuba sin condiciones, con un planteo político independiente de su gobierno.

La rebelión de los trabajadores y campesinos de Bolivia aún se encuentra en desarrollo. Pero ya nos deja conclusiones. En primer lugar, es una bofetada al mundo de los lugares comunes, que atribuían una victoria ‘cultural’ a la ultraderecha, o sea a una conquista ‘ideológica’ de las masas. La salida ‘monotributista’ del individualismo se ha pulverizado con el ascenso espectacular de la miseria social y del avance mundial de la guerra imperialista. En Argentina, las burocracias sindicales de todos los pelajes, y sus mandantes políticos en el peronismo, el kirchnerismo e incluso en la “izquierda” se montaron en el argumento de que Milei había “conquistado” a la población trabajadora, para promover el inmovilismo. “La situación no da”; este pretexto ha servido para llevar a la derrota a los obreros de FATE. Pero al “Milei boliviano”, la ‘victoria cultural’ no le ha durado seis meses. Los tarifazos en los combustibles y la perspectiva de una vasta confiscación de tierras agrarias ha desatado un movimiento de huelgas y piquetes, que desafía al gobierno derechista de Paz Pereira. El fascistoide boliviano ha respondido en su ley: con maniobras de cooptación hacia las direcciones de lucha, por un lado, y acciones represivas contra los obreros y campesinos de los piquetes, por el otro. Milei ha respondido a esta rebelión como lo hicieran Bullrich y Macri en 2019: enviando pertrechos para la represión, disfrazados de supuesta “ayuda humanitaria”. Ahora lo hace bajo los términos del “Escudo de las Américas”, el acuerdo militar pergeñado por Trump para colocar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los gobiernos derechistas bajo la batuta del Pentágono. En los valientes bloqueos de los explotados del Altiplano, aflora la memoria revolucionaria de su clase obrera. En Bolivia avanza la huelga general, o sea, la huelga política de masas. Es también la consigna más oída en las columnas de las marchas masivas en Argentina. Es precisamente cuando la lucha adquiere un carácter de masas, que se manifiesta con fuerza su crisis de dirección revolucionaria. En lugar de militar los bloqueos y las huelgas para crear un poder obrero frente al poder del Estado, las corrientes ‘nacionales y populares’ de Bolivia, e incluso las izquierdistas, buscan una salida dentro del sistema. Por encima de estas corrientes operan Trump, China y Alemania para quedarse con el cobre, el oro, el litio y los minerales raros de Bolivia. En oposición a las roscas ‘nacionales, populares’ e izquierdistas, es necesario desarrollar en el curso de la lucha a las organizaciones “de doble poder” -comités, coordinadoras, asambleas autoconvocadas-. En Bolivia no está planteado el destino de un gobierno, sino una cuestión de poder político. Movilicemos con toda fuerza la solidaridad internacionalista con los trabajadores de Bolivia. Fuera Trump de América Latina, rechacemos el asalto imperialista a Cuba. Por la Unidad Socialista de América Latina.

Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad israelí, publicó hoy un video donde expresó "Así es como recibimos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel" y se ve a los detenidos de la flotilla Global Sumud -interceptados el pasado lunes 18 de mayo- maniatados, siendo arrastrados por el puerto. Netanyahu salió rápidamente a reprenderlo públicamente diciendo que ese trato “no se ajusta a los valores y normas de Israel” y pidió que deporten lo antes posible a los cautivos (Clarín, 20/05). Es particularmente cínico porque los “valores y normas de Israel” no tiemblan al momento de asesinar a civiles palestinos e iraníes. Por más que el primer ministro intente limpiar su imagen, sus manos están llenas de sangre de inocentes. Las transmisiones en vivo emitidas por los propios tripulantes confirmaron el momento exacto en que naves de la Marina israelí rodeaban los buques civiles y procedían al abordaje a punta de fusil de asalto, a 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre, dentro de su zona de Búsqueda y Salvamento (SAR) y a unas 250 millas de la costa de Gaza. Las imágenes retransmitidas mostraron a sus tripulantes con chalecos salvavidas y las manos en alto, mientras la unidad naval de élite sionista Shayetet 13 asaltaba las cubiertas en pleno día y obligaba a los activistas a amontonarse en la proa, antes de que las transmisiones se interrumpieran bruscamente (Euronews, 18/05). Con un despliegue de cuatro buques de guerra y seis lanchas rápidas, la Armada israelí consumó la confiscación de las naves y el secuestro de decenas de militantes para trasladarlos por la fuerza hacia el puerto de Ashdod. En este momento, no hay comunicación con 23 de las embarcaciones que participan de la flotilla (ANSA, 18/05). Para preparar el terreno de esta cacería en alta mar, el Ministerio de Exteriores israelí emitió un comunicado catalogando la misión humanitaria como una "provocación" (Infobae, 18/05). En una burda maniobra de criminalización masiva, el sionismo pretendió justificar el uso de sus tropas de élite agitando el fantasma de "organizaciones violentas" por la presencia de la ONG islámica turca IHH (ANSA, 18/05). Tel Aviv declaró formalmente que el asalto busca impedir que se "perturbe el progreso del plan de paz del presidente Trump" (Euronews, 18/05). Esta confesión desnuda que el gendarme sionista actúa como el brazo armado y ejecutor de los dictámenes estratégicos de Washington, usando el terror militar para encubrir un atropello contra cerca de 500 médicos, abogados, periodistas y activistas civiles de unas 70 nacionalidades (SANA, 18/05), que se movilizan contra el genocidio del pueblo palestino. Thiago Ávila, miembro del Comité Directivo Global de Sumud Flotilla y exsecuestrado, declaró que 50 barcos fueron interceptados y que, de los 500 activistas, secuestraron a 426. “Son criminales de guerra. Eventualmente responderán a todo esto en La Haya y por la justicia del pueblo” (AA, 20/05). El abordaje ilegal de la flotilla Sumud contó con el amparo directo de la República de Chipre (sur), un Estado miembro de la Unión Europea que viene estrechando a paso firme una alianza militar y económica con el Estado de Israel, motivada por la codicia sobre los yacimientos de gas natural bajo el lecho marino (DW, 18/05). Las aguas de Chipre se encuentran en el corazón de la guerra de agresión que Estados Unidos e Israel desataron a comienzos de marzo de 2026 contra Irán. La isla alberga la base militar británica de RAF Akrotiri, un enclave estratégico utilizado por el imperialismo yanqui para operar sus aviones espía U-2. Este nuevo zarpazo criminal es la respuesta desesperada de los gobiernos de la guerra frente al fracaso de sus métodos de intimidación previos. El violento asalto del pasado 30 de abril al sur de Grecia no logró amedrentar al movimiento, a pesar de que la Marina israelí saboteó las naves y secuestró ilegalmente a más de 170 activistas, trasladándolos a Creta para ser deportados tras someterlos a golpizas y vejaciones de violencia física y sexual (ANSA, 18/05). Ni las torturas contra el corresponsal de este diario, Lino Figueroa (Diario Socialista, 18/05), ni el secuestro en las mazmorras de Ashkelon de los compañeros Saif Abukeshek y Thiago Ávila -quienes debieron ser liberados sin cargos tras una tenaz huelga de hambre -hicieron retroceder la iniciativa. Al contrario, tras reorganizarse en las costas de Turquía, la Flotilla volvió a zarpar el 14 de mayo multiplicando sus fuerzas hasta congregar 60 embarcaciones coordinadas dispuestas a quebrar el bloqueo genocida. El protocolo de intercepción ejecutado hoy contra la delegación en la que navegan militantes argentinos ocurre bajo el amparo directo de los ["Acuerdos de Isaac"] ( https://politicaobrera.com/16124-milei-en-israel ) firmados por Javier Milei en Tel Aviv, integrando de hecho al Estado argentino en el andamiaje de inteligencia que encubre estos actos de piratería internacional en el Mediterráneo. ¡Abajo el asalto a la Flotilla Sumud! ¡Abajo los "Acuerdos de Isaac" y toda relación diplomática, económica y militar con el Estado genocida de Israel! Movilicémonos por el derrocamiento de los gobiernos de la guerra. Socialismo o barbarie. Fuentes: https://redeco.com.ar/internacional/76569-nuevo-secuestro-de-la-flotilla-sumud https://diariosocialista.net/2026/05/18/israel-vuelve-a-interceptar-la-global-sumud-flotilla-rumbo-a-gaza/ https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/18/israel-advierte-a-la-flotilla-a-la-altura-de-chipre-que-de-marcha-atras/ https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mundo/2026/05/18/israel-confisca-barcos-de-la-flotilla-de-gaza-en-costas-de-chipre._7f9543e6-9588-489b-8794-96a880869219.html https://es.euronews.com/my-europe/2026/05/18/flotilla-gaza-interceptada-fuerzas-israelies-frente-chipre https://www.dw.com/es/por-qu%C3%A9-chipre-es-un-punto-d%C3%A9bil-en-el-plan-de-defensa-europeo/video-77174003 https://www.rionegro.com.ar/mundo/sri-lanka-chipre-turquia-y-azerbaiyan-la-guerra-con-iran-se-extiende-mas-alla-de-medio-medio-4490858/ https://politicaobrera.com/16231-flotilla-global-sumud-torturas-del-shin-bet-y-la-complicidad-de-los-gobiernos-de-la-guerra https://sana.sy/es/world/2311319/ https://www.aa.com.tr/en/world/global-sumud-flotilla-member-calls-israeli-interception-of-gaza-bound-convoy-another-war-crime-/3943395 https://www.clarin.com/mundo/escandalo-israel-ministro-seguridad-humilla-maltrata-tripulantes-flotilla-gaza-comparte-imagenes-redes_0_O54cYd8zK8.html

El lunes pasado, el gobierno nacional ratificó la continuidad de Jan de Nul y DEME, las dos empresas belgas en el proceso licitatorio de la Hidrovía. Este martes se procedió a la apertura de la oferta económica que realizaron ambas empresas, y ambas ofertaron por el mismo monto. Sucede que la oferta económica por la licitación contenía un ardid, ya que el gobierno nacional incluyó en los pliegos un esquema de bandas con una tarifa mínima para la primera parte de la concesión y las dos empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Por ende, ambas ofertaron por un monto de U$D 3,8 por tonelada transportada. Ante este “empate técnico”, el gobierno nacional, a través de la Administración de Puertos, volverá a revisar la propuesta técnica, en la que se había impuesto Jan de Nul. En su momento, desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalaron que en la instancia técnica se presentaron irregularidades de todo tipo. La fiscalía anticorrupción, la pasada semana, elaboró un dictamen donde señala que la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento” (El Destape, 19/5). Según José María Lojo, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y extitular del Consejo Portuario Argentino “la licitación estuvo direccionada. Se sabía que tal como habían sido redactados los pliegos, el mejor posicionado sería Jan de Nul y la oferta económica se volvía una trampa. ¿Casualmente las dos empresas ofertaron el mismo valor para la tarifa?”. Por su parte, desde el Ministerio de Economía afirmaron que no hubo una instancia de impugnaciones entre las empresas, una verdad a medias, ya que en fases precedentes se acusaron mutuamente de tener vínculos con dragadoras de capitales chinos. En la segunda instancia del proceso licitatorio, desde DEME denunciaron que China buscaba intervenir de manera indirecta y que, más precisamente, los capitales asiáticos se encontraban detras de Jan de Nul. Un mes atrás, Arthur Van Desande, asesor de DEME, señaló que “Jan de Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (...), lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina”, y advirtió que “el riesgo que representa China es demasiado alto como para permitirle un control absoluto sobre la Vía Navegable Troncal (...) la seguridad nacional de Estados Unidos y Argentina está en juego” (La Nación, 15/4). Por su parte, desde Jan de Nul denunciaron vínculos de DEME con China, tanto en Ecuador como en la licitación corta de la Hidrovía en 2022, donde integró un joint venture con firmas de ese origen. Para no naufragar nuevamente en la licitación, el gobierno nacional limitó la participación de empresas que hayan sido sancionadas por organismos multilaterales debido a distintos incumplimientos y aquellas que tengan participación estatal, incluida YPF. El DNU fue hecho a medida para desplazar a los capitales chinos y en esta línea de acción la empresa estatal CCCC Shanghai Dredging quedó fuera de la licitación en sus fases preliminares y, con ella, todas las empresas chinas. Un dato no menor es que el país asiático es el principal comprador de los productos que salen por la Hidrovía. En el comunicado del Ministerio de Economía obviaron mencionar el dictamen de la PIA sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental asociados a la ampliación del calado en algunas zonas del río Paraná, y señaló que la última actualización de un estudio de este tipo data de 2006. Pablo Payró, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, explicó que “los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: que un buque oceánico pueda ingresar 500km dentro de un continente. En la licitación no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión; se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras (las empresas extranjeras que son las principales beneficiarias en todo este proceso), que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias”. Lobby desenfrenado La privatización de la Hidrovía, que junto con la del Belgrano Cargas son las dos más importantes que lanzó el gobierno liberticida, está cruzada por intereses de toda índole, teniendo en cuenta el negocio millonario que se anida detrás del control de la vía navegable, una de las más importantes del mundo por los volúmenes de cereales, harina, aceite y parte de la industria automotriz (y otras yerbas) que se transportan anualmente. En definitiva, el control de la ´autovía fluvial´ es una cuestión de poder. Detrás de Jan de Nul se encuentra la argentina Servimagnus, empresa de la familia Román. Por su parte, DEME va a la carga con las dragadoras norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR. Jan de Nul, la principal apuntada para hacerse de la concesión, cuenta con un complejo entramado político-empresarial de larga data. En 1995, con el apoyo del Grupo Emepa del empresario Gabriel Romero, se hizo de la concesión. Básicamente Jan de Nul puso a disposición un conjunto de conocimientos prácticos y experiencia en el área, que el empresariado argentino no tenía para dragar el Paraná. Al mismo tiempo el Grupo Emepa se hizo de la concesión del Belgrano Norte. Romero figura como arrepentido en la causa Cuadernos, en la que confesó que pagó coimas por U$D 600.000, para que el gobierno de CFK le extendiera por decreto la concesión de la explotación del tramo del río Paraná-Paraguay, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional (La Nación, 19/5). El empresario “también reveló que le entregaba al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un retorno de 10 % a 15 % de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de US$ 500.000 para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte” (ídem). La sociedad Jan de Nul y Romero se dividía el negocio de la Hidrovía ‘fifty-fifty’. Al comenzar la causa Cuadernos, los belgas se despegaron de Romero para no quedar pegados en los casos de corruptela. En el truncado proceso de licitación, que viene desde finales del gobierno de los Fernández y atravesó todo el gobierno de Milei, actores con fuertes intereses en el negocio señalan que Jan de Nul es la “elegida” para quedarse con la concesión. De hecho, cuando se cae la primera licitación, la misma se anuló horas antes de que se abran los sobres con las ofertas económicas, cuando la PIA dio a conocer que en los pliegos había requisitos que sólo podía cumplir Jan de Nul. Entre las firmas que aparecen como apuntadas en este esquema, que cuenta como mascarón de proa a Jan de Nul, se encuentran una de las patas de la “patria contratista”: el Grupo Neuss, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que se han hecho de varias licitaciones estatales, en especial en los rentísticos sectores energético y petrolero. Los hermanos Neuss tienen llegada directa al gobierno libertario, ya que son muy cercanos a Santiago Caputo y financistas de la Fundación Faro, el ’think tank’ libertario, encabezado por el ultramontano de Agustín Laje. Este entramado es coronado con la presencia de Iñaki Miguel Arreseygor, que está al frente de la ANPyN. Por su parte, DEME, que viene denunciando insistentemente que los pliegos favorecen a su rival, ya que uno de los requisitos que más puntaje otorga en la instancia técnica es el de contar con la “experiencia en una explotación similar”, no está exenta de controversias. En febrero de 2025, cuando se cayó el proceso licitatorio, Iñaki Arreseygor en su presentación ante el Congreso dio a entender que DEME operó a través de estudios de abogados, medios de comunicación y políticos que orquestaron la caída del proceso que terminó con la nulidad. Arreseygor señaló al exministro Guillermo Dietrich y a Mauricio Macri por haber operado en favor de DEME desde las páginas del diario La Nación. En su reciente viaje a Estados Unidos, Santiago Caputo mantuvo reuniones reservadas con funcionarios norteamericanos. Primero fue citado por Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y luego se reunió con Michael Jensen, asesor especial de Trump sobre Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Mast, dando cuenta del interés norteamericano en la Hidrovía, declaró ante el sitio The Floridian que “los Estados Unidos acaban de asistirlos con U$D 20.000 millones, y que no se permita a empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros”. Concretamente, los funcionarios trumpistas le transmitieron al asesor presidencial su inquietud por la penetración de capitales chinos en sectores estratégicos de la Argentina. En las reuniones paralelas que mantuvo Caputo estuvo flanqueado por Barry Bennett, socio en la firma Tactic Global, del argentino Leonardo Scaturice, el presunto exagente de inteligencia que hoy es dueño de Flybondi y de OCA. Además de la Hidrovía, en las reuniones surgió la cuestión del puerto de Ushuaia y la cuestión energética. Los funcionarios y lobbystas norteamericanos le hicieron saber a Caputo que en los EE. UU. circula la sospecha de que detrás de Servimagnus, socia de Jan de Nul, se encuentra la injerencia de la República Popular de China. También le señalaron que el pliego de la licitación favorecería a Jan de Nul en detrimento del encabezado por Deme, con capitales norteamericanos detrás. “Hay informes de los Estados Unidos que sugieren el vínculo. A Santiago le avisaron que esos informes estaban”, apuntó una fuente al tanto de las conversaciones. (La Nación, 15/5) Estas reuniones se dieron en el marco de la cumbre entre Trump y Xi Jingping, en la que este último planteó una nueva “estabilidad estratégica”, pero ante un tema estratégico, como lo es la Hidrovía, el “American First” tiene su primacía en la agenda hemisférica de los Estados Unidos. Todo un desafío para el gobierno de Javier Milei que, si bien mantiene un rabioso alineamiento político, económico y militar con Estados Unidos e Israel, nunca descuidó sus vínculos con China, a quien el presidente argentino llegó a definir como “un gran socio comercial” (ídem). La licitación ha encontrado un nuevo escollo que el Gobierno busca sortear rápidamente para satisfacer los intereses norteamericanos, del capital agroexportador y de la “patria contratista”, quienes buscan reforzar el control del comercio, el contrabando y la apropiación de recursos naturales a manos de las grandes cerealeras y el Comando Sur, que ya opera en el río Paraná por medio de técnicos militares.

Los trabajadores ferroviarios de Nueva York fueron a la huelga, afectando el servicio del Long Island Rail Road (LIRR), el sistema de trenes suburbanos más usado de Estados Unidos. La situación explotó el fin de semana pasado y dejó a cientos de miles de personas sin servicio Manhattan. El conflicto venía desde hacía meses entre la Metropolitan Transportation Authority (MTA), que administra el sistema, y cinco sindicatos ferroviarios que representan a la mitad de los trabajadores del servicio. Los trabajadores reclamaban principalmente la recomposición salarial y mejoras en las prestaciones de salud. El reclamo de los sindicatos era un 5 % para 2026 y aumentos retroactivos del 3 % para 2023, del 3 % para 2024 y del 3,5 % para 2025. El reclamo total era de un 14,5 % de incremento, 3,5 puntos por debajo de lo perdido frente a la inflación. Desde 2022 no había recomposición y este fue uno de los períodos de mayor inflación -18 %- en una de las ciudades con el costo de vida más alto del país. Para la gobernación y la MTA, la situación se hizo insostenible el lunes, cuando Nueva York retomó las tareas habituales. La MTA había informado el viernes por la tarde que el servicio limitado de autobuses que ofrecería solo podría dar cabida a unos 13.000 pasajeros por la mañana y otros 13.000 por la tarde. El aumento de los combustibles y los peajes -se inauguraron nuevos cobros para entrar y salir de Manhattan- también recrudece el costo de reemplazar el transporte ferroviario para los usuarios. Los sindicatos y la MTA llegaron a un acuerdo que fue anunciado la noche del lunes por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Sin embargo, aunque la huelga concluyó oficialmente, el servicio del LIRR no se reanudó de inmediato. Los sindicatos acordaron un 4,5 % de aumento para 2026 más un pago único de 3.000 dólares, pero la paritaria se extiende hasta mediados de 2027. Al ritmo que va la inflación en Estados Unidos, motorizada por la guerra, el acuerdo apuesta a una licuación aún mayor de la recomposición salarial, que está muy por debajo de lo perdido realmente. Uno de los factores que jugó a favor de la rápida resolución del conflicto -una vez iniciada la huelga- fue la intención de la gobernadora de ser reelecta en noviembre. Entre Kathy Hochul y Donald Trump se estuvieron echando culpas por el conflicto. Antes de eso, la gobernadora -de cuño demócrata- emitió un comunicado condenando la huelga como “temeraria” y argumentando que las demandas sindicales amenazan con encarecer demasiado las tarifas para los pasajeros, llevando los aumentos del año próximo al 8 % en vez del 4 %. También amenazó con retener los salarios de los huelguistas. “Los usuarios del transporte público están lidiando con disfunciones innecesarias y miles de trabajadores sindicalizados del LIRR se ven obligados a quedarse sin sueldo debido a las decisiones tomadas por un pequeño grupo de líderes sindicales”. Sin embargo, los sindicatos llegaron a la huelga después de haber respetado cuidadosamente todos los obstáculos legales que limitan las huelgas: la mediación, los períodos de reflexión y los comités gubernamentales que evalúan las posiciones de negociación. En Estados Unidos, los ferroviarios, por ser trabajadores considerados esenciales, tienen un régimen especial que les impide tomar inmediatamente medidas de fuerza que sean consideradas legales. Esto les había permitido a los sindicatos que nuclean a los trabajadores del LIRR evitar las huelgas desde 1994, cuando ocurrió la última, pese al evidente deterioro salarial. A los ferroviarios del LIRR se los considera trabajadores bien pagos, pero eso se debe a la cantidad desmesurada de horas extras que realizan. El otro factor que ayudó a que se resolviera la huelga en contra de los trabajadores fue la complicidad del TWU con el MTA. El TWU es el sindicato que nuclea a los trabajadores del metro y de los autobuses urbanos, cuyos contratos estaban vencidos y que, aun así, no aprovecharon para sumarse a la huelga. Este sindicato entregó el derecho de huelga en 2008 a cambio de mantener la afiliación sindical compulsiva. En otras huelgas ferroviarias interviene el Congreso, como lo hizo en 2022 para impedir una huelga nacional de transportistas ferroviarios de mercancías porque representaba una amenaza para la economía nacional. El Congreso tampoco actuó en 2025, cuando el sindicato de ingenieros de New Jersey Transit, que contaba con 100.000 pasajeros diarios, se declaró en huelga durante tres días. Para el poder político es prioritaria la circulación de mercancías y quedan en un segundo lugar los pasajeros, que siempre terminan arreglándoselas como pueden. Sin embargo, los usuarios que viajan diariamente son la fuerza de trabajo que necesita el capital para funcionar. En Estados Unidos, como en Argentina, el costo del pasaje debe estar contemplado en el salario porque es parte del valor de reproducción de la fuerza de trabajo. Supuestamente, el acuerdo debía ser refrendado por los trabajadores afiliados a los sindicatos, pero esto pasa a un segundo plano cuando, desde el vamos, el reclamo está por debajo de lo perdido a causa del aumento del costo de vida y el salario es complementado por horas extras, es decir, la sobreexplotación. Lo que deja la huelga ferroviaria de Nueva York es la voluntad de los trabajadores de luchar y de enfrentarse al poder político en su conjunto, tanto republicanos como demócratas. Para salir del hambre salarial y recuperar las condiciones de trabajo, en todas partes del planeta hay que superar a la burocracia sindical.

El gobierno liberticida experimenta una agudización de la lucha de camarillas “ménemokarinistas” y “santicaputistas”. Algunas versiones indican incluso que ha debido postergar la reunión de la ´mesa política´ para evitar una trifulca. Aunque la disputa tiene larga data, eclosionó durante el fin de semana, cuando Santiago Caputo reveló que detrás de la cuenta de X @PeriodistaRufus se ocultaba el presidente de la Cámara de Diputados y escolta de Karina Milei, Martín Menem, desde donde disparaba fuego graneado contra Santiago Caputo, pero también contra su tío, el titular de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios. Puesto en evidencia, Menem borró la cuenta. Con ánimo de pacificar, Javier Milei lo excusó y dijo que era todo "prefabricado". También se refirió a Santiago Caputo como "un hermano del alma". Los tuiteros "caputistas" no retrocedieron y le devolvieron nuevas pruebas informáticas de que Menem era, efectivamente, quien operaba la cuenta. El asunto ha escalado a niveles que han dejado en segundo plano, por primera vez en 70 días, los infortunios de Manuel Adorni y su suntuoso tren de vida. El "asesor" pelea por matener su injerencia en el gabinete. Mantiene, por ahora, bajo su control a la SIDE y a ARCA, dos resortes fundamentales de la política estatal y una enorme cantidad de recursos, como el manejo de información de inteligencia política y económica, la administración de gastos reservados y la recaudación fiscal. Ha resignado, en cambio, el dominio sobre el Ministerio de Justicia tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques, un exponente de la ´casta judicial´, a instancias de la hermana del presidente. Más recientemente, Karina Milei colocó a Sebastián Pareja al frente de la estratégica Comisión de los Organismos y Actividades de Inteligencia Bicameral, que tiene a su cargo el control de los gastos reservados de la SIDE que administra el “caputista” Cristián Auguadra. La vicepresidencia de la comisión también quedó en manos de otro aliado de Karina Milei, Martín Goërling Lara, senador misionero que preside el bloque del PRO en Senadores. Un alto funcionario del gobierno le dijo a La Nación que “podrán fingir demencia, pero lo que pasó es serio. Es difícil saber qué va a pasar o si va a terminar pasando algo, pero está claro que hay un quiebre como no lo hubo nunca antes” (La Nación, 19/5). Hasta ahora, Javier Milei no ha tomado posición sobre la pelea de fondo. Las peleas de camarillas han sido una constante en el gobierno liberticida, como lo prueban la difusión de audios y chanchullos que involucran a funcionarios de segunda línea, aunque nunca hasta ahora habían quedado tan expuestas en el máximo nivel de la gestión. Hace 15 días se presentó otro quiebre interno, cuando Patricia Bullrich reclamó públicamente que Adorni presente de manera urgente su declaración jurada. El motivo de fondo de este súbito agravamiento de las grietas que exhibe el gabinete se vincula con el plan de privatizaciones. Caputo ´apadrina´ a la familia Neuss, que ha pasado del negocio de la aguas gaseosas a ingresar con fuerza en el negocio de la energía, haciéndose de las acciones estatales de Transener y disputa la Hidrovía. Santiago Caputo viajó especialmente a Estados Unidos a discutir este tema. El "asesor" mantiene vínculos aceitados con la administración Trump, los servicios de inteligencia del imperialismo y con lo más granado de la derecha trumpista. Detrás de las firmas que pergisuen hacerse de la administración de la navegación del Río Paraná se ocultan intereses geopolíticos poderosos. Por otro lado, la secretaria general de la Presidencia es también su recaudadora. La competencia con otro advenedizo, sin cargo formal en la estructura de gobierno, anima este choque de ambiciones personales. El robo de los fondos de ANDIS, la estafa $Libra, los préstamos del Banco Nación, Adorni -y la lista sigue-, retratan al gobierno Milei.

Sin que se haya apagado el escándalo de las propiedades de Adorni, la pelea de bandas liberticidas ha sumado un nuevo capítulo. El “asesor sin cartera” Santiago Caputo ha ventilado una larga lista de posteos provocadores contra él y su camarilla, emitidos por Martín Menem y los trolls de Karina Milei. La pelea volvió a paralizar al Gobierno y a su “mesa política”, que levantó sin fecha una reunión. Si es cierto que se trataría de un choque de apetitos personales, no lo es menos que Caputo, Milei o Menem son sólo comisionistas de corporaciones capitalistas que se disputan el mercado mundial, incluso con misiles. Detrás de la “interna” del gobierno, está la pelea por el destino de las privatizaciones y concesiones que han anunciado Milei y Caputo. El ingreso de dinero por estos remates, para cumplir con las “metas fiscales”, ha sido la justificación que ha dado el Gobierno, como si hubiera alguna relación entre el bajo aporte de las privatizaciones, por un lado, y el agujero creciente del déficit fiscal, por el otro, a consecuencia de una hemorragia cotidiana de recaudación. El mayor privatista de la historia, Carlos Menem, gobernó una década con un déficit fiscal ‘indomable’, que financió, como Milei, con deuda pública. En torno a las ventas del patrimonio público, se ha desatado un choque de intereses capitalistas que se cruza con la múltiple guerra internacional arancelaria, financiera y militar. Transener y la Hidrovía El primer botín a rematarse ha sido la transportadora de energía Transener, donde el Estado vendió su parte por unos 350 millones de dólares. La adjudicataria fue la empresa Edison Energía, que tiene como principales accionistas a los hermanos Neuss. Este clan familiar, estrechamente ligado a Santiago Caputo, ha venido comprando centrales eléctricas en diferentes puntos del país. Pero los Neuss se asoman en otra concesión privada de mayor alcance, el mantenimiento de la Hidrovía. Este estratégico corredor fluvial, por donde pasa el 80 % del comercio exterior argentino y de los países tributarios, acaba de abrir los sobres de una licitación donde compiten dos empresas de origen belga, Jan de Nul y Deme. De Nul ha sido la operadora privada tradicional de la Hidrovía. Según diversas denuncias los pliegos de la licitación, redactados por funcionarios que responden a Santiago Caputo, están hechos a la medida de De Nul. Entre los subcontratistas de este operador, estarían empresas “ad hoc” pertenecientes a los hermanos Neuss. Pero la pelea envuelve a intereses de mayor envergadura: en la redacción de los pliegos, el Gobierno vetó la participación de empresas con “accionistas soberanos” (estatales), una forma de eliminar del pliego a China. Este veto ha sido refrendado con insistencia por funcionarios norteamericanos. Pero la diplomacia del gobierno chino puso el grito en el cielo, reclamando injerencia en una ruta fluvial cuyo principal comprador de los productos transportados es el país asiático. A pesar del veto, China habría encontrado la forma de filtrarse en la hidrovía, a través del socio local de la belga De Nul. Ese socio es la empresa de logística Román que, a su vez, actúa en tándem con la china SDC. Este contratista, oriundo de Shanghai, actúa en el mar de China Meridional en directa colaboración con los intereses “geopolíticos” del gobierno chino. Según ha revelado Perfil, la posible presencia de SDC en la Hidrovía despertó reclamos por parte de Estados Unidos. A partir del acuerdo comercial y tecnológico suscripto a fines del año pasado, la diplomacia norteamericana le sugirió a Milei-Caputo la creación de un “Comité de Inversiones” local, a imagen y semejanza del que funciona en el Norte y cuya misión sería vetar inversiones de China. El competidor de De Nul en la Hidrovía, la firma Deme, esgrime a su favor la presencia de empresas norteamericanas en su consorcio, y un posible financiamiento de ese origen para la renovación de los equipos de dragado. Detrás o adelante de Deme, está la “banda” de Martín Menem y Karina Milei. Días atrás, el periodista Marcelo Longobardi, que recogió estas versiones, calificó a la Hidrovía como el “estrecho de Ormuz” de Argentina. Por el “tranquilo” corredor de los ríos Paraná y Uruguay, sube la impronta de la guerra imperialista. Reelección en veremos La pelea por las privatizaciones tendrá otros episodios. Es el caso del ferrocarril Belgrano Cargas, ligado también a las exportaciones cerealeras. Acá, se enfrentan un consorcio ferroviario mexicano contra una eventual coalición de los monopolios exportadores del mercado local, donde jugaría un papel destacado la china Cofco., una de las principales exportadoras de soja y, recientemente, de trigo. Es de prever acá otro mortal enfrentamiento de camarillas, con repercusiones en el gabinete nacional. En este marco ‘competitivo’, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ha anunciado que pagaría a China la porción utilizada del ‘swap’ de 18.000 millones de dólares y negociaría su extensión por otros tres años. Xi Jinping tiene agarrado a Milei por un canje de monedas, cuya derogación provocaría una crisis cambiaria frontal. La guerra de las privatizaciones, que condiciona al gobierno libertario, se ha agravado, naturalmente, ante la perspectiva de que la reelección de Milei no tenga lugar. La división del peronismo, que se acentúa con la aparición de nuevas corrientes, sigue el trazo de los proyanquis y prochinos; el mismo ‘renacimiento’ del macrismo se encuadra en conciliar las exigencias de Trump con los intereses de China. Por debajo del radar de esta guerra por el alineamiento de Argentina en la guerra, se desarrolla un enorme derrumbe social. Sólo en los primeros cuatro meses del año, los trabajadores formales sufrieron una caída de entre el 6 y 8 % de sus salarios reales, que se suma a los derrumbes de los últimos años. El consumo personal de los asalariados se vino sosteniendo en base al crédito de consumo (préstamos y tarjetas). Pero los intereses usurarios y la caída del salario han empujado a miles de familias a la insolvencia. La “caída de imagen” de Milei, en este cuadro, es una forma diplomática de aludir al distanciamiento de las masas del gobierno y el conjunto del régimen político. La banda lumpen que gobierna la Argentina se ha alineado sin vacilaciones detrás de Trump, pero las inversiones recientes de China superan largamente a las norteamericanas. La burocracia de China valora muy positivamente a Milei en cuanto a la contrarreforma laboral, que China ha exportado junto con sus inversiones. El abismo descomunal que se ha abierto entre el régimen político y social, de un lado, y las masas del otro, está haciendo dudar a los analistas políticos y especialmente a los inversores, acerca de su sustentabilidad. Es lo que un patrón de la UIA ha vuelto a llamar la “falta de “previsibilidad”. Los bloqueos en rutas en Bolivia están advirtiendo del surgimiento de una nueva etapa de rebeliones en América Latina.

La asamblea general del pasado lunes 18 ha expuesto la crisis que atraviesan los trabajadores del Neumático. Participaron 200 trabajadores (algunos dicen que por debajo de ese doble centenar), en su mayoría de Fate. Hubo una muy menguada presencia de compañeros de Pirelli y de Bridgstone y un micro de trabajadores de la Recapadora Ruiz, de Córdoba, que cerró sus puertas. La dirección del Sindicato impuso su posición en los puntos del temario, es decir que seguirá marcando el paso en el mismo lugar. Las distintas expresiones de la oposición, compuesta por un sector peronista y cada una de las corrientes del FITU, fueron a la asamblea divididas, pero con un nexo estratégico con la Directiva en cuanto a la ruta legalista y parlamentarista para encarar el cierre de Fate (con el agregado de algunos cortes de ruta, que fueron rechazados). La gravísima situación de Pirelli, que ha empeorado con la imposición de una reforma laboral de facto, quedó relegada, como ha ocurrido desde hace tiempo. En su informe, Crespo disimuló la política del Sindicato, al poner enorme énfasis en los golpes a los trabajadores por parte del gobierno nacional, sin hacer referencia a la responsabilidad de la burocracia sindical y del peronismo; fue un modelo de discurso kirchnerista. Durante estos meses de crisis en Fate y el Neumático, la Directiva de Crespo y el aparato del PO al cual pertenece dedicaron un tiempo descomunal a las relaciones públicas con los agentes de las patronales y aun del propio Milei en el movimiento sindical. La ausencia de una lucha común de los trabajadores golpeados por la crisis obligó a los trabajadores que enfrentaban cierres de fábricas y reformas laborales de facto a pelear por separado. Crespo reclamó la concesión de una audiencia a Kicillof, y sostuvo que el gobernador de la Provincia debe mostrar ante el pueblo la voluntad de defender “la única fábrica Nacional del neumático”. Mayor seguidismo a la patronal ‘nacional y popular’ no se consigue. En consecuencia, defendió continuar con las gestiones legislativas para obtener un proyecto mayoritario que ordene la reapertura, al menos “temporal”, de Fate, incluso si fuera por parte del Estado. Un proyecto redactado en soledad por los abogados del Partido Obrero oficial plantea una “ocupación temporaria” A casi dos meses de su presentación, como quedó en evidencia que el proyecto no ganaba adhesiones, la línea pasó a ser el reclamo de una audiencia al gobernador, también sin resultados. Todo esto ha sido acompañado por los legisladores del FITU, en especial del PTS. Christian Castillo inaugurará, en algún momento, un “Comité de Apoyo” a la candidatura a presidenta de Myriam Bregman, como se ha anunciado en estos días, en una Fate derrotada por su propia política. Crespo resumió que los pasos a seguir estarán centrados en una estrategia legal y en un llamado a la coordinación de distintas fuerzas para realizar una movilización en fecha a designar, En este punto sobre la lucha de Fate la asamblea tuvo sus momentos más tensos (que incluyeron agresiones). Un sector de asambleístas reclamó un informe sobre la evolución del proyecto de “ocupación temporaria”. Cuando mencionaron ocupar la fábrica y ponerla a producir, incluyendo a la dirección del Sindicato en la propia ocupación, Crespo respondió caracterizando como una aventura ampliar la ocupación y la puesta en marcha de la fábrica con el argumento de que desataría un desalojo policial. Por primera vez hizo oficial esta posición, que es la de un partido que se define a sí mismo como “un partido de combate”. El secretario general del SUTNA no advirtió de que su posición contra la ocupación de la fábrica lo convierte en un gestor sindical y no en un sindicalista combativo. Los “padres” de esta estrategia lo explican así: “Alejandro Crespo explicó en la asamblea que mientras la patronal de Fate mantenga las licencias, marcas y patentes, el cierre se trata de un lock out patronal. Si Madanes verdaderamente no quiere continuar siendo el dueño de Fate debe decidirse en abandonar las licencias, marcas y patentes, y los trabajadores se harán cargo de poner en funcionamiento la planta tomando todas las medidas necesarias” (Prensa Obrera, 19/5). Bien mirado, el texto es una defensa principista de la propiedad privada de los medios de producción, por parte de un partido ‘trosco’. Los otros partidos ‘troscos’ (en el FITU), que defienden el método legalista para el lock-out patronal, han evitado adherir en forma pública a esta caracterización que defienden en la práctica. Pero “el abandono de licencias, marcas y patentes” ocurre corrientemente en toda adquisición de empresas, por parte de grupos más poderosos, o en la fusión de compañías, incorporando incluso normas relacionadas con la reducción de personal. No es una causal que otorgue el derecho (jurídico) a los obreros a poner en funcionamiento la fábrica. En la propia zona Norte existen empresas que sufrieron esas transformaciones (Sealy se convirtió en Bed Time, sin dejar de hacer colchones; Kraft, que era Terrabusi y ahora Mondelez, sigue haciendo las mismas galletitas). En el transporte automotor, las fusiones y razones sociales emergentes son centenares. Para Crespo las “medidas necesarias” (léase la ocupación de la planta con producción, bajo control de los trabajadores) sólo las tomaría el sindicato cuando Madanes Quintanilla decida su futuro emprendimiento capitalista, pero en el transcurso de esta definición se está produciendo una enorme sangría de trabajadores. Las otras plantas hacen lo mismo, como la Recapadora Ruiz, de Córdoba. En resumen, la asamblea en ese punto votó distanciarse aún más de los que ocupan “el tanque” y de todas las iniciativas que se tomen en dirección a la ocupación. Los puntos siguientes, sobre las elecciones de los paritarios, se votaron a favor del oficialismo. Crespo aclaró, sin embargo, sin admitir su propia responsabilidad, que las paritarias se limitarán a la firma de un acta que registraría los salarios que las mismas patronales ofrecieron, algo que tampoco está garantizado, pues Pirelli tendría planificado un plan de suspensiones. Sobre el punto de los mandatos de los delegados, la Directiva propuso una prórroga de seis meses de todos los mandatos de las tres plantas, algo que solo puede ser aprobado en una asamblea general, que no era el caso. En Fate ya no hay relaciones laborales con la patronal y solo amplía la protección gremial y sus efectos indemnizatorios en un cierre definitivo. En Pirelli es un subterfugio, porque la patronal se niega a recibirlos al menos hasta que haya elecciones que diriman el empate ocurrido en la última elección. La Directiva no ha convocado a elecciones para desempatar y ni siquiera fue un punto del temario de la asamblea. La intervención de la Directiva continúa. Como corolario, se aprobó uno de los objetivos importantes que tenía la Directiva, si no el único importante, que era el permiso para vender o hipotecar bienes para pagar las deudas del Sindicato y la Obra Social. Ni por asomo hubo un informe previo de situación financiera, ni el pedido de que se abran los libros, o sea que “el partido de combate” ampara el secreto comercial. En la Obra Social han quedado 400 familias que reciben beneficios de las 4.000 iniciales. En síntesis, la asamblea general votó “achicar los daños” (financieros), alejarse de la ocupación de la empresa y concentrarse en una estrategia legal que se limita a que se cobren los sueldos hasta julio, reclamar una audiencia al gobernador y la organización de una marcha aislada con distintas fuerzas políticas y sindicales, sin distinción de clase, en nombre de terminar con el industricidio. Ahora le toca al FITU y a Myriam Bregman pronunciarse frente a una política antiobrera en su propio cuadrilátero.

El PTS se ha visto obligado a responder a nuestro artículo de Política Obrera acerca de su política en FATE que no se diferencia de la que siguen la directiva del Sindicato, ni el aparato el Partido Obrero. Sebastián Tesoro, un activista del SUTNA, pretende que nuestra posición consiste en rechazar los proyectos de leyes que el SUTNA y el FITU enviaron a la Legislatura bonaerense, para que el gobierno de la Provincia se haga cargo de la reapertura de la fábrica. Se trata, obviamente, de una impostura, porque la reapertura de la fábrica exige la intervención del Estado, ante la decisión de la patronal de cesantear a la totalidad de los trabajadores. Obviamente, no nos hemos privado de señalar los límites de esos proyectos , porque protegen en muchos aspectos los intereses de la patronal de Madanes Quintanilla y constituyen una forma de subsidio estatal a ese grupo en un período de crisis de la industria. Más allá de este señalamiento hemos criticado también la agitación nacionalista del Sindicato y del FITU acerca de “la defensa de la industria nacional”, impropia de un planteo clasista y socialista, que ahora ha cobrado un carácter generalizado en el programa que ha presentado el PTS para las elecciones presidenciales de 2027. En realidad, este programa acentúa la tendencia nacionalista de los programas que el FITU ha presentado en elecciones anteriores . Sebastián Tesoro ha dedicado su largo artículo a ocultar nuestra denuncia fundamental de que esos proyectos han sido un instrumento para ofrecer una alternativa legalista y burocrática a la iniciativa de ocupar la empresa por parte de un numeroso grupo de trabajadores, al retorno de las vacaciones de verano. El SUTNA y el FITU han abordado la reapertura de la fábrica no desde el ángulo de la acción directa y la presión al Estado mediante el recurso extremo de la ocupación y la puesta en funcionamiento de la fábrica, sino del cabildeo con los parlamentarios patronales y la burocracia sindical. Se han valido de las tratativas con el aparato del Estado y de los sindicatos para bloquear la ocupación de las instalaciones. Objetivamente, han ofrecido a esos aparatos la garantía de que no desarrollarían la ocupación de la empresa, para ‘ganarlos’ a los proyectos parlamentarios. Lo dijo Alejandro Crespo en la asamblea del lunes 18: ‘ocupación de la fábrica, no’. Violentó, con este planteo, toda la experiencia de la crisis de 2002, cuando una ola de tomas de empresas impuso expropiaciones limitadas por parte de las legislaturas porteña, bonaerense y cordobesa. La oposición a ocupar FATE, como garantía política a los representantes del Estado, constituye una manifestación contundente de una política antiobrera, por parte de quienes se reclaman de izquierda y socialista, y hasta “partidos de combate”. Sebastián, quien forma parte del pequeño núcleo de la toma del tanque, nos ha dejado un artículo de apoyo a quienes sabotean esa toma. Al cabo de tres meses, la política del partido de Sebastián no ha logrado ninguna concesión del Estado ni de sus parlamentarios. Sebastián Tesoro cae, lamentablemente, en la falacia y en la deshonestidad cuando pone un signo de igualdad entre la gestión proyecto de ley del SUTNA por parte de los parlamentarios de su propio partido, con el proyecto de reducción de las seis horas del Subte sin afectar el salario, presentado por Altamira, en 2002. Dice que “El POT [se refiere a Política Obrera] considera hoy que toda presentación de un proyecto de ley es en sí mismo negativo, aunque sea progresivo y tomado en manos de sectores en lucha para pelear por él. Como cuando el proyecto de Jorge Altamira de las seis horas en el Subte que fue tomado por los trabajadores. Allí afirmaron el 29/8/2002 que “El proyecto puntal de Altamira fue elaborado conjuntamente con numerosos delegados de Metrovías; este método fue un factor poderoso de movilización” y la llamaron Victoria Histórica. No podría haber mayor antagonismo entre un caso y el otro. Altamira, por lo pronto, no hizo ninguna gestión ante los bloques patronales de la Legislatura para que aprueben el proyecto; no hubo un ápice de ilusión parlamentarista. La finalidad del proyecto era servir de eje de movilización en el Subte; con ese propósito fue apoyado y agitado por un núcleo de delegados. Lejos de sobarle el lomo a la burocracia sindical, en este caso UTA, se desarrolló una lucha política contra ella, que visitaba a los legisladores para que rechacen el proyecto. Sobre los legisladores porteños pendía el temor a una huelga general en los subterráneos; Altamira y Vilma Ripoll recorrieron los túneles y talleres del subterráneo invitados por los obreros. Cuando la Jefatura de Gobierno de CABA vetó el proyecto votado por el 75 % de los diputados, los delegados paralizaron el subte por 24 horas, a pesar de la UTA. La reducción de la jornada sin afectar el salario sólo entró en vigencia cuando Néstor Kirchner enfrentó una amenaza de huelga general en la semana de las elecciones porteñas entre Aníbal Ibarra y Mauricio Macri. Lo que logró el proyecto de Altamira fue lo que Altamira y el Partido Obrero de la época se propusieron, o sea que fuera impuesto por medio de la acción directa. El sindicato del Subte nació de esa experiencia. El contraste con lo que ocurre en FATE no podría ser mayor: ‘pasilleos’ por ministerios y parlamentos, franela con la burocracia sindical, sabotaje a la ocupación de la fábrica –seguido de una desmovilización obrera sin precedentes en el Neumático. Sebastián defiende esta política, mientras nos ‘acusa’ de haber apoyado la recuperación del SUTNA mediante la victoria aplastante de la lista Negra contra la burocracia de la CTA –en 2016. Tesoro les oculta a los lectores que el SUTNA fue recuperado con el mismo método que se aplicó en el Subte, y que llevó a una derrota de la burocracia de la UTA. La seccional San Fernando se había convertido en un bastión de lucha y en un ejemplo para las otras fábricas. Ahora, Sebastián Tesoro apoya la política del aparato del PO, de la dirección del SUTNA y del PTS, y se atreve a calificarnos como “arrepentidos”. Tuvimos razón antes y la tenemos ahora: el PTS se ha equivocado en las dos etapas. Lo que ocurre en el SUTNA muestra quién es quién en la crisis en el PO y en el FITU, incluidas expulsiones en masa. Aunque Alejandro Crespo clausuró la toma de la fábrica en la asamblea del lunes 18, no ha ofrecido ninguna salida. El FITU está dispuesto a tragarse la cicuta de una de una derrota hasta la última gota. Mientras en Bolivia, las masas desafían al ejército y la policía, el aparato del PO rechaza organizar una ocupación porque, dice, desataría un desalojo policial. Es el pronunciamiento mortal de un autoproclamado “partido de combate”. La línea de apoyo a la orientación de la Directiva del SUTNA no fue un desliz de Tesoro en el acto del 1ro de mayo , cuando dijo que ellos eran “la primera línea de las acciones convocadas por la Directiva”. Hace tres semanas, el PTS acompañó, como durante todo el conflicto, al SUTNA a una Audiencia Pública en Diputados de la Nación en donde Tesoro abrió su intervención diciendo “suscribir a las palabras de Alejandro Crespo”. “Hay proyectos que se han ido presentando. Estamos de acuerdo con el proyecto que se presenta en la Provincia de Buenos Aires de ocupación temporal.” Compañero Tesoro, no basta ser un activista para militar como revolucionario; para eso hay que militar en un partido que merezca ese nombre.

El fallo por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el régimen político: el asesinato no fue solamente el accionar de una patota sindical, sino la expresión de un entramado de negocios, burocracia sindical, servicios de inteligencia y cobertura judicial que durante años garantizó la impunidad. La condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 8 contra operadores ligados a las maniobras de encubrimiento confirma que detrás de los disparos del 20 de octubre de 2010, existió también una red dedicada a proteger a los responsables políticos del crimen. El fallo expone las relaciones entre sectores de Comodoro Py, exagentes de inteligencia, funcionarios judiciales y la burocracia ferroviaria encabezada por José Pedraza. Sin embargo, 15 años después de los hechos, ha impuesto penas módicas a dos protagonistas menores de una operación delictiva que involucró nada menos que a jueces titulares de la Cámara de Casación Penal, incluido su presidente en aquel entonces, Eduardo Riggi. Entre los condenados aparece Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias agravado. Aráoz de Lamadrid era un viejo operador judicial ligado a los circuitos de poder de Comodoro Py y mantenía vínculos económicos con la Unión Ferroviaria y con Belgrano Cargas. Según la investigación, cobraba dinero mediante facturación trucha mientras intervenía para influir sobre jueces de la Cámara de Casación favorables a Pedraza. Su figura sintetiza la relación orgánica entre sectores del aparato judicial y los negociados sindicales. También fue condenado Luis Ameghino Escobar, quien recibió tres años de prisión. Ameghino Escobar integraba la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal y era conocido dentro de la trama como “el señor de las teclas”, porque tenía acceso directo al sistema informático que definía el reparto de expedientes. La acusación probó que manipuló el sorteo para garantizar que la causa recayera en la Sala III de Casación, donde operaban magistrados considerados cercanos a los intereses de Pedraza. En cambio, otro de los implicados fue Ángel Luis Stafforini, señalado como el hombre encargado de mover el dinero de los sobornos. Aunque el tribunal lo consideró responsable de cohecho activo agravado, terminó absuelto porque la acción penal prescribió. Stafforini era una figura clave del entramado empresario sindical construido alrededor de la Unión Ferroviaria y Belgrano Cargas, uno de los centros del negocio ferroviario de la época. La misma suerte tuvo otra de las acusadas, Susana Planas, también directiva del Belgrano Cargas. Otros involucrados no llegaron a juicio por fallecimiento. Es el caso de José Pedraza. Su propósito era direccionar la apelación de la prisión preventiva contra su patota hacia la sala que integraban Riggi, Mitchel y Catucci, los tres jueces coaligados para asegurar su excarcelación. En medio del tembladeral político que provocó el crimen de Mariano, tenía el objetivo de alejar la posibilidad de caer detenido. Sin embargo, la operación se ventiló a través de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia en la causa principal, que inevitablemente iban a caer en manos de los abogados de las víctimas de Pedraza. La jueza de instrucción Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño actuaron "de inmediato" antes de que el dinero llegara a manos de los jueces. Conclusión: estos salieron indemnes, a pesar de que las escuchas revelaban no sólo la transacción en curso sino también muchas numerosas "atenciones" recibidas por estos de parte de Pedraza y compañía. Su sobreseimiento definitivo fue el último acto judicial nada menos que de Norberto Oyarbide, cuando se despidió de Comodoro Py. Aunque Riggi fue sobreseído y evitó llegar al juicio, la fiscalía pidió nuevamente su indagatoria este año al considerar que existen elementos para investigar su participación en el pacto de encubrimiento. Riggi es un octogenario. Las chances de que vaya a pagar por esta corruptela van de escasas a nulas. En la trama aparecía además Juan José Riquelme, también fallecido antes del juicio oral. Riquelme actuaba como nexo entre los servicios de inteligencia, la burocracia sindical y los tribunales federales. La causa reconstruyó cómo operaba utilizando vínculos históricos dentro de la SIDE y relaciones personales con jueces y funcionarios judiciales. Su papel muestra hasta qué punto los aparatos de inteligencia funcionaban como articuladores de operaciones políticas y judiciales. El asesinato de Mariano ocurrió durante una movilización de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente. La tercerización laboral no era un fenómeno marginal: constituía uno de los pilares del negociado ferroviario sostenido por concesionarias privadas, el Estado y la burocracia sindical. Mientras miles de trabajadores cobraban salarios miserables y permanecían precarizados, las cajas multimillonarias de las empresas y de la Unión Ferroviaria crecían gracias a ese régimen de explotación. La burocracia de Pedraza actuaba como garante de ese sistema. No se trataba simplemente de una “desviación mafiosa”, sino de una función política concreta: disciplinar a los trabajadores para preservar negocios compartidos con empresarios y gobiernos. La patota que atacó la movilización actuó liberada por la Policía Federal y bajo la mirada de un aparato estatal que desde hacía años integraba a la burocracia sindical como un engranaje de gobernabilidad. Las nuevas condenas muestran además otro aspecto central: el intento de garantizar impunidad mediante operaciones judiciales. La investigación probó la existencia de pagos, tráfico de influencias, manipulación informática de expedientes y vínculos aceitados entre operadores judiciales y sectores de inteligencia. El aparato de encubrimiento funcionó como una continuidad del propio crimen. Durante años, distintos sectores del poder político buscaron presentar el asesinato como un “exceso” aislado. Sin embargo, la causa dejó al desnudo el vínculo orgánico entre el Estado, las patronales ferroviarias y la burocracia sindical. El crimen de Mariano fue la consecuencia directa de un régimen de precarización laboral sostenido desde arriba. La figura de Mariano Ferreyra quedó asociada desde entonces a la lucha contra la tercerización y la burocracia sindical. Su asesinato produjo una enorme conmoción popular y abrió una crisis política que obligó al poder a avanzar con condenas que inicialmente no pretendía impulsar. La movilización popular y la presión de organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos fueron decisivas para quebrar parcialmente la impunidad. A más de quince años del crimen, las condiciones estructurales que lo hicieron posible continúan vigentes. La precarización laboral sigue siendo una política de Estado; las burocracias sindicales continúan integradas al aparato gubernamental; y los negociados en el transporte siguen financiándose con subsidios públicos mientras se deterioran salarios y condiciones laborales. El fallo conocido esta semana vuelve a recordar que el crimen de Mariano no pertenece solamente al pasado. Expone la persistencia de un régimen político donde las redes de corrupción, las patotas sindicales, sectores del aparato judicial y los servicios de inteligencia actuaron en defensa de intereses económicos comunes. La condena al encubrimiento confirma, en definitiva, que el asesinato no fue obra de individuos aislados sino la expresión de un sistema social y político profundamente corrupto.

Treinta años después de que el gobierno cubano derribara dos aviones de la organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami, la fiscalía federal estadounidense ha presentado una acusación formal contra Raúl Castro por su presunta participación en la autorización del ataque. Raúl, de 95 años, fungía entonces como ministro de Cuba La organización Hermanos al Rescate se fundó en 1991, pleno “período especial” de la isla. Su fundador fue José Basulto, piloto, exagente de la CIA y veterano de la fallida invasión de Bahía de Cochinos. El gobierno cubano ya había acusado a Basulto de disparar un cañón desde una embarcación en alta mar en 1962 contra un hotel cubano que era frecuentado por Fidel Castro. La fachada de la organización Hermanos al Rescate era socorrer a cubanos lanzados al mar en balsas desde Cuba para llegar a Estados Unidos. Desde 1995 existía un acuerdo de emigración legal hacia los Estados Unidos, que fue firmado entre Clinton y Fidel Castro, con el objetivo de poner fin a la salida clandestina. Según informó el New York Times (15/5), “el grupo no solo buscaba migrantes varados en el mar, sino que a veces provocaba al entonces presidente Fidel Castro sobrevolando Cuba o incluso lanzando folletos con extractos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. En 1995, la Administración Federal de Aviación anunció que estaba investigando a la organización por violar el espacio aéreo cubano”. El informe del Times sobre el hecho es contundente: “Como piloto, le habían advertido que no cruzara el paralelo 24, una línea situada entre 40 y 60 millas al norte de la costa cubana. Si bien forma parte de aguas y espacio aéreo internacionales, Cuba considera la zona que se extiende hasta dicha línea como su zona de defensa. El espacio aéreo cubano se extiende 12 millas mar adentro. El día en que derribaron los aviones, Basulto había presentado un plan de vuelo ante la FAA, planeando un viaje de cinco horas hasta el límite de esa línea. Se presentó ante el control de tráfico aéreo de La Habana, indicando que cruzaría el paralelo 24 y volaría al norte de la isla durante varias horas. Envió un cordial saludo. «Recibido, señor», respondió el control de tráfico aéreo cubano, según las transcripciones que se hicieron públicas posteriormente. «Le informamos que la zona al norte de La Habana está activada. Corre un riesgo al volar al sur de la ruta 24». A las 14:58, el Sr. Basulto respondió: “Sabemos que corremos peligro cada vez que volamos a la zona al sur de la carretera 24, pero estamos dispuestos a hacerlo como cubanos libres”. A las 3:20, el Sr. Basulto comentó que era un día precioso. "La Habana se ve muy bien desde aquí arriba", dijo” (ídem). Pero esta información tampoco es nueva. Incluso el Wall Street Journal ya había informado en el momento de los hechos que “no cabe duda que Hermanos del Rescate, grupo de exiliados propietario de los aviones derribados, había provocado a Castro. Dos veces este año, el grupo sobrevoló la capital cubana y lanzó volantes anticastristas. Y por lo menos uno de los aviones del grupo de tres que fue atacado penetró en el espacio aéreo cubano, dicen funcionarios gubernamentales” (WSJ, 27/2/96). Las afirmaciones de estos diarios norteamericanos, insospechados de “castrismo”, no dejan dudas sobre la verdad de los acontecimientos, aunque el interés de estos diarios en sacar la verdad a la luz estaba relacionado con que no se detenga el proceso de negociaciones de apertura al mercado internacional que el gobierno cubano sostenía con el de Estados Unidos en ese entonces. Pero, como respuesta al derribo de los aviones, el gobierno de Clinton frenó el proceso de penetración del capital en la isla, que se había iniciado unos años antes, y reimpuso las sanciones económicas. La drástica respuesta del gobierno cubano a la incursión provocadora de los aviones norteamericanos estuvo ligada a ese proceso de negociaciones y presiones que se habían abierto entre el gobierno cubano y el capital internacional para la apertura de la isla al ingreso de capitales extranjeros. En ese entonces, desde las páginas de Prensa Obrera (29/2/1996), sostuvimos que “todo parece indicar que Fidel Castro tomó la decisión más drástica de las que disponía [frente a los aviones] en función de contrarrestar una presión creciente de Estados Unidos y de la Unión Europea para proceder a una ‘democratización’ política. Pocas horas antes de este incidente, las fuerzas de seguridad de Cuba desmantelaron una reunión prevista por un frente de organizaciones disidentes, Concilio Cubano, arrestando a numerosas personas que tenían la intención de participar”. Según el Financial Times (24/2/96) una portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Cuba acusó en ese entonces a Estados Unidos de “apoyar y financiar al movimiento disidente”. El mismo diario agregaba que “la Unión Europea ha urgido al presidente Fidel Castro a considerar la reforma política del sistema comunista cubano como parte de las conversaciones previstas para un futuro acuerdo de cooperación entre Europa y Cuba”. El artículo de Prensa Obrera concluía que lo ocurrido con el derribo de los aviones “ha sacado a luz una dura negociación internacional en torno a Cuba y servirá como ocasión para replanteos que en ningún caso cuestionarán la decisión estratégica de reconvertir a Cuba en una arena de acumulación del capitalismo mundial. Es natural que el gobierno de Cuba considere a la incursión de las avionetas como una provocación, cuando una reciente ley cubana autoriza a los exiliados a participar de los procesos de privatización y a viajar libremente a la isla, además de otorgarles garantías impecables en lo relativo a la propiedad privada. Un importante sector del imperialismo norteamericano comparte con Castro la tesis de que la penetración capitalista no debe ir acompañada de la llamada ‘democratización’ política; el año pasado el Pentágono emitió un documento en el que señala que la permanencia del régimen actual es la única garantía de una ‘transición pacífica’ en Cuba . Ahora Raúl Castro enfrenta cuatro cargos de asesinato, así como conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, según anunció este miércoles el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche. Algunos medios norteamericanos aseguran que, a pesar de encontrarse retirado hace más de una década y no ostentar ningún cargo oficial en el gobierno, Raúl Castro seguiría siendo el poder en las sombras del régimen cubano. Incluso a pesar de sus 94 años y sus conocidos problemas de salud que se encuentra atravesando. Para el NYT, la imagen de un hombre en ese estado secuestrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dejaría una imagen muy distinta a la que el gobierno de Estados Unidos buscó proyectar con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos lanza esta acusación formal contra Raúl, cuando el portaaviones USS Nimitz ingresa en aguas del sur del mar Caribe. El buque de guerra y su grupo de ataque ingresaron al sur del mar Caribe en un despliegue naval de aviones de combate que significa una seria amenaza para la isla. A principios de este año, el portaaviones USS Gerald R. Ford cumplió un papel operativo durante la captura del presidente venezolano. En Estados Unidos, el ala derecha del partido Republicano llama cada vez más abiertamente a la intervención militar en Cuba. Para el Foreign Policy (21/5), “los rumores de una posible guerra de Estados Unidos contra Cuba se han intensificado”. Los legisladores más beligerantes citaron un informe reciente del medio de noticias Axios que indicaba que La Habana posee cientos de drones de ataque recibidos de Irán y Rusia. “Esos 300 drones, si son parecidos a los que se utilizan en la guerra de Ucrania [por Rusia] o a los que Irán está utilizando ahora mismo, tienen la capacidad de llegar a casi cualquier parte del sureste de Estados Unidos; y por eso Cuba representa una amenaza directa para Estados Unidos”, dijo uno de los legisladores republicanos. El gobierno cubano desmintió por completo el informe de Axios. Mientras Estados Unidos acrecienta sus amenazas contra Cuba, es más necesario que nunca que se hagan públicas las negociaciones secretas que el gobierno cubano se encuentra llevando adelante con la administración Trump.

En el día de ayer se dio a conocer un fallo judicial en el cual la Cámara Nacional de Apelaciones hizo lugar al reclamo de la Lista Naranja de Campana, impugnó las elecciones de esa Seccional y en consecuencia el Congreso de Delegados que eligió a Abel Furlán como Secretario General de la UOM. La Sala VIII de la Cámara dispuso la intervención de la UOM y el desplazamiento de toda la Comisión Directiva. El gremio metalúrgico quedará bajo el control del interventor judicial. Alberto Bilgieri tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios. El fallo tiene el objetivo de descabezar el armado sindical del kirchnerismo (el FRESU). Por eso cuenta con el aval silencioso de los dirigentes de la CGT. La Justicia Laboral, que nunca hizo lugar a los reclamos de las listas clasistas contra los atropellos de la burocracia, desconoce una elección nacional, a partir de un reclamo de una lista minoritaria de una Seccional. El fallo no tiene nada que ver con la democracia sindical, sino que representa una injerencia forzada de la Justicia. La misma Sala VIII suspendió hace pocos días el efecto de la cautelar contra los principales artículos de la Contrarreforma laboral que había sido presentada por la CGT. El Gobierno de Milei ha encontrado su propia “pata judicial” contra los sindicatos. El fallo, firmado por el Juez Víctor Pesino, argumenta que la Lista Naranja denunció irregularidades por mail durante el proceso electoral en Campana - entre otras la extensión de la elección durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88- que no fueron respondidas por la Junta Electoral. La Seccional de la UOM había presentado capturas de pantalla de la respuesta de la desestimación de la Junta Electoral a los reclamos de la Lista Naranja, confirmadas ante Escribano. El Juez Pesino desestimó el valor de la prueba presentada por la UOM. La Lista Naranja está encabezada por Ángel Rodrigo Derosso, anterior Secretario de Organización de la Comisión Directiva de Furlán. Hay quienes atribuyen la ruptura entre Furlán y Derosso a una interna del peronismo – Furlán encabeza el sindicalismo kirchnerista y Derosso reviste en las filas del peronismo no kirchnerista– pero muchos advierten un vínculo estrecho de la Lista Naranja con el Intendente de Campana, Sebastián Abella que responde al PRO. Desde el oficialismo de la UOM la caracterizaron como “la lista impulsada por Paolo Rocca”, revirtiendo la que por años se adjudicó a Furlán. El resultado de la elección invalidada otorgó a la lista de Furlán el 85 % de los votos. ¿La resistencia? La política de la Directiva de Furlán no tiene nada de combativa, así como tampoco sus aliados del FreSU. El fallo fue rechazado por las tres centrales obreras (CGT, CTA-T y CTA-A) y por los principales sindicatos del país. Caracterizaron la medida como un «acto político de disciplinamiento» y un ataque directo a las paritarias colectivas. Sin embargo, otras fuentes, como La Nación, deslizaron que “en la CGT la medida judicial no causó sorpresas porque el triunvirato de mando venía advirtiendo “el desorden en el procedimiento” de Furlán para avanzar con su reelección” (La Nación, 23-05).

Apenas cuatro días después de la cumbre con Trump, la visita de Putin a China envía, según los observadores, un mensaje inequívoco: Xi Jinping deja claro que, aunque logre estabilizar las relaciones con Estados Unidos, esto no ocurrirá a expensas de su alianza “sin límites” con Rusia. Algunos asesores de Trump han defendido la idea de reestablecer lazos con el Kremlin como vía para debilitar y aislar a China, en lo que denominan una estrategia de “Nixon a la inversa”. La original se remonta a 1972 cuando Richard Nixon (y Henry Kissinger) realizó una histórica visita que incluyó una reunión con Mao Zedong. En ese momento, la Unión Soviética era el principal adversario de EE.UU. en plena Guerra Fría. Aprovechando las tensiones existentes (el "cisma sino soviético"), Nixon acercó a Washington a Pekín para aislar y presionar a Moscú. Hoy, la idea sería hacer lo contrario: acercarse a Rusia, el socio más débil del eje actual, para aislar o debilitar a China, considerada el principal competidor estratégico. El objetivo principal de Putin en esta reunión era cerrar el acuerdo para la construcción de un enorme gasoducto, el “Poder de Siberia 2”. Los reportes rusos destacan que se logró un “entendimiento general” sobre ruta, construcción y parámetros principales, con compromisos para acelerar el proyecto, aunque detalles clave como precios, plazos y financiamiento aún se negocian. Los medios chinos son más cautelosos y enfatizan que la cooperación estratégica continua sin anunciar un acuerdo definitivo. Se trata de un proyecto para suministrar gas a través de Mongolia. “Se prevé que el contrato del proyecto tenga una duración de 30 años” (RIA Novosti, 21/5). Con una longitud aproximada de 2.600 kilómetros, conectaría los yacimientos de gas de Siberia Occidental con el norte de China. Sin embargo, aún se desconocen los plazos específicos de construcción. Su capacidad proyectada de hasta cincuenta mil millones de metros cúbicos por año es comparable al antiguo Nord Stream 1, hacia Europa, aunque dos veces más extenso. Esta alternativa resulta de vital importancia para redirigir exportaciones que antes iban a hacia ese continente, perdidas por sanciones y la guerra en Ucrania. A China, en tanto, la dotaría de una fuente diversificada y terrestre de energía -el 90 % de sus exportaciones de petróleo llegan por mar-. El Siberia 2 es el "heredero" parcial de los gemelos Nord Stream I y II, (este último saboteado por EE.UU. nunca llegó a estar operativo) en términos de volumen. Medios de EEUU, Reino Unido y Alemania destacan que no hubo un acuerdo definitivo. El Washington Post señala que Putin no logró asegurar la aprobación de Xi. Reuters en una amplia cobertura añade que “China dice poco públicamente sobre el proyecto”. La energía se ha convertido en un objetivo estratégico, de la cual depende el desarrollo de la Inteligencia Artificial. El fuerte repunte de los precios del crudo ha generado gran volatilidad en los mercados internacionales. “La energía se sitúa en el centro de esta transformación porque es indispensable. Toda economía depende de ella. Todo ejército la necesita. Toda tecnología avanzada, desde los semiconductores hasta la inteligencia artificial, se basa en ella” se alarma la revista Time (4/4). Otra prioridad clave para Putin es que China mantenga el apoyo a la guerra en Ucrania. Una parte importante de sus exportaciones corresponde a bienes de ‘doble uso’, cívico y militar. Moscú depende especialmente de drones aéreos y componentes electrónicos chinos. Más del 90 % de la tecnología sancionada que importa Rusia proviene de China, según un reciente informe de Bloomberg, un 10 % más que el año anterior. Esta dependencia militar es especialmente relevante en el actual contexto regional: “Rusia aporta tecnologías militares especializadas y la posibilidad de probar equipos chinos en condiciones reales”, explica Alexander Gabuev, director del centro de estudios Carnegie Russia Eurasia Center. Según Joseph Webster, investigador del Atlantic Council, citado por el tabloide inglés The Guardian, «Taiwán podría ser el trasfondo de la reunión entre Xi y Putin». Webster señala que Pekín podría estar buscando firmar más acuerdos de combustibles fósiles con Moscú para garantizar su suministro energético en caso de un futuro conflicto. Ampliar la capacidad de los oleoductos rusos hacia China «mejoraría significativamente la seguridad petrolera de Pekín ante una posible crisis en Taiwán» (The Guardian 18/5). China se ha convertido en el principal proveedor de vehículos y repuestos para Rusia, incluyendo una gran cantidad de componentes. Rusia ha impulsado la "localización" con incentivos y aumentos de impuestos a importaciones completas, para producir más localmente. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la mayoría de los fabricantes occidentales, como Renault, Volkswagen, Mercedes, BMW y Toyota abandonaron el mercado ruso o suspendieron operaciones. Esto dejó plantas disponibles y creó un enorme vacío en el mercado automovilístico. Las marcas chinas llenaron rápidamente ese hueco, tanto mediante importaciones como mediante ensamblaje local en las instalaciones abandonadas. China ganó una cuota masiva y acceso a plantas modernas a bajo costo. Hoy, los autos chinos dominan el mercado ruso: más del 50-60 % de las ventas de autos nuevos en los últimos años. La cuestión de la energía ha atado con fuerza al régimen burocrático de Pekín con la oligarquía moscovita frente a la avalancha del imperialismo norteamericano.

Los circuitos del arte internacional están hoy en la mira de investigadores, creadores y trabajadores de la cultura. Tal como denunciamos desde esta página de Política Obrera, los principales gobiernos de Europa están tomando medidas drásticas en sus bienales y ferias artísticas porque ven en el arte un problema político de primer orden. La utilización política y la incidencia directa sobre bienales, museos, concursos o exposiciones se vienen llevando adelante sin disimulo, dejando al descubierto que la supuesta “neutralidad, autonomía y libertad de expresión” es un bien bastante escaso en estos foros. Las bienales europeas se lavan la cara La cultura se ha transformado en un campo de batalla abierto y el objetivo es el disciplinamiento ideológico de artistas e instituciones. Mientras los recortes en los presupuestos de educación, cultura y arte generan excedentes que son destinados al rearme militar de los Estados, los gobiernos que están a la vanguardia en medidas de regimentación avanzan a paso firme. Un claro ejemplo es Alemania: la junta directiva de la prestigiosa bienal Documenta ha definido un nuevo "Código de Conducta" que, según sus términos, “se aplica a toda la organización, incluidos los empleados, las exposiciones y otros terceros relacionados con la muestra. Documenta perseguirá las infracciones utilizando los instrumentos disciplinarios y laborales pertinentes”. Con este instrumento se vuelve vinculante la restrictiva definición de antisemitismo de la IHRA, con el claro objetivo de blindar al Estado alemán en su apoyo al genocidio perpetrado por Israel y neutralizar cualquier expresión de solidaridad con Palestina, tal como ha denunciado el medio especializado ArtReview . Es evidente, entonces, que el arte oficializado por los Estados opera en Europa abiertamente como un aparato ideológico represivo. Quien no se alinea con la agenda del poder queda fuera del circuito. Así le ocurrió al artista británico James Bridle, a quien le otorgaron un importante premio por sus aportes teóricos a la arquitectura y, solo tres días antes de la ceremonia, se lo revocaron por haber firmado solicitadas críticas contra las instituciones culturales del Estado de Israel, denunciándolas como un dispositivo de artwashing . El escenario en el continente americano De este lado del charco se debaten dos estrategias complementarias. Por un lado, Trump en Estados Unidos sostiene una declarada guerra contra los trabajadores de la cultura y una política de disciplinamiento sobre los museos que ya hemos denunciado. A esto le sumamos los recortes de millones de dólares antes destinados al fomento artístico y la asfixia económica a los medios de comunicación públicos de radio y televisión, como PBS y NPR. A la par del desfinanciamiento masivo, el gobierno norteamericano utiliza los recursos públicos para promover artistas acríticos, como la representante elegida a dedo para el pabellón estadounidense en la Bienal de Venecia gracias a sus aceitados vínculos políticos. Así sintetiza la cadena internacional CNN la política cultural de la Casa Blanca para la Bienal de Venecia: “la administración Trump, en cambio, está reduciendo el poder del arte estadounidense, recortando drásticamente su financiación federal, ejerciendo presión sobre los museos Smithsonian y examinando con lupa las exposiciones sobre raza e identidad”. Argentina la motosierra cultural Mientras tanto acá, Javier Milei aplica la versión más violenta de este mismo catálogo. Bajo la mentada bandera de la “libertad” y el achique del Estado, la estrategia oficial consiste en poner en práctica la dictadura descarnada del mercado como mecanismo de disciplinamiento político y de selección estética. Detrás de la exigencia de que los artistas busquen recursos exclusivamente en fondos privados, el poder libertario esconde, a la vista de todos, una cancelación autoritaria. Así quedó demostrado con el vaciamiento presupuestario de la representación argentina para la Bienal de Venecia 2026, un hecho que fue tempranamente denunciado, entre otros, por el colectivo de artistas plásticos Estrella del Oriente. Sin embargo, el gobierno de Milei no se priva de nada y también practica la censura directa y llana. Un caso testigo es el que afectó a la artista plástica Verónica Gómez: el vicecanciller Eduardo Bustamante ordenó descolgar de urgencia y ocultar en un depósito las obras que iban a ser expuestas en la Embajada de China, por el único "delito" de que la autora había pintado meses atrás retratos satíricos del presidente y de su hermana. Se denuncia la existencia de listas negras y de una persecución ideológica abierta sostenida desde el propio aparato estatal. El mensaje oficial para los artistas plásticos independientes del país es claro: si tu obra no cuenta con el respaldo económico de empresas o coleccionistas privados, o si tu discurso incomoda al gobierno de turno, la asfixia presupuestaria o la voluntad arbitraria del poder te borrarán del circuito. El desmantelamiento del INCAA, el virtual apagón de Radio Nacional, la parálisis de los fondos del Instituto Nacional del Teatro (INT) y la censura explícita no son agresiones aisladas: son un ataque estratégico contra los trabajadores de la cultura en particular y la clase trabajadora en general. Bajo la doctrina libertaria, que quiere podar con motosierra el trabajo de los artistas, realizadores audiovisuales, el actor y el técnico radial quedan despojados de sus medios de subsistencia y arrojados a la desocupación y a la precarización. Asistimos a la digitación de un plan cultural nefasto que ejecutan Milei y los gobiernos en guerra junto a los grandes medios de comunicación. Urge la necesidad de abrir un debate entre los artistas, activistas de centros culturales y realizadores audiovisuales para pronunciarse contra el estado actual de situación. Es necesario anteponer a la miseria de los presupuestos de guerra, la censura y el artwashing , la lucha y conquista de presupuestos reforzados para salud, educación, arte y cultura. Es evidente la necesidad de coordinar esfuerzos y unir luchas en curso con banderas independientes de trabajadores culturales.

El gobernador Pullaro, en estos últimos días, ha enviado a la Legislatura un paquete de reformas que involucran temas de seguridad pública, garantías constitucionales y de organización del sistema penal. En las 19 páginas en que desarrolla la exposición de motivos y la propuesta de modificaciones a un total de 11 normas vigentes, se da cuenta de una regresión en términos de derechos democráticos y garantías constitucionales. Todo esto bajo el manto de redoblar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En este sentido, se plantean prácticas que no tienen nada que envidiarle a las apretadas y vejámenes propios de la dictadura para torcer la voluntad de los detenidos políticos. Una de ellas es la reincorporación de la “declaración informativa” que puede serle exigida a cualquier persona que a los primeros momentos de la investigación no se pueda dilucidar si es sospechosa de ser autor de un delito o simplemente un testigo. Pero la misma podrá ser exigida sin asistencia de un abogado defensor, lo cual es un retroceso enorme para los derechos civiles. La prepotencia policial se refuerza para acceder a declaraciones bajo violencia contrariando todos los pactos internacionales de derechos humanos. Otra de los puntos es la incorporación del juicio en rebeldía. Esto implicaría avanzar en una condena contra una persona de la cual se desconoce su paradero, afectando irremediablemente su derecho a defenderse. Para Pullaro, que un acusado no esté presente no es excusa para que no pueda ser sentenciado penalmente. Bastará con notificarlo en su domicilio. En idéntica sintonía se inaugura un monstruo jurídico llamado decreto penal: en casos de “prueba objetiva indubitable” el fiscal puede acusar y condenar en un mismo acto, siempre que sean penas menores de 3 años o contravenciones. Algo así como “te condeno y después te defendés”. Si esto no fuese poco, la reforma plantea una serie de flexibilidades sobre la clásica regla de la exclusión probatoria. ¿Qué significa esto? Que el estado no puede hacerse de prueba o evidencia obtenida de manera ilícita o irregular. No puede descargarse toda la prepotencia del aparato contra una persona y valerse de mecanismos ilegales para coartar su libertad. Por lo tanto, aquella que sea obtenida de tal manera, es de nulidad absoluta. Pullaro critica esto y sugiere que el fin justifica los medios: cuando el “agente” que la recolecte lo haga “de buena fe”, a pesar de ser ilícita o irregular, puede utilizarse en contra del imputado; o cuando la gravedad del delito justifique esta violación, entre otros incisos igual de inconstitucionales. Prosiguiendo, se envalentona a la fiscalía a ejecutar allanamientos sin orden judicial; a intervenir comunicaciones de todo tipo si la “premura” de la investigación así lo exije y a la consagración del “ciberpatrullaje” para obtener información de las redes de eventuales implicados. Como frutilla de este postre totalmente regresivo, se pretende la configuración de “mini estados de sitio” en sectores de supuesta alta criminalidad. El mismo permitiría extender las facultades policiales permitiendo, por ejemplo, detenciones arbitrarias de hasta 48 horas. Rechazamos todo este ataque a las libertades democráticas y las garantías básicas de cualquier persona. Nada de esto tendría asidero sin la reforma constitucional que el año pasado votaron oficialistas y opositores. Su carácter reaccionario comienza a tener una forma concreta.

Entre el paquete de privatizaciones que planea hacer Javier Milei está la de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta agua potable y cloacas en CABA y gran parte del conurbano bonaerense. Este viernes la ordenó por decreto. El proceso ya había sido habilitado políticamente por la Ley Bases. El Estado busca vender el 90 % de las acciones de AySA. El 10 % restante seguiría siendo gestionado por el sindicato mediante el Programa de Propiedad Participada. El Gobierno viene haciendo un “plan de transición” 2024-2026 para volverla más atractiva para inversores: reducción de personal, tarifazos, reordenamiento financiero y cambios regulatorios. Así, la empresa pasó a tener superávit operativo, a fuerza de tarifazos y de cortar obras de inversión. Además, despidió a casi el 20 % de la plantilla (de 7.800 a 6.200 trabajadores) y habilitó el corte de suministro por mora, en un contexto de pauperización salarial. Las obras que paralizó estaban al 25 % por 90 millones de dólares. Una de ellas iba a permitir que La Matanza tuviera cloacas en todo el distrito en 2027. Según un informe de la UBA y el CONICET sobre la evolución de la Canasta de Servicios Públicos, las tarifas de agua aumentaron un 366 % en promedio entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Los cortes del suministro estaban impedidos desde 2006, cuando la empresa fue estatizada luego de casi dos décadas en manos privadas. El suministro de agua en el AMBA fue privatizado en 1993, cuando Carlos Menem le entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas. Entre 1993 y 2002, los precios de las tarifas de Aguas Argentinas ascendieron un 88,2 %, lo que constituye una cifra inmensa, considerando que fue durante la convertibilidad, con nula inflación. La empresa francesa es conocida en el mundo por su mala gestión de efluentes, insuficiente tratamiento de aguas residuales, retraso o inexistencia de obras, tarifas desmedidas y coimas. Cuando la empresa fue reestatizada en 2006, Suez reclamó en el CIADI y consiguió una indemnización de 223 millones de dólares. Ahora, una de las oferentes en el pliego de concesión es Veolia, que compró a Suez. Otros que se presentan por AySA son Edison Energía —integrada por la familia Neuss, amiga de Caputo—, Mauricio Filiberti, dueño de Transclor —la empresa de cloro que opera en las mismas plantas de AySA—, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento. Los Neuss, aportistas de la Fundación Faro, ya se quedaron con Transener —en una licitación sospechada de fraude—, las hidroeléctricas del Comahue, los pozos de YPF y Metrogas. El año pasado circuló la versión de que iba a presentarse como oferente la firma estatal israelí Mekorot, pero la misma está impedida, por sus propios estatutos, de invertir en activos fuera de su país. Sin embargo, se la ha vinculado a Transclor y así, de forma solapada, aspira a la licitación. En la lista de privatizaciones que habilita la Ley Bases figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Una de las cuestiones que condicionan estos procesos de privatización es que todos están atravesados por el apuro ante la caída de la imagen de Milei. Sobre la hidrovía hay dos presentaciones en la Oficina Anticorrupción denunciando irregularidades. El objetivo de Milei sobre AySA es que la concesión se extienda por 30 años, hasta 2057, y juntar unos 500 millones de dólares. El liberticida está apremiado por el pago de intereses de la deuda, en un momento en que la recesión generada por la aplicación de su plan económico derrumbó la recaudación fiscal. Caputo busca patear la deuda para después de 2027, negociando un nuevo mega préstamo con bancos internacionales. El Gobierno intenta unificar los créditos repo tomados desde 2025 en una sola operación por al menos 5.000 millones de dólares. Mientras la burguesía busca cómo continuar el modelo sin Milei, éste, consciente de la finitud de su mandato, busca apurar las privatizaciones. AySA se la disputan agentes de la lumpenburguesía y el genocidio. Los Neuss —que aspiran a quedarse con varias empresas del Estado—, los legatarios del grupo Suez —que ya hicieron estragos con el servicio en el pasado— y el socio de Mekorot —la empresa israelí que utiliza el corte de suministro como instrumento de tortura—.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó en mayo modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU), impulsado por la gestión de Ramón Lanús, para fomentar el negocio inmobiliario en Villa Adelina, Boulogne y áreas costeras. Los cambios habilitan edificios más altos y nuevas tipologías multifamiliares. Las asambleas de San Isidro marcharon ese día al Concejo. Política Obrera entrevistó a Alejandra, de la asamblea “100 % Verde” de Villa Adelina, activista que participó de la movilización al Concejo y se opone a la modificación del COU. -Walter Sánchez: ¿Por qué motivo se oponen a la modificación del COU? ¿Cómo creen que impactará este cambio en los barrios de Boulogne y Villa Adelina? -Alejandra: Entre lo que proponen para Villa Adelina y Boulogne, que no es solo para esas dos localidades, una de las cosas es densificar. Es decir, multiplicar por dos la posibilidad de viviendas en altura. Multiplicás al doble la población de esos barrios. Esto va a traer aparejado la falta de cocheras, el colapso de estacionamiento, el colapso del tránsito que ya es grave, el colapso de las redes de servicio, que ya es bastante deficiente, o sea, cloaca, agua, electricidad y gas. También, por otro lado, la calidad de vida y la identidad de esos barrios. Desde ya que este cambio de código no tiene en cuenta la carencia de espacios verdes, que tenemos en San Isidro a razón de 5 metros cuadrados por habitante, cuando lo mínimo está entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Entonces, a grandes predios como LOSADUR se le da más premios para construir más. LOSADUR es un predio de propiedad municipal, por lo cual es el lugar ideal para hacer parques y espacios verdes. No se le puede pedir a un propietario que tire abajo su casa para hacer una plaza. Pero el municipio podría comprar estas zonas industriales en desuso y hacer los espacios verdes, porque para eso pagamos los impuestos que pagamos. -WS: Según el discurso oficial, esta modificación protege la zona costera de San isidro y la zona de Barrancas ¿Es realmente así? -A: La zona de Costera y la zona de Barrancas, que también se dice que es otro de los grandes cambios que este código “intenta proteger”, pero no es así. Se lo hemos comentado a los concejales. Ahí no se protege ni la barranca ni la costa del rio. Lo único que se hace es sacar la especificidad de zonas que son residenciales. Ahora van a poder ser ocupadas por emprendimientos hoteleros, clubes, gastronomía, o sea, potenciando un negocio sobre la costa que interesa más que hacer viviendas. Aun así, hace poco apareció un proyecto haciendo en esos predios 30 viviendas, donde antes había una ahora habrá 30. Esto va a cambiar toda la fisonomía y la identidad de esa zona costera muy particular, que desde ya necesitamos que sea accesible para la gente. -WS: ¿Qué impacto ambiental traerá está modificación del COU? -A: Con respecto al impacto ambiental, la más importante la más directa va a ser la densificación, o sea, donde hay hoy una vivienda en Villa Adelina o en Boulogne va haber 10 o 15, y la otra cuestión es que esas viviendas no solo van a ser 10 o 15, sino que te las van a hacer sin cochera y que serán viviendas de espacio mínimo de 35 m2, incluido el palco. Con lo cual no son viviendas de calidad, no tiene nada que ver con el uso que le da un ciudadano. La otra cuestión es que este nuevo código reduce los retiros de fondo y frente (retiro de frente es la distancia obligatoria que debe existir entre la vereda pública y la fachada de un edificio o casa, mientras que retiro de fondo es la distancia obligatoria que se debe dejar sin edificar en la parte trasera de un terreno). Es decir que tendremos menos terreno absorbente, con lo cual vamos a tener más inundaciones. También vamos a tener problemas con las redes en cuanto a los servicios en general y particularmente agua y cloaca, que están preparadas para viviendas unifamiliares. Otra de las cuestiones ambientales va a ser los jardines: nosotros hoy estamos todos obligados a dejar pulmones de manzanas (en arquitectura y urbanismo, se llama pulmón de manzana al espacio libre y sin edificar que queda en el centro de una manzana urbana, es decir, la suma de todos los retiros de fondo de las casas y edificios de esa manzana). Eso genera un ecosistema urbano totalmente diferente. Eso tampoco va existir. En el concepto “medio ambiente” debemos poner también al ser humano y la calidad de vida. Esto nos va a cambiar a todos, ya sea porque nuestro barrio no va a tener la misma identidad, como también lo alienante que es cuando concentras la gente en un mismo lugar. No es lo mismo para cualquiera de nosotros vivir una familia en una casa, que cuando traemos dos familias; bueno, esto también pasa a nivel ciudad. Cuando somos demasiados y esto no está preparado, viene el tema de estacionar, el tema de movilizarnos, etc. El tema de movilizarnos es otra cosa gravísima porque agregan viviendas sin cochera en lugares que dicen que no necesitamos el auto por las líneas de colectivo y el servicio de tren, sobre todo el ferrocarril Belgrano. Toda una falacia: las líneas de colectivo, bueno, todos estamos al tanto de la desaparición de las líneas 707, etc. El Belgrano Norte tiene muy pocas formaciones, está muy saturado. Esto es solo un rédito para los desarrolladores de construcciones, que en un lote de cuatro viviendas van a poder hacer 15. -WS: ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Movilizaciones, acción judicial, etc.? -A: Con respecto a los pasos a seguir: seguimos estudiando algunas cuestiones que harían que este código sea inválido: faltó en principio la participación ciudadana y los informes reales y acordes a lo que merecía este cambio. Se han mandado notas tanto al municipio al Concejo Deliberante con esta situación y también se le ha presentado a la defensoría de la provincia de Buenos Aires; en este momento está en estudio con qué otras acciones seguir adelante.

La decisión de no asignar cupo para la apertura de la primera residencia provincial de Musicoterapia en la Provincia de Buenos Aires no constituye un hecho aislado ni meramente administrativo. Expone una orientación política y sanitaria más profunda: en medio de la crisis del sistema público de salud, las disciplinas interdisciplinarias, comunitarias y de salud mental continúan siendo relegadas. La noticia comenzó a conocerse luego de que las y los postulantes encontraran sus inscripciones “rechazadas” en el sistema del Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES), pese a haber presentado correctamente toda la documentación requerida. Según trascendió desde equipos intervinientes, la medida respondería a razones presupuestarias. El hecho adquiere una enorme gravedad porque se trataba de la primera residencia pública provincial de Musicoterapia en Buenos Aires. Su apertura constituía un paso histórico para el reconocimiento institucional de una disciplina que desde hace décadas trabaja en hospitales públicos, centros de rehabilitación, dispositivos territoriales, salud mental, discapacidad y neurodesarrollo. El propio Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires define al sistema de residencias como una política sanitaria estratégica para la formación integral de profesionales y para dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Según la información oficial del ERES Bonaerense 2026, el sistema incluye residencias básicas y postbásicas en distintas especialidades y disciplinas del equipo de salud. El Ministerio determina cada año los cargos y vacantes “de acuerdo a las necesidades sociosanitarias bonaerenses”. Sin embargo, mientras el gobierno provincial presenta públicamente al ERES Bonaerense como una política para “fortalecer el ingreso y permanencia” de profesionales en el sistema sanitario, la realidad muestra otra tendencia: disciplinas enteras quedan sin cupos, nuevas residencias no llegan a abrirse y los espacios de formación pública continúan atravesados por la precarización y la incertidumbre. Las residencias no son simplemente instancias académicas. Constituyen el principal sistema de formación en servicio de los hospitales públicos y sostienen buena parte de la atención cotidiana en el sistema sanitario. El cierre o la no apertura de cupos impacta directamente sobre la capacidad futura de atención, especialmente en áreas críticas. En el caso de la Musicoterapia, el recorte golpea particularmente sobre campos donde la demanda crece año tras año: salud mental, discapacidad, rehabilitación, neurodesarrollo, infancias y adolescencias, cuidados integrales y abordajes territoriales y comunitarios. La suspensión de esta residencia deja en evidencia, además, cuáles son las disciplinas consideradas “prioritarias” y cuáles aparecen como prescindibles dentro del modelo sanitario actual. La contradicción resulta evidente: mientras desde los discursos oficiales se habla de fortalecer equipos interdisciplinarios y ampliar derechos en salud, las herramientas concretas para formar esos equipos son recortadas o directamente desactivadas. Este escenario se da además en un contexto de deterioro general del sistema sanitario, sobrecarga laboral, deterioro salarial y precarización de las condiciones formativas. A nivel nacional también avanzan procesos de reorganización y descentralización del sistema de residencias, transfiriendo mayor peso presupuestario y organizativo a las provincias. Al mismo tiempo, distintos sectores de salud pública, hospitales universitarios y programas sociales vienen denunciando recortes presupuestarios y dificultades crecientes para sostener prestaciones y dispositivos sanitarios. La suspensión de esta residencia interpela directamente al gobierno de Axel Kicillof. Mientras la gestión provincial sostiene un discurso de defensa de la salud pública frente al ajuste nacional, en los hospitales bonaerenses continúan avanzando recortes, falta de personal, deterioro salarial y limitaciones presupuestarias que impactan de lleno sobre la formación y el sostenimiento de equipos interdisciplinarios. La no apertura de la residencia de Musicoterapia evidencia que el ajuste también alcanza a la salud bonaerense y que las áreas vinculadas a salud mental, discapacidad y abordajes comunitarios siguen siendo consideradas postergables frente a otras prioridades presupuestarias. En este marco, la no apertura de la primera residencia provincial de Musicoterapia aparece como parte de un proceso más amplio de ajuste sobre la salud pública. La Musicoterapia posee reconocimiento profesional y una extensa trayectoria de trabajo dentro del sistema sanitario. Su exclusión estructural de las políticas de formación pública no sólo afecta a las y los profesionales de la disciplina: limita también el acceso de la población a abordajes integrales e interdisciplinarios fundamentales para la atención y la rehabilitación. Defender la apertura de residencias no implica únicamente defender espacios de formación profesional. Implica garantizar equipos interdisciplinarios, accesibilidad y atención integral para la población bonaerense. Cuando un gobierno decide no abrir cupos para disciplinas necesarias dentro del sistema público, está definiendo prioridades políticas y presupuestarias. En este caso, el ajuste termina recayendo sobre la formación pública, los trabajadores de la salud y, fundamentalmente, sobre la atención de la población.

El pasado lunes 19 de mayo, Primer Plano, un medio de la Zona Oeste, anunció que Pirelli suspenderá la producción el domingo 24 y el lunes 25 de mayo y que la suspensión de la producción fue acordada con la directiva nacional del SUTNA. La suspensión es con el pago del 100 % de los salarios. En la fábrica Pirelli, al igual que en el resto de la industria del neumático, la patronal despidió a más de la mitad de la fuerza laboral bajo la modalidad extorsiva e ilegal de “retiros voluntarios”. Entre los más de 700 despedidos se encuentran los trabajadores que habían formado parte de la vanguardia que estuvo a la cabeza de la huelga de 2022, cuando se peleó por el pago de las horas de los fines de semana al 200 %. Por otro lado, los despidos masivos produjeron un clima de terror que la empresa explotó en su favor para imponer de facto cambios en los sistemas de trabajo en los sectores de “turno central” y de “producto terminado”, con rebaja salarial y con pérdida de derechos laborales como el servicio de transporte a cargo de la empresa. Esto viene a sumarse a la aplicación de la reforma laboral, implementada de facto antes de su sanción por el Congreso Nacional, con aumentos de los ritmos de producción y con achique de personal en varios sectores. Por ejemplo, en el sector de control final la empresa modificó la operatoria de las máquinas D70 y Akrodyne, que antes eran operadas por tres trabajadores, y ahora una “nueva” máquina (unificación de la D70 y Akrodyne) es operada por un solo trabajador que debe atender varias máquinas al mismo tiempo, en una línea de producción más extensa. Este cuadro de superexplotación agudizó el deterioro de la salud de los trabajadores, que acarrean enfermedades físicas y psíquicas de gravedad. Esto último, sumado a la falta de inversión en seguridad, en 2021 causó la muerte de Marcelo Ulariaga, cuando su cuerpo fue aplastado por una máquina, y en 2025 la pérdida de cuatro dedos a Víctor Córdoba, en la máquina conocida como Bandina. En los últimos dos años el salario real de los trabajadores cayó aproximadamente un 40 % y, de marzo de 2025 a mayo de 2026, la caída se aceleró debido a la negativa de las patronales a sentarse a negociar las paritarias. En el caso de Pirelli, la patronal otorgó aumentos en cuotas, a cuenta de futuros aumentos que representan menos de la mitad de la inflación acumulada en los últimos catorce meses. El ataque a las condiciones de trabajo y al salario fue enfrentado por la dirección del sindicato con una línea política legalista, por medio de infructuosos pasilleos en el Ministerio de Trabajo, en oposición al método de la lucha de clases. A la velocidad de un rayo, medios nacionales como Clarín, Ámbito Financiero y Crónica replicaron la noticia de la suspensión de la producción de Pirelli por dos días. Sin embargo, Pirelli tiene esta política de suspender la producción los fines de semana largos, por lo menos desde hace dos años. Clarín se ha servido de este hecho para machacar con la tesis del “industricidio”, del cual las grandes patronales del neumático serían víctimas al igual que los trabajadores suspendidos o despedidos, como es el caso de FATE. El objetivo de esta propaganda mediática es arrancarle al gobierno subsidios y todo tipo de prebendas económicas en favor de las patronales, como ha sido planteado claramente en el proyecto de Ley “Madanes” , presentado por el bloque kicilofista en el Congreso Nacional. De otro lado, la agitación del “industricidio” sirve a los efectos de justificar el atropello histórico a los derechos laborales, intensificando y extendiendo la jornada laboral y reduciendo los salarios muy por debajo de la línea de pobreza. Esto es, de conjunto, un ataque histórico a los convenios colectivos de trabajo y a la organización fabril. Pero la caída de la producción de neumáticos ha sido sorteada por la multinacional Pirelli, con su conversión instantánea de productor a importador, por medio de la marca Prometeon, con lo cual su tasa de ganancia no se ve resentida. Lo que ningún medio de comunicación hegemónico dice es que la patronal de Pirelli se aprestaría a continuar con más despidos e implementar de facto un cambio de sistema de trabajo para dar una vuelta de tuerca más en estrujar al máximo a los trabajadores del neumático en la línea del que impuso Madanes de FATE, en acuerdo con el Sindicato . El fantasma del cierre de Pirelli, en el camino abierto por Madanes Quintanilla en Fate, ha puesto en guardia a los activistas más avanzados de la fábrica, agrupados y no agrupados. La Asamblea Extraordinaria convocada por el SUTNA, luego de más de noventa días de lockout patronal y ocupación de Fate, no fijó posición respecto de la situación grave por la cual atraviesan los trabajadores de Pirelli, que tienen una seccional intervenida por la directiva del SUTNA. Está planteada la pelea por la convocatoria a una Asamblea General de Fábrica para luchar contra los despidos, la reforma laboral y por aumento de salarios.

La Armada Argentina y el Departamento de Defensa firmaron un acuerdo para el control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. El mismo consiste en un trabajo conjunto de al menos cinco años para la vigilancia y el monitoreo de la ZEE. La iniciativa fue oficializada mediante una Carta de Intención suscrita entre el contraalmirante estadounidense Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota y representante de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay, por la Armada Argentina. El acuerdo fue anunciado por la embajada de EE. UU., dirigida por Peter Lamelas: "Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur. La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas. El contraalmirante Sardiello, de NAVSOUS4THFLT, y el almirante Romay, de Armada_Arg, firmaron la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional". El Comando Sur adelantó que la cooperación se expandirá con "equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas". El Congreso de EE. UU. alertó esta semana sobre el tema en su Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino (CCP Committee), y la Subcomisión de Seguridad del Transporte y Marítima de la Cámara de Representantes, bajo el documento titulado "La ofensiva pesquera global de China". "La República Popular China es la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales", cita el documento. El interés estratégico del Mar Argentino no es casual: concentra recursos pesqueros y energéticos, es un corredor bioceánico clave y la puerta de entrada a la Antártida. Por eso, el acuerdo con EE. UU. no solo apunta a la pesca china, sino a controlar todo ese entramado geopolítico. La guerra mundial que EE. UU. está desarrollando contra China atraviesa todas las dimensiones de la política nacional de los países periféricos, convirtiendo cada territorio en zona de disputa y conflicto. La motosierra de Milei dentro de las FF. AA. es utilizada por la administración Trump para avanzar en todo tipo de convenios de entrenamiento, equipamiento y alineación con los intereses estratégicos de Washington. Este tipo de alianzas no es inocuo: recordemos que las fuerzas estadounidenses tienen antecedentes recientes de acciones unilaterales en la región. Los marines vienen de cometer actos de piratería y crimen internacional con la destrucción de barcazas en el Caribe, han secuestrado al presidente venezolano y preparan una incursión militar en Cuba. El Mar Argentino será convertido más temprano que tarde en zona de guerra por el Departamento de Guerra norteamericano con el único fin de expulsar a China de la región. De esta manera, el gobierno de Milei no solo cede soberanía, sino que convierte al Mar Argentino en un nuevo tablero del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, con riesgos impredecibles para la región.

En el transcurso de esta semana, sin que mucho se difunda, Roberto Baradel (saliente secretario general del SUTEBA) y Maria Laura Torre (secretaria general entrante) se reunieron con autoridades del Banco Provincia para conversar sobre la situación de morosidad creciente de muchos docentes. ¿La propuesta que llevaron? Que se apliquen tasas subsidiadas para quienes debieron endeudarse para gastos básicos y que los vencimientos de las tarjetas de crédito no sean previos al cobro de haberes. Las autoridades bancarias “quedaron en responder”. Si analizamos quiénes se sientan a plantear el problema y dejar sobre la mesa una posible solución, podemos concluir que es otra enorme tomada de pelo. No es una persona particular yendo al banco a negociar. Es el sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires. Un sindicato que ha sido el principal responsable en la pérdida salarial durante la última década. Desde 2022 a 2025 dicha pérdida ronda el 50 % y la tendencia sigue. Un Roberto Baradel que ha actuado de guardaespaldas privado del gobernador Kicillof, que ha acordando paritarias a la baja, se despidió de la conducción del sindicato llevando propuestas pensadas en los acreedores de deuda y no en quienes supuestamente representa: los docentes. Si hemos llegado a esta situación angustiante de morosidad en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales es por la destrucción de nuestros ingresos. De existir un sindicato independiente del poder político, que no esté absorbido en una interna de aparatos, lucharía por un salario igual al costo de la canasta familiar y no sería necesario estar hablando de morosidad de pagos. Problema general La cuestión de la deuda y morosidad en los pagos de tarjeta de crédito no es problema único de la docencia. Es una situación que abarca a la gran mayoría de la clase trabajadora. Recientes informes detallan que estamos atravesando el nivel de morosidad más alto de los últimos 20 años. Los préstamos y “tarjeteo” están siendo destinados a la compra de alimentos, pago de servicios y otras necesidades básicas. En el Congreso Nacional desfilan alrededor de 20 proyectos diferentes que, al igual que el del SUTEBA, buscan asegurar los beneficios a los acreedores bancarios y evitan hablar de la pulverización de salarios y jubilaciones. Se habla de reestructuraciones de deuda, planes de pago en 36 cuotas, quita de intereses y propuestas para que las cuotas no superen el 30 % del ingreso familiar. Con esto último, si uno le suma lo que representa de nuestra masa salarial el pago del alquiler, el gasto de transporte (en aumento) y los servicios, ya estamos pensando en pedirnos un nuevo préstamo. Cualquier proyecto, venga de quien venga, que busque “aliviar” la agonía de endeudamiento familiar que atraviesa la clase trabajadora, es un engaño por un lado y un guiño para los bancos por otro, que han exprimido enormes beneficios con esta situación. No nos deben llevar a discutir qué desahogo financiero podemos recibir, si mover la fecha de cobro o la del pago de un crédito. Desde Tendencia Docente Clasista levantamos un programa claro en defensa de un salario igual al costo de la canasta familiar ($2.800.000) y la construcción de un gran movimiento autoconvocado en la provincia, que tenga como perspectiva un paro por tiempo indeterminado hasta lograr nuestras reivindicaciones básicas.

Netanyahu no ceja en su decisión de vaciar la Franja de Gaza; aunque no hay bombardeos masivos desde que se firmó el fraudulento “cese del fuego”, los ataques diarios han causado la muerte de alrededor de 900 palestinos de todas las edades (8 muertos y 28 heridos en las últimas 48 horas) y herido por lo menos a 3.000. Desde hace dos años Israel impide la salida de enfermos graves, entre los que hay mutilados y personas con lesiones que con la falta de atención médica adecuada se vuelven irreversibles. Producto de la acumulación de basura y las aguas contaminadas, los campamentos de desplazados están llenos de ratas -los hospitales reciben niños mordidos por los roedores-, chinches y piojos, una epidemia de sarna y proliferan enfermedades nunca vistas en la zona. No hay duchas ni letrinas y escasea el agua potable. Israel solo deja pasar camiones comerciales (productos para vender, en lugar de los de las agencias internacionales), no hay carne, ni huevos, ni tampoco pescado porque la Armada israelí no permite faenar en la costa gazatí. Escasean las verduras porque el ejército arrasó casi toda la tierra cultivable. El 15 de mayo la ONU registró más de 82.000 niños de entre seis meses y 5 años con malnutrición aguda. No entran productos médicos, humanitarios ni gratuitos. “Necesitamos reponer medicamentos, piezas de los equipos médicos, piezas de las depuradoras de agua, aceite de motor para las ambulancias y motores para dar energía a los quirófanos", dice Médicos Sin Fronteras. Está prohibido el ingreso de materiales para la reconstrucción, desde clavos a excavadoras. Israel, a la vez, avanza sobre el territorio gazatí, corriendo periódicamente los límites de la línea amarilla que partió en dos la Franja. Ya ocupa el 64 % del territorio, empujando a casi ¿2 millones? de palestinos hacia una región ínfima, sin agua potable. El ejército obligó a desplazarse a los que vivían en ese 12 % de territorio. Los sionistas tampoco abandonaron los planes de imponer un “reasentamiento masivo fuera de Gaza” en países como Indonesia, Libia, Sudán, Congo y Somalia. (The conversation, noviembre 2025). Aunque los palestinos rechazaron emigrar de forma abrumadora, algunos fueron sacados de Gaza en vuelos fletados por una organización de colonos vinculada al ejército israelí. La maniobra se descubrió en noviembre del año pasado cuando 153 palestinos fueron abandonados en un avión en la pista del Aeropuerto Internacional OR Tambo, Johannesburgo, Sudáfrica. No sabían ni dónde estaban ni a dónde se dirigían, ni habían comido en dos días, ni tenían pasaporte sellado ni pasajes de regreso ni alojamiento previsto. Más tarde, se verificó que venían desde Kenia y que su viaje había sido facilitado por una “agencia humanitaria” (sic) llamada Al Majd Europe, que se dedica a “evacuar musulmanes de zonas de conflicto”. Cada uno habría pagado 2000 dólares por adelantado a Al Majd Europe (AP, BBC, Times of Israel). Según Haaretz, Al Majd Europe -dirigida por el israelí Tomer Jamar Lind- coordina sus actividades con la Oficina de Emigración Voluntaria del ejército israelí, dirigida por el fascista ministro de Finanzas Belazel Smotrich, un fanático religioso que predica la limpieza étnica y reclama para Israel un territorio que abarca desde Egipto hasta Irán. El plan de evacuación, dice Haaretz, está orquestado por la organización Ad Kan, cuyo líder, Gilad Ach, milita frenéticamente por el traslado masivo desde Gaza. Evacuar Gaza y convertirla en parte de Israel es una obsesión sionista de larga data. En mayo de 1969, el Mossad impulsó un plan secreto: llevar 60.000 palestinos a Paraguay. Un documento oficial prueba el plan de expulsión y estableciendo además el pago a la dictadura de Stroessner de 33 dólares por cada deportado. En setiembre de 1969 viajaron 20 hombres, algunos amenazados, otros con la promesa de que tendrían trabajo y una pronta reunificación con su familia. En realidad, los dejaron en zonas rurales remotas, sin documentación ni recursos, sin conocer el idioma. En mayo de 1970, dos de esos expatriados, Al-Dimassi y Khaled Kassab, atentaron contra la embajada de Israel en Asunción. Durante el juicio, denunciaron ser víctimas de un plan masivo de deportación. El escándalo internacional obligó a Israel a suspender los planes. Recién en 2004, Meir Amit, exdirector del Mossad, admitió: “Intentamos fomentar la emigración… nuestro objetivo era reducir la población árabe”, declaró. Pogromos en Cisjordania Israel avanza en el aniquilamiento de los palestinos de Cisjordania, aunque le cuesta una creciente crisis militar. El jefe militar de esa zona, el general Avi Bluth, actualizó la semana pasada la normativa para que entre en vigor la ley de pena de muerte “para los terroristas” (que no se aplica a los ciudadanos israelíes). Los tribunales militares pueden imponerla por mayoría simple. (Times of Israel, 18/5). Bluth admite orgullosamente que el ejército trabaja “codo a codo con los colonos que ejecutan los pogromos diarios” y celebra sus atrocidades como “terrorismo israelí”. Bluth, que se crió en un asentamiento ilegal, mantiene en Cisjordania una política “tan desenfrenada como distorsionada”, dice Haaretz, que lo acusa de generar las condiciones para una nueva Intifada. “Convierto constantemente pueblos en zonas de conflicto», se jacta Bluth, en referencia al acoso salvaje contra la población palestina. “Bluth no solo no intenta impedir los pogromos, sino que, de hecho, los está propiciando”, afirma Haaretz. Haaretz no es el único que teme una nueva Intifada. Hace unos días, tras recorrer las comunidades palestinas de Cisjordania que han sufrido repetidos ataques por parte de colonos, el exjefe del Mossad entre 2011 y 2016, Tamir Pardo, afirmó que se sentía «avergonzado de ser judío» y advirtió de que la actual política israelí está «sembrando las semillas para el próximo 7 de octubre”. “Lo que vi es una amenaza existencial contra Israel”, declaró Pardo a Channel 13 News. “Ocurrirá de una forma diferente y podría ser mucho más dolorosa, porque Cisjordania es más complicada”, agregó. La visita fue dirigida por el general de división (reserva) Yaakov Or, antiguo jefe del organismo militar israelí responsable de los asuntos civiles en Cisjordania. A ellos se unieron también los antiguos altos mandos militares Matan Vilnai, exsubjefe del Estado Mayor, y el general Amram Mitzna, que dirigió el Mando Central. «Mi madre es una superviviente del Holocausto», añadió Pardo. «Lo que he visto aquí hoy me ha recordado a los acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo pasado en un país muy desarrollado: el mismo fenómeno dirigido allí contra los judíos. Y me avergüenza ser judío aquí hoy». Jerusalén La persecución a los palestinos no tiene fronteras. El domingo 17 el gobierno de Netanyahu aprobó la mayor confiscación de viviendas y comercios en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este desde 1967. Están situados en la calle Al-Silsila, una de las principales calles históricas de acceso a la Mezquita de Al-Aqsa, una zona de gran importancia religiosa, histórica y política. Es otro paso en la expulsión. Comisarías israelíes, puestos de avanzada de colonos y la plaza del Muro de Al-Buraq ya rodean partes de la zona que será confiscada que, sin embargo, aún mantiene una fuerte presencia palestina. La radio del ejército informó que la calle se integrará al llamado “Barrio Judío” tras las elecciones gubernamentales. La gobernación de Jerusalén calificó una “peligrosa escalada colonial” que podría abrir la puerta a una nueva fase de desplazamiento forzado. Crisis castrense La mortífera carrera del sionismo hace oídos sordos a una crisis castrense, signada por la escasez de miles de soldados de combate y reserva, el desgaste operativo y las dificultades para sostener múltiples frentes militares en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. El domingo 17, la prensa israelí informó que se multiplican las advertencias sobre la imposibilidad de sostener operaciones prolongadas. El jefe del Estado Mayor Eyal Zamir informó al Parlamento que “el ejército no podrá cumplir sus misiones a largo plazo sin extender el servicio militar obligatorio y resolver el problema del reclutamiento”. El “problema” se refiere al debate sobre el reclutamiento de judíos ultraortodoxos -que se niegan a incorporarse al ejército- y la extensión del servicio militar obligatorio. Haaretz describió la situación interna como una “crisis de personal, una carga de trabajo excesiva, fricciones diarias y bajas”, al tiempo que señaló que la nueva doctrina de seguridad aplicada en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria ha generado “aislamiento, desesperación y emigración”. Estas advertencias ocurren en medio de la presión constante por las pérdidas militares registradas en el norte de la Palestina ocupada. Además, Israel avanza en la nueva Nakba en medio de una inocultable crisis de salud mental. En los últimos dos años, la demanda de tratamiento de salud mental ha aumentado aproximadamente un 240 %, según informó Clalit Health Services en un comunicado que hacía hincapié en el creciente impacto psicológico de la guerra. Las cifras se presentaron durante una visita de la Comisión de Salud parlamentaria al Hospital Clalit-Beilinson, donde los legisladores se reunieron con altos funcionarios sanitarios para debatir las presiones a las que se enfrenta el sistema médico israelí, la preparación para tiempos de guerra y las nuevas herramientas que se están utilizando para hacer frente a la atención psiquiátrica y psicológica. El sionismo ha convertido en asesinos y violadores a una generación completa de jóvenes, y en cómplices a sus familias.

El artista plástico Eugenio Merino es reconocido por sus polémicas obras de fuerte contenido político e irreverente. Por ejemplo, por “Always Franco”, Siempre Franco es una escultura hiperrealista que presenta al dictador español envestido con todos los atributos de Generalísimo, ya viejo y de tamaño natural, es conservado dentro de una heladera exhibidora con insignias de Coca-Cola. Recientemente, el autor preparó otra pieza controversial que condensa en su metáfora una polifonía de críticas al mercado y a la ruptura del marco legal internacional. Presentada en la feria de arte ARCO de Madrid, la obra titulada The End of History (El fin de la historia) consiste en un barril petrolero pintado de negro brillante sobre el cual se inscribe, en letras blancas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde el título, el autor ironiza directamente sobre la tesis de Francis Fukuyama, quien, tras la caída del Muro de Berlín, postuló que la democracia y el libre mercado constituirían el punto final de la evolución sociocultural humana. La pieza golpea esa narrativa que anunció el fin de la lucha de clases y celebró al capitalismo como el horizonte definitivo de la humanidad; una teoría que durante décadas ocupó los anaqueles de las librerías y entretuvo a la academia mientras la realidad acumulaba evidencias en sentido contrario. Frente al barril, el espectador no puede más que concluir que lo único definitivo es el fin de la supuesta globalización, a la vez que reflexiona inevitablemente sobre los horrores de la guerra. La destrucción de regiones enteras en Ucrania, Gaza e Irán -donde, lejos de objetivos militares, los bombardeos caen sobre la población civil- demuestra que este horror es el verdadero motor del desarrollo de los intereses económicos ligados al negocio bélico. La propuesta de la obra disparó numerosas críticas por parte de los patrocinadores del evento, quienes salieron en defensa de los intereses vinculados al petróleo que el barril cuestiona. Para agudizar la provocación, el artista presentó una variante de la obra cuyo precio fluctuaba en tiempo real según la cotización del crudo en el mercado internacional. Este dispositivo de fluctuación del valor es una ironía que condensa el filo crítico del autor: por un lado, evidencia que los derechos humanos se han subordinado al mercado; por el otro, denuncia la especulación financiera y expone los vínculos de las instituciones artísticas con empresas estrechamente entrelazadas con las tragedias humanitarias en curso. Mediante esta metáfora, el escultor expone una contradicción: los derechos humanos aparecen como una mercancía y, a la vez, como un bien escaso, al ser presentados bajo su concepto alternativo de "el último barril". Subyace aquí una verdad indiscutible: la guerra por los recursos que libran los Estados y el capital arrasa sin consideración alguna por la vida humana y el ecosistema del planeta. En esta línea, los Estados beligerantes, como Estados Unidos y sus países asociados -entre ellos, la Argentina-, no cejan en sus esfuerzos por instaurar regímenes de excepción política y económica. Estos mecanismos permiten la reasignación de recursos públicos hacia el rearme militar, mientras se arremete contra las libertades democráticas fundamentales. Asimismo, las élites aprovechan la recesión económica como excusa para liquidar derechos laborales, un proceso que avanza obligatoriamente junto a la regimentación política de las clases trabajadoras, algo que resulta incompatible con la vigencia efectiva de cualquier declaración de derechos. Piezas como la de Merino dan la pauta de que las consecuencias de la guerra imperialista han empezado a erigirse como el canalizador central de las preocupaciones de los artistas. Ellos con sus obras actúan como catalizadores de la percepción de los tiempos que corren y, a través de su producción estética, expresan un rechazo de las políticas de barbarie.

En los últimos días han salido notas en Clarín, Nación y Perfil sobre el paro por tiempo indeterminado de Exactas-UBA. En esta lucha se destaca en particular el rol del Departamento de Computación que es en este momento el bastión del paro y ya ha dado por levantado el primer cuatrimestre. Las carreras tecnológicas más numerosas de Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación cursan sus materias troncales en este departamento. La masa de docentes y estudiantes sin clases es muy significativa. Docentes auxiliares de otros departamentos como Química Inorgánica y Química Biológica tampoco han abandonado el paro por tiempo indeterminado que ya cumple su décima semana. Las notas en estos medios centrales no son de apoyo al paro, sino que señalan que hay alumnos que están migrando a universidades privadas por la falta de clases. La migración de aquellos que pueden irse, al igual que las renuncias de docentes, no se debe al paro sino a la política destructiva del gobierno. Más allá de este sesgo en los medios, hay que destacar que la primera y más difundida de estas tres notas, del diario Clarín, incluye testimonios de docentes que defienden el paro y en forma extensa expone sus argumentos. En esa misma nota otro docente que no lo apoya aclara que lo hace desde la distancia en China, donde viajó a dar clases por cuestiones económicas alejado de su familia y sus padres con problemas de salud. Por su parte, La Nación, en su nota solo citó únicamente fuentes del Rectorado y señaló que el decano de Exactas se reservó de opinar sobre este tema. El rectorado se remitió a señalar que es un caso aislado y que difiere “de los reclamos gremiales que atraviesa la Universidad”. El decano de Exactas venía teniendo intervenciones en contra del paro dentro de la facultad y en algunas entrevistas donde lo interpelaron al respecto. Sin embargo, frente al hecho de que se hizo público, prefiere rehuir de hacer pública alguna posición al respecto. La presión interna es demasiado fuerte como para avanzar en una campaña contra el paro en Exactas, como sí lo ha hecho, en grado superlativo, la autoridad de la UBA en los colegios preuniversitarios amenazando descontar los días de paro a los docentes. Es un gran logro de esta lucha que estos medios no hayan podido ignorar la huelga de Exactas. Es también un logro del activismo de base que sea el rectorado el que evidencie el rol contrapuesto a la política de las asambleas de Exactas respecto a la de los sindicatos de la UBA de sostener paros escalonados. La estrategia de paro intermitente o escalonado ha sido reiteradamente rechazada por las asambleas autoconvocadas y asambleas de base de sindicatos. Todo el conjunto de sindicatos peronistas y también los conducidos por el FITU, aún cuando critiquen esta estrategia, no han dejado ni un segundo de sostenerla. El rol de las fuerzas respecto al cerco político En las páginas de Política Obrera veníamos cubriendo el recorrido del paro por tiempo indeterminado que se votaba semana a semana en Exactas. Nuestro seguimiento era excepcional frente a un conjunto de medios en manos de las diferentes fuerzas políticas que intervienen dentro de la Facultad y que no mencionaban esta lucha. Medios del FITU como “La Izquierda Diario” del PTS o “Prensa Obrera” del PO oficial, no ofrecieron ni un renglón al servicio de difundir esta lucha. Tampoco las redes de AGD-UBA o FEDUBA ni sus páginas web hicieron ni hacen mención del paro continuo de Exactas a contramano del paro intermitente de las confederaciones sindicales. Puertas adentro de la facultad, las fuerzas del FITU y de la Cámpora no han alzado la voz en contra del paro y votan a favor en las asambleas. Hacen malabares para conciliar la posición de sus conducciones en contra de difundir el paro para que este se ahogue en soledad y sus manos a favor dentro de la facultad para no ser superados por las bases. Cumplen a reglamento tareas como la difusión de las asambleas con un flyer a última hora. Y al momento de publicar las mociones tergiversan aquellas en las que fueron derrotados. Por ejemplo, cuando la asamblea convoca una próxima asamblea interclaustros, agregan a la moción una leyenda que sujeta la convocatoria a la conducción del centro de estudiantes que dirige la Cámpora. Este rol lastimoso de la Cámpora al frente de FEDUBA y el Centro de Estudiantes y del Partido Obrero al frente de AGD se refleja en el decreciente fervor de sus militantes. Es cada vez más fuerte el peso de las contradicciones entre la política de estas fuerzas y las necesidades elementales del conjunto de los estudiantes y docentes del cual son parte. El cerco político fue parte de la discusión en las asambleas, ya que el año pasado habíamos tenido un proceso de 5 semanas de paro en aislamiento y no habíamos logrado darlo a conocer. A partir de un trabajo sistemático de nuestro partido con colaboración de estudiantes independientes, fuimos los que logramos las primeras notas en radios pequeñas de nicho a partir de la semana 6 de paro. En la semana 8 logramos la entrevista en el programa “Pasaron Cosas” de Radio con Vos que fue el que quebró el cerco y puso a periodistas de medios progresistas a mencionar reiteradamente nuestro paro. Destacamos en particular a Alejandro Bercovich y Nancy Pazos en este proceso, ambos concedieron entrevistas a quien escribe y al compañero Nahuel Rabey cuando la huelga no era difundida. Evidentemente el cerco era netamente político y no mediático: la importancia de esta huelga como noticia es indudable en una facultad de gran prestigio y relevancia. Lo que permitió a Política Obrera este rol protagónico en la difusión y en la referencia de la lucha, no ha sido su número de militantes sino una orientación y un fervor de abordar los problemas de la lucha concreta en nuestras manos. Mientras criticamos a las demás fuerzas por no difundir, nos dimos la tarea de hacerlo y hoy el escenario de esta lucha es otro. Notas recientes: Clarín (21(5) https://www.clarin.com/sociedad/paro-carreras-clave-uba-todavia-empezaron-clases-alumnos-van-universidades_0_6OfI5PQeBr.html La Nación (21/5) https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hay-dos-carreras-de-la-uba-que-aun-no-iniciaron-el-cuatrimestre-por-las-medidas-de-fuerza-nid21052026 Perfil (22/5) https://www.perfil.com/noticias/sociedad/dos-carreras-de-la-uba-siguen-sin-iniciar-el-cuatrimestre-por-el-conflicto-universitario-y-crece-la-preocupacion-en-exactas.phtml Participaciones de militantes de Política Obrera difundiendo la huelga de Exactas: AM750 (22/5) con Tomás Méndez https://radiocut.fm/radiostation/am750/listen/2026/05/22/07/42/32/ Streaming “Tormenta Negra” (20/5) https://www.youtube.com/live/gm5dvumst0g?t=2895s Radio 10 con Fernando Borroni (13/5) radiocut.fm/radiostation/radio10/listen/2026/05/13/01/12/20/ Streaming “Socialismo o Barbarie” (12/5) https://www.youtube.com/watch?v=5TRsMP0JoxA “Pasaron Cosas” Radio con Vos con Alejandro Bercovich https://youtu.be/s3mVENcRj60 Radio 10 con Nancy Pazos (12/5) https://www.youtube.com/watch?v=-h2PSQp9XlQ Radio Unicen (12/5) https://www.youtube.com/watch?v=VQ7Fmi3LRzA Radio con Vos (8/5) https://youtu.be/apiRU8i0Idc?t=345&si=9NLPzbyBbF1MQ9UL Streaming "La hora de los trabajadores" (7/5) https://www.youtube.com/watch?v=TLsqIiAL23k Radio 10 (6/5) con Fernando Borroni https://youtu.be/4_90XaP_a44 Radio 10 (5/5): https://radiocut.fm/radiostation/radio10/listen/2026/05/05/01/18/46/# Intervención en la asamblea del centro de estudiantes de sociales (7/5): https://www.instagram.com/reels/DYFY_mCBpYE/ Radio Buenos Aires (21/4): https://www.youtube.com/watch?v=krfsbrDV16M Radio Cadena (22/4): https://www.instagram.com/reels/DXhORH9Adjz/ Radio UNRC (22/4): https://radio.unrc.edu.ar/?p=38523 Radio Belgrano (23/4): https://radiocut.fm/radiostation/argentina/listen/2026/04/23/07/37/00/#

El fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones ha puesto al rojo la injerencia del Estado ´en los sindicatos. La intervención de la UOM da continuidad a una política que inauguró el macrismo: durante su gobierno, intervino 23 sindicatos, entre ellos, el SOMU, USPRA, Canillitas, APDEFA y Judiciales de Mendoza. En ninguna de todas esas intervenciones, la CGT tomó su defensa. La burocracia sindical, en su conjunto, aceptó siempre las normas jurídicas del Estado. Por eso acató todas las intervenciones como acata todas las “conciliaciones obligatorias” de los ministerios de Trabajo. El único caso de desconocimiento no provino de sectores combativos sino de un sector desclasado de la propia burocracia -el “Pata Medina”. Fuera de comunicados, ningún sector de la burocracia está dispuesto a parar un segundo en contra de la intervención del sindicato industrial más importante de la Argentina, Prisionero de su propio estatuto En la jurisprudencia laboral argentina, la impugnación de una lista minoritaria no ha alterado jamás un resultado general de una elección nacional. Pero en el caso de la UOM, sí es aplicable por su propio estatuto, que eliminó la elección directa de los afiliados suplantándola por un colegio electoral donde los electores seccionales electos de las seccionales eligen al secretario general nacional. Para ser secretario general de la UOM, hay que cumplir más requisitos que para ser Presidente de la Nación. Los argumentos legales de la intervención paradójicamente se apoyan en el propio estatuto cárcel de la UOM, donde las juntas electorales nacionales las elije su propio secretariado y lo mismo ocurre con las juntas electorales seccionales. Además, ha sido práctica común en la UOM la extensión de la elección durante tres días, la ausencia de escrutinio diario, que las urnas se abrieran el último día del comicio, y que permanezcan guardadas en los sindicatos seccionales, a los que nadie tenía acceso y solo se permitía, en algunos casos, la permanencia en custodia de fiscales opositores cuando los había. En resumen, la intervención no obedece a una violación de los términos de un estatuto. La intervención no obedece a que Furlán encabece una rebelión popular en los sindicatos. Su actuación al frente de la UOM se ha caracterizado por poner un freno a las resistencias de los metalúrgicos al congelamiento de los salarios. Las cámaras metalúrgicas bajo Furlán han impuesto los salarios por decreto bajo la forma de “aumentos a cuenta" -de una paritaria que nunca llega- en un virtual desconocimiento de la autoridad nacional del sindicato. En líneas generales, la intervención de la UOM parece fogoneada por su propia interna. No es ajeno el desplazamiento de Naldo Brunelli del secretariado nacional. La intervención tiene un plazo de seis meses. En ese lapso estará en juego es un cambio de composición en el secretariado de la UOM, donde Furlán debe resignar posiciones en las seccionales o perder la titularidad en el amañado Colegio Electoral del sindicato. En resumen, hay seis meses de “rosca” por delante para que esto suceda. Para la clase obrera la intervención de un sindicato es algo de máxima gravedad. El sindicato se convierte en una parte del Estado mismo, acompañado por burócratas seccionales, que deben obedecer a la Intervención. Denunciamos esta estatización, en oposición a la misma burocracia que utilizará los seis meses y una prórroga para seguir su política de maniobras.

Luego del fracaso del operativo de desalojo de los piquetes llevado a cabo durante el fin de semana, una nueva movilización que bajó desde el Alto hasta el centro de La Paz convirtió los alrededores del Palacio Quemado -sede del gobierno- en un campo de batalla. Los piquetes han afecto seriamente la provisión de alimentos e insumos. La intermediación de la Iglesia no ha arrojado resultados. Los manifestantes, desde principios de mayo, mantienen un férreo bloqueo en 40 puntos de todo el país, especialmente en los accesos a La Paz. El pedido de renuncia del presidente se ha generalizado. El gobierno de Paz Pereira -un derechista ´de centro´- asumió hace seis meses, luego de imponerse al expresidente "Tuto" Quiroga -un ultraderechista- en el ballotage. Un tarifazo en los combustibles y un plan autoriza la compra-venta de tierras -establecida en la Constitución vigente-, finalmente desató este levantamiento popular. Las reservas gasíferas se han agotado, y la importación de combustible arrojó combustibles sucios, incompatibles para el transporte. A la bancarrota del Estado siguió la bancarrota del MAS, que ha perdido representación parlamentaria, mientras Evo Morales tiene orden de arresto judicial, Actualmente Morales se encuentra refugiado en la región del Chapare. El imperialismo y la burguesía de todo el continente fogonean su detención, haciéndolo responsable por los piquetes que paralizan Bolivia, aunque su influencia ha menguado de manera decisiva. Las demandas originales del movimiento siguen en pie: aumentos salariales -con destacado protagonismo de los maestros-, el resarcimiento efectivo por la mala calidad del combustible que distribuyó el gobierno, arruinando autos y camiones; mientras que las cooperativas de mineros -en desventaja frente a los grandes pulpos del sector- exigen nuevas concesiones de yacimientos. En esa perspectiva, la COB se postula para encabezar un interinato y convocar a nuevas elecciones; el POR acompaña este planteo (de la “insurrección proletaria” ha pasado a la salida electoral). Evo mantiene por su parte un vínculo estrecho con el vicepresidente, Edmund Lara, "ex policía y abogado de discurso oportunista que desde su jura se lanzó a debilitar al mandatario tratándolo de ´cínico, mentiroso y corrupto´" (Clarín, 22/5). La derecha ha convocado a manifestaciones, algunas de ellas numerosas en Santa Cruz de la Sierra, con participación de las patronales agrícolas y comerciantes. Piden la declaración del estado de excepción ´regionalizado´ y ´mano dura´ contra los piquetes. El FMI se ha apresurado en ofrecer un rescate de emergencia para mantener la política oficial. La situación de Bolivia ha concitado una atención internacional de la derecha. El levantamiento campesino de estas horas es un golpe al "Escudo de las Américas", la coalición político-militar promovida por el trumpismo, de la cual el gobierno de Paz Pereira es signatario. Hasta Benjamín Netanyahu, el carnicero de Israel, ha enviado misivas de apoyo a Paz Pereira, cuyo gobierno reestableció las relaciones diplomáticas con el Estado sionista. Milei, por su parte, apuró el envío de munición antidisturbios y otros pertrechos policiales-, como hiciera Macri en 2019. En el escenario de la guerra económica, Bolivia es una pieza de gran importancia, ya que alberga una de las mayores reservas de litio del planeta. Los protagonistas políticos no van más allá de un recambio de gobierno, no el poder para las masas, de modo que rápidamente quedarán desautorizados por el manejo de la crisis política y la rebelión popular.

Luego de la multitudinaria marcha del 12 de mayo, CONADU convocó el 15 de mayo a un plenario de Secretarios Generales. Allí se definió una semana de paro del 26 al 30 de mayo. En dicho plenario también salieron dos mociones que se pusieron a consideración, una de ellas de ir al paro por tiempo indeterminado (2 votos), y otra de convocar a tres semanas consecutivas de paro (2 votos). La semana de paro se impuso con 11 votos. Por su parte, CONADU H también convocó a un plenario de Secretarios Generales que también votó por amplia mayoría convocar a parar la semana del 26 de mayo. En el caso de CONADU H, la moción de paro por tiempo indeterminado obtuvo un solo voto, que fue el de que llevó ADUINT como mandato de asamblea. La posición mayoritaria del congreso fue coincidir a una semana de paro conjuntamente con la otra CONADU, y analizar en un próximo plenario que se realizará la primera semana de junio cómo cerrar el cuatrimestre. Algunas asociaciones de base, como AGD UBA, hicieron el planteo adelantado de cara al segundo cuatrimestre, de preparar la no toma de exámenes el no inicio y el paro por tiempo indefinido, ¡cuando el segundo cuatrimestre recién arranca en agosto! Para el CIN, la marcha federal fue un punto de culminación de la pelea contra el gobierno en este primer cuatrimestre. Ahora esperarán el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para expedirse. Esta misma posición la asumieron los sindicatos. El paro de la semana del 26 al 30 de abril, en sí mismo y como lo conciben las direcciones sindicales, carece de perspectiva. Por eso mismo, y a pesar de la masiva marcha nacional del 12 de mayo, el gobierno, lejos de retroceder, ha resuelto ir mas fondo con su motosierra antieducativa, aplicando un nuevo ajuste que afecta directamente al plan de alfabetización, innovación y desarrollo tecnológico, infraestructura, entre otros. Incluso el propio Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez se refirió a la movilización de manera desafiante: “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Es una señal clara a los acreedores extranjeros que el gobierno no dará un sólo paso atrás en la en la política de ajuste y destrucción educativa para sostener la cotización de la deuda pública. Como si faltara poco, en el día de ayer, miércoles 20, han girado el nuevo instructivo de liquidación para el salario de los trabajadores universitarios, donde el gobierno impone un 1,4% de incremento salarial para el mes mayo, a cobrar en junio, profundizando la política de miseria salarial, cuando el INDEC marcó en abril 2,9% de inflación. A esta miseria el gobierno le adosa un “bono” adicional de $40.000 para todas las categorías no docentes y para los Docentes de dedicación exclusiva, y de manera proporcional a las dedicaciones inferiores. Por lo cual, la mayor parte de la docencia que es dedicación semi o simple estarán recibiendo en bolsillo $20.000 o $10.000 respectivamente, es decir, ni un kilo de carne. La situación en las universidades es explosiva. En la marcha nacional que, aunque fue en menor número que la marcha de abril de 2024, fue igualmente multitudinaria, dando cuenta de que hay un activo de docenes y estudiantes dispuestos a ir a una lucha en serio. El obstáculo central que bloquea esa perspectiva son las burocracias docentes y estudiantiles y las dirigencias conciliadoras que atan su política a la que les dicta el CIN.

El Gobierno anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social. El título podría generar sorna si no estuviese metida Palantir, la empresa tecnofascista que secunda a Israel en el genocidio en Gaza y que le está ofreciendo mecanismos de control social a gobiernos de todo el mundo. La idea es construir una réplica computacional del funcionamiento social y económico del país (incluso grupos poblacionales) usando grandes bases de datos del Estado y modelos predictivos, con la excusa de mejorar la toma de decisiones. La cuestión es qué clase de decisiones pretenden tomar y cuáles son los objetivos. Para los especialistas, se trata de "social scoring", un sistema de puntuación social a partir del cruce de datos personales recopilados. Es un mecanismo que permite determinar la entrega de asistencia, beneficios sociales, créditos, etcétera. Este es un mecanismo que se utiliza en China, en la India y en las monarquías árabes para el control social, que solía ser criticado por los gobiernos occidentales. En Europa, supuestamente, todavía está prohibido, pero se utilizó para identificar a militantes propalestinos y encerrarlos antes de que pudieran siquiera movilizarse. Trump ya firmó múltiples acuerdos con Palantir. Uno de los usos fue identificar migrantes para encarcelarlos y deportarlos. Además, en el anuncio que hizo el Gobierno para informar la novedad, convoca a “los principales actores del mundo” para construir “el primer modelo global”. Ahí hay otra cuestión, porque no informa quiénes son esos otros actores que tendrán a su merced todos los datos personales del país. Tampoco se sabe de dónde sacarán los datos. El proyecto incluye al Ministerio de Capital Humano y al Ministerio de Defensa. Aparte de los datos que brindará Capital Humano -que tiene una cantidad inmensa de información personal de los habitantes de la Argentina-, no se sabe qué otras bases de datos usarán. El Gobierno no confirmó las empresas que se harían cargo de la tarea, pero todos los indicios apuntan a Palantir, porque se reunió con el Gobierno días antes del anuncio y es una empresa que se ocupa justamente de gestionar bases de datos para anticipar comportamientos y tomar decisiones, tanto en el ámbito de la guerra -para diseñar un algoritmo que señala sistemáticamente blancos civiles para los misiles y los drones- como en el ámbito civil, para detectar activistas. El ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, presentó el Gemelo Digital en el marco de una demostración de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, como parte de la “cooperación con los Estados Unidos” a través de las empresas Arsoft US, MeetKai, XRF.IA y el grupo Arecco. La cuestión es que las armas y los sistemas de defensa, además de ser más sofisticados, son más cerrados, lo cual los vuelve totalmente dependientes del país proveedor. Esto significa una entrega completa de soberanía ante el país que vende y administra los sistemas, llámese Estados Unidos o Israel. El año pasado, Milei habilitó por decreto la ampliación del intercambio de datos entre organismos estatales y estructuras de inteligencia, lo cual le va dando un encuadre legal a esta estructura de espionaje masivo. El otro marco legal que colabora con este esquema es la reciente presentación del proyecto de “súper RIGI” en el Congreso, el cual estipula aún mayores beneficios que el RIGI, orientado a fomentar a las tecnológicas. El proyecto de ley incluye incentivos tributarios y aduaneros, incluso ambientales. Para las empresas de IA esto es fundamental, ya que requieren de grandes cantidades de energía y agua para enfriar sus poderosos servidores. Esto forma parte del vínculo de Thiel con el régimen liberticida. Israel Previamente, el 19 de abril, el Gobierno firmó dos memorándums de entendimiento con Israel: uno de colaboración en la “lucha contra el terrorismo”, y otro para la implementación conjunta de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en sectores civiles de “misión crítica”. Hubo un anuncio sobre un tercero “para potenciar la actividad de compañías israelíes en Argentina” (vinculado directamente a un crédito de 150 millones de dólares), que el Gobierno se niega a identificar. Hay que considerar el lanzamiento del Gemelo Digital, los memorándums con Israel y la intervención de Palantir, con la llegada de Peter Thiel a Buenos Aires, como parte de una misma maquinaria de seguridad, inteligencia y control social. Junto con los software, Israel y Palantir importan una doctrina de vigilancia total para lograr sistemas de decisión automatizada. El término “terrorismo” ya quedó definido en la ley argentina en nuestro pasado reciente gracias al kirchnerismo, que sancionó la Ley Antiterrorista y luego se la utilizó para perseguir ambientalistas y pueblos originarios en las provincias cordilleranas. Con la colaboración de Israel, la cuestión se torna más oscura. En la parte en que el acuerdo con Israel detalla las actividades "terroristas", menciona a la “Yihad global” y “el uso inadecuado de herramientas informáticas”. En Europa ya se ensaya esta concepción de "terrorismo" cuando encarcelan a usuarios de redes que opinan en contra de la guerra de Ucrania o a favor de Palestina. El delito de opinión podría agravarse al encuadrarse como acción terrorista. Otra cuestión que incluye este memorándum es la cooperación en la formación de las fuerzas de seguridad. Es decir que las fuerzas de seguridad argentinas van a ser formadas por el MOSSAD u otras fuerzas de seguridad israelíes acostumbradas al espionaje y a tratar a una parte de su propia población como subhumanos. La implementación conjunta de herramientas de inteligencia artificial aplicadas en sectores civiles de misión crítica -desarrollada en el segundo memorándum- está vinculada al espionaje, pero también al suministro de los recursos que necesita la IA y a la promoción del establecimiento local de empresas de IA. Explícitamente, el memorándum habla del desarrollo seguro y protegido de la IA en toda su cadena de valor. Acá entra el súper RIGI. Estados Unidos impulsó un nuevo bloque llamado Pax Silica -del que participa Israel en primera fila- para llevar adelante un control de la cadena de valor de la IA, desde las materias primas, las fuentes de energía y las rutas marítimas hasta los flujos de datos y la fabricación de chips. En este aspecto, el memorándum compromete a la Argentina a facilitarle recursos a Israel para el desarrollo de la IA. Otra cuestión es que el mismo memorándum se considera inmune a cualquier consideración legal, ya que establece que no podrá someterse a la jurisdicción de ningún tribunal judicial o arbitral, ya sea nacional o internacional. Los tentáculos de Palantir en América Latina Aprovechando su estadía en la Argentina, Peter Thiel viajó a Paraguay y se reunió con el presidente Santiago Peña para discutir sobre inversiones en data centers e infraestructura para IA. Paraguay se perfila como un buen país para Palantir debido a la energía hidroeléctrica barata de Itaipú, la “estabilidad” macroeconómica y la apertura del gobierno hacia la nueva economía digital. También estuvo en Chile, indagando sobre productos mineros necesarios para el desarrollo de la IA. Palantir está relacionado con las “ciudades inteligentes” que se crearon en Honduras y que funcionan como un enclave privado fuera de toda ley hondureña, con gobernanza digital y transacciones en criptomonedas. Son las llamadas “ZEDE” -Zona de Empleo y Desarrollo Económico-. Es otro experimento tecnofascista como el del gemelo digital. A medida que se va agotando la “democracia” como forma velada de dominación, una parte de la burguesía va armando toda una arquitectura de espionaje global para predecir las respuestas de la clase obrera y de toda la población a la que pretenden someter. Es un reflejo de preparación ante la certeza de que la represión no va a ser suficiente para hacer frente a las contradicciones desatadas por el capitalismo. Sin embargo, a medida que estas se tornan más explosivas, cada intento de espionaje y control social también se mostrará vano. Ni hablar cuando se ponga en marcha la organización de las masas con el objetivo determinado de superar un sistema obsoleto. LEER MÁS: En el marco del Escudo de las Américas, el fascista Peter Thiel llega a la Argentina para fortalecer al estado policial Por Aldana González, 25/04/2026.

Durante el fin de semana largo del 25 de Mayo, al menos dos sucursales de Farmacias del Dr. Ahorro (las de Nazca y Primera Junta, respectivamente) aparecieron con carteles de alquiler. Esta última era una de las sucursales en que la empresa había solicitado la venta de su habilitación, en el concurso de acreedores. A estos signos de alarma se sumaron la confirmación del vaciamiento de las sucursales Cuenca y Flores. Por eso nadie se sorprendió cuando el martes 26 apareció en el expediente del concurso de acreedores la solicitud de quiebra de Energía y Vida de Argentina S.A (Razón social de Farmacias del Dr. Ahorro) pedida por la propia empresa. Los trabajadores despedidos en diciembre, junto con los trabajadores que continuaban en la empresa hasta la actualidad, resolvieron realizar una acción conjunta, para el jueves 28 de mayo, a las 10, en la puerta de la sucursal Chacarita (Av. Corrientes 6847, CABA). Frente a la situación de cierre irreversible, ya que los dueños de los locales están rescindiendo los contratos de alquiler ante la falta de pago, sostienen una serie de reclamos. Por un lado, el pago de toda la deuda pendiente con los despedidos de diciembre: salarios del último mes trabajado, aguinaldo de diciembre, vacaciones gozadas y la totalidad de las indemnizaciones, además del pago de la deuda de aportes previsionales. Por otro lado, reclaman el pago de la deuda salarial de abril (solo abonaron el 25 %), el proporcional de mayo y deuda previsional de los trabajadores actuales, más sus respectivas indemnizaciones en caso de confirmarse la quiebra. También reclaman la devolución de sus pertenencias, que quedaron retenidas por la patronal cuando cambiaron los candados de las sucursales. Mediante esta acción de protesta se exige también que la justicia controle y haga un inventario de los bienes remanentes, a fin de preservarlos y asegurar el pago de las deudas laborales. Asimismo denuncian que este tipo de accionar es un modus operandi de la empresa. Ya tiene antecedentes de haber realizado en la filial chilena un procedimiento de vaciamiento seguido de quiebra. El camino correcto es ese, unir la lucha de despedidos y suspendidos, para golpear todos juntos con el mismo puño. Celebramos la unión de ambos reclamos en una acción conjunta.

Colombia está a pocos días de elegir al próximo presidente -los comicios son el 31 de mayo- y las últimas encuestas aseguran que, de las tres candidaturas viables al inicio de la campaña, sólo han quedado dos en carrera: las del ultraderechista Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), una suerte de Milei colombiano; y la del candidato del gobierno, Iván Cepeda (Pacto Histórico). Fuera de la contienda estaría quedando Paloma Valencia (Colombia Más Grande), candidata del uribismo que obtuvo el segundo lugar en las elecciones al Senado de hace sólo dos meses, alcanzando 2,2 millones de votos y 17 bancas. Cepeda lideraría la primera vuelta, pero sin alcanzar el 50 % de los votos y evitar el ballotage. Lo que hace unas semanas se perfilaba como una paliza en favor de Cepeda, hoy se prevé un empate técnico con De la Espriella. Las elecciones en Colombia son un campo de disputa de la guerra mundial, marcado por una furiosa intervención del imperialismo norteamericano. Colombia es aún uno de los países más importantes de América Latina, junto a México y Brasil, que no firmó el Escudo de las Américas de Donald Trump. Luego del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año, Trump definió al presidente colombiano Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” y amenazó con la intervención militar en Colombia. De la Espriella llegó a la campaña electoral de forma sorpresiva, en la segunda mitad de 2025, con un creciente apoyo de distintos sectores empresariales, iglesias cristianas y retirados de las fuerzas represivas. Se dio a conocer en Colombia como abogado asesor de paramilitares y lavadores de dinero. Llamativamente, fue asesor del colombo-venezolano Alex Saab, empresario y exministro de Industria de Venezuela, con estrechos vínculos con el madurismo. El discurso de De La Espirella se asemeja al de Milei en Argentina: prometió “destripar a la izquierda”, fortalecer la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y achicar el Estado. Emulando al presidente salvadoreño, también promete construir megacárceles, a la vez que asegura que “probablemente será necesario recurrir al estado de excepción” y que probablemente sea necesario considerar períodos más largos de detención sin juicio. Ha cuestionado la coalición política que lidera la uribista Valencia por tener como fórmula vicepresidencial a un candidato homosexual. Con De la Espriella, el gobierno de Donald Trump sumaría a Colombia para convertir a América Latina en la retaguardia de la guerra imperialista mundial y para expulsar a China del continente. Estados Unidos, sin embargo, había apostado a un rearme del uribismo, por el cual impuso la excarcelación y rehabilitación electoral de Álvaro Uribe (2002-2010), condenado por sus vínculos con los paramilitares. Uribe había sido, desde su salida del Gobierno en 2010, el líder indiscutido de la derecha en Colombia (puso a sus dos sucesores presidenciales, en 2010 y 2018, hasta la victoria de Petro en 2022), pero también en todo América Latina. Su candidata, Paloma Valencia, parecía haber reagrupado a la derecha luego del triunfo de Petro y había propuesto a Uribe como ministro de Defensa. Valencia había prometido abiertamente solicitar la integración de Colombia al Escudo de las Américas. La candidata del uribismo ahora ha sido eclipsada por la del llamado “outsider” De La Espriella. El oficialismo, por su parte, logró superar la fragmentación de las elecciones pasadas y todos los partidos y movimientos que conforman el espectro de centro-izquierda se agruparon en torno a la candidatura de Cepeda. Tiene viento a favor por algunos datos de la economía nacional: el crecimiento del PIB se ha mantenido positivo durante los últimos cuatro años y, según The Economist (24/5), “la economía [de Colombia] ha superado las expectativas”. El año pasado, este diario la clasificó en cuarto lugar entre 36 países, según una medida combinada de crecimiento, inflación y desempleo. “Desde entonces, el Petro ha aumentado el ya elevado salario mínimo en un 17 % en términos reales. El crecimiento se basa en el consumo, la inversión es débil y el gobierno gasta en exceso, mientras presiona al banco central para que baje los tipos de interés” (ídem). Los sectores ambientalistas critican la supuesta política ecologista de Petro: “la deforestación de la Amazonía ha disminuido desde que el Pacto Histórico llegó al poder, pero continúa, y la minería ilegal de oro está muy extendida. Muchas zonas de Colombia son prácticamente ingobernables porque están controladas por grupos armados” (The Guardian, 21/5). La amazonía es la región más grande de Colombia, abarca un 40 % del territorio nacional. La campaña electoral en Colombia ha estado atravesada por la violencia generalizada. Las consecuencias humanitarias de la violencia alcanzaron “el nivel más grave de la última década”, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. “La zozobra aumenta entre la población civil, víctima de homicidios, desapariciones, amenazas y reclutamiento forzado en sitios como Catatumbo o Arauca, en la convulsa frontera con Venezuela; Cauca, sobre el corredor del Pacífico; Nariño y Putumayo, departamentos limítrofes con Ecuador; o el selvático departamento de Guaviare, en el sur del país. Los grupos armados también han intoxicado las elecciones”. El escenario incluye también el asesinato de líderes sociales y políticos. Los atentados políticos se acumularon en la recta final de la campaña. El senador Alexander López, copartidario de Petro y Cepeda, fue baleado cuando regresaba de un evento de campaña, en lo que el mandatario calificó como un intento de secuestro; dos militantes de la campaña de De la Espriella fueron asesinados en el departamento del Meta; una bomba en la Autopista Panamericana dejó al menos 19 civiles muertos en abril: la senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada durante varias horas; el senador y precandidato opositor Miguel Uribe Turbay fue asesinado en agosto del año pasado durante un mitin en Bogotá. El clima de violencia y de proliferación de bandas narco está siendo explotado por Estados Unidos para amenazar con una intervención militar. El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, aseguró que las “organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”. El gobierno de Trump acreditó una misión con más de 80 funcionarios que se desplegará en gran parte de Colombia con la intención de “verificar la transparencia y libertad de voto del pueblo colombiano en elecciones”; entre ellos, estará Bernie Moreno. El senador se apresuró a cuestionar anticipadamente el resultado electoral: “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”; dice que cuando llegue a Colombia planteará que consideren la anulación de los resultados electorales en las zonas del país en las que se registre intimidación por parte de los grupos armados. Frente a las amenazas a candidatos, Moreno aseguró que “Estados Unidos ha apoyado antes la seguridad de líderes políticos en Colombia. Eso puede volver a ocurrir si es necesario”. Bernie Moreno es un hombre con aceitados vínculos con la derecha colombiana: fue una figura clave para que Washington decidiera incluir a Petro en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en la que se incluyen a los criminales del más alto nivel y que paraliza sus finanzas personales. También tiene vínculos con Uribe: antes de que se hiciera efectiva la prisión del expresidente, Moreno lo había visitado en su casa de Antioquia. “Moreno es uno de los hombres de más confianza de Donald Trump cuando de temas latinoamericanos se trata. El senador de origen colombiano asistió a la reunión entre los presidentes de EE. UU. y Colombia en la Casa Blanca cuando anunciaron la tregua” (El País, 21/5). El senador republicano reclamó a los dos candidatos opositores de la derecha que se unan desde el 1 de junio (días después de la primera vuelta) y anunció que ese mismo día va a “desayunar” con ambos para reclamarles que “tienen que estar completamente unidos”. Moreno ya se ha reunido en Miami con De la Espriella, “el candidato que, en público, más ha buscado el beneplácito del Partido Republicano y de la Casa Blanca” (ídem). Hace apenas unas semanas, medios hondureños revelaron que existió una campaña de fake news a fin de desestabilizar a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y de la mexicana Claudia Sheinbaum, impulsada por el trumpismo. La campaña formó parte de una trama más amplia que tiene como finalidad instaurar gobiernos de características policíacas en regla en todo el continente. El gobierno argentino de Javier Milei habría aportado U$D 350.000 a esta campaña. Colombia ha quedado afuera del Escudo de las Américas, pero Trump no se resigna a la posibilidad de intervenir abiertamente en todo el continente. Petro ha bajado la retórica de confrontación con Trump, y aseguró recientemente que “con el presidente Donald Trump tenemos una buena relación personal y no habrá intervenciones y enemistad entre las dos naciones”. Los sucesivos choques verbales entre Trump y Petro se saldaron con una claudicación del colombiano y su viaje a la Casa Blanca. El presidente colombiano convalidó, en su momento, el Protectorado impuesto por éste a Venezuela, sin conseguir por ello frenar la injerencia trumpista sobre las próximas elecciones presidenciales en el país. LEER MÁS: Elecciones en Colombia: Pacto Histórico se impone en un escenario de fragmentación Por Joaquín Antúnez, 11/03/2026.

Los alumnos de los colegios preuniversitarios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini comenzaron el martes 26 una toma en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada en asambleas de los tres turnos, mañana, tarde y noche, que fueron de las más concurridas del año. En la asamblea del CENBA, mientras la conducción conformada por la agrupación Contrapunto mocionó una toma acotada a 24 horas, se impuso la toma por tiempo indefinido, que deberá ser refrendada en asambleas venideras. La toma se produce luego de la Cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que contó con una destacada participación estudiantil, y en el marco una semana de paro de docentes pre y universitarios convocado por las dos federaciones mayoritarias, CONADU y CONADUH, con acciones de lucha como la radio abierta en Tribunales el martes por la tarde. La AGD-CNBA ya anunció el apoyo a la toma, con clases públicas en la puerta del colegio durante la tarde del miércoles. En una carta a la comunidad educativa, representantes del centro de estudiantes señalan que “van 217 días desde el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que el buen desarrollo de nuestra educación ya está completa y absolutamente comprometido”. El colectivo de familias autoconvocadas del CNBA agrega que la responsabilidad por la pérdida de días de clase y el deterioro de las condiciones de enseñanza recae íntegramente en el gobierno nacional, que no garantiza los recursos mínimos para el funcionamiento del sistema pre y universitario. En el marco del desfinanciamiento generalizado, los colegios preuniversitarios son de los lugares donde más se siente esta cuestión, con instalaciones edilicias derruidas, becas estudiantiles congeladas en valores de 2023 y una sangría de docentes que renuncian o licencian sus horas porque sus salarios se encuentran un 30 % por debajo de lo que gana un docente en cualquier otra escuela que dependa de la Ciudad de Buenos Aires o Provincia (que, por otro lado, también se encuentran en niveles de pobreza). La AGD-Pellegrini calcula que 27 docentes han renunciado solo este año debido a la motosierra salarial, que afectó también al plantel de psicólogos, en un contexto de deterioro de la salud mental por las condiciones precarias de existencia. A la crisis, las autoridades han respondido con amenazas de descuentos a los docentes que hacen paro y con un avance privatizador. Las únicas obras impulsadas en el CNBA son las que se financian con las donaciones de exalumnos acaudalados, como la reciente refacción del Aula Magna gracias al aporte del empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, sionista y amigo de Milei. Por otro lado, a los reclamos de los no docentes le contrapusieron la contratación de una empresa privada de limpieza, por fuera del convenio colectivo de trabajo de la universidad. Asimismo, se arancelaron las visitas guiadas al Colegio. Todo esto contrasta con la miseria de las becas estudiantiles, que no alcanzan ni para un libro, o los salarios de los docentes que empiezan a pensar en saltar el molinete por los altos costos del transporte. Ante la gravedad del cuadro general, tanto universitario como nacional, los estudiantes han tomado en sus manos la profundización de la lucha, con los métodos de la clase trabajadora: asambleas y acción directa, con la ocupación de los lugares de estudio. Es una expresión del agotamiento de la estrategia de las luchas parciales durante dos años de gobierno de la camarilla liberticida. El ejemplo de las tomas y del paro por tiempo indeterminado en la Facultad de Exactas debe ser debatido en cada lugar de estudio y de trabajo y ser tomado como un puntapié para profundizar las luchas hacia un choque más frontal contra el gobierno.

A un mes del desalojo de los vecinos de “La Chavi” en el barrio de La Paternal, el gobierno porteño de Jorge Macri no ha dado solución habitacional a las familias. Ante esto, las agrupaciones Asamblea de La Paternal y Bicho Antifa han realizado una actividad solidaria para reunir alimentos y abrigos. Participaron de la jornada una decena de las familias desalojadas, junto a vecinos y docentes del barrio. La actividad, que ocupó toda la esquina de las avenidas Juan B. Justo y San Martin, puso en pie una olla popular que repartió unas 50 raciones de guiso, y se entregaron donaciones tanto a las familias de “La Chavi” como a otros vecinos. La jornada finalizó con una ronda para dar voz al conjunto de los vecinos, donde se expresaron las necesidades de las familias, la historia de “La Chavi” en La Paternal y la voluntad de organizarse colectivamente. “Fueron años de esfuerzo para lograr transformar en un hogar aquella casa que se encontraba en pésimas condiciones”, relataron. Vivieron allí 39 años, hasta el pasado 23 de abril, cuando el Gobierno de la Ciudad -en el contexto de múltiples operativos exprés sin orden judicial, desarrollados en toda CABA- los desalojó violentamente con la policía, a altas horas de la madrugada. También denunciaron que el gobierno les pide 200.000 pesos para retirar sus pertenencias, retenidas en un depósito fiscal. Luego de pasar unos días en hoteles de mala muerte del Microcentro, los vecinos fueron trasladados a otro en Ciudadela. Estas familias, con trabajos que sostener e hijas y niños que asisten al colegio, vieron cambiadas sus vidas de un día para el otro, sin ningún reparo ni miramiento. Tanto los vecinos como las agrupaciones y organizaciones solidarias han recibido amenazas y hostigamiento por parte de punteros que responden a La Cámpora, que se puso desde el primer día a disposición del desalojo con la “gestión” de sus comuneros y punteros. El desalojo y la política de Jorge Macri Las varias decenas de desalojos exprés del último semestre en toda la ciudad engrosan en un 20 % la cifra de 4.000 personas viviendo en la calle publicadas por el propio gobierno. Estos números son cuestionados por ONG y organizaciones sociales como Proyecto 7, quienes plantean que la cifra para enero de 2026 llegaba a 12.000 (Noticias Urbanas, 26/5). Ante este crecimiento exponencial, el gobierno ha tenido que anunciar la creación de 47 dispositivos de asistencia más (Perfil, 16/5). La campaña de los desalojos fue precedida por otra, “Buenos Aires Limpia”, que mostraba en sus publicidades cómo levantaban gente de la calle, y fue continuada por el operativo mediático “Tormenta Negra” en las villas porteñas. Este último, una movilización de más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad, helicópteros, drones, perros K9 y el vehículo blindado "Fénix", no desmanteló ninguna cocina de droga ni ningún punto de distribución, sino que solo sirvió para estigmatizar y maltratar a los habitantes de los barrios. Si se suma el cierre de escuelas y el achique en la atención de la salud, la actividad de Jorge Macri se centra, como se ve, en el ataque a la clase obrera de la ciudad. Los desalojos buscan estimular el negocio inmobiliario. Naturalmente, el precio de los alquileres, vinculado a la especulación inmobiliaria, afecta a los inquilinos de la Ciudad -el 30 % de sus habitantes- e impide a la juventud salir del hogar de sus padres. La olla se plantó aquel día del desalojo, reuniendo solidaridad y desafiando a la policía y a los punteros, dando voz a los vecinos desalojados: una herramienta opuesta a toda la política capitalista fascista de Macri y opuesta también a las gestiones del peronismo para viabilizar de forma pacífica el desalojo. La unidad entre vecinos es un punto de anclaje fundamental, porque la miseria social y el avance de los negociados inmobiliarios empujan al desalojo a cada vez más franjas de la sociedad. Los participantes de la actividad resolvieron volver a encontrarse en la merienda que se organizará el próximo martes 26. Los vecinos de “La Chavi”, como el conjunto de los desalojados, deben organizarse y coordinarse para reclamar sus pertenencias, ayuda económica y una solución habitacional urgente para todas las familias que hoy están en la calle. Esto es solo un jalón de una política contra todos los que vivimos el día a día y dependemos de nuestro trabajo. Unidad de los trabajadores... y al que no le gusta, se jode. LEER MÁS: CABA: desalojo de los vecinos de la casa “La Chavi” Por Diego Santillán y Maxi S. Cortés, 30/04/2026.

Este martes 26, al inicio de la semana laboral, la planta de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay amaneció cerrada al estilo FATE: “El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso”, anunciaba un cartel en la entrada. Los trabajadores se convocaron en la puerta del establecimiento para luego asistir a una asamblea general de emergencia convocada por los gremios actuantes (STIA Concepción del Uruguay, sindicato de la Carne). Por la tarde, un grupo de trabajadores se movilizaron a los accesos a la ciudad a manifestarse. Hoy miércoles, desde la mañana, los trabajadores y sus familias se encuentran realizando un piquete en el acceso principal de la ciudad de Concepción del Uruguay. Granja Tres Arroyos es la principal empresa avícola del país, en medio de un ascenso sin precedentes del mercado. La patronal alega una crisis financiera sostenida y la incapacidad para refinanciarse, habiendo emitido miles de millones de pesos de cheques sin fondo. Sin embargo, el consumo de carne de pollo es récord en todo el país, en reemplazo de la carne vacuna que con el retroceso salarial se ha vuelto impagable. La situación de las fábricas de Granja Tres Arroyos es la siguiente: la semana pasada prácticamente todas las plantas frigoríficas de la empresa estuvieron en huelga. Planta Pilar, Planta Concepción del Uruguay, Planta Capitán Sarmiento y la Planta de Río Cuarto sostuvieron una huelga general durante toda la semana ante la falta de pago,s que ya lleva dos meses de atraso. Las granjas productoras sostienen al mínimo la producción, para evitar la muerte de los animales. Desde distintas granjas de engorde vienen denunciando que la empresa no envía el alimento necesario para abastecer a los pollos. Una huelga sostenida y autoconvocada En la planta de Río Cuarto, la planta amaneció ayer también cerrada al ingreso. La patronal montó un operativo para impedir que pasen los trabajadores que en su inmensa mayoría venían sosteniendo la huelga. Supervisores y personal jerárquico ingresaron, a diferencia de Concepción del Uruguay. Los trabajadores mantuvieron una acampe en protesta frente a la medida que se sostiene hasta hoy. En la planta de Pilar los trabajadores continúan con la huelga general. Solo venían trabajando los supervisores y el sector de mantenimiento. Los trabajadores ayer marcharon hacia la calle del acceso a la planta. Hoy temprano se movilizaron a las puertas del STIA Pilar, en reclamo por la falta de respuestas del sindicato. Según dicen los trabajadores, “nos cansamos de que los delegados bajen todo cocinado y presionamos para ir”. En la planta de Capitán Sarmiento, una de las más grandes del grupo, la huelga general continuaba ayer. La empresa había maniobrado con promesas de pagar los días caídos a los trabajadores si levantaban la huelga, convenciendo a algunos trabajadores de volver a sus tareas. Cuando llegó la hora del cobro, la empresa no le pagó a nadie, por lo que unos y otros volvieron a la huelga. Los sindicatos, lobistas de la patronal La planta de Wade, la ex Planta Dos de Cresta Roja, estuvo de paro dos días y luego volvió a trabajar hacia el fin de semana, desconociendo el paro general que dictaron los sindicatos que actúan en la empresa. La planta 1 de WADE cerró hace aproximadamente dos años, también como parte de la crisis de la firma principal, sin que el STIA haya convocado una sola huelga en repudio. Muestra con claridad cuál es el destino de esta lucha si queda en manos de la burocracia sindical. Las mesas de negociación de los sindicatos, el ministerio y la empresa, que se repiten en medio de las protestas, funcionan solo con el objetivo de alcanzar la "paz social", nunca para satisfacer los reclamos obreros. Incluso la nueva Comisión Directiva del STIA de Concepción del Uruguay, recientemente elegida, coloca el eje en la presentación prolija de todo el papeleo legal y con las sucesivas reuniones con la empresa, aun ahora que se encuentran con la planta cerrada. En las reuniones con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la posición de los sindicatos fue pedir que el gobierno provincial disponga una línea de créditos blandos para refinanciar la deuda de la patronal. El ministro Walter Correa se comprometió a elevar el pedido al gobernador Kicillof. La lucha de los trabajadores de Granja Tres Arroyos ha madurado a lo largo de varias experiencias. Los trabajadores han dejado claro que no creen más en ninguna promesa de parte de la empresa, y han llegado a la conclusión de que el camino del diálogo y el pasilleo ministerial que proponen los sindicatos es funcional a la patronal. La característica general de toda la protesta es la autoconvocatoria de los trabajadores. La convocatoria a la movilización a los accesos a la ciudad provino de parte de los Delegados de la Lista Naranja y, por su masividad, terminó desbordando la orientación dialoguista de la Comisión Directiva del STIA. LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: la huelga autoconvocada se contagia a todas las plantas del país La burocracia “mete la cola” para encaminar una salida favorable a la empresa. Por Pablo Busch, 14/05/2026.

Este miércoles a primera hora, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira promulgó la ley que deroga las regulaciones para decretar el estado de excepción en su país. En una alianza con los bloques derechistas de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionaron el domingo y el martes, Paz Pereira consiguió por abrumadora mayoría la derogación de la norma que lo obligaba a tener el aval del Parlamento para su declaración, establecía un plazo máximo de 60 días de duración, restringía el uso de las fuerzas armadas y de armamento letal, y establecía responsabilidades penales individuales para policías y militares ante cualquier “exceso”. Horas antes de su aprobación, un tribunal constitucional ordenó al gobierno el despeje de todos los bloqueos y el restablecimiento del “orden público” (La Razón, 26-05-26). La ley derogada, conocida como Eva Copa, fue aprobada en julio del 2020 por la mayoría masista de la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo el gobierno de facto de Jeanine Añez, surgido del golpe que derrocó a Evo Morales en 2019, después de que el ejército y la policía perpetraran las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), a finales de 2019. Los responsables policiales y militares fueron juzgados hasta que, en agosto y setiembre de 2025, jueces de El Alto y Sacaba determinaron la nulidad de los procesos por supuestos “vicios de incompetencia” en el trámite judicial. Las organizaciones de familiares de las víctimas de estas masacres denunciaron el carácter inconstitucional de la derogación de la ley Eva Copa, así como que varios de los perpetradores de aquellas masacres siguen en actividad y hasta fueron nombrados en cargos públicos bajo el gobierno de Paz Pereira (ANF, 26-05-26). El operativo parlamentario para allanar el camino al llamado de un estado de excepción por Paz Pereira se puso en marcha justo después del monumental fracaso de la represión militar y policial, llevada a cabo el sábado pasado, pérfidamente llamada “corredor humanitario banderas blancas”, con la que se intentó despejar los bloqueos que se concentran entre La Paz y Oruro. Los bloqueadores enfrentaron la represión y armaron nuevos bloqueos, obligando al repliegue de las fuerzas represivas, con el saldo de cientos de detenidos y heridos y un manifestante asesinado. Por otro lado, las represiones diarias sobre las multitudes que marchan sobre la plaza Murillo no han logrado quebrar la tenacidad de los manifestantes. Las medidas de “lastre” anunciadas por el presidente Paz tampoco han quebrado la rebelión en curso. El nuevo intento de poner en pie su consejo económico social para repartir prebendas con los 8.000 millones de dólares otorgados por el BID, Fonplata y la CAF (El Mundo de Bolivia, 14-01-26), busca más bien presentar algunos acuerdos para aislar a la COB y así poder avanzar en una represión mayor al movimiento. Con este mismo objetivo ha llamado nuevamente al diálogo a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Túpac Katari y a sus “bases” (La Razón, 27-05-26). La oligarquía fascista cruceña ha suspendido su amenaza de desbloquear ellos mismos el bloqueo de San Julián y ha convocado a Paz Pereira a una reunión nacional de los cívicos de los nueve departamentos de Bolivia. Insistirá en esa instancia con su exigencia de un estado de excepción, aunque sea regional, como vía para evitar el accionar fascista contra los manifestantes en Santa Cruz. En esta reunión, además, disputarán los recursos y obras con las que el presidente boliviano intenta cooptar a los sectores que participen en su consejo económico y social (El Deber, 26-05-26). Los comités cívicos ofician como una mesa donde los gremios empresariales, profesionales y del comercio negocian sus reivindicaciones con los gobiernos de turno. Particularmente, el comité cívico pro Santa Cruz ha sido históricamente un cuartel de la reacción política y hoy capitanea a los dirigentes de los demás comités cívicos, para que cierren filas contra los obreros y campesinos rebelados. Ante el allanamiento del camino legal para que Paz Pereira declare el estado de excepción, las organizaciones campesinas e indígenas ya han advertido que están dispuestas a enfrentarlo y proseguir su lucha. Los dirigentes de la COB se han limitado a denunciar la posibilidad de su establecimiento. Por lo pronto, las mujeres bolivianas nucleadas en la organización Bartolina Sisa han hecho de su marcha por el día de la madre, el 27 de mayo en Bolivia, una multitudinaria manifestación exigiendo la renuncia de Paz Pereira y rechazando un eventual estado de sitio. Mientras crecen las manifestaciones y bloqueos, las reivindicaciones fundamentales de las masas, concentradas en el desabastecimiento de combustible y su calidad, la necesidad de un aumento general de salarios y jubilaciones contra la carestía generalizada, y la defensa de la pequeña propiedad agraria, que agrupa a casi un millón de campesinos, han sido postergadas hasta un eventual nuevo gobierno que suceda al actual presidente ante su probable renuncia. Rodrigo Paz, junto a la burguesía y los terratenientes bolivianos, en cambio, no abandonaron su agenda de apertura al capital extranjero internacional de la explotación de los recursos estratégicos del país, particularmente el litio y el gas. Para ello necesitan derrotar a las masas obreras y campesinas en lucha y evitar el default del país, que debe afrontar vencimientos por 2800 millones de dólares durante el 2027, en el marco de una quiebra del comercio exterior por la caída fenomenal de la producción nacional de hidrocarburos. Para hacerse de los recursos para pagar la deuda pública boliviana, es que Rodrigo Paz tramita un préstamo del FMI, contrariando sus promesas electorales y profundizando la brecha con los sectores movilizados. El recurso del estado de excepción ha quedado a la mano del presidente boliviano, para cumplir sus propósitos estratégicos. LEER MÁS: La rebelión en Bolivia no cuenta con una dirección política independiente Por Jacyn, 26/05/2026.

El PTS ha lanzado la campaña electoral con gran anticipación. Ha publicado lo que denomina un Manifiesto de 25 páginas, nada menos, cuya extensión misma obliga a tratarlo en sucesivas entregas. En el caso del Manifiesto del PTS, la extensión obedece a la necesidad, cuando no al propósito, de desarrollar planteos que son ‘manifiestamente’ contrarios al socialismo. No tiene el objetivo de fijar un planteo central sino fragmentarlo en una suma de ‘salidas’ parciales. Se encuadra, sin embargo, en el planteo de “superar la decadencia nacional” y en ofrecer una “salida” a “la crisis”. En una suerte de nacionalismo ‘en un solo país’; ‘recupera’ el slogan estrella de Milei, un ‘libertario’, que ha cifrado esa decadencia en más de un siglo. En consecuencia, presenta una lista de medidas dispares en un marco capitalista que no quiere reconocer ese nombre. Ignora el planteo fundamental de otro Manifiesto, el del Partido Comunista de 1848, para el cual la abolición de la actual organización social es la premisa para la realización de las reivindicaciones emancipadoras de los trabajadores. El propósito de superar la decadencia nacional es un oxímoron en una época de guerras y revoluciones, que caracteriza al capitalismo en agonía histórica. Las guerras nacionales conservan su carácter progresivo en los países políticamente dependientes, pero no para enderezar al capitalismo decadente nacional, sino para tomar un contenido socialista, bajo la dirección de la clase obrera. El método y el contenido del Manifiesto son por completo ajenos al marxismo. En consonancia con el objetivo máximo de superar “la decadencia nacional”, Christian Castillo, un alto dirigente del PTS, ha reivindicado al IAPI y a la Junta Nacional de Granos, creaciones de Perón y de los conservadores de la década del 30, respectivamente. Se ha jactado de que esa estatización del comercio exterior no tenía nada de “subversiva”, poniéndose en la vereda de enfrente del marxismo, que reivindica “el arma de la crítica” como “la crítica de las armas”. Marx, obviamente, no tenía en sus propósitos "organizar simpatías”, sino decir las cosas como son. Este documento, así como muchos otros y numerosos artículos, reivindica el objetivo de “organizar la simpatía” por Myriam Bregman, sin medir el exabrupto del propósito cuando se trata de desarrollar una consciencia de clase. El carácter ‘nacional y popular’ del texto no es más que una adaptación a los prejuicios que anidan en las masas en cuanto al socialismo internacional. Este prejuicio se manifiesta, por, sobre todo, en la pequeña burguesía diletante. El texto ofrece también “una salida a la crisis”, cuando la crisis capitalista no es más que una modalidad de la explotación capitalista. La economía política burguesa ha desarrollado numerosas corrientes de opinión en cuanto a “salidas a la crisis”; keynesianismo, escuela austríaca, neo-liberalismo. El Manifiesto del PTS es una sub-variante de ellas, representada en los Economistas de Izquierda. El marxismo no es ‘una salida a la crisis’, sino la exposición del antagonismo irreconciliable entre el capital y la fuerza de trabajo, y los límites históricos del capital y del trabajo asalariado. Es la salida a la “crisis de la humanidad”, como consecuencia de la sobrevivencia de un capitalismo moribundo, o sea la revolución socialista internacional. En la misma línea ‘nacional y popular’, el PTS se presenta como una fuerza “superadora del peronismo por izquierda”, no como partido marxista. Pero la “superación del peronismo por izquierda” no es otra cosa que un peronismo izquierdista, como la JP ‘castrista’ de los 70 y el PRT, o más modestamente, el kirchnerismo. Juan Perón alentó al llamado “socialismo nacional”, o a la “patria socialista”, para combatirla desde el poder por medio de la Triple A. La III Internacional subrayó, en su IV Congreso, en especial a instancias de Lenin, la obligación de denunciar al nacionalismo que se viste o disfraza de “socialista”, que no puede ser ‘superado por izquierda’, por representar una tendencia del capitalismo dependiente, en oposición al proletariado del campo y la ciudad en esas naciones. Entre el peronismo y el socialismo hay una diferencia histórica de clase; en el texto abunda, en cambio, la crítica al peronismo y a la burocracia sindical en cuanto a ‘que no luchan’. La ‘superación del peronismo por izquierda’, es un planteo nacionalista, que podría valer para otros países dependientes, pero que no lo convierte en internacionalista, incluso en Argentina (donde rápidamente se creó la sección argentina de la III Internacional; el texto omite esto también, pero no el “ascenso” del yrigoyenismo). Hugo Chávez incluso planteó la creación de una V Internacional, a instancias de una corriente pseudo trotskista del Reino Unido. En el caso del castrismo, una corriente nacional revolucionaria, el PTS la ha reivindicado como socialista. El marxismo no es un reduccionismo ideológico, dedicado a ‘superar’ a otras ideologías, sino la comprensión de las leyes históricas del capitalismo hasta su disolución. La misma expresión “izquierda” en lugar de “socialistas revolucionarios” es un subterfugio político. El marxismo expone sus objetivos históricos, la abolición del modo de producción existente, en forma abierta El Manifiesto del PTS no sólo se encuadra como superador de una decadencia específicamente nacional, hace referencia también a defender los “bienes naturales comunes”, a sabiendas, suponemos, de que el capitalismo los ha confiscado en su período de acumulación originaria (encerramiento y alambrado de tierras, industrialización de la naturaleza). Otros “bienes comunes”, no tienen nada de ‘naturales’ y tampoco son ‘comunes’. La educación popular o masiva, y la salud pública se desarrollaron en la época del capitalismo ascendente, en paralelo con la abolición de las formaciones pre-capitalistas. Abstraerlas del capitalismo, es excluirlas de la lucha de clases y de la revolución. La contradicción entre la educación y la salud de masas, de un lado, y los ‘ajustes’ y exclusiones en la época del capitalismo en declinación, son otra forma de la contradicción revolucionaria entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales existentes. El PTS se embandera, sin necesidad, con el ambientalismo y con los supuestos ‘valores universales’ supra históricos, en un extenuante esfuerzo por desarrollar un movimientismo identitario que excluya al proletariado del lugar histórico que ocupa en la sociedad capitalista – hoy más que nunca (China, el sudeste asiático y la ‘reindustrialización’ de Estados Unidos). Bajo el slogan de la “simpatía”, el Manifiesto anti-comunista codifica los planteos del FITU de la última década. En 2013, el FIT firmó un Manifiesto que se encuentra en las antípodas del mamotreto del PTS. Bregman presidenta El anticipo de la campaña electoral pretende potenciar el ascenso de “imagen” de Myriam Bregman en las encuestas de opinión. De hecho, ocupa un tercer lugar (en ascenso) después de Milei y Kicillof (en retroceso). En poco tiempo, podría acercarse al tercio de la intención de votos, que hoy tienen el liberticida y el gobernador. Todo esto representa, objetivamente, un giro a la izquierda del electorado, o más bien de una parte de él, pero no de la situación política en su conjunto – donde una victoria de los obreros de FATE tendría más peso que los accidentes electorales. Para al menos un sector de los medios, que caracterizan a la crisis de dominación política de la burguesía como una “fragmentación”, el ascenso de Bregman responde a esa circunstancia. Es lo que ha ocurrido en Jujuy, Salta, Mendoza, con candidatos de la izquierda que podían derrotar al peronismo en las urnas cuando apenas cubrían una ochentava parte de las marchas populares. Myriam Bregman aspira a reunir en un futuro próximo un número mayor de asistentes que el que congregó en el miniestadio de Ferro el 1 de Mayo. Todo esto es, naturalmente, una proyección lineal de las tendencias del momento, porque la situación internacional en general es muy volátil y porque los aparatos del peronismo (incluso divididos) no dejarán de hacer campaña por el ‘voto útil’ contra Milei. La campaña del PTS no recoge, como tampoco lo hace el Manifiesto, la posibilidad de que Myriam Bregman dispute la presidencia de Argentina en un ballotage. No plantea, por lo tanto, la cuestión de un acceso legal y constitucional al gobierno de una fuerza “zurda” o “trosca”. El PTS evita abordar el conflicto de poder que plantearía una alternativa electoral, a pesar de los documentos internacionales del marxismo y de las experiencias como los Frentes Populares en Francia, España o Chile. El Manifiesto deja ver el propósito (y hasta el deseo) de encuadrar a Bregman en una campaña con objetivos de crecimiento parlamentario. Emilio Albamonte, el principal dirigente del PTS, ha puesto un énfasis especial, en una entrevista en Izquierda Diario, en “organizar la simpatía”, sea lo que esto signifique. Hemos escrito en otras ocasiones que el PTS es “un partido de izquierda” pero no un partido obrero, o sea, no es un canal de movilización política de la clase obrera. Su llegada al gobierno, sin embargo, plantearía una situación de doble poder, no importa cuán embrionaria sea; el Manifiesto, que no vacila en meterse en varios temas internacionales (guerra en Ucrania, por ejemplo), evita este asunto. La campaña del PTS no se caracteriza por su audacia sino por su conservatismo. Todas las medidas que se mezclan en su Manifiesto están diseñadas conforme a un gobierno constitucional y su división de poderes. El esquive de la cuestión de poder, por distante que sea su posibilidad, es un ocultamiento estratégico. Quebrar el poder político de la burguesía y el orden social existente, que es necesario para la realización de las reivindicaciones emancipatorias del proletariado, se encuentra planteado, con sus modalidades, en todas las transiciones de la lucha. El giro a la izquierda del electorado En cuanto a nosotros, Política Obrera, saludamos este giro a la izquierda de una parte de los trabajadores, que acompañaremos con una campaña electoral realmente socialista. La calidad de la intervención electoral y de las luchas podría determinar un giro a la izquierda de toda la situación política. Esta primera entrega es un aporte a la comprensión de la crisis mortal en que se encuentra la izquierda que lidera este giro electoral. Mientras desarrolla un feroz oportunismo electoral (nacionalismo), el Manifiesto del PTS insiste en rechazar la ocupación de FATE por los mismos obreros, incluso como arma para conseguir la aprobación de la ley de ocupación temporaria. El proyecto de ley de ocupación temporal (desde arriba) ha sido instrumentado con el propósito de bloquear la ocupación de la empresa ‘por abajo’, e incluso bloqueado la posibilidad de que la Legislatura vote esa “ocupación temporal”, bajo la presión de una toma. Es una política de apaciguamiento del aparato del estado, no de profundización de la lucha obrera. La toma de la empresa ha sido sacrificada con el señuelo de ese proyecto. El rechazo a la ocupación de FATE ilustra el carácter reaccionario, en principio, de la campaña para “organizar la simpatía” por la candidata – Myriam Bregman. En oposición al infantilismo de izquierda, que soslaya lo que se encuentra en juego en la campaña electoral, caracterizamos que un giro del electorado hacia la izquierda debería servir como un instrumento adicional para desarrollar organizaciones de poder de las masas, siempre que el objetivo sea la conquista del poder por el proletariado. No se trata de una posición ‘basista’ ni ‘autodeterminante’. Para un partido revolucionario debe servir como instrumento de movilización y como escenario para luchar por una dirección revolucionaria de las masas. Sin esta condición, el movimientismo y la ‘autodeterminación’ se juntan con la despolitización para sumir a las masas en una completa confusión. No existen las “autoconvocatorias” políticamente neutrales; siempre son la expresión y el terreno de una lucha política. Es lo que han enseñado la experiencia histórica. Es lo que enseña, por la negativa, la movilización actual en Bolivia. En un mundo donde comienzan a estallar las ollas a presión de la dominación política capitalista mundial, toda crisis política, incluso una político-electoral, puede convertirse en la apertura de una situación revolucionaria.

En un texto anterior de estas entregas, se señaló que un giro hacia la izquierda del electorado, como el que se estaría expresando en las encuestas de intención de voto en Argentina, contribuiría a ampliar el horizonte del debate político en torno de cuestiones cruciales para la clase obrera, como la cuestión electoral y la conquista del poder, así como la naturaleza misma del programa de una izquierda revolucionaria. El PTS ha publicado un “Manifiesto” con la pretensión de responder a la expectativa política que se ha creado en torno al ascenso electoral de Myriam Bregman, bajo el bizarro slogan de “Organicemos la simpatía”, extraído de esos sondeos. En ocasión de las elecciones en Salta en 2013, tanto nacionales como provinciales, el crecimiento sin precedentes del PO de aquel momento (12 puntos de diferencia sobre el peronismo, en la ciudad capital) suscitó un debate significativo entre el presidente de la cámara de Diputados, un peronista, y un comentarista político, en un semanario de la provincia. Mientras el primero sostenía que el Partido Obrero era una variante de la socialdemocracia, el comentarista lo caracterizó, con citas en la mano, como un decidido partidario de la dictadura del proletariado. Este debate planeó en la oposición de la minoría en el Concejo Deliberante para negarle al PO la presidencia en el organismo, desatando una crisis que duró cuatro meses. El Manifiesto del PTS borra cualquier duda al respecto. Constituye un planteo nacionalista de cabo a rabo encuadra sus reivindicaciones en el marco del régimen político y social existente; es una adaptación, por momentos explícita, a los planteos del peronismo a lo largo de su historia. Lo que sigue es la segunda entrega de la crítica. “Decadencia nacional” El Manifiesto tiene entre sus ejes la constatación de una “decadencia nacional”. Reclama al PJ y a “la clase capitalista” no haber sacado al país de esa condición. Es, como dice la entrega anterior, un nacionalismo ‘en un solo país’, cuando la declinación del capitalismo es un estadio histórico internacional. La tesis de la “decadencia argentina” es un lugar común entre fracciones capitalistas muy diversas, en la cual se ha inscripto decididamente Javier Milei, que la contrasta con un capitalismo, para él, en vigoroso ascenso de sus fuerzas productivas. La superación del atraso de unas regiones respecto de otras, es el resultado de la desigualdad del desarrollo histórico que se ha cristalizado bajo la forma del imperialismo y la dominación de la periferia capitalista. La emancipación nacional, que de eso se trata (no de una ‘decadencia) sólo es posible como un episodio de la revolución socialista internacional. Autarquía económica o “vivir con lo nuestro” El planteo de la “decadencia” en un solo país lleva de cabeza al del nacionalismo económico o la autarquía. El Manifiesto postula, por ejemplo, “el impulso a encadenamientos productivos que eleven la complejidad industrial y tecnológica” dentro de las fronteras nacionales. Ni siquiera China, que aun está clasificado como país “emergente”, ha intentado esta aventura sin destino, como lo demuestra la red internacional de sus inversiones en infraestructura y tecnología. La contracara de este desarrollo es la tasa de explotación obrera más alta del planeta – para capitales nacionales y extranjeros. Las “cadenas de producción” tienen, por definición, una escala internacional y reproducen las condiciones de dependencia y semicolonialismo de las naciones de menor desarrollo. El enfoque de las “cadenas de valor nacionales” oculta una cuestión crucial: la extraordinaria internacionalización de las fuerzas productivas. Mientras esta internacionalización despierta la conciencia nacional en los países económicamente atrasados, ella socava la autonomía del estado nacional. Como todo esto es el ABC del marxismo y de la IV Internacional, el Manifiesto representa un esfuerzo ‘manifiesto’ de adaptación al orden mundial existente y a la conciencia que busca imponer el imperialismo entre las masas, especialmente las de clase media y profesionales. Un Manifiesto de un partido que se reivindica socialista debería destacar los límites de una reorganización o centralización económica en el marco de las fronteras productivas nacionales. Hacia el final, el texto señala que la revolución en un país sería un primer paso de la revolución socialista internacional”, pero esa revolución inicial no sería la de los “encadenamientos productivos” nacionales. En China no iniciaron una revolución socialista, sino una restauración capitalista que no ha ahorrado chorros de sangre de la clase obrera. Control obrero El texto llama a que la “la clase trabajadora” (así redefine al proletariado o clase obrera, para diluirla como un sector más del ‘mundo del trabajo’) “controle y dirija los resortes claves”, aunque no el poder político. Elude la expropiación del capital, cuando todo control obrero real es un acto de expropiación de la burguesía. La ausencia de un planteo de poder vacía de contenido histórico y político al control obrero. La incursión contra la gran propiedad privada, como es el control obrero, es un instrumento de transición hacia la dictadura del proletariado en una situación revolucionaria. Este planteo, por ejemplo, está por completo ausente en la actuales movilizaciones y bloqueos en Bolivia, lo cual pone un poderoso obstáculo a su desarrollo. “El monopolio estatal del comercio exterior”, que propugna el Manifiesto,” poniendo su gestión en manos de la clase trabajadora, no de la dirigencia política que sirve a estos empresarios”, es una descomunal impostura. En primer lugar, porque ese “monopolio estatal”, no involucra a la industria de exportación, sino a los intermediarios, como ha ocurrido con el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) o las Juntas de Granos y de Carnes; esta ‘estatización’ es un arbitraje entre los precios de producción nacionales y los precios de mercado internacionales, o sea, en última instancia un rescate del capital. Esta forma de “control obrero” cuotificado sirve por sobre todo a una cooptación política del estado, que aleja a la clase obrera de la lucha por un gobierno de trabajadores. El texto saca a la luz, además, un viejo debate al interior del FIT, la cuestión de los servicios como la salud o el transporte “bajo la gestión de trabajadores y usuarios”. Aquí, se pasa por encima que la categoría de “usuario” opone a quien utiliza el servicio público con sus trabajadores -de la salud, o ferroviarios. Por eso los ‘libertarios’ levantan la consigna de la “soberanía del consumidor”, o sea el precio más bajo posible para las mercancías, mediante el abaratamiento de la mercancía más importante – la fuerza de trabajo. La distinción entre “usuario” y “trabajador” desaparece bajo el gobierno de la clase obrera como sujeto colectivo. Pero el control y la gestión del Manifiesto petesiano es la incorporación o cooptación de una clase obrera fragmentada, con el pretexto de “fiscalizar” al capital – que acabará por corromperla.

Durante la jornada de ayer, la patronal de Granja Tres Arroyos tomó una serie de medidas para desactivar el conflicto en la empresa, mientras mantiene la planta de Concepción del Uruguay cerrada. En primer lugar, forzó una conciliación obligatoria de hecho del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos que, al igual que en el cierre de FATE, consiste solo en que los obreros levantan las medidas de fuerza. La empresa no reabriría la planta, solamente pagaría los salarios por los días hábiles de la conciliación, que ya no viene pagando. Es lo mismo que nada. Por otro lado, la empresa envió un escribano con jerárquicos de Recursos Humanos a la planta de Capitán Sarmiento, con el objetivo de quebrar la huelga. Los directivos de la empresa amenazaron con el cierre de la planta y un desenlace a lo “Concepción del Uruguay” para forzar a los trabajadores a levantar el paro. Para el mediodía la planta había vuelto a trabajar con normalidad. Córdoba En la planta de Río Cuarto, Córdoba, la empresa había bloqueado el acceso de todo el personal que venía sosteniendo la huelga. Solo ingresaron los carneros y el personal jerárquico, a realizar una pequeña faena de pollos no aptos para la venta (se procesan para venderlos como alimento de animales, etc.). En una audiencia realizada ayer, Avex -así se llama Granja Tres Arroyos en Córdoba- planteó “que hay un plan de recuperación de actividad que implica la puesta en marcha de recuperación productiva (aves – alimentos – etc…), que se estima que conllevara un ciclo productivo de alrededor de 120 días. Es por ello que se está propiciando la extensión del Procedimiento Preventivo de Crisis a los fines de salvar las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa, que hoy se encuentra en situación crítica.” Es factible que el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y todas las maniobras de la empresa sean una extorsión a los trabajadores para que acepten la continuidad del Preventivo de Crisis, que le permitió a la empresa reducir los salarios, los días de trabajo y pagar los salarios en diez cuotas mensuales. En las granjas, el intento de reactivación de la empresa se hace visible. En Hasenhamp, Entre Ríos, la producción de recría se ha normalizado, e incluso se proveyó de la cáscara de arroz necesaria para la cama de pollos bebés. Lo mismo en la planta de Monte y en Pila, Provincia de Buenos Aires. UATRE actúa en las granjas como un elemento de presión para que los trabajadores no se sumen a la huelga. La contrarreforma laboral ha servido a la burocracia como herramienta para sembrar el terror sobre los trabajadores, aun antes que a las empresas. La huelga no es un acto individual La empresa se comprometió en la misma audiencia a abonar una cuota adeudada para hoy jueves y, a más tardar el lunes, el resto de la deuda. Como no cumplieron, los trabajadores continuaron en huelga, aunque permitiendo dejar pasar a los carneros a trabajar. La posición de los sindicatos actuantes es que la adhesión a la huelga es un acto “individual”, por lo que cada uno decide si acata o no la resolución de la asamblea o el Sindicato de la Carne en este caso. De esta manera se adaptan a la Contrarreforma Laboral del Gobierno de Milei y le permiten a la empresa crear una cuña para derrotar la huelga. Hacia el mediodía de hoy, los trabajadores de la planta de Córdoba comenzaron a recibir telegramas de despido con causa, es decir sin indemnización. En el mismo, la empresa acusa a los trabajadores de realizar “bloqueos” y en consecuencia provocar “una elevada mortandad de animales”. Hasta el cierre de esta edición, desde el Sindicato de la Carne se esperaba contabilizar a cuantos trabajadores les había llegado el telegrama. Rebelión en Planta Pilar Los trabajadores de Planta Pilar, ubicada en el Barrio de Pinazo, son de los últimos en ingresar en el proceso de lucha. En general los directivos del STIA Provincia de Buenos Aires actúan como voceros de los planes de la empresa, apaciguando el espíritu de lucha de los trabajadores. Esto explica que WADE SA, la ex Cresta Roja, sea la primera planta que levantó la huelga y que incluso faenó el fin de semana lo que la empresa no pudo faenar en sus otras plantas. Durante el día martes, los trabajadores habían empezado a salir afuera de la planta, sosteniendo un paro sobre la calle de ingreso de la planta. Ayer miércoles, bajo una fuerte presión de los trabajadores, los delegados aceptaron movilizar a la sede del Sindicato de la Alimentación de Pilar. Los trabajadores reclaman que se cansaron de que desde el STIA “se bajen las cosas cocinadas”. La movilización que duró varias horas, terminó en una reunión caliente con el Secretario General del Sindicato, Daniel Leo. En la misma, los trabajadores expresaron que no dan más y que no pueden esperar más a que se resuelva la situación de la empresa. (En el debate con los trabajadores en la puerta de la fábrica, suelen manifestar que están con dos o más empleos, que piensan en arreglar, etc.). De la reunión surgió el compromiso de la empresa de pagar la primera cuota hoy jueves y el viernes la siguiente, el mismo compromiso que asumieron con Río Cuarto y que no cumplieron. De cumplirse, los trabajadores volverían a faenar el lunes. Movilización en Entre Ríos Frente al cierre de la planta de Concepción, se han cristalizado dos políticas: una, la de la Comisión Directiva del STIA y de la CGT de la ciudad, de avanzar con las negociaciones, los papeleos legales y el pasilleo ministerial, las negociaciones con el Gobernador de la Provincia y con el Intendente. Para el mediodía de hoy se convocó a una asamblea, probablemente para informar de la conciliación obligatoria y los pasos a seguir del "diálogo" con la planta cerrada. La otra orientación, la del activismo y los delegados de la planta, ha sido salir a luchar contra el cierre, a cortar las rutas y a convocar al pueblo a acompañar como se hizo en la pueblada de enero de 2025. Esta orientación tiene planteado a su debido tiempo la toma de la planta como medida de profundización de la lucha.

Entre los trabajadores del Bingo de Merlo ha circulado profusamente la noticia de que sus patrones han hecho importantes aportes financieros a la campaña de La Libertad Avanza. El grupo Midas es propietario y administrador de 5 de las 45 salas de juegos más importantes del conurbano bonaerense, ubicadas en Ciudadela, Caseros, Hurlingham, Merlo y Bahía Blanca. Según el diario Clarín, en 2024, estas 45 salas sumaron el 30% del total recaudado en el rubro de los juegos de azar en la provincia de Buenos Aires, contabilizando un total de 190.000 millones de pesos. Todas las empresas aportan a uno u otro partido político patronal, de acuerdo al programa de incentivos a unos u otros rubros que estos partidos promuevan. Por ejemplo, Cristóbal López fue un profuso financista de todos los gobiernos kirchneristas. En el caso particular del grupo Midas, según el medio digital Letra P, esta empresa aportó 321 millones de pesos para la campaña de medio término de la Libertad Avanza en 2025. Los aportes financieros se hicieron por medio de una Cooperativa de seguros -PROF- y de la Sociedad Anónima Pro Fu Ar. Aunque los aportes se hicieron a las campañas de La Libertad Avanza de provincias como La Pampa, Catamarca, La Rioja y Jujuy, las mayores sumas fueron a las campañas de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. El difunto Jorge Pereyra, fundador del grupo Midas, fue procesado por presunto lavado de dinero en 2013, en una causa que incluyó a la Asociación Argentina de Árbitros, que le sobre facturaban al grupo por propaganda devolviéndole un retorno en negro. También ha sido investigado por evasión al fisco por emitir facturas apócrifas por otros tantos millones de pesos. Las cooperativas de seguros mencionadas funcionan como empresas pantalla, es decir son empresas cuya única existencia es su sello legal pero que no tienen una actividad comercial real. Son creadas y utilizadas para esconder a los verdaderos dueños y facilitar movimientos financieros que deberían ser justificados de ser registrados bajo los verdaderos nombres de estos empresarios. El grupo Midas financia a La Libertad Avanza porque el gobierno libertario le ha prometido a los capitalistas nacionales y extranjeros, durante su campaña de 2025, que terminaría de concretar el proyecto de Ley de Reforma Laboral. Reforma laboral que el Bingo de Merlo viene aplicando en los hechos desde ya hace varios años con una creciente resistencia de los trabajadores y su Comisión Interna. Hace dos años los trabajadores han debido ir a un paro y a un corte de calle para que la patronal regularice el pago de los salarios y devuelva los aguinaldos y salarios adeudados. Ahora esta misma patronal ha instalado cámaras en las salas y en el taller para perseguir y amedrentar a los trabajadores y sus delegados que vienen reclamando contra el recorte de personal, el achique de los talleres y el cambio en las condiciones de trabajo . Hace unos días se viralizó un video en el que una trabajadora bajó a la sala de máquinas descalza, porque la patronal hace dos años que no entrega el uniforme. Los trabajadores del Bingo de Merlo se indignaron al conocer esta noticia, puesto que se preguntaban cómo el grupo Midas pone más de 300 millones de pesos en dos meses, a la campaña de La Libertad Avanza de un lado, mientras dice que se encuentra en crisis cuando los trabajadores reclaman el pago en tiempo y forma de salarios y aguinaldos y la reposición de ropa de trabajo. Tienen razón, la crisis es una mentira llana como lo ha demostrado el aporte a la campaña libertaria y como lo demuestra el hecho de que el Bingo funciona todos los días a sala llena. Acá no hay ninguna crisis, lo único que hay es un intento de la patronal de barrer con los derechos laborales tanto en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, como con los salarios, que se encuentran hundidos en niveles históricos en todo el país. Esta es una política patronal y solo puede torcerse por medio de la lucha directa. Mientras las patronales escamotean aumentos de salarios y uniformes a los trabajadores con excusas de crisis y empresas pantalla, los trabajadores deben responder con sus propios métodos: la organización en los lugares de trabajo y las asambleas, para votar medidas de lucha que impongan sus reivindicaciones a la patronal.

El día martes 26, los estudiantes de los dos colegios preuniversitarios más grandes de la capital, el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, decidieron tomar los colegios por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, bloqueada en la Corte Suprema luego de haber sido votada en el Congreso en cinco ocasiones. La aplicación de la ley de financiamiento fue el principal reclamo de la marcha del 12, que convocó a decenas de miles de personas a Plaza de Mayo. Tal aplicación es de suma importancia en cuanto supone una recomposición del 40% de presupuesto y del salario docente y no docente de la universidad y los colegios pre universitarios. La medida de toma en ambos colegios fue propuesta por sectores de estudiantes independientes, ajenos a los grupos K inmovilistas que dirigen sus centros. Una vez más, la autoconvocatoria venciendo a la burocracia. En este marco el tema empezó a discutirse cómo encarar la lucha en otros colegios de la capital, en parte por el llamado de atención que siginifica la acción del Pelle y el Buenos Aires, dos colegios de relevancia en el movimiento estudiantil. Sus ocupaciones marcan el curso a seguir de las propias problemáticas de la escuela media en sí. En las escuelas secundarias de CABA la situación está lejos de ser óptima, considerando los salarios docentes, el equipamiento de los colegios, las condiciones edilicias, viandas, etc. Pero empeora trascendentalmente con la imposición, por ahora parcial, de la reforma BA Aprende. El plan "estratégico" de Jorge Macri reformula completamente el régimen académico y laboral de los docentes, desorganizando la educación secundaria. En los colegios en donde se aplicó, fueron despedidos entre el 30% y 50% de sus docentes. El trabajo que hacen las supervisiones y direcciones, que se complotan para lograr esto, es imponer un régimen persecutorio contra los docentes e ir ´comprándolos´ uno por uno prometiendo más horas y jugando, al fin y al cabo, con su laburo. El objetivo educativo es que, en lugar de que los estudiantes nos nutramos de disciplinas que nos ayuden a entender el mundo y cuestionarlo, desarrollemos una habilidad o talento monótono, repetitivo y maleable. Es decir, pasar del conocimiento a la ´habilidad blanda´. A efectos prácticos, esto implica dejar como troncales tres únicas materias; Lengua y literatura, Inglés y Matemáticas. El resto de materias “satélites” no serían cursadas por año si no por niveles, dividiéndose en Ciencias Sociales o Ciencias Naturales - nivel 1, nivel 2, etc. El plan del Gobierno de la Ciudad implica, además, la profundización del capital tecnológico en las escuelas, cuando ya se demostró que tal exacerbación de la tecnología inhibe el desarrollo humano, más aún en el caso de la virtualidad o sistema híbrido, que excluye y niega el rol socializador del colegio. Y la desarticulación del sistema educativo mediante la acreditación de aprendizajes externos, surgiendo paralelamente espacios como TUMO, centros de tecnologías creativas del Gobierno de la Ciudad, donde los chicos “trazan tu propia ruta de aprendizaje según sus intereses” y se autoenseñan, ya que ni siquiera hay docentes sino “líderes”. Esta reforma, sumada al desfinanciamiento universitario, cierra con broche de oro el ataque determinante y letal que la reforma laboral y las políticas de ajuste del gobierno llevan a cabo contra las condiciones de vida de la clase obrera. Hasta preparan a los docentes, mediante capacitaciones de "bienestar socioemocional", a enseñarle a los estudiantes a ser resilientes y controlar sus emociones, porque ante el trabajo que nos imponen como perspectiva, sinónimo de tortura y aun asi miseria, ya preveen adultos desolados y colapsados pero funcionales a su sistema. Las tomas del Nacional y el Pellegrini, impulsadas por sus estudiantados, marcan una perspectiva que rompe con la orientación de la CEB, UTE y las burocracias sindicales de seguir el reclamo por la vía judicial, la negociación y la inacción, ya claramente inútil. Abren camino, así, a la movilización política de los estudiantes y los docentes. Esa misma línea debemos impulsar en todos los colegios, consolidando la acción, las asambleas, los cortes de calles, las tomas como método de lucha.

La docencia del distrito ha recibido con expectativa la derrota de la lista Celeste en la seccional más importante de la Provincia de Buenos Aires. En La Matanza trabajan más de 30.000 docentes y hay unos 9.800 afiliados al SUTEBA. En varias escuelas, los compañeros esperan la convocatoria a medidas de fuerza, o sea a un plan de lucha. La adhesión al último paro, el 21 de abril, al margen de la burocracia Celeste, en reclamo de aumento salarial, superó el 90 por ciento. En las elecciones recientes se registró una abstención récord en las elecciones del SUTEBA; el 60 % no concurrió a las urnas. La docencia bonaerense ha venido desconociendo a la conducción sindical durante todo el último período, mediante huelgas sin el aval de la dirección provincial, que las descalificó como “faltazos organizados”. Luego perdió la seccional a manos de la alianza Multicolor-Azul y Blanca, que reunió a las agrupaciones del FIT-U y sectores del peronismo ex socios de Baradel . La paupérrima elección de la Celeste está enmarcada en una crisis profunda del peronismo, que colabora sistemáticamente con el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei contra la docencia y la educación pública en general. En La Matanza, la lista Celeste se encargó de vaciar el sindicato. En estos últimos cuatro años no existieron asambleas, sino reuniones “informativas” donde no se tomaba ninguna resolución. Las pocas reuniones de delegados se realizaron siempre de manera fragmentada (por turno, por zona) y nunca se tomaron en cuenta los mandatos de las escuelas. Nuestra agrupación, Tendencia Docente Clasista, impulsa la convocatoria a una asamblea extraordinaria -de afiliados y no afiliados- en La Matanza para poner en pie un plan de lucha que surja de mandatos de escuelas, en la perspectiva de organizar un paro por tiempo indeterminado en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora mismo se desarrolla una huelga universitaria a escala nacional, los secundarios ocupan colegios y unas 10 provincias del país se encuentran con distintas luchas en reclamo de aumento salarial. La docencia bonaerense debe sumarse a este torrente.

El informe que elaboró el Fondo Monetario Internacional para habilitar el envío de 1000 millones de dólares al Tesoro argentino ha puesto bajo la lupa al gobierno de Milei-Caputo. La burocracia del FMI ha tomado nota del derrumbe de la recaudación fiscal y de que la “acumulación de reservas” se ha ubicado por debajo de los compromisos asumidos. Aun con estas falencias reclama la “libre flotación” cambiaria con la intención de llevar la devaluación del peso al tope de la banda cambiaria. El FMI ha puesto el ojo en la ficticia estabilidad de precios, reclamando “estadísticas confiables”, algo que Caputo rechazó en varias oportunidades. El Fondo desaconseja la concesión de préstamos en dólares por parte de inversores privados para “evitar el descalce de monedas”, lo que significa revertir el ‘carry trade’ que ha inflado las reservas internacionales brutas del Banco Central. Pero el gran reclamo del informe es una reforma impositiva para antes de fin de año. El eje de ella es la extensión del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. El régimen de la “cuarta categoría”, que hoy grava al 1% de los asalariados, debería volver a los términos anteriores a 2019, e involucrar al 20% de los trabajadores. Teniendo en cuenta la pirámide de ingresos, aquellos que superen la canasta familiar -unos dos millones y medio de pesos- entrarían en el impuesto. El planteo es una invitación a la rebelión popular y a la huelga general. Pero también exige equiparar las alícuotas del monotributo con las contribuciones de los “autónomos –“régimen general”-, que son más elevadas. La norma implica, en los hechos, la desaparición del monotributo como régimen simplificado, dedicado a trabajos con ingresos menores y relacionados al trabajo propio. Todos ellos deberán pagar una contribución superior, equivalente a la que abonan actividades independientes de mayor facturación. La ‘reforma impositiva’ no exime a ningún trabajador de un ataque profundo y generalizado. Políticamente, el gobierno ha decidido poner la cabeza en juego. Este impuestazo es inseparable de la contrarreforma laboral, que reformula la relación laboral como una “facturación de servicios del trabajo”. El trabajo con factura, sostiene la contrarreforma, “no presupone relación de dependencia”. De este modo, convierte a la “prestación de servicios” con un mismo empleador en una práctica vitalicia. En lugar del impuesto a la cuarta categoría en su totalidad, una parte del impuestazo revierte sobre el ‘facturero’. Ahora, ese mismo trabajador precarizado soportará un doble atropello: el de carecer de derechos laborales y el de pagar una cuenta abultada por su previsión social y por impuestos. La unificación con el “régimen general” abre la puerta para otras exacciones: por caso, el (ex) monotributista será obligado a inscribirse, por cuerda separada, en el pago de ingresos brutos correspondiente a su provincia. La reforma fondomonetarista lleva hasta el final la mistificación que convierte al trabajador en “capital humano”: una parte importante de la clase obrera es convertida en “emprendedora”; sin derechos, pero con las mismas obligaciones impositivas de un pequeño empresario o profesional independiente. La magnitud de la confiscación, sobre ingresos deprimidos y una inflación creciente de precios es monstruosa. El ‘maldito estado’ es usado por los ‘libertarios’ que lo execran en un super verdugo. Estamos ante el mayor asalto a los trabajadores de distintas categorías perpetrado en el trienio de Milei. Las ‘recomendaciones’ fondomonetaristas, finalmente, vuelven sobre la exigencia de la reforma previsional: aumento de la edad jubilatoria, eliminación de los “regímenes especiales” -docentes universitarios y nacionales-, unificación (hacia abajo) de las cajas provinciales con las prestaciones del ANSES. Pero el propósito del FMI no es aumentar la recaudación, porque apunta a “aliviar la carga impositiva al comercio y la industria”, es decir, promover nuevas reducciones de impuestos al capital. Al mismo tiempo, el FMI ha informado públicamente que la inversión extranjera en Argentina, en 2025, ha sido la más baja de América del Sur, unos 4 mil millones de dólares, frente a 57 mil millones en Brasil, 40 mil millones en Colombia y 31 mil millones en Chile. El capital advierte que el ‘ajuste’ liberticida se pisa la cola a sí mismo, porque con la caída del consumo masivo, debido a menores ingresos personales, golpea la recaudación impositiva y las cuentas del Tesoro. Lo que se llama un “tormento de Sisifo”, donde la roca que llevaba a la cima de la montaña volvía a caer, repitiendo el ejercicio hasta el infinito. La extensión del impuesto a las ganancias (salarios) ha sido, en el pasado reciente, un detonante político excluyente de la reacción popular.

Desde estas páginas hemos venido describiendo el proceso de demolición llevado adelante por el gobierno de Milei sobre el INTA y la gran mayoría de los organismos de Ciencia y Técnica. Hoy, ya a fines de mayo, el proceso de liquidación definitiva se ha acelerado violentamente. El Consejo Directivo Nacional del INTA, con su presidencia, se ha transformado en una cabeza de playa del gobierno liberticida y al día de hoy aceleró la salida de casi 700 trabajadores (despidos encubiertos) y seguramente, al 15 de junio, llegará a las 1.000 cesantías, descabezando y atomizando todos los grupos de trabajo. A la vez, continúa la presión sobre todos los cuadros técnicos, investigadores de larga trayectoria y especialistas en disciplinas claves, para que acepten el retiro. Todas las áreas administrativas se encuentran devastadas por las más de 800 renuncias y casi 400 bajas que generó el retiro voluntario anterior, con los salarios por el piso, sin funcionamiento de los grupos profesionales que lideran trabajo de años. La situación se agrava con un recorte reciente de más de 5.000 millones del presupuesto. Parte importante del INTA está reducida a escombros. Ya hemos descripto en otras notas que la Dirección Nacional no sólo fue vaciada, sino que sus directores mismos se inscribieron en el retiro voluntario. Los equipos especializado Recursos Humanos, Comunicación, Administración Financiera, Gestión Operativa, Vinculación I+D (investigación y desarrollo), etcétera, están desarticulados. Personal sin tareas o reemplazado por externos sin formación, decisiones contradictorias y montaje de circuitos cerrados son una muestra muy sintética del vaciamiento desde las entrañas de INTA. El Consejo Directivo INTA es un espectro, una marioneta de Milei, cuya presidencia -a cargo de Nicolás Bronzovich- tiene respaldo para continuar con el bombardeo. El funcionamiento de esta conducción colegiada ha sido reemplazado por decisiones unilaterales del gobierno que implican: Líneas medias y base quebradas: renuncias sin reemplazo, agencias de extensión sin insumos ni supervisión. Riesgo de provincialización y ´macroregiones´ impuestas que descuartizan a INTA en cinco partes, es decir un vaciamiento liquidacionista que abre la puerta a que provincias absorban funciones. Ruptura de circuitos históricos: la comunicación oficial es inexistente, hay normativas especificas disueltas, autoridades sin roles claros. La Disolución por abandono se generaliza no hay plan de reorganización, caen las estructuras por falta de sostenimiento. Un símbolo del desmantelamiento es el caso del jardín materno-paternal del CNIA Castelar, una conquista histórica de los trabajadores: se van "de retiro" 8 docentes quebradas x esta misma política. Como contrapartida, existe un verdadero proceso de defensa del INTA y los derechos laborales de sus trabajadores que lo encabeza ATE INTA-CNIA, con decenas de acciones de todo tipo: acción directa, medidas gremiales, asambleas generales, movilizaciones y marchas. El programa de lucha, aprobado en numerosas asambleas, tiene dos ejes centrales: Desbloquear el Fondo Tecnológico Nacional Agropecuario, de casi un billón de pesos. Es un instrumento clave, actualmente retenido por decisión política del gobierno, pero que puede refundar el INTA en beneficio de las grandes mayorías y necesidades del pueblo trabajador. La lucha por aumento salarial urgente y recomposición de las condiciones laborales, frenando los despidos encubiertos y pase a planta de los trabajadores precarizados. ¡Reactivación ya! De todos los circuitos financieros, operativos, administrativos y de investigación. Reactivación inmediata de un nuevo convenio colectivo sectorial, con nuevas categorías y nuevos aumentos de salarios. Fuera este Consejo Directivo parasitario de una burguesía agropecuaria que abandonó y destruyó el INTA.

La intervención de la UOM por parte de la Justicia fue solicitada por la lista Naranja de la seccional Campana tras las irregularidades que se dieron en las elecciones del 2, 3 y 4 de marzo en esa seccional. Como consecuencia de ello, la Justicia dictaminó la nulidad de la elección del actual secretariado nacional, dando al gobierno una oportunidad de injerencia directa sobre la organización gremial. El reclamo de que se anule el resultado de las elecciones y exigir que las mismas se desarrollen de manera democrática, garantizando la participación de los trabajadores, es más que valido. Pero pedir la intervención del gremio reviste otro carácter. El secretariado nacional de la UOM, asimismo, llevó adelante el congreso nacional eligiendo la nueva dirección sabiendo que la elección de Campana estaba siendo cuestionada judicialmente. Básicamente, ´se la dejaron servida´ al Estado para que intervenga. Desde el bando oficial (Furlán) denuncian a la lista opositora como vinculada con Paolo Rocca. Pero su dirigente, Deroso, fue secretario de Organización de la dirección que encabeza Furlán. Queda a la vista que no hay una oposición real sino una diferencia de camarillas. En los hechos, la dirección de Abel Furlán, en Campana, permitió gran cantidad de despidos en Siderca sin generar ninguna resistencia. Respecto a la gestión nacional, las paritaria siderúrgica sigue sin cierre ¡desde junio de 2024! Tras los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, siguieron marchas sin paro y, finalmente, reuniones que siguen sin resolver el salario siderúrgico. Los trabajadores de la industria venimos teniendo ajustes que están por debajo de la inflación. Los tercerizados de Siderar, que le pararon la planta a Rocca reclamando una mejora salarial, en su mayoría fueron despedidos o reingresaron a trabajar en peores condiciones, después de la marcha donde Furlán se comprometió a defender los puestos de trabajo y el salario. Ejemplos hay muchos y recorren todo el territorio nacional. Se perdieron miles de puestos de trabajo y la dirección nacional de la UOM ni siquiera intentó enfrentar con firmeza el ataque desatado por el Estado y las patronales. La intervención no viene a resolver nada. Por el contrario, va a interferir con cualquier posibilidad de reclamo hasta que se regularice la situación. Si bien la UOM presentó una alternativa a la intervención definiendo delegados paritarios y delegado administrador tanto en Campana como en la UOM nacional, habrá que esperar la respuesta de la justicia. Mientras tanto, hoy el salario inicial no llega al millón de pesos. Las empresas, valiéndose de la contrarreforma laboral, aplican una mayor presión sobre los trabajadores y difícilmente esto lo cambie una intervención. Por eso no solo hay que luchar por rechazar la intervención: hay que construir un cambio en la UOM desde la participación activa en los lugares de trabajo con asambleas que resuelvan los pasos a seguir, defendiendo la democracia directa y coordinando con otros sectores. Un gremio como la UOM, con los obreros organizados y movilizados, tiene la capacidad de paralizar el país completo. Es necesario activar ese músculo para conseguir que el salario inicial cubra el costo de la canasta familiar -hoy en 2.600.000 pesos-, la defensa de los puestos de trabajo y nuestros derechos adquiridos.

Mientras Lula se ha manifestado a favor de la "institucionalidad boliviana" contra la rebelión obrera y campesina y ofrece “ayuda humanitaria” al asediado gobierno boliviano de Paz Pereira, el ministro de Defensa de Brasil José Mucio Monteiro arribó el martes 26 a la Argentina para mantener un encuentro bilateral con su par Carlos Presti para discutir una “agenda orientada a profundizar la cooperación bilateral, modernización militar y coordinación estratégica regional” (Escenario Mundial, 27/5). La reunión, celebrada en el Edificio Libertador entre los ministros de Defensa, es la primera de caracter bilateral entre ambos países desde el 2024. La relación entre los mandatarios de ambos países está cortada. Mucio es el primer civil al frente de la defensa de Brasil en cinco años, mientras que Presti es primer militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa desde 1983 a esta parte. Presti estuvo acompañado por su viceministro, el general de división Jorge Alberto Puebla. Brasil no ha adherido a la alianza militar “Escudo de las Américas” promovida por el imperialismo norteamericano. A comienzos de mayo, sin embargo, Trump y Lula mantuvieron una reunión bilateral en la Casa Blanca. En ese cónclave -que tuvo como ejes centrales los aranceles y las tierras raras- Trump se habría comprometido a no intervenir en las elecciones en favor del bolsonarismo. Sin embargo, a los pocos días, respondiendo a un pedido de Flavio Bolsonaro, declaró "organizaciones terroristas" al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), que habilitaría una intervención norteamericana directa, sustentada en la “Estrategia de Seguridad Nacional”. La reunión entre Presti y Mucio se produjo en este marco “geopolítico” y pusieron en agenda la posibilidad de impulsar acuerdos bajo el formato “gov-to-gov”, un sistema de comercio y cooperación desarrollado directamente entre organismos gubernamentales. La propuesta incluye la celebración de futuras reuniones entre empresarios del sector de defensa de Brasil y Argentina para explorar proyectos comunes y nuevos acuerdos industriales, en un cuadro de rearme a nivel mundial. Mucio sacó chapa como proveedor de equipos militares. Por caso se refirió a la compra de submarinos Scorpene Evolved a Francia, que Mucio calificó como una “compra maravillosa”, ya que los mismos se fabricarán en Brasil, donde la empresa francesa Naval Group tiene uno de sus astilleros, y adelantó que el entrenamiento de la tripulación se realizará en Itaguaí, estado de Río de Janeiro. Los vehículos blindados de combate de origen italiano que el gobierno de Milei tiene pensado adquirir también se fabrican en las plantas que Iveco tiene en Brasil. Mucio también dejó asentado, sobre la compra de aviones F16 de origen estadounidense a Dinamarca, que Argentina eventualmente podría acceder a los F-39E Gripen que la sueca Saab fabrica junto a la brasileña Embraer. Todo esto no podría acontecer sin afectar la relación con el gobierno norteamericano. La recorrida de Mucio por la región refleja el interés de Brasil por consolidarse como proveedor estratégico de armas en América del Sur y ampliar su presencia en un mercado regional atravesado por procesos de modernización militar y reequipamiento, asociada al imperialismo europeo. Mucio es considerado uno de los principales articuladores políticos del gobierno de Lula y un funcionario con capacidad de diálogo tanto con sectores militares como civiles. La gira de Mucio también ofició como antesala de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) que se llevará a cabo en Perú en julio. En marzo se realizó una reunión preparatoria de la CMDA en la que participaron, además de las delegaciones de América, observadores de España, Alemania y Francia.

A la par que la burocracia de la Lista Celeste se reelegía como conducción en el SUTEBA Ezeiza en las elecciones del 13 de mayo pasado, se iba incrementando el clima de rebelión y bronca en las escuelas ante la parálisis sindical que está dejando pasar el derrumbe del salario, por conducciones gremiales completamente sometidas al gobierno provincial de Axel Kicillof. Un día antes de las elecciones en el SUTEBA, se había realizado el paro docente del 12, el primero impulsado en Ezeiza por la Coordinadora Docente, haciéndonos eco de la convocatoria de la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, un sindicato prácticamente desconocido que el año pasado obtuvo la inscripción gremial. Registramos una importante adhesión, sobre todo en un conjunto de jardines y escuelas primarias, y en menor medida en secundaria. El 27 de mayo tuvo lugar un nuevo parazo, impulsado por la Coordinadora Docente de Ezeiza, que agrupa a decenas de docentes de distintos niveles (inicial, primaria, secundaria, adultos), y tuvo una mayor adhesión con respecto al anterior, logrando niveles del 90/100 % en una decena de instituciones educativas, en particular en Jardines y Escuelas Primarias, pero también creció en las escuelas secundarias que oscilaron entre un 40 % y un 90 %, según el relevamiento que hemos realizado. La Coordinadora de Ezeiza está integrada por un conjunto de docentes que llevamos impulsando las medidas de lucha desde hace largos años, se trate de los paros y movilizaciones del SUTEBA, FEB, o de las seccionales de la Multicolor. A partir de esta experiencia se va conformando una organización autoconvocada, que, aunque está en sus primeros pasos, va marcando una perspectiva. En la última reunión resolvió elegir representantes por escuela, y sacar un boletín, además de preparar acciones callejeras, entendiendo que la lucha recién comienza y que no podemos quedarnos en paros aislados. La Tendencia Docente Clasista de Ezeiza es parte fundamental en la organización de la coordinadora. Impulsamos un pliego de reclamos, en primer lugar, por un salario básico igual al costo de la canasta familiar ($2.800.000) por cargo. En defensa del Estatuto Docente, contra la precarización y la sobrecarga laboral. Por el pleno funcionamiento de IOMA. Entre otros puntos. Se han contactado docentes de Cañuelas, que quieren reunirse con nosotros para impulsar las acciones en su distrito, y también docentes de Esteban Echeverría, muy críticos ante la parálisis en su zona. La coordinadora resolvió sacar un llamado al conjunto de la docencia del distrito a sumarse, con sus propuestas y planteos, en el marco de un ámbito democrático de deliberación y de acción. ¡Adelante, compañeros!

El gobierno de Donald Trump decidió este jueves incluir a las facciones Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). La exigencia fue formulada por el senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y principal candidato a disputar la presidencia contra Lula en octubre de este año. La decisión del presidente norteamericano se encontraba en agenda hace varios meses, según venían informando diferentes medios. La decisión final se tomó en medio de la peor situación del candidato derechista en las encuestas, golpeado por la revelación de sus vínculos con estafadores financieros. La inclusión de organizaciones de Brasil en la lista negra de Estados Unidos tiene importantes implicancias políticas, militares y económicas. Uno de los criterios legales para la designación es que la actividad del grupo amenace “la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o intereses económicos) de los Estados Unidos". Para el New York Times, “las bandas brasileñas exportan grandes cantidades de cocaína a Europa y otras partes del mundo, pero los expertos afirman que no desempeñan un papel importante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”. El Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que "su influencia se extiende por toda nuestra región y por todo el país. La administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar la financiación y los recursos al narcoterrorismo". Para Folha de San Pablo, la clasificación de CV y PCC como grupos terroristas “puede parecer, para algunos desinformados, un mero gesto simbólico en la lucha contra el crimen. No lo es. Se trata de una medida legal con alcance extraterritorial, con repercusiones económicas, financieras y de reputación para Brasil”. Por un lado, debido a que Estados Unidos puede establecer sanciones a empresas o bancos determinados asentados en Brasil, congelando sus activos en el extranjero o rechazando visas, bajo la acusación de colaborar, sea de manera directa o indirecta, con alguna de las organizaciones ahora calificadas como terroristas. Se trata, desde ese punto de vista, como una herramienta de presión económica que puede ser utilizada para que capitales extranjeros se retiren de Brasil. El diario O Globo señala en reciente antecedente: “en junio del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra bancos mexicanos acusados de facilitar el lavado de dinero. Los bancos sancionados fueron CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector). Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, las autoridades mexicanas intervinieron en CIBanco” (O Globo, 28/5). De más está decir que el gobierno de Trump no tiene ningún interés real en combatir el narcotráfico; este año liberó de una prisión estadounidense al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, en una maniobra por intervenir en la elección hondureña. Más importantes son las amenazas militares que implica la medida norteamericana. La medida pone al “combate” contra estas organizaciones bajo la órbita de la CIA. “Según la legislación estadounidense, la CIA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están autorizadas a llevar a cabo acciones militares en cualquier parte del mundo para neutralizar esta amenaza, lo que podría derivar, incluso si el riesgo actual es remoto, en acciones en Brasil, violando la soberanía del país” (O Globo, 28/5). El Departamento de Estado “ahora trata a estas organizaciones como un problema de defensa y ya no como un asunto policial. El asunto se traslada a la CIA y al ámbito militar, quedando fuera del ámbito policial. Esto permite operaciones militares incluso en Brasil”, afirma un analista al diario. La medida también amplía las herramientas de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El argumento de combatir el narcotráfico fue utilizado por el Comando Sur de Estados Unidos para desplegar buques y aeronaves en el mar Caribe y en el Pacífico, que desde el año pasado bombardearon pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas, sin que presentara ninguna evidencia de eso. Estados Unidos designó entonces a las facciones venezolanas Tren de Aragua y Cartel de Los Soles como grupos terroristas y llegó a acusar al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar Los Soles. Las embarcaciones desplegadas en la “lucha contra el terrorismo” sirvieron de base para el secuestro de Maduro en enero de este año, aunque luego del secuestro se retiraron las acusaciones de narcotráfico. Trump luego designó también seis organizaciones mexicanas como terroristas y amenazó con invadir al país vecino. Luego definió al presidente colombiano Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” y amenazó con la intervención militar en Colombia, donde este domingo se vota presidente. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha clasificado como terroristas a 14 grupos de América Latina. La lista FTO se ha convertido en la herramienta preferida de Trump para reforzar su intervención en la región. Incluso dentro de Estados Unidos, Trump incluyó el año pasado a la organización Antifa (antifascistas) en la lista de organizaciones terroristas, y en Medio Oriente ha designado a las organizaciones de los Hermanos Musulmanes de Líbano y Jordania (donde tienen representación parlamentaria) y Egipto (donde ganaron las elecciones presidenciales en 2012 y un año después golpe de Estado). Hezbolá y Hamas se encuentran en la lista desde la creación de la misma en 1997. El año pasado Trump impuso aranceles punitivos a Brasil en un intento por evitar que Jair Bolsonaro fuera a prisión por cargos de orquestar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. Finalmente, Bolsonaro fue declarado culpable y sentenciado a prisión. Posteriormente, Trump retiró muchos de los aranceles y sanciones. Desde entonces se venía gestando un acercamiento entre ambos gobiernos, como lo demostró la visita de Lula a Washington a principios de este mes, de donde Lula aseguró salir con la promesa de no intervención de Trump en las elecciones de su país. Lula hizo “buena letra” en la región: acató el bloqueo petrolero a Cuba, se limitó a declaraciones formales frente al secuestro de Maduro y, más recientemente, en Bolivia, ofreció “ayuda humanitaria” para el presidente cercado Rodrigo Paz. En sus discursos, Lula ha pedido repetidamente a Trump que ayude a arrestar a quienes él denomina los “magnates del crimen” y había estado tratando de convencer a Estados Unidos de ampliar la cooperación policial y de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado. Para O Globo, “en medio del acercamiento diplomático entre ambos países [Brasil y Estados Unidos], el gobierno se vio sorprendido por el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos” (ídem). La medida ahora se produjo sin el consentimiento del gobierno brasileño, tras meses de negociaciones y conversaciones en las que el país dejó clara su objeción. Flavio Bolsonaro, en cambio, salió a festejar el anuncio como una victoria propia y obtuvo una foto con Trump, junto a João Figueiredo, nieto del último dictador de Brasil. Para Folha, el accionar de Bolsonaro hijo es un intento de “distracción” para “desviar la atención de los tratos del senador con el banquero Daniel Vorcaro, figura central en el escándalo del Banco Master”. La visita de Bolsonaro a Estados Unidos coincide con un momento de crisis en su precampaña bolsonarista, después de que se revelara que había sido grabado solicitando 26,8 millones de dólares a Vorcaro, dueño del Banco Master acusado de corrupción y estafas, para financiar la película sobre su padre. Lula, por el contrario, se encuentra en su mejor momento en las encuestas y acaba de aprobar el fin del horario de trabajo 6x1 en la Cámara de Diputados, agregando un día más de descanso laboral. Para su aprobación, Lula recompuso relación con los partidos del centro que se estaban inclinando hacia un apoyo al clan Bolsonaro, luego de haber aprobado la reducción de la pena del expresidente. Todo indica que Lula seguirá ese mismo camino para la aprobación de la ley en el Senado. Al igual que en Colombia, la buena letra de los presidentes progresistas no frena la arremetida de Trump por imponer gobiernos afines en todo América Latina.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley para crear un “súper RIGI”, es decir, un nuevo régimen especial para grandes inversiones que supone mayores concesiones impositivas, aduaneras, cambiarias y jurídicas de las ya previstas con el RIGI existente. Los requisitos establecidos son: inversiones mínimas de US$ 1.000 millones en sectores que actualmente “no tienen actividad operativa en el país” y la ejecución de al menos el 20 % de ese monto durante los dos primeros años. A cambio, los beneficios son estrafalarios: se otorgará una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15 %, mayor disponibilidad para el reparto de dividendos y utilidades, un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. Exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto y a los productos exportados bajo el régimen. Habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. En materia laboral, se establecen condiciones particulares peores que las sancionadas en la contrarreforma laboral más reciente. Lo fundamental es que prohíbe en forma completa el derecho a huelga, consagrando un nuevo régimen de fuerza de trabajo esclavo. En las cargas patronales, hay rebajas al 10 % para los nuevos empleos. El Fondo de Afectación Laboral (FAL) permanece obligatorio. El proyecto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. Más aún, limita a un máximo del 0,5 % la alícuota para Ingresos Brutos (de recaudación provincial) y prohíbe el cobro de otros impuestos provinciales como Sellos, regalías y cánones administrativos. Los gobernadores, fieles defensores de los intereses capitalistas asentados en sus territorios, han mostrado cierta disconformidad, pero no irán a ningún choque de fondo con este proyecto. Kicillof presentó en su momento su propio RIGI en ocasión de un proyecto para una planta regasificadora de gas que finalmente se asentó en Rio Negro, pero “off-shore”, es decir, con buques regasificadores. A sabiendas de que todas estas imposiciones y concesiones son abiertamente inconstitucionales, el proyecto garantiza por sí mismo un plazo de ¡30 años! de “estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social”. Una inconstitucionalidad amparando otras inconstitucionalidades. También prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional. En su presentación, el ministro Luis Caputo clarificó que el proyecto tiene beneficiarios con nombre y apellido: inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Incluye por ejemplo la estratégica cadena de valor del litio y la manufactura de baterías (acceso a minerales y tierras raras). Para muchos especialistas, con este súper RIGI se facilitaría que se monten los grandes “datacenters” que requieren ingentes cantidades de energía, (involucran un gran pasivo ambiental del cual también estarían eximidas las empresas) e insumos importados. No es coincidencia entonces que este proyecto haya sido presentado luego de la visita a la Argentina, reunión de por medio en la Casa Rosada, del empresario alemán Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir (emprendimiento conjunto con la CIA norteamericana), con sede en Silicon Valley. Como contratista del Estado Norteamericano, sus servicios de Inteligencia Artificial se utilizan para las masacres militares perpetradas en Gaza, Irán, en las acciones de guerra en general y también en la persecución de inmigrantes y personas calificadas como “terroristas” como es el caso de activistas propalestina . Recientemente, el gobierno de Milei anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social” , un gigantesco software al servicio del espionaje y la represión cibernética diseñado por Palantir a distintos gobiernos del mundo, mientras que tiene en carpeta una posible asociación con la SIDE para conformar un “ICE” argentino. Este proyecto colonial ha sido entonces redactado en todos sus detalles con esta oligarquía tecnológica, de manera de avanzar en la alianza estratégica con Trump y su gobierno. No fue suficiente el “RIGI” previamente establecido, que ha resultado un rotundo fracaso. A pesar de todo el servilismo de Milei, Argentina ocupa el último puesto en la región en ingreso de inversiones extranjeras. Los únicos proyectos que se valieron del RIGI son relativos a la energía y minería, ya existían antes de la ley y simplemente se reciclaron para capturar beneficios fiscales y cambiarios. Según el Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo en el último trimestre de 2025 un saldo negativo de US$ 4.687 millones.

El Parlamento israelí votó el 21 de mayo, con una sola abstención, autodisolverse y convocar a elecciones anticipadas (la fecha prevista era el 27 de octubre). Es una votación preliminar y son necesarias tres, pero se descuenta que será aprobada. La iniciativa surge de la ultraderecha religiosa, integrada al gobierno cuya partida de defunción acaba de firmar. También las distintas variantes del sionismo laico presentaron sus propios proyectos. En el caso de los partidos religiosos, la crisis se explica por la creciente presión contra un proyecto de ley que obligaría a más hombres jaredíes a alistarse en el ejército. Los partidos que impulsaron la ley son Judaísmo Unido de la Torá, Shas, Nueva Esperanza, Sionismo Religioso y Poder Judío, estos dos últimos liderados por los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, representantes de los colonos fascistas. Unos días antes, Netanyahu les había comunicado que la ley de exención militar para los alumnos de los centros talmúdicos no sería aprobada antes de las elecciones porque no solo enfurece a los opositores laicos, sino que genera malestar también en las filas de su propio partido, el Likud. Los jaredíes se niegan a ingresar al ejército porque, dicen, ellos sirven a Israel leyendo la Torá. El jefe del ejército, Eyal Zamir, imputado por genocidio y crímenes contra la humanidad, advirtió recientemente ante una comisión parlamentaria que, sin el reclutamiento de los ortodoxos, la autoridad castrense podía colapsar por la falta de soldados. No se trata solo de soldados: The Washington Post informó la semana pasada que Estados Unidos gastó “muchas más municiones de alta gama defendiendo a Israel en medio de las hostilidades con Irán que las propias fuerzas israelíes”. Sin piedad, el diario de Jeff Bezos afirma que Netanyahu logró que “Israel dependa más que nunca de la protección de Estados Unidos, incluso cuando la impopularidad de su país crece en Estados Unidos”. (Gallup informa que, por primera vez, los estadounidenses simpatizan más con los palestinos que con Israel. El Pew Research Center señala que el 60 % de los estadounidenses tiene una visión desfavorable de Israel, frente al 42 % en 2022.) Indiferente a estas cuestiones, la facción judía ultraortodoxa anunció que defenderá hasta el final la no integración al ejército, que ya no considera al primer ministro como un socio y que buscarían adelantar las elecciones. Si se vota la disolución, los comicios deberán celebrarse en un plazo máximo de cinco meses. Los ultraortodoxos prefieren que sea en las festividades judías de setiembre, lo que haría aumentar la concurrencia. Pese a su interés en retrasar las elecciones lo máximo posible, a Netanyahu también le conviene que no coincidan con el aniversario del 7 de octubre de 2023. “Su lógica es clara: si las elecciones son un referéndum sobre el 7 de octubre, los votantes deberían poner fin a la carrera política de Netanyahu” (Haaretz 21/5). "Este es el principio del fin para el peor gobierno de la historia de Israel", ha tuiteado Benny Gantz, exaliado de Netanyahu. "Estamos listos", escribió el jefe de la oposición, Yair Lapid, que creó una alianza llamada Juntos con el exprimer ministro Naftali Bennett y espera formar el próximo gobierno. Juntos ya avisó que, a diferencia de 2021, esta vez no integrará ningún partido de los llamados árabes israelíes (palestinos) al frente porque es una coalición exclusivamente sionista (sic). En esa oportunidad Bennet y Lapid fueron con Raam, un partido islamista conservador. Por el lado de los partidos árabes izquierdistas, tres de ellos (Hadash, Taal y Balad) anunciaron que irán unidos en las próximas elecciones, e invitaron a Raam (Lista Árabe Unida), de derecha, a sumarse para "aumentar la participación electoral, ampliar la representación árabe y derrocar al gobierno de extrema derecha". Lo mismo habían hecho en 2015 y 2020. La unidad se justifica, dicen, por “la importancia de la unidad ante los peligros existenciales". Según Haaretz, la Lista Árabe Unida (Raam) estaría dispuesta a una alianza siempre que "cada partido conserve su propia plataforma, libertad y diálogo con sus votantes sin restricciones". O sea, incorporase a un gobierno de coalición del frente sionista de oposición a Netanyahu. La población árabe israelí representa el 21 % de los ciudadanos israelíes y un 15 % del censo electoral. Cuando se presentaron juntos en marzo de 2020, obtuvieron un récord de 15 escaños sobre 120 en la Knesset, lo que la convirtió en la tercera fuerza política del país. Esta semana, el Canal 13 informó que los aliados de Netanyahu buscan declarar a Ra’am organización terrorista antes de las elecciones. (Israel Noticias 25/5) Por otra parte, no todo está roto entre el carnicero de Tel Aviv y sus aliados. The Times of Israel asegura que, entre bambalinas, la coordinación entre las formaciones ultraortodoxas y Netanyahu continúa. "Existe una auténtica crisis de confianza entre ellos [los partidos ultraortodoxos y Netanyahu], pero eso no significa que no estén coordinándose sobre cómo y cuándo disolver la Knesset de una manera que maximice sus intereses políticos”, sostiene. Según las últimas encuestas (Kan 11), la alianza Bennett-Lapid es la única capaz de desafiar al Likud de Netanyahu, que obtendría 26 diputados y Juntos, 25. La paridad podría romperse si Bennett logra sumar al exjefe del Ejército Gadi Eisenkot, autor de la teoría que justifica la masacre de civiles “para que presionen a sus dirigentes”. Desde 2023, Israel la aplicó con convicción en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán, Irak y Yemen. Otra cuenta pendiente de Netanyahu es el juicio por corrupción que lo llevaría a la cárcel apenas deje el cargo. Trump ha pedido repetidamente que lo indulten. El presidente de Israel, Isaac Herzog, promueve negociar “un acuerdo de conformidad”, que implicaría la retirada de la política de Netanyahu. No está claro que lo acepte. En un contexto de gran polarización política y social, Herzog convocó la semana pasada una “Conferencia Presidencial por un Futuro Común para Israel” que sesionó con la presencia de varias federaciones sionistas de Estados Unidos. Herzog la describió como “un esfuerzo por calmar los ánimos de cara a la campaña electoral”. La mayoría de los israelíes considera la polarización social como el mayor peligro para el país, incluso más grave que la amenaza iraní según una encuesta reciente del Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI). Durante 39 semanas de 2023 más de la mitad de la población se manifestó contra una reforma judicial que subordinaba los jueces al Ejecutivo, contra el peso de los partidos religiosos, contra la corrupción de Netanyahu. Por eso el oficialismo responsabiliza a la oposición del ingreso de las milicias palestinas; las masivas movilizaciones semanales de 2023, dicen, “dividieron al país y lo dejaron vulnerable”. Pero muchos israelíes critican también la ineficacia política y de los servicios de inteligencia que no pudieron prever el 7 octubre de 2023, la tardía respuesta militar y la negativa de Netanyahu a asumir cualquier responsabilidad personal o a crear una comisión investigadora independiente. En la otra punta, Haaretz ironiza: “Habría sido estupendo que los acontecimientos que marcaron el 2023 nunca hubieran ocurrido” en referencia a “la elección en 2022 de una coalición de fundamentalistas religiosos corruptos que atacaron al poder judicial israelí, aceleraron el terrorismo judío y la toma de control de Cisjordania, y quieren establecer una teocracia”. En un balance que es una confesión, Haaretz admite: “No se puede eludir la realidad de que la mayoría de los manifestantes no lograron relacionar el destino de la democracia en Israel con el hecho de que ese mismo país y esas mismas instituciones imponen un régimen autoritario permanente a los palestinos”. ¡“Un régimen autoritario!”. Increíble. La decisión de ocupar Cisjordania (Judea y Samaria para los sionistas) es otro factor de división. Los pogromos de los colonos, la brutalidad policial incluso contra los familiares de rehenes, la tortura en cámara de miembros de la flotilla Sumud agudizan el descrédito internacional de Israel incluso entre aquellos que avalaron el genocidio en Gaza sin chistar. Hasta Herzog criticó esta semana “el proceso de brutalización que se va infiltrando en la sociedad israelí” y repudió la violencia causada por «una turba sin ley en Judea y Samaria». El presidente israelí denunció la “conducta vergonzosa y repugnante de los extremistas contra los cristianos y los musulmanes que viven entre nosotros” y los “actos brutales» contra los detenidos por parte de un puñado de personas que piensan que los detenidos, los interrogados o los sospechosos no tienen ningún derecho humano” (NYT 24/5). Ben-Gvir le contestó: “Un presidente que llama bestias a cientos de miles de ciudadanos del Estado de Israel no es apto para ser presidente”. En tanto, la oposición le enrostra que las campañas militares de Netanyahu no han dado mayores frutos. “Israel ocupó más de la mitad de la Franja de Gaza, pero Hamas todavía controla a casi toda la población”. Israel logró eliminar a la dirección de Hezbollah pero la milicia chiita “sigue siendo una amenaza potente. Las tropas israelíes están ahora empantanadas en lo que parece ser una ocupación de largo plazo del sur del Líbano, que las deja vulnerables a ataques con drones de Hezbollah”. Por otra parte, CNN informa que, después de más de un mes de los ataques israelíes y estadounidenses, “el Ejército de Irán se está reconstituyendo mucho más rápido de lo estimado inicialmente”. En un paso más de su aislamiento, Israel decidió romper relaciones con el secretario de la ONU, Guterrez, después de que su embajador ante el organismo, Danny Danon, anunció que Israel figura ahora en la lista negra de autores de violencia sexual en zonas de conflicto (junto a Hamas y el Estado Islámico). Danon afirmó que Israel había remitido pruebas a la ONU con el fin de refutar esas acusaciones, y calificó la inclusión de «calumnia sangrienta». El título del Washington Post es tajante: “El intento de Netanyahu de rediseñar Medio Oriente se le está volviendo en contra”. A pocos meses de las elecciones.

No existe nada más peligroso que el impasse en una guerra internacional. El imperialismo norteamericano junto al estado sionista no ha podido doblegar la resistencia de Irán , donde han dejado un tendal de destrucción impresionante. Sin condiciones para lanzar un desembarco de decenas de miles de tropas en el terreno, el impasse se ha convertido para Trump en una crisis política . La incertidumbre acerca del mercado de la energía fósil mantiene a la economía mundial en vilo. Trump ha comenzado a liberar las reservas estratégicas de combustible. El crecimiento de la inflación impacta en el conjunto de la población y se ha convertido en una amenaza de derrumbe de la deuda pública . Para agravar la situación, en los últimos días se ha producido un retroceso persistente en las acciones de un puñado de empresas de Inteligencia Artificial, que los analistas interpretan como la consecuencia de una prematura obsolescencia de sus modelos. Esto significa un retiro de capitales de los mercados privados. Sólo la creciente valorización accionaria de un puñado de enormes empresas (alrededor de un 13 %) mantiene elevado el mercado de Wall Street y los índices pasivos de inversión financiera. Estados Unidos ha sufrido un revés estratégico . La guerra ha dejado expuesta la crisis de dominación política internacional del imperialismo. El impasse de la guerra se manifiesta asimismo en la guerra entre la OTAN y Rusia, que ha superado los cuatro años . El resultado de este prolongado estancamiento es clarificador: la OTAN ha capacitado a Ucrania para bombardear territorio ruso, incluso Moscú, con miles de drones y con misiles. Putin ha lanzado la semana pasada un ataque con el misil hipersónico Oreshnik, capaz de portar ojivas nucleares, que la OTAN ha calificado como una amenaza de guerra contra Europa occidental y el Báltico. Rumania ha denunciado en las últimas horas bombardeos de drones rusos. La OTAN y Rusia han respondido a los distintos estancamientos que han caracterizado a esta guerra, con un rearme acelerado y un escalamiento militar. Israel, por su lado, ha aprovechado el pseudocese del fuego temporal en el Golfo Pérsico para lanzar ataques masivos contra Líbano y para extender la ocupación militar a la ciudad de Tiro, la segunda en importancia, más allá del río Litani y alejada de la frontera norte de Israel. La incapacidad para derrotar a Hezbollah ha desatado una crisis entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del ejército sionista, Eyal Zamir. Israel, por otro lado, ha desalojado a los palestinos del 70 % del territorio de Gaza. La guerra contra Líbano y la ocupación de Gaza es una continuación de la guerra contra Irán. La guerra viene acompañada con el desarrollo de una crisis de los regímenes políticos que la promueven. Las negociaciones para arribar a un principio o borrador de acuerdo entre el gobierno norteamericano y el iraní no han prosperado; las divergencias estratégicas, como no podría ser de otro modo, son insalvables. “El establecimiento de los fundamentos de un acuerdo de paz”, como reclama un editorial del Financial Times, es inviable; desataría crisis políticas terminales en uno y otro bando. El propósito de Trump es alcanzar alguna ficción de acuerdo temporal, hasta las elecciones de medio término en Estados Unidos, a principios de noviembre, pero, por, sobre todo, para reestructurar la guerra en nuevos términos . Ha rechazado la posibilidad ofrecida por Irán para gestionar el Estrecho de Ormuz con Omán, e incluso amenazado con un ataque militar apocalíptico al emirato. Irán no puede entregar el control del estrecho de Ormuz, su principal instrumento de defensa. China, sin embargo, reclama la ´libre navegación´ en el Estrecho, sin que se conozca qué le ha ofrecido Trump a cambio. Trump ha rechazado también la propuesta de Qatar de liberar los activos congelados a Irán en tandas sucesivas, para favorecer las negociaciones hacia un acuerdo. Irán exige una indemnización multimillonaria por los dańos causados por los bombardeos salvajes de Estados Unidos e Israel, Las llamadas negociaciones para “sentar las bases de un acuerdo de largo plazo”, no son otra cosa que un intento de ganar tiempo para reunir las condiciones para una reanudación de la guerra . En declaraciones recientes, Trump ha reiterado la intención de ocupar Groenlandia y establecer un gobierno títere en Cuba. Tiene pendiente el envío a Taiwán de armamento por 11.000 millones de dólares, lo cual, según los analistas, convertiría al mar de China en un territorio de guerra. El impasse de la guerra ha acentuado el antagonismo de Trump contra la Unión Europea, dispuesta a concesiones a Irán (volver al método de controlar el enriquecimiento de uranio por medio de la Organización Internacional de Energía Atómica) para congelar el conflicto. La guerra imperialista internacional no ha sido abandonada, sino que se ha extendido en el tiempo. Trump acaba de agregar a Brasil al arrogarse para el Pentágono y la CIA el combate contra el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, las dos organizaciones más poderosas del narcotráfico. El año pasado, el intendente de Río de Janeiro organizó un asalto a las favelas con el pretexto de la ‘lucha contra el narcotráfico’, a espaldas del gobierno nacional, la Justicia y las Fuerzas Armadas, equivalente a un semigolpe de estado con el apoyo de gobernadores de ultraderecha. El impasse en la guerra es, de otro lado, una manifestación de que no hay retorno al estado de situación previo . La lucha contra la guerra imperialista y contra los gobiernos imperialistas y sus secuaces debe ocupar la prioridad en la agenda de la clase obrera. Todas las reivindicaciones de la clase obrera están ligadas a la derrota del imperialismo.

El Ébola se continúa propagando en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. Al 27 de mayo, se han notificado 1077 casos sospechosos, 121 casos confirmados, 246 muertes sospechosas y 17 fallecimientos informados en RDC (Brote de ébola: situación actual | Ébola | CDC). La situación afecta principalmente a las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Mientras que Uganda anunció el cierre “con efecto inmediato” de su frontera con la RDC para intentar evitar una expansión del virus dentro de su territorio. Este país registró siete casos confirmados y una muerte confirmada. El 22 de mayo de 2026, la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés) evaluó el riesgo para estos Estados Partes como "Muy alto" para la República Democrática del Congo y "Alto" para Uganda. Detrás de la epidemia del ébola se encuentran las condiciones sociales a la que está sometida la población que habita la RDC y la guerra. La OMS sostiene que los enfrentamientos armados en Ituri, provocan desplazamientos masivos de población y favorecen la expansión del virus en campamentos superpoblados. La provincia de Ituri está ocupada por alrededor de 100 grupos armados . Más de 7 millones de personas son desplazados internamente, muchos de ellos hacinados en campamentos sin agua potable ni saneamiento; unos 27 millones enfrentan hambre aguda. El cólera, el sarampión y la viruela símica circulan de forma continua. El director general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC), afirmó que estaba en “modo de pánico” ante la ausencia de medicamentos, vacunas y equipos de protección y afirmó “No tenemos fabricación de EPP.” (WSWS, 23/05/2026). Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, pidió un alto el fuego inmediato. “El este de la RDC se enfrenta ahora a una colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto”, afirmó y sostuvo que el brote “está superando la capacidad de respuesta” sanitaria en la provincia de Ituri. Además, señaló a través de su red X que “No podemos ganarnos la confianza de la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen las bombas”. El director de la OMS, viajó esta semana con una delegación a Bunia (capital administrativa de Ituri) para seguir la evolución de la epidemia. Otro de los problemas es el del financiamiento para el abordaje de la epidemia. El 25 de mayo de 2026, se realizó una sesión informativa ministerial virtual convocada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) y la Unión Africana, donde alertaron acerca de los retrasos en la movilización de recursos y en la ampliación de la respuesta al brote de ébola en curso. Afirmando que esto podría provocar una transmisión regional más amplia y una mayor pérdida de vidas. En dicha reunión, la directora ejecutiva de Gavi (Alianza Global para la Vacunación), mencionó que se están llevando a cabo esfuerzos para acelerar la investigación y preparación de vacunas para la cepa Bundibugyo. Mientras que el Ministro de Salud de la RDC, el Dr. Roger Kamba, pidió una mayor coordinación regional y un apoyo sostenido a los equipos de respuesta de primera línea. Los presentes respaldaron un plan continental de preparación y respuesta que requiere al menos 319 millones de dólares entre junio y noviembre de 2026 para reforzar el control de brotes en los países afectados y la preparación en al menos 11 estados miembros de alto riesgo de la Unión Africana. Pese a que en dicha reunión se mencionó que Estados Unidos comprometió 500 millones de dólares, la administración de Trump viene llevando adelante recortes a la ayuda económica que el país destina a la colaboración internacional para la prevención, investigación y tratamiento de enfermedades. Ha dado por terminado el programa STOP Spillover de 100 millones de dólares, financiado por USAID encargado del abordaje de infecciones producidas por animales. Desmanteló la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, siglas en inglés), desarticuló las redes del PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA) que formaban la columna vertebral de la vigilancia de enfermedades en África, se ha retirado de la OMS con el financiamiento que aporta el país y realizó con un feroz ajuste en el Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) , incluyendo despidos y renuncias de profesionales que manifestaron diferencias con la política que lleva adelante el Secretario de Salud estadounidense antivacunas, Kennedy. En nuestro país, la madrugada del día miércoles se encendieron las alarmas cuando una embarcación extranjera atracó en el Puerto de San Lorenzo (Santa Fe) con un tripulante que presentaba síntomas compatibles con el Ébola, posteriormente descartado por los ministerios de salud nacional y provincial. La expansión del virus del Ébola en África es la demostración más cabal de que el sistema capitalista lleva a la clase obrera a la barbarie mediante la guerra y la propagación de enfermedades. La defensa de la salud y de las condiciones de vida vendrán de la mano de la clase obrera que en distintos puntos del mundo se levantan contra los gobiernos de la guerra. Fuentes: Brote de ébola: situación actual | Ébola | CDC Líderes africanos movilizan financiación y respuesta regional a medida que el brote de ébola se intensifica – África CDC Ébola global Primera reunión del Comité de Emergencia del RSI sobre la epidemia de la enfermedad por el virus de Bundibugyo por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda 2026 – Recomendaciones temporales https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ebola-alerta-sanitaria-en-un-puerto-de-santa-fe-por-un-tripulante-con-sintomas-a-bordo-de-un-buque-nid28052026/ https://www.wsws.org/es/articles/2026/05/24/per1-m24.html

La rebelión obrera y campesina en Bolivia sigue creciendo después de casi un mes de huelga general decretada por la Central Obrera Boliviana. En las últimas dos semanas los bloqueos se han cuadruplicado en número y extendido desde La Paz y Oruro, hacia Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. Cada uno de los operativos represivos de Paz Pereira -sus “corredores humanitarios” se han cobrado hasta ahora al menos siete vidas- sólo han logrado incrementar la rebelión y la exigencia de renuncia del presidente. Las movilizaciones en La Paz también se suceden y masifican día a día, a pesar de la represión diaria, para evitar que las multitudes movilizadas se instalen en la Plaza Murillo, frente a la Casa Grande del Pueblo, actual sede del gobierno nacional. Paz Pereira ha negado un aumento salarial por arriba de la inflación y ha culpabilizado del desabastecimiento crónico de combustibles a los bloqueos y movilizaciones populares, cuando el desabastecimiento ha sido justamente uno de los motores de la lucha. Ha pedido la orden de captura del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, por "sedición". Su llamado al “diálogo” es denunciado por la COB como una celada para arrestar a sus dirigentes. Es indiscutible que la rebelión de obreros y campesinos de Bolivia es un desafío al poder político de Paz Pereira y del conjunto del Estado capitalista boliviano; la Asamblea plurinacional ha votado el estado de excepción por más de dos tercios en ambas cámaras. La crisis actual tiene como base la incapacidad de Paz para racionar democráticamente la distribución de gas, cuyo desabastecimiento ha paralizado la economía, para dejar que el mercado haga su tarea, mediante un tarifazo descomunal. Lo mismo ha ocurrido con las reservas del Banco Central, cuya recuperación se confía a una mega devaluación del peso; para este año se estima una contracción económica del 3,3 %, una inflación del 20 % y un déficit equivalente al 9 % del PBI (The Economist, 21/5). La política de Paz ha sido puesta en cuestión de entrada por la rebelión contra el gasolinazo por decreto . En este escenario, la COB y la Túpac Katari reclaman una salida política; la renuncia de Paz, es decir un relevo dentro del régimen existente. No plantea medidas de poder, como la ocupación de YPFB y el control obrero para garantizar la provisión de combustibles y su calidad, acabando con el contrabando que involucra a diferentes sectores capitalistas, y presentarse de ese modo como una alternativa de poder. El reclamo central del aumento de salarios y jubilaciones ha sido dejado de lado; como así también la exigencia de estatización de la minería, para privilegiar el reclamo de la renuncia de Paz. La cuestión de la minería, particularmente el litio y tierras raras es una cuestión estratégica para los estados inversores, con los que la COB no querría entrar en conflicto. La COB y demás organizaciones tampoco están organizando a obreros y campesinos para enfrentar el despliegue de las fuerzas armadas; por el contrario, las caracterizan como parte del pueblo, con las que no quieren confrontar, o sea que preferirían la hipótesis de una salida militar, que de ningún modo se vislumbra. La sola partida de Paz dejaría el mando del poder a la vicepresidencia, la Asamblea plurinacional, las gobernaciones de los departamentos, provincias y alcaldías, copadas mayoritariamente por fracciones derechistas. El MAS ha perdido las gobernaciones de los 9 departamentos, no tiene senadores y ha pasado de 75 a solo 1 diputado. Los expresidentes "Tuto" Quiroga o Carlos Mesa acechan como variantes de recambio. Es decir, no ocultan su preferencia por el vice de Paz, Edmund Lara. Durante la rebelión de octubre de 2003, Evo Morales, junto con las direcciones de la COB y la Túpac Katari de aquella época, ´reencauzaron´ el proceso insurreccional bajo un programa de ´capitalismo andino´. Paz Pereira, mientras tanto, ha recibido 8.000 millones de dólares de diferentes organismos multilaterales y ahora busca un acuerdo con el FMI por 5.000 millones de dólares para estabilizar el peso, hacer frente a los vencimientos de deuda y cubrir las importaciones de gas. Su política de “estabilización” ha llevado la deuda pública boliviana de un 90 % a un 110 % de su PBI, sin frenar la debacle económica. Bajo ese marco, buscará imponer el aplastamiento del movimiento obrero y campesino en lucha con una mayor represión.

Mientras crece el costo de vida, se prolonga la guerra en Irán, cae la popularidad del gobierno y se aproximan cada vez más las elecciones de medio término del 5 de noviembre, Trump ha emprendido una campaña contra legisladores que lo han criticado o incluso no le fueron del todo fieles. A fines del año pasado, la liberación de los archivos del caso Epstein había mostrado un riesgo de disgregación de la bancada Republicana. En este cuadro, el aspirante a dictador ha utilizado las elecciones primarias (donde se eligen los candidatos al Congreso) para disciplinar aún más a la bancada de su partido, donde la mayor parte carece de peso político propio. Uno de los primeros enfrentamientos ha sido con el senador Thom Tillis (Carolina del Norte), que se opuso a la Ley de Presupuesto pomposamente denominada “Gran y Hermosa Ley” (BBBA), en cuanto a los recortes al programa de salud Medicaid. Cuando Trump amenazó con promover un candidato alternativo en las primarias de 2026, Tillis anunció que no buscaría su reelección. Continuó los choques con Trump a propósito de varios temas - los aranceles a Canadá y México, la guerra contra Irán y en particular contra los ataques a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por parte del gobierno. Tillis ocupa un lugar en el estratégico Comité de Bancos del Senado, desde el cual obstaculizó el nombramiento de Kevin Warsh en la Reserva Federal, el candidato de Trump. El nombramiento de Warsh teóricamente facilitaría un proceso de baja de las tasas de interés en un contexto financiero completamente adverso (inflación, desvalorización de la deuda pública). Powell se mantendrá en el Directorio de la FED, donde Trump no tiene mayoría; los bancos y el capital financiero rechazan una rebaja de los tipos, a pesar del golpe que una suba causaría al socialmente sensible mercado hipotecario. Otro caso muy conocido es el divorcio político entre Trump y la congresista de ultraderecha Marjorie Taylor Greene, como consecuencia del apoyo por parte de ésta a la publicación de los archivos del caso Epstein. Trump la acusó de “traidora”; la congresista ha denunciado que había recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, y renunció a comienzos de este año. La excongresista es ahora una figura recurrente en distintos medios de comunicación, desde donde cuestiona la guerra de Trump contra Irán desde la ultraderecha. En Indiana, Trump “castigó” a un grupo de senadores que había desobedecido su orden de modificar los distritos electorales para favorecer la elección de dos congresistas republicanos más en noviembre de este año; una tramoya que impulsa en todos los Estados dominados por el trumpismo. En el Senado de Indiana, 21 republicanos se unieron a la bancada Demócrata para rechazar el proyecto de redistribución de distritos. Algunos de estos senadores buscaban la reelección, y en el caso de 7 de ellos el presidente impulsó un candidato alternativo y logró la derrota de 5 senadores “desleales”. El caso más sonado es el del congresista Thomas Massie, un Republicano “libertario” que ha confrontado a Trump en varios temas. Lideró en el Congreso el proceso para ordenar la liberación de los archivos Epstein, junto a otros parlamentarios Republicanos y Demócratas, votó en contra de la “Gran y Hermosa Ley” de gastos e impuestos, y cuestionó el ataque de EEUU e Israel contra Irán. Las primarias del distrito 4 de Kentucky en las cuales Massie intentaba la reelección se convirtieron en una acción ejemplarizante por parte de Trump, que no solamente lo llamó “el peor congresista Republicano” y “desleal a EE.UU.”, sino que incluso viajó al Estado a dar un apoyo público al retador (Ed Gallrein). Tanto Trump como los lobbies pro-Israel (AIPAC, United Democracy Project, Republican Jewish Coalition, Miriam Adelson, entre otros) gastaron 20 millones de dólares para apoyar al candidato desafiante, convirtiéndose las primarias de KY-4 en las más caras de la historia en una elección al Congreso (entre ambos contendientes gastaron unos 36 millones en publicidad). Menos del 6 % de las donaciones a ambos candidatos correspondían a residentes en Kentucky. La elección la ganó el retador por 55 % a 45 %, siendo un caso paradigmático de cómo funcionan esas primarias: son elecciones “cerradas” para los registrados como Republicanos, en las cuales participa un tercio del padrón -mayoritariamente mayores de 60 años-. Los analistas coinciden que los menores de 50 años apoyaban mayoritariamente a Massie (contra el candidato de Trump) pero su participación fue menor. En Texas, fue derrotado el senador John Cornyn, que se jactaba de haber votado el 99 % de las iniciativas de Trump. Pese a ello, el presidente decidió una semana antes de la segunda vuelta apoyar a su desafiante, Ken Paxton (Fiscal General de Texas). Cornyn no había apoyado la intentona golpista del 6 de enero de 2021, ni respaldado con suficiente rapidez la candidatura de Trump en 2024. Paxton, por su lado, tiene un prontuario gigantesco de denuncias de corrupción, sobornos, obstrucción a la Justicia, entre otros, al punto que en 2023 la Cámara de Representantes de Texas -dominada por los propios Republicanos- le inició un juicio político por abuso de poder, el que lo salvó el Senado estatal. El fiscal acumulaba acusaciones muy similares a las del propio Trump, lo que no impidió que triunfara en la primaria por 64 % a 36 % contra el actual Senador Cornyn, en el más llamativo caso de “venganza” o “castigo” de parte del matón de la Casa Blanca. Otro derrotado fue el senador Bill Cassidy (Louisiana) que en 2021 votó a favor del impeachment contra Trump y ahora fue castigado con el apoyo presidencial a su adversaria Julia Letlow. El disciplinamiento de los Republicanos, desplazando a los que no son suficientemente “M.A.G.A.” (Make America Great Again), no garantiza un triunfo en noviembre. Trump viene impulsando la modificación de los distritos electorales (algo que sólo está permitido cada 10 años). La manipulación de los distritos para asegurar una mayoría propia (los políticos eligiendo a sus votantes, en lugar de los votantes a los políticos) refleja el temor a una derrota electoral y tampoco resuelve los problemas políticos del gobierno. Los Demócratas han respondido con medidas similares en otros Estados, que igualan o incluso pueden superar en caudal electoral a los cargos que obtendrían los Republicanos con esta maniobra. Por otra parte, los cálculos en estas redistribuciones de votantes se realizan bajo la hipótesis de que se mantengan las tendencias electorales, pero hay indicios de cambios entre los jóvenes; también pueden surgir candidaturas independientes. El rediseño electoral puede resultar en una pérdida de escaños.

En entregas anteriores -ver aquí y aquí - hemos visto hasta ahora que el Manifiesto electoral del PTS para la campaña electoral de Myriam Bregman no tiene un carácter socialista sino nítidamente ‘nacional y popular’. Cualesquiera sean las especulaciones acerca de un eventual frente con el peronismo, el kirchnerismo o La Cámpora, la convergencia programática no ofrece ninguna duda. El texto, sin embargo, postula un “Cordobazo del siglo XXI” sin clarificar lo que esto pueda significar como planteo de poder. Reivindica el Cordobazo de Mayo de 1969 y otras “rebeliones obreras y populares” por los “cambios favorables (que produjeron) en la relación de fuerzas con el poder político y económico”. El Cordobazo, en realidad, fue un levantamiento contra la dictadura militar de Onganía con la consigna política “por un gobierno obrero y popular”, no una tentativa de modificar las relaciones de fuerza. Además de representar el esbozo de una tendencia de la clase obrera de la gran industria hacia una revolución proletaria, hizo total omisión del retorno de Perón y de Perón mismo, desbancando la línea troscomorenista, que había defendido ese retorno como la vía de lucha hacia una revolución socialista. El Cordobazo fue, por otra parte, no un punto de llegada de la movilización obrera, como sostiene el Manifiesto, sino un punto de partida. Los recursos para “frenarlo”, contrariamente a lo que sostiene el Manifiesto, no prosperaron, sino que fracasaron, pues el Cordobazo desató una ola de levantamientos en casi todas las provincias y forzó al jefe simbólico del gorilismo militar, Alejandro Agustín Lanusse, a propiciar el retorno de Perón. Esta operación contrarrevolucionaria fue saludada por todos los partidos de Argentina, y en especial por el foquismo y el troscomorenismo como una “victoria popular”. El vacío de poder creado por el Cordobazo fue ocupado por un frente único del gorilismo y el peronismo, con el apoyo de la izquierda montonera y de la trosca. Esta operación política, sin embargo, de grandísima envergadura, también fracasó, como lo manifestó el Villazo de 1974, la huelga general y las Coordinadoras Obreras de junio-julio de 1975, e incluso la victoria, ese mismo año, de la corriente clasista en el SMATA Córdoba. El ciclo abierto por el Cordobazo (seis años) fue liquidado por la dictadura de marzo de 1976. El foquismo y la izquierda ‘institucional’ (apoyo a la llamada “institucionalización”) colaboraron intensamente en el apoyo al retorno de Perón, primero, y a su gobierno, después . El Cordobazo fue condicionado por una enorme crisis de dirección revolucionaria, esencialmente el seguidismo al peronismo, que el PTS recoge en las definiciones programática de su Manifiesto. El Manifiesto convoca a crear un Nuevo Movimiento Histórico, en la ruta del Yrigoyenismo y del Peronismo; una mayor capitulación (“histórica”) ante el nacionalismo no se consigue. El Cordobazo no fue “un cambio de la relación de fuerzas”, sino, mucho más que ello, una acción histórica independiente de masas. El “Cordobazo del Siglo XXI”, como el “Socialismo del Siglo XXI”, no pasa de una etiqueta, destinada a encubrir un programa ‘nacional y popular’. Lo mismo ocurre con el planteo de la Huelga Política General, por parte de una corriente que día por medio reclama a la burocracia de la CGT que “dirija un plan de lucha”. Distorsiona el planteo de la Huelga Política de Masas, planteado por Rosa Luxemburgo a la luz de la Revolución Rusa de 1905, quien la definió como “(e)l método de movimiento de la masa proletaria, la forma fenoménica de la lucha proletaria en la revolución” . El Manifiesto del PTS constituye uno de los intentos más explícitos para confundir a la clase obrera e incapacitar teóricamente a sus sectores más avanzados “Superar por izquierda” La declarada pretensión del Manifiesto es “superar al peronismo por izquierda”, o sea una diferencia de grado en el marco de un “abanico” político común. Es el lugar que pretenden Grabois o La Cámpora, o el que ocupaban en el pasado los Montoneros. El setentismo foquista (y también morenista) también pretendía superar “por izquierda” al peronismo. Pero el socialismo -palabra ausente en el conjunto del Manifiesto petesiano- no es una versión radicalizada del nacionalismo burgués. Es, por el contrario, una crítica histórica al régimen social existente. La tesis de la superación “por izquierda” disuelve la frontera entre el peronismo y el socialismo. Es lo que ocurrió con el apoyo de Bregman y otros dirigentes del PTS hacia Cristina Kirchner, con la excusa de su proscripción, que tiene un carácter manifiestamente político. CFK ha sido la cabeza del Estado capitalista y de sus organismos represivos; parte del aparato de los Guillermo Moreno, Pedraza y Moyano, denunciante de la ocupación de Gestamp o a los docentes de Santa Cruz, y una firme sostenedora de Sergio Berni, el desalojador de Lear y de la Panamericana, y promotora de la Seguridad Democrática (espionaje a las organizaciones populares). Borrar esta frontera de clase es un crimen político contra la clase obrera.

A raíz de la audiencia del 9 de enero, en la que la empresa estatal ABSA solicitó un aumento del 40 % en las tarifas de agua y una modificación en el régimen de incrementos (pasando a un esquema bimestral), ha cobrado relevancia mediática la grave situación del Río de la Plata en las costas de Berisso y Ensenada. Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, elaborado en 2022 a pedido del Municipio de Berisso, encendió las alarmas: de los 13.000 m³/h que llegan a la planta de tratamiento del Gran La Plata, solo 5.000 son procesados; los 8.000 restantes son arrojados sin tratamiento a la costa del río. Una planta que nació mal y nunca terminó La planta de ABSA en Berisso, ubicada a 5.000 metros del Río de la Plata, fue fundada en 1999. Pero el problema viene de atrás: originalmente (1905), el sistema de cloacas del Gran La Plata solo conducía los efluentes sin tratamiento, vertiéndolos por un tubo que se internaba 600 metros en el río. La ley provincial 2797 de 1891 ya exigía un procedimiento de purificación previo al vertido. Sin embargo, actualmente el tubo está deteriorado y el vuelco se realiza directamente sobre la costa. La planta nunca fue terminada. Consta solo de dos instancias de pretratamiento (tratamiento primario). Primero, los efluentes pasan por un enrejado que retiene grandes objetos (pañales, etc.). Luego, el líquido pasa por tamices giratorios de origen alemán con un entramado de 3 mm. Lo filtrado cae en un contenedor y es trasladado al CEAMSE (entre 4 y 5 contenedores por semana). El problema de fondo: la planta tiene capacidad máxima de procesar 5.000 m³/h, pero recibe 13.000 m³/h. Además, solo funciona 46 horas semanales. El resultado es que apenas se trata el 10 % de los efluentes que llegan. Una parte importante de los efluentes de Ensenada y Berisso que provienen de zonas aguas abajo de la planta se vuelcan al tubo colector sin ningún tratamiento, aunque no se ha cuantificado ese volumen. Contaminación letal en playas y peces El vertido se realiza directamente sobre las costas de Berisso, especialmente entre los balnearios Palo Blanco y Bagliardi, que reciben entre 100.000 y 120.000 bañistas por temporada (diciembre a marzo). Esa zona también es clave para la pesca artesanal de dorado, boga, surubí y pejerrey, y recientemente también de sábalo con fines comerciales, concentrándose la pesca justo sobre la descarga cloacal. Los resultados del estudio del CONICET son escalofriantes. La legislatura bonaerense (disposición ADA 336/03) admite como máximo 2.000 coliformes fecales por cada 100 ml de efluente vertido a un cuerpo de agua superficial. Las muestras tomaron 7.100.000 coliformes por 100 ml. En la arena de los balnearios, el canal aliviador registró 2.600.000 coliformes/100 ml; Palo Blanco, 8.300; Bagliardi, 120.000. Enfermedades aseguradas El informe calcula la cantidad esperada de enfermos por temporada según la densidad de parásitos y bacterias. En Bagliardi y Palo Blanco, por cada 100.000 bañistas: 7.380 contraerían shigelosis 22.210 salmonelosis 790 diarreas por Escherichia coli 2.600 gastroenteritis por norovirus Además del problema sanitario, el informe señala niveles alarmantes de materia orgánica en descomposición y bajos niveles de oxígeno, lo que daña gravemente el ecosistema. También se han encontrado microplásticos y fármacos humanos en los peces analizados. Breve historia de un descuido estructural Desde la Cloaca Máxima romana (siglo VI a.C.) hasta el siglo XIX, la humanidad solo supo alejar las aguas servidas y verterlas en cuerpos de agua sin tratamiento. Fue recién durante la epidemia de cólera de 1854 en Londres cuando el médico John Snow demostró que la enfermedad se transmitía por el agua contaminada con cloacas. Desde finales del siglo XIX se desarrollaron tratamientos primarios (sedimentación) y secundarios (lechos percoladores, tanques Imhoff, barros activados). La abrupta disminución de la mortalidad infantil durante el siglo XX está directamente relacionada con el mejor tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, hoy las enfermedades diarreicas siguen siendo la principal causa de muerte en niños menores de 5 años en el mundo, y en Argentina la cobertura cloacal alcanza solo al 57,7 % de las viviendas (censo 2022). Capitalismo y enfermedad: daños colaterales estructurales El problema del tratamiento cloacal se conoce hace más de un siglo y medio. Pero el sistema capitalista ha sido incapaz de garantizar las obras necesarias. La contaminación masiva de la población no es un accidente: es parte estructural del capitalismo, desde el plomo y la radiación hasta los agroquímicos. Las enfermedades derivadas de estas actividades son daños colaterales que los trabajadores absorbemos de forma aislada e individual. Los obstáculos que impone un sistema basado en la reproducción del capital son incompatibles con el desarrollo de todo el potencial tecnológico que la humanidad ya ha alcanzado. El derecho a un ambiente saludable es una tarea que los trabajadores tenemos que pelear en el camino hacia la disputa por el poder y el socialismo.

En el año 1876 aparece por primera vez el texto “El hombre delincuente” de Cesare Lombroso. A través de él se manifiesta la antropología criminal y, en sus márgenes, la figura del “delincuente nato”. En esa obra se considera que, sobre la base de un determinismo biológico, el delincuente es un ser inferior que por su condición salvaje (que deriva de rasgos físicos vinculados con condiciones psicológicas y biológicas) se siente irresistiblemente impulsado a delinquir. Para justificar las masacres de colonización, básicamente se lo emparentaba con las poblaciones originarias. Quienes pertenecían a las mismas eran considerados seres desagradables, antiestéticos y, hasta incluso malvados, si es que osaban resistir al invasor. Ya que la finalidad era la de sostener la hegemonía imperante, la postura de Lombroso servía para extender la persecución a disidentes políticos y a las mujeres. Para ello, en vez de caracterizarla como una consecuencia degradante del régimen social, se consideraba a la prostitución como una manifestación delictiva. En su obra “los que viven del delito y los otros: Los delincuentes como industria” (Año 1991) el notable penalista Elías Neuman antagoniza con Lombroso. Afirma Neuman que, en su momento, el médico y criminólogo italiano actuó “obedeciendo a las lealtades de la ley penal del sistema sociopolítico en que le tocó vivir” y, precisando, la cuestión sostiene que la ciencia social “no es apolítica ni neutral”. En definitiva, aunque sin mencionarlos, pareciera que, en el fondo, Elías Neuman recoge la aguda frase de Karl Marx y Friedrich Engels, cuando explican que “las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante” (La ideología alemana. Año 1845/6). Fue treinta años después de ser escrita esa obra que, en gran medida y sin saberlo, Cesare Lombroso se ocupó de probar el acierto de la conclusión de Marx y Engels. Es que siempre son los intereses que sostienen al modelo de relaciones sociales imperante los que determinan la estructura fundamental de la Política Criminal. La máxima expresión de la misma es el encarcelamiento causado por la aplicación marcadamente selectiva del Poder Punitivo Estatal. En su sobresaliente obra Neuman lo explica con claridad señalando lo siguiente: “…Quien recorra las prisiones de máxima seguridad de ciudades y pueblos en Latinoamérica o sus “reformatorios” —en realidad, deformatorios—, hechos para jóvenes transgresores, se encontrará con lo que desde hace años constituye un nuevo estereotipo caracterizado por la coloración de la piel, casi siempre negra o pardusca: tienen un modo de andar y de vestir parecidos: jeans, chaqueta algún abrigo negro, cautela frente al visitante, la mirada huidiza, ojos brillantes, marcas en la cara y, casi siempre, varios dientes menos. Poseen denominadores comunes: son gente “de abajo”, humildes, en el límite crítico del hambre y la exclusión, que han tomado por desesperación el atajo de las adicciones o de la delincuencia, ante la miseria. Provienen de barrios paupérrimos, de casas de lata, sin luz ni sanitarios. Han vivido atenaceados por el desempleo.” Nuevamente, aunque no explicitada, se advierte una correlación con la doctrina marxista al vincular a las conductas delictivas que generan encarcelamiento con las condiciones de opresión, desamparo y pobreza que son inherentes al Sistema Capitalista. Por ello, y sin perjuicio de que para determinar las condiciones que caracterizan a quienes integran la población carcelaria no es necesario poseer conocimientos prodigiosos, Neuman profundiza su argumentación describiendo lo incuestionable. Señala al respecto: “Y, en realidad, seres que no saben si van a comer ese día y no tienen alimentos para llevar a su casa ni medicamentos si sus hijos se enferman; nunca fueron hombres libres, aunque formalmente las leyes puedan decir lo contrario. En esta suerte de selectividad penal, no cabe duda de que el derecho penal y la ley aplicable resultan clasistas.” Queda claro entonces que, básicamente, el índice de encarcelamiento es directamente proporcional al grado de segregación social que rige en una determinada etapa histórica. Para decirlo de otra forma, en su esencia la tasa de encierro penal es inversamente proporcional al nivel real de la tan declamada justicia social. A 150 años de la primera publicación de la obra fundamental de Lombroso, y a 46 años de la llamada “restauración democrática”, es imprescindible intentar descifrar el porqué del feroz presente que nos toca transitar. Corresponde determinar si la actual es solo una situación excepcional o si, por el contrario, no es más que la agudización de la crueldad de un sistema opresor siempre vigente. Para garantizar el apego a la verdad echaré mano de datos oficiales. En el año 2002 comenzó formalmente la recolección de datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) creado mediante la sanción de la ley 25.266. Se trata de la estadística carcelaria oficial de nuestro país. Ese año se constató que 44.969 personas mayores de 18 años se encontraban encarceladas en la Argentina. Es decir que cada 100.000 habitantes 123 estaban en prisión. Hasta el momento, el último registro del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) es el del año 2024. Arrojó el siguiente resultado: 135.585 personas mayores de 18 años estaban encarceladas. Por lo tanto, cada 100.000 habitantes 258 padecían esa situación. Un 80,42 por ciento más que en el año 2002. Esa cifra da muestra cabal de la profundidad de la catástrofe. Es que, sobre la base de la decreciente tasa anual de crecimiento poblacional, en el período 2002-2024 la población del país solo aumentó aproximadamente un 22,6 por ciento (Banco Mundial). Además, surge del análisis de la citada fuente estadística nacional que, salvo una leve disminución registrada en los años 2006, 2007 y 2020 (En este caso por el aislamiento derivado de la pandemia del COVID 19) el número de encarcelamientos creció año tras año. La indubitable estadística oficial muestra que, en su abrumadora mayoría, las encarceladas son personas jóvenes menores de 35 años, desempleadas o con empleo inestable, y con nulo o ínfimo nivel de instrucción. Naturalmente se suman a ese universo de inhumana segregación e indiscutible selectividad penal los encierros carcelarios de las niñas, niños y adolescentes que pertenecen al mismo segmento social que los mayores de 18 años. En ese aspecto, en el año 2024 más de 800 personas menores de 18 años sufrían encierros carcelarios según el organismo que, a modo de burla macabra, se denomina Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Salvo rarísimas excepciones, a partir del momento en que cumplen 18 años, ellos y ellas pasan a poblar las cárceles de mayores. Otro denominador común que vincula a esa siempre creciente población sobrante es que padecen el encierro carcelario por ser rudimentarios delincuentes. En la mayoría de los casos llegan a prisión por estar imputados de cometer similares delitos (Hurtos, robos, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, narcomenudeo etc…). Lo hacen porque no cuentan con las prerrogativas que, para evitar el encarcelamiento, y haciendo trisas el principio de Igualdad ante la Ley, benefician a los encumbrados funcionarios públicos y a los representantes del bloque de clase dominante. Otro dato incuestionable es que, prácticamente en todos los casos, la muchedumbre encarcelada en condiciones de incuestionable violación a la Reglas para el Tratamiento de Reclusos (ONU), actúa en perjuicio de sus pares de clase. Evidentemente, la caracterización que en el año 1991 realizó Elías Neuman respecto de las ideas que hace 150 años expuso Cesare Lombroso demuestra que, más allá de las teorizaciones criminológicas, un régimen social siempre aplicará una política criminal que actúe como garante de los intereses que representa. Por ello, para decirlo en lenguaje jurídico-penal, como mínimo, existen indicios vehementes respecto del acierto de la especificación que hace 180 años realizaron Carlos Marx y Federico Engels.

El domingo 31 de mayo, a 76 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los trabajadores han convocado a una concentración en la puerta de la sede, Av. Del Libertador y Ramallo, a las 10.30 a. m. Dentro de la sede se encontrarán Milei, funcionarios e inversores interesados en el sector nuclear. La reunión será costeada con 10 millones de pesos arrebatados a la Fundación CNEA. La movilización se da en medio de un enorme malestar entre los trabajadores de la Comisión. Por un lado, los bajos salarios, la persecución gremial y la conformación de una dirección ajena al sector —diseñada para la privatización y el vaciamiento— han llevado a la renuncia de más de 300 trabajadores. Por otro lado, el ajuste presupuestario ha generado un parate en las principales investigaciones que venía desarrollando la Comisión, como por ejemplo el reactor modular CAREM, que se encuentra en una fase muy avanzada de desarrollo y cuya terminación y producción final serán ofertadas al mejor postor luego de décadas de desarrollo estatal. El sector nuclear argentino vuelve a tener especial importancia a nivel global debido a la guerra mundial en desarrollo y su consecuente aumento del precio de la energía. Recientemente, con la desclasificación de archivos secretos del Departamento de Estado de EE. UU., ha salido a la luz el seguimiento que ya desde 1979 el imperialismo hacía sobre los recursos nucleares argentinos. Por aquellas fechas también se desarrollaba un aumento en el precio de los combustibles por la revolución islámica en Irán. En el mismo documento se señala que la CNEA tiene que dar un paso al costado: “Ese capital y esa tecnología no pueden provenir, como en el pasado, del presupuesto y la capacidad de la CNEA. Para entrar plenamente en el 'negocio nuclear' en las mismas condiciones que los países que producen uranio en la actualidad, Argentina debe estar a la par con las reglas del juego en el mercado mundial y para ello también debe aprovechar los factores que ofrece este mercado”. Es un ejemplo de esta reconversión deseada por los yanquis el caso de la empresa Dioxitec, que tuvo parado el desarrollo de la producción de UO₂ (dióxido de uranio o uranio natural) porque el nivel de producción que podía alcanzar sobrepasaba las necesidades nacionales. Hoy, con el aumento del precio internacional y a través del RIGI, la empresa estatal ha recibido la inversión de 220 millones de dólares por parte de Nano Energy, de capitales estadounidenses. La formación de esta nueva sociedad busca generar la novedad en el país de poder exportar casi 300 toneladas de uranio enriquecido (hexafluoruro de uranio) anualmente, prometiendo además abastecer con 200 toneladas de uranio natural a las tres centrales que hay en el país. La guerra en desarrollo exfoliará el conjunto de recursos estratégicos que tiene el país, dejando en el camino un conjunto de pasivos ambientales sumamente nocivos para el medio ambiente. La destrucción de la CNEA tal como la estamos viendo es la liquidación de una vanguardia científico tecnológica con reconocimiento mundial, para abrir paso a un manejo inescrupuloso del sector nuclear y servirlo en bandeja a los intereses norteamericanos en su carrera bélica. Los trabajadores de la CNEA deben tomar este planteo como bandera de advertencia para el conjunto de la población e inspirar la defensa del sector nuclear, la ciencia y la tecnología como un baluarte del conjunto de los trabajadores del país.

Hay ciertas corrientes musicales que contienen bandas o figuras de las cuales son inobjetablemente representativas. Eso sucede con el Heavy Metal, con bandas como Metallica o Iron Maiden, mientras que, en el caso del Pop, se da con Michael Jackson o Madonna. Hubo un género que dejó una profunda huella en la historia de la música de los ´70 y fue el Rock Progresivo o Sinfónico, dentro del cual Emerson, Lake & Palmer fue uno de los conjuntos más destacados. A causa del gran legado que dejó, por su genio y creatividad, los diez años que se cumplen del fallecimiento de Keith Emerson, son una oportunidad para repasar y volver sobre su obra. Dentro de los sobresalientes tecladistas que parió la década del ´70 en el rock, los tres que se encumbran en el podio de los más reconocidos, fueron Jon Lord (de Deep Purple), Rick Wakeman (de Yes) y Keith Emerson. El grado de exploración, derribando las fronteras de los cánones establecidos en el rock convencional o superar la música complaciente, llevaron a que el célebre trío Emerson, Lake & Palmer tuviera antecedentes en su estructura en bandas como Cream o The Jimi Hendrix Experience, pero dando un paso más allá. Tras varios intentos creativos que tuvo en sus comienzos, en 1967 Emerson formó The Nice, grupo pionero en el entrevero del rock y la música clásica. Junto a Lee Jackson (bajo, voz), Dave O’List (guitarra, voz) y Brian Davison (batería), Emerson armó una banda base para acompañar a la cantante soul norteamericana P. P. Arnold, asentada en Inglaterra y quien había despedido a sus músicos. Desde su primer disco “The Thoughts of Emerlist Davjack” (1967), producido por Andrew Loog Oldham (The Rolling Stones), con adaptaciones de “Blue Rondo a la Turk” de Dave Brubeck, icónico pianista blanco del Jazz (retitulada “Rondo”), que fue continuada por el radical arreglo de “America” de Leonard Bernstein, editado como single, ya emergía su gran talento. Más allá de la originalidad en la propuesta de esa banda y de los discos que siguieron, Emerson, se dirigía a escalar otros estados y por eso decidió armar una nueva banda. En varias giras había coincidido con el prometedor y vanguardista grupo King Crimson, cuya primera formación incluía al bajista y cantante Greg Lake, con quien se produjo una química inmediata y rápidamente se dieron a la tarea de encontrar un baterista y obviar la figura de guitarrista. Fue entonces que el manager de Cream, Robert Stigwood, sugirió a Carl Palmer, para entonces baterista de Atomic Rooster y ex The Crazy World of Arthur Brown, quien después de ensayar un par de veces, decidió aceptar el desafío. De ese modo, el trío hizo su primera aparición el 23 de agosto de 1970 y seis días después ofreció un sorprendente concierto en la legendaria edición de 1970 del Isle of Wight Festival, el festival más grande y ambicioso hasta el momento y que cerraba la era de la cultura joven representada por el hippismo. Aquella faena sirvió para estrenar los temas de su homónimo disco debut lanzado a finales de 1970 y que rápidamente se ubicó como una de las más admiradas obras del inicio de década, gracias a temas elaborados como “Take a Pebble”, momentos salvajes como “Knife Edge” y “The Barbarian” y livianos pasajes folk (“Lucky Man”) retratados con sonidos Moog que para ese momento aún sonaban de otro mundo. Aunque ya habían tocado y grabado en vivo la adaptación de la obra del ruso Modesto Mussorsky, “Pictures at an Exhibition”, ese disco no llegó a sus oyentes sino después de la edición del desbordantemente creativo “Tarkus” (1971), que contenía una suite completa repleta de virtuosismos instrumentales y un lado B con temas más breves que iban de lo vertiginoso (“Bitches Crystal”) a lo dramático (“The Only Way”), del rock and roll (“Are You Ready, Eddy?”) al vaudeville (“Jeremy Bender”). Fue la consagración a primera hora del sonido Emersoniano en el que el primer plano ganado por los teclados, marginó por completo a la guitarra eléctrica. Una de las cumbres alcanzadas por el grupo, tuvo lugar en 1972 con la edición del disco “Trilogy”, quizás uno de los grandes momentos de la era del rock sinfónico y progresivo. No es fácil encontrar otro disco en el que el sintetizador suene tan grandilocuente como en este disco, en el cual Emerson logra una notable sintonía entre el piano acústico, el órgano Hammond y los Moog. Igualmente, la voz de Lake está en su máximo nivel, mientras Palmer toca con la potencia y delicadeza justas. Del caleidoscopio generado por “Abbadon´s Bolero” hasta el punto más siniestro alcanzado por ELP en “Living Sin” hay un amplio radar de temas que se percibe en títulos como “Endless Enigma” y “Trilogy”, así como otra de las significativas canciones de aroma folk compuestas por Lake (“In The Beginning”), la adaptación de “Hoedown” de Aaron Copland o el ragtime-rock de “The Sheriff”, tan representativo de Emerson. Todavía ELP estaba por lanzar su obra más ambiciosa y densa, “Brain Salad Surgery” (1973), algo similar a un tour de force con el que se lanzaron a una larga y onerosa gira (de la que salió el triple LP “Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends”, 1974). Con una de sus tapas más famosas, este álbum del ´73 integró una suite llamada “Karn Evil 9” que empezaba en el final del lado A y comprendía todo el lado B. En ella el desenvolvimiento instrumental alcanza niveles inesperados de virtuosismo. En “Toccata” adaptan al argentino Alberto Ginastera y también hubo lugar para la balada de Lake, “Still…You Turn Me On”, otro de los éxitos de radio, así como también para otro ragtime-rock, “Benny, The Bouncer”. Fue la cumbre de ELP y el fin de una corta pero paradigmática etapa que no tuvo parangón, en lo que prosiguió en la carrera del grupo, ni del tecladista. Con Jerry Lee Lewis como una de sus influencias, a su destreza como instrumentista, Emerson siempre agregó la espectacularidad, como cuando se elevó a 20 metros con un piano de cola. Su forma de tocar, de pie, sus desplazamientos entre paredes de teclados y perillas, su pie apoyado sobre varias teclas mientras clavaba puñales en su instrumento o tirando bengalas (como en el show dado en Obras, en 1993), lo convirtió en una especie de prestidigitador de los teclados, cuyo arte varias veces hizo escala en Buenos Aires, donde solía agregar tonos tangueros a su repertorio. A pesar de representar la figura y el género que a fines de los ´70 rivalizó con el emergente Punk (que llamaba “Rock Dinosaurio” al progresivo/sinfónico), el primer alias que tuvo Pil Trafa (cantante de Los Violadores) fue Emerson por el piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi y por Keith, el tecladista de Emerson Lake and Palmer. Su muerte fue rotulada como suicidio y se le adjudicó a la severa depresión causada por una enfermedad degenerativa que comenzó a afectar sus habilidades. A fines de ese mismo año, 2016, también falleció su compañero, Greg Lake. Retomando el legado de la banda, Carl Palmer estará presentándose en el país con su proyecto "ELP Legacy" en el marco de la gira "An Evening with Emerson, Lake & Palmer", con fechas en Mendoza (24/05, Teatro Plaza), Córdoba (25/05, Plaza de la Música), Rosario (27/05, Teatro Broadway) y Buenos Aires (29/05, Teatro Gran Rivadavia).

Varios centenares de activistas del movimiento ambiental alemán Ende Gelände protagonizaron este viernes una serie de acciones de desobediencia civil en la zona de la cuenca del Ruhr, en el oeste de Alemania. Las protestas incluyeron la ocupación del terreno de la central de gas de Scholven —donde se rechaza la construcción planificada de una unidad adicional— y el bloqueo operativo en Mülheim y Troisdorf de dos plantas de Europipe AG, el mayor fabricante europeo de tubos para oleoductos, movilizando a unos 1.500 activistas. La portavoz del colectivo, Fran Leitner, denunció que el gas fósil calienta la atmósfera 80 veces más que el CO2 y apuntó directamente contra la ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, a quien calificó como "marioneta de las compañías de combustibles fósiles en el Gobierno" por impulsar la construcción de una veintena de nuevas centrales energéticas a partir de este verano. Estas acciones se desenvuelven en un escenario donde las fuerzas policiales ya han ejecutado detenciones e investigan los bloqueos, los cuales afectaron de forma simultánea a una subsidiaria del fabricante de armamento KNDS (DW, 29/05). La movilización ecologista coincide con una histórica ola de calor excepcional que sacude a buena parte de Europa occidental, impulsada por un “domo de calor” generado por una masa de aire caliente atrapada por un sistema de alta presión procedente del norte de África. El fenómeno climático ya provocó al menos doce muertes en la región. En el Reino Unido, donde se registraron 35,1°C en los jardines de Kew en Londres, pulverizando récords históricos que datan de 1922, las autoridades confirmaron cinco fallecimientos, entre ellos cuatro adolescentes ahogados en lagos y embalses del interior de Inglaterra. En Francia, donde el termómetro escaló hasta los 36°C en el suroeste, se reportaron siete víctimas fatales vinculadas al calor extremo y a las corrientes de resaca. (Infobae, 27/05) Mientras las temperaturas rozan los 40°C en el sur de España y baten marcas en Irlanda, Portugal y los Balcanes, la crisis pone de manifiesto la total falta de adaptación de la infraestructura bajo el capitalismo. La escasez de sistemas de refrigeración en escuelas, hogares y oficinas británicas, sumada a las interrupciones en el servicio de trenes de la estación de Waterloo y a los incendios de pastizales en Edimburgo, demuestran que el sistema carece de la preparación necesaria para proteger a la población trabajadora ante fenómenos severos que los científicos vinculan directamente al cambio climático. El secretario ejecutivo de la CMNUCC de las Naciones Unidas, Simon Stiell, describió la situación como un "brutal recordatorio" e instó a acelerar la transición hacia energías limpias, advirtiendo además sobre la "doble amenaza" que supone la inestabilidad del suministro de petróleo en el estrecho de Ormuz debido a las tensiones y guerras en Oriente Medio (Euronews, 28/05). La gravedad de la crisis expone una profunda contradicción en el corazón de la economía europea, que hoy se ahoga en su propio éxito productivo. Aunque la Unión Europea ya genera alrededor de la mitad de su electricidad con fuentes renovables (DW, 27/05) —con la eólica y la solar alcanzando el 30 % del mix eléctrico en 2025 (Euronews, 28/05)—, el veloz despliegue de esta infraestructura limpia demuestra su inviabilidad estructural bajo las leyes del mercado capitalista. Debido a la propia naturaleza de las energías verdes, cuando la generación renovable cubre la totalidad de la demanda en días de mucho sol y viento, el exceso de oferta desploma los precios en los mercados mayoristas de Alemania, España, Francia y los Países Bajos (El Tablero Digital, 18/01). La electricidad en la bolsa mayorista cae a una media de apenas 0,03 euros al mediodía e ingresa de manera recurrente en valores cero o incluso negativos, una distorsión donde los productores llegan a pagar por volcar energía a la red. Esta realidad reduce drásticamente la rentabilidad de las corporaciones y las obliga a desconectar parcialmente sus parques eólicos y solares para frenar las pérdidas (DW, 27/05). Así, los operadores vuelven a encender las centrales de gas natural y carbón por las noches —cuando el precio de la electricidad trepa a los 0,18 euros— para cubrir la demanda y garantizar sus beneficios (DW, 27/05). Esta tendencia al boicot de inversiones del capital "verde" explica por qué, a pesar de las presiones de los organismos internacionales y sus propias palabras, las potencias de la UE sabotean la transición energética. Para alcanzar los objetivos de neutralidad climática fijados por Alemania (para 2045) y la UE (para 2050), la capacidad de almacenamiento en baterías a gran escala y la extensión de redes flexibles deberían multiplicarse por diez hasta alcanzar los 750 GW, eliminando el actual cuello de botella que desperdicia la energía limpia. El encarecimiento transitorio de los hidrocarburos por los cargamentos varados en el estrecho de Ormuz debido a las guerras en Oriente Medio ha permitido a los operadores de baterías obtener ganancias extraordinarias a corto plazo, pero no altera la parálisis inversora de fondo. Como señala el especialista Dirk Uwe Sauer de la RWTH de Aquisgrán, las crisis de corto plazo no constituyen una base sólida para que los monopolios decidan invertir en infraestructuras que deben durar 40 o 50 años bajo un mercado dominado por ingresos inestables que ponen en riesgo la rentabilidad a largo plazo (IDEM). Por ello, mientras los parques solares se frenan, Italia pospone el cierre de sus centrales de carbón hasta 2038 y los Países Bajos incumplen sus metas de reducción de emisiones para aferrarse al gas (Euronews, 28/05). Por este motivo, se vuelve imposible desligar la lucha contra el cambio climático de la lucha por la revolución socialista. Mientras la burguesía retenga el control del poder político y de los medios de producción, la dinámica de la economía continuará subordinada a la competencia interestatal, la expansión de los monopolios y la sobreproducción de mercancías. La clase capitalista prioriza la acumulación y la colocación de sus excedentes financieros por encima de la sustentabilidad de la vida humana. Ante este escenario, la clase obrera internacional se enfrenta a una disyuntiva histórica: continuar sometida a la voluntad y las crisis de los gobiernos de la guerra —cuya prioridad es sostener la reproducción del capital y blindar los contratos de los fabricantes de armas y energía, incluso cuando carecen de mercados para absorber ese exceso de capital acumulado—, o intervenir de manera independiente para derrocar este orden social. La perspectiva de un gobierno de trabajadores es la única vía para reorganizar la economía sobre la base de una producción planificada colectivamente, libre de contaminación, orientada a satisfacer las necesidades sociales y a detener de raíz las muertes provocadas por las catástrofes del calentamiento global. Fuentes: https://eltablerodigital.com.ar/europa-se-ahoga-en-su-propio-exito-el-boom-de-las-renovables-dispara-las-horas-con-precios-de-la-luz-a-cero-o-negativos/ https://www.infobae.com/america/mundo/2026/05/27/una-ola-de-calor-historica-sacude-a-europa-y-ya-dejo-al-menos-doce-muertos/ https://www.dw.com/es/europa-tiene-mucha-energ%C3%ADa-verde-pero-pocas-bater%C3%ADas/a-77305444 https://es.euronews.com/2026/05/28/ola-de-calor-de-mayo-en-europa-brutal-aviso-climatico-impulsa-a-la-onu-a-pedir-energia-lim https://www.dw.com/es/activistas-contra-combustibles-f%C3%B3siles-protestan-en-alemania/a-77345735

Senegal entró en una crisis política a raíz de la ruptura entre el presidente Bassirou Diomaye Faye y su hasta hace poco aliado y primer ministro, Ousmane Sonko. Los dos forman parte del Partido de los Patriotas Africanos de Senegal (Pastef) y habían llegado al poder en 2024 luego de años de oponerse al anterior gobierno y encabezar grandes movilizaciones juveniles. Senegal es uno de los pocos países de África que no ha sufrido golpes militares y que ha transitado la salida del colonialismo francés a través de elecciones. La relativa estabilidad política, la cohesión de las fuerzas armadas y la relevancia de las corrientes musulmanas opuestas a la yihad islámica han preservado a Senegal de tener conflictos armados semejantes a los de su vecina Malí. El 22 de mayo último, Faye destituyó a Sonko y disolvió todo el gobierno, lo cual generó un descontento popular que hizo salir a gran parte del pueblo senegalés a las calles. La movilización popular no hizo retrotraer a Faye de las medidas tomadas, pero Sonko retomó su banca en el Congreso e inmediatamente fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. Anunció que desde ese lugar va a encabezar la oposición al gobierno. La presidencia de la Asamblea lo coloca en la primera línea sucesoria. Es el político más popular de Senegal desde hace años. La principal causa de la disputa, que ya lleva meses, es la crisis económica. El Pastef llegó al gobierno con un discurso de oposición al FMI y al colonialismo en general, luego de una rebelión popular que explotó entre febrero y marzo de 2024 y cuya represión provocó decenas de muertos y detenidos. El presidente de entonces, Macky Sall, llevaba doce años en el gobierno y pretendía sortear la crisis postergando las elecciones. La rebelión desatada se lo impidió y tuvo que volver a legalizar al Pastef. Sonko permaneció inhabilitado para candidatearse y por eso el candidato del Pastef fue Faye. Ambos fueron liberados diez días antes de las elecciones y Faye ganó en primera vuelta con un discurso soberanista parecido al de los gobiernos militares del Sahel y con el pleno apoyo de Sonko. La crisis política de ese entonces se remontaba a 2021, cuando el partido gobernante inició varias causas contra Sonko, incluso por abuso de menores, para dejarlo fuera de juego en la disputa por el poder. Sonko sostiene ideas panafricanistas contra el dominio francés y contra el FMI, pero también es musulmán y se opone a los derechos de las diversidades sexuales, considerándolos una imposición de Occidente. El trasfondo de todo es la crisis económica, con un tercio de la juventud desempleada y una miseria extrema. Senegal es el país más endeudado de África y ya tiene uno de los índices de crecimiento más bajos de la región. Como pasa en el resto del continente, el principal socio comercial es China, pero persisten muchos acuerdos con Francia. Las tropas galas tuvieron que retirarse del territorio, pero, dada la continuidad de los acuerdos económicos, la ruptura del gobierno de Faye con el imperialismo francés es simbólica. Cuando Faye asumió, denunció que la deuda externa real era de más de 13.000 millones de dólares, mucho mayor que la declarada por el gobierno saliente, y la deuda pasó del 74 % al 130 % del PBI. Esto le quitó a Senegal credibilidad crediticia y el FMI anuló fondos por 1.800 millones de dólares. Sall, el presidente anterior, había ocultado las cifras reales de deuda para poder seguir refinanciando y pateando los vencimientos para adelante, nada diferente de lo que hace Caputo en nuestro país. La pertenencia de Senegal a la zona del franco CFA (la moneda que usan las excolonias francesas) y a la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (CEDEAO) limita su autonomía en materia de políticas monetarias y fiscales. Los gobiernos del Sahel y otros países africanos están discutiendo cómo lograr una autonomía monetaria respecto de Francia, pero hasta ahora no han podido hacer avances concretos. La gran toma de deuda del gobierno anterior fue realizada con el plan de invertir en nuevos yacimientos petroleros que se habían descubierto y con la expectativa de poder pagarla con las ganancias posteriores. El problema fue que, tal como quedaron estipulados los planes de inversión y extracción, a Senegal no le queda casi nada y esa miseria es confiscada por el FMI. En marzo, el director general de la empresa estatal de energía de Senegal, Petrosen Holding, reveló que, por el proyecto petrolero Sangomar, el primer desarrollo petrolero marino de Senegal, Petrosen recibió solo 600 millones de dólares de los 4.000 millones de dólares en ingresos. La mitad de esa cantidad se destinó al pago de la deuda y solo unos 200 millones de dólares llegaron al gobierno senegalés. El marco del FMI trata estos ingresos como garantía para el pago de la deuda y los confisca. Esta situación genera un problema de liquidez extremo. En febrero último hubo una rebelión estudiantil por la falta de pago de las becas universitarias que terminó con residencias universitarias en llamas, jóvenes saltando por las ventanas, gases lacrimógenos en el interior del campus y el asesinato de un estudiante como producto de la represión. El gobierno llegó a ordenar la suspensión de las asociaciones de universitarios y a detener a sus líderes. Las becas son esenciales en Senegal: tres de cada cuatro estudiantes, unos 150.000 en todo el país, reciben una media de 60 euros al mes para cubrir sus gastos de comida, alojamiento, transporte y material escolar. Faye había llegado al poder con la promesa de subir el monto y los jóvenes son clave porque el 75 % de la población es menor de 35 años. Sonko, en su discurso, se opone a una reestructuración de la deuda en los términos impuestos por el FMI, mientras que Faye tiene todos los cartuchos puestos en llegar a un acuerdo, lo cual implica atenerse a todas las exigencias del organismo. Después de echar a Sonko, Faye nombró como nuevo primer ministro al economista Ahmadou Al Aminou Lo, ligado al banco central regional de África Occidental. El objetivo es tranquilizar a inversores y organismos internacionales para que Senegal vuelva a ser “confiable”. Sonko, que posa de soberanista, tampoco da señales materiales. Si bien critica a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) por su alineamiento con el imperialismo francés, no propone una ruptura. Incluso ha hecho un llamado a los países del Sahel para que vuelvan a formar parte de la organización, en una versión de “dar la pelea desde dentro”. Mientras fue primer ministro llevó adelante todas las medidas de austeridad que consideró necesarias. La ruptura con Faye se produce cuando a este ya no le es posible frenar a las masas y el imperialismo necesita erigir un nuevo muro de contención.

El sábado 30 por la tarde, fue hallado sin vida, brutalmente cercenado, el cuerpo de Agostina Vega, la joven de 14 años que había desaparecido hace una semana atrás. La confirmación de la identidad del cuerpo desató una movilización de familiares y vecinos de la víctima sobre la comisaría de la zona, que fue implacablemente reprimida. La violencia policial contrasta con la completa indolencia con la que el Estado provincial, en todos sus estamentos, ha actuado desde que se supo la desaparición de la joven. La declaración de la madre y el testimonio de quien la transportó hasta el punto identificado como “escena del crimen”, daban elementos de sobra como para producir un allanamiento tan solo unas horas después de presentada la denuncia. Pero esa medida elemental fue postergada. La movilización de este sábado, precisamente, expresó el repudio popular a la actuación de la policía y la fiscalía. El alerta “Sofia”, protocolo que se pone en marcha ante la desaparición de menores, fue activado sólo cuatro días después de la desaparición de Agostina. El único detenido, Claudio Barrelier, expareja de la madre de Agostina, tiene vínculos con el pejota cordobés y es un activo barrabrava. Ante los ojos de quien pudiera verlo, Barrelier habría retirado el cuerpo de la joven de su domicilio para llevarlo al descampado donde finamente fue hallada Agostina. Las horas y los días pasaron, desde el desdén policial ante las denuncias de la madre de Agostina, una mujer trabajadora, hasta su hallazgo. El crimen de Agostina reitera una ruta ya conocida con Candela, con Paulina Lebbos, con Chiara: asesinatos impunes, bajo la sombra de elementos ligados al Estado y a camarillas capitalistas; la completa inocuidad de ese mismo Estado, que encubre su complicidad con “protocolos” y leyes que sus mismos personeros se encargan de desconocer o desfinanciar. El caso de Agostina tiene lugar a pocos días de un nuevo aniversario del Ni Una Menos. El 3 de junio de 2015, centenares de miles de mujeres y jóvenes se lanzaron a las calles tras el crimen de Chiara Páez, asesinada en Santa Fe. Hagamos de este 3 de junio una jornada multitudinaria, para reclamar justicia por Agostina y todas las asesinadas. La memoria de todas ellas será reivindicada cuando pongamos fin, junto a todos los trabajadores y oprimidos, a un régimen social que condena a la mujer trabajadora a la violencia social, laboral, doméstica y sexual; a las muertes en las masacres imperialistas; a la impunidad de los criminales, por parte del Estado y del capital.

Los ejercicios militares Northern Star representan una de las iniciativas de guerra más relevantes de la OTAN en el norte de Europa. Su edición más reciente, realizada la semana pasada en Finlandia, ha reunido cerca de 9.000 efectivos de siete países aliados: Finlandia, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, Francia, Italia y Hungría. Estas maniobras se llevaron a cabo en la región de Kainuu, a solo 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Flanco Norte Northern Star no es un ejercicio aislado; según sus promotores forma parte de un esfuerzo mayor de disuasión en el flanco este y norte de la Alianza Atlántica. Se desarrolla en un momento de alta tensión, marcado por denuncias de incursiones de drones rusos en territorio OTAN y ucranianos en territorio ruso. Ell Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte estipula que “las partes (32 países) se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”. Las maniobras simulan escenarios de combate real, inserciones de tropas con helicópteros, movimientos de tanques, fuego de artillería y operaciones de infantería en bosques. Finlandia, que se unió a la OTAN en 2023, lidera estos entrenamientos. Un aspecto destacado de Northern Star es la integración de tecnologías no tripuladas. Los protagonistas trabajan en redes de sensores y datos compartidos para detectar y neutralizar amenazas. Aunque los drones dominan los campos de batalla actuales (como en Ucrania), los expertos enfatizan que las tropas terrestres y los tanques siguen siendo esenciales para controlar terreno. “Necesitas cuerpos en el terreno y tanques para sostenerlos”, señaló un oficial estadounidense durante las maniobras: “Además de las capacidades militares tradicionales, una de las claves de Northern Star es la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental de la OTAN, conocida en inglés como 'Eastern Flank Deterrence Initiative' (EFDI), que prevée una zona autónoma donde puedan operar sistemas no tripulados, similar al concepto de la llamada muralla de drones o de enjambres de drones interconectados” (Euronews 24/5). Eastern Sentry se creó después de que Polonia activara formalmente el artículo 4 a raíz de una incursión de un dron ruso en su espacio aéreo en septiembre de 2025. El ejercicio tiene lugar un contexto de conflicto prolongado en Ucrania y actividad rusa en el Báltico y Ártico. Finlandia, con su larga frontera terrestre con Rusia (1.340 km), juega un rol clave en el norte europeo. La guerra entre Rusia y la OTAN ha cambiado significativamente en los últimos meses. Si bien el frente se caracterizó durante mucho tiempo, en Ucrania, por las clásicas guerras de desgaste, ahora los drones y los ataques de precisión de largo alcance dominan la acción. Los observadores hablan de una nueva escalada, ya que ambos bandos atacan objetivos cada vez más alejados de la línea del frente. Rusia ha intensificado en las últimas semanas sus bombardeos aéreos contra la infraestructura ucraniana, con especial énfasis en las instalaciones energéticas del país. Ucrania respondió con una serie de ataques contra objetivos militares y estratégicos en territorio ruso, alcanzando refinerías de petróleo, puertos y otras infraestructuras clave para las operaciones militares de Moscú. Algunos de estos golpes han sido dirigidos incluso contra componentes de la disuasión nuclear rusa. Según informaciones difundidas por medios rusos, uno de los episodios que generó mayor preocupación en el Kremlin fue un ataque con drones cerca de la residencia del presidente de Vladimir Putin en la región de Valdai. Para Moscú, el incremento de estas incursiones ucranianas en profundidad representa un claro intento de llevar la guerra directamente al suelo ruso. Moscú, en respuesta, ejecutó uno de los mayores bombardeos contra la capital ucraniana desde el inicio de la guerra. El ataque, que se prolongó durante varias horas, dejó al menos cuatro muertos y provocó daños en escuelas y edificios residenciales. El bombardeo incluyó el lanzamiento de un misil balístico avanzado Oreshnik —capaz de portar ojivas nucleares— contra la ciudad de Bila Tserkva, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Kiev. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia desplegó un total de 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde tierra, mar y aire. Las defensas antiaéreas ucranianas lograron interceptar parte de las municiones. Se trata de la tercera ocasión en que Moscú emplea el misil Oreshnik en el conflicto: la primera fue en noviembre de 2024 en Dnipro y la segunda a principios de este año en la región de Lviv, al oeste de Ucrania, lindero a Polonia. Este misil hipersónico de alcance intermedio, con capacidad nuclear, puede alcanzar objetivos a casi 5.600 kilómetros de distancia. El Ministerio de Defensa ruso asumió la responsabilidad de los ataques y confirmó el uso del Oreshnik, al que ha presentado como una represalia por los golpes ucranianos contra “instalaciones civiles en territorio ruso”. El empleo de misiles de tales capacidades constituyen una amenaza del Kremlin al conjunto de Europa. Ucrania enfrenta actualmente una grave escasez de misiles para su defensa antiaérea. Los sistemas Patriot de fabricación estadounidense han demostrado gran efectividad contra los ataques rusos, pero Kiev ha agotado sus reservas, en parte porque Estados Unidos y sus aliados del Golfo han consumido gran cantidad de estos proyectiles para protegerse de los ataques iraníes con misiles y drones. Estos sistemas son extremadamente complejos, caros y lentos de fabricar. Un misil de precisión (como los Javelin, HIMARS, Storm Shadow, Patriot o Kalibr) incorpora tecnología avanzada: sensores, semiconductores, sistemas de guía y materiales especiales que no se producen en masa como munición convencional. El ritmo de consumo en un conflicto de alta intensidad es brutal: una sola noche de bombardeos puede gastar cientos de misiles, y las reservas acumuladas durante décadas agotarse en semanas. Esta escasez condiciona fuertemente las acciones militares. Los mandos se ven obligados a racionar el uso de misiles para objetivos de “alto valor”, lo que reduce la intensidad de los ataques y obliga a priorizar. Esto explica porqué muchas campañas se alargan o se vuelven más tradicionales. “La brecha en misiles es, por lo tanto, una brecha estratégica. Si los sistemas de misiles estadounidenses no se materializan, desaparece un componente central de la planificación de la defensa europea”, advierte el aleman Der Spiegel (30/5). El empleo del Oreshnik complica aún más la situación defensiva ucraniana: el país carece de municiones capaces de interceptarlo y, según los expertos, incluso los Patriot no fueron diseñados para contrarrestar un misil de su velocidad. "La confrontación directa con Rusia es inminente" El gobierno alemán respondió así a un pedido de informe impulsado por el líder del grupo parlamentario del Partido de la Izquierda (Die-Linke) sobre el suministro de armamento alemán a Kiev para atacar profundamente dentro de Rusia. A esto hay que sumar las declaraciones que realizó a un diario suizo el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania. Kęstutis Budrys sostiene que la OTAN debe demostrar a Rusia que es capaz de “penetrar” o “atravesar” la “pequeña fortaleza” que Moscú ha construido en Kaliningrado. La OTAN, sostuvo, tiene los medios necesarios para “arrasar” o “nivelar” las bases de defensa aérea y misiles rusas en el enclave. “El presidente croata, Zoran Milanovic, se desmarcó de los demás miembros de la OTAN al criticar duramente al ministro de Asuntos Exteriores de Lituania por su "irresponsable" llamamiento a atacar el enclave ruso de Kaliningrado” cita RT. Kaliningrado, fuertemente militarizado, es el puesto de avanzada más occidental de Rusia en la costa del mar Báltico y se encuentra entre Lituania y Polonia, sin conexión terrestre con la parte continental del país. Anteriormente conocida como Königsberg y capital de la provincia alemana de Prusia Oriental, fue capturada por la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra. Tras el colapso de la Unión Soviética y la expansión de la OTAN, Kaliningrado quedó rodeada por el bloque por todos sus flancos.

Desde hace mucho tiempo el PTS viene planteando la reducción de la jornada laboral a seis horas como una ‘salida’ a la desocupación. Ha estimado incluso que esa medida crearía, más o menos inmediatamente, más de un millón de puestos de trabajo. El planteo consagra una nueva ley histórica bajo el capitalismo, o sea una tendencia a suprimir la formación de “un ejército de reserva” y a consagrar una ocupación plena. Los despidos en masa serían corregidos por medio de una reducción de la jornada sin que para ello sea necesaria una acción autoritaria de la clase obrera bajo la forma, por ejemplo, de las ocupaciones de fábrica y el establecimiento de un principio de doble poder. El capitalismo podría ser reformado sin alterar su condición de modo de explotación social. Sorprende, sin embargo, que la desocupación en masa no haya sido superada por la jornada de ocho horas y, todavía más, que la jornada laboral se haya extendido a las 12 horas y al trabajo de fin de semana cuando la productividad del trabajo no ha dejado de crecer como consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías. La reducción de la jornada laboral no puede neutralizar la tendencia del capitalismo a la sobreproducción y a la creación, por lo tanto, de una fuerza de trabajo sobrante. La incorporación de tecnología más avanzada, por otro lado, eleva la proporción del capital constante (instrumentos de producción) sobre el capital variable (fuerza de trabajo), de modo que debe reforzar la explotación de este último para acrecentar la tasa de ganancia sobre el capital invertido. “La regulación de la jornada….obliga a aumentar la maquinaria, y a sustituir los músculos por vapor como fuerza motriz” (Marx, El Capital T1), o sea a una mayor desocupación. En definitiva, la reducción de la jornada laboral no es “una salida” a la tendencia del capitalismo a crear un ejército de reserva y a agudizar las crisis de sobreproducción y de caída tendencial de la tasa de beneficio. Pero sí es un reconocimiento de que el programa del PTS representa un esfuerzo consciente para mantenerse en el campo del capitalismo, a sabiendas de que la posibilidad de superar la desocupación en los marcos capitalistas es simplemente una estafa. La lucha por reducir la jornada laboral es incompatible con el propósito de conjugar los intereses del capital y los de la fuerza de trabajo; su objetivo por el contrario es proteger la salud y la vida del trabajador de la explotación, ampliar su horizonte intelectual y político, y capacitarlo para luchar en forma eficaz por su emancipación social. En la historia de los programas del movimiento obrero, la lucha por la reducción de la jornada laboral es definida como una lucha de clases, en defensa de la condición material y moral de la clase obrera contra el “hambre y la sed de plusvalía” por parte del capital, no como “una salida” a la crisis de empleo del capitalismo. El reformismo y la burocracia de los sindicatos han deformado esta lucha con la admisión de las “horas extras”, más allá de la jornada formal o legal. No han defendido la reducción de la jornada laboral con la exigencia de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; la ausencia de este requisito vulnera el límite legal de la jornada de trabajo. Las horas extras han servido a las patronales para esquivar la jornada legal y alargar la jornada real, e imponer una desvalorización progresiva del salario, que fuerce al trabajador a la aceptación de un salario extra por una jornada extra y, progresivamente, a abandonar el salario por jornada por el salario por producción. No existe un solo párrafo de los programas socialistas que le atribuya a la reducción de la jornada la posibilidad de “solucionar” los desequilibrios sistémicos del capitalismo, a saber, la tendencia a la sobreproducción y a procesar las crisis y los cambios técnicos con la contrapartida de una desocupación en masa. A despecho de todo lo anterior, el Manifiesto del PTS asegura que “tenemos una solución (???): reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, y repartir las horas entre todas las manos disponibles. Si eso se hace en 12.000 grandes empresas –que ganan fortunas– se crearían más de 1.150.000 nuevos puestos de trabajo bajo convenio , con un salario que cubra la canasta familiar y que se actualice automáticamente por inflación”. La lucha por la reducción de la jornada laboral, en este caso, no es una lucha de la clase obrera contra el capital: es una salida para alcanzar el equilibrio económico “macro” dentro del régimen social vigente. Los redactores de la “propuesta” argumentarán que la reducción general de la jornada sin afectar el salario comportará un recorte de las ganancias patronales, como si se pudiera imponer por decreto ese “recorte’ en los marcos capitalistas y del Estado patronal. Eso sólo puede ocurrir por métodos revolucionarios, que no se podrían detener en ‘recortes’ de ganancias sino en la impugnación del régimen capitalista mismo. La acumulación de capital y la revolución de los medios técnicos corren muy por delante de las reducciones de jornada: si la expulsión de puestos de trabajo prevista con la IA quisiera “solucionarse” con la reducción de la jornada, el “reparto de horas” debería culminar con jornadas, no de horas, sino de minutos. No existe bajo el régimen social capitalista semejante salida. Para la clase capitalista y su Estado, la tendencia a la extensión (no a la reducción) de la jornada está férreamente ligada a su intensificación. Conscientes de ello, en el mundo entero, las burocracias sindicales se han servido del planteo de reducir la jornada como coartada para aceptar la ‘anualización’ del tiempo laboral, con horas y días adaptados a la conveniencia de las patronales, de acuerdo a los vaivenes de mercado, con un enorme perjuicio para la salud física y psíquica de los trabajadores (la jornada laboral “flexible”, el trabajo los fines de semana o las vacaciones móviles). La burocracia sindical argentina -y particularmente la del Fresu, que es cortejada por el PTS- ha batido largamente el parche de la reducción de la jornada como contrapartida de cambios en el régimen laboral, con el argumento de adaptarlas a las “nuevas”(sic) modalidades de trabajo. Esta malversación de la reducción de la jornada laboral, para convertirla en una ‘salida’ a la creación del ejército de reserva de los trabajadores, retrata enteramente el carácter antisocialista del Manifiesto.