Septiembre de 2024

La lucha docente en Neuquén ingresa en su octava semana, con un paro de 48 horas desde el lunes 2 de septiembre, contra la imposición de un falso “plus salarial” por presentismo en la remuneración docente. La medida fue aprobada por el voto mayoritario de las asambleas de base del sindicato ATEN, una constante en la lucha, que alterna paros de 48 y 72 horas por semana. Nuevamente tuvo un peso gravitante en este sentido la masividad de votos de la asamblea de la capital neuquina, cuya conducción está en manos de una lista Multicolor, opositora a la kirchnerista provincial de la TEP, la cual viene mocionando para clausurar las medidas. Dicho esto, en muchas otras localidades de la provincia también prevaleció el voto a favor de la continuidad de las medidas, como Plottier, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Zapala, Chos Malal, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. El miércoles 4 se realizarán nuevas asambleas. El “Adicional al Desarrollo Profesional Docente” es un adicional no remunerativo equivalente a un 10 % del cargo u horas cátedras que se pagaría cuatro veces al año, siempre y cuando el docente no tenga más de tres inasistencias en un trimestre y no más de dos en un mes. En marzo, la docencia fue al paro precisamente en reclamo de que el salario había quedado muy por detrás de la inflación real y por el estado ruinoso de la infraestructura escolar, lo cual fuera negado tajantemente por el Gobierno que ahora sí ha encontrado los fondos necesarios para este “plus”. El lunes 2, el paro comenzó con una importante movilización al Consejo de Educación en capital, en donde se reclamó por la devolución de los descuentos aplicados por el gobernador Figueroa, los cuales se aplicaron incluso a docentes en uso de licencias, y que alcanzaron los $100.000. En vísperas de que se vote en el Congreso Nacional la “esencialidad educativa”, los gobernadores echan mano a otra forma de disciplinamiento. El objetivo es quebrar a toda la masa de los docentes. A su vez, se realizaron volanteos en las rutas adyacentes a Vaca Muerta. El paro se está haciendo en forma rotativa por la docencia, aunque coincide también con medidas de lucha tomadas por el personal auxiliar de las escuelas. El gobierno provincial está financiando una campaña en los medios para atacar la huelga, diciendo que es baja o simplemente el resultado de una “interna sindical” en ATEN. Habilitó además una línea anónima para denunciar a docentes. En la Legislatura, dice tener preparado un borrador para que haya una “consulta popular” insinuando que contaría con un apoyo popular para seguir atacando a la docencia y a su lucha. Durante el martes, se convoca a seguir la lectura del veredicto del juicio por la muerte de la maestra neuquina Mónica Jara, ocurrida en Aguada San Roque como consecuencia de una explosión en el sistema de gas de la escuela en que estaba trabajando, junto a dos trabajadores gasistas. La conducción provincial de la TEP pasó de negociar este plus con el Gobierno a ser desbordado en las asambleas que lo rechazan y votan parar. Derrotados, dicen que existe una supuesta “violencia” de las seccionales independientes para encubrirse de lo que las bases docentes deciden y votan. Es la retaguardia de esta lucha, mientras la CTERA directamente ha aislado por completo el conflicto, coherente con su ausencia completa de la lucha contra el proyecto en contra de las huelgas docentes que se está por votar en el Congreso Nacional . La lucha ingresa en un momento decisivo. Por el triunfo de la docencia neuquina. Por un salario mínimo docente por cargo que sea equivalente al costo familiar, todo al básico. No al falso “presentismo” que viola las condiciones de trabajo de la docencia. Devolución de los descuentos por paro. LEER MÁS: Neuquén: continúa la huelga docente Masiva asamblea desbarata maniobras del gobernador y la burocracia de ATEN. Por Corresponsales Docentes (Neuquén), 21/08/2024.

El kirchnerismo ha lanzado una campaña para reunir un millón de firmas contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Así lo anunciaron sus dirigentes en los medios y las redes sociales. La iniciativa repite la campaña de ATE, la CTA y un sinfín de organizaciones religiosas, sindicales, sociales y políticas que vienen juntando firmas desde mayo contra el DNU 70/2023 y la demolición de las condiciones de vida del pueblo que representa. Un veto consensuado El gobierno de Milei vetó finalmente la totalidad de la ley jubilatoria, aprobada por ambas cámaras del Congreso por más de dos tercios del cuerpo, lo que le permitiría al Congreso insistir en su aprobación y dejar el veto presidencial sin efecto. La norma establece una nueva movilidad jubilatoria, con una prima anual, consolidando una pérdida del 54 % en los últimos años. Plantea un incremento inmediato de las jubilaciones cercano al 7 %, al compensar la inflación de enero, aunque no la de diciembre del año pasado, que fue del 25 %. Mientras que algunos repiten que Milei juega con fuego al vetar una ley votada tan holgadamente, el Gobierno parece haberse asegurado -en acuerdos con la "oposición dialoguista" y con el propio Macri- que el Congreso no consiga los dos tercios necesarios para derrotar el veto. Una farsa orquestada La campaña del kirchnerismo contra el veto obtendrá los mismos resultados que la juntada de firmas contra el DNU. Es un ensayo de oposición sin poner palos en la rueda a la contrarrevolucion laboral y social que lleva adelante el Gobierno. En el caso de la movilidad jubilatoria, con el agravante de que son los gobiernos kirchneristas quienes llevaron a las jubilaciones a estar por debajo de la indigencia y que la propia Cristina Kirchner vetó, en 2010, una ley del Congreso que establecía la jubilación mínima en el 82 % móvil del salario mínimo. El kirchnerismo carece de autoridad política para defender la bandera de los jubilados y para enfrentar el veto de Milei. “Las mujeres se jubilaron sin aportes gracias a la ley del kirchnerismo”, agitan desde la usina reaccionaria del Gobierno. En rigor, el kirchnerismo no hizo otra cosa que tender una red asistencial, mediante una moratoria previsional por la cual los mismos jubilados pagaban "la deuda" con sus propios haberes para acceder a un monto inferior a la mínima. La del Gobierno es una campaña fascistizante en toda la linea. Si hay algo para reprocharle al kirchnerismo, en todo caso, es que nunca repusieron los aportes patronales derogados por Menem. Luego, el trabajo en negro y precario generalizados, acentuaron el desfinanciamiento de la ANSES, que actualmente se nutre en una proporción muy significativa de la recaudación impositiva. Estamos ante una farsa orquestada. La juntada de firmas contra el veto busca encubrir la complicidad del kirchnerismo con la agenda del gobierno actual, y los profundos vasos comunicantes y negociaciones en curso entre unos y otros (Scioli, Lijo, Rubinstein). Busca mostrar un peronismo opositor mientras la agenda antiobrera del Gobierno pasa. Es una remake del Frente Nacional contra la Pobreza en el 2001, que juntaba firmas a contramano de la rebelión popular. Los sindicatos kirchneristas firman paritarias a la baja como pretenden Milei-Caputo, se han bajado de toda confrontación con el Gobierno. Los paros de la CGT dirigida por el peronismo fueron otra farsa para negociar algunos puntos y que la ley pase. Los legisladores del peronismo de las provincias han dado su voto para que la Ley Bases sea aprobada. La derrota del gobierno de Milei provendrá solo de una acción independiente de la clase obrera. LEER MÁS: Hay que vetar a Milei Las burocracias sindicales colaboran con el liberticidio. Por Jorge Altamira, 02/09/2024.

Luego de las elecciones para delegados de ATE, en el Hospital Mercante se inició una persecución gremial sobre los principales referentes de la Lista Negra que implicó la prohibición del ingreso a dos compañeras. Este lunes 1 de septiembre, una orden judicial ordenó su reinstalación. PO: Queremos felicitarlos por el triunfo que significa la reincorporación de Paola Trejo y Silvia Mitschenco y preguntarles cómo continúa esta lucha. En primer lugar debo señalar que está planteada una municipalización del Hospital Mercante, esto se está haciendo en connivencia con la dirección del hospital y la burocracia de la Verde. En ese sentido denunció que la seccional de ATE J. C. Paz no ha salido a defender a las compañeras, y esto teniendo en cuenta que esas compañeras tienen 25 años de trayectoria de lucha en el hospital. Han tomado partido por la patronal, colaborando en el armado de un sumario trucho donde no hay ninguna prueba. Para enfrentar este ataque hemos hecho cortes, asambleas y los trabajadores nos han ido acompañando. El fallo judicial ha reforzado nuestra lucha. Quiero recalcar que, cuando la compañera Silvia M. ha ido el día viernes a tomar su lugar de trabajo, la dirección de Enfermería y la del hospital se lo ha impedido a pesar de que ya venía con una resolución, por lo que tendría que ser sancionado el propio director del hospital. PO: Hemos observado el estado de abandono del hospital. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Con respecto a infraestructura ya hemos hecho las correspondientes denuncias ante el Ministerio de Trabajo para discutir el tema de baños, matafuegos, ya que si se produjera un incendio no hay personal capacitado; le hemos exigido que nos muestren los planes de contingencia y no tienen nada, dicen tenerlo, pero se niegan a mostrarlo. Cuando comenzamos a insistir con las condiciones de trabajo el director dejó de recibirnos, ya que las condiciones básicas no las cumplen: baños tapados y con olores, etcétera. En las habitaciones de las madres de pediatría, los baños no tienen los ventiluz y pasan frío; uno de los ascensores no está funcionando, las camillas se encuentran en mal estado, etc. Esto ha traído aparejado lo que veníamos denunciando que iba suceder, la desgracia de una compañera, Brenda, quien trabajaba como secretaria del director y que vino a hacerse una colonoscopía, falleciendo como producto de una mala praxis. Acá se quiso ocultar todo, algo que llegó a los medios y esta es una de las razones por las que nos están persiguiendo. Porque hay impunidad y no hay justicia ante la muerte de una compañera. PO: ¿Cuál es el motivo de esta reunión hoy? Festejar el triunfo, que la lucha sirve, mostrar que seguimos luchando: que la lucha rinde y no solamente la parte legal. Que hay que seguir porque sentados no logramos nada.

Cientos de miles de israelíes -300.000 solo en Tel Aviv- cortaron las rutas, prendieron hogueras y se movilizaron en las principales ciudades del país el domingo por la noche, para exigir que el gobierno de Netanyahu llegue a un acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamás, indignados después de que el Ejército “recuperó” los cadáveres de seis rehenes el sábado. Las movilizaciones se repitieron en unas 40 localidades y en algunas zonas hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La multitud obligó a algunos ministros a huir de las oficinas gubernamentales en vehículos policiales. Los familiares le recordaron al Gobierno que en los últimos meses “solo 8 rehenes fueron rescatados con vida mediante operaciones militares, en comparación con 105 rehenes liberados en la tregua en noviembre". Y lo responsabilizan porque “al menos 27 rehenes fueron asesinados (o muertos por fuego israelí) desde el último acuerdo” (Haaretz 2/9). Durante la protesta, que comenzó temprano con bloqueos en las carreteras, Arnon Bar-David, el presidente de la poderosa Histadrut, la central sindical, anunció la primera huelga general desde que comenzó la invasión a Gaza. Ante los manifestantes criticó al gobierno: “¡No tiene sentido que nuestros hijos mueran en túneles por consideraciones políticas (…) La economía también ha sido abandonada, el país va camino de la ruina política”. Bar-David sentenció: “Ya no somos un solo país”. Miles de trabajadores israelíes abandonaron el lunes sus trabajos, furiosos por el destino de los rehenes israelíes. Sin embargo, la Justicia ordenó levantar el paro a las pocas horas de comenzado con la excusa de que era un paro político. Netanhayu ha condenado el paro convocado por la Histadrut. “Es una vergüenza. Es como decirle al dirigente de Hamás, Yahia Sinwar. has matado a seis personas, nosotros te apoyamos”, dijo durante una reunión de su Gabinete. No es lo que piensan los familiares: “Mi hijo sigue vivo, pero cada día es como una partida de ruleta rusa que Netanyahu está jugando hasta que todos los rehenes hayan muerto”. “El primer ministro está torpedeando el acuerdo a sangre fría por sus intereses políticos”. “Durante meses ha habido un acuerdo sobre la mesa y hemos visto cómo el primer ministro lo rechazaba. Su decisión de cortar el oxígeno a Hamás corta el oxígeno a los rehenes”. «Estoy gritando aquí por seis personas que sobrevivieron casi un año... ¡podrían haber vuelto con nosotros si hubiera habido un trato!». El resquebrajamiento se verifica en el propio gobierno. El jueves 26, la mayoría del gabinete israelí votó la permanencia indefinida del Ejército sionista en Gaza, ocupando el llamado Corredor de Filadelfia, que es la frontera gazatí con Egipto. La permanencia militar sionista en la Franja vuelve inviable el intercambio de rehenes con Hamas. Tanto el equipo de negociaciones como los jefes del estamento de defensa se oponen. Sin embargo, en la reunión de gabinete, el único que votó en contra fue nada menos que el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Los medios israelíes dieron cuenta de un áspero enfrentamiento entre Gallant y Netanhayu. “Por una persona, Gilad Shalit, liberaste a 1.027 terroristas, incluido Sinwar. Ahora estás condenando a muerte a los rehenes”, le habría gritado Gallant a Netanhayu. Además hubo una abstención, pero de sentido contrario. Fue el fascista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al que una franja fronteriza le sabe a poco: lo que él propone es reocupar totalmente la Franja de Gaza y la Cisjordania . La ruptura de un sector de la población con el Gobierno tiene su correlato en una crisis por arriba . El Foro Empresarial de Israel, formado por 200 empresarios que emplean a la mayoría de los trabajadores no sindicalizados de Israel, resolvió «unirse a la protesta del Foro de Familias de Rehenes y hace un llamamiento al pueblo para que no permanezca indiferente ante las pérdidas diarias y el abandono de los rehenes a su muerte, cuando según el establishment de defensa, podrían haberse salvado». Algunos de los mayores bufetes de abogados también anunciaron que «proporcionarán asistencia jurídica a cualquier manifestante que resulte herido como consecuencia de acciones policiales violentas e ilegales, y emprenderán acciones legales contra los agentes de policía que hagan uso de niveles prohibidos de fuerza.» El domingo, mientras las calles se llenaban de indignados manifestantes, el genocida ministro Gallant, insospechable de simpatía con los palestinos, urgió “en un gesto inaudito” al gabinete de ministros a revertir la decisión de mantener indefinidamente tropas israelíes en Gaza y así facilitar un acuerdo para liberar a los rehenes. (El País, 2-9). En Gaza, sus subordinados bombardeaban dos escuelas refugios y en Cisjordania, el Ejército sionista mantiene sitiados dos hospitales en Jenin.

El 30 de agosto se llevó adelante, en la provincia de La Pampa, el 92° plenario de Rectoras y Rectores de las Universidades Nacionales. La cumbre tuvo dos ejes. Por un lado, apoyar el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que obtuvo media sanción en Diputados y el llamado a que sea aprobado en el Senado ; por el otro, aprobar un proyecto de presupuesto universitario para el 2025, estimado en más de 7 billones de pesos, un monto que representa el 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. “Si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino son las universidades”. Con estas palabras, Victor Morañigo, rector de la Universidad de San Luis y director del CIN, abrió el encuentro. Morañigo deliró, pues si hay algo que no funciona bien bajo la asfixia presupuestaria y salarial de Milei son las universidades. Del encuentro también participaron Sergio Zilliotto, gobernador de La Pampa (PJ), y Oscar Alpa, vicepresidente del CIN, actual rector de la Universidad de La Pampa y posible candidato a la gobernación de la provincia; las autoridades de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Es decir, en esa suerte de “encuentro unitario” se conformó un frente que reúne a los radicales, los peronista y K, y las conducciones de todas las federaciones sindicales en apoyo al proyecto de ley de financiamiento que “encomienda al ejecutivo” un incremento del presupuesto . Ninguno de los oradores presentes mencionó algo respecto a la marcha federal educativa, mucho menos al proceso huelguístico. Es que para las camarillas que dirigen la universidad y todo el arco político opositor, incluida la burocracia que dirigen las federaciones sindicales, la lucha huelguística que estaba en desarrollo ya quedó superada ; de ahora en más, para todo este arco político sindical, la agenda solo se enfoca en presionar al Senado para que se sancione la ley y, luego, al Poder Ejecutivo para que no la vete. Mientras sucedía esta reunión del CIN, los instructivos de liquidación de los sueldos llegaban a las universidades con el miserable 3 % de incremento para agosto, dejando a los salarios de un auxiliar de segunda con dedicación simple (ayudante estudiantil) en $120.400; el de un auxiliar graduado, en $155.000; el de un JTP con dedicación simple, $185.562, mientras que uno con dedicación semiexclusiva recibe $371.000 y un JTP con dedicación exclusiva, $742.000. Todos salarios de pobreza. Ni las categorías más altas llegan a cubrir el costo de la canasta familiar. Según La Nación, en los últimos datos oficiales publicados del Anuario Estadístico 2022, del total de 213.658 cargos docentes universitarios apenas el 10 % (21.931) es de dedicación exclusiva, mientras que aproximadamente el 70 % es de dedicación simple. Es decir que sólo uno de cada 10 docentes tiene dedicación exclusiva, mientras que siete de cada 10 tienen un cargo simple. La situación salarial es calamitosa y lo que empezaba a perfilarse como un proceso de lucha huelguístico, con paros masivos, quedó clausurado al no darle continuidad al proceso de lucha en desarrollo y ahora, de conjunto con el CIN, pretenden atar todos los reclamos a la agenda parlamentaria de un proyecto de ley que no es tal y que se limita a encomendar al gobierno a dar soluciones a los reclamos.

El martes pasado, Camioneros publicó el nuevo acuerdo paritario negociado sin debate de los trabajadores, bajo estricto secreto sindical, como es habitual. El acuerdo fue firmado por las tres entidades patronales del sector y sería homologado por el Gobierno sin los sobresaltos de la paritaria marzo-abril. Se trata de porcentajes no acumulativos, con base en salarios de agosto, de 4 % para septiembre, 4 % para octubre y 3 % para noviembre, además de una suma fija, a cargo de las patronales, de 14.000 pesos por cada trabajador que irán a las arcas de la obra social. El “relato” de la recuperación salarial El portal Infobae informa que fuentes del gobierno están conformes con el acuerdo debido a que se ajusta a las previsiones inflacionarias de Caputo y con porcentajes decrecientes. Según este mismo medio desde el Gobierno señalan, además, que no molestan los aumentos que “le ganen lentamente a la inflación” (Infobae, 27/08), en referencia a que el acuerdo paritario estaría unos puntos por arriba de la inflación proyectada, lo cual además de dudoso a futuro es una estafa probada, si analizamos la evolución salarial frente a los aumentos desde la asunción del gobierno a la fecha. En este sentido, la escalada inflacionaria de fin del año pasado y el primer trimestre de este año, provocada por la brutal devaluación aplicada por el gobierno de Milei en diciembre, llevó a una pérdida salarial enorme. Ante esto, Moyano rediscutió un ajuste en los porcentajes ya acordados hasta febrero e introdujo una cuota extra de aumento, que en los hechos tuvo un impacto limitado y muy por debajo de lo perdido a causa del mazazo de diciembre. Si por caso tomáramos los primeros 6 meses del 2024, la cosa no mejora. Con 87 puntos de inflación acumulada hasta julio, sumando los porcentajes remunerativos y no remunerativos, el sueldo conformado nuevamente perdió frente a la inflación. Solo el básico se coloca 2 puntos por arriba por las sumas fijas remunerativas otorgadas en marzo, abril julio y agosto; 10 %, 7 %, 3 % y 2 % respectivamente, pero el impacto es nulo debido a que estos porcentajes de “recomposición salarial” estuvieron lejos de recuperar la enorme pérdida de fin de año y principios de 2024. Además de no torpedear la política salarial del gobierno, en la conflictiva homologación de marzo-abril el moyanismo ofrendó una modificación del convenio que no estaba en el acuerdo original: “turnos americanos 4x3” en algunas ramas y acuerdos individuales entre el trabajador y la patronal, con simple aviso al gremio. Involución salarial y pobreza Si para muestra basta un botón, el salario inicial de rama logística, correo y otras con escala similar, lo dice todo: mientras a mediados de 2023 el sueldo inicial promedio de las ramas más masivas del gremio orillaba o igualaba la línea de pobreza, hoy decenas de miles de trabajadores camioneros pasaron a ser pobres, con salarios que están 150.000 pesos por debajo de la canasta básica y a un abismo de la canasta familiar. Es así que, si tomamos la medición oficial de junio, una familia tipo necesitó 873.169 pesos para no ser pobre, mientras el sueldo conformado promedio inicial en Camioneros rondaba los 720.000 pesos. Esto, para un trabajador sin ausentismos de ningún tipo, debido a que los adicionales que conforman el sueldo sobre el básico se cobran por día efectivamente trabajado, lo que lleva a muchos a trabajar enfermos. Este contraste ineludible es lo que intentan ocultar en vano, por un lado el Gobierno con su relato del “rebote en v” de los salarios, y por el otro la burocracia de los Moyano para disimular su complicidad e inacción frente esta poda brutal de los salarios. De hecho, la nueva paritaria con vigencia hasta noviembre 2024 se firmó sin cláusula de recomposición, abandonando definitivamente cualquier intento de recuperación salarial. El moyanismo se juega a acompañar “criticamente” a un gobierno abiertamente antiobrero en crisis y a quien cada vez más especialistas califican de aventurero. En medio de una crisis propia no resuelta, que involucra la interna latente con su propio hijo Pablo por disputas en torno a la obra social y la “rosca” de los disidentes “federalistas” dirigida por el santafesino Sergio Aladio, lejos de impulsar cualquier lucha que incomode, intenta afianzar su papel de interlocutor por medio de acuerdos de “buena voluntad” con el gobierno liberticida, a pesar de que este actúa abiertamente en la interna del gremio en favor de los disidentes de Aladio. Saquemos conclusiones La política salarial del Sindicato Camioneros es clarificadora para quienes albergan la idea de que existe un sector combativo al interior de la burocracia de la CGT. Es evidente que la lucha para enfrentar los ataques contra los trabajadores no vendrá desde la burocracia moyanista ni de la CGT. En este aspecto, los llamados a “que la CGT” convoque a un paro general es un llamado a la desmovilización y la derrota. Los trabajadores debemos sacar las conclusiones sobre el papel de las direcciones sindicales, apoltronadas como tales hace décadas. Necesitamos impulsar un proceso de organización y lucha autoconvocado e independiente, que dé una pelea decidida por nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. LEER MÁS: Los Moyano entregan el convenio de trabajo de los camioneros y meten una reforma laboral Por Fabián Pacheco, 18/04/2024.

La gestión kirchnerista de la carrera de Sociología de la UBA ha decidido hacer su propia contribución a la política de destrucción de la universidad pública y de los salarios de sus trabajadores que comanda Milei y su elenco liberticida. La reforma que pretende realizar, con posterioridad a las elecciones que se desarrollarán esta semana, incluye todas las exigencias privatistas de la Ley de Educación Superior (LES), la CoNEAU y el Rectorado, pulverizando conquistas históricas impuestas por el movimiento estudiantil-docente al calor de la lucha contra la intervención de la carrera en el año 2002. De la reforma y sus “amigues” La dirección de Rodrigo Salgado, que va por su reelección, hizo circular un PDF que resume una variedad de ataques a las cátedras y condiciones de trabajo y de cursada, sin preocuparse por dar, hasta el momento, mayores fundamentos. Aunque la presente como resultado de “encuentros” y “reuniones abiertas”, la reforma es un refrito de los numerosos y derrotados intentos por adaptar el plan de estudios a los requerimientos de la LES y la CoNEAU. El último había sido hace una década, en 2013, con la excusa de una modificación del profesorado. La Mella (Patria Grande) integró aquella gestión reformadora cuando todavía esgrimía veleidades independientes; hoy es el hilo de continuidad en la dirección K. Para adecuar la cantidad de horas de la carrera a las 2600 que exige la LES, el PDF propone extender el tramo obligatorio, incorporando cinco materias nuevas al plan de estudios. Por el momento, solo se publicitaron los “nombres de fantasía” de estas cátedras. No se conocen sus contenidos mínimos, si serán únicas ni quiénes se beneficiarán en la repartija de sus cargos titulares. Según circula en los pasillos de Sociales, el loteo de estas nuevas materias es el corazón con el que la gestión pretende sustentar una red de complicidades que le permita hacer pasar su engendro formativo. Como contracara del alargamiento del tramo obligatorio, la reforma ofrece la zanahoria de un título intermedio como “técnico/a en procesamiento y análisis de datos sociales”. Esta versión degradada, que insiste en la falsa ilusión de favorecer un ingreso (precarizado) al mercado laboral, excluye la necesidad de cursar el tramo optativo y los seminarios de investigación. En un calco al intento de reforma del profesorado en 2013, los embates del PDF se dirigen al vaciamiento de la licenciatura y el desmantelamiento de las materias optativas, que hasta el momento constituyen la mitad de la carrera. Ocurre que, como producto de la toma del Rectorado del año 2002, la movilización de estudiantes y docentes conquistó la apertura de numerosas cátedras y materias optativas. Fue una manera sui géneris de concretar en Sociología el reclamo histórico de la cátedra paralela. El plan de estudios vigente permite que cada estudiante combine estas materias construyendo diversas orientaciones, “sociología de la salud”, “de la educación”, “de la cultura”, “sociología urbana”, “económica”, “laboral”, etc., u opte por una licenciatura “no orientada”. El Rectorado siempre se opuso a reconocer a estas materias, forzando a sus docentes a interinatos permanentes y precarios, que en algunos casos se extienden por más de 20 años. En línea con la LES, el Rectorado exige montar un puñado de orientaciones preestablecidas de las cuales se desprenda una serie limitada y fija de materias “electivas”. Es exactamente lo que propone Salgado, colocando como cabecera de playa para estas orientaciones a sus nuevas materias “amigas”. Esta sería la condición para regularizar a los docentes interinos, habilitando la llegada de supuestos concursos, en lo que constituye una extorsión inaceptable. En esta línea, las materias “optativas” que no logren reconvertirse en “electivas” quedarán colgando de un pincel, condenadas a desaparecer… o a transformarse en propuestas de especialización de posgrado (arancelado). Avanzando aún más en este rumbo, la reforma reduce la cantidad de materias optativas a cursar de 13 a 9. Pero de estas últimas solo 3 serán optativas (1 teoría sociológica, 1 sociología especial y 1 seminario), mientras que las 6 restantes corresponderán a los trayectos diseñados por la gestión y sus “amigues”. Otras modificaciones incluyen la reducción horaria arbitraria de materias troncales, el reemplazo de contenidos teórico-científicos por aquellos vinculados a saberes técnico-profesionales y la amputación de horas de investigación en favor de la introducción de actividades preprofesionales no remuneradas, disfrazadas bajo el manto de “prácticas socio-educativas”. Como se ve, no se trata de una reforma académica aislada, sino de un ordenamiento reaccionario aplicado al ámbito universitario, en línea con el autoajuste que el Rectorado y los decanos están ejecutando en todas las facultades. Con un timing insuperable, los reformadores adoptan un barniz ideológico estatista al promover la sustitución de un perfil científico universalista, supuestamente obsoleto, por materias ligadas a la gestión y la formación de funcionarios para la administración pública, justo cuando ese Estado y sus oficinas ministeriales están en la mira de todos los desguaces. Del bloque FITU-centroizquierda y la crítica acrítica En lugar de oponerse a la reforma y convocar a organizar la lucha para derrotarla, los partidos del FITU difundieron una declaración en la que consideran que “es necesario un debate abierto y democrático sobre la situación de nuestra carrera y las posibles propuestas para incorporar cambios al plan de estudios”. Este recibimiento benévolo es comprensible toda vez que el FITU se presentará en las próximas elecciones de Sociología coaligado con la agrupación de centroizquierda que encabeza Alcira Daroqui, la misma que como directora de la carrera impulsó en 2013 la reforma del profesorado exigida por la CoNEAU. La colonización centroizquierdista de este bloque es total y se expresa en las propias posiciones de sus integrantes. El aparato del Partido Obrero, por ejemplo, emitió una declaración en la que se preguntan: “¿es conveniente en este momento de pérdida de derechos, de ataque a las ciencias sociales, al salario de docentes y no docentes, y a la educación pública, exponer públicamente los problemas y debilidades de nuestra carrera?” (sic). El PO oficial escribe en plural de “nuestra” carrera, metiéndose en una misma bolsa con la gestión que integra el régimen de camarillas de la universidad. ¿En qué beneficiaría a estudiantes y docentes ocultar sus “problemas y debilidades”, en lugar de “exponerlos públicamente” y luchar por transformarlos? Se entiende así que culminen llamando a “defender el profesionalismo crítico (sic) de la carrera de Sociología”, abandonando toda referencia al marxismo y a una perspectiva socialista para la educación. Este bloque viene de aprobar en el Congreso Nacional, junto a radicales y peronistas, la fantochada de la Ley de Financiamiento Universitario , una “encomienda” utilizada por los rectores y burocracias sindicales para desviar y contener al movimiento de lucha que comenzó a desarrollarse con el inicio de este segundo cuatrimestre. No hay, sin embargo, “comunidad sociológica” ni intereses sociales comunes entre los estudiantes, docentes y no docentes, de un lado, y el aparato universitario que negocia su caja con el gobierno de Milei en el marco de los lineamientos de la LES, el Banco Mundial y el gran capital, del otro. El plural, en este sentido, delata a quienes practican la adaptación y el integracionismo al régimen universitario como modus vivendi. Organizar la lucha Las elecciones de esta semana se presentan, de este modo, como un escollo a superar por el movimiento docente y estudiantil que quiere abrir paso a una lucha real para defender las carreras, los salarios y arrancar todas las reivindicaciones pendientes. La actual gestión pretenderá enarbolar un eventual nuevo mandato como argumento para avanzar en la destrucción del plan de estudios y el desmantelamiento de las materias optativas. La defensa de la carrera de Sociología y de las conquistas históricas impuestas por la lucha plantea la necesidad de convocar a asambleas sistemáticas, recorrer las cursadas, elegir delegados y formar organismos y comités de base para agitar y organizar un plan de acción de características huelguísticas. La lucha para frenar la reforma se unificará así con la movilización en defensa del salario docente y no docente, a través de actos en la facultad y en la calle, el abandono de cursos y movilizaciones parciales que den lugar a una asamblea general. La defensa de la continuidad y la estabilidad laboral, a través de la regularización automática de todos los docentes en el marco del convenio colectivo que la UBA se niega a reconocer, debe ser el punto cero de cualquier planteo combativo.

El veto presidencial dictado contra la ley jubilatoria votada por las dos cámaras del Congreso es el último acto de guerra de Milei contra la clase trabajadora. Varias encuestas comienzan a mostrar un giro en la posición ambivalente y confusa que ha mostrado la opinión pública hasta el momento. El Gobierno se juega a quebrar los dos tercios de los votos que reunió el Parlamento cuando aprobó la ley. Desde varios ámbitos patronales le dicen que comete un error, porque la ley no modifica, ni mínimamente, la confiscación de las jubilaciones que se viene cometiendo desde 2017, acelerada a partir de la hiper desatada en diciembre último, ya bajo el gobierno actual, cuando la inflación alcanzó el 25 % mensual. Le advierten, además, que la adopción de una ley para esta consolidación del desfalco contra la población que ha superado la edad laboral ofrece mayor seguridad que un decreto como al que recurrió Milei para "corregir" con un aumento del 12 % la inflación del 20 % de enero pasado. Le recuerdan, finalmente, que la modificación que ha introducido el Congreso al incorporar la mitad de la diferencia entre la inflación y los salarios, si estos fueran superiores, en marzo de cada año, no tendrá efecto práctico, porque los salarios mantendrán, a esa fecha de 2025, el rezago anual con la inflación. Los críticos no saben, o fingen no saber, que Milei y Caputo están embarcados en una política deflacionaria que impone un corte creciente del gasto público; por eso golpea también a las universidades y ha anunciado que las paritarias no podrán recibir aumentos salariales superiores al 2 % mensual. El veto no es una medida aislada: es una lluvia de drones para golpear las defensas de los trabajadores. El mismo personaje que había declarado su intención de destruir el peso ahora proclama su propósito de querer valorizarlo. Es que como toda la deuda pública se compone de títulos en dólares o ajustados por dólar o inflación, no podría pagar los intereses y el capital de corto plazo si ocurre una devaluación, sino que debería declarar un default. Para la consultora de Martín Redrado, los vencimientos de capital e intereses en dólares “se perciben importantes”, es decir, impagables. La participación de bancos en licitaciones de deuda interna es elevada, pues representa más del 65 % del pasivo, y el único préstamo externo que puede obtener es ofreciendo como garantía las reservas de oro del Banco Central a un plazo no mayor a los seis meses, aunque su monto no supere los 3.000 millones de dólares. Como consecuencia de esta deflación, la industria ha caído, en ocho meses, un 16 %. El llamado “equilibrio macroeconómico” tiene lugar hacia abajo, no hacia arriba, con un producto bruto caro en moneda extranjera, pero en caída en términos de volumen de producción. Caputo se propone alcanzar tasas positivas de interés para los bancos locales, mediante una continua deflación del peso. Esta orientación delata la hoja de ruta del capital financiero. Aunque Martín Tetaz, el diputado de la UCR que ha presentado un proyecto de ley para abolir la jornada de ocho horas , le diga a La Nación (2/9) que “los resultados fiscales son consistentes y buenos”, la realidad es la contraria, porque el Gobierno ha inflado un superávit financiero a fuerza de convertir el pago de intereses en nueva deuda, sin registrar el pago sino como un gasto devengado. Ese impago alcanza al billón de pesos mensual: mil millones de dólares. Milei y Caputo fuerzan un choque con el Congreso por la ley jubilatoria porque su política económica está fundida y no se observa que tengan otra de repuesto. El dúo de la deflación ha pagado en los últimos días los intereses y vencimientos de la deuda pública en dólares -mil millones de dólares, aproximadamente- mediante el uso de depósitos en dólares privados, que los bancos guardan como encaje en el Banco Central. En diez días más, la Administración de LLA deberá presentar el proyecto de Presupuesto para 2025, donde presentará cifras sin sustento, que un Parlamento normal no dejaría pasar. La ley que Milei ha vetado le servirá al Congreso como excusa para votar a favor un Presupuesto ficticio. El cepo al dólar se ha convertido, como nunca antes bajo los “despilfarradores fiscales”, en la valla defensiva del plan económico de un gobierno partidario de la libertad comercial y empresarial. Es el ancla del programa deflacionario. Lo celebró Caputo hace un mes como el muro protector contra el derrumbe que sufrieron las Bolsas de Nueva York, Tokio y Shanghai. Pero los agujeros del muro se dejaron ver enseguida con la devaluación del real brasileño, que encarece las importaciones del vecino país y abarata sus exportaciones. Con eso en vista, VW anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Brasil y el despido de 600 obreros en Argentina. El real tiene por delante un recorrido de crisis, desde que acaba de anunciarse que el déficit fiscal de Brasil ha alcanzado el 10 % del PBI. En junio pasado, luego de que una reducción de la tasa de interés del Banco Central desatara una corrida cambiaria y llevara el dólar paralelo a más de 1.500 pesos, Caputo puso a fondo el freno de mano y reforzó el retiro de pesos del mercado, incluso vendiendo dólares en el mercado paralelo. La baja del paralelo ha servido para que las grandes empresas repatrien dinero a sus casas matrices en el exterior. El ministro de Economía es un operador de los fondos financieros. La cuestión del veto tiene una arista incluso más relevante que servir como muestra de que las finanzas públicas ‘libertarias’ están en ruinas. Milei la ha emprendido contra el subsidio a las personas descapacitadas que paga ANSeS y se apresta a anunciar una fuerte reducción de las pensiones no retributivas. Como lo dijo a un periodista en la semana que pasó, tiene el propósito de abrir el negocio de la previsión social a la compañías de seguros nacionales y especialmente extranjeras. El negocio asegurador apunta a obtener las ventajas que ofrece el RIGI y, para el Gobierno, constituye una fuente de dólares, junto a la minería, Vaca Muerta y las privatizaciones masivas, pero de acceso más rápido. Lo que está en juego no es la diferencia del 8 % entre lo que determina el decreto de Milei y la ley del Congreso, sino la apertura de una veta de negociados para el capital financiero. Con este objetivo, el régimen actual quedará como una pensión a la vejez, para lo cual cualquier mejora del haber jubilatorio es negativa. Milei y Caputo, como antes Carlos Menem, procuran “monetizar” activos económicos y ambientales y derechos sociales. En el caso del nuevo Fondo de Empleo que sustituirá a las indemnizaciones actuales, su manejo servirá para lucrar con el dinero acumulado en diversas inversiones financieras de corto plazo, probablemente a cambio de una aseguradora. El episodio del veto ha servido para mostrar que a pesar de los reclamos internacionales para que Argentina respete la división de poderes y la seguridad jurídica, Milei está forzado a gobernar por medio de decretos y de vetos para sostener una política económicamente costosa e inviable. La burocracia sindical de todos los colores se declaró prescindente frente a la amenaza del veto y luego a su ejecución. Fue el período más intenso de colaboración de la CGT con el gobierno . Pero desató una valiente reacción del activismo de los jubilados y golpeó políticamente al conjunto de los trabajadores . Desató también una rebelión de la docencia de Entre Ríos, que obligó al arbitraje del Poder Judicial de la provincia. La deliberación en los lugares de trabajo y estudio crece todos los días. A nueve meses de la asunción de un gobierno que ha actuado como una topadora contra los trabajadores, ni el régimen se ha fortalecido, ni su política se ha tornado viable -al contrario- y sube la caldera popular. El escenario de una gran confrontación sigue abierto.

A 80 días de la desaparición de Loan, la causa judicial está empantanada. Los investigadores no tienen pistas firmes que permitan esclarecer dónde está el niño. No se ha avanzado en la investigación de la red de trata integrada por Carlos Pérez, ex capitán de la Armada, y su esposa María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal e informante de la policía. Tampoco se ha profundizado en la responsabilidad de los policías que plantaron pruebas o el rol del senador provincial y su abogado, denunciados por extorsionar a la tía de Loan para que instale la versión del accidente. El callejón sin salida al que ha llegado la investigación es el resultado una operación de encubrimiento promovida por el poder político de Corrientes y sus vasos comunicantes con la Justicia. Buscan que la provincia siga siendo, como lo es desde hace décadas, un territorio donde las redes de trata operan con total impunidad. De hecho, en las últimas semanas se dio a conocer una reunión de la familia de Loan con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y, posterior a ello, la decisión de apartar a Fernando Burlando como abogado. En declaraciones a distintos medios Burlando manifestó que "La presencia de los medios nacionales y mi presencia, molestaban. Porque no se podían manejar como están acostumbrados en Corrientes”. En ese sentido, el letrado insistía con la denuncia sobre la trata y la complicidad del poder político. Roberto Méndez, abogado de la familia desde el inicio, quedó como único representante de la familia. En el medio saltaron versiones sobre el uso de las donaciones que recibió Mariano Peña, hermano de Loan, por cerca de $170 millones. Bullrich, una pieza fundamental del encubrimiento, planteó que a Loan no lo encuentran porque ninguno de los implicados habla. Lo que no dice la ministra es que la SIDE se gastó el 80% de los $ 100 mil millones de fondos reservados pero no para buscar a Loan precisamente. Se trata de plata utilizada para operaciones del gobierno libertario bajo completa discrecionalidad. Hay que continuar con la búsqueda de Loan a través de la movilización popular. En los casos que se pusieron en pie comisiones de lucha independientes del Estado y los gobiernos contra la impunidad se pudo avanzar. La cooptación estatal es el camino de la descomposición y la herramienta de la impunidad. LEER MÁS: Redes de trata: una denuncia que involucra a poderosos empresarios Por Alejandra del Castillo, 20/08/2024. Continúan las movilizaciones por Loan mientras se destapa más podredumbre Por Alejandra del Castillo, 27/07/2024.

El titular del Juzgado de Familia N °6 de San Martín, Alejandro Brissolese, fue denunciado por la Asociación Judicial Bonaerense ante la Suprema Corte por acosar sexualmente a una trabajadora y ejercer violencia laboral contra las y los empleados y funcionarios del organismo. El magistrado fue denunciado por aprovecharse de la doble asimetría de poder que le otorgan su condición de varón y superior jerárquico. La víctima de acoso, tras rechazar todos los avances indebidos del juez, fue postergada en su carrera, algo que fue convalidado por la Suprema Corte. Esto deja en evidencia una colaboración con la violencia laboral, que se acentúa cuando tiene por víctima a la mujer. La falta de acción de la Suprema Corte generó que la trabajadora afectada deba cambiar de fuero contra su voluntad, su revictimización y afectando y dañando su proyecto laboral. También quedó en evidencia la necesidad de un protocolo en el Poder Judicial de la provincia que proteja a las denunciantes dentro de su ámbito laboral, con la participación del cuerpo de delegados del lugar de trabajo. A Brissolese también se lo acusa de falta de idoneidad para ejercer el cargo al que fue designado. En la denuncia se expresa que “la redacción de sentencias se encuentra a cargo exclusivamente de las y los funcionarios. No existen indicaciones jurídicas por parte del magistrado respecto del abordaje de los expedientes (…) Ante los requerimientos de funcionarios de otros juzgados que Brissolese subroga, el magistrado le consulta a su personal letrado cómo resolver la situación. En las audiencias debe ser orientado por las y los funcionarios para que no cometa errores serios por falta de conocimiento sobre la solución jurídica a aplicar, donde además trata con displicencia a los justiciables”. Es necesario más que nunca la organización de las y los trabajadores para exigir investigación y justicia.

Este jueves 5 de septiembre, la Legislatura santafesina se apresta a tratar el mayor ataque contra nuestro régimen jubilatorio. El proyecto enviado por Pullaro a la Legislatura provincial implica la liquidación del régimen opcional docente, y un retroceso y ajuste histórico contra nuestras conquistas previsionales Algunos de los puntos del proyecto Se declara la emergencia previsional por dos años, prorrogable por dos años más. Instaura el descuento a los jubilados, fijando un “aporte solidario” que parte del 2% y puede alcanzar hasta un 6% de acuerdo al monto percibido. Rebaja los salarios de los activos, aumentando los aportes, que pasarían del 14,5% actual al 17% en promedio, pero en algunos casos el porcentaje aumenta al 19 y hasta el 21% dependiendo del ingreso. El cálculo del haber jubilatorio se desancla del de los activos. Ya no serán aumentadas automáticamente con el salario de los trabajadores en actividad, sino diferido 60 días después de pagados a los activos: una alevosa desindexación. Se instituye un “aporte de ingreso” a quienes cobran su sueldo por primera vez. Se aumenta la edad de retiro para la docencia y se baja el porcentaje. Se unifica en 60 años para varones y mujeres, con el 76% de jubilación. Si se quiere llegar al 82%, hay que trabajar tres años más, aumentando un 2% por año. (Elimina el 2x1 por exceso de servicios con falta de edad). El régimen docente sólo sería aplicable para docentes de inicial, primaria y secundaria (estos últimos con 30 hs. cátedra) revistando en las aulas, frente a alumnos. Dejando afuera a todos los que no tengan cargos y horas frente a curso, como así también a la docencia del nivel superior. Habilita al Poder Ejecutivo provincial a incrementar la edad, si el Estado Nacional aumenta las edades para jubilarse, hasta igualarlas. Los sindicatos provinciales -AMSAFE, SADoP, FeSTraM, ATE, UPCN- no han pasado hasta el momento de un rechazo testimonial, “expresando malestar y preocupación”. No han convocado a una sola asamblea para discutir como enfrentar este ataque. Desde AMSAFE, el secretario general, Alonso, ha manifestado en los medios que el sindicato realizará acciones en cada departamento, y este jueves 5 convocará a una concentración en la Legislatura provincial cuando el Senado comience a tratar el proyecto, y “que no descarta tomar medidas, el incluso parar si es necesario el día que se vote el proyecto”. Una medida tardía, cuando los hechos estén consumados. Desde Tendencia Docente Clasista llamamos a movilizar masivamente este jueves 5 de septiembre a la Legislatura provincial. Necesitamos el paro ya, para garantizar la mayor concurrencia de trabajadores. Iniciemos desde ahora la lucha a fondo para defender nuestro régimen de jubilaciones y poner freno al golpe de Pullaro y la Legislatura. Con el ejemplo de la rebelión docente que resuena en Entre Ríos y Neuquén . Impulsando asambleas en las escuelas y lugares de trabajo, plenarios de delegados con mandato, autoconvocatorias y la coordinación con los demás trabajadores provinciales y pongamos en pie la huelga para que este ataque no pase. LEER MÁS: Docentes de Santa Fe: jueves 5, todos al paro y la movilización contra la reforma previsional Para defender nuestras conquistas jubilatorias, todos a las calles. Abajo el golpe de Pullaro y la Legislatura. Por Tendencia Docente Clasista – Santa Fe, 03/09/2024.

El viernes 30 de agosto, como estaba previsto se llevó a cabo la Audiencia Pública por el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Calcatreu en Ingeniero Jacobacci. Se pretendía cumplir con la legislación y así obtener la codiciada “licencia social” para la instalación de la minera Patagonia Gold, una minera inglesa cuyo nombre local es Aquiline Argentina que extraerá oro y plata del yacimiento de Calcatreu en 16.300 hectáreas del macizo de la meseta de Somuncura a 80 kilómetros de Jacobacci. El proyecto prevé la explotación de oro y plata por cinco años, mediante el uso de enormes cantidades de agua combinada con cianuro. La emergencia hídrica declarada recientemente es contradictoria con la autorización de su uso para la extracción de dichos minerales. El cianuro es altamente contaminante y se corre peligro de un derrame del agua cianurada así como su filtración en las napas profundas. El lugar donde se desarrolló la Audiencia -que no es vinculante- amaneció militarizada, con vallas y custodiada por la policía montada. Hubo 269 personas inscriptas, entre ellas un claro antagonismo con relación a la conveniencia de la instalación de la minera. Mientras que funcionarios y representantes de la minera Patagonia Gold prometían trabajo, desarrollo y progreso se le opusieron argumentaciones como contaminación, desertificación, destrucción de producción local ovina por parte de ambientalistas y luchadores rionegrinos. Por fuera del recinto se desarrolló en paralelo una asamblea donde se expresaron voces antiextractivistas que denunciaban el peligro de la destrucción ambiental, la desertificación y contaminación en tan solo cinco años de actividad minera. Las comunidades mapuche tehuelches se negaron a participar en la Audiencia pero convocaron con fuerza a la movilización. Denunciaron que no se realizó la consulta previa e informada a las comunidades que exige la ley e impugnaron la validez de la audiencia. Recordaron el amparo que paralizó la actividad preparatoria de la minera en Calcatreu en el 2005. La asamblea planteó distintas formas de continuar con la lucha contra la depredación y concluyó con una marcha por el pueblo. Río Negro adhirió rápidamente al RIGI, el régimen de incentivos a grandes inversiones incluido en la liberticida Ley Bases votada en el Congreso Nacional. Las regalías que dejará la minera para Río Negro son ínfimas. Apenas un 3% de los que se descuentan gastos. Se calcula que sería un 1% del presupuesto provincial anual, los tres primeros años, Al cabo de tres años ni siquiera eso. Movilizaremos el 4 de septiembre en toda la provincia junto a las asambleas ambientalistas y pueblos originarios. Abajo el RIGI. Fuera las mineras. Reposición de la ley anticianuro y otras protectivas del medio ambiente. LEER MÁS: Calcatreu: el gobierno manipula la “licencia social” Río Negro. Por Elena Florín, 05/08/2024.

El domingo 1 de agosto falleció Ricardo Talento, así lo anunció desde sus redes el grupo de teatro comunitario Circuito Cultural Barracas, donde fue director y fundador. Ricardo Talento había nacido en 1948 y perteneció a la generación de artistas de los años 60 y 70, jóvenes que crecieron con el Mayo Francés, la Revolución Cubana y otros procesos revolucionarios y de liberación nacional en distintos continentes. Jóvenes artistas que entrelazaban el arte y lo político, que tenían una mirada crítica hacia el poder político desde el teatro. Fue fundador en Buenos Aires del teatro comunitario junto a Adhemar Bianchi (grupo Catalinas Sur). Su grupo de teatro comunitario, el Circuito Cultural Barracas, que despliega su actividad en ese barrio de la capital nacional, nació en 1996 por iniciativa de Los Calandracas, un grupo que había surgido en 1988 en Parque Lezama, con el florecimiento del teatro de calle posdictadura, formando parte del Motepo (Movimento de teatro popular), según nos relata Edith Scher en el libro “Teatro de vecinos”. En memoria de Ricardo Talento, el dramaturgo Mauricio Kartun lo despidió en sus redes de este modo: “Se nos murió el flaco Talento. Y acá el ‘nos’ va mucho más allá del círculo cercano; es el nos más grande, el de la comunidad. La foto es de los 70, la época de nuestro Grupo Cumpa. En este medio nuestro, tan sospechado siempre de individualismos, Ricardo se dedicó a practicar (y predicar) su antítesis: lo colectivo. Con Los Calandracas, laburando en hospitales con los equipos de salud. Y en el Circuito Cultural Barracas, después, ese proyecto precioso, incansable, de arte barrial. Tipo buenazo de verdad. Y pila. Donde lo dejen allá arriba juntar cuatro vecinos, el cielo tendrá su teatro comunitario”.

En un avance de la causa iniciada por la retención de los alimentos almacenados por el gobierno , el juez federal Sebastián Casanello dio lugar el día jueves a un importante operativo en oficinas del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en busca de documentos, planillas y archivos informáticos con relación a los manejos en sus depósitos. El operativo principal se llevó adelante en la Dirección Logística de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicado en Avenida de Mayo 869, en el centro porteño, cuyo director es Pablo Berardi. La orden del Juzgado Federal N°7 incluyó decomisar inmediatamente un “back up” de la computadora del propio director. También los remitos de entrega de los alimentos desde el 27 de mayo, las salidas y entradas de los depósitos de Villa Martelli y Tafi Viejo, los stocks y fechas de vencimiento. Tras varias horas los funcionarios judiciales se retiraron con la totalidad de los elementos que eran el objeto del allanamiento, incluyendo los registros del sistema S.U.M.A con los movimientos de los depósitos y el acceso a cuentas de correo electrónico de empleados y funcionarios. Las toneladas de alimentos en cuestión es una fracción de los que deberían haber ser repartido a los comedores populares pero que el Gobierno retuvo ilegalmente. Gente cercana a Pettovello ensayó como defensa que, “en realidad, no es que no se estaban distribuyendo, sino que se resolvió no tercerizar su distribución a través de las organizaciones sociales”. Según sus propios números, “la cantidad de kilos que se encontraban disponibles para el convenio por escuelas vulnerables es un total de 2.583.221 kilos, la cantidad entregada a la fecha es un total de 2.230.573 kilos, esta cifra equivale al 86% del total de alimentos”. En cambio, fuentes periodísticas indican que parte de la mercadería retenida está actualmente contaminada por plagas o vencida y que la premura del allanamiento tiene el fin de detectar la cadena de responsables de los controles. En suma, en una situación de crecimiento de la pobreza e indigencia, el gobierno cortó la entrega regular de alimentos a los 45.000 comedores y merenderos inscriptos en el ReNaCom, un duro golpe al corazón de la red asistencial de barrios, villas y asentamientos a nivel nacional. Lo poco distribuido fue producto de intimaciones judiciales y del reclamo de las organizaciones sociales que fueron sistemáticamente reprimidas e incluso sufrieron detenciones. Los alimentos del gobierno nacional fueron hacia un listado de escuelas en situación crítica, como así también se tercerizó su distribución a través de iglesias evangélicas y dos organizaciones clericales, Cáritas y Conin. Derrotero judicial El comunicado de Capital Humano intentó mostrar el operativo como parte de una rutina administrativa: "se presentaron para cumplimentar una diligencia vinculada con la causa que tramitan" y "se aportaron diversos elementos que fueron solicitados por el juez". Para el Ministerio hay una "clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo" para “que las familias vulnerables aumenten su poder de compra poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales", destacando su pelea político-judicial contra las organizaciones sociales. A partir de denuncias anónimas volcadas en la línea telefónica del Ministerio de Seguridad se montaron causas a organizaciones como el Polo Obrero (oficial) y el FOL. Esto llevó a más de un centenar de allanamientos que en su último capítulo incluyeron el local central de la UTEP. La veta y el trasfondo que explota el gobierno de Javier Milei es un largo proceso de cooptación y estatización de las principales organizaciones piqueteras . Uno de los pilares del golpe a las organizaciones es el planteo del gobierno, formulado desde finales de diciembre, de que la red nacional de comedores en realidad no existe, sino que es parte de un armado de “comedores fantasma” para que las organizaciones realicen un desvío aprovechando su rol en la intermediación. Un planteo criminal que Pettovello intenta sostener a cómo de lugar. Tras el allanamiento, los libertarios reflotaron su línea respecto a las presentaciones anteriores: “defender la división de poderes marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo". Esta estrategia judicial fue ideada por Leila Gianni, la subsecretaria legal del Ministerio y principal asesora de Pettovello. Conocida por un fuerte cruce con Juan Grabois, uno de los denunciantes, al comienzo de la causa cuando estalló el escándalo por las miles de toneladas retenidas en los galpones de Capital Humano. A pesar de la intensa campaña mediática el camino judicial del gobierno fue tortuoso. Al instar a la Cámara Federal porteña fue rechazada la apelación quedando firme el pedido de Casanello: “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas". Tras esto Gianni y Pettovello llevaron el pedido a Casación Federal reiterando que hay una "violación al principio constitucional de división de poderes y el debido proceso" pero la Sala II de la Cámara de Casación declaró inadmisible el reclamo. Similar a lo planteado por la Cámara Federal: “no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la Justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”. Para terminar de recorrer todo el espinel judicial, los asesores legales del Ministerio llevaron un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia tras un fallido recurso extraordinario a la propia Corte elaborado hace unas semanas por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

Una nueva reunión convocada ha demostrado el carácter propatronal de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de Kicillof en el conflicto de Bridgestone. La conciliación ordenada por el Ministerio de Trabajo provincial ha entrado en su segunda semana sin que se cumpla el retorno de los despedidos a sus puestos de trabajo. El objetivo de las patronales es avanzar con la reforma laboral aprobada por el Congreso, El SUTNA, que aceptó la conciliación obligatoria sin consultar a los trabajadores de la planta, denuncia dilaciones en la reicorporación de los despedidos. El propio sindicato había declarado que la instancia de la “conciliación” sería utilizada para generar “una relación de fuerzas favorable” a los trabajadores. Ha resultado lo contrario, ya que ha sido utilizada por la patronal y el Estado para mantener los despidos, imponer al interior de la planta un estado de persecución y el aumento de los ritmos de trabajo, así como un intento por imponer rebajas salariales mediante la quita del pago de diversos bonos y otros montos abonados por fuera del básico. En las tres grandes fábricas del Neumático (FATE, Pirelli y Bridgestone), las patronales llevan adelante un ataque conjunto al activismo y al sindicato. Los despidos son moneda corriente en todas las plantas y la presentación de los Procesos Preventivos de Crisis (PPC) -completamente fraudulentos- fueron un andamiaje legal para desarrollar a fondo esta ofensiva patronal. El fracaso de las conciliaciones obligatorias, como herramienta para los trabajadores, es evidente. La movilización del jueves 5, una de las primeras acciones que involucra a las tres fábricas en esta situación, ha sido decidida por la dirección sindical sin asamblea previas, salvo de un ´mandato´ general otorgado tiempo atrás. Algo similar sucede con la convocatoria a una acción en Plaza de Mayo el próximo 10 de septiembre. LEER MÁS: Neumático: las conciliaciones obligatorias han fracasado Suspensiones y despidos masivos en Bridgestone y FATE, y rechazo al aumento de salarios. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 23/08/2024.

Ahora de un modo explícito y ya sin ninguna delimitación, la conducción de CONADU Histórica se ha subido al tren de la maniobra contra la lucha universitaria, con el apoyo sin cortapisa a los proyectos de Ley de Financiamiento y de Recomposición Salarial del Sistema Universitario. En el Plenario de Secretarías Generales realizado el lunes 2, se impuso el voto por un paro de apoyo a la Ley que supuestamente va a tratar el Senado este jueves 5 y una nueva postergación de cualquier continuidad para el plan de lucha, que queda condicionado a lo que pase este jueves en el Parlamento. Cabe recordar que el Senado también tratará la llamada esencialidad educativa, o sea la supresión lisa y llana del derecho de huelga para los docentes. Ya la semana anterior la conducción de CONADU H había logrado poner en el freezer el plan de lucha que, de un modo contundente, había paralizado más de 50 Universidades en todo el país al regreso del receso invernal. Con la excusa del Plenario del CIN, había impuesto un cuarto intermedio hasta este lunes , consiguiendo así pasar de un paro que venía de 72 horas y 48 horas, durante las primeras dos semanas , a ninguna medida de fuerza. Con esto logró el regodeo con los rectores, quienes recibieron de buen modo a los sindicatos universitarios para subirlos al carro de su política. Esta consiste -y consistió siempre- en evitar que el ajuste salvaje que el gobierno de Milei desarrolla en todos los planos termine en una rebelión universitaria, que ya se había insinuado en el mes abril con la masiva movilización que superó el millón de manifestantes en todo el país, y que sigue latente, y afectará, en primer lugar, a ellos mismos y a sus negociados. Con esa política maniobró y desinfló toda posible acción posterior a la marcha, pactó los gastos de funcionamiento y la Ley de Bases y ahora busca encausar el tema salarial antes de que estalle. La burocracia sindical se suma a esta maniobra toda vez que no tiene en sus planes desarrollar la lucha en los términos de una rebelión educativa . Por eso la negativa de algunos sectores de la directiva de la federación a apoyar la toma del rectorado en San Luis o a promover la toma masiva de los rectorados en todas las Universidades. Bien mirada, la pseudo Ley de recomposición salarial es un salvavidas para la burocracia, que, si no la consigue aprobar, tendría que ir a una lucha directa o pagar los costos de su postración. A ese bote se aferran también diversas conducciones sindicales de asociaciones de base que, sin formar parte de las maniobras de la directiva ni tener expectativas en la burocracia de la CGT, no pueden trazar una perspectiva superadora de ese impasse . Es importante establecer una delimitación clara ya que este debate se va a volver a expresar, incluso con el anunciado veto a la Ley. En el plenario de la federación se debatió una propuesta de continuidad del plan de lucha para la semana próxima: 72 horas de huelga, pero condicionado a lo que resuelva el Frente Sindical, y una marcha para la tercera semana de septiembre, entrelazadas con las maniobras en torno a la ley y su veto. De nuevo, la perspectiva de la toma masiva de rectorados y la huelga general universitaria contra un atropello antidemocrático como puede ser el veto de Milei está fuera de su radar y perspectiva. Con esa política no se puede ganar. Las maniobras que buscan frenar la lucha universitaria operan en un mar de contradicciones que pueden estallar por los aires. Desde nuestra corriente y desde la conducción de la ADIUNT , impulsamos el debate en torno a qué estrategia debe dotarse el movimiento universitario. El abandono de la independencia política para subirse a las maniobras parlamentarias es un derrape hacia un camino que no lleva a ningún otro lado que la derrota. Más que nunca es necesario que convoquemos asambleas en todos los ámbitos universitarios, interclaustros donde se pueda y llamemos a un plenario general de delegados de base, docentes, estudiantil y nodocentes, de todos los sindicatos y de todas las facultades y escuelas preuniversitarias, para llevar adelante una acción histórica en defensa de las universidades públicas y los salarios.

Este jueves 5 de septiembre, la Legislatura santafesina dará comienzo al debate del proyecto de reforma previsional enviado por el gobernador Pullaro, que busca ejecutar el golpe más brutal contra nuestros derechos jubilatorios. AMASAFE ha resuelto un paro provincial de 24 horas para ese día, y ha convocado a una concentración en la Legislatura de Santa Fe. También la CTERA ha realizado un pronunciamiento de repudio a los proyectos de reforma previsional, en este caso, impulsados por los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos . El “rechazo” de CTERA no pasa de un comunicado testimonial, sin llamar a ninguna lucha nacional. A medida que la docencia y los trabajadores provinciales han ido tomando conocimiento de las drásticas modificaciones que el proyecto de ley pretende implementar contra nuestros derechos jubilatorios, la bronca se ha extendido de manera generalizada. El ataque conlleva la liquidación del régimen opcional docente, reduce salarios y jubilaciones, desancla las jubilaciones de los salarios en actividad, retrasa en 60 días la movilidad, extiende los años trabajados, instituye la jubilación del 76%, en lugar del 82%, son sólo alguno de los artículos del proyecto. Y lo que es aún más grave, el artículo 49 habilita al Poder Ejecutivo provincial a incrementar la edad, si a nivel nacional se aumentan las edades para jubilarse, hasta igualarlas. Se introduce, de esta manera, la armonización con el régimen de Nación. La conducción gremial Celeste de AMSAFE, había planteado que llamaría al paro -si era necesario- el día de la votación (que se estima será el 12 de septiembre en diputados), y que realizaría una concentración en Legislatura cuando comience a tratarse, o sea el 5/9 en Senado. La repentina resolución de parar desde el mismo jueves 5, por parte de la directiva provincial, da cuenta de que debió anticipar la resolución tomando nota de la bronca que crece entre las bases. Como hemos advertido desde nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, cuando realizamos un llamado a parar y movilizar masivamente, iniciando desde ahora una lucha a fondo hasta tirar abajo el proyecto. De nada sirve realizar un réquiem el día de la votación, “¡la lucha es ahora!”. Mientras tanto el gremio de los docentes privados, SADOP, también afectados por el proyecto, convocan a una concentración sin medidas el día 5, y pararán recién el día que se vote: una renuncia a dar la lucha. Los demás gremios públicos, ATE y UPCN consienten con su silencio y parálisis. Podemos derribar el proyecto. Es necesario que el miércoles 5 se convierta en una estruendosa demostración de fuerza. Garanticemos el paro total en todas las escuelas y movilicemos masivamente para que resuene el rechazo y pongamos en pie la huelga educativa hasta tirar abajo el golpe de Pullaro y la Legislatura. Tendencia Docente Clasista - Santa Fe 3/9/24 LEER MÁS: Docentes de Santa Fe: abajo la contrarreforma jubilatoria de Pullaro DECLARACIONES. Por Tendencia Docente Clasista – Santa Fe, 03/09/2024.

Alemania ha ganado los titulares de la información, incluso en Argentina, como consecuencia de la victoria del partido Alternativa por Alemania -AfD- en el estado de Turingia, donde obtuvo el 33% de los votos, y el segundo lugar que obtuvo en Sajonia, arriba del 30%, a décimas de votos del ganador. Ambos estados han formado parte de la ex República Democrática de Alemania, un vasallo de Moscú desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. AfD es catalogada como un partido neonazi sin otras adiciones, a diferencia de las dos fuerzas de ultraderecha de la Unión Europea, una liderada por la francesa Marine Le Pen, la otra por la italiana Giorgia Meloni, a los que se los inscribe como “populistas de derecha” o de extrema derecha. AfD fue fundada en 2013, de modo que su ascenso electoral ha sido claramente veloz. En las últimas elecciones nacionales quedó consagrada como el primer partido de oposición en el Bundestag –el Parlamento alemán. Bjorn Höcke, líder regional y nacional de AfD, ha sido sancionado por recurrir a la fraseología de Hitler o por denunciar al judeocidío del nazismo como un fraude. El ascenso del neonazismo es, sin embargo, solamente el aspecto más saliente de la tendencia electoral y política hacia la derecha en Alemania. Lo complementa el ascenso de otro partido, que lleva el nombre de su fundadora, Sahra Wagenknecht, el BSW. Esta corriente es una escisión del partido Die Linke, La Izquierda, una suerte de Podemos español y, hasta cierto punto del FITU, que algunos califican como de extrema izquierda. Ha tenido un crecimiento espectacular en poco más de un año, al punto de alcanzar un promedio nacional del 15% de los votos, aproximadamente. Aunque la patrona del partido ha repetido que una alianza hipotética con la AfD es una “línea roja” que jamás cruzaría, y que está dispuesta a participar de coaliciones con los llamados partidos democráticos, comparte con los neonazis una cruzada contra la inmigración, en su mayoría de origen musulmán, y la denuncia de la OTAN y de la guerra de la OTAN contra Rusia. Este fenómeno que desconcierta a un buen número de analistas tiene una cierta semejanza con el pasaje de la izquierda al fascismo en Europa en la década del 20 del siglo pasado, en primer lugar con el mismo Mussolini , pero también con las burocracias sindicales que adhirieron al régimen fascista en Italia y a dirigentes stalinistas que hicieron lo mismo con el fascismo francés. El nacionalismo en los países imperialistas es siempre una expresión del fascismo , no importa la demagogia social que emplee, de origen izquierdista, o precisamente por esa demagogia. El programa de Sahra Wagenknecht es una herencia residual del programa “soberanista” que encaró décadas atrás Oskar Lafontaine, su marido, en la socialdemocracia alemana hace varias décadas. Cuando se observa que los votos sumados de AfD y BSW superan la mitad del electorado efectivo (60% del padrón), es claro que Alemania atraviesa una crisis histórica excepcional. Más de treinta años después de la reunificación, Alemania, se encuentra en un claro retroceso industrial . La prometida potencia directora de la Unión Europea atraviesa un proceso de desindustrialización como consecuencia de la competencia de China, de un lado, y de Estados Unidos, del otro. La industria de punta del país, la automotriz y de componentes, ha cedido terreno en el interior de Alemania y en las inversiones extranjeras –en primer lugar, el mercado chino. El número de pedidos de quiebra crece cada año; también pierden posiciones la industria química y la electrónica. En consecuencia, Alemania atraviesa un período de despidos masivos. El corte de suministro de gas barato de Rusia impuesto por Estados Unidos y la OTAN han causado perjuicios enormes –además del acceso privilegiado al mercado ruso. Donald Trump, bajo su presidencia, dejó en claro la intención de quebrar a la industria germana, pero incluso con anterioridad, Barack Obama se empeñó en destruir lo que observaba como una alianza económica ruinosa para Estados Unidos entre Rusia y Alemania. La enorme inversión de parte de Joe Biden en el subsidio a la transición energética en Estados Unidos ha operado como una competencia desleal contra Alemania y la emigración de capital industrial alemán hacia territorio norteamericano. Uno de los propósitos estratégicos de la guerra en Ucrania es recuperar la dependencia de Alemania de Estados Unidos anterior a la reunificación alemana. Ahora mismo, el gobierno de Biden ha reflotado la intención de instalar bases de misiles de medio alcance en Alemania, como lo había hecho en el período de “la guerra fría” con la URSS. El involucramiento de la coalición de gobierno de Alemania en la guerra , mediante la provisión de carros armados, misiles y tanques, de un lado, y la construcción de bases militares en los países del Báltico y de un corredor militar con Polonia, ha acentuado al extremo la campaña de AfD y de BSW a favor de interrumpir la guerra contra Rusia, alcanzar un acuerdo de paz, reformular el “sistema de seguridad” de la Unión Europea y, en el limite, retirarse de la OTAN. La guerra mundial, como ha ocurrido en el pasado, es “el huevo de la serpiente” del fascismo. Alemania ilustra, de un modo excepcional, la diferencia de la lucha por la paz entre el internacionalismo y la demagogia nacionalista. El nacionalismo es una tentativa forzada por la crisis, de reformular la composición de los bloques en guerra. No abolir la guerra. Los fascistas alemanes no proponen terminar la guerra contra Rusia por conmiseración con Ucrania, a la que buscaron anexar en la Primera Guerra y destruir, con Rusia incluida, en la Segunda Guerra: el propósito es romper la asfixia de Alemania por parte del imperialismo norteamericano , y evitar que la desintegración política del país los coloque frente a una revolución proletaria. El neonazismo alemán no es solo electoral. Son numerosas las organizaciones neonazis clandestinas o semilegales que actúan bajo la cobertura del Estado . “Los ciudadanos del Reich” (imperio) reúne a parte de la élite del país y ha organizado atentados: también se han conocido organizaciones neonazis en en el Ejército y la Policía, incluso de representantes parlamentarios o miembros del Poder Judicial. Para diversos sectores del neonazismo, la República de Alemania y su Constitución son ilegales, alegando que fueron construidas por las fuerzas de ocupación al final de la última guerra. La misma Policía ha sido investida de poderes de espionaje ilegales como el uso ilimitado de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial para la identificación de personas o la infiltración en toda la comunicación electrónica interpersonal. El fascismo no crece de los margenes al centro sino en sentido contrario. Es claro, sin embargo, que el nido del fascismo, en la presente crisis mundial, se encuentra en Estados Unidos , que ya ha conocido el primer intento de golpe de Estado, acompañado de un asalto de contingentes desclasados. La crisis norteamericana determinará el curso general del fascismo, que es siempre un fenómeno mundial. No sería necesariamente un fascismo tutelado por el imperialismo norteamericano; podría avanzar o prosperar como parte de una lucha interimperialista sin disfraces democráticos. El proceso alemán convoca a una lucha por las libertades y contra la guerra mundial sobre una base internacionalista, o sea la lucha unificada de los trabajadores de todos los países.

El jueves 22 de agosto, se realizó una reunión en el camping de Camioneros de la ciudad rosarina de Pérez, donde se reunieron sectores disidentes de la Federación Nacional. Sacaron un escueto manifiesto, haciendo referencias a la necesidad de un “manejo federal” del gremio y en contra de la “burocracia centralista” (La Nación, 22/08). Se trata de un reagrupamiento encabezado por el dirigente camionero de Santa Fe, Sergio Aladio, y el dirigente de los recolectores de residuos de Córdoba, Mauricio Saillen, a los que se suman Daniel Urrutia de Jujuy y Pedro Mamani de Tucumán. Los disidentes cuentan con el apoyo poco disimulado del gobierno de Milei, quien a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, habilitó a los sindicatos camioneros de Jujuy y Tucumán, conformándose dos sindicatos provinciales alternativos, con simple inscripción. Sumaron su firma a la proclama disidentes de Entre Ríos y San Luis. Chaco también presenta sus disidencias, aunque no aparece entre los firmantes. Si bien los opositores aparecen como secesionistas, no se descarta la presentación de una lista nacional que enfrente al moyanismo en 2025, cuando se vote la renovación de la directiva nacional de la federación. Frente a esto, la federación nacional de Camioneros sacó un extenso comunicado en la redes sociales, con la firma de Hugo Moyano, denunciando el hecho como una operación de prensa del diario La Nación y entre acusaciones al diario y denuncia a los “supuestos opositores”, repaso de prontuario mediante, minimizando el encuentro al que calificó como un “rejunte propatronal y de derrotados que no representan a nadie”. Los firmantes habían sido derrotados por el moyanismo en elecciones seccionales. El origen de la interna camionera Sin embargo, es evidente que el tema reviste una importancia estratégica para los Moyano. De hecho, Santa Fe es la seccional más importante del gremio después de la de Buenos Aires. Cuenta con más de 25.000 afiliados. De allí salía siempre el adjunto de la federación hasta que, en 2007, en un episodio nunca esclarecido, Abel Beroiz, Secretario General de esa seccional y Tesorero de la federación nacional, fue asesinado. Desde entonces, la seccional santafesina entró en una serie de disputas internas, algunas de tinte mafioso, que llevó a la intervención por parte del moyanismo de la seccional. En el medio de esto, Aladio, salido del riñón del moyanismo, criado bajo el ala de Beroiz, se alza con el control de la seccional, pero enfrentado a la intervención moyanista. El punto más algido de la interna provincial se dio en 2014, cuando a instancias de una asamblea de memoria y balance, en un enfrentamiento a tiros entre facciones provinciales del gremio, se produce el asesinato nunca esclarecido de un trabajador convocado por los rivales de Aladio, en las adyacencias del mismo camping donde ahora se firma ahora el acta de los disidentes. Así, en 2016 comienza el proceso de desafiliación de la federación nacional con idas y vueltas. Luego de disputas entre la intervención moyanista y el santafesino, en 2021 el clan Moyano inscribe en la provincia un sindicato paralelo con el guiño del entonces ministro de Trabajo nacional Claudio Moroni. Según los disidentes, no cumpliría los requisitos mínimos el reconocimiento. Sin embargo, Aladio mantiene a la inmensa mayoria de los afiliados con la contradicción de estar bajo el convenio nacional 40/89 de la federación camionera. En febrero de este año, Aladio consigue la desafiliación definitiva, por medio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Corte no es un dato menor. La resolución por unanimidad a favor de Sergio Aladio del máximo tribunal es un elemento por demás alentador para los disidentes. Sumado a esto, el gobierno de Milei se muestra jugado a erosionar el poder de los Moyano y este reagrupamiento de burócratas disidentes parece ser el camino indicado para ello. Los rebeldes, el moyanismo y la contrarrevolución laboral Para los trabajadores, este reagrupamiento no significa un canal para luchar por el salario ni por las condiciones laborales. Por el contrario, Aladio, ya en octubre del año pasado, presentó su propio proyecto de reforma laboral ante las autoridades competentes, antes de que se presentara la “Ley Bases” en el Congreso, postulándose como un recambio por derecha a la conducción moyanista a tono con los nuevos vientos libertarios. La modificación del convenio reclamada por el santafesino, implica una pérdida de derechos históricos de los trabajadores: fondo de cese laboral administrado por empresas y sindicato gerenciado por aseguradoras y bancos, un engendro inspirado en la UOCRA, pero privatizado al estilo AFJP, lo que dejaría los fondos obreros a merced de las fluctuaciones del mercado. El chofer de camión inicial pasaría a cobrar la mitad del sueldo actual con un periodo de prueba extendido a seis meses. La zanahoria que ofrece Aladio para los trabajadores es incorporar el día por mudanza y el día femenino (en un gremio con abrumadora mayoría de hombres), inexistentes en el actual convenio. Todo esto regiría solo para Santa Fe. El santafesino insiste con una “adecuación provincial” del convenio para “no perjudicar a las pymes”, es decir en favor de intereses patronales. De avanzar el proyecto, por el peso del gremio de camioneros, sería una fuerte señal en la dirección del desguace de los convenios únicos y hacia el establecimiento del convenio por región y por empresas. Por su parte el moyanismo se ha ocupado de no hacer olas contra la aprobación de la Ley Bases, permitiendo que la reforma laboral pase sin mayores resistencias. Antes que esto, ya en abril, en el marco de la homologación paritaria, Hugo Moyano acordó con las patronales una modificación totalmente precarizadora del convenio : turnos americanos 4 x 3 en tres ramas del convenio y la posibilidad de acuerdos individuales entre el trabajador y la patronal. Toda una reforma laboral. Como se puede observar, Moyano y sus disidentes no son tan distintos. Nuestro camino El repudio a la burocracia sindical por parte de los trabajadores ha servido de combustible para el ascenso de los liberticidas que hoy gobiernan. Los trabajadores han optado por una salida contra sus propios intereses, pero fundamentalmente por el rol nefasto de los gobiernos precedentes y en gran medida por el papel que ha jugado la “casta sindical”. Esta pelea entre el moyanismo y los ex moyanistas de Aladio, no representa ningún canal para defender los intereses elementales de los trabajadores sino su contrario. Ambos sectores velan por sus intereses de camarilla y tributan a distintos intereses patronales. Los que son presentados como “rebeldes” por la prensa, vienen a postularse como el recambio afín al gobierno liberticida. Los trabajadores debemos forjar un camino propio a partir de un proceso de organización autónomo de las facciones burocráticas, para encarar sin ataduras, las luchas que nos plantean los ataques a nuestras conquistas. LEER MÁS: Moyano cierra paritarias en Camioneros y Milei le pone “like” Se suma a la paritaria de cuenta regresiva de los demás gremios. Por Fabián Pacheco, 02/09/2024.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció ayer en un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, que la "flexibilidad" para despedir que incluirá la reglamentación de la reforma laboral próxima a publicarse. Las indemnizaciones son un punto central de la reforma con la que el Gobierno apunta a bajar el costo de las empresas. El discurso de Sturzenegger resulta clarificador: el Gobierno apunta a poner fin a las indemnizaciones. En su discurso explicó que "Hay un artículo en Ley Bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral. Pero en la reglamentación -que espero salga esta semana- a nivel convenio colectivo van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica" En el auditorio estaban el presidente del instituto de investigaciones de la Fundación IERAL, Osvaldo Giordano, Cavallo, y empresarios como Sebastián Bagó (Bagó), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza) y Marcelo Figueras (Richmond). “Pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro...el gobierno no dice nada, lo tienen que decidir ustedes, van a tener que tener mucha neurona" Sturzenegger despejó en su discurso las dudas acerca de la reglamentación de la reforma laboral, en la que los dirigentes de la CGT esperaban un guiño de parte del Presidente de la Nación. Las empresas gozarán de la libertad de elegir un régimen indemnizatorio acorde a sus planes productivos, a la especialización de sus trabajadores, y a los vaivenes del mercado laboral. Por caso, la ola de preventivos de crisis, de despidos y arreglos forzados que recorre a la industria prepara las condiciones para contratar trabajadores encuadrados en la nueva ley vigente. Del mismo modo que el proyecto de ley del radicalismo que busca derogar la jornada de ocho horas , Sturzenegger anuncia la salida “de la Ley de Contrato de Trabajo” de las indemnizaciones. Pasarán a ser una discusión de fuero privado, “en la que el Gobierno no se mete”. Insiste, tanto como el proyecto de Martin Tetaz, con la trampa de que la modificación requiere el consentimiento de las partes, como si las relaciones obrero-patronales estuvieran signadas por la libertad de las negociaciones y no por la fuerza y la lucha de clases. Es notorio que el gobierno que más bate el parche con la fantasía del consentimiento mutuo obrero-patronal, es el que más lejos ha ido en el cercenamiento del derecho de huelga y en la represión de la manifestación pública. No sorprende que Sturzenegger dé por sentado la colaboración de los sindicatos de la CGT en la discusión que debe darse, según la versión aprobada de la ley, a nivel de cada convenio colectivo de trabajo. Los sindicatos consensuaron la propia reforma laboral de la Ley Bases que incluye la reforma de la ley de indemnizaciones y en líneas generales, acompañan los planes del gobierno de Milei. La burocracia de la CGT negocia paritarias a la baja en los términos de las proyecciones del ministro Caputo. Los planes de suspensiones y retiros voluntarios son acompañados por la burocracia sindical en el entendimiento de que las patronales son víctimas del ajuste de la macroeconomía, cuando el gran capital está totalmente alineado con el Gobierno, por lo menos en lo que atañe a la contrarrevolución laboral. La defensa de las indemnizaciones dependerá exclusivamente de la lucha de la vanguardia independiente de los trabajadores.

El miércoles 28 de agosto se realizó una asamblea interclaustros en Humanidades y Artes convocada por la conducción del centro (Pampillón-Patria Grande + Movimiento Evita), con una participación de 150 personas entre estudiantes y docentes. La convocatoria empalma en el proceso de lucha de la docencia universitaria por aumento salarial, que inició el segundo cuatrimestre con los paros de semana completa y 48 hs. votados por la docencia universitaria aglutinada en COAD y en todo el país. En otras provincias, los paros fueron acompañados con medidas de importancia: en Cordoba hubo una marcha multitudinaria, y en San Luis los estudiantes tomaron el rectorado y las facultades. Las intervenciones rondaron en torno a dos cuestiones: la convocatoria urgente a una nueva marcha educativa que se coloque como una continuidad de la masiva del 23 de abril, y las expectativas en torno a la Ley de Financiamiento Universitario que próximamente será tratada por la Cámara de Senadores. Esta ley fue evaluada positivamente por la dirección del sindicato de docentes universitarios y por las agrupaciones de centro izquierda. Desde las agrupaciones del FIT-U, a pesar de su voto favorable en la Cámara de Diputados, hubo un silencio de radio. Sus voceros dedicaron sus intervenciones a denunciar a Grabois por sus dichos a favor de la esencialidad educativa , pero se cuidaron muy bien de no nombrar al proyecto de ley que pasó a la Cámara de Diputados con su voto, y que fue alardeada por el diputado del PTS como “una victoria contra Javier Milei” . Botón de muestra de la profundización de una deriva parlamentarista y democratizante. Política Obrera fue la única voz que planteó la huelga general educativa como el camino para acabar con el programa antiobrero de La Libertad Avanza, sosteniendo la necesidad de ejecutar la marcha universitaria lo antes posible, sin ningún tipo de expectativa en los enjuagues parlamentarios en un marco de halagos rimbombantes entre el peronismo encabezado por José Mayans y la vicepresidenta, defensora de genocidas, Victoria Vilarruel. En primer lugar, el proyecto “encomienda” a Milei que aumente el presupuesto universitario (no lo obliga ni prevé los recursos para el financiamiento: es decir, no pasa de una expresión de deseos). En segundo, Milei puede vetar la ley como ya hizo con la movilidad jubilatoria, en cuanto implique un obstáculo para su política de “déficit 0”. Bien vista, la ley no es más que una cortina de humo que busca desmovilizar y aplacar la lucha. Colocamos la denuncia de esta maniobra en un marco más general, en el cual las direcciones sindicales universitarias y estudiantiles depositan expectativas en los decanos y los rectores , que casualmente han sido los responsables de “impasse” de la lucha desde abril. Destacamos que solo la unidad entre estudiantes y docentes, independiente de las autoridades universitarias, es el camino para gestar la huelga educativa que necesitamos para torcerles el brazo a los privatistas. Las intervenciones más interesantes pasaron por los estudiantes independientes de base que colocaron el acento en la continuidad de la lucha, y en la necesidad de convocar más instancias deliberativas. Estuvo presente, reiteradas veces, la denuncia al recorte presupuestario, el desmantelamiento de las condiciones de vida de los trabajadores y la juventud, en contraposición con los aumentos siderales que se arrogaron diputados y senadores. Además, se dejó entrever una bronca de los estudiantes por la dilación ante la convocatoria de la marcha federal universitaria. De esta manera, a partir de la participación de varios ingresantes, se fueron perfilando las mociones finalmente votadas: un pronunciamiento a favor de la marcha educativa y por su consecución en la primera quincena de septiembre, la creación de comisiones por carrera y la convocatoria de una nueva asamblea interfacultades-interclaustros. Esta semana será decisiva para masificar en cada facultad de la UNR la respuesta de estudiantes y docentes contra la miseria salarial, el recorte presupuestario y el ataque general contra la educación pública.

El sábado pasado se realizó en zona oeste una charla de cara al Encuentro de Mujeres y Disidencias 2024. Asistieron compañeras de toda la zona. Se destacó la participación de docentes, activistas de la Tendencia del Polo Obrero, municipales, trabajadoras de la salud y estudiantes. La charla, a cargo de Vanina Rojas, docente de La Matanza, colocó la situación que vivimos las mujeres trabajadoras en este contexto de ataque a las conquistas históricas de nuestra clase por parte del gobierno de Milei y sus cómplices, a través de la Ley Bases, la reforma laboral, el ataque a los jubilados, los tarifazos, la eliminación de las políticas de acompañamiento a las mujeres violentadas y la disminución de la asistencia social y que, a su vez, amenaza con avanzar sobre otras conquistas, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se destacó como toda esta política de violencia hacia la clase trabajadora se traduce en un reforzamiento en particular de la violencia social contra la mujer, las disidencias y la niñez. Se colocó que, frente a esta declaración de guerra por parte del gobierno, el movimiento de mujeres se encuentra en un impasse, en parte gracias a la cooptación por parte del Estado de un sector del movimiento, y también a la propia situación de repliegue de la clase obrera. Frente a este estado de cosas, se destacó la importancia de los encuentros de mujeres como caja de resonancia de todas las luchas del movimiento y que debe servir para avanzar en un plan de lucha contra el gobierno liberticida. El debate que se desarrolló luego arrojó elementos muy importantes. Se destacó el aumento de los casos de femicidios y violencia de todo tipo hacia la mujer en el último periodo. Frente a esto, una compañera que trabaja con mujeres en situación de violencia en grupos terapéuticos del Hospital Posadas planteó su preocupación por el vaciamiento de la línea 144 y el acompañamiento a las mujeres en esta situación. También, una compañera municipal de Mercedes, planteó cómo es el accionar de los agrupamientos de mujeres cooptados por el Estado, cuyas direcciones forman parte de los consejos deliberantes. Estas agrupaciones desarrollan un discurso de "sororidad" entre mujeres pero que sólo se queda en lo discursivo ya que no lo llevan a la práctica a la hora de votar a favor de aumentos presupuestarios para mejorar los magros salarios de las trabajadoras municipales. En el ámbito de la docencia -un gremio mayoritario de mujeres- las compañeras plantearon el rol de la burocracia sindical para garantizar el curso de este ajuste histórico, a través de la negativa a organizar el debate y la puesta en pie de un plan de lucha y la persecución hacia los docentes que deciden ir al paro para enfrentar la embestida del gobierno. En el debate, también se colocó la gravedad de la situación de las mujeres desocupadas, que vienen soportando la disminución y la quita de las ayudas sociales, que significaban un aporte a los magros ingresos que las compañeras obtienen de trabajos precarizados. A su vez, como esta situación se agrava con el escaso conocimiento de las compañeras acerca del uso de elementos anticonceptivos, y de educación sexual en general, junto al desabastecimiento de insumos de este tipo en las salitas barriales y hospitales. Como conclusión se colocó la importancia de dar una batalla para desenvolver un movimiento de lucha independiente del Estado y sus agrupamientos, para generar una respuesta histórica por parte de la clase obrera a este ataque. Para ello se planteó la necesidad de que esta charla sirva como una instancia de reagrupamiento y organización socialista de las mujeres trabajadoras de la zona. Con este fin, y como primeras tareas, votamos asistir al Encuentro Regional de Mujeres que se realizará el próximo 14 de septiembre en Pilar, y desarrollar agitaciones con nuestra declaración en los principales hospitales, plazas y barrios de la zona.

En el día de ayer, comenzó el juicio por el femicidio de Nancy Fernández, asesinada por las redes de trata y narcotráfico del barrio Las Tunas, Tigre, que un año antes habían asesinado a su hija Micaela, de 13 años. Nancy y su familia era parte de la comunidad Yecthakay Qom, y desde hacía varios años habían denunciado que las redes de trata obligaban a prostituirse a su hija Micaela, quien el 17 de febrero de 2013 apareció muerta con un tiro en la cabeza en la casa del conocido proxeneta y narco, Dante “el Pato” Cenizo. Mientras Nancy exigía justicia por su hija fue violada y asesinada en su domicilio el 2 de febrero de 2014. El juicio continúa hoy, el jueves 5 y el viernes 6 de septiembre, a cargo de los jueces María Cohelo, Marcelo Gaig y Alejandro Lago, del Tribunal Oral Criminal N°7 (TOC7) de San Isidro. Más de 10 años después, se reabre en la justicia uno de los casos más emblemáticos de femicidio de una zona norte plagada de asesinatos a mujeres y adolescentes ligados a las redes de trata y narcotráfico del distrito de Tigre. Micaela Fernández tenía 14 años cuando la encuentran sin vida, con un tiro en la cabeza, en la casa del mencionado “Pato” Cenizo. Su madre Nancy, había denunciado tiempo atrás que su hija estaba siendo explotada sexualmente por ese conocido narco y proxeneta del barrio. Sin embargo, la causa del asesinato de Micaela fue caratulada como “suicidio” por el entonces fiscal Diego Molina Pico. “Cuando Nancy denunció al dealer por la muerte de su hija, los bonaerenses de la comisaría 6ª de El Talar la detuvieron, la amenazaron y la golpearon de tal manera que quedó internada durante dos días” (Página/12, 27/5/14). Casi exactamente un año después, Nancy aparece muerta en su domicilio y, a pesar de que se encontraba semidesnuda en su cama, de espaldas, violada y asfixiada, la científica de la Bonaerense dijo que se había suicidado. La zona norte del Gran Buenos Aires es conocida por sus enormes gastos en “seguridad”, particularmente el municipio de Tigre había instalado miles de cámaras, creado su propia policía local (COT) y destinado millones del presupuesto al reforzamiento policial. Sergio Massa, quién fue intendente y precursor de esta política, dijo en el debate presidencial del año pasado que “Tigre se transformó en 6 años en la ciudad más segura del conurbano” y hasta le valió el elogio del propio Javier Milei a su política de seguridad distrital. Sin embargo, en las narices de todo este despliegue secuestraban mujeres y adolescentes y las mataban sin que apareciera ninguna prueba de lo que les había sucedido. La hermana de Micaela, e hija de Nancy, hoy querella en el juicio que transcurre esta semana, contaba que “Mi hermana, antes de que la mataran, le dijo a mi mamá ‘no denuncies porque es al pedo, hay muchos policías involucrados, vos no te das una idea de todos los policías que vienen y me violan’” (AnRed, 30/8/24). La impunidad es el motor de vida de estas redes que siguieron operando y que menos de un año después del asesinato de Nancy, ocurrió el femicidio de Tamara López (21 años), quién fue buscada desesperadamente por su familia y vecinos por 10 días hasta que fue hallado su cuerpo enterrado en una zanja, cerca del Frigorífico Río Platense. “Según fuentes policiales, Micaela López tenía que declarar en una causa -por prostitución y drogas- en la que está acusado Dante Cenizo, alias "el Pato", preso por comercialización de estupefacientes. El hombre, de 42 años, había sido su pareja.” (La Nación, 26/1/2015). Luna Ortiz, Viviana Altamirano, Valeria Lopez son algunos de los nombres de los femicidios y desapariciones que tienen en común las ligazón con estas redes de explotación sexual y narcotráfico. Natacha Jaitt aparece muerta en una de las quintas de Benavidez señalada por familiares de víctimas como un lugar donde prostituían mujeres y adolescentes menores, luego de denunciar una red de pedofilia. Lo otro que tienen en común todos estos casos es la impunidad, no existe ningún detenido por ninguna de estas causas (Cenizo está preso solamente por narcotráfico), en el caso de Luna Ortiz, su femicida, Isaías Villarreal, anda suelto en el barrio de Benavídez, viviendo a 6 cuadras de la casa de la familia porque el mismo, TOC7 otorgó una perimetral casualmente solo por 500 metros. El último rasgo en común de todos los casos es la violencia ejercida contra los familiares de las víctimas por parte de todas las instituciones estatales. En el día de ayer, cuando se disponían a ingresar a la sala para comenzar el juicio por Nancy Fernández, los jueces no querían permitirle el ingreso a las acompañantes de su hija, querella en la causa y que tenía que testificar ese mismo día, por no ser familiares. “¿Qué familia puedo traer yo si a mi familia me la quitaron?”, explicaba a la salida del juicio Lisette. Lago, Cohelo y Gaig también extorsionaron en el juicio a la familia que de no frenar los cánticos y la radio abierta de organizaciones que se concentraron en la puerta, el juicio no iba a continuar. Estos mismos jueces, durante el juicio en el que excarcelan al femicida de Luna Ortiz, denunciaron a la familia por violentos, también por convocar a movilizar fuera de los tribunales lo que duró aquel proceso judicial. La concentración frente al TOC7 de San Isidro, en Av. Centenario 460, continuará todos los días hasta el viernes 6 de septiembre, dónde organizaciones sociales, indígenas, feministas, políticas y sindicales se congregan una vez más para reclamar justicia y el fin de este entramado de impunidad. Justicia por Nancy, Micaela y todas las compañeras asesinadas por narcos y proxenetas. Desmantelamiento de las redes de trata. Reforcemos la organización en todos los barrios, lugares de estudio y de trabajo. LEER MÁS: Hacia el 37° Encuentro Nacional de Mujeres Votemos un plan de lucha contra el gobierno liberticida e impulsemos la Organización Socialista de las Mujeres Trabajadoras, 14/08/2024.

Roberto De La Cruz Gómez, preso en el penal de máxima seguridad de Ezeiza tras las detenciones ocurridas en la represión del 12 de junio contra la Ley de Bases, ha iniciado una huelga de hambre desde el lunes 2 de septiembre. Junto a esta decisión presentó ante la jueza María Romilda Servini de Cubría una carta en la cual denuncia su situación judicial, en la que no existen pruebas en su contra ni motivos para extender la prisión preventiva, convertida así en una pena adelantada. Señala que su excarcelación ha sido rechazada tres veces por el juzgado y ahora depende de los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidir sobre su libertad en los próximos días. Servini de Cubría ha notificado que Roberto permanecerá preso, no por los delitos que se le imputan de aquel día, sino por el hecho de poseer antecedentes penales, lo que distorsiona completamente el significado de una prisión preventiva, puesto que no se sustenta de qué manera tener antecedentes penales sea un motivo que entorpezca la presente investigación – sólo se contempla en caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Las acusaciones en su contra no cuentan con ninguna base firme, según detalla Roberto en su propio escrito: “(...) toda la causa cuenta con declaraciones únicamente de personal policial y de ningún civil. También cuenta con una fotografía y ningún video de monitoreo en la que no se me ve con algún elemento ni arrojando nada al personal policial. Solo se ve que nos estamos cubriendo de balazos de goma y gases lacrimógenos que arrojó la policía del lado de la valla en donde se nos permitía protestar constitucionalmente” (Anred, 02/09). Anticipa que apelará la decisión de mantenerlo encarcelado y hace responsable de su integridad física, psíquica y de salud a la jueza Servini de Cubría. Roberto que toda la causa ha significado un ataque a su persona desde el momento que el gobierno de Javier Milei ha emitido un comunicado asegurando que los manifestantes detenidos eran “terroristas” y que se había detenido “un golpe de Estado”. Una acusación que no ha sido adoptada por la jueza. Junto a la huelga de hambre, organismos de Derechos Humanos han presentado un habeas corpus a raíz de vejaciones sufridas tras la visita de una delegación de organizaciones y representantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), en la cual se le hizo entrega a Roberto de alimentos y otros elementos para paliar la situación que atraviesa en el penal de Ezeiza, reflejada en múltiples oportunidades por otra presa política de Milei-Bullrich, la recientemente liberada miitante del MTR Daniela Calarco. El escrito presentado por las organizaciones del EMVyJ asegura que “tras ese encuentro, Roberto relata que fue llevado a parte para una requisa, que primero utilizaron el detector de metales para revisar si dentro de los paquetes de alimentos llevados por los organismos de DDHH para compartir, no había “nada raro”. Como no fue suficiente, abrieron incluso hasta los saquitos de té y tiraron la yerba para revolverla con la mano en la mesa. Luego de que Roberto les preguntara qué pensaban encontrar allí y de pedirles que no toquen la comida sin guantes, lo desnudaron”. Todo esto sin contar con la presencia de un médico en el lugar, lo que convierte la acción en un amedrentamiento a Roberto y su integridad. La justicia se ha visto obligada a dictar la libertad de todos los detenidos en aquella jornada del 12J, el desarrollo de la causa y las “pruebas” ofrecidas por el Ministerio de Seguridad han puesto sobre la mesa la brutalidad policial, la infiltración de policías de civil así como su responsabilidad en los “incidentes” de aquellos días utilizados como justificativo para imponer una brutal represión a las columnas movilizadas. Es el relato de un estado policial en desarrollo con el pretexto de toda movilización política que enfrente de cualquier forma sus políticas. Exigimos la libertad a Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Abajo el gobierno, arriba los que luchan. LEER MÁS: Liberaron a Daniela Calarco, presa política de Milei-Bullrich Por Joaquín Antúnez, 30/08/2024.

A partir de este miércoles, la UTA de Tucumán resolvió iniciar un paro por tiempo indefinido frente al despido que se concretaría en el día de hoy de 200 choferes de las 14 líneas de la capital. Los despidos podrían llegar a 400, pues la línea 11 ha anunciado que renuncia a la concesión y con ello 80 choferes quedarían en la calle. La misma suerte correría la línea 3, que ocupa una cantidad equivalente de choferes. La crisis en el sistema de transporte ha sido recurrente en los últimos años. El último conflicto se produjo en el mes de agosto cuando desde la UTA reclamaron elevar el salario básico inicial a 1 millón de pesos, como se había resuelto para los choferes del AMBA. La crisis actual asume una mayor gravedad, porque Milei decidió eliminar los subsidios provenientes de la Nación. Esto fue compensado parcialmente por aumento del subsidio proveniente de la Provincia y un aumento descomunal del boleto arriba del 100%. El mínimo urbano es de 690 pesos. El servicio se ha ido deteriorando, las frecuencias han ido disminuyendo, lo mismo el mantenimiento y seguridad de las unidades. En agosto los empresarios agrupados en la AETAT, plantearon que se debían normalizar las concesiones que ahora tienen un carácter precario. Además, el municipio de la capital debería aportar una parte sustancial de subsidios y el boleto mínimo debía ser llevado a 1500 pesos. El Municipio respondió con una serie de objeciones. Desde el gobierno de la Provincia llamaron a buscar un arreglo. En el medio se metió la interna del PJ con vistas a las elecciones de 2025, que involucra a la intendenta Chahla, frente a las preferencias de las patronales del transporte por la reelección del gobernador Jaldo. Las divergencias se trasladaron al Concejo Deliberante. Lo que une sin embargo a estas camarillas es el acuerdo en un feroz boletazo, que pagarán o dejarán de usar los 600 mil usuarios y los trabajadores del transporte.

Durante la semana del 26 al 30 de agosto, se realizaron las elecciones de 2 centros de estudiantes de la Universidad de Quilmes: CEEA (Economía y Administración) y CECyT (Ciencia y Técnica). Ambos estaban dirigidos por Alianza Universitaria (PJ). El CECSEA (Cs. Sociales y Escuela de Artes), el tercer centro que dirige, tendrá comicios el próximo año . El dato de la elección fue el triunfo de la Franja Morada (UCR) en el centro de Economía. La elección fue convocada con sólo diez días de anticipación y usada como campaña de distracción en un proceso de paros y luchas de la docencia y el personal de servicio. La agenda electoral de ambos bloques (Alianza y Franja) se redujo a promesas de gestión de los servicios de los centros. En esta ocasión, fue Franja Morada la que apuntó contra los lazos que unen a la Alianza con el Rector Alfonso, para proponer un centro “independiente de la gestión”. La mentira se cuenta sola: Franja Morada está enquistada tanto en la conducción de los centros de estudiantes de la UBA como en su Rectorado, controlado por el radicalismo de Yacobbitti y Lousteau . Estas elecciones expresan un marcado retroceso de Alianza Universitaria, que perdió un centro de estudiantes y casi pierde el otro. Sus aliados (La Cámpora, la CEPA) no movieron un dedo en su ayuda a la Alianza. En el caso del CECyT, Alianza perdió la mayoría absoluta en la comisión directiva. Si bien su derrota en el CEEA constituye un golpe a su política derrotista, el recambio de Franja Morada tampoco es un paso adelante. Esta agrupación arrancó el segundo cuatrimestre atacando el paro docente, al exigir “previsibilidad” de las clases a un sector en lucha. También adelantó que no convocaría a ninguna asamblea. De conjunto, se asiste a un relevo de la Alianza por Franja en el vínculo con el Rectorado. La izquierda universitaria, por su parte, ha cosechado tres secretarías en el CECyT, repartidas entre el FIT-U y el Nuevo MAS. Su campaña política se centró en “una secretaría al servicio de la lucha”, pero es claro que la lucha no ‘pasará’ por las secretarías, cualesquiera fueran. Estas elecciones estuvieron marcadas por la apatía del estudiantado. Entre las dos, sumaron alrededor de 1.200 votos sobre un padrón mucho mayor (cerca de 13.000 estudiantes). LEER MÁS: La huelga universitaria en la Universidad de Quilmes Por Alex R, 12/08/2024.

Docentes y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 36 se autoconvocaron este lunes para reclamar la construcción de un edificio propio. La convocatoria reunió también a otras escuelas del distrito con idénticos reclamos: obras paralizadas, falta de aulas y edificios para el normal funcionamiento en secundarias que llevan años sin respuestas. Al ritmo de los redoblantes se organizó un ruidazo sobre Avenida Altube, para luego marchar al Municipio y al Consejo Escolar. El ISFD N° 36 tiene dos sedes; una de ellas, en el edificio histórico de la Escuela Primaria (EP) N°2. Se trata de un edificio de más de 100 años que se ha deteriorado y cuya puesta en valor sigue pendiente después de varios años de “etapas” que poco han aportado a la resolución a los graves problemas de infraestructura que presenta y ponen en riesgo a la comunidad educativa. Hace más de un año, en una reunión de delegados, la directiva de SUTEBA José C Paz anunciaba que las gestiones realizadas habían logrado la donación de un terreno y el comienzo de la construcción de un edificio propio para el ISFD N° 36. Todo quedó en el anuncio. Hoy la comunidad se organiza para reclamar al municipio de José C Paz la donación de un terreno y al gobierno de la provincia el financiamiento de la obra. El ISFD N° 36 no es la excepción. José C Paz es uno de los distritos en peores condiciones de infraestructura de toda la provincia. El deterioro acumulado en décadas de abandono y hacinamiento es una papa caliente que los gobiernos se tiran unos a otros. En la movilización, las secundarias 17 y 25 se hicieron presentes con el mismo reclamo: necesitan un edificio propio al igual que decenas de escuelas del distrito. Los responsables de esta situación tienen nombre y apellido. El recorte que Kicillof lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires en consonancia con el gobierno nacional, golpea de lleno en la educación. Sin presupuesto no hay escuelas, salarios ni educación de calidad. SUTEBA, por su parte, es militante de la candidatura del gobernador en las próximas elecciones. Por eso, en el marco del debate por la esencialidad, más que nunca tenemos que salir a la calle para defender a la educación como derecho y no como servicio sin ninguna expectativa en SUTEBA y CTERA que son funcionales al ajuste. ¡Organicemos asambleas por escuela para llevar la lucha docente a las calles!

Milei representa el asalto al poder de las grandes corporaciones. Fue lo que reconoció, no por primera vez, ante las grandes patronales de la Unión Industrial: el “achique del Estado” no es otra cosa que destruir el sistema jubilatorio, rifar las empresas públicas y poner un tope a los salarios, como enseguida lo anunció el gestor de fondos privados, Luis Caputo, ministro de Economía. La catástrofe económica y social tiene un beneficiario – la clase capitalista y por sobre todo los bancos y fondos financieros acreedores de la deuda pública. Para ejecutar esta sangría, Milei tiene los votos del Congreso, que sancionó la ley bases y mantiene vigente el mega DNU/70. El conflicto por las jubilaciones obedece a un aumento de 15 mil pesos por mes, equivalente a dos kilos de tapa de asado. El escenario es muy claro: aumento descomunal del transporte; eliminación de las indemnizaciones por despido; vaciamiento del sistema universitario público y la educación estatal; encarecimiento extremo de los servicios de salud y comienzo de la destrucción del PAMI; cese de la construcción de viviendas populares y piedra libre a la suba de alquileres. Esta es la salida del capital, no de los trabajadores: reducción del impuesto a los bienes personales y monumental subsidio a las inversiones en litio, cobre, gas. Pero ¿es realmente una ‘salida’? Según Domingo Cavallo y el FMI, no. Si el gestor Caputo no procede a la eliminación del cepo, dicen, para que las grandes empresas puedan llevar sus ganancias al exterior, y a una devaluación del peso, Argentina entraría inevitablemente en default, o sea a otro golpe de estado económico, que se sumaría al perpetrado en diciembre pasado. Pero volver a devaluar el peso es también una ‘salida’ catastrófica. El gobierno de Milei sigue en pie por la colaboración que le prestan todos los aparatos políticos del país – desde el Congreso y sus partidos, los medios de comunicación, la Iglesia y por sobre todo el aparato sindical. En un gobierno que se reivindica ‘libertario’, sus principales recursos de poder son las “conciliaciones obligatorias” que las burocracias aceptan como un rescate para ellas mismas, y la policía, el gas pimienta y el espionaje. A través de la lucha, los trabajadores desenvuelven su experiencia acerca de este gobierno reaccionario y sus colaboradores ‘democráticos’ y se encaminan a superar la atomización política. Es necesario convertir a cada lucha en una palanca para desarrollar organizaciones de clase independientes, que darán sustento de masa a la consigna: Abajo el gobierno que llena “los bolsillos” de las grandes patronales.

El Ministerio de Capital Humano informó que, al 31 de marzo de 2024, el 91,77 % de los expedientes con fallos de actualización de haberes, favorables a los jubilados, tienen vencido el plazo de 120 días establecidos por ley para su liquidación. En el mes de julio la ANSES determinó separar el pago de la actualización del haber mensual del pago del retroactivo, postergado sin fecha definida. Según los jueces previsionales de la seguridad social, esta separación entre el pago del haber y el retroactivo es ilegal. ANSES abonaba, hasta ahora, unas 40.000 sentencias anualmente, de acuerdo con una partida establecida en el Presupuesto Nacional. Ahora, el gobierno anunció el pago “inmediato” de los haberes recalculados, pero no el pago del retroactivo correspondiente, diferido para una “segunda etapa”. El stock de sentencias, de este modo, no se reduce nunca, porque ingresan nuevos juicios y, además, los haberes mal calculados en las sentencias conducen a volver a litigar. Es el cuento de nunca acabar. Según datos oficiales, a diciembre del 2023, la cantidad de juicios en danza es de 277.000. La nueva ley de movilidad votada por el Parlamento y vetada por Milei establecía, además de un irrisorio resarcimiento del 8% por la inflación devengada en enero pasado -saltando la del 25% de diciembre de 2023- le otorgaba al gobierno un plazo ampliado de 180 días para saldar las sentencias. Destrucción de las jubilaciones Los juicos de reclamos jubilatorios son de larga data en nuestro país. Los fallos de la Corte Suprema de la Nación en los casos Badaro (año 2007) y Elliff (año 2009) produjeron una avalancha de juicios por parte de jubilados y pensionados. En el caso Badaro, por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006, y en el de Elliff donde se ajustó la variación de jubilaciones y sueldos que se tomaban como referencia para el cálculo de haber inicial. La mecánica propuesta por el macrismo en 2016 y votada en el Congreso por parte de la bancada del PJ -la llamada “reparación histórica”- fue llevada a cabo con la intención de culminar con los miles de juicios entablados por jubilados y pensionados por haberes mal calculados. Estos juicios eran una amenaza latente para los futuros gobiernos, en la medida que las exigencias en los acuerdos con el FMI era reducir drásticamente los gastos previsionales. Esta culminó en un fracaso y en una verdadera estafa dada la irrisoria cifra que la ANSES proponía pagar por lo adeudado, presionando para aceptar la oferta frente a la demora en años de la continuación de los juicios. Solo se acogieron 46 mil afectados de los más de 300.000 que litigaban. La cantidad de juicios fue en aumento con el correr de los años cada vez que se modificó la fórmula de movilidad. Solo en los últimos años, entre el 2017 y 2019 -gobierno macrista mediante- las jubilaciones tuvieron un deterioro del 19.5%. Cuando asumió Alberto Fernández se suspende la fórmula y se otorgan aumentos por decreto, donde los haberes más altos sufren una pérdida mayor que los haberes mínimos. Luego con una nueva fórmula de movilidad siempre los haberes perdieron frente a la inflación, en el 2022 perdimos el 11,5%. En el 2023 la pérdida fue del 32,3%. El FMI y los gobiernos de turno, con la complicidad de los partidos de la “casta” y de una burocracia sindical, han llevado adelante un verdadero trabajo de demolición contra los jubilados. Han convertido a la jubilación -un salario diferido- en una miserable pensión a la vejez. Los liberticidas en el poder tienen en carpeta la privatización del régimen jubilatorio en beneficio de los pulpos financieros de los seguros. LEER MÁS: Milei a la UIA, luego del veto: “Vinimos a achicar (las jubilaciones) para agrandar el bolsillo de ustedes” (las grandes patronales) Nota de tapa de Política Obrera edición impresa N°103, 04/09/2024. Hay que vetar a Milei Las burocracias sindicales colaboran con el liberticidio. Por Jorge Altamira, 02/09/2024. Jubilados: el pago (no tan) “inmediato” de los juicios por reajuste encubre una nueva confiscación Por Jacyn, 09/07/2024. VER LAS SIGUIENTES ENTREVISTAS: Jorge Altamira en "Enlace Universitario" por Radio Universidad de Mar del Plata (4/9/24) Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera. Marcelo Ramal en FM 95.5 Concepto (29/08/2024) Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

A Emmanuel Macron le llevó siete semanas encontrar un candidato a primer ministro, luego de las elecciones adelantadas a la Asamblea Nacional. Ese adelanto fue precipitado por el derrumbe del partido del presidente en los comicios al parlamento europeo, cuando quedó en tercer lugar, con el 12 % de los votos, detrás de la ultraderecha gala, Reagrupamiento Nacional (RN), y el Nuevo Frente Popular (NFP). Gracias a los votos cedidos por la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones a la AN, con el pretexto de bloquear a la RN, la formación de Macron logró el segundo lugar, con 163 legisladores, atrás del NFP, que reunió 182 escaños. En lugar de investir como “premier” a un candidato del NFP, Macron escogió a un viejo político conservador, Michel Barnier, del partido Republicanos, la desgastada corriente derechista del gaullismo, que obtuvo el cuarto lugar con escasos 70 legisladores. Con anterioridad a esta maniobra de futuro incierto, Macron había logrado consagrar a la presidenta de la AN, luego de cuatro votaciones, frente a un desafiante ‘moderado’ del partido comunista, lo que demostró la escasa voluntad de la oposición parlamentaria a entregar la dirección de la AN a un representante de la izquierda y a desencadenar una crisis del conjunto del régimen político, o sea a una renuncia de Macron, cuyo mandato vence en 2027. Como fue explicado en Política Obrera el NFP es un conglomerado que reúne a partidarios del régimen sionista y de la OTAN, con adversarios verbales de la masacre en Gaza y un neutralismo no definido frente a la guerra de la OTAN y Rusia por el control de Ucrania y del Asia Central. El NFP en ningún momento convocó a movilizaciones populares para que se respete el resultado de las elecciones, aun cuando cuenta con el apoyo de la CGT y federaciones sindicales. Lo que hizo, en cambio, fue nominar para primera ministra a una funcionaria ignota de la Intendencia de Paris, con la expectativa de atraer la colaboración del bloque oficialista. EL NFP integra la variedad de corrientes de izquierda que se han adaptado al capitalismo, en especial en este período de crisis y de guerra. Michel Barnier no precisa una confirmación de la AN para comenzar su gestión de gobierno, pero esto no significa que la nominación no hubiera sido consultada con el RN. Como el parlamento puede derribar al gabinete por medio de un voto de censura, la continuidad de Barnier depende de los votos ultraderechistas. El acuerdo alcanzado fue reconocido tanto por Macron como por Marie Le Pen, la líder de RN; los primeros candidatos convocados por Macron no pasaron el veto de la ultraderecha; ésta, por su lado, ha anunciado que no obstruirá la formación del gobierno, con atención a las prioridades que anuncie la nueva gestión. Para resumir este culebrón, el adelanto electoral para hacer frente al avance de la ultraderecha en las elecciones europeas ha acabado en un gobierno presidido por un derechista y aprobado por la ultraderecha. Alcanzado este objetivo, las apuestas por un éxito de la gestión de Barnier están muy cerca de cero. Un fracaso de Barnier que sea seguido por el fracaso de su reemplazante determinará la renuncia de Macron. La designación de Michel Barnier, de todos modos, no es caprichosa ni arbitraria. Con un déficit fiscal del 8/10 % y una deuda pública equivalente al ciento por ciento del PBI, Francia ha sido convocada por la Comisión Europea a discutir un fuerte ajuste, de lo contrario dejará de ser asistida por el Banco Central Europeo. Barnier deberá ocupar el lugar del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, cuando la crisis griega, en la que él ocupaba en esos años el lugar de la Troika, formada precisamente por la Comisión Europea, el FMI y el BCE. Al igual que Alemania, Macron quiere salir de la crisis capitalista en Francia mediante la militarización de la economía. Bajo el ropaje de la maniobra política se juega una crisis de fondo, en un país movilizado contra los ajustes de la previsión social, los salarios y los despidos. A madame Marine Le Pen, la crisis la mete en un callejón sin salida, esto porque su campaña electoral tuvo por eje el aumento del gasto social y la anulación de la reforma jubilatoria de Macron, que aumentó la edad de retiro. Como dice La Marseillesa: “Allons enfants de la Patrie…les Jours de Gloire sont arrivées. Marchons, marchons” – adelante jóvenes patriotas... los días de gloria han llegado. Avancemos, avancemos...”.

Hace algún tiempo, el kirchnerista Axel Kicillof llamó la atención al advertir que el peronismo debía “tocar una nueva partitura”, después de la crisis terminal del gobierno de los Fernández y la victoria electoral de la pandilla libertaria. Se refería a la intención de acompañar al “golpe de estado económico” que la gran burguesía comenzaba a reclamar en las vísperas de los comicios 2023, cualquiera fuera su ganador. En el documento publicado en el día de ayer, la “nueva partitura” es colocada en el atril por la jefa del kirchnerismo , después de advertir sobre el estallido inminente de una nueva crisis de deuda. Pero como salida a esa crisis, Cristina le reclama al peronismo que avance sin disimulos en la adopción de una agenda reaccionaria . Bimonetarismo Desde el título de la carta, CFK vuelve con su latiguillo de la “economía bimonetaria”, que sería el resultado de una fatalidad cultural o sociológica propia de la idiosincrasia argentina. Pero las monedas “buenas” y “malas” existen desde que los ingleses raspaban sus libras de oro en el siglo XVI, para que las monedas fingieran valer más de lo que pesaban. Inglaterra resolvió esa “escasez de dólares” con una revolución; Cristina Kirchner quiere afrontarla con una devaluación monetaria, para terminar con el “país caro” y reunir los dólares para pagar la deuda. Según Cristina, al mal del “bimonetarismo”, a la Argentina se le “agrega” (sic) el del “endeudamiento geométrico”. Pero el primer mal -la disolución de la moneda nacional- es el resultado del segundo -la bancarrota financiera del Estado, que es consecuencia del crecimiento explosivo de la deuda pública-. El kirchnerismo, con sus canjes y refinanciaciones sucesivas, aportó decisivamente a esa bancarrota entre 2005 y 2015. CFK echa una pincelada de alquitrán sobre la gestión del gobierno anterior, que ·” convalidó la deuda de Macri con el FMI” y “mal administró superávits comerciales excepcionales”. El balance olvida al mayor de los parasitismos de la gestión de los Fernández: la pretensión de crear un “mercado local de deuda”, un intento de rescatar al peso argentino a costa de asegurarle a los especuladores locales e internacionales una prima extraordinaria. Los rendimientos de esas colocaciones financiaron la fuga de los “superávits excepcionales”. La crisis de ese esquema, con la renuncia de Guzmán y la corrida cambiaria de 2022, dio lugar a una variante todavía más desembozada de rescate de la deuda acumulada por el Tesoro y el Banco Central. En este caso, a cargo de Sergio Massa y bajo la bendición de CFK . La indexación regular de precios, tarifas e intereses de deuda fue acompañada por la desindexación de salarios y, sobre todo, jubilaciones. La fundición de ese régimen económico le abrió las puertas a la experiencia libertaria. Salvar las “conquistas” de Milei Ahora, y con manifiesta tardanza, CFK sale a advertir lo evidente: el agotamiento de la operación financiera montada por Caputo y Milei en diciembre pasado. Señala lo conocido hasta el cansancio: el carácter ficticio del “equilibrio fiscal” oficial o la contradicción de un gobierno liberal aferrado a un cepo cambiario. Pero la carta de CFK advierte sobre un defolt en puertas, a partir de la imposibilidad de cumplir con los compromisos de deuda que resultan de los canjes negociados por su ex “pollo” Martín Guzmán, de un lado, y de las nuevas hipotecas asumidas por Caputo en tan sólo siete meses. En otro plano, la expresidenta se desayuna -pero a media mañana- de la “infancia que se duerme sin cenar” o los “jubilados apaleados”. Para un escenario donde las cosas van “muy mal”, los palos más ostentosos de la carta quedan reservados, sin embargo, para el propio peronismo. Esta crítica le sirve de excusa para tocar la “nueva partitura”. Por caso, advierte sobre “una nueva realidad de las relaciones laborales, donde los trabajadores registrados en la actividad privada no sólo son minoría, sino que además sólo el 40 % de ellos está sindicalizado”. Como todos los defensores de las reformas laborales, CFK presenta a la precarización laboral como una fatalidad de la historia, y no como la consecuencia de una relación de fuerzas entre el capital y la clase obrera. En esa lucha de clases, y en la pérdida de conquistas obreras, la burocracia sindical ha jugado un papel tan importante como nefasto. CFK se ocupa de eximirla: “La consecuencia objetiva (de esa informalidad laboral) es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo, ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”. Otra vez, la expresidenta recurre a una razón “sociológica” para explicar esa pérdida de representatividad. No, Cristina, es al revés: la burocracia sindical es detestada por los obreros por su complicidad de décadas con el trabajo en negro, las paritarias a la baja, los despidos y suspensiones. Como en la época en que se calzaba el gorro del “sindicalismo que construye” (Pedraza), CFK repite el libreto de los burócratas, que se presentan como víctimas del escenario laboral que ellos mismos contribuyeron a edificar. Por sobre todas las cosas, la admisión de la “informalidad” laboral como dato irrevocable es el gran argumento de todos los que impulsaron y votaron la Ley Bases: el trabajo precario es una realidad, dicen; lo que hay que hacer es legalizarlo, con monotributismo, contratos precarios o la rotación permanente en el puesto de trabajo. En materia de inversiones y movimientos de capitales, Cristina pretende diferenciarse de las gestiones de Macri o Milei al señalar que éstos sólo han logrado “movimientos golondrina”. A ello, le opone las inversiones petroleras de Chevron o Petronas en Vaca Muerta, en los tiempos de Galluccio y Kicillof. Pero al pactar esas inversiones, el kirchnerismo fue el precursor del RIGI mileista -es decir, un régimen de evasión garantizada de divisas al exterior en materia de exportaciones y de utilidades. Vaca Muerta ya ha cumplido una década y el país no ha superado la “escasez de divisas”. (sic, CFK) Hace demasiado tiempo que la “salida exportadora” argentina sólo opera como engranaje del capital financiero y del sistema de la deuda -en rigor, desde la llamada generación del 80 idolatrada por Milei-. El RIGI no ofrece una ruta diferente, pero tampoco Cristina Kirchner. Para reciclar al peronismo, CFK le reclama a los suyos “abandonar al viejo modelo del Estado omnipresente”, un guiño a las privatizaciones abiertas, también, por la Ley Bases y el DNU 70. Convoca también a “superar el consignismo (sic) de la desigualdad social y el gatillo fácil en materia de seguridad”, es decir, a meter primera en la agenda de militarización del Estado. Completando el panorama, nos recuerda que “el trabajo es un derecho, pero también un deber”, por lo que “es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume”. En este caso, la expresidenta extiende la mano a la inefable Pettovello, que niega la subsistencia a aquellos a quienes también niega el derecho al trabajo. La “obligación de trabajar”, en ese caso, es el ingreso compulsivo al trabajo precario o, alternativamente, la liquidación del derecho de huelga. Significado Cristina Kirchner no ha descubierto nada en relación al impasse económico y político del gobierno libertario. Advierte sobre un default que el capital financiero entrevé desde hace rato. Mira de reojo a una reacción popular que ya ha comenzado, a pesar del inmovilismo de las direcciones sindicales y sociales que responden al kirchnerismo. ¿Cuál es el propósito, entonces, del documento de Cristina? Ante la variante de un colapso libertario, Cristina le envía al gran capital y al imperialismo un mensaje claro: el peronismo respetará las “conquistas” antiobreras y reaccionarias del interregno Milei-Caputo. La “nueva partitura”, exhibida en este texto por Cristina, tiene intérpretes diversos: los Pichetto, Yacobitti y los gobernadores pejotistas, además de la burocracia de la CGT. Es el arco político que discute la letra chica de la Ley Bases, que deja en pie al DNU 70 y que se apresta a consolidar el vaciamiento de las universidades. La carta de Cristina es una tentativa por remontar el abismo político del peronismo, que se ha acentuado por su colaboración con el gobierno de Milei . Los agentes políticos y sindicales del kirchnerismo confunden su propio repliegue político con la condición más general de los trabajadores. Pero la temperatura de la inquietud popular no cesa de subir, y buscará una expresión política independiente a la de los cómplices fracasados de Milei. LEER MÁS: Cristina Kirchner le ofrece a Milei una coalición política alternativa Por Marcelo Ramal, 14/02/2024.

Entre las 5 de la mañana y las 14 horas de hoy, no salieron los vuelos de Aerolíneas Argentinas de Aeroparque ni Ezeiza, por una huelga convocada por APLA, la Asociación de Pilotos. Además, se plegaron a la medida la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). El paro es por un largo reclamo de aumentos salariales, que comenzaron con asambleas y que ya agotaron la instancia de la conciliación obligatoria. La semana pasada los trabajadores habían realizado asambleas de tres horas en Aeroparque, Ezeiza y aeropuertos del interior como Mendoza y Córdoba. El gobierno las denunció como una medida de fuerza encubierta. El contundente paro aeronáutico de hoy es también una respuesta al anuncio del vocero oficial de que se descontarían desde $50.000 hasta $150.000 del sueldo de los trabajadores por las asambleas de la semana pasada. Un “salvaje” atraso salarial El motivo del conflicto es el *impasse *de las negociaciones entre Aerolíneas Argentinas (AA) y los gremios de aeronavegantes por las paritarias. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, sostuvo: “Después de meses de intensas negociaciones y de poner todo nuestro esfuerzo para evitar este conflicto, no tenemos más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde con la inflación”. Y agregó: “Necesitamos una propuesta seria y acorde con nuestras demandas de recomposición salarial”. Los gremios aeronáuticos venían aceptando acuerdos a la baja durante todo el año. El atraso salarial, según el propio Brey, es de un 72 % comparado con la inflación acumulada desde noviembre pasado hasta hoy. Brey expresó que las propuestas de AA, en las mesas de negociaciones que realizaron el lunes y martes pasados por las paritarias, fueron “una falta de respeto”: Aseguran que la empresa ofreció 3,5 % de aumento en junio, 3 % de julio y subas por productividad. También afirmaron que habrá penalizaciones por estas medidas. El Gobierno dejó en claro que, detrás del conflicto salarial, la discusión de fondo es la privatización de Aerolíneas Argentinas, de Intercargo y de todas las rutas comerciales. El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, dijo, frente a los máximos dueños de las empresas organizado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACILAC), que “no vamos a ceder ante la extorsión”.

Madanes Quintanilla, el dueño de FATE y Aluar, entre otras empresas, aplicó descuentos salariales ilegales y abusivos a los delegados de base de su fábrica de neumáticos. Descontó hasta el 50 % del salario a los delegados que trabajaron normalmente durante la primera quincena de agosto y que la patronal desconoce porque los delegados, en vez producir cada minuto para la patronal, llevaron adelante tareas gremiales para la cuales fueron votados por los propios trabajadores. Este nuevo ataque a los trabajadores y a la organización gremial de base está enmarcado en la política de hostigamiento permanente de Madanes para quebrar al colectivo obrero y allanar el camino para una reorganización productiva total que implica despidos masivos, destrucción del convenio colectivo y del salario con el fin de aumentar la productividad del trabajo y la tasa de explotación a costa de la salud de los trabajadores. La represalia económica contra los delegados de base se produce en un momento de una aguda lucha contra el PPC trucho , los despidos arbitrarios y una negociación paritaria en la cual FATE, a diferencia de Pirelli y Bridgestone, ofrece 0 % de aumento de salario para obligar a los trabajadores, por medio del hambre, a aceptar una rebaja salarial. Desde Política Obrera denunciamos esta política antisindical y persecutoria de Madanes Reiteramos nuestro planteo de crear las herramientas para una huelga general en toda la industria, mediante asambleas, preparación de piquetes y la organización de coordinadoras zonales. LEER MÁS: “A la ofensiva liberticida y a las patronales las podemos derrotar” Por Jorge Altamira, 18/07/2024.

Finalmente, Jorge Macri firmó con Milei el traspaso de las 31 líneas de colectivos que circulan solamente en la Capital Federal. La Ciudad, por su parte, continuará pagando la parte del subsidio que hasta ahora correspondía a Nación -7.000 millones de pesos aproximadamente- y se mantendrá el precio del boleto. El gobierno de CABA se hará cargo, incluso, del costo del boleto integrado -otros 1.500 millones de pesos-, aunque sólo “por ahora”. En efecto, Jorge Macri analiza dos opciones: el tarifazo de los colectivos o un aumento de impuestos locales que financien la diferencia entre costos y precios; ocurrirá obviamente lo primero, en línea con bajar los gastos estatales. El gobierno nacional accedió a traspasar todas las atribuciones concernientes al manejo del transporte público a la Ciudad, para incluir la responsabilidad por el aumento del precio del boleto. El “pacto” entre Macri y el gobierno de Milei debe ser ratificado por la legislatura porteña, donde el Pro tiene mayoría de votos. El día anterior al anuncio, Economía ordenó girar a la Ciudad el 2,8 % de coparticipación a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, para lo cual emitirá nueva deuda del Tesoro. Esto motivó que Kicillof argumentará que CABA continuará con los subsidios porque en realidad “los paga Milei” (Página 12, 4/9). Caputo también llevó a cero las partidas para el resto de los distritos (La Nación, 2/9). Pero Kicillof advierte que no puede cubrir el costo del boleto integrado que hasta ahora cubría Nación, que será pagado por los usuarios de Provincia. El boleto integrado consiste en los descuentos del 50 y 75 % en combinaciones de viaje en colectivos, trenes y subtes dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje. Caputo arregló con Jorge Macri a partir de los acuerdos de Milei con Mauricio Macri, para también golpear a la administración kirchnerista en la Provincia. De todas maneras, no queda claro cómo seguiría funcionando el boleto integrado, ya que el sistema de transporte del AMBA quedará fragmentado en tres sistemas paralelos –el de CABA, el de Buenos Aires y el Nacional-. En la Ciudad se deberá implementar todo un sistema de fiscalización y de regulación que hoy no existe, pero además se deberá poner en funcionamiento el ente tripartito compuesto por Nación, CABA y la provincia: la Agencia de Transporte Metropolitano, a fin de ensamblar y coordinar esta balcanización del sistema de transporte. De fondo, un tarifazo del transporte pondría en riesgo el funcionamiento de la economía, ya que para muchos trabajadores se haría inviable la posibilidad de costearse el pasaje. En las encuestas de opinión sobre el tema, fue creciendo el porcentaje de gente que vislumbra la posibilidad de tener que renunciar y buscar otro trabajo por el costo del transporte, si no condice con un salario, que hoy se encuentra virtualmente congelado. LEER MÁS: El súper tarifazo en el transporte de pasajeros Milei-Caputo ordenan cese de subsidios. Por Aldana González, 28/08/2024. Milei defoltea a Macri Por Jacyn, 10/08/2024. La madre de todos los tarifazos: Caputo aumenta el boleto y transfiere el transporte de colectivos a Macri y Kicillof Además le concede a Galperin el negocio del pago del boleto con medios electrónicos. Por Aldana González, 08/08/2024.

El paro del jueves 5 de septiembre tuvo una adhesión dispar entre los docentes de la UBA: fue importante en los colegios preuniversitarios y en el CBC, pero en las facultades fue bastante más baja. Este descenso en el nivel de adhesión con respecto a la última medida de fuerza no tiene que ver con una falta de malestar -que, por el contrario,es muy fuerte- ni con una escasa predisposición a parar por parte de la docencia, que fue muy grande en las semanas previas. Se debe, ante todo, a la función desorganizadora que están jugando las centrales sindicales y los rectores, que han encorsetado la lucha universitaria para encausarla en el reclamo parlamentario de la aprobación de la ley de financiamiento universitario. Es una vía muerta, porque el proyecto no dispone aumento salarial ni presupuestario alguno, sólo es una "encomienda" al gobierno para que lo haga, algo que desde luego no piensa hacer y que, además, piensa vetar si el Senado lo aprueba. El paro de esta semana fue convocado por Conadu y Conadu Histórica; las federaciones de la CGT no llamaron a ninguna acción. Fue flojo desde su propia convocatoria, ya que tenía como reclamo principal la aprobación de la ley y la movilización al Congreso el día de su tratamiento, prevista inicialmente para el 5/9. Pero como la sesión del Senado se postergó, se generó confusión acerca de si la medida se mantenía o no. Finalmente, las centrales decidieron ratificarla, pero sin una gran difusión. Tampoco hubo un gran trabajo previo de preparación de la jornada por parte de los gremios. La concentración realizada frente al Congreso fue reducida. Se hizo una radio abierta en la que participaron docentes nucleados en AGD, una delegación de Conadu Histórica, la interna no docente de Sociales, autoconvocados de la UNSAM, entre otros activistas. El calendario electoral dispuesto por las autoridades de la UBA para esta semana, también conspiró contra la adhesión a la medida de fuerza. En las Facultades, todos los bloques políticos que votaron la ley de financiamiento en Diputados (radicales, peronistas, FITU) parecían más interesados en conquistar votos que en impulsar el paro por su aprobación. A pesar del derrumbe brutal de los salarios y el ataque extraordinario que está sufriendo la universidad, entre las agrupaciones reinaba un clima de normalidad y de rutina electoral. Lo ocurrido esta semana refleja el *impasse *al que se ha llevado la lucha universitaria. Es necesario romper con esta orientación desmoralizadora y desgastante, exigiendo en primer lugar, la urgente convocatoria a una nueva marcha universitaria a Plaza de Mayo y todos los centros políticos del país.

En la escuela secundaria N° 3 de Lagomarsino, distrito de Pilar, se escuchó una de las noticias más dolorosas en la vida de una comunidad educativa: un estudiante de 1° año fue atropellado por un camión en la puerta de la escuela minutos antes de ingresar a su jornada en el turno tarde. Esta escuela, situada en un populoso barrio de Pilar, comparte la cuadra con la escuela primaria 24, a metros de la ruta 26, Beliera es una calle asfaltada y en regulares condiciones de transitabilidad comparada con el resto de las que caminan a diario nuestros alumnos y docentes del distrito; es por eso que es vía obligada de vehículos particulares y de carga transformándose en horas picos, entrada y salida de los alumnos, en un peligro latente para la comunidad educativa. Mas allá del dolor por la pérdida de un niño, es imperioso analizar el porqué de una muerte totalmente evitable. Lo que parece una tragedia es, a todas luces, con una mirada más atenta, el resultado de una concatenación de impericias e inacciones del Estado en su conjunto, como la ausencia de veredas en los barrios, zanjas con aguas servidas, sin entubar; nulos controles viales en adyacencias de las escuelas, principalmente en la entrada y salida de los alumnos, entre otros. La tragedia se transforma en negligencia estatal, provincial y municipal: pudo haberse evitado si agentes del tránsito municipal cortasen por unos minutos el tráfico para una entrada segura de los alumnos. Una vez más, es el hijo de una familia obrera que paga con su vida los constantes ajustes en las partidas presupuestarias para obras de infraestructura en los barrios, mejoras edilicias, mejores transportes públicos, etc. El ajuste del gobierno nacional que azota nuestra clase es implementado por una red de gobernadores e intendentes de variopintos partidos políticos. Aquí no hay grieta que valga, todos son agentes del capital privado. Al cierre de la redacción de esta nota, padres y vecinos de la comunidad trasladaron su bronca e indignación a la Ruta 26 y Beliera, cortándola en ambos sentidos, bronca que, en un primer momento, se volcó hacia la escuela, poniendo incluso la seguridad de los propios docentes y auxiliares en peligro ante un evidente desborde de la multitud. Las autoridades distritales, en una actitud irresponsable, decidieron que la escuela abra sus puertas a lo que dé, alegando que los docentes “somos profesionales” y parte de nuestra tarea es bancarse cualquier contexto laboral, haciendo cumplir horario a trabajadores de la institución e invocando la premisa sostenida desde el Gobierno de Kicillof, “la escuela abierta” a cualquier costo. Las familias obreras, alumnos, docentes, auxiliares, somos víctimas del ataque permanente del gobierno, del ajuste presupuestario y del vaciamiento de las medidas de seguridad vial mínimas para que las tragedias como estas no pasen; es la contra cara de este régimen social podrido y en decadencia.

A menos de dos meses para las elecciones que tendrán lugar el último domingo de octubre, las encuestas ratifican al Frente Amplio como el favorito. El Partido Nacional no ha dejado de perder intención de voto desde que saliera malherido de las internas, cuando el candidato Álvaro Delgado anunció a la ex sindicalista municipal Valeria Ripoll como su compañera de fórmula, en medio de un desconcierto generalizado. Si hay que creer en las consultoras, existiría un marcado desplazamiento de votos blancos hacia el partido colorado, que ha experimentado un crecimiento de algunos puntos en las preferencias. En una entrevista televisiva, el jefe de campaña del FA recordó que, en 2004, Tabaré Vázquez nombró a Danilo Astori como ministro de Economía en Washington, durante una gira. Todavía faltaba para las elecciones, pero estaba descontado que las iba a ganar la coalición centroizquierdista y que, por primera vez en la historia, ésta accedería al gobierno. El mencionado jefe de campaña afirmó que esto fue así porque el FA tenía que “dar ciertas garantías” en los círculos del imperialismo: “(Yamandú) Orsi no tiene necesidad de eso. La garantía es el candidato” (Alejandro Pacha Sánchez, senador del MPP de José Mujica, en Séptimo Día, 1/9). Toda una definición. Este martes, Yamandú Orsi, el candidato del FA, durante un encuentro con la B'Nai b'rith y el Comité Central Israelita del Uruguay, dijo estar dispuesto a declarar a Hamás como una organización terrorista. Un calco de los movimientos y promesas de Sergio Massa durante su campaña el año pasado. La última perla en el collar de agachadas ante el sionismo, Orsi también repudió a las compañeras que, en la marcha del 8M, habían llevado pancartas y muñecos repudiando el genocidio del Estado de Israel en Gaza, contra las cuales el Comité Central Israelita en una denuncia penal que no tuvo andamiento en la justicia. Plebiscito Junto a la elección presidencial, se desarrollarán dos plebiscitos. Uno impulsado, entre otros, por el PIT-CNT, la central obrera, contra la reforma de la seguridad social; y otro, referido a una reforma constitucional que permita la realización de allanamientos nocturnos. El plebiscito impulsado por la central sindical PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) y la FUCVAM (Cooperativas de Vivienda), se centra en tres puntos: restablecer la edad de retiro en los 60 años (que la reforma jubilatoria reciente del gobierno de Lacalle Pou llevó a 65), equiparar el monto de las jubilaciones y pensiones mínimas a valor del salario mínimo nacional, lo que implica un aumento inmediato de unos $ 4.000 pesos uruguayos (cien dólares) para algo más de 300.000 jubilados. Y, finalmente, eliminar la Afap, es decir, las administradoras de fondos de pensión privadas, que hoy ya manejan un fondo que supera los 24.000 millones de dólares. Según la última encuesta de una de las principales consultoras, el apoyo al plebiscito recoge un 53% de adhesión. Algunos aspectos, como el aumento de las pasividades más bajas, llegan a contar con un 80% de apoyo en las encuestas. Uno de los coordinadores del programa de gobierno del Partido Nacional escribió una nota titulada “Olor a Brexit”, previniendo que era “una actitud temeraria” sostener que no va a ganar el plebiscito simplemente porque la mayoría del arco político se haya pronunciado en contra, recordando que, en 2016, la élite política y económica británica estaban en contra de abandonar la Unión Europea, pero la mayoría de los votantes se manifestó a favor. Hace un tiempo, José Mujica, queriendo desmarcarse de la consulta popular, había dicho que era como “afeitarse con un hacha”. El ex presidente Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado, advirtió: "Si triunfa el plebiscito, esa misma noche se muere el Uruguay de las certezas y empieza el Uruguay kirchnerista" (El Observador, 4/9). Se ha puesto en movimiento una furiosa campaña de parte de todo el espectro político, desde el gobierno hasta sectores del Frente Amplio, en especial su fórmula presidencial y obviamente todas las cámaras empresariales y sus medios a disposición. El pronunciamiento de los 111 Esta semana salió a la luz un documento firmado por 111 técnicos y académicos frenteamplistas que abiertamente atacan el plebiscito y convocan a votar NO. En realidad, para ser precisos, convocan a no ensobrar la papeleta blanca del SI, porque en los plebiscitos de reforma constitucional no existe una papeleta del NO. Para votar NO, basta con no poner la papeleta del SI. Esto significa que no hay forma de abstenerse. Entre los firmantes del documento hay figuras importantes de la coalición centroizquierdista, sobre todo ex ministros de economía de los gobiernos del FA y actuales legisladores de esa fuerza política. La indignación que recorre a la base del FA en estas horas es elocuente en redes, donde los firmantes son repudiados ampliamente. Cabe mencionar que la fórmula del Frente Amplio ya había anunciado que no ensobraría la papeleta, en un claro llamado a boicotear el plebiscito, pero en un intento por sellar un acuerdo entre los sectores que apoyaban y los que no, resolvieron la llamada “libertad de acción”, un sin sentido que en realidad daba vía libre para realizar campaña en contra de la iniciativa. Esto es precisamente lo que hacen los 111 “técnicos”. Entre los firmantes se encuentra nada menos que Gabriel Oddone, ex directivo de la consultora CPA Ferrere (una de las principales en el sistema financiero uruguayo) y un hombre vinculado al Banco Mundial. Oddone ha sido nominado para el cargo de ministro de Economía en caso de que el FA se imponga en las urnas. Este tema ha embretado especialmente al Partido Comunista que apoya el plebiscito y, según informa el semanario Búsqueda (5/9), se ha visto obligado a denunciar que el documento de los 111 “violentaba” la famosa libertad de acción: “A varios sectores e inclusive al comando de campaña del candidato Yamandú Orsi les molestó la “oportunidad” del documento. “Flaco favor le hicieron a quienes estamos en contra de la reforma, y también a la campaña del Frente Amplio. No sé cómo no se dieron cuenta de la torpeza política”. Esta confidencia es difícil de tragar. Es improbable que el “Pacha” Sánchez y el MPP -que tiene la manija de la campaña de Orsi- desconociera esta jugada. Más bien parece que acomodan el cuerpo ante la indignación que han recogido los 111 de parte de su propia base. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT y dirigente del PCU fue el único orador en el acto lanzamiento de la campaña por el SI el miércoles 4. El tono fue más que elocuente: en su discurso fustigó “A los detractores de la iniciativa como parte de un “Olimpo” tecnocrático y “muchas veces soberbio”. Ese grupo, afirmó, defiende los “privilegios de una minoría” mediante un “totalitarismo de los medios” (Búsqueda 5/9). El PCU se deja devorar por los mitos que él mismo ha creado. Es que llaman a votar por Orsi, el mismo candidato de los “tecnócratas” que defienden los privilegios de esa minoría. Antes que nada, este estado de cosas los autoinculpa. Los partidos de la izquierda tradicional, integrantes del FA, es decir el Partido Socialista y el Comunista, han quedado en una posición comprometida. Primero, Carolina Cosse, la ex intendenta de Montevideo y actual candidata a vicepresidenta, quien había firmado por el plebiscito (para habilitar la consulta en octubre era necesario reunir las firmas del 10% del padrón electoral) anunció, luego de un prolongado silencio, que no iba a votar la papeleta del SI. El Partido Comunista ha llevado el juego de dualidades más lejos, pues ha establecido un acuerdo electoral para el Senado con sectores que firman el documento del 111, como Pablo Ferreri, un economista que proviene del ala derecha del FA. Una operación política imposible. Frente de Trabajadores Desde el Partido de los Trabajadores hemos estado presentes en cada etapa de esta campaña. La hemos impulsado a fondo y caracterizado como una verdadera grieta de clase. Nuestro último volante pone como subtitulo “TENEMOS UNA OPORTUNIDAD”. Un triunfo del plebiscito sería un golpe demoledor al conjunto del régimen político. No cabe ninguna duda. Los banqueros están desesperados porque pueden perder el control de más de 24.000 millones de dólares -que deberían ser puestos al servicio de un plan económico y social de la clase obrera, lo que supera los métodos plebiscitarios o electorales, y requiere colocar la cuestión del poder (gobierno de trabajadores). En las bases obreras existe una verdadera indignación, y el activismo se ha puesto en movimiento negándose a que el gran acuerdo de la centroizquierda con la derecha le hunda la oportunidad de imponer un golpe a las AFAP y el régimen de los banqueros. El acuerdo electoral que establecimos junto a otros grupos de izquierda denominado Unidad Popular-Frente de Trabajadores, es prácticamente el único de los once lemas electorales que ha declarado su apoyo al plebiscito del pueblo. La fórmula presidencial que integra nuestra compañera Andrea Revuelta, ha estado presente en todos los actos y movilizaciones en apoyo a esta pelea. Las encuestas muestran la posibilidad de que este acuerdo obtenga una banca parlamentaria, una disputa trabajosa en el marco de una polarización muy marcada. Es previsible que la campaña contra el plebiscito continúe tanto por parte del gobierno como del FA, ante la evidencia de que el apoyo entre la población sigue siendo muy alto. El desafío para el PT pasa por explotar la contradicción entre una base que se rebela contra la burguesía “progre” y “los tecnócratas” y al mismo tiempo es condenada por la izquierda frenteamplista a hacer seguidismo a los representantes de las Afap y los banqueros. Con la mira puesta en esto hemos hecho hincapié en la necesidad de un reagrupamiento que impulse, en oposición al frente de colaboración de clases, un Frente de Trabajadores, en la perspectiva del gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina. LEER MÁS: Uruguay: una elección “irrelevante”… y un plebiscito que molesta Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 25/07/2024. Uruguay: después de las internas, adónde va el proceso electoral Por Rafael Fernández y Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 03/07/2024. VER LOS SIGUIENTES VIDEOS: Declaraciones de Rafael Fernández, dirigente del PT , en el Acto de lanzamiento de la campaña por el voto "Sí" en el plebiscito en defensa de la Seguridad Social en Uruguay, desde el Teatro "El Galpón" de Montevideo, 05/09/2024. Intervención de Rafael Fernández | Acto lanzamiento de campaña de la UP-Frente de Trabajadores.

Viacha es un municipio del departamento de La Paz, Bolivia, afectado por la contaminación de sus ríos con cianuro. Sus pobladores deben abandonar sus viviendas por la contaminación del agua que los enferma a ellos, sus animales y sus cultivos. El cianuro es un compuesto de carbono y nitrógeno que, combinado con hidrógeno, es el venenoso ácido cianhídrico. Combinado con sodio, forma cianuro de sodio, muy soluble en agua. Este se utiliza en la minería para separar el mineral buscado -oro, plata, cobre, níquel, cobalto, molibdeno, por ejemplo- de la roca y tierra en la que se encuentra. Viacha queda en la zona altiplánica del departamento paceño y recibe el caudal de dos ríos, lamentablemente contaminados con cianuro. Son diez las comunidades de Viacha afectadas por el cianuro de al menos 23 empresas mineras que usan el químico en sus operaciones. Los ríos contaminados desembocan en el famoso lago Titicaca, al que terminarán envenenando también. El lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Bolivia y Perú, es uno de los lagos más grandes de Sudamérica y el cuerpo de agua navegable más alto del mundo. La industria minera defiende el concepto de que las concentraciones diluidas de cianuro empleadas, sus métodos de uso y la rápida descomposición de estos compuestos, hacen de la extracción con cianuro una alternativa muy segura. Sin embargo, Vialcha demuestra que eso es falso, que muchos compuestos cianurados tienen propiedades altamente tóxicas para los humanos. El cianuro no se descompone así nomás en productos inocuos, sino que forma múltiples compuestos, muchos de ellos tóxicos y pueden persistir en el ambiente por periodos prolongados. Los estados no les exigen a las mineras los estudios correspondientes del agua de desperdicio y del agua del emplazamiento minero. Algunas de las formas tóxicas de estos compuestos en el agua incluyen a los cianuros libres, los complejos metalocianurados, compuestos órgano-cianurados, cloruro de cianuro, cianatos, tiocianatos, cloraminas y amoniaco. Muchos de estos químicos no son detectados en los análisis de laboratorios convencionales que normalmente se llevan a cabo en las aguas mineras. Así se asume que dichos químicos no existen. Las agencias nacionales e internacionales reguladoras (y prestatarias) no reclaman el monitoreo para estas variedades químicas. En nuestro país, la contaminación minera tiene nombre y apellido: Barrick Gold. En San Juan, opera la minera más grande del mundo, de origen canadiense, dedicada a la extracción de oro a cielo abierto. Su principal actividad en Argentina es la operación de la mina de oro Veladero, ubicada en plena cordillera de los Andes, en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan. Hay informes contundentes sobre la contaminación de Barrick Gold en Veladero por reiterados derrames de agua con arsénico, cianuro y mercurio. En septiembre de 2015 tuvo lugar el peor derrame de la historia minera en Argentina: la Barrick derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas, pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata. Los daños ambientales nunca son controlados ni compensados. Las regalías son ínfimas y, desde la implementación del RIGI, los recaudos serán todavía menores. Bolivia es un ejemplo que anticipa las consecuencias de la depredación de los pulpos mineros en nuestro país y en todos los países del mundo.

El conflicto ha sido disparado por los empresarios del transporte agrupados en la AETAT, quienes aseguran que están trabajando “a pérdida”, por lo cual decidieron reducir las frecuencias de las 14 líneas que circulan en la capital en un 40 %, al nivel de los días feriados. Al mismo tiempo con el argumento de que, con una circulación más reducida, sobraba personal, procedieron al despido de 200 trabajadores entre administrativos, trabajadores de los talleres de mantenimiento y choferes. A la par de ello, un par de líneas anunciaban que iban a abandonar la concesión con lo cual peligraba las fuentes laborales de otros 200 trabajadores. La repuesta de la UTA fue declarar un paro por tiempo indeterminado desde el miércoles al mediodía, cumplido de manera contundente. El paro se prolongó hasta el día siguiente, cuando el gobierno provincial impulsó las negociaciones que determinaron el levantamiento del paro. Los empresarios acordaron la reincorporación de todos los trabajadores, no descontar los dos días no trabajados y no tomar medidas disciplinarias contra los trabajadores. El paro, si bien era localizado al transporte en la capital, extendió su influencia al área metropolitana y a ciertas líneas del interior, que vieron reducidas las frecuencias. Afectó a las actividades escolares con el levantamiento de clases y también al comercio, exhibiendo un gran impacto. La prolongación del paro, en un cuadro donde están en desarrollo o incubándose importantes conflictos a nivel de la salud y la educación provincial y algunos otros, como el universitario, empujó al gobierno a abrir una negociación cuyos resultados aún no se han materializado. Los empresarios han reclamado que el municipio tiene que cubrir el costo del boleto educativo (ahora solo lo hace en un 30 % de su valor), y, además, que la provincia y el municipio debían regularizar las concesiones; por últimos, piden que el Consejo Deliberante de la ciudad Capital pase a tratar el pedido de elevar el boleto a 1.490 pesos, pero haciendo saber que habría conformidad si, en esta fase, se lo lleva a 940 (actualmente el boleto mínimo está en 690). Unos de los referentes del PJ, presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri, sostuvo que la crisis del transporte tocó fondo, y que el sistema actual no es viable, proponiendo como salida la conformación de un sistema mixto con participación estatal. La propuesta defiende el sistema de concesiones, pero mete al estado provincial en el manejo de las mismas. Actualmente las concesiones son manejadas por el municipio. Detrás de estas propuestas, las distintas camarillas se disputan el manejo de importantes negociados que se han montado alrededor del otorgamiento de las concesiones y el manejo de los subsidios. Mientras se dirimen estas disputas, en el Concejo Deliberante de la Capital ya fue enviado a tratamiento el aumento del boleto reclamado por la AETAT. LEER MÁS: Tucumán: el boleto a 940 pesos Hay una huelga por tiempo indefinida por el despido de 200 choferes. Por Daniel Blanco, 04/09/2024.

Este sábado 7 de setiembre, desde las 17.30 horas, tendrá lugar el panel y debate "La reforma laboral de Milei y su impacto entre las trabajadoras", con la participación de Valentina Viglieca (CABA), secretaria general Adjunta de ATE Cultura; Anahí Rodríguez, secretaria general de ADIUNT (Tucumán), y Sara Daneri, de Jubilados Clasistas. El público podrá participar a través de la plataforma Zoom. Esta actividad forma parte de la preparación de la intervención de Política Obrera en el próximo Encuentro Nacional de Mujeres que se reunirá en octubre próximo en la provincia de Jujuy, con la participación de miles de luchadoras del todo el país. El gobierno antiobrero de Milei demolió los ingresos de la familia obrera, dejando un tendal de pobreza e indigencia. Lo hizo con el sostenimiento de las patronales, el FMI, la “oposición” y la burocracia sindical. Las mujeres ocupamos los trabajos menos categorizados y precarios. Del 66 % de los hogares con menos ingresos, un 40 % tienen a la cabeza a mujeres. La reforma laboral que institucionaliza la precarización y demuele los derechos sociales, así como los ataques generales a la clase trabajadora y jubilados tienen consecuencias más graves sobre las espaldas de las mujeres: somos a la vez responsables de parar la olla y de proteger la salud y la educación de nuestros hijos. Llevaremos al Encuentro la necesidad de un plan de lucha para derrotar la reforma antilaboral, el ataque a las jubilaciones y al gobierno liberticida por medio de una huelga general, junto a los contingentes de lucha de la clase obrera. LEER MÁS: “La cuestión de la mujer es una lucha política. Vamos a Jujuy a organizarnos para enfrentar a Milei” Balance de una charla virtual hacia el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Por Vanesa Costancio, 19/08/2024. Hacia el 37° Encuentro Nacional de Mujeres Votemos un plan de lucha contra el gobierno liberticida e impulsemos la Organización Socialista de las Mujeres Trabajadoras, 14/08/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Panel debate | Vamos al Encuentro de Jujuy a luchar contra el gobierno de Milei Exposiciones de: - Vicky Méndez (Polo Obrero Tendencia -Jujuy) - Alejandra Del Castillo (Doc. Univ. -Política Obrera Tucumán) - Violeta Gil (Política Obrera -Salta). Facebook Live de Política Obrera, 17/08/2024.

Desde el mediodía del jueves se comenzaron a congregar en las inmediaciones de la Legislatura santafesina numerosos contingentes docentes, de jubilados y de trabajadores municipales, para manifestar contra el tratamiento de la reforma previsional enviada por Pullaro. También desde temprano el gobierno operó para amedrentar a los contingentes que viajaban desde el interior de la provincia para manifestar; la gendarmería en la ruta realizó operativos interceptando y deteniendo el paso a los micros de AMSAFE Rosario y otras delegaciones, lo que demoró la llegada a la ciudad capital. A pesar de la agresiva campaña de aprietes del gobierno anunciando los descuentos del día de paro y la pérdida del premio a la asistencia perfecta y una oleada de correos electrónicos intimidatorios del ministerio de educación para que se complete la declaración jurada de no adhesión a la medida de fuerza, todo esto no alcanzó a Pullaro para desalentar la avalancha de docentes que confluyeron en una multitudinaria movilización que resonó en la Legislatura santafesina. Senado, un tratamiento express y sin debate Pasadas las 16,30 hs., tras breves minutos de debate, con 14 votos a favor (de Unidos para Cambiar Santa Fe, bloque del que forman parte los radicales y el Partido Socialista) y 4 en contra (de los 5 integrantes del bloque Justicialista), la Cámara de Senadores de la provincia dio este jueves media sanción al proyecto de ley de la regresiva reforma previsional. Si bien hubo modificaciones de último momento, se trata de leves retoques al texto ya pactado entre los jefes de los bloques de Unidos de las dos cámaras y el gabinete provincial. Ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados que dará preferencia para tratarlo en su próxima sesión del día 12/9. La composición de la cámara de diputados también favorece al oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe que controla ambas Cámaras, con el radicalismo manteniendo diez de las doce bancas en el Senado y el Partido Socialista ocupando 14 de las 28 en Diputados. Por esta razón alentar cualquier expectativa en el próximo debate es un camino sin salida. La definición sólo puede ser modificada por una intervención masiva y decidida de los trabajadores y la profundización de las medidas de lucha, superando los diques de contención impuestos por la burocracia sindical. El desarrollo de la movilización Los trabajadores que llegaban movilizados a la legislatura asistieron a una escenificación absurda al llegar a la plaza: el escenario central del acto fue colocado más allá de la mitad de la plaza, dejando un enorme trayecto vacío de más de media plaza desde el palco hasta la explanada del recinto, donde se trataba el proyecto. La concurrencia fue frenada por el escenario de la CTA y la Conducción celeste de AMSAFE que buscaron evitar el paso, que los docentes y jubilados se manifiesten frente la puerta de la Legislatura. Las conducciones gremiales opositoras encabezadas por AMSAFE Rosario se acomodaron a esta maniobra, aun cuando no se les permitió hacer uso de la palabra, convalidando la disparatada situación, durante las más de 4 horas que duró el acto dominado en su totalidad por oradores de las conducciones celestes y hasta voceros de gremios que boicotearon la lucha y no llamaron a parar en esta ocasión como SADoP. Recién después de terminado el ritual y cuando ya se había consumado la votación los sectores de oposición se acercaron a la puerta de la legislatura a manifestar. El jueves 12, paremos la provincia y movilicemos a legislatura para que caiga la reforma La docencia, los jubilados y los trabajadores municipales que se movilizaron enérgicamente el día de ayer expresan la determinación de tirar abajo el intento de liquidar nuestro régimen jubilatorio, también han tomado nota de que las conducciones gremiales actúan frente a este golpe de Pullaro y la Legislatura como si se tratara de un hecho consumado, por eso las medidas decretadas por las conducciones no parten del debate y las votaciones en asamblea, ni buscan abrir una deliberación en los trabajadores, sino que están sujeta a rituales y la rutina. Para defender nuestros derechos previsionales debemos poner en pie un movimiento de lucha, que prepare la huelga general educativa y de los trabajadores provinciales. Este jueves 12/9 paremos la provincia y reventemos la plaza Legislativa con una movilización decisiva para que no pase la reforma. Pongamos en pie asambleas en los lugares de trabajo, plenarios de delegados con mandato, autoconvocatorias para discutir como llevamos a la victoria la lucha. Abajo la reforma, Por una huelga general educativa. La lucha es ahora. LEER MÁS: Docentes de Santa Fe: jueves 5, todos al paro y la movilización contra la reforma previsional Para defender nuestras conquistas jubilatorias, todos a las calles. Abajo el golpe de Pullaro y la Legislatura. Por Tendencia Docente Clasista – Santa Fe, 03/09/2024.

El gobierno de Milei ha dado un nuevo paso en su política liberticida. A través de la Resolución 893/2024, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad se dispone a crear un centro de mando único de las fuerzas represivas federales, llamado “Comando Unificado de Seguridad Productiva”. El propósito, según la misma resolución, es desarrollar un “despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas”. Esta resolución se suma a la que fue tomada por la misma ministra a mediados de junio, cuando creó la “Unidad de Seguridad Productiva”, una unidad especial para accionar contra huelgas, piquetes y ocupaciones de fábrica. Las resoluciones, en conjunto, implican una militarización permanente de importantes centros obreros. La resolución ministerial señala como antecedente “exitoso” el método que habría desarrollado en la ciudad de Rosario para combatir el narcotráfico. “Esa forma de trabajo será ahora dispuesta para enfrentar bloqueos de empresas, intentos de tomas de fábricas y todo obstáculo que intente frenar el libre flujo de las cadenas logísticas y el intercambio de mercaderías” (La Nación, 7/9). Se trata de instalar destacamentos de las fuerzas represivas de manera “preventiva” (militarización de las fábricas y yacimientos) para evitar la organización y las luchas obreras. La medida no tiene precedentes desde la militarización de la cuenca del Paraná por Isabel Perón. Bullrich promueve métodos de guerra civil. En el documento se recuerda que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias (como) Bahía Blanca, San Lorenzo–Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales”. Todo esto es falso. “Una diferencia con lo que ocurre hasta ahora es que al actuar luego de concretarse un bloqueo, los tiempos de reacción pasan por la decisión de cada jurisdicción judicial, mientras que con la actitud preventiva, una acción policial podría desplegar unidades antidisturbios en el lugar antes de que ocurra el evento, estableciéndose una posición disuasiva” (ídem). Es decir que quiere saltarse al poder judicial y al estado de derecho. Es la expresión descarada del espionaje interior y de acción extra legal. El comando, como lo explicó la misma ministra de seguridad, implicará un sistema de coordinación entre el Estado y las empresas. Aseguró que “se están armando sistemas de monitoreo integrados con las empresas para poder tener *online *información, coordinando el trabajo con las secretarías de transporte, de energía, de industria, AFIP-Aduana y otras áreas del Ministerio de Economía con competencia”. Con la creación del ‘Comando Unificado’, el gobierno liberticida compromete a las gobernaciones provinciales con la política represiva nacional. Las patronales, por su parte, actuarán como ortivas de los grupos de tareas de Bullrich. La resolución se centra en los “enclaves económicos estratégicos del país” como Vaca Muerta o la zona portuaria de Rosario y Bahía Blanca. En estos sectores se han desenvuelto algunas de las luchas obreras de las últimas semanas por reclamos salariales y contra el impuesto a las ganancias. Las patronales neutralizaron estás luchas con la colaboración de las burocracias -las prefieren a los métodos del estado de sitio-. Hasta el momento ha funcionado bien la “conciliación obligatoria” para prevenir las luchas. La resolución de Bullrich será vista por los grandes capitales como una señal de debilidad política del gobierno liberticida. El régimen político actual carece de la autoridad para imponer un estado de excepción. Aunque saludan los DNU y los decretazos, quieren subir a ellos al Congreso, no a las Fuerzas Armadas. En la reciente Audiencia Pública por el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Calcatreu en Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, la ciudad amaneció militarizada, no como ‘prevencion’ sino como intimidación. En un reciente discurso, Bullrich aseguró que busca “proteger” a “las grandes producciones como puede ser Vaca Muerta, las mineras o los servicios como los supermercados”. Llamamos a una campaña que desnude la violencia política de estás resoluciones, adaptar los métodos de lucha frente a esta política represiva y, por medio de la lucha, acortar los tiempos de este gobierno antiobrero. Por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS: La Ley Bases no ha cerrado la crisis política Por Jorge Altamira, 14/06/2024. Milei impulsa la derogación del derecho de huelga en toda la industria de exportación Aceiteros, portuarios, petroleros, mineros, industria automotriz. Por Jorge Altamira, 25/12/2023.

Dorinka fue comprada por el Grupo De Narvaéz en 2020 y emplea 15 mil trabajadores en Argentina. Este dato lo aporta Pablo Osuna, secretario general de Camioneros seccional Luján-Rodríguez, en una reciente entrevista dada al medio televisivo lujanense “Pares TV” . Osuna se esfuerza en la extensa entrevista por ocultar a los televidentes la responsabilidad del gobierno de Milei-Caputo y de la burocracia sindical de la cual forma parte en la andanada de suspensiones, despidos y poda de los salarios reales de los trabajadores camioneros de zona oeste. No dice una palabra acerca de que la depresión económica por la cual atravesamos es el resultado buscado de la política económica del gobierno. Efectivamente, la producción y el consumo caen sin cesar como consecuencia de la megadevaluación de diciembre de 2023 que hundió el poder de compra de los trabajadores y jubilados, del ajuste brutal del gasto estatal en obra pública, educación, salud y seguridad social, de la de la apertura económica indiscriminada y de los despidos masivos en el sector público y el sector privado. Esta política económica hundió los salarios y las jubilaciones, pero aumentó en forma fabulosa el beneficio de los exportadores de commodities y de los tenedores de los bonos de la deuda pública. Claramente hay ganadores y perdedores. Osuna oculta todo esto al televidente porque “como peronista estoy en desacuerdo con el gobierno, pero quiero que le vaya bien (a Milei) y que haga las cosas bien”. O sea, Milei tiene vía libre para arrasar con los puestos de trabajo y el salario. En la pseudo caracterización que ofrece Osuna la depresión económica aparece como una fatalidad de la naturaleza. Osuna, por otra parte, oculta a los trabajadores que la recesión/depresión inducida por Milei-Caputo apuntó a esmerilar la capacidad de lucha de la clase obrera para enfrentar la reforma laboral impulsada por el gobierno y los capitalistas de todos las fracciones y colores (banqueros, exportadores, grandes y pequeños industriales) y que la burocracia sindical sea de la CGT o las CTAs no enfrentaron, sino que por el contrario negociaron tras bastidores. Es de público conocimiento las reuniones de Moyano, Daer y Acuña en la Rosada donde se negoció la reforma laboral a cambio de mantener el monopolio de la cuota gremial y la gestión de los gigantescos recursos de las obras sociales (La Nación, 11-4-24). La reciente fractura del sindicato camioneros a nivel nacional obedece a los diversos alineamientos de las burocracias con las patronales y el gobierno (Aladio, Moyano Hugo y Moyano Pablo) en torno a cómo implementar la reforma laboral contenida en el DNU 70/2023 y en la Ley de Bases votada en el Congreso sin ninguna oposición de ninguna burocracia sindical. En esta línea, Osuna promueve todo tipo de negociaciones con las empresas para evitar despidos sin importar la vulneración de derechos laborales adquiridos, incluso aquellos contemplados en el convenio colectivo de trabajo. Propugna por la “modernización de las relaciones laborales” siempre en un acuerdo entre las empresas y los sindicatos y no entre las empresas y “la política” porque “los políticos nunca trabajaron”. De este modo rechaza que la reforma laboral se implemente por ley (vía el parlamento) y reivindica que sea discutida rama por rama. En el caso de Dorinka, “para evitar despidos”, Osuna acordó con De Narváez adelantar vacaciones, eliminar turnos nocturnos porque implican un sobre costo para las empresas e impulsó la polifuncionalidad. Naturalmente, nada de esto evitó el despido de 1/3 de su plantel (5 mil despidos). En este marco general los desafíos que enfrentan los activistas y delegados de bases son enormes porque la defensa de los puestos de trabajo, del convenio colectivo y del salario queda en sus manos. Es necesario impulsar la más amplia deliberación en el gremio por medio de asambleas y plenarios con el fin de preparar a los trabajadores para las próximas batallas.

El veto presidencial a la ley jubilatoria escala la guerra de Milei contra la clase obrera: esa ley ni siquiera roza la recuperación del poder adquisitivo de los haberes que ha sido desvalorizado en más del 50 % desde 2017. El veto de Milei no tiene nada que ver con las cuentas fiscales cuando se observan los enormes subsidios otorgados a la clase capitalista, desde la disminución del impuesto a los bienes personales, los “gastos tributarios” que subsidian a las grandes corporaciones (por 350 mil millones de pesos por año) o el remate de miles de millones de dólares para bajar el tipo de cambio. Milei fue clarísimo cuando le dijo a los industriales que quiere destruir el sistema jubilatorio para “llenar los bolsillos de ustedes” . Mientras hambrea a los jubilados, la Bolsa y la deuda en dólares han subido un ciento por ciento. El veto es para defender los gastos en armamentismo, como los obsoletos F 16 comprados a Dinamarca o los ejercicios con el Pentágono en el Atlántico sur y, hace un par de semanas, en Chile, o la entrega de Fabricaciones Militares a una empresa del Pentágono para asistir a la OTAN y al estado sionista en la masacre contra el pueblo palestino. Es un veto clasista ; es un veto para reafirmar que el ajuste financiero lo pagará la clase obrera, las personas discapacitadas, los medicamentos del PAMI, la educación estatal y las prestaciones de salud. Es un veto para alinear a Argentina con la OTAN en la guerra imperialista mundial. La lucha contra este veto es estratégica para la clase obrera. Es una lucha contra la militarización de las concentraciones fabriles en la cuenca del Paraná, en la Patagonia y en la Panamericana. Es una lucha por la defensa del derecho de huelga, contra un gobierno que destruye todas las actividades esenciales, pero enseguida las invoca sin la menor vergüenza, contra la herramienta fundamental de los trabajadores para enfrentar la explotación sin límites de los capitalistas. La hostilidad de la burocracia sindical hacia la lucha contra el veto es también una decisión estratégica. Es una defensa política a muerte del régimen de miseria social que las patronales, nacionales y extranjeras, han impuesto en Argentina. Es una colaboración con el Gobierno para que consiga impedir que se reúnan los dos tercios de los votos para derogar el veto. Mientras el pueblo reclama el rechazo del veto, Cristina Kirchner tiene otras prioridades: arribar a un acuerdo con el gobierno de los DNU y los vetos para ampliar la Corte Suprema y llenar de gente de su palo dos centenares de vacantes en el Poder Judicial . Por todo esto, llamamos a movilizarnos el miércoles 11 a la Plaza del Congreso y a los centros políticos de todas las provincias. Es solamente una batalla, pero es a través de batallas cada vez mayores que impondremos las reivindicaciones de los trabajadores contra este gobierno del capital financiero y del fascismo internacional. Abajo el gobierno de los hambreadores, de los militaristas, de la destrucción de las libertades y de la guerra internacional.

Organizada por Política Obrera de Mar del Plata se desarrolló en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una charla sobre “Los trabajadores y los medios de comunicación”. Integraron el panel, Guillermo Sammartino, director de GDS Radio Mar del Plata, Jorge Federico, docente, periodista y ex delegado del diario El Atlántico, Alberto Spognardi, periodista de LU6 Radio Atlántica, y Sebastián Ali, del portal periodístico Qué Digital. Cada uno abordó el trabajo periodístico desde su experiencia profesional, con las características que lo distinguen. Alberto Spognardi puso énfasis en las limitaciones del trabajo periodístico impuestas por los supervisores y la línea editorial de las empresas. Destacó la actividad y sobre todo la intervención de los presentes con sus preguntas y dudas. Sebastián Ali intervino resaltando la importancia de los medios autogestionados e independientes y también los límites y obstáculos, porque “si bien están más cerca de poder reflejar los intereses de la clase trabajadora, los contextos de recesión, de concentración mediática como el actual, atentan contra esos medios, a la vez que los hacen más necesarios”. “En Qué Digital estamos por cumplir 10 años y todavía en proceso de poder hacer del medio una alternativa y una fuente de ingresos sostenibles para un grupo de trabajadores. En paralelo está también el presente de los trabajadores de la comunicación, que cada vez tienen menos posibilidades de encontrar trabajo registrado, inclusive en los medios concentrados. Encabezar un medio de comunicación independiente encuentra ese doble impacto, darle heterogeneidad a un universo mediático cada vez más concentrado, brindar un discurso cercano a los intereses de la clase obrera y representar una salida laboral. Esta tarea debe ser acompañada por las estructuras sindicales”. Guillermo Sammartino se refirió a las nuevas tecnologías relacionadas con las noveles formas de comunicación: “Nosotros nos hemos criado con una escuela anterior y a veces nos equivocamos en la manera de comunicar”. Sammartino dejó planteado el desafío de seguir realizando esfuerzos, de buscar las maneras de llegar por ejemplo a “las nuevas generaciones que están comunicándose de otros modos y por otros medios, observar cuáles son las nuevas tendencias informativas”. En mi caso, Jorge Federico, hice una reseña histórica de las luchas de los trabajadores vinculados a los medios, las problemáticas comunes dentro de los medios privados y los llamados públicos, en realidad gubernamentales. Me referí también a las contrataciones a dedo, a la violación de convenios colectivos de trabajo, la precarización laboral alarmante y a la negativa por parte de todos los gobiernos a reincorporar a los trabajadores de prensa que fueron despedidos por razones políticas y gremiales, desde antes de la dictadura. Es fundamental que los gremios vinculados a la comunicación mantengan su independencia respecto al estado y los gobiernos. Al cabo de las exposiciones se produjo un interesante intercambio con los presentes, quienes propusieron nuevos encuentros sobre el tema. Finalmente, la dirigente regional de Política Obrera Fernanda Díaz agradeció a los panelistas y al público por su participación y planteó la necesidad de ligar todas las luchas de los trabajadores a nivel local y nacional.

Cuando el Gobierno se ha lanzado a un franco ataque contra los salarios, reclamando un tope del 2% y disponiendo el congelamiento de los mismos para todos los trabajadores estatales hasta fin de año, los Aceiteros acordaron en su revisión salarial un aumento adicional del 26%, lo que ubica en $ 1.562.65 el básico de la escala inicial. La resolución de este conflicto sobrevino después de una conciliación obligatoria de 15 días, dictada por la Secretaría de Trabajo, contrariando los "principios” libertarios de no intervención del Estado en cuestiones privadas. La conciliación, reclamada por las cámaras empresarias y aceptada por el sindicato, frenó una huelga general al cabo de siete días, y les permitió a las patronales cargar una parte sustancial de la cosecha gruesa. Las diferencias salariales entre lo que planteaba la Federación Aceitera y el SOEA -el sindicato de San Lorenzo- no eran sustanciales; las cámaras ofrecían un 17,5 y los sindicatos reclamaban el 26%. En realidad, lo que estaba en juego, como una parte sustancial del reclamo, era cómo impactaría el aumento de salarios en el ´impuesto a las ganancias´. Si bien el básico inicial se verá poco afectado por los descuentos, en las escalas superiores, las más calificadas, el impuesto golpea de lleno a los trabajadores aceiteros. Durante la conciliación, el punto central de la discusión era cómo se resolvía esta cuestión. Mientras que, para los trabajadores, lo debían absorber las patronales, para las patronales debería ser el gobierno el que se hiciera cargo, ya sea bajo la forma de una excepción en los descuentos por ganancias o de un aumento del mínimo no imponible. El desenlace del conflicto no resolvió la cuestión: ni las patronales absorben el descuento de “ganancias”, ni el gobierno modificó el mínimo no imponible ni tampoco aceptó algún otro tipo de excepción. Así las cosas, el aumento otorgado deja sin resolver la situación salarial de los trabajadores con mayor antigüedad, ampliamente afectados por ganancias, lo que relativiza la conquista obtenida. La Federación ha recorrido a la justicia para enmendar esta situación, lo que implica un largo periodo sin resolución del tema. Por otra parte, la cuestión del pago de los días caídos por la huelga tampoco ha sido satisfactoria: aunque las patronales van a pagar en forma de retroactivo una parte de los salarios caídos, habrá que descontarle los premios por presentismo, que son una parte del básico. La Federación ha salido a difundir el acuerdo como un gran triunfo, pero, como se ve, tiene límites sindicales y políticos. La lucha por el salario básico igual a la canasta familiar es una lucha que incluye la eliminación definitiva del llamado impuesto al salario. LEER MÁS: Finaliza la conciliación obligatoria en Aceiteros Por Juan Ferro, 28/08/2024.

Los trabajadores del Frigorífico Rioplatense enfrentaron con una huelga el despido de 42 trabajadores, que la empresa tomó como represalia frente al reclamo salarial de los trabajadores El paro fue interrumpido por la Conciliación Obligatoria, durante la cual los despedidos volvieron a sus puestos de trabajo. Al vencerse la conciliación, la patronal ratificó los despidos, y los trabajadores han decidido no retomar medidas de lucha. Reproducimos el comunicado de la Comisión Interna. “Tocan a uno y tocan a todos” dijimos hace varios viernes cuando, indignados por lo que se había firmado en las paritarias, decidimos mantener la medida de fuerza que el sindicato había levantado la noche anterior. Al mes la empresa ratificó los 42 despidos que siguieron al reclamo y habíamos revertido provisoriamente con una Conciliación Obligatoria. Pero ya no hubo medidas contra esos despidos. ¿Qué pasó en el medio? La campaña terrorista de la empresa, con amenazas de más despidos a través de los jefes, gerentes y buchones, sumada a la preocupación por la situación de la mayoría que no llegamos a fin de quincena, esta vez pudo más que la solidaridad obrera. En los últimos días de Conciliación, esa mayoría nos pedía a los delegados no continuar con las medidas. No fue menor el influjo que la situación política provocó en ese estado de ánimo, con un gobierno y las patronales al ataque permanente contra el pueblo trabajador y sus conquistas, a base de palos y despidos. La actual libertad para la prepotencia antiobrera, con sus circos represivos como con los valientes jubilados, confirió a los ojos de vari@s compañer@s la impresión de una ventaja para la empresa, consolidando la actitud general. En realidad, la decisión patronal fue determinada por su preocupación ante el creciente mal humor que provocan los ritmos de producción, matadores, con faena en niveles récord (19.327 cabezas la última quincena) y salarios por debajo de la línea de pobreza (en el caso de la gran mayoría de operarios/as jornalizados). Esto explotó con la paritaria del 12% en 3 cuotas, al tiempo que los servicios dispararon de una su precio hasta diez veces o más. Imposible no calentarse, sobre todo cuando se pide una actualización salarial desde hace tanto tiempo. La respuesta fueron despidos, con el propósito de asustar a todos y que dejemos de reclamar por más justo y necesario que fuera nuestro reclamo, mientras el salario sigue deteriorándose. No hay otra receta para seguir produciendo cada vez más (incluso enviando faena excedente a otros mataderos) y seguir ninguneando a los que hacemos esa inmensa cantidad de laburo. En condiciones de inseguridad laboral, como demuestra la muerte evitable de Sapito Escobar (electrocutado con una máquina que no tenía disyuntor ni cable a tierra) y por la que nadie fue preso. O el angustiante aumento de accidentes en planta, que se triplicaron en los últimos 3 años, dejando a varios compas con problemas de salud, amputaciones, y la proliferación de enfermedades laborales como la brucelosis y la tuberculosis entre nuestra gente. Con un médico de planta que nos manda a trabajar enfermos y no respeta los tratamientos médicos. Machacando nuestros huesos, músculos, y mente, esta empresa ha crecido varias veces mientras los obreros y obreras vimos caer nuestros sueldos en más de un cuarto de su valor. Sin embargo cuando Costantini habla del frigorífico en los medios, ni menciona la calidad laburante de su gente, que ha superado el nivel de su productividad pero, claro, no reconoce para no pagar. En las charlas con las y los compañeros se plantearon diferentes posiciones y un debate sobre si estuvimos bien o no en continuar la medida que el sindicato había levantado. Si los delegados no debimos haber decidido levantarla por nuestra cuenta sin consultar a la gente. Ese debate sólo se puede saldar en una asamblea. Pero desde la Comisión Interna estamos convencidos que sólo con lucha se consiguen mejoras. Y que siempre vamos a consultar y hacer lo que vota la mayoría. Lo contrario es lo que hacen los del sindicato que arreglan cualquier cosa y ni aparecen a explicarnos a los que sostenemos la organización con nuestros aportes. De todos modos estamos abiertos a las críticas, como siempre lo hicimos. La situación es difícil, los 42 despidos son un duro golpe. Un castigo para los que quedaron afuera, y una amenaza para los que seguimos trabajando cada vez más para que el sueldo alcance cada vez menos. Afortunadamente el ambiente entre las y los trabajadores se mantiene fraternal a pesar del mal trago. Es la base que necesitamos para no bajar los reclamos y, sobre todo ahora, defender los derechos que conseguimos. En los próximos meses será prioridad, no sólo para nosotros sino toda la clase trabajadora que ya no se aguanta el ajuste y necesita ponerle un freno. Cuestiones para ser tratadas en las asambleas, así como nuestra ubicación frente a los del sindicato, las cúpulas sindicales, y la necesidad de unir todos los reclamos en acciones que tengan respaldo. La unidad hace la fuerza que necesitamos. Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense 08/09/2024

Entre 100 mil y 300 mil personas se movilizaron en Francia este sábado contra la designación de Michel Barnier como primer ministro. Las consignas de los manifestantes le reprochaban al presidente Emmanuel Macron la violación del mandato popular que se impuso en las últimas elecciones, las cuales arrojaron un triunfo del Nuevo Frente Popular . Se presentaron también carteles reclamando su salida de la presidencia. En el palco desde donde se dirigieron los discusros se leía un gran cartel que denunciaba “el golpe de Macron”. Los dirigentes del NFP anunciaron que plantearán la destitución del presidente de la República basada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, un equivalente al juicio político en Argentina. El partido de Macron y el NFP habían sellado un acuerdo ´democrático´ en la segunda vuelta para impedir un ascenso de la ultraderecha de Marine Le Pen que le permitiera formar gobierno propio . Básicamente, el pacto consistía en que un partido llamaría a votar por aquel que hubiera salido segundo en aquellos distritos donde se impuso el lepenismo. Esto fue cumplido a rajatablas, especialmente, por los votantes izquierdistas. El partido de Macron se benefició, de ese modo, pasando del tercer al segundo puesto; en el NFP, que obtuvo 193 diputados, la corriente más beneficiada fue La Francia Insumisa, que lidera Jean-Luc Mélenchon. Pero finalmente el macronismo rechazó ungir a un representante de la ´extrema izquierda´ y luego descartó también la candidatura alternativa, moderada, de la ´comunista´ Lucie Castets, según Macron, por la falta de apoyo del Partido Socialista. La segunda vuelta tuvo lugar el 7 de julio pasado, pero esta fue la primera manifestación callejera en los dos largos meses transcurridos que reclama hacer valer aquellos resultados. Se realizaron130 manifestaciones en todo el país, entre 25 mil y 50 mil personas en París-. El Partido Socialista reteaceó su adhesión, al igual que la burocracia sindical, que formalmente apoya al NFP. Por lo pronto la CGT convocó a una manifestación recién para el primero de octubre próximo, bajo el planteo de “respeto por la democracia”. El nombramiento de Barnier corona una sorprendente maniobra de Macron, quien adelantó las elecciones legislativas luego de que su partido obtuviera apenas el 12% de los votos en los comicios para el parlamento europeo. Disolvió la Asamblea Nacional, sin poner en juego su propio cargo. Obtuvo el tercer puesto y estableció con la ´izquierda´ el acuerdo antes mencionado para la segunda vuelta, lo que le permitió sumar legisladores. Finalmente, selló este acuerdo con otro partido de derecha, Republicanos, que había obtenido un lejano cuarto puesto, con el agregado, además, de que cuenta con el acuerdo de la extrema derecha de Le Pen , que ha dicho que “no votará automáticamente en su contra” (BBC, 8/9). O sea que el ´nuevo´ gobierno, luego del pacto de Macron con la izquierda para bloquear a la ultraderecha de Le Pen, es el resultado de un acuerdo entre todos los matices de la derecha. Para formar gobierno, son necesarios 289 escaños. El Nuevo Frente Popular cuenta con 193 diputados, el macronista Juntos por la República cosechó 168, la Agrupación Nacional de Le Pen 143 y los republicanos del flamante primer ministro, apenas 60. La elección de Barnier anticipa la agenda del nuevo gobierno. Fue ministro de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy; también fue comisario europeo, encargado de imponer las políticas de ´ajuste´ y de negociar con el Reino Unido el Brexit. En 1981 cuando era diputado votó en contra de la despenalización de la homosexualidad. Como precandidato en las elecciones presidenciales de 2022, propuso llevar la edad mínima de jubilación de 62 a 65 años (Macron la llevó por decreto a los 64 años), estaba a favor del aumento de la jornada de trabajo, defendía una pausa migratoria de tres a cinco años y proponía detener las regularizaciones de los “sin papeles” (Página/12, 8/9). La consistencia de la maniobra de Macron deberá medirse con el escenario explosivo planteado por la guerra y un agravamiento de las condiciones sociales en toda Europa. Le Pen, que promovía ´desescalar´ el apoyo francés a la guerra de la OTAN en Ucrania e hizo demagogia en materia de ´políticas sociales´, ahora ha quedado comprometida en un frente partidario de la economía de guerra.

Los resultados de las elecciones a los Centros de Estudiantes y Consejeros Estudiantiles en las 13 Facultades de la UBA arrojaron algunas novedades y reafirmaron otras tendencias de largo plazo. El Rectorado (Franja Morada-Nuevo Espacio) retrocede con la pérdida de dos centros importantes, FADU y Sociales; aunque logra ganar Farmacia en una alianza con el peronismo. El kirchnerismo aparece como el beneficiario de ese retroceso al ganar esos Centros y mantener los que ya tenía, Filosofía y Letras y Exactas. El FITU acentúa su derrumbe al perder Farmacia (PO), no ganar Filo y realizar en todas las demás Facultades una elección marginal en medio de una crisis universitaria y un conflicto que ha movilizado enormes capas de la Universidad. De conjunto las elecciones fueron un operativo de encubrimiento de la lucha universitaria. No fue un debate de ideas, acciones o estrategias para derrotar al gobierno sino un desfile de ´propuestas´, todas ellas relacionadas a los servicios dados o prometidos por las gestiones de los Centros. Las agrupaciones ´libertarias´ (“Somos Libres”), un reciclado de agrupaciones del PRO con una fuerte impronta contra el paro docente, presentes en 4 comicios, no movieron el amperímetro. Resultados Aún con la pérdida de dos centros de estudiantes, el Rectorado, con las victorias en Económicas (71%), Derecho (59%) y Medicina (61%), se asegura el control de la FUBA, junto con la representación estudiantil en el Consejo Superior. En Económicas crece levemente el kirchnerismo del 6 al 9%, “Somos Libres” saca un 6% y el FITU cae del 2,8 al 1,7%; también el FITU desciende en Derecho del 4 al 3%. En Medicina, Nuevo Espacio retrocede del 74 al 61%, mientras que el kirchnerismo pasa del 11 al 23% y la totalidad del FITU mantiene su 4%, aunque esta vez fue en dos listas. La lista del Partido Obrero (El Frente) que supo dirigir el Centro de la Facultad vuelve a caer a un 2%. “Somos Libres” queda en 6%. La ´sorpresa´ de la elección fue, de todas formas, la derrota del Rectorado en FADU, otra de las Facultades ´grandes´. Allí pasaron del 60% en 2022 a un 33% este año, perdiendo casi la mitad de sus votos. La totalidad de esos votos fueron para una alianza de organizaciones K y afines (La Cámpora, La Corriente, Patria Grande, PCR, Sur) que saltaron al 53%, mientras el FITU se mantuvo en el mismo 3%. Fue conocida en los medios la ocurrente propuesta de “eliminar matemática del CBC” por parte de Nuevo Espacio, lo que le habría valido un repudio en la Facultad. “Somos Libres”, nuevamente en un 6%. Otra importante derrota del oficialismo de la UBA ocurrió en la Facultad de Ciencias Sociales, donde la UES (peronismo afín al Rectorado), pasa del 44 al 41% y pierde con "La 15" (La Cámpora y Patria Grande) que sube del 35 al 43%. El FITU vuelve a caer en Sociales del 11 al 9%. “Somos Libres” no logró presentar lista por falta de avales. En el caso de Psicología, Nuevo Espacio vuelve a ganar con un leve retroceso del 59% en 2022 a 51% de ahora, votos que también se pasan a “El Impulso”, otro frente de La Cámpora y Patria Grande que avanza del 23 al 32%, mientras el FITU mantiene su 8%. En Ingenieria vuelve ganar el MLI, aliado del Rectorado, aunque con un retroceso del 64 al 35%. Allí se dió la mejor performance de los ´libertarios´ de MIlei, llegando a ser segunda fuerza con el 18%, aunque sin ingreso al Consejo Directivo. En Agronomía, el oficialismo del LAI se mantiene con el 46% y la lista única del Rectorado en Odontología conquista un previsible 95%. Farmacia y Bioquímica es el único avance del Rectorado de la UBA, propinándole una derrota al Partido Obrero oficial que desciende del 38 al 25%. La lista de Nuevo Espacio reunió al peronismo de la Facultad, ´Sinapsis´ -ex Nuevo Encuentro-, llegando al 71%. Una elección que aparentaba ser disputada, Filosofía y Letras, terminó en una clara victoria de “El Colectivo”, que en esta oportunidad sumó a la totalidad de los grupos kirchneristas, subiendo del 33% en 2022 al 39%. La lista del FITU se mantuvo en un 31%, esto cuando la Facultad fue atravesada por un escandaloso recorte de horarios que tuvo a la conducción K como abanderada. En Filo sube levemente la lista asociada con la Franja, del 10 al 14% y se mantiene en los mismos números la performance del Nuevo Mas que, en soledad, conquista un 9%. Allí se presentó por primera vez con lista propia Política Obrera con un resultado del 1,50% en Centro y 2,60% en las obligatorias de Consejo Directivo. En Exactas volvió a ganar Identidad (La Cámpora) con un ascenso del 40 al 46%. Allí se duplicó la votación de la Franja quedando en segundo lugar con el 18% y relegando al FEM (Patria Grande) al tercero. La izquierda en Exactas se presentó en 4 listas: IS-PO-MST con el 5%, el PTS con otro 5%, Contragolpe (Política Obrera mas independientes) con el 1,7% y el NMAS con el 0,5%. El centro de Veterinaria fue retenido por el Partido Obrero que por un punto 37 a 36%, dejó en segundo lugar a la Franja que más que duplicó sus resultados. Conclusiones La lucha universitaria, que tuvo como ´hitos´ la enorme movilización a Plaza de Mayo y una serie de importantes huelgas y paros docentes al inicio del segundo cuatrimestre no se expresó en el proceso electoral ni en sus resultados. No podía ser de otra forma, porque la propia convocatoria a los comicios fue concebida como un elemento distraccionista respecto de la crisis universitaria . Para esta operación desmovilizadora, se contó con la colaboración del conjunto de las agrupaciones, del Rectorado al FITU, pasando por los K, que abordaron estos comicios, como una forma de planchar la lucha que se encontraba en ascenso. Todos ellos ocultaron el contubernio en el Congreso dirigido a “parlamentarizar” la lucha en función de una ley que no significa más que una declaración de intenciones . La campaña electoral resultó a la medida de este distraccionismo: en medio de una catástrofe universitaria, la campaña se prodigó en promesas de becas, servicios y apuntes. La colaboración del FITU en todo este rumbo fue notoria y significativa . Allí donde el Rectorado retrocedió, especialmente FADU y Sociales, el voto se dirigió al peronismo -que buscó despolitizar y disimular su filiación- y no a la izquierda. Las próximas elecciones están previstas por todos para el 2026, reeditando la cancelacion de las elecciones anuales y otorgandole toda la potestad al Rectorado para organizarlas. En todas las Facultades se vivieron procesos de auto convocatorias y surgimiento de un nuevo activismo que no jugó un papel en estas elecciones, ni fue convocado por el FITU a hacerlo. Nuestra organización, Política Obrera, se hizo presente en dos Facultades (Exactas y Filo) y concentró su campaña en la la crisis universitaria, las implicancias de la “Ley de Financiamiento Universitario” y la necesidad de retomar una lucha para ganar.

La semana ha comenzado con la convocatoria a un nuevo paro de 48 horas de las dos CONADUs. La primera jornada, el miércoles 11, coincidirá con la marcha contra el veto a las jubilaciones y la sesión que resolverá sobre el mismo . El segundo día de huelga tendrá lugar cuando, en principio, el Senado trate la Ley de “Financiamiento Universitario” . ¿Cuál es el marco político de estas jornadas? El segundo cuatrimestre en la universidad arrancó con un paro masivo de 72 horas , que en algunas universidades se extendió a una semana; en San Luis, una autoconvocatoria interclaustro decidió parar ocupando la universidad , mientras que en otras se concretaron importantes movilizaciones. Contrariando las tendencias que se expresaron en esas jornadas, en muchos casos con resoluciones de asambleas que se pronunciaban por plan de lucha de huelgas crecientes y volver a replicar una Marcha como la del 23 de abril, el Frente Sindical Universitario, que agrupa a todas las federaciones docentes, y de trabajadores no docentes, incluida la FUA (Federación Universitaria Argentina) resolvió dar continuidad con una acción decreciente , un paro de 48 horas, para luego levantar toda acción huelguística. En ese ínterin, los bloques parlamentarios del radicalismo, el peronismo y el FITU, impulsaron y lograron la media sanción de un proyecto de Ley de “Financiamiento Universitario” . Ley de Financiamiento Universitario Ese proyecto se limita a ´encomendar´ al poder ejecutivo el aumento del presupuesto destinado a la universidad y la actualización de los salarios de los trabajadores de la universidad desde el 1° de diciembre de 2023 hasta finales del 2024 de acuerdo a la inflación. En el caso de los salarios, condicionado al avance de las negociaciones paritarias. A pesar de los límites colosales de su texto “enunciativo”, “Ley de Financiamiento” ha sido un recurso de las burocracias de todas las federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles, para sortear la huelga activa y la concreción de una nueva Marcha Educativa . La repuesta del gobierno, por su parte, fue proclamar que no homologará ningún acuerdo paritario por encima del 2% mensual ni va a viabilizar ninguna erogación que afecte al supuesto “equilibrio” fiscal de las cuentas públicas. El Frente Sindical ató el porvenir de la lucha universitaria al trámite parlamentario o, lo que es lo mismo, a la política de los rectores que responden al pejota y a la UCR . Esta política se vio reforzada a partir del encuentro del CIN realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. Allí, junto a las autoridades de las 61 universidades se hicieron presentes las organizaciones que integran el Frente Sindical Universitario. Se ratificó el apoyo a la Ley de Financiamiento, se volcaron numerosos discursos sobre la importancia de la universidad y denuncias sobre el proceso de vaciamiento, pero no se resolvió ninguna acción. Días después, las federaciones, en especial CONADU H y CONADU, resolvieron un paro de 24 horas en apoyo a la ley para el 5 de setiembre, día que estaba previsto su tratamiento en el Senado . Las federaciones vinculadas a la CGT como la FEDUN o la FATUN desertaron de esta acción. Finalmente, la sesión del jueves 5 fue levantada. La sesión se trasladó al jueves 12, cuando se trataría junto al proyecto de boleta única y el decreto de los fondos reservados a la SIDE. Frente a esas circunstancias las dos CONADU convocaron al mencionado paro de 48 horas. La estrategia de seguimiento a los vaivenes parlamentarios acentúa el camino de las acciones aisladas, que promueven la desmoralización y desgranamiento de los paros. La amenaza del veto El gobierno ya adelantó que, si se sanciona la ley, la va a vetar. Como ocurre con la ley jubilatoria, el veto tiene un carácter político: es la reafirmación de una línea de guerra contra la universidad y las instituciones de investigación y ciencia, como es el caso del CONICET. Algunas federaciones y rectores han señalado que, si se produce el veto, la respuesta sería una nueva marcha universitaria nacional. Según las autoridades universitarias, la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del cuatrimestre. Del lado de los docentes y nodocentes, los niveles salariales se siguen reduciendo frente a la inflación y hoy son los más bajos considerando todos los niveles de la educación. El 30% del plantel docente es retribuido con salarios que están por debajo de la canasta de indigencia y otro 50-60% no llega a cubrir la canasta de pobreza. Las becas estudiantiles son irrisorias. De conjunto la situación es explosiva. En el citado plenario de secretarios generales de este lunes, se trató también la eventualidad del veto en caso que el Senado complete la sanción del proyecto de ley. Hubo un debate acerca de oncretar acciones antes de que el gobierno decrete el veto o, o por el contrario, esperar la os hechos consumados, o sea el veto , para luego actuar. Toda esta disquisición culminó con la declaración de un difuso estado de alerta. En Córdoba, la asociación de base realizó una encuesta cuya respuesta fue que había que parar por una semana; sin embargo, su dirigencia llevó como mandato parar 24 horas. En Tucumán, ADIUNT ha sido la única asociación de base docente del país que emitió un pronunciamiento votado en asamblea general denunciando el contenido y el propósito político del proyecto de Ley de Financiamiento y la necesidad de retomar y profundizar el proceso huelguístico y una movilización nacional masiva. Los sindicatos universitarios, con excepción de ADIUNT, han colocado a la lucha universitaria bajo la batuta de los rectores y la oposición parlamentaria, que ha votado un texto deliberadamente difuso y exhortativo sobre el “financiamiento”. Los rectores y sus mandantes políticos ya mostraron sus cartas en el primer cuatrimestre: arreglar su caja por cuerda separada, dejando librados a su suerte a los salarios docentes y no docentes . No podemos dejar nuestra lucha en manos de los cómplices de Milei y de quienes votaron la Ley Bases . Esta es la cuestión central a discutir y resolver en los plenarios y asambleas de estos días.

El intento del gobierno porteño de ejecutar una reforma en la enseñanza media suscitó una contundente reacción en la docencia. Con el verso de “personalizar las trayectorias” del alumnado, el “Plan Estratégico” implica el desguace de los contenidos y la pérdida de las asignaturas consideradas “inútiles” para un futuro trabajador precarizado. Por el lado de los docentes, con la excusa de “implementar el régimen de profesores por cargo”, se intenta hacer pasar el despido de por lo menos el 40% de los profesores. Estas dos semanas, en un contexto de intensa deliberación, por lo menos 38 escuelas se autoconvocaron en asamblea y rechazaron su inclusión en el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende. El gobierno se había propuesto aplicarlo en 2025 en unas 50 “escuelas piloto” para avanzar en los dos años siguientes a la totalidad de las instituciones, públicas y privadas. Plantarse dio sus frutos: algunas escuelas, como el Normal 7, ya lograron ser desafectadas de la Reforma después de que los docentes se negaron a entrar a clases. El lunes 9, la comunidad educativa en pleno se dio cita para abrazar al Liceo 5. Horas después celebraron su desvinculación del listado de escuelas piloto. El camino para hacer retroceder al gobierno está claro. Los documentos que surgieron de las asambleas -en oposición al palabrerío insulso del mamotreto que distribuyó el Ministerio- caracterizaron la pretendida modernización como una reforma laboral encubierta, un ajuste salvaje, la precarización de la calidad de la enseñanza y de la labor docente. Presionados por la docencia, algunos sindicatos como UTE, AMET y UDA, tuvieron que admitir que habían tenido reuniones a puertas cerradas con el Ministerio, que les había pedido su colaboración. Cuando no tuvieron más remedio que contarlo, trataron de quitarle importancia a la reforma y dijeron que el gobierno “está dispuesto a dialogar”. Una patraña inverosímil, que explica por qué los delegados de base de UTE están presentes en las asambleas aunque la burocracia Celeste les haya dado la espalda. En muchas escuelas, supervisiones y conducciones escolares alineadas con el Ministerio se pusieron el traje del gobierno, amenazando con sanciones y con aplicar la Ley Bases y la esencialidad educativa -que está a punto de votarse en el Congreso. En otros casos, trataron de romper la unidad de los trabajadores prometiendo cargos y nombramientos a los sectores más precarizados que la reforma dejaría en la calle. En algunas escuelas, las direcciones prohibieron que se realizaran asambleas conjuntas de docentes de distintas escuelas. Les salió el tiro por la culata. Ademys prestó su sede para distintas reuniones y en una asamblea, la semana pasada, se votó convocar a un paro de media el 18. “La reducción de la cantidad de docentes por escuela, a partir de la obligación a conformar cargos de 18, 36 y hasta 72 horas cátedra (con la consiguiente rebaja salarial), traerá como consecuencia una reducción de entre 40 y 50% de la planta funcional docente. Docentes interinos y suplentes quedarán cesantes en lo inmediato y se realizarían concursos internos desplazando también a los titulares con menos puntaje”, explica la convocatoria. Los documentos elaborados por las asambleas autoconvocadas coinciden en denunciar que la Reforma plantea la eliminación de contenidos, la pérdida de asignaturas y de espacios curriculares. Una deliberada estrategia de empobrecimiento de la formación estudiantil, que redundaría no solo en la degradación de los títulos -por ejemplo en las escuelas técnicas- sino en una mano de obra integrada por “emprendedores” a merced del mercado y la prepotencia patronal. El documento elaborado por los docentes del Liceo 12 vincula los despidos masivos que traería la implementación con las políticas del gobierno nacional: “En el marco de la renombrada Ley Bases, el gobierno de la Ciudad propone un dispositivo cuyo inexorable devenir es la reducción de cargos y por añadidura la pérdida de empleo de docentes y una ostensible reducción en la carga horaria de gran cantidad de docentes además”. La reforma otorga a las conducciones escolares la potestad de ofrecer arbitrariamente cargos a docentes de cada institución, avasallando los nombramientos públicos por orden de mérito. Los docentes ya no serían trabajadores de la Ciudad regidos por el Estatuto del Docente sino “docentes por escuela” librados al antojo de las direcciones escolares. El vaciamiento educativo está explicado por la carta abierta de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Nini Marshall: “Se plantea que los espacios deberán ser aprobados por un sistema de créditos y que lxs estudiantes podrán elegir sus trayectorias educativas eliminando así también las especialidades de cada escuela. De esta manera, el estudiantado podría perder varios espacios de formación y conocimientos que resultan fundamentales para el desarrollo de la vida adulta y los estudios terciarios o universitarios.” La reforma también desnaturaliza totalmente la Educación Sexual Integral “bajo el sesgo de la formación socio emocional y el corpus de las capacidades blandas (skills softs), que son diametralmente diferentes. Situación encuadrada en el desfinanciamiento de la ley y el incumplimiento de los deberes que de ella se desprenden para con los derechos de niñes y jóvenes. (declaración de la escuela artística Rogelio Yrurtia). El gobierno había establecido que la participación en las experiencias piloto iba a ser de carácter voluntario. La contundencia del rechazo expresada en asambleas de escuela y declaraciones públicas ya han dado su opinión. El viernes 13, el docentes y estudiantes del Comercial 5 convocan a una asamblea abierta de docentes, preceptores y estudiantes. Ese mismo día, Ademys convocó a una asamblea. Unifiquemos las luchas en curso para confluir en una gran asamblea educativa, de docentes y estudiantes.¡Podemos hacer retroceder al gobierno! ¡Abajo la Reforma educativa! Escuelas que ya rechazaron la reforma: Lengüitas Sofía Broquen de Spangenberg IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" Normal 1 Normal 2 Mariano Acosta Normal 5 Normal 7 Normal 8 Normal 9 Liceo 1 Liceo 5 Liceo 12 Liceo 2 Colegio 8 Roca Colegio 10 DE 8 Jose de San Martin Colegio 19 DE 17 Colegio 3 DE 2 Mariano Moreno Comercial 4 DE 04 Comercial 5 Comercial 8 Comercial 34 DE 03 Comercial 33 DE 18 Comercial 30 DE 18 Comercial 36 EEM 6 DE 5 EEM 1 DE 14 EEM 2 DE 19 EEM 2 DE 20 EEM 2 de 14 EEM 07 DE 09 EEM 2 DE 13 Ernesto Che Guevara EEM 2 DE 16 Agustín Tosco EEM 4 D.E. 19 Homero Manzi EEM 1 DE 12 "Julio Cortazar" ESEA Yrurtia Escuela de Danza A. Mastrazzi ESEA Teatro Niní Marshall Escuela de Arte Cerámico 1 DE 02 ET 32 General Jose de San Martin LEER MÁS: Ciudad de Buenos Aires: una reforma que quiebra la escuela media Por Alejandro Barton, 29/08/2024. CABA y PBA promueven una barbarie educativa Segmentación, valorización del capital, explotación, descalificación y monotributismo. Por Damián Melcer y Julio Gudiño, 15/08/2024.

La huelga de nueve horas de los trabajadores aeronáuticos, llevada adelante el viernes pasado, ha sacudido el espinel de la política nacional. El director de Aerolíneas sostuvo que “los trabajadores no han advertido que el país ha cambiado”. El reclamo de los trabajadores, un aumento salarial acorde a la inflación, choca con los planes del gobierno de Milei de elevar la rentabilidad de Aerolineas Argentinas para abrirle paso a la privatización. El gobierno está montando un gigantesco operativo para quebrar el reclamo de los trabajadores aeronáuticos. Actúa con la plena conciencia de que debe hacer retroceder la lucha de los trabajadores antes que se profundice. Descuentos y procesamientos Aerolíneas Argentinas informó que demandará a los sindicatos convocantes de la huelga, APLA (Asociación de Pilotos) y AAA (Asociación de Aeronavegantes) por las pérdidas operativas, según el comunicado de la empresa, superiores a 2 millones de dólares. Las “asambleas informativas”, ya habían resultado en la cancelación de vuelos y perjuicios para miles de pasajeros. Aerolineas añadió que denunciará a los representantes sindicales Pablo Biró, secretario general de APLA, y Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Como Biró es parte del directorio de la empresa, la empresa iniciará las acciones necesarias para expulsarlo, “por atentar contra sus intereses”. Aerolíneas también anunció descuentos en los salarios de los trabajadores que fueron a la huelga, más de 400 empleados, entre pilotos y tripulantes, por incumplir con sus tareas durante las jornadas de protesta, que oscilan entre 150 mil pesos por día para pilotos y 50 mil pesos por día para tripulantes. Esencialidad El Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello anunció que reglamentará en los próximos días la esencialidad del transporte aerocomercial, para garantizar servicios mínimos. Va en la misma línea de la esencialidad que se intenta aplicar a los docentes, donde lisa y llanamente se deroga el derecho de huelga. Busca poner punto final al único recurso de los trabajadores para defender sus conquistas -la capacidad de paralizar la producción- en este caso, el transporte aéreo. Cómo en la pandemia, la esencialidad no es de ningún modo una categoría que signifique un reconocimiento salarial para los trabajadores que desempeñan esas tareas, sino que se invoca para que no puedan ir a la huelga. El Grupo de los 6, conformado por la gran patronal del país, reclama que el Gobierno declare esenciales a prácticamente todas las actividades del país, lo que significa eliminar el derecho a huelga. La formación de un grupo comando unificado para disolver acciones huelguisticas en establecimientos productivos, anunciada días atrás, demuestra que liquidar el derecho de huelga es una orientación general de la clase capitalista. Los gremios aeronáuticos, difundieron un comunicado, en el cual califica de “ilegal y arbitraria” la decisión del Gobierno nacional de declarar “esencial” a la actividad aérea en el país. El documento lleva la firma de los representantes de todos los sindicatos aeronáuticos. Explican que el transporte ya está regulado como “servicio público de importancia trascendental”. No rechazan los límites al derecho de huelga, sino que tales límites ya estarían establecidos por ley. El proyecto del PRO En medio del paro de pilotos del viernes, el presidente de la empresa, Fabián Lombardo, ratificó la intención de privatizar Aerolíneas, aunque explicó que, por ahora, el objetivo es llevarla a “ser rentable”. Para Lombardo, ello se alcanzaría vía la reducción de la plantilla. Ya desvinculó a 1300 trabajadores a través de retiros voluntarios y de una rebaja salarial que, acordada en su momento con los sindicatos, implica la pérdida de unos 72 puntos contra la inflación. La línea privatizadora no es exclusiva del gobierno de Milei: en medio de la discusión de la huelga, desde el PRO presentaron un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas. La iniciativa fue presentada por el diputado Hernán Lombardi y lleva la firma de otros 20 legisladores de la fuerza que conduce Mauricio Macri. La privatización de Aerolíneas ya fue parte de la agenda del Congreso . Había quedado fuera del listado de la Ley Bases de “empresas a privatizar” como parte de las negociaciones con los gobernadores. Agitación fascista El ataque a la huelga de los trabajadores se complementa con una sostenida agitación fascista desde los medios de comunicación afines al Gobierno. Algo que se ha convertido en habitual en cualquier conflicto sindical. Alejandro Fantino fue todavía más allá. En su editorial desenvolvió un llamado a los pasajeros de Aerolíneas, perjudicados por la huelga a no permanecer pasivos frente a las medidas de los trabajadores. “Me pregunto por qué nos seguimos bancando esto”, inició el comentario, que fue subiendo de tono a medida que relataba la situación. No es el único medio ni es la primera vez: durante la reciente huelga aceitera, Fantino le reclamó a las patronales que “echen a patadas” a los trabajadores que paraban. Es significativo que una huelga acotada en su duración, ,como la de los trabajadores aeronáuticos por reclamos salariales, sacuda las entrañas del gobierno. Ello demuestra que, si la agenda reaccionaria de Milei avanza, es por la ausencia de una acción independiente de los trabajadores. LEER MÁS: Aeronáuticos: de las asambleas a la huelga Por Pablo Busch, 06/09/2024.

La conspiración en marcha para rescatar el veto de Milei a la ley jubilatoria transcurre a la luz del día, sin ningún ocultamiento. Un grupo de entre ocho y diez diputados radicales acaban de reunirse con el presidente, anunciando que revertirán el voto favorable de hace un mes atrás para dejar correr el veto -o rechazando la “insistencia” en la ley o ausentándose del recinto. Varios de ellos, en Entre Ríos, Tucumán o Catamarca, vienen discutiendo con los libertarios la concurrencia en listas comunes para las elecciones de 2025. En otros casos, la componenda es más grosera: un radical renunciará hoy a su banca, para ocupar un puesto directivo en el Ente de Salto Grande y ser reemplazado por un macrista que apoyará el veto. Frente a estos enjuagues, Martín Lousteau pide “explicaciones”. Como si el maridaje radical con el gobierno no tuviera bases más profundas y extendidas, como lo demostró el tratamiento de la ley Bases. Pero la trama política del rescate al veto excede al radicalismo. El gobierno negocia también la ausencia en el recinto de diputados peronistas que habían votado a favor, como los del gobernador salteño Saenz, y también la concurrencia de otros colaboracionistas que se habían ausentado, como los diputados del gobernador peronista Jaldo. La escalada oficialista en defensa del veto ha delatado también la miseria política de los opositores dialoguistas que habían liderado el tratamiento de la ley jubilatoria. Es el caso del propio jefe de la bancada radical, De Loredo, que quiere rescatar a la ley con variante de una “insistencia parcial”. Plantea rechazar el veto en lo que refiere al aumento del 8% de los haberes y las deudas con las cajas provinciales pero aceptarlo en las cláusulas restantes. Alternativamente, Pichetto y Stolbizer pretenden acordar un voto por el retorno de la ley “a comisión”, una forma diplomática de enterrar la cuestión jubilatoria y al mismo tiempo ahorrarle al gobierno um choque frontal con los jubilados. Pero Milei-Caputo no piensan en esquivar ningún choque: por el contrario, quieren una victoria completa en esta crisis, para mostrarle al gran capital que el plan de guerra contra las masas puede ejecutarse a fuerza de vetos y decretazos. Una de las diputadas radicales que “recapacitó” su voto y ahora va con Milei, justificó el viraje en nombre de una reflexión sobre el “equilibrio fiscal”. Es la mayor de las mentiras que se ha dicho en torno del veto, comenzando por el carácter irrelevante del aumento jubilatorio dispuesto por la ley -para el presupuesto y para los jubilados. El veto no es una discusión de “números”, lo que pone en juego es la autoridad del gobierno contra los trabajadores. Por este mismo motivo, una parte del arco parlamentario que habían votado a favor de la ley previsional ahora se da vuelta: no quieren una derrota del gobierno en medio de la conmoción popular que ha despertado la crisis jubilatoria. Fuera del recinto del Congreso, la burocracia sindical ha brindado la mayor complicidad con la política antijubilatoria de Milei y con el veto. El inmovilismo de la CGT con la decisión del gobierno delata hasta que punto la burocracia está comprometida con todos sus atropellos antiobreros, comenzando por la reforma laboral. La convocatoria del aparato sindical del moyanismo, sin paro, no alcanza a disimular esa parálisis. El gobierno que está conspirando con la “casta” el rescate del veto ha salido a advertir sobre “actos violentos” en la marcha de mañana. Es una confesión acerca de las provocaciones represivas que preparan Bullrich-Milei. Respondamos con una masiva movilización mañana, que le oponga una fuerte presencia de luchadores y trabajadores a los esbirros de Milei y sus cómplices. LEER MÁS: Para derrotar el veto de Milei, el miércoles, todos a Congreso Declaración de Política Obrera, 08/09/2024. VER LAS SIGUIENTES ENTREVISTAS: Pablo Busch en Contacto Directo convoca a movilizarse el Miércoles al Congreso para derrotar al veto Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera. Entrevista a Jorge Altamira en RealPolitik Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

Con la presencia de 200 docentes, el 9 se realizó la asamblea extraordinaria del SUTEBA Bahía Blanca. Al comienzo, tomaron la palabra vecinos que forman parte de una toma de tierras para informar que fueron recientemente desplazados por las topadoras del gobierno municipal (Susbielles, UxP), quien luego del violento desalojo apenas ofreció un miserable subsidio para el alquiler. Se votó una solidaridad con esta lucha, en apoyo al derecho a la vivienda que también afecta notablemente a la docencia. Luego, la conducción local (Granate/Multicolor) informó que la CTERA convocaba a una jornada nacional de lucha para este miércoles 11 y jueves 12, sin paro en ambos días. Invitó a marchar el miércoles 11 en apoyo a los jubilados (ese día habrá asueto para la docencia de la provincia por el día del maestro). Propuso replicar la protesta en la ciudad el jueves, aclarando que no estaban a favor de hacer paro ese día, sino una jornada de protesta en la cual el sindicato expida una constancia para una licencia gremial que justifique la ausencia. En la asamblea anterior la Granate también había manifestado su desacuerdo con hacer paro ante el tratamiento de Diputados de la restricción a las huelgas docentes y mocionaron por una acción local sin paro, con la licencia gremial . En aquel momento, el paro fue votado por el 70% de la asamblea y su balance fue muy positivo por la importante adhesión que tuvo en Bahía y en varios distritos del conurbano, según lo informado por ellos mismos. Por último, la Granate informó sobre la reunión abierta convocada por el SUTEBA Tigre del sabado 7 de septiembre, en la cual se acordó impulsar una jornada de lucha el día que se trate el proyecto de esencialidad educativa en el Senado, y realizar una movilización el jueves 26, contra los descuentos arbitrarios aplicados por Kicillof precisamente por el paro del 14 de agosto contra la “esencialidad educativa”. Desde la Tendencia Docente Clasista, intervinimos para fundamentar, en primer lugar, la pelea que habrá este miércoles contra el veto presidencial, que excede largamente la cuestión previsional. El veto, señalamos, es un golpe de Milei contra el conjunto de la clase trabajadora y requiere de una movilización extraordinaria ese día, a pesar de ser nuestro asueto. Para el jueves 12, llamamos a concretar un paro que sería en común con los docentes universitarios. Se trata de continuar y profundizar una lucha que ha sido abandonada por completo por Baradel y la CTERA . Peor aún, actúan como un bloqueo, porque han salido a militar a favor de que Kicillof les descuente a los docentes que pararon el pasado 14 . Nadie de la Celeste se hizo presente siquiera en esta última asamblea. Por eso propusimos también otra manifestación para la semana que viene y votar la jornada del 26 acordada a nivel provincial por la Multicolor. Denunciamos los ataques en curso al Estatuto Docente en la provincia que apuntan, de igual modo que el proyecto de “esencialidad educativa” a una flexibilización laboral y a imponer “guardias mínimas” en las escuelas contra el derecho a la huelga. Algunos docentes intervinieron para señalar que, ante los descuentos de Kicillof, preferían hacer este jueves 12 una jornada de protesta, sin paro. También fue destacado por la Granate que con la licencia gremial más docentes concurrirían a las calles. Es claro que la conveniencia de esta herramienta es netamente circunstancial y no estratégica. El derecho a la huelga debe ser defendido con la huelga misma y, por supuesto, con una movilización extraordinaria de la docencia en las calles y piquetes. Todo esto debe ser apuntalado mediante una agitación y una propaganda en las escuelas, porque su impulso vendrá desde allí y de ninguna forma de la dirección provincial pro Kicillof del SUTEBA y colaboradora de los feroces ataques salariales y educativos de Milei. Finalmente, se votó por unanimidad realizar la jornada de protesta y, por mayoría, una movilización con radio abierta. Sobre este punto, nuestra corriente apoyo la moción de un compañero de base de hacer esa jornada con una asamblea general, que quedó en minoría. Compartimos las resoluciones: Repudiar la represión ejercida sobre lxs jubiladxs el 4 de septiembre frente al Congreso. Exigencia de Paro a SUTEBA y CTERA el 12/9 y Plan de lucha por todas nuestras reivindicaciones y en contra de la media sanción del proyecto de declaración de la Esencialidad de la Educación Pública, y concreción de la Marcha Federal Educativa. Repudio a toda acción de violencia acaecida en las instituciones educativas. Repudio a los descuentos masivos por paros, ordenados por las autoridades provinciales, y a la modificación de la carga como injustificadas. Salario igual a la canasta familiar en un cargo. Solidaridad con las familias del barrio Sembrando Sueños (sector Villa Delfina) que fueron desalojadas violentamente de sus viviendas por las autoridades policiales del gobernador Kicillof y en complicidad con las autoridades municipales. Acciones: En el marco de la Jornada Nacional de lucha de 48hs de la CTERA (11 y 12/9): ▪️ 11/9: concentrar y movilizar a las 13 hs en Plaza Rivadavia contra el veto al aumento a las jubilaciones, acompañando a las organizaciones de jubiladxs. ▪️ 12/9: realización de acciones de visibilización de las problemáticas que atraviesan a la docencia, en el marco de una Jornada de Protesta*. *Nos concentramos en la plaza del Teatro Municipal a las 9 30 hs. LEER MÁS: SUTEBA Bahía Blanca: se debe respetar el mandato y convocar a la asamblea votada Por Tendencia Docente Clasista (Bahía Blanca), 23/08/2024.

El gobierno de Javier Milei acaba de vetar un aumento (miserable) para los jubilados. El miércoles 11, la Cámara de Diputados se reunirá para considerar el veto presidencial. Días atrás los jubilados fueron reprimidos por la policía de Bullrich. El gobierno liberticida recurre a los palos y a los vetos para imponer su política antiobrera. En la docencia, a su vez, las cajas jubilatorias están en la mira . Recientemente la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó una reforma jubilatoria que entre otras cosas aumenta la cantidad de años trabajados para la docencia, empodera al Poder Ejecutivo a subir la edad jubilatoria y desengancha los aumentos percibidos para que los jubilados lo cobren a los 60 días. Es el camino para “armonizar” el sistema con los docentes nacionales y perder su carácter especial. Una reforma similar también pretende llevarse a cabo en la provincia de Entre Ríos. La CTERA (principal sindicato nacional docente) ha improvisado una “jornada de lucha”, sin paro, de 48 hs (11 y 12), y llama a movilizar junto a sectores de la CTA. Se menciona en la convocatoria que es en “solidaridad con la docencia de Ente Ríos y Santa Fe”. Pero en esta provincia, la conducción celeste de AMSAFE se limitó a parar el día que se votó en senadores. Es decir, a “cumplir” con protestar. Lo mismo se espera para el 12 de setiembre, cuando está convocada la sesión de los diputados. Ante semejante ataque a las jubilaciones docentes, la CTERA no ha atinado a llamar a una huelga nacional para impedir que avancen los proyectos de reforma en Santa Fe y Entre Ríos . Tampoco le ha puesto fecha a la famosa “marcha federal” que vienen anunciando desde principios de año. No existe una campaña nacional contra la “esencialidad educativa” que le quitaría a la docencia su derecho a huelga . La jornada de lucha que está convocada para el 12 en cada una de las provincias, se desconoce en qué consistirá. La concentración del miércoles 11 coincidirá con el Día del Maestro. Para la docencia es la oportunidad de manifestarse masivamente contra el veto del gobierno liberticida de Milei y para defender sus propios regímenes jubilatorios que son uno de los principales blancos de ataque de parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Quieren hacerse de esas cajas para pagar los intereses de la deuda usuraria y los compromisos con los bonistas. Impulsemos asambleas por escuelas y votemos sumarnos a la concentración en el Congreso Nacional y en todas las plazas del país, en la perspectiva de construir una huelga indefinida que acabe con el gobierno hambreador.

El 30 de septiembre termina la primera etapa del blanqueo decretado por Milei según el cual se pueden declarar activos no registrados, sin límite de monto, y sin pagar multas ni impuestos especiales -bajo ciertas condiciones- abriendo una Cuenta Especial para la Regularización de Activos (CERA). Estos activos están exentos del Impuesto Especial, si permanecen en la CERA hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que si se transfieren antes, se retendrá un 5%. El planteo estipula tres etapas con alícuotas decrecientes -en el peor de los casos, si no cumplen con determinadas condiciones. La alícuota es del 5% hasta el 30 de septiembre, del 10% hasta el 31 de diciembre y del 15% hasta el 31 de marzo de 2025. Pero no estarán sujetos al pago de impuestos aquellos que regularicen bienes o tenencias por un valor de hasta 100.000 dólares. Tampoco quienes inviertan los activos en las propuestas de inversión sugeridas por el gobierno. Por lo tanto, el blanqueo puede ser absolutamente gratis, sin gravámenes. Ni siquiera penaliza a los que se acogieron al blanqueo de Macri y ahora vuelven a reincidir. El liberticida de Milei llama “héroes” a estos evasores por partida doble – entre ellos, integrantes del delito organizado que aprovechan estas medidas para lavar dinero proveniente del narcotráfico o de la trata. Tras la excusa de la necesidad de ingresar dólares, se esconde la demanda de los grandes capitalistas de blanquear y lavar dinero cuando gran parte de sus negocios y de la economía en general funcionan en negro, con ganancias al menos dibujadas. Este blanqueo es análogo a la reforma laboral que legaliza el trabajo no registrado eliminando las multas. El decreto también permite adelantar el pago de Bienes Personales por cinco años, con una alícuota anual de 0,45%, un regalo. Además, se les garantiza hasta ¡2038! el congelamiento de la alícuota, un blindaje contra cualquier cambio de gobierno que agrava a futuro el vaciamiento del Tesoro. También libera a los que ingresen al blanqueo de cualquier acción civil y penal por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas; y establece que no se apliquen las presunciones del incremento patrimonial no justificado. Es una impunidad total. En las últimas semanas se incrementaron las desregulaciones sobre la identidad de las personas que abren las CERA, lo cual incrementa aún más las ventajas para los activos de origen criminal. Sin embargo, a pesar de que este es el blanqueo “más generoso de la historia”, no promete ni llegar a los talones del de Macri que logró capturar 110 mil millones de dólares. Los analistas más optimistas avizoran 20 o 40 mil millones, constituidos principalmente por pequeños ahorristas. Pero la mayoría de los observadores no vislumbran más de 15 mil millones de los cuales el Estado no cobrará nada. Lo único que puede abultar el monto es el reciente acuerdo de información tributaria entre Estados Unidos y la AFIP, el cual involucra a los fondos fugados a Estados Unidos -que no adhirieron al blanqueo de Macri por no existir dicho acuerdo y, por lo tanto, no tener necesidad de hacerlo. Por estas medidas, la Argentina quedó en las miras del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Los especialistas de este organismo que depende del G8 alertaron sobre la posibilidad de que la Argentina entrara en una lista gris y sea declarada paraíso fiscal para los capitales de origen incierto. El GAFI ya había prendido las alertas por el RIGI al declarar que es una puerta de acceso camuflada “con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad". De este blanqueo, el gobierno solo pretende obtener una entrada de capitales en condiciones de total volatilidad, cuando la única pena por retirarse antes de tiempo es un gravamen del 5%. En el blanqueo de Macri el gravamen, obligatorio, era del 10. La medida no blinda al gobierno de una fuga de capitales de proporción semejante al blanqueo. LEER MÁS: Ley Bases: un acuerdo estratégico para delegar el poder a Milei-Caputo y a los fondos internacionales Por Marcelo Ramal, 27/04/2024. Milei se hace el desquiciado Elogia la fuga de capitales para justificar un nuevo blanqueo más fraudulento que los pasados. Por Jorge Altamira, 21/04/2024.

A través de un anuncio del Ministerio de Capital Humano, el gobierno llamó al reempadronamiento a los monotributistas sociales del país. Los beneficiarios de los planes asistenciales “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” tienen plazo hasta el 30 de septiembre para realizar el trámite, de carácter obligatorio. Pero el ´reempadronamiento´ viene asociado a una fuerte depuración y a un violento ajuste: los monotributistas sociales, a partir de agosto, deberán pagar el 50% del costo de la obra social -unos 7 mil pesos mensuales, cerca del 10% del monto de la asistencia social que reciben- y presentar un informe de facturación cada seis meses, cuando el sistema de ´cooperativas´ que daba sustento al programa “Potenciar Trabajo” -y dio lugar a la generalización del ´monotributo social´- fue cancelado. Este régimen fiscal considera a los inscriptos como “emprendedores en situación de vulnerabilidad que realizan su actividad económica de manera individual” y que están excluidos de cualquier trabajo formal. Con la inscripción al monotributo social, tanto un cooperativista, un feriante o un titular de un plan social, podían emitir facturas para registrar su actividad y acceder a una cobertura mínima de salud y realizar aportes previsionales. Para estos trabajadores representaba la única posibilidad de acceso a ambos beneficios. Para el movimiento piquetero y las organizaciones sociales, el aporte jubilatorio del Estado fue un paso adelante no solo respecto a una futura jubilación sino en un reconocimiento respecto al trabajo realizado en comedores y otras tareas. Según un relevamiento de la recientemente allanada Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, menos del 10% de los inscriptos en el monotributo social factura por sus actividades y más de 62.000 fueron encontrados incompatibles con el régimen. Del 1.216.000 inscriptos, unos 622.000 son titulares y 594.000 adherentes. Para los programas sociales son unos 488.000 titulares con sus adherentes a los que se les cubría el 100% de la obra social. Golpe económico a los flexibilizados El Ministerio “busca transparentar y ahorrar en el erario público” a partir de las bajas de quienes no se reempadronen. Pero el principal impacto de la medida será el retiro del Estado de la cobertura de la Obra Social. Para continuar con la cobertura de una obra social, que es una cobertura médica con servicios mínimos, los titulares deberán realizar un trámite digital en ANSES donde pasarán a cubrir el costo por cada adherente de su plantilla familiar, que -sumados los integrantes- puede rondar entre los $13.800 y los $34.500. Además de esto, deberán presentar seis facturas por semestre que respalden su actividad económica, una epopeya contable para un desocupado. Estas medidas implican el retiro de un derecho adquirido - la cobertura médica y el aporte jubilatorio. Es que la enorme mayoría de los titulares no puede sostener los montos necesarios y está evaluando en estos días darse de baja de estos servicios sociales. Solo aquellos que afrontan tratamientos médicos difíciles de interrumpir se inclinarían por reempadronarse y comenzar un pago. Como si esto no fuera suficiente, las empresas administradoras de servicios de salud evalúan retirarse de las prestaciones al escalafón inferior de monotributistas. A principios de año, la eliminación del monotributo social fue retirada de la Ley Bases. Ahora, el gobierno avanza en ese camino, por la vía de esta reglamentación. Las cooperativas y el régimen simplificado Del lado de las cooperativas y de la llamada economía popular, la medida preanuncia una liquidación de la actividad. La UTEP señala que la disposición oficial “no contempla la realidad de la economía popular donde muchos trabajadores de cooperativas cobran mediante recibos de asociados y no con facturación individual”, y agregó: “para aquellos que continúen adentro será complicado que las obras sociales puedan sostenerles la cobertura de salud ya que serán desfinanciadas por la caída de la gran mayoría de afiliados”. En el Congreso, en el debate de la Ley Bases, hubo un acalorado intercambio respecto al futuro del monotributo social, que fue defendido por representantes de las empresas recuperadas. Rechazamos este nuevo ataque a los bolsillos de los compañeros, llamamos a las organizaciones a movilizarnos al Ministerio de Capital Humano rechazando está arbitrariedad contra el aporte jubilatorio y prestación de salud mínima a cargo del Estado para los desocupados con plan social. LEER MÁS: No hay “vuelta al trabajo” El 14 de agosto salimos por el trabajo genuino, la bolsa de empleo, las capacitaciones y los alimentos. Por Leonardo Perna, 13/08/2024. El “boom” del monotributo Una avanzada de dos décadas contra la clase obrera. Por Pablo Busch, 01/08/2024.

Una movilización convocada por el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y Artes (CECSEA) desde el rectorado de la universidad hasta el centro de Quilmes congregó a los gremios docentes y no docentes junto a las organizaciones políticas de la universidad en una columna de unas 300 personas. La actividad, que incluyó un recorrido y operativo a cargo del municipio en manos de la camporista Mayra Mendoza, tuvo una gran recepción de transeúntes y vecinos que acompañaron el paso de los manifestantes con aplausos y cánticos. La composición de la columna estudiantil estuvo prácticamente reservada a las organizaciones, principalmente la conducción del CECSEA -el frente Juana Azurduy (La Cámpora, Alianza Universitaria, MUI-PC y CEPA-PCR)- más una columna importante de docentes del sindicato ADIUNQ, que además contó con la participación de docentes de base. Se hicieron presentes una gran cantidad de directores de carreras, consejeros y otros representantes del gobierno universitario. La movilización estuvo supeditada al armado de las conducciones gremiales, agrupadas en la Mesa Interclaustro, que define sin ningún debate con las bases de trabajadores o estudiantiles, la concreción de medidas aisladas. La movilización, que se planteó un amplio recorrido por el distrito -casi 40 cuadras- contó con una baja convocatoria por parte de sus organizadores. Desde Política Obrera defendimos la movilización y habíamos realizado la propuesta de prepararla con una asamblea interclaustro y acciones previas para darle la contundencia que se merecía una actividad de este tipo . La movilización, finalmente, concluyó sin oradores. Un centro de jubilados se hizo presente, señalando la necesidad de unificar la lucha contra el veto de Milei e invitando a todos los presentes a sumar el miércoles a la Plaza de los Dos Congresos. Desde Política Obrera nos hicimos presente con nuestros materiales y posiciones, se colocaron una gran cantidad de periódicos alentando un debate con los estudiantes, los docentes y no docentes presentes. Hicimos un llamado a colmar el Congreso el día miércoles y a profundizar todas las medidas de lucha en la universidad, convencidos que para darle una salida positiva a nuestros reclamos es necesario impulsar la huelga general educativa y una inmediata marcha federal a Plaza de Mayo para que los trabajadores “vetemos” a Milei. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Joaquín Antúnez: "La política de Milei es muy clara, destruir la universidad y la ciencia públicas y a los jubilados; por esop no hay que tener expectativas en el Parlamento y sus maniobras como la "Ley de Financiamiento", al contrario, es necesario reabrir el proceso de lucha universitaria y generalizarlo para qie culmine en una huelga general que derrote al gobierno". Entrevista en el programa "Algo Más" por Radio FM Wen 93.9 MHZ, lunes 09/09/2024. Publicada en el FB Nacional de Política Obrera.

El lunes 9 de septiembre se realizó una acción por parte de un grupo de docentes autoconvocados sobre el Tribunal de Clasificaciones Descentralizado, con el objeto de reclamar que se les reconozcan los cursos de capacitación realizados para la inscripción al Listado Oficial 2025. Ocurre que el Tribunal Central emitió una resolución que plantea que, además de los certificados, los compañeros deben presentar los certificados analíticos de dichos cursos. Aquí los compañeros tropezaron con varias dificultades: la primera fue que dicho tribunal no informó fehacientemente sobre tal resolución; la segunda fue que la resolución debió ser comunicada también a las universidades e institutos de capacitación, dado que los compañeros no pueden ir por su cuenta a solicitarlos. Esos cursos de capacitación son bonificantes, es decir que otorgan puntaje adicional, lo cual ayuda a mejorar la ubicación de los docentes aspirantes en el listado. La gran mayoría de estos cursos son arancelados, por lo que la capacitación docente se encuentra mercantilizada, por lo que los compañeros se ven obligados a “comprar puntaje" para poder estar mejor ubicados y poder obtener cargos o módulos. Los compañeros presentaron un petitorio ante las autoridades del Tribunal local. Reclamaban que no se innovara para la inscripción de este año y que, en todo caso, se reviera la medida para la inscripción al listado 2026. Por toda respuesta, les dijeron que ellos sólo podían aplicar la resolución sin cuestionarla, aunque el tribunal se comprometió a elevar el reclamo al Tribunal Central. Según la compañera Cristina, una de las referentes del grupo, la decisión de los compañeros de autoconvocarse surgió debido a que “no hemos recibido ninguna respuesta de quienes nos representan, en este caso, del sindicato" (SUTEBA, n. del r.). “Su respuesta fue que el comunicado era ‘claro’ y que estaba la resolución ‘hace tiempo'. Entonces, como no recibimos ninguna representación, nadie que nos defienda, optamos por esta medida de autoconvocarnos en forma totalmente independiente”. Luego de la presentación del petitorio, se realizó una breve asamblea en la que se resolvió cambiar la fecha para movilizar a La Plata -en principio se iba a hacer el viernes 13- para el martes 17 de septiembre próximo. LEER MÁS: El negocio de la capacitación docente Por Julio Gudiño, 25/06/2020.

Por quinta vez consecutiva y como todos los lunes los docentes de la Tendencia Docente Clasista San isidro realizamos una volanteada y radio abierta en la estación de Boulogne. Si bien el origen de la actividad surgió como iniciativa de un grupo de activistas para denunciar la ley de Finocchiario que declara "esencial" la educación , este lunes también llamamos a movilizar el miércoles para apoyar el reclamo de nuestros compañeros jubilados . Por este motivo, junto al aula virtual que se montó, llenamos la estación con carteles denunciando los haberes de indigencia y la represión e invitamos a los vecinos que pasaban a escribir frases de apoyo a los jubilados. La recepción de los trabajadores fue muy buena, muchos se acercaron a charlar y compartir su punto de vista. Quedamos con ellos en juntarnos el miércoles a las 11 horas en la estación de Boulogne para marchar al Congreso. Por nuestra parte continuaremos con esta actividad todos los lunes para visualizar y denunciar el estado calamitoso de nuestras escuelas e invitamos a toda la docencia, delegados y referentes a participar. La actividad es a micrófono abierto. LEER MÁS: San Isidro: radio abierta en defensa del derecho a huelga de los docentes Por Margarita Cuellar, 14/08/2024.

El gobierno despidió al interventor de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, Thierry Decoud, luego de que el diario Clarín revelara un audio donde se escucha a dos supuestos intermediarios de la empresa estatal pedir coimas para cerrar una venta a la empresa Tegi Limited. El anuncio del despido sonó casi como una exculpación. "Hasta que se aclaren los hechos (sic), el Presidente (Javier Milei) ha tomado la decisión de despedirlo", fue la fórmula del anuncio que utilizó el vocero Manuel Adorni. Decoud proviene del PRO y tiene una larga trayectoria en materia de política y negocios. Comenzó su trayectoria en 2013, ocupando el cargo de director general de tratamiento y nuevas tecnologías en la Secretaría de Higiene Urbana del gobierno porteño, hasta que, en 2015, pasó a ocupar el cargo de presidente y CEO de Centrales de la Costa Atlántica durante la gestión de María Eugenia Vidal. En 2017, fue convocado por el rabino y ex ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman para liderar la Secretaría de Control Medioambiental, cargo que ocupó hasta el final del mandato de Mauricio Macri. Desde entonces, Decoud lanzó varios emprendimientos personales, hasta que, en 2023, recaló en el sector minero y fundó Remkor SA, una sociedad enfocada en la “explotación, exploración y adquisición de minas y canteras” (Infobae, 10/9). En estas horas, nadie se hace cargo de su llegada al gobierno: los libertarios recalcan su procedencia macrista, mientras que el macrismo asegura que su incorporación al gobierno fue una decisión estrictamente personal. El caso tiene todo el tufillo de una operación política. La empresa Tegi es una intermediaria, que supuestamente tenía previsto comprar 30 mil toneladas de carbón de baja calidad para revender nada menos que a India o China, según Clarín (9/9). Su sede declarada se encuentra en Dubai, aunque las primeras versiones indicaban que es controlada por capitales israelíes, cosa que la embajada sionista dijo desconocer. El primer acercamiento entre YCRT y la empresa habría sido gestionado por la Cancillería argentina. La pretensión de Tegi era comprar el carbón almacenado en el puerto de Punta Loyola, listo para embarcar. Si bien se trataba de una operación pequeña -2,1 millones de dólares- le hubiera dado aire a la empresa estatal, la cual -según el gobierno- tiene un déficit de 5 millones de dólares mensuales. La versión oficial indica que la operación se cayó cuando dos personas que se presentaron como intermediarios de YCRT -uno de ellos de reconocida amistad con el interventor Decoud- pidieron un ´retorno´ de entre 20 mil y 30 mil dólares. La versión de YCRT es diferente: “La empresa ha tomado conocimiento de un audio que corresponde supuestamente a un representante de la empresa Tegi (empresa broker), que si bien hizo una propuesta hace unas semanas, fue desestimada por no ser comprador directo y por presentar precios muy bajos y poco convenientes para la empresa” (Clarín, 9/9). Todo indica que hubo negocios e intereses superpuestos a varias bandas. YCRT fue creada en 1958, como una división de YPF. En 1993, tras el despido de 1.700 trabajadores, fue privatizada por Menem. La empresa quedó en manos de un consorcio encabezado por Sergio Taselli, un vaciador consuetudinario de empresas y servicios públicos. Renacionalizada en 2002, dos años después se produjo un incendio que le costó la vida a 14 trabajadores . Desde entonces se sucedieron las intervenciones kirchneristas y macristas. En la actualidad emplea a unos 2.100 empleados. Su cierre representaría una catástrofe para los habitantes de la zona . Actualmente, YCRT se encuentra en la lista de ´privatizables´ que fue sancionada con la “Ley Bases”, con su estela de despidos, o bajo la amenaza de cierre. Trabajadores y delegados que han denunciado el vaciamiento han sido sancionados. El escándalo de Decoud descalifica a los privatizadores, y debe ser aprovechado para golpear a los que preparan el remate de YCRT .

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires ha dado por finalizada la conciliación obligatoria en Bridgestone el día 10 de septiembre. La había dictado ante la convocatoria a un paro general de la planta por parte del sindicato del neumático (SUTNA), después del anuncio de más de 450 despidos. Previamente, la patronal había realizado suspensiones masivas por el lapso de un mes. El final de la conciliación obligatoria convalida la totalidad de los despidos, el grueso del activismo fabril, así como desconoce una gran cantidad de denuncias sobre las irregularidades cometidas por la patronal y que han reiterado en violaciones a las condiciones laborales del convenio y de seguridad e higiene, que el propio ministerio ha reconocido oficialmente en los últimos años. El conflicto en Bridgestone se inició cuando la patronal, mediante la presentación de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) completamente fraudulento, se lanzó a imponer una derrota a los trabajadores, modificando las condiciones de trabajo y reduciendo la dotación. Ofensivas similares se lanzaron en FATE y Pirelli. El SUTNA, en un comunicado, ha declarado que con el fin de la conciliación obligatoria dará paso a reuniones y asambleas por sector en Bridgestone para tomar medidas de acción directa contra los despidos. Reconoce, además, que la conciliación obligatoria ha sido utilizada por la patronal para neutralizar la actividad del sindicato, mientras continuaba presionando por arreglos individuales, y que contó con el auxilio de la policía bonaerense dentro y fuera de la planta, para impedir bloqueos y otras medidas de fuerza. La conciliación obligatoria ha revelado todo su contenido reaccionario y propatronal, para "enfriar" el conflicto y la respuesta de los trabajadores. El sindicato ha intervenido por separado en las tres plantas, mientras las patronales Bridgestone, Fate y Pirelli han optado por una actitud coordinada y de conjunto. Las patronales actúan a dos bandas, con el ministerio provincial y la secretaría nacional de Trabajo, que depende de Capital Humano, para imponer conciliaciones en las plantas que desarrollan un plan de flexibilización y despidos mientras impone, junto a los representantes del gobierno liberticida, una dilación interminable de rondas paritarias a la baja . Las asambleas y reuniones en las plantas deben servir para impulsar una lucha de conjunto. LEER MÁS: Bridgestone: “conciliación obligatoria” con los despedidos afuera Por Joaquín Antúnez, 03/09/2024. Neumático: las conciliaciones obligatorias han fracasado Suspensiones y despidos masivos en Bridgestone y FATE, y rechazo al aumento de salarios. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 23/08/2024.

El ejército israelí (FDI) y el gobierno de Benjamín Netanyahu están bajo una presión cada vez más fuerte para que revelen cuántos de sus propios ciudadanos fueron asesinados el 7 de octubre por soldados, pilotos y policías israelíes en cumplimiento de la -supuestamente derogada- Directiva Hannibal, que desde 1986 ordena a las fuerzas de seguridad impedir que los palestinos tomen prisioneros, aunque esto signifique la muerte de los capturados. Si bien Hannibal no ordena matar a los cautivos, “con el tiempo se extendió una interpretación a través del ejército de que era mejor matar a los compañeros que permitir su captura -explicó el filósofo israelí Asa Kasher, autor del código de ética de las FDI-. Lo interpretaron como si tuvieran que matar intencional y deliberadamente al soldado para frustrar el intento de secuestro" (ABC.net.aus). El gobierno de Netanyahu dice que más de 800 civiles y alrededor de 300 soldados murieron el 7 de octubre. En su nombre, empuja una limpieza étnica que significó la destrucción de Gaza y el asesinato de 40.000 vidas palestinas. Pero a medida que pasan los meses el relato del sionismo se ha ido resquebrajando: ni violaciones ni bebés decapitados y ahora, a medida que el gobierno muestra que la recuperación de los rehenes vivos no son ninguna prioridad para Netanyahu, sobrevivientes y familiares comienzan a preguntarse quién mató realmente a sus seres queridos. En noviembre del año pasado, Haaretz publicó que asistentes al festival Nova que se daban a la fuga o que eran llevados a Gaza como prisioneros de las milicias palestinas habían sido bombardeados por un helicóptero de combate Apache. A partir de entonces, documentos obtenidos por Haaretz, así como testimonios de soldados y oficiales de rango medio y superior de las FDI, revelaron un sinfín de órdenes impartidas por la División de Gaza, el Mando Sur y el Estado Mayor de las FDI hasta las horas de la tarde de ese día, que muestran la aplicación de la Doctrina Hannibal, desde que sucedió el ingreso de las milicias en diversos puntos de la frontera. Se calcula que Israel habría disparado 33.600 rondas explosivas perforantes contra viviendas y vehículos civiles, no sólo matando, sino demoliendo las casas, los vehículos y los ocupantes hasta dejarlos irreconocibles. Los ataques militares no se limitaron a puestos avanzados o bases. A las 10:32 se ordenó que los batallones de la zona dispararan morteros en dirección a la Franja de Gaza. Las discusiones internas en el ejército señalaron que esta orden, atribuida al general de brigada Rosenfeld, fue muy criticada. Soldados y civiles trataban de ocultarse de los milicianos en zonas abiertas o arboladas a lo largo de la frontera. “Todo el mundo sabía lo que significaba no permitir que ningún vehículo regresara a Gaza. La instrucción pretendía convertir el área alrededor de la valla fronteriza en una zona de exterminio, cerrándola hacia el oeste”, dijo a Haaretz en julio un alto jefe del Mando Sur. Haaretz documentó entonces lo que hasta ese momento solo había denunciado un puñado de sobrevivientes: “Hannibal en Erez, despachen un Zik [dron de ataque]", fue la orden dada el 7 de octubre, afirmó taxativamente el periódico de Tel Aviv. Los comandantes en las FDI dieron la orden de disparar contra tropas que habían sido capturadas por Hamás en tres lugares separados, haciendo referencia explícita a la Directiva Hannibal. La orden transmitida a las 11:22 a.m. a través de la red de la División Gaza fue entendida por todos: “Ni un solo vehículo puede regresar a Gaza”. El coronel de la Fuerza Aérea Nof Erez, dijo en un podcast de Haaretz: "Esto fue un Hannibal en masa. Había montones de boquetes en el muro, y miles de personas en todo tipo de vehículos, algunos con rehenes y otros sin ellos". En consonancia, pilotos de la fuerza aérea describieron al periódico Yedioth Ahronot el disparo de "tremendas" cantidades de municiones el 7 de octubre a personas que intentaban cruzar la frontera entre Gaza e Israel. "Veintiocho helicópteros de combate dispararon durante todo del día todas las municiones que tenían, en recorridos renovados para rearmarse. Estamos hablando de cientos de morteros de cañón de 30 milímetros y misiles Hellfire", dijo el reportero Yoav Zeitoun. Oficiales de tanques también dijeron que dispararon contra vehículos que regresaban a Gaza. "Mi instinto me dijo que mis soldados podrían estar en ellos", admitió el capitán de tanque Bar Zonshein a Channel 13 de Israel. El periodista, atónito, le preguntó si no se daba cuenta de que podía estar matando a sus propios soldados. Zonshein respondió: "Si, pero decidí que esta es la decisión correcta, que es mejor detener el secuestro, que no sean llevados". El periodista de investigación Ronen Bergman escribió en el periódico Yedioth Ahronot que el ejército había aplicado la Directiva Hannibal desde el mediodía del 7 de octubre. "Las FDI instruyeron a todas sus unidades de combate a seguir la 'Directiva Hannibal', la instrucción fue detener 'a toda costa' cualquier intento de los terroristas de Hamás de regresar a Gaza". La investigación de Bergman encontró que 70 vehículos fueron destruidos por aviones y tanques israelíes para evitar que volvieran a Gaza, matando a todos los que estaban dentro. El ejército también ha dicho que se ordenó a las tropas disparar contra viviendas, a pesar de que había civiles retenidos como rehenes adentro. En el Kibbutz Be'eri, donde murieron 101 civiles israelíes, un tanque disparó contra por lo menos una casa, la de Pessi Cohen, que fue asesinada por disparos israelíes junto con otros 13 rehenes que estaban allí. "Queremos una comisión de investigación que no solo investigue esto, sino que revise toda la política del ejército sobre el uso de la Directiva Hannibal, o su concepto, cuando se trata de rehenes. El pueblo israelí merece saber qué le está pasando" dijo el hermano de Pessi, Reuven Meir, a Haaretz. Otro tanto pasó con los rehenes del Kibbutz Nir Oz según el testimonio de una sobreviviente. Seis meses después, una investigación de la Fuerza Aérea de Israel admitió que era probable que un helicóptero Apache de ataque hubiera matado a Efrat Katz y otros vecinos. Sin embargo, el jefe de la Fuerza Aérea, el mayor general Tomer Bar, "no encontró fallos en la operación por parte de la tripulación del helicóptero, que operó de acuerdo con las órdenes en una realidad compleja de guerra". Acosado por pedidos de informes, el ejército sionista “ni confirma ni desmiente”, se limita a responder que: “Las FDI están actualmente enfocadas en eliminar la amenaza de la organización terrorista Hamás. Preguntas de este tipo se examinarán en una etapa posterior". La falta de escrúpulos de un ejército genocida invariablemente recae también sobre la población a la que supuestamente defienden. LEER MÁS: Quién mató a civiles israelíes La Directiva Hannibal en acción. Por Olga Cristóbal, 31/10/2023. Israel mató a sus propios ciudadanos Para rescatar las posiciones en manos de los palestinos tanto el 7 de octubre como los días siguientes. Por Olga Cristóbal, 29/10/2023.

Desde las primeras horas de la mañana, jubilados y trabajadores de distintos sindicatos se fueron acercando al Congreso Nacional. Mientras ocupábamos la calle en contra del protocolo de Bullrich, los cánticos eran: abajo el veto de Milei y huelga general. La conspiración de legisladores y oficialismo, preparada durante la semana previa para rescatar el veto de Milei , se hizo efectiva. Milei y sus cómplices dejaron sin efecto la ley que resarcía a los haberes en miserables $ 17.000 . La movilización Las agrupaciones que los miércoles concurrimos al Congreso -y que abrimos el micrófono a todos los sectores- siendo convocantes de esta movilización nos acercamos al palco montado por las dos CTA, la Autónoma de “Cachorro Godoy” y la de los Trabajadores de Hugo Yasky. Ante el pedido del uso de la palabra, este nos fue negado por dichas organizaciones. La burocracia sindical instalada en nuestros sindicatos, CGT, las CTA, CTERA es funcional a los planes antiobreros y antijubilatorios de este gobierno liberticida, empezando con la reforma laboral y ahora con este veto. Represión Culminada la votación la bronca de los manifestantes era indudable y comprensible. El menú represivo que estaba preparado incluyó a Gendarmería, a la Policía Federal y a la Prefectura que con carros hidrantes, palos, gases lacrimógenos, balas de goma e infiltrados provocadores incluidos, reprimió a diestra y siniestra sin ningún miramiento. Conclusión: decenas de heridos, entre ellos una niña de 10 años, adultos mayores, incluyendo detenidos. Esta conspiración pergeñada en apoyo del veto del gobierno liberticida es un certificado de garantía frente a la clase capitalista, a los bancos y a los acreedores de la deuda. Así lo declaró Milei frente a las patronales en la UIA . Solo la unificación de las luchas de trabajadores ocupados y desocupados impulsando una huelga general le torcerá el brazo a esta barbarie. La lucha continúa, todos los miércoles a las 15 convocamos en el anexo del Congreso Nacional.

La jornada de este miércoles 11 ha sido altamente instructiva para todos los trabajadores que luchan contra el gobierno de Milei. El veto a la misérrima ley jubilatoria que disponía un aumento de $15.000 en los haberes fue salvado por un dispositivo político que no dejó afuera a ninguno de los aparatos políticos y sindicales tradicionales, de la UCR al peronismo, pasando por el massismo. Una versión interesada de la sesión que refrendó el voto atribuye ese resultado al viraje de un puñado de diputados radicales que “arreglaron” con Milei por cuerda separada. Lo que no dicen es que el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, ya avisó que los díscolos no serán separados del bloque. Todo seguirá “en casa”, como ocurrió con el apoyo del mismo de Loredo a la Ley Bases, o, todavía más, cuando el "rebelde" Lousteau se sentó en su banca en el Senado y habilitó el quórum necesario para el tratamiento de la mega-ley antiobrera. Junto a los radicales, sumaron su apoyo al veto los diputados pejotistas y massistas que responden a gobernadores como Jaldo o Sáenz. La participación del peronismo en la “coalición del veto” fue puesta de manifiesto por el propio Germán Martínez, el jefe de la bancada, al conjeturar sobre “qué hubiera ocurrido” si votaban contra el veto “todos los que fueron elegidos en la lista de la Unión por la Patria”. Senado Los episodios de hoy, por lo tanto, mostraron a un gobierno que se sostiene con el aval del mismo Congreso al que somete con sus vetos y decretazos. Esta operación de rescate parlamentario del régimen se ha completado, hoy mismo, con otra componenda, pero en el Senado. El gobierno logró sacar del temario de la sesión de mañana al rechazo del DNU que dispuso la asignación de 100.000 millones de pesos de gastos reservados a la SIDE . La oposición le ha concedido a Milei postergar el tratamiento a sabiendas de que el Gobierno está gastando a todo vapor los recursos dispuestos en ese DNU para sus operaciones de fake news, insidias políticas y espionaje. Para la sesión de mañana quedó en pie la Ley de “Financiamiento Universitario”, cuyo tratamiento se ha dejado correr por dos razones. Primero, porque cuando el Gobierno la vete, algo que ha anunciado que hará, ya cuenta con el “bloque del veto” que se manifestó en la sesión de hoy y que podrá impedir los dos tercios, en caso de que se quisiera insistir con la ley. Segundo, porque la ley sólo le “encomienda” al Gobierno ajustar los salarios universitarios; se trata, en definitiva, de una exhortación . La decisión de enterrar la cuestión de los gastos reservados demuestra que el rescate del veto jubilatorio no constituyó una votación aislada: se ha puesto en marcha un dispositivo de salvataje de los decretazos oficiales, con una amplia y extendida complicidad de la “casta” de los partidos del capital. La calle Esta operación de socorro al gobierno libertario ha tenido otra pata decisiva, pero ya afuera del Congreso. Nos referimos a la burocracia de los sindicatos. El veto jubilatorio pasó ante el ominoso silencio de la CGT, que en esas horas discutía con el Gobierno la reglamentación de la reforma laboral y la caja de las obras sociales. En la marcha de hoy, una fracción de la burocracia aportó algunos miles de manifestantes de sus aparatos gremiales, vale decir que la jornada ni siquiera mereció un paro de la CGT. En el palco oficial colocado por las centrales sindicales no se le otorgó la palabra a las organizaciones de jubilados que todos los miércoles concurren al Congreso, y que dispararon la movilización popular contra el veto . Aunque formalmente los sindicatos ligados al moyanismo y al kirchnerismo -UOM, Bancarios, Judiciales y otros- exhibían sus carteles, la masa de manifestantes no se confundía: “Adónde está que no se ve la famosa CGT” fue una de las consignas más cantadas en la jornada. Los luchadores presentes no daban por válida ni efectiva a la presencia de los aparatos sindicales, que buscaron disimular su ausencia en la lucha contra el Gobierno. Apenas se retiraron los aparatos, ocurrió lo previsible: la represión feroz sobre el público presente, organizaciones de jubilados y partidos de izquierda. Bullrich había preparado largamente ese desenlace: al advertir en la jornada anterior sobre los “hechos de violencia”, anticipaba su propia conducta, o sea, la provocación represiva. Conclusiones políticas La ratificación del veto es una victoria del gobierno liberticida. Pero deja poderosas conclusiones y cierra una etapa política. Durante las últimas semanas, se montó el escenario de un choque de poderes entre el Gobierno y el Congreso. Los bloques parlamentarios -y los aparatos sindicales y políticos que los sostienen- intentaron presentarse como el canal de ciertas reivindicaciones sociales, como ocurre con el tema jubilatorio o la cuestión universitaria. Esta presentación le aportó otra excusa al inmovilismo de los aparatos sindicales. En el caso de la universidad, la lucha salarial fue convertida en un lobby parlamentario, con el apoyo del FITU. Pero la “coalición del veto” ha derrumbado estas ilusiones políticas. Detrás de los chisporroteos, se puso de manifiesto una solidaridad estratégica con el plan de guerra de Milei-Caputo contra las masas trabajadoras. Las luchas por delante plantean la independencia y la demarcación implacable de los cómplices políticos y sindicales de Milei, que son mucho más que siete mercenarios radicales. LEER MÁS: Una operación política para salvar el veto de Milei Miércoles 11, todos al Congreso. Por Marcelo Ramal, 10/09/2024.

El pasado sábado 8 de septiembre, desde el Polo Obrero Tendencia, celebramos el día del niño en el barrio Santa Ana, ubicado en la localidad de Boulogne. Se vivió una tarde donde hubo almuerzo, diversos juegos y una merienda con diferentes regalos para los niños presentes. La organización del mismo estuvo a cargo de las compañeras que realizan una olla semanal en dicho barrio. También contamos con varios vecinos/as que ayudaron en la realización. Este espacio como el encuentro festejado se sostiene con la lucha de las compañeras. A la enorme crisis económica que el gobierno nacional descarga sobre la clase trabajadora, en el barrio desde hace meses se vive una disputa entre bandas narco y esto lo ha vuelto altamente peligroso. En lo que respecta al festejo del pasado domingo, la jornada fue contextualizada con juegos en torno a los derechos del niño. Los niños han hecho carteles y juegos colectivos expresando y dejando registros sobre qué derechos deben ser respetados y cumplidos. Una educación y salud de calidad, una vivienda digna, una familia que acompañe, a jugar y divertirse, a no sufrir abusos, a vivir en libertad fueron conceptos que los chicos expusieron y se pudo charlar sobre los mismos. Llamamos a la organización de los barrios para luchar por los reclamos y reivindicaciones de toda la clase trabajadora.

Una familia porteña de cuatro integrantes necesitó 966.228 pesos y una casa para no ser pobre en agosto de 2024. Un millón de pesos y un techo, en una ciudad donde un departamento con tres dormitorios no baja de los 650 mil pesos. Las cifras son parte del informe del Instituto de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma publicación dice que una familia tipo necesitó 536 mil (y un hogar) para no ser indigente y 1 millón y medio para ser de clase media. Buenos Aires es “la ciudad más rica del país”, pero según midió el mismo organismo para el último trimestre de 2023 casi un millón de porteños era pobre. Desde entonces aumentaron el transporte, los servicios de luz, gas y agua, los remedios, los alimentos y los alquileres. Los que no aumentaron a la par fueron los salarios, las jubilaciones, ni mucho menos los planes sociales. Según el Indice de Precios al Consumidor de Buenos Aires, en los primeros ocho meses se registró una inflación del 106,8%: nadie debería sorprenderse del salto de la pobreza en la Ciudad que se registrará en el último trimestre en relación al mismo periodo de 2023. “Clase Media” El otro dato que arroja la estadística oficial es que una familia tipo debió tener ingresos entre 1,5 y 4,8 millones para ser considerado de “clase media”. Esta expresión involucra en su mayoría a familias trabajadoras que viven en la Ciudad. La porción que ingresa en ese rango ha quedado reducida a su mínima expresión. Los trabajadores porteños hace años que vienen siendo expulsados al otro lado de la General Paz por el alto precio de la vivienda, cuando no se resignan a amucharse en un puñado de metros cuadrados, recortan las actividades extracurriculares de los y las hijas, achican el plan de la prepaga, etcétera. Un docente porteño no llega a ser de “clase media”, los trabajadores del sistema de salud no médicos, menos. Entre los y las trabajadoras municipales, es cada vez más frecuente que habiten en el conurbano: sus ingresos están por debajo de la línea de indigencia –536 mil pesos más el costo del alquiler y las expensas. Cada vez más familias enteras viven en la calle, bajo el asedio permanente de la Policía de la Ciudad y las patotas paraoficiales del gobierno porteño. Jubilados La situación de los y las jubiladas es aún más critica. Una pareja de dos adultos mayores necesitó más de 270 mil pesos para superar la línea de indigencia y más de 480 mil pesos para alcanzar el status de pobres. Entre ambas cifras se ubica actualmente el monto de la jubilación mínima. Estas mediciones, por otra parte, se realizaron antes del recorte del subsidio a los medicamentos por parte del PAMI , además de los aumentos y tarifazos antes mencionados. No hay jubilados con la mínima capaces de afrontar el gasto del alquiler sin ayuda de otros familiares. La situación general de la clase obrera plantea la necesidad de luchar por romper con la connivencia de la burocracia sindical en la destrucción de los salarios y por terminar con los gobiernos de Milei- Macri. LEER MÁS: “Los niños primero”... en los índices de pobreza Por Valentina Viglieca, 21/08/2024. La inflación y destrucción del salario Por Valentina Viglieca, 10/08/2024.

A los 86 años de edad, murió el expresidente peruano Alberto Fujimori debido al cáncer de lengua que lo aquejó durante tres décadas. Llegó al cargo en 1991, como un ´outsider´ peculiar de la política. Como profesor de la Universidad era conocido como un filo izquierdista, que fue promovido como candidato por el evangelismo peruano. Salió segundo en la primera vuelta, lejos de Vargas Llosa, al que derrotó en el ballotage. Fujimori se integró a una ´ola´ política que lo emparentó con el argentino Carlos Menem y el venezolano Carlos Pérez, entre otros gobiernos ´neoliberales´ que sucedieron a las experiencias democratizantes de los Alfonsín, Alan García, Sanguinetti y Sarney, iniciadas a comienzos de los años 80 y en franca bancarrota hacia finales de aquella década. Fujimori y Menem fueron ´arquitectos´ de los regímenes políticos vigentes en sus respectivos países, por medio de reformas constitucionales preservadas hasta el día de hoy, aunque de naturaleza diferente –Fujimori impuso la regla de la “subsidiaridad” del Estado, inaugurada por Pinochet. Al final, apeló a un autogolpe: en 1992, disolvió el Parlamento e intervino al Poder Judicial. Instauró una férrea dictadura cívico-militar, con un saldo, al cabo de una década, de millares de muertos y detenidos, especialmente entre el activismo obrero y campesino. En 1993, bajo un clima de terror, convocó a la elección del congreso constituyente que parió la Constitución vigente en Perú hasta el día de hoy. Uno de los mayores éxitos políticos de Fujimori fue el encarcelamiento de Abimael Guzmán, líder indiscutido de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso , y la extinción de aquella organización. Caprichos del almanaque, Fujimori falleció un 11 de septiembre, al igual que Guzmán tres años atrás. En el embate contra los grupos guerrilleros, desarrollado con métodos propios de guerra civil, Fujimori también asestó una derrota significativa a otra organización izquierdista, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que ocupó la embajada de Japón durante cuatro meses, reteniendo a más de 70 rehenes, con el propósito de obtener la liberación de los presos políticos del movimiento. Mediante señales de buscar entablar una salida negociada, Fujimori elaboró un plan de rescate sorprendente que permitió al ejército peruano penetrar en el edificio y rescatar a todos los rehenes -excepto uno-, mientras que los guerrilleros fueron masacrados sin miramientos, tanto durante los enfrentamientos como a través de ejecuciones sumarias. Hacia finales de la década del 90, aunque Fujimori había logrado que se le habilitara una segunda reelección, el imperialismo le bajó el pulgar. Los videos del ´monje negro´ de su gobierno, Vladimir Montesinos, comprando diputados opositores para el oficialismo, preanunciaron su caída. En 2000, Fujimori huyó a Japón, desde donde despachó su renuncia a la presidencia por fax. En 2007 fue extraditado de Chile a Perú, donde fue condenado a 25 años de prisión. Pudo abandonar la cárcel definitivamente gracias a una decisión del Tribunal Constitucional, que revalidó un indulto presidencial otorgado en el 2017 por su precaria salud. La decisión contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha colocado al Gobierno de Dina Boluarte -otra golpista- en una posición de desacato frente al sistema interamericano de Justicia. El mes pasado, el Congreso peruano aprobó una ley que favorecía directamente a Fujimori, pues libra de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma. El Congreso también había aprobado una pensión vitalicia para Fujimori. Su hija, Keiko Fujimori, estuvo a punto de alcanzar la presidencia de Perú en tres oportunidades. Cuando su padre recuperó la libertad, llegó a postularlo para un nuevo mandato en 2026. Incluso Boluarte , se dice, no descartaba una coalición con el ex presidente. Fujimori encabezó una dictadura atroz en Perú y será despedido con honores de Estado.

El 1 de agosto el gobierno nacional ingresó al Congreso de la Nación los DNU 614/2024 y 656/2024. El primero estipula el cambio de nombre de la agencia de inteligencia de AFI a SIDE y una reorganización de la misma, que la subdivide en cuatro divisiones, que abordarán tareas específicas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la División de Asuntos Internos (DAI) y la Agencia de Federal de Ciberseguridad (AFC). Esta última fue la beneficiaria de los $100.000 millones de pesos extra asignados para “gastos reservados”, es decir sin rendición de cuentas -se dice en los diarios que ya se han ejecutado más del 80% de esos recursos. El volumen de los fondos reservados ha despertado resquemores en los distintos bloques burgueses , dentro y fuera del Parlamento, ya que muchos avizoran que serán utilizados para volcarlos al aparato de propaganda, a través de los troles libertarios que viralizan fake news e inteligencia interna contra “opositores”, traduciéndose en carpetazos y armado de causas. Al frente de la nueva-vieja SIDE se encuentra Sergio Neiffert, una persona sin experiencia en el área, pero que habíría sido elegido para el cargo por Santiago Caputo . ¿Ciberseguridad o ciberinteligencia? El gobierno liberticida se quiere sumar a la tendencia que atraviesan a las “democracias liberales” en lo que respecta a ciberseguridad basada en las nuevas tecnologías. En Alemania, por citar un caso de “avanzada”, la coalición de gobierno encabezada por el socialdemócrata Olaf Scholz ha presentado dos proyectos de ley que le dan nuevas facultades a la Autoridad Federal de Investigación Criminal (BKA) y a la Policial Federal, que se van a valer de datos biométricos y la IA para reforzar el ciberpatrullaje. Con la cantinela del terrorismo y las migraciones, buscan asfaltar la construcción de un Estado policial, que tenga como objetivo controlar y reprimir las convulsiones sociales provocadas por una economía en caída. La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) está encabezada por el matemático Ariel Waissbein, experto en blockchain (1) y ciberseguridad. Durante el gobierno de Mauricio Macri desempeñó funciones en el Ministerio del Interior. Cuenta con un recorrido académico, en el que ha publicado una gran cantidad de papers y a su vez ha patentado en EE.UU. una serie de registros de derechos digitales (antipiratería). Waissbein, también conocido como “Wata”, tiene un recorrido en el sector privado. Prestó sus servicios en una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo, Core Technologies Security, de origen argentino. Fundada en 1996 y unas de las pioneras en el rubro, mantuvo contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que habría despertado el interés de Santiago Caputo en su figura. La apertura de la AFC está antecedida por la presión del sector InfoSec (seguridad de la información) para que el Estado intervenga en la detección de ciberdelitos cometidos contra empresas y entes estatales (2). Según especialistas en el tema, la Argentina se encuentra en un estadio muy atrasado en la materia, pero advierten que ciberseguridad no es lo mismo que ciberinteligencia y afirman: “si la AFC tiene como objetivo mejorar la ciberseguridad y la meten dentro del paraguas de inteligencia, ya empezamos mal” (Dark News 19/7). Los libertarios se valdrán de las bases de datos del Estado para operar y manipular a la opinión pública. Ciberpatota libertaria La designación de Waissbein despertó suspicacias en tanto y en cuanto es un experto en criptomonedas. Según versiones, el Gobierno de Milei paga con monedas virtuales (que no deja rastros de transacciones) a los troles libertarios. A la represión y persecución a cargo de la ministra de Seguridad, “patrulla” Bullrich, hay que sumarle los “grupos de tareas” digitales, que actúan en las redes sociales llevando adelante persecuciones, hostigamiento y propaganda libertaria a tiempo completo . Actúan como verdaderos grupos paraestatales, que tienen su centro de operaciones en el Salón de los Próceres en la Casa Rosada y se sustentan con los gastos reservados de la SIDE. Entre los que caminan los pasillos de la casa de gobierno se encuentran Juan Pablo Carreira y el médico genetista Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. El primero fue nombrado como director de Comunicación Digital y Publica del gobierno nacional. El segundo es un patotero de poca monta que mantiene un modus operandi: el doxing, término proveniente del inglés que se utiliza para describir la práctica de investigación y publicación de información privada en Internet sobre un individuo o una organización, generalmente con el propósito de intimidar, humillar o amenazar. Se puede inferir que esta práctica de las patotas virtuales se valgan de información proveniente de los servicios de inteligencia. La ciberpatota no se queda en el amedrentamiento por las redes. Con el aval del gobierno y de Santiago Caputo, su jefe político, y utilizando las herramientas del Estado han comenzado a materializar sus amenazas. El inefable Gordo Dan, por medio del doxing, comenzó un hostigamiento a un tuitero (@Antiponzista) que reveló información sensible sobre el gobierno. El tuitero en cuestión recibió en su domicilio a un “repartidor de Mercado Libre tocó el timbre de su casa y le entregó la típica bolsa amarilla de la compañía, en cuyo interior había un bol de plástico y tapa transparente con tierra y gusanos. Horas después le llegó un mensaje advirtiéndole que, en caso de seguirla, él también terminaría en la tierra” (Revista Crisis, 13/7). Estos tipos de ataques se han multiplicados en los últimos meses, ratificando la impunidad con la que se mueven estos grupos de tareas, que para materializar estos hechos utilizan a lumpenes y mano de obra desocupada. . Reforzando esta línea de acción, el gobierno ha sumado a sus huestes, a través de Santiago Caputo, a un ferviente seguidor de Trump, Javier Negre, uno de los dueños del pasquín virtual La Derecha a Diario, señalado por la viralización de fake news. Algunos analistas indican que el dinero para la compra de ese sitio provino, precisamente, de los fondos reservados de la SIDE. Negre realizó pasantías en el diario El Mundo. Sus colegas españoles lo acusan de difundir desinformación y transgredir principios éticos de la profesión. En 2019 fue condenado por difundir información privada de una víctima de violencia de género que se encontraba bajo identidad reservada. Durante la pandemia abrió su canal de YouTube Estado de Alerta (EDA). Por la desinformación YouTube y Twitter suspendieron temporalmente las cuentas de EDA. El libertario de Negre, haciendo caso omiso de sus principios, recibe pauta del Estado español, así como de gobiernos derechistas de Galicia, Sevilla y Madrid, gobernadas por el PP o VOX. En definitiva, un ensobrado más. Es este el gramaje con el que están hechos los manipuladores de la opinión pública que construyen a través de su propaganda un escenario de confusión sobre las masas. Es esto lo que ha venido a hacer Negre a la Argentina. Mientras Milei descarga por medio de un plan de guerra un ajuste de características brutales (“el más grande de la historia”), pretende aumentar el presupuesto para los servicios de inteligencia brindándole toda la maquinaria estatal, para afrontar por medio de la represión, el espionaje y el ciberpatrullaje la convulsión social y los choques de clases que se deriven de la aplicación de su plan económico. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos del Estado y su consecuente desmantelamiento. (1) https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda (2) InfoSec (Seguridad de la información) es un término general que abarca diversas prácticas, herramientas y procedimientos que las empresas utilizan para proteger la información comercial. El objetivo de InfoSec es evitar cualquier uso, modificación, destrucción o inspección no autorizados de los datos. Los tres principios fundamentales de InfoSec (a menudo llamados CIA tríada) son Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

En el día de ayer, tuvo lugar una toma y vigilia en defensa de la educación pública convocada por estudiantes autoconvocados de la Facultad de Filosofía, Artes y Arquitectura, en el Pabellón Venezuela. La jornada contó con una olla popular, proyecciones y debates sobre la situación universitaria. Se hizo mención a la movilización del 23 de abril como evidencia de que el estudiantado no está desmovilizado, aunque ahora estemos en un período de reflujo como consecuencia de las maniobras de la burocracia universitaria, sindical y estudiantil para entregar el destino de la lucha a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario . Quienes estamos realizando la toma, consideramos que la crisis estructural de la universidad no va a resolverse con esta ley, que es además mentirosa, ya que depende por completo de la voluntad del Poder Ejecutivo . Es por eso que realizamos esta medida de fuerza, en forma independiente de las conducciones de los centros de estudiantes y la Federación Universitaria de Córdoba, que realizaron su propia vigilia frente al campus virtual de la UNC, con un límite de hasta la medianoche. En ningún momento se plantearon la necesidad de ocupar las facultades. Es notable como ADIUC, por su lado, en un escenario donde la mayor parte del país llamó a parar el 11 y el 12, esperó hasta último momento para declarar el paro del 12. Los paros a cuentagotas y aislados sirven como herramienta de la burocracia para el desgaste de los docentes . La recepción del estudiantado de la Facultad de Filosofía, ha sido solidaria. Los medios de comunicación independientes replican la medida en sus redes. En virtud de eso, llamamos a sumarse a la asamblea que realizaremos, a las 19 hs. en el mismo Pabellón Venezuela.

La prensa internacional recibió con satisfacción el desarrollo del debate presidencial entre Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata , y Donald Trump, el ex presidente republicano. La renuncia forzada de Joe Biden había creado una crisis política en la sucesión de gobierno, que se sumó a la expectativa de que el atentado que sufriera Trump casi al mismo tiempo lo convirtiera en un corredor solitario a la presidencia . En esos términos, Trump podía volver a la presidencia mediante una votación plebiscitaria o, alternativamente, desatar una abstención récord con fuerte impacto en la votación parlamentaria. Este desenlace eventual se habría combinado con el colapso de Macron en Francia y la coalición alemana del primer ministro Olaf Scholz para crear un caso inédito de crisis política simultánea en las principales potencias imperialistas. Kamala Harris cumplió con el propósito de sus promotores al superar el primer escollo que podía descarrilar el proceso electoral, aunque todavía no está dicha la última palabra. Biden, mientras tanto, se ha convertido en una figura decorativa que enfrenta decisiones fundamentales hasta finales de enero, cuando se produce el cambio de gobierno. Mientras transcurría el debate, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y David Lammy, el ministro de exteriores de Gran Bretaña, viajaban juntos a Ucrania para decidir si sus respectivos gobiernos autorizan a Zelensky a utilizar misiles de largo alcance para atacar 250 activos militares en Rusia, desde aeropuertos y bases militares hasta centros de comando e instituciones estatales. Las siete semanas que separan al debate de la jornada de votación podrían interferir, incluso decisivamente, en la evolución de la crisis electoral, si fuerza, por ejemplo, al ingreso de tropas de la OTAN a Ucrania, como esta previsto, sea en forma contingente o estratégica. La eficacia del ‘coaching’ de Harris para enfrentar el evento no resuelve ninguno de los problemas planteados por la guerra en el período de transición electoral. El debate sobre la guerra mostró la fractura que ha creado en el ‘establishment’ norteamericano y en el de la OTAN. Trump, en oposición a Harris, respondió con un ‘pondremos fin a la guerra’ a la requisitoria de los moderadores del debate acerca de si los candidatos promovían “la victoria de Ucrania”. Aunque no entró en los medios o vías para lograr un acuerdo de paz, advirtió que, de lo contrario, se marchaba hacia una guerra nuclear. Harris lo atacó por elevación al denunciar que el acuerdo de Trump con la guerrilla talibán, bajo su presidencia, para poner fin a la guerra en Afganistán, fue la causa del desbande posterior, bajo Biden, de la ocupación militar norteamericana en ese país de Asia Central. Harris se abstuvo de hacer la distinción de que Rusia, a diferencia de Afganistán, es una potencia atómica que se apoya en una alianza internacional (BRICS y más allá). En cuanto a la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino, Harris fue contundente en afirmar y reforzar la continuidad del apoyo político, económico y militar al Estado sionista , incluida la escalada militar que ha iniciado con ataques a Siria y a Irán. Trump no tuvo necesidad de clarificar su posición: en agosto pasado le reclamó a Netanyahu que acabe de una vez por todas (“finish off”) con el aniquilamiento de Hamás y la ocupación de Gaza. El ‘pacifismo’ aparente de Trump en cuanto a la guerra en Ucrania se revierte, en cuanto a las prioridades, hacia China y el Medio Oriente. En estos escenarios de guerra imperialista mundial se desarrolla la fragmentación de la Unión Europea, como se manifiesta en la declinación acelerada de Francia y Alemania, y en el ascenso político de una ultraderecha pro-Rusia. La OTAN no solamente libra una guerra imperialista sino que en su seno se libra otra batalla, igualmente imperialista, acerca de los intereses y propósitos divergentes de sus socios. La crisis política de la transición electoral que tiene lugar en EEUU está condicionada por el antecedente de esta misma crisis hace cuatro años, cuando Trump intentó, mediante el asalto al Capitolio, que el Congreso no ratificara la victoria de Biden . Esa tentativa golpista merodea estas elecciones, y es incentivada por la campaña derechista desatada por Elon Musk y su agencia de agitación –X. Varios oficiales militares en retiro han denunciado la posibilidad de una nueva tentativa, no así Harris, que evitó llamar a una movilización contra el golpismo de su adversario y convocó a ‘dejar atrás el pasado’ y ‘unir al pueblo norteamericano’. Trump, por el contrario, acentuó su agitación fascista, tomando como eje a la inmigración y al derecho al aborto. La tendencia al golpismo y al fascismo tiene como base la declinación histórica del imperialismo norteamericano y la tendencia a la guerra que esta declinación no puede sino provocar . El debate sobrevoló la crisis financiera de Estados Unidos , que se manifiesta principalmente en términos de déficit del Tesoro, próximo al 10% del PBI, o sea, alrededor de dos billones y medio de dólares, y la deuda pública, del 110/120% del PBI –unos treinta billones. Kamala Harris anunció un vago programa de ventajas impositivas a los consumos personales e hipotecarios, sin mencionar la crisis presupuestaria, que contrapuso a las reducciones de impuestos a los beneficios capitalistas que plantea Trump. Harris lo acusó de impulsar un plan de “motosierra y licuación” (el publicado Programa 2025), que el magnate negó sin ofrecer pruebas. Los principales grupos financieros y en especial las tecnológicas de Silicon Valley apoyan resueltamente el planteo trumpista, sin considerar que esto mismo, en Gran Bretaña, desató el llamado “ efecto Liz Truss” –un derrumbe bursátil, el hundimiento de la deuda pública y una cuasibancarrota de los fondos de pensiones. Ninguno de los contendientes abordó el tema decisivo de la Salud, que fue el eje desde Bush en adelante en todas las controversias electorales. El agravante es que Estados Unidos encabezó el ranking de muertes por Covid y ahora ocurre lo mismo con el pos Covid o Covid largo , que afecta a millones de ciudadanos. La atención y la financiación de la Salud ha decrecido y el post Covid tiene alcances de epidemia. Embarcado en guerras en todos los continentes, el capitalismo norteamericano no puede ni quiere atender el agravamiento de los problemas sociales de la población –la salud, la educación, la vivienda y la pobreza. De acuerdo a trascendidos, no habría un segundo debate previo a las elecciones –otra señal clara de la crisis de la transición electoral y de una campaña que se tornará más violenta. La democracia formal se va convirtiendo en una carga cada vez más pesada para la clase dominante capitalista en el país emblema de ella.

En el marco de una jornada que inició con la Legislatura blindada por un vallado y un despliegue policial inaudito, en sintonía con el protocolo Bullrich, los legisladores santafesinos se aprestaban a tratar la reforma previsional que establece la emergencia previsional, liquida el régimen opcional docente (2x1), impone aporte a los jubilados, aumenta edades y los aportes que realizan los activos, habilita al Poder Ejecutivo a modificar las edades de retiro y a ‘armonizarlas’ con las que establezca la Nación. El déficit aludido para justificar este ajuste contra las jubilaciones no es tal, representa menos del 10% del presupuesto provincial. Pullaro -que no ha hecho nada para recuperar los fondos retenidos por Nación y ataca la caja con sumas en negro y trabajadores precarizado- es responsable de este desfasaje cuyo costo pretende cargar a los laburantes. Pullaro elige no recaudar recursos genuinos, protegiendo los intereses de los poderosos grupos económicos, beneficiándolos con exenciones impositivas a agroexportadores, cerealeras, grandes capitales y terminales portuarias que pagan míseros 0,25% de ingresos brutos. Movilización Una movilización histórica y multitudinaria de docentes, jubilados, junto a distintos sectores de trabajadores públicos de salud, municipales provinciales, se fue congregando desde la mañana para rechazar la reforma de Pullaro. A pesar del golpe que representa la reforma para el conjunto de los trabajadores de la provincia, sólo los gremios docentes, AMSAFE y SADoP, convocaron a movilizar con un paro de 24 horas; otros sindicatos afectados por la reforma, como el de los municipales movilizaron sin paro, mientras que ATE y UPCN directamente boicotearon la lucha sin convocar a movilizar, en una clara demostración de subordinación y acuerdo con el gobierno. Esto no impidió que sectores estatales de base se movilizaran por su cuenta. Las conducciones celestes de la AMSAFE y SADoP, junto a dirigentes de la CTA y la CGT, repitieron la escenificación de la jornada del jueves pasado, cuando el Senado dio media sanción, colocando el escenario casi fuera de la plaza, a 50 metros de la esplanada legislativa. El acto dirigido por la CTA y la CDP de AMSAFE, consistió en un desfile de los voceros, incluso de gremios que no movilizaron, y luego transmitirían la sesión, sin más perspectiva para los trabajadores que ser espectadores de cómo se consumaba la liquidación de nuestros derechos, que ya tenía resultado cantado, porque el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras. Por eso, el acto fue ignorado por sectores de la oposición y una enorme mayoría de docentes, jubilados y manifestantes que se congregaron en torno a las puertas mismas de la legislatura, para manifestar exigiendo el ingreso hasta derribar las puertas. La brutal y preparada represión se descargó de inmediato, con gases y palos. La carga represiva no logró dispersar la movilización que se mantuvo en la plaza. Mientras tanto, en el recinto, el oficialismo (el bloque de Unidos que responde al gobernador Pullaro y el Partido Socialista) buscó apurar y forzar una votación sin debate, invocando una moción de privilegio, y sin siquiera contar con el quórum como establece el reglamento lo que fue denunciado por distintos diputados de oposición, que pidieron anulación de la votación, se les negó la palabra, e incluso advirtieron que sus votos fueron cambiados en medio de la maniobra. Tras el cuarto intermedio en Diputados, la oposición exigió reconsiderar el tratamiento del proyecto, denunció un procedimiento irregular y anunció que irá a la Justicia. AMSAFE Rosario y otros gremios han emitido rápidamente comunicados planteando la nulidad de la reforma votada de manera irregular. También desde el Colegio de Abogados y trabajadores del poder judicial habían advertido de numerosos aspectos que vuelven el proyecto inconstitucional. La heroica jornada de lucha protagonizada por la docencia y estatales este jueves ha sido un punto de inflexión. Deja en claro que la clase trabajadora está de pie, que tiene la determinación de enfrentar los atropellos del gobierno, pero también que toma nota del rol de las conducciones que han despejado la cancha a las patronales, dejando pasar todos los ataques y ajustes. Hay condiciones para derrotar la reforma y a los gobiernos, pero de ninguna manera va a pasar por las centrales sindicales que son parte del problema, sino de la intervención independiente de los trabajadores en la crisis. Por este camino, con autoconvocatorias, plenarios de delegados con mandato, asambleas en lugares de trabajo, preparemos la huelga general.

Con indecentes cambios de posición de varios diputados, el Parlamento nacional aprobó el pasado miércoles el veto del presidente Javier Milei a la fórmula de movilidad jubilatoria tras haberla convertido en ley en junio. Sobre este acontecimiento, que se produjo en medio de un gran operativo policial en las inmediaciones del Congreso, que incluyó represión contra los que se manifestaron contra esta medida, hablamos con Charly Petrillo, presente en la movilización y miembro del círculo de los barrios de La Paternal y Villa Crespo de la agrupación Jubilados Clasistas y del Partido Política Obrera. ¬“El Parlamento le salvó las papas a Milei”, disparó Petrillo en el comienzo de nuestro diálogo. Y prosiguió: “Durante toda la semana estuvieron maniobrando entre todos los partidos de la oposición –que no se salva ninguno–, haciendo sus 'enjuagues' para salvarle nuevamente las papas a Milei, porque todos estos que se venden por una dieta ya le han votado los DNU, le han votado la Ley Bases, directa o indirectamente”. Subrayó luego Petrillo que “todos los poderes funcionan en contra de trabajadores y jubilados”. Y puntualizó: “ El Poder Judicial tiene 90.000 sentencias firmes que no paga , más los juicios que tiene dando vueltas por los que los jubilados se pasan su vida transitando los pasillos de tribunales. Y el Poder Legislativo es funcional al régimen de Milei, directa o indirectamente. Adentro del recinto todos vendiéndose, uno con el otro, radicales, peronistas, massistas… pasándose de un lado al otro. ¿Y qué habían votado? Una miserable ley de 16, 17 lucas, que son 2 kilos de tapa de asado, si es que no aumentó todavía”. Seguidamente expresó que “para Milei fue un triunfo, porque quiere demostrar que con el veto y la represión y los DNU va a aplastar al movimiento obrero y a los jubilados”. En referencia a lo que pasó afuera del recinto, Petrillo sostuvo: “ El mayor bloqueo que tenemos los trabajadores y los jubilados son la CGT, la CTA, CTERA, que son funcionales al gobierno y a estos planes de ataque porque le han firmado todo y las medidas que toman son absolutamente distraccionistas y evasivas : reclamos constitucionales, reclamos legales, petitorios y paros parciales domingueros que no sirven para nada”. Con el fin de darle un encuadre más amplio al tema, Petrillo formuló: “Tenemos un organigrama de ataque brutal al corazón de los trabajadores con la reforma laboral, con la indemnización, con las horas extras, con la excepción a las patronales de los pagos jubilatorios, con todas las medidas laborales que se han tomado. Y no hablemos de los despidos y suspensiones que van a afectar a las futuras jubilaciones. Hoy la mitad de los trabajadores están en negro. ¿Quién se va a jubilar? Van a tener que tramitar la PUAM [Pensión Universal para el Adulto Mayor], que no se la dan a cualquiera y es menos de lo que ganamos nosotros. Nosotros ganamos 300 lucas con el bono miserable, que hace 7 meses que es el mismo, y la PUAM gana el 80 % de eso, 240”. Acerca de cómo calcular lo que tendría que cobrar de piso un jubilado, Petrillo consideró que si “como dice la Constitución Nacional un obrero tiene que ganar lo que necesita para vivir, hoy la canasta familiar debería ser casi $1.700.000, que es lo que conquistaron los aceiteros” y que “si te jubilás, por lógica tenés que ganar el 82% de eso, que serían entre $1.400.000 y $1.500.000”. Alertó también Petrillo sobre “el problema de los medicamentos” y dijo que “el PAMI acaba de suprimir el 100 % en casi 50 medicamentos de primera necesidad”. Sobre la política previsional que venían implementando los gobiernos anteriores, Petrillo fue tajante: “La misma”, sentenció. Y argumentó: “El FMI, Macri, Cristina, Massa, Alberto Fernández, Milei vienen a demoler el sistema previsional. Nosotros perdimos. Todos estos legisladores que votaron este resarcimiento del 8 % ahora se olvidaron del 25 % de diciembre que perdimos con la devaluación de Milei. Y se olvidan del 54 % que perdimos en los últimos años con Macri, Cristina y Massa, que va a ser una pérdida de por vida. ¿Quién me lo recupera eso? Nadie. De eso se olvidan todos. ¿Qué se esconde atrás de todo esto? La capitalización, la privatización de la jubilación. Nuevamente, la vuelta de las AFJP, porque la intención del gobierno es dejarle los negocios de la jubilación privada a los pulpos financieros de los seguros, especialmente los extranjeros”. –Vos criticabas antes la postura de las centrales sindicales, ¿qué es lo que plantean ustedes como propuesta superadora? –Mirá, hay sectores como el FITU, con los cuales tenemos un debate, inclusive dentro de jubilados, que reclaman que hay que llamar a la CGT a que haga un paro. A la CGT, a la CTA, a CTERA, a que llamen a un paro general. Nosotros decimos que eso no es lo correcto, porque yo no le voy a decir a los trabajadores y a los jubilados que vamos a llamar a nuestros enemigos, que todo lo que hacen es en función de sus negocios, como este acuerdo que han hecho con el gobierno de Javier Milei. No, acá la salida es como en el 75, las coordinadoras fabriles que se formaron en el gobierno de Isabelita. Hay que autoconvocarse en las fábricas, en los lugares de trabajo donde está enquistada la burocracia e impulsar muy de a poco y organizar una huelga general. En el año 75, Isabelita, gobierno peronista, decretó cerradas las paritarias. Dos fábricas, la Ford de Pacheco y la FIAT de Santa Fe, salieron a la lucha a una huelga general. Arrastraron a todo el movimiento obrero, se formaron coordinadoras especialmente en la zona norte del Gran Buenos Aires; un mes de huelga general, cayó López Rega. Decirles a los trabajadores como balance que la CGT llamó o hizo paro por la presión de abajo, no. La CGT, la CTA y la CTERA no hacen paro por la presión de abajo, hacen lo que hacen porque negocian con el gobierno de turno y la oposición cuál es la manera de desviar la lucha y desmoralizar a los trabajadores. Esa es la correcta apreciación. LEER MÁS: Charly Petrillo (Jubilados Clasistas) en "Tarde a tarde" por IP Noticias (12/9/24) Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

Con más de dos tercios de los votos, el Senado aprobó la “Ley de Financiamiento Universitario” , dándole sanción definitiva a la norma que “encomienda” al Poder Ejecutivo a establecer una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, cuyo impacto presupuestario apenas asciende al 0,14 % del PBI. La ley plantea actualizar el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades por la inflación acumulada de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, y luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Este proyecto cobró estado parlamentario en el marco del paro de 72 horas que se concretó en la segunda semana de agosto. Fue un paro cumplido masivamente , con asociaciones que los extendieron a toda la semana, con ocupación y movilizaciones. Si se piensa en el cuadro de asfixia presupuestaria en que viene desenvolviéndose la universidad en los últimos años, el proyecto apenas “congela” esa penuria en los términos de diciembre de 2023. El proyecto de Ley de Financiamiento vino a cumplir una función política contraria al proceso huelguístico . Todo el arco burocrático que conduce a las diferentes Federaciones docentes y no docentes y la Federación que agrupa a los estudiantes (FUA), todos ellos, a su vez, agrupados en el Frente Sindical Universitario, salieron a proclamar el apoyo al proyecto de ley y, en función de ello, a clausurar la continuidad del proceso huelguístico y dejar en el limbo la convocatoria a una nueva marcha educativa. Esta maniobra contó con el apoyo activo de la izquierda agrupada en el FITU . Una expresión del cuadro de desmovilización se pudo percibir en la propia jornada convocada para apoyar la ley que iba a ser tratada en el Congreso, que resultó reducida a unos pocos miles de manifestantes . Milei ha reafirmado que el proyecto va a ser vetado. El gobierno, como lo demostró con el veto a ley de movilidad jubilatoria, está decidido a aplastar cualquier medida que altere su curso de ajuste contra salarios, jubilaciones, educación, salud y obra pública, incluso con el carácter difuso de esta ley. Aunque los vetos acentúan el abismo entre el gobierno y la población trabajadora, Milei espera con ello refrendar una adhesión y apoyo del FMI, de los fondos internacionales y la gran patronal. Desde el Frente Sindical y el CIN han saludado la aprobación de la ley y han señalado que se van a oponer al veto, en cuyo caso se convocaría a un paro y a una movilización. Apuntan a presionar al Congreso para lograr los dos tercios para rechazar el veto. “Bloque del veto” Lo que no se puede ocultar, sin embargo, es que el gobierno ya ha constituido un “bloque del veto” en el Congreso . Ese bloque se manifestó en la sesión que en la Cámara de Diputados trató el tema de los jubilados. Los diputados volcados a aceptar el veto lo hicieron en nombre de rescatar la política oficial-o sea que actuaron como un bloque político . El apoyo al veto jubilatorio, por lo tanto, no constituyó una cuestión circunstancial, y deberá manifestarse también en relación al financiamiento universitario. Lo que está planteado es una lucha para derrotar a Milei-Caputo, teniendo en claro que el Congreso ya ha encontrado la ruta para blindar al gobierno. Una marcha y la huelga universitaria deben partir de esa cuestión . Los diarios han informado de conciliábulos entre el gobierno y el ala del radicalismo que dirige la UBA y que motorizó la ley, en la previa a la sesión del Senado. Allí, a sabiendas del veto por venir, se discutieron variantes alternativas, por caso, la promesa de un reajuste presupuestario para las universidades en el presupuesto 2025. Los rectores no renuncian a salvar su caja, aunque vuelvan a archivarse las reivindicaciones docentes y no docentes. A la luz de esta realidad, la lucha por esas reivindicaciones no puede estar confinada a una cuestión parlamentaria. Es necesario preparar una movilización universitaria y una acción huelguística capaz de derrotar al ajuste de Milei-Caputo. Esa tarea no puede quedar en manos de las burocracias sindicales o estudiantiles. Muchos menos de la casta rectoral de las 62 universidades, que como demuestra la experiencia, siempre están presta a negociar y colaborar con el poder de turno. Impulsemos autoconvocatorias y coordinadoras, sumando a los sindicatos y centros estudiantiles combativos, impulsemos asambleas que pongan en marcha una campaña nacional para enfrentar el veto, explicitar la lucha por un aumento salarial inmediato del 50 % y, sobre esa base, trabajemos por reeditar un nuevo 23 de abril. Solo por esta vía se lograrán los reclamos de la lucha.

Con un 39 % en Centro y un 36 % en Consejo, El Colectivo (La Mella, La Cámpora, Aluvión y otros) mantiene la conducción del CEFyL y la mayoría de la representación estudiantil. Izquierda al Frente (FIT-U) mantuvo un 31 % en la elección de Centro, seguido por el FEI (UCR), con 14 %, el ¡Ya Basta! (Nuevo Más) con 9 % y Sur con 2,15 %. La Lista 1 de Política Obrera sacó el 1,4 % para Centro y el 2,4 % para Consejo. La elección ocurrió a pocas semanas de iniciado el cuatrimestre, el cual comenzó con una contundente huelga docente a nivel nacional , en respuesta a la clausura de la paritaria, y con la profundización del cuadro de ahogo presupuestario que atraviesan las facultades. En Puán -sede de la Facultad- se sucedieron asambleas y acciones estudiantiles en apoyo al reclamo docente. Para la elección de Consejo, de carácter obligatorio, votaron 7.740 estudiantes. En la de CEFyL, de carácter no obligatorio, 6.500. El Colectivo obtuvo alrededor del 40 % de los votos. Sumó 7 puntos respecto de la elección anterior, con la incorporación al frente de otra agrupación del kirchnerismo (Aquelarre - Frente Patria Grande). El FIT-U mantuvo el segundo lugar, sin modificar su caudal electoral. Los aparatos invirtieron fuertes sumas en esta elección, la más disputada de la UBA. Las elecciones se desarrollaron a espaldas del conflicto universitario e, incluso, de la misma lucha docente, en torno a la cual fue convocado un paro durante el anteúltimo día de los comicios . Estuvo ausente de las plataformas de las agrupaciones el debate respecto a qué estrategia debe desarrollar el movimiento estudiantil para derrotar al gobierno . Es destacable la coincidencia de todas las fuerzas presentes en la elección (PJ/Kirchnerismo, FEI/Franja Morada y FITU) respecto de encauzar la lucha universitaria detrás de la Ley de Financiamiento Universitario . Su media sanción en Diputados ha sido utilizada como excusa por las autoridades y las direccines docentes y estudiantiles para llevar a un impasse a la huelga de la docencia que se desarrolló durante las primeras semanas del cuatrimestre . En el caso de El Colectivo, su campaña se ha centrado en ofrecer “servicios” financiados por el Centro de Estudiantes. No ha evitado reconocer su subordinación a las autoridades de la Facultad y al Decano Manetti, responsable del recorte horario, del avance de contrarreformas en las carreras de Filosofía e Historia durante el último año y del avance de los cursos arancelados, que hoy en día hacen a casi la totalidad de los fondos de los que dispone Filosofía y Letras. La idea de que Manetti es un “aliado” en la lucha contra el gobierno ha sido apuntalada desde el propio CEFyL, el cual se ha limitado, durante el desarrollo del año, a convocar a los actos y charlas que fueron realizadas desde el Decanato, y busca obturar el rol protagónico de este último en el vaciamiento de la Facultad. Han sido un actor importante en mantener la “gobernabilidad” en las aulas, bloqueando la convocatoria a asambleas estudiantiles y a la Comisión Directiva del Centro incluso en el punto álgido de la huelga docente. Como consecuencia, han acompañado el impasse al que el Rectorado ha llevado a la lucha universitaria. Como moneda de cambio, varios miembros del CEFyL han sido convertidos en funcionarios del Decanato de la Facultad durante el último periodo. Como es de esperarse, las autoridades saludaron el triunfo de El Colectivo, bajo el planteo de que el Centro se mantiene bajo la influencia “nacional y popular”. La izquierda del FIT-U no ha sido capaz de desarrollarse en esta elección. La política de emplazamiento a La Cámpora -” que el Centro de estudiantes se ponga a la cabeza de la lucha”- no ha dado ningún progreso. Su política es la defensa de los “planes de lucha” acordados con el kirchnerismo y la gestión de la facultad en torno a la “Mesa Intergremial” conformada por las direcciones de los gremios docentes y el Decano. Han celebrado y presentado como una victoria el “aumento” de gastos de funcionamiento ordenado por Milei luego de la marcha del 23 de abril, el cual, además, finalmente nunca fue ejecutado. En carreras como Filosofía han defendido e incluso formado parte de la elaboración de las contrarreformas de la carrera que impulsa la gestión . Llegado el momento de las elecciones, su campaña giró en torno a la necesidad de recuperar un “centro de estudiantes de izquierda” (PTS) o uno “que se la pique a Milei” (PO). Nuestra corriente, Político Obrera, participó por primera vez con lista propia de las elecciones de Centro de Estudiantes y Consejo. Frente a lo que caracterizamos como una estrategia para la derrota enarbolada por el conjunto del arco político de la Universidad en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y de la subordinación de la dirección de la lucha educativa a las autoridades comprometidas con un rumbo vaciador de la Facultad, impulsamos un voto por una lucha de conjunto contra el gobierno, el impulso de las autoconvocatorias y del apoyo estudiantil a la huelga docente . Recogimos el apoyo de 100 compañeros y compañeras para Centro de estudiantes y 180 para Consejo, en donde destacan activistas de Historia, Letras y el CBC. Se presenta el desafío, luego de esta campaña, de consolidar una corriente socialista dentro de la Facultad.

Mientras los senadores comenzaban la sesión que aprobó el financiamiento de las universidades, afuera se desarrollaba un acto en apoyo de las federaciones y centros de estudiantes, y sindicatos docentes y no docentes, convocado como un “abrazo simbólico” al Congreso. Hubo varias intervenciones, entre diputados, dirigentes sindicales y presidentes de centros de estudiantes. Una constante en todas fue el señalamiento de que la ley sería vetada al igual que la ley jubilatoria. No obstante, ninguno llevó el paralelismo a fondo, colocando la posibilidad de que, al igual que diputados votó a favor y luego apoyó el veto, ahora suceda lo mismo con la Ley de Financiamiento. Tampoco explicaron por qué razón subordinaron la lucha universitaria a una ley que, como ellos aceptaron, tiene los días contados. Ante la posibilidad del veto, adujeron que entonces se pondría en marcha la convocatoria de una segunda marcha universitaria. Pero justamente el objetivo de la ley fue llevar a un impasse al movimiento de lucha universitario , poniendo en suspenso la nueva edición de la marcha, originalmente fechada para la segunda semana de septiembre. Es lo que dejó en claro el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, negando una nueva movilización a Plaza de Mayo, y en su lugar ponderando el reclamo al Congreso que un día antes avaló el veto a los jubilados: "si el presidente llega a vetar la ley, seguramente cuando el Congreso esté sesionando vas a tener a la sociedad movilizada" (Página /12, 13/09). Fue lo que sucedió con la ley jubilatoria, y sin embargo Diputados avaló el veto. La movilización debe ser a Plaza de Mayo contra el gobierno de Milei. En la misma línea de advertir y llamar a la reflexión al gobierno se expresó Ileana Celotto de AGD-UBA: “espero que el Presidente haya escuchado lo que se viene diciendo desde cada uno de los sindicatos docentes y no docentes […] Si veta la ley, vamos a salir a enfrentar ese veto y se va a tener que bancar una nueva gran movilización nacional de todo el país, como fue la del 23 de abril” (Página /12, 13/09). Es la línea que defiende enchalecar el conflicto en la vía parlamentaria, evitando una confrontación de conjunto contra un gobierno inviable con la continuidad de la cursada. El objetivo de las organizaciones convocantes, especialmente la UCR y el PJ que dirigen la UBA y su federación, nunca fue preparar las condiciones de una nueva movilización y la derrota del gobierno, sino dilatar el conflicto y neutralizarlo, en la comprensión de que una lucha a fondo pone en peligro, en primer lugar, la estabilidad de sus negociados con la universidad pública. Toda la reserva de lucha y la disposición combativa de docentes y estudiantes debe ponerse en función de garantizar la continuidad de acciones de lucha independientes en todas las universidades, y no supeditarse al reclamo a un Congreso que el día anterior mostró su verdadero rostro: una pata fundamental en el sostenimiento del gobierno liberticida .

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) anunció que a partir del lunes próximo las empresas de transporte interurbano dejarán de brindar el Boleto Educativo Gratuito (BEG). Según la FETAP, esta decisión se debe al incumplimiento por parte del gobierno provincial en el pago de los subsidios correspondientes. En un comunicado, la FETAP informó que a partir del 16 de septiembre -¡en el aniversario de La Noche de los Lápices!- los usuarios del BEG, principalmente estudiantes de nivel medio y superior, así como docentes, deberán abonar el 100 % del valor del pasaje. Esta medida podría implicar un gasto diario de hasta diez mil pesos o más por estudiante. Además, señalaron la posibilidad de un aumento en las tarifas debido a la disminución del 35 % de pasajeros. La suspensión del BEG pone en riesgo la continuidad de estudios de miles de estudiantes que residen en el interior. Ante esta situación, el Centro de Estudiantes del Colegio Manuel Belgrano ha convocado a una toma del establecimiento a partir de hoy, viernes 13 de septiembre, como medida de protesta. Asimismo, se ha convocado a una sentada frente al Ministerio de Transporte para las 15 horas. Si hoy es el transporte interurbano, mañana podría ser el urbano. Es fundamental que recupere el movimiento estudiantil sus métodos de lucha y acción directa. Al igual que durante el paro docente universitario, cuando se tomó un pabellón de la Facultad de Filosofía, hoy los estudiantes del Belgrano están dando un paso al frente. Debemos coordinarnos entre todos los sectores para defender este derecho fundamental que garantiza el acceso a la educación.

Con un 46 % en Centro y un 37 % en Consejo ´Identidad´ (La Cámpora) mantiene la presidencia del CECEN y la mayoría estudiantil en el Consejo Directivo. ´Espacio Exactas´ (Franja Morada) con un 18 % llega al segundo lugar en el Centro de Estudiantes, duplicando su elección anterior, aunque queda tercero en el Consejo con un 20 %. El FEM (Patria Grande) mantuvo la minoría en el Consejo Directivo con un 23 % y en el CECEN retrocede del 27 % en 2022 al 17 %. El FIT-U fue dividido en dos listas – “Estudiantes de Izquierda”, del PTS y “La Izquierda en Exactas” una alianza de IS-PO-MST –, cada una obtuvo un 5 %. La lista de Política Obrera, ´Contragolpe´, sacó el 1,7 %, seguido por la JUP, 1,4 % y el Nuevo Mas 0,5 %. Las campañas Las tres fuerzas mayoritarias Cámpora-FEM-UCR centraron su campaña en reivindicar lo hecho por sí mismos y los ´servicios´ que puede dar el Centro. Desde “el café más barato de CABA”, hasta “las mejores becas de la UBA”, sin meterse por supuesto en los detalles del alcance y el monto de las mismas. El FEM reivindico su actividad durante el año argumentando que lo hicieron con “un único consejero”, ´olvidando´ de explicar que son la agrupación del Decano ´Willy´ Durán, un fanático de los recursos propios y la privatización. La Franja regaló cuadernos donados por el Banco Galicia y exigió “una facultad más limpia”. La competencia por el mejor ´paliativo´ unía a todos en la idea de “lo mal que la estamos pasando”. La crisis salarial y universitaria aparece para todos ellos como un hecho inamovible, esto cuando hay una lucha en curso que todas estas fuerzas ya dan por derrotada. La Cámpora derrapó sobre el final de la campaña ´denunciando´ a las listas de la izquierda por “responder a partidos piqueteros”, acompañado por una foto de una movilización. “Les pibes de Cristina” no hacen asco al macartismo puro, buscando el voto libertario y mostrando la hilacha derechista que van a desarrollar con más fuerza durante este año. Frente al avance de la Franja en el transcurso de la semana y la posibilidad de su ingreso al Consejo Directivo ´Identidad´ llamó a votar el último día abiertamente al FEM. El ´ángulo´ que encontraron ambas agrupaciones fue decir que ellos “eran estudiantes” y la Franja “una mafia de afuera”, sin mucha explicación de su rol al frente de la Universidad. No podrían haberlo hecho ya que el kirchnerismo en su conjunto sigue al dedillo los pasos de “la mafia”. Estas agrupaciones y el decano de Exactas vienen de armar charlas con Martín Lousteau, además de apoyar al rectorado en su “Ley de Financiamiento Universitario”. Aunque el FITU fue en dos listas, lo cierto es que la campaña fue prácticamente idéntica –“que la izquierda esté en el CECEN” para “salir a luchar contra el gobierno”-. Ambas listas esquivaron la situación concreta de la lucha universitaria. En la Facultad la dirección de AGD en manos del PO oficial se opuso a cualquier lucha por fuera de lo establecido previamente en las “intergremiales” y la “unidad de acción” con el rectorado y el decanato, llegando a boicotear las clases públicas organizadas por una asamblea autoconvocada de decenas de docentes . Aún en este cuadro no se privaron de ataques entre ellos la lista de IS-PO-MST respondió con una campaña dirigida exclusivamente a sus votantes (cada vez más menguantes): “nosotros somos la lista de la unidad, ellos son criminales (sic) divisionistas”. La delimitación con La Mella y La Cámpora sería haber apoyado a Alberto Fernández en su momento. El nulo contenido político de esta izquierda le ha valido un retroceso definitivo en la Facultad. Nuestra campaña En contraposición a esto, nuestra lista, Contragolpe, denunció el intento de las fuerzas políticas cómplices de Milei por llevar la lucha universitaria a la derrota. Hicimos un gran eje explicativo relacionado a la” Ley de Financiamiento Universitario”, que “autoriza” pero no establece ningún presupuesto , y las maniobras del rectorado de frenar la movilización atrás de esta trampa –a la cual se han plegado la CONADU-H y AGD- . La perspectiva estratégica de separarnos tanto del decano cómo del rector, y de apuntar los cañones a una 2da. marcha educativa a Plaza de Mayo, acompañada de un paro por tiempo indeterminado hasta que se aumenten los salarios y conquistar el presupuesto. Con esto buscamos preparar el terreno para trabajar en un período inmediato la organización de la lucha, y los pasos que debemos dar hasta ella. Conclusiones Votó casi la totalidad de los alumnos regulares de la facultad – 8.000 votantes sumando la participación del CBC. El terreno del debate electoral estuvo vacío de un planteamiento político, nadie planteó una dirección en la cual ir, ni siquiera de dónde es que venimos. Es en este contexto que el posible ingreso de la Franja al Consejo ´preocupó´ a todas las agrupaciones. En una pelea de ´aparatos´ y ´servicios´ se saben perdedores con la Franja y muestran que no son una alternativa al rectorado. Nuestra campaña ha reforzado un agrupamiento de Contragolpe, que suma a nuevos activistas. Se desprenden tareas inmediatas: un relevamiento de cada departamento, la preparación de un pliego de reivindicaciones, y el pronunciamiento por una segunda marcha educativa a Plaza de Mayo acompañada por acciones cada vez más a fondo. El desafío de desarrollar una lucha hasta ganar requiere la elaboración de un planteo desde el punto de vista de los trabajadores. LEER MÁS: Elecciones UBA: unos comicios de espaldas al conflicto universitario Retroceso del Rectorado, derrumbe del FITU. Por Federico Fernández, 09/09/2024.

Detuvieron nuevamente a Luciana Jaramillo y Romina Rosas, dos mujeres de la comunidad Winkul Lafken Mapu de Villa Mascardi que ya habían sido detenidas y sufrido prisión domiciliaria por ocho meses, después del violento desalojo de octubre de 2022 . En aquel momento una de ellas estaba embarazada y fue obligada a parir en el hospital, bajo vigilancia, violando los rituales propios de su comunidad. “Las detenciones de Luciana Jaramillo y Romina Rosas, ambas acusadas de usurpación, responden a una estrategia del fiscal de Bariloche de la Cámara Federal para "mostrar poder y ensañamiento con el pueblo mapuche" denuncia Betiana Colhuan, machi de la comunidad. Y explicó que el pueblo mapuche está siendo "acusado de usurpar su propio territorio", lo que considera una injusticia histórica dada la presencia ancestral de su comunidad en esas tierras. El arresto de Luciana Jaramillo fue prácticamente un secuestro: fue retirada de su domicilio en Cushamen, donde residía con sus dos hijos de 5 y 10 años, sin orden judicial alguna. Por su parte Romina Rosas, la embarazada detenida en octubre de 2022, está nuevamente embarazada y fue detenida pero liberada poco después. Toda una política de hostigamiento y amedrentamiento. Ofensiva Vemos una Justicia al servicio de los grandes intereses inmobiliarios y turísticos que pretenden la expulsión -cuando no la aniquilación directa- de los pueblos originarios. Desde que asumió el liberticida Javier Milei, se aceleraron una serie de causas en Río Negro y Neuquén en una clara evidencia del entramado que existe entre el Poder Ejecutivo y la justicia en sus diferentes ramas . Cinco comunidades mapuches defenderán esta semana su derecho al territorio tradicional ante un Poder Judicial que protege las presuntas inversiones de capitales de los Emiratos Árabes Unidos en un caso, y a un puñado de propietarios criollos en otros tres casos que se debatirán este mes (Susana Lara en Revista Tramas, 10/9). Comunidades de Villa La Angostura, El Bolsón y Villa Mascardi serán juzgadas después de haber sufrido múltiples violencias en sus desalojos. Los casos extremos fueron el asesinato de Rafael Nahuel en Mascardi en 2017; en Cuesta del Ternero, cerca de Bolsón el asesinato de Elías Garay en 2021 a manos de sicarios contratados por el actual querellante contra la comunidad Quenquemtrew. Integrantes de la lof Kom Kiñé Mu (KKM) de río Alto Chubut y de la lof Cayunao también serán juzgados por presunta destrucción de un alambrado implantado por contratados al servicio de capitales qataríes en Río Negro que pretenden cercar las nacientes del río Chubut. El dominio de la naciente del río en manos del Emir de Qatar podría generar grandes desastres en toda la región. En pocos días más comienza el juicio a los integrantes de la comunidad Winkul Lafken Mapu sobre la causa madre del año 2017, donde acusan a la comunidad por usurpación. Por último, “Manu” Ginobili, el veterano jugador de basquet del San Antonio Spurs, compró al Municipio doce hectáreas habitadas por una comunidad en Villa La Angostura a la que denunció por usurpación. Ahora pide acelerar los tiempos judiciales. La confrontación entre el capital y la población indígena es cada vez más profunda. Milei había anunciado en la campaña electoral que cerraría el Instituto de Asuntos Indígenas-INAI. No lo hizo, pero nombró a Claudio Avruj, un sionista que fue funcionario de la DAIA y del gobierno Macri. Podemos inferir que buscará asesoramiento con los exterminadores del pueblo palestino. Por otro lado, el gobierno nacional nombró a Cristian Larsen, declarado enemigo del pueblo mapuche, al frente de Parques Nacionales. Larsen es promotor del incumplimiento del acuerdo firmado el 1° de junio de 2023 entre el gobierno nacional anterior y la comunidad Winkul Lafken Mapu por el que se le otorgaban derechos en los territorios de los que fueron desalojados y se construirían tres casas para las actividades sanitarias y culturales de la lof. El ataque a los originarios avanza al ritmo de la guerra del régimen contra todos los trabajadores. LEER MÁS: Nuevo despojo a los mapuches para favorecer a mineras, petroleras e inmobiliarias Por Elena Florín, 10/07/2024.

Luego de una andanada de ataques contra la huelga del viernes pasado, los gremios aeronáuticos APLA (Pilotos) y AAA (Aeronavegantes), lanzaron un paro de 24 horas, el más largo desde el inicio del conflicto entre los trabajadores aeronáuticos y el gobierno de Javier Milei. Reclaman un aumento salarial que compense el desfasaje entre salarios e inflación, que superaría el 72 % en lo que va del año. Al paro se sumó personal de servicios de rampa que trabaja en la Ciudad, por lo que también se paralizaran los embarques de las empresas low cost como Flybondi y JetSmart. El gremio APA no puede adherir a la huelga porque tiene vigente una conciliación obligatoria. El gobierno de Milei ha concentrado todos sus recursos para quebrar a los trabajadores luego del paro del viernes pasado. A las amenazas de privatización, los descuentos masivos, la agitación fascista de los trolls y medios afines, el procesamiento de los dirigentes sindicales, se le ha sumado ayer el despido de tres pilotos, por negarse a carnerear la huelga del viernes pasado. Según indicaron los medios, los trabajadores se negaron a trasladar un avión a sus dueños -bajo la directiva de APLA-. La empresa envió ayer los telegramas de despido, por lo que la huelga tiene un reclamo adicional. Sturzenegger anunció en X (ex Twitter) la firma de Milei al decreto que establece la esencialidad del transporte aerocomercial, en los términos del DNU 70/2023, que sigue vigente. La “esencialidad” significa un cercenamiento del derecho de huelga, que sólo podría llevarse adelante manteniendo en un 75 % los servicios de guardia. Es decir, se puede hacer “huelga” ... mientras no implique una verdadera huelga. Las asociaciones de trabajadores calificaron la decisión como "ilegal y arbitraria". Se basan en que el derecho de huelga de los trabajadores aeronáuticos ya está limitado por una ley, por lo que cualquier reglamentación del decreto 70 choca con la ley ya establecida. El Gobierno también busca abrir una cuña entre los trabajadores aeronáuticos, a través de la firma de un acuerdo con la Unión de Personal Superior de Aerolíneas (UPSA). El acuerdo consiste en un aumento del 11 %, más un plus de 2 %, similar al que ya había acordado la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). De los cinco gremios aeronáuticos, quedan con la paritaria salarial "abierta" los pilotos, aeronavegantes y APA (personal de rampas y administrativos). A pesar de que el desfasaje con la inflación es del 72 %, el reclamo de los sindicatos que van hoy a la huelga es del 25 %. "Desde Aeronavegantes que conduce Juan Pablo Brey confirmaron que su reclamo continúa siendo del 25 % de ajuste, en alusión al acuerdo de UPSA que se encuentra por debajo", dijeron voceros de Brey. Aerolíneas solo recibió del Gobierno 50 millones de dólares en lo que va del año, para sostener la avanzada de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que redujo el plantel de 11.900 a 10.300 empleados. LEER MÁS: Aeronáuticos: operativo contra la huelga, en medio de una agitación fascista Por Pablo Busch, 10/09/2024.

Nada menos que Eduardo Feinmann, en su programa de LN+, reveló una manipulación flagrante del Ministerio de Seguridad, que tenía el propósito de absolver a la Policía Federal por haber gaseado a una niña de diez años durante la represión del miércoles pasado en Congreso. Varios medios habían recogido la denuncia de la nena y de su mamá, porque en la desconcentración de la marcha -entre gases y balas de goma- habían sido rociadas deliberadamente con gas pimienta por un uniformado -de apellido Rivaldi- cuando trataban de resguardarse de la represión, abrazadas sobre el asfalto de la Avenida Rivadavia. Amnistía Internacional -crítica del protocolo represivo de Bullrich - condenó inmediatamente este atropello a través de sus redes sociales, lo que fue respondido por Bullrich con imputaciones a la madre de la nena. Por la tarde, la plana mayor del Ministerio de Seguridad difundió el video fraguado, que pretendía responsabilizar a una manifestante por el gas que afectó a la nena. Ese video llegó a manos de Feinmann, según dijo luego, durante un cruce con la ministra, a través del jefe de la PFA, Alejandro Rollé. La número dos de Bullrich en el Ministerio, Alejandra Monteoliva, desfiló por los medios para deslindar a la policía y atribuir el ataque a “infiltrados” que supuestamente responden a “organizaciones de derechos humanos”. Nuevos videos y fotografías demolieron la versión. Confrontada con la verdad, Bullrich salió en vivo en el programa de Feinmann, en un intento penoso pero agresivo de aminorar daños. Negó que la versión hubiera sido sostenida por referentes de su cartera, lo cual a esa altura ya era innegable; defendió a la policía y atacó a la mamá de la chica. No estamos en presencia de un exabrupto. La desinformación se ha convertido en el instrumento de lucha política predilecto del gobierno liberticida. Ha montado un enorme aparato de manipulación en las redes sociales, valiéndose de todos los recursos del Estado . Su propósito es denigrar a los críticos, mantener a raya a los opositores bajo la amenaza del ´carpetazo´ y exacerbar a sus seguidores más acérrimos. Es un recurso de características fascistas, aunque todavía preliminar. En una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, la periodista Romina Manguel -entre otros periodistas que concurrieron a dar testimonio de cómo fueron agredidos por el gobierno en los últimos meses- destacó haber vivido “situaciones complicadas” en la vía pública luego de los ataques de las usinas oficialistas. El reclutamiento de verdaderos malhechores informáticos por parte del gobierno de Milei es público y notorio, como ocurre en los casos del inefable pseudoperiodista español Javier Negre, repudiado por sus excompañeros del diario El Mundo por sus manipulaciones, o de Fernando Cerimedo, acusado en Brasil por participar de los planes golpistas de Jair Bolsonaro. Los “gastos reservados” de la SIDE tienen por destino alimentar a esta cría , no hallar a Loan Peña y desmantelar el tráfico de personas. El hecho de que el video haya sido distribuido por la cúpula del Ministerio de Seguridad alcanza para definir a ésta como un peligro público. En la burguesía ha encendido una luz de alerta -lo cual explica la airada intervención de Feinmann, un partidario de toda la vida de la represión a los piquetes y él mismo un formador de fake news , como cuando reprodujo, amplificadas, las infames acusaciones de Aníbal Fernández contra el Partido Obrero por la quema de trenes en Castelar-. Si el gobierno no ´encauza´ la represión por determinados andariveles, advierte, se expone a una crisis política mayor aún que la que transita Bullrich por estas horas. Por ese motivo en el Congreso se han reunido los votos para derogar el decreto que aumenta el presupuesto de la SIDE pero no para derrotar el veto a la ley que repartía miserables 15 mil pesos a cinco millones de jubilados que cobran la mínima. El protocolo represivo de Bullrich, una carrerista todoterreno, asimila la protesta y la movilización al delito. Bullrich ha dispuesto la militarización de grandes empresas y centros industriales para enfrentar huelgas y piquetes . Todo esto por medio de resoluciones administrativas, no ya de menor rango que una ley del Congreso, sino sencillamente incompatibles con la Constitución argentina misma . Con el mismo propósito reaccionario el gobierno pretende modificar la ley de seguridad interior para habilitar la intervención del Ejército en la represión interna , bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” y “el terrorismo”. Estos aprestos represivos son la confesión temprana de que el rumbo del gobierno conduce a un choque de proporciones con los trabajadores. El gobierno de los Milei y los Bullrich es incompatible con las libertades y aspiraciones más elementales de los trabajadores. Impulsemos una lucha y una movilización política para terminar con Bullrich-Milei y su protocolo criminal.

Los obsecuentes del oficialismo libertario presentaron al relevo del chileno Rodrigo Valdés, el funcionario del FMI que llevaba las negociaciones con Argentina, como una victoria de Milei sobre la burocracia del organismo. Milei había calificado a Valdés de “izquierdista”, por su pasado como funcionario del gobierno de Bachelet, aunque el chileno nunca dejó de saludar y promover los ajustes impopulares de toda laya -incluyendo los de Milei. Por cierto, la inquina de Milei-Caputo con Valdés tenía razones para nada ideológicas: el chileno le había comunicado al tándem libertario que cualquier auxilio financiero en dólares debería ser precedido por una devaluación importante del peso. La salida de Valdés, ¿significa que Milei le torció el brazo al FMI? ¿El Fondo viene “al pie” del programa deflacionario de Caputo? En oposición a esa posibilidad, el periodista Carlos Burgueño acaba de publicar una versión bastante diferente de la salida de Valdés. El chileno renunció por propia voluntad a su cargo de negociador con Argentina, después de haberle planteado por enésima vez a Caputo que “Argentina debía devaluar entre un 30 y un 40 % si quería un acuerdo de Facilidades Extendidas de largo plazo junto con un ensayo de un préstamo más amplio por unos US$ 10 mil millones más. Y, con ese dinero, abrir el cepo” (Perfil, 14/9). “Harto” (sic) de chocar con la intransigencia libertaria, Valdés abandona la posta, pero el FMI no renuncia a su política frente a la Argentina. Significativamente, Georgieva, la directora del organismo, acaba de llenar de elogios a Valdés y ratificarlo como funcionario de primera línea. Según La Nación, la salida de Valdés “difícilmente altere la sustancia de la discusión de fondo”(14/9). Con Valdés fuera del camino, el Fondo podrá redoblar sus exigencias a Argentina sin que Milei pueda escudarse en una cuestión “personal”. Pantano Por encima del episodio Valdés, el emplazamiento del FMI a la Argentina pone de manifiesto al *impasse *del programa económico libertario. En el tercer trimestre del año, Argentina “sobrecumplirá” las metas fiscales pactadas con el Fondo. Para ello, el organismo mirará para otro lado respecto del carácter ficticio y, a término, explosivo, de ese supuesto equilibrio fiscal. Argentina ha reemplazado a la bola de nieve de las Leliqs (deuda del Banco Central) por otra bola, las Lecaps (deuda del Tesoro), cuyos intereses impagos se suman regularmente al capital adeudado y conforman una bola de tiempo con fecha de vencimiento (algo similar al “pago mínimo” de la tarjeta de crédito). Pero el otro aspecto de las metas con el Fondo, la acumulación de reservas, registra un incumplimiento que ni siquiera puede disimularse: Argentina debería contar con 2.000 millones de dólares de reservas netas disponibles en el tercer trimestre y continúa con 6.000 “en rojo”. El único ingreso de dólares que registran los analistas financieros proviene de colocaciones que ingresan y salen en corto plazo, aprovechando una tasa de interés en pesos que supera a la de la devaluación de la moneda. El tándem Caputo-Milei defiende esta bicicleta a rajatablas, y reclama del FMI el apoyo financiero para sustentarla en un plazo mayor. Confía, por esa vía, en encontrar los recursos para afrontar los vencimientos de deuda que se vienen en 2025. Para el FMI, en los actuales términos, un “megapréstamo” a la Argentina no haría sino financiar una fuga de dólares baratos, al estilo del préstamo entregado a Macri en 2018-2019. En contrapartida, Milei sabe que una devaluación implicaría un estallido de la deuda pública en pesos -que se indexa con el dólar y con la inflación- y, naturalmente, una explosión inflacionaria en medio de una miseria popular mayúscula. Al capital agrario e industrial que acompaña el reclamo devaluatorio, Milei le ofrece la carta de una deflación interna -en primer lugar, la caída del llamado “costo laboral”, que no es otra cosa que la liquidación del derecho del trabajo-. La gran patronal suscribe ese camino, pero no abandona la pretensión devaluatoria. La “deflación” no compensa al derrumbe de los precios internacionales de los granos y los hidrocarburos. Este impasse de fondo del planteamiento económico del gobierno liberticida está en la base de los cimbronazos políticos. Milei pretende sostener la confianza del gran capital reforzando la línea de decretazos y vetos. Los partidos capitalistas, que han acompañado la escalada antiobrera -DNU 70, Ley Bases- temen ser arrastrados en lo que algunos observadores anticipan como un futuro “choque de trenes”, es decir, una explosión de las contradicciones acumuladas por la banda de represores y mesadineristas que gobierna Argentina. Entre los cuestionamientos del Fondo y los gases de la plaza Congreso, el régimen de Milei-Caputo continúa orbitando entre la crisis financiera y la rebelión popular. LEER MÁS: Una crisis financiera y política: los liberticidas no logran cuadrar el círculo Por Jorge Altamira, 14/07/2024. El choque entre Milei-Caputo y el FMI El recurso de la dolarización sin red de seguridad. Por Marcelo Ramal, 25/06/2024.

Desde la incursión de comandos militares de Ucrania en la región de Kursk, en el sur de Rusia , la guerra europea ha venido escalando con características particulares. A esta invasión le fueron atribuidos distintos propósitos político-militares –desde la tentativa de crear una zona tapón que proteja el norte de Ucrania; desplazar a las tropas rusas de la región de Donbas, donde avanzan continuamente; provocar divisiones en la camarilla moscovita e incluso socavar la base popular del régimen de Putin-. En esta línea, se intensificaron los bombardeos al interior de Rusia, fundamentalmente mediante el uso de drones. En los últimos días se aireó la intención de Estados Unidos y Gran Bretaña de entregar a Zelensky misiles de crucero –concretamente los Shadow Storm, con un alcance de 300 kilómetros, y los ATACMs, de 400 a 450 kilómetros-. El objetivo es atacar los activos militares de Rusia, entre 200 y 250, desde aeropuertos, bases militares, centrales de energía y centros de comando –sin resguardo para los grandes centros poblados-. Vladimir Putin respondió a estas novedades con lo que él mismo definió como una recaracterización de la guerra, al denunciar que, con este cambio, involucraba en ella a los países de la OTAN en forma directa y convertía a sus territorios y activos bélicos en blancos militares de Rusia. Putin no había tenido esta misma reacción, sin embargo, cuando la OTAN autorizó a Ucrania a utilizar este mismo armamento misilístico para atacar a Crimea, que Rusia había anexado a su territorio, en 2014, y destruir la base rusa de Sebastopol. El escenario de una guerra “proxy”, en la que las potencias involucradas combaten por medio de otros Estados y otras fuerzas militares, ha saltado por el aire ; el relato fue usado por los beligerantes, los políticos y los comentaristas para disimular el desarrollo de una guerra mundial sin calificativos ficticios. Desde mucho antes de la invasión de Rusia, las fuerzas militares de Ucrania eran entrenadas y armadas por las potencias de la OTAN. Ante el desarrollo de este escenario, “el Pentágono y la comunidad de inteligencia norteamericana”, informa el Financial Times (11.9), “han prevenido contra el uso de armamento de largo alcance al interior profundo de Rusia”. De acuerdo al Pentágono, “el 90 % del parque aéreo militar de Rusia ha sido relocalizado más allá de los 300 kilómetros del territorio controlado por Ucrania, fuera del alcance de los ATACMS”. Lloyd Austin, el secretario de Defensa de EEUU, declaró que “Ucrania puede atacar el interior de Rusia con drones y otras armas de producción doméstica...[y] priorizar el uso de armamento occidental para defender las regiones norte y este de Ucrania, y para retener el acceso al Mar Negro y presionar a las fuerzas rusas en Crimea…”. Esta diferencia de ángulo en cuanto al escenario de las operaciones militares no modifica en nada el escalamiento de la guerra por medio de armas de mayor capacidad de destrucción. Tanto en una variante como en otra, Estados Unidos y la OTAN enfrentan el desplome del frente oriental ucraniano frente al avance de Rusia y, de otro lado, a la destrucción a que se encuentra sometida la infraestructura eléctrica ucraniana en vísperas del invierno, mediante el uso de bombas deslizantes, que van hacia su objetivo más allá del vehículo que las transporta. Varios especialistas advierten de la posibilidad de un colapso del Estado ucraniano y de una crisis humanitaria galopante. La posición oficial de la OTAN es que el escalamiento de la guerra de su parte tiene el propósito de llevar a Rusia a una mesa de negociaciones donde pueda imponer una salida en sus propios términos. Se trata, claramente, de un relato, porque en el estado actual de la guerra no hay condiciones siquiera para una tregua o un cese temporario del fuego. Llama la atención, por otra parte, que Alemania no haya ofrecido sus propios misiles de largo alcance, como el Taurus, y que, de otro lado, el ministro de Exteriores de Polonia, Sikorsky, haya rechazado la posibilidad de asistir desde su territorio y del de Rumania a la defensa antiaérea de Ucrania. El eje EEUU-Reino Unido deja ver una fractura en la OTAN y, por supuesto, en la Unión Europea. Como de todos modos es incuestionable que entre bambalinas y puertas adentro se sigue discutiendo una suerte de salida, la conclusión es que ésta se encuentra todavía distante. Hace 48 horas John Vance, el candidato a la vicepresidencia de Trump, explicitó un poco la posición que Trump sostuvo en el debate con Harris, cuando se atribuyó la capacidad de detener la guerra enseguida . Lo que dijo era, sin embargo, conocido: acceder a concesiones territoriales a Rusia como inicio de un período de negociación que involucraría el futuro de la Unión Europea, y de Turquía e Irán. Dejó saber, de este modo, que detrás de la guerra en curso hay otra guerra –del imperialismo norteamericano contra Europa– y un reordenamiento sin precedentes del orden estatal internacional. Lejos de una salida, es lo más parecido a una encerrona trágica. Trump, por otro lado, no reúne los recursos políticos suficientes para ejecutar este programa y, golpista él, podría ser víctima de un golpe de Estado. La amenaza de Putin acerca de que, en caso de una escalada bélica mayor, cortaría los suministros de uranio y otros minerales estratégicos al mercado mundial, es una muestra escandalosa de los lazos capitalistas entre ambos campos en guerra. Otra señal de lo mismo es el crecimiento de las exportaciones y de las inversiones de Alemania a China, un aliado de Rusia, que han alcanzado, interanual, los 225 y los 100 mil millones de dólares, respectivamente. La semana pasada se desarrolló en Chile el operativo militar Formosa con la participación de las Fuerzas Armadas de EEUU, China, Brasil, Chile y Ecuador, con el objetivo de articular ejercicios anfibios. Al mismo tiempo que Estados Unidos amenaza con incrementar las sanciones contra China por suministrar máquinas herramientas y microeļectrónica a la industria militar de Rusia, Cheng Xiaodong, el viceministro de Exteriores de China, se ha ofrecido como mediador para alcanzar un acuerdo en torno a Ucrania. El carácter capitalista de la guerra salta por todos los poros, al tiempo que constituye el primer gran ‘bautismo (reaccionario) del fuego’ de las dos oligarquías que han emanado de la restauración del capitalismo –en Rusia y en China-. El imperialismo es una fase inseparable, a término, del desarrollo capitalista. La guerra ha acelerado esta transición. La declinación acelerada de Europa responde también a esta guerra intercapitalista por el rediseño político del mercado mundial. Lo atestigua la veloz descomposición económica y política de Francia y Alemania. Mario Draghi, el ex JP Morgan, ex Banca Italia y ex presidente del Banco Central Europeo, acaba de presentar una declaración de bancarrota de la Unión Europea, que implica un refinanciamiento de la deuda pública de la UE, para dar espacio a un endeudamiento de 800 mil millones de dólares capaz de financiar una reconversión industrial y bancaria. El pseudo Estado que ha ido a la guerra contra Rusia para absorber a Ucrania quebrada y destruida, se encuentra él mismo en bancarrota. Está presente una deriva nuclear de la guerra en Ucrania, Rusia y Europa . La lógica destructiva del capital es, en última instancia, más fuerte que los supuestos cortafuegos que creen haber construido los Estados en disputa. Es lo que, por medio de la propaganda, la agitación y la acción, los socialistas internacionalistas debemos intensificar entre las masas de todo el mundo y en especial de los países beligerantes .

El gobierno nacional acaba de publicar una resolución que impediría que provincias y municipios incluyan impuestos y tasas municipales dentro de las facturas de la energía eléctrica y el gas. Caputo explicó en un video por la red social X que el objetivo de la medida es que quede claro qué parte de los aumentos en las facturas de estos servicios serían responsabilidad de los gobernadores y, especialmente, de los intendentes del conurbano. Caputo denuncia a los Intendentes por “esconder” tasas municipales que engrosarían estas facturas. La resolución en cuestión busca disimular el impacto de los brutales tarifazos que se están aplicando en las facturas de estos servicios, disparados por la feroz devaluación de diciembre del 2023, la quita de subsidios estatales y la desregulación en las tarifas promovidas por Milei. Varios intendentes peronistas, comandados por la camporista Mayra Mendoza, salieron a denunciar la medida de Caputo como una “declaración de guerra” y otra forma de “ahogo presupuestario a los municipios” ante la merma en la coparticipación de fondos que Milei impuso a las provincias. Con la medida de Caputo, los intendentes del peronismo vaticinan un colapso eléctrico y el abandono aún mayor en las tareas de alumbrado, un “apagón total” en las barriadas. Afirman que la inclusión de tasas municipales en estas facturas es una forma de asegurarse parte de la recaudación para los municipios ante la mora en el pago de las tasas (que puede llegar hasta el 70 %) que llegan en forma separada; y para garantizar, según dicen, el propio pago de la luz a las distribuidoras de energía y otros servicios asociados como el alumbrado de calles y vía pública. Es decir que es un parche al que recurren los Municipios para hacer frente a los quebrantos financieros de sus cuentas a costa de los consumidores. Según el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cepif), “tres de cada diez pesos que se pagan en las facturas de luz y gas de los municipios en todo el país no están relacionados con los servicios que se prestan”. Los Municipios tienen desde la reforma constitucional de 1994 autonomía financiera para cobrar impuestos y tasas, siempre y cuando exista un servicio como contraprestación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es evidente y claro el déficit gigantesco en estos servicios, como el “alumbrado, barrido y limpieza” (ABL) y de la obra pública en general, lo que se manifiesta en la falta de urbanización de barriadas enteras. No obstante, todas las tasas municipales que pagan los trabajadores aumentan. A su vez, en los Municipios del interior de la provincia se están promoviendo brutales aumentos de las tarifas en el transporte público y el taxi. Kicillof ha salido al rescate de los “barones del conurbano” mediante un comunicado del organismo de Control de la Energía bonaerense (OCEBA) que ratifica la potestad de los municipios para cobrar tasas dentro de las facturas de los servicios, incluso sin que sean conceptos vinculados. Estamos ante una disputa entre dos confiscadores: los tarifazos “libertarios” en la luz y el gas, por un lado, y los tarifazos “nacionales y populares” en los servicios públicos municipales. La medida de Caputo no pretende aliviar la carga económica del vecino, sino “hacerle lugar” a los mayores tarifazos que se vienen en el gas y en la luz. La queja de Kicillof y los intendentes sólo apunta a preservar su propia tajada en la confiscación a los trabajadores bonaerenses. Ningún tarifazo, que se abran las cuentas de los monopolios de servicios y las cuentas de los municipios.

Al igual que los radicales y los peronistas “dialoguistas”, los diputados del bloque de Sáenz - Innovación Federal- dieron su aval en el Congreso al veto de Milei. Mientras Pablo Outes y Yolanda Vega se abstuvieron, Pamela Calletti, literalmente se agachó al costado de su banca para que el sensor no la identificara. Formalmente Calletti esta registrada como “ausente”. "Es hora de acabar con la hipocresía y resolver este problema de una vez por todas", manifestó Sáenz, a modo de justificación del papel que jugaron sus diputados en el Congreso el día miércoles. O sea que avalar el veto de Milei contra los jubilados y rescatar en todos sus ámbitos la política de masacre social del gobierno sería una forma de sincerarse respecto de su verdadera política . Sáenz está cada vez más comprometido con el sostenimiento del Gobierno Nacional y su golpe de estado económico contra las masas, lo que le vale un choque mayor con los trabajadores y un desgaste de su propio gobierno. Desde la aprobación de la Ley Bases hasta acá, el gobernador que anunciaba a los gritos que no se “arrodillaría” ante ningún presidente, hoy debe dar explicaciones y justificar que no tiene ningún “pacto” con Milei . Esta realidad de sometimiento al gobierno nacional empieza a resonar cada vez más entre los trabajadores salteños. Salvar la política de Milei Sáenz operó desde el inicio del gobierno liberticida para construir un bloque con los gobernadores del norte , como una base de disputa y negociación en el Congreso. El federalismo que pregona no representa ningún interés popular sino el de los grupos financieros, mineros, turísticos y agroexportadores que se desarrollan en el norte y su competencia con las patronales del centro y sur. Bajo éste propósito, Sáenz se reúne sistemáticamente con funcionarios del gabinete de Milei para aprobar nuevos endeudamientos de la provincia y anunciar el financiamiento de obras y rutas para las empresas mineras. Pero la reactivación de obras que Sáenz augura, de la mano de Milei, no llega. La industria minera y los capitalistas agroexportadores condicionan sus inversiones a la liberación del cepo y una nueva devaluación, no hay ninguna reactivación en puertas. Cuando Sáenz reclama un mayor sacrificio a la clase obrera salteña en nombre de un porvenir próspero, ello solo ocurrirá para los capitalistas y empresarios que él representa, no para los trabajadores. El gobernador de Salta es responsable de que el 60 % de los trabajadores estén bajo la pobreza y el 57 % sean precarios. Aunque sigue practicando una verborragia opositora con miras a las elecciones de 2025, en lo estratégico Saenz defiende el golpe de estado económico contra las masas. El rumbo lo marcan los jubilados, que también en Salta, como en todo el país, se manifestaron contra el veto ; contra Milei y el bloque de rescate de radicales y peronistas en el Congreso. Son la cabecera de playa de una lucha que, más temprano que tarde, se extenderá al conjunto de la clase obrera.

El 27 de octubre del 2023 se inició un conflicto en 10 talleres de Tesla de siete ciudades de Suecia que derivó en una huelga de la IF, sindicato que abarca todas las ramas industriales metalúrgicas . El motivo radicaba en la negativa del dueño de la empresa, Elon Musk, a firmar un convenio colectivo de trabajo para unos 130 mecánicos. La huelga de la IF recogió la solidaridad de un número importante de sindicatos locales y de otros países nórdicos como Dinamarca y Noruega . A la fecha, el conflicto está cumpliendo once meses y parece no haber en el horizonte una resolución. La intransigencia de principios por parte de Musk a cualquier forma de organización sindical significa un cuestionamiento a un modelo de mercado laboral casi único. “Allí las condiciones laborales de los trabajadores, como el salario mínimo o las horas de jornada no están reguladas por ley, sino que son los sindicatos y las empresas o patronales las que las negocian en cada sector. Durante décadas fue un modelo muy efectivo, defienden los sindicatos, ya que flexibiliza el marco laboral y permite adaptarlo a la realidad de cada momento sin necesidad de negociar modificaciones legislativas en el parlamento” (eldiario.es 26/4). Es decir que los convenios, hasta el momento, garantizaban una “paz social” casi sin intervención del Estado. La burocracia sindical sueca está en tensión porque Tesla ha puesto en crisis el estatus quo: “Esto es importante porque está en juego todo el modelo sueco”, afirmó el presidente del sindicato de transportistas, uno de los primeros en sumarse a la acción de IF Metall contra Tesla, en la que hay un total de nueve organizaciones de trabajadores involucradas.” (Idem). La burocracia de la IF no ha tenido inconvenientes en sumar la solidaridad de otros sindicatos, locales y foráneos, pero le ha sido difícil sumar a la totalidad de los 130 mecánicos por los que se desató el conflicto; la adhesión de los mecánicos a la huelga osciló entre un 50 y un 40 %. La IF Metal, no está a la cabeza de un conflicto sindical sino de la defensa del régimen político, social y económico sueco en particular y nórdico en general. El conflicto ha recorrido varias etapas. La principal acción de la IF Metal fue la huelga relativa de los mecánicos, los boicot de los gremios que brindan servicios a Tesla, piquetes de agitación, inclusive durante el duro invierno nórdico, la solidaridad de sindicatos internacionales y una propaganda sistemática contra la politica antisindical de Musk. Por parte de Tesla la estrategia se mantuvo en la intransigencia absoluta (ha rechazado la “sugerencia”, de importantes inversores nórdicos, de colaborar con los sindicatos) resistiendo el boicot, incluso a costa de pérdidas económicas, al aumento de la explotación de sus empleados en la filial sueca (para sortear el boicot de los recolectores de basura, los empleados son obligados a llevarse los residuos a sus casas) y a exaltar la propaganda “ambientalista y sostenible” de la empresa productora de vehículos eléctricos. El empantamiento del conflicto, a casi un año del inicio de la huelga, significa por el momento un punto a favor de Tesla, principalmente porque sostiene sus posiciones en un importante mercado para sus productos recibiendo importantes beneficios del Estado sueco, que fomenta el recambio total del parque automotor hacia los vehículos eléctricos. En el marco de este empantanamiento, el magnate sudafricano ha dado un paso adelante con una herramienta antiobrera clásica: acudir a rompehuelgas internacionales. “Desde febrero, acogiéndose a las normas de la Unión Europea sobre trabajadores desplazados, Tesla ha contratado a trabajadores de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suiza. No se trata sólo de un nuevo mínimo para Suecia, sino también para la UE. El trabajo desplazado es frecuente en la construcción, no sin polémica. Suecia estuvo en el centro del caso Laval, que acabó ante el Tribunal de Justicia de la UE. La sentencia debilitó a los sindicatos, y el difunto Brian Bercusson señaló que «los fantasmas doctrinales del siglo XIX sobre el predominio de las libertades de mercado, revisados hace tiempo... han vuelto para acosar [a la] UE». El acuerdo de Saltsjöbaden de 1938 es la piedra angular de las relaciones laborales suecas. El «espíritu de Saltsjöbaden» redujo considerablemente la frecuencia de las huelgas y los cierres patronales, que habían sido precedidos por el recurso habitual a tácticas rompehuelgas por parte de los empresarios. Estos son los «fantasmas» de Bercusson, y Tesla los ha invocado de nuevo.” (sinpermiso.info 8/9) La ofensiva antisindical de Tesla en Suecia se enmarca en un episodio clave de la guerra comercial que sostiene la UE con China. Desde julio “los vehículos eléctricos fabricados en China tendrán que pagar al entrar en la UE unos aranceles que van del 17,4 % hasta el 37,6 %, que se suman al que ya existe de un 10 %. Es la mayor medida de defensa comercial que ha adoptado la Unión hasta ahora y, por el momento, estará vigente durante cuatro meses.” (elpais.com 4/7). Esta medida se ejecuta porque la UE considera los subsidios estatales chinos “una competencia injusta que distorsiona un mercado clave para el futuro de la automoción.” (elpais.com 20/8). Sin embargo, Tesla, que usufructúa parte de esos subsidios del Estado chino, tiene un arancel diferencial a la baja por parte de la UE. A casi un año del inicio de la huelga, por el momento Tesla rompe el “modelo” sueco con la UE como su base de apoyo.

En la presentación ante el Congreso, Milei no anunció ningún presupuesto, sino sus acostumbrados y deshilachados lugares comunes. En la única referencia concreta al tema, señaló que el resultado de la caja del Estado debía asegurar en todo momento el pago de los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública. O sea que el único rubro efectivamente “presupuestado” es el de los compromisos con los acreedores. El presupuesto, en esas condiciones, pasa a ser una caja única al servicio de esa deuda, extendido a provincias y municipios. De todos modos esa deuda es impagable. Argentina no tiene los 25.000 millones de dólares que vencen en 2025, y se comprometió a no hacerlo con nueva deuda. La política de deflación de precios, mientras continúa el aumento de los servicios públicos básicos, para valorar la deuda pública, lleva a una depresión económica insostenible. El ‘presupuesto’ de Milei es inviable. Milei se apresta a gobernar a puro decreto y a convertirse en un gobierno de facto. La población trabajadora de Argentina ya ha fijado posición con un descomunal boicot a la cadena nacional. Para comunicarse: Jorge Altamira 11 4423-7873 Marcelo Ramal 11 5690-1943 Patricia Urones 11 3520-2662 Pablo Busch 11 3049-7824

En su “presentación” del presupuesto 2025, Javier Milei se jactó de haber despedido, en lo que va de su gobierno, a 31.000 trabajadores del Estado tildándolos de “ñoquis”. El gobierno liberticida, a comienzos de año, anunció una reducción de la planta funcional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cuenta con más de 7.000 trabajadores a nivel nacional, que comprendería al 8 % del personal. El 28 de agosto pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de su director Sergio Iratea, dio a conocer la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el INTA, que no son otra cosa que despidos encubiertos. Esta semana se daría a conocer por Boletín Oficial. Iraeta, miembro de una familia patricia propietaria de tierras en Lobería, productor y abogado, al asumir en sus funciones se mostró totalmente alineado con el discurso mileista de reducción del Estado: “reducir la estructura burocrática del Estado, potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, generar las condiciones para aumentar la competitividad y seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional”. El plan de reducción de la planta del INTA a través de retiros voluntarios estará a dirigida a personal que tenga hasta 60 años de edad y comprenderá a todas las estaciones del país. Los empleados que opten por acogerse al régimen de retiro voluntario recibirán una compensación indemnizatoria que variará según su antigüedad. Aquellos con hasta 18 años de servicio recibirán 1,25 haberes en bruto por cada año trabajado, mientras que quienes superen esa antigüedad obtendrán 0,5 haberes extra por cada año trabajado. El INTA es el único organismo vinculado con la agricultura que no había sufrido recortes de personal, es más, entre enero y julio pasados había registrado un aumento de personal del 1,2 % (81 trabajadores), pero lo hicieron con contratos a término. Ante la llegada de la motosierra al INTA el secretario general de APINTA, Mario Romero, solo manifestó su rechazo y no hizo referencia a un plan de lucha acorde para derrotar a la política de despidos. Redoblando su complicidad con las políticas de ajustes del gobierno nacional, Romero llamó a los trabajadores del INTA a “evaluar bien” antes de tomar una decisión, es decir, que cada laburante "decida" por sí mismo: el sueño de Federico Sturzenegger. A los retiros voluntarios se suma la reforma de procedimientos disciplinarios del INTA, con el objetivo de estar alineado con la Ley Marco de Regulación del Empleo Público y la Ley Bases, que buscan, por un lado, llevar adelante una descentralización del organismo y, por el otro, aplicar una regimentación de los trabajadores. La normativa fue publicada por Boletín Oficial y rubricada por el presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, ligado a los agronegocios. Los retiros voluntarios son la antesala de más despidos y de un desguace mayor, con la complicidad de la burocracia sindical. El gobierno quiere convertir al INTA en un ente subsidiario de los agronegocios y el capital financiero internacional, acentuando las características extractivistas del agro argentino. La inacción de la burocracia debe ser respondida con autoconvocatorias en todas las estaciones experiméntales y dependencias del INTA, que discutan un plan de lucha para poner fin al ajuste que se ejerce sobre los trabajadores. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Vaciamiento y retiros voluntarios en INTA. Entrevista a José Luis Perea, Secretario General de la Junta Interna ATE INTA-Castelar en el programa "Mensaje de audio" por FM Capital-Radio Pública de Neuquén 88.5 MHz, viernes 6/09/2024 Publicada en el Canal de YouTube de Política Obrera.

La misión Polaris Dawn ha pasado a ocupar la primera plana de la prensa internacional debido a la acumulación de ciertos “hitos” y “récords” asociados a la exploración espacial. En primer lugar, es el primer viaje espacial netamente financiado por inversionistas privados que realiza una caminata espacial a cargo de dos civiles, el magnate Jared Isaacman y la ingeniera de SpaceX Sarah Gillis. En segundo lugar, es el viaje espacial que más se ha alejado de la Tierra, unos 1.400 km, desde la finalización de las expediciones Apolo de la NASA. La caminata se produjo aproximadamente a la mitad de dicha altitud, 700 km, muy superior a la de la Estación Espacial Internacional (EEI). El tercer “hito” podría ubicarse en el debut de los nuevos trajes espaciales desarrollados por la propia empresa SpaceX, fundada en 2002 por Elon Musk. El principal objetivo de las misiones impulsadas por Musk es sentar las bases de una colonización de Marte por parte de la humanidad, por lo que Polaris partió con una extensa lista de “experimentos” para conocer más en profundidad el síndrome de adaptación espacial, una condición profundamente incómoda que afecta a aproximadamente 1 de cada 2 personas que viaja en órbita, según detalla la CNN. Isaacman y Musk son dos convencidos de la necesidad de vivir en otros planetas, por lo cual han planteado la necesidad de economizar su valor para una producción en serie. La expedición Polaris Dawn fue la primera de una serie de tres viajes englobados en el programa Polaris, que tendrán lugar en los próximos años; en todas ellas se espera que participen civiles no profesionales. El entrenamiento de los cuatro tripulantes duró más de dos años, recreando los ejercicios y estudios que realizan los astronautas profesionales. Isaacman, que fue el primero en realizar una actividad extravehicular (EVA), ingresó de esta manera en un selecto grupo de menos de 300 personas que han “caminado” por el espacio, lista iniciada por el soviético Alexei Leonov en 1965. El novedoso traje desarrollado por SpaceX busca adaptarse al cuerpo humano y dejar atrás la imagen ya icónica del astronauta recubierto por un gran traje blanco que dificulta su movilidad. Isaacman y Gillis hicieron, sin dejar de tener contacto con la nave en todo momento, diversos estiramientos y flexiones de sus extremidades para comprobar la utilidad de los trajes en el espacio. La intención de las otras expediciones Polaris es profundizar en este camino, con actividades cada vez más audaces y arriesgadas, en sintonía con las que se realizan en todas las expediciones profesionales. A pesar de estos éxitos, hubo algunos fallos. “Isaacman tuvo que abrir manualmente la escotilla en lugar de pulsar un botón a bordo. Antes de salir, Gillis dijo haber visto abultamientos en la junta de la escotilla”, relata la Associated Press. “Construir una economía espacial estadounidense vibrante” El director de la NASA, Bill Nelson, tras las imágenes difundidas por los tripulantes, no dudó en comentar en la aplicación X -del propio Musk-: “¡Felicidades @PolarisProgram y @SpaceX por la primera caminata espacial comercial de la historia!”, escribió Nelson. “El éxito de hoy representa un paso de gigante para la industria espacial comercial y el objetivo a largo plazo de @NASA de construir una economía espacial estadounidense vibrante” (CNN, 13/09). Este saludo no tiene ninguna intención científica, sino comercial: SpaceX hace años se ha convertido en el principal proveedor de la NASA; su involucramiento en los acuerdos militares y logísticos es total. No debemos olvidar que Musk ha intervenido de manera directa en la provisión vía satelital de un “domo cibernético” al alto mando ucraniano para evitar hackeos rusos desde el comienzo del conflicto bélico en Europa. Estados Unidos ha pasado a financiar directamente los costos de esta operación, tras los reclamos y amenazas de Musk sobre los altos costos del mismo (20 millones de dólares mensuales aproximadamente). Al mismo tiempo, la pretensión de impulsar “una economía espacial estadounidense” desnuda la extensión de una guerra comercial y militar al ámbito del desarrollo aeroespacial. La “guerra de las galaxias” que había sido impulsada por los avances técnico-científicos soviéticos y estadounidenses en el marco de la Guerra Fría, aparentemente abandonado en pos de una colaboración internacional condensada en la Estación Espacial Internacional, ha sido dejada de lado para intensificar la competencia en este terreno en el marco de una guerra mundial en desarrollo. Musk agrega a este propósito la necesidad de una explotación privada de esos beneficios. La privatización creciente de toda la actividad espacial se ha intensificado a medida que se descubren diversas posibilidades de extracción y explotación de diversos minerales -como los descubrimientos realizados por China en el denominado lado oscuro de la Luna-, que permitirían reducir la dependencia del litio y otros minerales escasos asociados a los semiconductores, cruciales en todo el negocio tecnológico y militar. La depredación capitalista del ambiente se extiende como un pulpo al espacio exterior cercano, así lo demuestra el “cementerio espacial” que ha crecido en volumen y densidad de manera considerable en sólo 30 años. Lo mismo vale para la utilización del desarrollo técnico-científico con respecto a los intereses voraces del lucro privado; el pronóstico realizado por León Trotsky sobre la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas adquiere todo su valor al calor de la guerra mundial y los objetivos estratégicos del imperialismo mundial.

El 12 y el 13 de septiembre pasados la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) volvió a realizar un corte de prestaciones a los afiliados a la obra social de los estatales de la provincia -IOMA- por el cese del acuerdo entre ambas entidades en 11 distritos. Esto generó que muchos afiliados que requirieron prestaciones esos dos días no pudieran acceder a los mismos o debieran pagar como si fueran servicios particulares. Para realizar el cese del convenio con FEMEBA en esos 11 distritos, IOMA adujo que hubo cobros indebidos por parte de los prestadores a los afiliados. En realidad, el conflicto viene de hace tiempo y tiene su origen en los pagos atrasados y con montos desactualizados que IOMA hace de las prestaciones, algo que perjudica a los médicos, mal pagados por el servicio que prestan, y a los afiliados, quienes ven desmejorado cada servicio. Es por esto que algunos médicos recurren a copagos adicionales o a registrar dos atenciones por cada una efectivamente realizada, de manera de cubrir los costos reales. El mismo IOMA autorizó el cobro de copagos como reconocimiento de esta realidad económica, pero de una manera que cae nuevamente sobre las espaldas de los pacientes. Esta situación, que en IOMA se ve acentuada, ocurre con todas las obras sociales; ninguna aumenta los pagos acorde a la inflación, lo cual es una consecuencia directa del atraso salarial general. Es similar a lo que sucede con el vaciamiento de la ANSES y el resto de las cajas jubilatorias. La cuota que paga cada afiliado es un porcentaje del salario que, mientras más atrás se queda, más magra queda la cuota. Y esto se traslada al pago de los servicios. El 28 de agosto, por ejemplo, los cardiólogos de todo el país iniciaron una medida de fuerza por 48 horas en reclamo de la actualización de los honorarios y por la falta de insumos. FEMEBA, como entidad que representa a los médicos bonaerenses ante IOMA y que intermedia en los pagos de las prestaciones, reclama la actualización de los montos y por eso el gobierno de la provincia intenta favorecer la contratación directa, para evitar su mediación. Esto lo llevan a cabo en los policonsultorios de IOMA que se abrieron en muchos distritos . La condición para trabajar ahí es desvincularse de FEMEBA. El principal argumento de Homero Giles -presidente del IOMA- es que los médicos pueden acrecentar sus ingresos al puentear el descuento de la cuota -que según él es muy alta–, pero eso los lleva a quedarse sin representación colectiva. Ante la medida de fuerza, la reacción de los sindicatos estatales que representan a los afiliados, incluso la CICOP, fue la de reclamar a FEMEBA deslindando al IOMA de responsabilidades . ATE, por ejemplo, convocó a una movilización a su sede. Los sindicatos, que son parte de la conducción del IOMA a través de vocalías, son cómplices de esta situación que mantiene al instituto intervenido por el gobierno provincial y con su caja a su disposición . Durante la pandemia, por ejemplo, la imposibilidad de realizar prestaciones generó una crisis en las clínicas privadas y un superávit en las árcas del IOMA que Kicillof destinó graciosamente a subsidiar a discreción a determinados pulpos de la salud . Los municipios Con este mismo criterio el gobierno bonaerense anunció una serie de aumentos en los aportes del IOMA a los municipios que, por un lado, dan cuenta de un reconocimiento de la realidad económica de la salud pública, pero, por otro, se inscriben en la crisis que están transitando las arcas comunales agravada por la medida de Milei que les impide cobrar servicios generales como impuesto municipal. Los incrementos serán del 90 por ciento en gastos sanatoriales, del 248 por ciento para consultas médicas y del 762 por ciento en las consultas de guardia, lo cual da cuenta del desfasaje que hay en la actualización de los costos. La salida a esta situación solo puede darse con una actualización salarial -de todos los estatales y de los médicos- y de las prestaciones, acorde al costo de vida y a los costos reales de los servicios, y con la conducción del IOMA en manos de sus afiliados y trabajadores, así como la conducción de FEMEBA debe estar en manos de los médicos.

A un mes del 37° Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades en Jujuy, desde el Ni Una Menos Tucumán se organizó el Pre Encuentro este sábado 14 de septiembre pasado. En los debates preparatorios se discutió la importancia de generar una instancia de debate y organización frente a la política de guerra del gobierno liberticida de Milei, pero también de Jaldo, el primer gobierno peronista devenido en “libertario”. La provincia, según la UCA, se ubica en el octavo lugar del ranking de pobreza en Argentina. A nivel de derechos, Jaldo dispuso el cierre del programa de ESI de la mano de un reforzamiento de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y hay cada vez más obstáculos para acceder a la IVE y a la ILE. En materia represiva entró en vigencia un protocolo que permite a la policía detener a toda persona, incluidos menores de edad, que protagonicen “disturbios” en la vía pública y el Jefe de la Policía ha declarado que los delincuentes nacen y mueren delincuentes y que quien ataque a la policía debe terminar muerto. Es en este escenario donde el debate sobre la lucha contra el gobierno libertario y sus socios, enemigos de las mujeres trabajadoras, cobra especial importancia. Discutir cómo el movimiento de mujeres interviene en unidad con la clase obrera para derrotarlo. Por eso la importancia de que 100 compañeras de distintas organizaciones -y algunas independientes- se hayan dado cita en los talleres de ajuste y la feminización de la pobreza, trabajo, educación, trata, acceso al aborto legal y ESI y la lucha contra los femicidios y los abusos. El punto común son todos los ataques que estamos sufriendo como parte de la clase obrera y de manera acentuada por la doble opresión y la necesidad de salir a la lucha. Lo que está ausente es la discusión de una salida política mediante una acción histórica del conjunto de los trabajadores a través de la huelga general. En las organizaciones vinculadas con el kirchnerismo se transmite un planteo de impotencia frente al gobierno libertario: que hay que golpearlo en las elecciones del año que viene. En el sector de las organizaciones piqueteras de izquierda hay una voluntad ´luchista´, pero sin vislumbrar que la iniciativa debe venir desde las autoconvocatorias y coordinadoras y no bajo el paraguas de la burocracia sindical y de los aparatos del peronismo. Con la delegación de Política Obrera intervinimos en todos los talleres planteando la necesidad de preparar una lucha de conjunto, para derrotar y echar al gobierno liberticida dispuesto a consumar un retroceso histórico contra la clase obrera y contra las mujeres, en la perspectiva de la huelga general. Como parte de las resoluciones se acordó impulsar una acción de lucha el 28 de setiembre por el día de acción global por el aborto legal, hacer los esfuerzos por concurrir masivamente al encuentro en Jujuy para debatir cómo luchamos contra el gobierno liberticida e ir a una jornada masiva este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

A partir de este lunes, el Gobierno ha ordenado el “aumento del boleto del transporte público ferroviario de jurisdicción nacional”. Este aumento afecta a las líneas Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur, San Martín, General Roca, Sarmiento y Tren de La Costa. También aumentarán los boletos de los trenes de jurisdicción extendida, que llegan a Navarro, Lobos, Monte, Chascomús, Zárate, Capilla del Señor y Mercedes. La medida afecta a más de un millón de usuarios que utilizan este transporte todos los días para trasladarse al trabajo, a la escuela o al hospital. Es el cuarto aumento en lo que va del año y acumula una suba del 700 %: mientras en enero el boleto mínimo rondaba los $40, hoy es de $280. El aumento en el tren se suma al del boleto del colectivo, que a mediados del mes pasado fue del 37 % y llevó al boleto mínimo a $370. Vino a sumarse la quita de subsidios por parte del gobierno nacional a los segundos y terceros viajes, en los transportes de AMBA, por lo cual ahora (o el mes que viene, en el caso de CABA) los trabajadores deberán pagar la tarifa plena por cada uno de los colectivos y trenes que se tome. Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores toman, por lo menos, dos transportes para movilizarse al trabajo, y una gran masa toma tres (colectivo-tren-colectivo) los aumentos implican un gasto de entre $10.000 y $15.000 pesos por semana y $40.000/60.000 por mes. Pero en una familia promedio, quienes trabajan son ambos jefes de hogar, a lo que debemos sumar los gastos de traslado de los jóvenes. Como la mayoría de los trabajadores se aloja en las periferias de las cabeceras distritales, el uso de colectivos para ir a la escuela, al hospital, a hacer trámites o a pasear llevaría los gastos de viáticos a montos muy altos, si tenemos en cuenta que el 60 % de la población tiene ingresos por debajo de la canasta de pobreza (ayer Milei se refirió a un 70 %). Los aumentos sistemáticos de los boletos, en medio de un virtual congelamiento de los salarios y las jubilaciones, ha venido a expresarse en la autorrestricción de los trabajadores a su circulación. No son pocas las veces que los jóvenes de la familia se ven impedidos de hacer salidas recreativas porque “no tienen carga en la SUBE”. Los problemas “con la SUBE” se han vuelto de primer orden en los horarios pico, donde los trabajadores deben saltar molinetes, colarse o rogar al chofer que los deje pasar porque la máquina marca “saldo insuficiente”. A la mañana temprano, el aire se corta con tijera en las entradas y salidas de trenes y en las puertas de los colectivos. Los trabajadores del transporte se ven en la disyuntiva de dejar pasar al compañero y ser pasibles de sanción por la empresa. Las empresas de colectivos y los trenes han reforzado la vigilancia, aumentando el personal de admisión y policial. En los colectivos, se ha reforzado la presencia de los “chanchos”. En los móviles de televisión, que transmiten con regularidad la llegada de los trabajadores a la Ciudad de Buenos Aires, el escamoteo del sensor de la SUBE es parte del paisaje de todas las mañanas. Hace algunas semanas se viralizó un enfrentamiento entre trabajadores y Policía Federal en la estación Constitución, cuando la última intentaba detener a un pasajero que había saltado el molinete. Los aumentos obscenos de los boletos de las empresas de transporte obedecen a que el gobierno de Milei-Caputo pretende suprimir los subsidios en este rubro. Estos subsidios fueron puestos por el gobierno de Duhalde y mantenidos y engrosados por los Kirchner para salvar de la quiebra a las empresas del transporte, que luego de 20 años no han modernizado las flotas ni han mejorado frecuencias (no hablemos de la implementación de nuevas formas de alimentación de las unidades con energías más limpias en carbono). Los aumentos de los boletos tienen como contrapartida el pago de los intereses de la deuda a los grandes bancos y fondos financieros internacionales. Pero, mientras el gobierno concede aumentos de tarifas a las empresas de servicios y libera los precios de productos de los monopolios alimenticios, mantiene pisados los salarios de los trabajadores. La semana pasada Caputo advirtió que no permitirá a la Secretaría de Trabajo la homologación de paritarias superiores al 2 % a partir de octubre. El exmacrista apoya todo su “plan” para bajar la inflación en el derrumbe del salario. Justifica los sacrificios de los trabajadores en la idea de que si los empresarios tienen libertad de poner precios y “ganan lo que tienen que ganar” (¿cuánto es lo que tienen que ganar?) entonces invertirán más. Pero a nueve meses de precios liberados, el único movimiento que se observa es el del aumento del desempleo. Los trabajadores debemos oponer a este ataque a nuestros salarios y condiciones de vida nuestro propio programa: por aumentos de salarios igual al costo de la canasta familiar; jubilaciones equivalentes al 82 % móvil del salario en actividad. Basta de aumentos abusivos en las tarifas de energía, aguas y transportes. Que las empresas de servicios abran sus libros contables y demuestren sus costos. Frente a la prepotencia de los monopolios del transporte los usuarios debemos organizarnos. Frente al aumento de los boletos en los trenes: ¡Saltemos el molinete!

El sábado 14 de septiembre se realizó el 26° Encuentro Regional de Mujeres en Pilar. Reunió a alrededor de 500 mujeres que participaron en los distintos talleres. Este encuentro se realizó en una escuela periférica debido a la negativa del intendente Federico Achával (UxP) de brindar escuelas céntricas para su realización. Las compañeras de Política Obrera de la zona Oeste llevamos al encuentro nuestras posiciones ante el escenario de ataque brutal hacia los trabajadores. Participamos en cuatro talleres: Educación, Trabajo en contexto de crisis, Acceso a la tierra, vivienda y hábitat, Represión estatal y violencia institucional. Colocamos el debate político sobre la guerra declarada contra los trabajadores por parte del gobierno liberticida en complicidad con los partidos patronales y la burocracia sindical y estudiantil. Nuestra intención era evidenciar que este ataque histórico sólo puede resolverse a través de una respuesta histórica, que es la organización independiente de los trabajadores respecto de las variantes “populistas” y la propia burocracia sindical, hoy jugados a fondo en su complicidad con este ajuste. Frente al debate que plantea la necesidad de exigir y “presionar” a las direcciones burocráticas de los sindicatos para que convoquen un “plan de lucha”, desde Política Obrera respondimos con la necesidad de las autoconvocatorias y la construcción del camino hacia la huelga general como única alternativa para derrotar al gobierno de Milei y sus planes. Otro de los señalamientos que hicimos fue la necesidad de que el Encuentro sea resolutivo y se elabore un plan de acción por todas nuestras reivindicaciones. A pesar de que este planteo no fue minoritario, fue obstaculizado por algunos miembros de la comisión organizadora. En la mayoría de las comisiones, las compañeras llegaron a la conclusión de que es importante la unidad de las trabajadoras para enfrentar este estado de cosas. Queda pendiente como tarea hacia el interior del movimiento la necesidad de darle una perspectiva de salida que hoy no se visualiza. ¡Vamos al encuentro en Jujuy a luchar contra el gobierno de Milei!

Los televidentes advirtieron antes que nadie que la presentación de Milei en una Asamblea Legislativa sería una mascarada; apenas se presentó la cadena nacional, los usuarios de la televisión abierta apretaron el power del control. Los del cable hicieron lo mismo, aunque en menor porcentaje. Se anticiparon a un discurso vacío de contenido, que fue tartamudeado y que, como el tonto del barrio, se reía de sus propios dichos. Cuando comenzaron a circular los primeros formularios del proyecto de Presupuesto de 2025 quedó confirmada la patraña: prevé, sin la menor explicación, una inflación del 18 % anual. En otras informaciones del día, los medios anunciaban una caída del consumo del 17,2 %, en agosto, del 10,6 %, en el año, además de un aumento de la desocupación. Primero pagamos la deuda, enfatizó el comediante, y sólo gastaremos los recursos que sobren . Desde el Ministerio de Economía mandaron decir que habría un superávit primario del 1,50 % del PBI, que podría sumar, de acuerdo a cómo se calcule, entre 7.500 y 8.000 millones de dólares. Este dinero no alcanza, ni de lejos, para pagar vencimientos de capital e intereses de la deuda bajo legislación extranjera (de unos 20.000 millones de dólares), ni existe la reserva de dólares para hacerlo. En contra de todo lo que aseguró en su discurso, Milei viene endeudando al Estado en forma escalofriante , como ocurre no solamente con las Lebac, un bono del Tesoro, cuyos intereses se añaden al capital, o sea que se patean para adelante, sino con todos los títulos públicos, que se refinancian el mismo día de su vencimiento. Tampoco serían suficientes para cancelar deuda los dólares que entren por el blanqueo (unos 3.000 millones de dólares para los calculistas prudentes, 5.000 millones para los más osados). Tampoco es un dinero de libre disponibilidad para el Estado. El eje del discurso se montó sobre una farsa: prioridad del pago de la deuda pública, que no se puede pagar. La conclusión que se desprende del mamotreto que fue leído en la Asamblea es que Caputo espera que el Congreso no pueda aprobar el Presupuesto, para poder manejar los recursos públicos a su antojo. La otra es que este exministro de Macri encuentre la vía para repetir lo que hizo hace siete u ocho años, es decir, atraer dólares golondrina mediante una suba fuerte de la tasa de interés en momentos en que Estados Unidos se apresta a reducir la suya. Pero incluso en este caso todo el mundo advertiría que el dinero que entra se esfuma en los pagos de deuda y que no quedaría nada para devolver lo que trajeron más las ganancias realizadas. Al acecho de estas circunstancias, el FMI insiste en que la condición para nuevos endeudamientos (que Milei prometió no realizar, aunque lo hace cotidianamente) es que el liberticida vuelva a devaluar el peso . No es una señal inteligente que en un discurso en el que no se cita a nadie se cite a Cicerón, el senador romano, dos veces. Esto es típico de un diletante que se ha formado leyendo las solapas de los libros o que ha recogido el dato de un vecino. Porque es cierto que, en la decadencia de un sistema y de una época los legisladores y los regímenes políticos hacen barbaridades -y así lo prueban los Biden, los Trump, los Putin y los Netanyahu-, pero es también lo que han hecho los Macri-Caputo, los Fernández, los Guzmán y los Massa, y ahora Milei. Para seguir con las ilustraciones de la Antigüedad, el elenco liberticida quiere meter a Argentina en “el lecho de Procusto”, así llamado un féretro de tamaño inferior al cuerpo del cadáver, que sólo entra si se lo parte al medio. Milei, a instancias de los principales fondos internacionales, plantea ajustar al país al pago de una deuda pública que supera holgadamente todo su PBI. Después de esforzarse en este empeño, Milei sólo logró llevar la cotización de la deuda dolarizada al 50 % de su valor de emisión. Un gran negocio para quienes la compraron más barata, pero muy lejos de obtener financiamiento internacional a tasas de interés razonables. Por esto Argentina tiene un libertario trucho que gobierna la economía mediante cepos. La decisión de Milei de sabotear la votación de un Presupuesto de ficción lleva al gobierno por decreto y a un régimen de veto de las leyes . El día de ayer, domingo 15, los llamados opositores (con excepción del FITU) se mostraron incapaces de sabotear una sesión irregular y manipuladora, enviando a sus mandamases a la platea, con el pretexto de ser jefes de bloques o presidentes de comisiones e incluso sin ningún pretexto; ahí se lucieron Leandro Santoro, Itaí Hagman y Eduardo Valdez. Pero con un Presupuesto que no compromete gastos ni recursos, en una suerte de ajuste móvil al pago salvaje de la deuda del Tesoro y que es, por lo tanto, de votación imposible, el lugar político del Congreso queda como un cero a la izquierda. La crisis política en desarrollo tiene un alcance extraordinario. Milei pretende hacer pasar por debajo del radar los gastos militares y de represión. La democracia vacía de contenido ha agotado sus posibilidades porque teme, más que nada, a su herramienta más preciada que es la movilización política, incluso revolucionaria, de las masas . El boicot popular masivo a la fantochada es una incipiente pero poderosa manifestación de una nueva concientización política.

La lucha del sindicalismo aeronáutico podría representar un punto de viraje en la situación política y del movimiento obrero. El Gobierno es consciente de este desafío. Apuesta a que su desenlace evoque la derrota de la huelga ferroviaria bajo el gobierno de Menem y el consiguiente cierre de ramales y estaciones de ferrocarril. En aquella ocasión fue acompañada por la derrota de una enorme huelga con ocupación de edificios por parte de FOETRA, el sindicato telefónico. Para los historiadores del movimiento obrero internacional, ese mismo punto de viraje lo produjo la derrota de los controladores aéreos norteamericanos, en 1982, que dio aire al gobierno de Ronald Reagan y abrió un período entero de reflujo sindical en Estados Unidos. Lo mismo vale para la huelga del carbón en Gran Bretaña, en 1986, que fue derrotada al cabo de un año. Emparenta a los casos citados la circunstancia de que los gobiernos del momento, con la excepción de Margaret Thatcher, iniciaban su mandato en un cuadro de aguda crisis capitalista y más concretamente de hiperinflación. Otra característica común, verdaderamente clave, fue la nula intervención de las centrales sindicales que preferían, definitivamente, una derrota incluso estratégica del movimiento obrero a la desestabilización de los gobiernos patronales. Mediante la privatización o el desguace de Aerolíneas, el Gobierno pretende meter a fondo la motosierra en la clase obrera organizada; la cuestión de los costos es presentada en forma adulterada y ocupa un lugar secundario. En efecto, el Gobierno ha comenzado con los despidos en AA y anunció que establecería la llamada "esencialidad" en el transporte aeronáutico, o sea, un ultimátum para que los sindicatos levanten su plan de lucha, cesen las huelgas votadas en asambleas y esto alcance al conjunto de la actividad aerocomercial. La CGT no ha abierto el pico, mientras el kirchnerismo prefiere desviar la atención hacia la “economía bimonetaria” . La privatización de AA no se encuentra en la agenda votada por el Congreso; ha sido puesta, en cambio, en una lista de concesiones o privatizaciones parciales . Milei y sus trolls, en este caso toda la prensa comercial, explotan la circunstancia de que la clientela del servicio aeronáutico es mayoritariamente de clase media para arriba, para desatar una campaña macartista y fascistizante . Los trabajadores aeronáuticos perdieron en lo que va del año el 72 % del salario. La conducción kirchnerista de los sindicatos aceptó pactar salarios a la baja como ha ocurrido con numerosos sindicatos para evitar, de un lado, una huelga aeronáutica y, del otro, con la expectativa de defender la semiprivatización votada en el Congreso. El Gobierno ha respondido, sin embargo, con una oferta salarial igual a cero. El conjunto del personal aeronáutico percibe salarios muy bajos, en tanto que el de los pilotos es inferior al de la media internacional. Biró, Brey y compañía –los dirigentes sindicales– disimulan la envergadura estratégica del conflicto y no han emplazado a la CGT a declarar una huelga de apoyo, a pesar de la cacofonía de que “la Patria no se vende” . Lombardo, el presidente de Aerolineas Argentinas nombrado por Milei, no se cansa de repetir que para llegar a una privatización primero hay que convertir a la empresa en competitiva. Esto significa mayor flexibilización laboral y también desguace de rutas . De todos modos se trata de un castillo de arena, porque el negocio del cabotaje exige una tarifa dolarizada a lo largo de un período prolongado de tiempo. Para Sturzenegger, la huelga de los pilotos es un "excelente momento para avanzar con el proyecto de privatización de la aerolínea”, aun cuando sabe que no se encuentra autorizada por ley; nadie compraría tampoco una aerolínea en huelga en un país donde el giro de utilidades se encuentra bloqueado por el cepo, salvo que se incorpore esa compra al RIGI, violando sus disposiciones, porque no se trata de una inversión nueva. En cuanto a la "esencialidad", el "coloso" anunció que "Cuando los trabajadores decidan hacer una medida de fuerza van a tener que mantener una provisión del 50 % del servicio". Además, precisó, la aerolínea va a tener que anunciar la medida de fuerza con cinco días de anticipación y se abrirá una comisión para definir cuáles son los servicios esenciales entre los trabajadores de la empresa. Si no logran hacerlo, intervendrá la Secretaría de Trabajo, que definirá esos servicios que deben cumplirse durante la medida de fuerza. La regimentación de las huelgas demuestra que la "libertad" es sólo para las patronales. APLA, la Asociación de Pilotos, difundió un comunicado donde anuncia que "las medidas de acción gremial se irán incrementando en impacto y diversificando en su metodología". APLA llamó a sus afiliados y a los no afiliados que trabajan en Aerolíneas Argentinas a mantener la lucha y los reclamos. "El conflicto finaliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y todos/as los compañeros sancionados (apercibimientos, suspensiones, despidos) se encuentren en sus puestos laborales y se retrotraigan esas medidas disciplinarias”. Un sector de los sindicatos aeronáuticos, también conducidos por el peronismo, ha negociado, sin embarrgo, por separado aumentos en los términos establecidos por Milei-Caputo .

Con el verso de “personalizar las trayectorias” y “fortalecer la autonomía” el gobierno porteño pretende imponer el “Plan Estratégico Buenos Aires Aprende”. La enésima reforma educativa del macrismo quiere “modernizar” la escuela media adecuando a los alumnos al despotismo del mercado de trabajo y despidiendo miles de docentes. Al momento, cerca de 50 escuelas han rechazado la reforma y elaboraron documentos que coinciden en denunciarla como una reforma laboral encubierta y la primarización de la enseñanza media. Educación precarizada • Eliminan espacios curriculares, contenidos y asignaturas considerados inútiles para un “emprendedor” o un trabajador precarizado. Se quiebra la cursada anual y los alumnos concurrirán solo algunos días a clase porque, excepto en las materias troncales -lengua, matemáticas e idiomas-, estudiarán por proyectos y talleres cuatrimestrales. Habrá pasantías gratuitas desde 3° año. Las “trayectorias educativas” afectan las especificidades de las escuelas y devalúan los títulos de las escuelas técnicas y sus incumbencias. • Eliminan la Educación Sexual Integral para sustituirla por la Educación Emocional, un mejunje pseudocientífico de “gestión de las emociones para el bienestar personal”. Más individualista no se consigue y más descaro tampoco, en una Ciudad donde el 41 % de los menores de 17 años vive en la pobreza y aumenta dramáticamente la indigencia. Reforma laboral encubierta • Con la excusa de “agrupar horas en un sola escuela” y evitar la condición de “docentes taxi”, se eliminan los concursos por orden de mérito dando a los directivos la potestad de designar a su antojo sin ninguna clase de publicidad. • Los docentes pasan a ser “docentes de escuela” con cargos 36 o 72 horas, lo que implica una reducción salarial porque después de las 40 horas dejan de cobrarse muchos ítems no remunerativos. Quienes no obtengan un cargo pasarán a disponibilidad o quedarán directamente en la calle. El Gobierno intenta que este mismo mes que se implemente la reforma en unas 50 escuelas piloto. Para esto, derogó por decreto artículos del Estatuto del Docente que impedían esta reforma laboral decidida a espaldas de los trabajadores de la educación y sus organizaciones. El indignado rechazo de los docentes al “Plan Estratégico”, las asambleas y reuniones de docentes y estudiantes y el creciente estado de deliberación hicieron caer otra de las mentiras de Macri-Miguel: la inclusión en el plan no tiene carácter voluntario, sino compulsivo. Plantarse dio resultados: algunas escuelas, como el Normal 7, ya lograron ser desafectadas de la Reforma después de que los docentes se negaron a entrar a clases. El lunes 9, la comunidad educativa en pleno se dio cita para abrazar al Liceo 5. Horas después fue sacado del listado de escuelas piloto. Los docentes hemos avanzado en un proceso de coordinación. El viernes 13 el Comercial Nro 5 DE 3 y el Lengüitas convocaron a asambleas abiertas de la comunidad educativa. • El lunes 16 a las 18, el Colegio Nro. 10, el Liceo 12, el Normal 4 y el Comercial 22 convocan a sumarse a un semaforazo en Rivadavia y Avenida de La Plata. • El martes 17 a las 19, el Frente de Artística convoca a una asamblea del área en la ESEA Manuel Belgrano, Wenceslao Villafañe 1342. • El miércoles 18, ADEMYS convocó a un paro del nivel medio. A las 13 habrá una radio abierta en Jefatura de Gobierno (Uspallata 3150) Avancemos en las autoconvocatorias escuela por escuela. Unifiquemos las iniciativas para impulsar una gran asamblea que resuelva una huelga general educativa para derrotar este intento reaccionario. Difundamos el paro del miércoles 18, convocado por Ademys, y paremos masivamente. ¡Abajo la reforma antieducativa de Macri-Miguel! LEER MÁS: CABA: asambleas autoconvocadas en 38 escuelas rechazan la reforma antieducativa de Jorge Macri Por Alejandro Barton, 10/09/2024. Ciudad de Buenos Aires: una reforma que quiebra la escuela media Por Alejandro Barton, 29/08/2024.

Cuando falta menos de un mes para la realización del Encuentro Nacional de Mujeres, en Jujuy, la comisión organizadora -dirigida por el PCR y sus acólitos- esta haciendo todo lo posible para liquidar el Encuentro. En este punto, no solo no hay claridad en relación a los recursos económicos que maneja la comisión, la capacidad de albergue de las delegaciones y la cantidad de escuelas para la realización de los talleres, sino que hay un rechazo por parte de la comisión a ir a una lucha política para conquistarlos. Frente a la negativa oficial a entregar los recursos, la comisión organizadora ha rechazado una movilización política para garantizar el desarrollo del Encuentro. La gestión "diplomática" de la Comisión con el gobierno provincial y algunos municipios no ha pasado de las declaraciones de interés de la Legislatura y los concejos, mientras por otro lado se retacean las escuelas, los espacios para realizar la apertura y cierre y las viandas. "Bajarle las acciones" al Encuentro Si bien la organización anunció hace unos meses que se esperaba la llegada de más de 100.000 mujeres a Jujuy para participar del Encuentro, es claro que la política que viene llevando adelante apunta a "bajarle las acciones" a una posible movilización masiva. Recientemente, bajo el argumento del paro de transporte, no sólo se suspendieron reuniones plenarias de organización, sino que se canceló el Preencuentro provincial. El gobierno del radical Sadir, que en un principio se comprometió a colaborar con la realización del Encuentro, ha reducido la cantidad de escuelas donde se realizarán los talleres y las destinadas para albergar a las delegaciones; no ha cedido ningún predio idóneo para la realización de la apertura y cierre del Encuentro y, finalmente, está en cuestión el aporte de viandas o mercadería para gara la alimentación de las miles de mujeres que van a participar. Respecto de las últimas gestiones que dieron cuenta de lugares aptos para una gran concentración de mujeres en la apertura y el cierre, el Gobierno rechazó prestar el Estadio de Gimnasia de Jujuy, la Ciudad Cultural u otro estadio que maneje la provincia. En principio, el acto de apertura se haría sobre avenida 19 de Abril, lugar totalmente insuficiente para albergar a las más de 15.000 personas que se estima que participarán, y se barajaba la posibilidad de que el acto de cierre fuera en Alto Comedero, es decir, fuera del centro político y a contramano de donde se realizan los talleres. Los talleres Aunque cada año se agrega una consigna más al Encuentro -plurinacional, de disidencias, multicultural, etc.-, ha quedado claro el objetivo de la comisión organizadora es intentar "invisibilizar" los reales conflictos desatados en el ultimo periodo en los diferentes talleres de debate. Aunque la justificación del anterior Encuentro para votar a Jujuy como próxima sede haya sido la represión del Gobierno de Morales para imponer la Reforma Constitucional que entrega el territorio y prohibe los cortes, se disolvió a las representantes de las comunidades originarias que luchan por la defensa del territorio, simplemente como “comisión del interior”, junto con otras compañeras, para no destacar la fenomenal lucha que dieron el año pasado, con cortes de rutas en La Quebrada y Puna, soportando la represión y las temperaturas bajo cero. En estos momentos varias comunidades denuncian desalojos en función de la expropiación de la tierra. Ante el reclamo de parte de las compañeras de exponer la necesidad de la lucha por la defensa de los territorios y contra la represión, la comisión organizadora terminó englobando todos los reclamos en un taller de "acceso a la justicia". En un escenario donde el Gobierno recorta las jubilaciones, liquida los salarios, aumenta el trabajo precario y se pierden puestos por la recesión, ningún taller refleja esta grave situación que vive la mujer trabajadora, sino que se modificaron por “experiencia de las mujeres”, “economía popular”. Será tarea de las compañeras luchadoras y consecuentes ir a volcar y defender estos planteos reivindicativos y de lucha, frente al intento de diluir los grandes procesos de lucha por parte de la comisión organizadora. Maniobras Las compañeras estamos acostumbradas a las maniobras que se realizan todos los años por parte de las organizadoras del ENM, no sólo con respecto al siguiente lugar del Encuentro, sino con relación al manejo de los recursos económicos, a las relaciones con el poder político de turno y también con el armado y conformación de los talleres y ejes de debate. Posiblemente este año se haya alcanzado un nuevo nivel en las maniobras y el "aparataje", así como la integración o cooptación de sectores independientes de izquierda y del FITU, cada vez más inclinado a autoconstruir sus fracciones en los Encuentros que a dar una lucha política en las plenarias de organización. Esto fue reflejado no sólo en las reuniones en Jujuy, sino en los preencuentros que se están realizando en diferentes localidades del país. El abandono de la lucha política al interior de los Encuentros amenaza con convertirlos en una celebración, en un paulatino debilitamiento o en su integración completa al régimen. La política que ha tomado la comisión organizadora para "bajarle las acciones" al Encuentro tiene que ser leída como un intento de preservación burocrática de los aparatos que la integran bajo el gobierno de Milei. En momentos en que la crisis desatada por el Gobierno empieza a tallar en todas las encuestas y cae la imagen positiva del Milei, donde aumenta el cuadro de miseria, pobreza y desocupación, se busca evitar que el Encuentro pueda oficiar como expresión masiva de rechazo al Gobierno por parte de las madres que no pueden alimentar a sus hijos porque el Gobierno cerró los comedores populares, de las compañeras desocupadas que luchan por trabajo genuino, de las jubiladas que luchan contra el veto y por una jubilación que cubra sus necesidades básicas, contra el intento de anular todas las conquistas que el movimiento de mujeres ganó en las calles. En la perspectiva de un gran Encuentro que puede plantear un fuerte rechazo a las políticas de ataque y de eliminación de conquistas del movimiento de mujeres, la comisión organizadora elige no ir a un choque abierto con la política liquidacionista del gobierno de Milei y trata de contener a todo el movimiento en ese sentido. El Encuentro debe impulsar una gran movilización política contra el Gobierno, como lo fue este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Llamamos a superar las maniobras dirigidas a liquidar el ENM como un canal para organizar a las mujeres y sus reclamos, a coordinar medidas y acciones con todas las que quieren que este Encuentro sea un punto a apoyo para una irrupción de los que quieren tirar a este Gobierno por la vía de la huelga general.

El SUTNA ha convocado a una huelga para el miércoles próximo en rechazo a la parálisis de la paritaria. Las patronales han pactado no acordar ningún aumento salarial, como si las aquejara algún "déficit fiscal". A las 13 horas, en Plaza Congreso, se realizará una “asamblea simbólica” que coincidirá con la movilización semanal de los jubilados. Los despidos y retiros voluntarios en Fate y los despidos masivos en Bridgestone han quedado fuera de la agenda paritaria. Pasados los reclamos de Procedimientos Preventivos de Crisis, la patronal de Bridgestone avanzó con el despido de más de 450 trabajadores , un tercio de la planta. La conciliación obligatoria no retrotajo el conflicto, sino que avaló a la patronal. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, kirchnerista, no extendió la conciliación por cinco días, como lo autoriza la ley, y dejó firme lo actuado por la patronal . En Fate, la patronal lleva desvinculados a más de 180 trabajadores entre despidos y apretadas. El despido abierto o encubierto de trabajadores efectivos de las plantas del neumático no tiene relación con una baja de la producción a largo plazo. El propósito es impulsar una rotación de personal para contratar mano de obra todavía más precarizada bajo las normas de las nuevas leyes laborales. La negociación salarial se presenta de la siguiente manera: los salarios se encuentran congelados desde el 30 de junio; en las últimas negociaciones, Pirelli ofrecía aumentos mensuales por la inflación del mes previo, Bridgestone y Fate dijeron no poder acompañar la oferta. En la última audiencia, la parte empresaria mostró diferentes planteos. Pirelli ofreció 4 % en julio y 4,2 % en agosto. Bridgestone ofrece un incremento salarial equivalente al valor porcentual que resulte del acumulado del valor del IPC publicado por el INDEC de los meses de julio, agosto y septiembre, remunerativo y no retroactivo, sobre los valores de los básicos y adicionales vigentes al 30 de junio pasado, que será abonado a partir del pago de la primera quincena de octubre de 2024. Por último, Fate dice no poder afrontar ninguna de las dos propuestas, pero se compromete a fijar posición en 48 horas en caso de que el SUTNA acuerde con alguna de las otras. La política salarial de las patronales sigue a pies juntillas la que Techint y las patronales sidérurgicas llevaron adelante en la paritaria que duró todo el primer semestre , con los salarios de los trabajadores congelados. Ahora, con la tendencia deflacionaria y recesiva que impulsa el Gobierno, las compensaciones a mes vencido, como se venían haciendo, quedarían por arriba del índice, mientras que Milei-Caputo han advertido que no homologarán, a partir de noviembre, acuerdos superiores al 2 % mensual. La huelga se iniciará a las 11 horas del miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves. LEER MÁS: Neumático: las conciliaciones obligatorias han fracasado Suspensiones y despidos masivos en Bridgestone y FATE, y rechazo al aumento de salarios. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 23/08/2024. Neumático: una política para derrotar a la patronal y al Gobierno Independencia Obrera. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 23/07/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: #AltamiraResponde "A la ofensiva de los liberticidas y las patronales, las podemos derrotar" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

El pasado jueves 12 de septiembre, después de cinco años, se realizaron las elecciones de comisión interna en el Hospital Italiano. La novedad es que la Bordó, única lista opositora en el sindicato de la Sanidad – ATSA Bs. As, perdió a manos de la burocracia de la Celeste y Blanca/Nuevo Espacio, que intentó presentarse como “el cambio” en el Hospital. La elección arrojó un resultado ajustado: la Lista Bordó conquistó 1.085 votos, mientras que la Celeste y Blanca/Nuevo Espacio, 1.189. En los sectores la Bordó aseguró entre 16 y 17 delegados/as, mientras que la Celeste y Blanca 12/13. En tres sectores se va a volver a votar en 15 días, debido a un empate. La conducción Celeste y Blanca se viene preparando desde el 2021, cuando ganó en el Hospital las elecciones a comisión directiva y congresales del gremio. La patronal también fue allanando el camino negando el pago del bono de fin de año (una conquista que en la mayoría de las empresas de salud privada no se goza y que se venía abonando en el Italiano), sumado al recorte de alimentos en el comedor y la persecución a trabajadores y trabajadoras que se sumaron al paro y las acciones realizadas por aumento salarial en mayo de este año. Las asambleas y acciones no han podido revertir el estado de situación. Apoyándose en esto, la Celeste y Blanca intentó instalar la idea de que con el apoyo del sindicato se puede estar mejor. Pero para ver que esto es pura palabra basta con analizar la situación del resto de los sanatorios: en la Clínica de los Virreyes, la patronal procedió a un vaciamiento para luego imponer peores condiciones laborales, que incluyeron despidos, cambio de convenio (de Sanidad a Utedyc) y la prohibición del derecho a la representación gremial. En el sanatorio San José pasaron más de 150 despidos sin ni siquiera haberse convocado una asamblea por parte de la conducción del sindicato. El Centro Gallego y el Sirio Libanés abonan salarios en cuotas desde hace años. En los establecimientos de la salud privada, además, se producen despidos por goteo, como es el caso de la empresa Emergencias Médicas. Ni hablar de los salarios de miseria que la conducción del sindicato negocia a espaldas de los trabajadores: según la junta interna de ATE Indec, la canasta familiar está valorizada en $1.468.989, mientras que los salarios del personal de sanatorios de la comunidad rondan los $750.000 y $860.000. Con la victoria, aunque ajustada, la CyB de Daer pretende quedarse con un bastión de la oposición para imponer la regimentación al interior de los establecimientos y permitir que avance la reforma laboral, que ya cuenta con el aval de la CGT. Es por esto que el llamado a que la CGT y ATSA convoquen a un plan de lucha, levantada por la agrupación Bordó (ligada al MST-FITU), no hace otra cosa que generar expectativas en conducciones sindicales que nada bueno tienen para ofrecer a los trabajadores y trabajadoras. La experiencia con la Celeste y Banca en el Italiano necesariamente deberá ser superada por medio de la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones, sin ninguna confianza en la burocracia sindical.

Hoy despedimos a nuestro entrañable compañero y amigo Eduardo Correa. Anoche, mientras se dirigía a cacerolear, junto a Diana, su compañera, con la asamblea de su barrio de Paternal en protesta contra este gobierno liberticida, se descompensó y no logró llegar con vida al sanatorio. Entre la multitud de compañeros que se acercaron y la infinidad de saludos a su compañera Diana y a sus hijos, Martin y Valeria, con solo mirar los rostros de todos ellos podemos escribir una historia de amor y de lucha de más de 50 años. Fue por los años 70 que Eduardo se sumó a las filas del entonces partido Política Obrera y militaba con la juventud de la TERS (Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista), que años después sería la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo). En esos años nos conocimos. De ahí en adelante fue un luchador incansable en defensa de los intereses de la clase obrera. Estudiante de Psicología, trabajador bancario, militante en el barrio de La Paternal. Su casa siempre estuvo abierta para las reuniones políticas como para los asados y las fiestas. Los piqueteos de la prensa en la esquina de Juan B. justo y San Martin han quedado impregnados en la retina de los vecinos del barrio. Militó en la clandestinidad contra la dictadura militar; en el 83, cuando pasamos a la legalidad como Partido Obrero, Eduardo abordó la lucha electoral como un revolucionario. Me tocó compartir con él infinidad de luchas, huelgas y marchas. En 2001 caminamos de Paternal a Plaza de Mayo; en 2002, estuvimos en Puente Pueyrredón cuando asesinaron a Kosteki y Santillán. Participamos de la histórica huelga de AGR-Clarín, en 2017. Eduardo, con sus 65 años, fue constructor de la agrupación Jubilados Clasistas, que desde la enorme movilización de fines de 2017 contra la reforma previsional de Macri, nos autoconvocamos con otras organizaciones frente al anexo del Congreso nacional. Cuando se produjo la crisis en el Partido Obrero y fuimos echados vilmente de las filas donde habíamos militado por 50 años, Eduardo se sumó a la enorme tarea de volver a poner en pie un partido de la clase obrera y construimos junto con los 1.200 compañeros expulsados, pandemia de por medio, el partido Política Obrera. Eduardo, socialista revolucionario, trotskista, compañero, padre, abuelo, fana del Globito, es un hijo político de toda esta camada de luchadores que nos forjamos a la luz de la revolución cubana y de las históricas jornadas del Cordobazo, donde nació el clasismo. Los compañeros de tu circulo de Paternal–Villa Crespo te vamos a extrañar, pero te llevaremos a nuestro lado y en nuestro corazón, codo a codo en cada marcha, en cada piqueteo, en cada lucha que hemos decidido enfrentar contra este capitalismo que nos lleva a la barbarie. Hasta la victoria siempre compañero y amigo, Eduardo Correa.

En los artículos de la Ley de Presupuesto 2025 que presentó Milei, se destaca que el gobierno suspenderá por un año la obligación que tiene el Estado -esto es, Nación más provincias- de invertir en educación el 6% del PBI (artículo 27), establecido en la Ley Nacional de Educación. También suspende la obligación de invertir el 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y el 0,2% del PBI en educación técnica profesional. “En el marco de la emergencia pública declarada por el artículo N°1 de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, suspéndese para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias”, determina el artículo 27. Javier Milei se basa en el Ley Bases que fue acompañada por diputados y senadores de distintas fuerzas políticas para darle otro golpe a la educación pública. La obligación de invertir el 6% del PBI en Educación rige desde el año 2006. En rigor casi nunca se cumplió, con la única excepción en 2015, cuando se llegó a ese porcentaje. En los años restantes, lejos de aplicarse, el Estado Nacional fue acumulando una deuda con la Educación que, hasta 2020, sumaba más de 26 mil millones de dólares, es decir más de la mitad de la deuda con el FMI (Clarín, 16/9). Esta deuda del Estado con la educación pública no recibe el mismo trato que la que tienen los bonistas y los tenedores de títulos extranjeros. Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el CONICET, alertó que este año el ajuste en educación será del 40%: el doble que en el sector público en general. No hay un solo ítem del presupuesto educativo que no se vea afectado. Las acciones de formación docente (-63%), la construcción de jardines de infantes (-97%), becas estudiantiles (-64%), infraestructura y equipamiento (-69%), entre otros. El Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el mejoramiento de la calidad educativa, directamente desaparecen del presupuesto 2025. En el mismo presupuesto, el gobierno le incrementa a la SIDE fondos en un 98% más que el corriente año . El objetivo del gobierno liberticida es muy claro. El único objetivo que se prioriza es el pago de una deuda impagable , mientras la población se hunde en la miseria social, la desnutrición infantil y se liquidan las jubilaciones, la salud y la educación pública. En 2025 se deben pagar 25.000 millones de dólares que Argentina no posee. En ese contexto, Milei pretende desfinanciar hasta el último centavo a la educación pública para allanar el camino a una privatización completa del sistema educativo. A este objetivo también apunta la declaración de la educación como “servicio esencial” que pretende quitarle a la docencia su derecho a huelga, como recientemente lo han aplicado contra los pilotos. Ante semejante ataque a la escuela pública, los sindicatos nacionales docentes se han limitado a manifestar su “preocupación” con un comunicado de prensa. Finaliza así: “Desde CTERA sostenemos que se necesita más financiamiento del Estado Nacional y de los Estados Provinciales” (17/9). Cuando el gobierno de Milei acaba de anunciar la liquidación del presupuesto educativo, la CTERA le pide a ese mismo gobierno “más financiamiento”. Una tomada de pelo.

La decisión anunciada por Milei de vetar en su totalidad la reciente ley de “Financiamiento Universitario” ha puesto en tensión a los distintos bloques opositores que impulsaron el proyecto. Cuentan los porotos para ver si pueden lograr reunir los 2/3 necesarios en ambas cámaras para rechazar el veto. El reciente veto a la ley de movilidad jubilatoria -sancionada con más de los 2/3 de los votos en ambas cámaras- y el hecho de que la ley de financiamiento universitario no alcanzara esa cifra en Diputados, ha llevado a suponer que el gobierno cuenta con serias chances de reeditar aquella victoria política contra los jubilados. “El bloque del veto” se ha convertido en un arma imprescindible para blindar al gobierno y sus políticas. Cuenta para ello, entre otros, con un bloque de “radicales libertarios”. Entre los aparatos de las distintas federaciones que integran el Frente Sindical Universitario, la FUA y el CIN, se baraja, en caso de veto, convocar a una nueva marcha educativa al Congreso para apoyar su insistencia. La docencia y el movimiento estudiantil se encuentran maniatados por las burocracias que clausuraron el proceso de lucha huelguística y la concreción de la Marcha Federal a la espera del resultado parlamentario. El apoyo al proyecto de ley que acaba de sancionarse fue el justificativo para que todo el Frente Sindical, la FUA y el CIN, descartaran continuar con las huelgas, limitándose a paros aislados y convocatorias testimoniales en apoyo a la ley. Presupuesto La ley sancionada “encomienda” al Poder Ejecutivo una actualización de los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva, conforme a la inflación. Lo que se le reclama al gobierno representa apenas el 0,14 % del PBI. Milei ha decidido dar otra señal política de que todo aquello que no se subordine al pago de la deuda pública, será vetado. El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno, en lo que se refiere al capítulo educativo, contempla la suspensión por un año de la pauta establecida por la ley de Educación Nacional, de 2006, que establecía una pauta del 6 % del PBI para el área -y que nunca se cumplió, por otro lado. Asimismo, el CIN realizó una estimación de los requerimientos presupuestarios para el 2025, estimándolos en más de 7,2 billones de pesos. En el proyecto de presupuesto presentado por Milei, en cambio, se les asigna a las Universidades 3,8 billones: la mitad de esa cifra. Por otro lado, el gobierno pretende imponer una mayor y discrecional injerencia en la administración de esos fondos, por medio de auditorías de Capital Humano, reemplazando el sistema actual, en que los fondos universitarios son auditados por las universidades y la Auditoría General de la Nación, con supervisión del Congreso. A esto se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero. En contraste, el presupuesto de la SIDE creió 100%. Marcha CONADU ha proclamado, como se señaló antes, que si hay veto hay marcha. En el caso de la CONADU H, tiene previsto un plenario de secretarios generales, pero se orientaría en el mismo sentido, tal vez con alguna acción previa. El Frente Sindical, la FUA y el CIN establecieron como fecha tentativa el 2 de octubre para realizar la segunda Marcha Federal. Cifran expectativas, dicen, en poder torcer la voluntad de los legisladores vacilantes y horadar la cifra de 87 diputados que apoyaron el veto de Milei a la ley jubilatoria. Desde Política Obrera, nos colocamos en el campo de la lucha contra el veto sin apoyar una ley que, como último recurso, si el veto no se impusiera, quedaría en el limbo, con los argumentos que ya fueron esgrimidos por el propio Milei, quien sostuvo que la ley no especifica cómo se financiarían los requerimientos que plantea. La lucha contra el veto, confinada a una solución parlamentaria, conduce a un callejón sin salida. La lucha debe estar orientada a infligir una derrota al gobierno, lo cual sólo será posible por medio de la huelga general educativa y la movilización de masas. LEER MÁS: Ley de Financiamiento Universitario, el veto y después… Cómo enfrentamos lo que viene. Por Anahí Rodríguez y Daniel Blanco, 13/09/2024.

Durante la semana pasada los medios locales y nacionales difundieron el acuerdo firmado entre el padre del presidente Javier Milei, Norberto "Beto" Milei, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)-Vía Campesina. El acuerdo fue presentado como una “cesión” de 2.800 hectáreas de una totalidad de 5.800 hectáreas por parte de la empresa La Ponderosa, ubicada en el paraje Pampa Atún, en el departamento Mitre, propiedad de Norberto Milei, a una comunidad indígena, nucleada en el Mocase Vía Campesina. Según el diario La Nación, “el acuerdo contó con la participación y mediación de la Mesa de Diálogo y Tierra del gobierno local, y se firmó en una escribanía de Añatuya con la presencia de Norberto Milei, presidente de la firma La Ponderosa SA, referentes del Mocase y habitantes de la zona”. Sin embargo, durante décadas, estas tierras habían sido reivindicadas como propias por la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra, del Pueblo Originario Sanavirón. Dicha comunidad fue reconocida por el Estado a través del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y se le otorgó personería jurídica propia y una carpeta técnica en la cual se detalla información sobre la presencia de antepasados de estas familias en esas tierras, incluso desde antes de la conformación del Estado argentino. Pese al reconocimiento del Estado como Comunidad Indígena, el Mocase VC, aceptó firmar un acuerdo de cesión, que consagra el reconocimiento de derechos sobre este bien a Norberto Milei, un terrateniente usurpador y presupone que, como cesionarios, no son titulares de un derecho real. En un contexto nacional de bancarrota económica y de vaciamiento de organismos estatales de apoyo al sector, como el INAFCI, Pro-Huerta, INTI, INTA, junto a los despidos de sus trabajadores, el Mocase VC aprovecha este acuerdo para enviar un mensaje a otros empresarios agropecuarios, alentando “el diálogo como medio para resolver conflictos”. En sintonía con este mensaje conciliador, el líder del Frente Grande, y la UTEP, Juan Grabois, felicitó al presidente Javier Milei por su apertura a los movimiento sociales. Años atrás, ya había manifestado que era posible una suerte de “convivencia” entre el agronegocio y la agricultura familiar agroecológica. En el mismo encuentro el empresario agroindustrial, Gustavo Grobocopatel, sostenía que “una de las cosas del modelo del siglo XXI es la integración entre los agronegocios sojeros con la agricultura familiar agroecológica”. En Santiago del Estero, los conflictos por la tierra no han cesado. La experiencia sojera en mano de terratenientes ha tenido consecuencias devastadoras en los territorios y comunidades, incrementando los desmontes, el monocultivo, fumigaciones. Referencias https://www.elliberal.com.ar/nota/30444/2024/09/el-padre-de-javier-milei-acordo-con-el-mocase-ceder-2800-ha-de-un-campo-en-litigio-en-santiago https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/tras-una-larga-disputa-el-padre-de-milei-cedio-casi-3000-hectareas-a-campesinos-apoyados-por-una-nid12092024/ https://www.elciudadanoweb.com/el-padre-de-milei-debio-devolver-miles-de-hectareas-a-comunidad-indigena-de-santiago-del-estero/

La reglamentación de la Reforma Laboral de la Ley Bases , aprobada hace ya casi tres meses, es fruto de una sórdida discusión entre distintos sectores capitalistas. Un capítulo central de la ley es la modificación del régimen de indemnizaciones y la puesta en marcha del Fondo de Cese Laboral. Sturzenegger, el ministro desregulador, afirmó que los empresarios podrán diseñar su “esquema indemnizatorio a la carta” , de acuerdo a lo cual podrán permanecer en el régimen actual, crear un Fondo de Cese Laboral o bien contratar un seguro. Esto último ha puesto a los ejecutivos de importantes compañías financieras y de seguros a “soñar despiertos” con abrirse camino al mercado eventualmente multimillonario de las indemnizaciones. Se discute, a la hora de la reglamentación, sobre la posible participación de entidades financieras para administrar los fondos que se creen en el futuro. Mientras se avanza en la confiscación de una conquista histórica de la clase obrera, el Gobierno le abre al capital un negociado gigantesco. Se trata de una operación de rescate del capital financiero por parte del dinero de las indemnizaciones futuras de los trabajadores. Los mesadineristas del Gobierno, Milei, Caputo y Sturzenegger buscan habilitar un ingreso masivo de capitales al mercado de bonos y acciones. “Según trascendió en Casa Rosada, funcionarios económicos analizan la posibilidad de transferir capitales en el mercado financiero mediante la creación de un nuevo esquema de inversión para aseguradoras y entidades bancarias, que podrían utilizar estos fondos de cese laboral e invertir en acciones, bonos y pequeñas y medianas empresas” (iProfesional, 16/7). La indemnización del trabajador dependerá, no de los años de trabajo, sino de los rendimientos devengados por el capital financiero en el mercado bursátil. Uno de los puntos que traba todavía la reglamentación es que, según la Ley Bases, la aceptación del nuevo régimen indemnizatorio debe hacerse convenio por convenio, en las negociaciones paritarias. Pero los capitalistas van por más: el requerimiento de los empresarios es ahora que "el fondo de despido sea opcional a elección de la empresa y no por paritaria", es decir que no necesitarían ni siquiera el aval de los sindicatos en las negociaciones. Como advertimos tempranamente, la reforma laboral ´a medias´ que aprobó el Congreso fue aceptada por el Gobierno, pero con el objetivo de ir más allá. No está claro aún si la reglamentación establecerá que los trabajadores puedan acceder al Fondo de Cese Laboral en caso de retiro voluntario o renuncia. Este adefesio indemnizatorio fue difundido por el Gobierno como una mejora respecto de las indemnizaciones actuales, porque el trabajador podría acceder al Fondo si quiere cambiar de trabajo. Ahora, las patronales han dejado en claro que no tienen ninguna intención de que esto sea así, sino que, en caso de renuncia o abandono de trabajo, el dinero vuelva a manos del capitalista. En vez de contratar un seguro, las empresas también podrían crear su propio fondo de cese laboral, aportar mensualmente y “elegir un sistema privado de capitalización para cubrir el costo de la indemnización en caso de despido”. Este planteo fue presentado al Gobierno por los representantes de las Pequeñas y Medianas Empresas, por las cuales tanto brega la burocracia, tanto de la CGT como de la CTA.. El cambio de régimen indemnizatorio no es sólo una operación financiera. Las indemnizaciones tal cual existen hoy operan como un límite (por su peso económico) a la capacidad de los capitalistas de despedir masivamente, inclusive cuando utilizan los despidos como recurso para romper huelgas. Apunta, como toda la reforma laboral, a una rotación laboral mayor y, por tanto, a una todavía mayor precarización laboral.

Una nutrida comitiva de dirigentes de la CGT -entre los cuales se encontraban Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Héctor Daer y Pablo Moyano; y a la cual se sumó Alejandro Gramajo, delegado de la UTEP- se entrevistó con el Papa en el Vaticano. Los líderes cegetistas no fueron a buscar un pronunciamiento del ´Santo Padre´ a favor de la lucha de los aeronáuticos -casus belli del gobierno contra el movimiento obrero - sino a pedirle que auspicie un “diálogo social tripartito”, dice Clarín (17/9) “para destrabar y resolver los problemas del país”. “Pero aclararon que no profundizaron en cuestionamientos a la gestión de Milei ni sobre las principales medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo”, agrega el mismo diario. "No entramos en temas íntimos de la situación argentina en términos de Gobierno, sí por supuesto hablamos de este discurso de multiplicación de ganancias en desmedro de la construcción solidaria para las sociedades”, señaló Daer, poniendo de manifiesto el carácter retórico de la ´lucha´ de la CGT frente al gobierno más antiobrero que haya conocido la historia argentina. La CGT viene de pactar con la banda liberticida una contrarrevolución laboral que elimina la indemnización por despido, el trabajo en relación de dependencia y el derecho a huelga. La “multiplicación de ganancias” no es un discurso sino el resultado de una mayor expoliación de los trabajadores que la CGT ha consentido. A la salida de este encuentro sin críticas a Milei, como los burócratas sindicales se encargaron de subrayar reiteradamente, La Nación interrogó a Daer si habían visto la cadena nacional, donde en lugar del presupuesto se anunció un régimen de caja única para pagar la deuda externa . “No, estábamos durmiendo”, respondió el dirigente de Sanidad (LN, 17/9). La CGT, por lo tanto, ha recurrido a Bergoglio para acercar posiciones con el gobierno. Le entregaron una copia del documento “Argentina, hacia un país con desarrollo, producción y trabajo”, publicado en abril, en el que la burocracia reclama por su derecho “a participar en la discusión y el diseño de la sociedad a la que aspiramos” y convoca a un “programa de consenso multisectorial”. “Diálogo”, “unidad nacional” y “consenso” fueron también las consignas de las ´medidas de fuerza´ que impulsó la CGT en enero y mayo pasados – un programa de acercamiento a Milei . En lugar de “desarrollo, producción y trabajo”, el gobierno ha colocado al Tesoro como garantía de pago a los acreedores, la recesión raja las paredes y el desempleo y el subempleo se han empinado, nada de lo cual ha conmovido a la dirigencia cegetista. Siguiendo con Daer, éste asegura que el Papa los exhortó a “defender la justicia social como instrumento de equilibrio de las sociedades modernas” y que la CGT le volvió a pedir al jefe de la Iglesia que visite el país, porque “creemos que le vendría muy bien a la sociedad argentina, en cuanto a los momentos de crispación que se tienen y demás (sic), la presencia del Santo Padre como armonizadora de este momento” (LN, 17/9). Sin embargo, el FITU insiste en conjugar la denuncia del “colaboracionismo” de la burocracia con el reclamo a ésta para que encabece un “plan de lucha”. Por el contrario, la CGT auspicia una derrota severa de los trabajadores, mientras sus prebendas queden a resguardo. La burocracia ´articula´ con la ´oposición dialoguista´ que encabeza Pichetto y con la embajada norteamericana , que le ha recomendado al gobierno no prescindir de sus oficios para ´contener´ a los trabajadores. De la delegación de la CGT, entre los 13 dirigentes que viajaron a Roma, participaron dos mujeres. Andrés Rodríguez, de UPCN, -apodado “el Centauro” por su afición a los caballos pura sangre- quiso mostrarse empático con el movimiento femenino. Destacó, para el caso, que el Papa también le dedicó bastante atención a la igualdad de género. “Reivindicó mucho a la mujer como una pieza (sic) fundamental; él mismo puso como ejemplo que en varias estructuras, aquí en el Vaticano, tiene a mujeres que son muy eficientes e inteligentes (sic sic) y por lo tanto reconoce (sic sic sic) el papel de la mujer como imprescindible dentro de una sociedad que trabaje con igualdad de género (¿?)”. Con esta cháchara igualitaria, la CGT pretende disimular que las mujeres son las primeras y más afectadas por el derrumbe social en la Argentina. A modo de ejemplo, el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires acaba de publicar un informe sobre empleo que da cuenta de que la desocupación aumentó en 100 mil puestos de trabajo, afectando casi exclusivamente a las mujeres (“La reducción interanual entre las mujeres es la que motoriza la baja general de la ocupación (4,5%); entre los varones ocupados prácticamente no hay cambio”, Clarín, 16/9). Para completar, Marina Jaureguiberry le pidió al Papa “una bendición especial” para las y los docentes de gestión privada, y su intercesión para poder mejorar “nuestras condiciones de trabajo y de vida en la negociación con nuestros empleadores” (Página/12, 17/9). Más que una plegaria, los docentes necesitan una huelga por el salario y la defensa del Estatuto.

La situación de las trabajadoras del Patronato de Liberados Bonaerense se agrava al compás de la crisis. Cada vez más compañeras se han visto obligadas a hacer uso de la “opción” extorsiva de cambio de régimen horario de 30 horas semanales a 40 para poder acceder a las bonificaciones (del 120% y el 40% del básico) que el gobierno provincial otorga para este último. Así y todo el salario, que cobran quienes revistan en el régimen de 40 horas semanales no llega a cubrir un tercio de la canasta familiar. Lo que obliga a completar los ingresos con un segundo o tercer empleo.Hablamos de personal profesional, en su inmensa mayoría, que afronta situaciones de estrés y presión constantes en su jornada laboral. Hoy en el régimen de 30 horas un salario para una profesional del trabajo social, la psicología o la abogacía, de categoría 12 con 15 años de antigüedad, es de 497.971 pesos: un ingreso de indigencia. Las y los compañeros administrativos están en una situación similar, con el agravante de la sobrecarga laboral y el trato desigual que padecen. La disputa en cada delegación por la distribución de horas presenciales en oficina y en campo o trabajo domiciliario se agudiza. De modo que Kicillof, con su “Plan de Homogeneización Salarial”, apoyado por el intendente Alak y el titular del organismo Aníbal Hnatiuk, planteaban como una mejora salarial, sólo ha traído aparejado un empeoramiento de las condiciones laborales, El interventor Oscar Sánchez, un funcionario más La paritaria provincial que las direcciones sindicales de ATE y UPCN aceptan sin consulta previa y de forma casi automática, consistió, en la última paritaria de agosto, en el sueldo del PLB en un “aumento” de 6.820 pesos sobre el básico y 17.000 de bolsillo. Este monto irrisorio tiene un impacto apenas mayor en el régimen de 40 horas, Como agravante de esta situación, la política de licencias médicas, por cuidado de familiar enfermo y otras, es de una crueldad tal que se deniegan licencias, aun cuando médicos matriculados indican determinados días de reposo, o situaciones donde se niega el rol de cuidados familiares a las compañeras. Se aplican descuentos salariales a mansalva. Hnatiuk ostenta un estilo de dirección “de rienda corta”, buscando que todo el personal jerárquico obedezca a sus lineamientos político partidarios, más allá de la idoneidad para la función. Este disciplinamiento se busca ampliar a todo el personal del organismo, ejerciendo prácticas persecutorias hacia aquellas compañeras que se resisten a ser correa de transmisión de la cadena clientelar y punteril, y que defienden criterios de intervención profesional y de respeto a la población supervisada. En el plano gremial, el gremio mayoritario, ATE, continúa ejerciendo la intervención sobre el sector, a través de un directivo ajeno al organismo, Oscar Sánchez, quien ya ha perdido todo vínculo con los trabajadores, y que sostiene la decisión de la directiva de no convocar a ningún ámbito de discusión, sean plenarios o asambleas, contando para ello con la complicidad de las direcciones de la mayoría de las seccionales en los distritos de la provincia. Las y los trabajadores del PLB tenemos historia de lucha y organización en condiciones muy hostiles. Supimos conquistar la bonificación por tarea especial e instalar lineamientos de trabajo no punitivos, abriendo distintas discusiones respecto a la intervención y a la función social del organismo, hoy reducida a tramites de programas sin perspectivas más allá de una ayuda coyuntural. A través de asambleas en delegaciones y de la Asamblea Provincial de Trabajadores del PLB, convocada por delegadas y activistas, hemos dado una lucha frontal con paros y movilizaciones contra el maltrato laboral y contra la imposición de las 40 horas semanales y la derogación de la bonificación por tarea especial. Lucha que si bien se perdió, dejó al desnudo la hipocresía de una gestión que hace autobombo con tener “empatía” y “perspectiva de género”, algo totalmente ausente en el trato cotidiano hacia las trabajadoras, y en la negativa constante a establecer un diálogo por parte del presidente del organismo con trabajadoras y delegadas gremiales, escudándose en el interventor sindical de ATE y en la burocracia de UPCN, que hacen de coro a las directivas del gobierno. Debemos impulsar asambleas para discutir una urgente recomposición salarial, el cobro de la bonificacion por gestion de la vulnerabilidad social para el régimen de 30 horas, el respeto a las licencias médicas y de cuidados, sin descuentos compulsivos y arbitrarios, y contar con ámbitos de discusión paritaria para resolver todas las problemáticas del sector. No debemos quedar subordinados a las maniobras de una burocracia sindical descompuesta, que no tiene ninguna perspectiva de lucha que dar ante el ajuste de Milei y de Kicillof. Vayamos a dar la lucha por todas nuestras reivindicaciones.

El Presupuesto 2025 que Milei presentó en el Congreso no inventa nada. Es un refrito de las peores maniobras y confiscaciones que han llevado adelante los gobiernos capitalistas con la ´ley de leyes´, trátese de liberales o de “nacionales y populares”. El engendro de Milei comienza con la promesa de un superávit equivalente al pago de los intereses de la deuda pública. En sus primeros tres artículos, el proyecto establece que en todo momento las partidas del Presupuesto podrán “ser recortadas para asegurar ese superávit financiero”. El proyecto oficial divide a los gastos entre aquellos con “ajuste automático” y los “discrecionales”. Entre los primeros, solo están la deuda pública y las jubilaciones, que se ajustarán con la inflación pero después de haber sido despojadas del 62% de su poder de compra en los últimos siete años. Los demás ítems son considerados “gastos discrecionales remanentes” (sic). En definitiva, se ha presentado como ”presupuesto” a una caja única para un propósito inviable: el pago de los compromisos de deuda del año 2025 . Impuestazo a los trabajadores Después de despotricar contra el peso de “la carga impositiva contra el ciudadano”, el presupuesto de Milei termina elevando esa presión en un punto del PBI, pero con una significativa modificación: se refuerza decisivamente el peso de los impuestos que pagan los trabajadores, al tiempo que se alivia la carga al capital. Ganancias y el monotributo aumentarán entre un 20 y un 100% su participación en los ingresos fiscales. En el primer caso, por la reinstauración de la cuarta categoría (impuesto al salario); en el segundo, por el mazazo aplicado sobre las cuotas mensuales del monotributo. También recaudará más el impuesto a los combustibles, impulsado por los tarifazos en las naftas. En contrapartida, el impuesto a los Bienes Personales tendrá una reducción real del 23% en la recaudación prevista. El planteo impositivo de Milei Caputo derrumba la charlatanería “anti-Estado”: los libertarios han redoblado la carga de los impuestos sobre el salario, el consumo y los ingresos precarizados, para concurrir a auxiliar con más fuerza que nunca al capital. En efecto: los “gastos tributarios” -o sea, las exenciones y subsidios a sectores capitalistas- no han bajado una décima en su participación, y representarán el 3,4% del PBI en el presupuesto 2025. Para completarla, Milei no se privará siquiera del impuesto que dice odiar con más fuerza: el ¡impuesto inflacionario! Ocurre que el presupuesto 2025 asume una inflación anual del 18% -o sea, un 1.3% mensual, cuando la inflación presente no baja del 4% y el propio presupuesto prevé la continuidad de los tarifazos en 2025. Una inflación superior a la proyectada daría lugar a una mayor recaudación en los impuestos sobre el consumo (IVA), como resultado de los aumentos de precios. Esos mayores ingresos podrán ser reasignados discrecionalmente. Los liberticidas, de ese modo, echarán mano del método “nac & pop” de recaudación fiscal “por fuera” del presupuesto proyectado. Espías y acreedores, a salvo Aunque todos los gastos estarán condicionados por el pago de la deuda, la orientación social del presupuesto no deja dudas. En relación a la Universidad, el proyecto dispone de 3,8 billones de pesos, exactamente la mitad de los gastos estimados como necesarios por el Consejo de Rectores (CIN). O sea que el proyecto da por fenecida a la ley de financiamiento universitario incluso antes de que ésta sea votada y vetada. En relación al CONICET, los recursos se reducen en un 40%, y algo similar ocurre con el INTI y el INTA. De conjunto, el ajuste planteado sobre las transferencias a las provincias constituye un golpe al plexo de los gastos sanitarios y educativos, que desde hace varias décadas se encuentran 'federalizados'. En medio de estos recortes, hay un rubro que logra un aumento real del 100%: el de los gastos de la SIDE. De este modo, Milei-Caputo se han resarcido del revés sufrido en el Congreso, después que el decretazo sobre los fondos reservados de inteligencia fuera volteado por las dos Cámaras . Con seguridad, no serán los gastos del aparato de espionaje los que resulten recortados para cumplir con el pago de los intereses de deuda. Pero el engendro de Milei-Caputo no logra “cerrar” la cuestión crucial de la deuda pública. Frente a vencimientos de deuda por capital e intereses de 24.000 millones de dólares, el proyecto oficial prevé pagar 7.500 millones de interés y tomar deuda por otros 3.500 millones para refinanciar vencimientos de capital. Aunque no lo dice, Caputo supone la renovación automática de la deuda con organismos internacionales -FMI incluido- y de los “pases” de China, que representan la mitad de los vencimientos. Pero aún en ese caso, debería vérselas con otros 12.000 millones de vencimientos de deuda privada, sin que aparezca un financiamiento internacional a la vista. Bien mirado, el discurso de Milei y el presupuesto “déficit cero” es una escenificación dirigida a suplicar ese financiamiento . A costa de fustigar a los “defolteadores seriales” de la historia argentina, Milei se ha colocado en la misma fila, sin dejar de agregarle él mismo 87.000 millones de dólares a la hipoteca nacional de la deuda en tan sólo ocho meses . Gobierno por decreto La presentación del conjunto de gastos como “discrecionales” anticipa la intención de gobernar por decreto. Ese régimen de decretazos se abrirá paso por dos vías: para el caso en que el presupuesto sea rechazado por el Congreso -y Milei dicte la “prolongación” del anterior- o si los 'demócratas' de las dos cámaras se lo terminan aprobando, con el argumento de 'querer evitar un presupuesto por decreto'. En definitiva, es lo que ya ocurrió con el DNU 70 y la Ley Bases. Pero ninguna de las dos variantes podrán rescatar a un presupuesto inviable por partida doble: primero, porque las exacciones planteadas a las masas trabajadoras son socialmente intolerables, algo que ya se está manifestando en la actualidad. Incluso los encuestadores afines al oficialismo reconocen un “cambio en el humor popular”, que crece al compás de los tarifazos en el transporte y el derrumbe económico general. En segundo lugar, porque ni con semejante agresión a las masas Milei y Caputo consiguen asegurar los compromisos con los acreedores locales e internacionales de la deuda. El gobierno liberticida sólo ha presupuestado su propio impasse económico y político, en las vísperas de cimbronazos financieros internacionales y de grandes luchas en puerta.

Con gran tristeza nos tocó despedir a Eduardo Correa, querido vecino y gran ser humano comprometido con muchas luchas populares. Una descompensación inesperada desencadenó ese doloroso desenlace, en momentos en que, acompañado por su esposa, Diana, se dirigía a la esquina de avenida San Martín y Juan B. Justo para sumarse a un cacerolazo de protesta promovido por la Asamblea de Vecines de La Paternal contra la política del gobierno nacional. Eduardo fue fundador y destacado miembro de la agrupación Jubilados Clasistas y del partido Política Obrera, al cual contribuyó a desarrollar como parte del conjunto de militantes que, encabezados por el histórico dirigente Jorge Altamira y después de largas décadas de conformar el Partido Obrero, decidieron emprender una nueva etapa al no encontrar reconocimiento en ese espacio político su aspiración de constituirse en tendencia . Eduardo también fue en nuestra barriada un gran animador del espacio asambleario surgido tras el estallido social de diciembre de 2001, que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa al son del “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y del “piquete, cacerola, la lucha es una sola”. Compartimos con Eduardo más de un amistoso encuentro, mate o café de por medio, en donde el debate político se entremezclaba con las vicisitudes de la vida y, en dos ocasiones, una en noviembre de 2016 y otra en diciembre de 2019, la recordada periodista de nuestro medio Haydée Breslav junto a quien suscribe lo entrevistamos como referente local de Jubilados Clasistas. Allí nos dejó testimonios que no solo daban cuenta de su combatividad, sino también de la claridad y solidez de sus argumentaciones para explicar la naturaleza antiobrera de la política previsional que gobiernos con uno u otro signo partidario implementaban desde el Estado. “No es fácil la tarea de organizar a los jubilados: salimos con el boletín o con volantes, y muchos dicen ‘estoy de acuerdo, hay que salir a luchar’, pero tienen impedimentos desde físicos hasta económicos… Sin embargo, que la tarea no sea sencilla no significa que no sea necesaria”, nos decía en 2016. Y en esa misma entrevista, más adelante, señalaba: “Hay centros de jubilados por todas partes, y todos ellos están manejados por punteros radicales, peronistas y ahora macristas. Está bien que haya lugares de reunión y de participación, pero lo cierto es que esos centros funcionan para diferir y dispersar la lucha por las reivindicaciones de los jubilados: de vez en cuando los llevan a la isla Maciel, al Tigre o a hacer algún otro viajecito de unas horas o de un día, y después se juntan algunos días por semana a jugar a las cartas, a charlar o a bailar. No estamos en contra de eso para nada, pero creemos que un centro de jubilados tiene que ser, fundamentalmente, un núcleo de organización. Nosotros queremos abrir locales de jubilados para realizar también actividades sociales y culturales, pero, fundamentalmente, para organizarlos para la lucha con los trabajadores activos”. En la concurridísima sala velatoria de Tres Arroyos y Seguí, en torno al féretro sobre la cual estaba colocada la gorra roja que Eduardo lucía en las movilizaciones, escuchamos a Diana, su esposa, recordando con gran consternación, pero con encomiable entereza, cómo empezó su vínculo amoroso de 52 años al calor de la militancia estudiantil. Y luego resonaron las palabras de uno de los grandes compañeros de militancia de Eduardo, Charly Petrillo, quien, entre otras cosas, expresó: “Hablar de Eduardo es hablar de un luchador. Esa es la palabra justa para nuestro queridísimo amigo y compañero Eduardo. Es la historia de nuestro partido. Un día tuvimos la intención, tal vez algún día lo hagamos, de escribir una historia, pero hoy acá veo muchas caras que resumen una historia de gente que ha decidido elegir luchar por encima de cualquier otra cosa, porque no nos bancamos este capitalismo que nos agobia y nos mata”. Antes de la procesión hacia el cementerio, el himno proletario La Internacional, entonado por la concurrencia, le puso un rojo broche a las exequias. LEER MÁS: Eduardo Correa, un socialista revolucionario Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 16/09/2024.

El ágape de los ochenta y siete diputados en Olivos ha sido presentado, previsiblemente, como un intento de blindar a futuros vetos presidenciales – en primer lugar, el de la Ley de Financiamiento Educativo. Se ha consagrado un “bloque del veto” en las movedizas arenas de la política criolla . Hubo, sin embargo, faltazos, y no porque la cena fuera “a la americana” y con un considerable descuento por parte del locatario de Olivos. La razón es que el asado suscitó bronca en la población, que ya había boicoteado la cadena nacional . Una manifestación improvisada de jubilados y vecinos expresó la indignación popular frente al festín de los criminales sociales reunidos puertas adentro. El que piense que unos cuantos jubilados no mueven el amperímetro, no advierte que como muestra basta un botón. Este cuadro explica el empeño oficial en conformar el “bloque de los 87”. Patricia Bullrich, a quien se atribuye la operación del veto jubilatorio, le había advertido a Milei que “Con dos tercios te voltean” . Según relatan los diarios, Bullrich trajo a colación la destitución de Anibal Ibarra en 2004, precisamente, por carecer del ¨tercio salvador” en la Legislatura porteña. Karina Milei se encargó de armar un escándalo político, aun no resuelto, cuando cuestionó la presidencia de la Comisión de Juicio Político para Marcela Pagano . Bullrich, una sobreviviente del gobierno del 2001, bajó a Milei a tierra: no solamente en Argentina se cuestionan los mandatos presidenciales o las jefaturas de gobierno. Acaba de ocurrir en Gran Bretaña; en Francia, se ha oficializado un pedido de destitución para Macron; lo piden a gritos en Israel todos los sábados a la noche; en Alemania, el gobierno difícilmente llegue al final del mandato; e incluso Zelensky es un presidente con mandato vencido, lo cual lo inhabilita para firmar acuerdos con Rusia. Maduro es un capítulo aparte. Los vetos y decretazos no marcan un sendero estable . El capital financiero desconfía de la capacidad de los mesadineristas de la Rosada para evitar un default sin devaluación del peso . Para algunos observadores, Patricia Bullrich se ha convertido en una “jefa de gabinete” sin cartera; en su escala reciente con la Gendarmería en Neuquén, le dio con un caño al presidente de la Unión Industrial, Funes de Rioja, un ajustador con más prontuario que Milei. La aventura deflacionaria de Milei y la depresión que ha inducido, no lo ha alejado de un estallido inflacionario precedido por una devaluación .

No es frecuente que el poder político celebre en forma pública la ofensiva que desata contra los trabajadores . Pero es de rigor que se apele a este recurso en situaciones excepcionales, cuando quiere exhibir la prepotencia a la hora de aplicar una política furiosa contra las masas, para persuadirlas de la inutilidad de la resistencia y de la lucha. Al personaje lo había sacado de quicio que la población apagara los televisores a la hora de su discurso por la cadena nacional . Este gobierno antiobrero está enteramente jugado al pago de la deuda pública a costa de los gastos de salud, educación, vivienda, empleo y consumo de los trabajadores. A esto apunta el Presupuesto que ha presentado para 2025 . Por eso, atribuye al Ministerio de Economía la facultad de cumplir o no con lo presupuestado, en función de salvaguardar los recursos para pagar a los acreedores nacionales e internacionales. El resultado ha sido una depresión económica extraordinaria. Si el Congreso nacional modifica algunos de los cortes previstos, Milei se ha declarado conforme en gobernar sin Presupuesto, para poder hacerlo en forma completamente arbitraria. Y continuar con los vetos, como se apresta a hacer con las Universidades. El gobierno dispuesto a pagar la deuda pública “con el hambre de los argentinos” (como dijo el presidente Nicolás Avellaneda en 1874), ha batido un récord de endeudamiento – el equivalente a cerca de 90 mil millones de dólares desde que asumió . El desendeudador simplemente añade los intereses impagos al capital de la deuda. Es así como ha obtenido un "superávit" financiero mentiroso. Ahora, acaba de sacarle 1.400 millones de dólares a la caja del Banco Central, para pagar intereses de deuda en el exterior en enero, aumentando las reservas negativas, o sea, la deuda neta del Banco. Este es el mismo gobierno que compensa la baja del impuesto a los bienes personales con el dinero que le saca a los jubilados. El injurioso asado de Olivos ha venido acompañado de algo menos festivo. Patricia Bullrich recibió una ovación del Club del Petróleo cuando anunció, el martes 17, que instalaría la Gendarmería en Neuquén para reprimir las movilizaciones y huelgas de los trabajadores petroleros . El secretario de Trabajo, un funcionario de Techint, acaba de derogar el derecho de huelga a los sindicatos aeronáuticos . Frente a esta situación, la CGT se acaba de encomendar al Papa , juntando a los Moyano y a los Grabois. Milei está considerando invitarlos también a un asado, para premiar sus servicios prestados. El liberticida podría invitarlos a participar del negocio financiero de los Fondos de Empleo, que sustituirá al régimen actual de indemnizaciones por despidos. La clase obrera enfrenta la mayor bancarrota histórica de las organizaciones que comanda la burocracia sindical . Esta casta aventajada y empresarial forma parte del régimen dominante y se ha puesto de nuevo a su servicio. Llamamos a los trabajadores a desarrollar organizaciones de base para luchar en forma consecuente por las reivindicaciones.

Un escandaloso fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en junio había dictaminado que Ángelo Calcaterra, empresario de la construcción y primo de Mauricio Macri, debía ser excluido de la causa de corrupción de los “cuadernos de Centeno”. Según los camaristas, Calcaterra no pagó sobornos a funcionarios para beneficiarse, sino que entregó “aportes electorales” consistentes en miles de dólares para el kirchnerismo y admitió hacerlo al menos dieciséis veces en el garaje subterráneo del Hotel Hilton. Esta derivación significó que la Justicia Federal Electoral es ahora la encargada de determinar si el aporte fue blanqueado o no, lo cual tiene como pena una simple multa, aunque lo más probable es que la infracción sea además declarada prescripta por el paso del tiempo. El tribunal electoral, sin embargo, ha anticipado que, por el momento, no puede encontrar evidencia alguna de que Calcaterra haya hecho estos aportes electorales efectivamente . Los recibos de los aportes electorales no aparecen –o alguien se olvidó de confeccionarlos-. Los “cuadernos de Centeno” fueron la versión criolla del “Odebrecht brasileño”, un operativo del imperialismo para desplazar del monopolio de la obra pública a los pulpos empresariales nacionales y ganar espacio para sus propias empresas, recurriendo a carpetazos y golpes judiciales. Aun así, se transformó en la mayor causa de corrupción de la historia del país. Es una megacausa, que conecta con varias causas conexas; tiene más de un centenar de imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de coimear a funcionarios kirchneristas durante el período 2003-2015; a CFK se le imputa haber liderado una “asociación ilícita” . Conocida esta resolución, el fiscal Raúl Pleé pidió anular sus efectos y solicitar la intervención de la Corte Suprema. Desde ese entonces, la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques- ha dilatado emitir una respuesta a este pedido. Sus integrantes, sin embargo, han aprovechado para viajar por el exterior, reunirse con el Papa y hasta presenciar la Copa América. Si los honorables jueces no coordinan una reunión, no pueden dictar sentencia. Recién ahora la Cámara convocó a una audiencia para resolver el pedido de nulidad, que se realizará el próximo 15 de octubre. Allí escucharán el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa de los cuadernos. Llamativamente, los jueces no habían convocado a este organismo antes del fallo que benefició a Calcaterra y abrió la puerta para que el conjunto de las patronales involucradas pidan el mismo tratamiento; incluso algunos de ellos lo lograron con éxito. Mahiques es un juez de aceitados vínculos con el macrismo y uno de los asistentes al “retiro espiritual” en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido junto con Mauricio Macri, Marcelo D´Alessandro y el juez federal Julian Ercolini, entre otros . Todo esto demorará, por supuesto, un considerable plazo de tiempo que seguirá enfriando la causa. Si la Cámara Federal de Casación ratifica su fallo, el único camino que queda es presentar el reclamo de nulidad ante la Corte Suprema, la cual está siendo objeto de un contubernio entre libertarios y kirchneristas para establecer su nueva composición . El macrismo no es ajeno y quiere quedarse con el Procurador General y participar del nombramiento de un centenar de jueces federales. El destino de esta megacausa de corrupción, sin dudas, está condicionada por esta negociación. La impunidad de la corrupción patronal ya ha sido rápidamente rubricada por el gobierno “anticasta” de Milei, cuyo propósito es “llenarles los bolsillos” a estos coimeros .

Este 18 de septiembre se cumplen 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo fundamental en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, jefe de las patotas policiales de la bonaerense en la última dictadura militar. López desapareció sin dejar rastro el mismo día que se conoció la sentencia, cuando tenía previsto concurrir a los tribunales. La causa López se ha convertido en el monumento a la impunidad. Todos han dejado “dormir” la causa, por la sencilla razón de que la impunidad de los represores de ayer tiene vínculos directos con los represores de hoy. Esto tiene una actualidad candente, por el hecho de que en el gobierno se ha encaramado una pandilla videliana, como lo expresa la visita de los diputados libertarios a Astiz. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las asiduas visitantes de Miguel Etchecolatz mientras estuvo preso. Esta nueva movilización se da en el marco de un ataque brutal del gobierno de Milei contra las condiciones de vida de los trabajadores, que es acompañada por todo el arco político patronal y la burocracia sindical. También implica un salto en la política represiva, como lo atestiguan el “protocolo antipiquetes”, los fondos reservados de la SIDE, la reforma de la ley de seguridad interior para que las fuerzas armadas participen de la represión interna y la formación de la Unidad de Seguridad Productiva para militarizar huelgas y ocupaciones de fábrica. Los piquetes y las movilizaciones serán la respuesta inevitable a una política económica y social que ha dejado al 60 % de los trabajadores en la pobreza. El andamiaje represivo de Milei y Bullrich está en camino de imponer un estado policial con un ojo puesto en la reacción popular. Nada de esto podría desarrollarse sin la completa colaboración política de los partidos patronales, en primer lugar el peronismo. Los gobernadores, diputados y senadores trabajan para desarrollar la agenda antiobrera de Milei. Tampoco podría pasar este plan de guerra a los trabajadores sin el concurso de toda la burocracia sindical. La movilización en este aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez debe transformarse en un pronunciamiento contra la impunidad, por su aparición con vida, por el castigo a todos los responsables y en apoyo a las luchas en curso en la región, como la de los docentes que pelean por sacarse la loza de la burocracia en cada escuela de La Plata contra el derrumbe educativo, la de los municipales que enfrentan la precarización extrema que empuja Julio Alak, la de los feriantes y vendedores ambulantes que son perseguidos y desalojados por la intendencia, o la de los familiares del gatillo fácil que se multiplican en la región y la provincia por el accionar de la policía bonaerense.

A pesar de que Israel aún no ha reclamado el galardón por asesinar el martes a 12 personas -incluidos una nena y un nene de 9 años- y de haber herido a otras 4.000 -300 de toda gravedad-, nadie desmiente que el estallido de los beepers -unos pequeños dispositivos de mensajería- en El Líbano fue producto de “una operación conjunta del servicio de inteligencia israelí, el MOSSAD, y el ejército israelí” (NYT, 18/9) El martes, a las 15, los dispositivos portátiles explotaron simultáneamente en las calles, comercios, viviendas, dentro de autos y en las instituciones sanitarias, educativas y de la administración del Estado donde trabajan miembros de Hezbollah, que utiliza los beepers desde que detectó que la inteligencia sionista controlaba sus celulares. El miércoles, un día después, se produjeron nuevas explosiones en handies, paneles solares y otros aparatos de Hezbollah en Beirut, el norte y el sur del país. Al momento se cuentan 9 muertos más y cientos de heridos. Varias de las explosiones se produjeron en el funeral de tres miembros de Hezbollah y un niño muertos ayer por la explosión de unos beeper, según informaron periodistas de Associated Press en el lugar de los hechos. Las calles de Beirut se llenaron de personas sangrando profusamente, con heridas en los ojos y el rostro. Según el Ministerio de Salud libanés, el primer día se efectuaron 460 operaciones. El diario Aurora, de Tel Aviv, ofrece la versión sionista: eran 4.000 terroristas, por algo usaban beeper. Incluidos, se ve, los niños de 9 años, los trabajadores de la salud y los ancianos postrados. Hezbollah compró una partida de miles de beeper hace meses, según una fuente de seguridad libanesa. Los dispositivos explotaron simultáneamente tras recibir un mensaje. Una fuente de seguridad afirmó que los handies se compraron hace cinco meses al mismo tiempo que los beepers. Israel colocó los explosivos junto a la batería de cada aparatito, así como un detonador a larga distancia, informó el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses y de otros países. La Inteligencia israelí habría logrado ocultar material explosivo dentro de un lote de unos 3.000 beeper importados a El Líbano. Les introdujo material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería y un sistema que podía activarse de forma remota para la detonación a su llegada a territorio libanés. Los beepers estarían distribuidos en Líbano, Siria e incluso Irán. La empresa taiwanesa Gold Apollo, identificada por algunos funcionarios como el fabricante de los dispositivos, ha negado su participación, afirmando que los beepers fueron fabricados por una compañía europea, con dirección en Hungría, como parte de un acuerdo de licencia. "Esta operación es básicamente el 7 de octubre de Hezbollah", dijo Mohanad Hage Ali, investigador senior en el Centro Carnegie para Oriente Medio en Beirut, comparando las fallas de seguridad del grupo con las que permitieron a su aliado Hamás atacar a Israel el año pasado, comenzando la guerra en Gaza. "Es una gran bofetada." Los integrantes de Hezbollah calificaron el ataque como la “mayor violación de seguridad” que ha sufrido el grupo desde el comienzo de la guerra en la zona y prometieron una venganza memorable. Hezbollah dijo que al menos ocho de sus combatientes han sido asesinados. El embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amini, también fue herido y fue evacuado a Teherán. Expertos en seguridad israelíes le bajaron el precio a lo que llamaron una “demostración llamativa de la destreza tecnológica de Israel”, pero a la que no le ven “impacto estratégico” porque no detendrá los ataques de Hezbollah mientras decenas de miles de israelíes residentes del norte de Israel hace un año que reclaman regresar a sus hogares. “Si cree que con esto los colonos del norte de Palestina (los habitantes del norte de Israel) podrán volver a sus hogares le digo a (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu que no conseguirá ese objetivo y que verá en los próximos meses cómo es así”, dijo uno de los líderes chiitas en los funerales. La operación parece ser parte de los esfuerzos del gobierno de Netanyahu por convertir la masacre en Gaza y Cisjordania en una guerra regional, como el mismo Netanyahu predicó hace unos meses en Washington. Israel comenzó a desplazar más tropas a su frontera con Líbano el miércoles como medida de precaución, Según en New York Times, “es posible que los militares israelíes temieran que Hezbollah hubiera descubierto el sabotaje de los beepers y que esto los haya llevado a hacerlos estallar de inmediato”. Esta versión fue confirmada por fuentes de inteligencia a escala regional al medio Al Monitor, según cita el diario israelí Haaretz. En la misma línea, algunos comentaristas se preguntan si este atentado de masas no decidirá a Irán a finalmente responder al asesinato de Ismail Haniya, líder de Hamás, eliminado en Teherán el pasado 31 de julio (El País 18/9). Ayman Safadi, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, una aliado incondicional del sionismo, culpó a Israel del ataque y dijo que estaba aumentando la probabilidad de una escalada militar. “Israel está empujando a toda la región hacia el abismo de una guerra regional”, dijo Safadi a los periodistas. “Una guerra así tendría repercusiones drásticas no sólo para la región, sino para el mundo.” Hezbollah dijo en un comunicado el miércoles por la mañana que continuaría sus ataques normales contra Israel como parte del apoyo a Hamás y a los palestinos de Gaza. “Este camino es continuo y separado del difícil ajuste de cuentas que el enemigo criminal debe esperar por su masacre del martes”, dijo. “Este es otro ajuste de cuentas que llegará, si Dios quiere”. LEER MÁS: Una sofisticada operación terrorista de Israel Como en Gaza, asesinatos indiscriminados para “luchar contra el terrorismo“. Por Silvina Yoga, 18/09/2024. El escenario de la guerra del sionismo y del imperialismo en Medio Oriente está definitivamente instalado Por Jorge Altamira, 12/08/2024.

Este martes 17 una importante columna de obreros de la construcción de la UOCRA de Libertador Gral. San Martín (Ledesma) fue reprimida por la policía provincial, mientras reclamaban por la pérdida de puestos de trabajo y pedían la reapertura de la obra pública. Luego de una movilización por las calles de Libertador para visibilizar el reclamo, la columna se dirigió hasta el acceso sur de la ciudad, al borde la ruta 34, donde la policía aplicó el “protocolo Bullrich” y los desalojó con gases y balas de goma. Luego de la represión, varios gremios, organizaciones políticas, sociales y el pueblo de Ledesma se solidarizaron con los trabajadores. Situación desesperante Según la propia UOCRA Jujuy, hay “entre 7 mil y 8 mil trabajadores desempleados y temen que con el ajuste que pidió nación a las provincias, se profundice la problemática” (jujuyalmomento.com, 17/9). Las pocas obras que se mantienen ya están en su fase final y no hay perspectivas de reactivación de nuevas obras, por lo que el horizonte es de una desocupación aún mayor que la altísima tasa actual. El recorte de obra pública se hizo sentir fuertemente en la provincia y también en la región de Ledesma, donde la planta de obreros para la construcción del nuevo Hospital Orias fue reducida al mínimo, por citar un ejemplo. Frente a este cuadro, el gobernador Sadir y el secretario general de la UOCRA, Ramon Neyra, anunciaron recientemente una suerte de PPP (participación Pública y Privada) provincial para intentar reactivar la obra pública y la construcción. Hasta el momento, no ha pasado de un anuncio mediático. Por la suspensión de la obra pública y el aumento sideral del precio de los materiales de construcción, ha caído la demanda de trabajo formal e informal -las famosas “changas”-. La eliminación de la obra pública es un golpe a los trabajadores que cumplen tareas y también para el resto de la población que necesita viviendas, rutas, urbanización de asentamientos, servicios básicos, plantas potabilizadoras y tratamiento de residuos, etc. La perspectiva de nuevas medidas de fuerza está en agenda, ya que hoy la mayoría de los obreros registrados en UOCRA están sin trabajo, cobrando la miseria del seguro de desempleo (50 % del salario por solamente cuatro meses). Ni hablar de la situación de los obreros de la construcción informales y los changarines. Frente al recorte de obra pública planteada por el gobierno de Milei y acompañada por los gobiernos provinciales, que empeora las condiciones de vida de la población y deja miles de obreros sin trabajo, tenemos que rechazar que los trabajadores sean quienes paguen la crisis y el ajuste. Por la reapertura de las obras públicas, por trabajo genuino y por el reparto de horas sin afectar el salario.

La oficina de estadísticas oficiales de la ciudad de Buenos Aires confirmó una abrupta baja en el empleo, incluso sin tener en cuenta todavía la caída de los últimos dos meses. Los datos del segundo trimestre de este año encuentran a los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires en un crecimiento del desempleo, que alcanzó el pico de los dos últimos años con 7,3 % de desocupación. En los barrios del sur de la ciudad -en las comunas 4, 8, 9 y 10- la desocupación alcanza al 11 %. El Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA) midió las tasas de actividad encontrando que más de 124.500 personas económicamente activas están desempleadas. Para el caso de la subocupación tocó el 10,9 %, es el nivel más alto en tres años. Entre los subocupados más del 50 % se encuentra en la búsqueda activa de empleo. Esta Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) es un relevamiento continuo que no toma en cuenta hogares compartidos, huéspedes en hoteles y pensiones ni trabajadores sin residencia fija, con lo cual estos índices tienen fuertes salvedades respecto a los sectores en el fondo de la pirámide de ingresos. Producto de la sucesión de ajustes y despidos, la masa empleada paso de 1.625.000 a 1.586.000 personas, 60.000 puestos de trabajo menos. Las más golpeadas por estas políticas son las trabajadoras mujeres, que concentran prácticamente toda la baja (4,5 %). Con respecto a los ocupados, descendió la cantidad de asalariados en un digito, pasando del 72,5 % al 71,3 %. Desde el 2014 que no se encuentran números similares. Prácticamente todo el resto de los ocupados figura como cuentapropistas, monotributistas, factureros y precarizados de diferentes tipos. El bajón también se registra en la cantidad de horas trabajadas disminuyendo el sector de 45 horas semanales, que pasó al estrato de menos de 35 horas. Una foto de la caída de la actividad y la producción. Uno de los capitanes de este bajón es el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que lleva una fuerte campaña de ataque a los feriantes en parques y plazas como Retiro, Constitución y Once. La semana pasada tuvo un nuevo episodio con redadas e incautación de mercadería en la Feria de los vecinos del Playón de Chacarita, un asentamiento que desde hace años lucha por una urbanización genuina. Dentro de los asalariados es un porcentaje importante del 8,2 % el de aquellos que tienen contratos de arreglo particular y que asiduamente negocia sus “vacaciones” y los “días de enfermedad”. En definitiva, ya figura en las estadísticas oficiales un ítem de asalariados llamado “empleo atípico”, un verdadero oxímoron laboral, sólo posible con la colaboración activa de las centrales sindicales en la guerra del gobierno contra los derechos sociales y el trabajo bajo convenio. LEER MÁS: Estadísticas oficiales: una radiografía del empobrecimiento en la Ciudad de Buenos Aires Por Valentina Viglieca, 12/09/2024.

El martes 10 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial, con la firma de Patricia Bullrich, la resolución 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación que pretende reglamentar uno de los aspectos del nuevo artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordemos que el texto de ese artículo, a partir de la aprobación de la llamada “Ley Bases”, pretende habilitar los despidos “con causa” -es decir, sin indemnización- cuando los trabajadores tomen medidas de acción directa, bloqueando los accesos a los establecimientos productivos o realizando tomas. Desde julio, la ley considera que esas medidas constituyen “grave injuria laboral” que justifica la disolución del vínculo, unilateralmente, por parte del “empleador”. La resolución firmada por Bullrich, concretamente, es un “Protocolo de Actuación frente a bloqueos” que habilita la intervención de las fuerzas represivas federales ante cualquier acción directa de los trabajadores, con la finalidad de marcarle a la patronal quiénes son los que llevan a cabo las medidas “de fuerza”, certificarlo formalmente y notificarla para que proceda a despedir. Es decir, tendremos a las fuerzas represivas federales -principalmente a la Policía Federal y Gendarmería- señalando huelguistas, individualizándolos y dándole aviso a la patronal para que los despida. De este modo, Gendarmería y Policía irían todavía más allá de su habitual tarea de dispersar concentraciones obreras en manifestación por derechos conculcados o por la conquista de otros nuevos, mediante la represión. Directamente quedan habilitados por la ley y su reglamentación a operar como agentes promotores de los despidos “justificados” por las medidas de acción directa. Como dice textualmente la nueva normativa “el Ministerio comunicará de manera inmediata” la información “a las personas afectadas a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto por el Art. 242 de la L. 20744”. La gravedad de estas disposiciones es tal que, incluso en el ámbito jurídico propio del Estado burgués, los abogados laboralistas -y hasta algunos jueces- se han escandalizado con razón, dejando abierto el interrogante sobre cómo podrían los tribunales avalar esta avanzada violatoria de toda garantía constitucional que, además, implica conflictos jurisdiccionales entre la Nación y las provincias. Ni hablar de la extralimitación en la que incurre el Ministerio de Seguridad al ampliar los supuestos de aplicación del protocolo a situaciones no previstas por la ley: la resolución habla de bloqueos “inminentes”, cosa que la ley de contrato de trabajo reformada no menciona y además nadie sabe cómo podría configurarse la “inminencia de un bloqueo”. Porque, claro está, cualquier medida preparatoria de una acción de lucha terminaría cayendo dentro del supuesto de la resolución y habilitando los despidos “justificados”, llevando al paroxismo el nivel de arbitrariedad sobre la valoración del comportamiento de cada trabajador individual en orden a justificar el distracto. Desde luego, no se puede depositar la más mínima confianza en las decisiones que adoptarán los juzgados y tribunales del fuero laboral ante cada caso particular, por más que la disposición comentada y la ley misma se choquen de frente con todo el plexo de garantías constitucionales y tratados de derechos humanos que protegen -o deberían proteger- el legítimo derecho de huelga. Como muestra, alcanza ver las sentencias que ya han recaído en distintos procesos, aboliendo las multas e indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado, correspondientes a juicios cuyo objeto eran relaciones laborales ya agotadas y a las que correspondía a todas luces aplicar la normativa anterior . El trabajo de los abogados obreros constituye un apoyo importante para dar la batalla en territorio burgués, sobre la base del 14bis de la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los principios jurídicos de buena fe, primacía de la realidad, in dubio pro operario, etc. En algunas jurisdicciones todavía se logran arrancar fallos que no perforan el ya bajísimo piso de derechos que otorga el ordenamiento legal capitalista. Pero no será en los tribunales donde se pueda vencer esta nueva avanzada antiobrera liberticida desde que, como se dijo, cualquier juez o tribunal podrá forzar razonamientos jurídicos para blindar la andanada normativa del gobierno de las patronales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia -siempre proclive a consagrar la orientación política de turno-. Finalmente, a la ley la escribe y la ejecuta el poder capitalista. En el ámbito del derecho -academia, doctrina, despachos jurídicos y tribunales-, se ha hablado siempre del carácter “protectorio” que tiene el derecho del trabajo con respecto al trabajador. La decisión del Ministerio de Seguridad, hoy, nos muestra cómo ese régimen protege al “empleador” poniendo a su disposición incluso a gendarmes y policías como agentes de delación para señalar huelguistas, individualizarlos y gestionar el inicio de su despido sin indemnización. Más que nunca, es necesaria la organización en cada lugar de trabajo, la lucha por la recuperación de los sindicatos de mano de la burocracia sindical y la construcción de una salida obrera y socialista a la crisis para no dejar pasar los despidos, la abolición de facto de las paritarias y, más aún, el ataque de conjunto que Milei, Bullrich y Sturzenegger despliegan hoy contra la clase obrera. LEER MÁS: “Comando Unificado de Seguridad Productiva”, una militarización permanente de centros obreros Por El Be, 07/09/2024.

El MOSSAD, la SIDE de Israel, volvió a perpetrar sus asesinatos focalizados contra combatientes de Hezbollah, pocas horas después de que el Gabinete de Guerra sionista introdujera entre sus objetivos de guerra la expulsión de la milicia shiita del sur del Libano, para crear un espacio de protección militar a las poblaciones del norte de Israel. Estos atentados se dan en el cuadro de una extensión de la operación genocida en Gaza hacia la Cisjordania ocupada y al Líbano y Siria , en el marco de una guerra internacional contra Irán. La operación, en esta ocasión, consistió en plantar explosivos en cinco mil pagers importados por Hezbollah, que fueron activados el martes en la madrugada y otra vez el miércoles; el resultado fue la muerte ocho militantes de la guerrilla y dos niños, más unos tres mil heridos en distintos puntos de Líbano y Siria. Los pagers, una vía de comunicación largamente abandonada, eran usados para evitar el control de llamadas por medio de celulares por parte de los servicios de espionaje enemigos. Todo indica que el MOSSAD instaló los artefactos explosivos en la fase de producción de los pagers. La empresa que los fabrica, Gold Apollo, taiwanesa, se desligó de la responsabilidad, asegurando que los había licenciado a una compañía húngara, BAC, conducida por una académica que aún no se ha presentado en escena. De la información reunida se desprende que el MOSSAD ocupó los últimos diez meses en un seguimiento de la ruta de importación de los pagers, gracias a la infiltración de las filas de Hezbollah. La sofisticación del operativo ha elevado de nuevo la consideración de todos los alcahuetes organizados del mundo entero. El interrogante que se plantean los medios es si esta operación terrorista anuncia la invasión del sur del Libano, como lo reclama con insistencia Orin Gordin, el comandante de la zona norte del ejército sionista. Yohav Gallant, el ministro de Defensa de Israel, que tiene los días contados en el Gabinete, le había advertido al de Estados Unidos, Lloyd Austin, que “todas las ventanas diplomáticas se habían cerrado para un salida al impasse con Hezbollah” (South China Morning Post). Se referia al fracaso irreversible de un acuerdo del cese del fuego en Gaza, que el imperialismo norteamericano habia señalado como la premisa para evitar la invasión del Líbano; los términos de ese cese del fuego, por parte de Netanyahu, apuntan sin disimulo a torpedearlo, porque consagra la ocupación indefinida de Gaza por parte del ejército sionista; por eso tampoco cuenta con el apoyo de Egipto. Los corresponsales del Financial Times en Beirut hacen, sin embargo, una apreciación diferente: la operación terrorista apuntaría a minar la confianza política y militar de Hezbollah, exponiendo su vulnerabilidad a la infiltración del sionismo. Una tercera versión es que los servicios sionistas no podían seguir manteniendo en secreto lo que estaban tramando, por ejemplo hasta conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos, por lo cual decidieron actuar de inmediato, sin esperar a un inicio de la ocupación del territorio libanés. Pero una invasión del Líbano, como ya ha sido decidida por el Gabinete de Guerra sionista , no está vinculada a las contingencias mencionadas, sino a la cuestión central de la guerra contra Irán . En las últimas semanas, las amenazas contra el Estado iraní cobraron un alcance mayor como consecuencia de las denuncias de la OTAN acerca de un intercambio de misiles y drones de parte de Irán a Rusia, y de misiles antiaéreos y submarinos de Rusia a Irán. Irán es uno de los eslabones más evidentes de la cadena que une a la guerra OTAN-Rusia con el Medio Oriente. El nexo estratégico principal lo constituye China, que denuncia el propósito de la OTAN de violar el mar continental de China, socavar la alianza BRICS y disputar la hegemonía en Asia Central. Este escenario de guerra mundial ha creado una onda de crisis económicas y políticas en los principales países y, por lo tanto, una perspectiva de creciente volatilidad internacional. LEER MÁS: Ola de atentados en El Líbano: el sionismo es un régimen de asesinato de masas Por Olga Cristóbal, 18/09/2024. El escenario de la guerra del sionismo y del imperialismo en Medio Oriente está definitivamente instalado Por Jorge Altamira, 12/08/2024.

Los trabajadores de AmClean Pilar llevaron adelante el día de hoy una huelga total de actividades, en respuesta a tres despidos que realizó la empresa. Los trabajadores venían reclamando contra una infinidad de irregularidades. La patronal respondió con suspensiones y despidos. Durante la mañana, se hizo presente el Sindicato Papelero de Béccar y propuso no ingresar a planta en respuesta a los despidos. Los trabajadores decidieron unánimemente realizar la medida. La huelga es la explosión de una acumulación de atropellos de parte de la patronal. AmClean tiene su planta en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, desde hace 20 años. Allí se fabrican papel higiénico, papel tissue, rollos de cocina y demás productos papeleros. Las condiciones de trabajo y los salarios son de los peores de la industria de Pilar: los trabajadores perciben salarios de alrededor de 400.000 pesos mensuales. Los trabajadores no tienen delegados de planta. Los aumentos acordados por el sindicato papelero a nivel nacional no fueron otorgados a los trabajadores, supuestamente porque pertenecen a la rama de Conversión y Depósito. El Día del Papelero, 3 de abril, en AmClean se trabajó con normalidad. En febrero, en plena ola de calor, trabajaron durante cuatro días sin agua en la fábrica. Los aguinaldos de los trabajadores estuvieron por debajo de los cien mil pesos y no se les otorgó ni la caja navideña ni el bono acordado por la Federación Papelera. El día de ayer, como respuesta a una serie de reclamos, la patronal había suspendido a cinco compañeros. Ante el reclamo de los trabajadores, la empresa despidió a tres. Eso fue lo que desató el paro total de hoy. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires fijó una audiencia recién para el viernes. El sindicato propuso no levantar el paro hasta la reincorporación de los despedidos. La patronal busca forzarlos a arreglos individuales para desalentar la lucha y el reclamo de los trabajadores.

En el día de ayer sesionó la Legislatura de Jujuy y el gobierno logró imponer el cobro de la atención médica para extranjeros no residentes en los hospitales de la provincia. Además, junto a esto presentó un proyecto de adhesión al blanqueo de capitales que impulsa Milei. Proponen eximir del pago de impuestos provinciales a los empresarios locales para “estimular” inversiones. En una sesión quedan expuestas las dos varas con las que mide el gobierno: cobro de la salud pública a extranjeros y rescate empresarial. Al pueblo trabajador el gobierno le descarga tarifazos e impuestazos y usan a los extranjeros como chivo expiatorio del vaciamiento sanitario. Una ley con pasado (y presente) En 2018, Gerardo Morales presentó un proyecto de ley para el cobro de la atención sanitaria a extranjeros que fue muy discutido, tanto por su carácter improvisado como por su contenido inconstitucional, por lo que fue cañoneada en su momento. Finalmente logró imponer el proyecto en 2019, luego de explotar de manera reaccionaria el caso de un jujeño que se accidentó en Bolivia y que tuvo que cubrir el costo del traslado. Fue presentado, en esta ocasión, como una cuestión de reciprocidad sanitaria. Sin embargo, luego de varios problemas para su aplicación, el cobro de la atención finalmente quedó suspendido. En su momento denunciamos que se trataba de la punta de la lanza de un proceso de vaciamiento y privatización de la salud. En 2018, la Legislatura aprobó el proyecto de ley de recupero de prestaciones, de participación privada en la salud pública, y vino el ministro de Salud de Nación a presentar la CUS (Cobertura Universal de Salud), que brinda una cobertura mínima de prestaciones en el hospital y el resto hay que abonarlas. Siguió la quita de prestaciones y la crisis de la obra social de la provincia con los colegios de profesionales médicos por el pago de las prestaciones, lo que habilitó en 2023 que la Legislatura vote el pago de un coseguro para cubrir la atención médica . Un chivo expiatorio El gobierno ha utilizado el argumento de que busca priorizar la atención de los ciudadanos locales para justificar esta ley reaccionaria. En realidad, intenta esconder la fenomenal crisis de la atención sanitaria en la provincia, tanto en el sistema público como de la quebrada obra social de la provincia, el Instituto de Seguros de Jujuy. La atención de extranjeros no residentes en la provincia no llega a significar el 2% de todas las atenciones que se realizan en la provincia por año. Están preparando la privatización del sistema. Existe un vaciamiento y desfinanciamiento sistemático del sistema de salud. Los turnos para hematólogos y otras especialidades en la provincia se dan para dentro de seis meses y hasta un año o incluso más. En las cirugías programadas los plazos pueden ser aún mayores. El gobierno anunció hace años la construcción de un nuevo hospital en Ledesma, luego de que se cayera el techo del viejo hospital, pero nunca lo terminó y hoy esa obra esta paralizada –en el marco, además, de la paralización de todas las obras públicas. Los trabajadores de la salud siguen reclamando mejoras salariales y denuncian la precariedad con la que trabajan. Reclaman por la falta de profesionales, de insumos y medicamentos, y contra las persecuciones y hostigamiento de los funcionarios (jujuyalmomento.com, 18/9). Gobernadores se suben a la ‘movida libertaria’ Aprovechando los planteos del gobierno liberticida de Milei de privatizar y desfinanciar todas las áreas del Estado, varios gobernadores se están subiendo a esa movida para imponer ajustes y recortes en sus provincias sin ningún tipo de reparo. El radical Sadir sigue el rumbo del justicialista salteño Sáenz , del correligionario Cornejo en Mendoza y del 'independiente' Claudio Vidal en Santa Cruz. La salida pasa por la intervención activa de los trabajadores de la salud, acompañados por el resto de la población trabajadora, para poner en sus manos los resortes y mecanismos que garanticen una atención pública adecuada, que discuta el pase a planta permanente de todos, la triplicación del presupuesto sanitario, la apertura de los libros para exponer los acuerdos que tiene el gobierno con las clínicas privadas para atender los casos de alta complejidad -el sector más “rentable” de la atención sanitaria- y privilegiar una política activa de prevención de enfermedades. Defendemos el principio de derecho a una atención pública, gratuita y universal de la salud. Ningún ciudadano, tanto nativo como extranjero, tiene que ser compelido a abonar bajo ningún concepto para recibir atención sanitaria. Denunciamos esta maniobra del gobierno del radical Sadir y sus cómplices del PJ en la Legislatura, que junto a otros gobiernos se valen de esta excusa para descargar un nuevo golpe sobre los trabajadores.

En una nota reciente del diario Clarín, se ha reflejado el “pesar” de los empresarios del rubro gastronómico y del comercio de Capital Federal. Se debe a que los aumentos persistentes en el transporte elevan el costo de vida de los trabajadores que, para ir a su lugar de trabajo deben gastar una proporción cada vez mayor de su salario en trenes y colectivos (Clarín, 18/09). Con salarios promedio de entre $350.000 y $700.000, el porcentaje de viáticos oscila entre un 14% y un 25%. Recientemente, el reconocido y mediático chef internacional, Christophe Krywonis, un empresario del sector gastronómico, hizo un llamado en redes a postulantes a su rotisería del centro porteño con un requisito excluyente: que residan en la Capital. No sorprende que los capitalistas de estos rubros sean los primeros en lamentarse. Los trabajadores del sector son de los más explotados, junto con el de la construcción. El obrero de comercio y gastronomía trabaja largas, larguísimas jornadas, que se pueden extender más de 10 horas. En comercio una gran mayoría lo hace en negro, el monotributo abunda. Pero no son solo los empresarios de este rubro los preocupados. Los trenes no llevan solo a los obreros que van a Capital, sino también a los que viajan a los centros industriales de la Zona Norte, Oeste o Sur, algo que los medios, demasiado acostumbrados a pensar en clave de una inexistente “clase media”, no ven. Tampoco son solo los trenes. A falta de una correcta infraestructura ferroviaria que acompañe la extensión del trazado urbano de los últimos 50 años, muchas líneas de colectivos se han transformado en estratégicas. Estos transportes, que vienen de lo profundo del conurbano bonaerense, son todavía más caros y, por lo general, transportan a los sectores más pauperizados. Esto quiere decir que el aumento del transporte en general, presiona hacia arriba los salarios en toda la industria. Es que es falso que el subsidio al boleto del transporte beneficie al trabajador, porque, como los lamentos de “Cristophe” nos muestran, los boletos baratos, al igual que los subsidios en todos los servicios, mantuvieron bajo el costo de vida, redundando en “salarios baratos” para los capitalistas . También es falso que todo esto “era gratis”, pues los subsidios eran mantenidos por las arcas del Estado, cuyos mayores ingresos, ayer, como por sobre todo hoy, provienen de los trabajadores por medio del IVA y el impuesto al salario entre otras confiscaciones. Los subsidios al transporte se originaron en la ola de quiebras que golpeó a las empresas de colectivos y trenes, privatizados, estos últimos, por el menemismo, con la crisis del 2001. Fue durante los gobiernos de Duhalde primero, y de los Kirchner después, que se reforzó este sistema, que benefició a entrañables amigos del kirchnerismo como los hermanos Cirigliano, ya beneficiados por las privatizaciones menemistas. Los subsidios tenían además por objetivo hacerse cargo del mantenimiento y renovación de las flotas de transporte. Pero en 20 años de existencia, las empresas siguen con unidades automotoras caducas y frecuencias pésimas. A dos décadas de iniciado el siglo XXI, el transporte no se ha aggiornado a los avances tecnológicos en materia de ahorro de energía y consumo de carbono. Ni privatizados, con precios dolarizados, durante los ’90, ni con subsidios, con boletos baratos, los transportes gestionados por los capitalistas han sido realmente un servicio de calidad para los trabajadores. Por algo se ha hecho popular el dicho “viajamos como ganado”. La forma que han encontrado los trabajadores para boicotear los arbitrarios aumentos, puesto que no se conocen los verdaderos costos de las empresas, ha sido saltar los molinetes . La solución que se les ha ocurrido a los capitalistas que supimos conseguir es contratar trabajadores “de la zona”. Pero la distribución demográfica en el régimen social capitalista es caótica, no planificada. Por eso existe lo que en términos técnicos se llama “ciudades dormitorio”, y que se refiere a los distritos del conurbano profundo que cobijan a los trabajadores en la noche, para luego expulsarlos a trabajar a distritos lejanos, cuyas distancias se acortan justamente por los trenes y colectivos, que ahora se encarecieron. No existe, en términos de fenómeno social actual, una oferta de mano de obra para la demanda de las rotiserías del chef francés, porque la especulación inmobiliaria, que cobró impulso con el macrismo, expulsó a cientos de miles de trabajadores de la Capital Federal, justamente, al conurbano . La mente corta de los capitalistas, que no pueden pensar más allá de su bolsillo, les ofrece salidas inviables. ¡No! La solución es que se hagan cargo del costo del transporte de los trabajadores, elevando los salarios tanto como se eleva el costo de vida, incluido el viático.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió con los empresarios petroleros en el Club del Petróleo que preside el multimillonario Alejandro Bulgheroni, de Panamerican Energy. Les aseguró que actuará de inmediato para desalojar una protesta que bloquea la salida de camiones que transportan residuos petroleros en Vaca Muerta. Para eso instalará una dotación de 300 gendarmes en la localidad de Fernández Oro, provincia de Rio Negro, y otra menor en Añelo, el pueblo neuquino más cercano a Vaca Muerta. Les pide a los empresarios petroleros que construyan las viviendas para alojar a las fuerzas de seguridad de lo que sería la subdelegación de Añelo. La falta de viviendas y el altísimo valor de las disponibles es el padecimiento permanente de quienes trabajan para las empresas de Vaca Muerta. Para sus verdugos, la ministra pide “no casas de lujo, pero sí alojamiento”. Desde el lunes 16, se desarrolla una protesta mapuche que bloquea la salida de camiones de las plantas de tratamiento de residuos petroleros. El reclamo mapuche tiene por ejes el daño ambiental que esos residuos producen sobre sus territorios y la exigencia al gobernador para que concrete el reconocimiento jurídico de las comunidades originarias. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén ordenó a la Policía de Añelo intervenir, pero aún no se efectivizó. Anteriormente, el 6 de septiembre, la ministra había ordenado la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva para “desactivar piquetes que pudieran interferir con la producción”. Ese Comando tiene tres destinos iniciales: Rosario, Bahía Blanca y Vaca Muerta. Lo componen todas las fuerzas de seguridad: Prefectura, Gendarmería, PSA, Policía Federal y local. El objetivo es “la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”. No el combate al narcotráfico ni la búsqueda de Loan Peña ni el desmantelamiento de redes de trata, sino atacar piquetes y ocupaciones de empresas. Los piquetes alrededor de empresas instaladas en Vaca Muerta son frecuentes por diversos motivos. La población de Añelo bloqueó por varios días las rutas por falta de agua. Ven pasar camiones de agua que se usa para el fracking- método por el que se extrae el shale oil y el shale gas- mientras los pobladores cuentan con agua por apenas unas horas al día. A su vez los trabajadores petroleros suelen protestar y reforzar sus huelgas mediante piquetes. Recientemente se manifestaron en repudio a la creación del comando antipiquete y contra la suspensión de mil puestos de trabajo. Por su lado, también las comunidades originarias persisten en la defensa de sus territorios, arrasados por las actividades extractivistas y contaminantes. Exigen la clausura de los basureros petroleros. El anuncio de Bullrich de enviar gendarmes a la provincia de Neuquén abrió un conflicto con el gobernador Rolando Figueroa “por intromisión a sus fronteras y un avasallamiento al régimen federal”, según expresó uno de sus ministros. Bullrich se queja de la pasividad del gobernador para resolver el bloqueo y apura el envío de los batallones. Figueroa, un gobernador ajustador a la medida de Milei, salió inmediatamente después de la presentación del presupuesto a postularse junto con Weretilnek, el gobernador de Río Negro, como adalides del ajuste. En definitiva, “el Gobierno espera que la creación del Comando genere una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de las tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales donde se realiza la producción” (Perfil, 6/9). Significa la prohibición y represión de cualquier manifestación obrera en el uso de sus tradicionales métodos de piquete y huelga. La figura de Patricia Bullrich, veterana de la represión en las manifestaciones obreras, de las comunidades indígenas o de los jubilados, va cobrando una preponderancia en el gobierno liberticida en la misma medida que los trabajadores buscan una salida a la miseria social.

A 23 años de los hechos y a ocho de las sentencias dictadas en primera instancia -luego revisadas a la baja por la Cámara de Casación- la Corte Suprema de la Nación dejó firmes las condenas contra el ex Secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 . Esta mañana, Mathov se presentó ante los Tribunales para cumplir su condena a cuatro años y seis meses de prisión, aunque se descarta que por su edad -76 años- será beneficiado con la reclusión domiciliaria. En 2002, estuvo preso poco más de seis meses. En el caso de Santos, condenado a tres años y seis meses de cárcel, fuen intimado a regresar en un plazo de 72 horas de Europa, donde se encontraba paseando con permiso judicial. Ambos fueron condenados por tres homicidios culposos -los de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón- y 25 casos de lesiones culposas. La represión contra la rebelión popular de 2001 dejó un saldo de 39 muertos en todo el país, cinco de ellos en los alrededores de Plaza de Mayo, y centenares de heridos. Santos y Mathov habían llegado a juicio en 2016 junto a otros policías y ex policías, quienes también recibieron penas menores, de cumplimiento condicional o absoluciones. Ningún otro alto funcionario de la Alianza llegó a juicio además de Mathov. El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído en instancias preliminares. Con la confirmación de las condenas contra Mathov y Santos culmina un gran operativo de encubrimiento. A Mathov se lo hace penalmente responsable por las consecuencias de la represión en Plaza de Mayo en el marco del estado de sitio, dictado por De la Rúa, que sería respondido con el levantamiento popular. De allí el carácter “culposo” (no intencional) que la sentencia le atribuye a los crímenes. El Poder Judicial ha omitido, claramente, el escenario de conjunto –que incluyó grupos de tareas a bordo de autos sin patente que recorrían las calles del microcentro porteño disparando plomo a diestra y siniestra. La policía montada arremetió contra las Madres de Plaza de Mayo, avivando la cólera popular. Se desató una represión indistriminada que terminó solamente una vez que De la Rúa anunució su renuncia. El CELS, que fue querellante en el juicio, celebró la decisión de la Corte. “La decisión de la Corte sienta un precedente único en Argentina y América Latina. Es muy importante en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes se manifiestan”. Sus abogados habían pedido condenas en la misma tesitura que las que fueron dictadas finalmente. Para el CELS, “la represión fue ilegítima y Mathov reprimió sin motivos” (La Nación, 19/9). Es una consideración extemporánea, pues los “motivos” de Mathov eran blindar al gobierno fondomonetartista de De la Rúa, casi una continuación del de Carlos Menem. La Alianza de radicales y frepasistas debutó con dos muertos en el puente Corrientes-Resistencia y se despidió con otro baño de sangre. El personal político que integró su gobierno se repartió luego entre las filas del kichnerismo y del macrismo– y algún caso pivoteó entre uno y otro. Con sus aprestos represivos, el esperpento libertario toma en cuenta la perspectiva de una nueva rebelión popular. Como ocurrió con las masacres de La Tablada, del Puente Pueyrredón, el crimen de Mariano Ferreyra y los miles de casos de ´gatillo fácil´, el aparato represivo y sus mandantes políticos gozan de impunidad.

Según la información dada por la Secretaría de Finanzas, la deuda pública aumentó, en lo que va del año, el equivalente a US$ 87.734 millones a pesar de que es uno de los pocos rubros en que el gobierno cumplió con los vencimientos. Subió de US$ 370.673 millones al récord de US$ 458.407 millones (Clarín, 17/09). Es un barril sin fondo que mientras más se paga más crece. El único compromiso que Milei se dispone a honrar es el del pago de la deuda pública, tal como quedó establecido en el proyecto de Presupuesto de esta semana. La mayoría de las partidas tendrán una cláusula de ajuste automático de manera de garantizar un superávit primario de un 1,5 % del PBI, que equivale a unos 7 mil millones de dólares. Esta suma alcanzaría para pagar los intereses pero no los vencimientos de capital, que redondean unos 25 mil millones de dólares, en cuanto al paquete de deuda extranjera. En agosto, en un solo mes, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 6.318 millones respecto de julio, en moneda extranjera como en pesos. La deuda pública aumenta en gran medida por los bonos indexados por inflación y por los que, como las Lecap, los intereses mensuales se convierten en nueva deuda, que son pagados al final de su vencimiento. La deuda indexada por CER subió del equivalente a US$ 46.143 millones en diciembre 2023 a US$ 125.431 millones en agosto 2024. Las LECAP (Letra de Capitalización del Tesoro), constituyen una transferencia de la deuda del Banco Central al Tesoro. En julio emitió Letras del Tesoro y la Capitalización de Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación, Bocones y otros títulos. (Idem). Las reservas Según la Secretaría de Finanzas las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) tuvieron un aumento de US$ 317 millones respecto de julio. Pero el informe toma como parte de las reservas el oro, por el equivante a 1.000 millones de dólares, para ser empeñados a cambio de préstamos a corto plazo. Además se cuentan como parte de las reservas brutas a los dólares que ya están comprometidos para el pago de deuda: las reservas netas son negativas por más de 5 mil millones de dólares. El blanqueo que –según lo admite el mismo Caputo–es, hasta los 100 mil dólares, totalmente gratuito, no va a dejar nada en las arcas del Tesoro; los que superan esa suma pagan un impuesto muy bajo. Se estima que el dinero en efectivo que será blanqueado no superaría los 4 mil millones de dólares: la parte que se deposite en los bancos aumentarán las reservas brutas del Banco Central, en lo que quede como encaje, pero no modifican las reservas netas negativas. En resumen, el superavit primario positivo no modifica la incapacidad de pago de Argentina en la actualidad. Si al superávit primario presupuestado se le extraen los intereses que se capitalizan y el su pago por medio de nuevas licitaciones de deudas, el déficit fiscal, bien contado, es monumental. En lugar de financiarlo con emisión de moneda, Caputo lo financia con más deuda. Para consumar este fraude mantiene vivo el cepo al envío de dinero al exterior, porque de lo contrario nadie aportaría a ese financiamiento que no por ficticio es menos gravoso. LEER MÁS: Milei y Caputo ´presupuestan´ el próximo default Por Marcelo Ramal, 17/09/2024.

El pasado lunes 16 de septiembre se llevó adelante la movilización convocada por la Coordinadora de Estudiantes en Lucha por la ampliación del boleto estudiantil frente al anuncio del aumento boleto y el aumento de la carestía de vida de los estudiantes y sus familias. Posterior a la movilización se desarrolló una intervención artística con la presencia de bandas: 168 Horas, Pucho Suelto y Aquilino y los Kiosqueros, que se sumaron a la jornada en conmemoración a la Noche de los Lápices y que vienen apoyando desde su arte las diferentes manifestaciones de lucha. La movilización representa un paso más en una campaña que viene desarrollando la Coordinadora por la reapertura de las inscripciones y la ampliación del boleto estudiantil, que solo cuenta el acceso de dos boletos gratuitos por día para los estudiantes del Valle Central, que se han demostraron ser insuficientes para el estudiantado. Los tarifazos se transformaron en los principales factores para el desarrollo de esta iniciativa que cuenta con una gran adhesión de toda la comunidad educativa y que ha dado lugar a diferentes iniciativas, como petitorios, cartelazos e intervenciones mediáticas. El gobierno ha negado hasta ahora la posibilidad de reabrir las inscripciones y más aun de ampliación. Como respuesta han publicado en los medios oficiales los números de estudiantes que acceden al boleto: 20 mil para la capital y 5 mil para el interior de la provincia, dejando a una gran porción de estudiantes afuera y al resto de la comunidad educativa que utiliza el transporte público, no docentes, docentes y familiares que deben llevar a sus hijos a la escuela. En Catamarca el boleto estudiantil funciona desde 2015 con subsidios millonarios que el gobierno destina para las empresas de transporte catamarqueño, que, sin embargo, año a año ha ido implementando nuevas restricciones para la inscripción y la obtención del mismo. Este año la inscripción estuvo plagada de complicaciones: las familias debían permanecer acampando en la terminal para poder conseguir turno para acceder a la inscripción. La página web no aceptaba los papeles, por lo cual debían ir personalmente a acreditar dichas inscripciones, sumado a esto los compañeros de nivel superior que estudian y trabajan no pudieron acceder por la limitación del tiempo y de lo abrupto que cerró la inscripción dejando afuera a estudiantes de todos los niveles. En la movilización estuvo presente la Juventud Radical. Participaron de la marcha pero el radicalismo pretende promover una política de cooptación parlamentaria, apuntando llevar la lucha por el boleto en apoyo a un proyecto de ley en la Legislatura provincial. Frente a estos planteos, los estudiantes se pronunciaron por seguir desarrollando los métodos de lucha en la calle e independiente de los gobiernos y sus aliados. El PJ y el FITU, por su parte, han dado la espalda a esta lucha y a las iniciativas que viene llevando adelante la Coordinadora de Estudiantes, que nuclea referentes estudiantiles de diferentes institutos superiores y estudiantes secundarios, como también la conducción del centro de estudiantes del instituto terciario SAC. Desde la juventud de Política Obrera participamos activamente para desarrollar esta iniciativa y llamamos a los estudiantes a desenvolver la lucha educativa en general, por más presupuesto para la educación publica y el boleto irrestricto para los estudiantes y toda la comunidad educativa.

El Gobierno ha anunciado que se encuentra en negociaciones con actores privados interesados en la privatización de Aerolineas Argentinas. El vocero presidencial, Miguel Adorni, atribuyó la iniciativa de privatizar a AA a las “extorsiones de los trabajadores aeronáuticos contra los argentinos”. Hoy, jueves, se realizó un paro de trabajadores de ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil) y asambleas de APA (Personal de Rampa). “Si en una empresa privada parás y complicás la operatoria, te echan. Esto es lo mismo”. Equiparó la privatización a un despido masivo de toda la planta de la empresa. La privatización de Aerolíneas, sin embargo, había quedado afuera de la Ley Bases, con el pretexto de que antes se debía hacerla ´rentable´. El Pro sólo contó con una parte de su bancada cuando hace una semana presentó un proyecto de ley para privatizarla sin ese requerimiento. El Gobierno ha congelado los salarios y decretó la esencialidad del transporte aerocomercial para judicializar y reprimir las acciones de huelga. La ecuación planteada por el Gobierno es que la reducción salarial es la premisa para que AA se convierta en una empresa “competitiva” con vistas a su posterior privatización. En el pasado, la privatización de AA consistió siempre en una operación de desguace y no en el desarrollo de una compañia que dispute el mercado internacional Junto al ataque al sindicalismo aeronáutico, el gobierno privó a la operadora estatal Intercargo del monopolio del trabajo de rampas y de transporte de tierra de pasajeros y de maletas, abrió el espacio comercial para Flybondi. La desregulación del transporte en la estación aérea reduce considerablemente el valor de la empresa. La huelga de los trabajadores de ANAC afiliados a ATE, es la primera primera desde que se reglamentó la "esencialidad" del servicio. Comenzó este jueves en 27 terminales aéreas. El Gobierno dió la orden de que los aviones volaran igual, sin la supervisión de los trabajadores de ANAC. Además, habrá asambleas de Intercargo intercaladas durante el día. Aguiar, de ATE, denunció que el Gobierno pasaba por arriba de la seguridad de los pasajeros para quebrar la huelga. “Se envió una orden a los jefes de aeropuerto para que no emitan una notificación a los pilotos informando de la medida de fuerza, lo que equivale a una violación criminal de las normas de seguridad aérea. Patricia Bullrich, responsible de este delito, inició en cambio una acción penal contra el sindicalista de pilotos, Pablo Biró. La pelea de los sindicatos aeronáuticos por el salario y por sus reivindicaciones no se hace unificada. Esto obedece en principio al estrecho punto de vista sindical de que se trata de paritarias y convenios diferentes, sea en términos salariales como profesionales. El Gobierno, sin embargo, que es la parte patronal, golpea de conjunto, porque entiende correctamente que está frente a un conflicto político, que compromete el conjunto del ajuste social y el alineamiento con la OTAN. Los sindicatos deben emprender una acción organizada unitaria en defensa del derecho de huelga y por paritarias sin condicionamientos del Estado. LEER MÁS: La CGT le da la espalda a la huelga de Aeronáuticos Por Pablo Busch, 16/09/2024.

El día de lucha empezó desde temprano para los jubilados este miércoles. A las 13 horas participamos en el acto convocado por los compañeros del SUTNA frente al Congreso. Los trabajadores del Neumático se encuentran en lucha contra los despidos y contra una patronal negrera y superexplotadora que quiere imponerles un drástico cambio de las condiciones laborales. Después de las intervenciones de los compañeros del Neumático, el micrófono nos fue cedido a los jubilados. Nuestra intervención como Jubilados Clasistas y militantes de Política Obrera, denunció al gobierno liberticida que se sostiene por el apoyo de los partidos de la casta, que ya han formado un bloque en defensa de los vetos y de los DNU , y de la burocracia sindical. Hicimos referencia a las luchas de 1975 , cuando Isabelita cerró las paritarias y dos fábricas -la Ford de Pacheco y la Fiat de Santa Fe- se declararon en huelga y arrastraron al conjunto del movimiento obrero a una huelga general de casi un mes, que destronó al “Brujo” López Rega. Así se formaron las famosas coordinadoras obreras, especialmente en la zona norte. Otro miércoles con represión Terminado el acto, unos 400 jubilados nos dirigimos como todos los miércoles, a las 15 hs, al anexo del Congreso. Inmediatamente aparecieron decenas de policías para mantenernos en vereda y en la vereda. Los cánticos contra los uniformados y la comparación de la ministro Bullrich con la dictadura resonaban en toda la avenida Rivadavia. El gobierno de Milei, en la UIA, declaró que cercenará aún más los gastos -léase: jubilaciones y salarios- para llenarles los bolsillos a las patronales . Dicho y hecho. Luego de vetar el miserable aumento de 15 mil pesos, el gobierno provocador ofreció un asado en la quinta de Olivos con los 87 diputados que conforman el “bloque del veto . Una perversidad mayúscula. Prácticamente al culminar la ronda, se desató la represión, con empujones y gases. Dejó un saldo de varios compañeros heridos. Pero poco a poco el humor social de los trabajadores y los jubilados va experimentando un cambio. Debemos unir las luchas que en forma dispersa no logran torcerle el brazo a este gobierno antiobrero. Los aeronáuticos, los del neumático, los aceiteros, los docentes, la universidad, todos debemos golpear como un solo puño e impulsar una huelga general que le aseste un golpe mortal a este gobierno y sus cómplices. Abajo la represión. No nos sacarán de la calle. Todos los miércoles, a las 15 horas, en el anexo del Congreso para seguir la lucha.

Ayer se llevó adelante la huelga de 19 horas convocada por el SUTNA, para protestar contra la dilación de las negociaciones paritarias por parte de las patronales del Neumático. En cada nueva audiencia paritaria, FATE, Bridgestone y Pirelli llevan propuestas separadas que plantean una rebaja de los salarios reales. El empantanamiento lleva tres meses, con la consiguiente desvalorización de los salarios. El paro se inició el miércoles a las 11 horas y finalizó el jueves a las 6 horas, precedido por asambleas de fábrica y por reuniones en los lugares de descanso. El cumplimiento del paro fue total en FATE y parcial en Bridgestone y Pirelli. El acto realizado en la Plaza del Congreso fue anunciado como una “asamblea simbólica”. Participó una parte significativa del activismo de FATE, y fue acompañado por diversas delegaciones de organizaciones de desocupados, jubilados y políticas de izquierda. Varios oradores del SUTNA señalaron que FATE y Bridgestone fracasaron en su propósito de imponer el reemplazo del convenio colectivo de trabajo por las cláusulas de los “procedimientos preventivos de crisis”, aunque aprovecharon el conflicto y las conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Trabajo para avanzar con un millar de despidos en toda la industria. La finalidad de estos despidos masivos es establecer una alta rotación laboral para imponer una plantilla fuera de convenio y socavar la unidad del colectivo obrero en cada una de las fábricas y en el conjunto del gremio. El cierre de la asamblea “simbólica” estuvo a cargo de Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. Señaló que la dirección del sindicato fue mandatada por la asamblea general de abril de este año a pelear por aumento de salario real para salir del pozo salarial en el cual se encuentran los trabajadores del Neumático. También planteó que el SUTNA rechaza los despidos y reclama la reincorporación de los compañeros despedidos, aunque no es objeto de la negociación paritaria. Finalmente, Crespo “exigió” a las burocracias de la CGT y CTA a que se ponga a la cabeza de la lucha contra el plan de guerra de Milei y las patronales, porque “para eso deben funcionar”. En las próximas ediciones de Política Obrera buscaremos ofrecer el balance del estado del conflicto y de la lucha que hacen trabajadores y activistas. LEER MÁS: SUTNA: después de los despidos, paritaria paralizada Miércoles 18: paro y a movilización “simbólica”. Por Pablo Busch, 16/09/2024.

El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, anunció esta semana el primer recorte en muchos años de la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos. No lo hizo en la forma discreta tradicional de una reducción del 0,25 % sino del doble, el 0,50 %, más varias rebajas adicionales para lo que resta del año –una mega disminución propia de una crisis-. La Fed había llevado la tasa de referencia al 5,5 % anual, hace cuatro años, con el propósito de contener una inflación elevada que atribuía a la enorme emisión de dinero durante el período de pandemia, que sirvió para subsidiar en forma multibillonaria a las multinacionales de Wall Street. Muchos críticos de esa escalada de la tasa destacaban que el aumento de la inflación obedecía a otros motivos, en especial, a los aumentos de costos provocado por la ruptura de las cadenas de producción internacionales desde la pandemia misma (guerra comercial entre marcas de vacunas contra el Covid) y, posteriormente, por la acentuación de la guerra comercial de EEUU y la Unión Europea contra China y el desencadenamiento de la guerra de la OTAN y Rusia. Powell, de todos modos, encuadró el anuncio de la reducción de tasas en el lenguaje anodino convencional, a saber, a la necesidad de mantener el equilibrio entre los precios, de un lado, y el empleo, del otro –como se encuentra establecido en la Carta Orgánica del Banco Central norteamericano-. Tampoco se salió del guión en cuanto a justificarlo en términos nacionales, sin consideración por el lugar dominante del dólar como moneda de transacción y reserva internacional. La prensa especializada no siguió, sin embargo, el mismo libreto. La agencia Bloomberg atribuyó la reducción de tasas “a la demanda de dinero barato por parte de Wall Street”, o sea, de parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. La súper valuación de las acciones privadas y de la deuda pública norteamericano encierra el peligro de un derrumbe mayúsculo, porque no corresponde a las expectativas de beneficios sobre el capital invertido y no incorpora la posibilidad de una recesión. De modo que esta reducción de tasas es otra operación de rescate financiero al gran capital. Ese derrumbe ya se manifestó a principios de septiembre pasado cuando las acciones de las tecnológicas (“las Super Siete”) sufrieron un desplome bursátil durante varios días. La causa inmediata del derrumbe fue el aumento de la tasa de interés de Japón, que había servido para financiar la burbuja accionaria en Estados Unidos (una operación conocida como “carry trade”). Quienes habían invertido en acciones con préstamos en yenes japoneses tuvieron que salir a cubrir esa deuda, cuya magnitud aún es desconocida (Financial Times, 19/8). Lo cierto es que la suba de la tasa japonesa ha invertido en sentido contrario la onda especulativa, que apunta ahora a una valorización del yen y de contratos financieros en Japón (idem). La Reserva Federal norteamericana toma la posta del Banco de Japón en la tarea de mantener viva a la Bolsa de Nueva York y a la deuda pública de Estados Unidos. Adam Tooze, un destacado historiador de la economía mundial, destaca en su boletín que el Tesoro norteamericano está emitiendo grandes cantidades de Letras de corto plazo para financiar el déficit público, lo que ocurre, advierte, en períodos de recesión. La reducción de la tasa de referencia puede servir para refinanciar la deuda pública a tasas de interés inferiores, como puede ocurrir también con las deudas hipotecarias o personales. Pero encierra el peligro asimismo de provocar un retiro del financiamiento extranjero de la deuda del Tesoro. Antes de la posibilidad de esta deriva, Donald Trump ha advertido que aumentaría los aranceles de importación en un 100 % a los países que “se alejen del dólar” (“move away from the dollar”, FT, 9/9). La alusión es naturalmente contra China y Japón –este último es el principal acreedor de Estados Unidos-. Pero como se señala más arriba, este “alejamiento” ya tiene lugar por parte de los inversores, sin referencia a su nacionalidad, que se endeudarían en dólares o euros para apostar a la suba del yen, lo que equivale a una salida de capitales. Mientras los bancos centrales intentan infructuosamente regular el ciclo de ascenso y caída de la economía de sus países, no existe ningún banco internacional que pueda hacer infructuosamente lo mismo a escala planetaria. El capital se mueve con velocidad para explotar en su beneficio esta desincronización de la economía internacional, agravando al mismo tiempo las tendencias a una crisis internacional generalizada. El ciclo de reducción de la tasa de interés de Estados Unidos, que acaba de comenzar, debería aflojar la presión sobre la moneda de China, el yuan o renminbi, donde la tasa de interés de referencia es un poco superior al 2 por ciento y la de préstamos hipotecarios de 3,8 por ciento. Podría revalorizar la divisa china y facilitar una afluencia de capitales. Pero China atraviesa un proceso de deflación (caída de precios) y de superproducción, que se vería acentuado. Este encarecimiento de los costos podría servir para que sus rivales comerciales reduzcan o eliminen los impuestos a la importación de China, pero es difícil que esto ocurra. El Banco Central de Brasil, por su lado, ha aumentado al 10,5 % anual su tasa de referencia, con el propósito de detener la devaluación del real. Pero esto podría recrear una experiencia amarga, como es una invasión de capital golondrina para explotar las ventajas de la tasa brasileña sobre la norteamericana, como ocurrió en Argentina bajo Macri, para luego revertirse en una fuga de capitales en gran escala. Los anuncios de Jay Powell deberían inducir a una afluencia de capital de corto plazo a Argentina, si no tuviera el obstáculo del cepo, que limita la repatriación del capital extranjero. El otro obstáculo es que el superávit primario destinado a pagar los intereses de la deuda externa no tiene la contrapartida de los dólares necesarios para hacer ese pago. Argentina atraviesa una valorización de la deuda externa en el corto plazo, como resultado del blanqueo y de la desvalorización de los dólares paralelos, pero esto no aumenta su capacidad de pago de la deuda y sus intereses que vencen en 2025. Caputo intentará aprovechar la suba del oro, que debiera seguir a la baja de intereses norteamericanos, para ofrecerlo en una operación de rescate ruinosa de corto plazo. LEER MÁS: Derrumbe de las Bolsas: “Mantengan los cinturones de seguridad abrochados” ¿Un evento de mercado? Por Jorge Altamira, 17/08/2024.

La misma noche en que Milei salió por Cadena Nacional a presentar el presupuesto 2025 (el domingo 15 pasado), La Izquierda Diario (LID, la prensa del PTS) sacó una nota sobre el discurso. Su brevedad (la de la nota), presumiblemente, coincide con una ostensible voluntad de caracterizar rápidamente los dichos del presidente, en la idea de que tal rapidez coincidiría además con una claridad acerca del carácter reaccionario de la política general del gobierno. En esa especie de copete periodístico un poco largo, LID señala algunas cosas: la sala parlamentaria semivacía, el bajo rating del evento, lo aburrido del discurso, la defensa presidencial del veto y la política central del déficit cero; la ausencia de datos del presupuesto supuestamente presentado, la inclusión de la casta y la repetición de recetas que pavimentaron en su momento, por ejemplo, el camino a la explosión social del 2001. Más allá del grado de atinencia de un tercio de esos señalamientos, la nota rezuma obviedad: cualquiera que se autoproclame oposición abaraja ese tercio de señalamientos “correctos” o, en una retórica de entrecasa, de lugares comunes. La intención de LID es también ostensible: caer bien a la mayor cantidad posible de lectores y electores. El mejor ejemplo, el de la “casta”. Rápidamente el kirchnerismo se adelantaría a afirmar que ellos no son la casta. La ambigüedad manifiesta del término por parte del PTS apunta a empalmar con la base kirchnerista. El problema es que esa táctica entraña, en su ambigüedad justamente, un inmediato empalme con las direcciones kirchneristas. Y en un chapoteo semántico no exento de promiscuidad: no hay que olvidar que Javier Milei se lo sopló (se lo quitó) a Miriam Bregman, que a su vez lo copió del Podemos español . El modo de sacudirse los arbolitos para volver al bosque, la mejor forma de desambiguación, es volver al vocabulario marxista: hay políticos que representan los intereses de la burguesía, y organizaciones que buscan darle una estructura a la defensa de los intereses y las aspiraciones de poder político de los trabajadores. Respecto de los primeros, debemos ver que todo el arco, de uno u otro modo, acompaña el ajuste que luego el liberticida defiende "aburridamente" en sus discursos. Más allá de poses oposicionistas, o bien levantan la manito a favor del veto (cuando hasta el día anterior lo execraban), o bien lo repudian de palabra y de voto pero lo dejan pasar sin mayor escándalo; o bien, incluso, defienden aumentos insignificantes de sueldos y jubilaciones. De hecho, los sindicatos del espectro peronista (ortodoxos y kirchneristas), luego del circo de la protesta ante diversos ataques liberticidas –cuando es evidentemente grosero que no salgan– siempre se retiran de la plaza a una hora prudente para dar paso a la represión (cuyos palos y gases se ligan la izquierda y los independientes más comprometidos), como correlato del acompañamiento fáctico del ajuste. Justamente, coinciden en esta táctica con el propósito (para este último ataque) del veto, que era mostrar autoridad (ya que, repito, el aumento era una burla) ante acreedores extranjeros y vernáculos. Todos defienden, con diferencias de matiz, la reforma laboral. En la docencia de la provincia de Buenos Aires, la dirigencia Celeste milita la esencialidad –es decir, la abolición del derecho a huelga del trabajador educativo– mientras dice rechazarla. Lo hacen cuando repudian los paros convocados por la Multicolor y aplauden (y amenazan y asustan con) la represión del descuento kicilofista a los compañeros que adhieren (o quieren adherir). Y por último, todos defienden la deuda externa (fraudulenta y varias veces pagada), que es la madre de la crisis (y de la confiscación de la burguesía industrial y financiera sobre el ingreso de los trabajadores) argentina, latinoamericana y mundial. En su última "carta" Cristina muestra esas defensas (de la reforma y la deuda, entre otros giros a una derecha desembozada) con un disimulo cada vez más perezoso. La intención de “caer bien” por supuesto expresa una política democratizante (del FIT-U en general y del PTS en particular), uno de cuyos mayores daños es redireccionar la confianza de los trabajadores a un Parlamento cada vez más evidentemente burgués. La salida a esa emboscada es la autoconvocatoria y la huelga general.

El gobierno de Milei, a través de Paola Di Chiaro, funcionaria de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur (SEMAS), está avanzando en el traspaso de las tareas administrativas y logística y de las bases antárticas Carlini (conocida como la usina de la ciencia Antártica) y Brown (de un inmenso potencial turístico) al Ministerio de Defensa. Este ya administra 11 bases actualmente, con lo cual, de completarse el traspaso, asumiría el 100 % de las instalaciones antárticas argentinas. Las bases Carlini y Brown dependían de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) desde 2003. Argentina fue, hasta ahora, sede permanente de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico, encargada de aplicar el sistema del Tratado Antártico. El Tratado Antártico congela los reclamos de soberanía hasta 2041, y destina a toda la superficie terrestre de latitudes mayores a los 60°S a la Ciencia, la Paz y la colaboración Internacional. Es así que todas las actividades de los países e incluso de las empresas que allí operan tienen que tener una pata científica; en el caso de Argentina, es una rama de investigación fuertemente valorada internacionalmente. El reclamo de soberanía de Argentina se superpone con el de Chile y con el de Inglaterra y ha pasado por diferentes momentos de tensión en la historia. Fuentes de la Cancillería han transmitido su preocupación por el hecho de que el pasaje de las bases, refugios y materiales logísticos de la DNA hacia el Ministerio de Defensa pueda interpretarse internacionalmente como un proceso de militarización del continente blanco y tener repercusiones diplomáticas o sanciones. Desde el Ministerio de Defensa han salido a responder que el traspaso se debe a un ahorro de presupuesto, ya que al centralizar el conjunto de la actividad en un sólo Ministerio permite el ahorro de hasta el 80 % del personal de la DNA. La noticia ha sido recogida por medios chilenos y especialistas en derecho internacional, que plantean que esta medida coloca a la Argentina al borde de romper con el Tratado. La Antártida es motivo de una intensa disputa ´geopolítica´. Rusos y chinos están instalados en el continente, bajo la cobertura de actividad científica. La OTAN ha constituido una base estratégica y autosustentable en las Islas Malvinas . La actividad austral ha despertado el máximo interés de la IV Flota Norteamericana. El imperialismo vetó la construcción de un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego financiado por capitales chinos. En su reemplazo, Javier Milei le ofreció a la generala Laura Richardson la construcción de una base militar conjunta en esa provincia . Los cambios introducidos en la administración de las bases argentinas en la Antártida se dan en el marco de una escalada bélica internacional que compromete a cada vez a más países y con el hallazgo de la reserva de petróleo más grande del mundo, precisamente, en el Polo Sur .

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) han definido el 2 de octubre como fecha para una Marcha Federal Educativa. El martes 24 de septiembre se realizaría una conferencia de prensa entre el Frente Sindical, el CIN y la FUA en la sede central del CIN para formalizar el anuncio. Los convocantes han definido como punto central del acto el Congreso. El plenario de Secretarios Generales de Conadu H propuso concentrar en Plaza de Mayo y desde allí marchar al Congreso. Por otro lado, ambas Conadu han definido convocar a un paro el 26 y 27 de septiembre, con clases públicas, ruidazos y protestas durante toda la semana. El 24 de septiembre está planteado un abrazo simbólico en Hospital de Clínicas y movilización al Consejo Superior de la UBA. FATUN (no docentes) y FEDUN, las dos federaciones vinculadas a la CGT, han votado, por su lado, parar solamente el 26 de septiembre. Que el Frente Sindical, la FUA y el CIN hayan elegido como punto central de la Marcha Federal el Congreso, demuestra que han puesto todas las fichas en presionar sobre el Congreso para rechazar el anunciado veto de Milei. En los discursos y las convocatorias a la Marcha Federal por la mayoría de las federaciones y asociaciones, destacan que se realiza “para que se promulgue la ley de financiamiento”, no contra el veto de Milei, con el propósito de atenuar la confrontación. Confinar el objetivo de la lucha universitaria a la presión parlamentaria sobre la ´coalición del ajuste´ que ha sancionado la ley Bases es un camino de derrota. Como ha ocurrido con la ley jubilatoria, que no pudo lograr superar el veto, lo que condujo al movimiento de lucha y las expectativas de los jubilados a una frustración. Tanto Milei como los funcionarios de Capital Humano a cargo del área educativa han señalado que el veto total es la única salida, pues los requerimientos planteados en la ley cuestionan el equilibrio de las cuentas fiscales. Incluso, si se llegara a lograr los 2/3 en ambas cámaras y la ley saliera adelante, por su contenido, donde se “encomienda” al gobierno que adopte las medidas para actualizar el presupuesto y los salarios de la universidad, el gobierno va a cajonearla con el argumento de que la norma no indica de dónde saldrán los fondos. El gobierno está dispuesto a ir a fondo contra la docencia y la universidad pública y avanzar en la política de privatización educativa mucho más que lo que han hecho los gobiernos anteriores, incluida la dictadura militar. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la “ley de financiamiento universitario” afectaría el equivalente al 0,14 % del PBI, lo mismo que el gobierno ha dejado de percibir por la reducción de los tributos a los bienes personales de los sectores de mayores recursos. En el presupuesto que presentó para el año 2025, el gobierno ha suspendido el financiamiento nacional a la educación en general, y ante el planteo de los rectores de un presupuesto universitario para el 2025 de 7,2 billones de pesos, se dispone a otorgar 3,8 billones, la mitad de lo solicitado. Desde Política Obrera planteamos que la lucha es claramente política y que por eso debe apuntar a derrotar el veto por medio de la acción huelguística y la movilización de masas. Ello abrirá paso para imponer los reclamos pendientes presupuestarios y salariales. LEER MÁS: El conflicto universitario sigue en un impasse Por Daniel Blanco, 17/09/2024. Ley de Financiamiento Universitario, el veto y después… Cómo enfrentamos lo que viene. Por Anahí Rodríguez y Daniel Blanco, 13/09/2024. El “abrazo al Congreso” por la Ley de Financiamiento Universitario Por Facundo Perales Noya, 13/09/2024.

El gobierno de Javier Milei ha recrudecido su ataque contra la educación y las condiciones laborales de maestros y profesores. En la presentación del presupuesto para 2025, el liberticida fue claro. Solo habrá dinero para asegurar el pago de la deuda pública. Ha establecido que el Estado ya no estará obligado a invertir como mínimo el 6 % del PBI, como establece la Ley Nacional de Educación – una formalidad, pues nunca se cumplió tampoco. La paritaria nacional docente -a pesar de que nunca fue vinculante porque los salarios docentes dependen de cada provincia- ha dejado de existir, incluso como referencia . Son manifestaciones dirigidas a los acreedores de la deuda. Los míseros aumentos salariales pactados entre los gobernadores y los sindicatos burocráticos han sido liquidados por la llegada de las tarifas de la luz, el gas y el encarecimiento del transporte público. Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a una ley para quitarle a la docencia el derecho a huelga ("esencialidad educativa") que está en carpeta para ser aprobada en Senadores. La docencia, en numerosas provincias, se encuentra en pie de lucha. En Santa Fe, los docentes pararon y se movilizaron de forma masiva contra la reforma previsional de Pullaro . En CABA, hay en desarrollo una rebelión de la docencia de nivel medio contra una 'reforma' que producirá despidos masivos y degradará la educación. En la provincia de Buenos Aires, luego del paro que impulsaron las seccionales multicolores el 14 de agosto, el 26 de septiembre se realizará una movilización a La Plata contra los descuentos (y faltas consignadas como "injustificadas") que realizó Kicillof, quien ya aplica, en los hechos, la "esencialidad" de Milei, la UCR y el PRO. La acción fue acordada en una reunión de los diferentes sectores opositores a la conducción celeste en un encuentro en Tigre. En esa misma localidad, esta semana se produjo una marcha de más de 400 maestras del Nivel Inicial en reclamo de medidas de protección por situaciones de violencia que se vivieron en un jardín. En la semana del 23 al 27 de septiembre habrá reuniones de delegados en todas las seccionales de SUTEBA. En la provincia de Neuquén, este sábado se realizará un plenario impulsado por las seccionales opositoras contra la suspensión de las medidas de fuerza que impuso la conducción provincial de ATEN, cuando estaba en curso un proceso huelguistico vigoroso , contra la introducción del presentismo. En Entre Ríos, los docentes acaban de resolver cinco días de paro, luego de una conciliación obligatoria fraudulenta , y se preparan movilizaciones de importancia. En ese contexto, los sindicatos universitarios convocaron a un paro nacional el 26 de septiembre contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a una marcha nacional el 2 de octubre . Algunas federaciones pararán por 48 y 72 horas. Es una gran oportunidad para unificar los procesos provinciales en una huelga nacional docente, tanto el 26 de septiembre como el 2 de octubre, y para movilizarnos en todo el país. Esta fue la posición que nuestra corriente, la Tendencia Docente Clasista, defendió en una reunión nacional de los sindicatos, seccionales y agrupamientos de oposición docente. La iniciativa fue acompañada por el sindicato de Tierra del Fuego, SUTEF, que se posicionó por parar el 26. La corrientes vinculadas al FIT-U, en cambio, sostuvieron la posición de realizar una "jornada de lucha", sin demasiadas precisiones. De conjunto prima la posición de sostener una "exigencia" para que CTERA encabece un “plan de lucha” contra Milei, algo que la burocracia ya demostró que no tenía ninguna disposición a hacer. La "esencialidad" en Diputados, por ejemplo, pasó sin paro nacional. La dirección de la CTERA no ha anunciado ningún tipo de medida, a sabiendas de las intenciones de Milei de liquidar el presupuesto educativo para el 2025 y continuar podando salarios y jubilaciones. Ha dejado a la docencia librada a su suerte ante un gobierno rabiosamente antiobrero. Nuestra corriente impulsará en las escuelas el paro del 26 junto a la docencia universitaria en todo el país. Preparemos una gigantesca movilización el 2 de octubre.

Los trabajadores de Planta La China de Granja Tres Arroyos, ubicada en la localidad de Concepción del Uruguay, realizaron el día lunes un paro total de actividades, encabezados por el cuerpo de delegados. La huelga se desató porque la empresa lleva adelante una serie de incumplimientos legales contra el derecho de vacaciones de los trabajadores. El paro finalizó a partir del compromiso de pago de la patronal, que se cumplió ayer a última hora. La empresa, perteneciente a la familia De Grazia, es la principal productora avícola del país. Se ha alineado con la orientación estratégica del Gobierno de avanzar contra los derechos de la clase obrera, atropellando incluso la legislación vigente. Como primera acción ilegal, la patronal convocó a los trabajadores que quieran “trabajar las vacaciones”, a que se inscribieran en un listado armado por los jefes de turno. A cambio, esos trabajadores recibirían el equivalente en negro de su salario además del pago de las vacaciones. El derecho a la vacación, como todo derecho laboral, es irrenunciable desde el punto de vista de la ley. Por más consentimiento que el trabajador preste de trabajar durante sus semanas de vacaciones, es ilegal. Súmese a esto la ilegalidad el pago en negro. Desde el punto de vista de la ley, las vacaciones deben ser notificadas por el empleador 45 días corridos antes de la fecha de inicio. Sin embargo, los trabajadores se encontraron en la cartelera que la empresa dispuso las vacaciones para la siguiente semana, sin cumplir con los plazos legales que le permitan a los trabajadores organizar su descanso. Para colmo, incluso a los trabajadores que se habían inscripto para trabajarlas en negro, la patronal dio marcha atrás y les impuso las vacaciones antes que al resto. La Ley de contrato de trabajo y el convenio de la Alimentación establecen que el periodo vacacional debe ir de octubre a marzo de cada año. Sin perjuicio de ellos, está claro que las vacaciones son tales cuando los trabajadores pueden gozarlas con sus familias, en la temporada estival. La empresa Granja Tres Arroyos ha pasado por alto esto, imponiendo el receso en septiembre. La empresa está obligada a abonar las vacaciones por anticipado; como mínimo, en el día anterior a la salida del trabajador. La ley prevé que, en caso de no abonarse, el trabajador puede incluso optar por presentarse a trabajar y rediscutir una nueva fecha de vacaciones. La empresa directamente no abonó nada a una cantidad de trabajadores, y a otros trabajadores les pagó una suma parcial. Frente a esta suma de atropellos, los delegados de planta, pertenecientes a la Lista Naranja, iniciaron una serie de reclamos para que la empresa se ajuste a lo que corresponde, intentando comunicarse con Recursos Humanos, con Gerentes de Producción y hasta con jerárquicos de la casa central de la empresa, sin recibir respuesta de ningún tipo. Después de agotar la via del reclamo, los delegados se plantaron en el sector de inicio del proceso de faena, impidiendo que continuara la producción. No contaron con apoyo alguno del STIA Concepción del Uruguay; todo lo contrario, porque éste planteó no estar de acuerdo con la medida. Los atropellos de la patronal se repiten también en otras plantas de la empresa, sin que el Sindicato de la Alimentación dé otra respuesta a los trabajadores que “hay que esperar”. Apenas se corrió la voz del paro, aparecieron todos -los gerentes de producción, de recursos humanos y hasta los mandamases de Buenos Aires- para llamar a los delegados a que levanten el paro. Los delegados se mantuvieron firmes en la huelga, hasta que la empresa realizó un compromiso de pago de las vacaciones que se cumplió a última hora del día de ayer. Un pequeño triunfo, pero que muestra cómo se le pone límites a los atropellos patronales. A seguir el ejemplo de los delegados de Granja Tres Arroyos.

Mientras en declaraciones a los medios el secretario general de la UOM Abel Furlán reclama “rebeldía” ante las políticas del gobierno liberticida y en los discursos intenta mostrar un perfil confrontativo con las patronales, en materia de conseguir un salario digno para los trabajadores que representa, nada de eso se ve volcado en los acuerdos paritarios. Desde 2018 en adelante, los salarios han perdido varios puntos frente a la inflación acumulada. Ahora, la UOM acordó con las cámaras metalúrgicas las siguientes cifras de ajuste salarial: 3,5 % en julio, 3,5 % en agosto, 2,5 % en septiembre y 2,5 % en octubre. Con valores inflacionarios que en los dos primeros meses ya superaron el 4%, ¿cuánto más van a esperar para disparar la reapertura?. En siderúrgicos vuelve a trabarse la discusión ya que la UOM está pidiendo una recomposición del 4 % en julio y agosto respectivamente (iniciando ya la serie por debajo de la inflación); 3 % en septiembre y en octubre, también respectivamente. La cámara patronal -con Techint y Acindar a la cabeza- plantea una recomposición que no supere el 2 % mensual, acorde a los “topes” establecidos por Caputo. Esta nueva provocación de las patronales, que aprovechan el contexto recesivo para apretar, debe ser enfrentada a fondo por los trabajadores. Para ello es necesario desarrollar asambleas en todos los establecimientos donde resolver los paros progresivos y movilizaciones, volviendo a demostrar la masiva predisposición de lucha que existe en toda la base tanto siderúrgica como metalúrgica, con una perspectiva concreta debe exigirse que el convenio inicie con la categoría ingresante cubriendo el costo de la canasta familiar. De lo contrario, todo ajuste -aunque sea replicando los valores de inflación- seguirá sumergiendo en la pobreza a cada vez más metalúrgicos. LEER MÁS: Paritarias de la UOM: Furlán sigue el libreto del Gobierno Sin lucha y a espaldas de los trabajadores, entrega el salario metalúrgico. Por Pablo Busch, 09/08/2024.

En el marco del ataque del Gobierno contra los trabajadores aeronáuticos, los sindicatos del transporte anunciaron la conformación de una “Mesa de Unidad”. La integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión Gremios Argentinos de Trabajadores del Transporte (UGATT), los agrupamientos que encabezan, respectivamente, los Moyano y el ´fraternal´ Omar Maturano. Pablo Moyano, Omar Maturano (La Fraternidad); Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento); Mario Caligari (UTA); Raúl Durdos (SOMU) y Pablo Biró y Juan Pablo Brey, advirtieron que lanzarían un paro general contra la venta de Aerolíneas Argentinas y contra la limitación del derecho a huelga. En principio se declararon “en estado de alerta y movilización” y que se volverían a reunir en una semana. Los incumplimientos de las “advertencias” de la CATT son incontables. Ni hablar del paro de Camioneros, anunciado por Pablo Moyano, en el que no se iba “a mover una pluma”, cuando el gobierno de Milei no homologaba la paritaria de Camioneros. Lo concreto es que los sindicatos de la CGT han prestado sus máximos servicios para que avance la agenda antiobrera de Milei, incluida el ala moyanista que posa de combativa. La CGT además publicó un comunicado con motivo del conflicto aeronáutico en el que insiste con el reclamo de una línea de diálogo con el gobierno. Mientras el Gobierno ha montado un operativo de Estado para quebrar a los trabajadores, la CGT reclama que “las diferencias entre empleadores y trabajadores debe transcurrir en el terreno del diálogo social y no en la búsqueda de responsabilidades penales en una u otra declaración o acción cuyo único fin es defender los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos”. La CGT llamó al Gobierno a la “reflexión” respecto de lo “inconducente de intentar resolver en la Justicia lo que debe discutirse en una mesa paritaria”. La explosión del conflicto aeronáutico retrata justamente el agotamiento de la línea ´dialoguista´ de los sindicatos aeronáuticos, que llevaron a una pérdida de salarios del 72 % y al retiro voluntario al 13 % de los trabajadores de Aerolíneas. Mientras tanto, el proyecto de privatización de Aerolíneas que propone el Pro avanza con el aval del gobierno. Los radicales anunciaron su predisposición a discutir sus términos. También los legisladores afines a los gobernadores. Macri salió públicamente a reclamar la privatización o el cierre de la aerolínea de bandera. En oposición a la verborragia que oculta la inacción, planteamos la formación de un Comité de Huelga de los sindicatos aeronáuticos para organizar una huelga general hasta la satisfacción del pliego de reclamos en la paritaria y la anulación de la privatización de AA. LEER MÁS: Los sindicatos aeronáuticos deben formar un comité unitario de huelga Milei quiere quebrar a los trabajadores, hay que quebrar a Milei. Por Pablo Busch, 19/09/2024. La CGT le da la espalda a la huelga de Aeronáuticos Por Pablo Busch, 16/09/2024.

El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tras tres días de terror en El Líbano, el jueves habló por la televisión y calificó el ataque sionista como “un acto de guerra” y “un golpe severo y cruel” contra su organización. Hezbollah es un partido de masas de los chiítas de El Líbano, aliado a Irán. Es el más poderoso de su país, con presencia parlamentaria -hace unos años fueron el bloque mayoritario-, una milicia poderosa y una extendida organización social en distintos estamentos del Estado. El martes, Israel, en un acto de terrorismo de masas largamente preparado por la inteligencia y el ejército sionistas, hizo detonar miles de beepers . Un día después, estallaron miles de walkie talkies , paneles solares y otros dispositivos que dejaron por lo menos 37 muertos y 4000 heridos; “las escenas, devastadoras, continúan sucediéndose en todo el Líbano” (CNN, 19/9). Los hospitales libaneses colapsaron; solo el primer día hubo 450 operaciones por las graves heridas en los ojos y el rostro. La gente acudió en masa a los hospitales de todo el Líbano, muchos habían perdido los ojos o las manos o habían sufrido graves lesiones abdominales. La OMS informó cientos de amputaciones (1). Según el Ministerio de Sanidad libanés, entre las víctimas había mujeres, niños y ancianos, así como trabajadores médicos y funcionarios. Mientras hablaba Nasrallah, el estruendo de los aviones de guerra sionistas se oía sobre Beirut “y hacían temblar algunos edificios”. Israel bombardeó más de un centenar de puntos en el sur del Líbano, “uno de los ataques más intensos del último año de conflicto en la región” (The Washington Post, 19/9). En el bombardeo de dos edificios residenciales sobre Beirut, los sionistas asesinaron al jefe de la unidad de élite de Hezbollah, Al Radwan, Ibrahim Aqil, y a otros nueve miembros. “Una nueva fase de la guerra” Los analistas militares han coincidido en que “la sofisticada y compleja operación tenía el sello de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, que tiene un historial de llevar a cabo asesinatos selectivos en el extranjero”, el último el de uno de los jefes de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. La bomba que mató a Haniyeh habría sido colocada con dos meses de anticipación. Refael Franco, exjefe de la Dirección Cibernética Nacional de Israel, dijo que la operación probablemente constó de varias partes: «Estudiar toda la cadena de suministro de Hezbollah; después, hacer que Nasralá se convenciera de que había que cambiar los sistemas de comunicaciones del grupo; después, en tercer lugar, asegurarse de que Hezbolá comprara -entre todas las demás alternativas- los *beepers *al proveedor operativo». “El proveedor operativo”, como dice Franco, es el fabricante taiwanés de *beepers *Gold Apollo, que negó haber fabricado los aparatos que explotaron y aseguró que fueron «gestionados íntegramente» por una empresa húngara llamada BAC Consulting KFT. El gobierno húngaro, aliado incondicional de Israel, aseguró que “los dispositivos en cuestión nunca han estado en Hungría”. El ataque, opinó Francos, habría dado tiempo a Netanyahu para decidir si libra una guerra a gran escala, tomando en cuenta que “el arsenal de Hezbolá podría desbordar los sistemas de defensa antimisiles israelíes y podría atraer a Irán”. La decisión parece estar tomada: el miércoles, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, informó que la 98ª División del Ejército, que incluye comandos y paracaidistas, está siendo transferida de Gaza al norte de Israel. Un día después, Gallant explicó que se había entrado en «una nueva fase de la guerra» y que el ‘centro de gravedad’ se estaba moviendo hacia el norte, “lo que significa que estamos asignando fuerzas, recursos y energía para el escenario norte”, agregó. En tanto, el gobierno de Biden y sus comparsas europeos justifican el acto de terrorismo de masas como una represalia de Israel a los ataques del “grupo terrorista” Hezbollah. La BBC de Londres -insospechable de antisionismo- “verificó” que el 78 % de los ataques en la frontera han sido cometidos por Israel. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en conferencia de prensa, aseguró que Estados Unidos está listo para proteger a Israel ante cualquier ataque que pueda llegar como represalia a las explosiones que sufrió Hezbollah. El traslado de las fuerzas israelíes al norte no significa ningún alivio para los palestinos en Gaza, que sigue totalmente sitiada y sometida a una hambruna, sin agua, sin electricidad y casi sin la atención médica. Esta semana, Israel ha bombardeado refugios y escuelas de la ONU. El imperialismo avanza vertiginosamente en su loca carrera bélica; solo el puño de la clase obrera podrá detenerlo. (1) Las amputaciones son una de las lesiones favoritas de los israelíes. Hay miles de amputados -sobre todo niños- en Gaza pero también es un castigo que se inflige a los presos palestinos en las cárceles sionistas. Algunos médicos israelíes dijeron que los palestinos detenidos están siendo sometidos a amputaciones "de rutina" por lesiones por las esposas. LEER MÁS: Ola de atentados en El Líbano: el sionismo es un régimen de asesinato de masas Por Olga Cristóbal, 18/09/2024. Una sofisticada operación terrorista de Israel Como en Gaza, asesinatos indiscriminados para “luchar contra el terrorismo“. Por Silvina Yoga, 18/09/2024.

El próximo 23 de septiembre, la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con la UEPC Capital y jubilados, convoca a una movilización. La concentración se llevará a cabo por la tarde en Ciudad Universitaria, desde donde marcharemos hacia el Centro, culminando en Patio Olmos. Esta marcha no solo busca denunciar el ajuste presupuestario del gobierno nacional a la educación superior, sino también los ataques del gobierno de Llaryora a la docencia de nivel medio. Además, se manifestará en contra de la tentativa de suspensión del Boleto Educativo Gratuito para interurbano, promovida por la FETAP en su conflicto con la provincia. Desde Política Obrera venimos interviniendo activamente en la Universidad. En conjunto con otras organizaciones como Amaranto y estudiantes independientes, organizamos la ocupación del Pabellón Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades , que dio un gran impulso a la convocatoria a la asamblea que realizamos al día siguiente, para discutir la continuidad de la lucha en defensa de la universidad. En la asamblea también se discutió la marcha federal universitaria que convoca la burocracia sindical y el CIN. Se decidió que esta convocatoria no se contrapone a la impulsada por la Interfacultades. Fue votada favorablemente la propuesta que hicimos desde Política Obrera, en conjunto con estudiantes independientes, de realizar una vigilia para dar una continuidad al proceso de ocupación de las facultades.

Jorge Bergoglio ha recibido en el Vaticano a individuos y delegaciones de Argentina de todo tipo, pero con la característica coincidente de que cuando no son miembros del gobierno de Milei e incluso a Milei mismo o apoyan al gobierno liberticida, son caciques peronistas de distinto nivel que desarrollan una oposición pasiva al gobierno, o sea que son sus cómplices en las condiciones de crisis política de todas las fuerzas patronales en presencia en el país. Recientemente acogió en una audiencia a una delegación de la burocracia de la CGT , que acaba de acordar la sustitución de las indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral , en el cual pugna por participar, que manejarán las compañías de seguros que acompañan a Caputo. Juan Grabois, casi un delegado papal, se acaba de declarar ferviente partidario de la derogación del derecho de huelga de los docentes , porque, dice, perjudica a los niños pobres. Grabois deambula entre Grobocopatel, un gran empresario de los “ pool de siembra”, con quien negocia “empleos productivos” , y el mismo Bergoglio, el jesuita que profesa “la doctrina social” de la Iglesia. Ahora, sin intermediarios, Bergoglio se ha despachado fuerte con una denuncia al Gobierno sin tintas medias: “en vez de pagar justicia social, dice, pagó el gas pimienta” - “más caro que una jubilación mínima”, concluyó. Contra lo que escriben los profesionales de Clarín, Bergoglio no es nuevo en este tipo de lides, es decir que no improvisa –el Arzobispado de Buenos Aires aportó dinero, bajo el gobierno capitalino de Mauricio Macri, al fondo de huelga de los trabajadores del Casino, en una noche de Navidad-. El interrogante se impone: ¿qué es lo que ‘está viendo’ el inquilino del Vaticano, para despacharse de esta manera? La Iglesia no es solamente una resaca medieval que se ha adaptado al capitalismo en forma extraordinaria, sino una red capilar que toma el pulso a las masas en forma cotidiana por medio de parroquias, escuelas, centros de salud y otras instituciones. En la semana que precedió a los dichos mencionados, la opinión pública boicoteó la cadena nacional del domingo 15 pasado , luego de que el gobierno vetara la ley de jubilaciones y prometiera lo mismo con la ley universitaria. La sede argentina del Vaticano debe haberle advertido que el horno se está poniendo caliente para bollos. La llamada ‘tolerancia’ con la miseria social empieza a ser registrada incluso por el medidor infiel de las encuestas. Encima, el gobierno anuncia que está dispuesto a disolver el sindicalismo aeronáutico y a desguazar, para ello, a Aerolíneas Argentinas . Aunque la clientela de la aviación comercial no incluya a muchos obreros, una eventual huelga indefinida de aeronavegantes y pilotos, y personal de tierra y tercerizados, sería el sonido de llamada de un giro en el desarrollo de la crisis política. En los bastidores de la situación argentina, las cosas no son menos sino más graves. Milei tiene la intención, el próximo domingo, de empalidecer a la cadena del domingo pasado con un discurso en la Asamblea de la ONU que declare el apoyo de Argentina a la masacre de palestinos por parte del sionismo y al inicio de la escalada militar contra el Líbano y Siria. El Vaticano, no sólo Bergoglio, militan en el campo imperialista que busca frenar el desarrollo de una guerra mundial de alcances sin precedentes. Hoy, sábado 21, Natasha Niebleskikwiat, columnista de Clarín, con acceso a información reservada, escribe que “crece la preocupación en la Casa Rosada” por lo que sus informantes describen como un acercamiento de “Lula a Irán”. La verdad es que Lula, en sus presidencias anteriores, ha firmado acuerdos estratégicos con Israel, no con Irán, como también lo hizo Cristina Kirchner. La penetración de Israel en los cuatro países del Mercosur es formidable. Es Milei quien constituye una amenaza a la paz en América Latina, como consecuencia de los acuerdos con el Pentágono con relación al Atlántico sur y la Hidrovía , y al propósito de entregar Fabricaciones Militares a una empresa estadounidense para producir municiones para la guerra en Ucrania. La campaña antiiraní y antiLula es fomentada por el sionismo para apuntalar el ingreso de Argentina al bloque de la OTAN y al apoyo a la limpieza étnica que ejecuta el sionismo en el Medio Oriente. Las declaraciones de Bergoglio contra “el gas pimienta” no absuelven a la burocracia de la CGT, a Grabois y al peronismo de su complicidad con la política del liberticida, incluida la represión.

A 100 días de la desaparición del niño Loan en el paraje Algarrobal de Corrientes, no hay una pista clara que conduzca a sus captores. El entorpecimiento de la investigación durante las primeras horas por parte del comisario Maciel y los propios involucrados, sumado a la deficiente actuación de la justicia provincial, fueron claves para que el niño pueda ser trasladado sin dificultad. Carlos Pérez, un capitán de navío de la Armada retirado, con su esposa, María Victoria Caillava, funcionaria de la Municipalidad de 9 de Julio, ambos integrantes de una red de trata, habrían tenido zona liberada para operar. Todavía no está claro el nivel de participación de los familiares de Loan detenidos. Quienes sí quedaron por fuera de toda investigación son los integrantes del poder político involucrados. El abogado José Codazzi y el senador Diego Pellegrini, de fuertes vínculos con el gobernador Gustavo Valdés, denunciados por extorsionar a la tía de Loan para que instale la versión del accidente, sólo fueron llamados a declarar. Tampoco se pidieron explicaciones al propio gobernador Valdés por su publicación en la cuenta de X acerca de que la investigación había dado "un gran paso" tras la declaración de Laudelina, y a Bullrich que viajó a Corrientes con *show *de rastrillajes mediante, pero tuvo que terminar reconociendo que no tenían ningún dato del paradero de Loan. Tras 100 días sin Loan la justicia estaría investigando los vínculos de Pérez con Camila, prima de Loan e hija de Laudelina. Según fuentes cercanas al caso, Camila tendría un vínculo personal con Pérez. Los fiscales del caso estarían tras las pruebas, incluyendo mensajes y llamadas entre ambos, las que podrían ofrecer pistas sobre la desaparición de Loan. Frente al operativo estatal y judicial para que el caso de Loan sea olvidado, y las redes de trata gocen de completa libertad para seguir operando, es fundamental mantener la movilización y el reclamo por la aparición con vida de Loan. LEER MÁS: Encubrimiento en el caso Loan Por Alejandra del Castillo, 03/09/2024.

En vísperas del viaje de Milei-Caputo a Washington, Marcelo Bonelli ha difundido en Clarín una amarga noticia para el gobierno. La petrolera malaya Petronas, luego del tumultuoso affaire por la localización geográfica de una planta de licuefacción de GNL, desistiría de invertir y formar parte de su concreción. Bonelli asegura que el “círculo rojo” petrolero que opera en el pais afirma que “en un 95 % Petronas desiste del megaproyecto”. No serían suficiente todas las concesiones de coloniaje económico que desfilaron desde la “casta politica” encabezada por Milei, Kicillof y Weretilneck en un frenético período de unas semanas, con zonas francas, exenciones impositivas de todo orden, libertad de remitir utilidades y de exportar, entre otros. Es decir, las bases para un gigantesco negociado . Recientemente, Bullrich anunció que militariza las cuencas petroleras en Neuquén para aplastar eventuales luchas obreras. Según distintos medios, Petronas ha trascendido que, en rigor, por el año 2017 se había comenzado a proyectar esta inversión, pero solo se había llegado a un memorándum de entendimiento. Todas las prebendas que se disputaron recientemente no habían sido exigidas tampoco, al menos oficialmente. Pero el dinero nunca había sido comprometido. Sucede que el pulpo petrolero, según la nota de Bonelli, duda de la situacion “macroeconómica” del país ; el genocidio a los jubilados y el desguace educativo y social no son condición suficiente. Además, tampoco confían en las condiciones políticas, a pesar de que Milei ha logrado importantes apoyos en el Congreso en donde es una destacada minoría. Aun así, reivindica un gobierno de decretazos y vetazos. La CGT, por su parte, no abrió la boca cuando se ofreció para la instalación de esta planta una zona “libre de sindicatos”. Tanto para “libertarios” como macristas, peronistas y radicales, Vaca Muerta es el principal y casi único salvavidas para intentar salir de la depresión económica y el quebranto financiero. Un punto conflictivo con Petronas habría sido precisamente el apuro que Milei le quiere imprimir al proyecto, con el objetivo de tenerlo operativo en el 2030 mientras que los malayos tendrían la mira puesta para el ¡2038/45! Además, Milei estaría negociando el ingreso de otros productores de gas, quitando la exclusividad de Petronas en el acuerdo inicial con YPF. Dicho esto, recién en noviembre de este año habría nuevas novedades sobre el destino de la inversión por parte de la petrolera malaya. Confirmando esta noticia, el presidente de YPF, Horacio Marín, intentó calmar las aguas afirmando que el proyecto continuaría a pesar de una eventual salida de Petronas. No deja de ser, sin embargo, un voluminoso golpe para el “gobierno de los mercados” que se jactó de haber concretado la inversión gracias al RIGI que votó, de nuevo, el Congreso Nacional. En conjunto, el proyecto pasó de radicarse en el puerto de Bahía Blanca al de Punta Colorada, en Rio Negro, asestándole un golpe a Kicillof, quien ofreció como contraparte su propia version del RIGI y recordando aquel que, sin un pomposo nombre, se acordó en beneficio de Chevrón. Marín afirma que estuvo en una gira internacional negociando con otros posibles pulpos para reemplazar a Petronas y que habría “varios interesados”. Luego, para obtener el financiamiento necesario para el desarrollo de la planta se requiere garantizar primero compradores del gas licuado y, a su vez, garantizar el costo y los plazos para su entrega. Este gas de exportación debe competir con el ofrecido por los pulpos yanquis. El mercado se ha abierto gracias a la guerra promovida por la OTAN en Ucrania, que comenzó con la destrucción de los gasoductos rusos Nordstream . Sin embargo, el costo de los fletes navieros ha crecido considerablemente, afectando la rentabilidad del proyecto, y es probable que crezcan como consecuencia de la guerra en el Mediterráneo y el Mar Rojo, de un lado, y el Mar Negro y el Mar de China del otro. La noticia se ha difundido cuando el FMI recibirá a Milei-Caputo para abordar la candente cuestión de la devaluación del peso y el levantamiento del cepo . No pareciera ser una simple coincidencia. El posible naufragio de esta megainversión demuestra las contradicciones económicas insalvables de la crisis capitalista que no las resuelve ni el más avezado servilismo colonial.

Hace cinco días que los incendios se han reavivado en la zona noroeste de la provincia de Córdoba. El día jueves se reavivaron cuatro focos: Capilla del Monte, Punilla, Río Segundo y Río Cuarto. En lo que va del año 2024 se estima que ya son más de 40.000 ha las afectadas por los incendios, algunos medios hablan de 100.000. Fueron arrasadas 5.000 ha en La Calera (departamento Colón) y Malagueño (departamento Santa María) -localidades que, por su cercanía al departamento capital, se consideran como “Gran Córdoba”-; más de 7.000 en la zona sur del Cerro Champaquí; 12.000 ha en el Valle de Calamuchita -a principios de este mes- y ya van más de 11.000 en el norte del departamento de Punilla, se habla, luego del fin de semana,de más de 60.000. En los últimos casi cuatro años la provincia de Córdoba ha perdido más de 500.000 ha., con su pico culminante en 2020, cuando fueron devoradas por el fuego mas de 340.000 . Es la provincia más castigada este año. Los incendios se producen cuando la región del Cono Sur ingresa en el ciclo de La Niña, caracterizada por elevamiento de temperaturas y baja en las precipitaciones. A su vez, este fenómeno debe enmarcarse en el cuadro más general del cambio climático. Nuestro planeta viene asistiendo a un aumento sistemático de los registros de temperatura . Tanto la tierra como los océanos vienen rompiendo récords de temperaturas en los últimos 50 años. Esta situación se observó con mayor énfasis en el último año. El cambio climático y La Niña generan condiciones más que propicias para la generación de focos de incendio. Los campos secos son el combustible ideal para la propagación acelerada del fuego. Zonas impensadas por su supuesta reserva de humedad, como el mismísimo Amazonas, vienen sufriendo incendios voraces sin tregua . Se cuentan por decenas los evacuados y las viviendas quemadas puesto que el fuego destruye barrios enteros a su paso. La vegetación y la fauna nativa también fueron destruidas. Aún no existe un balance del patrimonio natural y social perdido. Enfrentando el fuego se encuentran cuadrillas de bomberos provenientes de diferentes localidades de la provincia, junto a personal de Defensa Civil y del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Los recursos puestos a disposición son superados por la tragedia de tal manera, que hace tiempo se organizan brigadas de combate al fuego autoconvocadas, con las cuales los vecinos colaboran con vestimenta y materiales de primeros auxilios. El gobierno nacional no ha dictado aún la Catástrofe Ígnea y en la página oficial de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes no se observa comunicado al respecto. Al frente de esta secretaría se encuentra nada más y nada menos que el otrora menemista, luego kirchnerista y ahora mileísta Daniel Scioli. Aunque los medios mencionan que en la provincia se encuentra colaborando personal del Plan Nacional de Manejo del Fuego, lo cierto es que no hay información oficial de los recursos nacionales puestos a disposición. En cambio, si es harto sabido que este programa fue el que más recorte sufrió, de todo el recorte presupuestario hecho en el ex Ministerio de Ambiente (hoy, Subsecretaría). Mientras la maquinaria, el personal y los aviones hidrantes brillan por su ausencia en una cantidad acorde a tamaño incendio, para combatirlo, el Gobierno se vanaglorió del gasto de millones de dólares, que no tiene, en la compra de aviones de guerra F-16, en un intento de alinearse con la OTAN, embarcada en una guerra contra Rusia y China. Los bomberos y el personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego señalan que las zonas donde principalmente se inician los incendios son el oeste del Gran Córdoba y el norte del departamento de Punilla, dos áreas codiciadas por el negocio inmobiliario. Los trabajadores denuncian que los incendios son provocados para la construcción de megaemprendimientos inmobiliarios destinados al turismo o para la reconversión de montes naturales en el campo para el agronegocio . Se hace imprescindible la inmediata puesta a disposición por parte del gobierno nacional de los recursos para el combate al fuego. La investigación de los hechos para llegar a los verdaderos responsables de los incendios sistemáticos y la prohibición de la reconversión de tierras a otros usos. La organización y la movilización son los recursos que tenemos los trabajadores para arrancar estas exigencias al Estado.

Los medios internacionales han calificado el resultado de las elecciones en Sri Lanka como “sorpresivo y disruptivo”. Los titulares más repetidos aseguran la victoria del “candidato marxista” Aruna Kumara Dissanayake, postulado por Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, Frente de Liberación Popular) y su alianza del Poder Popular Nacional (NPP), como el resultado del desprestigio de los partidos tradicionales de la isla. La elección misma ha demostrado varias particularidades y "disrupciones" políticas. En primer lugar, ha habido 38 candidatos a la presidencia del país, el mayor número de su historia. En segundo lugar, ningún candidato alcanzó más del 50 % de los votos -lo que da la victoria de manera automática- y debió procederse al sistema de balotaje, algo desconocido por la población en múltiples casos. En Sri Lanka, un elector puede elegir hasta tres candidatos a la presidencia. Si su primera opción no es una de las dos más votadas, en caso de balotaje se le asignará un voto positivo al candidato que figure en segundo o tercer lugar, dependiendo de quién haya alcanzado el lugar en esta segunda vuelta. El escrutinio arrojó que solo 270.000 personas eligieron más de un candidato sobre 13 millones de votantes, dando cuenta del desconocimiento generalizado sobre la propia legislación electoral del país. En total, el candidato de la NPP se impuso con 5,6 millones de votos (42 %) sobre los 4,4 millones de votos (33 %) del candidato Sajith Premadasa, perteneciente al Samagi Jana Balawegaya (SJB), un desprendimiento del histórico partido Partido Nacional Unido (UNP), que postuló al actual presidente Ranil Wickremesinghe para la reelección, pero quedó tercero con el 17 % de los votos. El Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP), que ocupaba el gobierno hasta la rebelión popular de 2022, se encuentra virtualmente disuelto en diversos grupos. Su principal escisión, el SLPP, se dividió entre el apoyo a Wickremesinghe y un candidato propio, Namal Rajapakse, que recibió apenas el 2,6 por ciento de los votos. La campaña electoral estuvo atravesada por la rebelión popular del 2022 y las devastadoras consecuencias que han tenido para la economía de los trabajadores de la ciudad y el campo el sostenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Ninguno de los principales candidatos ha convocado a repudiar dicho acuerdo y el pago de la deuda externa. Incluso el “marxista” Dissanayake ha repetido en varias oportunidades que no va a desconocer el acuerdo, sino que pretende renegociar las condiciones del mismo. La campaña del NPP se ha centrado en la lucha contra la corrupción, prometiendo que acabaría al elegir al NPP porque instauraría un “gobierno del pueblo”. Lo cierto es que su principal partido, el JVP, nunca ha buscado desarrollar una vía para imponer las reivindicaciones populares de los trabajadores del país. Por el contrario, cuenta con un largo expediente de complicidad con el régimen político vigente, desde el apoyo a la guerra civil contra la minoría Tamil -en un claro sentimiento racista- hasta la integración de diversos gabinetes de los partidos tradicionales que ahora denuncia como “casta” y “privilegiados”. El país ha sido dominado por un grupo de familias que se han alternado en el poder por décadas. El JVP se define como un defensor de la unidad territorial y nacional, es decir, de la Constitución vigente, y defiende a ultranza el Budismo como religión oficial del país. Estos planteamientos demuestran que no ha construido ninguna retórica de clase, a pesar de que sean visibles algunos cuadros de Marx y Fidel Castro en sus oficinas centrales. Este partido ha desarrollado posiciones guerrilleras en un comienzo, principalmente en los años 70/80, cuando encabezó levantamientos armados contra los acuerdos firmados por la isla con el gobierno de la India. Hace pocos años, Dissanayake ha prometido públicamente que “nunca jamás volverá a tomar un arma”. Esta promesa no ha impedido que el NPP haya conformado una red de veteranos de la guerra civil. En el plano de la economía, han centrado su campaña en la discusión del acuerdo con el FMI, pero mostrándose dispuestos a imponer un ajuste en las cuentas estatales. En su plataforma electoral aseguran que privatizará todo, excepto empresas de sectores estratégicos, como la energía, pero sí en cambio la educación. En campaña Dissanayake ha declarado que su programa está lejos de nacionalizar la economía en manos del Estado. En reuniones con grupos empresariales, ha disipado las dudas que propagaba el candidato de la UNP sobre su adversario. Los trabajadores de Sri Lanka, que fueron masivamente a las urnas, han depositado un “"voto de esperanza” (Efe, France24) en un gobierno del NPP, como una alternativa a las fuerzas tradicionales. El NPP y el propio Dissanayake habían alcanzado solo el 3 % de los votos en 2019, última elección presidencial directa. La situación de las masas es acuciante. Más del 25 % de la población sobrevive con menos de 3,65 dólares al día, sin contar la situación de muchas familias rurales que dependen de su autoabastecimiento cultivando pequeñas porciones de tierra. La denuncia contra la corrupción como responsable de este desastre económico se ha hecho lugar entre los sufridos trabajadores del país. El gobierno saliente hizo una campaña centrada en defender el programa de austeridad económica que incluyó una fuerte suba de impuestos a los alimentos, los medicamentos y la renta. Todos estos serán derogados o reducidos, aseguraba la plataforma del NPP. Alineamiento internacional El gobierno entrante del NPP ha sido reconocido por el resto de los candidatos y partidos principales, que han llegado a desearle éxitos en su gestión. Al mismo tiempo, ha sido reconocido por el gobierno del derechista Modi de la India, algo llamativo debido a la experiencia “anti India” del JVP en el pasado. India integra, junto a Estados Unidos, Australia y Japón, el QUAD, que desarrolla una actividad hostil hacia China en toda la zona del Pacífico . El acercamiento de Modi al gobierno izquierdista electo en Sri Lanka busca involucrar a la isla en dicho entramado, algo que ha sido parcialmente desarrollado bajo la presidencia de Wickremesinghe, con la participación de buques de guerra en varios entrenamientos coordinados. El candidato del JVP fue entrevistado en múltiples ocasiones con la embajada de Estados Unidos, incluso en el pico de la rebelión de 2022. Las elecciones no han recibido la menor insinuación de algún desconocimiento sobre su transparencia o desarrollo, dando cuenta de la tolerancia hacia un gobierno de este tipo. El JVP históricamente ha defendido un alineamiento de su país con China, pero esto ha sido puesto en tela de juicio por su acercamiento al gobierno de Modi y las entrevistas cordiales con la embajada del imperialismo estadounidense. Algunos dirigentes del JVP han contestado sobre este dilema: “Sri Lanka no servirá a ningún país extranjero”. El desarrollo de la crisis política y económica en Asia obligará a definiciones. El carácter y las contradicciones que se encuentran asociadas a las aspiraciones de las masas y el programa concreto que desarrollará el NPP bajo su gobierno llevarán a nuevos choques y crisis políticas. El primer desafío es disolver y convocar a elecciones en el Parlamento, buscando una base dentro del Congreso, donde actualmente el partido del nuevo gobierno sólo cuenta con tres diputados.

La noticia de que Volkswagen tiene la perspectiva del cierre de fábricas en la propia Alemania ha significado un cimbronazo político y económico, no solo en la industria automotriz, sino en toda Europa. Los medios de comunicación hablan de la supresión de 30.000 puestos de trabajo directos de la firma solo en Alemania. La industria automotriz -y toda su cadena productiva- es la industria mas importante de Alemania. La empresa alemana atraviesa la crisis más severa de su historia. “Las posibles medidas, dirigidas a su principal marca de automóviles, así como a otras operaciones del consorcio, incluiría poner fin al pacto de la empresa con los sindicatos para mantener los puestos de trabajo seguros hasta 2029” (elpais.com, 2/9). En Bruselas, Audi, una de las principales marcas del consorcio, había anunciado en junio la reestructuración, que podría implicar el cierre total de su planta de autos eléctricos de alta gama, con una consecuencia mínima de 1500 despidos directos. La semana pasada, sindicatos de la industria automotriz de toda Europa se concentraron en Bruselas en lo que, en principio, era una movilización en solidaridad con los trabajadores de Audi y realizaron una masiva protesta, que tuvo como principal planteo reclamar políticas proteccionistas para la industria metalmecánica europea. Volkswagen expresa el episodio más grave de una crisis que golpea a la industria automotriz en general a nivel global y que, a su vez, es el terreno principal de la guerra comercial que la Unión Europea mantiene con China. Los vaivenes del avance y retroceso de la transición de autos a combustión a eléctricos han dejado expuestos a varios fabricantes. Las principales firmas europeas y norteamericanas están en procesos de reestructuración, que redundan en casi todos los casos en despidos mediante distintas metodologías, flexibilización laboral y recortes de proyecciones de reproducción entre otras medidas. Mercedes Benz adelantó a sus accionistas que sus beneficios serían menores que lo previsto para el año en curso y sus acciones se desplomaron en la bolsa de Fráncfort; Stellantis desvió su fabricación de Italia a países más baratos y reducirá su producción un 25 % en lo que resta del año. El grupo Volkswagen había desarrollado una estrategia agresiva de inversiones para tener líneas y plantas de producción exclusivas de autos eléctricos, en función de proyecciones de un crecimiento de la porción del mercado europeo que no fue tal. A su vez, el mercado de autos eléctricos dependía directamente de los subsidios que los Estados ofrecían a los VE. “Miles de millones de euros puestos encima de la mesa para cambiar toda la cadena de producción europea, pero las marcas no logran vender coches eléctricos. La industria del Viejo Continente está frustrada ante un mercado que no despega y que, dependiendo del país, incluso decrece. Para muestra un botón: Alemania, el mayor mercado automovilístico de Europa, que quitó las ayudas a la compra a fines de 2023, ha sufrido una caída en la venta de vehículos eléctricos en julio del 37 % y del 20 %” (sinpermiso.com, 14/8). Según las estimaciones del principal diario económico de Alemania, Handelsblatt, “el stock de coches eléctricos sin vender habría alcanzado las 100.000 unidades. En mayo se matricularon en Alemania 29.700 coches eléctricos. Esto representa una caída del 31 % respecto al mismo periodo del año anterior” (forodecocheselectricos.com, 24/8). Pero la crisis de Volkswagen no se limita a Alemania ni a Europa; la firma alemana es el mayor inversor europeo en China , con una treintena de plantas en el gigante asiático y, aunque es su principal mercado, pierde cada vez más terreno a manos de marcas locales como ByD. La crisis de la automotriz alemana está siendo caracterizada como una crisis integral de Alemania . “Las dolorosas reformas de VW pueden verse como parte de los desafíos más profundos que enfrenta la economía alemana, donde las interrupciones de la cadena de suministro, la crisis energética –debido a la reducción del suministro de gas ruso– y la pérdida de ventajas comparativas han perjudicado el crecimiento .” (dw.com 10/9) La burocracia sindical de la IG Metal amenazó con movilizaciones y acciones masivas para fines del mes de octubre si VW empieza con sus planes de cierres de fábricas, lo que significa que están ganando tiempo para poder negociar una entrega. “La seguridad laboral es parte del consenso básico desarrollado con la empresa para tiempos de crisis como estas” ha comentado el principal negociador del sindicato a Europress, para luego añadir que “hasta medio millón de trabajadores podrían participar de las movilizaciones de fines de octubre si la dirección de Volkswagen no atiende una parte de sus reclamos (…) En ese caso, los empleados dicen estar dispuestos a una reducción de la jornada laboral a 4 días en línea con las necesidades puntuales del grupo de reducir costos”. (europapress.com 4/9) El gobierno de coalición, mediante su ministro de Economía, Robert Habeck, adelantó durante una recorrida de apuro por una planta del grupo que el gobierno brindaría apoyo político que se traduciría en nuevas subvenciones que intentarán rescatar de la catastrófica caída a la marca en particular y a la industria automotriz en general, aunque reclamándole al grupo que “revea la estructura de costos”. La intervención estatal puede significar un golpe a la propia coalición de gobierno alemán, en el marco de un avance electoral de la ultraderecha en las elecciones locales .

En una reciente entrevista publicada por Ámbito Financiero (18/9), Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, se refirió al actual estado de la crisis universitaria y el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras se encuentra vigente el plazo del cual dispone Milei para vetarla hasta el 3 de octubre. En la nota, el propio Moriñigo reconoce la situación adversa que se presentaría en el Congreso en caso de un posible veto del Ejecutivo nacional: en Diputados son necesarios 26 votos más, además de los 144 que consiguió la ley originalmente en su tratamiento en Diputados, para ratificar la ley. Para el presidente del CIN, es momento de “hacer cuentas matemáticas”. Pero el aspecto más clarificador de la entrevista se encuentra hacia el final de esta, cuando Moriñigo se lamenta de la ausencia de canales de diálogo entre el Ejecutivo y los rectores: “Presidente, invítenos a comer un asado también a los rectores y le podemos decir que también las universidades podemos estar a disposición de su proyecto país”. Estos dichos ocurren mientras la lucha universitaria ha sido llevada a un impasse por parte de los rectores y las direcciones gremiales, tanto docentes como estudiantiles . La masiva huelga de inicios del cuatrimestre ha sido “desescalada” hacia una seguidilla espaciada de paros aislados sin continuidad ni preparación. Para lograr esto, han echado mano a dos elementos. Por un lado, a las propias elecciones estudiantiles , que por su contenido y por el papel jugado por las fuerzas intervinientes en ella funcionaron como un gran operativo de omisión de la crisis universitaria y de la lucha en curso; por otro, a la votación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, empleada como argumento para suspender la huelga en pos del apoyo a la acción legislativa . Ahora, una vez sancionada la ley en Senadores, el Gobierno se aprestaría a avanzar con el veto a la misma . Moriñigo advirtió que el próximo martes el CIN se reuniría con los gremios docentes para anunciar la fecha de una próxima movilización. La convocatoria a una segunda marcha educativa -largamente aplazada- tendría como fecha el próximo 2 de octubre, tres días después del plazo límite del que dispone Milei para efectivizar el veto. En este escenario, la movilización ocurriría con los hechos ya consumados, permitiendo que el Gobierno actúe libremente. La misma no apuntaría, por lo tanto, al poder político, sino al propio Congreso: una insistencia para que los Diputados “voten bien”. En este contexto se inscriben los dichos de Moriñigo. Forman parte de una tentativa del arco político de la universidad de llegar a un entendimiento con el Gobierno. La arena de este intento de acercamiento entre la oposición patronal y Milei es el Congreso, en donde el presidente ha encontrado las herramientas legislativas para blindar su política , como ocurrió recientemente con el veto a la Ley jubilatoria, o en otras oportunidades con el apoyo de los Diputados afines a Yacobitti y el quorum de Lousteau -vinculado a los radicales de la UBA- a la Ley Bases . La política de esperar una resolución positiva de la crisis universitaria en el Parlamento, sostenida por todos los partidos que habitan la universidad -UCR, PJ y FIT-U-, ha terminado mostrando sus límites insalvables . La derrota del Gobierno y del veto, así como la conquista de todos los reclamos de la universidad, requiere impulsar una acción de conjunto de docentes y estudiantes, con independencia de las autoridades y las direcciones burocráticas que han dado sobradas pruebas de su intención de garantizar la paz social en las aulas . La preparación de una segunda marcha educativa, de carácter masivo, depende enteramente de la autoconvocatoria del movimiento universitario y de las acciones de las que dispondremos para garantizar que esta sea un golpe contundente contra el gobierno liberticida: asambleas, piquetes, tomas y la huelga docente.

El jueves 19 se realizó reunión de Comisión Directiva en FOETRA, sindicato telefónico de Buenos Aires. Convocada originalmente para el 5 de septiembre, había sido postergada en dos ocasiones. En la anterior, no se había tratado el temario propuesto, a pesar de que tocaba temas fundamentales –paritaria, elecciones de delegados, el conflicto en Arsat y las jubilaciones-. Política Obrera participa de estas reuniones de Comisión Directiva como parte de la lista opositora que conquistó la minoría. Claudio Marín, secretario general, defendió en la reunión la política salarial que dejó instalada el gobierno de Alberto Fernández y que es seguida al pie de la letra por la burocracia de los sindicatos, incluido FOETRA. Consiste en mantener los salarios totalmente desvalorizados, pero actualizados cada uno o dos meses según la inflación. De esta manera, los capitalistas se aseguran mantener los salarios por el suelo. Lejos quedó la época en la que los salarios de los trabajadores telefónicos eran de los mejores del país. Actualmente, siguiendo la política que defiende Marín, existen categorías iniciales o de escalafones más bajos (como las comerciales) rondando la línea de pobreza. Marin defiende esta política salarial para Foetra y la caracteriza como de “las mejores del movimiento obrero” por el éxito relativo, según él, de ir sólo 30 días atrasadas con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta política confirma y convierte en permanentes a los salarios depreciados. Desde Política Obrera planteamos una campaña de asambleas en todos los edificios para discutir el salario y la política de reformas en el Congreso, fatales a los derechos de los trabajadores, y las jubilaciones. Sería una etapa preparatoria de los trabajadores, polemizando con la política antilaboral del Gobierno, para facilitarles intervenir en defensa de sus intereses. El objetivo es poner en marcha un plan de lucha de los trabajadores telefónicos contra el Gobierno de Milei y por las reivindicaciones propias de los telefónicos: un 100 % de aumento salarial, la defensa de Arsat, la devolución de los descuentos masivos de 2023, etc. Marín utiliza la expresión “plata o mierda” para negarse a la lucha salarial para recuperar el salario. Argumenta un status quo con las empresas, que no las haga optar por una línea de despidos, con el argumento de mantener los puestos de trabajo. Defiende el rumbo conservador tomado por FOETRA, desde hace ya 17 años, cuando abandonó las enormes luchas salariales con huelga general y toma de edificios, que llevaron el salario telefónico a un pico histórico. FOETRA tiene una conducción al frente del gremio que no quiere luchar. La tendencia a la baja del salario telefónico no ha sido una barrera para que las patronales reduzcan puestos de trabajo, en medio de los avances tecnológicos, automatizaciones y reducción de sectores a dotaciones mínimas para funcionar. La defensa de los puestos de trabajo requiere de la lucha obrera, lo mismo que un aumento real del salario. Pero la política gremial pretende tapar el sol con la mano. El status quo significa retroceso salarial y una agresividad patronal cada vez mayor que, sin perspectiva de pelear para revertir el cuadro, presiona a los trabajadores a retirarse “voluntariamente”. Marín plantea que “inventemos” trabajo, a contramano de la época, donde las patronales cierran sectores enteros. La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial está fuera de la agenda del sindicato FOETRA y de las centrales sindicales a las que abona la conducción. A contramano de esta orientación, hace años se firmó la ampliación horaria para las empresas. Las telecomunicaciones son una industria fundamental en la sociedad moderna. Nuestro lugar como trabajadores de esta industria debe ser otro. LEER MÁS: Qué hacer frente al impasse de la paritaria telefónica Por Flavio Pereyra, 05/08/2024.

En las elecciones que comenzarán el próximo 6 de octubre en Brasil se juega mucho más que la renovación de alcaldías y cámaras municipales. Será la pulseada electoral más importante antes de las presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. Bolsonaro armó sus listas ubicando 393 candidatos de las Fuerzas Armadas y organizó una movilización multitudinaria en San Pablo para presionar por la destitución del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, aquel que suspendió a la red social X de Elon Musk hasta el final del período electoral e inhabilitó al mismo Bolsonaro a oficiar de candidato en las presidenciales de 2026 . Siguiendo el ejemplo de Trump, Bolsonaro apuesta a que un triunfo en octubre le permita sortear estas restricciones legales. De persistir, a su traje para 2026 se lo disputan su hijo mayor, Flavio, su esposa, Michelle, y el actual gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Lula, por su parte, pretende superar el retroceso histórico del PT a partir de una alianza con el PSOL y los partidos derechistas que se sumaron al Frente Amplio de la mano de su vice, Alckmin. Buscará reconstruir su mermada base política en los municipios ofreciendo nuevas concesiones al gran capital, incluida la deforestación de importantes sectores de la selva amazónica. En el caso de las ciudades con más de 200.000 electores, habrá un ballotage el 27 de octubre, siempre que el candidato ganador no logre superar el 50 % de los votos. La pelea más dura se concentra en San Pablo. Allí, Bolsonaro y Tarcísio de Freitas apoyan la reelección del actual alcalde, Ricardo Nunes, del MDB. Lula, por su parte, colocó sus fichas en Guilherme Boulos, del PSOL y militante del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST). En sintonía con la línea general, Boulos acogió como compañera de fórmula a la exalcaldesa Marta Suplicy, que abandonó el PT después de la operación Lava Jato y de votar, como senadora, el impeachment contra Dilma Russeff. En la puja Nunes-Boulos se está colando un tercero, Pablo Marçal, un “influencer” y “coach” a quien muchos apuntan como el Milei brasileño, por sus apariciones histriónicas en las redes y una retórica fascista que trata de correr por derecha al propio Bolsonaro. Marçal, que se dedica a dar charlas “motivacionales” acerca de “cómo ganar dinero”, fue condenado hace unos años a prisión por hurto y vínculos con el narcotráfico. Ahora, este seguidor del salvadoreño Bukele apuesta a romper la polarización Lula-Bolsonaro, capitalizar el agotamiento de los partidos que se sucedieron al frente del régimen político brasileño y proyectarse como variante para 2026. Las elecciones vienen precedidas por un crecimiento económico apuntalado por el comercio con China, lo que acompaña la autonomía diplomática respecto a la OTAN de la que se jacta el lulismo. En mayo pasado, Brasil atravesó una turbulencia financiera en el marco de un choque entre el Gobierno y el presidente del Banco Central, el bolsonarista Campos Neto, por la tasa de interés de referencia. Lula acusó a Campos Neto, cuyo mandato finaliza en enero de 2025, de sostener tasas de interés elevadas que frenaban el repunte económico. El resultado fue una corrida contra el real, incluida una fuga de capitales de 1300 millones de dólares, tras la cual la propia mayoría lulista en el Comité de Política Monetaria aprobó sostener la tasa vigente, del 10,5 %. Para zanjar la incertidumbre financiera, Lula anunció entonces al banquero Galípodo, exdirector ejecutivo del Banco Fator, como sucesor de Campos Neto. En conferencia de prensa, Galípodo se mostró preocupado por la inflación y afirmó que “aumentaría las tasas si fuera necesario” (La Nación, 30/8). El anuncio tranquilizó a los mercados, que ven en Galípodo a “un equilibrista entre la responsabilidad fiscal y la monetaria” (Infobae, 28/8). La candidatura de Galípodo acompaña al denominado “Marco Fiscal”, con el que el Gobierno apunta a hacer frente al pago de la deuda pública. Esta política de austeridad implicará un recorte presupuestario de 25,9 mil millones de reales en 2025, y ya golpeó fuertemente partidas en áreas como salud y educación. Esto provocó grandes huelgas en universidades, institutos y trabajadores de la empresa estatal de correos, abandonadas a su suerte por la burocracia de la CUT. Tras las grandes inundaciones en el sur y los incendios que actualmente afectan áreas enteras del Amazonas, provocados por el incesante avance de la frontera agrícola , Lula pidió a la Unión Europea que postergue la regulación para la importación de productos “libres de deforestación”. El gobierno brasileño denunció esta normativa como “violatoria de su soberanía” y discriminatoria de los países “que dependen de los recursos forestales para sostener su economía” (LPO, 18/9). En este caso, una delimitación de la UE por derecha. Detrás de su retórica popular, Lula apostará a esta línea de componendas con el gran capital y de ajuste contra los trabajadores para hacer frente a la ofensiva bolsonarista y de los ultrareaccionarios que pujan por emerger más aún a su derecha. En esa misma sintonía, el Gobierno omitió cualquier condena a los militares ejecutores del golpe militar de 1964, al cumplirse recientemente el 60 aniversario . Siguiendo esta línea, Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina, acaba de anunciar el posible retorno de Petrobras al país para asociarse a la explotación de Vaca Muerta y aseguró que las medidas de Milei, como la eliminación de las regulaciones a las importaciones y la promesa de terminar con el impuesto PAIS en 2025, tienen “un impacto positivo para el sector privado que quiere estar en Argentina” (LPO, 15/9). Bitelli incluso afirmó que su relación con Mondino es “impecable” y celebró la cautela del gobierno liberticida respecto a los prófugos bolsonaristas condenados por el intento de golpe de Estado, que piden asilo político en la Argentina. La izquierda que se reivindica "trotskista", por su parte, se presentará atomizada. El pomposo “Polo Socialista y Revolucionario”, conformado por el PSTU y el PTS, que había sacado el 0,02 % de los votos en 2022, se autodisolvió sin brindar explicaciones. Las elecciones municipales en Brasil serán el escenario de un recuento de fuerzas para los bloques capitalistas que pretenden pilotear un panorama inédito de crisis y guerras de alcance internacional.

Miles de mujeres nos movilizaremos a Jujuy para participar del 37° Encuentro Nacional de Mujeres. En mayor medida que en el pasado tenemos el deber de votar un plan de lucha contra la guerra declarada de Milei al movimiento de mujeres y al conjunto de la clase obrera. Milei no representa solamente una política de ‘ajuste’ contra los trabajadores, o sea de mayor explotación y de aumento de la miseria social. Milei ha integrado a Argentina al campo de la OTAN y del sionismo, en momentos en que estos impulsan una guerra de alcance mundial en gran parte del planeta. La llamada ‘política económica’ de Milei está articulada con una estrategia de guerra imperialista. A esta condición se ajusta la represión creciente y el fortalecimiento del espionaje y de los servicios de seguridad. Llamamos a las compañeras que asisten al Encuentro a tomar conciencia de esta situación, en primer lugar para votar medidas de movilización contra la “limpieza étnica” del sionismo en Palestina y para poner fin a la guerra OTAN-Rusia en Europa, pero también para dar la mayor consistencia a la lucha contra el gobierno antiobrero y liberticida de Milei. Los talleres y la asamblea final deben votar resoluciones de acción. La omisión sería complicidad . La situación actual es clara por demás. Además del embate criminal contra nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones laborales y nuestros derechos políticos a la libre expresión, manifestación y a la huelga, el gobierno liberticida ha emprendido una lucha estratégica contra las mujeres trabajadoras y contra el movimiento de mujeres, bajo el eufemismo de una ‘batalla cultural contra la doctrina de género’ . El desconocimiento a las disidencias en nombre de la biología forma parte también de este propósito de este disciplinamiento. En consecuencia ha declarado la guerra al derecho al aborto y ha desatado para ello una feroz ofensiva contra su atención gratuita por parte de la salud pública y de apoyo al boicot que impulsan las patronales de la salud privada y el clero. Lo mismo ocurre contra los derechos anti-conceptivos y la ESI , que son un arma fundamental de defensa de la salud y de la libertad de las mujeres trabajadoras. Esta ofensiva reaccionaria se extiende al poder judicial, responsable desde siempre por convalidar vejámenes y violaciones, incluso contra las niñas y niños. La eliminación del acceso a la jubilación a quienes no hayan reunido los años de aportes, a partir de la reforma laboral, ataca naturalmente a millones de desocupados y desocupadas, pero constituye claramente una calamidad social para las amas de casa. No debe sorprender a nadie que un período de reacción política se ensañe con la mujer. La mujer es la primera víctima, junto a los niños, del incremento de la explotación social de la clase obrera, sea como trabajadora en una empresa, registrada o en negro, o como ama de casa. Reducir a la impotencia política a la mujer trabajadora es un objetivo estratégico de la clase capitalista contra el conjunto de la clase obrera en todo el mundo. La ofensiva reaccionaria del gobierno liberticida ha dejado al desnudo lo que bajo gobiernos anteriores podía parecer relativamente oculto. La conquista de la igualdad de derechos jurídicos no elimina la desigualdad real de la mujer en las condiciones de la sociedad capitalista, y no representa más que una conquista transitoria. El ataque contra la mujer no es una cuestión de género sino una cuestión social; representa un grado superior de la explotación del trabajo asalariado. El capitalismo ha arrastrado por la fuerza a la mujer al trabajo social, sin abolir la explotación doméstica ni socializar las relaciones familiares. Esta son las tareas de un gobierno de trabajadores y del socialismo. El Encuentro enfrenta el desafío de quebrar el impasse que ha producido en el movimiento de la mujer el inmovilismo y hasta la complicidad del peronismo y del kirchnerismo. La integración de la cúpula del movimiento de la mujer al gobierno de los Fernández ha puesto de manifiesto la fantasía de querer desarrollar un movimiento de masas de la mujer sobre bases culturales o de género, o sea sobre bases pluriclasistas. Las aspiraciones de la mujer trabajadora no tienen futuro con una política de colaboración del ‘capital (nacional e internacional) y el trabajo’, sino en la lucha de clases y en la independencia política de la clase obrera. Lo mismo vale para la burocracia sindical, antes parte del gobierno de los Fernandez y ahora colaboradora del gobierno libertario. La clarificación de esta cuestión es esencial a la hora de decidir si vamos a tener un Encuentro discursivo y académico o un Encuentro que lance un plan de lucha en todos los terrenos de acción de la mujer y a nivel nacional, para luchar por nuestras reivindicaciones y derechos y abreviar la existencia del gobierno liberticida. La unidad con el conjunto de la clase obrera es fundamental para cumplir con este propósito. La unidad entre trabajadoras y trabajadores potencia la fuerza contra el capital y la doble opresión. Es necesario quebrar esta separación en la clase obrera mediante una organización socialista y de masas de la mujer Como socialistas y luchadoras, nosotras, las compañeras de Política Obrera, planteamos una salida. Hacemos un llamado al conjunto de las trabajadoras y mujeres que participarán del ENM, a la acción directa contra el gobierno de Milei y todo el régimen político que lo sostiene. Coordinemos las acciones de lucha que se desarrollan en todo el país, en las escuelas, las universidades, los hospitales, las fábricas, los barrios. Pasemos de largo a los y las burócratas que piden "paz social" con un gobierno que arrastra a nuestros hijos al hambre. Con un gobierno que está alineando a la Argentina en la guerra mundial detrás de las filas de la OTAN y el imperialismo yanki, con un gobierno que sostiene la masacre de mujeres y niños en Palestina, las trabajadoras y trabajadores no tenemos paz. Impulsemos una acción para poner fin a la barbarie de un régimen de explotación social y su gobierno, por la unidad en la lucha de los hombres y mujeres de la clase obrera. ● Abajo el gobierno liberticida y golpista de Milei. ● Abajo los vetos reaccionarios contra jubilados y la universidad. ● Por un aumento de salarios y jubilaciones del 100%. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Por el derecho al trabajo y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Igual salario por igual trabajo. Por una jubilación del 82% del salario del cese laboral. ● Por la garantía de la maternidad, en base al acceso al trabajo bajo convenio y acceso pleno a la vivienda. Guarderías en la educación superior, fábricas y reparticiones, a cargo de la patronal y el Estado. Defensa de la licencia por maternidad y de la prohibición de los despidos por embarazo. Abajo el vaciamiento de la salud y la educación que refuerzan en todos los casos la doble opresión de la mujer trabajadora. Triplicación del presupuesto para estas áreas. ● Plena aplicación del aborto legal en los hospitales y salitas públicas. Abajo la objeción de conciencia. Abajo los ajustes de programas de salud sexual y reproductiva, que afectan directamente a la mujer trabajadora. Educación sexual en las escuelas, científica y laica. ● Frente al crecimiento de los femicidios y la violencia doméstica y familiar, llamamos a romper con el aislamiento de la institución familiar y a desarrollar la organización autónoma e independiente de la mujer en las barriadas y lugares de trabajo, y a desarrollar una vigorosa lucha de clases contra la explotación y miseria capitalista creciente . Trabajo en blanco y subsidios equivalentes a la canasta familiar. ● Frente a las redes de trata, impulsemos una lucha independiente de la mujer, la juventud y los trabajadores de las barriadas contra el Estado, sus aparatos de represión y las mafias capitalistas del narcotráfico. ● Abajo la guerra imperialista y la masacre del Estado sionista contra Palestina. Por el derrocamiento de sus gobiernos por medio de la lucha política de clases. Por la unidad internacional de la clase obrera y la unida internacional de las organizaciones de la mujer trabajadora. LEER MÁS: “La cuestión de la mujer es una lucha política. Vamos a Jujuy a organizarnos para enfrentar a Milei” Balance de una charla virtual hacia el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Por Vanesa Costancio, 19/08/2024. Hacia el 37° Encuentro Nacional de Mujeres Votemos un plan de lucha contra el gobierno liberticida e impulsemos la Organización Socialista de las Mujeres Trabajadoras, 14/08/2024.

Durante el mes de septiembre se sucedieron una serie de reclamos, dirigidos al Consejo Escolar de José C Paz, de diversas instituciones educativas. Los mismos parten del estado calamitoso de las escuelas del distrito, responsabilidad absoluta de las autoridades provinciales, locales y de los sindicatos con presencia en las mismas. Frente a esto, el hartazgo de los docentes y parte de la comunidad educativa se expresó en diversas acciones y movilizaciones. El 19 de septiembre en la escuela EES 17 “Runa Huasi” se llevó adelante la firma de un acta compromiso con autoridades municipales y del Consejo Escolar donde se comprometieron a construir una platea y cerco perimetral para la colocación de aulas modulares que resuelvan parcialmente la falta de aulas en el edificio. No se trata de un hecho aislado ni espontáneo, sino que es el resultado de un reclamo que, iniciado en 2006, llega al presente con una larga lista de acciones llevadas adelante por la comunidad educativa, y que se retoman, de manera parcial, en 2023 cuando se retiraron los fondos de la obra financiada con PEED (fondos provinciales) y la presidencia de Consejo Escolar asumió la obra que finalmente nunca se concretó. A su vez, la firma del acta compromiso no puede entenderse si no se tiene en cuenta la convocatoria del instituto terciario ISFD 36, primero a un ruidazo y luego a una movilización, hechos que reunieron docentes y estudiantes propios y de otras instituciones educativas, y posibilitaron una reunión de los delegados y la Secretaría de Gobierno Municipal. El martes 19/9, además del secretario Pablo Mansilla se sumó la directiva de SUTEBA José C Paz que no acompañó los reclamos en la calle, pero se hizo presente en la audiencia en la que se informó la “voluntad” de ceder un terreno fiscal para el edificio del 36 y el comienzo de la obra de la EES 17. Este mismo proceso, también derivó en el recibimiento por parte del presidente del Consejo Escolar a los delegados de la Escuela 25 y de la conducción de SUTEBA, el viernes 20, luego de múltiples solicitudes que incluyeron un relevamiento de las problemáticas de la escuela. El principal reclamo sigue siendo la falta del edificio propio, que obliga a compartir distintos espacios con la primaria 27 (lo mismo pasa con varias escuelas del distrito, como por ejemplo la EP 37 y la EESM 2) y a utilizar como aulas de lugares no aptos para ese fin, y la no finalización por parte de la provincia de dos aulas que se habían comenzado a construir en 2023. Consejo se “de palabra” comprometió a solucionar todos los problemas eléctricos, de gas y sanitarios, enviar arquitecta para realizar un pliego para la construcción de un baño para docentes de la secundaria y emparejar el patio y a revisar el recurrente problema de los pozos ciegos. Desde las autoridades del Consejo se planteó que el plan es que el año que viene no haya ninguna escuela sin gas en el distrito” y que iba a “haber caja” para reparaciones varias, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Por último, se comprometieron a solicitar a provincia la continuidad de la obra de las aulas e incorporar como parte de la petición obras en la primaria 6, jardín 924 y EEST 1. Los compromisos arrancados por parte de la docencia y la comunidad educativa por infraestructura tienen como principal motor a la organización independiente y las acciones autoconvocadas, (movilizaciones, relevamientos propios, pliegos etc.) que, aunque incipientes, constituyen el método que se abre paso para dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa de las escuelas del distrito. LEER MÁS: José C. Paz: ruidazo en reclamo del edificio propio para el Instituto 36 Por Natalia Bello, 04/09/2024.

Después de haber denunciado a los que lo precedieron como “defolteadores seriales”, Milei ha anotado a su propio gobierno en esa lista. A través de un decreto sigiloso, el gobierno acaba de autoadjudicarse la atribución de concertar canjes de deuda en cualquier condición. Los “canjes” tienen lugar cuando los vencimientos de deuda resultan impagables y el Estado debe negociar con los acreedores nuevos plazos y condiciones de pago. “Canje” o “reestructuración” es el mote diplomático que emplea la burocracia de los economistas para las cesaciones de pagos. Después de anteriores reestructuraciones, en particular, la de los Fernández y Guzmán, en 2020, Argentina enfrenta una deuda pública impagable. Sólo en 2025, Milei-Caputo se enfrentan con compromisos por 24,000 millones de dolares. A la hipoteca de los gobiernos anteriores, los libertarios le agregaron una deuda de 70.000 millones de dólares. El decretazo conocido ayer habilita a que, en el caso de un canje, las nuevas obligaciones puedan emitirse en “cualquier moneda”. Por caso, que una deuda en pesos pueda ser ´reestructurada´ en dólares. Además, suspende las disposiciones de la actual ley de Administración Financiera, que admite los canjes siempre y cuando redunden en una mejora de los plazos, el interés o el capital adeudado. El decreto, en consecuencia, es un cheque en blanco para que el gobierno ´reestructure´ a como dé lugar. Al suspender la vigencia de una ley por decreto, la disposición oficial pasa por arriba del Congreso. Para completar el panorama, el decreto amplía el límite del Fondo de Garantía del ANSES para invertir en bonos de la deuda pública - del 50 al 70% de su cartera. De este modo, el fondo previsional refuerza decisivamente su carácter de caja rehén de la deuda. La publicación del decretazo fue acompañada de una caída en las cotizaciones de los bonos en dólares de la deuda argentina. Aunque también influyeron los anuncios de Milei en Wall Street -prolongando el cepo “hasta que exista inflación cero”- es indudable que este decreto del gobierno ha sacudido la estantería de los acreedores. Con esta norma, el gobierno reveló su “hoja de ruta” frente a los próximos vencimientos de deuda. Por caso, a fines de setiembre debe levantar un “muerto” -en pesos- equivalente a 7.700 millones de dólares. Algunos anticipan que esa obligación será la primera en aplicarse el decretazo, convirtiendo esa deuda en dólares y reciclando su vencimiento. El uso del canje para dolarizar vencimientos de deuda en pesos le echa “otra” luz a la política oficial de “peso fuerte” y dólar barato. Bajo tales condiciones, los acreedores de la deuda en pesos recibirán a cambio un mayor valor en moneda extranjera, agrandando la factura de los acreedores contra el país. El cepo, de esta manera, se convierte en una garantía para que la dolarización de la deuda en pesos resulte redituable para los acreedores. Fracaso Desde el mismo día en que asumió, Milei juramentó pagar puntualmente los vencimientos de deuda - de ahí las denuncias virulentas a los defolteadores anteriores. Esperaba reciclar esa hipoteca con un nuevo financiamiento internacional que hasta ahora no llegó. Ahora, la autodelegación de poderes para renegociar la deuda es la confesión de un fracaso económico y político. El “mercado” ha castigado esta manifestación de insolvencia con una caída en el precio de los bonos. Para salir de este impasse, Milei-Caputo-Sturzenegger han resuelto embarcarse en una operación de naturaleza delictiva, que reforzará decisivamente la carga de la deuda. El trío mesadinerista reclaman “libertad” para su canje de deuda, a sabiendas de las condiciones que encontrarán en el mercado internacional. Con un riesgo país de 1.400 puntos, la tasa de interés de los nuevos bonos del canje trepará bien por arriba de la de los bonos actuales - ese será el precio a pagar por algún alargamiento de los plazos. Lo que se viene se parece demasiado al ruinoso megacanje del 2001, que corrió por tres años los vencimientos de deuda a cambio de un crecimiento exorbitante de los compromisos a pagar. Su mentor, Sturzenegger, zafó de la prisión por este desfalco de Estado. Pero el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. La jefa del kirchnerismo ha salido a despotricar por X contra el decretazo, olvidando que la deuda impagable que defoltearán los libertarios es el resultado del canje perpetrado en 2020 por los Fernández y Martín Guzmán. Entonces, los “nacionales y populares” se las arreglaron para burlar las restricciones legales sobre los canjes admitiendo una quita “simbólica” -2%- sobre el capital adeudado, pero tolerando tasas cinco veces superiores a las internacionales y vencimientos a muy corto plazo. Pero principalmente, facilitaron un negocio extraordinario a los acreedores que habían comprado la deuda defolteada a valores basura y el Estado se las rescató a su valor nominal. Caputo y Sturze ya deben estar pergeñando un negocio similar, incluidas las jugosas comisiones en favor de los bancos que actuarán como agentes de la operación. Crisis política El decretazo pone de relieve la verdadera dimensión de la bancarrota argentina y el lugar del actual gobierno: los libertarios no son los parteros de ninguna “nueva era”. Sólo vienen a consumar el último acto de la quiebra preparada por los Macri y los Fernández. Pero el improvisado canje libertario anticipa una crisis con el propio capital financiero, porque la habilitación de un canje por decreto, en especial en lo referido a la deuda en dólares, convierte a la nueva deuda en pasible de ser repudiada. El gobierno que pretende hacerse fuerte contra trabajadores y jubilados es mirado con desconfianza por su base social más estrecha - el capital financiero y los agroexportadores. La operación ruinosa y aventurera que anticipa el decreto del canje acentúa el abismo entre el gobierno libertario y la mayoría trabajadora. Repudiemos la deuda pública usuraria y fraudulenta, y vayamos a una lucha para terminar con el gobierno también fraudulento de Milei, Caputo y Sturzenegger. LEER MÁS: Milei y Caputo ´presupuestan´ el próximo default Por Marcelo Ramal, 17/09/2024. El Fondo Monetario le toma el tiempo a Milei-Caputo Entre la crisis financiera y la rebelión popular. Por Marcelo Ramal, 15/09/2024.

Según datos del INDEC el desempleo subió a 7,6%. Dado el nivel de recesión, es considerado un logro para el gobierno afectando a “solo” 1,7 millones de personas. El año pasado, en el segundo trimestre la desocupación había cerrado en un 6,2%. En los índices también se ve como la caída en la cantidad de trabajadores privados -hoy son un tercio del total- se “compensó” con el alza de monotributistas. Hay 120.000 empleados en blanco en empresas privadas menos y 70.000 informales menos, desplazados por 200.000 nuevos inscriptos en el monotributo. La precarización laboral y el cuentapropismo es lo que explican que no se hayan desmadrado las cifras a pesar de que el hambre salarial y la pérdida de ingresos reales ocasionada por la devaluación produjeron que mayor cantidad de gente saliera a buscar trabajo, ya sea para ayudar en la familiar o para compensar la miseria con sobreempleo. Esto aumentó la tasa de actividad y también contribuyó a la subocupación –la cual también aumenta por los despidos. Estos se dieron en forma generalizada en todos los sectores, tanto públicos como en privados, pero fue estrepitoso en la construcción debido al parate de la obra pública. El gobierno insiste en que deben contar con financiamiento privado obras que en todo el mundo son solventadas con presupuesto estatal y que son necesarias para la logística de muchas empresas capitalistas pero que, sin embargo, por su propia naturaleza, nunca van a financiar las obras que necesitan. De la misma manera, “la lluvia de inversiones” se aleja cada día, junto con Petronas -la petrolera malaya- que antes de Milei presidente planeaba invertir en una planta de gas licuado y ahora -con RIGI y todo- parece que está desestimando el proyecto. Otras cuestiones que vienen amortiguado los despidos son las suspensiones en las grandes fábricas, que de seguir con este nivel de actividad no lo van a aguantar para siempre, y sobre todo, la expectativa de las patronales en los acuerdos con los sindicatos para reemplazar las indemnizaciones por el fondo de cese laboral que fue aprobado con la reforma votada en el congreso. Esta medida disgrega la lucha contra los despidos en gremios y sectores, pero al mismo tiempo le dará nitidez a la entregada de cada burocracia. El ritmo con que la burocracia sindical firme los acuerdos de flexibilización en cada convenio marcará la aceleración de los despidos a menos de que la clase obrera le ponga un freno. LEER MÁS: El “boom” del monotributo Una avanzada de dos décadas contra la clase obrera. Por Pablo Busch, 01/08/2024.

Como dice el dicho, para los jubilados “no hay nada nuevo bajo el sol”. En el mes de octubre tomando en cuenta la inflación del mes de agosto, el aumento de los haberes jubilatorios será del 4,2 %. Esto llevaría el haber mínimo que cobran casi 6 millones de beneficiarios a $ 244,320. Hasta el momento no se ha confirmado que el gobierno liberticida siga otorgando el bono de $ 70.000 que mantiene congelado desde hace siete meses –en ese caso, el haber a cobrar sería de $ 314.320. Los que reciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) cobrarían $ 265.000 y las PNC (Pensiones No Contributivas) $ 241.000. La canasta familiar está calculada en $ 1.700.000. Después de que los partidos de la casta le salvaron las papas al gobierno de Milei, permitiendo el veto presidencial a un resarcimiento miserable de $17.000 en los haberes, y después de reprimir brutalmente a los que manifestábamos, el gobierno decidió festejar con un asado en la quinta de Olivos, lo cual denota una perversidad sin límites. Debemos tomar conciencia que el aumento por IPC (Índice de Precios al Consumidor) para las jubilaciones y pensiones que rige desde el mes de julio del 2024, decreta en forma vitalicia la pérdida sufrida los últimos siete años de nuestros haberes jubilatorio que orilla casi el 65% de nuestro poder adquisitivo. El liberticida Javier Milei ha dejado en claro en sus dos discursos, el “plan de guerra” contra los jubilados. Frente a la UIA (Unión industrial Argentina), declaró que seguirá achicando el gasto- es decir seguir confiscando a los jubilados- para llenarle los bolsillos de millones de dólares a los pulpos financieros, a los bancos y a las patronales. Y en relación al Presupuesto Nacional, dijo el liberticida: primero pagamos la deuda por encima del hambre de nuestro pueblo. Sus intereses de clase son más que claros. Detrás de este escenario montado por oficialistas y opositores mentirosos se esconde el negocio de la jubilación privada. El retorno a las malditas AFJP para beneficio de los pulpos de los seguros internacionales. Para aplicar estos planes antiobreros y antijubilatorios, primero tiene como cómplices a la odiada burocracia sindical de la CGT, las CTA y CTERA y con el protocolo en mano de Bullrich reprime brutalmente todo intento de rebelión de los que luchan. No depositamos ninguna confianza ni en el Parlamento ni en la burocracia sindical. Los jubilados seguimos en la calle junto a los trabajadores aeronáuticos, los del SUTNA, los universitarios, los docentes, los aceiteros, bregando por una huelga general que frene esta barbarie. La cita es todos los miércoles 15 hs. en el Anexo del Congreso nacional. LEER MÁS: Jubilados: nueva jornada de lucha y represión Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 19/09/2024. Un repudio al asador Milei empobrece a los jubilados y les moja la oreja. Nota de tapa de Política Obrera N°104 edición impresa, 18/09/2024.

Ayer por la mañana, la fiscal Paula Kelm se refirió a la situación de los dos detenidos durante el fin de semana por presunto incendio intencional. La fiscal solo dijo que los incendios fueron intencionales y que las pruebas de las que disponía demostraban esta intencionalidad sin dar mayores precisiones. A principios de mes, otro hombre, de 72 años fue detenido acusado de provocar el fuego que terminó por arrasar con varios miles de hectáreas en el departamento de Calamuchita. El gobernador Llaryora afirmó que se presentará como querellante en la causa contra los presuntos responsables y que las penas debían endurecerse para ser ejemplares. Entiende que es la negligencia o “malicia” de las personas la que está en las causas de los incendios. En términos generales, Llaryora y la fiscal no descubren la pólvora: más del 90% son provocados por la mano del hombre. La alta incidencia de las causas antrópicas obedece por lo general a la inevitable convivencia del hombre y la naturaleza, algo que no podrá corregirse jamás mientras viva el ser humano. Pero, y aquí es donde ambos incurren en omisión, de lo que se trata, por lo tanto, es de explicar la naturaleza de esa “intencionalidad” o “negligencia”, una etapa de las “investigaciones” que siempre suele quedar trunca. Según el medio gráfico La Voz del Interior, bomberos y profesionales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego han señalado una notable mayor frecuencia de inicio de incendios en las localidades aledañas a la capital de la provincia y en las zonas del norte del departamento de Punilla. La necesidad de viviendas en la urbe de un lado, y la atracción que produce la belleza de los valles cordobeses, de otro, hacen de estas zonas, un botín muy codiciado para el capital inmobiliario, que se quiere arrojar a la construcción de edificios, casas, barrios privados y emprendimientos turísticos. Una lógica similar se observó en ocasión de los incendios en las islas del Delta del Paraná hace dos años atrás. En aquella ocasión, la población local señalaba a los grandes productores ganaderos que buscaban extender los campos de ganado y al capital inmobiliario, interesado en la construcción, nuevamente, de edificios y barrios privados en el Delta, lo cual no es más que una extensión del complejo que ya se encuentra instalado en la zona norte de la Capital Federal -Puerto Madero, Vicente López, San Isidro y Tigre. Los isleños de los pagos de Massa hace años vienen denunciando los incendios y otros intentos de desplazarlos. La vía judicial, en el caso del fuego rosarino, quedó definitivamente cerrada por el mismo Poder Judicial, cuando la investigación llegó a la conclusión de que entre los principales responsables intelectuales de los incendios se hallaban grandes empresarios como el dueño de la famosa bebida Cepita. Otro tanto podríamos decir de Bariloche, donde se juega el desplazamiento de las comunidades originarias en pos de la apropiación y privatización de tierras para el turismo. En estos casos, donde la mano que prendió el fuego tuvo claramente la intención de iniciar un incendio, fue dirigida por intereses capitalistas concentrados. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, se ha referido a la negligencia que surge de prender fuego “para calentar una pava” o para “hacer un asado”, refiriéndose al turismo que transita los montes y las sierras cordobesas. Pero el gobierno de Córdoba, el actual y los anteriores, hace mucho que se han orientado a transformar a la provincia en una zona de turismo. El turismo masivo, en una región de montes, en época de sequía, es en sí mismo, un factor de incidencia en el origen de los incendios, porque las personas transitan y permanecen en estas zonas, con todas sus costumbres incluidas (fumar o prender fuego para cocinar). Ni al gobernador, ni a su ministro, le produjo la misma indignación, que, en medio de los incendios en la zona del Cerro Champaquí, se autorizara a turistas a hacer trekking. Semejante negligencia de las agencias de turismo puso en peligro a 400 personas y al personal que debió rescatarla. En España, donde también son frecuentes los incendios, el turismo es uno de sus grandes responsables. Tanto la intencionalidad como la negligencia, tienen un contenido de clase, porque ambas se asientan en el uso que los grandes grupos capitalistas hacen de los ecosistemas naturales. La búsqueda de la responsabilidad por los desastres ígneos en las acciones individuales, aisladas de su contenido social, de clase, tiene el objetivo de evadir las responsabilidades de las diferentes fracciones del capital -del turismo, del agronegocio e inmobiliario- y ocultar la responsabilidad del Estado en sus diferentes estamentos. Una verdadera investigación debe aclarar el entramado de negociados y corruptelas que se encuentran en el fondo de estos incendios y llegar hasta los últimos responsables, intelectuales y políticos. LEER MÁS: Incendios en Córdoba: movilicémonos para exigir los recursos de combate al fuego Por Patricia Urones, 23/09/2024. Chaco: el desmonte involucra a todo el régimen político provincial y a Milei Todos en el mismo lodo. Por Brian Murphy y Patricia Urones, 19/07/2024. Chaco: la Legislatura da vía libre a los desmontes Por Lucas Giannetti y Patricia Urones, 07/05/2024.

El actual presidente del CONICET, Daniel Salamone, ha desarrollado durante los últimos meses una “gira” por los distintos Centros Científicos Tecnológicos y Unidades Ejecutoras (dependencias de centros e institutos de investigación) de todo el país. En una farsa en pos del “federalismo” y de conocer el “trabajo del personal”, no ha hecho más que pasearse defendiendo la línea privatizadora y de guerra del gobierno de Milei con el organismo, sin responder a ninguna de las demandas de los trabajadores. En distintos centros e institutos los trabajadores hicieron sentir su rechazo a Salamone mediante distintos tipos de organización de reclamos y manifestaciones, en general autoconvocados. En el CENPAT, ubicado en Puerto Madryn, los científicos, becarios, personal técnico y administrativo recibieron al presidente con un ruidoso escrache y corte de calle que tuvo a Salamone retenido durante varios minutos. “En el CENPAT se lo espera con un extenso petitorio de reclamos, que incluyen el enorme retraso en el poder adquisitivo de sus profesionales, la suspensión de ingresos a carrera del investigador a colegas que ya han sorteado exitosamente todo el ciclo de evaluación, la detención de programas estratégicos destinados a equipamiento e infraestructura, el ataque a cualquier línea de investigación y transferencia en materia de género y diversidades, o a temáticas centrales como el Cambio Climático, el despido injustificado de personal contratado bajo el pretexto de supuestas evaluaciones que nunca vieron la luz, la merma en fondos para el normal funcionamiento de nuestros institutos y la clausura total de subsidios de la Agencia I+D+i y otras fuentes de financiamiento. Desde el envío del presupuesto al Congreso de la Nación, se suma a este listado la suspensión de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, reza el comunicado de los trabajadores. Al interior del organismo, al exponer estas demandas a Salamone en persona, no recibieron más que desvaríos y alocuciones ridículas del genetista es pos de defender la política de Milei y a Milei mismo. Salamone también fue interceptado en Mar del Plata y en Bariloche, sedes que concentran a un número importante de investigadores y líneas de investigación de inconmensurable importancia para el país. En Catamarca, tuvo lugar la farsa de un “acto de bienvenida” cuando no había investigadores a los que saludar, puesto que todos mantienen sus altas en espera. Allí también los trabajadores increparon a Salamone mostrando con preocupación la caída del número de personal y la condición edilicia de los institutos. Estas manifestaciones se dan en un contexto de conocido ataque al organismo, donde los trabajadores no tienen más que razones para luchar. Se suma ahora, el presupuesto nacional con el que este gobierno pretende consolidar un ajuste del 40% al CONICET en dos años ( https://grupo-epc.com/informes/analisis-proyecto-de-presupuesto-2025/ ), en el marco de un ataque general al sistema científico y a la educación pública. Entre los trabajadores se expresa y es caldeado el rechazo a Milei, a Salamone y a su política. Es necesario dar una expresión general y organizada a estas acciones, mediante la continuidad de las autoconvocatorias, las asambleas en los lugares de trabajo y promoviendo la confluencia masiva en la marcha federal educativa del próximo 2 de octubre. LEER MÁS: La destrucción de la ciencia avanza: se confirma la parálisis de su financiamiento Por Agustina Martelli, 26/08/2024.

Una situación inusitada sobrevino a la aprobación de la reforma de la Caja de Jubilaciones, votada irregularmente en la Legislatura santafesina, de apuro, mientras se desataba una feroz represión contra docentes y trabajadores provinciales. La presidenta de la Cámara, Clara García, apuró el trámite al advertir que cedían las puertas del palacio legislativo y era inminente la irrupción de los manifestantes. Por esta razón, no es un tema cerrado. Por el contrario, se ha transformado en el punto de inflexión de una crisis que escala con el correr de los días. Los diputados opositores denunciaron en su momento que la votación era improcedente y no se ajustaba al marco normativo, ya que no se había dado debate, ni habían podido tomar la palabra. Además, fueron fraguados los votos negativos como abstenciones. Por esta razón, la derechista Amalia Granata y otros diputados presentaron una demanda en Tribunales para que se declare nula la aprobación, dadas las graves violaciones al reglamento, acompañado del pedido de una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la ley hasta tanto se resuelva el planteo judicial de fondo. La presentación fue acompañada por una manifestación espontánea y estruendosa de aclamación de los trabajadores judiciales, desde los balcones y pasillos, expresión del repudio y la bronca contra la reforma previsional que recorre el conjunto de las reparticiones públicas. Otro interbloque legislativo del PJ, por su parte, reclama a la presidenta de la Cámara que presente el acta de la sesión y la versión taquigráfica, ya que esos documentos -cruciales debido a la cuestionada sesión- tampoco aparecieron. Por todos lados se demuestra el proceso parlamentario “viciado “que anticipa una escalada de nuevas acciones judiciales para invalidar la aprobación trucha. Imitando el siniestro “asadito” que organizó Milei para celebrar el voto contra los jubilados, Pullaro reunió a sus secuaces, los diputados socialistas, a quienes les agradeció con un agasajo la subordinación y el apoyo del PS, que ha tenido un papel determinante garantizar la sanción de la reforma jubilatoria. La escandalosa represión desatada contra los docentes y trabajadores estatales que se manifestaban contra la reforma, ha tomado trascendencia nacional, golpeando la campaña de instalación mediática en la que el gobierno de Pullaro despilfarra millones en pauta y encuestas pagas, para apuntalar su imagen. Mostrando la verdadera cara de su gobierno, la saña con la que ataca y ajusta a los trabajadores, mientras que dispensa beneficios extraordinarios a sus patrones, los pulpos agroexportadores por los que intercede, además, reclamando la baja de retenciones. Otra provocación contra los trabajadores ha sido montada por el Partido Socialista (PS). El diputado Rubén Galassi presentó un nuevo proyecto para entregarle una distinción a los policías que actuaron en la represión del pasado 12 de septiembre. La conducción provincial de Amsafe no se ha quedado atrás, y en un comunicado que busca encubrir su rol y responsabilidad en permitir la aprobación de la reforma, también acusa de violentos a los manifestantes. Los dirigentes gremiales no les perdonan a las bases haber dado la espalda al escenario y al acto de distracción que habían montado en la plaza para garantizar que la votación pase como un hecho consumado. La CD de Amsafe cierra filas nuevamente del lado de los ajustadores. Por eso, la crisis que se desarrolla por arriba en estos momentos, en las instancias judiciales, y el golpe que acusa el gobierno, está siendo desaprovechado por las direcciones de los gremios totalmente replegadas. En el caso de Amsafe, ya enfocados en la campaña para las elecciones gremiales del 2025. Pero la docencia, el 12 de septiembre pasado, dejó en claro su determinación para enfrentar los atropellos del gobierno. Es crucial desenvolver iniciativas de lucha desde las bases, con asambleas en lugares de trabajo, plenarios de delegados con mandato, autoconvocatorias para abrir el curso de lucha. La lucha es ahora. Es posible tirar abajo la reforma tambaleante y poner freno a los ajustes de Pullaro y el gobierno nacional. Tomemos el camino de la docencia de Entre Ríos, que reanuda su rebelión y ha resuelto la continuidad del plan de lucha, contra las maniobras de la conciliación obligatoria, rechazando el ajuste salarial y los atropellos de Frigerio, quien también está impulsando una reforma previsional. Preparemos desde abajo la huelga general de la educación, convirtamos las jornadas de paro y movilización educativas del 26 y del 2 de octubre próximos, en paro y movilización de toda la educación. Los trabajadores no hemos dicho aún nuestra palabra. LEER MÁS: Santa Fe: una avalancha docente se movilizó contra la reforma previsional de Pullaro Media sanción del Senado, vayamos a una lucha a fondo para que no pase en Diputados. Por Germán Lavini, 07/09/2024.

La derogación por decreto de artículos del Estatuto del Docente les sacó la careta a los “pedagogos” del gobierno porteño y mostró que la reforma de la enseñanza media es una reforma laboral retrógrada que puede dejar en la calle a la mitad de la planta docente, aniquilar el Estatuto y desmembrar el sistema educativo de la Ciudad. Más o menos lo que está haciendo Milei con los trabajadores del Estado. En muchas escuelas, estén o no en la lista de las “pilotos”, el avasallamiento del Estatuto creó gran inquietud. Está claro que la reforma del nivel medio se traducirá en despidos, una importante reducción salarial y la destrucción de los derechos laborales que rigen hasta ahora. Demagógicamente, la ministra Miguel había argumentado que la reforma favorecería la concentración horaria en las escuelas. Lo que no dijo es que el docente que quiera mantener su cargo estará obligado a trabajar un mínimo de 36 horas o más para no ser desplazado por quien acepte esas condiciones. Tampoco dijo que este chantaje es una quita salarial porque a partir de las 38 horas se cobran dos tercios menos. También es probable que se generen incompatibilidades entre los cargos de cada docente, que pueden verse obligados a renunciar a alguno por superposición horaria. También por las reubicaciones de otros compañeros que ocuparán cargos de interinos y suplentes. El gobierno pretende imponer estos auténticos “juegos del hambre” por fuera de toda legalidad estatutaria: se promueve la fragmentación institucional suspendiendo el sistema de evaluación y puntaje (COREAP) y el cargo docente pasa de la órbita del gobierno de la Ciudad al de la escuela donde se desempeñe. Las autoridades de cada institución, entonces, tendrán la potestad de decidir los nombramientos. Esa autonomía otorga un poder discrecional a los equipos directivos escolares que podrán decidir sobre la composición del plantel, sobre la “currícula institucional” y sobre acuerdos o contratos con terceros para que brinden los aprendizajes. El Estatuto “reformado” permite la titularización de 72 horas sin restricción de antigüedad (art. 18 y 19), lo que hasta ahora era un requisito, y aumenta la discrecionalidad para con los trabajadores que queden sin cargo, en disponibilidad (art. 22). Aunque diferentes sindicatos acogieron con beneplácito las modificaciones que habilitan las 72 hs. cátedra (48 horas reloj semanales en cinco días, sin contar los recreos), muchos docentes se preguntan como soportará semejante carga horaria. La modificación del art. 22 permite que el trabajador que queda en situación de disponibilidad porque su cargo fue ocupado por alguien que concentró más horas o porque no aceptó el traslado que le propusieron, curse su disponibilidad “en el establecimiento o en el lugar que indique la superioridad”. Es la sintonía fina del plan de cesantías. La modificación del Estatuto permite crear situaciones similares a las que están atravesando los estatales nacionales, a quienes reubican en destinos incumplibles, horarios enrevesados y tareas indeseables o inadecuadas, obligándolos de hecho a renunciar. Esta situación ya existe en las escuelas para adultos (CENS), donde el Ministerio cerró algunos cursos y fusionó otros, con el consiguiente pase a disponibilidad y el despido de profesores. Un trascendido afirma que cerrarán 154 cursos de los tres turnos. Esto significa la desaparición de la presencialidad en la educación de adultos y el despido del 30 al 40 % del plantel docente. Como se pretende en el nivel medio, los directivos de los CENS ya tienen la potestad de decidir que docente se queda en la institución en función de la carga horaria y quiénes deben trasladarse. Los titulares que no consigan cargo o no aceptan el que se les ofrece quedan en disponibilidad y tienen un año de plazo con goce de sueldo para reubicarse. Los interinos, cuatro meses. Los suplentes que no aceptan el traslado son lisa y llanamente despedidos. Qué pasa en las escuelas La burocracia de los sindicatos docentes de la CGT -UDA, AMET y los sellos de goma estilo SEDUCA- han dejado pasar este desastre negociando con el gobierno a espaldas de la docencia. La UTE-CTERA sabotea las asambleas y reuniones autoconvocadas tachando de “irresponsable manifestarse en contra, cuando el gobierno aún no ha dado los detalles”. Existe un creciente malestar entre sus afiliados que, obviamente, participan de esas asambleas. Tras dos semanas de intensa deliberación y autoconvocatorias, por lo menos 68 escuelas se han pronunciado en reuniones y asambleas contra la reforma de la escuela media. Los docentes realizaron a pulmón abrazos, semaforazos y reuniones por especialidad. El 18 hubo un paro de Ademys -de acatamiento dispar- con movilización a la Jefatura de Gobierno. Avancemos a asambleas por distrito y por área que preparen una gran asamblea de la docencia porteña. Construyamos una coordinación que condense todas las iniciativas de lucha y sea capaz de derrotar la ofensiva del gobierno. Ni una escuela piloto en CABA. Ni un despedido en la docencia Defendamos el Estatuto del Docente. Abajo los decretazos. ¡Abajo la reforma antieducativa de Macri-Miguel! LEER MÁS: Defendamos la enseñanza media Más de 50 escuelas ya rechazaron la reforma educativa del gobierno porteño. Por Tendencia Docente Clasista (CABA), 16/09/2024. Ciudad de Buenos Aires: una reforma que quiebra la escuela media Por Alejandro Barton, 29/08/2024.

A diez días de que se viera en cadena nacional como la política le tiraba gas lacrimógeno a una niña que se manifestaba con su mamá en la Plaza de los dos Congresos y de que en entrevistas la niña dijera que había ido al Congreso porque su mamá no tenía plata para comprar comida, Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares del Ministerio de Capital Humano, viajó como jefe de la delegación nacional a presentar explicaciones sobre las infancias argentinas ante la Organización de Naciones Unidas. La ONU había advertido sobre el crecimiento en la pobreza y la indigencia infantil en Argentina, el cierre de organismos estatales que se encargaban de derechos de los menores y el desfinanciamiento de las políticas públicas preexistentes -que ya eran insuficientes. En Argentina, siete de cada 10 niños, niñas y adolescentes, se encuentran por debajo de la línea de pobreza; el 14% sufren pobreza extrema. Se estima que diez millones de niños han dejado de ingerir carne, verduras o leche. En su informe, la ONU cuestionó la reducción de las partidas presupuestarias en salud y educación, el cierre del Inadi, del Ministerio de la Mujer y el aumento de casos de pornografía infantil y abuso sexual intrafamiliar. Además, efectivamente, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas interpeló a los funcionarios argentinos respecto del maltrato policial a menores y la represión a niños en manifestaciones. Cuando el delegado del gobierno argentino manifestó “el compromiso de la Argentina del pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño”, los expertos de la ONU le contestaron que el cuadro de situación de la población infantil era “escandaloso” (La Nación, 20/9). Según el gobierno nacional, entre 2023 y 2024, la asignación familiar aumentó un 3% y abarca a 4,5 millones de niños. Sin embargo, en Buenos Aires, la línea de indigencia está marcada en 537 mil pesos para una familia que no tenga que pagar alquiler: la asignación universal por hijo fue, en agosto, de apenas 64 mil pesos. Mientras el comité de la ONU recomienda que Argentina aumente las asignaciones presupuestarias de las áreas destinadas a las infancias -incluida infraestructura- las cifras oficiales analizadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia demuestran que el recorte presupuestario en ese rubro alcanza el 18%, agravado por una acentuada subejecución en las partidas destinadas a alimentos. Respecto de los programas educativos, el recorte del presupuesto fue del 31 % y del 50 % en salud. Milei anunció, además, su intención de trasladar a los gobiernos provinciales y municipales los gastos en salud y educación. Crecimiento de la violencia hacia niñas y niños El informe de la ONU tiene un apartado donde señala el: “aumento exponencial de casos de niños en actuaciones y material pornográfico” y llama a prohibir y sancionar la compra venta de niños y niñas, inclusive en los casos de adopción. Según la ONU, el 67% de los casos de violencia sexual en Argentina son contra menores, sin contar, además, los abusos y violencias intrafamiliares. En ese sentido, los funcionarios de las Naciones Unidas pidieron explicaciones al gobierno por el cierre del Inadi, del Ministerio de la Mujer y el vaciamiento de la línea gratuita para denuncias y contención 144. Respecto de la violencia institucional el organismo internacional solicita al Estado Argentino que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad” –¿hay un uso proporcionado de la fuerza policial contra niños?. Según los datos recabados por la ONU, siete de cada 10 adolescentes le tienen miedo a la policía. Al igual que los informes elaborados por UNICEF, la Universidad Católica o los propios organismos de estadísticas del Estado, este informe deja al descubierto, durante 17 páginas, la grave situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes de la clase obrera. Los informes no son vinculantes ni buscan un cambio real por parte de los Estados, pero nos confrontan con la realidad. La respuesta a esta catástrofe social tiene que surgir de la organización de las y los trabajadores, poniéndolo fin al gobierno de Milei. LEER MÁS: Un millón de pibes se quedan sin cenar Acabemos con el crimen social del ajuste capitalista. Nota de tapa de Política Obrera N°102 edición impresa, 25/08/2024. “Los niños primero”... en los índices de pobreza Por Valentina Viglieca, 21/08/2024.

El 27 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales uruguayas. Junto a las elecciones presidenciales se votará por Si o No en un plebiscito impulsado por la central sindical PIT-CNT y organizaciones sociales y políticas en favor de los trabajadores activos y de los jubilados. Los puntos centrales del plebiscito son: restablecer la edad de jubilación a los 60 años, equiparar las jubilaciones al salario mínimo nacional y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), equivalentes a lo que fueron las AFJP argentinas. En los planes del gobierno de los candidatos patronales de la coalición actual de gobierno y del Frente Amplio hay, por el contrario, una agenda similar a la de Milei. Incluye un brutal recorte de los sueldos, eliminar conquistas jubilatorias adquiridas, elevar la edad jubilatoria y dar un nuevo impulso a la jubilación privada. La derecha uruguaya que promueve el NO sostiene los mismos argumentos que el gobierno de Milei: si se aprueba el aumento del gasto en jubilaciones habrá consecuencias trágicas inmediatas, que impedirán atender a niños y adolescentes, limitará los recursos disponibles para educación y salud, aumentará el déficit fiscal y la deuda pública; se perderán inversiones y, como consecuencia, se incrementará el pago de los intereses de la deuda; entraría en una crisis total del sistema de seguridad social con costos gigantescos. Los que promueven votar por el No, se alinean con las teorías de la “estabilidad de las reglas de juego”, con el objetivo de atraer capitales extranjeros favorecidos con exenciones tributarias, mientras se aplica un ajuste permanente contra los trabajadores para reducir el déficit fiscal. El gobierno de Lacalle Pou impulsa fuertemente las AFAP cuando estas están fracasando en todo el mundo, libera al Estado de responsabilidades en la seguridad social y condena a los trabajadores a sacrificar ingresos y años de vida. En cambio, las medidas que propone el plebiscito implican claramente una distribución de costos y beneficios más favorable a los trabajadores. En Uruguay también están los que quieren comer el asado de Milei. Al igual que en la Argentina, un sector de la oposición apoya la reforma previsional que plantea la derecha. Esa oposición, que anida nada menos que en el Frente Amplio, incluye a su candidato presidencial, Yamandú Orsi. La derecha del Frente Amplio considera que votar por el SI le puede implicar una pérdida de votos. Que gane el Frente y "después vemos", es la línea general que se impone en la dirección del Frente Amplio. Un sector mayoritario de la población, que votará a la coalición de gobierno, pero especialmente al Frente Amplio, se está inclinado a votar por el Sí, La presentación de 430.000 firmas y los resultados de las encuestas indican un elevado porcentaje de simpatía y tendencia a votar por el SI. En una época en que sobran los grandes virajes electorales, Uruguay aporta lo suyo: los votantes del SI votarán a los partidos del NO. La crisis de dirección de las masas no podría ser más evidente. Los bancos y las cámaras empresariales están preocupados por este plebiscito. LEER MÁS: Uruguay: un plebiscito electoral que marca el abismo entre los trabajadores y el capital financiero Por Jacyn, 24/09/2024. Uruguay: la fórmula del Frente Amplio, contra el plebiscito y a favor de la jubilación privada Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 06/09/2024. Uruguay: una elección “irrelevante”… y un plebiscito que molesta Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 25/07/2024.

El domingo 15 pasado, a las nueve de la noche, la curva positiva de Milei registró un imprevisto giro hacia abajo. La audiencia de la hora estelar de la tele había procedido a boicotear sin aviso previo la cadena nacional que Milei había impuesto para anunciar la entrega al Congreso del proyecto de Presupuesto 2025 . Tampoco se vieron multitudes liberticidas en las inmediaciones del edificio, que puertas adentro lució medianamente vacío. El discurso autocelebratorio y encubridor confirmó la previsión de los boicotistas de que había que cambiar la agenda nocturna. A la noche siguiente, el admirador de Netanyahu y de Trump duplicó, sin embargo, la apuesta en la residencia presidencial de Olivos, donde reunió a los legisladores que evitaron que prosperara el rechazo al veto de la ley jubilatoria . A 20 mil pesos el cubierto los diputados y senadores presentes pudieron pagar la cena con lo que llevaban puesto en la billetera del hombre y la cartera de la mujer. La provocación del asado fue suficiente para que incluso las encuestas de opinión comenzaran a advertir, o sea tardíamente, el fastidio y la oposición creciente al gobierno de milicianos del capital financiero. Bergoglio no demoró en subirse a esta onda de rechazo popular, advirtiendo que una cápsula de gas pimienta es más cara que varios tramos de las jubilaciones más bajas . La reacción oportunista de Bergoglio, ostensiblemente tardía, es un intento de autodefensa para que el pueblo no vaya a buscar una respuesta a esta crisis fuera del ámbito de los partidos patronales tradicionales, o de los arribistas que se mueven en los márgenes de ellos, como es el caso de Juan Grabois. Las razones para esta caída de Milei en los sondeos no son difíciles de identificar: la mitad de la población sobrevive debajo de los niveles de pobreza; la crisis industrial es colosal; el sistema paritario de convenios está en crisis; los ajustes han desatado la rebelión, ahogada por sus direcciones, de los docentes, los sectores universitarios y de una ola de gente que salta los molinetes de trenes y subtes. En esta secuencia, las huelgas parciales de los sindicatos aeronáuticos han abierto un escenario de crisis mayor, porque el intento de aprovechar el conflicto para privatizar Aerolíneas Argentinas podría desembocar en un impasse mayúsculo ante la ausencia de compradores de gran porte en el negocio aerocomercial. Como Menem, Thatcher o Reagan, Milei y Caputo desearían convertir este conflicto en un caso testigo, para golpear el conjunto de la clase obrera. La CGT está dispuesta a acompañar este objetivo si obtiene a cambio garantías para sus privilegios y una participación en las privatizaciones. El secretario general del sindicato de los técnicos aeronáuticos, otrora kirchnerista y moyanista y ahora morenista, Roberto Cirielli, acaba de anunciar a Clarín su total disposición a carnerear a los sindicatos de pilotos y de aeronavegantes. En este contexto, no se debe dejar de lado el retiro de la multinacional petrolera, la malaya Petronas, del negocio de la exportación de gas licuado, que para Milei y los directores de YPF debería convertir a Argentina en una potencia mundial a partir de la próxima década. Entre el cepo, de un lado, y la volatililidad del petróleo y el gas a nivel internacional, las razones de Petronas son de peso. El equilibrio inestable que ha caracterizado a la etapa iniciada por el gobierno actual, se ha intensificado. Más allá del crecimiento del descontento popular, también crece la desconfianza de los sectores dominantes en la capacidad de la tanda Milei-Caputo para evitar un desplome financiero –la última viga que sostiene el ajuste. Es lo que demuestran los acontecimientos de las últimas horas. Un decreto acaba de darle a Caputo un cheque en blanco para pagar la deuda externa con nuevos títulos de deuda, que en las condiciones presentes implicaría aceptar una tasa de interés abusiva, de default, del orden del 15/17 por ciento. El proyecto de Presupuesto, por su lado, prevé contratar deuda por 5 mil millones de dólares, apenas la mitad de los intereses que vencen en 2025, de alrededor de 10 mil millones. El decreto lo autoriza a canjear deuda vencida por deuda nueva sin la obligación de disminuir el costo de la nueva deuda respecto a la actual, como menor tasa de interés, plazos más largos o quita de capital. La conclusión es que el gobierno ya no espera que los dólares del blanqueo de capitales alcance para pagar la deuda ni que se obtengan o alcancen indeterminados préstamos que se negocian en el exterior con la garantía del oro. En realidad, Caputo está rifando los dólares del Banco Central para acercar la cotización de los dólares paralelos al dólar oficial, en el llamado combate a la inflación. En julio pasado ya se había desatado una corrida cambiaria, como las que caracterizaron las gestiones de Guzmán y Massa, que fue detenida, al igual que lo hicieron estos, por medio de la venta de reservas del Banco Central. La respuesta del mercado a la salida del decreto fue un derrumbe de las principales acciones de empresas argentinas y una caída de los títulos públicos en dólares, que podría ahondarse en los días sucesivos. Los manotazos del gobierno para pagar la deuda externa, sin recurrir por ahora a una devaluación, son políticamente más disolventes que el disparo de gas pimienta a los ojos de una niña, ni que decir que los dichos de Bergoglio. El gobierno rechaza la alternativa de una devaluación, como lo reclama el FMI o la ‘recomienda’ Cavallo, no solamente porque desataría una nueva ola de aumento de precios. Es que una devaluación pulverizaría el valor del mentiroso superávit fiscal, que ya no alcanzaría para comprar los dólares para pagar la deuda externa. El gobierno necesita un dólar artificialmente devaluado para usar al máximo la caja en el efectivo del Banco Central, aumentando la deuda bruta del banco. El decreto que autoriza a Caputo a canjear deuda a precios usurarios es una evidencia de que el blanqueo de capitales no alcanza para ese propósito, y que el ministro ha fracasado en obtener un préstamo fuera de libreto con garantía del oro que trasladó al exterior del país. Los vencimientos de deuda, renegociada en 2020, y sus intereses, que habría que pagar el año próximo se estiman entre 20 y 25 mil millones de dólares. “Los vencimientos son seis veces más altos para la deuda en pesos que para la deuda en dólares (67.711 millones vs 9.2 mil millones), dice Cavallo, que seguirá así gracias al cepo” (LPO, 22/9), quien agrega que “Los ajustes por el gasto son débiles y no parecen realistas”. Pero el cepo no es una barrera decisiva; Milei acaba de decir en Nueva York que lo levantaría sólo cuando se achique la brecha entre la base monetaria corriente, de 23 billones de pesos, y la base monetaria ampliada, de 47.7 billones. Se trata de una diferencia de 25 billones de pesos, que tienen que ver con títulos del Tesoro de los bancos que se encuentran depositados en el Banco Central y Letras de Capitalización, cuyos intereses sólo se pagan al vencimiento del bono, por lo que el gobierno no registra esta emisión de cuasimoneda ni la computa como gasto del Tesoro que suma al déficit. Es lo que hemos venido denunciando y clarificando desde el 10 de diciembre del año pasado. Es un cuasidinero suficiente para desatar un derrumbe de la deuda interna, arrastrar al conjunto de la deuda en pesos y desatar una corrida cambiaria. “Hay una gran dependencia del cepo”, dice una economista, que advierte el peligro de una potencial corrida cambiaria y denuncia el efecto paralizante del cepo para la economía capitalista. Señala también que el saldo comercial elevado que tendrá Argentina el año próximo, debido a las bajas importaciones que provoca la recesión, “puede no impactar en reservas”, por los giros de servicios, intereses y utilidades de las compañías privadas. Pero ese saldo positivo sí incrementa la emisión monetaria, que no encuentra canal en la inversión. De modo que el pronóstico que figura en el proyecto de Presupuesto -un 18% anual- carece de toda consistencia. La afirmación de Milei de que con una inflación mensual del 2%, similar al índice de devaluación del peso, permitiría establecer un régimen cambiario libre, carece de lógica, porque tanto el tipo de cambio como los precios seguirían recíprocamente intervenidos. La intensificación del equilibrio inestable que se ha manifestado en distintas expresiones de repudio popular y en acciones de fuerza de sindicatos, organismos universitarios y organizaciones autoconvocadas, se ve reforzada por arriba en la incertidumbre creciente en el plano financiero, con reflejo en la disputas parlamentarias y judiciales, y en una fenomenal disgregación de los partidos políticos sin dirección política definida. No tiene lugar una delimitación de campos para las elecciones parlamentarias de octubre 2025. Es un escenario fértil para la agitación política socialista y para la atracción de nuevas fuerzas militantes. Las masas se toman su propio tiempo para hacer un reconocimiento de las fuerzas políticas que le pueden ofrecer un eje para una movilización poderosa, pero ese tiempo debe acelerarse como consecuencia de un fuerte activismo obrero y socialista.

En las elecciones presidenciales del 27 de octubre, en Uruguay, se votarán, además, dos plebiscitos de rango constitucional. Por un lado, se someterá al electorado la autorización a la policía para realizar allanamientos nocturnos, cuya prohibición está inscripta en la Constitución uruguaya. En este caso, la iniciativa pertenece al oficialismo “multicolor” – la coalición de los partidos Nacional y Colorado, tradicionales de la burguesía uruguaya. La excusa es el combate contra la venta de drogas al menudeo, luego de haber asegurado, bajo la presidencia de José Mujica, que la venta pública legal de estupefacientes daría un golpe de muerte al narcotráfico y disminuiría el consumo. Más tarde, la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley ómnibus aprobada en el Parlamento por la coalición multicolor, flexibilizó los controles financieros y la trazabilidad de las transacciones monetarias, permitiendo hacer pagos en efectivo por hasta 150.000 dólares aproximadamente. Esto fue advertido por expertos antilavado, como un factor de atracción para capitales de origen sospechoso. En 2019 también fue planteada una reforma constitucional para crear una guardia nacional de corte militarista, penas de cadena perpetua, y además los allanamientos nocturnos, entre otras medidas de corte represivo, pero fue rechazado. Sin embargo, Uruguay se ha convertido en el país con mayor tasa de personas encarceladas de todo el continente sudamericano – 4 de cada 1.000 habitantes. El reforzamiento represivo tiene en perspectiva una mayor conflictividad social. De 2019 a esta parte, se ha producido un marcado deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores del país vecino. El otro plebiscito, que ha cobrado alto voltaje, se refiere a la derogación de la reforma previsional que aumentó la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Además, de imponerse el SÍ, también se plantea eliminar las administradoras de fondos de pensión, conocidas como AFAP, que se instalaron en 1996. Con la reforma de las jubilaciones, las AFAP aumentaron su incidencia, ya que se tornaron obligatorias para todas las categorías de trabajadores, desde la actividad privada y pública, sumando a las cajas paraestatales, profesionales y militares. Por último, la iniciativa prevé equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional, que ronda los 680 dólares. El plebiscito por las jubilaciones fue impulsado por la central obrera, el PIT-CNT, que en el curso de la campaña fue adoptando una actitud cada vez más derrotista. La burguesía desarrolla una campaña de terror contra la posibilidad de un triunfo del Sí. Esto incluye a la fórmula presidencial del Frente Amplio, que cuenta con chances serias de retornar a la presidencia del país. El candidato a presidente del FA, Yamandú Orsi, proviene de las filas de Tupamaros y es apoyado por el ex presidente José Mujica. Fue intendente del Departamento de Canelones, la segunda jurisdicción más poblada del Uruguay luego de Montevideo. Su candidata a vice, Carolina Cosse, fue intendenta de la ciudad capital. A la burocracia sindical le pesa que “su” fórmula se exhiba a favor de las administradoras de pensión. Por otro lado, un centenar de economistas ligados al FA lanzaron una carta pública donde advierten que el plebiscito que propone la PIT-CNT "tiene consecuencias injustas y genera efectos socialmente regresivos" y rechazan incorporar a la Constitución la equiparación de la jubilación y salario mínimo. "Es una promesa cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro y que generará impactos negativos" (El Observador, 29/8). En las filas del FA, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y algunas otras fuerzas menores, impulsan el voto por el Sí. Por fuera de la coalición centroizquierdista, solamente la fórmula que integran Gonzalo Martínez (Movimiento 26 de marzo) y Andrea Revuelta (Partido de los Trabajadores), por la alianza Unidad Popular-Frente de Trabajadores, llama a votar por el Sí. Aunque se trate de partidos minoritarios en la clase obrera uruguaya, empalman con un principio de movilización política de los trabajadores orientales. El plebiscito se ha convertido en un parteaguas político y social. El JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, alerta por el impacto que tendrá el plebiscito del PIT-CNT “incluso si se rechaza” (Ámbito, 16/9). “En un informe sobre el escenario electoral en el país, JP Morgan calificó a la iniciativa promovida por la central sindical como el mayor riesgo por encima de un cambio de color en el gobierno”. Ocurre que las encuestas le asignan una alta intención de voto al Sí -entre 48 y 53 %- con un porcentaje muy significativo aún de indecisos – alrededor del 25 %, según los sondeos. Las AFAP administran unos 23 mil millones de dólares que financian obras y préstamos. LEER MÁS: Uruguay: puede ganar un plebiscito que reclama reducción de la edad jubilatoria, jubilación mínima igual al salario mínimo y fin de las AFJP Por Juan Ferro, 24/09/2024. Uruguay: la fórmula del Frente Amplio, contra el plebiscito y a favor de la jubilación privada Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 06/09/2024. Uruguay: una elección “irrelevante”… y un plebiscito que molesta Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 25/07/2024.

Todo indica que Israel avanza hacia una guerra abierta que le permita ocupar el sur de El Líbano. El objetivo, dicen, es restablecer una “franja de seguridad” en la frontera norte del país, zona que más de 60.000 israelíes debieron abandonar a partir de octubre del año pasado cuando Hezbollah comenzó a enviarles algunos misiles como recordatorio de que los palestinos no estaban solos. En su discurso en Washington, sin embargo, Benjamín Netanhayu se había descripto como una avanzada hacia una meta más ambiciosa: Teherán. Muchos de los “refugiados” israelíes, que hace un año viven en hoteles o con parientes, diseminados por el resto de Israel, sin embargo, se han pronunciado contra una extensión de la guerra hacia El Líbano en la comprensión de que una invasión de destino incierto hará aún más lejano el regreso a su casa (Haaretz 24/9). La ola inédita de bombardeos en el sur de El Líbano y otras partes del país que no cesan desde el viernes pasado tienen el sello de la masacre de población civil que caracteriza al régimen sionista: han dejado más de 560 muertos y 1.830 heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés. El lunes fue el día más mortífero para el país desde su guerra civil de 15 años, que terminó en 1990. El Líbano es un país pequeño, de 10.000 km2, donde viven solo 6 millones de personas. La matanza llega tras una semana frenética de ataques israelíes a través del estallido de beepers, walkie Talkies y paneles solares que dejaron decenas de muertos y unos 4.000 heridos en un acto de terrorismo de masas. Los medios occidentales describen a la milicia chiita “con sus redes interrumpidas, sus combatientes mutilados, sus líderes asesinados y su infraestructura militar bajo bombardeo constante, en la peor crisis en cuatro décadas” (BBC, 24/9). El martes el Ejército israelí también bombardeó el barrio de Dahiye de Beirut, bastión de Hezbollah, con el objetivo de asesinar a un alto dirigente de la milicia Ali Karaki, jefe del frente sur. Se trata del segundo bombardeo allí desde el viernes pasado, cuando los sionistas mataron a dos jefes de las fuerzas de élite Radwan, Ibrahim Aqil y Ahmed Wahbi. “Estamos atacando la infraestructura de combate que Hezbolá ha estado construyendo durante los últimos 20 años. Y preparándonos para las siguientes fases”, se gratificó el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi. La matanza iguala los días más sangrientos de la invasión de Gaza. Aunque el principal portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el enfoque actual estaba centrado en una campaña aérea, no terrestre, “si Israel se queda sin otras formas de presión militar, una invasión sería una de las pocas opciones militares que le quedarían”, disculpa de antemano el New York Times (22/9). De hecho, Netanyahu mantiene a miles de militares listos ante una posible invasión terrestre. “Tenemos varias divisiones ofensivas, altamente entrenadas y altamente motivadas que están listas, dispuestas y capacitadas para llevar a cabo esa misión”, afirmó uno de los jefes en la zona (El País, 24/9). Las tres divisiones, que fueron retiradas de Gaza, suman 15.000 efectivos. Los israelíes instaron a la población civil a abandonar sus hogares “de inmediato”. “Si están ubicados en un edificio que pueda ser usado por Hezbollah, salgan del pueblo y no vuelvan hasta recibir otro mensaje”, es el mensaje que han recibido 80.000 residentes en sus teléfonos, en árabe y hebrero desde un número libanés. La ruta de la costa libanesa colapsó con la huida de miles de familias. El gobierno abrió las escuelas para afrontar el “gran desplazamiento” de personas que se prevé. “Estamos esperando el pirateo de plataformas y canales, como parte de la guerra psicológica”, ha declarado en una conferencia de prensa el ministro libanés de Comunicaciones, Ziad Makary. Las leyes internacionales prohíben expresamente este tipo de movilizaciones forzosas, aunque su finalidad sea atacar lugares en los que se encuentran milicianos armados. En un mensaje grabado, Netanhayu aclaró “a los libaneses” que la guerra no es contra ellos y que después podrán “regresar sanos y salvos a casa”. Es la misma estrategia que Israel ha empleado con la población de Gaza, en muchos casos para bombardear después las caravanas de desesperados. En Gaza se cuentan 41.467 los muertos, la mayoría mujeres y niños, y bajo los escombros yacen por lo menos otros 10.000. The Lancet señala que la cifra ascendería a por los menos a 150.000 muertos . Netanyahu ha admitido que se avecinan “días complejos”, en un mensaje grabado tras reunirse en la sede militar de Tel Aviv con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y con Halevi. “Prometí que cambiaríamos el equilibrio de poder en el norte [de Israel] y es exactamente lo que estamos haciendo”, dijo. Gallant afirmó que los ataques continuarán "hasta que logremos nuestros objetivos: devolver a los residentes del norte de Israel sanos y salvos a sus hogares". Algunos expertos sugirieron que los recientes ataques habían debilitado en gran medida a Hezbollah. “No tienen opciones”, afirmó Hilal Khashan, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Americana de Beirut. “Israel ha inutilizado a Hezbollah”. Sin embargo, otros no comparten tanto optimismo. “El conflicto podría convertirse en una situación sin salida, como la guerra de Gaza. Es un poco como decirle a Estados Unidos en 1980: 'Volvamos a Vietnam'”, dijo Daniel Byman, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington y ex funcionario del gobierno estadounidense. “No va a ser un paseo por el parque» si hay una guerra a gran escala, coincidió Assaf Orion, un general de brigada retirado del ejército israelí. (WTJ, 24/9). Israel se enfrenta a desventajas estratégicas. Hezbollah “no trataría de ganar una guerra contra Israel en un sentido convencional. Su objetivo sería más bien atrapar a las fuerzas israelíes en una guerra de desgaste, del mismo modo que Hamás, un grupo más pequeño y menos armado, ha logrado sobrevivir a los 11 meses de asalto israelí a Gaza”. En los últimos meses, Hezbollah habría acelerado sus preparativos bélicos, ampliando su arsenal y la red de túneles en el sur del Líbano, reubicando combatientes. «El sur es como una colmena en este momento», dijo un ex oficial de Hezbollah. A pesar del golpe que el propio Hassan Nasrallah admitió que es muy importante, Hezbollah no solo no ha cesado de enviar misiles, sino que amplió el radio de llegada. Y son los suficientes como para que las alarmas sueneconstantemente en todo el norte de Israel. Al punto que Gallant haya pedido a los israelíes que “muestren compostura, disciplina y obediencia total a las directivas del Comando de Defensa Civil” (BBC, 24/9). LEER MÁS: Terrorismo sionista en El Líbano: Israel ingresa “en una nueva fase de la guerra” Por Olga Cristóbal, 20/09/2024. Una sofisticada operación terrorista de Israel Como en Gaza, asesinatos indiscriminados para “luchar contra el terrorismo“. Por Silvina Yoga, 18/09/2024. Ola de atentados en El Líbano: el sionismo es un régimen de asesinato de masas Por Olga Cristóbal, 18/09/2024.

Javier Milei subió al podio de la Asamblea de las Naciones Unidas para acompañar una situación internacional catastrófica con un discurso catastrofista. Expuso una variante de los diversos discursos fascistas que tienen circulación a nivel internacional. Anunció un ”fin de ciclo”, la necesidad de acabar con la existencia de organizaciones supranacionales, como la ONU misma, y propuso una cruzada internacional para imponer la agenda de ‘la libertad’ contra el socialismo y el colectivismo. La oportunidad política del planteo es cuando se desarrolla una guerra mundial en Europa y Medio Oriente, que demuestra, precisamente, que la función mediadora de las Naciones Unidos se encuentra completamente agotada, si es que alguna vez tuvo vigencia. El argentino convocó sencillamente a la victoria de la OTAN en Ucrania y del sionismo en Palestina. Celebró a esa misma ONU en sus primeros setenta años, que calificó como un período de crecimiento económico y paz mundial, cuando las poltronas del Consejo de Seguridad eran ocupadas, además de los miembros de la OTAN por el stalinismo ruso y el maoísmo chino, y se desarrollaron centenares de guerras imperialistas. En un caso de ignorancia colosal, que los asistentes a la asamblea no tenían condiciones de advertir, proclamó el fin del neutralismo histórico de Argentina. Ningún asesor le dijo que ese neutralismo histórico fue un invento de la misma oligarquía que él reivindica, para oponerse a la doctrina Monroe, que proclamaba la hegemonía norteamericana en América Latina, en defensa de la dependencia de Argentina de Gran Bretaña. La neutralidad oligárquica fue mantenida rigurosamente hasta la llegada de la Libertadora y las sucesivas dictaduras militares, que ataron a Argentina al imperialismo yanqui y al Pentágono, y luego por Menem, que convirtió al país en miembro extra OTAN. Milei escupe contra sus próceres preferidos (Alberdi, Avellaneda, Roca) y pretende ir más lejos que los Onganía, Videla y Menem, pero por de pronto se ha cuidado de no cancelar los swaps con China, porque de hacerlo se hubiera echado encima a los sojeros y hubiera debido declarar el default. La abolición del neutralismo histórico significa que Milei pretende convertir a Argentina en una rueda auxiliar de la maquinaria económica y militar del imperialismo. En conformidad con el credo ‘liberticida’ Milei condenó, sin mencionarlos por su nombre, a “los organismos de crédito internacionales”, mientras atesora los préstamos para obras públicas que otorgaron el BID y del Banco Mundial, para usarlos en el año electoral (Burgueño en Perfil). Caputo, a su turno, mendiga desesperado una ampliación de la deuda con el FMI. Cuando decanten las aguas de la Asamblea, todo el mundo se dará cuenta que el ‘liberticida’ argentino es un farsante. Un aspecto absolutamente central del discurso de Milei es la defensa que hizo de la política de puertas abiertas y de contagio espontáneo con el Covid, para que la pandemia no afecte la libertad económica y social del capital contra la vida de los trabajadores. El estallido de una pandemia para la cual el capitalismo no preparó la atención de salud ni la pronta capacidad de producción de vacunas, a pesar de las advertencias, o precisamente por eso, para explotar económicamente el flagelo, provocó un derrumbe financiero del nivel de la crisis de 2007/8, que atemorizó a todos los círculos capitalistas. En el podio de la ONU Milei advirtió que las próximas pandemias que provocará inevitablemente la crisis climática, deben ser abordadas desde la defensa de lo que llama “la propiedad privada” y no de la vida. De ahí su fanática oposición a todo lo relativo a una agenda pública para atenuar la destrucción del clima, y para encararla desde el punto de vista del capital, no desde la vida de los seres humanos y la bíodiversidad. Esta cuestión expone la otra: la ‘libertad’ que proclama Milei es la del capital sobre el trabajo, de las elites sobre las masas, del explotador contra el explotado. Este régimen social reproduce al individuo conforme a esa dominación, lo priva de su albedrío y lo somete al del capital. Milei, en la ONU, sostuvo lo contrario, mientras destruye jubilaciones y salarios y valoriza las acciones de las compañías y a los titulares de bonos de deuda extranjera. El capitalismo es el sistema más perfeccionado de “ingeniería del individuo’, porque oculta ese mecanismo en relaciones de mercado interdependientes, con el poder supletorio del Estado, de la represión estatal y del monopolio estatal de la violencia. El socialismo es la abolición de esta sujeción alienada a poderes ajenos a cada individuo. La libertad de cada uno, concluyó Carlos Marx, es la medida de la libertad de todos. Hablamos de socialismo, no de “la comunidad organizada”, un planteo fascista. Como este periódico previó hace menos de tres días, Milei iba a la ONU a defender las guerras de la OTAN y las masacres del sionismo, y a ordenar al conjunto de la sociedad argentina detrás de la guerra mundial que propicia la OTAN.

La empresa de gimnasios Megatlon anunció el miércoles que dará una clase de gimnasia, acompañada de sorteos y música en vivo para celebrar la primavera este 21 de septiembre nada más ni anda menos que a bordo del buque Rompehielos Almirante Irízar (RHAI), el único rompehielos que tiene la Argentina y barco de mayor complejidad que tiene la Armada nacional. El RHAI es un buque estratégico para el desarrollo de las campañas antárticas, ya que es el único capaz de abastecer las bases situadas en las latitudes más australes, como la Base Belgrano II. Además, es el único que puede llevar a cabo operaciones logísticas complejas y realizar repliegues con los helicópteros Sea King a bordo. Estas capacidades lo convierten en un verdadero baluarte nacional utilizado también para investigaciones científicas, operaciones de búsqueda y rescate e incluso como apoyo sanitario durante el conflicto de Malvinas. A requerimiento de senadores K que reclamaron explicaciones, desde el Ministerio de Defensa respondieron que la actividad se realiza en el marco del convenio firmado a principios de 2023 -todavía bajo el gobierno de los Fernández- y con vigencia por 5 años, para que Megatlon abastezca al menos seis de las trece bases antárticas (Carlini, Esperanza, Marambio, Belgrano II y Petrel). A cambio, la empresa recibe la posibilidad de realizar propaganda pública de impacto sobre su compromiso con “el ejercicio y el bienestar”. El CEO y fundador de Megatlon, Fernando Storchi, ha celebrado este convenio aclarando que “se venía discutiendo desde 2022 con el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) y se habría alcanzado en 2023”. Según Storchi, el acuerdo contempla la creación de siete gimnasios en cada una de las bases y la formación de entrenadores de Megatlon dentro de cada dotación invernante. En un video promocional realizado por COCOANTAR en la base Esperanza para la empresa, se llega a señalar que el gimnasio pertenece a Megatlon. Cabe destacar que no se ha creado ni construido ningún gimnasio, sino enviado solamente máquinas de entrenamiento, como bicicletas fijas de distintas generaciones, en su mayoría equipos usados y no nuevos, además de mancuernas, muchas de ellas obsoletas e inutilizables. Incluso, uno de los llamados "gimnasios creados" se instaló tras el desmantelamiento del único cine en territorio antártico, ubicado en la base Carlini, que contaba con equipamiento del INCAA a través de un acuerdo entre dicha institución y la Dirección Nacional del Antártico (DNA). Storchi menciona también que su compromiso con la actividad física en la Antártida nace de la preocupación del COCOANTAR de que sus dotaciones vuelven con entre 5 a 10 kilos en promedio de más con respecto al peso de partida. Por lo que se ha ventilado en la polémica entre Cancillería y el Ministerio de Defensa debido al traspaso de administración, respecto de las bases Carlini y Brown, las campañas cada vez están más desprovistas de alimentos de calidad, lo cual empobrece el estado de salud de los invernantes. Libertarios, macristas y nacionales y populares han llevado la actividad antártica argentina a una asfixia presupuestaria, reflejada en la falta de víveres, la decadencia de las instalaciones y la carencia de espacios de recreación y esparcimiento, como pueden ser los gimnasios y bibliotecas. El presupuesto del Programa Nacional Antártico ha pasado de aproximadamente 16 millones de dólares anuales en 2012 a solo 2,9 millones en 2024. En el marco de tensión de las relaciones internacionales, la posibilidad de fuertes sanciones a Rusia en Antártida en la puja por el petróleo encontrado, la construcción de una base naval militar de aguas profundas para submarinos nucleares en Malvinas por parte de la OTAN, el gobierno actual rifa a precio de remate la representación nacional de 120 años ininterrumpidos en el continente blanco. LEER MÁS: Milei calienta la política antártica Por Hermes Zitarrosa, 20/09/2024.

El desarrollo de la creciente lucha docente en la provincia después del receso invernal no se ha cerrado. El gobierno de Frigerio intentó poner en caja a la docencia a través de una fraudulenta conciliación obligatoria que contó con la anuencia de la directiva de AGMER, quien la acató sin consulta a las bases y en el marco de la cual dejó correr los descuentos por paro. Sin embargo, la semana pasada la docencia volvió a votar en las escuelas y rechazó de manera contundente una “nueva” oferta patronal, que es tan miserable como todas las anteriores. El congreso provincial de AGMER realizado luego de las asambleas definió un plan de lucha de dos semanas, con paros de 48 horas este miércoles y jueves y 72 horas más para la semana que viene, con una nueva marcha provincial. Luego de un impasse de un mes, producto de la conciliación, la rebelión docente de Entre Ríos sigue plenamente vigente. La mentada mesa de negociación entre el Gobierno y la directiva de AGMER resultó en un nuevo fracaso. Su objetivo era exclusivamente el de dilatar los tiempos e intentar aplacar el ánimo de la base docente, que sin embargo salió a las calles a repudiarla de inmediato, junto a las familias y los estudiantes . El Gobierno viene insistiendo con montos en negro y “propuestas” que dejan al salario inicial en la indigencia y a la mayoría del escalafón en la pobreza. Luego del rechazo de la docencia, Frigerio encabezó una conferencia de prensa en la que anunció que otorgará su “oferta” por decreto, consistente en dos tramos de 3,275 % para “compensar” la pérdida del primer semestre frente a la inflación; porcentajes mensuales hasta diciembre “igual al IPC del mes inmediato anterior”, pero con base de cálculo en junio; una cláusula de garantía a cobrar en enero por la diferencia con el IPC resultante del segundo semestre y un monto en negro para compensar FONID y conectividad. La prueba palmaria de que todo lo anterior es una miseria es el anuncio que presentó con pompas sobre una “cláusula de garantía” para que el salario inicial docente sea “al menos de un 10 %, siempre, sobre la canasta básica de consumos”. Se refiere a la línea de indigencia, es decir, pretende que un docente trabaje solamente para cubrir el costo de las calorías que necesita su familia para mantenerse con vida y nada más. Una canallada. La disposición a la lucha de la docencia y la crisis de la burocracia La contundencia en el rechazo que se expuso en la última votación de la base docente y la voluntad de ir nuevamente a la huelga está poniendo de relieve también la fragmentación de la conducción sindical. En un pasaje de la conferencia de prensa, Frigerio sacó los trapos al sol con la directiva provincial. Dijo que en la instancia de la paritaria conciliada, Pagani, el Secretario General, había dicho que la propuesta luego rechazada por la base era “muy buena”. Efectivamente, Pagani había declarado a la prensa (afpdigital 17/9) que la propuesta “era lo que estábamos planteando” y que por eso se ponía a consideración de las bases. El reclamo del gobernador alcanzó un punto insólito cuando anunció que, a partir de ahora, los encuentros paritarios serían abiertos a la prensa para que todo el mundo sepa lo que se discute y evitar este tipo de entre dichos. Las declaraciones del gobernador suscitaron un comunicado de la directiva provincial, que los rechazó, es decir, salió a desdecirse. Efectivamente, si la directiva colocó la propuesta a votación fue porque consideró que la podría hacer pasar. Pero la presión de las seccionales a los procesos de autoconvocatorias desarrollados, fundamentalmente en las localidades de la costa del río Uruguay, fue mayor y logró imponerse. En la votación anterior, todas las seccionales de los departamentos llevaron el rechazo al congreso. En esta última, sólo 4 de 17 departamentos llevaron el mandato de aceptar. Es decir, la voluntad de la directiva provincial no logró pasar. Esta incapacidad para alinear a las seccionales revela una crisis en desarrollo en la burocracia, que un sector que viene de la vieja conducción de la Rojo y Negro, otrora combativa, que se alineó a la histórica burocracia de Marcha Blanca (Celeste), intenta explotar para reposicionarse, sin éxito hasta el momento. Frigerio entona nuevas canciones, con partitura de Pullaro Desde comienzos de año se puso en marcha la mesa de la “región centro” que reúne a los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que también cuenta con su división educativa, integrada por sus ministros. La primera tarea que asumió esta mesa fue la encomendada por sus patrones del capital agrario, que pusieron a trabajar a los gobernadores para tirar abajo el aumento del 2 % en las retenciones a las exportaciones. Por supuesto que ni se les ocurre tocar a esa rama del capital para financiar la educación. Frigerio sigue al pie de la letra los consejos de Pullaro: en la conferencia de prensa anunció que implementará un sistema de declaraciones juradas para que los docentes informen sobre su adhesión al paro, con el objetivo de cargar los descuentos correspondientes, que anunció para quienes se adhieran a las medidas de fuerza. Es un intento desesperado por desarticular la huelga en marcha, pero se olvida de que esta extorsión fue la que llevó este año a la primera gran movilización de la docencia entrerriana. Frigerio pretende ir a fondo contra el salario mientras mide el pulso de la reacción docente para seguir el camino de la reforma jubilatoria que impuso de manera escandalosa su vecino provincial Pullaro . Son dos gobiernos alineados a la política de la motosierra nacional. Los docentes entrerrianos tenemos que vernos en el espejo de Santa Fe y sacar las conclusiones correspondientes, para desarrollar a fondo la huelga en marcha por el salario y evitar así un avance posterior contra nuestros derechos jubilatorios. Lo que se juega en esta huelga no es solamente un porcentaje salarial, se trata de evitar todos los ataques que sabemos que están en carpeta, esperando la oportunidad de su implementación.

Luego de denunciar a funcionarios del gobierno de los Fernández de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntos "otorgamientos truchos" de Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC), el gobierno de Milei intimó a los beneficiarios -vía carta documento- para que presenten toda la certificación actualizada (médicas, sociales, económicas, ANSES, etc.) bajo apercibimiento de la quita del beneficio de no ser presentada. El tiempo que tienen para esa presentación es harto escueto, ya que algunas recibieron la intimación muy pocos días antes de la citación. En otros casos, recibieron la C.D. con el plazo ya vencido. También, las intimaciones llegaron a los centros de salud donde alguna vez fueron asistidas en su cuadro de salud. Ante esto, las personas peregrinan por los centros de salud, con una gran angustia, en busca de profesionales que en tiempo récord puedan volver a realizar todas las evaluaciones y estudios necesarios que ratifiquen la necesidad y pertinencia del sostenimiento de la PNC. En los casos de salud mental, esta situación coloca a la personas al borde de nuevas descompensaciones psiquiátricas y, por ende, al filo de nuevas internaciones involuntarias, agudizando el colpaso del sistema sanitario. Según Clarin (24/9), el gobierno planea asignar PNC sólo a personas que cerifiquen una discapacidad total y absoluta. De esta manera, abandona y castiga a personas que, por cuestiones de salud, no tienen acceso a un trabajo aunque reúnan condiciones. El Gobierno incumple así con su responsabilidad de brindar protección a las personas con discapacidad, conforme lo establecen acuerdos internacionales que tienen jerarquia constitucional. Las Pensiones a Madres de 7 hijos, también en la mira El Ministerio de Capital Humano decidió endurecer los requisitos para el acceso o el mantenimiento de las PNC de madres con más de 7 hijos. Estableció incompatibilidades (con otras prestaciones) que colocan un rasero de 470.000 pesos mensuales, monto a todas luces insuficiente para un adecuado desarrollo integral de una familia numerosa. En julio, el instituto de estadísticas de la Ciudad estableció que una familia tipo necesitó, para no ser pobre, $929.845,19 mensuales. La PNC para madres de 7 hijos equivale al haber jubilatorio mínimo y se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes a la fecha de cobro. Por eso, en septiembre el básico ascendió a $ 234.540,23 junto a un bono de $ 70.000. Muy por debajo de la línea de pobreza. Esta avanzada contra las personas más vulnerabilizadas por el régimen capitalista tiene la pretención de dar una señal política de complacencia para con los grandes inversores y tenedores de deuda que reclaman, por un lado, avanzar con el ajuste como garantía de cobro de esas deudas y, por el otro, abrir una veta de negocios para los fondos de inversión (similar a las AFJP) montado sobre la base de la destrucción de las jubilaciones y pensiones, hoy convertidos en "subsidios" de subsistencia ruinosa a la vejez y la discapacidad. Así, el trabajador que pretenda mejorar sus futuros ingresos jubilatorios deberá destinar parte de su sueldo a colocaciones financieras administradas por estos mismos fondos de inversión. Misma intencionalidad política tiene el veto de Milei contra la movilidad jubilatoria que luego celebró con un asado en Olivos. ¿Cómo lo frenamos? Los y las jubiladas están dando una valiosísima lección de lucha. Sigamos el ejemplo. Llamamos a las y los pensionados y sus familias, a trabajadores de la salud y de organismos asistenciales del Estado, a movilizar con los jubilados al Congreso de la Nación, para frenar este y todos los atropellos. LEER MÁS: Milei le pasa la motosierra a las pensiones por discapacidad Por Leandro Granado y Silvia Allocati, 22/08/2024.

Como ocurrió en la primera reelección, el oficialismo renueva mandato hasta 2028 sin listas opositoras. La lista encabezada por Tapia (y Toviggino) incluye una gran presencia del peronismo, principalmente el sector ligado a Kicillof, también a Riquelme y Villarruel (vice de River) entre la lista de vicepresidentes. El acuerdo con el gobernador bonaerense contempla la maniobra de llevar la sede de AFA, ubicada ahora en CABA, al predio de Ezeiza, para obtener la protección legal del fuero judicial bonaerense en la disputa con el Gobierno por las sociedades anónimas deportivas. En paralelo, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, y Juan Sebastian Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, impulsan en forma pública y práctica la llegada de los inversionistas extranjeros a los clubes y las ligas locales. El Gobierno ingresa en esta etapa del conflicto por la aplicación de las SAD, sin haber podido agrupar un núcleo de dirigentes para presentar una oposición en las elecciones de la AFA. En cambio, Kicillof colocó gente cercana y de su gabinete en la lista de Chiqui Tapia; como ocurrió con las elecciones truncadas en Boca, la disputa nacional se traslada a estas cuasielecciones de la asociación nacional de fútbol. Es una alianza estratégica. El oficialismo de AFA le ofrecerá a Kicillof el apoyo de los presidentes afines al peronismo y éste a aquel, la protección clave de la Justicia provincial. La estrategia de mudar la sede legal de la asociación a territorio bonaerense deberá superar las apelaciones y resistencia del Gobierno al traspaso de los procesos judiciales abiertos; de todos modos pese a las cautelares, amparos o apelaciones, el Gobierno avanzó en la homologación de los lineamientos para el ingreso de inversionistas. El avance de las SAD Andres Fassi, presidente de Talleres de Cordoba y uno de los dueños del club Pachuca de México, ha salido a cruzar en una conferencia de prensa a la gestión actual, criticando la asignación de árbitros leales que condicionan partidos en función de los intereses de la dirigencia y la mala administración -o mal aprovechamiento- de los recursos económicos que genera el fútbol local. En las acusaciones de Fassi, dirigidas a Tapia pero formuladas entre lineas a sus pares de los otros clubes, dijo tener la llave para conseguir mejores contratos por la venta de los derechos de transmisión y se colocó como un representante “desinteresado” de estos capitales, como parte del grupo CVC Capital Partner, tenedor de porcentajes de derechos de transmisión de La Liga (España), Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia). También propuso una primera división elitista con la excusa del “fair play financiero”, de la cual solo puedan participar los clubes que no mantengan deudas entre sí o con clubes del exterior, algo que obligaría, en caso de aplicarse, a buscar capital externo para cubrir esos pasivos que mantienen gran parte de las instituciones. El dirigente cordobés desafía a Claudio Tapia a que convoque inmediatamente luego de la asamblea general a un congreso donde participen dirigentes, empresarios, periodistas y personalidades del fútbol, dejando al margen a los socios e hinchas. Luego de esto, se reunió con Javier Milei, Daniel Scioli, Claudio Toffoni y Juliana Santillan quienes están a la cabeza de convertir y privatizar los clubes. En Estudiantes, Verón anunció la llegada de una inversión multimillonaria de 120 millones de dólares de la mano del magnate norteamericano Foster Gillet, inversionista del deporte. Si bien aún no se aclaró cuál será la retribución que recibirá a cambio, Verón es un defensor del modelo mixto con socios y accionistas en las dirigencias. La reglamentación de las SAD fue el marco que permitió este acuerdo. La FIFA se posiciona en defensa propia La FIFA y la CONMEBOL se expidieron en contra de la intromisión del Gobierno en la AFA, alertando que esto podría afectar la aceptación y participación de las selecciones y clubes en los torneos internacionales oficiales, aunque está claro que de ninguna manera la AFA, marca argentina que más factura en el mundo, quedará afuera de ningún certamen por tecnicismos legales. Este respaldo a Tapia contra las SAD representa un episodio interesante, ya que Chiqui no es persona de gran peso en ninguna de estas instituciones como sí lo es Macri en la FIFA, con aspiraciones de suceder a Infantino en el próximo mandato. La máxima autoridad del fútbol internacional no rechaza los clubes con dueños ni las ligas que son propiedades de empresas, el respaldo anti SAD en Argentina es un posicionamiento en defensa de la autonomía política y económica de la propia FIFA y sus asociaciones continentales y nacionales para manejar el negocio del fútbol sin restricciones. La irrupción independiente de los hinchas es la única salida En esta disputa no está en discusión el restringido acceso a la cultura y espectáculos, ni la necesidad de correr a las burocracias y mafias de las dirigencias y tribunas. Los hinchas miramos como espectadores esta guerra por los millones que genera el deporte más popular del mundo. Una potencial reacción de los aficionados puede ser cooptada por el sector peronista anti SAD, como hizo Riquelme en el club de la Ribera en diciembre contra Macri-Ibarra, pero esto no dará ningún avance hacia la recuperación de las instituciones deportivas. El trabajo próximo es discutir la condición ultracapitalista y privatizadora de ambas facciones, poniendo en debate en qué contexto queremos disfrutar el fútbol, el acceso a los espectáculos y la cultura, la condición social de nuestros clubes y cómo luchamos para conseguirlo. LEER MÁS: Sociedades Anónimas Deportivas: el choque entre el gobierno y la AFA Por Juan Arrecegor, 19/07/2024.

Al cierre de esta edición, se están desarrollando las elecciones para los Consejos Directivos y el Consejo Superior en la Universidad Nacional de Misiones. Se desarrollarán en medio de un ajuste histórico a la educación actual y futuro, como ya lo promete el presupuesto 2025 presentado por Milei, en función de cumplir con los compromisos de la deuda pública. La Reforma (radicales), Convergencia Estudiantil (oficialistas del gobierno provincial) y Sinergia (liberticidas y kirchneristas) son las listas que se presentan al Consejo Superior. Sinergia está encabezada por miembros de la agrupación libertaria que ganó el Centro de Estudiantes en Ingeniería en 2023, acompañada por La Carlos Tereszecuk (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales), que representa a la juventud de la CTAA y al kirchnerismo local, con fuertes vínculos con el gobierno provincial. Una alianza ajustada a la nueva partitura que proponen Kicillof y Cristina Fernández. Junto con los radicales y los oficialistas del Gobierno integran un elenco estable de colaboradores de Milei; son el punto de apoyo para que el Gobierno despliegue toda su política reaccionaria. Listas antieducativas Estas agrupaciones, además, son las que le han otorgado facultades extraordinarias a la Rectora para que esta administre la miseria presupuestaria, dejando sin comedor a más de la mitad de las facultades. El cuadro se agrava si atendemos a la gigantesca deserción que ha producido el golpe económico que el Gobierno le ha dado a los trabajadores y sus bolsillos, haciendo imposible sostener los alquileres y las condiciones de estudio. Ante esto, las agrupaciones que se presentan en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales proponen la virtualización del cursado, como opción para quienes vuelven al interior de la provincia y seguir sus estudios desde sus hogares. Esta es una adaptación al ajuste, que produce desmoralización de los estudiantes. Además, hay que mencionar que los estudiantes no cuentan con el equipamiento ni con la conectividad necesaria para realizar un cursado virtual. Proponen un retroceso educativo y pedagógico al siglo XIX, la “formación en el hogar”, presentado como una “actualización” de los planes de estudio. No significa otra cosa que liquidación de las competencias y los alcances de los títulos, a la medida de las exigencias del empresariado. (Una reforma educativa brutal, vinculada a la crisis capitalista.) El ministro de Educación de la provincia de Misiones, Ramiro Aranda, ha hecho declaraciones en el mismo sentido diciendo que “hoy la educación tiene que estar relacionada al mundo laboral”, lo cual es una tautología pues la educación en el capitalismo es la forma de calificar para el trabajo. Pero en medio de la descomposición del modo de producción capitalista esto significa degradar la educación. La clase social que gobierna no tiene interés en financiar la formación de trabajadores a los que no puede incorporar al trabajo formal y los condena a la precarización, tanto educativa como en las condiciones de trabajo. Frente de Estudiantes en Lucha En la FHyCS hay varios profesorados, cuyos egresados se encuentran mayormente desocupados dada la política de extensión de la edad jubilatoria y los años necesarios de servicio, además de las jornadas laborales, que abarata la mano de obra para las privadas que cada vez son más. Por supuesto que desde estas agrupaciones no hay ninguna advertencia a los estudiantes acerca de esta situación y cómo enfrentarla. El silencio de estas agrupaciones ante la grave situación de la UNaM, ante el paro del 26 y la marcha del 2 de octubre, responde al apoyo irrestricto de las políticas privatistas en educación como se manifiesta en las presentaciones de listas y los frentes formados. En este cuadro, desde la Juventud de Política Obrera hemos conformado el Frente de Estudiantes en Lucha “Lista 17”, junto a Bandera Roja (Razón y Revolución) e independientes. Levantamos los reclamos más sentidos del claustro estudiantil y el reclamo por el aumento de salarios para los trabajadores universitarios. Así, agitamos las consignas por la triplicación del presupuesto universitario, por la eliminación de las restricciones a los comedores, por la restitución de las becas eliminadas, por la refacción integral de los albergues y el aumento general de todos los salarios y jubilaciones. Llamamos a votar esta lista en FHyCS y a votar en blanco en el Consejo Superior. Los estudiantes debemos transformar este proceso electoral en un pronunciamiento por la derrota del gobierno antieducativo, que tendrá en la segunda marcha educativa del 2 de octubre una instancia fundamental para imponer nuestras reivindicaciones. Por comedores gratuitos para todas las facultades; por becas universales que cubran la canasta básica; por la refacción de los albergues estudiantiles y los edificios donde cursamos; por la defensa de los planes de estudio; por el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, para abrir paso a los reclamos pendientes. Por una huelga general de todo el sistema educativo. LEER MÁS: Universidad de Misiones: la lucha rinde, vamos por la apertura total de los comedores Por Cristian Silva, 11/04/2024. Universidad Nacional de Misiones: al presupuesto de Milei, lo sostienen la rectora y las organizaciones afines Por Cristian Silva, 06/03/2024.

Los residentes de los hospitales nacionales realizaron un paro con acatamiento total y se movilizaron al Ministerio de Salud de la Nación. Ocurre que el gobierno liberticida lleva meses incumpliendo el acuerdo firmado en el mes julio , cuando tras semanas de paros y movilizaciones se comprometió a otorgar un aumento del 35 % del sueldo a través de un bono no remunerativo, que nunca apareció. El 23 de septiembre pasado, el Gobierno “festejó” el Día del Residente publicando en Boletín Oficial un aumento del 28 %, no del 35, para aquellos que dependen de los hospitales nacionales. Sin embargo, apenas cuatro horas más tarde una nueva resolución del ministro Mario Russo dio de baja la resolución anterior, aduciendo falta de presupuesto. El bochorno despertó la ira de los médicos y profesionales de la salud residentes, quienes vienen asumiendo el enorme desgaste y compromiso que implican sus tareas por salarios que apenas cubren el 40 % de una canasta familiar, hoy valuada en 1.800.000 para una persona que vive en CABA. Tras conocerse el ida y vuelta de las resoluciones, los funcionarios de Russo cortaron el diálogo con los delegados y los residentes de hospitales como el Posadas, Bonaparte, El Cruce y Montes de Oca resolvieron abandonar sus tareas el miércoles 25 y se congregaron en el Hospital Garrahan, desde donde organizaron una multitudinaria marcha al Ministerio de Salud. El paro, las movilizaciones y acciones de lucha, que incluyeron el abandono masivo de las guardias, se replicaron a su vez de manera autoconvocada en las diferentes ciudades y provincias del país. Los residentes del Garrahan decidieron extender la medida al día jueves, cumpliendo 48 horas de paro sin guardias y convocaron a todos los trabajadores del hospital a participar de una asamblea general y un aplausazo al mediodía. El destrato hacia quienes deben cuidar de la salud de la población trabajadora y sostienen con su labor el funcionamiento del sistema sanitario es parte de una política de liquidación de las condiciones laborales que recorre a toda la salud pública y las distintas áreas del Estado. Para fines de septiembre, hay 65.000 puestos trabajo en riesgo por el vencimiento de contratos que el Gobierno pretende no renovar. Es la contracara de la propuesta que el Gobierno le ofrece a los acreedores de los títulos que se vencen de la deuda pública, para quienes habrá nuevos bonos en dólares y canjes por tasas superiores y plazos de pago más breves. El rescate liberticida del capital financiero es la ruina de la clase obrera y sus condiciones de vida y de trabajo, es decir, de los grandes determinantes de los procesos de salud-enfermedad. El desplante oficial a los residentes merece una respuesta de conjunto. En el Hospital Garrahan, los funcionarios jerárquicos salieron a apretar a los residentes que dependen de otras jurisdicciones, como CABA, para que no se sumaran a la protesta de los residentes de Nación y de otros sectores del hospital que se encuentran en pie de lucha. Es precisamente lo que hay que lograr para quebrar la ofensiva del Gobierno. Acompañemos la determinación y los métodos de lucha de los residentes de Nación, superando la impotencia y el papel desorganizador de los diferentes aparatos de la burocracia sindical. Organicemos asambleas conjuntas en los hospitales, sin distinción de contrato, especialidad, gremio o escalafón laboral. Vayamos a la huelga por el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados, la defensa íntegra del carácter remunerativo del salario y una escala salarial para toda la salud pública que tenga como piso mínimo el valor de la canasta familiar. Derrotemos las provocaciones liberticidas con una huelga general de toda la salud pública.

El 24 de septiembre se llevó adelante una conferencia de prensa en la sede del CIN, de la que participaron algunos rectores, miembros de la mesa ejecutiva del CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA, donde fijaron la convocatoria a la marcha federal educativa para el 2 de octubre . Una formalidad, ya que la misma ya estaba siendo convocada desde una semana antes por los diferentes gremios y la FUA. En la conferencia de prensa, Víctor Moriñigo , presidente del CIN, pidió a Milei que “reconsidere” y no vete la ley de financiamiento, y se promulgue la misma. La convocatoria como central para el acto será en Congreso, buscando de esta manera ejercer presión a los diputados y reunir los dos tercios de las voluntades en el caso de que Milei imponga el veto. El gobierno ha postergado el anuncio del veto. En algunos medios trascendió que llevará al límite del plazo, es decir hasta el 3 de octubre, una vez que pase la marcha y de esa manera no alimentar muchos más la adhesión a la movilización. Paralelamente estaría en negociaciones con las autoridades de la UBA y sectores del radicalismo para llegar a algún acuerdo previo a la marcha. Veto o no veto, la discusión sobre la ley de financiamiento quedó relegada a un segundo lugar frente a la discusión del presupuesto 2025, donde el gobierno pretende impulsar una rebaja de todo el presupuesto educativo para avanzar en el pago de la deuda pública. Milei pretende, en la defensa de los grandes acreedores, agravar las condiciones de vida de los trabajadores, desfinanciando la educación, la salud y los jubilados. En un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, en su disertación señaló “Si una Universidad quiere ser autónoma tiene que serlo también económicamente (...) Insistimos, las universidades argentinas son potentes, son valiosas, pero tenemos un desafío enorme de ‘descorporativización’ de las universidades y de mejorar los salarios, y ese es el compromiso del Gobierno”. Y sumó que la universidad debe tener sus recursos para lograr una dinámica de libertad: “Se verá en el futuro cómo se logra eso con distintas fuentes de recursos. La universidad se vuelve esclava cuando es asalariada y todos los años tiene que estar yendo al Congreso para pedir presupuesto”. Afirmando la idea de que el plan de este gobierno es un avance al proceso de privatización educativa. La marcha del 2 de octubre, más allá de que traten de presentarla como una acción de apoyo de la ley “que encomienda” al Ejecutivo incrementar el presupuesto, será la reacción frente a las políticas que viene llevando adelante este gobierno nacional. Deberemos llevar el debate e impulsar asambleas que preparen la participación masiva y esta perspectiva.

Este 28 de septiembre, Día de lucha por el Aborto Legal, tenemos que salir a las calles a defender esta conquista histórica del movimiento de mujeres. El gobierno reaccionario de Milei tiene en su programa avanzar contra este derecho, como lo expresó durante la campaña electoral y con un proyecto de derogación a los meses de asumir que fue cajoneado luego de la masiva movilización del 8 de marzo. El gobierno liberticida, en sintonía con los Trump, Bolsonaro y toda la derecha fascista mundial, va también por el derecho a la educación sexual, la anticoncepción, y hasta el divorcio. Necesitan recluir a las trabajadoras en la casa para anular su acción política y tener el camino allanado para arrasar con los derechos del conjunto de la clase obrera. Si bien no han podido avanzar con la derogación del aborto legal y la anulación de la ESI, sí lo han hecho con los recortes presupuestarios de la salud y educación que restringen en los hechos el acceso. El cierre del programa dirigido a la prevención del embarazo adolescente, ENIA , con el despido de todas sus trabajadoras/es, implicó un fuerte incremento de los embarazos en este segmento de la población. Los trabajadores de la salud denuncian que escasean los métodos anticonceptivos, los preservativos, los tests de embarazo y las pastillas de emergencia. También hay faltante de medicación, como la mifepristona y el misoprostol, para garantizar la interrupción química del embarazo. A esta ofensiva se agrega la injerencia de los sectores clericales y oscurantistas en áreas estratégicas, como lo demuestra la candidatura del católico reaccionario Héctor García Mansilla a la Corte Suprema . La distribución de los alimentos se realiza a través de CONIN , la fundación que dirige el pediatra Abel Albino, quien asegura que el preservativo “no sirve” para proteger de enfermedades de transmisión sexual. Este 28 de septiembre es una ocasión para salir a las calles a defender el aborto legal, seguro y gratuito y denunciar los planes reaccionarios y de guerra del gobierno contra el movimiento de mujeres y de la diversidad y llamar a movilizar masivamente al Encuentro Nacional en Jujuy para votar un plan de acción , que confluya con la clase obrera, para tirar abajo al gobierno liberticida y golpista de Milei.

La CTERA ha convocado a un paro nacional para el 2 de octubre, para sumarse al paro y a la marcha federal que ha sido convocada por los sindicatos de las universidades públicas nacionales . Desde el 4 de abril pasado, cuando llamó a un paro aislado según su costumbre, la burocracia docente miró para otro lado frente a la ofensiva del gobierno, convirtiéndose en cómplice de la mayor poda del salario de maestros y profesores de toda la historia. Nada cambia con este nuevo paro, también aislado, como lo es el de los sindicatos universitarios. Esta consideración es absolutamente fundamental para el propósito de sumar desde escuelas, jardines y colegios a la marcha del 2 de octubre. Como ha ocurrido con los paros y movilizaciones de la CGT, la burocracia sindical no suma, sino que resta; su interés no es elevar el espíritu de lucha de las masas, sino de contenerlo en la mayor medida posible. Acaba de demostrarlo otra vez en Neuquén, donde levantó la continuidad de una huelga votada por una mayoría de asambleas. Hoy mismo es escandalosa la falta de apoyo a las luchas en varias provincias, como La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chubut, en las cuales están en juego el régimen previsional de la docencia. ATECH de Chubut para el 25, 26 y 27 de septiembre, en reclamo de un salario que supere a la canasta básica. AGMER de Entre Ríos luego de una trucha conciliación obligatoria para el 26 y 27 de septiembre y el 1, 2 y 3 de octubre en rechazo a la paritaria provincial. UNTER de Rio Negro para el 26 y 27 de septiembre contra la “esencialidad educativa” y el presentismo. En La Rioja, van dos semanas con paros de 72 hs y de 96 horas, con la intervención de movimientos docentes autoconvocados también por reclamos salariales. En Formosa, el gremio de docentes autoconvocados para el 26 en unidad con los docentes universitarios. En Buenos Aires, la Multicolor convoca a una movilización que incluye el reclamo por la devolución de los paros descontados y de imputar el paro como una falta injustificada. En CABA, hay en desarrollo una rebelión de la docencia de nivel medio contra una 'reforma' que producirá despidos masivos y degradará la educación . Por todo eso es importante asegurar el paro y promover la movilización desde abajo, con marcada diferenciación del elenco sindical de las derrotas. Organicemos columnas masivas de compañeras y compañeros desde los piquetes en escuelas y puntos de convergencia locales, para que la presencia de la docencia no universitaria sea masivamente excepcional y abra un rico período de organización, conciencia y lucha La burocracia de CTERA prefiere, en cambio, el camino tramposo del Parlamento. Plantea ahora “nueva ley de financiamiento educativo”, a quienes aceptaron sin atenuantes la disolución del FONID y de la paritaria nacional docente, o dieron media sanción a la “esencialidad educativa”. Los cabildeos en el Congreso demuestran que Baradel y compañía encubren su complicidad con el ajuste de Milei y los gobernadores. Los propios gobernadores están a la cabeza de la “esencialidad educativa” en las provincias. Kicillof, por caso, viene de aplicar descuentos y faltas injustificadas por el importante paro docente convocado por las seccionales multicolores del 14 de agosto. Juan Grabois, un socio de CTERA, acaba de apoyar la derogación del derecho de huelga de la docencia, con el impúdico argumento que perjudica a los pobres. La Tendencia Docente Clasista llama a parar masivamente este 2 de octubre y a inundar las calles con los trabajadores de la educación. Hay que apoyar todas las luchas docentes provinciales en curso por su triunfo. La tarea es organizar una huelga nacional educativa desde abajo, con autoconvocatorias y desde los sindicatos recuperados. Con esta perspectiva llamamos a parar mediante asambleas y reuniones del activismo docente. Por un aumento mínimo del 100 % de emergencia del salario y un salario mínimo que cubra la canasta familiar por un cargo, todo al básico. Defensa del derecho a la huelga y de todos los derechos consagrados por los Estatutos Docentes. Por el presupuesto educativo necesario para cubrir las necesidades de todas las escuelas y universidades.

El ex presidente uruguayo José Mujica, enclaustrado por razones de salud desde hace varias semanas, rompió su silencio para condenar el plebiscito sobre las jubilaciones que tendrá lugar el próximo 27 de octubre junto a las elecciones presidenciales. Según Mujica, de imponerse el planteo de inscribir en la Constitución uruguaya la edad de retiro a los 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo y eliminar a las administradoras de fondos previsionales (AFAP), equivalentes a lo que fueron las AFJP en nuestro país, será “el caos” y afectará a la “seguridad jurídica” del país (Búsqueda, 26/9). El mensaje de Mujica está alineado con el discurso de los fondos internacionales, los cuales asignan la mayor importancia al tema, por encima incluso del recambio presidencial. El JP Morgan alertó a sus inversionistas por el impacto que tendrá el plebiscito “incluso si se rechaza”. Por su parte, la agencia Moody’s -que en marzo elevó la nota de la deuda uruguaya dos escalones por encima del umbral del grado inversor- advirtió en su último informe, divulgado el miércoles 18, que esa calificación podría “mejorar o empeorar” en el futuro, en clara alusión al plebiscito. En abril del año pasado, el gobierno “multicolor” que encabezan los partidos Nacional y Colorado, impuso una reforma previsional que elevó la edad de retiro de 60 a 65 años y extendió los fondos individuales de pensión a todos los nuevos trabajadores que ingresan al sistema previsional. La norma no tuvo en el Parlamento los votos del Frente Amplio, que propuso para un eventual nuevo gobierno iniciar un “diálogo social” para impulsar una nueva reforma jubilatoria. El PIT-CNT -la central obrera uruguaya- impulsó en cambio una iniciativa popular que reunió muy pronto las firmas suficientes para revertir aquella reforma con un referéndum. Esto ha creado una crisis en la coalición centroizquierdista, pues sus principales partidos y dirigentes -con excepción del PC y del PS- se oponen a un triunfo del SI que modifique nuevamente el régimen adoptado por el gobierno de Lacalle Pou. Mujica insiste nuevamente en oponer al plebiscito el llamado a un “diálogo nacional” para encontrar un sistema adaptable a “una revolución en las formas de trabajo que son francamente impredecibles”. El apoyo al SI reúne, según los sondeos, entre el 48 y el 50 % de apoyo, a la vez que también registran una masa de indecisos que alcanzaría el 25 %. El “diálogo” que promueve el ex guerrillero estaría presidido por el capital financiero. Su propuesta no tiene nada de “nacional”. Mujica patrocina al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien también integra su movimiento, el MPP. A raíz de los cuestionamientos ventilados en medios financieros contra el plebiscito, Orsi anticipó “un anuncio que hasta hace algunas semanas había preferido no efectuar” (Búsqueda, 26/9): si gana la elección, su ministro de Economía será Gabriel Oddone, un economista que militó en el Partido Socialista y trabajó para el Banco Mundial, partidario de un ajuste fiscal en un país cuyos trabajadores se han empobrecido drásticamente en los últimos años. Todo indica que ganará el FA, pero muchos medios destacan el ´desánimo´ que recorre a sus medios dirigentes por la dicotomía que atraviesan frente a un plebiscito que rechazan. La única fórmula presidencial que se ha pronunciado y realiza campaña por el SÍ es la de la alianza Unidad Popular-Frente de Trabajadores, integrada por Gonzalo Martínez (Movimiento 26 de marzo) y Andrea Revuelta (Partido de los Trabajadores). LEER MÁS: Uruguay: un plebiscito electoral que marca el abismo entre los trabajadores y el capital financiero Por Jacyn, 24/09/2024. Uruguay: puede ganar un plebiscito que reclama reducción de la edad jubilatoria, jubilación mínima igual al salario mínimo y fin de las AFJP Por Juan Ferro, 24/09/2024.

El gobierno estableció finalmente la reglamentación de la Reforma Laboral incluida en la Ley Bases. Fundamentalmente, se introducen cambios en el régimen de indemnizaciones por despido, se promueve un ´blanqueo´ de trabajadores con amplios beneficios para los empleadores y se establece la figura de “trabajador independiente colaborador” sin derecho laboral alguno. Indemnizaciones La reglamentación introduce la vieja aspiración patronal de quebrar el sistema indenmizatorio argentino . A partir de ahora, en el marco del convenio colectivo, tanto por actividad como por empresa, los sindicatos y las patronales podrán acordar la creación de un Sistema de Cese Laboral como mecanismo alternativo a las actuales indemnizaciones calculadas en base a la antigüedad del trabajador. De acuerdo a la reglamentación, el trabajador y el empleador pautarán, al inicio de la relación laboral, si se rigen por el sistema establecido por convenio o de acuerdo al sistema indemnizatorio previsto en la Ley de Contratos de Trabajo. Los tres formatos previstos para la implementación del “Sistema de Cese laboral” son: un acuerdo de cancelación individual, en el cual se pactan las condiciones de la desvinculación con el empleador y éste asume directamente el pago de la indemnización; un sistema de fondo de cese solidario que podrá adoptar tres modalidades distintas (depósito en una cuenta bancaria, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros) financiadas con aportes patronales -optativos para el empleado- pero no establece ningún piso mínimo del monto de la indemnización; por último, se podrá crear una Cuenta Bancaria de Cese, una cuenta especial que se nutre con aportes obligatorios de la patronal y del trabajador. Un sistema con la intervención de compañías de seguros. No se fijan porcentajes de cuánto deberán ser los aportes al fondo, que se fijarán por acuerdo entre las partes y sin intervención del Estado. Bancos, aseguradoras y ´administradores´ ya han puesto el ojo en el negocio financiero que podría aprovechar tanta liquidez de dinero. En la UOCRA rige un fondo de cese laboral, que las patronales y la burocracia justifican por la alta rotación del empleo en la construcción. El secretario general del sindicato y buchón del Batallón 601 Gerardo Martínez asesoró al gobierno al respecto y Armando Cavalieri, de Comercio, le hizo un guiño favorable para la aplicación en su gremio. Blanqueo Se establece un amplio blanqueo laboral por trabajo o pago en negro, con amplios beneficios a las patronales, incluida la extinción de acción penal alguna, en detrimento de los años de aportes previsionales no percibidos por el trabajador. Las llamadas “micro” y pequeñas empresas serán beneficiadas con una condonación del 90% de su deuda por aportes impagos; 80% en el caso de las medianas empresas, y 70% para las demás categorías de empleadores.. Además si el pago se efectúa de contado habrá un 50% de descuento, en tanto que para el resto de los casos se fijará un plan de pagos por parte de la AFIP. En cambio, a los trabajadores que sean ´blanqueados´ se les reconocerá solamente hasta 60 meses (cinco años) de servicios que no se considerarán para el cálculo del haber previsional. “Trabajador independiente” En la nueva normativa laboral, se incorpora la figura del “trabajador independiente” (monotributista) que podrá contar con hasta tres “trabajadores independientes colaboradores” sin que exista relación de dependencia entre ellos. La normativa prohíbe la fragmentación de los establecimientos, pero así como no reconoce relación de dependencia entre el “trabajador independiente” -que factura- y sus “colaboradores”, tampoco lo establece con las personas contratantes de sus servicios u obras. Cualquiera de las partes podrá rescindir, en cualquier momento, el vínculo de colaboración sin el pago de preaviso o indemnizaciones. Es la panacea de la precarización laboral. Además se extiende el período de prueba de tres a seis meses para los nuevos trabajadores en las grandes empresas, a ocho meses para las empresas de hasta 100 trabajadores y hasta un año para empresas de hasta cinco empleados. Conclusión El propósito de la normativa es favorecer la rotación y facilitar el despido para que las patronales puedan abaratar la adaptación de su plantel de trabajadores a las necesidades fluctuantes de la empresa, especialmente en un periodo de crisis y quiebras. Los abogados laboralistas consideran que la nueva ley se aplicará a los trabajadores que hayan sido contratados después del 9 de julio de este año, fecha en que se promulgó la “ley Bases” y que los contratados antes de esa fecha se regirán por las leyes vigentes al momento de sus contrataciones (Clarín, 26/9). Pero las patronales explotan el escenario recesivo para reducir su planta permanente a su mínima expresión, a sabiendas de que los nuevos contratos se regirán por estas pautas flexibilizadoras. Como premio a esta entregada brutal de la CGT, el gobierno ha retirado el proyecto de "democratización sindical" que afectaba las reeleciones eternas y las cuotas solidarias patronales. LEER MÁS: La CGT colabora con la reglamentación de la reforma laboral Cualquier cosa menos luchar contra el Gobierno. Por Pablo Busch, 28/08/2024.

Luego de la megadevaluación del peso de diciembre pasado (62 %) , acompañada del congelamiento de jubilaciones y salarios, sólo la hipocresía puede justificar la sorpresa por el crecimiento de la pobreza y la indigencia, que alcanzaron al cabo del primer semestre de este año al 52,9 % y el 18,1 % de la población, respectivamente. Por los mismos motivos, no ocurrió lo mismo con el valor de las acciones que cotizan en las Bolsas, que aumentaron más del ciento por ciento y con los bonos de la deuda pública en dólares. El empobrecimiento de las masas constituye una confiscación económica de los trabajadores por parte del capital. A la megadevaluación, que provocó un aumento de precios del 67 %, desde el inicio del nuevo gobierno, con un arranque del 25,5 % mensual en diciembre pasado y del 20,6 % en enero, hay que añadir los aumentos de tarifas en servicios y transportes , la liberación de alquileres, la quita de subsidios en los medicamentos del PAMI y la derogación de la asistencia social . Otro factor decisivo ha sido el derrumbe del producto bruto industrial del orden del 30 % . Desde el punto de vista capitalista, la desvalorización de la fuerza de trabajo es un punto de partida para reanudar el proceso de acumulación capitalista , en tanto que el ajuste fiscal tiene el mismo propósito para el financiamiento de los negocios empresariales. Cuando se ignora la función que cumple la pobreza para multiplicar los negocios del capital, los lamentos por el empobrecimiento no pasan de lágrimas de cocodrilo. Un informe sobre el crecimiento de la pobreza en el ámbito de CABA , que se conoció al día siguiente del informe del INDEC, es muy revelador. Frente a “un aumento interanual promedio de precios del 281.6 % (…), los ingresos jubilatorios crecieron 166.7 %” - 115 puntos menos (Clarín, 27,9)-; los ingresos laborales, un 254,7 % – 27 puntos abajo-. “Hubo un deterioro en la distribución de los ingresos”: los ingresos de los más ricos crecieron a expensas de los más pobres. A la hora de la disputa por la responsabilidad política por el aumento de la pobreza al cabo de 40 años de democracia, cada gobierno la atribuye al precedente. Cuando se observa la curva correspondiente queda claro que la clase obrera ha pagado duramente cada una de las crisis capitalistas, que al principio ocurrían cada diez años, para achicarse a cinco o a tres. En relación a esta secuencia hay un gran ausente en todos los relatos: la mega emisión monetaria que financió los mega subsidios a las grandes empresas durante la pandemia, incluido el fraude en el uso del dinero. El monto de este desfalco patronal se puede establecer de un modo indirecto por el monto del pasivo en que incurrió el Banco Central con los bancos (los llamados pasivos remunerados), que llegó a superar el equivalente a más de 40 mil millones de dólares. La tasa de retorno obtenida por el capital bancario fue monumental, gracias a una tasa de interés positiva y a la capitalización diaria o semanal de la deuda. El potencial inflacionario de la emisión de moneda por esa deuda fue sencillamente brutal. Milei mantuvo ese mecanismo durante más de la mitad del tiempo de su mandato actual, para transferirla luego al Tesoro . Por medio de este cambio, el Tesoro reemplazó al Banco Central en la remuneración de esta deuda, forzando a un ajuste brutal del gasto fiscal. Esta confiscación económica, en beneficio de las empresas y bancos, fue la regla aplicada en todos los países capitalistas ante la crisis de la pandemia (y ante todas las crisis financieras). La Reserva Federal, por ejemplo, pasó de un pasivo de 400 mil millones de dólares, antes de la crisis de 2007/8, a 13 billones de dólares, un aumento de casi treinta veces, para instalarse ahora en 8 billones. Semejante estafa desató, naturalmente, un proceso inflacionario en los países centrales, que aún no está debidamente controlado. El rescate del capital por parte del Estado, con las consiguientes crisis fiscales y monetarias, es una maquinaria trituradora contra los ingresos de los trabajadores. Este relato de terror no ha finalizado. La política de bajar la cotización de los dólares paralelos mediante la venta de las reservas del Banco Central, justificada por el gobierno para bajar la tasa de inflación, viene acompañada con la presión simultánea para llevar a un aumento cero los salarios y jubilaciones, y lo que queda del gasto social. La miseria que provoca la inflación sería sustituida por la deflación. Pero como la deflación pone un freno al aumento de la demanda personal y priva a los exportadores de la ventaja de un tipo de cambio subvaluado, crece la presión por una nueva devaluación del peso , que no sería menor al 30 %: la expectativa de una hiper sigue instalada. De otro lado, Caputo está empeñado en obtener una financiación para pagar los vencimientos de la deuda en dólares a tasas elevadas o usurarias , diez puntos por encima de la tasa norteamericana, o sea entre tres y cuatro veces más cara. Este costo adicional extraordinario de la deuda pública acabará quebrando al Tesoro nacional y forzará nuevas rondas de emisión monetaria . Todo sumado, la confiscación excepcional que ha sufrido la fuerza de trabajo seguirá creciendo. Para poner fin al flagelo de la pobreza hay que acabar con el capitalismo empobrecedor y con el gobierno empobrecedor. De otro lado, la noticia del aumento de la pobreza y de la indigencia a tasas descomunales ha dejado en claro que la oposición patronal y por sobre todo el kirchnerismo no han ofrecido ninguna alternativa . Lo prueban las leyes de jubilación y financiamiento universitario, vetadas por Milei, que son dos gotas de agua para la sequía social que se ha abatido sobre el pueblo. La necesidad de una salida a esta verdadera crisis humanitaria plantea que desatará, a través de luchas parciales crecientes y de crisis políticas sucesivas, una acción histórica independiente de las masas explotadas.

El estado sionista ha llevado a fondo el asalto iniciado en Gaza hace un año, hacia el Líbano, en lo que manifiestamente es el resultado de una estrategia diseñada hace mucho tiempo. La protección de la población israelí asentada en el norte del país, en la frontera con el estado vecino bajo el control de Hizbollah, es simplemente un pretexto. La milicia libanesa ha repetido hasta el cansancio que sus ataques a Israel son la consecuencia de la masacre que el gobierno sionista ejecuta en la Franja de Gaza, que acabaría enseguida después de que Netanyahu acuerde con un cese del fuego con Hamas. Pero un año después de la invasión de la Franja, el gobierno sionista insiste en el propósito de eliminar por completo a Hamas, ocupar Gaza por tiempo indefinido y, luego de una ‘limpieza étnica’, anexarla al territorio oficial de Israel. Mientras se escriben estas líneas, la aviación sionista está bombardeando Beirut, la capital de Líbano, y específicamente los edificios donde se alojarían los comandos centrales de Hizbollah. La política militar de Israel en el Líbano es un calco de la de Gaza, o sea el bombardeo indiscriminado de la población y la estructura civiles, alegando que allí se albergarían y funcionarían las organizaciones de Hizbollah. Como consecuencia de esto, las víctimas civiles se empiezan a contar de a miles. Hizbolah es un partido reconocido en el país e integra el parlamento y el mismo gobierno. El bombardeo prepara el ingreso de la infantería sionista y la ocupación al menos del sur de Líbano, hasta el río Litani. Bien mirada, sin embargo, esa limitación sería artificial o precaria, y llevaría a la ocupación completa del país, como ya ocurriera casi medio siglo atrás. Mientras se desarrolla esta agresión, Joseph Biden, el presidente marchito de Estados Unidos, anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Israel por cuatro mil millones de dólares. Con el apoyo entusiasta de Trump y Kamala Harris, el imperialismo norteamericano respalda a fondo la invasión israelí, a la que aporta una presencia militar en el Mediterráneo de 40 mil uniformados y un poderoso portaviones. Es frecuente leer en la prensa liberal del sionismo que Netanyahu y su gabinete carecen de una estrategia política que dé sustento a su enorme ofensiva militar, lo cual promueve una tragedia que no llevaría a ninguna parte sino a un desbarranque del estado. Advierten, además, que no importa el nivel de daño que el ejército pueda causar a Hizbollah o a Hamas, porque una presencia militar duradera en Gaza y en Líbano acabaría desatando una actividad guerrillera contra los ocupantes que sería fatal para el destino de Israel. Israel, por otro lado, ha movilizado contingentes enormes de sus reservas, lo que provoca un daño considerable al sustento económico del país. La estrategia del gobierno y del estado mayor del ejército, sin embargo, es meridianamente clara y criminal, y es expuesta sistemáticamente por sus voceros. Es lo que se ve en el territorio ocupado de Cisjordania, donde prosigue una fuerte incursión militar con características especiales, por el lugar que ocupan los bulldozers, o sea las excavadoras que destruyen calles, derriban casas e instalaciones, y hacen tabla rasa, literalmente, con el territorio, para promover la fuga y la expulsión de la población palestina, que debería culminar con la anexión de Cisjordania. La ‘estrategia’ es, entonces, imponer la instalación de un Gran Israel, largamente señalado como objetivo histórico por parte de la derecha del sionismo e incluso de parte del centroizquierda, que más adelante podría avanzar hacia el otro lado del río Jordán. En esta línea ya está instalada la agitación para ocupar y poblar el sur de Líbano, lo que lo convertiría en un protoestado bajo la supervisión del estado sionista. Israel tiene importantes inversiones de gas en el Mediterráneo, en algunos casos en áreas repartidas con el mismo Líbano y en asociaciones con Chipre y Grecia, lo cual es objeto de choques con Turquía. La dominación de Gaza habilitaría a Israel a construir gasoductos a lo largo de la costa hacia el mar Rojo. Todo esto convertiría a Israel en una potencia regional, más allá de la potencia militar. Pero estos proyectos se han convertido en historia antigua luego del discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, donde exhibió un mapa sorprendente ante un auditorio aparentemente preocupado por la catástrofe humanitaria desatada por el estado sionista. Dejando de lado, por un momento solamente, el discurso centrado en la seguridad militar, exhibió un corredor que parte del Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. La tarea que dejó planteada por implicancia es que la guerra actual deberá continuar ulteriormente contra el régimen de Bashar Al Assad. A esto se llegaría en una operación militar que, hace sólo un año, era justificada para vengar el asalto de Hamas al sur de Israel. Vista en su conjunto, cobra realismo la tesis que sostiene que Netanyahu desoyó las advertencias acerca de una acción de Hamas, para poder justificar este plan de expansión territorial y geopolítico en su conjunto. Netanyahu ha hecho votar por el parlamento israelí el rechazo a la posibilidad de dos estados en el territorio de Palestina. Este cuadro de situación anuncia una escalada de la guerra hacia el conjunto del Medio Oriente, que se enlaza claramente con la guerra de la OTAN y Rusia, no ya en Ucrania sino ahora también en territorio ruso. Rusia tiene una poderosa base naval en la costa mediterránea de Siria. Muchos analistas, con el antecedente del fracaso de la invasión israelí en 1982, conjeturan que la ocupación de Líbano o gran parte de su territorio, podría convertirse en una tumba para el estado sionista. Cuarenta años atrás, Israel se instaló en Beirut para sostener a un gobierno del falangismo cristiano, históricamente dominante en Líbano, y desalojar a los refugiados palestinos y a la OLP comandada por Yasser Arafat. Bajo la supervisión de Israel, la milicia falangista desató las tremendas masacres de los campos de refugiados de Sabra y Shatila. De esta tragedia nació Hizbollah. La milicia chiita enfrenta esta nueva situación extremadamente debilitada. Todos los movimientos nacionales de lucha contra el sionismo se encuadraron en el panarabismo, o sea asociados a los regímenes despóticos y proimperialistas asociados a esa estrategia. Hizbollah representa una variación, puesto que tiene su punto de apoyo en Irán. Pero el *impasse *del régimen iraní es mayúsculo. Aunque asociado a los BRICS, la asociación capitalista que dirigen China y Rusia, ni Xi ni Putin van a ir a una guerra en el Medio Oriente por la causa palestina, que tampoco defienden. El nuevo presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, ha pronunciado, en la Asamblea de la ONU, un discurso apaciguador frente a la OTAN y al agravamiento de la crisis en el Medio Oriente. La dependencia de los movimientos nacionales de los estados capitalistas árabes les ha impuesto límites insalvables en cuanto a la unión de las masas de Medio Oriente contra el imperialismo y el sionismo, y en primer lugar contra los regímenes establecidos en la región. Israel, de todos modos, se ha lanzado a una aventura –por cierto, criminal-. Un amplio sector de la sociedad y del ejército se ha fascistizado, lo cual se manifiesta en una creciente disgregación interna e incluso en las filas de las fuerzas armadas; la emigración crece sin solución de continuidad. Suponen que cuentan con más recursos políticos de los que realmente disponen, y parten de que el imperialismo mundial goza de una supremacía que es inmune a su declinación histórica y a sus crisis políticas y económicas cada vez más severas. La clase obrera internacional tiene la obligación de movilizarse contra las masacres y los crímenes de lesa humanidad del sionismo, y participar en esta lucha, cada vez con mayor intensidad, con sus propios planteos antiimperialistas, antirracistas y socialistas.

Un trabajador del Hospital Garrahan, enfermero, se quitó la vida. Sus compañeros y compañeras se encontraban realizando un paro por sus reivindicaciones cuando se enteraron de la noticia. El compañero, dicen, se encontraba agobiado. Tenía tres trabajos, era el único sostén del hogar y trabajaba como enfermero desde hacía 35 años. "Nosotros estamos pasando por una situación muy triste. Perdimos a un compañero de trabajo, se quitó la vida y sabemos que no pudo pagar el alquiler y estaba pasando por una situación de mucha presión en nuestro hospital. Todo esto lo llevó a tomar una decisión porque el compañero se sentía solo", relataron otros trabajadores del hospital (El Destape, 19/9). Una trabajadora denuncia que, en los últimos cinco años, se presenta un caso por año en el hospital. “La tasa de suicidios acá es casi el doble que la nacional”, refiere. El suicidio como hecho social es un fenómeno muy complejo al que no se le puede adjudicar una sola causa, sino que se debe a una multiplicidad de condicionantes. No obstante, bien puede decirse que una situación económica acuciante, sumados estrés laboral, violencia institucional y el desborde por no poder dar respuestas a las necesidades de la población asistida, son factores de riesgo para la salud mental. Algunas investigaciones sostienen que los trabajadores de la salud están expuestos a un riesgo mayor de padecer algún tipo de trastorno o patología en su salud mental. La salud pública se encuentra en terapia intensiva desde hace varios años. Los motivos son por todo el mundo conocidos: ajustes y recortes sistemáticos desde hace décadas, salarios de pobreza y modalidad de contrataciones precarias; sobrecarga laboral para llegar a fin de mes; instalaciones abandonadas y sin mantenimiento; etc. En estas condiciones, la calidad en la atención no puede ser otra cosa que deficitaria. Del otro lado del mostrador, la población acude a los servicios en condiciones de alta vulnerabilidad social, con problemáticas cada vez más graves. Por estas horas, Milei y su runfla están afilando la motosierra para quitar las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Las personas con discapacidad, en la gran mayoría de los casos, necesitan de ese único ingreso miserable, de 160 mil pesos mensuales, para comer. Un verdadero ataque contra las condiciones sociosanitarias de la población más vulnerabilizada perpetrado por los criminales gobiernan. Durante la gestión de Milei, la cantidad de profesionales de la salud pública que renuncian para dedicarse con exclusividad a atender en el sector privado (ya sea en instituciones privadas o consultorio particular) va en aumento. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, durante estos últimos meses las renuncias superaron, en promedio, a las de los últimos años. Los usuarios pululan de hospital en hospital buscando ser atendidos. En el mejor de los casos, reciben un turno por el que tienen que esperar varios meses. En salud mental, muchos de quienes se acercan a las guardias suplican por atención ambulatoria y espacios terapéuticos. El sistema, en su colapso crónico, no puede dar respuesta alguna. En el mejor de los casos, esto es el preludio de nuevas internaciones que podrían evitarse. Trabajadores de la salud pública, debemos ponernos de pie y luchar.

El Líbano tiene 6 millones de habitantes: desde el inicio de los ataques aéreos israelíes, en los refugios “oficiales” se registraron alrededor de 80.000 personas, pero hay “multitudes” -el gobierno calcula medio millón- que también huyeron para quedarse con familiares, amigos o en casas de extraños que les ofrecieron amparo. Los bombardeos israelíes durante los últimos cuatro días arrancaron de su hogar a unos 140.000 niños, “y muchos de ellos han llegado a los refugios mostrando signos de gran sufrimiento”, dijo Save the Children. Las cifras aumentan día a día. Netanhayu ha desautorizado las iniciativas del gobierno de Joe Biden, sus acólitos europeos y un puñado de países árabes para forjar una tregua por tres semanas. Esto no impedirá que el genocida sea recibido tranquilamente por la Asamblea de Naciones Unidas. “Seguimos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza. Y no nos detendremos hasta que alcancemos todos nuestros objetivos”, patoteó al aterrizar en Nueva York. Simultáneamente, un comunicado oficial del gobierno sionista también desmintió a sus aliados: “Las noticias sobre un alto el fuego no son ciertas. Se trata de una propuesta franco-estadounidense a la que el primer ministro ni siquiera ha respondido”. Mientras, el ejército sionista volvió a bombardear Beirut y hacer un simulacro de invasión terrestre. En el mismo comunicado, el gobierno aclaró que “los combates en Gaza continuarán hasta que se logren todos los objetivos de la guerra”. El ministro de Finanzas, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ya había anticipado que el único escenario posible en el Líbano es “aplastar a Hezbollah”, y que una tregua facilitaría que Nasrallah se reorganice. Hasta el líder opositor Yair Lapid, que se negó a integrar el gabinete de guerra conformado en Tel Aviv después del 7 de octubre, cerró filas con el gobierno. “No aceptaremos ninguna propuesta que no incluya la expulsión de Hezbollah de nuestra frontera norte”, aclaró. Herzi Halevi, jefe del estado mayor de las FDI, dijo a los soldados el miércoles que se preparen para una posible invasión terrestre y que “entrarían, destruirían al enemigo allí y destruirían decisivamente” la infraestructura de Hezbollah. La amenaza de invadir Líbano siguió al lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de Hezbollah hacia Tel Aviv. La milicia chiita, aunque golpeada, está ampliando sensiblemente el radio de alcance de sus misiles. Esta semana, Israel convocó a dos nuevas brigadas de reservistas. Según el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el Estado sionista tiene abiertos siete frentes: Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán, Irak, Siria y Yemen. El ejército regular tuvo que incorporar a unos 360.000 reservistas que antes de la invasión a Gaza se dedicaban a otras labores. En este momento, hasta el 71 % de las tropas que integran el ejército -entre los 20 más poderosos del mundo-, son reservistas, con el consiguiente impacto social y en la economía. “Pese a esas dificultades, las Fuerzas Armadas tratan de cerrar filas estos días, sin dar muestras de cansancio o desmoralización”, afirma El País (27/9). Miles de soldados israelíes, muchos traídos desde Gaza, esperan una eventual orden de invasión terrestre, que ya tuvo un simulacro. Pero esa posibilidad genera choques en la jefatura militar sionista. Wasef Erekat, analista y exmilitar palestino señala la “incapacidad del ejército israelí para luchar en varios frentes al mismo tiempo” y sus dificultades para llevar a cabo una guerra por tierra porque depende en exceso del armamento y la tecnología, careciendo de militares capaces sobre el terreno. Eso se demuestra, entiende Erekat, con el hecho de que no hayan sido capaces de acabar con la resistencia palestina en Gaza, que cuenta con armas mucho más “modestas” que las de Hezbollah. El punto de apoyo decisivo para Netanhayu es Joe Biden. La escalada en toda la región se está coordinando en tiempo real con Estados Unidos, que la está financiando, armando y apoyando políticamente. Más allá de las mímicas de una tregua, el secretario de Estado Antony Blinken respaldó el ataque terrorista israelí con bombas buscadoras en Líbano que mutiló a miles. Cuando se le preguntó si eso no era “una forma de terrorismo”, Blinken dijo: “es muy legítimo que Israel haga algo sobre Hezbollah”. Una opinión que se sostiene con hechos. El portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, anunció que Estados Unidos enviaría tropas estadounidenses adicionales a la región. En la actualidad, unos 40.000 efectivos estadounidenses están desplegados por Oriente Próximo, incluidos Irak y Siria. El portaaviones USS Abraham Lincoln está en la zona y el USS Harry S. Truman está en camino. Mientras en Gaza… Aunque la atención internacional se haya desplazado al Líbano, el Ejército israelí continúa diariamente sus crímenes en la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas mató al menos a 28 personas, la mayoría niños y mujeres refugiados en la escuela al-Faluja al oeste del campamento de refugiados de Jabalia. La cifra de muertos se acerca ya a los 41.500, a los que habría que sumar 90.000 personas heridas y unos 10.000 desaparecidos continúan bajo los escombros de los edificios. Han sido desplazados 9 de cada 10 habitantes -más de la mitad son niños y niñas que en muchos casos han perdido a su familia-. La población carece de agua, alimentos, combustible y medicinas. Sus hogares han sido destruidos y sus familias destrozadas. A mediados de setiembre, la ONU advirtió que para muchas familias la amenaza de morir de hambre es una realidad. El 96 % de la población -todos- “debía hacer frente a una inseguridad alimentaria aguda” y que casi medio millón de personas se encontraban en una situación catastrófica. Los bombardeos de los últimos días se han concentrado en el centro y norte de Gaza, donde el gobierno de Benjamin Netanyahu está considerando un plan para obligar a los civiles a abandonar toda la parte norte de la Franja y convertirla en una “zona militar cerrada”, que quedaría bajo sitio para obligar a Hamás a que entregue a los rehenes israelíes que siguen en sus manos. En tanto, desde octubre de 2023, un niño palestino muere en promedio cada dos días en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, una cifra casi tres veces y media superior a la de los nueve meses anteriores. 143 niñas y niños palestinos han sido asesinados en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde octubre del año pasado, lo que supone un incremento de casi el 250 % en relación con los nueve meses anteriores. Durante ese mismo periodo en Cisjordania han muerto dos niños israelíes en actos de violencia relacionados con el conflicto. El ministerio de Salud de la Franja de Gaza acusó el jueves al ejército israelí de “devolver” decenas de cuerpos de palestinos sin ningún dato o documentación que permita identificarlos. La ocupación israelí exhuma tumbas y roba cuerpos para determinar si pertenecen a los rehenes capturados el 7 de octubre. Aunque Israel negó la acusación, Hicham Mhana, portavoz de la Cruz Roja, declaró que la organización no participó en la transferencia de los cuerpos en Yan Junis porque no estaban acompañados de ninguna identificación. No pudieron ser entregados a sus familiares y fueron enterrados finalmente en una fosa común. Ni siquiera respetan a los muertos, algo que ya sabían los neandertales. La barbarie sionista ha retrocedido muchos escalones en la historia humana. Debe ser aplastada.

La mitad de la Argentina, 25 millones de personas, está bajo la línea de pobreza y buena parte, bajo la de indigencia. De acuerdo al informe que publicó el INDEC, en el primer semestre la pobreza subió al 52,9 %, aumentando el 12,8 % en un año, mientras que la indigencia se duplicó llegando al 18,1 %. Según, en este caso, UNICEF, el 66 % de los niños es pobre y el 27 % es indigente. El gobierno de Javier Milei ‘logró’ llevar estos índices a una situación emparentada a la del año 2002, durante la gran bancarrota que desató la rebelión popular del Argentinazo. Meses antes, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA marcaba índices similares para el primer trimestre del año. Este informe del INDEC es la primera estadística oficial durante el gobierno de Javier Milei. Son 6 millones los nuevos pobres y 4 millones los nuevos indigentes, un sector donde impacta fuerte el retiro de los alimentos a los comedores y la eliminación de buena parte de la asistencia social. Entre otros factores, pega duro el congelamiento de los planes sociales en $78.000, que llevan perdido el 70 % de su valor. La inflación del 4 % mensual orada lo poco que se obtuvo por actualizaciones de montos en la AUH, la asignación universal por hijo -unos$ 80.000 que llegan a 2,4 millones de titulares-. La Tarjeta Alimentar -que equivale a unos $50.000- mensuales llega hoy a unos 2,2 millones de beneficiarios. La canasta familiar de agosto supera el millón y medio de pesos. La distancia es descomunal. La desocupación, mientras tanto, sumó dos puntos porcentuales completos y se colocó en el 7,6 %. Un aumento de 336.000 personas que perdieron sólo en los últimos 3 meses, 60.400 puestos de trabajo. Dentro de los empleados hubo una transferencia de 328.000 hacia puestos de “menor calidad” o sea trabajo precarizado o en negro. Por otra parte, beneficiarios de los planes y changarines siguen siendo contabilizados como “ocupados”. Es cierto, todos estos indicadores llevan décadas en declive social. Durante el gobierno de Mauricio Macri la pobreza pasó del 30 % al 35,5 % y en el gobierno de Alberto Fernández paso del 35,5 % al 41,7 %. Casa Rosada Para la camarilla que festejó con un asado el veto a los jubilados esta situación es resultado de “años de deterioro vinculados a la inestabilidad macroeconómica que afecta al país, el mal manejo de los recursos públicos, el agotamiento del modelo basado en el consumo y una legislación laboral que excluye a los nuevos trabajadores”. En Capital Humano se jactan de que “ahora la ayuda social llega directamente a sus destinatarios”. Sin embargo, parte de los alimentos se pudrieron en los galpones y lo poco que se distribuyó a través de iglesias y escuelas fue producto de intimaciones judiciales a la ministra Sandra Pettovello. El desmantelamiento y liquidación de la ayuda y protección social es una de las causas de la duplicación estadística de la indigencia, determinada por un deterioro social que lleva años de gestación y se ha profundizado con cada crisis capitalista. En comedores y merenderos de todo el país las colas se acrecientan con familias que piden su plato de comida, en municipios del conurbano y la ciudad, la asistencia brindada no alcanza y empieza a darse una puja por los pocos recursos. Esto puede chocar de frente con el fantasma de la desocupación en masa y el parate de la actividad. El movimiento de desocupados con sus exponentes más firmes y organizados tiene que tomar el desafío y abrir una lucha a fondo frente al gobierno liberticida que lleva todos los índices sociales hacia una catástrofe humanitaria.

El Gobierno de Milei anunció que avanzará en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Un decreto que la declara "sujeta a privatización", ha sido enviado al Congreso. En el Congreso hay dos proyectos de privatización. Uno de Hernán Lombardi (PRO) y otro de Juan Manuel López (Coalición Cívica). Constan de tres artículos, que le encargan al Poder Ejecutivo avanzar en ese camino. En la Comisión no se logró un dictamen favorable de mayoría. ¿Privatización o desguace? Hace apenas dos meses, el Gobierno había negociado con los Gobernadores dejar a Aerolíneas afuera de las empresas estatales sujetas a privatización. Luego anunció una política de “cielos abiertos”, en referencia a los vuelos de cabotaje de Aerolíneas en caso de una huelga prolongada. Antes había instalado la idea de entregar Aerolíneas a sus trabajadores, una suerte de privatización proletaria. Recientemente, Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de Macri, se pronunció contra la privatización de Aerolíneas, a la que consideró como imposible por falta de interesados. Recomendó presentar una ley de quiebra, para dejar el mercado comercial a nuevos protagonistas. A estas contradicciones se suma otra, porque al concesionar el servicio de rampa, como lo acaba de hacer, bloquea los servicios de futuros competidores. Revés judicial La Justicia desestimó la acusación del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich contra Pablo Biró (Secretario General de APLA) por amenazas y por incitación a la violencia. Además, la Justicia Laboral hizo lugar a un planteo de APLA (Asociación de Pilotos) que dejó sin efecto el decreto de Milei que declara esencial la tarea de los pilotos aéreos, como un ataque al derecho de huelga. El fallo del Juzgado n°42 de la Justicia del Trabajo considera que dicha reglamentación es contraria a la Constitución Nacional y viola el derecho a huelga. La cautelar suspende por tres meses los decretos 825/24 y 831/24. La esencialidad general fue parte del capítulo laboral del decreto 70/23 que fue suspendido también por la Justicia Laboral. La OIT ha sido clara al señalar que 'No constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término “los pilotos de líneas aéreas'", destaca el juez, citando un reglamento de la organización de 2018. El fallo en primera instancia deberá atravesar la instancia de Cámara y finalmente, de la Corte Suprema. La política de los sindicatos La actividad huelguística de los aeronáuticos se redujo a la nada durante esta semana. Con los salarios perdiendo 80 puntos contra la inflación y con el Congreso discutiendo la privatización, los sindicatos se bajaron de las huelgas. Celebraron la cautelar contra la esencialidad con un comunicado en el que prometen dar batalla en el plano judicial. Por su parte, APTA, uno de los sindicatos aeronáuticos, se abrió del reclamo de los demás gremios: Cirielli, su Secretario General, aseguró que «la propuesta salarial» del Gobierno Nacional «es racional» para todos gremios y los acusó de no saber cómo salir del conflicto. La cuestión de AA se encuentra en un impasse ; el gobierno no encuentra interés en el mercado por la privatización y no se atreve a enviarla a la quiebra. Los sindicatos aeronáuticos se agarran de este impasse para llevar a su propio impasse el reclamo del aumento salarial. El decreto que declara a AA sujeta a privatización es una extorsión para que los sindicatos acepten los salarios que quieren Caputo y Milei. Los sindicatos prometen evitar turbulencias hasta el 17 de octubre, cuando el kircherismo celebrará la deslealtad del peronismo con la clase obrera, con un paro aislado de 24 horas, largamente avisado. LEER MÁS: Aerolíneas Argentinas: el moyanismo se declara ‘en estado de alerta’ y la CGT convoca ‘al diálogo’ Planteamos un Comité de huelga de los sindicatos aeronáuticos para organizar la huelga general. Por Pablo Busch, 20/09/2024.

El martes 24, a través de un comunicado de prensa de la Cancillería, se supo que en ocasión de la reunión de ONU, la canciller Diana Mondino hizo un trato con el secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy. El acuerdo conlleva una serie de concesiones al país europeo para afianzar su ocupación sin ningún beneficio real para la Argentina en su reclamo histórico de soberanía. En cuestión conlleva tres puntos, el primero denominado de carácter humanitario es continuar la campaña mediada por la Cruz Roja en la identificación de los pocos soldados que aún continúan como NN enterrados en las islas en conjunto con un viaje de familiares de excombatientes en algún momento del 2024. el siguiente punto es retomar los vuelos semanales de Sao Pablo hacia las islas con una escala mensual en la ciudad de Córdoba. Y, el tercer punto, la cooperación en la transferencia de información pesquera entre Argentina y el gobierno isleño. El anuncio fue saludado por la Asamblea Legislativa de las islas. Las rutas aéreas habilitadas que conectan las islas con los países de Sudamérica son una de las palancas que tiene la Argentina para presionar gobierno inglés en su reclamo de soberanía, ya que ningún país sudamericano recibe vuelos isleños sin la autorización del nacional. El servició de Sao Pablo a Malvinas había quedado interrumpido con la pandemia y luego continuó interrumpido por decisión nacional. El otro vuelo existente desde las islas es a Chile con escala en puerte Madryn una vez al mes. Por otro lado, el acuerdo para compartir información y gestionar en común el recurso pesquero les da postetad a los ocupadores no sólo de seguir vendiendo las licencias de pesca, si no también de poder tomar decisiones sobre superficies de océano, que ni siquiera son reclamadas por ellos, en pos de la conservación del recurso. La pesca en las islas representa entre el 50 y el 60 % de los ingresos fiscales, basándose principalmente en la pesca de calarmar Illex recurso compartido con la Argentina. Este es el segundo año consecutivo que las islas tienen que vedar las pesca en la segunda mitad del año por escasez del recurso. Esto tiene que ver principalmente con una fuerte política predatoria sobre el mar en donde durante el verano estuvieron pescando 80 barcos poteros taiwaneses y 16 arrastreros españoles que levantaron un total de 200 mil toneladas de calamar. Mientras que en Argentina para la misma temporada se levantaron 80 mil toneladas. Desde las islas culpan a la pesca ilegal china que preda al borde de la Zona Económica Exclusiva de argentina. El acuerdo entre la canciller argentina y el secretario británico fue criticado por propios y ajenos en la política Argentina. Desde la vicepresidenta Villarroel, pasando por Jorge Taina y el excanciller Santiago Cafiero señalan que esto es una entrega sin recibir nada a cambio. La vicepresidente habló desde la susceptibilidad que la interpela y que no puede acompañar esta medida por su historia personal. Tanto Taiana como Cafiero señalaron que primero hay que discutir la soberanía antes de entregar concesiones a los ocupadores. Sin embargo en 2022 y por pedido de la Cancilleria argentina se retomaron los vuelos desde Chile a las Islas, con escala en Puerto Madryn. La política de alineamiento con la OTAN en el Atlántico Sur es una política compartida por los exgobierno y la actual Vice, lo que conlleva la construcción de un polo logístico militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego como la posibilidad del patrullaje yankee en el Mar Argentino para combatir la pesca ilegal china, así como la compra de los aviones F-16 caracterizados como obsoletos por los especialistas. Mondino dio un importantísimo paso en el refuerzo de la ocupación británica en el Atlántico Sur. Los representantes del oficialismo y de la oposición pueden patalear pero se alinean en una política más general de súbita entrega de la Nación y siendo las islas una base de operaciones de la OTAN con proyección a Sudamérica y la Antártida, es un tema a discutir entre los trabajadores qué políticas debemos desarrollar para expulsar a los ocupadores que traen con ellos las banderas de la miseria y la guerra internacional.

La canciller Diana Mondino ha hecho público un acuerdo con su par del Reino Unido, David Lammy, relativo a las Islas Malvinas. Según sintetiza para Clarín (25/09) Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional, en el mismo se contemplan 3 puntos: uno relativo a la finalización de la identificación de los soldados argentinos y a la visita de familiares de los caídos al Cementerio Argentino de Darwin; otro acordando la reanudación de los vuelos semanales de San Pablo a las islas con una escala mensual en Córdoba; y el último sobre “medidas concretas en materia de pesquerías”. Estos tres puntos, ponen en cuestión directa la soberanía argentina sobre las Islas y sectores considerables del Mar Argentino. La élite de la isla, que se aprovecha de la explotación de las zonas pesqueras -y pretende avanzar en las zonas petrolíferas- ha celebrado el acuerdo firmado. Al reestablecimiento de una frecuencia semanal entre Brasil y las islas con una escala mensual en Córdoba, se suma a la ruta comercial directa con Chile. Este acuerdo se da en momentos que se ha conformado una comisión de relaciones amistosas entre diputados argentinos y británicos, que terminó en polémica cuando la embajadora inglesa no quiso posar junto a una diputada de UxP que tenía una remera que decía “las Malvinas son argentinas”. Esta comisión no se ha expresado sobre el acuerdo firmado. La explotación de la plataforma marítimca de las Malvinas por parte de una fuerza ocupante contraría todas las resoluciones adoptadas en Naciones Unidas para negociar la soberanía de Argentina sobre Malvinas. Milei, en su discurso ante la ONU , denunció a este organismo por dificultar el entendimiento con Gran Bretaña. Mondino se ha encargado de lograr ese entendimiento, mediante la entrega de la soberanía. La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene vínculos con sectores del Ejército y represores de la dictadura, protestó contra acuerdo en su cuenta de X, considerando “insólito” que “Estados Unidos ofrezca buques guardacostas para proteger el Mar Argentino 'del pillaje extracontinental' mientras la Cancillería propone 'cooperar con la potencia' que usurpa territorio que le pertenece al país” (La Nación, 28/09). Villarruel finge desconocer con quién ha hecho pareja para llegar al gobierno, y de paso advierte su posición pro norteamericana y pro OTAN. LEER MÁS: Mondino y los Milei consolidan la ocupación británica de las Islas Malvinas Por Hermes Zitarrosa, 28/09/2024.

Como anunciara días atrás en el Congreso, Javier Milei cumplió con la amenaza de seguir con los despidos masivos de trabajadores estatales. La tercera ola de despidos tenía fecha el lunes 30 de septiembre. Sin embargo, desde hace días empezaron a llegar los mails con el aviso de no continuidad de los contratos, primero a decenas y después a cientos de trabajadores estatales. En algunos organismos, los coordinadores sugirieron que “abran el mail durante el fin de semana”, para notificarse del aviso de “no continuidad”. En el Ministerio de Justicia se espera que los despidos alcancen a 1200 trabajadores, aunque la mitad sería readmitida con diferente modalidad. Se deja de lado el contrato Acara, enmarcado en la Ley de Contrato de Trabajo, con salarios más próximos a la canasta familiar, anuales y con derecho a indemnización, por el pase a el Artículo 48 de la Ley Marco, que tiene un promedio de salario en los 600 mil pesos, son contratos trimestrales, sin derecho a indemnización. Entre los sectores nuevamente atacados en Justicia, se encuentran los CAJ de la Ciudad de Buenos Aires emplazados en las villas de emergencia. Se cierra el “acceso a la justicia”, concepto bastante devaluado, pero que al menos tenía una oficina en el lugar. Los otros organismos golpeados por despidos fueron los ministerios de Trabajo, Salud, Desarrollo Social, Capital Humano y Cultura; corre un rumor sobre 200 despidos en Biblioteca Nacional. Lo cierto es que las listas con nombres o los mails ya están circulando y después de la olla popular organizada el 26 de septiembre en la Plaza de Mayo no hay novedades de una nueva acción conjunta para contestar la tercer ola de despidos. Cada Junta Interna se organiza en su sector, trata de abrir mesas de negociación sobre su propio listado y con la buena voluntad de los que no fueron sorteados esta vez, hacen acciones que reúnen solidaridad: radios abiertas, ruidazos y, allí donde se junta fuerza, asambleas. En los organismos en los que la etapa de despidos pasó a dar lugar a la Ley Bases respecto de “el pase a disponibilidad” los y las trabajadoras de planta están a merced de que otros organismos los absorban. Además de los despidos, renuncias Una de las formas de agrandar el achique del personal estatal es la asfixia salarial producida por el congelamiento de los salarios en un cuadro inflacionario y de tarifazos permanentes. A la pérdida salarial que se arrastra desde hace décadas, los estatales nacionales con salarios por debajo de la línea de pobreza y la de indigencia según cifras oficiales del gobierno de la Ciudad (966 y 537 mil pesos respectivamente, en ambos casos contando que el trabajador tiene un techo propio) tienen que renunciar a sus puestos porque el gasto de transporte y del personal para el cuidado de niños o adultos mayores supera el salario. Un despido encubierto. Es en ese marco que el gobierno puso un techo del 2 % a las paritarias en general y firmó un decreto de no más aumentos para los estatales hasta fin de año. Apunta a las renuncias. El trimestre anterior algunos organismos cumplieron con el cupo de bajas de trabajadores informando las renuncias. La creación del ministerio a cargo de Sturzenegger para aplicar la Ley Bases llevó a disponibilidad a cientos de trabajadores de Planta Permanente, que cuando son solicitados por otros organismos no les autorizan el pase, como si fuera poco en proyecto de presupuesto presentado por Milei apunta a recortar el presupuesto de áreas como el INTI o el INTA; el ataque a las condiciones laborales y salariales llega por todos los flancos. En la semana del 23 al 27 salieron a la calle los Aeronáuticos, las docentes, los y las jubiladas, los estatales nacionales, cada día una acción flaca que no logra romper con el temor instalado en los lugares de trabajo a las listas de despidos. Necesitamos coordinar a todos quienes estén dispuestos a luchar por terminar con el gobierno de Milei y sus secuaces en los parlamentos, las provincias y los sindicatos. Para frenar los despidos en el Estado y en el sector privado convoquemos un plenario de delegados y activistas que vote un plan de lucha unificado. Empecemos por ganar las calles el 2 de octubre en defensa de la Universidad. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Intervención de Valentina Viglieca en acto de ATE (26/9/24) Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

En su visita a Punta Alta, Kicillof anunció la realización de una megaobra para ampliar el puerto Rosales, utilizado como plataforma de exportación del petróleo crudo no convencional extraído de Vaca Muerta. Estará en manos de la empresa Oiltanking. De esta forma, se construirían seis nuevos tanques de almacenamiento y se permitiría la operación de barcos de mayor envergadura, ampliándose en un 50 % en total su capacidad operativa. El costo alcanzará unos 500 millones de dólares, de los cuales ya se llevan desembolsados más de la mitad. Puerto Rosales es la vía de salida para la exportación del petróleo extraído en Vaca Muerta. A Puerto Rosales llegan los buques de Comodoro Rivadavia con el petróleo pesado –llamado Escalante– que se produce en el Golfo San Jorge, para suministrar a las principales refinerías del país: YPF (La Plata), Raízen (Dock Sud) –abastece las estaciones de servicio Shell–, Axion (Campana) y Trafigura (Bahía Blanca) –dueña de Puma Energy–. El petróleo liviano –llamado Medanito– de la cuenca neuquina (Vaca Muerta) llega a las refinerías de Buenos Aires por oleoducto que se carga y se exporta a través de Puerto Rosales. Envalentonado por el fuerte trascendido de que la petrolera malaya Petronas desistiría de participar en la construcción de una planta de licuefacción de gas (GNL) en Rio Negro , Kicillof aprovechó la oportunidad para reposicionar para el RIGI petrolero a la provincia de Buenos Aires. El RIGI de Kicillof , al igual que el de Milei, consiste en un regimen de múltiples exenciones impositivas, para obras que exploten recursos naturales (minería, energía, petróleo y gas) y superen los u$5 millones. La operatoria del transporte de petróleo en el Puerto Rosales está a cargo de la empresa Oiltanking, cuya composición accionaria es de un 70 % de la alemana Marquard & Bahls AG y 30 % restante a cargo de YPF. Opera un oleoducto que transporta petróleo crudo desde sus instalaciones de bombeo ubicadas en Puerto Rosales hasta Bahía Blanca. En diciembre del 2023 y enero del 2024, la empresa derramó petróleo sobre la ría de Bahía Blanca, ocasionando importantes daños ambientales. Tanto es así que originó la presentación de una demanda en la Justicia federal del intendente camporista de Bahía Blanca, Federico Susbielles afirmando que la empresa no habría implementado a tiempo los protocolos de contención del derrame. Todo fue un fuego de artificio, porque la denuncia fue luego abandonada. El ministerio de Ambiente de la Provincia suspendió en su momento las actividades de la empresa luego del segundo derrame, para volver a habilitarla en solo cinco días. Kicillof, y los intendentes peronistas de Coronel Rosales y Bahía Blanca ofrecen piedra libre para seguir contaminando. Para la “casta política” criolla no hay grieta, la única salida que tienen para la crisis es convertir al país en una plataforma de exportación de petróleo y gas de la mano de los monopolios que controlan su producción, distribución y generan un daño ambiental irreparable con la mayor impunidad.

De un día para otro, sin ningún aviso a la población, según la resolución 2431, el PAMI recortó otros 44 medicamentos con cobertura al 100 % -en junio pasado ya habían hecho un recorte de 11 remedios- y ha reducido la cobertura de más de 1100. Entre los eliminados se encuentran antiparasitarios, corticoides, antirreumáticos, calmantes y antibióticos, muchos de los cuales son esenciales para tratar enfermedades crónicas y agudas. Pacientes y farmacéuticos confirman que el clonazepan y las indispensables estatinas (reducen el colesterol) pasaron a tener descuentos menores, del 50 % y del 80 %. El PAMI lo niega. PAMI confirma, además, que los prazoles (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) utilizados por el 25 % de los jubilados, pasaron de tener cobertura “ambulatoria” a no tener ningún tipo de descuento. Hasta diciembre de 2023, se entregaban 6 cajas de remedios con cobertura al 100 % para cada jubilado, que se redujeron a 5 cajas durante el gobierno liberticida. Por otro lado, el PAMI pasó medicamentos del vademécum, llamados de “uso eventual”, que tenían descuentos del 50 al 80 %, a medicamentos de venta libre que ahora deberán ser pagados con un descuento del 40 % sobre el precio de venta al público. La desinformación por parte del PAMI es mayúscula y crea enormes incertidumbres entre los beneficiarios. Según PAMI, cualquier afiliado que precise remedios con cobertura al 100 % puede gestionar el “subsidio social” si el costo de los remedios de un jubilado es igual o mayor al 15 % de sus ingresos por medio de un trámite de “solicitud por vía de excepción” en el que se le exigirá un chequeo médico y un examen “socio ambiental”. Hay jubilados con pedidos de medicamentos especiales por vía de excepción, solicitados en el mes de marzo pasado, y sin resolución hasta el día de hoy. Este “subsidio social” depende de una verificación socioeconómica que varios abogados coinciden en calificar como "injusta, arbitraria e ilegal" e instan a los afectados a presentar recursos legales, como amparos con medidas cautelares, para que se respeten sus derechos a la cobertura de salud. Los requisitos para obtener medicamentos al 100 % son cobrar haberes mensuales menores a una jubilación mínima y media , poseer una vivienda única y un automóvil con quince años de antigüedad como mínimo, para obtener el beneficio sobre no más de 5 medicamentos. Quedan excluídos los afiliados a las prepagas, a pesar de que a ellos tambnién se le descuenta de sus haberes el aporte a PAMI -entre 3 % y 6 %- que no se pueden transferir a la prepaga. Este brutal ataque a la salud a los millones de beneficiarios se da en el marco de haberes jubilatorios de indigencia y pobreza . El haber mínimo jubilatorio será en el mes de octubre de $ 245.000 más el bono “basura” de $70.000, congelado desde el mes de marzo. La canasta familiar, en cambio, suma $1.700.000. Incluso la subvaluada canasta de la tercera edad supera los $900.000. Javier Milei dejó en claro el carácter de clase de su gobierno cuando les aseguró a las patronales que continuará rebajando el “gasto” destinado a los jubilados con el objetivo de llenarle los bolsillos a los bancos y a los pulpos financieros. Según reza la Constitución Nacional, el salario mínimo de un trabajador debe ser el valor de la canasta familiar y un jubilado debe cobrar como haber mínimo el 82 % móvil de la canasta familiar. Debemos frenar esta declaración de guerra del gobierno liberticida de Javier Milei y de todos sus aliados, los partidos de la “casta” , la burocracia de la CGT y la CTA, la Iglesia y los medios de comunicación. Jubilados, trabajadores ocupados y desocupados debemos impulsar una huelga general para frenar esta barbarie. Todos los miércoles a las 15 hs. los jubilados nos convocamos en el Anexo del Congreso nacional. Te esperamos.

La operación de rescate y exilio en España del candidato a presidente de Venezuela del opositor Edmundo González Urrutia extremó las divisiones políticas en España y la Unión Europea. El Partido Popular ha forzado una votación en el Congreso para un voto no vinculante reconociendo al candidato presidencial opositor como legítimo presidente de Venezuela y ha logrado su aprobación con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El voto se repitió en el Senado donde también obtuvieron la aprobación. Mientras tanto el gobierno de Pedro Sánchez se mantiene fiel a la postura de la Unión Europea (UE): el gobierno de Maduro debe mostrar las actas que ratifiquen el triunfo electoral que ha reconocido la Corte Electoral de Venezuela controlada por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea se ajustan al guión y evitan reconocer al candidato de la oposición como legítimo presidente. Es la misma posición que sostiene Washington a cuyo dictado se somete el gobierno “más progresista de la historia de España”. Maniobras imperialistas De acuerdo con el periódico El País el proceso fue gestionado directamente con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a través de diversos contactos y la intermediación de un político exiliado en España. De lo que no cabe duda a estas alturas es que la búsqueda de un pacto para desalojar a Maduro de su cargo con algunas medidas de transición para dar paso a un gobierno de la oposición no ha prosperado. Pero, de momento, tampoco el Gobierno de Joseph Biden ha procedido a revocar el levantamiento parcial de sanciones que se materializó antes incluso del Pacto de Barbados por el cual el gobierno venezolano y la oposición acordaron en octubre de 2023 la realización de elecciones libres y competitivas en el país en 2024. A finales de noviembre de 2022 el gobierno estadounidense autorizó a la petrolera Chevron a reanudar su actividad de extracción de crudo en Venezuela. La intensa actividad de lobby de Chevron le permitió entonces reanudar la extracción y venta de crudo abriendo una vía para recuperar los 4.000 millones de dólares que el país le debe por operaciones anteriores. Pero ahora, tras las elecciones, Chevron ha vuelto a defender ante el gobierno de Biden la necesidad de la permanencia de la empresa en Venezuela “para incrementar el suministro global de petróleo y la seguridad energética estadounidense” de acuerdo con el Wall Street Journal (5/9/24). La petrolera fue recibida por el gobierno nacionalista de Maduro con los brazos abiertos. Sumisión al imperialismo El periódico además afirma que los ejecutivos de la petrolera señalaron al gobierno que su presencia sirve a los intereses estadounidenses frente a los adversarios geopolíticos al evitar que estos refuercen sus posiciones en el país. Vale la pena recordar que la española Repsol está presente en Venezuela desde 1993 en operaciones que considera de interés estratégico, al igual que la Italiana ENI. Ambas han mantenido contacto con el gobierno estadounidense para mantener la presión en favor de la continuidad de la actividad de las petroleras allí según el Wall Street Journal. Tanto la intervención española como la continencia estadounidense hablan a las claras de un pacto. La existencia de diversas negociaciones en torno al desenlace del proceso electoral no es ningún secreto. El 6 de septiembre el secretario de estado Blinken lo ratificó durante su visita a República Dominicana para conversaciones con el presidente Luis Abinader. Durante esas conversaciones Blinken señaló que dichas negociaciones contaban con la colaboración de Brasil y México además de Dominicana. La situación de hecho es que Estados Unidos más allá de su verborragia contra la persecución de las fuerzas opositoras y por la libertad de los presos políticos no ha tomado ninguna medida de fuerza. Tampoco lo ha hecho España, más allá de las protestas por vía diplomática. La cuestión de fondo desde el punto de vista del marxismo revolucionario es que la dirección venezolana de hecho ha pactado con el imperialismo la presencia de las petroleras en el contexto del desarrollo de una guerra mundial . Está claro que la operación española de rescate del candidato opositor a la presidencia debe leerse en este contexto de pactos entre Maduro y el imperialismo, y que las evoluciones españolas en ese teatro de operaciones son parte de los acuerdos para preservar el negocio de las petroleras estadounidenses y europeas. Algo que no es secundario para el gobierno de Nicolás Maduro que lleva adelante un proceso de devaluación interna, un ajuste a expensas delas masas trabajadoras, mediante la dolarización de la economía, que ha sumido al 60% de la población por debajo de la línea de la pobreza. De momento su tabla de salvación es preservar la entrega a las petroleras extranjeras. Chevron representa el 20% de las exportaciones nacionales de crudo y el 31% de los ingresos petroleros totales del estado venezolano. El escenario español y europeo En España el estruendo subió varios decibelios cuando el 19 de septiembre el Parlamento Europeo a propuesta del PP español volvió a votar por mayoría el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La intensa campaña de la derecha española y europea tuvo como respuesta por parte del gobierno venezolano la publicación de una carta firmada por González Urrutia en la que el político opositor reconoce el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales. La declaración fue acompañada de una foto en la que se ve al político opositor junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional en un salón de la embajada española. El candidato opositor se vio obligado a salir a la palestra para enfatizar que su firma fue resultado de la coacción del gobierno venezolano. González Urrutia explicó entre otras cosas que consideró que era “más útil para su país” estando libre en el exilio que preso en Caracas. Omitió decir sin embargo que tenía la opción de rechazar la firma de la carta y mantenerse asilado en la embajada de España manteniendo el pulso con Maduro. Es decir una posición de principio en defensa de su presunto triunfo electoral. Lo que habla a las claras del poder de convicción del gobierno estadounidense y sus aliados sobre la oposición en Venezuela. Está claro que el rescate y exilio del candidato es un plan que tiene por objetivo diluir la fuerza de la oposición en un intento de mantener un status quo en el cual los intereses económicos imperialistas no se vean amenazados. El PP de inmediato acusó al gobierno español de haber montado el escenario para “un golpe de estado en Venezuela” contra el candidato electo, según declaró en un programa de radio el responsable de política exterior del PP, el parlamentario europeo Esteban González Pons. El barullo organizado oculta sin embargo algunos hechos relevantes de la política internacional. Mientras tanto, tras el voto en el Congreso del reconocimiento de González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, Caracas decidió llamar a consultas a su embajador en España y acusó a este país de agitar un golpe de estado contra su gobierno. Fuego cruzado. La operación de rescate de Gonzalez Urrutia tiene sin embargo un sentido profundo porque es una manifestación de que la dirección de la oposición en Caracas se aviene a una salida negociada de la crisis abierta con el fraude electoral del partido de gobierno. El acuerdo entre oficialismo y oposición para la celebración de elecciones en 2024 se firmó el 17 de octubre de 2023 en Barbados. El acuerdo de entonces fue saludado por el secretario de estado estadounidense Anthony Blinken, y por el Alto Representante de la Unión Europea para política exterior y seguridad, Josep Borrell, la ministro de exteriores británica en ese momento, y por el ministro de exteriores de Canadá. La perspectiva de un acuerdo se desplaza ahora a unas posibles elecciones locales o legislativas en 2025 con la presencia de la oposición. Mientras tanto la derecha europea se ha escindido entre los que pugnan por un golpe de estado ahora y los que están dispuestos a esperar al desarrollo del proceso político sobre el desgaste “bolivariano”. Por su parte la izquierda del régimen en España, entre ellos los aliados del PSOE en la coalición de gobierno que han defendido de forma manifiesta al régimen de Caracas también en su periodo de declinación y descomposición, callan. El papel manifiesto del Chavismo como promotor de un ala de la burguesía que se ha enriquecido con la expoliación de los recursos públicos, su papel de árbitro entre las masas venezolanas y los intereses imperialistas para el beneficio de la casta administrativa y sus aliados empresariales, ha sido desnudado de forma extrema por su descomposición. El fraude electoral es una manifestación más de este proceso que de momento se resuelve por la vía de las concesiones mutuas con el imperialismo y sus lacayos . Independencia obrera El conjunto de los intereses en pugna, que por fuerza debe incluir a Rusia y China con fuertes inversiones en Venezuela, en ningún caso vela por los intereses de los trabajadores. El régimen bolivariano liderado por Maduro se encuentra en un grado de descomposición extrema y su única alternativa es lograr una estabilidad a la nicaragüense, en la cual Maduro sea conceptualizado por el imperialismo como “nuestro hijo de puta en Caracas” al cuidado del patio trasero de las petroleras. El discurrir del tiempo va a replantear la tendencia hacia la guerra civil en una sociedad profundamente escindida en la cual no hay expectativa de mejoría para las masas pauperizadas. El problema de la organización de los trabajadores en función de sus propios intereses, es decir de la lucha por un gobierno obrero, es la cuestión capital en Venezuela. No hay acta electoral que valga lo que una huelga general contra el gobierno hambreador y la derecha entreguista, por la libertad de los presos políticos y la expropiación del imperialismo. La expropiación de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la reorganización de la industria petrolera bajo control de consejos obreros y la expropiación de tierras para la colectivización de la producción agraria es el programa de la defensa de los intereses de los trabajadores. Solo un partido de la clase obrera podrá llevar adelante una lucha consecuente contra el gobierno y el imperialismo por los intereses de los trabajadores. El teatro de operaciones del imperialismo se inscribe desde luego en la crisis global desatada por el empuje a la guerra detonado por el escenario bélico en Ucrania largamente preparado por la OTAN. Con el Próximo Oriente al borde de una extensión de la guerra en Gaza a Líbano y en última instancia a Irán .

Javier Milei intentó repetir en el Parque Lezama el acto que años atrás sirviera de lanzamiento para su candidatura y, eventualmente, para su corriente política. En este caso, la excusa del acto era el lanzamiento de su partido como sello nacional. Pero la convocatoria de Parque Lezama no consiguió nada de esto. Por el contrario, puso de relieve un derrumbe manifiesto del gobierno libertario -no ya entre quienes luchan contra él, sino en lo que respecta a su propia base social y política-. La concurrencia apenas superó las 5.000 personas, dejando vacíos mal disimulados en las gradas del anfiteatro de Lezama. En la zona, el periodismo detectó a decenas de micros que, evidentemente, llegaron semivacíos. El acto fracasó por partida doble: en la concurrencia espontánea y en la “organizada”, a pesar de la ayuda de una parte de la ‘casta sindical’ -la que responde al gastronómico Barrionuevo y la burocracia de UATRE-. Si el acto pretendía presentar a la LLA como una fuerza política nacional, lo que logró fue exactamente lo contrario. El “sello” electoral libertario es una camarilla familiar, como lo demostró la presencia protagónica de Karina y Javier Milei en el escenario. Karina se refirió, incluso, a “los hermanos Milei”. Para mantener bajo su éjida al sello electoral libertario, Milei deberá recurrir a otros miembros de su familia -si es que confían en ellos-, habida cuenta de los desplantes y rupturas que ya vivió en varias provincias y en el propio parlamento. Como era previsible, al acto no concurrió Villarruel, después del incidente que protagonizó por X en relación a los últimos acuerdos del gobierno por Malvinas . El acto familiar, en suma, fue un retrato de la desintegración del gobierno. Furia El discurso de Milei escenificó la furia frente a ese confinamiento político. Los ataques al “periodismo ensobrado” se dirigieron, en este caso, al periodismo macrista que lo sostuvo durante largos meses y que ha comenzado a tomar distancias en las últimas semanas. Desde la tarima, ratificó a los miembros de un gabinete en zozobra, después de la renuncia del ministro de Salud Russo. Los espaldarazos nerviosos apuntaron principalmente a Luis Caputo, en la semana del decreto que lo autohabilita a renegociar una deuda de carácter impagable . Más que detenerse en el acto de Milei, los periódicos de este domingo se preguntan sobre los dólares necesarios para afrontar esos compromisos de deuda. En Lezama, Milei intentó rescatar a la operación deflacionaria en curso, y exaltó la existencia de un “peso fuerte”, ello, cuando la base social que enancó a su gobierno refuerza los reclamos por una devaluación . Los saludos de Milei se extendieron después a la jefa del “Capital Humano”, en la misma semana en que se conoció el índice de pobreza del 52 % . Milei apeló, como siempre, a la *fake *para justificar al gobierno empobrecedor. Señaló que en realidad la pobreza del primer semestre “había sido del 55 %”, y que por lo tanto el índice actual marcaba un descenso. Para este delirio, no consiguió ni el aplauso de su gabinete, que compartía las primeras filas con un centenar de lumpenes enfervorizados. El resto de la concurrencia apenas seguía el discurso, como se apreciaba en el murmullo permanente. Milei le dedicó un párrafo a la estatización de las jubilaciones por parte de CFK y Boudou. No los acusó por usar al Fondo de Garantía para pagar la deuda pública, sino por haber financiado “las moratorias de quienes no hicieron aportes”, o sea, a las víctimas de la precarización laboral y evasión previsional promovida por la clase capitalista. La alusión a “los que se robaron las jubilaciones del sistema previsional privado” adivina la intención última de la actual política de ajuste previsional: por un lado, el retorno de las AFJP, que serán ofrecidas como complemento de la actual miseria jubilatoria a quienes puedan pagar un aporte; por el otro, la conversión de las actuales jubilaciones en estipendios asistenciales, por debajo de la línea de indigencia. El ultimo párrafo del discurso fue un agradecimiento al macrismo por el papel jugado en el aval de las leyes y DNUs reaccionarios en el Congreso . Fue él único baño de realidad en el falso acto libertario: la camarilla familiar deberá recurrir crecientemente a la “casta” de la oposición parlamentaria y de la burocracia sindical para sostener a su gobierno antiobrero. Apenas unas horas antes del acto, el gobierno frenaba en el congreso a los proyectos de “reforma sindical” de sus socios radicales, en un entendimiento con la CGT. El patético acto libertario tendrá como contrapartida a la marcha educativa de este miércoles, que convocará a otras luchas y sectores de trabajadores que buscan un canal para poner fin al experimento reaccionario de Milei y compañía. Hay que redoblar el esfuerzo en las universidades, escuelas y en todo el movimiento obrero para convertir a la jornada del 2 en una expresión política contundente contra el gobierno liberticida. Los “hermanos”, en definitiva, están para el cachetazo.

El jueves 26, el ministro de salud Mario Russo, renunció a su cargo. En su reemplazo asumió Mario Lugones, un empresario de la salud privada allegado a Santiago Caputo, socio de Coti Nosiglia (UCR) y Luis Barrionuevo (sindicato de Gastronómicos). Pese a que en el comunicado emitido por el Ministerio de Salud (26/09) se aducen “motivos estrictamente personales”, salieron a la luz las internas al interior de la cartera: una guerra por quién se queda con la caja de la privatización de la salud, una interna que no es ajena a la que atraviesa La Libertad Avanza. Dos privatizadores Russo fue Secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón y Subsecretario de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sanitarias Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires (2018), durante el gobierno de María Eugenia Vidal del PRO (2015-2019). Se dedicó a la gestión sanitaria en el ámbito privado, donde coordinó el Servicio de Trasplante Cardiopulmonar Pediátrico en el Hospital Italiano y el Departamento de Cardiología del Fleni (Infobae, 26/9). Según los medios de comunicación (Página/12, 27/9), es la misma Sandra Pettovello (Ministra de Capital Humano) quién lo recomienda para su cargo. Por su parte, quien toma las riendas en su reemplazo, Mario Lugones, siempre fue un “ministro sin firma” para los empresarios de la salud (La Nación, 27/09): seleccionó personal para PAMI, para la Superintendencia de Servicios de Salud y para los hospitales nacionales; es el principal interlocutor con las obras sociales y fue clave en la puja del gobierno con las prepagas. Lugones fue presidente de la Fundación Sanatorio Güemes y dueño de dicho sanatorio, socio de Enrique “Coti” Nosiglia (UCR) y Luis Barrionuevo del gremio Gastronómico, con quienes se vinculó luego de su paso por OSECAC, la obra social de los empleados de comercio que manejaba Armando Cavalieri. Un Ministerio “intervenido” por Santiago Caputo El conflicto que detona la renuncia de Russo se inicia, según varios medios de comunicación (La Política Online, 26/09) días previos a su renuncia, cuando firma una serie de disposiciones para limitar las funciones de diversos funcionarios allegados a Lugones, como Cecilia Loccisano, secretaría de Coordinación Administrativa, abogada con experiencia en lo referido a las compras en el área de salud y ex mujer de Jorge Triaca, quién ocupó dicho lugar luego de los traspiés con la compra de vacunas y repelentes para el dengue del pasado verano, entre otros funcionarios. En el entorno de Russo acusan a la gente de Loccisano de concentrarse en habilitar clínicas privadas, además de someterse a las instrucciones de la Superintendencia de Salud en el multimillonario negocio de las obras sociales. Entre los choques de Russo con Lugones y sus funcionarios, además, se encuentran la compra de medicamentos vía convenios desde la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) y el cierre de dependencias y organismos dependientes del ministerio. También se mencionan diferencias en relación a la compra y distribución de vacunas para la prevención del dengue. Una puja por quién se queda con la caja El recambio de un empresario a otro responde a una puja por las jugosas ganancias que arrojan la privatización de la salud y el manejo de la caja de las obras sociales. De hecho, Mario Lugones había iniciado una negociación subterránea con Voytenco (de UATRE) para acordar un manejo compartido de OSPRERA (Obra Social de Peones Rurales), que mueve alrededor de 50 mil millones de pesos por mes y que tiene en los seguros el negocio más disputado. Esta negociación fue frenada por Karina Milei, quién habilitó a Lule Menem a correr a Lugones. (LPO, 26 y 27/9). Las redes de influencia de Lugones involucran al titular del PAMI, Esteban Leguízamo, y a su segundo, Carlos Zamparolo, quien proviene de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA). El entramado de negociados y vínculos de poder tiene así también sus tentáculos extendidos en la UBA, cuyo vicerrector, Emiliano Yacobitti, es el hijo político de Nosiglia. La disputa al interior de salud está relacionada con la interna que atraviesa La Libertad Avanza, en donde Santiago Caputo obtiene más poder. El nuevo ministro es, sin ir más lejos, el padre de Rodrigo Lugones, amigo y socio del asesor Santiago Caputo, y forma parte de su camarilla en la interna de LLA. El recambio de ministros saca a la luz los vínculos, opacos a los ojos de la población, del entramado que maneja los hilos del Estado y los jugosos negocios de la salud. Según La Nación (27/9), “lo insólito es que la nueva matriz trae de regreso a la vieja trama de sociedades entre Nosiglia y Barrionuevo, la dupla que en el pasado tuvo una ascendencia determinante sobre el epicentro de los negocios de la salud, el PAMI. Son los fundadores de la casta”. Del otro lado, se encuentra la otra “casta" de la burguesía: la que une a Claudio Belocopitt, dueño de la prepaga Swiss Medical y del multimedio América junto a José Luis Manzano y Daniel Vila, con Sergio Massa. Mientras la población sufre el desguace de la salud, los recortes de medicamentos gratuitos y el aumento de los costos de las prepagas, las “castas" de la burguesía se reparten los multimillonarios negocios de la salud. Opongámosle a la privatización y al vaciamiento, la lucha por la defensa de la salud pública, apoyándonos en los residentes y los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan.

La operación terrorista en enorme escala lanzada por el estado sionista contra el Líbano a partir de los explosivos instalados en los buscapersonas y otros dispositivos de uso corriente por parte de Hizbollah, la milicia chiita, se ha cobrado la vida del líder de la organización, Hassan Nasrallah, y de otros siete comandantes de la mayor responsabilidad, y el asesinato de casi dos mil civiles. Después de tres tentativas de asesinato en los últimos veinte años, el poder sionista alcanzó sus objetivos. Israel replica en el país de los cedros los métodos que sigue usando, al cabo de un año, en Gaza , que consiste en masacrar a la población bajo la cobertura de una guerra contra organizaciones terroristas. Con la continuidad de los bombardeos masivos después de los asesinatos de la dirección político-militar de Hizbollah, la expectativa es que las muertes civiles alcancen, también en Libano, a decenas de miles de personas. El imperialismo norteamericano y europeo no ha demorado en declarar su apoyo al estado sionista, pero, perversamente, para encubrir su asociación directa con estos crímenes: Estados Unidos ha sido el proveedor de las bombas laser guiadas contra bunkers que ha utilizado la aviación sionista. Netanyahu, el designado criminal de guerra por parte de la Corte Penal Internacional, ha declarado que “el trabajo no ha sido completado” y que seguirán los bombardeos hasta que “no haya cambiado la correlación de poder en el conjunto del Medio Oriente”. Esto no es sólo una amenaza a Siria e Irán sino una declaración de guerra infinita. “No hay lugar que no alcancemos en Irán y todo el Medio Oriente”, declaró Netanyahu al designar sus próximos objetivos: Cisjordania, Irak, Siria, Yemen, más Líbano y Gaza; una guerra en siete frentes. Netanyahu no vacila en apostar a una guerra mundial y poner al borde del abismo, al mismo tiempo, la propia existencia de Israel . El atentado criminal que costó la vida de Nasrallah y otros siete comandantes, ha diezmado a la dirección de Hizbollah y constituye un golpe político poderoso para la organización y para la lucha contra la guerra desatada por el sionismo. Plantea la perspectiva de una ofensiva terrestre contra bases y depósitos de Hizbollah. Sin embargo, al día siguiente de los asesinatos fueron disparados docenas de cohetes desde Líbano, así como desde Yemen. De acuerdo a un boletín militar, Hizbollah habría dañado seriamente, en los días previos, las baterías de la Honda de David, un interceptor de misiles, e incluso de la Cúpula de Hierro, de las fuerzas armadas del sionismo. El ejército de Israel ha establecido un cordón sanitario en Líbano, para prevenir el rearme de Hizbollah desde otros países, en especial Siria. El Líbano no es, claramente, la última estación de la ofensiva militar del sionismo. Un corresponsal del New York Times, en un artículo difundido por los diarios argentinos, atribuye el éxito de Israel en asesinar a Nasrallah, a un “error de cálculo espantoso” de parte de Hizbollah. Es un intento de caracterizar políticamente estos crímenes, más allá del relato acerca de la ‘eficiencia’ bélica del sionismo. Señala que la milicia chiita se había ‘ilusionado’ con librar ‘una ‘guerra de baja intensidad’, mientras su enemigo estaba embarcado en una escalada, debido a la expectativa de un cese del fuego en Gaza. Lejos de aceptar este canje de treguas en el sur y en el norte, Netanyahu y su gabinete preparaban la guerra en dos frentes. El gobierno sionista condicionó un cese del fuego al control militar definitivo del corredor costero norte-sur de Gaza (el corredor Filadelfia), que Hamás no podía aceptar bajo ninguna circunstancia, pues significaba, en último término, la reanexión de la Franja al estado sionista, bajo la forma de una administración civil local designada por Israel. En su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Netanyahu exhibió un mapa que muestra a Gaza y Cisjordania incorporadas a Israel . La escalada de la guerra del estado sionista no es, sin embargo, una emprendimiento reciente. Haaretz, el vocero del sionismo liberal, recoge la información de un oficial retirado del alto mando del ejército, que afirma que las fuerzas armadas de Israel han construido “un banco de blancos” durante quince años: “Ingresamos a la segunda guerra del Líbano con una lista de 300-400 blancos”, que se han elevado a “decenas de miles”. Otro artículo señala que el despliegue militar de Hizbollah en apoyo al sirio Bashar Al Assad, durante la larga guerra iniciada con la “primavera árabe”, le ofreció a la Inteligencia israelí la oportunidad de registrar blancos para atentados en forma masiva, debido a una abandono forzado de la clandestinidad mantenida hasta ese momento. La ilusión de un parate de la guerra contra Gaza a partir de negociaciones en las que intervenían ‘aliados’ como Qatar y Egipto desnaturalizó por completo la caracterización de la guerra de exterminio lanzada por el sionismo. Esta ilusión fue fomentada por la teocracia de Irán , a pesar de la serie de crímenes cometidos por el sionismo contra científicos y milicianos en su territorio, para conservar su reciente acercamiento con Arabia Saudita . Los recientes asesinatos de su dirección han golpeado sin duda la capacidad de acción de Hizbollah; la estructura superior de su comando ha sido “diezmada”. Con todo esto ‘a su favor’, el alto mando militar sionista no planea una operación terrestre contra Líbano, porque, según la prensa norteamericana e israelí, Hizbollah tiene decenas de miles de misiles antitanques. La alternativa a una ocupación, señalada por el vocero militar del sionismo, es continuar “degradando” a Hizbollah mediante bombardeos masivos contra la población, incluida la capital, Beirut; la repetición de lo que ocurre en Gaza elevada a una enésima potencia. Al final del camino, está prevista una colonización del sur del Líbano por parte del sionismo. Más modesto en territorio, Yair Golan, el líder del partido democrático de Israel (la izquierda del sionismo), acaba de proponer la ocupación de una franja de medio kilómetro en el interior del Líbano. El costo económico de esta política es, para Israel demoledor; su PBI ha caído un 6 %, el déficit del Tesoro es descomunal y las agencias de calificación la han reducido a dos categorías apenas por encima del default. La expectativa es que el buraco lo cubra Estados Unidos. En cuanto a la ONU, de acuerdo a Netanyahu, simplemente es “un pantano que hay que drenar”. Para Netanyahu, esta feroz escalada militar constituiría “un punto de inflexión”. Obviamente que es una inflexión a la catástrofe. El delincuente económico y criminal de guerra, delitos probados judicialmente, se ufana de promover una guerra mundial. En el discurso a la ONU se jactó de que Israel se convertirá en un puente entre Europa y los países del Golfo, y de ahí hacia Asia Central. Pero los emiratos en cuestión están virando, no hacia Europa o Estados Unidos sino hacia China, el principal mercado internacional, especialmente para materias primas, gas y petróleo. Las guerras genocidas de Netanyahu, con alcance indefinido en el tiempo, no es lo que están buscando los aliados que desea ganar o conservar. La guerra en Líbano sienta las premisas para nuevas guerras con Siria, donde Rusia tiene una base naval poderosa. Las guerras genocidas del sionismo van a ser enfrentadas, como ya ocurre, con mayor profundidad, por las humilladas y explotadas masas del Medio Oriente, cuyos regímenes políticos se encuentran en la víspera del *default *financiero y del derrumbe político. La primavera árabe inició una transición política, por ahora interrumpida, que revolucionará las direcciones políticas de las masas. El pequeño ‘Adolf’ del Medio Oriente enfrenta el peor de los destinos.

Entre Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, y el Secretario de Energía Chirillo organizaron esta semana un “acting” con un par de objetivos. La pantomima se inició con el anuncio de Francos sobre los cortes de luz programados que serían inevitables durante el verano. El primer objetivo fue preparar el terreno para que a posteriori apareciera Chirillo en escena anunciando el “Plan verano 2024”, el cual destina más fondos para que las transportadoras de energía pongan en funcionamiento 4 transformadores y las generadoras, maquinarias obsoletas. Vale aclarar que durante el actual gobierno estas empresas superaron su margen histórico de rentabilidad en más del 50 %, a costa de tarifazos que zarpan los bolsillos de la población sin la contrapartida de la inversión y que son por lo tanto las responsables de los cortes de energía habidos y por haber. Es decir, que el gobierno sigue premiando con negociados a los vaciadores energéticos por desinvertir. A pesar de ser también parte en estas superganancias, Edenor se niega a pagar la deuda de 180 millones de dólares que tiene con CAMESSA con el argumento de que el Estado le debe 1.280 millones en concepto de tarifas previstas en el contrato de concesión. Pretenden más tarifazos; todo saqueo les parece poco. Y para incumplir contratos pueden aducir que tienen de modelo al mismísimo Caputo. El segundo objetivo del “acting” es bajar al mínimo las expectativas de la población sobre el sistema energético, una estrategia remanida que a los liberticidas les ha servido hasta ahora para ajustar sin compasión y sin encontrar reacción, con el solo argumento de haber avisado. Por lo tanto, cuando en verano arrecien los cortes de luz, la coartada del gobierno será que ellos ya lo anunciaron, una estrategia que ya encontrará fondo en la paciencia popular. El plan verano 2025 Además de pagarle a las empresas por máquinas viejas y de contemplar la importación de electricidad, el plan estipula un subsidio al parate industrial. La Secretaría de Energía tiene planeado premios a la inactividad industrial, una nueva forma de estimular la recesión. El plan verano del gobierno enemigo de la intervención del estado es una combinación de subsidios a la desinversión en energía y a la suspensión en industrias. Tarifas del gas Los medios afines pretendieron dar la buena noticia de una baja de las tarifas de gas como si fuera una decisión benevolente de Milei, pero la misma no es más que la consecuencia de la baja en el consumo estacional y de las disposiciones preestablecidas por el cuadro tarifario. Éste, perfidamente contempla una suba del gas en boca de pozo justamente en los meses en los que es más requerido y, por lo tanto, ya estaba estipulado que debía bajar pasado el invierno. El Gobierno pretendió revertir esta baja estacional del precio, pero ante las advertencias por las consecuencias penales de esa decisión, en Economía desistieron y optaron por apropiarse de una “buena noticia”.

El 2 de octubre, al igual que en el resto del país, Córdoba se sumará a la marcha federal universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores y frente sindical universitario. Esta marcha, convocada tardíamente y plagada de maniobras, tuvo una campaña que se reduce a apoyar la Ley de Financiamiento Universitario. La agenda de preparación sólo contó con clases públicas realizadas dentro de Ciudad Universitaria y, para el día de la marcha, el abandono de tareas a partir de las 11 horas y un acto de cierre a las 15. Más allá del paro aislado del 26 de septiembre, la burocracia prácticamente se paralizó. La asamblea interfacultades discutió qué medidas tomar para preparar la marcha. Una de ellas fue una movilización simbólica para el día 23 de septiembre, que partió desde Ciudad Universitaria y concluyó en Patio Olmos con la lectura de un documento. La movilización fue acompañada por ATE y UEPC Capital. El viernes 27 se realizó una asamblea frente a la FAMAF (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación), donde se definió conformar una columna independiente y realizar un acto aparte del que hará la burocracia en el día de la marcha. Una de las propuestas que llevamos desde Política Obrera, en conjunto con otras organizaciones, a esta asamblea fue la de hacer una vigilia el día 1, ocupando una facultad de Psicología. El “Ya basta” (NMAS) y los partidos que integran el FIT-U se opusieron a cualquier ocupación. Impulsaron, en cambio, que la vigilia se haga en la explanada del edificio y que tenga un límite de horario. Diferentes organizaciones denunciamos el carácter vaciado de una vigilia sin ocupación. La iniciativa del "Ya Basta" y el FIT-U está calcada de la que fuera realizada anteriormente por la burocracia de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), el día previo al paro docente, cuando se trató la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado, donde se reunieron frente al campus virtual para proyectar la sesión y luego dar por concluida allí mismo la jornada ( Política Obrera, ese mismo día, ocupó el pabellón Venezuela de la FFyH ). Finalmente, la moción votada por la positiva fue la de no ocupar la facultad. El día 2 va a ser una movilización masiva, no por la convocatoria de Boretto y la FUC, que puertas adentro de la universidad se dedican a vaciar el comedor, despedir a los trabajadores de los SRT y recortar presupuesto para becas, sino por la masa de estudiantes independientes que ven en peligro la continuidad de su cursada. Esto no sólo ocurre por causa del desfinanciamiento universitario, sino por la crisis económica acentuada por Milei y Caputo. Las asambleas de base autoconvocadas y la acción directa son los canales de organización para esa masa estudiantil.

No es novedad que las empresas utilicen el servicio de “medicina laboral” como agencia de persecuciones, descuentos, sanciones y despidos contra los trabajadores. Telecom-Clarín presiona para la renuncia al puesto laboral, destruyendo condiciones laborales, economía y psiquis de sus trabajadores. Para tal fin, desconoce leyes y convenios colectivos y certificados de médicos tratantes y subestima patologías certificadas para obligarnos a trabajar enfermos, descontando presentismos y jornadas. Esta situación dio un salto con el gobierno liberticida. Se suma el accionar violento de los “médicos” de las postas médicas patronales que amedrentan, denigran y subestiman las dolencias. Hemos detectado casos de licencias psiquiátricas, donde los médicos de la empresa se comunican con los profesionales tratantes de estos compañeros para indagar y sugerir altas compulsivas, lo que representa una intromisión inaceptable. La “estrategia” gremial FOETRA no enfrenta esta situación, que escala hace meses. No propone ningún curso de acción que una el reclamo legal y el gremial. No convoca asambleas, ni lo trata en los plenarios de delegados. Esconden el ataque debajo de la alfombra. Si el gremio no enfrenta esta política, podría expandirse a Claro y Telefónica. La directiva Azul y Blanca realiza asambleas “informativas” avisando que sólo afrontará luchas que pueda ganar. Se adaptan a la política de la patronal y del Gobierno. Ordenan comernos los salarios de pobreza, "convivir" con las arbitrariedades patronales en salud y licencias médicas y aceptar cualquier modificación de tareas sin chistar. Esta posición derrotista se asienta en los acuerdos que CGT y CTA tienen con el Gobierno, a cambio de mantener el régimen dentro de los sindicatos, con la burocracia soldada a los sillones. Realicemos asambleas en los lugares de trabajo para debatir un plan de acción que enfrente esta avanzada con todas las herramientas disponibles. Cese de las persecuciones de medicina laboral y disciplinarias Devolución de los montos descontados ilegalmente.