Agosto de 2024

Un informe realizado por el economista Julián Folgar destaca dos fenómenos particulares en el mercado laboral argentino. El primero es que mientras aumentan el desempleo y el empleo informal, se produce un “boom” de monotributistas. El segundo es que no se produjo un incremento sustancial del trabajo informal y, a pesar de la profundidad de la recesión en curso, tampoco se esperan despidos masivos. El monotributo tuvo, en las dos últimas décadas, un incremento exponencial. Solo en la última década, se duplicó la cantidad de monotributistas en Argentina. “El último dato de 2023 fue de 4,9 millones de monotributistas, de los cuales casi la mitad, 2,5 millones, aportan a la seguridad social. Hace 20 años, apenas eran 370.000 los monotributistas con aportes a la seguridad social. Los monotributistas pasaron a representar el 25% del total del empleo. Dicho de otra forma, uno de cada cuatro trabajadores tienen esta forma de contratación. En 2003 no eran ni el 10%” Los datos arrojados por el estudio conforman un balance categórico sobre la situación de la clase obrera durante los gobiernos de los Kirchner, Macri, Alberto Fernández. Milei no es entonces “un punto de ruptura” con los gobiernos anteriores, sino el punto más alto de la avanzada precarizadora. El crecimiento del monotributo se explica por su utilización masiva como una forma de encubrir la relación de dependencia, de forma tal para no pagar aportes, ni indemnizaciones ni reconocer derechos laborales de ningún tipo. Las principales industrias multinacionales del país están pobladas de empresas tercerizadas cuyos trabajadores revisten como monotributistas de empresas fantasmas. Incluso los Potenciar Trabajo fueron incluidos como “Monotributo Social”, también ocultando la relación de dependencia de cientos de miles de trabajadores que se desempeñan en escuelas, municipalidades, obra pública, etc. Estos números explican el sentido reclamo patronal de que esa relación de dependencia encubierta como monotributo no pueda ser más probada ante la justicia laboral (y el trabajador cobrar indemnización, etc). La clase capitalista del país tiene como objetivo instalar definitivamente el monotributo en reemplazo de la relación de dependencia.La Ley Bases no solo alivia la responsabilidad solidaria de la empresa principal sobre las tercerizadas, sino que incluye la figura nueva de emprendedor bajo monotributo de cuadrillas de hasta tres trabajadores. Los Preventivos de Crisis masivos presentados por las empresas apuntan directamente en ese sentido. El boom del monotributo tiene un impacto directo en el vaciamiento del ANSES, dado el importe bajo que los monotributistas aportan de jubilaciones y sobre todo, que las empresas contratistas ni realizan aporte patronal alguno. Folgar pone sobre la mesa el impacto que esto tendrá en el sistema previsional: se necesitan 19 monotributistas promedio para pagar una jubilación mínima de $225.000. "Con aportes previsionales extremadamente bajos y fuertes desincentivos tributarios a pasarse al régimen general, el monotributo presenta serios y crecientes desafíos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y previsional de mediano plazo". El vaciamiento del ANSES no tiene otra explicación que la gigantesca evasión patronal. Otro dato revelador del estudio es que el bajísimo costo salarial, en los niveles de hace 15 años, actúa como "amortiguador" del desempleo. “Tornarolli, investigador de la UNLP, consideró que no se espera que haya una disparada en el desempleo, como ocurrió en crisis pasadas. "Mi impresión es que cuando INDEC informe sobre el desempleo del segundo semestre va a haber una suba, pero no va a ser tan drástica, como tampoco lo fue en el primer trimestre", consideró. En cuanto a los motivos, Tornarolli agregó: "El ajuste en el mercado laboral en los últimos años se viene dando más por precio (salario) y calidad (poca generación de empleo registrado) que por cantidad (desempleo). Hoy el trabajo es "barato", por lo que no todos necesitan ajustar despidiendo". Según la UNSAM, el salario está en los niveles de 2009, un año signado también por la recesión industrial.

La semana pasada lamentablemente un trabajador estibador de flota pesada, de 60 años, sufrió un terrible accidente al desprenderse una tapa de casi 500 kilos de hierro, ocasionándole múltiples fracturas y un paro cardíaco. Hoy nos encontramos con triste noticia de que finalmente falleció. El compañero llevaba 20 años trabajando en negro y no es el primer accidente que sufrió, declaró el hijo a los medios, quien también trabaja en el puerto. Fueron los mismos compañeros de trabajo de la víctima quienes llamaron a la ambulancia. "Para la empresa nosotros somos número. Trabajamos hasta 24 horas sin parar, en riesgo constante. La empresa BP de Andrés Reyes mantiene a todos sus trabajadores en negro sin ningún tipo de seguro, obra social, sin derechos, ni ropa de trabajo”. El puerto tiene 25 años y el estibador, con 20 años de servicio, ya tenía 60 año y debería haberse jubilado. Javier Aravena, secretario de Trabajo, reconoció ante los medios que llegaron tarde como la ambulancia y que este accidente fue resultado de la desinversión, cuando el trabajo en el puerto es muy riesgoso. En otra entrevista, sin embargo, cambió de opinión, y dijo que Gutiérrez no tenía la ropa adecuada para el trabajo específico que hacía, que muchas veces los trabajadores no la utilizan porque les ocasiona incomodidad, obviando esta vez totalmente la responsabilidad de la empresa. Ni al gobernador ni a su funcionario les resulta ajeno cuáles son los derechos de los trabajadores. El gobernador es un ex dirigente de sindicatos de petrolero, mientras que Aravena es un funcionario experimentado, quien también estuvo en gestiones anteriores cumpliendo el mismo rol que cumple actualmente. El gobernador visitó el puerto dos veces en los que va de su gestión, pero nunca se percató de cuáles eran las condiciones en las que se encontraban trabajando los estibadores. Aravena dijo que ahora van a mandar la seguridad en el puerto para ver quién entra y en qué condiciones se trabaja. Las pesqueras se llevan fortunas, pero hoy nos encontramos con el 50% de pobreza en Santa Cruz. Muchos de los jóvenes acuden al puerto para buscar trabajo y llevar un plato de comida a su casa. El gobierno de Milei beneficia a las empresas con la Ley Bases, legalizando una reforma laboral. Los estibadores vienen sufriendo la precarización desde hace años con la complicidad de los K. Los trabajadores deben sacar sus propias conclusiones y organizarse por el reclamo del trabajo genuino, que se abran los libros de las empresas pesqueras. Organicemonos en asambleas autoconvocadas para deliberar un plan de lucha por el trabajo genuino y seguro.

Hace 52 años en Animaná, un pequeño pueblo enclavado en la porción salteña de los Valles Calchaquíes, un grupo de obreros vitivinícolas respaldados por aquella comunidad a la que pertenecían desarrollarían una de las experiencias de lucha más valiosas de la clase obrera salteña: el Animanazo. Este acontecimiento, en tanto suceso político de relevancia para la dinámica local que asumió la lucha de clases en la provincia de Salta desde mediados del siglo XX, constituyó una expresión novedosa en torno a las acciones reivindicativas de las poblaciones del Valle Calchaquí. “Folclorizado” a la medida del marketing turístico que ya buscaba explotar tanto las bellezas naturales como las tradiciones culturales allí presentes, la imagen de los Valles Calchaquíes y sus poblaciones construida en torno a relatos que enfatizaban la “tradicional apacibilidad” de sus habitantes había calado hondo en el imaginario popular, por lo que las primeras informaciones acerca de aquel acontecimiento que adquirió un cariz de insurrección popular en medio de los “tranquilos y apacibles” Valles Calchaquíes, no tardaron en despertar la sorpresa y el interés de la prensa, tanto local como nacional. El Animanazo, sin embargo, no nació de la nada. Dicho suceso formó parte de la saga de puebladas y "Azos" que tuvieron lugar en distintas provincias del país entre 1969 y 1972, con el Cordobazo como referencia a nivel nacional y con el Salteñazo de 1969 como el más relevante a nivel provincial. Estas series de insurrecciones populares se desenvolvieron en el marco del agotamiento de un régimen político que había hecho de la alternancia entre gobiernos constitucionales y dictaduras militares su condición de existencia. En ese contexto, hacia fines de la década de 60´ y principios de la del 70´, el descontento popular fue en aumento contra la dictadura de Onganía y sus planes económicos que, como hoy, imponían brutales planes de ajuste contra los trabajadores. En este cuadro, desde mediados del siglo pasado, concretamente a partir de la década del 60´, la economía de los Valles Calchaquíes experimentó un proceso de transición en el que el monocultivo de la vid se empezaba a imponer gradualmente sobre los cultivos tradicionales predominantes en la zona hasta aquel entonces (maíz, pimiento, poroto y aromáticas entre otros) a partir de un proceso de concentración de la propiedad de la tierra que trajo aparejado un cierto aumento en la productividad del trabajo. Con la constitución de las fincas-bodegas, unidades productivas de carácter agroindustrial, parte la población local se vio incorporada al proceso de trabajo vitivinícola, en el que convivían tanto obreros fabriles como peones rurales permanentes y estacionales, encargados del trabajo en el campo. El desarrollo de este sector de la economía, que apuntaba a la producción de vinos para el mercado nacional e internacional, impactó a su vez sobre la gran mayoría del resto de los más de 500 habitantes con los que contaba la localidad de Animana por aquel entonces, ya que los mismos se encontraban vinculados de distintas maneras a la producción vitivinícola, que constituía la actividad económica de mayor relevancia en la región. En ese marco, desde inicios de 1972, los obreros vitivinícolas de la Finca y Bodega Animaná –propiedad de la familia Michel– nucleados en el Sindicato de Obreros y Empelados Vitivinicolas y Afines (SOEVA), venían sosteniendo una serie de reclamos por el pago atrasado de salarios ante la patronal vitivinícola, reclamo este que, además, develo las pésimas condiciones de trabajo y de vida a las que se encontraban atados estos trabajadores. En este contexto, y tras más de seis meses de reclamo, la noche del 18 de julio comenzaría a gestarse un movimiento que, horas más tarde, pasaría a transformarse en una verdadera pueblada. Todo comenzaría con un proceso de organización y agitación de un llamado a huelga gestado desde las bases que terminaría por impulsar la convocatoria a una asamblea sindical por parte del secretario general del SOEVA, Pablo Ríos, a la que luego se sumaría la población en general, adquiriendo así el carácter de una verdadera asamblea popular. Allí se decidió pasar por alto los canales de reclamo legitimados por el Estado para pasar a desenvolver acciones de protesta que ponderaban métodos de lucha propios de la clase obrera. Así, sobre la base de una perspectiva propia de autogobierno local se resolvió: 1) tomar la bodega exigiendo su expropiación y su funcionamiento bajo control obrero y 2) tomar la municipalidad local y designar simbólicamente como nuevo intendente a Inocencio Ramírez, delegado gremial del SOEVA en Animana. En este marco, ya con el gobierno municipal en manos de los trabajadores, se dictó la única medida efectuada por la nueva gestión, que consistió en interrumpir el tránsito de la RN 40 y establecer el cobro de un peaje con el objetivo de sostener económicamente el plan de lucha. Asimismo, se procedió a la realización de una olla popular que se prolongaría hasta la madrugada del 19 de julio en la que florecieron todo tipo de prácticas de solidaridad de clase que afianzarían aún más la unidad de los sectores en lucha. Tras la decisión por parte de la dictadura, el gobierno y la policía provincial de no reprimir la insurrección de entrada, apelando al establecimiento de mesas de negociaciones, el plan de lucha desenvuelto por los trabajadores se sostendría durante algunos días más. El 24 de julio se llega a un principio de acuerdo cuando el Estado provincial sale al rescate de la patronal vitivinícola mediante la concesión de un préstamo para hacer frente al pago de los salarios. Sin embargo, las represalias del gobierno llegarían el 6 de agosto cuando se producen las detenciones de Ríos y Ramírez. A partir de allí la responsabilidad del caso recae en la autoridad policial superior de la vecina localidad de Cafayate, cabecera departamental, situación que precipitaría la organización de una gran movilización popular que el 9 de agosto marcharía desde Animana a Cafayate recorriendo unos 15 km. y exigiendo la liberación de los sindicalistas detenidos. De esta manera, y tras rodearse de la solidaridad de algunos sectores trabajadores de Cafayate y la ciudad de Salta vehiculizados por la CGT local la movilización lograría su objetivo tras concretarse la liberación de los detenidos dos días después. A partir de allí, y mediante las presiones ejercidas por la patronal vitivinícola vinculada tanto a los militares como a los partidos del régimen, aquel proceso de lucha y movilización iniciado el 18 de julio comenzaría a diluirse hasta quedar completamente desarticulado. Cuatro años después, ya con la última dictadura cívico-militar en el poder, el terrorismo de Estado apuntaría contra los principales referentes de aquel movimiento, entre los que se encontraban Pablo Ríos e Inocencio Ramírez, quienes junto a otros de sus compañeros fueron detenidos y trasladados a la ciudad de Salta, pasando por diferentes centros de detención y sufriendo los consecuentes episodios de tortura propios de la época. A partir de allí, con la persecución y detención de quienes fueran sus referentes, el Animanazo, en tanto acontecimiento político de suma relevancia para la historia de lucha de la clase obrera salteña, sufriría el silenciamiento impuesto por la dictadura, lo que terminaría por generar una suerte de ocultamiento que guardó cierto grado de vigencia durante décadas. Hoy, producto de la situación recesiva y la inflación mundial, el consumo de vino se ha desplomado. La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) atribuye la disminución a una pérdida de poder adquisitivo que afecta a todos los niveles de ingresos. La caída se registra tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Un informe de IWSR, dedicada a la investigación de consumo de alcohol señala también un cambio en los patrones culturales en la frecuencia e intensidad del consumo del vino. Con matices en diferentes segmentos la caída intentó ser compensada con nuevos mercados, pero de conjunto el declive se ha convertido en una tendencia que afectará cada vez más a toda la industria vitivinícola. Sobre esta base los empresarios del vino colocan expectativa de recuperación con la política deflacionaria del gobierno, a la vez que los salarios se congelan y las condiciones de trabajo en las bodegas se precarizan. De marzo a mayo de 2024 el sueldo básico de un obrero de viña fue de $267.773 aproximadamente; mientras que el sueldo básico de un trabajador de bodega es de $310.621. En los márgenes de la indigencia. El trabajo bajo contrato o en negro ha tomado nueva forma a través del ingreso de obreros mediante cooperativas que abaratan los costos para las bodegas, pero implican condiciones de mayor precarización, por ejemplo, se han denunciado falta de indumentaria por parte de las mismas. En el último periodo este cuadro llevó a luchas aisladas que principalmente expusieron el rol de la burocracia sindical en la entrega de las condiciones laborales y de vida de las familias vitivinícolas, lo cual llevó a un cambio en la dirección del SOEVA después de 11 años. Sin embargo, esto no ha significado aún la intervención política independiente del movimiento de trabajadores vitivinícolas, ni siquiera ante el congelamiento de las paritarias que sostienen hoy Milei y los gobernadores como Sáenz. Con el Animanazo quedó grabado a fuego que el método de la asamblea popular, la ocupación del lugar de trabajo para la satisfacción inmediata de los reclamos como lo fue el salario, el corte de ruta y la movilización y solidaridad de todo el pueblo contra la represión del Estado, está atado a la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, que es la herramienta definitiva para la defensa de los intereses de quienes realmente producen la riqueza de este suelo, y no de los capitalistas que apenas aprovechan la crisis para mejorar sus condiciones de explotación.

El gobierno de Mendoza oficializó que, a partir del 1 de agosto, empezará a cobrar la atención médica a extranjeros, turistas y viajeros, en todos los hospitales y centros de salud provinciales. En Salta, el reaccionario gobernador Gustavo Sáenz impuso una medida similar que se aplica desde el mes de marzo. La iniciativa del radical Alfredo Cornejo fue aprobada por la Legislatura provincial, junto con un nuevo tarifazo en el valor de las prestaciones, que ya cuentan con arancel para propios y ajenos. Las autoridades del Ministerio de Salud justificaron semejante agravio, como lo hicieron en Salta, con el eufemismo de "optimizar recursos" y "superar el déficit del sistema sanitario" (Infobae, 30/7). Sin embargo, la estadística de extranjeros y turistas que año a año visitan los hospitales mendocinos no supera el 5% del total de asistencias. A pesar de estar en una zona de frontera y en permanente conexión con Chile, cada año la prestación médica a extranjeros no supera las 3.000 personas (La Nación, 30/7). Es decir que con el cobro por asistencia a un insignificante 5% de quienes concurren a los hospitales públicos de la provincia, no se va a revertir la insuficiencia sanitaria que padece el restante 95%, es decir los mendocinos. Estamos en presencia de una verdadera estafa al pueblo trabajador, que ahora además deberá abonar costos altísimos por prestaciones sanitarias que, en algunos casos, recibirán un incremento del 400% en los valores. Las consultas en las guardias tendrán un costo de 13.000 pesos; un día de internación en terapia, costará 400 mil pesos; partos naturales y cesáreas, pasarán a costar un millón de pesos. Para aplicar la medida, se creó el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), que consiste en la unificación de la gestión y el cobro de las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura social. Se trata de un sistema similar al que funciona en Salta desde hace más de 20 años, con la "autogestión" de los hospitales. Es un procedimiento mediante el cual el Estado provincial se desentiende del financiamiento integral de la salud y se habilita un carnaval de tercerizadas y venta de servicios, gracias al cual las clínicas privadas ´se hacen la América´. Las especialidades tienen un arancel, ya que los hospitales, vaciados, no cuentan ni con los insumos, ni con profesionales para realizarlas. Con esos aranceles, se proponen financiar gran parte del funcionamiento de los hospitales. Mendoza y Salta no son las únicas provincias que le sacan ventaja en una orientación fascista a Milei. Santa Cruz también implementó un cobro para extranjeros y no residentes (es decir cualquier argentino de otra provincia), desde abril pasado. En el sur del país, la internación tiene un costo que varía entre 150 mil y 180 mil pesos diarios. Si bien en Jujuy existe una ley que, desde el 2019, fija el cobro a los extranjeros, luego de un acuerdo de reciprocidad con Bolivia y de una lucha extraordinaria del pueblo jujeño, ésta finalmente no entró en vigencia. Privatizadores El salteño Sáenz, a través de sus diputados nacionales, es el que insiste en la necesidad de una ley nacional para que todas las provincias cobren la atención en salud a los extranjeros. Los ´defensores del republicanismo´ quebraron el principio constitucional que fija que el suelo argentino alberga a los ciudadanos del mundo como propios. Salta, Mendoza y Santa Cruz son provincias que albergan cientos de trabajadores por temporadas, los mal llamados "golondrina", trabajan en las cosechas de uva, cítricos, cerezas, ajo; lo hacen en condiciones de esclavitud, en negro, con jornadas de hasta 12 horas; les pagan por cantidad de cosecha, por eso muchas veces trabajan familias enteras, viven hacinados en casillas que habilitan los mismos que regentean la delegación, los propietarios de fincas y terratenientes, con el aval de los gobiernos provinciales; omiten responsabilidad con los trabajadores y disfrutan los privilegios de la explotación humana. La Ley Bases recientemente aprobada va a profundizar todavía más ese cuadro de explotación. Estos son los trabajadores a los que Cornejo quiere cobrarles el acceso a la salud pública. Cornejo, Sáenz y el conjunto de los gobernadores, son responsables junto con Milei de profundizar una confiscación económica contra las masas explotadas que no tiene precedentes. El avance privatista de la salud solo podrá ser frenado con una acción política e independiente de los trabajadores para derrotar al gobierno liberticida y antiobrero de Milei y a todo el esqueleto descompuesto del régimen político que se arrastra por detrás.

YPF anunció que la localización elegida para la licuefacción de gas extraído en Vaca Muerta será en Punta Colorada, provincia de Rio Negro, cuando originariamente se preveía hacerlo en el puerto de Bahía Blanca, en Buenos Aires. La medida será usada por Kicillof para denunciar a Milei como un enemigo de la Provincia. Ocurre que las decisiones sobre el asunto sólo se convertirán en hechos a partir de 2025 o principios de 2026, de modo que el formato final de la inversión no está todavía en juego en esta disputa. En el entrevero quedó de manifiesto que el kirchnerismo adhiere al Régimen de Grandes Inversiones de Milei y que incluso fue su precursor. La pseudoestatización de YPF, en 2014, tuvo el propósito de asociarla a un acuerdo similar con Chevrón y abrir el camino para acoger grandes inversiones en Vaca Muerta mediante todo tipo de concesiones cambiarias e impositivas. Lo mismo ha ocurrido en la minería, impulsada por sobre todo por CFK, sin exceptuar la destrucción de glaciares, y el sanjuanino ultraK, Gioja YPF divulgó un comunicado que justifica la elección de Río Negro para emplazar la inversión en licuación y embarque del gas por razones técnicas, a sabiendas que los estudios del caso no han sido completados. La consultora internacional, Arthur D. Little, debe evaluar todavía. Lo que importa en el caso es que los inversores internacionales ya habían decidido invertir en la exportación de gas licuado antes que Milei saliera presidente y el Congreso votara el RIGI. Las concesiones descomunales que se les ofrecen ahora son un regalo no previsto. El desarrollo de Vaca Muerta depende de la exportación del petróleo y el gas. Ninguna inversión de esta magnitud, con un piso de 30000 millones de dólares, se hará en un lugar que no maximice la rentabilidad de las empresas y a los fondos financieros intervinientes. En todo caso, YPF y su socia Petronas incitarán la mayor desavenencia entre Río Negro y Buenos Aires para obtener beneficios fiscales adicionales. Weretilneck, el gobernador de Rio Negro, ha anunciado que prohibiría los sindicatos en el futuro puerto, para evitar que los trabajadores reclamaran para sus salarios y condiciones de trabajo una tajada de los superbeneficios prometidos. Un tema fundamental es la jurisdicción legal de los contratos, que para Milei debe ser Nueva York. Kicillof defiende la prórroga de la jurisdicción establecida para Vaca Muerta –la jurisdicción local. Pero ha sido Kicillof quien cedió la jurisdicción nacional en el contrato con Chevron, como Néstor Kirchner lo había hecho con la renegociación de la deuda externa en 2003 y 2005. Ahora Argentina enfrenta un juicio internacional por falsificar el cálculo del PBI para evitar pagar un cupón prometido en caso de un crecimiento mayor al tres por ciento. El anuncio de YPF luce completamente improvisado. Responde a la necesidad del gobierno de mostrar futuros promisorios para disimular la crisis financiera y la tendencia al default. Para que la inversión tenga lugar hay que conseguir en primer lugar, compradores a largo plazo, en competencia con la exportación de gas licuado de Estados Unidos. El costo de los fletes navieros ha crecido considerablemente, afectando la rentabilidad del proyecto, y es probable que crezcan como consecuencia de la guerra en el Mediterráneo y el Mar Rojo, de un lado, y el Mar Negro y el Mar de China del otro. La construcción de la planta que convierta al gas en líquido está prevista para 2031. Estamos ante un negociado. Las compañías podrán retener los dólares en el exterior y no pagarán impuestos. Tomarán préstamos internacionales que hipotecarán las reservas del Banco Central. Como ha quedado demostrado en todo el mundo acentuarán la ya muy grave desigualdad social.

Un día como hoy, hace 20 años, fallecía Catalina Guagnini, una luchadora de toda la vida. Cata fue la fundadora del primer Centro de Estudiantes de la Plata. En su juventud estuvo en lo que, en su momento, se conoció como “La junta de la Victoria”, una organización de mujeres dirigida por el Partido Comunista contra el nazismo y en las comisiones de apoyo a los republicanos contra Franco. Fue dirigente fundadora de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, a partir de la desaparición de dos de sus tres hijos, Luis y Diego. Esas pérdidas, lejos de quebrarla, incentivaron su voluntad de lucha; rápidamente se transformó en una enorme militante social y política. Durante los años de plomo de la dictadura, sería en una de las líderes del movimiento de derechos humanos. Fue docente durante décadas. La echaron, como inspectora de escuelas por su rebeldía. Cata se inició políticamente en el Partido Comunista, con el cual rompió durante la dictadura, cuando se incorporó a Política Obrera. Fue parte del Comité Nacional del Partido Obrero. En 1983, integró, junto a Gregorio Flores, la fórmula presidencial del Partido Obrero como vicepresidenta. Recorrió el país defendiendo las ideas del trotskismo. En 1989, bajo el alfonsinismo, fue detenida junto a Jorge Altamira, Juan Carlos Capurro, Christian Rath y Pablo Rieznik, entre otros dirigentes del PO, acusados de alentar los saqueos a supermercados Una gran campaña popular la arrancó de la cárcel junto a sus compañeros, Sólo la debilidad física la alejó de las enormes responsabilidades políticas que tenía en “Detenidos desaparecidos”. La recuerdo como una amiga entrañable. Pasamos muchas vacaciones juntos en su vieja casa de Miramar. Durante siete meses, pasé a buscarla por su casa de Boedo para visitar juntos en la cárcel de Devoto a Enrique Gorriarán Merlo, quien estaba encerrado en una celda de aislamiento por el ataque al cuartel de La Tablada. Cata, además de cursar bromas, discutía con vehemencia las posiciones políticas de Gorriarán hasta que se terminaba el tiempo de la visita. No se retiraba sin antes hacerle entrega de nuestro periódico. Cata fue una gran madre: Con los años se transformó en una gran organizadora de la lucha por los desaparecidos. Una vez me dijo bajo un viejo árbol de alcornoque que había en Miramar: “Juan, una buena razón para vivir es también una buena razón para morir”. Así se fue, creyendo en lo que hacía, y así la recordaremos siempre.

Los ataques del gobierno de Javier Milei contra la Universidad, sus estudiantes y trabajadores no cesan. Ha cerrado por decreto la paritaria docente, lo que representa la liquidación de los convenios colectivos. La actualización de los “gastos operativos” ha sido un ´fake´; muchos de esos fondos ni siquiera se depositaron. Asistimos a un desmantelamiento de la actividad universitaria. Las negociaciones entre el gobierno y los rectores sólo sirvieron para ‘apaciguar’ las movilizaciones. El hachazo al presupuesto significa, para el segundo cuatrimestre, una enorme deserción de estudiantes y docentes, y cierre de comisiones, recortes de becas y condiciones de estudio. El superávit fiscal, ficticio, que pretende conseguir el gobierno plantea nuevos ajustes sobre el ajuste. El “Pacto de Mayo”, suscripto por gobernadores y el conjunto de las fuerzas políticas, anuncia una educación “útil y moderna” que rechaza la educación pública, gratuita y laica y abre las puertas al cierre de universidades y una mayor privatización, incluido la conversión de los centros de investigación en franquicias para los mayores monopolios. Esta privatización ‘endógena’ se disfraza bajo el propósito de obtener ‘recursos propios’ y para destinar el Presupuesto estatal al pago de la deuda pública. Las reformas de los planes de estudio, bajo el prisma de los ´rankings´ y la ´calidad´, certificada por el Banco Mundial y la Coneau, achica la cursada, limita el acceso a lo que se ha convertido en ‘posgrados’, devalúa los contenidos, y promueve las titulaciones intermedias. El mazazo salarial contra docentes y no docentes refuerza la precariedad de los miles de docentes ´ad honorem’. La “ley hojarasca” de Sturzenegger apunta directamente al arancelamiento, que arranca con los estudiantes extranjeros. La colaboración de la FUA y las Federaciones distritales con el gobierno es sencillamente escandalosa. La FUA (Federación Universitaria Argentina) no realizó ni realizará asambleas ni instancias de lucha por iniciativa propia. Son una sucursal de las gestiones y Rectorados y de los partidos que colaboran en el Congreso o fuera de él con el gobierno. Los radicales y el peronismo aplican a fondo el ajuste y el recorte a los salarios, además de haberse constituido en un apoyo vital a un gobierno que no tiene mayorías ni aparato político. En este cuadro tendrán lugar las elecciones de Centro y consejeros estudiantiles en una mayoría de facultades. Por sus protagonistas constituyen un operativo de encubrimiento. Las campañas, ya iniciadas, se centran en todos los casos en un discurso sobre ´proyectos´ y ´servicios´ que dará o no, tal agrupación si gana o retiene el Centro. En ningún caso está presente un planteo de lucha contra un gobierno social y culturalmente retrógrado. Las votaciones estudiantiles en la UBA vienen precedidas de largos años sin elecciones y una manipulación completa de las autoridades universitarias; la organización estudiantil ha perdido autonomía. Contra esta política han surgido contingentes de ´autoconvocados´. El inicio del segundo cuatrimestre plantea un escenario de conflictos que debemos convertir en luchas. Es necesaria una segunda Marcha Universitaria, para apoyar los reclamos docentes, los convenios colectivos y el derecho de huelga. La “vuelta a clases” plantea la necesidad de impulsar asambleas y convocatorias en todas las facultades y generar un poderoso movimiento reivindicativo. La segunda Marcha Universitaria debe contar con una organización activa en todas las facultades y los cursos.

La crisis venezolana ha repercutido como nunca con anterioridad en el conjunto de América Latina y en cada país por separado, e incluso ha fragmentado a varios partidos políticos –los más destacados, el PT de Brasil y el kirchnerismo. Venezuela ha concentrado, como en un microcosmos, todas las contradicciones explosivas que atraviesan el continente. De un lado, la presión norteamericana para atar a América Latina a la cadena de producción del imperialismo en el marco de una guerra mundial que se amplía sin tregua (como se manifiesta en la extensión, por parte del sionismo, de la guerra palestina a Irán). Es un terreno explosivo de los choques entre la OTAN y Estados Unidos, de un lado, con China, que ya es el primero o segundo socio comercial y financiero en varios países; lo mismo, en el orden militar, con Rusia. América Latina se encuentra de conjunto en una situación de default, que está a la espera de una crisis financiera internacional para que estalle con toda la furia. La ultra derecha latinoamericana no es más que un agente del capitalismo internacional, que ha visto en la bancarrota de chavistas, lulistas y kirchneristas la oportunidad de imponer una hegemonía política que, en el pasado, era sinónimo de pinochetismo, videlismo y fujimorista, pero que ha elegido ahora el disfraz de la democracia. Que el madurismo haya pasado de la arbitrariedad política y la manipulación al desconocimiento directo de una elección popular que tuvo lugar bajo su propia tutela, y de la nacionalización de la economía al ajuste violento y a la dolarización, marca el grado alcanzado de su descomposición. Birlar una consulta popular no es nunca un método de lucha contra el imperialismo . Haber ganado una elección, en el marco de una catástrofe, no convierte en demócratas a profesionales de las masacres contra el pueblo y el golpismo, y a propiciadores abiertos de una invasión del Comando Sur del Pentágono contra su propio país. En definitiva, la crisis venezolana es internacional y se encuentra al borde de una guerra civil, que podría extenderse más allá de sus fronteras. La crisis había alineado tres bloques internacionales. Uno de derecha, bajo la batuta de Trump (en la que reviste obviamente Milei) que exige el repudio al fraude y el reconocimiento de la victoria de la derecha. En definitiva, el derrocamiento del gobierno oficial. En el otro polo, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Honduras saludan el triunfo de Maduro y defienden el status quo con el respaldo de Rusia, China e Irán. El tercer bloque, bajo el manto de un reclamo engañoso -que se exhiban las actas de la votación- han buscado una partida ‘pacífica’ del gobierno. Ayer, en una reunión de la OEA, este último bloque se ha roto, en principio. La derecha se escondió detrás del reclamo de exhibir las actas para obligar a López Obrador, Lula y Petro a votar junto con ella; EE.UU. se plegó a la maniobra. Quedó expuesto que el pedido de que se muestren las actas era una contraseña para negociar con el régimen, o sea que obligaba a la oposición supuestamente ganadora a poner en paréntesis su victoria. Después de la reunión de la OEA la crisis se ha agravado y el trío de la salida ‘pacífica’ perdió su red de seguridad y la precaria alianza con Estados Unidos. El kirchnerismo y sus aliados demoraron en fijar una posición para no quedar atrapados en el callejón sin salida del bloque ‘bolivariano’ y en el juego ficticio de la negociación, que tenía entre sus miembros a los norteamericanos. Dentro del kirchnerismo los choques son abiertos; tomó conciencia de que el asunto no es democracia vs. dictadura, ni tampoco patria o muerte, sino una crisis para la que no tiene una salida. Sergio Massa se tomó tres días para romper lanzas con el kirchnerismo y denunciar las “irregularidades” de Maduro –un paso hacia Milei. La Cámpora también está partida por el medio. La derecha del peronismo y la burocracia de la CGT ya están lanzados a aprovechar estos acontecimientos para poner fin a la era kirchnerista y ‘volver al peronismo de Perón’, incluso a un frente con Milei . El FIT-U se ha plegado a la exigencia de ´transparencia´ electoral a Maduro . Es lo que ha venido haciendo desde la disolución de la URSS y la quiebra de Yugoslavia, al apoyar a todos los movimientos armados por el imperialismo norteamericano y europeo, que impulsaban, con las consignas de la democracia formal, la recolonización capitalista de todo el ex espacio dominado por la burocracia de la URSS. El PTS, como es habitual en los conversos, se enganchó con el tema de la democracia con entusiasmo: “Somos solidarios con las movilizaciones y comprendemos plenamente la rabia expresada con la demanda de que se cumpla la voluntad expresada por la mayoría del pueblo en los votos. Exigimos que cese el fraude, que el gobierno dé acceso como debe ser a todos los datos, actas y vías de auditoría”. O sea, que gobierne la Milei venezolana. El PTS comete la torpeza de cargarse encima los fraudes y violencias del madurismo para justificar un alineamiento ultraderechista. Es lo que hace también en Ucrania. Caracteriza las crisis por las etiquetas que le pone el imperialismo a esas crisis y para ello hace abstracción de la crisis mundial, de la lucha de clases y de la guerra entre potencias imperialistas y opresoras. El PTS promueve la ´transparencia electoral´ de la mano del imperialismo, a pesar de que califica a la derecha de golpista y la acusa de no presentar un programa muy diferente al de Maduro. El PTS suena fuerte en los ‘considerandos’, pero su posición real está en la resolución. Una resolución política cuartainternacionalista debe caracterizar a la crisis como lo que es: una explotación del derrumbe del régimen por parte del imperialismo; al fraude electoral como una acción desesperada de un régimen capitalista y anti-obrero moribundo, que arrastra a los trabajadores a una catástrofe mayor; la necesidad de unir a las fuerzas obreras para movilizarse contra la ultraderecha y contra la guerra civil que planea sobre Venezuela desde hace tiempo; y la convocatoria a renovar los esfuerzos por organizar al proletariado en forma independiente . En el caso del MST e IS, dos furiosas corrientes ex chavistas, que han abrazado la causa bolivariana, ahora abrazan la de la democracia, ignorando que las elecciones recientes han sido el fruto de un pacto entre Maduro y Biden -el acuerdo de Barbados- y no una conquista de la lucha independiente de las masas. Para Marea Socialista (MST): “A partir del reclamo con el que sale hoy el pueblo a la calle, por las libertades democráticas y el respeto a su voto, sigamos acumulando fuerzas en la lucha por nuestros derechos, con unidad, conciencia e independencia de clase”. La movilización que impulsa y organiza la derecha, con su propio programa ‘libertario’, es presentada como una transición a una acción histórica independiente, algo así como una revolución de febrero (de 1917) que lleva, con una política justa, a una revolución de octubre. Es increíble que una organización de izquierda venezolana no haya advertido el fenomenal retroceso de conciencia, organización e independencia de los trabajadores de su país. El MST viene repitiendo esta liturgia desde hace más de medio siglo. El MST venezolano propone “acumular fuerzas” bajo las faldas de Machado. Para IS: “En rueda de prensa realizada ayer martes, María Corina Machado y Edmundo González no llamaron a profundizar la movilización, apenas mencionaron las protestas que se están produciendo en el país (...) Solo con la movilización amplia y unitaria (UNITARIA CON MACHADO) se podrá derrotar al gobierno de Maduro y el fraude que intenta imponer para perpetuarse en el poder y seguir aplicando su ajuste capitalista en connivencia con importantes sectores empresariales y transnacionales, escondiéndose detrás de un falso discurso socialista”. Por último, el comité ejecutivo del aparato del Partido Obrero fijó posición con una declaración oficial conocida el día miércoles. Es un caso abusivo de “SI-JORGISMO”, a cinco años de la expulsión de la Tendencia del Partido Obrero. Escriben los si-jorgistas: ”Su denuncia del colapso del Acuerdo de Barbados, la ´dolarizacón endógena´ promovida por Maduro, el carácter golpista de la oposición, las tentativas de golpes y autogolpes como salida a la crisis, entre otros” (Prensa Obrera, 31/7), son un plagio LITERAL de artículos de Altamira escritos el 29 y 30 de julio. Pero como todo plagio, siempre se trata de una versión desmejorada del original, en cuanto señala que “por el momento (sic) ninguno de ambos bandos [Maduro y Machado-González] han presentado la totalidad de las actas para acreditar realmente un resultado”. Al final, era una cuestión de actas -haberlo dicho de entrada. El aparato del PO es una versión empobrecida del FITU. LEER MÁS: Venezuela: se rompieron todos los acuerdos Por Comité Editorial, 29/07/2024.

El 27 de julio, tanto el diario Clarín como La Nación titularon en tapa que “En lo que va del año, los salarios le ganan a la suba de precios” argumentando que en mayo la inflación fue del 71% y los salarios crecieron un 73%, según datos del Indec. También aclararon que durante el último mes, los salarios duplicaron la inflación (8,3% frente al 4,2%) y que el problema del costo de vida consiste en la herencia dejada por Fernández- Massa. El engaño pasa por fingir demencia y soslayar que Milei no asumió en el 2024 sino un mes antes, en diciembre, durante el cual efectuó un rodrigazo, una hiper devaluación del 118%, que junto con la desregulación de los precios llevó la tasa de inflación mensual al récord histórico del 25,5%, cuando, en ese mismo mes, los salarios crecieron casi tres veces por debajo, apenas un 8,9%. Si se toma la presidencia completa de Milei, comparando mayo 2024 contra diciembre 2023, los salarios crecieron un 89%, mientras que la inflación lo hizo un 115,7%. Es decir que la caída del poder adquisitivo de la era puramente liberticida es del 12,4%, que se suma a una caída que viene en picada desde el gobierno de Mauricio Macri sin atenuantes en el medio, y sin tener en cuenta que estamos hablando de datos de trabajadores registrados. La caída de los salarios en negro es aún mayor. La inflación La contención de la inflación es la última carta presentable que le queda al gobierno frente a las masas, y ha logrado bajar los índices a fuerza de una recesión pasmosa sólo comparable con un periodo de guerra o pandemia. Aún así, y a pesar de que tuvo que intervenir la economía hace unos meses regulando precios para contener una disparada y de que frenó gran parte de los tarifazos en carpeta, los precios siguen subiendo. Entre los más importantes se encuentran el servicio de agua y cloacas, los peajes, la telefonía celular, la medicina prepaga, los combustibles y los alquileres. En el caso de las tarifas de agua y saneamiento, los usuarios de Aysa tendrán aumentos de 5,16%, En la medicina privada, los aumentos estarán entre el 4,9% y el 7,8%. Se trata del segundo ajuste que realizan las empresas luego de la eliminación de la regulación que impedía las subas por encima de la inflación y que habilitó, nuevamente, ajustes libres. Las tarifas de telefonía móvil tendrán un alza que rondará entre el 5% y 6%. También se prevén aumentos en los servicios de televisión por cable e internet tras la desregulación establecida por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que eliminó los topes de los precios. Como los combustibles están dolarizados van a aumentar entre un 2 y 3% en agosto, mientras que los peajes tendrán aumentos de más del 130%. En agosto, los contratos de locación pactados en el octavo mes del 2022 y de 2023, sufrirán una suba interanual del 247,56% (al 1° de agosto de 2024) según la última actualización del ICL (Índice de Contratos de Locación). El número supera el récord de ajuste anual, luego del anunciado 244,4% que se aplicó en julio (La Nación 31/07). Es decir, que en alquileres –en medio de una crisis habitacional de carácter humanitaria– la tendencia inflacionaria se espiraliza. La estrategia del gobierno de lograr inflación cero imponiendo la paz de los cementerios va al fracaso no sólo por las desregulaciones del mercado interno sino porque está orientando toda la producción sobreviviente del liberticidio a la exportación que dolariza los precios. En pos de este objetivo destinado al fracaso, Milei está quemando todas las reservas disponibles (ya están en terreno negativo por casi 7000 millones de dólares cuando en abril el saldo era cero) y el 20% de los dólares de la cosecha– que viaja en sulky– que se liquidan como dólar blend. El otro objetivo, que Caputo intenta nunca defraudar, es subsidiar la fuga de capitales, pero nada de esto evita la suba del riesgo país en niveles de septiembre 2001. A ningún tenedor de deuda se le escapa que las reservas que están quemando son dólares con los que les tendrían que pagar los vencimientos de intereses en última instancia. Hasta el empeño del oro de las reservas en Londres para conseguir dólares frescos es un riesgo que todavía tiene resultados inciertos –no hay ningún contrato cerrado todavía– por más que Milei se haya jactado de su jugada maestra para seguir alimentando un default. La desvalorización de la moneda es un recurso tan efectivo para saquear los salarios de manera solapada, que esto explica por sí solo el hecho de que el FMI sea tan fanático de las devaluaciones y se muestre tan reacio a otros mecanismos de dominación como la dolarización. Cuando Patricia Bullrich, durante el gobierno de De la Rúa, convertibilidad imperante, bajó los salarios y jubilaciones un 13% nominal, el robo fue tan obvio y tangible que alimentó un rechazo popular que terminó cuando el presidente de entonces se fue en helicóptero. Así, la devaluación y la inflación, como mecanismos velados de expropiación a los trabajadores, no tienen competencia, pero esto mete a Milei en una encerrona imposible de resolver.

El jueves 1 de agosto arrancó un paro de los petroleros que trabajan en refinerías, aeropuertos y en el despacho para exportación de Puerto Rosales. La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) ha publicado una solicitada donde anuncia un paro por tiempo indeterminado porque estos 6.000 trabajadores no están incluidos en las exenciones que sí tendrán los obreros petroleros que trabajan en pozos. El tesorero de la Federación, Gabriel Matarazzo dijo que los trabajadores cobrarán salarios con quitas por ganancias de alrededor de $1.500.000, calificando la medida de discriminatoria en relación a los trabajadores de pozos. Ahora bien, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, anunció el martes 30 de julio, en una asamblea en Añelo, la exclusión para los petroleros que trabajan en pozos (en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña, o en tareas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente), de los ítems adicionales del Impuesto a las Ganancias y agradeció al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que «se puso de nuestro lado». Este sindicato no adhiere al paro por la quita que van a recibir el resto de los petroleros, inclusive los administrativos y jerárquicos de los yacimientos Rucci negoció con el gobierno provincial de Neuquén y con el gobierno nacional esta serie de exenciones que estaban incluidas en una ley de 2006, pero que la Ley de Ordenamiento Fiscal, que el Congreso le votó a Milei, eliminaba. De esta manera las sumas salariales correspondientes a todas las viandas, las horas de viaje, la zona y las primeras 90 horas extras (solo para servicios Especiales) no recibirán quitas por el impuesto a las ganancias. Además, negoció con las empresas que todos los descuentos de ganancias sobre las horas extras sean devueltos al trabajador, reflotando actas acuerdo de 2023. Las compañías petroleras apuntan a la superexplotación de sus obreros, no quieren que dejen de hacer horas extras por las retenciones de ganancias. Estas exenciones se cumplirían también para las cuencas convencionales. Una delicada ingeniería pero que no significa la eliminación del impuesto a las ganancias ni siquiera para estos trabajadores, ya que coloca a los petroleros de los pozos en rehenes de las compañías y del gobierno de Milei. Por otra parte, Matarazzo de la Federación que va al paro, se ha pronunciado abiertamente por el RIGI, es decir defiende la política de Milei a favor de los pulpos petroleros. Si los trabajadores petroleros de todo el país van a una huelga contra el impuesto a las ganancias el gobierno de Milei recibiría una derrota enorme y la anulación de las reducciones salariales por ganancias sería una conquista para todo el movimiento obrero. El paro que se inicia mañana es una buena oportunidad para que pongamos en pie un gran frente de lucha nacional contra el retorno del impuesto. LEER MÁS: Ganancias: petroleros van a un paro nacional Pongamos en pie un gran frente de lucha nacional contra el retorno del impuesto. Por Pablo Busch, 30/07/2024.

En la celebración religiosa de San Cayetano, el patrono católico del trabajo, participarán las centrales sindicales y los movimientos sociales que tradicionalmente son parte de esta procesión, como la UTEP, el Movimiento Evita y la CCC. Algunas cámaras empresarias y pymes también serán de la partida. El lunes 29 se llevó adelante una reunión en el local central de Madres de Plaza de Mayo para diseñar la convocatoria. Los convocantes anuncian “una procesión” de Liniers a Plaza de Mayo. Pero estrictamente, no hay procesión, mucho menos una marcha: el consejo directivo de la CGT definió estar presente, pero evaluó si esto no podría significar “confrontar demasiado” con el gobierno y el protocolo Bullrich y baraja “alternativas”. Este enfoque fue explicitado por Nicolás Caropresi, referente del MTE-UTEP, a Página/12: “La idea es hacer una bendición de herramientas en San Cayetano y luego habrá una procesión simbólica hacia Plaza de Mayo, donde sí habrá una gran concentración bajo la consigna Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. No queremos un escenario donde se plantee una confrontación con el protocolo antipiquetes de Bullrich”, dijo, aclarando su intención de no marchar. Los Cayetanos y la CGT no cumplirán siquiera con la tradición de las marchas de San Cayetano, que en algunas circunstancias históricas -como bajo la dictadura militar en 1981 o con Macri en 2016- han servido de canal para movilizaciones en reclamo de trabajo y contra los gobiernos de turno. En medio de una crisis social galopante, que ameritaría una marcha masiva, la burocracia sindical no pretende “canalizar” nada: sus idas y vueltas con el gobierno en torno de la reglamentación de la reforma laboral dependen del socorro de fondos a las obras sociales, largamente vaciadas con el concurso de la propia burocracia. La asistencia del triunvirato de la CGT -Daer, Acuña y Moyano- a la Plaza de Mayo no tiene otro propósito que el de disimular esa colaboración política con el gobierno . La CGT ha sometido al más feroz aislamiento a las fábricas y reparticiones cruzadas por despidos masivos -comenzando por el Neumático. La concurrencia a la Iglesia de Liniers, y el traslado motorizado a la Plaza de Mayo para no incomodar a Bullrich, delata la complicidad con las patronales y el gobierno antiobrero.

El gobierno eliminó las paritarias universitarias al fijar un aumento del 4% para docentes y no docentes por medio de un decreto. Con otro decreto, a los pocos días, dio a conocer los instructivos de liquidación que eleva el aumento al 7,5%. Se sospecha que esta modificación fue un pedido de incremento de la burocracia sindical, que necesita mostrar una migaja a su propio aparato y desactivar las medidas de algunas de las federaciones docentes anunciadas para el segundo cuatrimestre. Antes de fin de año, el gobierno pretende imponer algunas ‘reformas’ en las universidades de carácter privatista. El 7,5% no modifica el derrumbe que han sufrido los salarios de los trabajadores (docentes y no docentes). Entre diciembre del 23 y junio del 24, han perdido el 40% de su poder adquisitivo. Los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) con menos de 15 años de antigüedad, los docentes adjuntos con menos de siete años de antigüedad y los ayudantes con menos de 20 años de antigüedad con categoría exclusiva cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, ni hablar de las categorías con semidedicación o simples o los docentes que recién ingresan a la docencia que carecen del adicional salarial por antigüedad. El derrumbe salarial y la reducción del presupuesto universitario en su conjunto, han creado un escenario conflictivo más agudo que el del primer cuatrimestre. En diversas universidades se multiplican las asambleas y, como ocurre en la Universidad de Córdoba, han adoptado medidas de lucha: no toma de exámenes a finales de julio, paro de 24 horas el 29 de julio, y un nuevo paro de 24 horas el miércoles 7 de agosto, clases públicas –todo, para llegar a una huelga general la semana del 12 al 16 de agosto. Por otro lado, se hizo público la intervención gubernamental a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, con vistas a su liquidación. En el primer cuatrimestre, había sido completamente desfinanciada, lo que obligó a que las clases dejaran de ser presenciales. Otras casas de estudio, como es el caso de la Universidad de Moreno, se vieron obligadas a suspender los cursos de ingreso debido a la falta de presupuesto. Con este escenario, el miércoles 31 se reunió la Mesa Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a todas las federaciones, conjuntamente con la UTEP. En lugar de discutir el alcance y modalidad de la huelga nacional votada para el 12 de agosto, decidió la participación en la movilización de San Cayetano el miércoles 7, que no será tal, porque el trayecto de Liniers a Plaza de Mayo se hará con transporte fletado. Los organizadores han declarado que no quieren chocar con el Protocolo represivo de Bullrich-Milei. La reunión del frente pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. La CONADU H y CONADU han elegido los gestos de lucha en lugar de la lucha misma, y aun menos que eso –de una lucha hasta la victoria. Ha abandonado los discursos que prometían una nueva Marcha Federal, han dejado aislada la lucha universitaria de Córdoba y postergaron el plenario de secretarios generales en CONADU H, previsto originalmente para el 2 de agosto. El Frente Sindical Universitario se ha transformado en un lastre. La FEDUN, que integra la CGT, a pesar de ser un sello vacío, ha impuesto su política de colaboración con el gobierno. El camino lo marca Córdoba. Por medio de asambleas generales, coordinaciones entre asociaciones y tendencias combativas, es necesario abrir una deliberación para imponer la huelga a partir del 12 de agosto y replicar una marcha federal educativa.

La celebración, el 7 de agosto, del día de San Cayetano, el patrono del Pan y del Trabajo, se ha instalado desde hace mucho tiempo como una jornada de lucha de amplios sectores del pueblo de Argentina. En 1981, por caso, el evento inició el camino que acabaría con la dictadura militar. En la historia posterior, la marcha desde Liniers-Villa Luro a Plaza de Mayo, fue la ocasión de manifestaciones políticas de diversa naturaleza que levantaban la reivindicación del derecho al trabajo. La persistencia de la conmemoración durante décadas habla de la instalación de la desocupación masiva en el país con independencia de la filiación de los gobiernos de turno. El escenario, en la actualidad, no podría ser más ominoso. En cuanto al trabajo, por la escalada de despidos masivos y el crecimiento en punta del desempleo. En cuanto al pan, basta señalar que la población que se encuentra abajo de los índices de pobreza se está aproximando al 60 %, más acentuadamente en la niñez. Pocas veces como ahora se impone la necesidad de que la jornada sea ocasión de una marcha multitudinaria contra la política de destrucción del derecho laboral que impulsa el gobierno de Milei; por la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; y por un aumento del ciento por ciento de los salarios y las jubilaciones. Una serie de organizaciones, entre las que se encuentran la CGT y las organizaciones sociales y de diverso orden del kirchnerismo, han convocado, sin embargo, a una concentración en Plaza de Mayo, sin la marcha previa desde Liniers, donde se encuentra la iglesia. La razón oficial para cancelar la manifestación es la prohibición de marchas callejeras por parte de Bullrich y Milei. Lo que debería ser un jornada de reivindicación de derechos políticos ha sido convertida en su contrario – la renuncia a pelear por esos derechos. Esta rendición tiene lugar después de que el 23 de abril pasado una gran Marcha Universitaria pasó por encima del reglamento liberticida y abrió el camino para su completa derrota. Nuestra corriente, Política Obrera, llama a reanudar con la mejor tradición política de esta celebración y marchar desde Liniers a Plaza de Mayo, con todas las fuerzas de la clase obrera, de la juventud y del movimiento de la mujer. 2 de agosto de 2024 Para comunicarse: Jorge Altamira 11 4423-7873 Marcelo Ramal 11 5690-1943

El ataque a los trabajadores estatales se propaga, al compás de la motosierra mileista, como una mancha de aceite en las provincias. Las provincias de Catamarca y Tucumán (gobernadas por los peronista Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo); Rio Negro y la Ciudad de Buenos Aires iniciaron procesos de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente del estado provincial. Es la antesala de una nueva ola de despidos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri abrió por decreto la posibilidad de adherir al retiro voluntario para “trabajadores/as de la planta permanente de la Carrera de la Administración Pública”. (Ámbito Financiero, 30/7). El macabro convite está destinado a trabajadores mayores de 50 años, con un mínimo de 5 años de antigüedad de los cuales, al menos 1 año, deberá haber sido en calidad de personal encuadrado en planta permanente conforme a la Ley 471. Quedarían excluidos trabajadores con edad de jubilarse y los de áreas consideradas críticas. El gobierno ofrecerá un incentivo económico para aquellos que deseen retirarse, contemplándose montos máximos, aún desconocidos. Quedan excluidos, asimismo, los trabajadores de planta comprendidos en áreas críticas y aquellos que estén en edad jubilatoria y reúnan los requisitos para jubilarse. En la provincia de Rio Negro, el gobernador Alberto Weretilneck abrió la inscripción al régimen de retiros voluntarios contemplados en la Ley de Desvinculación Voluntaria (una iniciativa del gobernador y aprobada, en mayo de 2024, por la legislatura provincial con 40 votos a favor y 5 en contra). Además del incentivo económico, la invitación implica la posibilidad de continuar utilizando la obra social por el plazo de un año luego de la desvinculación, y exenciones impositivas para quienes decidan (re)invertir en actividades económicas en suelo provincial. Para "incentivar" a los potenciales futuros "emprendedores", la provincia ofrece sumas equivalentes a 1,2 sueldos por cada año de antigüedad en el puesto de trabajo. Quedan fuera del eventual retiro personal de las fuerzas represivas, penitenciarios, y docentes. Tampoco podrán adherir personal con edad para jubilarse o que le falten hasta 5 años para hacerlo. En Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo de Unión por la Patria, se puso en marcha, desde hace 2 meses, un plan de retiros aprobado por la legislatura provincial. La particularidad tucumana consiste en que quienes se inscriban al retiro cobrarán, mes a mes, durante los 4 años posteriores al arreglo, el 70 % de sus salarios, que se actualizará con el 70 % de los futuros aumentos de sueldo. Según declaró el secretario de Gestión Pública de Tucumán, Julio Saguir, a Ámbito Financiero (30/7), "se conversó con los dirigentes gremiales y una vez aceptado fuimos para adelante." Según dicho medio, ya se habrían inscripto 270 trabajadores, en su mayoría profesionales. La patronal provincial se reserva la posibilidad de aceptar o denegar la solicitud. Quedan excluidos personal de las fuerzas represivas, docentes y auxiliares, y personal de planta no permanente en cualquiera de sus situaciones de revista. El peronista Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, también armó su propio esquema para pasar a retiro a trabajadores estatales. Podrán inscribirse trabajadores mayores de 50 años y que revisten en planta permanente. Los adherentes, percibirían una mensualidad de entre el 50 y el 80 % del sueldo en bruto, en función de los años faltantes para llegar a la edad jubilatoria. Los retiros voluntarios son la antesala de una nueva oleada de despidos. “No hay plata”, salvo para financiar la reducción del plantel de trabajadores. Es una zanahoria, en el marco de una recesión brutal y una caída vertiginosa del empleo. Los trabajadores debemos encender la luz de alerta y prepararnos, mediante el reforzamiento de la organización en los lugares de trabajo, para enfrentar este desafío.

La eliminación de 12 horas semanales de cursada -ejecutada por la gestión de los kirchneristas Manetti-Morgade y apoyada por la conducción del CEFyL- provocó un brote de indignación entre los estudiantes en la inscripción a materias del segundo cuatrimestre. Ocurre que el formato de cursada resulta claramente incompatible con la jornada laboral. Por caso, las cursadas de los teóricos están programadas, mayormente, a las 16, con una escasez de oferta tanto de teóricos como prácticos en horario vespertino. La grilla provisoria que se dio a conocer esta semana patentiza su carácter expulsivo y antiobrero. Estudiantes autoconvocados difundieron una carta abierta exigiendo una ampliación de la oferta horaria. El recorte en Filo es de larga data. Significa menos horarios, menos estudiantes y menos docentes. En nombre de una supuesta "adecuación de la oferta horaria a las necesidades estudiantiles y docentes", han recortado el horario de cursada durante el año pasado. La limitación de la oferta horaria está atada a la orientación política de las camarillas universitarias que dirigen la Facultad. El decano Manetti, que se presenta como un "defensor de la educación pública", en la práctica ha operado a favor de las contrarreformas en materia de contenido y modalidad de cursada que, de conjunto, convierten a la facultad en un cascarón vacío. El bajo nivel de matriculación en las carreras y el alto índice de deserción son una expresión concreta de esta orientación. El costo de vida creciente, especialmente en materia de viáticos, la ausencia de becas y de un boleto universitario, las jornadas laborales interminables y los bajos salarios, “complementan” una orientación privatizadora. Si no crece el presupuesto, que se adapten a la baja la matrícula y el plantel docente pareciera ser el planteo. Lo único que crece, mientras tanto, es el negocio de los postgrados pagos. La lucha por el acceso irrestricto a una educación verdaderamente puesta al servicio de las necesidades populares impone derrotar la orientación privatista del gobierno nacional, así como también a las camarillas vaciadoras que administran nuestras carreras. Retomemos las autoconvocatorias y asambleas estudiantiles. Por el acceso irrestricto a la universidad, la recomposición del salario docente y la democratización real de los organismos de cogobierno. Por una segunda marcha federal educativa.

El jueves 1 de agosto, convocada por la AGMER, se llevó adelante en la ciudad de Paraná una importante movilización docente provincial, con presencia de todas las delegaciones del interior de la provincia. La conducción del sindicato estimó la presencia de 5 mil compañeros, en una marcha que alcanzó unas 8 a 10 cuadras. La prensa registró el carácter “histórico” de la convocatoria, “como no se vio durante los gobiernos de Urribarri ni Bordet”, lo que tampoco quiere decir que no haya habido marchas provinciales anteriores de mayor envergadura. Es cierto que durante los últimos años la conducción del principal sindicato docente de la provincia venía evitando el paro y la movilización como a la peste, lo que la llevó a un enorme desprestigio frente a las bases, que este jueves intentó revertir. Por esto mismo, la enorme marcha de esta semana no es mérito de una conducción que ahora intenta reposicionarse, sino una expresión de la disposición a la lucha de la base docente. La burocracia de la AGMER viene sosteniendo una política de alianza con todos los gobiernos, incluido el de Frigerio . Su argumento para no movilizar venía siendo “que las bases no dan”, que los compañeros no se suman a las marchas. Por lo menos, ese era el discurso de los dirigentes de la seccional Paraná que culpaban a los docentes de su propia impotencia, expresada en raquíticas marchas departamentales. Lo que ocurre, es que los paros y marchas que se vienen convocando no tienen ninguna perspectiva, se trata de paros de aparato, domingueros y rutinarios. De hecho, hace años que no hay una marcha provincial como la de ayer. La docencia salió a la calle masivamente a pesar de que la patronal no escatimó amenazas respecto del descuento de los días de paro. Es la misma amenaza que levanta la propia conducción cuando quiere forzar una aceptación, como es probable que intente hacer la semana que viene, para poner un coto a la disposición a la lucha de las bases. A partir de ahora, la burocracia deberá guardar para otro momento el argumento de que no se puede ir a la huelga porque los docentes no responden, el jueves se vio lo contrario. A la convocatoria también adhirieron SADOP y AMET, no así UDA, que aceptó la “propuesta” en segunda instancia del gobierno. Tampoco ATE, que viene de entregar a los estatales ante la primera oferta de miseria de Frigerio, y que a pesar de esto tuvo a su secretario general como uno de los oradores del acto de cierre de la jornada, quien no tuvo empacho en decir que el camino que hay que seguir es el que demostraron los docentes en las calles. Así, el mentado “frente gremial” que había hecho gala de unidad desde el paro aislado del 4 de julio contra la reforma jubilatoria , se desgranó en menos de un mes. La primera oferta que el gobierno puso sobre la mesa fue rechazada por los cuatro sindicatos docentes y aceptada por ATE y UPCN. La “nueva” oferta del gobierno no es muy diferente y sigue siendo contradictoria con las reivindicaciones que la propia conducción de AGMER viene planteando. Sin embargo, la coloca de todos modos a la votación por parte de las bases. Para esto se vale de llamar a un nuevo congreso el próximo martes 6, día en el que ya estaba definido el inicio de otro paro de 48h, que ahora podría quedar limitado solamente a las primeras 24h. La propuesta que la conducción quiere poner a discusión ya fue rechazada en sus términos, porque no incluye la equiparación de la inflación del primer semestre y mantiene las cifras en negro. Es decir, la conducción prepara el terreno para una nueva entrega y aceptación. Frente a esta política de entrega, de manera todavía incipiente, se viene registrando un proceso de autoorganización y autoconvocatoria. En la ciudad de Paraná ha surgido una asamblea interescuelas, que todavía enfrenta grandes desafíos por delante para erigirse como un espacio de coordinación de la lucha. Hace un par de meses, los docentes del Colegio Nacional, en el marco de una jornada institucional realizaron un cartelazo y abrazo del edificio que recogió la atención de la prensa. En el interior de la provincia, esta semana han surgido encuentros autoconvocados de docentes en Victoria, Crespo y Ramírez. Discutamos cómo profundizar la huelga, y sorteemos las maniobras de entrega que pergeña la conducción. El hito del pasado 1 de agosto señala que estamos en condiciones de derrotar al gobierno e imponer todo nuestro pliego reivindicativo. Profundicemos la lucha con el paro por tiempo indeterminado, hasta vencer. 100 % de aumento de emergencia, de una sola vez, todo al básico, nada en negro. Basta de cuotas. Indexación mensual automática por inflación. Por un salario inicial por cargo igual al costo de la canasta familiar, que ya alcanza el millón y medio de pesos. Construyamos comités de lucha y coordinadoras de escuelas para garantizar la huelga que las conducciones se niegan a desarrollar.

El miércoles 31 se realizó una asamblea general de AGD para debatir acerca de la lucha universitaria en el segundo cuatrimestre. La reunión, en formato virtual, reunió a un centenar de docentes de distintas unidades académicas de la UBA. Luego de un informe de apertura, la conducción del gremio (Naranja-PO) propuso refrendar, con algunos agregados, el pliego reivindicativo ya votado en asambleas previas, y llevar como mandato al próximo plenario de Conadu Histórica la propuesta de un paro de una semana desde el 12 de agosto y posterior evaluación. El Frente de federaciones universitarias se reunió unas horas antes, pero no hubo acuerdo en cómo encarar el segundo cuatrimestre. Conadu plantea 72 horas de paro, Conadu Histórica se inclina por una semana (aunque la conducción enfatiza en la necesidad de unificar un planteo con el resto), y las federaciones docentes y no docentes que integran la CGT (FEDUN, FATUN, etc.) no plantean medidas de fuerza. En los hechos, este último sector viene imponiendo su orientación colaboracionista con el gobierno, actuando como un freno de la lucha universitaria. En el transcurso de la asamblea se informó sobre la situación en distintas facultades de la UBA, el CBC, los Colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini y de los becarios de CONICET. Ese mismo día, los becarios se habían movilizado al Polo Científico contra los despidos y por la efectivización de las altas en la carrera de investigador. Se retrató el enorme malestar que recorre a la docencia universitaria y preuniversitaria producto de la pérdida salarial y del vaciamiento que impulsa el gobierno. En relación al plan de lucha, en general hubo acuerdo en parar del 12 al 16 y se debatió sobre la modalidad de la medida. También se propuso impulsar un paro de 24 hs. el 7/8 y evaluar la participación en la convocatoria en Plaza de Mayo que harán las centrales sindicales y los movimientos sociales en el día de San Cayetano. Hubo algunas observaciones contrarias a depositar expectativas o reclamar un plan de lucha a la burocracia de la CGT. Varias intervenciones señalaron los límites de los paros aislados impulsados por el Frente sindical durante el cuatrimestre pasado y la necesidad de reforzar la lucha en dirección a una huelga por tiempo indeterminado. La Tendencia Universitaria Clasista abonó esa perspectiva, planteando una serie de propuestas orientadas a imprimirle un carácter activo al paro con asambleas por facultad y colegio, clases públicas, cortes, debates y acciones en la calle, convocando a estudiantes, docentes y no docentes. También impulsar una jornada de clases públicas y una asamblea interfacultades en Plaza de Mayo y organizar una nueva marcha federal por la educación y la ciencia. Luego del debate, gran parte de esas propuestas fueron incorporadas en la resolución final que se llevará como mandato al plenario de Conadu Histórica del lunes 5/8. En ese sentido, un señalamiento importante de la asamblea fue que el plan de lucha que impulse la federación no debe quedar supeditado a lo que se resuelva el Frente gremial.

El 31 de julio se llevaron adelante dos asambleas generales de ADIUNT. Una, a la mañana, en la ex Quinta Agronómica, un centro universitario que nuclea a facultades como Ciencias Exactas, Agronomía, Arquitectura, Bioquímica y Económicas; y otra asamblea, a la tarde, en el Instituto Técnico para concentrar a las facultades del centro de Tucumán, del centro Prébisch y las escuelas preuniversitarias, y de esta manera tener una mayor participación de la docencia. Las asambleas hicieron un balance de lo que fue el proceso de lucha universitario del primer cuatrimestre y la situación salarial actual. En el debate se manifestó la crítica al pacto de los Rectores con el gobierno. A cambio de un supuesto incremento del presupuesto para funcionamiento, jugaron a fondo, con la complicidad de la burocracia de todas las federaciones docentes, para no darle continuidad al proceso abierto con la monumental movilización del pasado 23 de abril. En ambas asambleas se votó por unanimidad la moción de llevar como mandato para el próximo plenario de secretarios generales de la Conadu Histórica -que se realizará el próximo lunes 5- la propuesta de un paro de una semana a partir del 12 de agosto, que confluya con el proceso de huelga que se está desarrollando en la universidad de Córdoba. De la misma manera, se votó impulsar una nueva marcha federal educativa. Es claro que, en este segundo cuatrimestre, la crisis universitaria se ha profundizado, no solo por los bajos salarios de docentes y no docentes, sino incluso también por la estrechez del financiamiento presupuestario para las escuelas y facultades. La conciencia general entre los docentes universitarios es que tenemos por delante una dura pelea en defensa del salario y el presupuesto, y que para ello se requiere una lucha de conjunto. En las asambleas también se votó avanzar en la coordinación con las y los trabajadores no docentes y el movimiento estudiantil, procurando organizar reuniones y, en los lugares más avanzados, asambleas interclaustro. En las asambleas surgieron mociones movilizadoras y de agitación preparatorias, marcha en la ciudad de Aguilares, cortes de calles con cartelería en la capital, vigilias, quite de colaboración en diversos ámbitos, etc. Se rechazaron, desde ya, los aumentos a la baja que el gobierno de Milei estableció, sin paritaria, y se fijaron los reclamos en la recuperación de las perdidas salariales. También se impugnó el impuesto al salario, que afecta a una franja de la docencia universitaria. La asamblea también cuestionó la política del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que mientras se estaba llevando adelante la asamblea de ADIUNT de la tarde, en paralelo resolvía a favor de participar de la movilización de San Cayetano sin decir una sola palabra sobre el proceso de lucha y huelga a partir del 12 de agosto, que previamente ya habían sido votadas por la Conadu y la Conadu H. Por eso se mocionó promover un plenario nacional con los delegados de las asociaciones de base y docentes que a nivel nacional se muestren dispuestos a organizar la lucha y la huelga y la Marcha Federal. En términos locales, la asamblea resolvió solicitar una reunión a las autoridades de la UNT para llevar una serie de reclamos vinculados a la obra social, el CCT (convenio colectivo de Trabajo), pedido de la vacuna contra el dengue, apertura de los jardines maternos paternales que fueron cerrados, y el reclamo de los paritarios locales que dejaron de funcionar. Finalmente, también se votó un Pronunciamiento en repudio a los 100 despidos del ministerio de educación de Tucumán.

El miércoles 31 de julio se llevó adelante una importante jornada de lucha a nivel nacional bajo el lema “contra los despidos y la precarización”, impulsada especialmente por ATE CONICET Capital por el cese de los contratos de más de 300 becarios doctorales y postdoctorales. Se realizó una nutrida concentración y radio abierta en el Polo Científico para exigir que el Directorio reciba a los becarios que estaban por ser cesanteados. Mientras tanto, en otros lugares del país, como Mendoza, Bariloche, Puerto Madryn, Córdoba, La Plata, Posadas y Rosario, se apoyó el reclamo con asambleas, cartelazos y recorrida de medios. Luego de una larga espera, representantes de legales, asuntos institucionales y becas reafirmaron la decisión de dar de baja las becas. Como consecuencia, más de 300 científicos del CONICET fueron cesanteados, en el marco de la política de vaciamiento del organismo llevada adelante por el gobierno de Milei. Los cesanteados son, por un lado, 200 becarios postdoctorales de todo el país que han terminado su formación doctoral y postdoctoral y se han presentado a la convocatoria a Carrera del Investigador Científico (el concurso que media para que una persona ingrese a la planta permanente de CONICET como investigador). Por el otro lado, también han quedado desvinculados del organismo cientos de becarios doctorales que se habían postulado a la beca postdoctoral y que fueron afectados por el recorte en 330 becas de las 800 prometidas por el directorio. Estos despidos encubiertos implican que más de 300 personas han quedado sin trabajo y sin cobertura médica. Esto se suma a los 130 trabajadores administrativos despedidos a principio de año, y a los recortes de entre el 30 y el 40 % en becas doctorales, de finalización y de postdoctorado. Con lo cual hay en los hechos una reducción del personal que afecta a más de mil puestos de trabajo en todo el país. Por “usos y costumbres” y, aún más importante, mediante una resolución de su Directorio (la número 967/2021), el CONICET había garantizado la continuidad de las becas postdoctorales hasta que se dieran a conocer los resultados de la convocatoria a Carrera, esto es, el derecho elemental de cualquier trabajador a la continuidad laboral. Así había sido por mucho tiempo, pues el proceso de evaluación suele durar un año y este mecanismo tenía el objetivo de retener los recursos formados por el Estado y evitar su fuga hacia el exterior o al sector privado. En esta ocasión se decidió extender la beca solo hasta el 31 de julio, dejando a 200 investigadores desvinculados hasta tanto se haga público el orden de mérito para ingresar a planta permanente, cuestión prevista para julio de 2025. El Directorio del CONICET (conformado por cuatro representantes investigadores de las grandes áreas de conocimiento -Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales- que son votados por sus pares, por un representante de Consejo de Universidades y representantes de la industria, el agro, y los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), escudado en la falta de presupuesto, se creó un derecho propio, pues cesanteó a estos más de 200 investigadores dando de baja una resolución propia con una simple disposición de área de recursos humanos de CONICET. Es lo mismo que ha hecho al recortar 460 de las 1300 becas doctorales establecidas en la convocatoria, 330 becas postdoctorales de 800 y 70 becas de finalización que no fueron otorgadas. Lo hecho sienta un precedente peligroso para todos los escalafones del organismo; sustentado en el planteo de “la distribución de recursos escasos” los derechos de los trabajadores del organismo podrán hacerse y deshacerse sin más, cuestión que se suma a la precarización histórica de becarios y gran parte del personal administrativo que se rige por contratos según el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público. Las consecuencias son, además, institucionales, en tanto la pérdida de recursos del CONICET afecta a líneas de investigación enteras, que necesitan de proyectos y personal especializado comprometido a largo plazo para poder desarrollarse. Es un recorte de la mano de obra que sostiene laboratorios e institutos en todo el país. Hasta los propios investigadores de planta permanente se verán afectados porque ellos son evaluados periódicamente por el mismo CONICET de acuerdo a, entre otras cosas, la cantidad y calidad de recursos humanos (becarios) que forman. Todo lo dicho fue advertido por el propio colectivo de becarios postdoctorales que han quedado cesantes. Entre ellos se organizó un grupo autoconvocado que desenvolvió una serie de acciones previas que incluyeron asambleas, pedidos a Salamone, al Directorio, una carta abierta firmada por más de 3500 investigadores de todo el país y la coordinación con gremios y organizaciones de trabajadores de Ciencia y Técnica (CyT). A pesar de que el resultado del 31 de julio no fue el esperado, esa experiencia de organización y las reservas de lucha demostradas interesan para fortalecer la conformación de un frente en defensa de la CyT. Hasta ahora las medidas han sido principalmente de denuncia y escasas; para revertir una situación que apunta a un cierre de facto del CONICET y de todo el sistema científico es necesario discutir y preparar una ocupación generalizada de las sedes de organismos de CyT en todo el país.

El miércoles pasado la Inteligencia sionista asesinó a Ismail Haniyeh, dirigente de Hamas, mientras se encontraba en Teherán en la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Irán. Lo que, en un principio, se adjudicó al disparo a un edificio de la Guardia Revolucionaría de Irán destinado a huéspedes, fue consecuencia de una bomba instalada con mucha antelación, que no fue detectada por la Inteligencia local. Haniyeh era asimismo el negociador oficial de su organización para lograr un cese del fuego en Gaza y la liberación de rehenes israelíes, que tenía lugar en Qatar, bajo el patrocinio de ese país, Estados Unidos y Egipto. Se trata de la más contundente manifestación de que el régimen de Netanyahu no ha tenido nunca el menor propósito de llegar a cualquier clase acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza. Como lo ha dicho Netanyahu repetidamente, el objetivo del asalto a Gaza es “la victoria”, o sea la liquidación de Hamas y la expulsión en masa de los palestinos. En el mismo espacio de tiempo, la aviación sionista mató a Fuad Shukr, un líder de Hizbollah, además de un numeroso grupo de personas, en un nuevo bombardeo a Líbano. La excusa para estos asesinatos fue la muerte de doce niños druzos en el norte de Israel, adjudicado a un cohete lanzado por Hizbollah. Lo ocurrido, según Hizbollah, habría sido lo contrario: esas muertes han sido consecuencia de la explosión de misiles antimisiles lanzados por Israel. Es difícil aceptar que Israel no hubiera podido destruir un único cohete lanzado contra los altos del Golán. Estos asesinatos constituyen una declaración de guerra a Irán, aunque a diferencia del bombardeo de la embajada iraní en Siria en marzo pasado, cuando fueron asesinados varios altos oficiales de la Guardia Revolucionaria, no hubiera violado el espacio aéreo de Irán. Aquel episodio desató el intercambio de misiles balísticos y de crucero entre ambos países, el primer choque militar directo en toda la historia. El asalto a Gaza por parte del estado sionista no se limita, como queda en evidencia, a una respuesta feroz contra el asalto de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre del año pasado. Ha sido, desde el comienzo, la punta de lanza de una guerra en todo el Medio Oriente, con eje en la guerra contra Irán. Es precisamente lo que Netanyahu declaró en Washington, hace una semana, ante una audiencia conjunta de ambas cámaras del Congreso: “...cuando Israel combate a Hamas, estamos combatiendo a Irán”, un señalamiento crucial cuando Israel había desvinculado a Irán, en el pasado, de la responsabilidad de la acción emprendida por Hamas. Netanyahu prosiguió: “Cuando estamos combatiendo a los Houthis, estamos combatiendo a Irán. Y cuando combatimos a Irán, estamos combatiendo al enemigo más criminal y radical de los Estados Unidos (...) Nuestros enemigos son vuestros enemigos, nuestro combate vuestro combate, y nuestra victoria será vuestra victoria”. Estados Unidos, en efecto, es la fuerza motriz de esta escalada de la guerra. Por de pronto, ha servido la información de inteligencia para ubicar a Haniyeh. “En mayo pasado, señala dropnewssite, funcionarios de la Administración (Biden) le transmitieron al Washington Post que la Casa Blanca había ofrecido a Israel “inteligencia sensible para ayudar a los militares israelíes a ubicar la locación de los líderes de Hamas…”. En forma paralela a estos asesinatos, tuvo lugar la reunión entre el secretario de Defensa norteamericano, Austin, con su par sionista, Yoav Gallant, que justificaron el asesinato de Fuad Shukr en Líbano, pero guardaron silencio con relación al de Haniyeh. Un comunicado del Pentágono, acerca de esta reunión, refiere a una “discusión acerca de las amenazas que plantean un amplio círculo de grupos terroristas apoyados por Irán”. Estados Unidos, aun enfrascados en una violenta escalada en Ucrania, es el principal soporte en la reposición de armamento y municiones del ejército sionista, e incluso en una elevada ayuda económica frente a la explosión que la guerra ha provocado en el Tesoro de Israel. La magnitud de la escalada de la guerra que anuncia el asesinato cometido en territorio iraní, queda en evidencia en la reacción del régimen de Turquía, que se declaró dispuesto a participar en una guerra contra Israel. Estados Unidos ha enviado una decena de buques de guerra al Mediterráneo para acompañar al portaaviones FD Roosevelt. El impacto de estos acontecimientos ha relegado a un segundo plano la reunión que ha tenido lugar en Pekín entre todo el espectro de organizaciones palestinas, bajo el patrocinio de China. Las promesas de terminar con las divergencias entre varias de ellas con la llamada Autoridad Palestina y reforzar la unidad de ese espectro político tiene una importancia secundaria respecto a la decisión de China de intervenir en otra acción política en la región. Meses atrás había logrado el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. La escalada de guerra del sionismo, que llega al Asia Central, convierte al planeta en un territorio único de guerra, al que se acaba de incorporar a Venezuela y a toda América Latina. La crisis política venezolana ha superado el estadio de una negociación política para entrar en una etapa de asedios militares. EEUU ha abandonado el frente que habían tejido Brasil, Colombia y México, para reconocer como gobierno legítimo al que formaría Eduardo Gonzáles Urrutia bajo la tutela de Corina Machado. En este escenario, se destaca la función política ‘sui géneris', que ha desplegado Netanyahu en Estados Unidos. Con un gobierno, -el de Biden- que ha perdido gran parte de la dirección política del país, a la espera de que acabe su mandato, y una división política creciente que incorpora una fascistización del discurso y la acción política, Netanyahu concurrió al Congreso norteamericano para unificar a los círculos imperialistas en torno a una escalada militar en medio de una campaña electoral. Tuvo un apoyo masivo en el Congreso, a excepción de una fracción del partido Demócrata que prefiere defender al sionismo desde las sombras (Bernie Sanders, Ocasio-Cortes). Lo mismo obtuvo de la candidata Kamala Harris que ensaya un discurso progre para neutralizar la oposición política popular a la guerra. Con 40 mil muertos oficiales y 160 mil extraoficiales (bajo los escombros) en Gaza, Netanyahu se ha convertido en el portavoz de los planes de guerra del Pentágono ante todos sus interlocutores. Una proeza para quien lidia en su país con un pedido de prisión por enriquecimiento ilícito, y en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Con esta política, los rehenes que la población israelí quiere rescatar con vida acabarán bajo los escombros, junto a decenas de miles de palestinos. Esta guerra criminal ha reforzado las convicciones y el espíritu de lucha de las masas del Medio Oriente. Así lo señalan diferentes encuestas y los testimonios que recogen los medios, y fundamentalmente el estado de sublevación en Cisjordania ante el creciente despojo que realizan los colonos armados y el ejército sionista contra la población palestina. La guerra imperialista ha penetrado al interior de los procesos políticos de la mayor parte de los países. Es la divisoria política fundamental.

El lunes 5, se profundizó el derrumbe de las principales Bolsas del mundo en el denominado “viernes negro”. Las principales compañías entraron en “zona de ajuste”, como se denomina a la etapa de desvalorización de sus capitales accionarios luego de haber tocado elevados niveles de “burbuja”. El índice Dow Jones ha caído 600 puntos en dos jornadas. El desplome de las acciones se concentró en las compañías ‘high tech’: Intel cayó 26 %, Nvidia 13 %, Apple 7,1 %, Tesla 8,7 %. Las “tecnológicas” representan la tercera parte del capital que se transa en la Bolsa. Los valores de estas empresas se habían ido por las nubes apuntaladas por los proyectos en Inteligencia Artificial. Los sucesivos balances trimestrales demostraron que sus ganancias no estaban a la altura de los pronósticos e incluso marcaban retrocesos importantes; la maduración de esos proyectos sigue llevando un tiempo muy superior a las expectativas, aunque no dejaron de tener un impacto positivo en la cadena de producción de sus proveedores. En cuanto al conjunto del espectro empresario, se observaba una suba considerable de los concursos de quiebra y la venta creciente de títulos de deuda de esas compañías por parte de los fondos acreedores (FT, 11/7). Al mismo tiempo, la tasa de creación de empleo, muy por debajo de la tasa de incorporación de nueva fuerza de trabajo, ha dejado en evidencia un cuadro de recesión. La Reserva Federal, en esta situación, decidió, sin embargo, mantener elevada la tasa de interés de referencia, en lugar de aflojar las condiciones de crédito de la economía. Ahora se espera que, en lugar de una reducción del 0,25 % de esa tasa, se precipite con rebajas mayores y en tiempos más cortos, para evitar una crisis generalizada y facilitar el rescate de empresas. Es probable que el remedio no sea el adecuado a la situación planteada, debido a que se mantiene una fuerte presión a la suba de precios como consecuencia de las crisis que han ocasionado las guerras en las cadenas de producción, de modo que el aflojamiento monetario impulse una reanudación de la inflación de los precios. Cualesquiera que sea la importancia de estos factores en el derrumbe de las Bolsas, el más explosivo es el cambio de política monetaria de Japón y la revalorización de su moneda, el yen. El Nikkei, uno de los índices de la Bolsa de Tokio, cayó en la mañana de lunes 5 un 12 %, la mayor caída desde 1987, que llega al 20 % en diez días. Los inversores huyeron de la Bolsa para refugiarse en los bonos de deuda pública, que han tenido un alza sustancial, “la mayor, en una semana, desde la pandemia”, asegura The Wall Street Journal. El valor accionario cayó más de 1 billón de dólares, que se va a 3 billones a lo largo del mes, para las grandes compañías. El financista Warren Buffet se jactó públicamente de haber vendido sus acciones en Apple, previendo el derrumbe de las acciones, pero ha mantenido la boca cerrada en cuanto a sus inversiones en Japón, que fueron borradas por el hundimiento del Nikkei. Una verdadera catástrofe. (“Ha llevado un solo día borrar todas las ganancias del año en muchos de los principales mercados de valores de Asia”). La aun módica suba de las tasas de interés en Japón, por debajo de la tasa de inflación, y la revalorización del yen, que se valorizó un 16 % frente al dólar, eran una tarea obligada, que el gobierno y el Banco de Japón han venido postergando por décadas. Con una economía que pasó del 60 % al 16 % de la de Estados Unidos, las autoridades japonesas habían establecido un enorme régimen económico de subsidios a los grandes capitales, mediante la compra de deuda pública, obligaciones privadas e incluso acciones. Es así que Japón tiene la mayor deuda pública del planeta -un 330 % del PBI- y es dueña no patrimonial de la mayor parte del capital de la isla. Estas condiciones financieras estimularon la salida de capital, que tomaba préstamos a tasa negativa en su país para reinvertirlo en títulos en el exterior (“carry trade”). El desarme de este “carry trade” ha exacerbado la crisis bursátil y financiera. La reversión de este flujo -del exterior de vuelta a Japón- es el factor más relevante del desplome de la Bolsa de Nueva York. El retorno de dinero a Tokio ha ido a parar a la deuda pública japonesa. Un elemento adicional que explica la ‘normalización’ monetaria de Japón es la competencia para desplazar a China como centro financiero rival, cuyo crecimiento económico ha caído de dos dígitos a uno y ha aflojado la tasa de interés, con la consecuencia de una devaluación del yuan y una tendencia a la salida de capitales. Los rescates que cada nación ha empleado para rescatar a sus capitales y al Estado de las crecientes crisis internacionales y de las guerras ha desatado un desequilibrio internacional gigantesco, cuyo ‘reseteo’ fuerza a crisis aun mayores. La recesión que habría comenzado en Estados Unidos no contará, como ocurrió en la gran crisis del sudeste asiático (1992/99) o con la crisis mundial de 2007/8, con el auxilio de una demanda internacional creciente de parte de China, cuya tasa de crecimiento ha caído un 60 %, y que exporta su crisis al mercado mundial. El derrumbe de las Bolsas se ha extendido por supuesto a Europa, en donde al menos Alemania ya se encuentra en recesión. Alemania no ha podido revertir la crisis que le produjo la ruptura de las relaciones energéticas con Rusia. El “ajuste” de los balances de las compañías internacionales, ante el estallido de la burbuja tecnológica y el sistema subsidiado de Japón, se ramificará ahora a todos los estratos capitalistas y al sector público, que deberán responder por los préstamos que contrajeron para financiar esas burbujas. La deuda financiera internacional que ha apalancado esas burbujas es sencillamente impresionante, en el orden de centenares de billones de dólares. Una medida del nivel que tendrá ese ajuste se podrá observar en la cotización que tendrá de ahora en más el oro, que en las últimas semanas había sufrido un cierto retroceso. Una reducción de las tasas de interés y una devaluación significativa del dólar que tuviera como contrapartida el aumento del oro reflejaría un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, un reflujo de la liquidez y, en ese caso, una recesión más severa (bautizada “hard landing” o aterrizaje de emergencia). Los fondos de cobertura, que se endeudaban en yenes para invertir en dólares, deberían sufrir quiebras importantes. Otros fondos más líquidos (ETF), que de acuerdo al FT controlan más de la mitad de la deuda pública y privada de corto plazo, se beneficiarían de la suba de los títulos públicos, aunque con una salvedad enorme: que los déficits fiscales se encuentran desbordados. Los detonantes financieros han servido siempre para llevar a la superficie la crisis subyacente del conjunto de la economía. La principal es la enorme deuda pública mundial que, por su condición de impagable, requiere la manipulación constante de las variables financieras. No hay ajuste social que habilite una reducción económica sustancial de la deuda. La reducción de la tasa de interés internacional debiera, en principio, suscitar una ola de compras de la deuda de países emergentes y disminuir, eventualmente, el llamado "riesgo país", o sea, el costo de refinanciar la deuda. Una devaluación del dólar podría provocar una suba en los precios de exportación de materias primas. El petróleo y el gas, de hecho, han bajado, no subido. Es que, tomada en su conjunto, la crisis en desarrollo podría poner sobre la mesa una “gran recesión” o una tendencia deflacionaria, que afectaría a las naciones con fuerte dependencia financiera. La deuda pública norteamericana -la más importante relativamente después de Japón- se ha ido concentrando en el corto plazo, con una tasa de interés superior a la de largo plazo. El Tesoro asume la dirección de la política, por medio de subastas constantes de títulos, y por lo tanto del valor de la moneda. Esto compromete la sustentabilidad del dólar en momentos en que los acreedores de Estados Unidos retiran sus capitales del “carry trade” en la Bolsa o en los préstamos para hipotecas, incluso si se refugian, provisoriamente, en deuda pública. Se abre ahora la alternativa de una crisis bancaria, porque los bancos replican en endeudamiento a corto plazo y los préstamos a largo plazo, situación conocida como “descalce”. Esta vulnerabilidad se acentúa en los fondos financieros y en las Fintech, donde la devolución del dinero invertido es inmediata. El desarrollo de la presente crisis tendrá implicancias sociales y políticas más o menos próximas.

En el periodo 2023-24 los salarios de los trabajadores telefónicos perdieron un 6 % respecto de la inflación. No hay en vista algún acuerdo por la nueva paritaria. El incremento del costo de vida corre nuevamente sobre la espalda de los trabajadores, mientras las patronales telefónicas consiguieron su reivindicación: aumentar las tarifas libremente. El año pasado, luego de dos meses sin acuerdo, la Directiva de FOETRA inició un conflicto para finales de septiembre . Apenas realizada la primera movilización, entró en vigor la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que prohíbe medidas de fuerza por dos semanas, pateando todo para octubre. Finalizada la conciliación se llegó a un acuerdo donde, además del retraso en la recomposición, fue por debajo de la inflación . Los trabajadores que adhirieron a la movilización perdieron el día y un importante premio semestral. La política de la conducción del sindicato frente a la pérdida salarial es que los trabajadores nos quedemos con los brazos cruzados. Intenta llevar los reclamos por la vía de ‘judicializar’ los problemas: el reclamo de los descuentos, el reclamo del impuesto a las Ganancias, los nueve meses de desconocimiento del gobierno Milei de la paritaria telefónica para Arsat. La vía judicial en este marco es una vía muerta para los trabajadores. Necesitamos recuperar el salario por encima de la inflación, o sea, una mejora en nuestro nivel de vida. Si las patronales promueven las dilaciones, no podemos dejar pasar dos meses. Debemos movilizarnos, para luego no cargar en la espalda tres meses de desgaste, que busca presionar para que aceptemos un acuerdo a la baja. Para derrotar la política patronal de salarios de miseria, con las categorías debajo de la línea de pobreza, necesitamos desenvolver un plan de lucha por un aumento del ingreso salarial inmediato. Debemos comenzar por reclamar un método en todos los edificios: asambleas de base, plenarios con mandato, movilización y asamblea general de todos las y los telefónicos. LEER MÁS: Telefónicos: rechacemos la regimentación del plenario de delegados Por Flavio Pereyra, 06/06/2024.

En la última semana de julio, ante la falta de respuestas por el pago de salarios, los obreros de la “cooperativa” San Francisco tomaron la planta de fileteado de merluza perteneciente al frigorífico Gaveteco. La empresaria surcoreana detrás de la cooperativa trucha de Gaveteco, Ki Soo Yoo -más conocida como “Estrella” en las calles del puerto-, tiene deudas superiores a los 500.000 pesos con los trabajadores fileteros a quienes mantiene en la absoluta precariedad: están en negro, sin obra social, sin aportes previsionales, ni seguro laboral. A esta deuda y superexplotación laboral, se suma la contraída con los trabajadores de la otra planta ubicada a unas cuadras de San Francisco, donde unos 90 obreros envasan la merluza para su exportación y en la que también trabajan los administrativos. A estos, que sí están registrados y sindicalizados, se les paga en cuotas, no se les abonan los aumentos paritarios, ni realizan los aportes a la obra social y jubilatorios que la empresa les retiene (Revista Puerto, 26/7). El miércoles 31 de julio, fileteros, envasadores y peones del frigorífico encabezaron una protesta en las puertas de la fábrica en reclamo de lo adeudado: alrededor de un millón y medio de pesos a cada trabajador; las últimas tres quincenas y el aguinaldo. Al día siguiente y sin ninguna respuesta de la propietaria de Gaveteco, los fileteros precarizados de la fasonera San Francisco fueron desalojados. Trabajadores de conserveras: tres semanas de asambleas y protestas La protesta de los obreros de Gaveteco y su cooperativa trucha no es la única. Durante casi todo el mes de julio, trabajadores de siete plantas conserveras llevaron adelante asambleas, en algunos casos con retención de tareas por turnos, y se manifestaron en las calles y puertas de fábricas para reclamar una recomposición salarial acorde a la inflación. Se trata de alrededor de 700 obreros, de los cuales más de la mitad no están registrados. Piden que el mismo porcentaje del 15,5 % de la paritaria del fileteado del pescado fresco se otorgue por parte de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA). Sólo dos empresas accedieron a otorgar esa suma, en tanto que el resto ofrece sólo un 5 % de aumento. El SOIP organiza la derrota de los trabajadores Los dirigentes del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) llaman a los trabajadores a esperar. Tras haber fracasado las negociaciones, el jueves 1 de agosto volvieron a convocarlos para movilizarse a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación a la espera de una propuesta de CAIPA y de una respuesta por parte de representantes de Gaveteco: “en la primera no llegamos a nada, ahora tenemos al gremio negociando con los empresarios”, festejó uno de los miembros de la comisión directiva del SOIP (0223, 1/8). En lo que respecta al conflicto en Gaveteco, declararon que de los aproximadamente 170 trabajadores de las dos plantas de la empresa es un porcentaje menor el que está regularizado y, por lo tanto, alcanzado por las negociaciones formales del Estado (Qué Digital, 1/8). ¡Una verdadera revelación y toda una consigna de combate, ante la precarización y superexplotación laboral que es la ley desde hace décadas en el puerto! A la fecha no se conoce el resultado de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo del jueves 2 de agosto. Lo que sí se sabe y está claro es el rol de la burocracia del SOIP que cuenta con una larga tradición de complicidad con las patronales negreras, de entrega a los trabajadores con el impulso a la firma de retiros voluntarios; de desprecio y aislamiento de las luchas obreras. Los fileteros de Gaveteco han marcado el camino: la autoorganización de los trabajadores de manera independiente. Son el faro para promover la solidaridad, la unidad y la coordinación de las luchas con todos los obreros del puerto de la ciudad. Es una salida para conquistar los aumentos salariales y los derechos laborales para el conjunto de los trabajadores.

La cuestión salarial pasó al primer plano de las preocupaciones de los trabajadores de los hospitales y centros de salud de CABA. Es que la burocracia peronista de SUTECBA pactó con el gobierno del primo de Macri liquidar la paritaria municipal del 2024. En su reemplazo, se firman acuerdos mensuales o bimensuales que van hundiendo el poder adquisitivo en un pozo cada vez más profundo. Mientras suben las tarifas de servicios, el transporte, las cuotas de prepagas y colegios, los salarios de los trabajadores de la salud de CABA “aumentaron” un 4 % en junio y 5 % en julio. Pero como estos porcentajes no se calculan sobre el mes anterior, sino sobre la base del sueldo de marzo, el incremento real fue de un 3 y un 4 %, quedando por detrás de la inflación. O sea que, sin haberse recuperado de la devaluación que inauguró el mandato de Milei más los derrumbes previos con los gobiernos de Macri y los Fernández, el salario de la salud vuelve a retroceder. Las conducciones de Médicos Municipales (AMM) y de la Federación de Profesionales (FP) se limitaron a firmar un acta gemela a la de SUTECBA. Para disimular añadieron que el acuerdo se cerró tras un “arduo debate entre las partes”, lo cual es mentira porque el único debate real fue con el gremio que dirige Genta. AMM y FP están pintadas y se ciñen a rubricar lo ya resuelto, porque renuncian a actuar como un factor de movilización de los trabajadores. La función que se reservan es la de bomberos, apareciendo como factor de contención cuando esa movilización ya existe y se desarrolla de manera independiente y autoconvocada por parte de los profesionales. Una compañera recordó en estos días que “el último aumento real que tuvimos fue cuando los residentes fueron a la huelga”, a fines del 2022. Después de esa conquista de la lucha independiente, limada por la intervención de la burocracia, AMM y FP coadministraron un nuevo declive. Impuesto al salario A la bronca que generaron estos meses de retroceso se suma la restitución del Impuesto a las Ganancias, que afecta a los profesionales de planta con mayor antigüedad y especialmente a las guardias. Cabe recordar que la exención del pago de ganancias para médicos, profesionales de la salud y técnicos en concepto de guardias obligatorias y horas extras se estableció en mayo de 2023, cuando se oficializó la modificación a la Ley 27.778. El objetivo había sido en su momento incentivar la cobertura en los servicios de urgencias, debido a que el cobro de este impuesto provocaba la renuncia y escasez de profesionales. Ahora, esta situación volverá a recrudecerse en un contexto de crisis, donde la falta de profesionales provoca situaciones de confrontación con los usuarios, en la medida que aumentan el desempleo y la pobreza y la población se va quedando sin cobertura por parte de obras sociales y prepagas. Pluriempleo y sobrecarga laboral La cuestión salarial vuelve a quedar al rojo vivo en un contexto signado por la agudización de la sobrecarga y la precarización laboral. El intento de Quirós de imponer un incremento en los ritmos de trabajo, por medio de la centralización de las agendas de turnos a través del Sistema de Gestión Hospitalaria (Sigehos) y la línea 147, chocó con la resistencia de los profesionales de los servicios hospitalarios y centros de salud. A tal punto llegó el conflicto que la dirección de AMM debió intervenir, tardíamente, para reclamar la suspensión del nuevo sistema. La crisis también golpea a los trabajadores que actúan en las villas de la ciudad: una importante asamblea en las puertas de CeSAC 18, ubicado en Villa Lugano, se reunió para denunciar a la existencia de una zona liberada en el barrio y exigir el resguardo de los trabajadores y la población usuaria. Organicemos la lucha Frente a este cuadro, las conducciones de AMM y FP se limitan a emitir comunicados virtuales y apuestan a la vía judicial y parlamentaria para contrarrestar el regreso del Impuesto a las Ganancias, cuando es ese mismo Parlamento el que votó recientemente su restitución. A espaldas de todo lo que ocurre en los hospitales, la conducción de AMM se autoorganizó un homenaje en la Legislatura Porteña junto al radical Yacobitti, el mismo que junto con Lousteau aseguró el quórum para que saliera la Ley Bases. Por debajo esta medidas autocelebratorias, crece el descontento y comienzan a desarrollarse acciones independientes. Un gran ejemplo es lo ocurrido con los residentes que dependen de Nación , que acaban de obtener un triunfo significativo. En el cuadro de despidos masivos en el Estado -que en salud golpearon especialmente al Hospital Posadas- y la paritaria hundidísima de UPCN, a través de asambleas, paros y movilizaciones autoconvocadas lograron arrancar un 35 % de aumento de julio a diciembre. Así, un residente de primer año de Nación pasará a cobrar $980.000, equiparando su situación a la jurisdicción de CABA. Aunque su carácter es no remunerativo, este aumento obtenido en una sola cuota demuestra la posibilidad de imponer reivindicaciones cuando se lucha en serio, incluso en las condiciones más adversas. Como eco del movimiento de los residentes de Nación, comenzaron también las deliberaciones y pronunciamientos en CABA. Los residentes del Hospital Gutiérrez se reunieron en asamblea y votaron comenzar una lucha por un salario inicial de 1.800.000 de bolsillo, el equivalente a dos canastas básicas para un hogar de cuatro personas, según la estimación del INDEC para el mes de junio. Elevaron una carta a la filial de AMM para que adoptara este reclamo y se proponen organizar un abrazo al hospital. Es curioso que la destrucción del concepto histórico de la canasta familiar por parte de los gobiernos, que el INDEC dejó de relevar, tiene ahora como respuesta de parte de los trabajadores la exigencia de dos canastas básicas como piso indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo. El agotamiento de la paciencia de los trabajadores de la salud puede tener su salida positiva si es un paso para entrar en acción. Las luchas del Hospital Posadas, de los residentes de Nación, del CeSAC 18 y de los residentes del Gutiérrez son el aviso de un movimiento profundo. Contribuyamos a gestarlo tomando en nuestras manos la defensa del salario y de las condiciones de trabajo. Impulsemos asambleas, recorridas y pronunciamientos en todos los servicios y efectores por un sueldo inicial de 1.800.000, por la derogación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, por el control por parte de los trabajadores sobre los ritmos y agendas de turnos, por el fin de la precarización y el reconocimiento profesional de enfermería y por la defensa de todas las condiciones laborales.

Susana Montoya fue la viuda de Ricardo Fermín Albareda, un comisario vinculado al PRT, secuestrado, torturado y asesinado por la policía cordobesa en 1979. El viernes 2 de agosto, Susana, activa participante de las marchas de derechos humanos, fue asesinada a golpes en la cabeza y degollada en su casa de la Ciudad de Córdoba. En la pared, sus verdugos dejaron escrito un mensaje: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos #Policía”. El crimen responde a las amenazas que recibió Fernando, uno de los hijos de Susana y Fermín, militante de HIJOS Córdoba y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos. El 9 de diciembre, a días de asumir el gobierno de Milei, Fernando encontró varios mensajes, escritos con marcador en la puerta de su casa: “Te vamos a juntar con tu papito “; “Sos hijo de terrorista”; “Se te terminaron los amigos”; “No vayas más a la escuela ni a la Jefatura. Vas a morir”. Debajo de los papeles habían dejado seis balas calibre 22 largo. Una de las tareas militantes de Fernando es dar charlas sobre derechos humanos a los cadetes de la policía provincial. A pesar de las conexiones evidentes, a pesar de que las amenazas se repitieron mes a mes, la investigación a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de Córdoba no tuvo avances. En un documento común, todos los organismos de derechos humanos exigieron “a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo: la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad. La seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”, añadieron. El asesinato de Susana Montoya generó una crisis en el gobierno de Martín Llaryora. El ministro de Seguridad, Juan Quinteros, debía tener algún indicio del accionar de bandas fascistas dentro de la policía que dirige porque un par de semanas antes del crimen había advertido: "Esta Policía es de la democracia y no hay lugar para trasnochados”. Cualquier investigación debería empezar, entonces, para que Quinteros identifique a los “trasnochados” que la fiscalía no detecta desde diciembre. Los intentos de Quinteros de desviar el crimen hacia un intento de robo fueron desestimados de plano por Fernando Albareda: “No creo absolutamente en el tema del robo. Esto fue un asesinato. Desde el advenimiento de la democracia para acá al no haberse depurado nunca la fuerza policial, sospecho de todo el mundo”, agregó en declaraciones a Canal 10. Las puertas de ingreso a la casa de Montoya no fueron forzadas. Además, en la misma cuadra hay custodia policial permanente por un caso de otro orden. Durante la dictadura, la venganza de la policía cordobesa contra el comisario Albareda fue atroz. Raúl Pedro Telleldín, un exmilitar entonces jefe de la temible División de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba: “Le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios. Después lo dejaron desangrarse lentamente”, rememoró en el juicio por crímenes de lesa humanidad otro policía, Ramón Calderón. Su asesino, Raúl Telleldín -el padre de Carlos, el de la AMIA- fue el fundador del Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. Aunque en 1983 fue dado por muerto en un extraño accidente, siempre se sospechó que seguía vivo. En 1995, el excomisario Octavio Cuello aseguró que Telleldín vivía “en algún lugar de Córdoba” (Clarín 24/2/17). La Justicia cordobesa no se molestó en buscarlo. Vale recordar que, hasta que se murió, el comisario Etchecolatz tuvo una influencia decisiva en la Bonaerense, lo que le costó la vida a Julio López. La responsabilidad política por el asesinato de Susana Montoya le cabe al gobierno de Martín Llaryora y a sus predecesores, que no han tenido el menor propósito, como dice Fernando Albareda, de meter mano en la Policía. Y es compartida por entero con el gobierno de Milei. No hay que olvidar el video del servicio Tata Yofre para el 24 de Marzo celebrando el genocidio , los planes de la vicepresidenta Villarruel -amiga hasta la muerte del comisario Etchecolatz- para garantizar la domiciliaria a los genocidas, o los legisladores que fueron a Ezeiza a tomar el té con ellos . Ninguno de los atentados recientes se ha investigado para encontrar a sus ejecutores ni a quienes los avalan. La Justicia garantiza la impunidad de los grupos fascistas que, estimulados por la prédica permanente del gobierno nacional contra los militantes populares y en favor de la dictadura, demuestran una vez más que la mano de obra del terrorismo de Estado y sus herederos sigue actuando tranquilamente en las sombras. Justicia para Susana Montoya. Castigo a sus asesinos. Abajo el gobierno socio de los genocidas. Ni olvido ni perdón. LEER MÁS: Respondamos al atentado sufrido por militante de HIJOS Comunicado de Política Obrera, 21/03/2024. Atentado al domicilio de un militante de Política Obrera “Queremos que se busque a los responsables”. Por Corresponsal, 07/09/2023.

En medio de una furibunda campaña del gobierno provincial contra la docencia santafesina, la votación de más de 23.000 docentes de todos los departamentos ha resuelto rechazar la oferta de miseria del gobernador Pullaro (9,95 % en tres cuotas, que se terminarían de cobrar recién en octubre y desconoce, además, la deuda de la paritaria 2023). En el primer semestre de este año, los salarios perdieron más del 30 % de su poder de compra, dejando el cargo testigo en la línea de la indigencia. Por esta razón y a pesar de los mecanismos extorsivos del Gobierno, de descuentos confiscatorios y del recurso del presentismo agravado, la docencia se ha volcado por ir a la huelga el próximo miércoles 7 de agosto. La conducción de AMSAFE mocionó el rechazo a la “oferta” con una medida aislada, que es la que se ha impuesto por poco más de 10.000 votos, de un paro de 24 horas sin planteo de continuidad: Es claro que su propósito es intentar descomprimir la bronca de las bases y reacomodarse luego de haber dejado correr todos los ataques del Gobierno, que además lleva adelante una reforma jubilatoria para liquidar el régimen opcional docente . La conducción ha pactado sucesivamente los ajustes salariales y dejado correr descuentos, presentismo y todo tipo de atropellos contra las condiciones de trabajo . Esto ha repercutido en una caída significativa de la participación. Entre la última consulta provincial, realizada en mayo, y la de ahora, realizada en agosto, los sufragios cayeron más del 15 % (de 28.462 votos en mayo a 23.700 votos en esta última asamblea). Ante esta situación, la directiva provincial les transfiere la responsabilidad a las bases y atribuye al “miedo a los descuentos” este reflujo, pero lo cierto es que la dirigencia de AMSAFE ha participado activamente para inducir a este escenario . Ella misma ha sido correa de transmisión de los aprietes de los funcionarios y propagado la amenaza de los descuentos y la pérdida del presentismo, para levantar la lucha cuando el Gobierno no lograba hacerlo y para negociar los ajustes. Las conducciones opositoras, del Frente por una AMSAFE Democrática, han presentado una moción de paro 24 y 48 horas, sosteniendo también el alegato de que no hay condiciones para una lucha a fondo y de conjunto. Esta moción recolectó 5.372 votos, la votación más baja recogida por la oposición en mucho tiempo. La moción de nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, acompañada por otros sectores de activistas, planteó un programa -aumento de emergencia del 100 %, rechazo a la reforma jubilatoria y el presentismo-, emplazando al Gobierno con una huelga de 48 horas la primera semana, preparatoria de una huelga por tiempo indeterminado. La moción reunió 1.850 votos (1.000 en Rosario, donde la Celeste obtuvo apenas 1.600 y la conducción del FAD, 3.390); en Santa Fe Capital nuestra moción superó a la del FAD con casi 700 votos sobre 440. En San Lorenzo, nuestra moción quedó apenas 20 votos debajo de la que presentó la Celeste. Nuestro planteo de huelga general educativa ha registrado un crecimiento . Este miércoles 7 de agosto paremos masivamente en toda la provincia. La conducción gremial se ha rehusado a convocar una marcha provincial, atomizando a medidas en cada departamento; es necesario participar también de estas instancias de lucha, fundamentalmente para discutir cómo superamos el impasse de esta conducción agotada a fin de abrir un camino de lucha para ganar.

El pasado viernes 2 de agosto se cumplieron seis años del crimen de Sandra y Rubén, quienes se desempeñaban respectivamente como vicedirectora y auxiliar en la escuela EP 49 de Moreno y perdieron la vida tras la explosión producida por una fuga de gas. Este año nuevamente se desarrolló una contundente movilización por parte de la comunidad educativa, en especial de la docencia, exigiendo el castigo a los responsables políticos del crimen y el arreglo de las escuelas. Una importante masa docente asistió, a pesar de que la dirección del gremio no convocó a hacer paro y, si bien se otorgó el art. 115 b3 (licencia para actividad gremial), no hubo una campaña ni un llamamiento para convocar masivamente a la docencia. En muchas escuelas incluso se corría la voz de que el artículo sólo correspondía para los afiliados al sindicato, lo cual no es cierto. La burocracia sindical de Baradel realizó un acto frente al Consejo Escolar del distrito bajo la consigna "Contra las políticas de Milei, y el desguace de ayer y hoy", haciendo responsable de la crisis educativa al gobierno de Macri-Vidal y a Milei, por supuesto sin mencionar que la responsabilidad política del estado calamitoso de las escuelas bonaerenses les corresponde a todas las variantes políticas capitalistas, incluido el kirchnerismo, que ha gobernado por años el distrito y el país . Por otra parte, se realizó otro acto independiente convocado por las organizaciones de izquierda, frente a la municipalidad, para reclamar por el castigo a los responsables políticos de este crimen: la exgobernadora Vidal y el exministro de Educación, Sánchez Zinny. Se denunció largamente también que las condiciones sociales y de infraestructura que llevaron a la muerte de Sandra y Rubén siguen vigentes y que se debe exigir escuelas seguras para docentes, alumnos y familias. Desde Política Obrera remarcamos la necesidad de poner en pie un plenario provincial de la docencia para impulsar la lucha para enfrentar a Milei, pero también a Kicillof, quien aplica el ajuste a los trabajadores en la provincia por medio de los salarios y el avasallamiento de las condiciones de trabajo de la docencia. Planteamos que es fundamental no esperar a que la burocracia sindical de los gremios se ponga a la cabeza de las luchas, ya que están comprometidas a fondo con el Gobierno y las patronales para garantizar este ajuste histórico contra los trabajadores. Por eso señalamos que debemos impulsar la iniciativa desde abajo, con autoconvocatorias, asambleas y plenarios para derrotar el plan de guerra de Milei y los gobernadores contra los trabajadores.

En los últimos días, el Intendente de San Isidro, Ramón Lanús, ha presentado una oferta paritaria del 15 % para los empleados municipales perteneciente al segundo trimestre del año. Dicha propuesta fue rechazada por el sindicato, que previamente había pedido un aumento del 50 % en dos tramos. El intendente, soldado de Milei y Bullrich, gestiona el municipio más rico de la provincia de Buenos Aires, pero sigue al pie de la letra el libreto de ajuste salarial y precarización laboral propio del gobierno liberticida. Hoy el salario básico de los trabajadores se ubica en torno a los $230.000, aún menos que el salario mínimo oficial, teniendo que estar en algunos casos trabajando horas extra, turnos extenuantes, los siete días de la semana. El municipio entregó unos bonos paupérrimos con la intención de disimular un poco al menos la miseria que se cobra. En lo que va del año, el salario municipal ha perdido cerca del 30 % respecto a la inflación. El conflicto, en lo que va del 2024, se inició en los primeros días de enero cuando de manera unilateral el Ejecutivo adjudicó un aumento del 15 % para enero y 35 % para marzo. Desde el sindicato (STMSI) sólo se hizo una movilización en las puertas de la municipalidad. La “oferta” del intendente se impuso. Fue el comienzo de una pérdida que deja a los salarios a niveles de indigencia. Actualmente, con casi tres semanas de anticipación, “a lo CGT”, anticipó una movilización a la municipalidad para el miércoles 7 de agosto. Esta vez le sumarán “medidas sorpresivas” previas. El lunes hubo un paro de actividades en los cementerios; el miércoles los barrenderos ficharon, pero permanecieron en la base sin prestar servicio. En los hospitales se decidió hacer reducción de guardia. Omar Arce, secretario general del gremio, manifestó en medios locales que “La semana pasada decidimos hacer asambleas sin avisar y tomar medidas sorpresivas porque si avisamos aparecen presiones extras”. La realidad es que llamar a asambleas sin avisar, como buena burocracia, es para vaciarlas y evitar que se pueda expresar el descontento con la conducción. Además de “sin aviso”, todo por separado. Trabajadores de cementerios un día, barrenderos otro, enfermeras luego. Como se dijo antes, “a lo CGT”, evitar llamar a una gran asamblea, un paro y un plan de lucha de todos los trabajadores, como una parte importante de la base lo pide. Los trabajadores municipales necesitamos una lucha en serio en defensa de nuestro salario y nuestras condiciones laborales. LEER MÁS: Municipales de San Isidro: “municipio rico”, trabajadores indigentes Por Juan Linarello, 18/07/2024.

Para el 30 de agosto está convocada en la localidad de Jacobacci la Audiencia Pública para aprobar la etapa de explotación del Proyecto Minero Calcatreu. Calcatreu es un yacimiento de oro, plata y otros metales ubicado en el sur de Río Negro que fue descubierto en 1997. Desde 2018, es propiedad de Patagonia Gold, una minera inglesa cuyo nombre local es Aquiline Argentina. Se trata de 16.300 hectáreas en el macizo de la meseta de Somuncura, a ochenta kilómetros de Jacobacci. Se calcula que la vida útil de la mina es de cinco años y se harán tareas de exploración. Desde 1998, cuando se presentó el proyecto, se desarrolla una confrontación de los ambientalistas y de las comunidades originarias contra la actividad de la minera, con avances y retrocesos. El gran problema de la explotación de los yacimientos es que la extracción de oro requiere del uso de una enorme cantidad de agua -tremendamente escasa en la zona-, que ineludiblemente termina contaminada. Para la producción de oro se procede a transportar la tierra rica en materiales a una zona de trituración donde se la riega con miles de litros de agua con cianuro que separa el oro de la tierra. Como resultado, el lugar quedará desertificado y contaminado. Río Negro tenía una ley, la 3981, promulgada en 2005, que prohibía el uso de cianuro y mercurio para la actividad minera. Fue derogada bajo el corto gobierno de Carlos Soria del Frente para la Victoria, sucedido por el actual gobernador, Alberto Weretilnek. La convocatoria a la Audiencia Pública es un paso estipulado en la Ley General del Ambiente n° 25.675, sancionada en 2002, que en su artículo 20 establece que las autoridades deberán institucionalizar este procedimiento como instancia obligatoria para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes. A esto se le llama “licencia social”. El gobierno de Weretilneck manipula informando, por ejemplo, de la aprobación al proyecto por parte de comunidades originarias que luego estas desmienten. Hace una semana, el Gobierno reunió en el polideportivo de Jacobacci a seiscientas personas. Para participar, cada uno tuvo que presentar su curriculum. No estuvieron las comunidades del área afectada a la actividad. En cambio, fue una tribuna para los funcionarios de Juntos Somos Río Negro y de la minera Patagonia Gold donde prometieron trabajo, desarrollo y progreso. Este impulso para la actividad de extracción de oro requirió de modificaciones legislativas previas profundas. Así fueron aprobadas la reforma de la ley de tierras y el código minero en Río Negro, en un operativo apurado y sin debate en los últimos días del anterior gobierno. De la reforma del Código Minero surge el CODEAM -Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera- que reúne a funcionarios de Minería y Ambiente, legisladores, miembros de la Universidad de Río Negro, de la comunidad mapuche de Lipetren Chico y ONG. En definitiva, este “consejo” opera como promotor de la actividad minera. Han logrado meter una cuña entre las comunidades mapuche: mientras la mayoría rechaza la actividad minera, otras reciben pequeños “beneficios”, explotando necesidades elementales como transporte, y por ello la aceptan. Finalmente, Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Lo siguieron múltiples municipios. La excusa es cambiar la matriz productiva de la provincia, que pasó de ser productora y exportadora frutícola para pasar a incentivar la actividad petrolera y minera. Hay una reacción de comunidades y ambientalistas que advierten que Calcatreu es el inicio de un huracán minero que seguirá con el litio en Comallo, o el uranio en Amarillo Grande y los hidrocarburos en el Golfo de San Matías. Ni trabajo ni desarrollo ni progreso vendrán de la mano de estos pulpos mineros. Así lo demuestran San Juan y Catamarca. El control ambiental solo será efectivo bajo un gobierno de trabajadores, no de parte de un régimen destructivo y decadente.

El estallido reciente de las principales Bolsas internacionales golpeó duro a la política de Caputo y Milei. La tasa de interés para tener acceso al crédito internacional (el llamado ‘riesgo país’) pegó otra suba -a casi 1.700 puntos, lo que significa que los bonos de la deuda externa en dólares se han desvalorizado, del 50 al 40% de su valor nominal. El revés para el gobierno es enorme cuando se tiene en cuenta que desde diciembre pasado el objetivo excluyente de la pareja mencionada ha sido revalorizar esa deuda externa mediante la obtención de un superávit fiscal y un superávit cambiario que debería servir para poder pagar los intereses y refinanciar el capital. Al servicio de este propósito serruchó los salarios y las jubilaciones, paró la obra pública, impulsó una recesión industrial sin paralelo en tiempos normales, inventó una deuda para los importadores por 20 mil millones de dólares (Bopreal) y aumentó la deuda en pesos del Tesoro en el equivalente a 70 mil millones de dólares en sólo siete meses. Sólo faltaba una última puntada: levantar el cepo que administra la entrada y salida de dólares para atraer capital monetario del exterior. Ahora, este relato ha cambiado en forma súbita: “menos mal que tenemos el cepo, porque de lo contrario hubiera habido una fuga de capitales, la desvalorización del peso habría desatado una hiperinflación y todo el esquema económico ‘libertario’ se habría ido al diablo con el gobierno incluido. Como se ve, la necesidad tiene cara de hereje –es mejor quedar encepado que gozar de los beneficios de la ‘libertad económica’. El encepamiento de Milei tiene, sin embargo, varias roscas más –el grillete de la libertad-carajo ha venido para quedarse. Ocurre que con independencia de cómo continúe la crisis financiera, el estallido de las Bolsas ha sido detonado por factores de conjunto que demorarán en disiparse y que forzarán el estallido de nuevas crisis. Si las raíces de este estallido son profundas y sus secuelas explosivas, el cepo deberá renovar su contrato de alquiler por un tiempo prolongado. Las economías latinoamericanas, bastante más sólidas que la argentina, se han visto sacudidas por una devaluación rápida de sus monedas y se han convertido en más atractivas y baratas para el comercio y la inversión. Para aflojar esta presión, Caputo debería devaluar lo suficiente para detener una fuga de capitales. Pero el estallido bursátil ha impuesto un fuerte ajuste en el valor de las compañías de vanguardia del capitalismo -las tecnológicas- y golpeado el proceso especulativo que moviliza al negocio digital como son las bitcoin. Esa depuración será ‘grossa’, e incluso ha empezado antes del estallido con despidos masivos de personal, por ejemplo, en Apple, Amazon y Tesla, la empresa del fascista Elon Musk. Los analistas internacionales aseguran que esta purga del valor-capital de las tecno irá acompañada de una recesión industrial importante en Estados Unidos, la UE, Corea del Sur y, eventualmente, China. Un ciclo devaluacionista del dólar, como se desprende de la intención del Banco Central norteamericano de reducir las tasas de interés y del programa que ha presentado Donald Trump, tendría diversas consecuencias inciertas pero una segura: acentuaría la guerra comercial. Los mismos insospechados analistas atribuyen la crisis a un factor relativamente relegado con anterioridad: el geopolítico, o sea una escalada en la guerra internacional. Por último y, como de costumbre, muy importante, Japón no puede frenar el rebalanceo de su economía, que demoró dos o tres décadas en consumar a sabiendas del sacudón que iría a producir. Durante décadas ha financiado la exportación de sus capitales financieros debido a la recesión crónica que le dejó la crisis de 1980; ha dejado el podio de bronce de la tercer economía más importante del mundo, para pasar a pelear el quinto y el sexto lugar– incluso con Brasil. Caputo y Milei se han guardado de decirle a la opinión pública el tamaño del golpazo que han sufrido. Por ejemplo, deberán rebobinar la intención de obtener préstamos a corto o mediano plazo contra la garantía de los bonos en dólares (pocos) que tienen el Banco Central y el Tesoro, con la intención de cubrir los pagos inmediatos de los intereses de la deuda hasta que esos bonos aumenten de valor y se pueda levantar el cepo –ayer cayeron fiero. Ese préstamo, llamado “repo”, los obligaría a cubrir con la entrega de más bonos la pérdida de valor o la incertidumbre que rodea su valoración. Mientras los mesadineristas que nos gobiernan se entretienen con bicicletas financieras y con las ganancias personales que les reportan, la recesión industrial se seguirá comiendo la capacidad productiva de la economía y ahondará la pobreza y la miseria social. El “reseteo” de la economía internacional ha sido responsable de la irrupción de varias crisis sistémicas y políticas en Argentina. En 1981 eyectó a Martínez de Hoz y desató la cuenta regresiva de la dictadura; en 1994, la crisis mexicana hirió de muerte a la convertibilidad; el mismo Caputo es un reincidente, porque en 2018 tuvo que irse del gobierno de Macri por el impacto que causó en Argentina una suba de la tasa de interés internacional. El “cepo libertario” resume las contradicciones insuperables que afectan el proyecto de la ultraderecha internacional en Argentina. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Jorge Altamira en Radio Azul | Crisis financiera mundial y su impacto en Argentina Entrevista en Radio Azul a Jorge Altamira, 06/08/24, publicada en el canal de YouTube de Política Obrera. LEER MÁS: El desplome mundial de las Bolsas Por Jorge Altamira, 05/08/2024.

En el marco de la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por malversar fondos públicos, se han publicado abultadas conversaciones de su ex secretaria María Cantero y su esposo Martínez Sosa -productor de seguros sindicado como beneficario de tráfico de influencias en la cúpula del gobierno anterior -que comprometen tanto a Fernández como a más de una decena de funcionarios de su gobierno. Entre otros, son mencionados Sergio Massa y Santiago Cafiero. La operatoria por la que Fernández ha sido imputado consistió en direccionar la contratación compulsiva de seguros de parte de diversas dependencias gubernamentales nacionales hacia la empresa estatal Nación Seguros, que conllevó el pago de millonarias comisiones a una camarilla de agentes intermediarios que se beneficiaron con este monopolio durante todo el gobierno de Fernández y buena parte del gobierno de Milei, durante el cual se siguieron pagando esas comisiones. En las conversaciones filtradas, se muestran extensos indicios de que la ex secretaria de Alberto Fernández operaba sistemáticamente para favorecer estas contrataciones, atravesadas por favores personales o incluso el intercambio de regalos suntuosos. En este entramado han quedado expuestos como partícipes tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, como facilitadores para que el bróker Martínez Sosa se hiciera de las contrataciones en ciertos organismos estatales. De igual manera aparecen involucrados otra serie de altos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández como Gabriel Katopodis (actual ministro de producción de Kicillof), Juan Manuel Olmos, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, Cecilia Todesca, Matías Kulfas y Jorge Taiana, entre otros. Ercolini El juez a cargo de esta investigación es Julián Ercolini, un viejo amigo de Alberto Fernández, de la “casta judicial”, pero también, uno de los apuntados por otro escándalo, el de la reunión secreta y también filtrado de Lago Escondido en los pagos de Joe Lewis. En el medio de esta investigación a Alberto Fernández que arrancó desde fines del 2023, el peronismo en todas sus vertientes y la propia CFK no han encontrado en el episodio otra muestra del “lawfare” ni por asomo y, por lo tanto, le han soltado la mano completamente a Alberto Fernández. De esta forma, admiten responsabilidad en este negociado millonario, pretendiendo que sea absorbido por el defenestrado Alberto, que por sus propias acciones ya no tiene margen alguno para la defensa. Pero un enfurecido Alberto podría destapar nuevas ollas de corruptelas. De nuevo, están comprometidos toda una serie de dirigentes que afectarían drásticamente las posibilidades de un relevo peronista al libertario hacia las elecciones del 2027. En la filtración de los chats se ha colado otra operación, la que involucra al ex presidente en presuntos casos de violencia de género contra su esposa. La intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, ya emitió su juicio contra Alberto y de forma pública: “Es un hombre que no respeta a las mujeres”. No dijo nada al respecto, sin embargo, en los cuatro años de su gobierno. El diario La Nación difunde que Martínez Sosa recibió por estas comisiones, durante el periodo de 2020 y 2024, en las que pasó de gestionar los seguros de dos organismos a 18, la cifra de $366.635.744. Entre las dependencias que contrataban al Nación Seguros se encuentran el Banco Central, la Universidad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, Vialidad, la Casa de la Moneda, Corredores Viales y cuatro ex ministerios (Ambiente, Relaciones Exteriores, Seguridad y Turismo). Uno de los más voluminosos fue el de Gendarmería Nacional. Pero en la nómina de beneficiados aparecen otros agentes de seguros con vínculos que llegan hasta el PRO y Mauricio Macri, como es el caso de Pablo Torres García. Esto explicaría varias cosas, como es el estruendoso silencio con el cual tanto libertarios como macristas o radicales han respondido a este tema. Como ha sucedido con el reparto de tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense, en el control de las llamadas “cajas negras” de los partidos patronales, entre bueyes no hay cornadas. Para favorecer la contratación al Nación Seguros, Alberto Fernández emitió un decreto que sigue vigente a la fecha. Es decir, no fue parte del mega DNU ni de la reciente “reforma del Estado” de Milei y Sturzenegger. Muchos de los funcionarios del Nación Seguros permanecieron un largo tiempo en funciones una vez asumido Milei o continúan haciéndolo. LEER MÁS: Escándalo de seguros: Alberto acorralado, el negociado sigue Por Emiliano Fabris, 30/04/2024. “A seguro se lo llevaron preso” El escandaloso negocio de las aseguradoras de Alberto Fernández... y la continuidad bajo el gobierno de Milei. Por Emiliano Fabris, 05/03/2024.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvió convocar a 72 horas de protesta con paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto como respuesta a la enorme crisis salarial de las trabajadoras y los trabajadores de las universidades públicas. El plan de acción gremial continuará con otras 48 horas de protesta con paros y visibilización, los días 20 y 21 de agosto. Asimismo, el 23 de agosto los/as representantes de las federaciones docentes y no docente se reunirán para evaluar la continuidad de las medidas. Convocamos a trabajadoras y trabajadores de las Universidades Nacionales, a través de las propuestas que realicen las diferentes asociaciones de base, a sumarse a las jornadas de protesta. NO HAY UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD, SIN SALARIOS DIGNOS CONADU Histórica – CONADU – FEDUN – CTERA – FAGDUT – UDA – FATUN

Una huelga nacional de la Federación Aceitera se inició hoy, en el marco de la paritaria. Los trabajadores denuncian “la provocadora decisión patronal de no actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil”. Se encuentran paralizadas todas las plantas del país. Acusaron a los empresarios de estar «en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios». El sindicato reclama un ajuste del 25%, mientras las patronales ofrecen dos cuotas de 10% y 5%, respectivamente. La paritaria de los aceiteros está condicionada fuertemente, además, por el impacto del impuesto al salario de la cuarta categoría. El dirigente de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, aseguró días atrás que no hace falta la CGT para convocar a un paro general. Impulsemos un frente único de los sindicatos afectados por el impuesto al salario. Por la victoria de la huelga aceitera. LEER MÁS: Plenario de Aceiteros en San Lorenzo, una contribución Por Juan Ferro, 26/07/2024.

Las organizaciones convocantes a la movilización de este 7 de agosto, el día de San Cayetano, acaban de explicar las razones por las que no habrá una marcha desde Liniers a Plaza de Mayo. Los representantes de la CGT, la UTEP y los organismos de derechos humanos afines al kirchnerismo le dijeron a Página 12 que “La gran novedad de este año es que la marcha desde Liniers a Plaza de Mayo va a ser mucho más chica” (…) “No va a cortar la calles, sino que avanzará en parte por la vereda y en parte por una mano de la avenida, sin cortar el tránsito”. “La decisión de autolimitarse fue tomada con el criterio de que el foco de los medios no quede puesto en el despliegue del acostumbrado operativo de piquetes de Patricia Bullrich”. La “gloriosa CGT” , que ya ha entregado salarios, jubilaciones y conquistas sociales, ha decidido entregar el derecho a la manifestación y a la protesta al atropello de Bullrich y Milei, dos enemigos de talla mediocre de la clase obrera. La actividad que se ha diseñado bajo los términos del protocolo de Bullrich y Milei, es un golpe contra los trabajadores. El acto en Plaza de Mayo, dice la burocracia de la CGT y de las organizaciones sociales, servirá a “la denuncia contra el hambre en primer plano”, cuando en realidad será lo contrario: una victoria política de quienes propician el hambre. Aceptar la represión política de los hambreadores es colaborar con el hambreamiento del pueblo. Los convocantes dicen querer “evitar que el gobierno monte un show con el operativo antipiquetes”. Asimilar la represión a las libertades a un ‘show’ delata la cobardía política de una dirección que está buscando una silla en el Consejo de Mayo con las patronales y el gobierno. Harán un valiosísimo favor a Milei y Bullich: ahorrarles el expediente de mostrarse, ante el conjunto del país, como una gavilla de ajustadores y represores. El pasado 23 de abril, la convocatoria a una marcha en regla por la educación congregó a una multitud que, por su número, derrotó sin atenuantes a las maquinaciones de Bullrich. Los tataranietos del 17 de Octubre se olvidaron de subirse a los botes para cruzar el Riachuelo. Los organizadores han logrado encontrar la vuelta para que el ajuste pase sin represión. La forma extrema de la colaboración de clases. Pero los organizadores, en definitiva, han concebido una convocatoria a la medida de sus propósitos políticos, que es la colaboración con el gobierno. La burocracia de la CGT ha colocado a San Cayetano al servicio de sus tratativas con el gobierno para hacer pasar la reforma laboral. LEER MÁS: CGT: farsa “cayetana” Una movilización sin marcha, sin paro y sin programa. Por Pablo Busch, 06/08/2024. La CGT, las dos CTA y los “cayetanos” celebran San Cayetano bajo el protocolo de Bullrich Una convocatoria para disimular la colaboración de la burocracia sindical con el gobierno. Por Silvina Yoga, 02/08/2024. San Cayetano: marchemos de Liniers a Plaza de Mayo “por Pan y por Trabajo” Abajo los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Declaración del partido Política Obrera, 02/08/2024.

Una seguidilla de turbas antinmigrantes de la extrema derecha, han ganado las calles en varias ciudades de Gran Bretaña durante los últimos días. El epicentro ha sido la ciudad de Belfast, capital de Irlanda del Norte. Bajo la consigna “Enough is enough” (“Ya es suficiente”), sus objetivos han sido hoteles y hostales que albergan a inmigrantes que tramitan su situación legal en la isla. La pretensión de estos grupos era incluso incendiarlos con personal y residentes adentro. Hasta el momento fueron detenidas casi 500 personas, la mayoría de ellas mediante métodos de reconocimiento facial y ciberpatrullaje. Un joven de 17 años nacido en Gales, hijo de una pareja ruandesa, había asesinado a tres niñas en un ataque con arma blanca ocurrido este lunes en la ciudad de Southport, en el noroeste de Inglaterra. Este hecho fue el pretexto utilizado por activistas de extrema derecha para inundar las redes sociales con fake news sobre el supuesto origen migrante y su adscripción a la religión musulmana del atacante, a pesar de que fue desmentido por los grandes medios y la propia policía. Uno de los principales agitadores de las movilizaciones ha sido Tommy Robinson, un “influencer” de extrema derecha. El derechista Reform UK de Nigel Farage, cuya campaña electoral se caracterizó por atacar a la migración como la causa de todos los problemas sociales en Gran Bretaña, se ha llamado a silencio. Todos los medios internacionales coinciden que la retórica antiinmigrante ha sido un aval a las acciones de grupos fascistizantes en estas, las movilizaciones reaccionarias más grandes del país desde la década del ´30. Estos intentos de linchamiento han comenzado a recibir contramanifestaciones de parte de activistas antifascistas y antirracistas. Los enfrentamientos callejeros se multiplicaron. En el sur del país, donde la población musulmana es considerable, las movilizaciones antirracistas han sido multitudinarias. El gobierno laborista, que asumió hace un mes sus funciones, ha enfrentado en las últimas dos semanas una escalada de la violencia social. La oposición no ha pedido oportunidad para atacarlo, acusándolo de blandura frente a delincuentes y vándalos. La ex ministra conservadora del Interior Priti Patel, aprovechó la oportunidad para denunciar al gobierno y señalar que el laborismo en solo un mes ha conducido el país a un caos de violencia en las calles, en dos semanas, luego de 14 años de gobierno conservador. El laborismo se encuentra empecinado en un “retorno a la normalidad” con métodos policiales. Starmer ha establecido la conformación de una división especial de la policía para enfrentar la violencia callejera, pero con un ojo en la situación social explosiva del país. La pobreza se encuentra en su punto más alto en décadas. Ha sido empujado a la miseria un sector considerable de la pequeña burguesía de las ciudades y el campo. Esto es visto como el caldo de cultivo para un encono con la población migrante, más cuando es repetido hasta el hartazgo por las principales formaciones políticas de la derecha conservadora. Starmer tiene su propio curriculum represivo. Bajo el gobierno de David Cameron, cuando una rebelión popular originada en el barrio londinense de Tottenham (2011) se levantó contra el asesinato de un joven negro a manos de la policía, Starmer era entonces fiscal general, quien se ocupó de que los cientos de detenidos en las protestas fueran llevados a juzgados y en tiempo record recibieran penas excesivas por el simple hecho de manifestarse contra el racismo de la policía británica. Esta cuestión ha vuelto a surgir en las actuales circunstancias: los informes policiales definen que los manifestantes de derecha “defienden los valores británicos”. Elon Musk ha replicado a un comentario en su perfil de X señalando que “la guerra civil es inevitable”. Las recientes y precipitadas elecciones generales fueron una tentativa para evitar una crisis de poder ante la enorme crisis humanitaria que atraviesa la isla, bajo la presión de la guerra imperialista. Las movilizaciones y huelgas de los trabajadores británicos, en ascenso desde hace ya años, comienzan a confrontar con las acciones y movilizaciones de grupos de choque claramente fascistas. El desarrollo de la crisis británica se ha colado en el corazón de la crisis europea –a pesar de su divorcio administrativo, el Brexit.

La CGT, las CTA y las organizaciones sociales “cayetanas” (Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC) participarán mañana de un oficio religioso en Liniers y, luego, de una ´procesión´ a Plaza de Mayo bajo el lema «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo». La peregrinación se enmarca en el Día de San Cayetano, por lo que habrá distintas actividades desde las 8 en la iglesia del Patrono del Trabajo. Más tarde, se instalarán ollas populares en Plaza de Mayo. Los organizadores prometieron que el recorrido respetará escrupulosamente el “protocolo antipiquete” de Patricia Bullrich, dejando libre el tránsito. El propósito, dicen, es no permitir que se cambie el eje de la movilización, como si una lucha seria por pan y trabajo pudiera desenvolverse dentro de los límites de la resolución administrativa de Bullrich, que apunta a prohibir de hecho la protesta callejera. Las últimas concentraciones convocadas por la CGT se manejaron bajo la misma tesitura. Sin embargo el ´protocolo´ de Bullrich debe ser denunciado, pues barre con derechos elementales y es anticonstitucional. Pablo Moyano declaró en una entrevista que era momento de “refugiarse en la fe”. El FITU participará con una ´columna independiente´. Sin programa Más allá de la consigna tradicional, la movilización tendrá como propósito reclamar que se declare «la emergencia alimentaria, social y laboral», lo que equivale a pedir una ley que destine partidas presupuestarias especiales para su resolución. Esas leyes continúan vigentes desde 2002 y la pobreza supera el 50% de la población. El aumento de salarios, jubilaciones, fin de los despidos, rechazo al Impuesto al salario y a la reforma laboral, son reivindicaciones que están ausentes en el reclamo de la CGT. Ni hablar del reparto de las horas de trabajo entre los trabajadores para enfrentar la desocupación creciente y las suspensiones, que a esta altura son masivas. La CGT interviene como parte del toma y daca con el gobierno, luego de su colaboración para la aprobación de la reforma laboral incluida en la “Ley Bases” y la confiscación inicial de salarios y jubilaciones del gobierno, con la devaluación de diciembre-enero. Sin paro y de espaldas a las luchas La movilización -sin paro y en horario de trabajo- será una puesta en escena de los aparatos bajo control de la burocracia sindical y pseudo ´piquetera´. Los paros de la CGT tampoco concitaron una adhesión masiva. Su desprestigio es total. La convocatoria se hace de espaldas a los trabajadores, porque en ningún sindicato se realizaron asambleas en los lugares de trabajo para convocarlos. Despunta un proceso de luchas y huelgas en la clase obrera contra los despidos (en el Neumático, Marítimos, en el Frigorífico Rioplatense) y suspensiones (Georgalos), por el salario (Aceiteros, la pesca, docentes y docentes universitarios), contra el retorno de Ganancias (petroleros), a los cuales la movilización de la CGT da la espalda olímpicamente. “Plan de lucha” La CGT es partícipe necesaria de la avanzada patronal contra los trabajadores. Los sindicatos son quienes negocian los términos de despidos, suspensiones y retiros voluntarios en los lugares de trabajo. Los términos de la reforma laboral fueron negociados con Cordero y Pichetto. El retorno del Impuesto a las Ganancias se ha dejado correr, en común con los gobernadores que lo apoyaron. Pettovello y Cavalieri mantienen gestiones para instrumentar el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones en el sector mercantil. El gobierno de Milei convocó a una “Mesa de Dialogo Social” para seguir adelante con los articulos de la reforma laboral del DNU 70. La CGT no participó de su primer reunión porque consideró una provocación la presencia de Sturzenegger. Lo acusan de ser el autor intelectual del fallido intento de terminar con el aporte solidario de los no afiliados a los sindicatos. Es decir, se trató de un desplante. La movilización cayetana es presentada como parte de un supuesto “plan de lucha” contra Milei. Pablo Moyano declaró que “Le daremos continuidad a lo que se inició en diciembre cuando movilizamos a tribunales, después los dos paros nacionales, la movilización universitaria». Una farsa. LEER MÁS: “Pan y Trabajo” bajo el protocolo de Bullrich La CGT y las organizaciones sociales no dan ni para una procesión. Por Comité Editorial, 06/08/2024. La CGT, las dos CTA y los “cayetanos” celebran San Cayetano bajo el protocolo de Bullrich Una convocatoria para disimular la colaboración de la burocracia sindical con el gobierno. Por Silvina Yoga, 02/08/2024. San Cayetano: marchemos de Liniers a Plaza de Mayo “por Pan y por Trabajo” Abajo los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Declaración del partido Política Obrera, 02/08/2024.

Las movilizaciones estudiantiles contra el cupo de acceso al empleo público derivó en una rebelión popular contra el gobierno de Sheikh Hasina, quien llevaba 15 años en el poder. Finalmente, ayer por la tarde, la primera ministra huyó de la sede gubernamental, bloqueada por manifestantes, en un helicóptero con destino a la India, donde buscaría refugio. Las movilizaciones contra el cupo fueron encabezadas por la juventud universitaria. Alrededor de 18 millones de jóvenes bangladesíes están desocupados, pero los graduados universitarios enfrentan tasas de desempleo más altas que sus pares con menor nivel educativo y, por eso, se oponían a los límites para hacerse con un empleo público. Este sistema, que reserva el 30% de los puestos para los descendientes de los héroes de la guerra de independencia de 1971, había sido suspendido en 2018 tras una ola de protestas similares. La Liga Awami, partido gobernante, atacó a las movilizaciones con arrestos y una feroz represión. Se estima que once mil personas fueron detenidas desde que comenzó la rebelión y los muertos serían más de 300. El domingo fueron asesinadas casi un centenar de personas -entre ellos, 14 policías- lo que produjo un salto en la crisis política y en las movilizaciones. La movilización del domingo fue acompañada por una huelga parcial pero significativa de un sector de la clase obrera industrial –los domingos son días hábiles en el país asiatico. El gobierno contaba con el respaldo de las fuerzas armadas, pero este lunes no intervinieron frente a lo que resultó “la movilización final”. Este lunes, la capital del país, Daca, fue escenario de una gigantesca protesta. La consigna central de la movilización era la dimisión del gobierno y la convocatoria inmediata a elecciones generales y libres. La oposición desconoció las elecciones de febrero, en las cuales Hashina obtuvo su cuarto mandato consecutivo al frente del Ejecutivo nacional y un dominio total en el Parlamento. Las movilizaciones habían llevado a la Corte Suprema y al gobierno de Sheikh Hasina, a mediados de julio, reducir la cuota que favorecía a los hijos y familiares de los veteranos de la guerra de independencia del 30 al 5%. El padre de la premier derrocada fue Sheikh Mujibur Rahman, quien lideró la independencia del país de Pakistán en 1971 y se convirtió en el primer presidente del nuevo Estado. El gobierno intentó echar lastre demasiado tarde, cuando los reclamos se habían ampliado a la libertad de todos los presos políticos, la investigación independiente de los estudiantes asesinados por la policía, la guardia civil y grupos parapoliciales y el retiro de una serie de ministros. La renuncia de la primera ministra fue precedida por una escalada en la agitación contra la juventud, que era acusada de terrorista. El movimiento iniciado por la juventud tuvo un apoyo popular sólo comparable a las movilizaciones convocadas por la propia Hasina contra la dictadura que gobernó el país entre 1975 y 1990, con la activa colaboración del hoy opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNF, por sus siglas en inglés). La caída del gobierno es un síntoma del agotamiento político del movimiento que encabezó la lucha por la independencia del país, la Liga Awami. A pesar de la publicitada bonanza bangladí, la miseria social se ha acrecentado en el último período. El gobierno había comenzado una reestructuración del gasto social a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) en momentos en que más del 50% de la población vive con menos de dos dólares al día. El sector de la industria textil, principal rubro exportador, somete a condiciones de trabajo semiesclavo a sus trabajadoras. Las huelgas y movilizaciones son frecuentes. Los más de 400 mil jóvenes que finalizan la universidad por año deben competir por 3 mil plazas de empleo estatal o resignarse a la venta ambulante o a la emigración. Este fue el caldo de cultivo en el que se conformaron las históricas movilizaciones que tradujeron el odio visceral al gobierno. En diversos barrios de la capital y en las ciudades del interior se conformaron “Comité Protirodh Sangram” [Comité de Lucha y Resistencia], que recuperan la tradición de la lucha independentista. . El arbitraje del Ejército Ante este escenario de desmadre del gobierno, el jefe del ejército, general Waker-uz-Zaman, se reunió con el presidente del parlamento Muhammad Shahabuddin Chuppu, quién convocó a todos los partidos y varias organizaciones para intentar calmar las aguas y establecer, en principio, un interinato hasta la convocatoria a nuevas elecciones. Zaman ha asegurado que se procederá a liberar a todos los presos de las protestas y otros presos políticos y abrir una investigación de los asesinatos ocurridos en las movilizaciones. Como contrapartida, el militar exigió el abandono inmediato de las marchas y ocupaciones de los campus universitarios. Un gobierno de “unidad nacional” para ponerle fin a las movilizaciones. Sin embargo, el resquebrajamiento del régimen político es evidente y el levantamiento promete un efecto contagio en una región que, en solo tres años, ha recorrido las experiencias de lucha contra la monarquía de Sri Lanka y Tailandia y los golpistas de Myanmar . En medio de la bancarrota capitalista y el desarrollo de una guerra imperialista a escala mundial, las reservas de la clase obrera comienzan a abrirse paso.

El primer día de agosto terminó con su vida Fausto Jones Huala, en Bariloche. La madre, María Isabel Huala, responsabilizó directamente “al Estado argentino y chileno por la decisión de mi hijo, por toda la represión hacia el pueblo mapuche”. La vida de Fausto, de 31 años, estuvo signada por la persecución y las vejaciones que sufre el pueblo mapuche. El 11 de enero de 2017, Fausto se encontraba en la Puf lof en resistencia de Cushamen, Chubut, cuando la Gendarmería atacó a balazos la comunidad. El magnate italiano Luciano Benetton se arroga la propiedad de esas tierras, donde meses más tarde desapareció Santiago Maldonado. Una de esas balas dejó parcialmente sordo y al borde de la muerte al joven Jones Huala. “Después de todo eso, fue muy difícil volver a ser la misma persona. Me costó mucho recuperarme”, contó en una entrevista de mayo de 2018 en la Revista Cítrica. Ese mismo año, el 25 de noviembre, junto con Lautaro González Curruhuinca, Fausto bajó de la montaña en Villa Mascardi cargando el cuerpo de Rafael Nahuel, luego de que el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinaran a Rafael por la espalda y dejaran heridas de gravedad a otras cuatro personas. El crimen se produjo en el contexto del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y durante un operativo durante el cual los prefectos dispararon con proyectiles 9 mm entre 114 y 129 veces, mientras trataban de huir, los jóvenes les contestaron con piedras. Tras bajar el cuerpo de Rafael Nahuel, ambos jóvenes fueron detenidos y acusados por “usurpación” y agresión a las fuerzas de seguridad, una versión de la Prefectura de la que la Justicia se hizo cargo. También pretendieron endilgarles el asesinato de su compañero. Luego de pasar un tiempo en la clandestinidad fue absuelto por la Justicia y se convirtió en el principal testigo en el juicio a los prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel. La máxima condena fue de cinco años por “exceso en el uso de armas”. O sea que están todos en libertad. Fausto estaba muy angustiado por la situación de Facundo, su hermano mayor, dijo la familia. Facundo desde hace 37 días cumple una huelga de hambre en una prisión chilena cerca de Temuco. Los informes hablan de un gravísimo deterioro que compromete su vida. Cuando Facundo fue extraditado desde la Argentina, el compromiso fue reconocer como parte de su condena los años que estuvo preso en la Argentina. De ese modo, quedaría en libertad el 26 de junio. Sin embargo, los jueces chilenos desconocieron los términos de la extradición y Facundo comenzó una huelga de hambre en la que expone la vida. Esto acontece en el marco de una brutal embestida del gobierno de Boric y de la Justicia contra los mapuches. Una perfecta sintonía con el gobierno de Javier Milei, que anuló el convenio para la cesión de tierras fiscales -en realidad tierras ancestrales y lugares sagrados- a las comunidades del pueblo mapuche, mientras se precipitaban desalojos y se prohibió el uso de su bandera en los parques nacionales. La ministra Bullrich, que agita la bandera del “terrorismo mapuche” y es responsable directa de la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, se relame con la posibilidad de reforzar la represión. Los Jones Huala crecieron en los barrios pobres de Bariloche y vivieron como viven los jóvenes mapuches en la esplendorosa capital del esquí y del turismo estudiantil. “Yo tenía ocho años cuando la policía me pegó por primera vez. Detuvieron a mis dos hermanos y me pegaron patadas en el piso y me arrastraron. A Facundo lo arrastraron desde la entrada del municipio hasta la comisaría porque no pudieron subirlo a un patrullero. Yo me colgué varias veces de él, y ahí fueron los primeros golpes la policía”, contó a la misma Revista Cítrica. Estaban protestando por la muerte de un hombre que durmió a la intemperie. En ese recorrido, los Jones Huala se convirtieron en líderes de las comunidades mapuches que han denunciado y combatido a los grandes intereses inmobiliarios, turísticos, forestales y mineros que bregan por apropiarse de la Patagonia con la venia de todos los gobiernos. “Uno tiene que afrontar lo que le toca con dignidad, con tranquilidad y la frente en alto, porque cuando uno elige este camino es consciente de todo lo que puede llegar. La Justicia es siempre para el rico, para el que tiene plata, para los terratenientes, la Sociedad Rural; toda esa gente mueve el poder político y judicial. Pasó con Santiago Maldonado y después con Rafa, ahora esto último fue mucho más notorio. Pero desde siempre hemos tenido problemas los mapuche para que la Justicia salga de nuestro lado”, reflexionó en la misma entrevista. Este agosto se le acabaron las fuerzas. Pero la pistola que terminó con la vida de Fausto Jones Huala fue largamente cargada por la ministra Bullrich y sus mandantes estilo Joe Lewis, Benetton, el emir de Qatar, y sus vasallos locales. Honor al joven luchador. Castigo a sus verdugos.

Hace más de un mes, la pareja ‘libertaria’ sacó del país más de un centenar de kilogramos de oro en barra. El propósito ha sido ofrecerlo como respaldo de un préstamo puente destinado a pagar vencimientos de la deuda externa, cuando las reservas del Banco Central son negativas. Pero Caputo y Milei han reincidido. La Asociación Bancaria acaba de denunciar que Caputo ha vuelto a enviar oro al exterior, sin haber informado todavía acerca del envío anterior. Todo sumado, se ha transferido a Londres y a Suiza media tonelada de oro por el valor aproximado de 3.000 millones de dólares. Esto ocurre cuando los Bancos Centrales están acumulando el metal y el precio del oro está subiendo. Estas operaciones económicas criminales están ahora acechadas por un fiasco. Como los bonos de la deuda argentina han caído de valor a raíz de la crisis financiera internacional, la posibilidad de ese préstamo puente para salir del apuro se ha esfumado. Caputo y Milei otean el default. La ‘licuadora’ y la ‘motosierra’, que han destruido los salarios y las jubilaciones y hundido a la economía en la depresión, no han servido para el propósito de alcanzar el “equilibrio macroeconómico” con el que el dúo y los grandes capitalistas han justificado el ajuste. La tasa de pobreza se empina hacia el 60 % de la población y la desocupación y el subempleo alcanzan el 20 % de la población activa. En este marco de saqueo financiero y derrumbe económico, la lucha de los trabajadores ha entrado en un terreno político más explosivo, reforzado por la reglamentación oficial de la ‘reforma laboral’. Los aceiteros han declarado una huelga nacional para enfrentar la pretensión de las patronales de reducir el salario básico real del convenio colectivo y la aplicación del impuesto al salario a la cuarta categoría. El Gobierno ha impuesto la conciliación obligatoria a los petroleros de las refinerías, que han ido a la huelga por el mismo motivo. La docencia de Córdoba ha salido a la lucha y a la calle de a miles. También paran los maestros de Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe. Las federaciones universitarias han votado un “no inicio” del segundo cuatrimestre con 72 horas de huelga. Los mandatos de los profesores, en cada facultad, reclaman “profundizar la lucha” hasta terminar con el despojo del salario y el vaciamiento universitario. Los trabajadores del Sindicato del Neumático libran una dura pulseada contra las patronales y los ministerios de Trabajo de Milei y Kicillof, que se acogen al Concurso Preventivo de Crisis para despedir en masa por la mitad de la indemnización legal. En los barrios, la tensión popular crece al calor del desabastecimiento de los comedores y de los tarifazos generalizados. El “segundo semestre” se perfila como el terreno de una huelga general y de una acción política de masas. Por esta misma razón la burocracia de la CGT refuerza su colaboración con el gobierno liberticida. Lo mismo ocurre con los gobernadores, el Congreso y hasta los rectores universitarios, que ‘tercerizan’ la política del gobierno y las grandes patronales. Inmediato aumento del 100 % de salarios y jubilaciones, abajo la confiscación del impuesto al salario. Que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario. Abajo el vaciamiento de las universidades y los salarios docentes. Generalicemos las luchas. Por una huelga general.

El jueves pasado se llegó a un cierre de la paritaria de la carne. Entre las empresas y la FESITCARA (Federación que agrupa a trabajadores de frigoríficos en CABA y Provincia de Buenos Aires), la FESICONARA (Federación del Interior, encabezada por Fantini) acordaron en los términos del gobierno de Milei: 5 % en julio, 4 % en agosto y 3 % en septiembre. Ambas federaciones -enfrentadas a muerte por la representación de cada frigorífico- firmaron en común y levantaron todas las medidas. Se habían convocado asambleas y paros de dos horas en reclamo de tres cuotas de 10 % cada una. Las paritarias “en cuotas decrecientes” o en cuenta regresiva se vienen firmando en casi todos los sindicatos , son un registro del apoyo político de la burocracia de los sindicatos al plan económico del Gobierno , aún en medio de fuertes indicios de su agotamiento. El viernes la asamblea de trabajadores del Frigorífico Rioplatense de la localidad de Tigre se reunió bajo una inmensa bronca: los aprietes de los jefes, los despidos de tercerizados y los maltratos generales están a la orden del día en la empresa de la familia Constantini -una de las principales exportadoras de carne vacuna del mundo-. El acuerdo a la baja de las federaciones de la carne fue la gota que rebalsó el vaso: fue rechazado y se aprobó unánimemente continuar con las medidas. Ante la posibilidad cierta de que la empresa tome represalias los trabajadores aprobaron que si la empresa tocaba a cualquier trabajador, la respuesta del paro total no se iba a hacer esperar. El lunes la respuesta de la empresa Rioplatense a la huelga por el salario de los trabajadores -que incluía el repudio a dos jefes por los aprietes- llegó con 50 despidos. Los trabajadores se iban enterando de su despido a medida que la guardia de vigilancia no los dejaba ingresar al matadero. La asamblea empezó su sesión dentro del predio, pero inmediatamente se votó salir en masa a realizar la asamblea afuera para que los trabajadores despedidos participen junto a los demás. Se votó unánimemente el paro total por la reincorporación de todos los despedidos, cumpliendo con el compromiso votado antes de declarar el primer paro de que “si tocan a uno, tocan a todos”. Con la planta totalmente paralizada, la Comisión Interna tuvo una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la patronal donde se dictó una conciliación obligatoria que retrotrae la situación a foja cero, por lo que los despedidos vuelven a sus lugares de trabajo por los 20 dias hábiles que dure la conciliación. Las conciliaciones de este tipo son un primer paso para continuar la lucha, siempre y cuando los despedidos vuelvan a su lugar de trabajo y se los asigne a sus tareas normales y habituales, porque mantiene unidos a los trabajadores. Si la patronal no permite el retorno de los despedidos, se debería considerar que está incumpliendo la conciliación y volver a tomar medidas. A pesar de ello, las conciliaciones no equivalen nunca a la reincorporación, algo que es correctamente advertido por el comunicado de la Comisión Interna donde dice: “Si bien todavía no es la solución que necesitamos, se trata de un primer paso en el camino de la reincorporación definitiva, cuyo valor lo marca la decisión y la unidad de todos. Ahora hay que aprovechar este tiempo para dejar en claro que no queremos más despidos en el frigorífico”. Que viva la lucha de los trabajadores del Frigorifico Rioplatense, un bastión de la lucha obrera en la zona . Por el salario y por la reincorporación definitiva de los despedidos debe ser apoyada por toda la clase obrera de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El Gobierno acumuló deuda con los generadores de gas que adhirieron al Plan Gas -que en 2022 se extendió hasta 2028- realizado a fin de garantizar el servicio mediante subsidios del Estado. Al igual que hizo con las generadoras de electricidad y los importadores, el Gobierno zanjó la deuda con bonos que implican una quita, en este caso, del 60 %. Se trata de títulos al 2038 comprados al Banco Central por US$ 49 millones para compensar a estas empresas por su participación en el Plan Gas. Es el bono AE38, que hoy cotiza a $55,68, lo que representa una paridad del 42 % y, por lo tanto, una quita efectiva en el mercado de casi el 60 % (Clarín, 6/8). Este bono vence dentro de 14 años y cuenta con una tasa fija del 4,25 % anual. Las empresas “perjudicadas” por el incumplimiento de los contratos por parte de Milei- Caputo son YPF, TotalEnergies, Pan American Energy, Tecpetrol y Pampa Energía, entre otras, todas beneficiadas al mismo tiempo con un supertarifazo que no solo les regala la dolarización del servicio, sino que les garantiza una renta extraordinaria con precios superiores a los de la Unión Europea -que no tiene gas y que está en guerra-. El Gobierno, superdefensor de la propiedad privada, entra constantemente en estas contradicciones, como le sucedió con las prepagas. Primero les concedió el oro y el moro con la desregulación de los precios, pero después tiene que regular, atrapado y estrellado contra la realidad económica del país, para después volver a desregular pidiendo “autocontrol”. En este caso las productoras de gas (algunas, propiedad de la familia Caputo) se ven impedidas de cobrar la totalidad de la deuda, ya no solo para ayudar a dibujar un superávit que no existe, sino directamente porque el Gobierno se va quedando sin cash y hasta sin reservas. La Bancaria denunció que este lunes acaba de salir hacia Londres una nueva partida de oro con el fin de ser garantía de nuevos préstamos que, con el estado de cuentas actual, el Gobierno no tendría cómo pagar, abrazado como está, además, a la recesión y al impuesto País, principal entrada de recursos que depende enteramente de la continuación del "cepo" que gran parte de la burguesía y el FMI le reclaman al unísono que tire abajo. El Gobierno está convirtiendo en un modus operandi a la práctica de pagar gastos corrientes con deuda, lo que no hace más que alimentar un default mayúsculo y que se agrava con el empeño de parte de las reservas en el exterior y con el despojo que ya comenzó de los pozos convencionales de YPF a favor de exministros de Macri-nuevos amigos de Milei. La acción de empeñar el oro toma nueva dimensión luego del viernes y lunes negro en Tokio, que volvió a destruir el precio de los bonos argentinos y que promete nuevas crisis que empujan a los Estados y a las burguesías de todo el mundo a resguardarse en los activos menos volátiles, como el oro, justamente. En este contexto en el que los activos se desvalorizan (se devalúan las monedas, caen acciones, bonos y precio de la soja), insistir en la estrategia de empeñar el oro de las reservas implica usar la última bala y desnuda la desesperación y la desorientación de los liberticidas, que sólo pueden prometer nuevos y más abultados defaults.

La dirección del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) mantienen por segundo día un paro nacional de actividades, en reclamo de la revisión paritaria: el sindicato y la Federación reclaman una actualización salarial del 25 %, mientras que las empresas ofrecen la mitad en dos cuotas. Aunque las patronales digan que este es un paro “salvaje”, hace un tiempo que se viene discutiendo con las Cámaras el tema salario. En el plenario de delegados de aceiteros, realizado en San Lorenzo hace menos de un mes, ya se vislumbraba el conflicto. Por eso, los delegados “dieron mandato” a la directiva para que se tomaran medidas de acción directa. La modalidad del conflicto no es de un paro por tiempo indeterminado, sino de paros ´renovables´ por el término de 24 horas. El sindicato replicará día por día esa medida de lucha. Así las cosas, el paro en las grandes terminales cerealeras afecta la salida de los granos y atrasa la estadía de los barcos en espera, con un considerable perjuicio económico a las grandes patronales (50.000 dólares por día para cada embarcación). Las cámaras patronales sostienen que ajustan el salario a la inflación anual y que pagan un mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. La restitución del Impuesto a las Ganancias a pisos más afecta, sin embargo, seriamente a los sueldos y tributarán la máxima alícuota. En el mismo rango se encuentran los petroleros de las refinadoras del sur, que declararon la huelga por la resolución del pago de ganancias que afectaba a seis mil petroleros. El gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días, que ha sido acatada por el sindicato. El conflicto aceitero podría seguir el mismo camino. Las propias empresas quieren un acuerdo especial con el Gobierno para aminorar el impacto del impuesto. Son dos actividades fundamentales para la entrada de divisas que urgen al gobierno de Milei.

Luego de la masiva movilización de la semana pasada contra el gobierno de Frigerio y ante la nueva propuesta paritaria, la conducción sindical llamó a realizar asambleas en las escuelas para definir los pasos a seguir. La burocracia de AGMER las convocó el día previo a las 48 horas de paro de esta semana para intentar levantarlo, pero fracasó. La contundente respuesta del jueves en las calles se expresó también en la votación, donde predominó la profundización de la huelga para quebrar el techo salarial de pobreza y la reforma jubilatoria que intenta imponer la patronal. La seccional Paraná, por ejemplo, llevó al congreso el mandato de una contundente votación que se expresó por dos semanas consecutivas con 96 horas de paro cada una. La masividad de la marcha provincial y la tendencia a la huelga es el resultado de las expresiones que recorren la provincia y que muestran el cansancio de la base docente con la burocracia sindical. La manifestación más importante de este proceso se desarrolló en la ciudad de Concordia, donde de forma autoconvocada y con una movilización de más de una cuadra, se copó la sede sindical para llevar un documento firmado por todas las escuelas de la ciudad, donde se pidió un piso salarial de 1 millón para activos y pasivos, entre otras demandas. Este proceso que se abrió paso el año pasado en Entre Ríos y que ha tenido diversas expresiones de mayor y menor intensidad muestran un canal de lucha para enfrentar al Gobierno. Sin embargo, en el congreso de AGMER realizado en la ciudad de Colón, las maniobras de la burocracia se impusieron sobre esta tendencia. Este se manifestó por “emplazar” al gobierno a mejorar la oferta y dejar el nuevo paro en suspenso de la “oferta superadora”, una manera de dilatar el ánimo de lucha que recorre las escuelas y de ratificar los salarios por debajo de la línea de pobreza, por fuera de las demandas reales de la docencia. Discutamos cómo profundizar la huelga, necesitamos sortear las maniobras que pergeña la conducción, ya que estamos en condiciones de derrotar al gobierno e imponer todo nuestro pliego reivindicativo. Vayamos por el paro por tiempo indeterminado, por un 100 % de aumento de emergencia, de una sola vez, todo al básico, nada en negro. Basta de cuotas y la indexación mensual automática por inflación hasta conseguir un salario inicial por cargo igual al costo de la canasta familiar, que ya alcanza el millón y medio de pesos. La organización de las escuelas, las coordinadoras y autoconvocatorias son el camino para garantizar la huelga y nuestras demandas. Docentes independientes Unidos en marcha hacia el sindicato en Concordia

El gobierno de Milei suprimió por decreto la delegación Rosario que controlaba la Hidrovía y dejó fuera de las decisiones sobre su funcionamiento a todas las provincias de orillas del Paraná. En marzo del 2022, luego de la “estatización” de la Hidrovía decretada por Alberto Fernández, la misma había quedado a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). Junto a ello se había conformado el Consejo Federal Hidrovía y, posteriormente, se creó el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, que contemplaba el voto de las provincias. La despótica decisión de Milei margina ahora a varios gobernadores que le brindaron su aval y que sostuvieron la salida de la Ley Bases en el Congreso, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Rios). La decisión le da a Milei, desde Buenos Aires, la administración del cobro del peaje (3 dólares por tonelada cargada) para compensar los gastos de explotación de la Hidrovía (dragado y balizamiento). Este paso está claramente encaminado a la privatización total de la Hidrovía a manos de capitales extranjeros. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal salida de las exportaciones a ambos países, al cual se suma también Bolivia. Solo durante el año 2023, el volumen operado “oficialmente” fue de 110 millones de toneladas de carga, con más de 4.300 barcos a lo largo de todo su recorrido . La Hidrovía se conecta con 79 puertos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, pero sólo de la zona del Gran Rosario (San Lorenzo Timbúes y Puerto San Martín) sale alrededor del 79 % de las exportaciones argentinas. La gestión de Milei se encamina a entregar a los capitales estadounidenses el control de la Hidrovía, pero también hay intereses en juego de parte de China, receptora de una parte sustancial de las exportaciones. El mantenimiento de la Hidrovía actualmente sigue bajo la dirección de la empresa Belga Jan De Nul, apoyada por EE. UU. El dragado de los ríos, para que penetren barcos de gran porte, genera una importante cuestión ambiental. La alteración del lecho fluvial altera los humedales, la flora, la fauna y las especies. Planteamos la anulación de todas las concesiones portuarias, por donde pasa el contrabando exportador, y la nacionalización de la operación y mantenimiento de la Hidrovía y de todos los puertos, bajo control de los trabajadores.

Pasaron siete meses de la llegada de Leonardo Cifelli como funcionario de La Libertad Avanza a la Secretaría de Cultura de la Nación. Las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura realizaron un balance de su gestión hasta ahora, caracterizada por los despidos y el vaciamiento de los programas y la actividad del sector. Despidos, vaciamiento y privatización Para mitad de año el porcentaje de gasto debería rondar un 58 %, eso equivale a una mínima gestión con acciones territoriales, es decir, federales. La ejecución de Cifelli ronda el 37,7 % y tiene picos de abandono en el item "Fomento de la cultura", que apenas supera el 1 %. El congelamiento de las áreas y la desfuncionalización de los trabajadores son la excusa principal para los siguientes despidos. Dentro de las atribuciones del nuevo ministerio a cargo de Sturzenegger serán causas para contemplar el cierre de áreas y organismos. Los datos duros están en consonancia con los sectores donde se concentraron los despidos de enero y abril de 2024, programas de alcance federal y dirigidos a poblaciones vulnerables como Festivales Argentinos, Puntos de Cultura y Orquestas Infantiles. La política pública es privatizar la cultura Históricamente las vacaciones de invierno generaron un salto en el gasto del presupuesto y en el número de beneficiarios que acceden a actividades. La gestión Petovello-Cifelli resolvió desactivar las acciones organizadas en Tecnópolis, la decisión tiró por tierra actividades de varias áreas y organismos que ya tenían la programación armada. Se rescindieron contratos de personal para la atención en el parque y de los artistas que llevarían adelante la programación. Sin embargo el predio no está abandonado, se alquila para empresarios culturales privados que lucran a cambio de un canon y es mantenido para ellos por trabajadores estatales. El mismo informe muestra que la actividad en los museos nacionales se sostiene a pulmón por los trabajadores que pagan de su bolsillo tornillos y cinta, además de internet y papel higiénico. Las muestras estables se convierten en la agenda permanente y las actividades como las muestras de Cine que se organizaban conjuntamente con el INCAA han quedado suspendidas. Milei-Petovello-Cifelli sistemáticamente contraponen el gasto en cultura a la necesidad de que haya comida en los comedores, cuando la realidad es que no ofrecen una cosa ni la otra. Han resuelto apropiarse del pan y la poesía. Un sistema expulsivo Desde la llegada del nuevo gobierno los contratos se firman de forma trimestral; en el caso de los trabajadores de convenio esto facilita los despidos por “rescisión de contrato”, en el caso de los monotributistas cada nuevo contrato requiere de un circuito administrativo que conduce al retraso del pago de los salarios a más de un mes. A eso se suma el recorte de las horas extras que para muchos trabajadores es la forma se superar la línea de indigencia porque cobran 300.000 pesos por jornadas de 40 horas semanales. Si bien en la última tanda de despidos cultura no recibió nuevos ataques, muchos trabajadores renunciaron por los malos tratos y los bajos salarios. Eso cubrió el cupo. Las paritarias son nulas ante el aumento de las tarifas de los servicios y el transporte y un salario que lleva años y años perdiendo contra la inflación y por debajo de la línea de pobreza. Los y las trabajadoras de Cultura han desarrollado tareas con diferentes gobiernos, cada informe de gestión anual cuantifica el número de beneficiarios de las políticas públicas, de libros en bibliotecas populares, de subsidios a artistas para creación de obra. En este gobierno el cambio de orientación en las políticas no es un giro en uno u otro programa, es el vaciamiento para habilitar el cierre y dar el espacio a capitales privados. Los y las trabajadoras con el balance de los primeros siete meses de Cifelli no sólo denuncian esa política, también hacen un llamado a ganar las calles en defensa de las reincorporaciones, los puestos de trabajo y el salario. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Valentina Viglieca y Laura Spinelli en "La Chispa Mediática" (9/8/24) Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

Ayer comenzó a circular la foto de familia de la comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza que visitó a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza. En la imagen, se ve a los legisladores rodeados por una docena de represores condenados, entre ellos, Alfredo Astiz y Adolfo Donda, apropiador de su propia sobrina, Victoria Donda. El exagente del Batallón 601, represor de Automotores Orletti y excustodio de Raúl Alfonsín, Raúl Guglielminetti, le habría entregado en mano a los diputados el borrador de un proyecto legislativo de su autoría para beneficiar a los condenados por crímenes de lesa humanidad con la prisión domiciliaria. El encuentro se produjo dos días después del desfile militar del 9 de Julio que encabezaron Javier Milei y Victoria Villarruel. Fue organizado por el diputado entrerriano Beltrán Benedit. Participó también el bonaerense Guillermo Montenegro, espada de Villarruel. A muchos les llamó por eso la atención la ausencia de Alberto Eduardo González, el represor de la ESMA a quien se atribuye haber sido el mentor de la actual vice. La comitiva se trasladó en un vehículo oficial. La visita forma parte de un proyecto muy vasto. Aquel desfile por el Día de la Independencia fue la escenificación de la aspiración del gobierno de devolverle protagonismo político a las Fuerzas Armadas. Acaba de enviar al Congreso el proyecto que habilita a los militares a intervenir en la represión interna en nombre de “la lucha contra el terrorismo”. Su intervención en materia de seguridad interior, por ahora, se encuentra reservada para el caso de ´conmoción interna´. La nueva legislación les permitiría patrullar y trabar combate. Los mandos militares han planteado sus ´reservas´ y reclaman garantías de impunidad. La visita oficial del bloque liberticida está vinculada con ese propósito. Hubo más visitas de diputados libertarios a los represores detenidos. El 15 de marzo, Benedit y la diputada porteña Alida Ferreyra fueron a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Una semana antes, “el ministro de Defensa, Luis Petri, había mandado a dos de sus hombres: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. De ese encuentro, los funcionarios se llevaron un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. El decreto circuló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). En base a esa propuesta se armó un proyecto de ley que establecía en 20 años el plazo razonable” (Página/12, 7/8). En una entrevista muy reciente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona declaró que le parece “salvaje” que haya “más de 300 personas, muchos de más de 80 años que están enfermos y están todos presos. Eso no es justicia. Es venganza” (La Nación, 5/8). Los voceros de un gobierno caracterizado por su inhumanidad, han abrazado la ´causa humanitaria´ de los genocidas. La impunidad de los represores ha estado en la agenda de todos los gobiernos, desde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín, los indultos de Menem, la reapertura de los juicios 30 años después del Golpe, el nombramiento de César Milani -sindicado como partícipe de la represión- al frente del Ejército por los K y el 2x1 de la Corte durante el macrismo, asociada a la pretensión de conquistar el apoyo de los militares. La ´democracia´ patronal nunca se despojó de su militarismo a ultranza, a pesar de la bancarrota política de los milicos luego de la dictadura y del fracaso de Malvinas. Asimismo, estas tentativas han sido motivo de crisis políticas y de grandes movilizaciones populares. Las cifras desmienten el ´fin de la impunidad´: los datos oficiales indican que hay únicamente 32 personas por crímenes contra la humanidad con sentencia firme en las cárceles, mientras que el 80 por ciento de los detenidos están en prisión domiciliaria. Los represores llevados a la Justicia, sumando procesados y condenados, nunca alcanzó el millar, cuando los campos de concentración relevados en todo el país fueron al menos 900. Buena parte, además, murió durante el proceso, lo que algunos llaman “impunidad biológica”. La movilización planteada contra este operativo para largar a los genocidas tiene profunda vigencia. El ´protocolo antipiquete´, el programa de ´seguridad productiva´ -para militarizar las ocupaciones y bloqueos de grandes empresas-, el reequipamiento militar, la impunidad de los represores y el incremento de los ´fondos reservados´ de la SIDE forman parte de un dispositivo preventivo contra un eventual levantamiento popular. El kirchnerismo cacarea, pero se adapta a las condiciones que imponen los energúmenos del oficialismo, evitando confrontar con el protocolo de Bullrich. La defensa de las libertades democráticas y del derecho a luchar se encuentra al frente de la agenda de todos los luchadores. LEER MÁS: Astiz y otros genocidas reciben la visita oficial de diputados de La Libertad Avanza Por Joaquín Antúnez, 17/07/2024.

Una vez cerrado el proceso paritario siderúrgico al mes de junio, se han conocido declaraciones radiales de Martin Berardi, presidente ejecutivo de Ternium, del Grupo Rocca, adjudicándose esta ultima paritaria como una victoria estratégica. “Llegamos adonde debíamos llegar” dijo, reconociendo que los anticipos otorgados unilateralmente sirvieron para extender la negociación paritaria y cerrarla a la baja durante el proceso paritario de 15 meses. El CEO de Ternium está muy equivocado si cree que porque lograron dilatar esta paritaria y estafar a los trabajadores, al propio Estado y al ANSES con meses de pagos no remunerativos en una desgastante negociación, han derrotado ESTRATÉGICAMENTE a los trabajadores siderúrgicos. Las patronales han aprovechado coyunturalmente las ventajas que les da un gobierno de guerra contra los trabajadores. El gobierno nacional es cómplice de todas las grandes patronales para profundizar la presión sobre los trabajadores, imponiendo despidos y suspensiones, aceptándoles “Procedimientos Preventivos de Crisis” truchos y despidos masivos fuera de las propias leyes laborales. En la propia Acindar, esas presiones se aprecian utilizando múltiples medios (servicio médico, ART, Recursos Humanos y Jefaturas) y una fuerte intención flexibilizadora en la reestructuración de varios sectores y contratistas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo -como lo estamos viendo en los ataques que está recibiendo ASIMRA, el gremio de los supervisores- y en despidos directos en los trabajadores fuera de convenio. La aprobación de la “Ley Bases” envalentona a las patronales porque les da herramientas para atacar conquistas, pero los trabajadores no han sido derrotados estratégicamente. Por el contrario, tienen fuertes reservas de lucha. Lo demostraron en esta misma paritaria, pero fue la dirección de la UOM la que desmontó un gran conflicto que se podía haber ganado. Fue desinflando la fuerte tendencia a una huelga general que querían los siderúrgicos, como demostraron en los paros progresivos que luego fueron suspendidos por la dirección y cambiados por movilizaciones, también suspendidas finalmente, y por un intento de que se aceptara en un plebiscito las ofertas patronales, que fue rechazado. Los tiempos que se vienen ameritan que se profundice el debate en los sectores de trabajo para preparar las futuras confrontaciones y que las mismas se den desde los tiempos de los trabajadores y no de los que imponen las patronales. Ante esta ofensiva patronal de la mano de un gobierno antiobrero, se deben poner en discusión alternativas y no aceptar mansamente el mensaje de varios dirigentes gremiales, que vienen diciendo que “El avance de la tecnología reemplaza puestos de trabajo y ante eso no podemos hacer nada”. Es una visión netamente patronal que no compartimos. Si las patronales invierten es porque hubo ganancias y esas ganancias las produjimos los trabajadores; por ende, la tecnología también debe redundar en un beneficio a los trabajadores. Por eso insistimos en que es posible y debemos luchar por la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario. Ya hemos hecho el debate en algunos sectores donde podría aplicarse la reducción de la jornada laboral con un quinto turno de trabajo, lo cual no sólo defiende o incrementa los puestos de trabajo, también redundaría en un bienestar directo para la salud, tanto física como mental, de los trabajadores. Lo ponemos a consideración de todos aquellos quienes estén interesados en llevarlo adelante y que se debata en todas las bases siderúrgicas o industriales, donde los turnos rotativos, cualquiera sea su modalidad, son frecuentes, ya que les garantizan a las patronales la producción 24 horas los 7 días de la semana y a los trabajadores, en cambio, múltiples trastornos en la salud.

La docencia de la provincia de Córdoba realizó una huelga de 48 horas durante este lunes y martes, en reclamo de aumento salarial. El martes 6, una gigantesca movilización recorrió las principales calles de la ciudad y culminó con un acto en la Casa de Gobierno. El motivo del conflicto es que no se ha llegado a un acuerdo en relación a la paritaria salarial. La semana pasada los gremios rechazaron la última oferta del gobierno. Llaryora ejecutó igual el pago de los salarios, o sea que ejecutó el aumento por decreto. A lo Milei. Una maestra sin antigüedad cobra por un cargo $478.000 pesos. Un salario de indigencia que se repite en la mayoría de las provincias del país. El gobierno de Córdoba además disminuyó en un 46 % el presupuesto destinado a infraestructura escolar. Para el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, quien lleva adelante la negociación con los gremios, sin embargo, la lucha de la docencia “es excesiva” (La Voz 6/8). En la previa, el gobierno provincial para desestimar el conflicto había calificado al proceso de lucha de la docencia como una “interna gremial”. La conducción de UEPC Córdoba es dirigida por la lista Multicolor, opositora a la conducción provincial. Plantea como horizonte "Que ningún docente esté por debajo de la línea de la pobreza". Lo que ha destapado la olla es el enorme descontento de la docencia con los actuales niveles salariales y con el avance de la precarización laboral a raíz de todas las tareas que realiza la docencia y no son remuneradas. Las medidas de fuerza fueron convocadas por el sindicato UEPC y SADOP (escuelas privadas). Las estimaciones hablan de una adhesión a las medidas de fuerza de más del 80 % en ambas jornadas. Con anterioridad el gobierno de Martín Llaryora había dispuesto una conciliación obligatoria trucha, ya que es juez y parte, para evitar los paros que ya habían sido votados. La burocracia celeste de UEPC la acató confiando en la promesa que hiciera el gobierno de mejorar la propuesta salarial. Algo que no ocurrió y el gobierno recurrió al decretazo. Desde el acto el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, destacó que "se encuentran abiertos al dialogo" y que plantearán que no se descuenten los días de paro. Algo que el gobierno ya anunció que hará. La burocracia le escapa al llamado a una huelga indefinida para llevar la lucha de la docencia a la victoria. La CTERA, como es habitual, ha sacado un comunicado "en solidaridad", pero no acompaña a Córdoba con medidas de apoyo. A la huelga de la docencia de Córdoba se le suman paros y conflictos en las provincias de Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

En el mediodía del martes se hizo efectiva la denuncia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández por recurrentes casos de violencia. Lo que ya era un trascendido para la prensa, fue confirmado por la exprimera dama quien, desde España, presentó su denuncia ante el juez Ercolini. En junio pasado, durante un peritaje al celular de María Cantero, secretaria del ex presidente, en el marco de la investigación por las contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado nacional durante el gobierno de Alberto Fernández , se descubrieron mensajes y fotografías que daban indicios de múltiples episodios de violencia contra Yáñez por parte de su marido, el exmandatario, en la residencia de Olivos. Esos mensajes llevaron al juez Ercolini a abrir un legajo reservado que envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ercolini decidió convocar a Yáñez para preguntarle si deseaba presentar una denuncia penal contra Fernández. En un primer momento, Yáñez desestimó esa posibilidad, lo que llevó a que el expediente fuera archivado. Sin embargo, esta información se filtró y fue difundida en calidad de rumor por los medios. Es la propia involucrada quien decidió poner fin a los rumores y presentar la denuncia formal. El impacto político ha sido formidable porque ha servido al Gobierno y al macrismo para golpear a la principal oposición parlamentaria y porque les ha servido también para esgrimir la violencia de género contra un rival largamente empeñado en la demagogia feminista . Luego de la denuncia se han revelado decenas de datos relacionados con los episodios de violencia ocurridos en la Quinta de Olivos, desde “hostigamiento psicológico”, persecución y maltrato físico, antes, durante y posterior al embarazo de Yáñez. La denuncia incluye la vigilancia permanente de un policía de la Federal contra Yáñez “para evitar que se vaya” (Radio Mitre, 7/8). Entre los mensajes peritados, habría un mensaje de Yáñez a una ex ministra de Mujeres, sin decir cuál de las que ocuparon el cargo, solicitando ayuda, quien habría respondido: “No se puede hacer nada, ya va a pasar” (LPO, 6/8). La ex ministra Gómez Alcorta había presentado la renuncia en octubre de 2022, luego del operativo del Gobierno contra mujeres mapuches que fueron reprimidas, desalojadas, trasladadas al penal de Ezeiza e incomunicadas; una de ellas fue obligada a parir en prisión . Ante esta andanada de acusaciones, Alberto Fernández emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que dice que la “realidad de los hechos fue otra”, y se ha comprometido a demostrar que las acusaciones son falsas ante la Justicia. Ercolini, por su parte, ordenó a los fiscales desarrollar la investigación, dictó la prohibición de abandonar el país a Alberto Fernández, además de cualquier acercamiento acercamiento o contacto con Yáñez. El hecho ha tomado trascendencia internacional dada la relevancia de la figura política de Fernández y produjo conmoción en un sector de la población. Las voceras femeninas del gobierno de Javier Milei, o sea, las enemigas de los derechos de la mujer, no han desaprovechado la oportunidad para atacar al movimiento de la mujer, que lucha contra la violencia de género y contra todo lo que sea una doctrina de género o una doctrina socialista en relación a la mujer. Las feministas de ultraderecha que alzan su voz ahora pertenecen a la corriente política que apoyó a la dictadura militar, es decir a los represores, genocidas, violadores y asesinos . También se vieron obligadas a pronunciarse algunas ex funcionarias y militantes de las filas de Fernández. Si las pruebas contra Fernández se prueban en sede judicial, estaríamos ante el caso más flagrante del fracaso y de la hipocresía acerca de la protección estatal de la mujer, en la misma sede del Poder Ejecutivo. El frondoso andamiaje de leyes, observatorios, secretarías y emergencias con que el estado que defiende la opresión social pretende declararse solidario con la mujer trabajadora, se ha ido por la cloaca . La herramienta fundamental de la mujer trabajadora sigue siendo la lucha independiente. Esa independencia servirá para remover la división de género en la clase obrera y forjar una conciencia socialista común.

El pasado lunes 5 las bolsas del mundo se hundían principalmente por una venta masiva de acciones de las tecnológicas (el principal caballo de fuerza que empuja los niveles del SP500). El suceso es comprendido en general por una confluencia de situaciones. La primera y principal una huida hacia el yen japonés por una medida tomada por el Banco de Japón (subida de tipos); un temor generalizado sobre la fortaleza de la economía norteamericana (entra en recesión?); además, algunos piensan que también ha influido un fallo histórico contra Google, una empresa de las más poderosas y tan ligada con las búsquedas por internet que su nombre se ha convertido en verbo. Un juez del distrito de Columbia, Amit P. Mehta, ha fallado contra el gigante en una demanda que data del año 2020 -por parte del Departamento de Justicia (DOJ) en conjunto con 52 estados y territorios de EE.UU.- sobre el dominio de las búsquedas online. La sentencia dice: “Después de haber considerado y evaluado cuidadosamente el testimonio de los testigos y las pruebas, el tribunal llega a la siguiente conclusión: Google es monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio.” Como bien explica Harry First, profesor de leyes en la NYU en este video el Departamento de Justicia se tomó una siesta de 20 años para actuar contra este gigante (y otros), ya que el último fallo de ésta envergadura había sido contra Microsoft en 1998, sobre el dominio de navegador de internet(IE). “..tiempo en que estas plataformas de Big Tech que conocemos llegaron a dominar la economía de los EE. UU., tiempo en que estaban creciendo y básicamente crecieron sin provocar ningún fuego antimonopolio.” Estás Big Tech han sido protagonistas y han desfilado varias veces estos últimos años por el Congreso por distintas cuestiones, seguridad nacional, protección de datos y hasta daños severos a la salud mental de la juventud. La causa contra Google es antecedente de otros procesos en curso contra Amazon, Meta, Apple, etc. Incluso el mismo Google el próximo mes tendrá que enfrentar otro proceso, en este caso por su monopolio sobre la publicidad en internet. Durante el juicio, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella (AKA la competencia), testificó que le preocupaba que el dominio de su competidor hubiera creado una “red de Google” y que su relación con Apple fuera “oligopólica”. “Si Google continúa sin inmutarse, es probable que se convierta en dominante en la carrera por desarrollar inteligencia artificial”. Este nuevo recurso se suma a los que ya tiene abiertos en Bruselas, donde el grupo digital ha recibido un examen exhaustivo hasta ahora. Sobre él pesan las multas más cuantiosas de la historia de la Comisión Europea: más de 8.000 millones de euros por tres casos que, por ahora, apenas está logrando rebajar en los Tribunales. Precisamente a la vuelta del verano se espera el fallo definitivo de uno de esos casos: el de Google Shopping, 2.424 millones por privilegiar en las búsquedas sus servicios de compra y los de sus anunciantes en las búsquedas de Internet. Un círculo virtuoso La causa contra Google está basada en los acuerdos que montó el gigante de Mountain View (California) con empresas proveedoras de internet, fabricantes de dispositivos móviles y exploradores de internet, para ser éste el buscador “por default”. Para eso habría pagado decenas de miles de millones de dólares hasta la fecha, en acuerdos que violan las leyes de competencia que tienen más de 100 años de existencia(ha violado la sección 2 de la Ley Sherman), que en su momento fueron sancionadas para arbitrar sobre el poder de monopolios como la Standard Oil. En palabras de Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google "Esta decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero concluye que no se nos debería permitir que esté fácilmente disponible". La defensa de Google se basa en que esos “esfuerzos” son en beneficio del consumidor, que es toda la cuestión “moral” que es blandida por ambas partes. El acuerdo de hace años de Google con Apple para convertirlo en el motor de búsqueda predeterminado en el iPhone ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo. Documentos judiciales no sellados mostraron que Google pagó a Apple 20.000 millones de dólares sólo en 2022(!). Esto equivaldría a una parte sustancial del negocio de servicios de Apple de 85.000 millones de dólares al año, que incluye su App Store y Apple Pay. Google es un “socio crucial” para la manzana podrida. Al pagar miles de millones de dólares para ser el motor de búsqueda automático en los dispositivos de consumo, Google había negado a sus competidores la oportunidad de construir la escala necesaria para competir con su motor de búsqueda. De esta manera, Google recopiló más datos sobre los consumidores que utilizó para hacer que su motor de búsqueda fuera mejor y más dominante. Además, el DOJ acusó a Google de proteger un monopolio sobre los anuncios que aparecen dentro de los resultados de búsqueda. Los abogados del gobierno dijeron que Google había aumentado el precio de los anuncios más allá de las tarifas que deberían existir en un mercado libre (por eso el juicio que arranca el mes que viene), lo que, según ellos, era una señal del poder de la empresa. Los anuncios de búsqueda proporcionan miles de millones de dólares en ingresos anuales a Google; el monopolio de Google le permitió inflar los precios de algunos anuncios de búsqueda. Esto, a su vez, le dio a la compañía más dinero para pagar para que su motor de búsqueda obtuviera una ubicación privilegiada. "Los aumentos de precios sin restricciones han impulsado el dramático crecimiento de los ingresos de Google y le han permitido mantener ganancias operativas altas y notablemente estables" (New York Times 05/08/2024). Orden desordenado Google argumentó durante todo el juicio que su motor de búsqueda se enfrenta a la competencia de personas que buscan información en otros lugares, como en Amazon, TikTok y Reddit y cada vez más a través de chatbots como ChatGPT. Lo cual ante tamaña evidencia es tan ridículo como decir que la gente también le pregunta a su pareja y consulta con el psicólogo. El proceso sobre qué hacer con el monopolio de Google sigue por otro curso. La justicia no se ha expedido en ese sentido. Si bien en nombre de “los consumidores” Google va a apelar el fallo, una posible medida sería que el tribunal impidiera que Google pagara para asegurar una ubicación privilegiada y que se divida de su negocio de publicidad. Apple ha estado “tranquila”. Pero es probable que esté profundamente involucrada en la siguiente fase del caso. "El impacto más profundo de la sentencia probablemente lo sentirá Apple". Esta podría crear su propio motor de búsqueda. Aún no lo ha hecho, y el juez del caso no llegó a estar de acuerdo con el Departamento de Justicia en que el acuerdo con Google equivalía a una “compensación” a Apple para mantenerla fuera del mercado de los motores de búsqueda. Un estudio interno de Apple de 2018, citado en la opinión del juez, encontró que incluso si lo hiciera y mantuviera el 80 por ciento de las consultas, seguiría perdiendo 12 mil millones de dólares en ingresos en los primeros cinco años después de separarse de Google. Según una investigación del Tech Transparency Project (TTP) Apple gastó 9,9 millones de dólares en cabildeo ante el gobierno federal en 2023, la cifra más alta en 25 años, aunque todavía mucho menor que el resto del pelotón tech. Apple no es la única empresa potencialmente afectada por el fallo del lunes. Según el tribunal, el pago de Google a Mozilla en 2021 por la posición predeterminada en su navegador fue de más de 400 millones de dólares, alrededor del 80 por ciento del presupuesto operativo de Mozilla (FT 07/08/2024). Estas empresas ensombrecen el panorama de la burbuja especulativa en la bolsa, algo que preocupa a los timberos ha sido el aumento en los gastos de capital cada año por parte de las tecnológicas de mayor tamaño. La inversión en infraestructura para la nube, es decir, centros de datos, principalmente por la corrida de la IA, es un factor que amenaza con desequilibrar los retornos para el inversor: UBS anticipa que los gastos de capital de las grandes tecnológicas crecerán un 43% interanual, frente al 24% de previsto en beneficios (CincoDias - El pais 07/08/2024). A todo esta “incertidumbre” las tecnológicas responden con la certidumbre de cientos de miles de despidos en el sector estos últimos años. Alrededor de 745 tecnológicas han despedido a 185.867 empleados desde finales de 2023, según la consultora Trueup Este descalabro económico producto del entrelazamiento de servicios inmensos y empresas gigantes, es una muestra de cómo una medida destinada a “ordenar” bajo las condiciones del desarrollo capitalista presente, no puede escapar a fomentar todo lo contrario, una mayor desorganización.

El ex interventor del INDEC y ex secretario de Comercio durante los gobiernos K , Guillermo Moreno, ha sido condenado a tres años de prisión condicional y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal N°2. Desde 2007 y con una aceleración creciente de los precios, el gobierno kirchnerista comenzó a manipular las estadísticas oficiales, para ´dibujar´ los números de la inflación a la baja. El responsable de ejecutar esta directiva fue Moreno, que este miércoles fue condenado junto a la ex directora del INDEC, Beatriz Paglieri, quien recibió igual condena. El kirchnerismo, mientras duró la intervención del Instituto, llevó adelante un desguace de los equipos de trabajo por medio de reubicaciones, despidos, quita de derecho laborales de sus trabajadores y persecución la Junta Interna, todo esto apuntalado por las patotas que caminaban los pasillos del Instituto. Moreno fue hallado culpable del delito de abuso de autoridad y destrucción de información pública por la intervención política del INDEC. En su momento, por iniciativa de Moreno fue removida del cargo de directora del organismo de estadísticas, Graciela Bevaqua, quien se resistió a implementar los cambios que Moreno quería llevar adelante. Para acometer con sus objetivos, nombró en el cargo a Paglieri y ambos llevaron adelante una persecución a los trabajadores de ATE, que oficiaban de veedores de las trapisondas del tándem a cargo de las estadísticas, quienes acusaban a los técnicos del Instituto de “hacerle el juego” a los tenedores de bonos de deuda atados a la inflación. De esta manera, la manipulación de las estadísticas imposibilitó el acceso a estadísticas fidedignas sobre precios, pobreza y otros indicadores, creando distorsiones económicas. Ante esta situación, consultoras privadas publicaban sus estadísticas y muchas de ellas duplicaban los números oficialistas. La falsificación de las estadísticas de inflación eran justificadas, puertas adentro, para recortar las bonificaciones de los tenedores de bonos ajustados por precios. El resultado era un sobrevaluación del cálculo del Producto Bruto Interno, que resultó el “bocado de Cardenal” del canje de Kirchner-Lavagna. Moreno fue el ejecutor: el gobierno K les reconoció a los buitres que compraron bonos en default por centavos el 50% del valor nominal de la deuda defolteada -con lo que los especuladores hicieron ganancias del 60 al 200%- y les ofreció suscribir un cupón atado al crecimiento del PBI que repartió varios miles de millones de dólares adicionales entre los especuladores. Entre 2008 y 2011, debido a esta manipulación, los especuladores embolsaron un adicional de u$d 3.190 millones. En 2014, Kicillof cambió los parámetros establecidos por Moreno, lo que dio lugar a una nueva demanda: en junio pasado el Tribumal de Apelaciones de Londres condenó al Estado argentino al pago de 1.300 millones de euros, en concepto de indemnización por las pérdidas sufridas por los especuladores. En 2013, el FMI emitió por primera vez en su historia una “declaración de censura” contra uno de sus miembros por no brindar números fiables sobre la inflación y el Producto Bruto Interno. Fue el mismo organismo internacional el que vetó a Moreno en sus funciones y por lo que fue eyectado del gobierno. El relevo del kirchnerismo por parte del macrismo no supuso un cambio en materia de medición de estadísticas. Mauricio Macri avaló la metodología impuesta por Moreno ante una demanda presentada por “Consumidores Financieros”, que denunció ante la Justicia un perjuicio a bonistas por la falsificación de los datos de la inflación del orden de 18 mil millones de dólares. El macrismo que buscaba que no se abrieran nuevos juicios de bonistas, terminó lesionando los intereses de los jubilados ya que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES tenía en su poder bonos ajustados por CER por u$d 13 mil millones. Las estimaciones estipulan que el desfalco macrista contra los jubilados, valiéndose de las herramientas heredadas del kirchnerismo, ascendió a u$d 14.300 millones. De esta manera se completaba el desfalco iniciado con los canjes de Kirchner-Lavagna, en 2004. Moreno cuenta con otras dos condenas por el uso de fondos públicos con el que financió la campaña de “Clarín miente” y por amenazas que se produjeron en una asamblea de Papel Prensa, sin condena firme por ahora. Si se suman, la condena de Moreno pasaría a ser de cumplimiento efectivo. El hoy cuasi panelista de programas de televisión y streaming, que en su raid mediático apalanca al senador opositor dialoguista Miguel Angel Pichetto como punto de reagrupamiento del peronismo en la era Milei y tira flores a Villarruel por su carácter de “nacionalista”, durante su paso como funcionario de los gobierno K, ha operado en favor de los especuladores internacionales y contra los intereses de trabajadores y jubilados.

La caída de la sesión de Diputados de este miércoles estuvo signada por varios desplantes, peleas y faltazos. Pero su resultado fue claro: la ausencia de quórum fue un encubrimiento de la visita de diputados libertarios a los genocidas que están el penal de Ezeiza . Esa visita no fue protocolar. Es parte de una operación judicial y parlamentaria con el propósito “de mínima” de lograr la prisión domiciliaria de los represores, y de “máxima”, reformar la legislación penal para que se consideren prescriptas las causas en su contra . En torno de estas cuestiones, han venido realizándose reuniones y contactos entre los diputados ligados a la vice Villarruel, los abogados de los genocidas y ex camaristas del Poder Judicial. Para el caso en que tuviera lugar la sesión, el oficialismo manejaba un proyecto de declaración que reafirmara los “ideales” de “memoria, verdad y justicia” de un modo difuso y como cada cual los entienda, de modo de alcanzar una mayoría y enterrar los cuestionamientos a los diputados visitantes del penal de Ezeiza. El kirchnerismo y la izquierda propugnaban como alternativa la formación de una comisión investigadora. El macrismo, por su parte, guardaba la carta de mandar la cuestión a una comisión de la Cámara, una variante más indolora de archivar el punto. Como quiera que fuere, la sesión se cayó por la ausencia del bloque de rejuntes que preside Pichetto, el cual, en un comunicado posterior, justificó el faltazo en nombre de su negativa a tratar “temas identitarios”. El kirchnerismo tampoco dio quórum. En su caso, el fracaso de la jornada parlamentaria le evitó un debate sobre el escándalo de Fabiola Yañez , el cual pensaba enfrentar con el mismo método del oficialismo libertario: los ex amigos de Alberto habían redactado una declaración de “preocupación” por las denuncias de Fabiola. El periodismo interpretó la actitud de Pichetto como un desplante al oficialismo. Pero la caída de la sesión le ahorró al gobierno una deliberación y un desenlace en relación al tema de los genocidas “anfitriones”. Aunque el grupo de diputados que fueron a visitarlos son afines a Villarruel, la más sonora de los mileistas, Lilia Lemoine, reivindicó en las últimas horas a la incursión en la cárcel de Ezeiza, calificándola como una “visita humanitaria”. El bloque parlamentario de Pichetto, Monzó, Massot, Stolbizer y otros viene protagonizando choques con el gobierno en torno de un eje definido: el aparato estatal de seguridad e inteligencia. Por lo pronto, la decisión de boicotear la sesión de este miércoles fue precipitada por la actitud del mileísmo de dejar a Emilio Monzó fuera de la bicameral de Inteligencia. En estas horas, “Hacemos” se apresta a hacer frente único con el kirchnerismo para promover la caída del DNU que dispone la entrega de 100.000 millones para los gastos reservados de la SIDE . El gobierno, por su parte, está fogoneando la reforma de la Ley de Seguridad Interior, para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en nombre del “terrorismo”, un mote que, en ocasión de las marchas contra la Ley Bases, fue empleado para justificar la detención de manifestantes y militantes. Pero incluso si esa injerencia interior no prosperara, la agenda de la “revalorización” de las Fuerzas Armadas está asociada al rearme de equipamiento que reclaman las camarillas castrenses, y que las conecta a las apetencias del Pentágono y la OTAN en relación a la región y al Atlántico sur. En este cuadro, la cuestión de los genocidas condenados no se circunscribe al destino de los octogenarios alojada en el penal de Ezeiza. El montaje de un Estado policial y un “nuevo rol” para las Fuerzas Armadas exige un nuevo cuerpo de garantías jurídicas -una señal . Los partidos de la burguesía no rechazan la militarización, sólo desconfían que tenga lugar como coto cerrado de las camarillas libertarias. La precaria “coalición del ajuste” que votó la Ley Bases y el paquete fiscal discute ahora su lugar en el régimen político. Milei-Caputo-Sturzenegger no tienen interés en cogobernar o someter a deliberación las monumentales contradicciones que enfrentan, ni siquiera con sus aliados. Con la agenda de la militarización y de los servicios puesta por delante, la oposición dialoguista ha decidido no hacer olas con la cuestión del penal de Ezeiza. El kirchnerismo se ha servido de ella sólo para reivindicar a la “memoria”, sin ligarla a la construcción del presente Estado policial. La denuncia y la lucha contra el régimen de servicios y sus cómplices se encuentra a la orden del día.

El martes 6 el Frente Sindical de Universidades Nacionales (integrado por CONADU H–CONADU–FEDUN–CTERA – FAGDUT–UDA–FATUN) dio a conocer un comunicado dando cuenta que habían acordado el no inicio del segundo cuatrimestre convocando a jornadas de visibilización y paros por 72 horas del 12 al 14 de agosto y luego 48 horas el 20 y 21 de agosto. El no inicio en realidad es un eufemismo del comienzo de la huelga, pues en muchas universidades las clases ya comenzaron las actividades académicas, sobre todo en las escuelas preuniversitarias. Las otras actividades comienzan en los próximos días. El 12, entonces es una fecha acordada por las federaciones docentes y no docentes fundamentando que con ello se va a reclamar la recomposición de los salarios y la vuelta a la discusión paritaria. Dicho comunicado, sin embargo, oculta que no todos los gremios van a parar 72 horas la próxima semana. El ala de la CGT universitaria, FEDUNT y FATUN, solo van a parar por 24 horas el 12 de agosto y 48 horas, el 20 y 21. El comunicado del Frente Sindical de Universidades Nacionales pretende, en su formulación, presentar una unidad ficticia, a tal punto que mientras se difundía el comunicado anunciando el paro nacional de 72 horas, Daniel Ricci, Secretario General de FEDUN (conocido en el pasado por ser un firmador serial de todas las paritarias universitarias a la baja de todos los gobiernos) salía en C5N anunciando que el paro universitario es de 24 horas el lunes 12 y cese de actividades el 20 y 21, planteo que luego fue replicado en los principales diarios del país, generando, como no podía ser de otro modo, confusión y desconcierto acerca de cuál va a ser finalmente el alcance de la medida resuelta. Es claro que un sector de la burocracia pretende replicar el proceso del primer cuatrimestre, con paros goteras que no conducen a nada solo a desgastar y desmoralizar cualquier tipo de lucha. En este marco es llamativo que el Frente Sindical tampoco haya dicho una sola palabra sobre la Marcha Federal Universitaria, que viene siendo el reclamo que genera más entusiasmo y ha sido planteado en todas las asambleas de las asociaciones de bases. Por su lado, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) luego de varios meses, volvió a aparecer con un extenso comunicado reclamando la actualización salarial, el llamado a paritarias, la restitución del FONID y la actualización de la garantía salarial que quedó congelada en diciembre del 2023 (una cláusula que se le otorga a las categorías mas bajas para evitar que cobren menos de $154.321 para simples, $308.642 semi, $617.284 exclusiva). En contraposición con todos estos factores, el proceso de una lucha a fondo, traumáticamente, se va abriendo paso. En algunas universidades dirigidas por el FAB (Frente de Asociaciones de Base, que integran la CONADU) como Rosario y Córdoba han votado en sus asambleas y los están impulsando paros de una semana del 12 al 17 de agosto y llamando a replicar la Marcha Federal educativa. El FAB, que se constituyó en el 2022 como un sector disidente dentro de la CONADU, no termina de romper con su federación pero que interviene como bloque propio en las universidades de Mar del Plata, Nordeste, Chaco Austral, San Juan, Río Cuarto,Jauretche , José C. Paz, Rosario, Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, Córdoba, UNIPE, Avellaneda, y General Sarmiento. Pronunciamientos en el mismo sentido han surgidos en distintas asociaciones de base de la CONADU H. Por otro lado, el inicio de los paros nacionales universitarios se entrelaza objetivamente en varias jurisdicciones con las situaciones conflictivas que envuelven a la docencia provinciales. En el caso que es quizás el escenario más relevante, porque allí, impulsado por ADIUC (Córdoba) ya se vienen cumpliendo paros universitarios , y recientemente la docencia provincial viene de cumplir una huelga de 48 horas y una gran marcha que reunió más de 30.000 personas . Las condiciones están madurando para que por medio de bloques y coordinaciones avanzar a una lucha a fondo, la huelga general por tiempo indefinido, y una nueva acción de masas con una segunda Marcha Federal Educativa. Es el camino para imponer los reclamos. Si no es ahora, ¿cuándo? LEER MÁS: Universidad: se va configurando el escenario de la huelga educativa nacional Es necesaria una nueva Marcha Federal Universitaria. Por Anahí Rodríguez y Daniel Blanco, 26/07/2024.

A partir de septiembre, la Secretaría de Transporte de la Nación dejará de hacerse cargo del subsidio del transporte de colectivos que no cruzan la frontera entre CABA y provincia de Buenos Aires. Se trata del 10% de las líneas que serían transferidas a CABA y un 50% a la provincia de Buenos Aires. El 40% restante -que transita por ambos distritos- seguiría a cargo de Nación. Así Caputo ahorraría 14.500 millones de pesos por mes sobre un total de 70.000 millones que gasta en subsidios al transporte en el AMBA. Desde las empresas de colectivos alertan que, sin subsidios, el boleto debe costar cuatro veces más. La medida se toma en medio de la disputa por la devolución de la coparticipación perdida por CABA durante la presidencia de Alberto Fernández -unos $ 80.000 millones- y en medio del paro de los chóferes de la línea 512 en reclamo de mantenimiento para las unidades luego del accidente ocurrido en Florencio Varela, en el cual murió un joven de 20 años al desplomarse las escaleras delanteras de una unidad. A partir del 12 de agosto, además, el boleto en el AMBA subirá un 37, 5% lo que representa un boleto mínimo de $ 371,13 -desde los $ 270 actuales-. El boleto máximo pasará a costar $ 809. La última suba había sido en febrero y los aumentos posteriores se fueron posponiendo para evitar un impacto en la inflación, el cual se calcula que será ahora de un 0,8% – siempre y cuando Macri y Kicillof se hagan cargo de los subsidios y no lo trasladen al precio del boleto, algo solo probable por el año electoral. Con este aumento, desde que empezó el año habrá acumulado una suba de 598% que contrasta con el miserable aumento de los salarios. El gobierno también anunció que queda pendiente y sin fecha otro aumento del 32%. En el futuro inmediato Caputo también pretende transferir los descuentos de la Red SUBE por integrar dos o tres viajes (de 50% a 75%, respectivamente) en 286 líneas de colectivos en un plazo menor a las dos horas, tanto en la Ciudad como en la provincia. Mercado Pago gana Esto es algo que parcialmente ya va a lograr al implementar la otra medida anunciada sobre el sector y que es referida a la pérdida de la exclusividad de pago de la tarjeta SUBE. Cuando se terminen de adaptar las unidades –lo cual correrá a cuenta de las empresas– se podrá utilizar cualquier medio de pago electrónico, pero, hasta donde se sabe, solo con la SUBE registrada se podrá seguir accediendo a los subsidios y beneficios vigentes. Esta medida, que beneficia a otros bancos pero en especial a Galperin, significa una pérdida cuantiosa para el Banco Nación que cobraba comisión por manejar el servicio. Más tarifazos El gobierno habilitó la suba de los peajes que también había congelado desde febrero para mermar la inflación. Desde ayer, los peajes en Panamericana y Autopista del Oeste, tendrán un valor de $ 600, y Ezeiza-Cañuelas, de $ 900. La Buenos Aires-La Plata irá a $ 2.600. En el interior del país el costo -subsidiado en algunos casos por los municipios- trepa a los $ 1.000, luego de que el gobierno eliminara el Fondo Compensador del Interior. La transferencia de las líneas a las jurisdicciones menores tienen un objetivo presupuestario, pero tiene implicancias en muchos aspectos. La regulación descentralizada esconde una desregulacion de hecho que desordena el transporte, evita los controles y lo vuelve inseguro. Lo mismo sucede con las rutas que han sido transferidas a las provincias, todas tienen normativas diferentes y dependen de presupuestos mermados y desiguales. El caos y la lógica capitalista impuesta sobre la organización social es un atentado a la vida y al bienestar de los trabajadores. El accidente del tren San Martín y el reciente desplome de una unidad que se llevó la vida de Sebastian Mieres en Varela dan cuentan de esto. Además hay que sumar el aumento de accidentes viales ocasionados por la falta de alumbrado público que fue apagado adrede luego de los tarifazos eléctricos. Sin embargo, más allá de toda la perorata del gobierno sobre la libertad que adquirirán los empresarios para disponer de los precios y del control que tendrán las jurisdicciones sobre los sistemas de transporte, las medidas tomadas por Caputo no son más que nuevos manotazos de ahogado, desesperado por hacerse de fondos que no tiene, a pesar de haber implementado el ajuste “más grande de la historia”.

“Sindicatos y organizaciones de los trabajadores informales, escribe Página 12, pusieron el foco en el problema del hambre, y coincidieron en que la salida a la crisis será política: va a depender -plantearon- de sostener una unidad que le permita al movimiento popular recuperar el gobierno”, sintetiza (8/8). Esta referencia a la marcha a Plaza de Mayo convocada por la UTEP, la CTA y la CGT ayer, en el día de San Cayetano, desenmascara su objetivo– para comer habrá que esperar, con suerte, a 2027. La expectativa está puesta en Axel Kicillof , quien envió una delegación de funcionarios bonaerenses, como Andrés Larroque, Carlos Bianco, Walter Correa, Daniel Menéndez y Gildo Onorato. También se vio a los intendentes Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Fabián Cagliardi (Berisso) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). Sobre Hipólito Yrigoyen, se destacaba una gran bandera de La Matanza, aunque su intendente, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual, no se dejó ver. En el acto hablaron Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo), Hugo “Cachorro” Godoy, Daniel Catalano (ATE Capital), Adolfo Perez Esquivel y Alejandro Gramajo (de la UTEP), a cargo del cierre. La CGT estuvo representada en el palco por Héctor Daer y Pablo Moyano, pero no puso oradores. Al bajar del escenario, Moyano hizo declaraciones: “Este es un gobierno que ataca a los trabajadores y hay que confrontarlo en la calle y conformando un gran frente nacional para el año que viene, que nos permita tener mayoría en ambas Cámaras. Hay que ponerle un freno, en la calle y en el Congreso de la Nación” (Página/12, ídem). La burocracia, por su parte, envió delegaciones de sus aparatos. La calle se ha convertido en una plataforma para llegar al Congreso, no para quebrar la política de Milei. Nada nuevo, porque la misma táctica se empeñó para llegar al gobierno en 2019. La frase remite, sin dudas, a aquel “Hay 2019” que acuñó el pejota durante el macrismo. Resume el planteo de la burocracia sindical que ha decidido dejar correr los atropellos del gobierno liberticida . Los despidos y suspensiones se disparan, mientras que salarios y jubilaciones se han derrumbado; el impuesto a los ´ingresos personales´ golpea sobre los trabajadores y hay un ´boom´ del monotributo, a despecho de los convenios colectivos de trabajo . Desocupados y precarizados han sido víctimas de un despojo completo, entre las ´bajas´ masivas, el congelamiento de los planes sociales en $78.000 y la confiscación de los alimentos destinados a los comedores populares. El acto estuvo precedido por un oficio religioso y una ´procesión´ desde Liniers, pactada con el gobierno para que no afectara la circulación. El propósito declarado de los organizadores fue, de nuevo, no confrontar con el protocolo represivo de Patricia Bullrich . La Plaza de Mayo estuvo semipoblada, con espacio de sobra para recorrerla. Para Página/12, sin embargo, estuvo “a tope”. Según Clarín, en cambio, “no fue como la irrupción de 2016 ni tuvo la fuerza que en los años de Mauricio Macri”, pero el acto “alcanzó para reunir a miles de manifestantes”. La Nación describe que “la concurrencia pobló la mitad de la Plaza y las calles más cercanas”. Para La Izquierda Diario, el acto tuvo “menos convocatoria que la esperada”. Prensa Obrera titula “los reclamos de los trabajadores en Plaza de Mayo”, sin aportar más datos. Las crónicas de LID y PO coinciden en omitir la presencia de funcionarios de Kicillof e intendentes peronistas. Ni siquiera se trajo colación la denuncia de la causa judicial contra Eduardo Belliboni y el Polo Obrero oficial. Para el PTS, “los convocantes no movilizaron con todas sus fuerzas”. Es decir, fue una marcha de aparatos. “Tampoco plantearon [los oradores] cómo enfrentar ese ajuste cada vez más criminal”, algo que no era difícil de pronosticar, pues la (no) marcha por “pan y trabajo” no levantó ningún programa . La expectativa hacia el 2025 o el 2027 es una fantochada. El kirchnerismo, a poco más de un año de la próxima elección se encuentra en ruinas. Desde las andanzas de Alperovich, Espinoza y Alberto Fernández hasta el balbuceo frente al fraude de Maduro, pero por sobre todo, pasando por la colaboración con la embajada norteamericana y la reforma laboral, y el enjugue de los gobernadores peronistas con Milei (Jaldo, Jalil, Sáenz, Zamora), las huestes nacionales y populares tendrán que recurrir al Chiqui Tapia para salvarse del descenso.

Marcando una continuidad con los gobiernos anteriores en la política anti educativa sobre jardines de infantes y jardines maternales, en CABA se desarrolla una avanzada contra las escuelas de educación inicial. Esto se estaría manifestando, en primer lugar, en un proceso de cierre de jardines de infantes que el gobierno porteño inició en marzo pasado. Como ejemplos de ello, la comunidad educativa del jardín N°3 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, resistía el cierre que, según lo informado por las autoridades locales, iban a dar de baja las salas de 4 y 5 del turno mañana. Ágilmente las familias presentaron un amparo para evitar el cierre de la escuela infantil. Hay decenas de instituciones de este tipo donde sus salas fueron fusionadas y, hasta el momento, alrededor de 90 maestras titulares quedaron en disponibilidad, o sea, sin sus cargos, con la promesa que se les iba a otorgar otros. Pero para eso, las docentes que son suplentes en distintos jardines deberán perder su actual puesto de trabajo. Desde las comunidades educativas de escuelas del distrito escolar N° 5, plantean que al menos 16 maestras quedaron sin trabajo. Advierten que es una cifra que cada 30 días se irá incrementando ya que todos los meses habrá reacomodamiento de maestras titulares que quedaron en disponibilidad y dejarán sin trabajo a las suplentes. El cierre de escuelas y la fusión de establecimientos educativos como escuelas y jardines de infantes en CABA es moneda corriente. Esta decisión política pone en riesgo la continuidad pedagógica de miles de chicas y chicos y afecta la organización de las familias. No hay información oficial de cuántas salas se han cerrado en los diferentes distritos ni cuántas se cerrarán en los próximos meses, pero, de acuerdo a las denuncias de la comunidad educativa, en casi todos hubo cierres de salas. En el caso de los jardines maternales, las comunidades educativas consolidan su reclamo por la construcción de jardines maternales en los barrios impactados por la falta de vacantes. La Comuna 5 es una de las más afectadas ya que el barrio de Boedo no posee un solo jardín maternal, situación que genera una concentración de la demanda en las comunas adyacentes que se ven desbordadas. La cantidad de escuelas de jardines maternales de gestión pública en CABA es escasa, situación que lleva a que la inmensa mayoría de las familias trabajadoras deba llevar a sus hijos a jardines maternales privados, afrontando elevadísimas cuotas y matrículas (considerando que lo enfrentan trabajadoras jefas de familia, en un muy alto nivel). En Almagro se ubica el Centro de Desarrollo Infantil –CeDI N° 5-, que brinda contención para niñas y niños de 45 días de vida a 3 años de edad. Desde hace muchísimo tiempo, la comunidad educativa de Almagro viene solicitando que en Pringles 340 funcione efectivamente un jardín maternal y no un Centro de Desarrollo Infantil. El gobierno porteño, en una arremetida favorable a los intereses de la especulación inmobiliaria, intentó subastar los edificios que se encuentran linderos al Centro de Desarrollo Infantil (342 y 344 de la calle Pringles) en más de siete ocasiones, pese al reclamo de toda la comunidad educativa. Pero fueron remates fallidos porque jamás pudieron encontrar un comprador. Vale aclarar que los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 45 días a cuatro años no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social. No tienen, por lo tanto, un objetivo pedagógico sino de mera contención social. En esos Centros, el Estatuto Docente no es el convenio bajo el que trabajan las docentes y las “cuidadoras profesionalizadas”. Los CPI y los CDI establecen un doble estándar educativo: el de niños y niñas que van a jardines maternales y de infancia con currícula educativa y los que va a jugar un rato y a comer a un lugar alquilado a un centro de jubilados, un club o una Iglesia. Estos espacios intentan reemplazar a los jardines de infantes y maternales de toda la Ciudad, dado que el Ministerio de Educación se niega a construir escuelas infantiles bajo el ala de su dominio. Más precarización para las trabajadoras de la educación y más degradación educativa para la escuela pública. Esto se da en el contexto en el que, a nivel nacional, según un informe de La Nación (10/4), los fondos para edificios en jardines cayeron un 93%. Redoblemos la lucha por el conjunto de las reivindicaciones de las comunidades educativas de nivel inicial.

La Cámara Nacional Electoral ha resuelto que no existen evidencias de que las ingentes sumas de dinero que empresarios otorgaron a funcionarios del gobierno de CFK fueran “aportes de campaña”, como dijo Ángelo Calcaterra. En la llamada “Causa de los cuadernos”, que tiene a CFK como principal imputada, la Cámara Federal de Casación había abierto la posibilidad de exculpar, con ese cambio de caratula, a todos los empresarios involucrados. La Cámara Nacional Electoral, en cambio, dice que no ha encontradopruebas, en los balances del FpV, de que el dinero tuviera que ver con la campaña electoral. Ha ordenado en consecuencia que se hagan auditorías. Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, había sido uno de los beneficiados por la medida de Casación. Estaba acusado de haber realizado 16 entregas de dinero a Roberto Baratta, mano derecha del ministro Julian De Vido, en la cochera de su empresa y en el estacionamiento de un hotel de Puerto Madero. Calcaterra también aparece involucrado en las cometas por las obras de soterramiento del ex ferrocarril Sarmiento. Estos sobornos, reconocidos como tales bajo la condición de “arrepentido”, tienen una tipificación menor y podrían ser considerados prescriptos. La Cámara Federal de Casación que rescató a Calcaterra y otros del juicio oral está integrada por Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone; todos vinculados al PRO. Mahiques fue uno de los asistentes del “retiro espiritual” en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido junto con Mauricio Macri, Marcelo D´Alessandro (quien luego dimitiría de su puesto como ministro de Seguridad de la CABA), el juez federal Julian Ercolini, entre otros. Entre los principales capitalistas sobreseídos por los Cuadernos estuvo en primerísimo lugar el grupo Tenaris, la principal compañía del grupo Techint cuyo titular Paolo Rocca fue beneficiado precisamente por el juez federal Julián Ercolini. El conciliábulo fue convocado para definir los próximos pasos para desarmar las causas contra Macri y, a su vez, apuntalar aquellas contra CFK. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Milei, fue el abogado defensor de uno de los capitalistas “arrepentidos”, Eduardo Eurnekian (dueño de la Corporación American, donde trabajó Milei). También defendió al empresario Sergio Taselli. El gasoducto de Vaca Muerta fue construido por varias de las empresas involucradas en los Cuadernos, incluyendo uno de sus principales “arrepentidos”. Dentro de las reformas electorales que Milei pretende impulsar, se encuentra una que eliminaría los topes de financiamiento privado para las campañas electorales (como existe en EE.UU.) y eliminaría el financiamiento público (que depende de la performance electoral de los partidos). LEER MÁS: Cuadernos: más impunidad para los capitalistas De coimeros a “aportantes”; CFK respira. Por Emiliano Fabris, 21/06/2024.

La reanudación del ciclo lectivo ha venido con una reapertura de la lucha docente en varias provincias. Es el caso de Córdoba, que comenzó un paro de 48 hs. el lunes 5 con un importante acatamiento. En Santa Fe, se votó un paro de 24 horas para el miércoles 7 de agosto. En Chubut, los docentes pararon el pasado 29 y 30 de julio. En Entre Ríos, la docencia protagonizó una de las movilizaciones más multitudinarias del último tiempo, el 1 de agosto y se apresta a continuar la lucha con un nuevo paro de 48 horas. En Jujuy, la docencia ya paró por 24 horas y continuará con nuevas 48 hs. Por último, la docencia en Neuquén ha parado por 48 horas y continuara con otras 72 horas. Las reivindicaciones de estas huelgas son el aumento de salarios, el rechazo descuentos por jornadas de lucha, y la incorporación de los montos por presentismo al salario. El gobierno de Milei ha derogado el “incentivo docente” y eliminado la paritaria nacional, en tanto que los gobernadores han procedido a rebajas salariales. Los salarios no se actualizan de acuerdo a la inflación y se pagan en cuotas, con numerosos ítems no remunerativos. Hemos perdido entre un 20 y 30% de nuestro salario. Los premios al presentismo sirven para cercenar el derecho de huelga y opera como una precarización del trabajo. Además, están en la mira los regímenes jubilatorios, que el FMI reclama derogar. Estas luchas están convocadas por sindicatos provinciales de la CTERA en forma separada, sin coordinación y en ausencia de una consigna de huelga nacional. Esto plantea una campaña por la unificación de las huelgas y el llamado a una huelga general. En la provincia de Buenos Aires, SUTEBA ha aceptado, en forma absolutamente inconsulta una paritaria a la baja y ha dejado una contrarreforma en la secundaria que significa una sobrecarga monumental del trabajo docente. Los sindicatos de bases de SUTEBA deben convocar a asambleas para iniciar un plan de lucha, que en primer lugar emplace a la dirección de Baradel y enseguida coordinen un plan de huelgas y una propuesta de huelga nacional. Llamamos a la Multicolor de SUTEBA a convocar a asambleas en todos los distritos. Es necesario una huelga para que sean retirados del Congreso Nacional los proyectos de “esencialidad educativa”, o sea la liquidación del derecho de huelga.

El sábado 3 de agosto se realizó una asamblea en el comedor recientemente inaugurado del Polo Obrero Tendencia de Ciudad Evita. En el informe político que abrió la actividad, se destacó la importancia de haber inaugurado un comedor en momentos en que arrecia el ataque del gobierno nacional contra las organizaciones sociales, y que tiene su réplica en nuestro municipio bajo la forma de ´inspecciones´ que no tienen otra finalidad que su cierre. Los compañeros, durante el debate, trazaron el cuadro de situación en el barrio, el cual se ha agravado a niveles desesperantes. El primer tema que surgió fue el de los enfrentamientos a balazos entre bandas de narcotraficantes, que se producen a diario. Denunciaron que en el Barrio Ejército de Los Andes -más conocido como “los Monoblocks de Tablada"-, a determinadas horas, los negocios deben cerrar y ya nadie puede salir de su casa. A todo esto, la policía hace la vista gorda. También denunciaron el desastroso estado de las cloacas, que están permanentemente desbordadas, con el consecuente peligro que esto acarrea para la salud. A ello se agrega el hecho de que la salita de salud que funciona en el centro cívico cuenta con muy pocos servicios -ya no tiene pediatra ni dentista- y ya no entrega medicamentos. El enorme predio que era utilizado para esparcimiento, ha sido alambrado desde el cordón de la vereda, dificultando de ese modo el acceso a las escuelas EP 151 y ES 21, obligando a quienes deben tomar el colectivo a esperarlo sobre la calzada, con el riesgo que eso conlleva. Luego del debate, los compañeros resolvieron iniciar una campaña planteando el reclamo por la urgente solución de todos estos problemas, mediante una juntada de firmas en el barrio y una pintada para visibilizar los reclamos.

La paritaria de las ramas principales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) finalizó en un nuevo acuerdo que establece un aumento del 12,54 % para el período julio-octubre. Aunque aún no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, este martes se prevé que se oficialice en una audiencia encabezada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, con las autoridades de las cámaras empresarias de la rama metalmecánica. El acuerdo se da en los términos de las paritarias “cuenta regresiva” pergeñada por Luis Caputo. En este caso, se trata de cuotas de 3,5 % de aumento para los meses de julio y agosto y del 2,5 % en los meses de septiembre y octubre. La escala descendente de aumentos de salarios no solamente va en contra de las previsiones de inflación, que volvió a acelerarse nuevamente en julio, sino que convalida el zarpazo de la devaluación de diciembre-enero. Ni las previsiones más optimistas del Gobierno pueden asegurar una inflación del 2,5 % para setiembre-octubre, por lo que el acuerdo de la UOM implica una fuerte pérdida salarial para los trabajadores, que se agrega a la confiscación de principio de año. Los salarios de los trabajadores de la UOM ya están en el subsuelo. El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) será de $ 669.326 a partir del 1 de julio y llegará a $ 727.823 a partir de octubre próximo. Cómo el IMGR no alcanza a los trabajadores iniciales, estos percibirán salarios básicos debajo de los 540 mil pesos en julio. Furlan fue votado como una ´renovación´ kirchnerista contra Antonio Caló, al cual acusaba de ´mal negociador´. Sin embargo, en materia salarial, la política sigue siendo la misma: subsidiar la rentabilidad del capital con salarios de miseria. En esta etapa, las industrias buscan compensar el retraso cambiario y la baja de ventas con una fuerte deflación de los salarios que, en el caso de la UOM, son de los más baratos de la industria. Las suspensiones, los retiros voluntarios y los despidos arrecian en la totalidad de la industria metalúrgica. La recesión inducida por el gobierno de Milei golpeó sobre todo a las proveedoras de la obra pública, pero también a las empresas fabricantes de electrodomésticos (línea blanca) y las autopartistas. El último número publicado del índice de producción de Metales, Maquinaria y Equipo representa una caída arriba del 20 % respecto de igual mes de 2023. Furlan ha declarado que ya se perdieron más 8.000 puestos de trabajo en el gremio. Sin embargo, no ha planteado ninguna lucha de conjunto contra las suspensiones y los despidos. Por el contrario, el sindicato se ocupa de colaborar con las empresas para que, “en forma ordenada”, éstas descarguen la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. La UOM y las empresas volverán a juntarse recién en noviembre, cuando revisarán los términos del acuerdo actual. LEER MÁS: Respuesta a Martín Berardi de la patronal siderúrgica Por Christian Miguez - Miembro de la Comisión Interna Acindar Villa Constitución, 07/08/2024. Siderúrgicos: la UOM cerró una paritaria a la baja y en negro Por Christian Miguez - Miembro de la Comisión Interna Acindar Villa Constitución, 26/07/2024.

Los aceiteros han llegado a los cuatro días de paro general en reclamo de un aumento del salario básico de la escala menor para llevarlo a $ 1.550.000, lo que representa un aumento del 26 por ciento. El reclamo de los aceiteros contempla compensar lo que el Estado retiene con la reimplantación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría . Las empresas, que tienen otros intereses en juego, se han “estirado” a otorgar un 17 por ciento. En primer lugar, reclaman un arreglo de ´excepcionalidad´ - una parte del descuento de las ganancias. El punto se esta discutiendo -en el marco de la conciliación obligatoria- con los petroleros de las refinadoras del sur. Por otra parte, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, denuncia que lel interés de las empresas es la devaluación del peso – luego de un 2023 “flojo” exigen recomponer sus beneficios. La prolongación del conflicto, por parte de los exportadores, es funcional a una retención de la cosecha ya comprada – con precio a establecer. La parálisis del ingreso de divisas es el medio de las empresas para extorsionar a Milei y a Caputo. Los trabajadores luchan, las empresas chantajean al gobierno a costa de los trabajadores. La huelga aceitera -que incluye piquetes en las terminales- contrasta con las payasadas de la CGT y su apoyo a la reforma laboral negrera del gobierno . El propio Moyano, que es parte del conflicto, hasta hoy sigue guardando silencio sobre la huelga, cuando un negativa de cargar los camiones mientras haya paro seria un paso vital para ganar la lucha. LEER MÁS: Cómo continúa la huelga de los aceiteros Por Juan Ferro, 07/08/2024.

A una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de Susana Montoya en su domicilio, en la ciudad de Córdoba, el fiscal Juan Pablo Klinger solicitó la detención de su hijo, Fernando Albareda, a quien acusa como responsable del asesinato. Albareda, militante de HIJOS, quedó detenido el pasado jueves, acusado de haber matado a su madre, Susana Montoya. Ella tenía 74 años y fue hallada sin vida el viernes en su casa. La puerta no estaba forzada y había pintadas de inscripciones amenazantes con lápiz labial. Era la segunda vez desde diciembre que aparecían esos carteles intimidantes en un caso que activó las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Según el comunicado del fiscal Klinger, Albareda fue detenido e imputado por contar con “motivos bastantes para sospechar de su participación en el crimen” (La Voz 9/8). Se refiere a un informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial que indicó que las amenazas escritas y aquellas denunciadas en diciembre de 2023 “presentan grafocinetismos afines” con la escritura de Albareda (ídem). En el domicilio de Montoya encontraron casquillos de bala, signos nazis y carteles amenazantes. En principio, se descartó la hipótesis del robo porque la puerta no había sido forzada y en una de las paredes aparecía la intimidación: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”. Por fuera de la causa, se conocen otros detalles. Luego del secuestro y asesinato de Ricardo Albareda (padre de Frenando), Susana Montoya tuvo otra pareja, un comisario que habría participado de la detención de su marido, y decidió no criar a su hijo Fernando, que por ese motivo pasó su niñez de albergue en albergue. Publicaciones de Fernando dan cuenta de un vínculo roto, de reclamos reiterados a su madre y a su medio hermano. Más recientemente, sus redes sociales daban cuenta de un vínculo reconstruido. La relación siempre había sido conflictiva. Durante la pandemia padeció un brote psicótico y amenazó con suicidarse. El asesinato de Susana Montoya se encuentra bajo proceso de investigación; el "motor" de un eventual "matricidio" debe ser probado, pero el caso y los testimonios que giran a su alrededor reflejan aristas de un drama social e individual, en una familia víctima de la represión estatal durante y posterior a la última dictadura. El crimen se produce en un contexto en el que los secuestros, torturas y violaciones, asesinatos, apropiaciones, cometidas por los genocidas del golpe de estado de 1976 son puestas en cuestión por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza. La visita al penal de Ezeiza y la conspiración de los propios genocidas condenados con Astiz a la cabeza para ser indultados, pero además para que los cientos de responsables políticos y sobre todo económicos, el andamiaje de un régimen político que avaló el terrorismo de estado, permanezca impune. No faltarán los que quieran utilizar el giro de la causa para defender una política de fascistización y un estado policial, tal y como busca implementar el gobierno liberticida de Javier Milei, con la destrucción definitiva de libertades democráticas conquistadas por los trabajadores en Argentina. Para ello necesita derrotar definitiva y políticamente a los trabajadores. Este cuadro enciende las alarmas y la reserva humana de una sociedad que no está dispuesta a perderlas. El caso de Ricardo Albareda El padre de Fernando, Ricardo Albareda, había sido miembro del aparato de inteligencia del ERP en los '70, a su vez, subcomisario de la policía de Córdoba. Se había recibido de Ingeniero en Comunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba, Ricardo priorizó su compromiso militante sobre su carrera policial, durante la dictadura desvió operativos de la policía y advirtió sobre allanamientos programados, para salvar decenas de vidas. “El 26 de septiembre de 1979 una patota del D2 cordobés se lo llevó al CCD “Casa de Hidráulica”, frente al lago San Roque donde lo asesinaron, según confesó ante los jueces, el 28 de octubre de 2009, el expolicía Ramón Calderón (Página 12 9/8). Según su testimonio, los policías Hugo Cayetano Britos y Américo Pedro Romano llegaron con Albareda, uniformado y esposado, lo ataron a una silla con alambres, lo golpearon salvajemente, le cortaron los testículos con una navaja, se los introdujeron en la boca y se la cosieron. Ocultaron los gritos de la victima con música y mientras Albareda se desangraba, los comisarios comieron un asado, luego cargaron el cuerpo en una camioneta y ordenaron a Calderón, limpiar la sangre con lavandina”. Parte de testimonio del expolicía Ramón Calderón ante la justicia. LEER MÁS: La “foto de familia” de los genocidas con los diputados liberticidas La corriente fascista del gobierno ‘libertario’ levanta cabeza. Por Jacyn, 07/08/2024. Susana Montoya, un crimen político con la firma de los “grupos de tareas” Movilicémonos por el castigo a los culpables. Por Olga Cristóbal, 05/08/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: #AltamiraResponde "¿Qué opinión tiene de los ataques fascistas a militantes de DDHH?" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

El recelo entre La Libertad Avanza y el PRO escaló esta última semana con el anuncio unilateral del gobierno nacional del traspaso del transporte colectivo que recorre la Ciudad al gobierno porteño. Significa que éste deberá asumir el subsidio que, hasta ahora, recibían de Nación las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Capital Federal. Están en juego unos $ 7.500 millones mensuales, que representan aproximadamente el 40 % de la ´tarifa técnica´. Sin estos subsidios, el boleto pasaría a costar entre $ 850 y $ 1.300, según diferentes cálculos. Algunos interpretaron esto como una represalia a las críticas -por cierto, bastante moderadas- que Mauricio Macri hizo el 1 de agosto durante un acto de ´relanzamiento´ del PRO en La Boca. Al tema de los subsidios al transporte se suma, además, la retención de la coparticipación de la Ciudad por parte del gobierno nacional, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema ordena su restitución. En ese caso, son $ 80 mil millones mensuales, sin contar la deuda acumulada desde que el gobierno de los Fernández decidió recortar los fondos que el Estado porteño recibía hasta entonces. “Jorge Macri está en medio de una encrucijada clave para su futuro”, dice Perfil (10/8), porque el alcalde porteño “quiere mantener la buena relación con los libertarios”. La afinidad política y programática entre ambos partidos es evidente. El partido de Macri apoyó a Milei en el balotaje, incluso le propuso formar una coalición de gobierno, variante que finalmente el ´libertario´ descartó. Pero la razón de fondo de este choque, sin embargo, no se encuentra en las diferencias personales que pudieran mantener ambos cabecillas de la derecha vernácula. Las razones son más prosaicas: el tándem Milei-Caputo se ha revelado incapaz de superar el quebranto del Estado argentino, a pesar de todos los apoyos recibidos, y le ha enchufado a su semi socio un default, como hizo antes con las empresas energéticas, los bancos y los jubilados. “Milei hizo en un mes lo que Macri no pudo hacer en cuatro años”, disparó Sturzenegger sobre su ex jefe político, solamente para descubrir que el zarpazo contra los salarios y jubilaciones que tanto entusiasmó a la burguesía no ha conducido a ninguna salida. “Fui demasiado optimista al principio”, sinceró Paolo Rocca, que comanda, a través de hombres del Grupo Techint, YPF y la Secretaría de Trabajo. El endeudamiento no ha dejado de crecer a pesar de la contracción de ingresos que ha sumergido entre la pobreza y la indigencia al 60 % de la población. El gobierno de Milei ha metido la mano en todos lados. Licuó salarios y jubilaciones a través de una devaluación brutal de la moneda; cerró decenas de organismos estatales y despidió a miles de trabajadores públicos; congeló la obra pública; pagó con bonos las deudas que mantenía con las empresas generadoras de electricidad, gas natural y hasta energía eólica; les enchufó bonos a los importadores y postergó para las calendas griegas el pago de la deuda generada por los fallos favorables a los jubilados, entre otros. Con reservas negativas, el gobierno debería afrontar vencimientos por 25 mil millones de dólares a los bonistas privados en 2025. El FMI ha advertido sobre las ´dificultades´ que encontrará el gobierno argentino para hacer frente a ese vencimiento masivo. El reciente derrumbe de las Bolsas de todo el mundo ha fulminado las chances de levantar la cotización de la deuda argentina y arrancar nuevos préstamos. En vísperas de este sacudón internacional, Caputo había llevado las reservas de oro -las alhajas de la abuela- a la casa de empeño de Basilea como garantía, reflejando la desesperación del gobierno. La burguesía mantiene su apoyo a Milei por haber logrado una depreciación sin precedentes de la fuerza de trabajo y arrasado derechos laborales elementales, aunque sea al costo de una recesión y una miseria espantosas. La crisis con Jorge Macri podría derivar en un verdadero entuerto. El macrismo apelaría al arbitraje de la Corte Suprema. Cortar los subsidios que reciben las empresas de colectivos significaría, no sólo un tarifazo monumental, sino también un descalabro de tarifas, pues serían diferentes según el recorrido de cada línea. Hay tres alternativas: que el costo lo asuma Nación, la Ciudad o los usuarios. El deterioro social que se manifiesta en la Ciudad es notorio. El precio del transporte ha pasado a ser uno de los focos más conflictivos con la población trabajadora y, por lo tanto, políticamente explosivo. LEER MÁS: La madre de todos los tarifazos: Caputo aumenta el boleto y transfiere el transporte de colectivos a Macri y Kicillof Además le concede a Galperin el negocio del pago del boleto con medios electrónicos. Por Aldana González, 08/08/2024.

El ministro de economía, Luis Andrés “Toto” Caputo otra vez “prometió que la inflación llegaría al 1 % en septiembre” (ambito.com, 8/8). Pero los resultados de la Dirección de Estadística y Censo de CABA arrojaron un aumento sostenido: la cifra pasó del 4,4 de mayo al 4,8 en junio y al 5,1 % en julio. El salario harto desvalorizado sigue perdiendo contra la inflación aunque ahora sea de un sólo dígito mensual. La destrucción del salario lleva años y las promesas fueron solo promesas de campaña, nunca estuvo en el plan de gobierno garantizar la recuperación de las condiciones de vida de los y las trabajadoras que, según el gremio al que pertenezcan, llevan perdiendo contra la inflación entre 40 y 20 puntos en los últimos años. El ataque a los salarios y jubilaciones es el plan de gobierno. Las patronales no se quejan porque, aunque cae la capacidad de compra de los salarios, lo que más cae es el costo laboral. Según Clarín (9/8), “en proporción, la inflación porteña sigue golpeando más a la clase media asalariada y profesional”. Según el informe del organismo estatal, los rubros que tuvieron más aumento fueron las frutas (9,5 %) y las verduras, tubérculos y legumbres (9,4 %). Les sigue, con 7,3 %, el incremento en la medicina privada - trepó la cuota de las prepagas. Otros de los mayores saltos en las cifras se registraron en alquileres, las tarifas de los servicios domésticos, el transporte, las cuota de los colegios privados y el combustible. El costo de la vivienda convirtió a la Capital en una ciudad expulsiva, los cientos de miles de personas que ingresan a diario a trabajar lo hacen en trenes que, en lo que va del año, aumentaron 696,8%; a partir del lunes, volverá a subir el boleto de los colectivos del AMBA. Al 152,9% de tarifazo de los primeros meses se le va a sumar este porcentaje que va a impactar en la inflación de agosto. Según datos oficiales, el 30,4 % de los hogares -que equivalen a 411.000 viviendas y el 35,1 % de la población, más de un millón de personas-, se encuentra en situación de pobreza. En la comparación interanual, hay un crecimiento de 198.000 hogares y 410.000 personas en condición de pobreza. También aumentó la indigencia en CABA: el 15,3 % de la población es indigente, lo que suma 471.000 habitantes, cifra que duplica el porcentaje del primer trimestre de 2023 (8,4 %). “Con el dato del mes pasado, en los primeros siete meses del año el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires acumula un alza del 98,5 % y una trayectoria interanual del 264,9 %” (Clarín, 9/8). Si se suma la inflación de cada mes, en los 7 meses que pasaron, los alimentos como verduras y legumbres, aumentaron 157,1 % y la leche, los productos lácteos y los huevos aumentaron 118,9 %. Todos productos a los que se les carga el IVA y que son rubros que tienen mayor impacto entre los trabajadores de menores ingresos. Otros de los grandes aumentos en lo que va del año fueron el gas con un 448,2 %, la electricidad con 293 % y el agua con 248 %. No se trata de eliminar la inflación, esa es una vía muerta. Se trata de recuperar los salarios. Frenar los tarifazos a los servicios y el transporte. Terminar con los despidos y suspensiones repartiendo las horas de trabajo y organizando bolsas de trabajo de desocupados que sean tomados bajo convenio.

Las denuncias contra Alberto Fernández han despertado en las últimas horas un furioso “deslinde” por parte de los principales dirigentes del peronismo, comenzando naturalmente por Cristina Kirchner. El propósito de esta operación es aminorar los daños de una debacle política, que el escándalo de estas horas no ha hecho más que poner de manifiesto. Una ladera de la ex presidenta, la intendenta quilmeña Mayra Mendoza, ha llegado a afirmar que Cristina sería otra “víctima de género” del ex presidente, por las agresiones verbales que le habría propinado en privado. Es una forma grosera de encubrir la responsabilidad política de la ex presidenta en la designación de Alberto Fernández y en su gestión de gobierno. Cristina podía desconocer la intimidad familiar de su compañero de fórmula, pero conocía demasiado bien la trayectoria política y personal del candidato que ungió. De menemistas a “nacionales y populares” Alberto Fernández fue miembro destacado de un elenco de carreristas políticos criado en el PJ de la Capital, que debutó en el menemismo para pasar a revistar en las filas “nacionales y populares” después del Argentinazo y de la bancarrota de 2001. Naturalmente, a la cabeza de esta reconversión estaba el propio matrimonio Kirchner. En su tuit de estas horas, Cristina señala que “Alberto no fue un buen presidente”, e incluye en esa categoría a Macri y a De la Rúa. Pero no a Menem, con quien el matrimonio K cogobernaba desde Santa Cruz en los años noventa. Bajo el menemato, Alberto se destacó como funcionario y lobbysta de la privatización de las jubilaciones y de los “riesgos del trabajo”, un hilo conductor que, de acuerdo al juicio que hoy se tramita en los tribunales federales, jamás abandonó. En ese vínculo permanente con bancos y aseguradoras, Fernández fue y vino de los Kirchner, pero nunca se alejó de los pasillos del capital financiero. Cristina Kirchner no eligió a Alberto como candidato a pesar de esta trayectoria, sino precisamente por ella. El gran cometido de la “Unión por la Patria”, después de la debacle financiera de los Macri-Caputo-Sturzenegger, era juramentarle a los acreedores internacionales el compromiso de pago de la deuda pública, incluso con una reestructuración mediante. Días después de haber sido ungido por Cristina, AF protagonizó un encuentro con los principales agentes de los fondos internacionales en la Argentina, donde se comprometió a “honrar” la deuda. Ni la pandemia impidió que los Fernández y Guzmán pusieran en marcha un canje que obliga a Argentina a compromisos de pago de 20 a 25.000 millones de dólares de capital e intereses a partir de 2025. No conforme con ello, la pandemia fue el pretexto para que el gran capital nacional y extranjero recibiera del gobierno de los Fernández un generoso rescate del Tesoro y del Banco Central. Con esos recursos, la gran burguesía fugó del país 40.000 millones de dólares, tres años de balance comercial positivo. El pueblo pagó ese salvataje con miseria social, inflación, mayor precarización del trabajo. El fascismo libertario echó cría sobre este fantástico rescate del capital a costa de las masas. Fernández no fue un exabrupto: fue un producto político “genuino” del pejotismo y del kirchnerismo. El palacio y la choza Cristina Kirchner separa esta historia de negociados y rescates del episodio “de género”, y apela para ello a un expediente curioso - la “sororidad”. La ex presidente se conduele de “la situación de la mujer en cualquier relación”, (sea) “en el palacio o en la choza”. Y viene a descubrir que “la violencia a la mujer atraviesa a la sociedad en todos sus estamentos”. Es un modo sibilino de despojar al episodio Fernández de sus raíces políticas y sociales, y transformarlo en un exabrupto propio de la naturaleza humana. A despecho de lo que afirma CFK, la violencia doméstica no se sustrae de los antagonismos sociales; por el contrario, se encuentra vertebralmente atravesada por ellos. La violencia doméstica en “la choza”, o en la barriada, tiene como telón de fondo a la miseria social; a la familia obrera cruzada por el hacinamiento habitacional; el desempleo o, alternativamente, las jornadas laborales agobiantes. Naturalmente, esa violencia debe ser combatida y superada, en primer lugar, por medios políticos, convocando al hombre y a la mujer trabajadores a batallar por la superación del régimen social partero de la violencia en todos los órdenes. Del otro lado, la violencia del “palacio”, la de los círculos del capital y sus comisionistas, es la violencia que se oculta con vastos recursos, dirigidos a comprar impunidad. Hasta donde le es posible, el silencio sobre los escándalos y crímenes se cotiza con la misma lógica de las acciones o títulos de deuda. La violencia doméstica de “los de arriba” es un episodio de la violencia social que se ejerce desde el Estado o la gran corporación. Sus responsables son protegidos por el propio aparato estatal, hasta que ese aparato se fractura en torno de los intereses y camarillas que lo sostienen. En un peronismo en picada libre, en la fila de las tropelías de género se anotan José Alperovich , Fernando Espinoza y Martín Insaurralde , sólo por nombrar a los más notorios. En cuanto al caso de estas horas, Fabiola Yáñez acaba de denunciar que “unos cuantos conocían” las circunstancias que envolvían a su crisis familiar. Ahora, es defendida por Mariana Gallego, esposa de un abogado mediático que pasó por las filas del massismo, y ahora no oculta su simpatía por el gobierno de Milei. El escándalo personal de Alberto Fernández ha pasado a ser una pieza de la crisis política. Implicancias políticas El caso Fernández ha puesto de manifiesto una implosión del peronismo que, naturalmente, lo precede. La renuncia de Fernández a la presidencia del PJ abre una pelea sucesoria que pondrá todavía más al rojo vivo esa disgregación. A nadie escapa que, con este escándalo, el gobierno de Milei ha recibido un billete premiado, el cual no debe a ningún mérito propio sino al derrumbe de los bloques políticos que lo precedieron. El enorme impacto popular de este bochorno en desarrollo, sin embargo, no le añade ninguna salida a las agudas contradicciones que enfrenta el régimen libertario. La mujer de los barrios que contempla azorada el rostro tumefacto de la ex primera dama, es la misma que asiste a un comedor popular desabastecido de alimentos. Los universitarios, los aceiteros, los petroleros no dejarán de salir a luchar contra la confiscación de sus salarios. Pero el episodio de Fernandez sí refuerza una cuestión que debe ser intensamente debatida en estas horas entre los trabajadores: la lucha inevitable y encarnizada contra el gobierno de Milei-Caputo no puede ni debe cargarse con la hipoteca de un aparato político y sindical en descomposición, aunque continúe invocando la retórica “nacional y popular”. Las luchas extraordinarias que se vienen deberán reposar sobre nuevas bases. LEER MÁS: La denuncia de violencia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández Por Violeta Gil, 08/08/2024.

El Frente Sindical Universitario Nacional en el que confluyen las federaciones docentes, no docentes y estudiantiles (CONADU H, CONADU, FEDUN, CTERA universitaria, UDA, FAGDUT, FATUN y FUA), el 4 de julio se reunió con las autoridades del CIN (la entidad que agrupa a los rectores de todas las universidades del país) en la que denunciaron la falta de solución de parte del gobierno a los reclamos salariales y un conjunto de atropellos que se estaba produciendo en diversas universidades por parte de las autoridades de las mismas (en la universidad de Mendoza el descuento de los días de paro, en la del Litoral, el no reconocimiento de la antigüedad a los docentes de la escuela Granja) daba cuenta que, luego de la monumental manifestación de masas del 23 de abril, los reclamos de los docentes y no docentes no solo no se habían solucionado, sino que la caída salarial no se había detenido y que en varios casos eran los propios rectores los encargados de aplicar medidas represivas y de ajuste contra los trabajadores. En ese cuadro, el gobierno decidió endurecer la ofensiva contra los trabajadores de la educación levantando toda negociación paritaria y resolver la cuestión salarial por la vía de los decretos. Reuniones posteriores del Frente Sindical Universitario destacaron que la caída salarial promediaba el 60 % y que los aumentos que el gobierno comenzó a establecer por decreto no solo no recuperaban la caída salarial acumulada, sino que establecían cifras por debajo de la inflación en curso. Durante julio también comenzaron a hacerse públicos pronunciamientos de los rectores denunciando que el gobierno incumplía con la transferencia de las cuotas presupuestarias. Con ese escenario, el Frente Sindical Universitario se vio obligado a acordar para el 2° cuatrimestre retomar endureciendo las acciones de fuerza; estableciendo el 12 de agosto como fecha de inicio de una huelga educativa. Por su lado, y como síntoma de lo que vendría, los docentes agrupados en ADIUC (Córdoba) comenzaron un plan de lucha con paros crecientes y manifestaciones. Frente a estos anuncios de paros nacionales, desde el gobierno intentaron con diversas maniobras desinflar los reclamos. En Julio el gobierno decreto un aumento del 4 % que generó el repudio generalizado de la docencia, pero a la hora del cobro y sin previo anuncio, el gobierno le agregó un 3,5 % más al aumento, una medida que de ninguna manera terminô de conformar, y como respuesta obligada fue la ratificación del plan de lucha. Con el inicio del mes de agosto, el Frente Sindical se encontraba enfrentado a ponerse a la cabeza de una huelga nacional con el precedente del 23 de abril. Por eso mismo, retiró de la agenda la realización de una 2° marcha Federal, a pesar de que era el planteo que se reiteraba en todas las asociaciones y asambleas de base. Posteriormente, y con una función distraccionista justificada en nombre de la unidad; el Frente Sindical resolviô la participación en la jornada del 7 de agosto por San Cayetano. Ya sin márgenes, un nuevo plenario del Frente Sindical por medio de un comunicado ratificaba que a partir del lunes 12 se paraba por 72 horas (12,13 y 14) y a la semana siguiente por 48 horas (20 y 21). Sin embargo, casi en simultáneo, algunos de los agrupamientos que integran el Frente, como es el caso de FEDUN y FATUN (son las organizaciones universitarias que integran la CGT), salieron a anunciar que lo resuelto era paro el lunes 12 y la semana siguiente paro de 48 horas, y el referente de FEDUN salió a copar los medios con estos anuncios generando una gran confusión. En contraposición, algunas universidades dirigidas por el FAB (Frente de Asociaciones de Base, que integran la CONADU) como Rosario, Córdoba, Río Cuarto y Mar del Plata votaron en sus asambleas parar 6 días seguidos, del 12 al 17 de agosto e impulsar una nueva Marcha Federal. El FAB se constituyó en el 2022, integra la CONADU y actúa como tendencia dentro de esa Federacion. Agrupa a las universidades de Mar del Plata, Nordeste, Chaco Austral, San Juan, Río Cuarto, Jauretche , José C. Paz, Rosario, Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, Córdoba, UNIPE, Avellaneda, y General Sarmiento. Pronunciamientos en el mismo sentido han surgidos en distintas asociaciones de base de la CONADU H. Con este cuadro, desde el gobierno ensayaron una última maniobra y convocaron para el viernes 9 a una reunión paritaria para discutir los salarios que resultó un gran fiasco y enardeció aún más los ánimos de las docencias y todas las organizaciones se pronunciaron repudiando la oferta del gobierno de un aumento del 3 % para agosto y el 2 % para setiembre, como única y última oferta. Así, traumáticamente, se fue abriendo y afirmando el reinicio de la lucha de los trabajadores, docentes y no docentes, de las 61 universidades nacionales. Los reclamos de recomposición salarial y aumento del presupuesto son las reivindicaciones centrales. En distintas universidades se contemplan jornadas de paros activos, con clases públicas, concentraciones y marchas. En algunos casos se abierto la discusión de la ocupación de las facultades. En el caso de los rectores, en esta oportunidad han reiterado el apoyo a los reclamos y en algunos casos dan apoyo concreto para la materialización masiva de las acciones. En el caso de FEDUN han reiterado que solo van a parar el 12, pero hay asociaciones de base, como ocurre en Tucumán, que han resuelto que van a parar por 72 hs. acompañando a la ADIUNT, el sindicato combativo que integra la CONADU H. En el caso de la FATUN también sostienen que van a parar solo el 12, pero en los días subsiguientes, en algunas regionales van a realizar acciones de agitación y difusión que visibilizarían los reclamos y las luchas de los sectores docentes. La cuestión de la Marcha Federal, al compás del descontento y los pronunciamientos de las asociaciones de base, se ha reinstalado. La CONADU H ha convocado a un plenario de Secretarios Generales para el jueves 15 que en el temario, a la par de discutir el balance de la lucha y como continuar, figura el punto de la nueva Marcha. El debate de cuándo concretarla tiene una gran importancia, pues la cuestión clave de la manifestación del 23 de abril fue la irrupción masiva del movimiento estudiantil. El calendario de clases es muy dispar. Actualmente hay decenas de universidades en las que las actividades académicas plenas no se han reiniciado. Todos coinciden en que la primera semana de setiembre es el momento más apropiado para lo cual el proceso de lucha huelguística se debe sostener, y el clima, o sea la preparación de la marcha se debe concretar desde ya, con asambleas, clases públicas, autoconvocatorias que superen la acción de freno de las burocracias estudiantiles, etc. Los paros nacionales universitarios previstos se entrelazan objetivamente con los paros y manifestaciones crecientes en por lo menos 6 jurisdicciones de la docencia provincial, y que en el caso de Córdoba y Entre Ríos se expresan en manifestaciones extraordinarias de masas. La huelga universitaria se va a concretar en un momento donde la paciencia colectiva de los trabajadores se está agotando y en el horizonte no se avizora más que la continuidad e incluso la profundización de la recesión, con sus secuelas de despidos y ataques a los derechos colectivos de los trabajadores. Los conflictos y las luchas se multiplican. Ahí están en primera línea la huelga por tiempo indefinido de los aceiteros por el aumento salarial y contra el impuesto al salario, pero no son solo ellos. Los obreros del neumático agrupados en el SUTNA contra los despidos, los trabajadores petroleros contra los impuestos al salario, los estatales contra los despidos, etc. dan cuenta de las inquietudes y luchas crecientes de los trabajadores que se desenvuelven a pesar del sabotaje de la burocracia de la CGT y de todas las burocracias. La gran cuestión, estratégica, para llevar la lucha en curso a la victoria, es unirlas en un frente de lucha por el salario, y todos los reclamos pendientes. En este sentido, el desarrollo de la huelga universitaria puede constituir y darle un fuerte empuje a que las fuerzas elementales de los trabajadores irrumpan y empujen a que se concrete por medio de plenarios, congresos, un frente de unidad por la huelga general. LEER MÁS: Universidad: si no es ahora, ¿cuándo? Por Anahí Rodríguez, 08/08/2024.

Durante un cierto tiempo la prensa internacional especuló con que la salida de la OTAN y Ucrania al desplome de la resistencia ucraniana a la ofensiva de Rusia en el este del país, serían ataques de represalia sobre Crimea; el puente Kerch, entre el territorio ruso y esa península, y contra la flota rusa en el Mar Negro – todo dentro de las fronteras oficiales de Ucrania. De hecho, la flota de Rusia se retiró de Sebastopol, capital de Crimea, hacia las costas territoriales. El propósito político de esos ataques, que se ejecutaron, aunque parcialmente, habría sido forzar al Kremlin a una negociación que incluyera el retiro de las tropas rusas de los territorios ocupados. El martes pasado ocurrió algo diferente. Cuatro brigadas ucranianas, con un total de mil hombres, penetraron en la frontera norte con Rusia en la región de Kursk, que, seis días más tarde, aún tienen ocupada. Dejó en evidencia una operación largamente preparada, con personal militar altamente calificado, que contó con una coordinación aérea, electrónica y de infantería. Aviones F-16, drones y un hackeo monumental, con millones de intervenciones por segundo en el sistema ruso. Seis días más tarde, Rusia habría frenado esa ofensiva pero sin lograr hacerla retroceder, aunque de acuerdo a algunas fuentes, ella habría avanzado “en profundidad” ocupando regiones aledañas. Mientras las autoridades ucranianas aseguran que la operación tomó por sorpresa a sus aliados de la OTAN, la realidad es que fue dirigida por la misma OTAN, y que descansó fuertemente en la Inteligencia de Estados Unidos y estuvo todo el tiempo bajo el control de la base norteamericana instalada en Ramstein, Alemania. El descartado presidente Biden ha enviado en secreto a Ucrania misiles con un alcance de 250 kilómetros. Los incursores “han tomado el control total de una ciudad que funciona como ‘nodo vial’ cerca de la frontera”. Blogueros y diputados de Rusia reaccionaron a la incursión denunciando la carencia de un sistema militar de defensa en la frontera en múltiples niveles, y el fracaso de la Inteligencia rusa para advertir de una operación que tuvo un largo período de preparación. El blanco apunta directamente al presidente Putin, que vuelve a enfrentar una seria crisis política como la que desató la milicia Wagner cuando abandonó territorio ucraniano e ingresó sin resistencia en territorio ruso para reclamar la destitución del alto mando militar que dirigía la llamada “operación militar especial” en Ucrania. La penetración en más de 40 kilómetros de territorio ruso y la ocupación de un área de 350 kilómetros cuadrados ha afectado también a Bielorrusia, que asegura haber derribado drones ucranianos. La incursión violenta las llamadas “líneas rojas” de la guerra – el compromiso reiterado de Biden, por un lado, y de Putin, por el otro, de que la guerra no saldría del marco territorial de Ucrania. Se trata, entonces, al menos en principio, de una escalada estratégica de la guerra. Es lo que entiende una columna del Wall Street Journal, que convoca a entregar a Zelensky misiles de mayor alcance, como los Atacams, que podrían llegar a Moscú. Zelensky ha apoyado este reclamo con un argumento más defensivo, señalando que desde la frontera norte se produjo la invasión de Rusia, en mayo pasado, en dirección a Kharkhov, la segunda ciudad en importancia de Ucrania. En esa ocasión Putin se comprometió a que no ocuparía la ciudad en una tácita admisión de que la consideraba entre las “lineas rojas” que no debía cruzar la guerra. De acuerdo a algunos analistas, la intención de la operación es mantener ocupada la región, lo cual supondría un despliegue militar mayor al de las cuatro brigadas. En las proximidades de la zona ocupada por las brigadas ucranianas se encuentra una red importante de gas, pero por sobre todo instalaciones nucleares. El propósito sería forzar a Putin a declarar una movilización general de la población y llevarlo a desatar una crisis política de conjunto. Es también la opinión del jefe de gobierno pro-ruso de Hungría, Orban, que se ha reunido recientemente con Putin, en su condición de presidente temporario de la Unión Europea - “desestabilizar la Federación Rusa”. Dimitri Medvedev, ex presidente de Rusia, acaba de plantear públicamente que Rusia debe lanzarse a la ocupación de Kharkhov, Odessa, Kherson, Dniepopetrovsk, e incluso Kiev, la capital de Ucrania; o sea a declarar la movilización total de la población. El planteo es, de hecho, una crítica a la política militar de Putin, que combina la acción en el este con bombardeos diversos a las infraestructuras de Ucrania, que no tienen resultados militares. Es, sin embargo, prematuro hacer una caracterización definitiva de los propósitos políticos de la incursión. Hasta ahora la invasión ha cubierto su etapa “más fácil” – ahora deberá hacer frente a la respuesta de Rusia. El régimen de Putin atraviesa por una crisis en el mando militar que ha desatado una serie de purgas y que esta incursión que lo tomó ‘por sorpresa’ va a agravar. En cualquier caso ha probado el carácter contrarrevolucionario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia como respuesta a la ofensiva política y militar de la OTAN. Por otra parte, la impopularidad de la guerra contra Rusia crece a grandes pasos en la UE, en los Estados Unidos y en el mundo entero. Es necesario explotar esta debacle general para unir a los trabajadores de todo el mundo en la lucha por poner fin a la guerra y a los gobiernos que la sostienen con el sacrificio de sus pueblos. LEER MÁS: La Cumbre de Washington "otaniza" la guerra contra Rusia Mientras la crisis política avanza en EEUU, Francia y Alemania. Por Jorge Altamira, 13/07/2024. Por el cese de la guerra mundial entre la OTAN y Rusia, por la defensa incondicional de la lucha nacional palestina, por el derrocamiento de los gobiernos imperialistas y belicistas Declaración Política Internacional del III Congreso de Política Obrera, publicada en politicaobrera.com el 01/07/2024.

El Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático (SUTNA) realizó este domingo en su camping de El Jagüel una asamblea general de los trabajadores de Bridgestone. Hace ya seis meses que se vienen ejecutando ataques, despidos y suspensiones por parte de la patronal nipona. El comunicado de prensa del Sindicato señala que la asamblea rechazó los despidos y suspensiones así como la declaración del Preventivo de Crisis (PPC), presentado por la patronal y que cuenta con el aval de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de “Capital Humano”, que ocupa un gerente de Techint, Julio Cordero. La asamblea mandató a la Directiva para decidir medidas de lucha. Las patronales del Neumático, pero Bridgestone en particular, han venido violando todas las conciliaciones obligatorias y medidas judiciales que se han dictado contra las condiciones de trabajo insalubres o los cientos de despidos; en Fate han habido 97 despidos. En el caso de Bridgestone, pretende deshacerse de 452 compañeros, la mayoría con una amplía antigüedad en la planta y parte del activismo de la fábrica. La patronal ha utilizado todas las medidas a su alcance en este período, desde un lockout extorsivo, al suspender la producción durante más de una semana, a retomar la producción con 452 suspendidos, dando por adelantado la lista de despedidos. El SUTNA ha realizado una seguidilla de actos y volanteos en puerta de fábrica en estos meses de conflicto, con distinta participación de los trabajadores de la planta. La asamblea no ha resuelto medidas de lucha, en función de que el PPC las prohíbe; o sea que la arbitrariedad legal está plenamente en marcha. La única medida anunciada fue ollas populares el próximo martes 13 en las puertas de las tres grandes fábricas del neumático (Pirelli, FATE y Bridgestone). La asamblea no discutió el cambio de situación que han creado la huelga general de aceiteros, docentes en diversas provincias y una huelga de 72 horas en todas las universidades nacionales, que involucra a sus docentes y no docentes. Es la oportunidad de unificar estas luchas, y rechazar las conciliaciones obligatorias y los preventivos de crisis, cuyo propósito indudable es asestar una derrota a la clase obrera del Neumático.

El escenario de una guerra generalizada en el Medio Oriente se encuentra enteramente desplegada. El asesinato del líder de Hamás, Isamil Haniyeh, en Teherán , a principios de mes, por un misil lanzado por Israel constituye una nueva declaración de guerra contra Irán, luego del bombardeo de la embajada iraní en Damasco, Siria , en abril pasado que resultó en un intercambio de misiles entre el Estado persa y el Estado sionista . Haniyeh era, nada menos, que el negociador, por parte de Hamás, de un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes detenidos en Gaza. Alí Khameini, el líder de Irán , ha prometido ejercer el derecho de represalia por la violación de la soberanía del país. “Hasta ahora, sin embargo, señalaba hace una semana el diario Haaretz, las Inteligencias israelí y americana no han podido determinar cómo y cuándo Irán y Hizbollah responderían a los dos asesinatos”– el segundo dirigente de esa milicia en Líbano. En los días siguientes comenzó a circular la versión de que Irán desistiría de una represalia -o la postergaría sin fecha- a cambio de un acuerdo de cese del fuego en Gaza. Esta operación de propaganda fue validada por un editorial del Financial Times (7/8) que aseguraba que “un cese del fuego en Gaza es la única vía para parar el ingreso de la región en un ciclo de violencia”. Esa alternativa no tenía el menor sustento cuando se considera que el primer ministro de Israel ha rechazado cualquier opción que difiera del objetivo de la “victoria total” en la Franja, o sea el aniquilamiento de Hamás, que tiene pocas probabilidades de realización. La milicia palestina ha resistido por diez meses el bombardeo ininterrumpido de la población gazatí. Luego del reciente asesinato de 100 personas por el bombardeo a una escuela, en su mayoría mujeres y niños, el gabinete sionista ha adelantado la intención de continuar con el ataque a otras escuelas, en las que dice que se cobijarían centros de comandos de Hamás. El ‘puente de plata’ tendido a las autoridades de Irán para que no respondan al ataque contra su territorio, fue siempre una simple estafa y se encuentra definitivamente dinamitado; ni el imperialismo ni el sionismo quieren un cese del fuego permanente en Gaza. Hace un par de horas, el Wall Street Journal ha informado que “Israel ha puesto a sus militares en alerta máxima y el Pentágono dijo que está enviando un submarino con misiles a la región y apurando el arribo de un segundo portaviones, ante las crecientes preocupaciones de una respuesta de Irán y Hizbollah a los asesinatos de sus líderes en Teherán y Beirut... Austin (el jefe del Pentágono) le dijo a Gallant (el ministro de Defensa de Israel) que ha ordenado al portaviones Abraham Lincoln, que está equipado con aviones de caza F-35C, apurar su marcha al Medio Oriente, donde se va a sumar al portaviones Theodoro Roosevelt, que se encuentra en la región”. Los blancos de un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos están totalmente definidos: puertos y aeropuertos, la infraestructura energética y bases militares. Esto en cuanto a Irán; la población está abandonando Líbano ante la certeza de una amenaza de destrucción de Beirut. Una publicación militar norteamericana (militarywatchmagazine) ha adelantado el despliegue de los aviones de combate F-22 Raptor de quinta generación, que se encuentran en el Reino Unido hacia una locación indeterminada del Medio Oriente. Al mismo tiempo, la población del norte de Israel ha debido abandonar sus hogares como consecuencia de la guerra y la de Haifa, a 50 kilómetros, se entrena para pasar el día en refugios. Es la consecuencia de las acciones del Estado sionista y del propósito de erradicar al pueblo palestino de su territorio. No muy lejos de esta región, cuatro brigadas de élite del ejército de Ucrania han ocupado una amplia zona en la frontera con Rusia , en una operación combinada de infantería, artillería y electrónica comanda por la OTAN, que se encuentra bombardeando bases militares e infraestructuras rusas. El imperialismo mundial está completando el escenario de la tercera guerra mundial en condiciones catastróficas incomparables con las anteriores. Apunta, en principio, a un cambio generalizado de regímenes políticos a nivel mundial. Todo esto tiene lugar mientras el Estado sionista desarrolla un nuevo tipo de guerra al interior del país mediante la aplicación de la tortura, vejámenes, violaciones sexuales e incluso amputaciones aplicadas en cárceles y sedes militares. Lo denuncia una organización israelí de derechos humanos -Betselem- que ha sido confirmado a su modo por el ejército de Israel, al iniciar un juicio en tribunales militares a siete reservistas. A la masacre y el genocidio en Gaza se añaden los campos de concentración. Se ha creado una situación sin retorno para el régimen sionista , que no podría tolerar el sistema de alternancia en el gobierno que caracteriza a las democracias capitalistas. En forma paralela, continúa, con apoyo militar y judicial, la expulsión de la población palestina de la Cisjordania ocupada. El sionismo está ofreciendo su versión contrarrevolucionaria de la consigna “del río hasta el mar”, con el apoyo inquebrantable del imperialismo mundial. La amenaza a la humanidad toda se encuentra desplegada en toda su dimensión. Este siniestro ‘cambio de época’ plantea como nunca la revolución socialista mundial .

Este miércoles 14 de agosto el Congreso intentará avanzar con la declaración de esencialidad de la educación . No discutirán cómo resolver los problemas de las escuelas, los salarios de docentes o las necesidades de estudiantes. Solo pretenden impedir el derecho a huelga para despejar el camino para profundizar su ajuste contra la educación. CTERA y las centrales sindicales CGT y CTA, deben convocar al PARO NACIONAL y al plan de lucha y movilizar al Congreso y en todas las provincias. Desarrollaremos una Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. A nueve meses de su asunción, la motosierra y la licuadora de Milei y los gobernadores siguen funcionando a pleno. El conjunto de los sectores populares venimos padeciendo una brutal caída de nuestros ingresos, recortes de presupuestos y despidos junto con una profunda avanzada sobre derechos históricos conquistados en décadas de lucha. La sanción en el Parlamento de la Ley Bases y los avances del gobierno de Milei solo fueron posibles por el acuerdo de gobernadores y de las bancadas que vienen apoyando el ajuste. Frente a esta ofensiva brutal lxs trabajadores venimos protagonizando importantes luchas y, una vez más, lxs docentes somos protagonistas fundamentales. Fueron muchas y muy importantes las batallas durante el primer cuatrimestre, y en particular vale destacar la heroica lucha de la docencia misionera. En estos días estamos protagonizando planes de lucha en Neuquén, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Jujuy. A salarios de pobreza debemos sumar la imposición de presentismos extorsivos y de ataques contra los sistemas jubilatorios como en Santa Fe. Más allá de las dificultades en distintas provincias el paro sigue siendo nuestra herramienta fundamental y la que verdaderamente molesta a nuestras patronales. Es por eso que hasta ese derecho quieren quitarnos. Es con ese objetivo que buscan sancionar en el Parlamento una ley que declare la educación como “servicio esencial”; no porque les interese la educación sino porque quieren prohibirnos en los hechos el derecho a la huelga. ¡No podemos permitirlo! Tenemos el desafío de construir una gran lucha nacional de toda la docencia. Una lucha que unifique los conflictos provinciales y logre la fuerza necesaria para frenar la ley cuando se trate en el Parlamento. Sabemos que no resulta sencillo, pero es el desafío impostergable que tenemos en estos días. La lucha de Misiones y la de la comunidad universitaria muestran que es posible ponerles un freno a estos gobiernos. Recuperemos lo mejor de nuestra historia. Desde las escuelas pongamos de pie a la docencia. • Basta de ajuste a la escuela pública. Basta de ataques a la docencia. • No a la “esencialidad”. La educación es un derecho, no un servicio. • Esencial es el presupuesto para infraestructura, becas, libros, comedores, salarios y la escuela pública. Devolución del FONID, conectividad y todos los fondos nacionales. • Defendamos nuestro derecho a huelga. • No a la voucherización de la educación. • Que CTERA le ponga fecha a la Marcha Federal Educativa. Paro y Plan de lucha nacional. • ES AHORA Y EN LA CALLE Firman: ADEMYS (Ciudad de Bs. Aires) ATECH (Chubut) FND (Federación Nacional Docente) Federación SITECH (Chaco) Movimiento Pedagógico de Liberación, Misiones (MPL) Unión de Trabajadores de la Educación, Misiones (UTEM) Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP) Sindicato Docentes Unidos de San Juan (SiDU) Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos (ATPEA) CEDEMS Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Jujuy) GDA (Formosa) SAE (La Rioja) ADOSAC Gregores (Santa Cruz) ADOSAC Pico Truncado (Santa Cruz) ADOSAC San Julián (Santa Cruz) AMSAFE (Belgrano) AMSAFE (Caseros) AMSAFE (General López) AMSAFE (Rosario) ATEN Capital (Neuquén) ATEN (Plottier) SUTEBA Bahía Blanca SUTEBA Marcos Paz SUTEBA Tigre SUTEBA La Matanza Multicolor Minoría de SUTEBA Moreno UEPC Capital (Córdoba) UnTER (Río Negro) Seccional Allen Congresales de CTERA del FAD, Frente por una AMSAFE Democrática Alternativa Docente Docentes en Marcha Tribuna Docente 9 de Abril Corriente Nacional Lista Gris Carlos Fuentealba Corriente Nacional Conti Santoro Corriente Nacional - Vía Socialista Otro Sindicalismo Es Posible (OSEP) Espacio Docente en ATECh (Chubut) Encuentro Colectivo Docente Provincia de Buenos Aires Espacio Verde Provincia de Buenos Aires Multicolor SUTEBA Lanús Multicolor SUTEBA La Plata Multicolor de Paraná (Colectivo por la Ventana, Alternativa Docente, Unidad Docente) Multicolor Puerto Madryn - Puerto Pirámides Agrupación MAIZ en AMSAFE Rosario Lista Naranja de AMSAFE Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Haroldo Conti Colectivo de Trabajadores de la Educación Concordia Lista Violeta Suteba General Pueyrredón-Mar de Chiquita Carlos Fuentealba Concepción del Uruguay Agrupación María Saleme - Unidad desde las Escuelas (Córdoba) Corriente independiente en educación Otilia Lescano, Córdoba Lila Negro de SUTEBA General Rodríguez Lista Roja de Tierra del Fuego Tendencia Docente Clasista Docentes del “Centro Político y Cultural Estación Obrera” LEER MÁS: Docentes: cómo enfrentamos la “esencialidad educativa” Por Emiliano Fabris, 12/08/2024. Docentes: Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Chubut en huelga Promovamos una huelga nacional. Por Emiliano Fabris, 08/08/2024.

Constanza Tarrico es una joven madre cordobesa de 33 años que lucha por permanecer con sus hijos. El padre de éstos -en realidad, la hija mayor no es hija biológica- con quien no tienen contacto desde hace dos años, inició una acción judicial de restitución internacional para que vivan con él en Alemania, aunque este país no es su lugar de residencia habitual (en los últimos años vivió en Bolivia y Argentina). La causa recayó en la jueza de Villa Dolores, Sandra Cúneo. Constanza y sus hijos viven en la localidad de Nono. La magistrada, sin tener en cuenta la separación de los niños de su madre, el desarraigo y la propia opinión de éstos, resolvió que debían ser entregados al padre. Tampoco consideró las situaciones de violencia de género que denunció Constanza cuando eran pareja y el hecho de que haya brindado información falsa sobre su lugar de residencia. El argumento principal de Cúneo es que los niños deben residir con el padre en Europa porque éste tiene su trabajo ahí y es el principal sustento económico de la familia (percibe un haber mensual de 7.000 euros por su trabajo en una empresa automotriz). Frente a la decisión judicial, Constanza no se presentó a la audiencia en la que debía entregar a los niños y se resguardó en un refugio. Por esa situación se le dictó luego la prisión domiciliaria con tobillera electrónica bajo la imputación de presunta sustracción de menores. Los vecinos de Nono y de las localidades aledañas se movilizaron a Tribunales para reclamar contra la medida de la jueza Cúneo y también rodearon la casa de Constanza cuando ésta dispuso que los niños sean retirados del domicilio donde cumple la prisión domiciliaria. Pese a la represión, la movilización logró que los niños permanezcan con su mamá. En una nueva avanzada de la Justicia la jueza resolvió ejecutar la orden de restitución del hijo menor de Constanza Taricco para que viaje con su padre a Alemania. Su hija mayor queda bajo la custodia de su abuelo materno con la perspectiva de una futura resocialización en Europa. Una nueva movilización de los vecinos convocada por la Mesa de DD.HH. Traslasierra -esta vez un corte de ruta que reunió a 200 personas- protestó contra la decisión de la Justicia y fue brutalmente reprimida, con un saldo de tres detenidos. Finalmente, el hijo más pequeño de Constanza viajó a Hamburgo para instalarse allí con el padre. La Justicia muestra una vez más su carácter reaccionario condenando a Constanza y sus hijos a separarse sobre la base de los prejuicios que pesan sobre sus elecciones y posibilidades de vida. El proceso judicial, desde todo ángulo, se trata de un proceso arbitrario que desconoce los derechos de los niños y de las mujeres. La justicia "familiarista", lejos de cualquier avance de derechos, busca preservar la sujeción de las mujeres al hogar, al marido y de los niños, al padre de familia. Su carácter clasista le permite justificar sin ningún problema que el peso económico es la razón principal por la que pueden obligar a esos niños a separarse de su mamá con la que ellos quieren vivir. Es fundamental que a la par de las instancias judiciales que llevará adelante Constanza se visibilice el caso y se acompañen las acciones de lucha que viene llevando la comunidad de Traslasierra.

Un informe publicado el 5 de agosto por el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem denuncia que Israel aplica una política sistemática de abuso sexual y tortura de todos los prisioneros palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023. La mayoría de esos prisioneros no han sido juzgados; provienen de Gaza, Cisjordania e incluso son ciudadanos árabes de Israel que se han condolido por la suerte de los gazatíes. Desde el 7 de octubre, el número de palestinos encarcelados casi se ha duplicado, de 5.192 antes de la guerra a 9.623 a principios de julio, exacerbando el hacinamiento. Más de 4.000 palestinos detenidos están bajo detención administrativa, o sea retenidos indefinidamente sin ser acusados. Muchos son liberados después de semanas de detención sin ningún cargo. Desde el primer mes de la invasión sionista a Gaza, Sde Teiman, una prisión militar israelí secreta en el desierto del Néguev, ha sido objeto de crecientes denuncias que incluyen el asesinato de un prisionero. Desde entonces, los informes sobre las torturas en Sde Teiman han aumentado, provenientes de palestinos liberados y de denunciantes israelíes, entre ellos médicos y soldados. Una investigación de CNN en mayo reveló que los detenidos eran inmovilizados y vendados, obligados a sentarse y, a veces, a permanecer de pie toda la noche bajo luces de alta intensidad. Los palestinos heridos son atados a camas, obligados a usar pañales y expuestos al hambre. Los soldados golpean sistemáticamente a los detenidos y un médico denunció que eran obligados a amputar las extremidades de los prisioneros debido a heridas no tratadas por las restricciones establecidas en el penal. Las operaciones son realizadas sin anestesia. En abril, B'Tselem había presentado una petición para que el Servicio Penitenciario de Israel pusiera fin a "una política de hambre hacia los prisioneros y detenidos palestinos", una forma de tortura que viola el derecho internacional. La petición señala que desde el 7 de octubre, los prisioneros sufren de hambre constante y extrema, y de alimentos de mala calidad. En mayo, una investigación del portal Intercept descubrió que habían desaparecido cientos de médicos palestinos secuestrados en los hospitales de Gaza que atacó el Ejército de Israel. La investigación incluyó el testimonio de un cirujano que fue golpeado y violado en Sde Teiman. En junio, un informe del periódico Haaretz, de Tel Aviv, reveló que las Fuerzas de Defensa de Israel estaban investigando la muerte de 48 palestinos detenidos en Gaza; de ellos, 36 había sido derivados a Sde Teiman. Los medios comenzaron a referirse a la prisión como "la Bahía de Guantánamo de Israel". A la Cruz Roja se le ha negado el acceso a todas las cárceles desde el comienzo de la guerra. Impulsada por el informe de CNN, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó una petición ante la Corte Suprema de Israel, en nombre de cinco organizaciones de derechos humanos, solicitando la clausura de Sde Teiman. Ese mismo mes, el New York Times publicó una investigación sobre Sde Teiman. Varios prisioneros afirmaron que los israelíes los habían torturado con violación anal utilizando una varilla metálica, entre otros abusos. A fines de julio, se filtró un video de vigilancia desde Sde Teiman. Muestra a soldados israelíes violando en grupo a un palestino maniatado. Lo transmitió la red de noticias israelí Channel 12. Diez soldados israelíes fueron arrestados por la presunta violación en grupo que terminó con la muerte de su víctima. Otro soldado fue arrestado al día siguiente bajo sospecha de golpear a palestinos detenidos vendados y esposados. El soldado presuntamente se grabó a sí mismo durante el incidente. Sin embargo, el informe de B’Tselem subraya que Sde Teiman no es la única prisión israelí donde los palestinos son torturados, basándose en años de testimonios anteriores. Las prisiones militares como Sde Teiman son construidas dentro de bases militares israelíes. Existen separadas de las instalaciones del Servicio Penitenciario de Israel, que son operadas por guardias y funcionarios civiles. Mucho antes del 7 de octubre, se sabía que los guardias penitenciarios en ambos tipos de instalaciones abusaban de los palestinos presos. El Estado sionista tiene dos estándares legales, uno para los israelíes y otros para los palestinos, que están sujetos a tribunales militares. Las leyes no establecen un plazo para los interrogatorios ni la detención. Una de las formas del apartheid sionista. El informe de BTselem pide a la Corte Penal Internacional que “investigue y promueva procesos penales contra individuos sospechosos de planear, dirigir y cometer estos crímenes”. Argumentó que “no se puede esperar que los órganos de investigación israelíes” responsabilicen a su gobierno por posibles abusos, ya que “todos los sistemas estatales, incluido el judicial, han sido movilizados en apoyo de estos campos de tortura.” B'Tselem sostiene que los abusos son parte de una política sistemática destinada a torturar a los palestinos, implementada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa el Servicio Penitenciario de Israel, y con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu y el gobierno israelí. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matt Miller, respondió a la requisitoria periodística con evasivas, reafirmando que “el ejército israelí necesita investigarse a sí mismo”. Estados Unidos ha enviado más de 15 mil millones de dólares a Israel desde el 7 de octubre para financiar la invasión a Gaza. El Estado de Israel, un enclave imperialista impuesto a partir de la Nakba, la quema de aldeas, cientos de fosas comunes y la expulsión de más de 800.000 palestinos, solo puede sostener a través de la represión y la masacre, del genocidio y la limpieza étnica. Fuentes: The New York Times, Deusche Welle e The Intercept

“La adhesión de docentes y no docentes de las universidades nacionales en la primera jornada de huelga de esta semana ha sido total”, señaló Anahí Rodríguez, secretaria general del sindicato de docentes universitarios de Tucumán -ADIUNT- y dirigente de Política Obrera. “Luego de una confiscación salarial del 60% desde principio de año, el gobierno impuso por decreto incrementos que no sólo no recuperaban lo perdido sino que incluso marchaban por detrás de la inflación. A último momento reabrieron una paritaria para ofrecer incrementos en cuotas del orden del 3 y 2%, una verdadera provocación. Esto es lo que explica el alcance de la medida”. Por su parte, Patricia Lambruschini, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, destacó el apoyo estudiantil a la medida y reclamó una segunda marcha federal educativa, como la realizada en abril pasado. “Las conducciones oficiales de las federaciones y sindicatos universitarios vienen pateando una nueva convocatoria. Es evidente que se han roto todos los compromisos, no sólo en lo que afecta a los salarios sino también a lo que se ha dado a llamar el ´presupuesto operativo´, acordado con los rectores. Necesitamos una nueva marcha federal educativa, es un reclamo reiterado de las asociaciones y asambleas de base”. “El gobierno liberticida de Milei y Caputo se han propuesto sacrificar los recursos universitarios en el altar de los acreedores internacionales. La situación de los trabajadores argentinos es insoportable. Unámonos en un gran frente de lucha en defensa del salario y las jubilaciones”, concluyó Rodríguez. Para comunicarse: Anahí Rodríguez 3814 40-7968 Patricia Lambruschini 11 6875-4090

La UNQ se ha unido a la huelga llamada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. El paro cuenta con la adhesión de los profesores de ADIUNQ y del personal administrativo y de servicios, nucleado en ATUNQ. La cruzada de Milei y Caputo contra la universidad no solo implicó el congelamiento presupuestario, sino también una pérdida del salario docente de más del 50% desde diciembre pasado. La propuesta salarial del gobierno (3% en agosto y 2% en septiembre) fue un ninguneo, que finalmente fue rechazado por los sindicatos (El Cronista, 11/08). Oportunamente, hemos señalado cómo esta orientación se expresó en un autoajuste por parte del Rectorado de la UNQ, lo cual implicó el cierre de comisiones, horas extras y contratos, imponiendo también nuevos topes a las inscripciones y una nueva reforma reaccionaria del coeficiente estudiantil. Todo ello bajo el amparo de la "emergencia presupuestaria" , ratificada en la última sesión del Consejo Superior, realizada el 31 de julio. Como expresión de todo ello, se ha desatado una nueva crisis en torno a las inscripciones para el segundo cuatrimestre. El sistema de coeficientes, la oferta académica restrictiva, los topes a las materias y la creciente deserción estudiantil generada por el agravamiento de las condiciones de vida, han generado un bajo nivel de alumnos inscriptos. Entre otras medidas, las autoridades debieron extender los plazos de inscripción fuera de término y, en algunos casos, se han cerrado comisiones por falta de alumnos. De aquí se desprende que, luego de la gigantesca Marcha Universitaria del 23 de abril, no se ha resuelto ninguno de los problemas planteados, sino que, por el contrario, la situación se ha agravado. La huelga actual plantea la perspectiva de un proceso de lucha de mayor alcance. Es necesario desarrollar una campaña sobre la universidad y la población en reclamo de un mayor presupuesto, aumentos salariales, becas estudiantiles de ayuda económica, apertura de nuevas comisiones, reubicación de docentes cesanteados y la anulación de todas las restricciones a la cursada. Los trabajadores y estudiantes debemos tomar la iniciativa impulsando paros, asambleas, clases públicas y, sobre todo, una gran Marcha Educativa para derrotar la cruzada liberticida de Milei contra la Universidad.

El inicio de cuatrimestre en los colegios secundarios de CABA ocurre entre conflictos que afectan a toda la educación. La docencia de las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Chubut han resuelto el no inicio de clases a través de huelgas y movilizaciones. En la universidad, la docencia de todo el país prepara el no inicio de clases para la semana del 12 de agosto. Los colegios de CABA no son ajenos a este escenario. La situación salarial de nuestos docentes es similar a la del resto del país. Se ha profundizado en estos meses el estado de ruina que atraviesan las escuelas y la conversión de la educación en una bolsa de trabajo gratuita, al servicio de los capitalistas amigos del gobierno de la Ciudad. A pesar de las acusaciones de Macri y Acuña contra los docentes, son ellos y los gobiernos precedentes los responsables de que se pierdan días de clase por el deterioro de las escuelas. El ahogo presupuestario es una herramienta del gobierno para facilitar el negocio de la educación privada. Jorge Macri le ha dedicado, durante el cuatrimestre pasado, subsidios millonarios y toda clase de exenciones impositivas, fondos que no adjudica para las obras necesarias en los colegios públicos. Sobre está liquidación ocurre la implementación de reformas educativas. El régimen de las ACAPS (pasantías), que en 2022 fomentó una huelga estudiantil con tomas de colegios y movilizaciones multitudinarias, ha convertido al 5to. año de los colegios secundarios en bolsas de mano de obra gratuita. En la mayoría de los casos, las supuestas prácticas educativas no guardan ninguna relación con el proceso de aprendizaje en los colegios. Una verdadera educación puesta al servicio de la transformación de la sociedad y el ser humano debe unir la teoría y la práctica. Las ACAPS, por el contrario, defienden la incorporación estudiantil al mundo del trabajo sin una vinculación con los contenidos vistos en clase, y en condiciones que ponen en riesgo a los estudiantes: sin seguro ni medios de transporte garantizados, deben llegar hasta el lugar donde realizan las pasantías por sus propios medios. Ni el Estado ni el empleador se hacen responsables por lo que pueda pasar en el trayecto. Miles de estudiantes secundarios participamos de la masiva marcha educativa del 23 de abril. Fue una marcha contra la política del gobierno de Milei. Estuvo precedida por asambleas y cortes de calle. En apoyo de la lucha docente y por nuestros propios reclamos, es necesario impulsar en los colegios una nueva movilización, a través de asambleas, pronunciamientos de cursos y de la coordinación entre colegios, que continúe el camino iniciado en abril, contra la política privatista y hambreadora de los gobiernos de CABA y Nación. La crisis educativa es inseparable de la crisis del régimen. La educación convertida en negocio o bolsa de mano de obra gratuita, demuestra que punto han alcanzado los intereses de la clase capitalista. Por el salario docente, escuelas de calidad y por una educación al servicio de las necesidades populares, retomemos el camino de la lucha.

El miércoles 14 se trataría en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que declara a la educación como un “servicio esencial” para que obtenga media sanción. El dictamen aprobado en la comisión de educación fue impulsado por su presidente, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de Macri. Acompañan legisladores libertarios, de la UCR, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. El proyecto busca regimentar el derecho a la huelga, modificando el artículo N°3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un "Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias". El Inciso C de ese artículo prevé mecanismos para garantizar las guardias en caso de "medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente". Estipula que se deberá garantizar un mínimo de personal del 30% en medidas de fuerza que duren 1 o 2 días, mientras que el porcentaje se elevará al 50% cuando superen los 3 días. Faculta a los directores de las instituciones educativas para definir quienes estarán obligados a cumplir las “guardias mínimas”, un esquema arbitrario y autoritario. Finocchiaro divulgó por los medios que, con este proyecto, durante una huelga docente “vamos a poder presentar abogados para meter un amparo obligando inmediatamente a abrir la escuela”. Lo “esencial” es obstaculizar la lucha docente, especialmente cuando esta se desarrolla por fuera de los márgenes de la burocracia sindical, como sucedió con la huelga docente de Misiones. Esta modificación no es legal porque omite que, de acuerdo a Ley de Régimen Laboral, la incorporación de una nueva actividad como "servicio esencial" debe ser decidida por una comisión independiente actuando bajo dos supuestos. Uno: cuando la interrupción de la actividad por huelga pusiera en riesgo "la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población". Dos: cuando la actividad fuera catalogada como de "importancia trascendental" en función de los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales excluyen precisamente a la educación. El proyecto, además, establece que es obligatorio “el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase” con independencia de las huelgas docentes. Que se trabaje en las escuelas bajo condiciones de insalubridad fue el clamor de las patronales durante la pandemia cuando estaba exactamente en peligro la vida, la seguridad y la salud de la población; pero como también lo estaban las ganancias, había que recuperar la “normalidad”. Fuera de la pandemia, un escape de gas ya se había llevado la vida de Sandra y Rubén en una escuela de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora. Recientemente, un niño murió al caer en un pozo ciego en una escuela de Salta. Los “liberticidas” y sus socios quieren “guardias mínimas” para establecimientos que son trampas mortales en nombre del “derecho a la educación de los niños”. Son estafadores de baja calaña. Que este proyecto avanzara para su votación en el Congreso Nacional se conocía desde antes del receso invernal escolar. La CTERA escribió varias declaraciones rechazándolo, sin que ello disuadiera a sus artífices de darle curso. Bloquear las huelgas docentes es una herramienta más para que los liquidadores de la educación pública avancen, no solo en la pulverización del salario docente, sino también en sus “reformas” de privatización para su alineamiento completo con las necesidades empresariales que no son el conocimiento integral y científico sino las “habilidades blandas” que es como se llama a las cualidades dóciles que el trabajador debe adquirir para avenirse a una mayor precariedad laboral. La inminencia de votación no ha modificado este escenario de inmovilismo de la CTERA. En estas condiciones, solo un paro de advertencia seguida de una huelga general hasta el retiro de este proyecto puede apuntar a combatir esta provocación contra la docencia. Los sindicatos independientes de la burocracia (AMSAFE Rosario, UEPC Córdoba Capital, SUTEBAs Tigre, Bahía Blanca) han exigido un “paro nacional de CTERA, con el comienzo de un verdadero plan de lucha, para el 14/8 o el día que se trate la ley” . En caso de que no haya una medida de CTERA, anunciaron para el día que se trate el proyecto “una jornada de lucha nacional con paros, movilizaciones y actos en Plaza Congreso y las provincias”. ADEMYS ya ha resuelto convocar a un paro. Es urgente, entonces, la convocatoria a asambleas docentes para discutir, preparar esta jornada de lucha y un plan para su continuidad. La docencia discutirá este atropello cuando una parte importante de ella, como en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, se encuentra defendiendo el salario ante gobernadores que, complementariamente, apoyan este nefasto proyecto o pretenden imponer otros ataques a las huelgas con falsos “presentismos” como es el caso de Neuquén. También cuando la docencia universitaria haya arrancado con un no inicio de clases. Preparemos una gran huelga nacional educativa .

La Bancaria informó sobre movimientos en el Banco Central el último 5 de agosto que indicarían que se produjo un tercer envio de oro de las reservas a Londres con el fin de empeñarlo para conseguir préstamos (repo). La medida sorprende por varias razones. En primer lugar porque Caputo todavía no obtuvo respuesta sobre los repo que le solicitó al banco de Basilea el mes pasado ofreciendo como garantía el oro transferido en julio. Es decir que está realizando una acción temeraria y costosa -el traslado de las reservas en oro- sin tener asegurado el contrato. Por esta demora en la respuesta, y debido a que requiere los dólares para pagar vencimientos al FMI de inmediato, esta semana le solicitó al Banco Santander otro préstamo que -dada la disparada del riesgo país- si se concreta, tendrán de respaldo bonos por un monto que lo triplica. Además Caputo pudo pagarle esta semana al FMI a través de una malversación de fondos, es decir, la reasignación de un crédito del BID que tenía asignación específica en programas sociales por USD 660 millones. En segundo lugar, sorprende porque este tercer envío se da al mismo tiempo que, debido a la crisis en Japón, en el mundo hay una corrida hacia los activos menos volátiles como el oro y una desvalorización de todos los demás -acciones, bonos, monedas latinoamericanas-. El precio del oro ha aumentado a una media del 8% anual desde 1999. La mayoría de los bancos centrales, en lugar de vender o empeñar su oro, lo están acumulando como refugio seguro en una época no solo de creciente volatilidad, sino también de alta inflación y lenta caída del dólar. La reducción de sus reservas en metal por parte de Reino Unido entre 1999 y 2002, y por parte de España en el 2008, les hizo perder a ambos países miles de millones de dólares. Ya aprendieron, más aún tomando nota de la gestación de una guerra mundial. En tercer lugar, asombra la irresponsabilidad de la maniobra que no solo pone en riesgo al oro al estar como garantía de un préstamo que no tiene cómo devolver, sino que por el solo hecho de estar en el exterior corre riesgo de ser embargado. Los antecedentes en este sentido están frescos. Reino Unido todavía mantiene -desde 2019- incautados cerca de 2 mil millones de dólares en depósitos de oro de Venezuela, almacenados en el Banco de Inglaterra, con el argumento de que Nicolás Maduro no sería el legitimo Presidente, sino Juan Guaidó, incluso después de que los principales partidos de oposición de Venezuela votaran a favor de derrocar a Guaidó en 2023. La Unión Europea tiene incautados todos los activos de origen ruso en el exterior con la excusa de la invasión a Ucrania, y el colmo de las maniobras de embargo fue cuando el Reino Unido le aplicó la ley antiterrorista a Islandia para poder expropiarle sus cuentas después de la crisis de 2008, en la cual el gobierno islandés estatizó una deuda impagable de sus bancos privados que multiplicaba varias veces el PBI. El hecho de que Argentina tiene fallos y procesos en contra en varios tribunales de Estados Unidos y Reino Unido, pone en riesgo cierto de embargo cualquier activo del Estado argentino en el exterior, más allá de los riesgos que el repo de por sí implica por ser un préstamo de corto plazo dado a un país que no tiene dólares a vista por los próximos meses. Estos antecedentes ponen de manifiesto que la inseguridad juridica del capitalismo no es una tendencia exclusiva de los liberticidas, sino que es una contradicción pandémica que destrona del pedestal de los axiomas burgueses a la defensa irrestricta de la propiedad privada. La jugada muestra la desesperación de Caputo que ya no tiene salvavidas y en sus manotazos de ahogado hunde todo a su paso. No sólo pone en riesgo las reservas, sino que acaba de hundir la confianza que le podía tener la burguesía al dejar en evidencia lo desahuciado que está y la encerrona sin salida en que se encuentra. El gobierno que hizo de la no intervención del Estado uno de sus caballitos de batalla, está quemando las reservas para subsidiar un dólar bajo al mismo tiempo que no solo prolonga el cepo -la fijacion artificial de un precio por parte del Estado- sino que ahora se jacta de mantenerlo y lo agradece ante la evidencia de que sin él no hubiera soportado los coletazos de la crisis nipona. Y esto a pesar de los clamores de la burguesía y el FMI por eliminarlo. Pero las reservas que quema en los mercados de dólar paralelo son las que no tiene y que quiere alimentar con los préstamos que nadie le quiere dar ante la evidencia que no va a tener como pagarlos puesto que ya mismo se estaría por quedar en cesación de pagos. El dólar subsidiado por un lado garantiza la fuga de capitales pero también intenta anclar la inflación mientras arrecian los tarifazos que la empujan para arriba a pesar de una recesión atroz que aumenta los niveles de pobreza a niveles históricos. Esto se combina con la caída del precio de la soja, la caída del precio internacional del petróleo que hace cada vez más improbable las inversiones, y las devaluaciones de los países vecinos que desploman la industria nacional. El gobierno está abrazado a la posibilidad doblemente incierta de que Trump gane las elecciones y quiera interceder por un préstamo ante el FMI para Argentina, pero también está procediendo al remate de sus bienes para hacerlos cash y quemarlos. Las facultades que le otorga el DNU le permite vender sin licitacion terrenos militares y playas de los ferrocarriles que ya estan en carpeta. ATE incluso alertó sobre la intencion de convertir en una sociedad anónima a Fabricaciones Militares. En este contexto, el empeño del oro puede implicar un intento de venta velada del metal, tal como la hizo Menem pero sin tanto secretismo ni mediaciones durante su gobierno, en el cual las privatizaciones y la venta de las reservas sirvieron de respaldo a la convertibilidad. En esta segunda versión, ni la farsa ni los dólares le alcanzarían a Milei para llegar a una dolarización, a duras penas le servirán para seguir comprando tiempo sin sentido, alimentando como esta alimentando al default “más grande de la historia” con el FMI, bonistas, importadores, generadores de energía… LEER MÁS: Milei y Caputo están llevando a Argentina al abismo Nota de tapa de Política Obrera N°101 edición impresa. 07/08/2024. Milei empeña el oro Una medida desesperada para profundizar la recesión, los despidos y la pobreza. Nota de tapa de Política Obrera N° 100 edición impresa. 25/07/2024.

En el día de la fecha, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en la huelga aceitera que tiene lugar desde la semana pasada en reclamo de un salario básico mínimo de $ 1.550.000. La conciliación se extenderá durante 15 días. La dirección del sindicato de San Lorenzo la acató, sin consultar a ninguna asamblea , declarándose “respetuoso de las instancias ministeriales”, aunque estas “resoluciones” violan el derecho constitucional de huelga. Los dirigentes sindicales, señala el comunicado oficial, “están recorriendo cada empresa para informar a todos los trabajadores que se comenzará con el arranque de las plantas aceiteras y biodiésel” (La Nacion, 12 /8) . La conciliación obligatoria venia siendo solicitada por las dos cámaras patronales ante la enorme dimensión que tomaba el conflicto con el correr de los días . Las empresas quieren que el gobierno se haga cargo de una parte de las retenciones por ganancias y reclaman la devaluación del peso, además de que se permita a la agroexportación a acogerse a las monumentales ventajas del RIGI. Los aceiteros han venido cumpliendo en un 100% la medida de fuerza, acompañada por piquetes en las plantas.

El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido responder a las movilizaciones de la oposición con el despliegue de un plan represivo a escala nacional. Es lo que se ha dado en llamar la “Operación Toc-Toc”, que implica, entre otras cosas, redadas policiales en las casas de disidentes o manifestantes opositores para llevarlos detenidos. Hasta el fin de semana, el gobierno reconoció la detención de más de 2400 opositores. Las detenciones son complementadas con acciones represivas en las calles que se llevan a cabo por parte de tropas de la Guardia Nacional y las bandas paramilitares motorizadas llamadas “colectivos”. El grupo de derechos humanos Provea afirma que han muerto 24 personas. Maduro pronuncia reiterados discursos cargados de belicosidad. “¡Máximo castigo! ¡Justicia! ¡Esta vez no habrá perdón!”, afirmó recientemente en un acto. Y agregó que se construirán dos cárceles para albergar a los nuevos presos y que muchos de ellos realizarán trabajos forzados. Cientos de familiares de detenidos se agolpan frente a centros de detención para averiguar por la situación y el paradero de sus allegados. Denuncian que las detenciones se han realizado sin orden judicial; sólo basta la palabra de informantes anónimos que realizaron una denuncia en VenApp, una aplicación que el gobierno había introducido originalmente para denunciar molestias públicas. La aplicación fue eliminada de Google Play y de la App Store, las tiendas más importantes para descargar aplicaciones, pero todavía está disponible para quienes ya la han descargado. “La operación Toc Toc apenas comienza. Denuncia si has sido blanco de una campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales”, publicó en Instagram Douglas Rico, jefe de la unidad de investigaciones criminales de Venezuela. Según el gobierno, los detenidos habían participado en un complot fascista para derrocarlo. Agregó que se había pagado a personas para quemar centros electorales y derribar estatuas del expresidente Hugo Chávez y que habían confesado sus crímenes. Las personas detenidas serán acusadas de incitar al odio y al terrorismo, según el gobierno, y los detenidos fueron remitidos a un tribunal especializado en terrorismo. En un reciente discurso, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de un proyecto de ley contra el ‘fascismo’. "El fascismo es la criminalidad, es el odio, el fascismo es inconstitucional, las corrientes fascistas están fuera de la Constitución y la Ley (…), Le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas contra crímenes de odio y establecer penas severas para que Venezuela se sane de fascismos y no vuelva a surgir nunca más", sostuvo en cadena nacional. Maduro está tratando de alejar a la gente de X y WhatsApp, ordenando bloquear la empresa de Elon Musk durante 10 días y exhortando a los venezolanos a desinstalar WhatsApp. Algunos medios de Estados Unidos, por otra parte, denuncian que la política norteamericana hacia el gobierno venezolano ha sido demasiado cautelosa. El Washington Post (10/8) sostiene que “el futuro de Venezuela y de la política estadounidense allí siguen en el limbo”, ya que “en lugar de tomar la iniciativa para presionar a Maduro a que renuncie y amenazar con sanciones y otras represalias si se niega como lo ha hecho la Casa Blanca en el pasado, la administración actual ha depositado sus esperanzas en una tríada de gobiernos latinoamericanos de izquierda para persuadirlo a ceder. Hasta ahora, los esfuerzos de los presidentes de México, Colombia y Brasil, todos ellos con relaciones relativamente estables con Maduro, parecen haber logrado poco”. El New York Times (2/8) afirma que “es probable que la administración Biden se muestre cautelosa respecto a nuevas sanciones económicas, en parte porque podrían causar más daño a la economía de Venezuela, provocando más migración a Estados Unidos, lo que ya es un dolor de cabeza político para los demócratas antes de las elecciones estadounidenses de noviembre”. Otros medios aseguran que el gobierno venezolano y norteamericano se sientan en mesas de negociación secretas para discutir alternativas posibles de salida a la crisis. Las conversaciones se han llevado a cabo de manera virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano y miembro del círculo íntimo de Maduro, y Daniel P. Erikson, quien dirige la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El británico The Economist (6/8) sostienen que la administración Biden mantiene “negociaciones tras bastidores que buscan facilitarle [a Maduro] la salida del cargo”. El Wall Street Journal (11/8), por su parte, asegura que “en conversaciones secretas, EE.UU. ofrece amnistía a Maduro por ceder el poder”. Afirma que Estados Unidos ha puesto "todo sobre la mesa" para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine su mandato en enero, lo que incluiría indultos para Maduro y sus principales lugartenientes que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia. En teoría, el próximo presidente asumirá el cargo el 10 de enero. También permitirían que las compañías petroleras internacionales permanezcan en Venezuela. Según The Economist, el objetivo de los gobiernos de México, Brasil y Colombia es “establecer conversaciones directas". Pero “incluso si se llega a un encuentro entre los bandos rivales, los objetivos siguen sin estar claros”. Una columna de opinión del NYT sostiene que “sólo el Estado venezolano puede garantizar la protección de miles de líderes progubernamentales que temen represalias y la pérdida de derechos políticos en caso de un cambio de gobierno”, por lo que “la mejor manera de brindar esa garantía es asegurar que los funcionarios chavistas permanezcan al mando de las fuerzas de seguridad y la fiscalía, y lograr que el gobierno entrante renuncie al poder que actualmente tiene para disolver el poder judicial convocando una convención constitucional”. El analista aboga por lo que llama “un acuerdo de reparto de poder” para salir del estancamiento. Sin embargo, estas negociaciones por el momento no estarían prosperando. Las movilizaciones opositoras, que en los primeros días posteriores a la elección tuvieron una cierta intensidad, han cejado, por lo que el gobierno de Maduro no se siente obligado a sentarse a pactar con la oposición. La líder de derecha, María Corina Machado, que apañó al candidato González Urrutia, tampoco estaría dispuesta a sentarse a negociar una transición. Los analistas internacionales ven empantanada cualquier negociación transicional debido al abroquelamiento que parece haber logrado el gobierno de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas. Son “las fuerzas de seguridad, no los furiosos manifestantes en las calles, [las que] representan el peligro más grave e inmediato para su mandato (...) La mayor amenaza son los hombres armados”. Pero “no está claro que haya actores en el gobierno –dentro del círculo íntimo de Maduro, dentro de los militares o dentro del poder judicial– que tengan incentivos suficientes para separarse de Maduro”, sostiene un analista, que agrega que la falta de deserciones y el bajo nivel de motines dentro del ejército es notable. Los reiterados llamados de la oposición a que las Fuerzas Armadas rompan con Maduro han caído, por el momento, en saco roto. Con la intensificación de las primeras protestas, los líderes militares ofrecieron una conferencia de prensa donde dejaron en claro que estaban públicamente del lado de Maduro. “Estamos en presencia de un golpe de Estado fraguado una vez más por estos factores fascistas de la derecha extremista”, dijo entonces el ministro de Defensa, Padrino López. Desde las elecciones, el gobierno venezolano ha promocionado a los miembros de las fuerzas heridos en las protestas y ha lanzado una campaña en las redes sociales con el lema: “Dudar es traición”. “Las dos potencias extranjeras que tienen más influencia sobre las fuerzas armadas de Venezuela son Rusia, que les proporciona armas, y Cuba, que ayuda a gestionar su inteligencia. Ambas son fieles aliadas del régimen. La abultada cúpula militar se beneficia del capitalismo clientelista de Maduro, que ha advertido reiteradamente al ejército que tiene mucho que perder si lo abandona. El futuro de Venezuela depende de si los soldados le creen o no” (The Economist, 6/8). Algunos analistas afirman que algunas grietas poco visibles anidan dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, “hay todo un conjunto de intereses que se han beneficiado de las medidas esporádicas que ha tomado el gobierno para aliviar las sanciones y esas personas se han estado frotando las manos hablando de reestructuración de la deuda, hablando de reintegración financiera global de Venezuela, y no quieren volver a los viejos y malos tiempos de aislamiento y presión económica” (The Washington Post, 10/8). Esos intereses, que por el momento no han representado ninguna amenaza de ruptura concreta con el gobierno, podrían sin embargo ser un factor de presión. Es muy poco probable que Maduro acepte una transferencia de poder e incluso compartir el poder de manera transicional si no se hacen presentes nuevos elementos en la crisis que lo obliguen a hacerlo. Algunos analistas, sin embargo, sostienen que “las negociaciones podrían establecer las condiciones para un espacio democrático en las instituciones gubernamentales de Venezuela y para elecciones legislativas o locales competitivas en 2025”. LEER MÁS: La crisis de Venezuela alcanza a toda América Latina, fragmenta gobiernos y partidos, y desenmascara a la izquierda sin principios Por Jorge Altamira, 01/08/2024. El fraude electoral no es un método de lucha contra el imperialismo Por Jorge Altamira, 30/07/2024. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Entrevista a Jorge Altamira en "Duro de Callar" sobre las elecciones en Venezuela Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera, 05/08/2024.

El viernes pasado, un grupo de compañeros de Política Obrera agitamos en el cambio de turno en Acindar Villa Constitución, volanteando y colocando decenas de periódicos a trabajadores de la fábrica. Registramos una gran receptividad a nuestra agitación. Hubo varios comentarios favorables a los artículos que venimos publicando y se suscitaron varias charlas, sobre todo, respecto a la situación de incertidumbre en relación a la caída en la producción y la política de suspensiones, retiros voluntarios y posible cierre de sectores que promueve la empresa. La semana pasada, el secretario general de la UOM Villa Constitución, Pablo González, dijo: “Vamos a tener que discutir más planes en retiro y esperemos no llegar a una situación, como viene planteando la empresa, que es la de despedir compañeros” (Diario Norte, 8/8), reconociendo que la patronal pretende seguir achicando el plantel. Anunció, por ejemplo, que el tren laminador N2 dejaría de operar el 15 de septiembre próximo. Para el jefe de la UOM, a la empresa “le sobran” trabajadores. Detalló: 119 empleados propios y 100 contratistas (ídem). Desde que se inició esta caída en la producción en Villa Constitución, se perdieron más de 350 puestos de trabajo entre retiros voluntarios, vencimiento de contratos y despidos que afectaron a trabajadores propios, tercerizados de UOM, Asimra y UOCRA. Las patronales siguen buscando reducir los actuales puestos para después reemplazarlos con otros en peores condiciones tanto salariales como de estabilidad laboral. Uno de los compañeros con los que hablamos en la puerta de la fábrica nos transmitió la siguiente impresión: "Las declaraciones de la fábrica con respecto a la falta de producción y sobre la manera de cómo quiere afrontar sus problemas y la caída de producción, redunda en sacar compañeros. No comparto que quiera reducir la plantilla de laburantes ni tampoco las reestructuraciones, como tampoco que nosotros discutamos planes de retiros. Tenía entendido que el acuerdo de suspensión era para evitar esta situación y así evitar despidos. Lo que leí en el diario [antes citado] me sorprendió. Yo estoy convencido de que, como organización gremial, estamos para defender los puestos de trabajo. Ya vendrán tiempos mejores, la fábrica necesitará producir más y es por ello que hoy no debe prescindir de nadie". Luego de la agitación, se desarrolló una reunión con compañeros invitados especialmente. El debate se abrió sobre la base de algunas preguntas que fueron desarrollando los asistentes: “¿Qué piensan ustedes que va a pasar cuando termine este gobierno?” “¿En qué situación vamos a quedar?” “¿Piensan que el gobierno de Milei va a caer?” “¿Por qué existe la necesidad que tiene la gente de un líder?” “¿Por qué los trabajadores aún siguen siendo peronistas?” El informe político se fue desenvolviendo en base a estas preguntas sobre el derrumbe financiero mundial, la caída de la bolsa, la guerra y nuestra caracterización respecto del golpe de Estado económico de Caputo-Milei, sus límites, las actuales luchas en desarrollo y sus perspectivas. También surgió el debate con relación a las declaraciones del dirigente de la UOM de Villa, respecto de los 300 compañeros pertenecientes a las tercerizados que fueron despedidos y a la ausencia de trabajo. Debatimos con qué programa enfrentar los despidos y la desocupación –reparto de las horas sin afectar el salario y bolsa de trabajo bajo control obrero.

En el marco de la huelga universitaria nacional, los departamentos de Exactas han comenzado una deliberación, y el EGE, FBMC, Geología y la Asamblea de Computación y Datos convocamos a una asamblea interclaustros el miércoles 14, a las 13 horas. La situación salarial está expulsando a los docentes de la facultad. Esto profundiza la sobrecarga docente en los cursos. En este marco es que se están reduciendo las becas de investigación y finalización de doctorado en el CONICET, mientras se despide a su personal administrativo. El gobierno ha congelado el presupuesto de funcionamiento con relación al 2023 –en términos de poder de compra. Conclusiones del primer cuatrimestre Durante el cuatrimestre anterior se desarrolló un método de organización destacable. Cada departamento tuvo su asamblea, en la cual se resolvieron pliegos de reivindicaciones alrededor de los problemas que se acumularon durante años. Fue muy interesante que en estos espacios se desarrollaron posiciones sobre tomas y cortes de rutas y avenidas, por fuera de lo que propusieron las centrales sindicales. Se vio un proceso por el cual las bases empezamos a superar las trabas que imponen las direcciones burocráticas. En este contexto, se ha instalado “la gestión de la miseria” por parte del decano, Willy Durán, que se basa en reasignar los recursos de tal forma que “se les quite a los que están mejor” y hacer pedidos de informe, mientras se pliega a las iniciativas que impulsa el vicerector Yacobity. Esta experiencia nos hace decir hoy en día que la principal lucha es canalizar las autoconvocatorias, asambleas, y espacios de organización con el objetivo de superar las trabas que imponen los gremios y la gestión a las medidas de lucha. Con ese objetivo comienza a organizarse Contragolpe. Qué se discute en la facultad El martes pasado se reunió la comisión directiva, que giró sobre las condiciones de las elecciones dejando en un segundo plano la lucha por la universidad. Frente al pedido de convocar una asamblea, Identidad (La Cámpora) sostuvo que “no era conveniente” porque “los estudiantes no quieren perder clases”. Se basan en que, “garantizado” el presupuesto de funcionamiento, lo de hoy es un conflicto docente. Las preocupaciones centrales en los docentes son salarios, acceso a los laboratorios, disminución de la calidad educativa y pocos recursos. . En el departamento de computación se realizó la primera asamblea departamental, y luego fue continuada por asambleas autoconvocadas, llevando y organizando un pliego de reivindicaciones a la gestión y el gobierno nacional. Cómo organizamos el apoyo a la huelga La coordinación que plantean desde las mesas gremiales en cada facultad es una falacia. En realidad, cada gremio desarrolla medidas aisladas, por ejemplo, el paro de APUBA (no docentes) de 24 horas y AGD junto con FEDUBA de 72 horas (docentes) ya nos indica una diferenciación. “Las medidas de visibilización” van desde clases públicas hasta pegar carteles en la puerta de facultades. El desafío es pasar de los paros aislados a medidas continuas y coordinadas. Ya hemos mostrado el camino de la autoconvocatoria, ahora debemos impulsar la organización de clases públicas con cortes, que pueden ser en Libertador o Av. Cantilo. Como método debemos en cada asamblea votar voceros o delegados con un mandato concreto. De esta forma podremos torcer las maniobras de las direcciones que busquen boicotear estas iniciativas. Tenemos por delante el desafío de derrotar el golpe a las universidades que Milei ejecuta. Demos la batalla por un aumento del presupuesto bajo control docente y estudiantil, insumos para laboratorios y aumentos de cargos y salario docentes. Encaremos una 2da. movilización universitaria y preparemos el terreno de la huelga general.

Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Alejandro Bodart. El dirigente del MST ha sido llevado a juicio por la DAIA, por posteos supuestamente ´antisemitas´ en la red social X (ex Twitter). La descabellada acusación se debe a que Bodart escribió “Palestina libre desde el río hasta el mar” y “por la destrucción del Estado de Israel”, en el marco de una denuncia contra la masacre del pueblo palestino en Gaza a manos del ejército israelí. Para la DAIA y otros voceros de la derecha, la lucha contra el sionismo es una forma insidiosa de antisemitismo, una ´innovación´ de factura reciente, contraria a la rica historia política del pueblo judío, creada interesadamente para atacar y perseguir toda expresión de denuncia contra la opresión sionista en Medio Oriente. En la primera jornada se presentaron los testigos de la acusación. Entre otros, hablaron dos ex empleados del INADI. El Instituto contra la Discriminación, cerrado recientemente por el gobierno de Milei, fue el que “dictaminó” que los tuits de Bodart eran “discriminatorios”. No es la primera vez que el INADI interviene como instrumento del lobby sionista contra sus opositores . Otro testigo que presentó la parte acusadora fue el juez de La Matanza Franco Fiumara, quien ostenta en su currícula haber cursado “estudios complementarios especializados sobre el Holocausto en la International School for the Holocaust Studies, Yad Vashem en Jerusalén, Israel”. Fiumara aportó un conjunto de “definiciones” arbitrarias con aire doctoral. Entre otros, citó que el Estado argentino adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) . Aquella incluye los ataques contra el Estado de Israel “concebido como una colectividad judía”. Aquella definición, cabe recordar, fue fraguada entre Trump y Netanyahu y aprobada por legislaturas y parlamentos de Argentina y otros países, pero carece de estatus jurídico. En el sitio oficial de IHRA se especifica, por caso, que “es una definición práctica, jurídicamente no vinculante”. Sin embargo, es utilizada para instituir el ´delito de opinión´ contra los críticos del Estado israelí. El resto de los testimonios -Ariel Gelblung, titular del Centro Simón Wiesenthal, y Marisa Braylan, empleada de la DAIA- transitaron la misma vertiente dogmática. Ocurre que aquí no hay “hechos”, puesto que Bodart no está acusado de participar de ninguna acción contra la comunidad judía ni contra los representantes de sus organizaciones, sino por sus opiniones y denuncias. En todo el mundo se desarrollan movilizaciones y acciones multitudinarias contra la masacre de Gaza, en las cuales intervienen importantes corrientes judías, sionistas liberales o antisionistas, democráticas y socialistas. Jorge Altamira, de Política Obrera, participará de la segunda audiencia como testigo solicitado por la defensa de Bodart, quien está representado por María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, abogados de Correpi.

Las jornadas de protesta con paro y visibilización resueltas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales para los días 12, 13 y 14 de agosto comenzaron con fuerza en todo el país. El lunes 12, el paro tuvo una adhesión casi total en las universidades y los colegios preuniversitarios, que superó el 90%. Las medidas tienen como reclamo principal el aumento de los salarios y del presupuesto, que han sufrido un recorte inédito bajo el gobierno de Milei. Desde diciembre de 2023, la pérdida salarial acumulada de docentes y no docentes es mayor al 50%, sobre ingresos que ya estaban depreciados con respecto a la inflación. El gobierno viene imponiendo actualizaciones paupérrimas de forma unilateral, que profundizan mes a mes la caída del poder adquisitivo. El viernes 9 ofreció un 3% en agosto y un 2% en septiembre, monto que fue rechazado por el conjunto de los gremios, que ratificaron las acciones previstas para esta semana. En la Universidad de Buenos Aires, donde la mayoría de las Facultades debía comenzar el segundo cuatrimestre el día lunes, no se desarrollaron actividades académicas. Tampoco hubo clases en los Colegios Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires. La adhesión a la primera jornada de paro fue muy elevada tanto entre los docentes como entre los no docentes, aunque el hecho de que varios establecimientos estuvieran cerrados dificulta tener una estimación más precisa. Como se sabe, en el Frente Sindical no hubo acuerdo sobre las medidas de fuerza para estos días . Todas las federaciones convocaron a parar el lunes, pero las que integran la CGT (FEDUN, FATUN) plantearon sólo 24 hs. -replicando en la universidad la orientación dialoguista de la central- mientras que CONADU y CONADU-Histórica plantearon 72 hs. En algunas universidades, como Rosario y Córdoba, el Frente de Asociaciones de Base (que forma parte de CONADU) convocó a parar toda la semana. Así, en el caso de la UBA, tanto FeDUBA (CONADU) como AGD (CONADU-Histórica) continuarán el paro el martes 13 y el miércoles 14. De acuerdo a lo resuelto en la última asamblea del gremio, la AGD dará un carácter activo a las medidas durante toda la semana: ha convocado a realizar agitaciones en las facultades, a una nueva asamblea el miércoles por la tarde, y a jornadas de clases públicas el jueves 15 y el viernes 16. Multipliquemos las iniciativas de debate y organización en las próximas semanas, promoviendo la unidad de docentes, no docentes y estudiantes, y la coordinación con otros sectores en lucha. Sentemos los pilares de la huelga universitaria e impulsemos una nueva marcha federal en defensa de la educación pública y la ciencia y por todos los reclamos pendientes. LEER MÁS: Universidades: en el primer día, el paro fue total Por Anahí Rodríguez, 13/08/2024. Universidad: si no es ahora, ¿cuándo? Por Anahí Rodríguez, 08/08/2024. Asamblea de AGD-UBA vota por la huelga del 12 al 16 de agosto Por Patricia Lambruschini, 02/08/2024.

Los diputados de La Libertad Avanza y de la llamada “oposición” han garantizado el quorum para que este miércoles 14 sesione el Congreso y, entre otros proyectos, se trate el de la “Esencialidad Educativa” . Básicamente, implica quitarle el derecho a huelga a la docencia de todo el país y reemplazarlo por un sistema de guardias que garanticen las clases cuando se convoquen a medidas de fuerza. El gobierno nacional viene ejecutando un ajuste feroz. Eliminación de la paritaria nacional docente, quita del FONID, reducción del presupuesto educativo y una confiscación espectacular de los salarios y las jubilaciones, ahora agravada por el tarifazo en la luz, el gas y el colectivo, un medio de transporte que la docencia utiliza mucho para llegar a las escuelas. Esta política es replicada por los gobernadores de las provincias que otorgan aumentos salariales miserables que está siendo respondida con huelgas y manifestaciones (Córdoba, Santa Fé, Neuquén, Entre Ríos, Chubut) . Antes del receso invernal una huelga autoconvocada en Misiones conmovió a la provincia. En Neuquén la docencia está parando para rechazar la imposición del presentismo, algo que viene de establecer recientemente el gobierno de Pullaro en Santa Fe. El objetivo de eliminar el derecho a huelga a la docencia es muy claro. Se trata de quitarle a los trabajadores de la educación su principal herramienta de lucha. En 1958 una huelga general conquistó el Estatuto del Docente Nacional. El discurso oficial de la “preocupación” por garantizar los “días de clases” es un verso. Si eso existiera destinarían los fondos para el funcionamiento de las escuelas, infraestructura, etc. En carpeta el gobierno tiene además la modificación del régimen jubilatorio docente Frente a este panorama la CTERA (principal sindicato nacional docente) ha improvisado hace 24 horas la convocatoria a una “jornada nacional de lucha” en el Congreso Nacional. Afirman que “no dejaremos que conviertan a la educación pública en un servicio” (CTERA, 12/8), sin decir cómo. Han convocado a una marcha federal educativa recién para septiembre. La medida resuelta tampoco fue el resultado de debates y reuniones de delegados o asambleas. Delegados de nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, registramos en las escuelas una predisposición a parar ese día, pero la conducción del sindicato ha omitido la convocatoria a una huelga general docente. Cuando vienen por el derecho a huelga la respuesta debe ser justamente la huelga y un rodeo masivo del Congreso hasta el archivo del proyecto . Un conjunto de sindicatos independientes de la burocracia sindical y seccionales opositoras se pronunciaron por que la CTERA convoque a paro el día que se trate la ley . El sindicato AGMER (Entre Ríos) ha convocado a paro en su provincia el 14. Lo mismo ha hecho ADEMyS (CABA). ATECH, sindicato docente de Chubut ha sacado un comunicado exigiendo paro a CTERA. ATEN (Neuquén) se encontrará de paro ese día. Los docentes autoconvocados de Tucumán se movilizarán junto a ADIUNT (sindicato universitario). En Buenos Aires, las seccionales de SUTEBA de Tigre y Marcos Paz llaman a parar. En SUTEBA Bahía Blanca una numerosa asamblea votó mayoritariamente realizar una huelga de 24 hs. a pesar de la conducción (Gandolfo) que proponía una movilización con constancia gremial. Las acciones de lucha coincidirán con la huelga universitaria docente. Llamamos a movilizarnos masivamente al Congreso Nacional este miércoles 14, desde las 11; a parar, a realizar manifestaciones y piquetes en todas las provincias del país para impedir la sanción de este proyecto antiobrero.

El lunes 12 arrancó el paro de docentes y no docentes universitarios de manera contundente en todo el país. La medida se extenderá por 72 horas. Esta huelga es la respuesta de conjunto a la política de imponer por decreto aumentos salariales a la baja, luego de un retroceso salarial del 50-60%. A último momento, el gobierno intentó, a las apuradas, convocar a paritarias, pero para hacer una “oferta” del 3% para agosto y 2% para septiembre, lo que fue rechazado por todos los gremios. Ante ese escenario, el gobierno, que había declarado que no iba a haber otra oferta salarial, decidió mantener abiertas las paritarias, invitando a dos de las organizaciones de la docencia universitaria, con el argumento de ver “si se pueden acercar las posiciones”. Una de las federaciones invitadas por el gobierno a continuar las negociaciones paritarias ha sido la FEDUN, que integra el consejo directivo de la CGT, y que ha logrado gran espacio en los medios nacionales y también los provinciales de varias jurisdicciones, a pesar de ser la organización que agrupa a la menor cantidad de docentes, comparadas con CONADU y CONADU H. Es claro que este espacio mediático logrado por FEDUN y su principal dirigente, Ricci, ha sido el premio a su acción divisionista. Ricci recorrió todos los medios agitando que la huelga universitaria era de sólo 24 horas, planteo al que se asoció la FATUN (la federación de los trabajadores no-docentes), generando confusión en diversos sectores, cuando el acuerdo celebrado en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales fue concretar una huelga de tres días. El envión del paro masivo a nivel nacional es garantía de que las próximas dos jornadas de paro también lo serán. En algunos casos, los paros se extenderán por seis días seguidos, como lo han decidido en asamblea los docentes de las universidades de Rosario, Córdoba, Rio Cuarto y Mar del Plata. En Rosario, el sindicato universitario (COAD) impulsó un encuentro con el gremio aceitero, SOEAR, para saludar su lucha, cuando llevaba seis días de huelga nacional, antes de que el gobierno impusiera la conciliación obligatoria. En Tucumán, ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT) concretaron un corte de una importante avenida, en el acceso de ingreso de la Quinta Agronómica, uno de los centros universitarios de la UNT, donde funcionan un conjunto de facultades. Para este martes está prevista la realización de una asamblea general que, a la luz del balance de la primera jornada de huelga, debatirá los mandatos a llevar al plenario de secretarios generales de la CONADU H que se reunirá el jueves 15, y cuyos puntos centrales estarán centrados en darle continuidad a la huelga educativa para la semana siguiente y concretar una nueva Marcha Federal Educativa. El miércoles 14 habrá un acto en la Plaza Independencia. En Córdoba, el paro se llevó adelante concretando diferentes clases públicas y asambleas interclaustros. En San Luis, una asamblea interclaustros autoconvocada decidió tomar el Rectorado de la universidad. Al principio la toma fue de manera simbólica por un par de horas, luego la misma se fue extendiendo hasta el martes 13 cuando una nueva asamblea debatirá cómo continúan. Luego del pronunciamiento del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) en apoyo al reclamo docente, los Consejos Superiores de las universidades nacionales se fueron subiendo a la ola de reclamos emitiendo pronunciamientos de emergencia salarial. En el caso de la UNT, el Consejo Superior tiene previsto reunirse este martes en horario de la tarde. FATUN, el gremio de no docentes, que esta semana solo para 24 horas llamó a darle continuidad a las acciones con paro los días 20 y 21. Las federaciones discutirán en los próximos días la adhesión o no al mismo y también a la necesidad de poner fecha a una segunda marcha federal. LEER MÁS: Universidad: si no es ahora, ¿cuándo? Por Anahí Rodríguez, 08/08/2024.

Un “accidente laboral” ocurrió en Bridgestone en la madrugada del lunes 12. Un trabajador del sector de vulcanizados sufrió una grave herida en el pie por aplastamiento en la máquina “vulcanizadora de cubiertas”, denunciada en múltiples ocasiones por el SUTNA. En un comunicado emitido, para denunciar la situación, el sindicato detalla que esta máquina fue fabricada en 1967. Un inspector del Ministerio de Trabajo provincial, señala, “comprobó las graves deficiencias en el equipo del accidente e intimó a la empresa a la modificación de la máquina, el agregado de escalera con plataforma, la estandarización de las herramientas a utilizar en la misma y, además, extendió estos requisitos a todos los equipos similares que se encuentran en planta”. La obsolescencia del equipo y las malas condiciones laborales que rigen en Bridgestone fueron denunciadas reiteradamente, sin que la patronal modificara nada . El accidente en la zona de vulcanizados muestra como una reducción del personal en planta y la exigencia de mayor productividad, como pretenden las patronales, se convertirán en un aumento de los riesgos, como resultado de la combinación entre máquinas obsoletas y mayores presiones cotidianas para aumentar la productividad. El aumento de los accidentes y las muertes obreras son un problema cotidiano en las grandes fábricas del Neumático. La situación extendida en toda la industria, por la vía de los horarios rotativos, los sistemas americanos de producción (7x2/6x1) y un aumento de la productividad por medio de la extensión de la jornada laboral, han llevado a un retroceso histórico de las condiciones laborales conquistadas por los obreros. El propósito reaccionario de las grandes patronales del Neumático es imponer una derrota estratégica a sus trabajadores.

Este miércoles 14 la Tendencia del Polo Obrero se movilizará a las puertas de la oficina de la ministra Sandra Pettovello en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos con estos reclamos centrales: el ingreso al trabajo, con el salario de convenio y la capacitación correspondiente; la formación de una bolsa de trabajo bajo control de las organizaciones obreras; por un plan de obras públicas para asegurar el ingreso al trabajo y la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, que se encuentran desabastecidos desde hace 10 meses. Desde que se cerró el programa “Potenciar Trabajo” reemplazándolo por el “Volver al Trabajo” y el “Acompañamiento Social” , no solo se congeló el monto en unos miserables 78.000$. Tampoco se abrió el camino al trabajo, y a los cursos y capacitaciones prometidas. La ´vuelta al trabajo´ fue anunciada por los actuales funcionarios al asumir, criticando el fracaso de gestiones anteriores en crear empleo en blanco. Mientras formulaban esa promesa, los responsables de “Capital Humano” avanzaban en el desguace de varias áreas del Ministerio, despidiendo el personal que atendía los CDR (Centros de Referencia), dando bajas masivas contra los compañeros migrantes y eliminando el ingreso que recibían las compañeras responsables de los comedores. A renglón siguiente, el propio secretario Julio Cordero, quien quedó a cargo del “Volver al Trabajo”, agitó como un éxito propio la inscripción de más de 600.000 desocupados del “Potenciar Trabajo”. En realidad, lo único que reveló esa inscripción masiva es la necesidad imperiosa de miles de compañeros de obtener un puesto laboral. La página web prometía contactarse con ellos según los datos personales y capacidades que volcaran en la planilla. En esta página se ofrecían también cursos de “orientación laboral”, “intermediación laboral”, “certificación de competencias laborales”, “prácticas formativas en ambientes de trabajo”, “fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas”, “finalización educativa” y “desarrollo de competencias básicas”; un refrito incongruente de la política de proyectos productivos y autoexplotación. Después de cuatro meses de comenzadas estas inscripciones, la convocatoria al trabajo no aparece. Tampoco los titulares son llamados a los cursos y capacitaciones prometidas en la página. En lo que respecta a los comedores, la realidad es que los alimentos no aparecen por ningún lado. Los presupuestos de la Secretaria de Niñez y Familia nunca se actualizaron tras la devaluación de diciembre del 2023. Sandra Pettovello es intimada por la Justicia a liberar los alimentos y a incluir en la lista de distribución a la red de comedores populares . Despidos y corte de changas Mientras tanto, la realidad de los barrios se ha agravado, con el aumento de la desocupación y el corte de las changas. A esta realidad, se añaden los tarifazos en los servicios y en el transporte público. En la industria, las patronales explotan la recesión industrial para despedir trabajadores con derechos adquiridos y reemplazarlos por precarizados y sin derechos, en los términos que plantea la nueva “Ley Bases”. No se nos escapa que la “Vuelta al Trabajo” planteada por el secretario Cordero, incluso si se llegara a implementar, apunta a convertir a los compañeros inscriptos en sustitutos precarizados de los trabajadores despedidos. Por eso, en el reclamo que presentamos a “Capital Humano” reclamamos el ingreso al trabajo con el salario y convenio de la actividad. Al focalizarnos en el ingreso al trabajo, apuntamos a unir la lucha de los desocupados y ocupados en torno de un programa común, que incluya la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, junto a un plan de obras públicas bajo control de las organizaciones obreras . Con niveles de pobreza que llegan al 55% nacional -en el AMBA, 60%; en el NEA, 70%- y una indigencia histórica del 20,3%, ponemos en pie nuestro reclamo por trabajo, por los alimentos para los comedores y merenderos que es una continuidad de años de lucha. También lo llevamos a municipios y gobernaciones, en semanas donde gremios como el Neumático, Aceiteros y la universidad se suceden en huelgas y luchas.

Los primeros días de la medida de fuerza de las federaciones docentes y no docentes universitarias expuso una disposición a la lucha con mayor decisión que en el primer cuatrimestre. El acatamiento a la huelga fue superior al 90 % y en algunas facultades implicó un cierre total, especialmente por la huelga no docente. Allí donde se lograron ´abrir´ las puertas, fueron los docentes los que marcaron el respaldo suscitado con la huelga. El paro se encuentra atravesado por un reguero de iniciativas y movilizaciones en distintas provincias; en San Luis, una asamblea de estudiantes, docentes y no docentes decidió la toma del rectorado. En Córdoba y Rosario ocurrieron movilizaciones y se plantean otras en un conjunto de provincias. El paro continúa hoy y mañana con “jornadas de visibilización” y ya se anuncia una nueva huelga para el martes y miércoles de la semana que viene. La contundente respuesta se corresponde por entero al propósito declarado del Gobierno de destruir el salario. La paritaria ´cerrada´ por decreto, fue nuevamente ´convocada´ el viernes pasado para anunciar una ´actualización´ salarial del 3 % para agosto y 2 % para septiembre. Una burla, cuando el Gobierno lo ha reducido en un 50 % en apenas medio año. En las facultades asistimos a una migración de docentes a otras actividades u otras dependencias, lo que ha disminuido el número de las comisiones. El Gobierno plantea que la Universidad obtenga "financiamiento" o “recursos propios”, en una línea de “privatización endógena”. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, plantea que “El mensaje de las urnas es claro: no se puede gastar más de lo que ingresa”. El Gobierno gasta todo lo que ingresa -y más aún- en asegurar puntillosamente el pago de la deuda pública y, a la vista de todos, dilapida las reservas y el oro del Banco Central. Además de los salarios, la poda del presupuesto se sigue expandiendo a la totalidad del sistema universitario. Más allá de que los rectores y el Gobierno anunciaron un ´acuerdo´ luego de la movilización de abril referido a la actualización de los “gastos operativos”, lo cierto es que durante el primer semestre ya se ejecutó un 93 % del mismo. Junto a los salarios se han destruido las partidas de ciencia y tecnología, becas estudiantiles y cualquier obra de infraestructura. Por una marcha universitaria Aunque el escenario es todavía más grave que durante el primer cuatrimestre las autoridades universitarias, que responden por entero a los bloques políticos existentes, han decidido darle largas a la convocatoria a una segunda movilización. Solamente anunciaron una reunión para el 30 de agosto donde el CIN junto a gremios docentes y la FUA (Federación Universitaria Argentina) ´evaluarán´ la pertinencia de una nueva movilización. En la UBA se preparan las elecciones universitarias para definir la composición del gobierno universitario. Estudiantes y docentes tenemos nuestra propia agenda impostergable: la necesidad de convocar instancias de lucha, asambleas y una nueva movilización a Plaza de Mayo lo antes posible.

En todo el país, miles de trabajadoras nos organizamos para acudir al Encuentro Nacional de Mujeres que se reunirá en Jujuy en el mes de octubre. La situación de las familias y la juventud trabajadora es dramática, el embate del Gobierno y las patronales es feroz. Eso mismo vuelve indispensable que discutamos una política en un Encuentro de carácter asambleario y resolutivo. En pocos meses, el gobierno antiobrero de Milei demolió los ingresos de la familia obrera y avanzó sobre los derechos laborales, previsionales y salariales. A principios de julio, la pobreza alcanzaba al 54,6 % de la población y la indigencia, al 19,8 % (esto significa una sola comida diaria). El 66 % de las personas con menos ingresos somos mujeres a cargo en un 40 % de los hogares. Las mujeres ocupamos los trabajos menos categorizados y precarios. Los ataques generales a la clase trabajadora tienen consecuencias más graves sobre las espaldas de las mujeres: somos a la vez responsables de parar la olla y de proteger la salud, la educación de nuestros hijos. Llegamos a esta situación por el aumento de los alimentos, el transporte, los alquileres, las tarifas, los medicamentos. Y por el aniquilamiento de las jubilaciones, pensiones y salarios, que conforman el 90 por ciento del falso “equilibrio fiscal”. Un gobierno endeble, atravesado por crisis sistemáticas y con fuertes choques internos, pudo ejecutar este golpe feroz por el apoyo entusiasta de la patronal, el FMI, la “oposición” y la burocracia sindical. La reforma laboral que impone la Ley de Bases institucionaliza la precarización y demuele los derechos sociales, la cobertura sanitaria y la perspectiva de una jubilación compatible con la sobrevivencia. Las patronales explotan la recesión provocada por la política oficial para generar miles de despidos. Los gobernadores hacen lo propio en las provincias. El Gobierno es una usina violentísima de discursos de odio contra las mujeres y la disidencia sexual, en sintonía con los Trump, Bolsonaro y toda la derecha fascista mundial. So capa de cuestionar la llamada ideología de género, Milei y su troupe de evangélicos y terraplanistas se proponen arrasar con medio siglo de lucha del movimiento de mujeres. Eso incluye el derecho a la educación sexual, la anticoncepción, el aborto legal y hasta el divorcio. Han destruido la doble indemnización por la contratación clandestina de las trabajadoras de casas particulares y el despido por embarazo, dejando el campo libre a la patronal para mandar a la calle a las embarazadas. El presupuesto para jardines maternales ha sido congelado. El asesinato de tres mujeres lesbianas y las graves heridas de una cuarta no fue considerado un femicidio ni un lesbicidio por la Justicia en la Capital, que marca el paso con la política misógina y lesbofóbica del Gobierno. En la provincia de Buenos Aires, a siete de los 10 policías acusados del asesinato de una transexual en una comisaría se les tramita la prisión domiciliaria. El presidente aboga directamente por convertir en una mera bonificación a la jubilación de las mujeres que no llegan a los aportes legales. Arrecian los despidos en los hospitales, el ANSeS y los centros de salud. La miseria salarial ha generado el vaciamiento de servicios hospitalarios enteros. El desmantelamiento del sistema de salud pública incluye a la medicación a enfermos graves, la atención de personas con discapacidad y la destrucción de los programas de prevención del embarazo adolescente. En el plano de la educación pública el gobierno liberticida fomenta al sector privado, subsidiando el pago de cuotas; mientras tanto, eliminó el FONID y otros fondos nacionales, y subejecuta el escaso presupuesto para la escuela estatal. Las mafias de la prostitución y de la trata no cesan de crecer. El secuestro de Loan es un ejemplo nítido de los lazos del poder político y las fuerzas de seguridad. Milei desmembró todas las políticas contra la trata y promueve el blanqueo de capitales espurio, para facilitar el lavado de dinero. El ataque a las organizaciones sociales y los merenderos pretende quebrar la organización en las barriadas, en el marco del recorte sobre partidas alimentarias y planes sociales. Entrega alimentos a la Iglesia, a ACIERA (la asociación de la ultraderecha evangélica) y a católicos ultramontanos como el pediatra Albino, que obliga a hacer un curso contra la anticoncepción y el aborto. El ENM se desarrollará en Jujuy este año, donde Gerardo Morales fue precursor de la política represiva contra los pueblos originarios, los docentes, los judiciales, con el propósito de beneficiar a las multinacionales del litio, a costa del medio ambiente y de la provisión de agua. Derrumbe de la cooptación estatal Nuestro Encuentro tendrá lugar, también, en medio del derrumbe político y moral de una tentativa de cooptación estatal del movimiento de mujeres. Las denuncias de violencia de género hacia el expresidente Alberto Fernández, precedidas de los casos de Alperovich y Fernando Espinoza, es sólo la expresión más grosera de ese derrumbe político. El andamiaje de ministerios, secretarías y “capacitaciones”, montado por quienes decían luchar contra el patriarcado, estuvo destinado a montar un movimiento pluriclasista bajo la tutela estatal y para quebrar la lucha política independiente de la mujer contra las patronales, el Estado y el capitalismo. La cooptación de sectores del movimiento de mujeres sólo sirvió para establecer una mordaza ante la violencia del propio Estado, como la que implicó el desalojo de mujeres en Guernica o hacer parir a las mapuches en las cárceles. Mientras tanto, la única asistencia a las víctimas de violencia de género, el “Plan Acompañar”, fue una suma fija de indigencia a cobrar durante escasos seis meses, incompatible con cualquier otra asistencia. Las conducciones de las centrales sindicales -que acompañaron esa experiencia de cooptación política- han ingresado a la nueva etapa política como colaboracionistas de Milei, al bloquear una huelga general contra la reforma laboral de los Techint, Toyota o Bridgestone. A la luz de esta comprensión, las luchas que tenemos por delante, frente a un gobierno enemigo de la mujer trabajadora, exige la superación de los aparatos políticos y sindicales que se sirvieron de nuestras banderas para promover una integración al Estado y descalificar nuestros derechos y reivindicaciones. El camino es otro, es el de la lucha y el de la independencia del Estado y sus partidos. Venimos de grandes movilizaciones motorizadas decisivamente por el impulso de autoconvocatorias, asambleas y coordinaciones de lucha. Así ocurrió en el Misionerazo, como también la enorme movilización de mujeres, el 8 de Marzo, el 24 de Marzo y la gran movilización universitaria del 23 de abril. La ocupación de la fábrica Textilcom, en Catamarca, dirigida por mujeres trabajadoras, ante el cierre de la patronal, nos abre una perspectiva histórica enriquecedora. Esa tendencia se refuerza ahora con las nuevas huelgas docentes y universitarias. Apoyadas en esta tendencia, este Encuentro debe resolver un plan de lucha en defensa de todas nuestras reivindicaciones y conquistas amenazadas, que incluya el planteo de una huelga general. Unimos a esas reivindicaciones la lucha contra la masacre al pueblo palestino perpetrada por el estado sionista de Israel, que cuenta con el abierto apoyo del gobierno liberticida de Milei. En los campamentos de refugiados, centro actual de los ataques, asesinan a una madre cada dos horas. Las mujeres y niños son condenados a morir por los bombardeos o por hambre, enfermedad y sed. Por todo esto, vamos a Jujuy a luchar contra el gobierno de Milei, enemigo de la mujer trabajadora. En esa lucha, bregamos por poner en pie un movimiento socialista de la mujer trabajadora, que una nuestra acción con la de toda la clase obrera, para la lucha por el fin de toda opresión y explotación y por gobiernos de trabajadores, en Argentina y en todo el mundo. Llamamos a las luchadoras del Movimiento de la Mujer, a desarrollar la Organización Socialista de la Mujer Trabajadora.

Javier Milei utilizó la tribuna del Council of Americas para celebrar “una caída de la inflación”, que supone revelará el INDEC en horas de esta tarde. Las falsificaciones del presidente comenzaron con esa misma afirmación, porque en realidad la inflación no cae: sigue trepando al 3 o 4 % mensual, incluso bajo una recesión de características históricas. En esa misma reunión, el presidente de la Cámara de Comercio reveló datos catastróficos de las ventas minoristas, sin que ello le valiera la menor vacilación en el apoyo que le expresó al Gobierno. Los precios suben en medio de caídas anuales de entre el 25 y 35 % en el consumo popular, según el rubro. En medio de esa recesión, el gobierno calienta la olla inflacionaria con los tarifazos y redoblando la carga financiera de la deuda pública. Milei se vanaglorió de haber alcanzado el estado de “emisión cero”, sin poner de manifiesto el parasitismo de la política que “contiene” la circulación monetaria. Como ya venía ocurriendo, casi la mitad de la masa de dinero circulante se encuentra absorbida por los bancos, bajo la forma de una deuda pública de muy corto plazo. Las antiguas Leliqs han sido reemplazadas por otra letra, cuyos intereses ya no paga el Banco Central sino el Tesoro. Sin reparos, Milei habló de una nueva forma de manejar el presupuesto: “vamos por un superávit fiscal primario equivalente al pago de los intereses de deuda”. Lo que está diciendo es que el balance de ingresos y gastos del Estado quedará diseñado en función del pago de la deuda pública, algo que no tiene nada de “nuevo”. Dónde están los pesos La celebración de la “emisión cero” oculta una cuestión central: quién o qué clase social tiene los pesos que se encuentran circulando. La absorción de pesos -“secar la plaza”- ha asegurado una corriente extraordinaria de beneficios a la Banca, antes, a través del Banco Central; ahora, a través del Tesoro; el 60 % de los activos de los bancos son bonos de la deuda pública, que se ajusta por dólar o inflación. Otra masa del circulante ha quedado en manos de los capitalistas beneficiarios de los tarifazos y de la hiper de comienzos de año. Finalmente, se encuentra el pago de mayores intereses resultantes de la conversión en deuda de una parte del gasto corriente (subsidios), por caso, a las generadoras de energía. ¿De dónde han salido los pesos que han premiado al capital? Una parte fueron emitidos, algo que ocurrió a todo ritmo durante la primera mitad del año. Pero la mayor parte de esos pesos han sido arrebatados a los trabajadores y jubilados, quienes perdieron entre el 30 y 40 % de sus ingresos. Detrás de las manipulaciones monetarias, se oculta una confiscación social sin precedentes. Crisis alimentaria En el mismo discurso, Milei fantaseó con una “reactivación en curso”, arrojando al voleo datos indemostrables de una supuesta reactivación económica. No se refirió, en cambio, a la información de Unicef acerca de la existencia de un millón de niños en la Argentina que se van a dormir sin cenar. Todos los datos abonan esa hipótesis: en el primer semestre, el consumo de leche ha caído un 17 %. Siendo un alimento de primera necesidad, semejante caída pone de manifiesto un cuadro de infraalimentación, en primer lugar, en la niñez. Lo mismo ocurre con el consumo de carne vacuna, que está por debajo de los 50 kg por cabeza y es el más bajo de los últimos 110 años. La compra de indumentaria a caído un 26 %. En definitiva, Milei celebra la ´inflación de los cementerios´. Una verdadera crisis humanitaria está bancando una operación de los fondos internacionales dirigida a rescatar la impagable deuda pública de Argentina: en eso consiste el gobierno de Milei-Caputo. Pero a pesar de la propagación de la indigencia y del hambre, el propósito del Gobierno y los especuladores se encuentra en un cono de sombras cada vez mayor. El Gobierno carece de financiamiento para reciclar los vencimientos de deuda del año que viene. La perspectiva de conseguir recursos con el comercio internacional choca con el derrumbe de los precios internacionales, que golpea duramente a la soja. El derrumbe económico hace tambalear a los ingresos fiscales; el “equilibrio” dirigido a pagar los intereses de deuda, en esas condiciones, sólo podría conseguirse con un ajuste mayor. El Congreso ha aprobado e impulsado esta agenda patronal con el voto a leyes antiobreras y el aval a un fuerte aparato represivo. Una lucha de conjunto para terminar con este régimen de hambreadores se ha convertido en el principal imperativo político de la clase obrera de Argentina.

El día lunes se realizó en la estación de Boulogne una radio abierta junto con una exposición artística por parte de los compañeros de Tendencia Docente Clasista de San Isidro. La exposición artística consistía en mostrar un aula vacía con distintos libros en cada banco y los guardapolvos representaban a nuestros alumnos que, desde la época de la pandemia, vienen abandonando la escuela pública, producto de una situación económica que no hace más que empeorar. Un maniquí simbolizaba a un docente dando clases, mientras no tiene para pagar la Sube por los salarios de pobreza que percibe. Junto con afiches, también se repartieron volantes de cara a los padres en los cuales denunciamos que los días de clase que se pierden no es por los paros, sino por las condiciones de infraestructura a las que estamos sometidos año tras año: con baños saturados, techos que no se arreglan, paredes electrificadas y un largo larguísimo etcétera. En la radio abierta advertimos que el ataque al derecho de huelga de la docencia es un ataque a todos los trabajadores que deben enfrentar los aumentos del colectivo y el tarifazo de luz y gas, sumado a una recesión de la economía que provoca pérdidas de trabajo afectando a las familias de nuestros alumnos. Desenmascaramos a los diputados oficialistas, opositores y también a los gobernadores cómplices, pues para ellos la educación no es esencial, sino un gasto. Lo único esencial es que pase el ajuste, el famoso "no hay plata" de Milei en educación. El recibimiento de los trabajadores que pasaban por la estación, entre ellos muchos docentes que salían de sus escuelas (ya que la actividad se realizó de 17:30 a 18:30) fue excelente: hay una enorme conciencia de que el ajuste del Gobierno de Milei y los gobernadores es un callejón sin salida. LEER MÁS: Docentes: cómo enfrentamos la “esencialidad educativa” Por Emiliano Fabris, 12/08/2024.

Ante el tratamiento del proyecto que declara a la educación como un “servicio esencial” , se desarrolló un importante paro en la provincia de Buenos Aires, impulsado por las seccionales de la Multicolor de Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, que se sintió en varios distritos. ADEMyS, en CABA, también convocó a parar. En Santa Cruz, ADOSAC convocó a parar con un importante acatamiento y se realizaron radios abiertas y cartelazos. En Neuquén, ATEN terminaba de cumplir unas 72 horas de paro, en lucha contra la imposición del “presentismo docente” (otra variante de ataque a la huelga docente) y desarrollaba una asamblea masiva para evaluar continuidad. Otros sindicatos, como UEPC de Córdoba Capital, convocaron a movilizaciones. Una vez anunciado el paro Multicolor en Buenos Aires, la CTERA anunció que convocaba a una “jornada nacional de lucha”, con movilización al Congreso Nacional, sin paro. Esta “movilización” de la CTERA fue directamente un fiasco y duró apenas unos minutos. Aun así, la Policía Federal intentó reprimirla. En el resto del país no tuvo expresión alguna. La CTERA anuncia la convocatoria a una “Marcha Federal” recién para septiembre, cuando el proyecto de la esencialidad podría estar aprobado definitivamente. Sin dudas, la novedad ha sido la irrupción de la huelga docente en Buenos Aires. En los distritos de Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre, la adhesión fue gigantesca. En Bahía Blanca, se desarrolló una clase pública en conjunto con el sindicato de docentes universitarios en huelga y una radio abierta. En el resto de la provincia, la adhesión ha sido modesta, pero con impacto destacado en La Plata, Ensenada y muchas escuelas de La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda y Ezeiza. Es importante porque el paro fue tan solo preparado con un día de anticipación. Persisten aún los impactos de los descuentos masivos aplicados por Kicillof a fines de 2023. Se desarrollaron nuevamente los ataques arteros de la burocracia sindical de la Celeste del SUTEBA, quien difundía en las escuelas que el paro sería descontado y sancionado. Baradel habla como un miembro del gabinete de Kicillof, a quien le firma las paritarias sin consultar a un solo docente. En el Congreso Nacional, la Multicolor de SUTEBA organizó una radio abierta junto con miembros de la UEPC de Córdoba Capital, ADEMyS, AGD-UBA. Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, llamó a parar en las escuelas de Buenos Aires y participó en esta jornada. Tomamos la palabra y llamamos a tomar la lucha contra la esencialidad en nuestras propias manos, ante la defección histórica de la CTERA . En el Congreso En Diputados, el Gobierno y sus socios acordaron dar quorum para atender una serie de proyectos, en los cuales está incluida la esencialidad educativa, un proyecto armado por el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro . Finocchiario afirmó en Clarín que la ley busca “regular el ejercicio de la huelga”, un perfecto contrasentido. Además, que “no apunta a situaciones como las que hubo en Chubut o Santa Cruz, donde a los docentes no se les paga el salario y por eso paran durante muchos días. Es contra los paros políticos, como los que hace CTERA, que más que un sindicato se convirtió en un movimiento político sindical”. El Estado de las “libertades” tendría que definir cuándo una huelga es “política” y cuándo no, como si no pagar los salarios, como sucedió en Chubut y Santa Cruz, fuera algo “no político”. Hugo Yasky, diputado nacional de UxP y dirigente de la CTERA, dijo que “Estamos ante una ley que en la práctica no se va a cumplir, y que va a significar simplemente tener que ir a los tribunales internacionales, porque está claro que para OIT la educación no está tipificada como servicio esencial. Con lo cual lo que se va a generar es una litigiosidad”. Sin quererlo, Yasky confiesa que la CTERA no luchará por impedir su aprobación en el Congreso y que, en cualquier caso, dejará el asunto para que se resuelva en los tribunales. Legisladores de la UCR suscriben el proyecto e, hipócritamente, negociaron dentro del paquete de proyectos a tratar en la sesión el de “financiamiento para las universidades”, que el oficialismo rechaza. La “esencialidad” para la educación que apoyan es para limitar las huelgas de la docencia en reclamo de mayores salarios y presupuesto educativo. Al cierre de esta nota, continuaba la sesión de Diputados. La tarea inmediata es la convocatoria a reuniones y asambleas de activistas para balancear esta jornada de lucha y establecer la continuidad con un plan de acción.

El día martes 13 se realizó el segundo día de paro en las universidades nacionales motorizado tras el reclamo de recomposición salarial, que ha perdido 60 puntos frente a la inflación, incremento de la garantía salarial y restitución del FONID. Tanto FATUN (federación que agrupa a los trabajadores no-docentes) y FEDUN (Federación que integra el consejo directivo de la CGT nacional) habían anunciado sólo un paro de 24 horas para el lunes 12, y un nuevo paro de 48 horas el 20 y 21 de agosto. Por lo tanto, el paro del martes 13 y el que se va a concretar este miércoles 14 están garantizados por CONADU y CONADU H, que convocaron a 72 horas de paro y los sindicatos vinculados a las UTN (Universidades Tecnológicas) que llamaron a parar por 48 horas. Las UTN integran algunas de las federaciones, como CONADU H, con su propia asociación de base llamada SIDUT, que no tendría una representación provincial, sino más bien regional, nucleando a algunas sedes como Rosario, Bs. As., Rio Grande, Tucumán, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Concepción del Uruguay, entre otras, que llamaron a parar 72 horas. Sin embargo, existe una federación que nuclea a gran parte de los docentes de la universidad Tecnológica, FAGDUT, que llamaron solo a parar 48 horas y una jornada de visibilización, el miércoles 14. Los no docentes de las tecnológicas agrupados en APUTN (Asociación de Personal de la Universidad Tecnológica Nacional), si bien integran a nivel nacional la FATUN con delegados y congresales decidieron convocar a 48 horas de paro, pese a que su federación sólo convoca a un solo día de paro. En consecuencia, las Tecnológicas de todo el país el lunes y martes estuvieron cerradas. Sólo fueron abiertas por las propias autoridades en horarios especiales para garantizar el funcionamiento de los cursos de posgrados y cursos pagos (tecnicaturas) que se dictan, donde la planta docente encargada del dictado de los mismos son todos contratados. Esto marca un avance privatista dentro de las UTN. Otro dato a rescatar del segundo día de la huelga nacional universitaria es la toma del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Si bien la toma se inició de manera simbólica, producto de una asamblea autoconvocada de docentes, no-docentes y estudiantes, la misma se fue extendiendo en principio hasta el miércoles 14 y se fue llenando de saludos y solidaridad de diferentes universidades. Por otro lado, han sido muy importantes las resoluciones de GDIUNT (seccional tucumana de FEDUN), que en lugar de un paro de 24 horas decidió extenderlo por 72, manteniendo la unidad con la ADIUNT e incluso sumándose al acto que realizará este miércoles en la plaza Independencia. Por su lado, el martes 13 en Tucumán, la ADIUNT convocó a una asamblea general que se concentró en debatir el balance del primer día de paro y cómo continuar la lucha y, además, el mandato a llevar al plenario de secretarios generales de la CONADU H que sesionará el jueves 15. Entre las resoluciones se votó por mayoría la propuesta de continuar la próxima semana con 72 horas de paro (martes 20, miércoles 21 y jueves 22), acompañando el anuncio de paro de FATUN y FEDUN. También se votó impulsar la marcha universitaria para la primera semana de septiembre y, de manera anticipada, tomar posición de rechazo en caso de que el Gobierno intente quebrar la huelga nacional universitaria con la política de conciliación obligatoria, como ha ocurrido recientemente con petroleros y aceiteros. La asamblea se pronunció también contra la esencialidad educativa, ante el intento por parte del Gobierno de querer clausurar el derecho a la huelga. Asimismo resolvió impulsar en los próximos paros la toma simbólica del Rectorado y de algunas facultades de la UNT. El mismo día que sesionaba la asamblea de la ADIUNT a la mañana, el Consejo Superior de la UNT votaba adherir al comunicado del CIN declarando la emergencia salarial. De manera masiva se llevó adelante el segundo día de paro de docentes en las universidades nacionales; nos preparamos para el tercer día de huelga, que en el caso de Tucumán va a tener como punto culminante la concentración en la plaza Independencia donde se realizará un acto y marcha posterior.

Con la presencia de unos 180 docentes, se realizó la asamblea convocada por el SUTEBA de Bahía Blanca, ante la inminencia de la votación en el Congreso Nacional del proyecto para restringir las huelgas docentes mediante la “esencialidad educativa” . La convocatoria desbordó la sede del sindicato. Antes del inicio del receso invernal, unas jornadas de debate habían reunido unos 700 docentes que se pronunciaron contra este nefasto proyecto y también contra la reforma provincial en la secundaria que sobrecarga y flexibiliza las tareas docentes. Al inicio de la asamblea tomó la palabra el secretario general del Sindicato Aceitero de Bahía Blanca-Daireaux, quien informó sobre la huelga nacional que llevaba cuatro días y de la reciente conciliación obligatoria dictaminada por el Estado . La asamblea por unanimidad votó la solidaridad con la lucha de los obreros aceiteros. La conducción Granate/Multicolor comenzó informando sobre una reciente reunión de los sindicatos docentes independientes de diversos distritos del país que resolvió impulsar una jornada de lucha cuando se tratara el proyecto de esencialidad en el Congreso . Al respecto, se informó que SUTEBA Marcos Paz ya tenía definido parar. Plantearon que la asamblea debía resolver la medida a tomar, pero sin establecer cuál era su posición al respecto, y que consideraban que la esencialidad ya tenía un consenso a favor en la sociedad, sin mayores evidencias. Además, informó que hace pocos días estuvo el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, en la ciudad, pero que este no se había dignado a pasar por la seccional o siquiera visitar una escuela. Que, en relación al proyecto de esencialidad, CTERA y SUTEBA provincial no tenían hasta el momento convocatoria alguna. Abierto el debate, desde la Tendencia Docente Clasista llamamos a parar y a continuar la lucha con una nueva asamblea. Remarcamos el cuadro de bancarrota económica impuesto por el gobierno de Milei y complementado por el gobernador Kicillof. Llamamos a coordinar fuerzas con la docencia universitaria y de las luchas provinciales docentes. Otras agrupaciones, como Tribuna Docente y Alternativa Docente (integrantes de la Multicolor local), también mocionaron parar. Ante esta propuesta, la Granate contrapropuso la convocatoria a una jornada de protesta con certificación gremial bajo el argumento principal de que con ello se aseguraba la presencia masiva de los docentes en la calle. Además, que esta certificación aseguraba que no iría a descuento. Es claro que este proyecto de esencialidad y todos los ataques a la docencia no se revertirán por una movilización que podría ser importante, aunque tampoco se hará con un paro de 24 horas . El paro sí permite, como sucedió el año pasado, que adquiera una extensión en toda la provincia, a diferencia de la certificación gremial. Podría ser el inicio de un movimiento huelguístico. Culminada la asamblea, nos informamos de que la CTERA no parará, pero que convoca a una concentración extendiendo un certificado gremial solo a afiliados al sindicato. Se trata de una medida improvisada y para bloquear precisamente la tendencia a parar de la docencia, la cual será atacada nuevamente por esta burocracia con la amenaza de descuentos y sanciones. La “esencialidad educativa” busca restringir y limitar precisamente a las huelgas docentes, como ya se hace con descuentos arbitrarios ( salvajemente aplicados por Kicillof a fines del 2023 ). La cuestión central es, entonces, establecer un plan de acción propio desde las seccionales y agrupaciones combativas de la provincia. Nuestra corriente impulsa la construcción de una huelga general educativa, mediante asambleas de base y plenarios provinciales de activistas. Finalmente, la votación arrojó 128 votos a favor de parar (71 %) y 50 votos (29 %) a favor de la jornada con certificación gremial. Esta clara tendencia al paro no se había manifestado en intervenciones de docentes de base en la asamblea, aunque sí en discusiones en las escuelas. Es una tendencia que debe desarrollarse y organizarse, en primer lugar, este miércoles parando y movilizándonos. Se resolvió también la convocatoria a Asamblea extraordinaria en la semana del 19 al 23 de agosto.

La actual Comisión Directiva del SITAS (Sindicato que integra la FeSProSa) ha dado una muestra contundente de su burocratización e integración al Estado, con las decisiones que ha adoptado contra un conjunto de delegados y luchadores opositores de la política que sostiene la Directiva. Los luchadores afectados por estas decisiones son: Raúl Barrionuevo, referente histórico del Hospital del Carmen y de la histórica lucha autoconvocada del 2009-10, a quien la actual directiva lo proscribió de su derecho a presentarse como candidato a delegado con el argumento de encontrarse con licencia médica y ahora le suspendieron la afiliación por seis meses; Ileana Muñoz, referente de la lucha autoconvocada de la maternidad, también proscripta para presentarse en la última elección de delegados y actualmente referente del CAPS Carubeto -al igual que a Barrionuevo, le suspendieron la afiliación por seis meses-; Yanina Luna, actualmente delegada y referente del Centro de Salud, que junto con el Hospital Padilla son los dos hospitales más grandes de la provincia, en este caso fue apercibida; Gustavo Arques, delegado de uno de los principales centros asistenciales de salud (CAPS) de la capital, donde le abrieron un proceso que está en curso de resolución. Las acusaciones hacen hincapié en diversas faltas por haber opinado públicamente a lo largo de los últimos dos años sobre distintas posiciones y acciones llevadas adelante por la Comisión Directiva. Entre ellas, está el haber repudiado la proscripción de Raúl Barrionuevo como candidato a delegado en el Hospital del Carmen, o haber denunciado la aceptación de la última oferta salarial en la paritaria del Gobierno , o por plantear que, ante la aprobación de las modificaciones de los coeficientes de la Ley de Carrera Sanitaria, no había que festejar nada hasta que no se aplique en un 100 %. Es una campaña persecutoria por sostener posiciones críticas que ponían de manifiesto su orientación regimentadora internamente y su postración ante la política salarial del gobierno de Jaldo, violando incluso normas del propio Estatuto del SITAS, que plantea que la suspensión de las afiliaciones solo la puede adoptar el plenario de delegados. En definitiva, un fenomenal atropello al derecho elemental que tiene cualquier trabajador en una organización sindical de opinar, criticar, defender puntos de vista que sean o no coincidentes con los que sostienen los directivos. La pluralidad de posiciones, a la hora de la acción, se resuelve en los plenarios o asambleas, donde prevalece por medio de la votación la posición de la mayoría. Esta campaña persecutoria se produce en un contexto donde las políticas de la conducción de colocar al diálogo, o sea, la conciliación con el Gobierno, por encima de la lucha, han concluido en un completo fracaso que se refleja en los salarios miserables o en tolerar el incumplimiento por parte del Gobierno de la aplicación de la Ley de Carrera Sanitaria. El 21 de agosto están previstas nuevas reuniones paritarias para discutir actualizaciones salariales. La CD es consciente del descontento que por el momento se manifiesta negativamente, pues el personal médico de distintas especialidades opta por renunciar e irse a la actividad privada, al no encontrar ningún canal para desenvolver una lucha por sus reivindicaciones. La Directiva, prácticamente, no solo ha abandonado cualquier planteo de lucha, sino también el funcionamiento del plenario de delegados. Con esta campaña persecutoria pretende crear un clima interno intimidatorio para que nadie saque los pies del plato. En los meses próximos está planteada la elección de delegados. La Directiva quiere un cuerpo de delegados completamente disciplinados a la conducción . Todos los planteos persecutorios de la Directiva han sido hechos públicos y en distintos hospitales está circulando un pronunciamiento reclamando terminar con la “caza de Brujas” de la oposición, el levantamiento de las sanciones y la convocatoria de un inmediato plenario de delegados con mandato, para resolver los reclamos en el marco de la nueva discusión de paritarias y las acciones para alcanzarlos.

El editorial de Clarín de hoy referido al crimen de Susana Montoya a manos, presuntamente, de su propio hijo, Fernando Albareda, según el autor “confirma una verdad dolorosa: que la militancia por los derechos humanos se convirtió hace tiempo en un negocio millonario para algunos”. “Lo más grave”, continúa, “es comprobar que la utilización de los derechos humanos, por parte del kirchnerismo y sus aliados, degradó la causa hasta convertirla en una posible coartada criminal”. El editor, en este caso, Gonzalo Abascal, se refiere a que el presunto móvil del crimen sería el cobro de una indemnización de 76 millones de pesos. El argumento, por supuesto, es completamente falaz. Abascal se aparta de las particularidades del caso -un drama humano y social inconmensurable- para generalizar conclusiones contra “el curro de los Derechos Humanos” (Macri dixit). Los derechos humanos serían utilizados “por el kichnerismo y sus aliados” (¿cuáles?) como “coartada criminal” para hacer “negocios millonarios”, aunque si de verdad se quiere hablar de kirchnerismo y negocios millonarios, más consistente sería hablar de la fusión de Clarín con Telecom que Néstor Kirchner le aprobó a Héctor Magnetto antes de la ruptura entre ambos, ocurrida a partir de 2008. Importa señalar de paso que la indemnización que iban a recibir Montoya y sus hijos no fue dispuesta por el kirchnerismo, sino por el gobierno de Córdoba, colaborador de Milei. Habíamos anticipado que era probable que el caso fuera instrumentado por quienes buscan justificar la consolidación de un Estado policial. Por lo pronto, en el mismo número del matutino se fustiga la oposición gremial a la declaración de la docencia como “actividad esencial”, un proyecto legislativo que se trataría hoy mismo y apunta a la prohibición del derecho a huelga de los maestros. Que se quede tranquilo Abascal, que “los aliados del kirchnerismo” no respondieron a esta avanzada con la convocatoria a una huelga general docente, sino con una módica “jornada nacional de lucha” que duró un suspiro. Los “aliados (sindicales) del kichnerismo” son un sostén de la política antiobrera de Milei. Difícilmente se le escape a Abascal que Albareda no es un “aliado del kirchnerismo” común y corriente, sino uno que transitó un brote psicótico durante la pandemia y tentativas de suicidio. Tampoco ignora el editor que la familia Albareda-Montoya fue marcada a fuego por el secuestro del padre, subcomisario y militante del PRT-ERP, seguido de la formación de una nueva pareja de su madre con uno de los torturadores de su marido, ni que Albareda haya transitado su infancia entre orfanatos y la calle y atravesado el suicidio, más o menos reciente, de su hermana. La “coartada” de Albareda, como surge de los primeros pasos de la investigación, resultó más bien burda, pues dejó huellas y cabos sueltos por doquier. Difícilmente podría decirse que Albareda haya tramado un “crimen perfecto”. Lo que le dio verosimilitud a su coartada no fueron los detalles, sino su trazo grueso, dado el envalentonamiento del ala fascista del oficialismo, con sólidos vínculos con el aparato represivo de ayer y de hoy. La visita de una delegación de diputados ´libertarios´ a los genocidas presos en Ezeiza formó parte de una operación política en la que se discuten beneficios y excarcelaciones como prenda de cambio de la colaboración de las Fuerzas Armadas con el Gobierno. Lo que le dio verosimilitud a la malograda coartada fue la política liberticida de Milei, del protocolo ´antipiquete´ de Bullrich, la extorsión contra los desocupados que se movilizan, el incremento de los fondos reservados de la SIDE, la criminalización de las ocupaciones de empresa y los bloqueos como medida de lucha de los trabajadores. Los juicios a los represores, que avanzan desde hace 20 años a cuentagotas, ahora están prácticamente paralizados. Los organismos que colaboraban con ellos y con la búsqueda de los chicos apropiados fueron desmantelados. La mente desquiciada de Albareda fraguó una escena que cualquier investigador principiante desbarataría enseguida, pero había sido adaptada a un ´clima de época´. Serán los peritos eventualmente quienes evalúen la racionalidad o no que guio los actos de Albareda. Por supuesto, los gobiernos K malversaron la causa de los derechos humanos, atentos a otro ´clima de época´ dominante cuando llegaron al poder, el de la rebelión popular de 2001. Hasta entonces, el matrimonio Kichner había sido ferviente cavallista y menemista. Cooptaron y desnaturalizaron a organizaciones históricas de lucha contra todos los gobiernos que habían sido garantes hasta entonces de la impunidad de la dictadura. El mismo Albareda, que fue asesor del exministro de Derechos Humanos, Martín Fresneda -cofundador de HIJOS, la organización donde él también militaba-, dictaba cursos de Derechos Humanos para la policía. Hoy el kirchneirsmo es un despojo. Al fracaso de la experiencia Fernández-Fernández se le suman los escándalos que ahora ocupan todos los medios informativos, relegando incluso la crisis brutal del programa económico del oficialismo. El editorialista de Clarín se ensaña con un adversario que, seguramente, ya no volverá a levantar cabeza, mientras el Gobierno barre libertades democráticas a diario.

El avance de la destrucción de la enseñanza secundaria pública se da por caminos sinuosos; tempranamente nuestra corriente señaló que la política educativa de la burguesía tiene “un objetivo enteramente reaccionario: liquidar el sistema de enseñanza pública y estatal, promover la descalificación de los educandos, integrar la escuela a la gran corporación capitalista para la producción de mano de obra barata”, lo que implica entonces “un reordenamiento integral en todos los niveles de la educación” (T.E.R.S., 1973, “Qué es la reforma educativa del peronismo”). Medio siglo después, lo señalado por Política Obrera de entonces mantiene una continuidad con el presente. La clase dominante, por medio de sus diversos gobiernos y regímenes de turno, busca sistemáticamente incorporar a la educación y a la docencia, en particular, al proceso de valorización del capital para ampliar la escala de producción de plusvalía y, por este medio, potenciar la acumulación en escala ampliada. La política educativa del Estado nacional y de sus jurisdicciones se basó en garantizar el desenvolvimiento y el cumplimiento del servicio educativo, el cual es “un bien público” (L.E.N. 26.206, art. 2), lo que implica la necesidad de asegurar que el servicio de bien público se ofrezca y se garantice, sea a través de la educación pública o de la privada. El desenvolvimiento de la educación privada desde sus inicios sólo ha ido creciendo y actuando como un agente de presión sobre las políticas educativas; violentando el Estatuto del Docente y las condiciones de contratación. El proceso de privatización educativo implica, también, el desfinanciamiento creciente de la educación pública y laica. Pero no sólo esto: la búsqueda de incorporar a la educación al proceso de valorización del capital se ha sostenido en el tiempo y pretende imponerse, en nuestro presente, en el marco de un capitalismo en descomposición histórica que lleva a la humanidad a un escenario de una nueva guerra mundial, más destructiva que las precedentes. La trayectoria personal para una reforma educativa reaccionaria Un salto en la política educativa internacional se produjo cuando se empezó a hablar de construir aprendizajes relevantes, colocando al aprendizaje como lo central en lugar de la enseñanza. Este giro fue parte de una política global “elaborada y publicada en 2011 por el Grupo Banco Mundial (GBM), que marca el pasaje de la propuesta de “Educación para Todos” por la de “Aprendizaje para Todos” (Mendes Pereira y Pronko, p. 119) (1)). Durante el año 2015 el macrismo, como gobierno nacional y con Esteban Bulrich como ministro de educación, impulsó el marco organizativo de los aprendizajes (M.O.A.) dentro del plan Secundaria 2030. Este documento planteaba una reorganización de todo el régimen académico y de los diseños curriculares buscando “integrar las trayectorias escolares a la realidad compleja que presenta el siglo XXI, para lograr una articulación (...) entre los aprendizajes de la escuela y el mundo laboral” (MOA, p. 14). Esta propuesta educativa se hacía en los marcos de la legislación impulsada por Kirchner-Filmus en 2006, la Ley de Educación Nacional 26.206. La actual reforma educativa que atraviesa la provincia de Buenos Aires , mediante la actualización del régimen académico hace una distinción entre “trayectoria escolar” y “trayectoria educativa”, siendo esta última una trayectoria que habilita el recorrido formativo de un estudiante por fuera del sistema educativo formal, es decir, dentro de las empresas, por ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires impulsa, también, su propia reforma en línea con lo mencionado. Para la actual ministra Miguel se trataría de una necesidad histórica, porque en “toda la Argentina y en todo el mundo” se atraviesa “una etapa de transición al mundo del trabajo, al emprendedorismo" (Infobae, Miguel, 16-07-2024). De esta manera la ministra de educación de la Ciudad expresa el objetivo estratégico de esta reforma y de todas las reformas educativas en curso: sujetar la educación al medio laboral que, en nuestro presente, atraviesa una fragmentación y flexibilidad crecientes cuya expresión más alta es el incremento del monotributo que divide al infinito el colectivo obrero . La trayectoria individualizada y la personalización de la educación son los ejes centrales de la pedagogía del capital, en donde no hay grietas entre Nación, Provincia y Ciudad; todos los gobiernos asumen el acuerdo de “acompañar”, en “reforzar” y en “valorar” las trayectorias personales de cada estudiante. Para la ministra “la dimensión número uno del cambio de la escuela secundaria es la organización institucional" (ídem), justamente lo que está haciendo, desde este cuatrimestre, el gobierno “nacional y popular” de la provincia de Buenos Aires al reformar el régimen académico. Algo que afecta, directamente, tareas del docente y de los equipos directivos que están contempladas en el Estatuto del Docente y, a fin de legalizar esta reforma laboral de facto, es que las direcciones sindicales burocráticas negocian con la patronal un Convenio de Trabajo que reemplazará al Estatuto del Docente. A pesar de ello, la denominada actualización del régimen académico cuenta con el acompañamiento de la dirección del SUTEBA provincial. Qué cambio educativo se postula Según la ministra “hay algo que no está funcionando" en la escuela, porque ya no es viable una “secundaria compartimentada por asignaturas, con docentes que entran y salen, con profesores que no pueden trabajar juntos y con estudiantes que tienen muchas horas libres” (Infobae, 16/7/24). Ahora, según ella, “la escuela secundaria tiene un valor muy importante, y los chicos lo reconocen, y es el valor de la amistad y de la vinculación" (ídem). Miguel expresa que “no hay valor en que un profe dé una clase, se retire y dé esa misma clase en tres o cuatro escuelas” porque “eso es transferencia de contenido y, para la generación que hoy está en las escuelas, la transferencia de contenido se la da el celular de una manera más efectiva" (ídem). La docencia aparece así, en la voz de la ministra de educación, como apéndice de las tecnologías. El trabajo docente pasa de este modo a ser una tarea de organización y de seguimiento de la transferencia que realiza el celular a las/los estudiantes, por medio de tutoriales y otras aplicaciones como IA. Estamos ante un nuevo proceso de expropiación a la docencia, en este caso, de su conocimiento y pericia técnica como factor activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta expropiación del savoir faire es un aspecto crucial porque despersonaliza la enseñanza, promueve su automatización y reproducción mecánica. El proceso de trabajo se ve alterado en beneficio de valorizar el capital que explota al trabajador docente y de los capitales que producen dispositivos electrónicos y software, para desarrollar la tarea educativa en las actuales condiciones históricas. Miguel es vocera de políticas educativas internacionales que han colocado en el centro del debate dejar de enseñar disciplinas. En su último informe la UNESCO (2021) (2) plantea que hay que intensificar los esfuerzos “en la creación de capacidades generales” expresando que el contenido no debe “ser el elemento dominante” (p. 66). Expresa, también, que los denominados planes de estudio “abiertos y comunes” deben “resistir las presiones que levantan fronteras disciplinarias y de asignaturas como límites fijos o esenciales” (p. 67), por eso se plantea el cambio en “la organización de los planes de estudio y de la pedagogía” (p.87). Se busca que los diseños curriculares establezcan enfoques que vinculen “el ámbito cognitivo con las habilidades de resolución de problemas, la innovación y la creatividad, e incorporar también el desarrollo del aprendizaje social y emocional y el aprendizaje sobre uno mismo.” (p. 68). Se propone plantear “la reformulación del trabajo de docente”, considerado como “una profesión colaborativa” que refuerza “la dimensión polifacética de la educación para alumnos diversos” (p. 84). Está planteado, en el horizonte inmediato, la reducción de cargos, una educación generalista, básica y común. Un sistema educativo que contenga y que construya lazos y no que eduque y desarrolle conocimientos técnico-científicos en los educandos, mientras forma en el individualismo y en la carrera por el emprendedurismo, ya que la crisis de desocupación en el capitalismo en descomposición fomentará la denominada “economía popular” a la par que promueve la consideración del individuo como capitalista, para que cada persona deba asumir sus propios logros y fracasos excomulgando al régimen social capitalista, eso es el "capital humano". El capital en su desarrollo histórico no sólo separa al productor directo de los medios de producción, sino que también expropia al productor de sus conocimientos productivos y por este medio tiende a descalificar la fuerza de trabajo. Como señaló Marx, la distinción entre actividad productiva o no productiva está basada en torno a la creación de plusvalor. Toda actividad que genere plusvalía es, de este modo, un trabajo productivo. La búsqueda de que la educación (y la salud) se incorporen al proceso de valorización del capital se expresa, en una primera instancia, en la privatización de dicho servicio, acompañado del desfinanciamiento y descuido de la educación de gestión estatal. En la actualidad asistimos al intento del capital de alterar el proceso de valorización en la educación como actividad, sin distinción de gestiones. Como hemos señalado, la actualización del régimen académico implica una creciente ampliación de tareas para los/las docentes que conlleva a la descalificación de la actividad integral del ser docente . Pedagogía reaccionaria En este contexto, la incorporación de las nuevas tecnologías (incluida la I.A.) deja planteada la perspectiva de que el docente, como trabajador, pierda el dominio sobre los pasos del conocimiento y de la disciplina que enseña. Desde la perspectiva del capital, la introducción de las nuevas tecnologías plantea la eliminación de cargos. Ello se promueve con un discurso didáctico-pedagógico que estimula una educación general, abarcativa y común, que enseñe mediante proyectos o ejes y áreas, considerando las emociones como el centro de la experiencia de la enseñanza. Al docente le queda dominar, en esta perspectiva, las dinámicas grupales a los fines de consolidar un grupo de aprendizaje y vínculos de convivencia. Mirado desde el mundo del trabajo es una expresión de la subsunción real del trabajo docente bajo el capital, porque este enfoque reorganiza el proceso educativo para adaptarlo a las exigencias del mercado y a las tecnologías de personalización, lo que a su vez transforma el rol del docente, intensifica su trabajo y desplaza su autoridad pedagógica. El docente pasa de ser el mediador en la transmisión de conocimiento científico y el pilar del proceso de producción de ese conocimiento, junto a los estudiantes, a ser un mero apéndice de la tecnología. Seccionado su conocimiento, se lo desplaza por los recursos que brinda la tecnología. El proceso de valorización del trabajo docente avanza, provocando la subsunción real de la educación en el capital y profundizando las condiciones de enajenación en el docente. Esto ya se observa en el crecimiento de las afecciones de salud mental en la docencia. Esta reforma educativa, con su discurso didáctico pedagógico pseudoprogresista busca justificar o, en su defecto, ignorar el elemento de disociación y de fractura de la condición humana que implicaría dejar librado los conocimientos y contenidos más específicos a las tecnologías y que el educador se desempeñe atento a las relaciones estudiantiles. La pedagogía del capital requiere de un docente que funcione como capataz, ordenando y sosteniendo el ritmo de aprendizaje, a la vez que eliminando las distracciones posibles que emergen en el espacio escolar. La tecnología podría ingresar al proceso de trabajo y al medio educativo como una fuerza motriz que refuerce y profundice el conocimiento humano. Sin embargo, el capital aplica este desarrollo para descalificar al docente y controlar aún más el proceso de trabajo condicionando los movimientos que quedarán registrados en listados de fácil acceso para el control de las tareas. El ritmo del aprendizaje estará dirigido por las nuevas tecnologías, de este modo el trabajo humano, el trabajo docente, aparece como apéndice de la máquina; se presenta como su complemento, es un auxiliar de la máquina. La máquina enseña, el docente controla y promueve relaciones entre estudiantes. La educación de masas se ha vuelto incompatible con el despliegue del capitalismo. Reforzar los debates con la docencia, en estos momentos de reforma antieducativa, nos debe permitir poner de relieve el alcance reaccionario de este ataque que impulsará la segmentación social y promoverá la descalificación de la enseñanza y del aprendizaje. Debemos desarrollar la herramienta por medio de la cual derrotar estas políticas, impulsar asambleas en las instituciones educativas, charlas que presenten nuestra mirada sobre la actualización del régimen académico en PBA y de la reforma en CABA, además de hacer una campaña que ponga de relieve los puntos en común entre docentes de las escuelas públicas y privadas. NOTAS (1) Mendes Pereira, Joao Marcio y Pronko Marcela, La demolición de derechos: un examen de las políticas del Banco Mundial para la educación y la salud 1980-2013.

El Polo Obrero Tendencia se movilizó este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos del país para reclamar a los funcionarios nacionales la incorporación de los compañeros del programa Volver al Trabajo a puestos de empleo genuinos, capacitación para todos y reabastecimiento de los comedores populares. En el Obelisco, desde la mañana, varios cientos de compañeros de los barrios con sus asambleas y delegaciones organizaron una aguerrida columna que avanzó hacia la oficina de Sandra Pettovello, ubicada en un elegante edificio en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal. La jornada estuvo marcada también por las movilizaciones de los docentes en el Congreso Nacional y el paro en las universidades. Va tomando fuerza en la clase obrera el camino de salir a enfrentar desde abajo, hasta derrotar al gobierno hambreador del liberticida Javier Milei. La convocatoria fue precedida por una campaña de asambleas y plenarios en todas las regionales donde está constituida la Tendencia del Polo Obrero. En estas surgió la preocupación por retomar con fuerza la lucha por el acceso al trabajo, los cursos y las capacitaciones prometidas para “Volver al Trabajo”, el programa que reemplazó a los “Potenciar Trabajo”. La recesión inducida por el Gobierno ha llevado la pobreza al 60 % de la población y la indigencia, al 20 %. Esta semana un informe de UNICEF mostró que 1,5 millones de niños en Argentina se saltean una comida por día. Nuestra movilización desde el Obelisco recorrió 10 cuadras repartiendo volantes y explicando a los vecinos y transeúntes el propósito de la marcha. Para lo cual en el mes de abril los compañeros debimos ingresar en diversas actualizaciones de datos, el currículum y postularnos para las capacitaciones. Denunciamos que el ministerio incumple con este propósito anunciado, como también con la entrega de mercadería a comedores y merenderos desde diciembre de 2023. Exigimos una audiencia con la ministra. Reclamamos el puesto de trabajo bajo convenio y salario correspondiente a la actividad, solicitamos la apertura de la obra pública como forma de ingreso al trabajo, una bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones. La entrega inmediata de alimentos en comedores y merenderos. Un seguro al desempleo que cubra el 80 % del salario igual al costo de la canasta familiar. La movilización en Buenos Aires fue acordonada por un bochornoso despliegue de gendarmería y de Policía de la Ciudad, que cercó a los compañeros hasta el punto donde debíamos presentar nuestra carta y petitorio. Finalmente, tras varias discusiones, logramos ingresar formalmente nuestro pedido y hubo un compromiso de los funcionarios en fijar audiencia. Al finalizar realizamos una asamblea donde se informó al conjunto de los compañeros el resultado de la jornada. Leonardo Perna, en el cierre, colocó: “Estamos golpeando en un punto estratégico, porque mientras nosotros estamos aquí en el día de hoy hubo un tercer día de huelga docente y en las universidades, con reclamos por el salario y el presupuesto, en diferentes industrias hay enormes luchas contra los despidos y las suspensiones. Es en este marco que venimos a plantear el problema del trabajo. Es en el marco también en que en los barrios y lo vemos muy bien, se están cortando las changas.” LEER MÁS: No hay “vuelta al trabajo” El 14 de agosto salimos por el trabajo genuino, la bolsa de empleo, las capacitaciones y los alimentos. Por Leonardo Perna, 13/08/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Eva Gutierrez y Leonardo Perna, cierre en la movilización del Polo Obrero Tendencia a Capital Humano Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

Este sábado 17 de agosto, a las 17 horas, tendrá lugar el panel debate "Vamos al Encuentro de Jujuy a luchar contra el gobierno de Milei". Contará con la participación de Vicky Méndez, referente del Polo Obrero Tendencia de Jujuy, y de las dirigentes de Política Obrera Alejandra del Castillo y Violeta Gil, de Tucumán y Salta respectivamente. La actividad se desarrollará a través de la plataforma Zoom. El Encuentro Nacional de Mujeres en Jujuy será un evento multitudinario que reunirá a luchadoras del todo el país el próximo 11, 12 y 13 de octubre. Tendrá lugar en un cuadro de empobrecimiento masivo, que ataca en la primera línea a la niñez y a las mujeres, y es una avanzada contra los derechos laborales y previsionales. El gobierno antiobrero de Milei demolió los salarios y jubilaciones en el marco de una escalada en los precios de los alimentos, el transporte, los alquileres, las tarifas, los medicamentos y desfinancia la salud y educación públicas. En su programa también está el ataque a las conquistas del movimiento de mujeres, incluyendo el derecho a la educación sexual, la anticoncepción, al aborto legal y hasta el divorcio. El Gobierno es una usina violentísima de discursos de odio contra las mujeres y la disidencia sexual, en sintonía con los Trump, Bolsonaro y toda la derecha fascista mundial. LEER MÁS: Hacia el 37° Encuentro Nacional de Mujeres Votemos un plan de lucha contra el gobierno liberticida e impulsemos la Organización Socialista de las Mujeres Trabajadoras. 14/08/2024.

Los medios nacionales han celebrado los fallos recientes de la Corte Suprema y de la justicia laboral que disminuyen sustancialmente las indemnizaciones por despido, cuestionando las multas por no haber realizado los aportes correspondientes, por las dilaciones en los pagos y por la falta de registración del trabajador. Los fallos marcan un contundente alineamiento político de la Corte Suprema y de la Justicia con la agenda antilaboral del gobierno de Milei. Clarín y La Nación lo destacaron como un “freno de la Corte a los abusos en fallos laborales”, cuando se trata exactamente de lo contrario. Un aval de la Justicia a los abusos a las leyes laborales, a las dilaciones en los pagos y al trabajo en negro. Indemnizaciones La Corte revirtió un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, cuestionando el monto de la indemnización en la causa “Lacuadra, Jonatan Daniel c/DirecTV Argentina SA y otros s/despido”, dejando sin efecto una sentencia de la Cámara que ordenaba el pago de más de $137 millones de indemnización por el despido ocurrido en julio del año 2013. En primera instancia, se hizo lugar al reclamo del trabajador y se estableció que los codemandados debían responder de manera solidaria y pagar $687.735 como capital, más intereses de acuerdo con la tasa activa prevista en actas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que en su reciente precedente Oliva “descalificó por arbitrario” el criterio de la cámara laboral en su anterior acta 2764/2022 (aplicar tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda) porque no estaba respaldado por el Código Civil y Comercial y, además, “arrojaba un resultado económico desproporcionado”. La Corte repite la posición que fijó sobre el caso Oliva . El fondo de la discusión es que la Cámara Nacional del Trabajo realizó en 2022 “una acordada” para penalizar la dilaciones infinitas de los empleadores para pagar los fallos, en perjuicio del trabajador. En esa “acordada” se sumó una capitalización de intereses mínima, pero que en indemnizaciones importantes y con muchos años de atraso se convierten en significativas. La clase capitalista ha puesto el grito en el cielo contra esta acordada y el nuevo fallo de la Corte termina dejándola sin efecto. Multas En otro fallo denominado “Domínguez, Yanina Vanesa c/ Muresco SA s/despido”, la Corte revocó un fallo laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses. En primera instancia, el juez había condenado a Muresco SA al pago de la multa por retención de aportes, prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. La Sala X de la cámara laboral confirmó, en lo principal, esa sentencia. Y por haber omitido aportes por un valor cercano a los $11.400 se impuso a la demandada una multa de $194.775. Ante la queja, por unanimidad, la Corte consideró inadmisible el planteo. Sin embargo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo cuestionado (el 132bis), entendió que “la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal”. El fallo de la Corte cuestiona las multas por retención de aportes, que fueron creadas para desalentar la evasión patronal. La posición de la Corte, así como de todo el nuevo edificio de leyes laborales, al cuestionar las penalizaciones fomenta la evasión. La vigencia de la Ley Bases El fallo más resonante no proviene de la Corte, sino de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Misiones. Luego de cinco años de trabajo en negro, un trabajador rural de la provincia litigó contra su empleador. Pese a que el juicio fue iniciado en 2016, el juez de la causa no aplicó las multas de los artículos 80 de la Ley de Contrato de Trabajo ni las demás multas, correspondientes al empleo no registrado, por estar derogadas con la Ley de Bases (ley 27.742). El fallo viola un principio jurídico central, que es que no se puede aplicar las leyes retroactivamente. En su resolución, el juzgado aplicó la Ley aprobada en 2024 al momento de la contratación (2016), algo que está estrictamente prohibido. Una aberración jurídica deliberada para posicionar a la Justicia del Trabajo en el campo de la avanzada antiobrera. La CGT Este pronunciamiento de la Justicia, en particular de la Corte Suprema, no comenzó con el gobierno de Milei. Ya desde estás páginas registramos distintos fallos que expresaban el realineamiento de la Justicia con la agenda reaccionaria de la burguesía. El posicionamiento de la Corte es clarificador. La estrategia de judicializar todo, que llevan adelante la CGT y las cúpulas sindicales para enfrentar la reforma laboral y el retorno del Impuesto a las Ganancias, es una vía muerta. Las influencias de la burocracia en el fuero judicial no pasan de algunas salas de la Cámara Nacional del Trabajo, que en este escenario quedarán pedaleando en el aire. Los dirigentes de la CGT saben bien que el reclamo judicial no va a ninguna parte. Simplemente sirve a sus verdaderos objetivos, que son negociar con el Gobierno de Milei la protección de sus cajas y su ubicación al frente de algunos negocios . En particular le sirve para posar de oposición mientras no llevan adelante ninguna lucha real.

Este miércoles, valiéndose del protocolo de Bullrich , la Policía reprimió a docentes y jubilados que manifestaban pacíficamente frente al Congreso Nacional. Los docentes se encontraban movilizados contra el proyecto que declara a la educación “servicio esencial” para privarlos del derecho a huelga. Los jubilados, por su parte, manifestaban contra la brutal confiscación de sus haberes por parte del gobierno liberticida de Javier Milei y las jubilaciones de miseria de $ 225.000. En horas del mediodía el protocolo represivo de Bullrich incluyó gases y golpes, cuando confluían las dos manifestaciones. Frente a esta política represiva, la CGT y las CTA miran para otro lado. La CTERA se retiró en el acto, como ocurrió con la CGT el 12 de junio , cuando la columna encabezada por Pablo Moyano pegó media vuelta ante el avance del dispositivo represivo de Bullrich. Por la tarde, durante la habitual convocatoria de las agrupaciones de jubilados de todos los miércoles a las 15 horas, mientras caminábamos alrededor del Congreso Nacional, nuevamente la Policía Federal intentó, represión mediante, desconcentrarnos, pero no pudo lograrlo. En los forcejeos, echaron gas pimienta a un compañero que tuvo que ser hospitalizado. Para imponer este brutal ataque a nuestras condiciones de vida, necesitan reprimir a los trabajadores y a los jubilados.

El Obispado de Zárate-Campana anunció hoy el apartamiento del cura Javier Olivera Ravasi de su residencia en aquella diócesis. Hijo del represor Jorge Olivera, se lo considera el "cerebro" detrás del encuentro que mantuvo una delegación de legisladores de LLA con los represores detenidos en la cárcel de Ezeiza . Su militancia a favor de los genocidas es pública, con fuerte predicamento en las redes sociales (su canal de YouTube reúne más de 400.000 seguidores). Tras las denuncias del operativo de impunidad, que lo tenían como articulador y protagonista, y del pronunciamiento del papa Francisco a favor de la “memoria y la justicia”, se le canceló el permiso de residencia temporal que venía extendiendo desde 2019. Su labor proselitista tenía por sede la capilla del barrio privado San Benito, de Ingeniero Maschwitz. Olivera Ravasi no fue "echado" de la Iglesia, sino que seguirá "incardinado" (vinculado de manera permanente) a la Diócesis de San Rafael, Mendoza, aunque esto no significa necesariamente tampoco que se repliegue a aquella provincia. También la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado distanciándose de Olivera Ravasi, aunque puertas adentro se recuerda que “visitar a un preso es un mandato evangélico” y aunque “tal vez la difusión de la foto del encuentro fue imprudente” y las reacciones pidiendo sanciones al cura son “exageradas” (La Nación, 15/8). Olivera Ravasi es señalado, según una rigurosa reconstrucción publicada por Luciana Bertoia en Página/12 (8/8) como el coordinador de una operación política que involucra, además de los seis diputados "libertarios" que concurrieron a Ezeiza, a Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Martín Menem, a excamaristas, personal del Servicio Penitenciario y abogados de los represores . También revela contactos y visitas previas, los alcances del proyecto legislativo que estaban pergeñando para beneficiar a los exmilitares detenidos y hasta el comunicado de prensa que tenían previsto difundir. Las gestiones no se han detenido, a pesar del impacto popular de la denuncia. Por lo pronto, más allá de que el tema haya sido desplazado de los titulares por las golpizas de Alberto Fernandez a la ex Primera Dama Fabiola Yáñez, los bloques parlamentarios se ocuparon de poner paños fríos . La excarcelación de los genocidas e incluso la posibilidad de alguna variante de indulto o prescripción ha sido colocada en la mesa de discusión con las Fuerzas Armadas. A mediados de marzo pasado, Olivera Ravasi publicó en su cuenta de X: “Si quieren a los militares argentinos en las calles de Rosario: 1) Indulten a los ancianos militares o anulen los falsos juicios de lesa humanidad, 2) Reparen la venganza kirchnerista que lleva más de 20 años contra los jóvenes militares que cumplían órdenes y 3) Anulen la ley de defensa de la democracia que lo impide. Si no, no la ven”. Olivera Ravasi ahora tiene un nuevo aliado en la Secretaría de Culto: acaba de ser nombrado en ese cargo Nahuel Sotelo, un católico “ferviente” que pide una “historia completa” de la dictadura y es seguidor de Jair Bolsonaro.

En horas de la madrugada de este jueves, con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara a la Educación “servicio estratégico esencial”, con el propósito de limitar el derecho a huelga de la docencia . Le tocará el turno en pocos días al Senado de tratar la iniciativa. Impulsado por el diputado del PRO y exministro de Educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, el proyecto plantea que, en caso de paro, se deberá organizar un esquema de guardias mínimas obligatorias partiendo de un 30 %, que irá aumentando según se extienda la medida de fuerza en el tiempo. Los votos para su aprobación lo aportaron los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, Innovación Federal (peronismo de Pichetto), la Coalición Cívica y hasta de Unión por la Patria (la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek). Diputados del Frente de Izquierda-Unidad y la mayoría de UxP votaron en contra. Javier Milei, cuyo bloque propio es minoritario en ambas cámaras, ha logrado avanzar por la colaboración de la “oposición”, otra vez, en su propósito antiobrero. El gobierno nacional ha eliminado la paritaria nacional docente, quitó el FONID y redujo partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de las escuelas públicas. Eso sí, para los subsidios a las escuelas privadas y los vouchers para pagar las cuotas de los colegios, sí “hay plata” . Los que defendieron la media sanción basaron sus intervenciones en culpar a la docencia que lucha por la crisis educativa actual. Responsabilizaron a los paros docentes de falta de comprensión lectora de los estudiantes cuando es absolutamente al revés. Los gobiernos de turno han sido los responsables de la debacle mediante la implementación de diferentes reformas antieducativas, reduciendo el salario de los maestros, desinvirtiendo en materia de infraestructura escolar, etc. Actualmente todos los días se pierden clases por falta de luz, gas y por el estado catastrófico de los edificios escolares. La demagogia de que les importa que los chicos “no pierdan días de clase” es para la tribuna. Los diputados citaron las cifras alarmantes de pobreza de niños y adolescentes de las cuales son responsables todos los gobiernos y pretendieron enchufarles a los docentes la responsabilidad. Alejandro Finocchiaro fue aún más a fondo en su intervención, cuando planteó que hay que "revisar las licencias" y eliminar cargos. Vienen por una contrarreforma educativa en toda la línea. La impostura de los "preocupados por la educación" es completa, porque tampoco con la aprobación de la ley se garantizará el derecho a la educación, ya que una guardia del 30 % del personal docente se revelará incapaz de dictar clases con normalidad. El Gobierno y sus aliados conciben a la escuela como una guardería. Quien dejó en claro la intención de la ley fue la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, responsable política del asesinato laboral de Sandra y Rubén por la explosión de una escuela en Moreno, cuando explicó que la ley es para combatir la “extorsión de los gremios”. Para la clase capitalista cuando los trabajadores luchan por sus reivindicaciones están cometiendo un delito. El objetivo no es otro que impedir que la docencia ejerza su derecho a la protesta. Otro argumento de los que votaron a favor fue que esto se aplicaría cuando los "paros sean políticos", como si algun paro no lo fuera. El Estado pretende atribuirse la justeza o no de una medida de fuerza que es decidida por los docentes contra el mismo Estado. Es un reforzamiento de un régimen que se encamina hacia el establecimiento de un Estado policial. La huelga es un método histórico que la clase obrera utiliza cuando lo cree necesario, sin necesidad de pedirle autorización al Estado e incluso a los burócratas sindicales de turno. El otro ángulo que utilizaron fue el de presentar a la huelga y a la educación como derechos contrapuestos. Si se garantiza uno (la huelga) se bloquearia el otro (la educacion). La estafa es monumental porque el derecho a la protesta es la madre de todos los demás derechos. Sin la chance de ejercer ese derecho los demás quedan subordinados. La aprobación de la media sanción habilita que más ramas de la producción sean consideradas “esenciales” . La colaboración de los distintos espacios políticos no se limitó solamente adentro del Congreso. La CTERA -principal sindicato nacional docente-, a pesar de que hay más de cinco provincias en conflicto, se negó a convocar a un paro nacional y a movilizar a la docencia al recinto para impedir la media sanción de la ley . Improvisaron un “acto” de aparato, siempre respetando el protocolo antiprotesta de Bullrich, que duró una hora y se retiraron cuando la policía comenzó a reprimir a docentes que se manifestaban. La CGT se borró olímpicamente. Su medida de “lucha” fue declarar persona “no grata” a Finocchiaro. Una tomada de pelo.

Durante tres días se desenvolvió una masiva huelga convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que paralizó todas las casas de altos estudios del país. El hundimiento de los salarios, el intento de domesticar a la docencia por medio de aumentos a la baja por decreto , el intento último de imponer por medio de una paritaria trucha aumentos irrisorios del 3 % para agosto y 2 % para setiembre, dieron sustento a una gran acción colectiva que pasó por encima de todos los intentos de parte de algunas federaciones, como ocurrió con FEDUN y FATUN (no docentes) , dos federaciones que integran el Consejo Directivo de la CGT nacional, de estrechar la acción de lucha a un paro de 24 horas. La ocupación del Rectorado de la Universidad de San Luis por parte de una asamblea docente-estudiantil autoconvocada ha impactado en otras universidades, como ha ocurrido en algunas tecnológicas o en la Universidad de Tucumán, que tienen previsto lo mismo en la continuidad del plan de lucha. Las universidades de Córdoba, Rosario, Río Cuarto y Mar del Plata han extendido la huelga hasta el sábado 17. En Córdoba se hicieron múltiples actividades conjuntamente con el movimiento estudiantil, clases públicas en la ciudad Universitaria y en las escuelas preuniversitarias Belgrano y Monserrat. En Rosario se llevó adelante en Plaza Montenegro una concentración del COAD, el sindicato docente universitario, y AMSAFE, sindicato de la docencia provincial. ADUNS, el Sindicato de docentes universitarios de la Universidad Nacional del Sur y el SUTEBA de Bahía Blanca llamaron a parar contra la "esencialidad educativa" , que debe garantizar el funcionamiento de las escuelas durante una huelga. En San Juan se convocó a un ruidazo en la puerta de la facultad de Ingeniería que, debido a la multitudinaria participación de no docentes, docentes, estudiantes y algunas autoridades, terminaron cerrando la jornada con una movilización por la ciudad. En Tucumán se realizó una concentración de la docencia agrupada en ADIUNT, delegaciónes docentes de la Universidad Tecnológica, de los docentes provinciales cesanteados, de estudiantes de varios colegios preuniversitarios y de la escuela de cine de la UNT, como también partidos y organizaciones sociales. En la UNCA, Catamarca, las direcciones sindicales organizaron encuestas y luego sabotearon el resultado de parar el miércoles 14 como había sufragado el 70 por ciento. En el caso de San Luis, plantean extender la ocupación para la semana que viene. En el horizonte está lo resuelto por FEDUN y FATUN de ir a un paro de 48 horas, pero en el caso de CONADU H y CONADU sería un contrasentido que, luego de un paro de 72 horas, continuara la lucha con uno de 48, que es hacia donde apuntan las posturas de los sectores más burocráticos de estas federaciones.

Este miércoles concluyeron las audiencias de debate en el juicio oral y público contra el dirigente del MST Alejandro Bodart. Se encuentra acusado por la DAIA de “infracción a la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y a la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), adoptada por el Estado Nacional”. La entidad sionista le reprocha sus posteos en las redes sociales contra la masacre del pueblo palestino en Gaza, por reclamar una Palestina libre y laica “desde el río hasta el mar” y denunciar al Estado de Israel como genocida. Según la DAIA, las afirmaciones denunciadas “atentan contra la convivencia pacífica democrática, y se visibilizan en prejuicios arraigados culturalmente que la sociedad no debe naturalizar”. El extinto INADI dictaminó como “discriminatorios” los dichos del compañero del MST y dos de sus funcionarios prestaron testimonio a pedido de la querella. El juicio ha motivado la solidaridad de un amplio espectro de organizaciones democráticas y de izquierda y de las agrupaciones judías antisionistas. En el juicio declararon, en apoyo a Bodart, Norman Briski, Jorge Altamira, Adolfo Pérez Esquivel, Carlos “Sueco” Lordkipanidse, Vilma Ripoll, Myriam Bregman y Laura Ginsberg, entre otros. En la última audiencia hizo uso de la palabra el propio Bodart. Esta una de las primeras manifestaciones de la aplicación de la infame definición de la IHRA que aprobaron, a instancias de la cancillería del gobierno de los Fernández, legislaturas de todo el país. En ella se establece el delito de opinión para quien denuncie al Estado de Israel como opresor. LEER MÁS: Reclamamos la absolución a Alejandro Bodart Jorge Altamira participará el martes 13 del juicio contra el dirigente del MST como testigo de la defensa. Por Jacyn, 13/08/2024.

El día miércoles, en horas de la mañana, un operativo a cargo del juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, allanó la sede central de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en la calle Pedro Echagüe, barrio de Constitución. También se realizaron allanamientos en 15 puntos de CABA y provincia de Buenos Aires que incluyeron cooperativas textiles, la sede central del FOL y el domicilio de un referente del FOB. Algunas de las cooperativas que trascendieron fueron la Cooperativa Textil Blanco País, de La Matanza, y la Cooperativa Nueva Generación, de Barracas, en donde al ingresar rompieron puertas e incautaron los celulares de los presentes. En el caso de la UTEP, en su sede funciona, además, uno de los principales comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Al ingresar por la fuerza, la policía federal empezó averiguaciones sobre una cooperativa textil en específico, que a los referentes en el lugar les resultaba desconocida. El escrito judicial pedía investigar la cooperativa textil Hilando pueblos. Entrevistado Nicolás Caropresi del MTE-UTEP, uno de los referentes presentes durante la medida judicial, dijo: “la orden decía que el domicilio de la cooperativa era la dirección de la UTEP, pero si uno googlea en base al CUIL de la cooperativa la dirección nunca fue esta. Están en este momento revisando papeles, buscando máquinas de coser y revisando todo”, “por suerte después de que tomó estado público esta situación nos permitieron empezar a servir los alimentos. Todavía así, no nos han dejado entrar a los trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que asesoramos a la gente que se acerca a la olla”, detalló. Denunciando la situación la UTEP colocó: “en el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ´la justicia´ persiguen a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento” y sumó “otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución”, vinculando el allanamiento a un castigo por la procesión de San Cayetano y acto con la CGT en Plaza de Mayo del día 7 de agosto. Es una conclusión extraña, ya que ambas cuestiones fueron realizadas bajo los parámetros definidos por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y no generaron ningún trastorno al Gobierno . Una nueva causa federal La causa en manos del juez Ercolini investiga la firma de una serie de convenios estatales para la confección de guardapolvos. La firma de estos convenios fue durante la gestión del entonces Ministerio de Desarrollo Social, en momentos de Victoria Tolosa Paz como ministra. Al ser consultado Caropresi aclaró: “Antes, el programa funcionaba por compra directa con un adelanto para la adquisición de la tela. La ministra anterior decidió modificar la forma de ejecutar eso y pasar al modelo de convenio. Nosotros dijimos que no íbamos a aceptar y advertimos que se iba a judicializar”, tomando distancia de la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. A pesar de lo dicho la realidad es que la UTEP es la organización que mayor cantidad de convenios y fondos para la economía popular ha gestionado , tanto durante el gobierno albertista como en el macrismo. La búsqueda principal del allanamiento en la calle Pedro Echagüe eran máquinas de coser y biblioratos. Finalmente, tras cinco horas el operativo culminó sin hallazgos relevantes. Al mediodía, empezó un conflicto con los vecinos que esperaban su plato de comida y, tras un reclamo de la dirigencia de UTEP, se pudo abrir la sala de atención médica y el comedor empezó a distribuir unas 2.000 raciones. Por esas horas, la organización se deslindaba completamente de la cooperativa “Hilando pueblos” y en diferentes medios aparecía el allanamiento como una medida irregular e incluso ilegal de parte del juez Ercolini.

En una entrevista realizada por la periodista Adriana Meyer para el medio Perycia (13/08), Daniela Calarco -una de las detenidas en las movilizaciones del 12J contra la Ley Bases- da cuenta de las deplorables condiciones de su detención en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza. Está recluida en un pabellón de presos comunes y duerme en una celda de 2x2 junto a otras personas. Sus “comodidades” se reducen a una cama y un mueble para sus pertenencias personales. Todo lo demás -celda, baño, cocina- es compartido con otras presas. “A los varones de esta causa los trataron mucho peor que a nosotras. Pero cuando recorres los pasillos porque te llevan a algún otro sector, ves ratas y cucarachas, no son condiciones dignas para ninguna persona”, denuncia Daniela sobre las condiciones cotidianas que se viven en Ezeiza. “No es ni parecido a las imágenes del lugar donde están presos los genocidas”, dice en alusión a las fotos de la comitiva de diputados oficialistas con Astiz y otros represores . En la entrevista, Meyer comenta que Daniela Calarco tiene 39 años, es oriunda de Mar del Plata, ciudad en la cual comenzó su actividad política y hace 10 años pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar por el Cambio Social, del cual se ha convertido en una referente. Hace 4 años que vive en CABA, cuando fue contratada por el ex Ministerio de Desarrollo Social hasta que en marzo la despidieron. “(...)Trabajé en la secretaría de Economía Social donde éramos responsables de intermediar entre las organizaciones y el ministerio en todos los convenios que están tan cuestionados ahora, que se supone que todo era trucho y la plata se desviaba, pero nosotros hacíamos el acompañamiento para las rendiciones de cada peso, que las organizaciones compraran dentro de los marcos establecidos”, señala sobre el desempeño de su cargo en dicha secretaría. Daniela y Roberto de la Cruz Gómez, son las únicas dos personas que siguen en prisión de los 33 detenidos en las jornadas del 12J. La carátula de la causa - que comenzó con acusaciones irrisorias sobre terrorismo y la organización de un presunto golpe de Estado - se ha ido desgranando. Actualmente, la causa está ordenada como “incendio en grado de tentativa”, “agravado” al tratarse de un bien público -por las bicicletas de la Ciudad que patrocina el Banco Macro- siendo esta la única justificación para que la causa permanezca en un juzgado federal. “Seguir detenida después de dos meses en un penal de máxima seguridad es ilegal. En otro contexto una persona acusada de lo mismo hubiera estado dos días en una comisaría y luego esperando el juicio en libertad”, denuncia Daniela. Sus abogados se encuentran trabajando para conseguir su pronta libertad. Ella señala como un puntal fundamental el apoyo y las visitas que ha recibido de distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Detalla las dificultades que sufre en su día a día por el encierro, que recibe una vez por semana a su pareja y familiares y, otras dos veces, mediante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a distintas organizaciones. Marcando las distancias que existen con la comitiva liberticida que pudo ingresar cuanto quiso y fotografiarse sonriente con los genocidas recluidos, Daniela no cuenta con ningún tipo de beneficio ni comodidad dentro del penal. Comenta que logra informarse mediante una tele presente en el salón comedor, que solo cuenta con canales de aire, y con los diarios y periódicos impresos que las organizaciones y familiares le acercan en sus visitas. La detuvo un policía vestido de civil, en plena vía pública, cuando as organizaciones se encontraban desconcentrando. Desde ese momento, comenzaron los maltratos, incluido el robo de pertenencias personales. “Nos pasamos 12 horas en una camioneta, estuvimos en Comodoro Py casi un día esposadas en la unidad de traslado, las familias y compañeros nos llevaron cosas que nunca llegaron a nuestras manos, ni comida, ni agua, ni nada. (...) En la comisaría de Chacarita nos tiraron en un pasillo 24 horas, sin agua en los baños.” Daniela reivindica la movilización del 12J y denuncia que la represión es señal del ataque que significa para los derechos de los trabajadores la Ley Bases y todo el plan del tándem Milei-Caputo, apuntalado por el estado policial que busca imponer Patricia Bullrich. El relato de Daniela es una muestra de las condiciones que busca imponer el gobierno contra los luchadores y todo aquel que se movilice contra la destrucción de sus condiciones de vida. Exigimos la inmediata libertad de Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos . Abajo el gobierno, arriba los que luchan.

En el marco de lucha nacional por salarios y aumento de presupuesto, se fueron gestando en la universidad de la provincia de San Luis distintos movimientos en las facultades de Ciencias Humanas y de Psicología, impulsando y organizando desde sus bases, mediante asambleas, agites y diferentes acciones de reclamos, y un principio de plan de lucha por fuera de las burocracias sindicales. Los sindicatos de docentes como la dirigencia de los centros de estudiantes nunca dieron respuestas a los distintos reclamos. En oportunidad de la irrupción docente-estudiantil-no-docente la dirigencia se limitó a hacerse presente en dicha jornada, pero luego de la escena. En contrapartida, comenzaron a organizarse de forma independiente los estudiantes organizados en Active Estudiantil y auxiliares de cátedra, auxiliares de primera y jefes de trabajos prácticos, quienes son los más desfavorecidos y precarizados, con sueldos muy bajos. Las conducciones sindicales, se limitaron a mirar pasivamente el descontento de estos sectores, que se fueron organizando en asambleas interclaustro. Pasado el primer cuatrimestre, con el agravamiento de la crisis salarial que afecta a todo el sector educativo, las asambleas interclaustros se fortalecieron. Frente a las resoluciones de las federaciones docentes y no docentes del paro por 72 horas a nivel nacional, se vota el no inicio del segundo cuatrimestre. Para el lunes 12 se preparó una asamblea interclaustros que tuvo gran concurrencia de docentes, no docentes y estudiantes. En la misma se votó la toma de la universidad, con constantes asambleas y un festival en el rectorado. La toma se mantuvo durante los tres días de paro. El miércoles 14 se suspendió la toma del rectorado y se votó la realización de un nuevo interclaustros para definir la continuidad de la ocupación para la próxima semana, todo esto por fuera de la burocracia de los diferentes sindicatos y centros de estudiantes pasivos. En el transcurso del día miércoles 14 hubo asamblea del sindicato docente que votó impulsar una semana completa de paro para la próxima semana y se solidarizó con la toma y pidiendo asistir al interclaustros independiente para coordinar la toma de edificios. Desde el Interclaustros se acordó el acompañamiento y participación y que cubrieran legalmente el paro y la toma de edificios. La asamblea interclaustros ya tiene votada, por fuera de los sindicatos, una nueva asamblea para definir como se continua el plan de lucha con toma de edificios. Como resultado de toda esta experiencia, los sectores independientes autoconvocados ven la fuerza de la organización y resultados de la visibilización de las acciones concretadas que han dado lugar al reconocimiento de organizaciones sociales, sindicales y medios de comunicación, pese a que en su momento las organizaciones sindicales de docentes universitarios ningunearon e invisibilizaron la organización y medidas de fuerza. LEER MÁS: Toma del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis: “El gobierno tiene en marcha una gran maquinaria para desmantelar la universidad pública” Entrevista a Abril San Martín, estudiante del Profesorado de Teatro e integrante de active estudiantil. Por Matías Ovejero, 16/08/2024.

El martes 13, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de adhesión al RIGI. En la misma sesión, se aprobó la adhesión al artículo 103 de la ley nacional 27.743, habilitando así el incremento de las regalías mineras del 3 % al 5 % en la provincia para nuevos proyectos. La semana que viene, la Cámara de Senadores hará lo propio y aprobará ambos proyectos. “El RIGI es un tren que pasa una sola vez”, advirtió un senador local. El anuncio del tratamiento de la adhesión lo hizo Sáenz junto a Caputo en el encuentro con diferentes patronales locales. El reclamo fue la adhesión al RIGI para convertir a Salta en una "tierra de oportunidades" que mejore su “atractivo gracias a su seguridad jurídica”, como resalta un comunicado de la Cámara de la Minería local. Los voceros de la burguesía minera reclaman “reglas claras y estables” y mayores beneficios fiscales ante el desplome en el precio del litio. La Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta advierte que, con la baja internacional del precio del litio, la capacidad operativa de las empresas se encuentra al 50 %, lo que impacta directamente en las contratistas locales. El responsable de REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Castillo, dice que la presión tributaria actual es inviable, que es necesaria una liberación del cepo y que, sin esto, la promesa de que en 2025 la minería se convierta en el principal ingreso de la provincia quedaría atrás. El anuncio de la adhesión al RIGI contentó a las patronales mineras de Posco Argentina, Ganfeng, First Quantum Minerals, Eramet, Rio Tinto y Alpha Lithum/Tecpetrol que anunciaron recurrir a él para las segundas fases de los proyectos vigentes en la provincia. En tanto el régimen aprobado establece para las patronales la disminución del 35 % al 25 % en el impuesto a las ganancias, además de intervenir sobre los derechos de exportación e importación y la libre disponibilidad de divisas para ser giradas al exterior. La Mesa del Litio define su hoja de ruta Flavia Royón fue designada como secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, conformada por Gustavo Sáenz, Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). Su designación fue acompañada con una promesa de 19 mil millones de dólares de inversión en proyectos de cobre y litio y las adhesiones al RIGI de Jujuy y Catamarca. Royón, embanderada del federalismo saencista, plantea una “línea común” de aportes y regalías mineras en las tres provincias y una “distribución justa” entre Nación y provincia de los derechos, por ejemplo, de exportación, que oscilan entre el 4,5 % y el 8% del precio de facturación, porque “no reflejan adecuadamente el valor real en boca de mina”. Royón, además, como vocera de las patronales mineras propone la adecuación de la actual Ley de Inversiones Mineras a la demanda del mercado. Es decir, levantar la carga impositiva por medio de que el cálculo de regalías sea proporcional al margen de ganancia: “Cuando el negocio va bien (…), las regalías pueden ser mayores, y cuando los precios son menores, las regalías bajan”. El reclamo es la competitividad frente a Chile y Perú. Según indican la presión fiscal no puede superar el 38 %, vigente en estos países. ¿Una tierra de oportunidades para quién? A pesar de las promesas oficiales de las nuevas inversiones con el RIGI que sacarán a Salta de la pobreza, la realidad es otra. Salta es una “tierra de oportunidades” y un paraíso para los capitalistas. Así las patronales celebraron la aprobación de la Ley Bases, en tanto consagra la garantía de mayores tasas de explotación y precarización de la fuerza de trabajo local. Las recientes luchas obreras en las minas contra las violaciones a convenios colectivos de las contratistas y tercerizadas, así como los 140 despidos en Puna Mining son un reflejo claro de esta situación. Ante el antagonismo social e histórico de nuestras necesidades y reivindicaciones en choque con los intereses capitalistas que defienden los Sáenz y Milei, se impone la necesidad de abrir un camino político propio.

El gobierno de Milei ha salido a instalar la idea de que los salarios han iniciado una senda de recuperación y que en junio le habrían ganado a la inflación del mes. La idea que intenta transmitir el gobierno es que “hay luz al final del túnel” para los trabajadores, después del cimbronazo de diciembre. El zarpazo de la devaluación se llevó el entre el 25 y el 50 % del poder adquisitivo de los salarios, según el segmento o actividad, y jubilaciones. Ni hablar de la asistencia social -más de un millón de planes de empleo-, congelada desde diciembre en 78.000 pesos. Estamos ante una gigantesca estafa, propia de un gobierno adicto a las fake news . Unicef publicó hace 48 horas un informe en el que “Más de 7 millones viven en la pobreza monetaria y unos 10 millones consumen menos carne y lácteos en comparación con el año pasado. Cada día, un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar.” Los índices de la actividad económica, del consumo, del uso de la capacidad instalada, todo desmiente al gobierno de Milei. Hay fuertes evidencias de abandonos de trabajo en el sector informal por la suba de precios del transporte. Milei despotrica contra ´los zurdos empobrecedores´, en relación al 42 % de pobreza que dejó el kirchnerismo, pero su propia gestión sumió en la pobreza a un millón de argentinos por cada mes de gobierno. Las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones tendrán en septiembre un aumento de 4,03 %: el haber mínimo, que cobra la inmensa mayoría de los jubilados será en bruto la miseria de $234.540. Las suspensiones, que se cuentan por decenas de miles, implican una reducción salarial. Los datos que difunde el gobierno datan de junio, cuando los salarios aumentaron un 6,2 % frente a un IPC de 4,6 %. Esto fue publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de cuyo informe también se desprende que los sueldos le ganaron a la inflación acumulada en el primer semestre (enero-junio): 84,3 % subieron los salarios mientras que la inflación acumulada suma 79,8 % (sin contar los datos de julio, publicados ayer). A lo sumo, se podría decir que se consolidó el nivel de empobrecimiento general que marcó el debut de la gestión ´libertaria´. El Gobierno oculta que ningún sector asalariado ha recuperado los salarios luego de la explosión inflacionaria de diciembre en el que llegó al 25,5 %. Por eso la comparación interanual da una pérdida fenomenal de los salarios contra la inflación: 216,3 % aumentaron los salarios y 271,5 % los precios. La segmentación capciosa oculta una gigantesca transferencia de recursos de la clase obrera hacia el capital. Como los salarios del sector privado se discuten en paritarias con varios meses de retraso -lo que representa en sí mismo un gran ahorro para el capital- la suba del 6,2 % de junio se corresponde con compensaciones de los trabajadores por las pérdidas de meses anteriores. Los salarios públicos están cuasi congelados y los del sector “no registrado”, en negro, ni siquiera se discuten en ningún lado. La fake news del Gobierno se ve con claridad si se estudia la paritaria de la rama siderúrgica de la UOM, que resulta ejemplar: tuvieron 6 meses los salarios congelados desde noviembre y obtuvieron recientemente un aumento a la baja y no remunerativo por los 6 meses pasados. La estadística del mes medirá que los salarios le ganaron a la inflación y el Gobierno dirá que aquí comienza la recuperación, mientras los trabajadores han perdido como nunca. En los hechos, el Gobierno consiguió un acuerdo con los gremios de la CGT para que acompañen el plan económico antiobrero. Se expresa en que tanto los dialoguistas como los moyanistas están firmando paritarias con “cuenta regresiva”, por debajo de la inflación mensual y que se encaminan hacia cero, mientras el piso de la inflación no perfora el cuatro por ciento. La paritaria en escalera hacia abajo desmiente por sí misma que junio es el inicio de una recuperación salarial. Aquellos acuerdos paritarios que habían superado la inflación fueron vetados por el Gobierno liberal de Milei y Caputo y retrotraídos por la burocracia sindical.

Política Obrera: ¿Cómo fue el proceso previo a la toma del rectorado? Abril: Nos encontramos con un sector de los docentes, los auxiliares, que empezaron a moverse para visibilizar su situación salarial y el ajuste que se estaba desarrollando. Nosotros nos sumamos y, en una asamblea interclaustro convocada el 12 de agosto, se decide la ocupación del rectorado por unanimidad. PO: ¿Cuál es la situación entre los estudiantes? ¿Cómo viene la organización y difusión de estas medidas? ¿Qué recepción sienten? Abril: Desde hoy (martes) estamos realizando pasadas por los cursos que hay, para convocar a todos los estudiantes a sumarse a la toma y otras medidas. La toma ha sido tan viralizada y al llegar la universidad ver los carteles que anuncian la toma, generó que varios estudiantes se acercaran y quisieran sumarse a la medida activamente. PO: ¿Y cuál es el humor general en la asamblea? ¿Qué pasos a seguir están planteados? Abril: Ahora nos estamos organizando con asambleas periódicas, todos los días se realiza una convocatoria abierta para decidir si la toma continua o se desarrollan otras actividades. Por el momento, en todas las asambleas se ha decidido continuar la movida. Lo planteado es finalizar la toma cuando finalice el paro de 72 horas; en lo personal, creo que debería continuar la toma. También se está organizando un festival como próxima acción. PO: ¿En qué consiste el festival? ¿Cómo surgió y cuál es el objetivo? Abril: La idea es poder volver más habitable la universidad en este contexto tan horrible y, también, si bien la situación en la toma es de gran unidad y un espíritu de lucha colectivo, los problemas cotidianos individuales en esta situación tan adversa pesan fuerte en todos los compañeros. La idea es impulsar con feriantes, bandas en vivo, un espacio donde se vuelva un espacio más habitable alrededor de la toma. PO: Además del reclamo por los salarios docentes, ¿qué otras reivindicaciones están presentes? Abril: Uno de los debates al interior de la asamblea es profundizar los reclamos y no abordar solo el reclamo salarial. Comprendemos, también, como asamblea, que el problema salarial es un aspecto de una gran maquinaria para desmantelar la universidad pública. Y la idea es seguir tratando esas problemáticas, como estudiantes siempre apuntamos a garantizar la permanencia y el bienestar de los estudiantes en la universidad y todo el tiempo nos pasan cosas, como el aumento del colectivo. El interurbano más barato en San Luis sale $1.000. Por suerte, ahora, el comedor universitario abre también a la noche, pero una comida sale $1.300 y muchos compañeros no pueden costear estos costos, lo que los lleva a dejar las carreras. PO: ¿Querés agregar algo más? Abril: Quiero aprovechar el espacio para convocar al conjunto de los estudiantes, primero, a que no nos gane el estar desmotivados y, segundo, a replicar estas medidas. Que esto no quede aislado en San Luis. Creo que es el momento, tenemos que aprovechar el paro, tenemos que aprovechar las asambleas, cualquier espacio que se dé para tomar las universidades. Hay que dejar en claro que nosotros no estamos jodiendo, como tampoco está jodiendo el gobierno en su ataque. Nosotros como estudiantes vamos a defender la universidad, porque es un derecho, es lo único que nos da igualdad de oportunidades… es lo único que nos va a ayudar a construir un futuro. Por eso, como mensaje, hay que replicar estas acciones, impulsar más medidas para que salgamos a la acción. LEER MÁS: Universidad Nacional de San Luis: crónica de una gran lucha Así superamos el inmovilismo de la burocracia. Por Ivonne Pérez, 16/08/2024.

Mientras restan más de 15 fechas para definir el campeón de la Liga Profesional, en la AFA empezó a circular un prototipo de campeonato para el próximo año que incluye la supresión de los descensos de este año como su punto más polémico. Algunos medios adjudican su autoría a la dirigencia de los clubes complicados en promedios y puntos; otros, al dúo Tapia-Toviggno. El tema se ha convertido en prenda de negociación para cerrar filas contra el gobierno y las sociedades anónimas. El boceto que circula propone un campeonato de 30 equipos, es decir contempla los dos ascensos de la B nacional pero elimina los dos descensos de primera manteniendo el número actual de 28 clubes más los 2 ascendidos, divididos en 2 zonas de 15 equipos con una fecha de clásicos y una o más fechas interzonales, cuartos de final con los primeros 4 equipos de cada zona y un repechaje con los siguientes 4 de estas, esta última etapa de *play off *tiene una opción alternativa donde directamente lo jugarían los 16 equipos desde los octavos de final. La modalidad sería semestral, volviendo al formato símil Apertura y Clausura y tendría una gran final entre los ganadores de ambos. A partir del año que viene se retomarían los 2 descensos, por promedios y tabla anual. Este modelo tiene como beneficiarios a los clubes que están peleando el descenso, pero también a las empresas de televisación: más partidos, más instancias de eliminación directa (y posibles penales) y tres finales anuales. Mayor televisación es mayor dinero en publicidad para repartir entre clubes. En la misma línea van las casas de apuestas. En lo deportivo, este tipo de competencias que obligan a calendarios ajustados y superposición con otros torneos, benefician a los planteles con mayor presupuesto, que cuentan con equipos alternativos de nivel e instalaciones de regeneración muscular y física de última generación. Está discusión por el rediseño del campeonato tiene lugar en el marco del conflicto de AFA con el gobierno por la incorporación de capitales privados a las dirigencias de las instituciones. Tapia pretende abroquelar a los dirigentes contra el desembarco de las sociedades anónimas y la venta de los clubes al mejor postor, defendiendo su propio esquema de negocios. La AFA tiene por delante una asamblea general en octubre, y previamente, reuniones del comité ejecutivo. Será en estás instancias donde se firmen los acuerdos entre la AFA y los dirigentes. La oposición referenciada atrás de Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata) y Andrés Fassi (Talleres de Córdoba), defensores de los inversionistas, no se ha pronunciado al respecto, pero carecen de herramientas para contraatacar en minoría está maniobra. El proyecto oficialista pretende imponer las SAD en los estatutos de la AFA. El apoyo del congreso a esta iniciativa del gobierno ha chocado con las burocracias que dirigen los clubes y se relacionan con los sindicatos y gobiernos provinciales. La AFA le da una porción de las ganancias de la copa Argentina a las provincias, alquilando estadios, contratando operativos de seguridad a las policías locales, aparte de otros ingresos indirectos. La eliminación del descenso, además, beneficia de forma directa, entre otros, a Central Córdoba (Santiago del Estero) y San Martín de San Juan con el ingreso directo a la máxima categoría. Quienes no tienen voz en esta disputa son, por un lado, los socios, que no participan de las discusiones sobre qué posición tomarán sus dirigentes de cara a la asamblea general de octubre. Y, por otro lado, los jugadores, que son quienes efectivamente llevarán adelante la modalidad de competencia con ritmos altísimos. Mientras ellos se disputan las ganancias del fútbol, nosotros debemos abrir instancias de discusión para recuperar el deporte y la condición social de nuestros clubes.

La media sanción a la “Ley de Financiamiento Universitario” ha sido presentada como un “golpe al gobierno” de Milei y como “un resultado de las luchas” y huelgas que vienen teniendo lugar en las universidades de todo el país. De hecho, la ley fue votada después de una huelga nacional de 72 horas que fue masivamente cumplida . El salario de los profesores ha perdido un 50 % de su poder de compra desde diciembre de 2023 hasta hoy. La ley votada, ¿le otorga a los docentes y no docentes el salario perdido, como suele ser presentada por todo el arco político que la votó y también por las centrales del gremialismo universitario? Los artículos de esta breve ley referidos al salario docente y no docente y también a los gastos de las universidades le “encomiendan” al poder ejecutivo el ajuste de esos conceptos de acuerdo a la inflación de los últimos siete meses. Es decir que el Congreso no dispone u ordena esos aumentos, sino que le tira el fardo a un Ejecutivo que, como repite todos los días, no piensa mover el amperímetro de un mentiroso “déficit cero” destinado a asegurar el pago de la deuda pública. Bien mirada, la ley del Congreso es sólo una exhortación. La maniobra se completa con el artículo 6º, que “aclara” lo siguiente: el aumento “encomendado” en los artículos anteriores no se aplicará “siempre y cuando las paritarias a nivel nacional del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el poder Ejecutivo y las Federaciones que representan a los trabajadores de la educación superior”. Es decir que la “indexación” no regirá en el caso que las paritarias, por caso, dispongan un aumento menor. Pero ¿qué sentido tendría esta disposición si la ley efectivamente dispusiera la indexación de los salarios? La “aclaración” del artículo 6 es la demostración más clara de que la ley es un saludo a la bandera: los salarios seguirán siendo discutidos en una paritaria que, además, no es tal, porque “Capital Humano” dispone sus aumentos miserables por decreto . Cuando, en paritaria, las federaciones docentes invoquen a la ley de financiamiento, el gobierno aducirá que no va a cumplir con la “encomienda” del Congreso. Reordenamiento reaccionario En su desarrollo posterior, la ley no se priva de establecer los “criterios de asignación” de los futuros presupuestos universitarios en los términos que habían sido incluidos en la versión original de la ley Bases -por ejemplo, incorporando al número de egresados como criterios para penalizar o premiar a las universidades-. En vez de establecer un presupuesto que parta de las necesidades formativas y científicas, la ley recoge el criterio de Milei-Caputo, o sea, el de la piñata neoliberal: abrir paso a una competencia entre universidades en torno de los `recursos escasos, y empujarlas a la financiación privada y, por lo tanto, a la privatización del conocimiento. La ley votada lleva el sello inconfundible de la camarilla de Yacobiti-Lousteau, o sea del rectorado de la UBA, acompañada sin mayores divergencias por el arco de rectores que sigue al pejota y al kirchnerismo. Es la línea con la cual este arco político “opositor” ha manejado el conflicto universitario desde que Milei-Caputo pusieron en marcha los brutales recortes. Los rectores aspiran a asegurar una cuota de fondos para la caja general de la Universidad y dejar a los salarios docentes y no docentes librados al destino de una paritaria decorativa. Aunque la ley todavía debe recorrer el camino del Senado, es necesario sacar las conclusiones ahora, en un momento crucial de la lucha universitaria. Incluso si obtuviera sanción completa y resultara promulgada, la “Ley de Financiamiento” ha sido redactada para que Milei-Caputo la archiven en un cajón. Sin resultados efectivos en ese plano, el objetivo de este artilugio parlamentario es anestesiar a las huelgas universitarias, en momentos en que las asambleas docentes, no docentes y estudiantiles discuten en estas horas cómo profundizar la lucha. Las federaciones gremiales que la han saludado como “una conquista” están contribuyendo a esa maniobra. Más que nunca, se impone debatir cómo preparamos la huelga general universitaria y una nueva y contundente marcha educativa . El salario universitario, destruido por Milei-Caputo y sus cómplices, sólo será recuperado con la lucha.

El gobierno de Milei, mediante el decreto 730/2024, reglamentó la posibilidad de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algo previsto en el mega DNU 70/23. La reglamentación de Milei avanza mucho en cada uno de los posibles pasos a adoptar para que una Asociación Civil "sin fines de lucro" pueda pasar a ser una Sociedad Anónima, o ligarse a otras SA ya sean nacionales o extranjeras. En su artículo primero define que los “asociados a las asociaciones civiles” serán “quienes participen en la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas”. La reglamentación del artículo segundo está directamente referida a la dirección de la AFA, que hasta ahora se opone a las SAD, señalando que las federaciones o confederaciones no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva” que haya elegido convertirse en una SAD. La respuesta de la AFA es extremadamente débil, pues al no poder impedir (por la propia ley de deportes) la posibilidad de la inversión privada en los clubes, argumenta que la AFA tiene también el derecho de no aceptar los clubes que se transformen en SAD, lo que abre la posibilidad de otra asociación del fútbol argentino integrada solo por clubes civiles. La posición de la AFA choca abiertamente con las decisiones de la FIFA e incluso con las de su hija menor en el continente, que es la Confederación Sudamericana hoy dirigida por un gran empresario partidario de las SAD. Una batalla perdida En Europa se ha generalizado la participación de las SAD con el abierto aval de la FIFA. En Inglaterra, 20 de los principales clubes son SAD, pero el avance se da también en los grandes clubes de Italia, Alemania y Francia. En el caso de España, de los tres grandes clubes, sólo el Atlético Madrid es SA mientras que el Real Madrid y el Barcelona mantienen su razón social como clubes civiles "sin fines de lucro", pero con estatutos particulares que determinan que solo accedan a su dirección grandes capitales privados –avales patrimoniales, etc.-. Algo que en Boca se implantó bajo la dirección de Mauricio Macri. En España, la Federación modificó los estatutos y se mantiene un mix entre clubes civiles y SAD mientras la pelota sigue rodando. En Sudamérica la cosa es igual: el 50 % de los clubes uruguayos hoy es sociedad anónima;14 de los 16 equipos chilenos de fútbol son SA; de los 20 equipos del Brasil, 6 son SA y, en el caso de México, es el paraíso de la SA . Los clubes "civiles" en la Argentina se encuentran ya hace mucho tiempo en manos de empresarios. Los estatutos "civiles" no impidieron versiones encubiertas de SAD durante muchos años. Amalita Fortabat en su momento "inventó" Loma Negra. Algo similar ocurrió con Mandiyú de Corrientes; y hasta grandes clubes como Racing tuvieron experiencias privadas. La desastrosa actuación de los deportistas argentinos en los juegos olímpicos ha demostrado que, en otras áreas deportivas, los clubes civiles no han aportado nada al deporte. El gobierno de Milei les otorga un "plan social” a los atletas y las SAD ni siquiera se tomarán el trabajo de formar deportistas en otros rubos fuera del fútbol. En el mundo, su intención es la compra masiva de clubes del tercer mundo para hacer más barata la mano de obra y ahorrarse millones de dólares en compras con derechos de formación. Las SAD corresponden por entero a la política de Milei de penetración de capitales extranjeros. El corazón de la reglamentación hace hincapié en no "obstaculizar" el ingreso de estos capitales. Al igual que con la Ley Bases, tendremos a los gurkas del gobierno y la derecha bregando por el ingreso de capitales para "mejorar” el futbol y tendremos en el peronismo a quienes se adapten a estas necesidades rabiosamente capitalistas. Así las cosas, ante el emplazamiento de un año que dicta el decreto liberticida, tendremos una AFA con Tapia o sin Tapia, pero con SAD . Del fútbol no se habla, sólo es una cuestión de negocios. LEER MÁS: Fútbol: los proyectos privatizadores del gobierno y la AFA Por Juan Arrecegor, 12/06/2024.

Apenas concluido el paro nacional por 72 horas, se reunieron, a la mañana el plenario de secretario general de la CONADU H y a la tarde el plenario de CONADU. En el primer caso, un balance pudo constatar el alcance masivo que tuvo la huelga nacional de 72 horas. Por otra parte, el plenario rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la Educación como “servicio esencial” –liquidación del derecho de huelga-. Se decidió darle continuidad al plan de lucha. A la hora de votar hubo 11 mandatos por concretar la próxima semana un paro de 48 horas sin concurrencia, 10 mandatos por sostener un paro de 72 horas y 4 mandatos por extender la huelga por 96 horas. La justificación de la primera minoría fue sostener la unidad del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que ya habían resuelto parar por 48 horas. Por otro lado, si se analizan los mandatos, la suma de los que planteaban una huelga mayor a las 48 horas fue mayoritaria. El dirigente de la UNCA (Catamarca) señaló que tenía mandato de parar nuevamente por 72 horas, pero luego se desconectó de la reunión y, cuando reingresó sostuvo que se había equivocado. Por último, el plenario acordó la realización de una nueva marcha nacional educativa para el mes de setiembre. Por su lado, el plenario de secretarios generales de la CONADU también resolvió con las mismas justificaciones parar 48 horas. Cabe señalar que del seno de esta federación hubo 4 asociaciones que lo extendieron por 6 días. Finalmente se acordó proponer una nueva Marcha Nacional Universitaria para la semana del 9 al 13 de septiembre. Varias asociaciones de las dos federaciones, una vez tomado conocimiento de las resoluciones adoptadas, de manera coincidente acordaron llevar las resoluciones a las asambleas generales de sus universidades para impulsar extender la próxima jornada huelguística a 72 horas.

El no inicio de clases del segundo cuatrimestre se sintió con fuerza en Filosofía y Letras. El paro docente tuvo un acatamiento masivo durante los tres días. De las pocas materias que se cursaron, varias lo hicieron sin fichar el ingreso de sus docentes a la facultad y reemplazando el inicio de clases por un debate sobre la situación que atraviesa la educación. El jueves fue convocado un “abrazo” al edificio de la facultad por el decano, que tuvo las características de una movilización por las calles que rodean la facultad, de la que participaron las agrupaciones estudiantiles, los gremios docentes y no docentes y el CEFyL. Al ajuste gubernamental de las universidades, se suma el ´ajuste´ por parte de las autoridades de la facultad, que han impuesto el recorte horario en la cursada y se aprestan a aprobar reformas en los planes de estudio de Filosofía e Historia que facilitan, a futuro, la incorporación del arancelamiento a segmentos específicos de las carreras. Está convocada, para el próximo jueves, una asamblea del CEFyL. La agenda propia de los estudiantes y docentes plantea desarrollar la huelga e impulsar asambleas generales, clases públicas, piquetes y la movilización. La cuestión de la convocatoria a una nueva marcha universitaria ha quedado puesta a debate entre el estudiantado; debe ser construida sin dilaciones por medio de pronunciamientos por cursos y cátedras y el impulso a las autoconvocatorias. LEER MÁS: Un gran paro universitario Por Federico Fernández, 14/08/2024.

Ya nada oculta que la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández produjo una implosión al interior del PJ , pero esto recién empieza. Los principales referentes del peronismo ensayaron su propio encubrimiento, y han tratado de desmarcarse de sus relaciones con el expresidente al punto tal de desconocerlo, empezando, como no podía ser de otro modo, por la propia Cristina Fernández. Pero esta denuncia está muy lejos de ser una mera acción individual y mucho menos, como arriesgan algunos portales afines al proyecto “nacional y popular”, de dejar indemne al peronismo. Luego de la denuncia de Fabiola vino su ampliación, primero la presentación de un documento escrito y luego una nueva declaración en el consulado argentino en España. Yáñez prestó declaración durante 4 horas dando detalle de cómo se produjeron los hechos de violencia, las agresiones físicas y el “hostigamiento psicológico”, que según declaró, empezó en 2016. Detalló otros episodios, como haber interrumpido un embarazo bajo el hostigamiento constante de su expareja, tras lo cual buscó su “refugio” en el alcohol. Como ya había expuesto públicamente, declaró que el peor momento de la relación, el de mayor violencia, fue durante el último año de gobierno de Fernández y reiteró, como lo hizo en la entrevista que brindó en exclusiva a Infobae, que el expresidente la responsabilizaba por haber perdido las elecciones del 2021 y del fracaso de su gobierno. Yáñez aportó los nombres de quienes habrían estado al tanto de toda la situación: Mariela Cantero, la secretaria privada histórica de Alberto Fernández; ella habría recibido la fotografías de Yáñez, con las marcas en su cuerpo luego de los golpes y capturas de los chats que mantenía con el expresidente; Federico Saavedra, el jefe de la unidad médica presidencial durante la gestión de Fernández, según Yáñez estaba al tanto de las lesiones y, finalmente, Ayelén Massina, quien se desempeñó como ministra de Mujeres, Género y Diversidad durante el último período del Gobierno de Fernández. Yáñez contó que le pidió ayuda durante un viaje que compartieron a Brasil, entonces ella era funcionaria, pero “no hizo nada” (La Nación 14/8). Por su parte, Fernández empezó negando todas las acusaciones de Yáñez contra él; luego reconoció discusiones frecuentes - “con violencia verbal mutua pero nunca física” (El País 12/8)-. En una entrevista que brindó al periodista Horacio Verbitsky para “El Cohete a la Luna”, dio a entender que Yáñez atravesaba episodios de desequilibrio psiquiátricos y problemas de adicción. En una entrevista en El Destape, pocos días antes de la denuncia de Yáñez, Fernández había revelado que en una comida con directivos del Grupo Clarín le comunicaron que lo tratarían mejor si "entregaba a Cristina" (sic), a lo que se había negado. La abogada que representa la defensa de Fernández, Silvina Carreiras, solicitó formalmente que la declaración de Yáñez sea desestimada por la Justicia, debido a que no pudo ser parte presente virtual –rechazada por Ercolini-. Ercolini, por otra parte, es parte interesada en el juicio, desde que fue revelado su viaje a Lago Escondido, de Joe Lewis, en una operación secreta financiada por Clarín, junto a otros funcionarios judiciales. Ante la negativa del juez, Carreiras dejó por escrito las preguntas para la ex primera dama y propuso que otro se las hiciera en su lugar. Desde la denuncia hasta acá, el gobierno no ha perdido un solo día para emitir opiniones. Ya sea de manera oficial o a través de su patota rentada de tuiteros, Milei celebra la descomposición del PJ. Sin embargo, dio instrucciones para que sus ministros se abstengan de hacer comentarios sobre la causa, los únicos “autorizados” para hablar son él mismo y Manuel Adorni, el vocero de prensa. La Casa Rosada entiende bien que nada la favorece más que su propio silencio. El objetivo estratégico de Milei no es acabar con Fernández ni con el kirchnerismo sino con el movimiento de lucha de las mujeres, al que caratula de feminismo y doctrinarismo de género. Lo cierto, sin embargo, es que el feminismo de colaboración de clases ha sido incapaz de enfrentar la situación. CFK le dio su martillo de remate cuando declaró que ella no era feminista. Es cierto, porque se opuso al derecho al aborto hasta que le fue imposible. El próximo Encuentro de Mujeres, en octubre, debe poner a luz el feminismo colaboracionista de clases, su apego a la integración al estado y la incapacidad, en esta situación, de dar una respuesta política, que no podría ser otra que la defensa de la organización independiente de la Mujer Trabajadora . Es la única forma de enfrentar la ofensiva derechista de Milei. Verbitsky dejó clara su posición de que las golpizas que se adjudican a Fernández no acabarán con el peronismo, como tampoco lo lograron, dice, las denuncias de las andanzas comprobadas de Perón con una niña adolescente de 14 años, en 1955, en la misma Quinta de Olivos. Sabe de lo que habla: el sobrevivió al fracaso de sus todas sus componendas políticas y golpistas (derrocamiento de Illia), el retorno de Perón –para desviar y liquidar una situación revolucionaria- y con la misma dictadura militar. El mundo social de Fabiola Yáñez, la Residencia de Olivos y los viajes por el mundo, no es el de las trabajadoras, ni lo es tampoco el objetivo de su juicio contra Fernández –una condena financiera y penal-. Pero para luchar contra la violencia contra la mujer, contra el femicidio y contra la explotación de clase contra la mujer, y para desarrollar un movimiento independiente de la mujer trabajadora, nos plantamos en este episodio contra la explotación de la causa femenina por parte del Estado y los partidos patronales; contra la integración de las organizaciones de la mujer al Estado: contra los manejos judiciales de un caso animado por Clarín y sus secuaces políticos y el gobierno, y por el castigo de la violencia contra la mujer de todos los culpables, Fernández incluido.

El jueves 15 de agosto, con menos de 12 horas de aviso, se realizaron las asambleas extraordinarias del SUTEBA en todas las seccionales de la provincia con el objetivo de aprobar de manera sumaria la propuesta hecha por el gobierno de Kicillof ese mismo día. La oferta salarial de la provincia —un 8 % en dos meses— consolida los salarios docentes entre la línea de indigencia y la de pobreza. El apuro en la realización de las asambleas responde a tratar de evitar que crezca el repudio y la deliberación en las escuelas ante otra oferta salarial que es tomada como una provocación, más aún cuando llegan facturas de luz y gas que, como mínimo, cuadruplican lo que significará el monto de la oferta para cualquiera de los cargos. La burocracia ha transformado las asambleas de afiliados en escribanías de la provincia. En José C. Paz, la burocracia local, antes de lanzar la convocatoria oficial a la asamblea, se dedicó a llamar a su padrón más cercano para garantizar la aprobación de la rebaja salarial que acordaron de antemano con la provincia. Muchos de esos mensajes individuales se filtraron por la propia indignación de quienes eran invitados “a valorar el esfuerzo de la provincia”. La asamblea contó con la participación de unos 140 afiliados, -menos de un 10 % del padrón de José C. Paz y menos del 1 % de los docentes del distrito-. El informe del secretario general de la seccional arrancó con un escueto informe de la situación nacional y un repaso del “plan de lucha de la CTERA”(sic), es decir un puñado de concentraciones de los aparatos sindicales, vaciadas de cualquier participación de los docentes, comunicados de repudios y llamados “a la más amplia unidad”. La lista de oradores comenzó con la intervención de una militante de la oficialista Lista Celeste que se centró en atacar a la oposición “por haber provocado a la policía” el día de la concentración convocada por CTERA contra la aprobación en Diputados de la ley de “esencialidad educativa”. Lejos de ser sólo un exabrupto, esta provocación recorrió casi todas las intervenciones de los militantes de la Celeste, incluso de miembros de la mesa de conducción. La justificación de la represión Policial del tándem Bullrich-Milei tuvo durante la asamblea un doble objetivo; por un lado correr el foco de la entrega salarial que estaban militando, y por el otro, justificar la retirada de la plaza luego de un acto que no llegó al estatus de saludo a la bandera. Finalmente la propuesta de la provincia y de la dirección del sindicato se aprobó por mayoría: 91 a favor y 32 en contra. Desde Tendencia Docente Clasista, llamamos a rechazar la propuesta salarial y denunciamos la sistemática entrega del salario de la burocracia del Suteba, y que la propuesta de la provincia significaba una contribución por parte de Kicillof al plan de recesión económica de Milei-Caputo. En este punto, la complicidad de Ctera-Suteba con el ajuste de Kicillof se explica en que se aferran, incluso a costa de los salarios y del vaciamiento de la educación, a sostener la perspectiva electoral para el 2027. Por eso señalamos que no hay que esperar de esta burocracia ningún plan de lucha real y que hay que impulsar autoconvocatorias para preparar una huelga general educativa hasta derrotar el plan de guerra que tiene a Milei por acción, y a los gobiernos provinciales junto con la burocracia sindical por omisión, en el mismo campo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés) notificó un aumento de casos de Coronavirus durante las últimas semanas de julio afectando principalmente a Europa, Estados Unidos y China. A su vez las reinfecciones alertan sobre las probabilidades cada vez más altas de contraer covid prolongado o “long covid” y el peligro de que ésta afección vaya en aumento, según un estudio reciente. Esto da cuenta de que el COVID-19 continúa siendo una amenaza para la población mundial. Aumentan los casos en Europa, Estados Unidos y China Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante su último período de notificación (del 24 de junio al 21 de julio) se registraron a nivel mundial 186.000 nuevos casos de COVID-19 y más de 2.800 muertes relacionadas, lo que supone un incremento del 30 y el 26 por ciento, respectivamente en comparación con los 28 días anteriores, del 27 de mayo al 23 de junio. (WHO, 13/08/2024). A su vez, de acuerdo a la actualización epidemiológica de la OMS, el porcentaje de positividad más alto se informó en la Región de Europa (entre 21,0 % y 22,0 % en 30 países), seguida por la Región de las Américas (10,5 % a 22,0 % en 20 países), la Región del Pacífico Occidental (4,1 % a 8,4 % en nueve países), Región de Asia Sudoriental (5,6 % a 6,2 % en todos seis países), la Región del Mediterráneo Oriental (4,5 % a 4,7 % en cinco países) y la Región de África (1,9 % a 2,8 % en 15 países). Las tendencias crecientes en hospitalizaciones y admisiones en unidades de cuidados intensivos, están impulsadas principalmente por países de la Región de las Américas y la Región Europea. Por su parte, un informe del Pandemic Mitigation Collaborative (PMC Model, 12/08/2024) arroja que 1 de cada 38 estadounidenses está infectado con COVID-19. Es decir, más de 1,3 millones cada día, a medida que la ola de verano se intensifica. El aumento de casos coincide con la intensificación de la ola de verano y con la aparición de la nueva variante viral KP.3.1.1, que se ha convertido rápidamente en dominante desde que surgió por primera vez a principios de junio como descendiente de la variante KP.3 , conocida como "FLiRT” y sería sumamente contagiosa. A su vez, se estima que los estadounidenses han tenido COVID-19 en promedio 3,3 veces. En China también se han incrementado los casos en varias provincias (Hubei, Heinan, Anhui, Shanxi y Heibei). En este caso, el resurgimiento estaría relacionado a una nueva variante recombinante Delta y Omicron llamada XDV.1. (Es decir, una combinación de Delta con Omicron) Informes de investigadores de Beijing y Shanghai afirman que las tasas de hospitalización están aumentando gradualmente en todas las provincias de China, siendo Hubei la más afectada (Thailand Medical News, 8/08/2024). En dicha provincia, según lo que dejan entrever las noticias, las autoridades sanitarias han comenzado a establecer centros de detección y clínicas temporales, aislar los casos positivos y se han establecido puestos de control para evitar viajes entre distritos y fuera de la provincia que no sean necesarios. A su vez, durante los Juegos Olímpicos que transcurrieron en París, alrededor de 48 atletas han contraído la infección de COVID-19. En Ecuador también se registra un aumento en general de los casos de virus respiratorios, dentro de ellos el COVID-19. Frente a esta situación, la misma OMS, sostiene que las tendencias en el número de nuevos casos y muertes notificados deben interpretarse con cautela debido a la disminución de las pruebas y la secuenciación, junto con retrasos en la presentación de informes en muchos países. COVID prolongado, crecen las alarmas Paralelamente, la afección conocida como COVID prolongado o “long COVID”, se está transformando en una afección cada vez más común a nivel mundial. Un estudio recientemente publicado en la revista Nature Medicine (9/08/2024) arroja que para los primeros cuatro años de la pandemia esta afección ascendió a 409 millones de casos. Es importante aclarar que estas estimaciones solo representan los casos derivados de infecciones sintomáticas e informadas. El mismo estudio desarrolla que las vacunas (antes de la infección) y los antivirales (durante la fase aguda de la infección) pueden reducir el riesgo. Mientras que, por otro lado, la reinfección se presenta como un factor de riesgo e, incluso si las personas no experimentaron COVID prolongada después de una primera infección por SARS-CoV-2, siguen corriendo el riesgo de desarrollarla con infecciones posteriores. Esto quiere decir que el actual crecimiento de casos empujará a una nueva cantidad de personas a “sufrir” covid prolongado y, por ende, atravesar las consecuencias de la misma en su vida cotidiana, como por ejemplo trabajar. El estado de situación actual da a pensar que la enfermedad de Coronavirus aún sigue siendo una amenaza, para la cual deben destinarse mecanismos de prevención, seguimiento y cuidado. Mecanismos que en su mayoría fueron desmantelados con la declaración del “fin de la pandemia”, mientras aún continúa en estudio el covid prolongado y sus formas de tratamiento. En simultáneo, se propagan más enfermedades. Es el caso de la viruela símica (mpox), que acaba de ser catalogada como emergencia Global por la OMS. Todo esto genera una enorme presión sobre los sistemas de salud que vienen siendo víctimas de achiques, recortes y privatización, en diversos países. Referencias: https://www.thailandmedical.news/news/breaking-parts-of-china-witnessing-a-covid-19-resurgence-driven-by-a-new-recombinant-delta-and-omicron-variant-xdv-1 https://www.thailandmedical.news/news/ecuador-faces-rising-wave-of-respiratory-infections-including-covid-19 Pandemic Mitigation Collaborative (PMC) Model (Modelo colaborativo de mitigación de pandemias, en español) , 12/08/2024: https://pmc19.com/data/PMC_COVID_Forecast_Aug12_2024.pdf Long COVID science, research and policy (Long Covid, Ciencia, investigación y política), 9/08/2024: https://www.nature.com/articles/s41591-024-03173-6 COVID-19 Epidemiological Update, Edition 170, published 13 August 2024 (Actualización epidemiológica de COVID-19 publicada el 13 de agosto de 2024): https://www.who.int/

A principios de mes, un desplome bursátil que afectó a la mayor parte del planeta, pero en especial a los mercados de Nueva York y Tokio, produjo una pérdida de valor accionario del orden de los 3 billones de dólares. Se desarrolló en secuencias sucesivas desde el mes de junio y explotó el 3 y 5 de agosto. Los debates se iniciaron de inmediato acerca de si lo ocurrido inauguraba un ciclo nuevo de recesión y de deflación. Un fondo internacional, en una carta a sus clientes, caracterizó lo siguiente: “Vemos un evento de mercado, no uno de carácter económico” (Financial Times, 7.8), atribuyendo la ‘turbulencia’ a una onda especulativa previa, basada en la infundada confianza creada por un período de estabilidad. No ha tenido lugar una crisis del proceso de producción sino de su superestructura financiera. En los días siguientes las Bolsas recuperaron los valores de inicio. La Unión de Bancos Suizos ha estimado que la mitad de las deudas acumuladas, fundamentalmente en Estados Unidos, por préstamos originados en Japón, unos 742 mil millones de dólares desde 2021, había sido cancelada. La bajísima tasa de interés de Japón, el 0.1 %, había inducido a la toma de créditos para ser invertidos en deuda pública a diez años o en el mercado monetario de Estados Unidos, que ofrecía una tasa del 4.5 al 5.5 %, o para comprar acciones de empresas tecnológicas con la expectativa de que se valoricen por el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Quienes ven lo mismo, aunque desde otro ángulo, sostienen que la potencial valorización que ofrecían las tecnológicas incentivó la toma de préstamos de Japón, a una tasa de interés ‘gratuita’. La suba de la tasa de interés decidida por el Banco de Japón, del 0.1 al 0.25 %, pinchó esta burbuja. El mismo efecto tuvo la publicación de los balances de las tecnológicas, con beneficios muchos menores a los esperados. El desplome del proceso especulativo ocurrió también en Japón –donde la suba de la tasa de interés provocó la caída de las acciones bursátiles-. La recuperación de las pérdidas en los días subsiguientes no es un dato suficiente para dar concluida la crisis. Como ocurre en los vuelos aéreos cuando se supera una turbulencia, varios financieros aconsejan seguir con los cinturones de seguridad abrochados. Más allá de las transacciones dólar/yen por aproximadamente 1 billón de dólares, los inversores japoneses son, en términos netos, los mayores prestamistas de la economía mundial. Han invertido 10,6 billones de dólares en títulos extranjeros y son grandes compradores de títulos estadounidenses y australianos. El historiador económico Adam Tooze advierte que “todavía hay muchas posiciones cortas en yenes y muchas largas en las tecnológicas estadounidenses”. Lo que quiere decir es que hay mucho dinero que apuesta a la baja de la moneda japonesa (que está aumentando) y otro tanto invertido en función de una suba de las acciones de las empresas norteamericanas (que han estado cayendo). De acuerdo a esto, la crisis financiera no ha concluido. Un billón de dólares del endeudamiento originado desde Japón se encuentra sin liquidar. El Banco de Japón ha anunciado que no subiría de nuevo, a corto plazo, la tasa de interés, ofreciendo sosiego a quienes se endeudaron en yenes, en tanto que la Reserva Federal se aprestaría a reducir la tasa norteamericana y a hacerlo en tandas rápidas, para achicar el diferencial con la de Japón. Estos movimientos soslayan una cuestión fundamental. Ocurre que Japón necesita absolutamente aumentar sus tasas y elevar la cotización del yen por razones estructurales. El estancamiento de la economía japonesa supera largamente en el tiempo a la de Argentina —unas tres décadas— y su política financiera ha fracasado en reanimarla. Ha acumulado una deuda pública del 330 % del PBI para financiar al capital privado, sin efecto alguno en la reactivación de la economía. La cartera del Banco de Japón incluye obligaciones negociables y acciones, que en este caso es del 7 por ciento, según el Financial Times. La devaluación extraordinaria del yen, como consecuencia de una tasa de interés real negativa, ha convertido a Japón en exportador neto de capitales y en el primer acreedor internacional de Estados Unidos. La valuación relativa del PBI de Japón ha pasado del 60 al 16 % del PBI norteamericano en términos de dólar. Por otro lado, los costos de producción nipones han aumentado por la crisis de suministros en la cadena de producción provocada por la pandemia y por las guerras comerciales, y por el encarecimiento de las importaciones de materias primas y bienes de consumo: Japón atraviesa un período de relación de intercambio negativa. La intención de revaluar el yen mediante el aumento de la tasa de interés es abaratar la importación, aumentar el consumo interno y repatriar capital dinero. Claro que la contrapartida sería un fuerte aumento del costo de una elevada deuda pública y del servicio de la deuda privada. Los giros financieros que provocaron el derrumbe de las Bolsas no han terminado. Los inversores, señala el FT (13.8), “están retornado a la deuda pública, en Estados Unidos, debido a que la recesión ha reemplazado a la inflación como el temor principal. Los flujos hacia títulos de deuda han sido, en julio pasado de 57,4 miles de millones de dólares”. Los especuladores se adelantan, de este modo, a una reducción de la tasa de interés, por parte de la Reserva Federal, cuyo efecto es, precisamente, aumentar la cotización de los bonos del Estado –y más todavía si es acompañada de una deflación o caída de precios-. Lo mismo ha ocurrido con la deuda corporativa, cuyo valor aumenta cuando se reduce la tasa de interés. Aunque la compra de deuda de las empresas ‘basura’ (cuyos ingresos son inferiores al servicio de la deuda) también ha crecido, el nivel inferior de este grupo, con deudas por 1.3 miles de millones de dólares, ha sido dejado a la deriva y enfrenta un escenario de bancarrotas. Los balances de los bancos y fondos de distinta clase acumulan un monto creciente de títulos públicos y privados, cuando la deuda pública norteamericana es estimada en 35 billones de dólares –un 120 % del PBI-. El valor de los activos financieros globales se calculan en 120 billones de dólares, un 20 % por encima del PBI internacional. En su conjunto, las acciones cotizantes a nivel mundial tenían una capitalización de 112 billones a julio en comparación con los 103 billones del año pasado —Estados Unidos 46 billones, China 11.5 billones (en este caso inferior al PBI) (FT). El giro hacia los títulos de deuda desatado en la crisis reciente refleja, en principio, la expectativa de una recesión y de una desvalorización de los capitales accionarios. El efecto de una reducción de tasas sería la devaluación del dólar y, en consecuencia, la acentuación de la guerra comercial internacional y la salida de capitales extranjeros de la deuda norteamericana. Un sector de la Reserva Federal, así como el FMI, reniegan de reducir la tasa de interés porque temen que un desplome del dólar provoque un ‘crash’ de mercado y una depresión de la economía. Aunque es prematuro discernir el impacto que tendrán estos giros financieros, la perspectiva de nuevas crisis bursátiles y financieras ha ganado fuerza, incluido una crisis del proceso de producción. Un tema adicional de la deuda pública norteamericana es su condición de corto plazo en crecimiento y la brecha con la tasa de interés a largo plazo. El Financial Times la califica de “preocupante”. El fenómeno es recurrente en el capitalismo, cuando se produce una caída de la deuda para inversión y una suba de aquella destinada al refinanciamiento de deudas. Como los títulos de corto plazo se utilizan como colateral en el mercado monetario de cortísimo plazo (por ejemplo, préstamos por un día), su vulnerabilidad intrínseca puede paralizar las transacciones diarias entre bancos –un evento reiterado que, en julio de 2007, marcó el “martes negro” que llevaría al estallido general en noviembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y la aseguradora AIG-. Por otro lado, la emisión de deuda de corto plazo por la Tesorería norteamericana tiene un efecto disruptivo sobre la política monetaria del Banco Central y sobre los movimientos de la tasa de interés. El impacto de esta competencia entre la Tesorería y la Reserva Federal puede convertirse en el chispazo de algo más fuerte que una crisis bursátil, como es una crisis monetaria. El Banco Central ve disminuida su capacidad para contrarrestar una tendencia a la recesión. Aunque las previsiones del FMI y de organismos tanto públicos como privados excluyen una recesión en el próximo año y medio, las tendencias en Alemania y otros países europeos apuntan a ella, lo mismo que en China y Estados Unidos, desde antes del estallido bursátil. En el caso de Alemania, por el enorme impacto de la crisis energética que ha provocado la ruptura de los acuerdos para la provisión de gas natural por parte de Rusia, y también por el efecto de la competencia de China, en cuanto a automóviles de última generación. China, por su parte, sigue inmersa en la crisis inmobiliaria, que afecta en forma directa al 30 % de su PBI. La corrida de inversores locales hacia la deuda pública de China, incluso de corto plazo, es un síntoma de recesión, incluso si la capacidad del sistema bancario para frenarla es importante. “El mercado de la deuda pública es deflacionario”, señaló un observador. Si bien la deuda del estado central no provoca inquietudes, ocurre lo contrario con los gobiernos locales, que se encuentran literalmente en situación de insolvencia como consecuencia del financiamiento del mercado inmobiliario. En Estados Unidos, el estallido bursátil fue precedido por datos de aumento del desempleo relativo, o sea contrataciones inferiores al incremento de la masa laboral. Aunque el mayor impacto de la crisis bursátil recayó sobre el sector tecnológico, se supone que éste no disminuirá sus gastos de investigación y desarrollo, espoleados por una fuerte competencia nacional e internacional. Tesla, sin embargo, ha sufrido los golpes derivados de su retroceso relativo, en China, frente a los competidores nacionales. Queda en este escenario la cuestión geopolítica, como se denomina perversamente a la guerra. Alan Greenspan, un histórico presidente de la Reserva Federal, ofreció una versión instructiva acerca de las razones por las que el enorme derrumbe bursátil de 1987 –un 25 % del promedio general-, lejos de provocar una depresión desató un crecimiento de los valores de Bolsa por dos décadas: fue la disolución de la Unión Soviética, pero sin añadir el impacto de la restauración capitalista en China en la demanda mundial de inversiones. El abatimiento del primer estado obrero de la historia operó como una póliza de seguro político que no podía reemplazar ninguno de carácter económico. La geopolítica actual va por otros carriles. La evolución de la guerra podría desatar un “crash”, como un avance consistente de Rusia en Ucrania y una escalada bélica a partir de la incursión ucraniana a territorio ruso, con militares y artillería de la OTAN. La agencia Fitch bajó la calificación de la deuda pública de Israel, que no puede solventar sus gastos sin una maciza ayuda de Estados Unidos. La escalada de la guerra en Medio Oriente, como busca Israel con sus dos ataques a territorio iraní, provocaría un desastre en el comercio mundial, como lo advierten las compañías de navegación y los astilleros. El capitalismo se ha convertido de nuevo pero en una escala inusitada en un volcán en irrupción. La crisis financiera ha entrado en el terreno político de una guerra mundial en desarrollo.

La reciente elección de congresales del gremio docente primario ADEP resultó en un hervidero de denuncias de fraude en todas las regiones y localidades. En todos lados se denunciaron maniobras y fraudes para favorecer la elección de docentes que responden al oficialismo, que hoy es fuertemente cuestionado por la docencia de base por su política de conciliación con el gobierno provincial. Como resultado de la jornada denunciada, el oficialismo se quedó con la totalidad de los congresales. El dominio de la totalidad de los congresales le sirve al oficialismo para votar la aceptación de la oferta paritaria miserable de parte del gobierno, eso sí, “bajo protesta”. Esta actitud quebró la oportunidad de un paro contundente junto a los docentes de media (CEDEMS) en el inicio del segundo semestre, dividiendo a los docentes y maestros. Una institución anacrónica En el gremio de ADEP las decisiones la definen un plenario de congresales y no una asamblea general, por lo que la maniobra y fraude para conquistar todos los congresales es estratégica no solo para votar contra los intereses de los docentes, sino de cara a las elecciones de renovación de autoridades que se producirán dentro de unos meses, ya que el plenario de congresales también define el proceso electoral. Desde ya esta es una institución que ha quedado anacrónica. El plenario de Congresales funciona como una suerte de colegio electoral donde las decisiones de la docencia de base se toman como un “voto indirecto” a través del congresal. Esto explica que muchas veces la docencia es partidaria de tomar medidas de fuerza o rechazo de ofertas salariales, mientras que en plenario de congresales no se traduce esa voluntad. En el camino al plenario aparecen los ‘conversos’ que cambian de mandato. Es por esto que la lucha por la recuperación del gremio y de las tradiciones de lucha de los docentes no pueden estar separada de una lucha por la democratización del propio gremio y de sus órganos e instancias de decisión. La docencia de base de ADEP La docencia de base del gremio primario ha sido fundamental en el desarrollo de la huelga educativa de 2023; han sido estos docentes los que sitiaron el gremio y lo obligaron a declarar el paro por tiempo indeterminado, con la comisión directiva encerrada hasta que tuvo que resolver la medida. Luego de esto se plegó al paro indeterminado el CEDEMS y luego el SEOM. Fueron los protagonistas de las grandes movilizaciones y de las carpas al costado de la ruta en el interior, y los que acamparon frente al ministerio de Educación cuando se estaban discutiendo los términos de la vuelta a clases. Luego del levantamiento del paro por parte del CEDEMS en 2023, los docentes de ADEP continuaron con el paro por varias semanas. El desenlace de esta huelga histórica obligó al gobierno a hacer una importante concesión en materia salarial, que luego buscó asestar un golpe brutal sobre la moral con descuentos masivos a los docentes primarios. El reclamo contra el fraude El activismo docente de primaria se ha separado de la comisión directiva después de esta experiencia, e inclusive se moviliza de manera separada al gremio cuando hay marchas. Un sector mayoritario está organizado bajo la denominación de ‘El Hormiguero’ y está repitiendo una experiencia con algunas similitudes a la corriente Marina Vilte, que recuperó el gremio de media en CEDEMS. Es por esto que se organizó para intentar conquistar congresales no solo para discutir sino también como una medida de fuerza previa a la elección de ADEP. En algunas regiones tenían inclusive la mayoría para conquistar los congresales. Sin embargo han sido víctimas de un fraude producto de la ingenuidad e inexperiencia, y de pretender jugar el juego en los términos que plantea la burocracia sindical. Luego del fraude han sido partidarios de una denuncia en el ministerio de trabajo, pero aislada de alguna medida de fuerza que le dé sustento. No se puede colocar ninguna expectativa en que el ministerio de trabajo falle a favor del activismo docente contra una comisión directiva de estrechos vínculos con el gobierno. Significativamente, los docentes de El Hormiguero decidieron, en su mayoria no participar del Plenario Obrero que convocó la intergremial , porque su gremio no adhería al mismo y no querían generar ningún tipo de excusa o justificativo para un llamado de atención o sanción, cuando es totalmente al revés, los docentes y el activismo tienen que buscar un punto de reunión y encuentro para tener mas fuerzas y mejores condiciones para organizarse, y que otros gremios, como el CEDEMS colabore y ayude a un desarrollo político del activismo. En la última asamblea del CEDEMS se propuso una moción de repudio al fraude en la elección de congresales de ADEP. Sorpresivamente la conducción del gremio, la Corriente Marina Vilte planteó que no se podían meter en las decisiones y medidas de otro gremio, es decir no refutaron ni avalaron la denuncia de los docentes. Yo no fumo. Tiempo de definiciones La comisión directiva de ADEP, encabezada por Silvia Velez, es consciente de que luego de la gran huelga docente de 2023 ha quedado golpeada políticamente por haber sido una traba para el desarrollo de la lucha y su triunfo, y por la complicidad que tuvo con el posterior descuento de todos los días de paro por parte del gobierno provincial. Para enfrentar este ataque a la democracia sindical y evitar una nueva desmoralización entre los docentes, tenemos que recuperar las herramientas que nos fortalecen: las asambleas y la movilización. En rechazo del fraude, en rechazo de las paritarias miserables por decreto y por la recuperación del gremio para ponerlo al servicio de los docentes.

El lunes 12 de agosto los miembros del nuevo gobierno de Cataluña, presidido por el socialista Salvador Illa, juraron sus cargos. La investidura de Illa se logró gracias al voto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de los Comuns. La suma de los votos en la sesión del 8 de agosto fue de 68, la cantidad que indica la mayoría necesaria. Vale la pena recordar que el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, no podía lograr una investidura porque obtuvo 35 escaños frente a los 42 del PSC y los votos de ERC no alcanzaban para una coalición nacionalista tras los resultados electorales adversos de Esquerra. Junts votó en contra de la investidura de Illa, pero votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 tras pactar junto con ERC y el PSOE una ley de amnistía para los procesados y condenados por el Procés, nombre de la movilización en Cataluña por la independencia desarrollada entre 2014 y 2017. Para lograr la adhesión de ERC ahora el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez pactó la cesión de la recaudación del 100% de los tributos estatales en Cataluña al gobierno autónomo. Los cálculos de los dirigentes de ERC es que este mecanismo permitirá a la región duplicar los recursos disponibles de 26.000 a 52.000 millones de euros. De esta recaudación la región destinará a la financiación del resto del sistema autonómico una parte, pero esa contribución es condicional a que las otras regiones hagan “el mismo esfuerzo fiscal” que Cataluña. De no ser así existe un mecanismo que permitirá la aplicación de “medidas compensatorias”, es decir una reversión por el estado de dinero contribuido por la región. La concesión ha desatado los ataques de la oposición y de los “barones” del propio PSOE, que gobiernan regiones autónomas y la consideran discriminatoria. El show de Puigdemont El jueves 8 de agosto mientras en el parlamento catalán se procedía a la votación para la investidura de Salvador Illa el dirigente nacionalista de Junts, Carles Puigdemont, considerado prófugo por la justicia española a pesar de la ley de amnistía, se hacía presente en territorio español. Mientras los dispositivos de seguridad lo esperaban en el parlamento adonde debería haber concurrido como cargo electo Puigdemont dirigió un encendido discurso a unas tres mil personas para desvanecerse nuevamente tras su mensaje. Los parlamentarios electos de Junts esperaban ver al dirigente en el pleno de investidura donde había dicho que se haría presente, pero no fue así. La aparición del dirigente donde no se lo esperaba frustró el intento de detenerlo, pero también a muchos de sus parlamentarios que hubieran preferido verlo en el Palament. De acuerdo con las decisiones judiciales Puigdemont debe entregarse a la policía en la medida que hay una orden de captura en su contra para que los jueces determinen después si la ley de amnistía es de aplicación a su caso. La judicatura española de mayoría conservadora y en pie de guerra contra el gobierno entiende en principio que esto no es así porque lo acusa de un delito de malversación. Mientras el gobierno de Sánchez y su bloque de investidura votan la ley de amnistía, la ley mordaza que se usa para procesar a los luchadores sociales se mantiene en pie. La fugaz aparición y desaparición del ex presidente de la Generalitat de Cataluña ha provocado una verdadera tormenta en un vaso de agua. Ha determinado que el cuerpo policial autonómico Mossos d’Esquadra abra una investigación sobre una presunta colaboración con la incursión de Puigdemont por parte de algunos funcionarios del cuerpo, y ha desatado los ataques del Partido Popular por la presunta tolerancia del gobierno con esta irrupción. Las evoluciones de Puigdemont tienen sin embargo el objetivo de mantener una presencia política de la corriente más conservadora del nacionalismo catalán y proyectar su imagen en decadencia frente a las luchas internas en Junts que pugnan por excluirlo y constituir una nueva dirección del movimiento. Junts anunció el lunes 12 de agosto que adelanta su congreso a octubre para relanzar el proceso independentista. En realidad, de lo que se trata es de tratar de frenar su propia crisis. La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha sido condenada por trocear contratos adjudicados a gente próxima para evadir la convocatoria de concursos públicos. Por su parte Puigdemont anunció que si no ganaba las elecciones para ser investido presidente de la generalitat abandonaría la política. La lucha por el relevo en esta corriente conservadora y tan próxima a la iglesia como ERC está alentada también desde los círculos empresarios catalanes. Puigdemont fue finalmente quien proclamó la independencia catalana en 2017 en un acción en la que al mismo tiempo que la pregonaba, la dejaba sin efecto. Un acto de prestidigitación que provocó un profundo desencanto en el movimiento que las cúpulas nacionalistas habían alentado entre 2014 y 2017. De entonces ahora el nacionalismo catalán ha ratificado como en 1931 que la burguesía y pequeño burguesía de Cataluña no está dispuesta a la independencia nacional, sino que su objetivo es instrumentar su base social para arrancar concesiones del estado central para favorecer a los intereses económicos del capitalismo autóctono. Los partidos nacionalistas son los enterradores en Cataluña de la sanidad pública en favor de las aseguradoras y los enemigos de las luchas obreras por el salario y las condiciones de trabajo. El papel de la izquierda El partido Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que se reivindica anticapitalista y aportó al fermento de la movilización por la independencia con su representación parlamentaria y desde la calle, calificó al Procés como una gran revolución democrática. Poco le importó la inconsecuencia de sus aliados Junts y ERC hasta que los acusó de “adaptarse al españolismo para retornar al diálogo con el estado y al régimen autonómico”. Esto no lo salvó de un fuerte retroceso electoral en las últimas elecciones. En noviembre de 2019 la Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT, Fracción Trotskista 4ª Internacional) pidió el “voto crítico” para la CUP. Argumentó que había cuatro razones para ello… “bloquear cualquier salida por arriba a la crisis… la lucha por la libertad de los presos y contra los procesos… por la denuncia del gobierno de los partidos nacionalistas que se adaptaban a las directivas centralistas… por la vinculación de la lucha democrática y social”. Un año después en noviembre del 2020 tras una sucesión de artículos destinados a “atraer” a la CUP pese a su sistemática capitulación ante el nacionalismo catalán, esta organización reconoce haber participado del debate interno convocado por la CUP bajo el título de Nodes sin haber logrado torcer el rumbo del “nacionalismo anticapitalista de izquierda”. Es decir dos años de subordinación a la CUP y a través de ella al conjunto del nacionalismo burgués y pequeños burgués. A lo largo de este recorrido la CRT se reivindicó, como lo hace ahora, independentista de izquierda. Esta organización defendió durante todo el Procés la independencia de Cataluña respecto de España bajo la forma de una república socialista formando el rastrillo de izquierda del nacionalismo burgués y pequeño burgués. Han servido en ese sentido a los intereses que dicen combatir. Mientras que el PSOE en la oposición en 2017 apoyaba la intervención de la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la constitución, las otras corrientes en la izquierda parlamentaria o rechazaban la lucha o se subordinaban al nacionalismo catalán. Es notorio en este sentido el papel de los sindicatos alternativos atados al carro del nacionalismo clerical pequeño burgués. La segregación de Cataluña del resto de España supone el debilitamiento del proletariado español. El GIO promueve la unidad del proletariado español mediante su independencia de clase. Frente a las reivindicaciones nacionales de las autonomías históricas propone la unidad de los trabajadores en la lucha contra la monarquía y el estado burgués por una federación de repúblicas socialistas ibéricas. Sánchez, Illa y el ruido ambiental El nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha loado a su nuevo equipo del que dijo que está imbuido de valores socialdemócratas y humanismo cristiano. También ha afirmado que su Govern tiene por tarea ejecutar la tercera transformación de Cataluña en un “espacio compartido de una España plurinacional y una Europa de horizonte federal”. La idea del federalismo en boca de Illa va de la mano de Europa, no se sabe muy bien porqué, pero es llamativo que el presidente Sánchez haya defendido el pacto con ERC como un “avance en el camino del federalismo”. Nadie en el PSOE es capaz de explicar esta vena federalista. Sería el primer caso de una monarquía federal, un fenómeno aún por crearse. Mientras, el socialismo español se congratula por haber llevado al independentismo a un estado de sosiego y considera que para ello ha pagado un precio bajo: una reforma de la financiación de la autonomía catalana que ha colocado al gobierno central en una situación de crisis interna ante sus propios barones. El presidente Sánchez viene de anunciar que el debate sobre la “financiación singular” de Cataluña se atrasará a septiembre u octubre para atajar la crisis interna en su partido. Mientras tanto, el primer receptor y beneficiario de esta reforma de la financiación será el propio Partido Socialista de Cataluña. El pacto catalán con ERC no brindará estabilidad a la legislatura de Sánchez. Tampoco va a blindar una mayoría en Cataluña porque no estamos de momento ante un pacto de gobierno en la región, sino ante una investidura que ha salido a fuerza de concesiones rechazadas por la oposición al gobierno y por buena parte de los dirigente regionales socialistas. Mientras tanto la judicatura conservadora controla los órganos del poder judicial y al cuerpo de jueces, torciendo la aplicación de las leyes cuando lo considera necesario. En el caso de Puigdemont la amnistía puede quedar en agua de borrajas. Pero las aventuras transformistas de Puigdemont no van a revitalizar a su partido. JxC ha dado claras muestras de que en cualquier momento puede aliarse con el Partido Popular constituyendo una amenaza persistente a la estabilidad del pacto de legislatura del PSOE con Sumar, ERC y JxC. Por su parte la CUP ha perdido, lo mismo que ERC, buena parte de su caudal electoral. Para el proletariado de Cataluña y del resto de España lo que se cierne es un proceso de ajuste a lomos de una consolidación fiscal que va paralela a la guerra de Ucrania. En España lo que está en juego es la reorganización del movimiento obrero mediante un programa de combate aprobado en asambleas de empresa por una huelga general en defensa del empleo, el salario, la sanidad y la educación públicas, contra los recortes y los planes de ajuste. El gobierno cuece en Bruselas los próximos ataques contra los trabajadores para alimentar la maquinaria bélica de la OTAN y de Ucrania. A la hora del ajuste no habrá discriminación entre catalanes, gallegos, andaluces o vascos. La movilización contra la guerra de la OTAN en Ucrania, por la sublevación y confraternización de las tropas de Rusia y Ucrania contra sus gobiernos y por gobiernos socialistas debe integrarse en el programa de combate de los trabajadores españoles.

El gobierno fascistizante de Javier Milei ha dado un paso decisivo para bloquear la búsqueda de las personas nacidas en cautiverio y apropiadas durante la dictadura por los militares y sus cómplices. Suma un nuevo elemento al andamiaje de medidas con las que pretende liberar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad (el 80 % ya tiene prisión domiciliaria con distintas excusas), rehabilitar a las Fuerzas Armadas y avanzar contra los derechos democráticos y sindicales del pueblo trabajador. Un decreto firmado por el ministro Cúneo Libarona —cuyo bufete de abogados defiende represores— deja maniatada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que durante dos décadas desarrolló cientos de investigaciones y es protagonista fundamental de que más de un centenar de hijos de desaparecidos hayan sido restituidos. La Conadi contaba con una Unidad Especial de Investigación (UEI), facultada para iniciar investigaciones por su propia iniciativa sin someterse a la hostilidad y parsimonia de la Justicia. Con ese fin, podía acceder a los archivos del Estado -desde la Presidencia hasta la Fuerzas Armadas y de seguridad. Con la excusa de que la Conadi “invade las competencias del Poder Judicial” y vulnera la división de poderes -un argumento que durante 20 años ni siquiera planteó la defensa de los genocidas-, el gobierno disolvió la UEI y le prohibió a la Conadi que haga aquello para lo que fue creada: investigar el destino de las personas nacidas en cautiverio. El gobierno de Milei destruye la Conadi porque su aporte ha sido y es muy significativo para hallar a los hijos de desaparecidos y aportando pruebas en los juicios de lesa humanidad. Luis Petri, el ministro de Defensa, fue el primero en anunciar que no le mandaría más documentación. Además desguazó y despidió a todos los trabajadores del Equipo de Relevamiento y Análisis que, desde marzo de 2010, revisaban archivos militares de la última dictadura. Poco después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a la Conadi como un “organismo militante” que “violaba la intimidad” (sic) del personal de seguridad”. Con esos argumentos decidió que su ministerio les bloqueara el acceso a los legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales. No es la primera vez que Bullrich intenta algo semejante: durante su primera gestión, desarmó el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), encargado de los allanamientos para extraer ADN a personas que se sospechaba que podían ser hijas o hijos de desaparecidos. Hace casi medio siglo que por lo menos 300 personas viven creyendo que los asesinos de sus padres son sus padres, ignorando su identidad, su origen y su historia familiar. Hace casi medio siglo que sus familias esperan reencontrarlos y saber qué fue de los nietos, sobrinos, hermanos, nacidos en cautiverio o secuestrados por la dictadura militar. Las secuelas emocionales, los padecimientos son inenarrables. Muchas abuelas murieron sin encontrarlos. Algunos bebés fueron robados a sus madres recién paridas directamente por los asesinos en los centros de exterminio, otros fueron entregados en adopción por los juzgados de menores (1) -tal el caso de los dos que “encontró” en un portal Ernestina Herrera de Noble, la finada dueña de Clarín-, muchos fueron distribuidos “a familias decentes” por una organización de la Iglesia Católica, el Movimiento Familiar Cristiano . Las patronales no se quedaron al margen del botín, como probó la periodista alemana Gabi Weber respecto de algunos gerentes de la Mercedes Benz a pesar de que la Justicia alemana y la argentina trataron de desconocer sus investigaciones. Los gobiernos de todas las variantes han colaborado en el encubrimiento de los genocidas manteniendo como secreto de Estado sus archivos. Hasta ahora se han recuperado 133 nietos gracias al ahínco de las Abuelas y de otros organismos de derechos humanos. Que no se sepa de los otros 300 se explica porque ningún gobierno “democrático” del 83 a la fecha abrió los archivos. Fue la lucha de amplios sectores de la población la que derribó las leyes de amnistía y arrancó algunos organismos como la Conadi, creada en 1992 y confirmada después por una ley. La Justicia ha caracterizado el robo de los hijos de desaparecidos y bebés nacidos en cautiverio como un plan sistemático, y un delito vigente en tanto la desaparición, la apropiación y la privación de la identidad siguen su curso igual que el primer día. Como subraya un comunicado de Abuelas, “además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras”. La eliminación de la UEI es parte del plan de rehabilitación de las Fuerzas Armadas y de los genocidas, que con todo descaro quedó expuesto con la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. A partir de un pedido de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, encomendó a los jueces proteger la documentación y los “sitios de memoria”, verbigracia los campos de concentración y exterminio. La Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país y sus resoluciones “impactan en todas las jurisdicciones”. No se debería confundir esta resolución con un espíritu democrático de la Cámara de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky, el redactor del ultrarrepresivo Código Penal que le encomendó su amigo Mauricio Macri. Más bien se podría pensar que han puesto las barbas en remojo, conscientes de la sensibilidad popular con los derechos democráticos. El 24 de marzo de este año, cientos de miles de personas salieron a la calle a repudiar los atropellos de Milei. En mayo de 2022, una movilización aplastante abatió el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y la declaración del estado de sitio fue el combustible que activó el helicóptero en el que De la Rua dejó la Casa Rosada. Notas (1) En 1978, la jueza Delia Pons, del Tribunal de Menores N° 1 de Lomas de Zamora, les dijo a un grupo de Abuelas: “Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque sería injusto hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los chicos a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos chicos.”

Dentro del plan de visitas semanales a la fábrica Topper, la más grande de la provincia, nos hicimos presentes en el horario de salida del turno mañana y entrada del turno tarde, con un grupo de compañeros del subcomité del sur. En la jornada se entregaron 600 volantes y se vendieron 20 periódicos. En la actividad se tomó contacto con una buena cantidad de compañeros interesados en nuestros planteos. En el diálogo con los obreros, estos denunciaron sin medias tintas la política del gobierno que “nos lleva a la pobreza”, buscando expresar un significado al término “abismo” de la tapa del periódico que se llevó (“Milei y Caputo llevan a Argentina al abismo”). “¿Dónde vamos a parar con este gobierno? Salgo de acá y me voy a seguir buscando unos mangos”, nos expresó otro compañero tras comprar el periódico y hablar con nosotros sobre cómo golpea la recesión económica a los trabajadores, con su combo de inflación, tarifazos, despidos, suspensiones y bajos salarios, que obliga a muchos obreros de la fábrica a hacer changas para solventar la economía del hogar. Entre los obreros también hubo palabras para la situación que se vive en la fábrica. “Aquí ya hubo despidos, hay retiro voluntario y se corren rumores de que en un sector van volver a despedir y el sindicato no hace nada”, graficó otro compañero. En las conversaciones con los trabajadores se pudo tener un cuadro más aproximado de la situación de la fábrica y del cuadro interno de incertidumbre. No es para menos. A comienzos de año hubo cerca de 150 despidos en la fábrica, que involucró principalmente a compañeros contratados y con pocos años de antigüedad. A medida que se fue agravando la situación recesiva, unas semanas atrás el patronal adelantó vacaciones y luego propuso retiros voluntarios con un tope indemnizatorio de 9 millones por compañero, al que sólo una ínfima minoría se anotó. Por experiencia, los trabajadores saben que perder la fuente laboral los condena a vivir de changas y eso es insostenible. Ahora, los rumores han crecido acerca de la posibilidad de que la empresa pase directamente a suspender o a los despidos. Ya la empresa puso fin a los contratos con las “mini fábricas” con las cuales Topper repartía una parte de su producción. Estos pasos hacen acordar a la situación vivida por muchos de los actuales obreros de la ex Alpargatas (hoy Topper) durante el gobierno macrista, cuando se produjeron 500 despidos. Con todo, lo que más indigna a los compañeros con los cuales conversamos fue el papel de los delegados burocráticos que hacen las “vista gorda” y son cómplices, dejando pasar los atropellos de la patronal. Frente a esto, hay un consenso de que hay que cambiar la organización interna. El gobierno de Milei nos lleva al abismo y las patronales no van a titubear en descargar la crisis sobre los hombros de los obreros. El abismo para los obreros tiene cara de salarios terriblemente deprimidos, de suspensiones y despidos. LEER MÁS: Tucumán: ante el derrumbe de las ventas, crecen las amenazas de despidos y suspensiones en Topper ¿Cómo enfrentarlos? Por Daniel Blanco, 20/07/2024.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley -impulsado por la ministra Patricia Bullrich- que suma los perfiles genéticos de presuntos autores de casi cualquier delito al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) -más conocido como “registro de violadores”-. Lo que votaron es que el Registro, creado en 2013, no se dedique exclusivamente a delitos de índole sexual, sino que abarque a cualquiera. El propósito es mengeliano: un mapeo genético de toda la población bajo control del Ministerio de Justicia. Significa la imposición cada vez más profunda de un Estado arbitrario y policial, fuera de control, que avanza sobre las libertades públicas y los derechos democráticos. Hasta ahora, el Registro se nutría de los perfiles genéticos de condenados por delitos sexuales, con condena firme. El proyecto de Bullrich anula esa restricción e incluye a cualquiera que haya sido citado “con el objeto de recibir declaración indagatoria o equivalente”. Un desconocimiento absoluto de la presunción de inocencia. No será requisito el consentimiento del acusado para la extracción de la muestra. Más claro: serán incorporados al RNDG todos los mayores de edad imputados, procesados o condenados en un proceso judicial. También los menores porque se agregarán los datos de “quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal”. Como el proyecto “no hace distinción entre delitos dolosos y delitos culposos, quiere decir que cualquier involucrado en un homicidio culposo por un accidente de tránsito puede quedar equiparado a un narcotraficante”, denunció la diputada Del Frade. La propuesta logró la aprobación con 146 votos afirmativos, 87 negativos (kirchnerismo y FITU) y 7 abstenciones (peronistas vinculados con Massa). Los mismos sectores que años atrás catalogaron como una violación que se obligara a los presuntos hijos de desaparecidos a someterse a un análisis genético (consistía en donar un pelo) ahora votaron eufóricos que el Poder Judicial tenga la potestad de sacar muestras compulsivamente a personas que ni siquiera tienen condena. Este descomunal dispositivo de control social es equiparable a la patrulla de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad creada por Bullrich, que rastrea redes sociales “abiertas”, apps, sitios de Internet y la dark web de toda la población para “identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública”. Durante la discusión parlamentaria estuvieron presentes las “Madres del Dolor” y otras familiares de mujeres y niñas asesinadas como Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, madres de Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson. No es nuevo que los que impulsan endurecimiento de las penas, disminución de la edad de imputabilidad y otras medidas de esa índole se enmascaren como defensores de las víctimas para lograr su apoyo. Tampoco es nuevo que contrabandeen la indignación popular ante la violencia contra las mujeres para fortalecer el poder represivo del Estado y las fuerzas de seguridad, cuyos miembros, justamente, encabezan los índices de femicidas. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa y entonces diputado Luis Petri, se valió del femicidio de Mica García, una joven militante, para hacer votar en 2017 una reforma penal que extendió la condena a perpetuidad a 35 años y prácticamente extingue las salidas transitorias y la libertad condicional, entre otras aberraciones. ¿El endurecimiento de las penas sirvió para disminuir los femicidios? En absoluto. Pero dio pie a lo que la penalista Claudia Cesaroni llama “un festival de condenas a perpetuidad”, que afecta sobre todo a personas muy jóvenes que deberán pasar hasta 35 años en las cárceles. La lucha de las mujeres contra la violencia es bastardeada en todo el planeta. Por ejemplo, para acusar a los inmigrantes “que vienen a violar a nuestras mujeres”, como sostienen desde Trump hasta el español Santiago Abascal, el líder de Vox, argumento repetido por Milei en una carta a sus amigos fascistas ibéricos. O para infectar las calles de policías, así la adolescente rubia de los afiches del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “puede caminar sin miedo” o “hablar tranquila por el celular en la calle”. En la línea de usar a las mujeres para hacer tragar la píldora del punitivismo se destacó la diputada fascista Lemoine, que después de contar una experiencia personal de violación, llamó a votar el registro con un pedido patético: "Sálvennos la vida, aprueben el registro, mañana discutimos la privacidad de los violadores, mañana discutimos si es justo o no es justo". Pedazo de estafadora. No era eso, que ya tienen, lo que se estaba discutiendo ni lo que votaron ella y sus secuaces. El registro de violadores que reclamó a voz en cuello está vigente desde 2013 y brillan por su ausencia curas, uniformados y poderosos.

Desde Política Obrera, en el marco de la convocatoria al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se realizará en Jujuy en octubre próximo, impulsamos una charla virtual nacional con la presencia de un centenar de compañeras conectadas en la sala de Zoom y en la transmisión en vivo por Facebook. Desde Santa Cruz a Salta, desde Buenos Aires a Neuquén, trabajadoras docentes, de la salud, estudiantes universitarias, terciarias, secundarias, jubiladas, desocupadas, participaron del debate y realizaron preguntas en el chat. Alejandra del Castillo, docente afiliada a ADIUNT, abordó la lucha de la docencia universitaria, la necesidad de llevar al Encuentro los reclamos en defensa de la universidad frente al ataque privatista de Milei y la complicidad de los rectores. Denunció la colaboración de la burocracia sindical en el plano de la reforma laboral, impuesto a las ganancias y "esencialidad" de la educación (ataque al derecho a huelga). Vicky Méndez, compañera de Jujuy que participa en la Mesa Organizadora, habló de la lucha de los pueblos originarios contra las mineras que vienen por el litio en el NOA y reivindicó la independencia política del movimiento de mujeres. Habló del carácter resolutivo y asambleario que deben tener los encuentros, necesario para convertirlos en ámbito de organización y lucha, en contraposición a la orientación que lleva la mayoría de la Mesa Organizadora, de orientacion kirchnerista. En la charla también se abordó el análisis del bloque internacional de la derecha fascista en contra de los derechos de las mujeres y diversidades, en la que se encolumna el gobierno de Milei, con los Trump, Bolsonaro, y su apoyo al Estado sionista de Israel. En la última parte, bajo la consulta sobre nuestra posición, frente a las denuncias de violencia de género que involucran al expresidente Alberto Fernández, Violeta Gil expresó que los gobiernos son, ante todo, quienes garantizan la doble explotación que padecemos las mujeres trabajadoras. “La política de cooptación del kirchnerismo fue para llevar al movimiento de mujeres al terreno de la subordinación al Estado”, apuntó. Sobre la cuestión del feminismo y la lucha de clases, Violeta señaló: “El problema del feminismo es su orientación de conciliación de clase, de igualar a las mujeres trabajadoras de los barrios de Palpalá, de Santa Cruz, a Victoria Villaruel, en tanto nos igualaría el género. Esta orientación ha fracasado.” Vamos a Jujuy promoviendo espacios de deliberación y unificación de las luchas en curso. Replicaremos estas charlas-debate en los lugares de trabajo y estudio, en campaña para reunir los fondos para participar del Encuentro en Jujuy y pelear por un plan de lucha contra el gobierno liberticida de Milei. ¡Adelante, compañeras! VER EL VIDEO DE LA CHARLA-DEBATE: Panel debate: "Vamos al Encuentro de Jujuy a luchar contra el gobierno de Milei". Expusieron:- Vicky Méndez (Polo Obrero Tendencia -Jujuy), - Alejandra Del Castillo (Doc. Univ. -Política Obrera Tucumán), - Violeta Gil (Política Obrera -Salta) Facebook Live en el Facebook Nacional de Política Obrera, sábado 17/08/2024.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) acordaron en menos de 24 horas una nueva rebaja salarial para los trabajadores de la educación. El acuerdo consta de un aumento del 4,5 % a cobrarse en septiembre y de otro de 4 % a cobrarse en octubre, sobre los salarios percibidos en junio. Con estos valores, en agosto, por un cargo, una maestra de primaria que recién inicia estará cobrando entonces $500.000 de bolsillo y un preceptor -cargo testigo de secundaria-, $434.000. Un profesor con 20 módulos dos cargos pasará a cobrar $664.000. Por otro lado, el salario básico representa menos de la mitad de estos montos, porque la mayor parte del “aumento” se compone de cifras no remunerativas y en negro. Con los aumentos que han llegado en las boletas de la luz, el gas -hasta el 300 %-, el transporte público -que utilizan muchos docentes para ir de una escuela a la otra-, es claro que el aumento de 8,5 % en dos meses de Kicillof y la burocracia sindical constituye una pérdida gigantesca de poder adquisitivo. El salario docente ha sufrido la poda del FONID por parte de Milei, que representaba alrededor del 20 % de los ingresos, más otro 30 % de poder adquisitivo perdido frente a la inflación, lo que obliga a tomar más horas y cargos (sobrecarga laboral) para llegar a fin de mes. La conducción Celeste-Violeta de SUTEBA improvisó el llamado a asambleas el día jueves 15 en las seccionales, para hacer pintar el acuerdo como “democrático”, pero nada de esto fue así. Las convocatorias se hicieron sin que la docencia conociera de qué se trataba la oferta sobre la que había que pronunciarse y las asambleas fueron informadas en el mismo día -de la mañana para la tarde- para evitar una concurrencia masiva. Efectivamente fue lo que ocurrió. Las reuniones fueron raquíticas y la aprobación fue un trámite. En las seccionales opositoras de Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, el acuerdo fue rechazado. Los secretarios generales que responden a Roberto Baradel (SUTEBA) argumentaron que había que aceptar el ofrecimiento de Kicillof porque “hay que valorar el esfuerzo del gobierno provincial” teniendo en cuenta el contexto nacional y celebrar que “todavía en Buenos Aires tenemos paritarias”. Básicamente, “es lo que hay”. Son argumentos que esbozan los funcionarios de los distintos gobiernos para imponer sueldos miserables. Kicillof ha hecho suyo el lema de Milei: “No hay plata”. CTERA-SUTEBA contra los huelguistas La lista Celeste se despachó con numerosos ataques a los docentes que habían parado contra la declaración de la educación como Servicio esencial en Diputados, desoyendo a la conducción oficial. Culparon a la docencia por “vaciar las aulas”. Son argumentos idénticos a los que volcó Alejandro Finocchiaro, el diputado del PRO que escribió el proyecto de ley antihuelga. En el plenario de secretarios generales, los dirigentes celestes amenazaron con represalias a los dirigentes y seccionales de la lista Multicolor, que impulsaron la huelga contra la aprobación de la "esencialidad2 en Diputados. Pidieron que se intervenga el Tribunal de Disciplina del sindicato para evitar los paros. Quedó establecido un frente único entre libertarios, macristas y la dirigencia gremial K que dirige SUTEBA contra los docentes que defendieron su derecho a huelga. El gobierno nacional y popular de Kicillof y el sindicato, antes de que se apruebe en Senadores, ya aplica la "esencialidad educativa" mediante descuentos y aprietes. La descomposición política de la dirigencia sindical peronista es histórica. En el ámbito nacional plantearon que habrá una marcha nacional educativa recién para el mes de septiembre y un paro nacional el día que se vote la esencialidad educativa en la cámara de Senadores. Se tratan de medidas aisladas que son presentadas como un “plan de lucha”, pero le dan tiempo al gobierno de Milei para avanzar en su cometido antiobrero. Dentro de las agrupaciones que integramos la Multicolor hubo posiciones diversas. En SUTEBA Tigre se votó la realización de asambleas por escuela y la convocatoria a un plenario provincial. La conducción de SUTEBA Bahía Blanca (Rompiendo Cadenas) ha sido siempre refractario a esta idea. La Marrón (PTS) hizo foco en exigirle a la conducción un "plan de lucha". Docentes en Marcha (Izquierda Socialista) le pidió a la Celeste que "rompa su tregua con el gobierno provincial". Tribuna Docente (Partido Obrero oficial) se posicionó a favor de que las seccionales Multicolor convoquen a un plenario provincial de delegados. Los compañeros de nuestra corriente –Tendencia Docente Clasista- denunciamos la colaboración de los bloques del PRO, de la UCR y Unión por la Patria para que salga la ley antihuelga docente. También denunciamos a CTERA porque no convocó al paro e improvisó un acto de aparato breve en el Congreso. Planteamos que el problema político que tenemos los trabajadores de la educación es que hay una dirección política y sindical integrada al gobierno de Kicillof y que, por ese motivo, no existe ningún tipo de voluntad de oponerse al ajuste salarial en curso. Defendimos que el salario docente debe ser igual al costo de la canasta familiar por un cargo. Destacamos las huelgas provinciales en curso y la necesidad de construir una huelga indefinida para defender el salario, las jubilaciones y las condiciones de trabajo. Reivindicamos la huelga provincial que partió de las seccionales de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca y que fue tomada en sus manos por los compañeros de las escuelas. Sobre esta tendencia de lucha nos apoyaremos para impulsar asambleas por escuelas para construir un plenario provincial de delegados con mandato convocado por las seccionales opositoras y autoconvocatorias para darle continuidad a las medidas de lucha. LEER MÁS: José C. Paz: balance de la "asamblea" de SUTEBA Con menos del 1 % de los docentes del distrito, la burocracia aprobó los salarios de miseria de Kicillof. Por Sebastián Chirino, 17/08/2024. Diputados: media sanción a la “esencialidad educativa” Complicidad de CTERA y los sindicatos de la CGT. Por Mariano Hermida, 15/08/2024.

La multinacional Bridgestone ha realizado durante el domingo comunicaciones telefónicas a varias decenas de trabajadores para anunciarles por esa vía que serían despedidos el día lunes. Durante la mañana de este lunes, los telegramas han comenzado a llegar y la patronal ha enviado en muchos casos la liquidación final a varias cuentas bancarias. Los despidos, que coinciden exactamente con la lista de suspendidos durante un mes y medio, son 470 trabajadores. Esto supera el propio número anunciado por la patronal en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), en el cual se declaraban 452 despidos. El avance con los despidos se produce a solo 72 horas de que la Secretaría de Trabajo diera por concluido el PPC, mediante una serie de reuniones de protocolo en las cuales la patronal solo se encargó de reforzar una y otra vez que estos despidos eran consecuencia del conflicto salarial del 2022, que durante 5 meses incluyó huelgas, movilizaciones y un lock out patronal de las tres “grandes” del neumático (FATE, Pirelli y Bridgestone). Este argumento antisindical demuestra que la patronal no tiene ningún problema económico, sino que pretende imponer condiciones de trabajo más flexibles a los trabajadores. Hace sólo una semana, un grave accidente laboral demostró una vez más que Bridgestone pretende aumentar la producción a costa de la salud y la vida de sus trabajadores. La CGT, que acompaña decididamente la reforma laboral de Milei y Surtzenegger, se ha abstenido de cualquier pronunciamiento de repudio a los despidos y de apoyo a los trabajadores, incluido el sector moyanista. Estos despidos se producen con el agravante de que las indemnizaciones serán al 50 %, gracias al PPC avalado por Julio Cordero, hombre de Techint en la Secretaría de Trabajo. La patronal pretende deshacerse de un importante sector del activismo sindical. La situación en Bridgestone no es aislada, se repite en FATE, en el caso del Neumático. Las conciliaciones obligatorias y las repetidas reuniones con la secretaría de Trabajo de la Nación y con el ministerio bonaerense han sido un instrumento de la patronal y el Gobierno para hacer una operación de desgaste de los trabajadores. El SUTNA había convocado desde el domingo a la noche a una movilización al portón de la planta, que incluyó un piquete sobre la Ruta 4, acciones que acompañaron con la convocatoria a un paro a partir del turno noche del domingo 18. El domingo precedente, una asamblea realizada en el cámping del sindicato había mandatado a la Directiva para adoptar las acciones que considerara convenientes. La ofensiva patronal ha sido abordada en forma separada en cada planta, sin que se haya observado la ventaja de este método con relación a un plan de lucha de conjunto que sirviera para encarar una huelga general, la ocupación de las plantas y una coordinación con otros sindicatos en huelga. LEER MÁS: Asamblea general en Bridgestone delegó mandato de lucha en la Directiva Por Joaquín Antúnez, 12/08/2024. Acto en Bridgestone contra los despidos y el “preventivo de crisis” de las patronales Por Joaquín Antúnez, 25/07/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: #AltamiraResponde "A la ofensiva de los liberticidas y las patronales, la podemos derrotar" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera, 18/07/2024.

El sábado pasado, a la madrugada, un megaoperativo de inspectores y policías del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante el desalojo de más de 2.000 feriantes y manteros en el Parque Centenario. Jorge Macri anunció que tomó la decisión por un supuesto pedido de vecinos contra los manteros. “Entre los vecinos había un reclamo que se repetía: la usurpación del espacio público que hacen los manteros. Hoy a primera hora realizamos un operativo para impedir que se instalen y sacarlos del parque. Los que genuinamente quieran trabajar tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo”, tuiteó. Las "Ferias de la Ciudad" es un pequeño circuito de puestos que es regenteado por el propio gobierno porteño, dónde sólo pueden operar quienes se encuentren registrados. Unos 100 inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y decenas de camiones celulares de la policía comenzaron a rodear y bloquear el acceso al parque desde las 5 de la mañana. Horas después apareció el propio Jorge Macri acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. El propio Wolff títuló: “donde había una feria ilegal, ahora hay orden”. Desde la organización de vendedores ambulantes Vendedores Libres se denunció la grave situación que se desarrollaba en el parque: “Así se detenía a la madrugada de hoy en Parque Centenario a vendedores para robarles sus pertenencias, amenazarlos con encarcelarlos y violentarlos de todas las formas, son miles de vendedores de cosas usadas, otros hacen trueque, el parque militarizado y cazando trabajadores”. La venta a través de puestos a veces improvisados es una realidad extendida en todo Buenos Aires, que tomó fuerza desde mediados del año 2023 y se masificó aún más en los últimos meses de crisis y depresión económica. En horas del mediodía, los feriantes cortaron la avenida Ángel Gallardo pidiendo una solución tras verse impedidos de realizar su trabajo. El sábado por la tarde, entre los vecinos, la sensación era de consternación, en vísperas del Día del Niño. Junto a los “manteros”, también se cerraron la feria artesanal, los puestos de libros y los de discos y todos los puestos de la avenida Ángel Gallardo-Antártida Argentina. Más que “ordenado”, el parque se veía desolado. Varios comentaban que nunca desde sus comienzos en la década del 80 la feria de Parque Centenario se encontró cerrada y militarizada. Macri, Bullrich y Milei Macri viene llevando en los últimos meses una guerra sin cuartel contra los trabajadores marginalizados. En materia de regimentación de la vía pública, mantiene una agenda represiva que no tiene nada que envidiarle al gobierno nacional. Esta campaña contra los manteros recorrió Parque Patricios, Constitución, Plaza Once y Retiro. Logró expulsar, por medio de redadas y detenciones, al grueso de los trabajadores ambulantes de esas calles y esquinas neurálgicas de la ciudad. Del mismo modo, en nombre de la defensa del “espacio público”, el Gobierno de la Ciudad lleva adelante razzias permanentes contra personas y familias que duermen al desamparo en veredas y halls de edificios, robando y quitando sus pertenencias, incluso frazadas y colchones. El mismo método utiliza para los manteros a los que la Policía de la Ciudad levanta, como en los tiempos de la UCEP de su primo Mauricio, a cualquiera que coloque su pequeña manta tomando su mercadería y, en los casos de encontrar resistencia, los lleva detenidos. A mediados de junio, la Policía de la Ciudad protagonizó una violenta situación en el barrio de Bajo Flores, donde ingresó con Gendarmería y escudos por la calle San Juan, un importante ingreso a la Villa 1-11-14. Con la excusa de allanar un local de celulares, abrió fuego con postas de goma en pleno día, hiriendo a vecinos y feriantes. Entre los varios heridos, un compañero del Polo Tendencia fue internado por recibir un balazo de goma en el rostro. En un contexto agudo de hambre, miseria, corte de changas, falta de trabajo y despidos, estos trabajadores se encuentran ante una creciente política represiva que alimenta una verdadera olla de presión.

Durante tres días -12,13 y 14 de agosto- se desenvolvió una huelga masiva de la docencia universitaria en todo el país. El hundimiento de los salarios, el intento de aplastar a la docencia por medio de aumentos a la baja por decreto, los recientes anuncios de aumentos irrisorios del 3 % para agosto y 2 % para septiembre, dieron sustento a esta acción colectiva. La huelga superó los intentos de algunas federaciones, como FEDUN y FATUN (no-docentes), integrantes del Consejo Directivo de la CGT nacional, de limitarla a un paro de 24 horas. En el desarrollo de la huelga y allí donde se realizaban asambleas o consultas, se reforzó la tendencia a profundizar y dar un carácter activo a la huelga. Varias asociaciones de base de la FEDUN se rebelaron. Por medio de asambleas extendieron la lucha a los tres días. Hicieron lo propio los no-docentes de las Universidades Tecnológicas que integran la FATUN, parando 48 horas y, en algunos casos, 72. La ocupación del Rectorado de la Universidad de San Luis, resuelta por una autoconvocatoria docente, estudiantil y no-docente, tuvo un alto impacto. En el caso de las universidades de Córdoba, Rosario, Río Cuarto y Mar del Plata, el paro se extendió por seis días, hasta el sábado 17. En Rosario se llevó adelante una concentración y acto entre COAD, el sindicato Universitario, y Amsafe, sindicato de la docencia provincial. En Bahía Blanca, ADUNS, el sindicato de docentes universitarios, impulsó una concentración conjunta con el SUTEBA local, que llamó a parar contra la esencialidad educativa. En Córdoba se hicieron múltiples actividades conjuntamente con el movimiento estudiantil. En San Juan se convocó a una concentración con una multitudinaria participación de no docentes, docentes, estudiantes y algunas autoridades. La jornada se cerró con una movilización por la ciudad. En Tucumán se realizó una concentración convocada por el Sindicato Universitario (ADIUNT) al que confluyeron docentes de la Universidad Tecnológica, docentes provinciales despedidos y sectores estudiantiles junto a organizaciones sociales y políticas. El Congreso Nacional de los Yacobitti se alinea para romper la huelga El jueves 15, luego de que culminara la huelga universitaria de tres días, la Cámara de Diputados daba media sanción a una ley de “financiamiento universitario” que fue presentada como un triunfo de la huelga. Se aseguró que con ella se recuperará la caída de los salarios de los docentes y no-docentes, así como un sistema de actualización bimensual para adecuar los salarios de acuerdo a la inflación. La reivindicación de esta media sanción tiene el propósito de dar por terminada la lucha universitaria. Es un ataque contra los universitarios, los no docentes y los estudiantes más pérfida que la agresión directa de Milei y de Caputo. El proyecto ha sido apoyado por todas las federaciones sindicales universitarias, por el CIN, el Consejo que agrupa a los rectores de las universidades nacionales, y todo un arco político que la votó (radical, peronista y el FITU). La perfidia reside en que no dispone, sino que “encomienda” al Gobierno la ejecución de aumentos salariales, que también condiciona a resultados de las paritarias, fingiendo ignorar que la parte patronal de esas paritarias es el Gobierno mismo, que ya ha ejercido el mecanismo del decreto. No hubo una voz, en esta Cámara, que denunciara el engendro, votara en contra y sólo depositara su confianza en la huelga general y en otra histórica Marcha Universitaria. El “broker” universitario, Emiliano Yacobitti, y la sociedad de seguros que comparte con Lousteau y el "Coti" Nosiglia, han vuelto a utilizar la lucha universitaria para negociar un acuerdo podrido con Caputo y Milei. Asistimos a una tentativa por “planchar” a la lucha universitaria y conducirla a una encerrona. En asociación con los Rectores aspiran a asegurar una cuota de fondos, para la "caja general" de la Universidad a los salarios docentes y no docentes y de una lista de negociados -que arranca con la privatización avanzada de la investigación universitaria y la arancelización del ingreso y de los posgrados-. En esta perspectiva se han alineado las federaciones sindicales universitarias. Luego de transitar la contundente huelga de 72 horas, han resuelto una huelga de menor alcance: 48 horas, y postergan la Marcha Educativa para dentro más de un mes. Es una adaptación al paso de la media sanción del proyecto por el Senado y a la primacía que otorgan a las elecciones del aparato universitario (Consejos Directivos de facultades y universidades). La FUA, que integra el Frente Sindical Universitario Nacional convocante al paro del 72 horas, no impulsó ninguna medida de organización y de acción en apoyo al paro. De la misma manera actuaron las federaciones estudiantiles regionales, salvo contadas excepciones. Las mentadas elecciones tienen un manifiesto carácter distraccionista y su resultado será ratificar a corrientes académicas y políticas que apoyan el ‘ajuste’ liberticida y son cómplices del reforzamiento del aparato de represión y espionaje de Milei, del compromiso del Gobierno con los partidarios de la dictadura militar y de la campaña mediática fascista del actual presidente. Por otra perspectiva La política de armar un compromiso parlamentario con los Milei y los Caputo, en cuanto al “financiamiento educativo”, es la línea maestra de los grandes capitales que reclaman darle sustento parlamentario al gobierno de Milei. El señuelo son migajas de esa colaboración política: las cajas de los rectorados, el negocio de las privatizaciones y cuanta "oferta" salga de la casta oficial. En esta colaboración quien tiene la batuta es Milei, dispuesto a imponer una rendición incondicional por medio del sabotaje al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo universitario. Hay que invertir la ecuación y defender el Presupuesto de la Universidad y los salarios docentes y no docentes mediante la huelga general, la ocupación de los edificios universitarios y otra Marcha Educativa histórica. En este cuadro nuestra corriente, Política Obrera, dará y llama a dar una batalla en las asambleas, las clases públicas y las movilizaciones en curso, por este programa. La victoria de la lucha universitaria docente-no docente-estudiantil es fundamental para el conjunto de la clase obrera y la democracia política. El objetivo estratégico de Milei-Villarruel es desarrollar las vías de un fascismo criollo al servicio de las multinacionales, del imperialismo y de las guerras del imperialismo. LEER MÁS: Un “Financiamiento universitario” que no es tal Un artilugio parlamentario para frenar la huelga de los claustros. Por Marcelo Ramal, 16/08/2024. Universidad: para triunfar, debemos profundizar la lucha Por Daniel Blanco, 16/08/2024. La huelga universitaria con ocupaciones y paros de 72 y 96 horas Por una gran Marcha Universitaria y la huelga indefinida. Por Daniel Blanco, 15/08/2024. Un gran paro universitario Por Federico Fernández, 14/08/2024.

El pasado 10 de agosto realizamos una recorrida de Marcelo Ramal en la localidad de Campana. Además de algunos medios, organizamos una agitación en Siderca, Campana, en la que un grupo de compañeros de Política Obrera, entre ellos Marcelo Ramal, llevamos a los obreros siderúrgicos nuestro planteo político. Discutimos acerca de la crisis salarial, los despidos y la desocupación. La agitación del partido se encontró con una fábrica muy inquieta, pues la patronal de Techint decidió no pagar un premio anual que perciben los trabajadores por producción. Luego de mantenerlos seis meses con la paritaria congelada cobrando con los salarios de noviembre, ahora la patronal avanza sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. Techint está a la cabeza de la avanzada contra la clase obrera. La agitación de Política Obrera encontró una gran recepción y vendimos treinta periódicos. Un trabajador de la planta se acercó a plantearnos que debíamos “volver cada 15 días”. Agregó que nuestro acercamiento contribuía a alentar a sus compañeros a luchar y a la formación de asambleas por sector para defender sus derechos, ya que hacía como mínimo seis meses que no se realizaba ninguna. Luego de la agitación realizamos una charla debate con Marcelo Ramal en la Biblioteca Popular “Jean Jaurés”, en la que asistieron varios compañeros de la zona para debatir qué hacemos luego de la aprobación de la “Ley Bases”. Se resolvió con los presentes sostener una actividad de charla-debate mensual.

Anabela Barreto se encuentra detenida con arresto domiciliario en la localidad de Los Juríes, departamento Taboada, a unos 178 km de la ciudad capital de Santiago del Estero. Es una joven de 24 años, quien convive con su abuela que tiene discapacidad motora y otras afecciones de salud, por lo tanto, requiere de cuidados permanentes. Esta tarea, de enorme responsabilidad, la realiza su nieta desde temprana edad. Anabela es uno de los casos que cotidianamente atraviesan las familias y mujeres en la provincia. Estaba cursando un embarazo sin control ginecológico, creía estar embarazada de unos 6 meses, cuando, en una noche del 2021 comenzó a sentir fuertes dolores de espalda, algo común en ella por la fuerza que estaba obligada a ejercer para trasladar a su abuela. Frente a esos dolores, se automedicó con fármacos contraindicados ante un embarazo, lo cual era desconocido por la joven. El resultado fue un aborto espontáneo. Para la Justicia santiagueña, la joven es culpable por la muerte de su bebé. El contenido del fallo está completamente influenciado por las posturas reaccionarias de la Iglesia y el Estado, para los cuales las mujeres tienen una sola responsabilidad, la de procrear, condicionando la vida de cientos de miles mujeres. El fallo, por otra parte, tiene un propósito regimentador, orientado a aleccionar a las mujeres para que no se organicen para reclamar por anticonceptivos, el derecho a una educación sexual, o que se garantice el derecho al aborto conquistado por las mujeres después de décadas de luchas continuas. La vida de las mujeres campesinas trabajadoras, y sus familias, en la inmensa mayoría de los casos, carecen de acceso a los derechos básicos, como es el de la salud, que se necesita para vivir en buenas condiciones. El vaciamiento del sistema de salud, que se expresa no solo en la falta de médicos, insumos etc., sino también por las dificultades para acceder a algún centro de salud. Ante una emergencia tienen que caminar muchos kilómetros o contar con dinero para que las acerquen a una ruta o al pueblo más cercano, sin garantías de ser atendidos. De la misma manera que el estado nos quita el derecho a maternar, no conseguimos turnos para ser revisadas por los médicos, los anticonceptivos son reducidos en las unidades de primeros auxilios (UPAS) y la más afectadas son las mujeres que viven en la ruralidad, que como se menciona arriba, hace que sea inalcanzable la compra por los altos costos que representa esa medicación. Este caso no es el único. Hay muchas Anabela, como fueron los casos de las mujeres de la Cañada o tantas otras mujeres que también pasan por situaciones similares, condenadas por una justicia misógina que responde a la violencia de un régimen agotado. Para terminar con la barbarie, por el derecho a maternar, por la inmediata libertad de Anabela, debemos organizarnos en forma independiente y luchar contra los gobiernos capitalistas y su estado.

A más de dos meses de la desaparición de Loan saltó una nueva denuncia sobre el accionar impune de las redes de trata. En una jornada sobre trata infantil que se realizó en el Senado, se presentó una denuncia contra importantes empresarios de la industria farmacéutica y directivos de clubes deportivos. Roberto Mazzoni sostuvo que fue víctima de una red en la que Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers, y Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales, estarían implicados. Mazzoni acudió a la Justicia en abril de 2022 para denunciar que, en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires, se realizaban fiestas organizadas por Roemmers donde se prostituía a hombres y mujeres, algunos de los cuales resultaban ser menores de edad. La causa recayó en manos del juez Ariel Lijo quien, en mayo de este año, decidió archivar el expediente por la falta de pruebas contra los denunciados. Para el magistrado "liberticida" , las pruebas aportadas por Mazzoni “acreditaron relaciones que consistirían en el intercambio de dinero por sexo o por acompañamiento, pero no se advertirían maniobras vinculadas a la trata de personas”. Lijo desconoció que la Asociación de Madres de Víctimas de Trata se había presentado en la causa para denunciar que existían otras víctimas. La Cámara Federal, en julio, no obstante, revocó la sentencia de archivo y ordenó al juzgado proseguir con la investigación de acuerdo a los parámetros establecidos en dicha sentencia para recién establecer si corresponde o no su archivo. Los jueces de la Cámara mencionaron la existencia de legajos de identidad reservada “donde se denunciaron maniobras similares a las investigadas que tendrían como protagonistas a los sujetos sindicados por el acusador particular”. Como todo lobo con piel de cordero, Roemmers recibió el Premio San Francesco por parte de la Pontificia Universitá Antónianum de Roma, equivalente al Nobel de la Paz. La institución lo reconoció por su vocación franciscana, su labor humanística alrededor del mundo y por ser un gran promotor de valores espirituales. La impunidad con la que operan las redes de trata y la participación de poderosos empresarios y del poder político, incluidos los jueces, plantea la necesidad de poner en pie un movimiento nacional contra la trata de carácter independiente del Estado y las patronales sobre la base de un programa que plantee la superación de este régimen social de barbarie , que genera negocios y ganancias sobre la base de la degradación humana.

Luego de aprobada la “Ley Bases”, el gobierno de Milei ha profundizado la “reestructuración” del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) con la publicación en boletín oficial del decreto 662/202. El propósito, indisimulado, es meter mano en los fondos destinados a la producción de películas. El decreto determina que el subsidio para la producción de películas no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico -frente al 50% que estaba establecido en la ley anterior- ni el 50% del costo de producción total del proyecto. Supone un recorte drástico de fondos. Otro 20% del fondo de fomento será utilizado para cubrir gastos corrientes de estructura y funcionamiento del organismo, a criterio del presidente del INCAA. “Supone un avance hacia la discrecionalidad”, expresó el director Benjamín Naishtat en Página/12. Desde su llegada a la presidencia del INCAA, Carlos Pirovano ha ejecutado centenares de despidos en toda la planta de trabajadores con distintos tipos de contratación precaria gestados durante los anteriores mandatos presidenciales. También ha propiciado cierres de programas comunitarios, recortes en los recursos destinados para las provincias y la suspensión del actual plan de fomento. El fondo de fomento no es presupuesto del Estado, sino que se nutre del 10% del costo de cada entrada vendida, el 10% del precio de venta de cada videograma grabado, el 25% de la recaudación que hace el ENACOM a partir de la radiodifusión, legados, donaciones, rentas, intereses, devolución de créditos, el dinero sin utilizar de años anteriores y cualquier otro ingreso no previsto. En materia de fomento, precisamente, la nueva normativa exige como condición la acreditación de un financiamiento equivalente al monto solicitado, como se ha establecido en el Fondo Nacional de las Artes (que promueve proyectos en literatura, pintura, arquitectura, diseño, teatro, música y danza) y en el programa Proteatro que estimula la actividad teatral independiente de la Ciudad de Buenos Aires. La salvedad es que los costos de producción de una película, en general, superan por mucho los de otras actividades artísticas. Para la actriz Rita Cortese “lo que ocurrirá es que los realizadores que recién comienzan y necesitan apoyo del INCAA no podrán hacer sus primeras armas, entonces van a consolidarse aquellos proyectos ya consumados que tienen grandes producciones detrás. Si la experimentación en el cine se corta, vamos camino hacia la destrucción” (Página/12, 26/7) Con el nuevo decreto, la cuota de pantalla -un pequeño cupo destinado a la proyección de producciones nacionales- ha quedado a consideración del presidente del INCAA. La cuota de pantalla era un módico recurso para sortear el monopolio de la distribución de las grandes productoras y cadenas de salas, concentradas en poquísimas manos. El decreto denuncia “distintos tipos de contratación” en la planta laboral del INCAA. Actualmente existe una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan bajo distintas modalidades de precarización laboral, como los contratos temporales o monotributo. Junto al despido de numerosos trabajadores, el gobierno “de la libertad” viene a consolidar estas formas de explotación precaria, como quedó expresado en el núcleo laboral de la “Ley Bases”, legadas por los anteriores gobiernos. El decretazo viola además el funcionamiento de cogobierno de la institución, ya que ha avanzado sin reunir al Consejo Asesor, que no ha sido ni siquiera designado. El plan del gobierno sería propiciar la disolución del organismo. Los funcionarios provinciales, representados en la Asamblea Federal, han dejado pasar la acción del gobierno sin formalizar ninguna queja. Los sindicatos (SiCA-CTA, SUTEP-CGT) tampoco han emitido pronunciamiento al respecto. Sectores como ATE-INCAA junto al movimiento Unidos por la Cultura dieron pasos y espacios de organización y acción para defender los puestos de trabajo del INCAA , con asambleas numerosas, pero el movimiento ha refluido. Distinta ha sido la predisposición de la conducción de ATE-CTA que, ante la ola de despidos, ha boicoteado toda posibilidad de unidad en la lucha contra los despidos. El ataque al cine, como a la salud, la educación, los derechos laborales y el medio ambiente, son parte de una reestructuración nacional integral reaccionaria, piloteada por Milei. Depende de las y los trabajadores la organización y lucha en las calles para liquidar esta ofensiva antiobrera. LEER MÁS: Radiografía del vaciamiento de Cultura Por Valu Viglieca, 07/08/2024.

En las últimas horas, Federico Sturzenegger salió a justificar su salario como ministro revelando cual será su tarea del momento: la reglamentación de la reforma laboral inscripta en la Ley Bases. De acuerdo a lo que ha trascendido en varios matutinos la letra chica de esa reforma plantea, entre otras cuestiones: -La ampliación del período de prueba y sin efectivización; formalmente, a seis meses, pero que se extiende a ocho meses y hasta un año para establecimientos con menos de 100 trabajadores, que representan al 55% de la fuerza de trabajo ocupada. Es la apertura a un régimen de rotación laboral permanente para una parte importante de los trabajadores. -La extinción de la acción penal y la condonación de todas las infracciones en favor de las patronales con trabajadores en negro, los cuales serán blanqueados bajo las condiciones de la propia reforma antiobrera. -La exclusión de todas las formas de contratos -de servicio, de obra o por agencia- de la ley de Contratos de Trabajo. Ello significa que ningún trabajador empleado bajo estas modalidades podrá alegar en ningún momento una relación laboral encubierta. De este modo, las posibilidades del trabajo con factura (monotributismo) se amplían sustancialmente , sin que las patronales deban temer por juicios laborales. -La inclusión en el despido por justa causa a las ocupaciones de fábrica, los bloqueos o acciones donde “se afecte la libertad de trabajo de quienes no participan en dicha medida de fuerza”. Es la virtual liquidación del derecho de huelga, el cual sólo existe y puede ejercerse como derecho colectivo, nunca como decisión individual. La huelga “legal” queda reducida a los paros decretados por las burocracias, que no entrañan una movilización activa de las organizaciones obreras de base. -La posibilidad de despidos calificados discriminatorios -por el activismo sindical o político del trabajador- que hasta ahora se encontraban prohibidos por la ley. Ahora, la patronal podrá llevarlos adelante con la sola reserva de que deberá pagar una indemnización especial. -Finalmente, se reglamentará el “fondo de cese laboral”, un régimen de “despido prepago” al estilo del que ya se implementa en la industria de la construcción. Julio Cordero, el funcionario de Techint al frente de la Secretaría de Trabajo, destacó el papel de este fondo para “reducir la incertidumbre” en materia de costos laborales. Más allá de la cuestión económica, alude a una cuestión política crucial en la relación entre patrón y trabajador: con el “fondo de cese”, el empleador sabe que puede despedir en cualquier momento sin enfrentarse con un gasto imprevisto en materia de indemnización. Es un arma que podrá esgrimir en caso de reclamos salariales y laborales. Bajar salarios y despedir La premura del gobierno y de las patronales para poner en marcha esta contrarrevolución laboral tiene razones muy claras. Las patronales están explotando los menores niveles de inflación - que son el resultado de un derrumbe económico - para justificar la consiguiente “desaceleración” de los aumentos salariales. Lo que ocultan en este punto es que los reclamos en curso apuntan a la recuperación de la pérdida salarial acumulada en lo que va del año, y que representa entre el 20 y el 50% del poder de compra según se trate de trabajadores privados o estatales. Es el reclamo, por caso, de la huelga universitaria de estos días. La actual campaña patronal y estatal por “pisar” las paritarias tiene como propósito consolidar esta caída histórica de los salarios , después de la hiper de diciembre-enero-febrero. Para facilitar este despojo, los capitalistas y el gobierno están urdiendo dos extorsiones: una, la de los despidos masivos. Es lo que ocurre en el Neumático, donde las patronales de Fate y Bridgestone niegan aunentos paritarios al tiempo que ejecutan cesantías masivas . La otra pieza de este chantaje es la reforma laboral, que estimula el reemplazo de trabajadores con derechos adquiridos por aquellos que serán conchabados con contratos precarios o largos períodos de prueba. Como ha ocurrido en otros momentos, las reformas laborales antiobreras, que se introducen con el argumento de “promover el empleo”, en los hechos sólo actúan para abaratar el costo del despido . Silencio Aunque la reglamentación laboral de la Ley Bases está en la primera plana de los diarios desde hace largos días, la CGT no se ha dado por enterada. Es la forma sibilina de reconocer que esta letra chica no es ajena a la cúpula de la burocracia sindical, que se conforma con que se mantenga el aporte sindical y su coparticipación en las obras sociales . La burocracia sindical ha pasado a la condición de mantenida por el Estado a costa de los trabajadores. Esta componenda incluye como condición un nuevo recorte de las prestaciones de salud. Pero la reforma antiobrera abre también negocios: un régimen específico de seguros en cuanto a los despidos, que manejará el Fondo de Desempleo. Como ocurrió con las AFJP en los años 90, los grandes sindicatos aportarían un padrón cautivo de afiliados. Digamos, de paso, que Sturze se ha cuidado muy bien de no volver a la carga con el planteo de transformar en voluntarios los actuales aportes sindicales obligatorios. La burocracia sindical es una pieza clave en la ejecución de un ajuste que gobernadores, diputados y rectores ejecutan, con mayor o menor diplomacia. La gran patronal industrial y agraria asiste sin chistar al derrumbe de las ventas internas y a la caída de sus exportaciones, mientras obtiene derechos estratégicos contra la clase obrera. Es necesaria una campaña de agitación, debates y plenarios para derrotar la reforma antilaboral en los lugares de trabajo y en calle, o sea por una huelga indefinida activa. La defensa del derecho del trabajo, aprobada la ley y decretada su reglamentación, se juega en la acción directa . “Los derechos sociales que Perón ha establecido” -según reza la marcha peronista- han sido liquidados con la colaboración del peronismo, desde el gobierno de Menem en adelante. La forma práctica de enfrentar el atropello es estructurar un programa de reivindicaciones: por el pase a planta y convenio de los transitorios o contratados; vigencia irrestricta del derecho de huelga y de todos los métodos de lucha obrera; vigencia del derecho indemnizatorio; ningún despido, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; aumento inmediato de salarios del 50%, para recuperar la pérdida salarial del año. Coordinar y agrupar a las organizaciones obreras en lucha, para organizar la huelga general contra el gobierno liberticida y su reforma laboral antiobrera.

La incursión militar de Ucrania en territorio de Rusia muestra la forma que va cobrando el desarrollo de una nueva guerra mundial en condiciones militar y políticamente diferentes a las dos guerras anteriores. La “operación militar especial” con que el gobierno ruso disfrazó la invasión de Ucrania en febrero de 2022 ha encontrado su réplica en la invasión de Rusia por parte de Ucrania, denominada también “operación”, aunque a secas. La incursión inicial, el 6 de agosto pasado, al área de Kursk, movilizó a varias brigadas y a dos mil hombres montados en los tanques provistos por Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania (los American Styker, los Challlenger 2 y los German Marder). Superado el escollo de los terrenos minados, la fuerza invasora creció a 10.000 hombres con piezas de artillería y misiles norteamericanos HYMAR, con alcance superior a los 350 kilómetros. Al cabo de los días esta operación se ha extendido a la ciudad de Belgorod, hacia el norte. La operación fue preparada por una inspección previa de la retaguardia por parte de Fuerzas Especiales. La fuerza incursora, entrenada en Gran Bretaña y Alemania, ha entrado a más de 30 km de la frontera de Ucrania con Rusia y ocupado 450 km2 y 93 poblaciones, aproximadamente. El territorio conquistado podría convertirse en una base para ulteriores "operaciones" en Rusia. Los ocupantes han tomado el control de una instalación nuclear y de un nudo de gasoductos. El alto mando de Rusia ha sido sorprendido, de acuerdo a algunos, “con los pantalones bajos”, o con una manifiesta subestimación de la operación en ciernes que conocían, de acuerdo a otras fuentes. El ajuste político de cuentas por este fracaso no demorará en llegar. Menos conocida, sin embargo, es la coordinación de esta maniobra con otro operativo en el sur de Ucrania: un ataque al área de la provincia de Kherson ocupada por Rusia y desembarcos en el Mar Negro contra el islote Tendra y la península de Kinburn, que fueron desbaratados por Rusia. El propósito de esta otra operación era distraer la atención del ataque a Kursk. Corresponsales admitidos en el terreno aseguran que la operación, que cumple dos semanas, avanzaría a nuevos territorios, aunque a ritmo menor. Vladimir Putin ha denunciado la incursión como una acción de “terrorismo” y como una “provocación”. Se ha abstenido de calificarla como una invasión, porque lo comprometería a declarar una movilización general, y mucho menos como una “amenaza existencial” que lo obligaría, según advirtió reiteradamente, al despliegue de armamento nuclear. Este sería, precisamente, uno de los objetivos de la incursión-invasión organizada por la OTAN, que supone que una convocatoria a las armas en Rusia desataría el descontento popular y un crisis política en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el Kremlin. La OTAN ha evitado confiscar los cuantiosos capitales que la oligarquía rusa tiene congelados en el extranjero, como un incentivo para que colabore en el derrocamiento de Putin. El Kremlin atraviesa una crisis interna de incierta profundidad, como lo demuestra el reemplazo de un general en el ministerio de Defensa por un economista de derecha, Andrei Belousov, hace medio año, y el encargo ahora a su exguardaespaldas y funcionario de Seguridad, Alexei Diumin, para que supervise el desalojo de los invasores del territorio de Rusia. Otra ala del gobierno, por ejemplo el expresidente Dimitri Medvedev, se declaró recientemente a favor del uso de armas nucleares para expulsar a los invasores. Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, al denunciar el apostamiento de 120.000 soldados ucranianos en la frontera con su país, admitió que no vacilaría el pulsar el botón nuclear en caso de sufrir una invasión. Tiempo atrás, Putin había transferido a Bielorrusia parte del arsenal atómico de Moscú. Todo esto destaca el extremo al que ha llegado la posición de Putin como árbitro del régimen político, en una guerra que lo ha tenido como responsable en su desencadenamiento. De acuerdo a lo que informan los medios de Rusia, Putin considera que la situación es “manejable”, sin clarificar si se apresta a alguna negociación. En todo caso, no cuenta con el apoyo de sus aliados internacionales, que hasta ahora han evitado cualquier pronunciamiento. Putin no ha invocado el Tratado de Seguridad Colectiva que reúne a Rusia con Bielorrusia y los países turcomanos de Asia Central. Es indudable que el propósito principal de la ocupación del territorio de Rusia, por parte de Ucrania, es forzar a una transferencia de tropas de Rusia que avanzan en la región del Donbass, hacia la región invadida por Ucrania. Ucrania y la OTAN enfrentan la inminencia del derrumbe del frente en el Donbass y la ocupación de toda la región y, más allá, la ciudad de Odessa y toda la costa del Mar Negro por parte de Rusia. El ataque contra Rusia responde a una apremiante necesidad defensiva. Entre uno y otro frente -el Donbass, en Ucrania, y Kursk, en Rusia- se libra una carrera contra el tiempo. Putin ha rechazado por completo efectuar esa transferencia, mientras sus tropas avanzan en la ocupación de un nudo logístico como la ciudad de Pokrovsk, que le abriría una ruta hacia otros territorios de Ucrania. Otro propósito de la llamada incursión es imponer una negociación que ya ha sido esbozada, para que Rusia cese el bombardeo a la infraestructura eléctrica de Ucrania, que dejaría sin energía y sin calefacción a Ucrania en el próximo invierno. Viabilizar este canje es la finalidad de la toma de los centros de gas, refinerías y nucleares en la región de Kursk. La incursión ucraniana es instrumental en un conjunto de negociaciones que acompañan a la guerra. Ha quedado cuestionada la reivindicación de Putin de consagrar la realidad militar en el terreno para justificar su propósito de anexar el Donbass, que ahora es contrariada por la ocupación territorial de la frontera sur de Rusia, por parte de Ucrania. Se ha derrumbado toda la política de Putin y sus defensores políticos que hacen de la anexión territorial una protección de la soberanía nacional. La OTAN, por su lado, debería hacer una inversión monumental para consolidar una cabeza de puente en Rusia con todo lo que implica en cadenas de suministro, renovación de tropas, movilización de misiles de largo alcance y una incontenible cyber actividad e Inteligencia. El desmembramiento de Rusia, en caso de derrota militar, como fantasean los "teóricos” de la OTAN, desataría de inmediato una guerra mundial entre las potencias imperialistas por el reparto de su territorio y en especial de China, que no dejaría de intervenir antes de ese resultado. Llevaría incluso a una guerra entre Polonia y Ucrania por la primacía en los despojos. La guerra imperialista mundial sigue buscando los caminos militares y políticos de su propio desarrollo. Tomada en su conjunto, la guerra en Ucrania ha dejado especialmente a la luz el retroceso del imperialismo mundial. Escala la guerra a Rusia, tentativamente, para intentar rescatar al régimen de Zelensky, que enfrenta el derrumbe de su frente militar oriental y penurias terribles para después del verano. La guerra ha acentuado la decadencia de Europa y la crisis política en el interior de la Unión Europea. El Reino Unido, en una debacle imparable, procura ponerse a la vanguardia de la guerra con el propósito de participar en los beneficios de la militarización industrial. Zelensky, cuyas ambiciones van desde crear una zona tapón en la frontera con Rusia a recoger los despojos de un derrumbe del putinismo, enfrenta más cerca en el tiempo su propia caída. La guerra de la OTAN, que ahora ya no puede ser separada de la guerra general que impulsa junto al sionismo en el Medio Oriente, ha mostrado enormes fracturas políticas en todas las naciones imperialistas. Una escalada estratégica de la guerra plantea una guerra de clase contra el proletariado y la fascistización de los regímenes políticos. Para la clase obrera internacional, la lucha contra la guerra es una lucha por la revolución socialista internacional. LEER MÁS: La OTAN ocupa territorio ruso, violando sus "líneas rojas" de la guerra Por Jorge Altamira, 11/08/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Ramal: "La incursión de Ucrania y la OTAN en territorio ruso marca un salto de alcance en la guerra" Marcelo Ramal en Noticias 12 Trenque Lauquen: "La incursión del ejército ucraniano y de la OTAN en territorio ruso plantea un salto en el alcance de la guerra. Llamamos la atención de este escenario y planteamos la unidad internacional de los trabajadores contra la guerra y sus gobiernos." Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera el 19/08/2024.

El dirigente del MST Alejandro Bodart resultó absuelto en el juicio que le inició la DAIA . La entidad sionista lo acusó, en 2022, de infringir la Ley Antidiscriminatoria y la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), “adoptada por el Estado Nacional”. Aquella infame "definición" fue fraguada y promovida por Trump y Netanyahu. Estipula como antisemita toda expresión de denuncia contra el Estado de Israel. En nuestro país, fue aprobada por unanimidad en numerosas legislaturas durante el gobierno de los Fernández, a instancias de la Cancillería argentina . En este caso, Bodart había tuiteado “por una Palestina libre del río hasta el mar” y equiparado las atrocidades del ejército sionista con las de los nazis. Es la primera vez que la "definición" de la IHRA es efectivamente utilizada para llevar al banquillo de los acusados a un dirigente por sus expresiones políticas. Bodart había sido sobreseído, pero la DAIA apeló y la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó aquella decisión, lo que derivó en este juicio . El juicio se desarrolló a lo largo de cinco jornadas y estuvo a cargo de la jueza Natalia Molina, del juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº8. La parte acusatoria presentó, entre otros, a funcionarios del INADI. El extinto instituto había calificado de "discriminatorios" los tuits de Bodart, prestándole un peldaño a esta judicialización. En defensa de Bodart dieron su testimonio, entre otros, Jorge Altamira , Adolfo Pérez Esquivel y Laura Ginsberg (Apemia). Bodart estuvo representado por los abogados María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, de CORREPI. La DAIA anunció que apelará la absolución una vez que se difundan los fundamentos del fallo, previsto para el 28 de agosto. La DAIA y la derecha internacional coinciden en promover la persecución hacia toda denuncia dirigida contra el Estado de Israel. Según su relato, la denuncia contra el sionismo enmascara la forma "moderna" de antisemitismo. Se trata, por supuesto, de una definición interesada para atacar y perseguir toda expresión de denuncia contra la opresión sionista en Medio Oriente. En todo el mundo se desarrollan movilizaciones y acciones multitudinarias contra la masacre de Gaza, en las cuales intervienen importantes corrientes judías. Esta absolución es una victoria democrática que deberá ser defendida mediante la lucha y la moviliziación política en las próximas instancias.

Los índices de venta de regalos en juguetes que bajaron un 16 %, con respecto al año anterior, y los datos de la UNESCO que hablan de 1 millón de niños que se van a dormir sin cenar son cifras pavorosas. Solo son una muestra de la profundidad hacia donde nos conduce el gobierno liberticida de Milei, Caputo, Pettovello y Bullrich. Desde los merenderos y comedores que se organizan con la Tendencia del Polo Obrero nos dimos la tarea de tratar de que los niños que asisten a ellos tengan un día con atención exclusiva. Para esto, en el fin de semana preparamos chocolatadas y cosas ricas como tortas y budines; fueron los compañeros y compañeras los que las elaboraron, recolectamos juguetes o los reciclamos y gestionamos ante la gobernación y municipios los pedidos de juguetes y golosinas. Nuestros comedores "18 de Diciembre" en Lanús, "Santiago Maldonado" en Bajo Flores y en Hurlingham, como así en otras regionales con los escasos recursos y colaboraciones, pudieron brindar un momento feliz organizando juegos y repartiendo juguetes. Desde el gobierno nacional tan ponderado por el megaempresario Elon Musk, el oficialismo asiste a un Día del Niño donde el ajuste ubica a la niñez como principal víctima de la pobreza, que toca el 60 %, y de una indigencia ubicada en el 20 %. Son los principales afectados por la no entrega de alimentos a comedores y merenderos desde diciembre, del retiro de la ayuda social en momentos en que se produce una fuerte caída del consumo de la leche (17 %) y de la carne (20 %). Sus políticas descargadas sobre la clase obrera, atacando sus derechos laborales, generan que aumente la desocupación. Por ejemplo, la misma noche del domingo que fue Día del Niño anunciaban que 400 trabajadores del neumático en Bridgestone estaban despedidos. No perdemos de vista que cada día que pasa la situación se hace más intolerable en los barrios, con tarifazos y salarios e ingresos que no cubren las necesidades básicas ante la desocupación y la falta de changas. A esta situación la estamos enfrentando saliendo a la lucha por el trabajo genuino, como lo hicimos el 14/08 frente a las oficinas de "Capital Humano", organizándonos contra los tarifazos y los despidos. En Hurlingham la intendencia en manos de La Cámpora, como en otros lugares de la provincia, realizó actividades, pero no es una copa de leche a la semana y un juguete el domingo pasado lo que nos sacará de esta situación. Mientras tanto, desde el propio peronismo apoyan y acompañan esta política económica contra los trabajadores, como hacen la CGT y CTA que dejan pasar estos brutales ataques contra la clase obrera y la niñez, cómplices de un un Gobierno y un régimen social que desprecia a los niños. LEER MÁS: “Los niños primero”... en los índices de pobreza Por Valentina Viglieca, 21/08/2024.

Bajo el cántico de “se va a acabar la burocracia sindical”, los docentes neuquinos votaron por el rechazo a la propuesta del gobierno de Rolando Figueroa realizada el sábado pasado y ratificaron la continuación de la huelga, luego de las 72 horas de paro de la semana pasada, en la masiva asamblea de ATEN Capital. La propuesta mocionada por la conducción Multicolor de rechazo y nuevo paro de 48 horas triunfó por 2.200 votos contra 268 votos, derrotando a la conducción provincial, que había propuesto suspender las medidas y aceptar la oferta del Gobierno. Lo mismo sucedió en distintos puntos de la provincia, como Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Zapala y Junín, las seccionales más importantes, donde también prevaleció la voluntad de continuar con la lucha, que seguirá con un paro de 48 horas este miércoles y jueves. La principal demanda es la derogación de la ley 3.447, que impone un “presentismo docente” y el pase al básico del "premio". Además, se está exigiendo la devolución de los días de huelga descontados y el aumento del presupuesto para mantenimiento de las escuelas. El Gobierno no atiende los reclamos señalados y se mantuvo intransigente, hasta que la masividad del paró lo forzó a abrir un canal de negociación. A contramano de la voluntad de lucha demostrada masivamente por los docentes, la conducción provincial de ATEN, dirigida por la corriente kirchnerista de la TEP (Trabajadores por una Educación Popular), viene operando por el levantamiento de la huelga. El TEP llevó a las asambleas la moción de levantar la medida y aceptar la propuesta del Gobierno, que consiste básicamente en darle un "marco regulatorio" al presentismo, cuando el gobierno de Figueroa demoniza a los trabajadores de la educación y acuerda en convertir el derecho de la educación en servicio esencial para atacar el derecho a huelga. La docencia se ha pronunciado mostrando profundas tendencias a la lucha. La huelga continúa esta semana, incluida la presencia y volanteo en el histórico puente carretero que une a Neuquén con Río Negro. Impulsemos la huelga indefinida hasta que se retire el proyecto de presentismo y se atiendan todas nuestras demandas.

El paro nacional universitario de 48 horas tuvo, en Tucumán, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad Tecnológica, una adhesión casi total. La mayoría de las unidades académicas estuvieron completamente cerradas. Las facultades y escuelas que abrieron fue por parte de los propios directivos y decanos, quienes pidieron el día anterior a que comience el paro qué cátedras no se iban a adherir para garantizar la apertura de las instalaciones. Son las mismas autoridades -como en Artes, Odontología y Filosofía- filokirchneristas, que se llenan la boca hablando de defender la educación pública, pero luego en una actitud de verdadero carneraje ante el paro de docentes y no docentes abrieron las facultades. La huelga también dejó al descubierto que hay un sector de no docentes completamente precarizados, que trabaja bajo contrato y que son los encargados de mantener el Rectorado de la UNT abierto, con una guardia mínima en algunas facultades y escuelas. En el caso de la UTN, la universidad solo se abrió para el dictado de los cursos de las tecnicaturas pagas, que cuentan con docentes también contratados y monotributistas. El primer día del paro, el martes 20, se llevó adelante por iniciativa de ADIUNT una jornada extendida que comenzó a la mañana con diferentes clases públicas, una olla popular y terminó a la tarde con una merienda y asamblea interclaustro en el Rectorado. La actividad logró concentrar a una importante cantidad de docentes, cerca de 120, que se sumaron en toda la jornada, algunos rotando y otros permaneciendo durante todo el día. Los estudiantes participaron de manera atomizada, algunos estudiantes de Artes, de Trabajo Social y del centro de estudiantes de Cine, lo que muestra que aún hay un bloqueo que impide que el movimiento estudiantil irrumpa en la escena de la lucha educativa. Durante la jornada se distribuyó a todos los presentes la declaración universitaria de Política Obrera. Hubo varios sectores sindicales que habían participado de las clases públicas durante el paro de 72 horas de la semana pasada, pero que en esta oportunidad, de hecho, las sabotearon. Sectores de la Fedun, que la semana anterior coordinaron con ADIUNT las iniciativas, en esta oportunidad hicieron rancho aparte, armando una agenda paralela. Esto forma parte también de las propias tensiones nacionales de la burocracia por querer planchar el proceso de lucha huelguística universitaria. El PCR, por su parte, que integra la directiva de ADIUNT con algunas secretarías y vocalías, participó de manera reducida en la jornada durante la mañana. El PTS, en cambio, se sumó al final, sólo para participar de la asamblea interclaustro, anotándose varios de ellos para resaltar la intervención que tuvieron los diputados del PTS en el tratamiento del proyecto de ley sobre el financiamiento universitario, planteando hacer las exigencias a las centrales sindicales y mocionar formar una comisión docente-estudiantil para coordinar las acciones de lucha a futuro. Los planteos políticos del PTS fueron refutados con varias intervenciones y su moción no tuvo apoyo, porque implicaría desconocer la dirección de la ADIUNT, y también desconocer que el propio sindicato convocó ya a instancias de reunión y coordinación con los partidos y agrupaciones previas al paro. La asamblea interclaustro terminó definiendo reclamar un plenario de Secretarios Generales a la Conadu H está semana, para definir cómo continúa la lucha la próxima semana y, en caso de que no la concreten, impulsar con las asociaciones de base combativas una reunión nacional para coordinar la continuación de la lucha; en ese marco, promover asambleas interclaustro para los días siguientes en las facultades y escuelas y, donde se reúnan las condiciones, organizar clases públicas, tareas fundamentales para integrar al movimientos estudiantil en preparación de la nueva marcha federal educativa.

Un país de niños pobres, sin acceso a la alimentación, la salud, la educación, una vivienda, o a la información. Son las cinco variables que analizó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, para el informe que analiza las condiciones de vida de los menores durante el periodo 2010-2023. Los datos del informe dicen que el 62,9 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años son pobres y el 16,2 %, indigentes. Los chicos y chicas son los más pobres entre los pobres y su vulnerabilidad crece, dependiendo del entorno en el que vivan. En la Argentina hay 19,4 millones de personas pobres (41,7 %) y la cifra crece desde hace años. En CABA, “la ciudad más rica del país”, un millón de trabajadores viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza, según las estadísticas del propio Estado porteño. En el informe titulado “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023” se señala que es el registro más alto desde 2010, incluyendo la pandemia. Según la UCA, los niveles de pobreza "afectan derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución nacional y pactos internacionales". Esta pobreza "inconstitucional" es propia de la descomposición del propio régimen capitalista. La Sociedad Argentina de Pediatría afirma que “la inseguridad alimentaria afecta al 64,5 % de niños, niñas y adolescentes, con un aumento sostenido desde 2004”. “Una alimentación inadecuada repercute en el crecimiento, el desarrollo y la salud integral” y, según los pediatras, para revertir la situación se requiere de “de acciones inmediatas y sostenibles en el tiempo”. En marzo de este año la UNICEF señaló que el presupuesto destinado a las políticas públicas de la infancia estaba subejecutado. Entre otros, se refería a los programas destinados al “fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y el Plan Nacional de Primera Infancia”. En el caso de la Asignación Universal por Hijo –AUH- y la Prestación Alimentar, los montos previstos, advirtió, “no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento”, es decir para cubrir todo el año. Cinco meses después, en un reciente informe, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala un recorte del 29 % en 2024 respecto del 2023 en políticas alimentarias. Esto sumó 250.000 niños a las filas de los menores pobres. El recorte en los programas destinados a los niños, niñas y adolescentes alcanza al 18 % en promedio, pero es mayor en las áreas vinculadas a alimentos, ya señalada, programas educativos (31 %) y salud (50 %). La SAP señala que el recorte en salud se evidencia en la cantidad de niños y bebés que no completan el calendario de vacunas. Según cifras oficiales, “para fines de 2023, 112.000 niños de 0 a 5 años no habían recibido ninguna vacuna y 37.000 tenían el esquema incompleto”. Las consecuencias directas son el aumento de casos de enfermedades prevenibles. Las vacunas son gratuitas, pero llegar al hospital o a la salita con vacunatorio es un costo que las familias no pueden costear. Con el pasaje de colectivo a $425 y el subte a $650, muchas familias enfrentan la disyuntiva entre el traslado o la comida del día. “El programa presupuestario es 12 veces inferior a lo ejecutado en 2021 y un 50 % menos que lo ejecutado en 2023”, estima ACIJ, para el programa Abordaje de Curso de Vida, el más importante de los que ejecuta el área de Salud. Para 2024, el Poder Ejecutivo decidió achicar el presupuesto en un 17 % y, además, durante los primeros 6 meses del año se utilizó solamente el 13 % de los recursos disponibles (810 millones de los 6.251 millones vigentes). Es una política criminal que deja crecer las enfermedades entre sectores que ya no logran comer, mucho menos comprar medicamentos. En medio de jornadas de alerta meteorológico por el frío el Ministerio de Capital Humano no reparte las frazadas porque las considera “para emergencias”. ¿Qué mas emergencia que personas muertas de frío en las calles en plena Capital Federal? También desfinancian la educación pública Dentro de los niños pobres hay variables que afectan aún más a su situación, como vivir en un hogar con bajo nivel educativo, o vivir en villas miserias, o pertenecer a familias con madres solas. El ataque permanente acerca de que las madres reciben la Asignación Universal por hijo/a se pierden el detalle de que el monto llega al 21 % de la Canasta Básica Total. Con ese dinero una familia debería garantizar que sus hijos coman, se vistan, vayan al colegio, accedan a medicamentos y recreación. El desfinanciamiento de políticas públicas educativas comparado con 2023 es de un 43,7 % menor. Los recursos ejecutados por el Estado a junio de 2024 ($1.522.436 millones) son un 31 % menor que para junio de 2023 ($2.204.699 millones). Si bien todos los programas fueron afectados, “Se han ejecutado 0 pesos para actividades de Gestión del Nivel Inicial y Secundario, Educación Sexual Integral, Reinserción Escolar y acompañamiento a trayectorias.” Además se redujo en un 54,7 % el presupuesto para las Becas Progresar. En Argentina hay 10 millones de niños y adolescentes que comen menos carne, lácteos y frutas que el año pasado. Diez millones. Las familias remplazan los alimentos saludables y necesarios para el desarrollo de los menores por fideos y harinas, los únicos que crecieron en ventas un 24 por ciento. Desde que asumió La Libertad Avanza más de un millón de niños dejó de comer alguna de las cuatro comidas y esto no se limita a familias desocupadas; según Unicef “en siete de cada diez hogares donde sucede esto la persona a cargo se encuentra ocupada y, dentro de ellas, más de un 60 %, de manera informal”. Para comprar los alimentos se pide fiado, se sacan préstamos o se paga con tarjeta de crédito y en cuotas. El cambio en la alimentación se debe a que las familias tuvieron que dejar de comprar alimentos por falta de dinero. En el 82 %, los ingresos no logran solventar gastos como útiles escolares, transporte, ropa y calzado”. Para terminar con el calvario cotidiano al que someten a millones de niños y niñas hay un programa que atañe al conjunto de los y las trabajadoras. Hay que poner fin a los despidos y las suspensiones. Arrancar un subsidio al parado igual al costo de la canasta familiar. Plan de obras públicas que incluya cloacas, viviendas, escuelas y hospitales. Es necesaria la organización de los desocupados en bolsas de trabajo por rama e incorporarlos con salarios de convenio. Planteemos la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario. Salario inicial y jubilaciones igual al costo de la canasta familiar. Construyamos la lucha que le otorgue casa, pan, educación y juegos a las niñas y los niños. LEER MÁS: Un Día del Niño en medio del estancamiento económico de un gobierno que nos hunde en la pobreza Por Eva Gutiérrez, 21/08/2024.

Las agrupaciones que manifestamos todos los miércoles frente al Congreso convocamos a un segundo plenario de organizaciones de jubilados, que se reunirá el próximo día sábado 24 de agosto, a partir de las 11 horas, en la Mutual Sentimiento (Federico Lacroze 4181, CABA). Entre los convocantes se encuentran las organizaciones de jubilados ligadas al FITU, Jubilados Insurgentes, la Mesa Coordinadora y sectores de la CTA Capital. Tenemos motivos de sobra para salir a luchar. Los jubilados llegamos al mes de setiembre con un haber mínimo de $232.000 más un bono “basura” congelado desde hace 7 meses de $70.000, un total de $300.000 cuando la canasta familiar hoy es de $1.700.000. La pérdida sufrida en nuestros haberes jubilatorios de los últimos años, casi del 50 %, es de por vida. La “licuadora” y la “motosierra” han destruido los salarios y las jubilaciones y han hundido a la economía en una depresión como nunca en los últimos 40 años. Esto mientras bancos y patronales llenan sus arcas con millones de dólares. La oposición es de peronistas, kirchneristas y radicales que junto a los gobernadores son cómplices directos o indirectos de este brutal ataque a nuestras condiciones de vida que lleva adelante el gobierno liberticida de Javier Milei. La burocracia sindical enquistada en nuestras organizaciones obreras, la CGT, las CTA, CTERA son funcionales a los planes del Gobierno. Las medidas que toman son distraccionistas, desmoralizantes e insuficientes. El Parlamento, un nido de políticos que se venden por una dieta, no ofrece ninguna respuesta a los trabajadores y a los jubilados. Por el contrario, han votado todas las leyes que fueron demoliendo las enormes conquistas logradas durante años de lucha de los trabajadores. El debate ahora de un miserable resarcimiento del 8 % de nuestros haberes jubilatorios, que el Gobierno está decidido a vetar, es una burla a todos los jubilados: el retroceso de las jubilaciones alcanza el 30 % respecto del año pasado. La huelga de aceiteros por aumento salarial, la lucha de los trabajadores del neumático contra los despidos, la lucha de la Universidad contra su desfinanciamiento, los paros docentes por salarios, todavía no han logrado torcerle el brazo a este gobierno antiobrero, pero la represión con el protocolo Bullrich en la mano tampoco ha logrado evitar que los jubilados manifestemos los miércoles en Congreso ... La unificación de todas estas luchas en una huelga general es la carta de triunfo para lograr el conjunto de reivindicaciones. Los jubilados estamos presentes en todas estas movilizaciones. El ataque a los jubilados es un ataque al conjunto de la clase obrera. Este segundo plenario de jubilados tiene el desafío de debatir un programa y un plan de lucha y unirnos al movimiento obrero ocupado y desocupado, para frenar los planes de demolición del régimen previsional. Decimos no al aumento de la edad jubilatoria, no a la jubilación privada, jubilación automática a todos en edad jubilatoria, restitución de los aportes patronales, PAMI y ANSES dirigidos por afiliados y trabajadores, bregamos por un haber mínimo igual al 82 % móvil de la canasta familiar, abajo los DNU, abajo la represión.

La huelga del pasado 14 de agosto de los docentes de Pilar fue contundente. Una manifestación rotunda del conjunto de la docencia de Pilar contra la esencialidad del trabajo docente. La huelga no fue convocada por ninguno de los sindicatos docentes, sino por las seccionales dirigidas por la oposición Multicolor. Fue en los hechos una huelga autoconvocada. Expresa que las escuelas son un polvorín, especialmente las primarias, donde la adhesión fue total. Cualquier asamblea docente debía comenzar por discutir una perspectiva para la huelga masiva. No. Entre gallos y medianoche la burocracia del FUDB (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) convocó a asambleas extraordinarias de afiliados en toda la provincia, para poner a consideración de los docentes una propuesta salarial de su aliado , el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La propuesta salarial sometida a votación fue mantenida en la clandestinidad. Sobre el filo de la asamblea se supo que consta de un 4,5 % a cobrarse en septiembre con el salario de agosto y un 4 % a cobrarse en octubre con el salario de septiembre. Desde Tendencia Docente Clasista nos hicimos presentes en la asamblea de Pilar, planteando rechazar este acuerdo a la baja que mantiene a los trabajadores docentes pobres. La conducción Celeste del SUTEBA Pilar comenzó su alocución en la asamblea con un discurso declamatorio del enemigo en común del cual es necesario defenderse... aceptando a pies juntillas el misérrimo porcentaje ofrecido por Kicillof. Los oradores oficialistas no ahorraron en diatribas contra cualquier oposición a la entente SUTEBA-Gobierno provincial, planteando una vez más la fórmula “le están haciendo el juego a la derecha” contra la oposición, mientras se refugia en el inmovilismo. La Celeste se alinea con Kicillof en medio de la caída en picada del salario, de las condiciones de trabajo en cada escuela, de la reforma inconsulta e impuesta desde arriba del nuevo régimen académico en el nivel secundario, el ataque del gobierno nacional al derecho a huelga y en medio de la lucha universitaria. Un dato significativo es que las agrupaciones del FITU no participaron de la asamblea de SUTEBA, ni llamaron a los trabajadores a parar, para “no exponer” a los docentes a represalias, como ausencias injustificadas o sanciones. Denunciamos este acuerdo paritario como insuficiente, como asimismo a las conducciones gremiales por ser cómplices del ajuste histórico del gobierno de Milei y de Kicillof. Reivindicamos a las y los compañeros docentes que se plegaron al paro de las seccionales Multicolor, ya que vemos una tendencia a la lucha a pesar de los aprietes patronales-sindicales. Invitamos a los docentes de Pilar y de todo el país a discutir una perspectiva para llevar a la victoria esta lucha, en el plenario abierto de la Tendencia Clasista, que se realizará el próximo sábado 24 de agosto, a las 14, por Zoom .

La toma de la fábrica textil Textilcom, en Catamarca capital, llegó a su fin luego de 80 días de ocupación en defensa de los puestos de trabajo. La anterior patronal decidió cerrar la planta, intentando desmantelar las instalaciones, lo cual fue impedido por los trabajadores mediante la ocupación de la empresa . El desenlace se produce cuando una nueva firma, Mom Sports (propiedad de Textil Corigliano), acordó con el gobierno de Jalill el uso de las instalaciones y la recontratación de todo el personal de Textilcom. La noticia fue tomada con entusiasmo porque en ello los trabajadores ven recuperados sus puestos de trabajo. La nueva firma es una empresa internacional de capitales nacionales. Se originó en Miami, y luego se extendió a la Argentina, teniendo filiales en Colombia y Paraguay. Su producción se comercializa en todos los shoppings de la Argentina. Corigliano cuenta con otras plantas en San Luis, San Martín y Chascomús, con hilandería, tejeduría, tintorería y también importa hilado de China. La firma realiza todos los procesos de producción, desde la materia prima hasta la comercialización, y ha creado su propia marca. Ello implica una gran reducción de costos de intermediarios para la patronal. En declaraciones radiales, Corigliano indicó que “con el predio que les brindó el gobernador”, se podrían triplicar los puestos de trabajo. Al ser consultada, afirmó que el gobierno de Catamarca le brindó condiciones “mucho más favorables” que el de La Rioja, donde Textilcom dejó otra planta cerrada. El compromiso del gobierno serían subsidios y exención de impuestos a las patronales, “en línea con las políticas del gobierno nacional” . Actualmente, han vuelto a sus puestos de trabajo 30 de los 132 trabajadores despedidos de Textilcom. La patronal y las autoridades indican que deben realizarse capacitaciones y adaptaciones, y que la recontratación de todo el personal será “gradual”. Por su parte, los trabajadores aseguraron que no les reconocieron ninguna deuda de la patronal de Textilcom , y afirmaron que, en Mom Sports, iniciarán la relación laboral con un nuevo contrato, o sea que no se reconocerá la antigüedad laboral. Esto va en contraposición a lo que afirmaba el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Caria, hace un mes, acerca de que la nueva empresa saldaría todas las deudas salariales y la deuda de indemnización . Trabajadores que aún no volvieron a la actividad indicaron que “deben ir a un juicio personal” con Textilcom para que les paguen lo adeudado. La inauguración oficial de la fábrica con la nueva firma está prevista para este viernes, ocasión que seguramente será aprovechada por el gobierno provincial para realizar una demostración de demagogia, con Caria y Jalil a la cabeza, tras haber realizado todo tipo de concesiones a la patronal, empezando por la cesión de las instalaciones de la fábrica con máquinas incluidas y personal entrenado. Las condiciones de recontratación de los trabajadores aún no se han clarificado, de la misma manera que todavía no se ha hecho efectiva la reincorporación de todos ellos. El balance, desde la clase obrera, es que la defensa de los puestos de trabajo ha sido el resultado de la lucha tenaz y de la solidaridad de sectores combativos , lo que permitió sostener la toma a pesar del sabotaje de la dirigencia sindical de la burocracia del Tejido y Textil, que en todo momento procedieron a aislar la lucha y trataron de desmoralizar a los trabajadores. Que se cumplan todos los derechos. Que se reincorporen a todos los trabajadores. Que se cumpla lo prometido por el gobierno en relación a las deudas de la anterior patronal de Textilcom.

El paro docente bonaerense de la semana pasada fue un pronunciamiento contra la falsa "esencialidad educativa", que pretenden sancionar el gobierno de Javier Milei y sus cómplices en el Congreso . El único fin es terminar con las huelgas que son toda una tradición de lucha de la docencia en este país. Pero la característica fundamental que tuvo la huelga es que no fue convocada por la dirección de SUTEBA-CTERA. Partió de tres seccionales dirigidas por la oposición (Bahia Blanca, Tigre y Marcos Paz). La dirección burocrática Celeste de Baradel y Cía. no organizó a la docencia para dejar pasar la ley "antihuelga". Al día siguiente de la votación aceptaron sin chistar un misero 4,5 % de "aumento" que ofreció el gobernador Axel Kicillof a cobrarse en septiembre, cuando han llegado aumentos en los servicios públicos del 100 % al 300 % (luz, gas, transporte). Han acordado a su vez una reforma precarizadora para el 2025 en el nivel Secundario. Las condiciones edilicias y de infraestructura en las que damos clases son una verdadera catástrofe. SUTEBA se ha convertido en una oficina más del gobierno provincial por su integración completa al Estado. Nuestra corriente -la Tendencia Docente Clasista- impulsa la organización de una huelga indefinida hasta que se archive el proyecto "antihuelga". Defendemos sin condicionamiento el derecho a luchar. Promovemos la realización de asambleas por escuelas, autoconvocatorias y plenarios provinciales de delegados, para conquistar un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por un cargo y su indexación quincenal por inflación. Es la forma de combatir la proliferación de la superexplotación laboral (llenarse de módulos y cargos) a la que nos obliga el Estado por tener salarios de pobreza. El próximo sábado 24, a las 14, realizaremos un plenario virtual con docentes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires para debatir y votar una campaña que contribuya a la conquista de nuestras reivindicaciones. Te invitamos a participar y a ser parte de esta lucha. Contacto: 1131919427

El sábado pasado, en ocasión del feriado nacional del 17 de Agosto, realizamos una actividad doble en el barrio Santa Ángela de La Unión, Ezeiza. Por un lado, para darle un cierre a la Campaña Financiera Invierno 2024 de nuestra organización, realizamos una lentejada, que se vendió principalmente entre vecinos, familiares, conocidos y simpatizantes y militantes de nuestra organización. La 2da. parte de la actividad, otro plato fuerte, fue una charla pública con Joaquín Antúnez, docente de Media y Superior y miembro de la dirección nacional de Política Obrera. En su exposición, el compañero Joaquín Antúnez caracterizó la situación política nacional. En el debate posterior un compañero docente señaló que los trabajadores no tienen referencia para la organización y la lucha, por lo cual hay, por un lado un cierto descreimiento, y por el otro una búsqueda de referencia para sumarse. Una compañera simpatizante del kirchnerismo manifestó estar abierta a conocer nuevas visiones y posturas. Otro compañero hizo hincapié en la situación de crisis internacional dada a partir de la crisis japonesa y la guerra de alcance mundial en curso. Una compañera no vio positivamente la lucha por la legalidad electoral: “necesitamos una coordinadora de sectores en lucha”, manifestó. Y así siguieron una serie de interesantes intervenciones y reflexiones. Una compañera venezolana se anotó casi al final. Manifestó su preocupación por lo que está pasando en su país de origen, pero centró su intervención en el debate en darle una vuelta positiva a cada uno de los planteos de los compañeros, “tiene que haber un ‘saldo organizativo’ de esta y cada actividad de debate, no debe quedar en mera charla”. Los compañeros del círculo barrial agitan quincenalmente en Siderar (Canning), que se encuentra cerca, que son muy bien recibidos por los obreros, muchos de ellos son de estos mismos barrios y conocidos de toda la vida, que falta profundizar la intervención. Se planteó ir quincenalmente a la peatonal de Ezeiza y/o Feria de Ezeiza. Un compañero ofrece su casa para las reuniones y planteó la idea de hacer una actividad pública mensual, ya sea charla o actividad social hacia el barrio o hacia el sector que nos interese. También obviamente actividades como cursos de formación política. La campaña por la legalidad electoral va a tener una de sus bases en este lugar. Se plantea la perspectiva a volver a tener local partidario. Se invitó a todos los presentes a sumarse a las reuniones y actividades. El balance político es altamente positivo. El balance financiero también: se vendieron todas las porciones de lentejas -41- quedando una ganancia.

En las últimas horas, los aparatos políticos históricos del capital –la “casta”- le mandaron a Milei un mensaje claro: contarán con su venia para liquidar los derechos laborales, prohibir la huelga en la docencia o convertir a la Argentina en una gran “zona franca”, como lo plantea el RIGI. En cambio, el libertario deberá cogestionar con ellos al verdadero corazón del Estado: los servicios de inteligencia y su colateral, el aparato de Justicia. En la Cámara de Diputados, los bloques de Macri y los de Cristina, más varios otros subproductos, se coaligaron para voltear el DNU que disponía 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la SIDE de Milei y Caputo . Mientras tanto, un acuerdo de radicales y kirchneristas le daba a Martín Lousteau la presidencia de la Comisión parlamentaria que controla a los servicios de inteligencia, y al kirchnerista Moreau, la vicepresidencia. La consagración de Lousteau en este cargo ha sido presentada como el nombramiento de un “opositor duro” para vigilar a los servicios. Bien mirada, la movida del Parlamento ha consagrado a un ala de los servicios para controlar y coexistir con otra. El periodista Carlos Pagni recordó, en estas horas, que la camarilla radical que tiene como mascarón de proa a Lousteau -pero cuyos hilos mueve Emiliano Yacobiti- tiene una larga trayectoria de participación en el espionaje local. Uno de sus antiguos personeros, Dario Richarte, llegó a ser vicerrector de la UBA. Como todas las pujas que envuelven a este grupo radical, la cuestión universitaria ingresará como moneda de cambio en sus negociaciones con el gobierno de Milei. Lousteau-Yacobiti reclaman sus propios “fondos reservados” -los de la caja del rectorado. Mientras tanto, la UBA seguirá difundiendo spots y “encomendando” a Milei por los salarios docentes y no docentes, que han caído en un 50% en estos últimos seis meses. A este bloque de circunstanciales opositores, se terminó sumando Mauricio Macri y una parte de los diputados del PRO. Es una reacción tardía por parte de quien ha quedado reducido a la irrelevancia política. Las encuestas le otorgan al PRO un 6% de intención de voto. El electorado macrista ha migrado, en una altísima proporción, al actual oficialismo . Macri, Carrió y otros forman parte del lote que teme que un colapso del gobierno de Milei conduzca a un descrédito prolongado de la derecha. Ha fracasado en someter a Milei-Caputo a un régimen de coalición política , sin apreciar que el “golpe de Estado económico” en curso exige la suma del poder en manos de una camarilla sin escrúpulos. Varias versiones afirman que el “freno” a los fondos reservados ha llegado tarde, porque la familia Milei y el niño Caputo ya se patinaron el 80% de esos recursos en el sistema de terror digital que los tiene como mentores. Kirchnerismo El portazo de Macri y Carrió en la cuestión de la inteligencia tiene una contracara, a la que los medios de comunicación le han dado mucho menos lugar. Después del distanciamiento del PRO, el centro de gravedad de las negociaciones parlamentarias de los libertarios ha pasado al campo “nacional y popular” . La demostración más clara de ello son las tratativas en curso en relación al nombramiento del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte . En este punto, Lousteau y compañía no serían “tan” opositores, sino más bien complacientes con la designación del magistrado sospechado de corrupción. Lo mismo ocurre con el bloque de senadores del peronismo y con la mismísima Cristina Kirchner. Más claro todavía ha sido el respaldo de la burocracia de la CGT a esta postulación. La información ha sido aportada por el medio kirchnerista El Destape, según el cual la burocracia no olvida el sobreseimiento que dispuso Lijo en favor de Gerardo Martínez, respecto de las acusaciones en su contra por la desaparición de trabajadores bajo la dictadura militar. Para Lijo, la participación de Martínez como agente de la inteligencia militar quedó demostrada, “pero dijo no haber hallado elementos que lo vincularan con las desapariciones” (sic, El Destape). Mientras los radicales de la UBA trafican el destino del presupuesto universitario, los burócratas de la CGT trafican con los derechos laborales, hundidos por el gobierno libertario. Cuarteles de invierno Los desplantes parlamentarios dejaron lugar, finalmente, al más importante de los episodios de estos días: la virtual desintegración de la Libertad Avanza en el Congreso Nacional. Una vez más, el disparador ha sido el vínculo con el aparato militar y de seguridad, que ha estallado después de la visita de un grupo de diputados a los represores que están presos en la cárcel de Ezeiza . En torno de esta cuestión, se ha fracturado, según parece, de un modo definitivo, el vínculo entre Milei y Villarruel. Para la vicepresidenta, la militarización del Estado y la revigorización de los servicios exige una señal de impunidad en relación a las futuras acciones represivas que se emprendan. La señal más clara, entiende Villarruel, es la de mandar a los octogenarios videlistas a sus casas, o incluso declarar la prescripción de sus causas. Los que se oponen a ello temen que se reedite el escenario del “2 x 1” de hace un lustro atrás. La respuesta de los Milei y Caputo a este estallido parlamentario -y a los circunstanciales desplantes de macristas, radicales y pejotistas- es reforzar el gobierno personal, para el cual, además, los “rebeldes” le otorgaron facultades delegadas al votarle la Ley Bases. La oposición del Congreso, además, ha dejado en pie al DNU 70 al no tratarlo en Diputados. Puede hacer lo mismo con los gastos reservados, pero al revés -congelar o dilatarlo en Senadores. La pirotecnia del Congreso no moverá el amperímetro del gobierno liberticida, en momentos en que la pobreza infantil alcanzará, según se proyecta, el 75% en el tercer trimestre del año . La alharaca opositora, en cambio, juega un papel político muy definido, cuando el aumento de la miseria social y del descontento popular adelanta una reacción profunda contra el gobierno Milei. Por la vía de estos desplantes parciales, radicales, kirchneristas y otros procuran rescatarse a sí mismos de su derrumbe político, y candidatearse a encauzar (abortar) esa reacción popular. Es lo que está ocurriendo, por caso, con la mentirosa ley de “financiamiento universitario” . La clase obrera que soporta los despidos, suspensiones y el hambre tiene por delante el desafío de desarrollar su propio camino contra el gobierno de criminales sociales .

El ataque despiadado del gobierno de Milei contra la Universidad ha generado en todo el país una clara disposición a la huelga de la docencia, del sector no docente e, incipientemente, de un movimiento estudiantil que busca retomar una impronta de combatividad y defender su cursada y sus reivindicaciones. En este contexto, ¿qué representa la media sanción de la ley de “financiamiento universitario”, promovida por la UCR y apoyada por el kirchnerismo, los bloques ´dialoguistas´ y el conjunto del FITU? El proyecto con media sanción no resuelve nada, por la simple razón de que no dispone ninguna de las medidas que enuncia sino que “encomienda” al Ejecutivo a llevarlas a cabo: no se trata exactamente de un proyecto de ley sino de declaración –o sea una estafa. Aprobada en medio de la huelga universitaria, opera como un pliego de demanda para una negociación con Milei, que facilite los medios para levantarla y poner fin a la movilización docente-estudiantil. Un comentarista señaló en forma atinada que el proyecto no prevé los recursos para financiar el gasto que propone, o sea que no pasa de una expresión de deseos. Estamos ante una operación parlamentaria previa a las elecciones de claustros universitarios, donde los bloques parlamentarios buscan los votos para sus camarillas de rectores, graduados y estudiantes. Lejos de denunciar la patraña, Christian Castillo ha ido más lejos que los propulsores del proyecto, que saben que es un engendro. “Hoy después de haber votado tantas cosas horribles como sacarle derechos a las trabajadoras y trabajadores -expuso Castillo en Diputados- podemos votar algo que es recomponer el salario de docentes y no docentes”. El ‘Chipi’ no se interroga acerca de la paradoja que él mismo expone y hasta se atreve a mostrar el entusiasmo que le produce poder, por fin, dar un voto positivo. Horas antes los salvadores de la Universidad votaban la “esencialidad de la educación” , que deroga el derecho de huelga que están ejerciendo ahora mismo docentes y no docentes universitarios. “El gobierno fue derrotado”, titula Izquierda Diario. “Tras 22 horas de sesión, dice, llegó la votación para el Financiamiento de las Universidades, y la lucha de la comunidad universitaria y el paro docente logra un avance importante. Con 143 votos a favor obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados la obligación (sic) para el Poder Ejecutivo de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario con actualización por inflación para todo el 2024 y retroactivo desde diciembre de 2023 mientras no se resuelva por paritaria nacional”. No solamente es una “encomienda” (“Encomiéndase al Poder Ejecutivo) y no una “obligación”, sino que, en cuanto a las paritarias, sólo señala que quedan libres de establecer sus propios acuerdos. La misma nota explica la función ´propositiva´ del FITU en enmendar el entuerto de la ley. “Si bien la UCR fue quien pidió incorporar el tema en la sesión, su dictamen no tenía ninguna referencia a los salarios docentes y no docentes, sólo se limitaba a actualizar el presupuesto para gastos de financiamiento. La propuesta de Unión por la Patria incluía una propuesta sobre los salarios pero sin especificar ningún mecanismo de actualización. La del Frente de Izquierda era la única que planteaba un incremento de base del 300% y que los salarios se actualicen “mes a mes según el IPC durante 2024 o en mayor medida si así resultase de las discusiones paritarias del sector, recomponiendo lo perdido en años anteriores” (LID, 15/8. Obviamente, nada de este 300% fue incorporado al proyecto que “encomienda” al Poder Ejecutivo aplicar los “mecanismos compensatorios” de acuerdo al INDEC. Como ha ocurrido con varios convenios laborales, incluso estos mecanismos son confiscatorios, porque se trata de la aplicación tardía de un dinero que ha perdido su poder de compra en forma estrepitosa. ¿Es admisible que la bancada del FITU no haya advertido la estafa? No, no es admisible, es un voto para congraciarse con los lobbys que dirigen las universidades. Para justificar su voto afirmativo, Castillo declaró que “La gran marcha universitaria cambió el panorama. Recibieron un cachetazo. Pero hubo quienes frenaron, en vez de poner quinta retrocedieron a primera por eso llegamos hoy sin la aprobación de esto. Lo hubiésemos votado antes y ya teníamos el problema resuelto”. Castillo se va de mambo: lamenta que hubiera sido necesaria la huelga. “Si no avanzamos en dar una respuesta a esta emergencia”, redobla, “vamos a entrar en una situación de paro por tiempo indeterminado en las Universidades”. Qué dios no lo permita, ¡¡un paro por tiempo indeterminado!! Ahora que la palabra la tiene el Senado, de lo que dice Castillo se desprende que habrá que esperar a una eventual confirmación de la media sanción para que se justifique ese endiablado paro indefinido. La diputada del Partido Obrero, Vanina Biasi también votó a favor, aunque Prensa Obrera, a diferencia de LID, no dedica un renglón al elogio de la proeza. Al igual que Castillo, Biasi sostuvo “que este Congreso está tratando el presupuesto universitario es el logro de la lucha de los docentes, patrimonio de la organización de docentes, no docentes y estudiantes. Si no venían los paros universitarios acá no pasaba nada”. Es una verdad a medias, o sea la peor de las mentiras, porque el Congreso ha tomado el asunto por el lobby de la camarilla de Yacobitti, vicerrector de la UBA, Nosiglia, Angelici, la banda de Jaime Stiuso en la SIDE del pasado y del presente . Esa camarilla necesita el presupuesto universitario para seguir con los negocios universitarios, una combinación de privatización de investigaciones y de compras a las grandes empresas que atienden los servicios de la Universidad. Lo que no dice es que el Congreso actúa justamente para frenar el movimiento de lucha, no para consagrar sus reclamos. En un discurso sinuoso, ensayó una definición revisionista de la lucha de la izquierda en la Universidad, que ha dejado de ser la formación de una juventud socialista revolucionaria. Ahora es la siguiente: “Nosotros hemos luchado históricamente en la universidades públicas justamente para imponer el pensamiento crítico, el debate de ideas y de esa manera hacer avanzar el pensamiento científico (?) en nuestro país”. La camarilla del Partido Obrero no sólo termina votando leyes que finge no leer (presupuesto y privatizaciones en Chaco, definición de antisemitismo de acuerdo al código de Netanyahu y Trump ), sino que disuelve el marxismo dentro del llamado ´pensamiento critico´ y a la confrontación con el capitalismo en la promoción del pensamiento (?) científico. Del Caño acaba de adjudicarle a Milei el propósito de “destruir la ciencia” – nada menos. El objetivo del fascismo es valerse de la ciencia para reforzar la explotación de la clase obrera, desatar guerras imperialistas cada vez más destructivas y combatir al socialismo mediante la barbarie. La política del FITU es un satélite de las iniciativas de los rectores y decanos; se mueve con comodidad en ese ambiente, y entorpece el rumbo independiente de la lucha universitaria. LEER MÁS: Un “Financiamiento universitario” que no es tal Un artilugio parlamentario para frenar la huelga de los claustros. Por Marcelo Ramal, 16/08/2024.

En julio pasado, el gobierno de Milei motorizó una campaña de denuncia contra ex funcionarios del gobierno de los Fernández de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presunto desvío de fondos vía otorgamientos truchos de Pensiones No Contributivas por invalidez (PNC). Como prueba del supuesto fraude, el vocero presidencial Adorni exhibió la radiografía de un perro refiriendo que la misma habría sido presentada como estudio complementario para una solicitud de PNC. Tomando esta denuncia como pretexto, el gobierno está intimando a personas con discapacidad que perciben PNC para que presenten estudios médicos actualizados y revaliden su pensión. Estas citaciones son de una semana para la otra, lo cual las coloca en la situación de tener reunir toda la documentación respaldatoria, informe y estudios médicos, en tiempo récord. Una burda y perversa maniobra que no tiene otra intención que dar la baja de miles de PNC. Al día de la fecha, las misivas enviadas se cuentan por miles. Además, estas cartas documento enviadas a beneficiarios de PNC, son dirigidas a direcciones que no se corresponden con el lugar de residencia de los mismos. Sólo a modo de ejemplo, se enviaron cientos de citaciones a centros de salud. Política criminal de un gobierno criminal Las PNC son la única política pública de transferencia directa de recursos para personas con discapacidad, las cuales nunca fueron incluidas en el sistema de producción capitalista. Esto, a pesar de que existen cupos laborales, estipulados y reservados por ley, para personas con discapacidad. Este derecho elemental no fue respetado por ninguno de los gobiernos de turno. El monto percibido por cada PNC es de $157.800, con lo cual no llega ni la canasta básica alimentaria (canasta de indigencia) que está en $163.000. Según informó el propio Ejecutivo, las personas que perciben una PNC son alrededor de 1.400.000. Contabilizado en dólares al tipo de cambio oficial, significan un desembolso de 350 millones mensuales. Una migaja insignificante comparado con los fondos destinados al pago de intereses de la fraudulenta deuda externa, o con los 100 millones de dólares que el gobierno destinó, vía DNU, como “fondos reservados” para la SIDE . Semejante brutalidad no puede explicarse sólo por los fines económicos y fiscales esgrimidos por el gobierno. Esto es parte del ataque frontal que el gobierno liberticida y reaccionario de Milei está desarrollando contra el conjunto de la clase obrera. Preparemos una respuesta de conjunto, la cual no puede ser otra que la huelga general por tiempo indeterminado hasta quebrar la política criminal de Milei y sus cómplices. LEER MÁS: Capitalismo y discapacidad Por Pablo Alejandro, 21/05/2022.

Que las guerras alimentan contratos multimillonarios y potencian las ganancias de la industria armamentística no es ningún secreto. En el caso de Israel, la masacre cotidiana del pueblo palestino y la guerra en Ucrania tienen su correlato en contratos récord de las empresas armamentísticas -eufemísticamente denominadas “de defensa”- que impulsan el complejo militar industrial sionista. Con apenas 9 millones de habitantes, ya en 2022 Israel era el noveno mayor importador de armas del mundo y el décimo exportador (El Orden Mundial, 5/11/23). Desde octubre, la industria bélica israelí está operando las 24 horas por día en “un esfuerzo de producción sin precedentes. Esta urgencia está impulsada por la aguda escasez mundial de armamento, los temores de un embargo de armas a Israel y los escenarios que podrían conducir a una expansión del conflicto”. La información es de Calcalist (18/7), una web de economía y negocios de Tel Aviv. El aluvión de pedidos se explica por la invasión a Gaza y el afán sionista de extender el conflicto en Medio Oriente pero también por la decisión de la OTAN de escalar la guerra de Ucrania en Europa y avanzar sobre territorio ruso. Elbit Systems Elbit Systems es la principal fábricas de materiales electrónicos militares desde que, después de un cuestionado proceso de privatización, compró Military Industries (IMI Systems) en 2018, hasta entonces la mayor empresa de armamentos estatal. Desde octubre, Elbit ha ganado “miles de millones de dólares” con el suministro a las Fuerzas Armadas de proyectiles de tanque, artillería, bombas de mortero, entre otros. “En el segundo trimestre, Elbit aumentó sus ingresos un 12%, hasta alcanzar los 1.162 millones de dólares, con una cartera de pedidos récord de 21.000 millones. Sólo en los últimos meses, el Ministerio de Defensa de Israel le adjudicó contratos por casi 1.210 millones de dólares para armamento relativamente sencillo.” Elbit recibió una oleada de pedidos a partir de la guerra mundial de la OTAN y la consiguiente carrera armamentística en Europa. Holanda, por ejemplo, compró cohetes de precisión por valor de 300 millones de dólares. Dinamarca, por valor de unos 260 millones de dólares. En julio, el Ministerio de Defensa israelí le encargó bombas de mortero por 190 millones de dólares. Israel Aerospace Industries La empresa estatal Israel Aerospace Industries (IAI), reconocida globalmente por sus desarrollos en defensa y tecnología aeroespacial, produce “sistemas avanzados, incluidos aviones militares y civiles, satélites, sistemas de defensa antimisiles, drones, y soluciones cibernéticas”. En el primer semestre del año, tuvo una cartera de pedidos récord de 22.200 millones de dólares. En comparación con el mismo periodo del año anterior, aumentó 12% sus ventas, con un salto del 80% en su beneficio neto, hasta los 296 millones de dólares. IAI es el desarrollador y fabricante de los sistemas antimisiles Arrow 2 y Arrow 3, fundamentales en la interceptación de misiles balísticos lanzados contra Israel desde Yemen e Irán. También fabrica los nuevos misiles de defensa Barak MX utilizados en los buques de la Armada para proteger las plataformas de gas en el mar Mediterráneo. En julio, IAI informó de un contrato por 2.000 millones de dólares para suministrar un sistema de defensa antiaéreo a un cliente extranjero. El mismo mes confirmó otro acuerdo, valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares, que implicaría la venta de un satélite espía para el ejército marroquí. IAI y Elbit fueron históricamente empresas orientadas a la exportación, pero la invasión a Gaza produjo “un cambio notable hacia la expansión de las ventas en el mercado local”. En el segundo trimestre de 2024, las ventas de IAI al Ministerio de Defensa representaron más del 33% de sus ventas totales, que ascendieron a 444 millones de dólares, frente a aproximadamente el 27% antes de la guerra. Del mismo modo, las ventas de Elbit al mercado israelí alcanzaron los 896 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que constituye el 28,2% de sus ingresos totales, un aumento de casi el 80% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Rafael Advanced Defense Systems Las ventas de Rafael Advanced Defense Systems, especializada en sistema de defensa aérea, guerra electrónica, inteligencia y misiles guiados, crecieron un 34% en el primer trimestre, con un aumento del beneficio neto del 83%. “Si la guerra en Gaza y en la frontera norte se convierte en un conflicto regional a gran escala, es probable que las líneas de producción de las empresas de defensa sigan a toda marcha en el futuro inmediato”, especula Calcalist. Esto incluye misiles de defensa antiaérea de IAI y Rafael, cascos de piloto producidos por Elbit y vehículos blindados de Plasan del kibutz Sasa -¡kibutz!-, que funciona las veinticuatro horas del día. A partir del paquete especial de ayuda de 14.000 millones de dólares de Biden, Rafael acelerará los ritmos de producción de los sistemas de defensa antiaérea David's Sling y Iron Dome, así como el desarrollo del sistema de defensa láser «Iron Beam», que se espera que esté operativo dentro de un año. IAI aumentará los índices de producción de los misiles Arrow y Barak, y la empresa estatal Tomer ya ha ampliado su infraestructura con una importante inversión para impulsar la producción de motores para estos misiles. Apoyo imperialista El 14 de agosto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aprobó un acuerdo armamentístico por valor de más de 20.000 millones de dólares, en virtud del cual Israel podrá adquirir 50 aviones F-15 AI de última generación en los próximos años. Mientras tanto, está en marcha una carrera encubierta para desarrollar mejores respuestas a los drones (UAV), que han puesto en crisis los sistemas de defensa antiaérea. Israel desarrolló su potente industria de la muerte con el permanente e incondicional apoyo de Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo. En los años 80, ya era uno de los principales productores de armas a nivel global, activo proveedor de las dictaduras latinoamericanas y de la Sudáfrica del apartheid. El enclave imperialista en Medio Oriente, cuya fe de bautismo fue la Nakba, la expulsión de cientos de miles de palestinos, la quema de aldeas y las fosas comunes, hizo acopio desde entonces de una experiencia más que valorada por los explotadores de todo el mundo. El periodista de investigación australiano Antony Loewenstein, autor del libro “El laboratorio palestino”, ha denunciado que Israel está publicitando en el mercado internacional las armas “probadas en combate” en Gaza. Son mostradas en ferias de armamento, como el Foro de Innovación en Defensa, que tuvo lugar en París a finales de noviembre de 2023. “Regularmente hay artículos en la prensa israelí que hablan de las armas que están siendo probadas en Gaza”, explica, y recuerda que médicos que han estado en la Franja dicen haberse encontrado con “heridas que nunca habían visto antes”, presumiblemente provocadas por armas novedosas. El libro de Loewenstein describe cómo los palestinos han sido los conejillos de Indias del armamento y la tecnología de seguridad israelí desde hace décadas. “El laboratorio palestino ha sido una política estatal casi durante tanto tiempo como la ocupación israelí del territorio palestino”, escribe el autor. El libro explica que Israel ha sabido “exportar” el control sobre los palestinos, y la tecnología que ha ensayado en Cisjordania y en Gaza ha sido empleada en otros lugares para vigilar y reprimir en otras partes del mundo. Más claro imposible: desde los años 2000, las tecnológicas que fueron naciendo en Israel y que acabarían siendo punteras en todo el mundo son “empresas de defensa cuyo objetivo principal era monetizar la ocupación y vender la experiencia de control a otro pueblo en el mercado global” (El Diario.es, 13/2).

Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en boxeo en los últimos Juegos Olímpicos de París, presentó en la justicia francesa una denuncia por actos de “ciberacoso agravado”, entre los que figuran Elon Musk, dueño de X (ex Twitter) y la escritora J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. La boxeadora fue víctima de una agresiva campaña de acoso, cuestionando su género. A los 25 años y con 66 kg. Khelif se consagró campeona al derrotar por puntos a la china Liu Yang en la final. El Comité Olímpico Internacional había autorizado su participación en la disciplina de boxeo en la categoría femenina, lo cual es acorde a su género biológico. Su contextura y su potencia, que le otorgan una ventaja deportiva decisiva, fueron la excusa de esta campaña de odio que se reveló sin fundamento. De los agravios contra Khelif participaron connocatos líderes de la ultraderecha internacional, como Donald Trump y la premier italiana Giorgia Meloni. El propio Javier Milei tildó de “boluprogres” a quienes defendieron a Khelif. Según la prensa británica la demanda podría derivar en penas de hasta cinco años de prisión y multas que rondan los 250 mil dólares. En las últimas horas se conoció que la autora de Harry Potter borró unos 27 tuits que le había dedicado a Imane Khelif, con un lenguaje ofensivo hacia la boexeadora argelina, tales como: “"Es un hombre golpeando a una mujer"; "La sonrisa de un hombre que sabe que es protegido por el establishment de un deporte misógino, disfrutando la angustia de una mujer". El rechazo de Rowling a determinadas manifestaciones de cambio de género, aunque en este caso en particular, sus prejuicios no encontraron basamento alguno, como lo prueba la eliminación de sus posteos – ya sea que Rowling lo haya hecho por arrepentimiento o por razones legales, es otro triunfo de la boxeadora. El entrenador de Khelif, Pedro Díaz, declaró: "El acoso que sufrió durante los Juegos Olímpicos fue devastador. Le pedí que evitara las redes sociales para que no perdiera el enfoque en su objetivo, y aún así, logró la victoria más gratificante de mi carrera como entrenador". Desde su incursión en el mundo del boxeo, Khelif enfrenta falsas acusaciones sobre su género. En 2023, fue descalificada del campeonato mundial en Nueva Delhi por presuntamente no cumplir con los criterios de elegibilidad femenina, decisión basada en pruebas hormonales y de ADN que nunca fueron publicadas. La boxeadora entró en la historia grande de su país. Se convirtió en la segunda argelina en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y la cuarta en 60 años de competición olímpica. La anterior que había conquistado una medalla dorada fue la gimnasia Kaylia Nemour. Khelif fue recibida como una verdadera heroína y una multitud se acercó al aeropuerto a darle la bienvenida. Luego de haber obtenido el logro máximo deportivo ha decidido ir contra sus difamadores. Otro round en el que dará pelea. LEER MÁS: París 2024: Juegos Olímpicos “bajo vigilancia” Por Mariano Hermida, 27/07/2024.

Del 22 al 24 de agosto se llevará a cabo el primer Congreso de Educación de San Martín en el Complejo Cultural Plaza y en otras 11 sedes del centro de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada y organizada por el Gobierno de la Provincia, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Municipio, tiene como objetivo que “estudiantes, docentes y directivos de la educación formal, no formal y comunitaria compartan experiencias innovadoras y fortalezcan sus prácticas”. Contará con la presencia de más de 80 expositores. Bajo el lema “Identidad, desafíos y futuro”, se propone abordar la educación como un tejido comunitario, las estrategias para la inclusión y el aprendizaje efectivo, así como los tan mencionados diálogos entre educación y trabajo. Para su tratamiento, se hace referencia a los 140 años de la sanción de la Ley 1.420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, sin señalar que los aspectos progresivos de esta ley han sido sistemáticamente atacados desde el “Congreso pedagógico” de Raúl Alfonsín, la “Ley Federal” de Carlos Menem y la “Ley Nacional” de Néstor Kirchner, en los que siempre hubo intentos por eliminar el laicismo y en cada uno de ellos garantizaron los subsidios a la educación privada en detrimento de la escuela pública. La intención es que en este nuevo intento el Congreso se desarrolle centrado exclusivamente en el problema pedagógico, como si el fracaso de las políticas educativas implementadas en los últimos años fuera responsabilidad del desempeño áulico del educador. De este modo, se lo desvincula del contexto político y social , desconociendo la sobrecarga laboral a la que están sometidos la mayoría de los docentes como resultado del sistemático deterioro salarial , las condiciones edilicias agravadas por el recorte presupuestario a lo que se le agrega la modificación del régimen académico en las escuelas secundarias , de la que es responsable el gobernador Kicillof. Esta situación se verá aún más perjudicada con la reciente sanción de la ley que declara a la educación como “servicio esencial” , impulsada por Milei, que limita el derecho a protestar, en un contexto de ataque a las condiciones de vida que afecta a las familias de nuestros alumnos. Un ataque histórico que también está dirigido a la educación pública. El “espacio de intercambio” que necesita la docencia debe vincular las “prácticas educativas” con las condiciones materiales que las limitan y que no están puestas a consideración. Para ello, será necesario impulsar un movimiento autoconvocado que defienda sus reivindicaciones e incluya como actores imprescindibles al conjunto de la comunidad educativa.

El miércoles 21 de agosto, los petroleros jerárquicos paralizaron la extracción de hidrocarburos en la cuenca más importante del país, Vaca Muerta, como parte de reclamos salariales a las compañías petroleras, que incluyen los descuentos salariales por el impuesto a las ganancias, reestablecido con la implementación de la Ley Bases y el paquete fiscal de Milei y el Congreso. A poco de esta acción, el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Manuel Arévalo, así como había declarado el paro, acató la conciliación obligatoria dictada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. La norma excluye del impuesto exclusivamente al “personal de pozo”, afectando al 50 o 60% del resto de los trabajadores de la industria. Algunos jerárquicos negociaron con las compañías, en forma individual, la devolución de la quita que les hace el gobierno por ganancias, pero no todos. La extracción de petróleo se paralizó porque los jerárquicos, supervisores y demás agentes de aprobación de los trabajos dejaron de habilitarlos con su firma. El control de la patronal sobre la producción, que normalmente es ejercido a través de los jerárquicos, fue doblegado con la huelga, como manifestación del control obrero de la producción. Impuesto a las ganancias: huelgas y conciliaciones, conflictos en proceso A partir del cobro de los salarios a principios del mes de agosto, cientos de miles de trabajadores (los medios publicaron que serían 800.000 afectados) sufrieron una reducción de sus salarios por la reimplantación del impuesto a las ganancias a la 4ª categoría, el impuesto al salario, con el agravante de que se incluyen ítems como horas extras, viajes, y otros, para aumentar los descuentos El piso a partir del cual el Estado retiene parte del salario es de $1.800.000, por lo tanto, son los gremios con salarios por encima de ese valor -demasiado cercano a la canasta de pobreza, establecida en $900.000 en julio pasado- los que sufren descuentos. Los diferentes sindicatos petroleros fueron tomando medidas y negociando por su cuenta, ya que la CGT dejó pasar esto sin adoptar medidas de fuerza de conjunto. Únicamente los petroleros que trabajan en los pozos han sido exceptuados del descuento, por negociaciones del secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, con el gobierno por un lado y absorción de los descuentos por parte de los pulpos petroleros, por otro, anunciado frente a una multitud de obreros en Vaca Muerta. Los trabajadores de refinerías de petróleo y demás de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) también sufrieron el acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de la federación, a muy poco de iniciar un paro por tiempo indeterminado. 6.000 trabajadores afiliados a estos sindicatos soportan quitas de más de $1.000.000, también los trabajadores petroleros de las bases, administrativos y jerárquicos de todo el país. Otro gremio que inició un paro por salario y contra descuentos de ganancias es el de aceiteros, ahora también en conciliación . Hay decenas de miles de estos trabajadores que cobraron en agosto salarios menores. Estas conciliaciones vencen todas a fin de mes, es decir que los trabajadores se enfrentarán a la decisión de poner en pie medidas huelguísticas de sus gremios y de conjunto para derrotar el hundimiento salarial. No es el mismo panorama de los primeros meses de gobierno de Milei cuando frente a los paros, ni siquiera respondía con la conciliación . Ahora hay huelgas surgiendo, como la de docentes, las luchas salariales y contra los descuentos por ganancias pueden abrirse camino más allá de sus direcciones burocráticas y sus acatamientos . LEER MÁS: Sobre las exenciones de ganancias de los petroleros de pozos Por Silvia Jayo, 01/08/2024. Ganancias: petroleros van a un paro nacional Pongamos en pie un gran frente de lucha nacional contra el retorno del impuesto. Por Pablo Busch, 30/07/2024.

En un cuadro de retroceso salarial que lleva varios años pero que se ha profundizado en los últimos meses, la administradora de las centrales nucleares, NASA, ha presentado una propuesta paritaria provocadora, que consolida la caída del sueldo -0% en junio, 3,5% en julio y 3% en agosto- y está siendo repudiada por los trabajadores. La situación salarial en el gremio es grave. Un mecánico gana $570.000, en un sector que, por la índole de su trabajo, requiere personal altamente calificado. En este clima salarial, una asamblea en Atucha convocada por la Zona del Paraná con la presencia de Sergio Vergara, su secretario general, lejos de abordar estos problemas, informa que han resuelto subir la cuota sindical de 2,5 al 4,5% del salario. A diferencia de otros lugares, en Atucha se mantenía el 2,5% de cuota desde hace años, cuando la seccional lanzó una fuerte campaña de afiliación al sindicato que llevo a obtener la representación legal de los trabajadores, desplazando a otros sindicatos. Los trabajadores propusieron unificar a todas las regionales en una cuota de 2,5 o 3%. El secretario general Vergara y algunos acólitos se largaron a provocar, ante la respuesta airada pero correcta de varios compañeros que expresaron la oposición de la mayoría ante semejante ataque al sueldo y los propios afiliados. En una reunión posterior de la dirección del sindicato, se ratificó la decisión de subir la cuota y la directiva zonal citó por carta documento a tres compañeros a la sede sindical, ubicada en Baradero, y se les conmina a elaborar un descargo y a presentarse a una reunión con directivos el pasado lunes 12, donde, pese a la defensa que desarrollaron los compañeros, se resuelve su expulsión. La misma tiene el propósito de amedrentar al resto de los trabajadores. Es una medida que contradice incluso al propio estatuto del sindicato. La seccional, en vez de encarar unas campaña activa de pronunciamientos contra las expulsiones, informando a la población y al conjunto de los sindicatos de la Federación, se limitó a formalizar una presentación legal, con lo cual debilita la oposición a la arbitraria medida. La directiva del sindicato, con sede en Paraná, va a elecciones el próximo año. La seccional Atucha es un sector numeroso y opositor, y en el resto del gremio el secretario Vergara no tiene el favor de todos. Temen la presentación eventual de una lista opositora que los barra. Este es el motivo de la campaña provocadora; con el incremento compulsivo de la cuota y ahora las expulsiones, pretende amedrentar a los trabajadores y generar una desafiliación que le de tranquilidad a la burocracia. Urge la convocatoria de una asamblea general de Atucha por la recomposición salarial y la reafiliación de los compañeros, y una campaña de difusión y de pronunciamientos de trabajadores y organizaciones populares contra las expulsiones.

El gobierno ha derogado mediante un DNU otro DNU, el que había elaborado Alberto Fernández y establecía la contratación compulsiva de pólizas de seguros de parte de organismos públicos con la empresa pública Nación Seguros , del Banco Nación. Fernández está siendo investigado por la Justicia desde diciembre del año pasado porque en estas contrataciones se habrían beneficiado una serie de intermediarios (brokers) que se hicieron con millonarias comisiones mediante tasas preferenciales. Una de los beneficiarios de esta operación fue el marido de la ex secretaria de Alberto Fernandez, María Marta Cantero, el broker Héctor Martínez Sosa, antiguo compinche de Fernández desde que el ex presidente pasó, en la década del 90, por la Superintendencia de Seguros. Los seguros contratados cubrían los créditos otorgados por la ANSES a jubilados y beneficiarios del extinto Potenciar Trabajo. Un negocio bien “nacional y popular” alrededor de la asistencia social. Además, Nación Seguros podía co-asegurarse con otras compañías, dando más posibilidades de intermediación. A pesar de que las investigaciones por corrupción sobre Fernández tomaron luz a fines del 2023, el gobierno libertario mantuvo vigente el decreto de Fernández hasta la fecha . “Olvidó” incluir el asunto en el mega DNU 70/23 y en el mamotreto de la “Ley Bases” -en cualquiera de sus versiones. Incluso sostuvo por un tiempo considerable a funcionarios de Nación Seguros directamente involucrados en el esquema, como Mauro Tanos. Entre los comisionistas beneficiados con este esquema, figuran allegados al actual gobierno, tanto de procedencia peronista como macrista . Ahora, con este nuevo DNU, Milei y Sturzenegger se valen de las fechorías del fernández-kirchnerismo para privatizar completamente el sistema de contratación de seguros de organismos públicos, que quedarán bajo las garras de otros fondos financieros que controlan un puñado de empresas aseguradoras. Además de los seguros, el gobierno aprovechó la ocasión para privatizar otras contrataciones vinculadas al pago de los sueldos de empleados públicos en el Banco Nación, la realización de viajes oficiales con Aerolíneas Argentinas y las compras de combustibles a YPF. El desaguisado del kirchnerismo pavimenta las privatizaciones del “libertario”.

Mientras el gobierno provincial de Frigerio ha querido imponer por decreto el aumento salarial que la docencia entrerriana ya rechazó las nuevas asambleas de escuelas han reafirmado rotundamente el paro. La docencia se está debatiendo entre los descuentos que amenaza la patronal y los salarios de pobreza e indigencia que no les permiten llegar a fin de mes, en un contexto de crecientes luchas Esta situación ha despertado convocatorias a lo largo y ancho de la provincia, generando un estado de deliberación sistemático en las escuelas. Desde la enorme autoconvocatoria de la ciudad Concordia y con expresiones de organización en toda la provincia, la docencia está buscando abiertamente cómo enfrentar al gobierno para defender sus condiciones de vida. Por su parte la burocracia sindical se encuentra cada vez más fragmentada. El acuerdo entre la Celeste (peronismo/kirchneristas) y fracciones históricamente opositoras como la Agrupación Rojo y Negro, la Paulo Freyre, entre otras, que fueron furgón de cola de los gobiernos de Bordet y los Fernández está en crisis. El congreso provincial de Agmer del 21/08 resolvió un nuevo paro de 48hs para esta semana con actividades locales y un paro en suspenso, de 72hs para la próxima con acciones en toda la provincia, si el gobierno no “mejora la oferta”. Nuevamente la conducción provincial vuelve a hacer este llamado desesperado a la patronal cuando la docencia ya votó tres veces el rechazo, con lo que está buscando desarmar la huelga y aún más, cuando el congreso no ha votado la posibilidad de volver a poner en la calles una marcha provincial porque sabe que podría realmente ser histórica. El gobierno, por su parte, pidió la conciliación obligatoria a la justicia, quien la dictó esta mañana, suspendiendo los paros por 20 días a partir de mañana viernes. No se trata de ninguna “conciliación”, porque no toma en cuenta ninguna de las demandas de los trabajadores, sino de un intento de una parte interesada por quebrar la huelga docente. La docencia entrerriana se encuentra movilizada y dispuesta a la lucha y está en condiciones de rechazar –en los hechos- este ataque patronal. Una segunda movilización provincial, que en este contexto será mucho más masiva que la enorme movilización del 1ro de agosto permitiría quebrar el ataque a la docencia del gobierno y la justicia. Es el momento de discutir la huelga por tiempo indeterminado para vencer. Necesitamos debatir en las escuelas un pliego común para enfrentar las maniobras de una paritaria que no tiene el mandato de la base docente, es por ello que desde nuestra agrupación Tendencia Docente Clasista proponemos realizar una campaña por el 100% de aumento al básico, para luchar por un salario igual al costo de la canasta familiar, abajo el decreto de aumento del 3% a la caja de jubilaciones y duplicación del presupuesto educativo para mejorar las escuelas y nuestras condiciones de trabajo.

El pasado 2 de junio se cumplieron 20 años desde que los docentes de AMSAFE Rosario recuperaron la dirección de la seccional para ponerla al servicio de la lucha por el salario, las condiciones de trabajo y en defensa de la escuela pública. Fue la docencia forjada en la lucha contra la burocracia -desde la traición de Mary Sánchez en la huelga del ’88 y la posterior modificación de los Estatutos de la CTERA que eliminó los Confederales de delegados mandatados para reemplazarlos por un Plenario de Secretarios Generales y Congresales electos cada tres años, para regimentar a las bases- la que impulsó la defensa de su supervivencia, de su régimen laboral y de la escuela pública. Hasta el año 2004 habían transcurrido direcciones ligadas, en trazos generales, a los oficialismos –de radicales en los ’80 y peronistas en los ‘90-. Ambos oficiaron como correa de trasmisión de las políticas ajustadoras de los gobiernos nacional y provincial, que fueron llevando adelante el desguace de las escuelas, el vaciamiento de contenidos, alentando la privatización en todos los niveles, la pérdida de derechos adquiridos por los docentes y -fundamentalmente- el congelamiento salarial durante la década de 1990: Carlos Reutemann y Jorge Obeid en el gobierno provincial; Ediberto Sánchez y José María Tessa en el sindicato. Los docentes y estudiantes hicieron retroceder y pusieron límites a los decretos y resoluciones, superando en los hechos a las direcciones gremiales que se limitaban a consensuar y a pedir participación. Durante esos años, los docentes combativos se fundieron al movimiento piquetero adoptando sus métodos de cortes de calles y rutas y, apalancados en ese movimiento, tuvieron participación activa en el Argentinazo, a pesar de la defección de la CTA. Este frente de activistas de izquierda e independientes, que debutó en las elecciones del 2001 y no logró los votos necesarios, tuvo la particularidad de estar conformado por compañeros que abandonaron a la Celeste con una posición crítica. Tribuna Docente, de la cual formamos parte hasta las expulsiones producidas por el aparato del PO en 2019, impulsó y participó con listas independientes de izquierda junto al MAS -en otras oportunidades junto al PC- en todas las elecciones del gremio desde el año 1984. Además dirigió, junto al MAS e independientes, el Departamento San Lorenzo en los períodos 84/86, 86/88 y 95/98. A partir del 2001 la debacle de la Celeste fue imparable. La CTERA había levantado la Carpa Blanca en apoyo al gobierno entrante de la Alianza, mientras Tessa hacía su parte frente a Obeid. Los docentes que mediante la coordinación entre escuelas originaron lo que se conoce hoy en día como “reuniones zonales”; los que se autoconvocaron para resistir a la transferencia de escuelas nacionales y de los terciarios, contra la descalificación de sus títulos, que arremetieron una y otra vez a pesar de la dirección que contribuyó a su empobrecimiento y a la generalización del doble turno y a las 44 horas; esos docentes acudieron a las elecciones de autoridades de AMSAFE Rosario detrás de una clara consigna que sintetizaba su sentir: “Fuera Tessa”, que enarboló la campaña del Frente Violeta (ex PC y MAS), Tribuna Docente (PO), Nueva Corriente Docente. Rosario tiene uno de los padrones de afiliados más extensos de la CTERA, después de La Matanza. Fue parte de un proceso más amplio que se fue dando a través de las Multicolores cuyos activistas se formaron en las luchas en diferentes provincias contra los ajustes del gobierno y la burocracia. Durante el período 2004-2007, la Comisión Directiva de AMSAFE Rosario llevó adelante las acciones votadas en el cuerpo de delegados. Estas autoconvocatorias inauguraron las llamadas “desobligaciones” -paro de media jornada en cada turno de 10 a 14hs- para movilizar a los docentes con un reclamo concreto: $250 como salario básico, la derogación del presentismo y la incorporación al básico de las sumas remuneradas “en negro”. Se actuaba junto a las organizaciones piqueteras y de Derechos Humanos. Herminia Severeni, Madre de Plaza de Mayo, encabezaba las movilizaciones llevando nuestra bandera con el pliego. Estas acciones, que se replicaban en la provincia, obligaron al gobierno de Obeid a la reapertura de la discusión salarial. Sus ofrecimientos fueron rechazados con planes de lucha progresivos, sólo doblegados por la colaboración de Tessa que apostó -una y otra vez- a favor de las “conciliaciones obligatorias” del gobernador peronista. La última maniobra que hizo el dirigente antes mencionado fue hacer votar la aceptación de una conciliación obligatoria que ya no estaba vigente. Desde AMSAFE Rosario se impulsó un pedido de renuncia invalidando su dirección, por lo cual a fines del 2005 se retira de la conducción provincial para refugiarse en la CTERA. También renuncia la Ministra de Educación de Santa Fe, Carola Nin. Estos hechos dan muestra de la energía de las bases desplegadas desde el cuerpo de delegados y las reuniones zonales de docentes, que hicieron punta con sus necesidades expresadas en un programa y sus métodos propios, extendiéndose a toda la provincia para alcanzar su cometido. Se logró romper el techo salarial que llevaba más de una década, se derogó el presentismo que significaba el 20 % del salario, se logró la modificación del régimen jubilatorio que estableció dos condiciones para acceder al beneficio: tener 30 años de aportes y 57 años de edad para las mujeres, 60 para los hombres y un “beneficio” de dos por uno (dos años de exceso de edad jubilatoria se compensan con un año de antigüedad y viceversa). Aunque el reclamo impulsado desde AMSAFE Rosario fue el histórico de 25 años de aporte sin límite de edad, se mejoró el cálculo del haber jubilatorio y del aguinaldo que se hacían sólo sobre los ítems remunerativos de un salario con importantes sumas “en negro”. Además se consiguió la efectivización de concursos de ingreso a la docencia que se encontraban atrasados. En diciembre del 2005, AMSAFE Rosario firma un documento de rechazo a la Nueva Ley de Educación kirchnerista, repudia el apoyo de CTERA así como su integración a la CTA de Yasky. Fue elaborado por toda la oposición nacional docente y AMSAFE participa de la gran Marcha Federal Educativa impulsada por las mismas seccionales al año siguiente. El 15 de septiembre de 2006 marcharon 15000 personas desde el Ministerio de Educación a la Plaza de Mayo, en una acción de independencia política frente al gobierno nacional. En contraste con esta trayectoria, a finales de ese año, la mayor parte de las agrupaciones de AMSAFE Rosario se suman a la lista local del oficialismo de Yasky– De Gennaro en las elecciones de la CTA. Esa decisión estableció lazos con las burocracias docentes, nacional y provincial, en contraposición con las tareas de fortalecimiento de las luchas independientes del Estado y las burocracias que los trabajadores venían protagonizando. Significó además, un alineamiento con Binner en la provincia y con Néstor Kirchner en la nación. Tribuna Docente (lista 3) impulsó un debate con declaraciones públicas sobre la importancia de aportar a una Central Obrera Independiente de Rosario y el Cordón, abiertamente en contra de las direcciones de la CTERA y CTA que habían funcionado como barrera de contención. En el contexto político que se planteó la renovación del segundo mandato en 2007, con la incorporación de otras corrientes políticas, el cuerpo de delegados fue perdiendo el carácter resolutivo para pasar a ser un órgano de ratificación de decisiones tomadas en la CTA Rosario. Tribuna Docente se delimitó con posiciones escritas en los debates de Comisión Directiva, y públicas en las escuelas y asambleas, dando batalla por impulsar acciones independientes. En el año 2010, la interna entre Pablo Micheli y Yaski planteada en la CTA impacta en AMSAFE Rosario. Gustavo Teres (agrupado con Micheli) disputa la dirección provincial a Sonia Alesso (agrupada con Yaski). Daniel Cousello, de la agrupación SUR junto a Teres, es impuesto como Delegado Seccional. Durante su mandato, Cousello manifiesta su alineamiento con la Celeste de Yaski, y se transforma en un sistemático impedimento de iniciativas independientes de la conducción provincial. En las elecciones de renovación de comisiones directivas del año 2022, AMSAFE Rosario creó expectativas de conformar una Junta Electoral plural con la Celeste, que ésta no dio lugar, y renunció a la presentación de una lista única de oposición de Junta electoral, histórica de los sectores combativos. En Santa Fe Capital, en sintonía con la política impulsada a nivel provincial por el Frente para una AMSAFE Democrática (FAD), se buscó imprimir un viraje programático. Para imponer esta nueva orientación, en función de “expresar la mayor amplitud y la pluralidad” se negó el debate de un balance sobre la intervención y desarrollo del Frente durante el periodo precedente. Así fue que en el armado de lista se relegó a los compañeros reconocidos que sostuvieron la oposición al oficialismo en el departamento. La conformación de la lista quedó circunscrita, sin debates, a la incorporación de sectores con programas y trayectorias desconocidas. Se dedicaron a proscribir a los compañeros con reconocida trayectoria clasista. En San Lorenzo, la lista de Autoconvocados, armada desde Rosario, quebró la unidad del activismo e impidió la recuperación de la Delegación. La lista provincial se presentó en 16 de 19 departamentos obteniendo el 40 % de los votos con programa formal, mientras arreciaban los ataques del gobierno con deudas pendientes, salarios por debajo de la línea de la pobreza, reformas, faltante de cargos, concursos y la discusión sobre la extensión horaria. En el 2024, en las antípodas del 2004, la Comisión Directiva de AMSAFE Rosario inicia el año con una carta a la Dirección provincial Celeste donde plantean la necesidad de actuar dentro “de la más amplia unidad” para enfrentar al gobierno de Milei–Pullaro. Se han limitado a pedir asamblea provincial y disputar por horas de medidas aisladas que han desgastado a la docencia mientras Pullaro avanza con la reducción salarial, presentismo, reforma jubilatoria y la “esencialidad educativa”. La gravedad que reviste en este período la defección de la dirección Celeste no debe olvidar el alto grado de violencia con el que conviven la docencia y el alumnado en la provincia. Decenas de alumnos asesinados en balaceras narcos a los establecimientos educativos no han merecido un solo paro docente provincial, solo declamaciones a un llamado “de Paz”. La colonización del kirchnerismo, la adaptación de ambas CTA a los gobiernos de turno y el predominio de las posiciones electoralistas del FIT/ FIT-U, han ido llevando a la actual conducción de AMSAFE Rosario a un apaciguamiento que pone en riesgo la conducción de la seccional que en el año 2022 logró retenerse por una diferencia de 120 votos con la lista Trabajadores de la Educación. Saquemos conclusiones El histórico cuerpo de delegados con carácter resolutivo de AMSAFE ha quedado subordinado a la dirección burocrática de la CTA Rosario, que lo ha convertido en un órgano de ratificación de decisiones que se toman en un cuerpo ajeno a deliberaciones colectivas y en función de sus propias decisiones políticas. La CTA, que nuclea a la CTERA y ATE, surgió sin lucha alguna, como recambio de una dirección agotada de la CGT durante el menemismo y se ha convertido en un cascarón vacío, fundamentalmente luego del fracaso de la Alianza para la cual fue colectora junto al FrePaSo. Su integración al FrePaSo fue sostenida hasta el último momento: diciembre del 2001 la sorprendió impulsando una consulta popular contra el hambre (FRENAPO). Su accionar se ha limitado a disputas de aparatos que compiten por contener a la voluntad de las bases en función de los gobiernos de turno. Nada se puede esperar de direcciones agotadas. La CGT es un cuerpo repodrido, la “casta” genuinamente odiada por los trabajadores. La CTERA, cuya dirección Celeste se mantiene desde 1988, es sólo barrera de contención de las luchas docentes mientras acompaña a los gobiernos en la retracción salarial, la pérdida de derechos adquiridos y la aplicación de políticas antieducativas. Ante la barbarie que transita la comunidad docente y educativa, entendemos que AMSAFE Rosario debe recuperar de forma urgente los plenarios de delegados con mandato, resolutivos, con un programa que exprese las necesidades reales de los docentes. Es necesario reiniciar la lucha clausurada por la burocracia. Poner en pie un plan de lucha que conduzca, mediante coordinaciones, hacia la huelga general.

La dirección de la Comisión Inter hospitalaria del Conurbano y Provincia (CICOP) propone convocar a un congreso para modificar su estatuto. En Argentina ese cambio debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Por implicación podría desaprobar un nuevo estatuto aun en estado de propuesta, si violentara las disposiciones de la Ley de Asociaciones Gremiales o Profesionales. La modificación del estatuto propuesta por la actual dirección de la CICOP es, sin embargo, regresiva. La propuesta cambia el actual sistema D´Hont en la distribución de cargos para elegir la Junta electoral (art 114): “a) La misma sera elegida por lista en el Congreso General de delegados e integrada por dos miembros de la lista que obtenga la mayor cantidad de votos, garantizando un miembro para la primera lista que alcance por lo menos un 30 por ciento de los votos" (propuesta art 124). Esto significa que, en una junta electoral de tres miembros titulares, si se presentaran 4 listas, dos de ellas quedarían afuera. Pero si ninguna de las tres listas opositoras llegara al 30% de los votos del Congreso, la Junta Electoral quedará integralmente de la lista mayoritaria. Todas las modificaciones sobre el régimen electoral son un paso atrás en cuanto a la democracia sindical. La duración de los mandatos del Consejo Directivo Provincial pasa de tres años a cuatro (art 39 de la propuesta). Las reuniones del Consejo Directivo pasan a realizarse, de cada 15 días según el estatuto actual, a 30 días. La obligación de que el Secretariado del Consejo Directivo se reúna semanalmente fue directamente eliminada. Incrementa el *quorum *requerido para reunirse, que pasa del 20 % al 33 % (Art 43 propuesta). La nueva modificación también alarga el mandato de los revisores de cuentas de dos a cuatro años (art 71 propuesta); el de los directivos seccionales, de dos a tres años (Art 86 ídem), y los de la Comisión de Ética Gremial, de tres a cinco años. Absolutamente todas las propuestas son iniciativas de alargamiento de mandatos es decir de alejamiento de las elecciones democráticas de los afiliados con respecto al actual estatuto. El actual estatuto tiene la siguiente estructuracioón orgánica: a) El Congreso general de delegados, b) El consejo directivo Provincial, c) La asamblea general de Seccional y d) Comisión Directiva seccional. La nueva propuesta incluye, no un articulo sino un capitulo entero (CAP VII) a un llamado "Plenario de secretarías generales" que se reuniría cada tres meses. Este capitulo fue extraído del estatuto de la CTA y es otro punto de alejamiento de la relación directa con los afiliados en la toma de decisiones, pues este plenario que se reuniría cada tres meses tiene como función, entre otras, "estudiar y aconsejar la política gremial del periodo", que incluye consultas sobre medidas de fuerza, presupuestos, gastos y recursos. Este plenario fue un punto critico en la CTA, pues los secretarios generales, alejados de los problemas reales de los trabajadores, ocuparon espacios dentro de la Central y, en pocos años, entraron en reyertas y camarillas que hicieron pedazos a la vieja CTA. Si se imita el estatuto de la CTA, hay que recordar siempre que el principal sindicato de la central (ATE) nunca modificó su estatuto para reconocer sus minorías, y que la Central ha tenido gravísimos problemas por no garantizar la democracia sindical a las listas opositoras , presentando padrones inflados en decenas de miles de afiliados, nunca comprobados. El actual estatuto, con sus limites, supera la actual propuesta de modificación, que es un paso hacia el funcionamiento de los "cuerpos orgánicos” de la burocracia sindical y, por lo tanto, debe ser rechazada. Todo afiliado debería tener, con suficiente antelación, el estatuto actual y la nueva propuesta, para que sean discutidas en asambleas y las mejores decisiones emerjan de ese método democrático. Nada de esto se ha hecho. El anterior estatuto es claramente superior, por lo tanto hay que rechazar la propuesta de modificación. Historia La actual Ley de Asociaciones Profesionales (23 551), que rige la vida de los sindicatos, es una ley hecha a medida para una estructura gremial piramidal que ha dado como resultado histórico el establecimiento de una burocracia sindical perenne en la dirección de los sindicatos, con estatutos que son una mordaza a la participación de los trabajadores y a la democracia sindical. La ley 23.551 tiene, como principal característica, que la mayoría de sus artículos tienen una reglamentación especifica sobre cómo proceder en la vida gremial salvo en dos cuestiones fundamentales donde la reglamentación queda librada al estatuto de cada sindicato. La primera de ellas es el código electoral; la segunda, el carácter disciplinario de las sanciones en los sindicatos. La burocracia hace uso y abuso en los estatutos de la proscripción a cualquier oposición. De este modo, el resultado son dirigentes sindicales que llevan 20 o 40 años en sus cargos. Centenares de miles de impugnaciones realizadas ante los tribunales laborales tienen por objeto las designaciones de las juntas electorales, que son los órganos que establecen la forma de convocar a las elecciones, la publicidad de estas convocatorias, los padrones electorales, los escrutinios, las “urnas volantes”, los requisitos para ser candidatos, las llamadas “listas completas”, etcétera. Desde el gobierno de Perón en adelante, solo en limitadisimas excepciones se establecieron estatutos donde estuviese garantizada la libertad sindical y hasta la libertad de opinión. El ejemplo más importante fue el estatuto del Sitrac-Sitram, nunca homologado –luego el propio sindicato fue disuelto por la dictadura militar-. Aquel establecía que el organismo soberano lo ejercía la asamblea general de los trabajadores y se daba la más amplia participación a todas las posiciones sindicales y políticas. Ya en tiempos de democracia, hubo dos sindicatos que trataron de establecer, dentro de la proscriptiva Ley de Asociaciones Profesionales, estatutos que daban participación a las minorías. Uno de ellos, fue el sindicato de los Ceramistas de Neuquén. El otro, precisamente, el de CICOP. En los últimos 20 años, se han homologado modificaciones parciales en el Ministerio de Trabajo en más de 15 gremios gobernados por la burocracia sindical, pero ninguna en relación a mejorar el ejercicio la democracia sindical.

El gobierno nacional anunció de forma unilateral este jueves el monto del salario mínimo (´súper mínimo´) de los docentes para todo el país: a partir de julio, un docente que recién se inicia no debería ganar menos de $ 420.000. Es un monto de indigencia. Pero, además, tampoco es vinculante. La cifra sirve a modo de “referencia” para que luego cada gobernador fije su propia negociación con los sindicatos y para que las provincias reciban lo que les corresponde del “Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”. La decisión del gobierno liberticida, por medio de la Secretaría de Educación, viene luego del fracaso de varias instancias de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se viene reuniendo desde febrero sin resultado alguno. Esta instancia reemplaza a la paritaria nacional docente, reivindicada por CTERA, que tampoco adoptaba decisiones vinculantes respecto a los salarios sino que establecía una referencia salarial ínfima que muchas provincias, de hecho, tampoco cumplían. No era, por lo tanto, una verdadera ´paritaria nacional´, pues el financiamiento educativo fue trasladado a las provincias por el gobierno de Menem y nunca revertido. El gobierno afirma que llegó a esta determinación "buscando dar una solución a la problemática salarial recibida, y a la dispersión histórica de la conformación de los salarios docentes en las distintas jurisdicciones; pero a la vez considerando la situación económica del país -el orden de las cuentas públicas- y de cada una de las provincias cuyos representantes participaron de las citadas instancias de diálogo". No existe ninguna solución, más bien se profundiza la pérdida salarial que sufren docentes y jubilados de todo el país. Se ha perdido entre un 20 y un 50 % de poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Milei. Previamente ya se había eliminado el FONID (Fondo de Incentivo Docente) que representaba alrededor de un 25 % del total del salario. Al gobierno le preocupa “el orden de las cuentas públicas” solamente cuando se trata del salario de los trabajadores, pero para pagar intereses usurarios y rescatar a los bonistas que tienen la deuda ese concepto no aplica. El gobierno y su “oposición” se aprestan a votar una ley declarando a la educación “servicio esencial” para quitarle a la docencia su derecho a huelga . La CTERA ha respondido al decretazo del gobierno -como es habitual- con un comunicado, pero ninguna iniciativa de lucha. Afirman: “Esta propuesta no condice con la inflación, con la suba de tarifas, alquileres, transporte, alimentación. Las y los docentes hemos sufrido una pérdida de nuestro poder adquisitivo desde diciembre hasta la fecha. La CTERA exige al Gobierno Nacional que cumpla con las leyes, que restituya el FONID de manera urgente, y que garantice aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios” (CTERA, 22/8). ¿Medidas de lucha? Lo dicho: ninguna. En contraste con la actitud de CTERA con el gobierno, en las provincias se desarrolla una tendencia de lucha importante . En Buenos Aires, la semana pasada, un paro se abrió paso a partir de la convocatoria de las seccionales opositoras a la conducción de Baradel. En Entre Ríos, la docencia volvió a votar medidas de fuerza y el gobierno dictó la conciliación obligatoria . En Neuquén está el punto más alto de estas luchas : con una participación masiva de la docencia en las asambleas, continúan las huelgas contra la implementación del ´presentismo´ antihuelga.

La asamblea interclaustros del día 20 de agosto volvió a tomar medidas en el marco del plan de lucha universitario a nivel nacional. Esa asamblea está integrada por docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones de lucha, entre ellas la Multisectorial de Trabajadores Autoconvocados, Docentes Autoconvocados de nivel inicial, primario y secundario, integrantes de la Multisectorial, Docentes jubilados. También participó la conducción de ADU (Asociación de Docentes Universitarios). Se votó continuar con las medidas de fuerza de paro de 48 horas, toma de edificios (Primer bloque de Humanas y Psicología, un edificio donde funcionan varias carreras, ubicado en la zona céntrica de la ciudad) junto a olla popular, y actividades de difusión y visibilizacion de la crisis que atraviesan los trabajadores y estudiantes universitarios en la provincia. La asamblea también se declaró contra el proyecto de ley que pretende convertir a la Educación en “servicio esencial”, que ataca directamente el derecho a huelga de la docencia, cuando la educación pública esta vaciada, desfinanciada en todos los niveles educativos, y los docentes cobran salarios de hambre. Desde los participantes de la Multisectorial de trabajadores autoconvocados se denunció los sueldos de docentes de nivel primario de San Luis, que, en muchos casos, no llegan a los 100 mil pesos al básico También manifestaron su enojo los estudiantes universitarios, manifestando que el vaciamiento en la universidad y la situación económica los afecta directamente, el precio elevado en el comedor, el precio del transporte urbano e interurbano, los elevados costos de alquiler, etc. No escapa a ellos la situación histórica repetida en años durante todos los gobiernos, del reclamo de sus profesores por salarios dignos. Declararon su solidaridad apoyando activamente la lucha, saltando por sobre las burocracias del centro de estudiante y organizándose de forma independiente. Ocurre lo mismo con los docentes y los No docentes, estos últimos superando a sus conducciones sindicales muy burocratizadas. Así continua el plan de lucha genuino, arrancado por las bases, con un horizonte y una perspectiva de lucha que se pronuncia por “Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza”. LEER MÁS: Universidad Nacional de San Luis: crónica de una gran lucha Así superamos el inmovilismo de la burocracia. Por Ivonne Pérez, 16/08/2024.

Luego de dos semanas de huelga universitaria, un paro de 72 horas y otro de 48 horas, la lucha universitaria ha sido llevada a un impasse . El Frente Sindical (que agrupa a las distintas federaciones docentes universitarias, a los trabajadores no docentes e incluye a la FUA-Federación Universitaria Argentina-), tenía previsto una reunión este jueves pasado, pero dicha reunión fue levantada sin que dieran motivos públicos de ello. En concreto, el Frente no se volvió a reunir aún para discutir la continuidad de la lucha en curso. Tampoco las federaciones, supeditadas a lo que resuelva el Frente Sindical, han adoptado alguna iniciativa. Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU H (de la lista verde vinculado a ATE- CTA) sentenció que los paros se renovarán... en septiembre, y que recién a finales de ese mes se concretaría una nueva marcha federal. El Frente Sindical nunca tuvo en sus planes impulsar una huelga educativa indefinida y una movilización de alcances históricos, reeditando y superando la monumental movilización del 23 de abril . Sólo así se puede entender, que de un paro de 72 horas masivo, con asociaciones de base adoptando medidas más profundas que las impulsadas por sus conducciones, y en muchos casos con acciones callejeras y ocupaciones como ocurrió en la Universidad de San Luis , se le haya dado continuidad con un paro de menor alcances, de sólo 48 horas, sin promover ninguna iniciativa, salvo una radio abierta frente al Congreso impulsada por la FUA, ADUBA (la seccional de base de FEDUN), la UCR y el Rectorado de la UBA. Esta acción es la mejor fotografía de hacia dónde están queriendo llevar al conflicto: atarlo a la agenda parlamentaria sobre el tratamiento en el Senado de la “Ley de Financiamiento Universitario” . En este marco, el CIN ha vuelto a tomar la batuta del conflicto, alrededor del cual se configura una coalición entre los sindicatos, todo el arco político parlamentario opositor desde los Radicales, los K, el bloque dialoguista hasta el FIT-U, que ha sumado su voto a una Ley de Financiamiento Universitario que es, en el mejor de los casos, puro distraccionismo. El 30 de agosto se llevará a cabo una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a todo el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina, donde se discutirá precisamente una concentración el día que se trate la Ley de Financiamiento en el Senado. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se pone a la cabeza confiscando políticamente una lucha que solo puede ser victoriosa por medio de una huelga indefinida combinada con movilizaciones de masas. Tanto el CIN, como todo el arco burocrático, son conscientes de que la ley es un fraude, que el gobierno cuenta con el recurso de llevar la discusión salarial a paritarias con la burocracia y no piensa homologar aquellos acuerdos que superen el 2 % de aumento mensual, eso, siempre y cuando no resuelva directamente vetar la ley. Más que nunca, en necesario mantener la independencia de los trabajadores universitarios, organizar desde abajo la huelga universitaria entre los docentes, estudiantes y no docentes que quieran ir a un proceso más a fondo. Sólo con la huelga y la movilización de todos los trabajadores podremos enfrentar las políticas del gobierno liberticida.

La violación de niños, su sometimiento a prácticas sexuales, incluida la zoofilia y el incesto, la difusión con fines comerciales de material pornográfico, tienen como protagonistas a un diputado libertario misionero prófugo y a un mayor del Ejército, jefe de un escuadrón, que fue enviado a prisión preventiva. Esta misma semana, un tribunal rechazó el pedido de excarcelación anticipada del cura Grassi, otro violador de menores en su época amigo de Menem y protegido hasta el escándalo por la Iglesia y la Justicia durante dos décadas. Los nenes y las nenas son las víctimas sexuales de la misma clase social que los someten al desamparo y a la extrema pobreza. La descomposición de un régimen social afecta a toda la sociedad pero se expresa fuertemente en los círculos del poder, que se sienten impunes. Pedófilos libertarios Un juez de Misiones ordenó el miércoles la inmediata detención del diputado provincial libertario Germán Kiczka, acusado de pertenecer a una red de pornografía de menores. La Legislatura lo había desaforado ese mismo día. Sin embargo, la policía misionera no ha podido dar con su paradero y él se dio el lujo de mandar una carta de renuncia al cargo donde, además, anunciaba un viaje a España. Kizcka está acusado también de publicar y distribuir material de niños de muy corta edad -ninguno aparenta más de 13- en actividades sexuales explícitas. En sus celulares y computadoras se encontraron videos e imágenes que exhibe actividad sexual, incestuosa y zoofilia con niños. Los archivos están clasificados con nombres como “hermana, hermano, sister, brother, madre, padre, familia, niñera, soo/dog”. El prófugo es dirigente del partido libertario Activar, un sello de La Libertad Avanza en la provincia, y mano derecha de Pedro, el hijo del dirigente peronista y efímero presidente Ramón Puerta. Kiczka, conocido también como youtuber, producía junto a su hermano Sebastián y su padre videos en un canal llamado "La magia del tío Germán", en los que realizaban trucos y juegos para niños. En los chats del celular de Sebastián se hallaron conversaciones en las que describía violaciones a niñas y niños muy pequeños y la operatoria sobre cómo los conseguía, incluso entre sus vecinos. Por el volumen del material y el soporte informático, queda claro que no se trata de una perversión personal ni familiar sino de una red de pedófilos, un negocio de magnitud. El juez ordenó la detención de ambos hermanos, acusados la distribución de 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual a menores. En febrero, la Policía Federal allanó el domicilio del padre y el hermano de Kiczka en la ciudad de Apóstoles, sospechosos de integrar una red de pedofilia internacional. En virtud de la operación denominada “Guardianes digitales por la niñez” hay un decena de detenidos en la Ciudad de Buenos Aires y las provincia de Buenos Aires, Misiones y Tucumán. El revuelo político que se armó en torno a Kiczka también impactó en la figura de Puerta. En varios lugares de Misiones aparecieron volantes con una foto de ambos juntos con la leyenda “Kiczka es Puerta”. Pedófilos de uniforme Mientras tanto, esta semana, en Gualeguaychú, procesaron a un exjefe en el Ejército por pedofilia. El mayor Juan Candiotti, ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, ya se encontraba en prisión preventiva en Paraná por encubrir las violaciones de sus subordinados contra tres mujeres que cumplían el servicio voluntario en el Escuadrón. En el marco de la investigación por encubrimiento, la Justicia revisó el celular de Candiotti y se encontró con 69 fotos y 249 videos con contenido sexual de niñas y niños menores de 13 años. Pedófilos con sotana Otro pedófilo que irrumpió este semana fue el cura Julio Grassi (vale el título porque a pesar de la condena por violar por lo menos a tres niños y adolescentes que estaban a su cargo en la Fundación Felices los Niños, la Iglesia nunca le quitó la condición sacerdotal, si bien le prohibió dar misa). En su época de esplendor, Grassi se convirtió en un personaje mediático, amigo de la farándula y cura modelo del menemismo. Menem y Cavallo en 1992 le cedieron en comodato un predio de 67 hectáreas que pertenecía al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y le dieron una generosa donación de 5 millones de dólares en 1993. La fundación llegó a tener 52 sedes, alrededor de 400 empleados y asistió a 6.300 chicos en todo el país. Grassi fue protegido por el poder político, la justicia y el clero. Una primera denuncia en 1991 fue archivada y, aunque se sucedieron varias -de nuevos chicos abusados-, recién en 2009 fue condenado. A pesar de la condena, no fue a la cárcel hasta 2013, cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena. En 2014, Grassi volvió a ser noticia esta vez no por abusar de menores de edad, sino por desviar donaciones a la fundación hacia el penal N° 41 de Campana, donde está preso” (Clarín 22/8) . Grassi, que se recibió de abogado en la cárcel, ejerció su propia defensa vestido de sacerdote. Reclamó la excarcelación anticipada debido a su buena conducta, negó que hubiera cometido algún delito, dijo que no tenía nada de lo que arrepentirse e hizo un encendido elogio de sí mismo: “Yo he militado como sacerdote y con acciones en barrios populares contra todo tipo de maltrato frente a los niños y adolescentes”. El Tribunal N°1 de Morón, por unanimidad, denegó el pedido y continuará preso hasta mayo de 2028, cuando se cumplan los 15 años de condena. “Hoy vimos en vivo a un monstruo. Ya lo dijeron los peritajes. Se comprobó que es la misma persona que dice ser la agraviada, la que su palabra es la única que vale. En 2028 la Argentina va a tener que debatir si hay lugar para liberar a un monstruo y bajo qué condiciones, aun cuando cumpla la pena”, sostuvo Juan Pablo Gallego, abogado de una de las víctimas. LEER MÁS: Redes de trata: una denuncia que involucra a poderosos empresarios Por Alejandra del Castillo, 20/08/2024. Loan, las redes de trata y el Estado Por Olga Cristóbal, 25/06/2024.

Exactas se está organizando por medio de asambleas interclaustros, es decir asambleas que reúnen docentes, estudiantes y no docentes. Por un lado son asambleas por departamento. Y el miércoles de la semana pasada se realizó la asamblea interclaustros de toda la facultad reuniendo 100 personas. Esta asamblea votó realizar dos ruidazos dentro del predio de la facultad y una actividad fuera de Ciudad Universitaria de semaforazo y clases públicas. Los ruidazos se realizaron con participación de muchas fuerzas de la facultad, incluso de las ligadas a la gestión del decano. El decano ve con buenos ojos toda manifestación que se realice hacia adentro. Sin embargo, las actividades de cara a la calle no son apoyadas por la gestión. Por lo tanto la actividad en aeroparque se presentaba como un desafío para los luchadores. En la asamblea interclaustros de la facultad habían participado miembros de la conducción del gremio AGD por lo que se esperaba que el gremio tomara partido en organizar las clases públicas y el semaforazo. En Exactas la gremial de AGD está conducida por el Partido Obrero oficial y sus socios anarquistas que comparten lista. Como no tomaban iniciativa al respecto, los interpelamos y recién ahí argumentaron que AGD había votado paro ese día. Les explicamos que las clases publicas son compatibles 100 % con el paro y que esto había sido discutido en la asamblea del gremio. Como respuesta nos llamaron “carneros” y al mismo tiempo “si quieren el sonido y el pizarrón del gremio se los prestamos pero no vamos a organizar”. Cuando docentes que querían participar se les acercaron, los desalentaron diciendo que las condiciones para la actividad votada no estaban aseguradas. Las condiciones para realizar la actividad fueron aseguradas por activistas de diferentes departamentos que nos pusimos al hombro la organización. Tres materias se sumaron a dar clases públicas, 50 personas se movilizaron a Aeroparque. AGD, Feduba, La Cámpora -que conduce el CECEN-, todos ellos mandaron algún representante para no quedarse afuera. Teníamos acordado el ingreso con delegados aeroportuarios. Ya estaba definido el espacio para realizar las clases públicas dentro del edificio de embarques. Los pizarrones y el sonido ya estaban en su lugar cuando llegamos todos juntos. La policía aeroportuaria (PSA) había sido informada el día anterior. Todo estaba prolijamente organizado. Pero con la información recibida la policía decidió realizar un operativo para impedirnos el ingreso. Armaron un cordón y nos frenaron en la vereda. Ahí mismo armamos una asamblea y denunciamos el operativo. Señalamos que la relevancia de nuestra actividad se reflejaba en la actuación del aparato represivo del Estado. Recuperamos nuestros pizarrones, los sacamos a la calle e hicimos las clases publicas en la vereda frente al cordón policial. El sonido utilizado fue prestado por la CTA que también nos pagó el flete. Es decir que los gremios de Exactas prestaron menos soporte que gremios de otros sectores. Mientras hicimos las clases un grupo reducido de compañeros hicieron el semaforazo para que no quede item votado por la asamblea sin completar. Superamos absolutamente el inmovilismo reinante en el amplio abanico de las fuerzas. LEER MÁS: Exactas: miércoles 14, todos a la asamblea interclaustros Por Nahuel Rabey, 13/08/2024.

En un breve comunicado del miércoles 21 de agosto, la Comisión Directiva del SUTEBA Bahía Blanca comunica que no convocará a asamblea esta semana, lo cual fue votado por la asamblea del 12 de agosto. Allí se resolvió parar el miércoles 14 cuando se trató en el Congreso Nacional el proyecto que obliga a los docentes a asistir a las escuelas en caso de convocarse a huelga. Además del paro, precisamente, se votó unánimemente tener una nueva asamblea en la semana en curso para hacer un balance y evaluar la continuidad. Los escuetos motivos comunicados para no cumplir con lo votado no son, en absoluto, válidos para esta negativa decisión. El jueves 15 de agosto, la conducción provincial de SUTEBA convocó a asambleas en toda la provincia que, lógicamente, se desarrolló también en Bahía Blanca. Pero no tenían de ninguna forma el propósito de votar una continuidad de un paro contra el proyecto de “esencialidad” que fue un éxito rotundo, en términos de la adhesión que obtuvo en la ciudad y en toda la provincia de Buenos Aires. Al revés, CTERA y Baradel no solo no convocaron a parar contra este nefasto proyecto sino que lo boicotearon con amenazas de descuentos. ¡Pero además en esta asamblea se rechazó por abultada mayoría la paritaria provincial que Baradel le firmo a Kicillof en menos de lo que canta un gallo y que es absolutamente insuficiente! Es decir que tenemos más motivos para reunirnos en asamblea y continuar la lucha, no menos. No podemos olvidar, tampoco, una antidemocrática reforma del régimen académico en la secundaria que significa agravar un cuadro de superexplotacion laboral. En el horizonte, CTERA anuncia una “Marcha Federal” que haría en septiembre, sin fecha. El proyecto que liquida nuestro derecho a huelga ya obtuvo media sanción. Cada día que perdemos es un día que los legisladores antidocentes ganan para consumar este artero ataque. La coordinación con otras seccionales, que se invoca para no convocar la asamblea votada, tampoco es un argumento. Es exactamente al revés. Lo que necesitamos es discutir, la base docente, qué propuestas de continuidad de la lucha hacemos para proponer a otras seccionales de la Multicolor y a toda la docencia de la provincia que acaba de hacer un enorme paro provincial y no esperar a la lejana “Marcha Federal” de CTERA que no tiene fecha y ni siquiera sabemos si se hará con un paro. Exigimos a la conducción que se respete el mandato de la asamblea del 12 de agosto y se convoque en forma inmediata a la asamblea votada en esa ocasión. La violación de lo resuelto por docentes en asamblea sienta un pésimo precedente contra nuestro sindicato y contra la lucha. El tiempo, discusiones y resoluciones que los docentes tomamos en asamblea son sagradas. Siempre, pero mucho más cuando enfrentamos un cuadro catastrófico en nuestro salario, nuestros derechos y la educación pública en su conjunto. TENDENCIA DOCENTE CLASISTA BAHIA BLANCA 21/8/2024 LEER MÁS: Asamblea SUTEBA Bahía Blanca vota parar el 14 de agosto contra la “esencialidad educativa” Por Emiliano Fabris, 14/08/2024.

El viernes 16 de agosto Bridgestone solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Nación dar por finalizadas las tratativas acerca del Procedimiento Preventivo de Crisis. El propósito es “liberar a las partes” y proseguir con las suspensiones masivas, con la flexibilización laboral e incluso congelar los salarios en las negociaciones paritarias. El SUTNA se declaró en “estado de alerta y movilización (…) para accionar unidos y colectivamente en el momento que sea necesario en defensa de los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el poder adquisitivo del salario que marca la calidad de vida de nuestras familias”. Es lo que ha venido haciendo el sindicato desde los primeros despidos masivos en Bridgestone y los doscientos despidos en Fate desde hace alrededor de tres meses. Bridgestone entiende por estado de crisis una declinación de las ventas y la atención a un préstamo de su casa matriz y otras sucursales. La maniobra fraudulenta del pulpo es la razón que esgrime la directiva del SUTNA para seguir presionando a los organismos de Trabajo de Nación y Provincia a que fuercen a las empresas a retrotraer las medidas. El fracaso de esta política salta a la vista: ambos órganos de estado son cómplices de las patronales desde diferentes intereses de unos y otros –sean Cordero-Techint o Kicillof-. Luego de cada reunión ‘conciliatoria’ los despidos y suspensiones arrecian con mayor fuerza hasta llegar, sólo en 2023, al millar en toda la industria (220 en FATE, 500 en Bridgestone y 250 en Pirelli). Efectivamente, el domingo 18 de agosto la multinacional japonesa arremetió con cientos de despidos que fueron comunicados telefónicamente y por medio de cartas documento al ingreso del turno tarde. El SUTNA respondió de nuevo con una concentración, que tuvo lugar a partir de las 20 horas en las inmediaciones de la fábrica, un paro de 16 horas y la convocatoria a una asamblea el lunes 19 para, de nuevo, “informar y definir las formas de continuidad”. El mismo lunes, la dirección del SUTNA recorrió la fábrica para convocar a los trabajadores a que “se unan para actuar en forma colectiva”. Enseguida llamó a participar de un acto que se realizó al día siguiente. (Estamos) “dando comienzo, señaló en un comunicado, a las 14 hs. a un PARO de actividades en respuesta a la empresa para que entienda que no estamos de acuerdo con el despido de nuestros compañeros y que no permitiremos que se destrocen nuestras condiciones laborales y nuestros ingresos”. El mismo 20, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, otra vez, como si se tratara de un conflicto o disputa diferente. La dirección del sindicato anunció, en la víspera del paro de 24 horas y asambleas en todos los turnos de la planta que había convocado, que acataba la medida ministerial, dejando sin efecto todas las medidas de fuerza por 15 días, salvo el acto previsto frente a la fábrica, aceptando que los despedidos/supendidos no regresen al trabajo. Aunque el laudo del ministerio determina la vuelta a tareas de los despedidos, los 452 compañeros seguirán en calidad de suspendidos en esas dos semanas, lo que es un despido de hecho. Kicillof, previamente, había movilizado a la policía bonaerense, en aplicación anticipada de la cláusula de la reforma laboral que prohíbe toda suerte de piquetes, pero que se encuentra pendiente de reglamentación, en un manifiesto mensaje político de acatamiento al gobierno nacional y de adaptación a la política de despidos masivos de Milei y las patronales. Kicillof se encuentra mendigando en los pasillos nacionales que la Provincia no se excluida del RIGI. Mientras se ‘discutía’ el PPC en la Secretaría de Trabajo, las patronales del Neumático han seguido con las suspensiones masivas y decenas de despidos encubiertos, que se disimulan como ‘voluntarios’ y que han pasado a recibir el mote de “desvinculación”, en un nuevo giro del lenguaje inclusivo. Para ello ofrecen indemnizaciones por arriba del 100 % a condición de una aceptación inmediata. Es una extorsión que tiene el propósito manifiesto de hacer cundir la desmoralización del conjunto y romper la unidad de clase. Al mismo tiempo se modifican las condiciones de trabajo sin la mediación de una negociación colectiva, en una manifiesta desautorización al Sindicato y a las comisiones internas. Fate y Bridgestone incrementan la presión por una mayor productividad, aun cuando han impuesto el turno americano, que lleva la semana de trabajo a seis horas o 6 días: Milei acaba de declarar que pretende establecer una jornada laboral de doce horas, esto mediante la abolición de la remuneración por trabajo extraordinario. El Neumático, como ocurre también en empresas como Toyota, es una colección de “fábricas de rotos” (trabajadores con enfermedades profesionales) y de accidentes laborales . El hambre de los patrones por aumentar la masa de plusvalía, hostigando a los trabajadores a aumentar la productividad, sin ningún tipo de inversiones de capital, ha desatado accidentes en cadena y “accidentes laborales” , algunos mortales. En los períodos de conciliación obligatoria el régimen de superexplotación persiste. Las paritarias, que se venían firmando mes a mes en línea con la inflación, quedaron también envueltas en la avanzada patronal. Pirelli realizó una oferta de aumento por debajo del 4 %, que Fate y Bridgestone quieren que sea menor aun, en conformidad con el libreto de Milei y Caputo. El avance patronal y el intento de modificación del régimen de jornada que proponen Fate y Bridgestone son el objetivo estratégico del Preventivo de Crisis que, como en la ley de Quiebras, pone el acento en la mayor flexibilidad laboral. Para eso hay que plegar a la organización sindical en todos sus niveles. Madanes no se cansa de repetir su propósito “recuperar el control” del lugar de trabajo . Las grandes fábricas del Neumático y por sobre todo FATE, de donde surgió la actual dirección, albergan una clase obrera fuertemente combativa y políticamente consciente, que se ha convertido en la oveja negra del capital local y del capital internacional en su conjunto. La adaptación a las conciliaciones obligatorias ha fracasado. Las patronales no retrotraen los conflictos, ni reincorporan en forma temporal ni a despedidos ni a suspendidos. No sirven para “preparar” una lucha contra este ataque estratégico, porque todo alargamiento ha sido siempre un desgaste. El SUTNA debería deliberar para producir un cambio; los mandatos en blanco a la dirección no sustituyen la deliberación colectiva acerca del carácter que debe tener un plan de lucha. La transferencia de mandatos a las direcciones es la característica fundamental del sindicalismo peronista tradicional, que se autocalifican como “conducción”. Los partidos del FITU, pero por sobre todo el aparato del Partido Obrero, se acomodan, cuando no impulsan abiertamente, una política conservadora a cualquier precio, es decir, al precio de una derrota. Está planteada la convocatoria a asambleas generales de fábrica para mandatar a los delegados a impulsar en un plenario nacional del gremio un plan de lucha contra las suspensiones y despidos, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la apertura de los libros de las patronales, la defensa del salario y del convenio colectivo.

En marzo pasado, el gobierno nacional estableció lo que llamó una compensación jubilatoria del 12.5 % por las pérdidas producidas por la inflación de enero, que fue del 20 % – o sea, 8 puntos abajo . Ayer el Senado dio un voto final a lo que se ha denominado una “reforma jubilatoria”, que corrige esa compensación, lo que resulta en una mejora de las jubilaciones del 7,2 % desde abril . Milei había adelantado que vetaría esa ley en caso de ser aprobada, lo que ratificó ayer, incluso cuando obtuvo en ambas cámaras más de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar un veto. Milei, como de costumbre, anunció ese veto acompañado de insultos de toda clase. Lo que ambos bandos callan, sin embargo, es que la inflación de diciembre, del 25,5 %, la peor de todas, nunca fue compensada y continúa sin ninguna compensación. Esa mega devaluación tuvo como propósito fundamental desatar una hiperinflación acompañada de un congelamiento de salarios y jubilaciones. Con este “método libertario”, pero típicamente capitalista, se ‘ajustó’ el gasto fiscal. Es el punto vital y excluyente en que Milei y los congresistas coinciden: que la crisis la paguen los trabajadores. Así, frente a una inflación noviembre-agosto del 144 %, las jubilaciones aumentaron un 107 % - ¡37 puntos abajo! Es una confiscación colosal, ejecutada por el Ejecutivo de un lado y el Congreso del otro. Entre bueyes no hay cornadas. Desde septiembre de 2017, la confiscación de las jubilaciones alcanza al ¡54 %! La amenaza del veto, en principio inviable, ha servido para desmontar la responsabilidad de los partidos parlamentarios en la parte que le corresponde de la mega confiscación, incluido ahora el peronismo. Para recuperar el poder adquisitivo de la jubilación sería necesario un aumento generalizado del ciento por ciento – no del 7,2. El llamado “costo fiscal” de la ley, por el que Milei califica como “ratas” y “degenerados fiscales” a sus cómplices de la oposición, es de entre medio punto y un punto del PBI, según lo calculen los economistas de la oposición o los del gobierno. En el mejor de los casos, es la décima parte de los vencimientos de deuda publica que deberá afrontar anualmente el gobierno en los próximos años. Es cierto, sin embargo, que la ley sancionada introduce otro cambio, porque pasa del sistema actual de ajuste de las jubilaciones por inflación a otro que incorpora por mitades a los salarios, siempre que estos hayan sido superiores a la inflación del período. Aquí, de nuevo, hay que separar la realidad de la charlatanería. Si, como exige el FMI sin respiro, Argentina debería volver a devaluar el peso, los salarios, un componente del ajuste de las jubilaciones, se irían barranca abajo. Milei y Caputo se indignan por este cambio, porque aseguran que no tienen la intención de devaluar – algo que no depende de ellos, de todos modos, sino del “mercado”-. La ley introduce, además, una ‘prima’ por buena conducta: en los meses de marzo, se adiciona a las jubilaciones un 50 % de la variación salarial por sobre la variación de la inflación. De aquí que los diarios aconsejen a jubilarse en marzo. Es forzado admitir, sin embargo, que una variación positiva de los salarios frente a la variación de la inflación no es el propósito de la política oficial –sólo podría ocurrir como consecuencia de una lucha vigorosa y contraria al sistema político-. La mano de los gobernadores en la ley se advierte en el capítulo que dispone el pago, en seis meses, de las deudas contraídas a favor de las cajas de jubilaciones no transferidas a ANSES . La corporación ‘federal’ está aterrorizada por una quiebra generalizada. Pero esta anomalía demuestra, precisamente, que el estado nacional tiene un arsenal de recursos para demorar hasta el infinito el cumplimiento de las decisiones judiciales , como ocurre ahora mismo con la coparticipación porteña. Además, también se establece que deberá pagar en 120 días las sentencias judiciales que favorecen a 90 mil jubilados. El punto representa un colosal golpe para todo el régimen político e incluso social, porque las deudas se ajustan por inflación y las deudas se capitalizan demandando mayores intereses. El Congreso no pretende resolver el problema sino mandarlo a un fondo de quiebra en una próxima liquidación de la jubilación pública y la privatización del sistema de retiro. En definitiva, la nueva ley no pone fin a la confiscación de los trabajadores jubilados, no resuelve los problemas que se arrastran desde el gobierno Menem-Cavallo y sólo expone a la luz pública la inviabilidad de un ajuste que reposa en forma integral sobre el conjunto de los trabajadores. Nada revela con mayor claridad la manipulación del tema jubilatorio que el apoyo prestado a la ley por parte de Macri y del Pro, y hasta de ex libertarios y otros a punto de ser excomulgados. Es simplemente una extorsión para imponer su participación en los negocios del gobierno, que han quedado acaparados por la camarilla de los Caputo y del círculo esotérico de Milei. Macri quiere el ministerio de Transporte para su ex ministro Guillermo Dietrich y el de Infraestructura, que se haría cargo de implementar el régimen de construcciones Público/Privado. Este reparto sería en principio inviable, porque Caputo necesita saldar deudas y cuentas con la entrega de bonos (que cotizan a la mitad o menos de su valor original), como lo ha hecho con las energéticas y petroleras, y se apresta a hacer ahora con la construcción pública. El manejo de la bolsa del Estado tiene una caja única, porque está condicionado por el pago de la deuda pública, tanto en pesos como en dólares. Milei necesita, sin embargo, trampear al Pro y a Macri, si quiere quebrar los dos tercios reunidos en Diputados y Senado. La cuestión no es definitivamente fiscal, al menos en cuanto a los temas nuevos en relación a los que tienen medio siglo, aproximadamente. Primero, es un asunto de reparto de negocios, que ocupa en este gobierno un lugar mayor que en los precedentes. El segundo lugar lo ocupan también los negocios, porque la camarilla macrista está estrechamente vinculada a la agroexportación y a la industria exportadora, o sea que comparte con el FMI la posición de devaluar otra vez el peso. Milei, según trascendidos, otorgaría como canje de los votos del Pro el manejo de la Hidrovía, eje del negocio exportador , pero también de China, de la cual el macrismo ha sido un lobbista consecuente. Siguiendo la observación de que las cosas que necesariamente tienen que ocurrir se valen de accidentes, la cuestión de la compensación de las jubilaciones ha provocado otro estallido, aunque más intenso, de las contradicciones sin salida del régimen actual. La prensa financiera atribuye a este conflicto la caída de la cotización de la deuda argentina, o sea un aumento del riesgo país y de la posibilidad del default . El giro de Macri a favor del veto de la ley que contó con su aprobación, le pone los últimos clavos al ataúd macrista . Un veto que no fuera rechazado por las Cámaras se llevaría puesto, a breve plazo, a todo el régimen político.

En el día de ayer se llevó adelante el Congreso Ordinario y, a continuación, el Congreso Extraordinario de CICOP, donde gracias a las masivas maniobras irregulares, la dirección (LISTA 1), votó una reforma burocrática del estatuto del gremio y la aceptación de las paritarias. La modificación del estatuto propuesta por la actual dirección de la CICOP es regresiva en prácticamente todos sus puntos de modificación y especialmente en el “régimen electoral”, y en el funcionamiento de la propia dirección. Esta propuesta tampoco es casual, porque el objetivo de la dirección de CICOP (Pablo Maciel y cia), es tener un sindicato absolutamente integrado al Gobierno de Kicillof, y por eso va en contra de las expresiones de la minorías. Quieren crear un gremio “monolítico”, en contra de un movimiento de oposición que está creciendo, y se refleja en las últimas votaciones en los congresos, por ejemplo rechazando los acuerdos paritarios. Un congreso lleno de irregularidades: El fraude comenzó desde la acreditación al congreso. Al entrar a la sede central, los congresales debían acreditarse, pero esa acreditación no verificó la identidad de los congresales. Se acreditaron 37 delegados que no figuraban en la nómina total (ejemplo: si a una seccional le corresponden dos delegados, en este congreso se presentaron 4). Esto fue denunciado en el transcurso del congreso por varios delegados de distintas seccionales. Al mismo tiempo, otros 53 supuestos delegados se presentaron como suplentes pero que no lo podían certificar con ningún acta, a diferencia de otros tantos que sí las presentaron. El total del padrón inflado fue de 90 personas, sobre un total de 218 acreditados. Un verdadero escándalo. Por si estas irregularidades no bastaran, la cosa no quedó ahí. Según el estatuto actual, cada delegado está en condiciones de votar si en su seccional se llamó a asamblea de afiliados y debe llevar el mandato de esa asamblea. Se constató que algunos delegados concurrieron a votar sin haber hecho asambleas en sus respectivas seccionales y por lo tanto sin mandato, expresando una maniobra a espaldas de sus afiliados. En algunos hospitales en los que se llamó a asamblea y para sorpresa de los afiliados, esta convocatoria fue conjunta con la Jefatura del Hospital que amedrentaba a servicios enteros a participar de la asamblea y votar a favor de la reforma del estatuto. En una de estas asambleas participó el presidente de CICOP, Pablo Maciel, con un PowerPoint explicando los “atributos” de la reforma. Al contrario de todas estas maniobras, los 58 delegados que denunciaron en el congreso las irregularidades fueron quienes durante las últimas semanas llevaron adelante asambleas dónde se discutió la reforma y la propuesta paritaria, siendo mandatados con voz al congreso. Al momento del Congreso Extraordinario se cortó la luz en la sede y la conducción del gremio decidió continuar el congreso en la calle, llamando a votar sin debate ni exposición de mandatos de forma express. Todo muy acorde al “espíritu” de la regresiva reforma del estatuto. Ante la falta de condiciones democráticas y el papelón de este congreso, los 58 delegados de más de 18 seccionales mocionaron en el primer punto del congreso extraordinario hacer un cuarto intermedio. Ya sin condiciones de nada, el conteo de votos de quienes apoyaron la moción se contabilizó por mucho menos. En este cuadro, este sector decidió retirarse del Congreso y, a pocos metros de la sede central de Cicop, realizó una asamblea donde se expresó la voluntad de llevar adelante la impugnación del Congreso. Mientras ocurría esta asamblea y a minutos de haber iniciado, el congreso finalizó sin debate alguno, votando la reforma y la aceptación de la paritaria a la baja. La reforma fraudulenta que se votó ayer expresa la profunda debilidad que tiene la conducción, que solo llevando adelante métodos burocráticos puede hacer este tipo de reforma. Una dirección alejada de los verdaderos problemas de los trabajadores. Los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires necesitamos un sindicato independiente del estado para luchar por nuestras condiciones de trabajo. Cualquier modificación debe emerger de los cuerpos soberanos de asambleas que son los trabajadores. LEER MÁS: CICOP Conducción: una propuesta regresiva de estatutos Por Juan Ferro, 23/08/2024.

El día viernes, la comisión interna de Rioplatense realizó un acto en la puerta del frigorífico, ubicado en General Pacheco, Tigre, contra el despido de 42 trabajadores que la patronal de Constantini llevó a cabo en represalia por la continuidad del paro votado en una asamblea masiva, después que las burocracias de las dos federaciones de la carne levantaran todas las medidas parciales que habían convocado para cerrar sin consulta un mísero 12 % por tres meses sin recomposición salarial. Luego del paro en repudio al acuerdo paritario del viernes 2 de agosto, el lunes 5 la patronal despidió a 42 trabajadores, desatando un nuevo conflicto y la asamblea votó nuevamente el paro. El ministerio dictó la conciliación obligatoria con los despedidos adentro pero la postura de la patronal en las reuniones fue de intransigencia y de sostener los despidos una vez terminada la conciliación el 30 de agosto próximo. La CI interna denunció en el acto esta postura de la patronal como un intento por terminar con la experiencia clasista al interior de la planta, envalentonada por el aval que implican las políticas rabiosamente antiobreras del gobierno de Milei. Denunciaron el rol cómplice de la burocracia y llamaron a los trabajadores a fortalecer la unidad al interior de la planta para enfrentar este ataque patronal y lograr la reincorporación definitiva. La convocatoria reunió a un centenar de activistas y militantes de izquierda en la puerta. Además de los miembros de la CI del Rioplatense, participaron miembros de la directiva del SUTEBA Tigre, activistas de la linea 60 y de Fate, despedidos de Volkswagen y una delegación de cuatro compañeros de la Junta Interna del INTA por la cual hizo uso de la palabra Jose Luis Perea, quien acercó su solidaridad con la lucha del Rioplatense y denunció los ataques como parte de un ataque general impulsado desde gobierno de Milei con la complicidad de la burocracia sindical. En este sentido, destacó la necesidad de impulsar plenarios y convocatorias desde las bases, para derrotar la política de complicidad de la burocracia para allanar el camino hacia un "nuevo Cordobazo y Argentinazo". Acercamos la solidaridad de Política Obrera y nos pusimos a disposición de las medidas de lucha que discutan los trabajadores para derrotar los despidos y lograr la reincorporación definitiva. LEER MÁS: Despidos en Frigorífico Rioplatense: paro y conciliación obligatoria La lucha se agudiza en corazón de la Zona Norte. Por Pablo Busch, 07/08/2024.

La Convención de los Demócratas de esta semana estuvo atravesada por la cuestión de la masacre que el Estado de Israel perpetra en la franja de Gaza contra el pueblo palestino, aunque sus organizadores hayan realizado grandes esfuerzos por disimularlo. Desde varios días antes de su realización, se especulaba con que las manifestaciones contra el genocidio palestino podría llegar a boicotear la Convención y arruinar el lanzamiento de candidatura de Harris. “La sombra de 1968 se cierne sobre Chicago antes de la Convención Nacional Demócrata”, titulaba el FT (15/8) en relación a la manifestación contra la guerra de Vietnam en la convención de aquel año, donde la policía de Chicago desató una brutal represión contra los manifestantes. Para la convención de cuatro días se habían planificado unas seis marchas de protesta, aunque la policía de la ciudad estableció un amplio perímetro para que cualquier movilización no llegue a acercarse más que a un par de kilómetros de distancia del United Center. La Coalición para Marchar en la Convención Nacional Demócrata entabló frustrantes negociaciones con los funcionarios locales a fin de llegar a un acuerdo sobre los permisos y rutas habilitadas para que puedan recorrer los manifestantes. Hatem Abudayyeh, portavoz de la coalición, dijo que los organizadores estaban “decepcionados con la decisión” de limitar la hoja de ruta a unos muy estrechos márgenes. Otros grupos de protesta, como la Coalición de Chicago por la Justicia en Palestina, no llegó a recibir su permiso para manifestar. Alguno de sus portavoces manifestó que el prolongado proceso de obtención de permisos evocaba la forma en que el alcalde de Chicago, en 1968, se opuso a conceder permisos para marchas. La Coalición de Chicago por la Justicia en Palestina sostuvo la consigna de“Cerremos la Convención Nacional Demócrata”y sus cánticos decían ““DNC, don't you lie. Because of you, our people die” ("DNC, no mientan. Por su culpa, nuestra gente muere"). Durante todos los días que duró la convención se realizaron movilizaciones y actos por Palestina en Chicago, a pesar de las acciones represivas de la policía. En una protesta realizada en las afueras del consulado israelí, a menos de tres kilómetros del estadio de la convención demócrata, la policía de la ciudad desató una feroz represión que terminó con decenas de detenidos. La policía declaró que la protesta era “una reunión ilegal”. Los funcionarios policiales dijeron que el número máximo de manifestantes rondó las 4.000 personas y en la última noche de la convención se habían contabilizado unos 72 arrestos. Según los organizadores de las protestas, las movilizaciones alcanzaron unas 20.000 personas. A pesar de que la entrada al estadio donde se llevaba a cabo la Convención se realizaba con una acreditación previamente aprobada por los organizadores del evento, en las tribunas del lugar pudieron verse algunos carteles como el que sostenía un manifestante que decía “KAMALA: NO A LAS ARMAS DE ISRAEL”. Los organizadores no tardaron en hacer desaparecer la consigna. La convención contó también con delegados demócratas propalestinos, 30 de los cuales realizaron una sentada el miércoles por la noche dentro de la zona segura de la convención, que se prolongó hasta el jueves, para protestar contra la negativa del partido a concederle a su grupo un espacio para hablar. Los activistas querían que un orador subiera al escenario para hablar sobre la masacre en Gaza. Una petición que pedía a los delegados que sean “delegados del alto el fuego” había crecido hasta contar con unos 240 firmantes. Cuando Biden habló el lunes por la noche, alrededor de una docena de activistas propalestinos desplegaron una pancarta que decía “Dejen de armar a Israel”, aunque fue rápidamente bloqueado. Otros delegados participaron en una protesta silenciosa: escribieron “embargo de armas” en sus brazos y se taparon la boca con las manos mientras Biden hablaba. Un periódico informa que “a los disidentes errantes les han quitado las banderas palestinas; un manifestante que llevaba hiyab fue acallado por cánticos de ‘Amamos a Joe’ y golpeado con un cartel de Biden después de interrumpir el discurso del presidente”. El equipo de campaña de Harris había realizado algunas concesiones menores para contener a un sector de activistas demócratas pro Palestina: entre ellas, la realización de un breve saludo de los activistas con Harris y el candidato a vicepresidente Tim Walz; reuniones con algunos altos funcionarios de la campaña; un espacio de “vigilia” en las afueras del estadio de la convención; y un panel sobre Gaza fuera del escenario principal, que contara con voces propalestinas. También proporcionaron espacio para realizar una conferencia de prensa. “Están organizando paneles y conferencias de prensa para asegurarse de que su presencia se sienta y que sus demandas se conozcan”, dijo uno de los organizadores. Según algunos medios, esas concesiones garantizaron que la mayoría de las protestas se mantuvieran encuadradas en lo permitido por la policía y que la convocatoria no rebasara determinados límites. El permiso para las manifestaciones finalmente se estableció en una cuarentena cuadras de distancia de la convención. Pero los delegados propalestinos intensificaron su demanda de un espacio para hablar en el escenario principal después de que el miércoles se tomara la decisión de que hablaran los padres de un rehén estadounidense israelí. El sindicato United Auto Workers, que apoya la candidatura demócrata, emitió un comunicado en el que afirma que si “queremos ganar estas elecciones, el Partido Demócrata debe permitir que un orador palestino estadounidense se presente en el escenario de la Convención Nacional Demócrata esta noche”. Muchos trabajadores del sindicato UAW viven y votan en Michigan, un estado clave que alberga una gran población árabe estadounidense. Alana Zeitchik, una israelí que es además familiar de un rehén retenido por Hamás, también se pronunció a favor de permitir que un orador propalestino hable. La negativa de la campaña de Harris, confirmada después de que ya había comenzado la tercera noche de la convención, significó un verdadero desaire, según ese sector. Un grupo, Muslim Women for Harris-Walz (Mujeres Musulmanas por Harris-Walz), dijo que se habían "disuelto" luego de esta decisión. En su discurso, Kamala Harris mencionó el “sufrimiento” en Gaza, pero aseguró que “siempre defenderá el derecho de Israel a defenderse”, dejaron en claro su respaldo a la política de genocidio de Netanyahu. El primer encuentro de Kamala Harris con manifestantes propalestinos desde que se convirtió en la candidata demócrata se había producido en realidad en un mitin de campaña en un suburbio de Michigan el 7 de agosto. Mientras Harris hablaba en el estrado, los disidentes interrumpían su discurso con el cántico: “Kamala, Kamala you can't hide! We won't vote for genocide” (Kamala, Kamala, ¡no te puedes esconder! ¡No votaremos por el genocidio!). La respuesta de Harris a los manifestantes que interrumpían su discurso fue espetarles que “si quieren que Donald Trump gane, entonces díganlo. De lo contrario, hablaré yo”. El episodio fue notable por un motivo adicional: Michigan fue el lugar de nacimiento del movimiento que llamó a un sector de los demócratas a emitir votos “no comprometidos” durante las primarias, para protestar contra la gestión de Joe Biden en la guerra en Gaza. Alrededor del 13 % de los votantes en las primarias demócratas de Michigan lo hicieron. “El voto de protesta fue más pronunciado en los campus universitarios y en la ciudad de Dearborn, donde la mayoría de los residentes son de ascendencia árabe. En casi la mitad de los distritos de Dearborn, el voto no comprometido venció a Biden” (The Economist, 13/8). El Movimiento Nacional No Comprometido, que representa a unas 750.000 personas que votaron sin compromiso en las primarias demócratas, reclama por un embargo de armas a Israel y tenían intenciones de presionar para que la convención del partido aborde la masacre en Gaza. El movimiento representa también un desafío para el candidato a vicepresidente Tim Walz, ya que el gobernador de Minnesota proviene de un estado donde casi el 19 por ciento de los votantes de las primarias votaron "sin compromiso". Algunos de los dirigentes demócratas sobre los que se tenían mayores expectativas en sus posturas sobre Gaza, como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, no se salieron del libreto de su apoyo incondicional al tándem Biden-Harris. Ocasio-Cortez aseguró en su discurso que la vicepresidenta ha trabajado "incansablemente" para poner fin a la guerra de Gaza, mientras que Sanders se limitó a decir que “debemos poner fin a esta horrible guerra en Gaza, traer a casa a los rehenes y exigir un alto el fuego inmediato”. Para el Washington Post (21/8), “fue un cambio notable de tono para el grupo que hace más de ocho años instó a Sanders a presentarse en un esfuerzo por empujar a los demócratas hacia la izquierda en política económica, cambio climático y relaciones internacionales”. El alineamiento de Sanders con Biden es total, al punto tal que llegó a afirmar que el actual mandatario “podría ser el presidente más progresista desde Franklin D. Roosevelt”. La semana pasada Biden aprobó otro paquete de armas de 20.000 millones de dólares para Israel. “Mientras el bombardeo de Israel en Gaza sigue dividiendo a los demócratas en general, los progresistas también se han preguntado cuánto cambio pueden generar dentro de los confines de un aparato partidario que, por momentos, se ha mostrado reacio a abrazar su ideología”, asegura The Washington Post (21/8). Otro periódico informa que “Liano Sharon, un delegado de Michigan que ayudó a desplegar el cartel de “DEJEN DE ARMAR A ISRAEL” en la convención del lunes, dijo que la primera inspiración que tuvo para unirse al Partido Demócrata fue el mensaje de Sanders en 2016 a los progresistas para que tomaran el control del partido. Los demócratas lo han decepcionado en repetidas ocasiones, incluso cuando los que estaban en el salón le arrancaron el cartel”. A pesar de eso, el delegado aseguró que votará por Harris. “Mi voto en las elecciones generales es contra Donald Trump”, explicó. LEER MÁS: La Convención Demócrata en Estados Unidos Por El Be, 24/08/2024. Un genocida en el Capitolio Por Olga Cristóbal, 29/07/2024. Del atentado contra Trump a la renuncia a la candidatura presidencial de Biden La decadencia de Estados Unidos y el fascismo. Por Comité Editorial, 21/07/2024.

“La Convención Nacional Demócrata (CND) es un acto de coreografía para hacer que la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos parezca el concurso del queso rodante de Gloucester”, sostuvo el Financial Times a principios de esta semana. El despliegue demócrata de cuatro días fue una gran escenificación con pretensiones de demostrar unidad de partido y dar por superada la crisis que rodeó la declinación de la candidatura de Joe Biden para una reelección. La participación de los asistentes al United Center, el lugar principal de la convención que tiene una capacidad para más de 20.000 personas, estaba circunscripta a delegados, suplentes e invitados acreditados. La lista de oradores fue el resultado de una intensa negociación tras bastidores en la cúpula del partido, que no terminó de cerrarse sino hasta el último día de la convención. La CND comenzó el lunes en Chicago con la participación de 57 delegaciones que sumaron un total de 5.000 delegados y suplentes. El objetivo declarado era aprobar la plataforma electoral del partido y que la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptaran las nominaciones del partido como candidatos a presidente y vice, respectivamente. La aceptación de las candidaturas fue una mera formalidad. Harris había conseguido los delegados suficientes como para convertirse en la candidata presidencial demócrata a principios de este mes, luego de una vertiginosa campaña de dos semanas que se inició cuando el presidente Biden anunció su declinación a la carrera presidencial. Biden respaldó a Harris y el partido no tardó en cerrar filas en torno a la vicepresidenta, quien nombró a Walz como su compañero de fórmula. Entre los oradores de la Convención estuvieron el presidente Biden; los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton; la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton; el gobernador de Illinois, JB Pritzker; el líder de la mayoría del Senado, Charles E. Schumer; el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; el senador Bernie Sanders; y la congresista del Bronx y Queens, Alexandria Ocasio-Cortez; entre muchos otros. Todos los discursos, incluyendo los de la llamada ala ‘izquierda’ o ‘progresista’ (Sanders, Ocasio-Cortez), estuvieron encuadrados en el apoyo a la candidatura de Harris, en alabanzas al saliente presidente Biden y en críticas al candidato presidencial republicano, Donald Trump. Las intervenciones carecieron de contenido político y fueron más bien parte de la coreografía armada por la convención destinada a disimular las crisis relacionadas con la masacre de Israel en Gaza y los choques internos que desató la carrera por la candidatura presidencial. El discurso de Kamala Harris, como cierre de la convención, no se salió del carácter que tuvo el conjunto del encuentro. El Wall Street Journal (23/8) señaló en un artículo firmado por su Consejo Editorial que Harris “ofrece un 'nuevo camino a seguir' a base de clichés”, indicando que “su presentación fue muy parecida a la de la convención demócrata de esta semana: bien presentada, segura y optimista, y en su mayor parte carente de contenido político”. Según este editorial sobre el discurso de Harris, “su falta de sustancia deja una abertura para Donald Trump”. En un discurso de 40 minutos en el horario estelar en la última noche de la convención, Harris optó por ofrecer un discurso ‘emotivo’ haciendo referencia a su historia personal y familiar y criticó a Donald Trump por ser un candidato “poco serio”. La política internacional ocupo un espacio pequeño y un lugar menor en el discurso de Harris. Ratificó la importancia de las relaciones con los aliados 'tradicionales' de Estados Unidos, la promesa de “fortalecer, no abdicar” el liderazgo global de Estados Unidos y la de “mantenerse firme junto a Ucrania y nuestros aliados de la OTAN”. También sostuvo que, como presidenta, se aseguraría de que “Estados Unidos, no China, gane la competencia por el siglo XXI”. Harris se privó, sin embargo, de especificar cómo se propone ganar esa ‘competencia’. Mientras que la actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo a un ritmo más rápido que el del año pasado y la producción registró su mayor caída en 14 meses, algunos periódicos señalan un ‘relanzamiento’ de la guerra comercial con una fuerte ofensiva china en el mercado mundial de manufacturas (WSJ, “¿Por qué China está iniciando una nueva guerra comercial?”, 14/8). Según este artículo, “China está poniendo en marcha nuevamente su gigantesca maquinaria exportadora, y esta vez no hay lugar donde los competidores puedan esconderse”. Aunque había criticado anteriormente los planes de Trump de aumentar aún más los aranceles contra China, se sobreentiende que Harris no levantará aquellos que mantuvieron tanto la administración de Trump como la de Biden. La derecha acusa al vice de Harris de ser prochino y el 16 de agosto los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación sobre su “relación prolongada y acogedora con China”, aunque los medios calificaron la maniobra como un *bluff *sin sustento. Los analistas especializados en economía no ocultaron su decepción en los medios por la falta de definiciones de Harris acerca de la política económica para Estados Unidos. Los medios internacionales se debaten acerca del alcance de las turbulencias de la economía norteamericana y una eventual recesión. El desempleo pegó un salto al 4,3 % en julio. El “plan económico” esbozado por Harris tiene como principal medida la de prohibir la “especulación con los precios” de los alimentos. Estos precios aumentaron alrededor de un 25 % desde marzo de 2020, mucho más rápido que los salarios. Las otras propuestas refieren a un aumento de impuestos a las grandes empresas del 21 % al 28 % para financiar créditos fiscales y un apoyo de 25.000 dólares para el pago inicial de las viviendas para familias que compran por primera vez. Ninguna de estas medidas marcan un camino de salida para la crisis económica norteamericana. Según una encuesta del Financial Times, el costo de la vida es, con diferencia, el factor más importante que la gente menciona a la hora de decidir su voto para presidente y “tres de cada cinco (la respuesta más popular por un amplio margen) dicen que ‘las grandes corporaciones que se aprovechan de la inflación’ son las principales responsables de los aumentos de precios”. El articulista del FT le da la razón a los encuestados, asegurando que “las ganancias del sector [productores de alimentos] están cerca de máximos históricos”. Harris ha construido una narrativa de lucha contra la llamada ‘greedflation’ (inflación generada por la codicia). Los medios aseguran que el ‘entusiasmo’ despertado por la candidatura de Harris la impulsó por encima de la intención de voto de su competidor. Según un promedio de encuestas, Harris estaría superando a Trump por casi 3 puntos porcentuales a nivel nacional y estaría marginalmente por delante en la mayoría de los estados clave. Harris, por otra parte, recaudó cuatro veces más dinero que Donald Trump en el mes de julio (204 millones contra 48 millones), aunque parte del disparo de las recaudaciones podría explicarse por el dinero que los aportantes mantenían contenido como método de presión para bajar la candidatura de Biden. El dato destacable según las encuestas es el aumento de los aportes en pequeñas cantidades. Por otra parte, casi todas las direcciones sindicales importantes de Estados Unidos respaldaron su candidatura en cuestión de días, desde que anunció que competiría por la presidencia, incluyendo el UAW (trabajadores del automóvil), la AFL-CIO, United Steelworkers, la Federación Estadounidense de Maestros y el Sindicato de Tránsito Amalgamado. Aún falta definirse uno de los sindicatos más poderosos, la Hermandad Internacional de Camioneros (con 1,3 millones de afiliados), cuyo presidente, Sean O'Brien, habló en la Convención Nacional Republicana de julio, mantuvo reuniones con Donald Trump en la propiedad del expresidente en Mar-a-Lago y realizó la primera donación importante del sindicato a los republicanos en dos décadas. En 2020 el sindicato había respaldado la fórmula de Joe Biden y Kamala Harris. La Convención Demócrata proclamó la candidatura de Kamala Harris eludiendo cualquier definición sobre un programa para abordar la guerra mundial, la masacre en Gaza y la crisis económica norteamericana. A pesar de encabezar por estrecho margen las encuestas, los medios aseguran que existen diferentes amenazas que pueden arruinar su carrera presidencial. Entre ellas, “la agitación en Medio Oriente, una desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos y las persistentes preocupaciones de los votantes sobre la inflación”. Se espera que la carrera por la Casa Blanca sea la más costosa de la historia, superando los 1.000 millones de dólares de Biden y los 775 millones de Trump de 2020. LEER MÁS: La masacre de Gaza y la Convención Demócrata Por El Be, 24/08/2024. Del atentado contra Trump a la renuncia a la candidatura presidencial de Biden La decadencia de Estados Unidos y el fascismo. Por Comité Editorial, 21/07/2024.

La pobreza alcanza al 60 % de la población: el 35 % superior ha visto caer sus ingresos en un 30 por ciento. Esa pobreza incluye a las dos terceras partes de los niños; un 16 %, indigentes, no cubren sus necesidades elementales de alimentación. Esto lo hicieron los Macri y los Fernández, y los Milei-Villarruel-Caputo lo han llevado a niveles brutales. Es el ‘ajuste’ que aplauden los bancos, Techint, la Corporación América, Bridgestone y la ‘estatal’ YPF. Es el resultado de los DNU y la ley bases que ha votado el Congreso Nacional. Es lo que avalan la CGT y la burocracia de los sindicatos con su inmovilismo y sus ‘arreglos’ con el Gobierno y las patronales. En una espantosa mayoría, la nueva generación no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias elementales; el consumo de leche, en lo que va del año, ha caído un 17 por ciento. Los “libertarios empobrecedores” han llevado hasta el final un largo pendiente derrumbe de las condiciones de vida de la población trabajadora. La tragedia de la infancia pobre pone de manifiesto la barbarie del capital; lo mismo ocurre, con variantes, en el conjunto de los estados capitalistas. Las políticas asistenciales enfrentaron con migajas hipócritas el empobrecimiento de los padres de esos niños. La “asistencia social” ha sido una operación de encubrimiento de la contrarreforma laboral, que despoja a la clase obrera de todos sus derechos –incluido el derecho a defenderse mediante la huelga y las manifestaciones de rechazo y de protesta-. Detrás de la infancia con hambre, está la realidad de una clase obrera que ha visto caer el salario entre un 30 y un 50 % en los últimos ocho años. A la destrucción de los derechos laborales, le sigue la pérdida del derecho a la cobertura social y sanitaria; el vaciamiento de la educación pública. La política liberticida de Milei-Caputo y la miseria social son apoyadas con fervor por las grandes patronales. La liquidación de las jubilaciones “progresa” sin parar desde el gobierno de Menem –¡décadas!-. La destrucción de la universidad pública -con los salarios de sus trabajadores por el piso- es un mazazo a las posibilidades de formación de la juventud trabajadora. Un gobierno y un régimen social que condena al hambre y a la desnutrición a las futuras generaciones de trabajadores se ha ganado el derecho a ser derrocado por la acción directa del pueblo. Salario mínimo igual a la canasta familiar; ningún despido, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Asistencia alimentaria incondicional a los comedores populares. Abajo la reforma laboral. Defensa del derecho a huelga. Huelga general, para derrotar al gobierno y al régimen del hambre, los despidos y la miseria social.

Quien fuera el número dos de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, se pronunció en apoyo al veto de la ley previsional que votaron ambas cámaras del Congreso la semana pasada. A través de su cuenta de X, Rubinstein avalaría el veto por su costo fiscal anual y porque incumple la Ley Administración Financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos. Rubinstein cita la estimación formulada por OPC, que calcula el costo de la norma en el equivalente a 1,2% del PBI, “una cifra muy elevada”. “En ésta, veo que la razón está del lado de Javier Milei”, remató su posteo. Frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, Milei, con su habitual desmesura, calculó el costo fiscal de la medida en 370 mil millones de dólares – el equivalente a todo el PBI anual de Argentina. “En ésta...” y en aquella también, porque Rubinstein, un ´neoliberal´ de fuste, confesó hace poco más de un mes que le había sugerido a Massa “devaluar para bajar la brecha [del tipo de cambio], cosa que Milei hizo”. La diferencia, se presentó como exclusivamente de grado, porque, dice Rubinstein, él “lo hubiera hecho más gradual”, pero rescató como “valioso” que el gobierno liberticida lo haya hecho “inmediatamente”. Aquella devaluación significó una confscación histórica de salarios y jubilaciones. La ley aprobada por el Congreso compensaría -con 7 meses de demora- la pérdida registrada en enero (20% de inflación), pero no la de diciembre, cuando el ´fogonazo inflacionario´ fue del 25%. El poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído a menos de la mitad del que tenía en 2017, una pérdida que no hizo más que acentuarse durante el gobierno de los Fernández-Massa. El ´costo´ que altera la digestiónn de Rubinstein no alcanza el diez por ciento del ´costo´ que significa el repago de la deuda usuaria que Milei se propone honrar sin reparar en cuánta sangre, sudor y lágrimas de trabajadores y jubilados hubiera que derramar. El proyecto ´reparador´ que Rubinstein critica por irresponsable, llevaría la jubilación mínima que perciben 5 millones de adultos mayores a la ´friolera´ de $317.000. La ´oposición amigable´ que motorizó el proyecto anunció su disposición a negociar un veto parcial sobre los artículos 2, 4 y 10. El artículo 2 dice que el haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total (CBT) de un adulto multiplicada por 1,09. El artículo 4 es el que fija un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año: esto es, un 50% de la diferencia entre variación del RIPTE y la variación del IPC del último año, siempre que resulte positiva. Son los dos de mayor impacto sobre los haberes mínimos. El artículo 10, por otra parte, es el que impone un plazo de 6 meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas. Es decir, están dispuestos a negociar el vaciamiento de su propia norma. Milei respondió que el veto será total. La Fundación Mediterránea, el ´think tank´ capitalista que le prestó su programa económico a la frustrada fórmula presidencial de Juntos por el Cambio y ahora preside Osvaldo Giordano, ex funcionario de Milei, la ley de marras podría ser beneficiosa para el gobierno, debido a que el DNU previsional “adolece de debilidades que lo hacen vulnerable a posibles juicios contra la ANSeS” por cuanto “la Constitución y una frondosa jurisprudencia estipulan que la responsabilidad de determinar la movilidad es función del Congreso”. “Bien instrumentado, dicen, puede contribuir a darle sostenibilidad al equilibrio fiscal” (Clarín, 26/8). Otro ex asesor del Gobierno, Carlos Rodríguez, viceministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem, coincide en que la fórmula que propone la ´oposición “en si no es fiscalmente explosiva ya que sólo aumenta las jubilaciones por la mitad del aumento del salario real (parece poco) y al aumentar el salario real también debería aumentar el financiamiento disponible para la ANSeS que se basa en un impuesto al salario. Debería sobrar plata...” (ídem). LEER MÁS: Y si hubiéramos votado a Massa… El Vice de Massa apoya el golpe de estado económico de Milei. Por Jorge Altamira, 17/07/2024.

La semana pasada Alicia Caballero, la presidenta de la Agencia de I+D+i, organismo clave en el financiamiento de los proyectos de investigación científica y tecnológica, confirmó la total parálisis de dicho organismo: no actualizará por inflación los proyectos vigentes, no otorgará los proyectos aprobados en 2022 y afirma que no hay fondos para nuevas convocatorias. Los proyectos de investigación compiten en convocatorias abiertas por subsidios de la Agencia que financien sus objetivos y, sin este financiamiento, el desarrollo científico queda estancado. En el marco de una recesión galopante, no habrá capital privado que desarrolle la ciencia y el sostenimiento de los insumos necesarios para investigar recaerá en el bolsillo del trabajador del CONICET. Previamente, hubo señales de alerta, como el congelamiento de los estipendios de las becas durante la primera parte del año y la renuncia de gran parte de los miembros del directorio de la Agencia en abril. Los artículos 3 y 5 de la Ley de Bases también son una amenaza, ya que le otorgan facultades al Poder Ejecutivo para modificar o disolver este tipo de organismos y los fondos con los que se financian las investigaciones. Otro hecho que sacudió a la comunidad científica fue la presencia policial de unos diez efectivos en las inmediaciones de la sede de Conicet Saavedra 15, mientras se desarrollaba una asamblea de trabajadores del edificio, con un claro objetivo intimidatorio, que se suma a otros hechos similares que vienen sucediendo desde principios de año tanto en la sede central de Conicet como en otras dependencias del Estado. Se trata de la confirmación de una política sistemática de destrucción del sistema científico del país que lleva adelante el gobierno mileísta, en nombre de sus intereses ideológicos y de mercado, y que ya se ha plasmado en recortes presupuestarios, de puestos de trabajo y salarios por debajo de la línea de pobreza. Lo cierto es que la incidencia de la inversión en ciencia en el PBI en 2024 ha sufrido su caída más abrupta desde que se comenzó a medir: no llega ni al 0,39 % que establece la ley 27614 de financiamiento de la ciencia (gracias a todos los gobiernos que postergaron indefinidamente el financiamiento científico) e incluso se han congelado fondos provenientes de organismos internacionales. Como respuesta a estos anuncios de enorme gravedad, la RAICyT (Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Técnica) ha pedido la renuncia de Caballero y ha convocado a movilizarse al Polo Científico el viernes 30 de agosto, a las 11 horas, para la entrega de un petitorio que “solicita a las autoridades nacionales a implementar las medidas necesarias para frenar la destrucción del sistema científico”... que esas mismas autoridades promueven. El petitorio propone una aspiración y un método que no tienen ninguna perspectiva. No hay dudas de que Caballero -y también Salamone- vienen a ejecutar la destrucción de la ciencia promovida por Milei. La connivencia que el directorio de Conicet ha planteado con el segundo, en línea con el salvavidas del conjunto del régimen político a Milei, ha dejado en claro sus efectos calamitosos. Desde Política Obrera consideramos indispensable el desarrollo de una perspectiva independiente de los partidos políticos patronales que sustentan al, o conviven con, el gobierno de Milei. Proponemos convertir la convocatoria en el Polo y otras instancias organizativas en asambleas de trabajadores para debatir un plan de lucha del sector de ciencia y técnica, con acciones directas: cortes de calle, ocupación de los lugares de trabajo, la perspectiva de la huelga. El golpe contra la ciencia forma parte del ataque contra los organismos y los trabajadores estatales y también contra las universidades nacionales. Coordinemos acciones comunes, preparemos una marcha en defensa de la educación y la ciencia con un programa propio de los trabajadores del sector. LEER MÁS: El recorte en Ciencia y Tecnología continúa Retomemos la organización contra el ajuste. Por Agustina Martelli y Agustina Vaccaroni, 17/07/2024.

El sábado 24, en la Mutual Sentimiento, se realizó el segundo plenario de jubilados, con la presencia de casi 280 compañeros entre 35 agrupaciones, asambleas barriales e independientes. El tema candente de la votación de la movilidad jubilatoria se reflejó en la bronca y el repudio expresado por todos los sectores presentes. Las distintas intervenciones giraron alrededor de los acuciantes problemas que aquejan a los jubilados y la importancia de ligar las luchas al conjunto del movimiento obrero. Desde los haberes de indigencia y de pobreza ($230.000 en setiembre más el bono basura de $ 70.000), el desfinanciamiento y deterioro de PAMI, IOMA, ANSES y toda la atención de la salud relacionada a los adultos mayores, los problemas acuciantes de la vivienda, los tarifazos, el no acceso a la jubilación producto de los despidos y suspensiones (por lo cual no se logran los años de aporte) y el retorno de la jubilación privada, entre otros. La intervención de Jubilados Clasistas giró alrededor en primer lugar de que tanto el voto por la movilidad jubilatoria de los partidos de la “casta”, peronistas, radicales, kirchneristas y macristas, así como el veto de Javier Milei (ahora apoyado por los macristas) ha sido una burla al conjunto de los trabajadores y jubilados. Sostuvimos que toda la “casta” debate alrededor de un miserable resarcimiento del 8 % (del mes de enero) -el equivalente a una pizza grande de muzzarella y una bebida-, mientras todos callan sobre los millones de pesos confiscados a nuestros haberes para sostener un superávit mentiroso. Todo esto mientras los bancos y las patronales llenan sus arcas de millones de dólares. En segundo lugar, ante el continuo planteo de las agrupaciones de jubilados ligadas al FIT-U y los sectores de la CTA de CABA referido a reclamarle a la CGT, CTA y CTERA un paro general y un plan de lucha, sostuvimos que todos estos sectores en manos de la burocracia son funcionales a los planes del Gobierno de este brutal ataque a nuestras condiciones de vida. Las medidas que adoptan son distraccionistas, desmovilizadoras y desmoralizantes. Señalamos que la unificación de las luchas del SUTNA (neumático), los aceiteros, los docentes, junto a los combativos sectores de la universidad, impulsando una huelga general, es el camino a seguir. Sostuvimos además que cifrar expectativas en el Parlamento nos lleva a un callejón sin salida. El voto de la ley universitaria aprobada por el conjunto de los partidos -incluido el FIT-U- es una maniobra en función de la desmovilización de la gran lucha de la Universidad, que ha movilizado a miles en las calles. Las falsas promesas de la ley ya han sido la excusa para enfriar y frenar la lucha iniciada con paros de 72 horas, donde distintos sectores planteaban profundizar las medidas. El debate abierto frente a estos temas recién empieza y se desarrollará al calor de las luchas. Desde Jubilados Clasistas hacemos una salvedad en relación al punto en el programa votado, en lo referido al haber. Consideramos que la canasta del adulto mayor es insuficiente y lo correcto es que a la hora de la jubilación el haber mínimo debe ser el 82 % móvil de la canasta familiar de $ 1.700.000 (salario por el que luchan los aceiteros). El plenario culminó con la votación de un plan de lucha, empezando por la denuncia de este miserable resarcimiento del 8 %, además de toda la movilidad jubilatoria votada y contra el veto del gobierno liberticida de Javier Milei, ahora secundado por el macrismo. La convocatoria es el próximo miércoles 28 de agosto, a las 15 horas, frente al anexo del Congreso nacional; a las 17 horas marcharemos a Plaza de Mayo. Llamamos al conjunto de sindicatos combativos, comisiones internas, organizaciones piqueteras, barriales y estudiantiles a participar. LEER MÁS: Jubilaciones: Rubinstein apoya el veto de Milei Por Jacyn, 26/08/2024. La ley jubilatoria desata una crisis política A pesar de que consolida la confiscación sufrida por las jubilaciones. Por Comité Editorial, 23/08/2024. Plenario de jubilados: impulsemos la lucha por nuestros reclamos Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 21/08/2024. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Intervención de Carlos Petrillo, militante de la agrupación Jubilados Clasistas y de Política Obrera en el Segundo Plenario de Organizacioners de Jubilados en la Mutual Sentimiento, sábado 24/08/2024 Publicado en el Facebook Nacional de Política Obrera.

Desde distintos medios se ha dado a conocer un documento que refleja la posición sobre la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases del llamado “Grupo de los 6” (G6). Grupo constituido por nada menos que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina. El borrador fue difundido por El Destape y el portal Infogremiales y refleja la posición de la gran burguesía argentina acerca de puntos sensibles que deben definirse en la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases. Los planteos principales serían los siguientes: Para las empresas de hasta 12 trabajadores, sugieren un régimen simplificado de registración laboral como la de «casas particulares». Este régimen le permite al empleador ahorrarse una cantidad importante de aportes, porque se presume que quien contrata una cuidadora, niñera o persona de limpieza del hogar es otro trabajador. En el caso de las pymes, prácticamente borraría todo derecho a la sindicalización de los trabajadores, en línea con el nuevo régimen de trabajadores independientes. Un capitulo especial está vinculado con el Fondo de Cese laboral: el texto plantea un aporte distinto para trabajadores efectivos que para los contratados, eventuales o a plazo fijo. Propone un aporte máximo del 8 % de la remuneración bruta y, si el trabajador está contratado, el tope a aportar será del 4 %. Para los trabajadores contratados por los primeros seis meses el aporte será del cero por ciento. Cómo toda la reforma laboral de la Ley, el planteo acerca de la reglamentación apunta a reforzar un esquema de rotación laboral permanente, alentado por exenciones en el rubro indemnizatorio. La fruta envenenada de este régimen era que, como en el Fondo de Cese de la UOCRA, el trabajador podía acceder al dinero no solo frente al despido, sino ante situaciones de renuncia. La recomendación del “Grupo de los 6” es que solo si el trabajador es despedido pueda acceder al fondo. Sobre el cálculo de las indemnizaciones: en las sugerencias se mantiene abonar un mes por año trabajado o fracción mayor a 3 meses. El documento propone dejar fuera del cálculo los rubros no remunerativos -como bonos y premios- y hasta la antigüedad. Esto representa una disminución sustancial del cálculo indemnizatorio, porque la composición del salario en la gran industria está cada vez más ligado a cláusulas de productividad y presentismo. Ademas, la burocracia de los sindicatos firma paritarias parcial o completamente no remunerativas, que quedarían fuera de los cálculos de las indemnizaciones. Sobre el banco de horas, el documento defiende la reinstalación de la práctica, en defensa de un régimen de jornada que no contemple el descanso del trabajador, sino su adaptación a las necesidades productivas del capital. Además, el régimen del Banco de Horas tiene por finalidad terminar con el recargo de las horas extraordinarias de trabajo -que se pagan al 50 %, al 100 % o al 200 % en algunas industrias- y pasar a un sistema de compensación de jornadas de trabajo extendidas por horas de descanso, cuando el capital no necesite producir. Coincidentemente con esto, el Gobierno se ha declarado partidario de habilitar la jornada de 12 horas. El documento prevé una actualización del listado de industrias esenciales -algo no previsto en la Reforma Laboral de la Ley Bases, pero sí en el capítulo laboral del DNU N°70/2023-. La posición del G6 propone extender al 90 % de las actividades la calificación de “esencial” con las consiguientes restricciones para el ejercicio del derecho de huelga, imponiendo guardias “mínimas” del 50 % y del 75 % del personal involucrado en una medida de acción directa. Es, lisa y llanamente, el reclamo de la prohibición del derecho a huelga de la clase obrera. LEER MÁS: Reglamentan la contrarrevolución laboral Sturzenegger y Techint redactan la letra chica de la ley votada por el Congreso y aprobada por el peronismo y la CGT. Por Marcelo Ramal, 20/08/2024.

La semana pasada la docencia de toda la provincia votó de manera contundente un plan de lucha de dos semanas, en una expresión de clara disposición a la huelga, luego de haber protagonizado una enorme marcha provincial el 1ro de Agosto , como hace años no se veía. Frente a esto, la Justicia salió en auxilio del gobierno de Frigerio dictando una conciliación obligatoria que intenta suspender las huelgas por 20 días, con el único objetivo de sacar a la docencia de las calles y ganar tiempo. La burocracia sindical de AGMER la aceptó sin chistar y sin convocar a asambleas para que sean las bases las que decidan con su voto si se acata o no. La conducción gremial se ha mostrado expeditiva, cuando siempre, por ínfima que sea una propuesta del Gobierno, pone en marcha el desgastante mecanismo de asambleas por escuela, luego plenarios por seccionales y por último los congresos provinciales para decidir. Gobierno, Justicia y burocracia gremial quieren imponer una derrota a los docentes en lucha. La respuesta de la base no se demoró, y no vino solamente de parte de la docencia, sino que el conjunto de la comunidad educativa rechazó inmediatamente el apriete patronal. A lo largo y ancho de la provincia surgieron importantes movilizaciones autoconvocadas y asambleas de docentes, padres y alumnos: en Concordia , Gualeguaychú, Santa Elena , Chajarí , Villaguay , Concepción del Uruguay y varias otras localidades. Las familias se expresaron con flyers y videos , comunicando que el viernes 23 no enviarían a los chicos a la escuela, en solidaridad con la lucha docente y en repudio a la conciliación dictada. Del mismo modo lo hicieron estudiantes de secundario y terciario. En Gualeguaychú, los estudiantes de secundario que asistieron a clases se pusieron de acuerdo para hacerlo vestidos de negro, expresando el repudio al ataque a la huelga por parte del Gobierno y la Justicia. Vayamos a fondo Los métodos de lucha que se expresaron el viernes 23 son los que impondrán una derrota al gobierno hambreador y llevarán a la victoria la lucha docente por el salario y por nuestras condiciones de vida y de trabajo. Desde la enorme movilización del primero de agosto asistimos a un viraje en la situación política de la provincia: las bases docentes, que desde hace años estaban sumidas en el inmovilismo por parte de las direcciones sindicales, han despertado a la lucha. Con esta caracterización es que desde nuestra agrupación Tendencia Docente Clasista Entre Ríos hemos convocado a una reunión virtual el pasado sábado. Fue la primera actividad abierta de nuestra agrupación, que se encuentra en desarrollo en la provincia. Asistieron 20 docentes de distintos niveles y modalidades, de Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, Concordia y Victoria. En la reunión caracterizamos que esta semana será clave para corroborar si se impone el disciplinamiento de Frigerio, la burocracia y la Justicia o si, por el contrario, las bases docentes pueden superar el apriete con la lucha. Hemos resuelto que, de todas las maneras posibles a nuestro alcance, tenemos que garantizar el paro de 72 horas votado: del martes al jueves hay tres jornadas de lucha ya definidas por la docencia. Impongamos a los directivos la no comunicación de las inasistencias, llevemos adelante los cartelazos y volanteos en todas las rutas de la provincia como se definió en el congreso de AGMER. Pongamos en pie todos los métodos de lucha a nuestro alcance. Apelemos a la solidaridad ya manifiesta de familias y estudiantes. Las tres jornadas por delante también son una oportunidad para poner en pie al movimiento estudiantil, en reclamo por condiciones dignas de estudio. En el caso de las escuelas donde no se logre suspender las clases, hemos considerado que es importante transformar la jornada escolar en verdaderas asambleas de docentes, no docentes, familiares y estudiantes, para discutir la profundización de la lucha en defensa de la educación pública. Esta semana también hay jornadas institucionales en muchas escuelas: que sean jornadas de lucha. También hemos discutido que para triunfar es necesario que el movimiento huelguístico en marcha en la provincia levante un pliego reivindicativo concreto. Las conducciones sindicales asisten a la paritaria a ver qué ofrece el Gobierno, una y otra vez nos quieren meter en la trampa de esperar la “oferta superadora”. Es necesario invertir los términos de la fórmula y somos los docentes quienes debemos exigir lo que necesitamos ganar. En ese sentido, hemos considerado que debemos levantar el pliego de los Docentes Unidos Independientes de Concordia, que con asambleas y movilizaciones autoconvocadas e independientes de la burocracia plantean un salario inicial docente por cargo de un millón de pesos, todo al básico, de modo que el aumento impacte de igual manera en todo elescalafón de la carrera docente, es decir, sin achatar la escala, y a partir de este piso la indexación automática por inflación. El sábado que viene nos volveremos a reunir para hacer un balance de las luchas de la semana y seguir organizando el rechazo, en los hechos, a la conciliación obligatoria. Es fundamental coordinar la lucha autoconvocada de manera provincial. Los y las docentes de la provincia que quieran participar de la reunión del próximo sábado nos pueden contactar vía Whatsapp al 3425143889.

Este 27 de agosto, como todos los años, Familiares de Víctimas del Gatillo fácil convocan a la 10° Marcha Nacional contra el Gatillo fácil para denunciar el accionar criminal y represivo de la policía. En 2023 se registraron 384 víctimas del aparato represivo estatal, bajo distintas modalidades: gatillo fácil, en situación de encierro (cárceles y comisarías), en represión a la protesta y desapariciones. En los primeros 70 días de gobierno libertario ya se registraban más de 60 nuevos casos, según datos aportados por la CORREPI, en el marco del reforzamiento represivo bajo el protocolo antipiquete de Bullrich y la legalización de la Doctrina Chocobar . El caso de Bastian , un niño de 10 años, asesinado, en julio pasado, durante la balacera de un policía contra ladrones que le habían robado la moto, ocurrido en Wilde, y el reciente asesinato de Emanuel Márquez, un joven recolector, en el Playón Social de Mar del Plata, muestran el envalentamiento de los aparatos represivos frente a la política represiva y de impunidad de Milei-Bullrich. Es en este contexto que Familiares de Víctimas del Gatillo fácil llaman a movilizar con las consignas "Basta de gatillo fácil y represión", "Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable". El operativo de impunidad del gobierno libertario, reivindicatorio de la dictadura para favorecer a los genocidas, es otro elemento que se denunciará en la jornada. La militarización del Estado y la revigorización de los "servicios" exige una señal de impunidad en relación a las futuras acciones represivas que se emprendan. La visita de diputados de La Libertad Avanza a Astiz y otros genocidas en el penal de Ezeiza , para lograr la prisión domiciliaria de los represores y que se consideren prescriptas las causas en su contra es parte de esta orientación. Frente al escándalo y repudio social que generó este hecho, Milei salió a despegarse, fracturándose el vínculo con Villarruel. Sin embargo, no existe una diferencia de principios entre ellos, sino el temor de la camarilla presidencial a que se reedite el escenario del “2 x 1”, cuando un fallo de la Corte Suprema que favorecía la excarcelación de los genocidas produjo una masiva irrupción popular y obligó al macrismo a improvisar un proyecto de ley, para dar marcha atrás con la medida. El intento de bajar la edad de punibilidad a los 13 años es otra de las iniciativas libertarias de reforzamiento represivo y criminalización de los niños y adolescentes de las barriadas. Las estadísticas oficiales desmienten por completo a Bullrich. Según el informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la órbita de la Corte Suprema de la Nación, en el año 2023 los menores de 16 años solo estuvieron implicados en 614 delitos, el 1 % del total. Mientras buscan chivos expiatorios el Congreso aprobó con la Ley Bases el blanqueo de capitales, que incluye dinero del narcotráfico, la trata y las grandes mafias delictivas. La lucha en defensa de las libertades democráticas, contra la represión y el accionar criminal de los aparatos de seguridad, cobra especial relevancia en momentos en que el reforzamiento represivo es una cuestión vital para el gobierno liberticida , quien prevé una inevitable rebelión popular frente al aumento de la miseria social y del descontento popular.

Con la media sanción en la Cámara de Diputados de la “Esencialidad Educativa” , los ajustadores y hambreadores de Argentina han dado un paso al frente para dotar al Estado de otra arma para reprimir las luchas de los trabajadores. La "Ley de Bases" ya había impuesto la prohibición de piquetes y acciones agitativas en las puertas de las empresas. De la “esencialidad” antidocente de la educación se pasará a la de la salud, luego a las exportaciones consideradas "esenciales" para acumular reservas para los fugadores de capitales y así de seguido. Que los ajustadores de la educación pública, incluida la universitaria, califiquen a la huelga contra este crimen social como un delito, mide la hipocresía insuperable del gobierno liberticida y de todo el régimen político puesto al servicio de las grandes patronales. Las clases deben ser suspendidas todos los días por falta de luz, gas, obras y por una infraestructura escolar que se viene abajo: por salarios de hambre y tarifazos que hacen imposible el traslado al trabajo. Javier Milei ha reducido drásticamente el presupuesto para la Educacion Pública mientras refuerza los subsidios a la Educación Privada. La huelga es el arma fundamental para luchar contra un régimen dispuesto a vetar un aumento miserable a los jubilados y a poner un techo del 2 % a los aumentos paritarios. El paro del miércoles 14 de agosto impulsado por tres seccionales de SUTEBA (Marcos Paz, Bahía Blanca y Tigre) ha abierto un camino y una salida. En Neuquén y Entre Ríos, la docencia está en huelga y se moviliza de a miles. La dirección de SUTEBA, que ha resuelto sus problemas sociales sin necesidad de trabajar , le da la espalda a la docencia acosada por un gobierno radicalmente antiobrero. Impulsemos asambleas por escuelas, autoconvocatorias y la convocatoria a un plenario provincial de delegados con mandato, convocadas por parte de las seccionales independientes a la burocracia Celeste de SUTEBA, para votar la continuidad de las medidas de fuerza y un plan de lucha propio en función de preparar una huelga indefinida por el archivo del proyecto de ley antihuelga , la defensa del estatuto docente y un aumento general de salarios. Tendencia Docente Clasista en SUTEBA, 26/8/24 Contacto:113191-9427

El ajuste violento de los gastos sociales, la depreciación de salarios y jubilaciones, la destrucción del derecho laboral, las concesiones salvajes a un paquete de inversiones extranjeras, el sistema represivo del Protocolo contra las manifestaciones callejeras y todo el régimen de gobierno por decreto y veto de leyes no opera en un vacío político. El sustento político del gobierno de Milei descansa en una asociación con el imperialismo norteamericano y la OTAN, que rivaliza en sus proyecciones con el que impuso el gobierno de Menem. Todo esto ha sido ignorado a sabiendas por el Congreso, en el marco de la doctrina de “no poner trabas al Ejecutivo” formulada por Pichetto y De Loredo, que ha sido aceptado por las principales bancadas. Es imposible desligar lo que está en juego en la reforma de la SIDE , las licitaciones previstas en la Hidrovía y la acción del Ministerio de Defensa en la reorganización de las Fuerzas Armadas sin abordar esta cuestión estratégica en su conjunto. La prensa internacional (Naked Capitalism, 23/8) ha revelado por estos días, mediante la recolección de información local (Canal 26), la intención del Gobierno de poner en venta Fabricaciones Militares para que, previo desguace de capacidades clasificadas como superfluas, pueda producir municiones y piezas de artillería, entre otros materiales, para abastecer a los ejércitos de Ucrania e Israel en la guerra que libran, respectivamente, contra Rusia y varios estados del Medio Oriente, bajo la dirección de la OTAN. FM es productora de armas pequeñas, ametralladoras, municiones, piezas de artillería, material rodante ferroviario, nitroglicerina, dinamita y explosivos para explotaciones mineras. Claro que el estado financiero y logístico de FM es deplorable y no favorece su venta. Esto explicaría que no figure en la lista de privatizaciones establecida en la "Ley Bases", pero sí en el DNU/70, para ser convertida en sociedad anónima y ser ofrecida en la Bolsa. Este mecanismo facilitaría el desguace de los departamentos que no cuenten con el interés privado, en este caso el interés militar. Una delegación norteamericana pasó a evaluar sus posibilidades logísticas. Personal de Estados Unidos ha visitado las instalaciones de FM en Azul y Río Tercero acompañado por funcionarios del Ministerio de Defensa. Llamativamente, la dirección de FM se encuentra en campaña para reducir personal por medio de "retiros voluntarios" que, sin embargo, no contradicen estos planes sino que los confirman, pues apuntan a excluir a ATE del conjunto de plantas de FM a lo largo del país . La OTAN sufre una verdadera crisis de abastecimiento de ese material de guerra, debido a la prioridad excluyente que ha dado a la producción de misiles, aviones y artefactos atómicos, a partir de la reluctancia de las compañías militares a embarcarse en la producción de material de menor perspectiva de salida y, por sobre todo, de beneficios. La tercerización del armamento de menor sofisticación está extendido a varios países de la periferia de la economía internacional. El vínculo de esta compra “no hostil” de FM con las guerras de la OTAN es por demás obvio, no solamente por el apoyo que Milei le ha dado a Zelensky y Netanyahu, aunque Adorni, el vocero de prensa, haya negado esas intenciones. El gobierno liberticida ha pedido ampliar su condición de “aliado extra OTAN” , concedido en época de Menem y nunca derogado por los gobiernos "nacionales y populares" de Néstor y Cristina Kirchner, ni tampoco el de los Fernández. “Ayer (22/8), el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin (nieto), le dio la bienvenida a Argentina como nuevo miembro del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (Grupo Ramstein) en el discurso de apertura de la 23° reunión. El Grupo Ramstein es una alianza de países (principalmente de la OTAN) que se reúne una vez al mes en Ramstein, la base aérea de Alemania, para coordinar la entrega de ayuda militar gratuita al gobierno de Zelensky”. El gobierno argentino aún no ha informado acerca de la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, en esa reunión. Un artículo de Infobae sugiere que Milei quiere donar al presidente (con mandato vencido) de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cinco aviones de combate de fabricación francesa, los Mirage. El obsequio de aviones que se encuentran totalmente en desuso es una ocurrencia que define emocionalmente al donante, que también ha prometido enviar tanques. La incorporación de Argentina a la guerra de la OTAN en territorio ucraniano, ruso y europeo, ha llevado al embajador de Rusia en Buenos Aires a advertir a Milei que se abstenga de cometer “actos hostiles”. La declaración del embajador, Dimitry Feoktistov, hace referencia explícita a informaciones acerca del envío de tanques argentinos a Ucrania a través de Alemania y a la participación de Argentina en la reunión de Ramstein. Aquí entra la SIDE y sus 100 millones de dólares para comprar equipos de ciberseguridad . Es que, de acuerdo a lo que informa La Política Online (16/8), “El ministerio de Defensa designó como asesor de ciberseguridad a un hombre de la embajada de Estados Unidos. Se trata de Gustavo Victor Santiago que asumirá tareas bajo las órdenes de Luis Petri en el marco del memorando de entendimiento entre los dos países firmado el 25 de marzo. Este acuerdo establece una suerte de soporte de Washington al gobierno pero las tareas del nuevo funcionario se realizarán dentro del territorio argentino, una situación inédita”. En una carta a Petri, el pasado 24 de junio, el embajador norteamericano, Mark Stanley, detalla que “el Asesor habrá de mantener reuniones con la unidades jurisdiccionales del Ministerio de Defensa que se indican a continuación (...): el Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Comando Conjunto de Ciberdefensa y Direcciones Generales de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa de cada una de las Fuerzas”. Una fuente consultada por LPO protestó por la apertura de las redes de seguridad nada menos que a Gran Bretaña, como parte de la misma OTAN. La justificación liberticida para todo esto debe ser, suponemos, conociendo a Milei, que con la incorporación a estas instituciones de la OTAN y con el ingreso de la OTAN al ministerio de Defensa, Argentina ha pasado a cogobernar las Malvinas por medio de sus socios. Una gran ofrenda liberadora a la malvinera Victoria Villarrruel . Pero los memorandos de entendimiento abundan. De acuerdo a la agencia Tierra Viva (19/6) otro de ellos, de marzo pasado, establece la “colaboración” del Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano “con la Administración General de Puertos en la gestión del Río Paraná como vía navegable”. El Cuerpo de Ingenieros es una organización militar capaz de reunir grandes capitales para obras de infraestructura y para integrar a contratistas militares: ha instalado el puerto provisorio en la costa de Gaza, que a guisa de transportar ayuda humanitaria ha servido para operaciones de espionaje. En el Paraná "colaboraría" para obras de infraestructura fuertemente perjudiciales para humedales, pero sí funcionales para el ingreso de buques de gran calado, o sea, militares, uno de los grandes objetivos de la IV° Flota que patrulla el Atlántico Sur , a fin de ingresar tropas al interior del continente. Mayor integración estratégica de Argentina a la OTAN "no se consigue". La cuestión de la SIDE entra en este campo; la reforma reciente apunta a convertirla en colateral de la CIA y el Mossad y en una réplica. No sería necesaria una autorización a las Fuerzas Armadas para intervenir en la represión interior con el objetivo de formar un combo al servicio de la guerra, dados los memorandos de entendimiento del Ministerio de Defensa con la OTAN que han quedado a la vista. Al igual que sus homólogas, la SIDE no se confina a recoger Inteligencia: tiene también sus grupos de tareas. Si en el atentado fracasado contra CFK existen autores intelectuales, como insiste la misma victima, habría que hacer públicos sus archivos, tal como se ha pedido insistente e infructuosamente con los de la dictadura y los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. En la disputa mediática y parlamentaria acerca de los fondos reservados de la SIDE está ausente, con toda intención, este tema de fondo, porque todos son bien conscientes de que envuelven intereses estratégicos. La preocupación de las diferentes camarillas políticas es su uso para eventuales carpetazos. Por iniciativa de Milei y con la complicidad de todo el arco político capitalista, Argentina se ha convertido en una guarida de la OTAN y en una plataforma de la guerra imperialista y de la masacre de pueblos. Este es el soporte político del ajuste y del hambreamiento de los trabajadores en Argentina. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: La semana política nacional e internacional | Jorge Altamira en "Letras del Paraná" (25/8/24) Publicada en el Canal de YouTube de Política Obrera, 26/08/2024.

Política Obrera será parte de la movilización convocada para este miércoles 28 por un conjunto de organizaciones de jubilados . La marcha repudiará la prepotencia del gobierno de Milei, que ha anunciado el veto a la ley jubilatoria sancionada por el Congreso – aun cuando esa ley reconoce un aumento miserable de los haberes y consolida una pérdida de los ingresos previsionales que llega al 54% en los últimos siete años. Denunciamos a Milei-Caputo y a los opositores que están negociando con el gobierno la variante de aceptar un veto parcial, que recortaría todavía más el alcance de la ley votada en el Congreso. Política Obrera reivindica la decisión de las organizaciones de jubilados convocantes que, al resolver una marcha, están defendiendo el derecho a la protesta contra los protocolos represivos de Bullrich y Milei y le abren un camino vigoroso a la lucha de toda la clase obrera. Concentramos en el Anexo del Congreso, a las 15 horas, para marchar a las 17 hacia Plaza de Mayo Para comunicarse: Jorge Altamira 11 4423-7873 Patricia Urones 11 3520-2662 Marcelo Ramal 11 5690-1943

El fallo de la Corte que deroga un piso del 70 % entre el haber jubilatorio y el sueldo de la actividad es manifiestamente inconstitucional, porque el artículo 14 bis protege el derecho a una jubilación adecuada a la canasta familiar. En línea con un fallo precedente , que descalifica el monto indemnizatorio establecido por un tribunal inferior provocado por la dilación indefinida de su pago, este nuevo fallo representa un golpe de Estado de la Corte contra el estado de derecho. En momentos en que el gobierno nacional ha producido una confiscación monumental de las jubilaciones al no reconocer los ajustes derivados de la inflación de diciembre del año pasado, del 25 %, y parcialmente de enero, un 20 %, la decisión del Tribunal Superior no es otra que un aval a los decretos del Poder Ejecutivo . De acuerdo a la información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la jubilación corriente no supera el 45 % de los salarios, manifiestamente desvalorizados. El atropello de la Corte podría ser remediado por una ley del Congreso, algo que no ocurrirá de ningún modo, salvo por la presión de medidas de acción directa como la huelga y la manifestación callejera. La Corte se ha puesto en línea con el propósito de convertir al sistema jubilatorio en una pensión a la vejez. Para comunicarse: Jorge Altamira 11 4423-7873 Patricia Urones 11 3520-2662 Marcelo Ramal 11 5690-1943

El gobierno nacional cada vez está más salpicado en el encubrimiento del diputado provincial, dirigente de un partido aliado a La Libertad Avanza en Misiones. Germán Kiczka se fugó junto con su hermano Sebastián, con el que comparte pedido de captura internacional por pertenecer a una red internacional de paidófilos. Los Kiczka tienen alerta roja de Interpol. Mientras se lo investigaba, el diputado estuvo tranquilamente en la Casa Rosada el 1 de agosto reunido con el secretario de Prensa de Presidencia, Eduardo Serenellini. A la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, socia política de Kiczka, se le escapó el detalle. Y eso que lo conocía bien, cualquiera puede escuchar los elogios de Bullrich al misionero en videos de campaña colgados en YouTube. A la gran garante de la seguridad en la Triple Frontera, desvelada por inventar terroristas, se le escapó un pez gordo en su propia casa y en la Triple Frontera también. El 7 de agosto, apenas una semana después de la visita a Balcarce 50, la policía allanó la casa del legislador y encontró en su domicilio cientos de archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto, todo con niños muy chicos, ninguno mayor de 13 años. No era para sorprenderse, en febrero un allanamiento a la casa del padre y del hermano Sebastián en la ciudad de Apóstoles había dado el mismo resultado, y era un secreto a voces para los vecinos que los tres organizaban fiestas con niños y adolescentes. “Era una constante esto de hablar de algunas cosas que pasaban en un entorno político de la Ciudad de Apóstoles, fiestas con menores, alcohol y todo lo demás”, dice el exdiputado Roque Gervasoni, que apunta directamente a la poderosa familia de Ramón Puerta, expresidente de la Nación, senador y dueño de una yerbatera y un canal de televisión (Perfil 27/8). Las tropelías de los Kickza era conocidas por todos, pero lo que sabían los vecinos fue ignorado por las fuerzas de seguridad hasta que una ONG internacional contra la explotación sexual de la infancia, ICMEC, les facilitó las pruebas. "ICMEC puso el foco en ellos porque detectaron que tenían un canal particular de magia que apuntaba directamente al público infantil y los captaba online. Utilizaban la magia para cautivarlos, engañarlos y seducirlos", detalló Paula Wachter, directora de la ONG Red de Infancia. Y agregó: "Es una muestra más, no de improvisación, sino de la impunidad que les da el poder". La trata de niños para explotación sexual es la segunda industria criminal más grande del planeta: genera más de 150.000 millones de dólares anuales. Tal vez por eso entre los allanamientos de febrero y el 25 de agosto, cuando los hermanos se fugaron (durmieron sin problemas en un hotel de Iguazú), ninguna fuerza de seguridad hizo nada por detenerlos so capa de que uno -el diputado- tenía fueros. Mientras tanto, sigue sin resolverse qué hicieron con el nene correntino Loan Danilo Peña, una búsqueda que lleva dos meses. En su desaparición están implicados funcionarios del gobierno correntino, exmilitares, policías, y la hipótesis más fuerte es que a Loan se lo llevaron con fines de explotación sexual. A principios de agosto, en una carta pública, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió “hay un montón de Loan”. Y manifestó “su profunda preocupación ante la alarmante situación por la desaparición de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en nuestro país”. La SAP señala que, según datos oficiales, “las cifras de denuncias están en ascenso. En 2021 se registraron 726, 1.935 en 2022, y 3.115 en 2023 (…). La mayoría fueron niñas adolescentes entre 13 y 17 años (67%)”, sostienen. “La venta, trata de personas y explotación laboral están presentes en este escenario” denuncian en un tono fuera de lo habitual para una sociedad científica. (LN 2/8). Y agregan que “es responsabilidad de las autoridades locales, provinciales y del Estado en su totalidad, encontrar a todo NNyA con paradero desconocido”. Casi un mes después, los pediatras informaron que ningún estamento gubernamental se acercó a conversar con ellos. En ese contexto, el martes 27, el presidente Javier Milei se involucró con la brutalidad que lo caracteriza en el caso del pedófilo misionero. Le dio un "like" a un tuit que hace un chiste sobre la paidofilia de Kiczka, a quien se coloca abrazando a un supuesto niño que en realidad es el radical de baja estatura Martín Tetaz. “Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito”, dice el tuit. Un gobierno de degenerados a secas. LEER MÁS: Diputados, militares, curas, implicados en la violación y explotación sexual de menores Por Olga Cristóbal, 23/08/2024.

La amenaza de veto esgrimida por Milei a la ley de jubilaciones, que ha sido votada por más de las dos terceras partes de ambas Cámaras del Congreso, ha creado un simulacro de crisis política . La norma representaría, según las auditorías autorizadas, un 0.40 % del PBI. Calculado en dólares oscilaría entre 1,8 mil y 2,4 mil millones. Se trata de cualquier modo de una distorsión interesada, esto porque el PBI real cae en valores constantes en tanto que sube en moneda extranjera por el cepo impuesto al tipo de cambio. Milei convirtió ese costo en 350.000 millones de dólares mediante el uso de un método disparatado, que vuelve a mostrar que se trata de un diletante en términos intelectuales, o sea, un charlatán en términos corrientes. Los esfuerzos de los opositores para persuadirlo de que la ley resultaba beneficiosa para la hacienda pública han sido en vano. La ley consolida la enorme confiscación sufrida por las jubilaciones desde 2017 -un 54 %- que se hizo más intensa a partir de diciembre último, cuando no fueron recompensadas luego de una mega inflación del 25 %. Entre el último día de noviembre de 2023 y el presente, las jubilaciones, en términos reales, sufrieron una poda de arriba de cuarenta puntos porcentuales. El reemplazo de un decreto por medio de una ley ofrece mayor solidez jurídica a la confiscación votada en forma masiva por casi todos los bloques. Otros aspectos de la ley, como el pago de la deuda de la Nación a las Cajas no transferidas de las provincias, o a los jubilados que iniciaron juicios por incorrecciones en los montos de sus jubilaciones, también benefician al plan motosierra del gobierno liberticida, porque los dilata hasta junio del año próximo. Lo que disfraza este barullo mediático es que la situación fiscal del Gobierno ha empeorado fuertemente, pues el déficit mensual ha alcanzado la suma de 1 billón de pesos, con sesgo ascendente, y el superávit comercial es consumido enteramente por repatriaciones al exterior, pago de intereses y servicios varios. Los intereses de la deuda pública se convierten en más deuda pública . Luis Caputo quiere imponer la aceptación de bonos del Estado a las constructoras públicas en lugar del pago en efectivo de certificados de obras varias veces billonarios . Ante la perspectiva de entrar en default por la deuda interna y externa, el ajuste fiscal y social se hará más intenso. El Gobierno ha hecho el tercer envío de oro al exterior, por 1.400 millones de dólares, para ofrecerlo como garantía de un préstamo de cortísimo plazo . El veto eventual a la ley de jubilaciones no es la única piedra de choque del Gobierno con el Congreso. No es tampoco la razón de fondo de la disputa de Milei con Macri, por el voto favorable de gran parte del PRO al proyecto. En la hojarasca que se ha desatado tiene un lugar fundamental el decreto que asigna gastos reservados a la nueva SIDE por 100.000 millones de pesos. El temor de los opositores es que esta bolsa sirva al financiamiento de las operaciones liberticidas en las redes sociales en vísperas de las elecciones de 2025, y al espionaje político y los "carpetazos’" Es lo que intentan hacer Elon Musk y Trump en Estados Unidos y lo que ha desatado una onda de histeria política con motivo de las elecciones en la ciudad de São Paulo, Brasil, por la campaña de un candidato a Intendente que remunera a los “troll” a su servicio y que tiene millones de seguidores. Diputados anuló el decreto para esos gastos, que todavía debe pasar por el Senado. En un segundo plano ha quedado la colaboración de la SIDE con la CIA y el Mossad y la instalación de funcionarios designados por la embajada norteamericana en el ministerio de Defensa. Como resultado de esta crisis, Macri se ha asociado al Gobierno para evitar que alguna Cámara del Congreso vuelva a reunir los dos tercios de los votos para vetar el veto, y para intentar que el decreto de gastos reservados para la SIDE sea tratado en el Senado. El vaciamiento del PRO en toda esta crisis ha renovado el objetivo de Milei de apropiarse del electorado de la ex JxC, aunque con una reserva. Es que Victoria Villarruel podría empeñarse en que su patio, el Senado, derogue los gastos reservados o incluso contribuya a conservar los votos para insistir en la vigencia de la ley de jubilaciones. La Vicepresidenta ha desatado el fervor patriótico en el presidente del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, en el cabo Sergio Berni y en el clerical Guillermo Moreno, que querrían que la nostálgica de la dictadura encabece un peronismo no kirchnerista -o en todo caso contra Kicillof-, a pesar de que Victoria Villarruel ejerció el voto que decidió la aprobación del luctuoso Régimen de Inversiones que veneran YPF, Techint, las petroleras, las mineras, las automotrices y los especuladores inmobiliarios. La oposición parlamentaria (UCR, UxP, FITU, bloques intermedios y unipersonales) es hábilmente manejada por Miguel Pichetto y Nicolás Massot, mediante compromisos y negociaciones, para convertir en leyes los ataques que Milei ha diseñado mediante decretos, en especial al derecho laboral y a la promoción de los grandes negociados, para darle estatuto jurídico y constitucional al programa liberticida. De este modo, sin necesidad de meter la mano, la ‘ley universitaria’ se convirtió en una suerte de declaración parlamentaria –sin efecto jurídico– al “encomendar” al Ejecutivo (y no establecer en forma taxativa) el aumento del presupuesto de las universidades. El Senado ni siquiera tiene en su agenda el tratamiento de esta pseudoley. El gobierno apuesta a transitar con esta colaboración el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025 dentro de menos de tres semanas. Las escaramuzas políticas no deben ser confundidas con verdaderas crisis de poder, aunque las anuncian, y menos todavía cuando ocurren en el marco de una crisis histórica que supera a cualquier antecedente. Por eso tampoco aparece el “liderazgo” opositor que los panelistas televisivos reclaman sin éxito. No será la oposición parlamentaria la que producirá una alternativa política al gobierno liberticida, sino al revés: será la crisis de poder la que forzará a la oposición a improvisar un rescate político, a partir de ahora con el concurso probable de las Fuerzas Armadas. Es lo que ha ocurrido, invariablemente, en al menos los últimos cien años. La CGT y el conjunto de las burocracias sindicales se han llamado a silencio en los choques que han producido las jubilaciones, el financiamiento de la educación superior y los fallos de la Corte misma contra los derechos de los trabajadores . Es lo que quedó de manifiesto, por sobre todo, ante la rebelión docente de Entre Ríos o en cuanto a la continuidad de los paros universitarios y las marchas docentes multitudinarias en Neuquén. La “conciliación obligatoria” se ha transformado en la rama a la que se aferran las direcciones sindicales para evitar el planteo de la huelga indefinida. De otro lado, las contradicciones insuperables del programa económico no son suficientes para producir su estallido, mientras prosigue agravando todos los antagonismos de clase. Un derrumbe local irá asociado a la situación financiera internacional, que atraviesa también, a una escala sin precedentes, un horizonte de defaults nacionales, tanto públicos como privados . En este cuadro de agudización excepcional de los antagonismos y conflictos de clases -de rebeliones populares locales y guerras internacionales- nuestra corriente, Política Obrera, milita por una salida obrera y revolucionaria a la crisis histórica, mediante la clarificación y la intervención en las luchas en todos los planos. El partido revolucionario se construye y desarrolla en conexión con la experiencia de las masas en este contexto y en esta perspectiva.

La automotriz alemana avanza en el plan de liquidación laboral que comenzó en junio, pero que viene preparando desde comienzos de año. Esta semana distintos medios informaron que Volkswagen argentina ejecuta una reducción de 300 trabajadores. Volkswagen tiene dos plantas de producción en la Argentina, una en General Pacheco, donde se fabrican los vehículos Volkswagen Amarok y Taos, y un centro industrial en Córdoba, donde se producen cajas, motores, camiones, buses, y las motos Ducati de ensamble nacional. En junio la patronal justificaba los despidos como consecuencia de la caída de ventas y la recesión impulsada por el gobierno de Milei, hoy ese discurso tuvo que ser actualizado porque la producción en VW y la porción de mercado que abarca desmienten que los despidos sean a causa de las “bajas ventas”. En un comunicado publicado por la empresa sostienen que "Dada la baja de los mercados, durante 2024 en VW Argentina debimos adecuar la estructura de nuestras plantas a la nueva situación del mercado local y exportación para garantizar la sostenibilidad de la compañía y las personas que trabajan en ella. Cabe destacar que la compañía mantiene un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores para desarrollar e implementar en conjunto las herramientas necesarias que permitan sobrellevar la situación que atraviesa la industria, siempre cuidando el bienestar de los trabajadores". La readecuación se está dando con inversiones en infraestructura, despidos de trabajadores -principalmente de producción- y aumento de la productividad en base al terrorismo que genera en los trabajadores el método de despidos impuesto por la patronal. Los despidos se dan bajo la forma de ofrecimientos obligatorios de retiros “voluntarios” que están compuestos por la indemnización equivalente a un despido sin causa más una “gratificación”. Si el trabajador no acepta, se le informa que puede ser que al día siguiente no entre y pierde el derecho a la gratificación. La “readecuación” de Volkswagen incorpora el delito de extorsión. Lo que no dicen los comunicados oficiales o los medios es que el objetivo de la readecuación de VW en particular, pero de toda la industria automotriz en la Argentina en general, es llevar la productividad obrera a niveles de los países donde se ha liquidado el derecho laboral. El contexto político propiciado por el régimen liberticida es el “ahora es cuando” de las patronales; VW argentina hace años se viene mirando en el espejo de sus terminales mexicanas, donde la flexibilidad laboral es absoluta, tanto en términos contractuales como de condiciones de trabajo. En este sentido sus plantas de Brasil también son una perspectiva para la “readecuación” local. En un artículo de junio señalábamos en Política Obrera “...los despidos, impuestos mediante un ultimátum, a una selección de trabajadores armada por la patronal en función de la productividad y ausentismo de los últimos años, sin importar condición ni justificaciones médicas ni de ningún tipo. Entraron en esta lista desde enfermos crónicos, operarios que se habían accidentado en la propia planta, mujeres que habían tenido licencia por maternidad en los últimos 4 años, y hasta los militantes ultraverdes del SMATA e incluso parte del personal jerárquico”. Entre los despedidos que se ejecutaron en el transcurso de agosto hay exdelegados y activistas antiburocráticos que no tuvieron el beneficio del ofrecimiento del “retiro voluntario”. El papel activo de la burocracia del SMATA La caracterización del papel pasivo que tiene la burocracia del SMATA en los despidos en la industria automotriz es ingenua y hasta exculpatoria. En los últimos 40 años la dirección de la lista Verde del SMATA no ha sido más que un elemento reaccionario y antiobrero. Por lo menos desde su papel en la lucha de los trabajadores de Ford en los años 80 ha jugado abiertamente en el campo patronal; prácticamente no hay registro de querellas con las grandes automotrices. En Toyota, última terminal instalada en el país en la década de los 90, han firmado un convenio a medida de la empresa nipona , donde la rotación de trabajadores por lesiones laborales, físicas y psiquiátricas es la norma. Esa entrega ha sido un hito en la flexibilidad laboral y les ha otorgado a las demás terminales una bandera para tratar de arrimar las condiciones de trabajo de sus plantas a las impuestas en Toyota . En Lear, durante el gobierno de CFK liquidaron la organización sindical que había intentado una resistencia ante despidos que adelantaban un avance en la flexibilización laboral. Este repaso es solo una pequeña muestra de la trayectoria inmediata de la burocracia del SMATA . En estos días el secretario general adjunto y principal vocero del sindicato, el diputado de UxP Paco Manrique, no tuvo vergüenza al declarar que “La CGT -de la cual es parte-está en estado pasivo". No hace falta aclarar que no tiene ninguna intención de que la central esté activa, es una declaración que intenta correr el arco de los despidos que propician junto a las patronales de la industria metal-mecánica. Manrique acusa a una CGT que no tiene ningún tipo de prestigio ni es vista por los trabajadores más que como un pesado lastre, incluso a costa de hacer el ridículo para intentar tapar el papel que tiene el SMATA en la estrategia de las patronales. Es necesario recordar que en la propia planta de VW Pacheco el propio Manrique no ha tenido problemas en desarmar la primera línea de su aparato sindical , la comisión interna y cuerpo de delegados de VW, junto a su militancia ultra verde, que formó parte de la lista de despidos. La única medida que se le conoció a la burocracia en el marco de la sangría laboral en curso es que el propio Manrique viajara a Alemania a “pedir que no se lleven la Taos de la Argentina”, uno de los dos productos que fabrican en Pacheco. Este es un viejo artilugio de la burocracia y las patronales en la Argentina: aceptar despidos y flexibilización a cambio de “sostener el trabajo”. Cualquier lucha contra los despidos y la liquidación del derecho laboral se tendrá que llevar puesta a la burocracia.

En los últimos días entró en el debate nacional un proyecto de ley de reforma del régimen de jornada presentado por el diputado de la UCR, Martín Tetaz. Desde algunos medios de comunicación se indicó que el gobierno de Milei acompañaría el proyecto, llamado Jornada Laboral Alternativa o “Jola”. ¿En qué consiste el Proyecto? Centralmente en que elimina los límites a la jornada laboral diaria establecidos en los artículos 1° y 2° de la ley -11.544 sobre jornada de trabajo. En el primer artículo que se propone exceptuar se establece que “La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.” El segundo artículo que se propone suprimir es el que define la jornada de trabajo nocturna y de los trabajos insalubres. “La jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de siete horas, entendiéndose como tal la comprendida entre las veintiuna y las seis horas. Cuando el trabajo deba realizarse en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados, la duración del trabajo no excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales.” Hecha la ley… Las limitaciones a la jornada laboral ya están prácticamente derogadas en los hechos. Las empresas se valen de un encuadramiento fraudulento del turno rotativo como “régimen de trabajo por equipos” que las exime, antes que la propuesta de Tetaz, de observar las limitaciones de jornada. La primera parte del artículo 2, que limita la jornada de trabajo nocturno a 7 horas, no se cumple en ningún lado. El proyecto Jola se define como “voluntario”, es decir, fruto de un acuerdo entre partes y se establece un periodo de prueba de 3 a 6 meses para que las partes decidan si vuelven al régimen de jornada statu quo o si adoptan definitivamente el Jola. En el carácter voluntario que se propone para el Jola, se esconde la trampa de hacer creer que existe una relación de iguales entre los dueños de los medios de producción y la clase obrera que explotan. “Si no te gusta, volvemos para atrás” Al pan pan y al vino vino El proyecto busca simplemente derogar la jornada de 8 horas de trabajo, para reemplazarla por jornadas extendidas a la medida de la necesidad productiva del capital. Significa un retroceso de más de un siglo de conquistas de la clase obrera. El Jola no reconoce ni siquiera el límite de jornada máxima de 12 horas, un sueño para la clase capitalista, ¡volver a las 16 horas diarias del siglo XIX! El punto central para calarle la medida al proyecto de ley es que la limitación establecida por la ley a la jornada es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 48 semanales. Es decir que no estamos de ninguna manera ante un proyecto modernizador de reducción de jornada, que podría hacerse sin necesidad de exceptuar al empleador de los artículos 1 y 2 de la Ley 11.544. El Proyecto Jola demuestra que los proyectos modernizadores de jornada laboral encubren en realidad la voluntad del capital de conquistar su extensión. Tetaz va más lejos que Milei Un aspecto central del Jola es que la jornada laboral de los trabajos insalubres queda exceptuada del límite de 6 horas diarias y de 36 semanales. Está más que probado que exponer a los trabajadores a tareas insalubres por más de 6 horas tiene un impacto irreversible en la salud. Tetaz pasa livianamente por arriba de años de investigaciones científicas sobre el tema, para que la jornada se adecúe a la medida del capital. Significa en los hechos terminar con la protección de los trabajadores expuestos a tareas insalubres. En la argumentación, Tetaz sugiere que una reducción de la jornada de trabajo uniforme a nivel nacional podría afectar la productividad y redundar en enormes pérdidas. En cambio, ofrece como alternativa su proyecto de flexibilización de los límites de jornada. Busca revestir a su proyecto de un carácter modernizador y beneficios para los trabajadores, cuando en realidad va todavía más a fondo que el capítulo laboral de la "ley Bases". La UCR, es preciso señalarlo, presentó un proyecto de ley espejo, con el mismo contenido que el DNU 70/2023 de Milei para que salga a través del Congreso y no como decreto. No es menor que el Proyecto Tetaz aparezca en medio de una contrarrevolución laboral generalizada. El Jola no puede ser comprendido sino como una parte “alternativa” de la reforma laboral impulsada por el capital. La "ley Bases" deja por fuera de los derechos de la relación de dependencia a una fracción de la clase obrera, el radicalismo propone derogar la jornada de 8 horas para los que todavía tienen esos derechos. Son dos caras de una misma moneda.

El gobierno de Javier Milei ratificó este lunes que desde el 1 de septiembre dejará de pagar los subsidios por el boleto integrado de la Red SUBE, en las líneas de colectivos que circulan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que además cortará las subvenciones a las tarifas de las 31 empresas que son de jurisdicción porteña. El subsidio de las empresas que circulan exclusivamente en la provincia ya corre por cuenta del Estado bonaerense, pero Kicillof anunció que no se hará cargo del costo del beneficio por el boleto integrado, contrariamente a lo que había anunciado en julio. La medida sobre el boleto integrado implicará un zarpazo al bolsillo de los usuarios que realizan más de un viaje de ida o de vuelta en su jornada, mayormente los del segundo y tercer cordón del conurbano, ya que hasta ahora el beneficio se aplica de forma automática en el momento del viaje en las tarjetas registradas: el primero se paga con tarifa plena, el segundo con descuento del 50 % y el tercero con 75 % de rebaja. El gobierno nacional avisó que sólo mantendrá los subsidios en las 113 líneas de jurisdicción nacional (con una cabecera en Ciudad y otra en el conurbano), con el remanido argumento de equiparar el precio del boleto del AMBA para arriba, emparejandolo con el de las provincias. Macri adelantó que no convalidará ese traspaso, que implicaría un gasto adicional de $7.000 millones por mes, en medio de la disputa con el Gobierno por la coparticipación, y responsabilizó a Nación por cualquier posible corte en los servicios. Nadie quiere cargar con el costo político. Desde que asumió Milei el boleto de colectivos aumentó un 600 %, muy por encima del promedio de inflación, y además el Gobierno tiene pendiente otro 32 % de aumento. Desde el gobierno de Kicillof dicen que el boleto deberá subir un 60 % por esta medida, pero desde las empresas alegan que sin subsidios el boleto deberá trepar a los 1400 pesos, ya que el cálculo de los costos reales está desactualizado. Además advierten que se reducirán las frecuencias los fines de semana y el servicio nocturno debido a la imposibilidad de afrontar los costos. Ya existe una reducción de la frecuencia del servicio de un 5 % promedio que alcanzará al 15 % con estas medidas. Además, el Gobierno les había concedido a las empresas una prórroga de 3 años para renovar su parque automotor, lo que genera que 1/3 de la flota circulante ya tenga más de 10 años de antigüedad cuando ese es el tope admitido por la normativa vigente. La seguridad de los chóferes y usuarios es la única variable de ajuste que no entra en disputa ni para las empresas ni para los diferentes gobiernos. También trascendieron los rumores sobre el lock out patronal, y es que el Gobierno les quita los subsidios, pero no quiere pagar el costo político de aumentar el boleto, algo que es prerrogativa suya. Este nuevo defolteo, en este caso a Macri, Kicillof y las empresas de transporte, trasciende a estos grupos patronales ya que pone en crisis al funcionamiento de todo el sistema económico. Con un salario virtualmente congelado, el tarifazo del transporte inviabiliza la misma posibilidad de explotación. Hay trabajadores que buscan medios alternativos de traslado, pero también existen los que han dejado ciertos empleos por conllevar un costo de viáticos incompatible con tan magros ingresos. Al ataque al bolsillo que representa esta situación se suma la caída en la frecuencia y la falta de mantenimiento que son otra cara del ajuste que, por un lado, afecta a las condiciones de vida de los trabajadores, pero que también implica un escollo para el normal funcionamiento de la economía capitalista que se desarrolla en condiciones cada vez más precarias, a la vez que pone en evidencia el hambre salarial. Cada manotazo del Gobierno por hacerse de fondos es un nuevo enredo en su propia tela de araña con consecuencias disolventes para toda la actividad económica. LEER MÁS: Milei defoltea a Macri Por Jacyn, 10/08/2024. La madre de todos los tarifazos: Caputo aumenta el boleto y transfiere el transporte de colectivos a Macri y Kicillof Además le concede a Galperin el negocio del pago del boleto con medios electrónicos. Por Aldana González, 08/08/2024.

La Universidad de Quilmes viene de participar de los paros de no inicio del segundo cuatrimestre, impulsados por los gremios ADIUNQ y ATUNQ. La adhesión masiva a las jornadas de huelga, primero de 72 horas y luego de 48 horas, no fue acompañada por ninguna acción concreta de asambleas, clases públicas, ruidazos o movilizaciones. Ahora, la Mesa Interclaustro (que reúne a las conducciones sindicales y el rectorado) se ha encargado de “convocar” una movilización prevista para el 5 de septiembre a Quilmes centro, con un cronograma y recorrido desconocido para el conjunto de la comunidad universitaria. La única instancia “abierta” en la cual se debatió sobre la movilización del 5 fue una marginal asamblea del Centro de Estudiantes de Cs. Sociales y Artes (CECSEA), que nuclea en su conducción a La Cámpora, Alianza Universitaria, CEPA-PCR y MUI-PC. Allí, se presentó la movilización como un hecho. Desde Política Obrera planteamos que el CECSEA fuera el impulsor de una nueva asamblea, que incluyera a todos los gremios y claustros, para darle un programa de reivindicaciones y un método democrático a dicha convocatoria. Esto fue rechazado con el argumento de que era organizado “por la Mesa” y no se ponía a debate ni las consignas ni los objetivos de dicha movilización. Desde entonces, la marcha ha desaparecido del radar. Sus convocantes no han dado pasos concretos en su organización. En este cuadro, Alianza Universitaria (al igual que la Franja Morada en la UBA) ha llamado a elecciones en 2 de los 3 centros de estudiantes de la UNQ para la semana del 26 al 30 de agosto. Los centros que irán a elecciones son el CECyT (Ciencia y Técnica) y el CEEA (Economía y Administración), mientras que el CECSEA no tendrá comicios, debido a que su conducción reformó sus estatutos en plena pandemia, extendiendo su propio mandato por dos años. La convocatoria a elecciones solo pretende desviar la atención del activismo al plano electoral, en lugar de que debatamos cómo organizarnos contra los ataques de Milei. Asimismo, desfigura el debate entre los distintos departamentos, como Sociales o Artes, que han sido los más movilizados durante el primer cuatrimestre. Alianza sabe que no impulsará la organización estudiantil del segundo cuatrimestre (las asambleas clandestinas no disimulan esto), por eso se apura a renovar sus títulos sin pagar el costo político de esa orientación. A este operativo de distracciones, se han sumado con beneplácito el FITU y el NMas. Durante la asamblea del CECSEA, se han cuidado celosamente de no proponer acciones o medidas que pudieran entorpecer el calendario electoral y han votado en unidad al PJ-K y la UCR el apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que busca desarmar la lucha universitaria. De conjunto, estas elecciones tienen un carácter reaccionario contra la lucha del movimiento estudiantil. Los trabajadores y estudiantes debemos superar los límites que nos imponen las distintas burocracias. El desafío consiste en recuperar la iniciativa de lucha del primer cuatrimestre, con asambleas autoconvocadas, clases públicas y acciones callejeras. Debemos realizar una campaña por una gran Marcha Educativa en reclamo de presupuesto, becas y salarios. Sólo de este modo podremos derrotar a Milei.

A pocos días de haberse votado la media sanción al proyecto de ley que obliga a “guardias mínimas” docentes en las escuelas en caso de convocarse a huelgas , en su programa de streaming por YouTube el dirigente Juan Grabois brindó, sin medias tintas, su apoyo a lo redactado por el exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, y cargó arteramente contra la docencia para acusarla como la única y principal responsable de la crisis educativa. Grabois afirma que “si a vos te cierra un día la escuela te caga vida y la gente está cagada de bronca de eso. Entonces si viene Magoya a sacar una ley para que la escuela esté abierta todos los días, todos los pobres lo van a votar”. Es el clásico de la ultraderecha, que adjudica la deserción escolar a los docentes, no a los programas de empobrecimiento de los gobiernos capitalistas. Grabois ha intentado firmar un acuerdo de pobreza con Grobocopatel, un oligarca agrario, para tercerizar la mano de obra desocupada . Grabois, un abogado, no se mete con la inconstitucionalidad del proyecto en danza y la violación de normas internacionales que rechazan establecer la educación como “servicio esencial”. Va más a fondo, porque reclama a los senadores de la UxP que finjan “demencia” en cuanto al voto de rechazo del peronismo en Diputados y lo voten a favor en la Cámara alta. De acuerdo al CONICET, la mayoría de los días de clases que se pierden son por consecuencia de la ruina en la infraestructura escolar, agravada por todos los recortes de Milei, no por las huelgas docentes. La docencia sobrevive agobiada de cargos y horas, que generan una sobrecarga laboral, física y mental, incuestionable. En la docencia las huelgas irrumpen desde abajo. Grabois está empeñado en meter una cuña entre la clase obrera y la docencia, de un lado, y las clases populares, del otro. Es un contrarrevolucionario con acentos fascistas. Milei ha amenazado con montar canales de denuncia contra la docencia por “adoctrinamiento”. Grabois no solo apoya que se restrinja a la docencia el derecho a la huelga, sino que, sin presentar evidencia alguna, sostiene que en la docencia hay muchos “soretes abusadores de chicos” (SIC), “abusadores seriales de los estatutos docentes” y quienes “se inventan licencias para faltar”. O sea, habría que destruir todos los derechos docentes, no solo el de poder protestar. El proyecto de Finocchiaro no habla de sanciones, pero Grabois lo corre por derecha y dice que sería “implacable” contra estos “abusadores”. Por mucho menos que esto, CTERA declaró hace poco “persona no grata” a Finocchiaro. Debería hacerlo con Grabois. Durante la pandemia, Grabois reclamó por la apertura indiscriminada de las escuelas en tándem con el macrismo, como se encargó de destacar en un debate junto a la ex ministra de Educación porteña Soledad Acuña . Ahora, en su propio programa, dice que bajo la pandemia el SUTEBA La Matanza “no les dio ninguna escuela para repartir comida”, a sabiendas de que el sindicato no tiene esa potestad. En forma velada, Grabois dispara con la cuestión de que la crisis educativa es un “problema sindical”, a pesar de que CTERA y SUTEBA no han emprendido lucha alguna contra el avance de este proyecto en el Congreso y, ante los recientes paros de los SUTEBA Multicolores, denunciaron a los huelguistas por “cerrar las escuelas”. Mucho antes de todo esto, la entonces presidente CFK utilizó la inauguración de sesiones del Congreso Nacional para cargar contra la docencia por tener “cuatro meses de vacaciones” y “trabajar solo 4 horas”, mientras se desarrollaban fuertes luchas por mejoras salariales.

Mientras que el documento difundido por el gran capital reunido en el “Grupo de los 6” es una declaración de guerra contra la clase obrera , la respuesta de la CGT fueron gestiones con Guillermo Francos y Santiago Caputo para correr a Sturzenegger de la discusión sobre la reglamentación de la reforma laboral . Si la reglamentación contempla las recomendaciones que la Central acercó al Ejecutivo a través del canal abierto con dos colaboradores directos del Presidente, habrá lugar para la apertura de un diálogo más aceitado. Según Clarín, en la CGT matizan la espera de la reglamentación con cierta expectativa. “No hay clima ni para un paro ni para nada”, se atajan los sectores mayoritarios de la conducción. Lo que no hay en los lugares de trabajo es “clima” para los burócratas de la CGT. Hasta los cirujanos más calificados han decidido suspender cirugías cardiovasculares debido a los sueldos bajos que reciben. Los dirigentes de la CGT quieren compartir con el gobierno liberticida la reglamentación sobre los bloqueos u ocupaciones de fábrica. Recomiendan que se establezca una mediación previa antes de que los hechos se conviertan en causal de despido. Otro tema es que los sindicatos pretenden acotar a sólo algunos rubros la figura del “trabajador independiente con tres personas a cargo sin que mediare relación de dependencia”. Esto último está relacionado con atenuar la dificultad establecida en la reforma para que un trabajador monotributista pueda probar judicialmente la relación de dependencia. La reglamentación del Impuesto a las Ganancias y el anuncio del Gobierno de un cepo del 2 % a las paritarias están fuera de agenda. La defensa de la movilidad jubilatoria, siquiera de la limitada que aprobó el Congreso, también. La CGT actúa como ministro sin cartera del gobierno de Milei. En lugar de impulsar cualquier iniciativa de lucha, la conducción de la CGT prepara para septiembre un viaje al Vaticano. La comitiva le llevaría al papa Francisco un documento con “advertencias” sobre el plan económico de Milei. Los ejes serían el crecimiento de la pobreza y la caída del empleo. El objetivo del viaje al Vaticano es retrasar cualquier tipo de confrontación con la agenda contrarrevolucionaria del Gobierno . La burocracia sindical, que vive en condiciones de lujo generalizado, tiene las huellas dactilares puestas en el incremento de la pobreza infantil : las paritarias que firman -ahora, cada tres meses- dejan los básicos por debajo de la línea de pobreza; han dejado que, gobierno a gobierno, las jubilaciones y pensiones se sumerjan en la indigencia.

La conciliación aceptada por las direcciones de Aceiteros vence en el día de mañana. En la última reunión paritaria, tanto el sindicato como las Cámaras mantuvieron sus mismas posiciones. Los aceiteros reclaman un aumento del salario básico de la escala menor a $ 1.550.000, o sea, un aumento del 26 por ciento. Las empresas se han “estirado” a un 17 por ciento. La dirección de Aceiteros no llamó a una asamblea para discutir la conciliación obligatoria, probablemente porque antes había pedido y obtenido un mandato en blanco del plenario de delegados; tampoco ha llamado a una asamblea hasta ahora para discutir la finalización de la conciliación. La compensación que reclaman los sindicatos representan unos $ 600.000 para cada trabajador, un gran porcentaje del sueldo. Las cámaras patronales reclaman que el Gobierno se haga cargo de una parte del Impuesto a las Ganancias; recientemente se alcanzó un acuerdo en una parte de los petroleros de Santa Cruz en este sentido. Hay una decisión del gobernador de absorber el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores estatales de las categorías más altas. Otra variante es que se suba el mínimo no imponible. En todos los casos, las patronales trasladan al Gobierno una parte del conflicto. Paralelamente, se juega también en estos días otro conflicto que afecta a los aceiteros, el de Vicentin. Se definiría el futuro de la agroexportadora que a fines de 2019 cayó en default y solicitó, en febrero de 2020, la apertura de su concurso preventivo. El juez del concurso deberá definir si acepta que Vicentin ceda el 95 % de las acciones a ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), a Bunge y a Viterra, durante 12 años. Las nuevas formas de trabajo en Vicentin atacan las conquistas de trabajo que hoy tienen los aceiteros. La reapertura de la huelga es una gran pulseada que debe ser apoyada por el conjunto del movimiento obrero. LEER MÁS: Aceiteros acepta la conciliación obligatoria sin llamar a asamblea Por Juan Ferro, 12/08/2024.

La vicepresidenta de la Nación ocupó la primera plana en el inicio de la semana por dos asuntos diferentes, aunque tampoco desconectados. Por un lado, juntó en el Senado a “las victimas del terrorismo”, en el día internacional consagrado por las Naciones Unidas, para anunciar la intención de judicializar a Montoneros y también al ERP. Por otro lado, fue objeto de un debate acerca de si podía convertirse en peronista, en el marco de algunas menciones positivas de Villarruel al nacionalismo y del escénico enfrentamiento que protagoniza con Milei. El entrevero está objetiva y subjetivamente conectado con la crisis suscitada en LLA por la visita al penal de Ezeiza que aloja a criminales de lesa humanidad y por el propósito que se le adjudica en la presentación de un proyecto de ley que elabore algún argumento, presumiblemente válido judicialmente, que ordene la libertad de los inculpados. Villarruel, contradictoriamente, pretende imputar a los llamados terroristas por delitos humanitarios para conseguir su imprescriptibilidad como ocurre con los genocidas. La justicia internacional ha coincidido en distinguir el terrorismo ejercido por organizaciones no estatales del terrorismo de Estado, en cuanto este ejerce el monopolio de la violencia pública. La Corte Suprema actual, sin embargo, dictó en 2018 un conjunto de libertades de genocidas en aplicación del Dos por Uno, que beneficiaba a aquellos en estado de prisión preventiva. Se vio obligada a recular a partir de una movilización popular gigantesca que forzó al Congreso a sancionar una ley revocatoria. Villarruel pasa por alto que la dictadura ya había dictado una condena a las organizaciones guerrilleras, en especial la pena de muerte, al ejecutar y desaparecer, con aplicación previa de la tortura, a decenas de miles de terroristas. El terrorismo de Estado consiste precisamente en eso: en la condena, sin defensa, y en la ejecución extrajudicial del terrorismo a secas –en el caso argentino, 30.000 desaparecidos-. En cuanto a una mayoría de dirigentes terroristas sobrevivientes, fueron beneficiados por el "perdón" de la propia jerarquía militar de la dictadura, con la cual habían negociado en numerosas ocasiones. Horacio Verbitsky, por caso, no hubiera podido caminar por Buenos Aires durante el Mundial del 78 sin contar con esa amnistía. Es probable que, en el seno de las Fuerzas Armadas, haya un vacío pseudodoctrinario en cuanto a la historia militar, como ocurre también, por otra parte, en el ejército de Alemania, donde se descubren logias nazis sin solución de continuidad. Para el neonazismo germano la Alemania actual es ilegal porque fue construida a partir de la ocupación norteamericana. Pero a diferencia de Alemania, las FFAA de Argentina no pueden atribuir al terrorismo subversivo la derrota en la guerra de Malvinas, aunque podrían impugnar al régimen actual como una construcción anglosajona. De acuerdo a la información oficial, el alto mando de las Fuerzas Armadas es reacio a intervenir en custodiar la seguridad interior como lo promueve la terrorista eterna Patricia Bullrich, que alterna ambos bandos de la barricada. Claro que la presión del Pentágono y de los servicios sionistas a favor de ese involucramiento es un hecho público. El imperialismo trabaja en la actualidad con un escenario de guerra mundial que contrasta con la campaña derechohumanista que apuntaba contra la Unión Soviética hasta completar su disolución. Los escarceos acerca del terrorismo y del rol de las Fuerzas Armadas deben están condicionados por el desarrollo de las guerras imperialistas , tanto en Ucrania-Rusia como la escalada sionista-norteamericana en Medio Oriente. El destino del gobierno de Milei, sin embargo, está determinado fundamentalmente por la inminencia del default , por un lado, y un giro en las luchas de la clase obrera. Es llamativo que Villarruel reciba propuestas políticas indecentes desde el peronismo en medio de la campaña de la vicepresidenta para reivindicar a la dictadura y a los presos por delitos humanitarios, mediante la judicialización del terrorismo guerrillero, y más llamativo es que ella no las rechace. Villarruel es la última venida a la campaña contra el terrorismo, en parte por su edad, precedida por esposas o familiares de terroristas de Estado. El éxito de "la Vice" no obedece al puesto que ha conquistado. Con la Obediencia Debida y el Punto Final de Alfonsín y luego el indulto de Menem, incluida la de Montoneros, la ultraderecha se había quedado sin platea. El arribo de los K a los derechos humanos es histórica y políticamente tardío, habiendo acompañado todas las amnistías parciales o completas con anterioridad. Fue el recurso más importante que improvisó para constituir una base social a un elenco de desconocidos; tuvo que implementar la reanudación de los juicios ante el peligro de que pasaran a tribunales internacionales. El coqueteo con Villarruel, de parte de menemokirchneristas como Berni y Moreno, señaliza el ocaso del kirchnerismo. Los peronistas que admiten un acercamiento a Villarruel ya saben que tienen la posibilidad de contar con una respuesta positiva. Perón gobernó con López Rega, Osinde y otros lugartenientes de la Triple A, y su sucesora dio la orden para “aniquilar” a la guerrilla en Tucumán; Perón mismo respaldó el golpe de Pinochet. Bajo Menem se hicieron peronistas los Bunge Born, Alsogaray, los Cavallo y buena parte del elenco liberticida que acompañó la campaña electoral de Milei y los primeros meses de su gobierno. Milei cuenta en distintas ramas del gobierno con funcionarios kirchneristas o massistas. En la designación de los jueces de la Corte, el contubernio mileista-kirchnerista es un hecho. El peronismo ha dado lugar a cualquiera y a todo el mundo por razones históricas concretas. A través de un bonapartismo de origen militar suplantó la inviabilidad de una democracia burguesa clásica, a la europea o norteamericana, como ha ocurrido en numerosos países, incluso si no se identifica históricamente con ellos, como el kemalismo en Turquía o el nasserismo en el mundo árabe, cuando tuvieron que hacer frente al hundimiento del imperio otomano y de monarquías anquilosadas, respectivamente. Pero el bonapartismo no tiene su origen en la periferia, sino en el centro, específicamente en Europa con Bismarck y Napoleón I y III: las experiencias en la periferia no son originales, sino copias modificadas. En Europa, dieron paso a la democracia parlamentaria cuando el proletariado se convirtió en fuerza políticamente independiente por medio de los sindicatos y partidos socialistas. El peronismo abrevó en Mussolini, que hizo un paso fugaz por el bonapartismo al fascismo. La verdadera originalidad, no del peronismo, sino del fenómeno de conjunto del que dio cuenta, fue la combatividad de la clase obrera que aceptaba actuar bajo el paraguas del peronismo, luego de haber sido traicionada por los partidos socialista y comunista y sus sindicatos. Otra peculiaridad única del peronismo fue el ejercicio del bonapartismo en ausencia, aunque con crisis constantes, en los 18 años de exilio de Perón. Ni los gobiernos de Menem o de Kirchner replicaron el bonapartismo sui generis en presencia, ausencia y retorno de Perón. En la actualidad es un aparato desorganizado que ha perdido más elecciones de las que ha ganado. Las transfusiones de sangre, como la de los neoliberales bajo Menem o los falsos progresistas bajo los Kirchner, no funcionan más. Lo certifica el final de Alberto Fernández, que fue alfonsinista, menemista, cavallista y kirchnerista. Hay quienes opinan que el manto bonapartista será ungido en los hombros de Milei, de la mano de las redes sociales . Es una variante improbable de parte de quien pretende pasar a la historia como el pagador regular de la deuda pública. Lo que es cierto es que el final del bonapartismo típico de Argentina no dará paso a un sistema parlamentario de partidos, incluido un partido de la clase obrera. Los tiempos históricos se han apretado o acortado considerablemente. El verdadero interrogante es si la clase obrera contará con un partido revolucionario actuante o potencial en las próximas conmociones revolucionarias .

La convocatoria del segundo plenario de jubilados realizado el sábado 28 en la Mutual Sentimiento congregó a 2.500 compañeros entre agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y partidos que apoyaron el llamado. Se sumaron importantes sectores, como jubilados de FOETRA (Telefónicos), portuarios y bancarios, que no habían participado hasta ahora. La bronca acumulada por la votación de la miseria previsional sancionada por el Congreso, que no reconoce los ajustes derivados de la inflación de diciembre pasado del 25 %, y el veto parcial o total a la ley por parte de Javier Milei se puso de manifiesto en la combatividad de la columna. El resarcimiento planteado de un 8 % al haber es una burla al conjunto de los trabajadores y jubilados. Después de congregarnos en el anexo del Congreso, asamblea mediante, ya en las intervenciones se manifestaba las enormes ganas de marchar. Nuestra corriente, Jubilados Clasistas, denunció el fallo manifiestamente anticonstitucional de la Corte que derogó el piso del 70 % entre el haber jubilatorio y el sueldo en actividad , cuando el artículo 14 bis de la constitución protege el derecho a un ingreso adecuado a una canasta familiar. Después de una escaramuza con la Policía Federal, que impedía que copemos la calle, con palos y gas pimienta mediante, logramos marchar por Avenida de Mayo. Nuevamente los jubilados le torcimos el brazo al protocolo de Bullrich y marchamos desde Congreso a Plaza de Mayo, entre aplausos y bocinazos de apoyo de quienes transitaban el centro porteño. En un momento en el que el Gobierno, con el apoyo de todo el arco político patronal, sigue profundizando su ataque a nuestras condiciones de vida, con la CGT, CTA y CTERA funcionales a sus planes, esta marcha muestra un importante avance en el movimiento de lucha de los jubilados. Debemos seguir este camino y convocar a todos los trabajadores: aceiteros, del neumático, docentes, de la universidad, a unificar las luchas e impulsar una huelga general para torcerle el brazo a este gobierno liberticida antiobrero y antijubilados y a todos sus cómplices. Te esperamos todos los miércoles, a las 15 horas, en el anexo del Congreso.

El miércoles 21, el ministro de Defensa, Luis Petri, presentó en la Comisión de Defensa, encabezada por el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior con el que busca habilitar la inserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Este “operativo” político se conecta con la visita a genocidas de la última dictadura militar por seis diputados libertarios, las “relaciones carnales” con los EE. UU, el pedido del gobierno libertario de que la Argentina sea socio global de la OTAN y las reticencias de la jerarquía de las FF. AA sobre la línea de mando que se establecería con la modificación de la Ley de Seguridad Interior. La Ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada en 1991 luego del último levantamiento militar contra el gobierno de Menem, establece que las Fuerzas Armadas pueden accionar en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, en dos situaciones específicas. La primera, definida en su artículo 27, establece las acciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y la segunda, se contempla en el artículo 31, que regula el empleo de elementos de combate, que debe estar antecedido por la declaración del estado de sitio. El gobierno quiere modificar ambos artículos con la finalidad de contar con el personal de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Como adelantó el vocero Adorni, cuando el proyecto ingresó al Congreso, la reforma "se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo” y las intervenciones serian "por tiempo limitado” (Ámbito, 2/8). El proyecto en cuestión le da vía libre a las Fuerzas Armadas, en caso de hechos de carácter terrorista a "restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia". También estarían habilitados a realizar allanamientos a pedido de un fiscal y/o de un comité de crisis, que, en principio, estaría integrado por los gobernadores. El proyecto de ley, dijo Petri ante la Comisión de Defensa, propone una nueva alternativa para que las Fuerzas Armadas actúen en hechos que tengan "por fin (sic) causar conmoción social, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”. En síntesis, con Petri como punta de lanza, el gobierno quiere imponer un estado de sitio permanente contra la protesta social. Una reforma de este tipo representa claramente un reforzamiento del aparato represivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a la movilización contra la Ley Bases como un intento de golpe de Estado y tildó a los manifestantes de “terroristas”. En los fundamentos del proyecto de ley en cuestión, el gobierno intenta justificar la reforma propuesta, aludiendo a que en “muchos países las Fuerzas Armadas se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, como son los casos de EE. UU, Francia, Alemania, Reino Unido e Israel, entre otros. El gobierno libertario también se vale, para esta reforma, del tratado firmado en Barbados en junio de 2002, al que Argentina adhirió y en el que establece la “cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.” La cooperación a la que hace referencia Petri, no es más que dar libertad a los servicios de inteligencia, como la CIA y el MOSSAD a que intervengan en territorio argentino, reforzando las “relaciones carnales” que se vienen desarrollando desde el comienzo del mandato Milei. El gobierno, por intermedio del ministro de Defensa, ha realizado un pedido a la OTAN para ser considerado como socio global de la organización militar del imperialismo y en esta línea, el texto también hace referencia al “Concepto Estratégico - OTAN 2022”, suscripto en diciembre de 2022 por los países miembros y en el que se hace foco sobre la lucha contra el “terrorismo” . Los liberticidas, que durante su campaña electoral han hecho de la “destrucción del Estado” (en clave reaccionaria) su leitmotiv, propugnan que el “Estado debe actuar, ocupando un rol central en la lucha contra el terrorismo, para proteger y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.” El gobierno libertario mantiene un hilo conductor con los gobiernos que le precedieron: la lucha “contra el terrorismo”, doctrina de seguridad impuesta por el imperialismo yanqui luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El kirchnerismo puso en pie la ley antiterrorista y el macrismo, por medio de la reforma de la Ley de Defensa Nacional otorgó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas. Este giro apuntó a justificar un mayor andamiaje represivo al interior de cada país y un enorme despliegue bélico en Medio Oriente (Irak, Afganistán) . Esta política comenzó a ensayarse muy pronto. En Rosario, y con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, Bullrich y Petri anunciaron cambios en lo que se refiere a seguridad interna. El gobernador Maximiliano Pullaro quien exhortó al resto de la dirigencia a “ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que a los rosarinos le podamos dar un poco de paz”. Se hizo eco del pedido de Pullaro Axel Kicillof, quien mandó patrulleros, reforzando la militarización de la ciudad. En esta cruzada el gobierno busca el apoyo de los gobernadores. En este sentido, el proyecto prevé que sean los gobernadores los que integren el comité de crisis, que juzgará si se está en presencia de un acto “terrorista” y en definitiva tendrán la sartén por el mango para involucrar a las FF. AA en la represión interna. Asi los mandatarios provinciales, juntamente con la ministra de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, articularían las operaciones con las fuerzas de seguridad provinciales y las Fuerzas Armadas. Por pedido de la, autopercibida, oposición dialoguista al gobierno de Milei, el proyecto dictamina que en caso de que el comité de crisis requiera de la intervención de las FF. AA “se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. La oposición dialoguista quiere oficiar como síndico en la represión interna que emprenda el gobierno nacional contra “el terrorismo”. Uno de los puntos cruciales del proyecto es el que califica el accionar de los militares como “no punibles” y “en cumplimiento del deber”. Concretamente está planteado la impunidad para los militares que repriman, asesinen o lleven adelante vejaciones contra las personas. A pesar de las garantías de acción que le da el gobierno y el apoyo de las altas jerarquías de las FF. AA a la reforma, los jefes de las fuerzas opusieron objeciones de carácter jurídico y buscan un paraguas legal. La duda principal de los jefes de la FF. AA pasa por la línea de mando y sobre el uso concreto del poder de fuego, ya que el texto del proyecto de ley no queda definida "una autoridad de aplicación, ni quien ejercería el mando en el terreno durante una actividad de ese tipo". Estos contrapuntos fueron presentados a través del jefe del Ejército, general Carlos Pestri, que hizo hincapié en que la reforma debe salir, pero exigen que sea tratado por el Congreso. Los altos mandos militares no quieren asumir el costo político de una instancia de represión interna. Es aquí donde se encuadra la visita “humanitaria” de diputados libertarios a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad, que ha creado una crisis hacia dentro del bloque libertario. Durante la campaña electoral del año pasado, Villarruel puso de relieve su deseo de revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Cuando el gobierno llevó adelante la militarización de Rosario, encabezado por Bullrich, Villarruel salió al cruce públicamente contra la ministra de Seguridad, señalándole que las FF. AA no están facultadas para combatir contra civiles. Las reticencias de la vicepresidente tienen que ver con que los militares terminarían rindiendo cuentas en tribunales civiles y no ante una corte integrada por militares. Oficiando de vocera de los cuarteles Villarruel sentencio que “ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles) cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes bajo las acusaciones de terroristas impunes.” (Pagina/12, 13/3) El gobierno de Milei, con Petri y Bullrich a la cabeza, quiere vender gato por liebre en la puesta en pie de un Estado policial por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora.

La docencia de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra conmocionada por el avance de una reforma en las escuelas de nivel medio, impulsada por el gobierno de Jorge Macri. Implica el pasaje a un sistema presencial-virtual que elimina los cinco días de clase presencial, disminuye los contenidos de asignaturas; cambia la promoción anual por “talleres”. Obliga a los docentes a concentrarse en una sola escuela y renunciar a otros cargos, con la consiguiente disminución salarial. La información ha circulado verbalmente, pues el gobierno porteño se niega poner por escrito su propósito, como ha hecho en otras oportunidades, apelando a la estrategia de los hechos consumados. La burocracia, por supuesto, colabora con esa campaña de desinformación. Sin embargo, ya comenzaron a registrarse las primeras reacciones en las escuelas seleccionadas para el ´plan piloto´: en el Normal 7, los docentes se negaron a asistir a las reuniones convocadas por la dirección hasta que la escuela no sea retirada del programa piloto; en la Escuela de Comercio 4 DE 4 se redactó un pronunciamiento de rechazo a la reforma. Con lo poco que han informado las autoridades educativas y las versiones que circulan, ya se puede hablar de que esta reforma implica el aniquilamiento de la enseñanza media y tendrá un efecto demoledor tanto sobre el derecho a estudiar de los alumnos como sobre las condiciones de trabajo de los docentes, con despidos masivos incluidos. El carácter de los cambios fue comentado en distintas oportunidades por directivos de escuela y algo había adelantado en declaraciones periodísticas la ministra Mercedes Miguel (Infobae, 16/07), donde anunció que “con una mesa de especialistas, técnicos, supervisores, rectores, estamos empezando a diseñar un nuevo modelo de escuela secundaria”. Miguel mencionó dos puntos tecnológicos de apoyo: “la Inteligencia artificial y la realidad aumentada” y dictaminó que “a la generación que hoy está en la escuela, la transferencia de contenido se la da el celular de una manera más efectiva que los docentes”. Lo dice una burócrata de organismos internacionales que estuvo menos de un año, en la primera juventud, al frente de un aula. En esa misma entrevista, Miguel -que evidentemente no piensa consultar ni a los docentes ni a sus organizaciones sindicales- dijo que el plan comenzará de forma voluntaria (sic) en 2025 en medio centenar de escuelas piloto y se aplicará en la totalidad (508 escuelas) entre 2026 y 2027. A pesar de lo inminente de la reforma, no hay ningún documento oficial que la explicite. Esto no es inocente: el gobierno pretende dividir a los docentes y generar un clima de confusión que debilite una respuesta contundente de los trabajadores de la educación contra esta ofensiva. Salto cualitativo en la degradación educativa y laboral La llamada “reforma” se inscribe en el llamado “Plan Estratégico BA Aprende 2024”, que destaca que el 22% de los alumnos no termina la escuela secundaria (en la escuela pública esta cifra alcanza un 33%) y las deficiencias en la formación básica en Lengua y Matemática. A partir de esos dos elementos y algunas apreciaciones del estilo “responder a las demandas de los chicos”, y con la excusa de incrementar la carga horaria de las “materias troncales” Lengua y Matemáticas, el gobierno macrista avanza en un radical vaciamiento educativo pulverizando las materias específicas. En una primarizacion de la escuela secundaria, asignaturas como Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana, pasarían a fusionarse en un área única: Ciencias Sociales. Esta eliminación de la enseñanza de historia, geografía, psicología, entre otras, no tiene nada de novedoso. Fue un anhelo al que tuvo que renunciar Mauricio Macri, en 2013, cuando enfrentó una masiva rebelión estudiantil que lo obligó a archivar la reforma en ese entonces. Por otra parte, la reforma desconoce la función socializadora de la escuela, clave en la formación de los adolescentes. Plantea un “modelo híbrido” virtual-presencial con días en los que los chicos no tendrían que asistir al colegio. En las materias consideradas “satélites” la virtualidad sería del 30 al 50%. Este desguace de la enseñanza media se completa por la sustitución de la promoción anual por un sistema de puntos que acrediten los talleres cuatrimestrales que haya elegido el alumno· El ataque contra los docentes está en línea con el ataque a los alumnos. Se impone un cambio reaccionario en el régimen laboral que incluye el despido de un sector amplio de docentes. Los trabajadores dejan de ser docentes del Gobierno de la Ciudad a docentes de la escuela, cumpliendo cargos de 18, 36 o 72 horas en la misma institución. En lo inmediato, la obligación de tomar cargos de 36 o 72 horas -nadie vive con un cargo de 18 horas- obligaría a los docentes a renunciar a los otros cargos ya que la gran masa de docentes en Media trabaja en más de una escuela cumpliendo horarios de diversa extensión. Esto implicaría una reducción del salario por hora de trabajo porque a partir de la hora 36 se achata la escala salarial. El contenido social de esta política No sólo se trata de un ajuste educativo (despidos, reducción de la masa salarial), el sentido estratégico más profundo de la reforma lo expresa la propia ministra: “siendo que es una etapa de transición al mundo del trabajo, al emprendedorismo”, la escuela secundaria debe adaptarse a las nuevas formas de mayor atomización y flexibilización de la fuerza de trabajo. A eso apunta el acento en las “trayectorias individualizadas y personalizadas.” Esta política de desarrollo de “capacidades blandas” y de vaciamiento de contenidos disciplinares es una línea impulsada por un sector del capital que tiene activa vinculación con las gestiones educativas. Bernardo Brugnolli (de la ONG Junior Achievment Argentina) expresa: “En primer lugar, buscamos generar experiencias en las que cada chico se conozca a sí mismo y entienda dónde es bueno, y en segundo lugar, apuntamos a acercarles información sobre el mercado laboral, como los espacios en donde hay más oportunidades y las industrias más pujantes” (La Nación, 6/05). La vinculación con la escuela es explícita: “los programas de Junior Achievement Argentina tienen a la escuela como un aliado, trabajan fundamentalmente con instituciones de gestión estatal o privada con subvención. Con foco en jóvenes que están forjando su identidad y autonomía, las iniciativas son diseñadas a partir de tres ejes: emprendedurismo, herramientas para el trabajo y educación financiera” (La Nación, 6/05). Esta ONG, tiene una activa articulación con los gobiernos provinciales y de CABA: “En este marco la entidad trazó una estrategia de alianza con gobiernos provinciales y con el de la Ciudad de Buenos Aires a fin de alentar la capacitación de los docentes en esta temáticas” (La Nación, 6/05). En la propia página del Gobierno de la Ciudad, se puede encontrar una descripción de esta ONG. ¿Cómo enfrentamos esta ofensiva? Para UTE (el sindicato docente afiliado a CTERA) la reforma no ha sido motivo para convocar a sus amañados plenarios de delegados, ni siquiera sacar un comunicado en su página web; es más, ha intervenido en distintas escuelas con la línea de que aún no hay información suficiente o defendiendo la posibilidad de que los docentes reúnan la totalidad de sus horas en una escuela. Este “silencio” no es un simple olvido: en PBA, SUTEBA (dirigido también por la Celeste) defiende reformas por el estilo que impulsa el gobernador Kicillof. Más allá de esta connivencia de la burocracia con la reforma que se intenta, la iniciativa desplegada hasta ahora por la docencia indica un camino. La convocatoria de docentes de varias escuelas en el sindicato Ademys, la rebelión de los docentes del Normal 7 a la inclusión de la escuela como piloto, así como diversas expresiones de rechazo en comunicados lo subrayan. Debemos apoyarnos en estas iniciativas para organizar una huelga hasta derrotar este intento reaccionario. Impulsemos asambleas y convocatorias de distrito para ello. LEER MÁS: CABA y PBA promueven una barbarie educativa Segmentación, valorización del capital, explotación, descalificación y monotributismo. Por Damián Melcer y Julio Gudiño, 15/08/2024.

Luego del paro masivo de 72 horas donde se expresaron tendencias muy combativas sobrepasando a las conducciones, como ocurrió en San Luis con la ocupación de la universidad , en Córdoba, Rosario, Rio Cuarto, Mar del Plata, extendiendo el paro de tres días a seis, en asociaciones vinculadas a la FEDUN que llamaba a parar solo 24 horas, extendiendo el paro a 48 y 72 horas; en el caso de las tecnológicas, los no docentes extendiendo el paro por encima de las directivas de la FATUN. La conclusión elemental, ante la falta de respuesta del gobierno, era profundizar el proceso huelguístico y convocar de manera resuelta a una nueva Marcha Federal que reeditara e incluso superara la del 23 de abril pasado. Sin embargo, el Frente Sindical llamó a continuar la lucha con un paro de 48 horas, desinflando el proceso huelguístico y pateando sin fecha la nueva Marcha Educativa, y luego de ello levantó toda acción de fuerza en nombre de converger con el CIN en apoyar la sanción de la Ley de Financiamiento que había logrado media sanción en la Cámara de Diputados . En un texto del viernes 23 de agosto, el Frente Sindical saluda la media sanción y llama a los senadores a votarla positivamente, incluso comprometiendo a las asociaciones de bases de las federaciones que integran el Frente Sindical a abrir discusiones en cada provincia con los senadores para obtener el apoyo al proyecto. Con este comunicado el Frente Sindical de Universidades Nacionales sepultaba la lucha huelguística, para ir detrás del proyecto de ley. A la par de ello planteaba atar los nuevos pasos a las decisiones que adoptará el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que se reunirá el 30 de agosto en La Pampa que también emitió su propio comunicado de apoyo a la “Ley de Financiamiento”. ADUNS y FATUN (que integran la CGT) son los principales agitadores de esta reunión en La Pampa con todos los rectores de la Universidades Nacionales. Con ese escenario, el FAB (Frente de Asociaciones de Base), que es el ala disidente dentro de CONADU y que impulsó los paros de una semana en las principales universidades que dirigen, también se suma en apoyo al proyecto parlamentario señalando que es un producto de la lucha, pero advierte en sus comunicados que si se obtuviera la media sanción en el Senado está la posibilidad del veto por parte del Ejecutivo, frente a lo cual, plantean mantenerse en estado de alerta. ADIUC, el sindicato que dirige la FAB en Córdoba planteó que el proyecto es producto de la Marcha Federal Educativa del 23 de abril y su tratamiento en el Senado será el camino a la segunda marcha. Por su parte, la CONADU H el 28 de agosto realizó un Plenario de Secretarios Generales que no resolvió nada, salvo un cuarto intermedio para el 2 de setiembre, que dejó sin resolución la moción de algunas asociaciones de bases de retomar la lucha huelguística y concretar la Marcha Federal, como era el caso de la ADIUNT, que llevaban como mandato de asamblea general ir a un nuevo paro de 72 horas para la primera semana de septiembre y en ese marco lanzar la convocatoria de la Marcha Federal Educativa. En el plenario, casi de manera solitaria, también se escuchó el pronunciamiento crítico que votó la asamblea de la ADIUNT al proyecto de financiamiento universitario, denunciando a la iniciativa parlamentaria como una maniobra de los bloques opositores al oficialismo dirigido a desviar el proceso huelguístico (dándole un pretexto a todas las conducciones burocráticas de todas las federaciones) detrás de la agenda parlamentaria en pos de un proyecto que no dispone la recuperación de los salarios y del presupuesto sino que “encomienda” al Ejecutivo que tenga en cuenta las recomendaciones contempladas en el proyecto , con el agregado de que en materia salarial, todas esas recomendaciones no serán tenidas en cuentas si se convoca a paritarias. La respuesta anticipada la dio el propio Milei al señalar que las paritarias que superen el 2% mensual de aumento no van a ser homologadas. Por su lado, el propio Congreso, en la misma Cámara de Diputados que le dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, también le dio media sanción a otro proyecto, declarando a la educación como “servicio esencial” fijando un protocolo en las situaciones conflictivas que prácticamente anulan el derecho de huelga de los trabajadores de la educación. En el plenario de la CONADU H, algunos miembros de la conducción se opusieron a impulsar cualquier acción sin antes coordinar previamente con el CIN y el Frente Sindical. Llegaron a decir que si el Senado aprobaba el proyecto de ley ya no iba a hacer falta impulsar paros y mucho menos una Marcha Federal. Las conducciones burocráticas nuevamente transfieren la dirección de los reclamos al CIN, o sea a los Rectores, como ocurrió en abril pasado, y que condujo a un acuerdo de los Rectores con el gobierno para aumentar el presupuesto volcado a los gastos de funcionamiento, pero sin atender las demandas salariales que fueron pateadas a negociaciones paritarias que finalmente fueron levantadas y el gobierno decidió manejar la cuestión salarial por decretos, otorgando aumentos irrisorios. En esa oportunidad los rectores levantaron la declaración de “emergencia presupuestaria”, pues habían solucionado sus problemas de caja, dejando en la banquina, sin solución a los salarios de los trabajadores universitarios. Ahora, nuevamente se repite la historia, sin atender, encubriendo que son los propios rectores los encargados de aplicar el ajuste en las universidades contra los trabajadores docentes y no docentes, los que violan constantemente los convenios colectivos de trabajo, los que en oportunidad del paro de 48 horas convocaron a abrir las puertas e impulsar el carneraje de la medida de fuerza. Por último, cabe señalar que toda la izquierda, en particular la que integra el FITU ha apoyado la maniobra parlamentaria y han defendido este planteo en las asambleas, dando una muestra más de su degeneración política democratizante. Por lo tanto, vencer la política de destrucción salarial y de la educación pública gratuita que impulsa Milei, solo será posible con una lucha de conjunto, la huelga indefinida, combinada con una marcha de alcances históricos que replique la que se concretó el 23 de abril.

Las apariencias engañan. En Venezuela todo parece haber quedado congelado desde que Maduro se autoadjudicó la victoria en la reciente elección presidencial sin presentar la menor prueba concreta. El fraude político ha sido complementado con una represión violenta y la detención de un número elevado de dirigentes opositores . Es probable, sin embargo, que la respuesta no esté dirigida solamente al elenco de la oposición tradicional. De acuerdo a un informe publicado en la revista The New Left Review, la cual no podría decirse que revista en el campo de la derecha, da crédito a un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que ha establecido que la mayor parte de las protestas contra el fraude político ha tenido lugar en las barriadas, o sea los viejos bastiones impenetrables del chavismo –un 80% , lo mismo que la represión, el 70 %. No es irrazonable que esto sea así, dado que Maduro ha llevado adelante una política económica que Milei aún no ha logrado emular, o sea una dolarización fundada en la destrucción del bolívar, la moneda venezolana, y un crecimiento de la miseria a lo largo de los últimos siete u ocho años . Si esta tendencia se consolidara, habría en el horizonte algo más extraordinario que el Caracazo de 1989. En este sentido, la represión tendría un carácter político preventivo. La derechista Plataforma de la Unidad Democrática, que encabeza Corina Machado, se ha cuidado mucho de no alentar ese movimiento de rebelión, para lo cual mantiene en escena la convocatoria de actos públicos periódicos, que el oficialismo replica con regularidad. La PUD no quiere patear el tablero, luego de haber llegado a los comicios mediante un acuerdo con el madurismo y el gobierno norteamericano -el acuerdo de Barbados, de octubre de 2023- en el que aceptó la proscripción de candidatos y la abstención forzada de los millones de venezolanos que se vieron obligados a emigrar. En el campo diplomático las aguas parecen también muy quietas y hasta completamente estancadas . Estados Unidos y la Unión Europea han dado por válidas las actas del escrutinio que presentó la oposición, pero no se ha precipitado en reconocer por adelantado un gobierno de la derecha, como la había hecho anteriormente con Juan Guaidó. Se valen de la ficción de que el nuevo mandato presidencial comienza en enero próximo para dejar congelado el tema del reconocimiento. Hasta enero faltan cinco meses, y antes tendrán lugar las elecciones norteamericanas. Entretanto, las negociaciones no se detienen. Una de las propuestas en circulación es aprovechar las elecciones parlamentarias y municipales del año que viene para arribar a un acuerdo de cogobierno entre Maduro y una eventual mayoría opositora en la Asamblea Nacional y los Concejos de ciudades. Esta transacción supone un reconocimiento de los resultados nunca expuestos de las elecciones presidenciales del 28 de octubre pasado –un paso difícil de dar. Lula propuso, hace dos semanas, nada menos que un gobierno de coalición. El planteo, inviable en principio, no es menor, porque Lula lo justificó poniendo como ejemplo al gobierno que él mismo preside en Brasil, en coalición con toda la derecha histórica, sin el bolsonarismo. Lejos de impulsar la lucha contra la derecha, propone la mimetización con ella. Aunque la Constitución chavista de Venezuela ofrece la oportunidad para destituir al Presidente de turno por medio de un referendo revocatorio, pone para ello la condición de que haya pasado un año desde su elección, lo cual significa una espera indefinida en las presentes circunstancias. Celso Amorim, asesor de Lula, acaba de señalar a El País de Madrid que Venezuela “es un peón en el juego geopolítico mundial”, lo que equivale a una sugerencia para incorporar a Rusia y China en la mediación de la crisis. Son efectivamente dos ‘jugadores’ fundamentales: China y Rusia acaparan, según un especialista, la parte del león de las inversiones en gas y petróleo. Rusia ha provisto el armamento de las fuerzas armadas de Venezuela y el Ministerio de Economía de Rusia es el inspirador del programa de dolarización ‘endógena’ y privatizaciones de Maduro. China es el principal acreedor del país, al pagarle por adelantado un contrato de abastecimiento petrolero por varios años. Las mediaciones diplomáticas procuran revivir el acuerdo de Barbados, que estableció un levantamiento parcial de las sanciones comerciales contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela por parte de Estados Unidos. “Con actas o sin actas, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela”, escribe Claudio Katz, un ultrachavista argentino, en el portal Aporrea, en una admisión de que el gobierno norteamericano habría puesto en un lugar secundario la manipulación de las elecciones. En efecto, Pdvsa produce uno de cuatro barriles de petróleo, escribe otro ultrachavista, pero venezolano, Modesto Emilio Guerrero –el resto sale de Chevron, Repsol, y la italiana ENI. El acuerdo que Maduro firmó con Chevron rige hasta 2050 – más allá de los RIGI de Milei. Las petroleras norteamericanas se han convertido en el principal apoyo de Maduro. Para Wall Street, Maduro garantiza estabilidad . Para el responsable internacional de Clarín, Marcelo Cantelmi, un inclaudicable denunciante del chavismo y defensor de las democracias occidentales, la reciente designación de Delcy Rodriguez en la cartera de Petróleo “es un clara seńal a los inversionistas que concurrieron en manada a Venezuela en octubre pasado cuando EE.UU. levantó parte de las sanciones que regían sobre esas actividades en el país”. Esta es la base económica de la acción diplomática para resolver la crisis desatada por el fraude político por medio de un acuerdo. Otro tema fundamental es que Venezuela acumula una deuda externa en default de alrededor de 500 mil millones de dólares, que no ha sido objeto de embargos como consecuencia de una resolución suspensiva de juicios, por parte de la pasada gestión de Donald Trump. Sin un gobierno reconocido internacionalmente la deuda no podría ser renegociado, la financiación extranjera seguiría en cero y se desataría una ola embargos de activos venezolanos en el exterior. Para Celso Amorim, el lapso de tiempo que va a enero, es suficientemente largo para favorecer un acuerdo político. Ocurra o no, será en perjuicio de los trabajadores de Venezuela, que efectivamente han sufrido “el mayor ajuste mundial” (Milei). El fraude político perpetrado por el gobierno de Maduro ha servido como un guante a la ultraderecha , no sólo en América Latina, que, históricamente proscriptiva y golpista, ensaya la vestimenta de la pureza electoral y del respeto a la voluntad popular. Observada en su conjunto, las elecciones en Venezuela han sido diseñadas al margen de la voluntad popular, para acomodarlas a una gran extorsión internacional negociada con el régimen venezolano. No solamente en Venezuela, la voluntad popular requiere como condición un gobierno de la mayoría trabajadora. En Estados Unidos, la crisis política creciente ha sido un disparador para numerosos relatos y evidencias de los fraudes electorales sistemáticos en el país, que arrancan mucho más atrás incluso que las primarias de los partidos, que tienen lugar bajo el control de una poderosa maquinaria financiera.

El Ministerio de Capital Humano realizó un acuerdo con Rappi con el objeto de incorporar a los titulares del plan social ‘Volver al Trabajo’ a su plataforma. Con la presencia de la ministra Sandra Pettovello, el gerente de Rappi Franco Lena y el secretario de Trabajo Julio Cordero, se llevó adelante la firma de un “convenio de colaboración”. El convenio está destinado a “mejorar la empleabilidad e impulsar la inclusión social enfocando en los beneficiarios de los programas nacionales de empleo gestionados por la Secretaria de Trabajo” con el fin de “generar oportunidades de inclusión social y laboral enfocadas en personas desempleadas a quiénes se les brindarán habilidades y competencias requeridas en el mercado laboral”. Según los directivos de Rappi, que el año pasado sumó 150.000 nuevos trabajadores, el eje estará en brindar una instrucción sobre el funcionamiento de su plataforma digital a los titulares para que puedan ingresar al trabajo como repartidores. Esta nueva forma de explotación presenta como ‘emprendedores independientes’ a trabajadores tercerizados de las grandes cadenas . La mayoría de ellas vinculadas al comercio y la gastronomía a través de plataformas como Rappi, PedidosYa, MercadoLibre y Uber Eats. En el caso de Rappi, es una de las aplicaciones más importantes para trabajadores de delivery y mensajería con vehículos a tracción humana, con directivos muy cercanos al ideario impulsado por Javier Milei. La empresa el año pasado fue noticia por girarle $10.000 a cada repartidor para que se movilicen en apoyo a los diputados libertarios de la provincia de Buenos Aires. Aún no está claro si la propia empresa será subsidiada con planes sociales, si habrá fondos propios o si los titulares de los programas serán usados como bolsa de trabajo cautiva. Pettovello, al firmar colocó “no podemos seguir hablando del mundo del trabajo de hace 80 años donde alguien trabajaba en el mismo lugar durante 40 años. Ese mundo ya no existe”. Lena agradeció la oportunidad para su empresa “es la primera vez que un gobierno firma un convenio de estas características con nosotros”, “desde Rappi sabemos que cada vez que alguien se suma a trabajar con nosotros, con sólo una bicicleta y un celular, es una persona que sale de la pobreza” afirmó entusiasta. Cordero también se mostró contento “650.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo se inscribieron voluntariamente en el Portal Empleo y este tipo de convenios son fundamentales para su inserción”, intentando tapar con demagogia liberal la nula convocatoria a capacitaciones y trabajo genuino para el más de medio millón que lo solicitaron. “Colaborador independiente” La cuestión de las apps viene siendo agitada por todo el arco político como una ´necesaria modernización´ en las relaciones laborales. Sergio Massa, durante su gestión en el Ministerio de Economía, fue un impulsor de los convenios con estas plataformas de trabajo precario, habilitando en la red de trenes nacionales la construcción de “Recargate”. Una cadena de espacios de descanso, carga de celulares, lockers para las pertenencias y acceso a internet para los trabajadores de plataformas; una promoción de este nicho a través del Estado. Varios aún recuerdan el intento de Mauricio Macri con la cadena de comidas rápidas McDonald’s y el convenio llamado "Primer Empleo". Varios especialistas colocan al trabajador de aplicación como un sector de apoyo político al gobierno libertario que valora los beneficios de elegir a qué hora trabajar y por cuanto tiempo, no tener un jefe directo o un sindicato al que girar una cuota sindical. Esto se encuentra en debate, ya que el trabajo de plataforma requiere hacerse cargo de las herramientas de trabajo como el teléfono celular, caja de repartidor, indumentaria, no tiene seguro de robos y es, en general, un complemento de otras formas de ingresos. Hoy una jornada de 8 hs. diarias puede encontrarse por encima del millón de pesos según la aplicación y la cantidad de viajes. Sin embargo, aquellos que lo hacen full-time sólo logran mantenerse plenos unos cuatro meses en promedio, deben lidiar con un alto ritmo de trabajo para llegar a un buen “puntaje” en el algoritmo que la app solicita para tomar pedidos. Esto lleva a accidentes, lesiones y agotamiento que se agravan por la falta de cobertura médica y ART. Pero este paso de Pettovello con Rappi puede ser rápidamente consumido por la reforma laboral que está trabajando Federico Sturzenegger, en plenas negociaciones para extender el “fondo de cese” que reemplaza la indemnización como ya sucede en la UOCRA de Gerardo Martínez. Y para instalar la nueva figura de “colaborador independiente” un empleado sin convenio, sin vacaciones, sin aguinaldo y sin derecho a huelga. La Tendencia del Polo Obrero llevó adelante una movilización el 14 de agosto donde presentó un petitorio a Capital Humano por la apertura de fuentes de trabajo bajo convenio , colocando el problema de la desocupación y el corte de las changas. Reclamamos las capacitaciones y los cursos de formación prometidos desde abril de este año con la inscripción al ‘Portal Empleo’ . Estas semanas, con similar modalidad, organizaciones como Barrios de Pie, MST-Teresa Vive y el Polo Obrero (oficial) se concentraron en la oficina de Pettovello pidiendo alimentos para los comedores y denunciando una situación de miseria. Este convenio de Capital Humano sigue la línea de flexibilización al problema de la falta de trabajo.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, en su exposición en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, expresó su rechazo a la diversidad de identidades sexuales. En nombre de la biología y, en oposición a lo que llamó inventos subjetivos, dejó expuesta la posición reaccionaria del gobierno liberticida. Claramente no se trata de opiniones personales del ministro sino de todo un programa de gobierno para arrasar conquistas históricas. Su alcance incluso es internacional en tanto Milei y su runfla reaccionaria son parte de una corriente internacional integrada por Trump, Bolsonaro y la derecha fascista. El propósito de estos es retrotraer a las familias obreras a su función de primer eslabón de la explotación y opresión capitalista. Mujeres que se dediquen a tener hijos, y niños y jóvenes que no desafíen el orden social. El propio Milei durante su campaña levantó la consigna de rechazo al aborto legal, intención que tuvo que encarpetar luego de la masiva movilización del 8 de marzo. Los planteos negacionistas de la violencia contra las mujeres y las diversidades son desenvueltos una y otra vez por ministros y funcionarios, quienes además se han encargado de desmantelar programas y organismos destinados, aunque de manera limitada, a la asistencia a las víctimas y a la prevención. Tal es el caso del programa ENIA y de la propia ESI. Justamente por eso se encontraba Cúneo Libarona en el Congreso en tanto había sido convocado para "abordar diversas cuestiones vinculadas al cierre de la subsecretaría de Protección contra la violencia de género, políticas públicas en materia de géneros y diversidades". El nivel de perfidia de los llamados defensores de la biología y de la familia es tal que fueron acompañados por integrantes de una fundación que defiende a padres abusadores y violentos presentándolos como víctimas de falsas denuncias. Son los mismos que tienen en sus filas a los Kiczka, pedófilos de larga data y público conocimiento, quienes gozaron de tiempo suficiente para fugarse, y a implicados en la desaparición de Loan, como el senador provincial Diego Pellegrini y el abogado Codazzi con vínculos con el gobernador de Corrientes. De estos no se volvió a hablar. Frente a tamaño ataque del gobierno liberticida, que no puede ser reducido a un discurso de odio más, queda planteada la necesidad de preparar una respuesta contundente de toda la clase obrera. Resulta clave converger con las luchas que intentan abrirse camino como la de los jubilados, la docencia y las universidades públicas, aceiteros y trabajadores del neumático y transformar el encuentro nacional de mujeres y de la diversidad que se realizará en Jujuy en una instancia resolutiva de un plan de lucha para derrotar al gobierno liberticida.

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores aeronáuticos realizaron ayer asambleas de tres horas en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba y Mendoza, en reclamo de un aumento salarial que compense la inflación. La medida ya se había realizado la semana pasada, paralizado los vuelos de pasajeros y generando demoras. La conducción de Aerolíneas Argentinas en manos de La Libertad Avanza (LLA) acusó a los trabajadores de causar pérdidas a la compañía y amenazó con “acciones disciplinarias” contra quienes participaron de esas medidas de protesta. El viernes, de 6 a 9, habrá asambleas informativas en el Aeroparque. La línea del gobierno de Milei es la privatización de Aerolíneas.. Debido a una fuerte movilización de los trabajadores, con asambleas masivas, el Gobierno tuvo que ceder y quitarla del listado de las empresas estatales a privatizar en la Ley Bases. A principio de mes, Milei emitió un decreto que desregula el espacio aerocomercial, Pablo Biró, Secretario General de APLA, cuestionó la falta de interlocución política del gobierno con los sindicatos. Caracterizó al decreto de desregulación como contradictoria con la privatización de Intercargo. “No coinciden el audio con el vídeo”. Intercargo realiza todo el servicio de embarque, rampas y valijas. La desregulación en si misma la pone a competir con otros actores. Biró lo denuncia como una posible mala praxis o una intención de hacerle daño al Estado. Hace una semana, los sindicatos anunciaron un esquema de asambleas. La empresa tomó medidas de todo orden para que no afecte los vuelos, como modificar horarios. En respuesta, los trabajadores adelantaron una hora las asambleas, afectando once vuelos. Los únicos que operaron normalmente fueron los de American Airlines, que tiene su propio servicio de rampa. La medida de los pilotos involucra directamente a Aerolíneas Argentinas. Pero la de los aeronavegantes, que abarca al servicio de rampa, impacta en el resto de las compañías ya que no reciben servicio de pista ni de equipajes. La empresa emitió un comunicado con fuertes acusaciones y amenazas. Denuncia supuestas pérdidas por 500 mil dólares y que las asambleas fueron “un paro encubierto".

El diputado Martín Tetaz, del radicalismo, ha presentado un proyecto de “Jornada Laboral Alternativa” (JOLA). Con la declarada intención de establecer una “flexibilización horaria de la jornada laboral”, elimina la jornada legal de ocho horas para el trabajo diurno, de siete horas para la noche y de seis horas para los trabajos insalubres. El proyecto pretende otorgar fuerza de ley a las prácticas de prolongación de la jornada que hoy las patronales imponen de hecho, a través de la manipulación de los turnos rotativos o del abuso de las horas extras. El radicalismo busca ‘primerear’ de este modo a los anuncios en el mismo sentido que tiene en carpeta Federico Sturzenegger. Los trabajadores se enfrentan a una nueva manifestación del acuerdo que existe entre los principales partidos políticos para apoyar la agenda del gran capital que promueven Caputo y Milei. No sorprende que la CGT finja ignorar este atropello, embarcada, como está, en la colaboración que presta a la “reforma laboral” del gobierno liberticida. Llamamos a desarrollar una campaña de repudios a este proyecto con el propósito de reunir las fuerzas de la clase obrera para derrotarlo con los métodos de la autoconvocatoria y de la acción directa. Para comunicarse: Jorge Altamira 11 4423-7873 Pablo Busch 11 3049-7824 Patricia Urones 11 3520-2662 Marcelo Ramal 11 5690-1943 LEER MÁS: El radicalismo propone derogar la jornada de 8 horas y la de seis horas para actividades insalubres El proyecto de “jornada laboral alternativa” de Martín Tetaz. Por Pablo Busch, 28/08/2024.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la inconstitucionalidad de una serie de artículos del capítulo laboral del DNU 70 del gobierno de Javier Milei. El resto del DNU continúa vigente y buena parte del capítulo laboral fue transformado en ley a través de la “Ley Bases”. El DNU fue rechazado por el Senado pero la Cámara de Diputados nunca lo trató. Los artículos a los que se refiere CTERA fueron los 86, 87, 88 y 97. Es la normativa que coarta la posibilidad de realización de asambleas, del derecho a la negociación colectiva y que cercena el derecho a huelga, incluyendo la prohibición de realizar bloqueos o tomas de establecimientos. El “Triunfo contra el cercenamiento a la protesta” que festeja la CTERA en un comunicado llega tarde, como dijimos, luego de que estos aspectos ya fueron incluídos en la reforma laboral de la Ley Bases. El gobierno y sus aliadods se disponen a votar en el Senado la declaración de la educación como “servicio esencial”. CTERA utiliza los argumentos de este fallo para preparar su estrategia una vez que se apruebe. Advierten que: “Por dicho motivo la CTERA y los gremios de base adheridos, podrán adoptar a futuro las acciones que estimen convenientes en defensa del salario y de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación” (CTERA, 27/8). La central sindical da por consumada la votación en el Congreso, cuando lo que está planteado es derrotarla mediante la huelga. Su aprobación en la Cámara de Diputados se dio sin que la CTERA promueva una medida de fuerza . La estrategia judicial de la CTERA y la CGT es llevar el reclamo al ámbito judicial para sacarle el cuerpo a una lucha decidida contra el gobierno liberticida. Este fallo tardío demuestra que es un camino de derrota para los trabajadores. La última huelga de SUTEBA, impulsada por las seccionales opositoras, fue atacada rabiosamente por Baradel. En el último plenario de Secretarios Generales, dirigentes de la conducción pidieron la intervención del Tribunal de Disciplina para castigar a los que promovieron el paro, justamente contra la ley antihuelga. La “esencialidad” ya la está aplicando la burocracia sindical. La lista celeste -conducción de la CTERA- ha prometido una marcha federal educativa para el mes de septiembre y un paro nacional el día que se vote la “esencialidad educativa” en el Senado, pero hasta el momento no se conoce ni la fecha de la movilización ni ninguna campaña al respecto. Lo que presentan como un “plan de lucha” son acciones aisladas que le dan tiempo a Milei para continuar con la liquidación del salario y sus reformas antiobreras.

La jueza federal Servini de Cubría firmó la excarcelación de la compañera Daniela Calarco, militante del MTR Votamos Luchar, presa desde las cacerías policiales ocurridas en la movilización del 12 de junio pasado contra la Ley Bases. Daniela era la única mujer que permanecía detenida en el Pabellón de Admisión del penal de Ezeiza durante 75 días junto a la población carcelaria común. El fiscal federal Carlos Stornelli se opuso a su excarcelación. De los 35 detenidos y detenidas, todavía queda encarcelado Roberto de la Cruz Gómez. Las acusaciones iniciales, avaladas por Stornelli y promovidas desde el propio gobierno, buscaban sostener las detenciones de los manifestantes bajo caratulas de “terrorismo” y “sedición”, en una tentativa de “golpe de Estado”, algo que fue rechazado por la propia jueza Servini ante la falta completa de toda prueba que avalara aunque sea uno de los crimenes asociados. Finalmente, la causa se ha ido desgranando enormemente hasta llegar al punto de casi ser derivada de un juzgado federal a un juzgado común. Calarco se encuentra procesada por ser "coautora penalmente responsable del delito de incendio en concurso ideal con daño agravado por haber afectado un bien de uso público, y en concurso ideal con intimidación pública”. La cárcel preventiva había sido pretendidamente “justificada” por medidas pendientes, como el análisis de los teléfonos, que habrían dado con otras personas "que ejecutaron acciones comunes y develar si existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados" (Página 12, 29/8). Daniela estuvo detenida en Ezeiza en condiciones deplorables. Denunció toda clase de irregularidades en el accionar policial así como maltrato policial y judicial a los detenidos de aquellas jornadas. Calarco, además, denunció la situación general de los presos en los pabellones comunes, en contraste a los pabellones de lujo que ostentan los genocidas de la última dictadura que pretenden ser liberados por “razones humanitarias”. Daniela pasó 75 días encarcelada. Las supuestas pruebas contra ella consistirían en un video donde se ve a una persona incendiando bicicletas públicas en Plaza Congreso. Para Servini de Cubría, "concluida la instrucción del sumario respecto de varios imputados, entre ellos la nombrada Arredondo, y si bien el Agente Fiscal solicitó una serie de medidas previas, su producción y éxito no dependerá ni podrá verse alterado o entorpecido por la soltura de la imputada". Este escrito, con fecha del 6 de agosto, habilitaba la libertad, pero fue contrariado por el fiscal Stornelli, lo que llevó a la demora de la misma. La causa penal sigue abierta, aunque el escrito de la jueza señala "si bien se encuentra en trámite una profundización en la investigación tendiente a establecer la comisión de delitos de acción pública por parte de distintas personas mientras se manifestaban frente al Congreso de la Nación y si aquellos ejecutaron acciones comunes, y develar si existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados, lo cierto es que, de momento, esta circunstancia no ha podido ser acreditada". Lo que pone sobre la mesa la intención política del gobierno en montar un estado policial con el pretexto de toda movilización política que enfrente de cualquier forma sus políticas, así lo ha dejado en claro una represión contra las organizaciones de jubilados ante el veto a la ley de miseria previsional del Congreso. Exigimos la libertad a Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Abajo el gobierno, arriba los que luchan. LEER MÁS: Daniela Calarco, presa política de Milei-Bullrich Por Joaquín Antúnez, 16/08/2024.

Apoyándose en la recesión económica inducida por el gobierno de Milei-Caputo y en la pasividad de la CGT y CTA, las patronales de la industria del Neumático están golpeando fuertemente a los trabajadores por medio de despidos y suspensiones masivas con el objetivo de debilitarlos y dividirlos y arremeter contra el salario, las condiciones de trabajo y el convenio colectivo. Pirelli, a diferencia de FATE y Bridgestone, no recurrió a ningún Procedimiento Preventivo de Crisis para producir despidos ilegales, fraudulentos y masivos. Esta patronal implementó “retiros voluntarios” que no son otra cosa que una extorsión hacia el trabajador para que acepte su propio despido bajo todo tipo de amenazas. Por este medio fueron despedidos, hasta marzo de este año, más de 200 trabajadores. Esta sangría de puestos de trabajo fue denunciada por el SUTNA con diversas acciones de protesta que finalizaron con un acto frente a la fábrica a principios de mayo . La patronal de Pirelli ha vuelto a la carga en sintonía con la ofensiva de FATE y Bridgestone. Primero suspendió en forma arbitraria e intermitente la producción los fines de semana y luego dio un paso más suspendiendo por 2 semanas parte del plantel obrero del turno mañana según la rotación de los diversos equipos de trabajo. En ese lapso de tiempo la empresa apretó las clavijas del proceso de producción y logró llegar a los objetivos productivos que se trazó, lo que motivó inmediatamente que el jefe de personal de la planta, Federíco Lowenstein, empezará a convocar a decenas de compañeros para apretarlos y lograr que acepten su propio despido. Hace unos días el compañero Esteban Salvatierra, uno de los compañeros despedidos en forma ilegal y arbitraria, hizo pública una “carta abierta” dirigida a los trabajadores y al SUTNA para expresar su disposición a dar pelea por su reincorporación y para “parar la sangría de despidos encubiertos” y convoca a todos los trabajadores de Pirelli a luchar “todos juntos para pararle la mano a la empresa”. Está objetivamente planteado la convocatoria a una asamblea general de planta, con los compañeros suspendidos y despedidos, para votar un plan de lucha en defensa de todos los puestos de trabajo, el convenio colectivo de trabajo y el salario. LEER MÁS: “A la ofensiva liberticida y a las patronales las podemos derrotar” Desgrabación de Altamira Responde, 18/7/24. Por Jorge Altamira, 18/07/2024.

Durante los días 2 al 6 de septiembre se realizarán las elecciones de Centro de estudiantes, Consejo directivo y Junta de carrera en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Estas ocurren mientras avanza un operativo de desmantelamiento de la educación universitaria pública, la liquidación de la paritaria docente por decreto y el ahogo presupuestario. La actualización de los gastos de funcionamiento para las universidades, prometida por el gobierno bajo el planteo de que estas “no cerrarán sus puertas”, ha sido una farsa, por cuanto los fondos correspondientes no han sido ejecutados. El Tesoro retiene fondos adeudados a las universidades nacionales desde 2023. El vaciamiento presupuestario apunta a trasladar el financiamiento de las universidades a los “fondos propios” que se recaudan por medio de los cursos, posgrados y tecnicaturas aranceladas, y a la venta de servicios de investigación y desarrollo. Está puesto en agenda el arancelamiento de la cursada, comenzando con los estudiantes extranjeros. El fomento a la titulación intermedia -promovida en todas las facultades por los mismos decanos- anticipa las reformas burocráticas necesarias para la introducción del arancelamiento dentro de las mismas carreras de grado. Frente a este escenario, el cuatrimestre en la Universidad ha coincidido con un paro masivo docente temporal. Esta tendencia a la lucha es contrarrestada por las autoridades y las agrupaciones oficialistas y la complicidad de la pretendida izquierda. Las próximas elecciones son las primeras en casi dos años y medio, luego de que la FUBA y la FUA oficializaran el golpe de estado en los centros de estudiantes en 2021, cuando se eliminaron las elecciones estudiantiles anuales. Las conducciones actuales de los centro de estudiantes fueron votadas a inicios de 2022. Las elecciones próximas se repetirán dentro de dos años. La plataforma de Política Obrera plantea la convocatoria a una nueva Marcha Universitaria y la huelga educativa, y el retorno de las clases públicas, los piquetes y las movilizaciones. Pero en la intervención y las plataformas de las fuerzas que intervienen en esta elección, comenzando por las conducciones de los centros de estudiantes, está ausente una caracterización de esta situación que vive la Universidad o un llamamiento a apuntalar la lucha docente. La intervención de los Centros y de la FUBA se centra en destacar los servicios que cada uno provee o promete proveer, sin advertir el vaciamiento presupuestario ni impulsar una lucha contra el gobierno responsable. El contenido político de las fuerzas que intervienen,está diseñado para garantizar la reelección de las fuerzas del Rectorado (Franja Morada/Nuevo Espacio), y de los decanos de cada Facultad, en un clima de “normalidad institucional”. Este operativo de encubrimiento que representan las elecciones acompaña las maniobras que se cocinan dentro del Congreso y al interior del Frente Sindical de Universidades Nacionales para clausurar la lucha universitaria . Se ha levantado la convocatoria a paros desde una semana antes de las elecciones. La organización de una segunda marcha universitaria, largamente anticipada, finalmente fue pospuesta para fines de septiembre, donde podría devaluarse a una movilización al Congreso en lugar de la sede del poder político. El planteo de que “los estudiantes debemos esperar a ver qué resuelven los gremios docentes antes de tomar una iniciativa” ha sido enarbolado por todas las corrientes de la universidad, sin excepción, y ha servido para bloquear, en todo este proceso, que el estudiantado se incorpore a la lucha docente con una agenda propia. El surgimiento de autoconvocatorias en algunas Facultades muestra, hasta qué punto, las conducciones de los centros de estudiantes son una traba para el desarrollo de una movilización política del estudiantado. El gobierno ha tomado nota del impasse y ha reforzado su agitación reaccionaria. Nuestra corriente, Política Obrera, se presentará en las elecciones de Centro de estudiantes y de Consejo en las facultades de Exactas y Filosofía y Letras .

El miércoles pasado, el ejército sionista y el servicio de seguridad lanzaron un ataque al territorio ocupado de Cisjordania en una escala nunca vista. Una incursión de miles de soldados, aviones, helicópteros, drones, transporte acorazado y bulldozers asaltaron las ciudades de Jenin, Tulkarem, los campos de refugiados de Tubas y al-Faraa, acompañados de francotiradores que disparaban al blanco de los residentes del territorio, ha destruido metódicamente edificios y hospitales y precipitado la evacuación de las poblaciones. Es una reproducción del método de asesinatos en masa aplicados en Gaza a guisa de suprimir los escondijos en que se refugiarían las llamadas organizaciones terroristas. Hay sectores enteros de Cisjordania que han sido privados de electricidad, de agua y de servicios cloacales. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, justificó esta masacre en términos similares a los empleados en la invasión de la Franja: denunció que Irán estaba procurando establecer un frente terrorista oriental en Cisjordania, y organizar el contrabando de armas desde Jordania. La expulsión de los palestinos en los territorios ocupados no cesó, sin embargo, ni por un momento, desde la conquista de ellos en la guerra de 1967, y aumentó en una escala fenomenal en los últimos años, a medida que los colonos israelíes se apropiaban de un número creciente de terrenos. Los voceros del gobierno de Netanyahu se refieren a esos territorios como Judea y Samaria, sus denominaciones bíblicas, con la clara intención de justificar la anexión del territorio y expulsar por completo a sus residentes. La limpieza étnica que no encuentra territorio alternativo en la Franja de Gaza, debido al rechazo de Egipto a recibir a su población, encuentra una vía de escape al este en el territorio jordano, que ya alberga a una comunidad palestina superior al millón de habitantes. El ministro Katz no se comió las palabras para describir los propósitos de este asalto. En su cuenta de X, escribió textualmente: “Debemos encarar esta amenaza (de Irán) como lo hemos hecho con la infraestructura de Gaza, incluyendo la evacuación temporaria (sic) de los residentes palestinos y mediante las medidas que fueran necesarias”. Este criminal de guerra de acuerdo a sus propias palabras, desmiente de este modo que la destrucción de la Franja hubiera sido un ‘daño colateral’ de la búsqueda y captura de los militantes de Hamás, como tampoco lo será en Cisjordania. El asalto a los territorios ocupados no es una operación improvisada en la dinámica de la guerra, sino largamente preparada por una escalada de violencia y expulsión de poblaciones. El régimen sionista tomó seriamente en cuenta la ola de rebeliones que tuvieron lugar en 2019, en forma conjunta en Cisjordania y el propio territorio oficial de Israel. “Lo que está ocurriendo es una increíble escalada de violencia en los meses precedentes y particularmente las últimas semanas”, declaró Francisca Albanese, la Informante Especial de las Naciones Unidas en los territorios ocupados. Concretamente: “un asalto militar integral, destrucción de hospitales, destrucción de rutas, destrucción de infraestructura vital y, Voilá! ordenando a los palestinos a evacuar en masa”. La escalada de la guerra al conjunto del Medio Oriente está instalada como escenario de una guerra mundial. El estado sionista cuenta con el apoyo de varios estados árabes, empezando por Jordania y Egipto, sin excluir a Turquía, un estado de la OTAN a caballo de los dos escenarios, al norte Ucrania y al sur Siria y Palestina, que provee de petróleo del territorio kurdo del norte de Irak a Israel. El director de toda esta guerra es el imperialismo norteamericano, que ha aumentado el envío de armas a Israel y la ayuda militar, y cubre el déficit del Tesoro israelí, que crece exponencialmente con los gastos militares. Luego del fracaso de la ocupación norteamericana de Afganistán, el acceso de Estados Unidos al Asia Central pasa por el remodelamiento geopolítico del Medio Oriente. O sea el cambio de régimen de Irán. La anexión de Gaza y de Cisjordania no pone fin a la ofensiva sionista. La observación para nada inocente del asumido criminal de guerra, Israel Katz, acerca del contrabando de armas por parte de Irán a través de Jordania, deja en claro que la escalada sionista apunta a convertir a Jordania en un estado vasallo, lo mismo que Egipto. Israel puede extender su territorio pero no puede eliminar sus fronteras ni al pueblo palestino. Los misiles que Hizbollah dispara con blanco en Tel Aviv, demuestran que la seguridad ‘nacional’ de Israel es la guerra permanente. Para los intelectuales liberales del sionismo, esta realidad conduce a la “implosión” del estado sionista, o sea a un gueto militar inviable . El imperialismo se ha convertido en “un huevo de la serpiente” que contagia a todos sus eslabones. La escalada genocida en el Medio Oriente no va a ser detenida por ninguna de las potencias en presencia. El “plan de paz” que Xi Jinping ha acordado en Pekin con la totalidad de las organizaciones palestinas ha merecido solamente la atención de una pequeña galaxia de periodistas informales; reincide en el planto de dos estados, que en la actualidad es más inviable que en cualquier momento del pasado. Lo mismo viene ocurriendo con el “plan de paz” que el gobierno de China ha ofrecido para la que guerra entre la OTAN y Rusia. En la reciente Convención del Partido Demócrata de EEUU, su aparato de control impidió que se trataran las cuestiones de la guerra en forma pública , por temor a que la audiencia norteamericana advirtiera los extremos del involucramiento de su gobierno con las masacres de lesa humanidad y los objetivos de conquista del imperialismo. En Argentina, los partidos “que supimos conseguir” guardan un silencio sepulcral ante los crímenes de lesa humanidad del imperialismo, incluso cuando Milei y su camarilla de trolles han puesto al país como furgón de cola de la guerra. Como en todas las cuestiones relevantes que atañen a los trabajadores y a la humanidad sólo la lucha y la unidad internacional de la clase obrera pueden poner fin a los horrores del imperialismo. LEER MÁS: Incursión sionista en Cisjordania: replica la guerra de exterminio en Gaza Por Olga Cristóbal, 30/08/2024.

El Ejército sionista lanzó una ofensiva en Cisjordania , la mayor desde la Intifada de 2005, que se cobró por lo menos 20 muertos en solo dos días. Entre ellos, niños y adolescentes. La llamada “operación antiterrorista” incluyó bombardeos, la participación de cientos de soldados y el ingreso de convoyes blindados en las ciudades de Jenin, Nablus, Tubas, Tulkarem y en dos campos de refugiados. Los acompañaban excavadoras y topadoras para destruir viviendas y circuitos de agua potable y de regadío. En la ciudad de Jenín, los blindados bloquearon los accesos a los hospitales y a las ambulancias, que llegaron horas después por caminos secundarios. Hay decenas de heridos, informó la Media Luna Roja Palestina, entre ellos un médicos y dos asistentes sanitarios. El ejército tiene tomada por tercer día la ciudad. Los sionistas se jactaron de haber matado a siete combatientes palestinos, entre ellos a un líder de la Jihad Islámica, Mohammed Jaber, conocido como Abu Shujaa. "Este uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y el aumento de las ejecuciones sumarias y dirigidas a determinados objetivos es alarmante", denunció desde Ginebra la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani. Casi la mitad de la ciudad de Tulkarem está sin agua y en el campo de Nur Shams no había agua en absoluto, señaló un empleado municipal, Hakim Abu Safiyeh. “La destrucción es enorme”, agregó. Los sionistas interrogaron a los pobladores -algunos niños- en las casas que habían bombardeado. Con una franqueza brutal, el ministro de Exteriores sionista, Israel Katz, desplegó el programa del gobierno sionista. Habló de “guerra” y pidió actuar igual que en Gaza, “incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria”. “Debemos abordar la amenaza del mismo modo que abordamos la infraestructura terrorista en Gaza”, ha escrito en X este defensor explícito de la expulsión y la limpieza étnica de los palestinos. Katz promueve la expulsión de los palestinos de Gaza y Cisjordania, lo que entiende un impedimento eficaz para la constitución de un Estado palestino. Pero no son solo los ultraderechistas religiosos. En julio, cuando el máximo tribunal de la ONU determinó por primera vez que la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, era ilegal, dijo que Israel debería detener toda actividad de asentamientos y retirarse de Cisjordania lo antes posible. Israel rechazó la decisión y dijo: "El pueblo judío no es ocupante de su propia tierra". Desde el 7 de octubre, al menos 637 palestinos fueron asesinados por militares o colonos israelíes en Cisjordania. La violencia venía en aumento, pero en los últimos 10 meses la ONU documentó alrededor de 1.270 ataques de colonos. “La movilización de los colonos como reservistas ha difuminado además la frontera entre civiles y militares”. De acuerdo con la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, durante el mismo período los palestinos fueron obligados a abandonar por lo menos 18 aldeas (EP 29/8). Mientras tanto, las autoridades israelíes legalizaron la construcción de cinco nuevos asentamientos y declararon propiedad del Estado una superficie récord de territorio. Aparte de las confiscaciones de tierras autorizadas por el Estado , los fascistas han establecido rápidamente puestos de avanzada. En uno de al-Qanoub, al norte de Hebrón, imágenes de satélite mostraban nuevas caravanas y carreteras. Al mismo tiempo, las comunidades palestinas fueron expulsadas de sus tierras. La semana pasada, el jefe de inteligencia interna de Israel, Ronen Bar, escribió a los ministros advirtiendo que extremistas judíos en Cisjordania estaban llevando a cabo actos de “terror” contra los palestinos y causando “daños indescriptibles” (BBC 30-8). Los colonos actúan con el aval del gobierno de Benjamin Netanhayu: el grupo israelí de derechos civiles Yesh Din reveló que entre 2005 y 2023, solo el 3 % de las investigaciones oficiales sobre la violencia de los colonos terminaron en una condena. Actualmente se estima que tres millones de palestinos viven en Cisjordania -excluyendo Jerusalén Oriental anexada por Israel- junto con alrededor de medio millón de colonos judíos que habitan más de 130 asentamientos. El ministro de Finanzas, a cargo de los territorios ocupados, Bezalel Smotrich, prometió duplicar la presencia de colonos. Smotrich habilitó una inversión masiva de fondos estatales en asentamientos, que financiaron nuevas carreteras y otras obras de infraestructura. Smotrich ha dicho que está “moralmente justificado” matar de hambre a los gazatíes y celebró la violación y otras torturas a prisioneros palestinos llamando “nuestros mejores héroes” a los soldados que las perpetraron. En Gaza Mientras tanto, la masacre de Israel no da tregua en Gaza a pesar de que se firmó una pausa de tres días en ciertos sectores de la Franja para permitir la vacunación de 640.000 niños contra la poliomelitis . Esta grave enfermedad infecciosa había sido eliminada de Gaza hace un cuarto de siglo pero renació porque fue imposible vacunar este años bajo los bombardeos y porque los palestinos han sido sometidos a la hambruna y a vivir sin agua potable, entre la basura y las aguas servidas que corren por las calles.

Durante los días 2 al 6 de septiembre se realizarán las elecciones de Centro de Estudiantes, Consejo Directivo y Junta de Carrera en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. La fecha ha sido establecida por el rectorado y acatada por todas las corrientes y sindicatos. Ha servido para imponer una ´pausa´ en el ´plan de lucha´ de la Universidad. Se ha conformado un bloque de colaboración entre las autoridades y agrupaciones, referenciado en la fraudulenta “ley de financiamiento universitario” (que no tiene nada de ley sino que es una declaración que “encomienda” gastos educativos al Ejecutivo), que consiguió media sanción y el apoyo del FITU. Este frente político -que abarca de Franja Morada y el peronismo al FITU- tiene su antecedente en la reforma de los estatutos de la FUBA y de los Centros, en 2021, para llevar de uno a dos años la duración de los mandatos y unificar los comicios de Centro y autoridades universitarias, El presupuesto universitario y el salario docente han sido sacrificados en el altar del pago de la deuda pública. El financiamiento de las universidades depende cada vez más de “fondos propios”, obtenidos mediante la oferta de cursos, posgrados y tecnicaturas aranceladas. Está en agenda el arancelamiento de la cursada, comenzando con los estudiantes extranjeros. El fomento a la titulación intermedia -promovida en todas las facultades por los decanos- forma parte de esta política de vaciamiento de las carreras de grado. El Rectorado de la UBA y los decanos son una correa de transmisión de la “motosierra”. Sus representantes políticos y parlamentarios colaboran con Milei, votando la ´ley bases´ en el Congreso, a sabiendas de que esta es incompatible con la universidad pública. La histórica marcha educativa del 23 de abril y la masiva huelga docente de alcance nacional expresan una tendencia a la lucha de la docencia y el movimiento estudiantil, que las conducciones de los gremios docentes y el Rectorado han operado para “desescalar” la conflictividad en las aulas, incluida la “tregua” de la convocatoria electoral. Nuestra corriente, Política Obrera, se presenta en las elecciones de Centro de Estudiantes y de Consejo Directivo en las facultades de Exactas y de Filosofía y Letras. En Exactas conformamos, junto con activistas docentes y con estudiantes independientes, una nueva agrupación, Contragolpe, con la cual hemos impulsado la realización de asambleas y clases públicas durante el cuatrimestre. La conducción del Centro de estudiantes se encuentra en manos de Identidad (La Cámpora), agrupación ligada al Decano de la Facultad, Guillermo Durán. En Filosofía y Letras, luego de reunir una cantidad nutrida de avales y candidaturas, presentamos la Lista 1 - Política Obrera. Allí, el actual Decano de la facultad, Ricardo Manetti, es un gestor del recorte presupuestario del gobierno nacional, fomentando el cierre de cursos y el recorte de la cursada, al mismo tiempo que ha formado una caja propia a expensas de la utilización de las instalaciones de la Facultad para el dictado de cursos y posgrados arancelados. El Centro de estudiantes, dirigido por El colectivo (La Mella, La Cámpora, Aluvión) ha actuado como apologista abierto de esta orientación, e incluso votado a favor del recorte horario de la cursada.

El martes 27 se hizo de forma virtual una nueva asamblea general de la AGD, de la que participaron unos 80 docentes de distintas facultades y colegios de la UBA. La asamblea tenía como objetivo discutir la continuidad del plan de lucha y llevar un mandato al plenario de Conadu Histórica del miércoles 28. La reunión tuvo lugar en un contexto donde el conjunto de las federaciones docentes y no docentes nucleadas en el Frente Sindical están impulsando un frenazo de la lucha universitaria, para encausarla hacia el callejón sin salida de la agenda parlamentaria . Contra la gran predisposición a la huelga que se evidenció en las primeras dos semanas del segundo cuatrimestre, las centrales sindicales, los rectores y distintos bloques políticos (radicalismo, peronismo y FITU) elogian ahora el supuesto avance de la ley de financiamiento universitario votada en Diputados y depositan expectativas en su aprobación en el Senado. Presentada como un resultado de la lucha, la ley es una maniobra distractiva para desactivarla: el proyecto no dispone nada, sino que "encomienda" al gobierno ajustador que aumente los salarios y el presupuesto, algo que desde luego no piensa hacer, aunque la ley sea aprobada, e incluso seguramente no descarte vetarla como hizo con el magro aumento para los jubilados. Este debate se puso de manifiesto en la asamblea de la AGD. La conducción del gremio (Naranja-PO) hizo una serie de propuestas atravesadas por una orientación parlamentaria y electoral. En relación a las medidas de fuerza, planteó un paro de 48 horas para el viernes 30 y el sábado 31 de agosto, movilizar al Polo Científico junto a ATE CONICET el día viernes, y una semana de paro entre el 9 y el 14 de septiembre. En cambio, no se plantearon medidas para la semana del 2 al 6, porque en esos días habrá elecciones en la UBA... De esta manera, la lucha universitaria, que tiene una dimensión nacional, se discontinúa y queda supeditada al cronograma electoral impuesto por las autoridades de la UBA que, en las actuales circunstancias, también tiene un carácter distraccionista. Por otro lado, luego de aclarar que no despositaba confianza en la ley (a pesar del voto favorable del FITU en Diputados), la conducción de AGD enfatizó en la necesidad de parar y movilizar al Senado el día que se trate, junto con otras iniciativas ligadas a una vía “institucional” (presentar un amparo contra el impuesto a las ganancias y un proyecto de actualización de las jubilaciones pre y universitarias). De esta forma, la conducción de izquierda del gremio abona, con matices, una orientación semejante a la de las federaciones universitarias que están promoviendo el impasse, especulando con que la aprobación de la ley y el veto posterior abrirían, ellas sí, una crisis política en la cual intervenir. Desde la Tendencia Universitaria Clasista planteamos una perspectiva diferente. Denunciamos el carácter de la ley de financiamiento y llamamos a no poner expectativas en ella. Sólo la lucha de docentes, no docentes, estudiantes e investigadores podrá quebrar la política del gobierno contra la universidad y la ciencia. Propusimos movilizar a Plaza de Mayo el día de su votación, ya que el responsable de la asfixia salarial y de la eventual "encomienda", si fuera aprobada, es el gobierno de Milei. Planteamos la necesidad de reafirmar lo resuelto en la primera asamblea del cuatrimestre, de que el horizonte para arrancar los reclamos debía ser la huelga indefinida. En esa senda, propusimos continuar la lucha con un paro de 5 días o no menor a 72 horas la semana que viene, acompañado con movilización (asambleas por facultad, concentraciones, clases públicas, semaforazos, etc.) y visibilizar el conflicto con acciones en Plaza de Mayo. Otros compañeros también plantearon parar 72 horas la semana próxima. Frente a la dilación de la marcha universitaria por parte de las centrales, propusimos iniciar una campaña desde el gremio, con pronunciamientos, adhesiones y mandatos de asambleas, para que se haga a mediados de septiembre, a Plaza de Mayo y los centros políticos del país. La asamblea resolvió mayoritariamente acompañar las propuestas de la dirección gremial, pero el debate que se dio es ilustrativo de las diferentes posturas y discusiones que hoy recorren al movimiento universitario, que deberá hacer su experiencia en las próximas semanas. Estos debates también se expresaron en el plenario de CONADU Histórica del 28 de agosto, donde se dio una situación inédita. A pesar de que varias asociaciones de base llevaron mandatos para proseguir las medidas, se decidió pasar a un cuarto intermedio y no resolver nada, a la espera de lo que se decida la reunión del CIN prevista para este viernes 30. Es decir, poner “en pausa” cualquier iniciativa propia de la federación y subordinarla en los hechos a lo que definan los rectores.

La Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la medida cautelar dictada previamente por la justicia federal de la Provincia que limitaba la suba de tarifas a “sólo” un 300 % . El fallo beneficia totalmente a las distribuidoras Camuzzi y a Enargas y agravará el endeudamiento de los usuarios. La tarifa de gas ya se habían incrementado en un 500 % en abril y un 4 % adicional en julio, según lo detalló el presidente de Distrigas. Hasta que se emita una sentencia definitiva, los aumentos se verán reflejados en las boletas. Aunque se suspenderán los cortes a quienes no puedan pagarlo, los aumentos harán crecer la deuda de las familias trabajadoras con los monopolios de la energía. El enojo de la gente se conoció por la redes sociales, teniendo en cuenta que el 54 % de la población es pobre en Santa cruz. Crisis social y laboral Los tarifazos golpean a una población trabajadora castigada por despidos crecientes. En la casa de gobierno actualmente están los mineros de San Julián, exigiendo que los reincorporen a sus puesto de trabajo. En la zona norte, ocurrieron varios despidos en contratistas petroleras, como Schlumberger. La mayoría de los estatales cobran por debajo de la linea de la pobreza y los tercerizados que prestan servicios en las escuelas, además de cobrar 250 mil pesos, siempre tienen que tomar alguna medida de lucha para cobrar su sueldo. Hay colas de personas para las entrevistas de trabajo en Rio Gallegos. En la oficina de empleo de Caleta Olivia hay 3000 personas anotadas como desocupadas. En este contexto de crisis que sufren los trabajadores, la ausencia de los sindicatos es muy notable. El sindicato petrolero de Vidal sólo se ocupa de las negociaciones en torno del posible reemplazo de YPF por operadoras privadas en el negocio petrolero provincial. El Gobierno hace demagogia extendiendo el plazo para que la población se pueda hacer el RASE (tarifa subsidiada) cuando no frena los aumentos. Esto es parte del circo mediático de Claudio Vidal, quien dice gobernar para los trabajadores mientras habilita los tarifazos en los servicios. Vidal ejecuta en Santa Cruz el ajuste de Caputo y Milei. Desde Política Obrera planteamos la necesidad de realizar asambleas barriales para organizar un plan de lucha contra los tarifazos

El gobierno libertario se apresta a la venta de mas de 200 inmuebles emplazados en el país y en el exterior que hoy pertenecen al Estado argentino. Milei, a instancia de Santiago Caputo, ha ordenado la venta de inmuebles de carácter público con el fin de recaudar unos mil millones de dólares. Si bien Milei ya había anunciado que iba a “privatizar todo lo que se pueda privatizar”, el apuro por las tierras fiscales obedece a la sequía de divisas extranjera. Con la Ley Bases en la mano, Milei normalizó el “silencio positivo” que incumbe, entre otros, a las tierras e inmuebles de carácter estatal y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre de este año. Por medio de esta herramienta “se autorizan automáticamente trámites administrativos ante la falta de respuesta del Estado” (El Agora, 26/82024). En otras palabras, “la normativa original (Ley de administración Pública de 1972) indicaba que en caso de que el Estado no expresara una respuesta luego de 60, esta se interpretaría automáticamente como negativa. Ahora el razonamiento será el opuesto, si el estado no responde, el silencio será positivo. Una habilitación legal a la medida de quienes buscan hacer negocios con el patrimonio estatal” (Idem). La “Patria Inmobiliaria” se frota las manos ante la dádiva del gobierno nacional, que de esta manera habilita un meganegociado inmobiliario, que, además, no podrá ser puesto en cuestión, encareciendo el precio de la tierra y volviendo más asfixiante la situación de inquilinos y hacer, casi inaccesible la vivienda propia. El ente estatal encargado de viabilizar esta iniciativa es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encabezado por Nicolas Pakgojz exfuncionario de Larreta en CABA y a quien “vinculan como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain” (Pagina 12 26/8/2024). El DNU 636/24 le otorga a la AABE “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional.” Desde el gobierno nacional aseveran que saldrán a remate aquellos inmuebles que se encuentran en desuso. Pero desde la AABE se ha pedido informes a los diferentes ministerios para que aporten información sobre la cantidad de inmuebles y terrenos que tienen bajo su dependencia. En la mira se encuentran terrenos ferroviarios, de universidades, dependencias del INTI y Tecnópolis. Nos encontramos en presencia de un desguace anunciado de propiedad estatal que no deberán pasar por el Congreso, sino que se van a implementar por medio de diferentes DNUs, un camino, que ya en su momento, había comenzado Macri, quien entre 2016 y 2019 habilitó 71 procesos de venta, la mayoría en CABA y solo uno se llevó adelante por licitación pública, por lo cual recaudó cerca de 700 millones de dólares. Milei, al igual que Macri, se vale del decreto-ley 1382/12, promulgado por Cristina Kichner por el cual se creo la AABE, facultando al organismo a centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, teniendo la última palabra el Congreso o el Ejecutivo. Macri se valió de este vacío legal y tomando un decreto de la ultima dictadura militar que depositaba en el Poder Ejecutivo la decisión final. El gobierno libertario ha tomado como base el decreto de la dictadura, le da más injerencia a la AABE. Así, cada gobierno representa un peldaño más en el desguace de propiedades estatales, favoreciendo a los grandes conglomerados inmobiliarios y recaudando dólares para el pago de intereses de la deuda externa. Milei lleva al extremo estas tropelías facultando al jefe de Gabinete a aprobar ventas de inmuebles que no superen los 1.500 millones de pesos. Las Fuerzas Armadas también han sido exhortadas a realizar un inventario de las propiedades que están bajo su control, lo que despertó resquemores en la cúpula de las fuerzas, que mantiene una tensa relación con el gobierno liberticida, que oscila entre el apoyo y la desconfianza. Se calcula que “el Ejército tiene más de 1500 inmuebles, la Armada unos 3500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3000” (Idem). Entre los predios de las Fuerzas Armadas que se pondrían a remate se encuentran el Campo Hípico Militar, el Regimiento de Patricios, Veterinaria del Ejército, el Regimiento de Granaderos, el edificio del Círculo de las fuerzas Armadas y predios de Fabricaciones Militares, como la sede de Rio Tercero. De concretarse la venta de estos y otros inmuebles, los resquemores entre las FFAA y el gobierno se verían agudizados y puede avizorarse una escalada de la crisis de la dupla presidencial. Los libertarios buscan, por un lado, una caja fácil de recaudación de dólares y, por el otro, dar vía libre a los negociados inmobiliarios con la anuencia de todo el régimen político, que en todas las legislaturas del país cierra filas en beneficio de la “Patria Inmobiliaria”. En un país cruzado por la pobreza e indigencia, en el que los costos de alquiler socavan los ya derruidos salarios, reforzando de esta manera el déficit habitacional que recae sobre las familias trabajadoras, haciendo del hacinamiento la regla. Desde Política Obrera promovemos una perspectiva socialista para derrotar el régimen privatizador, en este caso de tierras publicas que hace subir el precio por metro cuadrado, a través de autoconvocatorias que se conviertan en órganos barriales y tengan como programa auditar sobre las tierras fiscales y destinarlas la construcción de viviendas sociales por medio de un plan de obras publicas bajo control obrero.

La llamada conciliación obligatoria impuesta por el gobernador de Frigerio a los docentes es una estafa desde donde se la mire. Se supone que es un proceso por el cual, ante un conflicto entre partes, media un tercero. En este caso es el propio Estado quien media entre él mismo y los trabajadores, no hay terceras partes involucradas. Esta conciliación sólo busca el ataque al derecho a huelga. Este falso arbitraje hay que desconocerlo por completo, porque tampoco cumple la función específica de cualquier conciliación, que es retrotraer la situación a un estadio anterior y que ambas partes hagan concesiones. Frigerio ha recurrido primero a la Secretaría de Trabajo, es decir, a su propio gobierno, para dar por cancelada la paritaria e iniciar un proceso de "conciliación administrativa" con el solo objetivo de desembocar en la justicia para prohibir la huelga docente. El gobierno provincial se valió para esto de una resolución dictada por el juzgado laboral N°4 a cargo de María Alejandra Abud, quien determinó la conciliación por 20 días hábiles (¡!), es decir hasta el 19 de septiembre. El plazo resulta excesivo frente a una huelga que estaba planteada sólo por 4 días más en la fecha de la resolución judicial. El plazo desmedido da cuenta de la arbitrariedad y parcialidad de la resolución interesada de la jueza Abud. Frente a todo este proceso la conducción de AGMER ha jugado un papel de acompañamiento al gobierno. En primer lugar, aceptó dócilmente la conciliación y suspendió los 4 días de paro votados por la base y resueltos por el congreso que estaban todavía pendientes de realizarse. Fuímos las propias familias, los estudiantes y la docencia quienes rechazamos de hecho la conciliación y nos movilizamos masivamente en toda la provincia de manera autoconvocada a partir del viernes 23, durante todo ese fin de semana, e incluso durante la semana pasada, cuando nos obligaron a volver a las aulas. Al aceptar la conciliación y frente a tamaña reacción de las bases, la burocracia sindical quedó desautorizada, y en los hechos fue superada como dirección política por las autoconvocatorias. Luego hemos visto que las direcciones de las seccionales intentaron reposicionarse, colocándose al frente de las acciones que tenían, sin embargo, un claro contenido autoconvocado. La complicidad de la dirigencia de AGMER ha llegado al paroxismo en la mañana de hoy, cuando conocidos los descuentos por paro -en el marco de la conciliación- ha sacado una declaración que no plantea tomar ninguna medida, sino que “aconseja” (sic) al gobierno “repasar y meditar” (sic sic) la decisión de descontar. Por otra parte, en una primera reunión de conciliación en el juzgado, que tuvo lugar esta semana, AGMER volvió a repetir su planteo de las paritarias: reclama solamente la diferencia por inflación del primer semestre, y plantea la elevación del salario inicial, es decir, el achatamiento de la escala. Por supuesto que no dice nada sobre la brutal pérdida salarial que tuvimos en diciembre, cuando el gobierno impuso un aumento por decreto y luego un bono en negro en enero, que redujeron un 20 % el salario , pero las conducciones aceptaron. El martes 3 hay una nueva reunión de conciliación, pero nada bueno para los trabajadores saldrá de allí. El reclamo que levanta AGMER se opone por el vértice a lo que están levantando las autoconvocatorias que quieren salir de una vez y para siempre de la situación de miseria en la que estamos. Una asamblea autoconvocada de Concordia ha colocado el pliego de salario inicial de $1.000.000, todo en blanco y atado al punto índice, es decir, que impacte de igual manera en toda la escala y el escalafón, y la indexación automática por inflación. En los hechos, es el planteo de un aumento superior al 100 %, porque el inicial docente no llegaba a los $400.000 el mes pasado. En el ámbito laboral privado suele ser el Ministerio de Trabajo, es decir el Estado, quien media entre la patronal privada y los trabajadores. Una conciliación, por ejemplo ante una lucha en la que se producen despidos y se empantana, podría traer algún beneficio a los trabajadores al suspender las medidas de fuerza ya que obliga a la patronal a la reincorporación de los cesanteados. Es decir, supuestamente, atañe beneficios y concesiones para ambas partes. Aquí estamos ante una imposición unilateral e interesada de una de las partes, que además no trae ningún beneficio a los docentes, porque la resolución judicial ni siquiera menciona la prohibición de hacer descuentos de los días de paro, que de hecho se vieron en los recibos de sueldo que se conocieron el viernes. Este sólo acontecimiento es suficiente para desconocer la conciliación e ir a la huelga por tiempo indeterminado a partir del lunes. Llamamos a todos los sectores autoconvocados, delegados de escuelas, activistas y agrupaciones opositoras de la provincia a poner en pie una gran asamblea para discutir cómo enfrentar estas maniobras entre el gobierno y el sindicato, levantar un programa de reivindicaciones y preparar una nueva marcha provincial por la educación pública.

Mientras la Corte Suprema sigue acumulando fallos contra los haberes de los jubilados , el pago de indemnizaciones por despido y el pago de aportes patronales adeudados , han culminado las audiencias en el Senado para tratar los pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enviados por el presidente Milei. En el caso de Lijo, la candidatura es apoyada por el actual miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo cual fue señal de un acuerdo político que el libertario estaba sellando con el peronismo . Los otros integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron designados bajo el gobierno de Macri. Carlos Maqueda, el restante integrante de la Corte, abandonará el cuerpo en diciembre de este año. A pesar de que los votos para ambos estarían definidos en la Comisión de Acuerdos del Senado, ningún senador ha puesto la firma para que se pase al voto de los pliegos en el Senado, en donde se requiere reunir 2/3 de los votos. De las audiencias quedó en manifiesto que ambas candidaturas tienen un defecto manifiesto e irregular porque fueron ungidas por Lorenzetti, en el caso de Lijo, y por Santigo Caputo, en el caso de García-Mansilla, en abierta violación con la “independencia de poderes” establecida por la Constitución Nacional. Queda en evidencia que esto es una patraña pseudorepublicana del Estado capitalista. Los cortesanos son un órgano indivisible del Estado y fruto de los pactos entre las camarillas políticas que lo comandan en beneficio de los intereses capitalistas que defienden. Por estas horas, los diarios informan que el destino de estas candidaturas ha entrado en un impasse , a la espera de un pacto político y judicial más amplio entre el gobierno libertario y el peronismo, en particular, la tropa que comanda CFK. De las negociaciones son parte “Wado” De Pedro y Santiago Caputo. Ahora, el kirchnerismo estaría presionando por establecer un candidato propio (bajando eventualmente a García-Mansilla) o, alternativamente, con ampliar a siete los miembros que integran la Corte Suprema, lo cual supone primero reformar la ley pertinente y ampliar las negociaciones al conjunto del Congreso. La cuestión de una mujer cortesana es simplemente una prenda de cambio de estas maniobras y subordinado a eventuales acuerdos. El kirchnerismo está planteando además que al acuerdo político con la Corte Suprema se sume la designación de 143 jueces federales en todo el país, el Procurador General de la Nación y vacantes en Defensorías. Esta negociación estaría apuntalada por la reciente crisis del bloque libertario de senadores, con la expulsión del formoseño Paoltroni, luego de su airada critica a la candidatura de Ariel Lijo y de la cada vez más profunda separación de la vice Villarruel con Milei. Pero en el bando K también hay pujas, como se vio en el entrevero del jefe de senadores K Jose Mayans y CFK en cuanto a las cercanías ideológicas de la Villarruel con el peronismo . Carlos Pagni señala en La Nación que Milei habría caído en la trampa de considerar a Lorenzetti, y por lo tanto a Ariel Lijo, como un candidato afín con el peronismo y con los votos asegurados. Pagni recuerda que CFK denunció a Lorenzetti como parte del lawfare en América Latina y por ser compinche de Claudio Bonadío (quien promovió diversas causas por corrupción contra la expresidenta) y el juez que puso preso a Lula da Silva, Sergio Moro. No obstante, la audiencia de Lijo fue por demás amigable y el kirchnerismo no ha criticado su candidatura. Lijo tiene una serie de causas por corrupción que involucran a Macri, a CFK y Kicillof que permanecen desde hace largo tiempo en el limbo. Es cuestionado por la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y por el propio Departamento de Estado. En cuanto a García Mansilla, decano de la Universidad del Opus Dei, es un hombre de las petroleras y manifiestamente anti aborto legal. ¿Por qué apoya, en estas circunstancias, Milei a Lijo? Según ha dicho en entrevistas, Lijo es para Milei una pieza clave en las reformas que pretende llevar en el sistema judicial. En lo inmediato, se trata de garantizar la legalidad del vigente mega DNU 70/23, la “Ley de Bases” y otras leyes que el gobierno está promoviendo complementariamente. La actual Corte Suprema ya está haciendo una gran labor en darle seguridad jurídica a todos los ataques antiobreros de Milei, como el propio DNU . Milei está obligado, sin embargo, a negociar un reparto más general con el macrismo y el peronismo del aparato estatal y judicial, aparato que no puede controlar con medios propios porque no los tiene. Estas componendas reflejan un acuerdo estratégico del kirchnerismo con Mieli en sostener esta función absolutamente reaccionaria de la Justicia y de su órgano máximo contra los trabajadores. Es una gran apoyatura política para el gobierno liberticida. Las expectativas insufladas por la CGT en recurrir a ella para voltear las reformas laborales y las restricciones a las huelgas son una vía muerta.

El día viernes 30/8 en el Sindicato del Neumático (SUTNA) se realizó la conferencia de prensa convocada por el conjunto de las organizaciones de jubilados para denunciar la brutal represión de la policía federal el día miércoles 28/8 contra los jubilados que manifestábamos en Congreso en contra del voto de la ley de movilidad con un miserable resarcimiento de un 8 % y en contra del veto de Milei. Se exigió la renuncia de la ministro Bullrich y la derogación del protocolo represivo. La intervención de nuestra agrupación Jubilados Clasistas fue remarcar el reforzamiento de los planes de lucha votados, llamando al conjunto del movimiento obrero ocupado y desocupado a sumarse unificando las luchas e impulsando una huelga general, sin cifrar ninguna expectativa en la burocracia de la CGT, la CTA y CTERA que manifiestamente son funcionales a los planes de este brutal ataque a nuestras condiciones de vida. Y, por otro lado, no depositar ninguna confianza en el parlamento plagado de aquellos que se venden por una dieta y que han montado esta parodia de oposición al gobierno de Milei, cuando todo el arco político le ha votado directa o indirectamente todas las leyes antiobreras y antijubilados, y le han delegado a Javier Milei poderes excepcionales. La Conferencia culminó con un llamado a sumarse todos los miércoles a las 15 hs. en el anexo del Congreso Nacional. La convocatoria el día 11/9 a las 12 hs. a un acto en el PAMI central y un Cabildo abierto y un acto de todas las organizaciones para el día 20 de setiembre, día del jubilado, a partir de las 15 hs. en el Congreso. Si bien los medios periodísticos y televisivos estuvieron ausentes del desarrollo de la conferencia, la marcha realizada el miércoles 28/8 desde Congreso a Plaza de Mayo por las calles tuvo una importante repercusión y un apoyo manifiesto de la población. Los diputados y senadores del Poder Legislativo votaron una ley de movilidad, con un resarcimiento miserable del 8 %, que no repone la pérdida del poder adquisitivo de millones de jubilados del 25 % del mes de diciembre del 2023 y del 54 % de pérdida de los últimos años. El Poder Judicial, mediante un fallo de la Corte Suprema , derogó un fallo que dictaminaba un piso del 70 % entre el haber jubilatorio y el sueldo en actividad que es manifiestamente anticonstitucional, porque el artículo 14 bis protege el derecho a una jubilación adecuada a la canasta familiar. Hoy la jubilación es del 45 % en relación a los miserables salarios que cobramos. El Poder Ejecutivo vetó la ley de movilidad votada por los legisladores. Este mes cobramos la miseria de $ 230.000 mas el bono “basura” congelado de $ 70.000 y, como frutilla del postre, el PAMI eliminó la cobertura del 100 % en medicamentos para miles de beneficiarios , mientras despide trabajadores del organismo. Exigimos: fuera Bullrich y derogación del protocolo represivo, medicamentos al 100 % a todos los jubilados, PAMI, ANSES, IOMA deben ser dirigidos por sus afiliados y trabajadores, no a la ley de movilidad de miseria, no al veto de Milei, por un aumento de emergencia de $ 700.000 a todos los jubilados, el haber mínimo debe ser el 82 % móvil de la canasta familiar hoy en $ 1.700.000

El juez Alexandre De Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF), ordenó este viernes la suspensión "inmediata, completa e integral" de X (ex Twitter), la red social del magnate Elon Musk. La decisión es la culminación de una escalada en la que Musk había sido incorporado previamente a la causa que investiga la existencia de “milicias digitales antidemocráticas” y su financiación, cuyo accionar incluye el complot golpista de enero del año pasado tras la victoria de Lula (PT) en las elecciones a finales de 2022 y el cuestionamiento en redes a la fiabilidad de aquel resultado electoral. De Moraes sostiene que existe “un riesgo inminente” de que “grupos extremistas y milicias digitales prosigan y amplíen la instrumentalización de X Brasil con la divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. Musk, por su parte, llama a destituir al juez brasileño y pide por su encarcelamiento. La red social X deberá estar fuera de línea durante el período electoral hasta los comicios municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año en todo el país. Una parte de la prensa internacional adjudicó la decisión judicial a una escalada personal que mantendrían Musk y De Moraes. El alcance de la disputa, sin embargo, es de orden internacional. Además de X, Musk es también el dueño de Tesla, la empresa de autos a batería, y de SpaceX, que fabrica cohetes para el espacio, incluso para la NASA. Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022 en medio de la escalada de la guerra de la OTAN y de la disputa del espacio exterior, con el objetivo de hacerse de un poderoso instrumento de guerra de propaganda. A principios de este mes, Musk criticó al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, por su gestión de los disturbios antiinmigrantes, posteando que “el Reino Unido se está convirtiendo en la Unión Soviética”. También desenvolvió una intensa campaña contra el venezolano Nicolás Maduro, lo que provocó que la plataforma fuera bloqueada en el país. Recientemtente entrevistó a Donald Trump, el expresidente estadounidense y actual candidato republicano, a quien Musk apoya fervientemente y a quien financia con 45 millones de dólares invertidos a su Comisión de Acción Política. En esa entrevista, Trump felicitó a Musk por despedir a trabajadores que fueron a huelga. De Moraes, por su parte, es el magistrado que dirige las investigaciones sobre la intentona golpista protagonizada por los bolsonaristas en 2023. Hace algunos meses ordenó que se incorpore a la investigación a Musk, declarado bolsonarista, por presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen, debido a la "explotación criminal intencional" de la red X y a que su dueño inició una “campaña de desinformación” sobre las acciones del TSF y del TSE (Tribunal Superior Electoral), "instigando a la desobediencia y obstrucción de la Justicia". La adquisición de la ex Twitter por parte de Musk se llevó adelante con el planteo de realizar una reestructuración completa de su funcionamiento, con el objetivo declarado de asegurar la “libre expresión”. Es con ese argumento de “libertad de expresión” que Musk ataca a De Moraes, denunciando cualquier tipo de regulación que se quiera imponer a la fiesta de desinformación y agitación fascista en que se ha convertido la red X. En su momento advertimos que “no es difícil advertir la incongruencia de la salida libertaria del autor, que conduciría a una intervención desorbitada de las autoridades judiciales y políticas, para bloquear lo que ahora hace el algoritmo” . La intervención de Musk, sin embargo, no sólo no ha sacado a la red social de su crisis, sino que la agravó. Para el Financial Times “es probable que la medida [de De Moraes] perjudique a X en un momento en el que la compañía ha estado luchando por mantener su salud financiera, con anunciantes abandonando la plataforma debido al enfoque de moderación ligera de Musk, así como a sus publicaciones a veces erráticas”. La orden de De Moraes se produjo un día después de que el fundador de Telegram, el ruso Pavel Durov, enfrentara cargos preliminares en Francia después de ser arrestado por presunta complicidad en actividades delictivas alojadas en su aplicación. Durov sostiene la misma política de Musk, de no moderar en la utilización de la plataforma, mientras que, en la Unión Europea, las leyes exigen que las mismas cuenten con una sólida moderación de contenidos, aunque estas disposiciones son altamente incumplidas. La ola de violencia fascista reciente en el Reino Unido contra los migrantes estalló a raíz de una información falsa de las redes sociales acerca de que el perpetrador de un apuñalamiento masivo en la localidad de Southport era un solicitante de asilo sirio que había llegado al país ilegalmente en barco. Algunos legisladores británicos han dicho que estudiarían la posibilidad de llamar a Musk ante una comisión parlamentaria para que responda a preguntas sobre el papel de X en la ola de violencia fascista. De Moraes también había ordenado que X debía abstenerse de realizar cualquier reactivación de perfiles cuyo bloqueo haya sido determinado por el STF. Durante los últimos años, el juez brasileño ha bloqueado cientos de cuentas de usuarios, la mayoría de extrema derecha, bajo la acusación de desinformar. El magnate, sin embargo, se negó a bloquear seis perfiles de usuarios de la órbita del bolsonarismo, con el argumento de que el juez es “un dictador” que pretende censurarlos. Luego, posteó en su cuenta varios tuits contra el juez brasileño: “este tipo @alexandre es un criminal de la peor calaña disfrazado como juez”; “no cabe duda de que De Moraes se tiene que ir. Tener a un juez que viola la ley de manera reiterada y a lo grande no es de ninguna manera justicia”; también “ese juez ha traicionado descaradamente y repetidamente al pueblo brasileño y su Constitución. Debería dimitir o sufrir un impeachment”. Sus posteos fueron rápidamente replicado por las bases bolsonaristas. El propio expresidente Jair Bolsonaro sostuvo que Musk “asumió la lucha por la libertad” en Brasil. "Nuestra libertad, en gran medida, está en sus manos", afirmó. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, le aseguró a Musk en X que estaba preparando un pedido para promover una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El senador Flávio Bolsonaro (el otro hijo del expresidente), y el senador Sergio Moro, ex juez de la Operación Lava Jato que ordenó el encarcelamiento de Lula en 2018, también salieron a defender a Musk. Según el diario O Globo, “el tema es seguido de cerca por la embajada de Estados Unidos”. En una nota difundida por representantes norteamericanos, sostiene que “enfatizamos que la libertad de expresión es un pilar fundamental en una democracia sana. Por política interna, no comentamos decisiones judiciales ni disputas legales”. Musk provocó la decisión judicial de De Moraes conscientemente. Hace poco, sostuvo en su cuenta de X que “esperamos que pronto el juez Alexandre De Moraes ordene el bloqueo de X en Brasil, simplemente porque no cumplimos con sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos”. La empresa ya había abandonado el país hace dos semanas atrás con el objetivo de eludir las citaciones de la Justicia brasileña y los 40 empleados de X en Brasil fueron convocados a una reunión a toda prisa donde se les informó que estaban todos despedidos. La actual decisión final de De Moraes se tomó luego de que Musk incumpliera la orden dada dos días antes de designar un representante legal en el país en un plazo de 24 horas. En sus fundamentos, consideró el “incumplimiento reiterado, consciente y voluntario de órdenes judiciales” por parte de Musk y su intento de “no someterse al sistema legal y al poder judicial brasileño, de establecer un ambiente de total impunidad y 'tierra sin ley' en las redes sociales brasileñas, incluso durante las elecciones municipales de 2024”. También estipuló una multa de R$50.000 para cualquier persona o empresa del país que utilice X. Por otra parte, ordenó a las tiendas virtuales de Apple y Google bloquear la oferta de aplicaciones VPN (red privada virtual), una herramienta que se utiliza para eludir las prohibiciones de los países ya que crea una conexión privada entre el dispositivo que está conectado a Internet y el sitio web al que se accede, haciendo que la navegación sea anónima e imposible de rastrear. Moraes ya había ordenado previamente el bloqueo de cuentas de Starlink, empresa que ofrece servicio de internet satelital creada por Musk, uno de sus accionistas. El objetivo, según el juez, era garantizar el pago de las multas impuestas a X. Starlink es el decimosexto mayor proveedor de Internet, con el 0,4 % del total de accesos de banda ancha en Brasil. La decisión de De Moraes de bloquear X contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Corte y fue discutida entre los magistrados antes de ser tomada. Hay expectativa en la Corte de que De Moraes lleve la decisión a referendo de otros magistrados, lo que demostraría el apoyo brindado por la corte. El presidente de Brasil, Lula, también apoyó la decisión de De Moraes. Brasil se acaba de sumar, así, a la lista de países que tienen bloqueada la red social X. Entre ellos, están China, Rusia, Irán, Pakistán, Venezuela y, temporalmente, Egipto y Turquía, entre otros. Por otra parte, la mayoría de las redes sociales de China y de Rusia han sido desalojadas de los medios de comunicación de los países de la OTAN. En Venezuela, la disputa por la utilización de las redes sociales se ubicó en el centro de la escena cuando Maduro criticó a la aplicación de Whatsapp por ser utilizada por "grupos fascistas" para amenazar la estabilidad del país y al personal militar y figuras del oficialismo. Algo elemental que se encuentra fuera de todos los análisis sociológicos sobre los tiempos modernos es que, en el escenario de la guerra mundial y la crisis del capitalismo, las redes sociales son un instrumento de la guerra de propaganda.

PAMI, la obra social de los jubilados, recortó nuevamente el listado de remedios que cubre al 100 %. Se trata de 44 moléculas que responden a corticoides, antivirales, antibióticos y analgésicos, entre otros. Las autoridades del PAMI se jactan de estar haciendo todo lo posible por no quitar del vademecum las drogas para enfermedades graves. Resulta que el único criterio que rige es adecuar la cobertura a un presupuesto congelado, mientras que la inflación en los productos farmacéuticos galopa por delante del resto de la canasta. Es decir, se jactan de tener un resto de algo parecido a la empatía mientras planifican la desatención sanitaria generalizada a los jubilados. O, peor aún, preparan el terreno para anunciar en un futuro que a los medicamentos de enfermedades graves también les llegará su hora. En junio pasado el gobierno ya había hecho un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100 % en el vademécum, eliminando 11 de las 167 moléculas farmacológicas que estaban incluidas originalmente. En total, esto representa una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecen de manera gratuita. Este ataque directo a la salud de los jubilados se suma al ajuste severo en sus haberes que se acentuó desde que asumió Milei. Y es que la piedra basal que sustenta el plan liberticida es el zarpazo a los haberes previsionales y a sus condiciones de vida. La represión del miércoles sobre las organizaciones de jubilados que se movilizaron en contra del veto a la ley previsional de la oposición no podría haberlo demostrado más gráficamente, sobre todo cuando fue seguida por una avalancha de tuits oficialistas que -de las maneras más desagradables posibles- se jactaba de la crueldad en la represión. Otros recortes del PAMI Milei ya había ajustado los medicamentos del PAMI al reducir la cantidad de cajas entregadas por mes de 6 a 5 a cada afiliado, de manera que las cajas superiores a 5 obtienen menor porcentaje de descuento. Ahora también modificó las condiciones para obtener un subsidio social que cubra excepcionalmente el 100 % del costo de los medicamentos excluidos. Para acceder al mismo, según la nueva normativa, los afiliados deberán tener ingresos netos inferiores a 1,5 haberes mínimos, no pueden estar afiliados simultáneamente a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Tampoco podrán tener un vehículo que tenga menos de 15 años de antigüedad. De más está decir que el hecho mismo de tener que hacer un trámite que antes no era necesario es un engorro que dejará afuera a afiliados que cuentan con las condiciones pero que no tienen los medios o la ayuda para realizarlo. A su vez, el PAMI introdujo una tercera categoría de medicamentos, que ha sido denominada como “de uso eventual”, que incluye en su mayoría drogas de venta libre, y que se aplica a muchos productos que anteriormente podían adquirirse con un descuento del 50% al 80%. Ahora, estos medicamentos, correspondientes a 54 moléculas, sólo contarán con un 40 % de descuento. Para ejecutar este ataque a la salud, Milei tiene el total apoyo de las cámaras empresariales de los laboratorios que se vienen beneficiando con la liberación de los precios y que esgrimen el mismo argumento pérfido que enarbola el gobierno según el cual la sobreabundancia de remedios gratuitos afecta al sistema y a la salud. Como si alguien tomara remedios sin necesitarlo solo porque es gratis. Pese a venir de una triple derrota en el Congreso, el gobierno todavía cuenta con el apoyo de la oposición para masacrar a trabajadores y a jubilados –la ley previsional opositora consolida el saqueo y le da mayor solidez jurídica que el decreto– y de la Corte Suprema, que acaba de derogar el piso del 70 % entre el haber jubilatorio y el sueldo en actividad. Sin embargo, tanto apoyo no lo puede salvar ni del billón de pesos de déficit que viene sumando por mes por el crecimiento indetenible de la deuda, ni de la realidad de que no le va quedando fondo de olla para rascar por más súper ajuste que siga inventando.