Agosto de 2022

Desde la medianoche de hoy empezó a regir un tarifazo del 40% para el transporte de trenes y colectivos en el AMBA. El boleto mínimo pasará de $18 a $25,25. En relación a los servicios ferroviarios, los valores de los boletos mínimos serán: $17,25 para la línea Mitre, Sarmiento y San Martín; $11,25 para el Urquiza; $10,75 para el Roca y Belgrano Sur, y $9,50 para la línea Belgrano Norte. Al tarifazo en trenes y colectivos, se le sumará el Subte que pasará en setiembre -audiencia pública mediante- de $30 a $42, también un 40% de aumento. Finalmente, los taxis tendrán, a partir de setiembre, dos aumentos acumulativos del 30% y el 20%, totalizando un 56%. Leña al fuego El tarifazo del 40% en el transporte viene a echar más leña al fuego inflacionario, mientras se espera un índice récord para el mes de julio del 8%. El hecho de que se mantenga la Tarifa Social y sea el primer ajuste desde 2019 no aminora el problema. Si con "tarifas pisadas" la inflación anual se empinaba hacia el 100%, con la suba en el transporte no tiene techo. A esto se le sumarán los tatrifazos ´segmentados´ de la luz y el gas. Los medios han reflejado con claridad que se trata de una concesión a los pulpos del transporte, que reclamaban el reajuste de subsidios desde hace meses y desde el 19 de julio llevan adelante un lockout de reducción a la mitad de la frecuencia de los servicios. Meses atrás, en abril, habían llevado adelante una medida de dejar sin servicio al turno noche. La UTA de Fernández se sumó abiertamente al lobby de las empresas de colectivos, anunciando un paro, también del servicio nocturno, para el 2 de agosto. Según Fernández, la Cámara Empresaria ´reconoció´ el atraso salarial, pero condicionó el pago de un bono de $25.000 a que se destrabaran los subsidios y el tarifazo. El esquema actual ha convertido a las empresas de líneas de colectivos en "gestoras de subsidios". No es un beneficio para los pasajeros, sino un subsidio indirecto a los capitalistas a la hora de negociar paritarias. Por su parte, las empresas de colectivos declaran ante el Estado una cantidad de unidades y de frecuencias muy superior a la que las que prestan servicio real, para embolsar la diferencia. Este esquema parasitario del transporte ha conllevado a reducciones de personal y de ramales en todas las líneas de colectivos. Choferes y pasajeros no son socios, sino víctimas del entuerto armado entre las empresas y el Estado. En oposición al tarifazo y al régimen parasitario creado en el transporte, reclamamos la apertura de los libros contables de las empresas, bajo control de sus trabajadores, y un salario igual al costo de la canasta familiar indexado mensualmente. LEER MÁS: UTA: un paro para no luchar por el salario Por Sebastian Bravo Paritaria siderúrgica: sólo asambleas en las grandes plantas y un plan de lucha pueden imponer una mejora salarial Por Christián Miguez - Miembro de la CI Acindar Villa Constitución Docentes bonaerenses: el salario se hunde, preparemos una huelga general Por Mariano Hermida

Han pasado cinco años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el joven artesano de 28 años que se encontraba en un piquete en la Ruta 40 acompañando el reclamo de la comunidad Pu Lof en Chubut. Durante los más de 78 días en que estuvo desaparecido fue creciendo a lo largo y ancho del país una lucha contra el gobierno de Macri y, principalmente, contra Patricia Bullrich, la principal responsable política por sus funciones como Ministra de Seguridad. Los hechos han sido relatados en múltiples ocasiones: la Gendarmería reprimió el corte de ruta y persigue a los manifestantes hasta el interior de la comunidad. En esa secuencia desaparece Santiago. Fue visto por última vez con vida a orillas del Río Chubut. Las fuerzas de represión realizaron múltiples rastrillajes en la zona sin dar con el paradero de Maldonado. Repentinamente, el 17 de octubre de ese año, en vísperas de las elecciones legislativas de medio término durante el gobierno Macri, el cuerpo de Santiago apareció a apenas 400 metros del punto donde había sido visto con vida por última vez. Los peritos y la autopsia determinaron como causa de muerte "ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia", que había permanecido "siempre abajo del agua y no en otro medio" y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional.” (Perfil, 1/8). El informe, sin embargo, dejó un tendal de dudas, por las contradicciones e inconsistencias presentadas en los informes y relatos de los efectivos presentes en la represión. Sin embargo, bastó para que los jueces Guido Otranto y Gustavo Lleral cerraran el expediente de la causa y señalaran que Maldonado había muerto ahogado, sin responsabilidad de la Gendarmería en dicha muerte. En 2019, la Cámara de Casación Penal solicitó que sea reabierto el expediente puesto que había cuestiones no resueltas como “la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas –que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión– y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo de Santiago para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos” (ídem). Sin embargo, no se registran avances al día de hoy. Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, ha señalado en múltiples ocasiones que el gobierno de los Fernández “no tiene voluntad política” para dar una respuesta al pedido de justicia por parte de la familia. Al mismo tiempo señala: “Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial”. En mayo de este año, trascendió el relato de una nueva testigo -con identidad protegida- que hace afirmaciones contundentes sobre la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición y muerte de Maldonado. Este testimonio puede resultar clave en dar un giro a todas las versiones aceptadas por la justicia en amparo de la Gendarmería y la propia Bullrich. De acuerdo a este testimonio, al día siguiente de los hechos ocurridos en Chubut, el comandante Juan Pablo Escola, segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, le pidió que escondiera en su casa una caja donde había un arma, celulares y un trapo ensangrentado, pero se negó. En otra parte del relato señala que el marido de una enfermera le había comentado que "había recibido un radio encriptado que decía qué hacer con el cuerpo". Y afirmó que el comentario los días siguientes en el escuadrón era que Escola dio la orden y Andrés Ahumada lo mató. Ahumada fue el gendarme que admitió haber entrado armado a la Lof, desmintiendo a los funcionarios de Mauricio Macri. (Página/12, 1/8). La contundencia de este testimonio amerita una investigación a fondo, pero el gobierno de los Fernández no ha impulsado la causa, esto a pesar de sus peleas cotidianas con los funcionarios judiciales. Macartismo patronal El diario Clarín se ha anotado en una nueva cruzada contra esta causa, buscando colocar a Maldonado bajo los radares del RAM, una pretendida organización mapuche que estaría encabezada por Facundo Jones Huala. En una nota del periodista Gonzalo Sánchez, publicada hoy, contra las ocupaciones de tierras por parte de los mapuches en la Patagonia, relata que la Justicia ha dado validez a contratos de finales del siglo XIX sobre la compra de esas tierras, validando un crimen de nacimiento del Estado argentino como fue la empresa de Julio Argentino Roca sobre la Patagonia indígena, que concluyó con una masacre y la esclavitud de miles de hombres, mujeres y niños. Exige que la justicia habilite los desalojos de esas tierras inmediatamente, que es el reclamo del capital financiero del agro, la minería y el turismo, enquistado en el sur del país. La “historia oficial” ha sido construida desde el propio Estado en amparo de la Gendarmería y la criminalización de las ocupaciones de tierras y de las comunidades mapuches. Las maniobras de encubrimiento propiciadas por el Estado tienen responsables a ambos lados de la grieta. La lucha por justicia por Santiago Maldonado y todos los asesinados a manos del Estado sigue en pie.

Desde hace años el intendente Grindetti se burla de los reclamos salariales y de las necesidades de la mayoría de los 6.000 trabajadores del municipio, entre ellos, los docentes de distintas disciplinas a los que contrata en forma precaria, desvirtuando la relación laboral para consignarlos como contratados de por vida. Grindetti aumenta centavos a los sueldos municipales y él resolvió el aumento de sueldos por decreto, sin convocar a paritarias ni acatando la conciliación obligatoria. Frente al ensimismamiento del Intendente, el SMLa no avala los paros. No obstante, el 29 de julio representaciones de distintos gremios de la provincia marcharon al Palacio Municipal para denunciar los derechos amputados por Néstor Grindetti y su régimen, que avanza sobre derechos adquiridos y la conciliación obligatoria, que garantiza que no se modifican cifras ni se pueden aplicar descuentos por las medidas de fuerza realizadas. Esas reservas y disposiciones legales a Grindetti no le importan, por lo tanto, es el principal agitador social que calienta la lucha de clases, levanta y empuja a los trabajadores a ir a nuevas medidas de acción directa al descontarles los días de huelga. El STML de Pedhelez anunció el 7 de junio un paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo; la medida fue aprobada por unanimidad en asamblea y fue el inicio del plan de lucha por mejoras salariales. La medida de fuerza se decidió tras el repudio obrero generalizado que desató el despropósito salarial del aumento del 11% decidido por Grindetti. El STML de Pedhelez entendió que el horno no estaba para bollos y repudió la cifra ridícula que ni rozaba el 65% exigido. A pesar de los desmanejos, cuentos y actualizaciones por decretos con “bonos y bonificaciones”, el salario está atrasado y muy por debajo de las necesidades obreras mínimas. Pedhelez reclamó el 60% de incremento en los salarios. Este primer descuento, de entre $5.000 y $12.000, es la punta del ovillo y ya aseguran que habría otros descuentos por el paro de dos jornadas para el mes que viene, que corresponderían al paro de junio, aquel que originó la conciliación obligatoria y que obligaba al sindicato a no realizar medidas de fuerza, pero también al municipio a no tomar represalias (cosa que no respetó) y a negociar con el Ministerio de Trabajo, lo que también ignoró. Grindetti, como siempre, responsabiliza a los trabajadores por los paros señalando que los vecinos son quienes están de “rehenes” de los huelguistas. Esta idea sirve para justificar todo tipo de atropellos, sobre todo en el manejo discrecional del dinero de los contribuyentes que se destina, en su mayor parte, a sostener a un grupo de funcionarios con salarios millonarios. La política de Grindetti es apabullar a los trabajadores para que no protesten y, si es necesario, incluso despedirlos. El 15 de julio los trabajadores decidieron no salir a hacer las tareas de bacheo y el STML anunció un paro de actividades para el lunes 18 y martes 19 de julio. El 29 de julio los trabajadores ingresaron a la Municipalidad doblegando a la resistencia policial, que negaba la entrada a los trabajadores y dirigentes de ATE Lanús y de otros municipios del sur del GBA, quienes venían a gestionar una entrevista con el ejecutivo comunal y entregar un petitorio para rever el salario. Esta movida vino precedida de la agitación en varias dependencias municipales de Lanús, donde se quemaron gomas en las calles frente al Jardín de Infantes en Alcorta, en el Playón de Camiones de 25 de Mayo y en el vivero del Parque Eva Perón de Lanús Este. También se hicieron evidentes las protestas en diversas Unidades Sanitarias y en el Corralón de Madariaga. Esto da una idea de la temperatura que ha adquirido la lucha por el salario y las condiciones de trabajo en Lanús. El FALSO sonsonete de “No hay plata en el municipio” El STML denuncia que en 2021 hubo un superávit de 1.000 millones y que la planta de personal permanente y transitoria fue reducida de 6.747 a 5.866, casi 900 empleados menos, en tanto se crearon “más de 100 nuevos cargos jerárquicos” y se abonaron compensaciones por “movilidad, por prolongación de jornada, por función y bonificación y por disponibilidad permanente”; estas dos últimas implican pagos de hasta el 100 y 50% extra de los salarios destinados a “funcionarios, concejales y cargos políticos” (www.Inforegion, 3/6). También destaca la denuncia sindical de que la camarilla instalada en el municipio ha creado una “bonificación especial para la categoría 13”, destinada a incrementar las bases de cálculo para los sueldos del intendente y los concejales. Estamos frente a una organización “en las sombras”, donde participan funcionarios jerárquicos y concejales que aplastan a los trabajadores con salarios de miseria, mientras constituyen una superestructura de beneficiarios que legislan y gobiernan aprovechándose de su presencia al mando de la intendencia y de los bloques del Concejo Deliberante. La lucha de los trabajadores por su salario ha puesto en evidencia el manejo despótico de la caja de recursos de Lanús, en provecho de los punteros y destinada a expropiar parte del salario de la planta de trabajadores en beneficio de una banda. Los sindicatos denunciaron que “el grueso del trabajo” municipal es sostenido por monotributistas precarizados, que no son registrados como empleados, porque son considerados locaciones de servicios y cooperativistas financiados por los gobiernos nacional y provincial, que en muchos casos reciben la vergonzosa suma de $20.000 al mes. Una trabajadora municipal declaró a Telam: “Comenzamos esta lucha con el Ejecutivo hace 2 años cuando el intendente Grindetti despidió, en plena pandemia, a varios compañeros, mientras acrecentaba la planta política con nuevos funcionarios". La compañera denunció que al reclamo de reincorporación se sumó la mejora salarial, dado que “la brecha entre un funcionario y un trabajador municipal es muy grande” y detalló que los sueldos rondan entre los $20.000 y $30.000. Un dirigente de ATE Lanús señaló: “Le venimos a decir que nos devuelva los descuentos de compañeros que hoy ya no tienen para comer y nos reprime con la policía”. Salario igual al costo de la canasta familiar. Que se abran los libros: investigación a cargo de los trabajadores y vecinos con la colaboración de profesionales. Pase a planta permanente de todos los cooperativistas y precarizados. Viva la lucha de los municipales.

Frente al plan de lucha de dos semanas votado por más de 32.000 docentes santafesinos, las burocracias sindicales de la AMSAFE, SADOP, ATE y UPCN se aprestan a sentarse en las mesas paritarias a ofrecerle al gobierno el salvoconducto del “adelantamiento de tramos” y boicotear así el manifiesto ánimo de huelga que recorre las bases. Es lo que ya hizo la FESTRAM, que con ese tipo de acuerdo levantó el paro de 72 horas previsto para la semana pasada. Se trata de una nueva maniobra para salvar el ruinoso acuerdo que firmaron en marzo, adelantando los tramos previstos para agosto y septiembre -del 8% cada uno-, pero aplicado a febrero, cuando el salario de estatales y docentes rondaba los $55.000 y $61.000 respectivamente. Estamos hablando de $9.000 si el adelanto se diera de una sola vez, o dos cuotas de 4.500 si fuera en dos veces, como arregló la FESTRAM. Una miseria y una burla para las familias trabajadoras. Esto representaría un 11% de aumento frente al último salario percibido, que se está cobrando por estas horas, o un 6% mensual si se cobrara en dos tramos. Sería automáticamente devorado por la inflación de julio, que todos los analistas estiman alrededor del 8%, y que el propio gobierno anunció que “va a dar mal” (Ámbito financiero, 29/7). La escalada inflacionaria dejaría los salarios docentes y estatales entre $15.000 y $25.000, como mínimo, por debajo de la línea de la pobreza, incluso adelantándose las cuotas de agosto y septiembre. Todos a la huelga La huelga que la burocracia de la AMSAFE quiere planchar es clave en la defensa del salario de estatales, municipales y del conjunto de trabajadores de la provincia. Es necesario que las bases docentes y estatales barramos con la maniobra entreguista que diseñaron las burocracias, ratifiquemos la segunda semana de paro y llevemos el plan de lucha a fondo: por el pase a planta, por un aumento de emergencia del 100% del salario, calculado sobre el adelantamiento de los tramos, que coloque al salario inicial al nivel del costo de la canasta familiar (hoy por arriba de los $180.000) y por la indexación automática por inflación. Esta es la única manera de que el salario no se deteriore día a día y alcance para sostener una familia. El camino que ofrecen las burocracias es el del apaciguamiento, y ganar tiempo, pateando la pelota para adelante. Esta política llevará a la docencia a luchar por la reapertura de la paritaria nuevamente, dentro de un mes y medio, y a desenvolver un plan de lucha en octubre, sobre el final del ciclo lectivo, con menores posibilidades de éxito. Es lo que buscan los dirigentes de la burocracia y el gobierno: estirar los plazos para llegar a fin de año y, automáticamente, patear cualquier lucha por la recomposición real del salario para marzo de 2023. El momento de salir a la calle y llevar la lucha a fondo es ahora. La huelga de la AMSAFE es el canal abierto para que la docencia, estatales y municipales (efectivos y precarizados), desocupados y el conjunto de los trabajadores de la provincia coordinemos nuestros reclamos, impulsando asambleas, plenarios y coordinadoras de lucha, para converger en un gran congreso obrero por la huelga general.

Cuando los titulares de prensa se ocupan del destino final del peso argentino, el interrogante de fondo es acerca del peronismo. Desde el regreso de Perón a Argentina, hace medio siglo, demostró ser un aglutinamiento forzado, que especulaba con una sucesión que era más o menos inminente. Bajo Menem ocupó el lugar de segundo violín de un poder que en realidad manejaban Cavallo y Alsogaray. Cuando los secundones del menemismo se reconvirtieron al kirchnerismo, el aparato del estado fue relativamente ocupado, por etapas, por su ala pequeño burguesa 'progre', que mantuvo en la periferia a los aparatos tradicionales, como por ejemplo a la burocracía sindical, por medio de canonjías de distinto carácter. La formación del trípode conocido como Frente de Todos, aunque sirvió para evitar que el gobierno de Macri se hundiera en una crisis política terminal y permitió recuperar el gobierno, convirtió al peronismo en un rejunte de retazos, acompañado de varias escisiones - como Schiaretti, Urtubey, Pichetto y otros. Los anuncios de Massa en materia económica han desatado, ahora, fuerzas centrífugas más intensas, desde la base electoral del peronismo hasta varias de sus alas corporativas. En medio de este proceso de disolución política de un aparato que se confunde con el Estado, una intervención histórica de los trabajadores, modificaría en forma irreversible el escenario político de Argentina. Si se mira con atención, el gabinete que inaugura Massa es una repetición agravada del que encabezó Martín Guzmán. Se trata, de nuevo, del intento de evitar un estallido devaluatorio, por medio de combinaciones financieras que llevan el sello del fracaso anunciado en la frente. "Bonos duales" (que se indexan al índice más favorable a los acreedores - dólar o inflación, más una tasa elevada de interés), para poner un torniquete a la sangría cambiaria. Un seguro de cambio a cerca de nueve mil millones de dólares que operan en el mercado de futuro, que llevaría a la quiebra del Banco Central y a la hiperinflación en caso de una devaluación del peso. Cuentas en dólares, a tasas de interés elevadas, para quien quiera que adelante una liquidación de divisas, sea por cerealeras, pesqueras o cualquier compañía cuyas ganancias hayan sido favorecidas por la explosión de precios que ha provocado la guerra de la Otan contra Rusia. Se trata, en todos los casos, de nueva deuda del Tesoro y del Banco Central, para hacer frente a los vencimientos de la deuda acumulada en los últimos cincuenta años a fuerza de refinanciaciones. Como gran parte de esa deuda se encuentra en el Fondo de Garantía de Anses y de otros organismos del Estado, una parte cada vez mayor de la recaudación impositiva deberá ir al sostenimiento de la deuda pública. Los ingresos de Anses provienen en un 60% de impuestos, como consecuencia del desmantelamiento del régimen de previsión social que inició la dictadura militar. Todo este entramado deberá concluir en un mega devaluación o una devaluación descontrolada - un fenómeno histórico típico para anunciar una nueva época. Ocurre también que gran parte de la reactivación económica posterior a la pandemia obedeció al subsidio que ha recibido la industria y el comercio a través de la denominada brecha cambiaria que ahora es imposible achicar. En efecto, una importación al tipo de cambio oficial y un nivel de precios internos que están determinados en gran parte por el dólar financiero (MEP o Contado con Liqui), ya ofrecido tasas de ganancias inauditas al capital local, que aprovechado además el derrumbe de los salarios, el trabajo informal y la precarización laboral (alargamiento de la jornada y semana laborales). La reactivación subsidiada se ha venido abajo, como consecuencia de la escasez de reservas del Banco Central para importar y por la tendencia alucinante de la inflación. El cierre del negociado de la brecha abre camino al negociado de la devaluación; lo que para la mayoría es una tragedia social, para el capital es una modificación en la cartera de inversiones. Desde un punto de vista estrictamente comercial, sin embargo, el tipo de cambio se encuentra en equilibrio, resultado de términos de intercambio favorables del comercio internacional - o sea precios de exportación más altos en promedio que los de importación. Lo que presiona a la devaluación es la deuda pública, externa e interna, y la privada - unos 500 mil millones de dólares. Argentina no sufre una economía bi-monetaria, como Kicillof le cuenta a la Vicepresidenta, sino de una deuda impagable, a la que hay que añadir la del Banco Central con los bancos locales - 8 billones de pesos, que equivalen a 45 mil millones de dólares al oficial y a 30 mil millones de dólares al financiero. La moneda argetina no vale un pomo porque el estado argentino es irrevocablemente insolvente. Massa ha asumido la responsabilidad de arreglar este entuerto en representación de dos sectores capitalistas bien precisos: de un lado, "la patria contratista, rentista y subsidiada", como lo son los dueños de Edenor, banqueros como Brito y Esquenazi, petroleras como Bulgheroni, Eurnekian, Tecpetrol y los accionistas de YPF, y en otro plano fundamental las mineras, ahora con la presencia del litio. Por eso ha designado a la secretaria de Minería de Salta, Flavia Royon, al mismo cargo en el estado nacional. Cuando no hay empresas del estado para rematar, como ocurrió bajo Menem, Argentina sale a rematar la exportación en bruto de litio, que será industrializada en China y en Europa. En este negocio, Massa ha armado un frente con Gerardo Moráles y todos los gobernadores del noroeste. Es el reclamo principal que le ha hecho la Cámara de Comercio Americana en Argentina, que forma parte del lobby internacional más importante de Estados Unidos. El otro gran lobby que ha ingresado al gobierno de Massa es BlackRock, el mayor del mundo, que está a cargo de la gestión de la deuda norteamericana, representado por Daniel Marx. Massa le ha robado a Macri la gestión privilegiada de los intereses extranjeros. La operación devaluatoria causa pánico entre partidarios y opositores, porque provocará de inmediato un aumento gigantesco de la deuda pública - la que está en dólares y la que está dolarizada. Descargaría también un golpe inflacionario fenomenal. Vendría acompañada de tasas de interés extraordinarias. La contrapartida - que promueva el ingreso de capitales golondrinas o de otro carácter -, está inhabilitada en gran parte, porque la tendencia del momento es la salida de capitales de los países de la periferia al centro. Las operaciones para aprovechar los desequilibrios financieros internos se realizan en el mercado local. La lectura de los informes de las consultoras más profesionales transmite un cuadro catástrofico. Todas coinciden, al mismo tiempo, que lo anunciado por Massa es apenas un analgésico, incluido el tarifazo. Las próximas facturas habrán de desatar una furiosa reacción popular. El pasaje de Massa al gabinete es la última operación ministerial de los Fernández. Massa no seguiría el camino clásico de la renuncia; por el contrario, plantearía una crisis de gobierno y se candidatearía a la Presidencia como el político que resistió al kirchnerismo. Massa cedió la sucesión constitucional de los Fernández a una mujer de su palo - la "renovadora" Cecilia Moreau. La desintegración del peronismo alcanzaría un estadio terminal, diferente al de 2002, cuando celebró una interna con tres candidatos. El imputado no es, esta vez, un radical como De la Rua, y una alianza menor como el Frepaso. Ahora da de lleno al gobierno peronista y al peronismo. Al lado de la formidable resistencia social que producirá el ajuste con devaluación, se yergue una cuestión política mayor para la clase obrera, que es construir su propio partido, lo que significa anunciar su candidatura a la toma del poder político. LEER MÁS: El gobierno, una mesa de dinero en el límite Por Jorge Altamira Morales busca ampliar su propio ‘estado paralelo’ Por Iñaki Aldasoro La movilización de “Los Cayetanos” Por Leonardo Perna

El 1º de agosto se concretó la visita de Marcelo Ramal a Santiago para apoyar la campaña política del Partido por Un Santiago Obrero (Política Obrera) para las elecciones municipales que se realizarán el próximo 7 agosto. A la mañana la actividad se concentró en una conferencia de prensa y en el recorrido a diversos medios. Hubo un intento de parte del gobierno de abortar esta actividad pues la conferencia de prensa se iba a realizar en un bar-restaurant conocido de la zona céntrica. La actividad había sido concertada con varios días de antelación y todos los medios habían sido convocados a ese lugar. A las 2 de la madrugada, el dueño del local nos avisa que el lugar iba a estar cerrado, que las actividades previstas no se iban a poder realizar. Es claro, y no es la primera vez que ocurre. El gobierno, con diversos mecanismos extorsivos, determina qué actividad política o de cualquier orden se puede realizar. A pesar de ello, mostrando una actitud militante, los compañeros se las arreglaron para reconvocar la conferencia de prensa en la sede partidaria. Allí se hicieron presentes varios medios radiales, periodísticos y televisivos, frente a los cuales Adrián Carrascosa, candidato a intendente por la capital, Valeria Morales, candidata a 1º Concejal, y Marcelo Ramal, dieron cuenta. Contra las costumbres santiagueñas, en la siesta se realizó una importante reunión con trabajadores municipales y de choferes despedidos de la Cooperativa La Unión. Los compañeros municipales dieron cuenta del grado extremo de precarización laboral y miseria salarial. El salario básico promedia los 13 mil pesos y con adicionales llegan a los 22 mil. De los 7.000 trabajadores, sólo 2.000 son efectivos. El resto reviste distintas formas de contratación precaria. Los compañeros informaron los enormes negociados que los principales funcionarios del municipio y de la provincia realizan con la obra publica, pues se licitan obras en que los adjudicatarios son empresas “truchas”, y para concretar las obras usan materiales, maquinarias y hasta personal del propio municipio. En el caso de los choferes despedidos, se pudo constatar como la cooperativa había sido copada por una camarilla con métodos mafiosos, y se ha asociado a grandes negociados con los subsidios que se otorgan a las empresas de transportes, incluso asociándose con otras grandes empresas de transporte de pasajeros. En ambos casos los compañeros reafirmaron su compromiso de organización junto al partido. Pasada la hora de la siesta, la sede partidaria comenzó a llenarse de compañeros aceitando los preparativos para el acto de cierre. Desde la sede partidaria una columna de alrededor de 300 compañeros inició una marcha, agitando consignas, repartiendo declaraciones y boletas, hasta llegar a la plaza Libertad, la plaza central de la capital. Allí, se concretó el acto de cierre. Adrián, Valeria y Ramal fueron los oradores. Explicaron de manera sencilla cómo los grandes problemas que afectan a los vecinos -como son la crisis de la salud, del transporte y de las obras publicas- no tienen salida bajo la gestión de los gobiernos capitalistas. Se plantearon las reivindicaciones desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y el rol e importancia de conquistar una banca socialista en el consejo de la Capital. El acto generó mucho entusiasmo, un factor muy importante para que en el curso de la semana se amplíe la agitación en las barriadas y se multiplique la conquista de fiscales (en este momento se cuenta con 200, pero el objetivo es duplicar ese número). Casi en simultaneo, el sábado 31, se realizó una gran jornada en Las Termas de Río Hondo, que combinó la presencia militante de los compañeros termeños y sus principales candidatos, Bruno Ruiz (a intendente) y Natalia Jiménez (a 1º concejal), con una importante delegación de compañeros tucumanos, lo que permitió barrer casa por casa, la mitad de la ciudad, entregando el voto y una declaración, y en muchos casos abriendo un diálogo con vecinos que interpelaban a los candidatos.

La burocracia de la UTA levantó el paro previsto para la noche del martes luego de la conciliación obligatoria ordenada por el Ministerio de Trabajo. La medida había sido ratificada luego de conocerse el aumento del boleto del orden del 40% . En su comunicado la UTA reclama un bono de 25 mil pesos y la reapertura de paritarias. También señala la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación. Sin embargo esto es solo una parte del problema, ya que a la burocracia le cabe, en este derrotero inflacionario contra el salario, su colaboración por haber firmado ininterrumpidamente paritarias a la baja. En ese sentido el último acuerdo firmado por Roberto Fernández arrancó muy por debajo de la canasta familiar y en cuotas, lo que agravó aún más la situación en el bolsillo de los choferes de colectivos, que hoy orillan la línea de pobreza. A río revuelto, ganancia de pescadores En el reclamo de reapertura de paritarias que hace la UTA subyace la pelea por los subsidios . La ´negociación´ se desenvuelve a espalda de los trabajadores, sin asamblea por línea para discutir la medida a tomar ni la situación laboral de los choferes. Es que, de este modo, afuera quedan problemas tan sentidos como las condiciones de insalubridad en las que trabajan, puestos a la luz durante la pandemia, así como la inseguridad. En este orden de cosas se explica el silencio de la burocracia ante la reducción del servicio al 50% -un lockout- que afectó a la choferes con despidos, reducción de jornadas y cesantías. Fue una iniciativa patronal para reclamar la liquidación de los subsidios adeudados. La UTA siempre empalma los pedidos de aumentos de subsidios o boleto con el de paritarias. Las patronales y la burocracia toman a los trabajadores de rehén. El camino a seguir No hay pelea real por el salario y las condiciones de trabajo si no son discutidas en asamblea donde los trabajadores de conjunto puedan resolver las medidas necesarias para dar salida a sus reivindicaciones. Mientras la burocracia lobbista de las patronales se desentiende de los intereses de los trabajadores el camino lo marcan los sectores independientes y de autoconvocados que con piquetazos y movilizaciones el 30 de marzo impulsaron el reclamo por la reapertura de paritarias, así como el de la 60, que el 4 de julio salió a luchar contra los despidos.

En una modalidad que ya se ha hecho consuetudinaria para el gobierno mendocino, las "discusiones" paritarias se cierran por decreto. Lo hizo la semana pasada con el SUTE y se apresta a hacerlo con ATE. Los sindicatos estatales y docentes son los más importantes en el sector público provincial. La "propuesta" de la que el gobierno provincial dice que no está dispuesto a moverse no recompone los rezagados ingresos de los empleados públicos los cuales, con la excusa de la pandemia, estuvieron congelados en 2020, y vienen de ajustes paritarios a la baja y sin ninguna recomposición. El gobierno atribuye a la situación macro económica nacional la incapacidad de asumir compromisos de salarios mayores, lo que contrasta con la realidad de que el estado provincial tiene superávit, paga puntualmente los intereses de su deuda y mantiene en vigencia planes de fomento al sector privado (Mendoza Activa y otros) y exenciones impositivas como en el caso de ingresos brutos a los bodegueros exportadores. En cambio, un maestro en Mendoza gana de inicial menos de 50 mil pesos. La mitad de una canasta de pobreza. Para vehiculizar esta política anti obrera, el gobernador Suárez aplica medidas totalitarias de persecución a la actividad sindical y a la organización de los trabajadores. Continuando la "línea" de Cornejo, su predecesor, quien impuso a la docencia el nefasto Ítem aula, que castiga con descuento de los días de huelga, en los establecimientos educativos y de salud se impiden las asambleas y han convertido en gendarmes a directivos y autoridades. En plena discusión paritaria, los medios informaban sobre la posible detención de los dirigentes de ATE procesados por haber cortado la semana pasada el acceso este (RN7). Tanto Suárez como Cornejo han sabido sacar ventaja de las divisiones en el campo sindical. El contundente paro de los días 26 y 27 y la multitudinaria marcha y posterior concentración en casa de gobierno logró por lo menos reunir en tiempo y lugar una acción contundente, pero inexplicablemente diferenciadas. ATE, ATSA y APEL, por la parte posterior del edificio, y SUTE, SADOP, SITEA y AMPROS, en el frente. La lucha salarial de los estatales cuenta con el apoyo de la población, porque se advierte que los bajos salarios en el Estado traccionan a la baja los salarios del sector privado. Incluso el comercio está sufriendo por la aguda retracción del consumo. Los días de paro, los papás no enviaron a sus hijos a las escuelas, y pese a los trastornos, tampoco el público en los hospitales, que vienen con retención de tareas hace un mes, se pronuncia en contra del reclamo salarial. La docencia hará el miércoles su plenario para tomar una actitud frente a la "paritaria por decreto" y mañana ATE hace su asamblea interhospitalaria en la puerta del Notti por el mismo motivo. Los docentes barajan entre otras alternativas el paro indeterminado. Se cae por su propio peso que el autoritarismo del gobierno de Suárez sólo se derrota con acciones firmes y unitarias. Para lograr un salario "digno" que para serlo no debe ser inferior al costo de la canasta familiar, hoy en $160 mil. Unidad de los trabajadores, una querida consigna, que hoy se ha vuelto una necesidad, para torcer el brazo de un gobierno que institucionaliza la pobreza.

El proceso constituyente, en Chile, ha culminado en un soberano fiasco. En abril de 2021, la ciudadanía trasandina dio su “apruebo” a la convocatoria de una Convención Constitucional, con casi el 80 % de los votos emitidos, con una concurrencia de las más altas en la historia del país. Rompía, de este modo, una hipoteca singular, pues por primera vez Chile tendría una Constitución que sería elaborada por una representación política derivada de un pronunciamiento popular –las del pasado habían sido impuestas de arriba hacia abajo. La tradición democrática que se atribuía a la historia de Chile era simplemente un mito. Entre las guerras contra los pueblos indígenas en la Araucanía y las libradas contra Bolivia y Perú, el Estado chileno se estructuró sobre una fuerte base militar. Las riquezas aportadas por el salitre, el guano y el cobre permitieron disimular esta realidad bajo un ropaje, si no democrático, al menos representativo. Esta hegemonía quedó expuesta con el golpe pinochetista y se encuentra vigente hasta hoy. El “apruebo” de 2021 deberá convertirse en un “rechazo”, el 4 de septiembre próximo, cuando los chilenos concurran a un plebiscito convocado para dar el veredicto al proyecto de Constitución redactado por la Convención. De acuerdo a las encuestas, el 53% diría no a esa Carta, el 35% lo haría por la afirmativa y un 12% se encuentra “indeciso”. Estamos ante una reversión de tendencia espectacular. En este intermedio constitucional, se desarrollaron las elecciones periódicas para el Ejecutivo y el Congreso, que llevó a Boric a la Presidencia. Encima del proceso constitucional tuvo lugar una elección de autoridades sobre la base de la Constitución de Pinochet, o sea del viejo régimen político. La Constituyente, como se preveía por los términos de la convocatoria, quedó en la periferia del sistema político, que es el que debería plasmar en leyes el nuevo texto constitucional. Debido a estas condiciones concretas, la Convención no tenía nada de Constituyente, salvo el infundado título. Este engendro fue parido por el partido del actual presidente Boric con la derecha, a la que aseguró, además, que ninguna disposición podía ser aprobada sin los dos tercios positivos de los votos. En la primera vuelta de las elecciones generales, Boric quedó en un segundo lugar, con un magro 29% de los votos, en una lista formada con el Partido Comunista. Con ese caudal, obtuvo una reducida bancada parlamentaria; en tanto que la derecha y los representantes de la ex Concertación socialista-democristiana se quedaron con el control del Senado. Muy pocos advirtieron que este resultado expresaba una disconformidad con la actividad constitucional, que en ese momento iba de impasse en impasse. Lo que quedó claro es que la nueva Constitución entraría en vigencia bajo la supervisión del Senado, o sea del veto. El corresponsal de Clarín en Santiago describe de la manera siguiente el cambio de tendencia popular hacia el proyecto de Constitución: “(…) lo que comenzó como una solicitud por prestaciones de salud y educación, decantó en un proceso que avanzó hacia la plurinacionalidad, la eliminación del Senado, un sistema de jubilaciones incierto y un texto constituyente con un decálogo de derechos sociales llenos de adjetivos calificativos que parecen difíciles de lograr”. O sea en una estafa política que, no por previsible, deja de serlo. Al mismo tiempo, el presidente Boric ha sufrido, en los sondeos, una caída monumental en el apoyo ciudadano, pues a tres meses de asumir apenas recoge entre el 30-35% de adhesiones. El fiasco, sin embargo, ha sido recibido como un golpe por parte de las camarillas políticas, incluso de una parte de la derecha. Es que la nueva Constitución debía servir como canal para domesticar la rebelión popular que se inició en 2019. Prometía poner fin al sistema confiscatorio de las jubilaciones por parte de las AFP; asegurar una jubilación mínima vinculada al costo de la canasta familiar; y ofrecer un sistema de educación y salud gratuitos, en un país dominado por los servicios de lucro, con tasas de beneficios descomunales. De esto no hay nada e incluso menos que nada, porque la legislación que debe implementar esas actividades transformadas en derecho, es un poder legislativo comprometido a fondo con las AFP y con los intereses de éstas en la Bolsa de Santiago, Nueva York y Londres. En cuanto a la cuestión mapuche, el proyecto de Constitución se limita a consagrar la “plurinacionalidad”, para esquivar el reclamo histórico del derecho a la propiedad de la tierra, que fuera confiscada a lo largo del siglo XIX. Los constituyentes mapuches elegidos en una lista especial, reivindican este embuste con términos concluyentes. A la derecha que denuncia que la “plurinacionalidad” afectaría la unidad del Estado chileno, responde que el derecho de secesión está formalmente prohibido, y que lo mismo ocurre con las expropiaciones de terratenientes y monopolios forestales, salvo que el parlamento los declare de “utilidad pública”. Coherente con esta estrategia, Boric gobierna la Araucanía por medio del estado de excepción. La “plurinacionalidad” admite la existencia de un sistema jurídico acorde con la tradición mapuche, algo que la derecha rechaza como secesión potencial, pero que no por ello es progresivo. La mayor parte de los estatutos jurídicos indígenas son perfectamente reaccionarios en cuanto a derechos ciudadanos, en especial con relación a la niñez y la mujer. A la clase obrera de Chile no le conviene un nuevo factor de división en sus filas, y menos cuando se pretende ocultar que la Convención ha negado el derecho fundamental del pueblo mapuche –que es la tierra. El proyecto de Constitución, en definitiva, no recoge nada de la rebelión de 2019. Sólo convoca a una nueva rebelión. La crisis potencial que ha abierto el fiasco constitucional, ha abierto una crisis política por arriba. Es que la derecha y una parte del centro-izquierda que se han pronunciado por el rechazo, advierten el peligro de ratificar la Constitución de Pinochet. Las razones para el rechazo son varias: al eliminar la llamada “subsidiariedad” del Estado, el proyecto a plebiscitar abriría la canilla para “gastar más de lo que producimos”, por ejemplo, los subsidios a los jubilados o a los desocupados; la “plurinacionalidad”, mantiene viva la cuestión mapuche, una obsesión de los grandes propietarios de la Araucanía; el reemplazo del Senado por un Consejo de Regiones, aunque con fuertes prerrogativas para sus autoridades, introduce un pseudofederalismo, que la derecha mira con recelo, a pesar de que fue en las regiones donde obtuvo una cantidad de votos superior al promedio; por último, hay opiniones encontradas acerca de introducir un Consejo de la Magistratura y reemplazar a la Corte Constitucional. Lo que se busca ahora es encargar al Senado actual, recién electo, acordar otro proyecto constitucional, que eventualmente sería sometido a otro plebiscito. Esta movida pseudoreformista es un rebusque que se le ocurrió al ex presidente Ricardo Lagos, una escisión del socialismo, que había abrazado con entusiasmo fingido el Apruebo para redactar una nueva Constitución. La fragilidad política de esta maniobra ha llevado a una socia de Lagos, la ex presidenta Michelle Bachelet, a convocar al voto favorable al proyecto constitucional. El argumento del bloque del Apruebo es patético –de lo contario, dice, volvemos a la Constitución de Pinochet. Es una falacia. Apoyar el engendro constitucional significa enterrar, con el voto, la lucha por la erradicación del régimen político del capital financiero chileno e internacional. La Carta pinochetista sobreviviría como una reliquia, que serviría para recordar un objetivo incumplido y la necesidad por lo tanto de una nueva rebelión popular sobre bases más profundas. El escenario en presencia es, además, mucho más amplio que el debate constitucional. La inflación se ha disparado en Chile, algo que no ocurría hace tiempo, y también los despidos, a la vista y paciencia de Boric y el Partido Comunista. Sería perjudicial para la lucha contra este gobierno armar un frente para aprobar una Constitución que pretende remodelar el estado burgués sin tocarle un pelo al capital, ni aportar derechos a los trabajadores. En estas circunstancias, el repudio al engendro constitucional debe ser precedido por el llamado a una huelga general por las reivindicaciones salariales y empleo de las masas. Desde el lado oriental de los Andes, el único interrogante que queda es: rechazo o abstención y boicot. En este caso es necesario auscultar cuál es la opción que prefieren las masas que se oponen a esta maniobra anti-obrera envuelta en un manto constitucional, y las razones que se ofrecen por una u otra alternativa. Un frente de izquierda contra el proyecto, sobre la base de un programa, sería un buen paso adelante, si no fuera por el hecho de que las indicaciones que nos llegan desde el otro lado de la cordillera, es que las organizaciones de izquierda serían partidarias de este Apruebo.

El alegato que comenzó el fiscal Luciani este lunes en la causa contra Cristina Kirchner -denominada “Vialidad”- previsiblemente ha sido valorado de distinta manera según la orilla de la grieta desde donde se lo mire. Para Clarín, fue una “potente acusación” que “pulveriza la teoría del lawfare”. Para Página/12, en cambio, se trató de una “jugada mediática del fiscal” de “mucho ruido y pocas nueces”. Según la cronista del diario de Magnetto, el fiscal trazó “una puntillosa descripción de una estructura de corrupción que perduró durante doce años”. En pocas palabras, la fiscalía acusa a CFK de haber encabezado -junto a su difunto esposo, Néstor Kirchner- una asociación ilícita dedicada a “la sustracción de fondos públicos en beneficio del amigo y socio comercial” de la pareja, Lázaro Báez, mediante el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Luciani afirmó que se eligió esa provincia por la influencia que tenían allí los Kirchner. Habló de obras inconclusas y millonarios sobreprecios, de canales de pago privilegiados y de “anulación de la competencia” en las licitaciones. Báez fue condenado por lavado de dinero, una sentencia que el fiscal también esgrime en su acusación. Sin embargo, la fiscalía específicamente dedicada a perseguir el lavado de activos -la UIF-, que en el gobierno Macri dio un impulso fundamental a la acusación contra CFK en este expediente, finalmente se dio vuelta y, al momento de alegar, pidió su absolución. En el diario de Santa María, en cambio, se le reprocha al fiscal que se refiera a “licitaciones ficticias” e involucre a empresarios competidores de Báez -Carlos Wagner, la familia Ezkenazi- que, sin embargo, no han sido imputados de ningún delito. ”Luciani afirmó que con esos métodos [el de las licitaciones concertadas] se constituyó una gigantesca asociación ilícita que, en verdad, incluiría a los gobernadores de Santa Cruz, porque todas las licitaciones se convocaron, adjudicaron y controlaron en la provincia. Tampoco los gobernadores fueron acusados de nada. El razonamiento concluyó en que semejante asociación ilícita sólo podía concebirse con los presidentes Néstor y Cristina Kirchner como jefes”, un vínculo que -según el periodista- tampoco ha sido probado más allá de la conocida amistad que unía a Báez con el matrimonio K. Báez saltó a la gerencia del Banco de Santa Cruz luego de su privatización, durante la gobernación de NK. De allí pasaría al rubro de la construcción y al monopolio de la obra pública en Santa Cruz. Las penas acumuladas de los delitos que se le atribuyen a Cristina Kirchner suman un máximo de 16 años de prisión. La última palabra la tendrá, a su turno, la Corte Suprema de Justicia, que para CFK, según un video que publicó recientemente , ya tiene escrito el veredicto en su contra. El Ministro de Justicia que ella misma digitó, Martín Soria, luego de criticar al fiscal, machacó: “Sería lindo tener la mayoría para echar a los jueces de la Corte Suprema”. La expresión de deseo se ajusta al hecho de que el kirchnerismo, aún en el poder, fracasó en el propósito de modificar la composición del tribunal y sufrió derrotas políticas sin atenuantes en el terreno judicial, como la perpetuación del procurador designado por el macrismo, Esteban Casal, y la intervención de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, de donde había sido excluida por la reforma cristinista, para quedarse nada menos que con su presidencia. La denuncia que dio inicio a la causa de Vialidad fue presentada por “el equipo de investigación” de la Coalición Cívica en 2008. Desde entonces, con la salvedad del ´triunfo plebiscitario´ de 2011 y del retorno en 2019, con CFK como segunda figura en la fórmula presidencial, el kirchnerismo ha perdido elecciones a repetición desde 2009 a esta parte. Su ocaso político es manifiesto. La última tentativa de salvataje del gobierno Fernández-Fernández ha sido el empoderamiento de Massa, un empleado de la embajada yanqui, en una maniobra que sería fatal para el cristinismo, tanto si prospera como si fracasa. El operativo ´clamor´ promovido por La Cámpora en las redes sociales (“Todos con Cristina”) no movió el amperímetro más allá de los convencidos. La fractura del régimen político ha asignado al poder judicial un rol extraordinario de arbitraje, pero éste tampoco es ajeno a la crisis ni reúne los recursos para abrir una pespectiva. Todo lo contrario. El Poder Judicial es terreno de todo tipo de maniobras. Es notable, por caso, el impasse de dos causas que involucran a los principales protagonistas de la ´patria contratista´ argentina, las de Odebrecht y la llamada “causa de los cuadernos”, donde se observa el entrelazamiento de los empresarios con el Estado y el poder político, a uno y otro lado de ´la grieta´. Como dijo un burócrata del sindicato ferroviario en una de las escuchas que se ventilaron en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, “es un sistema”. La conclusión de esto es que los principales líderes de las dos coaliciones políticas más importantes de la burguesía se encuentran en la picota judicial -las absoluciones obtenidas por Macri en las causas por espionaje, aunque importantes, no concluyen sus tribulaciones-. Todavía falta escribirse el capítulo más importante de esta madeja: la intervención decisiva de las masas frente a la descomposición del régimen capitalista y su Estado.

El viaje de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, a la isla de Taiwán, hizo sonar tambores de guerra en una extensa parte del mundo. Debido a su lugar en la línea de sucesión presidencial, el segundo, la visita constituye un reconocimiento objetivo de la soberanía nacional del territorio secesionista de China. En Taiwán mismo, el principal partido de oposición, el Kuomintang, considera a la isla parte histórica de China, en función, naturalmente, de una perspectiva agotada de reconquista del territorio continental. La llegada de Pelosi a ese territorio constituye una violación de los acuerdos Nixon-Mao, por el cual EE. UU. reconoce una única República China. El viaje de Pelosi fue repudiado como “una provocación” por parte del gobierno de China, que advirtió asimismo que EE. UU. estaba “jugando con fuego” y que acabaría “quemado”. Para los próximos días y semanas, China prevé la realización de ejercicios navales y aéreos en torno a Taiwán, que muchos observadores comparan con las operaciones de Rusia y Bielorrusia que antecedieron a la invasión de Ucrania. Las acciones de China serían una represalia a las acciones hostiles de parte de Estados Unidos, que han venido creciendo, en connivencia con Australia y Japón. Sería equivalente a la respuesta de Rusia contra el intento de Estados Unidos de incorporar a Ucrania a la OTAN, preparado a lo largo de mucho más de una década. Cuando se cumplen cinco meses desde la invasión Rusia a Ucrania, los sucesos en el sudeste de Asia confirman que se encuentra en desarrollo una guerra mundial. El dato estratégico del viaje de Pelosi es que se acabó haciendo a pesar de la oposición de Biden, de la CIA y del Pentágono. No solamente expuso el propósito de alterar los compromisos firmados por Estados Unidos, sino, incluso de mayor importancia, una fractura en el régimen político norteamericano. Las razones de esta confrontación se encuentran en la guerra de la OTAN contra Rusia. No sólo hay una simultaneidad de acciones bélicas o pre-bélicas, sino una conexión. La OTAN está enviando a Zelensky armamento de mayor potencial que el recibido hasta ahora por el ejército de Ucrania, lo que ha venido acompañado naturalmente con un reforzamiento de la tutela de EE. UU. en el comando estratégico militar de Ucrania. El gobierno norteamericano está enviando misiles de largo alcance y enorme precisión, brindando asistencia y entrenamiento a los militares ucranianos dentro y fuera de Ucrania. Se destacan en estas provisiones material antiaéreo y la probabilidad de entregar F-15 y F-16, lo que pondría fin al monopolio del aire por parte de Putin. Putin mismo se encargó, ante este giro en el terreno militar, de recaracterizar a la guerra en curso como una guerra entre Rusia y la OTAN. Si las palabras aún conservan algún peso, esto significa el abandono de la estrategia bautizada como “operación militar especial”, que ni siquiera equivale a una declaración formal de guerra. Biden y el Pentágono han tratado durante un tiempo de evitar este escenario, para lo que recurrieron al abastecimiento de armamento de la época soviética por parte de los países limítrofes que formaban parte del pacto de Varsovia, y la promesa de reintegrarlo con equipamiento norteamericano. Es obvio que con los recientes envíos la OTAN ha cruzado una línea roja que ella misma había trazado. Lo que lleva a este giro es el avance del ejército ruso en la región del Donbass, e incluso el intento de recuperar, en el norte, la ciudad de Kharkov, pero por sobre todo el fracaso de las sanciones extraordinarias aplicadas a Rusia. De un lado, porque han creado una crisis energética severa e incluso un principio de dislocamiento industrial; del otro lado, porque emergen crisis políticas, como ocurre en Italia y Gran Bretaña, que deberán extenderse a otros países de Europa. Para no entrar en otros detalles, la OTAN ha debido levantar las sanciones a las empresas rusas que proveen insumos estratégicos a Airbus, para evitar que deje de funcionar. A pesar del giro que ha dado en la provisión de armamento fundamental a Ucrania, Biden pretende seguir evitando una confrontación militar directa con Rusia. No es lo que piensa otra parte del ‘establishment’ político militar norteamericano, ni Nancy Pelosi. Thomas Friedman, periodista del NYT, confidente de Biden, acaba de revelar que existe una completa desconfianza de Biden en el gobierno de Zelensky, lo que sólo podría interpretarse como que Zelensky buscaría usar el nuevo armamento más allá de los límites que le ha impuesto Biden, o sea ,utilizar el nuevo armamento sin restricciones, incluido el ataque al territorio de Rusia. En una conversación virtual reciente de tres horas de duración, Biden advirtió a Xi Jinping contra la asistencia militar de China a Rusia, con énfasis en la provisión de drones. Se trata, en realidad, de un metamensaje que apunta a que China se desligue estratégicamente de Rusia, por ejemplo en las relaciones económicas, que permiten a Rusia sortear los embargos de Estados Unidos. Rusia-China-India han formado un bloque propio, para evitar ser golpeados por el descalabro que han producido las sanciones contra Rusia. Pero China misma no puede dejar a Rusia colgada de un pincel sin inflingirse a sí misma un daño estratégico decisivo y demoledor. Xi Jinping intenta ‘surfear’ las derivaciones de la guerra, pero de ningún modo golpear a Rusia o fortalecer a Estados Unidos. Este enfrentamiento ha ‘calentado’ las relaciones de EE. UU. con China, en el marco de los grandes antagonismos que se vienen desarrollando desde la crisis mundial de 2007-08. El viaje de Pelosi es una maniobra que apunta a liberar las manos de Zelensky en cuanto al uso del nuevo equipamiento militar que le provee la OTAN (incluidos los tanques y municiones de Alemania), y a ‘apretar’ al régimen de China para que amortigüe fuertemente la vía de salida económica a las exportaciones de Rusia y a la necesidad de financiamiento internacional. En el límite, China podría asistir a Rusia con acciones estratégicas, en el caso de que la OTAN dé luz verde a una ofensiva militar irrestricta contra Rusia en Ucrania. Thomas Friedman, de nuevo, advierte en la acción de Pelosi el peligro de que estalle la tercera guerra mundial. Todo esto ocurre en las vísperas del Congreso del partido comunista, que debería consagrar a Xi Jinping presidente vitalicio de China. La aventura turística de Pelosi es una advertencia a ese Congreso, que deberá ratificar la estrategia política que haya convenido la cúpula del régimen chino. El viaje ha expuesto las crisis excepcionales de todos los regímenes políticos presentes en la guerra. Es otra señal de que las guerras imperialistas de alcance mundial plantean la cuestión del régimen político interno adecuado para esas guerras. Esas crisis son los eslabones que enlazan a la guerra con el fascismo, por un lado, y la revolución socialista, por el otro.

Con un nivel de participación histórico, “increíblemente alto”, los votantes de Kansas -un estado conservador, con Legislatura con mayoría republicana- rechazaron 60 a 40 una enmienda constitucional impulsada por la derecha religiosa, que hubiera permitido modificar la Constitución y anular el derecho al aborto. La cantidad de votantes fue significativamente mayor de lo esperado en un día de votación de primarias, cuando los republicanos generalmente duplican a los demócratas. La formulación de la boleta era deliberadamente confusa, el “sí” a la medida eliminaba de la Constitución estatal el derecho al aborto y devolvía el asunto a la Legislatura estatal. Un voto de “no” a la medida mantenía el derecho al aborto consagrado en la Constitución estatal. El día antes de la votación, circularon infinidad de mensajes de texto engañosos que decían que votar por el “sí” protegía el derecho al aborto. “Este es otro ejemplo más de las tácticas desesperadas y engañosas de la campaña Valóralos a Ambos, mintiendo a los votantes de Kansas”, dijo Ashley All, portavoz de Kansas por la Libertad Constitucional. Los representantes republicanos esperaban una votación favorable, que les permitiera derogar o restringir el derecho a abortar. Cada sector cubrió las ondas de radio de Kansas con millones de dólares en anuncios. Pero los votantes optaron por preservar el derecho al aborto en la primera prueba electoral desde junio, cuando la Corte Suprema revocó el fallo Rae vs. Wade, que desde 1973 impedía que los Estados obstaculizaran la interrupción del embarazo. El senador Roger Marshall, republicano por Kan, calificó los resultados del martes como "un enorme golpe a los esfuerzos para proteger la santidad de la vida en Kansas". El presidente Joe Biden dijo que la votación “deja en claro lo que sabemos: la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que las mujeres deberían tener acceso al aborto y deberían tener derecho a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud”. “El resultado se ve como un barómetro de la importancia que el tema del aborto tendrá en las elecciones nacionales de mitad de período del 8 de noviembre, en las que los demócratas lucharán por mantener el control del Congreso.” (CNN, 3/8) Muchos republicanos han hecho de la prohibición del aborto el eje de sus campañas. Más de una docena de Estados liderados por republicanos han prohibido o sumado restricciones al aborto desde la decisión de la Corte Suprema. Otros Estados, como California y Vermont, votará en noviembre para agregar protecciones al derecho al aborto en sus Constituciones estatales. Pero 10 Estados, incluido Kansas, tienen el derecho al aborto protegido en sus Constituciones estatales, con disposiciones que solo pueden anularse mediante referendos como el del martes. Kansas se mantiene como un Estado refugio, que continuará, como hasta ahora, recibiendo mujeres que quieren interrumpir el embarazo, fundamentalmente, de los vecinos Oklahoma y Misuri, pero también de Texas, Luisiana, Arkansas, Misisipi o Alabama. Las encuestas indican que alrededor de dos terceras partes de la ciudadanía están a favor de algún tipo de protección del derecho al aborto. La votación en Kansas es calificada unánimemente como una gran derrota para los antiabortistas y una gran victoria para los defensores del derecho al aborto en todo Estados Unidos, “que exhiben el resultado como un referente para la opinión popular” (The Guardian, 3/8).

Pedro Jofre Luján sacó un arma de fuego y disparó a un grupo de trabajadoras estatales y de prensa en la puerta de la intendencia de San Martín de los Andes, Neuquén. Jofre Luján es afiliado de la Asociación Trabajadores del Estado - ATE y miembro de la seccional Neuquén dirigida por Carlos Quintriqueo. Quintriqueo es el garante de las paritarias a la baja en Neuquén, aún más a la baja que en cualquier otra seccional o incluso que la ATE Nacional de Hugo “Cachorro” Godoy. Es el mismo que firmó una paritaria 0% en 2020 -al inicio de la pandemia- y otra de miseria en 2021, generando la reacción de los trabajadores y trabajadoras de la salud neuquinos bautizados como “Elefantes de la Salud”. La autoconvocatoria de la salud le terminó arrancando la reapertura de la paritaria al gobierno de Neuquén a fuerza de cortes de ruta y asambleas. Esta semana se conoció que ATE Nacional pidió ser querellante contra Jofre, que el gobernador Omar Gutiérrez lo dejó cesante en Desarrollo Social -organismo en el que figuraba desempeñando tareas- y que una asamblea de auxiliares de la Verde y Blanca se reunió para apoyar a Quintriqueo. “No estoy solo”, dijo a los medios. Que ATE sea noticia por un incidente policial ya no debería sorprender a nadie. Aunque Julio Fuentes, de la conducción nacional de ATE, se mostró sorprendido porque “es la primera vez que pasa algo así dentro del sindicato”, no nos podemos olvidar cuando en 2016 un grupo de afiliados entró al Hotel Bauen Recuperado para impedir el funcionamiento de la Confederal. El hotel quedó todo destruido y hubo heridos con armas blancas: el mismo video que circuló ATE Nacional muestra las imágenes. La descomposición va ganando lugar en el sindicato, con patotas y choques entre “afiliados”. Las asambleas de Memoria y Balance empezaron a tener por “seguridad” barras de clubes de futbol y se abandonaron por completo los plenarios de delegados. Los últimos plenarios convocados por el CDN fueron virtuales debido al aislamiento obligatorio y, aunque participaban entre 300 y 500 delegados con mandatos de asambleas y propuestas de planes de lucha, se cerraban con la frase: “bueno, gracias compañeros pero el consejo directivo fue electo y va a definir qué hacer”. Por lo que todos los planteos y mandatos de sector caían en saco roto. Ese proceso se fue dando a la par de que en Neuquén Quintriqueo atacaba a los autoconvocados de la salud. Los otros detenidos de ATE Esta semana el CDN de ATE se movilizó más para despegarse de Jofre Luján y de Quintriqueo que porque en Mendoza tres directivos de la seccional fueron detenidos “por imposibilitar el tránsito”. El martes a la tarde, ATE Nacional se limitó a publicar en su página web un repudio a las detenciones. En Mendoza, los estatales en la Multisectorial están en un plan de lucha por apertura de la paritaria y por el rechazo a la oferta del Ejecutivo. La asfixia salarial llevó a que ATE Mendoza (verde) convocara al paro con movilizaciones. El Ejecutivo respondió al pedido del aumento de emergencia de $40.000 ofreciendo un bono de $4.500. El martes 2 de agosto estaba convocada la asamblea en la puerta del Hospital Humberto Notti, para votar la continuidad del plan de lucha. Al finalizar, la policía se llevó detenidos a tres dirigentes del sindicato y a una trabajadora. Pasadas 24 horas de las detenciones de Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza; Adriana Iranzo, secretaria adjunta; Graciela Navarro, secretaria de finanzas, y María Rosa Gaete, en el contexto de la persecución a Joanna Báez y Daniel María Pérez -militantes del Frente Popular Darío Santillán- y a la compañera Rosario María Lourdes Gómez del Polo Obrero Tendencia, ATE Nacional no convocó siquiera a movilizarse a las puertas de la Casa de la Provincia de Mendoza para exigir la libertad inmediata y el fin de la política represiva para garantizar el ajuste. La lucha por el salario En estas horas ATE Santa Fe cumple el segundo día de paro por aumento de salario. Mendoza venía de votar la continuidad del plan de lucha cuando fueron detenidos los dirigentes. ATE Córdoba está en estado de Asamblea Permanente contra el congelamiento del ingreso a planta del Estado. Mientras la conducción nacional esté abocada a las elecciones de la CTA Autónoma y decidida a ser sostén de un gobierno en crisis que tiene como único norte ajustar a las y los trabajadores, con el aumento de tarifas y la devaluación, es necesario que todos los sectores de estatales que estén dispuestos a luchar coordinemos un plan de lucha nacional que arranque a los detenidos de Mendoza, imponga un aumento general del salario y garantice el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras del Estado, nacional, provincial y municipal. La única forma de erradicar a las patotas del sindicato es volver al mandato de asamblea y al plan de lucha hasta ganar.

“Cada vez que alguien me escribe queriendo sumarse a la Tendencia, lo primero que le explico es que somos una organización independiente, que no dependemos de empresas y mucho menos del gobierno. Sostenemos nuestra política con los aportes y muchas veces haciendo actividad como pollada o rifas”, cuenta Marcia de la Villa 31. Y agrega: “Ya rendimos una primera, pero tenemos un poquito más recaudado como aporte a la Campaña Financiera de Política Obrera”. En la Ciudad, con el aporte de 12 de las 26 asambleas del Polo Tendencia ya nos acercamos al 70% del compromiso que votamos con el cuerpo de delegados para la CF de invierno. Hay una docena más de asambleas que planificaron actividades o aportes individuales. El desafío no es ya sólo lograr el 100%, sino superarlo. La salida regular de la prensa y de volantes son un aliciente para los compañeros que ven corporizada la CF en un Partido y un Polo con campañas en marcha, con su propia agitación y propaganda, que coloca sus posiciones en la crisis actual. A diferencia de las últimas Campañas Financieras de Política Obrera, una gran parte de las asambleas resolvió cambiar las actividades como polladas o bingos por un aporte individual, donde cada compañera pone lo que puede y sólo si quiere. La razón del cambio es que la crisis económica llevó a que todos tuvieran más changas. El interés en el debate político se nota en el esfuerzo que hacen para estar presentes los días de asamblea. Por esto, los propios compañeros del Polo Tendencia propusieron aportar individualmente. En lo que va de la campaña unos 700 compañeros ya pusieron sus aportes de $50 a $500 y, en algunos casos, votaron una segunda cuota luego de debatir la situación de la inflación, como una forma consciente de sostener la organización. La formación política y la agitación, motor de la Campaña Financiera En CABA el sábado pasado realizamos un plenario de delegados conjunto con los compañeros de la provincia de Buenos Aires y Eva Gutiérrez; ahí discutimos la situación política, las tareas que arrojó la asamblea de trabajadores ocupados y desocupados que realizamos en Lanús y donde evaluamos la situación de la campaña financiera de conjunto en nuestro Polo. Aprobamos una serie de resoluciones, entre las que se encuentran una gran campaña de agitación con las resoluciones de Lanús -en todos los frentes obreros que venimos tomando, reforzados con equipos de compañeros especializados en la tarea- y el objeto de llegar en lo inmediato al 100% de la CF. Roxana, de la Asamblea Fortaleza de la Villa 1.11.14, contó que: “primero enviamos el flyer que da inicio a la CF y explicamos que es una actividad para juntar dinero porque nuestra organización es independiente política y financieramente. Otros años realizamos alguna actividad, pero organizarla demora mucho tiempo y la inflación no para. Así que votamos que cada compañero realice su propio aporte. De esa manera juntamos 30.000 pesos. Todo lo aportado fue informado a la asamblea, esto entusiasmó mucho y nos permitió avanzar con los aportes pendientes.” Otra asamblea que votó aportes individuales fue la de la Villa 21-24, Las Vías. La delegada Marina explicó: “Somos más de 30 compañeros y hace 2 años que estamos en Polo Tendencia, discutimos si llevar adelante una actividad y esta vez nos sorprendió que propusieron aportar individualmente al Partido y ¡casi todos dieron $500 o más! Con lo que se juntó una buena cantidad, fue muy simple el debate, porque ya todos nos conocemos y sabemos la importancia de hacer fuerte nuestra organización.” En este contexto no solo las asambleas colocan su aporte, sino también los círculos del Polo en cada barrio; muchas veces los compañeros hacen un doble aporte de CF: en su asamblea o colaborando en las actividades financieras y en su círculo con los compromisos personales, donde también se suma un padrón de vecinos, amigos y familiares a recorrer para pedir aportes. Fortalecidos con esta iniciativa y con el protagonismo tomado por el Polo (T) en las últimas movilizaciones piqueteras, entendemos que una gran Campaña Financiera es esencial para que nuestra organización intervenga en la crisis terminal del gobierno de los Fernández.

En el contexto de un reguero de paros y movilizaciones docentes que se extiende en distintos rincones del país, la docencia formoseña se suma a la ola. El gobierno provincial ha decretado un aumento del 50% en tres cuotas para todo el sector público, con el aval de las direcciones sindicales. La convocatoria docente al paro es la respuesta a esta institucionalización de la pobreza. Las cuotas son absorbidas completamente por la inflación y los trabajadores viven endeudados para sobrevivir apenas una quincena. Este aumento no sólo representa una notoria pérdida del poder adquisitivo de los docentes y marca pauta para todos los asalariados de la provincia, mientras la inflación empina hacia los tres dígitos. A esto se suma que no contempla parte del salario en negro que percibe el docente. El paro vuelve a colocar a la docencia una vez más como referencia de lucha para toda la clase obrera de la provincia, atravesada por una enorme carestía. Las huelgas docentes del país ponen de relieve una situación que excede a la provincia y plantea una huelga nacional docente. Apoyamos esta gran lucha y proponemos discutir la necesidad de asambleas en todas las escuelas para organizar la huelga general docente.

El sábado 30 tuvo lugar la primera asamblea autoconvocada de estudiantes secundarios de San Isidro, a la cual se sumaron estudiantes de San Martín, José C. Paz y San Miguel. Participaron como invitados estudiantes del ISFDyT 52. Cada colegio vino con una experiencia de lucha distinta, por los cupos del SAE, la pobre infraestructura en los colegios y cierres de cursos. La organización que surgió en cuerpos de delegados al calor de los conflictos abrieron la puerta a otros debates, que se plasmaron en la autoconvocatoria: la violencia, el consumo de drogas, la deserción escolar y las pasantías en los colegios técnicos. Sobre la violencia quedó una conclusión muy clara: a medida que nuestras condiciones de vida se recrudecen, la violencia en los colegios también. Los estudiantes terciarios, sobre lo anterior, denunciaron que los planes de estudio no cuentan con ninguna capacitación para intervenir en estas situaciones; por su parte, los secundarios denuncian que las intervenciones de los EOE se limitan, con suerte, sólo a una charla esporádica. Este debate estuvo atravesado por las drogas. Los secundarios de San Miguel señalaron cómo el consumo de marihuana, cocaína y pastillas lleva a los estudiantes a quedarse en sus casas. Ningún asistente social se ha visto yendo a las viviendas de los compañeros que dejaron de cursar durante el año, al punto tal que grupos de amigos se organizan para ir juntos al colegio, buscándose entre ellos casa por casa para no abandonar el colegio. En los técnicos las pasantías se realizan en condiciones extremadamente precarias. Ya no sólo el salario es mísero (a veces, de tan sólo 11 lucas al mes), sino sin elementos de protección, exponiéndonos a accidentes laborales en fábricas y almacenes. Frente a esto se discutió la necesidad de que las prácticas, en primer lugar, estén relacionadas con lo estudiado durante la cursada (un técnico electromotor no puede tener pasantías moviendo cajas); en segundo lugar, deben ser bajo convenio y con igual salario que un trabajador de planta. La cuestión del trabajo, siendo que la mayoría de la juventud se encuentra en la desocupación y la pobreza, abrió un debate alrededor de las resoluciones del congreso del Polo Obrero, sobre la participación de los centros de estudiantes en una bolsa de trabajo, junto a las organizaciones sociales. La autoconvocatoria terminó con tres resoluciones para enfrentar estas situaciones. En primer lugar elaborar un pliego de reclamos en cada colegio. Este pliego de reivindicaciones debe servir para: donde no existen cuerpos de delegados, conformarlos, y donde ya existan, sumarlos a una lucha contra los consejos escolares distritales. En segundo lugar, la conformación de un boletín secundario, acompañado de un material audiovisual, donde queden plasmados los distintos debates que lleven a cabo los estudiantes. El gobierno no tiene en sus planes la solución de ninguna demanda de los estudiantes. Queda abierto un gran desafío en la zona norte del conurbano bonaerense. Acompañando las resoluciones del ISFDyT n°52, de conformar un encuentro de estudiantes secundarios y terciarios, intervendremos hacia la organización de un congreso obrero y la huelga general, que ponga los reclamos de los estudiantes y trabajadores en las calles.

El gobierno y la justicia de Mendoza han decidido enfrentar a las inmensas movilizaciones de trabajadores ocupados y desocupados con el Código Penal en la mano. Del 27 al 29 de julio pasado, las calles de la capital mendocina estuvieron ocupadas por trabajadores estatales, judiciales, docentes, organizaciones sociales y trabajadores rurales, que salen a reclamar por el salario en paritarias y por el derecho al trabajo. El día 28, se realizó un corte en el Nudo Vial, en el marco de la jornada nacional piquetera. Como respuesta a estas movilizaciones, el gobierno, través de la unidad fiscal correccional de la justicia, presentó causas contra quienes las encabezaron. Ha sido detenido el secretario de ATE, Roberto Macho. Además, otros trabajadores deberán presentarse a audiencias judiciales el día viernes. Por la jornada del día 28, estarían siendo sometidos a investigación los compañeros Joanna Báez y Daniela María Pérez del FPDS, y la compañera Rosario María Lourdes Gómez, del Polo Obrero Tendencia, que serían convocados por la unidad fiscal correccional. En Mendoza, la justicia, a través de la ley de flagrancia, controla las movilizaciones de protesta, desconociendo el más elemental de todos los derechos, que es el derecho a organizarse y reclamar por el salario y el derecho al trabajo. El gobierno pretende abordar con el Código Penal la situación de emprobrecimiento general, miseria salarial y desempleo, que ha despertado la inmensa movilización de estos días. Para derrotar este ataque, es necesario un frente unido de las organizaciones obreras y piqueteras. Ganar las calles y parar hasta arrancar la libertad de los detenidos, el fin de las persecuciones a todos los compañeros y todas las reivindicaciones planteadas. POLO OBRERO TENDENCIA 3.8.2022

El día 21 de julio, a las 13:20 horas, se informa a la jefatura de la comercial Caballito de Telecom Cablevisión el corte del suministro de agua, situación que se da iniciados los almuerzos; 15 minutos luego de detectado el corte, las mochilas de los sanitarios ya se encontraban vacías y los inodoros, con deposiciones. Básicamente, sin agua para lavarnos las manos luego de ir al baño o hacer correr el agua en los sanitarios, en momentos en que la pandemia sigue presente, al igual que la recomendación de una estricta rutina de higiene. Para Telecom Cablevisión nada es tan importante como mantener las puertas abiertas aún a costa de la salud de las trabajadoras/es y sus clientes, esto queda demostrado en la pretensión de mantenernos en esas condiciones durante más de una hora y media en medio de los almuerzos. Ante una actitud brutal por parte de la patronal, las trabajadoras y trabajadores reunidos en asamblea decidimos por unanimidad retirarnos de la comercial a fin de poner un límite a semejante provocación. En la sucursal venimos sufriendo el desconocimiento de certificados médicos legales y la completa violación de los procedimientos para enfermedad inculpable, o casos en los que los y las trabajadoras se ven imposibilitados de desenvolver sus tareas, enfermedades siempre estipuladas en el convenio colectivo de trabajo 676/13. La intención de obligarnos a trabajar sin agua, por horas, con los baños sucios e inutilizables, fue el límite que pudimos soportar. La respuesta de la patronal fue bajar pedidos de informes a la dotación completa de la oficina; una vez rechazados con el amparo de FOETRA, la empresa dobló la apuesta respondiendo con apercibimientos escritos. Con esa acción convirtió a la situación en una afrenta a las y los compañeros y a FOETRA Bs. As., ya que actuamos en función de un acta vigente desde septiembre de 2014. Ante esta situación nos negamos a firmar el apercibimiento instando a la patronal a que lo haga llegar por vía legal, al mismo tiempo que comenzaremos una campaña pública de denuncia para poner de manifiesto el desprecio a la condición humana que practica el grupo Telecom Cablevisión contra sus trabajadoras, trabajadores y clientes. Asambleas, plenarios y plan de lucha Es necesario dejar blanco sobre negro que todos estos ataques que pretenden atemorizar a las y los trabajadores se dan en medio de un contexto inflacionario y del rechazo de certificados médicos, como los descuentos van siempre a dirigidos a golpear aún más el salario. Es necesario agrupar a los compañeros para organizar una respuesta sindical contra el intento de disciplinamiento, al tiempo que damos también un abordaje legal. La empresa ha tomado el camino de instalar un régimen de terror laboral, a través de la persecución que impulsa desde medicina laboral, rechazando certificados legales y desconociendo diagnósticos para injustificar días, a la vez que pretende hacernos trabajar por horas, sin suministro de agua, en momentos en que la pandemia vuelve a ser noticia por el crecimiento de muertes y casos. Llamamos a todas las compañeras y compañeros a organizar asambleas ante estas provocaciones, a defender nuestro derecho a la organización y la acción gremial para desbaratar de un golpe estos ataques a los derechos más básicos de las personas.

La única medida 'contante y sonante' que Sergio Massa pudo anunciar al asumir como “superministro” es la extensión del tarifazo sobre la luz y el gas para otros cinco millones de hogares, que se suman a los cuatro millones que se quedaron sin subsidio después de la segmentación. Los que se agregan ahora corresponden a hogares que, en el mejor de los casos, ganan la canasta familiar. Pero dejarán de percibirla cuando reciban aumentos de hasta el 300% en sus boletas. El tarifazo, además, incorporará al servicio de agua. Massa aclaró que los aumentos contemplarán una mayor participación de las distribuidoras de energía en el componente de la tarifa. Aunque declaró que no se consideraba “un salvador”, no deben pensar lo mismo Vila y Manzano –dos de los dueños de Edenor. El tercer socio de la distribuidora, Filiberti, es también el primer proveedor de AySA, la privatizada del agua que preside la mujer de Massa. El superministro debutó con una operación de rescate a la camarilla empresarial que lo respalda. Devaluación Massa anunció la pretensión de contar con unos 5.000 millones de dólares de “anticipos” por exportaciones, por parte de agroexportadoras, mineras y pesqueras, en un período de 60 días. Es un macaneo, pues presenta como excepcional al giro mínimo de divisas -unos 2.500 millones por mes- que deberían aportar algunas exportaciones. Aunque presentó a este acopio de divisas como un recurso para evitar una devaluación, todo el círculo de economistas y dirigentes empresarios que rodean a Massa lo interpretan al revés. O sea, es el “colchón” de reservas que habilitaría a una posterior devaluación. Para conseguirlo, Massa anunció la prolongación en el tiempo del dólar soja, o sea, una devaluación a medida de los sojeros, para arrancar una porción de la cosecha retenida. Pero el nuevo ministro no tiene ninguna certeza de que podrá reunir ese “colchón”. Por lo pronto, las cerealeras se lavaron las manos, y afirman que los granos suficientes para reunir esas divisas los tienen los productores. En otro plano, la posibilidad de conseguir esos dólares con préstamos externos, con una deuda pública virtualmente defolteada, es todavía más remota. El menor tropiezo en el plan de “acopiar dólares” será respondido con una corrida cambiaria. En defensa propia, y del gobierno tambaleante, Massa precipitará la devaluación que ahora niega. Esa devaluación nada tiene que ver con las necesidades del comercio internacional de Argentina, que arrojó un superávit de 15.000 millones de dólares en 2021. La desvalorización fantástica del peso sólo es una consecuencia de la insolvencia del Estado y de la hipoteca de una deuda pública del 120% del PBI. Por eso mismo, la bancarrota fiscal es un poderoso acicate a la devaluación, ya que elevaría sustancialmente el monto recaudado por las retenciones a la exportación. Massa ofreció un canje para los cuantiosos vencimientos de deuda que tendrán lugar en los próximos meses, a sabiendas que buena parte de esos compromisos están en manos del ANSES y de los bancos estatales. Del mismo modo, alardeó con cerrar la canilla de la emisión de pesos para financiar al Tesoro, cuando esa emisión deberá continuar para pagar los intereses de las Leliqs. Los “ajustes” sobre el gasto corriente serán brutales para quienes deban soportarlos. Pero representan una magnitud miserable de la crisis fiscal, frente a lo que representa la carga de la deuda pública. Agresión a los trabajadores Con tarifazos redoblados y una devaluación en puertas, los “ataques a la inflación” desplegados por el superministro son una super-impostura, que tiene un solo propósito: justificar la desindexación de los salarios. En medio de las contradicciones insuperables de su “plan”, Massa quiere sostener la confianza de los capitalistas con una línea de ataque a los trabajadores. Como nacional y popular que es, buscará enmascarar esos ataques con maniobras y con el concurso de la burocracia sindical. Anunció un bono a jubilados que será pagado con una pequeña parte de la confiscación resultante de la eliminación del índice inflacionario en la movilidad jubilatoria. En el plano de los salarios, está buscando suspender los ajustes paritarios por una suma fija. Pero con una inflación del 90 anual, la desindexación salarial podría desatar una explosión en el movimiento obrero. Es lo que teme la burocracia de la CGT. En el caso de los planes sociales, Massa ha refritado el plan “empalme”; o sea, la fracasada salida macrista que quiere convertir a los planes en un subsidio al capital. Como viene ocurriendo hasta ahora, la tregua que las burocracias sindicales y sociales le darán al gobierno será infinitamente más larga que la que le concederán las fracciones capitalistas que reclaman una devaluación. Más que nunca, la defensa del salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo dependen de las coordinaciones y autoconvocatorias. El fracaso del mentiroso plan Massa planteará la cuestión de la huelga general.

La guerra mundial ha dado un salto, hasta extenderse desde Europa Oriental hasta las costas de China. Desafiando todas y cada una de las advertencias lanzadas por la República Popular de China, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aterrizó en Taiwán en visita oficial para entrevistarse con sus autoridades. Si bien Pelosi no es la primera funcionaria en visitar la isla desde los acuerdos con el Partido Comunista de China con EEUU, que se comprometió a mantener únicamente relaciones informales con las autoridades de Taiwán y mientras, por otro lado, la Casa Blanca dice que todavía se guía por la política de la China única , la visita de Pelosi constituye un paso más en el rumbo de preparar una guerra contra China. Claramente es un intento de poner a prueba la tolerancia y respuestas del PCCh. Seguidamente, países auxiliares de EEUU, como el Reino Unido y Lituania anunciaron también que enviarán delegaciones a Taiwán siguiendo el ejemplo de Pelosi (The Guardian 1/8). Los movimientos más grandes que puede hacer EEUU sin embargo se están cocinando en el Congreso, precisamente presidido por Pelosi. Hay una serie de leyes que se están discutiendo, principalmente el Menendez Bill, que alteraría fundamentalmente la política norteamericana con respecto a Taiwán y que en la práctica entierra los compromisos con China para avanzar decididamente a una política separatista en Taiwán (Responsible Statecraft, 1/8). Como parte de este proyecto de ley, se contempla armar a Taiwán hasta los dientes de una manera que, de nuevo, infringe todos los acuerdos existentes y tomando como ejemplo el modelo israelí (Defense News, 2/8). Sucede que Taiwán tiene un valor geoestratégico tanto para la República Popular de China como para EEUU; para los primeros se trata de una puerta al Pacífico mientras que para los segundos es un eslabón central de la Primera Cadena de Islas (junto con Japón y Filipinas y otros), cuyo propósito es bloquear y eventualmente aislar a China de las rutas marítimas por las que trae buena parte de materias primas, petróleo, etc. EEUU necesita evitar a como de lugar la ´reunificación´ entre Taiwán y China, que ya son en gran medida interdependientes económicamente (aunque en diferente grado, la economía de la isla es 20 veces más chica que la de China continental). Esta crisis viene acompañada de una escalada militar que recuerda a episodios previos, pero la escala por sí misma de los despliegues la hacen más grave. En los días previos a la visita de Pelosi, la Armada de EEUU posicionó en las aguas adyacentes entre el este de Taiwán y entre Japón y las Filipinas, a los buques de asalto anfibio USS Essex y USS Tripoli (que además sirven como ´mini portaaviones´) y los ´súper portaaviones´ USS Abraham Lincoln y el USS Ronald Reagan (USNI, 1/8), además de sus respectivas escoltas de destructores, cruceros y submarinos. Por su parte, los chinos hicieron a la mar a sus propios portaaviones, el Lianoning y el Shandong (Global Times, 2/8). En paralelo, comenzó una concentración de tropas terrestres a gran escala en las ciudades de la provincia de Fujian, la más cercana a Taiwán, sus playas y las calles están atestadas de tanques, tropas y vehículos blindados (Express, 2/8). Con Pelosi ya en tierra, China declaró el inicio de ejercicios militares a gran escala, incluyendo tropas terrestres, aéreas y marítimas. El Comando del Teatro Oriental ha anunciado que los ejercicios navales (que ya han comenzado y durarán unos días) tendrán lugar en seis zonas que rodean completamente la isla principal de Taiwán, prácticamente un bloqueo naval, y al mismo tiempo serán los más cercanos a sus costas que se tenga memoria (People´s Daily, 3/8). Al momento de escribir estas líneas, es muy poco probable que el gobierno chino use estos ejercicios como cobertura de operaciones militares reales (como sí hicieron los rusos a principio de año), pero representan una respuesta muy dura a la provocación estadounidense. Mapa de las zonas marítimas donde tendrán lugar las maniobras de la armada de la República Popular de China.

En los últimos meses, más precisamente desde que comenzó la guerra, el continente Europeo se ve sacudido por una ola de huelgas, muchas de ellas las más grandes en las últimas décadas. El hilo conductor de todas es reclamar contra el mazazo al salario que significó el aumento de la inflación que desencadenó la guerra imperialista en Ucrania. Muchos medios de comunicación hablan de un resurgimiento del sindicalismo en Europa, los más atemorizados hablan directamente del "fantasma de las huelgas” que recorre el viejo continente. En [Gran Bretaña)[https://politicaobrera.com/7304-reino-unido-la-mayor-huelga-ferroviaria-en-30-anos], 40.000 ferroviarios protagonizaron la huelga más grande en 30 años, para reclamar aumentos de sueldo frente a la inflación y contra de los despidos que plantean las patronales ferroviarias. En el archipiélago británico, también fueron a la huelga los Trabajadores de la Comunicación (CWU). Los 115.000 afiliados, con el apoyo del 77% de los trabajadores, votaron a favor de la huelga ante el escaso 2% de aumento que Royal Mail (Correo Real) quería imponer. Tanto los ferroviarios como los trabajadores de la comunicación contaron con cientos de piquetes en todo el Reino Unido y un amplio apoyo del público en general. En Alemania, los trabajadores de los puertos alemanes sobre el Mar del Norte protagonizaron la jornada de lucha más grande de los últimos 40 años. Allí, unos 12.000 trabajadores de Bremerhaven, Bremen, Emden, Wilhelmshaven, Brake y Hamburgo, donde se ubican los principales puertos del norte de Alemania, realizaron una huelga de 48 horas del 15 al 16 de julio. En junio, ya habían efectuado una primera huelga en un turno y luego otra de 24 horas. Con esta última, sumaron 80 horas de paro. Los obreros estibadores plantean una suba del 14% para el próximo año, mientras que la Asociación Central de Empresas Portuarias Alemanas (ZDS) pretende congelar ahora los próximos 2 años con un 26%. Otros que fueron a la huelga fueron los metalúrgicos de IG Mettal (el sindicato más grande del país, con 2 millones de afiliados) que acaban de firmar un aumento del 6% tras varios días de huelga. El 20 de junio se realizó la cuarta huelga general, en lo que va del año, en Bélgica. Con la participación de los tres sindicatos principales del país (FGTB, Federación General del Trabajo de Bélgica; CSC, Confederación de Sindicatos Cristianos y CGSLB, Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica). Bajo el lema “Bloquead los precios, no los salarios”, entre 70.000 y 80.000 manifestantes han recorrido Bruselas, la más numerosa en los últimos diez años. El motivo de la huelga no es otro que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores: frente a una inflación del 8% los salarios solo han aumentado entre un 0,4% y un 2% en lo que va de año, dependiendo del sector. En España, los trabajadores del metal estuvieron de paro por 16 días, en la ciudad de Cantabria, al tiempo que otra se iniciaba entre los metalúrgicos de Bizkaia. Las exigencias de los trabajadores son preservar derechos conquistados y que el salario no pierda contra la inflación. Concretamente, pedían ajustar los salarios al Índice de Precios al Consumidor para que los salarios puedan asumir la subida de precios. Por otro lado, 5.000 trabajadores realizaron un paro de tres días en la planta de Mercedes Benz ubicada en Vitoria. Los Metalúrgicos de Vitoria exigen la anulación de un nuevo «plan de inversión» de la patronal que implica flexibilización del trabajo y recorte salarial. La huelga tuvo un acatamiento del 95% y paralizó completamente la producción. En Italia, el 20 de mayo hubo un paro general del movimiento sindical de base. Mientras tanto, el 30 de mayo se realizó un paro en la educación. Y el 17 de junio se realizó un paro en transporte, promovido por diversas organizaciones del sindicalismo de base. El dato más relevante fue la movilización en la que se unificaron la lucha contra la inflación y la lucha contra la guerra y el envío de armas a Ucrania con la consigna central: “Baja las armas, aumenta los salarios”. En Noruega , los petroleros paralizaron las plataformas del Mar del Norte para exigir un aumento de salario que compense la escalada inflacionaria. Los obreros hicieron caer la producción total de gas en un 25% y la de petróleo en un 15 %. Esto sacudió a Europa debido a que impulsó un aumento de precios en todo el continente. La medida obligó al gobierno a actuar. Es muy significante también la lucha de los trabajadores de las empresas aeronáuticas de gran parte del continente. Las huelgas provocaron cientos de cancelaciones en la Unión Europea. En España, la huelga del personal de cabina de Ryanair, prevista ahora hasta enero, con paros de 24 horas entre semana. Los sindicatos convocantes, USO y Sitcpla, exigen la mejora de las condiciones laborales y la readmisión de los once trabajadores despedidos por el paro. El personal de tierra de Lufthansa, sindicalizado en el Verdi, paró por un aumento del 9,5% para el próximo año. La medida obligó a la compañía a suspender casi todos sus vuelos en los aeropuertos de Frankfurt y Múnich. Se sumaron los 5.000 pilotos de Lufthansa enrolados en Cockpit Vereinigung. A diferencia de los trabajadores sindicalizados en Verdi, los agremiados en Vereinigung Cockpit, están pidiendo 5,5% de aumento hasta fin de año y una compensación automática por inflación a partir de 2023. Los trabajadores de SAS, la aerolínea escandinava, han sido los últimos en sumarse a las huelgas. Sus pilotos reclaman subidas salariales y condiciones de trabajo menos estresantes. Europa arde cada vez más intensamente. Los trabajadores son los primeros damnificados por los desequilibrios económicos a consecuencia de la guerra. Como lo probó la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos son un caldero para la intervención política y sindical de los trabajadores.

Este martes pasado sesionó una nueva asamblea virtual abierta del colectivo "Trabajadores y afiliadxs en defensa de ObSBA" de la que participaron más de 100 compañeros jubilados, trabajadores de la salud, docentes y estatales. El objetivo de la reunión fue pensar nuevas acciones para darle continuidad al plan de lucha que vienen desarrollando desde febrero de este año. Desde el colectivo ya asistieron en dos oportunidades de lo que va del año a las puertas del Sanatorio Julio Méndez, a la sede central de ObSBA en Caballito, a la Jefatura de Gobierno porteño y señalan que gracias a la repercusión lograda en los medios de comunicación por la movilización, hubo incluso algunas mínimas mejoras en la atención en las últimas semanas. La asamblea resolvió ir el miércoles 3 de agosto a las 14 hs a la Legislatura porteña dado que sesionaba la comisión de salud. Sin mayores expectativas de que salga algo positivo de ahí porque la Legislatura funciona como la escribanía de Larreta, la decisión fue ir para que alguien pueda hablar desde el colectivo y así mantener en agenda la causa. Pese a que el legislador Solano (PO oficial FITU) el día anterior hizo publicidad para que vayan "todos los damnificados por la ObSBA" y a que una compañera del colectivo autoconvocado se ocupó de pasarle los datos de la delegación de 10 compañeras del grupo que iban a participar, se les negó la entrada en la puerta de la Legislatura. Ningún legislador del FITU, ni la secretaria general de Ademys -sindicato docente dirigido por el FITU- bajaron a exigir que se permita el ingreso de las compañeras que desde hace meses se vienen movilizando en defensa de la salud de casi 300 mil trabajadores sin apoyo de ningún sindicato. Esta exclusión fue denunciada en un comunicado por el colectivo "Trabajadores y afiliadxs en defensa de ObSBA" https://m.facebook.com/groups/390136202489245/permalink/594774565358740/ También se discutió en la asamblea que como el colectivo es un grupo heterogéneo formado por afiliados de diferentes filiaciones políticas y sindicales e independientes no se iba a llamar como colectivo a la convocatoria lanzada por ADEMyS a la sede central de ObSBA el 9/8 pero que era adecuado que algunos de sus miembros, a modo personal, se acerquen a contar lo que se viene haciendo desde el colectivo y a invitar a las volanteadas que se estarán haciendo en los lugares de trabajo con un material elaborado por el grupo y al nuevo abrazo que realizarán al sanatorio Mendez el martes 16/8 a las 17 hs. También definieron hacer una semana de difusión intensa en redes sociales para sumar contactos a las redes y divulgar en estados, grupos barriales, de trabajo, etc. para poder hacer que más trabajadores se enteren de la situación que atraviesa la obra social y se sumen a la pelea que se está dando en su defensa Las redes sociales del colectivo "Trabajadores y afiliadxs en defensa de obsba" a las que te podes sumar si querés luchar bajo el lema "La salud es un derecho, no un negocio", por la recuperación de nuestra obra social que está siendo vaciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la burocracia sindical de SUTECBA son: Twitter: @DefendamosObsba Instagram: @DefendamosObsba Facebook: Trabajadores y afiliadxs en defensa de obsba Mail Saludpatodes@gmail.com LEER MÁS: Importante acción en defensa de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires Se agudiza el vaciamiento de OBsBA ObSBA: una runfla político-empresarial-familiar enquistada en la obra social de los municipales porteños El desmantelamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) El desmantelamiento de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires ObSBA Masiva asamblea de trabajadores y afiliados de ObSBA Enorme abrazo en defensa de ObSBA Crece la lucha por la defensa de ObSBA Importante acción frente a la Jefatura de gobierno en defensa de ObSBA

El 1 de agosto salió un comunicado que pretendió dar más precisiones sobre la jornada de 25 horas semanales. En primer lugar plantea que durante 2022 y 2023 no se va a imponer en ninguna escuela sino que va a ser de carácter optativo. Sin embargo, deja en claro que la idea es ir avanzando en la quinta hora en las escuelas de jornada simple mientras no sea posible convertirlas en jornada completa. Las escuelas que lo implementen lo llevarán adelante con maestras que acepten hacer esa hora adicional con su mismo grupo de alumnos y, en el caso que no acepten, la hora será cubierta mediante acto público por otro docente. El planteo es tan perverso que la hora adicional se paga como módulo, separado del cargo, por lo cual no sirve para engrosar el tramo principal para la jubilación, pero si una docente acepta hacer esa hora adicional y pide licencia, el cargo que sale a acto público es de 25 horas, todo junto, sin posibilidad de desdoblar, estableciendo en los hechos una jornada obligatoria de 25 horas. El comunicado sigue sin dar cuenta de que la mayoría de las maestras de grado, obligadas por la miseria salarial, trabaja doble cargo. Por lo cual, la quinta hora, optativa o no, viola toda la legislación nacional e internacional sobre derecho laboral, ya que implica una jornada de 10 horas de trabajo, pasando ampliamente el límite de 40 horas semanales. La sobrecarga laboral ya es hoy en día insoportable debido al sinfín de tareas administrativas que se suman a la labor pedagógica y a la falta de nombramientos. El objetivo que plantea el comunicado, “fortalecer el trabajo en el aula” quedaría tristemente malogrado llevado adelante por docentes explotados al límite. Más útil sería tener docentes bien pagos y que se nombren los preceptores de primaria que solo existen en las escuelas privadas pagados con subsidios del Estado. En el contexto inflacionario, la retribución planteada para las 5 horas semanales adicionales es irrisoria: 20.000 para el docente, 26.000 para el director. Ni se paga como hora extra, ni compensa la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por los acuerdos paritarios acordados por debajo de la inflación durante este año. Implica, por lo tanto, trabajar más por menos. La propuesta, tiene pretensiones de extorsión frente al hambre salarial, pero es tan miserable que no califica ni para eso. El documento tampoco explica quién va a limpiar las escuelas, si también van a extender la jornada de trabajo de los auxiliares, por lo que el reclamo debería ser mancomunado entre todos los trabajadores de la educación. Los sindicatos docentes apoyan las medidas del gobierno, incluído el paquete de ajuste, mientras la inflación devora al salario. Para este 10 de agosto, la CTERA llama a una jornada nacional de “protesta” obligada por la lucha que se está llevando a cabo en 10 provincias del país. Más que nunca se hace necesario una verdadera huelga nacional para conquistar todas las reivindicaciones. Aprovechemos la jornada para ir contra la quinta hora en primaria, por una actualización salarial del 100% y un salario por un cargo igual a la canasta familiar.

El martes 2 se realizó una multitudinaria marcha a 4 años del crimen de Sandra y Rubén, en el municipio de Moreno. Se llevaron a cabo dos movilizaciones: una organizada por la dirección celeste de SUTEBA y el kirchnerismo, y otra nucleada por las organizaciones de izquierda y agrupamientos de lucha como el MST, PO oficial, MTL Rebelde, PTS, IS y Familias por la escuela pública, en la que desde Política Obrera participamos. La movilización organizada por la burocracia dotó a la acción de un aire "conmemorativo" sin siquiera dictar un paro para garantizar la asistencia masiva de la docencia y el estudiantado (solo ATE convocó a paro) y por sobre todo presentando en el discurso al gobierno de los Fernández como la ruptura de la política macrista de ajuste sobre la educación que se cobró la vida de Sandra y Rubén. Desde la columna independiente planteamos en radio abierta las responsabilidades de todos los gobiernos capitalistas en la destrucción de la educación que terminó con el crimen de Sandra y Rubén. Marcamos que aún seguimos peleando por el juicio y castigo para Vidal, Sánchez Zinny y demás responsables políticos, ninguno procesado ni enjuiciado. Desde nuestra organización movilizamos compañeros de la UJS, docentes y compañeros del Polo Obrero Tendencia levantando como consignas la justicia por Sandra y Rubén, el juicio y castigo a los responsables políticos del crimen y por la victoria de las luchas docentes en curso en varias provincias del país. A su vez planteamos que la situación de destrucción de la educación no iba a modificarse bajo el gobierno de Fernández, tutelado por el FMI, sino más bien va a empeorar. Tampoco las burocracias sindicales, adictas a los gobiernos, y que por tanto era fundamental organizar desde las bases, de conjunto con los docentes, estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto, la lucha por la conquista de todos los reclamos y para tirar abajo los planes del FMI. Por último, la marcha, como todos los años, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación de Moreno, en donde, desde Política Obrera, pudimos explicar nuestros planteos. La lucha por justicia por los compañeros y contra la destrucción de la educación continúa. ¡Sandra y Rubén Presentes!

Dando cumplimiento a las resoluciones votadas en el plenario realizado en Lanús, hemos lanzado en nuestro distrito una serie de actividades y agitaciones para impulsar un congreso de trabajadores, ante el derrumbe del gobierno y la profundización de la crisis que, mediante la inflación, pulveriza los salarios y las jubilaciones, empujando a la mayoría laboriosa a una miseria creciente. En ese sentido, llevamos a cabo un importante acto en el comedor del Polo Obrero Tendencia del barrio Dorrego, en González Catán, que contó con la concurrencia de 200 personas. También salimos a agitar nuestro periódico, teniendo en cuenta la necesidad de vincularnos con los trabajadores. Por ese motivo, discutimos en los círculos la realización de carteles con consignas para ser colocados en las agitaciones que llamaran la atención, lo cual tuvo como resultado que, en varias mesas, la gente se acercó a debatir con nosotros sobre temas vinculados a la inflación, las jubilaciones y los salarios, principalmente jubilados, que se acercaron para intercambiar con nosotros sobre su angustiante situación. Cabe destacar que el artículo “De la inflación a la hiperinflación" fue el que más llamó la atención entre la gente. En las agitaciones que estamos realizando, sobre todo en San Justo, centro político de La Matanza, estamos vendiendo un promedio de 8 periódicos y se registra que hay un debate político en la población. Pero muestra campaña no se limita a las agitaciones callejeras, sino que está dirigida también al movimiento obrero fabril. Por eso hemos planificado y estamos llevando a cabo volanteadas en importantes fábricas del distrito, como ACINDAR (metalúrgica), 5 Hispanos (alimentación) y Suizo Argentina (industria química). En docentes, tenemos planteada una agitación por el salario y, para la vuelta a clases, luego del receso, hemos sacado un volante con nuestros planteos, destacando que la docencia de 8 provincias está en lucha. Finalmente, para continuar con nuestra campaña en La Matanza por un congreso obrero, el sábado 6-8 llevaremos a cabo un acto-agitación en la plaza principal de Dorrego, acto que estará a cargo, principalmente, del Polo Obrero (T) de ese barrio.

La audiencia pública convocada para tratar el aumento del boleto de colectivo de la ciudad de Bariloche concluyó el 18 de julio. Diez días después el intendente debía dar su dictamen. Una movilización de usuarios estaba prevista para ese día al Centro Cívico por el rechazo al aumento. Pero no hubo dictamen ni explicación alguna. La empresa había pedido un aumento del 112%, de $62 a 132$ en marzo. Ahora podría ser sensiblemente mayor incluso. Los salarios de los trabajadores que usan el transporte están cada vez más por debajo de la línea de pobreza. La asamblea popular de Bariloche ya ha convocado a movilizaciones, publicado declaraciones, brindado cientos de entrevistas por los medios y realizó intervenciones en distintos eventos de la ciudad contra el boletazo, con importante repercusión. La Asamblea planteó la nulidad de la Audiencia dado que el informe de la empresa que justificaría el aumento está plagado de costos exagerados, inaceptables. Ahora el Tribunal de Contralor deberá expedirse. Pero el aumento se viene, aún sin el dictamen. El intendente está sugiriendo que el boleto pasaría a $90. Rechazamos el pésimo servicio que presta la empresa. Unidades deterioradas, con cubiertas lisas, sin cadenas para poder circular en la nieve, sin calefacción. Recorridos y frecuencias inconvenientes. Seguiremos exigiendo la apertura de los libros contables para constatar ingresos y egresos, el destino de los millonarios subsidios municipales, provinciales y nacionales. Planteamos una investigación sobre los innumerables incumplimientos de la empresa. Penalización en caso de constatarse dichos incumplimientos, incluida la expropiación sin pago de sus bienes y dar comienzo a un proceso de municipalización bajo control de trabajadores y usuarios.

El 6 de agosto se cumplen 10 años del comienzo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Al término de 75 audiencias que se prolongarían hasta el 19 de abril de 2013, culminaría con las condenas de los jerarcas de la Unión Ferroviaria José Pedraza y Juan Carlos Fernández y varios miembros de la patota que encabezó Pablo Díaz. El resultado del juicio -y su misma realización- fue la consecuencia de una intensa lucha política y de pronunciamiento por el esclarecimiento del crimen, de una enorme movilización popular y también del acompañamiento de figuras políticas, artistas, deportista, periodistas. Por sobre todo fue la expresión y consciencia de una clase que jamás olvidaría el crimen de nuestro compañero. En una primera instancia, durante la investigación, con la lucha se logró la derrota al intento de la criminalización de los militantes y trabajadores precarizados, cuando el gobierno y sus voceros hacían correr la bola de que se había tratado de un “enfrentamiento” y que “le tiraron un muerto” a CFK. El poder político intentó incriminar a los propios militantes, desligando las culpas a los movilizados por luchar y denunciar su precarización laboral; el intento de presentar el asesinato de Mariano como resultado de una gresca, fue refutado a lo largo del juicio por testimonios concluyentes y una descripción elocuente de los hechos tal como fueron: la patota sindical de la UF emboscó a los tercerizados y militantes que se estaban retirando del lugar, dando muerte a Mariano e hiriendo a los demás compañeros. También tuvimos que derrotar el intento de juzgar a la policía en un juicio aparte. La policía fue cómplice en la liberación de la zona para se cumpliera este accionar, y todo lo que ocurrió fue un mismo hecho. El juicio unificado permitiría mostrar esa complicidad. La querella del Partido Obrero estuvo representada por las abogadas Carmen Verdú y Claudia Ferrero, concluyó con condenas importantes a Pedraza y los jefes de la patota, pero las complicidades de empresarios y funcionarios, incluso de la jerarquía policial, quedaron impunes. Durante el juicio quedó en evidencia el verdadero móvil del crimen: Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria, gerenciaba junto a familiares y amigos la Cooperativa Unión del Mercosur, una ´tercerizada´, justamente, en la que los trabajadores realizaban tareas contempladas en el convenio ferroviario pero si su cobertura. Cobraban un tercio del salario de los trabajadores de planta y no gozaban de ninguna de sus conquistas. Esta empresa le significaba el ingreso de millones a la burocracia de la UF. Impedir el paso a la planta permanente de los tercerizados era clave para defender a este negocio que compartían las empresas concesionarias y los burócratas. El juicio puso en evidencia un mecanismo que se teje desde las entrañas del estado: la patria contratista, donde el Estado a través de la orquestación de licitaciones truchas reparte entre los amigos del poder un cuantioso botín de fondos públicos. Este sistema, regular, contaba con el guiño de la Secretaría de Transporte. Los intentos de encubrimiento por parte del Estado fueron numerosos. Lo demuestran los audios de las conversaciones entre el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada y Pedraza, en las que se aprecia visualizando un entrelazamiento político íntimo; del mismo modo que salieron a la luz las escuchas telefónicas que registraron los intentos de José Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid, Juan José Riquelme y Ángel Stafforini de coordinar un intento de soborno al camarista Eduardo Riggi. Aquel 20 de octubre de 2010 los tercerizados del ferrocarril Roca se movilizaron para exigir el fin de la precarización laboral y el pase a planta permanente, cuando fueron emboscados por la patota de la UF. La contundente respuesta obrera y popular, a horas del asesinato, ordenaron el terreno que llevaría a Pedraza al banquillo de los acusados y su posterior condena. El crimen infame quedará en la memoria de la clase obrera. A casi 12 años del asesinato de Mariano Ferreyra, seguimos luchando contra la impunidad. No hay vía muerta si se camina No habrá hombre muerto si no se olvida Que la memoria se multiplica Con estos hombres que se convidan

La derrota política del Gobierno de la Ciudad, la Dirección General de Salud Mental y la dirección del Moyano frente a la movilización de los trabajadores contra el cierre encubierto del servicio hospital de día ha sido total. Trascendidos de la dirección anuncian el retiro del proyecto, mientras la asamblea mantiene una vigilia a la espera de la derogación del decreto. Dos meses atrás el gobierno había sido derrotado frente a los trabajadores con otro “proyecto”. En aquella ocasión, se trataba de una plaza de “integración” a la comunidad de las usuarias. El nuevo proyecto, un servicio de atención perinatal, sería puesto en marcha en la misma zona de las tierras donde querían montar la plaza, afectando a un servicio fundamental justamente para la integración social de las usuarias. Ambos proyectos persiguen el mismo objetivo de fondo que tiene el gobierno desde hace más de una década: hacerse de tierras de los hospitales de salud mental ubicados en la zona sur de la Capital Federal para el desarrollo de negocios inmobiliarios. A pesar de la fuerte intervención de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad en el hospital durante dos semanas seguidas, el proyecto fue rechazado por unanimidad en la última reunión de consejo por los jefes de departamentos y representantes gremiales, rodeados por la movilización de trabajadores en asamblea. La derrota del gobierno y las patronales ha abierto una crisis. El día sábado pasado salió a la luz en el Boletín Oficial -con fecha 5 de julio de 2022- la resolución 2295/MSGC/22, donde se observa que el proyecto había sido aprobado a espaldas de la comunidad y del hospital, lo que explicaría la urgencia por hacer aprobar el proyecto en el CATA, todas las maniobras, extorsión e intervención. La lucha contra el achique En nombre de una ´perspectiva de derechos´, los trabajadores nos encontramos frente a un verdadero achique en salud que se pone de manifiesto en los salarios de hambre; estructura de personal vaciadas y edificios con una grave falta mantenimiento. Muchos servicios carecen de agua caliente para higienizarse y de calefacción en épocas invernales. Los trabajadores del Hospital Moyano nos encontramos en estado de asamblea permanente. Luego de la farsa del GCBA, los trabajadores organizados resolvieron en asamblea una vigilia en defensa de la continuidad del hospital de día desde horas de la tarde del domingo pasado 31 de julio. Los trabajadores del hospital de día se encuentran fortalecidos por el apoyo de las diferentes organizaciones gremiales que de manera unitaria votaron la medida de lucha. Al día jueves, cuarto día de la vigilia, la dirección del hospital ha dejado trascender que se echará atrás el mentado proyecto. Si bien es un paso adelante, los trabajadores y gremios seguimos sosteniendo la vigilia y el estado de alerta. Denunciamos el fraude del Gobierno de la Ciudad y la complicidad del Ministerio de Salud, la DGSM y la dirección del hospital. Exigimos la derogación de la resolución que intenta convertir el hospital de día en una sala perinatal, atendida por un escaso número de profesionales y que no responde a la necesidad de la población de la ciudad de Buenos Aires, sino a negociados espurios del gobierno de Larreta. Para defender nuestro hospital, los derechos de las usuarias y la salud mental pública el único camino es la organización, la unidad y la acción directa.

Nociones como la de “espacio público” y el “derecho a la libre circulación” pasaron a ser, según el discurso oficial, los ordenadores del “conflicto social” en momento en los cuales, justamente, éste parece agudizarse. La forma encubierta de criminalizar la protesta social, llevada adelante por el gobierno de Rodolfo Suárez, se realiza aplicando el artículo 194 del código penal, que introdujo la dictadura de Onganía en 1968, y el código contravencional creado por Alfredo Cornejo en 2018. Luego de las masivas movilizaciones del pasado 27 de julio en la provincia, de docentes, judiciales, agentes de administración central y registro civil y personal de salud -estos últimos con medidas de lucha que ya llevan casi 60 días-, el gobierno en reuniones paritarias ofreció cifras paupérrimas, que los distintos sindicatos terminaron rechazando de plano. A eso siguió que, de forma autoritaria y por decreto, el gobierno fijara los “aumentos”: 12% para el mes de agosto, no acumulable, y un 6% para los restantes meses hasta fin de año, lo cual, incluyendo ítems no remunerativos, “garantizaría” un salario neto de $ 67.200 a partir de agosto, para llegar a $75.100 recién en diciembre del corriente año para la gran mayoría de los trabajadores que dependen del estado. Obviamente, para el gobierno, una vez más la variable de ajuste es el salario de los trabajadores. La respuesta a tal ignominia no se hizo esperar: el SUTE (docentes) llamó a plenarios departamentales para discutir qué acciones de lucha se llevarían adelante. Desde el frente estatal nucleado en ATE, se convocó a una asamblea abierta el martes 2 de agosto, en la explanada del hospital Humberto Notti, también para debatir cuáles serían las medidas a seguir. Finalizando la asamblea, irrumpieron policías de investigaciones y se llevaron detenido al secretario general de ATE, Roberto Macho, junto a tres dirigentes más, incluida su compañera. El fiscal Fernando Giunta (el mismo que tuvo varias denuncias por violencia de género en 2017 y que aún sigue en su cargo), los imputó por haber infringido el remanido artículo 194 del código penal. A tres dirigentes de ATE los liberaron previo pago de caución, y al secretario Roberto Macho lo trasladaron al penal provincial, por tener otras causas por el mismo artículo. Al día siguiente, como respuesta política, cientos de trabajadores nucleados en ATE, CTA -con la adhesión del Polo Obrero Tendencia Mendoza, que también estaría bajo la lupa gubernamental, ya que, según un medio local, estaría siendo investigada la compañera Rosario Gómez junto a dos compañeras del Frente Darío Santillán por el corte y movilización del jueves 28- marcharon hasta Casa de Gobierno, pasando por la legislatura provincial y el Poder Judicial de la provincia, reclamando la liberación de Macho, lo que se logró al día siguiente. Suárez pretende aleccionar y amedrentar a miles de trabajadores que sobreviven con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, espiando o llevando detenidos a dirigentes sociales o gremiales. Hay que reclamar por la NO persecución a trabajadores y por el sobreseimiento de todos los imputados en todas las causas que versen sobre criminalizar la protesta social. De momento los docentes de colegios públicos y privados van a un paro por 72 hs comenzando el lunes 8, y han convocado a una movilización masiva para el miércoles 10. Instan a que distintos sectores los acompañe en ese día. Personal de salud sigue con paro indefinido, atendiendo solo guardias, y el resto de la administración pública con retención de servicios. No piensan dejar atrás la medida de cortes de ruta, como métodos de lucha. Se vienen una semana caliente, y no es por el clima. Mendoza huele a rebelión.

La docencia de diez provincias del país se encuentra protagonizando huelgas y movilizaciones crecientes. El principal reclamo tiene que ver con la pérdida salarial que los gobiernos provinciales y las burocracias de los sindicatos firmaron en las paritarias. En Mendoza, luego de un paro contundente de 48 horas, se ha votado la continuidad de las medidas de fuerza ahora con 72 horas para la semana entrante. La movilización de la semana pasada contó con más de 20.000 trabajadores de la educación y está confluyendo con reclamos de estatales, trabajadores de la salud y municipales. En Santa Fe, la docencia paró masivamente 48 horas y está planteado continuar con las medidas de fuerza la semana que viene. En Formosa, luego de que el gobierno provincial decretara un aumento del 50% en tres cuotas para todo el sector público, la docencia irá a la huelga. En Neuquén, con el mandato de asamblea de 1.600 votos se cumplió un paro de 24 horas el jueves 4. En la provincia de Chubut, el miércoles 3 hubo un paro masivo, convocado por ATECH. La docencia de Santa Cruz también paró por 48 horas el 1 y 2 de agosto, por un salario de $120.000 con cláusula de indexación por inflación. El Ministro de Trabajo de la provincia amenazó con quitarle la personería al sindicato ADOSAC si no acata la conciliación obligatoria del gobierno de Alicia Kirchner. En Tierra del Fuego también hubo un paro de 24 horas y movilizaciones en Ushuaia y otras localidades, por la recuperación del régimen jubilatorio, modificado por una inciativa provincial. En San Luis, Rio Negro y Corrientes, los confictos por el salario siguen abiertos. En Capital Federal, Ademys realizará una asamblea el día 9 y en la provincia de Buenos Aires, SUTEBA ha convocado a reuniones de delegados para la semana entrante. A la bronca por el deterioro salarial que recorre todos los rincones del país, hay que sumarle el rechazo extendido que ha generado la pretensión de incrementar la jornada laboral en la escuela primaria. Una nutrida asamblea en el SUTEBA Bahía Blanca ha votado por mayoría un paro de 24 horas y una asamblea para evaluar su continuidad para el 10 de agosto próximo. La CTERA convocó primero a una “jornada nacional de protesta” para el miércoles 10 y, finalmente, a un paro nacional. No menciona ningún reclamo salarial concreto. Los Yasky y Baradel han saludado la asunción del “Súper ministro” Massa en nombre de la “unidad” del Frente de Todos. Las preocupaciones de la docencia están lejos de las roscas al interior de la coalición de gobierno, lo que le preocupa es llegar a fin de mes. Massa, por su parte, ya ha anunciado un tarifazo contra los trabajadores. El gobierno y la burocracia sindical están negociando el otorgamiento de bonos (sumas en negro y por única vez), absolutamente miserables, que tienen por fin consolidar los salarios mínimos de pobreza. La medida de la CTERA, por lo tanto, es una puesta en escena, para no hacer absolutamente nada por los intereses de los trabajadores de la educación pública, a cambio de intentar mantener a flote al Titanic que se hunde del gobierno de los Fernández. Las arcas del Estado están quebradas en pos de sostener un sinfín de subsidios a los pulpos capitalistas, el pago de la deuda (interna y externa) y en cumplir con las ´metas´ que ha establecido el FMI. Las luchas en curso plantean una campaña en todo el sindicalismo docente por unificar todos los reclamos provinciales en una huelga general nacional por un aumento general de salarios del 100% para recuperar lo perdido y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy en los $190.000; en rechazo a la 5ta hora en la escuela primaria, en defensa de los regímenes jubilatorios y 82% móvil sobre los salarios. La iniciativa no partirá de las conducciones sindicales ligadas al Estado, sino de autoconvocatorias, asambleas de base y plenarios provinciales de delegados con mandato de escuela, que trabajen en esta perspectiva.

Ante la intransigencia patronal, el SUTNA ha convocado a parar 8 horas los días hábiles durante la primera y segunda semana de agosto en toda la industria. De acuerdo a Infogremiales.com.ar, 02/08, esto implica que un tercio de la capacidad productiva de las fábricas estará paralizada durante una quincena completa. En la madrugada del domingo 30 de julio la patronal de Bridgestone amenazó a los trabajadores para que desistan de continuar con las medidas de protestas. La respuesta fue contundente: asamblea, paro y movilización en el interior de la fábrica. El lunes 1 la patronal de Pirelli impidió, una vez más, el paso dentro de planta de los representantes seccionales del Sutna, y ello motivó también asamblea y paro. Ayer -jueves 4- las patronales pagaron los salarios con descuentos que rondan el 35%-40% del salario de bolsillo. También ratifican que llevarán a la audiencia de hoy 5 de agosto, la posición que vienen planteando desde hace 2 meses: rechazo al 200% de remuneración de fin de semana y propuesta de un 16% de aumento en junio más un bono por un año. Las patronales dicen en sus comunicados que los descuentos de los días de paro son "irrecuperables". La lucha por el pago de las horas caídas es una pelea por delante. Según Fate, la pérdida salarial se debe al “costo de oportunidad de no trabajar feriados, horas extras y obtener solo premios de producción ´base´”. Para Fate, un trabajador tiene que aprovechar la ‘oportunidad’ que le da el sobretrabajo de fin de semana. La patronal se vale del fraude del "trabajo por equipos" para obligar a los trabajadores a prestar tareas en horas los fines de semana como si fueran horas normales. La patronal de Pirelli va todavía más lejos: dice en su comunicado, que "todo nuevo paro carece de sentido ya que el dinero perdido supera ampliamente el monto reclamado". Es un argumento que ya tiene doscientos años. Los trabajadores luchan por un derecho, que seguirán defendiendo y ampliando generaciones obreras posteriores. La patronal hace lo mismo: defiende una prerrogativa, la de establecer las condiciones de trabajo según el criterio del capital. El conflicto del SUTNA por las horas al 200 está en etapa de definiciones. Llamamos a todos los trabajadores a tomar partido por la lucha de los obreros del Neumático, y a apoyar sus movilizaciones y piquetes. Lo mismo con los agrupamientos sindicales del FIT-U – que dejen de hacer seguidismo a la burocracia de la CGT y que movilicen por la victoria del Sutna, mediante agitación, piquetes y cortes de calles.

Las primeras medidas del gobierno Massa han sido recibidas con distintos calificativos – ‘sabor a poco’, ‘decepción’, ‘pesimismo’, etc, etc, etc. Para el JP Morgan y Goldman & Sachs, los anuncios “no tienen sustancia”; para los Cayetanos del oficialismo, dejan de lado a la “población vulnerable”. Mientras el Banco Interamericano, dirigido por un ‘trumpista’ saluda el nuevo gabinete y promete créditos “para infraestructura”, cinco senadores del mismo palo han reclamado lo contrario, acusando a los Fernández de inclinaciones pro-rusas y, especialmente, pro-chinas. En los dos días desde la asunción ministerial de Massa, los dólares paralelos no se han alejado de los 300 pesos – una ‘brecha’ del 135% con el oficial. Yendo al grano de este asunto, salta a la vista que Massa enfrenta un rebrote de la corrida cambiaria que volteó a Martín Guzmán e impidió que echara anclas Silvina Batakys. Antes que encarar la quiebra de las finanzas del estado en forma descarnada, Massa ha convertido al gobierno en una mesa de dinero, con la misión de atacar la huida de reservas internacionales mediante distintos ‘incentivos’ a los capitales financieros, incluido el agro y la industria. Esto significa un intento de detener la sangría de dólares con una batería de medidas de mayor endeudamiento del Tesoro y del Banco Central. El descenso de la gestión política del estado a participante de una timba, marca un estadio de descomposición acelerada que ha alcanzado el plano político: Massa ha designado como viceministro de Economía a Gabriel Rubinstein, un neo-liberal, asiduo contribuyente a la página de opinión de Clarín. La sustancia de los anuncios de Massa es esconder un default manifiesto mediante la propuesta de un “reperfilamiento” de la deuda pública en pesos, que en el nuevo lenguaje nacional y popular se llama “canje”. En efecto, trata de ‘patear para adelante’ vencimientos del último cuatrimestre del año del orden de los tres billones de pesos, que se ajustan por dólar o por inflación. El ‘mercado’ no llama a esto un default, por la sola razón de que el “canje” ha sido calificado de “voluntario”. Esta propuesta tiene lugar luego de que el Banco Central rifara un billón de pesos en la compra de esos mismos títulos públicos, para evitar la desvalorización que estaba produciendo la fuga hacia el dólar o activos en dólares. Agotado y quemado este último cartucho del arsenal del kirchnerismo, Massa propone ahora reestructurar esa deuda en pesos de una manera singular: en lugar de discutir un descuento de la deuda y plazos de pago considerablemente mayores para hacer viables los pagos, ofrece mayores rendimientos a los bonistas y ventajas financieras excepcionales. En la jerga del delito financiero, este mecanismo de endeudamiento es conocido como “esquema Ponzi”. Agrava el peso de la deuda sobre el estado, los contribuyentes y el valor de la moneda, en lugar de disminuirlo drásticamente. Es decir que acentúa la condición de insolvencia del estado. Pero como ocurre con una trampa sin salida, está obligado a actuar de este modo desaprensivo, porque de otro lado no puede devaluar el peso debido a que se ha comprometido a asegurar el tipo de cambio actual a una masa de especuladores que han comprado ocho mil millones de “dólares futuros”. En caso de devaluación debería pagarles la diferencia en pesos entre la cotización actual y la que rija al momento de su vencimiento. Si, como se dice, el tipo de cambio ‘de equilibrio’ es de 180 o 200 pesos el dólar, debería emitir entre 400 mil y 560 mil millones de pesos. Argentina enfrenta la situación fenomenal de que el capital conspira para la quiebra de su propio Estado, es decir que confiesa el estadio terminal del conjunto de la organización social presente. Massa les ofrece a los acreedores que acepten el canje un nuevo bono -denominado dual-, que se ajusta por dólar o por inflación, según convenga más al bonista. Si no se produce una devaluación, el especulador gana por la suba de los precios, y lo contrario si se produce en forma significativa. Es un método inequívoco para apostar a la inestabilidad financiera – inflación y devaluación. Al mismo tiempo, para otro tipo de acreedores y de especuladores, en especial los bancos, ha iniciada una escalada de suba de la tasa de interés. En este marco, ha ofrecido también una remuneración especial a quienes depositen dólares en los bancos para financiar exportaciones, la tasa Leliq, la cual triplica y cuadruplica la tasa tradicional, que sigue a la tasa internacional. A los sojeros le ha vuelto ofrecer la apertura de cuentas donde puedan liquidar sus dólares a un tipo de cambio mayor al actual, lo que hasta ahora los sojeros han rechazado. Esto explica la postergación de la reunión prevista por la Mesa de Enlace. Los sojeros reclaman la derogación de las retenciones a la exportación o la devaluación, o una combinación de ambas. No les interesa abrir cuentas especiales en el marco de una inestabilidad financiera que conduciría de cabeza a un default espectacular y a una hiperinflación. Toda este desmanejo financiero tiene que ver con el tarifazo de luz y gas, porque ofrece a los monopolios correspondientes la posibilidad de manejar la caja de dinero de sus compañías en forma ultra-lucrativa. Massa intenta, con este juego financiero ultra-caro y en el límite, crear una suerte de ‘equilibrio’ del Tesoro, para proceder a una devaluación, que en las condiciones actuales juzga, ha dicho, “destructivas”. Se trata de un espejismo. Lo prueba, en principio, el fracaso de sus gestiones para obtener un préstamo internacional de estabilización financiera. Se comenta que le han pedido garantías un mil porciento superiores a lo que se entregue. De otro lado, uno de los objetivos de una devaluación del peso es sumar fondos a las arcas del Tesoro, mediante impuestos al comercio exterior, de lo que resulta que sería mucho más alta que la que correspondería a las necesidades comerciales. En medio de una inflación internacional creciente -Gran Bretaña prevé que llegue al ¡18% anual!- sería un golpe fenomenal a las masas, que no dudarían en responder con una acción histórica independiente o una rebelión popular. A esto se suma una realidad insoslayable: la fuga de capitales de los países de la periferia es generalizada, y se empina a los cien mil millones de dólares. Las subas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU está desorganizando al conjunto de la economía mundial. La amplitud histórica de esta crisis se mide, en parte, por lo siguiente: Massa ha pedido “la colaboración” de JxC, y los medios refieren a reuniones con el sector de Larreta, Jorge Macri y otros. AF y CFK asimilan el giro político en silencio. Se busca un co-gobierno de facto, que como se ha dicho más arriba ha comenzado en Economía. El equilibrio imposible que busca alcanzar en la economía, Massa intenta repetirlo en política, con posibilidades aun menores. Los acontecimientos han dejado en la perplejidad al conjunto de los aparatos del kirchnerismo – desde la CGT y las CTA hasta la Cámpora y los Cayetanos. El golpe político que recibe el peronismo es histórico. La clase obrera necesita asimilar esta experiencia mediante una lucha activa contra el nuevo engendro del Frente de Todos, que no tiene retorno. El cuadro político de Argentina marcha hacia una reconfiguración completa. Todas las fuerzas que acompañan al estado capitalista han tomado la defensa del giro político actual, aunque no puedan hacerlo sino con reservas y bastante palabrerío. Juan Grabois viene al caso, porque ha dicho públicamente que se limita a pedir una migaja para “la población vulnerable”. Lo mismo vale para todas las fracciones del sindicalismo peronista. El seguidismo a la CGT-CTA u organizaciones cayetanas, significa un apoyo al gobierno de Massa. Significa reforzar la desorientación de los trabajadores frente a este acelerado cambio político, o sea debilitar su disposición de lucha frente a la bancarrota capitalista. El curso que han tomado los acontecimientos valida dos consignas fundamentales: Congreso de luchadores – Congreso Obrero – Huelga general.

La CTERA ha anunciado la convocatoria a un paro nacional docente de 24 horas para el próximo miércoles 10 de agosto. En los días previos había llamado a una “Jornada nacional de protesta”, pero la combatividad creciente que se expresa en las huelgas y movilizaciones docentes que recorren el país obligó a la central a transformar la “jornada” en un paro. Será el primero en la era de los Fernández. El comunicado que difunde la CTERA coloca en primer lugar el reclamo de la absolución de Santiago Goodman, ex secretario general de ATECH, recientemente fue declarado culpable por la justicia que responde al gobierno de Arcioni, por haber participado en movilizaciones a la Legislatura de la provincia, en ocasión de huelgas y movilizaciones docentes por aumento salarial. Arcioni es uno de los gobernadores que apoyan a Sergio Massa, flamante “Súper Ministro”. Una crisis política mayúscula. Pero la condena a Goodman no es una excepción. En Mendoza, la policía de Súarez detuvo al Roberto Macho, secretario general de ATE, por realizar cortes de calle. En Santa Cruz, Alicia Kirchner amenaza con quitarle la personería al sindicato ADOSAC por no acatar su conciliación obligatoria trucha. Todos estos atropellos pretenden disciplinar al conjunto de los trabajadores con el código penal en la mano, criminalizando la protesta social, que está en aumento. ¿Condenarán a todos los docentes del país que de ahora en más paren y se movilicen contra el ajuste? Hay nada menos que diez provincias atravesando procesos de lucha de la docencia, con paros y movilizaciones. En el texto de convocatoria al paro nacional, la Junta Ejecutiva CTERA enuncia una serie de puntos reivindicativos vagos. Se pide la “reapertura de las paritarias”, pero no hablan de montos concretos; se evita mencionar el rechazo a la implementación de la quinta hora en la escuela primaria, etc. El paro convocado por la burocracia kichnerista tiene por objetivo “descomprimir” la bronca que crece en las escuelas por el deterioro salarial a causa de paritarias firmadas por la propia CTERA y el gobierno, que pierden minuto a minuto contra la inflación. Se anuncian movilizaciones en las provincias, para evitar la confluencia de toda la docencia en una movilización contundente al centro del poder político. Los Alesso, Baradel y cía, no sacan los pies del plato del gobierno de los Fernández, que acaba de anunciar un tarifazo en regla para los trabajadores y que sólo tiene en mente reunir los dólares necesarios para cumplir con los bonistas y tenedores de deuda. Para la docencia, un paro masivo será una excelente oportunidad para colocar en la agenda nacional los reclamos de los trabajadores de la educación. Por un aumento general del 100%, por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por cargo, contra la implementación de la 5ta hora en la escuela primaria, en defensa de los regímenes jubilatorios docentes, contra la persecución a los luchadores y por el triunfo de todas las huelgas docentes en curso. El paro nacional docente, es el primer paso para que la docencia, mediante auto convocatorias, plenarios de delegados con mandato y congresos provinciales construyan una huelga general que logre imponer el conjunto de los reclamos planteados.

El triunvirato que conduce la CGT (Acuña-Moyano-Daer) ha decidido desplazar a la dirección de la CGT regional Córdoba y proceder a su intervención. El secretario de interior, Abel Furlán (UOM) designo a Horacio Otero como delegado normalizador y es quien viene llevando adelante las gestiones. Los dirigentes sindicales que pretenden capitalizar el desplazamiento de la actual conducción provincial son Pablo Chacon (comercio) y Rubén Urbano (UOM). José Pihen, secretario general de empleados públicos, de la CGT regional Córdoba y legislador schiarettista, ha salido a desconocer aquella resolución y convoco a un plenario regional que resolvió rechazar la intervención y exigir elecciones en 15 días. Esta resolución fue avalada por cerca de 70 gremios de la provincia que integran la CGT regional, entre los que se encuentran las direcciones de bancarios, gráficos, docentes, SMATA, alimentación y un largo etc., pero sumo también el apoyo de importantes gremios no enrolados en la CGT Córdoba como son municipales, recolectores, sindicato de Luz y Fuerza (CGT “nacional y popular” Rodríguez Peña) e incluso el de las 62 organizaciones. Es decir que la iniciativa de intervención, salvo a los cerca de 20 gremios que son de la partida, ha logrado cohesionar en su rechazo a casi toda la burocracia de la provincia, desde los sectores vinculados al schiarettismo hasta los fuertemente identificados con Alberto y Cristina Fernández. La respuesta de la CGT nacional no se hizo esperar. Horacio Otero declaro al diario La Voz del 3/8 “…En este momento, la Regional Córdoba no tiene autoridades, porque Pihen desconoció el mandato de la secretaria del interior y también al triunvirato que conduce a la CGT nacional”... El martes 2/8 se reunieron en la sede de Azopardo Pablo Chacon, Urbano y el dirigente provincial de camioneros, Edgar Lujan, con Horacio Otero, Abel Furlán y Pablo Moyano. Más allá de la fuerte resistencia que ha planteado la intervención en la provincia, lo cierto es que una marcha atrás del triunvirato nacional puede poner en crisis el conjunto de las normalizaciones regionales que viene encarando la CGT. ¿Paso en falso o implosión política? Las negociaciones previas a la actual intervención planteaban la incorporación a la CGT regional de sectores que hoy se mantienen por fuera, como Luz y Fuerza y recolectores. También estaban llamados a jugar un papel importante en la nueva configuración de la conducción Emiliano Gramajo (Choferes interurbanos-AOITA) y Edgar Lujan de camioneros. Estos cuatro gremios salieron a rechazar la intervención. Incluso camioneros firmo la solicitada de rechazo a la misma cuando su secretario general participa de las reuniones con los interventores para designar la comisión normalizadora. Envalentonado con la actual configuración de las cosas, José Pihen salió a hablar públicamente de la ruptura con la CGT nacional. Es que aun si se fuera a elecciones de las que solo puedan participar los gremios confederados (hay unos 20 en la CGT regional que no lo están), la actual dirección provincial retendría la dirección. Aunque quien más claramente ha señalado una caracterización de la actual situación gremial fue Franco Saillen, de recolectores, quien salió a declarar en los medios que no se podía proceder a una normalización cuando implosiona el gobierno. Esta crisis expresa que la burocracia que pretende formar una red de “seguridad” sindical a un gobierno tambaleante, esta recorrida por contradicciones insalvables. La asistencia al “superministro” en su cruzada de tarifazos, devaluación y mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios, seguirá horadando a una burocracia en ruinas.

El nombramiento del ´superministro´ Sergio Massa viene con un ataque a los jubilados bajo el brazo. Actualmente, el haber mínimo es de $ 37.000 y lo cobran casi 6 millones de jubilados; varios miles más cobran la miseria de $ 30.000 de la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En setiembre será el próximo aumento, que oscilará entre el 15/16 %. Esto llevará el haber mínimo a $ 43.000 y la PUAM a $ 34.000. Este aumento no incluye a aquellos pertenecientes a regímenes especiales como docentes, docentes universitarios, trabajadores de luz y Fuerza. Los montos acumulados de aumentos corren muy por detrás del índice inflacionario calculado en igual periodo. Además la fórmula de movilidad no tiene una garantía que asegure que los aumentos jubilatorios estén equiparados o por encima de los aumentos de los precios. Este año las jubilaciones aumentaron en marzo un 12,30 % sumado al 15 % de junio dieron un total de un 27/28 % frente a un incremento de precios del 36 % y del casi 40 % en alimentos. El nuevo ´superministro´ Massa anticipó el pago de un bono de “refuerzo” para jubilados y pensionados “que ayude a superar el daño que les produjo la inflación”. El adicional se liquidará junto al tercer aumento del año y desde el jueves 8 de setiembre. Según versiones, el bono de “refuerzo” para jubilados y pensionados de setiembre del 2022 podría tener como base el monto adicional que liquidará a los titulares del programa Potenciar Trabajo: $ 11.000 por única vez. Los jubilados con haberes por encima de la mínima no recibirán el bono. Tanto el reajuste de septiembre por la movilidad como el bono del que se habla son absolutamente insuficientes frente una inflación que carcome nuestros ingresos. El haber mínimo debe ser igual a la canasta familiar -hoy en $ 200.000- reestableciendo el piso de la pirámide. Hoy solo el alquiler de una pensión es del orden de los $ 20.000/$ 30.000, y un alquiler de dos ambientes supera los $ 50.000. Los medicamentos -ya que no todos los entrega PAMI gratuitamente- están por las nubes y a esto debe sumarse el tarifazo de luz, gas y agua. Millones de trabajadores y jubilados verán aumentados sus gastos en energía en un 300 %/400 %. Los jubilados tomamos nota de este brutal ataque al conjunto de la clase obrera y llamamos a impulsar un Congreso de obreros ocupados, desocupados de la mujer y de la juventud que debata una salida para frenar esta barbarie. Solo una huelga general hasta obtener nuestros reclamos será capaz de frenar esta barbarie. El día sábado 13 de agosto a las 14,30 horas un conjunto de agrupaciones de jubilados convocamos a una reunión abierta en el local del sindicato docente de Ademys en la calle Solís 823 de CABA para debatir una acción en común.

Producto de la creciente organización y movilización de cientos de personas organizadas en el colectivo "Trabajadores y afiliadxs en defensa de ObSBA", se informó en las últimas horas la renuncia de los principales directivos de la obra social. Renunció la vicedirectora Agustina Olivero Majdalani , hija de la ex subdirectora de la AFI durante el gobierno Macri y designada a dedo por el gobierno porteño en mayo de este año. En su lugar asumió Diego Carusoni, Director General de Administración Medicina del Trabajo del gobierno de Larreta desde septiembre de 2017. Fue el impulsor de la instalación del sistema MIA para la justificación de ausencias por motivos de salud. Este método es denunciado por los trabajadores del GCBA debido a que vulnera sistemáticamente el derecho al uso de licencias médicas, rechazando arbitrariamente indicaciones de reposo durante los días de enfermedad. En el caso de quienes trabajan en educación la situación se agrava debido a que, si no se otorgan 3 días de licencia consecutivos, no se permite pedir suplente y los grupos de estudiantes se quedan sin profesor al frente. Otro de los funcionarios que renunció a la obra social es el Dr. Juan Carlos Piersanti, representante por la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Su excusa es que “retoma el cargo que tiene en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero” (Tiempo Argentino, 5/8). Lo cierto es que estos directivos huyen porque no quieren quedar involucrados en las denuncias por el desfalco del que vienen siendo parte; los que entran, también designados a dedo como los anteriores, garantizan que siga el mismo negociado a costa de la salud de los trabajadores dependientes del GCBA. La única posibilidad de recomponer la obra social de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires es la apertura de los libros de contabilidad, que quienes hayan malversado fondos sean investigados y rindan cuentas y que sean los propios afiliados y los trabajadores de ObSBA quienes tomen las riendas del manejo de los fondos de la caja a la que mes a mes tributan el 6% de su salario. Sólo de esta manera se le va a poner fin a los negociados gerenciados por el Gobierno de la Ciudad y la burocracia sindical de Sutecba, una verdadera mafia patotera que usufructúa desde hace cuatro décadas la caja de lo que ayer fuera IMOS antes de ObSBA. Los trabajadores y afiliadxs en defensa de ObSBA vienen denunciando desde febrero la grave crisis que atraviesa la obra socia . Gracias a esta organización se han conseguido algunas mínimas conquistas como el otorgamiento de turnos presenciales, se empezaron a otorgar algunos tratamientos que estaban paralizados, retrocedieron en el intento de la implementación de copagos, se restituyó la atención en algunos de los prestadores tercerizados que habían suspendido el servicio. Producto de la movilización el presidente de Directorio, Juan Carlos Cela, se vio obligado a recibir a representantes del colectivo que le hicieron entrega de una carta con demandas apoyadas con cientos de firmas . El próximo martes 9, a las 13 hs, volveremos para exigir respuesta. Por otra parte, direcciones sindicales que venían haciendo la plancha se vieron en la obligación de pronunciarse sobre la problemática ante los reclamos de las bases. Fue el caso de UTE, Ademys, Camyp y ATE Capital. Sin embargo, ninguno ha convocado a una lucha en regla. Sólo denuncismo y actos para la foto. Esto es insuficiente. Necesitamos una lucha a la altura del ataque. Es urgente: La conformación de una comisión controladora con afiliados y personal de salud. Fuera la burocracia sindical, los gobiernos y sus empresas amigas de nuestra obra social. Investigación a todos los responsables políticos y sindicales de este desfalco. La apertura de los libros de la obra social. Elaboración de un plan que permita restituir las prestaciones médicas perdidas, la cobertura al 100% de los medicamentos crónicos, el nombramiento en planta de más profesionales así como las remodelaciones edilicias y de infraestructura necesarias.

El ingreso del juicio contra Cristina Kirchner por la causa de ´Vialidad’, que ya se encuentra en el último tramo del juicio oral y público, permitirá obtener una radiografía sin precedentes de la crisis de régimen político y del Estado. La Vicepresidenta se encuentra acusada de ser “jefa de una asociación ilícita”, que habría operado en el marco de las instituciones existentes. El fiscal deberá ofrecer las pruebas de esa imputación, mientras preserva la inimputabilidad de los diversos poderes del estado. El fiscal asegura, al menos en algunos casos, que se adjudicaron a Lázaro Báez partidas de dinero sin la correspondiente previsión presupuestaria, pero este procedimiento pone en tela de juicio y algo más, al contralor del Estado (Sigen) y a las auditorías del Congreso y al Congreso mismo, que está encargado, no ya de aprobar el Presupuesto sino también de su ejecución. La defensa ha venido diciendo en los medios que una “asociación ilícita” no podría operar ni existir en un sistema de instituciones, pero deberá ofrecer, en el desarrollo del juicio, las pruebas de esa aseveración. Las dos “asociaciones” que encarnan la grieta gritan sus posiciones en los estudios de televisión, pero ninguna ha admitido hasta ahora que en el banquillo de los acusados está sentado el mismo estado capitalista. Un caso de análisis para probar “asociación ilícita” es el giro de más de mil millones de dólares a bancos suizos, sin hablar de los intereses, provenientes de la venta de acciones de YPF en propiedad de la gobernación de Santa Cruz. Una “asociación ilícita” se conforma cuando el objeto de la actividad delictiva no es específico y circunstancial sino generalizado e ininterrumpido. En el “primer juicio” contra la Vicepresidenta, a cargo del Tribunal Federal número 2, formado por los jueces Uriburu, Basso y Gorini, se la acusa por “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”, con 10 y 6 años de pena máxima de prisión, respectivamente. Comparte banquillo con Lázaro Báez, De Vido, López y otros ex funcionarios kirchneristas. El fiscal Luciani señala a Cristina, en el juicio, como la jefa de una asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015 para usufructuar dinero público, repitiendo un modelo que se practicó en Santa Cruz con las licitaciones de obras del Estado. En la causa se señalan, por caso, 51 contratos objetos de investigación, en los que se malversaron 46 mil millones de pesos otorgados por el Estado Nacional a Austral Construcciones, una de las empresas de Lázaro Báez. Báez ya sufre una condena por lavado de dinero, que se supone tiene su origen, entre otras, en aquellas malversaciones. Para Luciani “funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de carácter singular que replicó en espejo el organigrama estatal”. Una organización “piramidal” en cuya cúspide se encontraban los jefes de estado, Néstor Kirchner, primero y Cristina K después. A partir de diciembre del 2015 se habría producido el desmantelamiento de la ´banda´ y la borrada de huellas. El llamado “plan limpieza” incluye, para el fiscal, el retiro de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) como querellantes de la propia causa. Se desprende de aquí una acusación tardía a dos organismos del Estado, que habrían actuado con negligencia una vez consumados los delitos. ¿Están las pruebas? Aunque para La Nación se trató del “más fuerte y valiente alegato” de la historia nacional, los argumentos expuestos por el fiscal en la primera de las nueve intervenciones que ha preparado en el caso, algunos observadores han puesto en duda la solidez de las pruebas, en especial en lo que concierne a la ex Presidenta. En 2016, una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad, en manos del macrismo, no había logrado demostrar sobreprecios pero si una concentración de casi el 80% de las obras en beneficio de Lázaro Báez. Denunció también el estado de abandono de al menos 24 de las 51 licitaciones y una revalorización del presupuesto de obras en 50 de ellas. El llamado “montaje y ficción” de las licitaciones, que se ganan pero no se ejecutan, también deberá ser de todas formas demostrado, esto con la dificultad de que toda la obra pública y los gastos del Estado se encuentran ´ficcionados´, o sea, que son repartidos luego entre distintas constructoras. Los montos millonarios gastados por el Estado en las obras adjudicadas a Lázaro Báez integran una larga fila ‘ficticia’, que encabezan Techint, Electroingeniería e IECSA (Calcaterra). Deberá, de todas formas, probarse el papel de Cristina, imputada como “jefa”. La condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez, no salpicó, en su momento, a CFK. El juez Sebastián Cassanello le dictó la falta de mérito. En uno de sus tantos tiros por elevación, la Vice argumentó que los Presupuestos no los manejaba ella sino los Jefes de Gabinete, en una referencia solapada a Alberto Fernández, cuando ejercía esa función. Por el momento, lo que mostró el fiscal para inferir su papel como “jefa” de una banda delictiva son chats entre José López y Lázaro Báez que aluden o mencionan a “la señora”. Las vinculaciones que se atribuyen al difunto Néstor Kirchner con el empresario no afectan judicialmente a CFK. Luciani reprodujo en el alegato un audio en el que el presidente Alberto Fernández asegura que Kirchner y Báez “se conocían”. En su pago chic, NK reclutó a Báez en el Banco de Santa Cruz, que luego privatizó en beneficio de la familia Eskenazi. En otras provincias, lo aprovechó el banquero Jorge Brito. La Liga de Gobernadores no es otra cosa que la fachada de la liga de banqueros que se quedaron con las entidades provinciales. Corrupción La enorme fortuna de la familia Kirchner es un hecho que no necesita ser probado en sede judicial. Es conocido el enriquecimiento que permitió el régimen de hipotecas de la dictadura, la 1050, que capitalizaba los intereses impagos y habilitaba la expropiación de las viviendas por parte del prestamista. La compra masiva de terrenos en Calafate, en función de la valorización que tendrían como consecuencia de un plan de urbanización para el turismo. Un “fenómeno recaudatorio”, se catalogaba a Néstor Kirchner, en referencia a cómo “hacer política", y convirtió al fallecido Juan Pablo Feinman, en un kirchnerista obsecuente, como lo confiesa en su libro sobre NK. Nada de esto se encuentra en juicio con la malversación y privatización del banco de Santa Cruz. El mismo ex presidente desarrolló un procedimiento que CFK ha fracasado en imponer: desconocer los fallos de la Corte Suprema, como ocurrió cuando ésta ordenó que NK repusiera en el cargo al Procurador de la Provincia. Lo que la defensa procurará demostrar en contra de la acusación principal es que luego de 2003, Santa Cruz tuvo tres gobernadores diferentes, fruto de crisis políticas sucesivas -Acevedo, Sancho, Peralta-, antes del arribo de Alicia Kirchner, ninguno de los cuales tiene vínculo con esa familia. La corrupción con la obra pública es moneda corriente en todo el mundo capitalista. En Argentina, desde hace más de 60 años, encontró un apodo: “la patria contratista”. Ahora mismo, en la construcción del gasoducto “Néstor Kirchner”, cuatro de las cinco empresas que se adjudicaron la licitación están investigadas en la causa de los ´Cuadernos´, entre ellas Techint y Esuco (Carlos Wagner). La obra pública cautiva es el motor del endeudamiento público con el que lucra el capital financiero, nacional e internacional, que no encuentra suficientes inversiones rentables en el mercado internacional. De este maridaje -obra pública-endeudamiento– nace el ‘famoso’ déficit fiscal que los contratistas y banqueros exigen luego reducir, para asegurar el pago de obras y préstamos, a costa de los intereses de los trabajadores. El maridaje de Lla Liga de Gobernadores de banqueros y mineros, sumada a la obra pública y la patria contratista, es la base de la estructura institucional en que pueden alojarse las “asociaciones ilícitas” que goza de complicidades admirables. No es lo que el fiscal Luciani se propone poner en evidencia, ni someter a juicio. Cuando se produjo la estafa de la asociación de Eskenazi a Repsol, el kirchnerismo era diferente al original - ahora contaba con la presencia de los Kicillof y la Cámpora y las agrupaciones cayetanas. “Convicción íntima” El alegato del fiscal, tiene por delante siete sesiones para combinar la “convicción íntima” que ha exhibido hasta ahora, acerca de que hubo delito, con pruebas irrefutables. Cristina ya fue sobreseída en las causas Hotesur y Los Sauces, donde para el poder judicial la “asociación ilícita” se habría tomado vacaciones. La defensa, en este caso de Vialidad, deberá demostrar, además de la ausencia de corrupción, que su clienta, CFK, obró de acuerdo a derecho con la complicidad de todos los organismos y poderes que deben controlar los presupuestos estatales y el Tesoro. Medio siglo de endeudamiento ilegal, hasta llegar a los centernares de miles de millones de dólares, en la actualidad, es un poderoso antecedente para pedir la absolución de CFK, que simplemente se ajustó a un patrón de conducta política. El empapelamiento de Anses y Banco Central con decenas de miles de millones de dólares de deuda pública sin valor, o sea el llamado ‘desendeudamiento’, es prueba suficiente para sobreseer a Cristina. Cuando todos delinquen, los delincuentes son aquellos que no han acompañado. La Corte Suprema tiene a su cargo la tarea de dictar la sentencia final, al cabo de una cadena de apelaciones. Pero no tiene plazos para hacerlo. El estudio crítico de este juicio oral y público puede ser muy educativo, en especial cuando la crisis política del Estado,plantea la necesidad de que la clase obrera comprenda porqué ella no puede gobernar con este estado sino con otro edificado sobre sus ruinas. Es decir en forma revolucionario, no en forma institucional, como sostiene la inmensa mayoría de la izquierda a nivel mundial, que por eso recibe el calificativo de democratizante. Este juicio se inicia en la fase final de una crisis política del estado, del gobierno, del FdT y del peronismo. Es una crisis con varias mechas encendidas. La judicialización de la política es un fenómeno mundial. En América Latina marcó distintas crisis políticas en las últimas décadas y ahora incluso aparece con toda su relevancia en los Estados Unidos. Esta judicialización de la política revela el agotamiento histórico del Estado y sus instituciones parlamentarias.

El viernes 5, la familia de Juan Matías Bongiovanni, actualmente enjuiciado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos alumnas”, desacreditó en los medios locales las denuncias en su contra por la pertenencia a nuestra corriente de una de las cuatro mujeres denunciantes. Los familiares del acusado refieren también a un supuesto hostigamiento de nuestra parte. Desde Política Obrera denunciamos que se trata de un operativo para desviar la atención sobre las denuncias que involucran abusos sexuales físicos, verbales y psicológicos de parte de Bongiovanni contra mujeres que fueron sus alumnas cuando eran menores de edad. En aquellos momentos, el acusado contó con el amparo de autoridades institucionales y eclesiásticas, cuestión que le permitió recorrer una gran cantidad de establecimientos educativos religiosos durante más de 20 años, y también de otras organizaciones sociales clericales. La justicia rechazó investigar las denuncias de dos de sus víctimas por prescripción del plazo. En efecto, el único hostigamiento fue el que recibieron las víctimas de Bongiovanni. Hace meses comenzó una campaña con movilizaciones y escraches públicos contra las víctimas, con apoyo de ONGs y autoridades religiosas, para desacreditar los testimonios de las denunciantes, invirtiendo la acusación y poniendo sobre sus espaldas la responsabilidad por estos hechos abusivos. Denunciamos que la virulencia de la campaña expresó amenazas por las redes sociales contra nuestra corriente, como la de “romperle la cabeza a los militantes de Política Obrera” o la instigación a incendiar la casa de nuestros militantes. La familia de Bongiovanni no ha salido a delimitarse públicamente de estas amenazas. Cuestionar la denuncia de las jóvenes, ahora mujeres, que atraviesan este proceso judicial, por su militancia política constituye una maniobra de distracción. Es una afrenta que se suma a la proscripción de las denuncias de varias de las víctimas. Por esto, se reclama #JusticiaPorTodas. Una vez más, acompañamos a las víctimas de Juan Matias Bongiovanni, denunciamos el encubrimiento de las iglesias, la absoluta necesidad de separarlas del Estado, y la responsabilidad del propio Estado que las subsidia y sostiene. Rechazamos la persecución ideológica y más aún cuando se trata de una denunciante que se encuentra atravesando un proceso judicial. Queremos que se haga justicia.

La única duda que queda luego de la asunción de Massa como ministro de Economía es si podrá imponerle a los trabajadores el plan de ajuste dictado por los grandes conglomerados de la burguesía: un supertarifazo, una superdevaluación y la superdestrucción de los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, un sector de la burocracia sindical universitaria agrupada en el frente sindical ha salido a crear expectativas en la nueva gestión. No están solos. Actúa en sintonía con los rectores, que están negociando el ajuste presupuestario a cambio de realizar la muy sucia tarea de "auditar" los planes sociales, o sea, viabilizar un ataque a las organizaciones de desocupados y el traspaso de esos planes a los intendentes y gobernadores del PJ. Este ataque es crucial, pues el movimiento piquetero ha ganado la calle y es un obstáculo objetivo en el brutal ajuste que está en curso. El gobierno quiere evitar que las grandes luchas que están en curso, como las huelgas docentes que están sacudiendo Mendoza, Chubut, San Juan, y otras varias provincias, la lucha del SUTNA, la lucha citrícola, empalmen y tiren abajo el plan de Massa. Este fue uno de los temas en debate en el Plenario de Secretarías Generales de Conadu Histórica del jueves 4, donde un sector del oficialismo de la federación buscó evitar un posicionamiento claro contra este atropello. Algo similar pasó con la denuncia del supertarifazo que anunció el gobierno, que la declaración final no recogió, e incluso con relación al reclamo salarial que nuestra federación va a llevar a la mesa de revisión salarial o a las medidas de acción (en el plenario solo se votó una jornada de protesta para el 10/8 que se discutiendo convertir en paro recién luego de que Ctera tuviera que darle ese carácter). Es claro que las corrientes que dirigen la federación se enfrentan al derrumbe del gobierno que apoyaron (y aun apoyan) con un grado importante de confusión. Pero los docentes no podemos confundirnos: no hay salida para la universidad ni hay salida para el derrumbe salarial que estamos viviendo al margen de una lucha del conjunto de la clase obrera. Una lucha salarial aislada y limitada solo a los 3 o 4 puntos que el gobierno dice que ha perdido nuestro salario en el primer semestre es una lucha condenada de antemano. Ya lo hemos vivido, incluso, en situaciones menos difíciles. No vamos por migajas. Vamos por la recuperación de nuestro poder adquisitivo, hundido deliberadamente tanto en el gobierno de los Fernández como en el de Macri. El Congreso de Conadu Historica debe deliberar sobre todos estos temas. Vamos por un 100% de aumento de emergencia y actualización mensual de los salarios. Pongamos en pie coordinadoras de lucha en todas las provincias y a nivel nacional. Vamos por un Congreso del conjunto de la clase obrera que prepare la huelga general.

El aumento sostenido de la inflación en Argentina ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios del conjunto de los trabajadores. El desembarco de Segio Massa como "superministro" de Economía no hará más que agravar este escenario, porque el tigrense tiene en carpeta avanzar en la devaluación que reclama un amplio sector de la burguesía. Cualquiera sea la forma que asuma, la devaluación podría precipitar al país en una hiperinflación sin techo. En este cuadro, la paritaria acordada entre el gobierno nacional y la burocracia sindical de la docencia universitaria y preuniversitaria (Fedun, Conadu, Fagdut, Cetera) constituyó un verdadero recorte salarial. El supuesto 41% que terminamos de cobrar en agosto, en realidad fue mucho menor, porque las cuotas no fueron acumulativas y quedaron muy por detrás del aumento de los precios. La de docentes universitarios ha sido, de hecho, la peor paritaria del sector público, donde se obtuvieron actualizaciones de alrededor del 60%. A esto hay que añadir el congelamiento del plantel de trabajadores del Estado anunciado por la ex ministra Silvina Batakis, que también impactará en las universidades. Con esta medida, el gobierno anticipó que no piensa dar respuesta a los miles de docentes que trabajan sin salario e incluso sin designación, y que las gestiones universitarias sostendrán el achatamiento del escalafón con cargos de menor categoría y dedicación horaria. La caída en picada del salario y de las condiciones de trabajo de la docencia universitaria contrasta con la completa parálisis de sus federaciones, incluida la Conadu Histórica, que ha impulsado un puñado de medidas aisladas en lo que va del año. El seguidismo a la política de un gobierno en ruinas y embarcado en la senda del ajuste, ha tenido como resultado un retroceso en nuestras condiciones de vida. Es necesario romper con esa orientación que conduce a un callejón sin salida. De cara a la revisión salarial prevista para agosto y a la crisis política que atraviesa el país, es preciso que la docencia universitaria y preuniversitaria delibere y se organice de forma independiente. Impulsemos asambleas, plenarios y congresos para debatir y organizar la lucha a nivel nacional. Exijamos un aumento salarial que recomponga lo perdido y se indexe mensualmente por inflación. En medio de la crisis de poder, preparemos la huelga general e impulsemos una salida política de los trabajadores.

El gobierno israelí anunció una semana de bombardeos sobre Gaza para ´prevenir´ posibles represalias de la Yihad Islámica debido a la detención de uno de sus líderes en Cisjordania. Cisjordania se encuentra bajo la autoridad del gobierno palestino, que el gobierno sionista reconoce pero ignora, aunque ambos comparten la seguridad de la zona ocupada. Desde el viernes pasado se han contabilizado al menos 25 muertos y más de 200 heridos, entre ellos varios niños. Según Israel, la cúpula de la organización militar de la Yihad -las Brigadas Al Quds- fue “neutralizada”, pero a pesar de ello no tiene previsto cesar los bombardeos. La Yihad Islámica es una organización nacionalista palestina, vinculada a Irán. Hamas gobierna Gaza desde 2007. La naturaleza de esta nueva agresión -la más significativa desde mayo del pasado- es atribuida, por un lado, a las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de noviembre. “El actual premier, Yair Lapid, un político de centro, no tiene un récord militar, algo muy valorado por los electores, y esta acción le permite mostrar perfil combatiente”, apunta Clarín (7/8). Este ataque unilateral se desarrolla en un escenario más amplio. Los estados de la región -con excepción de Bashar Al Assad, que proclamó su apoyo a Putin- han mantenido una prudente distancia de la guerra que encabeza Estados Unidos contra Rusia. “Todos parecen esperar ver quién sale ganador, y si se solidifica un poderoso eje antioccidental formado por Moscú y Pekín” (La Nación, 7/8). Así como el régimen iraní “no le dio un apoyo incondicional a Moscú, probablemente para no descarrilar las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos (…) aliados tradicionales de Washington como Israel, Marruecos o Egipto que no se han sumado a las sanciones occidentales en Rusia” (ídem). El propósito de Israel es tomar distancia de la guerra de la OTAN y Rusia para no 'contaminar' su política de sabotear el nuevo intento del uno y el otro de llegar al acuerdo nuclear con Irán. De acuerdo a otra interpretación, " uno de los objetivos centrales de su reciente gira (de Biden) por Medio Oriente era facilitar la apertura de relaciones simbólicas entre Arabia Saudita e Israel, allanando el camino hacia la plena normalización. Si el régimen fundamentalista del príncipe Ben Salman, guardián de las ciudades sagradas de la Meca y Medina, abrazara a Israel, el histórico enemigo de los árabes y musulmanes, la causa palestina quedaría tocada de muerte” (LN, 7/8). Biden busca también 'reconciliar' a Arabia Saudita con Irán, para romper el frente petrolero de estos con Rusia. Nada más inconveniente para el estado sionista. En el marco de la guerra imperialista mundial, el empeño de Israel es el "cambio de régimen" en Irán.

El día que Sergio Massa asumió oficialmente al frente del Ministerio de Economía, anunció una auditoría de los planes sociales a cargo de las universidades. Hace varias semanas que Zabaleta viene ventilando distintos aspectos del operativo. Según han dejado trascender, serán auditadas 500 “unidades de gestión” y contraprestación del “Potenciar Trabajo – más de 1 millón 300 mil personas. En total, el operativo demoraría unos 6 meses en ser completado. En el Gran Buenos Aires todo quedaría bajo las órdenes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde el gabinete, informa Clarín (21/7), “nadie va a jugar de local”, sobre el armado político de los intendentes y La Cámpora en universidades del Conurbano. El diario también refiere que “en Desarrollo Social apuntan contra los intendentes del peronismo porque señalan que casi ninguno levantó la mano para pedir convertirse en unidades de gestión, cuando Zabaleta anunció que quitaría 200 mil planes a las organizaciones para trasladarlo a municipios y provincias”. La incorporación de la mano de obra precarizada de los planes ha encontrado dificultades para ser asimilada en los municipios. El cuestionario para realizar el relevamiento consta de 34 preguntas con formato respuesta múltiple. Algunas de las preguntas más importantes están relacionadas con la actividad de las organizaciones de desocupados, como por ejemplo si conoce a qué organización y/o unidad de gestión pertenece; si ha recibido amenazas para movilizar o aportar a las organizaciones sociales y si, llegado el caso, aceptaría tener un trabajo en blanco (?). Otra finalidad del cuestionario es conocer en detalle cuáles otras prestaciones sociales recibe el grupo familiar (AUH, asignación por embarazo, discapacidad, pensiones no contributivas, Progresar, prestaciones alimentarias y planes provinciales o entrega de alimentos). El cuestionario en su conjunto busca desarrollar a fondo una campaña macartista contra la organización de los desocupados. El propósito de los punteros que han arribado al gabinete de ministros es desbandar a las organizaciones. El Estado que quiere corroborar si existe una contraprestación es el primero en poner trabas al desarrollo de las mismas. Los municipios nunca han aceptado que se desarrollen tareas por parte de los compañeros desocupados, porque esto los obligaría a regularizar la situación contractual o ser blanco de protestas. Los sindicatos municipales, a su vez, han sido también contrarios a la incorporación de una planta de trabajadores por fuera de su control. En gran medida, de aquí viene el rechazo de los municipios a los 200 mil planes ofrecidos por Zabaleta. El gobierno pretende meter la cuña contra el sector que se ha movilizado en los últimos meses. Resta saber si los “locales” -rectores e intendentes- dejarán hacer o pondrán trabas al proyecto de Zabaleta con quién habían llegado a otro acuerdo hace solo días.

El ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, fue declarado culpable en la causa iniciada por el incendio a la legislatura en la ciudad de Rawson, durante la jornada del 18 de septiembre del 2019, en tanto que Mariana Castro y Marcela Ancaleo resultaron absueltas. En los próximos días se dará a conocer la pena, que está estipulada de 3 a 10 años de prisión. En aquella oportunidad los docentes se encontraban desarrollando un paro activo por tiempo indeterminado en reclamo por el incumplimiento del acta paritaria firmada en febrero de ese año, por parte del gobierno de Arcioni. La huelga docente se había iniciado en agosto y fue levantada en noviembre, por lo que pasó a ser la huelga más larga de la historia de la provincia. Durante las 17 semanas que duró el paro, la lucha incluyó piquetes y cortes de ruta, en los cuales cabe destacar los piquetes en los accesos a los pozos petroleros, además de un acampe y masivas movilizaciones que debieron soportar durísimas represiones. Durante aquella jornada del 18 de septiembre de 2019, el ánimo de los huelguistas estaba caldeado. Desde el día anterior, al paro que ya llevaba varias semanas le habían sumado una nueva instancia, la de un acampe en el centro del poder político. Hacia allí se dirigían Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, dos docentes que se encontraban a punto de jubilarse, y que fallecen en un accidente en la ruta. La noticia conmocionó la provincia, y más tarde al país. Durante esas horas la policía monta una provocación y es ahí donde se producen refriegas que luego terminan en la fogata en la entrada de la legislatura. Al día siguiente se realiza un macizo paro nacional, pero ni en ese entonces, como tampoco lo hace ahora, la Ctera acompañó las luchas docentes provinciales. La burocracia estaba en una ferviente defensa del planchazo conocido como “Hay 2019”, un llamado a no hacer nada para facilitar un triunfo electoral del pejota-kirchnerismo. La condena a Goodman es un intento de parte del Estado por criminalizar la protesta, cuando se anuncian mayores ajustes para las masas. Para este miércoles 10 CTERA convocó a un paro nacional por la absolución de Santiago Goodman. El reclamo por la absolución debe ser encarado de manera firme, con un plan de lucha hasta lograr la absolución y para que ningún compañero sea detenido ni procesado por luchar, y debe empalmar con las luchas provinciales en curso por mejoras salariales. Impulsemos con todo el reclamo por la absolución y el triunfo de la lucha docente en todo el país.

Una asamblea docente convocada por el SUTEBA Bahía Blanca, el jueves 4, que contó con la participación de 250 trabajadores y trabajadoras, votó un nuevo paro con movilización. Fue la asamblea más importante y numerosa de todas las que se realizaron en el año. El temario de la asamblea giraba en torno al salario, la quinta hora en primaria, infraestructura y la continuidad de las formas de contratación precaria en la docencia. Luego de un informe de caracterización de la situación nacional y provincial por parte de la conducción Granate, ésta se limitó a proponer plegar a Bahía Blanca a la jornada de protesta convocada por CTERA para día 10 con un paro y movilización, lo cual quedaba por detrás de las acciones convocadas en el mes de julio que en los hechos fue un masivo paro de 48 horas. El planteo de Tribuna Docente Tendencia puso de manifiesto el alto acatamiento que tuvieron las medidas de lucha anteriores y como se habían agravado las condiciones salariales en las últimas semanas. También recogió las numerosas provincias en las cuales la docencia sale a la lucha con paros y movilizaciones extensísimas como la de Mendoza. Apoyamos la propuesta del paro para el 10 y agregamos la necesidad de que inmediatamente después se realice una jornada de protesta con asamblea para discutir la continuidad. Otra iniciativa que llevamos a la asamblea fue la de redactar una carta abierta a la docencia de Buenos Aires para coordinar medidas de acción como las que lleva adelante Bahía Blanca. La conducción intentó, al principio, frenar la convocatoria de asamblea, planteando que estaban las elecciones de la CTA y la reunión de delegados a la cual llamó SUTEBA provincial para esa semana. Luego de dar varias vueltas, terminaron mocionando la asamblea pero sin jornada de protesta. Nuestra moción resultó ganadora con 140 votos contra 70 de la propuesta presentada por la conducción. La asamblea también aprobó el acompañamiento a las víctimas de abuso sexual en el marco del juicio con Juan Matías Bongiovani, que comenzó el miércoles pasado y se encuentra cruzado por una fuerte campaña de amenazas y desacreditaciones contra las víctimas y militantes de Política Obrera. La moción de apoyo fue presentada por una docente que se identificó como una sobreviviente de abusos sexuales. Este posicionamiento surgido desde las bases docentes significa un nuevo aliento en la movilización política para que Bongiovani sea condenado. También se discutió la persecución que están sufriendo los docentes en diferentes provincias. Esto demuestra que a las claras todas las aristas que el Estado despliega para frenar la lucha por el salario y las condiciones laborales. Nos proponemos llevar adelante una fuerte campaña de agitación para soliviantar al conjunto de la docencia bahiense para que, en primer lugar, el paro y la movilización del 10 sea masivo y en segundo lugar, busque concientizar sobre la necesidad de profundizar el plan de lucha hasta ganar. LEER MÁS: ObSBA: los saqueadores abandonan el barco antes de que se hunda Por Ana Belinco Rebelión docente en defensa del salario Por Mariano HHermida

La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía fue saludada tanto por los triunviros de la CGT como por los sectores discordantes del Frente Sindical y de la CTA, aun a sabiendas de que el programa del ´Superministro´ es un recetario de ataques a la clase obrera: suba de la tasa de interés, tarifazos, emisión cero, ataque a las organizaciones sociales. Los supuestos anuncios respecto del salario y de las asignaciones fueron postergados. El único reclamo que le ha presentado hasta aquí la burocracia sindical es su rechazo a un aumento de suma fija, en lugar de paritarias, promovido por Cristina Kirchner en su discurso en Ensenada. Según reflejó Clarín, para la CGT "hay una puja de poder político" y por eso optaron por plantarse contra la alternativa de un bono por decreto. La suba por decreto -se habla de un bono de $30.000- no modificaría un ápice la situación catastrófica de los salarios de la clase obrera. "Según un informe de Cepa, el costo laboral sobre ventas de las principales empresas alimenticias argentina cayó del 18,9 por ciento en 2016 al 12,2 por ciento en 2021. Estas empresas podrían subir sus salarios reales un 50 por ciento y recién llegarían a lo que pagaban en 2016. En la industria manufacturera los salarios se quedaban con el 48 por ciento de los ingresos en 2016 y cayeron al 29 por ciento en 2021. En comercio cayeron del 36 al 24" (Eldestape, 7/8). La CGT se opone al aumento por decreto en primer lugar porque acotaría su influencia en el nuevo esquema de gobierno. Pero además dejaría sin negociaciones con las patronales a los dirigentes sindicales, de dónde suelen extraer jugosas sumas para las cajas de las Obras Sociales o de sus Centros de Capacitación. Por otro lado, un bono de $30.000 es muy probable que se pague en forma No remunerativa - de lo contrario, representaría mucho menos que $30.000. Esto dejaría sin recaudar a las entidades sindicales el aporte del trabajador y de la empresa a la Obra Social, el aporte sindical y el aporte por "uso de convenio". Son pérdidas multimillonarias para la caja de cada sindicato. Como resultado de la pandemia, la mayoría de las Obras Sociales están virtualmente quebradas. Sin ir más lejos, una de las preocupaciones más importantes de los dirigentes de la CGT es cómo deshacerse de la cobertura de las Obras Sociales a los discapacitados, hijos de los afiliados. En la próxima reunión con Massa, pautada para el jueves próximo, llevarán el planteo para que el Gobierno defina la creación de un fondo específico para costear las prestaciones de transporte y educación, que representan un gasto en torno a los $ 8.000 millones de pesos mensuales. Los sindicatos más grandes son los que han planteado la cuestión de la reapertura de las paritarias, cuando todavía no terminaron de devengarse los acuerdos suscriptos meses atrás. Nos referimos fundamentalmente a Comercio -cuyo reclamo está directamente vinculado al proceso electoral se su seccional Capital- y la UOCRA, cuyos acuerdos son una referencia para el resto. Otros sindicatos, en cambio, aguardan a que el índice de inflación ´supere´ el porcentaje que acordaron. Entre estos reviste La Bancaria, eje de la Corriente Federal cristinista, que se mantiene ´en el molde´. En este cuadro, la movilización del 17 de agosto -que estuvo a punto de suspenderse por pedido del propio Massa- habría pasado de un insípido apoyo al gobierno de Fernández a una demostración de fuerzas al interior de la coalición oficial. Si a fines de julio se volvió a hablar de la reapertura de paritarias y de aumentos de salarios por decreto es por el completo agotamiento del adelantamiento de paritarias llevado adelante por la Unión Industrial, la CGT y el Gobierno durante los meses de abril y mayo. Con la tinta todavía fresca de la mayoría de los acuerdos que rondaron el 60/65% de aumento salarial -en cuotas-, es claro que esos números serán pulverizados por la inflación, que anualizada ya apunta por arriba del 80%. Esto ha puesto en jaque nuevamente a la UOM: Abel Furlan, el ´renovado´ líder de los metalúrgicos, acaba de firmar una revisión paritaria del 65% anual, en línea con lo que firmó a su turno su predecesor, Antonio Caló. Si la reapertura de paritarias de mayo fracasó, un bono de 30 mil está destinado a fracasar también. Tanto el Gobierno como los dirigentes sindicales saben que en los lugares de trabajo se vive un estado es de ebullición. Los procesos como las huelgas docentes, las autoconvocatoria de los viñedos y de los limoneros, la lucha del Sutna y las movilizaciones piqueteras son solo la punta del iceberg de un ascenso obrero por venir. En este escenario, el reclamo a la CGT de reapertura de paritarias opera como reclamarle un paro nacional: deja en manos de la burocracia la iniciativa política que debe ser tomada por los trabajadores. Se alimenta de este modo la confusión política general entre los trabajadores. La CGT es la columna vertebral de apoyo al Gobierno y la paritaria no es otra cosa que la discusión del salario monitoreada por el Estado burgués, a través de su Ministerio de Trabajo. El reclamo de un aumento general del salario no puede quedar en manos de la burocracia de la CGT; debe ser debatido en asambleas y llevar a medidas de acción directa en cada lugar de trabajo; dónde sea necesario deberá abrir paso a autoconvocatorias por ramo, por zona y a la creación de coordinadoras regionales. La victoria de la lucha por el salario mínimo igual a la canasta familiar -es decir, por las condiciones de vida de la clase obrera- está indisolublemente ligada a la lucha por un Congreso Obrero y una huelga general.

En la provincia de Jujuy estamos culminando una campaña de características históricas. En primer lugar, posiblemente sea la campaña más importante en términos de los recursos que nos hemos propuesto conquistar, pero también la más importante por la cantidad de compañeros que han participado y el despliegue territorial al que hemos llegado. Sin lugar a dudas, el lugar destacado de la campaña financiera lo tiene la tendencia del Polo Obrero, que ha desarrollado una intensa actividad política en cada lugar, en cada asamblea, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Hemos lanzado una rifa, venta de empanadas, picanteadas y hasta algunos aportes individuales de contactos y periferia que estamos construyendo con nuestras agitaciones. La lucha por los recursos de una organización independiente del estado ha elevado la conciencia y el compromiso de muchos compañeros que están haciendo su primera experiencia con la tendencia. Ven la necesidad de contar con estos para llevar adelante todas las actividades en la provincia: las agitaciones de nuestras materiales, las movilizaciones contra el régimen de Morales y su intento de criminalizar la protesta, la campaña por la legalidad, y hasta una política para conquistar un local. La vinculación de la campaña financiera con el resto de las campañas que llevamos adelante ha sido central para la conquista de los recursos. Que no decaiga Al momento de escribir esta nota, estamos superando el 80% del objetivo que nos hemos fijado pero aún faltan muchos contactos del padrón por visitar. ¡Estas últimas semanas de la campaña vamos por el objetivo de visitar a todos los contactos, que nos permita ampliar la periferia de relaciones políticas, al mismo tiempo que podamos contar con los recursos necesarios para la gran lucha política que tenemos por delante!

A través de la selva conocida como “el tapón de Darién”, un cruce entre Colombia y Panamá, decenas de miles de migrantes cruzan cada año escapando de la miseria en sus países de origen. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a la ONU, señala que un total de 13.425 personas han cruzado el Darién en los tres primeros meses de 2022, más del doble de quienes lo hicieron en el mismo periodo hace un año. En su informe releva, además, decenas de muertos en lo que va del año y al menos 288 casos de abusos sexuales, todas cifras en aumento. Por otra parte, dicho organismo informó que entre quienes cruzaron la región del Darién durante 2021 la mayoría fueron haitianos, cubanos y venezolanos, seguidos por ciudadanos de países tan lejanos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal. Este año, la OIM ha reportado el incremento de migrantes provenientes de Venezuela, país del que se registra un éxodo de más de 6 millones de personas desde 2015, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Su presencia en la selva de Darién se multiplicó por diez en los últimos meses. El infierno del Darién es el resultado de una geografía que atrapa a los caminantes entre pantanos y barro o los ahoga en los ríos. La Loma de la Muerte clava los pies en el barro y mina la resistencia de los emigrantes. La Bajada de la Llorona resulta una rompehuesos y se queda con el resto de las fuerzas de quienes intentan cruzarla. Además de todos esos obstáculos, se multiplica el sufrimiento de los contagios por dermatitis cercarial, una erupción provocada por cercarias, larvas de parásitos que suelen hospedarse en caracoles de río y otras fuentes de agua de las que se ven forzados a beber los migrantes. Otro de los riesgos constantes son los robos, violaciones y todo tipo de crímenes perpetrados en la selva, aunque prácticamente nadie cuenta quiénes cometen esos delitos. La zona es "controlada" por el Clan del Golfo, la banda criminal más grande de Colombia. El tráfico de migrantes en el Golfo de Urabá agita una economía clandestina de cifras elevadas. Para pasar desde Turbo, distrito de Colombia, hasta Panamá vía mar, a un viajante le pueden cobrar entre U$S200 y U$S400; los trayectos por tierra, desde la localidad turística Capurganá, cuestan de U$S25 a U$S100. En muchos casos, si un migrante no tiene cómo pagar, se ve forzado a transportar entre 5 y 10 kilos de cocaína por la trocha, a manera de compensación para esta mafia. El Clan del Golfo es una organización sofisticada que tiene una estructura organizacional estable, reforzada por negocios legales como la ganadería y un portafolio amplio de actividades criminales que incluyen la extorsión o la venta de servicios de coerción. Hay estimaciones que hablan de 3.000 miembros; otras contabilizan hasta 13.000. Recientemente, el Clan del Golfo anunció un "un cese unilateral de hostilidades ofensivas" para buscar "caminos de paz" ante la "era distinta" que se abre en Colombia con la investidura de Gustavo Petro como presidente del país. El carácter humanitario de la crisis migratoria se hace brutalmente manifiesto en la selva del Darién.

Luego de dos años de pandemia, las organizaciones vaticanas volvieron a realizar una movilización en el día de San Cayetano. Arrancó por tramos el martes pasado desde la Basílica de Luján, donde se pudo ver encabezándola a el “Gringo” Castro de la UTEP y a Gustavo Béliz, ex secretario de Asuntos Estratégicos del presidente. El domingo se completó el tramo final desde Liniers a la Av. 9 de Julio, donde se realizó el acto principal. Fue encabezado por Juan Grabois, Daniel Menéndez y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete. A diferencia de otros años el escenario fue montado sobre Av. de Mayo y la 9 de Julio. La convocatoria llevó una multitud considerable, las columnas llegaban hasta la Av. San Juan por un lado y a la plaza Congreso por otro. Esto se replicó en al menos una decena de provincias. Durante el recorrido y en el escenario las organizaciones convocantes como la UTEP, Movimiento Evita, CCC, Somos Barrios de Pie, el FPDS y el gremio ATE desplegaron los reclamos y quejas sobre la situación social. “Solo escuchamos medidas para los mercados” fue la queja común, y la más fuerte se escuchó por parte de la UTEP: “no vamos a tolerar que los de abajo no obtengan respuestas”. En la misma línea, Dina Sánchez, una de sus referentes, declaró que no puede ser que “quienes se sientan encima de la comida y especulan todo el tiempo obtengan respuestas, y los de abajo no”. Esteban “Gringo” Castro planteó que “algunos se empezaron a poner nerviosos y nerviosas. A partir de ahí hay un permanente nivel de estigmatización, demarcación, vigilanteada”, refiriéndose al avance de las causas y allanamientos contra referentes; “No hay unidad política, no hay criterio político y por eso no sale ni el monotributo productivo, ni el salario universal”, se lamentó al cierre. Juan Grabois fue más sucinto y se atajó de dar definiciones. “Convocamos a la militancia para rediscutir la pertenencia al bloque de diputados oficialista”, pero no mencionó los cargos en el Ministerio de Desarrollo y en el gobierno. Daniel Menéndez solo apuntó a que “la marcha representa la búsqueda de los movimientos sociales por ser protagonistas en la reconstrucción de la Argentina”. Mientras esto pasaba, parte de los presentes se acercaban tanto a la iglesia de San Cayetano como a la Catedral, donde eran recibidos por los párrocos. El arzobispo Mario Poli, luego de señalar que “esta Argentina nos duele a todos”, propuso “poner el hombro para reconstruir el país”. La atea CCC, que reivindica la insurrección popular, aparece como la más oficialista de las “cayetanas”. Este escenario, con sus crisis internas y contradicciones, vuelve a mostrar la orientación de ‘Los Cayetanos’ y sobre todo de Grabois, que aún debe decidir acerca del apoyo a Sergio Massa y quienes lo designaron “súper-ministro”. El piqueterismo del Frente de Todos carece de recursos políticos para “manejar los tiempos” de la crisis que amenaza devorarlo.

Estudiantes del instituto de formación docente continua de la ciudad de Villa Mercedes han convocado a asamblea contra la decisión arbitraria del gobierno de la provincia de intervenir la institución, para “normalizar” el funcionamiento de la misma a causa de la jubilación del rector. En un documento emitido por la asamblea se menciona que, en abril de 2022, en un encuentro institucional, se aseguró que no se intervendría la institución y que se le brindaría continuidad al actual cuerpo directivo, cuyo mandato vence en mayo del 2023. Sin embargo, el martes 2 de agosto, sin previa notificación, se presentó Adriana Bazzano como la persona designada para ocupar el cargo de interventora, designada “Rectora normalizadora”. La asamblea votó el repudio a la designación ilegitima de una “rectora normalizadora” por parte del poder ejecutivo provincial. No es de extrañar: el gobierno provincial, preocupado por las elecciones próximas, ubica punteros políticos en todos los sectores. Docentes y estudiantes del instituto han reclamado desde sus orígenes la titularización del personal sin obtener respuesta alguna. La designación de un interventor será una correa de transmisión del gobierno provincial. El gobierno de los Saá profundiza su tendencia a la privatización de la educación pública con la creación de escuelas “generativas”, que no son más que medios de precarización laboral para los docentes, y planes educativos amoldados a políticas empresariales y a la formación de “emprendedores”, es decir, trabajadores auto explotados, dejando de lado cualquier criterio pedagógico y científico de formación. La intervención del instituto de Villa Mercedes es sólo uno de los atropellos a la educación que lleva adelante el gobierno eterno de los Saá: escuelas vaciadas, condiciones edilicias precarias, cargos docentes cerrados.

El lunes 1 de agosto Morales y la UCR publicaron una solicitada a página completa en el diario El Tribuno de Jujuy con el título “El fomento de un Estado paralelo”, donde se apuntaba que el Estado nacional destina 20 veces más recursos del área social a las organizaciones sociales que lo que destina a las provincias. Para los radicales esto generó “una lucha de poder por el manejo de recursos públicos entre organizaciones sociales, funcionarios y el gobierno nacional” y “ha llevado al FdT a ser una fuerza política ingobernable” (sic), por lo cual reclama el manejo total de los recursos por parte de las gobernaciones. Morales se apalanca en el acuerdo que llegaron CFK y Sergio Massa para asumir como superministro para esta avanzada contra las organizaciones sociales. Este ataque es levantado por todo el arco político patronal. El planteo de auditar las organizaciones sociales y transferir los planes sociales a las provincias e intendencias ya ha tenido avances concretos: en el mes de julio, 210.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que solicitaron cambiarse de unidad de gestión fueron reasignados a unidades de gestión gubernamentales (Clarín, 2/8). El reclamo de Morales sobre el mentado ‘Estado paralelo’ montado por la Tupac Amaru, con recursos nacionales y sin ningún tipo de control, hoy debería poner al propio gobernador en el banquillo a rendir cuentas. Hoy ese “Estado paralelo” es controlado en su mayor parte por el propio gobernador. Luego de la detención de Sala, ha integrado a la mayoría de sus lugartenientes, un sector muy importante con base territorial, particularmente en Alto Comedero; todas las cooperativas y los complejos deportivos han pasado al control del Estado. Sin embargo, los complejos están abandonados y las piletas sin mantenimiento y cerradas; han cerrado la bloquera, la textil y la metalúrgica. Tampoco hay planes de viviendas. El proceso de integración al Estado de los ex dirigentes de Sala y la política de utilización de trabajadores precarizados en el Estado, ya funciona hace rato en la provincia, lo cual no ha devenido en ninguna reactivación económica ni por asomo. Además del manejo de más de 50.000 planes sociales -algunas fuentes llevan el número hasta 80.000-, la provincia cuenta con unos 40.000 planes provinciales que se denominan ´contingencia´ y que representan un monto fijo de entre 5.000 y $7.000 en negro, por eso lo puede cobrar cualquier persona designada por el gobierno, sea desocupado o no. Este año también, el gobierno emitió un decreto por el cual todos los capacitadores del área de educación pasaban a prestar servicios directamente a la SUCEPPI -la unidad ejecutora y coordinadora de planes sociales-, abandonando las tareas vinculadas al ámbito educativo para prestar servicios en cualquier tarea que la secretaria le designe. También ha decidido institucionalizar la pobreza de los empleados municipales, otorgando un falso "pase a planta" de empleados precarizados que cobran ingresos muy inferiores al salario mínimo oficial. Como se ve, Morales ha armado una fenomenal estructura de trabajadores precarizados, fuera de convenio, bajo flexibilización laboral y sin lugar a reclamo por sus derechos. Este cuadro no ha mejorado la situación socioeconómica provincial, sino que la ha empeorado. La provincia de Jujuy ha armado su propio ente ejecutor para utilizar a compañeros que cobran un plan social para distintas tareas. Esto debería ser advertido y señalada su ilegalidad, ya que bajo este mecanismo el Estado se convierte en una gran "organización social", con recursos sin control, que va mantener el cuadro de precarización de los trabajadores, en vez de absorberlos como trabajadores del Estado. Con todos los límites señalados sobre la economía popular impulsada por algunas organizaciones, la “economía popular” bajada desde el Estado es un atropello que no podemos dejar pasar. Ninguna auditoria universitaria va a controlar al Estado, que tiene carta blanca para su avanzada contra los trabajadores. Tampoco van a auditar las condiciones de trabajo en las empresas, la pata renga del Plan Empalme. La universidad nuevamente se pone al servicio de los gobiernos y explotadores. Los indicadores de la DIPEC (Dirección Provincial de Estadísticas y Censos) dan cuenta de una realidad social que se encuentra al nivel del resto de la región y del país. La utilización de miles de compañeros en tareas en intendencias y dependencias públicas sin pagarles un salario no ha modificado un ápice el cuadro de pobreza y miseria, es más, este cuadro se ha acentuado en el último período. La pretensión de la creación de nuevos puestos de trabajo es ajena a la realidad: la provincia no va a absorber más trabajadores y las tareas que realizan ni siquiera establecen una relación de dependencia con el municipio/provincia. Para el gobierno los trabajadores son artículos no reutilizables: use y tire. El gobierno provincial insiste en el pasaje y control de todos los planes sociales a sabiendas de que ha fracasado: lo que busca es la desorganización de un sector que se moviliza sistemáticamente contra el hambre, por trabajo y contra los atropellos. Por una salida de conjunto El pasaje del control de la asistencia social al Estado y la contraprestación laboral que éste exige deben ser puestos a debate entre las organizaciones sociales, pero también entre los trabajadores ocupados. Una avanzada en este sentido también supone un impacto negativo para los trabajadores estatales, municipales, de la construcción y demás, a la hora de reclamar mejoras en las condiciones laborales o aumento salarial: el gobierno se va a valer de los trabajadores precarizados como mano de obra para oponerse a cualquier reclamo y establecer una pelea de pobres contra pobres para bajar convenios y reclamos. Mientras el gobierno apunta a “emparejar” para abajo, tenemos que dar una respuesta contundente y de conjunto los trabajadores ocupados y desocupados. Por la unidad de los que luchan, por un aumento salarial equivalente a la canasta familiar y ajustado por inflación, por el pase a planta, por el 82% móvil, por trabajar genuino, por una bolsa de trabajo y salario de convenio. Por el reconocimiento de comedores y merenderos. Por el apoyo, solidaridad y movilización frente a todos los reclamos. Por un congreso provincial de trabajadores ocupados y desocupados para discutir una salida de los trabajadores. Por un congreso obrero y la huelga general. LEER MÁS Las universidades y las auditorías sobre los planes sociales Por Joaquín Antúnez Potenciar Trabajo: Zabaleta firma una resolución contra las organizaciones independientes Por Leonardo Perna

La docencia formoseña a través de dos de sus sindicatos fue al paro y movilización el jueves pasado, en el contexto de paros y movilizaciones de la docencia de una decena de provincias en todo el país por el reclamo salarial. Los sindicatos convocantes, Voz Docente y docentes autoconvocados, manifestaron que el acatamiento de la medida fue del 70%. Esto no tuvo un reflejo en la concurrencia a la movilización. Allí se resolvió proseguir con la medida este 10 de agosto, sumándose así al paro nacional que los docentes con sus acciones y frente a la represión sufrida le han arrancado a la CTERA. La escasa concurrencia a la marcha se contrapone con un enorme malestar en las bases, por las paritarias por decreto que hace años impone la gobernación colocando en la extrema pobreza a la docencia formoseña, que apenas llega a cubrir los costos de la mitad de un mes. Este año, con una inflación que promete llegar al 100%, el gobierno ha decretado un aumento del 50% en tres cuotas, previsto abonar un 25% en marzo, 15% en julio y 10% en septiembre, para todo el sector público. Las paritarias por decreto que firman los gremios, por otro lado, han profundizado la precarización,por lo que los descuentos impuestos por la pérdida del presentismo afectan fuertemente al salario. Una vez más la docencia vuelve a ser protagonista de la lucha de clases en la provincia. Es una oportunidad para que la docencia tome en sus manos la lucha y abra camino al conjunto de la provincia, para pelear por ingresos mínimos que nos permitan cubrir los gastos de una canasta familiar.

Los trabajadores de la Educación asistimos, minuto a minuto, al derrumbe de nuestro salario, a causa de una inflación promovida desde el propio Estado -en conjunto con los pulpos capitalistas- para descargar el ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores. La CTERA ha anunciado la convocatoria a un paro nacional docente de 24 horas para el próximo miércoles 10 de agosto. En los días previos había llamado a una “Jornada nacional de protesta”, pero la combatividad creciente que se expresa en las huelgas y movilizaciones docentes que recorren el país en defensa del salario y las condiciones de trabajo (Mendoza, San Juan, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis, Formosa) obligó a la central a transformar la “jornada” en un paro. Será el primero en la era de los Fernández. La huelga también colocará el reclamo de la absolución de Santiago Goodman, ex secretario general de ATECH, recientemente declarado culpable por la justicia que responde al gobierno de Arcioni, por haber participado en movilizaciones a la Legislatura de la provincia, en ocasión de huelgas y movilizaciones docentes por aumento salarial. Arcioni es uno de los gobernadores que apoyan a Sergio Massa, flamante “Súper Ministro”. Pero la condena a Goodman no es una excepción. En Mendoza, la policía de Suárez detuvo al Roberto Macho, secretario general de ATE, por realizar cortes de calle. En Santa Cruz, Alicia Kirchner amenaza con quitarle la personería al sindicato ADOSAC por no acatar su conciliación obligatoria trucha. Todos estos atropellos pretenden disciplinar al conjunto de los trabajadores con el código penal en la mano, criminalizando la protesta social, que está en aumento. ¿Condenarán a todos los docentes del país que de ahora en más paren y se movilicen contra el ajuste? En el texto de convocatoria al paro nacional, la CTERA enuncia una serie de puntos reivindicativos vagos. Se pide la “reapertura de las paritarias”, pero no hablan de montos concretos; se evita mencionar el rechazo a la implementación de la quinta hora en la escuela primaria, etc. El paro convocado por la burocracia kichnerista tiene por objetivo “descomprimir” la bronca que crece en las escuelas por el deterioro salarial a causa de paritarias firmadas por la propia CTERA y el gobierno, que pierden minuto a minuto contra la inflación. Por eso también evitan convocar a una movilización al centro del poder político. Los Alesso, Baradel y cía, apoyan al gobierno de los Fernández, que acaba de anunciar un tarifazo en regla para los trabajadores y que sólo tiene en mente reunir los dólares necesarios para cumplir con los bonistas y tenedores de deuda. Para los trabajadores de la educación, nada. El paro nacional docente debe ser el primer paso para que la docencia, mediante auto convocatorias, plenarios de delegados con mandato y congresos provinciales, construya una huelga general que logre imponer el conjunto de los reclamos planteados. Paremos y movilicemos en todo el país por: Aumento general del 100%, por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por cargo, hoy en los $190.000, indexado por inflación. Contra la implementación de la 5ta hora en la escuela primaria. Basta de sobre explotación laboral. En defensa de los regímenes jubilatorios docentes y el 82% móvil sobre los salarios. Construcción de escuelas y nombramientos de los cargos faltantes. Absolucion a Santiago Goodman. No a la criminalizacion de la protesta social. Por un Congreso de Trabajadores. LEER MÁS: Formosa: el 10 de agosto vamos la huelga nacional docente Por Franco Bozzani Bahía Blanca: asamblea docente vota un nuevo paro y jornada de lucha Por Marcos DBT San Luis: terciarios de Villa Mercedes en lucha Por Fabrizio

El martes 2 de agosto, la ex ministra Silvina Batakis viajó a Santa Cruz para firmar una enmienda al contrato central que rige la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (ex Cóndor Cliff y La Barrancosa). El contrato, firmado en 2015 durante el gobierno de Cristina, establecía que la obra sería llevada a cabo por la Unión de Empresas Transitoria, UTE, integrada por Hidrocuyo S.A., Electroingeniería y China Gezhouba group Company Limited. El financiamiento se estableció en cerca de 5.000 millones de dólares que serían otorgados por tres bancos chinos. La enmienda viene a corregir las cláusulas que establecían que la financiación comenzaría a ser reintegrada con los retornos de la represa, la cual, se estimaba en 2015, comenzaría a entrar en funciones en 2020. Las demoras de la obra extendieron estos plazos, provocando la suspensión de la financiación por parte de los bancos de China y obligando, ya en 2021, a Martín Guzmán a redirigir el presupuesto para evitar el parate de la construcción. Hace solo dos semanas los trabajadores, afectados por este impasse, reclamaron salarios adeudados. El viaje relámpago de la ministra, a escasas horas de su renuncia, fue abordado de manera particular por los medios, con argumentaciones para todos los gustos. Sin embargo, lo que quedó claro fue solo una cosa: las represas se transformaron en el objeto de una disputa, en el interior del territorio argentino, entre el capital norteamericano y el chino. El botón de muestra Las represas en cuestión son parte de un mega proyecto cuyo fin es la generación de 1310 MW de energía eléctrica. Sería el segundo complejo hidroeléctrico a gran escala, luego de Yacyretá. Se ubica sobre el río Santa Cruz, que nace de los lagos Argentino y Viedma, alimentados por los glaciares pertenecientes al Parque Nacional los Glaciares. Su cuenca es la más importante luego de las del Río de La Plata y Paraná y forma parte, en su naciente, de la ecorregión de los bosques subantárticos y del Campo de Hielo Patagónico Sur, la última formación glacial continental -actualmente, en disputa con el Estado de Chile-. El rubro de la economía, de un lado, y la ubicación territorial en que las represas introducen al capital chino, son estratégicos. De otro lado, las obras respectivas se iniciaron sin estar respondida la problemática principal que presenta el megaproyecto para el ecosistema circundante. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en un informe solicitado por la Corte suprema en 2016, que suspendió por un año las obras, plantea que es necesario un estudio riguroso de las relaciones entre el río y los glaciares directamente relacionados con él. El nivel que las represas imponen a las masas de agua podría provocar trastornos en el ciclo de los glaciares que aún no han sido lo suficientemente analizados. La corte volvió a habilitar las obras sin dar curso a estos estudios en 2017. La pelea entre capitales se maquilla con color verde En una nota sin firma de autor publicada en Infobae (3-08), el diario desarrolla extensamente los peligros ambientales y culturales que plantean las represas. Afirma que “en mayo de 2015, el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida Gezhouba […] debido a su mala conducta en tres proyectos financiados por el banco en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones”, agrega que la inundación necesaria, podría “destruir tierras ancestrales mapuches”. Infobae omite que, hoy mismo, la mitad de los proyectos energéticos financiados por el Banco Mundial están referidos a la extracción de gas y petróleo, muchos de ellos con el método del Fracking. El “antimapuche” Alberto Assef, quien se rehúsa a reconocer el carácter ancestral del volcán Lanín, en 2015, se apoyó con sorprendente celeridad en la sanción del BM en su intento de frenar la entrada de inversiones chinas. Por su lado, organizaciones no gubernamentales como Fundación Banco de Bosques o Fundación Vida Silvestre se han puesto a la cabeza de una ofensiva judicial contra la construcción de las represas, argumentando que los glaciares no están a salvo y que “las megarepresas no son energía renovable”. La política de estas organizaciones ha sido tejer alianzas con bancos como el HSBC, Santander Río o el Citibank. El capital financiero norteamericano y europeo hace rato ha incursionado en el financiamiento de proyectos de “energía renovable”, por medio del lanzamiento al mercado de “bonos verdes”. Estos bonos verdes, promocionados por webinarios de las mismas ONG, son presentados como la panacea del cuidado del medioambiente. Gran parte de los mismos son utilizados para financiar proyectos como los de energía solar. La producción de energía solar, sin embargo, se encuentra en etapa de investigación. Son conocidas las dificultades que presenta la reutilización de sus materiales y, por tanto, su aporte a la chatarra tecnológica; lo mismo sucede con la energía eólica. El capital financiero, sin embargo, no se ha privado de extraer jugosos intereses de los financiamientos de estos proyectos , a contramano de una “lógica de promoción” de la producción de energía limpia. El pez por la boca muere En otra sección, el mismo día, esta vez sí con firma de autor, Infobae afirma todo lo que le importa de la cuestión de marras: “Alberto Fernández aún espera que en la Casa Blanca confirmen la fecha de su visita oficial a Washington”, y remata, “Biden no encontrará estratégico para su propia agenda doméstica y mundial recibir a un jefe de estado que habilita la construcción de dos centrales hidroeléctricas chinas en su histórica área de influencia”. La guerra comercial entre el capital norteamericano y el capital chino, que ahora ha escalado a una fase bélica, se encuentra en el fondo de la cuestión de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. El capital financiero norteamericano y europeo utilizan el discurso verde como taparrabos de sus verdaderos intereses, la tutela política de Argentina y el acaparamiento de recursos y territorios estratégicos. La única defensa del medioambiente solo será posible manteniendo una crítica independiente de los intereses de los distintos capitales imperialistas que, por igual, han destruido sistemáticamente el medio que nos rodea.

Las listas de Gerardo Zamora ganaron en 25 de los 26 distritos donde tuvieron lugar las elecciones municipales de Santiago del Estero. En el municipio restante -La Banda- ganó un candidato de Sergio Massa, que fue prestamente saludado por el gobernador. Zamora no perdió la oportunidad de demostrar su sostenimiento al superministro, después de los ajustes anunciados durante la semana que pasó. En los comicios municipales, Zamora explotó a fondo el monopolio financiero y mediático que ejerce sobre la política y el aparato estatal de la provincia. Durante la campaña, desplegó recursos cuantiosos en festivales y celebraciones. Disimuló, de ese modo, la realidad de una provincia donde los estatales perciben los salarios básicos más bajos del país –ni qué decir del despojo a la población precarizada y campesina del interior provincial-. A caballo de esa explotación, lucran los contratistas del Estado y grupos capitalistas que constituyen la base de sustento del zamorismo. En cualquier caso, la crisis del FdT no dejó de expresarse, ya que el Movimiento Evita -que se presentó por cuerda separada- logró el 8% en la capital. En esa ciudad, el radical-macrismo terminó a 15 puntos de Zamora, con el 27% de los votos. Política Obrera -a través de la lista presentada bajo la personería Partido por un Santiago Obrero- se presentó en dos municipios, la Capital y Termas. En la Capital, obtuvo 1,46% y 1,48% a intendente y concejales respectivamente. En esa misma ciudad, el FIT-U -integrado por el MST, Izquierda Socialista y el PO oficial- alcanzó el 3,6%. En Termas, donde fuimos la única expresión de la izquierda, arañamos el 2% de los votos. Nuestra campaña se concentró en las reivindicaciones cruciales que expresan la expoliación de las familias obreras en la vida de las ciudades: el transporte errático y caro; el vaciamiento de la salud pública, y un régimen de obra pública que actúa como soporte de la especulación inmobiliaria y de espaldas a las necesidades urgentes de los barrios. Con una plataforma que enmarcó estas cuestiones en la crisis política nacional, desplegamos una intensa agitación en las barriadas de Santiago y Termas, con una destacada participación de las asambleas del Polo Tendencia. Una camada de compañeros militantes, como Adrián Carrascosa, Valeria Morales, Bruno Ruiz y Natalia Ramírez, hicieron, con energía y elocuencia, una gran experiencia como candidatos centrales de una lista obrera. El trabajo desplegado deja una perspectiva de crecimiento en municipales, docentes, desocupados y numerosos grupos de jóvenes.

El pasado miércoles se despidió a un trabajador de la empresa “Pollos San Andrés”, perteneciente al grupo Sánchez & Sánchez, una de las 10 empresas avícolas que concentran el 85% de la producción provincial. El compañero participó de las elecciones sindicales del presente año, donde se eligieron delegados dentro de la planta de aproximadamente 150 trabajadores. El despido se produjo exactamente cuando finalizara el periodo de inmunidad que tiene todo trabajador que se presenta a elecciones sindicales. No obstante, existiría una “lista negra” de trabajadores sindicados como “rebeldes”, por promover reclamos dentro de la planta sobre sus condiciones de trabajo. El convenio colectivo que les corresponde indica una remuneración para el trabajador que ingresa de aproximadamente $80.000, suma que alcanza apenas la línea de pobreza. Antigüedad mediante, en el mejor de los casos los salarios de los trabajadores más antiguos alcanzan los $130.000. No son solo cuestiones salariales las que afectan al sector, sino también las condiciones de trabajo. En dicha fábrica se faenan 85.000 pollos diarios en intensas jornadas de 9 horas. La resultante de semejante exposición termina perjudicando la salud y la vida de todos los operarios, cuyas lesiones musculares son moneda corriente y cualquier reclamo ante los riesgos del trabajo es motivo de “reemplazo” y de descarte. Como respuesta a estos atropellos, se han realizado concentraciones en puerta de fábrica. La reacción de la patronal pretende sentar un precedente de disciplinamiento. Su postura ha sido la intransigencia al reclamo. Este lunes 8 está programada audiencia entre el sindicato y la patronal en el Ministerio de Trabajo. Nos solidarizamos y acudiremos a la misma, exigiendo la inmediata reincorporación del compañero despedido y el cese de conductas antisindicales por parte de la patronal.

El 6 de junio pasado el plantel docente del Instituto Superior de Música Popular y de la Escuela Popular de Música del SAdeM declaró el cese de actividades, en respuesta a la falta del pago de sus haberes desde el mes de abril de 2022. El reclamo fue ninguneado por la directiva hasta la semana pasada, cuando mediante cartas documento rescindió los contratos del personal que facturaba como monotributista e intimó al resto a retornar a sus puestos de trabajo, saldando parcialmente su deuda y aplicando descuentos por los días no trabajados. El 1° de agosto, la mesa de conducción del SAdeM emitió un comunicado por Facebook, señalando que ambas instituciones resultan altamente deficitarias y anunció que la comisión administrativa se abocaría a una restructuración de alcance nacional con carácter federal, sin explicar en qué consiste ni cómo se financiaría. En su comunicado la flamante conducción Celeste afirma haber recibido “un sindicato quebrado” de parte de la anterior dirección Celeste, hoy denunciada por “serias irregularidades administrativas tanto en el ámbito administrativo como en el contable”. Acusar a la anterior gestión por la quiebra no exculpa a los miembros de la nueva, y la continuidad entre ambas gestiones es evidente. Esta “nueva conducción” que llegó con apenas 371 votos, en el contexto de la expulsión de un gran número de afiliados y un fraude fenomenal, es la misma lista Celeste que promovió el voto “a libro cerrado” de todas las Memorias y Balances anteriores, con la complicidad del Ministerio de Trabajo que hoy también mira para otro lado ante los despidos. La respuesta antiobrera del Consejo Directivo ante un reclamo justo de miembros del mismo sindicato nos convoca a rodear de solidaridad el conflicto, en repudio a los despidos y demás represalias que están sufriendo los compañeros y las compañeras sólo por haber reclamado el pago en término de sus salarios, en el marco de un cuadro inflacionario que desvaloriza los ingresos del pueblo trabajador. La experiencia de lo que está ocurriendo con las instituciones educativas del SAdeM pone de manifiesto el carácter de su dirección, a la hora de la defensa de los derechos laborales de quienes trabajamos en un sector donde avanzan la precarización, la informalidad y la desocupación. Por lo dicho, es necesario discutir en cada lugar de trabajo una salida para los trabajadores y trabajadoras de la música de cara a la profundización del ajuste recientemente anunciado por el flamante Ministro de Economía. Como ya ocurrió en otras oportunidades, los recortes empiezan por el área de Cultura, por eso debemos organizarnos en defensa propia y coordinar acciones para poner en pie una gran asamblea que pueda llevar adelante una lucha por todas las urgentes reivindicaciones de los músicos y las músicas.

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), en el transcurso de una semana y por redes sociales, anunció el inicio del reclamo de homologación del convenio de trabajadores de Call Centers y su conquista sin mover más que un dedo de la mano para subir los comunicados a las redes. A pesar de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios–FAECyS y la Cámara argentina de Centros de Contacto cerraron la paritaria de call center con pocos días de diferencia, para el resto del gremio ya pasaron 90 días y por el retraso en la homologación del acuerdo hay muchos trabajadores que aún no cobran los aumentos (18 % en 3 cuotas). Tanto el Ministerio de Trabajo como el secretario general de la FAECyS, Armando Cavalieri, se desentendieron de los trabajadores al dejar a criterio de cada empresa el pago de los aumentos y no bajo una regulación que dé garantías y certezas mínimas respecto al monto del salario que, a pesar de la paritaria, sigue estando bajo la línea de pobreza. Convenio 781/20 para consolidar la precarización El ataque a los trabajadores de call center se materializó con la aprobación del convenio de trabajo 781/20, que ha sido una completa reforma laboral precarizadora. Reconoce implícitamente la insalubridad de nuestras tareas, pero al no sancionarla nos afecta directamente en lo salarial, ya que permite que se paguen las 36 horas como un proporcional de la jornada de 48 semanales. La insalubridad garantizaría que por la jornada reducida cobremos la jornada completa. El convenio encuadra la actividad de los call center en una rama aparte, esta segmentación debilita los reclamos por mejoras en las condiciones laborales y salariales. En los últimos meses se dio otra avanzada patronal que agudiza la precarización y segmentación dentro de las call: la extensión de la modalidad de contrato a término. Los contratos que se renuevan cada tres meses o menos aumenta la inestabilidad y la rotación de los trabajadores dentro de las empresas, y dificulta aún más la organización por temor a perder el empleo. Elecciones y revisión paritaria El anuncio de la homologación de la paritaria es un aspecto positivo para los ingresos salariales de las y los trabajadores de Call Center, pero no fue el resultado de ninguna asamblea informativa y, mucho menos, resolutiva en los edificios. El sindicato evitó debatir, resolver y desarrollar una lucha por ese reclamo organizando a las y los compañeros. Tardaron 3 meses en plantear un derecho que lograron en un abrir y cerrar de ojos, su conquista en menos de 72 horas confirma que es resultado solo de una maniobra electoral en busca de votos perdidos. Los trabajadores no comemos vidrio: son responsables de nuestra desesperante situación. Todos los avances han sido y son producto de la autoorganización de las y los trabajadores, incluida la agrupación Somos Comercio -integrante de la lista Azul de Cavalieri, a quien la conducción del SEC menciona en su comunicado- que han luchado junto a los trabajadores. La campaña electoral que culmina con la votación de septiembre se da en medio de proscripciones a otras listas, como la Roja y Negra, que logró agrupar a un sector del activismo. Es el resultado de un operativo represivo con patotas que empezó en la asamblea de la Junta Electoral y que cuenta con la connivencia del Ministerio de Trabajo. Así se aseguraron una junta 100% oficialista, que dejó incluso por fuera a la lista Granate Morada del patotero Muerza, otro burócrata socio de la patronal del supermercadista Coto. En medio de la disputa de la burocracia por el manejo de la caja del sindicato y la obra social, los trabajadores debemos abrirnos camino, discutir con nuestros compañeros la tarea de recuperar los sindicatos como una herramienta de los y las trabajadoras. Convocar asambleas y salarios igual a la canasta familiar El reclamo por la homologación, que desde hace semanas llevamos adelante los trabajadores, fue desoído por el sindicato hasta el advenimiento de las elecciones. Con la conquista de la homologación, el SEC pretende colocarse como conducción de los reclamos de los y las trabajadoras. Pero no debemos marearnos, porque durante las luchas autoconvocadas de trabajadores, activistas, juntas internas y agrupaciones combativas por el bono de fin de año, o por la exigencia de teletrabajo durante la pandemia, el SEC miró para el costado como los últimos 90 días con la homologación. Las y los trabajadores de comercio nos enfrentamos nuevamente al desafío de tomar en nuestras manos nuestros derechos. Para eso tenemos que organizar asambleas autoconvocadas, como las de finales de 2021, para discutir un plan de acción por el pago de las cuotas antes de las elecciones. Pero también para exigir el reconocimiento por insalubridad y el pago de la jornada completa, el fin de la tercerización y el encuadre correspondiente a cada convenio según la tarea (bancario, telefónico, estatal, etc.), reclamar un salario mínimo igual al costo de la canasta y el repudio a la proscripción a la lista Roja y Negra en las próximas elecciones.

Se cumplen 60 días de lucha de uno de los sectores más grandes e importantes de la salud de Mendoza, que incluye a enfermeras/os, instrumentistas, esterilizadores, camilleros, terapeutas, técnicos, farmacéuticos, etc. En estos dos meses han protagonizado acampes, retención de servicios, cortes de ruta, movilizaciones y asambleas en los distintos efectores públicos. Es que este vasto y vapuleado sector de trabajadores y trabajadoras de la salud desde hace tiempo que viene sufriendo el ninguneo y maltrato gubernamental. Durante el 2020, en plena pandemia, mientras decenas de compañer@s dejaban su vida a causa del virus Covid 19 en sus puestos de trabajo, el gobierno no les dio ni un solo peso de aumento durante todo el año. A pesar de que en el boletín oficial de la provincia declaraban las cuentas con superávit. Durante el 2021, en connivencia con la burocracia sindical, se otorgaban aumentos que estaban muy lejos de una recomposición salarial, y al hacerlo en cuotas, se agudizaba aún más la pérdida del poder adquisitivo de todo el sector. Sin que se le moviera un pelo, el Día de la Sanidad el gobernador realizaba un acto en un hospital público y entregaba diplomas y agradecía al personal de la salud “por su entrega”. Hoy se encuentra todo el sector en pie de lucha, y en medio de un paro que vaticina extenderse –sólo se atienden guardias mínimas. Sus reclamos son mejoras salariales, ya que en su gran mayoría percibe sumas inferiores al valor de la canasta básica de alimentos; y por el pase a planta permanente de más de 1.300 compañer@s que trabajan en negro y sin percibir aguinaldo ni vacaciones. También luchan contra la persecución laboral que padecen en sus lugares de trabajo, delegados y/o congresales, que tratan de organizar a sus compañeros para que salgan a luchar. Luchan contra un sistema en descomposición y un gobierno que a pesar de que los intenta amedrentar por todos los medios, e invisibilizar en sus reclamos; no están dispuestos a dar ni un paso atrás en esta lucha por sus reivindicaciones. Por eso además de mantener estas medidas de fuerza, el miércoles 10 saldrán a movilizarse junto a l@s docentes, judiciales, y otros sectores estatales, y organizaciones sociales, en lo que probablemente será una manifestación multitudinaria por las calles de Mendoza, frente a un gobierno que camina por la cornisa. Se comienzan a gestar condiciones para organizar una huelga general.

El aristocrático Colegio del Salvador, fundado por los jesuitas en 1868, es uno de los pocos exclusivamente para varones que quedan en el país. Con una cuota de 65.000 pesos, El Salvador se jacta de brindar a sus alumnos una rigurosa formación moral y religiosa. A mediados de julio, dos ex alumnos, Gonzalo Elizondo y Pablo Vio, denunciaron la catadura de esa “formación moral y religiosa”. En 2002, cuando tenían 10 y 11 años, fueron abusados por el cura César Fretes. Pero ya hay una docena de ex alumnos que atravesaron las mismas vejaciones. Uno de ellos contó que, en su momento, su familia denunció situaciones de abuso contra tres chicos. El entonces director, Rafael Velasco se limitó a trasladar a Fretes ¡al colegio de los jesuitas en Mendoza! El encubrimiento no dificultó su ascenso: Velasco es hoy el “superior provincial” o sea el jefe de los jesuitas para Argentina y Uruguay. En una reunión privada, las autoridades del colegio se disculparon con Gonzalo y Pablo y les pidieron discreción. Gonzalo le escribió al papa Francisco, que también es jesuita, pidiendo que intercediera: nunca le contestó. El abuso sexual de alumnos y fieles, y el encubrimiento de los abusadores, son una política de larga data en las instituciones confesionales. A mediados del siglo XIX, Pío IX estableció que los delitos ocurridos en un contexto sacramental eran confidenciales y debían ser resueltos exclusivamente dentro de la Iglesia. Ya en el siglo XX, Pío XI determinó que no se podía expulsar a los abusadores de la Iglesia excepto cuando no hubiera ninguna esperanza de mejora. El Vaticano, por ejemplo, nunca revocó la condición religiosa del cura Grassi, que sigue siendo sacerdote de pleno derecho. La complicidad del papa Francisco con los abusos es incontestable. Por dar solo un ejemplo: el mismo año en que Bergoglio asumió el papado estallaron en Italia los abusos sexuales y torturas ocurridas contra decenas de chicos sordos en una sede del Próvolo en Verona. El Vaticano trasladó a varios de los acusados a la Argentina, entre ellos a Eliseo Primati y Nicola Corradi, uno de los principales implicados, que quedó al frente del Próvolo de La Plata. Cuando años después estalló la denuncia por abusos en La Plata, la Iglesia trasladó a ambos al Próvolo de Mendoza, donde repitieron las tropelías. Hoy Primati y Corradi cumplen más de 40 años de condena por las violaciones y castigos físicos de los niños sordos de Mendoza, a pesar de los esfuerzos del enviado de Bergoglio por enmascarar las vejaciones. Corradi, domiciliaria por “problemas de salud”. La política de trasladar a los denunciados “para evitar la reincidencia” surge de una instrucción de Juan XXIII en 1962, que incluye la advertencia de que las víctimas y testigos que apelen a la Justicia laica o revelen los abusos a extraños a la Iglesia serán excomulgados. El Derecho canónigo (canon 489), además, estipula que debe haber un archivo secreto y que cada año deben ser destruidos los documentos que involucren a sacerdotes condenados una década atrás o ya fallecidos. Más claro: el Vaticano ordena destruir las evidencias. Como bien señala BishopAccountability.org, una organización internacional que documenta casos de abusos de la Iglesia, la responsabilidad delictiva por las violaciones y torturas del clero no se agota en el sacerdote victimario sino que abarca al obispo de su diócesis -cuya función es revictimizar a los denunciantes y activar el mecanismo para obstruir la justicia- y especialmente al Vaticano, que diseñó y perfeccionó durante siglos un andamiaje confesional de normas y reglas para garantizar la impunidad. En el caso de la Argentina, BishopAccountability.org identificó “alrededor de 100 clérigos en Argentina que fueron denunciados por abusar sexualmente de menores de edad o de adultos en situaciones vulnerables” (Clarín, 21/7). La Iglesia es una institución que predica la sumisión y reniega de los derechos más elementales. El castigo por desobedecerla es el Infierno, o sea la condena a un campo de torturas eterno. Eso la convierte en una aliada indispensable del régimen de explotación. Los abusos y torturas que ejecuta el clero urbi et orbi no se explican por alguna perversión individual de sus miembros sino por una ideología y una función impregnada de oscurantismo, violencia y autoritarismo. Hay que exigir la cárcel para los violadores y sus encubridores. Y que la Iglesia sea excluida de toda función asistencial y educativa.

Una asamblea de pilotos se realizó ayer en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 13:30 y las 16:30 en reclamo de una actualización de la paritaria del Sindicato APLA. La medida se dio en el marco de una serie de negociaciones entre las empresas Intercargo y Aerolíneas Argentinas con los gremios aeronáuticos (APA, APLA, APTA, UPSA). Las negociaciones iniciadas el 22 de julio pasado se vieron empantanadas por las modificaciones en el Gabinete desde la designación de Sergio Massa cómo ´súperministro´. El nuevo "régimen de caja" y el congelamiento de las incorporaciones al Estado condicionan cualquier recomposición salarial. En ese sentido, Pablo Biró, Secretario General de APLA, tomó la decisión de convocar a la asamblea, sólo de los pilotos, en dónde se planteó además del reclamo salarial la implementación de un Convenio Marco por actividad y la reinserción laboral para pilotos despedidos por otras empresas. “El plan de lucha recién está empezando” dijo Pablo Biró, titular de APLA en una entrevista en la radio 990. Y anticipó que habrá medidas durante el fin de semana largo de esta semana. Como resultado de las tres horas de asamblea, se provocaron una serie de demoras y más de 10 cancelaciones en el Aeroparque metropolitano. Según comunicó Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) todos los vuelos con problemas fueron de Aerolíneas Argentinas, y no se habrían visto afectadas las operaciones de JetSmart y Flybondi. Según Aerolíneas, hubo 16 vuelos cancelados y 41 demorados. En un comunicado, la empresa denunció que la medida es de claro contenido político porque tiene como único objetivo condicionar la política aerocomercial y económica del gobierno y que la paritaria todavía se encuentra vigente. Los gerentes que responden a La Cámpora defienden como propio el congelamiento de la planta y el nuevo régimen de caja de Sergio Massa. Esta defensa abierta de los funcionarios de la Cámpora al ajuste contra los trabajadores deberá llevar a los trabajadores aeronáuticos y a sus dirigentes a agotar una experiencia con el kirchnerismo. El último acuerdo alcanzado por los gremios con la empresa fue en marzo pasado. Allí habían firmado un incremento salarial del 44% a hacerse efectivo entre marzo y julio de 2022, con cláusula de revisión pautada para agosto. Con una perspectiva inflacionaria que se encamina hacia el 80% anual, la empresa debería agradecer que la medida de fuerza es solo una asamblea de tres horas. Es claro que la asamblea se trata solo de una medida de advertencia, en la que solo participaron los pilotos de APLA. La discusión del salario, que empezará a recalentarse en todos los lugares de trabajo, deberá ser discutida en una asamblea general de aeronáuticos dónde se discute qué recomposición salarial se reclama y que plan de lucha llevan adelante.

Este miércoles 10 de agosto se realizará en Jujuy una nueva marcha para exigir el cese de la persecución y el cierre de las causas a los luchadores. La criminalización de la protesta por parte del gobierno provincial se ha hecho eco en una política nacional de ataque a las organizaciones sociales, con allanamientos, procesamientos y detenciones en varias provincias del país. El gobierno provincial ha decidido espiar a todas las fuerzas opositoras al gobierno que se movilizan de manera “preventiva” y ha conformado un expediente con la identificación de todos los dirigentes de organizaciones sociales, políticas y sindicales que se movilizan en la provincia, entre ellos está también Iñaki Aldasoro, de Política Obrera. Con este expediente el gobierno ha llevado adelante una serie de allanamientos en locales y domicilios particulares. Recientemente el fiscal Funes ha declarado que, entre los materiales que se tomaron de los allanamientos, encontró en un cuaderno escritos donde plantean la hipótesis de “atentados” (Todo Jujuy, 3/8). En realidad se trata de una maniobra del gobierno para extender las investigaciones y habilitar medidas extraordinarias bajo una figura penal mucho más dura que la de extorsión simple con que se inició la causa. Este mecanismo de la incorporación sistemática de denuncias sobre una misma causa ya lo hemos visto con la detención de Milagro Sala, que iba sumando nuevas denuncias al ritmo que se iban agotando las denuncias originarias. Al momento de hoy no hay ninguna persona imputada ni tampoco previstos nuevos allanamientos; sin embargo, con esta nueva denuncia el gobierno pretende otorgarse nuevos poderes para justificar lo actuado e inclusive ir por más. Morales busca con estas provocaciones crear un cuadro de desorganización de los desocupados en medio del ajuste en una provincia ya deprimida que tiene los salarios más bajos del país. Desde hace 7 años que las paritarias se cierran por decreto a la baja desde la Casa de Gobierno. Desde ya esta política tiene límites concretos, más aún en medio de una crisis que arrastra a más de la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza. La avanzada de Morales choca con los límites de un estado quebrado y con el fracaso de su programa de gobierno, que ha llevado a los niveles pobreza actual. El clima social, además se está caldeando, a los tarifazos de los servicios y el transporte, se suma la situación cada vez más crítica de los trabajadores estatales, quienes en lo que va de año solo han recibido una paritaria del 20% en cuotas. Hace una semana la justicia provincial viene de sobreseer a los militantes del Aji20 imputados en una causa por unos grafitis contra Morales en 2021. Los autoconvocados de Salud siguen movilizando; recientemente la separación de su puesto de trabajo de un trabajador de Rentas que expuso los desmanes de los recursos de la provincia, movilizó a todo un sector que ha anunciado su participación de la marcha de mañana. La política de ´avanzada´ sin base de sustentación obliga al gobierno a recules y volantazos. Este miércoles llamamos a movilizar masivamente y a copar la plaza con todos los sectores en lucha y con los reclamos pendientes. Llamamos a los obreros que están reclamando aumento salarial frente a la pasividad de sus direcciones sindicales aliadas al gobierno a ir a la plaza a levantar sus reclamos, a los usuarios que han recibido ya aumentos del 200% y el 300% de la boleta de la luz a acercarse a manifestar el rechazo a estos nuevos tarifaros, a los que pelean por trabajo genuino, contra la persecución Derogación del código contravenciones. Abajo la criminalización de la protesta social. Basta de persecución. Abajo los tarifazos. Por trabajo genuino y por un salario mínimo igual a la canasta familiar. Por un congreso obrero y la huelga general.

El 1 de agosto comenzó el juicio por el brutal femicidio de Ana Ríos, ocurrido hace 4 años en Tucumán. La joven fue arrojada desde el balcón por su novio, Facundo Guerrero. El femicida rápidamente montó una operación para presentar los hechos como un suicidio. La policía no preservó la escena del crimen porque ni bien llegó al lugar creyó la versión de Guerrero. Luego este usó las influencias de su familia -su madre es funcionaria en la provincia de Jujuy- para garantizarse impunidad. Pese a que, de manera inmediata, la familia de Ana y los amigos salieron a desenmascarar el relato del femicida, la fiscalía actuante no realizó la autopsia. El supuesto despido de Ana fue desmentido por su empleador. Sus amigos la describen como una persona llena de proyectos. La joven estudiaba Veterinaria, estaba por ingresar a una pasantía y quería recibirse para volver a su ciudad natal (Jujuy). Las amigas de Ana relataron la violencia de género que sufría Ana por parte de Guerrero. En una oportunidad ya la había arrastrado por las escaleras y fue rescatada por una joven que pasaba y vio la escena. Si bien había una denuncia de este hecho nunca se investigó y se archivó y en el actual juicio no es considerado como antecedente. Al operativo de impunidad, se suma la presencia de la jueza Freindeberg en el tribunal. Fue destituida por liberar a un peligroso delincuente y reinstalada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Es conocida por su posición amigable hacia policías y femicidas. Las amigas y amigos de Ana desde el primer momento se movilizaron para exigir justicia. Estuvieron presentes en las distintas instancias de la causa y con el inicio del juicio llamaron a las organizaciones a movilizar por el reclamo de justicia. ¡Ese es el camino que hay que continuar para arrancar justicia!

El Polo Obrero Tendencia se suma a la movilización de organizaciones piqueteras del miércoles 10 y a sus demandas, proponiendo elevar el carácter reivindicativo de las mismas a una lucha política que responda a los intereses del conjunto de la clase obrera. La huelga docente de CTERA arrancada por la lucha autoconvocada de 10 provincias en lucha, de estatales, portuarios, municipales, del neumático, expresan la tendencia a una lucha de carácter general. En oposición a esa tendencia, la burocracia sindical de la CGT y la CTA y la de las ´organizaciones sociales´ oficialistas han comprometiendo el apoyo de sus aparatos al gobierno fondomonetarista de los Fernández-Massa. Los trabajadores debemos preparar sistemáticamente una alternativa al derrumbe del gobierno de “Todos” mediante coordinadoras de lucha, asambleas, congresos y la huelga general. La crisis terminal del gobierno coloca en la agenda política el gobierno de la clase obrera. Hasta ahora las movilizaciones de los desocupados por trabajo genuino, vivienda, asistencia a los comedores, aumento del cupo de subsidio, han sido respondidas negativamente. El bono de $11.000 por única vez se evaporó. Nos movilizamos por: Por un aumento salarial y jubilatorio del 100%. Trabajo genuino. Bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones piqueteras con representantes electos en asambleas. Seguro al desocupado igual al 80 % de la canasta familiar. Plan de obras públicas. Contra la persecución y la represión a los luchadores. El Polo Obrero Tendencia se concentra 10hs en Callao y Corrientes.

El domingo 7 de agosto realizamos el acto de Política Obrera en Presidente Perón, como parte de la campaña de actos votada en el Congreso del Polo Tendencia de Lanús. Más de 200 compañeros y vecinos de los distintos barrios del distrito se acercaron al club Defensores de Las Lomas. El cierre estuvo a cargo de Jorge Altamira. En el acto se destacaron las intervenciones de compañeras sobre diferentes aspectos. La denuncia contra un gobierno que niega la asistencia a los merenderos, y que lleva a que éstas compañeras actúen -en palabras de Altamira- como "un Estado dentro del mismo Estado", por el nivel de organización que llevan adelante para poder sostener ellas esos merenderos y ollas que se multiplican en los barrios. Las compañeras también intervinieron sobre la situación de la mujer trabajadora y sobre la precarización laboral dentro del Potenciar Trabajo, escondida detrás de la “economía popular”. En todas las intervenciones hubo un punto en común: el derrumbe de este gobierno, y la necesidad de un congreso de trabajadores y luchadores que impulse una huelga general. Estas compañeras que se han transformado en dirección del Polo Tendencia en la regional se encuentran en un proceso de pasar de ser activistas barriales a militantes de un partido revolucionario. Marcela: El pasado 16 de julio en la Asamblea abierta de Trabajadores subimos al escenario en conjunto compañeras/os de la mano de Bárbara Carrillo, y fuimos conocidas como las mujeres de Pte Perón. Todas nosotras somos amas de casa que salimos a dar lucha por las necesidades de nuestros hijos, así como a los hijos de cada familia que lo requiera. Llevamos adelante las actividades de merenderos y ollas populares en los diferentes barrios de Guernica, barrios en los que la necesidad y precariedad está a la orden del día. Hablamos con los vecinos invitándolos a que formen parte de nuestra lucha junto al Polo Obrero Tendencia. Ante el derrumbe de estos gobiernos y la falta de respuesta, nosotras damos día a día una acción de batalla para hacer que la necesidad sea menos y realizamos diferentes actividades para sacar adelante la comida y meriendas de cada día; hacemos bingos barriales, rifas, recibimos donaciones y hasta ponemos dinero de nuestros bolsillos para llevar a cabo está asistencia a los barrios más necesitados. Es un orgullo pertenecer a este grupo de compañeras que se arremangan a lo que viene. María (le damos la palabra a compañera Mirtha) Mirtha: Nosotras somos del Merendero Conquistando Sonrisas. Un grupo mínimo de compañeros dimos inicio en octubre del 2019 junto a Verónica Núñez a la Tendencia en nuestro distrito, luego de la separación del Polo oficial. Todas nosotras estábamos a la deriva, pero siempre nos mantuvimos unidas. Teníamos una iniciativa, no recibíamos ninguna ayuda por parte del estado, no nos daban nada para sacar adelante la actividad. Tres meses después recibimos productos navideños, que no alcanzaba para todos los compañeros, y así y todo nosotras fuimos a buscar esos bolsones en el tren. Era y es tanta la necesidad que no se podía desperdiciar nada, nos organizábamos cómo podíamos, como nos salía. Con todos los altibajos seguimos creyendo que se puede sacar este barrio como todo, luchando sin bajar los brazos. María (Le pasamos la palabra a la compañera Patricia) Patricia: Nosotras somos del Merendero Los chicos del Barrio. Un grupo ingresamos a la organización de la mano del compañero Mario Trimarco en el año 2019. Entramos sin cobro, pero ese no era nuestro problema. Nuestro problema era cómo resolver las diferentes necesidades que se presentaban en nuestros barrios y el principal problema es el hambre… Pero necesitábamos una guía que nos asegure poder tener la fuerza día a día para sacar las actividades. Y estaba la Tendencia esperándonos con los brazos abiertos, haciendo hasta lo imposible para conseguir lo necesario para poder trabajar. Nuestra labor no es solo hacer leche y torta fritas todos los días, nuestro pensamiento fue más allá, como nutrir y satisfacer a los niños que asisten a nuestros merenderos. Hacemos alfajores, pancitos saborizados, bizcochuelos, pasta frolas y todo lo que esté a nuestro alcance para nuestros chicos del barrio. Gracias. Maria (Le damos la palabra a la compañera Nelly) Nelly: Nosotras somos del Merendero Rayitos de Esperanza. La apertura de nuestro merendero fue en plena pandemia. Nos arremangamos y nos pusimos en primera línea y denunciamos al gobierno que siempre se lava las manos a la hora de hacerse cargo de los problemas. Recibiendo 5 kilos de leche, una caja de galletas de agua o 3 kilos de fideos y 6 unidades de pure de tomates cada 20 días para solventar las necesidades de los chicos y adultos mayores que asisten diariamente a los comedores, y, así mismo sacamos olla y merienda adelante. Todos necesitamos de estas intervenciones para que conozcan por qué estamos acá y que es lo que hacemos para abrir este frente de lucha en el que nos coloca el estado. Somos familias desocupadas que nos pusimos al pie del cañón sin importarnos el tiempo que esto nos lleve, sin importarnos la criticas. Solo sabemos que nos tenemos que levantar todos juntos y encontrar una salida y luchar por un Congreso Obrero. Gracias. María (le damos la palabra a la compañera Hilda) Hilda: Qué orgullo da trabajar al lado de todas estas mujeres, no? Son muy fuerte las historias que hay detrás de cada rostro. La realidad es que la mayoría venimos escapando del maltrato y abuso de diferentes organizaciones que pregonan asistir y trabajar por un mundo mejor… ES MENTIRA… acá hay compañeros que han tenido que ir a desmúgrales la casa a los “referentes” con amenaza, multas, maltrato y hasta tocamientos. Compañeros descargando toneladas de mercadería de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, obligados a los gritos como animales. Sin importar si iban embarazadas, personas de riesgos o con hijos… y así podemos estar horas contando cada historia, pero la realidad es que además de hambre, en este distrito hay carencia de asistencia sanitaria y falta de viviendas. Pero acá estamos todos nosotros. Quiero agradecer esta convocatoria, ya que tenemos que discutir cómo vamos a enfrentar esta situación en la que nos ha colocado el gobierno. Los felicito a todos los presentes es muy importante está convocatoria ya que vamos hacer historia porque necesitamos más asambleas y congresos para mostrar nuestra lucha. Tenemos que organizar una huelga general porque nos tenemos que poner al frente y mostrar el movimiento de desocupados que hay. Está pandemia dejo más de 5 millones de desocupados, más la precarización laboral,la falta de derechos y tenemos que luchar porque no nos están garantizando nada. Al contrario están utilizando a estas organizaciones maltratadoras para reducirnos más los salarios y dejarnos sin cupos disponibles. Todos los compañeros del plan estamos siendo convocados y fiscalizados por los municipios y universidades para limpiar, arreglar escuelas Y ser parte de una ´economía popular´ que no es más que una estafa para que los responsables se queden con el dinero que los compañeros recaudan con sus actividades. Los municipios se quieren valer de nosotros, los mal llamados ´planeros´, para hacer de manera precaria lo que ellos no hacen y así nos tienen con las calles destrozadas, con unidades sanitarias resueltas y hasta con la más alta problemática habitacional de la provincia de Buenos Aires. Coordinemos compañeros contra este capitalismo que no tiene comida ni salud ni viviendas y ninguna salida para los vecinos de Presidente Perón y para los miles de pobres que tiene este país. Luchemos por una huelga general y por una clase obrera. Gracias. Azucena: Buenas tardes, compañeros. Yo quería hacer una intervención sobre las problemáticas que tienen las mujeres hoy en día, ya que cumplen un rol fundamental en las organizaciones sociales. Casi el 100% de ellas son organizadas por mujeres que salen a la lucha por las reivindicaciones y que hoy en día son señaladas como que “están en una organización para poder cobrar un plan o que traen al mundo hijos para cobrar un plan". El otro día escuché al diputado José Luis Espert que decía que hay que hacer un control de la natalidad en los hogares pobres. Sinceramente, compañeros, yo repudio lo dicho por este diputado ya que ninguna mujer trae al mundo hijos para poder cobrar un plan. El Estado es responsable de no dar medidas a la hora de plantear una planificación familiar, ya que si vas a las salitas no hay insumos, ni mucho menos asistencia. Cuando vas a pedir pastillas anticonceptivas directamente no las tienen; y si las tuvieran, te las dan próximas al vencimiento. Si una mujer recurre a una farmacia particular, se encuentra con una suba mensual de precios de estos productos ya que, con la inflación existente, el gobierno está más preocupado por el FMI que estar controlando los precios de los medicamentos. Me parece de suma importancia que seamos escuchadas, ya que no sólo es un problema de la mujer sino también del hombre, porque tanto hombres como mujeres pueden recurrir a cirugías para no poder tener hijos. Esto no solo tiene que significar presión sobre nosotras, porque un hombre puede recurrir a una vasectomía. Me gustaría que los compañeros tomen conciencia. No solo es la lucha de la mujer. Compañeros: siempre voy a señalar la importancia que tiene la mujer dentro de las organizaciones piqueteras. Como nosotros no actuamos de manera asistencial, muchas veces nos encontramos con mujeres que han padecido todo tipo de violencia. El Estado es responsable de dar el apoyo necesario para que puedan salir adelante. Muchas veces ellas, porque no tienen los medios económicos como para solventar un hogar solas con sus hijos, prefieren quedarse y en muchos casos arriesgando sus propias vidas; mujeres que deciden no separarse de sus hijos y recurren a una organización social, y si llegaran a dejar a sus hijos y sucede esto que le paso a la compañera Yolanda Vargas, que le abrieron una causa por abandono de persona por ir a buscar el pan para sus hijos. Por esto y mucho más decimos que el Estado es responsable, y pedimos, por lo menos como partido y organización, que nos den herramientas o algún tipo de contención para poder nosotras actuar para ayudar a nuestras compañeras que hoy día sacan adelante ollas y merenderos a todo pulmón, ya que la miseria que nos da el Estado no alcanza. A todo esto le decimos basta y pedimos una huelga general. ¡Gracias, compañeros!

Los distintos gobiernos de turno han hecho muy bien los deberes exigidos por el FMI de convertir a la jubilación en una miserable pensión a la vejez. Hoy cobramos la indigencia de un haber mínimo de $ 37.000. Para luchar contra este brutal ataque a nuestras condiciones de vida, desde hace muchos años los miércoles a las 14 horas, un conjunto de organizaciones de jubilados y pensionados nos convocamos en el Congreso Nacional enfrentando el frío del invierno y los calores del verano. A muchos ni la pandemia los detuvo. El movimiento de jubilados y pensionados en el día de hoy está muy fragmentado y atomizado en un sinfín de pequeñas agrupaciones que impiden una respuesta en común. Los centros de jubilados solo se dedican a organizar partidos de bochas y de cartas. Los burócratas de la CGT solo movilizan a los jubilados para las elecciones sindicales y hoy apoyan los acuerdos con el FMI, que son la demolición del régimen previsional. Haciendo historia en la memoria de los trabajadores, está guardada la imagen de Norma Plá, una piquetera de pura cepa. En 1991 su movimiento de jubilados que reclamaba el aumento de jubilaciones y pensiones cortaba todos los miércoles la calle Rivadavia frente al Congreso nacional. Dirigía un grupo de jubilados de Plaza Lavalle, durmió más de 100 días en dicha plaza como protesta. Tuvo varios procesos judiciales y se solidarizaba con las luchas obreras como la del ferrocarril Roca. Su valiente militancia individual no llegó a desarrollarse y a potenciarse. En esos años, como ahora, los burócratas de la CGT eran enemigos de las reivindicaciones obreras. Y la izquierda democratizante de entonces, como ahora, cifraba expectativas electoralistas y parlamentaristas. Esta política se combinaba convirtiéndose en un muro de contención de las luchas de trabajadores y jubilados. Hoy enfrentamos un desafío que es de construir un poderoso movimiento de jubilados y pensionados y ligar nuestras luchas al conjunto de los obreros ocupados y desocupados, para enfrentar esta barbarie. Debemos impulsar un Congreso Obrero que aglutine todas las luchas que día a día van acrecentándose por todo el país para confluir en una huelga general hasta obtener nuestros reclamos. El fantasma de una rebelión popular a esta barbarie está a la vuelta de cada esquina. Por un aumento de emergencia de $ 70.000 a todos los jubilados y pensionados, por medicamentos y prestaciones al 100%, por la restitución de los aportes patronales, por un PAMI y ANSES dirigido por afiliados y trabajadores, por un haber mínimo igual a la canasta familiar son algunas de las consignas que unifican. El día sábado 13 de agosto a las 14,30 horas en la sede del sindicato docente Ademys en la calle Solís 823 de CABA un conjunto de agrupaciones y activistas hemos decidido convocarnos para debatir como damos una lucha en común. Convocan la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), Jubilados Insurgentes, Jubilados de la CTA de Lomas de Zamora y Almirante Brown, Jubilados Clasistas y activistas independientes.

La largamente anunciada “marcha de la CGT” finalmente se realizará el 17 de agosto, si es que no se levanta antes. Desde que se comenzó a hablar de la misma, tenemos un superministro, ha cambiado medio gabinete, el dólar pasó de 200 a $300 y la inflación anual rondará el 100%, derrumbando los salarios pactados en las distintas paritarias. La movilización cegetista fue concebida en medio de la crisis que siguió a la renuncia de Martín Guzmán, en un cuadro de críticas de la burocracia piquetera que ocupa funciones de gobierno. Fue desde el comienzo una acción para evitar un desplome del gobierno, que hubiera dejado a la burocracia de la CGT sin paraguas político y con la amenaza de una división. La designación de Massa como ‘superministro’ no alteró el objetivo político de la marcha, aunque introdujo algunas modificaciones. Una es la disputa acerca de si hay que volver a adelantar paritarias, o subordinarlas a un único aumento fijado por decreto. Una mayoría clara de la burocracia rechaza esta alternativa, porque la saca del escenario político; esta resistencia ha llevado a Alberto Fernández a proponer un nuevo pacto social, precedido por una reunión entre la UIA y la CGT. Otra cuestión es que Massa prefiera que no haya una marcha, ni siquiera en su apoyo, para calmar las aguas, en medio de negociaciones para conseguir dólares para el Banco Central, contrayendo nuevas deudas para el Tesoro. Lo que sigue indudablemente en pie es la absoluta necesidad de la burocracia de sostener al gobierno y darle un apoyo político, para que la situación en su conjunto no adquiera características prerevolucionarias. La marcha es una acción de aparato, que no convoca de ningún modo a los trabajadores; es, al contrario, un esfuerzo por mantenerlos apartados, cuando en todo el país y en especial en Mendoza se registran huelgas de distinta magnitud, en fábricas, en la salud y en la educación. La burocracia ha refrendado su apoyo al gobierno y en particular a Sergio Massa, que ha anticipado una ruta de “súper-ajuste”. Un sector de la CGT, que apoyaba a Cristina Fernández, chocaba con quienes apoyaban a Alberto Fernández. Ahora la crisis del gobierno le cambió el “arco” a la CGT, porque Massa cuenta con la complacencia de la Vicepresidenta. Después de años de inmovilismo, la CGT ha reiterado que la marcha no tendrá oradores ni reclamos hacia el poder político; una razón más para suponer que podría ser desconvocada. Sólo se leerá un documento dirigido contra los llamados “formadores de precios”, como si la inflación no fuera resultado de una determinada política conjunta del Estado, los ´formadores´ en cuestión y el FMI. Los funcionarios de Massa están empeñados en contraer nuevas deudas en dólares, para que el Banco Central pueda producir una devaluación “ordenada” que satisfaga la presión del capital agrario y la agroexportación, y promueva una mejora de la cotización de la deuda externa. Podría estar acompañada por un desdoblamiento entre un mercado comercial y otro financiero. Una marcha de aparato de estas características -apoyar a los ajustadores para cumplir con el FMI- debe ser simplemente repudiada. Los aumentos de suma fija son un método de gobierno del kirchnerismo, que tiene el propósito, en este caso, de achatar las escalas salariales. Aplicada a los jubilados, quienes cobran la mínima pasaron del 20% al 80%, desde 2005 a la fecha. Es también un intento de destrucción de los convenios laborales, ya golpeados por los acuerdos “de empresa” que han aprobado el conjunto de los burócratas sindicales, incluyendo el trabajo a destajo. En este cuadro, Pablo Moyano ha encontrado “razonable” al anuncio de Massa de otorgar un aumento fijo, reforzando así el carácter oficialista de la marcha del 17. La CGT omite puntillosamente las mil razones que existen para impulsar una huelga general por las reivindicaciones obreras. “Marchemos contra la CGT” El FIT-U ha decidido hacer otra marcha en el mismo día, bajo la etiqueta de un Plenario Sindical Clasista que no pasa de ser un sello. Por eso convoca a la Unidad Piquetera para dar volumen a la marcha, lo que podría provocar disidencia en la UP. La contramarcha contra los sindicatos que se encuentran en la CGT ha sido expuesta claramente por el MST, con un llamado a no ir a la marcha de la CGT y participar en la del PSC. La contramarcha del FIT-U no tendrá casi ninguna representación de sindicatos y el grueso será integrado por sectores del movimiento piquetero. Estamos, en primer lugar, ante un volantazo político grosero, porque hasta ahora han rechazado impulsar una campaña de agitación a favor de una huelga general, con el argumento de que es la burocracia de la CGT la que debe organizar un paro nacional y supervisar un plan de lucha. Es claro que la pata sindical del gobierno no habría de hacer ni una cosa ni la otra. Las direcciones de la Unidad Piquetera, vinculadas al FIT-U por medio del PO oficial y el MST, se han entrevistado recientemente con la dirección de la CGT con ese propósito, e incluso se acercaron a otras espadas del gobierno como Juan Grabois con la misma finalidad. El argumento empleado para justificar esta subordinación política a la burocracia, que ya marchó para defender el acuerdo con el FMI y luego ha decidido hacerlo para rescatar al gobierno, es que la clase obrera debía "hacer la experiencia" con la burocracia de los sindicatos. Ahora llaman, por el contrario, a sabotear la marcha cegetista, el 17, y concurrir a otra –la que convoca el FIT-U, confiado en la asistencia de la Unidad Piquetera-. Históricamente, cuando la izquierda ha querido diferenciarse de la burocracia de la CGT, organizaba una columna propia en las marchas de ésta. La contramarcha de las corrientes sindicales del FIT-U invocan un Plenario Sindical Combativo que no pasa de ser un sello. A su poca representatividad añade el hecho de que toma decisiones sin consultar a lo que serían sus bases sindicales. Ahora recobra vida para llamar a marchar contra la CGT, en medio de una crisis fenomenal del régimen político y del gobierno. Esta metodología no es desconocida en el movimiento obrero y socialista internacional, pues se enmarca en la agotada política del “infantilismo”, que consiste en oponer a los sindicatos burocráticos y al reformismo una autoproclamación marginal. En algunos casos históricos, este “infantilismo” llegó a convertir al reformismo y a la burocracia en el enemigo “principal”, como ocurrió, en un contexto propio, con los montoneros, que con la política del “retorno de Perón” provocaron la derrota del período revolucionario abierto por el Cordobazo. La autoproclamación que se busca en este caso es electoral. La expectativa es que los diarios del día siguiente señalen que hubo dos marchas obreras con distinto significado. Solo falta el anuncio de algún corte de ruta a las 8 de la mañana. En momentos en que la crisis de dirección de la clase obrera vuelve a su pico, es necesario un debate sobre todo esto. En primer lugar la marcha que convoca la burocracia, con muchas vacilaciones, para apoyar a Massa y al FMI, y en segundo lugar el despropósito de una marcha contra la CGT.

Los vecinos del barrio La Hermosa, en Almirante Brown, vienen realizando una serie de cortes en la avenida Espora, a la altura de Garibaldi, exigiendo un transformador para el barrio, ya que hace más de cuatro meses se encuentran con una tensión menor a los 50 watts de potencia o directamente sin nada de energía eléctrica. En el último corte que hicieron, el lunes 8 de agosto, montaron una olla y permanecieron más de seis horas sin respuesta positiva de parte de Edesur, ni del municipio de Almirante Brown. Por esta razón, al día siguiente, se dirigieron a las puertas de Edesur, nuevamente sin respuesta favorable. Estos piquetes son realizados casi exclusivamente por las mujeres del barrio. El barrio La Hermosa está conformado por más de 800 familias que viven allí desde hace más de siete años, aunque su población tuvo un ascenso durante la pandemia, donde muchas familias vieron la oportunidad de tener un pedazo de tierra a un bajo costo y en cuotas, a través de un supuesto dueño que vendió los lotes más alejados de la avenida Espora. Esto terminó siendo todo un negociado trucho, donde intervinieron también las inmobiliarias del distrito. En conclusión, estas familias que compraron los terrenos hoy figuran como ocupantes de una usurpación que jamás existió. Al mismo tiempo, el barrio, que fue creciendo en cantidad de habitantes, quedó estancado en su urbanización. El único generador para todo el barrio no da abasto para las necesidades del conjunto de las familias, que se encuentran viviendo a vela, con el peligro que esto implica. Muchas viviendas se han incendiado producto de esto, además de no contar con agua, ya que todos tienen bombeadores eléctricos. Tampoco se realizó asfaltado. Por lo tanto, las familias que viven al fondo de la entrada del barrio tienen que caminar 15, 20 y hasta 30 cuadras para poder tomar un colectivo, o llevar a los niños al colegio. Hay madres con hijos discapacitados que ya han tenido que cambiar dos veces en el año las sillas de ruedas. En los días de lluvia, es prácticamente imposible poder salir del lugar. La descripción del barrio es totalmente opuesta a la que hizo el concejo deliberante de Almirante Brown. A mediados del año pasado, a pedido del bloque del Frente de Todos, se votó una ordenanza por la cual se nombró al barrio "La Hermosa Patria Grande". En la justificación, los concejales expresan que esto significa un "homenaje a las culturas y a la hermosura del territorio que los abraza". Esta ordenanza finaliza asegurando que el cambio de nombre es "todo un acto de justicia" para con los vecinos que habitan el barrio. El diputado nacional Federico Fagioli fue uno de los impulsores de esta ordenanza, que significó la colocación de un cartel a la entrada del barrio "para que tengan identidad propia". La gran mayoría de los vecinos desconoce esa ordenanza y, cuando se acercan a los organismos de tierras del municipio, son acusados por los funcionarios de estar viviendo en un asentamiento usurpado. En conclusión, las tierras del barrio ni son hermosas ni abrazan a ningún vecino. Pero a esto, se le suman las amenazas que sufren muchos vecinos que están dentro de las organizaciones sociales ligadas al municipio, para que no se movilicen. Al mejor estilo Larreta, les dicen que si salen a cortar les van a dar la baja de su plan social. Desde Política Obrera, nos solidarizamos con la lucha de los vecinos. Cobra una gran importancia la unificación de las 800 familias bajo un programa de urbanización que contenga todos estos reclamos. Una asamblea general de vecinos tendría que discutir este programa y llevarlo frente al poder político. Más que nunca, está a la orden del día la necesidad de un congreso de trabajadores y luchadores que impulse una huelga general por los reclamos más sentidos de los trabajadores, donde el punto de la tierra, la vivienda y la urbanización estarán incluidos.

En el marco de unas diez provincias en conflicto por la cuestión salarial, el paro tuvo impacto nacional. En Mendoza, donde se desenvuelve una verdadera pueblada y los docentes llevan adelante una huelga de 72 horas esta semana, el gobernador Suárez envió a la policía a las escuelas solicitando el listado de docentes que adhirieron a la medida de fuerza. A pesar de los aprietes, tanto las escuelas públicas como las privadas estuvieron vacías. En Santa Fe, que tiene votado un paro de 48 horas, se plegaron al paro sindicatos estatales y de otros sectores de trabajadores. En Tucumán la huelga fue motorizada por los Docentes Autoconvocados y el paro fue contundente. En Santa Cruz y Chubut la huelga se cumplió masivamente y hubo movilizaciones importantes. La huelga colocó el reclamo de la absolución del secretario general de ATECH, recientemente condenado por el gobierno de Arcioni por participar en la rebelión de la provincia, y por el cese de la criminalización de la protesta social. En la Provincia de Buenos Aires el paro rajó las paredes, con un acatamiento prácticamente total en el conurbano bonaerense. En CABA, también el paro fue muy importante. La medida de fuerza coincidió con la movilización de las organizaciones piqueteras a Plaza de Mayo. La huelga nacional docente fue un pronunciamiento masivo de los trabajadores de la educación por un urgente aumento salarial que recupere lo perdido frente a la inflación. Fue el tema más debatido en las escuelas. Otra de las reivindicaciones más sentidas fue el rechazo a la implementación de la quinta hora en la escuela primaria y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes y el 82% móvil. La CTERA no convocó a ningún tipo de movilización nacional, para cuidar que las calles no se pueblen de docentes denunciando el ajuste de los Fernández. El paro que impulsó la burocracia kirchnerista tuvo el objetivo de “descomprimir” la bronca generalizada que recorre al movimiento docente. No está en sus planes la continuidad de las medidas de fuerza, sino más bien lo contrario. Se encuentran preparando una movilización de apoyo al gobierno para el 17 de agosto, junto a la CGT y la CTA. Los sectores de la Lista Multicolor, el SUTEBA Tigre, Ademys y listas independientes realizaron una concentración y acto en el Ministerio Nacional de Educación (Palacio Pizzurno) y denunciaron la política de miseria salarial del gobierno nacional y los gobernadores. De un modo general, el planteo que prima con respecto a la burocracia sindical es el de “exigencia” a que “rompan su subordinación al gobierno”, o que el paro sea el “inicio de un plan de lucha”. Un camino sin salida, que siembra confusión entre los trabajadores. La burocracia sindical de CTERA está jugada a sostener al gobierno de los Fernández y Massa y no piensa mover un alfiler para proteger el único esquema político que hoy tiene la burguesía, para implementar los tarifazos y una posible devaluación. Desde Tribuna Docente Tendencia, participamos en todas las movilizaciones y acciones convocadas, señalando la necesidad de reclamar un aumento general de emergencia del 100% y un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por cargo, indexado por inflación. Destacamos que la criminalización de la protesta social tiene por objetivo disciplinar al conjunto de los trabajadores que, día a día, se levantan contra el Estado, pero debemos continuar la pelea hasta lograr la absolución de Goodman y el desprocesamiento de todos los luchadores populares perseguidos por luchar. Marcamos que ningún “plan de lucha” saldrá de parte de las direcciones sindicales ligadas al Estado y planteamos la continuidad de las medidas sobre la base de autoconvocatorias, asambleas y plenarios de delegados con mandato, en la perspectiva de preparar una huelga general. LEER MÁS: Parazo docente y marcha masiva: avanza la rebelión por el salario en Mendoza Por Silvia Del Plá y Martín Ortiz Mendoza: Suárez institucionaliza la pobreza Por Silvia Del Plá

Cientos de miles de trabajadores de la sanidad de Inglaterra y Gales votan -por primera vez en la historia- si van a la huelga por el salario. El Royal College of Nursing, el sindicato de la sanidad más grande del mundo, convoca a sus afiliados, que son cientos de miles, a votar a favor de la huelga, un momento decisivo en su batalla por los salarios con el gobierno. La votación, postal, durará un mes a partir del 15 de setiembre. Se vota la adhesión a un cese total de tareas. Si gana el sí, será la primera huelga de las herederas de Florence Nightingale en la historia en Inglaterra y Gales. La primera del RCN en general fue en Irlanda del Norte en 2019. El RCN ha aumentado su fondo de huelga a 50 millones de libras esterlinas porque se prepara para una huelga prolongada. El mes pasado, el gobierno británico anunció un aumento del 4% para la enfermería, que dicen que dejaría el salario en al menos £ 1.400 para 2022-23. El sindicato había pedido un aumento del 5% por encima de la inflación, que es del 11,8%, para enfrentar el aumento del costo de vida, alentar a las personas a permanecer en la profesión y recuperar una década de deterioro salarial. Con el nuevo acuerdo, dicen, una enfermera experimentada rozará apenas £ 1,000. Un monto que no alcanza para comer, pagar el alquiler y viajar al trabajo. El RCN describió la propuesta del gobierno como “una vergüenza nacional”. La actual falta de personal, afirman los trabajadores, “causa riesgos inaceptables para los pacientes y el personal”. Carol Popplestone, presidenta del Consejo de RCN, dijo que “después de años de bajos salarios y escasez de personal, la lucha por un pago justo debe fortalecerse. Los aumentos que propone el gobierno son insuficientes ante el aumento del costo de vida, no sirven para aumentar o retener a la enfermería y atenta contra la atención a los pacientes”. Una encuesta reciente del sindicato señaló que el 83% de la enfermería opina que el personal es insuficiente para garantizar una buena atención. Otra encuesta muestra que el 60% de los británicos respaldan un paro y otras medidas de lucha. Cientos de miles de enfermeras se sumarían a las huelgas ferroviarias, de las telecomunicaciones y docentes que sacuden a Gran Bretaña, con sus trabajadores asfixiados por la inflación y la depreciación de los salarios. Fuente: Boletín del RCN

Es muy evidente que el “acuerdo de precios y salarios por 60 días”, que Alberto Fernández insinuó en las últimas horas, apenas disimula una guerra hecha y derecha sólo contra el salario. Los sindicatos privados y estatales han negociado paritarias que implican un reajuste de entre el 45 y 60% anualizado, en la mayoría de los casos. Pero la inflación anual se proyecta al 90-100 %. El “acuerdo social”, por lo tanto, es una tentativa por consolidar ese despojo. Por lo pronto, durante el pretendido acuerdo social las tarifas aumentarán, por la eliminación de los subsidios, para el 80% de la población. La desindexación del salario contrasta con la furiosa indexación y dolarización de la deuda pública, reforzada en estas horas con el ´canje´ que postergó los vencimientos inmediatos a cambio de títulos ajustados a la inflación o a la evolución del dólar. El estado ´pisa´ los salarios después de haber montado un régimen económico de beneficios garantizados para el capital. Devaluación El parate a la indexación de los salarios se inscribe en la tentativa oficial de contener una brusca megadevaluación de la moneda, que dispararía una hiperinflación, una crisis social y una rebelión popular. Ocurre que los inciertos anuncios de Massa en torno del ingreso de varios miles de millones de dólares por adelanto de exportaciones o préstamos internacionales no frenaron el drenaje diario de divisas, que han alcanzado los 2.100 millones de dólares en el último mes y más de 1.000 millones desde la asunción del “superministro”. Los dólares que eventualmente ingresen podrían terminar alimentando esa sangría, cuya razón no es la competencia comercial con el exterior, sino la insolvencia definitiva del Estado. Aunque el gobierno consiguió patear para adelante gran parte de la deuda en pesos, aquella porción que no se renueva se dirige a la compra de reservas. Mientras tanto, las versiones de que los encajes de la banca privada están siendo utilizados como “reservas disponibles” alimenta los primeros pasos de una corrida bancaria. Los economistas que “bordean” a Massa pero que no quisieron secundarlo-como Álvarez Agis o Dal Poggeto- sostienen que ese tobogán sólo podría contenerse con una devaluación hecha y derecha, sin hacerse cargo, naturalmente, de sus consecuencias sociales y políticas. Massa pretende gambetear esa salida por medio de una incierta devaluación ´ordenada´, precedida por una acumulación de reservas y por una paz social. Los pilotos A la luz de este cuadro, un pacto de precios y salarios no tendría otro propósito que el de refrendar un apoyo político al gobierno. Quieren sacar de la escena al movimiento obrero mientras Massa y los Fernández pergeñan un desenlace precario, pero contra los trabajadores. Es necesario prestar toda la atención a la crisis planteada en Aerolíneas, pues el sindicato de pilotos -que interrumpió parcialmente los vuelos en este martes- reclama reabrir las paritarias ya desactualizadas, y el gobierno rechaza cualquier reapertura en nombre del ajuste fiscal. El gobierno quiere zanjar estas crisis a través de aumentos de suma fija, que disimulen la suspensión de las paritarias. Es el régimen que ya impuso sobre los jubilados, a quienes desenganchó de la inflación hace tres años y a quienes compensa de vez en cuando con un bono de miseria. Volviendo a Aerolíneas, es significativa la solidaridad de la alta burocracia de la aerolínea estatal, dominada por La Cámpora, con los ajustadores del Ministerio de Economía. Los pilotos, en cualquier caso, no son una excepción, en el marco de huelgas docentes en diez provincias, un mendozazo en curso y la continuidad de las movilizaciones piqueteras. La movilización cegetista del 17 está inscripta en la política oficial que aquí denunciamos –“congelar” a las organizaciones obreras, mientras se prepara un mazazo contra los trabajadores-. La respuesta del activismo y los luchadores debe tener lugar, no en la autoproclamación, sino en la lucha por autoconvocatorias, plenarios y asambleas generales, y la preparación de la huelga general en defensa de las paritarias, del salario y el derecho al trabajo.

Por iniciativa de la Comisión Directiva de ATE Sur en Lomas de Zamora se formó un frente de luchas donde están representados docentes, auxiliares, profesores del ISFD 103 en lucha contra la inseguridad y las zonas liberadas por la policia; trabajadores de la salud, choferes de la línea 540, organizaciones de vecinos que denuncian el negocio inmobiliario que está gestando el municipio de Lomas con la reserva ecológica de Santa Catalina. También lo integran vecinos que reclaman desde hace años las obras hídricas que correspondes al distrito y no se llevan adelante y cooperativistas de Acumar. Estuvieron además presentes las organizaciones políticas (Politica Obrera, Nuevo Más, PRML, MST, IS, PO, PTS). Hubo más de 30 asistentes a la convocatoria celebrada el 9 de agosto pasado y distintas manifestaciones saludando el acierto del encuentro para consolidar un Frente de luchas. Varias intervenciones señalaron la necesidad de trabajar y gestar la huelga general por salarios igual al costo de la canasta familiar y jubilaciones móviles del 82% de esa canasta, para derrotar con la movilización y la huelga el ajuste del FMI y sus planes de hambre. Se acordó una marcha sobre el municipio para el final de la segunda quincena de agosto. Adelante, compañeros.

El “superministro” Massa designó a la salteña Flavia Royón como Secretaria de Energía de la Nación. “Una funcionaria que apoya al sector productivo”, tituló el principal diario de la provincia. Es que Royón fue presidenta de la Cámara de Comercio Exterior de Salta y de la Fundación ProSalta -creada en 2005 por el ex gobernador Romero-; actualmente es representante de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Ha sido gerente general en el Frigorífico Bermejo SA del fallecido Jorge Brito. Desde el 2021, ocupa la Secretaría de Minería y Energía local y forma parte de la Mesa del Litio, cuyo propósito es “desmitificar” la minería. Como agente de las mineras, Royón se sumó a coro al reclamo de un cambio diferenciado del dólar para el sector, así como de la eliminación de las retenciones (¡ya miserables!) que pagan. Ha sido promotora de enormes beneficios fiscales provinciales para la Seaboard (Ex Tabacal) y los capitalistas de las “energías renovables”. “Una brasa caliente” Así entiende la burguesía la tarea que deberá asumir la flamante ingeniera: la aplicación de la quita de subsidios y nuevas tarifas a la luz y el gas. A su modo, es la política que ha venido desarrollando junto a Sáenz en la provincia, en favor de los pulpos energéticos locales. Bajo su gestión, Edesa aplicó un tarifazo del 32% en mayo de este año. Royón será un engranaje en la extensión del tarifazo de la luz y el gas para más de 9 millones de hogares en el país. Pero el ingreso de esta lobista de las mineras se vincula a las negociaciones de Massa para entregarles la explotación de los yacimientos de litio a los capitales chinos – entre los cuales se encuentra Gang Feng, que acaba de comprar por 980 mil millones un salar completo en la puna salteña. El ojo está puesto en Salta que, a diferencia de Jujuy y Catamarca, no ha declarado el litio como “mineral estratégico”, lo que implica menor regulación y mayor “seguridad jurídica” para inversionistas, como la llama Sáenz. Según los cálculos de la Secretaría de Minería, Argentina podría pasar de exportar de US$ 200 millones (2021) a US$ 4.000 millones, en seis años. Por otro lado, el litio abre un camino sinuoso para el gobierno en relación a la división en la burguesía internacional, en particular la norteamericana. Lora Richardson, del Comando Sur, que hace algunas semanas se reunió con Cristina Fernández, dijo en un evento en Miami que las inversiones chinas “son una trampa”, “no fomentan la prosperidad económica” y advierte sobre una “jugada geo-política” del gigante asiático “para socavar la democracia de EEUU”. Sáenz hace su “aporte” La designación de Royón reforzará una agenda patronal contra los trabajadores. De eso se trata el ´federalismo´ que reclaman Sáenz – junto al radical Morales, los principales aliados de Massa en el interior. Los gobernadores del norte grande declararon tener “muchísima expectativa” en la gestión del ´súperministro´. En Salta ya se habla de la resignación de recursos nacionales. El ministro de economía de Salta advirtió que las obras que tienen financiamiento nacional van a adquirir un menor ritmo. Sáenz sumará su propia cuota al ajuste contra las masas laboriosas de la provincia en nombre de cumplir con el ajuste del FMI. Está obligado a endurecer su política frente a la docencia, por ejemplo, que reclama contra el fraudulento aumento del “80% anual”, que representa -sólo este año- una caída de 20 puntos del valor de los salarios. Solamente el boleto de colectivo habrá aumentado 100% a fin de año. Sáenz está pensando en adelantar las elecciones para abril/mayo e incluso eliminar las PASO provinciales, con la expectativa de ´ganarle´ a la hecatombe económica.

El retiro de Viviana Canosa de América TV, como respuesta a un acto de censura, terminó siendo reconocido por los propios censores. Uno de los dueños del canal, Daniel Vila, admitió que le habían pedido a Canosa que no difunda escraches. Lo que no dijo es que se trataba de un escrache en particular, donde el objeto del escarnio era Sergio Massa, el flamante ministro que cuenta con largos vínculos con los dueños del canal. Con la pretensión de negar que en el canal hubiera censura, el programa que reemplazó al de la animadora difundió extractos de intervenciones de Canosa, con los insultos y acusaciones acostumbrados. Los propietarios de América terminaron confesando que la ´libertad´ en el canal se termina cuando se tocan intereses cercanos a los suyos. En estos términos, no le costó demasiado a Canosa denunciar al canal por haber atentado contra la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, quedó de manifiesto en qué consiste esa libertad bajo el monopolio capitalista de los medios de comunicación: es la libertad para ejercer la grosera manipulación de la opinión popular. Por el programa de Canosa desfilaban todos los provocadores y enemigos del movimiento obrero con frecuencia diaria, que hacían de espejo a las provocaciones de la propia Canosa. El grupo empresarial que ahora le cortó las alas dejó correr en horario prime time un ejercicio de fascismo cotidiano. Los amigos de Massa usaban a Milei, Canosa y otros para atizar el desembarco del superministro; ahora, los fascistoides deberán buscar otra señal de cable. Un periodista de A24, Edi Zunino, describió el caso como una “cría (de) cuervos…” que se entrometió con Vila-Manzano-Belocopit, en un momento crítico para Massa. Sin perder los ojos que pronostica el dicho, estos últimos le taparon la boca, al menos en su espacio. La censura a Canosa, en definitiva, desnuda un régimen donde el patrón de la libertad de expresión decide quién habla y cuándo. El monopolio capitalista de los medios es incompatible con la libertad de expresión.

Ni la policía que mandó José Thomás, el director general de escuelas, para verificar cuáles docentes se habían adherido al paro durante los tres días de huelga, ni el miserable ítem aula, que descuenta inasistencias (además del presentismo), ni el Código Contravencional que les prohíbe marchar por las calles para manifestarse, ni el Código Penal que utilizan a menudo para criminalizar la protesta social, lograron impedir que 35.000 trabajadores y trabajadoras estatales marcharan hoy por las principales calles céntricas de la provincia, y se concentraran luego frente a la Casa de Gobierno. De esa manera se plantaban frente al gobernador Suárez para decirle bien fuerte NO a la paritaria por decreto. Sin una recomposición por lo perdido en 2020, cuando los salarios estuvieron congelados y no recibieron un solo peso de aumento, y con paritarias a la baja en el 2021 que no cubrieron la inflación, el decreto autoritario actual busca consolidar salarios en el Estado por debajo de la línea de pobreza . Los tres días de paro de los docentes contaron con el apoyo masivo de la población, y otro tanto se vio en salud, en los distintos efectores públicos. Los docentes tienen planteado continuar el día de mañana con asambleas, el viernes con plenarios zonales y el sábado con plenarios provinciales; pese a que su dirigente Carina Sedano se limitó a manifestar que las medidas se iban a profundizar en acciones “que todos podamos sostener”, la voluntad de ir al paro por tiempo indeterminado está presente con fuerza en varias seccionales. El resto de los estatales nucleados con ATE en unidad con ATSA, en el sector salud, continúan con retención de servicios y asambleas, medida que ya lleva más de 60 días, pese al ataque sufrido por su dirección sindical la semana pasada, con la detención de Roberto Macho. Desde Política Obrera, nos hicimos presente para plantear la necesidad de un Congreso Obrero, que coordine las luchas por el salario y organice la huelga general.

Este miércoles 10, el Polo Obrero Tendencia participó activamente en la jornada nacional de lucha convocada por la Unidad Piquetera. Además de la marcha de Plaza de Mayo, las vigorosas columnas de la Tendencia se hicieron presentes en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago, por nombrar solamente a las convocatorias más importantes. Entre otras reivindicaciones, levantamos la lucha por un aumento salarial y jubilatorio del 100%; por una bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones piqueteras con representantes electos en asambleas; por un seguro al desocupado igual al 80 % de la canasta familiar, y contra la persecución y la represión a los luchadores. En la marcha que culminó en Plaza de Mayo, la columna del Polo Tendencia sufrió una grave agresión, ampliando la escala de las provocaciones que -ya en marchas anteriores- desplegó contra nosotros el aparato del PO oficial. La columna de la Tendencia, que arrancó desde Callao y Corrientes, marchó por la Diagonal Norte hasta uno de los vértices de la Plaza de Mayo. Allí, ingresamos a la zona de la Plaza por la avenida Rivadavia, donde ninguna organización se había apostado. Un buen rato después, una delegación de dirigentes de la UP nos “invitó” a retirarnos de la Plaza, a la que “no habíamos sido convocados”. Una marcha para 'convocados' es una marcha de aparatos, como lo hará la CGT el miércoles 17, a la que no invitó a Belliboni, a pesar de haberlo recibido hace pocas semanas. Otro antecedente de un ´cierre´ de la Plaza se lo debemos a Aníbal Fernández, cuando era ministro del interior y le colocaba un vallado. Antes y después, sólo el Estado se ha arrogado el monopolio de la Plaza del poder político. Para las organizaciones obreras y populares, siempre ha sido un espacio abierto a quien esté dispuesto a luchar. Ni qué decir para quienes tienen una trayectoria de lucha más larga que la que exhibe el cerrajero. En ese momento, defendimos nuestro derecho ante la “delegación” de la UP y nuestra columna permaneció en el lugar citado hasta que resolvió retirarse. La tentativa de censurar nuestra presencia había fracasado. Pero en ese momento, cuando dejábamos la plaza, soportamos una cobarde agresión sobre la retaguardia de nuestra columna, por parte del Polo Oficial. Compañeros que se encontraban en ese lugar fueron brutalmente golpeados, incluso algunos debieron concurrir posteriormente al hospital. ¿Cómo explicarnos este nivel de violencia y agresión? El Polo Tendencia, en su movilización y en su agitación cotidiana, ha defendido una perspectiva clara para la clase obrera: la necesidad de un congreso obrero y de la preparación de una huelga general autoconvocada, en oposición al colaboracionismo de la burocracia sindical y de las organizaciones sociales oficialistas, y también distinta a cualquier política autoproclamatoria. La Unidad Piquetera tiene otra política: el coqueteo estéril con la CGT y con Grabois. La reunión con Massa -colocada como objetivo de esta marcha- no tuvo lugar. Nuestra delimitación política nunca la hemos ocultado, ni ha sido invocada para dividir, sino para unir en la lucha. La agresión física contra nosotros pretende acallar una posición política, algo que los agresores saben que es imposible. Una política de aparato, cuando los medios demonizan al movimiento piquetero como un conjunto de aparatos, sirve a la reacción y al Estado.

Después del tarifazo y los anuncios de ajuste, Sergio Massa canjeó los títulos de deuda por otros que deberá pagar en 2023. Multiplicó de este modo el aumento con una indexación "dual" (por dólar o por inflación, de acuerdo a la que sea mayor) y una tasa de interés más alta. La bancarrota del Tesoro ha ganado varios puntos. Mientras Massa y los Fernández aseguran estos beneficios especulativos al capital, al mismo tiempo se empeñan en ejecutar un tarifazo y en plantear “desindexar” los salarios y la dilación de las paritarias. La CGT y la CTA, mientras protestan para la tribuna, ratifican el apoyo al gobierno y a esta política. Reclaman al Estado que mantenga el sistema de paritarias, como si las paritarias no fueran un derecho soberano de las organizaciones obreras, que se debe ejercer sin permiso de nadie. Con esta política, el gobierno les exige que firmen un pacto social con la Unión Industrial. A despecho de esa orientación, los docentes de diez provincias han salido a la huelga por sus convenios de trabajo y contra la criminalización de la protesta. La situación se está calentando en Aerolíneas, en los estatales, en la salud. Organicemos esta tendencia por abajo luchando por coordinadoras, autoconvocatorias y por un congreso obrero que prepare la huelga general.

La catarata de acusaciones que lanzó Carrió contra dirigentes de Juntos por el Cambio pone de manifiesto una crisis vertebral en la coalición opositora. Pero no solamente. La dirigente de la CC expuso la desintegración política del gobierno y de la oposición. Las denuncias de Carrió se focalizaron en los opositores que sostienen o sostuvieron vínculos con el pejotismo y el massismo. Los acusó de pergeñar un “pan-pejotismo” que involucre al peronismo no kirchnerista que está en el Frente de Todos – pero también a los pejotistas o llamados dialoguistas, como ocurre con Frigerio o Larreta. Carrió advirtió sobre el armado de un “neo PJ” con Massa. Un bloque eventual de ese tipo, incluso en grado de tentativa, revela hasta qué punto ha llegado la disolución de la coalición gobernante. Es cierto que Massa fue un articulador del kirchnerismo con el pejotismo en 2019. Pero como recordó Carrió en estas horas, el massismo fue también un aliado crucial del gobierno de Macri, aunque en aquel momento no abrió la boca porque Cambiemos necesitaba los votos del Frente Renovador en el Congreso y en las legislaturas. Lilita se encarnizó con Ritondo y Vidal, quienes ejercieron un virtual cogobierno con el massismo en la provincia de Buenos Aires. Carrió advierte que podría armarse ese mismo tejido político pero al revés – con los votos de JxC en el Congreso para que Massa aguante hasta 2023. La ex massista Graciela Caamaño -que se distanció de Massa cuando se formó el FdT- acaba de apoyar el nombramiento de la massista Moreau al frente del Congreso. ¿Vuelve al redil? Massa advirtió que si no cuenta con la colaboración del Congreso gobernará por medio de decretos de necesidad y urgencia. Los comentaristas han coincido en atribuir las denuncias de Carrió a un acuerdo con Macri. Caracterizan este entendimiento como una operación de sabotaje a la gestión de Massa, con la intención de llevar la crisis politica a un punto de quiebra, lo que le serviría también para abortar la intención de sus opositores internos de impedir que Macri se vuelva a presentar como candidato a presidente. Lo que sigue a este ataque a quienes están dispuestos a colaborar con Massa es una campaña de denuncias contra los socios económicos del nuevo ministro, desde un sector de las petroleras, las empresas de armaduría en Tierra del Fuego, los contratos de Aguas, los amigos que se quedaron con Edenor, y por sobre todo los socios argentinos de las mineras dedicadas al litio en Jujuy, Salta y Catamarca. El diputado radical por la provincia de Córdoba reclamó como contrapartida de un apoyo en el Congreso que Massa “desista de ser candidato en 2023”. Laredo debe estar advirtiendo de algún enjuague entre Massa y el gobernador Schiaretti, que volvería a alejar al radicalismo de un retorno a la gobernación de la Provincia. A la luz de todo esto, hay que convenir en que Carrió es una de las maniobreras más inspiradas en Argentina, más allá de sus encomiendas a Dios y la Virgen, al estilo, curiosamente, de Nicolás Maduro. Nada nuevo El armado de un panperonismo o un centro político entre el peronismo y el macrismo estuvo latente durante toda la crisis de 2018-2019. En septiembre de 2018, ocupó un domingo entero de gestiones en la residencia de Olivos, cuyo eje era que María Eugenia Vidal sustituyera a Macri como candidata a presidenta para el año siguiente. Macri logró bloquear esta operación, como ocurre ahora con la de sacarlo de carrera en 2023. Por eso el ataque golpea también a Patricia Bullrich, un halcón de la derecha. El fracaso de la tentativa, en medio de un derrumbe económico colosal y de huelgas de hace más de cuatro años, facilitó la formación del Frente de Todos. Macri-Carrió representan al bloque de la mega devaluación del peso, presidido por los fondos internacionales norteamericanos. Lo que tanto Carrió como Macri omiten en sus cálculos, es que Massa pretende ejecutar esa mega devaluación una vez que consiga préstamos suficientes para respaldar esa operación. A la luz de esta crisis, es claro que todos los partidos patronales en presencia quieren llegar a las elecciones de 2023 sin haber resuelto entre quienes se dará la pelea en esas elecciones, eventualmente. Los cañonazos de Carrió contra una asociación con Milei, no favorecen las intenciones de Macri y Bullrich de asociar al proto fascista a sus listas, al menos en Ciudad y provincia de Buenos Aires. El neurólogo Manes ha recurrido a sus conocimientos en esa especialidad para proponer que las candidaturas en JxC queden definidas en diciembre próximo, con la intención de acentuar las divisiones en el macrismo y el pos macrismo. En estas circunstancias, la “salida electoral” asoma como un factor desestabilizador adicional a la crisis política terminal del régimen presente.

El miércoles 10 de agosto se realizó una nueva movilización provincial contra la criminalización de la protesta y por la anulación de las causas a los luchadores. Más de 30.000 mil personas se movilizaron en toda la provincia y se realizó un acto en plaza Belgrano. Participaron organizaciones de derechos humanos, sociales, políticos y sindicales. El Polo Obrero Tendencia se movilizó junto al bloque de la Coordinadora de Organizaciones Populares. La movilización creció en convocatoria con respecto a la que se realizó hace tres semanas atrás, cuando se produjeron los allanamientos, lo que es una muestra clara que los ánimos de los compañeros, lejos de haberse calmado, se han recargado en este a la luz de un cuadro de agravamiento de las condiciones de vida general. El gobierno ha tratado, en vano, de generar un cuadro de amedrentamiento mandando al fiscal de la causa a declarar que había elementos en la causa para plantear la hipótesis de “atentados”, y así extender la investigación y justificar nuevos atropellos. La impresionante movilización también ha sido de respuesta contundente a este intento. Respuesta popular El intento de criminalización de la protesta por parte de Morales desde que asumió el gobierno ha tenido avances y recules. La detención de Sala por un acampe en la plaza tuvo que virar rápidamente a una concatenación de denuncias forzadas una tras de otra para justificar la prisión preventiva más larga de historia argentina -y eso que aun no arranca el juicio por desfalco, la causa original-; Morales tuvo que pedir disculpas públicamente por el ingreso de la policía a la universidad nacional, y también ha tenido una relación de tire y afloje contra diversos sindicatos, con resultado dispar. Recientemente, y en medio de los allanamientos, ordenó el sobreseimiento a dos integrantes del AJI 20, imputadas en una causa por unos grafitis contra Morales en 2021, causa que el gobierno denunció como “incitación al odio contra el gobernador”. Actualmente, el gobierno intenta anticiparse a los reclamos y movilizaciones ordenando medidas contra las organizaciones sociales. Es un objetivo a dos puntas: desorganizar los movimientos sociales, y generar un consenso sobre la necesidad de los recursos sociales pasen a ser administrados por el estado. Ahora bien, esto choca con un régimen agotado, y con un gobierno que ha fracasado en su programa -el famoso “cambio de la matriz productiva”-; que ha generado niveles altísimos de desocupación y subocupación y hundido a más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. La administración de los planes sociales por parte del Estado tampoco ha mejorado las condiciones de vida – Morales busca ampliar su propio “estado paralelo”, cooptando punteros a diestra y siniestra. Hoy el gobierno no puede cumplir con una promesa hecha 3 veces como prenda electoral el año pasado: el pase a planta permanente de trabajadores del estado con 5 años de antigüedad. Los tarifazos anticipados de la luz y agua (entre 200% y 300%) están generando autoconvocatorias a la plaza. El gobierno ha anunciado un aumento significativo para los profesionales del estado -principalmente médicos- con el propósito de desactivar las autoconvocatorias de personal de la salud que reclama por el vaciamiento de la salud y la precarización e enfermeros. A este cuadro se suman los aumentos salariales por decreto del gobierno que siguen por debajo de la media nacional que acuerdan las provincias. Como se ve, Morales está sentado sobre un barril de pólvora e intenta desactivar cualquier posibilidad que desate una intervención popular. La represión no es una señal de fortaleza sino de debilidad política. Los límites de la marcha y como superarlos Uno de los principales limites a la hora de acordar con tantas organizaciones y de diferentes ideologías, tiene que ver con la caracterización del gobierno y la etapa. Un sector mayoritario de las organizaciones, que abrevan en diferentes corrientes de FdT, plantean concentrar la discusión a nivel local, desentendiéndose de que atropellos, ataques y allanamientos se están realizando en todos lados: y por otro lado levantan el planteo de la intervención federal de la justicia, planteo inerte que ya fracaso en el senado de la nación y que tampoco podría vehicular en el escenario actual. Otro de las diferencias con todas las organizaciones (incluida la izquierda) es que todas caracterizan a Morales como un gobierno fuerte y con iniciativa, por eso todos juegan con planteos de asimilación del gobierno de morales con la dictadura. El carácter de represor o regimentador de un gobierno no lo da ni siquiera la ideología o el pensamiento del propio gobernante, sino las condiciones objetivas para poder imponerlo, y ahí están los limites que hemos desarrollado en el punto anterior. Bajo estos límites se ha logrado acordar las movilizaciones sin un documento de convocatoria sino baje un puñado de consignas. Como seguimos El calor de la crisis va a poner nuevamente a discusión con que política y propuesta llevamos para derrotar esta arremetida contra las organizaciones sociales. Está planteada una gran campaña de agitación política que explique la situación, seguir en las calles levantando los reclamos contra la persecución política y la derogación del código contravencional, convocar a todos los sectores en lucha de la provincia, trabajadores estatales, los autoconvocados de la salud, etc. que se encuentran luchando por aumentos salariales y por todos sus reclamos pendientes, a sumar los reclamos en la plaza y que esta se convierta en una caja de resonancia de todos los reclamos del pueblo de Jujuy, para así golpear con un solo puño trabajadores ocupados y desocupados. Este espacio de unidad debe ser la expresión de todos aquellos sectores diezmados por un régimen político incapaz de ofrecer una salida a la crisis de la cual es cómplice.

La zona de humedales en las islas del Delta del Río Paraná, que abarca parte de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, vuelve a estar en el centro de atención y en la agenda política, sobre todo Rosario, debido a los focos de incendio que han envuelto en humo a la ciudad. Según fuentes oficiales, en mayo hubo 290 focos, ese número se duplicó en junio y en julio y se continúa en agosto. Para darse una idea de lo que esto significa, todo el territorio incinerado es de 90.000 hectáreas -solamente en lo que va de este año-, esto equivale a cuatro veces el territorio de CABA. Los focos ígneos se extienden desde la Ciudad de Reconquista, en el norte de la Provincia de Santa Fe, bordea la provincia de Entre Ríos, hasta la ciudad de Campana, en la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, estos incendios no son naturales, sino que se provocan para “limpiar” el terreno, ya sea para la actividad agropecuaria que comienza en septiembre o para la especulación inmobiliaria. En Rosario, la ciudad más afectada por el humo y los incendios, la salud de la población es directamente afectada. Especialistas han mencionado que hubo una multiplicación de consultas por síntomas como tos, dificultad para respirar y silbidos en el pecho. Además, aseguran que todo el humo respirado en las últimas semanas puede traer problemas graves de salud en el largo plazo. En el día de ayer, se produjo una gran movilización en el Monumento a la Bandera, bajo la consigna “Basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia”. La Justicia, el ministro de Ambiente de la Nación, los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, y el intendente de Rosario fueron blancos de las críticas. Además, los oradores mencionaron los nombres de algunos de los dueños de los campos ubicados en las islas. Allí mismo, en asamblea, se resolvió cortar el puente Rosario-Victoria, este sábado próximo. El intendente de Rosario, del Frente Progresista, Pablo Javkin, quiso absolver de culpa a los terratenientes. Dijo “este fuego no es ocasionado por los productores, ni tampoco es una quema programada, sino que se trata de algo intencional”. Pidió a los jueces que “pongan presos” a quienes estén detrás de esta cuestión. También el ministro de Ambiente, Juan Canbandié, buscó desligarse de sus responsabilidades políticas. “Nosotros no tenemos la competencia del poder de la policía, tampoco para indagar a los responsables y menos a los titulares de esos campos. Si la justicia no tiene acciones ejemplificadoras tomando indagatoria a las personas donde se queman los campos, lamentablemente esa práctica va a seguir realizándose", señaló. Anunció una nueva presentación ante el Juzgado Federal de Victoria, en Entre Ríos, con ampliaciones de denuncias y documentación. Pero desde 2020, cuando empezaron las quemas, el tribunal tiene la causa paradas. Todos miran para otro lado, mientras maniobran para no quedar pegados a este desastre. Mientras tanto, las patronales agrarias destruyen los humedales, ecosistema determinante en la absorción del agua y portador de gran parte de la fauna y flora que vive en el río. Como se puede apreciar, la complicidad estatal con las quemas es total, los gobiernos provinciales tienen una importante recaudación del pastoreo en las islas y de la cosecha de soja para la exportación. Debe establecerse quiénes son los verdaderos responsables intelectuales de esas quemas, pues las mismas tienen el solo fin de mejorar la renta de los capitalistas a costa de la salud de la población. La destrucción del medio ambiente que tiene lugar en el Delta del Paraná es puro lucro capitalista. Es imprescindible, para la defensa de la zona del delta, la expropiación de las tierras y de las haciendas de los terratenientes y que estas estén bajo el control de las coordinadoras de activistas medioambientales.

La obra social de camioneros (Oschoca) está quebrada financieramente y colapsada en lo que refiere a la prestación médica. Si bien ambas cuestiones van de la mano, en el caso de Oschoca no fue siempre así. El servicio médico que brinda ya era deficiente mucho antes que los números estuvieran en rojo. La pandemia no hizo más que profundizar una crisis sanitaria que ya era emergente. Por más que se oculten los balances y no haya datos oficiales que den cuenta precisa de la magnitud de la situación, basta con entrar a los sitios oficiales y ver el malestar y los reclamos de los afiliados por la falta de turnos y especialistas. Es moneda corriente ver una multitud de familias camioneros agolpadas en largas colas esperando ser atendido en alguno de los pocos centros médicos con los que disponen en el área del amba. Infraestructura deficiente Camioneros cuenta con alrededor de 200 mil trabajadores encuadrados en su convenio que van desde la rama de recolección, logisticas,correo, expreso y muzadanza hasta choferes de larga distancia. La obra social cuenta, en el AMBA, con 9 consultorios externos y 4 sanatorios. De por sí parecería poca infraestructura, menos aún cuando al revisar la cartilla nos encontramos con que las especialidades en algunos casos solo las brindan en algunas o una sola de las sedes, como por ejemplo odontología que solo funciona en el sanatorio de Constitución, lo mismo con traumatología o el médico urólogo que solo están en san justo o en el caso de las ecografías que solo las hacen en los consultorios de San Miguel una vez a la semana. Es decir que los afiliados para recibir la atención médica de cualquier especialidad si o si en muchos casos tienen que recorrer largas distancias y además por contar con uno solo por sede, afrontar la dificultad de poder conseguir turno. En los casos en que Oschoca no tiene la especialidad la derivación es a IARA una prestadora médica que trabaja para la obra social y la cual es precedida por Zulet, actual esposa de Hugo Moyano. Números en rojo El último informe publicó al que se puede acceder es recién del 2018 publicado por diario la nación donde habla de una pérdida anual de 636 millones. Algo para remarcar que aparece en el informe corresponde a los gastos en prestaciones médicas por 2.300 millones. En primer lugar porque ante semejante gasto constante corresponde hablar de desvíos de fondo más que de una salida momentánea a la que se recurre ante la falta ocasional de algún servicio médico con el cual la obra social no cuenta. Y en segundo lugar denunciar como incompatible que sea una empresa familiar de los moyanos el destino de esos millones de pesos. En ese sentido el resultado de este orden de cosas es ilustrativo: por un lado, oschoca quebrada y colapsada y por el otro, la prosperidad económica de la prestadora médica IARA. Tiran la pelota afuera Por su parte el clan Moyano le apunta a las art por no cubrir más los contagios por covid 19 como enfermedad profesional y tener que ser oschoca la que cargue con ese costo. A su vez reclaman al gobierno el pago de 1.500millones que le adeuda a través del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de los cuales "hay un pago de 4 mil millones de pesos comprometido desde enero a las obras sociales sindicales" (Perfil, 12/02) que todavía no llego. De este modo el problema el clan Moyano no busca resolver el problema financiero de la obra social sino desviar las miradas ante la posibilidad de que salte a la luz que oschoca en realidad esta vaciada. Defensa de la salud camionera Objetivamente está planteada la necesidad de defender la salud de los camioneros y sus familias. Los reclamos que se cuentan de a miles en las redes sociales todavía no encontraron su canal de organización para llevarlos adelante. Las asambleas por lugar de trabajo tendrán que colocarlas necesariamente como punto a discutir.

La huelga docente que recorre el país, junto al malestar de la docencia en la provincia le ha impuesto el paro a Agremiación del Docente Formoseño (ADF), el sindicato más fiel al régimen de Insfran. Se hizo sentir el alto nivel de acatamiento, aunque ADF evitó la movilización. En la convocatoria citó sólo uno de los puntos de la resolución nacional -“en contra de la criminalización de la protesta”- ocultando decididamente otros como, por ejemplo, apertura de las paritarias, que en Formosa directamente no existen gracias a la complicidad de la burocracia de ADF. Por su parte, los sindicatos Voz Docente y Docentes organizaron una marcha a la casa de gobierno que contó con el apoyo de delegaciones del movimiento piquetero. Pidieron “diálogo” al gobierno para discutir un acuerdo salarial que permita igualar los ingresos con el costo de la canasta básica familiar. Política Obrera -tendencia del Partido Obrero- y el Polo Obrero Tendencia participamos de la movilización con una delegación que comienza a dar sus primeros pasos de organización en la provincia. Llevamos nuestra solidaridad y con la presencia de César Kalyn -ex delegado y referente jubilado de la lucha docente- nos sumamos con la intención de aportar a la deliberación en la perspectiva de la huelga general, que madura en la docencia y en el país, como así también socializar las conclusiones del congreso nacional de ocupados y desocupados que realizamos en julio. Realizamos una actividad de venta y difusión del periódico quincenal impreso y ofrecimos la suscripción gratuita del diario por WhatsApp. Censura en el acto En el acto participaron oradores de las diferentes organizaciones que concurrieron a la marcha, pero nuestra intervención pública fue vetada por el Partido Obrero Oficial que argumentó que nuestra intervención sería ofensiva para el conjunto de las organizaciones convocantes ya que no participamos en el “armado” de la actividad. Lo único ofensivo es la censura a los luchadores y la actitud patronal de arrogarse el poder de veto a la democracia obrera. Mientras esto ocurría en Formosa, compañeros de nuestra organización eran atacados por el partido obrero oficial en plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires. El intento de censura fue en definitiva lo que empujó a esta "dirigencia" a expulsar a 1.200 militantes en todo el país con posiciones políticas disidentes. Conclusión En Formosa se profundiza la miseria y la bronca va en ascenso. La jornada no ha arrojado una perspectiva de plan de lucha continuado para quebrar el ajuste del gobierno y derrotar la situación de catástrofe social por la que atraviesa el pueblo formoseño. Desde Política Obrera y el Polo Obrero Tendencia planteamos una fuerte agitación en la provincia por el paro escalonado y la huelga general docente convencidos que madura en el país la tendencia a la lucha contra el gobierno nacional y provincial y contra la burocracia sindical. A la miseria y desorganización capitalista le oponemos un congreso obrero que convoque a una huelga general por una agenda obrera y socialista en el país.

La docencia tucumana paró masivamente el 10 de agosto y se concentró en Plaza Independencia. Allí confluyeron distintas convocatorias que culminaron en un acto donde se expresaron las distintas perspectivas y métodos para enfrentar la política de ajuste que está en curso ahora de la mano del “superministro” Massa. Participaron ADIUNT, SADOP, Docentes Autoconvocados, agrupaciones docentes, el Polo Obrero (t) y la Coordinadora de Lucha provincial. Más de 1.500 compañeros se dieron cita a esta convocatoria. ATEP llamó a adherir al paro sin movilización. En contrapartida, la agrupación “Isauro Arancibia”, liderada por Hugo Brito y que se arroga ser la nueva conducción de ATEP por haber ganado las elecciones “truchas” que convocó la burocracia de Toledo y que posteriormente fueron anuladas por la Junta Electoral, llamó a movilizar pero no a parar, con el argumento de que cuando se para la gente no se moviliza. Tanto Brito como Toledo han planteado reclamos similares adaptados a las políticas educativas vigentes: reclaman un aumento de emergencia para los jubilados, no para el resto de la docencia; frente a la inflación plantea que la actualización se produzca cada tres meses; ante el alargamiento de la jornada laboral (5º hora) plantea que es un tema discutible, no lo rechazan de plano. Por otro lado APEM, el sindicato de la docencia media se limitó a convocar a un acto en el ministerio de Educación de la Provincia. Los Docentes Autoconvocados, en cambio, como lo hicieron en el 2020, llamaron los días previos a realizara asambleas y resolver el paro masivo y la movilización. En el acto que se realizó en Plaza Independencia Raquel Grassino, dirigente del movimiento de la docencia Autoconvocada, quien abrió el acto, señaló que era necesario un aumento de emergencia del 100% de los salarios, indexado mes a mes por la inflación. Repudio el alargamiento de la jornada laboral. Denuncio el cuadro de vaciamiento sindical en ATEP y reclamó la necesidad de que haya nuevas elecciones con una junta electoral integrada por todas las agrupaciones docentes. Destacó la importancia de haberse puesto de pie nuevamente una coordinadora de lucha provincial un paso en dirección a la organización de un congreso de trabajadores y una lucha de conjunto, la huelga general. Estos planteos fueron retomados por Ariel Osatinsky, Secretario General de ADIUNT, quien tuvo a su cargo el cierre del acto. Osatinsky, entre otras cosas, denunció la conducta de la mayoría de la conducción de la Conadu Histórica, completamente postrada ante el gobierno nacional, a pesar que desde distintas entidades de base, 6 de ellas: AGD-UBA, SITRADU, ADUNS, ADUL, ADUNJU, decidieron parar. La ADIUNT, el Sindicato de la Docencia Universitaria de Tucumán no sólo llamó aparar, sino a participar de la movilización que estaba convocando los docentes autoconvocados. El Polo Obrero Tendencia, como parte del plan de lucha nacional del movimiento piquetero, se movilizó con más de mil compañeros acompañó a la docencia y participando con una oradora en el acto que se realizó. La jornada del 10 marca que hay un sector de la clase obrera tucumana, como así también a nivel nacional, que salió a la lucha y no se va a dejar disciplinar por las burocracias sindicales. Hay que profundizar, reforzar la coordinadora provincial para prepararnos para lo que se viene.

Como dijo Eva Gutiérrez en el acto de cierre del Polo Tendencia: “Hoy no quedó nadie en su casa”. La jornada en la ciudad de Buenos Aires fue masiva y culminó con una prolongada permanencia en la Plaza de Mayo. La Unidad Piquetera, donde se agrupan el Polo Obrero oficial, Barrios de Pie, MST-Teresa Vive, Cuba-MTR, entre varias organizaciones; inicialmente había convocado para los días 8, 9 y 10, empalmando en ese caso con la movilización de “Los Cayetanos” del domingo 7 de agosto. Al no prosperar el planteo, la propuesta mutó hacia una permanencia y acampe en Plaza de Mayo para los días 10 y 11 con el reclamo central de “Que nos atienda Massa”. Ya la semana pasada la Unidad Piquetera montó una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Economía, tras un pedido de reunión a Sergio Massa que no tuvo respuesta. Antes, hizo lo mismo con Silvina Batakis. En ese caso hubo un acercamiento posterior con funcionarios de segunda línea, pero ningún reclamo encontró respuesta. Ayer, a las 17hs, una parte de las organizaciones rodeó el Ministerio de Desarrollo en Av. 9 de Julio, quemó gomas, cortó el Metrobus y pidió por una reunión con funcionarios. Durante la noche del miércoles 10, trascendió una convocatoria a la Unidad Piquetera del ministro Zabaleta, pero recién para el 24 de agosto. Alrededor de las 18hs, luego de una asamblea de referentes, la UP votaba definitivamente quedarse durante la noche en la plaza. Se desplegaron cientos de carpas y decenas de gazebos. En la plaza también se sumó un festival musical, el saludo de dirigentes gremiales del neumático y de docentes, una charla sobre la situación represiva y otra de mujeres y disidencias sexuales. Al caer la noche, un operativo con cientos de gendarmes corrió de la Av. de Mayo parte del acampe. La tensión con la policía de la Ciudad se mantuvo durante toda la noche y la mañana siguiente cuando alrededor de las 11hs se levantó el acampe con el planteo de “continuar el plan de lucha”. Los reclamos inmediatos incluían el pedido de trabajo, un plan de obras públicas, apertura y aumento de los planes sociales y un bono de emergencia. A la mañana los referentes coincidían: “La respuesta del Ministerio de Economía fue cero”. Al cierre se convocó a la movilización del 17 de agosto en el marco del contra-acto en Plaza de Mayo a la movilización de la CGT en Congreso. “Basta CGT y CTA de coquetear con el gobierno!” gritó Belliboni. Otra de las cuestiones que se discutieron entre las organizaciones es la llamada “auditoria” que impulsa el ministerio con universidades y que ahora suma a las intendencias. Es muy clara la intención de dar de baja decenas de miles de planes Potenciar Trabajo. “La protesta es desproporcionada”, salió al cruce Juan Zabaleta cuando le consultaban sobre el acampe. Sin embargo, desde hace semanas el ministerio está completamente clausurado para las organizaciones, tanto las propias como las ajenas. La jornada con diferentes frentes y reagrupamientos se llevó adelante en el interior del país con movilizaciones, cortes de ruta y actos. El Polo Obrero Tendencia participó con una importante columna que ingresó a la Plaza a través de diagonal norte con una bandera de arrastre con la consigna “Huelga General – Por un Congreso Obrero”. Al retirarse de la plaza el aparato del PO agredió parte de la columna , violando el intercambio llevado adelante con las organizaciones de la UP momentos antes. La acción violenta también representó un castigo a nuestra negativa a ser censurados. Fueron varios los compañeros y compañeras, algunos de ellos mayores, hospitalizados con esguinces y golpes de todo tipo. Termina un capítulo de la lucha piquetera, los compañeros sacan sus propias conclusiones de toda una experiencia de lucha. El coqueteo vacío con la burocracia vaticana, es parte de una política autoproclamatoria que tiene que ser puesta a consideración de las bases de las organizaciones. Para superar los bloqueos es necesario rechazar la política de aparato y dar paso a una deliberación política. La jornada de lucha de ayer tuvo lugar en el marco de un parazo nacional docente, de la lucha de estatales, portuarios, y del neumático y la UTA. A despecho de las burocracias sindicales y “sociales”, se afirma la tendencia a una lucha de alcance general.

Según los anuncios oficiales, las jubilaciones y pensiones aumentarán 15,53 % hasta el 30 de noviembre de acuerdo al índice de movilidad. Con este aumento, la mínima pasará de $37.500 a $43.000. Para paliar el desfasaje con la inflación, el gobierno otorgará un bono de $ 7.000 a $ 4.000, proporcional al haber, a quienes perciben el equivalente a dos haberes mínimos ($ 86.706). Será por 3 meses, hasta noviembre. Este bono llevará el haber mínimo a $ 50.300. Esto significa un aumento del 34,2 %. La distribución del bono contribuirá al achatamiento de la pirámide: aquellos que cobren dos haberes mínimos en agosto, pasará de cobrar $ 75.000 a $ 90.700 hasta noviembre. En ese caso, el aumento es del 20,9 %. Quienes cobran por encima de los dos haberes mínimos sólo accederán al 15,53 % de aumento, sin bono. Por último, este incremento no corresponde a aquellos jubilados con regímenes especiales como docentes, docentes universitarios y trabajadores de Luz y Fuerza y del Poder judicial. La inflación se acercará este mes a una cifra histórica cercana al 8%. Eso se verá recién a fin de año de acuerdo a los índices de los aumentos de precios que están por venir hasta fin de año. Muchos analistas económicos y consultoras hablan de una inflación de tres dígitos en el 2022. Con la ´reforma previsional´ de los Fernández, el reajuste jubilatorio se desenganchó de la inflación -ahora se promedian la recaudación y el índice salarial RIPTE-, lo cual significa una confiscación mensual. El ´bono´ es una suerte de reintegro de ese porcentaje de la jubilación que ha sido confiscado. De dónde ha sacado Fernanda Raverta, directora del PAMI, que “las jubilaciones le ganaron a la inflación”, es un misterio. Por otra parte, hablamos de jubilaciones mínimas que representan valores de indigencia. Los porcentajes no pueden ocultar este hecho objetivo. En el año 2005 el 20 % de los jubilados y pensionados cobrábamos la jubilación mínima. Ahora, 17 años después, la mínima la cobra el 80 % de los beneficiarios – 6 millones de jubilados. La demolición del régimen previsional llevada adelante por los distintos gobiernos de turno en concordancia con las directivas del FMI sigue el rumbo de convertir a la jubilación en una miserable pensión a la vejez. El aumento del 15,53% sobre el haber mínimo de $37.500, más el bono de $ 7000, significa por día un aumento de $ 430, es decir un litro de leche y un kg de pan. Robar a los jubilados es un crimen social. Por un inmediato aumento de $ 70.000 a todos los jubilados. El haber mínimo jubilatorio debe cubrir la canasta familiar hoy en $ 200.000. Debemos impulsar asambleas, plenarios y congresos de obreros y jubilados que debatan una salida a esta barbarie.

Andrés Rodríguez, secretario general de Unión Personal Civil de la Nación- UPCN salió a rechazar el “bono por decreto” de Sergio Massa y CFK. En la entrevista radial aprovechó para señalar que los estatales le están ganando a la inflación y que no “tenemos necesidad de nada diferente”. El acuerdo paritario firmado por el gobierno, UPCN y ATE en junio de este año otorgaba un aumento del 60% en cuotas y un ajuste de distintos ítems que por lo que ellos interpretaban llevaba la paritaria a cerrar por encima del 70%. Lo que nunca dicen UPCN, ATE o el gobierno es que los salarios estatales -al igual que casi todos los salarios- vienen acumulando pérdida respecto de la inflación año tras año. Con la primera cuota de las paritarias, lejos de calmarse los ánimos por lo depreciado de los ingresos de los y las estatales empezó a generarse el bullicio de que con un aumento del 16% igual no se superaba la línea de la pobreza. Según datos oficiales la línea se corre mes a mes al ritmo del 6% u 8% de inflación informado por el INDEC. El mismo Rodríguez menciona la posibilidad de que la inflación ascienda a los tres dígitos, pero insiste en que de ser así un aumento se revisará en la “mesa paritaria” y no por decreto. Paritaria vs. bono por decreto Lo que discute la burocracia sindical cuando rechaza el aumento de suma fija no es lo insuficiente del monto propuesto (30 mil para los privados) sino que los corre del lugar de contener el malestar. Desde que las “minicuotas” y las revisiones aparecieron se escucha a los sindicatos de la CGT y la CTA decir que “en tal mes hay revisión”, “la paritaria nunca se cerró porque hay reunión en dos meses” y que no hace falta hacer nada porque ellos pedirán el ajuste por la inflación. Son las cuotas y las mesas paritarias una estrategia para descartar las asambleas y la lucha en los sectores y pone a la burocracia en un lugar de poder respecto de los patrones (privados o públicos). En UPCN no se sabe si alguna vez hubo, pero en ATE ya no hay plenarios de delegados y cuando los hay los consejos directivos se arrogan el derecho a resolver sin votación porque ellos fueron electos. El rol de contener las luchas que surgen desde los sectores de trabajo es una carta para negociar apoyos a una u otra fracción del gobierno o de las patronales, para negociar la plata de las obras sociales o para financiarse con los “aportes solidarios” y con los fondos de capacitación. La burocracia usa la paritaria como una mesa de negociación de la caja con la que se financian. El bono propuesto por Massa, que aún no tiene fecha de cobro, se presenta absolutamente insuficiente ante la crisis económica, no servirá para acallar el malestar creciente en los sectores. Malestar que se suma al congelamiento del ingreso al Estado y a lo limitado de los concursos vigentes para el ingreso a Planta. La mesa que sí quiere Rodríguez La propuesta que sí acepta Andrés Rodríguez, el empresario hípico es aquella en la que se sienten sindicalistas y empresarios a discutir cómo “mejorar la situación argentina”. Ya sabemos que en esas mesas los intereses de los y las trabajadoras nunca están en la agenda, de lo que se trata es de cómo garantizar seguir atacando el salario sin que haya una respuesta organizada por parte de las y los trabajadores. Los sindicalistas que ocupan sillas en esa mesa hace mucho que debieran estar sentados del lado de los empresarios, son los dueños de las empresas tercerizadas, de las prestadoras a las obras sociales que dirigen, son quienes manejan la lista de despidos y los que vociferan sin reparo alguno en contra del salario de los representados de sus gremios. Debemos organizarnos en asambleas sin distinción de sindicatos, exigir el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado por inflación. En el camino de luchar por nuestras reivindicaciones debemos terminar con la burocracia sindical que, se movilice o no el 17 de agosto, tiene por único objetivo sostener al gobierno de la devaluación y el tarifazo.

Las calles céntricas de la ciudad de Salta y la Plaza 9 de Julio, en el marco de la jornada nacional de lucha, fueron copadas por una masiva movilización piquetera. Es que la situación social en Salta es explosiva. Sáenz, al igual que Zabaleta, no atiende el reclamo de las organizaciones sociales por asistencia social y reprime a los sin techo, cuando tenemos al 50% de las familias por debajo de la línea de la pobreza. Con el desarrollo de la crisis económica se ha acentuado la desocupación y el empleo en negro, precarizado en base a un crecimiento de la “economía popular” y la imposición burocrática de salarios miserables a los estatales. Las distintas organizaciones que componen la Unidad Piquetera concentraron en la Plaza e impulsaron un acto propio y posteriormente se fueron a las oficinas del ministerio de Desarrollo Provincial. La columna de 300 compañeros del Polo Obrero Tendencia concentró desde horas de la mañana en la zona del Teleférico y alrededor del mediodía arribó a la Plaza y solicitó participar del acto de la UP que transcurría en esos momentos. Mientras algunas acordaban con nuestra intervención, otras pedían el “parte de prensa” para ver que planteábamos. La respuesta de la UP llegó por los parlantes cuando simplemente la dirigente del aparato del polo oficial, Cristina Foffani, leyó completamente nuestro comunicado. Luego de ese episodio continuamos marchando por la plaza y concluimos con un acto propio donde señalamos la necesidad de una intervención política de la clase trabajadora en la crisis de poder impulsando asambleas en los barrios y lugares de trabajo con las resoluciones de la Asamblea Nacional del Polo Obrero para enfrentar la represión, los tarifazos, la desocupación y el saqueo de nuestros recursos mineros con un programa y un plan de lucha en base a un congreso obrero y la huelga general.

El jefe de gobierno porteño anunció que a partir del segundo cuatrimestre endurecerán los requisitos para otorgar el certificado de regularidad de los alumnos y advirtió que aquellos beneficiarios del programa social “Ciudadanía Porteña” que no aseguren la escolaridad efectiva de más del 85% de asistencia bimestral de sus hijos dejarán de percibirlo. El programa Ciudadanía Porteña actualmente asiste a más de 41.669 hogares en situación de pobreza con una transferencia directa para la compra de útiles escolares y alimentos. Cada hogar recibe, en promedio, $15.722 mensuales y aquellos beneficiarios con menores de 18 años a cargo reciben un monto adicional de $5.256,30 si se trata de un hogar pobre y de $7.884,50 por hogar indigente. En la actualidad, el programa asiste a 23.686 menores de edad. Según el gobierno porteño, "hay un problema de presentismo intermitente en las escuelas". Aseguran que el 30% de los alumnos que cursan en los niveles inicial (salas de cuatro y cinco años) y primario de las escuelas de la ciudad concurren sólo cuatro de los cinco días de la semana a la escuela y el 16% ha faltado más de siete días por mes. Que los chicos tienen que ir a la escuela es más que claro. Pero las causas del ausentismo no se deben, en primer término, a la "irresponsabilidad" de sus familias. Despojarlas de la menguada asistencia estatal no despertará su “conciencia” sobre la importancia de la escolarización. Se trata de un castigo cuando, en muchos casos, se trata de familias que deben hacer malabares para compatibilizar la crianza de sus hijos con changas y trabajos eventuales. Esta represalia anunciada contrasta con el hecho de que, en la Ciudad de Buenos Aires, faltan más de 50 mil vacantes en la escuela pública. Este déficit de vacantes públicas afecta a toda la Ciudad y en particular a la zona sur de la misma que es donde se asienta la población más pauperizada. ¿Por qué en vez de amenazar a las familias más pobres el gobierno porteño no construye las escuelas para dar respuesta a las vacantes que faltan? Juntos por el Cambio prometió la construcción de los 3 mil jardines cuando asumió el gobierno nacional, pero se hicieron pasar por nuevas escuelas refacciones de edificios antiguos y no se construyó ninguno. Larreta también anunció que enviarán asistentes sociales a cada hogar para hacer un “seguimiento”, mientras en la Ciudad de Buenos Aires se cierran progresivamente los Equipos de Orientación Escolar. Son equipos multidisciplinarios de psicopedagogos, asistentes sociales, psicólogos que deben atender, en promedio, 24 escuelas cada 3 profesionales. Cuando un profesional se jubila, ese cargo no se concursa para reemplazarlo. El gobierno también está aplicando un fuerte recorte en los micros que trasladan a los chicos de las villas a las escuelas. La falta de urbanización de las villas impide a los estudiantes salir del barrio debido a las inundaciones. Las “urbanizaciones” que anuncia la propaganda oficial es puro maquillaje, generalmente asociado a levantar el negocio inmobiliario en los alrededores. La falta de trabajo, el hacinamiento y la precariedad en las villas ha convertido en endémicas enfermedades que se creían erradicadas hace un siglo como la tuberculosis. Con la vista puesta en la carrera electoral hacia 2023, Larreta se quiere mostrar como ´garante del ajuste´, aunque la asistencia del gobierno porteño representa migajas respecto del presupuesto de la Ciudad. Cómo lo señaló uno de los legisladores del PRO, García Moritán, en una entrevista en TN, es un tiro por elevación contra las organizaciones, “por llevar a los chicos a las marchas”. Para superar a este régimen construyamos un gran partido obrero. Quienes vivimos de nuestro trabajo debemos postularnos como alternativa de poder. Organicemos un Congreso de trabajadores, preparemos la huelga general por todas nuestras reivindicaciones.

Las empresas de colectivos de la CABA y el Gran Buenos Aires profundizaron ayer su medida de lockout, dejando de prestar servicio en toda la zona AMBA desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana de hoy. La Cámara que nuclea a las empresas anunció también una medida de no prestación de servicios por todo el día lunes próximo, que es feriado. El reclamo es un reajuste de lo que perciben de subsidios desde el mes de marzo. ´Burguesía planera´ El dato político más relevante del lockout patronal en el transporte es que las empresas de colectivos vienen de torcerle varias veces el brazo al Gobierno. Desde el 19 de julio pasado, las mismas empresas vienen prestando un servicio reducido a la mitad. Todas estas medidas han creado un verdadero caos en el transporte de pasajeros, y la medida de ayer en particular dejó a pata a los trabajadores que salen del turno tarde y que ingresan en el turno mañana. El Gobierno giró, a última hora de ayer, 2100 millones de pesos a las empresas que llevaban adelante el reclamo, algo que no alcanzó por ahora para que levanten la medida. Hace días que viene de autorizar un tarifazo del 40% en todo el transporte de líneas de colectivos y trenes, y se apresta a autorizar tarifazos similares en el servicio de taxis y en el Subte. Sólo cediendo en toda la línea el Gobierno logra que levanten las medidas. La UTA, lobbista patronal La medida de fuerza patronal, que es deliberadamente antiobrera, cuenta con el aval de la UTA: desde el punto de vista de Fernández, el atraso salarial de los choferes se corresponde con el atraso en la actualización de la tajada de subsidios que se llevan las líneas de colectivos. Hace pocos días, había anunciado un paro coincidente en su metodología con el lockout patronal: no prestar más servicios en el turno noche. Según Fernández, la Cámara Empresaria había reconocido el atraso salarial de los trabajadores, pero el pago de un bono dependía de que se destraben los subsidios. El régimen de transporte que defienden la UTA y las empresas es el que ha convertido a las líneas de colectivos en parásitos estatales. Fernández, tanto como el opositor Bustinduy, arrastran a los trabajadores detrás del parasitismo patronal. Pero es justamente este esquema el que ha llevado a despidos, cierre de ramales y suspensiones en todas las empresas de colectivos. Choferes y pasajeros no son socios, sino víctimas del entuerto armado entre las empresas y el Estado. Qué planteamos Para poner término al régimen parasitari en el transporte, está planteado la auditoría de los balances contables de las líneas de transporte, bajo control obrero. Si el Estado paga mucho más del 75% del boleto -entre la tarifa social y lo que declaran de más las empresas- es claro que la nacionalización del sistema de transporte, bajo la batuta de los choferes y trabajadores de las líneas, representaría un gran ahorro fiscal para el Tesoro Nacional, aún pagando un salario mínimo equivalente al costo de la Canasta Familiar.

Las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) están teñidas por el fraude electoral al que nos tiene acostumbrados la burocracia sindical. La asamblea que votó la Junta Electoral estuvo signada por patotas, enfrentamientos entre bandas y terminó eligiendo la totalidad de los miembros de la Junta Electoral con militantes de la oficialista lista Azul. Esta elección se propone repetir la polarización entre la lista Azul y la Granate Morada de Ramón Muerza, un amigo del supermercadista Coto, que perdió años atrás sólo por los votos de los jubilados. A la fecha de presentación de candidatos llegaron 4 listas, las dos ya mencionadas más la Verde y Amarilla - que tiene denuncias de abuso a compañeras de Cencosud - y la Roja y Negra, que reúne a un número de activistas y despedidos perseguidos tanto por las patronales como por la burocracia. La justicia hace diez días que retornó de la feria judicial de invierno (31 días en julio) y sigue demorando la oficialización de la Roja y Negra permitiendo que la campaña electoral avance y se acorten los plazos. La Justicia al igual que el Ministerio de Trabajo allana el camino de Cavalieri hacia la reelección, atacando el derecho de los y las trabajadoras a elegir sus representantes por fuera de la oferta de los entregadores seriales de las paritarias, las patotas en los supermercados y los acosos a las compañeras. La Roja y Negra está conformada por la suma de activistas de distintos conflictos, en torno a una propuesta electoral, sin embargo su sola existencia ha desatado una campaña por dejarla. Desde Combativos Mercantiles llamamos a no dar por cerrada la lucha contra la proscripción, a organizar una fuerte campaña por las reivindicaciones y así sumar a todo el activismo. Organicemos asambleas por aumento de salario igual a la canasta familiar para todas las ramas de comercio, por el pase a convenio de todos los trabajadores y las trabajadoras, por la reincorporación de los despedidos, en contra del vaciamiento de la caja de la Obra Social, contra la insalubridad en los Call Centers, por la oficialización de la lista Roja y Negra.

El parazo docente del 10 se hizo sentir con un alto acatamiento del 70% en toda la provincia, con escuelas donde incluidos los directivos han adherido. En la Capital, docentes autoconvocados concentramos en la plaza 9 de Julio por la defensa del salario, un aumento del 100% de emergencia ya y el salario mínimo por cargo igual al costo de la canasta familiar, contra la paritaria trucha de Sáenz y la intergremial con Sitpsa y los “autodelegados” de la plaza adentro; en rechazo a la 5ta hora en las escuelas primarias, contra la criminalización de la protesta, por la absolución a Santiago Goodman, contra los descuentos ilegales, en defensa de los regímenes jubilatorios docentes, el 82% móvil y por todo el pliego enorme de necesidades que tiene el conjunto de la comunidad educativa. Las burocracias sindicales de CTERA y ADP no hicieron nada para garantizar el paro. Al respecto, el Secretario General de ADP Mazzone, afirmó que el paro fue del 70% y que en Salta la docencia acepta el aumento trucho del gobierno (en Salta/12) cuando él es parte del operativo de ataque y confiscación de la docencia que llevan adelante los gobiernos provinciales junto con el gobierno nacional, que en Chubut se expresa en la judicialización de goodman, etc. Mazzone actúa como un funcionario de Sáenz, pretende hacer de esta medida de fuerza nacional de la docencia, un caso aislado de los verdaderos reclamos de la docencia autoconvocada, que prepara para el día sábado 13/8 una Asamblea Provincial y para el 16/8 un paro provincial. Después de esta importante medida nacional, donde se manifestó la tendencia a la lucha por parte de la docencia, hubo una reunión convocada por los docentes independientes donde las agrupaciones docentes del FIT-U llamaron a disolver la asamblea provincial autoconvocada, para mejor encolumnar a la docencia detrás de la burocracia de la CTERA y ADP en nombre de presionar para que estas rompan con el gobierno y exigirles un “plan de lucha”. La conclusión de parte de los compañeros independientes fue que hay que seguir estableciendo y desarrollando un fuerte lazo entre la vanguardia docente que estructura la asamblea provincial autoconvocada y la masa de la docencia forjada bajo la experiencia de la autoconvocatoria y que se puso el paro al hombro en contra de sus "convocantes", quienes más bien son sus boicoteadores. Este es el objetivo que tribuna tendencia viene impulsando al Interior de la asamblea provincial docente autoconvocada para abrir paso a la lucha por el salario y por la quiebra definitiva de las políticas antiobreras en curso. Ningún “plan de lucha” podrá salir de parte de los responsables del ataque contra los salarios y el vaciamiento educativo. Por el contrario, la tarea para la docencia provincial es reconstruir la autoconvocatoria, desarrollarla mediante asambleas por escuelas, elecciones de delegados, el llamado a los trabajadores estatales de la provincia a una acción de conjunto para echar abajo la farsa de paritaria, recomponer nuestro salario y superar las trabas efectivas que hoy tiene el movimiento con sus direcciones aliadas al gobierno en los sindicatos docentes y en la propia autoconvocatoria.

El martes 9, en el Ministerio de Trabajo de Nación, tuvo lugar la vigésima tercera audiencia en entre la Cámara de la Industria del Neumático (CIN) y el SUTNA. Una vez más, las empresas ratificaron lo que vienen planteando desde mayo: un 16% en una cuota sobre los salarios de junio y un bono de 8 horas por domingos trabajados por el término de un año. El aumento tampoco es retroactivo y no restituye los descuentos salariales aplicados en castigo por las medidas de fuerza. La patronal hace una sesgada interpretación de la propuesta que repite, una y otra vez, en cada audiencia. Según ellas, su propuesta “supera la inflación del período paritario (julio 2021 / junio 2022)” porque al 50% ya cobrado se le adhiere 16% más para junio y la inflación en ese período fue de 64%. El 50% ya percibido hasta aquí fue en 4 cuotas no acumulativas (siempre sobre los salarios de junio de 2021) y la inflación del período en cuestión, en cambio, es acumulativa. Lo concreto es que, a la fecha, el salario real del trabajador del neumático es 25% menor que en julio de 2021. Sin los adicionales los trabajadores del neumático tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Otra perlita: en el acta afirman que “la productividad del sector muestra un empeoramiento constante” y que la productividad de la industria del neumático “está 25% por debajo que de los países de la región”. Esto es una convocatoria a una mayor explotación. Los salarios, medidos en dólares, son los más bajos de América Latina. Estos datos no se condicen con la evolución real del empleo registrado en el sector y el aumento de la producción. En general, sin distinguir empresa por empresa, la productividad del trabajo, desde la década del 90´, no para de crecer y con picos en los períodos de fuerte devaluación del peso (static.ides.org.ar). Por lo pronto, el lloriqueo de la patronal respecto de la caída de la productividad choca con la certeza de una producción y beneficios capitalistas en aumento. Al momento de escribir este artículo el SUTNA denuncia otra maniobra más de las patronales: piden al ministerio que se inicien negociaciones para implementar un cambio en “todos los sistemas de trabajo” a fin de discontinuar la producción los fines de semana. La vigésima tercera audiencia fracasó y se fijó nueva fecha para el 22 de agosto próximo. El SUTNA ratificó el último tramo de paros de 8 horas por día y anunció un paro de 24 horas con movilización para el 17 de agosto. La estrategia de la patronal es la dilación indefinida de la paritaria mientras la inflación golpea el bolsillo de los trabajadores. En este marco, llamamos a todas las organizaciones que están en lucha por razones similares y por paritarias a formar un frente común. La necesidad de la huelga general se ve cada vez más con mayor fuerza.

El miércoles 10 de agosto, el Polo Obrero Tendencia se movilizó a Plaza de Mayo en el contexto de la marcha convocada por la Unidad Piquetera. Nuestra columna sumó un importante contingente de compañeros y compañeras del conurbano y de CABA. Además nos movilizamos en Jujuy, Santiago Del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba y Mendoza, entre otras. Al retirarse la columna de Plaza de Mayo, fuimos agredidos por una patota del Polo Obrero “oficial”. Fue el corolario de una serie de provocaciones contra nuestra organización. Adriana estaba en la línea de seguridad trasera de la columna y acabó hospitalizada. Comentanos cómo fueron los hechos. Nosotros llegamos a la Plaza por Diagonal Norte. Hasta ahí todo bien. Avanzamos más que en otras marchas anteriores, porque pudimos directamente entrar a la Plaza, otras veces no podíamos ni entrar. Cuando el Polo Obrero Oficial, que ya estaba ahí, nos vio que estábamos ahí, armaron el cordón de seguridad para detenernos el paso. En un momento llegó toda la comitiva a pedirnos que nos retiráramos. ¿Quiénes eran los de la comitiva? Tanto nuestros compañeros… yo le digo nuestros compañeros porque fueron nuestros compañeros, como de otras organizaciones también. Nos dijeron que nos retiráramos porque… primero, porque no pertenecíamos a la Unidad Piquetera, y después porque se “sentían incómodos” con nuestra presencia. Hablan con Eva y Eduardo. Nosotros les dijimos que la Plaza era de todos. Después se ve que llegaron a un acuerdo y…luego de la charla, habremos estado una hora, hora y media más. No nos queríamos retirar, queríamos quedarnos. ¿Cómo fue esa hora y media posterior? Después de la charla, el PO (o) reforzó el cordón y nos rodeó la cabecera de la columna, formando una U. Hay un compañero del Polo Oficial, que yo le digo “el patovica de Chiquito” petiso, con barba candado, que tiene siempre lentes y gorrita, y que en la Marcha Federal cuando también nos provocaron, él también estaba y organizó todo, le dicen “el boxeador”. Bueno, ese empezó a activarse y a organizar, lo vi que hablaba con uno, hablaba con otro, nos señalaba, señalaba el cordón del PO (O). Cuando yo lo vi le dije a los compañeros nuestros de seguridad que estuvieran atentos porque intuí que este estaba armando algo, por lo que había pasado en marchas anteriores. ¿Y cómo fue el momento de la provocación? En el momento de la provocación el cordón de seguridad de ellos había cambiado completamente, ya no eran los compañeros de Polo de las barriadas, de las bases, era toda la dirigencia de ellos. Todos hombres, una sola mujer, una rubia, que también estuvo en la provocación de la Marcha Federal y le tiraba patadas a una compañera nuestra (Valentina V.), totalmente fuera de sí, con un odio terrible. Ellos eran todos hombres, el cordón nuestro, que en ese momento recibió la provocación éramos casi todas mujeres… fue desigual. Cuando nos empezamos a retirar, ellos empezaron a empujarnos… a cantar y a empujarnos. Empezaron a empujar, y a empujar y a tirar piñas. ¿Ellos empezaron a avanzar o nosotros ya nos estábamos retirando? No, nosotros nos estábamos retirando, y cuando ellos vieron que nuestro cordón empezaba a moverse empezaron a empujar. A aplaudir, cantar y después, los empujones. Después empezaron a rebolear cosas, botellas, cañas… había un hombre vendiendo sándwiches, le tiraron todo y nos rebolearon las cosas del pobre hombre. A mí me empujaron, me caí al piso, me patearon en el piso, a Sabri la agarraron de los pelos. Nosotros nos defendimos, no te voy a decir que nos quedamos quietos, nos defendimos, no se la dejamos pasar, a nosotros no nos van a amedrentar tan fácilmente. Pero ellos armaron todo. Ellos empezaron. ¿Cuántos lastimados hubo? Somos cuatro con esguince. Yo el tobillo, otro la mano, y otras dos compañeras también. ¿ Esto pasó en otras movilizaciones? En la Marcha Federal, y en la marcha anterior a esta también. En la Marcha Federal fue exactamente igual, nos atacaron en la parte del cordón trasero, retirándonos. Y en la marcha anterior a esta, cuando estábamos llegando a la Plaza uno de ellos vino a increpar al cordón delantero, quería meterse en nuestra columna, insulto a los compañeros porque se pusieron firmes y no lo dejaron pasar y ahí se fue. Hace un rato decías que el mismo que organizó el grupo provocador el miércoles, también estaba al frente de la provocación en la Marcha federal, este que le dicen “el boxeador”… En la Marcha Federal, yo estaba muy atenta, y lo tenía entre ojo y ojo porque siempre está al frente de las provocaciones. Y lo veía igual, hacía señas, llamaba, hablaba con uno, con otro. Entonces yo ya lo marco a él en las marchas porque cuando el empieza a moverse tenemos lío en puerta.

El pedido de apartamiento presentado por el abogado de Cristina Kirchner hacia los fiscales Luciani y Mola y a los jueces Uriburu y Gorini intensifica la crisis política y los choques de poderes que se expresan en la causa por corrupción en la obra pública, “Vialidad”. El planteo de la defensa, si tuviera éxito, implica impugnar todo lo realizado por el tribunal y realizar el juicio de nuevo, esto cuando estamos a semanas de los últimos alegatos y la definición del tribunal. La recusación se apoya en las fotos publicadas por Página/12, donde aparecen el fiscal Luciani y el juez Uriburu jugando “para el mismo equipo” -el “Liverpool” (un conjunto amateur de country)- en la quinta “Los Abrojos” de Mauricio Macri. En los casos del fiscal Mola y del juez Gorini, se argumentan reuniones sostenidas en Casa Rosada con funcionarios macristas, entre ellos Patricia Bullrich, una de las denunciantes públicas de CFK. Como la defensa impugnó a dos de los tres jueces, se está desarrollando una controversia sobre cómo salir del atolladero. El reclamo de “un tribunal independiente”, que reclama la defensa de CFK, para que trate el conjunto de las impugnaciones, pretende reforzar recusación. La defensa ya advirtió que llevará la impugnación del juicio a Casación y a la Corte. En su defensa, Luciani, de todas formas, señaló lo obvio: el conjunto del funcionariado judicial tiene conexiones de todo tipo con la totalidad del régimen político. Luciani recordó que él fue designado por la propia CFK como fiscal y promovido por Gils Carbó, la ex Procuradora de la Nación. Mientras tanto en el tramo final de las imputaciones de la fiscalía, Los mensajes entre Báez-López-MK probarían el seguimiento del hijo de los Kirchner en la evolución de las obras públicas de Lázaro. En una causa anexa el juez Ercolini convocó a los tres ex gobernadores de Santa Cruz -Acevedo, Sancho y Peralta- a prestar declaración indagatoria por su responsabilidad en las ejecuciones de las obras provinciales. El conjunto del Congreso Nacional, responsable de la ejecución de todos los presupuestos, no aparece, por el momento, en ninguno de los señalamientos. “Cristinazo” El juez Ramos Padilla padre y el funcionario peronista Jorge Rachid pidieron un ´cristinazo´ para defender a la vicepresidenta. El clamo “Todos con Cristina”, por el momento, no ha sido recogido por Alberto Fernández ni por el ´superministro´ Massa, que se mantiene a distancia en lo referido al destino judicial de Cristina Fernández. En el juicio de Vialidad, en realidad, lo que se ha ventilado es la “asociación ilícita” del Estado que intentará capitanear la actual crisis social y política con las cliques capitalistas de la ´patria contratista´. Las denuncias de Carrió a un sector de Juntos por el Cambio por su colaboración con Massa y todo el sector empresarial subsidiado que lo sostiene confirma, en boca de ellos, que Lázaro Báez es apenas un botón de muestra de una gran asociación ilícita contra los que viven de su trabajo.

Los últimos anuncios de la gestión Petro han sido el proyecto reforma tributaria presentada en el Congreso y que ha sido definida como el eje central de su gestión para los primeros años de mandato. El objetivo central de esta reforma es recaudar 50 billones de pesos colombianos (11 mil millones de dólares) anuales en 2025. En el corto plazo, pretende alcanzar los 25 billones de pesos (5,5 mil millones de dólares) en la perspectiva de aplicar un programa de ayudas sociales. Actualmente, Colombia tiene un déficit del 8% del PBI -algo así como 80 billones de pesos-, en gran medida ocasionado por el déficit comercial que, en 2021, ascendió a $17.800 millones de dólares. Petro pretende financiar un severo ´ajuste´ con esos recursos, en un país donde la situación social es explosiva. Esto se manifestó hace apenas un año atrás, con una huelga general y una rebelión popular en plena pandemia. La reforma tributaria fue el eje central de la reunión que mantuvo el ministro de Hacienda Ocampo con la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), en Cartagena. La presentó como “una contribución que nosotros tenemos que hacer a la paz social de Colombia” (El País, 11/08). Los empresarios se quejan de que el proyecto implica un incremento de 14 billones de pesos en impuestos. Sin embargo, la mayor presión fiscal para financiar programas sociales recaería sobre la empobrecida clase obrera colombiana, pues la mayor recaudación provendría de impuestos al consumo (alimentos ultraprocesados, gaseosas y bebidas azucaradas, nafta, gas natural y envasado, electricidad). Al mismo tiempo se pretende agregar impuestos a elementos envasados en paquetes de un solo uso, algo que afecta a todos los alimentos de la canasta básica. Las empresas trasladarían todo el coste extra a los consumidores finales, llegando a representar un incremento del 5 por ciento del precio del producto. Por último, el impuesto al carbono también será trasladado al consumidor, mientras que el proyecto de ley habilita a las empresas a descontar el impuesto al carbono del impuesto sobre la renta, por lo que las empresas pasarían a reducir sus costos de producción y obtendrían un beneficio extra de los consumidores. Las familias colombianas verían crecer la presión fiscal sobre sus magros ingresos en provecho de una supuesta reforma tributaria que pretende “redistribuir el ingreso”. Los empresarios han demostrado una aprobación parcial al proyecto mediante una cotización a la baja del dólar durante la última semana.

El Centro de Estudiantes de Filo, conducido por la agrupación K El Colectivo, ha convocado a una asamblea, la primera del cuatrimestre. El temario de la asamblea incluye, a saber, la apertura del edificio nuevo, por el boleto educativo y el comedor universitario. No ha trascendido, en cambio, ninguna propuesta de lucha. Con beneficio de inventario, El Colectivo busca hacer una asamblea cuatrimestral y luego confinarse al consejo directivo. En Filosofía y Letras, en realidad, se hace necesaria una deliberación integral por las condiciones de estudio y de trabajo, entre estudiantes, docentes y no docentes. El régimen de la facultad ha sido incapaz, ¡en 12 años!, de habilitar un edificio anexo y genera condiciones expulsivas cotidianamente. La complicidad del Colectivo con las autoridades de la facultad es incompatible con nuestra perspectiva de formación profesional y como factores de transformación social a través de la docencia y la investigación. La juventud ha sido la punta de lanza de las rebeliones populares a través del continente. La lucha por la defensa de la educación reclama la unidad con la clase obrera en función de la conquista del salario, de las condiciones de vida y de la educación. Todos estos son derechos fundamentales que el gobierno nacional y las camarillas universitarias nos están negando sistemáticamente. Frente a un gobierno en disolución y un panorama económico que nos impide llegar a fin de mes y continuar con nuestros estudios, pasemos a la ofensiva a través de la convocatoria de un gran congreso de obreros y estudiantes que luche por reorganizar el país y la educación en función de las necesidades de la mayoría trabajadora. A través del método de asambleas, comisiones de base, plenarios y la formación de un cuerpo de delegados por curso, planteamos organizarnos por: ¡Apertura YA del Edificio Nuevo! Aulas para grado, NO para negociados. Aumento de presupuesto. ¡Basta de precarización laboral! Apertura de comisiones, aplicación del CCT, salario para ad-honorem y para docentes con rentas inadecuadas. ¡Comedor universitario y guarderías! No a las adecuaciones degradantes de los planes de estudio de Manetti-Morgade. Vamos por reformas reales y democráticas, con oferta de una bolsa de trabajo para docentes e investigadores en formación. Unidad obrera-estudiantil contra el gobierno y el FMI ¡Congreso Obrero y Huelga General!

Luego de que durante 6 meses los haberes de los jubilados docentes no se movieran -la última suba fue del 9,38%-, en septiembre percibirán un aumento del 40%. Esto abarca a 163.833 personas. En los últimos 12 meses -de marzo 2022 a febrero 2023-, habrán percibido un aumento de un total de 53,2%, contra una inflación anual que se proyecta el doble. El régimen previsional docente prevé aumentos cada 6 meses, pero como la inflación se contabiliza por día y por minuto, el resultado es de una pérdida salarial descomunal. Sólo en julio la inflación fue del 7,2%. Debido a la espiral inflacionaria, el año pasado el gobierno había decidido adelantar en diciembre una parte del aumento de marzo de 2022, pero este año no ocurrió eso. Durante el mes de agosto los jubilados docentes cobraron sus haberes con los mismos valores que vienen cobrando desde marzo. Según Clarín (12/8), “con estos niveles de inflación y con el aumento del 40% a partir de septiembre, este año punta a punta, la caída real de esos haberes puede ser de más del 25%”. Esta pérdida hay que agregarla a las ya sufridas en los últimos 3 años. En 2018, dos aumentos de 22,3% frente a una inflación del 47,6%, retroceso salarial del 17,1%. En 2019, el aumento fue del 49,3% y la inflación del 53,8%. Un retroceso del 2,9%. En 2020, hubo una recuperación parcial, ya que el aumento fue del 40,8% contra una inflación del 36,1%. Una mejora del 3,4%. En 2021, con el adelanto de diciembre, el incremento fue del 50,6%, versus una inflación del 50,6%. Una caída de 0,3 puntos (ídem). La burocracia de la CTERA, en el marco del paro nacional docente, realizó un acto ultra minoritario en el Ministerio de Trabajo y le reclamó al gobierno un aumento salarial de “emergencia”, aunque sin mencionar monto alguno. Su posición es que los aumentos para los jubilados docentes pasen de ser semestrales a trimestrales, que tampoco resolverán la pérdida salarial. En realidad, estamos ante una completa impostura. Porque los acuerdos paritarios que han firmado en todos los últimos años han perjudicado sistemáticamente a los jubilados, ya que contienen en su gran mayoría cifras “no remunerativas”, como el FONID. La ultima paritaria nacional docente firmada por la CTERA y el gobierno consagró salarios mínimos de $65.000. Los jubilados docentes acompañan en mayor medida la pérdida de poder adquisitivo de los docentes activos. Los sindicatos son cómplices de la destrucción salarial y de la destrucción de la jubilación docente. Los aumentos diferenciados para docentes se deben a que la ley previsional establece para el sector que los trabajadores activos aportan dos puntos adicionales (el 13% del sueldo), que la mayoría de los trabajadores, y se jubilan con el 82% móvil correspondiente al cargo que tenían en actividad. Es archiconocido que el FMI pretende barrer con todo “régimen especial” establecido, y convertir a la jubilación en una pensión mínima universal de indigencia, mandando al olvido definitivamente el 82% móvil.

En la última semana ha presentado su renuncia el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna. Había arribado al gobierno en reemplazo de Marcelo Saín, quien había prometido “ir hasta el fondo” de las responsabilidades políticas por la penetración del narcotráfico en la provincia y su encadenamiento con el Estado. Como fue reflejado anteriormente, esto provocó una fractura en el mismo PJ, cuando Armando Traferri y parte de la legislatura provincial fueron sindicados como parte fundamental de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino, la primera implosión del Frente de Todos previa al derrumbe en las PASO 2021. El desenlace fue la salida de Saín. Recuperar estos hechos nos lleva a caracterizar la función del renunciado Lagna, cuya designación fue un intento de superar la grieta expuesta en el interior del gobierno. Sin embargo, la situación recrudeció en las ciudades más importantes de la provincia, con epicentro en Rosario – 173 homicidios en lo que va del 2022. Los líderes de las bandas operan desde las cárceles, con la discreta complicidad del servicio penitenciario. La tasa de criminalidad se ha exacerbado. Las balaceras y asesinatos “por encargo” se han extendido hacia otras esferas de la sociedad. Por ejemplo, una disputa entre distintas facciones del gremio de camioneros ha revelado la acción de “empleados” vinculados a la banda de narcos Los Monos. La cantidad de lesionados por armas de fuego, o que ingresan a las distintas reparticiones de salud públicos o privadas se asemejan a los números de internados por COVID en el pico de la pandemia (Cadena 3, 26/7). Perotti, Javkin, Jaton (intendente de Santa Fe) se han recostado en la militarización de los barrios. El Estado capitalista busca descargar todo su aparato en el eslabón más expuesto de la sociedad, mientras la organización del tráfico de drogas, de trata de personas, ingresa y egresa por los puertos de San Lorenzo, Rosario y Reconquista, por la hidrovía y a cielo abierto. La designación del nuevo ministro Como corolario, ha sido designado Jorge Rimoldi en la cartera de seguridad. Ex comisario retirado, sus primeras declaraciones han versado en el concepto de “unidad de mando”, un eufemismo para referirse a la completa descomposición del aparato policial. No es ninguna novedad: en lo que va del mandato de Perotti ha sido descabezada el jefe de la unidad que responde Rosario nueve veces en tres años y medio, sumada a las renuncias de dos jefes provinciales de la Policía. Cuando el gobernador se apresta a que políticamente la institución sea manejada por “uno de ellos” es la expresión desesperada que no hay garantía alguna de control sobre el aparato represivo. Lejos de haber logrado la “paz y orden” que prometió en el eslogan con el que llego al cargo, Perotti se juega a pilotear una crisis histórica que combina la violencia organizada, la destrucción del medio ambiente sin precedentes, pobreza abismal y un Estado pulverizado.

Hace dos semanas Infobae advertía sobre el ´entorpecimiento´ por parte de los pueblos originarios sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que llevaría el gas de Vaca Muerta a los centros de consumo y a los puertos para su exportación. Según el portal de noticias, el ´entorpecimiento´ se fundaría en que el Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre obras y procedimientos a ejecutar en su territorio a través del “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI)”. Sin embargo, la denuncia permanente del pueblo mapuche tehuelche es que nunca se efectiviza la consulta. Ya lo expresaron con respecto al proyecto Hidrógeno Verde y otros de megaminería cuando procedieron a cerrar las tranqueras. Recientemente bloquearon el acceso a la gerencia que la estatal YPF tiene en la meseta de Añelo. El conjunto empresarial que opera en Vaca Muerta y el que construirá el gasoducto acusan a los originarios de entrometerse por intereses económicos. Los grandes intereses capitalistas de la Patagonia (el yacimiento de Vaca Muerta es el segundo en el mundo de gas no convencional y el cuarto de petróleo no convencional y más de 30 empresas locales e internacionales se encuentran invirtiendo en el mismo) chocan con los pueblos originarios y los pobladores en general. Este conflicto capitalista es una muestra de los poderosos intereses que están en juego en el conflicto mapuche y de qué lado está el gobierno. Autoridades nacionales firmaron la licitación de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Saliquello. Vaca Muerta es la bala de plata de un régimen moribundo. Otros dos hechos recientes denotan la creciente hostilidad hacia los pueblos originarios, tanto por parte del gobierno nacional como de la oposición. El incendio de una cabaña en Villa Mascardi fue atribuído a la Comunidad Lafken Winkul Mapu sin ninguna clase de prueba. Entre la población mapuche se denuncia a los servicios de inteligencia como los responsables del incendio intencional de la cabaña. La gobernadora pidió refuerzos al ministro de seguridad, Aníbal Fernández. La zona está fuertemente militarizada por la Gendarmería. Se quiere crear un clima de zozobra y alimentar tendencias fascistizantes entre sectores dedicados al turismo y al comercio. El otro incidente se produjo cuando Parques Nacionales declaró Sitio Natural Sagrado Mapuche al volcán Lanín ubicado en la provincia de Neuquen. “El Lanín es sagrado y acompaña la resistencia mapuche hace más de tres siglos” dicen los voceros mapuche. La provincia de Neuquén reaccionó con toda la furia y se quejó frente al gobierno nacional quien dio marcha atrás con la resolución de Parques Nacionales”. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié le pidió la renuncia al titular del organismo Lautaro Erratchú. Los Benetton, propietarios de un millón de hectáreas de tierras patagónicas dicen que “en tres áreas de esos campos se instalaron poblaciones mapuches. Benetton organizó un esquema aislando esas zonas”. Su CEO define esa situación como de “tensa calma” (Clarín, 14/8). El centro del conflicto mapuche reside en los territorios que fueron usurpados a lo largo del siglo XIX -campañas militares y genocidio mediante- y en los que los pueblos originarios no dejan de reclamar su derecho comunitario a la propiedad. Los mapuche se han convertido en la piedra en el zapato de un régimen desesperado por las divisas provenientes de la especulación inmobiliaria, la minería y el gas, que realizan ´inversiones´ en la Patagonia. Es urgente la coordinación de las luchas de los originarios, ambientalistas y las de los trabajadores en general para ponerle fin a este régimen y dar lugar a un gobierno de trabajadores que es el único que podrá preservar el medio ambiente y la humanidad.

El músico y activista inglés Roger Waters, uno de los ex líderes de Pink Floyd, utilizó la pantalla de CNN y un seminario online realizado por la organización World Beyond War para denunciar el carácter imperialista de la guerra Estados Unidos/OTAN versus Rusia y el avance militar de EE. UU. contra China. En el programa de Michael Smerconish que se emite por CNN, Waters dijo que Biden está "alimentando el fuego en Ucrania para empezar. Eso es un gran crimen”. Frente a la retórica pro establishment estadounidense y anti Rusia y China de Smerconish, Waters dijo que esta “guerra horrible y horrenda (...) se trata básicamente de la acción y reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa". Cuando Smerconish presentó a los EE. UU. como "libertadores" históricos del mundo, Waters le respondió "ustedes no tienen ningún papel como libertadores". En el seminario online de World Beyond War, Waters amplió su posición sobre la guerra en CNN y en su gira por América del Norte llamada This is Not a Drill, en la que Biden es mostrado como un criminal de guerra. Dijo: “Rusia ha sido designada como el nuevo enemigo principal del Imperio de EE. UU. que "está tratando de dominar el mundo" y "por eso tienen más de mil bases militares (...), por eso están tratando de ampliar la OTAN no solo a la frontera con Rusia sino también al Mar de China Meridional. Quieren que el Mar de China Meridional se convierta en parte de algo que nominalmente se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte". Waters se ha convertido en uno de los activistas más destacados de la historia del rock. Con el lanzamiento hace 40 años de la película "Pink Floyd / The Wall", plasmó su poderosa visión artística y política de las atrocidades de la guerra imperialista y el capitalismo en descomposición, que bajo este régimen nunca dejó de tener vigencia. Waters lidera hace años el boicot a los shows de músicos del mainstream global en Israel, como respuesta a la brutal masacre del pueblo palestino en manos del sionismo. En medio del apoyo "a Ucrania" (es decir, a Estados Unidos y la OTAN) de la gran mayoría de músicos "politizados" famosos, las palabras de Waters son urgentes y necesarias.

Compañeras y compañeros, buenas tardes. Miren, estamos asistiendo a un hecho infrecuente, no sólo en la política argentina. De acuerdo a lo que dicen los diarios y los comentaristas en la televisión, el Jefe de Gobierno hoy en la Argentina es el ex presidente de la Cámara de Diputados. Sergio Massa no fue electo como presidente ni como vicepresidente, pero ha sido designado en el Ministerio de Economía con casi todos los poderes de un presidente y de una vice presidente. Este es un hecho inusitado porque implica que el gobierno se vacía a sí mismo, declara abiertamente que no tiene condiciones de gobernar y entrega el poder político a alguien que no fue electo para el Ejecutivo. Ustedes habrán visto que todo el mundo está esperando para ver qué medidas va a tomar Sergio Massa para salir de la crisis y cada vez que baja un poquito el dólar dicen "bueno, la situación está mejorando, porque lo tenemos a Massa como Ministro de Economía". Massa, en realidad, se ha copado todo. No sólo tiene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura, sino que había un Ministerio que se suponía que no se lo iban a dar y que era el Ministerio de Energía, porque ahí había dos grandes alfiles de Cristina Kirchner. Se sacó a estos dos grandes alfiles de encima, puso a los secretarios de Energía y largó un tarifazo sin anestesia. Del otro lado, hay una resistencia a que él dirija, o que un hombre de él dirija, el Banco Central, pero se espera que en los próximos días renuncie el presidente del Banco Central y que Sergio Massa coloque a un hombre suyo dentro del Banco Central. Es un hecho inaudito, no tengo registro de que, salvo circunstancias de un golpe de Estado, el presidente de una Cámara de Diputados concentre de esta manera el poder. Qué va a hacer Massa Como resultado de este hecho todo el mundo está esperando qué va a hacer Massa en materia de economía. Y lo que Massa va a hacer en economía es una fuerte devaluación del peso y esa devaluación del peso va a provocar un crecimiento inaudito de la inflación. Por ejemplo, muchos economistas que están a favor de una devaluación del peso confiesan, en declaraciones públicas, que no saben bien cuáles serían las consecuencias sociales de esa devaluación del peso. Indudablemente, Massa todavía no produjo la devaluación del peso porque él tiene que tomar algunas medidas previas para proceder a la devaluación del peso. Una medida previa que tiene que tomar es conseguir préstamos, sean internacionales, sean préstamos de las cerealeras, o préstamos de algún sector agropecuario, para reunir la cantidad de dólares que le permitan ejecutar una devaluación de la moneda. ¿Por qué se necesita esto? Porque en este momento el dólar oficial está en $140. Si el gobierno, como lo señalan algunas personas, lleva el dólar a $200, lo único que puede hacer que el dólar se quede en los $200 y no se dispare a 300 o $400 es que el gobierno tenga dólares para que, si alguien quiere que la devaluación vaya más lejos que eso, meter los dólares y parar la devaluación. Es decir, quiere dólares no para frenar una devaluación, sino para hacer una devaluación. Con eso está engañando a mucha gente que cree que él pretende seguir, digamos, con esta situación e ir bajando lentamente la inflación como prometieron otros ministros antes que él. ¿Qué tiene Massa que puede hacerse cargo de esta situación y que no tuvo Guzmán, que no tuvo Batakys, no tuvo Alberto Fernández, no tiene Cristina Fernández? Massa tiene dos cosas: en primer lugar es un hombre que representa fuertemente los intereses de los fondos internacionales norteamericanos y, por lo tanto, se espera que el nombramiento de Massa suscite de parte de EE. UU. un apoyo al gobierno y facilite esta política económica que Massa se ha comprometido a realizar. Pero. por otro lado. Massa tiene otra característica. ¿Cuál es esa característica? Que gobernó con Macri. Cuando Macri llegó a presidente no tenía mayoría en el Congreso, era francamente minoritario y gobernó todo el tiempo con los votos del Frente Renovador de Massa y de una parte del peronismo. Con lo cual se espera que, a la hora de continuar gobernando en el medio de una inflación tan brutal como la que señaló Eva (Gutiérrez), que por ejemplo en el mes de julio fue cerca del 8% y que en productos como indumentaria, calzado, etc., se fue por las nubes, al 11%, pero que en otros rubros se fue mucho más lejos todavía como alquileres, servicios de salud, medicamentos, que los diarios no señalan.... en una situación de este tipo, Massa confía que el macrismo, en el Parlamento, le va a dar los votos para gobernar como él se los dio a Macri cuando Macri era presidente. Es esta la característica de Massa. Porque además, como hombre que fue electo por el Frente de Todos para la Cámara de Diputados y después se convirtió en Presidente de la Cámara de Diputados, termine gobernando con el macrismo. Es un giro grande de la situación política. ¿Y cuál es la prueba de que pretende gobernar con el macrismo? Algo que nuestro periódico adelantó hace varios números y que ayer un periodista me lo recordó y yo me quedé muy sorprendido de que lo hubiera advertido. ¿Cuál es la prueba de que Massa representa todo esto? El brutal ataque con el que salió Elisa Carrió contra el macrismo. ¿Por qué salió a este ataque? Porque advierte, ella lo dice, "acá en el macrismo, en Juntos por el Cambio, hay un montón de ganas de apoyar a Massa y los negocios que tiene Massa y las conexiones económicas que tiene Massa". Entonces salió a golpear a Juntos por el Cambio y al único que no golpeó fue al propio Macri, porque Macri está en contra de Massa. Entonces, del lado opositor se está diciendo que el massismo representa un gobierno de coalición, no de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, sino un gobierno de coalición, en la práctica, con una gran parte del macrismo. El propósito de todo esto es conseguir un apoyo para proceder a una devaluación del peso, que va a llevar a los productos de consumo diario y otros que no son de consumo diario, por las nubes. Estamos frente a una crisis social extraordinaria. La importancia de Massa y de la designación de Massa reside en otra cosa. ¿Y si Massa no obtiene esos préstamos? ¿Y si Massa no genera una base política de apoyo para proceder a una devaluación? ¿Y si Massa fracasa como fracasó Guzman y como fracasó Batakys? En este caso el gobierno se quiebra y vamos a elecciones dos meses más tarde. Massa representa, en esta crisis política, la última carta que tiene en juego el Kirchnerismo. La última carta que tiene en juego el Kirchnerismo es hacer una alianza con el macrismo. La última carta que tiene en juego un gobierno que se dice "nacional y popular" es una alianza con los fondos internacionales norteamericanos. Y la última carta que tiene este gobierno es hacer una devaluación de la moneda como se lo exigen los fondos internacionales. El derrumbe, bajo el peronismo Como ustedes ven, pocas veces en la Argentina el derrumbe político podría ser mayor. Algunos de ustedes porque lo vivieron y otros porque, naturalmente, como es algo que ocurrió hace poco, piensan que esta crisis no es tan grave como la de De la Rúa. Yo no tengo un medidor de las crisis, como ocurre con la temperatura. Lo que sí sé es que De la Rúa era radical y este gobierno es peronista. Es decir que aquella crisis fue la crisis a un gobierno radical y esta es la crisis a un gobierno de un movimiento que se jacta de ser la mayoría del país, que se jacta de tener la mayoría de los gobernadores, que tiene a la mayoría de los dirigentes sindicales y que tiene a la mayoría de los intendentes. Con la mayoría de los gobernadores, los intendentes, la burocracia sindical, este gobierno, si Massa fracasa, se cae. Para la conciencia del pueblo argentino tiene un alcance histórico. ¿No era que el peronismo venía siempre a salvar las situaciones finales? Algo que es mentira, pero que circula. Porque con Isabel Perón el peronismo no salvó a nadie. Lo único que hizo fue permitir que venga la dictadura militar. Con Menem el peronismo no salvó a nadie, entregó el país como nunca. Pero como la leyenda es de que el peronismo te viene a salvar, la experiencia actual no es lo mismo que lo de De la Rúa. No es lo mismo que fracase un gobierno radical a que fracase un gobierno peronista. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el trabajador, que por motivos familiares, recuerdos y lo que sea, ahora se tiene que preguntar a sí mismo "¿Y ahora qué hago, cómo defiendo mis intereses de trabajador? Yo creía que lo podía hacer a través del peronismo, creía que lo podía hacer a través de los punteros peronistas, creí que lo podía hacer a través del apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, creí que lo podía hacer de una u otra manera"... y eso se quebró. Una nueva situación Entonces ¿qué situación tenemos? Si Massa prospera tendremos una crisis fenomenal, porque es la devaluación y un estallido general de lo que es la economía. Y si Massa no prospera tendremos una caída del gobierno. Y si hay un ‘estallido social’ porque ‘le va bien’ y devalúa, los trabajadores salen a la calle va a haber una crisis de fondo y también habrá en caso de caída del gobierno. Este es el análisis político que tenemos que tener en cuenta. En la vida cotidiana estamos preocupados por lo que nos ocupa en forma inmediata y, a veces, no podemos responder a los problemas que tenemos en forma inmediata precisamente por esto, porque los problemas tienen un alcance mayor. ¿Por qué motivo quieren devaluar la moneda?¿Por qué diablos sólo un sector reclama a muerte que se devalúe el peso? Ese sector que reclama a muerte que se devalúe el peso son los fondos internacionales de los Estados Unidos, que tienen en sus manos una parte importante de la deuda externa (en dólares) de la Argentina. Como Argentina no puede pagar esa deuda, esos bonos que tienen los fondos internacionales no valen nada. Si alguien que tiene esos fondos necesita pagar el alquiler y vende al bono para que le den la plata para pagar el alquiler, lo que él compró a 1 peso lo deberá vender a 20 centavos. Nadie quiere comprar los bonos de la deuda externa argentina, porque todos están convencidos de que Argentina no puede pagar ninguna deuda externa. La deuda pública del Estado es equivalente a 500.000 millones de dólares. Está por encima de lo que la Argentina produce en un año, es impagable. Otra cosa fundamental es que gran parte de esa deuda pública se encuentra en manos de acreedores locales. Es más, la deuda pública se encuentra en manos de acreedores locales en su mayoría. Entre el 55 y el 60% de los acreedores del Estado son capitalistas locales. Por lo tanto, los capitalistas extranjeros son el 40 o el 45%. Estos también quieren cobrar junto con los extranjeros, y Argentina no puede pagar. Entonces, ¿por qué quieren devaluar? Porque ellos suponen, y nada más que suponen, que si Argentina devalúa se va a poner muy caro importar y se va a poner muy atractivo exportar. Y la exportación va a ser tan grande y la importación va a ser tan chica que Argentina va a acumular una cantidad muy importante de dólares. Va a exportar mucho, entran dólares, y luego los dólares para importar van a bajar con la devaluación y el encarecimiento de las importaciones. Entonces el pueblo argentino va a sufrir un mazazo fenomenal para poder pagar la deuda. Los socios de Massa El señor Sergio Massa llega al gobierno después de una corrida cambiaria. ¿A qué se llama una corrida cambiaria? Todos los que tenían, o que tienen, bonos de la deuda pública argentina salieron a venderlos, con la seguridad de que no se va a pagar esa deuda. Cuando salieron a venderlos, el dólar blue, el dólar que se compra en las casas de cambio, saltó de 200 a $300 en 48 y 72 hs. El gobierno vio la hecatombe, entonces se acordaron de que Massa, que es un hombre que tiene muy buenos contactos con los fondos internacionales norteamericanos, podía salir a poner la cara. Pero Massa no solo tiene contactos con los fondos norteamericanos. Por ejemplo, las empresas que producen celulares en Tierra del Fuego (en realidad no producen absolutamente nada, importan todas las partes de un celular y lo arman, porque en Tierra del Fuego para importar y para producir no se cobran impuestos) se están llenando de guita. Los que arman eso en Tierra del Fuego son de la pata de Massa. ¿Quién más es de la pata de Massa? Los dueños de Edenor, y ahora con Massa Edenor va a tener un aumento de tarifas. ¿Quién más está con Massa? Los mineros, los que producen el litio, los que producen el oro, los que producen el cobre. El litio, en Jujuy, Salta y Catamarca, se transformó en factor económico importante porque con el litio se hacen las baterías para los autos eléctricos. Massa designó en la Secretaría de Energía a una salteña que está vinculada a las mineras del litio. Es decir que Massa representa un conjunto de intereses capitalistas determinados. La importancia de todo esto es que son intereses vinculados a una devaluación. Aunque a la Argentina no le convenga la devaluación, le conviene a los fondos nacionales e internacionales porque son los dueños de una deuda que está cayendo en valor y una devaluación haría subir su cotización. Una devaluación provocaría un ingreso mayor de dólares y bajaría la demanda de dólares de la importación. . Estamos en el punto más profundo de la crisis. Si miramos la situación con respecto a las elecciones de octubre el año que viene, hay un cambio interesante. El acuerdo con el FMI para llegar a esas elecciones ha colapsado y ha planteado un realineamiento de las fuerzas que debían participar en ellas. Cambió la situación del FdT y cambió la situación de JxC. La imagen que teníamos todos de esas elecciones cambió totalmente. El interinato de Massa plantea la posibilidad de una ruptura en el frente oficial y, al mismo tiempo, alguna componenda con la ‘oposición’, es una combinación de gorilaje y peronismo. La cosa que esto ha provocado es que muchos punteros peronistas se distancien del gobierno de Massa sin por eso irse del gobierno. Dicen: "Yo lo repudio, pero quiero cobrar mi sueldo y quiero mantener las ataduras, los lazos con el Estado, para seguir alimentando a mi movimiento". Acaban de echar a funcionarios del Banco Nación que siempre han sido medio izquierdistas dentro del peronismo. Batakys echa a todos los miembros del Directorio y los reemplaza por gente propia, en línea con Massa.. Con lo cual Batakys resultó alguien con armas cargadas. La conclusión que tenemos acá es que no sabemos tampoco cómo van a ser las elecciones de 2023, si es que va a haber normalmente elecciones en octubre de 2023 y no se produce una catástrofe antes. Panorama en la clase obrera El panorama para los trabajadores, para el movimiento obrero, es muy claro. ¿Qué pasa con la CGT? La CGT apoya fuertemente a Massa. Pero ¿la CGT desconoce a qué viene Massa? De ninguna manera. La pregunta que se hace la CGT es ¿y si no es Massa, quién?, ¿y si no son los fondos norteamericanos, quién?, ¿y si no es una devaluación respaldada con algo de dólares, qué cosa? Ante la perspectiva de la salida de la gente a la calle, la burocracia de la CGT dice “Yo estoy para defender al Estado, yo estoy para defender al peronismo, el interés de mis representados es secundario". La prueba está en que la burocracia de la CGT se ha llenado de guita en el mismo periodo en que los trabajadores afiliados a los sindicatos de la CGT se han empobrecido como nunca. Tenemos entonces acá una crisis visceral. La crisis del peronismo, la crisis total de la burocracia sindical que no tiene rumbo y los trabajdores que han perdido enormemente poder adquisitivo, han perdido empleo, y los monotributistas son sacrificados porque, además, tienen que pagar impuestos y no tienen la protección de jubilaciones o de salud que tiene un obrero registrado en una empresa. Esto nos plantea dos cuestiones fundamentales: cómo enfrentamos esta situación y cuáles son las perspectivas. La situación la vamos a enfrentar, desde el punto de vista de Política Obrera, con una intensa campaña de agitación en favor de una Huelga General. Es muy importante una agitación por la Huelga General porque todas las alternativas inmediatas son realmente muy violentas contra los trabajadores. Estas crisis simultáneas, aunque única, plantea a la clase obrera una cuestión de poder: ¿qué poder político nos saca de la crisis y el derrumbe? Una guerra mundial Todo esto se desarrolla en un cuadro de guerra mundial. Ya no se habla de “guerra en Ucrania” sino de “guerra europea”. El escenario bélico ha incorporado a China y el sudeste de Asia. En Alemania, el gas aumentó el 600%; en Gran Bretaña los alquileres subieron un 40%. Esta guerra es la explosión de todas las contradicciones capitalistas. La cuestión del gobierno de los trabajadores y del socialismo es mundial. Debemos mirarlo de esa manera. Nuestra organización, y esto quiero que presten atención, es la única que analiza, caracteriza, califica, define el momento histórico que vivimos con esta mirada de conjunto. Las demás van pedaleando todos los días un poquito. Lo que nos distingue a nosotros, que participamos de todas las luchas del momento, es ofrecer una perspectiva de conjunto, una dirección general. Esto requiere un partido y hay que construir ese partido sobre la base del programa y las posiciones políticas de Política Obrera. Porque, además, les adelanto una primicia: nos hemos convertido en un Partido Nacional, reconocido electoralmente y en el lapso de un mes vamos a convocar una conferencia de prensa para anunciarlo con todas las formalidades. Hay que preguntarse lo siguiente: ¿pero cómo es posible que habiendo vivido una crisis tan grave en el Partido Obrero, ustedes, tres años después, ya sean un partido nacional? Además, no es que sean un partido nacional porque tienen la personería electoral en todas las provincias que son necesarias para tener la personería nacional. Somos un partido político en otras provincias donde no tenemos la personería electoral. (...) Es decir que esta crisis política severa la hemos afrontado demostrando la corrección de nuestros planteamientos políticos. ¿Qué quiere decir la corrección? Que las perspectivas que hemos trazado han sido confirmadas por la realidad. Ustedes piensen lo siguiente. Cuando el Frente de Todos perdió las Paso de 2021, el lunes siguiente escribimos: "el gobierno entró en una crisis terminal". ¿Pero terminal por perder una PASO? Hoy, cuando todavía no se cumplió un año de esas PASO, estamos prácticamente en la disolución política del gobierno. La crisis es tan grande que se metió en la oposición. Se han borrado hasta cierto punto las fronteras entre el gobierno y la oposición y hay, en la base del peronismo, un descontento muy claro que no es simplemente el descontento con una medida de gobierno, con un funcionario. El interrogante que se hacen muchos trabajadores que se consideran peronistas es si el peronismo no es un cadáver al que hay que darle una digna sepultura y esa digna sepultura sería construyendo un verdadero partido revolucionario de la Clase Obrera. Esta es la perspectiva nuestra y esta es la perspectiva que fundamenta el reclamo para que los trabajadores, las mujeres, la juventud, se incorporen como fuerza militante en Política Obrera. Les agradezco mucho la atención que han tenido. Abrimos el debate donde ustedes cuestionen una serie de afirmaciones fundamentales. Me voy a esmerar en tratar de aclararlas, clarificarlas y desde ya la invitación, en un momento tan crucial para la vida de todos nosotros, que es que se incorporen a una militancia fundada en un programa, en una perspectiva, en un método. Militar con un propósito para alcanzar ciertos objetivos, a partir de ello,s otros más altos y finalmente un gobierno de trabajadores en Argentina, en América Latina y a nivel internacional. Muchísimas gracias.

La incorporación de Samuel Huerga, concejal del departamento de Orán, al MST, metió una cuña en el FIT-U. Recordemos que Huerga entró al Concejo Deliberante en la lista de Política Obrera. A poco de asumir, llegó a un acuerdo con los partidos patronales para establecer una presidencia rotativa del consejo, que fue el primero en encabezar. Ante esto, Política Obrera llamó a Huerga a rectificar su posición mediante una detallada polémica interna . Luego de recibir el apoyo de un diputado de Grabois, se incorporó a las filas del MST. El MST avaló de este modo el método de pactar con los partidos patronales, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria y promete seguir haciéndolo . En lo que respecta a Huerga, su jugarreta personal lo llevó de Política Obrera, que combate la guerra de la OTAN, sobre bases internacionalistas, a un partido que ha apoyado todas las guerras de la OTAN desde el bombardeo de la ex Yugoslavia hasta el día de hoy. El MST, que en Salta ganó la interna del FIT-U contra la lista del PO-PTS, despertó la ira de sus socios del frente al incorporar a Huerga. Por sobre todo, porque con un pie en Orán tiene la posibilidad de aumentar la distancia electoral con sus contrincantes en la próxima interna del FIT-U y, más todavía, si se suspenden las PASO. El PO oficial sacó a relucir todo el historial oportunista del MST, incluyendo alianzas con sectores patronales, sin explicar por qué, con semejante prontuario, decidieron formar un frente programático con este partido y, ahora, compartir la contramarcha del miércoles 17 para enfrentar a la CGT. El MST, en realidad, ofrece la caracterización correcta del FIT-U, que no es socialista sino democratizante, y que ahora el PO ha convertido en movimientista y frente-populista, a partir de su llamado a construir “un movimiento popular”. Esto no obstante, la crítica del PO oficial se transforma en un búmeran que lo dejó en ridículo, junto con el resto del FIT-U. Todo lo contrario de la conducta de Política Obrera, que defendió en este asunto la trayectoria histórica del Partido Obrero. El que ahora salió con los tapones de punta contra el MST fue el PTS, a través de un artículo de Guillo Pistonesi. Al igual que el PO, sin el menor sentido del ridículo, Pistonesi recuerda que el MST hizo de furgón de cola de personajes como Luis Juez y Pino Solanas. En las elecciones próximas, el PTS votará, en Salta, a la lista que encabezará el MST. Según el PTS, sin embargo, el PO ha hecho “casi una tradición de personas que ponían en las listas para ejercer cargos electivos que terminaron siendo cooptados por los partidos capitalistas, por acción u omisión”. La observación es, por lo menos, curiosa, si no infame, porque Samuel Huerga ha sido dirigente del PO de Salta durante tres décadas, más o menos el mismo tiempo del diputado chaqueño Aurelio Díaz, que había roto muy claramente con el Partido Comunista, donde se desarrolló como militante y dirigente obrero también un largo tiempo. Ocurre que Pistonesi es incapaz de atar las dos puntas del ovillo de todo este proceso, porque pondría al desnudo el volantazo electorero del PTS. Porque lo ocurrido con Huerga y Díaz es lo mismo que ha ocurrido con todo el FIT-U, a saber, un violento volantazo democratizante; Huerga, con su jugada rotativa, y Díaz, con sus quórums a Capitanich para aprobar el Presupuesto y para privatizar tierras públicas , han hecho lo mismo que Bregman y Solano, cuando votaron, primero, el acuerdo Netanyahu-Trump acerca del antisemitismo y luego peregrinaron a la embajada de la Autoridad Palestina a pedir perdón, a sabiendas que ella es una colateral de EEUU e Israel , y que más tarde votaron a favor del negociado inmobiliario de Boedo . Huerga nunca ha llegado a eso. Solano y Bregman, al igual que Díaz, pero no que Huerga, actuaron en función de la línea de sus partidos. Política Obrera hizo una crítica firme de la posición de Huerga. Encima de toda esta evolución proburguesa y del acompañamiento a la peor legislación burguesa, tenemos la posición del FIT-U en la guerra, que apoya a la OTAN bajo el pretexto de la independencia de Ucrania, y la lamentable posición pacifista del aparato del PO, que pide el “retiro” de la OTAN y de Rusia, como si esto tuviera algún sentido. Dejamos para lo último el ‘affaire’ Grabois, el vaticano aliado de Grobocopatel al que hacen mimos el PTS y el PO oficial. Pistonesi todavía no contestó sobre sus flirteos con Grabois . El PTS se cuidó durante dos años de no criticar los manoseos del aparato del PO con el 'Coqui', para respaldarlo en las expulsiones que dictó contra mil doscientos militante del partido. Lo hace ahora, no por razones de principios, sino por el hábito de escarbar en la porquería. El FIT-U no ha marchado a la embajada cubana a defender a las masas hambreadas por el ajuste financiero, para no incomodar a la feligresía progre . En esta trayectoria, hay que sumar el proyecto de juicio político a Vidal por parte de la bancada del PO en la legislatura bonaerense, y las vacilaciones del aparato del PO respecto de votar la “inhabilidad moral” propuesta por Carrió contra De Vido. Lo mismo vale en materia de quórums, tanto el que facilitó el PTS en el Congreso Nacional para la reforma de las jubilaciones judiciales que reclama el FMI, o los realizados en las legislaturas provinciales, como en Chaco y en Córdoba, donde dieron visto bueno a un proyecto de reducción de sueldos legislativos, que serviría de quórum a un posterior ajuste en la administración pública. Todas estas componendas parlamentarias con las fuerzas patronales son reivindicadas por los partidos del FIT-U. Esta es la esencia del asunto y ésta es la tajante diferencia entre unos y otros. El hilo conductor de todo este asunto es la adaptación de la izquierda democratizante al Estado capitalista, sea en los partidos o en los individuos. Es un aspecto no menor de la crisis de dirección de la clase obrera, en especial en el trotskismo, encargado de superarla. La crisis del Partido Obrero ha consistido precisamente en esto; Política Obrera ha representado en esta crisis el programa histórico del socialismo y el comunismo. El estallido de las contradicciones del capitalismo agonizante, bajo la forma de crisis climáticas, pandemias, bancarrotas financieras y guerras internacionales en el corazón del imperialismo, pone a esta adaptación en un terreno concreto. El centrismo orgánico de la izquierda (el morenismo es eso, si se añade el calificativo de “inescrupuloso”), en períodos menos traumáticos, es insostenible cuando los antagonismos históricos se convierten en una realidad cotidiana. LEER MÁS: El MST entra por la ventana al Concejo Deliberante de Orán Por Julio Quintana FIT-U: que el gobierno convoque a una asamblea constituyente Por Fede Fernández

La docencia Mendoza viene de protagonizar paros de 48 hs. y 72 hs., y movilizaciones que han conmovido a la provincia. El reciente sábado se desarrolló un plenario de delegados del SUTE (Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación), que contó con la presencia de 180 congresales. El gobierno provincial, que venía de anunciar por decreto un aumento salarial del 44% -que los sindicatos rechazaron-, notificó al SUTE de la convocatoria a la paritaria provincial que se desarrollará el día jueves en la Subsecretaría de Trabajo. Desde la conducción del sindicato, impulsaron que toda medida de fuerza que se vote quede sujeta al resultado de dicha reunión. La secretaria general del SUTE, Carina Sedano, declaró que "teniendo en cuenta que hemos sido convocados a la paritaria para el día jueves, esta medida ha quedado en suspenso". La convocatoria ha sido caracterizada por la dirección del sindicato como un “triunfo de la lucha”, pero esto es algo que ya estaba anunciado en los decretos paritarios firmados. “Se activa la cláusula tras conocerse el alto índice inflacionario y que alcanzó el 7,4% durante julio en el país y del 7% en Mendoza” (MendozaPost, 13/8). El ámbito de la paritaria, históricamente, ha sido el lugar para que el Estado imponga sus condiciones salariales. Este “compás de espera”, que le ofrece la dirección kirchnerista del SUTE al gobierno de Cornejo, debilita la fuerza con la que los trabajadores pueden desenvolver su movimiento hasta conquistar sus reclamos. Las direcciones burocráticas boicotean el desarrollo de huelgas generales, utilizando los “paros” o los “planes de lucha” para encausar la bronca de los trabajadores, e ir desgranando su capacidad de acción frente al poder político del Estado. En el plenario, se expresó una enorme predisposición para continuar la lucha. La decisión de avanzar con nuevas medidas de fuerza fue votada por unanimidad entre todos los presentes. Luego, por mayoría se decidió que la modalidad sea por 96 horas (134 votos), mientras que un total de 39 delegados se expresaron por una huelga indeterminada. También se reclamó para que se repongan los descuentos ejecutados por el gobierno que aplicó violando el derecho a huelga. Respecto a la propuesta salarial, la dirección del sindicato sostiene que "como mínimo el incremento deberá ser del 20% al básico conformado de los docentes y los celadores para recuperar lo perdido hasta el mes de julio". "Con esto se busca no seguir perdiendo respecto a la inflación y respetar el escalafón. Además, se agrega una revisión en septiembre y otra en noviembre" (SUTE 14/8). El reclamo –incluso de concederse- no significaría un gran cambio para los bolsillos de la docencia. Con una inflación que se proyecta en el 100% y salarios básicos de pobreza, lo que correspondería es un aumento general que contemple la inflación del año, y que se indexe mensual o hasta por quincena. La canasta familiar está calculada en los $180.000. LEER MÄS: La pulverización de las jubilaciones docentes nacionales Por Mariano Hermida Parazo docente Por Mariano Hermida Paro docente, marcha y acto en Formosa Por Franco Bozzani

El día sábado 13 por la tarde, en el sindicato de docentes Ademys en CABA, la convocatoria de un conjunto de agrupaciones de jubilados contó con la participación de casi 50 compañeros. Formaron parte del encuentro los compañeros jubilados de Ademys, de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, de Jubilados Insurgentes, U.T.J.E.L (Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha), Jubilados de la FORA, Jubilados de la CTA de Lomas de Zamora y Ate. Brown, Jubilados Clasistas de CABA, Berazategui, Bella Vista, Vte. López y Pilar, activistas y luchadores independientes y trabajadoras del PAMI. Todas las intervenciones giraron alrededor de la importancia de la convocatoria con el objetivo de superar la división y atomización del movimiento de lucha de los jubilados. Por un lado, los centros de jubilados dedicados a entretener y distraer organizando juegos y viajes. Por otro, la conciencia de que estamos frente a una CGT que no solo no defiende los intereses de los trabajadores y jubilados, sino que apoya a un gobierno en sus acuerdos con el FMI. Distintos temas fueron abordados por los que hicieron uso de la palabra, el del haber mínimo de indigencia y la desindexación de los mismos frente a la inflación fue uno de los centrales, sumado a los bonos de miseria que no se incorporan al haber. Otras intervenciones denunciaron la ineficiencia del PAMI, de IOMA, el déficit de la vivienda para los adultos mayores y el encarecimiento brutal de los medicamentos. Se planteó la importancia de ligar las luchas al conjunto del movimiento obrero que se autoconvoca en defensa de sus reivindicaciones. El planteo de impulsar una huelga general fue levantado por muchos oradores, así como el no pago de la deuda y el repudio a los acuerdos con el FMI. Desde Jubilados Clasistas propusimos sacar una declaración firmada por las distintas organizaciones presentes, caracterizando la demolición del régimen previsional por parte de los distintos gobiernos de turno en consonancia con el FMI y que todo el arco político en nuestro país está embarcado en las elecciones del 2023. Propusimos acordar en los puntos en común que unían las distintas intervenciones, un aumento de emergencia de $70.000, medicamentos y prestaciones al 100%, restitución de los aportes patronales, fuera el FMI, abajo la guerra imperialista, por impulsar Asambleas Plenarios y Congresos de jubilados en todas las localidades y su unificación con los trabajadores ocupados y desocupados. Y planteamos, en primer lugar, movilizar en solidaridad con los compañeros de OBSBA el martes 16, a las 17 horas, en el abrazo al sanatorio Méndez en Avellaneda 501-CABA. Y una marcha desde el PAMI central en CABA al ANSES, para el día martes 23, a las 11 horas. Otros compañeros propusieron un acto en el Congreso para el Día del Jubilado, el 20/9. Mientras tanto seguimos convocando todos los miércoles a las 15 horas al Congreso. Si bien no se votaron las propuestas, se tomaron como un consenso general de todos los presentes para llevar adelante. Se acordó una nueva convocatoria para el día viernes 26, a las 14 horas, nuevamente en el sindicato de Ademys, Solís 823- CABA. Esta asamblea abierta ha sido un gran paso adelante por movilizar y unificar la lucha de los jubilados y pensionados. El desafío es multiplicarnos frente a la próxima convocatoria.

Contrariamente a lo que reflejan los medios, la movilización de la CGT del 17, aunque se desgrane, no ha cambiado de carácter. Pero aunque el objetivo principal sigue siendo apoyar al gobierno y bloquear cualquier tipo de lucha independiente de los trabajadores, el trasfondo de la convocatoria se ha modificado. Lo que sí ha cambiado es que, cuando fue convocada, hace más de un mes, el objetivo de la CGT era mostrar en la calle a las fuerzas unidas del Frente de Todos. "Primero la patria" era la consigna principal, mientras en el Ministerio de Economía asumía Batakis. Con la llegada de Massa, la tónica de la movilización tiene ahora un marcado sentido internista, alrededor de la pugna de la CGT por ocupar un lugar en el nuevo esquema de gobierno. La asunción de Massa como "Superministro" había sido saludada por todo el arco de sectores de la CGT. Sin embargo, el apoyo no se ha traducido en anuncios de ningún tipo respecto de una reapertura de paritarias o de un bono. El jueves pasado iba a haber una reunión entre la CGT y Massa, que fue postergada hasta nuevo aviso. El anuncio de una convocatoria para acordar "precios y salarios" no se hizo con el concurso de la CGT. Recién en la semana siguiente a la marcha se verán las caras los dirigentes sindicales con el "Superministro", en la convocatoria a discutir el aumento del salario mínimo. Los principales gremios de la CGT aparecen divididos en varios sectores y, a medida que la movilización se acerca, la división se acrecienta. La movilización, que se hará sin discursos, carece todavía de un documento común. La UGATT, un sello integrado por La Fraternidad y la UTA para esquivar el copamiento del moyanismo en la Confederación del Transporte, es el primer sector sindical que se baja de la marcha. Dicen que hay que 'darle tiempo' a las medidas del nuevo Ministro de Economía, quien había operado desde un principio para que la marcha se levante. El barrionuevismo, enfrentado históricamente con Massa, rechaza participar de una movilización en apoyo al gobierno. Entre los gremios que convocan -por ahora- aparece una línea divisoria respecto de los planes en cuanto a los salarios que impulsa Massa. Por un lado, Daer y los gordos se oponen a cualquier bono o suma fija que se otorgue desde el gobierno porque deja fuera de la mesa de negociación -y de la recaudación- a los sindicatos. La defensa del lugar de la CGT en la transición, o sea, la oposición al bono, pasó a ser en la práctica el objetivo principal de la movilización. Por otro lado, el moyanismo no se opone a la suma fija y presiona para darle a la movilización un carácter más duro contra los especuladores y los formadores de precios. En la misma línea de la movilización paupérrima que organizó con la CTA, el moyanismo armaría un escenario aparte para hacer un acto. A falta de un documento central, un conjunto de organizaciones que movilizaron con el moyanismo el 30 de julio, integradas por la CGT Zona Oeste, la Federación Gráfica Bonaerense, la CCC, la CTA Oeste y ATE Capital, entre otros, publicó un documento en el que convocan a la movilización del 17 de agosto para parar el golpe de la AEA, la Amchaam, la SRA y la cúpula del PRO. El documento omite decir que es de la mano del golpe que llegó Massa a Economía y que lo hizo con el apoyo abierto del kirchnerismo. La convocatoria no fue difundida en los lugares de trabajo de ningún sindicato. Unos pocos gremios, como Sanidad, ATE y el STIA Buenos Aires, realizaron sólo plenarios de delegados o de secretarios Generales. El SUTEBA convocó a asambleas de delegados por seccional, pero recién para el 18 de agosto, a contramano de la marcha. El resto se limitará a una movilización de rutina de sus aparatos, rellenada por lo que aporten las organizaciones sociales que apoyan al gobierno. La convocatoria del FIT-U a la Plaza de Mayo no se diferencia en el método de la marcha cegetista. Los escasos sindicatos convocantes no han realizado ni asambleas, ni plenarios de delegados para convocar a marchar. Mucho menos una convocatoria abierta que reúna posiciones de sindicatos que se delimitan de la burocracia de la CGT. El FIT-U revivió de las cenizas a su sello sindical, integrado solo por él mismo. Es probable que la Unidad Piquetera marche dividida, dada su heterogeneidad política. El FIT-U reclama a la CGT "un paro nacional y un plan de lucha" -un planteo bajo el control de la burocracia-. La movilización del 17 es una puesta en escena de aparatos, independientemente de su número. Está caracterización es fundamental en una situación típicamente explosiva. La posición de los luchadores debe ser, en oposición a la disputa de aparatos, una agitación sistemática a favor de la huelga general y un congreso obrero. LEER MÁS: La marcha de la CGT del 17 y la “contramarcha” del FIT U Por Juan Ferro Moyano y la CTA: el apoyo al Gobierno no moviliza a nadie Por Pablo Busch

Los funcionarios del Ministerio de Salud porteño avanzan a paso firme en su propósito de trasladar a los profesionales de los centros de salud (CeSACs) y las llamadas “Áreas Programáticas” de los hospitales generales a la órbita de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, a cargo de Gabriel Battistella. Se trata de alrededor de 3000 médicos/as, psicólogos/as, trabajadores sociales y profesionales de otras disciplinas que trabajan en los CeSACs y en los programas de Salud Escolar, Promoción y Protección de la Salud y Cobertura Porteña que, antes de fin de año y sin mediar opinión, verían modificada su situación de revista. Esta disposición, ya ejecutada en el caso de enfermería y el personal administrativo, tiene como telón de fondo un sistema público de salud agobiado bajo la presión de la crisis social, cuyos profesionales ven deterioradas sus condiciones de vida gracias a una paritaria de larguísimas cuotas, devorada ampliamente por la inflación. El mentado Battistella fue uno de los funcionarios que encabezó la gestión sanitaria porteña durante la pandemia de Covid, en el ministerio que dirige el ‘Italiano boy’ Fernán Quirós. Junto a Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria, fue artífice de los dispositivos de emergencia, como las unidades febriles y los operativos de testeo, que se sostuvieron gracias a la contratación precaria de miles de trabajadores de la salud. Tras poner el cuerpo en los meses más álgidos de la pandemia, estos trabajadores fueron despedidos sin percibir siquiera el derecho a una indemnización. Ahora, bajo el pomposo lema de una “red de cuidados progresivos y complejidad creciente”, el plan de Quirós y Battistella es limitar el acceso directo de la población a los hospitales generales, dando un nuevo paso en el vaciamiento del sistema público. Según Battistella, el problema del sistema de salud porteño consistiría en que “sobran los hospitales generales de agudos”. Una idea curiosa cuando conseguir un turno en ellos para cualquier especialidad es una odisea que comienza a las 5 am, y que el gobierno ‘descomprimió’ forzando a una travesía telefónica igual de tortuosa a través de la línea 147. De acuerdo con este ‘plan’, hospitales como el Argerich, el Fernández o el Santojanni, entre otros, quedarían reservados como centros de referencia para determinadas especialidades que requieren un mayor nivel de complejidad, y solo se podría acceder a ellos previa derivación desde un centro del primer nivel de atención. En un cuadro de encarecimiento de las prepagas, quiebra de las obras sociales y colapso del sistema público, que atraviesa a todos los niveles y especialidades por igual, el gobierno pretende levantar un nuevo filtro que obstaculizará aún más la atención de la población. El “reordenamiento del recurso humano disponible”, como llama Battistella a este traspaso inconsulto, no contempla la creación de nuevos cargos, así como tampoco la asignación de un mayor presupuesto. Por eso el proclamado “fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud (APS)” no escapa del verso. En materia de ‘salud comunitaria’, Battistella es el ideólogo de los cargos para ‘promotores de la salud’ en las villas, por el cual se integra al sistema de salud a agentes que apenas orillan el salario mínimo y carecen de todos los derechos de convenio. Así como la ‘desmanicomialización’ fue instrumentada en su momento por los gobiernos para vaciar los hospitales de salud mental, sin invertir un peso en casas de medio camino u otros dispositivos comunitarios, ahora el ‘fortalecimiento de la APS’ es la contraseña de los muchachos de Larreta para terminar de liquidar a los desvencijados hospitales públicos y seguir incrementando la precarización de sus trabajadores. Según este libreto ‘made in Hospital Italiano’, bien rubricado con los fondos del BID y del Banco Mundial, la APS y la salud pública en general quedarían reservadas a la población ‘sin cobertura’, es decir, aquella que no cuenta con prepaga ni obra social. Achicar el sistema público y sus unidades ‘sobrantes’ es la condición para que pueda seguir avanzando el lucro capitalista sobre la salud, al quedar la población como rehén del negocio de la medicina privada. El gobierno ‘campeón de la APS’ es el mismo que intentó el 5x1 con los hospitales del sur, el 3x1 en salud mental, que viene reduciendo cientos de camas de internación y que acaba de recibir una dura derrota en manos de las y los trabajadores del Hospital Moyano, en su intento por cerrar el servicio de rehabilitación de Hospital de Día y de Noche ( https://politicaobrera.com/7578-victoria-de-las-y-los-trabajadores-del-moyano ). El traspaso compulsivo interpone, además, un nuevo factor de división entre los trabajadores de la salud. Se profundiza lo que ya ocurre, que es que en un mismo efector conviven trabajadores con diferentes formas contractuales y dependencias administrativas. Por eso la Asociación de Profesionales de Trabajo Social (APSS) denunció que el proyecto “atenta contra la organización gremial”, a través de una fragmentación que “incidirá negativamente en los procesos de elección de delegados de base”. Las conducciones peronistas de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y la Federación de Profesionales, sin embargo, han venido acompañando en silencio el plan del PRO y solo se limitaron a pedirle al gobierno que pusiera sus intenciones por escrito. De lo que se pudo saber de las reuniones entre los funcionarios macristas, las autoridades de las Áreas Programáticas de los hospitales y las direcciones sindicales, habría un compromiso de no afectar determinados derechos de los trabajadores trasladados, en materia de contabilización de la antigüedad, percibimiento de premios por hospital (SAMO) y posibilidades de concursar por cargos en esos efectores. A su vez, el gobierno estaría evaluando la creación de un nuevo cargo de “vice-director” en los CeSACs, tal cual habría sido la demanda que esbozaron las autoridades de las Áreas Programáticas. Con estas prendas bajo el brazo, el gobierno tendría asegurada una red de complicidades para avanzar con su cometido. Los que no han sido consultados ni por el gobierno, ni por las autoridades hospitalarias, ni por las conducciones gremiales, son las y los trabajadores que se verán afectados por estas resoluciones. La inquietud recorre los pasillos y en diferentes hospitales y centros de salud ya han comenzado a organizarse reuniones y asambleas para debatir sobre el traslado y sus implicancias. Es necesario generalizar estas experiencias, constituir asambleas, elegir delegados por servicio, turno o sector y promover autoconvocatorias y coordinadoras para unificar a los trabajadores de la salud a escala de cada hospital, CeSAC, Área Programática y la ciudad toda. Unir el rechazo al carácter compulsivo del traslado a la política de vaciamiento y de división de los trabajadores en la que se encuentra inscripto, oponiéndole un programa de reivindicaciones y un plan de acción en defensa de la salud pública, por el acceso irrestricto a todos sus servicios y la protección de los derechos de sus trabajadores. Tribuna de Salud Tendencia plantea: no al traslado compulsivo; convenio colectivo único para todos los trabajadores de la salud; reapertura ya de la paritaria, 100% de aumento y un salario mínimo inicial igual al costo de la canasta familiar (hoy en $220.000), indexado mes a mes según la inflación; pase a planta permanente de los contratados; reconocimiento profesional de enfermería; basta de ajuste y vaciamiento: por un incremento presupuestario urgente para todos los niveles del sistema público de salud, que permita la apertura de nuevos cargos y el reforzamiento de todas las especialidade.; Fuera los vaciadores del gobierno y la burocracia sindical de Obsba, apertura de cuentas y defensa de nuestra obra social.

El viernes 12 una multitudinaria asamblea docente convocada por SUTEBA Bahía Blanca con suspensión total de actividades evaluó las últimas medidas y tomó nuevas resoluciones. El lugar reservado para su funcionamiento se desbordó por lo cual las deliberaciones tuvieron lugar en una plaza pública. La conducción Granate, que venía de votar en contra de realizar esta asamblea, destacó la adhesión del paro del pasado 14 de agosto, pero se lamentó por lo que considero una débil movilización. Planteó la necesidad de reunir más fuerzas para la lucha y propuso para ello una confluencia con una medida de 48 hs de la Conadu H (docentes universitarios) que tendría lugar en la semana del 22. No obstante, propuso que el carácter de esa jornada se resuelva no en la asamblea sino en una reunión de delegados que tendrá lugar esta semana. Por último, propuso “evaluar una confluencia con la movilización nacional de la CGT del 17”. Las agrupaciones del FITU concentraron sus intervenciones en solicitar un apoyo de la asamblea a la contramarcha que realizan el mismo 17. Desde Tribuna Docente Tendencia/Naranja planteamos que las últimas acciones de lucha reflejan una enorme tendencia para continuar la lucha y propusimos que la asamblea resuelva parar 48 hs. y confluir con Conadu H. Propusimos que la docencia bahiense y el SUTEBA local impulsemos un encuentro o plenario provincial de delegados con mandato para extender la lucha en defensa del salario en toda la provincia, votando en asamblea una comisión docente extraordinaria para llevarlo a cabo. Destacamos la necesidad de poner el acento en una necesaria e inmediata recomposición de nuestro salario del 100% e igual al costo de la canasta familiar ante tarifazos y devaluaciones inminentes. Sobre la jornada de la CGT, denunciamos su carácter de apoyo al gobierno y llamamos a darle la espalda. La asamblea votó por unanimidad una “medida de fuerza de 48 hs” para la semana del 22, cuya modalidad se definirá esta semana en las reuniones de delegados del jueves 18. No fue puesto a votación parar 48 hs. Luego, por mayoría, se resolvió un “apoyo” a quienes quieran participar de la movilización del 17 (sea de la CGT o del FITU), de la cual nos abstuvimos. En las resoluciones publicadas por la conducción, se omite el reclamo salarial y el rechazo a la quinta hora en primaria, a pesar de su extendido abordaje en las últimas asambleas. La Granate viene poniendo en duda en toda oportunidad que puede la continuidad de las medidas de lucha de la docencia bahiense mientras que se anima en “confluir” con la burocracia sindical. Rechazó vehemente votar si la próxima asamblea para la semana del 29 será con suspensión total de actividades, como lo propusieron varios docentes de base. Hacia la reunión de delegados, impulsemos continuar la lucha con un paro de 48 horas e impulsar una autoconvocatoria provincial para extender la lucha y defender nuestro salario ante el ajuste brutal que enfrentamos.

Más de un centenar de vecinos y trabajadores participaron del acto que Política Obrera Berazategui organizó en la céntrica “Plaza de los Bomberos”, ubicada en el corazón del municipio. Bajo el lema “¿Cómo luchamos para poner en pie un gobierno de los trabajadores?”, hicieron uso de la palabra Claudia Molina, del Polo Obrero Tendencia, de Berazategui; Edda Beitía, de la agrupación Jubilados Clasistas; Sergio Salgado, vocero distrital de Política Obrera; y Marcelo Ramal, miembro de la Mesa Nacional de nuestra organización. El grueso de la concurrencia fueron compañeros de las asambleas barriales de nuestro Polo Obrero Tendencia, trabajadoras y trabajadores precarizados, estudiantes, trabajadoras domésticasn gastronómicos, albañiles y changarines; también se acercaron docentes, jubilados y comerciantes. El acto fue difundido por los más importantes portales informativos de Berazategui y zonales. Con un intenso trabajo militante, llegamos a importantes fábricas y centros de trabajo del distrito con la convocatoria al acto; recorrimos algunas escuelas públicas y también se agitó la sede del PAMI Berazategui. El acto lo montamos en una Plaza “cara al mussismo”, ya que es donde el intendente y el PJ realizan sus actos principales: no existe en Berazategui siquiera otra fuerza política patronal “que se le anime a ocupar esa parada”, ni siquiera entre la “izquierda” y sindicatos seccionalizados. En la actividad previa y durante el acto, descollaron nuevas/os compañeras/os para incorporar al plan de reclutamiento partidario, e invitar ya a sumarse a los círculos que funcionan en la regional, habilitándoles “el período de prueba” para que sean activos participantes en la reconstrucción de un partido revolucionario de la clase obrera. Para finalizar, la oratoria de Claudia Molina hizo hincapié en el historial de luchas que protagonizamos desde la constitución de la Tendencia y cómo actuamos durante todo el período de la pandemia. Fue implacable en denunciar el vaciamiento de la salud municipal por parte de Mussi, y en explicar cómo Mussi aplica “el massazo” contra los trabajadores de Berazategui, el carácter trucho de la obra pública mussista: la falta de vivienda obrera versus el cosmético “embellecimiento” de centros comerciales. Edda hizo una radiografía de las penurias de los jubilados y explicó el carácter de la reunión que en simultáneo se realizaba en la sede de ADEMyS con la participación de distintos agrupamientos de jubilados para potenciar un frente único de lucha. Salgado hizo hincapié en la política desindustrializadora de Juan José Mussi y de la precarización del empleo municipal y privado llevada adelante por Mussi y el PJ, con la avanzada con el plan Empalme contra municipales y beneficiarios del Potenciar Trabajo, los parques industriales truchos –antros de precariedad, subsidios a las patronales y negreo anti sindical- y denunció la patoteada contra los compañeros de la UPMB, (que faltaron a la invitación del acto). Ramal, con una enorme y pedagógica capacidad de síntesis, y suma claridad en las explicaciones, accesibles a la comprensión de cualquier vecino, se explayó con la orientación de PO: la caracterización de la “era Massa”, cómo desenvolver el congreso obrero general, nacional y masivo, la necesidad de la huelga general, y como derivación de todo, en explicar cómo y porqué la necesidad de un gobierno de los trabajadores como clase. La conclusión que nos quedó a los militantes y a los activistas y simpatizantes más lúdicos, es que debemos redoblar la agitación y la campaña con las consignas y planteos que consideramos oportunos. El futuro nos desafía y espera.

Luego de dos semanas del juicio, el jurado halló culpable al docente y catequista Juan Bongiovanni por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y abuso sexual” contra dos de sus ex alumnas cuando ellas eran menores de edad. En el juicio hubo 15 testimonios, incluyendo otras víctimas que no pueden denunciar por prescripción judicial. Cerca de 30 mujeres han manifestado ser víctimas una vez iniciado el juicio. Las víctimas contaron con el patrocinio de la fiscal Marina Lara, y los abogados Mónica Fernández Avello y César Sivo. Quedó demostrado en el juicio que en todas las escuelas confesionales en las cuales Bongiovanni trabajó se valía de su lugar de docente/catequista y luego de guía espiritual de un voluntariado barrial “Aclaró” para captar, seleccionar y abusar sexualmente de sus víctimas luego de generar una absoluta confianza e intimidad. El primer abuso registrado tuvo lugar en el 2004 en el colegio católico San Francisco, cuando una madre fue a denunciar a Bongiovanni ante el sacerdote. En el juicio, se investigaron abusos cometidos entre 2010 y 2011. Su accionar no sería posible si las instituciones clericales que lo tenían como docente y participante, en lugar de apartarlo de su cargo, hubiesen realizado las denuncias judiciales que ameritaba la gravedad de las denuncias. Por su parte, Bongiovanni intimaba a sus alumnas a “preservar silencio”. En ese sentido es donde se ve la mano siniestra de la actuación que recomienda la Iglesia a través de su encíclica referida a “Crímenes de Solicitación”: guardar silencio, tribunales “especiales”, amedrentamiento de las víctimas por revelar lo ocurrido, traslados a los acusados de abusos. El camino para juzgar y encarcelar al catequista se inició cuando varias ex alumnas se contactaron entre ellas, pudieron comenzar a narrar los episodios abusivos que habían atravesado y fue por ello que decidieron llevar el caso a la justicia en el 2019. Esta organización permitió sobrepasar el largo y tortuoso camino de la justicia ante los casos de abusos sexuales que, según estadísticas oficiales, son mayoritariamente descartados y que deben ser afrontados sin ninguna asistencia económica. Desde 2019, han tenido que declarar innumerable cantidad de veces y someterse a varias pericias psicológicas, contando solo con el apoyo y contención que ellas mismas pudieron establecer. El Ministerio de Género solo se reunió con las víctimas en las vísperas del juicio. El 3 de junio del 2022 -#NiUnaMenos- las denunciantes dieron a conocer públicamente el caso. A partir de allí la causa tuvo un giro sustancial, pues se inició una campaña pública bajo la consigna “Justicia para todas” para contemplar a todas las mujeres que la justicia rechazó investigar. Las compañeras buscaron la solidaridad y el apoyo de organizaciones sociales y políticas de mujeres. Se elaboraron declaraciones, se hicieron reuniones con diferentes organizaciones, se planteó la causa en asambleas docentes, se recorrieron todos los medios locales. De esta manera se fue conquistando cada vez más adhesión al pedido de justicia. Así el siniestro accionar de Bongiovanni se colocó en la primera plana de la escena local y abrió una deliberación en todos los ámbitos sobre los abusos sexuales que envuelve a la Iglesia. Todas las sesiones del juicio contaron con una concentración de inicio a fin, y un centenar de personas se reunió durante el último día recibiendo la sentencia como un verdadero triunfo popular contra los abusos a menores amparados por el oscurantismo. Mediante esta enorme lucha se sobrepasaron, además, todas las provocaciones y el hostigamiento lanzados contras las víctimas y testigos por haber “quebrado el silencio” –un pecado y atentado contra la sumisión que Iglesia y Estado preservan para las mujeres en su rol de “reproductoras” de la fuerza de trabajo del régimen capitalista. Bongiovanni fue defendido por ONGs clericales locales y nacionales que declaran luchar contra las “falsas denuncias de mujeres” arremetiendo contra un derecho por el cual luchan las mujeres ante cifras escalofriantes de femicidios y abusos sexuales. Buscaron desacreditar las denuncias apuntando contra la militancia política de una de las víctimas, integrante de Política Obrera, que en el transcurso del juicio recibió diversas amenazas de integrantes de esta campaña reaccionaria. Es indudable que estamos ante una victoria de la organización independiente de las mujeres. La lucha debe continuar, en primer lugar, convocando a movilizar el día de la audiencia de sentencia, exigiendo la pena más alta estipulada para estos casos. La condena al abusador plantea avanzar con todas las responsabilidades institucionales. El fin del camino es un Estado que sostiene un lazo político vital con la Iglesia para someter a mujeres, niños, adolescentes. Un Estado que subsidia escuelas confesionales y permite el boicot a la implementación de la educación sexual integral. Un Estado que hambrea a la población, a las mujeres trabajadoras y garantiza al mismo tiempo abusos, violaciones y femicidios.

El próximo 7 de septiembre se desarrollarán las elecciones de CTERA. La convocatoria es prácticamente desconocida para el conjunto de la docencia. ¿Las razones? La Junta Electoral, en menos de lo que canta un gallo, convocó a elecciones y estableció un plazo de apenas tres semanas para reunir avales, candidaturas y presentar listas a nivel nacional. La convocatoria ni siquiera fue publicada en la página web de CTERA. El vaciamiento sindical no es novedoso, ya que la dirección kirchernista de la central que encabeza Sonia Alesso, se ha caracterizado en el último período por confinar a la CTERA a la clandestinidad aunque sin privarse de firmar acuerdos salariales miserables y reformas anti educativas, que dejan a cada provincia en soledad a merced de los ajustes de los gobernadores. En las últimas elecciones (SUTEBA) se verificó el proceso de desafiliación y de abstencionismo como de los más altos en el último período. La distancia entre las burocracias sindicales y las bases docentes es cada vez mayor, como consecuencia de que los primeros no defienden ni por asomo las reivindicaciones de la docencia. En estos momentos, por ejemplo, se desarrolla una verdadera rebelión en defensa del salario en numerosas provincias del país y la CTERA brilla por su ausencia. No es casual que en varias provincias (San Luis, La Rioja, Salta, etc) se desenvuelvan luchas mediante auto convocatorias, por fuera de las direcciones sindicales burocráticas. En este contexto se han presentado tres listas. Por la lista Celeste-Violeta (oficialismo) se volverá a presentar Sonia Alesso como candidata a Secretaria General. La Azul y Blanca (PCR), como consecuencia de la crisis al interior del Frente de Todos, se presentará aparte por su cuenta. Por último, se presenta la Multicolor, luego de una tortuosa discusión que estuvo al borde de la ruptura, como aseveran sus integrantes. “La conformación de la lista debió superar un ultimátum que pudo colocarla al borde de la ruptura” (Prensa Obrera, 19/7). El MST caracteriza que “se podía presentar una lista alternativa, pero lamentablemente el 14 de julio se impuso una Multicolor debilitada, ´unida´ más por apetencias, por necesidad y sin principios” (27/7). Esta lista Multicolor reúne al FITU con dirigentes de Amsafe Rosario aliados de Cachorro Godoy en la CTA autónoma, que vienen de enfrentarse mutuamente en las “elecciones” de esa central, incluyendo al gandolfismo en Bahía Blanca. El mote “Multicolor” se ha convertido en un sello a conveniencia. La lista es un rejunte por arriba que no ha presentado un programa ni podría hacerlo, aunque existe una marcada coincidencia en “exigir” que la burocracia “rompa con el gobierno” y que “convoque a un paro nacional”. Con estos inocultables limites, llamamos a votar por esta lista contra la dirigencia kirchnerista de los Alesso y Baradel, en la perspectiva de construir un congreso de trabajadores y la huelga general.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó los primeros lineamientos de la reforma curricular en varias carreras del nivel, entre ellas, Historia, Geografía, Biología y Química. El "borrador" en cuestión reduce horas de formación y contenidos para los estudiantes y el plantel docente. En síntesis, la propuesta de reforma curricular es un ajuste brutal contra los trabajadores y estudiantes. Por un lado, plantea cientos de despidos en puerta y, por otro lado, da una vuelta de tuerca más al proceso de degradación de los contenidos curriculares y caída de la calidad educativa. La burocracia sindical Celeste milita con entusiasmo esta contrarreforma del gobierno de Kicillof con materias 'zanahoria', novedosas para el nivel, y nombres estruendosos y porque se promueve el “consenso”, dando de este modo una falsa cobertura democrática a las “reuniones de consulta” de la DGCyE con el único fin de encubrir un enorme plan de precarización de la educación y de sus trabajadores. El comunicado de la DGCyE oscurece cuando intenta aclarar que la implementación de los nuevos diseños no se traduce en una reducción de la cantidad de horas de la planta funcional y donde todos los docentes conservarán sus módulos y serán reasignados a unidades curriculares de los nuevos diseños o a tareas pedagógicas. Sencillamente, los docentes provisionales -que, aún habiendo ganado concursos no son titulares, ya que no hay titularizaciones desde 2015- y los suplentes serán desplazados porque nuestro Estatuto asegura que solo los docentes que obtuvieron la titularidad serán reasignados. El resto, a la calle. A los titulares que no puedan ser reubicados en el instituto o en otros institutos de la región -un montón de docentes, ya que reducen gran cantidad de horas- se les pagará un seguro de desempleo por un año, o sea ningún tipo de indemnización. Contrarreforma y ajuste La reforma curricular en terciarios tiene como objetivo "adecuar los diseños curriculares a los lineamientos federales vigentes". Es una profundización de las reformas de los 90 y supera ampliamente los postulados del pejotista 'proyecto Aguilar', que pretendía acabar con los institutos terciarios. La reforma en los terciarios se suma a la reforma curricular en CENS (nivel secundario), que también plantea despidos, precarización laboral y degradación de la calidad de la educación pública: el proceso general del desarrollo capitalista que consiste en descalificar y precarizar la fuerza de trabajo para aumentar la tasa de explotación y de ganancia del capital. Detrás de estas contrarreformas educativas siempre estuvo el capital financiero (Banco Mundial y FMI) que buscan, por medio del ajuste a los trabajadores, revalorizar la deuda pública externa en manos de la burguesía nacional y del capital financiero internacional. Desde Tribuna Docente Tendencia rechazamos la reforma curricular; denunciamos que las direcciones gremiales docentes, ligadas al Estado ni siquiera esbozaron un plan de lucha; y convocamos a toda la comunidad educativa (docentes, personal no docente y estudiantes) de los institutos terciarios a organizar asambleas, auto-convocatorias y todo tipo de actividades de lucha para voltear el ajuste en curso.

La docencia de la Escuela 11 del DE 5, del barrio porteño de Barracas, está atravesando lo que se puede catalogar como un brutal crimen de Estado. Denuncian el fallecimiento de Maylen, de 11 años, tras un encadenamiento de desidia estatal pese a las sucesivas intervenciones que desde la escuela vehiculizaron. En un comunicado, los docentes relatan que Maylén era alumna de la Escuela 11 DE 5, de la villa 21-24, desde el año 2017, y cursaba 4°grado. Desde los primeros días de su ingreso a la escuela, se pidió la intervención del Equipo de Orientación Escolar debido a que “la niña presentaba bajo peso y se encontraba descendida en su talla, la visión disminuida (de un ojo no veía) y muchas dificultades en su proceso de aprendizaje y para elaborar un discurso organizado." El comunicado da cuenta de un derrotero burocrático que viven miles de familias de las escuelas públicas inclusive para acceder a la alimentación. "Durante los años 2018 y 2019 la madre presentó un certificado médico que indicaba que se le gestione el refuerzo hipercalórico de vianda. Dicho refuerzo, que era insuficiente, le fue quitado el año pasado, a partir de la presentación de un certificado médico que indicaba que la niña supuestamente estaba bien de peso." Desde la escuela se buscó de mil maneras cubrir los baches generados por el ajuste brutal sobre el sistema educativo porteño. Durante todos sus años en la escuela, fue acompañada continuamente por las y los docentes, que armaron dispositivos que la acompañaron en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, consiguiendo turnos médicos, gestionando sus anteojos, ropa para que se abrigue, garantizando el almuerzo antes de ingresar al aula. “Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el gobierno de la Ciudad para acompañar a Maylén y a su familia, nunca fueron suficientes, e incluso fueron inexistentes. Fueron 6 años los que transitó Maylén en nuestra escuela. Seis años en los que el Estado estuvo ausente, en los que solo se obstaculizaron los intentos por intervenir frente a tanta vulnerabilidad e injusticia". El viernes 12 de agosto, Maylén llegó a la escuela al borde de un desmayo, con una debilidad extrema, que no le permitía siquiera mantenerse sentada y signos evidentes de deshidratación. Inmediatamente, se llamó al SAME, pero luego de una hora, aproximadamente, y ante la ausencia de la ambulancia, la madre decide llevársela. La ambulancia nunca llegó a la escuela. “En el día de ayer, Maylén ingresó a la guardia del Hospital Penna, donde ya no hubo nada que hacer por ella”. Al momento en que escribimos esta nota los docentes de la Escuela 11 DE 5 están deliberando y evaluando qué medidas van a tomar para visibilizar, denunciar y exigir justicia La muerte de Maylén pone sobre el tapete la situación de pobreza y hambre que viven miles de familias porteñas en la ciudad más rica del país. Y también pone sobre la mesa el vaciamiento sistemático sobre el sistema educativo y sanitario que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta realiza en beneficio de los negociados privados y del pago de una deuda a costa de la vida, la salud y la educación del pueblo trabajador y de nuestros hijos Desde Tribuna Docente Tendencia CABA extendemos nuestra solidaridad y abrazo a la familia de Maylén y a los docentes de la escuela 11 del DE 5. Vamos a acompañar todas las medidas que definan desde la comunidad educativa. Exigimos justicia. No queremos más Maylén en la Ciudad. El Estado es responsable.

Transcurrida la segunda semana de paros del 10 y 11 de agosto pasado y la enorme movilización provincial, las conducciones sindicales sumen el plan de lucha votado por la docencia en un imperdonable planchazo de toda una semana. La tardía convocatoria a asamblea provincial recién para el 18 implica la suspensión de las medidas por una semana, tiene el claro propósito de enfriar la lucha y otorgarle más plazos al gobierno discontinuando la huelga. La conducción provincial busca aplacar a las bases, cada vez más decididas a enfrentar la demolición salarial y el ajuste. Los sectores y seccionales de oposición se han limitado a un reclamo formal de asamblea, actuando del mismo modo que la conducción Celeste frente al gobierno, cuando le solicita la convocatoria a la paritaria. La tregua de esta semana ha unificado a la oposición y oficialismo en cuanto a un planteo genérico de apertura de paritaria, sin fijar el reclamo. Mientras tanto la inflación rompe todos los récords: marcó 7,4% en julio y superará el 80% anual. La burocracia celeste de Amsafe, busca tirar hasta fin de año, pactando -como ha solicitado Yasky- un “reajuste” trucho, un bono en negro, que consagre la pérdida salarial. La CTERA fijó ya una pauta de miseria en junio, con más cuotas y sumas en negro, para tirar a diciembre con un salario mínimo nacional de indigencia de 68 mil pesos; respaldan el ajuste del gobierno nacional y de todos los gobernadores. Por eso, el pliego levantado por CTERA en la convocatoria al paro nacional del 10 de agosto omitió el reclamo de aumento de salarios. La mera petición de apertura de paritaria y los paros aislados van en esa línea. Es necesario fijar el reclamo y la continuidad, profundizando la lucha, para que no sea conducida por la burocracia hacia una nueva entrega. Docentes y estatales sabemos que para torcer el brazo a Perotti y al programa ajustador de Massa, debemos coordinar y unificar nuestras luchas y reclamos en un congreso de trabajadores docentes, estatales y de la salud; para preparar la huelga general y llevar a la victoria nuestra lucha.

En las instalaciones del Club Villa Tesei realizamos el viernes 12 la charla de Política Obrera. Tuvo como orador central a Jorge Altamira. Este club y la propia Villa Tesei se han ido transformando en centros políticos del municipio. Por estos días son visitados, como sus alrededores, con sus armados electorales. Se pueden ver al ministro de Desarrollo Social y ex intendente Juan Zabaleta (FdeT), Ester Barrionuevo (ex Massa), Damian Selci (La Campora/FdT), hoy a cargo de la intendencia. Todo el peronismo disputa la sucesión y el Concejo Deliberante. Unos con el plan Empalme y la economía popular, los otros quejándose de la falta de fondos del gobierno nacional como justificativo para la falta de insumos y personal en el hospitalito, centro de ojos, odontología, con pagos atrasados a médicos y personal de salud. Una crisis política muy grande en el peronismo. Falta la intervencion de los trabajadores. Así intervino Eva Gutiérrez para presentar a Jorge Altamira. Ya se puede ver en las redes de Política Obrera la charla, que fue seguida hasta el final por alrededor de 120 asistentes, entre ellos, trabajadores docentes, del Inta Castelar, trabajadores precarizados, jubilados, vecinos de los barrios y compañeros del Polo Obrero Tendencia. Como dijo Jorge, lo más jugoso vino en el debate, que se extendió hasta las 20 hs. Altamira afirmó que estamos ante un giro en la situacion politica: Massa representa un gobierno de coalición con el macrismo, para conseguir el apoyo internacional y proceder a una fuerte devaluacion que llevará a los precios por las nubes y a una crisis social sin precedentes. “Massa es la última carta del kirchnerismo. El pueblo va a sufrir un ´massaso´ fenomenal para poder pagar la deuda. Estamos ante una crisis terminal del peronismo.” Lo mejor fue el debate, con varias preguntas sobre situación internacional, donde se dejó en claro que Política Obrera no apoya a EE. UU. en su política imperialista, ni apoya a Rusia en la invasión a Ucrania, como tampoco a China sobre Taiwán. El problema de que gobiernen los trabajadores y el socialismo no es una necesidad de Argentina, sino mundial. “Esto requiere un partido”, dijo Altamira, y dio una primicia en Hurlingham: “Nos hemos constituido en un partido nacional” (aplausos). En otro momento señaló: “¿Cómo enfrentamos esta situación? Desarrollando una intensa agitación por la huelga general”. “Llamo a incorporarse a una militancia fundada en un método, una perspectiva basada en un programa, no a la carambola, con un objetivo: el del gobierno de trabajadores en Argentina, en América Latina y a nivel mundial”.

No han pasado seis meses desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra se ha extendido al sudeste de Asia y concretamente a China y su entorno geopolítico. En un caso como en el otro el escenario bélico ha sido construido en forma sistemática por parte de la OTAN, incluida la violación de compromisos y acuerdos internacionales. En el caso de Ucrania se trata de las promesas de neutralidad del país como contrapartida de la obtención de su independencia, enseguida después de la disolución de la Unión Soviética. De la formación inicial de la Comunidad de Estados Independientes, entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, se pasó a la presión para integrar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, en un modelo similar al seguido con los Estados desprendidos de la ex Yugoslavia, donde también se anuncian guerras, como amenazan Serbia y Kosovo. La OTAN ha estado detrás de los golpes de Estado que voltearon a los gobiernos prorrusos y de la guerra ulterior contra las regiones que desafiaron estos resultados. Este desarrollo político quebró, contradictoriamente, la intención de Rusia de integrar ella misma la OTAN, su expulsión del llamado G-8 y, más adelante, ha llevado a la crisis terminal del G-20. La integración de los ex Estados ‘socialistas’ a la economía y la política mundiales perdió rápidamente su carácter ‘pacífico’, para adoptar ahora el de una guerra mundial en desarrollo. Lo mismo ha ocurrido en los mares vecinos a China, donde se ha instalado la 7° Flota de Estados Unidos, acompañada, recientemente, por la firma de una alianza militar contra China entre Estados Unidos, Australia y Japón. El acuerdo Nixon-Mao, de 1972, que reconocía a Pekín como el único representante de China y le otorgaba el acceso al Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho a veto, se ha convertido en un simple papel. Estados Unidos ha emprendido una acelerada militarización de Taiwán, a la que pretendió con anterioridad convertir en una cuña de la restauración capitalista de China, como ya lo había hecho con Hong Kong, una de las principales plazas financieras internacionales y fuente de financiamiento económico del territorio continental. La cadena de producción de semiconductores (chips), piezas fundamentales del proceso electrónico, arranca con el diseño en EE. UU., sigue con una fase de manufactura en Taiwán y culmina en la propia China. La industria más importante de China, Foxcom, que produce los componentes del iPhone de Apple, es de capitales taiwaneses. El núcleo principal de las cadenas de producción internacionales son las que ligan a China y Estados Unidos. El desarrollo de las escalas de valor añadido de la producción de China ha llevado a un conflicto irremediable con el capital internacional y con las potencias imperialistas. La visita de la presidenta de la Cámara de Diputados de EE. UU., Nancy Pelosi, segunda en la sucesión presidencial, a Taiwán, en un avión de las fuerzas armadas norteamericanas, tuvo lugar a pesar de las advertencias de China a EE. UU. de que ella constituía una violación del reconocimiento del gobierno de Pekín como único representante de China, o sea, incluida Taiwán. El viaje se realizó a pesar de la oposición de un sector del gobierno norteamericano y de lo altos mandos, que entendieron que acercaba a China con Rusia en el marco de una guerra irresuelta en territorio europeo. El gobierno de Pekín ha rechazado la incorporación de Ucrania a la OTAN y las sanciones contra Rusia, pero ha evitado un choque abierto con Washington y la Unión Europea (aunque ha roto toda relación comercial con Lituania por facilitar las exportaciones a Taiwán por parte de capitales alemanes, desde su territorio). Con el propósito de Washington de llevar la guerra de Ucrania a Moscú, Biden advirtió a XI Jinping contra la continuidad de la alianza de China con Rusia y, en una instancia última, con proporcionar ayuda militar –aunque es Rusia, en realidad, la que provee armamento sofisticado a China-. El viaje de Pelosi ha mostrado la intención de un sector del “establishment” norteamericano de forzar a Pekín a abandonar su rol de mercado alternativo para el petróleo ruso y la utilización del yuan chino y el rublo ruso para esquivar las sanciones financieras contra Rusia. Ha dejado al desnudo, por implicancia, la intención de intensificar las acciones militares de la OTAN en Ucrania, cuyo ejército y fuerzas territoriales ya utilizan enteramente armamento de EE. UU., Gran Bretaña y Alemania, lo que derriba por completo la especie de que en Ucrania se esté librando un combate por la independencia nacional. Se trata de misiles de largo alcance, aviones de combate y de un creciente uso de la inteligencia artificial para detectar y destruir objetivos enemigos. La respuesta de China al viaje de Pelosi fue una exhibición de capacidad extraordinaria para bloquear el estrecho que separa a la isla del territorio continental, o sea, bloquear integralmente a Taiwán. China utilizó fuego real y disparó misiles en torno a la isla, con todas las características de un simulacro de invasión. Dejó planteada, por estos medios, la posibilidad de cortar el comercio internacional en una de las zonas más concurridas del mundo. Repitió esta operación varios días después, cuando una delegación de legisladores estadounidenses se trasladó a Taiwán, nuevamente en transporte militar. El vicealmirante de la 7° Flota, Karl Thomas, desaprobó la falta de respuesta militar de EE. UU. a las operaciones de China, caracterizando que se estaba aceptando una “nueva normalidad”. El desafío público a la conducta del alto mando militar norteamericano pone al descubierto el desarrollo de una crisis política inconfundible en el régimen político estadounidense. Estos enfrentamientos han expuesto una tendencia que ya se ha manifestado con la irrupción de la pandemia, que es la crisis en las cadenas de producción internacionales que marcaron el punto alto de la llamada ´globalización´. Se trata de una escalada de la guerra económica, porque convierte a las alianzas en enfrentamientos. Esto ocurre cuando la economía internacional transita por una nueva etapa de la crisis financiera, ocasionada por el sobreendeudamiento de Estados, de un lado, y empresas y bancos, del otro, en un marco de caída de la liquidez y el financiamiento internacionales. La exportación de capitales por parte de China, para superar el estrechamiento del mercado interno y contrarrestar la caída de la tasa de beneficio, ha sido acompañada por una política de bloques comerciales que acentúan el conflicto con Estados Unidos y la Unión Europea. Los acuerdos conocidos como la Ruta de la Seda buscan una salida para a las grandes constructoras, que atraviesan en China una crisis monumental. La constructora Evergrande, con una deuda impagable de 300.000 millones de dólares, no ha podido presentar un plan de reestructuración, lo que ha afectado a todo el mercado inmobiliario y a los bancos, y ha dejado un gigantesco stock de edificios y viviendas sin terminar. Las auditoras de la compañía están siendo acusadas de fraude contable. El PBI se ha estancado y se asiste a una salida creciente de capitales. De otro lado, se asiste a una cadena de defaults de los países involucrados en la Ruta de la Seda. El desarrollo del capitalismo en China enfrenta un enorme impasse. Se desarrolla una lucha despiadada por el reordenamiento económico mundial, que es como el capital busca contrarrestar su proceso de disolución. La guerra imperialista, en tanto explosión extrema de las contradicciones capitalistas, plantea objetivamente la creación de situaciones revolucionarias y contrarrevolucionarias. Ambas tendencias están presentes, en diverso grado y en diferentes países. Las rebeliones populares se conjugan con motines fascistas, como el asalto al Congreso norteamericano. De aquí la importancia de la caracterización de la guerra. Se da la curiosidad, entonces, de que la guerra imperialista es vista por el conjunto de la izquierda como una guerra antiimperialista. Un sector interpreta que se trata de la lucha por la independencia de Ucrania frente a la invasión rusa; el otro, que se trata de la independencia de Rusia, amenazada por la guerra de la OTAN. Trasladado a China, para unos es la justa lucha de ésta por la reunificación nacional, para otros es un asalto contra la autodeterminación de Taiwán. Cada uno de los bloques imperialistas estaría librando un combate por los derechos nacionales. De aquí que unos y otros levanten consignas nacionalistas, aunque de signo contrario. La frase “la guerra imperialista contra Rusia y China”, deja en el pincel la caracterización de la guerra que libran Rusia y China. Pero estas últimas, donde se ha impuesto la restauración capitalista, van a la guerra en defensa de las clases que han impuesto esa restauración, no en defensa de los trabajadores explotados por aquellas. En este sentido concreto, libran una guerra imperialista en sus propios términos. En el caso de Rusia es una guerra de sometimiento de Ucrania y un mayor sometimiento de los trabajadores de Rusia; de parte de China sería de sometimiento de Taiwán y el sometimiento mayor de la clase obrera de China. Sobre esta base, no se excluyen nuevos acuerdos con la propia OTAN. En este sentido, de nuevo, concreto, es una guerra imperialista mundial que apela como respuesta a la revolución socialista internacional. La guerra en curso no exime, de un modo u otro, a ninguna nación del planeta. LEER MÁS: Bomba de tiempo en Kosovo PorLeib Erlej Nueva agresión sionista en Gaza, con el ojo en Irán Por Jacyn La guerra llega a China Por Leib Erlej Radiografía política de un viaje a Taiwán Por Jorge Altamira

El 15 de agosto pasado La Fraternidad convocó un paro por agresiones al personal ferroviario cerca de estación Bosques. Ahí, un tren del Roca arrolló a un niño de 5 años que circulaba por las vías. La falta de obras de urbanización en barrios sin asfalto, puentes, túneles e incluso sin luz no aseguran la vida. Los vecinos van por lugares peligrosos y hasta electrificados, y el Ministerio de Transporte, Trenes Argentinos, municipios, sindicatos ferroviarios y comisiones de seguridad están ausentes. Esto indica que seguirán produciéndose accidentes y muertes. El fallecimiento del niño provocó que familiares y vecinos agredieran al personal del tren y en la barbarie los robaran. Trenes Argentinos no garantiza medidas de seguridad que protejan a los trabajadores en las estaciones o en el tren. No hay seguridad para quienes trabajan. ¿Dónde está la Comisión Obrera de Seguridad contra accidentes y ataques a los compañeros? Este grave accidente no fue un rayo en cielo sereno. La inseguridad en el ferrocarril es hija de la repartija de subsidios millonarios entre funcionarios, concesionarios y sindicatos, como si se tratara de un botín. Trenes Argentinos ha naturalizado la acción de barras bravas que atacaron a laburantes, por ejemplo en estación Gerli y sobre el tren por demoras en el tráfico. Esto no llevó a ninguna medida de protección de la patronal quien, por ley, debe proteger a los que trabajan. Las Comisiones de Seguridad electas en las secciones deben reportar a las asambleas de personal. Los millonarios subsidios que el Estado distribuye a dos a manos a funcionarios y gremios deben ser supervisados por asambleas. Las obras de infraestructura deben ser controlarlas por vecinos y trabajadores.

La denuncia de Mirta Guerrero, alias “Shakira”, quien fue mano derecha de Milagro Sala durante 26 años, ha sido levantada por los medios nacionales. Lanata le dedicó especial atención. En el pasado, “Shakira” lideró el grupo que le robó la cámara al equipo de Lanata y lo echó de Alto Comedero. Ahora, en cambio, se sentó a charlar con el conductor y relatar sobre los manejos de dinero de Sala, sus propiedades, la violencia con que se manejaba. Declaró, entre otras cosas, que en los viajes al exterior se le entregaba 10 mil dólares -el monto máximo autorizado en efectivo para portar a través de la frontera- a cada persona de la comitiva y en el exterior se lo regresaban a Sala. También dijo que Sala había montado un Estado paralelo en la provincia, aunque obvió que ese ´Estado paralelo´ hoy reporta mayoritariamente a las órdenes del Gobernador. Shakira actualmente cumple prisión domiciliaria, pero pudo viajar a Buenos Aires y llegar a Canal 13 para la entrevista televisiva. Como sucede muchas veces con las denuncias televisadas, hay mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, alcanzó para sumarle dos nuevas imputaciones a Sala. Mientras tanto, la ´madre de todas las denuncias´, conocida como ‘megacausa’, sigue durmiendo el sueño de los justos por el simple hecho de que pondría en el banquillo de los acusados a todo el régimen político provincial, a intendentes (radicales y peronistas), empresarios e intermediarios que fueron cómplices por acción u omisión del desfalco con los planes de vivienda a cargo de la Tupac Amaru. Ley del arrepentido ´sui generis´ Morales ha hecho uso y abuso de la llamada ‘delación premiada’ -que busca reducir penas, liberar a detenidos y hasta condonar todos los ilícitos cometidos- en función de la cooptación política de todos los ´arrepentidos´. Ya no sólo se discute un beneficio de reducción de la pena, sino que directamente se les ofrecen cargos en el Estado, obras de cooperativas, y pasar a formar parte directamente de la alianza de gobierno, como ocurrió con Mabel Balconte, diputada del FUyO, que luego de denunciar a Sala pasó a integrar el Bloque de la UCR en la legislatura, sin estación intermedia. Graciela López (Pagina/12, 16/8), imputada junto a Sala por la causa ‘Escrache’ de 2009, denunció que le ofrecieron beneficios en la condena, cargos y dinero para denunciar a Sala en la causa. Ella lo rechazo y está cumpliendo sentencia. Sin embargo, el que denunció a Sala como instigadora del escrache fue beneficiado con un contrato en el Estado y con una cooperativa para realizar obra pública. Y así sigue una larga lista. En el mismo lodo, todos manoseaos Los desfalcos y negociados son inherentes a un régimen político que sirve a los capitalistas, como lo demuestran Lázaro Báez, los cuadernos de Centeno, pero también las denuncias de Carrió, quien les enrrostró a sus aliados todo tipo de negociados con Massa y el FdT, incluido el propio Morales. Por su parte, el jujeño, lejos de negarlo, retrucó con la sobrefacturación en CABA por la construcción del Paseo del Bajo. Al asumir Morales, denunciamos que lo que se trataba de presentar por parte de su gobierno como una pelea entre ´autoritarios´ y ´democráticos´, en realidad, tenía que ver con una disputa por el manejo de los recursos estatales. Si de ´autoritarios´ se trata, hoy tenemos un gobierno que ha largado una verdadera persecución contra las organizaciones sociales, dispuesto el espionaje sobre todos los dirigentes opositores y propiciado el allanamientos de locales y viviendas particulares de compañeros, en busca de quebrar la organización independiente de trabajadores desocupados para integrarlos al Estado como mano de obra precarizada y sin derechos, a la vez que busca desorganizar al movimiento obrero en un cuadro de ajustes, tarifazos y ataques sistemáticos.

Este martes 16 de agosto el colectivo "Trabajadores y afiliadxs en defensa de ObSBA" realizó un nuevo abrazo al Sanatorio Méndez. Es el tercero en el año. El Méndez es el sanatorio central de la Obra social de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. El plan de lucha se viene sosteniendo desde principios de año, con marchas y acciones en Jefatura de Gobierno y la Legislatura. En todas estas acciones se dejó un petitorio con las demandas de los afiliados, que incluye la restitución y ampliación de las prestaciones médicas y de turismo, la apertura de los libros contables en asambleas abiertas a afiliados y trabajadores de la obra social donde los representantes del Directorio den explicaciones. Ayer, distintos oradores denunciaron que ni SUTECBA, ni el Gobierno porteño, ni la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad han dado aún respuesta a las exigencias y denuncias por falta de atención sanitaria. Por otra parte, se han conseguido conquistas parciales. Se empezaron a dar turnos presencialmente, aunque con largas filas; se liberaron algunos tratamientos para enfermedades crónicas que estaban cajoneados, se dieron de alta algunos prestadores tercerizados que se habían caído por falta de pago, pero siempre bajo amenaza de corte de servicio. El problema de fondo sigue igual. La obra social, con casi 300.000 afiliados, está a las puertas de una quiebra por el manejo fraudulento de su Directorio, que se niega a la apertura de los libros contables. Por eso se escucharon varias intervenciones exigiendo que todo el Directorio se retire de nuestra obra social y seamos las y los afiliados y sus trabajadores quienes gestionemos los recursos que, mes a mes, nos descuentan de nuestro salario. Producto del vuelo mediático que comenzó a cobrar la lucha en defensa de ObSBA, gracias a la organización y la movilización autoconvocada, varios sindicatos tuvieron que pronunciarse a través de comunicados. Ademys se hizo presente por primera vez en una acción del colectivo. Al finalizar se desarrolló una nueva asamblea, donde se definió seguir con las volanteadas que ya se vienen desarrollando en los lugares de trabajo y con la juntada de firmas y denuncias, para ser cada vez más en las acciones. Otra de las resoluciones fue que el jueves 25, a las 12 hs., se va a realizar en las puertas de la Sede Central administrativa (Av. Rivadavia 6082), una conferencia de prensa del colectivo autoconvocado en el marco de una movilización. También se resolvió denunciar el cerco mediático sobre esta situación, que es de vida o muerte para los afectados. En el colectivo se nota mucha determinación y convencimiento de que el camino es la organización y la movilización por abajo y en la calle. Tan frágil es la situación de todo ese Directorio corrupto que empezaron a huir frente a la presión de los afiliados movilizados, porque no quieren quedar pegados a la estafa perpetrada durante décadas sobre las arcas de la obra social. Fuera la burocracia sindical y los gobiernos de ObSBA. Apertura ya de los libros contables. Investigación de todos los responsables del desfalco. Vamos por recuperar nuestra Obra social para sus afiliados y trabajadores. LEER MÁS: Importante acción en defensa de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires Se agudiza el vaciamiento de OBsBA ObSBA: una runfla político-empresarial-familiar enquistada en la obra social de los municipales porteños El desmantelamiento de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires El desmantelamiento de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires ObSBA Masiva asamblea de trabajadores y afiliados de ObSBA Enorme abrazo en defensa de ObSBA Crece la lucha por la defensa de ObSBA Importante acción frente a la Jefatura de gobierno en defensa de ObSBA El plan de lucha en defensa de ObSBA continúa a toda marcha ObSBA: los saqueadores abandonan el barco antes de que se hunda

La nueva Constitución chilena, que será sometida a plebiscito para su aprobación el próximo 4 de septiembre, ha incluido varios artículos que se refieren al derecho a huelga. En la Constitución actual, redactada por el pinochetismo, el derecho a huelga está taxativamente prohibido. La nueva Constitución se refiere al derecho a huelga en varios incisos. En el acápite 277, por caso, se declara a la huelga como “derecho fundamental”, integrante de la “libertad sindical”, tanto para trabajadores del sector público como del privado. Pero como ocurre en todos los textos constitucionales modernos, digamos desde la Revolución Francesa a esta parte, a continuación de la enunciación general de ´la libertad´ vienen los comentarios que la restringen hasta su sofocamiento. Esto lo pone de manifiesto, en un comentario elogioso del nuevo proyecto, el profesor universitario Sergio Gamonal, quien tiene una larga trayectoria dedicada al estudio comparativo del derecho laboral en Europa, Estados Unidos y América Latina. “Tanto el acápite 86 como el 89 se refieren a la imposibilidad de recurrir a la huelga por parte de las Fuerzas Armadas y las Policías. El acápite 26 señala expresamente dentro de las materias que pueden ser reguladas por el legislador, el derecho de huelga” (El Mostrador, 26/5). El autor agrega, entre estas ´regulaciones´, que “la ley sólo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población”. Pero las “limitaciones excepcionales” no tardan en convertirse en permanentes. Los servicios declarados “esenciales” implican guardias y prestaciones mínimas, lo cual significa un cercenamiento objetivo del ejercicio del derecho a huelga. Las constituciones burguesas, en su mayoría, incorporan el derecho a huelga para regularlo, restringirlo y, llegado el caso, sencillamente negarlo, invocando circunstancias excepcionales y ´derechos esenciales´, consignados en otros articulos del mismo texto. Por ejemplo, la huelga del transporte ´infringe´ el derecho a circular; la huelga docente se contradice con los derechos del niño a la educación, etcétera. El texto constitucional consagra el arbitrio del Estado capitalista, de modo de poner en jaque el derecho a huelga. Por esto, para el autor, estos incisos colocan a Chile en el “primer mundo” puesto que emparenta la legislación a las valoraciones de la OIT y las leyes que rigen en Europa o Estados Unidos, en lugar de la vetusta -e inaplicable, después de la revolución de 2019- prohibición del pinochetismo. Gamonal, luego de ´tranquilizar´ a sus lectores con respecto a que el ejercicio del derecho a huelga no será irrestricto, añade que, llegado el caso, toda regulación excesiva puede denunciarse ante el poder judicial, como si el arbitraje de los tribunales fuese una garantía para los trabajadores y no lo contrario. Además, la nueva Constitución ´reconoce´ el derecho a huelga del trabajador, pero también el ´derecho´ del patrón a no abonar el día no trabajado. Por lo tanto, se reserva a las patronales un instrumento fundamental para quebrar la huelga por medio del hambreamiento de sus propios trabajadores. En tal caso, el poder judicial refrendará esta “armonía” entre el derecho del explotador y el del explotado en favor del explotador, invocando el interés del conjunto de la sociedad. La nueva normativa es presentada como una ampliación de derechos para los trabajadores, pero la consagración constitucional del derecho a huelga implica su regimentación. Gamonal admite que esta inscripción del derecho a huelga viene a fomentar la “paz social”, es decir, este derecho es una moneda a cambio para mantener toda la legislación laboral vigente sin cambios. La prohibición a la huelga heredada de la Constitución de 1980, por supuesto, no ha evitado que los trabajadores desarrollen intensas luchas contra las patronales y el Estado, aún bajo el pinochetismo asesino, como durante la huelga general de 1986, ni la reciente huelga de los mineros de Codelco en junio pasado. La lista podría ser interminable, demostrando que la nueva Constitución no viene a consagrar nada. Los trabajadores han utilizado la huelga sin importar los vericuetos de la legislación vigente. Los marxistas hemos sido enemigos declarados de toda regimentación a la huelga mediante su introducción como “derecho”. Siempre que esto ha sucedido ha sido utilizado contra los trabajadores y su organización revolucionaria. LEER MÁS: Chile: del “apruebo” al “rechazo” Por Jorge Altamira La devaluación de los salarios en Chile y la devaluación de la nueva constitución Por Javiera Sarraz

La reciente crisis a finales de julio entre las autoridades separatistas de Kosovo y el gobierno de Serbia es otra muestra del alcance mundial de la guerra en curso. La chispa fue la iniciativa de las autoridades kosovares de desconocer los documentos oficiales emitidos por las instituciones serbias, tales como documentos de identidad, autos privados, etcétera, y poner una fecha límite para su reemplazo por documentos de emisión kosovar. Esto fue entendido como una provocación y un pretexto para perseguir y acosar a la población serbia, que es minoría en la región de Kosovo, donde los albaneses constituyen una mayoría. La crisis se disparó finalmente en la noche del 31 de julio, cuando las Fuerzas de Seguridad de Kosovo, la formación militar (como en Ucrania, también entrenada y equipada por la OTAN) que responde al gobierno kosovar, y la policía de Kosovo comenzaron a detener y confiscar autos de serbios residentes que mantenían patentes serbias. Al mismo tiempo, cuando estas fuerzas también se aprestaban a ingresar a diferentes pueblos serbios, fue respondido por las poblaciones con barricadas y enfrentamientos que dejaron algunos heridos y muertos. Por su parte, las unidades del ejército serbio se posicionaron cerca de la ´frontera´ con Kosovo, lo que llevó a que las unidades de la OTAN allí apostadas desde hace décadas declararan que estaban preparadas para enfrentar a los serbios (TRT World, 31/7). En la misma noche, el presidente nacionalista serbio, Vucic, anunció una solución temporal de compromiso que consta de un aplazamiento por parte del gobierno kosovar de la fecha límite de la imposición de nuevos documentos para el próximo 1 de septiembre. Más allá de esto, no hay solución o negociaciones en progreso que se conozcan de manera pública. La relación de este episodio con la guerra en Ucrania es absoluta: Serbia es de los pocos países europeos que no adhieren al régimen de sanciones económicas contra Rusia y tampoco ha condenado la invasión. No es de sorprender, por lo tanto, que la Federación Rusa sea el único apoyo militar de Serbia, completamente rodeada de países de la OTAN y, en el pasado, bombardeada por ella. Al comenzar la invasión rusa, el parlamento de Kosovo mandató al gobierno a comenzar el proceso formal para su integración a la OTAN (Reuters, 3/3). A principios de junio, estos vecinos que rodean a Serbia bloquearon una visita oficial de Lavrov negándole el paso por su espacio aéreo a un avión diplomático (Al Jazeera, 6/6). Parece claro que la OTAN planea hacer un uso oportuno de la crisis desatada a partir de la guerra en Ucrania, para zanjar la cuestión de Kosovo por la vía de los hechos, a sabiendas de que está jugando con fuego sobre piso cubierto de pólvora. Una nueva guerra de Serbia contra el separatismo kosovar inevitablemente tendrá ramificaciones en países vecinos, que, a su vez, tienen regiones enteras donde la población serbia es mayoría, como Montenegro o Bosnia, y en algunos casos las tendencias separatistas están muy extendidas. Todas las contradicciones heredadas del proceso de despedazamiento de la vieja Yugoslavia volverán a volar por los aires.

En la tarde del 16 de agosto, la policía bonaerense detuvo arbitrariamente a una compañera que presenció cuando varios policías golpeaban a un hombre e intentaban subirlo a un patrullero. Nuestra compañera se acercó a preguntar qué estaba pasando y se ofreció a avisar a los familiares del hombre que estaba siendo detenido. En ese momento, uno de los policías le preguntó su nombre y, sin mediar más palabras, la esposaron y la subieron a un patrullero hacia la Comisaría Segunda, ubicada en Tucumán y Castelli. Sus compañeros y amigos nos convocamos en la puerta de la comisaría para reclamar su liberación. Otros compañeros llamaron a la comisaría a preguntar por la situación. A todos nos dijeron algo distinto: no sabíamos si la compañera se encontraba demorada o detenida. Nos dijeron que se le iba a realizar la revisión médica ahí y se la llevaron a otro lugar. No podíamos comunicarnos con ella. Falsamente dijeron que si no firmaba la contravención, no sería liberada. Pero su detención fue ilegal, porque preguntar por qué la policía golpea a un hombre no constituye una contravención, mucho menos un “entorpecimiento del operativo” (sic), como pretenden imputarle los policías. El intriguismo, el hostigamiento y la violencia de la que fuimos testigos el martes por la tarde son moneda corriente en la policía bonaerense, que es la primera organizadora del crimen en la provincia; responsable por la desaparición y asesinatos de muchos jóvenes. Gracias a la organización logramos que, luego de dos horas, la compañera fuera liberada. Frente a un escenario de alza de las luchas obreras, contra la represión, reforcemos la organización.

Durante el mediodía de hoy se realizó la marcha de la CGT, la CTA y organizaciones sociales sin otro motivo que el apoyo al Gobierno y Massa. Lo prueba el documento que guio la marcha. La marcha estuvo compuesta por los cuerpos orgánicos de los sindicatos, sus cuerpos de delegados y principalmente por las columnas de las organizaciones sociales afines al Gobierno. En las fábricas y establecimientos de trabajo la convocatoria pasó sin ton ni son. Como la marcha fue por completo incoherente, no hubo oradores. Lo confirmó Héctor Daer en una conferencia de prensa después de la marcha, cuando denunció la "especulación financiera y política" –un globo-. El moyanismo montó su propio acto. Pablo Moyano declaró que “esta puede ser la primera marcha que realicemos porque si siguen sacándole el plato de comida a los argentinos, nos vamos a seguir movilizando”. Planteó tres pedidos: paritarias libres, un bono o suma fija para los que no llegan a fin de mes y universalizar las asignaciones familiares, que solo cobra un tercio de los trabajadores en blanco. La marcha expresó la conocida división de la burocracia y del Frente de Todos, y la desorientación de los lugartenientes de las patronales. Por su parte la convocatoria del FIT-U a Plaza de Mayo no pasó de lo testimonial. Estuvo compuesta en su mayoría por las organizaciones piqueteras. El PTS, Izquierda Socialista y el resto de los partidos participaron con pequeñas delegaciones. Fuera del Polo oficial y Teresa Vive hubo una delegación testimonial de Barrios de Pie. El SUTNA se concentró en los piquetes en las fábricas, en el gran conflicto con las patronales del Neumático. La convocatoria a Plaza de Mayo no fue un canal ni para los mismos convocantes.

La conferencia de prensa que detalló la quita de subsidios al gas, la luz y el agua tuvo dos características notables. En primer lugar, reunió -sin peleas- a los representantes de la Cámpora, el massismo y el presidente. Ese coro armonizó un mensaje único: presentaron a la quita de subsidios como un acto de justicia social. En una vieja maña del seudoprogresismo, una confiscación a la clase trabajadora fue relatada como “eliminación de privilegios”. Sin embargo, los números del tarifazo, confrontados con la estructura social de la Argentina, demuestran lo contrario. Según los funcionarios, sobre 13 millones de hogares estimados en el país, el aumento de tarifas impactará sobre unos ocho millones. De esta cifra, cuatro millones corresponden a los que no solicitaron el subsidio, y los otro cuatro son los llamados “sectores medios”, que recibirán subsidio hasta un cierto tope de de gas y luz consumidos. El aumento para el primer grupo será del 170%. Para el otro grupo, “intermedio”, ese incremento resultará del orden del 50%. Los funcionarios estimaron la reducción de subsidios resultante en 2023 en unos 4.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Ahora bien: esta suma -que engrosará las arcas de los concesionarios de energía- ¿proviene acaso de la población propietaria, no asalariada o genéricamente “privilegiada”? Veamos: de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un ingreso superior a la canasta familiar sólo puede encontrarse en un 10% de los hogares del país. Ello representaría, entonces, no más de 1,3 millones de hogares. (En rigor, sólo una parte de ese 10% -probablemente no más de 1 millón de hogares- cuente con un ingreso que cubre las necesidades integrales de una familia). Sin embargo, los hogares que no pidieron el subsidio representan 4 veces esa cifra: esto significa que de los 4 millones de supuestos “privilegiados” (los que no llenaron el formulario) hay al menos 3 millones que pagarán el tarifazo pleno -170%- ¡sin ganar la canasta familiar! Algunos se preguntarán “por qué no se inscribieron”, y las razones son varias. El régimen impositivo argentino indulta regularmente a los grandes capitalistas con blanqueos y moratorias, pero no sigue la misma vara con el llamado “monotributista”. En muchos casos, esta figura encubre una relación laboral precaria: ponerla de manifiesto en un formulario oficial, por parte del trabajador involucrado, hace temer el despido por parte del patrón que precariza. Por estos motivos, millones de trabajadores con ingresos medios o bajos desistieron de llenar el formulario. En cuanto al llamado sector “medio” esta denominación es un eufemismo para caracterizar a las familias trabajadoras cuyos ingresos están igual o levemente por encima de la línea de pobreza, y bastante por debajo de la canasta familiar. Se trata de otros 4 millones de hogares. Repasando la cuenta tenemos que unos 3 millones de trabajadores que no ganan la canasta familiar pagarán un 170% de aumento tarifario, y otros 4 millones que bordean la canasta de pobreza tendrán aumentos del 50%. La cuenta se completa con los 5 millones que pagarán la tarifa social, sí. Pero serán afectados por el tarifazo, indirectamente, al pagar los productos de la canasta que serán afectados por la suba de tarifas en la producción industrial y el comercio. El aumento de tarifas, en consecuencia, será costeado por el corazón de la clase obrera argentina. En la misma conferencia de prensa, los funcionarios exhibieron los precios “spot” exorbitantes del gas importado, como justificativo de esta confiscación. Otra impostura, pues, en primer lugar, sólo el 15-20% del gas consumido se importa, el resto resulta de producción local. En segundo lugar, el fluido sólo representa una parte de la tarifa total –el resto es el costo del transporte y la distribución, concesiones privadas sobre inversiones ya amortizadas y de carácter público. En tercer lugar, y en el caso de la electricidad, el gas es sólo un combustible para la generación de energía, y para una parte de ella. Ampulosos para presentar los datos del gas “en tiempos de guerra”, los funcionarios camporistas, massistas y albertistas no aportaron un solo dato respecto del real costo de extracción y transporte de la energía en Argentina, un dato celosamente guardado por los monopolios petroleros y concesionarios. A todos ellos, la gestión camporista de Kicillof-Galluccio los premió en Vaca Muerta con contratos de extracción de gas que superan entre dos y tres veces los reales costos de exploración y producción. El tarifazo, por lo tanto, es un gran rescate de los monopolios energéticos y la patria contratista, a cuenta de la clase obrera.

Página/12 publicó el martes 16 la versión digitalizada de un informe muy completo sobre la espía “Isabelita”, perteneciente al Cuerpo de Informaciones de la PFA, que cumplió tareas de infiltración en las Madres de Plaza de Mayo bajo la dictadura. En democracia, “Isabelita” seguiría cumpliendo las mismas tareas en diversas organizaciones de derechos humanos y políticas. En 1997 fue promovida como una de las directoras de la Escuela Federal de Inteligencia. El legajo de “Isabelita” -cuyo nombre real no fue difundido- está atravesada por la persecución y ataque contra la clase obrera y los luchadores. Se incorporó a los 21 años, en 1969, al Cuerpo de Informaciones de la PFA por recomendación de un jerarca del entonces Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA), creado por una dictadura, la de Onganía-Lanusse. Para 1973, cuando Cámpora disolvió dicho cuerpo, sus agentes fueron reasignados a otras áreas dependientes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). El jerarca que había reclutado a “Isabelita” pronto se hizo célebre en otra división asesina: el Batallón de inteligencia 601. La carrera de “Isabelita” comenzó a despegar durante los primeros años de la dictadura de Videla. Entre 1976 y 1979 pasó por la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación. En 1977 recibió felicitaciones por su trabajo y en 1978 participó de un curso de especialización en inteligencia. Dentro de sus tareas en el movimiento estudiantil, aprovechó para estudiar Ciencias de la Educación en Filosofía y Letras de la UBA. Sus tareas de inteligencia bajo la dictadura finalizaron en 1982, cuando quedó embarazada y su pareja -un técnico del Batallón 601- fue trasladado a Mar del Plata. Pero no era este el único motivo. El comisario Eduardo Pedro Antoniuk -uno de sus superiores directos- aprobó este traslado agregando otro motivo: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva” (Página/12, 16/08). Otro informe en su legajo, que lleva la firma de Juan Andrés Fonte, el segundo del jefe de la SSF, señala : “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación MADRES DE TERRORISTAS (sic), siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.) La había delatado el espía Luis Alberto Martínez quien cayó detenido en Suiza durante una “misión”: un intento de robo extorsivo, frecuente en el ámbito de los “grupos de tareas”. Martínez dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Allí relató las tareas de infiltración de “Isabelita” en las Madres de Plaza de Mayo, involucrándola en los doce secuestros de la Iglesia Santa Cruz, entre ellas, tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo -Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga- y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. En aquella “operación”, se cree que se cruzó con otro infiltrado “ilustre”, nada menos que Alfredo Astíz, quien revestía en la Marina. Se cree que posiblemente cumplían tareas similares sin estar al tanto de su identidad uno del otro. Con la democracia, “Isabelita” fue designada en el Departamento de Protección del Orden Constitucional, en el cual retomó sus tareas de infiltración y espionaje sobre las organizaciones populares. Tras el asalto a La Tablada fue seleccionada por el entonces procurador general Andrés D’Alessio para investigar al Movimiento Todos por la Patria (MTP). Todo el trabajo del departamento de inteligencia de la PFA se dedicó durante el gobierno alfonsinista a continuar la persecución a las organizaciones de derechos humanos y políticas. Esto figura en diversos documentos donde se señala una conexión entre los grupos que protagonizaron el asalto al cuartel de La Tablada con otras organizaciones. La carrera de “Isabelita” finalizó en la Escuela Federal de Inteligencia, a la que se incorporó en 1997. En el año 2003 solicitó el pase a retiro tras 34 años de servicio. En 2013, fue denunciada por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré por su implicancia en los secuestros de la Iglesia Santa Cruz. Finalmente, el juez Sergio Torres, en el marco de la causa vinculada a las acciones genocidas ocurridas en la ESMA, archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Pero señaló que el legajo de “Isabelita” contenía pruebas irrefutables de su participación en casos de violación de los derechos humanos y causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta el día de hoy “Isabelita” goza de plena libertad. El caso de “Isabelita” puede incorporarse a una larga lista de genocidas que siguen gozando al día de hoy del encubrimiento del propio Estado. La lucha por poner fin a la impunidad de los genocidas está necesariamente ligada a una lucha a fondo por la eliminación de todo el aparato de espionaje que funciona como sostén del régimen vigente. Solo un gobierno de trabajadores podrá llevar a cabo esta tarea.

Durante la mañana del 17 los trabajadores de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, convocaron a una asamblea y corte en el acceso Wilson del Puerto de Buenos Aires. Allí se agruparon unos 100 trabajadores de la Terminal. Votaron movilizarse a la AGP, donde fueron recibidos con una fuerte custodia policial. Los trabajadores le exigen al gobierno la implementación del fallo que la Justicia dictó en varias instancias, que habilita el ingreso de la carga a la Terminal 5 y de esta forma garantizar el trabajo a las más de 800 familias que esperan una resolución luego de casi 2 años de la terminal parada. La asamblea informó sobre los pequeños avances en las negociaciones entre el gobierno y la empresa. Las intervenciones dejaron en claro que la única forma de que esta lucha triunfe es manteniendo las acciones de piquetes y asambleas, invitando a sumarse a todos los compañeros, como vienen haciendo desde el inicio de este conflicto. Mientras los trabajadores se movilizaban a la AGP, la burocracia de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria (FeMPINRA) liderada por Juan Carlos Schmid, se movilizaba junto con la CGT en apoyo al gobierno y pidiendo un “clima de tranquilidad para que empecemos a ver los problemas reales”. En línea con la Federación, Moyano se refirió al puerto en la jornada expresando lo siguiente: “si el Gobierno quiere recaudar dólares, tendría que estatizar las balanzas que están en los puertos. Ellos mismos se pesan su producto y lo venden. ¿Quién los controla?". Nada de esto es de un verdadero interés para los trabajadores que se encuentran luchando en el puerto: “la patria” son los trabajadores. Como se ocuparon de aclararlo en un comunicado previo, la marcha de los trabajadores de la Terminal 5 nada tenía que ver con la movilización de los aparatos de la CGT y CTA.

El pasado martes 16, en el Patio de las Américas de la Universidad de La Matanza con el salón colmado, se conoció el veredicto del jurado en el juicio por el asesinato de Lucas Verón y el intento de asesinato de Marcos Aguirre a manos de policía bonaerense. El sábado 10 de Julio de 2020 alrededor de la 1.30 de la madrugada, en el barrio Villa Scasso, en González Catán, aún bajo cuarentena, Lucas -quien cumplía 18 años- y Marcos -menor en ese entonces- se dirigían en moto a comprar bebidas al kiosco cuando fueron interceptados, perseguidos, embestidos, tiroteados y abandonados por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria (CPC). La policía intentó instalar la versión de que los chicos venían de robar, para justificar un terrible homicidio, la cual fue rápidamente desarticulada por familiares y vecinos. Los policías Cintia Duarte (35) y Ezequiel Benítez (28), que llegan detenidos al juicio, fueron encontrados culpables por el jurado por el cargo de “homicidio en exceso del cumplimiento del deber” por el asesinato de Lucas. Y se los declaró culpables, a Benítez por homicidio agravado en grado de tentativa y a la oficial Duarte por homicidio en exceso de funciones en grado de tentativa, por el ataque a Marcos. El próximo viernes el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza dará a conocer los montos de las condenas, pero ya se sabe que no recibirán perpetua por no lograr unanimidad en la votación del jurado. Podrían recibir, en cambio, penas de 10 a 25 años de prisión para el policía Benítez y hasta 7 años y medio para la oficial Duarte, ya que al ser delitos cometidos en concurso real las penas se suman. Sin embargo, está muy lejos de la pena a perpetua por homicidio agravado que pide el fiscal y reclaman y exigen familiares y amigos. La Comisión Provincial por la Memoria denunció por encubrimiento al comisario y segundo jefe Departamental de La Matanza, Diego Ocampos; el subcomisario Daniel Quinteros, la oficial subayudante María Giselle Genez y Juan Pablo Tahtagián, el primer fiscal de instrucción que tuvo la causa, removido por el fiscal general a pedido de la familia . Nuevamente se intenta condenar con una pena módica a los autores materiales del asesinato para absolver responsabilidades políticas, como las que les caben a Fernando Espinosa y Sergio Berni. El caso de Lucas, como tantos otros, es moneda corriente en los barrios. Lo sabemos muy bien en La Matanza. En la criminalización de la juventud, la violencia policial, el delito organizado, la institución policial y el poder judicial se encuentran entrelazados ambos al servicio de la represión del Estado, el ajuste y la defensa los intereses de las clases sociales a las que representan.

El gobierno de Rodolfo Suárez combina su política de miseria salarial con la de persecución, espionaje, intimidación y encarcelamiento de referentes y luchadores sociales. Su propósito es amedrentar a los trabajadores. Así, valiéndose del Código Contravencional de su antecesor y socio político -Alfredo Cornejo- y de decretos y artículos del Código Penal que provienen de la dictadura militar de Onganía, en las últimas semanas ha impuesto multas a rabiar a distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas de izquierda que salen a las calles a protestar. Se ha destacado la cantidad de imputaciones que ha efectuado a distintos compañeros y compañeras, de distintos sectores en lucha: entre ellas la de la compañera Rosario Gómez Ledesma, del Polo Obrero Tendencia, y Joana Baez, del Frente Darío Santillán, por la movilización del 28 de julio en reclamo de fuentes de trabajo; también les han abierto causas a dirigentes del Polo Obrero oficial y del FITU, y llegaron a encarcelar al secretario general de ATE, Roberto Macho; por citar algunos ejemplos. Los medios de comunicación serviles de la provincia reciben jugosas sumas en concepto de pauta publicitaria a cambio de acallar voces y estigmatizar los reclamos, tratando de enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Pero claro, no todo se mide con la misma vara. El carácter persecutorio es elocuente porque en numerosas ocasiones, cuando ha sido el mismo gobierno o alguna organización acólita la que ha cortado el tránsito por algún evento de diversa índole, no se les aplica el archiutilizado art. 194 del Código Penal. Pero a pesar de este avance del Estado sobre los derechos de l@s trabajadores, de las imposiciones autoritarias al extremo de enviar policías a los colegios en días de paro a tomar asistencia, o del amedrentamiento de superiores sobre trabajadores activistas, no pudo detener, un gobierno impotente, dos masivas movilizaciones al centro del poder gubernamental de la provincia -la Casa de Gobierno- para llevar los reclamos salariales y para romper el decreto miserable de aumento. El resultado, en lo inmediato, fue la reapertura de la paritaria salarial, y en lo mediato, un activo plan de lucha. Es que si bien el gobierno -con la anuencia, al menos, de Carina Sedano (SUTE) y Gustavo Correa(CTA)- logró “enfriar" momentáneamente las discusiones, en los distintos plenarios realizados en estos días las voces disonantes se hicieron oír con fuerza, mostrando disposición a la lucha por recuperar todo el poder adquisitivo perdido en todo el último tiempo y conquistar un salario que se equipare al valor de la canasta familiar. Entre la docencia, por estrecha mayoría, se impone lanzar un paro de 96 horas, por sobre el paro indeterminado, en caso de que no sean satisfechas sus demandas. Además de lo salarial, exigen que no se les descuenten los días de huelga. Por parte del plenario interhospitalario realizado por ATE, ATSA y Judiciales en el Hospital Lagomaggiore, se decidió continuar con las medidas de lucha que ya llevan 72 días, que consisten en retención de servicios y guardias mínimas en efectores públicos y oficinas administrativas. Reclaman un bono fijo en blanco de acá a fin de año de $ 40.000 para todos los escalafones y servicios. En caso de no conseguir sus demandas, plantean intensificar su plan de lucha. Algo significativo que se dio en el numeroso plenario ,donde habían un@s trescientos delegad@s, es que uno de los cánticos que resonaba insistentemente, entre varios, era el siempre vigente “que se vayan todos", una demostración del malestar generalizado. Este jueves y viernes se reúnen las paritarias nuevamente. En ellas se juega algo más que las postergadas mejoras salariales. Es el poder del pueblo trabajador organizado, rebelándose cuando las circunstancias lo han llevado a ese punto, a pesar de cualquier intento del gobierno por neutralizarlo. Ese debe ser el puntapié para organizar asambleas en distintos lugares de trabajo y edificios públicos, para llegar a conformar verdaderos congresos obreros que construyan la huelga general, para unificar todas las luchas, para el desprocesamiento de tod@s l@s compañer@s imputad@s por luchar y por la victoria de l@s trabajadores.

El sindicato de la salud de Tucumán, SITAS, adhirió a la jornada nacional de protesta organizada por el Fesprosa, concentrando en el Hospital de Niño hacia Casa de Gobierno. Las consignas de la jornada fueron: no al ajuste, en defensa del salario y la libertad sindical; aumento de emergencia, 82% móvil y paritaria nacional de Salud. En los días previos, en el hospital Centro de Salud y en el hospital del Carmen, se realizaron asambleas de base para discutir la situación salarial. En la propia reunión de delegados del SITAS, convocada sin temario, un sector de delegados puso como punto de debate cómo darle un carácter activo a la jornada del 18, ya que la conducción no había definido el carácter de la misma. La conducción se opuso a la realización de un paro, pero luego de un debate se logró imponer que se convocara a una marcha. La conducción del SITAS, desde la asunción de Jaldo a la gobernación, viene dando “gestos de buena voluntad” al gobierno, evitando las acciones de lucha y limitándose a la presentación de “notas” y reuniéndose con distintos bloques oficialistas y opositores, principalmente por el tema del 82% móvil y por la paritaria nacional de salud. A pesar de que la jornada se concretaba sin paro, el 18 se logró aglutinar alrededor de 200 trabajadores de la salud de varios hospitales y centros de atención primaria de diferentes puntos de la provincia. Los trabajadores de la salud -además de los ataques que vienen sufriendo el conjunto de los trabajadores- han venido sufriendo una serie de “errores” en las liquidaciones salariales acordadas en la última paritaria. Se ha acrecentado la cantidad de médicos y enfermeros que renuncian al sistema público, donde si sumamos los cargos que no se cubrieron en los últimos años de pandemia, debido al fallecimiento del personal de salud o porque quedaron con secuelas, el faltante de personal en los principales hospitales como el Hospital de niño que asiste a niños de todo el NOA, o el Hospital del Carmen uno de los principales establecimiento de salud mental, son demostrativos de las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud público en la provincia. Es claro que con acciones aisladas no se van a arrancar los reclamos de mayor presupuesto, más personal, reapertura de las paritarias, aumento de emergencia y el 82% para los jubilados. Es preciso un plan de lucha en Tucumán y a nivel nacional. Impulsemos asambleas de base que se pronuncien y reclamemos a la conducción del SITAS una asamblea interhospitalaria que vote la continuidad de la lucha por todas las reivindicaciones.

Unos 500 delegados y delegadas participaron el jueves 18 de la reunión convocada por el Suteba La Matanza, ahora en manos de la dirección fraudulenta de la Celeste-Violeta. La convocatoria estuvo enmarcada en los plenarios convocados por Baradel a nivel provincial. La organización de la reunión tuvo todas las características de un intento por cercenar un debate político, bloquear el voto de resoluciones y un plan de acción. En primer lugar, se dividió la reunión entre los delegados de los tres turnos (mañana, tarde y noche), para evitar la confluencia de todos los representantes de las escuelas. En segundo lugar, la reunión fue abierta con un extenso informe, para pasar a dividirse en 4 comisiones, sin permitir que se abriera una lista de oradores y se funcionara a modo de plenaria. Se informó que la reunión iba a tener un mero carácter “informativo” y no resolutivo, y, por último, los mandatos que llevaron los delegados de sus escuelas no fueron tenidos en cuenta. En el informe, la secretaria general de la seccional, Daniela Sposato, habló en apoyo a cada una de las políticas oficiales del gobierno nacional y provincial. Como no pudo evitar mencionar el atraso salarial a causa de una inflación galopante, intentó justificar al gobierno diciendo que están “trabajando en un aumento que le pueda ganar a la inflación” y planteó que el FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) ya solicitó la “reapertura de la paritaria”, para no decir que no están haciendo nada. La docencia sigue viendo cómo mes a mes su poder adquisitivo es destrozado. También justificó la implementación de la quinta hora en la Escuela Primaria e invitó a los docentes a “debatir” su concreción en cada escuela, argumentando que es un “derecho” -tal como tienen los docentes de secundaria- para acrecentar horas, cuando en realidad es una modificación impuesta por el Estado del régimen laboral actual que consagra el Estatuto del Docente. Pasó por alto el despido de los 22 mil docentes ATR que se produjeron el mes pasado. Por último, en una tomada de pelo a los delegados presentes, sostuvo que el SUTEBA “rechaza al FMI”, cuando apoyan al gobierno que firmó el acuerdo y se ha comprometido con el Fondo a pagar la deuda a costa de un ajuste brutal sobre los trabajadores. Pese a que el día anterior el Suteba se movilizó junto a la CGT en apoyo al gobierno nacional, eligió no referirse al tema. En las comisiones, cuando por fin los delegados pudieron tomar la palabra, los principales reclamos ocuparon el centro de la escena. El pedido de un urgente aumento salarial y el rechazo a la implementación de la quinta hora en la Escuela Primaria, fueron las reivindicaciones centrales. Compañeras relataron que tienen que trabajar hasta tres cargos para llegar a fin de mes. Decenas de delegados detallaron el derrumbe educativo que se manifiesta en el deterioro de los edificios escolares, en la falta de nombramiento de cargos, en los escasos alimentos que se envían a los comedores escolares, en la súper población de cursos, el funcionamiento desastroso de IOMA, etc. También se manifestó un rechazo a las reformas que se pretenden implementar en la Educación de Adultos y en el Nivel Superior. Los mandatos que elaboraron delegados independientes y de las diferentes agrupaciones de la lista Multicolor, reclamaron la realización de asambleas y de medidas para organizar un plan de lucha por estos reclamos. Los delegados de Tribuna Docente Tendencia (Política Obrera) denunciamos el ajuste salarial en curso, y señalamos la colaboración de las centrales sindicales (CGT-CTA) con el gobierno. Explicamos que los bonistas sí están “indexados” por la cotización del dólar o por inflación -lo que más aumente-, mientras que los salarios y las jubilaciones son “desindexadas”. Denunciamos que el tarifazo será un nuevo golpe al bolsillo. Destacamos las huelgas provinciales en curso y el rotundo paro nacional que protagonizó la docencia el 10 de agosto. Fijamos posición por un aumento inmediato del 100% y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo, indexado por inflación, hoy en los $180 mil pesos. En los mandatos que impulsamos en nuestras escuelas, nos pronunciamos por la continuidad de las medidas de fuerza con paros progresivos en la perspectiva de construir una huelga general por todas las demandas planteadas. Marcamos que no hay que depositar ni un gramo de expectativa en que los Baradel y cía encabecen un “plan de lucha” y que debemos autoconvocarnos para trazarnos un plan de acción propio. Los dirigentes de la lista celeste, al verse desbordados por los planteos de los docentes en las comisiones, en clara minoría, bloquearon la posibilidad de que se votara y patearon todo para el plenario. Cada “coordinador” luego leyó las “conclusiones” de cada comisión, maniobrando para ocultar las posiciones que fueron mayoritarias. Mientras se leían un sector importante de la reunión cantaba “paro, paro, paro, paro provincial”. El encuentro realizado en la sede gremial de San Justo dejó planteado el espíritu combativo que anida en la docencia para defender sus salarios y sus condiciones de trabajo.

Alberto Fernández le encargó al ministro de Justicia Martin Soria la renuncia de la presidenta del INAI, la rionegrina Magdalena Odarda. Odarda se hizo conocida por sus denuncias contra la corrupción, que cimentaron su carrera política. Dio sus primeros pasos en las filas del ARI de Elisa Carrió y siguió más tarde militando en la Coalición Cívica, hasta que formó su propio partido, RIO. Luego integró el Frente Progresista de Hermes Binner. En 2019 fue candidata a vicegobernadora de Río Negro en la fórmula con Martín Soria, ya integrada al Frente para la Victoria rionegrino, antes de convertirse en funcionaria del gobierno FF. Desde el INAI, intervino fundamentalmente en dos cuestiones que no se han solucionado: el “tema mapuche” y el caso de Joe Lewis, el magnate inglés que cerró el paso al Lago Escondido, apropiándose de toda el área y muchas otras tropelías. En momentos en que el conflicto mapuche se profundiza por la explotación de Vaca Muerta, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la instalación de la producción de Hidrógeno Verde en Río Negro, esta renuncia es una nueva concesión a los intereses capitalistas que operan en la Patagonia. No porque las intervenciones de Odarda fueran efectivas en defensa de los pueblos originarios ni en la defensa del medio ambiente, sino porque no logró ´apagar´ los conflictos. La tensión entre el gobierno nacional y los pueblos originarios revela las expectativas frustradas en la ley 26.160, del 2006, que venía a suspender la ejecución de sentencias judiciales de desalojo de comunidades indígenas y promovía un Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. En la provincia de Río Negro ese relevamiento está suspendido desde el 2012. Las pocas comunidades que fueron relevadas no poseen el título de propiedad comunitaria. Para obtenerlo debe promulgarse una ley específica que nunca se trató. Aún con la insuficiencia de esa ley, que solo suspende los desalojos, el gobierno quiere terminar definitivamente con el reclamo de la tierra por parte de los originarios. Desalojos violentos como Quemquemtrew o intentos de desalojo como Villa Mascardi o Cushamen son cosa corriente en la Patagonia. Rafael Nahuel, Santiago Maldonado o Elías Garay son las víctimas fatales del aniquilamiento político de este régimen. La renuncia de Odarda se produce poco después de la de Lautaro Echatchu, director de Parques Nacionales, por el asunto Lanín. Hace una semana, Echatchu declaró al volcán Lanín “sitio sagrado mapuche”. Inmediatamente el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez (MPN) se quejó ante el gobierno nacional y el ministro Cabandié ordenó su salida. El gobierno apunta a entregar el territorio que ocupan los pueblos originarios a las mineras, a la industria forestal, al turismo y a la especulación inmobiliaria. El fusible de esa política ha sido Magadalena Odarda.

Los aumentos planteados para octubre y enero llevarían la tarifa anual promedio de los hogares británicos, que incluye gas y electricidad, de 1.971 libras esterlinas a más de 4.000. Según un estudio realizado por la Universidad de York, “el 65,8 % de todos los hogares del Reino Unido sufrirá escasez de combustible en enero”. Este número equivale a 45 millones de personas, de las cuales las más afectadas serían las familias monoparentales con 2 o más hijos (90%), los jubilados y los pensionados, tanto casados (86%) como solos (74%). De igual manera, las zonas más afectadas serán aquellas del norte del archipiélago, encabezando Irlanda del Norte (76%) y Escocia (73%) dicha lista (The Guardian, 18/8). El director ejecutivo de la NHS Confederation (servicio público de salud), Matthew Taylor ha catalogado esta situación como una “crisis humanitaria” y asegura que “la situación podría provocar brotes de afecciones respiratorias, enfermedades mentales, empeorar las condiciones de vida de los niños y aumentar la presión sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS)” (Infobae, 19/8). El debate sobre este punto y otros referidos al costo de vida ha llevado a la explosión de la gestión Johnson, primero, y, luego, a una lucha fratricida dentro del partido conservador. Los principales candidatos conservadores a suceder a Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, divergen. Sunak es partidario de limitar el impacto de los costos crecientes en las tarifas mediante subsidios a las familias, mientras que Truss hasta hace solo un mes aseguraba al Financial Times que “haría las cosas de manera conservadora para reducir la carga fiscal, sin dar limosnas”. Ahora ha reculado ante la magnitud de la crisis (The Guardian, 18/8). Las propias empresas energéticas han presentado una “propuesta” de congelar de manera completa las tarifas por los próximos dos años, con jugosos intereses a cobrar de 10 a 15 años. El desconcierto es completo. El NHS advierte que espera más de 10 mil muertos por el frío para este año. Al mismo tiempo, preocupa a los capitalistas la ola de huelgas que se viene expresando en diversas ramas de la industria y el transporte, donde los ferroviarios han tomado la iniciativa más decidida. La guerra se infiltra por todos los poros de la sociedad, sacudiendo a la clase obrera de las metrópolis imperialistas. La inflación en la isla ha superado récords de más de 4 décadas al llegar al 10,1% anual en el mes de julio. Este dislocamiento inflacionario es el resultado directo de las sanciones de la OTAN sobre Rusia. Los estados enfrentan una situación precedente de endeudamiento público y privado escandaloso, lo que vuelve inviable cualquier política de subsidios, sostenida en el tiempo. La crisis británica es el epicentro del cataclismo del capitalismo mundial y de su empresa bélica. El rechazo de la clase obrera internacional a la guerra imperialista está íntimamente ligada a la lucha por las reivindicaciones más elementales. Sobre esta base debe guiarse toda la agitación y propaganda de los sectores más avanzados, en la perspectiva de una lucha por el gobierno obrero y el Socialismo.

El día jueves 18 se llevaron adelante las elecciones para renovación del directorio de ASUNT, la obra social de los trabajadores de la Universidad Nacional de Tucumán, compuesto por representes de la docencia, los no-docentes, los jubilados y las autoridades. Desde ADIUNT impulsamos una lista docente que logró imponerse a la lista del Rectorado por 710 a 464 votos, obteniendo de esta manera dos representantes en el directorio. Además, por primera vez ADIUNT también presentó lista en jubilados, obteniendo una importante votación y quedando a sólo 10 votos de la lista oficial. El triunfo de la ADIUNT en docentes y la importante votación en jubilados se dieron luego de superar las maniobras realizadas por el Rectorado, que manipularon el cronograma electoral y el padrón, sacando a muchos docentes afiliados, poniendo de autoridad de mesa a funcionarios y miembros de la lista opositora,llegando incluso a cambiar el lugar de votación a docentes que residen y trabajan en Aguilares, una localidad del sur de la provincia, obligándolos a tener que viajar más de 100 km hasta la capital para poder votar. Todos estos atropellos y maniobras fraudulentas no le sirvieron para revertir la situación de bronca de la docencia por el estado de la obra social universitaria. Las elecciones de ASUNT representaron un pronunciamiento de docentes y jubilados frente al vaciamiento sistemático de la obra social. El déficit millonario, los faltantes de medicamentos en las farmacias, las cifras altísimas de los coseguros, la reducción de camas de acompañantes para pacientes internados, la demora en los reintegros, las carencias de profesionales de la salud en los centros médicos, entre otros, son parte de la larga lista de en un periodo dominado por la pandemia. El triunfo electoral se dio en el marco de una gran disputa con el Rectorado. Las autoridades vienen desenvolviendo ataques sistemáticos contra la ADIUNT. En los últimos meses han intentado, en nombre de la Reforma del 18, imponer como parte de la evaluación docente una encuesta estudiantil. Es una clara maniobra, que pretende apoyarse en la burocracia estudiantil de las agrupaciones afines al Rectorado, para crear un cuadro de enfrentamiento del movimiento estudiantil con los docentes, cuando precisamente, todo el escenario de este año ha dado muestra de una tendencia a unir los reclamos estudiantiles, de sectores autoconvocados (enfermería) y de los estudiantes de las escuelas y colegios experimentales con la lucha y reclamos de la docencia agrupada en la Adiunt. La conquista de la representación docente mayoritaria en el Consejo de ASUNT, aunque en el consejo se encuentre en minoría por la sumatoria de las otras representaciones, tiene que dar lugar a iniciativas urgentes e inmediatas, como son la de impulsar una auditoría que de cuenta del estado real de ASUNT, y a partir de allí un funcionamiento de asambleas periódicas que de cuenta del funcionamiento de la obra social y de todos los movimientos de caja, para que efectivamente la obra social este al servicio de las necesidades de la atención de la salud de la comunidad universitaria. Esta batalla ganada en las elecciones de la obra social nos prepara de mejor manera para lo que se viene en la paritaria local y la pelea salarial que daremos de conjunto a nivel nacional.

El 11 de agosto se llevaron adelante en todo el país las elecciones en la CTA “autónoma”. Se denunciaron graves irregularidades a las que la Junta Electoral no les dio entidad. Esta historia se repite desde la fundación de la CTA, cuyos dirigentes hace 30 años prometieron democracia sindical e independencia frente al Estado. En las semanas que se fue prefigurando la crisis que explotó en 2001 no se permitía al PO explicar en sus asambleas nuestra consigna “Fuera De la Rúa Cavallo”, porque coqueteaban con Chupete. Luego se sumaron: 1) a juntar firmas junto con Lilita Carrio para un proyecto legislativo de cuño explotador -un Salario Social barato para que una montaña de desocupados funcionara como mano de obra depreciada-; 2) prefirieron defender a De La Rúa/Cavallo, carnereando las movilizaciones y negándose a marchar los días 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando el pueblo echó al gobierno entreguista. Más tarde, en el conflicto por la 125, con el gobierno de NK, la CTA se puso del lado del campo. Ahora su dirección, la Lista 1, está subordinada al FdT. En sus inicios, la CTA abonó la idea organizativa de la apertura a otras organizaciones sociales sin límites ni control por la base, lo que resultó en una masa indiferenciada de afiliados, convirtiéndose en un cuadro incontrolable a la hora de tratar que los resultados electorales fueran inobjetables. Esto dio como resultado la constitución hoy de un padrón declarado por el oficialismo (Lista 1), de 1.500.000 de afiliados en condiciones de votar para elegir nada más ni nada menos que 19.032 afiliados que van a integrar el aparato. Un conjunto inmanejable por la metodología impuesta desde hace años y que en la elección del 11/8 ya se ha destacado, lo que se agrava por la falta de control de los afiliados sobre este tropel de directivos. Compañeros afiliados a ATE Sur describieron las modalidades usadas por el oficialismo para encarajinar la elección: Los padrones fueron entregados casi sobre el día de la elección y no en todas las localidades. Muchos sitios de votación no se abrieron a la hora del inicio de los comicios y hubo lugares de votación cerrados durante todo el horario de la votación pero que a la hora del escrutinio las urnas tenían votos. Se trasladaron mesas de votación a otro lugar sin avisarles al padrón de afiliados votantes de esas mesas. Candidatos de las listas opositoras que estaban incluidos en el padrón provisorio desaparecieron del padrón. Para hacer todo más complejo los lugares de votación asignados a los compañeros reconocidos como opositores se ubicaron lejos de su lugar de trabajo, a pesar de la existencia allí de mesas. El SITRAIC había anunciado un padrón de 2200 afiliados en condiciones de votar, pero se constató que votaron solo 140 de esos afiliados declarados por la lista 1. En la Escuela 48, la patota de Los Andes, comanda por Victor Grossi -candidato de la lista 1-, intento impugnar las urnas para garantizar “el triunfo” de su lista, que finalmente se “consagró” en medio de las denuncias de todo tipo y con un atropello patoteril sobre compañeras que defendían la democracia sindical. La conducción central del CTA con maniobras e iniciativas fraudulentas pretendió garantizar su continuidad. Esta es la respuesta desesperada de una conducción (Lista 1) ligada a un gobierno que ha acordado aplicar el ajuste del FMI contra los trabajadores a quienes Massa tiene que derrotar en medio de la inconformidad que recorre los lugares de trabajo y al conjunto de la clase obrera. Los sindicatos deben atender las necesidades de la clase trabajadora y convertir sus reivindicaciones en consignas por las cuales luchar. Salario mínimo de $180 mil, igual al costo de la canasta familiar (Indec). El método de la huelga para garantizar todas las luchas y la obtención de conquistas. El Congreso Obrero debe establecerse para debatir abiertamente y fijar posiciones que gestionen la huelga general por todas las reivindicaciones de la clase obrera ocupada, desocupada y de los jubilados.

La comunidad educativa de la Villa 21-24 convoca a marchar a la Jefatura de Gobierno el próximo lunes 22, a las 17 hs, para reclamar justicia por Maylén. Tenía 11 años y era alumna de una escuela de Barracas. Falleció luego de ausentarse 10 días a clase por una gripe. Hija de una familia extremadamente pobre, exhibía una salud frágil. Las primeras denuncias apuntaron a un cuadro inocultable de desnutrición. Las usinas del gobierno porteño se pusieron en marcha rápidamente para absolver de responsabilidades políticas a sus funcionarios. En un artículo sin firma, publicado en Clarín (19/8), se afirma que "la autopsia confirma que la nena no estaba desnutrida", aunque a reglón seguido se afirma que "el informe judicial dado a conocer no dio detalles sobre el peso de la nena", aunque “su estado nutricional estaba por debajo del peso normal”. Las causas de su muerte habría sido una neumonía bilateral. Las afirmaciones de los funcionarios -sin nombre- no son contrastadas por las voces de los docentes y de la propia familia de la nena, que denunciaron que estuvieron una hora esperando la llegada de una ambulancia a la escuela, con la nena desvanecida. El hecho es que "volvió el último viernes a clase, después de diez días ausente debido a una gripe”, "era de talla muy bajita" y “pertenecía a una familia vulnerable (...) su madre en 2018 y 2019 había pedido a la escuela una ración suplementaria de comida diaria". Píntenla como quieran, pero la responsabilidad del gobierno de la Ciudad es innegable. En la Villa 21-24, donde vivía Maylén, se viene denunciando el progresivo cierre de las salitas de atención médica dentro del barrio. La desocupación arrecia. La pobreza es extendida, el hacinamiento y la falta de vivienda están a la orden del día. Son estas las familias a las que, días atrás, el Jefe de gobierno porteño, amenazó con quitarles los planes sociales si no enviaban a sus hijos a la escuela. El mismo gobierno que entrega viandas miserables y en mal estado a los chicos en las escuelas. Los Equipos de Orientación Escolar están semi desmantelados y no pueden dar respuesta a los cientos de casos como los de Maylén – en el mejor de los casos, son tres profesionales para 30 escuelas. El gobierno porteño es responsable de la muerte de Maylén, haya sido por desnutrición o por neumonía bilateral. No queremos más niños muertos por la violencia del sistema capitalista y sus gobiernos. El Estado es responsable. Marchamos por todas las Maylén.

Entre las últimas dos semanas, se realizaron las reuniones de delegados de SUTEBA en Buenos Aires sin ninguna agenda definida por la conducción Celeste, que venía de convocar un paro nacional por la condena a Santiago Goodman. En paralelo, el 9 de agosto, se publicaba un comunicado solicitando “convocatoria a Comisión Técnica Salarial para activar la implementación de la Cláusula de Revisión dispuesta en el acuerdo paritario. Es necesario analizar la evolución de los salarios, de cara a la escalada inflacionaria de julio, para evitar pérdida del poder adquisitivo y continuar en la senda de la recuperación salarial propuesta al inicio de las negociaciones”. Las reuniones fueron con escasa presencia -a excepción de la realizada en La Matanza- y tuvieron un carácter netamente “informativo”, desdobladas en turnos y modalidades. Un raquítico cuerpo de delegados ha sido fragmentado a más no poder. Los informes fueron exhortaciones para apoyar al gobierno de Kicillof, Massa y Fernández. Los nuevos aliados de la Celeste, como Magallanes en Escobar, replicaron este método. Baradel se movilizó con la CGT “contra los especuladores” y reclamando “medidas de distribución de ingreso” al gobierno que alimenta el endeudamiento usurario y, por lo tanto, la inflación. Un esfuerzo notable para no exigir un aumento salarial de inmediato. Los delegados de escuelas fuímos, entonces, convidados de piedra ante la erosión brutal de nuestro salario mientras la burocracia prepara “continuar en la senda de la recuperación salarial” (sic), es decir, cerrar sin mandato con el gobierno un nuevo golpe al salario como lo viene haciendo con las cuotas, cifras en negro y consagrando lo perdido ante el incremento de los precios. Los “monitoreos” que viene acordando la burocracia son simplemente una confesión de acuerdos siempre a la baja, que nunca serán recuperados, con salarios iniciales de pobreza. En las reuniones la burocracia clarificó su visto bueno a la implementación de la 5ta hora para la escuela primaria que ya está teniendo lugar en varios distritos. Es un recule completo porque venía reclamando en comunicados que el gobierno al menos montara una reunión con ellos y el FUDB para abordar al tema. Varios delegados, sin embargo, fueron con mandato de rechazo a esta reforma anti educativa. Por último, a pesar de haberse conocido la condena a Santiago Goodman –dirigente de ATECH Chubut-, no hubo ningún planteo al respecto por parte de la burocracia, un antecedente gravísimo de criminalización contra la lucha docente. Los delegados que integran el FITU intervinieron, en este cuadro, para exigir a la burocracia un “paro y plan de lucha”. La docencia no fue parte de la jornada del 17 convocada por la burocracia celeste (a la cual se plegó el Suteba Multicolor de Tigre) ni tampoco de la “contra jornada” del FITU. Delegados de Tribuna Tendencia trabajamos mandatos de lucha por la continuidad de paros progresivos, por aumento del 100% del salario y el rechazo a la reforma en primaria. En Bahía Blanca, se votaron medidas de 48 hs en la semana próxima, con paro y jornada de protesta, que pueden convertirse en una acción provincial de lucha. Llamamos a debatir y organizar su adhesión en las escuelas. La docencia debe emprender un camino de autoconvocatorias locales y provinciales para superar el corset de Baradel.

La jueza penal María Tolomei dictaminó una pena de 3 años de prisión en suspenso contra el gremialista Santiago Goodman, por su participación en las movilizaciones del 18 de septiembre de 2019 en Rawson , en las cuales los manifestantes encendieron fogatas y se produjeron daños a edificios públicos. La condena contiene todos los ribetes de una sentencia “ejemplificadora” contra las protestas sociales. En primer lugar, se adelantó en un día la lectura de la sentencia, que en principio estaba prevista para el jueves 18, con el inocultable objetivo de afectar al paro docente y las acciones previstas para la jornada, que debieron adelantarse. En segundo lugar, la jueza consideró como “agravantes” la condición de docente y dirigente sindical del acusado. Para la jueza, por su condición, Goodman debió “ser un referente y ejemplo para otros” (La Nación, 17/08). Un tiro por elevación contra las representaciones sindicales y los liderazgos en la clase obrera. En tercer lugar, porque desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, con su presidenta Carina Estefanía a la cabeza, salieron a respaldar el fallo, lo cual constituye un dato indicativo de que estamos ante una política “de Estado”. En este sentido no sorprende que el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, en la misma entrevista donde lamenta la condena a Goodman por tener sabor a poco, anticipe que ahora irán por los 23 acusados por los incendios durante las movilizaciones contra la Ley de Zonificación Minera, de diciembre de 2021 (AdnSur, 18/08). En un panorama donde las protestas sociales van in crescendo al calor de los tarifazos, el ajuste, y la crisis económica y política, la “justicia” pretende contenerlas mediante la judicialización y el encarcelamiento de los manifestantes. La judicialización junto a la represión lisa y llana, son las dos caras de la misma moneda, que expresan la incapacidad del régimen político por satisfacer las demandas de los trabajadores que se movilizan. Goodman fue condenado, pero el gobierno de Arcioni no está siquiera acusado, como le debería corresponder, por haber incumplido los acuerdos salariales establecidos con el gremio docente, lo cual fue el detonante de la histórica huelga de la docencia chubutense del año 2019, con 17 semanas de paro, innumerables movilizaciones, acampes y piquetes. En el fragor de la lucha dos docentes perdieron la vida cuando regresaban de una manifestación. Fallecieron en la lucha defendiendo el salario docente, no por ellas, que ya se estaban por jubilar, sino por los que vendrán y por la educación en general. Ante todo esto, desde CTERA anunciaron que apelarán el fallo contra Goodman. El acompañamiento de la confederación sindical es a todas luces insuficiente. El parazo de 24 hs. del pasado miércoles 10 mostró la enorme disposición de lucha de la docencia en todo el país, porque la causa por la absolución de Goodman entronca con las luchas actuales en defensa del salario y contra la 5ta hora en primaria. El gremio docente atraviesa momentos convulsivos. Se encuentran en desarrollo conflictos salariales en más de 10 provincias. Abajo la condena a Goodman. Redoblemos la campaña por la absolución de todos los trabajadores procesados por luchar.

Alrededor de 150 docentes y estudiantes de salud de la Escuela de Enfermería del Hospital Fiorito (Aida Muas) en Avellaneda realizaron este jueves un corte de la avenida Belgrano y en estos momentos están realizando una permanencia en el hospital exigiendo al Municipio, al ministro Kreplak y a Kicillof que desistan del cierre del espacio físico que alumnos y docentes utilizan para las prácticas de la carrera de enfermería. Luego de la pandemia, que puso de manifiesto el vaciamiento del sistema de salud, los gobiernos municipal y provincial, a espaldas de los estudiantes y docentes, intentan avanzar en el cierre del espacio físico de la carrera de enfermería para reconvertirlo en una morgue. El vaciamiento es un hecho: Kicillof adeuda los sueldos de los docentes de la Carrera de Enfermería del Fiorito. La carrera de Enfermería es un emblema en la zona sur. Más de 150 docentes realizan allí sus tareas y, además, los estudiantes provenientes de la UNDAV y UNQui realizan en el Fiorito sus prácticas. Los estudiantes de la carrera de Enfermería en toda la provincia han desarrollado enormes luchas durante la pandemia, como se vio en los institutos de Mar del Plata, Adrogué, Merlo, de la Cruz Roja, La Matanza y La Plata, organizándose para poder cursar sus últimas prácticas, finalizar su carrera, matricularse e incorporarse al sistema laboral. Los directivos del Hospital, en especial su directora, Isabel Masso, tienen que ofrecer una solución a este justo reclamo, no pueden seguir mirando para otro lado. Desarrollar asambleas, en principio en la UNDAV y en la UNQUI, y luego en todas las universidades, votando acciones de lucha para la carrera de enfermería puede ser la clave para que esta lucha triunfe. La permanencia dentro del Fiorito por parte de estudiantes y docentes de la carrera de enfermería ya es mirada con buenos ojos por parte de los trabajadores de Avellaneda, que ya se han acercado para rodear de solidaridad esta lucha. Todo el apoyo a esta lucha.

La patronal de la empresa Dánica (margarina) ha anunciado la suspensión de la producción desde el 31 de agosto por falta de insumos importados. La empresa responsabiliza al gobierno, mientras la federación aceitera, donde se inscriben gremialmente los trabajadores, ha declarado el estado de alerta en las dos plantas de la empresa. La patronal cordobesa -el grupo Beltrán-, de fuerte incidencia en el mercado de las carnes, afirma que por las restricciones cambiarias se ha bloqueado el acceso a insumos básicos como PKO, estearina de palma y almidón y que ha consumido el total de su stock de materia prima. Por su parte, los trabajadores no observan que esté agotado el stock. Rechazan el anuncio y exigen el pase a convenio de los tercerizados que ya han cumplido periodo de prueba y de aquellos que lo cumplirán a partir del 31 de agosto. “Estamos siendo rehenes de un conflicto político entre las patronales y el gobierno nacional”, explicó a Política Obrera uno de los delegados de la planta de Buenos Aires. Estos conflictos marcan el impasse del gobierno. Todas las variables de la crisis maduran rápidamente y conducen a una lucha general de la clase obrera.

El jueves 11 de agosto comenzó una huelga en lácteos Vidal. Primero, en la planta Moctezuma, partido de Carlos Casares, y luego se extendió al centro de distribución de Capital Federal, en Villa Devoto, tras finalizar la conciliación obligatoria. La huelga que impulsa Atilra tiene como objetivo principal el encuadramiento dentro de las categorías que les corresponden a los trabajadores según sus tareas y antigüedad. En la planta de Carlos Casares, trabajan 46 operarios, de los cuales 20 tienen categorías inferiores a las que les corresponden, según el sindicato. Al mismo tiempo, Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Vidal, denuncia en todos los medios que existe un "apriete" de parte del gremio para bloquear tanto la planta de Casares como la de Devoto. Lo que no dice es que en el año 2020, en plena pandemia, su hermano fue detenido por haber obligado, a punta de pistola, a los trabajadores para que ingresen a la planta. Esto provocó la muerte de un trabajador de 60 años, Oscar García, quién debía estar en su casa por ser persona de riesgo, pero había sido intimado para retornar al trabajo por parte de la patronal de la empresa. El viernes 19 de agosto hubo una nueva audiencia de conciliación entre la patronal y el gremio, la cual terminó con una denuncia penal ante la justicia de parte de la empresa contra el gremio, por los bloqueos en Devoto. El caso de lácteos Vidal no es aislado. Todas las pymes lácteas se encuentran en la misma situación de superexplotación contra los trabajadores, quienes realizan las mismas tareas que las empresas "más grandes", se los encuadra en las categorías más bajas, donde los salarios básicos no llegan a superar los 120 mil pesos (la categoría B recién en diciembre del 2022 va a llegar a los 146 mil pesos). Aun así, las pymes lácteas intentan ir más allá. Apymel (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas) acaba de solicitar formalmente ante el Ministerio de Trabajo la apertura de una negociación colectiva de la CCT 2/88 de aplicación para el sector pyme. Es decir, están pidiendo una reforma del convenio colectivo de trabajo que sea exclusivo para las pymes. De los casi 30 mil afiliados que tiene Atilra, un 60 por ciento se encuentra trabajando en pymes. Ya en el año 2019, el convenio colectivo fue reformado, y los trabajadores lácteos en su conjunto perdieron derechos y conquistas históricas. En todos estos años, Atilra, dirigida por Héctor Ponce, no ha llevado adelante una sola medida de fuerza en defensa de sus afiliados. Dejó pasar la reforma del convenio y solo se limita a pelear su propia caja, como es el caso de los "aportes solidarios". Esto es un aporte extra que tienen que abonar las patronales. En el caso de las grandes empresas es de 1.500 pesos por cada trabajador. Y, en el caso de las pymes, es de 750 pesos. Este aporte, según el gremio, va dirigido a la salud de sus afiliados. Pero la obra social (Ospil) se encuentra totalmente vaciada. Tal es así que gran parte de los trabajadores termina optando por prepagas que ya no pueden pagar porque el poder adquisitivo de los "trabajadores mejores pagos del país" -según Ponce- se ha derrumbado. Atilra, al igual que todas las centrales sindicales, se encuentra en una profunda crisis, dividida entre los aliados de Ponce, Gustavo Campos y Heber Ríos, y los aliados del moyanismo. En ninguno de los dos casos, representan los intereses de los trabajadores. Como muestra, solo basta el ejemplo de SanCor, una empresa que fue totalmente desguasada sin que el gremio moviese un dedo. Los trabajadores lácteos deben sacar sus propias conclusiones y dar una pelea por aparecer como los protagonistas de una lucha por sus propias reivindicaciones. Hasta el momento, se encuentra ausente su voz. Un Congreso Obrero y de luchadores les daría el protagonismo y plantearía la huelga general por todas las reivindicaciones que las patronales quieren aplastar.

Uno de los tantos negociados del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (en este caso, heredado de Mauricio Macri) acaba de estallarle en la cara como una fruta podrida. Desde 1990, dos empresas, Dakota SRL y BRD SAICFI, explotaron la concesión de grúas y el acarreo de autos en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta hace 15 días, también controlaban el cobro del estacionamiento medido a través de los parquímetros y las máquinas tickeadoras. El año pasado hubo 125.000 acarreos y facturaron $547 millones. El gobierno porteño, que paga el sueldo de los agentes de tránsito que van en las grúas y el 20% de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias, apenas recibió $1,3 millones, el 0,2%. Migajas. Esto se explica porque el canon mensual está congelado desde 2014 y es ridículo: 55.000 pesos mensuales cada empresa. Una forma de medir la estafa es que en 2014 la tasa de acarreo salía $350 y este año más de $6.000. Pero el canon es el mismo. Pero, además, Dakota y BRD operan hace 21 años con contratos vencidos, prorrogados discrecionalmente, a su turno, por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. El PRO y sus socios bloquearon todo llamado a una nueva licitación que les arrebatara un negocio millonario, obtenido a expensas de la población. Los negocios de las empresas van más lejos que las grúas: Dakota, de la familia Violante, opera 15 enormes playas de estacionamiento en CABA, concesionadas por el gobierno de la Ciudad -la de las plazas Congreso y Lavalle, por ejemplo. Los directivos de BDR, cercanos a Hugo Moyano, están denunciados como posibles evasores fiscales por sus cuentas en Suiza. Pero, como dice el refrán, no hay peor astilla que la del mismo palo. Esta vez la denuncia salió del riñón del gobierno. Más precisamente del auditor Juan José Calandri, un hombre de la Coalición Cívica. “En media hora las grúas recaudan los $55 mil del canon mensual”, dijo Calandri ante cuanto micrófono le pusieron por delante. “Calandri soy yo”, suele decir Elisa Carrió (LN, 16/8). La denuncia, que puso a Larreta al borde de una primera derrota legislativa, expresa la escalada de los choques dentro de JxC. Porque, como bien señala Infobae, “lo curioso es que el último informe de la Auditoría, que fue publicado en marzo de 2021 y analizó la situación hasta el 31 de diciembre de 2016, había sido aprobado por unanimidad” (Infobae, 18/7). El cañonazo de Carrió dio en el plexo solar de Larreta, que se postula como el más honesto de los candidatos, por oposición a la corruptela kirchnerista. Toda la oposición aprovechó la volada, constituyendo de facto un “frente antigrúas” -desde Milei hasta Solano- que propuso votar la baja de la licitación, ilusionados con tener un quórum prestado por los cuatro legisladores de Carrió. La noche antes de la sesión, un TT de Carrió confirmó la presencia. Sin embargo, la sangre no llegó al río. Para evitar la fractura del bloque oficialista, Larreta anuló por decreto la prestación del servicio de las empresas y estableció que AUSA lo ejerza hasta fin de año, cuando debería entrar en vigor una nueva concesión. Aplacados, ni los de la Coalición Cívica ni los republicanos dieron quórum. Y la meneada comisión investigadora quedó en el olvido. La nueva licitación, sobre la que nadie dice ni pío, es un zarpazo contra la población porque amplió el estacionamiento arancelado a toda la Ciudad. De las históricas 4.000 plazas aranceladas, la Legislatura las pasó a unas 80.000 (LN 19/11/20). Como gran concesión, los residentes podrán estacionar gratis en un radio de 300 metros de su domicilio. Todos los demás deberán pagar por su derecho a estacionar, con diferentes tarifas por horario y por barrio. La atropellada de la Coalición Cívica contra Larreta ocurrió a días de que Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos, instara públicamente al jede de Gobierno porteño a armar ya una coalición -“no esperen a 2023”- que aglutine -“sin importar la ideología o la posición partidaria”- a los sectores dialoguistas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. O sea, dejando en la banquina a Cristina Fernández y a Bullrich y Macri. El gringo parece temer un horizonte de turbulencias sociales indeseables y también quiere barrer todo peligro amarillo de la explotación de litio y de Vaca Muerta. El prontuario delictivo de Larreta es capaz de competir con la corrupción de cualquier otro. A medida que la disgregación y los choques dentro de la oposición prosperen, es probable que estallen muchos casos más.

En el Pugliese se está debatiendo el robo de varias canillas de los baños de nuestro colegio. Durante una asamblea, convocada por el centro de estudiantes para “clarificar el hecho”, un grupo de delegados afines a la conducción del CEOP acusó públicamente a un grupo de compañeros, diciendo sus nombres y apellidos, mientras ni los acusados, ni sus delegados, ni sus compañeros de curso estaban presentes para defenderlos. Se está debatiendo a modo de escándalo: el centro de estudiantes nos fuerza a actuar como policías de nuestros compañeros, poniéndonos un cargo de conciencia sobre la “falta de comunidad” y la falta de respeto a nuestro colegio. El martes 2/8 tuvimos una reunión con un supervisor, en la cual lo llevamos a recorrer los baños. La solución brindada hacia nuestro colegio es que “organicemos una rifa, o un festival, para poder juntar la plata para pagar entre todos el gasto de las canillas”, lo cual contó con la aceptación del propio centro. La orientación punitivista de hacer enteramente responsable a un adolescente por el estado de la infraestructura del colegio es cómplice con el vaciamiento que sufre la educación pública de la Ciudad desde hace décadas. Que las canillas falten en nuestro colegio luego de semanas de ocurrido el incidente pinta de cuerpo entero la situación miserable en la que se encuentran los colegios de CABA en términos edilicios y presupuestarios. Más todavía, que la única respuesta oficial recibida hasta el momento sea una invitación a organizar una rifa es una tomada de pelo: viene del mismo gobierno que entregó viandas con pedazos de vidrio en la comida en nuestro colegio, mientras sostiene con subsidios millonarios a la educación privada. La posición de la conducción del centro de estudiantes merece una mención aparte, ya que fue cómplice en todo momento con esta orientación vaciadora desarrollada por el Ministerio de Educación. Centraron su intervención exclusivamente en pedir la expulsión del compañero acusado de robar las canillas, sin reconocer que el verdadero responsable de la falta de agua en el colegio es el gobierno. Esta orientación convierte al centro de estudiantes en la policía del Ministerio de Educación dentro del colegio. Mientras tanto, los techos se caen a pedazos, las viandas que recibimos son escasas e insalubres y nuestro colegio funciona como escuela piloto para las pasantías gratuitas de Larreta: todo transcurre con el absoluto silencio del centro de estudiantes. Tal y como ocurre con la CEB, la dirección kirchnerista de nuestro centro de estudiantes es garante y cómplice necesario de la destrucción que Larreta le impone a nuestra educación. Necesitamos desarrollar un plan de lucha en el Pugliese. Junto con los docentes, impulsar acciones dentro y fuera del colegio en reclamo por el acceso al agua, por viandas de calidad, por reformas edilicias y contra las pasantías gratuitas de Larreta. Estos problemas, que son comunes a toda la educación pública de CABA, deben ser puestos en discusión en un gran encuentro educativo de estudiantes y docentes secundarios de toda la ciudad, y formar parte de una lista de demandas que impulse un plan de lucha conjunto contra un gobierno que está destrozando nuestra educación.

La crisis y el vaciamiento de las obras sociales ponen en riesgo la atención sanitaria de los trabajadores. Dieciséis de ellas -entre las que se encuentran las de personal de prensa de Mendoza, Córdoba, azucareros del ingenio San Martín, de Ingenio la Esperanza, Panaderos, pasteleros y factureros de Entre Ríos, fábricas de pintura- han sido declaradas en crisis por la Superintendencia de Salud (El destape, 17/8). Aunque no haya sido incluida formalmente en la lista, otro tanto sucede en la Ciudad de Buenos Aires con la obra social de los municipales (ObSBA), controlada por Sutecba y el gobierno de Larreta, que carga con una deuda de más de 4.000 millones de pesos. Se estudia la posibilidad de distribuir a los afiliados en otras obras sociales o prepagas. La caja de la burocracia Para este año, la CGT proyecta un déficit de 49.410 millones de pesos para las obras sociales. Lo atribuyen mayoritariamente a las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte) que insumen actualmente el 50% del Fondo Solidario de Redistribución destinado a financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos (Infobae, 4/6). Durante toda la pandemia la burocracia ha tenido cruces con el gobierno, ya que es éste quien transfiere los recursos de este fondo. El gobierno adeuda 4.700 millones de pesos de los 11.000 millones que prometió para gastos en educación y transporte en el rubro discapacidad del 2021. Representan un gasto de 8.000 millones por mes y para este año calculan 35.000 millones (Ámbito, 1/6). Las negociaciones con la ministra de salud Vizzoti por una reforma que financie con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad las prestaciones de educación y transporte no han prosperado y esta semana se reunirían con el nuevo “superministro” Massa. La CGT, que reclama también el descuento del 15% de quienes derivan sus aportes de obra social para las prepagas o el financiamiento de las prestaciones del monotributo social por parte del Ministerio de Salud, ha obtenido una muy parcial respuesta del gobierno. El año pasado se emitió un decreto que prohibió por un año el traslado de los aportes de los trabajadores que comienzan una relación laboral de las obras sociales hacia las prepagas. Esto no significa una marcha atrás de la desregularización que permitió la CGT al menemismo -era su propio gobierno-, ni tampoco soluciona el problema, sino más bien patea la crisis hacia adelante. La discusión por los fondos de las obras sociales es el corazón del problema, por eso los chispazos. Durante la pandemia, la vice CFK, y más recientemente Nicolas Kreplak han tomado el problema de la crisis de las obras sociales para poner en discusión una reforma estructural del sistema de salud en los términos de una “integración” del sistema público, privado y las obras sociales de los trabajadores. Parte de la burocracia sospecha la intención de parte de éstos de apoderarse de los recursos que sostienen sus aparatos gremiales, con los que controlan a las bases y sostienen su poder. Un robo a la clase obrera Pero dicha “integración” de los sistemas viene sucediendo en los hechos a través de la descentralización de la cobertura hacia prepagas o empresas privadas en las que se terceriza la atención, muchas de ellas creadas por clanes y facciones sindicales que controlan las obras sociales desde los sindicatos. Es lo que denuncia el sector de la burocracia que disputa el control del gremio comercio a Cavalleri desde el 2018 y un sector del activismo de la tercerizadora Apresa, gerenciada por el actual director de Osecac Carlos Pérez. Algo similar denuncia Pablo Moyano de la empresa Iara, donde en este caso, la titular es la esposa de su padre Hugo Moyano . Ésto, que ha significado la fusión y alianza empresarial de las direcciones burocráticas con las grandes patronales del sector privado de la salud, explica que Héctor Daer, titular de la CGT y ATSA (Sanidad), actúe como vocero del reclamo de las subas de las cuotas de las prepagas. La raíz del problema se halla en la crisis económica y en la profundización de la precarización laboral capitalista, detonada al máximo con la pandemia, que ha contribuido a la caída de los aportes a la seguridad social y muchos trabajadores han emigrado a prepagas más económicas, sistemas de atención privados low fare (bajo costo) y ha hecho crecer fuertemente la demanda del sistema público ya colapsado de antemano. El vaciamiento y desfalco de las obras sociales por parte de las burocracias en asociación con las patronales privadas y el estado ha promovido el cobro compulsivo de aranceles y copagos a los trabajadores. Es un proceso de liquidación de las obras sociales como sistema obrero solidario para la transferencia de recursos de los trabajadores a las arcas personales de clanes y familias de la burocracia sindical venidos en empresarios. El plan de la “integración” El reclamo principal de la burocracia, en el cual hay consenso con las patronales y los partidos políticos gobernantes, es el achique del Programa Mínimo Obligatorio (PMO) de prestaciones al usuario y su transformación en lo que llaman una canasta básica de servicios de Salud. El PMO surgió en los 90 de puño y letra de los organismos mundiales para salvaguardar los intereses de las prepagas privadas frente a la caída del empleo formal y los salarios de la clase obrera. Al igual que con la crisis post 2001, donde el gobierno de Duhalde avanzó con un PMOE (de emergencia) de achique, la burocracia pide una nueva reforma de ajuste a la salud, con las patronales privadas en la tribuna. El plan de achique del PMO ya está en marcha ininterrumpidamente con el derrumbe de las prestaciones, la falta de turnos, la huida de profesionales de cartillas médicas ante los bajísimos aranceles, etc. y tienen consecuencias profundas en la vida de la familia obrera. Una respuesta obrera El vaciamiento plantea la apertura de los libros económicos y financieros, la evaluación de las deudas y el desconocimiento de toda malversación y robo de recursos. La defensa de las obras sociales es indisociable de la lucha por la recuperación de los gremios hoy en manos de la burocracia sindical. Por otra parte, los planes de salud de gobiernos y organismos mundiales, con la complicidad de burocracia sindical, obedecen en toda la regla a las relaciones impuestas por las patronales y el imperialismo, que gobiernan el negocio capitalista de la salud y no tienen nada para aportar al desarrollo de un plan de atención primaria la salud. La solución de los problemas sanitarios está vinculada a la salud individual, el acceso a la vivienda, el aprovisionamiento de agua segura, el acceso gratuito a los servicios de salud y a los medicamentos, la planificación familiar, el aborto seguro, la salud materno infantil, la vejez, la salud mental, hasta la conservación del medio ambiente. Por lo que requiere una profunda movilización y deliberación social para una reorganización completa de la sociedad. La huelga general por el aumento general de salarios que tenga como base, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para el conjunto de las y los trabajadores de la salud es la herramienta más potente para parar a los capitalistas, el estado y la burocracia sindical en este ataque a nuestra salud. La preparación de un congreso obrero para discutir un plan de salud nacional en perspectiva de una nueva agenda de prioridades, las prioridades de un gobierno obrero y socialista.

Cumplidas las dos semanas con huelgas totales de 48 horas y luego de una impresionante marcha que colmó la plaza 25 de Mayo, nuevamente más de 30 mil docentes de toda la provincia ratificaron con su votación continuar y profundizar la lucha, con paros desde el viernes 19, para no ceder una semana de tregua al gobierno, como pretendía la conducción de Amsafe, al dejar sin medidas en la semana que pasó. Los nuevos paros votados en las escuelas, empalman con la huelga de los estatales y de la salud, y en el caso de la docencia serán de 72 horas los próximos 23, 24 y 25 de agosto y nuevamente 72 horas a la semana siguiente – del 30 de agosto al 1 de septiembre. La votación de las bases ha sido categórica y constituye un inobjetable golpe no sólo para el gobierno ajustador, sino también para la burocracia celeste, dejando en claro que la recién asumida conducción provincial de Alonso ha nacido agotada. Ha perdido la votación inclusive en el departamento de la Capital, bastión histórico de la burocracia. La moción impulsada por las seccionales opositoras encuadradas en el “Frente por una Amsafe democrática” junto a la mayoría de los sectores de oposición obtuvo 19.664 votos, duplicando a la moción impulsada por la directiva celeste, de paros más cortos. También hubo otras mociones. La Tendencia de Tribuna Docente y la agrupación “Unidad Docente Fuentealba”, llevamos la propuesta de paro por tiempo indeterminado, que se presentó en Rosario, San Lorenzo y la Capital, obteniendo una pequeña votación, en oposición al mecanismo de los paros aislados y a cuenta gotas, método usado por las conducciones burocráticas para descomprimir la bronca, buscar el desgaste y así preparar la entrega de las luchas. En este caso, tanto las medidas que propuso la conducción provincial celeste, como la llevada por el amplio espectro de la oposición del “FAD” (Sur, Rompiendo Cadenas, las corrientes del FITU, la CTA A, e independientes), plantearon paros por tandas, que llegan inclusive a septiembre, o sea, la fecha que había dispuesto el gobierno de Perotti para reconvocar la paritaria. La docencia ha venido manifestándose por un programa que plantea salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (hoy en $180 mil pesos), cláusula de indexación automática por inflación, el rechazo a la extensión horaria en primaria y a las reformas en Secundaria y EEMPA. La resolución emanada de la asamblea provincial de Amsafe, en cambio, licúa esos reclamos en un pliego genérico de convocatoria a paritaria, adelanto de tramos y un aumento de salarios, sin especificar qué monto exige y el pedido de participar de la discusión de la implementación de la extensión horaria en primaria y las reformas curriculares, no su rechazo. Este pliego malversado deja claro que el Gobierno y burocracia pretenderán usar la paritaria para imponer un nuevo pacto de miseria salarial y más entrega de las condiciones de trabajo. Los sectores de oposición no rechazaron ni se expresaron sobre el contenido de la resolución de la asamblea, lo que es un aval a ese programa en los hechos. Al darse a conocer la continuidad del plan de lucha, el ministro Pusineri salió a presionar contra el paro, recordando que la paritaria ya está convocada para septiembre. Es consciente de que no puede ir a fondo, porque la celeste de AMSAFE se derrumbó y no tiene condiciones ahora mismo para contener. Rechacemos el horizonte de miseria salarial que busca imponer el gobierno y la burocracia, replicando los acuerdos ruinosos suscriptos por CTERA a nivel nacional. Necesitamos plenarios y asambleas de estatales y docentes que ratifiquen un programa común, por un aumento de emergencia de 100% Y salario mínimo igual a la canasta familiar, indexado por inflación. Es indispensable unificar la lucha y los reclamos con una huelga conjunta de todos los estatales para llevar a la victoria nuestros reclamos.

El gobierno de la CABA lanzó un nuevo ataque contra la docencia y toda la comunidad educativa. Luego del receso invernal, comunicó, a través de las Supervisiones Escolares su intención de pasar escuelas de jornada simple a jornada completa, en varios distritos, a partir de septiembre de este año. Con esta medida, el gobierno dejará sin empleo a la mitad del plantel docente de esas escuelas. Como temen una rebelión, en un cuadro de deliberación, han decidido concretar los ceses de suplentes e interinos, en febrero del próximo año. Si bien parte del plantel titular podrá acceder a los cargos de completa, otro sector en la misma situación pasará a estar en disponibilidad. Esta figura (de docente en disponibilidad) permite la percepción de haberes durante un año cumpliendo horarios en algún establecimiento. Durante el transcurso de ese tiempo, el gobierno está obligado a ofrecer un nuevo cargo titular. Sin embargo, se trata de pan para hoy y hambre para mañana. La oferta de cargos de jornada simple, se verá reducida. Es que, Larreta y Acuña, avalados por la Ley de Educación Nacional, quieren convertir en jornada completa la mayor cantidad de escuelas. Bajo esta situación, varios docentes perderán su cargo o cargos titulares. El gobierno intenta presentar esta reducción de personal como una mejora en la calidad educativa de los niños y niñas, luego de la pandemia. Sin embargo, se trata de un embuste. La extensión del horario escolar que supone la transformación de una escuela a completa, no contempla la diversidad y trayectoria escolar de niños y niñas que por diversos motivos (incluidas las terapias) no pueden asistir a una jornada escolar tan extensa. Además, las escuelas que han decidido cambiar de modalidad, no cuentan con las condiciones edilicias de infraestructura necesarias para desarrollar comedores escolares. El almuerzo que les darán al alumnado, será a través de viandas calientes, que un camión de una empresa concesionaria llevará al establecimiento escolar. El apuro por cambiar la modalidad, para el mes de septiembre, tiene que ver con que el gobierno nacional ha comprometido fondos presupuestarios para ejecutar dicha medida. Pero, eso no es todo. El combo se completa con la implementación de la quinta hora en algunas escuelas ´piloto´ de jornada simple. Algo que el GCABA, había descartado en un primer momento. Reformas en beneficio del capital Estas medidas benefician directamente al sector privado. En primer lugar, porque refuerzan la necesidad en la docencia de obtener puntaje, en este caso para mantener la condición de titular, empujando a trabajadores y trabajadoras de la educación a los cursos, diplomaturas y licenciaturas aranceladas, que generalmente otorgan mayor puntaje. Por el otro, contribuyen al traspaso de docentes del estado al sector privado, en búsqueda de estabilidad. También, con la reducción a la mitad de la cantidad de cursos, profundizarán la falta de vacantes, que ya se cuenta de a decenas de miles, en las escuelas primarias de gestión estatal, engordando de este modo la matrícula de las escuelas privadas. La quinta hora, por otra parte, no solamente lleva a la docencia a ritmos de trabajos insoportables, extendiendo la jornada laboral, sin contar el viaje, a más de 10 horas diarias. El incremento de las horas escolares, también, forma parte de las presiones que ejerce el capital para aumentar la jornada laboral a otros sectores de trabajadores. La escuela, después de todo, cumple un rol de organización social. Esto quedó demostrado en el transcurso de la pandemia. En aquel momento, la clase capitalista bregaba por la apertura escolar, para finalizar las licencias y dispensas de un gran número de trabajadores con hijos en edad escolar. Conclusiones El pasaje de modalidad de simple a completa, no debe ser entendido, como dice la conducción de UTE, como un simple marketing para la campaña electoral. Debe ser analizado y debatido por la docencia en el cuadro en el que los gobiernos profundizan un ajuste. El intento de reducir el déficit fiscal trae aparejado no sólo el congelamiento salarial, sino también la reducción de personal, en este caso la mitad del plantel docente. Por eso, la medida cuenta con el apoyo financiero del gobierno nacional, a través de partidas presupuestarias. A la reforma del Estatuto del Docente y la precariedad laboral, se suma ahora la pérdida de puestos de trabajo. La brutalidad del ataque es inversamente proporcional a la pasividad de los sindicatos. Es necesario dar una respuesta de conjunto como gremio. Impulsemos asambleas por escuelas y distritos, junto a las familias en defensa de la jornada simple y el rechazo a la quinta hora con un plan de lucha votado desde las escuelas. Se impone la necesidad de una asamblea general del gremio con mandatos, en la perspectiva de una huelga general para derrotar este ajuste, no podemos esperar a que estas modificaciones se implementen para salir a luchar. Pongamos manos a la obra por la defensa de los puestos de trabajo y todas nuestras reivindicaciones.

Con el apoyo del gobierno, las patronales del Neumático han cerrado filas contra el reclamo de las horas al 200% y la revisión paritaria 2021/2022. Se trata de una lucha que lleva ya más de 4 meses y una veintena de paros, más una infinidad de audiencias en el Ministerio de Trabajo, que ha dejado incluso postergada la paritaria del 2022/2023. El próximo 22 de agosto habrá una nueva audiencia. La novedad es que las empresas han realizado una propuesta por escrito ante el Ministerio de Trabajo para cambiar completamente el eje del conflicto. Ahora proponen que el trabajo de los fines de semana deje de hacerse en forma obligatoria. Hasta ahora, los regímenes de trabajo de las tres fábricas le garantizan a las empresas la producción continua, obligando al trabajador a prestar tareas los fines de semana en forma obligatoria. Para ello, las empresas se valen de un encuadramiento fraudulento llamado "régimen de trabajo por equipos" que les permite convertir las horas del fin de semana en obligatorias, pasando por arriba de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. La propuesta de las empresas aclara que no debe perderse de vista que el cambio en el régimen de trabajo implicaría una reducción de turnos, de puestos de trabajo y de incentivos salariales asociados al trabajo de los fines de semana. El Sutna denunció que se trataba de una maniobra distractiva y dilatoria, y que cualquier modificación del régimen de trabajo no puede implicar ni perdidas salariales ni de puestos de trabajo. La provocación de las patronales no fue debatida todavía en asambleas y asamblea general. Las patronales han descontado los salarios de los días de paro, lo cual introduce un punto fundamental al conflicto, en tanto las patronales no han manifestado problemas de stock. Le han sacado al Ministerio de Trabajo y al de Producción distintas concesiones relativas a la provisión de dólares para la importación. El Ministerio de Trabajo de Nación, brazo de intervención del Gobierno en el conflicto, está en una complicidad absoluta con la línea de las patronales. Con un esquema productivo disminuido han podido sostener el abastecimiento de las terminales automotrices y del resto del mercado. En Fate la empresa reforzó notoriamente su sistema de cámaras al interior de la planta, con el objetivo claro de amedrentar a la organización gremial interna. Además, inició a través de sus supervisores una campaña de retiros voluntarios, con la amenaza subyacente de que luego se convertirán en despidos. En Fate, Pirelli y Bridgestone, las patronales impiden ingresar a directivos del Sutna, lo cual fue respondido con paros y asambleas en los portones. El miércoles pasado, el día de la movilización de la CGT, el Sutna organizó piquetes en las zonas aledañas a las fábricas en respuesta a las provocaciones patronales y como parte del reclamo paritario y de las horas al 200%. La bandera principal fue "los trabajadores del neumático defendemos a muerte nuestra paritaria". El corte principal lo realizó una columna de 400 trabajadores de Fate, reforzada por las organizaciones que apoyan el conflicto, bloqueando la Panamericana a la altura de Márquez. En Pirelli, las provocaciones de la patronal llegaron a hechos de violencia dentro de la planta. Durante esta semana se venían llevando adelante bloqueos de los portones de parte de los delegados y directivos del Sutna, que fueron levantados ayer a última hora. A través de todas estas presiones, provocaciones y descuentos, el objetivo de las empresas es lograr un desbande de la capacidad huelguística del Sutna y quebrar el proceso de ascenso de los trabajadores iniciado por la recuperación del gremio en 2016.

Con la aceleración de la suba de precios de los últimos meses el malestar de los trabajadores se puede ver a simple vista. Ante una proyección de la inflación que se acerca al 100% el gobierno con las patronales y la burocracia sindical se vieron en la necesidad de salir nuevamente a hablar de revisión paritaria para poner paños fríos a una situación que se vuelve insostenible con el paso de los días. Cavalieri - siempre obediente y servil a los intereses de los gobiernos sumado a la necesidad de usar la revisión para su campaña electoral - fue el primero en sentarse con las cámaras patronales a negociar. Que el representante del sindicato más grande de Argentina (1.200.000 afiliados) sea el primero en la ronda de negociaciones no es inocente; el gobierno espera que lo acordado para los trabajadores de comercio marque la pauta para el resto de los gremios. Sin embargo, la ronda de negociaciones no es más que una pantomima; no hay un nuevo acuerdo, solo un adelantamiento de lo que ya se había pactado. En medio de un cuadro electoral del sindicato teñido de acusaciones, fraude y proscripción de listas, las cámaras empresarias le dan una mano a Cavalieri adelantando una cuota del acuerdo. El problema real del aumento del salario quedará para enero del próximo año, cuando se venza el acuerdo anual. La contraprestación de Cavalleri al gobierno, hacer pasar el 60% para el año que viene. La Federación argentina de empleados de comercio y servicios (FAECyS) con las cámaras empresarias han resuelto el adelantamiento de la cuota de enero del 2023 para agosto de este año, con lo que el nuevo esquema de aumentos quedaría así: 20,5% agosto, 10% en septiembre y 11% en noviembre. Con respecto a que los aumentos pasen a ser remunerativos ni siquiera se pronunciaron. Eso quiere decir que el aguinaldo que cobremos en diciembre no considerará el 60% de aumento sino que se tomará como referencia el sueldo de marzo de este año, un regalo de navidad por adelantado de Cavalieri para las patronales. Se propuso también una nueva revisión para enero del 2023, una fecha conveniente para las patronales y para la burocracia que confían que la temporada de vacaciones haga menos conflictiva una negociación que de antemano sabemos será en desmedro de las y los trabajadores a menos que nos preparemos para dar vuelta el escenario e imponer nuestros reclamos. ¿Dónde queda lo perdido? En los últimos 7 años los trabajadores de comercio hemos perdido el 50% de nuestro poder adquisitivo; en el contexto actual, si los trabajadores no hacemos algo la pérdida será aún mayor. Tomamos como ejemplo un trabajador con jornada de 48 horas semanales: en el año 2015 ganaba aproximadamente $1096 dólares (a cambio oficial) hoy, ese mismo trabajador gana $556 dólares. Todo esto sin considerar que muchos de nosotros trabajamos a tiempo parcial y por lo tanto cobramos solo un proporcional de la jornada completa. Para cualquier trabajador de comercio, acostumbrado a cuotas de aumento miserables que rondan el 6%, escuchar un aumento del 20% suena a mucho; pero si vemos los números en la realidad, el acuerdo es insuficiente si consideramos que recién en noviembre de este año el sueldo básico será de $139.000, cuando la canasta familiar al día de hoy es de $180.000. Transformar el malestar en organización ¡Salgamos a luchar! Nuestros compañeros que trabajan en supermercados son testigos de cómo las grandes cadenas remarcan precios diariamente y de cómo las personas que llegan a comprar tienen que renunciar a alimentos y artículos de primera necesidad. Ya no es cosa de elegir entre una marca y otra; hoy las familias trabajadoras tenemos que elegir entre un paquete de fideos o 1 litro de leche; la plata no alcanza para nada. Por otro lado, la burocracia sindical espera la autorización del gobierno y de las patronales para negociar lo que nos corresponde mientras saquean las obras sociales y nos arrebatan nuestro derecho a la salud. La lista “opositora” de Muerza, los Moyano y Alfredo Coto no han emitido palabra al respecto. ¡No permitamos estos atropellos! Convoquemos asambleas, coordinemos la lucha y discutamos un plan de acción: por la homologación inmediata para las otras ramas de comercio, call center y cerealeros, por un salario igual a la canasta familiar y por recuperar los sindicatos para las y los trabajadores.

Sutecba, sindicato de empleados municipales de la ciudad de Buenos Aires, junto al gobierno de Rodríguez Larreta han preparado un acuerdo de paritaria -ley de empleo municipal 471- por un ítem salarial agregado a la negociación salarial que estaría vigente cuatro años. Lo que “informó” Sutecba A lo acordado anualmente - 59% en cuotas no acumulables, atadas al básico de Mayo - se anexaría un ítem de 24% en dos cuotas para los licenciados en enfermería y de un 7% para el sector mayoritario, el profesional y auxiliar en enfermería, cómo así también técnicos y administrativos. Con estos ítems, dice Sutecba, el salario inicial del licenciado en enfermería ascendería a lo que es un 96% del salario de un médico o profesional ingresante dentro la ley de salud profesional Nro 6035 de la cual el personal de enfermería no forma parte. El acuerdo establece además un plan de estímulos económicos para que el personal auxiliar - unos 2500 trabajadores según censo nacional del 2019 para la Caba - estudie en horario laboral y pueda ascender a la categoría profesional. "Un avance en el reconocimiento profesional" dice Sutecba. Un embuste por partida triple. Este bono - por cuatro años - pretende meter la paritaria en el freezer en sintonía con lo que discuten la CGT y el gobierno. La CGT sin tener un acuerdo interno se ha movilizado este pasado 17 de Agosto en apoyo al gobierno pero rechazando un bono de suma fija en estos términos. El gobierno ha modificado su propuesta en una suma fija a cuenta de futuros aumentos. Sutecba, el mejor alumno de las patronales y Larreta, pretende colaborar con la poda al salario de la inflación que queda. Se proyecta más del 90% (FMyA) para fin de año, tomando como referencia el 8% de Julio. Por otra parte el salario inicial de carrera profesional -ley 6035- apenas supera la línea de pobreza, es decir que, a pesar de este bono, el licenciado deberá seguir metiendo módulos -horas extras- y pluri empleo para llegar a cubrir los gastos mensuales de una familia, con el agravante de insalubridad del trabajo en salud. Por otra parte, este bono en cuotas del 24% es solo para los aproximadamente 6500 enfermeros licenciados de un universo total de aproximadamente 30 mil enfermeros en la ciudad. La mayoría de la categoría profesional y el resto, de municipales incluida, solo obtendrá un bonito de 4 mil pesos. Sería una condena a la miseria, que sin duda activará una bomba, que ya se activó en el primer cutrimestre por el salario y despidos de contratados, imponiendo asambleas en todos los hospitales y un paro general la burocracia de Sutecba. Unidad de enfermeria Como se ve, esta maniobra no es la expresión de ningún reconocimiento, sino más bien el intento de Sutecba de acompañar los planes ajustadores de Larreta, que ha salido a disputar el apoyo del FMI y los acreedores de deuda, de cara a las elecciones en el 2023. Larreta ha salido a la poda del presupuesto en la ciudad en un ataque general contra la educación y la salud sobre la base del achique de servicios, despidos de personal, ampliación de jornadas de trabajo, eliminación de programas sociales, etc. Larreta el candidato 2023 y Sutecba el empleado del mes. La maliciosidad del acuerdo, que promueve el choque entre el propio personal de enfermería marcando diferencias, es también resultante de la permanente actividad de un sector del activismo de enfermería nucleado en la Asociación de licenciados para enfermería (ALE) -impulsada por el MST (Fit U)- que ha trabajado intensamente en la división del colectivo de enfermería reclamando el pase a carrera profesional solo para el sector licenciado sin abordar justamente la lucha contra el sistema de módulos y el régimen de insalubridad con salarios de miseria. Es obligación del conjunto de las representaciones gremiales dentro de los hospitales, incluidas las del propio Sutecba , rechazar esta maniobra y provocación. Convocar a asambleas generales sin distinción de gremio, discutir una agenda que contemple el salario pero también la reforma reaccionaria de Larreta en el sistema público de salud, que busca crear un filtro de acceso a los hospitales para los trabajadores, promoviendo el vaciamiento, primer paso hacia la privatización. Es menester que las asambleas sean resolutivas, es decir votar a mano alzada. Programa para las asamblea Aumento al básico del 100% sin cuotas para enfermería y salud en general con cláusula de revisión mensual automática atada a la inflación. La defensa del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar hoy arriba de los 200.000 mil pesos. Reducción de la jornada de salud a 6hs por insalubridad. Incorporación masiva de personal y refuerzo y ampliación de la estructura del sistema y distribución de las horas de trabajo. Pase de ítems del conformado al básico para recuperar aguinaldos y jubilación. Fin del sistema de módulos y pluri empleo. Convenio único de personal de salud de la CABA. Plan de lucha general ininterrumpido. Huelga general.

Los dichos vertidos en la campaña electoral de Alberto Fernández cuando prometía: “No quiero vivir en un país que paga lo que le paga de intereses a los bancos” y agregaba que iba a terminar con las especulaciones en torno a las famosas Leliqs para destinar ese dinero a las jubilaciones fueron puro humo, como el que hoy invade la ciudad de San Pedro y zonas aledañas. Según datos de la Fundación Libertad y Progreso en base al Ministerio de Economía, el gasto mensual de la Administración Pública Nacional en jubilaciones a julio del 2022 fue de $ 312.540 millones. Con la última suba de tasas, los intereses de la deuda remunerada del Banco Central superan los $ 401.000 millones. Es decir un 130 % de las jubilaciones. Al 11 de agosto, el balance del Banco Central daba $7 billones en pasivos remunerados (Leliq, pases y Notaliq). Las Leliq han sido una herramienta del Banco Central para sacar los pesos de circulación, En los últimos tres años se han convertido en una bola de nieve que crece día a día potenciándose con los aumentos de la tasa de interés. En las últimas semanas la tasa de referencia del mercado pasó del 60 al 69,5 %. Mientras que la tasa de pases pasivos se incrementó del 46,5 % al 64,5 %. La bola infernal de las Leliq crece más rápido que las jubilaciones, que viven perdiendo en los últimos años en relación al aumento de los precios. La fórmula de la movilidad jubilatoria del 50 % del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES y el 50 % de la variación del salario en igual periodo no garantiza mejoras en los haberes jubilatorios frente a una inflación desenfrenada de casi 3 dígitos anuales. La consultora GMA de Capital advierte que “el Banco Central tiene más compromisos con los bancos vía Leliqs y pases, a una tasa de interés de casi 100 % anual, que billetes en circulación más encajes (base monetaria que no genera costo)". Y agrega GMA “Hoy los pasivos remunerados son el 157% de la base. Esta relación es la más elevada desde 1989. Por eso la sostenibilidad del déficit cuasifiscal pasará a estar en el centro del debate público”. Gobiernos que nunca cumplen sus promesas de campaña, bancos que acumulan ganancias millonarias, mientras millones de jubilados estamos en la indigencia.

La campaña financiera salteña de Política Obrera dio un salto importante en la primera quincena de agosto. Pasamos del 47% al 73% del objetivo establecido, lo que implicó un salto de del 55% en esta recta final. Este salto fue posible por una revisión por parte del comité Provincial del lugar subordinado en el que había colocado la campaña financiera y se trasladó a una discusión hacia el conjunto de los militantes de la regional. De este modo pasamos de un 76% a un 92% de aportes internos ingresados y a casi triplicar la cantidad de aportes externos en el mismo período. Gran parte de este salto fue llevado adelante por los compañeros que conforman el comité provincial y que concentran un importante padrón, tanto desde el punto de vista político como financiero. En estos aspectos se destacó el ingreso de decenas de aportes individuales de compañeros del Polo Obrero y, en menor medida, de la vanguardia docente autoconvocada; también el ingreso de aportes obreros de ferroviarios, UTA, obreros del tabaco, mineros y docentes universitarios. Por otro lado, actividades financieras colectivas votadas por círculos barriales, terminaron por apuntalar el salto en los ingresos. De cara a la extensión de la campaña financiera hasta el 31 de agosto, aún tenemos una importante cantidad de simpatizantes y relaciones que no han sido visitadas y de aportes establecidos que debemos garantizar su ingreso, por lo que tenemos la oportunidad y el desafío de llegar al 100% del objetivo planificado. Balanceando la importancia del salto que dimos en los últimos 15 días, desde el comité provincial advertimos el carácter empírico y rutinario con el que abordamos la campaña financiera en toda su primera fase, por lo que para proseguir con el ritmo alcanzado en los últimos días hemos encarado una lucha política mediante un plenario de militantes encuadrando la campaña financiera como parte sustancial de la lucha por el desarrollo de un partido de la clase obrera y de la lucha por un gobierno de trabajadores en el marco de la bancarrota capitalista nacional y la crisis terminal del gobierno peronista del FDT, como manifestaciones de la época de decadencia capitalista que a nivel mundial toma formas catastróficas mediante la pandemia, la guerra imperialista y el empobrecimiento masivo de los explotados a nivel mundial. El impacto positivo de nuestras posiciones en nuestra periferia de luchadores se encuentra en la base del progreso alcanzado y será el punto de apoyo central del salto final que nos proponemos dar.

El 22 de agosto de 1972 en la base Aeronaval Almirante Zar, en cercanías de Trelew, fueron fusilados por las Fuerzas Armadas 16 militantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros. Sobrevivieron tres que darían testimonio de la masacre y más tarde serian asesinados por la dictadura militar de Videla. En 2012, 40 años después, fueron condenados a prisión perpetua los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Del Real (ambos fallecieron con prisión domiciliaria) y el cabo Carlos Marandino. Roberto Bravo, otro de los responsables materiales, fue condenado este año en EE. UU. -donde reside desde el 73- a pagar una compensación económica a los familiares de las víctimas. El fusilamiento tuvo lugar bajo la dictadura de Lanusse, cuando ya se encontraba en marcha el operativo del retorno de Perón, y Lanusse iniciaba una diplomacia de acercamiento a Salvador Allende. Según algunos observadores, la masacre afectó la capacidad de contención de las organizaciones armadas, por parte de Perón. Marcó una línea de crisis, que se manifestaría luego en la liberación de facto de los presos políticos en mayo de 1973, y marcaría el enfrentamiento armado entre las organizaciones guerrilleras y las de la burocracia sindical y el propio Estado. En 1972, la prisión de máxima seguridad de Rawson albergaba al menos 200 presos políticos, principalmente de organizaciones guerrilleras y sindicales. El 15 de agosto del 1972 se produjo una fuga parcial organizada por el ERP y FAR –Montoneros decidió no participar, para no entorpecer el proceso electoral que se estaba pactando con Perón. El resultado fue que seis de los fugados, integrantes de las direcciones guerrilleras, escaparon en avión hacia Chile mientras que otros 19 quedaron varados en la terminal aeroportuaria de Trelew, donde pactaron su rendición. Lanusse decretó una “zona de emergencia” y trasladó a los detenidos a la base Almirante Zar. Los 19 detenidos en Trelew fueron incomunicados y torturados por varios días (incluyendo simulacros de fusilamiento), antes de ser ejecutados con fusiles automáticos y rematados en el piso con pistolas 9mm. La dictadura pretendió esconder la masacre, hacerla pasar como un supuesto intento de fuga. También dispuso represalias para quienes hablaran del tema en los medios de comunicación, como reveló un documento hallado en el edificio Cóndor y desclasificado recientemente (ver Página/12, 21/8). Los sobrevivientes denunciaron la masacre y se generó una conmoción popular con movilizaciones en todo el país. Los militantes que estaban en Chile recibieron asilo para ir a Cuba. Domingo Perón, exiliado en España, se limitó a enviar a una revista porteña una nota necrológica. Una vez en el poder, en 1973, no avanzaría en absoluto en el esclarecimiento de los hechos; por el contrario, sería el organizador de las bandas paraestatales de la Triple A. Impunidad Debieron pasar 40 años para que tres marinos recibieran una condena, en las postrimerías de sus vidas. En 2012 fueron absueltos el entonces jefe de base, el ex capitán de navío Rubén Paccagnini, y el ex capitán Jorge Enrique Bautista, acusado de encubrimiento. Otro criminal impune es el ex contraalmirante Horacio Mayorga, quien no fue juzgado por haber padecido un accidente cerebrovascular. El marino Bravo, una vez en EE. UU., trabajó como contratista del Departamento de Estado y se hizo millonario. La justicia rechazó en 2010 el primer pedido de extradición hecho por Argentina. Su reciente condena, a los 80 años de edad, debería abrir paso en su extradición y juicio por delitos de lesa humanidad.

Desde el 8 de junio la justicia argentina retuvo y luego incautó un avión venezolano, con catorce tripulantes de ese país y cinco iraníes. El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la justicia de Estados Unidos, que vincula al avión con ´presunta´ colaboración logística para organizaciones ´terroristas´. La aeronave perteneció a la empresa iraní Mahan Air y fue vendida a la venezolana Emtrasur “violando las leyes de exportación norteamericanas”, según la justicia yanqui. Es apuntado, además, como parte de una red logística alternativa a las disposiciones y sanciones que aplicaron los Estados Unidos contra Rusia. El avión fue registrado en Ezeiza por agentes del FBI. Para justificar el accionar de la justicia argentina se señala la ley 24.034, aprobada en 1991, sobre asistencia jurídica ´mutua´ en asuntos penales con el gobierno de Estados Unidos. Según Infobae (11/8) “ese tratado le otorga a los jueces argentinos sólo facultades formales”. Incluso Villena rechazó ´in limine´ -sin discusión- la presentación de un abogado del gobierno venezolano como parte de la causa, argumentando que la cooperación legal es únicamente ´bilateral´. “Que los abogados de Venezuela reclamen antes la justicia de EE. UU.'', aconsejó el juez argentino. ´Jalabolas´ La expresión de un diputado chavista refiriéndose a Alberto Fernández es acompañada por una campaña del gobierno venezolano contra la retención de la aeronave y sus 19 tripulantes. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, denunció que el avión y la tripulación “se encuentran secuestrados por Argentina, secuestrados por el gobierno de Alberto Fernández” a cuenta de “quien le da las órdenes, el mandato de los Estados Unidos”. El affaire del avión es parte de un operativo internacional para quebrar al gobierno de Irán, impulsado por el Estado de Israel y la fracción trumpista de EE. UU. Se encuentra en marcha el sabotaje a la política de Biden de reanudar los acuerdos nucleares y crear las condiciones para una guerra directa contra Irán. En los últimos meses ha crecido el asesinato sistemático de científicos y políticos iraníes dentro de su propio territorio, revelando el alcance militar y de los servicios secretos de Israel. La guerra de la OTAN en Ucrania ha producido un realineamiento en el conjunto de los bloques políticos mundiales. Irán, China y la India se encuentran en la “resistencia pasiva”, manteniendo el comercio con Rusia aunque sin intervenir militarmente. Las idas y vueltas en la relación de Estados Unidos-Irán, incluso recientemente Venezuela, demuestran que la crisis política principal se desarrolla en los Estados Unidos. Para otro de sus sectores, las sanciones a Rusia deberían ser respaldadas con un ´acercamiento´ que estimule la producción y explotación del petróleo iraní -también el venezolano-. El operativo que envuelve al gobierno argentino es funcional a una nueva Guerra Mundial.

El gobierno convocó a las federaciones de docentes universitarios a una reunión de revisión salarial para ofrecer un miserable incremento del 7% en agosto, 5% en septiembre, 9% en diciembre y un adicional en negro para los cargos que tienen garantía salarial y una supuesta revisión salarial en el mes de octubre. Con estos miserables aumentos un docente universitario llegaría a completar a fin de año, sumando los incrementos ya otorgados, un 60% de aumento salarial, es decir 40 puntos debajo de la inflación estimada, para este año, en un 100%. Las federaciones burocráticas no duraron en sacar la lapicera y sin consultar a las bases le pudieron la firma a una propuesta de destrucción salarial. La CONADU Histórica, por su lado, convocó para el viernes 19 a un congreso que votó el rechazo a la oferta salarial y aprobó un paro de 48 horas para los días 24 y 25 de agosto. La CONADU Histórica tardíamente ha buscado reacomodarse ante la indignación y radicalización docente, frente a una política salarial que hunde en la pobreza a la mayoría de la docencia universitaria. La resolución de un paro de 48 horas es una acción aislada para marcar el paso en el mismo lugar. La conducción se negó a impulsar un plan de lucha en serio, como era el mandato de la ADIUNT, que planteaba organizar una lucha apuntando a una huelga por tiempo indefinido, o como lo indicaba la conducta de seis asociaciones de base de la Federación, que el último 10 de agosto, en oportunidad del paro nacional de CTERA, decidieron plegarse parando e incluso en algunos casos sumándose a las movilizaciones docentes autoconvocadas por sectores combativos. Desde la ADIUNT, en el mes de junio, cuando el Gobierno decidió abrir y cerrar la revisión salarial, advertimos que era necesario convocar a un congreso con delegados electos por las bases docentes para resolver y organizar en consecuencia el no inicio del segundo cuatrimestre, la huelga general y una marcha federal educativa que integre al conjunto de la docencia. En ese momento la posición de la actual conducción de la federación fue la siguiente: “tuvimos una traición por parte de las otras federaciones, veremos la situación en agosto” y entraron en receso invernal. Llegó agosto y esperaron a que se cerrara la revisión salarial para convocar a una instancia de debate. ¿Y qué pasó? La posición de la conducción ha sido un replay de la sostenida en el mes de junio –“tuvimos una traición por parte de las otras federaciones que ya firmaron, vamos a ver qué pasa en octubre”-. La conducción de CONADU Histórica va a la rastra de los acontecimientos. Con un paro de 48 horas sin perspectiva no se puede quebrar la política de ajuste y miseria salarial del gobierno. Desde la ADIUNT, el sindicato de la docencia Universitaria de Tucumán, planteamos parar masivamente el 24 y 25 y convocar a asambleas que resuelvan el reclamo de un congreso extraordinario de la Federación y mandato para resolver la suspensión total de actividades, en las universidades nacionales, y todas las acciones que conduzcan a la coordinación con el movimiento estudiantil y diferentes sectores para avanzar contra la inflación y el ajuste.

El 17 y 18 de agosto viajó a nuestra provincia la compañera Eva Gutiérrez, dirigente nacional del Polo Obrero Tendencia. En una apretada agenda de dos días se realizaron asambleas, reuniones y debates con compañeras y compañeros. Además, Eva participó de audiencias con el Ministerio de Desarrollo de la provincia y la municipalidad, en las que los funcionarios asumieron algunos compromisos (entrega de bolsones alimentarios, etc.) y se reclamaron herramientas de trabajo, incorporación de trabajadores a un plan de obras públicas y vivienda, como forma de dar paso al trabajo con salario. También la incorporación a los convenios de trabajadores desocupados ya sea "servidores urbanos " o Potenciar. Las compañeras preparan un empadronamiento, bolsa de trabajo, con oficio, estudio, profesión, capacitación de cada compañero o vecino. Está en marcha la apertura de un tercer comedor para el cual se solicitaron insumos. En las reuniones se desarrolló un intenso debate, tanto en la cena de camaradería con la mesa de dirección del Polo Obrero Tendencia de la provincia, como en la asamblea abierta que reunió a más de 300 compañeros y compañeras. Se desgranó la estrategia del gobierno nacional, el impasse en el que se encuentra hoy el movimiento piquetero y la necesidad de intensificar una campaña nacional de cara al movimiento obrero ocupado para impulsar un congreso obrero de ocupados y desocupados y la huelga general. Se caracterizaron también las diferentes estrategias que se plantean las organizaciones sociales, el acercamiento del Polo Obrero oficial a Grabois y la vida interna de la organización. También se discutió la cuestión de las “altas por bajas”. Resolvimos, entre otros, convocar a la marcha del 26 de agosto contra el gatillo fácil, impulsando en cada asamblea esta lucha, fundamental entre los jóvenes de nuestros barrio que son quienes enfrentan cotidianamente la prepotencia y la violencia de la policía.

Las paritarias siderúrgicas siguen empantanadas, a un mes de iniciadas las mesas de negociación. Los empresarios se niegan a reabrir la discusión, amparados en el acuerdo firmado con Caló en marzo, donde se fijaba un aumento del 45% en tres tramos que finaliza en octubre y una cláusula de revisión en noviembre. El próximo 26 de agosto se realizará una nueva audiencia con la conciliación obligatoria al borde del vencimiento. La reapertura planteada por la actual dirección de la UOM es replicar lo acordado en la rama metalúrgica, esto es adelantamiento del último tramo y agregar dos cuotas más para cerrar el 2022 con un 65% de aumento en cinco tramos, lejos de lo que se proyecta como inflación para el año, y sigue sin recuperar el poder adquisitivo que venimos perdiendo hace años. Los empresarios dicen que no están en condiciones de afrontar ese aumento, situación totalmente falsa ya que durante la pandemia estas empresas han visto incrementadas sus ganancias, una situación que se sostuvo durante el primer semestre del 2022 hasta hoy. El objetivo de las patronales, en realidad, es presionar al gobierno para conseguir mayores beneficios (tipo de cambio diferenciado, subsidios energéticos, beneficios impositivos) como logran habitualmente. La discusión paritaria debería servir para recuperar el poder adquisitivo histórico que tuvieron los metalúrgicos, empezando por garantizar que de bolsillo el trabajador en la categoría inicial cubra el valor de la canasta familiar -$ 160.000 según CESyAC- y con indexación automática mensual. Mientras la discusión paritaria se siga manteniendo como hasta ahora, sin consulta a los trabajadores, sin siquiera compensar los desfasajes inflacionarios, eliminando las categorías más bajas y sosteniendo la gran mentira que es el IMGR -el ´ingreso mínimo´ de subsistencia que reciben las categorías más bajas- seguiremos inmersos en una trampa creada para incentivar la flexibilización y la inevitable situación de terminar realizando horas extras para poder sobrevivir. Ante el vencimiento de la conciliación obligatoria ya no les quedan excusas a Abel Furlán (Campana) ni a Naldo Brunelli (San Nicolás) para realizar un paro. Los trabajadores debemos exigir la realización de asambleas en todas las plantas para discutir y elaborar el reclamo genuino de los trabajadores, ya que el planteo original sigue quedando corto contra la inflación, no compensa lo perdido y seguirá dejando compañeros por muy por debajo de la canasta familiar. Además, resolver un real plan de lucha no solo por la reapertura sino también para que en adelante se discuta una única paritaria donde todas las ramas podamos pelear en simultáneo. Ante la miseria y desidia patronal debemos responder con organización. Asambleas, paros y bloqueos en cada una de las plantas es la respuesta que debemos dar.

Dos mil trabajadores del mayor puerto de carga del Reino Unido se sumaron este domingo, en principio hasta el próximo 29 de agosto, a las huelgas contra la inflación y por aumentos de salarios que recorren Europa. Los trabajadores rechazaron en asamblea la oferta salarial de solo el 5% frente al más del 17% de inflación que se proyecta para este año en Inglaterra. Se trata de la primera huelga en el puerto de Inglaterra desde 1989. La huelga de Felixstowe, además de los paros registrados esta semana en los trasportes públicos, metro de Londres o correos, configuran según analistas “un movimiento social que podría durar más allá del verano y extenderse a los funcionarios de la educación y de la salud, donde los sindicatos han calificado de miserables las ofertas de aumentos salariales” (Infobae, 18/8). Felixstowe Dock and Railway Company es propiedad de CK Hutchison Holding Ltd., con sede en Hong Kong y que controla 52 puertos en todo el mundo, entre ellos, la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires donde mantiene un conflicto con el gobierno de los Fernández con una huelga de 800 trabajadores desde hace casi 2 años. El puerto de Felixstowe (ubicado en el este de Inglaterra) opera casi la mitad de la carga de contenedores que ingresa al país y la acción de los trabajadores portuarios podría significar que los barcos tengan que ser desviados a puertos en otros lugares del Reino Unido, con el consecuente aumento de los costos logísticos. A la huelga de Felixstowe se podría sumar la huelga (ya votada) de los más de 500 operarios portuarios de los muelles de Liverpool en oposición a la oferta salarial del 7% de Mersey Docks and Harbour Company (MDHC). Si los estibadores en Felixstowe y Liverpool tomaran medidas de huelga de conjunto, alrededor del 60% del tráfico de contenedores de Gran Bretaña se vería afectado. Distintos medios de Inglaterra informan que hay temores de que la huelga de los trabajadores pudiera afectar el suministro de alimentos y bebidas, productos minoristas y comerciales para la Navidad. La disparada de precios en Inglaterra y en toda Europa son consecuencia de la guerra de la OTAN que ahora se extiende hacia Asia. El gobierno de Boris Johnson se despide con la mayor huelga de transportes desde 1989, que ha afectado también al sector del ferrocarril. La huelga de los portuarios se inscribe en una política de movilización y huelgas de la clase obrera en todo el mundo. LEER MÁS: Huelgas en Europa Por Mauri Colon Noruega: la huelga de trabajadores petroleros que sacudió a Europa Por Mauri Colon Reino Unido: la mayor huelga ferroviaria en 30 años Por Mauri Colon

Desde el fin de semana, las patronales del transporte han retomado el lockout: redujeron al 50% el servicio durante el día y no prestan más servicios en el turno noche. Esto ha descalabrado el ingreso del turno mañana y la salida del turno tarde de cientos de miles de trabajadores del AMBA. En las horas picos, en las paradas de colectivos se forman filas cada vez más extensas de trabajadores afectados por el lockout. Las empresas reclaman una deuda de subsidios de alrededor 17 mil millones de pesos, de los cuales el 90% corresponde al Estado nacional y el 10% al gobierno bonaerense. La medida de fuerza patronal fue tomada por las empresas que integran la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.). Durante la noche, solo una minoría de líneas no enroladas en estas cámaras siguió circulando. El Ministerio de Transporte de la Nación convocó a las entidades para hoy, pero las compañías anticiparon que mantendrán el lockout de todos modos. El Gobierno interviene en el conflicto cediendo en toda la línea frente al reclamo patronal: viene de otorgarles el permiso para subir la tarifa 40% hace dos semanas. La semana pasada les pagó, para que levanten la medida, 2.100 millones de pesos a cuenta de la deuda. Todo esto no ha resuelto nada. Las multas que se labraron desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a algunas empresas -de $170.100- son irrisorias frente a la deuda que las patronales reclaman. Además de la deuda de 17 mil millones, exigen la suba del boleto a $150. Las declaraciones de los representantes empresariales reflejan con claridad el carácter parasitario del sistema de transporte. Según José Troilo, presidente de la CEAP, el coste del servicio se sustenta apenas en un 13 % con lo que paga el pasajero al sacar su boleto. El 87% restante sale del Estado. Las patronales también han involucrado a los trabajadores del transporte dentro de la extorsión, con varias de ellas dejando de pagar los aportes a las cargas sociales de los trabajadores de las líneas. Todo esto con el aval de la UTA, que actúa abiertamente como portavoz y lobbista del reclamo de subsidios para los capitalistas del transporte. Los trabajadores, en primer lugar los del transporte, deben discutir un planteo que se cae de maduro: pago de los salarios en tiempo y forma, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, apertura de los libros contables bajo control obrero.

Facundo Moyano, en una entrevista en TN, se pronunció a favor de una "reestructuración laboral", una discusión integral del ´mundo del trabajo´. Citó dos ejemplos. Primero, el caso de municipios como Moreno y Avellaneda, que para evadir el régimen de contratación vigente forman cooperativas truchas, con el acuerdo y la complicidad del sindicato de Camioneros, para encuadrar a los trabajadores de recolección y evadir las cargas sociales e impositivas. El fraude laboral permite a los municipios evadir los aportes patronales, sea por salud o jubilación. La eliminación de estos aportes es un reclamo unánime de las patronales y del FMI. El régimen de cooperativas truchas le da un ´marco´ legal a la precarización: el ahorro del municipio le significa al trabajador convertirse en monotributista. Se lo llame como se lo llame, el planteo de “una discusión integral del régimen de trabajo” que propone el Moyano chico no es otra cosa que una reforma laboral. El clan Moyano, que conoció su ascenso denunciando a la reforma laboral delarruista, termina siendo su pregonero. Facundo dijo textualmente a su entrevistador que sin estos cambios no habrá inversiones. Habla como ‘un inversor’. Es así que ha vuelto a la dirección del sindicato de Peaje para instrumentar la reconversión laboral de una actividad en acelerada digitalización En el mismo sentido que Facundo Moyano se pronunció Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, en un debate con Pablo Micheli (CTA) y Martin Tetaz. El promotor de la ´economía popular´ planteó que se debe llevar adelante una reforma que ´incorpore´ a ocho millones de trabajadores al sistema, aunque desde su punto de vista no existen problemas de empleo en la Argentina. Según él hay una clase dirigente que “no entendió” cómo es este nuevo capitalismo en el mundo y que “no ve la realidad”. La línea de fondo, cuyo mayor exponente es Grabois, es la de "incluir a los excluidos", dándole un marco legal a la precarización. El cooperativismo de Moyano y los intendentes coincide estratégicamente con el de Grabois, el Evita y los Potenciar Trabajo: Facundo dice que “hay que salir del plan social para volver al plan quinquenal”, éste tuvo lugar con crecimiento de salarios y derechos laborales al interior de las empresas. El planteo del benjamín moyanista es precisamente lo contrario La reforma en los peajes Facundo citó el proceso tecnológico que se está desarrollando en los peajes, donde los trabajadores están siendo reemplazados por las máquinas de cobro automático. Planteó que el SUTPA no perdía afiliados, porque "se estaba invirtiendo en autopistas inteligentes con controles de reconocimiento facial y de patentes en común con las fuerzas de seguridad del Estado". Pero si la ‘modernización’ reduce el tiempo de trabajo necesario precedente, la reconversión laboral debe consistir en una reducción proporcional de la jornada o semana laboral sin afectación del salario La automatización ha funcionado, en cambio, como extorsión en las negociaciones salariales –alargar el tiempo laboral con reducción del salario real. Las paritarias firmadas por Moyano -actualmente secretario adjunto del sindicato- y su secretaria general Florencia Cañabate fueron a la baja. Respecto del entramado de las concesionarias de autopistas y el Estado, que tienen a trabajadores y transeúntes como rehenes, Moyano tomó partido por las patronales de los peajes, defendiendo inclusive el tarifazo. Denunció que las tarifas de peaje tienen un atraso de más del 400% y se pronunció por su actualización, aunque el "tarifazo" se contradiga con el relato del gobierno. No es casualidad que el Moyano del Frente Renovador y otros sectores del gobierno agiten una reforma laboral, un rumbo estratégico para la burguesía.

Como era previsible, la nueva escala de aumentos para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que acordó el Consejo del Salario reunido ayer estuvo debajo de los aumentos de precios. En términos políticos representa un apoyo de toda la burocracia sindical y piquetera al gobierno y su acompañamiento a la política de ajuste del ´superministro´ Sergio Massa. La reunión contó con la presencia de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores (Yasky) y de la UTEP de Grabois. El SMVM en agosto fue de $47.850, mientras que esta semana se conoció el dato de que una familia necesita $49.466 para no caer en la indigencia. El Consejo del Salario acordó un aumento de tres cuotas de un 7% cada una, llevando el Salario Mínimo a $51.200 en septiembre, $54.550 en octubre y a $57.900 en noviembre. Se calcula que para mantener una paridad con la inflación, el SMVM debería alcanzar los $70.000. La junta interna de ATE Indec calculó en $179.990 la canasta familiar de consumos mínimos para una familia en el mes de julio. El gobierno viene de festejar una “desaceleración” en el déficit fiscal primario del mes de julio, que atribuye al ajuste massista. Es el sendero delineado por el FMI para garantizar el pago de la deuda. El acuerdo del salario mínimo sigue esa ruta, ya que repercute directamente en los montos de los planes sociales y en las jubilaciones. Los primeros representan la mitad del salario mínimo. Por otra parte, un sector del sistema previsional cobra un mínimo equivalente al 82% del SMVM. El salario mínimo fija, además, una referencia para las discusiones paritarias futuras, en un cuadro en el que la inflación ha pulverizado todos los acuerdos paritarios de principios de año. Según Página/12, “las posiciones más claras para los trabajadores son las de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que conducen el bancario Sergio Palazzo y el gráfico bonaerense Héctor Amichetti, quienes sostiene que 'ningún trabajador debe percibir un ingreso inferior a 111.298 pesos para no caer bajo la línea de pobreza'”. A pesar de esto, ni uno ni otro abrieron la boca luego del acuerdo. Por su parte, la Unidad Piquetera (UP) entregó por la mañana una carta a la CGT donde marca que “queremos hacerles llegar nuestro planteo de que las centrales obreras levanten un salario mínimo de $110.000 (…) y volver a insistir con la necesidad de un plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar”. Por la tarde, la UP movilizó desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo por un salario mínimo de $110.000. En conferencia de prensa exige a la CGT que rompa con el gobierno. Con esta consigna, entretiene con palabrerío a los trabajadores en su conjunto. La vía de desarrollo de las luchas contra los salarios de miseria es la huelga general. LEER MÁS: Facundo Moyano agita una reforma laboral Por Pablo Busch Siderúrgicos: asambleas para preparar la huelga por el salario Por Christian Miguez - Miembro de la Comisión Interna Acindar Villa Constitución

La Vicepresidenta de la Nación hizo un uso excelente de los celulares de José López, que fueran auditados por los fiscales Luciani y Mola. Le sirvieron para demostrar el ocultamiento que hicieron esos fiscales de la asociación delictiva de José López, un funcionario de su propio gobierno, con ‘Nicki’ Caputo, el ‘hermano del alma’ del ex presidente Mauricio Macri. Involucró, asimismo, a este último en la estafa de la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que habían ganado Odebrecht y el macrista Calcaterra, al modificar el contrato que comprometía un financiamiento externo de la obra, por otro a cargo de los recursos fiscales. No señaló, sin embargo, el involucramiento de su ministro ‘de vida’ Julio de Vido en esta licitación, ganada por un conglomerado brasileño de la construcción que ya contaba con una denuncia por estafa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Curiosamente, reivindicó la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, luego de haber denunciado que Techint se negaba a financiar la construcción que ahora hará el Estado. Al final de cuentas, todas las autopistas fueron entregadas a pulpos financieros privados, tanto por el macrismo como por el kirchnerismo. En resumen, CFK no se limitó a desviar las acusaciones hacia la contraparte macrista sino que compartió la evidencia del entrelazamiento del aparato de su gobierno con el aparato del macrismo. Reforzó, en su diatriba viral, la denuncia de este contubernio al criticar la autorización por parte de Néstor Kirchner a la fusión de Cablevisión y Multicanal, en beneficio del pulpo Clarín/Magnetto, en lo que fue en realidad una advertencia contra Alberto Fernández, el intermediario eficaz de esa fusión, desde su puesto de Jefe de Gabinete. En un alarde de ecuanimidad y prescindencia señaló que Lázaro Báez, al que los fiscales califican de testaferro de la Vice, perdió junto a su socio macrista la licitación para la construcción de las represas de Santa Cruz, disimulando que el ganador fue la empresa Electroingeniería –del entorno del mismo kirchnerismo. Cristina Fernández impactó con la denuncia de que el juez del tribunal oral de la causa Vialidad, Giménez Uriburu, fue jefe de protocolo de Galtieri, pero no advirtió que la ‘democracia’ tomó como beneficio de inventario todo el cuerpo legal de la dictadura, incluida la burocracia judicial –entre ellos Zaffaroni y hasta Julio Strassera, el fiscal del juicio a las Juntas- con la pretensión de absolver del genocidio al conjunto del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Cristina Fernández de Kirchner rebatió la acusación contra ella de liderar una asociación ilícita, describiendo al propio aparato del Estado con esa calificación. Al denunciar que esa imputación desconoce el derecho administrativo y el derecho constitucional, que encarga a los Tribunales de Cuentas y a las Auditorías el control del Ejecutivo y del Legislativo, así como la ejecución del Presupuesto, CFK implica a todo el aparato del Estado como cómplice de la corrupción. Es lo que ocurre claramente con la Agencia Federal de Inteligencia, que es un aparato de espionaje contra la ciudadanía. La AFI es la oficina de información, si no del Poder Judicial, sí de la Justicia Federal, o sea Comodoro Py. Para infortunio de la Vicepresidenta, el día anterior a su descargo viral, Massa y Rubinstein alteraron el Presupuesto 2022, que no pasó por el Congreso, y redujeron las partidas destinadas a inversiones, salud, educación y salarios, por medio de una resolución administrativa que violenta el orden constitucional, pero que es reclamado por el ‘lobby’ de los fondos especulativos. Luciani, Mola y Giménez Uriburu, descriptos por CFK como artilleros del ‘lawfare’, podrían convertirse en su tabla de salvación. A eso apunta la expresidenta cuando denuncia la manipulación de los celulares de López por parte de los fiscales. Es claro que han incurrido en todas las causales posibles de recusación. Bastaría que el presidente de Casación, el macrista Borinsky, advierta esta anomalía, para que la causa vuelva al primer casillero de este juego. Es precisamente una denuncia de la jueza Arroyo Salgado, que ha dejado al desnudo los vínculos de los operadores judiciales de Massa con los operadores judiciales del macrismo, entre ellos Borinsky, lo que podría llevar a éste a escoger esa alternativa. Es lo que ocurrió con Lula en Brasil, quien ganó la excarcelación cuando la Corte cuestionó que hubiera sido juzgado en Curitiba y no en Sao Paulo. La ‘victoria’ que saludó la progresía brasileña e internacional, fue obtenida por un llamado error de procedimiento. Al juez Sergio Moro no se la había ocurrido imputar a Lula por ‘asociación ilícita’, a pesar de la serie de negociados del gobierno encabezado por el PT con las tres grandes constructoras brasileñas, y lo hizo encarcelar por la dudosa compra de un departamento en Guarujá, una ciudad balnearia. La Vicepresidenta no se refirió a “la patria contratista” en ningún momento, ni a su papel en la jugosísima indemnización que obtuvo Techint por la nacionalización de su sucursal en Venezuela, con la ‘intermediación’ de De Vido. Armó con Chávez, rodeado de saqueadores del Tesoro venezolano, una diplomacia de amigos. Hasta el día de hoy, CFK no asumió la responsabilidad política de su gobierno por las estafas cometidas por la Secretaría de Transporte y las concesionarias del ferrocarril y la burocracia sindical, que fueron un factor eminente en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Hay un concepto rector de Cristina Fernández que tiene una relativa validez en medio del escarnio. La condena a un político por corrupción es una condena política. Es que la regla es que la burocracia estatal debe zafar de sus negociados, de modo que el que es condenado por ellos es una víctima. ´Si todos roban, a mi me condenan por mi lucha por los jubilados, a los que les he negado el ajuste por inflación´. El ventilador que prendió Cristina Kirchner debe servir para ilustrar que el Estado burgués se ha convertido en una asociación conspirativa contra el pueblo, cuyos mecanismos de poder deben ser destruidos para erigir en su lugar un Estado de los trabajadores. LEER MÁS: Juicio CFK: un régimen recusado Por Fede Fernandez El juicio a CFK – el estado como “asociación ilícita” Por Fede Fernandez La última batalla de Cristina Kirchner Por Fede Fernandez

Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía corrido por una estampida cambiaria y de la deuda pública. O sea que lo hizo como consecuencia de un “golpe de mercado”. Es así que los Fernández lo ungieron para que ponga en marcha un ajuste fiscal, que no incluye solamente un tarifazo y un corte de los gastos de educación, salud y salarios, sino también del gasto en obra pública y la asistencia a las provincias, con todo lo que esto afecta a la burguesía industrial y a la reactivación de la economía. Estas medidas son consideradas el prólogo de una devaluación que cierre o achique la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. El intento de ofrecer un dólar-soja a los capitales del agro ha fracasado en forma definitiva. Lo mismo habrá de ocurrir con la iniciativa de un acuerdo de precios y salarios que suplante la negociación colectiva. Massa, el ´salvador´ del momento, se encamina sin muchos más rodeos a un ´rodrigazo´. Una compra de dólares en el mercado paralelo, que volvió a llevar la cotización a 300 pesos, por parte de Templeton, ha demostrado otra vez que la sartén por el mango la tienen los fondos de inversión. La designación de un anti-kirchnerista furioso como viceministro de Economía demuestra que la jefa de la asociación “nacional y popular” ha decidido adoptar una versión aún más extrema del programa de esos fondos y del FMI. Con la asunción de Rubinstein, se vino un recorte de casi 1.000 millones de dólares en diferentes áreas del Estado, vinculados fuertemente a la educación, la salud y la vivienda. Fue congelado el programa “Conectar Igualdad” y el de “fortalecimiento de jardines maternales”. En salud, han sido recortados los programas relacionados con enfermedades infecciosas, entre las que se cuentan las partidas asignadas para compras de vacunas contra el Covid. En vivienda, fueron liquidados los fondos disponibles para el plan Procrear. Simultáneamente, se puso en marcha un régimen de “información permanente” que funcionará como cerrojo administrativo de cualquier ingreso, y prepara el despido de los miles de trabajadores estatales contratados que revistan desde hace años en condición precaria. Entre los recortes anunciados, se encuentran los recursos a las provincias y municipios, algo que ocurre en medio de huelgas docentes y de salud en una decena de distritos. El recorte de gastos de Massa-Rubinstein fue “saludado” con una tenue recuperación de los bonos de la deuda pública. Coalición Aunque el programa es recesivo, produjo una suba fuerte en las acciones de las empresas de servicios, petroleras y bancos en la bolsa de Nueva York. Además del beneficio que les otorga el tarifazo, refleja la expectativa de que la devaluación implique la libertad para exportar dividendos. No es menor lo siguiente: los fondos de diverso carácter han hecho fuertes apuestas a esa devaluación, lo que, al lado de sus grandes ganancias, desataría fuertes pérdidas en efectivo al Banco Central. El daño se acentuaría debido a los créditos que ha contraído en dólares y a la escasez de las reservas propias. La pesadilla de un rodrigazo ha ahondado la crisis de gobierno. La salida de un gobierno de coalición, como ha ´sugerido´, en estas condiciones, el embajador norteamericano, parece el sueño de una noche de verano, salvo que se la interprete en forma adecuada. Con el juicio de Vialidad de por medio, es obvio que la convocatoria no incluye al ala fuerte del gobierno, que representa el kirchnerismo. El encadenamiento que se ha producido entre la crisis económica y el proceso político determina un agravamiento de la crisis de poder o, dicho de otro modo, la ingobernabilidad. Salario mínimo, el otro ajuste Mientras se anunciaban estos recortes, el gobierno, la CGT y la CTA pactaban un salario mínimo que llegará en setiembre a $51.200. En ese mes, la “canasta de indigencia” se prevé que llegue a los $53.000. Para marzo de 2023, el aumento del salario mínimo, año contra año, será del 75%, cuando las previsiones de inflación para ese lapso no bajan del 90%. Es, como lo han escrito muchos, “un guiño de la CGT al gobierno”. El salario mínimo actúa como referencia para los haberes que pagan los capitalistas privados y es la vara para las asignaciones sociales que paga el Estado. Esta poda de salarios no solamente sirve al propósito de reducir el déficit fiscal, sino que induce a una caída de la demanda y a una recesión. El gobierno nac & pop aplica la receta clásica del capital contra la inflación: la reducción del ya reducídisimo salario real. El tarifazo (gas, luz, nafta, gasoil) se encargará de que la inflación continúe vibrante en un marco recesivo. Con la devaluación, la cosa irá a mayores. De acuerdo a los consultores, Massa no llegará a la meta firmada con el FMI sin medidas de mayor alcance, en alusión a la devaluación. Una devaluación, sin embargo, hace caer todas las renegociaciones o reperfilamientos y canjes de deuda pública, y obliga a una nueva reestructuración. El gobierno de los Fernández -en disolución- no constituye garantía de un nuevo acuerdo de deuda para los fondos acreedores. La crisis política pisotea cada medida o programa que apunte a una salida capitalista a la cesación de pagos del país. De otro lado, la marginación de las paritarias quebraría el último lazo entre la burocracia sindical y el movimiento obrero. No se observa, al mismo tiempo, ningún liderazgo en el campo de los partidos patronales, sino que ocurre lo contrario. Las huelgas y movilizaciones se acentúan. Las huelgas docentes, como en el caso de Santa Fe, plantea un escenario de huelga indefinida, que es combatido por el kirchnerismo santafesino y el FIT-U, cuyos paros dosificados apuntan al desgaste, cuando se acerca el último trimestre de clases. El ´ala´ izquierda del gobierno, lejos de enfrentar al gobierno del ajuste, se aferra más que nunca a él, ahora con el pretexto de defender a su jefa del acoso judicial. El juicio de Vialidad, una pieza importantísima de la crisis política, es, al mismo tiempo, un oportuno juego de diversionismo y distraccionismo político. La tendencia de la crisis política plantea, con mayor fuerza, la necesidad de un congreso obrero y una huelga general.

Cristina Kirchner ha dicho: “No vienen por mí, vienen por ustedes”. Sabemos hace mucho que “vienen” por nosotros. Lo sabemos al menos desde la conquista. Pero ni la Vicepresidenta ni sus compinches -Báez, De Vido, Boudou o López- ´somos nosotros´. No lo eran en Santa Cruz, cuando ´disciplinaron´ a los docentes tirándoles, entre otras, una 4x4. O cuando reprimieron con patotas a la Asamblea de Río Gallegos en las jornadas del Argentinazo. Fueron, en la Patagonia, los representantes de la Argentina menemista. No fueron ´nosotros´ cuando pagaron 170.000 millones de dólares de deuda externa, con dinero de ANSES –con nuestro dinero, nuestro esfuerzo-. Tampoco cuando obligaron a centenares de miles de jubilados a litigar por el cobro de jubilaciones confiscadas. No lo son ahora, con los repetidos ajustes de Guzmán y los tarifazos de Massa, o con el acuerdo con el FMI. Los ingresos de los trabajadores cayeron del 51% del PBI al 40%, desde antes del gobierno de Macri hasta ahora, bajo el gobierno ´redistribucionista´ de los Fernández. No es lo que pasó con los capitalistas, que se la volvieron a llevar en pala. Los reos del juicio de Vialidad vinieron en paquete a la Rosada desde Santa Cruz. No son una “asociación ilícita”, pero fueron indudablemente un gobierno de camarilla. Nadie olvida la masacre de Once, consecuencia de las estafas ferroviarias de De Vido, ni el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, también por esos negociados, que incluían a José Pedraza. Para Cristina Kirchner, “el capitalismo es el sistema más eficaz”, pero ha ahondado el trabajo precario y agravado la desocupación. Es el que ha desatado una guerra imperialista en Europa y busca otra en el estrecho del mar de China. Ha llevado al granero del mundo a un 50% de pobreza. En Comodoro Py tiene lugar una disputa entre dos camarillas. Camarillas divididas, a su vez, en camarillas. La patronal de Argentina desfila también por esos mismos pasillos, por coimear a las dos camarillas que se disputan ´la grieta´. Si no coimean a los jueces, se viene el proceso por los Cuadernos de Centeno. En este caso no habrá que abrir celulares, porque todos ya han confesado. Los trabajadores observan este espectáculo y lo contrastan con la estrechez de sus hogares y la miseria social de la mayoría del pueblo. La Cámpora es sólo una estudiantina que funciona como aparato electoral de una camarilla. En Comodoro Py se ventila uno de las facetas de la explotación capitalista. Un caso de corrupción organizada que van a juzgar laderos de Macri con cartas marcadas, que pueden volverse en contra de ellos. No es ´nuestra´ disputa. Nuestra lucha se dirime en las calles, en las fábricas, oficinas y colegios, y en los merenderos populares que organizan los trabajadores piqueteros. Nuestra lucha es organizar una huelga general para imponer al capital -a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, a Sergio Massa, al FMI, a la OTAN- nuestras reivindicaciones: Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, valuada en 180.000 pesos. Reparto de las horas de trabajo. Vivienda, asfalto, agua corriente. Salud, educación. Por un gobierno de trabajadores.

Luego de repetir una misma oferta durante tres meses, las patronales del neumático modificaron su posición en la audiencia de ayer, retirando de la mesa de negociación la oferta del bono por única vez equivalente a 8 horas por domingo trabajado durante el año. La única oferta que dejan vigente, según publicaron las empresas en un comunicado, es la de un último tramo de la paritaria 2021/2022, llevándola al 66% anualizado. Las patronales dicen en su comunicado del día de ayer estar dispuestas a discutir la paritaria vencida de 2022-2023, siempre y cuando la productividad de las fábricas se normalice, es decir que ponen como condición que los trabajadores del neumático se bajen del reclamo de las horas al 200% y, sobre todo, cesen con los paros. Las empresas instalaron consignas policiales en los portones para impedir los bloqueos. El Gobierno actuó empantanando las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y ahora dispone a las fuerzas represivas para inclinar la balanza en las fábricas. En Pirelli durante la noche ingresaron 40 infantes -y supuestamente iban a entrar más- con el objetivo de militarizar la planta. El SUTNA rechazó la nueva posición de la Cámara Empresaria convocando a medidas y acciones, con bloqueos de los portones que empezaron desde ayer mismo. Ayer se realizaron asambleas informativas en todas las fábricas para contar las novedades de la audiencia y las medidas a tomar. Se informó que si la policía despeja los portones del lado de afuera, en la fábrica se harían asambleas en los portones del lado de adentro para seguir con los bloqueos. Este tipo de medida combinada entre bloqueos afuera y asambleas y paros adentro se replicaría en todas las fábricas. En respuesta a los bloqueos iniciados ayer, Fate emitió un comunicado amenazante diciendo que no podrán pagar las próximas quincenas por "la imposibilidad de despachar producto terminado a los clientes". La amenaza no se limita a la falta de paso, sino también a llevar adelante suspensiones "hasta que se garanticen las condiciones de ingreso y egreso del predio industrial". Llamamos a todos los trabajadores a apoyar con todas sus fuerzas la lucha de los obreros del neumático hasta llevarla a la victoria.

El gobierno nacional anunció en el Boletín Oficial una reducción de $ 128.000 millones de pesos en seis áreas diferentes. En Educación, el zarpazo alcanza $70.000 millones, que representa el 5% del presupuesto educativo nacional. Casi $50.000 millones se le quitarán al programa “Conectar Igualdad”, que había sido creado con el objetivo de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de las escuelas públicas. Unos $15.000 millones que iban a ser destinados a mejoras para los jardines de infantes, como parte del programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes”. Otros $5.000 para al área de “Infraestructura y Equipamiento”, también serán retirados (La Nación, 23/8). El recorte presupuestario se produce cuando se manifiesta un derrumbe educativo en todos los planos. Los docentes cobran salarios mínimos de pobreza y faltan cubrir miles de cargos; el hacinamiento se vive en las escuelas a falta de construcción de aulas y nuevos edificios; la falta de herramientas pedagógicas y materiales es acuciante. Se estima que durante la pandemia unos 600.000 estudiantes en todo el país fueron expulsados del sistema educativo, en muchos casos, por la desazón que produjo la falta de conexión y dispositivos para cursar a distancia. El mismo gobierno que recorta el presupuesto educativo, por otra parte, se encuentra en una cruzada para imponer una hora más de clases en la Escuela Primaria alegando que le importa la Educación, a expensas de los docentes. El ajustazo educativo tiene por fin bajar el “déficit fiscal” del Estado. Sin embargo, el principal causante del “déficit” es causado por el pago de intereses y de bonos de una deuda que el pueblo argentino ya pagó varias veces, llevando a la quiebra al propio Estado. La burocracia de CTERA, por su parte, salió a despegarse del recorte, pero para aclarar que no piensa hacer nada al respecto para no joder al gobierno que ella apoya. Actualmente los docentes de ocho provincias están en huelgas por aumento salarial, que la CTERA se encarga de aislar para no desenvolver ningún movimiento de lucha contra el gobierno. La enorme adhesión al último paro nacional docente demostró que anida entre la docencia un espíritu de lucha, para no dejar pasar los embates del gobierno contra los trabajadores de la educación y la escuela pública.

El pasado domingo 21 de agosto Política Obrera levantó en la populosa feria de Ezeiza una tribuna bajo la consigna “Frente a la crisis, los trabajadores necesitamos un congreso obrero”. El discurso central estuvo a cargo de la compañera Eva Gutiérrez, dirigente nacional del Polo Obrero Tendencia y de Política Obrera. También hicieron uso de la palabra Marcela Gómez y Marcelo Cañete, delegados barriales y referentes del Polo Obrero tendencia de Ezeiza, y Cristian Cañete, delegado docente. La actividad comenzó temprano, a las 11 hs., con una agitación donde se distribuyeron 500 volantes mientras se agitaba con el sonido y se “armaba” el acto con la colocación de banderas y carteles, que modificaron el cuadro habitual en la feria de Ezeiza, y se preparaba el sonido y la transmisión. El evento pudo seguirse en vivo a través de la página de Política Obrera. El acto además estuvo precedido por agitaciones en la feria de Tristán Suarez y en concentraciones fabriles (Siderar, Cresta Roja, etc.). El día anterior los compañeros del barrio el Vecinal habían realizado una exitosa choriceada de Campaña Financiera y un festejo por el Día del Niño. Eva Gutiérrez destacó la hipocresía de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales con la celebración del Día del Niño, mientras niegan contribuciones a los compañeritos de nuestros comedores. “Pero lo que ocultan y no van a decir es que durante todo el año lo que no hacen es ocuparse de que el 70 % de los niños y los jóvenes en este país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires viven bajo la línea de pobreza.” Y prosiguió: “Compañeros, tenemos un país bajo la línea de pobreza, pero a esta situación no se llega porque no saben gobernar. Se llega porque los que ocupan las intendencias, los que ocupan el gobierno nacional pertenecen a una clase social capitalista, patronal, la clase de las grandes financieras que firmaron hoy en el gobierno, el Frente de Todos, un acuerdo de pago de la deuda que está haciendo que hoy por ejemplo en este mes veamos una inflación que ha encarecido todos los alimentos. Han descargado, producto de ese acuerdo, un tarifazo sobre nuestros bolsillos”. También destacó que “La oposición, el campo, los banqueros, han dicho su palabra y han presentado sus reclamos. La clase obrera comienza planteando sus reivindicaciones en las calles. Como fue la huelga docente que se impuso desde abajo (...) e hizo que la CTERA tuviera que decretar un paro nacional. Es la misma necesidad de los trabajadores que surge por el salario en los trabajadores de la UTA, los trabajadores del neumático, que llevan adelante movilizaciones y huelgas, y que el día que la CGT apoyaba esta política del gobierno los compañeros del neumático realizaron movilizaciones en las puertas de las fábricas, denunciando y planteando sus reclamos. Ese el camino que tiene y apoya, y viene trabajando, Política Obrera planteando: “Falta la voz de los trabajadores”. Hay que agitar y propagandizar y plantearlo, y vamos en ese sentido a desarrollar una agitación como ésta, y dar a conocer nuestro planteo. Más que nunca es necesario oponerle a esta política de pago de la deuda de hambre y miseria, una política de la clase obrera. Para eso proponemos la convocatoria a un congreso de trabajadores, congreso de bases, autoconvocatoria, congresos en los barrios, asambleas barriales, discutiendo cuál es la salida para los trabajadores, cómo llegamos a imponerle al gobierno y a la clase capitalista un salario igual al costo de la canasta familiar. Los trabajadores desocupados necesitamos el trabajo”. Cerramos una exitosa jornada de lucha, construida a pulmón, que vamos a seguir desarrollando con los trabajadores del distrito. Una nutrida delegación de compañeros de Esteban Echeverría presente en el acto ya está diagramando una actividad similar en su distrito, en la cual nos hemos comprometido a participar. ¡Adelante con el congreso Obrero!

Este 26 de agosto tendrá lugar la 8° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil en numerosas plazas del país. Es convocada por los familiares de víctimas del gatillo fácil para denunciar el accionar criminal y represivo de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad del Estado. Esta política, como denuncian los familiares, se profundiza año a año y sucede a lo largo y ancho del país bajo los distintos gobiernos. El relevamiento de la CORREPI registra más de 8.200 personas asesinadas en los últimos 39 años de democracia por el aparato represivo del Estado. En 2021, el Estado mató una persona cada 17 horas, como resultado de la violencia policial, el gatillo fácil y los muertos en cárceles y comisarías. En 2022 esto no ha cambiado. Son numerosos los casos que han trascendido en los medios de comunicación, cuyos familiares se harán presentes en las marchas. Desde que asumió la gobernación Kicillof, el aparato represivo de la provincia de Buenos Aires se ha cobrado 473 muertes Recientemente se conoció el de Daiana Abregú, joven asesinada en una comisaría de la localidad bonaerense de Laprida. En Tucumán la lista de casos también se va engrosando. Hace unos meses Enzo Carrizo murió como resultado de un incendio en el Centro de Recepción de Detenidos, en setiembre de 2021 cuatro mujeres murieron asfixiadas dentro de una celda cerrada con candado en la Brigada de Concepción. En diciembre de 2021 Jonathan Caro fue fusilado por el policía Walter Alejandro Díaz. En todos los casos los responsables gozan de completa impunidad. En Córdoba, el caso más resonante de gatillo fácil, encubrimiento e impunidad policial de los últimos años ha sido el de Blas Correas, un joven de 17 años, que en el 2020 iba en un auto con sus amigos, cuando policías apostados en un retén les disparan y hieren de muerte a Blas. La escena del crimen fue alterada, hay dos policías implicados directamente en el asesinato y otros 11 están siendo procesados por encubrimiento. El 7 de septiembre comenzará el juicio. Pero los casos forman parte de una realidad cotidiana en la provincia. A menos de dos semanas de la marcha se dio a conocer la noticia de que un joven que estuvo detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido y murió dos días después en el hospital, resultado del maltrato policial. Los datos pintan de cuerpo entero que no se tratan de hechos aislados ni de ´manzanas podridas´, sino de una política de Estado que le da a la policía y al resto de los aparatos de seguridad vía libre para que comentan todo tipo de delitos, a cambio de que garanticen la represión. A medida que se profundiza la crisis y el ajuste, será mayor la impunidad de las fuerzas represivas porque los gobiernos necesitan las calles despejadas. Es fundamental que este 26 de agosto nos movilicemos masivamente en todo el país, por justicia por todas las víctimas de gatillo fácil y contra la persecución y criminalización a los luchadores y organizaciones sociales y plantear la importancia de la organización independiente para enfrentar la represión estatal. 26/8, nos movilizamos en todo el país Ciudad de Buenos Aires: 14 horas, de Congreso a Plaza de Mayo. La Plata: 14 horas. Recorrido: de 7 y 50 hasta 8 y 50 (acto frente al tribunal federal por el caso de Johana Ramallo), 8 y 56 (acto en la fiscalía por la masacre de Monte) y acto y festival frente a la gobernación. Tucumán: 17 horas, desde Plaza Urquiza a Plaza Independencia. En base a informes de Alejandra del Castillo (Tucumán), Yeti (La Plata) y Fabrizio (Córdoba).

Con mucha decisión, alumnos y docentes de la escuela de Enfermería del Hospital Fiorito de Avellaneda se movilizaron al puente Pueyrredón, en reclamo de las condiciones para seguir estudiando en su escuela y que no se inicien las obras de demolición del espacio que ocupan, donde se pretende construir una morgue. A pesar de que Ferraresi planteó públicamente que la escuela seguirá funcionando en el mismo lugar, no firmó hasta ahora ningún acta donde figure ese compromiso. Los estudiantes llevan cinco días de permanencia en las instalaciones. No es el único reclamo. Además se suman la continuidad pedagógica, el pago inmediato de los salarios adeudados de los docentes y la ampliación inmediata en las altas de los docentes para poder empezar a trabajar. El corte se produjo a las 16 hs. Participaron 50 estudiantes y docentes, acompañados por organizaciones de izquierda, trabajadores de salud nucleados en CICOP, del hospital Moyano y de la junta interna del Hospital Garrahan; estudiantes de la UNDAV, UNLA, UNQUI y trabajadores precarizados de distintos distritos de la zona sur. La nutrida columna partió de la escuela de Enfermería, mientras tanto otro importante grupo se quedaba en el hospital sosteniendo la permanencia. Ya en cercanías del Puente Pueyrredón, los estudiantes y docentes fueron recibidos por las fuerzas de Prefectura, Policía federal y Policía municipal. En todo el camino de la columna fue custodiada por las fuerzas represivas, pero esto se opuso a la simpatía que generaron entre los transeúntes que se encontraban sobre la avenida Mitre. Luego, con la consigna “no al cierre de la escuela de enfermería, la salud pública se defiende", entró la columna al hospital para realizar una asamblea y definir los pasos a seguir. ¿De qué se trata este intento del municipio de trasladar la morgue al Hospital? El lugar donde funciona actualmente es codiciado desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria, mientras que no hay ningún proyecto concreto ni partidas presupuestarias asignadas para construir una nueva sede para la escuela de Enfermería. El recorte sobre la salud es real. El gobierno creyó encontrar el “eslabón más débil” del sistema de salud en los estudiantes y docentes del Fiorito para avanzar con sus planes de ajuste. Se equivocaron: se toparon con una aguerrida respuesta por parte de los estudiantes y docentes que no solo defienden su derecho a estudiar y trabajar, sino que defienden el derecho a la salud pública para el conjunto de la población trabajadora. Sumar a los trabajadores del hospital Fiorito a las asambleas de los estudiantes y docentes de enfermería y difundir esta gran lucha, para sumar adhesiones de los trabajadores de la Maternidad Jaramillo, el Finochietto, el Sanatorio Itois (que hace poco sufrieron despidos de parte de su plantel de salud), podría formar parte de los pasos a seguir de este plan de lucha.

Por medio de una decisión administrativa, la número 826, el ´superministro´ Massa dispuso recortes de $70.000 millones en el presupuesto educativo, $10.000 millones en el de salud y $50.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat, recortando el "Programa Procrear". También se recortó el dinero disponible para las provincias. En Educación se redujo en $15.000 millones el dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”. En CABA solamente faltan 55 mil vacantes en el nivel inicial. También se recortaron $50.000 millones para el programa Conectar Igualdad. El ajuste de presupuesto destinado a salud se asienta sobre un sistema sanitario totalmente desfinanciado, situación que se agudizó con la pandemia. Los hospitales públicos están al borde del colapso, las salitas de atención primaria en los barrios están siendo cerradas, los nosocomios de salud mental están siendo vaciados progresivamente y las obras sociales sindicales de todas las ramas del trabajo están en casi quiebra. El recorte en vivienda se da en el marco en que la crisis habitacional golpea a 3,5 millones de hogares, mientras el acceso a la vivienda es imposible para gran parte de la población trabajadora. El 35% de la población alquila. En todo el país hay contabilizadas 4.228 villas y asentamientos. 400.000 hogares se emplazan en la cercanía a basurales y 600.000 se ubican en zonas directamente insalubres. La urbanización que los gobiernos hacían llegar a las villas y barrios populares antes del recorte no pasaba del maquillaje. Solamente en CABA, 2.573 personas viven en la calle, mientras de las 55.000 viviendas anunciadas por el gobierno de los Fernández a ser construidas para mediados del 2021 se levantaron sólo 780. También se redujo la partida presupuestaria para el Ministerio de Transporte en $10.000 millones. Este recorte afecta al ferrocarril General Roca ($75 millones), a la construcción de una torre de control aéreo ($225 millones), a las políticas de Movilidad Integral de Transporte ($7.000 millones) y al Transporte Fluvial y Marítimo ($2.700 millones). Otro recorte de $20.000 millones recayó en Obras Públicas. Se van a dejar de usar, entre otros ajustes para el área, 4.000 millones sobre la Infraestructura Penitenciaria, en un país donde las cárceles son verdaderos depósitos insalubres, hacinados de pobres, y 1.500 millones para Desarrollo de Infraestructura Ambiental. En contrapartida el Tesoro determinó un incremento presupuestario para sus propias obligaciones de gasto corriente en $82.000 millones. El desglose es que se amplió en $60.000 millones las partidas a las empresas estatales y $22.000 millones para asistencia al personal. Necesitamos una salida independiente de los trabajadores que no va a venir de las burocracias de la CGT ni las CTA. Agitemos un congreso de trabajadores que imponga un programa a favor de las mayorías por medio de la huelga general.

La conquista de más de 80 plantas permanentes y temporarias y casi 200 recategorizaciones, entre otros avances, a partir del mes de agosto, fue producto de todo un proceso de lucha desarrollado por la Junta Interna de ATE Legislatura Diputados. Luego de la gran movilización de compañeros, afiliados y adherentes, en defensa de sus representantes legítimos y en contra del fraude que llevó adelante la Verde, con el apoyo directo de la dirección provincial de ATE, en las elecciones de diciembre pasado, la Junta Interna triunfante emprendió la lucha por el reconocimiento a los derechos de estabilidad laboral y carrera administrativa. Es así que, pasado el período de vacaciones, se comenzaron a desarrollar asambleas por sectores en un intercambio directo con los trabajadores, preparando el terreno para la convocatoria a la gran asamblea que se desarrolló en el mes de mayo y que reunió a más de 100 compañeros. Fue la masiva asamblea, con ruidazo y permanencia en los pasillos de Presidencia, la que destrabó la negativa de las autoridades a otorgar los pases a planta de cientos de trabajadores contratados y a continuar con el plan de recategorizaciones, comenzado el año pasado. La movilización masiva de los trabajadores de Diputados abrió el período de negociación que culminó con un importante acuerdo, en tres etapas, que consiste en el pase a planta del 30 % de los trabajadores contratados en el mes en curso; otro 30% el próximo año y, por último, los restantes en el siguiente año. El triunfo de los trabajadores de Diputados de la Provincia de Buenos Aires demuestra que si se desarrolla una lucha consecuente, la victoria es posible. Muestra también que los trabajadores tienen disposición de lucha, desmintiendo a ciertos partidos de izquierda que dicen que “los trabajadores no dan” y, con ese argumento impotente, se reúnen con los jerarcas de la burocracia a pedir un plan de lucha. Las distintas burocracias sindicales, desde la CTA a la CGT, están más preocupadas por sostener un gobierno en crisis que por defender las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. El plan de lucha debe nacer desde abajo. Los trabajadores son los que tienen la palabra a la hora de reclamar por sus derechos.

El último Congreso de CONADU Histórica resolvió un paro nacional para el miércoles 24 y el jueves 25 de agosto, en rechazo de la revisión salarial acordada entre el gobierno y la burocracia sindical de CONADU, FEDUN, FAGDUT y CTERA. La paritaria implica un ajuste liso y llano. Consiste en un 22% en cuotas (7% en agosto, 5% en septiembre y 9% en diciembre, a cobrar en enero) que se calculan sobre el salario de marzo de 2022. Con una inflación anual estimada de alrededor del 100%, el 62% obtenido por los docentes universitarios y preuniversitarios (que en realidad es menor, porque las cuotas no son acumulativas y la inflación sí) constituye una rebaja salarial sin miramientos. Esto se da en un cuadro más general en que el gobierno viene profundizando, bajo la batuta de Massa, el recorte del gasto público para cumplir las metas de déficit fiscal pactadas con el FMI. Para ello, acaba de reducir las partidas de distintos ministerios previstas en el Presupuesto 2022. En el caso de Educación, el recorte asciende a los 50.000 millones de pesos. La burocracia sindical puso la firma a la paritaria de ajuste sin siquiera consultar a las bases. CONADU Histórica, por su lado, ha impulsado este paro de 48 hs. en rechazo de lo acordado y medidas de visibilización de los reclamos de la docencia universitaria. En ese marco, las distintas asociaciones de base han lanzado diversas iniciativas para ponerlos de manifiesto. En la UBA, la AGD convoca a una clase pública central frente al Ministerio de Educación el jueves entre las 11 y las 13 hs. y a realizar clases públicas en las distintas facultades. Estas medidas de fuerza son completamente indispensables, pero llegan un poco tarde. La conducción de la Federación se ha negado a lo largo del año a librar una batalla en serio por las reivindicaciones. En lugar de organizar un plan de lucha nacional y medidas de fuerza para llegar a la revisión salarial de agosto, con la docencia en estado de alerta y movilizada, se impulsaron medidas escasas y aisladas durante el primer cuatrimestre y nada durante el receso. La integración de la conducción al gobierno ha colaborado así al deterioro de las condiciones de la docencia universitaria. La Agrupación Naranja Tendencia llama a parar masivamente esta semana para repudiar el recorte salarial y presupuestario. Impulsemos la lucha por los reclamos de la docencia universitaria y del conjunto de los trabajadores frente al ajuste del gobierno y los capitalistas. Aumento de emergencia del 100% y cláusula gatillo. Media canasta familiar para el cargo testigo. Salario para los docentes ad honorem. Eliminación del impuesto al salario. Triplicación del presupuesto educativo. En medio de la crisis de régimen, impulsemos una salida política de los trabajadores.

Llevar la palabra oral de manera sostenida y acercarnos a los más pequeños de distintas maneras y que esas maneras permitan transmitir el afecto, historias narradas que nos ponen en sintonía afectiva con ellos, por medio de juegos, poesías, cantos, nanas y arrullos, da riqueza a la vida a través de la palabra. Los primeros acercamientos a las letras vivas se realizan por medio de las canciones de cuna, desde la afectividad de quien la canta y quiere regalar al pequeño un velo de protección, un manto sonoro, llevándolo así a disfrutar del descanso a través de la melodía, independientemente de la letra. Es aquí donde ese ser independiente de quien le acerca el cantar comienza a entrelazar emociones, a desarrollar la creatividad y el deseo de transformar el entorno mediante su imaginación, su sensibilidad y su comunicación por medio de gestos, sonidos y efectos. Estas experiencias, por medio de la palabra, son las primeras que se construyen con un otro, un primer acercamiento, donde el que lee busca un otro para construir una relación simbólica, de ahí la importancia de las experiencias lectoras. No es raro ver que un pequeño entregue su libro a un “grande” para que se lo lea. Es una manera de comenzar a construir su relación con los demás. El acercamiento a los libros es también una forma de conectar generaciones: recordar arrullos propios mientras los compartimos, acercarles poemas, nanas, evocar los libros y recuerdos de historias contadas en nuestra propia infancia. Los más chicos necesitan de adultos que lean para ellos, que les cuenten historias, les abran mundos, les muestren libros emocionantes y compartan estribillos que se vienen a la mente. "El lenguaje como instrumento del pensamiento" Es aquí donde debemos luchar por una mayor educación, pensando en todo lo que abarca la frase “buena educación”, pasando por lo edilicio, la alimentación, calefacción en invierno y ventilación en verano, para que nuestros chicos en las escuelas puedan concentrarse y estudiar mejor. Una educación donde se corrijan las expresiones erróneas, que lleve a un enriquecimiento del lenguaje de la clase obrera, en todos los términos, preservando la riqueza de este tanto en claridad como agudeza. El lenguaje sigue siendo la expresión inmediata del pensamiento en un momento histórico dado, como el que estamos atravesando, en donde esta comprensión depende de la pertenencia de clase y experiencia material de cada individuo. La lectura debe realizarse en forma crítica, pero para aprender debemos sumirnos en los libros, porque el conocimiento real hoy, está en los libros, porque el lenguaje hegemónico está en los textos y para eso hay que aprender a leer. Es lo que permite a los trabajadores formarse una conciencia de clase, una conciencia crítica de la sociedad y, en ese ejercicio de la lectura y en compartir esas lecturas, debatir y comprender lo que se lee y de este modo enriquecer el conocimiento del trabajador, además de formar un pensamiento crítico. Ya que la cultura se mantiene a través de la economía, los bienes culturales son los primeros en dejar de estar al alcance de la clase obrera. El precio de los libros es un límite cultural y la lucha por este acceso va más allá del objeto libro, porque implica llegar a ser un pueblo que sepa leer y escribir y así no ser avasallado.

El affaire de las grúas de acarreo de la ciudad de Buenos Aires no para de dar coletazos. Ayer, el gobierno de la Ciudad anunció el traspaso de los trabajadores de las grúas a AUSA, la empresa estatal que regentea las autopistas de la Ciudad. La medida implicaría el pase de 500 trabajadores al convenio de Comercio, mayoritario en AUSA. Pablo Moyano anunció una movilización de Camioneros con fecha a decidir contra el cambio de convenio. Desde el gobierno porteño se defiendieron asegurando que las condiciones laborales no serían modificadas. La nueva licitación del acarreo se realizará en noviembre. "La Ciudad de Buenos Aires ha decidido que esos trabajadores pasen a la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que es estatal", repasó el gremialista. "Hemos visto que los legisladores, del peronismo y distintas fuerzas, han acompañado esa decisión", agregó. Y lamentó: "Ningún trabajador pensó en esos 500 trabajadores que hoy están encuadrados en el Sindicato de Camioneros". Además, Moyano (h) añadió que evalúa un paro solidario en la recolección de residuos. Las empresas Dakota SRL y BRD SAICFI explotaron la concesión de grúas y el acarreo de autos con concesiones vencidas durante veinte años, con los cánones congelados desde 2014 –las empresas pagaban desde entonces apenas 55 mil pesos mensuales. En 2014 la tasa de acarreo era de $350 y este año alcanzó más de $6.000, pero el canon que pagaban las empresas, en cambio, era el mismo. El año pasado hubo 125.000 acarreos y facturaron $547 millones. El gobierno porteño que pagaba hasta aquí además el sueldo de los agentes de tránsito que van en las grúas y el 20% de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias, apenas recibió $1,3 millones. Las concesiones fueron renovadas a discreción por Mauricio Macri y luego por su sucesor Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno porteño anunció de apuro la estatización temporal del servicio luego de que Elisa Carrió sacara a relucir los acuerdos y negocios de sus socios de JxC con Massa y su entorno. La CC había amenazado con habilitar el quórum para la sesión especial convocada por el kirchnerismo, los libertarianos y el FITU para dar de baja las escandalosas concesiones. Nunca se supo a ciencia cierta quiénes son los dueños de las empresas beneficiadas por el este sistema impune de recaudación, pero semejante estafa pudo perpetuarse por el visto bueno de Camioneros. El patriarca del clan Moyano, Hugo, supo tejer importantes negocios con el macri-larretismo. En 2015, directamente se sumó a la campaña electoral de Macri. El mismo Larreta declaró "si bien con Hugo el trato es aceitado, con Pablo todavía no." La reacción de Moyano hijo está lejos de ser en defensa de los derechos de los trabajadores. Es una reacción en defensa de la caja de la burocracia del sindicato. El propio Facundo Moyano sacó a la luz, en una entrevista el domingo, el armado de cooperativas truchas que se llevan adelante entre los municipios y el Sindicato Camionero para evadir las cargas sociales y los derechos de los trabajadores. La asociación de los Moyano con los negociados, los salarios de hambre pactados en paritaria, la quiebra de la Obra Social Camionera, el armado de cooperativas, la salida de urgencia de Independiente, etc. expresan el declive del clan Moyano. Como cereza del postre, Facundo se ha convertidop en el agitador principal de la reforma laboral que reclama el capital. La defensa del salario de los trabajadores, del convenio y las condiciones de trabajo en manos del clan Moyano no está garantizada. Dependerá de la capacidad de organización y lucha de los propios trabajadores camioneros.

Un proyecto legislativo impulsado por el oficialismo de la provincia pretende modificar la histórica ley 3308, arrancada en 1995 luego de intensas movilizaciones populares. La norma prohíbe expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. La modificación pretendida es presentada como una ampliación de facultades de la provincia sobre el transporte de combustibles líquidos y/o gaseosos por ductos. El proyecto es rechazado por las asambleas ambientalistas de la provincia quienes sostienen que el cambio en la Ley 3.308 permitirá que la provincia instale ductos de hidrocarburos y muelles de carga y descarga en el Golfo San Matías y en la costa rionegrina. La norma actual nació del rechazo al proyecto de YPF para construir un oleoducto desde Puesto Hernández, Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas, la ciudad balnearia más característica de la Patagonia. Apenas dos años antes la zona había sido declarado Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio. Recientemente la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, legisladores provinciales y el intendente de San Antonio Oeste, se expresaron públicamente a favor de la exportación de gas por el Puerto San Antonio Este. Estos son los intereses que chocan sistemáticamente con las poblaciones mapuches y locales en la disputa por la tierra.

Debido al aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), de acuerdo a la ley 27.426 de diciembre del 2017 que especifica que el haber jubilatorio de aquellos que se jubilaron con 30 años de aporte debe ser el 82 % del mismo, 1.200.000 jubilados recibirán un adicional. Como en septiembre el SMVM será de $51.200, y el 82 % móvil de este monto está por debajo del haber mínimo de $ 43.300, no habrá adicional para nadie. En octubre, en cambio, esa diferencia es de $ 1.378 porque el SMVM ascenderá $ 54.500: el 82% quedará fijado en $ 44.700. Por último, en noviembre, la diferencia se ´estirará´ a $ 4.100, cuando el SMVM alcance $ 57.900. Como los bonos de $ 7.000 son solo por tres meses, en diciembre los jubilados volveremos prácticamente al haber de $ 43.000 más el aumento que resulte de la fórmula de movilidad. Por otra parte, los jubilados con haberes “altos” -categoría que incluye a quienes apenas asoman por encima de la línea de indigencia- no cobrarán este adicional ni tampoco el bono de $ 7.000. Inexorablemente avanza el achatamiento de la pirámide. En los últimos 20 años los distintos organismos del Estado o privados no calculan la canasta familiar. Los distintos gobiernos han normalizado solo dos canastas: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que hoy para una familia tipo es de $ 49.500, y la Canasta Básica Total (CBT) que es de $ 111.500, que se considera la línea de pobreza. Hoy más del 50 % de la población es pobre, y el 80 % de los jubilados y pensionados somos indigentes. Dice la ley de contrato de trabajo sobre el SMVM que debe ser: “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. La CGT, CTA, CTA Autónoma, empresarios y funcionarios del gobierno determinaron valores del SMVM que no garantizan ni siquiera los umbrales nutricionales necesarios para el desarrollo normal de un ser humano. La canasta familiar -de la que casi nadie habla hoy- oscila según datos de distintos sectores entre $ 180.000 y $ 200.000, más el alquiler -un departamento de dos ambientes en CABA no baja de $ 60.000, mientras que una pieza en una pensión oscila entre $ 20.000 y $ 30.000. Sobre salarios de pobreza y haberes jubilatorios de indigencia los bonos y los adicionales son miseria sobre miseria. Salario mínimo vital y móvil y haber mínimo jubilatorio igual a la canasta familiar hoy $ 200.000 y por el 82 % móvil para los jubilados cuyo salario supere esa cifra.

El pedido de condena contra la Vicepresidenta, en el juicio de Vialidad, despertó en el FITU tantas posiciones como partidos lo integran. Con la celeridad que reclaman mejores causas, el PTS manifestó su “rechazo al pedido de inhabilitación para CFK y que no le hayan permitido ampliar la indagatoria” (Del Caño), mientras caracterizó a las acusación de corrupción como un “medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil” (Bregman). Los diputados del PTS añadieron que las denuncias por corrupción “deben ser juzgadas por jurados populares”, en una admisión vergonzosa de la corrupción K. Este conejo sacado del sombrero, se aplica en numerosos países capitalistas sin que ello sea garantía de nada. Si ocurriera en este juicio, tendríamos un jurado dividido en dos o tres posiciones. En la otra vereda, el diputado de Izquierda Socialista, Giordano, opinó que “hablar de ‘persecución y proscripción política’ hacia la figura de Cristina es darle de comer a la campaña oficial”. Planteó que la acusación del fiscal Luciani “tampoco implica que Cristina no pueda ser candidata el año que viene” y que “tiene fueros que la blindan”. IS reclama que se condene a “todos los políticos patronales responsables por casos de corrupción”. Invirtiendo la carga de la prueba, plantea que “tienen que ser ellos quienes demuestren su inocencia, tienen que ir presos si no lo hacen”. La supresión de la corrupción del Estado capitalista se haría en los estrados judiciales. El PO Oficial, por su parte, manifestó que “no comparte las aseveraciones de otras fuerzas políticas que integran el Frente de Izquierda, que declaran que no está probada la corruptela del kirchnerismo”. En un esmero de legalismo, se anticipa a lo que debe determinar el proceso judicial y a las contra pruebas que ofrezca la defensa. Sin embargo, a renglón seguido, planteó su “rechazo al pedido de una condena proscriptiva”. En castellano inclusivo, defiende el derecho a gobernar de los eventuales delincuentes. De acuerdo a Solano, “se deja afuera a otros que son tan o más corruptos y que militan en la oposición macrista”, invitando a que los juicios se celebren todos juntos, mezclando las diferentes imputaciones en una solo agenda. Añade que “un eventual fallo proscriptivo puede convertirse en un bloqueo a la superación del peronismo por los trabajadores”. La Justicia debería obrar para facilitar la superación del peronismo, en este caso por medio de una condena a prisión por parte de un tribunal antiperonista, que preserve los derechos políticos de CFK mientras deba vestirse con uniforme a rayas. Olvidó, muy naturalmente, que “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. El desorden conceptual de estos ‘voceros’, explicaría sus dificultades de lenguaje. El MST, la última pata del FIT-U, declaró que la “Justicia capitalista y privilegiada no tiene moral para inhabilitar ni para posar de defensora de las arcas del Estado”. La Justicia capitalista no posa de eso, es el órgano por excelencia para arbitrar los litigios entre capitalistas y asegurar que los trabajadores se sometan al orden del capital. Desde su ángulo “moral”, el MST reclama que “se investiguen todas las denuncias de corrupción, tanto de los gobiernos de CKF como del gobierno de Macri, a través de la conformación de una Comisión Investigadora Independiente, compuesta por personalidades intachables, referentes de DDHH, intelectuales y otros sectores”. El MST le encarga a esa comisión la investigación de los acuerdos con el FMI y los acreedores extranjeros, de la Nación, las provincias y los municipios, los subsidios a las petroleras aprobados por el Congreso y todas las operaciones de ingresos y gastos del estado. Una nueva Conadep le ahorraría a la clase obrera la tarea de la revolución social. La vieja CONADEP no resolvió el tema de la prisión efectiva de la mayoría de los militares de la dictadura, ni de la clase capitalista que la sostuvo económica y militarmente. “La tercera fuerza” se divide tres a uno entre el apoyo al kirchnerismo y el apoyo a los fiscales y jueces del macrismo. Desde las afueras del FIT-U, el Nuevo MAS se mostró coincidente con la posición del PTS. Estamos, dice, ante una “persecución política contra CFK [que] parece sacada del mismo ‘manual del lawfare’ con el que encarcelaron a Lula”. Siguiendo esta lógica copiada de los manuales camporistas, plantea que está en marcha una “despiadada pelea político judicial (…) [que] amenaza (...) los derechos democráticos conquistados por la sociedad argentina en años de lucha”. Una corriente realmente socialista se serviría de este juicio para ilustrar la descomposición del estado capitalista y sus partidos. Desarrollaría, en función de esta experiencia, un conciencia revolucionaria, ilustrando el carácter genuinamente democrático y transformador de un estado obrero. En lugar de oponer la dictadura del proletariado a la dictadura del capital, busca alinear a los trabajadores detrás de corrientes patronales agonizantes, en nombre de la “moral” o de la “justicia”. Se adelanta al desarrollo del juicio, adhiriendo a la tesis “la condena esta escrita”, en lugar de utilizar cada fase del juicio para emprender una agitación política que desnude las maniobras interesadas de unos y otros. En cualquier caso, en este juicio, más que en otras ocasiones, importa desarrollar la independencia política de los trabajadores, y no ir a los canales kirchneristas a defender a CFK, ni a las páginas de Clarín y La Nación para denunciar la corrupción oficialista. La camarilla kirchnerista podrá o no ser condenada en esta instancia y en algún remoto o acelerado momento dentro del juego de apelaciones y tramoyas. El FIT-U, en cambio se ha autocondenado sin la necesidad de ayuda externa.

Se ha vapuleado tanto a Alberto Fernández por sus salidas y dichos infortunados, que algunos pudieron haber imaginado que no la pasaría bien en la entrevista que concedió a A Dos Voces. Ocurrió lo contrario. El cuestionamiento a la “asociación ilícita” que los fiscales endilgaron a Cristina Kirchner fue refutado con comodidad por el Presidente, que alegó que esa imputación es incompatible o inadmisible con el funcionamiento del aparato del Estado en un régimen constitucional. AF se atrincheró en el viejo recurso de que ninguna autoridad política puede ser imputada por las fechorías de los funcionarios inferiores, que se resumen en el “no podía no saber lo que hacían”. Si la premisa de los fiscales fuera válida, señaló, nadie querría ser presidente, al menos en Argentina. Usó la línea argumental de la defensa de Lula cuando se lo enjuició en conexión con el ‘lava-jato’ y las coimas en gran escala de la constructora Odebrecht para obtener contratos con la estatal Petrobrás. La tesis de que uno deber ser juzgado por sus acciones y no por la de sus subordinados, dejó de lado, en el caso brasileño, que el 80% de la política exterior de Brasil en aquel período se centraba en promover los contratos a favor de Odebrecht en Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, El Salvador y Cuba. En el caso de Cuba, Lula negoció como un agente de comercio de Odebrecht; también CFK intervino para que Eskenazi ingresara en forma fraudulenta en Repsol, y para que Chevron fuera eximida del cepo cambiario para poder repatriar sus ganancias en Argentina a una cuenta en un paraíso fiscal. Esta observación es muy pertinente porque la Vice reivindica para sí el desarrollo de Vaca Muerta, donde se cometieron esas irregularidades. La Corte Suprema validó el reclamo del Ejecutivo para que ese acuerdo se mantuviera secreto –una medida que Macri reivindicó como acertada. El delito penal, ciertamente, es siempre subjetivo, no puede imputarse a quien no podía desconocerlo. El encubrimiento es otro tipo de delito, que también debe ser efectivamente probado. En el caso del asesinato de Kosteki y Santillán, la represión había sido ordenada por el gobierno de Duhalde, que enseguida intentó adjudicarlo a los manifestantes –sin embargo ni él ni su gabinete fueron llevados a los tribunales. La represión había incluido el apostamiento de francotiradores para disparar a la multitud. Lo mismo ocurrió cuando Aníbal Fernández, ministro de CFK, liberó la zona a la patota de Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra. Alberto Fernández también salió airoso cuando se manifestó ambiguamente sobre el indulto. Aunque dijo estar en contra de esa prerrogativa (que calificó de monárquica), advirtió que podría aplicarla en el caso de un accionar judicial amañado. Se convirtió de este modo en un supra juez, encargado de corregir los desvaríos judiciales que fueron admitidos por la Corte Suprema; develó, así, en qué consiste la facultad del indulto. Más allá de esto, al día siguiente de la entrevista, los medios mostraron su peor cara manipuladora al titular que AF habría advertido contra una intención de suicidio de Luciani, cuando fueron los periodistas quienes introdujeron el paralelo con Nisman, cuyo caso fue cerrado como un suicidio. Mientras cada banda de la grieta ajustaba su trinchera en la ‘grieta’, en el Congreso ambos hacían causa común con el ajuste, incluido una prórroga de impuestos, que el macrismo había jurado impedir. El ‘defecto’ de la afirmación de que nadie puede ser imputado por “no poder no saber”, es que en el banquillo de acusado en el caso Vialidad se encuentra un equipo que funcionó unido durante treinta años –desde la gobernación de Santa Cruz hasta el gobierno nacional. Con ligeras variantes, operó un gobierno de camarilla liderado por Néstor y Cristina Kirchner, como ocurre en la mayor parte de los Estados capitalistas (y de la burocracia de los ex Estados pseudo socialistas). Macri, ‘Toto’ Caputo, Andreis, Gustavo Arribas y varios otros, forman la camarilla rival. La ignorancia acerca de las andanzas de una camarilla decana, sólo puede ser aceptada por incautos. De modo que el precepto “no podía no saber” se aplica claramente a un gobierno de camarilla que, hasta 2015, había operado durante treinta años. Un gobierno de camarilla no se identifica jurídicamente con “una asociación ilícita”, incluso porque esta figura misma no encuentra definición comprensible en el Código Penal. La ambigüedad no es casual porque fue introducida con fines multipropósito, fundamentalmente para atacar y reprimir a las organizaciones que se declaran antagónicas al Estado capitalista y a toda forma de opresión. El artículo 210 del Código ha sido utilizado en forma reiterada para penalizar la actividad política, y el 210 bis para justificar la intervención del Ejército contra las llamadas actividades terroristas. Revela un aspecto fundamental del carácter anti-democrático de la democracia. Por otro lado, el entrelazamiento de fiscales y jueces en el caso Vialidad, y la intimidad con el macrismo, priva de legitimidad a este juicio oral. El kirchnerismo conocía esta irregularidad desde hace tiempo, pero se la guardó para denunciarla con el propósito de abortar el juicio al final del recorrido. El juicio de Vialidad enfrenta ahora una derivación inesperada como consecuencia de las denuncias de la jueza Sandra Arroyo Salgado contra políticos del macrismo y del massismo por connivencia con un juez ligado al narcotráfico, de apellido Scapolán. Entre los mencionados se encuentra el juez de Casación, Borinsky, que deberá entender en las apelaciones de la defensa de Cristina Fernández. El novelón de este juicio amenaza entrar en zona minada. Los procesos judiciales son una oportunidad interesante para discernir acerca del funcionamiento real y concreto del Estado capitalista. Es lo que ocurrirá con el debate que seguirá a los planteos de los fiscales. Las sentencias serán objeto de apelaciones, y enseguida de dilaciones o premuras. Quedará expuesta, a lo largo del proceso, la profundidad de la descomposición del Estado, que no es otra cosa que la creciente incapacidad de gobierno de la clase capitalista sin promover una rebelión popular. El juicio Vialidad -y otros que esperan su turno- son una valiosa escuela de educación política para los trabajadores, a condición de que sean observados desde una posición independiente de los grupos en pugna. Debe ser utilizado para la preparación de la revolución socialista. Fue lo que hizo nuestro partido en la época, el Partido Obrero, frente al enjuiciamiento de Lula. En primer lugar, porque lo colocó en el marco de un golpe de Estado real, como el perpetrado cuando fue derrocada Dilma Roussef, y una presión del alto mando militar para condenar a Lula con la razón o el pretexto más conveniente. En Argentina, el golpe de Estado, para usar la analogía, es la designación de Massa como superministro, por encargo de la embajada norteamericana. Si este juicio se combinará o no con procesos golpistas o de tipo similar, deberá ser determinado de acuerdo a los acontecimientos. El estallido de las grandes estafas en el poder han sido anticipadoras, con extraordinaria frecuencia, del pasaje a situaciones revolucionarias. Rasputín en Rusia (1916), Stavisky en Francia (1932), el negociado de la Chade en Argentina (1938), la corrupción del batistato en Cuba (1956). El apoyo a la impugnación del juicio, por incompatibilidad del fiscal y de dos jueces, o por la utilización maliciosa de la “asociación ilícita”; y, de otro lado, el apoyo al tribunal, con la finalidad de que castigue la corrupción; involucra a los partidos del FIT-U como alas izquierdas de una confrontación entre dos corrientes de la clase capitalista, que se responsabilizan recíprocamente por la descomposición del Estado capitalista. En lugar de la crítica socialista a la dominación del capital en todas y cada una de sus formas, se enlaza como una “tercera fuerza” del régimen vigente –para peor, con posiciones enfrentadas, que reproducen las del propio sistema. Culmina una trayectoria que se manifestó en el pasado, con los procesos judiciales iniciados contra Milagro Sala, de un lado, y Julio De Vido, del otro. Los diputados del PO presentaron un proyecto propio de desafuero de De Vido y pretendieron votar la “condena moral” que lanzó contra éste Elisa Carrió, lo que no ocurrió debido a la crítica de los dirigentes que luego serían expulsados y formarían el PO (T). La caracterización del juicio de Vialidad no puede ser abstraído de la lucha contra el ajuste fondomonetarista, que Alberto Fernández reivindicó en la entrevista en A Dos Voces como “un progreso en la estabilidad económica”. El kirchnerismo intenta promover ahora una polarización artificial, para la cual busca la compañía del pejotismo y de la burocracia sindical. Es necesario desenmascarar esta tentativa fraudulenta y reforzar la lucha contra la política del kirchnerismo que aplica un aliado de los fondos norteamericanos, Sergio Massa.

La atención política será acaparada, a partir de los primeros días de septiembre, por el desarrollo del juicio oral y público del caso Vialidad. La defensa de Cristina Kirchner y la del resto de los imputados se esmerará en refutar la acusación de los fiscales, que han pedido diversas penas por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita. De acuerdo a lo que han ventilado voceros y periodistas del riñón oficialista, presentarán pruebas, testimonios y peritajes que invalidan que la obra pública realizada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, haya violado el sistema licitatorio, incumplido con los pliegos correspondientes o incurrido en sobreprecios. El debate acerca de la asociación ilícita para defraudar al erario público ocupará un lugar fundamental, tanto en cuanto a las pruebas que se exhiban como a la doctrina. Los defensores insistirán en que la equiparación de un gobierno constitucional con una banda para delinquir es un absurdo conceptual. El debate no quedará circunscripto a la Acusación, por un lado, y a la Defensa, por el otro. El escenario será copado por los medios de comunicación y por las manifestaciones políticas de un lado y del otro, y también por terceros. Tres mandatarios latinoamericanos, de los más significativos, han tomado posición a favor de Cristina Fernández – el mexicano López Obrador, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Luis Arce de Bolivia. El ex gobernador republicano Ted Cruz, una de las principales espadas de Trump, salió en punta a una campaña continental a favor de la condena a la ex Presidenta. Se descuenta que el juicio ocupará un lugar relevante en la campaña presidencial en Brasil, en especial por parte de Bolsonaro, que no perderá ocasión para ligar a Lula con la delincuencia institucional. Las posiciones están jugadas. El tratamiento que los medios han dado a la entrevista a Alberto Fernández en A Dos Voces es la señal inequívoca que agotarán todos los recursos para obtener la condena pedida por los fiscales. La Nación llevó su editorial condenatorio de Alberto Fernández a la tapa de la edición del viernes 26. El vocerío mediático atribuye al Presidente una analogía entre los fiscales de Vialidad y el fiscal Nisman, que tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia del Memorando de Entendimiento con Irán. La conexión entre la muerte de Nisman y las medidas de seguridad pedidas por la Corte para Luciani y Mola, fue introducida por los entrevistadores. Alberto Fernández advirtió que el asesinato de Nisman no ha sido probado, lo cual es cierto. JxC, con la excepción de los radicales Manes y Morales y del ex kirchnerista Pichetto, han presentado la iniciativa de un juicio político al Presidente, alegando una injerencia en el juicio en trámite, que violaría una norma constitucional. Alberto Fernández, sin embargo, no reclamó los expedientes del juicio ni interviene en su desarrollo, que es lo que prohíbe en forma taxativa la Constitución. Contrariamente a lo que dice el macrismo, si el Presidente omitiera su juicio sobre un pedido de condena de la Vicepresidente, podría ser cuestionado como cómplice de un golpe de estado. La ofensiva contra Alberto Fernández ha ido más lejos, porque se lo vuelve a identificar como un agente de la diplomacia de Rusia y de China. Para redondear el relato, sectores de JxC han reclamado la reapertura de dos juicios, el memorando con Irán y la causa Los Sauces, en los que la Vicepresidenta fue sobreseída. El kirchnerismo, por su lado, anuncia un “quilombo” en caso de condena y reclama la movilización del PJ para hacer frente a lo que llama un intento de destruir al peronismo. Para el oficialismo, la condena “está escrita”. La intimidad entre el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, así como la filiación macrista de Gorini, otro de los jueces del tribunal, confirmaría aquella suposición. En la campaña anti-kirchnerista se advierte una intención de que una condena sirva para separar al ‘verdadero’ peronismo del destino de CFK. La Cámpora y sus aliados, del otro lado, prometen “armar”, en caso de un desarrollo desfavorable del juicio, un gran “quilombo”. El desarrollo del juicio no está condicionado, sin embargo, sólo por toda esta confrontación. En forma paralela, Sergio Massa necesita con urgencia obtener nuevo financiamiento internacional para evitar una nueva corrida cambiaria y una corrida bancaria. Ese financiamiento depende, eventualmente, de un compromiso de devaluar el peso, a 200 por dólar. Massa intenta contemporizar mediante la oferta de tipos diferentes de cambio a cada sector de la economía; el vice de Economía, Gabriel Rubinstein, aboga por un desdoblamiento cambiario – uno comercial, otro financiero. Dado el impacto que tendrá en la deuda pública y en el agrandamiento del déficit financiero del Tesoro y la inflación, cualquiera de estas variantes llevará a una mega devaluación del peso y a una conmoción social y política. El juicio de Vialidad está sentado sobre un volcán. Los grandes intereses capitalistas en juego no dejarán de incidir en su desenlace y, alternativamente, en una salida arbitrada. Argentina asiste a un delineamiento de fuerzas políticas como pocas veces antes. Tiene lugar un debate excepcional acerca del poder en todos los planos – no sólo ni principalmente desde Comodoro Py, sino por sobre todo en una lucha de clases creciente incentivada por el derrumbe de la economía y la política. La mayor dificultad que tendrá el tribunal en imponer “la condena escrita” está referida a la acusación de asociación ilícita. La objetan personajes representativos del escenario político oficial como el macrista Pichetto, el periodista Carlos Pagni, el constitucionalista Gil Domínguez y una tanda de círculos jurídicos. Sería un hueso duro de tragar para la Corte cuando el expediente le llegue en la apelación. Se plantea entonces la variante de una condena por defraudación al Estado, y un desistimiento de la asociación ilícita. Sería, al menos en principio, una derrota para ambos lados de la ‘grieta’. Las posibilidades que ofrece el recurso apelatorio podría dilatar una sentencia definitiva, de un tipo u otro, hasta 2026. Lo que muchos denuncian como un reaseguro para la libertad de CFK, sería también un escenario de agitación permanente. El tránsito a las elecciones de agosto/octubre del año que viene se encuentra totalmente trastocado, en especial para las dos pseudo coaliciones mayoritarias. Este panorama político deja en claro que en Argentina se desarrolla una crisis de poder y una lucha de poder. Que la crisis envuelve al gobierno, al régimen político y al Estado. Que la cuestión estratégica domina el escenario político. El patrón de Fate y de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, acaba de declarar que “lo que se está discutiendo”, en el conflicto por el pago del 200% por la jornadas de fin de semana, “es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”. El propósito de la patronal de destruir la organización del sindicato en las fábricas es condensado como un conflicto de poder. El diario La Nación, que reproduce estas declaraciones, advierte además que la importación de neumáticos, para compensar las pérdidas que ocasiona el conflicto, llevaría el precio a las nubes, debido al mayor costo de la producción extranjera. “Los de arriba” ya no pueden gobernar ni producir como lo venían haciendo, y “los de abajo” tampoco toleran más la precariedad laboral y la miseria social que han venido sufriendo. LEER MÁS: El carpetazo de Cristina Kirchner Por Jorge Altamira Entre el ajustazo y el rodrigazo Por Marcelo Ramal El indulto político de Alberto Fernández a su Vicepresidenta Por Jorge Altamira

Con una ráfaga de disparos de arma de fuego, efectuada desde una moto, atacaron en la tarde del pasado miércoles el frente de la sede del sindicato aceitero de Rosario (Soear), provincia de Santa Fe. La comisión directiva del Soear responsabiliza a la gobernación provincial de Omar Perotti por la integridad física de los trabajadores y exige la investigación y esclarecimiento del hecho. La provincia vive una escalada de violencia por enfrentamientos de bandas vinculadas al narcotráfico. Exigen garantías para la libre actividad gremial. El sindicato Aceiteros de Rosario es cabeza de la federación aceitera que preside Daniel Yofra, con fuertes críticas a la conducción de la CGT y al Gobierno Nacional. Política Obrera como muchas organizaciones sindicales y políticas se solidariza con los trabajadores del Soear.

El miércoles 24 una columna de 150 compañeros recorrió Pedro Díaz desde el centro cultural hasta la municipalidad de Hurlingham. El 20 de julio habíamos presentado una nota ante la intendencia para discutir nuestro pedido de trabajo genuino para 300 compañeros del Potenciar Trabajo mediante una bolsa de trabajo y un plan de obras públicas, tan necesaria en los barrios, como viviendas, urbanización, red de agua potable, cloacas, entre otros. Tras varias dilaciones y falta de respuesta reiteradas fuimos al municipio en busca de las acuciantes soluciones. Nos recibió un funcionario de la Cámpora, muy enojado con nuestra presencia y diciendo que ellos nos “atienden” los merenderos. Nos enrostró, por ejemplo, que nos entregaron 150 juguetes para distribuir entre los 400 chicos que asisten a los 8 merenderos del Polo (Tendencia) en el distrito. Para el funcionario, por reclamar frente a la miseria estaríamos “rompiendo los acuerdos”, al punto de pedir que devolviéramos los juguetes y los enseres que nos entregaron. En las mismas puertas del palacio municipal las delegadas lo pusieron al día de la situación política, la inflación, la pobreza, desocupación, la miseria salarial y jubilatoria, las necesidades de los barrios y asentamientos que recrudecen día a día. Durante tres horas, hablamos con los vecinos, explicamos la situación, les dejamos nuestro periódico, nuestro planteo de salida, la necesidad de volver al barrio a trabajar por la asamblea barrial, llevar a las puertas de las fábricas nuestros materiales por un congreso obrero y una lucha de conjunto con los trabajadores ocupados por el salario y el trabajo. En la asamblea de cierre de la actividad nos trajeron la solidaridad los compañeros de la interna del Inta. Se resolvió volver a recorrer los barrios con un volante, nuestro periódico, sumando a los vecinos, trabajando por una salida obrera, y preparar una nueva movilización.

Se han cumplido de 4 semanas de lucha de la docencia de Santa Fe, con 8 días de paros e importantes movilizaciones provinciales. La próxima semana se sumarán 72 horas más de huelga. La firmeza y el acatamiento total de los paros reflejan la clara determinación de docentes y estatales para enfrentar el ajuste. Esto empalma con lo que ocurre en simultáneo en ocho provincias del país donde la docencia libra peleas -en muchos casos en forma autoconvocada- por aumento de salarios. Las cúpulas de los gremios estatales han operado para evitar cualquier confluencia y coordinación, segmentando los reclamos. Las conducciones sindicales buscan descomprimir por medio de medidas aisladas. Los gremios estatales (ATE y UPCN) se han negado directamente a movilizar, no están dispuestos a enfrentar al gobierno de Perotti, al que apoyan. En este cuadro, el gobierno, a través del ministro de Trabajo Pusineri, anunció que el 2 de septiembre recibirá a los gremios docentes. La dirección celeste, al igual que las seccionales de oposición, han centrado el reclamo en el pedido de “apertura de paritaria” para “sentarse a discutir”. Luego de haber otorgado todos los plazos al gobierno, han rescatado el acuerdo ruinoso firmado en marzo que contemplaba una “revisión” recién en septiembre. Durante este tiempo, además, el gobierno implementó de facto la extensión horaria en primaria, la “5ta. hora" impuso reformas curriculares regresivas en EEMPA y secundaria, una sucesión de ataques a la educación y las condiciones de trabajo, con la venia de la burocracia que ha dejado correr. La lucha en AMSAFE le fue impuesta a las direcciones por abajo. El dato más significativo es que la CDP de AMSAFE se derrumbó, sin atenuantes. La votación de las mociones, donde la conducción celeste fue derrotada por 10 mil votos de diferencia, perdiendo inclusive en el bastión celeste de “La Capital”, expresa un claro rechazo de las bases a su política de desgaste que se expresó en el resultado de la votación, si bien el planteo de la oposición es similar al de la CDP - "reclamar la reapertura de la paritaria". Esta dirección está invalidada, carece de autoridad, no hay otra explicación, se juega al desgaste, como único recurso por cuenta del gobierno. Pero la directiva provincial de Alonso, impugnada por la votación de las bases, será quien se siente en la paritaria a negociar con el gobierno a la espera de que llegue una “propuesta adecuada” que le permita cerrar el año con un acuerdo que consolide la pérdida salarial. Por eso la resolución de asamblea provincial se ha cuidado de no mencionar ningún monto, ni porcentaje. Pero esta vez deberá reunir las condiciones que aún no tienen para sacar primero a la docencia de las calles. Las seccionales opositoras, por su parte, luego de canalizar la votación de las bases, eluden actuar y fijar el reclamo salarial. Cuando lo han hecho, ha sido para plantear un horizonte de pobreza: “ningún docente bajo la línea de pobreza”, hoy en $111.298. Este programa unifica al amplio espectro opositor, que va desde la CTA A, al FITU y el resto la izquierda, quienes también coinciden en el impulso rutinario y desgastante de paros aislados y en el reclamo para que Ctera convoque al paro nacional, una vía muerta para los trabajadores. Frente al estallido económico, la estampida inflacionaria y una crisis sin precedentes, burocracia y oposición con diferencia de grados marcan el paso en el lugar. Perotti ha sido acorralado por los trabajadores de la provincia. Hoy ha salido a blandir la amenaza de descuentos de los días de paro y pretenderá colocarlo en la negociación para forzar un acuerdo a la baja, pero fracasó en frenar la lucha cuando la conducción de Amsafe se hundió con la última votación. Quedó claro que el gobierno no logra reunir las condiciones para imponer nada. Con una inflación que superará el 100% anual, cuando el costo de la canasta familiar ya pasa los $190 mil pesos y el gobierno nacional anuncia nuevos y brutales ajustes y se pone en marcha otra batería de tarifazos, la conclusión ineludible es preparar la huelga general de todos los estatales, impulsar la coordinación desde abajo para unificar los reclamos, que las conducciones buscan dividir. Para ganar y arrancar los reclamos e imponer nuestro pliego al gobierno: un aumento de emergencia de 100% de salarios y jubilaciones, salario mínimo inicial igual al costo de la canasta familiar, indexación automática por inflación. Abajo la extensión horaria en primaria y las reformas de secundaria y Eempa. Creación de horas y cargos y obras para las escuelas. Paritarios electos por las bases.

La Coordinadora de Luchas de Zona Sur se reúne desde hace 3 semanas en ATE Sur de Lomas y nuclea activistas, luchadores barriales, delegados gremiales de distintos sindicatos y partidos de izquierda. La Coordinadora ha ido esbozando un programa (todavía incompleto) de reivindicaciones que contempla a la mayoría y votó una primera movilización a la intendencia para el 25 de Agosto; ese día desde las 10 horas se movilizaron unos 150 compañeros de la Coordinadora de Organizaciones de Lucha (COL), desde la Estación de Lomas de Zamora del ferrocarril Roca hasta el edificio municipal de ese distrito con un pliego de reclamos, cortaron la Avenida Hipólito Irigoyen (ex Pavón) y todas las organizaciones tuvieron micrófono para desenvolver sus denuncias y reclamos que fueron: La Comisión de defensa de la Reserva Ecológica de Santa Catalina ubicada en terrenos de la UNLO explicó en detalles que ya hay un plan avanzado de loteo para construir un barrio privado que coronaría en un gran negociado inmobiliario. La Comisión de obras hídricas que históricamente fue desoída y relegada en el distrito desgranó con lujo de detalles la desidia gubernamental que impide cualquier obra necesaria. Se movilizaron docenas de cooperativistas de Acumar cuyos voceros alertaron sobre el abandono de la ribera, la falta de controles y la creciente contaminación ambiental sin que el intendente intervenga. Hicieron conocer que la industria de la indumentaria trucha que emplea mano de obra en negro, tira kilos de retazos de telas sobrantes de la confección al cauce del rio alimentando una descomposición que todavía no se ha expresado en toda su dimensión, sin que Acumar ni el responsable político del distrito alerten sobre el problema. Los delegados docentes y auxiliares denunciaron el desmantelamiento de la educación y la liquidación de los comedores escolares, desabastecidos y con alimentos sin carga nutricional cuando no en mal estado. Melina, delegada docente, intervino en nombre de TD y el Partido Obrero Tendencia e hizo eje en el recorte presupuestario sobre la educación publicado en el Boletín Oficial. Se detuvo en la decadencia del llamado Servicio alimentario y la desestructuración de la Infraestructura. Planteó como salida: El congreso obrero que debata la huelga general por un salario mínimo de $180 mil según el Indec y la inversión en Salud y Educación. Los delegados del transporte colectivo de varias líneas, 553, 548, 540 y un despedido de la línea 21 levantaron sus reclamos. Los delegados de UTA plantearon que hay en curso un negociado con los subsidios millonarios que beneficia a los empresarios del transporte, a funcionarios del gobierno y a la intendencia (una componenda fraudulenta que ya sufrieron los trabajadores en el ferrocarril cuando fuera asesinado Mariano Ferreyra). Se están subsidiando líneas enteras con un monto diario de $1.500.000 por unidad, se subsidian los neumáticos y la patronal sólo le lava la cara con pintura a trastos viejos, unidades de transporte que por el estado de decadencia deberían pasar al desarmadero. Este fraude crea las condiciones de máxima inseguridad para choferes y también para los pasajeros. A su turno una delegada del Htal. Gandulfo denunció que la falta de medicamentos para casos terminales está componiendo una situación de exterminio social contra los sectores más necesitados. Este colectivo de denuncias armó el verdadero cuadro social que se vive no sólo en el Sur del gran Buenos Aires sino que involucra a la mayor parte del país, incluso con situaciones de penurias sociales aun de mayor profundidad en las provincias. Antes que comenzara el acto de la Coordinadora de luchas, se había pedido una reunión con funcionarios municipales solicitando una entrevista inmediata con una delegación a la cual accedieron. El corte de la principal ruta del sur durante tres horas no impacientó a la Intendencia que finalmente pospuso la audiencia para más adelante. El lunes la COL debatirá como continúa el plan de lucha.

El miércoles 24 y jueves 25 tuvo lugar una jornada de lucha de 48 hs que la docencia resolvió en asamblea y el cuerpo de delegados del Suteba Bahía Blanca. El primer día se realizaron una decena de asambleas por escuelas que nuclearon a muchas otras con suspensión de clases y en donde quedaron de manifiesto las brutales condiciones laborales y de las escuelas. Por sobre todo, se destacó la pulverización del salario docente; un salario en negro, que recibió magros aumentos en cómodas cuotas en la última paritaria y que obliga a la docencia a trabajar un mínimo de dos cargos para llegar a fin de mes. En las asambleas de primaria hubo un macizo rechazo a la implementación de la 5ta hora. Al segundo día tuvo lugar un enorme paro de 24 hs, con una abrumadora adhesión, confluyendo con el paro de los docentes universitarios de ADUNS y CONADU H. Se realizó una clase pública, aunque sin micrófono abierto y sin movilización. Las contundentes movilizaciones y paros de la docencia bahiense han sido, fundamentalmente, la respuesta a la demolición del salario. Ninguna de estas acciones de lucha ha sido apoyada, siquiera saludada por Baradel y el FUDB, que se han reunido recientemente con el gobierno para solicitar “que se active la cláusula de monitoreo y recuperación del salario en base a lo perdido por la escalada inflacionaria que es de público conocimiento”. Los tarifazos y la devaluación alimentarán una inflación que ya es imparable. Pero la “recuperación” que esta burocracia viene negociando, sin mandato, es la consagración de lo perdido y cuotas que ni siquiera mantienen el poder adquisitivo. Los salarios iniciales de la docencia están por debajo de los $110.000 de la canasta de pobreza. El gobierno no ha respondido nada concreto a la burocracia, mientras que impulsa tarifazos y devaluaciones para deprimir aún más el salario y ahora también un brutal ajuste en el presupuesto educativo. La CTA de Yasky amaga con convocar un paro nacional…pero para bancar a la vicepresidente CFK. Vamos por la huelga general La lucha ha entrado en un momento decisivo, llegando al último trimestre del año. La tendencia a seguir luchando se palpita en las multitudinarias jornadas de protesta y la enorme adhesión a los paros. El Suteba Bahía Blanca tiene votada una asamblea con suspensión de clases para la semana entrante para realizar un balance y definir próximas medidas. Es momento de considerar declarar la huelga general educativa, en reclamo de un aumento salarial, junto a todas las reivindicaciones educativas. Los paros han señalado claras advertencias al gobierno, pero tienen el límite de ser medidas aisladas y que conducen, a repetición, a un desgaste. Declarar la huelga puede generar un impacto tal que aparezcan respuestas en menos tiempo que lo abarcado por paros aislados. Sería un poderoso mensaje al gobierno: no aceptamos que la vida de los trabajadores se vea afectada por sistemáticas rebajas salariales y que afectan notablemente a la educación pública. No aceptamos reformas antipedagógicas (primaria) y (más) recortes en el presupuesto educativo. En su desarrollo buscaríamos ser un faro y sumar fuerzas en toda la provincia. Impulsaremos desde Tribuna Docente Tendencia una intensa deliberación por esta perspectiva en las escuelas hacia la próxima asamblea del Suteba.

Los acompañantes terapéuticos de CABA hemos comenzado una lucha por nuestros derechos. Este sector es uno de los más precarizados en la salud pública, están tercerizados, con muy bajos salarios y retrasos en los pagos. Las ONG y prestadoras conveniadas que tercerizan las prestaciones de acompañamientos hospitalarios y terapéuticos así como los programas de fortalecimiento de vínculos reciben del gobierno de la ciudad $670 por hora pero a los trabajadores le pagan lo que quieren. En negro y no fijo, en montos que rondan entre $250 y $450 la hora dependiendo de la prestadora. Con respecto al monotributo, algunas prestadoras lo pagan si pasan las 100 horas, en otros casos va por parte del trabajador. La mayoría de los convenios son de la parte de salud mental y consejo de niñez y adolescencia de la Ciudad pero también de empresas como Medicus, que estaría pagando más de $1.000 la hora sin que esto genere una mejora en el trabajador. La situación de los AT se viene agravando mes a mes. Ahora, a la extrema precarización que sufren y los magros pagos, se le suman los constantes retrasos de los pagos, en un contexto de inflación y ajuste que se torna intolerable. La mayoría de los AT tienen que tener 2 o más trabajos para poder sobrevivir. Ante todo esto los compañeros se han empezado a organizar con asambleas preparativas y llevando medidas de fuerza como la retención de tareas. Cada vez más se suman a esta lucha en principio por el aumento del valor hora y el reconocimiento de licencias médicas, por maternidad y otras. El no tener un sindicato ni estar agrupados en su lugares de trabajo fue un obstáculo que debieron superar dejando en claro la disposición a la lucha conscientes de la necesidad de organizarse gremialmente.

La denuncia de la jueza Sandra Arroyo Salgado en LN+ en el caso del fiscal Scapolán, cobijado por sectores del gobierno y de la oposición, caracterizados por la jueza como “socios del narcotráfico”, muestra los sólidos vínculos entre ambos lados de la ‘grieta’, y con el Poder Judicial. Claudio Scapolan es un fiscal, ahora suspendido, de San Isidro a cargo de los delitos referidos al narcotráfico. Es denunciado por estar a la cabeza de una banda de funcionarios judiciales y policías que se quedaban con parte de los cargamentos secuestrados en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Todo esto acompañado de la coacción de personas, sustracción de pertenencias de personas allanadas y plantaciones de pruebas. Junto a él fueron procesados otros 50 funcionarios. Scapolan es protegido por Julio Novo, vinculado a Massa y descrito por Elisa Carrió como el “encubridor del narcotráfico”. Novo había presentado su renuncia en 2017 luego de ser denunciado por encubrimiento agravado en una investigación referida a asesinatos del narco. El abogado de Scapolan es Marcelo D´Angelo, socio de Cristian Ritondo y ex funcionario de Vidal. Arroyo Salgado denuncia que el lobby que opera para apartarla de la causa incluye gestores del massismo y del servicio de inteligencia, como Dario Richarte y especialmente del juez camarista Borinsky. Esta nueva catarata de denuncias e implicancias vuelven a hacer mella en el señalado ´panperonismo´. Se refiere al vínculo entre un sector del gobierno, encabezado por Massa, y buena parte de Juntos por el Cambio. La denuncia de estos nichos delictivos responde a una presión de los Estados Unidos y de los organismos que supervisan “el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico”. El narcotráfico por un lado y la obra pública por el otro son dos de los pilares del dinero negro y del lavado de dinero. El sistema procesal de la Justicia permite manipular los tiempos y apostar a la prescripción del delito. Para La Nación esto es una advertencia en el caso de Vialidad, donde las relaciones irregulares entre fiscales y jueces y de estos con el macrismo, y el recurso que ofrece para repetidas apelaciones llevaría a la nulidad de lo actuado y a la vuelta a fojas uno.

Los principales diarios hoy han puesto en la tapa el conflicto de los trabajadores del Neumático, reflejando la posición de los empresarios. Hablan de que las empresas son víctimas de "un paro salvaje" y bloqueos de parte de un gremio que estaría haciendo colapsar los depósitos e impidiendo a las empresas continuar con la producción. Hablan como si el Sutna fuera un sindicato ajeno a los trabajadores del Neumático, cuando esta lucha por el pago al 200% de las horas extras de los fines de semana fue votada por unanimidad por los trabajadores del neumático en asamblea general. Madanes Quintanilla, dueño de Fate, acaba de declarar que “lo que se está discutiendo”, en el conflicto “es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”. El propósito de la patronal es destruir la organización del sindicato en las fábricas. Desde Política Obrera denunciamos que las patronales han militarizado las fábricas del Neumático, con presencia permanente de Infantería en los portones y dentro de la planta, y con el refuerzo de empresas de seguridad privada para amedrentar a los trabajadores. Esta semana las empresas sacaron un comunicado advirtiendo que, de proseguir los bloqueos y las medidas de lucha, evaluaban proceder a suspensiones e incluso no pagar los salarios. Buscando que las provocaciones le den resultados, las empresas impiden el acceso a las fábricas a los representantes electos por los trabajadores, violando toda la legislación laboral vigente. Además, los salarios de los trabajadores sufrieron descuentos de alrededor del 40% en cada quincena, para obligarlos a bajarse de la lucha. Desde Política Obrera defendemos el derecho de los trabajadores a recurrir a todos los métodos de lucha que ayuden a llevar a esta lucha a la victoria -paros, bloqueos y, cuando los obreros lo consideren, la huelga indefinida y la ocupación de las fábricas. El conflicto del Sutna es una lucha estratégica para toda la clase obrera. Sin embargo, no ha recibido el apoyo de la CGT ni de la CTA, concentradas en organizar la defensa de Cristina Fernández y su camarilla en el juicio de Vialidad. El Secretario General del SMATA, Pignanelli, no planteó la movilización de los trabajadores de las terminales automotrices en apoyo al reclamo del Sutna, sino en defensa de CFK. Esto demuestra el carácter reaccionario de la campaña del pejotismo en defensa de Cristina Fernández: un operativo distraccionista contra la lucha real de la clase obrera por sus intereses. Esta sí es nuestra disputa: llamamos a todos los trabajadores a militar activamente por el triunfo de los trabajadores del neumático; llamando a paros, asambleas y medidas en solidaridad y a lanzar una campaña de pronunciamientos por el triunfo de esta lucha y la derrota del intento patronal de destruir la organización sindical. Mesa Nacional de Política Obrera 27/08/2022 LEER MÁS: Panorama político Por Jorge Altamira Sutna: las patronales retiran la oferta del bono Por Pablo Busch

Las epopeyas en Argentina siguen la cotización del peso paralelo. Anoche, con la temperatura en descenso, nadie necesitó mojar los pies en una fuente, por otra parte inexistente. Rodríguez Larreta, el general Ávalos de los tiempos pos modernos, sólo necesitó recurrir a la policía de la Ciudad para obtener del oficialismo la orden de desalojar las calles que circundan el domicilio de la Vicepresidenta de la Nación. Es cierto que el kirchnerismo promete llenar plazas hasta el aniversario del 17 de Octubre, pero esto no depende de él sino del podador del gasto social, el dúo Massa-Rubinstein. Cristina Kirchner reivindica un poder que ha dejado en manos de un señalado gestor de los fondos internacionales que quieren cobrar sus créditos y reclaman una devaluación. Antes que la Cámpora organice sus columnas, miles de trabajadores descenderán a las calles para reclamar por sus salarios, por trabajo y por asistencia social. “No es la hora de reclamar por los salarios”, dijo un entrevistado por el móvil de un canal de TV, “es la hora de apoyar a la jefa que defiende los salarios”. Este portavoz excelente de la política oficial, no necesitó recurrir al lenguaje inclusivo para enunciar esta falacia. En un escenario más fiel a los trabajadores, como el que alberga a las industrias más poderosas de Argentina, se desarrollaba desde varios días antes un accionar verdadero de activistas y obreros, frente al que se protagonizaba en el distrito donde Juan Domingo Perón no pudo ganar una sola elección. Pero esta lucha fue olímpicamente ignorada en la noche de la Lealdad del barrio norte, donde la Vicepresidenta exhortaba a enfundar. Los obreros de Fate estaban luchando contra una patronal que, por esos días, había avanzado, sin eufemismos, en el propósito de proscribir la organización sindical en la fábrica. Con la intrepidez de un 17 de Octubre; de un 29 de Mayo (Cordobazo); de un 2 de Junio (la huelga general contra el rodrigazo, en 1975); de un 30 de Marzo (el combate de 50 mil obreros convocados por la CGT contra la dictadura de Galtieri); y de un 20 de diciembre (la pelea contra los grupos de tareas para llegar a Plaza de Mayo en el Argentinazo); con esa intrepidez bloqueaban las entradas y salidas del obsoleto pulpo de los Madanes, para aumentar la remuneración de las jornadas de fin de semana, defender el convenio colectivo de trabajo y dar la pelea contra los descuentos brutales de salarios por los días de huelga. En medio de un palabrerío vacío acerca de la Constitución y el estado de derecho, esos luchadores salieron a la defensa del derecho de huelga, la única sombra de derecho de una Constitución que pone el derecho del capital por encima del derecho a la vida. Los descamisados del 45 están de vigilia, pero en los portones de los monopolios del Neumático. El recorrido de la pugna contra el reclamo de condena a Cristina Kirchner, no está trazado por el cronograma de actividad que diseña Máximo Kirchner, al cual la prensa le ha descubierto un sentido discutible del humor. La Lealtad no se cotiza en el mercado local sino en Wall Street y, según parece, en Houston, la capital de las petroleras y mineras norteamericanas. Massa pretende obtener un préstamo internacional que sostenga una estabilidad del peso, mediante una kermesse que subaste los recursos del subsuelo – en plena guerra imperialista por los yacimientos y ductos del petróleo y del gas. Estamos muy lejos de una confrontación Marc Stanley versus Cristina Kirchner, como la que sustentó la Lealtad hace 75 años. La expectativa de la Vice es, por el con-tra-rio, que los ajustes brutales de Massa tengan éxito; que el tarifazo quede indexado a la inflación; que el Presupuesto 2023 sea apoyado por el FMI y votado por los seguidores de Larreta y Bullrich; que Massa obtenga el deseado préstamo internacional, aun sabiendo que sus cláusulas de garantía consisten en una devaluación del 50% del peso. El dilema no es reservas versus devaluación sino financiamiento de una devaluación. Otra analogía políticamente instructiva tiene que ver con la indumentaria – la de antaño vestía alpargatas. Los militantes y funcionarios que eligieron pasar un sábado a la noche en modo histórico declaran usar una ropa diferente, al menos en su interior. Se reivindican soldados de Perón, o sea que no han aprendido nada. El Oktubre que imaginaron en el 72 – el retorno de Perón al gobierno -, condujo a la mayor derrota de la clase obrera en el siglo pasado – primero la Triple A, la militarización del área del Paraná de San Nicolás a la santafesina San Lorenzo, pasando por Villa Constitución; el “aniquilamiento’ de la subversión, y finalmente el golpe militar. Calzar fajina de nuevo, esta vez inocua, por el gobierno que legitimó la deuda de Macri con el FMI; avanzó en la destrucción de las jubilaciones; declara la guerra al movimiento piquetero; se codea con Larry Fink (BlackRock) y el fondo Pimco; y ha largado un ajuste que supera al de Toto Caputo y Dujovne; es un despropósito. Es convertir la tragedia de muchos luchadores de aquellas épocas, en una farsa que no divierte. La fiebre de este sábado a la noche ha tenido el efecto de proyectar a CFK a una candidatura a la Presidencia, cuando se había relegado hasta ahora a la gobernación de Buenos Aires, y Máximo K se estaba anotando para disputar en Santa Cruz. Es obvio que es más difícil ‘dar la vida’ por una eventual gobernadora. Pero la lógica de este proyecto conflictúa con la de la designación de Massa como “superministro”, que tiene por meta el mismo sillón. Si Massa acabara como Guzmán y Batakis, sería el fin de las candidaturas del FdT y del mismo Frente de Todos. Este impasse ‘electoral’ ha llevado a la superficie la anulación de las pasos, lo cual requiere una mayoría para que se convierta en ley. El desarrollo del juicio de Vialidad aportará un nuevo caudal a la crisis política, simplemente porque podría traer al conocimiento público mayores novedades acerca del mundo oscuro de los contratos de obras y servicios que han servido a la ‘prosperidad’ de la burguesía argentina y de sus gestores políticos. No asistimos a ninguna epopeya. La épica de la burguesía nacional ha quedado enterrada en el pasado. Las irregularidades manifiestas que se evidencian en el juicio son asuntos secundarios con relación al conjunto de la situación nacional, donde sus protagonistas están unidos en una política de confiscación de la fuerza de trabajo, de la miseria social y de la entrega de la autonomía política. Una denuncia del fraude judicial debe consistir en el desenmascaramiento político, en primer lugar del estado capitalista y el régimen político, y en segundo lugar del rol reaccionario y antidemocático de acusadores y acusados en la crisis nacional. Debe ser una escuela política que muestre a los trabajadores los intereses de clase de jueces e imputados y el carácter corrupto de sus métodos de gobierno. Debe servir, por medio de esta política antagónica al capital y sus instituciones, para preparar a los trabajadores para la lucha por construir su propio gobierno.

El plebiscito constitucional chileno del próximo 4 de septiembre será un termómetro para el gobierno de Boric y su viabilidad. Todas las encuestas concuerdan en que se impondrá el Rechazo. La Convención Constitucional que presentó la propuesta fue el engendro que se parió en un pacto entre Boric y la derecha chilena. Además de Boric, sectores de izquierda trotskistas han desarrollado una intensa campaña por el Apruebo. El PO oficial propone el voto nulo, en oposición al rechazo. El MIT (PSTU) ha caracterizado a la Convención Constitucional como un “triunfo democrático de masas” y llamó a votar por Boric en segunda vuelta a fines del año pasado. Alegaron que “una victoria de Boric podría generar un mayor movimiento social que presione el gobierno para que cumpla sus promesas y para arrancar más conquistas para la clase trabajadora, a pesar de la estrategia del PC y FA”. Es el bicentenario argumento amañado del seguidismo y la capitulación. Luego de que Boric 'no cumplió sus promesas', le dan una segunda oportunidad llamando a votar por el Apruebo. También en el campo del Apruebo se ha colocado el Movimiento Anticapitalista (MST). En su prensa afirman que la nueva Constitución mantiene “los pilares de la lógica de acumulación neoliberal”. Esto no es motivo para no apoyarla, porque “el borrador de la Nueva Constitución… plantea derechos postergados que debieron escribirse por la presión social”. Los mismos argumentos sólidos utiliza el MIT, el cual hace un llamamiento “para garantizar las mínimas conquistas logradas en la Nueva Constitución (derecho a huelga, negociación ramal, derecho al aborto, a las tierras mapuche, algunos derechos sociales, etc.)”. Una crítica a estos “derechos”, que deben pasar por el filtro de la ley, pueden leerse acá: https://politicaobrera.com/7592-chile-del-apruebo-al-rechazo , https://politicaobrera.com/7702-chile-el-derecho-a-huelga-y-la-nueva-constitucion . El Movimiento Anticapitalista sostiene que “un punto fundamental [en el próximo plebiscito] pasa por aplicarle a la derecha y a los sectores conservadores una derrota importante y decidida en la actual coyuntura”. Es falso, sin embargo, que el rechazo reúna una mayoría de derecha y no, obviamente, al sector abstencionista, que crecerá mucho. La derecha obtuvo en el plebiscito para convocar la Convención el 20 por ciento de los votos. El MA afirma, sin embargo, que el Rechazo “sería la opción más nociva en el marco de la situación, ya que implicaría un fortalecimiento efectivo de estos sectores [de la derecha] y al mismo tiempo la desmoralización de un amplio sector social que por la base y que cada día más decepcionado sigue buscando una transformación profunda del país”. Llaman a votar al bloque que desmoraliza a los trabajadores con este proyecto de Constitución, para evitar una mayor desmoralización. El MIT, por su parte, afirma que una “fundamentación que nosotros tenemos para votar por el apruebo crítico es estar del lado de los que luchan”. O sea, 'acompañamos a los que luchan con un planteo desmoralizador'. Hay que hacer lo contrario, para que vean qué fuerza política no los ha engañado. Aunque el Movimiento Anticapitalista y el MIT vean a la nueva Constitución como una conquista de la rebelión, la realidad es que este proyecto forma parte de la política para sepultarla. Esto es tan evidente que llaman 'borrador' al proyecto constitucional para acompañar la maniobra del gobierno, el centro derecha y la derecha, que prometen modificarlo si es aprobado. Ni siquiera el Apruebo aprueba el proyecto; sólo busca un cheque en blanco. La Constitución pinochetista está muerta, el proyecto pactado con la derecha en la Convención busca que el pueblo renuncie a los derechos que planteó la rebelión popular. La derechización del fituismo chileno es impresionante. El MST chileno llama a votar “los pilares de la lógica de acumulación neoliberal” y conformar “una nueva (sic) referencia amplia, de izquierda anticapitalista, democrática, plurinacional, feminista y ecosocialista”; sacada del proyecto de Constitución. Un apruebo vergonzante El PTS bate el mismo parche: “la nueva Constitución reconoce una serie de derechos que han sido negados por décadas, como derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación, a la vivienda digna, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y un extenso catálogo de derechos”. Los derechos que "hemos peleado en las calles”. Pero “la Nueva Constitución mantiene algunos (sic) pilares esenciales de la anterior, no tocándole las ganancias a los grandes empresarios (…) mantiene el modelo que beneficia a los grandes capitalistas en Chile”. Otro problema sería la implementación. Entienden que “aún ganando el apruebo, los poderes económicos buscarán limitar lo más posible los cambios y que los derechos reconocidos se transformen en realidad”. Para el PTR “el Apruebo promete la integración de derechos y un cambio de régimen hacia uno más 'progresista', pluricultural y paritario por ejemplo, pero que se basa en ilusiones democráticas porque todo lo que sale en la nueva constitución depende el Congreso actual, que en la cámara de diputados tiene un 43% de fachos y en senado tienen un 50% del total. Así es casi imposible que desde las instituciones 'nos den algo más'”. Por eso, para el PTR el Apruebo de la nueva Constitución representa “nueva trampa histórica” que lleva adelante la clase dominante “reconociendo ciertos derechos para cooptar a las organizaciones obreras y populares y recomponer la autoridad del Estado capitalista”. En resumen, no hay que derrotar a los confiscadores de la rebelión popular y su gobierno fondomonetarista y pro OTAN, sino llamar a los que luchan a qué no voten por su derrota. Finalmente, entienden “el Rechazo 'para reformar' representa una restauración del régimen burgués para limar algunos aspectos antidemocráticos como los supra quórums desde el congreso, pero fortaleciendo su lado más represivo y autoritario”. Pero no sé trata de rechazar el nuevo engendro antidemocrático para reformar sino para luchar por una Constituyente soberana convocada por un gobierno de trabajadores. “En base a que hoy en Chile prima un clima de mayor 'calma', sin lucha de clases generalizada”, dicen, llaman a votar en blanco o nulo. Repiten el cuento que contaron antes, durante y después del levantamiento popular chileno: la lucha de clases en Chile es prácticamente inexistente ( https://politicaobrera.com/2642-la-estrategia-que-el-pts-puso-en-practica-en-chile , https://politicaobrera.com/3975-chile-la-izquierda-en-las-elecciones-constituyentes ). Desde ese lugar, fueron a las elecciones de la constituyente del 2021 y afirmamos en ese entonces que “su campaña electoral está centrada en sus figuras: mujeres, disidencias sexuales, jóvenes”. El PTR se adaptó a un proceso constituyente que culminó en un amontonamiento de pseudo derechos abstractos sobre las mujeres, los jóvenes, las disidencias sexuales y la plurinacionalidad. Su recorrido histórico y sus actuales posiciones están en completa sintonía con la campaña del Apruebo. Por eso, han llamado a levantar “una fuerte campaña contra el rechazo, en nuestros lugares de estudio y trabajo, para no darle ni un espacio a la derecha más rancia que hoy quiere ceder un pelo de sus privilegios”. El PO oficial de Argentina ha fijado posición a través de una nota de Pablo Heller. Allí afirma que “la nueva Constitución es una pieza complementaria, junto con la asunción de Boric, para establecer un dique de contención de las tendencias a la rebelión popular” y que “un agravamiento de la crisis política del gobierno como consecuencia del desenlace electoral adverso ampliaría el campo de lucha de los explotados chilenos. La explotación y el aprovechamiento que pueda hacer la derecha de un revés electoral es secundario”. A pesar de esto “el Partido Obrero [oficial] llama a votar en blanco/anular el voto” agregando que “no apoyamos el Rechazo para no confundir nuestra posición con la derecha encolumnada tras él”. Significativo: deciden anular el voto no porque no haya que rechazar el fraude Constitucional, sino por presión de los progres que autojustifican sus tropelías con el cuento de la derecha. Heller amaga con rechazar la Constitución, pero retrocede ante la amenaza de que el progresismo lo identifique con la derecha. En este caso, el voto en blanco no representa, como quiere el autor, ninguna clase de “independencia política”. Ésta consiste en actuar conforme al programa de la revolución socialista y no al 'que dirán' de la progresía. Rechacemos el fraude político de la Convención del Apruebo, la Coalición y el pinochetismo reciclado, por una Constituyente soberana convocada por un gobierno de trabajadores.

A continuación reproducimos el artículo de Ismael Bermúdez publicado en clarin.com el 25 de agosto pasado bajo el título “Jubilaciones: significativa omisión en el decreto que formaliza el bono de $ 7.000”. En los fundamentos del decreto 532/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial, que oficializa el bono de hasta $ 7.000 para jubilados, hay una omisión referida a la evolución de los haberes. Menciona lo que pasó con las jubilaciones entre 2017 y 2019 y en 2021, pero no menciona las pérdidas de 2020 y entre enero y agosto de 2022. Así, el decreto señala que “desde que asumió este gobierno, la recomposición de los haberes previsionales ha sido una prioridad, y desde el primer momento de gestión se han adoptado diferentes medidas para tratar de acompañar y fortalecer el proceso de recuperación del valor real de las jubilaciones y pensiones, que habían perdido un 19,5 % de su poder real de compra entre los años 2017 y 2019”. Y agrega que, como resultado de la nueva ley de movilidad, “al finalizar el año 2021 todas las jubilaciones y pensiones que se actualizan por ese índice quedaron 1,1% por encima de la inflación de ese año”. Llamativamente, el decreto no menciona lo que pasó en 2020, cuando las jubilaciones perdieron frente a la inflación. Ese año se aplicaron aumentos por decreto de entre el 24,3% (haber máximo) y el 35,3% (haber mínimo) versus una inflación del 36,1%. De esos valores, se desprende que los haberes medios y máximos tuvieron una pérdida adicional de hasta el 8,7%. En 2022, hasta agosto el aumento jubilatorio es del 29,1% (12,28% en marzo y 15% en junio) frente a una inflación a julio del 46,2%. Si se agrega la probable suba de precios en agosto, la inflación treparía al 55%. Una pérdida del 16,7%. Para las jubilaciones más altas, si se tiene en cuenta la pérdida del 19,5% entre 2017 y 2019, más la pérdida del 8,7% de 2020, menos la mejora del 1,1% en 2021 y la pérdida del 16,7% hasta agosto 2022, la pérdida acumulada entre septiembre de 2017 y agosto de 2022 es del 38%. Para las jubilaciones más bajas, la pérdida de bolsillo es inferior por los sucesivos bonos que se otorgaron porque la fórmula de movilidad resultó insuficiente frente a la suba de los precios. Esos bonos – que se otorgaron en 2020, 2021 y este año- no se integraron a los haberes corrientes. Esto significa que los aumentos de acuerdo a la fórmula de movilidad se calculan sobre una base más baja y la pérdida previsional pasa a ser permanente. Por ejemplo, el 15,53% de septiembre se calcula sobre los haberes de agosto, un mes en que no se cobra ningún bono. En septiembre y hasta noviembre, las jubilaciones aumentan un 15,53%, con lo que acumularán a ese mes un alza del 49,2%. Justamente por esta nueva pérdida, el Gobierno dispuso otorgar un bono de hasta $ 7.000 para los que ganan hasta 2 haberes mínimos. Quedan excluidos los que cobran más de $ 90.000, quienes a noviembre podrían tener una pérdida adicional de más del 15%. En 2022, con los bonos, el ingreso mínimo de bolsillo aumenta hasta un 73,3% entre los 9 y 11 primeros meses del año, quedando el interrogante de lo que podrá pasar con la movilidad de diciembre, que no tomará en cuenta los bonos y porque a noviembre la inflación podría rondar el 90 o más. La actual fórmula de movilidad, que combina salarios con recaudación sin garantía respecto de la inflación, se efectiviza con un rezago de tres meses (el aumento de septiembre-noviembre se basa en las variables de abril-junio). Y en un contexto inflacionario creciente, los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales deben hacer frente a la mayor inflación con haberes retrasados frente a los precios que se ajustan y renuevan día a día. En el caso de la fórmula que estuvo vigente en los 2 últimos años del Gobierno de Mauricio Macri, que tomaba en cuenta 70% de inflación y 30% salarios formales, se aplicaba con un retraso de seis meses, lo que agrandó la pérdida jubilatoria. Por eso, además de su aplicación retroactiva “salteando” un trimestre, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, la movilidad de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales tuvieron un deterioro del 19,5% en relación a la suba promedio de los precios. La respuesta inicial de Alberto Fernández a ese deterioro no fue la recuperación prometida sino que agravó el retroceso de haberes para un sector de jubilados. En marzo 2020 hubo aumentos diferenciados por decreto y ese año los haberes aumentaron entre el 35,3% y el 24,3% versus una inflación del 36,1%, achatando la pirámide previsional. Esta pérdida y la de este año es la que no se menciona en los fundamentos del decreto 532/2022.

En Tucumán, como ocurrió en distintas plazas del país, una nutrida movilización -en este caso, de cuatro cuadras- recorrió las calles en lo que fue la 8° marcha nacional contra el gatillo fácil. Así como la concurrencia es mayor año a año, también es mayor el tamaño de la bandera con los rostros de las víctimas. A medida que se profundiza la decadencia capitalista y la descomposición del régimen político, mayor es la impunidad de los policías asesinos y del propio Estado. Una demostración de ello es que en los días previos a la marcha, razzias policiales en las barriadas tucumanas cometieron todo tipo de atropellos y se llevaron a centeneras de personas detenidas por el solo hecho de estar en la vía pública. Amparados en la ley anticonstitucional de contravenciones y en una reciente ley de narcomenudeo, la policía tiene la potestad de llevar adelante detenciones arbitrarias y valerse de ello para cobrar coimas a los detenidos a cambio de su libertad. El gatillo fácil es una política de Estado. La mayoría de las causas están paralizadas y las que avanzan es como resultado de la lucha incansable de los familiares. En los casos recientes donde murieron jóvenes en contextos de encierro durante el incendio de comisarías, no hay funcionarios investigados y los pocos policías investigados siguen en funciones. Así ocurre con los casos de Enzo Carrizo y las cuatro jóvenes de la Brigada de Concepción. En diciembre de 2021 un policía mató a quemarropa a Jonathan Caro. En nombre de que buscaba al abusador de su hija, asesinó a Jonathan por un supuesto rumor, quien no tenía nada que ver con el hecho. Este policía ya cargaba con sumarios internos y causas penales, pero, sin embargo, continuaba en funciones. La justicia aceptó un juicio abreviado, para darle 10 años de prisión y evitar una condena a perpetua por homicidio agravado. Todas estas denuncias estuvieron presentes en el documento que se leyó al culminar la marcha, en un acto que contó con el testimonio de familiares de víctimas. Cuanto mayor sea la miseria y el ajuste, mayor será la represión de los distintos gobiernos. Los familiares reinvidicaron la lucha independiente del Estado contra la represión de ayer y de hoy. Desde Política Obrera intervinimos con una importante columna. En nuestra adhesión planteamos la necesidad de avanzar en la coordinación entre los distintos sectores en lucha y la necesidad de un congreso obrero que organice la huelga general por el salario, el trabajo, la educación, la salud y para terminar con el gatillo fácil.

En el marco de la jornada nacional contra el gatillo fácil, familiares de víctimas de impunidad, organizaciones sociales y políticas, independientes y autoconvocados de Santiago del Estero marchamos a casa de gobierno por justicia y contra la impunidad. Desde Política Obrera acompañamos llevando solidaridad a las familias. En nuestra columna marcharon nuestros compañeros del Polo Obrero Tendencia, familiares de Micaela Catán (víctima de transfemicido), familiares de Priscila Martínez (víctima de abuso sexual seguido de femicidio), familiares de Romina y Yamila Coronel (victimas de mala praxis). En el trayecto de la movilización, se desplegó un operativo policial que impidió el paso a casa de gobierno, por lo que se decidió retomar el recorrido hacia Belgrano y Rivadavia y la marcha concluyó con un acto. Desde Política Obrera hicimos una intervención denunciando al régimen político de Gerardo Zamora, que había desplegado un operativo policial con infantería y el escuadrón táctico motorizado, negando contundentemente a las familias el derecho a pedir justicia en el centro político de la provincia. Quedó una vez más demostrado que el gobierno no tiene la intención de atender estas denuncias y reclamos; la misma conducta de indiferencia que expone el tribunal de justicia para resolver y dar respuesta a las decenas de casos que siguen impunes en la provincia. Hicimos un llamado a la unidad de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, autoconvocados e independientes a continuar la lucha contra la impunidad y el gatillo fácil e invitamos a acompañar a los familiares de Micaela Catán el 16 de septiembre, reclamamos justicia para Jesús Barraza, joven estudiante de la carrera de contador público nacional, trabajador de comercio, asesinado a sangre fría por la policia el pasado 24 de julio.

En base al Boletín Epidemiológico Nacional se conocieron los números de casos actuales en el país: se reportaron 133 confirmados, un aumento del 80% respecto de la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene alertando sobre la subida exponencial de casos, declarando el brote como emergencia internacional, que ya afecta a 124 países. Los casos confirmados a nivel mundial se elevan a 41.661 y ya se han reportado 12 muertes. La viruela puede contagiarse por contacto con una persona infectada, principalmente si tienen contacto físico directo, con materiales contaminados, o con secreciones respiratorias. Además las personas contagiadas presentan un sarpullido en el cuerpo, que al principio pueden tener forma de granos o ampollas y puede causar picazón. Además puede incluir los síntomas de fiebre, escalofríos, inflamación de ganglios linfáticos, dolores de cabeza y musculares. Al momento actual, si bien existe una vacuna disponible para la enfermedad, las dosis son escasas. Sucede que la viruela fue la única enfermedad erradicada en el mundo desde 1980, que es el momento en que se dejó de vacunar. El laboratorio que produce la vacuna llamada Bavarian Nordic, anunció un acuerdo con la OMS, América Latina y el Caribe. La distribución de vacunas comenzaría en septiembre. Los países que tienen un número reducido de dosis se encuentran aplicando la estrategia de “vacunación por anillos”, la aplicación de dos dosis con 40 días de intermedio para el sector de salud, convivientes de infectados y funcionarios sanitarios. Sin embargo, la noticia del primer caso fue en Enero de este año y todavía no se ha adoptado una política de erradicación del virus. Las personas que ya han sido inmunizadas (previa a la década de los 80) están protegidas durante décadas. Un informe en Inglaterra durante el brote a principios del siglo XX demostró que el 53% de los mayores de 50 años vacunados en la infancia evitaron cuadros graves y la muerte por la enfermedad, mientras que la mitad de los contagiados falleció. Esto deja a las nuevas generaciones sin ningún tipo de inmunidad ante el rebrote de viruela. Dejando a la población al libre contagio, es la misma política que se ha llevado a cabo en torno al Coronavirus: la reducción del costo en salud al mínimo, a costa de la vida y salud de la población. Para erradicar la viruela que se superpone con la pandemia del coronavirus, hace falta políticas sanitarias claras de vacunación, testeo, y prevención de la salud. Algo que en Argentina está siendo burdamente recortado. En las últimas declaraciones de Massa el nuevo Ministro de Economía, informó sobre el recorte de la inversión en Educación y Salud, para un “reordenamiento fiscal”, acorde con el plan pactado entre el país y el FMI. Particularmente en Salud se percibe un recorte de $10.000.000.000 del programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, que es el que se encargaría de la compra de vacunas. Por otro lado, se suma un recorte de $10.000 millones de pesos a las obras sociales. Esta medida fue comunicada por la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que generará un estallido en las prepagas ante la demanda de atención, particularmente en tratamientos de alta complejidad y servicios de discapacidad. Es claro que la prevención y la salud están como último punto en la agenda de un gobierno que se encuentra con una inflación galopante con una previsión del 95%, y siguiendo fielmente la tutela del FMI. La lucha por una salud digna también es la lucha por las condiciones más elementales, la vida misma, solo puede ser planteada por la clase trabajadora.

En Córdoba, en el Valle de Punilla, se ha desatado una persecución policial y judicial contra luchadores ambientalistas que no tiene precedentes. Se han producido detenciones en las comisarías de Cosquín, Carlos Paz y La Falda a instancias de la fiscal Kelm. Esto no asombra, ya que es el método aplicado en Andalgalá, Chubut, Mendoza y en todas las luchas que van surgiendo a partir de la devastación extractivista de los territorios. Esta vez tiene la particularidad de la “aproximación”: no importa si es militante, simpatizante o tan solo amigo de las causas ambientales. Llega la citación a tribunales y la judicialización, lo que demuestra que es una política de Estado, respaldada por una justicia abyecta. No obstante, las Asambleas Ambientales se han consolidado y han surgido grupos de Vecinos Autoconvocados, Brigadas en Defensa del Yuspe (Río emblemático de Cosquín que aún no está contaminado y provee de agua a Cosquín, Santa María de Punilla, Bialet Massé y Córdoba Capital) Vecinos por el Agua, etc. que han presentados todos los reclamos legales correspondientes desde la Fiscalía de Cosquín has el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, los cuales han sido ignorados sistemáticamente. El atropello extractivista, el ecocidio sistematizado, ha provocado continuas acciones de lucha a lo largo de todo el Valle de Punilla. Cada manifestación contra la depredación ambiental progresivamente ha ido convocando más presencia policial, hasta llegar a la situación que atravesamos hoy los militantes ambientales. Los expropiados para la construcción de la Autovía de Punilla reciben llamados telefónicos intimidatorios permanentes de Caminos de la Sierras. En el caso de los que no acceden a la expropiación, han recibido una brutal golpiza por parte de la Policía de Córdoba, como es el caso de Franco Méndez. Los obradores que pretenden instalar las empresas tienen guardia policial permanente y los caminos vecinales de todo el Valle están militarizados. Los servicios de inteligencia identifican a quienes se manifiesten en cualquier forma para citarlos e imputarlos o detenerlos. Aunque la jueza de Control y Faltas de Novena nominación, Celeste Ferreyra, exhortó a la Policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar “medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria” del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, “que se manifiesten pacíficamente en favor del medio ambiente” (textual), la presión policial no cesa. Inmediatamente que se produjeran los procesamientos y detenciones se organizaron marchas y manifestaciones en todo Punilla como así también en otros valles y en Córdoba Capital. El 28 de agosto está convocada una nueva marcha en Cosquín coincidiendo con el aniversario de la Ciudad. Los ambientalistas sabemos que el extractivismo es producto del sistema capitalista. Aún se debe transitar la experiencia de que un cambio de gobierno no soluciona el ecocidio y asociarlo a una lucha por un cambio de sistema.

El Plenario de Secretarios Generales de CONADU Histórica que sesionó la semana pasada le puso fecha, para el 1 y 2 de septiembre, al segundo paro de 48 horas votado en su congreso de hace 10 días. Son medidas que no van en ninguna dirección, al punto que, luego del nuevo paro por venir, recién se convocará a una nueva instancia de decisión para el 9 de septiembre, preparando el terreno para la supuesta revisión salarial de octubre. Sin perspectiva, y luego de haber hecho la plancha durante el primer cuatrimestre, el paro de la semana que viene tiene inocultables características testimoniales. Ya el paro de 48 horas de la semana pasada dejó ver un acatamiento dispar. Esta política es la que se ha venido siguiendo durante la lucha de 2018, la paritaria en 2019, todas las acciones contra la precarización laboral durante la pandemia, y el violento ajustazo que se ha impuesto en el bienio 2021-2022, sólo por nombrar las más recientes, sin haber alcanzado ninguno de los resultados perseguidos. En todos estos episodios, la estrategia de la directiva de la federación fue la misma: planes de lucha “progresivos”, buscando coincidir con sectores disidentes de las otras federaciones. En todas las oportunidades, el Gobierno que las fuerzas que integran la conducción de CONADU (H) apoyan o integran impuso condiciones salariales y laborales negativas. Los planes de lucha “progresivos” se demostraron impotentes contra estos acuerdos, sin que la conducción cambiase un ápice de su estrategia. Mientras tanto, el anuncio de $70.000 millones de recorte en Educación ha sido un sacudón para decenas de miles de docentes en todo el país. A esos $70.000 millones se añade un presupuesto devaluado. No se trata solo de jardines y de netbooks, que afectarán principalmente a las familias trabajadoras. Es un ajuste estructural, que abarcará también al sistema universitario. Desde la Agrupación Naranja Tendencia llamamos a reforzar el paro en todos los lugares y a reforzar también el debate sobre el rumbo que debe seguir nuestra federación y el conjunto de la docencia universitaria. Llamamos al activismo de todo el país a debatir un curso de acción común en un plenario nacional que prepare la huelga indefinida, hasta arrancar las reivindicaciones salariales y laborales planteadas. Llamamos al estudiantado universitario a debatir la crisis nacional y el apoyo activo a la docencia en lucha.

Finalmente este último viernes el SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación) formalizó la aceptación de la “propuesta” (decreto) salarial del gobierno. La dirección burocrática kirchnerista del sindicato, encabezado por Carina Sedano y Gustavo Correa, utilizó diversas artimañas con el fin de llegar a un acuerdo pacífico con el gobierno provincial y dar fin a una intensa y ejemplar lucha de más de dos meses que dieron los docentes mendocinos en defensa del salario. En el medio se sucedieron dos masivas movilizaciones a Casa de Gobierno, con miles de docentes autoconvocados desde las bases. Dos paros de 48 y 72 horas, en un intervalo de un par de semanas, con un altísimo nivel de acatamiento a pesar del nefasto ítem aula, y además con el acompañamiento y solidaridad de toda la comunidad. También acciones como asambleas en las escuelas, plenarios y agitaciones en plazas departamentales para dar a conocer su reclamo. Es que los salarios docentes venían en franco declive, perdiendo contra la inflación, y esto se acentuó aún más desde la venida de la pandemia. Durante el año 2020 no hubo paritarias, por ende, no tuvieron ni un solo peso de aumento salarial, en medio de una inflación del 37% de ese año y con el agravante, además, de que debieron costear de sus bolsillos todos los costos referidos a la conectividad virtual, ya que esto no fue provisto por el Estado. Durante el 2021, siguieron perdiendo: con una inflación del 51% y con paritarias a la baja que no superaron el 41% de aumento, incluídos bonos en negro y sin siquiera llegar a considerar la pérdida adquisitiva salarial del año anterior. De ahí que se hubieran cifrado tantas expectativas en esta reapertura de paritarias, y la vocación de lucha por recuperar lo perdido. Lejos de eso, el Gobierno ofreció incrementos en cuotas a partir de agosto, no acumulativos y tomando como referencia para cada cuota al mes de diciembre 2021, que ni siquiera llegaban a cubrir la inflación del año en curso. Tampoco se tomó en cuenta el pedido docente del no descuento de los días de paro, ni la derogación del ítem aula. Luego de que el aumento salarial fuera resuelto por decreto por parte del Gobierno, la respuesta del sindicato fue un paro de 48 horas y movilización, aun cuando desde las bases se clamaba por un paro por tiempo indeterminado hasta recuperar todo lo perdido. Luego del paro y de la histórica movilización que convocó a más de 35.000 personas, la secretaria general, ante los medios, anticipó que “tendremos asambleas departamentales para determinar cuáles serán las acciones a seguir, pero trataremos de que no sean las más radicalizadas". Días después, el gobierno volvía a llamar al gremio a paritaria. El sindicato iba con un mandato específico: rechazar de plano la propuesta y no bajarla a las bases si no se aceptaba el NO descuento a los días de paro y que los incrementos porcentuales, al menos, superaran los índices inflacionarios. Caso contrario, se votaba por un paro de 96 horas. Pero la dirección hizo caso omiso de esto, dejó el llamado a huelga en stand by, y se tomó unos días para bajar a las bases “la propuesta” del Gobierno, que en lo sustancial no superaba a lo ya decretado: un 12% de aumento para el mes de agosto, 7% para septiembre, 8% para octubre y 7% para noviembre, con mayores aumentos al estado docente, pero no a la asignación de clase como se solicitaba; como corolario los 5 días de paro no se incluían en la negociación y se descontarían. En los plenarios departamentales, las maniobras para que ganara la aceptación estuvieron a la orden del día: desde que se tuviera en cuenta la mayoría simple como regla para dirimir y no los dos tercios necesarios, hasta impugnaciones de delegados que se sabía que iban con mandato de rechazo, o burdamente agregar mandatos a último momento, que iban con la aceptación. Se consumaba así otra de las grandes traiciones de la burocracia sindical sobre la clase trabajadora. Decenas de delegados mostraban su bronca y fastidio y lo comentaban a la salida de cada uno de los plenarios, con la suerte ya echada. Los compañeros han hecho una importante experiencia con esta lucha, y con los límites insuperables de su dirección sindical. El desquicio económico y la escalada inflacionaria volverán a plantear, más temprano que tarde, la necesidad de una lucha a fondo.

La docencia universitaria, a nivel nacional, viene de protagonizar un paro de 48 horas el pasado 24 y 25 de agosto, con una importante adhesión, y se prepara para otro paro de 48 horas los próximos 1 y 2 de septiembre. La fecha y la modalidad fueron definidas por la conducción de CONADU (H). Es evidente que estas acciones aisladas no reúnen las condiciones para derrotar la política antieducativa del gobierno. Carecen de perspectiva clara, y se corre el riesgo de que, como sucedió en el primer cuatrimestre, los paros pasen sin pena ni gloria. Desde la ADIUNT venimos marcando, dentro de la Federación, que los paros progresivos tienen que desembocar en la huelga por tiempo indefinido, y que para eso es necesario un congreso con delegados electos por las bases. Se trata de abrir paso a una gran rebelión educativa. Pese a que nuestros planteos han quedado en minoría dentro de la Federación, hemos llevado adelante acciones importantes a nivel provincial los días de paro, y estamos avanzando en el debate y la coordinación para sumar a los sectores estudiantiles en este proceso de lucha. El miércoles pasado hemos realizado una acción de protesta frente a la facultad de Artes que está violando el CCT designando docentes a dedo, y el día jueves una asamblea y protesta en la puerta de la Escuela de Enfermería, a la cual también asistió un sector estudiantil que está luchando por la creación de la facultad. En dicha asamblea se discutió hacer una convocatoria al movimiento estudiantil para una lucha conjunta con los docentes, no sólo por los salarios sino ante el ajuste educativo de Massa y los Fernández. En esa perspectiva, se votó organizar una gran movilización y acto en defensa de la educación pública para el 16 de septiembre, en conmemoración de la Noche de los Lápices. Desde la ADIUNT estamos llamando a que esta semana la docencia pare masivamente los días 1 y 2 de septiembre, acompañada de acciones de piquetes y protestas que den visibilidad al reclamo en las facultades y escuelas preuniversitarias. Nos preparamos, de la misma manera, para una asamblea general el jueves que pueda debatir el proceso de crisis nacional y cómo nos organizamos para la huelga general educativa.

Luego de la masiva reunión de delegados del Suteba La Matanza, donde la conducción Celeste-Violeta se vio desbordada por la mayoría, que se expresó por el paro en rechazo a la extensión de la jornada laboral a una 5.° hora, la dirección convocó a una reunión de delegados, directivos y docentes del nivel primario. Participaron alrededor de 40 docentes. Teniendo en cuenta que la reunión no fue difundida (nunca se subió a las redes oficiales), y que a menos de 24 horas de realizarse se envió un correo electrónico que sólo llegó a algunos delegados, la asistencia fue importante. Pretendían que solo asistieran los delegados y docentes cercanos a la conducción. La conducción arrancó señalando que los docentes no debíamos centrarnos en “SÍ o NO” a la 5.° hora, e intentó desviar la atención a que se discutan las condiciones de las escuelas de manera aislada. El planteo está fuera de lugar. Por un lado, porque la gran mayoría de la docencia ya debatió en cada escuela y se posicionó por el NO y, por otro lado, porque el Estado no ha considerado ni una mínima consulta a las entidades gremiales y pretende modificar el régimen laboral como si fuera un patrón de estancia. A pesar de los constantes pedidos de los docentes de que el sindicato se posicione en rechazo a la extensión de la jornada, evitaron fijar posición y le tiraron el fardo de que “cada escuela decida”, en un apoyo vergonzante a la iniciativa gubernamental. El ajustazo del gobierno de $70.000 millones de pesos al área de Educación no fue ni siquiera mencionado. La mayoría de los compañeros presentes denunciaron a la posición del sindicato de que “cada escuela decida” como divisionista, y que hay que emprender una lucha de carácter general. ¿Acaso no existen para eso los sindicatos? Los compañeros denunciaron los diversos aprietes y presiones que ejerce la inspección a los directivos, y también de directivos a docentes, apelando a “encuestas por WhatsApp”, o pretendiendo hacer firmar una planilla por el “sí o por no” a que su jornada laboral y la de sus compañeros se extienda. También recalcaron que este ataque a nuestras condiciones laborales llega incluso a violar el derecho histórico a la jornada de 8 horas para quienes actualmente ya están trabajando con doble cargo, cuya jornada en el colegio se extendería directamente a las 11 horas diarias. La abrumadora mayoría de las intervenciones fueron en rechazo a la 5.° hora y exigieron que el sindicato convoque a una asamblea general y al paro. Desde Tribuna Docente Tendencia (Política Obrera) intervenimos expresando que las compañeras no quieren más horas de trabajo, sino un mejor salario por hora, y planteamos un aumento ya del salario básico. Explicamos que las pocas compañeras que quieren aceptar la 5.° hora se ven forzadas a hacerlo porque el salario básico es miserable. Remarcamos que mayor carga horaria escolar no implica por eso mayor calidad educativa y denunciamos la hipocresía del Gobierno nacional, que mientras presiona por la 5.° hora fingiendo estar interesado en la educación, le acaba de recortar el presupuesto. Leímos y entregamos los mandatos que impulsamos en nuestras escuelas, donde por mayoría nuestras compañeras se expresaron en rechazo a la 5.° hora, por aumento salarial del 100% ya, y por paros progresivos. En la reunión, las posiciones de la burocracia fueron superadas de manera abrumadora, pero finalmente -al igual que la anterior reunión de delegados- se terminó sin votar nada. Ante este panorama, queda planteada la necesidad de impulsar la coordinación zonal entre escuelas primarias y asambleas autoconvocadas, que tengan como horizonte la preparación de una huelga general para derrotar la reforma en la escuela primaria y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo.

El día viernes se dio a conocer la sentencia a los policías que asesinaron a Lucas Verón. El policía Ezequiel Benítez fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por haber sido hallado culpable de ser coautor de homicidio en exceso del cumplimiento del deber y coautor de tentativa de homicidio calificada de Gonzalo Aguirre, todo en “concurso real”. La policía Cintia Duarte fue condenada a 4 años de cárcel como coautora de un homicidio en exceso del cumplimiento del deber. Lucas Verón fue asesinado en el año 2020 de un tiro en el pecho por dos policías entrenados para disparar. Fue perseguido por un patrullero con luces apagadas, sin sirena, ni voz de alto. Luego, los asesinos abandonaron a los chicos a la 1,30 de la madrugada en el barrio Scasso de González Catán, partido de La Matanza. Se condenó a los policías por “exceso del deber en funciones”, para evitar la condena a prisión perpetúa que pedían los familiares y amigos. Por otro lado, continúa la investigación en dos causas penales derivadas del hecho principal. En una, se investiga por encubrimiento al fiscal Juan Pablo Tathtagian que lo tiene como imputado y que dirigió desde el comienzo la causa. En la otra, se investiga por encubrimiento a tres funcionarios policiales por intentar desviar la investigación, manipulando actas, amenazando, hostigando testigos y por detener ilegalmente al sobreviviente del hecho. El juicio y todo el proceso fué acompañado por organizaciones de derechos humanos, sindicales y partidos políticos. Desde Política Obrera acompañamos y estuvimos presentes. El caso de Lucas se suma a una larga lista de muchos otros jóvenes víctimas de la represión estatal, como Miguel Bru, Walter Bulacio, Santiago Maldonado, Facundo Castro, Luciano Arruga, entre cientos y miles.

El sábado 27, con la presencia de 250 docentes, se realizó en el Joaquín V. González la asamblea de afiliados de Ademys con el fin de elegir a la junta electoral para las elecciones que se realizarán a fines de noviembre. La asistencia cuadruplicó la cantidad de personas que tuvo la última asamblea, el pasado 9, para votar la continuidad del plan de lucha. La amplia concurrencia podría haber sido aprovechada para discutir iniciativas y un programa de intervención frente al ajuste, o siquiera una agenda que coloque a la orden del día la lucha por salario, contra la reforma laboral que supone las modificaciones en el Estatuto, la defensa de los puestos de trabajo, en riesgo por el cambio de modalidad de jornada simple a completa y la crisis de la obra social. Nada de eso ocurrió. La mesa del sindicato no brindó un informe de situación política gremial, direccionando el debate solamente a la elección de junta. Ya en este punto, asistimos a una intensa lucha faccional entre las fuerzas que integran la Multicolor por los cargos en la lista. Esa disputa se expresó en dos bloques. El que resultó ganador, integrado por Lista de Maestres y Profesores (IS e independientes) y la agrupación 9 de Abril (PTS), se quedó con la mayoría de la junta electoral (dos miembros titulares y dos suplentes que repartieron en partes iguales). En el otro bloque se encontraba el PO (O), el colectivo Haroldo Conti, Alternativa Docente (MST) y el Nuevo MAS, que se incorporará a la Multicolor para esta elección. Estas agrupaciones se quedaron con la minoría de la junta (un titular y un suplente), cargos que fueron repartidos entre el PO (O) y la agrupación HC, respectivamente. El hecho curioso es que las fuerzas que integran tanto la mayoría como la minoría de la Junta son oficialistas. Ignoramos si esta división anticipa una ruptura de la Multicolor, o si forma parte del tironeo por los cargos en la boleta dentro del mismo frente. Se trata de una lucha sin principios, que no obedece a una cuestión programática ni metodológica en cuanto a la organización del sindicato. Hace dos meses, ambos bloques votaron sin “grieta” la Memoria y Balance de lo actuado por el sindicato durante los últimos tres años, es decir, la gestión de la actual dirección Multicolor. Los únicos que votamos en contra de dichos documentos por diferencias metodológicas y políticas fuimos los compañeros de Tribuna Docente Tendencia en Política Obrera . Los métodos de elección de junta propuestos por esos dos bloques, nominal o por lista, dejaban afuera a la oposición. Por esta razón, junto a los compañeros de Docentes en Clase, presentamos la necesidad de que la junta electoral esté integrada también por la oposición con un miembro titular (con voz y voto) como principio democrático. Esta posición fue rechazada por los aparatos del FIT-U y sus aliados. Nuestro planteo En la asamblea, la actual secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, hizo un planteo sorprendente: la defensa del sindicato como organización de los trabajadores, señaló, pasa por la defensa de la Multicolor. Es una exaltación del monolitismo sindical y una condena a la oposición, con independencia de los planteamientos que esta esgrima y, naturalmente, del balance de la actual dirección. La Multicolor actual dista del reagrupamiento que se había puesto en pie en el 2013, para recuperar el sindicato de la integración a la dirección burocrática de la CTA A. Por el contrario, todas las corrientes que la integran, en mayor o menor grado, dejan en manos de la burocracia las acciones de lucha, bajo la exigencia de que esta rompa con el gobierno y convoque a un paro nacional. Es decir, le regalan la iniciativa a la quinta columna del gobierno dentro del movimiento docente. Esa orientación va a contramano de los paros autoconvocados que se desarrollan en diversas provincias y en CABA, con la autoconvocatoria en defensa de ObSBA y contra el cambio inconsulto sobre la extensión de la jornada escolar. En rechazo a la política liquidacionista que lleva adelante la conducción de Ademys, convirtiendo al sindicato en un campo de disputas entre aparatos, llamamos a los activistas a poner en pie una lista. Para que las decisiones y planes de luchas sean el producto de una deliberación real, a través de cuerpos de delegados, asambleas distritales y de todo el gremio con mandatos y no entre un puñado de aparatos. Por una coordinación real con otros sectores de trabajadores, a través de un congreso obrero, por un plan de lucha, que incluya la preparación de la huelga general. Por el aumento de emergencia salarial del 100%, por un salario igual a la canasta familiar y todas nuestras reivindicaciones.

La provocación represiva del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el sábado frente al departamento de Cristina Fernández, en Recoleta, dejó tela para cortar. Atacados con gas pimienta, golpes y camiones hidrantes, los militantes y funcionarios kirchneristas recibieron este sábado el tratamiento que trabajadores, luchadores y vecinos sin techo han padecido en innumerables ocasiones, por parte de la administración macrista en CABA o de ´la Bonaerense´ que comanda Berni del otro lado de la General Paz. La operación policial de H.R.L. no tuvo otro propósito que el de posicionarse en la guerra de camarillas que sacude a Juntos por el Cambio. No tuvo nada que ver, desde luego, con el ordenamiento del tránsito o ´la tranquilidad de los vecinos´. La movilización K fue módica -5.000 manifestantes-, algo que, de paso, puso de manifiesto la escasa disposición del aparato del pejota, los intendentes y la burocracia de la CGT a dirimir los asuntos judiciales de CFK ´en la calle´. El ´clamor´ no se dejó ver más allá de la propia facción. Esa presencia módica facilitó el acuerdo que tejieron Wado de Pedro y Aníbal Fernández con los emisarios de Rodríguez Larreta, para retirar a La Cámpora de las inmediaciones del departamento de la Vicepresidenta a cambio de correr el vallado. “Vayan a descansar”, ordenó ´la jefa´ a sus huestes. En este cuadro, el dispositivo ordenado por el gobierno de la Ciudad y las agresiones a los manifestantes tuvieron todas las características de una provocación. La ´demostración´ larretiana, sin embargo, no calmó las aguas en Juntos por el Cambio, sino que acentuó los choques internos. Patricia Bullrich castigó públicamente a Larreta, jáctandose de sus propios desalojos y vallados en los accesos a la Ciudad durante la gestión Macri. Del otro lado, los larretistas acusaron a Bullrich de ser “funcional al kirchnerismo” por sus críticas internistas. Luego de la represión en Recoleta, el kirchnerismo parece haber diferido la movilización callejera para el 17 de octubre, dentro de un mes y medio. Será una escenificación condicionada, de un lado, a un acuerdo entre los aparatos del peronismo; del otro, por la marcha imparable de la crisis.

“Los salarios no se indexan mes a mes, los títulos de deuda sí”. El economista Marcelo Ramal describió así el trato desigual que la política económica tiene con capitalistas y trabajadores. Y aseguró que el ministro Sergio Massa busca consolidar esa regresión distributiva en busca de una “falsa estabilización” a través de un plan que impondrá un “sacrifico brutal e inútil a los trabajadores”. Dirigente nacional de la corriente Política Obrera, Ramal disertó en el centro cultural La Toma y, en ese marco, se refirió a la situación nacional e internacional. -¿Cómo ve la economía luego de la crisis cambiaria y los primeros pasos de Sergio Massa? -La crisis argentina tiene dos ejes fundamentales. Uno es el empobrecimiento masivo de su población y el otro es la insolvencia del Estado y una cesación de pagos no declarada, base de la actual desvalorización de la moneda y la inflación. La política de Massa apunta a trasladar las consecuencias de esta cesación de pagos, una vez más, a las masas. Como se ve en el tarifazo, en la intención de suspender las paritarias y en la continuidad de una política inflacionaria y de beneficios extraordinarios para los especuladores de la deuda pública. -¿En qué se expresa esta cesación de pagos no declarada? -En un hecho objetivo. La deuda argentina se cotiza a la quinta parte de su valor nominal. Y la fabulosa emisión monetaria que lleva adelante el gobierno tiene como propósito rescatar esa deuda defaulteada. El BCRA emitió un billón de pesos recientemente con el propósito de comprar parte de estos títulos desvalorizados. En esta línea, el nuevo ministro estableció una suerte de reperfilamiento de la deuda en pesos, lo cual confirma la cesación de pagos. Los vencimientos que no iba a poder pagar en septiembre los trasladó al año que viene, a un costo inmenso para el Tesoro, porque se van a indexar o de acuerdo a la inflación o a la devaluación. La vara del gobierno es muy distinta según se trate de trabajadores o los capitalistas. A los trabajadores y jubilados intenta desindexarles sus ingresos, o congelarlos disimuladamente a través de bonos o sumas fijas, y a los especuladores les indexa sus beneficios. Desindexación popular, indexación para el gran capital. -¿Ese es el sentido del llamado al acuerdo de precios y salarios? -El acuerdo de precios y salarios es tramposo porque las decisiones en relación a precios y tarifas ya fueron tomadas. Esta segmentación tarifaria mete en el acuerdo de tarifas a 8 millones de hogares, sobre 13 millones. Obviamente, la clase trabajadora está inmersa en ese tarifazo. Al mismo tiempo están los aumentos de precios que serán reforzados indirectamente por el aumento de tarifas. Entonces, se quiere convocar a un acuerdo de precios y salarios, con los aumentos de precios y tarifas ya resueltos. Sería solamente un pretexto para suspender cualquier reajuste paritario. Esta inquietud ya se está viviendo a escala nacional y Santa Fe, que está con paros de docentes y estatales, lo refleja. Y es natural porque las mejores paritarias del sector privado establecieron aumentos anualizados del orden del 60% ó 65%. Y la inflación estimada para este año es de arriba del 90%. Para los estatales es peor todavía. Se va gestando una gran inquietud salarial y seguramente por esta vía se va a abrir una intervención de la clase trabajadora en esta crisis. Nuestra corriente, Política Obrera, promueve la realización de una gran asamblea de organizaciones obreras, de desocupados, que establezca un plan de acción. -Massa anticipó que el dato de desempleo del segundo trimestre será 6,7%, aunque convive con salarios históricamente bajos. -Sin dudas. El salario en los últimos cinco años cayó entre 20% y 25% en términos reales. Va a caer más como resultado del aumento de tarifas. El ahorro de subsidios representa u$s 4 mil millones. Sobre 8 millones de familias afectadas, esto significa una detracción de u$s 500 por familia, en un año. Para ingresos medios de u$s 10 mil al año, significa que el salario en dólares va a caer otros u$s 55 como resultado de los aumentos tarifarios. El salario es uno de los más bajos de la historia y la llamada recuperación del empleo es en base a empleo precario, sin derechos laborales. -¿Un plan de estabilización congelaría esta situación? -El plan de estabilización es la estabilización de los salarios bajos. Consolida en el tiempo este despojo. Es una falsa estabilización. Porque podrán congelar el salario pero siguen con la rueda de la renovación de la deuda pública, que es completamente explosiva. Porque se tiene que emitir dinero para pagar intereses, luego esos intereses engrosan la carga de la deuda pública y generan una nueva rueda de emisión. Se quiere someter a los trabajadores a un sacrificio que, además de ser brutal, es inútil desde el punto de vista del famoso equilibrio macroeconómico. Porque los factores de crisis no están en la cuestión salarial sino en la carga explosiva del endeudamiento, que ya supera el 100% del PBI. En lo inmediato, el elemento explosivo es con la deuda en pesos. En el caso de la deuda externa, los compromisos más gravoso vienen hacia 2024, 2025. Y esto se da en el escenario de una crisis mundial de alcance inédito, porque los antagonismos de carácter comercial y económico llegaron al plano abiertamente militar. Y vuelven a ponerse en discusión los límites insuperables del capitalismo para dar las respuestas más elementales de la población. Lo demostró la pandemia y ahora la guerra. En Política Obrera queremos darle una salida a esta crisis trabajando para que la clase obrera llegue a la conclusión de que debe luchar por un gobierno y una organización política propias. -¿Con qué programa? -El primer punto tiene que ver con lo político. Con luchar por una sociedad y una economía que pueda ser conscientemente dirigida por los que viven de su trabajo. A partir de asegurar un salario que cubra la canasta familiar, articular lo demás. Hoy la economía está articulada en un sentido inverso. Nuestros salarios no se indexan regularmente mes a mes. Los títulos de deuda sí. -¿Cómo impacta el escenario internacional? -La inflación mundial está ligada a la cuestión de la guerra y al colapso planteado en el abastecimiento de energía y alimentos. El otro gran factor tiene que ver con la pandemia, que fracturó muchas cadenas de suministro y desató una guerra comercial. Eso generó una inflación por motivos monetarios, porque tuvo lugar a nivel mundial un enorme rescate de las corporaciones capitalistas. Ese dinero luego fue introducido en operaciones especulativas, como los futuros de granos y energía, y fue un factor de inflación. Ahora se da el ciclo contrario. EEUU se sumó un proceso de succión de fondos para, al menos, evitar nuevas emisiones destinadas a rescatar el propio déficit fiscal norteamericano. Y esto se conecta con la crisis argentina. Massa dijo que iba a salir a tramitar créditos internacionales. El escenario mundial es contrario a esa aspiración. Porque el capital financiero se está retrayendo hacia el centro global de las finanzas. El cuadro de la Argentina debe ser considerado en esa relación mundial, que va a ser gestora de grandes intervenciones populares. Están en juego cuestiones de sobrevivencia. Cuando se dice que la inflación va a superar el 90% y los mejores salarios tendrán un aumento del 65%, estamos hablando de la posibilidad de una caída del 25% en poco tiempo. Y eso es intolerable para una población que ya está ajustada. Es el ajuste sobre el ajuste.

Este lunes y martes, se sucedieron en todo el país movilizaciones de los prestadores del área de discapacidad, por la demora de meses que registran sus pagos. En Plaza Independencia, Tucumán, se autoconvocaron alrededor de 1.000 prestadores independientes (acompañantes terapéuticos, psicólogos, fonoaudiólogos, maestros de educación especial, psicopedagogos, transportistas) y familias, debido al atraso de honorarios por parte de las obras sociales. La movilización fue replicada en varias provincias, incluso en Plaza de Mayo, donde se instaló una carpa blanca. La situación no es nueva. El atraso en los pagos a los prestadores se ha naturalizado, al extremo de que hay algunos a quienes se les adeudan honorarios desde el año pasado. Recientemente, la CGT salió a plantear que las obras sociales tienen un alto déficit, atribuyéndole la causa a las prestaciones por discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte). La burocracia le reclama al Ministerio de Salud que financie con recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad las prestaciones de educación y transporte. Estas negociaciones quedaron estancadas con la asunción de Massa. Durante el fin de semana circuló por las redes sociales un proyecto de DNU atendiendo a los actuales reclamos. Sin embargo, Massa no ha incluido refuerzo presupuestario alguno para estas prestaciones en el presupuesto 2023. En Tucumán, el gobierno provincial recibió a una delegación de 20 prestadores independientes a través de la directora de Discapacidad de Tucumán. Las autoridades intentaron desligarse del problema planteando que era un conflicto nacional entre la Superintendencia y las obras sociales. Los voceros de los trabajadores exigieron que interceda con los organismos pertinentes dándole un plazo de 48 horas para dar respuestas favorables. En ese sentido se realizará una nueva movilización el jueves 1 de septiembre, a las 9 horas, en Plaza Independencia. En caso que no haya respuesta, se va a realizar una asamblea general con todos los asistentes para resolver como continuar la lucha. La organización de los prestadores independientes a lo largo y ancho de la provincia por medio de asambleas donde se elijan voceros es clave para poder sostener la continuidad del movimiento de lucha. En paralelo, es necesaria la coordinación con los movimientos de lucha autoconvocados u organizados en sindicatos (docentes, salud, etc.) dispuestos a llevar adelante una lucha independiente contra el ajuste en el área de discapacidad y por las demás reivindicaciones pendientes. Es una lucha que recién comienza.

A dos días de la finalización formal de las becas UBA para realizar investigaciones de posgrado (maestría y doctorado) y de grado (estímulo y UBA200), las autoridades de la Universidad siguen sin dar una respuesta al pedido de extensión excepcional por las dificultades atravesadas durante la pandemia. La Asamblea de Becarixs UBA convoca a movilizar masivamente al Rectorado el miércoles 31 de agosto a las 10:30hs, día en que sesiona el Consejo Superior. Trabajo precario y pandemia En la actualidad, los becarios conforman el 50% de la planta total de investigadores del país. A pesar de estar altamente calificados y ser evaluados constantemente, realizan sus investigaciones en condiciones de suma precariedad, sin reconocimiento de sus derechos laborales: sin un recibo de salario en regla, aportes jubilatorios, aguinaldo, antigüedad, continuidad laboral ni representación formal en los órganos de cogobierno de la Universidad. La posibilidad de contar con una obra social fue obtenida mediante la lucha y el reclamo de los colectivos de becarios, como Jóvenes Cientificxs Precarizadxs, la Asamblea Nacional de Becarixs o la Asamblea de Becarixs UBA, que también logró arrancar la equiparación al salario de un profesor JTP en el caso de la UBA. Durante la pandemia, además, el trabajo de investigación se vio seriamente afectado: las facultades, institutos, laboratorios y bibliotecas se mantuvieron cerrados en algunos casos hasta finales de 2021, el trabajo de campo fue imposible, los cursos de posgrado tardaron meses en poder adaptarse a una modalidad virtual, el trabajo docente se multiplicó en el marco de la virtualidad en un contexto de emergencia y sin que la Universidad se hiciera cargo de los gastos de conectividad, y las tareas de cuidado de familiares e hijos durante el confinamiento sobrecargaron aún más a los becarios madres y padres. A raíz de las luchas de 2020 y 2021, los colectivos de becarios lograron el reconocimiento de estas dificultades y la extensión de las becas de investigación durante un año: así lo hicieron el CONICET, Agencia y la misma UBA. La situación actual A pesar de los reiterados mails, pedidos de reunión, movilizaciones al Rectorado de la UBA y los numerosos apoyos recogidos entre agrupaciones estudiantiles, docentes y decanatos desde principio de año, las autoridades del Consejo Superior se han negado al tratamiento del tema. No es sorprendente de parte del “reformismo” que dirige mayoritariamente la Universidad, una alianza entre sectores del radicalismo y del peronismo de la que provenía el ex rector Barbieri y los recientemente electos Gelpi y Yacobitti. Se trata de los mismos que sostienen el funcionamiento de la UBA sobre la base del trabajo gratuito de miles de mal llamados “ad-honorem”, que niegan la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo en la Universidad y los derechos laborales a los becarios desde hace años. Por otro lado, el congelamiento de la planta estatal decretado por Batakis y los recientes recortes millonarios en el presupuesto para educación, salud y obra pública llevados a cabo por Massa, en consonancia con el ajuste pedido por el FMI, auguran mayores recortes y constituyen un ataque directo del gobierno contra la comunidad educativa y la clase trabajadora en general. Desde la agrupación Naranja Tendencia de docentes e investigadores universitarios convocamos a todos los becarios y a la comunidad educativa a apoyar esta lucha, a promover la organización colectiva y a fortalecer una perspectiva política clasista, independiente de los gobiernos y los partidos patronales.

El lunes 29, en la plaza principal de Santiago del Estero, se concretó una concentración que reunió a centenares de personas para reclamar justicia por el crimen del niño Marito Salto. Junto a los familiares de Marito, se hicieron presentes varias organizaciones sociales y políticas, entre ellas Política Obrera. Ese día se debían producir los alegatos en el marco del juicio oral contra nueve sospechosos de haber sido autores o partícipes en diferente grado del crimen. Marito era un niño de 11 años de la localidad de Quimilí, ubicada a 200 km de la ciudad de Santiago. Había salido con su bicicleta el 31 de mayo del 2016. A partir de ese momento no se lo volvió a ver, hasta el 2 de junio de ese año, cuando se lo encontró descuartizado en bolsas de residuos. Las pericias indicaron que previo a su muerte por desangramiento, había sido drogado, violado, asfixiado y torturado. La organizaciones concentradas decidieron movilizarse hacía la Casa de Gobierno. Cuando la movilización hacía su recorrido por la Av. Belgrano, fue bloqueada con vallados, camionetas, autos y motos de la Policía provincial. Frente a ello se decidió marchar por calles aledañas hasta el Palacio de Tribunales. Cuando la manifestación llegó a ese punto, la Justicia informó que se suspendía la iniciación de los alegatos ya que uno de los integrantes del tribunal se encontraba enfermo. Con esa novedad, los familiares de Marito intentaron ingresar al tribunal pero le fue impedido por la policía, que a su vez reprimió a los manifestantes. Luego de la represión policial, se concretó un acto. Allí los familiares de Marito expusieron su dolor y bronca. Todo el accionar del gobierno y la Justicia en estos años ha sido obstruir con maniobras de todo tipo para que esta causa quede impune, como ha ocurrido con el crimen de Raúl Domínguez (trabajador de Rentas), Tino Farías o Franco Isorni (gatillo fácil), entre otras tantas causas. Ha sido la movilización popular la que visibilizó el caso Marito e incluso lo hizo trascender en los medios nacionales, lo que permitió que la causa se moviera y hoy haya nueve sospechosos acusados. Desde Política Obrera llevamos nuestro absoluto apoyo a la lucha por el pedido de justicia por Marito Salto y todos los casos impunes. Denunciamos la represión sufrida en la manifestación y remarcamos la importancia de mantener la movilización unitaria para arrancar efectivamente las condenas a los autores materiales del crimen y a sus encubridores.

Las auditorías a los planes sociales será un nuevo terreno de batalla entre los desocupados y el Estado. El objetivo del gobierno es sacar a las organizaciones sociales de las calles y llevar adelante un recorte de los planes. Algunos medios hablan de 400 mil planes menos. Es una pieza del plan de ajuste del ´superministro´ Massa, acorde a los dictados del FMI. Estas auditorías estuvieron precedidas por una intensa campaña persecutoria hacia las organizaciones piqueteras, cuya principal vocera fue CFK, quien se refirió a la ´tercerización´ de la asistencia social y reclamó que ésta estuviera bajo el control de los intendentes y sus aparatos punteriles. La pelea que se desarrolla en las calles por el derecho al trabajo y al alimento tendrá ahora un nuevo capítulo en los barrios, que es adonde irá el Estado a poner la lupa. El gobierno lleva adelante esta pelea en acuerdo con la oposición macrista. Por esa razón, el ministro de Desarrollo Social Zabaleta se reunió con los intendentes del conurbano, oficialistas y opositores, para coordinar la implementación de las auditorías en cada distrito. Los gobernadores también se han sumado a la campaña, reclamando para sí el manejo de los planes sociales. Las fuerzas políticas que pretenden ser auditoras, sin embargo, se encuentran ellas mismas desfilando por los tribunales de Comodoro Py y exponiendo la podredumbre de sus aparatos políticos –es el auditor quien debe ser “auditado”. Las auditorías no tomarán nota de las necesidades sociales que existen en esos mismos barrios. Por caso, las necesidades habitacionales ni las viviendas en condiciones precarias. No se tomará registro de la falta de guarderías y refugios para mujeres. Tampoco se labrarán actas sobre los comedores que se necesitan poner en pie ni sobre los puestos de trabajo que necesitan abrirse. Las demandas del conjunto de los trabajadores del barrio estarán ausentes en las auditorías. Desde el Polo Obrero Tendencia llamamos al conjunto de trabajadores de los barrios a transformar las auditorías del Estado en una movilización contra el Estado. Es decir, en asambleas para exigir todos los reclamos pendientes de los trabajadores precarizados y sus barrios, comenzando por el derecho al trabajo. El control de los recursos arrancados al Estado por los desocupados debe pasar por la deliberación de las asambleas y cuerpos de delegados, no por el Estado ajustador. Llamamos a poner en pie una gran campaña en los barrios para organizar los reclamos y derrotar el ajuste del gobierno.

La puja por los vallados en torno del departamento porteño de Cristina sirvió para pasar a segundo plano otra crisis –la que comienza a tejerse en torno de la devaluación del peso y sus consecuencias inflacionarias devastadoras para la población trabajadora. A través de un audio, el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, tuvo que desmentir la versión de que el gobierno anunciaría una devaluación este jueves. El trascendido fue lanzado por el kirchnerista Verbitsky, el mismo que se cargó a Ginés García después de sacar a la luz el vacunatorio VIP. Pero en este caso, nadie se escandalizó: es que la devaluación de la moneda está en la agenda de Massa-Rubinstein y de todo el gran capital, después del evidente fracaso de los intentos oficiales por posponerla. En los últimos meses, economistas de toda laya repitieron como loros que una devaluación sólo resultaba viable en el marco de un ajuste fiscal y de un ingreso previo de divisas. El cimbronazo cambiario que hoy se discute, sin embargo, no es porque ese plan “preparatorio” haya funcionado, sino más bien por lo contrario. La devaluación selectiva para el agro -´dólar soja´- resultó un fiasco, como los otros incentivos para que los capitalistas ingresen dólares. El gobierno ha logrado comprar divisas sólo después de reforzar el cepo a las importaciones y de desalentar al mercado paralelo subiendo la tasa de interés. A cambio de ese magro resultado, impuso un ´frenazo´ recesivo a la actividad económica, que se redoblará con los recortes a la obra pública y a los gastos en educación y salud. De todos modos, este ajuste de gastos es irrisorio al lado de la emisión necesaria para “honrar” la deuda del Tesoro y la del banco Central. Pero el mayor de los fracasos del “pretendido” plan Massa es el intento de lograr un préstamo internacional, que no apareció por ningún lado. Los eventuales prestatarios han reclamado garantías leoninas, teniendo en cuenta la fantástica desvalorización de la deuda argentina. Ahora, le han invertido la secuencia a Massa: la condición para un préstamo es la previa devaluación de la moneda. Los funcionarios discuten si debe estar acompañada o no por un desdoblamiento cambiario, y ese es el acuerdo que Massa gestionaría los próximos días con el FMI en Estados Unidos. Ese ´consenso´ en torno a la devaluación es el pasaporte para que el FMI apruebe la “segunda revisión” del acuerdo, el cual, en lo que respecta a la “acumulación de reservas”, el gobierno no tendrá condiciones de cumplir. Rodrigazo La discusión devaluatoria tiene lugar cuando las estimaciones de inflación para agosto se ubican entre un 6,5 y 7%, tirando abajo la versión de que julio dio un índice alto a causa de los “cambios de gabinete”. Pero una inflación que se calcula entre el 100 y 110%, incluso antes de cualquier devaluación, hace mover la estantería de los que están pergeñando el horizonte devaluatorio. Algunos observadores estiman que el 60% de los precios “todavía siguen como referencia al dólar oficial” –si ese dólar se lleva a 200 pesos, “la inflación pasará a contabilizarse en dos dígitos mensuales” (Infobae, 30/8). Principalmente, una devaluación golpearía sobre los precios de los alimentos. En septiembre y octubre, además, se pondrán en vigencia las nuevas tarifas de gas y luz para todos aquellos que no cuenten con tarifa social. Una devaluación encenderá una mecha sobre la deuda en pesos que está ajustada al dólar o a la inflación, y planteará un “reperfilamiento” que se hace cuesta arriba para un régimen político fracturado. Es natural, por ello, que la devaluación agite el avispero de la interna oficial –de allí, el destape de Verbitsky. El kirchnerismo teme al fantasma de la rebelión popular y a que la demolición del “plan” económico oficial arrastre a todas las facciones del gobierno. Por cierto, las contradicciones en gestación son más fuertes que la “unidad peronista” que se teje adentro de los vallados de la Recoleta. El escenario hiper inflacionario que desataría una devaluación sacudirá al conjunto del movimiento obrero, desde los trabajadores bajo convenio hasta los precarizados y desocupados. Por lo pronto, ya existen hoy un conjunto de paritarias que se encuentran en crisis, porque la carestía en ascenso se ha adelantado por mucho a las “cuotas” pactadas por las burocracias sindicales. Por ese motivo, hay huelgas docentes en ocho provincias y conflictos en puerta en varios sindicatos industriales, como ocurre con la rama siderúrgica de la UOM. Indirectamente, la cuestión salarial también rodea a la lucha del sindicato del Neumático, por el pago al 200% de las horas extras de los fines de semana. El precario equilibrio que las patronales, la burocracia sindical y el gobierno -a través de las conciliaciones obligatorias- intentan sostener, en medio de la actual carestía, sería definitivamente barrido por una devaluación en regla. Desde hace algún tiempo, el gobierno viene meneando su “salida” salarial para el caso de un rodrigazo: un aumento de suma fija que patee para el 2023 cualquier otro reajuste paritario, ello, cuando los precios y tarifas redoblarán su marcha al compás del dólar. La burocracia sindical discute su apoyo a este paquete en un marco más amplio, donde se incluye a las quebradas obras sociales de los trabajadores. La CGT reclama un socorro financiero para ese vaciamiento y, en simultáneo, un régimen de recorte de las prestaciones. Al ajuste de los salarios, la burocracia le añade otro ajuste en la salud obrera. El gobierno ya ha puesto en marcha un parte de ese recorte, en lo que respecta a las prestaciones para las personas con discapacidad. ¿Qué nos indica el escenario que tenemos por delante? El escenario superinflacionario que sucedería a una devaluación planteará, a la escala de todo el movimiento obrero y piquetero, la cuestión de la huelga general, es decir, de una acción obrera decidida en defensa del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. La necesidad de una huelga indefinida se anticipa, por otra parte, en las luchas que se encuentran en curso, y que han agotado la instancia de los paros parciales. Pero la huelga general está fuera del horizonte de la burocracia sindical, la cual, en sus diferentes vertientes, ya está discutiendo con el gobierno cómo hacerle tomar al movimiento obrero la cicuta de una devaluación. La necesidad de una huelga general para enfrentar el rodrigazo que se viene plantea, con más fuerza que nunca, la necesidad de un congreso obrero impulsado por organizaciones de lucha, activistas y delegados.

En medio de los dimes y diretes respecto de quién vigila las inmediaciones de su departamento porteño, Cristina Kirchner recordó sus tiempos de convencional constituyente y declaró que “tenemos que repensar la autonomía porteña”. De esa manera, expresó su disgusto por el control que la policía de Larreta ejerce sobre los manifestantes que rodean su casa. Por primera vez ha saltado a la superficie el conflicto de poder que implica someter al gobierno nacional y sus acciones a la vigilancia de la fuerza de seguridad de la Ciudad. Por cierto, la presidenta se acordó muy tarde de “repensar” la autonomía porteña. No recordó, por ejemplo, que la creación de la Policía de la Ciudad -entre fines de 2016 y comienzos de 2017- contó con el apoyo cerrado del pejotakirchnerismo en la Legislatura porteña. En ese momento, se transfirieron a la Ciudad las funciones fundamentales que ejercía la Policía Federal en la calle, por caso, el control de las manifestaciones populares. Ocho años antes, bajo el gobierno de la propia Cristina (2008), el kircherismo había avalado la creación del “germen” de la policía porteña, bautizada “Metropolitana”. O sea que Cristina, desde el poder del Estado nacional, en 2008, le otorgó un estatus represivo propio al gobierno derechista de la Ciudad. Ya con Macri en el gobierno nacional, sus legisladores lo refrendaron en 2016. La renuncia a la autonomía en materia de “seguridad” constituyó una formidable concesión al macrismo. Tuvo lugar en medio de un conjunto de acuerdos más amplios, que incluyeron la venta de tierras públicas en Liniers, Barracas y Palermo a la medida del grupo IRSA. Ningún fiscal ha husmeado sobre esta “asociación ilícita”, que estuvo por encima de la ´grieta´. Naturalmente, Cristina no lo “repensó” en aquel momento, y por una razón muy simple: por entonces, la flamante policía porteña no se encargaba de manifestantes K en la Recoleta, sino de piqueteros, vecinos sin techo, docentes o trabajadores de la salud. En el plano económico, la transferencia de las funciones de seguridad a la Ciudad comportó un gran ajuste, ya que la CABA no recibió fondos en proporción a los efectivos transferidos. Por esa razón, la “función seguridad” en el presupuesto porteño fue cubierta a expensas de ajustes en otras áreas. La transferencia policial coincidió con una caída estructural en la participación de los rubros de Educación y Salud dentro del presupuesto de la Ciudad. Este ajuste demostró, por otra parte, que la autonomía porteña -consagrada en la Constituyente de 1994- no tuvo como propósito una elevación de derechos a la población de la Ciudad. Por el contrario, la descentralización obedeció a una tendencia reaccionaria general, consistente en trasladar gastos sociales a las provincias para concentrar los recursos del Estado nacional en el cumplimiento de la deuda con el capital financiero. La Constituyente de 1994, que sesionó en los tiempos de Menem-Cavallo, sirvió en el plano económico a este propósito reaccionario. Los Kirchner aprobaron este rumbo en la convención de Santa Fe. Ya desde el gobierno nacional, en 2007-2015, impulsaron entusiastamente esta autonomía con cuño fondomonetarista. Y no fue sólo la policía: también le cedieron a la CABA el control del subte, para que Macri-Larreta se ensañaran con las conquistas de sus trabajadores. Ahora, y después de unos cuantos años, el kirchnerismo ha bebido de su propia medicina. La policía de Larreta, creada con el aval de los K, reprimió a los manifestantes que se acercaron a la casa de Cristina. Sin embargo, no hay indicios de que Cristina siga “repesando” demasiado la autonomía. Por lo pronto, Anibal Fernández parece haber pactado un orden de cosas con su par porteño D´Alessandro. Los dos saben muy bien que la Policía de la Ciudad deberá volver a sus tareas corrientes, cuando las manifestaciones de desocupados, de trabajadores que reclaman la reapertura de sus paritarias, de deudores UVA, de las organizaciones de discapacitados que denuncian el recorte de sus prestaciones y muchos otros reclamos, pueblen las calles de la Ciudad. El ajuste de Massa necesita a los ´cruzados´ de Larreta en sus puestos, no en la Recoleta. En todos esos menesteres, Aníbal Fernández tiene mucho para enseñarles a los represores porteños.

La empresa Emova del grupo Roggio ha plasmado en acta que pretende poner a circular las formaciones Nagoya 5000 en la línea C. Estás formaciones fueron parcialmente desasbestizadas. Pero la pintura que se usó para ocluir el interior, donde hay asbesto en las paredes de la formación, se descascaró antes de haber dado una sola vuelta con pasajeros. Por ello, los trabajadores de la línea rechazan trabajar con estas formaciones. Completar el saneamiento del asbesto requeriría sanear las instalaciones, limpiar industrialmente y filtrar el aire. La compra de nuevas formaciones libres de contaminantes es la solución de este problema. El Gobierno de la Ciudad ha presupuestado la compra de 25 unidades para la línea B, pero ha presentado papeles para adquirir sólo 16. Las líneas que tienen coches contaminados son la B, C y E. La línea A está afectada en este problema porque ha cedido parte de sus formaciones para que circulen, en línea C, los coches chinos CNR. En la última inspección conjunta de la formación “P” Nagoya 5000 con la participación del sindicato, la empresa y la policía del trabajo (dependiente del gobierno de la ciudad) no se llegó a un acuerdo. El sindicato rechazó las condiciones de la formación para circular por la línea, la empresa insistió en que está en condiciones y la policía del trabajo dijo que le falta información. La empresa, para echar leña al fuego, está presionando a los afectados por asbesto que se encuentran de licencia especial a retomar tareas antes de haber terminado de quitar el contaminante en los sectores donde trabajan. Además, ha presentado un plan de mantenimiento a los delegados de talleres donde se tercerizaría el mantenimiento general. Un vaciamiento acompañado de la polifuncionalidad, eliminando sectores de trabajo. La respuesta obrera El rechazo de los compañeros de tráfico C a trabajar con los Nagoya 5000 ha generado realineamientos a su favor. Por caso, el rechazo de los trabajadores de tráfico H al traslado de afectados a su línea, el reclamo de compra de formaciones para la línea B, la retención de tareas en el taller Rancagua y otros sectores. Pero la campaña de agitación contra la circulación de los Nagoya 5000 ha llegado a un punto de inflexión. La maniobra que prepara la empresa para enfrentar esta situación es poner a circular las formaciones con personal de ATO (seguridad operativa fuera de convenio). Una resolución del conflicto a favor de los trabajadores no depende de meros argumentos volcados en una mesa de negociación, sino por la determinación de parar la línea y recabar el apoyo de las otras. Las 3 muertes de compañeros y los más de 66 afectados por el contaminante son un argumento más que contundente en defensa de la salud y la vida de los trabajadores. Se hace más necesaria que nunca una asamblea general de línea C con trabajadores de Tráficos y talleres para votar el pliego íntegro de reclamos y un plan de lucha de todo el subte. Se aproxima una salida de fuerza para obligar al gobierno de la ciudad a implementar una compra de formaciones nuevas y hacer retroceder a las provocaciones y apretadas de la empresa. El nuevo contrato de concesión con subsidios por kilómetro recorrido no puede ser a costa de la vida y la salud de los trabajadores.

La legislatura de Río Negro aprobó con premura la modificación de la ley 3308 que protege al Golfo San Matías de toda actividad petrolera. La norma prohibía expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos, para el transporte de hidrocarburos y sus derivados,y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. La modificación se debe a que YPF volvió a presentar un proyecto de construcción de un oleoducto que podrá transportar 360.000 barriles de petróleo e incierta cantidad de gas por día, desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, un puerto de 250 hectáreas en el Golfo San Matías. Implicaría una inversión de 1.260 millones de dólares. Ya en 1995, YPF, en proceso de privatización, había propuesto un proyecto similar para el transporte de hidrocarburos de producción rionegrina. Las cifras en barriles eran menores y el puerto para exportarlos era San Antonio Este. La movilización popular lanzó la campaña Golfo Azul-Golfo Negro e YPF retiró el proyecto. En 1999, Repsol compró el 17% de las acciones que aún eran del Estado y, simultáneamente, se promulgó la ley Lasalle, que lleva el número 3308/99, que ahora ha sido modificada. Esa modificación requiere de una segunda votación para que tenga fuerza de ley y consiste en otorgarle al gobierno rionegrino la ampliación de facultades sobre el transporte de combustibles líquidos y/o gaseosos por ductos. Exactamente lo demandado por los pulpos petroleros. El nuevo oleoducto, en su recorrido de 545 kilómetros, usaría el territorio de otro oleoducto, Oldelval, Oleoducto del Valle, con participación de Pampa Energía, de los Mindlin, que transporta hidrocarburos de la cuenca neuquina al Puerto Rosales en Bahía Blanca. Por otra parte, el nuevo puerto de Punta Colorada en el Golfo San Matías sería declarado zona franca. La reacción de la población no se hizo esperar. Se lanzó la campaña “Defendamos nuestro Golfo, la 3308 no se toca”. El rechazo se sostiene en que la actividad petrolera implica inexorablemente derrames y, en consecuencia, contaminación. En 1991 un derrame en la península de Valdés produjo un desastre ambiental y en 2008, en Caleta Córdoba, hubo otro derrame que implicó la muerte de la vida marítima (peces, plancton, etcétera) por cientos de kilómetros, afectando la producción local pesquera. Se plantea el antagonismo entre la pesca y el petróleo. El golfo San Matías tiene dos actividades productivas: la pesca y el turismo. El oleoducto y el puerto afectarían a ambas. Las áreas protegidas del lugar son irrespetadas por el proyecto. Se teme que las grandes tormentas patagónicas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, produzcan daños sobre los oleoductos y derrames por cualquier lado. El pasivo ambiental que genera la industria petrolera es enorme y nunca es compensado por las empresas. Mientras la declaración de la Cumbre Climática plantea que hay que bajar el consumo mundial de hidrocarburos para el 2030, al mismo tiempo se invierten 1.260 millones de dólares en este proyecto. Muestra la futilidad de esas reuniones internacionales. El proyecto de Hidrógeno Verde, presentado desmedidamente por los gobiernos provincial y nacional como la transición energética, duerme el sueño de los justos. Llamamos a conformar asambleas, a tomar conciencia del daño ambiental que se generaría con este proyecto que enriquecería a los grandes intereses capitalistas,en estos momentos de crisis mundial que han convertido al gas y al petróleo en botines de guerra.

Al culminar el denominado Mes de las Infancias, es bueno recordar el siguiente balance para la niñez rosarina: 100 niños heridos y 39 niños muertos en lo que va del año. De los primeros, 18 son menores de 15 años, de los segundos 19 son menores de 15 años, incluidos tres bebés, según el Observatorio de Seguridad Pública (Aire Digital, 20/08). Desde el 2013, fueron asesinados 192 niños y menores, según los datos del Ministerio Público de la Acusación (Política Online, 07/08). En el contexto actual de nuestro país, el 48% de los niños y adolescentes son pobres y el 20% de ellos sufre privaciones severas, como vivir en zona inundable, basural y no haber ido nunca a la escuela. El Conicet observa un detrimento de la calidad de vida en el país y en la provincia de Santa Fe en particular. Las esperanzas de subsistencia son mínimas o negadas, entonces, formar parte de las bandas ligadas al menudeo de droga es la única esperanza de ocupación. “Cada vez más observamos la presencia de menores en las bandas a partir de los 13/14 años” (Pablo Socca, fiscal del MPA). Los menores son empleados como sicarios, bunkeros o tira tiros; mueren por quedar en medio de balaceras o víctimas de ajustes de cuentas. A esto hay que sumarle las consecuencias materiales y emocionales de los niños, que deben transitar por la muerte o por la prisión de sus familiares involucrados en actividades ligadas al narcotráfico. Para ello no hay respuesta de parte de los gobiernos municipal y provincial. Las escuelas y los diferentes centros públicos de atención a la niñez así lo refieren. La demolición de las condiciones de vida de la población trabajadora y la descomposición social se profundiza en todo el país, en paralelo con la transferencia de las divisas a los especuladores y capitalistas de toda laya. Estos datos son una expresión más de la barbarie capitalista que se desarrolla frente a nosotros. Los trabajadores debemos enfrentarla mediante una lucha integral contra este Estado, cuya disolución pone en debate la necesidad de la organización de la sociedad sobre bases socialistas a través de un gobierno de trabajadores.

Este lunes 29 y martes 30, la docencia de Almirante Brown se vio conmocionada por un nuevo ataque a jardines de infantes del distrito, por denuncias de supuestos abusos. Un grupo de personas atacó a los docentes del jardín 904 y del jardín 959, ambos de la localidad de Glew, donde golpearon a los docentes y realizaron una permanencia promoviendo un linchamiento de los acusados. Acompañando al grupo, un móvil de Crónica TV permaneció durante varias horas en las puertas de los jardines. Mientras en las afueras del jardín 959 un hombre relataba a la televisión que en la reunión del lunes no alcanzó a agarrar al docente acusado, y que si lo agarraba lo “iba a matar, adentro las y los docentes debieron permanecer encerrados durante varias horas y tuvieron que escapar para no ser alcanzados por este grupo. Se ha hecho moneda corriente en el último tiempo la agresión física a docentes de jardines y escuelas, que son promovidos independientemente del proceso judicial. En la abrumadora mayoría de los casos, los docentes acusados resultan absueltos. Empalma con el ataque sistemático hacia los trabajadores de la educación que emana desde el poder. Nuevamente, en Glew, como en los casos anteriores, las docentes están reclamando que las denuncias se investiguen, en primer lugar, por la protección de los niños, a fin de concluir si sufrieron o no abuso, y en caso de haber existido en qué ámbito (escolar, familiar, etc.), y en segundo lugar, por el derecho a la defensa que deben tener los docentes acusados como cualquier individuo. Ante estos hechos empezó a extenderse en las escuelas la idea de parar. Luego, por la noche, SUTEBA y FEB anuncian un paro distrital para el 31 de agosto, bajo el lema “¡Basta de violencia en las escuelas!”. Los linchamientos a docentes no ocurren solo en Alte. Brown, sino que ya se ha convertido en un "modus operandi" en toda la provincia de Buenos Aires, pero el SUTEBA atomiza los conflictos en cada distrito. Aunque el paro fue masivo en Almirante Brown, la dirección del sindicato se negó a darle algún tipo de continuidad. La lucha por la integridad física de los trabajadores de la educación deberá necesariamente abrirse paso mediante asambleas y comités autoconvocados, que tengan como perspectiva el desarrollo de una huelga general por esta y todas las reivindicaciones salariales y laborales.

La justicia de la ciudad de Buenos Aires levantó una audiencia que había convocado a raíz de amparos presentados por personal de enfermería, por entender, según expresa la resolución, que la parte sindical (Sutecba, ATE y UPCN) junto al Gobierno de la Ciudad lograron resolver los reclamos de los amparos, con la creación de un acta acuerdo paritaria. La audiencia había sido convocada como respuesta a los amparos presentados entre 2018-2019 por la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE), por discriminación del personal de salud en el proceso de sanción de la ley de trabajo para el personal de salud de la Caba (6035). Esta ley, del 2018, reúne a todas las disciplinas con la excepción de enfermería, bioimágenes e intrumentacion, que se rigen por la ley 471 de los empleados municipales. El acuerdo ha tomado forma de acta paritaria, según indica la resolución del juzgado que levantó la audiencia. Fue escrito por la dirección de Sutecba y el gobierno porteño, a espaldas de los trabajadores y de la mayoría de los delegados de base del gremio. Las características del acuerdo fueron informalmente difundidas por los participantes de la mesa de salud que convocó la burocracia. Ese acuerdo -mal llamado "carrera profesional CAME"- es un ´refuerzo´ salarial, ni siquiera una equiparación, con el agravante de que hace diferencia entre el personal que es licenciado y el que no, aunque desempeñen las mismas tareas. Ese ítem, de unos $7.000 para los no licenciados y de 20.000 para los licenciados, se suma a salarios de indigencia. Por otra parte, el reconocimiento profesional de Enfermería entraña otras cuestiones, como la posibilidad de hacer carrera en el escalafón de Salud, actualmente vedada para enfermeros y enfermeras, que son mayoría. “Operación: levantar la audiencia” No hace muchos meses, el personal de enfermería se levantó cuando el gobierno comenzó a desmontar el esquema de atención por pandemia, reforzando la explotación del escaso personal de planta. El cierre de contratos "temporales" de dos años de Larreta-Quirós fue enfrentado por las y los trabajadores, lo que significó el pase a profesional de una cuarta parte (aproximadamente 1.000) de los contratados mediante concurso abierto (una maniobra para que Sutecba arme parte de la lista de ingresos). Pero esto no alcanza. El personal vive una situación límite de cansancio, producto de jornadas larguísimas, por horas extras -módulos- o pluriempleo, empujado por la miseria salarial, cuando la jornada diaria no debería superar las 6 horas. La situación salarial eclosionó cuando Enfermería fue discriminada en el pago de un bono otorgado al personal de salud de la ley 6035. Las asambleas autoconvocadas en cada hospital crecieron y lograron triunfos parciales, pequeños y grandes, como licencias por descanso o el pase a planta de decenas de compañeros. Todos logros, al margen del tamaño del triunfo, de un valor organizativo y político incalculable. Sutecba convocó a asambleas en todo el sistema de salud y una semana después a un paro general, cuando en las asambleas comenzaba a plantearse la huelga general, es decir, ininterrumpida. Sutecba pidió -y logró- levantar la audiencia porque los amparos presentados por ALE presentan enormes límites detectados por el propio activismo que vio en la convocatoria, más que una salida, una oportunidad para iniciar un proceso de organización nuevamente. Para el reconocimiento de toda la Enfermería es necesario comenzar por un aumento general del salario mínimo, igual al costo de la canasta familiar. Acabar de ese modo con el régimen de módulos y pluriempleo. Incorporación de un nuevo turno y el fortalecimiento de personal de las estructuras actuales –en algunos casos, se está trabajando a razón de un enfermero cada 20-40 pacientes-. La promoción y estímulo de estudios para lograr la licenciatura de la mayoría del personal en horario laboral debe ser sostenido con becas económicas. Este programa plantea la unidad de toda Enfermería y plantea la necesidad de un nuevo convenio de trabajo único para Enfermería y todo el personal de salud, estatal, público y laico. Rechazar la estafa de la carrera trucha y la miseria salarial de las cúpulas de Sutecba, ATE y UPCN en los hospitales con asambleas de base, con los delegados o autoconvocadas, etc., debe ser el primer paso para retomar la movilización.

Esta quinta semana de paro docente ha debutado en Rosario con una gran movilización conjunta de estatales y docentes que agrupó a cerca de tres mil compañeros. Junto a ellos se sumaron las organizaciones sociales que vienen reclamando alimentos y trabajo genuino, frente a la situación de miseria que se vive en los barrios de Rosario. Por primera vez docentes de los departamentos de zona sur de la provincia, en particular de las delegaciones de oposición de AMSAFE Caseros y de General López, marcharon junto a los de Rosario; también los privados del SADOP; los docentes universitarios de la UNR, agrupados en COAD. Los estatales provinciales de ATE Rosario (incluidos los trabajadores del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria) y de los profesionales de la Salud del SIPRUS. Los estatales de UPCN, pararon pero no movilizaron. Este paro de esta semana y la marcha fueron conquistas de un movimiento de lucha, frente a direcciones como las de ATE provincial y UPCN que son un obstáculo a la movilización conjunta. De la misma manera, el derrumbe de la dirección de AMSAFE Provincial abrió el camino a esta lucha común. Sin embargo, en la plaza, también afloraron las limitaciones de las direcciones de los gremios, enrolados en la CTA(A) y los del MSR (Movimiento Sindical Rosario), que se limitaron a denuncias, en algunos a exhortar al gobierno a que atienda los reclamos, o a pedido de renuncias a los ministros de Educación y de Hacienda Agosto y al pedido al gobernador Perotti para “que cambie”. Nuestra organización distribuyó una declaración donde planteamos “Docentes y estatales necesitamos una huelga general para ganar” y fue el eje de nuestra pancarta, mostrada varias veces en la TV.

Falleció a los 91 años Mikhail Gorbachov, último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y secretario general del Comité Central del Partido Comunista desde 1985 hasta 1991. Durante su gobierno, Gorbachov fue el promotor de las medidas más osadas en la restauración del capitalismo –el imperialismo lo condecoró con un premio nobel a la Paz en 1990 por “dar fin a la guerra fría”-. No obstante, debió renunciar en 1991, luego de la crisis política que devino en la disolución de la URSS. En Prensa Obrera, en una nota de Luis Oviedo, puede leerse la siguiente caracterización: “Apenas llegado al poder, Gorbachov firmó con Reagan un conjunto de tratados armamentistas que convirtieron a Estados Unidos en la única potencia nuclear capaz de una iniciativa estratégica. Junto con esto, establecieron una serie de acuerdos para ‘resolver los conflictos regionales’, es decir, para acabar con las revoluciones sociales y los levantamientos nacionales en América Central, Sudáfrica y Medio Oriente. En este cuadro, cuando la burocracia sostenía que su política tendía a “acabar con las barreras que separan a ambos sistemas”, era claro que no sólo se refería a las ‘barreras exteriores’ (la revolución mundial y la carrera armamentista), sino también a las ‘interiores’, es decir, a la planificación económica y a la propiedad estatizada” (4/7/1996). Las reformas fundamentales de Gorbachov fueron la “glasnot” y la “perestroika” que combinaron un gigantesco proceso de privatización de empresas, desmantelamiento de las conquistas sociales de la revolución y, al mismo tiempo, el intento de preservar una burocracia parasitaria y en descomposición. Se convertía a los gerentes, administradores o burócratas económicos de los grandes grupos empresariales de la Unión Soviética en titulares formales de sus empresas. La “apertura democrática” reforzaba las atribuciones del presidente, mantenía incólume todo el aparato de la KGB (la policía política del Estado) y sostenía la impunidad de sus crímenes. Un intento bonapartista que fracasaría sin atenuantes. El escenario de la “perestroika” comportó un descomunal retroceso económico de la URSS, que pasó de competir palmo a palmo con EE. UU. a convertirse en una economía “tercermundista”. Los niveles productivos se desplomaban, la inflación alcanzaba los tres dígitos, la agricultura sufría un desastre ecológico y las masas se empobrecían aceleradamente. La clase obrera respondería con importantes huelgas en toda la URSS. Estas reformas vinieron a confirmar lo que ya Trotsky caracterizó tempranamente en su texto “La revolución traicionada”: los privilegios inestables de la burocracia usurpadora exigían un régimen jurídico y político que otorgaran garantías a la propiedad privada. Gorbachov se trazó ese derrotero, bajo la envoltura de la transparencia y la “apertura”. En ese período, la inmensa mayoría de la izquierda mundial se debatió en un apoyo franco a la perestroika de Gorbachov y la reivindicación de lo que consideraba la “democracia socialista”. El Partido Obrero en aquel entonces dijo “la perestroika es antisocialista” (28/1/1987), reivindicando la lucha del trotskismo y la IV Internacional contra las tesis de “socialismo en un solo país” o “socialismo con democracia”. Caída de Gorbachov y de la URSS En marzo de 1991, Gorbachov convocó un referéndum en torno de la continuidad de la Unión Soviética y el 78 % votó a favor. En agosto de 1991, se produjo un intento de golpe de Estado de la KGB a Gorbachov, que marcaría el fracaso inexorable de la “perestroika". Sería el quiebre político definitivo de la burocracia de la URSS. El Partido Obrero fue la única organización política argentina que convocó a una movilización y un acto contra el golpe: “el golpe no está dirigido contra Gorbachov sino a imponer por métodos terroristas los planes pro-capitalistas que éste no pudo llevar adelante por la resistencia de los trabajadores y los pueblos de la URSS”. Prensa Obrera registró que “La izquierda mundial se dividió frente al golpe. Una parte —como Fidel Castro— apoyó a los golpistas, calificándolos como ‘salvadores del comunismo’, al que identificaban con la KGB; otros, como el SU, se pusieron del lado de Gorbachov y Yeltsin, a los que identificaban con la ‘democracia’.” (12/7/2007). Estamos ante el mismo problema político y metodológico planteado con la actual guerra de la OTAN y Rusia, cuando una parte de la izquierda se identifica con la burocracia de los servicios de inteligencia, en nombre del antiimperialismo, y otra parte se alinea en el campo de la OTAN, en nombre de la “democracia”. La historia se repite como tragedia, teniendo en cuenta las actuales amenazas de una hecatombe nuclear mundial. En diciembre de 1991, Gorbachov renuncia como presidente y se proclama la disolución de la URSS, emitiendo el siguiente comunicado: “Dada la situación creada con la formación de la Comunidad de los Estados Independientes, ceso mi actividad como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por consideraciones de principio. Se ha impuesto la línea de la desmembración del país y de la desunión del Estado, lo cual no puedo aceptar. Además, estoy convencido de que resoluciones de tal envergadura deberían haberse tomado basándose en la voluntad expresa del pueblo (es decir, un referéndum). El destino quiso que cuando me vi al frente del Estado ya estuviera claro que nuestro país estaba enfermo. Hoy estoy convencido de la razón histórica de los cambios iniciados en 1985. Hemos acabado con la Guerra Fría, se ha detenido la carrera armamentista y la demente militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo y nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto” (5/12/1991). Gorbachov dejaba trazada la ruta de la restauración, algo que el conjunto de los personeros del imperialismo le reconocería hasta su muerte. Restauración capitalista y barbarie La pretensión de una integración “pacífica” de los ex Estados obreros al mercado mundial fue brutalmente desmentida por las tres décadas que siguieron. La “apertura al mundo” señalada por Gorbachov inició una transición mundial caracterizada por nuevas guerras (Yugoslavia, Afganistan, Irak, Siria), masacres, hambrunas y bancarrotas económicas. Los “baños de sangre” que Gorbachov dijo querer evitar sucedieron a una escala mayor. La perspectiva de un capital “mundializado”, integrando a los ex Estados obreros, se trasmutó en la acentuación de todas las contradicciones del capitalismo en declinación. La invasión de Rusia a Ucrania, el hostigamiento militar y económico sistemático de la OTAN y el imperialismo norteamericano sobre Rusia demuestra una continuidad de esa transición, pero acentuando su porvenir catastrófico y su pretensión última de aplastar al proletariado mundial. La prolongación de un régimen social agotado históricamente plantea, con mayor vigencia que nunca, la cuestión de la revolución socialista.

En el marco del mal llamado "paro del transporte" -un lockout impulsado por las cámaras empresariales en el área metropolitana-, los estudiantes, sobre todo los del turno vespertino, nos vemos seriamente afectados en nuestras cursadas desde hace más de dos semanas, en un conflicto que promete prolongarse. Mientras lleva adelante un ajuste multimillonario en Salud y Educación, el Gobierno viene cediendo en toda la línea ante las patronales del transporte. Hace pocos días desembolsó 3.100 millones de pesos a las empresas en parte de pago de la deuda de subsidios que reclaman para destrabar este conflicto. Mientras ajusta a los trabajadores, el Gobierno cede en toda la línea al reclamo patronal, incluido el tarifazo del 40%. El lockout patronal puso de manifiesto otro problema, que es la falta de planificación que existe sobre el sistema educativo, aun tras dos años de pandemia. No ha habido inversiones en materia de conectividad virtual, aún cuando a los docentes se les impone implementar esta modalidad de manera alternada. Las becas Progresar no son para todos los estudiantes y son de montos miserables, que no alcanzan a cubrir ni siquiera el gasto de un servicio de Internet. Son muchos los docentes y estudiantes que por las distancias entre los institutos donde se dictan las clases y sus hogares se ven afectados por esta medida. Frente a este problema mayúsculo para los estudiantes, el Centro no ha impulsado ninguna iniciativa, ni una asamblea para debatir, dejando a docentes y estudiantes sumidos en el caos generado por el lockout. Un planteo posible es que cada vez que no haya servicio de colectivos -algo que parece va a prolongarse en el tiempo- se dicten las clases virtualmente. Por ejemplo, en este caso, el turno vespertino debería cursar íntegramente virtual mientras se sostenga el paro patronal. El colegio debe asegurar a estudiantes y docentes los recursos informáticos para ello. Los estudiantes en asamblea -convocada por el Centro o autoconvocada- tenemos que debatir cómo defender la continuidad pedagógica y el cumplimiento del abordaje de los contenidos de las planificaciones educativas, frente a este atropello sobre nuestros derechos por parte de una patronal parasitaria que extorsiona por subsidios y nada dice acerca de sus ganancias.

La minera canadiense Pan American Silver Corporation ha decidido suspender sus operaciones en lo que respecta al Proyecto Navidad, en Chubut. Lo dio a conocer la semana pasada por medio de la rescisión del contrato de cerca de 30 trabajadores. La empresa les comunicó que se debía a que Pan American levantaría todas sus operaciones de la Argentina por “falta de aval político”. Esta “falta de aval” se refiere al impasse del proyecto de zonificación minera impulsado por el gobierno de Arcioni debido al chubutazo de diciembre del año pasado. Más tarde, la empresa se rectificó y planteó que no se iría del país, sino que “reestructuraría sus operaciones en Chubut” (Clarín, 22/08). Esto quiere decir que clavó su aguijón a los trabajadores de la zona, generando discordia, con el fin de presionar al gobierno provincial y nacional. La prensa se hizo eco de estas afirmaciones. Clarín creyó corroborar esta tesis en los dichos en off de una “fuente con conocimiento del tema”, que le susurró que Cristóbal López sería el responsable por haber boicoteado el proyecto el año pasado. Por lo tanto, estamos frente a la “reestructuración” del Proyecto Navidad, la cual, como veremos, cuenta con un gigantesco esfuerzo de todos los partidos patronales en el poder y del régimen político en su conjunto, para maniobrar frente a la resistencia que han mostrado los trabajadores de Chubut. Un breve repaso El Proyecto Navidad se encuentra en la zona sur-occidental del Macizo Norpatagónico. Por la edad de esta formación geológica, el macizo es un sitio donde yacen restos fósiles de dinosaurios y otras especies. El potencial de conocimiento que este sitio puede aportar a la historia del mundo y de nuestra especie, incluyendo nuestras primeras formaciones sociales, es enorme. La zona específica donde se emplazaría la minera, el departamento de Gastre, en el centro-norte de Chubut, posee un yacimiento de plata, plomo y cobre repartido en diferentes islotes. Por la disposición de los minerales, en la superficie de la tierra, su extracción se hace con el método de la minería a cielo abierto. La separación del mineral del resto de la materia que se desecha requiere un tratamiento químico que contiene cianuro. La conciencia de la importancia del patrimonio cultural de la zona y del hipotecamiento de las condiciones de vida que significa esta actividad minera fue la fuente de energías para la lucha contra la minería contaminante, cuyos antecedentes se remontan a Esquel en 2003 y de cuyo seno surgió la ley 5.001, que prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización del cianuro. Durante los últimos dos años, el gobierno del massista Mariano Arcioni, con el fin de ensayar una salida a la quiebra financiera del Estado provincial, orientó su política en torno de dos ejes: la reestructuración del Estado provincial (ajuste salarial, precarización laboral, despidos) y el proyecto de zonificación minera. La zonificación minera fue justificada por todo el establishment (funcionarios y empresarios) con el argumento de que esta otorgaría “autonomía financiera” a la provincia. Una contradicción flagrante cuando, por otro lado, esta misma dirigencia permitía despidos en el área privada (textil y pesquera) y reducía salarios de los trabajadores estatales. La resistencia tanto al ajuste como al proyecto de zonificación confluyó en una importante rebelión, que terminó con la derogación del proyecto de la ley de rezonificación a tan solo una semana de ser votada, en diciembre de 2021. La crisis política en la provincia llegó al punto de la atomización, generándose rupturas en los bloques tanto del FdT como de JxC. La resistencia en las calles fue la que liquidó a la fugaz ley de zonificación, no el boicot de Cristóbal López. Es cierto que un sector del PJ -“el de Comodoro”- se oponía, pero no a la megaminería, sino a las “regalías” que esta dejaba a la provincia. Es decir que estaban contra el proyecto, no contra la megaminería. Las mismas declaraciones del magnate del grupo Indalo así lo atestiguan, cuando afirmó el año pasado que la discusión pasaba por “cuál es el beneficio para la provincia”. El “factor Massa” y la “burguesía minera” La designación de Flavia Royón, una agente de las megamineras y lobbista del litio, en la Secretaría de Energía, fue acompañada por una serie de iniciativas del ´superministro´ Massa en la dirección de incentivar la inversión en el área de minería. Al ser uno de los rubros de exportación más importantes de la economía, el ministro busca “robustecerlo” con el fin de aumentar el flujo de dólares que ingresan al país. Se ha activado la discusión sobre los presupuestos mínimos de protección ambiental en el Código Minero; se han entablado conversaciones con el embajador chino Zou Xiaolí y se prepara un decreto para el sector, que le permitiría liberar dólares por hasta un 25% de las exportaciones, si las empresas cumplen con determinados requisitos. El más importante de todos ellos es la “presentación de programas de empresas para desarrollo de proveedores locales, en las provincias o regiones donde se desempeña la compañía” (ambito.com, 28/08). Este requisito está en línea con las afirmaciones acerca de la construcción de una “burguesía minera” escuchadas de boca de los funcionarios del área. El nuevo ministro busca promover el método de las “UTEs” (Unión Transitoria de Empresas), es decir, de la asociación de capitales locales con capitales internacionales. Todo este programa, sin embargo, se encuentra en duda por la crisis que están atravesando los monopolios mineros con la subida de sus costos de producción. Maniobra El viernes pasado, la justicia de Chubut citó a indagatoria a un grupo de activistas que se manifestaron en contra del ajuste y de la ley de zonificación minera. En el Congreso Nacional, se trabaja en la reglamentación de los presupuestos mínimos de protección ambiental, con el fin de “destrabar” los proyectos mineros. En el ejecutivo de la provincia se trabaja en un método de reparto de la renta minera entre capitales internacionales y locales, que termine con las peleas hacia adentro de los bloques patronales. Todo el régimen político trabaja cerrando filas y maniobrando contra los trabajadores. La suspensión de las operaciones de Pan American Silver solo es un interregno que anuncia una nueva ofensiva, que esta vez contará con el apoyo de todos los partidos patronales y del establishment local. Pero antes que nada, todo este andamiaje que intenta construirse deberá pasar por el tamiz de la crisis internacional y, más importante, de la resistencia de los trabajadores de Chubut. El gobierno nacional se dispone a un salto en la depredación del capital en aras de “honrar la deuda”. La defensa de la naturaleza, que no es más que la defensa de las propias condiciones de existencia de la humanidad, solo podrá ser lograda uniendo y organizando a toda la clase obrera detrás de un gobierno de trabajadores que tenga como prioridad el trabajo y la vida, y no la renta.