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Febrero de 2022

1 de febrero de 2022 · 138 notas

Notas de este número

1 de febrero de 2022
Gran iniciativa de lucha en el Hospital Moyano

Una veintena de trabajadores de distintos servicios se congregaron en el hall central para iniciar una caravana de agitación y protesta dentro y fuera del hospital, en un recorrido que pasó por el hospital Borda, el Tobar García y finalizó con una asamblea en el hospital Rawson donde funciona también el centro de salud Nro. 10. Para la semana que viene, preparan nuevas medidas. Distintos pabellones se han unificado por la falta de personal, teniendo que trasladar a todas las internadas para que haya supervisión y atención mínima. Es que el hospital ha superado el 50% de ausentismo por contagio de Covid. Los trabajadores denuncian que no pueden hacer las tareas habituales y las que surgen de un cuadro exponencial de suba de contagios. El personal del Moyano, como también del Borda y los contratados, atienden además la unidad febril de urgencia (UFU) de la zona. Sin personal para hacer el protocolo de ingreso (triagge) o para relevar al personal de enfermería de turno en turno, los trabajadores han iniciado una nueva lucha. El pliego de reclamos se completa con la exigencia de insumos de calidad; mejoras en el mantenimiento del hospital; un bono de fin de año que contemple la pérdida salarial de las paritarias a la baja firmadas por Sutecba y Médicos Municipales. Por último, plantean nuevas paritarias que actualicen los salarios apuntando a la defensa de un mínimo igual al costo de una canasta familiar. Como parte de un plan de lucha y organización que ha surgido hace dos semanas producto del colapso del hospital, los trabajadores hicieron una recorrida servicio por servicio, dejando panfletos con las reivindicaciones y derechos que se les exigen al gobierno de la Ciudad frente al cuadro crítico que denuncian los trabajadores. Se dieron intensos debates con los trabajadores de enfermería de distintos pabellones y también del servicio de médicos clínicos. La actividad, continuó con una caminata hasta el playón del hospital Borda, donde se realizó una agitación que interpeló a usuarios y trabajadores, sumándose algunos para continuar por la puerta del hospital de salud mental infantil Tobar García hasta llegar al Rawson. Aquí los trabajadores desarrollaron una nueva agitación para los pacientes y trabajadores, donde se explicó la crisis que atraviesa el régimen sanitario y se repudió el acuerdo de deuda con el FMI, que plantea una profundización del colosal ajuste contra el pueblo y contra la salud pública en particular. También se hicieron escuchar las reivindicaciones del personal suplente de guardias que comenzaron a organizarse por sus derechos a partir de ser discriminados del pago del magro bono de fin de año. Reclaman también el derecho a licencias pagas por enfermedad. Una delegación de los autoconvocados suplentes ha comenzado a participar de las asambleas y acciones de lucha que han propuesto los trabajadores del hospital Moyano organizados en la Asociación Gremial Interdisciplinaria (Agihm) y la junta interna de ATE-Moyano. La jornada finalizó resolviendo una nueva asamblea de organización para el próximo miércoles a las 9:30 horas. Como parte del plan de lucha se planteó la posibilidad de iniciar retención de tareas de una hora, lo que facilita la participación en las asambleas. Por Covid y vacaciones aún falta sumar a muchos compañeros. Sutecba, que se encuentra en una contienda de camarillas por los cargos de gerencia de enfermería en el Moyano y también en la maternidad Sarda, se mantiene ausente y de espaldas a los trabajadores. La lucha rinde, y suma nuevos aliados a su paso, de todas las profesiones, de distintas formas contractuales y de los distintos hospitales. El camino para avanzar en nuestros derechos es la unidad de todos los sectores de salud para derrotar la fragmentación, que funciona como ancla de la precarización general. Frente al ajuste que sufrimos los trabajadores, y que se agravará con el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo, en el hospital Moyano estamos de pie.

1 de febrero de 2022
La crisis de poder avanza varios casilleros

A fuerza de repetir que “no será otro Chacho Álvarez”, Cristina Kirchner y los suyos han terminado anotándose en la fila del ex vice de De la Rúa, que es la misma que han seguido los gobiernos de todos los defolts de la Argentina. En un documento publicado en estas páginas hace sólo diez días atrás, señalábamos que “La bancarrota financiera de un estado se encuentra asociada siempre a una crisis de poder”. ( https://politicaobrera.com/6340-lineamientos-para-el-debate-sobre-situacion-nacional ) Paradójicamente, la desintegración del gobierno del Frente de Todos se ha acelerado después que el tándem Fernández-Guzmán anunciara un acuerdo con el FMI. Pero si eso ocurre, es porque el acuerdo no tiene condiciones para superar la cesación de pagos, que en el mejor de los casos sólo postergaría durante dos o tres años y a costa de agravar todas las contradicciones de la bancarrota argentina. Justamente en estas horas, otro especialista en quiebras nacionales, Domingo Cavallo, puso la lupa en el otro default en puertas -el de la deuda pública en pesos, que se redoblará explosivamente con la suba de las tasas de interés y la política de emisión "cero", ambas reclamadas por el Fondo. En el medio, la coalición de los Fernández deberá rematar lo que le queda de autoridad política con tarifazos, devaluaciones y recortes sobre los salarios y jubilaciones. Este es el fardo con el que los Kirchner no quieren cargar, aún cuando del otro lado de la calle los espera un vacío político: a las pocas horas del acuerdo anunciado el viernes pasado, Lula y otros progresistas continentales saludaron sin vacilaciones el “temple de Alberto”. Los amigos continentales de Cristina no se saldrán del escenario armado por el capital financiero, al cual han “honrado” sin vacilaciones cuando gobernaron. Pero lo mismo vale para los Kirchner, pagadores seriales de la deuda defolteada en 2001 y revalorizada por los canjes de 2005 y 2010. El propio acuerdo con el FMI estuvo siempre en la agenda los K y del Frente de Todos. Los K apenas pretendían otro tipo de arreglo: uno que rigiera durante veinte años, y estirara la devolución del préstamo de Macri a costa de un régimen de coloniaje económico, no ya durante una década, sino durante toda una generación. Apostaron también a una gestión del G20 para reducir los cargos extraordinarios del préstamo a Argentina, la cual no tuvo destino. En la carta de renuncia a la presidencia de su bloque, Máximo K reivindica, además, “su apoyo a la reestructuración de la deuda privada”, sin quita de capital y con intereses leoninos, que La Cámpora votó con las dos manos en el 2020. El fracaso de todas estas tentativas de salida del defolt y la subsiguiente descomposición del gobierno, son la expresión política de una desintegración de las relaciones sociales capitalistas, que se manifiesta en un tendal de deudas públicas y privadas de carácter impagable. Vaciamiento El portazo de Máximo K ha dejado al acuerdo con el FMI y al régimen político que depende de él, balanceándose sobre una cuerda muy delgada. Si el gobierno insiste en refrendar el acuerdo en el Congreso, debería buscar un pacto con el radical-macrismo y el pejotismo, siempre y cuando los primeros aceptaran actuar como rescatistas de un barco a la deriva. La alternativa de un acuerdo reducido a los Larreta y a los Morales es también improbable: el declive del gobierno ha avanzado demasiado como para que los “dialoguistas” de la otra vereda se jueguen por la "gobernabilidad". Por todo lo anterior, el gobierno está buscando gambetear al Congreso, con el argumento de que sólo se estaría aprobando una “refinanciación”. Si lo consigue, el acuerdo con el FMI se convertirá en el decreto de un gobierno fracturado, con el solo apuntalamiento de la burocracia sindical y de algunos gobernadores. El acuerdo, que ya era precario en términos económicos -porque no evitaba un nuevo y próximo default- también será endeble en términos políticos. Así las cosas, la perspectiva de subir la cotización de la deuda argentina y recuperar el crédito –ansiada por toda la burguesía argentina- se torna más improbable. La cuestión del poder está colocada con toda su fuerza. En los bordes del arco político, los lenguaraces se confiesan: Milei ha sugerido “explorar la variante del default”, una forma sinuosa de pedir la caída del gobierno y rediscutir la hipoteca argentina sobre otra plataforma política. El movimiento obrero La burocracia sindical, en todos sus pelajes, ha sido una impulsora férrea del acuerdo con el Fondo. Antes de ello, colaboró en el monumental ajuste perpetrado en estos dos años contra los salarios y jubilaciones. Ahora, la fractura del gobierno, ni duda cabe, revolverá el avispero de los sindicatos obreros, multiplicando el campo de maniobras "por arriba" y la deliberación "por abajo". Con seguridad, aparecerán los “críticos del acuerdo” a lo “Cristina-Máximo”. O sea, rumiando las “inconveniencias” del mismo, pero sin interferir en su aplicación -es el sentido "patriótico" de la carta de renuncia del propio Máximo K. En el plano sindical, esto se expresará en declaraciones "críticas", por un lado, y en la pasividad frente a los agravios contra la clase obrera, del otro. El kirchnerismo político y sindical, en suma, quiere preservar su capacidad de maniobra contra cualquier acción independiente de la clase obrera. Ello, frente al agravamiento de la crisis social que augura el plan fondomonetarista, y la crisis de poder planteada por el desmoronamiento de la coalición de gobierno. En ese cuadro, convocar “a la acción” a los socios del ajuste y el pago serial de la deuda es una vía muerta. El activismo obrero y los luchadores tienen la gran tarea de abrir una deliberación sobre la crisis planteada por el default económico y político del gobierno. Promovamos un congreso obrero que prepare un plan de acción por las reivindicaciones amenazadas y le oponga, al régimen del hipotecamiento nacional y la agresión a los explotados, la lucha por un gobierno de trabajadores.

1 de febrero de 2022
Santiago del Estero (Termas de Río Hondo)
Nati Jiménez

El 4 de enero del nuevo año se procedió a la detención de Leonardo Sánchez, director de ANSES y ex presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Termas de Rio Hondo, por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. El 30 de diciembre pasado se formalizó la denuncia de abuso por parte de su propia hija biológica, Abril, de 17 años, abusos que la víctima sufría desde los 14. Al presunto abusador y padre de la víctima se lo detiene en su lugar de trabajo y es aislado en el centro Covid de la ciudad por ser un paciente positivo. En este momento, permanece detenido en una seccional policial de Termas. Sánchez es un personaje conocido en Termas, no solo por su actual cargo en el Anses, o el anterior en Concejo Deliberante, sino por haber organizado la entrega de pensiones “truchas” en la última campaña electoral en apoyo a la fórmula Zamora-Neder. El hecho fue descubierto y se transformó en un escándalo que incluso trascendió nacionalmente. Apenas Sánchez fue detenido se inició una campaña difamatoria contra la víctima en redes sociales, por parte de trolls del gobierno y en los medios afines al oficialismo, tratando de caratular la denuncia como acto extorsivo y hasta “político”. A esta campaña se sumaron funcionarios, solidarizándose con el acusado. También se agregaron muchos de los que estuvieron involucrados con la entrega de pensiones “truchas”. El 28 de enero tomó estado público el pedido de la defensa del acusado de cambio de carátula como abuso sexual simple, lo que fue rechazado por la querella. Las pruebas de las violaciones serían irrefutables. Todo el poder político en Termas y en la provincia han cerrado filas en defensa del abusador. Santiago es una provincia con una historia de casos resonantes de crímenes e innumerables hechos aberrantes de abusos, acciones del narcotráfico y las redes de trata, los cuales, a pesar de las denuncias y pruebas, han quedado en la nada. Pero también es la provincia donde la lucha contra la impunidad ha generado enormes movilizaciones populares. Es el caso de los crímenes de Leyla y Patricia, conocido como los crímenes de la Dársena, y que terminó en el 2004 con el gobierno juarista. Las denuncias contra Sánchez han causado el repudio y la indignación de todo un sector de la población termeña. Es necesario impulsar una asamblea popular y definir un plan de movilización sistemática hasta arrancar la condena del violador y de todo el gobierno y régimen encubridor de Termas. Ante estas maniobras criminales es que las mujeres que luchamos por las víctimas de todo tipo de abuso, nos tenemos que organizar en defensa de cada una de las mismas, no permitir el encubrimiento político explicito, evidente, manifiesto de todas formas posibles y arrancar al gobierno la justicia que corresponde a cada caso. Desde nuestra organización abrazamos a las víctimas y a sus familiares, las rodeamos de solidaridad. Exigimos justicia por Abril y por todas las víctimas de abuso sexual de nuestra ciudad. Exigimos cárcel común y condenas ejemplares para los abusadores. Basta de encubrimiento político. Basta de impunidad.

1 de febrero de 2022
Comodoro Rivadavia: festival por la reincorporación de Iván Marín al diario “El Chubut”

Alrededor de 100 personas se acercaron a plaza Kompuchewe de Comodoro Rivadavia, este domingo 30 de enero, al festival por la reincorporación de Iván Marín al diario “El Chubut”. Marín fue despedido a finales de diciembre último por luchar contra la zonificación minera en la provincia. El evento comenzó con una descripción de la causa a cargo de Mónica Baeza, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Comodoro Rivadavia. Luego Zulma Usqueda leyó un documento especialmente escrito para la ocasión por el Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Abrieron la intervención artística Martín Damián y Alakrán Márquez. A los que luego se sumaron los raperos L´niro y Axioma y la banda Efecto Mandela, que cerró la jornada pasada las 22:30. Además, compañeros de la localidad impulsaron una rifa para aportar al fondo de lucha por la reincorporación. Periferia Sonido, un colectivo de artistas vinculado a la música urbana, en especial el rap, se encargó del sonido del evento. El festival duró aproximadamente 3 horas. Además de leer adhesiones de otras organizaciones en solidaridad con la causa, también tomaron la palabra Alejandro Bassi en representación del PSTU y Emilse Saavedra por el MST. Por su parte, en su discurso Marín recordó que el 20 de diciembre se desarrollaron movilizaciones en todas las localidades de la provincia contra la megaminería, y que en ese marco se dio la concentración afuera del diario “El Chubut” que terminó con el incendio de una parte de su edificio. Agregó que en esa oportunidad tomó el megáfono para denunciar no solo que el medio es parte del lobby minero sino también los magros sueldos de sus trabajadores y el maltrato a los empleados, en especial a las compañeras. “De alguna manera el Chubutazo está anticipando lo que va a ocurrir en el resto del país porque así como el gobierno de Arcioni descargó la crisis sobre el pueblo chubutense, el gobierno de los Fernández-Fernández, con la complicidad de la oposición patronal de Macri, va a descargar la crisis sobre el pueblo trabajador argentino porque de alguna manera va a haber que pagar el acuerdo con el FMI”, señaló. Además, destacó que “nosotros queremos poner la campaña por mi reincorporación al diario "El Chubut" al servicio de seguir desarrollando el Chubutazo porque mientras no se resuelvan las razones que dieron vida a la crisis que hay en Chubut, que no es solamente la megaminería sino la situación de precarización que vive el pueblo en general, el Chubutazo sigue abierto”. Finalizó proponiendo tareas inmediatas para el presente: la campaña por el desprocesamiento de los luchadores sociales y la realización de asambleas populares y congresos obreros para reagrupar al activismo que se encuentra disperso y discutir un programa de salida a la crisis. Durante esta semana se harán las presentaciones en la justicia laboral exigiendo la reincorporación de Marín y próximamente se anunciarán nuevos festivales, en el marco de la campaña para seguir visibilizando la lucha.

1 de febrero de 2022
Gray y los Fernández encubren la destrucción del humedal Laguna de Rocha
Leo Benitez

A través de una nota enviada en los primeros días de enero al presidente Alberto Fernández, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó el otorgamiento de otro predio para Racing, que ocupa 64 hectáreas de la reserva natural y mixta Laguna de Rocha, en el sur del conurbano. En marzo de 2020, como presidente del comité de gestión para la protección del humedal Laguna de Rocha, el mismo Gray habilitó en forma precaria y con la oposición de los activistas ambientalistas, los emprendimientos inmobiliarios del club sobre la reserva natural. El kirchnerismo, a través de algunas organizaciones ambientales, salió a felicitar a Gray por la nota y pidió a Axel y Alberto “ahora sí, cuidar la reserva". Sin embargo, se trata de un operativo de encubrimiento político de un proceso de privatización de los humedales y del suelo urbano en beneficio del capital inmobiliario. Un régimen dominado por la especulación inmobiliaria El 23 de junio de 2020 Racing Club anunció la construcción de un conjunto de emprendimientos sobre los terrenos de la reserva natural integral y mixta Laguna de Rocha. En la publicación se adjuntaba la nota enviada por el Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (FdT), a la Corte bonaerense, habilitando las obras. Estas obras -que abarcaban la construcción de un edificio central y cinco canchas- estuvieron paralizadas por una medida cautelar presentada por una agrupación ambientalista, luego de que los terrenos fiscales fueran cedidos por Néstor Kirchner en 2009 y que en 2013 la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense cedieran varias hectáreas a Racing Club y Boca Juniors. Las organizaciones ambientalistas se enteraron por los diarios de la maniobra del Intendente Gray para habilitar este negocio inmobiliario millonario. Hecha la ley, hecha la trampa En mayo de 2013, apenas cinco meses después de sancionada la ley 14.488 que declara Reserva Natural a la Laguna de Rocha, la misma fue modificada por la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense a través de otra ley norma que recortaba el área protegida y cedía 64 hectáreas a Boca Juniors y Racing Club para construir hoteles, instalaciones deportivas y una docena de canchas de fútbol. Boca Juniors cesó su proyecto al conseguir terrenos en el municipio lindero de Ezeiza. Pero Racing avanzó, generando un desmonte de graves proporciones. En 2015 la Corte dictó una medida cautelar por considerar inconstitucional la modificación de la ley para ceder las 64 hectáreas. Sin embargo, en noviembre de 2016, dando lugar a la apelación de Racing Club, la Corte mandó a realizar una pericia sobre los proyectos que se pretendían construir sobre la Laguna y, según el resultado, levantar o mantener la cautelar. El propio Intendente Gray, representante de los intereses del capital inmobiliario, es quien hasta la actualidad preside el mencionado Comité. El zorro cuida el gallinero El Intendente Gray, mediante una nota enviada a la Corte de la Provincia, habilitó finalmente el "plan de obras y evaluación del impacto ambiental” con el argumento de que las organizaciones ambientales le habían dado el visto bueno a Racing para la construcción del "Centro Deportivo Néstor Kirchner". Pero las propias organizaciones ambientalistas salieron a despegarse de la maniobra fraudulenta del Intendente Gray porque “el plan de obras y el Estudio de Impacto Ambiental de Racing no fue discutido, ni siquiera informado y menos circulado a la consideración de las tres agrupaciones ambientalistas presentes en la última reunión del Comité”. La escandalosa habilitación desnudaba, por un lado, el íntimo entrelazamiento existente entre el capital inmobiliario y el poder político, y por otro, el completo abandono del Estado hacia las barriadas populares, la falta de obras públicas y de vivienda popular. Gray actúa como representante de una orientación política y social de privatización del suelo urbano y del lucro mediante la especulación inmobiliaria, mientras los barrios populares se inundan regularmente y crece cada vez más la necesidad de vivienda popular. Pero le teme a las movilizaciones contra la entrega de hectáreas de la reserva a Racing. Ahora, Grey solicita que se le otorgue un nuevo predio y no denuncia el relleno ni el desmonte que produjo. Tampoco exige que se reparen los daños ambientales producidos desde el inicio de los emprendimientos. El kirchnerismo, luego de aspirar a imponer candidato propio en el distrito, ahora encubre a Gray, simplemente porque el contenido social de su programa es idéntico: la continuidad de los negociados inmobiliarios. No estamos en presencia de ningún giro de Gray en su orientación política fundamental de proteger jugosos negocios inmobiliarios y beneficios al capital, que es un pilar del régimen político municipal, provincial y nacional.

1 de febrero de 2022
Salud en CABA: suplentes de Guardia en lucha
Sofía Juárez

Personal de salud de todas las especialidades que se desempeñan como suplentes de guardia de la CABA, se están organizando para acceder a los mismos derechos del personal de planta permanente. Con el enorme nivel de contagio entre el propio personal de salud, las autoridades municipales del gobierno utilizan al personal suplente de guardia, así como a los contratados, como rueda de auxilio para sostener las guardias colapsadas de hospitales y centros de salud. Trabajando codo a codo con el personal de planta y titulares de las guardias, desarrollan las mismas tareas, pero sin sus derechos laborales y con salarios inferiores. No cuentan con la posibilidad de participar en la discusión por la paritarias y no tienen derecho a enfermarse -de hacerlo no pueden presentarse a trabajar y por lo tanto no perciben ninguna remuneración. Con respecto a las vacaciones, solo se les reconoce un proporcional que suele ser mucho más bajo que el del personal titular de guardia. Tampoco se respeta antigüedad, ya que los contratos se renuevan cada dos años. En diciembre del año 2021 se estableció desde el GCABA que el bono destinado al personal de salud sería de 25 mil pesos, en dos cuotas divididas entre enero y febrero. El monto del bono, de por sí, resulta una falta de reconocimiento al trabajo realizado por parte de quienes pusieron el cuerpo a la pandemia de COVID19. Pero todavía es más grave la situación de los suplentes de guardia, quienes sorpresivamente no fueron contemplados para el pago de dicho bono, incluso cuando anteriormente habían recibido este tipo de retribuciones. Esto fue la gota que rebalsó el vaso y echó luz sobre un cuadro general de precarización del personal suplente de guardias. La pandemia ha detonado el conjunto de las contradicciones del sistema sanitario, que a lo largo de las últimas décadas se ha degradado como consecuencia de la fragmentación y precarización laboral. Ello ha significado un retroceso profundo para la calidad de la atención y también en las condiciones de trabajo. Por eso, la gestación de un movimiento autoconvocado de suplentes de guardia, reclamando derecho a vacaciones, acceso a las ART, a ser reconocidos/as por las tareas desempeñadas, a la antigüedad laboral, está ligado a la lucha más general de los trabajadores contratados, personal de planta y el conjunto del equipo de salud por la defensa de los derechos laborales y por la vida.

1 de febrero de 2022
¡Liberación para el camarada Alexander Hall y demás socialistas detenidos!

En la tarde de este lunes 31 de enero de 2022, ante el tribunal del municipio 10 de Octubre, La Habana, fueron detenidos varios manifestantes quienes protestaban contra los juicios que se realizan a varios participantes del 11 de julio. Entre los detenidos por manifestarse contra los juicios se encuentra el camarada Alexander Hall quien forma parte del Comité Editorial de Comunistas, entre otros militantes de la izquierda crítica. Otros miembros del Comité Editorial de Comunistas han sufrido cortes de internet lo cual retrasó la publicación de este comunicado. A las 23:00 horas de Cuba los miembros del Comité Editorial de Comunistas no tenemos información certera de dónde se encuentran los detenidos. Estas detenciones solo agravan una tensa crisis política que empezó el 27 de noviembre de 2020 frente a las puertas del Ministerio de Cultura, salió a las calles de Cuba el 11 de julio y ha echado a andar. Por ahora, el Gobierno cubano es quien podrá definir el rumbo de esta crisis política. En las crisis económicas y políticas se radicalizan la lucha de clases y en consecuencias las posiciones revolucionarias. Agradecemos profundamente la solidaridad que de inmediato fue desplegada por varias organizaciones marxistas a nivel internacional. Es una sincera preocupación y no la que comenzará a divulgar Estados Unidos y sus medios imperialistas, los cuales intentarán sacar rédito de estos sucesos. Ni a la derecha ni al imperialismo le interesa el bienestar de la clase trabajadora cubana. Solo la clase trabajadora libera a la clase trabajadora. ¡Exigimos la inmediata liberación de las detenidas y detenidos, especialmente la del camarada Alexander Hall y el resto de los miembros de la izquierda crítica que fueron arrestados! ¡Ni contrarrevolución, ni burgueses, ni burócratas restauracionistas-capitalistas! ¡Socialismo y Libertad! ¡Hacia el Comunismo!

2 de febrero de 2022
Una posición socialista frente a una crisis terminal

Mientras el avispero político tiene puesta la atención en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados del FdT, las habas se cuecen por otro lado. Calificado por la prensa financiera como un hecho excepcional, el FMI se ha visto obligado a rendir cuentas de urgencia, ante los bancos de inversión y las calificadoras de riesgo, por el acuerdo provisorio firmado con Argentina. Tuvo que explicarles, informa La Nación (2.2), que “no están dadas las condiciones para una estabilización rápida”, que es lo que reclaman quienes representan a los fondos acreedores de Argentina. Traducido al lenguaje corriente, esa “estabilización” es la condición para que valoricen los títulos de deuda de Argentina, que esos fondos tienen en su poder. Como se ve, el FMI ha tenido que salir a responder al ‘fuego amigo”. Es precisamente lo que hizo el funcionario en cuestión, que puso énfasis en dos compromisos de parte de los Fernández: “una reforma de fondo de subsidios a la energía” y la aprobación del programa con el Fondo por parte del Congreso nacional. El día anterior, la secretaría de Energía reclamó en la audiencia pública un aumento de tarifas del 35 por ciento, mientras que las petroleras subían la nafta en casi un 10 por ciento. El corte de los subsidios a las empresas de luz y gas es una parte sustancial del mencionado plan de “estabilización”. Si nos atenemos a esta declaración de impasse por parte del FMI, Máximo Kirchner podría haber cometido un error de ‘timing’ con su renuncia, al no prever que el acuerdo podría terminar en el cajón de los recuerdos, nada menos que por una crisis al interior del mismo FMI. El compromiso de Argentina con el Fondo, por otro lado, debe pasar todavía por el escrutinio del directorio del organismo. Para el Financial Times, quien ayer “alertó por la crisis en el Gobierno”, en el día de hoy presentó las cosas desde otro ángulo: “el FMI tiene que pensarla de nuevo” (2.2), concluye terminante en su editorial. En este marco, el macrista Gabriel Lopetegui, ex director del FMI, luego de advertir que el programa no termina con la inflación, recuerda, en Clarín (2.2), que “en el Fondo todavía falta para cerrar el programa”. JxC enfrenta ahora la disyuntiva de si debe votar, en el parlamento, un programa que enfrenta resistencias públicas en el oficialismo de Argentina y en la banca de inversión que decide en el FMI. La crisis financiera luce más grave, en cierto modo, ahora que cuando ‘sarasa’ Guzmán corrió a pedir socorro al FMI para evitar, ha dicho AF, “una corrida cambiaria”. A la luz de estos desarrollos, el eje de la crisis en Argentina no pasa por el “carácter colonial” del acuerdo con el FMI, como por el estallido de todas las contradicciones históricas que han llevado al gobierno ‘nacional y popular’ a pedir el rescate del Fondo y a legitimar un endeudamiento manifiestamente ilegal contraído, por tramos, en 2018/9. El alcance de la crisis política La renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en Diputados no es, en primer lugar, un acto de ruptura o rebeldía sino de acomodo. Su denuncia del FMI, lejos de clara, es sinuosa, pues se refiere a sus “errores y abusos” y los califica de “irracional e inhumano” –que no apela a “razones” sino a la “fuerza”. Más allá de este vericueto infantil, añade, sin embargo, dos cosas más serias; la primera: “Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno”. Vamos con el FMI, entonces. Es, inequívocamente, una declaración anticipada de voto a favor del acuerdo, con independencia de que la prensa opositora especule con lo contrario, o de lo que haga el bloque de la Cámpora, en definitiva. El planteo tiene, además, una inadvertida caracterización política, pues, al referirse al “entorno” del Presidente, convierte al gobierno de gabinete en un gobierno dividido en camarillas. Esto es lo que seguramente llevó a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, a distanciarse en forma violenta de Máximo Kirchner, y a Ferraresi a desistir de la marcha contra la Corte. El gobierno ha quedado loteado entre una fracción albertista y otra kirchnerista –el ministro de Interior, De Pedro, y el de Justicia, Mena. Habrá que ver cómo se reproduce esta situación en las provincias, en especial en Buenos Aires, donde la espada anti-Fondo, Axel Kicillof, decidió quedarse del lado del “entorno”. Máximo Kirchner reivindica en su carta haber “(acompañado) como Jefe de Bloque, la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera sin quita de capital”, aunque podría decir lo mismo con el apoyo K a la eliminación de la mayor parte de los gastos por Covid. Esta defensa del pago de la deuda externa es una forma curiosa de justificar su crítica al acuerdo con el FMI. Aquella reestructuración guarda una relación umbilical con el acuerdo con el Fondo, porque de este acuerdo depende la viabilidad de aquel otro. Ante la demora del acuerdo con el FMI, ‘sarasa’ Guzmán canjeó títulos públicos de los fondos Pimco y Templeton en dos ocasiones, de pesos a dólares, al tipo de cambio oficial, un 30% más barato que el paralelo -un desfalco similar al cometido por el macrismo. ‘Sarasa’ alegó que, de lo contrario, los fondos habían amenazado pasarse al dólar financiero y elevar las cotizaciones paralelas. Máximo Kirchner y también, por supuesto, CFK, no quieren asumir las contradicciones de su propia política, y las consecuencias que resultan de ella. La crisis que Argentina atraviesa ahora no se explica por enfoques políticos rivales en el seno del oficialismo, sino por el estallido de esas contradicciones de la política oficial. Lo mismo, bajo una forma un poco diferente, que ocurrió con el gobierno macrista. Por esta razón no tiene salida en el campo oficial, como tampoco la ha tenido en el macrismo. Es el estallido de estas contradicciones lo que explica la crisis antes expuesta entre el FMI, de un lado, y los fondos y bancos de inversión, por el otro. La salida a la crisis será determinada por una lucha que envolverá al conjunto de las clases sociales. Bonapartismo, Congreso, Gabinete y más La votación del acuerdo por parte del Congreso, que es otro de los condicionamientos del FMI, ha quedado en veremos en este escenario político. La analogía de la renuncia de Kirchner (h) a la jefatura del bloque oficial, con la de Chacho Álvarez bajo De la Rúa, consiste en que en ambos casos apuntaron a conservar la continuidad del gobierno de turno –tal como caracterizamos esa renuncia en Prensa Obrera, oportunamente. Ni el Frepaso abandonó el gobierno de la Alianza, donde se mantuvo hasta el mismísimo 20 de diciembre de 2001, ni la Cámpora o la Vicepresidenta abandonan ahora las poltronas respectivas. Es la continuidad que reivindica la carta de Máximo Kirchner y lo que hizo Chacho cuando operó, más tarde, para traer a Cavallo al gobierno. Si la renuncia de Álvarez anticipó la caída de De la Rúa es porque fracasó en su propósito –como también podría ocurrir con la de Máximo. La renuncia ha puesto en crisis la sucesión presidencial del FdT, para 2023, que el kirchnerismo reservaba para el ahora renunciante. Se trata de un factor de fragmentación política fundamental. El oficialismo gobierna en función de las generales del año que viene. Una votación favorable en el Congreso al acuerdo con el FMI, con el oficialismo dividido, remataría una disgregación política inédita, donde la oposición cumple los deberes del gobierno y el oficialismo los de la oposición, Es un terreno ‘ideal’ para que los bancos de inversión fuercen al FMI a “pensarla de nuevo”, y para que el directorio del Fondo dilate la aprobación del acuerdo. En el intermedio ‘pasarían cosas’ –como otra ‘corrida cambiaria’. El gobierno podría recurrir, para aprobar el acuerdo, a la Ley de Administración Financiera, que otorga la autoridad al Ejecutivo. Esto serviría para disimular el acuerdo de hecho que habilitaría semejante maniobra con la oposición. Lo que resultaría de aquí es un gobierno bonapartista, o sea de decreto, amparado en un “entorno”, con un gabinete faccionalizado, dentro de una administración púbica también desmembrada entre facciones. El ‘entorno’ albertista –Manzur, Béliz, el embajador Arguello, Santiago Cafiero, Sergio Massa- es de reconocido cuño pronorteamericano, y ha sido el artífice del convenio de apuro arreglado en Washington con el FMI. Las fuerzas en presencia Una singularidad de la situación es que todas las fuerzas que representan al régimen político actual están de acuerdo con arreglar con el FMI. Todas. Responden a los intereses nacionales e internacionales que operan en el mercado local, cuya consigna es recuperar el financiamiento internacional. Las reformas previsionales, laborales y tributarias las dejan al gobierno de turno, como ha ocurrido en Brasil. Gran parte de esas reformas están en marcha, pero quedan en el tintero desindexar salarios y jubilaciones en un plazo breve, de un lado, para hacer el ajuste fiscal, del otro, para recrear el escenario para la jubilación privada, y por último eliminar los aportes previsionales de la patronal. La burocracia sindical se ha pronunciado hasta el cansancio por un acuerdo con el Fondo –no provisorio, sino integral. Incluso la burocracia de la CTA, de Ctera, de la Corriente Federal y hasta del kirchnerismo ‘autónomo’, como un sector de aceiteros. Por eso han convalidado la presencia laboral de contactos estrechos. Justifican que hay que defender la ‘gobernabilidad’. Por eso también firman paritarias trimestrales, que no reponen la pérdida salarial, sino que pactan en función de la previsión de inflación oficial. Forman un bloque estrecho con la agroexportación, Toyota, Techint, la cámara de la construcción, las petroleras y las mineras. El ultra kirchnerismo desató una campaña fugaz a favor del extractivismo, con el argumento de ganar divisas, en apoyo a la gran minería. A todos estos protagonistas los aterra que la crisis política sea la mecha de una rebelión popular en gestación. Como lo prueban los roces entre bancos y FMI, los enfrentamientos entre la Mesa de Enlace y el Consejo agroindustrial, las divisiones de fondo en el oficialismo y también en el macrismo y el radicalismo, o las peleas dentro de la CGT recientemente reunificada, lo que demuestran es el predominio de los intereses particulares. La burocracia sindical, por caso, acaba de denunciar el ‘default’ del gobierno al incumplir con un compromiso de dinero para obras sociales –o sea que sólo aceptan el ajuste del FMI para los demás. Una política consecuente contra la confiscación de los trabajadores, por medio de la deuda pública y el FMI, debe caracterizar en forma concreta a las fuerzas sociales y políticas en presencia. Los “errores y abusos del FMI”, que señala la carta de Máximo, no son por supuesto una denuncia de la “política colonial”; sostener esto es filo-kirchnerismo. Los planteos del susodicho deben ser denunciados por ‘distraccionistas’ y como un recurso último para salvar del descrédito completo la ‘sarasa’ nacional y popular. Una cosa es el trabajo reivindicativo y político en los sindicatos, otra llamar a la burocracia a que movilice, lo cual es notoriamente una estafa. La consigna es que se pronuncien las fábricas con sus delegados e internas, en torno a un programa de clase –de ningún modo nacionalista. El arma más importante de una política socialista es unificar con un programa y un planteo de lucha y organización a los trabajadores desocupados con el conjunto de la clase obrera. De lo que se trata es de trazar la perspectiva que se desarrolla a partir de la crisis histórica actual. ¿Es acaso una perspectiva de reformas, sindicales o parlamentarias, de luchas aisladas por reclamos ocasionales o particulares? En toda gran crisis se producen luchas de esa naturaleza, como de cualquier otro carácter, que ni siquiera se pueden advertir o inventariar. Pero debido a la perspectiva que se desprende de esta crisis, es necesaria una agitación política, que destaque las cuestiones de conjunto, y que dé una salida a aquellas luchas aisladas, ocasionales o particulares. Entre ellas, la más apremiante es la lucha por la salud y por una política de eliminación del Covid, no solamente de atención de afecciones y muertes. La pandemia se ha transformado en la actividad de mayor lucro en décadas, no sólo para farmacéuticas y medicinales, sino para el gran capital en general, a través de rescates del Estado. Se trata de una lucha de carácter internacional de clases, donde se juega cotidianamente la vida de la fuerza de trabajo. La tarea que corresponde a las perspectivas históricas actuales es la lucha, es decir, la propaganda, la agitación y la organización por un Congreso de luchadores y delegados obreros. Ha sido la consigna histórica que ha guiado a las organizaciones obreras auténticamente socialistas en perspectivas semejantes.

2 de febrero de 2022
Burocracia de CTERA da inicio a una paritaria que no es docente ni nacional

El Jueves 3 se llevará a cabo la primera reunión de la paritaria nacional docente. La paritaria nacional es un foro inocuo, porque no resuelve sino parámetros abstractos, en todos los casos negativos para los trabajadores, que luego tendrán que librar una lucha por separado, provincia por provincia, sin el respaldo de un sindicato nacional. Es un método que favorece a los Yaskys y Baradels, que se encuentran cooptados por los gobiernos peronistas que manejaron el estado nacional en 26 de los últimos 32años, y cuyo status retuvieron en los breves lapsos intermedios. Llamamos a pronunciarnos contra esta farsa, a repudiar sus decisiones y a luchar por un convenio colectivo y una paritaria nacional única, con todas las 24 entidades federales adentro. Salario La CTERA ha difundido que planteará un aumento salarial “que le gane a la inflación”, sin precisar a qué inflación se refiere – pasada, presente o futura, ni a la trimestral o anual, ni tampoco qué porcentaje de aumento significa, y cuánto quedará como no remunerativo. Este salario en negro perjudica la jubilación de los docentes, y favorece el propósito del FMI, de reducir el gasto fiscal vinculado a los trabajadores. La docencia debería recuperar, en primer lugar, lo que ya perdió con la inflación durante todo el período previo. Hace siete años que viene cayendo el salario real. En la actualidad, el salario inicial que fija la paritaria ficticia nacional es de $40.000, la mitad de la línea de pobreza calculada en $76000, y a años luz de la canasta familiar que ronda los $160.000. En 2021, se acordó un incremento salarial del 45,5% en cuotas (gran parte por fuera del básico, o sea en negro, que no computa para jubilación), frente a una inflación anual del 52.3 por ciento. En tanto los aumentos se cobran en cuotas, la inflación sube por minutos, horas, a lo sumo un mes (alquileres, planes de salud). La recaudación inflacionaria del estado es instantánea, en cada operación de consumo. Este es el mecanismo de ajuste que se reforzará ahora mediante tarifazos en los servicios de luz, agua y gas. La burocracia sindical kirchnerista es partidaria de “paritarias cortas” (SUTEBA 31/1/21), a partir de los salarios desvalorizados vigentes. Baradel, en la Provincia de Buenos Aires, ha planteado aumento “bimestrales”, seguidos de una revisión en Septiembre (BAE Negocios 31/1/21). Todo, de nuevo, sin definir un aumento salarial que recupere lo perdido, ni que, en el caso del mínimo, parta del costo de la canasta familiar. Las ‘paritarias cortas’ consolidan el despojo operado por la inflación de la última década, y la remuneración en negro, que es otro ajuste fiscal en línea con el FMI. Para recuperar lo perdido y contemplar la inflación de este año la docencia necesita un aumento general de partida del 60% y un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Rechazamos las sumas en negro. Cuidar la salud y la vida En la reunión paritaria el otro punto central será lo que se llama presencialidad escolar, cuando se trata de la salud y la vida de docentes y alumnos, y de los contactos sociales de unos y otros. El gobierno se ha decidido por el Covid libre y ha desmontado los protocolos de cuidado (aislamiento de contactos estrechos, testeos, etc). El motivo es achicar el déficit fiscal, para promover la suba de la cotización de los títulos de la deuda pública. La vacunación ha sido convertida de salida en encerrona -si estás vacunado te podés contagiar, sin que los ilustres educadores que nos gobiernan se den cuenta de la falacia. Los vacunados se contagian todos los días en todo el mundo. Pero la licencia por enfermedad “perjudica los suministros de las cadenas de producción” y “promueve la inflación”, según los capitalistas. De lo que se trata, entonces, es de ir a laburar como sea. La vacunación entre los estudiantes, de todas formas, está lejos de alcanzarse. Según datos oficiales, falta completar el esquema de vacunación del 31% de los adolescentes entre 12 y 17 años, mientras que entre los niños de entre 3 y 11 años le resta completar el esquema al 51% de ellos. Como el capital es incapaz de resolver las contradicciones que le son propias, la variable de ajuste es la salud y la vida. En el caso de la educación privada, la defensa del lucro hace las veces de la defensa del ajuste fiscal en la escuela pública. Planteamos: el cese de labores localizado donde se produzcan contagios por establecimientos y comisiones de docentes electas de supervisión. Es necesario mantener los protocolos y burbujas, los testeos periódicos gratuitos y la triple vacunación para todos y todas. Para alcanzar una paritaria que se plante con estas reivindicaciones, necesitamos paritarios electos y responsables ante asambleas.

2 de febrero de 2022
Una cortina de humo sobre la Plaza Lavalle

La movilización kirchnerista contra la Corte Suprema tuvo un comienzo curioso: mientras el público reclamaba contra “la dictadura judicial”, la voz cantante del palco era copada por… un juez, el penalista Ramos Padilla. En definitiva, una camarilla judicial se enfrentaba con otra. Por lo demás, hace rato que el Frente de Todes y sus diferentes integrantes han sepultado en vida a la “democratización de la justicia” y otros slogans semejantes. Como expresión de ello, a la Plaza Lavalle sólo se acercaron quienes están en los márgenes del gobierno –como Boudou y D'Elía. Los diarios destacaron la ausencia de funcionarios o ministros, incluso de los cristinistas. Así las cosas, la marcha fue una operación de encubrimiento: en primer lugar, del impasse oficial frente a la justicia, y luego, de la propia desintegración del gobierno, en medio de la crisis de deuda y del acuerdo en puertas con el FMI. Los que batieron el parche contra la Corte, en la tarde de ayer, saben mejor que nadie que carecen de la menor condición para zarandear el avispero judicial. Los Fernández no consiguieron siquiera remover al jefe de los fiscales, Casal, que es una rémora del maldito macrismo. Tampoco podrán frenar la tentativa de consagrar a un miembro de la Corte como presidente del consejo de la magistratura, después de que el máximo tribunal declarara inconstitucional al actual régimen de designación de jueces. Bajando todavía más las pretensiones, el gobierno ni siquiera tiene los votos para promover en el Congreso a un sustituto potable de la jueza Highton de Nolasco, recientemente retirada. En materia de “resultados”, los Cristóbal López y otros grupos capitalistas ya lograron las medidas absolutorias que le exigían a la “dictadura judicial”. Las cámaras de C5N le escatimaron minutos a la marcha de ayer –como se señaló repetidamente en las redes. En la crisis de gobierno, el canal de López ha tomado partido abiertamente por el tándem Alberto–Guzmán. La maldita Corte , por su parte, se ocupará de darle sustento a las medidas más confiscatorias del ajuste en curso, como la movilidad jubilatoria que dispuso el FdT en diciembre de 2019. Llegado este punto, la ofensiva contra los jueces ha quedado reducida al propósito más llano de la camarilla kirchnerista, que es el de su propia impunidad. El destino de CFK en la justicia es aún incierto –una absolución definitiva se juega en la arena más general de la crisis política, y de la “responsabilidad” de los K frente a las exigencias fondomonetaristas. La movilización de ayer fue un desfile de procesados, entre los que se destacaban los elementos más abyectos de la burocracia sindical, como el Caballo Suárez o el Pata Medina. Otras burocracias, como las del SMATA, que viene de otorgarle a la Toyota el pasaporte a la flexibilización laboral, también estuvieron, seguramente, en busca de su propio salvoconducto judicial. Lamentablemente, estos burócratas fueron caucionados por organizaciones de derechos humanos presentes, aun cuando la marcha no levantó una sola voz por los verdaderos luchadores procesados. La marcha tuvo lugar en medio de la conmoción planteada por el acuerdo fondomonetarista y sus consecuencias sobre los trabajadores. Ni los oradores ni los dirigentes presentes aludieron a ella, aún cuando en su mayoría revistan en los supuestos “críticos” del acuerdo. Impotente respecto de la maldita justicia , la marcha sólo cumplió un papel distraccionista frente a la crisis política. Pero resultó reveladora sobre la política de los críticos “oficiales” al acuerdo con el Fondo: en momentos en que se prepara un cimbronazo contra los trabajadores, el kirchnerismo y sus agentes sindicales levantan una cortina de humo.

2 de febrero de 2022
Jujuy: trabajadores del Ex Banco de desarrollo, por la defensa de los puestos de trabajo y el convenio

Continúa el acampe de los trabajadores del ex banco de Desarrollo Social, que llevan 5 meses sin cobrar sus sueldos completos. Desde que el gobierno decidió cerrar el ex banco de Desarrollo Social, los trabajadores bancarios empezaron protestas en toda la provincia, con paros del gremio y movilizaciones que recogieron la solidaridad de trabajadores en lucha. La perspectiva de una salida negociada entre el gobierno y la bancaria no ha avanzado, y luego de cinco meses ha producido un fuerte desgaste entre algunos trabajadores. El último paro de 72 horas fue contundente pero no obtuvo respuestas. Recientemente, Palazzo –secretario de la Bancaria nacional- envió una carta al ministro de trabajo anunciando la posibilidad de “acciones de protesta nacionales” por el reclamo de los bancarios de Jujuy. Luego, ello fue desestimado por la propia directiva del gremio, alegando la situación epidemiológica en el país. La propuesta de los ministros de hacienda y de Morales fue ofrecer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas a quienes quieran acogerse a ella y que los demás trabajadores pasen a la planta estatal. Pero en este caso, su salario correría con la pérdida del 40%. Al asimilar al trabajador bancario con el empleado público estatal, existe una pérdida sustancial de derechos: la jornada de trabajo, salario, antigüedad, escalafón y categorías, entre otros. El gremio de la bancaria juega su propia partida. La seccional de Jujuy se encuentra intervenida (el anterior Secretario era Cabana Fusz, el ministro de trabajo de Morales) y el resultado de las elecciones está judicializado. En este cuadro la bancaria nacional “aprieta pero no ahorca” al gobierno provincial. Morales liquida las fuentes de trabajo Bajo el gobierno de Morales, directa o indirectamente, se han liquidado grandes fuentes de trabajo: el desguace del Ingenio La Esperanza, el cierre de Mina Aguilar, la estatización-rescate de Agua de los Andes y ahora la liquidación del Ex Banco de Desarrollo. Morales en algunos casos ha propuesto el pase de trabajadores al Estado o soportar algunas cargas sociales de los trabajadores, como una nueva forma de subsidio a las patronales. Este mecanismo tiene límites insalvables para un Estado quebrado. Para los trabajadores se producen, además, pérdidas de condiciones laborales y salariales. Cuando Morales anunció la creación del Banco de Desarrollo, recogió el elogio de todas las cámaras empresariales, inclusive del propio PJ, que veía en la medida una forma de acceso al crédito para la inversión en la provincia. Sin embargo, el banco nunca se pudo capitalizar y terminó ahogado por la banca privada. Mientras tanto, el Banco Macro es el agente de pago de los más de 70 mil trabajadores estatales de Jujuy, es acreedor del Estado, abona planes sociales provinciales, es decir que controla prácticamente toda la actividad en la provincia. En vez de transferir todas esas cuentas a una banca provincial, Morales priorizó al banco privatizado. Defendamos todos los puestos de trabajo de los trabajadores bancarios. Por el cobro inmediato del 100% de los sueldos adeudados. No a la reconversión del Banco de Desarrollo social, por un banco provincial bajo control de los trabajadores. Solidaridad nacional por la victoria de los trabajadores bancarios de Jujuy.

2 de febrero de 2022
Berazategui: “El régimen político mussista huele a podrido”

El título que lleva este artículo es la conclusión política que sacan por estas horas y días los vecinos de Berazategui, ante la situación de crisis sanitaria, social, económica, de servicios públicos municipales y política, que enfrenta la masa trabajadora en el distrito. No se reduce a la acumulación de basura en plena ola de calor durante los primeros días de enero, producto de la histórica huelga de los trabajadores municipales de Higiene Urbana, obligados a resistir los despidos masivos que efectuó Juan José Mussi. La huelga municipal fue un golpe al régimen mussista de precarización laboral municipal, y lo obligó a dar marcha atrás con el grueso de los despidos por primera vez en años. Pero el conflicto no logró la reincorporación de los principales directivos de la UPMB, el nuevo sindicato, que lideró la huelga. El gran responsable de esta debacle política y social es el intendente Juan José Mussi que, en sus 34 años de gobierno, sólo benefició sus intereses personales y de camarilla. Mussi, uno de los incólumes “barones del conurbano”, es el puntero burgués que mejor ha logrado representar a la patria contratista (pejotista o macrista) y a las patronales de la gran industria local (Rosatto), a veces presentada como “PYME” en los parques industriales, verdaderos paraísos de evasión de impuestos y de precariedad laboral. En su derrotero, el mussismo se acopló a todos los gobiernos de turno. Fue renovador-cafierista, luego menemista, después, duahldista, kirchnerista, kristinista, y tuvo sus mieles con la Vidal como gobernadora de Macri. El primo de éste, Nicky Caputto, emprendió grandes negociados inmobiliarios con los countries y barrios cerrados, de la mano del grupo Calcaterra, devastando la selva marginal, los humedales y parte del bosque del Parque Pereyra Iraola. Hoy, Mussi es un ferviente seguidor de Alberto Fernández. Juan José Mussi nunca vaciló en desarrollar políticas de ajuste y miseria contra la clase trabajadora, convalidando el cierre de varios centros laborales, como el frigorífico SUBPGA, Consignaciones Rurales, Parafina del Plata, la transportista Río de La Plata, Maltería Hudson, Dupont-Ducilo-Invista-Kordsa y otras, que dejaron en la calle a miles de trabajadores. Berazategui es hoy, en parte, un Municipio “dormitorio”, puesto que la desindustrialización fue tolerada y la Municipalidad asumió como parte de deudas fiscales algunos de los predios de estas patronales, que fueron a la quiebra o se fugaron al exterior. Los barrios populares, incluso el casco céntrico, sufren el deterioro de la infraestructura de servicios públicos municipales fundamentales y claves. La falta de inversión en los mismos es notoria, y la obra pública municipal se caracteriza centralmente por su condición “decorativa”. Mussi habla del “embellecimiento de los centros comerciales”, y de una política cultural con personal precarizado, con la cual busca “meterse en el bolsillo” a una franja de la pequeña burguesía; pero cloacas, desagües pluviales, asfalto con cordón, entubamiento de zanjas, arroyos, plan de viviendas municipal, urbanización ordenada y planificada, no existen. Mussi se vanagloria de índices de cloacas, de red de agua potable y de pavimentación, que siempre fueron a cargo del bolsillo de los vecinos y de un activo movimiento vecinal fomentista, que él se encargó de quebrar, vaciar y cooptar en su momento. Desde hace años, la falta de agua de red (en plena pandemia), la falta de luz (que Mussi achaca demagógicamente a Edesur, pero se olvida del negociado contaminador de la Subestación Rigolleau, donde reprimió a los vecinos que reclamaban su instalación fuera del casco urbano), las cloacas tapadas, las calles inundadas, la falta de terrenos para viviendas populares, es la realidad que soporta la masa laboriosa de la población. El déficit habitacional abarca a más de 25 mil familias, en lista de espera para una vivienda social, y el hacinamiento en las barriadas obreras ha sido una fuente de expansión del Covid. La pandemia en curso ha dejado al desnudo un sistema político local, completamente podrido desde el intendente hasta la oposición en el HCD, que ha votado diligentemente todos los presupuestos anuales de ajuste y tasazos contra los vecinos. Sanitariamente estamos en peligro de muerte constante ante el vaciamiento de la salud pública municipal, los CAPS no cuentan con personal ni insumos, hay guardias reducidas en el grueso de los mismos, mientras las prepagas de la medicina privada hacen fortunas. Los servicios del Estado están desmantelados, no funcionan las salitas barriales, y el Centro Sábato y el Hospital Evita Pueblo son constantemente colapsados por la demanda de atención. Durante el 2021 y lo que corre de 2022, los reclamos y medidas de lucha vecinales no se hicieron esperar. Enero arrancó con la mencionada lucha de los municipales, pero también hubo piquetes vecinales en apoyo a esa lucha y en reclamo por los cortes de electricidad y por los problemas de falta de agua de red. Manifestaciones y cortes autoconvocados, a partir de incipientes asambleas barriales, llevaron el problema del agua de red al playón municipal. Y en diciembre pasado, las mujeres ganaron las calles contra un caso de femicidio. La bronca vecinal se expresa en las redes sociales por el aumento de los impuestos de un 43% (con opción a un 20% adicional, pero con picos de 170% por la rezonificación de barrios) y en las acciones callejeras mencionadas. En el ámbito del proletariado fabril, hay un clima de lucha por el salario en papelera Zucamor Ranelagh y mucha bronca en Papelera Berazategui por un asesinato laboral. Política Obrera Berazategui caracteriza el cuadro de situación como de un verdadero polvorín social. Le planteamos a todas las capas populares de la población la necesidad de unir las distintas luchas y reclamos, y poner en pie asambleas barriales que sirvan como un canal de organización y coordinación para movilizarnos contra el poder político municipal, con independencia y autonomía respecto de las maniobras de los punteros y de los partidos políticos patronales, corresponsables de la corrupción denunciada recientemente en el Concejo Deliberante y la política de endeudamiento de las cuentas municipales llevada adelante por Mussi con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a tasa usuraria, para la supuesta compra de maquinaria para servicios municipales. Apertura de los libros contables del Municipio y deliberación popular para fijar el destino del presupuesto municipal.

2 de febrero de 2022
La Asamblea de Trabajadores de call center salió a la calle
Corresponsal Telemarketers en Lucha

Este viernes 28, un grupo de trabajadores y delegados organizados en la Asamblea de Trabajadores de Call Center realizamos una jornada de movilización en Plaza Mayo. Tras varias semanas de actividades en distintos call centers de la Capital, la asamblea votó una jornada presencial que nos permitiera compartir más de cerca con nuestros compañeros sobre nuestras problemáticas, nuestras demandas y, en especial, cuáles son las tareas que tenemos por delante. La actividad se realizó entre las 13:30 y las 15:30 horas, horario en el que la mayoría salimos o entramos de nuestros turnos. Nos instalamos en la plaza con nuestros carteles, donde se leían las principales consignas que nos han movilizado: ¡Bono para todos los trabajadores de Call Center! ¡Teletrabajo Ya! Y ¡Salario Igual a la Canasta Familiar! Finalmente realizamos una asamblea donde discutimos las actividades de las próximas semanas: extender la invitación a más trabajadores y trabajadoras para darle fuerza a nuestros reclamos, volanteos, asambleas presenciales, actividades de difusión. La tercerización es precarización Una de las conclusiones de la actividad es que pertenecemos a una rama de comercio que ha sido la punta de lanza de las patronales para aplicar una reforma laboral en los hechos. Somos tercerizados de servicios que cuentan con convenios con muchas más garantías que el nuestro, y la creación de nuevos puestos con contrato a plazo mantiene la incertidumbre de la continuidad laboral. Además, la pandemia sumó nuevas formas de precarización, ya que los trabajadores tuvimos que subsidiar a las empresas a través del pago de los servicios de luz, internet y las herramientas de trabajo básicas en nuestras casas. Nuestros reclamos llegan al Sindicato Las acciones que la asamblea está llevando adelante en la puerta de los edificios y de manera virtual llevaron a que el Sindicato de Empleados de Comercio tuviera que escucharnos: les arrancamos una reunión donde pudimos plantear nuestros reclamos. Representantes de la asamblea fueron recibidos el lunes 31 por Eduardo Wlasiuk (secretario de asuntos gremiales). Aunque formalmente estaban recibiendo a la comisión interna de Aegis, en realidad tuvieron que receptar los puntos discutidos y votados por el conjunto de trabajadores: bono compensatorio por gastos en Teletrabajo durante la pandemia, financiación de materiales de difusión (volantes y afiches), declaración de estado de alerta y movilización. Se coordinó una reunión con Luis Sainz (secretario de organización) para plantear los temas relacionados con la paritaria, como la homologación inmediata de los aumentos y que el pago del adicional por teletrabajo quede garantizado por convenio. La experiencia nos dice que una reunión no asegura que se cumplan los acuerdos; sin embargo, es una demostración de que organizados tenemos voz y podemos imponer nuestros reclamos. Nuestra organización y coordinación son la garantía de que los trabajadores de call center, bajo el convenio 781/20, no seamos de segunda. Defendamos nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios y nuestra salud. Vamos por el bono por esenciales, teletrabajo, adecuación de la paritaria de Comercio y un salario igual a la canasta familiar. ¡Este jueves sumáte a la asamblea!

3 de febrero de 2022
Para derrotar el acuerdo con el FMI, luchemos por un congreso de trabajadores
Política Obrera

El gobierno de los Fernández ha llegado a un acuerdo con el FMI cuando se encontraba al borde del colapso. Lo dijo el mismo Presidente: “enfrentábamos una corrida cambiaria”, es decir una devaluación masiva del peso y una seguidilla de quiebras. Pero los Fernández no se hacen responsables de haber llegado a esta situación. Ajustaron a la baja salarios y jubilaciones, con el argumento de evitar un derrumbe, y lo mismo hicieron con los gastos de cuidado de la salud. Durante dos años al hilo despilfarraron 30 mil millones de superávit comercial, mediante el pago de la deuda externa y el financiamiento de la fuga de capitales. Los capitalistas recibieron un dólar oficial para importar, para venderlos, luego, en el mercado interno al valor del dólar paralelo. Los Fernández pretenden ahora, con el acuerdo con el Fondo, que la factura de la bancarrota la paguen los trabajadores, no quienes lucraron para llevarnos a ella. Detalle más, detalle menos, es la política que siguió el macrismo. Avergonzado por el resultado, pero sin asumir ninguna responsabilidad política, Máximo Kirchner, el delfín presunto para la sucesión presidencial en 2023, renunció a la jefatura del bloque de los Fernández. En 2019, una mayoría votó lo que se presentaba como un gobierno nacional y popular, y ahora recibe un gobierno fondomonetarista. Ya aumentaron las naftas y las prepagas, y la secretaría de Energía reclama, en audiencia pública, un aumento del 53% en el gas. ¿Alguien revisó las cuentas de beneficios de todas las compañías que exigen tarifazos? El acuerdo con el FMI impone ajustes violentos contra la economía familiar, pero no ha resuelto la bancarrota con que ha querido justificarla. El dólar paralelo ha vuelto a subir, señal de que la fuga de capitales continúa y de que la inflación seguirá creciendo. Los bancos internacionales le han dicho públicamente al FMI que los términos del acuerdo son insuficientes para los intereses de ellos. Por eso, los títulos de la deuda externa siguen cotizando por el suelo, aunque Argentina deberá pagarlos al ciento por ciento, como negociaron los Fernández, los Kicillof, y los gobernadores macristas y peronistas, las deudas externas provinciales. El gobierno y la "oposición" de los macristas y los Milei, o sea los representantes políticos de la clase patronal, están llevando a Argentina al abismo y a la clase obrera a una mayor miseria social. La burocracia de los sindicatos apoya con los diez dedos el acuerdo con el Fondo, con el pretexto de asegurar una “gobernabilidad”, que el FMI, los banqueros, las patronales, la deuda pública con el capital, no aseguran en absoluto. Todo lo contrario. Es la posición de la burocracia albertista y de la kirchnerista. De los Moyano y su rival Cavallieri. Del Amichetti de Gráficos y del "gordo" Daer, un agente de la patronal de la salud. De la CGT y la CTA. De Yasky, Baradel, y de la dirección del sindicato del subte. Nada que sorprenda. Con estos "defensores" sindicales hemos llegado al 50% de pobreza y al 55% de compañeros "en negro". Llamamos a manifestar, el próximo 8 de febrero, desde estas posiciones políticas, contra el acuerdo con el FMI y por la caducidad de toda la deuda pública, externa e interna, con los bancos y los grandes capitales. La manifestación servirá para incorporar a un número creciente de trabajadores a la lucha. Debe servir, por sobre todo, para oponer al Estado capitalista y fondomonetarista, un Congreso de Trabajadores, ocupados y desocupados, manuales e intelectuales, compañeras y compañeros, o sea un Estado de la clase obrera.

3 de febrero de 2022
La cocaína adulterada y la descomposición de todo un régimen social
Redacción de Política Obrera

Las intoxicaciones masivas por cocaína adulterada (aunque ha comenzado a circular la versión de que se trataría de opiáceos) ha desnudado una crisis a la altura de la provocada por la negligencia en el tratamiento de la pandemia o del acuerdo con el FMI. En estas horas, se discute una vuelta anticipada del gobernador Kicillof desde Rusia –una demostración de que interpela al máximo poder del estado. Negocio narco, estado narco En declaraciones a la prensa, Sergio Berni aseguró que “en el AMBA se venden 200 mil dosis diarias” sólo de cocaína. Puesto en números implica un mercado de 3 a 4 millones de dólares diarios. El lavado de dinero por un negocio de semejante magnitud exige un vasto circuito empresario y financiero, sin comparación con los "dealers" que trajinan las villas y asentamientos. Es un entrelazamiento de alcance internacional. El consorcio de periodistas de investigación reveló, en 2020, que bancos como el Deutsche, HSBC, Barclays, JP Morgan se involucraron en el lavado de dinero, sin distinción de negocios de origen. De arriba hacia abajo, el circuito involucra a todo el sistema judicial y de seguridad. Sin la menor vergüenza, el mismo Berni señaló que “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados con el narcotráfico”, como si él no encabezara desde hace dos años a la fuerza que está en la mira de la indignación popular. En los barrios donde fueron detectadas las cuevas de los narcos, numerosos vecinos y jóvenes acusan a la bonaerense –“saben perfectamente dónde se vende la droga”. La penetración del narcotráfico en todas las capas del Estado no ocurre solo en esa provincia. Decadencia social El consumo de drogas es la consecuencia de un constante agravamiento de la miseria social y es su mayor expresión. El horizonte de las grandes masas se restringe de modo catastrófico, a la par del ocio y el parasitismo de la clase capitalista dominante. La circulación de opioides en Estados Unidos, provistos legalmente por las farmacéuticas, ha provocado 80 mil muertes, en su mayoría entre trabajadores de la industria. Las autoridades norteamericanas acaban de multar a algunas de esas compañías, por las muertes entre la población aborigen. No es necesario que se adultere en las cuevas –para producir la muerte, alcanza la cantidad promedio de consumo de drogas. La corriente "libertaria", en la derecha y en la izquierda, simplemente ha elegido ignorar que la circulación masiva de drogas es una manifestación de la descomposición capitalista. El imperialismo se ha servido del opio para someter a los pueblos de Asia. Muchos adictos costean su consumo operando en el tráfico al menudeo. La miseria social no se refiere a la falta de trabajo, pues incluye la usura del ser humano en el trabajo, de 12 a 14 horas, sin contar el transporte. El capital y sus estados no sólo "toleran" esta situación, la protegen; no sólo responde a grandes negocios, especialmente bancarios, sino a una política de desmoralización de la juventud, para destruir la capacidad de lucha. Esta realidad refuta la campaña de magnates como Soros y publicaciones como The Economist, que señalan a la legalización del comercio de drogas como una salida racional y saludable. Es lo que sostiene también una izquierda pequeño burguesa, que vegeta en los poros de la sociedad burguesa. Ha descubierto un liberalismo tardío, que también le ha servido para rechazar las medidas sociales para terminar con la circulación comunitaria del Covid. Con considerable grosería ha descubierto la ley de la oferta y la demanda, por la cual el "mercado", y no los traficantes, regulan la circulación de la droga, y las autoridades administrativas supervisan la pureza de su contenido. La humanidad no enfrenta una deficiencia regulatoria sino la descomposición de un régimen social y la miseria existencial. “Convivir con la droga” No hace falta la droga adulterada para reconocer los daños cognitivos irreversibles del consumo de cocaína y de categorías aún más explosivas. Está largamente comprobado por estudios científicos. La industria farmacéutica “legal” se enfrenta a juicios interminables por intoxicar letalmente a sus clientes. De nuevo, si de opiáceos se trata, nada menos que Johnson y Johnson acaba de ser condenada luego de un largo pleito en los Estados Unidos. Entre los partidarios de la legalización de las drogas revistan notorios magnates y grupos financieros, que quieren incorporar a su cartera de inversión al filón de los estupefacientes. El índice de cotizaciones de Morgan Stanley podría irse en este caso hacia arriba, aunque Facebook y Apple vean derrumbarse las cotizaciones en la Bolsa. El acoplamiento de la izquierda libertaria a la corriente legalista constituye la manifestación estratégica más relevante de su adaptación y eventual pasaje al sistema capitalista. Sencillamente, ha renunciado a luchar contra el régimen social que engendra las adicciones y destruye a la juventud. En la pandemia, primero los Trump y los Bolsonaro llamaron a “convivir con el virus”, en vez de extirpar sus raíces sanitarias y sociales. Lo mismo planteó la izquierda libertaria desde un comienzo, a partir del grupo la “Sopa de Wuhan”, con la que hemos polemizado desde el inicio. En oposición a este acomodamiento a la descomposición capitalista, llamamos a la juventud a defender la vida y la salud, por medio de una lucha de clases que tiene que ser implacable. A concentrar nuestras energías y nuestra atención en la destrucción del régimen y los intereses sociales. El sistema de salud contra las adicciones se encuentra vaciado; la cosa empeorará con la crisis en curso y el sometimiento al FMI. Combatir el consumo de drogas no es penalizar a los consumidores, sino hacer un trabajo revolucionario y socialista de esclarecimiento y organización para combatir la deshumanización capitalista. Somos socialistas, no somos bomberos. No luchamos para emparchar un régimen social en descomposición, que quiere convertir a la sociedad en una gigantesca Unidad de Terapia Intensiva o en un crematorio de explotados. Convocamos a la juventud a adherir con todas sus fuerzas a esta tarea.

3 de febrero de 2022
Santa Fe: con piquetes y organización, el Polo Tendencia sale a la lucha por el agua potable

El pasado martes 1 de febrero, el Polo Obrero Tendencia de la ciudad de Santa Fe salió a la calle por el agua potable, en el marco de una campaña que arrancó hace meses pero que tuvo en enero una mayor organización. El reclamo es histórico, no es nuevo, pero las altas temperaturas y los años de pandemia generaron un malestar mayor en la población, que se comenzó a organizar y salió a la lucha. Se cortó la importante y transitada intersección de calle Gorriti y Blas Parera, en la esquina del Hospital Iturraspe nuevo. Más de 70 vecinos de barrio Loyola sur, Yapeyú, Santo Domingo y Los Troncos, sostuvimos un piquete de dos horas y frenamos el tránsito en todas las arterias. La jornada de lucha tuvo un gran impacto, no sólo por los métodos de su convocatoria en asambleas y reuniones abiertas durante enero, sino también por los resultados, ya que colocó en agenda la situación que tanto Provincia como Municipio pretenden ocultar. Luego de haber entregado petitorios al Ministerio de Desarrollo Social, a Casa de Gobierno y de haber marchado y entregado un reclamo en el Municipio durante el mes de enero, dos horas de piquete sostenido permitieron volver a hacer visible un reclamo histórico y generó la respuesta de los medios de comunicación y de las autoridades políticas. Muchísimos medios se hicieron presente y tomaron nota del reclamo. Los vecinos sostuvieron el piquete con bombos, cantos y fuerza, ya que son calles por las que circulan muchos vehículos. En los reclamos se escuchaba el pedido al gobernador Omar Perotti, del PJ, y al intendente Emilio Jatón, del Frente Progresista. Luego de finalizada la jornada, cuando habíamos levantado el piquete y quedaban pocos compañeros presentes, llegaron tres funcionarios municipales que “justo pasaban por ahí y escucharon por la radio el reclamo”. Dieron la cara para decir que la situación es culpa de provincia porque no gestiona con Aguas Santafesinas y quedaron en comunicarse nuevamente para “mantener un diálogo fluido”, pero de respuestas nada. Tanto el intendente como el gobernador, se despacharon en las horas posteriores a la medida de fuerza sobre las obras que se estarían realizando en la zona. Incluso, conllevó la visita del ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, y declaraciones de Aguas Santafesinas sobre inversiones en la ciudad capital. Aunque no lo reconocieron, el reclamo llegó al corazón del poder político. Pero los vecinos no necesitamos ni la comprensión, ni el acompañamiento ni la empatía. Tampoco rechazamos los trabajos y las mejoras, que son una conquista de años de lucha. Pero sí denunciamos que tienen fechas de finalización en al menos 5 a 6 meses, si es que se cumplen, con el agravante de que la conexión al acueducto llevará por lo menos tres años. ¿Mientras tanto? ¿Dónde está el agua? A su vez los propios compañeros del barrio hemos ofrecido posibles soluciones, como la llegada de camiones cisterna, bidones o incluso la extensión de las mangueras desde los tanques. También la mano de obra de los barrios para poder llevar adelante los trabajos. Es que el reclamo es sencillo, básico, elemental: los vecinos necesitamos el agua potable para vivir, y la necesitamos ahora. No en meses, cuando supuestamente las obras terminen, sino cada día que pasamos en los barrios. La realidad es cada vez más grave en Santa Fe: la pobreza aumenta, el desempleo hace estragos, el Covid con sus múltiples variantes afecta la vida de la población vulnerada por la falta de urbanización, por la mugre en cada esquina, por la falta de acceso a la salud. Desde el Polo Tendencia de la ciudad ya sacamos un comunicado de respuesta a las declaraciones, las recorridas y las fotos de funcionarios municipales, provinciales y nacionales. A los vecinos no nos interesa repartir responsabilidades, sabemos que tanto Provincia como el Municipio son responsables de la pobreza, de la falta de urbanización, de la falta de inversión en salud y de la falta de acceso a los servicios básicos. Ayer miércoles 2 de febrero volvimos a reunirnos en asamblea y definimos un nuevo plan de lucha que involucrará volanteos en los barrios, declaraciones con videos y testimonios en primera persona sobre la realidad del noroeste santafesino, y nuevos cortes y movilizaciones en la ciudad, frente al Municipio y frente a Casa de Gobierno. No vamos a parar hasta ver conquistados nuestros derechos, hasta arrancarle al Estado lo que nos corresponde, porque no han dado ninguna respuesta concreta sobre nuestro reclamo. En defensa de la salud, la vida, el trabajo y el salario, nos mantendremos en las calles.

3 de febrero de 2022
Moreno: abajo los desalojos en el barrio La Laguna

El 24 de enero, la montada de la policía bonaerense y topadoras del municipio, con orden del poder político de Moreno, pero sin ninguna orden judicial, realizaron un desalojo parcial en el barrio La Laguna en Cuartel V, límite entre Moreno y José C. Paz. En este predio viven más de cien familias hace más de cuatro años. El desalojo violento arrasó con construcciones de material y casillas de vecinos que se encontraban trabajando. Si hablamos de desalojo parcial, es por la organización de los vecinos del barrio y de los barrios aledaños, que evitaron que las topadoras y la policía sigan destruyendo las casas. Los vecinos del barrio identificaron a militantes del Movimiento Evita de Moreno al frente de las topadoras. El mismo día del desalojo se organizó una asamblea que resolvió movilizar al municipio de Moreno. Allí, concurrieron unos 150 vecinos y una delegación del Polo Obrero Tendencia. En el barrio quedó una guardia de vecinos para bloquear el paso a la montada y las topadoras que iban a terminar el desalojo de las familias. El desalojo violento fue disfrazado por el IDUAR de Moreno (Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional) como un “censo de las familias” que estaban habitando el predio. Argumentan que solo arrasaron con las viviendas que no estaban habitadas, aunque destruyeron casas de vecinos que estaban en el predio. El IDUAR opera como vocero de una supuesta dueña de los terrenos, aunque no hay ninguna documentación que acredite su titularidad. Los representantes legales de los vecinos hicieron las averiguaciones correspondientes y no hay ningún documento legal que acredite titularidad de la supuesta dueña. Ante la movilización y resistencia de las familias del predio, el IDUAR convocó a una “mesa de diálogo”, en donde solo iban a poder participar las familias que al momento del desalojo habitaban el predio. Se intenta dividir a la asamblea de vecinos. Muchas familias están construyendo sus viviendas mientras viven en casas de familiares o en situación más precaria aún que las del predio. En esta mesa, Federico Aliaga, Administrador General del IDUAR, propuso la formación de un “consorcio urbanístico” que permita la habitabilidad mediante la compra de los terrenos “a cuotas accesibles”. Ante la pregunta de los vecinos en cuanto a las condiciones concretas de este “consorcio urbanístico”, Aliaga contestó con evasivas. Mariel Fernández, intendenta de Moreno, es militante del Movimiento Evita, cuyas cooperativas favorecen el trabajo precario. Moreno es uno de los distritos del conurbano con más tomas después de La Plata y la Matanza. Después de la pandemia, los intentos de tomas en Moreno se han multiplicado por diez. Los barrios con mayores intentos son Cuartel V y Trujui, en los límites con San Miguel, y José C. Paz, en uno de los cordones más pobres de la provincia. Este aumento descomunal se da en el marco de un déficit habitacional en la provincia que alcanza a más de 2 millones de familias, según datos publicados por la subsecretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense. En Moreno el déficit habitacional alcanzaría a más de 23 mil familias alojadas en 91 barrios populares. En una entrevista para Clarín, Mariel Fernández expuso que “ tiene planes para los predios desalojados, entre ellos el armado de consorcios de producción agroecológica en tierras ociosas privadas que sería uno de los ejes de trabajo y salidas laborales que impulsan los movimientos sociales afines al gobierno organizados en cooperativas a través del Plan de Desarrollo Humano Integral “ ( alianza entre sindicatos y movimientos sociales nucleados en la UTEP, de la que forma parte el Movimiento Evita para normalizar el trabajo precario mediante los planes sociales). Es un gran subsidio al capital terrateniente, en base a mano de obra precaria. Los desalojos del barrio La Laguna deben ser rechazados en todas sus formas, como lo hicieron los vecinos con el apoyo del Polo Obrero Tendencia, mediante los métodos de la movilización y la asamblea.

4 de febrero de 2022
Colonia Santa Rosa: los desafíos de nuestra banca
Georgia Romero

En las últimas elecciones, en Colonia Santa Rosa, Política Obrera, la tendencia del Partido Obrero, obtuvo una banca en el Concejo deliberante. Será ocupada por Omar “Choco” Ramírez, integrante del Polo Obrero (T). Además de su rol como trabajador rural y luchador de los desocupados, Omar es un organizador y formador de la juventud de Colonia, en tanto entrenador e impulsor de torneos deportivos que agrupan a la juventud de los barrios. Con Omar, nos toca volver al Concejo de Colonia, pero con otro panorama político y social, signado por un fuerte empeoramiento de las condiciones de vida de la población. La clase obrera de Colonia Santa Rosa, ha dado batallas en muchos sectores: tuvo lugar, por ejemplo, la lucha de los rurales por las pésimas condiciones de trabajo y salarios de miseria. En el plano educativo, padres, alumnos y docentes se vienen movilizando por la construcción de un edificio para la Escuela Técnica. Todos los gobiernos que pasaron le fueron quitando al pueblo aquello que con gran esfuerzo se logró arrancar. Es el caso de la planta potabilizadora de agua, que luego fue privatizada por el poder político. También se ha producido una destrucción de fuentes de trabajo: nuestra principal actividad económica es la agricultura, a través de cultivos diversos. Pero los convenios firmados por distintos intendentes para la introducción de la caña de azúcar en grandes territorios ha privado a muchos de su trabajo y sustento. Como consecuencia de lo anterior, también se cerraron varios empaques donde se trabajaba el citrus y las hortalizas, dejando a cientos de familias sin trabajo. Actualmente, existe un movimiento extendido por la urbanización de los asentamientos y barrios. Esta lucha se viene gestando desde el 2020, cuando el Covid y la miseria social condujo a un colapso habitacional. Se han desarrollado varios asentamientos, todos ellos Registrados en Renabap. Pero ninguno cuenta con los servicios en regla, ni siquiera las calles están en condiciones. El deterioro de las condiciones de vida, con el concurso activo del Estado y del gobierno, se ve plasmado en estos asentamientos sin urbanizar. Los vecinos se las arreglan como pueden, y el tendido eléctrico se encuentra en condiciones de tremenda inseguridad. Se han producido varios incendios, incluso con víctimas fatales. Uno de ellos afectó a nuestra compañera Yolanda, por quien salimos a luchar para arrancarla de las manos de un estado que quiere culparla por la muerte de sus hijos, para no asumir su responsabilidad ante las pésimas condiciones en que se vive en los barrios. En plena pandemia, en el 2020, los vecinos junto al Polo Obrero Tendencia y al Partido Obrero (T) emprendimos una recorrida con reuniones en todos los barrios. Ese trabajó culminó en movilizaciones hacia el municipio y el concejo, éste último maniobró, estableciendo una supuesta sanción al intendente que nunca se concretó. Se sumó a esto la obstaculización de los punteros de los barrios, que se filtraron en nuestra movilización para bloquearla por dentro. Haremos de nuestra bancada una plataforma de difusión y organización de esta lucha. La campaña por la urbanización de los barrios será nuestro eje principal, aunque vamos a reforzar y contribuir a toda lucha social que se desarrolle. También plantearemos con fuerza la lucha por la construcción de la escuela técnica, que quedó paralizada debido a la cooptación de algunos de quienes se movilizaron en su momento. Nuestros proyectos de ordenanza serán un programa y un llamado a la organización, por el derecho al trabajo, a la educación y a la vivienda.

4 de febrero de 2022
UOM Villa Constitución: la oposición denuncia a la paritaria metalúrgica
Frente de Unidad Metalúrgica 16 de Marzo

A un mes de la realización de la estratégica elección de comisión directiva de la Uom de Villa Constitucion, el Frente 16 de Marzo –opositor a la actual directiva- ha fijado posición frente a la revisión de la paritaria siderúrgica por parte del Secretariado Nacional del gremio. Esa revisión fue apoyada por la actual directiva de Villa. A continuación, reproducimos su comunicado. Sobre la revisión paritaria 2021 “La revisión paritaria 2021 volvió a dejar gusto a poco, si bien algunos celebran y elogian un acuerdo de 6 tramos que llega al 50,2% recién en marzo de 2022, el cual no solo sigue corriendo por detrás de la inflación sino que además sigue sin recuperar poder adquisitivo real y deja el valor hora metalúrgico dentro de los más bajos de la industria. Durante la dirección de Calo las paritarias se fueron convirtiendo en una compleja arquitectura para que poco se entienda, mezclando fórmulas, tramos, pagos no remunerativos y bonos por única vez, donde al final de cuentas vemos que nuestro salario de convenio se sigue hundiendo cada vez más. Esto se debe a que hubo pocas paritarias en las que empatamos o superamos a la inflación, en la mayoría hemos quedado por debajo, entre 2 y 6 puntos, pero la situación más complicada se dio en la paritaria 2018 donde quedamos más de 20 puntos por debajo. Esos puntos perdidos en este creciente contexto inflacionario se siguen acumulando y multiplicando, es por eso que vemos que nuestro salario rinde cada vez menos. De mantenerse ésta tendencia el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) terminará absorbiendo prácticamente a todas las categorías del convenio consiguiendo así algo muy anhelado por las patronales que son los convenios por empresa, para por fin poder terminar de atomizar la fuerza que alguna vez supo tener el Gremio de la UOM- Para poder enfrentar esto entendemos que debemos prepararnos y organizarnos para dar la lucha durante el 2022 por los siguientes puntos: En primera instancia un IMGR que garantice al trabajador Metalúrgico un salario acorde a la canasta familiar. Segundo, plantear claramente de cara a las próximas paritarias que para recuperar verdaderamente el salario de los metalúrgicos debe estar planteado los puntos porcentuales perdidos en los últimos años, solo de esa forma se podrá defender el salario y nuestro convenio colectivo.”

4 de febrero de 2022
Aceiteros de San Lorenzo: implosionó la dirección del sindicato

La convocatoria a elecciones en el estratégico sindicato de aceiteros de San Lorenzo tiene como telón de fondo a la disgregación de su actual dirección. Aunque con menos de 5000 afiliados, el SOEA agrupa a trabajadores de las grandes cerealeras, y tiene trascendencia en el cordón industrial de Santa Fe. Desde hace años, la dirección del SOEA -que no es parte de la Federación de Aceiteros - mantiene una política de abierta connivencia con los reclamos de flexibilización de las grandes patronales. En la mayoría de las grandes cerealeras existe un régimen de trabajo de 12 horas; las condiciones de seguridad son tan precarias que ya se han producido varias muertes de obreros en los silos. Dos cuestiones centrales han disparado una verdadera implosión dentro del SOEA. Por un lado, el cierre de importantes terminales con un tendal de aceiteros despedidos y suspendidos; por el otro, el golpe económico que implica para los trabajadores la carga del impuesto a las ganancias, sin respuestas por parte de la dirección del sindicato. Pablo Reguera es su secretario general desde hace 25 años, y a su vez es el Secretario General de una de las dos CGTs del cordón. La dirección del sindicato ha estallado, como lo revela la causa por defraudación fiscal que involucra a la asesora legal del gremio. Además, el Ministerio de Trabajo no avaló a la Junta electoral armada por Reguera, y se terminó constituyendo una junta electoral dominada por dos de las listas opositoras. La mano del gobierno se mete en un eventual recambio de dirección. A la lista oficial de Reguera (Celeste y Blanca), se le oponen tres agrupamientos. La lista Blanca está liderada por el actual secretario gremial del sindicato, que compartió con Reguera toda su política en estos años y que ahora partió al medio a la comisión directiva. Por otro lado, se ha formado la lista Naranja, encabezada por el kirchnerista y ex concejal bermudense “Piri” Fernández, que cuenta con el aval político del intendente de Bermúdez y mantiene relaciones con la Federación de Aceiteros. Finalmente, se ha constituido una cuarta lista –Verde- con delegados de base de distintas fábricas que sostuvieron el paro con piquetes de diciembre del 2020. La Verde está encabezada por Lucas Monzón, familiarmente vinculado al Secretario General de municipales de Capitán Bermúdez, el cual también es dirección de la otra CGT de San Lorenzo. Hoy, la elección se encuentra empantanada, ya que dos de las listas –la de Reguera y la Verde- no han sido oficializadas por la junta electoral. Aceiteros, en suma, es una expresión muy aguda de la disgregación que sacude a diferentes sectores de la burocracia sindical. Las dos CGT regionales son hoy una expresión raquítica en relación al poder de fuego que en algún momento jugó la CGT local en los conflictos laborales del cordón. En la elección también asoma la cuestión del encuadramiento gremial, porque la quiebra de un sindicato puede inclinar la balanza hacia la Federación. Una de las listas, La Naranja –afín a la Federación- es la expresión política de esta tendencia. Ante una virtual acefalía, resultado de una lucha de camarillas, los aceiteros deben tomar las riendas de su propia organización gremial, y rechazar una intervención que consagraría la injerencia del estado en la organización obrera. Una asamblea general debería elegir una comisión de trabajadores que convoque a elecciones democráticas y a su vez abra los libros del sindicato. Esa asamblea, por sobre todas las cosas, debería resolver un plan de acción para defender los puestos de trabajo hoy amenazados por posibles cierres y quiebras (Vicentin), defender las condiciones de trabajo frente el avance de los contagios, y eliminar el impuesto a las ganancias que hoy toca a la inmensa mayoría de los aceiteros.

4 de febrero de 2022
Acerca de las drogas, ¿un Anmat bajo control obrero?
Redacción de Política Obrera

El fallecimiento de más de una veintena de personas y la internación de más de treinta en hospitales de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín ha puesto sobre el tapete la discusión sobre las drogas y el narcotráfico. Las muertes obedecieron al consumo de cocaína adulterada. El PTS aprovechó la ocasión para para volver a plantear la "Legalización de las drogas para terminar con el negocio del narcotráfico", "regulación estatal para el control de daños" y "consumo recreativo vs consumo problemático". Sus principales figuras públicas no perdieron tiempo en difundir esta posición. La circulación mercantil de la cocaína y una ley regulatoria habrían impedido esta desgracia. El “control de daños”, por su parte, fue votado en la legislatura porteña en ocasión de las muertes en Time Warp, por iniciativa de Rodríguez Larreta y sus aliados. Allí, se estipulaba un fuerte abastecimiento de agua en las fiestas electrónicas, para que los consumidores de drogas no sufrieran deshidratación. La reivindicación de “drogas para todos y para todas” está ampliamente desarrollada en la sociedad burguesa en decadencia, bajo la forma de la intensa medicalización de la salud. Se ha creado, de este modo, un mercado mundial farmacéutico fabuloso en términos de ventas y beneficios que compite con los principales rubros del comercio internacional. Ese es el destino de la “droga libre”. La salida institucional al problema por medio de un “control de las sustancias que se producen y se ofrecen al público por parte de especialistas y científicos” (LID, 2/2) -una suerte de “ANMAT bajo control obrero”- por supuesto, es peor que ridícula, pues sufre de una limitación tanto sanitaria como penal. Los profesionales que lo integrarían se verían en problemas éticos para autorizar la pulverización del cerebro de los jóvenes y de los humanos en general. Es cierto que para evadir la responsabilidad médica y científica se podría recurrir a la ley de etiquetado frontal, muy reivindicada por el fituismo; es lo que ocurre con los cigarrillos – donde “fumar mata”. En el caso de las drogas el daño es más fulminante si se convierte en adicción, que es una consecuencia típica de los estupefacientes. El PTS defiende su planteo en nombre de la ‘libertad’, pero en seguida reclama regularla, algo que por otra parte es una novedad que ha introducido en el último año y medio. El discurso libertario da paso a la tutela del estado, porque se trata de una imposición y no de una recomendación de la medicina. A esta altura del tema nos interrogamos acerca de qué entiende el PTS acerca de que “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos” – porque se emanciparían de la tutela del Estado, del control de daños y de la dependencia de la droga. Los socialistas debemos combatir con métodos socialistas la esclavización de la clase obrera, que ejercen la burguesía, el estado, la religión, el chauvinismo, el racismo, la misoginia y la de los estupefacientes. Históricamente, la alcoholización y la droga han sido diseminados como método de dominación colonial de los pueblos indígenas. Como en todas las cosas, es necesario ser concretos: la adicción a la droga, que empieza siempre de forma ‘recreativa’, adquiere un carácter masivo como consecuencia de la descomposición del régimen social vigente, y es una manifestación de la miseria social. No es el impasse de la escasez sino de la abundancia en su forma capitalista, o sea apropiada por una minoría cada vez más reducida relativamente. Como lo explicó un marxista muy importante, Román Rosdolsky, la miseria social no se limita al salario bajo y a la vivienda indigna, es la desolación de la vida misma. Es precisamente lo que ocurre en las barriadas de todo el país. La libertad para drogarse no es libertad, no hace falta decirlo, pero es lo que reclama la izquierda "libertaria". Es una ruptura completa con la lucha por una sociedad socialista. Asume, por otra parte, un carácter completamente reaccionario, porque es motivada por el propósito de captar el voto de un electorado acorralado – que toma a la droga como una salida, para una crisis que es de otro alcance – histórico. El planteo de la legalización debe considerarse en este marco. La difusión de la droga se disfraza como una defensa de la autodeterminación personal. Pero las víctimas de la droga no llegaron a esa situación por medio de la autodeterminación, sino por la pérdida de ella, parcial o completa. Estamos ante un encubrimiento libertario de la difusión de estupefacientes, no frente una oposición a la represión. Es convertir en un auténtico mercado mundial, lo que hoy está relativamente tabicado con la complicidad de gobiernos, políticos, militares y policías. Ni mercado tabicado ni mercado mundial: lucha contra toda forma de represión al pueblo, organizarnos por la revolución socialista. La lucha contra la represión al consumidor, que es siempre otra forma de represión contra el trabajador y la familia de trabajadores, debe partir de la lucha contra los difusores ideológicos, económicos y políticos de los estupefacientes.

4 de febrero de 2022
Lo que revela el acuerdo secreto con el FMI

Marcelo Bonelli informa hoy en Clarín algo que debiera ser obvio: que el acuerdo con el FMI cuenta con cláusulas secretas. Hace referencia a las que tienen que ver con impuestos y la devaluación del peso. De lo contrario, servirían como guía de acción para la especulación contra el peso y para que las empresas alteren sus balances. Bonelli alude, en el caso de los impuestos gravámenes a la “renta ociosa”, que debe interpretarse, entre otras, a la especulación inmobiliaria o a las viviendas sin usar. Entre la devaluación y la ‘renta ociosa’ hay una conexión estrecha, porque las viviendas fluctúan fuertemente con las variaciones del tipo de cambio. Lo que importa, sin embargo, es que el Congreso deberá votar un convenio sin el conocimiento de los compromisos que contrae con ese voto. ¿Podría ser motivo de un juicio político contra aquellos que voten a favor de un acuerdo cuyas cláusulas ignoran? Si la doctrina judicial respondiera esto por la afirmativa, se llegaría a la conclusión de que los parlamentos – ‘baluartes de la democracia’ – han producido legislación de mala fe. Para disimular el ilícito, el memorando en discusión con el Fondo dice, por ejemplo, que Argentina debe aumentar sus reservas internacionales en cinco mil millones de dólares, pero oculta cómo alcanzar ese resultado. ¿Con una gran devaluación, con muchas minidevaluaciones, con un préstamo del BID o, con uno de Putin o Xi Jing Ping? Votar la cláusula de las cinco lucas verdes, significa votar un cheque en blanco. Visto desde este ángulo, todo el procedimiento asignado a la aprobación del acuerdo con el FMI está invalidado de antemano. La determinación de las tarifas de los servicios públicos se encuentra establecida en contratos y marcos regulatorios. Es resorte de la Administración Pública, con cabeza en el Poder Ejecutivo. No la podría derogar una ley del Congreso que apruebe el memorando que el gobierno está negociando, también en secreto; los contratos deberían ser renegociados, con un éxito incierto. El capitalismo, como se ve, necesita violar el sistema constitucional en general y el parlamentario en particular, con el consentimiento de legisladores y funcionarios judiciales, para sortear sus contradicciones. A esto se le llama, en la jerga del periodismo corriente, “seguridad jurídica”. Lo que agrava este dislate es que los bloques parlamentarios en presencia, se interpelan a sí mismos acerca de si votar o no el acuerdo. Ahora se agregó la disputa de si el proyecto debe entrar por el Senado o por Diputados. Los macristas quieren ver cómo CFK disciplina al bloque oficial de senadores, antes de aportar a un voto mayoritario en Diputados. Es que la carga para JxC es bien pesada si se tiene en cuenta que los dieciocho votos de la Cámpora podrían inclinarse por la abstención, En el Senado, en cambio, la designación de las presidencias de comisiones demostró que el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria. Si este pase de pelota queda sin resolver, se podría aprobar el acuerdo por el Ejecutivo, como lo establece la Ley de Administración Financiera, pero AF ya dijo que no lo va a hacer, y el FMI de que no lo va a aceptar. En síntesis: un convenio que es secreto y un Congreso que no sabe cómo legislar, incluso si está de acuerdo con ese documento secreto y tiene los votos para aprobarlo. En el balurdo, sin embargo, parió la abuela. Porque Martín Guzmán, el muchacho que aprendió a ‘sarasear’ en Columbia, decidió quedarse en Moscú y no acompañar a su jefe a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín. El motivo es que quiere un crédito a largo plazo de Rusia por los mencionados cinco mil millones que ordenó acumular el FMI. A Putin el dinero le sobra, a pesar de los gastos de movilización militar en la frontera con Ucrania, el Báltico, el mar Negro y el Océano Índico – más otras maniobras conjuntas en el Golfo Pérsico con Irán y China. Gracias al gas, al petróleo y al ajuste contra los trabajadores rusos, tiene reservas por 650 mil millones de dólares – suponemos que “netas”. O sea, si entendemos bien, Putin pondría la plata para que los Fernández le paguen a los bancos de inversión de Biden, Johnson, Macrón y Schloz. El ‘mangazo’ de Guzmán apuntaría, sin embargo, en otra dirección – que Putin organice un fideicomiso con una porción de la parte que le corresponde del dinero que ha emitido el FMI, conocido como DEG. Rusia y otros asegurarían el ingreso de los cinco mil millones al Banco Central, como lo establece el memorando con el FMI, que los prestamistas descontarían en cuotas e intereses del saldo del comercio exterior de Argentina. Alberto Fernández denominó a esta combinación financiera “dejar la dependencia que Argentina tiene con el FMI y Estados Unidos”. El Presidente, en la visita, confundió la venta de vacunas Sputniks, por parte de Rusia, con un préstamo de la misma Rusia a un deudor internacional que se encuentra en quiebra. Este ajetreo con Rusia, confinado a la cuenca del Plata, se complica con la amenaza de Estados Unidos de que asestará sanciones económicas y políticas, dice que “demoledoras”, a Rusia, en el caso de que incursione militarmente en Ucrania o la ocupe. Putin no está para regalarle plata a nadie, incluso si es con intereses añadidos. Al arribar a Pekín, él también para inaugurar los Juegos, Putín y el presidente de China, XI, replicaron que desafiarían las sanciones de EEUU y la OTAN, mediante la creación de un sistema de pagos independiente del que rige a nivel internacional, bajo batuta norteamericana y hegemonía del dólar. Esto, si ocurre alguna vez, será como consecuencia de una guerra – no de un reparto consensuado de esferas de influencia financiera. El ‘sistema de pagos’ se encuentra, sin embargo, él mismo en un proceso de derrumbe, con independencia de los tambores de guerra. Mientras la directora del FMI, Kristalina Georgieva, atemoriza a los Fernández y al Congreso, advirtiendo acerca de la inflación nacional y popular, Turquía ha entrado por la senda de la híper, al anunciar en estos días una inflación de arriba del 50%, cuando hace dos años era del 7 por ciento. La conexión del mercado financiero turco con el de Europa es descomunal, en especial para la banca italiana y las plutocracias del Golfo, y, enseguida, para la francesa y alemana. Estados Unidos, con un crecimiento de precios del 7.5% anual, derrama una potencial licuación de monedas, por su condición de patrón de moneda internacional. Un sistema internacional de pagos, como ocurre con cualquier “clearing” bancario, subsiste en ausencia de bancarrotas glamorosas. La prensa ha interpretado las negociaciones con Moscú y los coqueteos con Putin como una expresión de “afinidad ideológica” izquierdista. Nadie ha salido a refutar el absurdo. Putin forma parte de un frente de derecha internacional, en el que participan el ‘proto-fascista’ húngaro Orban, el presidente vitalicio XI, la ultraderecha francesa de Le Pen, el dictador de por vida Lukashenko, el mismo Bolsonaro y hasta Steve Bannon, el asaltante al Capitolio de Trump. Es cierto, sin embargo, que Cristina Kirchner hace gala, siempre que puede, de su “bonapartismo”, ahora venido considerablemente a menos, como el que representa en gran parte el propio Putin. Alberto Fernández no ha ido a Moscú y a Pekín, por afinidades ideológicas ni porque tenga un sendero político, como tampoco ocurrió cuando fue a ver al Papa, a Merkel, a Sánchez o a Macrón. Esta clase de presidentes viaja, como lo hará ahora incluso Bolsonaro, para distraer la atención política de su derrumbe interno y hacer notar que todavía existen.

4 de febrero de 2022
El Polo Obrero Tendencia arrancó febrero con una nueva jornada de lucha

Este miércoles, el Polo Obrero Tendencia junto a un frente de organizaciones se movilizó masivamente al Ministerio de Desarrollo Social y a sus diferentes dependencias en todo el país. Desde temprano, se conformaron 3 columnas que atravesaron la ciudad de Buenos Aires, desde Plaza Constitución, Retiro y Once. La acción se replicó en el interior del país con cortes en Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y en localidades como Pergamino y Mar del Plata, entre las más destacadas. En Santa Fe el Polo, junto a vecinos, se movilizó por el agua potable durante el día martes. Al mediodía, y a pesar del operativo policial, se llevó adelante un corte total de la 9 de Julio. Miles de desocupados pusieron de manifiesto el alcance de la crisis social y los reclamos que aún no tienen respuesta. Como lo denunciamos en las acciones del 4 y 25 de enero, la actitud provocadora de los funcionarios fue permanente. Primero, intentaron levantar el corte para poder empezar el “diálogo”; al fracasar esa postura recibieron a una delegación de las organizaciones. En la primera reunión llevaron una propuesta de pago a 1.000 compañeros para el 20 de febrero; y el resto, en tandas a pagar de aquí a 6 meses. La extorsión con el hambre ya no solo impacta sobre los 3.000 compañeros cuyos pagos se adeudan de diciembre sino ahora sobre todos los deberían cobrar el plan el 5 de febrero. Aquí, se incluye también el desconocimiento del plus a las compañeras que atienden comedores y el aumento de las partidas de alimentos para los mismos. Al ver la extensión del corte, los funcionarios propusieron una nueva reunión, sin arribar a mejoras en su propuesta. A la salida de la reunión, Eva Gutiérrez, en asamblea y frente a los medios de comunicación denunció todo ese plan de ajuste y colocó la necesidad de salir a luchar para derrotar el acuerdo con el FMI. Señaló que la lucha no es sólo de los desocupados sino de todo el movimiento obrero contra el ajuste, los tarifazos, la inflación y el hambre. Por unanimidad se decidió la permanencia frente al ministerio el tiempo que sea necesario. Un desalojo fracasado En paralelo a esta situación, aumentaba el despliegue represivo para desalojar la 9 de Julio., sin importar que la delegación de las organizaciones aún estuviera reunida con los funcionarios. Pero el despliegue de la gendarmería no logró correr nuestra columna. Los compañeros inmediatamente reforzaron los cordones y con canticos de la lucha piquetera mantuvieron el corte. Durante los forcejeos un compañero del Polo sufrió un impacto de bala de goma y varios compañeros sufrieron golpes por los empujones durante la situación de tensión. Miles de nuevos compañeros se foguearon ante una escalada represiva. Finalmente, alrededor de las 18 horas, luego de una larga permanencia y corte total, las columnas se retiraron hacia el Obelisco de manera ordenada y garantizando la seguridad del conjunto de los presentes. Las organizaciones presentes -el Polo Obrero Tendencia, Resistencia Popular, Ana María Villareal, 19 y 20 de Diciembre, MP 24 de Marzo, Arriba los que Luchan y el Bloque Obrero por el Socialismo- ratificaron el plan de lucha escalonado hasta conquistar cada uno de los compromisos incumplidos. NOS comprometimos a un balance conjunto y a una siguiente acción de lucha. En el Polo, nos preparamos para movilizarnos el 8/2 a Plaza de Mayo contra el acuerdo del gobierno con el FMI, junto a Política Obrera y todos los que marcharán en esa jornada.

5 de febrero de 2022
La farsa de la paritaria nacional docente

La primera reunión de la pseudo paritaria docente nacional, ha sentado las bases, según han señalado varios medios- para el inicio de clases. Como esta paritaria no tiene competencia en las negociaciones colectivas de las provincias, que deben ocurrir por separado, el trascendido indica que la burocracia de CTERA y sus coaligadas (UDA, CEA, SADOP y AMET) de todas y cada una de las provincias, se ha comprometido a arrancar el año escolar sin la satisfacción previa de las reivindicaciones de maestros y profesores. El gobierno nacional no realizó ninguna oferta concreta, pero “recepcionó” el pedido de los sindicatos. Estos últimos– que concurrieron sin ningún mandato – plantearon -según expresa la CTERA en su comunicado- que el salario “no pierda frente a la inflación y que se garanticen cláusulas de revisión para asegurar que los salarios, nacional y de las provincias, no pierdan poder adquisitivo” (CTERA 3/2/22). Esto no es un convenio colectivo sino un ‘memorando de entendimiento’. Sonia Alesso, Secretaria General, pretende mecanismos de revisión “en el caso en que los precios se disparen”, Página 12 (3/2/22). Feletti, que es el encargado de eso, acaba de anunciar públicamente su fracaso. La burocracia no recorre las góndolas. La burocracia del conjunto de los sindicatos ha venido aplicando la política del ‘empalme’, de la que se valió Macri y el Congreso peronista macrista de diciembre de 2017 para arruinar a los jubilados. Consiste en abandonar la reivindicación del aumento salarial de acuerdo a la inflación transcurrida en el año, para inaugurar el sistema de aumentos trimestrales, de acuerdo a la proyección oficial para ese período. Este ‘método’ admite la confiscación salarial ya consumada, y a partir de ese salario menor promete a la inflación siguiente, lo que casi nunca ocurre. El salario inicial que cobran 340 mil docentes en todo el país está en la línea de indigencia, unos $41.250 pesos, la cuarta parte del costo de la canasta familiar. No todo es en blanco, pues el estado se ahorra el aporte patronal jubilatorio, mediante cláusulas salariales ‘no remunerativas’. De este modo se ha convertido en el principal evasor fiscal, toda vez que las jubilaciones han pasado a integrar el Presupuesto anual. Este delito fiscal es parte fundamental del ajuste firmado con el FMI, y constituye una demolición del régimen especial docente de jubilaciones. Para recuperar lo perdido y contemplar la inflación de este año la docencia necesita un aumento general que parta del 60%, y a partir de aquí el ajuste trimestral, bimensual y mensual, de acuerdo a la intensidad de la suba de precios. Perczyk, el ministro de Educación, anunció el compromiso de garantizar la presencialidad “plena” en las aulas, con total independencia de lo que ocurra con la pandemia. La semana que viene se reunirá el Consejo Federal de Educación dónde oficializarán los nuevos protocolos de vuelta a las clases presenciales. Esto es sumamente grave cuando el Ómicron ha puesto el ojo sobre los niños – de cuatro a doce años. La “normalidad escolar” consiste en abrirle las puertas de las escuelas al Covid, incluso con una mayoría de estudiantes que no tienen completo su esquema de vacunación. Esta política criminal no conoce altercados entre la santa trinidad del gobierno, las burocracias sindicales y las patronales de la educación, especialmente el clero, que tiene ungidos a todos ellos. La burocracia sindical –especialmente la de Yasky, Alesso, Baradel y compañía- apoya fervientemente al gobierno fondomonetarista de Alberto Fernández, que viene ajustando salarios y jubilaciones, en pos de terminar de cerrar un acuerdo con el FMI.

5 de febrero de 2022
Paritaria UPCN-ATE: la burocracia firma con el sello del FMI

Finalmente, este 3 de febrero se acordó entre empleo público, UPCN y ATE Nacional un aumento del 14% para los trabajadores de la administración pública nacional que se pagará en dos cuotas del 7% en febrero y abril. Esto completa la paritaria anual iniciada en junio 2021 que hasta ahora representó un 40% de incremento en 5 cuotas Desde las direcciones sindicales sostienen la premisa de que este acuerdo nos acerca porcentualmente a la inflación anual. En el cajón de los recuerdos quedó la lucha por un salario por encima de la canasta de pobreza. El acuerdo nos sigue dejando con salarios de pobreza y también con modalidades de contratación precarizadas. Los compromisos de los pases a planta, que han sido la moneda de cambio de los acuerdos paritarios a la baja de los últimos dos años han sido a cuenta gotas. De esta manera, se consagra un nuevo acuerdo paritario ajustado a la reducción del déficit fiscal del gobierno nacional que implica una pérdida salarial de más del 40% en los últimos 5 años. Un llamado de atención para el conjunto de trabajadores, en el escenario actual de negociación del gobierno de los Fernández de un acuerdo con el FMI que implicará una agudización de este ajuste. El abandono de instancias de deliberación por parte de las direcciones gremiales para poner en pie un plan de lucha en defensa del salario nos coloca a los trabajadores a merced de la política oficial de ajuste salarial y reforma laboral en los hechos. Y también, ante una completa indefensión ante las tentativas cada vez más concretas de un retorno a la presencialidad absoluta en medio del pico de contagios por Covid. Nos enteramos, a través del Boletín Oficial, que se acabó el teletrabajo, en medio de los crecientes contagios de la cepa Ómicron –ese es el único “protocolo” que se propone para los estatales. Quieren tratar el Covid como si fuera una gripe, aunque es sabido que las secuelas están muy por encima. Debemos seguir exigiendo que se cumplan con los protocolos y las burbujas. Los trabajadores y trabajadoras seremos quienes defiendan el derecho a la salud. Los trabajadores debemos debatir sobre las implicancias del acuerdo con el FMI y la crisis de poder político que ha abierto. Es urgente que nos auto convoquemos en asambleas por sector en cada organismo estatal, sin distinción de afiliación, para que discutamos sobre la situación salarial, las condiciones de trabajo en pandemia, los protocolos y el reclamo histórico del pase a planta. La lucha contra el FMI será obra de la clase trabajadora y plantea la necesidad de una perspectiva de organización con un rumbo propio discutido en un congreso obrero. Con esta perspectiva, los trabajadores del estado debemos movilizar a plaza de mayo con el conjunto de gremios, comisiones directivas, delegados y activistas este 8 de febrero contra el acuerdo con el FMI. Salario igual al costo de la canasta familiar. Indexación del salario por inflación. Protocolos de trabajo en pandemia discutidos y resueltos por los trabajadores. Pase a planta ya.

5 de febrero de 2022
Iglesia: una nueva denuncia de encubrimiento de abusos sexuales en España y Argentina

En el diario Clarín (4/2) la periodista Mariana Iglesias da cuenta de una investigación iniciada en 2018 por “El País” de España. El informe relata más de 251 casos de abuso sexual en la Iglesia entre 1943 y 2018. A esto debe sumarse un registro de los diversos casos que constan en el archivo de ese diario, ascendiendo la suma a 602 - uno por cada acusado - y un total de 1237 víctimas. La cúpula de la iglesia se ha negado, por supuesto, a desarrollar cualquier investigación. Se podría decir que entiende a la pedofilia y a la violación como al celibato – como indisoluble del régimen eclesiástico. Desde la presentación del informe periodístico en diciembre pasado, “solo cinco de las 31 diócesis afectadas por estos casos se han dirigido a EL PAÍS para pedir ponerse en contacto con los denunciantes” (11/01). La “obligatoriedad de investigar las acusaciones de abuso sexual” contra integrantes de la iglesia, que ha declarado el Vaticano, ha existido toda la vida, en el entendimiento de que debe ser secreta y sometida a la jerarquía episcopal. ¿Podría haber sido o ser de otro modo? El celibato es el modo de preservación de la fabulosa propiedad colectiva de la Iglesia, aprovechada por su jerarquía. La Iglesia ha pasado del feudalismo al capitalismo con mayor éxito que el stalinismo, porque se integró a la propiedad privada de mercado sin tener que desmantelar su enorme emporio propietario. Incluso ampliándolo. Ha creado numerosísimas corporaciones capitalistas que se encuentran supervisadas por el Tesoro del Vaticano. El Papa Francisco, como corresponde, designó como “supervisora” de todo el procedimiento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la vieja Inquisición ‘aggiornada’. Aunque según sus propias normas la investigación no debería durar más de 90 días, la CEE ha dejado pasar ya tranquilamente 45 días, o mejor, trabajado febrilmente en ella, para borrar huellas, ‘persuadir’ personas y familias agraviadas, y evitar un trámite sumarísimo en la justicia civil. Todo bajo la mirada paternal y condescendiente del Vaticano. Mariana Iglesias destaca que el propio Francisco se encuentra involucrado, junto con toda la alta jerarquía de la Iglesia, en las denuncias de encubrimiento y apañamiento de casos de violación y abuso sexual. Señala que, en 2020, un argentino, Sergio Decuyper, denunció en la sede vaticana al Papa por encubrimiento de su abusador. Luego que Sergio detallara personalmente a Francisco su caso, éste le pidió perdonar a su abusador e ir a terapia (Clarín, 4/2). El psicoanálisis ha pasado de herejía a cura milagrosa. En 2021 una docena de obispos argentinos fue denunciada por encubrimiento de diversos abusos sexuales en el interior del país, entre los que se encontraban viejos colegas del entonces obispo Bergoglio. Es necesario un movimiento popular por la justicia a lo/as jóvenes abusado/as y por la confiscación de la propiedad clerical, la base de existencia histórica de la Iglesia.

5 de febrero de 2022
Chubut: trabajadores de la pesquera Cabo Vírgenes luchan por su reincorporación

El sábado 18 de diciembre último, en pleno Chubutazo contra la zonificación minera, 70 trabajadores del turno noche de la planta pesquera Cabo Vírgenes decidieron no hacer horas extras en reclamo a una serie de demandas que la patronal no cumplía. Los obreros se venían reuniendo con Fabián Molina, secretario gremial en la zona del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación). El 22 de diciembre la empresa envió 20 telegramas de despidos, que, según denuncian los propios trabajadores, fueron dirigidos a quienes tomaron la palabra en las reuniones con Molina, en las que no se encontraba la patronal. Como ocurrió en el caso de la embotelladora Pepsi en Trelew o la propia FYRSA en 2020, nos encontramos ante una nueva entrega de los trabajadores a la patronal por parte de la burocracia sindical. Hace más de un mes el conflicto se encuentra bajo el dictado de una conciliación obligatoria que vencerá este lunes 7 de febrero. “El 22 de diciembre arrancó la lucha cuando llegaron los telegramas, nos juntamos con todos los compañeros y paralizamos la planta y el muelle de la empresa”, informa Santiago, uno de los voceros de los despedidos. Reclamaban por la antigüedad, el refrigerio y por cámaras que había puesto la patronal en el comedor, entre otros ítems. Por su parte, Pamela agrega que “casi todos los puntos que veníamos reclamando se reconocieron mediante subsecretaría de Trabajo. Nos despidieron por reclamar esos ítems”. Es claro que la patronal busca dividirlos y aleccionar al resto del personal de que no conviene organizarse y reclamar por sus derechos. Cabo Vírgenes pertenece al empresario Eduardo del Río y, según expresan los propios obreros, contaría con una planta de alrededor de 500 trabajadores, de los cuales tan solo 30 serían efectivos, mientras que cerca de 400 son efectivos por temporada y el resto eventuales. “A la empresa le está yendo muy bien, compró una fábrica en Comodoro Rivadavia con personal efectivo, hizo un muelle en el puerto de Rawson”, aclara Matías, otro de los referentes de la lucha. Además, denuncian que la empresa les hace figurar en los recibos de sueldo que trabajan por hora cuando en realidad lo hacen por producción. Los obreros recalcan que la lucha es por la reincorporación de todos los despedidos y que no bajarán los brazos hasta concretarla. “Le estamos diciendo a los compañeros que no tengan miedo, que el reclamo que nosotros hicimos no es para nosotros 20, es para el total”, resalta Santiago. A lo que Matías agrega que “también en otras plantas pasa lo mismo u otras cosas, pero siempre hay problemas con los trabajadores de las plantas pesqueras. Así que pedimos el apoyo de toda la gente, de todas las plantas”. Los trabajadores denuncian que “en todas las plantas se metió este señor Fabián Molina y hace sus cosas. Ojalá que con esta movilización que hicimos nosotros salga la luz en todas las plantas y todos salgan a hablar”. Si el lunes 7 no reciben una respuesta positiva de parte de la patronal, se endurecerán las medidas de fuerza. Los trabajadores cuentan con la simpatía y solidaridad de los protagonistas del Chubutazo en Rawson que resistieron en las calles a una feroz represión durante varios días.

6 de febrero de 2022
Drogas: de Pablo Rieznik al aparato oficial del PO

El Partido Obrero adoptó tempranamente una clara posición frente al problema de las drogas. A fines de 1997, Pablo Rieznik escribió un texto (“El porrito de Calamaro”, en Prensa Obrera, 27/12/1997) en que se delimitaba de lo que llamó el “pajerismo intelectual”. Pablo polemizaba con José Pablo Feinman, quien reivindicaba el “derecho individual” a consumir lo que se le cante, y reclamaba la “regulación” estatal de las sustancias psicoactivas por el Estado. PR señalaba que “«control estatal» del consumo de drogas no es otra cosa que un cuidadoso ‘descontrol’ de ese mismo consumo, y que lo que se trata es de ‘suprimir’ los poderes represivos, o sea destruir el Estado capitalista, y no atacar las ‘excusas’ que utiliza. Es la represión, advirtió, la que crea sus propias excusas, y no éstas las que habilitan o justifican la represión. De otro lado, insistía, el supuesto, de «sujetos libres», capaces de tomar decisiones fuera del contexto histórico, ignora la lucha por la supervivencia en una sociedad dividida en clases, en que una minoría explota a una inmensa mayoría, e ignora al Estado, con poderes para asegurar la reproducción de esas condiciones sociales. Otra cosa muy diferente es la defensa de los «derechos individuales», como arma política de lucha contra esas condiciones de explotación y opresión. Esa lucha no es expresión de «la (inexistente) autonomía de los sujetos», sino una acción colectiva dirigida a liquidar la raíz de los males y enfermedades sociales, entre ellas la esclavización a las drogas que no es otra cosa que la explotación del capital. En Prensa Obrera, Desirée Macrini (“El prohibicionismo criminaliza y mata: abajo la Ley 23.737 de drogas de la dictadura”) admite, a su manera, el carácter contrarrevolucionario de la reivindicación de la ‘libertad’ para alcoholizarse y drogarse. “Ante el sufrimiento e injusticia diaria la mayoría recurrimos a algún tipo de sustancia o práctica para distendernos y aliviar la tensión o la angustia”. Más allá de la confusión entre consumo de sustancias y práctica, que involucra desde el deporte a cualquier otra afición, como programa político aboga por la autodestrucción personal. “Lo revolucionario, insiste Macrini, es impulsar la regulación legal de la marihuana”, evitando referirse a los estupefacientes en general. Sólo reivindica la boleta de entrada a ellos. No especifica tampoco qué habría que regular. En todo caso sería una invasión a la intimidad individual, de modo que pasamos del ‘libre albedrío’ a la tutela estatal. Lo esencial, sin embargo, es otra cosa: Macrini describe el sufrimiento, la injusticia y la angustia pero no el estadio histórico de la descomposición capitalista. Las guerras y la destrucción del medio ambiente y del individuo social sólo pueden combatirse por medios revolucionarios colectivos. Macrini reclama mayores impuestos a las bebidas alcohólicas para financiar la atención de los tratamientos de las personas adictas a las drogas y el alcohol. Como ya se escribió en otro artículo en estas páginas, Desirée pretende convertir a la sociedad en una Unidad de Terapia inmensa, ¡financiada por los propios contribuyentes! A la inversa del texto de Macrini, un artículo de “opinión” de Federico Piccadaci pareciera reivindicar el patrimonio histórico del PO. Contradiciendo expresamente a Macrini, señala: “En este sentido, una tarea revolucionaria importante es luchar contra el consumo problemático de sustancias, luchar para que nuestrxs pibxs no tengan que drogarse para aguantar la vida, y para que tengan una verdadera perspectiva”. Como en otros asuntos de relevancia política, el aparato del PO ‘mira’ desde la tribuna lo que llama un “debate”, para medrar en la confusión y ocultar que apoya la permisividad con la droga. Al abstraer el flagelo de la droga de las condiciones de explotación capitalista y, de otro lado, convocar al consumo ‘regulado’ de estupefacientes, estas posiciones traducen una firme línea de colaboración de clases; dicho con el mismo lenguaje de los señalados: una lucha de clases regulada. Absuelve a las organizaciones obreras, controladas por la burocracia, de la responsabilidad de no luchar contra el alcoholismo y la drogadicción. No denuncia que el aumento exponencial de estos flagelos son el resultado de un 50% de pobreza y un 30% de indigencia, en crecimiento. O sea, de una política sindical de sometimiento a las patronales y al FMI. Los ‘sufrimientos’ y las ‘angustias’, como una expresión colectiva, tienen un carácter político y deben ser atacados con la propaganda, la agitación y la organización revolucionarias.

6 de febrero de 2022
La mecha del tarifazo

A pocas horas de anunciado el "entendimiento” del gobierno argentino con el FMI, la vicepresidenta del organismo se encargó de subrayar que un acuerdo debía implicar "una baja sensible de los subsidios a la energía", es decir, un tarifazo en regla. Los subsidios en cuestión representan más de 2% del PBI, es decir, las dos terceras partes del déficit fiscal que el gobierno debería eliminar hasta el 2025, según el acuerdo que se quiere firmar con el Fondo. Guzmán y Fernández se han empeñado en edulcorar los aumentos tarifarios en puerta, asegurando que sólo lo pagarán aquellas familias de altos ingresos. Pero esa versión, a esta altura, se está viniendo abajo: a efectos de lo que exige el FMI, el aumento de tarifas sólo podría ser efectivo con un alcance bien amplio. A partir de allí, la crisis política del gobierno comienza a desarrollar su onda expansiva hacia todos los estamentos de la administración del Estado. "Segmentación" Desde que comenzó el año, los entes reguladores del gas y la energía vienen sostienendo audiencias públicas para fijar los nuevos valores de la luz y el gas. En el caso de la energía eléctrica, las empresas generadoras plantearon aumentos del orden del 20%. Este aumento, sin embargo, sólo corresponde a la primera fase de la actividad, y no incluye a las transportadoras y distribuidoras de energía. En la audiencia del gas, los aumentos anunciados llegaron al 35%. Pero estos valores aparecen como un promedio de diferentes aumentos, ya que entraría en juego la famosa segmentación de consumos, una reedición de la fracasada “sintonía fina” que Cristina Kirchner intentó aplicar después de ser reelecta en el 2011. La “segmentación” implica aumentos diferenciados, desde aquellos que pagarán la tarifa “plena” (sin subsidios) hasta la tarifa social. La liberación plena de tarifas sólo estaría confirmada para unos 480.000 usuarios de Capital y gran Buenos Aires que viven en barrios privados o en zonas de valor inmobiliario elevado. En ese caso, los aumentos previstos estarían entre el 100 y 120% de las tarifas actuales. Pero incluso si se comprobara que todas las familias de ese “segmento” tienen un alto poder adquisitivo, ellas representan menos del 10% de los hogares del AMBA. Por lo tanto, es muy poco lo que pueden contribuir para atenuar el tarifazo general. Una estimación privada sostiene que, para lograr que los subsidios se reduzcan en un punto del déficit fiscal, el aumento promedio debería situarse en torno de “la tasa de inflación que por ahora los estudios privados la ubican en el rango de 55% a 60%” (Infobae, 4/2). Pero como el aumento promedio debe contemplar a la tarifa social, que subiría menos, algunos calculan que el tarifazo que le cabrá al resto de la población debe llegar al 80% (Clarín, 6.2). Al gobierno le va costar presentar a esa masa afectada por el tarifazo como “privilegiada”: en la Argentina, según la última estimación de distribución del ingreso (tercer trimestre de 2021), no más del 10% de los hogares supera la actual canasta familiar, que se ubica en los 160.000 pesos; el 40% de los hogares, por otra parte, está por debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, se encuentran millones de asalariados –incluso en blanco o efectivos- que no cubren sus necesidades elementales. El tarifazo agrandará considerablemente al lote de familias pobres. Si el gobierno decide ampliar la “segmentación”; y cobrarle la tarifa plena a una mayor porción de la población, inevitablemente golpeará a asalariados que no alcanzan a cubrir la canasta familiar. El tarifazo choca de frente con el derrumbe del salario y de las condiciones de miseria general –los salarios y jubilaciones acumulan cuatro años de caída. Ninguna segmentación va a evitar la conmoción popular que plantean estos aumentos. Crisis política Así las cosas, los diarios informan de los enfrentamientos entre el ministerio de economía, de un lado, y la secretaría de energía, dominada por funcionarios de La Cámpora. La disputa parece una reedición, aguas abajo, de la crisis protagonizada por Máximo Kirchner en el Congreso, aunque con un componente de particular perfidia: desde la época de Kicillof-Gallucio, el camporismo es un abanderado de la dolarización de los precios del gas para incentivar la producción en Vaca Muerta. Estos aumentos en beneficio de los monopolios petroleros no sólo presionan sobre la tarifa del gas domiciliario sino también sobre la luz, porque una parte importante de las usinas eléctricas se alimentan con gas. El kirchnerismo, partícipe necesario de los intereses capitalistas que conducen al tarifazo, no quiere hacerse cargo de sus consecuencias políticas. La crisis política y la desintegración del gobierno avanza, sin pausa, hacia todos los estamentos del Estado. Ninguno de los protagonistas de esta riña ignora lo fundamental: los tarifazos han sido un componente crucial en todas las rebeliones populares que han surcado a América Latina en estos años.

6 de febrero de 2022
Docentes CABA: defendamos el estatuto y las licencias por Covid y contacto estrecho

A pocos días del retorno a nuestros puestos de trabajo, tomamos conocimiento de una resolución, por parte del GCBA, que afecta a un gran número de docentes que contrajeron Covid 19 durante el período de vacaciones. A través de dicha resolución, se le niega el reconocimiento de los días de licencia por aislamiento, que habían sido autorizados por Medicina Laboral. Según el Estatuto del Docente (nuestro convenio colectivo), las licencias por enfermedad, en este período, constituyen una interrupción de la licencia anual ordinaria por vacaciones (Art. 69). Por esta razón, los días que el trabajador o trabajadora no pudo gozar de sus vacaciones, se deben trasladar a la fecha de presentación de todo el personal a las escuelas. Sin embargo, Larreta y Acuña intentan liquidar esa conquista histórica de un plumazo. Utilizando el título de “Licencia médica Covid 19”, lo presenta como una licencia especial y no por enfermedad, dejándola fuera del convenio. Es decir, el mismo gobierno, que se empeña en tratar al Covid ´como una gripecita´, para poder desarrollar el aperturismo a como dé lugar, ahora, en este caso ni siquiera lo define como una enfermedad. La Licencia médica por Covid 19 fue arrancada el año pasado en un cuadro de deliberación docente, frente a los descuentos salariales que sufrían los contagiados y los contactos estrechos. La misma terminó siendo reglamentada en la paritaria de marzo de 2021, estableciendo que: “a partir del 1° de febrero de 2021, el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontará por LICENCIA MÉDICA COVID 19 ni por ninguna solicitud de PAE (permiso de ausentismo extraordinario).” Todo esto, en el marco de una paritaria salarial a la baja y en el cuadro de propagación de contagios en las escuelas y colegios que se cobraba la salud y la vida de compañeros y compañeras. El gobierno pretende imponer la eliminación de la interrupción de vacaciones, por esta afección, como parte del acuerdo paritario. Sin embargo, en dicho punto, no se refiere en ningún momento al período de vacaciones. Sindicatos Los sindicatos de mayor reconocimiento se pronunciaron contra la medida, incluido UDA (CGT), que viene firmando todas las paritarias a la baja. Por su parte, la conducción celeste de UTE-CTERA, también sacó un comunicado de rechazo. Sin embargo, no quiere levantar el avispero. Resulta que, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, con el que se encuentran alineados dentro de FDT, procedió de una manera similar. Además, la defensa de las licencias por Covid y por contacto estrecho no figuran en el pliego que Ctera presentó en la reunión de paritaria nacional del día 3 de febrero. Ademys, si bien ha repudiado la medida y exige que se revierta, a través de una nota presentada en el Ministerio, aún no ha puesto fecha de asamblea para resolver un plan de lucha. Nuestro planteo: Esta medida reaccionaria lanzada por Larreta y Acuña les permite ahorrarse, tanto a la gestión estatal como privada, parte de las vacaciones pagas de los docentes que contrajeron el virus, como así también el sueldo de suplentes. Esta medida, sin embargo, no debe ser tomada como un hecho aislado, forma parte de un ajuste integral. No es casual que el gobierno retome como argumento una de las cláusulas de la paritaria 2021. Es que, durante este año, desaparecerán las licencias por contacto estrecho, sin pérdida del presentismo, que fueron reglamentadas en dicha paritaria. La eliminación de licencias por contactos estrechos y la ausencia de protocolos con una presencialidad plena es motorizada, también, por el gobierno nacional. Llamamos a la docencia a la más amplia deliberación. Impulsemos asambleas en las escuelas y distritos, por un plan de lucha en defensa del Estatuto del Docente, el reconocimiento de las vacaciones pagas para todos los compañeros y compañeras afectadas, en defensa de la salud y la vida, por un salario igual al costo de la canasta familiar indexado por inflación.

6 de febrero de 2022
Bariloche: Mi Bus y el gobierno municipal ponen en riesgo la vida de trabajadores y usuarios

En vísperas de una asamblea popular convocada por la Multisectorial por el Transporte Público y Juntas Vecinales para el viernes 11, surgen otras graves evidencias sobre el deterioro del servicio. Se trata de reventones de cubiertas en las unidades viejas que vinieron a reemplazar a las que circulaban con anterioridad. Esa sustitución de unidades circulantes por otras viejas -y sin el logo de la empresa concesionaria- desencadenó cuestionamientos y movilizaciones. La sospecha de vaciamiento se confirma. Pero ya estamos en riesgo de vida. Cualquier pasajero puede observar a simple vista el estado de los neumáticos. Se produjeron reventones en varios trayectos que milagrosamente no produjeron una tragedia. El transporte, cuestión crucial e inmediata Las respuestas del gobierno a las exigencias de la movilización popular son cínicas y elusivas. Ofrece que se canalicen quejas a través de una página web. Admite el deterioro del servicio y lo adjudica a la crisis económica de los últimos años. ¿Y la recaudación histórica de estos últimos meses, ante el boom del turismo interno? ¿A qué se refiere con “pensar en un nuevo sistema sustentable que va a requerir de un esfuerzo continuo y tiempo”? En la asamblea popular del 11 plantearemos la necesidad de que se abran los libros de la empresa, que el municipio asegure el servicio bajo el control de trabajadores y usuarios, sin tarifazos, garantizando los puestos de trabajo bajo convenio de origen (UTA). Los bienes de la fraudulenta empresa Mi Bus deben ser expropiados, y colocados para que sirvan a la reconstrucción del transporte. En este marco, una conferencia o congreso de trabajadores y organizaciones barriales debería discutir las necesidades de transporte, frecuencias y recursos que deberían ser garantizados por el Estado.

6 de febrero de 2022
Tucumán: la lucha de los enfermeros autoconvocados

Desde hace dos semanas, está en curso un proceso de lucha autoconvocada de trabajadores de la salud. Se inició en el sector de Enfermería de la Maternidad, con un corte de calle exigiendo mayor cantidad de personal, pase a planta permanente y aumento salarial. En su momento dijimos que estos trabajadores marcaban el rumbo a seguir. Efectivamente: días después fueron los trabajadores del Hospital de Niños los que se autoconvocaron a un nuevo corte, ampliando el escenario de lucha y abriendo paso a un proceso de coordinación. Por medio de una nueva autoconvocatoria, esta vez coordinada por trabajadores de enfermería de la Maternidad y el Hospital de Niños, el jueves 3 se realizó una movilización desde el SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) hasta la Casa de Gobierno. Participaron alrededor de 250 trabajadores de la salud. Con los sectores de enfermería se sumaron médicos, bioquímicos, administrativos, etc., y los choferes de las ambulancias del 107. En la concentración final, intervinieron distintos oradores, quienes denunciaron las condiciones laborales y fueron precisando una plataforma de reivindicaciones: mayor cantidad de personal, aumento salarial acorde a la inflación, licencias por Covid 19 o por vacaciones luego de 2 años de estar en la primera línea, estando totalmente agotados y con sobrecarga laboral. Estos reclamos elementales chocan con la política de salud del gobierno de liberación total de actividades, restricciones para realizar los hisopados por falta de personal, pero también como forma de disimular el número exorbitante de contagiados. A la par de todo esto, el gobierno ha procedido a reducir los servicios de otras patologías. Los datos que emergen de los propios trabajadores dan cuenta de que las terapias de diversos hospitales, incluido el de Niños, y también sanatorios privados, están ocupadas a full. Y aún no comenzaron las clases presenciales, lo que seguramente va a producir un envión a los contagios generalizados de niños y docentes. Frente a los reclamos, la respuesta del gobierno fue una campaña de aprietes y persecución, negando reemplazos a compañeros que venían trabajando bajo este convenio hace más de 5 años. En este proceso de lucha se ha producido un fenómeno muy importante. Los enfermeros que se han autoconvocado estaban encuadrados en ATSA. Es una acción de rebeldía contra una burocracia completamente alineada con el gobierno, hasta el punto de que su secretario general es también legislador oficialista, que no se ponía de manifiesto desde hace años. El SITAS, que integra el FESPROSA a nivel nacional, en muchas oportunidades ha tomado iniciativas de lucha. En esta oportunidad, no se han pronunciado en apoyo a los enfermeros autoconvocados. Significativamente, los directivos del SITAS participaron de reuniones convocadas por el gobierno de Jaldo, y existen negociaciones para que en forma simultánea se produzcan las paritarias docentes y de salud. Los trabajadores de la salud autoconvocados y en lucha han anunciado la continuidad de las acciones. El bloque de delegados combativos alineados con Tribuna de Salud han participado de estas acciones, por medio de asambleas de base, han planteado a la dirección del SITAS la necesidad de una interhospitalaria con mandatos de asamblea, que se pronuncie claramente en apoyo a los enfermeros autoconvocados en lucha. Sería un punto de partida para encarar un plan de lucha de conjunto por el salario, las condiciones de trabajo, el pase a planta, por el aumento del presupuesto que permita incorporar mayor cantidad de personal en todas las áreas, y el levantamiento de todas las sanciones y acciones persecutorias contra los que luchan.

7 de febrero de 2022
Política Obrera llama a movilizar este martes “para impulsar una huelga general contra el acuerdo con el FMI”

“Política Obrera”, la Tendencia del Partido Obrero, participará mañana de la movilización que hemos convocado diversas organizaciones políticas y sociales en oposición al acuerdo con el FMI. Marcelo Ramal y Jorge Altamira realizaron declaraciones al respecto. Marcelo Ramal señaló: “Durante dos años, el gobierno de los Fernández ajustó a la baja salarios y jubilaciones, con el argumento de evitar un derrumbe, y lo mismo hicieron con los gastos de cuidado de la salud. Pero además, despilfarraron 30 mil millones de superávit comercial, mediante el pago de la deuda externa y el financiamiento de la fuga de capitales. Ahora, con el acuerdo con el Fondo, pretenden que la factura de la bancarrota la paguen los trabajadores, no quienes lucraron con ella. Detalle más, detalle menos, es la política que siguió el macrismo”. Jorge Altamira, por su parte, agregó: “El acuerdo del gobierno con el FMI repone el ‘stand by’ firmado por el macrismo en 2018 y sucesivamente, ahora por un período de dos años y medio, acompañado de devaluaciones del peso cuyas características son mantenidas en sigilo. Se trata de la reincidencia en un delito político y penal, por parte de quienes lo denunciaron cuando fue cometido por el macrismo. El FMI vuelve a violar sus propios estatutos. El acuerdo garantiza a los fondos internacionales la reconversión de la deuda pública local en su poder, de pesos a dólares, como ha ocurrido varias veces, bajo el gobierno actual, en beneficio de Pimco y Templeton. Contempla aumentar la deuda pública en pesos del Tesoro, con títulos indexados a dólar o inflación y aumentar la tasa de interés con que son remunerados. Este acuerdo fuerza a los trabajadores de Argentina a volver a pagar un negociado inmenso con salarios y jubilaciones de indigencia y prestaciones sociales inferiores a ellas”. Marchamos este martes 8 con la consigna de promover una rebelión popular contra este latrocinio social y una huelga política de masas contra el gobierno, los partidos y las instituciones que lo avalan. “Política Obrera” concentrará desde las 17 horas en Alsina y 9 de Julio, para marchar luego a la Plaza de Mayo.

7 de febrero de 2022
Las “drogas recreativas” emancipan

El debate sobre narcotráfico y consumo de drogas se reavivó fuertemente la semana pasada, como consecuencia del tendal de muertos e internados en el conurbano bonaerense por consumo de cocaína “estirada” con opioides sintéticos. La masacre de Tres de Febrero envuelve responsabilidades políticas –del intendente y de los ministros de Seguridad de Provincia y Nación. Más allá del conurbano, en la provincia de Santa Fe compromete a los tres poderes del Estado y al estamento policial. Para los partidarios de la piedra libre al consumo de droga, al cual algunos responsabilizan de haber inspirado nada menos que la cultura y el arte de la humanidad, la legalización pondría fin a la adicción, a la muerte y a las crisis políticas. Es el caso del PTS, que promociona el consumo de drogas, al punto que las califica de “recreativas”. Como acto de autoridad se apoya en la ONU, que al igual que el Vaticano es un nido de abusadores y criminales, como ha sido reiteradamente denunciado por los “Cascos Blancos” del organismo. De acuerdo a esta entidad, que en 2013 apoyó la mentira de Bush acerca de la posesión de “armas de destrucción masiva” por parte de Irak, para justificar un bombardeo criminal y la ocupación del país por la OTAN, “la población mundial entre 15 y 64 años que consume alguna sustancia ilícita, tan sólo alrededor de una décima parte presenta consumo problemático” (Laizquierdadiario.com, 02/02/22). ¿Cuántas personas significa todo esto: 500 millones, 100 millones? El PTS traduce el “consumo de alguna sustancia ilícita” como sustancia “recreativa”. ¿Por qué usa la expresión “consumo problemático” en lugar de adicción? Es claro que las autoridades de la ONU favorecen ese consumo y lo disfrutan en un porcentaje mayor que el de su estadística. El PTS procede en este caso como lo ha hecho con la pandemia: piedra libre al virus, las estadísticas de la OMS dice que mata ‘solamente’ al 2 o 3% de los contagios verificados. Según The Economist, sin embargo, el número de muertos no se conocerá nunca, aunque estima que es quince veces mayor al de las cifras oficiales. Hay que distinguir, dice el PTS, “el consumo problemático del que no lo es” (ídem). No dice que esto sólo se puede hacer ‘probando’. Como ocurrió con el voto favorable del FITU a la modificación de la categoría de Boedo en el código de planeamiento urbano, para fomentar la especulación inmobiliaria, ahora lo vemos publicitando la droga que, ilegal o no, es siempre un negocio de las farmacéuticas, la rama más peligrosa y lucrativa después del armamentismo. La muerte de más de una veintena de jóvenes del conurbano no se debería al consumo de “drogas recreativas”, sino a la “ilegalidad en el que se encuentran las drogas, que es la condición necesaria para que exista el narcotráfico y la venta de sustancias adulteradas y sin ningún tipo de control de calidad.” (ídem). Lamentamos decir que aquí hay más tonterías que palabras, porque la ‘calidad’ es, por de pronto, la que produce el mayor efecto ‘recreativo’, o sea, el mayor daño potencial. Es la que consume la clase ociosa del capital, por eso es económicamente inaccesible para el ciudadano de a pie. Es una diferencia de precio mayor a la que separa el bife de lomo para exportar de la tapa de asado para consumo interno. Reclamar que la ANMAT certifique la ‘calidad’ de las “drogas recreativas”, es decir, su pureza, es pedirle que opere como una empresa comercial que separa a la prenda perfectamente acabada de la del ‘outlet’. De acuerdo a la receta del PTS el consumo de drogas de calidad mejoraría la performance de un piquete de huelga; pero las viejas y nuevas generaciones proletarias prohíben cualquier forma de alcohol cuando se trata de la lucha. Para el PTS la sociedad está compuesta por individuos libres y racionales que saben muy bien, en uso de su libre albedrio, qué es bueno y qué no para su salud psíquica y física (Laizquierdadiario.com, 08/05/14). En la economía burguesa vulgar, esto recibe el nombre de “expectativas racionales”. Tutti sapiamo tutto. El planteo está mal formulado: en una sociedad explotadora y en un capitalismo en descomposición, muchísimos son arrastrados por la desesperanza y hasta la desesperación. Como las drogas forman parte del arsenal de la medicina, deberían recetarla los médicos, los psiquiatras y los psicólogos por escrito. ¿Lo harían si fuera legal? En Uruguay, el control en las farmacias es por cantidades, no recetas, lo que para nada quiere decir que los ‘cumpas’ orientales no disfruten de la recreación. La otra alternativa de control sería el etiquetado frontal, que debería decir que este producto ‘recreativo’ daña la salud. Es precisamente la escapatoria de la que se vale el PTS y también el aparato del PO. “Se trata de una cuestión de salud pública que debe ser atendida con políticas activas de prevención, acceso a información científica, educación pública en la materia y reducción de daños. Y debe incluir a todas las drogas sin ningún tipo de prejuicio (sic), ya que por ejemplo las legales de venta libre, causan más muertes que las ilegales” (Laizquierdiario.com, 02/02/22). Este planteo, como acertadamente denuncia Política Obrera, convierte a la sociedad en una gigantesca terapia intensiva financiada por las propias víctimas (Politicaobrera.com, 06/02/22). Lo que pide el PTS ya existe, pues hay asistencia médica para la drogadicción, con la misma deficiencia criminal con que son tratados todos los temas de salud, en especial cuando se destruye el sistema público. La falacia del PTS y quienes se han pasado a su ‘doctrina’ es que operan como legisladores, no como luchadores. Al final, los libertarios de izquierda desarrollan una suerte de Estado-dependencia: droguémonos que la ley prevé que seamos atendidos. El razonamiento de un luchador es otro: la droga, ¿sirve para ganar una huelga, quebrar a los gobiernos patronales, hacer la revolución? Si sirve, entonces, “proletarios de todos los países, drogaos”. Si no sirve, y es muy perjudicial, sigamos con las ‘viejas’ soluciones: “proletarios de todos los países, uníos”. La difusión de la droga ha convertido a la adicción en un asunto de salud pública. Pero la naturaleza del asunto es política: a favor o en contra del envenenamiento de la clase obrera. El socialismo combate la esclavización y alienación de la clase obrera en todas sus formas, incluido el alcoholismo, en nombre de la emancipación de la explotación del hombre por el hombre y de la Comuna; como dice otro artículo de PO, de la universalización del individuo social. Esta es una premisa política sobre la cual debe construirse y organizarse la fuerza social cuya misión histórica es derrocar al capital y abrir el camino hacia una sociedad libre de la explotación social, base sobre la cual se desarrollarán los individuos verdaderamente libres. Los candidatos del FIT.U impulsan desde hace mucho la legalización-legitimación de todas las drogas, por medio de los grandes medios de comunicación y las redes sociales. Los reservados artículos de ID, sobre la salud pública, se convierten en una feroz publicidad mediática a favor de la ‘recreación’. ¡Que presenten de una vez un proyecto de ley que regule la producción y la comercialización! Quizás se topen con los “precios cuidados” de Fernanda Vallejos, Paula Español y Feletti, pero “al que quiere celeste que le cueste”. El FMI ya se encargará de reponer los ‘precios libres’. Vendrán capitales, aunque no sean de China. El Estado siempre presente, sea en la legalidad o ilegalidad, cambiaría de socio, aunque mejoraría la recaudación impositiva y bajaría el déficit fiscal ¡sin ajuste! Las transnacionales tabacaleras podrían producir en gran escala cigarrillos de marihuana para abastecer al mercado. El PTS dice que legalizar “todas las drogas” es “socialista” y “progresista” porque “enfrenta al Estado” y defiende la democracia. Sería una victoria de todas las clases sociales, porque ninguna se opone a la ‘recreación’, aunque no todas la celebran del mismo modo, lo cual da pie a otras ilegalidades, la mayor parte de ellas vinculadas con la violencia contra la mujer. Qué lejos que ha llegado el propósito de pelearle a Milei el título de libertarios.

7 de febrero de 2022
Tucumán: por una lista de Docentes Autoconvocados para recuperar Atep

Las elecciones del sindicato docente ATEP se realizarán el 15 de mayo. En la misma se elegirán la comisión directiva, congresales provinciales y nacionales a Ctera y delegados departamentales. Para poder presentar una lista los obstáculos son inmensos. Se necesita el 3% de avales exclusivos para que sean válidos, sobre un padrón aproximado de 11.000 afiliados, o sea, unos 330 avales. Se exige lista completa, que la componen unos 120 candidatos que deben estar afiliados, tener la antigüedad y ser de todos los departamentos de la provincia, aparte de 15 candidatos jubilados. A finales del año pasado, la burocracia de ATEP realizó un congreso extraordinario con congresales oficialistas donde aprobaron, por una parte, una memoria y balance “trucha” y por la otra, eligieron una Junta Electoral adicta, una carta clave que la burocracia va a usar para asegurarse la reelección si tiene que apelar al fraude. Elecciones y salario El proceso electoral estará marcado, en esta primera fase, por las negociaciones salariales con el gobierno y el regreso a las clases presenciales en pandemia. En lo salarial, el gobierno tuvo su primera reunión con el Frente Gremial Docente (integrado por ATEP, Apemys y Amet). Fue una reunión protocolar, donde la burocracia se limitó a escuchar al gobierno. En los medios, Toledo, secretario General de Atep, sostuvo que seguirían los lineamientos de la paritaria nacional. En cuanto a la presencialidad plena, el gobierno tucumano ha planteado que van a seguir las pautas fijadas por el gobierno nacional, invocando diversas medidas que conforman un protocolo que son imposibles de cumplir. El gobierno apuesta al reflujo de los contagios y a la vacunación. Como indica la experiencia internacional, el retorno presencial pleno a las clases ha sido un motor multiplicador de contagios y nuevos brotes. Todas estas cuestiones van a ser temas de debate a partir del miércoles 9, cuando la docencia está convocada a retornar a las escuelas, aunque las clases comiencen el 2 de marzo. Las fuerzas en pugna Quienes ya han anunciado su candidatura a secretario General por Atep son: Toledo, quien ocupa la conducción desde hace 12 años; tuvo una relación privilegiada con Alperovich, luego con Manzur y ahora se ha acomodado con Jaldo. Es la cabeza del bloque burocrático que conduce el Frente Gremial Docente. Brito, referente de la lista Dorada, es un burócrata que se separó hace unos años del aparato que conduce ATEP. Ahora compite con Toledo en ganarse los favores de Jaldo y de varios intendentes del interior. Brito fue el impulsor de la llamada “Mesa de unidad y coordinación docente” que reunió a principio del 2021 a unos 20 agrupamientos, incluidos a los del FIT.U, defendiendo la “presencialidad cuidada”, haciendo eje no en enfrentar la política del gobierno, sino en bloquear las iniciativas del movimiento autoconvocado. Ahora, varios de esos agrupamientos, incluidos el PCR, rodean a Brito y en los medios se presenta como el representante de la unidad de la oposición a Toledo. Zelarayán, sobrino de quien durante 20 años dirigió ATEP, viene de integrar la actual comisión directiva, y rompió a fines del año pasado sin dar ninguna explicación pública. Actualmente es concejal radical en la ciudad de Concepción, donde el intendente Sánchez de Juntos por el Cambio fue electo diputado nacional en la última elección. Zelarayán impulsaría una lista de cuño radical-macrista. Por un ATEP democrático, combativo e independiente del gobierno Desde el movimiento Docentes Autoconvocados, donde milita Tribuna Docente, ya nos hemos lanzado a la tarea de conformar una lista de los luchadores y delegados de escuela que emergieron durante 2020, impulsando movilizaciones autoconvocadas en defensa del salario y luego en la lucha, cuando estalló la pandemia, en defensa de la salud y la vida. En los últimos dos años, este agrupamiento ha logrado sostener una actividad a escala provincial, reflejada en dos congresos de delegados de base y en numerosos pronunciamientos sobre los más diversos problemas relativos a las políticas educativas y las reivindicaciones de la docencia. Vamos a una lucha por la recuperación de ATEP, por un sindicato democrático, combativo e independiente de los gobiernos de turno.

7 de febrero de 2022
Victoria en el Call Center ACC GROUP
Corresponsal Telemarketers en Lucha

A raíz de un fallo favorable en primera instancia de la justicia, las delegadas del Call Center Acc Group lograron ingresar a la empresa. La patronal no las dejaba pasar de la puerta desde abril de 2020. Si bien aún no hay sentencia firme y restan reclamos por resolver -como el pago de haberes a una de las delegadas y el reencuadramiento dentro de convenio de la otra- el hecho constituye un triunfo. ACC es una empresa que se caracteriza por coartar sistemáticamente la organización sindical. El ataque a las delegadas constituyó un ataque a todas y todos los trabajadores. La patronal pretendió imponer el pago de haberes en cuotas, despidos y suspensiones sin goce de sueldo durante la vigencia de las prohibiciones en el marco del ASPO, y presiones de todo tipo para flexibilizar y precarizar las condiciones laborales. Son los responsables del fallecimiento de una compañera que contrajo COVID a principios del año pasado. Desde que la agrupación de base “La Violeta” recuperó el Cuerpo de Delegados para los Trabajadores en 2014, los trabajadores consiguieron elecciones democráticas de Cuerpos de Delegados genuinos y representativos. Aquel cambio de método en los delegados lo viven los trabajadores como una experiencia concreta. Se reincorporaron despedidos, se mejoraron las sumas de bonos y premios y se avanzó en las mejoras edilicias. Durante meses se logró el pago del sueldo íntegro al cuarto día hábil y la anulación de las suspensiones sin goce de sueldo. En momentos en los que la empresa amenaza con retomar el pago de los salarios en cuotas debemos avanzar por el camino de la unidad, la solidaridad y la organización de asambleas. La posibilidad de ingresar al edificio por parte de las delegadas se da en un contexto más general y muy importante de coordinación de varios calls a partir de la conformación de la “Asamblea de Trabajadores de Calls”, que tiene que servir para enfrentar los constantes intentos de las patronales de los Call Centers en incrementar la rentabilidad a costa de profundizar la precariedad laboral.

7 de febrero de 2022
Trabajadores de Cabo Vírgenes lograron la reincorporación

Desde el 22 de diciembre último 20 trabajadores de la pesquera Cabo Vírgenes se encontraban en lucha por su reincorporación luego de que la empresa, a pedido del delegado zonal del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), Fabián Molina, los despidiera por reclamos que venían realizando en las condiciones laborales. Tras paralizar la planta y el muelle de la empresa en el Puerto de Rawson, la Secretaría de Trabajo de Provincia dictó la conciliación obligatoria, que se venció esta mañana con la reincorporación de todos los despedidos por luchar. Este triunfo marca el camino al resto de los obreros de la pesca y a los trabajadores en general en la provincia. La lucha comenzó reclamando, entre otras cosas, la antigüedad, el refrigerio, las cámaras de seguridad que la patronal instaló en el comedor. Durante el transcurrir de estas semanas se obtuvieron la mayoría de los reclamos y en próxima reunión se buscará satisfacer la demanda en torno a las horas extras. Los trabajadores reincorporados informaron que no sufrirán ninguna sanción en su vuelta a los puestos de trabajo. Tras el Chubutazo de diciembre, la correlación de fuerzas parece mostrarse a favor de quienes se movilizan en reclamo de sus derechos. En este caso en particular, los trabajadores de la pesca amenazaban con paralizar la planta y el muelle de la empresa si no conseguían la reincorporación, lo que se hubiera convertido inmediatamente en problema político para el gobierno provincial mientras tiene en puertas un nuevo conflicto salarial con los trabajadores estatales, luego de la gran derrota que significó para el régimen político de conjunto la derogación de la ley de zonificación minera. Ahora los trabajadores buscarán elegir una nueva comisión interna con delegados propios, que respondan a los intereses del conjunto de los obreros de la planta y no de la patronal y de la burocracia sindical que los entregó. La lucha de los trabajadores de Cabo Vírgenes marca el camino para el resto del movimiento obrero chubutense, y en particular para los estatales. La acción directa para conseguir los reclamos debe estar precedida de la más amplia deliberación de las bases. Un Congreso Obrero de ocupados y desocupados para reagrupar al activismo que se encuentra disperso se hace más necesario que nunca. El acuerdo en puerta con el Fondo Monetario Internacional marcará la agenda próxima para el conjunto de los trabajadores del país y los sectores populares.

7 de febrero de 2022
Larreta y Acuña, sin protocolos: aseguran los contagios en los colegios y escuelas

El Jefe de Gobierno porteño, Larreta, junto a su Ministra de Educación, Acuña, picaron en punta a la hora de definir nuevas pautas de cara al inicio del ciclo lectivo 2022. En el día de hoy, presentaron públicamente lo que dieron a conocer como cambios en el protocolo. Sin embargo, se trata de la eliminación de los mismos. Bajo un cuadro de más de 3.000 contagios diarios en la Ciudad, y la alta contagiosidad de la variante Ómicron, el gobierno propone la vuelta a clases, prácticamente como si estuviéramos en una situación de pre pandemia. Las nuevas medidas se caracterizan por la inexistencia de burbujas. En palabras de Larreta “todos los espacios de interacción van a ser libres. Antes toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora sólo se tiene que aislar el chico o el adulto que da positivo”. Con la eliminación de las burbujas, se quita la figura de contacto estrecho. Solamente podrán aislarse aquellas personas que presenten síntomas, desconociendo la existencia de los casos asintomáticos, los cuales propagan también el virus. Además, se eliminan los ingresos escalonados, que pretendían evitar los tumultos de padres y estudiantes en la puerta o el hall de los establecimientos. En relación a los comedores escolares, tampoco existirán turnos. De este modo toda la escuela almorzará en el mismo lugar y al mismo tiempo, sin contemplar la distancia de más de 2 metros necesaria, en un momento donde no se utiliza tapabocas. En relación al uso de barbijo, seguirá siendo obligatorio solamente en lugares cerrados, para los alumnos de cuarto a séptimo grado. Para el caso de los niños y las niñas menores, no será obligatorio el uso de barbijo en el aula. Esta medida ya había sido implementada a fines del año pasado. Recordemos que al finalizar el ciclo lectivo 2021 comienza a observarse el ascenso de casos. ¿Acaso el gobierno ha estudiado el impacto de esa medida en el aumento de casos en niños y su entorno familiar? De esto, Larreta y Acuña no dijeron una palabra. Pero esto no termina aquí: en la escuela no se pedirá ningún tipo de pase o certificado sanitario, dejando la responsabilidad de la vacunación en manos de "cada familia”. Estas, “en acuerdo con su médico pediatra decidirán con libertad en qué momento vacunar a los chicos". O sea que da por cerrada cualquier tipo de intervención, por parte del Estado, en relación a la campaña de vacunación y la implementación de la misma en el calendario. Nuestro planteo La apertura escolar, así planteada, evidencia la política de vía libre al Covid. La eliminación de los protocolos, que también es impulsada por el gobierno nacional, traerá aparejado el incremento de casos, la propagación del virus y el desarrollo de nuevas variantes. Terminar con el Covid en las escuelas exigirá una deliberación y una lucha de los trabajadores y toda la comunidad educativa. Por protocolos establecidos por docentes, estudiantes y familias; por el cierre de las escuelas o cursos, en caso de contagios, en defensa de la salud y la vida. En ese caso, reclamamos que el Estado entregue los recursos materiales para la virtualidad (equipos y conectividad).

7 de febrero de 2022
Protocolos de regreso a clases: piedra libre al COVID en las escuelas

Se dieron a conocer los ejes del nuevo protocolo de “Aula Segura” elaborados por el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se aprobarían próximamente entre los ministros de educación y salud de todas las provincias. La burocracia de CTERA ya ha anunciado que votará indefectiblemente este “protocolo” pues actúa como un brazo ministerial del Estado, sin mandato de sus bases. Según lo difundido, este protocolo consta de “6 pilares”: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia (Télam, 04/02). En relación a lo utilizado en 2021, han desaparecido completamente las burbujas y los “semáforos” que suspendían toda la actividad escolar presencial en un distrito de acuerdo a la cantidad de contagios (“situación epidemiológica”). Sobre aislamientos en las escuelas por casos positivos de COVID, Carla Vizzoti, Ministra de Salud de la Nación dijo que “la vacunación tendrá un rol muy importante en los aislamientos, la tendencia es no suspender las clases ni los cursos” (ídem). El mismo día de conocerse este “protocolo”, el ministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que estamos en presencia de un verdadero “papel mojado”: “la situación de muchos chicos juntos en un lugar cerrado por muchas horas puede ser un foco de contagio que aumente luego en los hogares con las familias”, a lo cual le contrapuso los “pilares” del protocolo: “hay que insistir en vacunación, ventilación y uso adecuado de barbijos para reducir el riesgo” (Perfil, 04/02). El ministro le “insiste” a la sociedad porque el Estado ha disuelto todas las medidas sanitarias. Tampoco tiene que insistir, deberían haber acondicionado las escuelas, nombrar más docentes bajo estatuto y proveer barbijos de calidad que, hasta el momento, no existen. La admisión del “foco de contagio” contrasta con la cantinela de estos ministros en 2021 de que “las escuelas no contagian”, y anticipa un aluvión de nuevos contagios. Blanco sobre negro, el COVID circulará a diestra y siniestra por las escuelas, esta vez con sus variantes más contagiosas, y no habrá aislamientos preventivos para cortar la propagación del virus. La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) difundió que “hoy la medida más importante para tener un regreso a clases seguro es la vacunación de alumnos, docentes y no docentes”. Sin embargo, agregan también otras, como adecuar la infraestructura escolar para la ventilación cruzada, recurrir al uso de medidores de CO2 y evitar los amuchamientos (Perfil, 6/2). Estas últimas medidas prácticamente no existen en las escuelas, que no registran inversión alguna ni antes ni durante la pandemia. El común denominador de una escuela pública es, por sobre todo, el “amuchamiento”. Pero si de vacunación se trata, en Argentina el 74,2% de los niños y niñas de entre 3 y 11 años recibieron la primera dosis de la vacuna, pero sólo el 51,5% cuenta con el esquema completo (2 dosis), mientras que, en adolescentes, ya tiene la primera dosis el 88,2% de la población entre 12 y 17 años y con el esquema completo el 71,2%. La vacunación es desigual en las provincias; en Chubut y Chaco apenas la mitad de los niños en edad escolar están vacunados y en adolescentes, el 60% en Catamarca y Misiones (chequeado.com, 6/2). La vacunación, recordemos, no es infalible, y recién se comienza a investigar profundamente las consecuencias del llamado “Covid largo”, es decir, las secuelas que deja el virus, especialmente en niños y adolescentes. Como lo demostró el 2021, la presencialidad escolar a como dé lugar es un baluarte de la “nueva normalidad” en donde garantizar la circulación económica y el lucro, por un lado, y el pago del FMI y los acreedores de deuda, por el otro, son la prioridad. Alumnos, docentes, auxiliares, continuarán poniéndose en riesgo todos los días. Esto plantea poner en pie una organización en las escuelas, para evitar y frenar la circulación del virus arrancando al Estado medidas sanitarias y protocolos definidos por los docentes.

7 de febrero de 2022
Paritaria docente en Santa Fe: dilaciones al compás del FMI, fijemos nuestro pliego

La paritaria docente provincial llega en medio de ocultamientos y anuncios contradictorios. La Ministra de Educación, Adriana Cantero, ha declarado que espera repetir el mecanismo de ajuste salariales de años anteriores. Pero, a renglón siguiente, aclaró que no volverán a aplicar la “cláusula gatillo”, ya derogada por Perotti. Por su parte, Sonia Alesso, de AMSAFE, ha solicitado que la paritaria provincial se realice en simultaneidad con la nacional. Lo dijo en respuesta al Ministro de Trabajo, Pusineri, que dilata la convocatoria con el pretexto de esperar la pauta que fije la negociación nacional. La CD de AMSAFE se apresta a sentarse con el gobierno, sin mandato de las bases y sin haber convocado -ni CTERA ni AMSAFE- a ninguna asamblea para discutir qué pliego y qué mandato se llevará a la paritaria. Sobre el planteo de aumento que Alesso solicitará al gobierno provincial, la dirigente de AMSAFE ha expresado que aspira, “por lo menos”, a no perder con la inflación. Oculta que ya venimos sufriendo una pérdida salarial de años, que se acrecentó tras el acuerdo paritario del 2021. Ese acuerdo fue rechazado por la docencia santafesina, pero terminó impuesto por el gobierno mediante aprietes y amenazas, que la dirección provincial de AMSAFE dejó correr. Con ese acuerdo, que se extiende hasta enero/22, el inicial “de bolsillo” del maestro de grado será de $62.460,16 (a cobrar en febrero), cuando la inflación ya haya sumado un 4% más. Hace varios años que el salario inicial docente en Santa Fe está por debajo de la línea de pobreza, y mucho más lejos aún de la canasta familiar estimada en $160 mil pesos. Según un informe de UDA, en ninguna jurisdicción del país el salario inicial docente supera la línea de pobreza de $76.146. El salario docente ha perdido cualquier relación con el costo real de la vida. Por el salario igual a la canasta familiar El Ministro de Trabajo, Pusineri, recurre a las clásicas maniobras de estirar y tensar los plazos de convocatoria para llegar a la negociación con el inicio del ciclo lectivo. Entonces, y con la colaboración de la siempre dispuesta dirección Celeste, pretenderá hacer aprobar el acuerdo paritario con ultimátum y como hecho consumado. Alesso volverá a apelar al recurso desgastante de aguardar “la oferta superadora” del gobierno. Con el esquema de paritarias cortas "con revisión" y la modalidad de "acuerdos por tramos", que las mismas burocracias de los sindicatos estatales y privados proponen, buscan darle aire al gobierno y soslayar la pérdida salarial incurrida con la inflación pasada. Mientras tanto, la inflación, la devaluación, los aumentos de precios y tarifazos se disparan mes a mes pulverizando el poder adquisitivo. ¿Presencialidad plena con récord de contagios? Con la eliminación de testeos y el ajuste ejecutado en salud, el gobierno busca ocultar la verdadera situación de los contagios. Cumple así con las patronales que reclaman contra el “ausentismo” y que han impuesto el fin del aislamiento por contactos estrechos. Esto ocurre cuando la "nueva normalidad" es demolida día a día por la realidad, en medio de un alarmante crecimiento de las internaciones de menores, viendo comprometida en algunos casos la atención y la capacidad de hospitales de niños de la provincia. Frente a esto, ni CTERA, ni la AMSAFE tienen ningún planteo ni plan de Covid 0 en las escuelas. La política del gobierno y lo manifestado por las direcciones sindicales que le son afines demuestran que es la docencia santafesina la que debe fijar su pliego de reclamos, comenzando por la recuperación de lo perdido y un salario inicial igual al costo de la canasta familiar. Es crucial para la docencia abrir, desde las bases, la deliberación sobre estos desafíos, con asambleas, para dar impulso a la huelga coordinada con trabajadores de los demás gremios estatales, por todas las reivindicaciones pendientes. -Salario igual a la canasta familiar. No a los acuerdos en cuotas y las sumas en negro. -Indexación automática por inflación. Defensa del IAPOS y las jubilaciones. Basta de cierres y desguace de escuelas. Que se reviertan las destitularizaciones. Creación de horas y cargos. -Defensa de las licencias, aislamientos, suspensión de la presencialidad frente a los contagios en las escuelas. -Paritarios electos por las bases.

7 de febrero de 2022
¡Exigimos la liberación de la comandante sandinista Dora María Téllez!

La degeneración política del presidente nicaragüense Daniel Ortega -momentáneamente- ha caído a su nivel más bajo al encarcelar a la emblemática comandante sandinista Dora María Téllez; decimos momentáneamente porque no nos cabe duda de que Ortega se degradará aún más. Durante la lucha contra la dictadura somocista, la conocida Comandante Dos dirigió la toma del palacio presidencial y la ciudad de León. Después del triunfo de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez fue ministra de Salud y vicepresidenta del Consejo de Estado. El verdadero motivo del encarcelamiento de la compañera Dora María Téllez es reprimir el ejemplo revolucionario que ella puede dar al pueblo nicaragüense. Ortega ha intentado monopolizar los términos revolución, revolucionario y sandinista; pero el pueblo nicaragüense sabe que la Revolución y el sandinismo han sido traicionados por Ortega. Nuestro comunicado exigiendo la liberación de la compañera Dora María Téllez continúa el ejemplo solidario de los miles de cubanos que -tanto en la lucha insurreccional como tras el triunfo de 1979- participaron de la Revolución Sandinista; el ejemplo de los revolucionarios de otros países del mundo que ejerciendo el internacionalismo combatieron en las selvas nicaragüenses; el ejemplo de quienes una vez triunfó la Revolución llegaron a Nicaragua para trabajar por la construcción de una nueva sociedad; el ejemplo de intelectuales revolucionarios como Fernando Martínez Heredia, Silvio Rodríguez y Julio Cortázar que estuvieron presentes en la Nicaragua sandinista; el ejemplo de quienes desde el extranjero de muchas maneras apoyaron la Revolución sandinista y el ejemplo de la Brigada Latinoamericana Simón Bolívar. ¡Liberen a la compañera Dora María Téllez y a todos los prisioneros que luchan por la segunda Revolución popular sandinista! ¡Viva la Revolución Sandinista y quienes no la traicionaron! ¡Viva la Brigada Latinoamericana Simón Bolívar! ¡Socialismo y Libertad! ¡Trabajadoras y trabajadores al poder! ¡Hacia el Comunismo! Desde algún lugar de Cuba: Comité Editorial de Comunistas, tarde del segundo lunes de febrero, 2022

8 de febrero de 2022
Ucrania: un peligroso impasse hacia la guerra

El conflicto político-militar acerca del destino geopolítico de Ucrania se encuentra en un impasse. El gobierno de Rusia puso en claro su planteo en un documento que entregó a Estados Unidos. Resumidamente, la OTAN debía renunciar a la incorporación de Ucrania y desmilitarizar a los Estados fronterizos de Rusia que son miembros de ella. El gobierno de Biden respondió por medio de un texto confidencial de carácter no oficial, que terminó siendo revelado por El País de Madrid. Rechaza la totalidad de las exigencias de Putin y ofrece como alternativa improbable no instalar en Ucrania misiles de largo alcance, y establecer acuerdos de seguridad a nivel del conjunto de Europa. Esta respuesta no fue consultada con la Unión Europea, ni Putin acepta ningún acuerdo que no sea directamente con Estados Unidos. El impasse no puede sorprender. La OTAN ha perseguido una política de expansión al este, enseguida después de la disolución de la URSS, en especial a partir de la guerra de desmembramiento de la Federación Yugoslava. Esta política se ha desarrollado por medio de la violencia y la guerra. Diversas crisis internacionales, pero en particular la de 2007/8, le han dado un impulso mayor. También con el pasaje del gobierno a Biden. La OTAN no es solamente una maquinaria militar, sino política. El cerco a Rusia, además de procurar un desequilibrio militar en el terreno, ejerce una fenomenal presión política desestabilizadora sobre ella y refuerza la injerencia y el arbitraje político del imperialismo. Esto fue lo que ocurrió exactamente con Ucrania, gobernada por camarillas y oligarcas pro-rusos, con intermitencias, hasta 2014. Ucrania se encontró en un callejón sin salida, al punto de que la mayor parte de la oligarquía pro-rusa se volcó a reclamar el ingreso del país a la Unión. El ex presidente Poroschenko, con inversiones elevadas, tanto en Rusia como en Ucrania, piloteó el realineamiento político a la UE. La "nueva" Ucrania entró en la órbita del FMI, mientras la UE y la OTAN se encargaron de reorganizar a las fuerzas armadas, la policía y los servicios de espionaje. Putin respondió con la ocupación del Donbass, en el este de Ucrania, y luego de Crimea, en el sur, donde se encuentra la única base de Rusia con vía de ingreso al Mediterráneo. Alemania y Francia han tratado de sortear las diferencias entre Biden y Putin. Dejaron expuesta, de este modo, la crisis en la OTAN, a la que Macron -el presidente de Francia- había diagnosticado “muerte cerebral”. Las propuestas europeas no han cambiado el escenario, porque simplemente ratifican el "derecho" de Ucrania a elegir a su propio patrón –la OTAN. Esto es congruente con la estrategia de la UE, que es el desarrollo de los mercados del este (“march nach osten”), incluida Rusia. Mientras las reuniones se suceden, EE. UU., Francia y también Alemania envían armamento y tropas a los países próximos a Rusia y Ucrania. En el entrevero se ha metido el turco Erdogan, cargando drones para Ucrania. La injerencia de Turquía involucra en la crisis al Medio Oriente, pues Rusia y Turquía tienen presencia en la guerra de Siria. En este cuadro, los mediadores europeos ofrecen a Putin “desescalar” el conflicto, y hasta creen que con eso le “salvan la cara” al ruso. La situación, por el contrario, se ha agravado. Con un despliegue militar que ha alcanzado, además de la frontera con Ucrania y la intervención de Bielorrusia, a mares y océanos, con excepción del Atlántico, una "desescalada" con las manos vacías podría desatar una crisis política irremediable en Rusia. La alternativa a esto sería ocupar Ucrania en su totalidad o en parte. La propuesta de Macron –reunificar a Ucrania sobre una base federal (establecida en los llamados acuerdos de Minsk), de modo de dar participación estatal a las regiones separadas- es una tentativa de dilatar las acciones diplomáticas y cargar sobre Putin el costo político y económico de tener acampados ciento cincuenta mil soldados e infinidad de equipamiento militar sin horizonte a la vista. Con independencia de la diversidad de actores internacionales en presencia, o sea de los intereses particulares de unos y otros, la crisis ucraniana, considerada, de nuevo, en su conjunto, es la expresión de la tendencia del imperialismo mundial a enfrentar las contradicciones insuperables del capitalismo ultra-maduro, o sea decadente, por medio de la guerra. Es lo que se ha manifestado en la seguidilla de guerras internacionales, en especial en Medio Oriente, en la "posguerra fría". En algunos casos, los actuales contendientes no titubearon en colaborar, como ocurrió con el apoyo que recibió Bush de parte de Rusia y de Irán cuando ocupó Afganistan o Irak, o cuando EE. UU. y Rusia se pusieron del lado de Irak contra Irán, en una guerra notablemente sangrienta, en la que Irán recibió armamento israelí. Por eso, no debe engañar la polaridad "pre-guerra fría" que se manifiesta en la crisis actual en Ucrania, como si fuera una repetición de la que caracterizó el enfrentamiento de la OTAN contra la URSS, China y Yugoslavia con anterioridad. A diferencia de las pasadas dos guerras mundiales, la fuerza motriz de la guerra en la actualidad es el bloque de la OTAN y el imperialismo norteamericano. Esto es absolutamente concreto y evidente. Esto no convierte, sin embargo, a la Rusia de los oligarcas capitalistas de Putin, ni a la China capitalista de los expropiadores del campesinado y de la destrucción de derechos de los trabajadores, en potencias "antiimperialistas", ni "interimperialistas". La función de una guerra, en el momento histórico presente, no es solamente doblegar a dos potencias o semi-potencias ocasionalmente rivales, sino desarrollar, por sobre todo, un ataque histórico al proletariado internacional, como en su momento lo intentó el fascismo. El imperialismo, sin embargo, no ha reunido las condiciones para realizar esta tarea en ninguna de las metrópolis respectivas. La clase obrera y los explotados son, internacionalmente, la única oposición antiimperialista a la guerra. Las tropas reunidas por Putin no van a detener el avance de la OTAN, y esto lo sabe Putin mejor que nadie. Esa movilización militar busca un compromiso, incluso si, en última instancia, tiene que recurrir a la ocupación total o parcial de Ucrania. Cualquiera sea la forma que asuma una guerra, en estas circunstancias, será reaccionaria. Esto es lo que debe ser expuesto a los pueblos que habitan los territorios y los Estados involucrados en el conflicto. La consigna de la lucha contra la OTAN y contra la guerra debe servir para impulsar la movilización de masas y la revolución –en primer lugar en los países de la OTAN, en Ucrania y en Rusia. De una manera u otra, la cuestión de la lucha contra una nueva guerra mundial debe ser instalada en la agenda de la clase obrera de todos los países.

8 de febrero de 2022
Kirchnerismo y FMI, un juego con las cartas marcadas

Con menos ruido del que produjo la renuncia de Máximo Kirchner, el gobierno sigue tejiendo la trama del acuerdo fondomonetarista. Por un lado, es muy claro que el tarifazo se extenderá bastante más allá de los barrios privados, como lo empieza a revelar el propio gobierno. Más allá de la luz y el gas, se puso en marcha la "provincialización" de los subsidios al transporte, lo que podría llevar a un aumento colosal del boleto en la CABA. Por el otro, Fernández-Guzmán están abocados a cerrar la crisis del bloque parlamentario oficialista, o en última instancia, limitar a una docena de diputados los votos en contra del acuerdo. Germán Martínez, el nuevo presidente de bloque, afirma haber entrevistado a 100 diputados del FdT para persuadirlos de votar a favor. Más importante que eso es que está diseñando una estrategia –“unidos pero con debate”- cuyos resultados se pueden adivinar: el representante de Fernández-Guzmán en la cámara reclamará votos positivos admitiendo “críticas” verbales en el recinto, o, eventualmente, disidencias “en particular”. La mayor contribución a esta estrategia la está haciendo Cristina Kirchner, con su silencio. Alberto Fernández, desde China, se animó a anunciar la venia de la vicepresidenta "al voto positivo" -lo hizo, según se informa, después de conversar con ella. La camarilla kirchnerista, y los intereses capitalistas ligados a ella, no tienen en la mano otra carta que la del acuerdo fondomonetarista. Los pulpos petroleros llevados a Vaca Muerta por CKF y Kicillof son los primeros interesados en el tarifazo; lo mismo ocurre con otro “allegado” a Cristina, el consejo Agroexportador. Más allá de estos lobbys capitalistas, los que se encargan de recordarle a Cristina en qué plato debe colocar los pies son los jueces de la Corte Suprema, árbitro final de las causas en su contra. Las tratativas en pos de la “unidad”, que no es otra cosa que el aval al acuerdo con el FMI, tienen este telón de fondo. (No) hay 2023 Quienes tuvieron el mérito de revelar el carácter de las disidencias kirchneristas han sido las organizaciones que se reunieron en San Martín el sábado pasado, para denunciar “el ajuste” que sobrevendría como resultado del acuerdo. No les dio, sin embargo, para señalar el monumental despojo ya perpetrado en estos dos años contra salarios y jubilaciones, preparando el terreno de las exigencias del FMI. Entre los presentes, se encontraban dirigentes de ATE Capital, del sabatellismo y del sindicato del subte. La consigna central del encuentro fue “No hay 2023”. Los dirigentes presentes abordaron la crisis como consultores electorales, y no como representantes de organizaciones obreras. En 2018, el kirchnerismo sindical acuñó el slogan “hay 2019”. Era la señal de que no se debía terminar con el macrismo por medio de la huelga y la acción directa. Ahora, la advertencia de la derrota electoral anticipada es una forma de declarar al ajuste como hecho consumado, y no luchar contra él. Los sindicalistas K actúan como el presidente del bloque del FdT: le pide a sus diputados “criticar” y “denunciar”, sin sacar los pies del plato. En los "pronunciamientos" críticos de los K “antiacuerdistas”, no existe ningún llamado a la deliberación, a la lucha, a la organización de congresos o plenarios de delegados, siquiera en sus propias organizaciones. Los dirigentes críticos tampoco han salido al cruce de las paritarias docentes o estatales, que comienzan a delinearse en los términos del FMI. Pero los abanderados del “apoyo crítico” al gobierno quieren resolver una cuadratura del círculo. La andanada tarifaria y devaluatoria es un pasaporte a la conmoción social y a la rebelión popular. Curándose en salud, los trumpistas argentinos han salido a agitar la prohibición de los piquetes. El proyecto que presentaron en la Legislatura porteña es una copia del que prohijó, hace dos años atrás, un concejal colombiano, con “protestódromo” incluido. Tiempo después, una huelga general transformó a toda Colombia en un piquete. Argentina marcha en ese rumbo, que es el que debemos abonar con la agitación y la organización: para luchar contra el acuerdo fondomonetarista, necesitamos un congreso de trabajadores, de delegados, activistas y luchadores, que prepare la huelga política de masas contra la confiscación a los trabajadores y contra sus gobiernos.

8 de febrero de 2022
“El callejón de las almas perdidas”: Guillermo del Toro se extravía en la neblina

Guillermo Del Toro, director mexicano de grandes filmes como “La forma del agua” -ganadora a mejor película en los premios Oscar del año 2017- y “El laberinto del Fauno” -esa obra maestra/fábula realista sobre la guerra civil española- estrenó “El callejón de las almas perdidas”. En un intento de dar un vuelco en la temática fantástica que sobrevuela su filmografía, entrega una cinta regular -o completamente irregular- que en sus 140 minutos de duración no encuentra brújula alguna que la salve de perderse por caminos tediosos, predecibles e inacabados, incluso contando con un excelente elenco. El argumento, y un poco más En 1939, Stan -Bradley Cooper- escapa de un pasado incendiario, recayendo de casualidad en un circo/feria de pueblo. En el mismo hay todo tipo de atracciones, además de distintos tipos de “freaks”, como un hombre “bestia” que vive encerrado y come gallinas vivas para la sorpresa y morbo del público, un hombre “híper musculoso”, una mujer que -falsamente- maneja grandes proporciones de electricidad sin electrocutarse, y otros. A Stan, el dueño del circo -Willen Dafoe- le propone que se quede a trabajar allí y acepta. Se acerca a Zeena, una pitonisa que lee el tarot -Toni Colette- y su alcohólico y golpeado compañero, un falso mentalista que ha perfeccionado un espectáculo con diversos trucos y recursos para hacer creer que lee la mente y que se comunica con espíritus. Stan los aprende y parte rumbo a Nueva York junto a Molly, su enamorada, la “chica de la electricidad” -Rooney Mara- prometiéndole una gran vida en base a realizar un espectáculo-estafa similar. Dos años después el éxito ya ha tocado sus puertas, pero con la aparición de una misteriosa y seductora psicoanalista -Cate Blanchett- se enciende en Stan la más poderosa codicia y ambición y es así que su pasado vuelve, para cobrarse sus deudas. Tedio, flaqueza y naufragio “El callejón...” es una adaptación de la novela de 1946 de William Lindsay, que fue llevada a la pantalla por Edmund Goulding en 1947. Del Toro escribió el guión de la película junto a su compañera Kim Morgan. El director y guionista lleva muchos años realizando películas sobre monstruos o criaturas extrañas, donde casi siempre el mensaje es el mismo: el peor monstruo es el ser humano, con su parte oscura y maliciosa. Que en “El callejón...” haya dejado lo fantástico de lado para probar este último punto, horrorizado según él por la era Trump, podría haber sido un buen puntapié inicial, porque parte de la base del quiebre de su “zona de confort artística”. Pero, lamentablemente, entrega una de sus cintas más pobres en todo sentido, en su más de tres décadas de cineasta. Es que Del Toro intentó en “El callejón...” ser contundente en su forma de relatar las profundidades del alma atormentada de personas perturbadas, pero no lo logró. La cinta es, en principio, una reversión del viejo Cine Negro o Film Noir, aquel que en los años 40s y 50s seguía a detectives y “malvivientes” en calles sombrías, con tramas dotadas de suspenso. También toma muchos elementos del Neo-Noir -nacido en los 60s como renovación del antes nombrado- y del thriller psicológico. El film avanza -demasiado- lentamente, seguramente por querer seguir lineamientos de los géneros nombrados, mostrándonos cómo Stan se va sumergiendo en su oscuridad. Pero esa lentitud, que podría haber sido un aspecto positivo, se convierte en algo tedioso, porque Del Toro nunca logra siquiera acercarse a las buenas cintas de estos géneros hermanos. Es así que la trama se va desluciendo a paso de tortuga mientras intenta desmembrar cuestiones dramáticas y nada sencillas -individuales y sociales- como la pulsión de muerte, la guerra y sus terribles consecuencias en quienes la vivieron, las adicciones, el poder de la sugestión y el psicoanálisis, las infancias quebradas o los asuntos hondamente dolorosos nunca cerrados con padres y madres. Pero todas estas temáticas le quedan grandes a la película, siendo solo presentadas en superficialidad, cuando precisan de lo contrario. “El callejón...” ni siquiera cumple más formalmente lo que respecta al suspenso: los giros aúnan menos de lo que prometen y terminan siendo previsibles, y los pequeños “flashbacks” evidencian -aún más- lo que ya es evidente. Incluso cuando la trama empieza a llegar a su fin y aparece algo de acción, la misma se desinfla rápidamente. Ni las variaciones de planos -porque no se encuentra una verdadera homogeneidad en este sentido- ni la dirección de fotografía ni la dirección de arte -tan importantes ambas en los films de Del Toro- salvan a la película de la flaqueza. Incluso un actor mayúsculo que ha hecho grandes papeles en películas dramáticas como Bradley Cooper -el protagonista- aparece durante el film completamente deslucido y sin el brillo que lo caracteriza. Si bien la Segunda Guerra Mundial se encuentra de fondo, Del Toro no ahonda en nada relacionado directamente a lo político, como sí lo había hecho en “La Forma del Agua”, una bella y dura oda al amor y a la diversidad, que fue en su momento una especie de respuesta a la retórica fascista y xenófoba de Trump. Pero lo más probable es que ni siquiera sumando este elemento más notoriamente -que maneja de un modo original y con maestría- hubiera logrado que “El callejón...” no naufrague y termine en el fondo de su filmografía. Un tropezón no es caída. Esperamos un próximo Del Toro poderoso, como nos tiene casi siempre acostumbrados.

8 de febrero de 2022
Santiago del Estero: una jornada de lucha que abre perspectivas

En Santiago del Estero la jornada de lucha del Polo de este miércoles 2 se realizó en simultáneo en distintas y localidades de la provincia. En capital se concentraron más de 600 compañeros que marchamos al Ministerio de Desarrollo de la nación. Allí la movilización se plantó con un corte total. Como fue decidido en las asambleas, se realizó una permanencia que superó el mediodía e incluyo un almuerzo en la calle, con viandas preparadas por las asambleas. Esta actividad también se replicó en los municipios de Termas de Río Hondo y Frías, que realizaron sentadas frente a los respectivos municipios, volanteando e informando a los transeúntes sobre la actividad que estábamos realizando. Ello, en coordinación con los compañeros de Resistencia Popular que realizaban un corte en la ruta 34 en la localidad del Bobadal, a 180 km de la capital. En la actividad de la capital de la provincia se realizaron asambleas que incluyeron la lectura de los artículos de Política Obrera. Sirvió para abrir el debate sobre la situación nacional, el acuerdo con el FMI y la crisis de poder, avanzando en la politización de los compañeros. Otro aspecto del debate fue el de la discusión sobre las problemáticas más urgentes de las barriadas, como el acceso al agua potable. La ola de calor, agravada por la pandemia, dio como resultado la existencia de barrios enteros de Santiago sin agua y sin luz. Fue importante en este debate la experiencia de lucha que estamos realizando en los barrios de La Banda, Finca de Ramos, Las Palomas, Los Alamos y otros ( https://politicaobrera.com/6271-la-banda-queremos-el-agua-ya ). Estos barrios se están movilizando al Municipio reclamando el agua, y solo recibieron dilaciones de parte de los intendentes. Se mantienen en pie de lucha y también contamos con la participación de vecinos de esos barrios en la jornada del Polo. Como resolución, aprobamos impulsar una Coordinadora de lucha por el acceso al agua. Se abre la perspectiva de sumar los reclamos de compañeros y vecinos sobre la crisis habitacional, el alumbrado público y la urbanización de las barriadas. De conjunto la actividad tuvo el saldo positivo de servir de caja de resonancia a las problemáticas que afectan a los trabajadores. Luchamos para que nuestra intervención provoque un salto político en la provincia, que supere a los movimientos sociales cooptados por el Estado. Para culminar la jornada se realizó un acto que puso de relieve el marco general de ajuste y la necesidad de la organización independiente de los trabajadores, convocando a darle continuidad al plan de lucha y prepararnos para que la próxima actividad pueda incluir un acampe de larga duración.

9 de febrero de 2022
La movilización contra el FMI: conclusiones, perspectivas
Comité Editorial

La marcha protagonizada por la izquierda, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras en la tarde de este martes, fue la primera manifestación masiva de rechazo al ‘entendimiento’ con el FMI que suscribió el gobierno a fines de enero, con el pretexto de evitar, dijo, “una corrida cambiaria”. Además de colmar la Plaza de Mayo y los alrededores, hubo marchas en las principales ciudades del país. La marcha en CABA reunió a organizaciones ambientalistas, a los partidos del FIT-U, a la Autoconvocatoria por la Deuda, Política Obrera, el Frente de Organizaciones en Lucha, el nuevo MAS y diferentes sindicatos y organizaciones antiburocráticas, como el SUTNA, la Unión Ferroviaria del Sarmiento y la AGD; entre otras. Se sumaron Barrios de Pie-Libres del Sur, de la fracción que lidera Tumini, y la CTA Autónoma, que anunció su participación horas antes de que se concretara la marcha. Al igual que el 11 de diciembre pasado, la masa de la movilización correspondió a las organizaciones piqueteras, tanto de las que se reivindican clasistas como de las ‘autogestionarias’. Además de los sindicatos que adhirieron, se hicieron presentes activistas del subte, telefónicos, comercio y docentes. Hubo una presencia no cuantificada de simpatizantes del kirchnerismo, pero no concurrieron las organizaciones del kirchnerismo que disienten con el ‘entendimiento’ celebrado con el FMI, ni las organizaciones de la Utep. El documento leído desde el palco de la Plaza abunda en denuncias contra el FMI y es largamente detallista de diversas circunstancias que descalifican cualquier acuerdo con el Fondo, así como el pago de la deuda externa. Evita, sin embargo, con bastante tenacidad, proponer un plan de lucha para movilizar a los trabajadores de la industria, el comercio y el agro, y para organizar una intervención política autónoma de la clase obrera. Los partidos del FIT-U, arquitectos principales del texto, creen que esa intervención política autónoma se encuentra asegurada por el propio FIT-U. La convocatoria a la marcha encierra esta contradicción política. De nuestra parte, impulsamos las movilizaciones, para que su masividad desarrolle la conciencia colectiva y sea un ariete para la intervención política autónoma de la clase obrera –como ocurriría con plenarios de bases y un Congreso Obrero. El documento coloca a la cuestión de la deuda externa en una perspectiva singular; por un lado, la califica como “odiosa, ilegítima”, en línea con una descalificación jurídica, y por el otro como un “ataque a la soberanía”, en una onda nacionalista. Ambas caracterizaciones no aluden al carácter de clase de los planes fondomonetaristas, que es la verdadera razón por la que cuentan con el apoyo de la burguesía nacional y de los gobiernos ‘nacionales y populares’. Las patronales nativas prefieren hacer frente a un aumento de costos, como consecuencia de los tarifazos, si ello les abre las puertas de la financiación internacional de las importaciones que requiere la industria para sostener la ‘recuperación económica’. Los créditos que, según se dice, ha prometido China, se encuentran condicionados a un acuerdo con el FMI (ni hablar de los que tienen en cartera el Banco Mundial o el Interamericano), no ya sólo a un ‘entendimiento’. La cuenta del acuerdo la pagará la clase obrera y una parte de los productores pequeños. El ‘éxito’ de esta operación reforzará la tendencia a la superexplotación de los trabajadores a nivel internacional. Es bien sabido, además, que la mitad de la deuda pública y semi-pública -del orden de los 400 mil millones de dólares- se encuentra en poder de la burguesía nacional. El documento denuncia el modelo “extractivista” y no el capitalismo, como si el capital no fuera un régimen de extracción de valor de los trabajadores y de la naturaleza o el medio ambiente en general. La transformación de la energía humana y ambiental en valor es lo que caracteriza precisamente al capitalismo. El capitalismo advierte con retraso o tardíamente su labor destructiva, cuando se presentan las crisis, las hambrunas y las catástrofes climáticas. A partir de esto, la lucha contra el FMI y contra el acuerdo con el FMI es usada para producir una adaptación política al régimen capitalista, ‘extractor’ de la energía humana y natural, que aparece como plusvalía. Otra contradicción del texto leído en la culminación de la marcha es que, por un lado, señala el “apoyo expreso” de la CGT al acuerdo, y enseguida llama a las burocracias a “romper con el gobierno y votar un plan de lucha”. Este planteo convierte a la convocatoria a la marcha en una acción declarativa. En ese caso debió movilizar hacia la sede de la CGT, para funcionar como una asamblea; si lo hace frente a la sede del poder político debe culminar con una línea de acción, con un plan de lucha. Ocurre que el “apoyo expreso” de la CGT al acuerdo con el FMI no pasa de un eufemismo. Ese “apoyo” expresa la decisión de la burocracia de dar pelea por la aprobación del acuerdo, fundamentalmente, claro, en el movimiento obrero, porque su propia posición social depende del fortalecimiento de la ‘gobernabilidad’ capitalista. Sólo si la clase obrera derrota el acuerdo o lo pone en una crisis terminal, la burocracia cambiará de campo para estrangular a la clase obrera con la clásica línea de paros aislados. Nuestra intervención “Política Obrera”, que ingresó en la Plaza de Mayo por la diagonal Sur, reunió a más de 4.000 compañeros, con una importante presencia del Polo Tendencia, delegaciones obreras y de la juventud. Nuestra participación se replicó en Tucumán –con la columna más numerosa de la concentración-, Salta, Jujuy, Córdoba y Chubut, entre otras ciudades. Al periodismo le llamó la atención nuestra consigna de “Huelga General”, por la sencilla razón de que sabe bien que la huelga general es una alternativa a la conmoción que provocarán los ajustes acordados con el FMI. En la intervención con la que cerramos nuestra participación en la marcha, señalamos que la devaluación, tarifazos, recesión económica, plantean una lucha de carácter general. Una huelga general revestiría, por su propia naturaleza, un carácter político. Es el camino que han recorrido (y no han concluido) las grandes rebeliones continentales de este periodo –Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador. Con esta perspectiva encaramos la lucha presente.

9 de febrero de 2022
Tucumán: gran jornada de lucha contra el acuerdo con el FMI

La jornada del martes 8 en la provincia estuvo signada por varios hechos. Barrios de Pie hizo su propia marcha en la plaza Independencia antes que llegara la marcha central, que partió de la Plaza Urquiza. La marcha central estuvo encabezada por las organizaciones del FITU. Como ocurrió el 11 de diciembre la columna del PTS fue famélica, no llegaban a los 100 manifestantes. Mucho menos Izquierda Socialista, que no llegaban a los 20. Un poco más numerosa fue la columna del MST con alrededor de 300 manifestantes. El grueso de la columna del FITU lo aportó el Polo oficial con alrededor de 1500 manifestantes. Luego se sumaron columnas del FOL y la Darío Santillán que de conjunto sumaban alrededor de 500 manifestantes. Todos ellos se concentraron frente a la casa de gobierno y allí se limitaron a leer un documento similar al que se leyó en Plaza de Mayo con un capítulo provincial. Como ocurriera el 11 de diciembre, Política Obrera (la Tendencia del Partido Obrero) se hizo presente con una enorme columna que superaba los 2500 manifestantes. Estuvo compuesta con una importante columna de la Coordinadora de Trabajadores Limoneros, que vienen de librar dos jornadas de cortes junto al Polo Tendencia para exigir que el gobierno cumpla con la integración de centenares de trabajadores al subsidio intercosecha. En las delegaciones de los limoneros se van destacando en varias localidades las mujeres de los trabajadores. También se hizo presente una delegación de obreros de la fábrica Alpargatas (la empresa fabril más numerosa de la provincia). El Polo Tendencia aportó compañeros de numerosas localidades y se preparan para la jornada de lucha del 16 de febrero, frente al incumplimiento del gobierno a numerosos compromisos. También fueron de la partida delegaciones de los docentes Autoconvocados, que están impulsando la conformación de una lista de luchadores y delegados para las próximas elecciones en ATEP, y delegaciones de la docencia universitaria del Frente Docente por el Cambio, que están conformando una lista para las próximas elecciones del sindicato ADIUNT defendiendo la trayectoria de la actual conducción sindical, combativa y democrática. Otros sectores importantes también aportaron su presencia, como los familiares de Víctimas de la Impunidad, que están preparando una gran jornada de lucha para el 26 de febrero cuando se cumpla un nuevo aniversario del crimen de Paulina Lebbos. Cuando se arribó a la Plaza, la columna se trasladó a un lateral, y allí concentrados se realizó un acto en el que hablaron Ariel Osatinsky, dirigente de ADIUNT y quien va a encabezar la lista del Frente Docente por el Cambio en las próximas elecciones. Seguidamente habló Mario Domínguez, unos de los delegados de la Mesa de la Coordinadora de Trabajadores Limoneros y cerró el acto Daniel Blanco, en nombre de Política Obrera. Todos los oradores, cada uno desde distintos ángulos, plantearon la necesidad de una lucha coordinada, de conjunto, la huelga general. En los discursos se denunció a fondo el papel de la burocracia sindical, el gran obstáculo a superar y para ello la necesidad de avanzar en concretar un Congreso de Trabajadores convocado por los luchadores y las organizaciones combativas dispuestas a preparar una lucha a fondo, la huelga política de masas, por el salario, las jubilaciones, la vivienda, la salud y la vida y en ese marco abrir curso a una salida política propia, un gobierno de trabajadores.

9 de febrero de 2022
Acuerdo con FMI, igual a tarifazo

A medida que pasan los días, la versión oficial de que “sólo los ricos tendrán un aumento de tarifas” se revela como un cuento chino. Las empresas de luz y gas han reclamado aumentos del 20 y 35%, por encima de la inflación, que este año no bajará del 50%. Hablamos, entonces, de subas promedio del 70 u 80%. No es un aumento que vaya a ser bancado por una minoría de la población, como sostiene el gobierno. El FMI quiere cobrar la deuda contraída por los Macri y los K canjeando en su beneficio los subsidios que hoy reciben los monopolios de la energía, que serán compensados por medio de un tarifazo. En la Argentina, el 40% de las familias no llega a la canasta de pobreza, el salario promedio es la mitad de esa canasta; la jubilación, un cuarto. Por otra parte, el gobierno ya autorizó una suba de combustibles, que golpea sobre todos los productos de consumo. También eliminará los subsidios al transporte público en la CABA, afectando a los tres millones de trabajadores del conurbano que ingresan diariamente a la ciudad. El tarifazo es la esencia del acuerdo con el FMI. Es el primer paso para dolarizarlas. El acuerdo fondomonetarista también significa devaluación. ¿Cómo respondemos? Este martes 8, miles de trabajadores y luchadores marcharon en todo el país, para rechazar el acuerdo con el FMI. Es necesario llevar esta inquietud a los barrios y a los lugares de trabajo. Organicemos la deliberación en los sindicatos; en las asambleas de desocupados, en los colegios. Necesitamos un congreso de trabajadores. Debemos preparar una lucha decisiva, una huelga general, que abra una perspectiva política de la clase obrera. Una huelga de masas y política, porque pondrá de manifiesto la incapacidad de los capitalistas, sus partidos y su Estado para lidiar con la bancarrota nacional.

9 de febrero de 2022
La Nirva: no al desalojo

El próximo jueves 10, las trabajadoras de la fábrica La Nirva convocan a una movilización a las 9 horas desde el Obelisco al juzgado nacional donde radica la causa del desalojo de la fábrica, en Roque Sáenz Peña 1211 de CABA. La Nirva es una fábrica de alfajores ubicada en Lomas del Mirador, en el Partido de La Matanza, con un 80% de trabajadoras. Su lucha progresó con acampes, colectas y asambleas permanentes, que lograron tomar las instalaciones de la fábrica vaciada, conformar una cooperativa, saldar deudas de los servicios y ponerla a producir bajo control obrero. El pasado 29 de enero, se realizó un festival solidario en las puertas de la fábrica, denunciando la orden de desalojo contra los compañeros. El festival contó con la solidaridad de los vecinos de la fábrica, organizaciones sociales, políticas, de DDHH y algunos sindicatos como el SUTEBA Matanza, entre otros, entre comida y música en vivo. Las trabajadoras soportaron despidos, deudas salariales, de aportes jubilatorios, de servicios de luz, gas, intentos de desalojos ilegales por personal policial de la policía bonaerense, cheques falsos, patotas y amenazas. Ahora enfrentan una orden de desalojo a pedido del supuesto dueño, Matías Pérez Paradiso. El caso comienza a romper el cerco informativo de La Matanza, y estas semanas lograron visibilizar su situación en varios canales como Crónica, Tv Pública y canal 9. ¡Viva la lucha de las trabajadoras de La Nirva!

9 de febrero de 2022
Pfizer: “especulación pandémica”

“Pfizer facturó casi $37 mil millones de dólares en ventas de su vacuna Covid-19 el año pasado, lo que lo convierte en uno de los productos más lucrativos de la historia, y ha pronosticado otro año excelente en 2022, con un gran impulso proveniente de su pastilla Paxlovid contra el Covid-19. Los ingresos generales de la farmacéutica estadounidense en 2021 se duplicaron a 81.300 millones de dólares y espera obtener ingresos récord de 98.000 a 102.000 millones de dólares este año” (The Guardian, 8/2). Ante la noticia, Global Justice Now denunció un fenómeno de “especulación pandémica”. La vacuna “de Pfizer fue inventada por BioNTech, respaldada por 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones de propiedad pública y una subvención de 375 millones de euros del gobierno alemán” (ídem). Es decir, por inversión del erario público. Pfizer ni siquiera ´invirtió´ un mango. “Tim Bierley, un activista farmacéutico del grupo, dijo: ´El desarrollo de vacunas de ARNm debería haber revolucionado la respuesta global de Covid. Pero hemos dejado que Pfizer retenga esta innovación médica esencial de gran parte del mundo, mientras estafamos los sistemas de salud pública con un margen de beneficio deslumbrante. No es nada menos que especulación pandémica para que Pfizer propicie una matanza mientras sus vacunas se han negado a tantos. Pfizer ahora es más rico que muchos países; ha ganado más que suficiente dinero con esta crisis. Es hora de suspender la propiedad intelectual y acabar con los monopolios de las vacunas´. Pfizer cobró al NHS (el sistema de salud pública) del Reino Unido un estimado de 2.800 millones de libras esterlinas por encima del costo de producción por las 189 millones de dosis de vacunas Covid-19 que el gobierno del Reino Unido compró, calculó Global Justice” (ídem). Pfizer vendió a cuentagotas su vacuna a países africanos a un precio de 3 a 10 dólares la unidad, pero se jactó de haber ´ayudado´ al mundo subdesarrollado. Según Pfizer “producir una dosis sin fines de lucro cuesta u$s 6,75, o 4,98 libras esterlinas, pero, según se informa, le ha cobrado al NHS 18 libras esterlinas por dosis por los primeros 100 millones de unidades compradas y 22 por dosis por los siguientes 89 millones”, denuncia Global Justice Now, “lo que equivale a un deslumbrante margen de beneficio del 299 %” (ídem). Conclusión: la “especulación pandémica” responde a las leyes del capital, las cuales no dejan de operar en medio de grandes catástrofes. Al contrario, muestran el lado más perverso de esas leyes, medran de las catástrofes y dan lugar a mayor concentración y centralización del capital. De ahí que para “suspender la propiedad intelectual y acabar con los monopolios de las vacunas” se requiera una acción muy enérgica contra los grandes monopolios capitalistas, su expropiación y puesta bajo control obrero y la lucha por el poder de los trabajadores.

10 de febrero de 2022
Bridgestone-Firestone: el “super bono” arrancado por el SUTNA

La información de que los trabajadores del SUTNA de Bridgestone-Firestone recibirán un bono no remunerativo de 730.000 pesos ha causado un impacto periodístico y popular. El pago a recibir se basa en un convenio de participación en las ganancias de la empresa firmado en el 2001 por la entonces dirección del SUTNA, en manos del burócrata Pedro Wasiejko. Aquel acuerdo señalaba que “el cumplimiento del objetivo económico (de la empresa) requiere de la máxima colaboración de todos y cada uno de los trabajadores” A partir de allí, se estableció que “los trabajadores participan del 33 por ciento del excedente de la ganancia neta ordinaria libre de impuestos que supere el 6 por ciento de la facturación anual”. En 2001, ese convenio fue la contrapartida de la convalidación de despidos masivos y rebajas en las condiciones de convenio aprobadas por la anterior dirección del SUTNA. Por aquel entonces la firma había amenazado con cerrar la filial en Argentina. Esa “participación en los beneficios”, por lo tanto, vino acompañada de una derrota obrera. Si de flexibilización se trata, el “bono por ganancias” debe ser caracterizado en su función política y sindical. El cobro de este bono anual no remunerativo está condicionado a la producción y a las ganancias -que los trabajadores no tienen condiciones para verificar. Pero principalmente, constituye un pretexto para avanzar en los ritmos de producción y la sobreexplotación laboral. El “bono por ganancias” refuerza a un régimen laboral que convierte al salario en un costo flexible y no en la remuneración de la fuerza de trabajo en función de las necesidades objetivas de la canasta familiar, la cual no puede depender de los ciclos comerciales de la patronal. Este tipo de acuerdo, firmado por la anterior dirección del SUTNA, es una adaptación del salario obrero al vaivén de los negocios capitalistas. Dicho esto, hay que señalar que la corriente de Wasiejko, ni en la sección Lavallol ni cuando condujo el gremio, se preocupó en asegurar la percepción de este premio. El bono se cobra luego de que la actual dirección seccional –que recuperó el gremio de manos de la burocracia en la elección de 2021- y el SUTNA nacional llevaran adelante un reclamo en este plano. Antes, la burocracia seccional –y Wasiejko en el SUTNA central- habían mirado para otro lado frente a los incumplimientos de Bridgestone, ni qué decir frente a su ofensiva flexibilizadora. La percepción de este bono, en este cuadro, debe reforzar la disposición de lucha de todos los compañeros del Bridgestone y del neumático, a condición de que señalemos la función estratégica de los acuerdos por “ganancias” y "productividad” y le opongamos la lucha por el básico igual a la canasta familiar, la asimilación de todos los premios o sumas no remunerativas al básico, el control obrero de los ritmos de producción y de los libros de la patronal y la defensa de las conquistas del convenio.

10 de febrero de 2022
Fardin: la anulación del juicio es “un violento mensaje a favor de la impunidad”

El juicio contra el actor argentino Juan Darthés, acusado de violar a la actriz Thelma Fardin en 2009, cuando era menor de edad, fue anulado por la Justicia brasileña. La actriz calificó este fallo como "un violento mensaje en favor de la impunidad”. Un tribunal avaló la apelación del abogado de Darthés y ordenó que lo juzgue un tribunal estadual de San Pablo, donde tiene domicilio, y no en un tribunal federal, como ocurrió hasta ahora. El 11 de diciembre de 2018, Fardin hizo pública su denuncia penal contra Darthés por la violación sufrida nueve años antes. El colectivo de Actrices Argentinas la acompañó en esta batalla judicial que ya lleva tres años en la Argentina, Nicaragua y Brasil. Las actrices Calu Rivero y Anita Co también lo acusaron de abuso sexual. Darthés se sirvió de todo tipo de triquiñuelas para eludir la Justicia. En 2019, la fiscalía nicaragüense acusó al actor de haber violado a Fardin "valiéndose de la confianza laboral y la diferencia de edad". Sin embargo, Darthés, que es brasileño, huyó a Brasil donde la Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos aunque sí se los puede juzgar por crímenes cometidos en el exterior. De ese modo evitó la captura. Finalmente, en abril de 2021, la fiscalía de San Pablo presentó una denuncia, en un trabajo en el que intervino también la Justicia argentina. Declararon la víctima y testigos. Ahora, todo vuelve a foja 0. En un video que difundió por las redes sociales, Fardin se pregunta: “si en este juicio en el que colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes e intervinieron movimientos internacionales de mujeres pasa esto, qué queda para el resto de las mujeres” (AF 9-2). Es la pregunta del millón: lo que les pasa en la Justicia a la mayoría de las mujeres violadas y violentadas es que sus denuncias son cajoneadas y los acusados ni llegan a juicio. Las causas se archivan o desestiman. En 2016, hubo 12.424 denuncias por violación y solo 2.884 condenas por delitos contra la integridad sexual, que incluye a las violaciones pero también a otras conductas, según los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la misma fuente considera que solo el 12,5 de las violaciones son denunciadas (chequeado 20/12/19). En el caso de las niñas -y niños- la situación es aún más atroz, ya que en nombre de la doctrina familiarista las criaturas y sus madres son obligados a la “revinculación parental” que quiere decir ni más ni menos que a reanudar la relación con el abusador y aquí no ha pasado nada. La devastación psíquica que produce en las mujeres y sus hijos tener que someterse a un vínculo “normal” con el violador, que generalmente es un violento en todos los órdenes, es ignorada por la Justicia, y hay madres condenadas o separadas de sus hijos por obstaculizar la revinculación. La Justicia burguesa, la Justicia de clase, no tiene grietas a la hora de asfixiar a los oprimidos, tenga el sexo o la edad que tengan. En el caso de las mujeres, se espera docilidad y sumisión. Y si son madres, que preserven la “unión familiar” y la autoridad paterna por encima de cualquier otra cuestión. Detrás de los abusadores suelen estar ong vinculadas el aparato legal del clero, como la Asociación de Abogados Católicos. Thelma Fardin, con su denuncia, develó un régimen laboral infame, donde niñas y adolescentes actrices están expuestas y desprotegidas. Pero, además, destruyó el arquetipo del violador como un resentido que se venga del desprecio de las mujeres (siempre culpables). Mostró en estado puro la violencia de un seductor -actor famoso, buen esposo y padre de familia- que se aprovecha de su poder para usarlas como un juguete al servicio de sus antojos. Lo que explica la barbarie judicial no es la misoginia “cultural”, potencialmente reeducable, sino su carácter de sostén de un régimen social que se vale de la violencia para controlar y mantener en la sumisión a las y los explotados. Este jueves, el colectivo Actrices Argentinas ha convocado a un acto contra la impunidad y en apoyo a Thelma a las 12 en el Consulado de Brasil, ubicado en Carlos Pellegrini 1363.

10 de febrero de 2022
Yolanda Vargas: a un año de la tragedia, exigimos su inmediato desprocesamiento

Ha pasado un año del incendio en la casilla de Yolanda Vargas, en Colonia Santa Rosa, Orán, en el que murieron sus hijos Melani y Thiago. Además del calvario por la pérdida de sus hijos, nuestra compañera ha emprendido una verdadera batalla contra la justicia de Salta y el conjunto del régimen político que pretende responsabilizarla. El incendio se produjo en el mediodía lluvioso del 9 de febrero de 2021. A media tarde, Yolanda ya se encontraba detenida en la penitenciaría de la ciudad de Orán, en menos de 24 horas pesaba sobre ella la imputación por “abandono de persona, seguido de muerte agravada por el vínculo”. La fiscal de graves delitos y atentados contra las personas de la ciudad de Orán, Claudia Carreras, accionó con celeridad para señalar a Yolanda como la responsable por la muerte de sus hijos, en una casilla de madera, lonas y plástico, en un asentamiento sin servicios, en donde los cables que cruzan las chapas, que van y que vienen, no soportaron las descargas de tensión habituales y estallaron. La fiscal Carreras violó los procedimientos judiciales que -desde el inicio de la causa- se caracterizaron por su irregularidad. Forzaron a Yolanda a declarar sin un abogado defensor, en estado de shock. Carreras basó su imputación en “testimonios anónimos” que luego de un año de abierta la causa, no fueron corroborados por ninguna persona de carne y hueso. La fiscal mantuvo detenida a Yolanda durante 23 días hasta que la inmensa movilización popular, desarrollada desde Colonia Santa Rosa por los compañeros del Polo Obrero Tendencia, junto a los vecinos y familiares de Yolanda, y que rápidamente ganó la solidaridad de centenares de organizaciones sociales y políticas a nivel nacional e internacional, lograron imponer su libertad. El juez interviniente, Francisco Oyarzu, desestimó los reiterados pedidos de desprocesamiento presentados por el defensor legal de Yolanda. Finalmente, en septiembre de 2021 dio lugar al pedido de la fiscal de elevación a juicio oral y público contra Yolanda. Sin pruebas que confirmen sus acusaciones, y en el marco de un procedimiento judicial plagado de irregularidades, el juez a cargo todavía no ha puesto fecha al inicio del juicio. La operación judicial para responsabilizar y condenar a Yolanda tiene la huella digital de un régimen político que condena a la tragedia y hasta a la muerte a las familias obreras, arrojadas a la desocupación, a la miseria social, a la falta de acceso a una vivienda. Salta tuvo una cifra récord de incendios en casillas y viviendas precarias en el último año. Sólo 45 incendios se produjeron durante los meses de bajas temperaturas entre julio y agosto de 2021. En los primeros días de febrero de 2022 un nuevo incendio en barrio Primera Junta de la ciudad de Salta, destruyó una vivienda en la que se encontraban cinco mujeres y dos niñas, que tuvieron que ser internadas y permanecen en terapia intensiva. Cuando la justicia de Salta pretende responsabilizar de manera individual a Yolanda, encubre las verdaderas condiciones de miseria y pobreza en las que vivimos las trabajadoras y nuestros hijos. En el marco de la pandemia en Salta se perdieron más de 120 mil puestos de trabajo. La provincia encabeza los índices de precariedad laboral, con más del 50% de su masa laboral en condiciones de informalidad. Según el INDEC, Salta supera la media nacional, más del 40% de la población está debajo de la línea de la pobreza y en el caso de los niños, esta cifra supera el 60%. En enero el norte provincial volvió a ser noticia por la muerte de 7 niños por desnutrición. El juicio contra Yolanda busca responsabilizar a los centenares de miles de trabajadores de nuestra propia miseria como si fuera una causa individual. La lucha por su desprocesamiento refuerza un campo de batalla cimentado por los propios trabajadores, para poner en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables de las tragedias que sufre nuestra clase.

10 de febrero de 2022
Córdoba, enorme movilización y ataque fascista

El Martes 8 se realizó en córdoba una impresionante movilización contra el pacto del gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Más de 20.000 personas recorrieron las calles céntricas de la ciudad rechazando el pacto y el plan de ajuste que se desprende del mismo. Para Política Obrera y el Polo Obrero tendencia fue la movilización más importante desde su estructuración en la provincia. Luego del pasaje de decenas de asambleas del Polo Obrero oficial al Polo tendencia, éste último no ha parado de crecer. Los incumplimientos del gobierno de los acuerdos establecidos para nuevos cobros del Potenciar, lejos de desmoralizar a los compañeros y compañeras, refuerza su tenacidad en la lucha y refuerza la comprensión de que es ésta la política fondomonetarista que pretende imponer el gobierno, a costa de los desocupados. También merece una mención la participación de compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego de movilizarnos con el resto de las columnas, realizamos nuestro propio acto. Allí denunciamos las características de este pacto con el FMI. El apoyo que recibe del conjunto de los partidos patronales y fundamentalmente de las burocracias sindicales. Planteamos la necesidad de unir a los movimientos de desocupados con los trabajadores en actividad, y abrir instancias de deliberación en el conjunto de nuestra clase. Señalamos que no iban a ser instancias parlamentarias las que derroten estas políticas anti obreras, sino la coordinación de las luchas, su profundización y la huelga general. Un ataque con características fascistas A pocas cuadras de allí, actos coordinados y premeditados se llevaron adelante para intimidar y atacar a los manifestantes. Grupos de encapuchados exhibieron armas y atacaron columnas. Un joven de Barrios de Pie permanece internado con una grave herida de arma blanca. Estos ataques tienen lugar en momento de crecimiento de las luchas en la provincia, y tienen como antecedente a la propia represión estatal: es el caso de los procesamientos a estudiantes universitarios, a trabajadores y miembros de la UOM Córdoba por movilizarse contra los despidos, y otros atropellos. Por distintas vías se pretende terminar con una lucha en ascenso. Profundicemos y extendamos la discusión de cómo encarar una profundización de nuestras luchas, convocando al conjunto de los trabajadores. Para derrotar la política de hambre y represión, preparemos la huelga general.

10 de febrero de 2022
La marcha contra el FMI en Santa Fe

El pasado martes, como en todo el país, se realizó una marcha contra el Fondo Monetario Internacional en Santa Fe capital. La convocatoria realizada por el FIT–U local tenía un grave antecedente ocurrido el 11 de diciembre, cuando los partidos que lo integran rompieron el acuerdo por el micrófono abierto que se había establecido en las reuniones organizativas. Ese día Política Obrera, junto a otras organizaciones, marchó por separado y realizó un acto aparte, ante las amenazas de la militancia del frente. (Link: https://politicaobrera.com/6108-santa-fe-capital-maniobras-y-amenazas-del-fit-u-en-la-marcha-contra-el-fmi ) En esta oportunidad, la organización no fue distinta, aunque sí la actitud del FIT–U. Intentaron maniobrar en las reuniones previas queriendo discutir “organización por organización por separado”, e incluso buscando realizar una reunión en paralelo a la ya organizada. Pero no pudieron sostener las actitudes de aparato porque se defendió la unidad y la convocatoria común, a la cual tuvieron que plegarse. Decidieron, esta vez, respetar el micrófono abierto luego de la lectura del documento. La marcha que se realizó fue muy importante. No sólo porque se rechazó el acuerdo contra el FMI y se denunció al gobierno, sino también porque agrupó una cantidad mayor de personas que en diciembre. Política Obrera y el Polo Tendencia salieron a la calle encabezando la columna, con una nutrida cantidad de vecinos de distintos barrios de la ciudad. La nota la dio el Partido Obrero oficial. Luego de la lectura del documento, en el momento que comenzaba el micrófono abierto y hablaba nuestro compañero, comenzaron a retirarse, juntaron las banderas y desaparecieron de la actividad. En la asamblea del Polo Tendencia al día siguiente, hicimos un balance y discutimos cómo continuar con esta campaña contra el FMI, buscando traccionar a todo el activismo y llevar a los grandes núcleos de trabajadores una agitación en favor de una salida obrera a la crisis.

10 de febrero de 2022
Tucumán: a 4 años del asesinato de Raúl Robles, seguimos reclamando justicia contra el gatillo fácil

Este 7 de febrero, se cumplieron cuatro años del asesinato de Raúl Robles a manos del policía Fabián González Ledesma. Es por ello que se realizaron distintas acciones en reclamo de Justicia. Como sucede en todos los casos de gatillo fácil, la familia viene luchando para enfrentar la impunidad y lograr que la causa avance. Raúl fue asesinado por la espalda en las cercanías de su casa. Recibió al menos 9 disparos por la espalda por parte del policía Ledesma. El joven se encontraba en esos momentos con sus amigos y se habían detenido a comprar en un drugstore. En un primer momento, los medios presentaron el caso como un enfrentamiento. Sin embargo, la lucha de su familia logró esclarecer los hechos, y aquella versión fue desestimada por completo. Las únicas balas que se encontraron en el hecho pertenecen al arma del policía. En vísperas del aniversario se comenzó la preparación de un mural en su memoria en la cancha de San Cayetano, barriada en la que vivía Raúl. Durante varios días, artistas, familiares, vecinos y compañeras que también luchan contra el gatillo fácil se dieron cita para contribuir con el mural. En su inauguración, se realizó un acto que recordó a Raúl y denunció la responsabilidad del estado para con las víctimas de la policía, así como la impunidad que rodea a estos casos. Se realizó también una concentración en Tribunales Penales para exigir el avance efectivo de las investigaciones, la citación a testigos claves de la causa y la elevación a juicio. Otros familiares de víctimas de gatillo fácil también llevaron sus reclamos. Este 26 de febrero, 16° aniversario del crimen impune de Paulina Lebbos, se colocará nuevamente el reclamo de justicia por Raúl y todas las víctimas de gatillo fácil. Justicia por Raúl Robles. Basta de gatillo fácil. El Estado es Responsable.

11 de febrero de 2022
Amnesty denuncia “apartheid” en Israel y los colonos forman milicias

Amnistía Internacional acaba de publicar un estudio de 182 páginas acerca de la opresión del pueblo palestino por parte de Israel, donde utiliza, por primera vez, la expresión “apartheid”. Enseguida, las democracias occidentales salieron a repudiar, no el informe sino la caracterización que hace del estado sionista. La ministra de Exteriores de Gran Bretaña, de gira por Israel y Cisjordania, fue la primera en expresar el rechazo, que proviene de una institución con sede en Londres. El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce cuando recrudecen las usurpaciones de tierras de Cisjordania, para establecer allí asentamientos sionistas. La definición tardía que hace Amnesty de las relaciones sociales en la Palestina histórica, no cambiará nada sobre el terreno. No deja de ser importante, en momentos en que los sostenes internacionales del “apartheid” reúnen fuerzas para ir a una guerra internacional con el propósito de defender la expansión de la Otan a las fronteras de todo el mundo. Como ocurriera en Sudáfrica, el ‘apartheid’ es la característica fundacional del estado sionista. La expresión está acuñada de la confiscación social y la segregación racial instaurada por los colonos boer en aquél país. Descendientes de colonos holandeses, los boer conquistaron la independencia de Sudáfrica en una lucha contra el colonialismo inglés. El sionismo hizo lo mismo contra el mandato conferido a Gran Bretaña luego de la primera guerra mundial; en ambos casos, la expropiación de los nativos precedió y acompañó el choque con los británicos. El ‘apartheid’ es la alternativa elegida frente la intención de producir una ‘limpieza’ étnica en Palestina, que asegure la formación de un estado no laico, sino exclusivamente hebreo en todo el territorio histórico, lo cual incluye a Jordania. En lugar de un estado de ciudadanos, un estado tribal. El diario Haaretz (10.2) acaba de publicar la denuncia de que en Cisjordania opera una milicia semilegal, constituida por un batallón del ejército de Israel que no respondería a los mandos ´naturales´ del ejército. Estaría formada por organizaciones de colonos sionistas y ultra-religiosos partidarios de la expulsión en masa de los palestinos en esa región. El “Batallón Netzah Yehuda, su nombre, conocido como Nahal Haredi; incluye una parte significativa de jóvenes haredi o ultra ortodoxos, así como jóvenes religiosos sionistas. La conclusión: el batallón se ha convertido en una especie de milicia independiente que no obedece las reglas del ejército… durante años ha establecido sus propios estándares morales y profesionales, y los altos mandos han hecho la vista gorda” (Haaretz). “´En tiempos de rutina, los jefes de los líderes de los colonos se presentan libremente en el batallón y hablan con los soldados´, dice un oficial de Defensa. ´Los rabinos vienen al puesto y se mueven libremente, dan clases y hablan con los soldados sobre incidentes operativos. Es una especie de falange´ – una milicia” (ídem). Esta falange no ha tenido empacho en enfrentarse con la policía de fronteras e incluso con otras unidades del ejército. Fue lo que ocurrió cuando el ejército se interpuso entre colonos y palestinos. Unos días después hubo un enfrentamiento entre los colonos y la policía en el valle de Shiloh. 'No incriminen a los combatientes', 'traidores', 'los judíos están siendo desalojados', gritaban soldados de Netza Yehuda contra la policía y las fuerzas de seguridad (ídem). El establishment sionista es cómplice de estas bandas. “El batallón tiene excelentes combatientes y no veo a este batallón como una milicia”, dijo el jefe del Comando Central, Yehuda Fuchs”. Según Haaretz “los tribunales militares también han sido indulgentes” (ídem).

11 de febrero de 2022
El nuevo “protocolo” de clases: infectados, a las aulas

El Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE) definieron oficialmente los nuevos protocolos para el comienzo del ciclo lectivo 2022, con el objetivo de garantizar una "presencialidad plena y segura en las escuelas". Las medidas fueron acordadas por unanimidad con los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país y los sindicatos docentes. Los Larreta, Kicillof y los Baradel, han sellado un acuerdo político en pos de recuperar la “normalidad escolar”, que no es otra cosa que abrirle la puerta de las escuelas al virus y exponer a la docencia y a los estudiantes a los contagios del Covid. No existe un plan de acción para erradicar al virus, sino que los diferentes gobiernos han optado porque toda la población se vaya contagiando para generar la inmunización de rebaño, la cual, por otra parte, ha quedado desmentida por la reincidencia de la enfermedad. El presidente Fernández, que cerró el encuentro, valoró el acuerdo con la oposición macrista-radical: “Estamos dejando de lado cualquier diferencia ideológica y… dándoles a los jóvenes lo que más necesitan: educación y salud” La educación y la salud, sin embargo, han sufrido un ajuste brutal en los últimos años para allanar el camino del acuerdo con el FMI, empezando por la desvalorización del salario de enfermeros y docentes. El nuevo “protocolo” La primera medida que el gobierno decidió eliminar es la disposición de burbujas (grupos reducidos de estudiantes por curso). El gobierno “de científicos” ha decretado el fin del aislamiento social. Ello ocurrirá en aulas que están abarrotadas de estudiantes y en catastróficas condiciones edilicias. El “protocolo” presentado indica que “la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales” (Télam 10/2/22). Recién se “sospechará” (sic) de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos de un mismo aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a 7 días (Protocolo “Aula segura”). Es decir que recién habría que esperar a un rebrote de casos para que se realice el aislamiento de los infectados, siempre sin suspender las clases. Además, “los contactos estrechos asintomáticos que hayan recibido las dos dosis de la vacuna no se deberán aislar y podrán seguir asistiendo a clases” (id.). Por otra parte, y ante la presencia de síntomas asociados al covid-19, los trabajadores de la educación y los alumnos no deben acudir a la escuela para realizar el aislamiento. Pero si los síntomas no son compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela. Como el gobierno eliminó los testeos, no habrá forma de constatar si se trata de coronavirus. El “protocolo” –palabra que le queda grande- parece diseñado por los Trump, Bolsonaro y los falsos libertarios de Milei. Sencillamente se trata de garantizar la presencialidad escolar a como dé lugar, a costa de la salud de docentes y estudiantes. El gobierno nacional, los gobernadores y los sindicatos docentes pretenden que las clases se desenvuelvan bajo la “normalidad” de convivir con los infectados de Covid en las escuelas. Este concepto ni siquiera es válido para enfermedades corrientes como la gripe, dónde parte del tratamiento consiste en realizar el reposo correspondiente. Las escuelas se convertirán en un gran foco de infecciones, que tendrá como resultado el mayor contagio del resto de la población. La docencia tiene planteada una lucha en defensa de su salud, sus condiciones laborales –incluida el salario- y la vida. Abajo el nuevo protocolo. Por un plan de “Covid 0” en las escuelas. Vacunación triple para estudiantes y docentes. Re establecimiento de los grupos reducidos. Testeos masivos y seguimiento de casos. Por el cierre de los establecimientos educativos que tengan casos de Covid. Por el derecho de la docencia a suspender la presencialidad en pandemia y decretar el pase a la virtualidad. Por la convocatoria a asambleas y plenarios en todos los sindicatos docentes.

11 de febrero de 2022
Salta: el gobierno “incita” a los docentes a la huelga

El pasado 9 se realizó la primera reunión de la pseudo paritaria provincial que afecta a todos los estatales. Además de realizarse a espaldas de la docencia, se inició con un informe sobre “el default en el que se encuentra el país”, con el único propósito de justificar lo que será una verdadera confiscación del salario. El planteo del gobierno es claro: pretenden repetir las paritarias del año pasado que terminó con un mentiroso aumento del 51% escalonado, el cual, que como sabemos los docentes, no impactó en el sueldo básico - solo en algunos ítems-, y fue imperceptible para nuestra economía, porque los aumentos vinieron después de la inflación. En este marco, Alcalá de AMET, Álvarez de ATE y Mazzone de ADP confirmaron, una vez más, que se ajustarán a las medidas económicas del gobierno. Estos representantes de la intergremial saludaron el mísero bono de 20 mil en 2 cuotas otorgado en enero y a terminar de cobrarse a fines de febrero, que fue denunciado desde la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados. El gobierno y los gremios sentaron las bases para el inicio de clases sin que las necesidades y reivindicaciones históricas de la docencia estén resueltas. El salario de un maestro de grado que recién se inicia ($50.000) está muy por debajo de la línea de pobreza. La docencia y el conjunto de los estatales deben discutir una paritaria que no admita la confiscación salarial que pretenden imponer. Es decir, si la canasta familiar está en 150-160 mil pesos, la docencia necesita un aumento mínimo del 200% y a partir de allí el ajuste trimestral, bimensual o incluso mensual, de acuerdo a la intensidad de la suba de precios (inflación). De lo contrario cualquier porcentaje esconde la devaluación del salario. Además de la desvalorización de nuestros salarios, el gobierno quiere iniciar las clases en medio de una pandemia que en el mes de enero se ha cobrado 317 vidas, entre ellos población infantil y al menos 5 docentes con las 2 dosis inoculadas. Salta encabeza los índices más altos del país de muertes por COVID-19 -es del 0.5% mientras que a nivel país es del 0.15 %. "El titular de la cartera sanitaria provincial, Juan José Esteban, reconoció la alta letalidad entre el total de personas afectadas por la enfermedad pandémica y aquellas que fallecieron". (Página12 5/2/22). Esto no solo responde al COVID, sino que está profundamente ligado al vaciamiento de la salud pública y a las condiciones de degradación social impuestas por el hacinamiento, la comorbilidad y enfermedades previas. El gobierno, es responsable de arrojar a la docencia, a los estudiantes y al conjunto de los trabajadores a contagios masivos. Mientras se investiga la tasa más alta de letalidad por COVID-19, Cánepa, el Ministro de Educación declaró que las clases comienzan de manera presencial 100% “exista o no un porcentaje elevado de vacunados”. (Página 12 1/2/22). Para que la docencia pueda garantizar sus reivindicaciones más elementales e históricas debe preparar una lucha autoconvocándonos en asambleas, reuniones, campañas de pronunciamientos en defensa del salario y la vida; en suma, un programa que permita superar política y estratégicamente la orientación que llevan adelante el gobierno y la burocracia sindical. Uno de los próximos escenarios de deliberación son las elecciones de ADP, la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados integra la lista “UNIDAD”, para recuperar el gremio y ponerlo al servicio de todas las demandas que tiene la docencia comenzando por la indexación del salario que cubra el costo de la canasta familiar, la exigencia de la representatividad de los autoconvocados en la mesa paritaria y la inmediata titularización de todos aquellos que tienen más de un año de servicio y un régimen de titularización anual que incluya a todos los regímenes docentes garantizado por una comisión docente electa y revocable por las bases. La lucha de la lista Unidad y de los autoconvocados deben estar fundada sobre la base de la discusión permanente de las bases y construcción de la Asamblea Provincial, el voto de cada docente y la unidad de acción de los docentes y de otros sectores de trabajadores estatales que tienen el mismo interés para enfrentar al gobierno y lo manifestado por las direcciones sindicales que son aliadas. El desarrollo de la huelga general será el resultado de todas estas batallas. Si triunfan los docentes, triunfan todos los trabajadores estatales.

11 de febrero de 2022
Biden incita a una guerra inmediata en Ucrania

Hace un par de horas, este viernes 11 de febrero, Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció que era inminente una invasión de Ucrania, por parte de Rusia, incluso si no creía que Putin hubiera “tomado una decisión definitiva” al respecto. Señaló que Rusia había desarrollado toda la capacidad necesaria para ejecutar la ocupación del país, en alusión a los recientes operativos militares conjuntos con Bielorrusia y al despliegue naval en el mar Báltico, en el norte, y el mar Negro, en el sur. Tanto él como Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, exhortaron a sus connacionales a abandonar territorio ucraniano y Bielorrusia. Advirtió que la invasión comenzaría antes de la finalización de los Juegos Olímpicos en China, o sea antes del 20 de febrero. El Pentágono difundió, en forma oficiosa, que Rusia iniciaría la invasión por medio de bombardeos aéreos y misilísticos, para marchar enseguida a Kiev, la capital de Ucrania. Convocó a una reunión inmediata de emergencia a los líderes de la Otan, en un formato virtual. No es necesario mucho esfuerzo para advertir una provocación. El propósito de Biden es cancelar, en forma unilateral, todas las reuniones que han acordado entre Rusia y varios países europeos, incluida Ucrania, para continuar una agenda diplomática cuyo propósito es evitar el conflicto bélico. Los medios de prensa atribuyen al bloque norteamericano-británico una política de “disuasión” (deterrence, en inglés), que consiste en obstruir cualquier arreglo diplomático al conflicto por medio de amenazas. Francia y Alemania, y también el gobierno ucraniano, se inclinarían, por el contrario, por buscar una “distensión” (détente, en francés). En definitiva, Biden y Johnson han saboteado todas las tentativas de una tregua más o menos prolongada. Han defendido el derecho de expansión de la Otan, sin restricciones, y por lo tanto el cercamiento político y militar de Rusia en todas sus fronteras. La tensión en la Otan se manifiesta por sobre todo en Alemania, donde una parte importante del liderazgo político exige al gobierno el abandono de la política de acercamiento a Rusia, por medio de inversiones industriales, ampliación del comercio y la defensa de los acuerdos de provisión de gas natural de parte de Rusia. La crisis ha movilizado a las grandes compañías alemanas, reunidas en la Confederación de la Industria, a enviar una delegación a Moscú, para obtener una “distensión” de la crisis. El francés Macron y el alemán Schloz han ofrecido a Putin concesiones que el gobierno ruso ha calificado de insustanciales, a cambio de una desmovilización gradual de las fuerzas armadas de Rusia. Biden ha señalado que Estados Unidos no se encuentra en condiciones de ir a una guerra en territorio ucraniano, e incluso que una confrontación militar directa entre Estados Unidos y Rusia conduciría a “una guerra mundial”. Para calificados expertos en asuntos militares, Rusia estaría en condiciones de ocupar Ucrania en 48 horas. Ucrania posee el segundo ejército más importante de Europa, en número de reclutas, sólo después de la misma Rusia. Aunque se descuenta que las fuerzas armadas ucranianas ofrecerán resistencia a una invasión rusa e incluso la acción de las milicias fascistas que han crecido mucho luego del golpe de Estado de febrero de 2014, una parte importante de la población, en especial en el sur, confraternizaría con las tropas de Putin. Rusia reclama que la Otan renuncie a la incorporación de Ucrania y que desmilitarice a todos los Estados fronterizos de Rusia, como los países bálticos, Polonia y Rumania. Fue lo que ocurrió con dos naciones que habían quedado fuera de la órbita soviética, luego de la segunda guerra -Finlandia y Austria. La Otan y el Pentágono han elegido el camino de la guerra, en la convicción de que Ucrania se convertiría, con el tiempo, en la tumba política y estratégica de Putin, y hasta en una desintegración de Rusia. Como ocurrió con la ocupación de Afganistán, por parte de Brezhnev, hace cincuenta años. Por eso se ha lanzado al reforzamiento militar de los países con frontera con Rusia, y amenazado con sanciones económicas de impacto atómico contra Rusia. Como patrón de estancia, ha anunciado que el gasoducto Nordstream 2, que debe proveer gas ruso a Alemania, será clausurado por tiempo indefinido, y que Rusia sería excluida de las cámaras de transacción del dólar, una suerte de expulsión del mercado monetario y financiero internacional. Estas sanciones serán un golpe devastador para la propia Unión Europea, que transa con Rusia en divisas internacionales –algo que la sometería a una dependencia cuasi colonial de Estados Unidos. En la estimación del gobierno norteamericano, incluido el Congreso, una crisis prolongada, sin salida a la vista, sería totalmente perjudicial, vista la multiplicación de factores de una crisis financiera y económica internacional, y el marcado retroceso de Estados Unidos en la economía mundial. Un impasse sin salida comprometería la hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo, en América Latina, e incluso la ‘arquitectura’ financiera internacional centrada en el FMI. Rusia enfrenta esta crisis en una situación no menos comprometida. Cuarenta años después de la disolución de la Unión Soviética, promovida por el partido comunista mismo, para resolver los problemas sociales de una burocracia en decadencia, Rusia no ha conseguido la ‘aceptación’ de la llamada “comunidad internacional”. Es cierto que la oligarquía que emergió del pasaje al capitalismo goza de una protección sin igual en el mercado inmobiliario, bursátil y hasta futbolístico de Londres, pero Rusia de conjunto ha retrocedido de potencia industrial y tecnológica a proveedora de materias primas -que financian el 80% de su presupuesto estatal. El cerco de la Otan ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad histórica. No se puede salir de semejante callejón sin salida por medios militares, sólo por medios revolucionarios. Putin sabe muy bien que no existe la salida de un frente internacional con China, en primer lugar porque China rechaza una militarización prematura de la crisis que la enfrenta a Estados Unidos; en segundo lugar, porque no tiene una comunidad de intereses con la oligarquía capitalista rusa. Los acuerdos a los que han arribado para construir enormes gasoductos, que atenúen la dependencia de China de otras fuentes, no alcanza para una unidad estratégica. Para la clase obrera de todo el mundo, y en especial para la de Rusia, Ucrania, China, y para la de los países de la Otan, una guerra sería catastrófica. Desde el punto de vista de los intereses históricos de la clase obrera internacional, una guerra entre potencias capitalistas de diferente grado es una expresión de la decadencia histórica del capital y de su tendencia a la barbarie. No hay que confundir la dinámica guerrera que impone la Otan a la crisis mundial, y el carácter de esta guerra -de dominación, imperialista-, con una ‘progresividad’ de la resistencia militar de la oligarquía moscovita, que se ha asentado en el poder a fuerza de guerras criminales contra los pueblos del Cáucaso y reprimiendo el levantamiento popular en Kazajistan. Si Putin invade Ucrania, lo haría como una potencia opresora del pueblo ruso, para defender un régimen de oligarquía capitalista sin salida –como lo prueba la fuga de capitales de su propia burguesía. Rusia es ya, hasta cierto punto, una semicolonia industrial del capital francés y alemán. Los auténticos intereses nacionales de Rusia no están presentes en la guerra con la que Putin pretende extorsionar a la Otan, si no es, también hasta cierto punto, un juguete de la Otan. Los Biden y los Johnson descuentan que sus pueblos apoyarán la guerra contra Rusia, en nombre de la democracia. Se equivocan de época. La guerra servirá, en Estados Unidos, al desarrollo del supremacismo, el trumpismo y el fascismo, por un lado, y a la rebelión popular y las huelgas, por el otro. La maniobra de Biden de endilgarle la responsabilidad de la guerra a Putin, para disimular que se trata de una guerra confeccionada por la Otan, durará poco más que un suspiro. Las agudas contradicciones de clase en Estados Unidos harán estallar todos estos trucos. El deber del proletariado internacional es movilizarse contra esta guerra, tanto en su fase potencial como efectiva. La consigna es: abajo la guerra, abajo los gobiernos capitalistas, los Biden y los Putin, por la unidad mundial de la clase obrera, por gobiernos de trabajadores. La consigna debe ser también: Fuera la Otan de todo el mundo, no solamente de las fronteras de Europa oriental. Por la confraternización de las tropas y los trabajadores de Ucrania y de Rusia. Por el derrocamiento de la dictadura bonapartista de Putin y por una auténtica y revolucionaria Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por la Unidad Socialista de América Latina. Sólo la revolución socialista enterrará a la Otan. Ni la Otan representa la democracia, ni Putin el ‘antiimperialismo’.

13 de febrero de 2022
Votando con las dos manos el camino hacia el abismo

El rechazo de la secretaría de Estado yanqui a cualquier reducción de las sobretasas que pagan los países de “ingresos medios” –como Argentina- ya estaba descontada en el `entendimiento´ de Fernández-Guzmán con el FMI. Pero constituye, de todos modos, un claro señalamiento político: el imperialismo no tiene condiciones para actuar como rescatista de las naciones en default, cuando enfrenta, él mismo, el rescate de sus finanzas desquiciadas –esto, después del emisionismo desenfrenado para socorrer a los bancos y corporaciones bajo la pandemia. Para la administración Biden, por el contrario, es el momento de succionar los recursos de la "periferia" para salvar al dólar. Muy lejos de Washington, Ji Xing Ping no tuvo una respuesta demasiado diferente para el presidente argentino: las alabanzas al “comunismo” chino no le sirvieron siquiera para habilitar el uso de unos 3.000 millones en yuanes de las reservas nacionales, para el comercio argentino con aquel país. En otras palabras: el gobierno de Alberto Fernández deberá beberse la cicuta hasta el final, y aceptar las condiciones explosivas del acuerdo que el Fondo le ha presentado al gobierno argentino. A despecho de ello, la burguesía argentina y sus partidos se encaminan a refrendar, con las dos manos, un acuerdo que llevará al estallido de todas las contradicciones acumuladas por la bancarrota del país. El recinto El propio Sergio Massa se animó, días atrás, a dar “seguridades” respecto de una amplia votación parlamentaria a favor del acuerdo, y todos lo refrendaron. El bloque radical-macrista aseguró que levantará la mano, y lo hizo por boca de su ala dura, Patricia Bullrich. La clave la suministró Elisa Carrió, cuando invocó, en un twitt, el mandato “del campo, la industria y el comercio”. La gran burguesía clama por la firma del "acuerdo de facilidades extendidas" con la expectativa de abrir una puerta de salida a su propio financiamiento, que en muchos casos se traduce en una crisis de deudas tan o más grandes que las del propio Estado. Bullrich-Macri, en este cuadro, se han guardado las ganas de precipitar una crisis política terminal –o, mejor dicho, dejarán que sean otros los que actúan como los detonantes de ella. En el oficialismo, la tarea de “contención” parece concentrarse en el recinto de Diputados: por lo pronto, la treintena de votos camporistas o "izquierdistas" -como los de la CCC- no cruzarían la raya de una prudente abstención, es decir, dejar pasar el acuerdo sin hacer olas. Pero el nudo de la colaboración kirchnerista no está allí, sino en la cámara alta: “La Nación” informa que Cristina “no obstaculizaría la votación en el Senado” (13.2). El silencio kirchnerista abona esa posibilidad, que el gobierno viene cultivando por otro lado: con el recorte de los subsidios al transporte en la CABA, Guzmán le ha prometido a los gobernadores una versión atenuada del tarifazo. Más allá de estas maniobras, el voto al acuerdo vendrá abonado por una gran operación de encubrimiento por parte de los dos bandos de la grieta: el gobierno le presentará al Congreso las metas difusas que ya se hicieron públicas en estos días, a saber, porcentajes de reducción del déficit fiscal o de la emisión monetaria, y un objetivo de acumulación de reservas. Naturalmente, se reservará para sí el “cómo”, es decir, las medidas brutales que estarán planteadas para alcanzar las metas del acuerdo. Para levantar la mano, diputados y senadores fingirán desconocerlas. En los últimos días, el oficialismo de toda laya acusó a Guzmán de "ocultarles información" sobre las modalidades del acuerdo. Este argumento –“no lo sabíamos”- va a ser la endeble coartada de oficialistas y opositores cuando estalle la conmoción social que encierra la "letra chica". Por lo pronto, el FMI está exigiendo las llamadas "acciones previas", es decir, medidas inmediatas a llevar adelante incluso antes de que se firme el acuerdo. El gobierno respondió a esa exigencia con una suba de la tasa de interés y una aceleración en la trepada del dólar oficial, junto a los anuncios sobre la segmentación de tarifas. Pero estas medidas son nimiedades al lado de lo que está en juego. El Fondo ha dejado trascender que los dólares que reembolse del último pago de Argentina “no quiere que se usen para bajar la brecha cambiaria” (Infobae, 13.2). Ello significa que la “brecha” deberá acortarse por medio de una fuerte devaluación del dólar oficial, de un lado, y aflojando la presión sobre los dólares financieros del otro. De acuerdo a ese mismo medio, se está discutiendo una nueva operación “para que los fondos de inversión que quedaron atrapados por el cepo cambiario (Templeton, Pimco y otros) puedan salir” (id). La cirugía fondomonetarista, como se ve, exige rescates a medida, a costa, claro está, de una formidable desvalorización de salarios, jubilaciones y gastos sociales. En las "acciones previas", el Fondo ha colocado también al semi fenecido control de precios, que terminará de volar por los aires cuando los aumentos de tarifas y combustibles se trasladen a los bienes de consumo esencial. La perspectiva es todavía más cruenta en materia de tarifas: la “segmentación” diseñada por un par de funcionarios de la Cámpora, con afectación a los barrios privados, ha pasado a mejor vida. La razón es sencilla: con un puñado de countries, no van a resolver una poda de subsidios cercana a los 8.000 millones de dólares. La nueva segmentación, todavía no revelada, amplía el universo a “los barrios de clase media”, el eufemismo con el cual se mencionan a los departamentos o casas habitadas, en su mayoría, por inquilinos trabajadores. En suma, la "letra chica", que oficialistas y macristas jugarán a “no ver”, contiene un rodrigazo en regla. Crisis política El acuerdo fondomonetarista, en estas condiciones, avanza a paso tan firme como la propia desintegración del gobierno y del régimen político. La gestión económica, política y hasta diplomática ha quedado en manos del dúo Guzmán-Fernández –nadie quiere hacerse cargo de los choques sociales que se vienen. La virtual desaparición del jefe de gabinete Manzur del escenario político es el fracaso de la tentativa de compensar, con los gobernadores pejotistas, al distanciamiento del camporismo. Así las cosas, la pretensión de que el voto parlamentario por el acuerdo inaugure una coalición de hecho o circunstancial para llegar hasta el 2023, es sólo una fantasía: después del “voto con las dos manos”, todas las fracciones políticas patronales buscarán apartarse de un gobierno en ruinas, al que le queda la meta inviable de aplicar un rodrigazo. La clase obrera será involucrada en esta crisis a partir de los golpes en ciernes contra el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo. La pandemia no es, ni por lejos, un episodio del pasado –muy tardíamente, se dio cuenta de ello la burocracia de Camioneros, que está piloteando la rebelión de sus trabajadores por los descuentos de los días no laborados por Covid. Pero la inquietud, como diría Charly García, “no es sólo camionera”. Se vive en los call centers, en los docentes obligados a reintegrarse sin protocolos, en la crisis social y habitacional de los barrios. Organicemos y preparemos una respuesta de conjunto al régimen de los usureros internacionales y sus gobiernos.

13 de febrero de 2022
Salta: panorama político y sanitario

Salta se encuentra entre las 10 provincias con mayor cantidad de contagios y muertes por covid-19, según su población, lo que ha llevado a colapsar el sistema de salud público, aunque el gobierno de Sáenz y sus ministros pretendan encubrirlo. En lo que va del año, los contagios han aumentado un 60% respecto de los existentes hasta los primeros días de enero del 2022, a los 94.008 que había se han sumado casi 58.000 casos, sin contar los que no se encuentran registrados- asintomáticos, contactos estrechos, o los que son diagnosticados en laboratorios privados. Las muertes llegan a casi 3.300. Los trabajadores de la salud han enfrentado esta cantidad de contagios con un sistema sanitario en ruinas, literalmente. Apertura para todes El gobierno de Sáenz, fiel a la política aperturista del gobierno nacional, no ha privado al capital local de sus ganancias con el turismo de verano. Con bombos y platillos ha festejado una recaudación por este negociado a costa de la salud y las vidas de la población salteña. Estos ingresos a las arcas de la provincia, sin embargo, no han sido destinados a resolver los problemas que sufre el sistema de salud público. El más claro ejemplo es el hospital de San Ramón de la Nueva Orán: se cae a pedazos, se inunda y ni hablar de la falta de insumos y de trabajadores. La apertura ha sido total, y los testeos se han acotado a la política de ajuste del gobierno. El capital es el que decide la letra de los “protocolos” para los boliches, bares o carpas de carnavales y ahora hace lo mismo para el regreso a las aulas. Renuncias y denuncias El hospital de Aguaray ha cambiado dos veces de gerente en lo que va del 2.022, nadie quiere firmar la sentencia de muerte de los que llegan al nosocomio. Los enfermeros del hospital de Salvador Mazza han oficiado de médicos ante la falta de éstos y la atención se ha reducido al punto de que funciona sólo como un centro de salud. También ha renunciado el gerente. El nosocomio zonal de Tartagal sigue inundado y se han restringido las cirugías junto a la atención de patologías crónicas. En el valle de Lerma, los hospitales locales solo atienden a pacientes con Covid 19, a los demás pacientes los envían a la capital en nombre de la cercanía. Sáenz intenta suavizar el escándalo que tiene con el hospital San Vicente de Paul, y no pone un peso en nombre de que construirán un nuevo hospital. Sáenz hace alharaca sobre el pase a “planta transitoria” de 500 trabajadores de la salud, revelando que continuará con la precarización a que son sometidos. La sobreexplotación por la falta de incorporación de más trabajadores a planta permanente es insoportable. El año pasado, el gobierno provincial rescindió los contratos a los enfermeros que fueron contratados por el covid-19 en el inicio de la pandemia. Sáenz interpreta, a su conveniencia, que estamos en la llamada “postpandemia” con su política aperturista, mientras que los hospitales gritan el colapso sanitario en cada rincón provincial. Covid-19 vs. Dengue En la semana se han registrado dos muertes por dengue hemorrágico en Aguaray y en Salvador Mazza, sí. El gobierno sólo informa que envió a rastrear posibles contagios, ocultando lo que se avecina una nueva crisis anual con el dengue. Las fuertes inundaciones han puesto de relieve las penosas condiciones de las viviendas de los trabajadores y la falta de obra pública en las barriadas -redes cloacales, cordones, cunetas- creando el campo de proliferación del aedes aegiptis. Desde fines del año pasado, ciudades enteras se encuentran sin agua. Ha habido cortes de rutas en el norte provincial y movilizaciones en los barrios y principales calles de la ciudad capital, pero la única respuesta es represión, tarifazos, y algunos camiones cisterna. Ellos o nosotros, los trabajadores Mientras que el capital intenta salvarse con la asistencia estatal, el gobierno provincial abraza el “preacuerdo” del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. En Salta ya se anunció que el pan aumenta a $210 el kilo, el transporte público aumentó un 30%, llevando el boleto metropolitano a $100. Sáenz acaba de participar en el encuentro del Norte Grande, para pedir que se de continuidad al subsidio al transporte y que se cumplan con los acuerdos por la obra pública para infraestructura que beneficia al capital agrario y a la minería. Mientras tanto, ha convocado a los burócratas sindicales de los estatales y la docencia para presentarles el estado financiero de la provincia, abriendo el paraguas frente a los reclamos por aumento salarial. Pongamos en pie asambleas en los lugares de trabajo y en los barrios para discutir un congreso obrero que resuelva la lucha por las reivindicaciones más inmediatas –salarios, preservación de los trabajadores ante el Covid, obras inmediatas para los barrios y hospitales- y una lucha común para vencer al régimen del Covid 19 y sus personeros políticos.

14 de febrero de 2022
Los desocupados ante el ajuste pactado con el FMI

Lo hemos denunciado, el gobierno nacional ha decidido ajustar la ayuda social, los salarios y las jubilaciones. También descarga una nueva ola de tarifazos y la inflación que nunca se detuvo. En primer lugar y antes que nada, para Alberto Fernández está el acuerdo de pago de la deuda externa. A los incumplimientos de pago de los planes Potenciar Trabajo comprometidos para diciembre se le suman los ingresos de febrero que tampoco se pagaron. Además, en el mes de enero no entregaron las partidas alimentarias y aún no llegan los cronogramas de entrega de febrero. Se trata de una extorsión con el hambre que golpea a cientos de comedores y merenderos. Para garantizar el ahorro presupuestario, que va al pago al FMI, proponen un pago de ingresos a 6 meses y el retraso en el aumento acordado de alimentos. Mientras tanto, convocan a las organizaciones por separado, buscando establecer rupturas y apretando para que se acepte el ingreso en cuotas y se abandone la lucha, evitando pasar por la Av. 9 de julio o por el Ministerio mismo. El gobierno utiliza a los entes ejecutores como arietes para disciplinar a los compañeros del Plan Potenciar, obligándolos a contraprestar por $16.000, yendo a cubrir los puestos de los trabajadores que están bajo convenio –municipales, de la salud, auxiliares de escuela, recolectores de residuos, etc. Lo hacen bajo la amenaza de sufrir bajas y descuentos. Esto mismo ya ocurrió en Berazategui, San Juan, CABA y en varios municipios más. También disciplinan a los propios entes ejecutores con el retraso en la entrega de los subsidios de obras comprometidas. La Tendencia del Polo Obrero junto a las organizaciones -Resistencia Popular, Ana María Villarreal, 19 y 20 de Diciembre, M.P. 24 de Marzo, Arriba lxs que Luchan y Bloque Obrero por el Socialismo- viene sosteniendo un plan de lucha, enfrentando los aprietes de los funcionarios y los intentos de cooptación (en forma de promesas de entrega de dinero para herramientas). Además, enfrenta las amenazas de no entregar a las organizaciones que salen a luchar ni cupos, ni alimentos, bajo la amenaza de ‘disolverlas’. Ya en el 2002 el entonces presidente Duhalde se propuso lo mismo que Zabaleta se propone hoy: terminar con los piquetes y su lucha por el trabajo. Aquel movimiento piquetero venía de organizarse profundamente, en el 2001 fue protagonista del Argentinazo y enfrentó decididamente los planes de ajuste del FMI. Antes de esto, venía de dos asambleas nacionales de trabajadores ocupados y desocupados, discutiendo un programa para enfrentar a los gobiernos de la pobreza y el hambre. En cambio, hoy no es la misma situación. Las organizaciones sociales cayetanas –Movimiento Evita, CCC, Somos Barrios de Pie, UTEP- y las organizaciones kirchneristas acuerdan con Alberto Fernández y son parte de su gobierno. Junto con la CGT y CTA acompañan la política de pagar la deuda. Así lo expresaron el 10 de diciembre pasado, en su última movilización de apoyo al gobierno. No solo esto. El Ministerio de Desarrollo a través de los entes ejecutores también juega fuerte en la cooptación de las fracciones del movimiento piquetero independiente. Opera para ganar tiempo y logra dilatar la respuesta de conjunto del movimiento de desocupados. Esa respuesta es más necesaria que nunca, para enfrentar el acuerdo ruinoso con el FMI. Hace falta salir de conjunto para enfrentar esta política con un programa común. Rechazar la propuesta del gobierno de que las organizaciones den las bajas de estos magros ingresos a los compañeros y decidan quién cobra un plan social y quién no. Tenemos que saber qué significa el acuerdo para los desocupados; no ya solamente que no tendrán un acceso al trabajo, sino que no ingresarán ni mínimamente un plan social más, menos aún un aumento de sus ingresos. Para aquellas organizaciones que no apoyen al gobierno, buscarán privarlas de las partidas de alimentos comprometidas. Vamos por el pago inmediato de todos los compromisos y deudas con los desocupados. Por esto junto a nuestro frente de lucha nos movilizamos este miércoles 16 en todo el país, dando continuidad a nuestro plan de lucha: Abajo el acuerdo con el FMI, Pan y Trabajo. Salgamos a luchar por todas las reivindicaciones en unidad con la lucha de los ocupados, con la perspectiva de avanzar a un gran Congreso Obrero e impulsar una huelga de masas por el trabajo, el salario y la vida de millones.

14 de febrero de 2022
Cisjordania: entre el KKK sionista y el “polvorín al borde de la explosión”

El martes 8 pasado, “miles de palestinos se manifestaron en varias ciudades palestinas de Cisjordania, informa el diario Haaretz, por el aumento del precio de los productos básicos. El martes (próximo), se planea otra protesta en Belén, que se espera que atraiga a miles de personas que piden a la Autoridad Palestina en Ramallah que intervenga para bajar los precios” (Jack Khoury, ídem, 8/2). Otro periodista, Amos Harel, caracteriza que “Cisjordania está al borde de la explosión”. De todas las afrentas que sufre el pueblo palestino, en Cisjordania, la más perversa es la que llevan adelante los colonos sionistas que ocupan las mejores tierras de la región. Michael Sfard, líder de Yesh Din, una organización israelí de defensa de los derechos humanos, sostiene que “los violentos colonos israelíes comienzan a parecerse al KKK”. Existe una conexión evidente entre la expansión confiscatoria de los colonos sionistas y el desarrollo de una suerte de Ku Klux Klan israelí –la guardia armada de los colonos. Las denuncias contra los atropellos que sufren los palestinos no son receptadas -“Cada año, el 92 por ciento de las denuncias se cerraron sin ninguna acusación”-, incluso si se amparan en las normas jurídicas del Estado israelí. Sfard señala “que los colonos en la oscuridad de la noche, atacan al estilo del Ku Klux Klan. Tiran piedras, rompen ventanas y provocan incendios. De los casi 1.500 casos que hemos atendido en estos años, casi la mitad fueron delitos de daño a la propiedad, un tercio fueron delitos de violencia y casi todo el resto, el 12 por ciento, consistieron en tomas de tierra. Y estas son solo las quejas que llegaron a Yesh Din. Sin duda hay miles de casos que no nos llegaron”. “Vergonzosamente, la actitud de las autoridades israelíes -todas las autoridades, bajo todos los gobiernos- hacia esta criminalidad racista e ideológica es puramente instrumental”. “La evidencia de cómo el gobierno israelí instiga la criminalidad de los colonos es amplia e inequívoca”, concluye Sfard. Lo notable es que la Autoridad Palestina ha aprobado 3.300 nuevas unidades en los asentamientos. La construcción de unidades habitacionales en Cisjordania ha sido de 1.300 viviendas solamente. Hace mucho que la AP ha llegado a la conclusión de que es necesario ensamblar económicamente a los territorios bajo su jurisdicción con Israel, y de un modo general con el capital extranjero. En esta línea legaliza la penetración de los colonos sionistas.

14 de febrero de 2022
Los “marginalistas” económicos, Sigmund Freud, el trosco-liberalismo y las drogas

Si algo quedó claro en torno al debate que ha suscitado el consumo de drogas, es que los partidos trotskistas de Argentina se han pasado a una posición anti-socialista sobre el tema, para adoptar el planteo liberal. Para el liberalismo, en la época de su decadencia, el individuo es soberano de sus decisiones y por lo tanto goza de la libertad de drogarse, del mismo modo que lo hace con el consumo o la inversión. El concepto de “utilidad”, que aplica a las iniciativas económicas, lo llevaría a distinguir ente el consumo dañino de la droga y el “consumo recreativo”. Estaríamos ante un caso de “eficiencia marginal”, cuando la inversión de una unidad adicional de capital o, en este caso, el consumo adicional de estupefacientes, deja de producir el beneficio esperado y se convierte en pérdida financiera, en un caso, y toxicidad, en el otro. Para el primero, la salida es el concurso de acreedores; para el segundo, esa salida sería, al menos para la fracción oficial del PO, “la salud pública”. El aparato desplaza un poco el eje de la “recreación” a la sanidad mental. “Nuestros” trotskistas explican la droga como lo hacía la escuela utilitaria o marginalista en economía, es decir los tatarabuelos de Mliei. Este panorama en la izquierda representa más que un retroceso teórico; es una bancarrota política. La necesidad, bajo el capital, la genera el mercado, no el individuo. En este caso, los cárteles de la droga, entrelazados con los bancos y el Estado. La necesidad existencial, o sea la superación de la alienación del ser humano, no encuentra mercancía en las góndolas, sino en la política revolucionaria. El núcleo del debate de la droga es la sustitución de la política revolucionaria por el consumo recreativo. Es verdad que otro mercado, el mercado de los votos, sufre la influencia del mercado recreativo. Y los “trotskistas” en cuestión jamás se perderían un voto. En relación a la ciencia médica, la posición liberal carece de sustento, sea de derecha o de izquierda. La afirmación de la medicina es concluyente: la primera vez que una persona utiliza una droga, ésta produce en el cerebro un aumento masivo de dopamina y serotonina. Como esta falsa sensación de satisfacción no se vuelve a repetir nunca, el usuario busca reproducirla con dosis crecientes. La tendencia a la adicción brota del cuerpo y el cerebro del consumidor. Freud y los “quitapenas” En relación al entramado psicológico que hace al consumo de drogas, Sigmund Freud, consumidor él mismo, hace más de 90 años derribó la falacia de la droga como mero “trampolín” al placer, como defienden los trosko-liberales. En “El malestar en la cultura” clarifica, básicamente, que es imposible que en este mundo el ser humano se guíe por el principio del placer porque lo llevaría a él y a sus pares a la destrucción en todo sentido. Hay, aclara, una forma fantasiosa de intentar lograrlo: “la intoxicación”. Citando: “Bien se sabe que con la ayuda de los 'quitapenas' es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo propio, que ofrece mejores condiciones de sensación. Es notorio que esa propiedad de los medios embriagadores determina justamente su carácter peligroso y dañino. En ciertas circunstancias, son culpables de la inútil dilapidación de grandes montos de energía que podrían haberse aplicado a mejorar la suerte de los seres humanos”. Casi 100 años después, con el capitalismo en una fase de descomposición, estas palabras toman sentido mayor. Si utilizamos el ejemplo de otras sustancias como el alcohol o los opioides, el hecho de que sean legales no ha servido de nada para frenar el espiral descendente psicológico y corporal que producen. La soja genéticamente modificada es legal, lo que no impide que sea cancerígena, porque aplica glifosato. El Congreso de Brasil aprobó la semana pasada la autorización del uso de productos cancerígenos, textualmente, en una ley, siempre que sea en cantidades módicas. El hecho ha provocado un enorme escándalo y corre riesgo de un veto judicial. Los socialistas no son los ambulancieros del capital. Nuestro lugar es el de ser parteros de otra historia.

15 de febrero de 2022
La Lista Roja obtiene el 42% de los votos en el Sindicato de la Carne

La Lista Roja, encabezada por los delegados del Frigorífico Rioplatense, acaba de protagonizar una elección significativa en el Sindicato de la Carne. Es un nuevo esfuerzo de los trabajadores por desembarazarse de la burocracia de la carne, portavoz de la patronal, responsable de la pérdida de miles de puestos de trabajo y que actúa como vocera de los dueños de los frigoríficos. La Roja ganó en los frigoríficos Rioplatense, Penta, Visom, Bancalari y CPC, cinco de las diez plantas que conforman el sindicato. Por las características del estatuto que rige al sindicato, a pesar de haber conquistado el 42% de los votos (807 de la Roja frente a los 1.129 de la Azul y Blanca), el 100% de los representantes de los trabajadores quedan en manos de la lista ganadora. La Lista Roja no se hizo ni siquiera de congresales. El triunfo de la burocracia obedece a la diferencia que obtuvo en Cattermeat, de Monte Grande, 274 a 6; en CIABER, donde sacó 130 votos de diferencia y en Ecocarnes, donde contó con el apoyo de la comision interna. Voceros de la patronal Más allá del sindicato de Buenos Aires, en la Federación de la Carne existe una fuerte división en la burocracia entre la Federación de Fantini y el sector del fallecido Segundo Molina, reemplazado por Gabriel Vallejos. En el conflicto de la patronal con el gobierno, sin embargo, por la cuotificación de las exportaciones, apoyaron decididamente a los empresarios. Avance La elección de la Lista Roja tiene que ver con una larga experiencia de lucha de los trabajadores de la Carne de Buenos Aires. Ya en el año 2013 estuvieron a punto de recuperar el sindicato, de no mediar la política divisionista de la comisión interna de Paty, que decidió que no votaran 276 trabajadores del frigorífico. Libraron, asimismo, grandes luchas, como en el Frigorífico Penta. Lo que demuestra el desarrollo de la Roja es que no hay sector del movimiento obrero donde no exista una disputa entre el activismo y los delegados contra la burocracia sindical. Es una señal de elevada maduración de la conciencia de clase de la vanguardia.

15 de febrero de 2022
“Que el mundo entero sepa que hay luchadores chilenos que salieron a luchar y que ahora están pagando con cárcel”

A menos de un mes de la asunción de Gabriel Boric como presidente, entrevistamos a Tania Parada (38), activista por la libertad de los presos y presas políticos de la rebelión chilena, y pareja de Jordano Santander, preso político de la ciudad de San Antonio (Región de Valparaíso), condenado a 7 años y 4 meses de cárcel. Jordano es uno de los más de 3 mil presos políticos que detuvo, condenó y encarceló el régimen de Piñera. Tania, ¿cómo se conformaron las organizaciones por la libertad de los presos y presas políticos de la rebelión y quiénes las integran? ¿En qué organizaciones militas tú? Las organizaciones se conforman por la necesidad de poder articular y hacer gestiones por la situación que viven los presos y por el pedido de su libertad. Están integradas por familiares, amigos y gente independiente que apoya el reclamo. Yo milito en tres organizaciones: OFAP, Cordón 5ta. y Familia x la libertad. OFAP es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos de la revuelta. Se creó en el momento en que caen los dos primeros presos de la revuelta: Cristian Cayupán [1] y Cristian Briones [2]. OFAP está integrada más que nada por familias, amigos, compañeras, mamás y papás de los presos y presas. El Cordón 5ta. es un movimiento social que nace de la necesidad de pedir libertad, justicia y reparación para los caídos, los mutilados y los presos. Y Familia Por la Libertad nace de que actualmente hay presos que están condenados y para eso necesitamos articularnos, para poder ver qué podemos hacer por ellos. ¿En qué situación judicial y condiciones de vida se encuentran los más de 3 mil presos y presas políticos? La situación judicial de los presos de la revuelta a nivel nacional es variada. Algunos están con cambios cautelares que pueden incluir estar recluidos en su casa, con prisión domiciliaria, con reclusión nocturna, reclusión con horarios, o con firmas semanales o mensuales. Todos ellos están esperando sus juicios, aún tienen sus causas abiertas. Luego la mayoría está en prisión preventiva esperando una sentencia. Están en las cárceles porque se les han negado otras medidas, como la prisión domiciliaria. Las prisiones preventivas para los presos de la revuelta han durado hasta un año y siete meses mientras esperan un juicio. Están también los que ya tienen sentencia con condena y esperan apelaciones en la Corte. Y bueno, por último están rematados, es decir con sentencia definitiva sin posibilidad de apelación. ¿En qué condiciones se encuentran los presos y presas políticos en general? ¿En qué condiciones está Jordano? A nivel de salud están muy complicados. La mayoría está desnutrida y con una presión psicológica bastante grande. La mayoría se ha contagiado de Covid, ha pasado mucho frío y hambre. Están súper desnutridos, psicológicamente y emocionalmente lo están pasando sumamente mal. Yo soy pareja de Jordano Santander, de San Antonio. Jordano lleva 2 años preso. Cayó preso justo durante los días de la revuelta social. El está rematado. Ya tiene su condena final por siete años y cuatro meses, sin haberse presentado jamás pruebas en su contra. A Jordano la Justicia chilena le impuso un delito que no cometió. Lo condenaron por homicidio frustrado, sin pruebas, sólo con la declaración de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que dice que "percibió en los ojos de Jordano el ánimo homicida" y que sintió susto por su vida. El funcionario de la PDI no presentó pruebas, no tiene heridas, no hay certificado médico que acredite el supuesto homicidio frustrado. Tampoco hay registro psicológico de supuestas secuelas del funcionario PDI. Cuando Jordano fue detenido, fue torturado en la celda por el PDI que lo acusa y lo detuvo. Jordano fue golpeado brutalmente. Al momento de la detención, los funcionarios de la PDI estaban armados con metralletas. El funcionario que detiene y acusa a Jordano, Hugo Gutierrez Herrera, estaba armado con metralleta y con ella torturó a Jordano. ¿Qué exigen ustedes cómo familiares, amigos y organizaciones de Derechos Humanos? Queremos libertad. Los presos nunca tuvieron juicios y sentencias justas, con pruebas, evidencias, con abogados públicos que los representen realmente. Los presos no gozaron nunca de presunción de inocencia. Tenían todo en contra: un Estado, un Poder Judicial aberrante, una fiscalía aberrante. Todo estaba en contra de nosotros. Nosotros exigimos libertad y justicia por lo que han vivido. Es todo lo que pedimos como familiares y organizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre las exigencias de ustedes como familiares y organizaciones y la política anunciada por Boric, para con las y los presos y presas políticas? Boric en ningún momento habla concretamente de libertad para los presos de la revuelta ni de reparación y justicia para ellos. En su discurso habla de “no más repetición”, pero no habla de libertad. Nosotros necesitamos cosas concretas. No puede ser que en el 2022 tengamos presos políticos por salir a luchar por un país más justo. Que se sepa que en Chile Sebastián Piñera torturó, violó, mató y dejó presa a mucha gente por salir a manifestarse y estar en contra de él, de lo que él pensaba y de su gobierno. Nosotros le exigimos a Boric la libertad de todos los presos políticos de la revuelta y justicia y reparación por lo que han vivido en la cárcel. ¿Qué acciones de lucha han llevado hasta ahora como familiares y movimiento social? ¿Planean próximas acciones? ¿Hay un apoyo por parte de la población en estas acciones? Nosotros queremos que nuestra lucha se escuche. Queremos que nuestra lucha se escuche a nivel internacional. Que el mundo entero sepa que hay luchadores chilenos que salieron a luchar y que ahora están pagando con cárcel por una condena y por un delito que no cometieron. No son culpables, no son terroristas ni son delincuentes como Sebastián Piñera. En Chile se violaron los derechos humanos y los condenaron por montajes que el propio Estado inventó. Si Jordano hubiera caído detenido en otro contexto que no fuera de la revuelta, no hubiese estado ni un sólo día en la cárcel. Pero como cayó detenido dentro del contexto de la rebelión, Jordano está preso. En Chile el pueblo apoya a nuestros presos y sus familias. Eso nos da fuerza para seguir movilizados y luchando hasta conseguir la libertad. Se lo vamos a exigir a Boric el día que asuma como presidente. Se lo debe a todos nosotros. Y queremos que nos escuchen afuera de Chile también. [1] https://resumen.cl/articulos/carta-de-cristian-cayupan-preso-del-estallido-social-necesitamos-el-indulto-general-para-todos-los-presos-de-la-revuelta-que-estamos-injustamente-en-una-carcel [2] https://radiojgm.uchile.cl/carta-de-companera-de-cristian-briones-preso-de-la-revuelta-

15 de febrero de 2022
La tutela política de Biden-FMI, Argentina en estado de asamblea
Comité Editorial

El acuerdo con el FMI ha puesto al Departamento de Estado en una posición de tutor de la crisis política en Argentina. La posición de arbitraje alcanzada por el gobierno de Biden se manifiesta ya en los realineamientos políticos que tienen lugar en el FdT y en JxC, con relación al voto del acuerdo en el Congreso, pero con mayor alcance en la injerencia en las elecciones de 2023. Los resultados de las próximas elecciones están enteramente condicionados al veredicto que dé el FMI acerca del cumplimiento de las condiciones que se han impuesto. La refinanciación de la deuda dejada por Macri viene acompañada de 7.500 millones de dólares adicionales, en concepto de devolución de los pagos ya realizados por los Fernández al FMI en los dos años pasados. La deuda total con el FMI se incrementa por esa suma, algo muy original en un gobierno que se dice “desendeudador”. El dinero está destinado a las reservas del Banco Central, por un monto que cubre apenas un mes de importaciones. Lo suficiente, sin embargo, para dejar respirar al ahorcado, que no podrá usar ese dinero para controlar el tipo de cambio. En resumidas cuentas, la variable de ajuste es la devaluación. Del monitoreo del cumplimiento de las cláusulas del acuerdo se encarga el FMI. Como quiera que éste tendrá entonces la batuta de las decisiones económicas, el tutelaje político cae por su propio peso. Por eso, los informantes que consultan los medios han reconocido que “así, el oficialismo pierde en 2023”. La sucesión presidencial se encuentra en manos del “State Department” y del FMI. El verdadero acuerdo, dicen otros informantes, se firmará con el próximo gobierno. El embajador norteamericano ya ha empezado la tarea con una visita a Larreta, mientras que el ala pro-yanqui de los Fernández, constituida por Argüello, el embajador argentino en la Gran Manzana, Béliz, Manzur, Massa y otros, recorre las provincias para anudar negocios con Estados Unidos. No hay que olvidar la apresurada visita que Manzur, un adelantado, hizo al embajador norteamericano. De este modo, el ala “occidental” entiende que podría inclinar el dedo de Washington hacia el peronismo enfrentado con el cristinismo, y no que el único beneficiario sea el conglomerado que lideran Rodríguez Larreta, por un lado, y el jujeño Morales, por el otro. Esta delimitación política de fuerzas abre un panorama incierto para las causas judiciales de la Vicepresidenta y la camarilla que la acompañó en sus anteriores gobiernos. No hay nada más pro-yanqui, después de todo, que la Corte Suprema. La posibilidad de que Argentina obtenga financiamiento de los “organismos multilaterales” (BID, Banco Mundial), por ejemplo para obra pública y almacenar divisas en las reservas, depende de lo que decida el arbitraje político. “Biden and Co” se han puesto, en forma directa, por arriba del FMI, con el consentimiento de la mayor parte de los accionistas del Fondo, y hasta cierto punto de China. China, por ahora, defiende su parte en los negocios bajo la institucionalidad internacional creada por los yanquis, hasta que las contradicciones “no ardan”. Esa mayor "asistencia externa" no es necesariamente una buena noticia, porque a cambio habrá que emitir pesos e incentivar la inflación –o absorberlos y aumentar la deuda del Banco Central. El Departamento de Estado y el FMI no tienen por delante, sin embargo, un lecho de rosas. Tienen que hacer pasar el tarifazo, con el riesgo de desatar una lucha popular que contraríe la intención de instalar un "pollo" librecambista como Presidente dentro de un año y algo. Las empresas norteamericanas radicadas en Argentina reclaman, precisamente, libertad para remitir utilidades, pagar dividendos y obtener piedra libre para ciertas inversiones financieras o estratégicas. El choque de trenes que muchos pronostican, entre el ministerio de Guzmán y la secretaría de Energía controlada por la Cámpora, no estaría mal visto para los operadores proyanquis, si ese choque sirviera para desbancar del gobierno a los "populistas" y "estatistas". La finalidad política del acuerdo excede las preocupaciones por los "equilibrios fiscales". Para los editorialistas de La Nación y Clarín, el Fondo es excesivamente “tolerante” con Argentina, y denuncian que el acuerdo es una operación para rescatar al gobierno del derrumbe. Por supuesto. Pero no se trata de un rescatista cualquiera, porque el FMI pretende dictar la salida política a la crisis, algo que esos diarios y sus editoriales no han conseguido. El tutelaje norteamericano apunta a fracturar la dañada coalición de gobierno. Por eso resulta admirable el candor de los kirchneristas que saludan el acuerdo porque habría evitado la "corrida". Es un reconocimiento de que los hilos políticos están pasando a Biden y al FMI. Es cierto que Biden va a perder las elecciones parlamentarias de noviembre próximo en su país, y que es un árbitro que necesitará que lo arbitren. Pero este es el estado de situación real del capitalismo y de sus gendarmes. Para sacar provecho del estado de vulnerabilidad de los Estados imperialistas es necesaria una acción histórica de la clase obrera. La consigna “hay 2023”, que alimenta el "rescate" de Biden, ofrece un espejismo de estabilidad y un recorrido adoquinado. La crisis de poder ha desatado una lucha vigorosa en el poder. La burguesía enfrenta las crisis de su propia decadencia, pero no es una clase inanimada. El derecho a la eutanasia no figura en el código histórico de las clases explotadoras. En la segunda semana de marzo se espera la votación del acuerdo en el Congreso. Si sale con los votos del macrismo, el poder habrá cambiado, si no de manos, sí de referencia. El resto del año legislativo quedaría en terapia. La salida de gobernar por medio de decretos es políticamente peligrosa, pero enfrenta el obstáculo adicional de que el Senado, dividido, no legitime su vigencia dentro del tiempo constitucional. Estos riesgos son esgrimidos para extorsionar a la fracción cristinista a colaborar con sus votos. Algunos ya le vaticinan a la Cámpora, si no colabora, el retorno a la condición de "orga", expulsada de los beneficios del Estado.

16 de febrero de 2022
Balance de dos jornadas piqueteras, con represión incluida
Polo Obrero

Ayer un conjunto de organizaciones de desocupados copó el centro porteño - la “Unidad Piquetera” , Barrios de Pie, el MST y otras organizaciones. Hoy se movilizó el Polo Obrero Tendencia junto a otro conjunto de movimientos – Resistencia Popular, Arriba los que Luchan, MP 24 de Marzo, FTC-M29, la 19 y 20 de Diciembre, Ana María Villareal. La división de la lucha en dos jornadas seguidas diferentes, obedece al veto impuesto por el aparato oficial del PO a la participación de la Tendencia, a pesar de los reclamos comunes. Entre ellos, el incumplimiento en la asignación de planes ya comprometidos; el retaceo de la asistencia alimentaria a los comedores, y la manipulación de los padrones de desocupados en las llamadas “Unidades Ejecutoras”, como son conocidas las estructuras de trabajo precario y gratuito promovidas por las ‘orgas’ sociales del FdT y de la secretaria de Asistencia Social. Se trata de reclamos de subsistencia, muy lejos del derecho al “trabajo digno” que las agrupaciones piqueteras sostienen como su objetivo estratégico. Las “unidades ejecutoras” no son más que una plataforma de pseudo trabajo asalariado precario, que obliga a los desocupados a prestar tareas propias de cuadrillas municipales u ordenanzas, por 16mil pesos al mes. En numerosos casos se desempeñan en beneficio de las intendencias, lo cual significa la descalificación de los trabajadores municipales que se encuentran bajo convenio, que van siendo descartados por medio de jubilaciones, ‘retiros’ y cesantías. La lucha por la autonomía de estas Unidades responde al propósito de valerse de su organización para la pelea ulterior por un salario de convenio y reglas laborales discutidas en paritarias. Este planteo del Polo Tendencia la distingue del resto de las direcciones del movimiento piquetero. El miércoles 16, por la tarde, la infantería de la Policía de la Ciudad arremetió contra la movilización que pretendía llegar con sus reclamos al Ministerio. La represión no respetó edades, como lo prueba el número de bebés heridos por el ataque de la policía de la Ciudad. Ajuste y precarización El gobierno ha anunciado hace tiempo su intención de proceder a un ‘ajuste’ de la asistencia social – o sea, mercaderías para los comedores y la incorporación de nuevos desempleados. Aunque la ocupación laboral ha crecido en 2021, ni llega a los niveles de 2017 ni satisface el incremento de la población en condiciones de trabajar. Es lo que ha venido haciendo y pretende llevar más a fondo, aunque no solamente por las presiones del FMI. El ataque viene en especial del gobierno nacional y popular, que pretende reservar el dinero del Presupuesto para la burguesía nacional. Por otro lado, apunta a debilitar el movimiento piquetero, para quitarle protagonismo en momentos en que se agudiza la división política en el campo oficial. De aquí que acusen a las organizaciones de desocupados movilizadas de ‘funcionales’ al macrismo, como lo están haciendo en estas horas con la huelga ferroviaria del Sarmiento. El año pasado, el FdT lanzó una campaña para favorecer la contratación de mano de obra desocupada en el agro, de quienes hoy reciben los mencionados 16mil pesos. De este modo, buscaba compensar a los oligarcas del campo por las retenciones que se aplican a la agro-exportación. Cuando los gobiernos patronales declaran su ‘preocupación por los humildes’, se trata de explotar su vulnerabilidad para reducir el standard histórico de la clase obrera. Detrás de la pulverización de los planes, las patronales agrarias y de la construcción reclaman poder emplear trabajadores con los salarios ultramiserables del plan . Lo mismo ocurre con las “unidades ejecutoras”: más allá de las maniobras que se denuncian, su régimen de trabajo es, para cualquiera de los “beneficiarios”, un cepo miserable. En las cuadrillas , como ya se dijo, los compañeros son obligados a actuar como competencia del trabajador estatal o municipal. El gobierno que pregona el “empalme” con el sector privado, incluso subsidiando a los capitalistas con el monto del plan, ni siquiera es capaz de utilizar a las unidades ejecutoras como ámbito para la capacitación laboral y el aprendizaje de técnicas y oficios. Todo el régimen de la “economía popular” -calurosamente aplaudido por los piqueteros oficialistas que también son funcionarios- es una condena perpetua al trabajo precario, la subocupación y, en el mejor de los casos, la autoexplotación. Pasar a una nueva etapa El movimiento de desocupados enfrenta un doble impasse, y por lo tanto un nuevo desafío. Firmado el acuerdo con el FMI, el gobierno ha decidido poner un freno a la atención social de los desocupados. Tiene, por otro lado, una situación insostenible, porque la crisis ha creado de nuevo una masa de trabajadores que no reúne los años para jubilarse. En medio del ‘ajuste’ se ve obligado a decretar una nueva moratoria previsional, para incorporarlos al sistema. Teme, de lo contrario, una sangría fenomenal de votos. El movimiento piquetero autónomo se ha convertido en la variable de ajuste social y política. El otro aspecto de este desafío, es que lo que el gobierno niega tampoco alcanza. El oficialismo enfrenta una perspectiva hiper-inflacionaria. Las Unidades Ejecutoras no son una salida. Es necesario un planteo político de conjunto, un programa, una agitación de ese programa, que desarrolle la unidad de todos los sectores de la clase obrera. Luego de las marchas de ayer y hoy han surgido propuestas a favor de una Asamblea Popular en Plaza de Mayo. Sería un hecho extraordinario, que merece una amplia preparación política y organizativa. La desocupación ya crónica de 4 millones de trabajadores plantea una cuestión de poder político –en otras palabras, una cuestión de conjunto. O reparto de las horas de trabajo o un seguro al parado equivalente al promedio salarial. Esta reivindicación refuerza la posición de los trabajadores ocupados contra la flexibilización laboral y contra las cesantías masivas. Un plan de obra pública, vivienda social y saneamiento, debe ser ejecutado bajo el control de los trabajadores, para combatir la precarización laboral. Este es el contenido concreto del planteo de ruptura con el FMI. Nadie duda que el movimiento piquetero ha conquistado un gran protagonismo. Se trata de que se haga valer políticamente, de convertirlo en un factor importante de una lucha de conjunto.

16 de febrero de 2022
Universidad: los rectores y el gobierno empujan a una presencialidad sin condiciones

Desde fines del año pasado, el gobierno nacional y los Rectores establecieron el retorno a las clases presenciales en el conjunto de las Universidades del país para el ciclo lectivo 2022. El Ministro de Educación, Jaime Perczyk, se ha jactado en los últimos días de ser un “militante de la presencialidad plena” (Perfil, 12/2), que pretende imponer a como dé lugar en todos los niveles educativos. Sin embargo, a pocas semanas del inicio de clases y cuando ya han comenzado a desarrollarse las mesas de finales, una cosa ha quedado clara: en estos dos años de pandemia, las gestiones universitarias no han hecho absolutamente nada para garantizar las condiciones de un retorno presencial que no sea un impulso a la epidemia. Porque es evidente que con las aulas y pasillos hacinados, el traslado general en transporte público, los cursos masivos sin desdoblar, las Facultades se convertirán en un foco de circulación del virus. El ingente “ahorro” que las gestiones tuvieron al mantener las sedes cerradas y descargar los costos de la virtualidad sobre docentes y estudiantes no se ha traducido en inversiones para mejorar la situación edilicia y sanitaria de las unidades académicas, la contratación de más docentes, ni el salario para los miles que trabajan gratis. Lejos del aumento presupuestario imprescindible, el gobierno lo ha recortado en sintonía con el ajuste exigido por el FMI. En las declaraciones públicas realizadas por algunos Rectores, se evidencia que pretenden avanzar en la presencialidad sobre la base de desmantelar todos los protocolos. Las únicas medidas esgrimidas hasta el momento han sido el uso de barbijo y la sugerencia de la vacunación. No se ha hecho ninguna precisión sobre protocolos de distanciamiento, ventilación cruzada, disponibilidad de sanitizantes, burbujas, aislamiento de cursos por contagios y contactos estrechos, qué hacer con las personas con factores de riesgo... Como dice el refrán, “el que calla, otorga”. El silencio de las autoridades delata que, como está ocurriendo en las escuelas, la vuelta a las aulas se realizará a costa de la salud y la vida de trabajadores y estudiantes. La pasividad en que se encuentran las Federaciones de docentes universitarios allana ese camino. La presencialidad que impulsan el gobierno y las gestiones no está motivada por preocupaciones pedagógicas, académicas o por la vida política universitaria; se inscribe en la línea aperturista del capital, que busca hacer de cuenta que la pandemia terminó para eliminar cualquier “costo covid” y todo protocolo, en detrimento de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores. Frente a este escenario, al que se agrega un fenomenal retroceso salarial, es apremiante que la docencia delibere en asambleas y se organice por sus reclamos. El Estado y cada Universidad deben garantizar las condiciones para un regreso que no ponga en riesgo la salud de los trabajadores y estudiantes universitarios. Desde la Agrupación Naranja-Tendencia planteamos: Acondicionamiento edilicio que garantice ventilación cruzada, distanciamiento, sanitizantes Nombramientos docentes para desdoblar cursos masivos Vacunación de la población universitaria Aislamiento de personas por contacto estrecho y de cursos donde se registren contagios Régimen especial para docentes con factores de riesgo. Posibilidad de clases virtuales Derecho a suspender la presencialidad si las condiciones sanitarias y edilicias lo ameritan Comisiones de docentes, no docentes y estudiantes para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos Aumento salarial ajustado por inflación. Salario ya para los ad honorem Abajo el pacto con el FMI. No al pago de la deuda. Aumento del presupuesto educativo

16 de febrero de 2022
La Unión Ferroviaria del Sarmiento va a la huelga, por la vida y la salud de los trabajadores

Los trabajadores agrupados en la seccional oeste de la Unión Ferroviaria -que dirige la Bordó del “Pollo” Sobrero- llevaron adelante un paro por 24 horas este miércoles. Lo anunciaron el cuerpo de delegados y la comisión ejecutiva de la seccional, a partir de la eliminación por parte de la empresa -Trenes Argentinos- de todos los protocolos para prevenir los contagios por COVID-19. Ello derivó además en un descuento salarial masivo por los días no trabajados por aquellos compañeros que fueron contacto estrecho y decidieron llevar adelante el aislamiento. El levantamiento de los protocolos viene de la mano de un aumento de la jornada de trabajo y la vuelta de horarios rotativos, que habían sido modificados para disminuir la circulación del virus. Los trabajadores señalan también que en el momento de mayores contagios, la empresa suspendió 200 servicios, promoviendo todavía más un hacinamiento que es moneda corriente en este transporte. El comunicado de la UF denuncia que esta política flexibilizadora de los protocolos es compartida por la Unión Industrial Argentina y por el empresariado en su conjunto. Naturalmente, es la política de “convivencia con el virus” que defienden –sin grieta- los Fernández, Kicillof y Larreta, y que está empujando al levantamiento de todos los cuidados y protocolos en lugares de trabajo, transporte y establecimientos educativos. Por estos motivos, las asambleas realizadas por sector votaron por unanimidad ir a una huelga a partir de las cero horas de este miércoles 16 de febrero. La UF del Sarmiento denunció .al jefe de personal de la empresa, Martin Marinucci, y al Ministro de Transporte Alexis Guerrera, como los responsables de dar por terminada la pandemia y exponer a trabajadores y a usuarios a los contagios. El paro se está desarrollando con una adhesión superior al 95% según los delegados de la seccional, a pesar del intento de la empresa de carnerear la medida con personal jerárquico y de la burocracia sindical de La Fraternidad (conductores) la cual, a contrapelo de la huelga de la UF, está prestando servicios de trenes con una frecuencia de 30 minutos. Esto acción, que atenta contra el cumplimiento efectivo del paro, delata un claro alineamiento con la patronal por parte de la burocracia de Omar Maturano. La caída de cualquier medida de protección contra el Covid ha desatado un proceso de contagios masivos en los lugares de trabajo. Días atrás, la burocracia camionera debió protestar por la falta de cobertura del Covid por parte de las ART, que ha desatado una rebelión en ese gremio. Toda la solidaridad con la huelga del Sarmiento. Por el veto obrero a la continuidad de la producción en caso de brotes; vigencia de las licencias por Covid o contacto estrecho; cobertura del 100% de la paga en esos casos. LEER MÁS: Precarización, pandemia y muerte en el Ferrocarril Mitre Por Alexander Vladimir.

16 de febrero de 2022
Trabajadores del vestido de CABA en lucha
Agrupación Naranja del Vestido

El miércoles 2 de febrero numerosos trabajadores y trabajadoras de la empresa R. A. Intertrading, se hicieron presentes en la asamblea auto-convocada para darle inicio a una nueva etapa de lucha por sus necesidades básicas. RA es una fábrica de confección de ropa deportiva ubicada en el barrio de Lugano que cuenta con alrededor de 1.000 operarios, de los cuales 930 están encuadrados en el convenio de SOIVA (sindicato obrero de la industria del vestido y afines). La asamblea discutió la situación de pauperización que vienen sufriendo, con un salario básico para febrero que para la categoría más alta de oficial costurero , no supera los $190 la hora. A eso hay que sumarle un sistema de premios en el que se funda un sistema de super explotación y ritmos feroces de producción, con los que, con todo, los compañeros redondean, apenas, algo más de $50.000. La asamblea votó exigir a la empresa un aumento de salarios que parta de $400 la hora para la categoría inicial y un petitorio por esa suma que fue firmado en los días siguientes por el 95% de los trabajadores de costura. Se está a la espera de la respuesta patronal que será evaluada en una próxima asamblea. Vale la pena luchar La asamblea se produjo luego de que después de cinco años de lucha y acciones judiciales se logró la reincorporación al sindicato de dos delegados expulsados como represalia por haber participado de una movilización para manifestarse por la muerte de una compañera, a raíz de la desastrosa atención de la obra social OSPIV manejada por SOIVA. Aquella vez en lugar de ser recibidos por dirigentes se encontraron con una patota que los agredió brutalmente para desenfocar y romper lo que hasta el momento era un reclamo masivo pero pacifico. A los delegados electos que habían participado de la movilización se les armó una causa judicial trucha y se les quitaron los derechos sindicales, impidiendo al conjunto de los trabajadores una herramienta fundamental para ejercer todos sus derechos dentro de la fábrica. Este triunfo tonificó a los compañeros y abrió el debate sobre la necesidad de la inmediata convocatoria a elecciones de delegados. La burocracia sindical y el gobierno al compás de la patronal El debate en la asamblea puso de relieve que la empresa viene obteniendo ganancias extraordinarias merced a los paupérrimos acuerdos paritarios pactados por el SOIVA , que establecen los salarios más bajos de la industria. La empresa declaró públicamente que se encuentra en expansión para aumentar su producción un 40%, beneficiada con préstamos a tasa subsidiada por el gobierno, gozando de la devaluación de la moneda y pagando salarios que oscilan en los 200 dólares. Así, exporta no sólo a la región sino también a Japón, Singapur o Países Bajos. Aprovecha la situación de miseria de sus trabajadores para ejercer presión para que se cumplan las tareas de producción, elevando los ritmos y disminuyendo la cantidad de compañeros por línea. Esta situación se ha hecho intolerable, al punto que muchos trabajadores calificados han renunciado para trabajar en negro en sus casas y en talleres que pagan un poco más que los miserables salarios de RA, sometiéndose a condiciones de explotación inauditas. Esa no es la salida. La lucha iniciada por la Asamblea de los trabajadores por el inmediato aumento salarial abre la perspectiva de una respuesta colectiva , de clase, que ponga freno a la creciente degradación de las condiciones salariales y de trabajo. Del repudio a la burocracia a la organización La burocracia de SOIVA cuenta con un desprestigio absoluto en RA. El viernes 11 de febrero se presentaron en fábrica con las urnas para la elección de Comisión Directiva para la cual se presentaba una lista única de la burocracia. En repudio, en la totalidad de las secciones la inmensa mayoría de los compañeros decidieron no votar. Los personeros se fueron con las urnas vacías (10 votos). En las secciones, los trabajadores les reclamaban a viva voz la inmediata convocatoria a elección de delegados y denunciaron su complicidad con la patronal y responsabilidad en la miseria salarial. La lucha emprendida por la asamblea general de RA es una gran oportunidad para poner en pié un poderoso cuerpo de delegados independiente de la patronal, apoyado en comisiones de activistas por sección y sujeto a la decisión de las asambleas. La lucha de los trabajadores textiles de CABA por aumento salarial de emergencia y contra los extenuantes ritmos de producción requiere tender lazos solidarios con el resto de los talleres y fábricas del gremio y con el conjunto de la clase obrera para derrotar el acuerdo antiobrero del gobierno y la oposición patronal con el FMI. Necesitamos conformar un gran congreso obrero que organice la intervención de la clase obrera, en la perspectiva de la huelga general para conquistar nuestras demandas.

16 de febrero de 2022
Sindicato de la Carne: una patota de la Azul y Blanca ataca a militantes del PSTU

En la mañana del 14 de febrero un grupo de militantes del PSTU se hizo presente de manera solidaria a un llamado de la Lista Roja del gremio de la carne para permitir el ingreso de sus fiscales y controlar el proceso electoral que se desarrollaría en ese mismo día. Mientras esto sucedía una patota de la lista Azul y Blanca de Gabriel Vallejos se encargó de amenazar y golpear a traición a uno de los compañeros del PSTU. Incluso llegaron a mostrar armas blancas, mostrando el accionar podrido de una burocracia temerosa ante la posibilidad de un resultado negativo en la planta. Finalmente, no hubo amenaza que doblegue la tenacidad y decisión de los trabajadores para repudiar a la burocracia dándole una victoria importante a la Roja en la planta. La experiencia de la histórica lucha del 2020 sigue presente en los trabajadores del Penta, que recorrieron una vasta experiencia con la burocracia del sindicato y la federación de la carne.

16 de febrero de 2022
Jubilaciones: el “aumento” de marzo

En un tuit, el presidente Alberto Fernández declaró: “Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es de un 12,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanza a más 16 millones de argentinas y argentinos. Todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación”. En realidad, se consolida el retroceso sin atenuantes de los jubilados. Entre septiembre del 2017 y diciembre del 2021, las jubilaciones acumulan una pérdida del 19,5 %. Los sectores de haberes medios y altos, además, fueron marginados de bonos y otros aumentos, acentuando de este modo el achatamiento de la pirámide. En enero la inflación subió el 3,9 %, acumulando una suba interanual de los precios del 50,7% según informó el INDEC. “Se trata de variación más alta desde abril del 2021”, asegura Clarín (12/2). Pero para los jubilados y pensionados, el deterioro del poder adquisitivo es aún más acentuado, debido a que destinan prácticamente la totalidad de sus haberes al consumo de alimentos. En las discusiones con el Fondo, se apunta a convertir a la jubilación en una pensión a la vejez. Hoy el haber mínimo que en el mes de marzo llegará a $ 32.630 es un monto de indigencia, los de la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) cobraran $26.106, y los de las PNC (Pensiones No Contributivas) recibirán $ 22.841 frente a una canasta familiar que ya trepó a los $ 160.000. Ningún jubilado debe ganar menos que esta para poder desarrollar una vida plena luego de décadas de trabajo. Las organizaciones de Jubilados debemos realizar asambleas en los barrios, en PAMI y ANSES y sumar nuestra lucha a los trabajadores ocupados y desocupados. No a la desindexación de los haberes, nunca más jubilación privada, restitución de los aportes patronales, no al acuerdo con el FMI, ningún jubilado debe ganar por debajo del monto de la canasta familiar hoy en $ 160.000.

16 de febrero de 2022
Eminem se pronuncia en el Super Bowl contra el racismo y la brutalidad policial

En su show en el entretiempo del lanzamiento del Super Bowl, Eminem se arrodilló, vestido enteramente de negro, emulando el gesto que a partir de 2016 comenzó a realizar el jugador negro de Fútbol Americano Colin Kaepernick durante el himno nacional estadounidense, en repudio al racismo y a la brutalidad policial contra afroamericanos y latinos. El hecho, que fue visto por 120 millones de espectadores en vivo, se viralizó y fue tendencia y noticia mundial. Los shows durante el entretiempo del Súper Bowl de la La Liga Nacional de Fútbol Americano -NFL, en sus siglas en inglés- son los espectáculos con más rating de la televisión. Generalmente íconos del pop como Michael Jackson, Madonna o The Weeknd son los protagonistas, pero esta vez le tocó al rap por primera vez en la historia, con Eminem, Snoop Dogg y Dr.Dre, entre otros, en representación del género. Al arrodillarse en el escenario, Eminem no solo se pronunció, con el poder del simbolismo, contra el racismo, sino que se enfrentó a la prohibición de la poderosa NFL de llevar a cabo ese gesto, que le había explicitado que no lo hiciera, a lo que el rapero de Detroit hizo oídos sordos. Todo se remonta al 2016, cuando el jugador Colin Kaepernick se arrodilló durante el himno nacional antes de comenzar un partido en protesta contra el racismo. En ese momento dijo “no voy a levantarme y mostrar orgullo en una bandera, por un país que oprime a la gente negra y personas de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol”. Se sumaron a esta forma de manifestarse cientos de deportistas, no solo de Fútbol Americano, sino también basquetbolistas, como LeBron James y pilotos de fórmulas 1, como Lewis Hamilton. El lobby motorizado por la dirección de la NFL y todo tipo de sectores conservadores -incluido Donald Trump- para destruir la carrera de Kaepernick no se hizo esperar: fue tal el impulso que tomó, que en 2017 este fue expulsado de su equipo, los 49ers de San Francisco, y nunca pudo volver a jugar en ningún equipo de la NFL. La acción de Eminem es, entonces, una reivindicación a Kaepernick y a su valentía y claridad, así como una forma de poner el dedo en la llaga en relación a que a la violencia sistémica contra los afroamericanos no se ha detenido. En septiembre del 2021, la organización Black Lives Matter denunció que desde que Biden había comenzado su mandato como presidente la tasa de asesinatos de policías contra negros y latinos era aún mayor que durante el mandato de Trump. No podemos hablar de un fracaso no solo de Biden sino de la vicepresidenta Tamara Harris, que se había auto postulado como la persona que venía a acabar con la brutalidad policial, ya que, aunque con su discurso endulzado, el Partido Demócrata es parte del racismo sistémico que asola a Estados Unidos. Solamente con la construcción de un partido socialista multirracial que se proponga destruir al capitalismo, las masas de Estados Unidos podrán avanzar en la demolición del racismo, en su país y el mundo.

16 de febrero de 2022
¡Abajo la represión en Desarrollo Social!
Polo Obrero

Hoy 16 de febrero, las organizaciones del frente de lucha que integramos el Polo Obrero Tendencia, Resistencia Popular, Ana María Villarreal, la “19 y 20 de Diciembre”, el M.P. 24 de Marzo, Arriba lxs que Luchan, el Bloque Obrero por el Socialismo y el FTC-M29, nos movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar por el incumplimiento de pago de los planes sociales de miles de compañeros y el recorte de la asistencia a los comedores populares. Sin embargo, no fuimos recibidos por una delegacion de funcionarios del ministerio, sino por la infantería de la Policia de la Ciudad y la Federal, las cuales arremetieron contra nuestras columnas varias cuadras antes de que llegarámos a destino. Las familias con hijos fueron gaseadas y apaleadas durante la represión. Decenas de compañeros, incluso niños, debieron ser asistidos en los hospitales por los golpes recibidos y el efecto de los gases. Esta es la politica que han decidido junto al FMI para garantizar el ajuste a los trabajadores. Luego de la represión, finalmente, fuimos recibidos por una delegación del ministerio. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta las 9 horas del jueves. Hasta entonces, las organizaciones mantendremos una vigilia en 9 de Julio y México hasta entonces. Hacemos responsables a los funcionarios de seguridad tanto de Nación como de la Ciudad de Buenoa Aires por la integridad fisica de nueatros compañeros. ¡Pan y trabajo, el Fondo al carajo! Para comunicarse: Eva Gutiérrez 11 3802-1092

17 de febrero de 2022
Combatir la crisis pandémica y migratoria con un programa de clase

La pandemia atraviesa una nueva ola de contagios, alentada por la política de reapertura económica mundial. En EEUU se han desarrollado variadas luchas ante la decisión de Biden de mantener abiertas empresas y escuelas. En España, el “Gobierno de Progreso” intenta ocultar el desbordamiento de la pandemia, a la vez que retira protocolos y mecanismos de control contra el Covid. Francia, hasta hace un par de semanas, marcaba otro récord diario de casos de coronavirus con más de 500 mil. El gran impacto se debe a que la mayoría de los países están tratando al Covid como una gripe común, promoviendo a la inmunidad de rebaño para convivir con el virus. BA.2, una subvariante de Ómicron, sería incluso más contagiosa, aunque no menos grave (BBC, 02.02). En Chile tampoco hay cuarentenas. Debido al aumento de contagios a nivel nacional, que ya superan los 35 mil y donde cada día es un nuevo récord, la RM está en fase 3; hay más de 12,6 millones de personas con la tercera, y los mayores de 18 años podrán comenzar a vacunarse a partir del 7 de marzo. En ausencia de cuarentenas, pero con vacunas, el gobierno sólo implementa la medida de que los contagiados confirmados den aviso a sus contactos estrechos e indiquen que están “en alerta Covid”, una especie de “control ciudadano” para quitarle responsabilidad al Estado. La ausencia de cuarentenas y la política de “responsabilidad ciudadana” empujan el ausentismo en el trabajo, costos materiales que por regla general asumen los trabajadores con descuentos por inasistencia y despidos. La crisis humanitaria mundial, que la pandemia y las guerras ha potenciado, golpea fuerte en el norte del país. Migrantes son acosados por “rondas preventivas” y operativos de “recuperación de espacios públicos” de Carabineros, y algunos jóvenes responden “a puño limpio, para evitar detenciones en el marco del control de identidad. Naturalmente, la prensa ha utilizado todo esto fuertemente en favor del planteo antiinmigrante. Estos controles de identidad fueron el mismo procedimiento que el año pasado resultó en el asesinato de un malabarista en Panguipulli, que terminó desatando una pueblada. El carabinero que perpetró el crimen, que alegó legítima defensa tras 6 balazos, acaba de ser sobreseído por actuar en “legítima defensa”. Tras el 18 de octubre, la idea de “los jaguares de América” y “el oasis económico” acerca de altos niveles de inversión y empleo “para todos”, fue dejada de ridícula: así se evidencia en el norte del país, donde hoy la burguesía pone un signo igual entre migración y delincuencia, tras haber durante años ahorrado costos de contratación y de salarios aprovechando la mano de obra ultra barata proveniente de otros países de América Latina. El futuro gabinete, que fue pronunciado mientras se reprimía a mapuches y que recibió el reconocimiento de Luksic, Sutil y Cía., en general satisface las exigencias de los grandes empresarios. El ministerio de hacienda ha quedado en manos de quien presidía el Banco Central desde 2016, Mario Marcel, que aboga por reformas tributarias con “gradualidad” y “responsabilidad fiscal”. Marcel se ha opuesto a los retiros de las AFP, y deberá encabezar una reforma previsional y laboral. Fue diputado por 6 gobiernos y en 2018 presidió la cámara alta; también fue director de la ´práctica mundial de buen gobierno´, un programa del Banco Mundial. La designación de Mario Marcel alivia a los capitalistas, porque promueve privatizaciones e inversión, o sea el concurso del capital financiero internacional sobre los recursos naturales y la gran industria. El de minería estará a cargo de Marcela Hernando, ex PPD y militante actual del Partido Radical. Carlos Montes será el nuevo ministro de vivienda y urbanismo, ex MAPU y actual PS, desde Aylwin. En Obras públicas estará Juan Carlos García, militante del Partido Liberal, alineado con la ex concertación. Por su parte, el grupo más próximo a Boric se compone de Nicolás Grau, militante de Convergencia Social –el partido de Boric- para el ministerio de economía. Camila Vallejos será la ministra vocera de gobierno, miembro del comité político. Giorgio Jackson será el nuevo ministro secretario general de la presidencia. Iskia Siches, ex PC y cercana al FA, será la nueva ministra del interior y seguridad pública, y quedará a cargo de la represión como jefa de las policías. Marco Ávila, es el primer profesor que ocupará el cargo de ministro de educación, de Revolución Democrática –FA-, y quien durante el segundo gobierno de Bachelet fue coordinador nacional en el Mineduc. La crisis política chilena no fue sellada con las elecciones presidenciales. Aunque Boric ya había adelantado el nombramiento de algunos subsecretarios, en general hay una fuerte presencia de Apruebo Dignidad, que dicho sea de paso continúa sus tensiones con el PS aun después de darle ministerios claves. La DC está muy disconforme y puja por integrar al gobierno. La derecha, por su parte, se reorganiza de cara a obtener el tercio en la Convención para bloquear las medidas que puede considerar más progresivas y que eventualmente puedan aprobarse, porque implican la posibilidad de discutir un programa de clase. La ausencia de un programa independiente de la clase obrera (y que agudiza su crisis de dirección), se evidencia en el proceso de cooptación desde la Convención constitucional. La izquierda que agitaba la asamblea constituyente libre y soberana y “una convención sin presos políticos”, se adaptó a las iniciativas de normas virtuales que se enmarcan en el lineamiento del Acuerdo por la paz y el ajuste presupuestario. El interés y adhesión del conjunto trabajador fue limitado a una firma virtual, sin instancias de deliberación ni movilización. Ni el gobierno de Boric ni la Convención resolverán los problemas centrales que aquejan a los trabajadores, porque su espíritu es de colaboración de clases y responder a las exigencias del capital financiero. A dos años de la rebelión popular, las demandas planteadas durante aquellas jornadas no han sido satisfechas. Teniendo muchas reivindicaciones que discutir, los trabajadores están desarticulados y contenidos por la burocracia sindical, que no convoca a asambleas ni mucho menos organiza planes de lucha para movilizarse por ellas. Por eso, discutamos, organicémonos y luchemos, trabajadores y activistas, por: Cuarentenas con pago íntegro de salario. Por la restitución de los IFEs y bonos covid. Por vacunas decretadas como bien público. Aumento general de salarios y jubilaciones. Protocolos sanitarios discutidos en agrupamientos y asambleas. Prohibición de despidos y suspensiones. Apertura de los libros contables. Expropiación –sin indemnización y bajo control de sus trabajadores- de la gran industria de recursos naturales y de todas las empresas que cierren. Nivelación de sueldos y salarios según la variación del IPC, igual a una canasta familiar (que debiera ser de, al menos, 800 mil pesos). Distribución de horas entre ocupados y cesantes sin afectar el salario. Fin a la subcontratación y pase a planta de todos los trabajadores. Control obrero de la inspección del trabajo. Fin a las AFP. Por un sistema previsional único estatal, financiado por los empresarios y bajo control de trabajadores y jubilados, y pensiones mínimas al nivel de la canasta familiar. Frente a la bancarrota financiera y la inflación, control de precios por organismos independientes de la clase trabajadora en los barrios. Sueldo de emergencia para cesantes igual a la canasta familiar. Una rápida obtención de documentos para inmigrantes. No a la repatriación y a las expulsiones. Derecho a voto universal de todas las personas que habiten el territorio chileno, sin condición de nacionalidad. Por documentación inmediata y gratuita para todos los que lo soliciten. Por la libre migración. Fin al control de identidad y las detenciones por sospecha. Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos. Juicio y castigo mediante cárcel común a todos los responsables políticos y materiales de las mutilaciones, violaciones y asesinatos cometidos contra la población. Fin del presupuesto público para represión. Desmantelamiento del GOPE, FFEE y Comando Jungla. Desmilitarización del Wallmapu. Huelga General. Asamblea Constituyente libre y soberana. Por un gobierno obrero y socialista. http://partidoobrerorevolucionario.com/combatir-la-crisis-pandemica-y-migratoria-con-un-programa-de-clase/

17 de febrero de 2022
El acampe piquetero en Desarrollo Social

La represión coordinada entre la Policía de la Ciudad y la Federal no hizo retroceder ni un centímetro el espíritu de lucha y la tenacidad de las organizaciones que se habían movilizado durante largas horas en la jornada del miércoles 16. Es así que tras la negativa del Ministerio a recibirnos y la postergación para el día siguiente a las 9 de la mañana se sostuvo un acampe piquetero hasta que la reunión se concretara. El mismo se inició con un acto donde hablaron representantes de todas las organizaciones presentes y cerró Eva Gutiérrez, dirigente nacional del Polo Obrero Tendencia. Denunció ante los compañeros y medios presentes la política de ajuste y precarización del gobierno nacional mediante el régimen de las “unidades ejecutoras”, que transforma a los desocupados en trabajadores precarios con salarios miserables. En su intervención denunció la represión que se ejecutó contra familias enteras, hiriendo a niños e incluso bebés con gas pimienta. Convocó a la unidad de todo el movimiento obrero, ocupado y desocupado, en una gran asamblea de trabajadores. Inmediatamente después, las columnas de Resistencia Popular, Ana María Villarreal, la “19 y 20 de Diciembre”, el M.P. 24 de Marzo, Arriba lxs que Luchan, el Bloque Obrero por el Socialismo y el FTC-M29 junto al Polo Obrero Tendencia se asentaron en la 9 de Julio, un hecho que no pudo ser ocultado. Los medios nacionales dieron una amplia cobertura a la misma, dando cuenta del impacto que ha tenido esta medida de lucha. La noche no fue más tranquila que el día. En reiteradas ocasiones los compañeros debieron combatir y repeler diversas provocaciones provenientes de las filas policiales que buscaron durante todo momento lograr el entorpecimiento y el fracaso de la medida de lucha. Impidieron, por ejemplo, montar carpas, dejando a grandes y chicos a la intemperie. Los policías, sin embargo, debieron anotarse otro fracaso puesto que no han recibido más que una decisión política de lucha inquebrantable de las filas piqueteras. Al día siguiente, los representantes de las organizaciones fueron recibidos por los funcionarios. No dieron respuesta respecto de la inscripción de nuevos compañeros a los planes Potenciar Trabajo. “Está cerrado”, nos dijeron. Aseguraron, por otra parte, que presentarán pronto un nuevo cronograma de distribución de alimentos -uno de los reclamos que llevamos a la reunión- y asistencia a los proyectos cooperativos. Denunciamos este ajuste contra los millones de desocupados ante los medios. Es la “hoja de ruta” del pretendido acuerdo con el Fondo, que perpetuará y agravará la miseria social. En el cierre del acampe se resolvió por aclamación continuar el plan de lucha hasta conquistar todas las reivindicaciones planteadas. Esta medida ha dejado en claro al gobierno que no podrá quebrar fácilmente a los miles de luchadores que se movilizan por sus reivindicaciones más sentidas desde la profundidad de los barrios del conurbano bonaerense y las villas miserias de la capital. “Pan, techo y trabajo el acuerdo con el fondo al carajo”.

17 de febrero de 2022
Muere electrocutado un trabajador del frigorífico Rioplatense

Los trabajadores del Frigorífico Rioplatense se encuentran desarrollando un paro de actividades producto de la muerte de su compañero Javier “El Sapo” Escobar de sólo 39 años. Escobar falleció como consecuencia de una descarga eléctrica mientras se encontraba en su puesto de trabajo. En un primer comunicado emitido por la comisión interna luego de sucedido el hecho señaló que se encontraban en estado de duelo por lo cual se había parado la producción por el resto del día. Hoy a la mañana se reunieron en asamblea para ratificar el paro de actividades en tanto y en cuanto no se lleven adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el hecho que terminó con la vida de un compañero. Los trabajadores en su comunicado denunciaron “las deficientes condiciones de seguridad que tantas veces fueron reclamadas y no escuchadas". También relataron todas las irregularidades que dificultaron la asistencia médica: “Tanto la 'salida de emergencia', con una escalera tan angosta que dificultó su traslado, como la falta de instrumental en la enfermería, o de una ambulancia" hicieron que la situación demandara "esperar más de cuarenta minutos a la ambulancia para tener un desfibrilador disponible. Un instrumento que hemos reclamado en más de una oportunidad". La patronal, por su parte, ha declarado en los medios sus condolencias por lo sucedido. Algo que reviste un carácter provocativo contra los trabajadores que durante años han denunciado la falta de elementos de seguridad e higiene, así como las condiciones en que se encuentran gran cantidad de herramientas y maquinarias. Ni hablar de la falta de los elementos mínimos como un desfibrilador en las instalaciones. Los trabajadores del Frigorífico Rioplatense vienen de encabezar una lucha contra la burocracia del Sindicato de la Carne dirigido por Vallejos. Quien se ha encargado, junto a la Federación, de hundir los salarios y el convenio de los trabajadores de la carne. Ahora, Escobar ha pagado con su vida esta entrega de las condiciones obreras. Justicia por Javier Escobar. Esclarecimiento de las responsabilidades de todo el personal jerárquico de la empresa y su correspondiente juicio penal. Por comisiones obreras electas de seguridad e higiene en todas las fábricas con poder de veto y paro.

17 de febrero de 2022
Peajes: ¡Repaertura de paritarias ya!

La negociación salarial en la actividad de peajes y afines tiene que abrirse de inmediato. La inflación del año pasado fue superior al 50 % y las paritarias de 2021 han sido a la baja. La inflación de la economía nacional trepa sin cesar y se estima que en el 2022 supere otro 50%. Paritarias 2021 - un chantaje La última paritaria que han firmado en la actividad de peajes y afines bajo el SUTPA ha sido del 46 % y una cláusula de revisión del acuerdo para este mes de febrero. La inflación ha superado lo acordado y es urgente la apertura de la paritaria para rediscutir el semestre que le queda al acuerdo (vence en junio). La inflación de enero se acerca al 4% y el 2022 se perfila para ser el año de mayor movimiento de los precios desde la salida de la convertibilidad, hace tres décadas. Febrero parece no ceder en términos inflacionarios. El acuerdo que firmaron del 46% en cuotas ya quedó atrasado. Debemos sumar a este cuadro que el bono de fin de año fue muy por debajo de lo que históricamente se ha abonado (desde el 2006 ha sido un doble aguinaldo). En esta oportunidad no llega siquiera a un 60 % de aquel doble aguinaldo. En los hechos el SUTPA ha negociado que se realicen pagos de salarios y bonos por debajo de lo que históricamente han pagado las patronales de la actividad. La negociación por la reapertura debe comenzar de inmediato, con un proceso de deliberación de asambleas por sector para diagramar un plan de lucha. El mecanismo de negociación sin organización ni debate de asamblea ha fracasado, y el acuerdo descrito es prueba de ello. Sin lucha ni organización no habrá recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la actividad. La extorsiva automatización A esta situación se le suma el avanzado proceso de automatización en el sistema de cobro de peaje (TELEPEAJE) que, en conjunto con el salario a la baja, es una carta de defunción para los trabajadores de la actividad, que se ven obligados a recurrir a segundos empleos para sostener sus vidas y las de sus familias. La automatización funciona como extorsión en la negociación salarial, ya que amenaza de manera permanente las fuentes actuales de empleo en el sector. Ante la amenaza de prescindir de los cajeros, como de todos los sectores que están asociados con el cobro manual del peaje, las paritarias han ido a la baja en forma permanente en los últimos periodos. La organización de los trabajadores de la actividad es lo único que puede torcer el rumbo. Una política nacional La política que llevan a cabo las patronales del sector junto con los gobiernos nacionales y provinciales, son de ataque a la condiciones de vida de los trabajadores, mediante una pérdida de poder adquisitivo constante. Estas políticas de ajuste vienen en línea con los planteamientos internacionales, que exigen mayores impuestos y tarifazos (en los servicios públicos, la nafta y el transporte) para poder hacer frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El gobierno reúne detrás de este objetivo a todo el cuadro político nacional, para entregarle al FMI un acuerdo con el aval del Congreso, comprometiendo a todos los partidos políticos en él. El moyanismo, en conjunto con todas las burocracias sindicales, son la columna vertebral de este acuerdo y su plan de ajuste: he allí el significado político de la integración de Pablo Moyano a la CGT. Reapertura de inmediato de la paritaria y aumento del 50%. Pago con retroactivo de la revisión 2022. No a la estafa salarial. Reintroducción del bono de fin de año con los valores del doble aguinaldo. Por democracia sindical. Basta de persecuciones sindicales.

17 de febrero de 2022
El fin de la historia
Anatoly Chmulak

La situación actual en los ex países soviéticos, muestra la falsedad de los que pregonaban el fin de las diferencias ideológicas, y la aparición de "una gran aldea global". La llamada crisis en Ucrania, no es la primera señal del empantanamiento de la colonización capitalista en la región, como a la vez, la incapacidad manifiesta de "construir la oligarquía en un solo país". Así, hemos asistido a los levantamientos en Bielorrusia, o Kazajistán; que fueron reprimidos con invasiones, asesinatos, encarcelamiento de ciudadanos y represión. Pero el capitalismo en su fase de senilidad, no tiene otro método que no sea la guerra para intentar reactivar la industria, recomponer la economía y reactivar el empleo. Efectivamente, el imperio norteamericano, que sufre una inflación del 7%, y un endeudamiento del doble de su PBI, busca con desesperación reestablecer su hegemonía luego de su salida apresurada de Afganistán, obligando a Rusia a "abrir sus mercados", es decir, a una profundización de la restauración capitalista. Llegó tarde, porque dentro de las empresas estatales con inversión privada de Rusia, ya están establecidos capitales de Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos. Como sabemos, con discursos no se puede cambiar la realidad (aunque sea muy bueno el "Relato"), Biden anunció la prohibición de activar el gasoducto Nord Stream 2, que permitiría proveer de gas a Alemania Francia y los Países Bajos, bajando el precio de esta materia prima tan necesaria para la industria, que ya no debería pagar un peaje por tránsito que actualmente cobra Ucrania sobre el gas que pasa por su territorio y que implica el 5% de su PBI y que es utilizado en su totalidad, en gastos de defensa (léase armas que le compran a EEUU). Rusia depende de las exportaciones de materias primas, que significan el 80% de su PBI, y esta medida, es un tiro por debajo de su línea de flotación, que además, fue acompañada del anuncio por parte de EEUU y el Reino Unido, del establecimiento de bases en la frontera entre Ucrania y Rusia con armas de destrucción masiva. Esta escalada de sanciones y la campaña informativa de un "ataque inminente", quiere lograr que la opinión pública, apoye el desenlace de una guerra. Lo dicho hasta acá, si el lector no lo sabía, lo intuía: un negocio detrás del asesinato masivo. Lo destacable, frente al derrumbe de "Todes”, (los imperialistas norteamericanos, los nacionalistas rusos y ucranianos, los socialdemócratas y los Verdes de Alemania) es que la izquierda no abre la boca. Nadie saca los pies del plato. El derrumbe El martes 15 de este mes, en la Duma Rusa (Cámara baja), el Partido Comunista de Rusia, que se encuentra en la oposición, puso a votación un llamamiento al presidente ruso para que reconozca la independencia de las que auto proclamadas "Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk". Según la agencia de noticias EFE, corroborada por otras agencias de noticias, la propuesta logró 351 votos, de un total de 450 diputados. Los Diputados del Partido Comunista son 57, pero contaron, como era de esperarse, con los votos de los diputados nacionalistas de "Rusia Unida", el partido político del presidente, que cuenta con 326 votos. Esta iniciativa vergonzosa del Partido Comunista Ruso, muestra su complicidad manifiesta con los nacionalistas, que ahora esperan la firma del Poder ejecutivo para hacer el reconocimiento legal de las regiones separatistas de Ucrania. Putin dijo que considerará muy seriamente el pedido de la Duma "que es la opinión del Pueblo ruso". La medida, es una espada de Damocles frente al fracaso de los acuerdos de Minsk, que son incumplidos por el estado ucraniano, que debía considerar como "Zonas de autonomía especial" a las zonas rebeldes y llamar a elecciones que nunca se han realizado. La Rada, el parlamento de Ucrania, reformó la Constitución, para declarar indivisible el territorio ucraniano y establecer el propósito de ingreso a la OTAN. Es decir que la adhesión a la OTAN es una obligación constitucional. La historia la escriben los trabajadores La unidad territorial de Ucrania es un problema central, pero solo podrá alcanzarse con la unidad socialista de los trabajadores del Dombás con el resto de trabajadores del país. Para mantener esa unidad, se hace necesario, la creación de una federación da países socialistas, en Ucrania y en la Federación Rusa. . La unidad no debe hacerse con los oligarcas de un lado o del otro de la frontera, la unidad debe ser de los trabajadores y no con los explotadores. La izquierda debe reflexionar urgentemente sobre estos problemas y ganar las calles contra la guerra imperialista. ¡Adelante compañeros! ¡Abajo los gobiernos capitalistas! ¡No a la guerra!

17 de febrero de 2022
La pandemia no ha terminado, los trabajadores se enferman

La pandemia aún no ha finalizado, aunque el gobierno propone “una vuelta de página de la penuria”. En su discurso ante el comienzo de las clases presenciales para el 2 de marzo, Alberto Fernández agregó incluso que “vamos a olvidarnos de tener la cara tapada”. AF puso como ejemplo el caso de Finlandia, donde están vigentes, dijo, los “mejores estándares sociales y de vida”. El país nórdico levantará todas las restricciones vinculadas con la pandemia a lo largo del mes de febrero, según lo anunció la ministra socialdemócrata Sanna Marin. Lo mismo hará Dinamarca, que en este momento se encuentra con un récord de hospitalizaciones y de contagios, 50.000 casos, una de las tasas per cápita más alta del mundo, y hospitalizaciones. El hecho es que los trabajadores se siguen enfermando. El pasado miércoles la Unión Ferroviaria de Sarmiento realizó una huelga de 24 horas contra el descuento salarial de quienes se recluyeron por ser contacto estrecho. Por otro lado, Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio camioneros, sentenció que iba a “reventar la plaza de Mayo” si el presidente Alberto Fernández no extendía el decreto vencido que obligaba a las ART a cubrir los casos de trabajadores contagiados. Finalmente, dio de baja la advertencia debido a un acuerdo con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), que continuará liquidando la licencia a trabajadores contagiados por Covid. En los lugares de trabajo se han producido brotes masivos de la enfermedad, pero ni las patronales ni el ministerio de Trabajo ordenaron la suspensión de actividades. Las ART no cubren el Covid La exposición de los trabajadores al contagio masivo tiene como consecuencia directa el ausentismo laboral. Es el principal problema en el que se encuentran las ramas esenciales como es el área del transporte, en este caso ferroviarios y camioneros. Esto también ocurre en el sector salud, donde los sindicatos han rechazado el nuevo protocolo Covid, que no respetaba el aislamiento por contacto estrecho. Las patronales y las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo utilizan la pandemia para descargar un ajuste salarial sobre los trabajadores enfermos. Esta crisis llevó al propio Moyano a realizar dos marchas: una frente al ministerio de Trabajo y otra hacia el ministerio de Salud. Moyano es uno de los principales sindicalistas que salió a defender el pacto con el FMI, causante principal del ajuste salarial a los trabajadores. Alberto Fernández ya anunció un techo de paritarias del 40%, que se ubica por debajo del 55% que las consultoras del Banco Central estiman para el 2022. El comienzo de clases En CABA, Rodríguez Larreta pretende eliminar la palabra “protocolo” del vocabulario en las escuelas. Alberto Fernández, por su parte, propone una “presencialidad para todos y todas”. Pero el 50% de los niños todavía no tiene ambas dosis de la vacuna. Esta demora preocupa a la Sociedad Argentina de Pediatría ante la explosión de casos Covid entre los niños. Por otro lado, el Hospital Garrahan informó en un reciente comunicado que “la internación aumentó exponencialmente y la población pediátrica contribuye a la alta circulación viral”, y llamó a las unidades pediátricas a vacunar a los niños contra el Covid. Recientemente, el Hospital debió abrir tres salas por aislamiento de Covid, mientras gran porcentaje de trabajadores se encuentra también contagiado. Los testeos y la vacunación son necesarios para el control del virus, el re-establecimiento de grupos reducidos en las escuelas, como el derecho a suspender la presencialidad ante la suba de contagios en la docencia, como de las aislamientos focalizados ante el contagio en fábricas y trabajos esenciales, la lucha por la cobertura de los días de ausencia por enfermedad y el salario igual a la canasta familiar, son el camino para defender la salud de los trabajadores ante la lógica aperturista y ajustadora que propone el gobierno de los Fernández.

17 de febrero de 2022
Berazategui: el nuevo sindicato de Municipales se movilizó contra los abusadores sexuales del Municipio
Oscar "el Colo" · Sergio Salgado

Este miércoles 16 de febrero, la Unión del Personal Municipal de Berazategui (UPMB) -el novel sindicato que lideró la histórica huelga de higiene urbana a principios de enero y logró derrotar el grueso de los despidos de contratados con los que Mussi pretendió iniciar el 2022- realizó una concentración en el playón del Palacio municipal, acompañada por organizaciones del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, sociales y políticas, entre ellas Política Obrera Berazategui. La jornada de protesta tuvo como objetivo acompañar una presentación formal ante el Ejecutivo municipal reclamando el inmediato desplazamiento del ex director de Mayordomía del municipio, Gustavo Isea, tras una denuncia por abuso sexual de una trabajadora miembro del sindicato. La denunciante Silvia Ojeda, acompañada por su abogado, de acuerdo con lo informado por el sindicato, radicaron una denuncia penal por violencia sexual contra este funcionario apañado y encubierto por el intendente Juan José Mussi, que fue radicada el pasado lunes 7 de febrero, en la Fiscalía Nº 5 descentralizada de Berazategui, dependiente de los tribunales de Quilmes. Desde la UPMB, denunciaron que Isea continúa desempeñando un cargo municipal. "Sigue trabajando normalmente. Acá es común desplazar a la víctima antes que al victimario", expresó Mario Torroba, secretario general de la organización. Torroba explicó que en la denuncia está tipificado que "le mordió la cola mientras trabajaba". "Un abuso gravemente ultrajante, que sucedió dentro de las instalaciones del viejo palacio municipal de Av. 14 y Av. Mitre". La UPMB apoya a su compañera en este reclamo elemental, mientras se sustancia la causa judicial, y acompañó el mismo con un petitorio de reivindicaciones relacionadas con las problemáticas que afectan en particular a la masa de las trabajadoras municipales, particularmente expuestas a prácticas de abuso y acoso laboral y sexual, malos tratos, por parte de jefes, supervisores y funcionarios mussistas, dada la peculiar situación de vulnerabilidad que implica el enorme entramado de precariedad laboral impuesto por el patrón Mussi: la gran masa de las y los municipales se encuentra contratada; esto expone a las compañeras al chantaje para no ser despedidas ("cese de contratos") o para ser ingresadas en la planta permanente. Una suerte de perverso "derecho de pernada" de una casta de funcionarios patronales (se sabe de al menos unos 10 casos más no denunciados) que ha impuesto la contratación precaria permanente, la flexibilidad laboral y los salarios de hambre en todo el escalafón municipal. El sindicato denuncia, además, incumplimientos de los cupos laborales de trabajadores discapacitados, del colectivo trans, y la inseguridad que afecta a las trabajadoras de los CAPS ante la descomposición social que impera en los barrios. El corazón del reclamo sindical para terminar con esta "viga maestra" de abusos contra las trabajadoras, es el inmediato pase a planta permanente de todas aquellas trabajadoras municipales que hayan cumplido los plazos establecidos en el artículo 4ª de la Ley provincial 14.656 de Régimen Marco del Empleo Municipal. La UPMB pensó la protesta como el inicio de un acampe de varios días en reclamo del reconocimiento de los reclamos y la implementación de una mesa de diálogo con la patronal en función de comenzar a revertir todas estas problemáticas, aspirando al reconocimiento del sindicato como un interlocutor válido. Sin embargo, más allá de la repercusión mediática y visualización pública de la denuncia y los reclamos, esto aún no ha sucedido. La protesta se topó, como es costumbre, con un edificio municipal cerrado al acceso y militarizado con un cordón de la bonaerense. La "mediación" de dos legisladores provinciales del FITU (Kane y Ripoll) habilitó el ingreso de la denunciante, su abogado, 3 miembros de la UPMB y ellos, para que la presentación fuese recibida; luego, se reunieron con Juan Carlos Balor, "mano derecha" de Mussi, quien reconoció que en relación al reconocimiento del sindicato y la situación de ilegalidad con la que procede el Ejecutivo es una "decisión política del intendente Juan José Mussi" y que "iba a trasladar las inquietudes al gabinete municipal". Todo esto a cambio, según "consejo" de ambos legisladores, "de muestra de buena voluntad por parte de los trabajadores", que los compañeros de la UPMB no realicen el acampe que habían anunciado, en espera de una eventual "citación al diálogo". El lunes próximo los municipales de la UPMB volverán a movilizarse.

18 de febrero de 2022
Salta: el pacto con el FMI condiciona la continuidad del boleto gratuito

El 2 de febrero comenzó el Ciclo de Ingreso Universitario de la UNSa (CIU) de manera virtual para la mayoría de las facultades, por la gran cantidad de preinscriptos. Las Facultades de Exactas y Humanidades tuvieron su primera semana virtual, pero luego los ingresantes pasaron a la modalidad presencial de forma progresiva. Sin embargo, los estudiantes no tuvieron acceso al pase libre o boleto gratuito del transporte, una conquista arrancada por el movimiento estudiantil en 2014. Lo mismo sucede en otros niveles como los Terciarios. Esto porque las empresas “esperan la nómina de estudiantes dispuesta por la institución”. El costo del boleto es un factor de desaliento para la continuidad de la asistencia a clase. Solo dos viajes por día implican $1.680 mensuales, sin contar otros traslados, por ejemplo, a los lugares de trabajo (que es un gran sector), cuando el salario mínimo no llega ni a 30 mil y se debe cubrir otros costos como las carísimas fotocopias y la comida. Esto es si fuera una sola persona, pero cuando hablamos del grupo familiar los costos se duplican por 4 como mínimo. Saeta -la empresa de transporte- está completamente subsidiada. Según Claudio Mohr, presidente de Saeta, el costo del servicio público es de aproximadamente 850 millones de pesos. Solo de la provincia, la empresa recibe 500 millones, y de Nación, 120 millones, más 10 millones que recibe de otros ítems. Hay que recordar, además, que el Boleto gratuito esta subsidiado con los impuestos al juego. Es decir que, la empresa no invierte un centavo y es el propio Estado que a través de la recaudación de impuestos a la población sostiene a unos parásitos. Los empresarios aprovecharon la pandemia para ahorrarse “unos pesitos” reduciendo recorridos y anulando el pase libre, pero además hasta ahora las frecuencias de colectivo no se han reestablecido al momento prepandémico a pesar de la apertura. Sin embargo, los subsidios los siguen cobrando. Por ende, el boleto es una confiscación a los trabajadores no solo cuando pagan sino a través de los impuestos que se les quita para mantener a los empresarios. La viabilidad de un servicio estatal es posible, porque en los hechos es el Estado quien lo sostiene de lleno. Y si fuera poco Saeta aumenta el precio del boleto cuando le parece, incluso no yendo a la última Audiencia Pública, que es el pase formal para el mismo. El Pase Libre otorga 100 boletos “gratuitos” por mes a los estudiantes recién existió en el 2014, luego de una poderosa huelga docente y 10 años de lucha del movimiento estudiantil encabezada por el Centro de Estudiantes de Humanidades, dirigido por una corriente estudiantil combativa y antiburocrática conocida como Todo un Palo, que dirigía el Partido Obrero. Pero que también estuvo condicionado a una crisis del régimen de Urtubey y el ascenso electoral del PO, que ganó las elecciones legislativas en el 2013. Solo bajo este contexto, se crea la gratuidad del boleto estudiantil, jubilados y pensionados. El aumento de restricciones sobre el Boleto Estudiantil se produce cuando el gobierno está negociando la reestructuración de la deuda con el FMI, y ha colocado sobre la mesa una quita de subsidios para una liberación de tarifas, que solo significará un aumento aún mayor del boleto y la eliminación de conquistas. Ante el nuevo Rodrigazo que planea este régimen llevar contra la clase obrera, debemos, no sólo activar, sino, además, reconstruir una organización de la juventud que permita conquistar el Pase Libre sin ninguna restricción todo el año, todo el día.

18 de febrero de 2022
Ademys convoca a parar al inicio del ciclo lectivo

La asamblea docente convocada por Ademys que se realizó el miércoles 16 resolvió un paro de 24 horas para el lunes 21, día que está previsto el comienzo de las clases en la Ciudad en los niveles inicial y primario. Se resolvió, además, convocar a una concentración en Jefatura de Gobierno a las 12 hs. La moción de paro para el día lunes fue llevada adelante por la mayoría de la Comisión Directiva del Sindicato (IS, PO “oficial” y otros grupos). La “9 de abril” - PTS, en cambio, mocionó un paro para el 2 de marzo, cuando comienzan nivel medio en la ciudad y también las clases en provincia de Buenos Aires, bajo el mismo pliego reivindicativo. Desde Tribuna Docente Tendencia intervenimos sosteniendo la necesidad de acompañar la medida de fuerza del 21 con una campaña de pronunciamientos de la docencia que nos permitiera, petitorio mediante, profundizar el debate y recoger la adhesión de los compañeros y las compañeras de las escuelas por un salario igual a la canasta familiar, la indexación según inflación y todos los reclamos vinculados a condiciones laborales en contexto de pandemia, defensa del estatuto docente y titularización. Agregamos, en esa línea, que que el acuerdo con el FMI tiene el objetivo de la reducción del déficit fiscal y la revalorización de los títulos de deuda e implican un ajuste al salario y un ataque a las condiciones laborales que ya se expresa en la nula paritaria porteña y que se extenderá al conjunto de los estatales y trabajadores en general. A su vez, planteamos el cuadro calamitoso en el que se encuentra nuestra Obra Social: vaciamiento, baja de prestaciones, casi nula disponibilidad de turnos. Todo esto, derivado de la gestión de la burocracia incrustada en el Directorio (sobre todo, Sutecba y UDA) junto con el propio gobierno de la Ciudad. Convocamos a la asamblea a sumarse a la convocatoria en el Sanatorio Méndez, emblema de la Obra Social, para realizar una agitación en puerta de cara a los afiliados/as y trabajadores/as . La directiva, en cambio, promovió convocar a la sede administrativa de Honorio Pueyrredón. Respecto al salario, a directiva del sindicato reclama ahora un salario (¿mínimo?) igual a la canasta familiar. El año pasado, en cambio, reclamaba un salario igual a la canasta de pobreza, naturalizando el hecho de que docentes de la Ciudad deben trabajar dos o tres cargos para poder paliar una situación económica cada vez más apremiante para el bolsillo obrero. Por su parte, la UTE ha llamado a un plenario (únicamente de delegados) para el viernes 18 por la tarde. Este plenario, además de regimentado, no podrá realizar una agitación de sus resoluciones sobre las escuelas dado que hay un fin de semana de por medio frente al inicio. Una capitulación más en un cuadro explosivo que nos tiene a los/las docentes como protagonistas. Seguimos reclamando: Salario igual a la canasta familiar, por cargo. Indexación por inflación. Todas las sumas al básico. Actos públicos presenciales. Fuera la COREAP. Restitución de las Juntas de Clasificación Docente. Defensa del estatuto. Titularización masiva en nivel medio, superior y programa socioeducativos. Por la recuperación de la Obra Social. Contra su vaciamiento.

18 de febrero de 2022
Importante acción en defensa de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires

El jueves 17 de febrero un conjunto de afiliados a ObSBA y Tribuna Docente Tendencia CABA nos hicimos presentes en las puertas del Sanatorio Méndez en el marco de una autoconvocatoria en contra del vaciamiento de la obra social y en defensa del sanatorio y sus trabajadores. La misma fue ampliamente difundida por los afiliados durante las dos semanas previas. Durante las intervenciones denunciamos el colapso de los servicios de atención por guardia, la imposibilidad de conseguir turnos, la falta de camas para internación, la suspensión de atención en clínicas tercerizadas y de tratamientos para personas con discapacidad y adultos mayores por falta de pago de parte de la obra social, la anulación de cobertura completa de medicamentos crónicos para patologías sensibles, la falta de seguimiento de los casos de Covid y un sinnúmero de situaciones que dan cuenta de un verdadero vaciamiento, cuya responsabilidad recae enteramente en el Gobierno de la Ciudad y en la burocracia sindical de Sutecba, encabezada por Amadeo Genta. Se marcó que dicha situación es parte de un recorte general de alcance nacional en salud, educación y asistencia social afín al pago al FMI. El material que se volanteó fue muy bien recibido. Se acercaron varios trabajadores de la salud del sanatorio Méndez a llevárselo. Se denunció la situación que atraviesan los enfermeros de la Ciudad a los que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les niega el reconocimiento profesional mientras perciben un salario de miseria. Roberto, un enfermero del Hospital Piñero que se acercó a la acción, marcó que el gobierno está llamando a concurso para cargos que durante la pandemia fueron cubiertos por enfermeros a los que ahora no se los reconoce dejando fuera a 3.000 trabajadores. Al mismo tiempo denunció que faltan aproximadamente 5.000 cargos de enfermería por lo que el GCBA debería reconocer a esos 3.000 enfermeros y contratar a 2.000 más. Radio Nacional, Radio Show y Radio Semilla difundieron la actividad y los reclamos que se levantaron. Se discutió realizar nuevas acciones a futuro con el objetivo de seguir denunciando esta situación y por la necesidad de conformar una comisión controladora de afiliados y personal de salud que tenga acceso a los libros de la obra social para que se regularice la situación de la misma que en la actualidad se encuentra en concurso de acreedores. Fuera el gobierno y la burocracia sindical del directorio de ObSBA. Leer más: Obra social de la Ciudad de Buenos Aires: un desfalco histórico

18 de febrero de 2022
Elecciones de ADIUNT: postal de una transición

El miércoles 16 cerró la presentación de listas para la renovación de autoridades de la ADIUNT, el sindicato docente universitario de Tucumán, que desde hace tres períodos consecutivos es conducido por el Frente Docente por el Cambio, un bloque de activistas liderado por el clasismo. En esta oportunidad el FDxC se hizo presente ante la Junta Electoral con más de 90 candidatos representando a la totalidad de las escuelas, colegios y facultades de la UNT y casi 200 avales juntados en un par de días. Con todo, el hecho más relevante se dio con la presentación, a minutos del cierre de listas, de la lista opositora con un pedido para ampliar el plazo de los avales y candidatos, argumentando que las facultades estaban vacías. Algo de razón tenían, pero esta realidad afectaba a las dos listas y el resultado fue que la lista del activismo se las ingenió para juntar 200 avales hablando compañero por compañero, en las facultades y escuelas que estaban abiertas y hasta casa por casa, como en el caso de Aguilares. Algo similar pasó con los candidatos. El activismo logró presentar lista en las 13 facultades, en la fundación Miguel Lillo, en las 8 escuelas experimentales y en la Escuela de Cine, algo inédito hasta este momento. La oposición, en cambio, solo presentó candidatos en 6 facultades, 1 escuela. Una presentación incompleta de la lista de Comisión Fiscalizadora, sin avales. En la lista opositora confluyen dos sectores, uno dirigido por el PCR y otro vinculado al kirchnerismo, que articulan a nivel nacional con la lista verde. Las agrupaciones integrantes de la oposición en Adiunt son la expresión de quienes conducen la Conadu H y dos de sus dirigentes integran la lista nacional que presentan para conducir la federación en la etapa 2022-2025. En el caso tucumano, las dificultades de este sector opositor para presentar la lista no devienen del calendario académico sino del derrumbe de una orientación política, que apostó (y apuesta) a una política de colaboración con un gobierno que se ha entregado completamente al imperialismo y que acaba de firmar un acuerdo provisorio con el FMI de ajuste contra los salarios, las jubilaciones y las ayudas sociales. La orientación completamente pro oficialista de la conducción de la federación (Conadu H) a lo largo de 2020 y 2021 ha hecho mella en su base, a tal punto que varios activistas representativos de ese sector han roto y se han venido con la lista del Frente Docente por el Cambio. En ese contexto, la presentación de listas en ADIUNT retrata un momento de pasaje de un sector del activismo a posiciones de lucha e independencia con las políticas de todas las conducciones sindicales burocráticas o colaboracionistas, un fenómeno que se está dando a nivel nacional en numerosos sindicatos. En el caso de la ADIUNT, es importante destacar a la vez el involucramiento de numerosas compañeras jóvenes en esta batalla. Teniendo en cuenta todos estos factores, el pedido de prórroga de la lista opositora para la presentación es una maniobra que apunta a ocultar su incapacidad y a cargar a la conducción con la responsabilidad de su quiebre político. Con todo, la Junta Electoral de ADIUNT resolvió permitir a la lista opositora un plazo extra para presentar avales, en un espíritu de democracia sindical que no es moneda corriente en este sector ni en el conjunto de los sindicatos. La Junta Electoral de Conadu Histórica, por ejemplo, que fue elegida excluyendo a la minoría de la federación (otra diferencia con la de Tucumán, que incluyó a la minoría) está operando antidemocráticamente en las elecciones de la federación que se sustanciarán a comienzos de abril. En numerosos sindicatos docentes universitarios se han abierto procesos electorales simultáneos, y en todos se está repitiendo, hasta ahora, esta disposición de la lucha política entre el activismo y una conducción que se está entrelazando cada vez más con el gobierno. El proceso electoral de ADIUNT, en este primer capítulo, solo adelanta un poco el proceso general que se está dando entre los trabajadores docentes universitarios. Desde la Agrupación Naranja (Tendencia) somos parte activa de ese proceso con una política de unidad de los activistas, por un reagrupamiento independiente. Vamos por un congreso de activistas de toda la docencia universitaria (en una y otra federación) para preparar una intervención organizada en las paritarias, en los procesos electorales, en el debate sobre el regreso a clases y en todo el proceso político que se desenvuelve en el país.

18 de febrero de 2022
Comercio: trabajadores de la ex Walmart Bahía Blanca en pie de lucha
Agrupación Combativos Mercantiles

Desde hace cuatro semanas, los trabajadores del ex supermercado Walmart de Bahía Blanca se encuentran realizando asambleas con suspensión de actividades, enfrentando una ofensiva patronal que busca remover derechos laborales. Esta vez, la patronal pretende restringir el derecho al adelanto de sueldo, que normalmente se podía hacer todos los meses hasta el 50%, para que sea solo cinco veces al año y mes por medio. Esta modificación altera profundamente la vida de cada trabajador que ya contaba con este dinero en su organización familiar y económica, además de ser un derecho adquirido. La mayoría utiliza este “beneficio” ya que, en los últimos cinco años, los sueldos se redujeron un 50 % debido a las miserables paritarias. La patronal viene atentando contra las condiciones laborales que empeoraron con la pandemia, dejando en evidencia, una mayor precarización y explotación laboral y no así las ganancias récord que tuvieron las patronales de este rubro. Por esto es que, en las asambleas, se van planteando otros reclamos; la falta de insumos para trabajar, medidas de seguridad e higiene, mejores condiciones edilicias, protocolos frente al Covid y que la empresa se haga cargo de los hisopados de los trabajadores. Las asambleas fueron impulsadas por el cuerpo de delegados que han desarrollado recientemente una lucha por el pago de un bono extraordinario y la implementación de medidas sanitarias ante la pandemia. La adhesión a las asambleas viene siendo prácticamente unánime lo cual demuestra una enorme voluntad de lucha. El Sindicato de Comercio de Bahía Blanca acompaña el conflicto, aunque por el momento solo formalmente. Las sucursales de supermercados Walmart fueron adquiridas por el empresario Francisco De Narváez, de fluidos vínculos con el gobierno de Alberto Fernández. De Narváez participó recientemente de una reunión entre empresarios y funcionarios en donde se pautaron los “precios cuidados” que fueron pulverizados casi de inmediato por una inflación galopante y además tanto las patronales como el gobierno. Intentan llegar a un acuerdo con el FMI atacando aún más las conquistas y derechos laborales. Con el método de asambleas, la deliberación de los trabajadores y la coordinación con otros sectores del gremio que vienen realizando intensas luchas, iremos allanando el camino para conquistar todos los reclamos.

18 de febrero de 2022
El Covid, enfermedad "no listada"

La CGT emitió un comunicado en el que informa que "ha planteado con fuerza los inconvenientes que arrastra la designación del Covid 19 como ´enfermedad no listada´". Además, agregó que “se acordó con todos los actores un régimen más ágil y eficiente para el reconocimiento de esta enfermedad como profesional", algo de lo que se cuida de dar certezas. Al finalizar el año 2021, el Gobierno dejó caer el decreto que declaraba al Covid una enfermedad presuntivamente laboral, por lo que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo dejaron de hacerse cargo de la atención de los enfermos, que pasaban a la órbita de las Obras Sociales. El Covid 19 paso a ser entonces considerado como una "enfermedad no listada", por lo que, si el trabajador o su familia pretende percibir un resarcimiento, debe hacerlo por la vía judicial. Esta modificación de la norma vigente desde marzo de 2020 a diciembre de 2021, apunta a un ahorro multimillonario de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en lo que concierne a la atención de los enfermos, en primer lugar, pero sobre todo a la hora de esquivar los costos indemnizatorios de los miles de fallecidos. De la mano de esta medida, el gobierno también eliminó del protocolo el aislamiento de los contactos estrechos y el hisopado de los menores de 65 años que presenten síntomas. De este modo, deja a los trabajadores con un diagnóstico presunto de Covid que no será reconocido ni por las empresas a la hora de liquidar el sueldo, mucho menos por las ARTs (el trabajador no solo tendría que demostrar que se contagió el Covid en el trabajo, sino además demostrar que tuvo Covid sin que le hagan PCR). La decisión del gobierno de modificar protocolos y la consideración del Covid como enfermedad profesional despertaron una cantidad de reacciones en el movimiento obrero: entre las más importantes el paro de la Unión Ferroviaria de Haedo y la movilización de los Camioneros contra el descuento de los salarios por aislamiento de contactos estrechos. La modificación de "enfermedad presuntivamente laboral" a "enfermedad no listada" tiene un efecto importante a la hora de las indemnizaciones por fallecimiento o por las secuelas que pudiera dejarle el virus a los trabajadores, porque se invierte la carga de la prueba: mientras que antes del decreto eran las ARTs las que debían demostrar que el contagio del virus no estaba relacionado con el trabajo, a partir de 2022 quién tiene que demostrar que el contagio es efectivamente laboral es el trabajador. El comunicado de la CGT no denuncia nada de esto, simplemente celebra que se ha logrado un "sistema de compensación hacia las Obras Sociales sindicales, por parte de las ARTs, que son aquellas que, en la emergencia, y en primera instancia, dan atención a esta enfermedad, y hasta tanto se ratifique en el caso particular del trabajador como enfermedad profesional". La CGT resuelve el problema de caja que la resolución del gobierno pudiera crearle a las Obras Sociales y se baja del reclamo contra la designación del Covid 19 como enfermedad no listada, en perjuicio de cientos de miles de trabajadores. La agachada criminal de la CGT tiene la virtud de ser clarificadora: la lucha por la salud obrera, la defensa de los protocolos, del aislamiento de los estrechos y del reconocimiento del Covid 19 como enfermedad laboral está enteramente en manos del activismo de cada fábrica, de los cuerpos de delegados independientes y de las seccionales y sindicatos antiburocráticos.

18 de febrero de 2022
La asamblea legislativa del FMI

En pocos días más, Argentina asistirá a la previa de la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso, cuando Alberto Fernández inaugure el año legislativo. Los medios de comunicación enfocarán las cámaras en el rostro de los diputados y senadores presentes, y en los aplausos escasos al exponente. Para neutralizar la algarabía escasa de la platea, el aparato oficial deberá esmerarse en poblar con tropa propia las galerías. Cubiertas con alcohol en gel, las manos delicadas de JxC permanecerán en continuo reposo, alteradas por momentos por alguna provocación del Presidente. Lo mismo hará el bloque del FIT-U y un ensamble no cuantificado de Patria Grande y la Cámpora. Los ‘mercados’ registrarán su opinión al día siguiente, el miércoles de cenizas, después del martes 1° de carnaval. El pseudo acuerdo con el Fondo habrá consumado una fragmentación política al interior de ambos lados de la llamada ‘grieta’. El “ajuste” incoherente pactado con el FMI será acompañado por una creciente disgregación política. Sobre este punto decisivo, la menguante capacidad de gobierno del régimen político, los bloques que estarán presentes en la Asamblea Legislativa, no tienen opinión formada. El corresponsal en Buenos Aires del Financial Times recogió el testimonio de este desbande, tanto en el oficialismo como en la oposición. Señala, por de pronto, que no está asegurada la obtención de una mayoría en el Congreso para votar el acuerdo. Fernández deberá clarificar el punto en su discurso, el 1° de Marzo. Si no tiene los votos en ambas cámaras, deberá formalizar el acuerdo por medio de un decreto ejecutivo. “Un asesor cercano del Presidente” le dijo al FT que “Alberto Fernández está tratando de mantener unidas las piezas del rompecabezas de la coalición oficial, pero que una parte de esas piezas no quieren formar parte del rompecabezas y están rompiendo”. Gerardo Martínez, el flamante jefe del bloque de FdT en Diputados, le confesó que no tiene claro si hay votos suficientes para la aprobación. En cuanto a JxC, señala que “los legisladores más moderados de la oposición han dicho públicamente que votarán en contra o se abstendrán”. Si este panorama no cambia en una semana, AF debería renunciar, en la Asamblea Legislativa, al propósito de obtener el respaldo del Congreso al acuerdo con el FMI. Es, sin embargo, lo que probablemente no ocurra. Un boicot al acuerdo, que incluye hasta a los que lo apoyan, como es el caso de la mayoría de JxC, sería como la corrida cambiaria que temió Alberto Fernández, pero en el plano político. Como la ‘grieta’ une tanto como separa, no se descarta una negociación para que los ‘contreras’ de ambos bloques voten el acuerdo con el Fondo, con la condición de que también lo haga el otro. Aunque esto salvaría la formalidad legislativa y serviría para salir el compromiso de un apoyo legislativo, quedaría de manifiesto que el FMI unifica políticamente a ambos bloques y los haría corresponsables de la crisis fantástica, tanto financiera como social, que traerá aparejado el viejo-nuevo plan fondomonetarista. El nuevo acuerdo es un refrito, o sea un calco recalentado, del que firmó Macri en 2018. Dos gotas de agua con una dosis agregada de cianuro. Argentina se reendeuda con el FMI por 44 mil millones de dólares, para poder pagar los 44 mil millones de dólares que Macri dejó como deuda con el mismo Fondo. Se prolonga la deuda otros tres años y la sobrecarga de intereses también. La declaración de default, de parte de Argentina, se traslada de diciembre de 2021 a diciembre de 2023. Entretanto, sin embargo, hay que comenzar a pagar la deuda con los acreedores privados – unos 8 mil millones de dólares en 2022 y 2023, que se convierten en 22 mil millones en los años inmediato siguientes. Este panorama oscuro es claro: Argentina continúa en concurso de acreedores, o sea en default, con la peculiaridad de que el acreedor privilegiado, el FMI, es el juez de la quiebra. A este escenario, los corifeos oficiales lo llaman una salida al default, sin percibir que es lo contrario: que han elegido el default como salida. ¿O la quiebra no es un negocio? La insistencia del FMI en aumentar la tasa de interés por encima de la inflación (y muy por encima de la mini-devaluación), tiene una relación secundaria o marginal con la inflación. El propósito es recrear un circuito financiero, tanto en dólares como en pesos, para promover un mayor endeudamiento público, y destinar el dinero resultante al pago de la deuda que va venciendo y a la compra de deuda que ha perdido valor, debido al default. El pulpo IRSA, que domina el escenario inmobiliario en Argentina, en especial en CABA, y tiene bancos y financieras, acaba de anunciar el lanzamiento de inversiones en pesos, porque considera que la moneda argentina está a precio de saldo u ocasión. Es lo que ha venido haciendo Guzmán, como lo prueba el crecimiento de la deuda en pesos del Tesoro por más de 30 mil millones de dólares. Se trata, además, de una deuda indexada, inmune por lo tanto a la desvalorización. En la jerga financiera, este procedimiento de endeudarse a tasas elevadas para pagar deudas impagables, se llama esquema Ponzi. Quienes lo han practicado hasta ahora, en el mundo, han terminado presos. En resumen, el acuerdo con el FMI es aumentar la deuda y los intereses de la deuda para pagar una deuda impagable. El default no ha sido superado, sólo ha sido llevado a niveles más explosivos aún. Es la historia misma de toda la deuda de Argentina hasta ahora – surcada por defaults a repetición. El plan del FMI encierra contradicciones violentas, como es el intento de contrarrestar la inflación y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal, a sabiendas que la inflación ha sido el principal recurso para bajar el déficit. Está proponiendo por lo tanto una reducción nominal del gasto fiscal, esencialmente el corte de gastos sociales en un cuadro gigantesco de pobreza, mientras sube la hipoteca del Tesoro por el pago de intereses de la deuda pública indexada. El escenario Ponzi es explosivo a dos años vista, cuando deba ser renegociado, coincidentemente con las elecciones de 2023, intercalado de explosiones sucesivas de plazos más cortos. Es natural que ‘asuste’ al equipo de gobierno, que descuenta que perderá las elecciones de 2023 y enfrenta juicios por corrupción en un ambiente judicial y popular desfavorable. También es natural que una asociación política con el oficialismo, en el caso del FMI, asuste a JxC, sin importar que se trata de una repetición de lo que hicieron en 2016, primero, para pagar a los fondos buitres, y en 2018, después, para financiar la fuga de capitales. O lo que hicieron todos, macristas, radicales, peronistas y kirchneristas, con Menem-Cavallo y De la Rúa-Cavallo. Corren el riesgo de ser decapitados como alternativa política. Esto mismo ha dividido al FMI, como quedó expuesto en las reuniones de su directorio ampliado. Agrava la tendencia explosiva del acuerdo el hecho de que los bancos centrales internacionales hayan decidido acelerar la suba de la tasa de interés, en vista del crecimiento de la inflación internacional. También aquí la inflación es usada como pretexto para ocultar la causa fundamental: un endeudamiento fuera de control, un esquema Ponzi a nivel mundial de características impresionantes. Es que la deuda pública y privada internacional ha alcanzado una altura incompatible con la tasa de beneficio que obtienen las empresas endeudadas; cortejan con la quiebra. La suba de precios es una tentativa de corregir la tasa menguante de ganancia media de la economía. Con la suba de tasas se busca atraer dinero para refinanciar las deudas que se han convertido en impagables. El FMI, a instancias de EEUU, ha revertido la tentativa de un arreglo a largo plazo (“facilidades extendidas”) en favor de una operación de emergencia, porque se convenció de que no están reunidas las condiciones políticas para una reestructuración de mayor alcance. Esto significa que el acuerdo con el FMI está asociado a un cambio de gobierno. Es aquí donde importan las reuniones del embajador norteamericano, con Manzur, de un lado, Larreta, del otro, y Bullrich finalmente. El gobierno norteamericano se plantea romper el ‘rompecabezas’ de la coalición oficial, y forzar al gobierno a un cambio de frente político. También es necesario destacar el protagonismo de la AmChan, la cámara de comercio norteamericana, una potente red internacional de los mayores pulpos del mundo. La AmChan ha jugado un rol decisivo en el golpe de estado que derribó al gobierno pro-ruso de Ucrania en marzo de 2014. El intento del oficialismo de neutralizar esta presión, recurriendo a China y a Rusia, ha fracasado, por la sencilla razón de que ninguna de las dos ha alcanzado el status de sostén financiero de última instancia, como lo son EEUU, la UE, el FMI y los organismos internacionales. La directora del FMI se mofó de estas tentativas cuando saludó a los Fernández por pedir ayuda financiera más allá del Fondo – un dinero que sería destinado a pagar la deuda pública de Argentina con los acreedores privados y el FMI. Un acuerdo de circunstancias en el Congreso, para sacar adelante el pseudo acuerdo Ponzi con el Fondo, como el recurso a avalarlo por medio de un decreto ejecutivo, no serían más que dos formas accidentales diferentes de un mismo impasse político enorme. El rechazo al acuerdo con el FMI y el no pago de la deuda, deben ir acompañados con un planteo político. De lo contrario, es una obligación decirlo, es cháchara electorera, encima de un drama social. De las fuerzas en presencia, es necesario clarificar dos cuestiones fundamentales. Una, es el carácter contrarrevolucionario de la burocracia de los sindicatos. El otro es la naturaleza fundamentalmente conservadora del cristinismo. El cristinismo se jacta de una preocupación social que no tiene y de una gran hostilidad a la movilización contra el poder a la que ha sido fiel desde siempre. Se trata de una pequeña burguesía arribista, aferrada a la porción del estado que le ha tocado en un disputado reparto. La agitación socialista debe estar determinada por la tendencia a la rebelión popular que la crisis despierta o genera en las masas; no a las veleidades de una pequeña burguesía arrinconada por el derrumbe del entorno capitalista. Con independencia de las diferentes formas que tomará la crisis política, es necesario desarrollar la autonomía política de la clase obrera, por medio de la propaganda, la agitación y la organización. Para ello es necesaria una campaña de pronunciamientos, plenarios, asambleas, congresos de luchadores y delegados – en la perspectiva de un Congreso de la clase obrera. Es necesaria una campaña acerca de los métodos de lucha, donde la tribuna electoral esté al servicio de la acción directa y no que la primera subordine a la segunda. El impasse final entre el movimiento piquetero y el gobierno es una oportunidad fundamental para elevar el carácter de su lucha y unificar fuerzas con el conjunto de la clase obrera.

20 de febrero de 2022
Moratoria: la radiografía de la desocupación y el trabajo en negro

El gobierno tendría en carpeta el envío de una nueva ley de moratoria que alcanzaría a los trabajadores próximos a jubilarse que no cuentan con los 30 años de aportes. La ley actual vence en julio. Las moratorias responden a las condiciones de precariedad laboral y desempleo que golpean con fuerza creciente a los trabajadores que se encuentran pronto a jubilarse. Entre las mujeres de 55 a 59 años, 9 de cada 10 no cuentan con los años de aportes necesarios para iniciar el trámite jubilatorio. En el caso de los hombres de 60 a 64 años, la estadística indica que 7 de cada 10 sufre los mismos problemas (Clarín, 18/02). Esta situación explosiva obliga al gobierno a pensar en una nueva ley que ´incluya´ a los desarropados por el sistema. La ley de moratoria actual había sido introducida como una ley emergencial para permitir el acceso a una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que no reunían -ni reunirán- las condiciones para jubilarse. El cuadro social no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado desde entonces, dando cuenta de un avance de la informalidad y el desempleo. Se calcula que 2 millones de trabajadores próximos a jubilarse no cuentan con los aportes necesarios. Esta situación es el resultado de la destrucción de los derechos laborales que han reducido de manera creciente las cargas sociales aportadas por las patronales junto con la flexibilización de las condiciones de trabajo y el enorme crecimiento de la desocupación que afecta a más de 4 millones de personas. La alternativa actual para estos trabajadores es esperar a los 65 años para ingresar al régimen de PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), la cual consiste en un aporte que no mide la contribución, es decir, es equivalente para quien aportó 0 años que para quien haya aportado 25. Y solamente representa un 80% del ya devaluado piso jubilatorio - $26.104 desde marzo. La nueva moratoria no coloca ningún elemento para atacar de fondo este problema sino que introduce un nuevo parche para atender a una masa creciente de trabajadores que no pueden acceder a su jubilación. En los hechos, se va imponiendo la generalización de una pensión asistencial a la vejez, que ha sido el planteo del FMI durante estos últimos años. El gobierno ya ha anticipado, por eso, que la presente moratoria no contradice en nada el acuerdo con el FMI, buscando así evitar choques con “la grieta”. Lo cual es una verdad irrefutable, el fondo es desde hace tiempo un gran partidario de las asignaciones universales, es decir, que todos los adultos mayores tengan una pensión mínima asegurada. Esta ha sido la orientación del gobierno, que ha condenado de manera creciente a una base mayor de jubilados a una mísera pensión. Se van creando, de este modo, las condiciones para el desembarco de "fondos de capitalización" -remedo de las AFJP- orientado a quienes tengan condiciones de ahorro para intentar asegurarse un retiro más holgado.

20 de febrero de 2022
Las drogas legales en Estados Unidos

En EE.UU. el consumo “de opioides sintéticos como el fentanilo, una droga muy potente que ha inundado el mercado estadounidense y que a menudo termina mezclada con drogas callejeras como la heroína, las metanfetaminas o cocaína” está provocando estragos entre las masas más pobres. “Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)… investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles descubrieron que la tasa de mortalidad aumentó de manera más dramática entre los negros y los indígenas estadounidenses, quienes vieron un aumento asombroso del 49% y el 43% respectivamente en solo un año” (Erin McCormick, The Guardian, 17/2). Ciertamente, EE.UU es hace mucho el mayor consumidor de drogas del planeta. “Más de 100,000 personas murieron por sobredosis en los EE. UU. en un período de 12 meses que finalizó en abril, según los CDC. Es el aumento más grande jamás visto en EE. UU., y aumenta cada mes, según los investigadores” (ídem). El drama afecta sobre todo a las masas más pobres de EE.UU. “En 2010, los estadounidenses blancos tenían el doble de probabilidades de morir por sobredosis que los estadounidenses negros. Luego, EE.UU. tomó medidas enérgicas contra las prácticas de prescripción de opioides, lo que obligó a muchos que dependían de los opioides a recurrir a drogas callejeras como la heroína. Esto creó mercados más grandes en todo el país para la heroína ilegal, que pronto fue adulterada y luego reemplazada por drogas sintéticas más baratas de fabricar y más fáciles de transportar como el fentanilo” explica la Dra. Helena Hansen, psiquiatra y antropóloga de la UCLA. “Hansen y otros investigadores de la adicción a las drogas que hablaron con The Guardian desafiaron la narrativa de que las sobredosis de drogas son una crisis de la población blanca, diciendo que la discusión se ha centrado demasiado en las ´muertes por desesperación´, una teoría que culpa del aumento de las sobredosis de drogas a principios de la década de 2000 a la creciente pérdida de empleos y la privación de derechos en áreas predominantemente blancas y más rurales. Hansen dijo que esta construcción descarta las oleadas de sobredosis en las comunidades negras y latinas que comenzaron décadas antes, cuando la heroína se comercializó hacia las comunidades económicamente desfavorecidas a partir de la década de 1960 y continuó durante la epidemia de crack de la década de 1980, lo que condujo a la ´guerra contra las drogas´ y al encarcelamiento masivo de los consumidores. ´Cuando los negros morían, se tomaba como algo normal´, dijo Hansen. Ella cree que las personas que no tienen derechos económicos son las más vulnerables a las sobredosis de drogas, sin importar su raza. ´Sin embargo, cuando se trata de vecindarios negros y latinos pobres, esto sucedió décadas antes y no lo llamamos muerte por desesperación', dijo. ´A eso lo llamamos crimen'” (ídem). La responsabilidad de la industria farmacéutica es clara. “´El fentanilo es una droga extraordinariamente potente. Fue fabricado específicamente para ser mucho más potente que la morfina´, dijo Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. También es increíblemente rentable, declaró. ´Si alguien es traficante de drogas, gana mucho más dinero vendiendo fentanilo que vendiendo heroína o vendiendo cocaína´” (Melodía Schreiber, ídem, 22/11/21).

20 de febrero de 2022
Paran los aeronáuticos

Desde el viernes pasado y durante todo el fin de semana, las compañías aéreas han tenido que suspender y reprogramar vuelos por las medidas de fuerza de los trabajadores de la empresa estatal EANA, que regula el tránsito aéreo en todo el territorio nacional. Reclaman por aumento de salarios e inversiones en equipamiento que afectan sensiblemente a la calidad del trabajo y ponen en riesgo la seguridad aérea en la Argentina. Los paros, de dos horas en turno mañana y turno tarde, forzó a las empresas a cancelar o reprogramar horarios de salida de todos los vuelos para esquivar las medidas de fuerza. El impacto de las mismas es absoluto porque sin controladores, no hay vuelos. Comenzaron semanas atrás afectando sólo a vuelos de carga, sin embargo ahora, han tomado otra dimensión pública al afectar los vuelos comerciales. Los trabajadores denuncian un importante atraso salarial frente a la inflación y en comparación con otros gremios aéreos. Las medidas de fuerza, se dan en el contexto de la cláusula de revisión iniciada en diciembre y pospuesta hasta ahora por una conciliación obligatoria determinada por el ministerio de trabajo. Pasada la conciliación e iniciadas las medidas, la empresa ha ofrecido un aumento del 10% que se sumaría al 45% ya percibido. El otro reclamo de importancia es el de la renovación del equipamiento. EANA controla el tránsito aéreo de todo el país a través de una segmentación en 5 regiones (Ezeiza, Resistencia, Córdoba, Mendoza y Comodoro) del territorio denominadas FIR. La semana pasada, en la FIR Comodoro, que controla el tránsito aéreo sobre toda la Patagonia, los equipos de radar y radio dejaron de funcionar, dejando sin herramientas a los trabajadores para ejercer su vital tarea. Por ello, debieron suspenderse los vuelos, poniendo en evidencia el estado de riesgo en el cual se encuentran los pasajeros y trabajadores. Los trabajadores denuncian que el sistema de control está colapsado, que el equipamiento es extremadamente antiguo y no responden a las necesidades de dirigir y separar a los aviones. Los reclamos de los trabajadores afiliados del gremio Atepsa (CGT) chocan contra los ataques y una enorme presión que están recibiendo por parte de las autoridades de la empresa y del gobierno nacional que defiende el ajuste en consonancia con la hoja de ruta que acordaron con el FMI y reforzando a los que desde hace tiempo impulsan tanto la privatización del servicio, como la vuelta de la Fuerza Aérea. Las medidas de fuerza se continuarán hoy con perspectiva al 1 de marzo, incluyendo el feriado largo de carnaval.

20 de febrero de 2022
EEUU: Covid no es “enfermedad laboral”

La Corte Suprema de EE.UU. volteó una serie de medidas para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Con una votación de 6 a 3 la mayoría republicana hizo un guiño al movimiento antivacunas. La medida torció la decisión original del gobierno Biden que obligaba a los trabajadores a vacunarse contra el coronavirus, usaran máscaras y se hicieran la prueba semanalmente (el costo de la vacunación y los test quedaba a cargo del Estado). “Se aplicaba a los empleadores con al menos 100 empleados. Esto incluiría a más de 84 millones de trabajadores, aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral estadounidense” (Roberto Reich, ídem, 14/1). “la norma haría que 22 millones de personas se vacunaran y evitaría 250,000 hospitalizaciones” (ídem). La Corte, sin embargo, sostuvo “que aunque los riesgos asociados con el coronavirus ocurren en muchos lugares de trabajo, ´no es un riesgo laboral en la mayoría´”. La tesis de la Corte trumpeana parece haber inspirado a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de los “nac&pop”: el riesgo del Covid es “universal” dijo la Corte derechista de EE.UU., pero “el lugar de trabajo es diferente. Si (los trabajadores) quieren un cheque de pago, la mayoría de las personas deben presentarse a trabajar” (sic, dijo la Corte) sin importar si los trabajadores están vacunados o no. El argumento de la Corte yanqui como el de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Argentina que estableció que el Covid no es una enfermedad laboral constituye un absurdo legal, o mejor dicho una medida absolutamente reaccionaria que niega el derecho a la salud y la vida de los trabajadores. Es correcto lo que dice el ex secretario de trabajo de Obama. “Las personas pueden elegir dónde o si reunirse cuando se trata de eventos sociales o deportivos o viajes. Pueden decidir cuánto riesgo asumir de todo tipo de actividades diarias. El lugar de trabajo es diferente. Si quieren un cheque de pago, la mayoría de las personas deben presentarse a trabajar. El objetivo de la Corte es reducir los riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, precisamente porque cuando se trata de trabajar, la mayoría de las personas no tienen otra opción”. “Con las infecciones, hospitalizaciones y muertes de Ómicron aumentando en todo Estados Unidos … la Corte Suprema hoy indica que está dispuesta a derogar cientos de regulaciones que protegen la salud y la seguridad de los estadounidenses” (ídem).

20 de febrero de 2022
Incendios en Corrientes

La zona del NEA y, especialmente, la provincia de Corrientes, se ha convertido en zona de catástrofe ecológica. Según el reporte diario de incendios del Ministerio de Ambiente, al día 19 de febrero se contabilizan once focos de incendio de los cuales sólo uno está controlado (argentina.gob.ar). Según el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), los focos suman 17. En cualquier caso, en comparación con el reporte de principios de este mes, los focos casi se han triplicado. Al día de hoy se han incendiado, según datos del ejecutivo provincial, 730.000 hectáreas, o el equivalente a casi el 10% del territorio de la provincia. Los incendios abarcan bosques nativos e implantados y zonas rurales con diferentes grados de desarrollo productivo. El mismo informe muestra que se ha perdido el control de la situación dando paso a una crisis política entre el gobierno de la provincia de Corrientes y el ejecutivo nacional. Según revela hoy Clarín, el gobierno correntino habría enviado una advertencia sobre el riesgo de incendios catastróficos el pasado 13 de enero, ante la jefa de gabinete del Ministerio de Medio Ambiente de Nación, que no fue respondida (Clarín, 20/2). El origen del fuego sería una combinación de causas, que involucran las sequías que asolan la región y los incendios intencionales de los productores agropecuarios para optimizar el rendimiento de su actividad, que habrían salido de control. Crónica de una catástrofe anunciada Durante los primeros días de noviembre del año pasado, Argentina presento a la 26º Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 26) un Informe Preliminar que analizaba las condiciones climáticas que afectaron al país desde enero a septiembre de 2021. Los resultados del mismo, permiten explicar no solo los sistemáticos incendios que azotaron al territorio el año pasado, sino que también permitían anticipar la multiplicación de los mismos en las temporadas calurosas futuras. Según el Servicio Meteorológico Nacional (responsable del informe) 2021 fue el séptimo año más seco desde 1961 (argentina.gob.ar). La COP 26 no solo discutió los incendios de Argentina. Australia, Brasil, Estados Unidos y otros países sufrieron importantes incendios en los último tres años. La tesis de las Naciones Unidas consiste en naturalizar el cambio climático poniendo el foco en la “mitigación” y la “adaptación” a los mismos, una especie de “control de daños” aplicada al problema ambiental. Todos los informes sobre el cambio climático de la ONU omiten groseramente que el mismo se encuentra acelerado por la lógica de producción de la sociedad capitalista. Se pide controlar las emisiones de dióxido de carbono y reducir la gran cantidad de residuos sin denunciar que la lógica del capital es producir basura a grandes escalas y ahorrarse el costo de desgaste ambiental. Es un régimen de predación – ambiental y laboral. La producción de la vacuna contra el Covid en un período de tiempo record nos ha mostrado que el pasaje de la producción de energía destructiva a energía limpia es solo una cuestión de voluntad política. Voluntad que el capital no tiene toda vez que esto le implica un costo extra. Alberto Fernández propuso un “canje de deuda por acción climática” pidiendo compensar el atraso de los países dominados por el capital imperialista en la “acción contra el cambio” con un alargamiento de los períodos de pago de la deuda externa y bajas de tasas de interés (telam.com, 2/11/2021). El mandatario, lejos de denunciar que el parasitismo financiero actúa como primer obstáculo para cualquier iniciativa, aunque sea de “mitigación”, contra el cambio climático, intentó disfrazar la incapacidad política de los gobiernos capitalistas como “conciencia verde”. Crisis política El desmadre de la situación, como todo desmadre, parió una crisis entre el gobernador de la provincia y el Ministro de Ambiente (infocampo.com, 8/02). El trasfondo de la misma se halla en el “bendito” acuerdo con el FMI. En el centro de la discusión están los pedidos de ayuda financiera para atender la emergencia, en primer lugar, y las exigencias de la CEEA (mesa de enlace) de un plan de exenciones y subsidios a los “productores afectados” (ídem 04/02). Los subsidios y exenciones, sin embargo, beneficiarán al gran capital, que comprará a precio de remate las tierras de los pequeños productores desesperados y, de paso, recibirá las compensaciones correspondientes. La CEEA plantea que “las alteraciones producidas por el cambio climático no son un fenómeno eventual, por lo que se sabe que no alcanza con las declaraciones de emergencia” (ídem, 11/02), una reflexión por lo menos contradictoria en una organización de empresarios cuya principal actividad ha colaborado en la destrucción de uno de los suelos más ricos del planeta y, por esta misma condición, en el avance sobre fronteras forestales y comunidades nativas. Se ve que el discurso verde “garpa”. El principal obstáculo es el FMI Las catástrofes ecológicas que dan forma a la agudización del cambio climático son el resultado de décadas de depredación capitalista sobre tierras, aire, mares y en los mismos seres humanos. La misma será abordada por el capital y sus estados de la misma manera que aborda todas sus crisis terminales: profundizándola aún más, toda vez que se desarrolla a partir de su propia lógica de producción. En nuestro país, el principal obstáculo para una discusión y posterior acción seria sobre este problema es el bloqueo que el acuerdo del fondo opone a cualquier iniciativa en este sentido. Es el obstáculo principal para todo ataque de frente a la emergencia climática planteada por los incendios. La crisis entre el gobernador y el ejecutivo responde a que el gobierno se encuentra atado de manos para cualquier gasto extra que no sea el pago de la deuda. La oposición y la Mesa de Enlace se limitan a pedir un rescate que, disfrazado de filantropismo hacia el mediano productor, finalmente beneficiará a los grandes. Se hace necesaria la organización de los trabajadores en asambleas con la perspectiva de confluir en un gran Congreso Obrero que discuta la cuestión ambiental, que no es más que la cuestión de nuestro hábitat y nuestra salud.

20 de febrero de 2022
Municipales de Córdoba: el triste derrotero de la Lista Fucsia
Pama

El próximo 30 de marzo, se realizaran las elecciones en el sindicato municipal de Córdoba SUOEM. Se presentan 3 listas: Verde, Violeta y Multicolor (frente de la Fucsia y la Tricolor). ¿Qué significan estas tres listas? La Verde dirige el sindicato desde hace 37 años, siendo su líder Ruben Daniele, el hombre que la encabezó durante 33. Después de haberse afirmado en la conducción del gremio con la conquista de algunos aumentos salariales, hace ya largos años, Daniele sobrevivió al frente del gremio combinando negociados personales y la entrega de ciertas conquistas. Hoy goza de un amplio repudio entre los municipales. Es un socio activo del intendente peronista Llaryora, que está haciendo pasar un ajuste antiobrero. Los jubilados municipales son los más perjudicados .Un jubilado cobraba en noviembre del 2021 el mismo sueldo que dos años antes, con una inflación del 50% anual. Sin el rol activo y pro patronal de Daniele en la entrega de las paritarias éste ajustazo no hubiera sido posible, ya que los municipales se caracterizan por ser históricamente muy combativos. La Verde es un conglomerado de agrupaciones que abarcan a todo el abanico de partidos patronales -radicales, peronistas, kirchneristas, schiaretistas, de Luis Juez, socialistas, vecinalistas. Como este es el último mandato de Daniele, su sucesión está al rojo vivo. Por ello, no sorprendió a nadie que algunos de sus aliados hayan ido abandonando el barco. Se apartó el radical Aldo Cabello, que se presenta ahora por primera vez al frente de la lista Violeta con fuerte apoyo político y económico de la burocracia de la CGT (especialmente el SURRBAC – Sindicato de recolectores de basura). La Violeta se viene formando desde hace unos 3 años y es un aparato completamente a los municipales y sus luchas. No ha participados en movilizaciones, ni en el cuerpo de delegados. La tercera lista oficializada es la Multicolor, integrada por la Lista Fucsia del P O (Oficial) y una llamada lista Tricolor. La Lista Fucsia (Agrupación 29 de Mayo Mariano Ferreyra) fue fundada en 2014 con un programa declaradamente clasista, combativo y antiburocrático con eje fundamentalmente en las escuelas municipales. Su protagonismo su enfrentamiento con la directiva de Daniele, le generaron a Paulina Castro, su principal organizadora, y a la Fucsia una autoridad en el cuerpo de delegados. Hoy, bajo la batuta del PO(o), la Fucsia fue perdiendo su rol combativo, con muy esporádicas y suaves críticas a Daniele y su pacto antiobrero con el intendente peronista Llaryora en estos dos últimos años. No organizó al activismo ni llamó a la movilización y a un plan de lucha ante cada paritaria semestral. Sólo se limitó a criticar -con el diario del lunes y no siempre- los resultados a la baja conseguidos por Daniele. Pero la degeneración final que llevo el PO (o) al seno de la Fucsia, culminó en el dramático llamado de ésta a fines de enero a constituir un Frente de la “Oposición”, dirigido a la lista Violeta del radical y pro patronal Cabello y a un pequeñísimo y sospechoso desprendimiento reciente de la Verde, la agrupación Tricolor. Estos últimos aceptaron el convite. El principal referente de este reagrupamiento es Ariel Burela, quien fuera candidato a intendente por un Partido Vecinalista que se declara simpatizante de Macri. En la campaña electoral del 2019, el candidato bregaba en los medios por la incorporación como autónomos de policías retirados a la planta municipal…. Éste será el candidato a Adjunto por la Multicolor junto a Susana Rins. En ocasión de las elecciones del SUOEM del 2017, la Tricolor fue denunciada con mucha precisión en Prensa Obrera señalando que sus integrantes fueron enviados por Daniele para obstaculizar la presentación de la Fucsia, y se sindico a esta agrupación como un rejunte burocrático y mafioso. Ahora, se consuma un frente con ellos. La política del PO (o) traerá la disolución de la Fucsia como lista antiburocrática y clasista y preparará el camino para futuras alianzas pro patronales. Para recuperar el SUOEM y todo lo perdido por el ajuste de Llaryora (con la complicidad de Daniele, la Violeta y la Tricolor), es indispensable un plan de lucha, democratizar de cuajo al gremio, echando con la lucha a Daniele y desmantelando toda su telaraña mafiosa, punteril y antiobrera, tarea ésta que NINGUNA de las listas que se presentan se proponen hacer. Ante este grave y estratégico rumbo que ha tomado la Fucsia, llamamos a sus honestos militantes y simpatizantes a denunciar a esta alianza Multicolor como antiobrera, exigir la disolución de este engendro policlasista y constituir un agrupamiento independiente basado en el programa histórico de la Fucsia del 2014.

20 de febrero de 2022
Tarifazos para todos y todas

Para juntar los votos que permitan aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso el gobierno ha definido una sinuosa “línea de trabajo”: la norma que se va a colocar a votación ocultará el alcance real del acuerdo fondomonetarista. A despecho de esta operación política, los diarios comienzan a revelar las consecuencias explosivas del acuerdo en marcha. En Clarín de este domingo 20, el periodista Eduardo Paladini pone de manifiesto que la reducción de subsidios no se limitará al porcentaje de aumento ´segmentado´ de las tarifas de la energía. El choque entre el aparato cristinista de la secretaría correspondiente y el ministro Guzmán se deberá saldar con la expulsión de los primeros del gabinete. En la mira del ajuste están además, o por sobre todo, los gastos sociales, como la Tarjeta Alimentar o los planes Potenciar Trabajo. El gobierno subrayó que no se ampliará el cupo de estos planes. El Potenciar Trabajo se convertirá en un escenario de reclutamiento de mano de obra ultra barata para la industria privada. Se acaba de conocer una masiva contratación de trabajadores que reciben 16 mil pesos al mes, en Gastronomía. Las patronales del olivo se han quejado en forma abierta de falta de fuerza de trabajo para la cosecha. La construcción perfila como la mayor beneficiaria. Todo esto, claro está, en la medida de que continúe “la recuperación económica”. Zabaleta, Navarro y Grabois insisten en que esto es “trabajo genuino”. Guzmán promete también mantener congelados los subsidios alimentarios, la asistencia a comedores y el monto de los planes, sin advertir que esto representa un gran ajuste, ante una carestía del 60% anual para 2022. El gobierno dice que 5.000 beneficiarios dejan el plan cada mes, porque “encuentran trabajo”. Como el gobierno no repone esos planes con nuevos beneficiarios, eso significa una baja de 60.000 planes en el año. Además, y si ese fuera el ritmo de incorporación al mercado de trabajo, el “empalme” demandaría 20 años en ocupar al conjunto de la población que hoy recibe planes. La “integración al trabajo”, por lo tanto, es un fraude. Lo único palpable es la intención de recortar la asistencia a las asambleas de desocupados, un gran factor movilizador contra la política fondomonetarista. En otro orden, la promesa de “no crear nuevos impuestos” es una falacia, porque aumentará la recaudación de los actuales. Según el mismo diario, se estudia un revalúo inmobiliario, con dos propósitos. Uno, ampliar el universo de los que pagarán el impuesto a los bienes personales. Dos, reforzar la recaudación de los distritos, que perciben el impuesto inmobiliario. El revalúo es un bocado de cardenal para los Larreta o Schiaretti, para compensar, claro está, el retiro de otros subsidios nacionales. Pero el corazón del zarpazo oficial -y de la crisis política que puede desatar- está en el tarifazo. En las audiencias públicas por los aumentos en la luz y el gas, se barajaron aumentos del orden del 20% en el primer caso, y del 35% en el segundo. Estas subas limitadas están lejos de significar un recorte sensible de subsidios, y no toman en cuenta otro factor explosivo: el encarecimiento brutal de los hidrocarburos en el mercado mundial, acicateado, entre otras razones, por la tensión política y militar en Ucrania y en toda Europa. Argentina debe importar gas natural licuado, una factura que se duplicó en 2021 y que podría cuadruplicarse en el curso de este año. Todo lo que el gobierno pretende ahorrarse en subsidios debería erogarlo en estas compras de gas, las cuales, además, deben pagarse con divisas. El “modelo” Vaca Muerta no ha servido para reemplazar estas importaciones: aunque el gas fluye de los pozos -y las divisas de las petroleras se radican fuera del país- Argentina carece de los gasoductos necesarios para transportar el fluido. Bajo estas condiciones, el programa de tarifazos debería ser muy diferente a la versión edulcorada del gobierno: “Para bajar subsidios de una manera significativa -le revelan funcionarios “no identificados” a Clarín- hay que aplicar aumentos de más de 100% y no sólo a los clientes de la segmentación, sino también a la clase media y hasta parte de la tarifa social” (20/2). En cuestión de semanas, hemos pasado del tarifazo “de los countries al “tarifazo para todos y todas”. La sola revelación de estos datos da cuenta de la guerra de camarillas en el gobierno, que deberá desembocar en nuevos episodios de crisis política. Para hacer progresar el tarifazo “de verdad”, Guzmán y Fernández deberán llevarle al FMI la cabeza de los camporistas de la Secretaría de Energía, o bien conseguir su capitulación final - después de todo, “billetera mata galán”. El Congreso no será el único lugar donde se ventile todo este paquete explosivo. La deliberación está empezando a ganar lugar en las organizaciones obreras. La generalización del ajuste es la señal de largada de una respuesta también general, que necesita de un programa y de un plan de acción debatido en un congreso de trabajadores.

20 de febrero de 2022
La Izquierda y la situación política del momento

Hace tan poco como noviembre de 2021, el PTS caracterizó, de cara a su conferencia nacional, que en Argentina, se desarrollaba una “situación incipientemente (sic) revolucionaria”. Según Christian Castillo, el autor de la tesis, esta situación “incipiente” era el resultado de una sumatoria algebraica de “hechos objetivos”, a saber, crisis económica y social de magnitud; crisis de la burguesía con el gobierno actual, al que no consideraba propio; polarización de las clases medias; pasividad de la clase obrera de la industria, aunque sujeta a cambios bruscos; etc. En su momento llamamos la atención sobre la inconsistencia de esta caracterización, por su carácter descriptivo, que no daba cuenta del dinamismo de los procesos históricos y de la interacción entre la situación llamada objetiva, de un lado, y el desarrollo subjetivo, que se manifiesta en la acción de los explotados, el desarrollo de su conciencia de clase y su organización. Por esto mismo, pusimos el énfasis en la ausencia, en esa caracterización, del papel político de la izquierda (en el caso, del FITU y sus partidos), en la creación de esa situación prerrevolucionaria “incipiente”. Toda la literatura histórica asigna una importancia decisiva al rol de las fuerzas que se reclaman revolucionarias en la creación o en el freno de las situaciones prerrevolucionarias o revolucionarias que emergen de la crisis histórica del capitalismo. En ausencia de esta determinación, la caracterización es inocua o superflua o tiene un carácter solamente académico. Al final, el desarrollo y el destino de situaciones de ese tipo depende, en una gran medida, de la interacción entre la clase obrera y el partido que se fue desenvolviendo en el período precedente. No hay que olvidar que “una situación pre-revolucionaria es un estadio transicional del proceso político - hacia una situación revolucionaria o, en el caso de derrotas populares de magnitud, hacia situaciones no revolucionarias o contrarrevolucionarias” (Ver “Acerca de la Tesis del PTS sobre la situación política nacional”, de Jorge Altamira https://politicaobrera.com/3407-acerca-de-la-tesis-del-pts-sobre-la-situacion-politica-nacional ). Altamira observó la inconsistencia que representa el propósito de esclarecer una situación política con el recurso a las palabras vacías, en este caso la ‘incipiencia’, y señaló que la situación no era, al menos en aquel momento, prerrevolucionaria. El eslabón estratégico de una transición política, como lo son las situaciones prerrevolucionarias, es el partido revolucionario. Como acertadamente dijo una vez el Che Guevara, que, sin embargo, rechazaba firmemente la necesidad de construir el partido, “las situaciones revolucionarias no sólo se dan sino que también se crean”. Ahora, tres meses después de esa conferencia nacional, aquella tesis ha sufrido una modificación. “Al menos nosotros desde el PTS en el FIT-U”, sostiene Guillermo Pistonesi en un whatsapp dirigido a las organizaciones que se han movilizado contra el FMI “creemos que el pacto de coloniaje con el FMI es una cuestión que va a teñir la realidad política, económica y social (lucha de clases) en los próximos años”. La observación pretendía responder a quienes reclamaban adelantar las fechas para organizar una nueva manifestación contra el Fondo. De esto se desprende que un año después del texto de Castillo, la situación sigue siendo ‘incipiente’ o se habría disipado. En cualquier caso, se vuelve a cometer el error metodológico fundamental de excluir a la acción y la política de los partidos de la izquierda, de la reversa que ha sufrido el incipiente cuadro prerrevolucionario. “Con esta lectura de tiempos largos -continúa Pistonesi-, estando presentes ahora y en el futuro en cada lucha de ls explotads y oprimids (sic) contra las consecuencias de este pacto criminal y hacia una enorme movilización que rodee el Congreso el día que se trate (no antes del 10 de marzo) (sic sic)”. Es muy interesante que Pistonesi justifique en “los tiempos largos”, una tarea inmediata: “debemos hacer”, enfatiza, “una gran demostración de fuerzas los días que se trate el pacto en el Congreso. …”. Soslaya, en nombre de “los tiempos largos”, convocar a una manifestación de magnitud para el 1° de Marzo, cuando el Presidente de la Nación, sentado al lado de la Vicepresidenta de la Nación (que dice estar en desacuerdo con el acuerdo con el FMI), anuncie el acuerdo con el Fondo y el envío del proyecto al Congreso. La diferencia con la propuesta de Pistonesi es crucial, porque el Congreso será el escenario de una crisis mayor de todo el poder político, y porque inaugura una decena de días de una escenificación más acentuada de las peleas políticas entre los partidos del sistema y dentro de ellos mismos. Se plantea incluso la posibilidad de que el Congreso no pueda reunirse para discutir el proyecto fondomonetarista, y el desenlace lo determine un decreto-ejecutivo, como advierte un ex juez de la Corte, Antonio Boggiano. Pistonesi acompaña su propuesta, como es habitual en estos casos, con una fraseología radical, que llama incluso a “preparar la huelga general que es la única medida que podría derrotar el plan del imperialismo, la gran burguesía y sus políticos”. No entra en detalles acerca de en qué consistiría esa “preparación”, porque no habla de coordinadoras o congresos obreros, pero sí recuerda que la burocracia, que se opone a la huelga general y apoya el pacto con el Fondo, “dirige los sindicatos”. En la larga campaña electoral – Paso más generales – no se escuchó al FITU hablar de “huelga general”. Trae a colación esta consigna cuando su propósito es que una multitud, de orientaciones políticas diversas, se reúna en las cercanías del Congreso para escuchar a los legisladores del FITU desde una pantalla que se instalará con esa finalidad. El contenido de esos discursos atenderá a la tesis de la “lucha larga”, no de la “situación prerrevolucionaria incipiente”. El documento leído en la movilización del pasado 8 de febrero, denunciaba “el apoyo explícito dado por la CGT al pacto con el FMI”. Sin embargo, el PTS considera -en boca de Pistonesi, que “un 'plan de lucha’, sin buscar el concurso de los principales batallones del movimiento obrero hoy bajo la tutela de la podrida burocracia sindical, a la larga puede terminar en la impotencia total”. El PTS no solo se cuida muy bien de no incluir la huelga general en los documentos del ´espacio´ contra el FMI, sino tampoco en su actividad cotidiana. Abundan, en cambio, las exhortaciones a que la burocracia cambie de frente y “rompa su pasividad cómplice” ( https://www.laizquierdadiario.com/El-FMI-el-2023-y-las-coordenadas-de-un-nuevo-momento-politico ). En conclusión, la “incipiente situación prerrevolucionaria” que pregonaba Castillo se ha esfumado en su propia inconsistencia. Lo que plantea Pistonesi en forma oficial, no es una política para influir en el desarrollo de una situación prerrevolucionaria, por medio de una propaganda y una agitación que tenga por eje la acción directa y la organización del activismo, los luchadores y los delegados independientes – que son legión -para intervenir en la crisis social y política. Los plazos en política, o el tiempo y el ritmo de las luchas y las crisis, no pueden ser digitados de antemano. El adelantamiento ficticio de ellos lleva el sello del ultraizquierdismo – el retraso lleva el del conservadorismo. La irrupción de la pandemia ralentizó los ritmos; desde las últimas Paso esos ritmos se han acelerado. Cada aparato tiene, claro, su propio esquema. Es posible que el PTS piense que el acuerdo con el FMI echa lastre de la crisis, como lo dicen explícitamente desde el gobierno (“evitamos la corrida”, es un “mal menor”), y que sólo a largo plazo sumirá a Argentina en una crisis mayor. Esto, sin embargo, no se puede determinar de antemano, pero pone de manifiesto otra enorme vulnerabilidad metodológica del PTS: la ausencia de la crisis mundial en sus caracterizaciones políticas, que son estrechamente nacionales. La crisis político-militar en Ucrania tiene mayor impacto en la crisis que el préstamo de ‘alivio’ que ofrece el Fondo para que Argentina le pague la deuda que tiene con él. Lo mismo ocurre con la inflación mundial, que con un record de medio siglo, va a ser atizada por una guerra de incierta duración. En resumen, las condiciones y los ritmos hay que palparlos en la práctica, mediante una lucha. Viene al caso, de nuevo, recordar lo que este método produjo con relación a la rebelión popular en Chile, donde poco antes del 19 de octubre de 2019, el PTS advertía acerca la “pasividad de las masas” y su “despolitización”; ni hablemos del aparato del PO, que hizo de “la iniciativa de la burguesía” y el “planchazo de las masas” los pilares de su adaptación electorera. Este conservadorismo estratégico no lo refuta, ni mucho menos lo modifica, estar “en las calles”, porque opera como un freno de la lucha que desborda los carriles ‘institucionales’. Es el desafío, por ejemplo, que enfrenta desde hace tiempo el movimiento piquetero. El acuerdo ha astillado a las dos coaliciones políticas que dominan el Congreso. Por eso es una gran oportunidad para manifestar el 1° de marzo e intervenir a partir de ahí en la crisis parlamentaria y política subsiguiente. Del 1° al 24 de marzo hay una agenda de movilizaciones fundamentales: la inauguración legislativa, una asamblea piquetera en Plaza de Mayo, el día internacional de la mujer trabajadora, la eventual sesión parlamentaria por el acuerdo con el Fondo, el 24 de Marzo. Es necesario dar una unidad de objetivos políticos a la intervención en todas estas movilizaciones. Aporto este análisis a los debates del Congreso Internacional de Política Obrera que tendrá lugar a mediados de abril.

20 de febrero de 2022
La guerra en Europa

Con independencia del desenlace inmediato de la crisis actual, relativa a Ucrania y la OTAN, la cuestión de una guerra mundial ha quedado instalada en el escenario político internacional. Esto afecta de manera radical la política de la clase obrera de todos los países. Lo que ocurre en las fronteras con Rusia no es una irrupción que tome a nadie por sorpresa. Desde la partición forzada de la Federación Yugoslava, la guerra confrontó con el relato acerca del papel político unificador que se atribuía a la llamada globalización. Se instaló tempranamente un debate que se creía superado desde el estallido de la primera guerra mundial, a saber, si la unidad del mercado mundial daba lugar a la dominación de un superimperialismo, con intereses supra-estatales, dispuesto a combinarse para una explotación ‘pacífica’ del planeta. Las guerras ‘localizadas’ sólo eran tales en apariencia, pues en todas ellas se manifestaba la presencia, incluso la iniciativa, de las principales potencias económicas y/o militares. Adjudicar a la ampliación de las relaciones económicas interestatales una consecuencia pacificadora es omitir el carácter antagónico de todo el proceso capitalista, no solamente frente a la fuerza de trabajo, sino de los capitalistas entre sí. La existencia de armamento de destrucción total inmediata influye ciertamente en la política de la guerra, pero no para atenuarla sino para exacerbarla. El bombardeo nuclear de Nagasaki e Hiroshima son una demostración temprana de ello. El armamentismo y el despliegue militar han complementado desde siempre la competencia económica ‘pacífica’, más allá de ser uno de los mercados más apetecibles del globo; la ‘elasticidad’ de la demanda sólo tiene por límite la solvencia financiera de los Estados, la lucha de clases que genera y las crisis políticas. En el caso de la disolución de la Unión Soviética, la carrera armamentista de la burocracia stalinista con el imperialismo mundial minó las bases de su dominación política y viabilizó un cambio de régimen sin la necesidad de una guerra abierta. La expansión sin límites de la OTAN, en contradicción con su estatuto atlántico, ha tenido todas esas funciones de socavamiento de las situaciones políticas que obstaculizaban relativamente su penetración financiera y económica. A medida que fue avanzando la tendencia hacia crisis económicas cada vez más catastróficas, se puso en evidencia su condición de bloque estratégico con intereses contradictorios en su seno. La OTAN no fue nunca, en su propio marco, un ‘superimperialismo’ concertado y pacífico, aunque le permitió a todos sus miembros grandes beneficios económicos y políticos después de la segunda guerra. El último episodio relevante de la explosión de sus contradicciones internas fue el retiro de Gran Bretaña, acicateada por Estados Unidos, de la Unión Europea. En la crisis actual, fueron en forma dispersa a Moscú los jefes de gobierno o ministros de relaciones exteriores de media docena de integrantes de la OTAN, con planteos y propuestas relativamente divergentes. Y también Alberto Fernández, apuntado como un maoísta potencial por parte de un periodista argentino, y Jair Messías Bolsonaro, denunciado como un anticomunista extremo. El reclamo, por parte de Rusia, de que la OTAN anule su expansión a Ucrania y que retire fuerzas militares de todos los países que limitan con ella, ha sido presentado como un asunto de seguridad nacional y, por derivación, internacional. Todos los estados involucrados en el conflicto admiten esta caracterización, incluso cuando los diplomáticos aseguran que la OTAN no tiene intenciones agresivas –una afirmación curiosa por parte de una organización militar internacional. En estos términos, la salida a la crisis no existe, porque no existe ninguna clase de garantía que se pueda ofrecer, que no vaya a ser violada en el futuro. El pedido, de parte de Putin, de que la OTAN firme un seguro jurídico de no expansión a Ucrania, no sería otra cosa que un papel mojado. La OTAN representa al capital financiero internacional que exige piedra libre para penetrar en todos los territorios y mercados del planeta, en especial el espacio tecnológico heredado de la Unión Soviética. Esta ofensiva no puede ser derrotada por medio del desarrollo militar y de seguridad que han tenido las fuerzas armadas de Rusia, luego del derrumbe y la desintegración del Ejército Rojo, bajo la presión de la restauración capitalista. Numerosos observadores coinciden en que Rusia podría ocupar Ucrania por completo en 48 o 72 horas, por el desequilibrio de fuerzas a su favor en el terreno. Pero este éxito estaría lejos de ser una salida, por la sencilla razón de que la superioridad integral del imperialismo mundial no puede ser abordada desde la fuerza militar, sino desde la revolución socialista. El acoso de la OTAN hacia Rusia apunta en forma explícita a promover un cambio de régimen que se adapte a las ambiciones del capital financiero internacional. El despliegue militar de la OTAN apunta a desangrar financieramente al Estado ruso y a desintegrar cualquier obstáculo a su completa dominación mundial. Es cierto que todos los grandes capitales ya se encuentran instalados en Rusia, pero no con derecho a una expansión ilimitada. Más cierto aún es que la oligarquía rusa juega un papel extraordinario en el mercado inmobiliario de Londres y, en cierta medida, en la Bolsa londinense. Todo esto demuestra la integración de Rusia al mercado mundial, que domina el capital financiero que se expresa por medio de la OTAN. Putin no podrá romper nunca esta sumisión por medio de una guerra. La ocupación de Ucrania, por caso, de parte de Rusia, no la acerca ni un milímetro a una relación autónoma o independiente con el mercado mundial, simplemente replantea el problema a una escala más bélica y destructiva. Una alianza con China para disputar al imperialismo norteamericano el mercado mundial está fuera del radar de posibilidades, incluso porque tampoco hay entre ellos unidad de intereses o propósitos; la misma Ucrania pro OTAN ya ha firmado la adhesión a la ruta de la seda de China, para inversiones de infraestructura. La OTAN tiene la ventaja estratégica de que puede ofrecer a Ucrania una integración al mercado mundial, en principio por medio de la Unión Europea, incluso si la política fondomonetarista aplicada a Ucrania la ha llevado a niveles extraordinarios de pobreza. Por estas razones, la oligarquía ucraniana se ha desplazado de la lealtad a Moscú a la UE y a la OTAN. El temor del imperialismo mundial (el imperialismo norteamericano es el único que juega en esa categoría), que comparte con Moscú, a una guerra, es de otra naturaleza -que una guerra suscite enormes rebeliones populares, una crisis política excepcional en las metrópolis y en Rusia y, eventualmente, una escisión, de alcance difícil de prever, con los principales estados de la Unión Europea. Francia, interesada en salir de la OTAN y crear las fuerzas armadas de la Unión Europea, y Alemania, que busca tener las manos libres para negociar una mayor penetración de su industria, en Rusia, claro, pero por sobre todo en China, han fracasado hasta ahora en ofrecer un arreglo a Putin. Esto demuestra que no alcanza, para evitar una guerra, la posibilidad de un compromiso entre perspectivas estratégicas que se adjudican unos y otros: la guerra es siempre la expresión de la explosión de las contradicciones de los regímenes políticos en presencia. La situación previa a la crisis actual ya era insostenible, con Rusia ocupando una parte del este de Ucrania y tomando la soberanía de Crimea. La OTAN y la oligarquía ucraniana quieren recuperar uno y el otro. Es a este acecho geopolítico que responde el despliegue militar de Putin. En esta ocasión cuenta con el apoyo activo del gobierno de Bielorrusia, que se había distanciado del Kremlin debido al propósito de pedir la integración a la Unión Europea, que frustró la rebelión popular en su país, para repudiar el fraude electoral. La dirección política de esa rebelión era francamente partidaria de la integración a la UE. La ambición de Rusia de alcanzar una integración económica con la Unión Europea se manifestó en la construcción de gasoductos por el Báltico con ingreso por Alemania. Estados Unidos saboteó esta posibilidad desde mucho antes de esta crisis, y con mayor vigor como consecuencia del estallido presente. El conflicto del gas puso al desnudo un antagonismo estratégico entre Estados Unidos y Alemania y parte de la UE. El primer ministro alemán sigue una línea trazada por Ángela Merkel; defiende los gasoductos en cualquier arreglo que se logre establecer, por precario que sea, entre la OTAN y Rusia. El gran capital alemán también defiende los gasoductos, porque aspira a monopolizar, hasta cierto punto, la penetración en la economía rusa, e incluso construir un eje alemán-ruso, al lado de otro con China. En este propósito cuenta con el apoyo de una parte del capital norteamericano, que pretende subordinar los objetivos políticos a sus intereses económicos del momento, que amenazan con una recesión generalizada. Las partes en pugna enfrentan un incremento sin precedente de los antagonismos de clase en su patio interno, y rebeliones populares y huelgas importantes, como ocurre en Estados Unidos. Las guerras imperialistas están asociadas a la explosión de las contradicciones internas de los Estados. Luego del golpe de Estado ejecutado contra el Capitolio, en enero de 2021, la tendencia a la guerra en Estados Unidos se encuentra ante una dificultad muy especial: que esa guerra sea denunciada por los golpistas como un suicidio político para Estados Unidos, por parte de los liberales y de la democracia en general. La respuesta a una guerra no sería, entonces, un reforzamiento de la ‘unidad nacional’, sino todo lo contrario. Es que el arma de la guerra es levantada por el neo-liberalismo en el mundo entero, e incluso por una parte de la izquierda que denuncia el peligro del “imperialismo ruso” para las libertades ucranianas, en lo que no sería otra cosa que un alineamiento con la OTAN. La clase obrera debe incorporar en la agenda política la lucha contra la guerra, y no de un modo general, sino de la guerra que impulsa el imperialismo mundial, representado por la OTAN y Estados Unidos. La denuncia de la política de Putin, de un lado como contrarrevolucionaria, porque representa la destrucción de las conquistas históricas revolucionarias en Rusia y, del otro, como proto imperialista en relación a su espacio exterior cercano (Ucrania, Bielorrusia, Chechenia, Georgia, Kazakistán), no debe oscurecer el protagonismo central y estratégico de la OTAN, para unificar a la clase obrera contra el bloque internacional del imperialismo. La política de Putin es un callejón sin salida, que sólo puede llevar a Rusia al desastre. La movilización de las fuerzas armadas durante dos meses, el estado de guerra que se ha creado, las vidas en juego, no lo pagarán los oligarcas rusos sino los obreros y los campesinos. Guerra a la guerra. Fuera la OTAN. Por la unidad internacional de la clase obrera contra la guerra del capital y por un gobierno de trabajadores. VER MÁS

21 de febrero de 2022
Polo Obrero (T): el alcance nacional de la jornada del 16 de febrero

Este miércoles 16 el Polo Obrero Tendencia junto a otras organizaciones llevamos adelante una jornada de lucha en todo el país. Fue la prosecución de las acciones llevadas adelante durante enero y febrero. Desde las primeras horas de la mañana, las provincias de Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan y Chaco empezaron los cortes de rutas y acampes. Las primeras provocaciones policiales fueron en la provincia de Jujuy, donde intentaron secuestrar nuestros elementos de cocina. Mientras tanto, los compañeros de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya estaban empezando los cortes principales. Al mediodía, en Posadas, Misiones, se realizó una acción en la Plaza Central frente a la casa de gobierno. En El Dorado y Montecarlo se desarrollaron acampes. En Puerto Rico, Garuhape y 9 de Julio se hicieron ollas populares y los barrios marchaban hacia los diferentes accesos. En Mendoza se cortó el acceso al centro de la ciudad. En Chaco se movilizaron más de mil compañeros, con cortes totales en Concepción del Bermejo, J.J. Castelli, Tres Isletas, Avia Teray, Pampa del Infierno y Los Frentones. El Gobierno del Chaco incumple los compromisos de trabajo, alimentos y planes sociales. En Jujuy nuestra denuncia contra las provocaciones encontró el apoyo de varias organizaciones. En esas horas en Santiago del Estero una delegación del Polo Tendencia fue recibida por Desarrollo Social de la provincia. En Salta entablamos una negociación por los alimentos y los programas provinciales. En la localidad de Pergamino se entregó un petitorio a las autoridades, que incluía el reclamo de la bolsa de trabajo y la vivienda, con reunión y respuesta pautada dentro de 3 días. En Tucumán se cortaban los puentes de entrada a la capital de la provincia y la Ruta 38 en Acheral y Concepción, que se reforzaban poniendo en pie ollas populares en los cortes donde también confluimos con la coordinadora de trabajadores citrícolas auto-convocados. Se denunció la represión en Buenos Aires y ante la falta de respuesta nos mantuvimos en estado de alerta y movilización. En Córdoba una masiva columna del Polo Tendencia se hizo presente en la capital. En Mendoza el corte sobre el Nudo Vial fue recogido por los medios de comunicación. La respuesta a la fuerte represión sufrida por los compañeros en Buenos Aires ha sido el endurecimiento de las acciones de lucha. A la salida de las negociaciones con el gobierno, Eva Gutiérrez recogió todo el nuevo cuadro de situación que enfrenta el movimiento piquetero con los anuncios de Zabaleta respecto al “fin de las altas para los planes sociales”. Denunció a fondo la política de ajuste y precarización a través de las unidades ejecutoras.

21 de febrero de 2022
Santiago del Estero: movilización y acampe

El 16 de febrero, más de 800 compañeros del Polo Obrero (Tendencia) nos concentramos desde las 8:30 de la mañana para llevar adelante el acampe en Desarrollo de la provincia. En una reunión con todos los responsables de los barrios se especificaron las condiciones en las que movilizábamos, e incluso prepararnos para la posibilidad de una represión tras los recientes antecedentes en las provincias de Misiones y de Córdoba. Participaron desde los compañeros del Polo, la UJS y el Partido, hubo comisiones encargadas de realizar las diferentes tareas y seguir la relación con los distintos medios de comunicación. También designamos compañeras para el mantenimiento del baño y la reposición del agua para consumo y limpieza. Una vez conformada la columna, luego de que llegara la delegación de Termas, marchamos a Desarrollo Social para acampar. La instalación de las carpas tomó por sorpresa a la policía. Instalarnos permitió tener mayor influencia, se consiguió que llegaran al acampe canales de cable a entrevistarnos. Se difundió el comunicado en los medios radiales. Todo esto dio como resultado que a las 12 hs. nos reciban en Desarrollo Social. Una delegación de compañeros fue recibida por los funcionarios. Reclamamos respuesta sobre los petitorios presentados anteriormente, que incluían la cuestión de los planes de vivienda, los módulos alimentarios y los comedores. Reclamamos ingresos a los programas de vivienda. Los funcionarios nos informaron de los requisitos para que los compañeros accedan a ellas y también para que la organización participe de la construcción de las mismas. Respecto a los merenderos dijeron desconocer las notas presentadas anteriormente, a lo que nos respondieron que presentemos nuevamente una nota madre que incluya las direcciones y teléfonos de contacto con la promesa de empezar a viabilizar ese pedido. Sobre módulos alimentarios informaron que el programa de asistencia alimentaria se hace personalmente por cada beneficiario. Ante esto entregamos un petitorio por 2.000 módulos, que se comprometieron a presentarle al Ministro y dar una respuesta para que se otorgue un cupo de dichos módulos alimentarios. La próxima semana se comprometieron a dar respuesta a estos reclamos pendientes con una nueva reunión. Al salir se informó a los compañeros y se resolvió continuar con la medida, en apoyo al resto de las provincias y por los reclamos pendientes. Efectuamos entonces un almuerzo con la olla popular, en simultáneo los compañeros de Resistencia Popular estaban realizando un corte en la Ruta 167 en las localidades de Las Delicias y el Bobadal. Soportamos durante la jornada un pico de temperaturas muy fuerte. A la tarde se convocó a reunión de delegados donde se resolvió realizar un acto para informar los resultados de la reunión con Desarrollo. En el cierre analizamos la situación política, denunciamos la represión en el resto del país y la política de ajuste para pagar al FMI. Con un balance positivo de la jornada, nos preparamos para este nuevo momento de lucha contra el ajuste y el hambre en nuestra provincia. Con la perspectiva de un Congreso Obrero que una las luchas del movimiento de trabajadores ocupados y los desocupados.

21 de febrero de 2022
Salta: las ordenanzas de escuela nos organizamos por salario, pase a planta y las condiciones laborales
Silvia Colque

Las ordenanzas de escuelas en Salta hemos experimentado en carne propia cómo el valor de nuestra fuerza de trabajo se ha desplomado en los últimos años a una velocidad sideral. En el marco de la pandemia nuestra actividad se convirtió en esencial, sin embargo, nuestras condiciones de trabajo siguen siendo pésimas. La política criminal del gobierno de Alberto Fernández, como de Gustavo Sáenz, de presencialidad forzada, nunca fue acompañada de las designaciones de personal necesario para garantizar la limpieza de las escuelas, ni de los insumos necesarios, tampoco de las herramientas de trabajo. Por el contrario, el gobierno provincial y los gobiernos municipales se valen del programa nacional Potenciar Trabajo para designar ordenanzas de escuelas por 14 y 16 mil pesos mensuales. Las compañeras de Orán denuncian que el intendente Pablo González les paga 10 mil pesos mensualmente por la limpieza de escuelas. Los municipios y el Ministerio de Educación extorsionan a las compañeras que se someten a trabajar en esas condiciones frente a la necesidad de sus familias. La lucha para imponer la designación de ordenanzas en planta permanente se vuelve cada vez más necesaria. Hay establecimientos educativos que tienen una ordenanza para más de 300 alumnos. Las ordenanzas tenemos serios problemas de salud. El uso permanente de productos químicos para la limpieza, la falta de materiales de protección como guantes, lentes, botas, cofias o delantales, deterioran nuestra salud. Permanecemos parados durante horas, con consecuencias en la columna, manos, pies y ojos. Cuando nos jubilamos pasamos a cobrar $27.000, con 30 años de aportes. Bajo la pandemia quedó demostrado que los protocolos presentados por el Ministerio de Educación son inviables. No sólo los alumnos y sus familias corren riesgo, los docentes y los trabajadores ordenanzas también estamos expuestos si hay alguien contagiado. Se recarga a quienes continuamos trabajando, sobre todo en los establecimientos que tienen programa copa de leche y comedores. Según las resoluciones del gobierno y el Ministerio de Educación para las ordenanzas, no es necesario el aislamiento, bajo el calendario de vacunación. Desde el gobierno tratan de minimizar la pandemia, pero cuando miramos a nuestro alrededor tenemos familias aisladas, fallecidos, un sistema de salud completamente colapsado. Tenemos compañeras con serias secuelas del Covid, la masa de las ordenanzas no cuenta con obra social, mucho menos ART. Al gobierno no le interesa nuestra salud, le interesa que las escuelas estén abiertas para que no se frene la explotación de los trabajadores y la productividad de las patronales. En nombre de que las vacunas “salvan nuestras vidas”, nos exponen a un crecimiento de contagios. Salta encabeza los índices de mortalidad por Covid, incluso con vacunas. El desarrollo de la lucha de ordenanzas del plan Potenciar hoy recorre una experiencia común a la que emprendimos miles de ordenanzas que pertenecíamos al plan Argentina Trabaja, que en el año 2013 con una gran lucha provincial conquistamos el pase al interinato. Todavía tenemos que arrancar la planta permanente y esta es una lucha que necesitamos impulsar en común. Mucho más cuando el gobierno nacional acelera su acuerdo con el FMI, que traerá más ruina para los trabajadores como el retroceso de nuestros derechos laborales, una nueva reforma jubilatoria y una política de tarifazos compulsiva. En Salta, Sáenz saluda esta política anti obrera. La burocracia sindical, que en el caso de las ordenanzas permitió que después de 9 años sigamos siendo uno de los sectores más precarizados, dividiendo nuestra lucha, sembrando competencia entre los interinos y los Potenciar, solo consigue reforzar al gobierno contra nosotros. La lucha por las conquistas de nuestras reivindicaciones va a depender de que las tomemos en nuestras propias manos. Los ordenanzas de distintos establecimientos, municipios y departamentos de la provincia, necesitamos impulsar esta deliberación, que ya se empezó a desarrollar en Capital, Orán y Metan. Impulsemos asambleas en nuestros lugares de trabajo, por departamento, construyamos una asamblea provincial de ordenanzas autoconvocadas, que pueda votar un plan de lucha común por las condiciones de trabajo, designación inmediata de trabajadores ordenanzas en cada establecimiento, por el salario igual a la canasta familiar, el pase a planta permanente, el reconocimiento de todos nuestros años de trabajo como antigüedad, el 82% móvil para quienes están próximos a jubilarse y todas nuestras reivindicaciones. Así como lo hace la combativa docencia autoconvocada, con quien tenemos muchos reclamos en común y con quienes ya hemos luchado en el marco de la huelga docente de 2021, coordinando y reformando nuestros propios reclamos.

21 de febrero de 2022
Paritaria docente bonaerense: Baradel prepara un nuevo masazo al salario

A una semana del inicio de clases, la docencia bonaerense no ha recibido oferta salarial alguna. Los sindicatos que conforman el “Frente de Unidad Docente Bonarense” (FUDB) han informado que, durante la segunda reunión paritaria provincial, el gobierno provincial dijo encontrarse “a la espera de la resolución de la paritaria nacional” (suteba.org). El lunes se conoció que esta fue del 45,4% en cuatro cuotas y que los sindicatos ya la habrían aceptado, sin mandato de sus bases. Se señaló que la paritaria nacional “impacta en la conformación del salario docente” refiriéndose exclusivamente a una suma no remunerativa (FONID). Que Kicillof pueda darse este “lujo” obedece a que la burocracia sindical docente no le ha presentado un reclamo. Según el FUDB, que acude a estas reuniones sin mandato de sus bases, el esquema paritario “debe contemplar una paritaria corta, con aumentos bimestrales y con revisiones de readecuación del impacto inflacionario en cada bimestre, similar al del 2021. El esquema incluye la reapertura en el segundo semestre para discutir el salario del último tramo del año 2022”. Además “se tiene que garantizar el salario docente por encima del proceso inflacionario y la recomposición del poder adquisitivo” (ídem). Todo esto es un completo palabrerío pues no encontramos una sola cifra concreta en la paritaria provincial que permita siquiera contemplar la “recomposición del poder adquisitivo” y que el salario se encuentre “por encima del proceso inflacionario”. Estas frases huecas son maniobras de la burocracia sindical docente para montar un simulacro y engañar a la docencia, a la cual solo le presentará cifras entre gallos y medianoche, sobre el inicio del ciclo lectivo, sin deliberación alguna y para firmar en menos de 24 horas. El 45,5% en cuotas de la paritaria nacional plantea una referencia negativa, por debajo de la inflación proyectada para 2022. El FUDB se jactó de haber terminado el año 2021 con un aumento anual del “54%”. Es un fraude completo, ya que los aumentos siempre llegaron en cuotas sobre salarios iniciales de pobreza y con cifras en negro. La inflación opera cotidianamente pulverizando el salario, bien delante de la llegada de estas “cuotitas” que siempre incluyen cifras en negro. La realidad es que el salario básico de un maestro de grado, a enero 2022, es de $24.832 por cargo. El salario inicial es de $55.110 mientras que un maestro de grado con la máxima antigüedad llega a $ 75.165. Todo esto por debajo de la canasta básica –de pobreza- que se ha establecido en enero de 2022 en $78.624 (Infobae, 17/2) y muy lejos de la canasta familiar de $160.000. Sin un aumento inmediato de al menos el 60%, no existe recomposición alguna y la llamada “paritaria corta” consistirá en un mecanismo que consagrará la pérdida del poder adquisitivo del salario con eventuales aumentos “bimestrales” que no escapen a la pauta oficial inflacionaria, siempre después de consumados los aumentos de precios. La actualización del salario por inflación debe ser automática, de ninguna manera prefijada para “revisar” en forma arbitraria. La inflación proyectada en 2022 está en este 60%. ¿Por qué los tenedores de bonos de la deuda pública, fugadores seriales, sí tienen garantizado intereses atados a la inflación y la cotización del dólar? El gobierno quería un acuerdo de 10 o 20 años con el FMI, pero pone en vilo el salario docente todos los meses. Como la dirección kirchnerista del SUTEBA se ha encomendado en garantizar el acuerdo del gobierno con el FMI, toda esta operación contra el salario docente se encuentra al servicio de reducir el déficit fiscal mediante la poda de los salarios, jubilaciones y gastos sociales. Pronunciémonos contra este despojo al salario que prepara la burocracia sindical. Por asambleas en todos los distritos de la provincia y un plenario provincial de delegados de base con mandato. Paritarios elegidos. Por un salario igual a la canasta familiar por cargo.

21 de febrero de 2022
A 80 años de los “campos de concentración” para los 120 mil japoneses de EE.UU.

Setenta y cuatro días después del ataque japonés de Pearl Harbor, el 19 de febrero de 1942, Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9.066 por la cual fueron encarcelados en campos de internamiento 120.000 estadounidenses de origen japonés, sin el debido proceso legal, nunca acusados ni condenados por delito alguno, expulsados a la fuerza de sus hogares y enviados a campamentos desolados por todo el oeste de EE. UU. Igual que los judíos en Europa, perdieron todos sus bienes, propiedades, etc. Recién en 1983, “la Comisión Federal de Reubicación e Internamiento de Civiles en Tiempos de Guerra concluyó que el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés era una “injusticia grave”, motivada por “prejuicios raciales, histeria de guerra y fracaso del liderazgo político”. Cinco años más tarde, EE. UU. emitió una disculpa formal y pagó a los supervivientes estadounidenses de origen japonés 20.000 dólares a cada uno por violaciones de sus libertades civiles y derechos constitucionales” (The Guardian, 19/2). En el 80 aniversario de la orden de Roosevelt, un representante ´demócrata´ de origen japonés, Takano, declara: “Me temo que estamos en un momento de olvido”. “Desde el inicio de la pandemia -dice The Guardian-, EE. UU. ha sido testigo de un aumento alarmante de la violencia y el odio contra los estadounidenses de origen asiático. La retórica tóxica y los ataques a inmigrantes y minorías raciales y religiosas se han convertido en una parte rutinaria del discurso político en las democracias de todo el mundo. Takano advirtió sobre una ´nostalgia insidiosa´, que busca blanquear las partes vergonzosas de la historia estadounidense. ´Es un anhelo por una América defectuosa´, dijo” (ídem).

22 de febrero de 2022
Se extiende la guerra en Europa

El lunes 21, Putin anunció, en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el “reconocimiento de las repúblicas de Donesk y Luhank” y el alistamiento de una “fuerza de paz” para un eventual intervención militar en los territorios en cuestión. Insistió, sin embargo, en que no existía ninguna intención de invadir u ocupar Ucrania. Esas dos provincias, convertidas en repúblicas, incluyen a la ciudad de Mariupol, en la ribera del mar Azov, que se encuentran bajo la autoridad del gobierno oficial. Se trata de espacios estratégicos vitales, además de ser una vía importante de tránsito comercial. Lindan con Odessa, una ciudad portuaria, donde la confrontación entre pro y anti-rusos, ha conocido varios episodios trágicos, como el incendio del edificio de los sindicatos, por parte de bandas fascistas, que produjo una elevada cantidad de muertos. Putin justificó la acción por varias razones, incluida la del irredentismo, o sea una alegada identidad étnica entre Rusia y Ucrania. Denunció a Lenin y el bolchevismo, defensores históricos del derecho a la autodeterminación nacional, por el reconocimiento de una Ucrania autónoma, en el marco de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y reivindicó en cambio al zarismo y a su cuerpo militar, por la defensa de la unidad del imperio. La andanada sirvió para dejar en claro el carácter reaccionario de las decisiones político-militares que acababa de anunciar. Desde un punto de vista político inmediato, fue muy preciso. “Estamos”, dijo, “en un punto muerto”. En efecto, La Otan no cedió un milímetro, al cabo de seis semanas de negociaciones, en su propósito de incorporar a Ucrania a ese bloque militar, que del ‘Atlántico’, en su origen, se ha extendido hasta el mar Negro, por un lado, y a Asia Central (Afganistán), por el otro. Un imperialismo planetario, con cabeza en Estados Unidos. Lejos de ofrecer concesiones, reforzó la presencia militar en los países del Báltico, Polonia y Rumania – todos limítrofes, como Ucrania, con Rusia. En marzo del año pasado, el gobierno de Ucrania, bajo la presidencia de Zelensky, había anunciado el propósito estratégico de recuperar militarmente Crimea y la región de Donbass, ahora transformada en dos repúblicas, con la asistencia de la Otan. Crimea aloja a las fuerzas navales de Rusia en su única salida al Mediterráneo. El otro ‘punto muerto’ fue el fracaso de activar el acuerdo de Minsk (capital de Bielorrusia), firmado en 2014, para posibilitar la reintegración de Donetsk y Luhanks a Ucrania, bajo la forma de una república federal, o sea con autonomía de las regiones. La democracia occidental ha puesto obstáculos insuperables a un acuerdo de estas características, con el argumento de que otorgaría un poder de veto a Rusia, por medio de las provincias rusófonas. El patriotismo de la oligarquía ucraniana, patrocinada por la Otan, termina cuando se trata de reconocer los derechos políticos de sus compatriotas orientales. El empeño de Francia y Alemania para asegurar a Rusia de que, por medio de una activación de ese acuerdo obraría como garantía de que la Otan no avanzaría a Ucrania, no llegó a nada, como ha venido ocurriendo sin pausa desde que se firmó. Putin alega que la integración de Ucrania a la Otan dejaría expuesta a las ciudades rusas a ataques misilísticos en un lapso de minutos. Probablemente, se queda corto. El objetivo estratégico de la Otan es la anexión informal de Rusia misma, a través de un cambio de su régimen político. La otra alternativa, la desintegración nacional, es algo con que Rusia lidió en toda su historia. La grandeza del bolchevismo fue haber abordado esa fractura histórica potencial por medios democráticos e internacionales: la defensa de la autodeterminación nacional, y por lo tanto del derecho a la separación, y de otro lado mediante la unión socialista de todas las nacionalidades. La crisis en Europa es la expresión de la tendencia del imperialismo a resolver sus necesidades de expansión por medio de la guerra. Lo mismo ocurre con la tendencia a encarar las crisis de sus regímenes políticos, por medio del bonapartismo y el fascismo. Putin, un bonapartista y un pseudo fascista, y su cohorte de oligarcas, se encuentran atrapados en esa red de dominación, en la condición de eslabón débil de la cadena imperialista. Es obvio que no los anima la destrucción del imperialismo sino obtener un lugar más seguro o confortable en esa cadena. El ataque a Lenin lo ha dejado claro, incluida la alusión al bolchevismo, la designación histórica del comunismo. El interrogante que se hace la prensa internacional es si el reconocimiento proto estatal de las entidades del Donbass tiene el propósito de meter más presión a una negociación, o anuncia una próxima invasión de Ucrania. En el caso de la guerra con Georgia, en 2016, Putin se limitó a ocupar las regiones separatistas. Biden ha anunciado sanciones contra las repúblicas escindidas, pero no ha dicho nada todavía acerca de las sanciones económicas ‘devastadoras’ que ha venido prometiendo desde el comienzo de este conflicto. El primer ministro de Alemania ha suspendido la certificación otorgada por su predecesora, Ángela Merkel, al funcionamiento del gasoducto ruso NordStream2. El italiano Draghi ha pedido evitar cualquier sanción que comprometa el abastecimento de gas a Europa. El precio del barril de crudo, como sea, ha superado los 100 dólares, y se ha desplomado la cotización de la deuda pública de Rusia. El ‘endurecimiento’ de la situación está provocando estragos económicos para la población de todos los países involucrados – en medio de una pandemia que vuelve a alcanzar picos de contagios en numerosos países. Las comunicaciones entre las cancillerías de las potencias en presencia, o sea las extorsiones recíprocas, no se han interrumpido por supuesto – bajo el pretexto de evitar la guerra. La agenda de la guerra, en efecto, ha entrado, decisivamente, en la agenda de la clase obrera internacional. La lucha contra la guerra es, en primer lugar, una lucha contra el imperialismo y la Otan, que es la red de dominación imperialista del globo entero. La consigna para el caso es fuera la Otan de todo el mundo. La democracia y la autodeterminación nacional solamente pueden desarrollarse por medio de una lucha contra el imperialismo. Es necesario condenar, asimismo, la política de guerra y de opresión nacional de la oligarquía putinista de Rusia. Esta política va en contra de las necesidades, aspiraciones e intereses del proletariado mundial y de todos los trabajadores. La única lucha contra el imperialismo es la lucha revolucionaria. El planteo debe ser: por la confraternización de los trabajadores de Rusia y Ucrania, contra la Otan y la oligarquía rusa, por una nueva y definitiva Unión de Repúblicas Socialistas. VER MÁS

22 de febrero de 2022
El acuerdo con el FMI agudiza la crisis de régimen

En la visión de los analistas políticos o bursátiles, la cercanía del acuerdo con el FMI debía conducir a una mayor estabilidad política y a una disminución del ´riesgo argentino´. Sin embargo, cuanto mayores son las precisiones o “avances” acerca del acuerdo, más aguda es la crisis en desarrollo. El pacto fondomonetarista encierra contradicciones que el gobierno de los Fernández no tiene condiciones de contener. La primera bomba de tiempo es la cuestión de las tarifas. La famosa “segmentación socioeconómica”, el corazón del planteo de Fernández-Guzmán, está al borde de ser arrojada al canasto de residuos. Es que, si la aplicación de la tarifa “plena” se circunscribe al 5% de la población de altos ingresos, la eliminación de los subsidios sería entonces irrelevante. Ello no conforma al FMI ni tampoco a los monopolios petroleros. La factura del tarifazo incorpora otro ingrediente explosivo: la triplicación del costo del gas importado, en medio de la inflación y los aprestos de guerra internacionales, un gas que el gobierno debe pagar con dólares contantes y sonantes. Como los contratos de extracción del fluido en el país también están dolarizados, una devaluación de la moneda -también contemplada en el acuerdo- le pone al tarifazo un piso del 80-100% sobre los valores actuales. Por este motivo, el FMI rechazó por irrisorios los aumentos ´sugeridos´ en las audiencias públicas por la luz y el gas, de entre el 20 y 35%. Las sorpresas continuaron, en las últimas horas. En el borrador de acuerdo que algún funcionario dejó filtrar, el FMI coloca la lupa en los regímenes jubilatorios especiales, que afectan, entre otros, a los docentes nacionales y universitarios. Aunque Fernández se apresuró a ´aclarar´ que sólo están en la mira los magistrados y diplomáticos, los embajadores o jueces no mueven el amperímetro del ajuste. El bisturí del Fondo, naturalmente, está interesado en las jubilaciones docentes, judiciales y otras. El combo se completa con la ´recomendación´ acerca de los salarios estatales - “que crezcan junto a la economía”, cuando son erosionados por la inflación, que en algunas estimaciones llegaría al 60% anual. Los Yasky y Baradel, pactaron una paritaria nacional que llevaría el básico a 60 mil pesos en septiembre (con cobro en octubre). En la cuenta de los ajustadores tampoco está ausente un aumento de impuestos – el IVA sube con la inflación. El inmobiliario también se irá para arriba como consecuencia del revalúo fiscal. Como consecuencia de la caída del Presupuesto 2022, la Sociedad Rural ha presentado la derogación de las retenciones en sede judicial. Crisis política La refinanciación de la deuda dejada por Macri con el FMI, más los nuevos intereses sobre ella y la sobrecarga por el tipo de préstamo, asegura la necesidad de una nueva reestructuración de deuda a 3 o 4 años. El ajuste no sacaría a Argentina del default. Por eso se han elevado voces en el sector financiero a favor de declarar la cesación de pagos de inmediato y reestructurar todas las deudas otra vez -las de la administración nacional y provincias, con acreedores privados y entidades públicas- por 200 mil millones de dólares. Con un default asegurado en dos o tres años, más el ajuste, se da por descontada la derrota del gobierno en 2023, lo cual lo convierte en un ´pato cojo´, incapaz de gobernar. Este escenario lleva a algunos kirchneristas a querer “saltar del barco”. Los senadores K que “resisten” el acuerdo se han aferrado a la bandera de “más años de gracia”, o sea sin pagar deuda. Los izquierdistas K critican al “acuerdo corto” porque “no restablecerá la confianza de los mercados y el crédito”, como acaba de concluir Claudio Lozano. El acuerdo con el FMI nace mal parido, por lo que algunos, en el Congreso, proponen el aborto. Se teme que el número de abstenciones supere la suma de votos positivos y negativos. Un derrumbe político y financiero. Por abajo La perspectiva de un supertarifazo y una devaluación coloca en crisis a las negociaciones paritarias. La pandemia, que no ha concluido, dejó un tendal de retiros y reducciones de planteles, que pretende ser compensada con cláusulas de sobreexplotación. Por ese mismo motivo, las patronales incorporan trabajadores de a cuentagotas, y los movimientos de desocupados deben redoblar su movilización por el alimento y el derecho al trabajo. Estas condiciones, consideradas de conjunto, han planteado al activismo desafíos que ha empezado a recoger. Las iniciativas de convocar asambleas y plenarios abiertos ha comenzado a crecer, y con ello también crecerán los planes de lucha, las movilizaciones y las huelgas. Para los desocupados, el gobierno ha anunciado el recorte absoluto de asistencia, que en todo caso ya son una pensión vitalicia de miseria social. Además de las contradicciones insalvables de la política oficial y del acuerdo fondomonetarista, asoman una crisis económica mundial y la guerra.

22 de febrero de 2022
Paritaria nacional docente: a la medida del FMI

El gobierno nacional llegó a un entendimiento con los cinco sindicatos docentes nacionales (CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET) para cerrar de la paritaria nacional docente, nuevamente, sin que ningún docente le den mandato para ello. Aunque no pusieron la firma, según el diario Página/12, en relación a los sindicatos, “el escenario indica que la mayoría daría su aval y habría acuerdo” (22/2). Vale recordar que la paritaria de los maestros no tiene impacto directo sobre los salarios, sino se utiliza como “guía” para las negociaciones provinciales que ahora cada colectivo de docentes deberá librar por separado en cada provincia del país, ya sin el acompañamiento de sus sindicatos nacionales. El porcentaje establecido de “aumento” es del 45,5%, a cobrarse en cuatro cómodas cuotas y una revisión en el mes de septiembre. Un 21,21% se percibirá en marzo, un 8,08% en junio, un 8,08% en agosto y en septiembre el 8,08%. Así las cosas, recién en septiembre el salario inicial de un maestro será de $60.000. Por otro lado, el gobierno y la burocracia de los sindicatos pactaron nuevamente el incremento de sumas fijas, como el Fonid (Fondo nacional de incentivo docente) que, según los tramos de la suba, será de $ 3.907 en marzo, $ 4.318 en junio, $ 4.729 en agosto para alcanzar los $ 5.141 en septiembre, y por conectividad una suma de $2.250. En conclusión: el salario inicial de un docente a escala nacional no llega a cubrir siquiera la línea de pobreza, hoy en los $80 mil pesos, y ni que hablar de una canasta familiar, que ronda los $160 mil. Las sumas “fijas” otorgadas por fuera del básico vuelven a golpear severamente a los jubilados docentes que no verán un peso, a tal punto que en el comunicado de la propia CTERA (21/2), informan que “Asimismo en el Acta, los sindicatos docentes reclaman que los aumentos a los jubilados docentes nacionales se realicen trimestralmente, y que en marzo se otorgue un incremento de sus haberes, a cuenta de futuros aumentos”. El acuerdo alcanzado por el gobierno y los sindicatos nacionales consolidan lo perdido en el último período por el avance de la inflación y prepara una mayor pérdida para este año. Sólo en lo que respecta al aumento de tarifas en los servicios públicos, el gobierno está preparando un aumentazo de alrededor del 60%. Como los aumentos salariales se cobran en cuotas, pero los precios en los supermercados aumentan minuto a minuto, semana a semana y mes a mes, continuará el proceso de confiscación salarial, que junto con las remuneraciones en negro forman parte del ajuste fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional. El salario no “le va a ganar a la inflación” como prometen los burócratas sindicales, que sostienen con uñas y dientes al gobierno de los Fernández y al acuerdo anti obrero con el FMI que se pretende votar en marzo en el Congreso Nacional. Es necesario un pronunciamiento del conjunto de los sindicatos, seccionales y del movimiento auto convocado anti burocrático que recorre el país contra esta paritaria infame. Planteamos un aumento de emergencia del 60% para recuperar lo perdido y la organización de una lucha – mediante asambleas y plenarios de delegados con mandato- por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, indexado por inflación.

22 de febrero de 2022
Aceiteros de San Lorenzo: una intensa lucha de camarillas y ningún plan de acción

La convocatoria a elecciones en el estratégico sindicato de aceiteros de San Lorenzo ha generado una intensa polémica entre todos los ámbitos políticos y gremiales de la provincia. La elección tiene como telón de fondo a la disgregación de su actual dirección, y desde su misma convocatoria estuvo envuelta en denuncias cruzadas. Se presentaron cuatro listas. La lista oficial es la Celeste y Blanca, encabezada por Pablo Reguera, secretario general del sindicato desde hace 25 años, y actualmente también secretario general de una de las dos CGT del cordón. La lista (Blanca) es liderada por el actual secretario gremial del sindicato, que compartió con Reguera toda su política en estos años, pero ahora partió al medio a la comisión directiva. Por otro lado, además, se ha formado la lista Naranja, encabezada por el kirchnerista y ex concejal bermudense “Piri” Fernández, que cuenta con el aval político del intendente de Bermúdez y mantiene relaciones con la Federación de Aceiteros y la Lista Verde – con delegados de base de distintas fábricas que sostuvieron el paro con piquetes de diciembre del 2020. Por último, se presenta l lista Verde, encabezada por Lucas Monzón, familiarmente vinculado al Secretario General de municipales de Capitán Bermúdez y dirigente de la otra CGT de San Lorenzo, “Noni” Monzón. La dirección de Reguera perdió la junta electoral, lo que trajo como consecuencia que sólo se oficializaran dos listas -la Blanca y la Naranja-, dejando afuera al propio Reguera y a la lista Verde. Ante esta situación, la CGT encabezada por Monzón amenazó con paros y bloqueos de plantas. Entonces intervinieron “oficiosamente” senadores, concejales, intendentes y hasta la propia Cámara aceitera, para que se oficializaran todas las listas, lo que finalmente ocurrió al cabo de una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La crisis en el SOEA (aceiteros) de San Lorenzo es una expresión muy aguda de la disgregación que sacude a diferentes sectores de la burocracia sindical. Esta oficialización de la mano del reclamo de las patronales no impedirá nuevos enfrentamientos por el padrón y las formas de votación y cualquiera sea el resultado de la elección la dirección que surja va a ser extremadamente débil para enfrentar los poderosos pulpos cerealeros. La lucha de camarillas que se entablado para dirigir el sindicato debilita cualquier plan de acción. En la mayoría de las grandes cerealeras existe un régimen de trabajo de 12 horas; las condiciones de seguridad son tan precarias que ya se han producido varias muertes de obreros en los silos. Dos cuestiones centrales han disparado una verdadera implosión dentro del SOEA. Por un lado, el cierre de importantes terminales con un tendal de aceiteros despedidos y suspendidos; por el otro, el golpe económico que implica para los trabajadores la carga del impuesto a las ganancias, sin respuestas por parte de la dirección del sindicato. Una asamblea general debería ser el primer reclamo después de la elección resolver un plan de acción para defender los puestos de trabajo hoy amenazados por posibles cierres y quiebras (Vicentin), defender las condiciones de trabajo frente el avance de los contagios, y eliminar el impuesto a las ganancias que hoy toca a la inmensa mayoría de los aceiteros.

22 de febrero de 2022
Elecciones en Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires

Este abril se realizarán las elecciones en uno de los sindicatos más importantes del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales (AMM), que agrupa 12.000 afiliados. Está planteada por primera vez, desde el retorno a la democracia, la derrota de la actual conducción de Jorge Gilardi, de extracción radical, en manos de la lista de su socio histórico, Carlos Rojo. La burocracia sindical, el gobierno El gobierno porteño suele designar sin concurso -a dedo- a los directores en los hospitales y otras dependencias, en acuerdo con la AMM. Por ejemplo, la antecesora de Fernán Quirós en el Ministerio de Salud. Ana María Bou Pérez, la ex ministra de Salud y antes legisladora por Vamos Juntos, es una médica del Ramos Mejía y dirigente del sector de Médicos Municipales que responde a Rojo. La transferencia de las prestaciones del sistema de salud público a los privados ha oficiado como una fuerte política de subsidios al capital privado de la salud ejecutada por los gobiernos porteños. Esto hubiera sido imposible sin la complicidad de la AMM. La lista del ahora opositor Carlos Rojo, de fuerte peso en hospitales y los claustros de la Facultad de Medicina de la UBA, ha logrado adherir a filiales históricas del armado de Gilardi, como los hospitales Fernández, Ramos Mejía y Durand, entre otros. Es la segunda vez que Rojo se presenta como oposición. En 2017, su lista alcanzó el 40%. La novedad es la ruptura a último momento de otro “Gilardista”, Ricardo Solari, del Hospital Rivadavia, quien capitanea varias filiales, dándole el que podría ser un impulso decisivo a la lista de Rojo. La paritaria de los médicos municipales, que se discutirá en marzo, interesa al conjunto de los trabajadores de la salud incluidos en la carrera profesional de salud de la Caba (ley 6035) porque sus condiciones de trabajo y el salario suelen fijarse en relación con la que firma AMM. Podría ser una oportunidad para que la lista oficial de Gilardi intente contener el pase de votos hacia la lista opositora. Sin embargo, el malestar acumulado en años entre los trabajadores parece no tener punto de retorno. Los trabajadores, la pandemia El agotamiento de la conducción de Gilardi es expresión de un fuerte malestar entre las bases de los trabajadores por décadas de destrucción del valor de la fuerza de trabajo, es decir el salario, como así también de una marcada depreciación de la carrera médica. La precarización en las condiciones de trabajo en todo el sistema de salud público, dio un último salto con la reforma laboral del 2017. Los problemas salariales, derechos laborales, falta de personal e insumos se han agudizado profundamente con la pandemia. Ha puesto al máximo del esfuerzo al sistema de salud y a sus trabajadores, colocando al conjunto del planeta en una crisis humanitaria. Las protestas, reclamos y asambleas tuvieron un punto máximo en la primera ola, con una multitudinaria asamblea en el playón del hospital Santojanni. Sin embargo, la camarilla de Rojo trabajó en contra de las autoconvocatorias de los médicos y trabajadores de la salud por aumentos de salario, insumos y medidas de protección. Boicoteó el desarrollo de un movimiento de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, planteando en oposición un cheque en blanco a la renovación burocrática en estas elecciones. La crisis de la oposición La campaña por Rojo ha logrado arrastrar a gran parte de la base de apoyo de lo que fue la lista de oposición de lucha en el gremio, el Frente de Recuperación Gremial. Esta lista opositora, nacida en 2001 como alternativa a la burocracia, logró cosechar un 25% de votos en su debut y sostener un caudal importante hasta el 2013 inclusive. También jugó un importante papel en la lucha contra el Colegio Médico en la defensa de una matrícula nacional. En la mayoría de las provincias, los médicos tienen matrículas de alcance provincial y tienen que pagar costosos peajes para ejercer en otras zonas. En el 2017, la integración de la filial de AMM del Hospital Gutiérrez en manos del PCR a la lista de la burocracia de Rojo redujo el resultado electoral del FRG a un 9%. Este cuadro de retroceso se agravó fuertemente por su absoluta inacción durante la pandemia, cuando ni siquiera alentó el proceso de auto convocatorias. Parte de la izquierda que lo conforma caracterizó a la pandemia como un problema circunstancial y rechazó las medidas de aislamiento social, colocando la política del FRG en un verdadero impasse. Es en ese contexto, que otra filial integrante del FRG, la del Hospital Álvarez se puso como objetivo integrarse al frente de Rojo lo que finalmente no se concretó. Los frentes de las listas combativas y de lucha con las de la burocracia - “cavar trincheras con la burocracia”- han sido históricamente una política de derrota para los trabajadores. Alternativa de lucha El posible triunfo de Rojo no significa una alternativa para superar el derrumbe del salario de los médicos ni del conjunto de las profesiones. Tampoco será una herramienta para revertir la destrucción de la carrera médica ni mejorar el convenio. La fractura de la burocracia y la posible derrota del oficialismo tiene base en la crisis política de los partidos a los que responden, es decir el PRO, UCR y PJ. Es un poderoso síntoma de la crisis política y la posibilidad de abrir una profunda deliberación entre los trabajadores y activistas. El sistema de salud es atravesado por la crisis humanitaria y los acuerdos con el FMI empuja a los gobiernos a un ajustazo histórico contra la población trabajadora y los servicios públicos. Los médicos y el conjunto de los trabajadores de la salud tenemos grandes desafíos. Nuestro voto al FRG hoy, contra las listas patronales de Gilardi y Rojo debe partir de un balance y la perspectiva de construir una alternativa socialista entre los médicos de la ciudad. Con los métodos de la democracia sindical, la deliberación política y la lucha, plantearnos como norte y a atreves de coordinadoras de trabajadores de la salud y un gran congreso obrero nacional un sistema de salud que tenga como prioridad la lucha contra la pandemia, la salud de los trabajadores y no los grandes negocios capitalistas.

23 de febrero de 2022
Las drogas y los barrios, conclusiones de un reportaje revelador

El periodista Pedro Lacour, que sigue en La Nación la agenda de la izquierda y las luchas sociales, publicó una cobertura acerca de la droga y su impacto sobre las organizaciones barriales y piqueteras. El propio título de la nota, un “·desafío narco”, anticipa la lucha de las organizaciones sociales contra el tráfico de droga que destruye a las familias en los barrios. Uno de los entrevistados, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos, relata la experiencia de las ´casas de recuperación´ a adictos. Los asistidos son hijos de “padres y madres consumidores, con familias que incluso venden para poder sostener la olla en la casa”. No hay línea divisoria clara entre el consumo y el pequeño tráfico, donde la venta sostiene la adicción y la propia subsistencia familiar, en medio de una miseria social completa. Desmintiendo a los defensores de la “libertad individual” en materia de drogas, el entrevistado señala que la mayoría de sus asistidos “No tuvo la posibilidad de elegir entre consumir y no consumir”, y de inmediato alude al vacío existencial que envuelve a la juventud: “En los barrios populares hay muy poco acceso al deporte, están imposibilitados de armar algún proyecto de vida”. El artículo alude a la existencia de una estructura estatal -” Centros de Atención y Acompañamiento Comunitario”- que la SEDRONAR terceriza en organizaciones sociales, entre ellas, la UTEP, la CCC, el Movimiento Evita y la Iglesia. Suponemos, con razones fundadas, que esta delegación se lleva adelante por medio de trabajadores precarizados. En relación al entramado que rodea a la droga, el veredicto de los entrevistados es lapidario: “Los narcos tienen complicidad con la policía y el poder político”. Agregan, luego, que un plan Potenciar Trabajo de dieciséis mil pesos “no puede competir” con los ingresos que provee el menudeo de la droga. Droga y lucha política Dentro de los límites de una entrevista, en la nota de La Nación no deja de colarse una evidente contradicción: aunque los militantes reporteados no dudan en vincular “al Estado y al poder político” en el entramado de la droga, las acciones que mencionan se circunscriben a la atención posterior o eventual rehabilitación de los adictos. Son parte, por lo tanto, del “control de daños”, es decir, de la morigeración sanitaria de los “consumos problemáticos”. Por eso mismo, el reportaje deja planteado un gran interrogante para las organizaciones sociales y piqueteras: si la droga se introduce como resultado de una ´articulación política´, en directa vinculación con el crecimiento de la miseria social, ¿no está planteada una lucha de carácter político contra la droga en los barrios? ¿No es necesaria una verdadera campaña de reivindicaciones, que una la lucha por las necesidades básicas contra el régimen político y social responsable por la miseria y la penetración de la droga? Los “entrevistados” de La Nación, claro está, son dirigentes sociales oficialistas, y en ese carácter, parece claro que la cooptación estatal no se llevaría bien con una lucha contra el Estado –aun existiendo, por parte de ellos, una crítica o un rechazo al consumo de drogas. Pero este interrogante se extiende al piqueterismo opositor o independiente del Estado, en este caso ligado al libertarianismo de izquierda, que asume al consumo de estupefacientes desde el lugar de la libertad personal, cuando se trata del envenenamiento de la juventud trabajadora. Asistimos a una descomposición económica y social del capitalismo, no al paraíso de la libertad humana. Por la derrota de la droga Esto plantea, por lo tanto, una lucha política en los barrios por la derrota de la droga, que debe ser concebida como una lucha contra el Estado, los partidos y los aparatos estatales que la promueven. Esta tarea podría comenzar, de un modo inmediato, con un trabajo de agitación y propaganda: charlas políticas en los barrios que expongan las consecuencias lacerantes del consumo; su papel como destructor de las energías creativas de la juventud y de los trabajadores; los vínculos del narco con el aparato estatal, en todas sus formas, y con el capital financiero, a través de los sistemas de lavado. Estas actividades podrían concluir con resoluciones prácticas de acción, por el derecho al trabajo, al estudio, a la práctica deportiva; pelear por el derecho a exponerlas en los colegios de la zona, organizando y formando centros de estudiantes, y participando en ellos como enemigos políticos de la infiltración de la droga. Contra el amedrentamiento con que los narcos protegen su actividad, debemos crear la “atmósfera” política que los combata y los excluya, en primer lugar, de los elementos más activos y avanzados de la juventud de los barrios. Hay que sumar a esta lucha a los trabajadores de la salud mental, con un planteo político.

23 de febrero de 2022
Abajo la guerra: fuera la OTAN y el FMI

La cuenta regresiva de la guerra está sonando en Europa. El instigador es el mismo de todas las guerras precedentes, el imperialismo norteamericano y la OTAN. La OTAN es el brazo político militar del FMI; el FMI es el instrumento de dominación financiera de la OTAN. Ucrania ha sido arrasada por el FMI, su deuda con el Fondo supera la que dejó Macri: 70 mil millones de dólares. Ha sido hundida en la pobreza por medio de ajustes, privatizaciones y corrupción. En su seno actúan milicias fascistas. La anexión a la OTAN la convertiría en una colonia. Con independencia del carácter fascistoide de Putin y de su política y objetivos reaccionarios, el impulsor de la guerra es el imperialismo que domina al mundo entero. La carne de cañón de esta guerra son y serán los trabajadores de todos los países. El financiamiento de la guerra sale del trabajo de la clase obrera. El ajuste que impulsan en Argentina el FMI y el gobierno del FdT, con el apoyo del macrismo, forma parte de esta mecánica de explotación. De aquí sale el dinero Argentina, para los “señores de la guerra”. La conclusión es clara; debemos movilizarnos contra esta guerra del imperialismo, que no es otra cosa que una guerra mundial. Una guerra en Europa es, aún más que las que han venido ocurriendo contra Yugoslavia, Irak, Siria, Libia, Palestina, una guerra mundial. El creciente patrullaje de poderosas formaciones navales en torno a China representa una política de guerra internacional. En este mes de marzo, cuando saldremos a la calle contra el FMI, cuando nos movilicemos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el 24 de marzo contra el gatillo fácil, la represión y el Estado policial, tenemos que levantar la bandera de lucha contra la guerra. Nuestras hermanas y hermanos son las mujeres de Ucrania y de Rusia, los trabajadores de Ucrania y de Rusia, las mujeres y los trabajadores de todos los países. Abajo la guerra. Fuera la OTAN, Fuera el FMI. Unidad internacional de los trabajadores. El enemigo está en nuestros propios países.

23 de febrero de 2022
Municipales de Berazategui: cómo derrotar a la "Gestapo Anti-sindical" de Juan José Mussi
Oscar "el Colo" · Sergio Salgado

La Unión del Personal Municipal de Berazategui (UPMB) es un sindicato que conquistó la simple inscripción gremial, tras un largo derrotero, entre 2014 y 2021. Los activistas que fundaron el sindicato habían sido parte de la Lista Violeta, del histórico -y con mayor cantidad de afiliados- STMB, que en 2011 recuperó el sindicato como "lista de frente único", encabezada por Alberto Glerean, logrando desplazar a la burócrata sindical Noemí Giménez, atornillada en el sindicato como Secretaria General desde su fundación, y por casi 30 años. Noemí Giménez fue una furibunda menemista y por dos mandatos, concejal mussista. Los activistas que fundan la UPMB eran parte del cuerpo de delegados de sector del STMB; cuando falleció Glerean (a menos de 1 año de su asunción), el secretario adjunto Carril Campussano verticalizó el sindicato y dejó de reunir al cuerpo de delegados, vació el sindicato de vida gremial, asfixió la vida interna y lo volvió a convertir en una escribanía de Mussi. Ausente cualquier posibilidad de armar lista opositora en el STMB y luego de un derrotero también negativo con ATE, decidieron emprender la tarea de construir un verdadero sindicato. El intendente Juan José Mussi, sin embargo, se empeña en desconocer a este nuevo y -por ahora- pequeño sindicato, al punto de violar el derecho a la tutela sindical de 8 compañeros de la Directiva de la UPMB (entre ellos los secretarios general y adjunto de la organización) y les niega su reinstalación laboral. Los motivos son obvios: no lo puede convertir en una escribanía a su servicio. El debut de los compañeros fue una huelga indefinida hasta lograr quebrar los habituales despidos de fin de año que Mussi siempre realizaba, con una contundente huelga de 8 días en el sector de Higiene Urbana. La UPMB con esa acción golpeó y demoró los planes de "empalme masivo" de Mussi, que preparaba para reemplazar personal municipal usando a beneficiarios del Potenciar Trabajo enrolados especialmente en el Movimiento Evita, dirigido en Berazategui por uno de los funcionarios de su gabinete municipal, el puntero Matías Aguirre, que también forma parte de la tropa de Pérsico-Zaballeta. Los compañeros del sindicato han iniciado la lucha y acciones en los planos ministerial y judicial laborales ante esta prepotencia, arbitrariedad e ilegalidad de la patronal mussista, ya que el conflicto contra los despidos se saldó con el grueso de los despedidos reincorporados, pero el sindicato quedó "descabezado". Los peronistas que "baten el parche" contra "la GestaPRO de Vidal" o "Gestapo anti-sindical no la denuncian en sus propios pagos -chicos o grandes-, porque son partidarios de las burocracias sindicales y la regimentación del movimiento obrero, a través del unicato sindical que busca sostener a esas mafias sindicales "del propio palo" contra nuevas camadas de trabajadores, que buscan un desarrollo sindical autónomo y comprometido con las bases de los trabajadores. Juan José Mussi recurre a la discriminación y persecución anti-sindicales porque quiere "escribanías sindicales" a su servicio, como son el STMB y la UOEMB, y no tolera un sindicato que no esté bajo sus órdenes. Así ha logrado niveles salariales de miseria que obligan a que todos los municipales dependan de horas extras o préstamos de financieras y de las mutuales, y que cada 30 de junio o 30 diciembre estén con el corazón en la boca, por si reciben el telegrama de "cese de servicios". Apenas el 35% del personal reviste en la planta permanente del Estado municipal, el resto son contratados, y Mussi viola sistemáticamente la Ley provincial 14.656 de Marco de Empleo Municipal. Los compañeros de la UPMB están realizando una experiencia político-sindical que van procesando. Desde Política Obrera creemos que resulta fundamental fortalecer el ascendente del sindicato conquistado en un sector de los trabajadores y elevarlo entre la masa de los municipales, la recorrida y organización interna en cada sector de trabajo de la municipalidad, avanzar con la elección de delegados de sector, fortalecer a los activistas (para eso han editado un boletín), crecer en afiliados y trabajadores organizados, fortalecer el fondo de lucha y apuntar todos "los cañones" para una expedición ministerial y judicial rápida para la reinstalación laboral y el respeto a la tutela sindical, rodeando ambos reclamos del apoyo de otros sindicatos y centrales, más allá del apoyo de las organizaciones sociales combativas y de la izquierda, que se da por descontado. Un Plenario Obrero de Solidaridad, con sindicatos, y una movilización y acampe en el Ministerio de Trabajo de la Nación, sobre el área de "Asociaciones Sindicales" de Callao al 200 ("donde se corta el bacalao") y sobre el fuero laboral, resultan decisivas -a nuestro entender- para que no se imponga el desgaste por hambre, a la par de que no se abandone ningún reclamo salido desde la base municipal. UPMB ha demostrado un derrotero como sindicato democrático, plural y de lucha, tiene todas las posibilidades de dar el salto al clasismo si logra el equilibrio entre lo externo y lo interno, entre lo social-político y lo laboral-sindical y se estructura como un poderoso sindicato firmemente afincado en las bases de la masa de los municipales, sobre la base de asambleas de los trabajadores, que fue el método que implementó durante la huelga de enero. El apoyo de las organizaciones sociales y de la izquierda no puede reemplazar esa estructuración en la masa de los municipales y que forjen su propio abanico de proyección hacia todos los sindicatos. El pasado miércoles 16/2, desde la Conferencia de Prensa de las organizaciones piqueteras reprimidas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Eva Gutiérrez realizó una fuerte referencia de las implicancias que tiene toda la lucha de la UPMB y los municipales de Berazategui: quebrar la precariedad laboral mussista, evitando la confrontación de ocupados y desocupados, que es el objetivo que busca la política de Alberto Fernández, la clase patronal, la burocracia sindical y "piquetera" y el FMI. Juan José Mussi y las organizaciones sociales oficialistas -como el Movimiento Evita- carnerearon la huelga de los recolectores de Berazategui con "cooperativistas de la economía popular" para que avance el ultraprecarizador plan "de empalme": la sustitución de personal de planta y convencionado por cada vez más contratados, cada vez más precarizados, para reventar el salario. Eva señaló la ruta del Congreso Obrero de Ocupados y Desocupados, la UPMB puede ser un puntal de ese desarrollo.

23 de febrero de 2022
10 años de la Masacre de Once: la impunidad de un crimen de Estado

Los 10 años de la Masacre de Once se han producido con la libertad -total o condicional- de todos los condenados en los diversos juicios realizados en 2015, 2017 y 2018, ratificados a su vez en 2020 por la Corte Suprema de Justicia. El choque ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento colisionó con los paragolpes de la estación Once, luego del fallo de todos los sistemas de prevención y frenos. Le costó la vida a 51 pasajeros y 789 heridos. Ente las 21 condenas por responsabilidad en la masacre, se encuentran, entre otros, los entonces directivos de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano; los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Las acusaciones redundaron en casos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “estrago culposo agravado” en el caso de los directivos de TBA. Actualmente los condenados han logrado alcanzar algún tipo de beneficio que los ha retirado de la cárcel. Haciendo un breve repaso: Año Nuevo encontró al ex presidente de TBA, Carlo Michelle Ferrari, en su hogar con prisión domiciliaria. A Ferrari lo siguieron los ex directivos de TBA, Jorge De los Reyes, Sergio Daniel Tempone, Carlos Pont Vergés y Jorge Álvarez. Por su parte, Claudio Cirigliano se encuentra con prisión domiciliaria desde abril de 2021 por cuestiones de salud. En cuanto a los funcionarios, Schiavi recibió libertad condicional el pasado 15 de noviembre. Jaime sigue en prisión por otras causas, en el caso Once también fue beneficiado con libertad condicional. Y De Vido jamás estuvo preso por esta causa a pesar de su condena. De Mariano a Once Durante el desarrollo de los juicios se expuso la enorme operación de vaciamiento del sistema ferroviario, sustentado en un esquema de saqueo del presupuesto público mediante un entramado delictivo de empresarios, funcionarios públicos y la burocracia sindical. Este operativo delictivo había sido expuesto y denunciado vigorosamente por el Partido Obrero y los tercerizados del Roca durante el juicio que siguió al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Luego del crimen de Mariano, el accionar del gobierno de Cristina Fernández desarrolló una intensa persecución contra el Partido Obrero, en lugar de atender a nuestras denuncias, con el propósito de encubrir a burócratas, funcionarios y empresarios involucrados en la tercerización laboral del ferrocarril Roca. A la hora de condenar a los asesinos de Mariano, el Poder Judicial dejó fuera las responsabilidades de funcionarios y empresarios. Tan solo un año y medio después del crimen de Mariano, se produce la Masacre de Once, como resultado de la defensa de ese régimen delictivo basado en el vaciamiento del sistema ferroviario. Las condenas relativamente acotadas contra los funcionarios y los empresarios de TBA muestran el esfuerzo por sostener la impunidad del crimen de Once –una masacre cuya responsabilidad política cabe por entero al Estado argentino. Sólo la lucha arrancó la cárcel a los Pedraza, los Jaime-Shiavi y los Cirigliano. La trama ferroviaria es una radiografía del “sistema” que el kirchnerismo había anudado con los empresarios y la burocracia sindical del transporte. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, como resultado del hundimiento de las privatizaciones del menemismo, se “re-estatizaron” los ferrocarriles bajo un sistema de gerenciamiento privado en el que participaban, además de los Cirigliano (TBA), los grupos empresarios Roggio y Emepa. Este sistema precario se perpetuó. Fue la década del florecimiento de las tercerizaciones en el ferrocarril, un enjambre de empresas contratistas que, en verdad, eran testaferros de los mismos concesionarios. Jamás hubo una licitación pública. Como se reveló durante el juicio por el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, estas se realizaban “a puertas cerradas” – es decir, se repartían en una mesa. En el caso de Once esto se ve agravado puesto que el dinero que recibían los Cirigliano era desviado a otros negocios del grupo en el exterior del país. Por su parte, la burocracia sindical ocupaba puestos clave en el gabinete de Transporte y participaba del festín de manera directa. Con excepción de los Cirigliano -exponentes de esa ´lúmpenburguesía´ que progresó de la mano de los K-, los empresarios gozaron -y gozan- de la mayor impunidad posible. Finalmente, la llamada “causa de los cuadernos”, que debía conducir a toda la ´patria contratista´ al banquillo de los acusados, incluidos los Macri, se encuentra en un impasse. Cuando Mariano fue asesinado, nuestra denuncia resultó una radiografía del metabolismo entre la clase capitalista y su Estado, y la mediación del staff político “democráticamente electo”, su burocracia permanente y la sindical. A día de hoy, los negociados de los Roggio y Emepa siguen haciendo negocios en el ferrocarril bajo el manto de Trenes Argentinos, la ´empresa estatal´ fundada para quitar de la gestión directa a las concesionarias y seguir el festín de las licitaciones. A 10 años de la masacre de Once la impunidad recorre al staff político y empresarial, desvelando el carácter criminal y hediondo que ha adquirido la burguesía como clase social dirigente.

23 de febrero de 2022
El vaciamiento de Obsba

“La Obra social de los empleados estatales de la Ciudad de Buenas Aires -personal de salud y educación- está al borde de la quiebra, con una deuda millonaria que superaría los 4.000 millones de pesos. Cifra contraída mayormente en base a contrataciones fantasmas.”(1) Gran cantidad de docentes (así como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad) se atienden en el Cemic, prestador de Obsba desde hace muchos años, lo cual implica que allí tienen su historia clínica centralizada y gran parte de sus médicos y profesionales de la salud que los atienden, en su mayor parte de buen y dedicado nivel. Dichos profesionales se ven sobrecargados con largas listas de pacientes, a quienes no les pueden dedicar el tiempo de atención que cada uno requiere y que ellos desearían emplear. En esa institución de salud primero se retiró la atención por guardia para los afiliados a Obsba. En enero de este año ocurrió lo mismo con la atención en consultorios de demanda espontánea, y desde hace tres meses era una ardua tarea sacar un turno; cuando se llamaba por teléfono, además de tener extensas demoras, informaban que había que llamar un solo día para cada especialidad, para tal vez obtener un turno de allí a dos o tres meses. Actualmente Cemic suspendió la programación de turnos de todas las especialidades para los pacientes de Obsba. Esta situación deja sin atención médica para las nuevas consultas, así como, para los tratamientos en curso con los profesionales de la institución… Y esto se debe a que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires no atiende a los pagos de las prestaciones que ha dado ese servicio de salud. Se ha llegado al descaro de proponer a los afiliados abonar la consulta en forma privada (con aranceles de $2.300 o más si se realiza en consultorio), para obtener un turno. Aclaremos que a los docentes nos descuentan un seis por ciento en lugar de un tres por ciento, dado que los jubilados pueden permanecer en la obra social, además del fondo compensador. Los sindicatos docentes, que han tolerado que se llegue a esta situación, brillan por su ausencia. La UTE propone presentar una planilla para hacer un reclamo individual, y esperando a la asamblea (digitada) de delegados para acordar “democráticamente” qué medidas tomar. Ademys, al menos, realizó una movilización a Honorio Pueyrredón al 900, una de las centrales de autorizaciones de Obsba y, como viene siendo su costumbre, propondría también paros aislados de 24 horas, entre cuyos reclamos se incluiría el de la obra social. A ver si se entiende: nos están dejando sin prestaciones de salud, imprescindibles para los docentes en actividad y más aún para los jubilados, que precisan atención en tiempo y forma, a riesgo de que su salud se deteriore con prontitud. También esta situación es padecida por todos los empleados estatales de la Ciudad de Buenos Aires. Por ende, a tamaño ataque corresponden medidas importantes, no basta con presentar una planillita, con un paro de 24 horas o una movilización de la que pocos se enteran. Estamos hablando de abandono de persona y de quebrar el espíritu solidario de las obras sociales, para la que todos los trabajadores aportan de sus salarios y son utilizadas por quienes la precisan de acuerdo con sus necesidades. Por primera vez en toda nuestra carrera docente, y también como docentes jubiladxs de la Ciudad de Buenos Aires, se nos plantea que abonemos la consulta médica, cuando ya está paga de sobra con los años de aportes anteriores y actuales. ¡¡Nos están robando nuestros aportes!! Y los ladrones son el Sr. Genta, del que sabemos cómo se encaramó y continúa en la dirección de Obsba y sus secuaces: empleados jerárquicos ineficientes puestos a dedo y que, seguramente, disfrutan de los negociados económicos a espaldas de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad. La obra social es nuestra, fuera Genta de nuestra obra social, que los trabajadores afiliados (docentes, no docentes, trabajadores de la salud, empleados, no profesionales, etc.) dirijan y gestionen la misma. Apertura de los libros para ver en qué mala administración se fueron nuestros aportes. Que los dirigentes actuales respondan con sus bienes al desfalco. Juicio penal por estafa. Inmediato pago a los prestadores para que continúe la atención médica en los lugares elegidos por los usuarios. De cada unx de nosotros y de nuestra organización común depende que continúe o se modifique esta situación. Notas Avanza el vaciamiento de la Obra Social de trabajadores estatales porteños, por Martín Suarez, 17/0272022, diario Tiempo Argentino.

23 de febrero de 2022
Tucumán: fuera la represión de Manzur-Jaldo, viva la lucha de los trabajadores de la salud

Desde principio de febrero se viene desarrollando un movimiento de lucha autoconvocado de trabajadores de la salud impulsada por el sector de Enfermería del Hospital Maternidad y Niño, al calor del cual, luego de varias acciones de lucha, se fueron sumando otros profesionales de la salud. Los reclamos se fueron extendiendo a otros hospitales y centros de atención primaria e incluso se realizaron dos movilizaciones en el interior de la provincia, en la localidad de Monteros, donde no solo denunciaron las condiciones de precariedad del personal y los bajos salarios, sino también el vaciamiento que sufre el hospital donde se atienden Guardias con uno o dos médicos. Frente estas acciones el Gobierno, a través de los directores de Hospitales, intentó aplacar el movimiento con promesas demagógicas, como por ejemplo que elaboren un padrón de reemplazantes, que iba a ser incluido en los listados que presenten los gremios en la discusión paritaria. En paralelo, se dio vía libre a acciones de amedrentamiento quitando reemplazos, o enviando a los delegados de Atsa para que hostiguen al personal de los hospitales, para lograr que los afiliados a ese sindicato no se sumen a la lucha por el pase a planta. Frente a este ninguneo del gobierno, los trabajadores tomaron la decisión de instalar el lunes 21 de febrero una carpa, en Plaza Independencia, y realizar una vigilia en vísperas del inicio de la discusión paritaria que el gobierno realizaría con ATSA, SUMMAR Y SITAS. Ese lunes, producto de las presiones, sumado a un diluvio que inundó todas las calles, la convocatoria fue reducida. Sin embargo, se decidió mantener la acción durante todo el día. Desde el inicio de la vigilia estuvieron siendo hostigadas por un grupo de policías que cada tanto se acercaban para preguntar cuáles eran las medidas que iban a realizar. Llegando las horas de la tarde, el grupo del personal de la salud se había reducido. Fue en esas circunstancias y bajo una intensa lluvia, que la infantería policial irrumpió en la plaza para sacar la carpa que había sido armada hacía unos instantes para resguardarse de la lluvia. En esas circunstancias se produjeron los incidentes represivos: durante el quite de la carpa, arrastraron a dos enfermeras adentro de la camioneta policial con la intención de llevarlas detenidas, comenzó un forcejeo para impedir esto y se lanzó una represión, que golpeó a varias compañeras que estaban filmando, e incluso pusieron en marcha la camioneta policial tirando al piso de la plaza a las compañeras que estaban adentro. Esto les produjo fuertes lesiones por las que tuvieron que ser asistidas y realizaron las denuncias en fiscalías. Como se viralizaron los videos de la represión, se produjo una reacción de indignación y se volvieron a manifestar a la noche, bajo la lluvia, con un importante número de trabajadores de salud y se volvió a convocar a concentrar al día siguiente. Rápidamente el repudio del accionar policial se viralizó por toda la provincia e incluso nacionalmente. Los trabajadores de enfermería que están en lucha, en su mayoría, son la base de afiliados del gremio de ATSA que es la burocracia sindical más adicta al gobierno; el secretario gremial, René Ramírez, es además legislador y presidente de la comisión de salud de la legislatura por el Frente de Todos. En ese escenario, también hay que destacar que se realizó una primera movilización convocada por SITAS que reunió alrededor de 600 trabajadores de la salud. La discusión paritaria recién empieza. El SITAS fue el único gremio que el año pasado no firmó y en la movilización planteó que la decisión iba a estar sujeta a las asambleas de base. Entonces, lo que está planteado es realizar asambleas en todos los centros de salud, impulsarlas invitando a los trabajadores afiliados a ATSA. Por encima de los sellos, están los reclamos comunes y la necesidad de unir fuerzas. En las asambleas se debe repudiar el accionar represivo y reclamar la sanción a los responsables políticos (los que dieron las órdenes) y quienes la ejecutaron. El pase a planta permanente de todos los reemplazantes y un salario acorde a la canasta familiar son reclamos imprescindibles a reclamar y luchar en esta paritaria. Un plenario interhospitalario tiene que unificar los reclamos en una lucha de conjunto. Es el camino para conquistar los reclamos.

23 de febrero de 2022
A 16 años del crimen de Paulina Lebbos, la lucha contra la impunidad continúa

Este 26 de febrero se cumplen 16 años del crimen impune de Paulina Lebbos. Estudiante de comunicación, salió a bailar para festejar con unas amigas que había aprobado un examen y luego desapareció. Trece días después, su cuerpo fue encontrado al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana. El crimen de Paulina conmocionó a la provincia por la brutalidad del femicidio, pero también porque rápidamente se pusieron al descubierto las maniobras para garantizar la impunidad de los responsables. La policía mintió que había encontrado el cuerpo cuando habían sido unos lugareños que pasaban por ahí. Se adulteraron pruebas en la escena del hallazgo además de actas. El primer fiscal de la causa fue removido, luego de que se lo fotografiara saliendo de la casa del entonces gobernador Alperovich. El segundo fiscal, Carlos Albaca, dictó el secreto de sumario por 7 años con la finalidad de entorpecer el proceso. Permitió que se degraden pruebas que hubiesen permitido detectar perfiles genéticos y dar con los autores materiales. Las marchas que se iniciaron para exigir la búsqueda de Paulina y luego por justicia, encabezada por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, facultad en la que estudiaba Paulina y a las que rápidamente se sumó Alberto Lebbos, movilizaban a miles de manifestantes y en simultáneo comenzaron a congregar a decenas y decenas de casos impunes. La justicia y demás instituciones del Estado no daban respuesta, algo común cuando se trataba de casos que involucraban responsabilidades de personajes poderosos. En este marco, se conformó la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, que decidió marchar todos los martes en la plaza Independencia. Este agrupamiento, que ya lleva 16 años de lucha, enfrentó distintas maniobras de cooptación para parte del Estado e intentos represivos. La lucha sistemática dio, parcialmente, importantes resultados. Ya se arrancaron tres juicios donde se pudo avanzar con la condena de importantes funcionarios policiales, políticos y judiciales, involucrados en todo el engranaje de encubrimiento del crimen. Primero se juzgó a los policías que adulteraron pruebas durante el hallazgo del cuerpo. Luego vino el juicio por encubrimiento a altos funcionarios de la cúpula policial y del Ministerio de Seguridad y, el último, el juicio contra el fiscal Albaca. Este último fue condenado a 6 años de prisión por encubrimiento agravado. Es la primera vez en la historia provincial que se ha llegado tan lejos en la condena de altos responsables en distintas esferas del Estado. A 16 años del crimen de Paulina, la lucha continúa, pues todavía falta sentar en el banquillo de acusados a los máximos responsables políticos y a los autores materiales. En el segundo juicio, el tribunal ordenó investigar a Alperovich y al actual subsecretario de Seguridad, José Ardiles, por los ascensos a policías condenados por el crimen, y a Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de Alperovich; también a quien era la pareja de Paulina, César Soto, y a Esteban Gómez, como posibles autores del crimen de la joven. A pesar de que el fallo quedó firme a mediados de este año, y la sentencia se dictó en febrero de 2020, todavía no se llevaron adelante actuaciones. Alperovich ya perdió los fueros en diciembre del año pasado, así que ya no hay excusas para avanzar en la investigación. Este 26 de febrero, día en que se llevará adelante una jornada en plaza Independencia como viene ocurriendo en todos estos años, es fundamental trazar un plan de lucha para avanzar con la causa de Paulina, y por esa vía apuntalar coordinando la lucha por centenares de casos impunes. La organización y la coordinación han sido fundamentales para enfrentar el régimen de impunidad y desenmascarar la descomposición y el encubrimiento de las instituciones del Estado. Desde Política Obrera, nos preparamos para intervenir en la jornada abonando la participación de los familiares y víctimas y de los sectores en lucha en la provincia, en la perspectiva de preparar las condiciones para la convocatoria a un congreso obrero que discuta un programa y un plan de lucha para ir por todos los reclamos.

24 de febrero de 2022
Salta: comenzó el juicio a puertas cerradas contra el ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta

Desde el 21 al 25 de febrero se llevará adelante el juicio oral pero no público al ex obispo de la ciudad de Orán, Salta, Gustavo Zanchetta. El sacerdote está acusado por “abuso sexual simple continuado agravado” por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos jóvenes seminaristas. En las dos jornadas de declaraciones, Zanchetta negó los cargos y trata de defenderse aduciendo que se trata de “una venganza”. La justicia salteña y el Vaticano preparan la impunidad. El juicio que debió comenzar en septiembre del año pasado, fue demorado por el propio papa Francisco que retraso el envío de los archivos eclesiásticos solicitados por la justicia de Salta. Las últimas denuncias Zanchetta fue denunciado en febrero del 2.018 por un seminarista y días después hizo lo mismo otro joven. El primer denunciante acusó al ex obispo de haber sufrido “episodios de contenido sexual por parte de Zanchetta, a partir de 2017, en el edificio del Seminario Juan XXIII y un domicilio particular de Los Toldos” (TN, 22/2). El segundo denunciante sostiene que Zanchetta tuvo conductas inapropiadas, durante el año 2.016, en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del Seminario Juan XXIII y en la vivienda del exobispo. En el 2.018, también se presentó denuncias de varios seminaristas en el ámbito canónico contra Zanchetta por acoso y abuso sexual, según informó el nuevo obispo de Orán, Luis Scozzina. El encubrimiento de Francisco a su “hijo espiritual” En el 2013, feligreses de Quilmes denunciaron y juntaron firmas ante la Diócesis de esa ciudad contra los abusos de poder por parte de Zanchetta. Si bien fue separado de los cargos diocesanos que ostentaba -Vicario de Asuntos Económicos, Representante Legal de todas las Escuelas Episcopales, miembro del Colegio de Consultores Diocesanos y miembro del Consejo Presbiteral Diocesano-, el sacerdote fue nombrado, ese año, obispo de Orán. Es así como llega a Salta, de la mano de la impunidad. En el 2015, tres sacerdotes de la ciudad de Orán presentaron ante la Nunciatura diferentes elementos que daban cuenta de desmanejos económicos, abuso de poder y abusos sexuales cometidos por Zanchetta. Juan José Manzano, uno de los sacerdotes denunciantes y removido de su cargo en la Diócesis, detalló que se presentaron fotografías pornográficas y cartas de seminaristas que habrían sido abusados. Anticipándose a la inminente tormenta, Zanchetta renuncia intempestivamente y convocado por el papa Francisco, emigra al Vaticano. Bajo la sotana de Bergoglio, el denunciado es premiado con el cargo de asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) del Vaticano. En el 2.018 se suman las denuncias de los dos seminaristas. Ante el escándalo, Francisco aduce desconocimiento del prontuario del sacerdote, solo procedió a suspenderlo de su cargo y abrir una investigación. Juicio y Castigo La mayoría de las luchas que ha desenvuelto el pueblo de Orán ha sido intervenida, de un modo u otro, por Zanchetta en defensa de la patronal de Tabacal contra los trabajadores azucareros o en defensa del estado contra los bagayeros. Zanchetta ha sido pieza clave para el disciplinamiento de la mujer trabajadora y sus derechos elementales. Este rol es el que ahora defiende el clero colocando a sus abogados en la defensa del sacerdote frente a las denuncias penales. El tribunal integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos cierra la sala del juicio para impedir que los denunciantes y sus familias se manifiesten en pedido de justicia. Convocamos al pueblo salteño y en especial de Orán a acompañar a los denunciantes en su lucha por justicia. Avancemos en la separación de la iglesia del estado aboliendo la injerencia clerical en todos los ámbitos de la vida de los trabajadores. Que se abran los archivos del vaticano bajo control de los trabajadores y de los denunciantes de abusos eclesiásticos para avanzar en el juicio y castigo civil y penal a los curas pedófilos.

24 de febrero de 2022
¿Terminó la tercera ola?

La primera vez que el Presidente manifestó el fin de la pandemia fue en el marco de su campaña electoral, en el cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. “Ahora la pandemia ha pasado, es necesario construir un mundo hacia adelante”, dijo entonces. Luego, en la inauguración de las clases pautadas para el 2 de marzo agregó: “empecemos otra vida, vamos a volver con toda la fuerza, vamos a olvidarnos de tener la cara tapada”. Es la misma línea que siguen los países nórdicos -Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca-, que han apostado a la “nueva normalidad” eliminando la mayoría de las restricciones contra Covid-19, aun registrando récords diarios de contagios. “Dejar atrás la pandemia y seguir adelante”, fueron las palabras con que la ministra danesa, Mette Frederiksen, anunciaba que Dinamarca eliminaba las restricciones por Covid y avanzaba a “la normalidad antes de la pandemia”. Noruega hacía lo propio un día después: no será obligatorio priorizar el teletrabajo y el Ejecutivo anima a los colegios a la presencialidad absoluta. Este mes, en Suecia, que ha levantado todas las restricciones, la incidencia del virus supera los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de que el 72% de los suecos se encuentra vacunado con esquema completo. Por otro lado, en Estados Unidos se reportaron 75.067 nuevos casos covid y 2.311 fallecidos, el país se encuentra en el puesto número uno de los países con mayor cantidad de infectados por coronavirus, seguido por India y Brasil. El 78% de la población recibió la primer dosis de la vacuna, mientras que sólo el 66% ya tiene ambas dosis. California anunció que empezará a tratar al virus como un riesgo endémico. “Estamos pasando de una fase de crisis, a una fase donde trabajaremos para vivir con el virus”, dijo el gobernador Gavin Newson. EEUU fue el primer país en anunciar el recorte de días de aislamiento a 5 días para las personas infectadas, medida anunciada en el momento récord de contagios. Según Anthony Fauci, asesor médico del gobierno, el recorte del aislamiento es “una manera de evitar que mucha gente quede por fuera de sus actividades”. Estas medidas fueron cuestionadas por parte de la comunidad científica debido a la falta de datos para conocer el comportamiento de la variante ómicron, que ha pasado a ser la prevalesciente en prácticamente todo el mundo. Las secuelas: el long covid Contagiarse de covid-19 ha llevado a un porcentaje de la población a presentar secuelas luego del transcurso de la enfermedad. Según un artículo publicado en el New York Times, se trata de una enfermedad crónica con una amplia gama de síntomas. Los estudios confirman que del 10 al 30 % de las personas infectadas con coronavirus presentan síntomas a largo plazo. Las investigaciones demuestran que la carga viral permanece en el cuerpo, en los tejidos de los intestinos, los ganglios linfáticos, entre otros. Muchos de estos pacientes tienen dificultades para desarrollar actividades físicas, experimentando una reaparición de los síntomas cuando realizan ejercicio. Esto lleva aparejado otro síntoma que se destaca en el cuadro: la fatiga persistente. También las personas con covid leve pueden presentar un deterioro cognitivo prolongado, que incluye la disminución de la memoria, la atención y la dificultad para encontrar palabras. Otro síntoma frecuente es la dificultad para respirar. Algunos hospitales en Estados Unidos comenzaron a desarrollar programas para el tratamiento de recuperación tras el Covid. Debido a la cantidad de pacientes estos servicios ya se encuentran colapsados, teniendo larga listas de espera. Mientras gran porcentaje de jóvenes asisten a la escuela, muchos otros deben recuperarse del covid prolongado, con síntomas neurológicos, físicos y psiquiátricos. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, citó un estudio que mostraba que entre el 11 y el 15% de los jóvenes infectados podrían presentar covid prolongado. Muchos de los pacientes menores que presentan covid prolongado fueron niños que no fueron hospitalizados, que se recuperaron en su casa. Vacunación infantil Si bien el esquema de vacunación con ambas dosis en adultos llega a un 80%, en el caso de los niños este porcentaje no llega al 50%. Mientras que además la pandemia acentuó la pobreza entre los niños de Argentina, el 65% vive por debajo de la línea de pobreza. Esto ha llevado a la propia UNICEF a presentar un plan de trabajo para revertir la situación. Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de la Salud de la Nación, admitió un incremento de contagio en los chicos de entre 3 y 11 años. Sin embargo dijo “ no hay ninguna manera de detener la transmición de Ómicron. Ya está en todo el país. Tampoco ha resultado tener barreras internas”. En las escuelas porteñas se eliminará el sistema de burbujas y aislamiento ante la aparición de un caso positivo, tampoco se exigirá un pase sanitario. Larreta agregó “algunas medidas del protocolo general pasarán a ser obligaciones a recomendaciones”. En relación al uso de tapabocas, desde el Gobierno de la Ciudad lo desaconsejan para aquellos estudiantes que van desde jardín hasta tercer grado “porque es una barrera para el aprendizaje”. El 21 de Febrero comenzaron las clases del nivel primario e inicial donde 390.000 niños vuelven a las aulas. Por otro lado, el gobierno provincial comenzara las clases el 2 de marzo. El ministro de educación de la Nación, Jaime Perczyk, rectificó que habrá presencialidad plena, agregando que “la virtualidad o educacióna distancia funcionará como apoyo, pero la presencialidad es la regla del sistema educativo Argentino”. Así también, anticipó la presencialidad en todas las universidades del país. La persistencia de los contagios a nivel internacional como las secuelas que genera el tránsito de la enfermedad, muestran que la pandemia no concluyó. En Argentina, el gobierno de los Fernández y Larreta se ponen de acuerdo en la apertura total para la convivencia con el virus, a pesar de que la mitad de los niños no han sido vacunados con ambas dosis, esto podría llevar a un nuevo foco de contagio, perjudicando gravemente a los jóvenes. La lucha por los protocolos covid mediante coordinadoras en los lugares de trabajo, con derecho a parar las producciones, como así también en las propias escuelas, que permitan volver a los grupos reducidos y a la virtualidad, es la vía para proteger la salud de los trabajadores y los niños ante “la vuelta de página” que propone el gobierno.

24 de febrero de 2022
La ocupación militar de Ucrania por parte de Rusia

En la madrugada del jueves 24, las fuerzas armadas de Rusia iniciaron una invasión en gran escala de Ucrania, desde la frontera con Bielorrusia, a través de la región oriental y desde el mar Negro. La fuerza aérea atacó diversos aeródromos de Ucrania, incluido el aeropuerto de Kiev, y numerosas infraestructuras de importancia. De este modo ha rodeado al este de Ucrania, en una línea divisoria desde Crimea al noroeste, donde se encuentran ciudades de la importancia de Odessa, Kharkov y Mauripol. A 80 kilómetros de la capital, los observadores esperan la ocupación de Kiev y el cese del gobierno oficial. Los gobiernos de la OTAN pusieron en práctica una primera tanda de sanciones económicas – la más relevante es la suspensión, por parte del gobierno alemán, de la certificación del gasoducto NordStream2, que debía completar el abastecimiento del fluido a Alemania. La responsabilidad por esta invasión militar recae enteramente en la OTAN, que se ha extendido desde el Atlántico Norte a Asia central y militarizado todos los estados que rodean a Rusia. Los dos meses de discusiones que han transcurrido desde el inicio de las movilizaciones de tropas al interior de Rusia, luego a Bielorrusia y a los mares Báltico, del Norte y Negro, terminaron hace un par de días, antes de la invasión, en un completo impasse. Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron firmar un compromiso de no incorporar a Ucrania a la OTAN, desmilitarizar a los estados que tienen frontera con Rusia y reactivar el tratado que contemplaba la reunificación de Ucrania, bajo la forma de una república federal. Ha estallado una guerra de carácter imperialista, como consecuencia, en primer lugar, de una política de extensión de la OTAN (un bloque político-militar) al mundo entero. El mismo procedimiento tiene lugar en el Lejano Oriente, donde EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Japón han establecido un acuerdo político-militar en las puertas de China. La OTAN ha ocupado durante 14 años Afganistán, que es el corredor entre el Medio y Lejano Oriente. Ha participado además del bombardeo y despedazamiento de Libia, y armado a las formaciones ‘islámicas’ para derrocar al gobierno de Siria. La llamada ‘disfuncionalidad’ de la OTAN fue quedando en evidencia a medida que sus operaciones militares culminaban en repetidos fracasos – como en Afganistán e Irak (en este caso con la oposición de Francia), o en el cerco no menos letal contra Irán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dictó “muerte cerebral”. Este estado comatoso obedecía a una contradicción histórica más aguda. En tanto la disolución de la Unión Soviética y la apertura de China al mercado mundial parecía augurar una expansión excepcional del capitalismo, las crisis mundiales sucesivas que se precipitaron enseguida después de esos acontecimientos extraordinarios, mostraron sus limitaciones insalvables. Una de las más significativas fue la contradicción entre el monopolio financiero y militar de EEUU, por un lado, y su retroceso sistemático en el mercado mundial. En la OTAN, el imperialismo norteamericano se desempeñaba cada vez más como el llanero solitario, con choques más frecuentes con sus aliados. En la crisis ucraniana, Rusia negoció con cuatro o cinco gobiernos con planteos separados: EEUU, Alemania, Francia, e incluso Turquía y la propia Ucrania. La guerra que se acaba de desencadenar, acentuará, por debajo de la superficie, esa desintegración. Por delante se proyectan crisis políticas internas en sus socios mayores. Quienes negaron o minimizaron la posibilidad de una guerra, invocaron el estrechamiento de las relaciones económicas internacionales, sin advertir, por supuesto, que con ese estrechamiento se potencian las contradicciones de la acumulación capitalista y la rivalidad entre los capitales y entre los estados que representan. Ahora que se presenta el plan de sanciones económicas de la OTAN contra Rusia, el entrelazamiento económico internacional muestra su reverso. Rusia ha comenzado a reconvertir sus tenencias en dólares, y lo mismo hacen otros países que temen quedar envueltos en una guerra comercial de envergadura. La guerra desata la amenaza con una mayor dislocación del comercio y las finanzas internacionales – ya intensamente afectadas por el golpe que han recibido las cadenas de producción internacionales en el marco de la pandemia. La resistencia a la OTAN proyecta una luz poderosa acerca de la desintegración de Rusia. Pone de manifiesto, por lo pronto, que la disolución de la URSS, impulsada por la burocracia de los Putin, ha representado un suicidio nacional. El peso económico de Rusia es hoy inferior al de Brasil. La integración al mercado mundial ha dado como resultado un retroceso de sus fuerzas productivas. Putin encara esta guerra desde los intereses de la oligarquía capitalista de Rusia, frente al capital mundial. El régimen político de Rusia es una expresión de esta tendencia disolvente, porque ha instaurado un bonapartismo que busca meter las contradicciones sociales insuperables que atraviesa en el chaleco de fuerza de la represión política y la militarización. Las Fuerzas Armadas de Rusia podrían ocupar Ucrania, pero el sistema en su conjunto no reúne las condiciones para resistir la presión del imperialismo mundial. La fractura inevitable del bonapartismo putiniano replantea la alternativa de la disolución nacional. Rusia es una aglomeración de naciones que ha cobrado una forma estatal bajo la presión del mundo exterior o adyacente. La URSS de Lenin y Trotsky superó esa condición, en forma provisoria, en el marco de una revolución internacional. La anexión de Ucrania, directa o disimulada, para integrar el espacio de la Comunidad de Naciones Independientes que comanda Rusia, es una operación imperialista del territorio próximo inmediato, que multiplica las contradicciones de los anexionistas. Las guerras de alcance mundial, y también muchas guerras ‘locales’, son la expresión de contradicciones que han arribado a un punto de explosión. El empeño de la prensa occidental por identificar la guerra con el autoritarismo, en este caso de Putin, falsea la realidad y es un signo inconfundible de incompetencia. De repente, los comentaristas han olvidado el panegírico que han venido haciendo de la ‘globalización’ y del “mundo plano”, como bautizaron en forma grotesca una supuesta nivelación nacional del desarrollo capitalista. El mayor número de guerras, no obstante el nazismo y el fascismo, han sido impulsados por las democracias. Putin ha desencadenado las operaciones militares bajo la presión de un impasse estratégico, del mismo modo que la OTAN buscó este desenlace y se empeñó en provocarlo, como vía de salida del suyo. La humanidad viene asistiendo, desde el bombardeo y fragmentación de Yugoslavia, a la cadena de violencias de una guerra mundial. En esta guerra, la OTAN representa al imperialismo mundial; la Rusia de Putin a un imperialismo de periferia. La piedra de la discordia no es la independencia de Ucrania – sólo es el falso pretexto, Es una guerra por la re-configuración política internacional de un mundo capitalista en completa decadencia histórica. Tampoco la primera guerra mundial se debió a la independencia de Serbia, aunque le sirviera como coartada el asesinato del archiduque de Austria, enemiga de Serbia. No se trata de decir: “no estoy con ninguno”, sino de plantear un combate contra una guerra imperialista internacional. Un sector del ‘trotskismo’, representado por los restos del ex Secretariado de la IV Internacional, más varios otros, ha tomado, como es habitual, una posición ‘democrática’, es decir, que apoya, sin declararlo, claro, a la OTAN, contra la dictadura de Putin. Es lo que ha hecho en la guerra yugoslava y las libradas en el Medio Oriente. Defiende la independencia de Ucrania, como si ella fuera posible sin una derrota del imperialismo en guerra, con los métodos de la revolución social. En una posición, que llamaremos “contraria” por comodidad, están quienes defienden el derecho de Rusia a resistir por medio de la guerra a la OTAN. Caracterizan a la Rusia pos-soviética como un estadio intermedio entre el ‘socialismo’ preexistente y el capitalismo; representa una diferencia de calidad con el capitalismo ‘tradicional’. Si bien Rusia es, en efecto, una sociedad en transición, ello no obedece a que conserve -cómo expresarlo- restos de socialismo. Es una sociedad en transición porque su capitalismo y su burguesía no hunden sus raíces en un desarrollo histórico, ni tienen la autoridad social que confiere la historia. Se encuentra bajo el dominio de una oligarquía y una burocracia sin más títulos que el arrebato reciente del poder y de la propiedad, como un salteador de caminos. Es un capitalismo en comodato, que el capital internacional quiere desplazar en forma absoluta o relativa en beneficio propio. Las relaciones de mercado son precarias, relativamente al capitalismo desarrollado. El disciplinamiento del proletariado, en términos capitalistas, es igualmente reciente; la Revolución de Octubre se encuentra presente en la controversia acerca de la historia del país, como ocurre, aun para una época diferente, con la revolución francesa o, más antigua, la revolución inglesa – que cuentan en su haber con el decapitamiento de sus monarquías. La guerra es el punto de definición irreversible para cualquier corriente obrera. Es el momento de la hostilidad suprema entre el capital y el trabajo, como polos opuestos de la sociedad, con independencia de los países. En la situación presente es necesario subrayar, de nuevo, o más que nunca, que la lucha contra la guerra imperialista es una lucha internacional por el derrocamiento de los gobiernos imperialistas. LEER MÁS Contra la guerra de la OTAN y contra el FMI, marchamos el 1 de marzo VER MÁS

24 de febrero de 2022
Contra la guerra de la OTAN y contra el FMI, marchamos el 1 de marzo

Entre diciembre y febrero, se desarrollaron dos movilizaciones multitudinarias contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este miércoles, delegaciones de las organizaciones convocantes a aquellas jornadas volvimos a reunirnos para evaluar la situación política y los pasos a seguir. En ese marco tuvo lugar un debate en el que se vertieron diferentes posiciones. La discusión fue instructiva, en especial porque se desarrollará más en lo inmediato. Un planteo que merece señalamiento es que el FMI viene para quedarse “por años”. Eso es obvio de la sola lectura del acuerdo, que prevé, explícita o implícitamente, pagos por más de una década, enlazados con varios defaults en el medio. Pero precisamente por esto, la solidez de la presencia del FMI en el tiempo se ve más cuestionada que nunca. La caracterización de la situación política no se desprende de los ‘memos’ del Fondo y el gobierno, sino del impasse enorme que representa el ajuste, cuando los autores admiten que no servirá para una salida a corto o mediano plazo. Lo que vino a quedarse es una crisis política inmensa, empezando por la crisis terminal que afecta al gobierno peronista, y que afectará a todas las estructuras del peronismo. Lo que se viene, por sobre todo, es una lucha de clases inmensas, que sufrirá de sus flujos y reflujos, pero que por eso mismo será prodiga en ascenso obreros y avances revolucionarios. Varias organizaciones alimentaron expectativas de que las movilizaciones que emprendamos en ocasión de la votación del acuerdo en el Congreso, se asemejarán a las jornadas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. Según varios oradores, “acabaron con el gobierno de Macri”, algo que ninguno de ellos observó en la época, menos que nadie la fracción oficial del PO. El PTS sorprendió con el planteo de la necesidad de una “huelga general insurreccional”, porque nunca ha levantado la consigna de la huelga general a secas. El MST, por su parte, sostuvo “la exigencia de un paro con movilización” a la CGT, algo que se pierde en el vacío, porque la CGT se movilizará, pero para apoyar el acuerdo con el FMI. El PO oficial, en cambio, más optimista, planteó que el FITU mismo podría convertirse en el “canal” de una movilización de masas, sin detallar, lamentablemente, con qué métodos y consignas pretende conquistar ese lugar; fue una repetición de autoproclamaciones, que tampoco vienen acompañadas de una caracterización del momento político. El ´entendimiento´ con el Fondo ha detonado crisis a repetición en el oficialismo y en la oposición, donde evalúan incluso saltear la aprobación del Congreso, como lo pide la Coalición de Carrió. Teme que las abstenciones superen la suma de votos positivos y negativos. El propio acuerdo ha entrado en un cono de dudas, debido a las divergencias acerca del tarifazo, que no serán superadas, sino por medio de acuerdos que se oculten a la opinión pública. A la gravedad de la hipoteca financiera, se suma, para este impasse, el temor a una rebelión popular durante la ejecución del ajuste. El discurso inaugural de Alberto Fernández de las sesiones ordinarias del Congreso, estará centrado en estas contradicciones y choques. El Presidente va a presentar el plan de guerra que está enhebrando con el Fondo. Con estas premisas propusimos impulsar una demostración callejera para ese día. Podría ser la oportunidad de una primera demostración contra la guerra en Ucrania – ¡Fuera el FMI-Otan! El FITU rechazó la propuesta con diversos argumentos. Para el PO oficial sería inconveniente rivalizar con la presencia que anunciaron la CGT y los intendentes, para apoyar a los Fernández, sin advertir que lo mismo podría ocurrir en ocasión del tratamiento en el Congreso, como ha ocurrido varias veces, recientemente. El PTS, por su parte, se limitó a señalar que -según información recabada en los pasillos del Congreso, dijeron- AF no le dedicaría al tema más que algunas líneas de su discurso, como si esto no fuera en sí misma una manifestación de debilidad, en especial frente a una movilización masiva en contra. Otras organizaciones, en cambio, apuraron el planteo de manifestar el 1°. Algunas incluso manifestaron su voluntad de participar. VER MÁS

24 de febrero de 2022
Trabajadores del vestido: importante medida de lucha de los trabajadores de R. A. Intertrading
Leandro Ferreyro · León Masciarelli

Las trabajadoras y trabajadores de la empresa R. A. Intertrading, realizaron ayer 23 de febrero una medida de fuerza exigiendo mejoras salariales. El salario base de un oficial de costura es hoy de $32.800, por debajo incluso del salario mínimo y menos de la mitad de la canasta de pobreza sometiendo al conjunto a un régimen de súper explotación que se instaló en las líneas de producción con objetivos imposibles de llegar que les permitan acceder a premios extorsivos para redondear un salario de $60 mil pesos que de todas formas sigue siendo totalmente insuficiente para cubrir las necesidades para vivir dignamente. Esta situación insostenible empujó a los trabajadores a organizarse y hoy se encuentran desarrollando una lucha por un aumento salarial de emergencia. Dos semanas atrás se votó en asamblea y se convalidó por el conjunto de los trabajadores la exigencia de un plus salarial de $200 para la hora base, que la patronal respondió con una nota individualizada en donde niega todo tipo de acceso a las reivindicaciones, presentando unos números salariales dignos de ficción de mala calidad. Aduciendo que no pueden modificar el CCT unilateralmente, que eso corresponde a la burocracia de SOIVA. En este marco el martes 22 de febrero realizaron una segunda asamblea auto-convocada con más de 200 compañeros la cual rechazó la respuesta de la patronal y votó hacer efectiva una medida de lucha con retención de tareas y asambleas por sección de una hora para el día siguiente, la adhesión de los 930 trabajadores afiliados al SOIVA fue del 100% en todas las secciones reclamando un plus al básico, la patronal se hizo presente en las asambleas y expuso toda una serie de amenazas, se entregó un nuevo petitorio rechazando la respuesta de la empresa y se exige un plus al salario básico de convenio y una disminución en un 15% de los objetivos de producción por línea. En caso de tener una respuesta negativa los trabajadores darán continuidad al plan de lucha. Necesitamos organizarnos en las fábricas, recuperar los sindicatos para ponerlos al servicio de nuestros intereses de clase y superar con la lucha a las burocracias que conducen en función de las ganancias de las patronales. Queda planteado al activismo el desafío de unificar fuerzas con el conjunto de la clase obrera, ocupados y desocupados, en asambleas y plenarios para confluir en un gran congreso obrero que vaya a la huelga general para derrotar el ajuste antiobrero del gobierno y la oposición patronal al servicio del FMI.

24 de febrero de 2022
Paro de la 60 contra los despidos

Los trabajadores de la línea 60 están llevando adelante un paro por 24 horas por el despido de cuatro trabajadores. El paro fue resuelto en la madrugada de ayer, en asambleas simultáneas en las terminales de Escobar y Constitución. Además de los despidos, los trabajadores denuncian sanciones injustificadas y pésimas condiciones de trabajo. Los choferes denuncian que el conflicto se enmarca en la disputa entre la empresa y el gobierno nacional por los subsidios al transporte. Señalan que la empresa recibe subsidios por la totalidad de la flota, pero mantiene fuera de servicio unos 58 coches. Ese ´ahorro´ tiene como contrapartida una menor frecuencia en el servicio. El gobierno nacional distribuyó el año pasado $ 123.482 millones en subsidios al transporte público de pasajeros en todo el país. Las líneas que se mueven dentro del AMBA, recibieron 96.215 millones, mientras que las de CABA recibieron 14.000 millones y el resto del país 27.266 millones (Télam, 16/2). Las empresas reclaman para obtener una mayor tajada de ese reparto. Hace pocas semanas las líneas de transporte de la provincia de Buenos Aires no dudaron en dejar sin servicio por toda la noche, perjudicando especialmente a la clase obrera industrial, en reclamo de pagos atrasados de subsidios. Está planteada objetivamente la necesidad de nacionalizar el transporte público de pasajeros, bajo control de los choferes y barrer de una vez con todo el sector empresarial que lleva adelante una actividad parasitaria centrada en el reparto de subsidios. Pero, sobre todo, está planteada la apertura de los libros de las empresas al control obrero, para fiscalizar el destino de esos subsidios. La burocracia, lobbista patronal La directiva de la UTA, comandada por Roberto Fernández, es la garante de esta situación que padecen los choferes de colectivos en general. No estamos ante un problema no sólo de los trabajadores de la 60. Los reclamos por despidos, persecución, mejoras en las condiciones de trabajo y aumento salarial, recorren todas las líneas del país. En ese cuadro, Fernández actúa como lobbista de las empresas de transporte: "Hay muchas cosas que deben cambiar en cuanto al financiamiento del transporte público de pasajeros y además de la modificación de subsidios hay que avanzar en un plan de créditos del Estado o facilitado por los bancos para el mantenimiento y renovación de las unidades”. (Diario el Delegado, 10/2). No dice nada, en cambio, de las reivindicaciones más sentidas entre los choferes. Tampoco Bustinduy, el alfil de Moyano que se presenta como opositor a Fernández, ha dicho una palabra sobre los despidos. Viva la huelga de la 60 La huelga de los trabajadores de la 60 no es un hecho aislado en el transporte. Es necesario coordinar los reclamos y las luchas entre el conjunto de los choferes, por mejoras en las condiciones de trabajo, no a los despidos, basta de sanciones arbitrarias, por mejoras en seguridad e higiene, por un sueldo igual a la canasta familiar. La coordinación lograda por los trabajadores de la 60 para luchar por el salario, con piquetes en zona norte, zona sur y zona oeste, son un gran punto de partida para impulsarla.

24 de febrero de 2022
Moratoria, jubilaciones y FMI

Sobre 20 millones de personas que componen la llamada “población económicamente activa”, sólo 12 millones realizan aportes. Los pagos de beneficios (jubilaciones y otros) suman 8,3 millones de personas, pero solo 3 millones de trabajadores lograron jubilarse con los 30 años de aportes. Es decir que 5 millones de jubilados han logrado acceder al retiro laboral mediante moratorias, pensiones no contributivas o la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) que representa entre un 70 y un 80% de la jubilación mínima. La ampliación de la “base” jubilatoria se ha orquestado bajo un régimen de excepciones, ahora bajo la apelación a “un régimen sostenible a largo plazo” pretende convertir de una vez para siempre a la jubilación en una asignación asistencial a la vejez. El macrismo en 2017, a instancias del FMI, había hecho votar en el Congreso su reforma previsional. La Justicia declaró inconstitucional esa reforma, pero en los dos años de aplicación de la misma los jubilados perdieron el 20% de su poder adquisitivo. Los Fernández, han realizado una operación similar mediante decretos - también declarados inconstitucionales - bajo la pandemia, lo que llevó a una pérdida del 8,7% “de por vida”. Ahora la justicia ha instado a la ANSES que abone la diferencia generada entre lo otorgado y lo que debería haber dado la fórmula suspendida. Al tratarse de fallos de segunda o primera instancia falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, en principio tanto la reforma macrista como los decretos albertistas son rechazados por diversas cámaras. La liquidación fenomenal de las jubilaciones ha tenido como correlato un saqueo fenomenal de las cajas de la ANSES mediante la colocación de bonos del tesoro y de deuda en pesos, lo que licuó los aportes de los jubilados. Las diversas reformas han tenido como finalidad dar rienda suelta a esta política en aras de contar con los recursos para el pago de la deuda externa. El gobierno asegura que el FMI no ha puesto en el acuerdo ningún punto que atañe al sistema previsional. Esto en referencia a la nueva ley de moratoria que prepara el gobierno, la cual daría un acceso a 300 mil personas por años a las jubilaciones, aunque comenzarán a cobrar el 100% de su jubilación luego de 60 meses. La tutela política del FMI, garantizada por las auditorías trimestrales, marcan el rumbo que debe seguir la política oficial. El piso jubilatorio se encuentra ya en el subsuelo, el FMI partidario de las asignaciones universales no pondrá oposición a que este siga devaluando aún más. Es lo que sucederá con los tarifazos y la indexación del dólar, es decir, una devaluación fenomenal del peso.

26 de febrero de 2022
Christian Miguez: “Reivindicamos la tradición histórica de lucha de los metalúrgicos de Villa”

El 7, 8 y 9 de marzo se realizarán elecciones en la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica. Competirán dos listas: la lista Blanca, encabezada por Pablo González (actual dirección de la seccional), alineada con el secretariado nacional de la UOM de Antonio Caló; y la del Frente de Unidad Metalúrgica “16 de Marzo”, que lleva a Christian Míguez, de la Comisión Interna de Acindar, como candidato a Secretario General. Entramos en la recta final de la elección de la UOM seccional Villa Constitución ¿Cuáles son los debates que se están haciendo respecto al salario? CM: Estamos ante dos discursos absolutamente diferentes. La actual directiva defiende los acuerdos salariales paritarios del secretariado de la UOM y les quiere pintar a los metalúrgicos de Villa una realidad que no existe. En nuestra recorrida de los talleres -que cuentan con más de 900 afiliados en la seccional- el salario no llega a los 60.000 pesos, hay acuerdos en negro y premios a la producción y "presentismos" de características negreras y, en muchos casos, compañeros que siguen como contratados desde hace años. En la propia Acindar el peso de los premios, el ´conformado´ y las extras ocultan que no tenemos un salario básico igual a la canasta familiar, que es nuestro planteo y que nosotros creemos que se puede lograr. Ahí tenemos el ejemplo de los aceiteros, que discuten sus paritarias sobre los salarios de convenio. Las ganancias de Acindar son enormes. Los metalúrgicos hemos arriesgado la vida en la pandemia. Está claramente planteado, frente a esas enormes ganancias, que están las condiciones para reclamar un bono especial fuera de los acuerdos ya establecidos. Lo han pagado Bridgestone, Ternium y también lo pueden pagar Acindar y Laminados Industriales. ¿Qué pasa con la tercerización? CM: Uno de los factores de las inmensas ganancias de Acindar es que tiene la mitad de los trabajadores desempeñando tareas de metalúrgicos, pero en distintas tercerizadas, ganando menos que los trabajadores efectivos de planta. Hay que iniciar un plan para terminar con la tercerización y pasar a planta permanente todas las tercerizadas. Para la actual directiva las tercerizadas son una especie de imposición divina que no se puede modificar, lo que no es cierto. Los trabajadores del Subte eliminaron las tercerizadas y hoy hasta el personal de limpieza es parte del personal efectivo y con las escalas iniciales del Subte. ¿Cuál es la situación de Tenaris? CM: En Tenaris la directiva del sindicato pinta una realidad que no existe. Perdió un conflicto que dejo afuera de la planta a 15 compañeros de una tercerizada y esa derrota la pagaron todos los compañeros, no solo por los descuentos que recibieron en su salario sino también con un amplio avance del dominio patronal en las condiciones de trabajo. Esa es la realidad de Tenaris. Sin embargo, el discurso de la directiva es que en Tenaris las cosas están bien. A los metalúrgicos hay que decirles la verdad. Lo de la actual directiva es chamullo, un chamullo que se repite en salarios, condiciones de trabajo, salud y vivienda. En una ciudad “metalúrgica” tiene un enorme peso la votación de los jubilados. ¿Cuál es el planteo para ellos? CM: La actual directiva considera que, para los jubilados, la cuestión es una mediana atención a los problemas de salud. Para nosotros la cuestión central es cómo reciben el 82% del salario de los activos. Un jubilado de un taller que sólo cobra el básico, recibe casi una jubilación de indigencia. Por eso la cuestión central para los jubilados es la lucha para que puedan jubilarse con otro básico de convenio. Luego, claro, ver todas las cosas que tienen que ver con su salud y con ayudas y beneficios que se puedan ampliar en materia de ayudas objetivas. La actual directiva de Villa está alejada del vínculo con los conflictos y la unidad de luchadores de otros gremios. ¿Cómo piensan encarar esta cuestión? CM: Creemos que es necesario recuperar el vínculo con los demás sindicatos para apoyarnos mutuamente y resolver acciones de conjunto para enfrentar situaciones que perjudican a todos los trabajadores, como lo fue la adhesión a la ley nacional de ART, la reforma previsional, el impuesto al salario, la tercerización y la precarización laboral. Se están desarrollando luchas para que el Covid sea considerada enfermedad profesional. Lo han planteado los camioneros, los ferroviarios del Sarmiento... La actual directiva mira para otro lado sobre el tema. Algo similar ocurre con el impuesto a las ganancias, que motiva conflicto en aceiteros, camioneros y trabajadores del neumático. Es muy importante una campaña y un acción para liquidar el impuesto al salario. ¿Qué plantean para la política futura de la directiva de la UOM si ganan la elección? CM: Una comisión directiva de la UOM Villa Constitución debe ser consecuente con su historia, sostener siempre la bandera de la democracia sindical y la independencia política. Llevar adelante el reclamo salarial porque el salario metalúrgico cubra la canasta familiar, hoy por encima de los $100.000 y, recién en marzo, el piso salarial bruto metalúrgico será de $66.088. Trabajar fuertemente con las condiciones de trabajo y bajar los ritmos de producción para que no repercuta en la salud de los trabajadores. No estamos en el 70, pero estamos orgullosos de la actitud de la seccional de Villa en los 70. Y no es malo tratar de seguir ese camino. Hoy, en otras circunstancias, hay muchos trabajadores que salen a luchar, con los aceiteros, con los ferroviarios, con los trabajadores del neumático, hay que juntarnos deliberar y emprender acciones comunes que pueden confluir en un gran congreso de luchadores. Eso sería hoy, en 2022, defender una tradición histórica de los metalúrgicos de Villa.

26 de febrero de 2022
Incendios en Corrientes: Juntos por el Cambio socorre a Cabandié

Los incendios en el NEA aún no han cesado. En Corrientes hay 13 focos de incendio activos y en Misiones, seis. En Corrientes sólo uno de los focos se encuentra contenido (argentina.gob.ar). Los expertos hablan de la posibilidad de que la tormenta de fuego se extienda hacia la zona de Misiones si no se controla la situación. Se encuentran calcinadas ya más de 800.000 hectáreas, superando del 10% del territorio provincial. La reserva ecológica perteneciente al Parque Nacional del Iberá fue devorada en un 40%. Por desenvolverse en la zona de los humedales, los incendios están destruyendo un importante núcleo de flora y fauna autóctona que, en algunos casos, llevará décadas recuperar y en otros se perderá para siempre (cronista.com, 22/02). El fuego ha avanzado también sobre plantaciones de yerba, arroz, cítricos, campos de cría de ganados y bosques de producción de resina (ídem). Se estima en 16.000 los trabajadores rurales afectados por los incendios que, en muchos casos, han perdido su vivienda (perfil.com, 23/02). Las consecuencias políticas de estos acontecimientos ya se han empezado a desplegar, el martes renunció la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia María Gloria Gómez. Maniobra en el Senado contra los trabajadores La tan agitada “apelación” en el Senado del ministro de Ambiente Juan Cabandié, el día miércoles, fue producto, según el propio jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, de un acuerdo con el bloque de Juntos por el Cambio en lo que podríamos interpretar como un acto para “liberar la presión sobre el ministro”. La prueba de esto se halla en dos cuestiones. En primer lugar, a dos meses de incendios arrasadores en el NEA, la Comisión de Ambiente no había sido electa, a pesar de que esto podía hacerse atendiendo a la emergencia como finalmente se hizo el miércoles… el bloque de JxC llegó tan tarde a la emergencia como lo hizo el gobierno nacional. En el día de hoy ha circulado documentación que probaría que los pedidos de la provincia de Corrientes de equipamiento para combatir el fuego, no solo se hicieron en enero de 2022 sino que hay un expediente abierto desde marzo de 2021. La información, de ser correcta, pone en la picota en primer lugar al ministro, pero también a los senadores que “siguen el tema”, apasionados según todos ellos, por la cuestión ambiental. En segundo lugar, la extensión del debate, más de cuatro horas, en conjunto con su contenido, dieron la pauta no solo de la mediocridad de los “cuadros políticos” que supimos conseguir, sino de la profunda convicción que une a ambos lados de la grieta. La exposición del Ministro se asemejó a aquellas primeras cadenas nacionales de Alberto Fernández luego de iniciada la cuarentena contra el Covid 19, revoleó cifras de compra de equipamiento técnico, contratación y formación de brigadistas, concesiones de aviones hidrantes y suba del presupuesto. Sin embargo, el desastre de Corrientes mostró que ni siquiera todo eso ha sido suficiente. Por lo bajo, la flamante presidenta de la comisión, Gladis González (JxC) le susurraba “falta presupuesto”. En el ambiente sobrevoló la idea de que ni aún los 6.000 millones de pesos planificados para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego de este año alcanzarían para desplegar siquiera, una verdadera estrategia de ataque a la Emergencia Ígnea que ha sido dictada hace días atrás. Sin embargo, ninguno de los bloques en presencia osó poner de manifiesto esta contradicción. Menos aún se dispusieron los legisladores a aclarar cómo se enfrentaría la situación en el momento posterior a los incendios. No solo es sabido que se ensancharán las filas de los desocupados, sino que darán paso a una delicada situación sanitaria con pestes y problemas de salud derivados de la contaminación del aire y el agua. Las peleas facciosas fueron el maquillaje de un gran acuerdo de ideas entre el FdT y JxC: no poner en cuestión el ajuste fiscal y, por ende, el acuerdo con el FMI. Tal vez sea por eso que siquiera se insistió con los subsidios al campo, eso iba a poner sobre la mesa que el rescate era selectivo. Los trabajadores deben defender sus intereses En ningún medio ni en el debate en el congreso ha sido discutida la situación de los trabajadores de la provincia que hoy se encuentran en la más completa incertidumbre. Hay una puja en desarrollo por el monto del rescate a los productores que el gobierno desembolsará. Pero este rescate no tiene en cuenta los daños a la vivienda de los trabajadores, la instalación de postas sanitarias que monitoreen el progreso de enfermedades en humanos y animales, el problema del agua y mucho menos, como se garantizará el sustento de la familia obrera correntina. Se impone que los trabajadores discutan estos problemas y se organicen con independencia de sus patrones y el Estado. La solución de estos problemas no vendrá de un régimen político jugado al acuerdo con el FMI. El verdadero combate de la catástrofe natural que nos acecha y de la catástrofe social a la que nos somete el gobierno solo puede venir de la mano de un gran Congreso Obrero que barra con los gobiernos del capital y tenga como principal prioridad la salud y la vida de los trabajadores y del medio natural con el que vitalmente se relacionan los individuos.

26 de febrero de 2022
Salta Capital: el Polo Obrero Tendencia le torció el brazo al gobierno municipal

Durante la jornada nacional de lucha del 16 de febrero del Polo Obrero Tendencia en varias provincias sufrimos provocaciones, represiones y falta de respuestas a los reclamos de los trabajadores desocupados. Los alcahuetes del presidente salieron a refrendar la política de ajuste contra los desocupados, matoneando con los anuncios del ministro de Desarrollo Social diciendo que no habrá más planes sociales ni aumento del monto, en un momento en que la desocupación arrecia y la inflación se come nuestros ingresos. Nos exigen la contraprestación a los que cobramos un plan que está por debajo del salario mínimo para reemplazar trabajadores de planta permanente en los municipios y en las empresas. El gobierno pretende sostener mano de obra barata, sin convenios colectivos, sin obra social ni aportes jubilatorios. Intentan colocarnos a colaborar con la degradación del trabajo genuino y las conquistas de la clase obrera. En Salta, el cuerpo de delegados votó salir a las calles en la jornada nacional en los lugares donde estamos organizados. En el interior de la provincia, Colonia Santa Rosa, Mosconi y Metán, cortamos rutas en defensa de una acción nacional. En la ciudad Capital, marchamos a la intendencia capitalina en el marco del plan de lucha que venimos desarrollando por la reconquista de la entrega de harina del programa “Pan Casero” que no recibimos desde octubre pasado. Logramos derrotar todas las maniobras de los funcionarios y los intentos de cooptación de nuestros compañeros. Rematamos nuestra intervención contra el gobierno municipal de Bettina Romero con un corte total en las puertas del Centro Cívico Municipal. En un momento en el cual el gobierno de Salta, al igual que Alberto Fernández, está ajustando en la asistencia social, lo que le costó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social provincial el año pasado, nosotros logramos conquistar la entrega de harina a los doce “Pan Casero” faltantes. Nos apoyamos en estos avances para torcerle el brazo al gobierno hambreador, con los métodos históricos de nuestra organización con la deliberación en asambleas, plan de lucha y piquetes. Con la perspectiva de la huelga general, llamamos a preparar un congreso con trabajadores desocupados y ocupados, donde podamos debatir un plan de lucha para conquistar el trabajo genuino a través del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, defender un salario igual al costo de la canasta familiar que oscila los 170 mil pesos, el acceso universal a la vivienda para dar solución a la crisis habitacional en la provincia que tiene a más de 70 mil familias sin techo. En los distintos barrios y localidades venimos peleando contra la falta de agua y obra pública, exijamos la apertura de los libros contables de las empresas prestadoras de servicios bajo control de los trabajadores. Tenemos muchos problemas que solo la clase obrera puede resolverlo. Derrotemos el propósito manifiesto de todo el arco político, de acordar con el FMI y los acreedores privados que significa un mayor hundimiento de nuestras condiciones de vida. Nos preparemos para debatir y sumar a cada trabajadora y trabajador en el barrio. Manos a la obra.

26 de febrero de 2022
Santa Fe: la docencia va a la huelga

"Peligra el inicio de clases", tituló La Capital (25/2), dando cuenta de que casi todas las mociones de AMSAFE son de paro. Después que la CTERA acordara en la paritaria nacional un aumento para todo el año de 45 % en cuatro cómodas cuotas, la Comisión Directiva Provincial de Amsafe fue a discutir con el gobierno de Perotti el aumento a los docentes, esperando que le ofrecieran unos puntitos más o, como dijera Sonia Alesso hace unos días, “por lo menos no perder contra la inflación”, que se proyecta cercana al 60%. La respuesta de Perotti fue una burla: 41%, también en cuatro cuotas; la primera en marzo, que se cobrará en abril. Con el antecedente de la paritaria del año pasado, cuando lo acordado con la dirección gremial fue rechazado por toda la docencia y tuvieron que apelar a todo tipo de aprietes y amenazas para hacerla pasar, la dirección "celeste", ha planteado de apuro dos paros de 48 horas, uno para los días 2 y 3 de marzo y otro para los días 8 y 9, pero insiste, éste último, condicionado a una nueva oferta del gobierno. Pero en las escuelas el clamor es generalizado: basta de cuotas que nos condenan a correr siempre detrás de la inflación. Paralelamente se abre paso el reclamo de paritarios elegidos por la base, frente a las entregadas de la dirección provincial. Esta inquietud fue recogida por la mayoría de la oposición, que mocionó dos paros progresivos: el primero de 48 horas para los días 2 y 3 de marzo y otro de 72 horas para los días 8, 9 y 10, con los reclamos de recomposición inmediata por lo perdido por inflación, sin cuotas y salario igual a la canasta familiar ($130.000). Tribuna Docente (TENDENCIA) ha recorrido numerosas escuelas planteando estos reclamos y la necesidad de que sea la docencia la que fije el programa y el plan de lucha, impugnando el método de la burocracia de sentarse a discutir sin mandato y presentar los acuerdos como un hecho consumado.

27 de febrero de 2022
Baradel: otro golpe al salario docente

Finalmente los sindicatos enrolados en el FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) oficializaron de modo “express” el acuerdo con la oferta salarial de Kicillof a los docentes bonaerenses. A través del Plenario de Secretario Generales de SUTEBA, la burocracia de Baradel festejó con bombos y platillos que el salario básico de un preceptor (cargo testigo en secundaria) sea de $26.233 y que el de la maestra de grado de primaria sea de $28.856, o sea salarios iniciales de indigencia. El “aumento” además se cobrará en tres cuotas – 16% en marzo, 11% en junio y 13,8% en septiembre. Como ya saben los docentes, el cobro de los aumentos en cuotas se ve liquidado por la inflación que impacta antes de que se cobre el respectivo “aumento”. La gran mayoría de la suma por otra parte se realiza por fuera del salario básico por lo que representa también un golpe a los jubilados docentes. Lo pactado además no contempla ninguna recuperación de lo perdido durante el período 2016-2020 – aproximadamente 20%. La afirmación que hicieron los sindicatos del FUDB de que el acuerdo mantiene “el salario docente por encima de la inflación” y que “se continúa con la recomposición progresiva del poder adquisitivo perdido en años anteriores” (FUDB, 25/2) es sencillamente una estafa. El mecanismo para aprobar el acuerdo fue un verdadero fraude. En menos de 72 horas, la burocracia de SUTEBA, convocó a reuniones de delegados que fueron raquíticas en la gran mayoría de los distritos y en dónde en varias de ellas no se permitió que los docentes votaran a favor o en contra de la propuesta. La oferta prácticamente no pudo ser debatida en asambleas de escuelas. Allí donde se pudo producir un debate, se registró incluso un repudio a la oferta de simpatizantes de la base del kirchnerismo y la agrupación celeste. En las seccionales dirigidas por la Multicolor (La Matanza, Ensenada, Marcos Paz, Tigre, Bahía Blanca y General Madariaga), el rechazo fue contundente. En el SUTEBA Escobar, la agrupación mayoritaria encabezada por Magallanes, su secretario general, en acuerdo con la celeste, negó el ingreso de los activistas de la Multicolor a la reunión y votó por la aceptación de la propuesta. Las seccionales dirigidas por la Azul y Blanca (PCR) de Berazategui y Quilmes también rechazaron la oferta, pero no convocaron a acciones de lucha para no “molestar” a Kicillof. Las seccionales Multicolores han convocado a una jornada provincial para el día 2 de marzo -cuando inicien las clases- en rechazo al acuerdo, que incluirá paro en el Suteba La Matanza y Ensenada, y movilizaciones en diferentes distritos. Estas huelgas coincidirán a nivel nacional con otras convocadas en Santa Fe, Chubut y en Salta. Nuestra tendencia intervino en todas las asambleas y plenarios caracterizando que los términos de la paritaria siguen los lineamientos del FMI y denunciamos el mecanismo confiscatorio de la inflación y los aumentos en cuotas. Recalcamos que a diferencia de lo que ocurre con los tenedores de la deuda en dólares, el gobierno se niega a colocar cláusulas de actualización por inflación a los salarios. Exigimos un aumento salarial para recomponer lo perdido en el período previo y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo, hoy en los $160.000. Denunciamos la eliminación de todas las medidas de cuidado en pos de la “presencialidad completa” y explicamos que contra la estrategia oficial de la “convivencia con el virus”, debemos oponerle un “plan de covid 0” en las aulas. Advertimos sobre el peligro de la eliminación de los regímenes “especiales” de la docencia, y destacamos la necesidad de que los sindicatos combativos, cuerpos de delegados y seccionales anti burocráticas preparemos un congreso de trabajadores para elaborar un programa integral de salida a la crisis. Las agrupaciones del FIT-U, centraron sus intervenciones en “exigirle a la burocracia” un plan de lucha e incluso que llame a movilizar el día que el Congreso vote el acuerdo con el Fondo Monetario (Marrón/PTS). Naturalmente, Baradel no acusó recibo porque adhiere con uñas y dientes al gobierno de los Fernández que viene aplicando un ajuste brutal sobre salarios y jubilaciones y ahora se apresta a profundizarlo, mediante un tarifazo. De parte de la dirección de los SUTEBAS Multicolores no hubo una convocatoria a un plenario provincial de delegados con mandato, que hubiera preparado a escala provincial una respuesta coordinada de todas las seccionales. La aceptación de parte de la burocracia de SUTEBA a la paritaria de miseria de Kicillof, sin embargo, no le ha salido “gratis”. Por abajo se extiende una bronca generalizada entre los trabajadores de la educación con relación al ajuste salarial, y a las pésimas condiciones de trabajo (precarización laboral, infraestructura escolar, eliminación de protocolos) que se viven en las escuelas.

27 de febrero de 2022
Resoluciones del 3º Plenario provincial de la Coordinadora de Limoneros Autoconvocados

Con los mismos métodos, con los cuales se realizaron los dos plenarios provinciales anteriores, hoy delegados de diferentes pueblos y zonas se hacen presentes con mandatos resueltos en asambleas para debatir la situación de los trabajadores limoneros y resolver en consecuencia como vamos a organizarnos y luchar en defensa de nuestros salarios y condiciones de trabajo. Desde la Mesa de la Coordinadora hemos elaborado un documento sobre la situación que atravesamos y las conclusiones que se desprenden de ello. Venimos de un periodo inter-cosecha muy difícil, donde logramos, por medio de un plan de lucha que el gobierno reconozca a la Coordinadora. Logramos que se reconozca un padrón inter-cosecha de limoneros que no estaban contemplados en el padrón nacional y otro para que sean contemplado en un padrón complementario a nivel provincial. En contrapartida, hemos visto, la actitud dilatoria y el manoseo del gobierno de incumplir en gran medida los compromisos de satisfacer el pago a todos los padrones válidos presentados, que debemos tomar como deudas del gobierno con los limoneros empadronados. Ahora, mientras se aproxima el inicio de una nueva temporada, de manera sigilosa la dirigencia burocrática nacional de la UATRE ha iniciado la discusión por una nueva paritaria. La discusión paritaria nacional se realiza en un cuadro de división de la dirigencia. La directiva burocrática nacional de la UATRE se ha fracturado. Es una división que no responde a los intereses de los trabajadores rurales, sino a intereses de camarillas por el control del aparato sindical, el manejo de la obra social, y todos los curros que se concretan en cada paritaria a costa de entregar nuestros salarios y condiciones laborales. La dirigencia de la UATRE Tucumán, de “Remache” Ferreyra y cía, se encuentran alineados con la fracción que no es reconocida nacionalmente por el Ministerio de Trabajo y es lo que explica las declaraciones amagando con acciones de fuerzas si no son reconocidos en la paritaria en la provincia. A su vez, hemos visto, la irrupción de la fracción de Ferrari, que siempre posó de opositora a “Remache”, pero cuando hizo su aparición, con su convocatoria y acciones la Coordinadora de Trabajadores Limoneros, no duraron en cerrar filas con “Remache” y el gobierno para firmar el subsidio intercosecha en $12.500, dando por cerrado cualquier reclamo para modificar esas cifras, a sabiendas que la Coordinadora estaba en lucha por un subsidio de $35.000. Hemos visto a otros sectores que, como viene ocurriendo todos los años amagan con grandes acciones y grandes convocatorias, pero desaparecen sin dar noticias, como nuevamente ha ocurrido con el sector de la “3º línea”, o los sectores que se alinean detrás de Dalinda (CCC). Es claro que la dirigencia de estos sectores sostienen una política, no de independencia del gobierno, sino de conciliación e incluso de integración en el gobierno, como ocurre con Dalinda, que es concejal del Frente de Todos en el Concejo de la ciudad de Alberdi. La discusión paritaria, a su vez se está realizando, en un escenario donde la inflación pronosticada por los especialistas superará a la del 2021 que llegó al 52%, esto sin contar que en el acuerdo que el gobierno nacional de Alberto Fernández está realizando con el FMI, contempla fuerte recortes de subsidios a la empresas de servicios y las petroleras y una fuerte devaluación del peso, lo que va a significar que a la inflación pronosticada habrá que sumarle un enorme tarifazo de la luz, el agua, el gas, las naftas, el boleto del transporte, entre otros, y a la vez un mayor aumento de los precios por la devaluación, pues los precios internos de todos los productos están dolarizados. El FMI ha pautado que los salarios, las jubilaciones y las ayudas sociales deben ser variables del ajuste para que las cuentas cierren y los usureros internacionales puedan seguir saqueando al país y al bolsillo de los trabajadores Aún es incierto las consecuencias concretas que provocaran la guerra que se ha desatado en Europa, pero siempre en la guerra ganan los fabricantes de armas y las potencias vencedoras y los grandes intereses. Los que pagan los platos rotos con sus vidas y mayores miserias son los trabajadores y los pueblos no solo afectados directamente, sino también de todo el mundo. Por eso llamamos desde este plenario a la confraternización de los trabajadores y pueblo de mundo para acabar con las guerras y con los gobiernos y regímenes que representan a los intereses imperialistas de EEUU y la OTAN y a los de los Oligarcas ruso y su régimen dictatorial y opresor de Putin. En este contexto, los trabajadores limoneros debemos reclamar lo que es justo y necesario. Un jornal garantizado no inferior a 3400 pesos y un aumento de la maleta del 100%. Que se logre conquistar dependerá de la lucha que se organice y emprenda. No es un reclamo exagerado. Una devaluación le asegura a una patronal que coloca más del 60% de la producción en el mercado internacional ganancias extraordinarias, pues a los trabajadores les paga salarios en peso, en ese caso devaluados. Por otro, tenemos que anticiparnos a la inflación que todos los especialistas pronostican. Las versiones acerca de que la dirigencia de la UATRE Tucumán ya habría arreglado un aumento inconsulto del 40% daría cuenta de una nueva entregada, que no solo debe ser repudiada, sino que debería ser un motivo suficiente para reclamar su desplazamiento definitivo de la conducción sindical. Conclusiones: Las conclusiones de todo esto, es que debemos prepararnos de manera inmediata para una lucha que será inevitable. En esta preparación debemos contemplar varias medidas. Nuestro programa de reivindicaciones se resume en: Aumento del jornal garantizado a $3.200 diarios. Cuando decimos garantizado, nos referimos a que el mismo sea abonado con independencia de las circunstancias que pueda atravesar la cosecha, desde el 1º día hasta la culminación de la temporada. Aumento del 100% del precio de la maleta. Garantía de la obra social durante todo el año y libertad de elección de la misma. Que se reconozca al Covid como enfermedad profesional y se garantice el jornal a los contagiados y a los contactos estrechos hasta su plena recuperación. Pago a todos los trabajadores agregados en los padrones inter-cosecha que no se hicieron efectivos. Extender la organización de base y la elección de delegados a todos los rincones limoneros de la provincia. Darle un mayor protagonismo a las mujeres trabajadoras del Limón y compañeras de trabajadores del Limón. Por una coordinadora de mujeres en lucha y que una delegada sea incorporada a la Mesa provincial de la Coordinadora. Por la organización de un plenario intersectorial con todas las organizaciones de trabajadores, sean sindicatos combativos o movimientos autoconvocados como los que han puesto en pie la docencia o los trabajadores de la salud y a las organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados y de jubilados combativos para conformar una coordinadora provincial de lucha con la función de unir los reclamos y acciones de lucha. Por ese mismo rumbo, vamos a impulsar en el seno de esa coordinadora la convocatoria a un congreso provincial de trabajadores ocupados y desocupados, que discuta un programa más integral que destaque una salida política de los trabajadores frente a la inviabilidad del régimen y sistema que vivimos a darles una salida a las reivindicaciones elementales de los trabajadores relativas al salario, el trabajo, las jubilaciones, la salud, la vivienda, la educación. De confirmarse el cierre paritario, se decide una acción de cortes simultáneos de repudio en toda la provincia y el llamado a los demás bloques o agrupamientos que se dicen opositores a la burocracia a proceder de la misma manera. Debemos proceder, en la conciencia de que nuestra lucha implicara cortes, marchas y otras acciones, numerosos gastos de movilización, a la formación de un fondo de lucha a partir de una planificación de iniciativas de cada núcleo limonero Dar mandato a la Mesa Provincial de la Coordinadora de Trabajadores Limoneros para la implementación de todas estas medidas.

27 de febrero de 2022
Premios Oscar 2022: de “Secreto en la montaña” a la ´corrección política´ actual

El domingo 27 de marzo se celebrará la 94° edición de los Premios Oscar. Estos, los más importantes de la industria cinematográfica -que entrega la Academia de Hollywood-, han surcado durante años polémicas en relación a la -poca- diversidad racial, sexual y étnica en las películas que se nominan y los ganadores de los galardones. Los tiempos han llevado a la Academia a tener que ampliar sus cánones en este sentido, aunque su inclusión de la “diversidad” tiene una fuerte carga de impostura. Hace 16 años, en 2006, el film que la crítica especializada coincidía que debía llevarse el premio a mejor película en los Oscars era “Secreto en la montaña” (“Brokeback Mountain”, disponible en Netflix) del director Ang Lee. El éxito de público y crítica, la historia dura y conmovedora, las actuaciones poderosas y viscerales de sus jóvenes protagonistas -Jake Gyllenhall y el fallecido Heath Ledger-, la calidad artística, lo confirmaban. Sin embargo, el film cuenta la historia de amor entre dos jóvenes cowboys, Jack Twist -Gyllenhall- y Ennis del Mar -Ledger-; comienza en 1963, cuando van a realizar un trabajo de pastoreo de ovejas en la ficticia montaña de Brokeback en Wyoming, y se prolonga por más de 20 años en la más absoluta clandestinidad. Ennis decide vivir una vida de soledad y Jack forma pareja con otro hombre, pero es asesinado por su homosexualidad. El final, triste y hondo, tampoco se ajustaba al de las típicas películas de amor de Hollywood. “Secreto...” no ganó el premio que merecía, esto, dicho sin pelos en la lengua por algunos de los miembros de la Academia -en su mayoría blancos y de la tercera edad- porque era una “película gay”. Cuidado con la rebelión En 2016, el boicot a los Oscars llamado #OscarsSoWhite -“Oscars demasiado blancos”, en castellano- llevado a cabo por afroamericanos como el director Spike Lee yu el actor Will Smith puso a la Academia bajo la lupa por rascista. En septiembre de 2020, luego de la rebelión multirracial contra el racismo más grande de la historia de EE. UU. y empujada sin opción por esta misma, la Academia planteó un cambio en las formas de nominar. A partir del 2024, los filmes que compitan en la terna de mejor película deben tener nuevos cánones de ‘diversidad, inclusión y representación’. Los mismos se basan en cupos mínimos de temáticas y personal relacionados con las diferencias raciales, sexuales y étnicas, siendo beneficiados latinos, indígenas, afroamericanos, asiáticos, mujeres, miembros del colectivo LGBTQ+, entre otros. La industria ´absorbe´ a las diversidades como Il Gatopardo: para que nada cambie. No olvidemos que es la misma industria que durante treinta años -entre 1934 y 1967- adoptó el llamado ´código Hays´ “para no rebajar el nivel moral del espectador”, imponiendo reglas a la hora del tratamiento de temas como la infidelidad, las adicciones, los desnudos, el consumo de alcohol, los abrazos, los bailes y todo lo que se pudiera imaginar. Pero la ´autocensura´ moralina de Hollywood sirvió, ante todo, como medida de ´protección´ de la industria norteamericana, ya que le permitía vetar la llegada de películas europeas, más liberales, que no se ajustaban a dichos cánones. Oscar 2022: formalismo e impostura Los premios Oscar 2022 llegan en un punto de algidez de esta onda de ´corrección política´. Tanto en las nominaciones y sus temáticas como en los nominados y posibles ganadores, la industria de Hollywood se presenta a través de la Academia, ahora, abrazando totalmente la diversidad y la ´ampliación de derechos´. Sin embargo, la impostura es enorme: durante la pandemia los trabajadores de detrás de cámara se trenzaron en una intensa lucha contra la industria de Hollywood -en especial contra los grandes estudios como Disney, Paramount o Netflix- y amenazaron con llevar a cabo una huelga general -que la burocracia desactivó mediante mil maniobras- para poner freno a los ritmos frenéticos de producción, la precarización laboral, los salarios paupérrimos y los riesgos de vida que traía para su vida y la de sus familias trabajar en plena pandemia. La huelga fue levantada a último momento, en una pelea contra miles de trabajadores de base, por la burocracia sindical del gremio del entretenimiento. La muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en manos del famoso actor y productor Alec Baldwin en un set de filmación luego de que este disparara con un arma de utilería con una bala verdadera -por contratar rompehuelgas “baratos” sin experiencia en esa área- es un ejemplo contundente de que en Hollywood prima el lucro ante todo. La corrección política es hipócrita, como así también lo es lo que nazca de ella. Es lo que se evidencia cuando se confrontan las modificaciones en los reglamentos para nominar películas con el hecho de que, en verdad, la industria de Hollywood, que se muestra para la tribuna cómo la -cada vez- más liberal en sus contenidos y “pro todo tipo de derechos”, es una usina de depredadores y explotadores sobre los trabajadores y artistas, especialmente detrás de cámara. La lucha por una vida sin opresión, sin explotación, donde reine la diversidad y el amor verdaderamente libre -frente a esa realidad cruda que plantea “Secreto en la montaña”- no tiene futuro en los formalismos o la corrección política, sino en la batalla encarnizada por derrumbar el capitalismo que nos devora.

27 de febrero de 2022
Los docentes de Chubut no iniciamos las clases
Gastón Spur

Entre el viernes 18 y el martes 22 de febrero se organizaron asambleas escolares de docentes, muy concurridas, en las que se resolvió rechazar la “oferta” del Gobierno de Mariano Arcioni por insuficiente. El salario mínimo de un ingresante a la docencia (20 horas) es actualmente de 41.500 pesos, mientras que la canasta familiar ronda los 160 mil pesos. Teniendo en cuenta esto, se resolvió el no inicio de clases con un paro provincial de 72 horas los días 2, 3 y 4 de marzo con movilización a Rawson el día miércoles 2 concentrando en el Ministerio de Educación y acciones en las distintas regionales los restantes días. Desde 2019 los docentes del Chubut no han tenido mejoras salariales acordes a la inflación de la zona Patagónica que es mayor a la del resto del país, por lo que sus salarios se encuentran cuasi congelados hace 3 años. Ante esta situación, y con ánimos de comenzar un ciclo escolar normalmente, el gobierno desde fines del 2021 ha abierto negociaciones con los gremios docentes. Comenzó ofreciendo un 5%, luego un 18% en cuotas y, por último, un 21% también en cuotas, negándose a devolver los descuentos por paro del año pasado. Sumado a eso sacó entre gallos y medianoche una propuesta muy poco seria de titularización en el nivel secundario solo en el ciclo básico y en algunas materias en medio de las negociaciones paritarias para confundir y dividir a las bases. El combo se completa con medidas que intentan disciplinar al activismo: por un lado, pretendiendo bajar las licencias gremiales a la nueva conducción de la Atech (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) y a los delegados escolares. A cambio, ofrece licencias de este tipo sin goce de haberes. Por el otro, intentando procesar a los dirigentes sindicales Carlos Magno y Daniel Murphy por acompañar un corte de ruta en 2019, aunque la intentona no prosperó y fueron absueltos. Dentro de las negociaciones salariales del 2022 el Gobierno está intentando hacer pasar un aumento por decreto adeudado del año pasado (20%) como parte de la mejora económica para este año. Recordemos que la provincia viene de una rebelión popular en diciembre luego de la aprobación de la zonificación minera, el Chubutazo. La Atech renovó su conducción provincial a finales del año pasado, donde la lista Lila se impuso por amplio margen a la lista Celeste que venía con un gran rechazo por gran parte de los docentes Chubutenses por el papel cómplice con los gobiernos nacional y provincial jugado en todos estos años de lucha. Ante el rechazo de las propuestas por parte de Atech, el Gobierno está maniobrando con los restantes gremios docentes y estatales, como el Sitraed de Carranza, UDA de Muzio y Escalante, AMET de Blanco y Luffi, aunque todos ellos tienen una representación marginal. Además, acordó de manera unilateral con ATE de Quiroga y UPCN de Salazar, en representación de los auxiliares de la educación, sin consultas a las bases. Para darle una perspectiva que refuerce las medidas de lucha en los días de paro, desde Tribuna Docente Tendencia de Chubut proponemos asambleas docentes abiertas para afiliados y no afiliados por ciudad donde todos los trabajadores de la educación de bases puedan debatir y proponer acciones los días 3 y 4. Además, es imprescindible aprovechar los días de paro para realizar las asambleas docentes que le den continuidad en el tiempo al no inicio de las clases, es decir mandatar antes de que terminen los días de paro y no volver a clases la siguiente semana. Debemos utilizar la segunda semana del ciclo lectivo para endurecer los métodos de lucha. Debemos reflotar el Plenario Provincial de Delegados docentes para coordinar acciones en toda la provincia. Retomar las instancias de diálogo para unificar acciones con otros sectores de estatales en lucha y tender puentes con la comunidad en general, en especial con las familias de nuestros alumnos. También es importante elegir delegados docentes en las escuelas donde no tengan o estén con mandato vencido o representante de las escuelas sin delegados. Reclamamos y exigimos un sueldo básico docente igual a la canasta familiar provincial con cláusula gatillo, rechazamos la conciliación obligatoria, reclamamos la devolución de los descuentos por días de paro, rechazamos la criminalización de la protesta social, no a la quita de las licencias gremiales, mayor presupuesto para infraestructura y partidas acordes para las escuelas, aumento para los jubilados y el rechazo al uso de los fondos de Anses, transporte escolar gratuito, casas para los docentes viajeros en el interior de la provincia, aumento del ítem por ruralidad, apertura de instancias para la titularización en nivel secundario en todos los ciclos y todas las materias luego de cerrar las negociaciones paritarias teniendo en cuenta propuestas de las bases y no al cierre de los talleres CAR (ex CAJ). Para ello convocamos a toda la docencia provincial al no inicio del ciclo lectivo 2022 con un paro activo con marchas, cortes de calles, de rutas y toda medida surgida desde las bases en defensa de nuestro salario y la educación pública, libre, laica y de calidad.

27 de febrero de 2022
23 de febrero de 2022: 10º aniversario del suicidio del poeta Vicente Luy

¿Qué hace un poeta “bohemio” en un periódico para ser leído por la clase obrera? Es que a Vicente Luy se le ocurría plantear algunos temas que interesan a cualquier socialista y revolucionario. Dos “L” en el diccionario poético Vicente Federico Luy Larrea (así era su nombre completo) había nacido en Córdoba el 3 de mayo de 1961; en septiembre de ese año, sus padres fallecen en un accidente de aviación. Era nieto de Juan Larrea, el gran poeta y ensayista español que, tras la derrota de la guerra civil española, se exilia junto con otros escritores en Méjico; luego pasó a New York y en 1956 fue llamado a dar clases en la Universidad Nacional de Córdoba, donde vivió hasta 1980, en que murió dejándolo en la inacabable soledad. Poco antes de suicidarse largándose al vacío -desde un balcón, en la ciudad de Salta- Vicente escribió en un mail: “Abuelo, abuelo Juan, / me complicaste, / pero a nadie amé en la vida como a vos. / Llevo 30 años sin poder hacer el duelo.” Vicente y el dinero Tanto de sus padres como de Larrea heredó fortunas que decidió dilapidar, o “invertir”, según se vea. Era capaz de viajar en taxi de una ciudad a otra, costearse una carísima edición (La vida en Córdoba, 1999) y hasta promocionar a artistas porteños: “El bolsillo le permitió asumirse como mecenas del trío Flopa-Manza-Minimal (cuyo primer disco produjo), y trabó amistad con figuras talentosas como Palo Pandolfo, Hilda Lizarazu, María Gabriela Epumer y Gabo Ferro. Y se insertó en un comando poético llamado Los Verbonautas, compuesto por Palo Pandolfo, Karina Cohen, Horacio Nocera, Hernán, Osvaldo Vigna y, ocasionalmente, Pipo Lernoud. Hasta que su vértigo dispendioso puso en cero su cuenta corriente.”[1] En su momento, Larrea también había gastado una herencia hasta caer en la pobreza, para sostener una propuesta cultural. Vicente terminó “internado en el Borda (…) y vivía como podía de una pensión mensual por invalidez, a causa de su trastorno bipolar”.[2] Parecía cumplirse su propia ironía: “¿Por qué los secuestradores prosperan? / ¿Por qué sonríen los diputados? / Tienen plan. / Vos no tenés plan.” “Si va a morir gente, votemos quiénes” El verso corresponde a una pequeñísima edición (9 x 6 cm.) y lleva esa misma frase por título. Fue la última que publicó, en 2009. Es una frase en modo condicional, que es la manera de expresar un dilema donde depende de una parte que se cumpla la otra; en este caso, frente a una posibilidad adversa se coloca una cláusula necesaria (o deseable) para poder consumarla. El asunto es que, en lo de que vaya a “morir gente”, la sociedad capitalista puede ofrecer ejemplos de sobra en los cuales jamás consultó si la “gente” debía morir o salvarse. Tras el sustantivo colectivo gente opera una trampa política muy astuta. Es apropiado afirmar “con tanto calor, la gente elige bares al aire libre”, pues da lo mismo si son ateos o religiosos, académicos o analfabetos, chilenos o polacos: sólo tienen calor. En cambio, cuando se habla de política, al nombrar “la gente” se busca ocultar la división de clases y, en hechos como las guerras o la actual pandemia de Covid-19, efectivamente muere mucha, mucha “gente”, pero los únicos que “han votado” que toda esa gente muriera representan, indefectiblemente, a la clase capitalista. A la grandota, a la mediana y hasta a la chiquita. Los explotados y oprimidos jamás fueron consultados acerca de las medidas que se implementan. El show de la maquinaria productora de súper ganancias debía continuar y continuó. De nuevo, Vicente acierta con su ironía. El capitalismo deprime y mata En los versos que he citado y en muchos otros, Vicente Luy desnuda a una sociedad decadente, con sujetos desorientados, con gobernantes fríos ante el padecimiento de las personas. Como dijo Saint-John Perse, “…y ya es bastante con ser la mala conciencia de nuestro tiempo”. El suicidio y la depresión son enfermedades epidémicas, incluso en países como Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá, Israel y, bajo la pandemia de Covid-19, los científicos aseguran que se han incrementado exponencialmente, tal como la expansión del virus. Nunca como ahora fue tan cierta la alternativa expresada por Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Notas [1] En Plegaria para un niño sufrido, por Miguel Grimberg, Revista Cítrica on line. [2] En El Verbonauta, por Martín Pérez, Radar Libros, Domingo, 4 de marzo de 2012.

27 de febrero de 2022
La Tablada: la movilización de la comunidad educativa arrancó obras para la Escuela Secundaria N° 109
Natali Bonilla

Mediante una intensa organización y la movilización del conjunto de la comunidad educativa (docentes, centro de estudiantes, familias y ex alumnos), la EES N° 109 ubicada en el barrio de La Tablada, logró ponerle un freno a la política de hacinamiento que prima en el sistema educativo, como resultado de la falta de infraestructura y de condiciones dignas para enseñar y aprender en las aulas. Las autoridades educativas pretendían juntar tres cursos del nivel primario en el mismo espacio y turno donde funciona la secundaria. El pasado viernes 25, una movilización a la Jefatura Distrital, precedida de asambleas y reuniones previas, logró el compromiso que quedó plasmado en un acta, de sostener los espacios y los turnos cómo funcionaban hasta el momento e iniciar las gestiones para la construcción de las aulas que necesita la EES 109 para tener su edificio propio. Jorge Gómez, jefe de inspectores, también se comprometió en retomar el reclamo del desdoblamiento de los cursos que estén sobrepoblados. Las familias y los docentes se ocuparon de recalcar la necesidad imperiosa de construir jardines de infantes en la zona, ya que actualmente hay una larga lista de niños y niñas a la espera de una vacante. El reclamo fue acompañado por el Suteba La Matanza, que participó de las acciones. La Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria N° 109 ha forjado en estos últimos años una fuerte consciencia de lo que significa defender la escuela pública. En el año 2013 estudiantes y familias a través de la toma del edificio escolar, lograron que se construya el edificio que hoy funciona como extensión en la calle Cerrito e Ibarrola. Producto de esta experiencia, docentes, familias y estudiantes, han comprendido que el único camino para la obtención de los reclamos siempre ha sido la organización de la lucha contra el Estado y sus representantes. El caso de la Escuela Secundaria N° 109, no deja de ser sólo un botón de muestra de muchísimas escuelas del distrito de La Matanza. Nadie puede aprender y nadie puede enseñar en un contexto de hacinamiento, sin ventanas, ventilación, sin condiciones dignas para una educación de calidad. Los discursos y promesas de los funcionarios se chocan todos los días con la realidad que se vive en las escuelas de la provincia de buenos aires. El gobierno nacional, provincial y municipal, que se jacta de tener “Políticas de cuidado” para niños y adolescentes, se encuentra efectuando un fuerte ajuste sobre el presupuesto público, que implicará un recorte en las obras públicas, que implicara que no se construyan las aulas y escuelas que hacen falta. Forma parte de las condiciones que ha impuesto el FMI para llevar a cabo un nuevo proceso de endeudamiento. En este contexto, la reacción de la comunidad educativa de la Secundaria N° 109 de La Tablada, tiene que ser valorada porque reflejar una tendencia que existe entre los trabajadores a no tolerar más el avallasamiento de sus condiciones de vida y a rebelarse frente a las políticas de ajuste del Estado. Queda por delante, el desafió de que se cumplan los compromisos asumidos y el de garantizar y fiscalizar que se realicen las obras arrancadas para la escuela. Viva la lucha de la docencia, estudiantes y familias en defensa de la escuela pública. Abajo el ajuste.

27 de febrero de 2022
Tucumán: se realizó el 3º plenario provincial de la Coordinadora de Trabajadores Limoneros

Con la presencia de casi 300 compañeros y compañeras provenientes de casi una veintena de localidades de diferentes puntos de la provincia, el viernes 25 se concretó el 3º plenario de la Coordinadora de Trabajadores Limoneros en la localidad de Acheral. En varias localidades, además, también se realizaron asambleas y se votaron mandatos. El plenario se concretó a pesar que centenares de trabajadores del limón y varios de los dirigentes y delegados autoconvocados se encuentran trabajando en las cosechas en Río Negro o Mendoza. Dos de estos dirigentes intervinieron desde la distancia llamando a la unidad y a la lucha. El plenario se concretó en vísperas de una nueva temporada de cosecha del limón. En algunas localidades ya están llamando a presentarse en la primera quincena de marzo. En todo este tiempo, la Coordinadora ha llevado un proceso de lucha por el subsidio inter-cosecha, primero por el monto del mismo y luego por el empadronamiento de los trabajadores que fueron dejados de lado en los padrones nacionales. Parcialmente se logró que un sector de trabajadores fuera incorporado y pudieran cobrar. Con el resto se decidió que formara parte de las deudas, en el pliego reivindicativo, del gobierno con los trabajadores. En las últimas dos semanas el escenario estuvo salpicado por denuncias y algunas movilizaciones realizadas por diversos sectores reclamando ser reconocidos en las paritarias, entre ellos la propia dirección burocrática de la UATRE de Tucumán. Ocurre que la dirigencia nacional de UATRE se ha fracturado y solo una de esas fracciones es reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En el plenario estuvo en discusión el pliego de reclamos. El eje estuvo puesto en la cuestión salarial. Para concretar el planteo se tuvo en cuenta la composición general del salario, (jornal fijo y el valor de la maleta), y todos los factores a tener en cuenta para fijar el monto a reclamar (inflación pronosticada, los tarifazos, la devaluación, etc.). En el curso del plenario se informo que en varias localidades se había informado que la burocracia de la UATRE habría firmado un acuerdo de aumento del 40%. Esta noticia, sin confirmar, motivó que en caso de ser verdad, resolver en forma inmediata un conjunto de acciones de repudio, con cortes, bloqueos en fincas y empresas, para dar inicio a una lucha por el desconocimiento de lo pactado en forma inconsulta y reclamar la inmediata reapertura de la discusión paritaria. Con todo, en el plenario y los delegados se va afirmando la conciencia de la necesidad de poner en pie una coordinadora de lucha provincial de trabajadores ocupados plenos, temporarios y desocupados y como lo señala en la resolución votada a manos alzadas, en dirección a concretar un congreso de trabajadores en la provincia. El cierre del plenario, como ocurrió en los dos plenarios provinciales anteriores, estuvo a cargo del dirigente de Política Obrera, Daniel Blanco. Se ha dado un nuevo e importante paso que reafirma la organización independiente de un sector clave de la clase obrera de la provincia. Los desafíos que se avecinan y planteados son enormes.

27 de febrero de 2022
Tucumán: gran jornada de lucha contra la represión a las enfermeras autoconvocadas

El pasado jueves 24 participamos de una gran marcha para repudiar la represión sufrida por las trabajadoras de la salud autoconvocadas cuando intentaron instalar una carpa en Plaza Independencia para reclamar por mejoras salariales, pase a planta permanente, entre otros reclamos. La convocatoria se abrió a todos los sectores que habían expresado su repudio en las redes sociales o a través de comunicados de prensa. Reunió alrededor de 1.000 manifestantes, entre ellos, trabajadores del Hospital de Niño, Maternidad, Del Carmen, de los Caps, del hospital de Monteros y delegaciones de otros centros de salud. Se hizo presente una delegación de trabajadores del instituto gerontológico Hogar San Alberto, quienes ese mismo día, pero en horas de la mañana, habían realizado una acción de lucha para reclamar el pase a planta permanente, pues hay trabajadores que desde hace dos meses que están sin cobrar con el argumento de que sus contratos no habían sido renovados por el Poder Ejecutivo. A la convocatoria también se sumaron una delegación de los Docentes Autoconvocados, Adiunt, el Consejo de Enfermería y de varias organizaciones sociales y políticas. La marcha desde Plaza Urquiza hacia Plaza Independencia recibió aplausos y adhesiones de los transeúntes mientras se denunciaba por micrófono a los responsables materiales y políticos de la represión sufrida por las enfermeras. La campaña en las redes y luego esta marcha han tenido gran repercusión. La ministra de gobierno, Carolina Vargas Aignasse, declaró que los policías hicieron lo que correspondía porque "Se le has pedido que no instalen una carpa para un reclamo para el cual no están legitimados” (Telefé Noticias). El gobernador Osvaldo Jaldo, por su lado, planteó que las acciones de los enfermeros solo “entorpecen las paritarias” y que solo van a discutir las cuestiones salariales con los gremios legalizados. En el gobierno están alarmados porque el proceso de autoconvocatoria proviene de personal afiliado a ATSA, cuya burocracia responde incondicionalmente al gobierno. En la plaza Independencia, punto de llegada de la marcha se realizó un acto. Hubo varios oradores, además de las representantes del Hospital de Niño y Maternidad, víctimas de la represión. Raúl Barrionuevo, delegado del Hospital del Carmen destacó la necesidad de fortalecer las asambleas de base y la coordinación con todos los sectores de la salud para quebrar el intento de imponer paritarias a la baja y todas las políticas de ajuste que se están acordando con el FMI. También fueron oradores Raquel Grassino por Docentes Autoconvocados, y Diego Toscano, secretario general de ADIUNT. La decisión de los trabajadores es darle continuidad al proceso de lucha. A nadie le pasó desapercibido el boicot del SITAS (integrante del FESPROSA), cuya dirigencia se había comprometido a concurrir con una delegación a la convocatoria. Es necesaria una lucha coordinada, de conjunto de la salud, en la que se unifiquen los reclamos y las acciones de lucha.