Mayo de 2021

El Día Internacional de los Trabajadores ha estado conectado siempre a la realidad histórica del capitalismo, por un lado, y del movimiento obrero, por el otro. ¿Cuál es esa configuración en el momento actual? El mundo enfrenta desde hace más de un año una crisis humanitaria. Esta crisis se distingue de la pandemia de Coronavirus propiamente dicha, porque ha puesto en cuestión la capacidad de la organización social prevaleciente para encararla y resolverla. La relación del ser humano con su medio natural no es individual sino colectiva en un tiempo histórico determinado. El balance que deja ese metabolismo entre naturaleza y sociedad hasta ahora es contundente: la situación de las más amplias masas del planeta ha empeorado en forma considerable, tanto desde el punto de vista de la salud, de su subsistencia y la supervivencia. Se trata de un retroceso histórico. Mientras la participación de la fuerza de trabajo en el producto bruto internacional ha declinado en forma abrupta, las principales bolsa del mundo han alcanzado picos de valorización financiera que no tienen precedentes. La constatación no debería sorprender, cuando se tiene en cuenta que los Tesoros de los estados más poderosos han inyectado, con la colaboración de los bancos centrales, decenas de billones en grandes compañías y en fondos de distintas categorías, mientras el mundo del trabajo ha visto incrementar el desempleo y la caída de salarios e ingresos. Ante una pandemia que supera lo ocurrido en un siglo, el mecanismo social y político de la sociedad capitalista se ha puesto en movimiento para rescatarse a sí misma, en contradicción violenta con la salud y la vida de miles de millones de personas. En una sola jornada, el miércoles 27 de abril, Bolsonaro coincidió con los Fernández, cuando anuló la casi totalidad de la protección laboral en Brasil, incluidas rebajas salariales, con el pretexto de incentivar la inversión privada, mientras sus rivales políticos vecinos llevaban el salario mínimo a 29 mil pesos, en cuotas. La suma equivale al 20% de una canasta familiar y al 40% de la canasta de pobreza corriente, que serán más caras cuando se pague la última cuota. La disputa acerca de la presencialidad vs. el confinamiento se reduce, en función de eso, a lo siguiente: cómo acondicionar el tratamiento de la salud y la vida al mecanismo ininterrumpible de la acumulación de capital. Los Fernández, por caso, han habilitado un blanqueo de capitales para la construcción, que no contempla en absoluto la cuestión del déficit habitacional de los trabajadores ni el hacinamiento, necesidades básicas en todo tiempo, pero decisivas en un período de pandemia, que luce, por otra parte, relativamente indefinido en su duración. La consigna de la “apertura” choca, sin embargo, con un límite absoluto, como lo demuestran los reportes de ausentismo laboral debido a contagios, que alcanza al 30% del personal de las empresas. El antagonismo entre la salud y la vida, de un lado, y el capitalismo, del otro, se manifiesta con violencia en el sistema de salud y en las grandes farmacéuticas. De un lado, la desfinanciación de la salud pública y el crecimiento de la privada, ha convertido a la atención sanitaria en un asunto de mercado, por demás lucrativo. El resultado es que no ha resistido las necesidades de atención en ningún país del mundo. El monopolio farmacéutico ha impuesto un sistema medicamento-dependiente, en perjuicio de la prevención, y de otro lado el sistema de patentes le asegura precios de monopolio, incluso cuando las investigaciones son financiadas por el Estado. Más de la mitad de la población no tiene acceso a medicamentos complejos. La crisis mundial de vacunas de emergencia, ha puesto al desnudo la prioridad de una lucha comercial y geopolítica sobre los intereses de la humanidad; ¡los gastos armamentistas han crecido en forma abultada en todo este período! El movimiento obrero oficial se ha colocado, frente a esta crisis humanitaria, del lado del capital y de los estados, en todos los países; la crisis de organización y dirección de los trabajadores ha quedado expuesta como nunca antes. La denuncia del capitalismo y la necesidad de una agenda política socialista, ha sido archivada incluso por la mayoría de la llamada izquierda revolucionaria. Todo este espectro insiste en que la maquinaria capitalista siga en funciones, con la ‘presencialidad’ que sea necesaria. Este dique de contención ha sido desafiado por rebeliones populares crecientes, al margen de las direcciones sindicales y sin protagonismo dirigente de la Izquierda. Aunque los slogans de estas rebeliones destaquen las reivindicaciones más inmediatas, su impulso interno responde al impasse humano creado por esta crisis histórica del capitalismo. El Primero de Mayo es uno de los más desafiantes que ha tenido la clase obrera. Nota publicada en www.perfil.com el 1-5-2021

Luego de seis años de dilaciones y seis días de juicio, el tribunal de la cámara penal Nº3 condenó por unanimidad a 12 años de prisión al cura Juan de Dios Gutiérrez, por abuso sexual. El caso fue denunciado en la localidad de Belén en el año 2015 y constituye el primer juicio de abuso eclesiástico en la provincia. Se llegó a esta instancia luego de dos maniobras de suspensión. El juicio estaba previsto para que comience el 14 de abril, pero ante la ausencia de su abogado defensor, el tribunal determinó “abandono de la defensa” y le asignaron al acusado un abogado de oficio, estipulando una nueva fecha de inicio, para el 20 del corriente mes. Sin embargo, ese mismo día Gutiérrez se presentó con una nueva defensa y pidió prorrogar el debate hasta que su abogado se pusiera al tanto de la causa. Estas artimañas orquestadas por el cura y sus defensores, han sido usadas a lo largo de seis años, que le permitieron llegar libre al juicio oral. En otra maniobra, para buscar atenuar la eventual condena, el cura abusador realizó un día antes del juicio declaraciones a un medio local. En las mismas Gutiérrez pedía disculpas a la grey católica “por haberse enamorado”, colocando a la sobreviviente como parte de una relación consentida, negando los abusos cometidos, argumentos que fueron retomados en las declaraciones ante el tribunal. Además, manifestó que la Iglesia actuó de forma “severa” y que “le habían soltado la mano”, recordando que estuvo detenido por 36 días. Sin embargo, fue gracias a la justicia y a la influencia de la Iglesia que bajo fianza recuperó la libertad. Estas declaraciones fueron un recurso pactado con la propia iglesia con el propósito de limpiar el buen nombre de la institución y sacarla de su rol encubridor, ante los demás abusos eclesiásticos que fueron denunciados en la provincia y que aún gozan de impunidad. Por el contrario, el papel cómplice y encubridor de la iglesia ha quedado archidemostrado. La cúpula del obispado presionó a la familia con cartas firmadas por el obispo Luis Urbanc y posteriormente en las declaraciones del mismo ex abogado defensor, cuando planteaba que el obispo en persona sostenía que había sido bendecido para defender al cura. El cura abusador hoy está resguardado en una de las casas parroquiales, donde permanece aislado por estar contagiado de covid- 19. Con este fallo, se ha producido una enorme victoria que abre el camino para profundizar la lucha en primer lugar para lograr la condena efectiva para el abusador Juan de Dios, en segundo por el juicio y castigo a los otros curas abusadores denunciados, Renato Rasgido y Moisés Pachado, y por la separación de la Iglesia del Estado. Allá vamos.

Los terrenos de ACUBA (fallida planta de depuración de aguas de las curtiembres instaladas en Villa Diamante, partido de Lanús) fueron siempre un objetivo en disputa de las fracciones patronales. Hace más de diez años, fueron ocupados por familias, sobre todo de nacionalidad paraguaya, obreros de la construcción que han levantado casas de material. Su costo fue íntegramente bancado por los vecinos. Sin embargo, el barrio que levantaron carece de agua, cloacas, luz, asfalto y está rodeado de basurales a cielo abierto. El Polo Obrero (Tendencia) viene desenvolviendo desde octubre de 2019 una campaña dirigida a las autoridades municipales para que se hagan todas las obras de urbanización. En cambio, desde el poder político y sus punteros, se ha ´liberado´ el barrio para hostigar a los vecinos, al punto que las bandas les cobran peajes para no ser asaltados. Los atentados mafiosos son habituales. Todo esto fue denunciado ante el Consulado de la República del Paraguay, el Comisario Muñoz de la 5ta de Lanús y el Secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz. Pasados seis meses, los grupos de provocadores han vuelto a la carga ocupando un pequeño terreno que formaba parte del “Plan de obras para viviendas”. El lugar es un aguantadero. Vecinos y la Tendencia del Polo pidieron por nota una entrevista al secretario de Seguridad Diego Kravetz y al Intendente sin tener hasta el momento respuesta. El Polo tendencia y los vecinos está debatiendo un plan de propaganda y movilización, para pararle la mano a los delincuentes y terminar con la zona liberada. El desafío es organizar a toda la comunidad y a los vecinos en general para no quedar sólo en declaraciones y presentar un sólido frente que garantice la seguridad pública, la libre circulación y la vida social del ACUBA 2.

El mes de abril estuvo atravesado por dos luchas de los trabajadores de comercio, que son la antesala de los próximos combates – Garbarino y Ribeiro. Los trabajadores de Garbarino enfrentan un vaciamiento en los hechos de la empresa. En las últimas semanas varias sucursales han sido cerradas en todo el país. Los trabajadores son extorsionados por la empresa para mejorar sus performances en ventas, y en el mes de marzo las ventas fueron récord. La modalidad de la venta online, que ha crecido en el marco de la primera ola, parece ser el enfoque que ha elegido la patronal de Carlos Rosales, que se hizo con 6 empresas del grupo Garbarino SAIC en junio del año pasado. Los trabajadores lanzaron a inicios de mes un paro por tiempo indeterminado con la toma de la sucursal central para evitar que continúe el vaciamiento. Con la excusa de la pandemia -y a pesar de haber cobrado el REPRO y ATP-, la patronal no pagó los aportes previsionales, la obra social ni los embargos judiciales por cuota alimentaria a los trabajadores. Sostuvo de manera ruin la suspensión de un 30% del total de la planta y se juega a imponer el retiro voluntario de los trabajadores con más antigüedad (despidos encubiertos). La patronal tuvo que liberar el pago parcial de sueldos, por un lado, como resultado de las medidas de lucha, pero, por el otro, para poder guarecerse bajo el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria sin tomar represalia alguna contra las violaciones de derechos laborales por parte de la empresa. La otra lucha importante es la de los trabajadores de Ribeiro, quienes también enfrentan el desmantelamiento de la empresa. Los trabajadores denuncian que la empresa solo les “ha mandado un mail diciendo que tenemos que embalar la mercadería y que a partir de ahí se verá”. El 30 de abril vencía el contrato de alquiler de la principal sucursal en Salta, lo que plantea que los trabajadores se quedan sin local físico para ir a trabajar. Ahora la patronal, les ofrece seguir bajo el teletrabajo, sin claridad sobre su continuidad laboral, salarios ni condiciones de la misma. Mientras todo esto pasa, el Sindicato de Comercio mira para otro lado – con nuestros reclamos, pero no con el de las patronales. Cavalieri ha sido el primero en la fila para reclamar que continúe el REPRO II, que como quedó en claro con los trabajadores de Garbarino no ha ido al pago de la obra social ni aportes patrones, pero sí para enriquecer a los bolsillos de las patronales, que han recogido ganancias extraordinarias en pandemia a costa de sus trabajadores. La misma línea sigue el último acuerdo paritario que es una verdadera estafa – 16% para el 2021 y 16% para el 2022. Tomando el camino que abren las luchas de Garbarino y Ribeiro se pone como tarea de primer orden poner en pie una fuerte organización de trabajadores de comercio de la provincia, sobre la base de asambleas en los lugares de trabajo y la elección y revocabilidad de delegados, para enfrentar los despidos, las suspensiones, la precarización del teletrabajo y/o de la atención al público sin vacunas y con miserables protocolos de bioseguridad.

Contagiados por la lucha que llevan adelante compañeros docentes de otras provincias, Tribuna Docente Tendencia de Córdoba, convocó a un plenario abierto del que participaron diez compañeros docentes, estudiantes universitarios y el compañero German Lavini, de la dirección nacional de Tribuna Docente (T). Los compañeros expusieron las distintas situaciones por las que atraviesan cotidianamente en el marco de la “presencialidad”. La situación docente en Córdoba no es distinta a la de los docentes del resto del país. En la provincia de Córdoba, hay 18 departamentos considerados en “alto riesgo epidemiológico”. Según la ministra de salud, estamos frente a la peor situación desde que llegó la pandemia a nuestro país. En este cuadro, sin embargo, Schiaretti insiste con la presencialidad en las aulas, a pesar de las muertes de compañeros docentes en Córdoba y en todo el país, por Covid-19. El sindicato -UEPC- sólo se muestra a través de comunicados con las condolencias hacia los familiares de los docentes fallecidos, exigiendo el cumplimiento del protocolo y cierres focalizados, cuando la lista de muertos ya desmentido largamente la mentira de la “presencialidad cuidada” y la “escuela segura”. La conducción de UEPC es, a esta altura, una extensión del ministerio de educación. No denuncia, por caso, que durante todo el 2021, el gobierno de Schiaretti no destinó un solo peso para garantizarle la conectividad de estudiantes y docentes ni preparó los establecimientos escolares sabiendo que esta situación iba a continuar. La intención de mantener las escuelas abiertas no tiene nada que ver con una preocupación pedagógica, es evidente. El desborde y la desorganización administrativas, el doble trabajo que requiere la educación bimodal, las presiones de directivos que obligan a docentes con dispensas a asistir a los lugares de trabajo, las burbujas aisladas, la falta de condiciones para que se cumpla el protocolo básico, la carga horaria de docentes que deben asistir hasta a cinco escuela para tener un salario básico, no permiten garantizar ningún ´proceso educativo´, sino mayor exposición al contagio y muertes en la comunidad educativa. La presencialidad es una demanda de los capitalistas de la industria, el comercio y la educación – incluido el clero. Luego de un debate e intervenciones, el plenario resolvió formar el comité contra la presencialidad en Córdoba, impulsar un grupo de WhatsApp para mantenernos organizados, sacar un afiche para recorrer las escuelas y convocar a una nueva reunión. Por la presencialidad en pandemia contagia y mata.

Desde hace una semana se desarrollan decenas cortes de ruta en la provincia por trabajadores autoconvocados del citrus. Los compañeros denuncian que fueron entregados en las paritarias y que los arreglos salariales son miserables. La burocracia de UATRE replica que se ha logrado un 40% de aumento en una sola cuota y que eso lo coloca al gremio entre los que obtuvieron los mejores ajustes. Desde los Autoconvocados responden que, en ese aumento, se incluye el desfasaje salarial del año pasado y que el aumento para este año apenas llega al 25% y reclaman la reapertura de la paritaria. Sostienen que los cosecheros van a terminar cobrando alrededor de $1.300 el jornal, en jornadas de 10 a 12 horas; que sólo se cobra si se cosecha, cuestión que no ocurre si llueve o hay otras inclemencias del tiempo. Los trabajadores han denunciado que los cosecheros, que en el mejor de los casos, trabajan cinco o seis meses por temporada, por lo tanto, son condenados a la indigencia. Exigen un jornal de $2.400, por una maleta de 20 kg al precio de $77,41, que se reconozca el día de trabajo cuando no se pueda ingresar a las fincas por razones climáticas, condiciones de higiene y seguridad y obra social todo el año. El reclamo y las acciones comenzaron en momentos que se daba inicio a la temporada. Se produjeron algunos cortes en distintos puntos de la provincia. En esos cortes, varios dirigentes aparecieron reivindicando al vicegobernador Jaldo, porque fueron parte de acoples o trabajaron electoralmente alineados con dirigentes políticos jaldistas. En la zona sur de la provincia, aparecieron dirigentes de la CCC que, siendo parte del Frente de Todos, se han alineado en la crisis provincial con Manzur junto al sector jaldista. A los dos días de cortes se produjeron algunos desalojos y detenciones. Tanto la dirigencia a ACNOA (Asociación del Citrus del Noroeste) que la preside un industrial citrícola de Tucumán y la burocracia de UATRE reclamaron que era necesarios poner punto final a los cortes, llamando al gobierno y a la justicia a que reprimieran. En particular la burocracia de UATRE salió en defensa de Manzur, denunciando que los cortes eran políticos y que buscaban desestabilizar al gobierno. Por el momento, Manzur no se ha animado a ir con una represión a fondo porque es consciente de que puede lograr el efecto contrario y provocar una pueblada general, debido a las enormes tensiones creadas por el agravamiento general de la crisis y la miseria. En Famaillá, donde hubo un desalojo policial y 17 detenciones, a las pocas horas se produjo una importante concentración frente a la Comisaría que obligó a la liberación de los detenidos. Los trabajadores salieron y volvieron a los cortes. Desde ACNOA sostuvieron que solo la actividad se desarrollaba en el 20% de las fincas, y que los cortes estaba afectando el desarrollo de la temporada, pues la fruta que no se recolectaba en el tiempo justo perdía condiciones para ser exportada. Con el paso de los días, varios dirigentes jaldistas pasaron a segundo plano, y emergieron piquetes más independientes. En algunas zonas, los cortes se fueron consolidando bloqueando las puertas de los empaques y, en algunos puntos, se comenzaron a producir distintas formas de coordinaciones zonales. En otras zonas se planteó convocar a una huelga provincial. Las condiciones están dadas para convocar a un plenario de delegados con mandatos de los distintos piquetes y resolver la unificación de los reclamos y una lucha más a fondo, la huelga general citrícola, y la generalización de los piquetes en toda provincia. Es el camino de triunfo.

Acerca de un texto del PTS El PTS acaba de publicar un globo de ensayo electoral, que incursiona en forma tardía, pero sobre todo oportunista y caprichosa en lo que llama “diferencias políticas no esenciales” (sic), de un lado entre nuestra Tendencia y el aparato oficial del PO, que expulsó en forma sumaria a mil doscientos militantes, y del otro con la izquierda en general y con el PTS. A diferencia de la distinción que hace la cuarentena entre las labores que son esenciales y las que no lo son, en la política socialista eso no se aplica. Es claro para cualquiera que las diferencias que no son esenciales no ocupan ningún espacio propio, ni siquiera en las sectas, que son tales porque sus posiciones no son parte de la agenda de la lucha de clases. Los frentes entre partidos de izquierda, para el caso, no ocurren porque sus protagonistas no tengan diferencias esenciales, sino que responden a los agrupamientos de fuerza que se desarrollan en un momento determinado, para intervenir en una situación política concreta. Un decreto de necesidad y urgencia que establezca que la diferencia de planteos y estrategias entre los partidos de izquierda son “no esenciales”, sólo tiene el propósito de sustituir la política de partido por el movimientismo, donde, como se sabe, todos los gatos son pardos y sus adiestradores son inamovibles. Derecho de tendencia El PTS endilga su clasificación de no esenciales a las diferencias políticas con el aparato oficial del PO. Pero lo hace con dos peculiaridades, pues sólo llama a la Tendencia a “sobreponerse” a esas diferencias políticas, y a hacerlo en función de acuerdos electorales indefinidos. Con este movimiento de cintura poco elegante, evita aludir a las diferencias de programa y estrategia con el propio PTS, y de paso con Izquierda Socialista y el MST. Esquiva, al mismo tiempo, a ponerle el mote de camarilla al aparato del PO por haber expulsado a medio partido en base a diferencias ‘no esenciales’. En tal estado de cosas, la crisis del PO obedecería a rivalidades de carácter personal; el PTS, en cambio, no tiene divergencias ni de principios. En realidad, el PTS está encubriendo al aparato del PO y a sí mismo. Porque la Tendencia, como lo reafirma con su nombre, nunca rompió el PO, sea por divergencias esenciales o no esenciales, personales o colectivas. Reclamó, en conformidad con todos los requisitos que exige el estatuto partidario, el derecho a Tendencia. De modo que antes que se le ocurriera al PTS invitar a diestra y siniestra a “sobreponerse” a las diferencias “no esenciales”, la Tendencia viene librando una lucha que tiene ya dos años, a favor de la discusión democrática, en la forma de Tendencias, dentro del Partido Obrero. Planteamos una cuestión de principios y la unidad del partido -el llamado ‘personalismo’ es un recurso que han utilizado todos los oportunistas o sectarios en la historia, desde Bakunin contra Marx, los mencheviques contra Lenin, el stalinismo contra Trotsky, y para no estrechar el ángulo, los gusanos de Miami contra Fidel Castro. No necesitamos recurrir al oportunismo, como lo hace el PTS, para defender la unidad en la claridad. Mirado desde otro ángulo, el PTS avisa a sus militantes que no va a admitir la formación de Tendencias sobre la base de posiciones que ella calificará de no esenciales. Esto explica que la prensa del PTS pueda fijar posición acerca de los conflictos de frontera entre China y la India, por el control de Nepal, pero que no se haya pronunciado por un asunto más vecinal, pero no por ello menos internacional, como el del derecho a Tendencia en los partidos revolucionarios. ¿O la cuestión de este derecho es “no esencial”? En caso de respuesta afirmativa, esperamos un artículo pronto acerca del error descomunal que habría cometido Trotsky al formar la Oposición de Izquierda, como Tendencia del partido comunista, y pelear durante una década por la reforma política de ese partido acaparado por la burocracia stalinista. Todos estos dislates demuestran que el artículo del PTS es un globo de ensayo electoral, que exime de su lupa esencial-no esencial al conjunto del FIT-U. El PTS, por otro lado, ejerce un derecho de Tendencia, llamémoslo al cuadrado, cuando actúa en forma permanente, sin plazo de vencimiento, dentro de partidos centristas, con autonomía organizativa, a los que defiende políticamente. La cuestión del derecho a Tendencia viene asociada a algo peor: el recurso al aparato del Estado para dirimir cuestiones de un partido revolucionario. Es lo que ha ocurrido en Tucumán y Jujuy, que fueron intervenidas por una dirección para partidaria (no la elegida en el Congreso). El atropello cometido, en ambos casos, demuestra que el aparato del PO no cuenta con el apoyo del partido, o más claro, es una minoría espantosa, y en el caso de Jujuy, no cuenta con nada, como lo sabe el PTS mejor que nadie. Para el PTS se trata de una cuestión ‘no esencial’, en especial a la hora de tratar cuestiones electorales. ‘Personería mata militancia’. Estamos ante la cuestión ‘no esencial’ de la integración de la izquierda al Estado. Semejante cosa sí debería ser motivo de expulsión – siempre, claro está, con derecho a la defensa. La ‘tesis’ de que un partido no se entromete en las cuestiones de otro es un agravio a la inteligencia de los militantes, luego de décadas de luchas políticas en la izquierda Es oportuno volver a recordar, antes de cambiar de tema, que cuando el actual PTS fue expulsado de las filas del MAS, hace 30 años, Altamira lo denunció, señalando que “el centralismo democrático no admite, por principios, ninguna clase de restricciones al debate de ideas –las que pueden ventilarse en forma de documentos internos, en la prensa partidaria y aún en la prensa y medios de comunicación externos al partido”.(Altamira, la estrategia de la izquierda, p.172). El PTS, una vez más, no considera “esencial” a la cuestión de la democracia obrera, en definitiva, “el derecho y la obligación del militante revolucionario a pensar por su propia cabeza”. Mientras el PTS “lamenta” las diferencias que no serían “esenciales”, la cuestión se dirime en estas horas entre los más explotados de nuestro campo político, o sea, los compañeros desocupados y precarizados del Polo Obrero, cuyas asambleas se pasan a las filas del Polo Tendencia, porque, ¡oh sorpresa! rechazan los manejos de ‘ordeno y mando’, del Polo oficial. Este desarrollo de la conciencia política de los compañeros más golpeados por el capital, no debe sorprender, porque está asociado al alcance de la lucha contra la burocracia sindical, el aparato de los aparatos del movimiento obrero, y más directamente la lucha contra los punteros del Estado. En los barrios de La Matanza, los desocupados ven lo que “La Izquierda Diario”, “con corresponsales en 70 países”, no puede ni quiere ver. Regodeo El globo de ensayo electoral del PTS no sólo pretende convertirse en la Corte Suprema que dirime la ‘esencialidad’ de las diferencias. Asegura que los medios de comunicación de Salta de la burguesía y la burguesía se “regodean” con los choques públicos entre el PO, que integra la Tendencia, y el sector que se referencia en Del Pla. El PTS, sin embargo, no ofrece ninguna prueba en ese sentido. Por el contrario. En un país donde la disputa en el campo patronal es feroz y descalificatoria, en particular en los medios, nuestro manejo de la controversia ha sido un escuela de pedagogía política; es lo que dicen, al menos, los activistas. Lo del PTS, de todos modos, quizás tenga algo de cierto, porque Cristina Foffani ha calificado públicamente a nuestras compañeras de “delincuentes”. A lo mejor tiene razón, porque ella quiere imponer una legalidad de estado, como en Jujuy y Tucumán, mientras el PO de Salta se atiene rigurosamente a los estatutos de nuestro partido. No es novedad que, para la burguesía, los y las revolucionaria/os no pueden ser sino delincuentes. El PTS, sin embargo, lanza globos de ensayo en connivencia con el grupo de Cristina Foffani. La burguesía, en Salta, es, sin embargo, más sofisticada que el PTS. Godoy, el ex presidente del PJ y de cámara de diputados, ha caracterizado a la crisis del PO de Salta como la última prueba de la omnipotencia política del peronismo, que ha derribado diversas oposiciones en los últimos años y ahora busca refugio en Gustavo Sáenz, el gobernador. Altamira respondió al planteo en una entrevista radial. El aparato – ‘no comments’; el PTS lo mismo, salvo el ‘le hacen el juego a la burguesía’, un viejo recurso del viejo partido comunista para justificar su política. Algo similar a lo de Godoy podrían decir el mendocino Suaŕez y el cordobés Schiaretti. Abramos un debate sobre estos hundimientos políticos y dejemos las pavadas, que son siempre algo más que ‘no esenciales' – son perniciosas. El PTS no se coloca “por encima de las fracciones”, ha tomado partido activo. En efecto: la adaptación parlamentarista –¿una diferencia programática ‘no esencial’? - ha sido denominador común del PO oficial y del PTS. ¿No contribuyeron juntos, en el Congreso, a darle unanimidad –con excepción de la diputada de Izquierda Socialista- a la ley de “emergencia alimentaria”, un acuerdo sin grietas para sacar a los desocupados de las calles durante una transición política surcada por un derrumbe económico y social sin precedentes? El voto obedeció, como ocurre en la mayoría de los casos con el FIT en el parlamento, al ´qué dirá la opinión pública´, algo que se ve ahora con el planteo de “presencialidad segura”, que ha sido justificada, en especial por el PTS, con ese argumento. El PTS reparte palos a las ‘peleas’ en el PO para sacarle el cuerpo al hecho de que él ha sido el inspirador de esta línea estratégica, que el aparato ha hecho suya. Si hay ‘diferencias no esenciales’ es entre los grupos políticos del FIT, que nunca pueden darle a esas diferencias un carácter programático. Esas diferencias se superan, por eso, por medio de un reparto de apetencias en las listas de candidatos a las elecciones. ¿No compartieron en la legislatura porteña un voto sin precedentes –pero en este caso en la izquierda internacional- a favor del sionismo, en torno de una ley que instauraba el delito de opinión contra cualquier posición antisionista en el país? El PTS y el aparato, que conocieron el proyecto de ley con considerable anticipación, decidieron votar a favor, cuando leyeron que el proyecto ‘permitía’ toda clase de críticas al estado de Israel, con excepción de su condición sionista. Una posición ‘no esencial’, que archivaron como “un error” de los asesores, sin mencionar que la votaron en bloque con el FdT y JxC. Ni antes ni después de la votación, esto fue discutido en el seno del PO. Esta coincidencia se volvió a plantear en un asunto comparativamente menor: el voto a favor de los negocios inmobiliarios en Boedo. Izquierda Unida no se atrevió a tanto; muchísimo menos Luis Zamora. Esto no puede ser más significativo cuando se tiene en cuenta que el aparato del PO considera al FIT-U actual, una superación estratégica en relación a la alianza del entonces MAS y el partido comunista. Todo el mundo tiene derecho a tirar globos de ensayo electorales, como está haciendo el PTS, e incluso envolverlo en un planteo manipulador – mucho mayor es el deber de ponerlo de manifiesto y de decir las cosas como ellas son. El PTS, y no sólo él, tampoco considera “diferencias esenciales” a la habilitación de la banca del PO chaqueño al Presupuesto 2020 y, después, a la enajenación de predios del Estado – privatización del patrimonio público. Hace dos años, el PTS prometió que se pondría “a estudiar” esa entregada parlamentaria. La Izquierda Diario no atendió para nada a la vigorosa polémica que entablamos entonces con el ‘Coqui’ del aparato partidario. De tribuna política de un partido revolucionario, el parlamento ha sido convertido, por parte del FIT-U, en un escenario de colaboración de clases. De nuevo, una comparación con Izquierda Unida, cuyo emblema era la “democracia con justicia social”, les resultaría fatal. Quienes aseguran que la burguesía se ´regodea en Salta con las polémicas políticas´, deben haber querido evitar lo mismo en Chaco, donde los privatizadores se han más que regodeado con la habilitación de la izquierda a la venta de terrenos públicos. Cualquier persona llegaría a la conclusión, visto que el FIT no denunció el quórum otorgado en Chaco, que el PTS coincide con esa política; ‘lo que no repudio, lo acepto y acojo`. El grupo empresarial de Tinelli Lammens no se ha ‘regodeado’ con las diferencias en la izquierda por el negociado inmobiliario, simplemente porque el aparato y el PTS han metido la cola entre las piernas y no han querido polémica alguna; ni qué decir de la satisfacción que les ha producido el voto de la izquierda a favor del negociado. El parlamento no ha sido utilizado como tribuna revolucionaria, sino todo lo contrario. Con un adicional: que la adaptación tampoco ha dado resultados prácticos, la aspiración suprema del oportunismo. El Partido Obrero, el único realmente tal, puede reivindicar la sanción de la jornada de seis horas en el Subte, que colaboró a abrir tendencias combativas en la clase obrera pos argentinazo, o el otorgamiento de la gratuidad de la vacuna contra la hepatitis A a los menores de doce años (venciendo la oposición de todos los bloques) o la recuperación de algunas empresas, y diversos proyectos que convertirá en leyes un gobierno de trabajadores, en especial aquellos referidos a la salud pública y a los trabajadores de la salud. No menor: una polémica ininterrumpida de defensa socialista con los representantes de los partidos patronales Presencialismo El mayor de los regodeos del gran capital y su Estado es la iniciativa del FIT-U para impulsar la presencialidad en los medios educacionales. La presencialidad escolar es la reivindicación política central de la burguesía mundial. La entiende clave para asegurar la circulación de la fuerza laboral en las fábricas y comercios y, punto fundamental, para evitar la bancarrota de la educación privada. La prensa internacional ya abunda en columnas de opinión que reclaman una reforma radical de la educación pos pandemia, mediante la privatización masiva de escuelas, colegios y universidades. Más cerca en el espacio, ya es objeto de una campaña en la ante-última página de las ediciones de La Nación. Cuando la presión de la burguesía arreciaba a favor del “retorno a las aulas”, en vez de rechazarla y denunciar su función estratégicamente reaccionaria, la izquierda se sumó al campo de la presencialidad “cuidada”, “responsable” o “con condiciones”, a sabiendas –como también lo sabían los funcionarios del Estado- que ningún esquema de cuidados puede asegurar que las escuelas, en plena pandemia y sin vacunas, no se conviertan en un epicentro de contagios. Los partidos del FIT-U, sin excepción, acompañaron, como segundo violín, a la burocracia oficialista de CTERA, SUTEBA o UTE, negándose a rechazar y denunciar de plano –como sí lo hizo nuestra Tendencia- a la presencialidad letal. El viraje tardío al planteo de que “la suspensión temporal” lo hicieron junto con Baradel y Alberto Fernández, y sobre los hechos –dramática y letalmente- consumados. Para que no quede en el olvido, señalemos que el mayor empeño puesto en la presencialidad ocurrió en Salta, con Claudio Del Plá como bastonero. Dicho todo esto, queda lo fundamental: la izquierda democratizante internacional no acepta que la pandemia se desarrolla como una crisis humanitaria, o sea como un antagonismo histórico irreconciliable entre la organización social capitalista, de un lado, y la salud y la vida del conjunto del género humano. Acostumbrada a entender la polémica política como chicana o la polémica en general como un ejercicio académico, el PTS y sus compañeros de ruta ni se asoman a la cuestión histórica planteada. En los sindicatos docentes, encontramos al PTS defendiendo a la presencialidad en nombre del qué dirán de la “opinión pública”; el aparato del PO, en sintonía, sostenía que el maestro no tenía más derechos que la cajera o el colectivero que llevaban a su hijo al colegio para luego ir a trabajar. El FIT-U ha convertido en ‘esencial’ a toda la clase obrera - ¡no podría haber un planteo capitalista más integral! En la cuestión de la presencialidad, los partidos del FIT U dejaron de lado la política de clase para abrazar la del electorado, al cual, por supuesto, como ocurre en el parlamento, tampoco se dirigen como socialistas. Pero las “diferencias” en torno de la presencialidad no tienen un carácter ‘puntual’. Para la izquierda, donde revistan el PTS, el PO oficial y varios otros, la pandemia es un accidente epidemiológico, no tiene un carácter social ni de conjunto. La crisis del capital sigue confinada a la sobreproducción, no es de civilización. Los enemigos jurados del ‘reduccionismo económico’ han mostrado la peor hilacha reduccionista. No siguen a Lenin, cuando advirtió, en el estallido de la primera guerra mundial, “un cambio de época”. Desde la depredación climática hasta la destrucción de los sistemas de salud, pasando por una medicina de mercado, que convierte al ser humano en dependiente indefinido de medicamentos cada vez más caros, la pandemia constituye un salto cualitativo dentro de ese cambio de época. La decadencia del capitalismo como formación social histórica no puede ser malversada como “una tendencia al estancamiento secular”, porque incluso esa tendencia parcial es contrarrestada por el desarrollo de fuerzas cada vez más destructivas. El Covid, antecedido por numerosas plagas en las últimas dos décadas, es asociada por la mayoría de los científicos a la destrucción del medio ambiente. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas plantea al máximo el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, la salida no puede ser sino socialmente consciente, en oposición a la anarquía capitalista. El socialismo es el primer gran paso histórico para superar la alienación del ser humano y el ambiente que le es propio. Como ha ocurrido en las grandes crisis precedentes, la crisis humanitaria del Covid ha puesto de manifiesto descarnadamente al carácter y la política de las fuerzas sociales y políticas en presencia: la barbarie sanitaria del derechismo y los fascistoides, ejecutada en nombre del capital; la claudicación del progresismo frente a las exigencias de esa barbarie; y finalmente, la adaptación al Estado de la izquierda que, adocenada a la rutina del parlamento, no está dispuesta a convertir a una crisis humanitaria en la premisa de una revolución social. Unidad de la izquierda El texto del PTS aborda la cuestión de la izquierda en una forma anti-marxista y no revolucionaria. “Toda corriente –dice - que se reivindica obrera y socialista que se niegue a la unidad para enfrentar a los partidos (sic) burgueses, objetivamente le estará haciendo el juego al régimen”. La lucha por el derrocamiento del estado se ha reconvertido en una pelea contra la partidocracia patronal – obviamente, es como plantea los problemas un electoralista. El PTS debiera haber dicho: ´todo partido que limite la unidad de izquierda a la lucha electoral, está defendiendo al régimen político existente, de palabra y de hecho´. La unidad en sí misma, al margen de la política y la estrategia, es un recurso popularizado por el stalinismo y los partidarios del frente popular en general. En estos términos, es siempre ´a medida´. Esa expresión pujante de la ´renovación´ como se atribuye a si mismo el PTS, olvida que fue parido por una escisión de la izquierda, no la unidad – rompió con el MAS porque cuestionaba la continuidad de Izquierda Unida, a la cual había apoyado hasta entonces en forma sistemática. En 1985, el MAS rompió un frente ya acordado con el PO, para correr hacia la invitación del partido comunista. Es injusto señalar con el dedo sólo al PTS, porque los grandes escisionistas, primero, y defensores del frente con el PC, después, se encuentran en el MST e Izquierda Socialista. La abundancia de descalificaciones del texto del PTS, como que la burguesía se regodea y el que no está conmigo defiende al régimen, lo coloca en el tercer sub-suelo de la historia de las polémicas políticas. Es un globo de ensayo electoral (hoy se propone, mañana se retira), como lo prueba de que no registra el aval de ninguno de los asociados al FIT-U. La “unidad” de los diputados del FIT, en la legislatura porteña, con todos los partidos del “régimen” en el voto al sionismo y al negociado de Boedo, es indiscutible, pero no hay referencia a ellas en el texto bajo examen. Del Caño logró incluso la unidad con Espert, Lavagna, Macri y Alberto Fernández, nada menos que en un debate presidencial, cuando les propuso a ellos un minuto de silencio por las víctimas de la represión a la rebelión popular en Ecuador. Sólo para ilustrar, Luis Zamora protagonizó un incidente que se hizo viral cuando se negó a darle la mano a Macri para la foto. La invocación a la “unidad” raya en la perversión, cuando el FIT U hace exhibición pública cotidiana de reyertas. Una “Conferencia Latinoamericana”, hace más de un año, fue desde el comienzo un torneo de chicanas y recriminaciones recíprocas. Han demostrado una dificultad ‘exponencial’ para discutir en forma respetuosa. Como artífice de la formación del FIT, la Tendencia no acepta lecciones de quienes han hecho horas extras para hundirlo. Nuestro empeño se explica por la claridad que pusimos en caracterizarlo: un frente “oportunista”, que merecía la prueba de la experiencia. Nunca escondimos nada, ni jugamos a las diferencias ‘esenciales’ y las ‘no esenciales’, porque no íbamos a repetir el método del partido comunista. Café sin cafeína El PTS nos provee, finalmente, una sorpresa: como los electrodomésticos y la “letra chica”, el título –“El PTS llama a la unidad a toda la izquierda clasista”- muta, como el virus, en el texto. Luego de mandar al infierno a los que osen “rechazar esta unidad”, nos enteramos que “el comité nacional del PTS mandató a los compañeros que integramos la mesa nacional del FIT-U a llevar la propuesta (sic) de que el Frente de Izquierda haga (sic) un llamado abierto a las pocas expresiones de la izquierda que no integran nuestro Frente”. Estamos ante un globo de ensayo electoral ya arreglado en fondo y forma. La mesa del FIT-U mandató el PTS para que mandate a sus delegados a convocar a la “unidad” de la izquierda restante. Entre tantas calamidades epidemiológicas, aparece ahora el Tribunal Federal Supremo de la Izquierda, para dictar sentencia. Algo se está pudriendo en Dinamarca. Leer más: Se confirmó, era un ´globo de ensayo´

La minera Maia Chavan, de Krivoy-Rog, que viene junto a sus compañeros y compañeras de protagonizar una gran huelga, nos envió este saludo desde el socavón: “Les transmito un enorme saludo de parte de los mineros de Krivoy-Rog. Estoy grabando esta felicitación desde mí lugar de trabajo, desafortunadamente trabajo aquí sola, pero no estoy sola, estoy con ustedes y mis compañeros se unirán a mí. Estoy muy emocionada de que nos apoyen, estamos extremadamente felices por no estar solos en esta lucha ¡Muchas gracias!" “Creemos que la solidaridad por sí sola, es nuestra fuerza. El pueblo trabajador es capaz de vencer la injusticia oligárquica, solo con la movilización y sólo si estamos unidos.” “Los felicito sinceramente por nuestro maravilloso día, el día de la solidaridad de los trabajadores. Desde este concepto del primero de mayo ¡Buena suerte en todas nuestras luchas! ¡Toda la fuerza para nosotros, los trabajadores! ¡Juntos ganamos!"

Mis saludos socialistas e internacionalistas a todos los asistentes a este acto internacional que ha organizado el Partido Obrero Tendencia, y un abrazo fraternal a los compañeros de las organizaciones revolucionarias de otros países y al conjunto de sus militantes. El 1° de mayo es el día por excelencia, históricamente, en que se fija la agenda internacional de los trabajadores. Se podrán hacer más actos o menos actos, pero hay una agenda común, que domina el 1° de mayo y que le da este carácter internacional a la fecha, con independencia de circunstancias particulares. En algún momento fue la jornada de 8 horas, en otro momento fueron las luchas contra la guerra, la lucha por transformar a las guerras imperialistas en luchas revolucionarias, y la agenda de hoy, en este 1° de mayo, es la crisis humanitaria, no exactamente la pandemia. La pandemia se convierte en una peste irresistible en la organización social en que ella ocurre, y la crisis humanitaria que tenemos hoy, es una manifestación, de la decadencia del capital en todos sus aspectos. En primer lugar, como responsable de la pandemia, a través de una destrucción sistemática del medioambiente - en busca, naturalmente, de maximizar el lucro privado. Aquí en América latina, esto resulta enormemente claro con lo que está pasando en la Amazonia brasileña, y en la Amazonía en general, porque es una región que abarca a diferentes países. Hay un trabajo implacable de destrucción en beneficio de los intereses de los grandes ganaderos, madereros, y sojeros, tanto brasileños como internacionales; y todos los científicos coinciden en que esta alteración descomunal, la destrucción misma del medioambiente, es el campo orégano de los virus, que despierta, en la naturaleza misma, una reacción violenta, contra la acción de los seres humanos, que en realidad es la acción de la organización capitalista de la sociedad, porque los seres humanos no existimos en forma individual. Otra manifestación aguda de esta crisis humanitaria tiene que ver con la destrucción del sistema público de salud, que ha tenido lugar en todos los países del mundo, de un lado por la quiebra financiera de los estados, de otro lado por la voracidad capitalista en transformar a la salud en una industria para el lucro privado. Las grandes farmacéuticas son las compañías que dominan todas las bolsas internacionales importantes, y llevan adelante una política, muy consciente, muy establecida, de crear una humanidad medicamento-dependiente, porque toda superación significativa de los temas de salud va en contra de sus negocios. Así hemos tenido, hace muy poco (y supongo que todavía, en pleno desarrollo), la gigantesca epidemia opioide en los Estados Unidos. Esta pandemia, en las condiciones del capitalismo, no solo ha provocado el contagio de 152.000.000 de personas, y 3.000.000 y medio de muertos. Hay que tener presente que, en virtud de lo que acabo de señalar, los servicios de salud han postergado el tratamiento de enfermedades urgentes, que no están contabilizadas las muertes provocadas por esa demora en los tratamientos, no está contabilizada, naturalmente, en las estadísticas del Covid. Por lo tanto, el punto esencial del momento histórico que vivimos es que supera, en cualquier medida y en cualquier carácter, lo que históricamente se llama “la crisis capitalista”, porque no se trata de una crisis económica solamente, no tiene que ver con la sobreproducción, ni tiene que ver con la tasa de beneficio, es la culminación de la decadencia capitalista en la forma más clara, en el desarrollo sistemático de una fuerza de destrucción. Sin una caracterización de esta naturaleza, no es posible encarar una lucha franca, internacional, para superar esta crisis humanitaria. La cuestión de las vacunas ha puesto de manifiesto esto de un modo absolutamente extraordinario. Naturalmente, los capitalistas se felicitan entre ellos por lo que llaman “la rapidez” con la que, en relación al pasado, han podido crear nuevas vacunas, o las vacunas adaptadas a esta situación, pero el resultado de ello, no solo es la aprobación de vacunas de emergencia, que a medida que se van aplicando manifiestan límites de distinta naturaleza, sino una lucha mundial descarnada por el control del mercado de vacunas, que se va a transformar en un mercado “exponencial”, porque va a abarcar al 80% de la población mundial durante varios años. Una manifestación aguda de esta crisis humanitaria, no son solo las muertes y los contagios, ly en a expansión del virus, les que la expectativa de vida en muchos países ha comenzado a caer, por ejemplo en Brasil, cuando la curva histórica de esta expectativa de vida, por lo menos desde la segunda guerra mundial, venía creciendo. Ustedes comprenden: se trata de una crisis que tiene que ver con la existencia del género humano, no se trata de otra cosa, y acá la crisis capitalista interviene como un aspecto de la organización capitalista de la sociedad, que en circunstancias extraordinarias, sale al rescate del capital y deja de lado el problema de la salud y de la vida de los trabajadores. Esta es la agenda objetiva del proletariado mundial en este 1° de mayo, y esta agenda objetiva se manifiesta en forma más o menos consciente, más o menos inconsciente, en el desarrollo de luchas crecientes, y en algunos casos de luchas revolucionarias. Nosotros estamos haciendo un acto virtual, pero hoy, en la provincia de Neuquén, miles y miles de trabajadores marcharon por las calles el 1° de Mayo, y todos sabemos perfectamente bien que es la consecuencia de la enorme lucha librada por el personal de Salud de la provincia, contra la burocracia sindical y contra todos los laderos de la burocracia sindical. Entonces, cuando hablamos de una crisis, en este momento, no podemos referirnos a una crisis epidemiológica, estamos ante una crisis humanitaria. Lo que convierte a esta crisis en humanitaria, es que la organización social que tiene que ver con esta crisis, es una organización social capitalista en completa decadencia. Quiero detenerme sobre la lucha por las vacunas. No solo es una lucha por el mercado mundial, y una lucha despiadada. Probablemente muchos de ustedes, quizás no todos, habrán leído los avatares de la Sputnik V y de la AstraZeneca. Estados Unidos. Biden ahora, y Trump con anterioridad, han reflotado una ley de seguridad nacional de 1950, para prohibir la exportación de todos los insumos necesarios en la fabricación de vacunas. Esto lo ha denunciado hasta el semanario The Economist, y naturalmente, no tuvo más remedio que decir que esto afectaba enormemente la capacidad para superar esta crisis humanitaria, porque en ausencia de esos insumos, los principios activos no pueden ser convertidos en vacunas, El motivo de esta suspensión es que los Estados Unidos quieren reglamentar integralmente este mercado. Aca, en Argentina, estamos viendo que después de los coqueteos con la Sputnik V, o con Rusia, y con AstraZeneca, es decir con Gran Bretaña y con México, el gobierno nacional está volviendo a una negociación con Pfizer. Esta negociación con fizer, ocurre una semana después de que vinieran en tanda a la Argentina, el jefe del comando sur de los Estados Unidos, un asesor de Biden, y otras figuras políticas ligadas al FMI. Lo que hicieron fue muy simple, le dijeron “vas a Pfizer o hundimos políticamente a tu gobierno”, y este es el motivo de la reanudación de estas negociaciones con Pfizer. Brasil tiene un instituto, equivalente al instituto Malbrán de Argentina, que se llama Amvisa. Amvisa no autoriza a la importación de la Sputnik V. Estados Unidos no le ha dado autorización clínica a la AstraZeneca, aunque tiene millones de dosis de ella en Estados Unidos y no permite su reexportación. Ahora, el significado de esta pelea no es el lucro solamente, es una guerra imperialista, es doblegar a los estados explotando a fondo las consecuencias de una crisis humanitaria. Como decía Lenin cuando estalló la guerra mundial (la primera), “acá hay un cambio de época”, y aunque la época sigue siendo la época del imperialismo; asistimos dentro de esta época del imperialismo a un salto cualitativo. Esta es una conclusión fundamental, ¿Por qué es una conclusión fundamental?, Porué quiere decir que todo lo que sea reformismo, centrismo, está agotado, no tiene futuro; la perspectiva parlamentarista, no conduce a ningún lado. Hay que hablarle francamente a los trabajadores señalando la naturaleza de la confrontación a la que tenemos que hacer frente. Bolsonaro acaba de sacar un decreto, que allá se llama “medida provisoria”, que prácticamente autoriza el desempleo total y completo, de cualquiera y por cualquier motivo, inclusive con contratos individuales, cuando el país ha llegado a una tasa de desocupación absolutamente descomunal. También autoriza rebajas de salarios, en lugar de establecer un subsidio a las personas sin empleos, en un país que tiene 400.000 muertos y 13.000.000 de contagiados. ¡Esta es la naturaleza de esta crisis!, Quienes no lo ven así, como la izquierda democratizante, han caído en algo que en el pasado nos acusaban a nosotros - en el reduccionismo económico. Ahora, con el reduccionismo económico hay un problema muy serio, porque Joe Biden, ha lanzado un plan económico para incentivar a la economía norteamericana, y según los medios, el producto bruto de Estados Unidos crece el 6,2 %. Son muchos los economistas que dicen que se viene un periodo de crecimiento económico, un crecimiento económico post pandemia, porque la pandemia ha impedido una serie de gastos, y ha impedido una serie de inversiones; hay mercados que no están absorbidos. Estiman, entonces que, como ocurrio despues de la segunda guerra mundial, se produzca un ascenso económico generalizado. ¿Cuál es el problema aca?, Primero que el periodo post pandemia no existe, todos los pronósticos señalan que, por un largo periodo, habrá que convivir con un virus que todavía no está bajo control, que muta en la medida en que menos está bajo control y más se prolonga en el tiempo. Tiene posibilidades de mutación que puede afectar incluso las vacunas ya establecidas. Pero el problema fundamentales que la palabra recuperación económica no significa absolutamente nada, porque es, antes que nada, una utilización de los recursos del Estado para una lucha despiadada por el mercado mundial. La llamada “recuperación económica” solamente advierte que Estados Unidos se va a dotar de todos los medios económicos necesario para vencer en su competencia a China, a Rusia, e incluso la Unión Europea. Mientras que las delegaciones que vinieron a ver a Alberto Fernandez le reclamaron que no insistiera con la Sputnik V, Alemania quiere recibir esa vacuna. Hay una pelea abierta en este sentido, y, entonces, lo que va a venir, o lo que se plantea como tendencia, es un agravamiento de todas las contradicciones internacionales, y de recaídas en nuevas recesiones, en un mundo donde sólo la deuda pública, de 500 billones de dólares, es superior en 5 veces a un producto mundial de 100 billones de dólares. ¿Quién paga todo eso? Entramos, por lo tanto, en un periodo de grandes choques económicos, donde el concepto de recuperación económica resulta inconsistente. En alusión a todo este proceso de guerras que van acompañando estas crisis humanitaria, señalemos, a título de ejemplo, la inminencia, recientemente, de choques por el oriente de Ucrania, que vio un despliegue de fuerzas militares de un lado y de otro, tan serio, que algunos anunciaban la inminencia de un conflicto armado. O la guerra misma que ha habido entre Turquía y Armenia, los conflictos en el Mediterráneo por los pozos petroleros. Pero aca en Argentina, un desliz de la derechista Patricia Bullrich puso de manifiesto algo mucho más profundo. Estados Unidos quiere desalojar a China de Argentina, y para eso, no solo ejerce una brutal presión en esta pandemia, sino que además, ha desplegado submarinos atómicos en el Atlántico sur, y Gran Bretaña ha reforzado la base militar de Malvinas, que ahora definitivamente, es un gran problema político, para cualquier gobierno argentino - en considerable mayor medida que lo que llevó a la guerra de 1982. Es prácticamente, una base militar de control integral del Atlántico sur, donde pululan los barcos pesqueros chinos, que van a ser desalojados a cañonazos. La crisis humanitaria es la crisis pandémica en el cuadro del capitalismo en decadencia. Se manifiesta por sobre todo en América Latina. En Chile hay huelga generales en medio de la pandemia; en Colombia acaba de haber una huelga general; las elecciones en Ecuador y en Perú, han sido desestabilizantes, obviamente, no tanto en Ecuador, pero claramente en Perú; la fragmentación política es completa; hay unas guerras en las fronteras de Venezuela y Colombia; y hay un levantamiento popular, que no aparece como extraordinario, o no aparece como enjundioso, en Brasil, donde la gente organiza entierros simbólicos en las playas de Río de janeiro, para ver si puede voltear al gobierno y suscitar una reacción popular. En Argentina hay también una enorme rebelión, ¡en la docencia!, en el plástico, en los choferes que cortan las rutas, con una característica importante, especialmente para la historia de la lucha política de la Tendencia. Se están formando coordinadoras, autoconvocados. En la polémica que nuestra Tendencia tenía con el aparato dentro del partido, se mofaban de que teníamos la pretensión de querer volver al Cordobazo, ¡de ninguna manera! Pues eso es, sin embargo, lo que está ocurriendo ahora, eso es lo que ha ocurrido en Neuquén. Guillermo Pereyra, del sindicato petrolero, se jactó de que puede mover a 30.000 petroleros para derrotar al personal de la Salud, ¡y no ha logrado mover ni a su familia!, y si lo hubiera hecho se habría derrumbado toda la Argentina. Alberto Fernandez aborda esta crisis desde el ángulo del FMI: no hay ningún tipo de subsidio, no hay ningún tipo de apoyo económico a la población que lo necesita, la línea frente a la pandemia es ‘administrarla’, vamos viendo, más muertos, menos muertos, es decir, primero los muertos y después administramos. Es un derrumbe, y ahora, que no le puede imponer a Larreta en la ciudad de Buenos Aires una política común para el AMBA, se la quiere poner al movimiento obrero, prohibiendo el tránsito de manifestaciones de gran Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires, a Plaza de Mayo. América Latina es un polvorín que ya está estallando, y la iniciativa es una iniciativa de las masas, y lo que empuja esa iniciativa de las masas, es la lucha por la vida, la reivindicacion historica por excelencia de los explotados a través de toda la historia. Esta es la cuestion aqui, de manera que tenemos que trazarnos una perspectiva que esté inscripta en la realidad. No se trata de exhortar, hace esto o lo otro, acá se trata de asumir responsabilidades frente a lo que efectivamente ha desatado esta crisis capitalista. Por ejemplo, ha desatado una crisis brutal de salud, los diarios internacionales lo confiesan todos los días. La Nación, de Argentina, le ha encontrado la solución, en la post pandemia, hay que privatizar todo lo que tenga que ver con la Salud; es la gran oportunidad, porque la tecnología moderna solamente va a venir del capital privado. El capital privado de la educación en Argentina está impulsando el sabotaje a la lucha contra el virus, porque es el lobby principal de las aperturas de escuelas. Este es el rumbo político fundamental. En Argentina se traza, mejor que en otro lugar, la dielimitación política dentro de la izquierda. La izquierda democratizante entiende que esta pandemia es un accidente natrual que se supera con una vacuna; luego habrá que esperar a que caiga la bolsa de Nueva York. Esto no solo es un reduccionismo económico, es un analfabetismo político de características inusitadas. Ahora ¿por qué ocurre? Porque se ha ido adaptando al estado; están adaptados a una política de compromiso con el estado, no pueden ver la realidad, porque esa realidad ya contra con sus propios intereses. En Argentina, la lucha política en torno a esta crisis humanitaria empezó el mismo dia del virus de Wuhan, cuando el Frente de Izquierda Unidad dijo que se oponia a toda forma de cuarentena, y promovia al pensador, filósofo, italiano, Giorgio Agamben, que sostuvo que la cuarentena era el punto de partida de la instalación de un régimen totalitario. Ahora, lo curioso es que los totalitarios no querían la cuarentena. ¿A que me refiero? Trump, Piñera, Boris Jonshon, Macron, Bolsonaro, es decir, la derecha fascistizante era libertaria, y la izquierda acusaba a la protección de la salud, como un atentado al estado de derecho. De golpe tuvimos una izquierda que descubrió el estado de derecho, nunca le había prestado atención, ni siquiera intelectual, y de repente lo descubre en medio de una pandemia. En esta pandemia, quienes hemos defendido una caracterización que corresponde al proceso histórico de la decadencia capitalista; que hemos alentado estas luchas autoconvocadas, todas las auto convocatorias que hay en Argentina, en materia de educación, por el cierre de las escuelas, y el rechazo a la presencialidad; tiene como factor impulsor, exclusivamente, al Partido Obrero Tendencia. Estoy hablando de los hechos - de un reclamo que es apoyado cada vez más por numerosos docentes, seccionales enteras de Suteba, que algún izquierdista, o algun burocrata, creia que tenian atadas bajo cuatro llaves; están perdiendo votaciones a manos de las mociones huelguisticas que impulsa el Partido Obrero Tendencia. El desarrollo político, ha demostrado la vigencia de la posición que hemos asumido en la crisis del Partido Obrero. Esto es absolutamente fundamental, es una cuestión decisiva. En medio de esta cuestión decisiva, miren ustedes lo que está ocurriendo. La Cámara de Senadores dio media sanción a una ley, por la cual se suspende la obligación de los partidos políticos reconocidos a completar la cantidad de afiliados que deben tener para mantener su legalidad, debido a los obstáculos que plantea la pandemia. Porque hay muchas desafiliaciones en los partidos, y cuando bajan de cierta cantidad el número de afiliados, la tiene que recomponer para mantener la legalidad. La media sanción del Senado exonera a los partidos de esa obligación; ahora lo va a aprobar la Cámara de Diputados. El Partido Obrero Tendencia, en la pandemia, ha lanzado la lucha por la legalidad! ¡desde cero! Estamos, ahora, virtualmente, con el reconocimiento de la personería provisoria en la ciudad de Buenos Aires, y prácticamente, el reconocimiento integral nacional, federal, en la provincia de Buenos Aires. Estamos luchando por llegar al reconocimiento total en la Capital, y por obtener en la provincia de Buenos Aires, también el reconocimiento provincial. Lo estamos haciendo en todos los distritos industriales de la provincia de Santa Fe, con avances incuestionables y objetivos que se han alcanzado, ocurre en Catamarca, en Tucuman, y va a comenzar ahora en Jujuy. La lucha por nuestra legalidad muestra la tenacidad de una fuerza política, y muestra la madurez de su programa, la madurez de su estrategia, el reconocimiento de que acá está la tradición histórica del Partido Obrero. Ahora, para abordar esta etapa, necesitamos la IV Internacional, y la IV Internacional, tiene una crisis total, completa y absoluta. Para avanzar en la reconstrucción de la IV Internacional hay que discutir la crisis del PO, porque la crisis del Partido Obrero, concentra, con un vigor inusitado, un desarrollo nunca visto, la totalidad y un poco más de los problemas que enfrenta la vanguardia revolucionaria en el mundo. La del Partido Obrero, es una crisis internacional. Cada dia que se demora ese debate a nivel internacional, cada dia que se demora la comprensión del lugar histórico que ocupa nuestra Tendencia en el campo del movimiento obrero revolucionario y en el campo de la IV Internacional, cada vez que se demora eso, es un paso atrás en la construcción de la IV Internacional, que debiera ser realmente, el coronamiento de la lucha por la vida. Porque la IV Internacional se fundó para defender la vida, la vida de los revolucionarios rusos, de las masas rusas, y la vida de todos los que murieron en la segunda guerra mundial, como consecuencia de las políticas traidoras, de la burocracia stalinista y de su aparato a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos por delante de nosotros un trabajo extraordinario. En ese trabajo extraordinario, en ese desafío, es necesario desarrollar una fuerte comprensión del momento histórico presente, porque en cierto modo, vivimos bajo la presión de una izquierda, que cree que el mundo sigue sin cambios, de que lo que importa es la elección que viene. Esto es muy importante. En este sentido, quiero reivindicar, en particular en este acto del 1° de Mayo, al Polo Obrero de la Tendencia. Lo quiero reivindicar, porque es el único caso, en la historia del movimiento piquetero, que una corriente piquetera se forma en base a la experiencia de lucha y a la delimitación política, con los aparatos democratizantes. Estamos con los compañeros que simplemente salen a la lucha, y estamos con ellos por el hambre y la desocupación. Pero a eso nosotros le añadimos, o mejor dicho, nuestras compañeras y compañeros del Polo Obrero le añaden, la comprensión política que tienen, o que han alcanzado, de la evolución de todo este movimiento de desocupados, de sus perspectivas, y al servicio de quiénes tienen que luchar. Me sorprendo gratamente, me emociono. Los militantes del Polo Obrero Tendencia son los que más están contribuyendo a la conquista de la legalidad del Partido Obrero Tendencia. En este 1° de mayo, mando un saludo especial a las compañeras y compañeros del Polo Obrero Tendencia de todo el país. Este saludo es un reconocimiento a la experiencia, extraordinariamente positiva, que estan desarrollando. La crisis del Partido Obrero ha sido la concentración de los problemas políticos de la crisis de toda la vanguardia obrera, ni que hablar, de aquellos que ni siquiera tienen vínculos con la clase obrera, y operan en la superficie digital, como supuestos intelectuales de izquierda. Acá hemos tenido una experiencia vigorosa. Esta crisis se ha anticipado a la crisis humanitaria, y en ese sentido sirve como un factor enorme de construcción, porque ha puesto antes los ladrillos para enfrentar esta situación. Imaginen ustedes si hubiéramos estado, en esta crisis humanitaria, con la confusión que nos planteaba el aparato, con sus maniobras sucias, con su violencia contra los estatutos del partido. Estaríamos completamente desarmados, no estaríamos ayudando a la clase obrera. Por eso quiero señalar lo siguiente al final. Viva la clase obrera. Viva el socialismo internacional. Viva la IV Internacional. ¡Pero viva, viva y viva a los compañeros que forman el Partido Obrero Tendencia, porque están desarrollando, y lo probará el futuro próximo, una tarea histórica y gigantesca!

Estimados compañeros, en esta nueva conmemoración de un 1º de mayo de 2021, saludamos a la jornada internacionalista “LA CRISIS HUMANITARIA DEL CAPITAL, LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA” organizada por el Partido Obrero Tendencia del hermano país Argentina. La crisis capitalista y los efectos de la pandemia avanzan por los diferentes carriles de la economía chilena destruyendo la pequeña y mediana industria, el comercio establecido y el aumento desmedido del precio de los alimentos son las generadoras de la pérdida del empleo de millones trabajadores y el hambreamiento de amplios sectores de la población explotada. El gobierno de Piñera, al igual que los regímenes autoritarios de América, ha quedado al desnudo ante las masas por su incapacidad política para mantener el empleo y solucionar las deficiencias hospitalarias y proteger la salud de la población. Mantiene su gobierno con una brutal represión policial y con maniobras políticas con la oposición parlamentarista. La “izquierda progresista” y los partidos tradicionales del movimiento obrero, nuevamente hacen un esfuerzo para salvar al gobierno de Piñera y al régimen capitalista que se desmorona ante la presión de las masas y del movimiento obrero que lucha por subsistir con el 10% de sus ahorros previsionales. La figura de Piñera expresa la brutal crisis del sistema capitalista y de la burguesía. Pero, la oposición no está por el ¡Fuera Piñera¡! sólo espera su turno para gobernar. Sin embargo, la nueva coalición partidista deberá enfrentar a las masas que lucharan por trabajo, por salud oportuna y una casa habitación para vivir. Es la tarea de los militantes obreros es de dotarse de un programa revolucionario y luchar codo a codo con los trabajadores para la construcción de una alternativa socialista y por un gobierno de la clase obrera. VIVA EL 1º DE MAYO. VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO. POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMERICA LATINA. PRENSA OBRERA desde Chile Talcahuano, 1º de Mayo 2021

Compañeras, compañeros, encontrarnos el 1 de mayo, día de los trabajadores, con una pandemia que lleva más de un año y que amenaza la vida de millones de mujeres y hombres, es especialmente significativo. El régimen capitalista se ha mostrado incapaz de ofrecer la más mínima protección contra una pandemia causada por un virus, resultado de la devastación ambiental de un modo de producción rapaz y destructivo que ha llegado a su fase senil. Esta crisis sanitaria también ha dado lugar a una grave e irreparable crisis económica mundial que está provocando la pérdida de millones de puestos de trabajo en todos los países. En Italia, este año el número de personas empleadas se redujo en 950 mil. Con más de 700 mil inactivos y una tasa de paro del 56,5%. La pandemia ha abrumado a casi un millón de trabajadores y las cifras confirman que los más afectados son los jóvenes y las mujeres. Los datos muestran un descenso del número de personas empleadas en la franja de edad de 15 a 34 años, que es casi 3 veces superior a las demás. Incluso antes de 2020, la situación laboral de la llamada generación "Z", que incluye a los nacidos entre 1995 y 2009, no era fácil. La tendencia es aceptar salarios cada vez más bajos que en el pasado, con empleos en la mayoría de los casos precarios. Los adolescentes de la Generación Z que estaban empleados a finales de 2019 trabajaban en su mayoría en sectores relacionados con la restauración y el turismo, que se vieron especialmente afectados por la pandemia. A finales de 2020, de los 101 mil desempleados, 99 mil son mujeres y 2 mil son hombres. Incluso con la congelación de los despidos, la situación no mejora porque es mucho más fácil contratar a un hombre que a una mujer. En Italia se vieron más afectados los sectores en los que las mujeres estaban más empleadas, como los servicios y el sector comercial. Muchas mujeres empleadas tienen contratos precarios y, por tanto, son más fáciles de despedir. La pandemia sólo ha aumentado un problema que ya existía. Según un informe de la Comisión Europea, ya en 2018 la tasa de empleo femenino fue la más baja que en el resto de Europa. Italia es el segundo país en cuanto a la diferencia salarial entre hombres y mujeres: por el mismo papel en comparación con un hombre, una mujer con la misma educación, habilidades y función recibe de media un 20% menos. En Italia la crisis política ha dado lugar al enésimo gobierno de unidad nacional que prepara una política de rescate para los capitalistas y banqueros y una brutal política de austeridad para los trabajadores. Es crucial que construyamos una oposición de clase al gobierno de Draghi y que cortemos la hierba bajo los pies de la peor derecha fascista dispuesta a capitalizar, de forma reaccionaria, el descontento con las políticas antipopulares del gobierno. Es deber de los revolucionarios hacer de este día no un aniversario sino un día de lucha, trabajando para elevar el nivel de conciencia de clase de los trabajadores, las trabajadoras y la juventud proletaria. Con la esperanza de abrazarnos pronto en las plazas, estudiemos y confrontemos las estrategias a poner en marcha para ganar a toda la clase obrera a nuestro programa y empujarla a la lucha contra el capitalismo y los estados burgueses, y por la revolución socialista.

Queridos compañeros y queridas compañeras, un saludo desde Italia en nombre de Prospettiva Operaia. Este Día Internacional de los Trabajadores 2021 llega tras un año en el que la crisis capitalista se ha mostrado como una pandemia, extendiendo la muerte y la alienación por todo el mundo, afectando de forma significativa y traumática a la vida de todos nosotros y desencadenando una nueva recesión de magnitud excepcional en la economía mundial. La recesión italiana es la más grave jamás registrada en tiempos de paz. En Italia, la crisis histórica del poder de la burguesía nos ha llevado a un gobierno de unidad nacional, dirigido por el ex presidente del BCE Mario Draghi. Incluye a casi todos los partidos que se sientan en el parlamento, y desde el principio las burocracias de los mayores sindicatos han garantizado su apoyo y disposición a colaborar, montados en la ilusión de que en un momento de tanta dificultad podrían coincidir los intereses de los trabajadores y de la patronal. En sus primeros meses de vida, el nuevo Gobierno ha tenido que hacer frente a dos cuestiones urgentes y fundamentales: la campaña de vacunación y la elaboración del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), el plan para gestionar la financiación europea del Plan de Recuperación, la principal razón por la que las finanzas internacionales y las grandes empresas italianas han presionado para que nazca un Gobierno de Draghi. En la guerra de vacunas que se jugó entre los distintos estados, una guerra en la que el primero en llegar a la finalización de la campaña de vacunas puede acelerar el proceso de recuperación económica y salir aventajado en la competencia entre estados, salió a relucir toda la debilidad y decadencia del capitalismo europeo y de todo el edificio político e institucional europeo, frente a las otras grandes potencias mundiales. En consecuencia, en Italia, el resultado final ha sido el de una campaña de vacunación que tiene dificultades para despegar y que no ha alcanzado los objetivos inicialmente previstos. Por otra parte, en lo que respecta al plan de recuperación, Europa ha garantizado a Italia casi 250.000 millones de euros. Draghi declaró que esta liquidez se utilizará en el futuro inmediato para reparar los daños causados por la pandemia y en el futuro para reestructurar el tejido industrial y la administración pública italiana. Detrás de las principales consignas de "Revolución verde y transición ecológica", de "Digitalización, innovación, competitividad y cultura", se esconde el único gran propósito de esta operación: el rescate de la burguesía. Ninguna operación, de hecho, incluso una mayor inyección de liquidez que la del plan de recuperación, podrá aumentar las fuerzas productivas o desarrollar la ciencia y la tecnología. Estas languidecen desde hace mucho tiempo, porque están monopolizadas por un grupo restringido de monopolistas, que no están interesados en invertir en ciencia y tecnología, sino sólo en exprimir los salarios y las pensiones para contrarrestar la caída de la tasa de beneficios. Hace unos años que en Italia se habla de la cuarta revolución industrial, pero toda la operación de la Industria 4.0 comenzó en la década pasada a menor escala y con pobres resultados, anticipando lo que está ocurriendo hoy y ocurrirá mañana: es decir, que nos encontraremos con una operación de rescate de empresas, dinero público entregado a empresas privadas. En pocas palabras, el rescate de una clase, que nunca como en este momento muestra su naturaleza parasitaria, incompatible con la vida humana y privada desde hace tiempo de toda función histórica en el progreso de la humanidad. Por el contrario, los trabajadores ya están sufriendo los cambios de un mercado laboral cada vez más feroz, en el que el coste de la mano de obra se abarata cada vez más, con menos empleo general, como atestiguan las recientes renovaciones de los contratos nacionales de sus categorías, en primer lugar la de los metalúrgicos. Incluso durante esta pandemia, desde el punto de vista económico, los trabajadores y las trabajadoras han sufrido de forma diferente según su nivel de cualificación y su sector. Sin embargo, gracias en parte a la legislación de congelación del despido aprobada por el gobierno anterior con el objetivo de contener la tensión social y válida hasta finales de junio, todavía no hemos visto una vuelta a la lucha general por parte de la clase trabajadora. Obviamente, hay excepciones relacionadas con algunas pequeñas pero significativas realidades presentes sobre todo en el sector de la logística que han sufrido importantes actos de represión patronal e incluso de escuadrismo fascista, en algunos casos. La pequeña burguesía, de hecho, ha sido una de las clases más afectadas, y la pandemia ha hecho aún más evidente que no hay ninguna fuerza política burguesa capaz de hacerles frente. Su descontento ha sido explotado por los negacionistas y la extrema derecha. En esa fase, sólo un movimiento obrero combativo podría hacerle frente. La izquierda, incluida la izquierda "de clase" o "revolucionaria", fue sorprendida por el acontecimiento, porque fue impotente para analizar la fase histórica de la decadencia capitalista y, por tanto, para intervenir y consolidarse entre la clase con un programa de clase. En consecuencia, no ha sido capaz de unirse ni siquiera en una lucha significativa para detener la producción, legitimando de hecho la gran farsa de los protocolos de seguridad en el trabajo acordados por la cúpula de los sindicatos mayoritarios con el gobierno y las empresas, sino que, por el contrario, como ha sucedido aquí en Italia, en muchos casos se ha puesto abiertamente del lado de la reapertura de las escuelas, hecho que siempre ha coincidido con un posterior aumento de infecciones y contagios. Ni siquiera ante una catástrofe planetaria consigue esta izquierda volver a poner el tema del poder en su agenda política. Tal y como se recoge en el comunicado de este acto internacionalista del 1 de mayo, la humanidad se encuentra actualmente en una encrucijada. El camino que está tomando actualmente es el que lleva a la catástrofe, de la que esta pandemia fue sólo una primera muestra. El otro camino que se puede tomar es el del desarrollo del progreso científico y tecnológico y el de la emancipación de la explotación capitalista. Pero este camino sólo es posible en manos de un gobierno obrero, producto de una revolución socialista. Debemos recomponer la vanguardia obrera internacional en una lucha por sus intereses históricos. La lucha por la revolución socialista y el gobierno de los trabajadores. Discutamos, estudiemos, luchemos para construir una Internacional Revolucionaria. Gracias a todos.

Queridos compañeros y compañeras. Queridos camaradas, en nombre del EEK de Grecia, en nombre de los trabajadores, los jóvenes y los pobres de nuestro país, enviamos a su conmemoración del 1ero de mayo nuestros más sentidos saludos internacionalistas revolucionarios. La clase obrera internacional, y todos los oprimidos, los explotados y discriminados en todo el mundo están luchando contra la catástrofe que el capitalismo en decadencia ha producido. El 1ero de mayo 2021 es el día internacional de los trabajadores en lucha por la vida porque entre 2020 y 2021 más de 3 millones de personas murieron por la destrucción capitalista de la naturaleza que provocó esta pandemia que llevó a una tragedia humanitaria en todas partes. No hay duda que la pandemia que comenzó en 2019 no fue una tragedia natural, no fue como un asteroide venido del espacio, sino el producto de la destrucción del ambiente por la codicia de las empresas capitalistas, la globalización capitalista, la destrucción de barreras inmunológicas, los ecosistemas. Esta es la razón de lo que los epidemiólogos llamaron “la epidemia de las epidemias” de los últimos treinta, cuarenta años. A pesar de la rápida aparición de vacunas, todavía estamos lejos, muy lejos, del fin de la pandemia. Hay un mal manejo fantástico de casi todos los gobiernos capitalistas de esta crisis sanitaria, humanitaria. Hay una competencia salvaje entre las farmacéuticas sobre una u otra vacuna, desperdigando un escepticismo, que los oscurantistas y fascistas explotan en esta situación. No sólo eso. Pero es con seguridad la destrucción de todos los sistemas nacionales de salud existentes – y no existentes – en todo el mundo, su destrucción en los últimos treinta, cuarenta años a manos del llamado “neoliberalismo”, creó las condiciones para la pérdida de innumerables vidas que podrían haber sido salvadas bajo otras condiciones. Hay un slogan en el movimiento obrero de Grecia: “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”; el cual es absolutamente cierto y está probado porque la única línea de resistencia a esta tragedia humanitaria durante todo este año fue el auto sacrificio de los trabajadores de la salud, de enfermería, las y los médicos. Sin ninguna ayuda, muy por el contrario, del Estado, de los gobiernos. Así que el 1ero de mayo 2021 es un día de lucha, de movilizaciones masivas, para salvar la vida que está bajo amenaza por el propio sistema. Necesitamos la expropiación de las grandes farmacéuticas, la expropiación de las patentes, la expropiación de las grandes clínicas, de todo el sector público de explotación de la salud y la centralización y planeamiento de todos los recursos para enfrentar el peligro, para implementar cuarentenas donde sea necesario, testeos masivos, seguimiento y todas las medidas necesarias que no son llevadas adelante ahora porque todos los gobiernos alrededor del mundo intentan subordinar la salud y la vida a las prioridades del sistema capitalista, la economía capitalista. El dilema salud o economía es un falso dilema. La vida siempre tiene prioridad sobre cualquier necesidad económica. Entonces, el 1ero de mayo es un día de lucha contra la miseria extendida por la crisis capitalista antes de la pandemia y que ahora durante la pandemia entra en una fase totalmente nueva. La pandemia, creada bajo las condiciones que mencioné antes, salió de una crisis y disparó una nueva crisis, que no es sólo un empeoramiento de la crisis anterior sino una situación mundial radicalmente diferente que es necesario comprender para desarrollar las políticas correctas para cambiar la situación y salvar la vida. Ya antes de la pandemia era claro que los esfuerzos realizados en la última década no pudieron detener la crisis sistémica del capitalismo. Por el contrario, en vísperas de la pandemia todas las señales indicaban una profundización de la crisis. La pandemia no sólo creó una crisis peor, sino que creó una crisis cualitativamente nueva en todos los niveles: económica, política, de lucha de clases, de luchas nacionales, de clases a nivel internacional, de luchas geopolíticas, de guerras y situaciones revolucionarias en un país atrás de otro. Los bancos centrales y gobiernos centrales en Europa, EEUU, y más allá tomaron medidas extraordinarias, grandes sumas de dinero que superan aquellas medidas económicas tomadas luego de la quiebra de Lehman Brothers, para salvar a su sistema. No les importa el pueblo, no les importa la vida humana. Les importan sus ganancias, pero no simplemente sus ganancias sino el sistema de ganancias que está colapsando. Así de simple. Así que toman medidas para salvarlo. Por esta razón, la recientemente electa administración Biden, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo Central han dicho que mantendrán estas medidas monetarias y fiscales extraordinarias - y aconsejan a los gobiernos mantenerlas - hasta que la pandemia esté bajo control y la economía revivirá. Todos dicen, incluyendo a los grandes centros del capital financiero, que luego de la pandemia habrá una pandemia de deudas y bancarrotas en muchos países y particularmente en el hemisferio sur. Janet Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro de EEUU, dijo que más de 150 millones estarán por primera vez bajo la extrema pobreza en este año 2021 a causa del shock estructural causado por el COVID-19. Si hasta 2008 había 20 millones de personas que habían perdido sus hogares en sus países y se habían convertido en migrantes de aquí y allá, para morir ahogados en el Mar Mediterráneo, en el Mar Egeo, para morir en la frontera México-EEUU, en los últimos diez años antes del COVID estos 20 millones se convirtieron en 80 millones. Cualquiera puede imaginar lo que sucederá con estos millones de desesperados del hemisferio sur en esta nueva situación explosiva que combina la miseria social, la amenaza sanitaria y el riesgo de muerte, de muertes masivas; particularmente en países donde no tienen ningún tipo de sistema de salud y ni siquiera tienen vacunas. Esta es una particularidad si se quiere de la universalidad de esta crisis. La pandemia es un problema global. Necesita una solución global. Incluso con todos los países del hemisferio norte vacunados - EEUU y Europa -; si hay un solo país en el mundo cuya población no está vacunada, el problema estará aquí, con nuevas variantes, mutaciones y la expansión de la pandemia. Este problema global requiere una solución global, que no puede venir de un sistema que ha probado su incompatibilidad. Tendremos una explosión masiva del desempleo. Tendremos una disrupción masiva de la vida social, económica y política en un país tras otro en el siguiente período inmediato. En el caso de la administración Biden, se están tomando medidas que nunca antes se habían tomado; las sumas que mueve esta administración, los trillones de dólares – 1.9 trillones primero para el plan de recuperación y ahora otros dos trillones para la reconstrucción de infraestructura – son cifras que fueron utilizadas por EEUU sólo en la Segunda Guerra Mundial y dicen que incluso van a aumentar esta intervención masiva. Algunos dicen que esta reversión de las Reaganomics y las medidas de lo que ellos llaman “neoliberalismo” en los últimos treinta, cuarenta años; significa una vuelta al keynesianismo y al estado de bienestar, un nuevo boom, el pleno empleo, buenos salarios… Esto son solo ilusiones. Desafortunadamente, estas ilusiones son muy fuertes entre la izquierda, internacionalmente, no sólo en EEUU. La contradicción, por el contrario, es la siguiente: la administración Biden, lo cual significa la parte más fuerte de la clase dominante estadounidense, como la dirección del JP Morgan, etc., hacen esta movida desesperada con estas sumas enormes de dinero y esta enorme intervención estatal, oponiéndose a las Reaganomics, estas políticas económicas promovidas por Ronald Reagan durante la década de 1980, para salvar a su sistema. Y esta reversión de las medidas económicas es imposible que sean eficientes, que se lleven adelante. Van a desestabilizar aún más a un sistema que está en un proceso de quiebra. Ese es el segundo punto que debemos tener en cuenta en este 1ero de mayo 20121. Así como las implicancias de esta desestabilización, este proceso de quiebra sistémica global que vemos. Aparte de estas medidas de reversión económica, el uso de la brutalidad policial. Incluso con la condena de Chauvin, el asesino de George Floyd – que fue definitivamente una concesión al movimiento Black Lives Matter -, aunque fue un alivio para la población afro-americana y no sólo para ellos, no significa que el sistema policial en sí mismo, este arma que es el monopolio de la violencia en manos de la burguesía, haya terminado. Por el contrario, en la misma Minneapolis y otras ciudades de EEUU, la brutalidad policial ya acumula más víctimas, más muertes, más víctimas inocentes, particularmente entre la población más vulnerable. Y al mismo tiempo que Biden trata de presentarse a favor de la clase obrera, incluso con palabras de aliento para los movilizados de Amazon; a pesar de esto él rechazó el aumento de 15 dólares la hora del salario – y los salarios en EEUU desde 1973 no sólo no crecieron, sino que declinaron. La masa de la población vive bajo la pobreza. Esta fue la razón del ascenso del fenómeno Trump, de la extrema derecha, los fascistas. Esta es la fantástica situación en la que estamos. En el centro del capitalismo mundial. En el centro de la pandemia global. En el poder hegemónico del capitalismo mundial tenemos esta situación desesperada de la clase dominante más fuerte. Y lo intentan todo. Y no sólo ellos, el resto de las clases dominantes en el mundo, aquí en Grecia también, el ascenso de la brutalidad policial particularmente contra los jóvenes, quienes están tan salvajemente golpeados por la crisis capitalista mundial: desempleo masivo, falta de futuro… Es una generación, la que era muy joven hace doce años, que no tiene esperanza de un trabajo o condiciones de vida en alguna medida dignas en el futuro cercano en el llamado “Tercer Mundo” - tanto en Latinoamérica, como África, Asia y Medio Oriente. Por esta razón, siempre hay convulsiones y explosiones sociales y situaciones revolucionarias que se detuvieron a principios del año pasado temporariamente. Este movimiento revolucionario entrará ahora en una nueva fase. El problema es que en una situación cambiante, nosotros también deberemos cambiar nuestra teoría y nuestra práctica como revolucionarios marxistas, como trotskistas, para enfrentar los nuevos desafíos. Hay una serie de trampas que debemos superar inmediatamente: la primera es si nos adaptamos a nuestro medio nacional. El internacionalismo es la única esperanza de victoria y salvación en la situación en la que estamos. No es una cuestión moral o abstracta. Es un problema práctico para que la lucha por la vida sea exitosa y victoriosa. La segunda trampa es la adaptación a la democracia liberal y el parlamentarismo burgués. Esto ha destruido uno tras otro a muchos partidos de extrema izquierda. En Europa el NPA y en Argentina también, en Brasil y en todas partes podemos ver esto. La experiencia que tuvimos hace diez años con Syriza en Grecia, Podemos en España, etc., etc., llevó al desastre. Una receta para el desastre. O bien tendremos en el próximo período una catástrofe permanente o la revolución permanente. La revolución permanente no es un slogan vacío, no es sólo un problema programático, no es sólo una estrategia; es una estrategia, es una perspectiva, es un programa, pero sobre todo es la expresión consciente de las demandas históricas objetivas más profundas de nuestra época, una época transicional del capitalismo al comunismo mundial. Por esta razón, el trotskismo, a pesar de su fragmentación, retrocesos y todos los problemas que enfrentó y aún enfrenta, es la esperanza de la humanidad porque no es la construcción arbitraria de un político de izquierda, sino que es el reflejo objetivo de una época. Y cuando esta consciencia teórica, la consciencia teórica más alta de la época en palabras de Trotsky, se encuentra con las grandes masas, las masas más amplias, las más alejadas de cualquier teoría, este será el momento de la revolución, la inspiración violenta de la historia, el cambio del mundo. Este es el mensaje para el 1ero de mayo 2021: tenemos que avanzar por la IV Internacional y por la victoria de la revolución permanente mundial. ¡Adelante compañeras y compañeros!

La reforma tributaria de Duque que aumenta el IVA de alimentos, congela salarios, y aumenta el “impuesto a la renta” (impuesto al salario), llevó a millones de personas y centenares de piquetes a las rutas, calles y accesos. El país enfrenta actualmente un tercer pico de contagios, sin vacunas, y el sistema hospitalario colapsado. Los docentes protestaron nuevamente contra la presencialidad y la “alternancia”. Las protestas siguieron por cuarto día consecutivo y se profundizaron a pesar de la pasividad de las burocracias sindicales, partidos de oposición y de la intransigencia de Duque. “Los trabajadores del puerto de Buenaventura bloquearon el ingreso al puerto más importante del pacífico colombiano, el bloqueo de la vía al mar en Restrepo-Valle ya completa cuatro días a pesar de la represión del Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-, e igualmente se mantienen bloqueos en diferentes puntos del departamento de Arauca. Campesinos cerraron la vía Tunja-Bogotá, comunidades y procesos del centro oriente permanecen en la carretera en paro cívico, comunidades del nordeste antioqueño continúan en el paro minero y cocalero en Anorí, y varias ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Pasto han tenido movilizaciones consecutivas” (colombiainforma, 1/5). El Comité Nacional del Paro, que nuclea sindicatos nacionales, jubilados, campesinos, estudiantes y docentes, le da oxígeno a Duque mientras escasea oxígeno en las UTI. La popularidad del presidente cayó un 33% y se encuentra en el nivel más bajo (la tercera, 1/5). Duque llamó a militarizar el país. Fuera Duque Duque prometió que no habrá IVA para bienes y servicios públicos, gasolina y productos de la canasta básica familiar, tampoco ampliará la base del impuesto de renta. El Centro Democrático y Conservadores están abiertos al debate, desde los Verdes (Fajardo), que habían pedido retirar la reforma y que renuncie Carrasquilla (Ministro de Economía). Petro llamó a retirar la reforma, y el Partido Liberal tampoco la votará. El senador Ivan Cepeda llamó a un “paro legislativo”. Duque dijo que no lo hará “porque enviaría un mensaje de incertidumbre financiera”. El Primero de Mayo fue una enorme jornada de luchas en todo el país, con la ciudad de Cali como epicentro. Incluso el América de Cali salió a apoyar a los manifestantes: “los trabajadores somos el pueblo, el motor del progreso de un país”, en su cuenta de twitter. El Paro continúa sin importar la llegada de militares y fuerzas especiales de la policía. Se produjeron cortes en los accesos a Bogotá, Medellín y Barranquilla. En La Candelaria, centro de Bogotá, la policía reprimió hasta altas horas de la noche. Medellín suspendió el metro. En Tunja, Sogamoso y Duitama, provincia de Boyacá, caravanas de camiones que cortaron los accesos y movilizaciones hacia las plazas y parques. El “plan tortuga”, frenar el tránsito y sumar a la población. Se hicieron asambleas en los piquetes: “tendrá que caerse la reforma, el aumento a los combustibles, como así los supuestos representantes del pueblo que apoyan esta reforma”, en las afueras de Tunja. El Consejo Regional Indígena del Cauca reactivó la “Minga” indígena en apoyo al Paro, y contra la represión (colombiainforma, 1/5), para realizar “tomas de las vías públicas, las marchas y los actos simbólicos (…) configurar una Minga en el marco de las diversas actividades que se puedan realizar en las veredas, pueblos, territorios y ciudades y que podamos salir a manifestarnos en contra de este régimen y del Gobierno” (ídem). Cali Resiste Organizaciones de DDHH protestaron contra el ESMAD, responsable del asesinato de más de una decena de personas el año pasado durante la rebelión desatada contra la violencia policial y el asesinato de un joven en Bogotá. “En Cali se presentaron alteraciones importantes el viernes que habrían dejado 14 muertos, en Bogotá hubo 28 detenidos por manifestarse y en Antioquia ya decretaron toque de queda” (pulzo, 1/5). Según el último balance oficial hay 209 policías heridos y 185 arrestos. La respuesta a la represión en Cali fueron cientos de miles en las calles, la ciudad fue bautizada “capital nacional de la Resistencia” (#Parosigue #CALIRESISTENCIA #ParoIndefinido). En Popayán, capital de Cauca (mayor cantidad de desplazados y violencia paramilitar por asesinatos a líderes sociales) incendiaron establecimientos de policía y de la fiscalía. La justicia es cómplice de los ataques a los manifestantes y de los asesinatos policiales y paramilitares. También en Bucaramanga, Santander, los manifestantes respondieron a los ataques policiales. El ESMAD ingresó a la Universidad Industrial de Santander, reprimiendo a los estudiantes. Los manifestantes gritan “Fuera Duque” porque entienden que no se trata de poner fin a una reforma tributaria, sino a un régimen político y social.

Mientras la pandemia continúa batiendo records de contagios y fallecimientos por Covid, el viernes 30 se desarrolló una nueva asamblea del SUTEBA La Matanza en modo virtual. Había sido convocada para el jueves 29, pero la dirección del sindicato la postergó para el día siguiente, con el objetivo de sesionar luego de los anuncios que debía hacer Alberto Fernández. La prórroga del último DNU suspendió parcialmente la presencialidad escolar en el AMBA. La lista Celeste -dirección provincial del sindicato- , por su lado, había convocado a una charla sobre “Ingreso a la docencia”, para boicotear la asamblea matancera. De la reunión finalmente participaron unos 150 compañeros y compañeras. La gran mayoría eran militantes de las agrupaciones de la lista Multicolor, y en menor medida, compañeros de base e independientes. El reclamo de que el Estado garantice la conectividad y los equipos para desarrollar la Educación Virtual, la exigencia de vacunas y la necesidad de una garantía salarial para todos los compañeros que no pudieron tomar horas o módulos, formaron parte de la mayoría de las intervenciones de los asambleístas. Se denunció que algunos inspectores y directivos pretendían que los docentes realicen “guardias” en las escuelas, exponiéndolos al contagio. Las intervenciones de las agrupaciones del FIT-U hicieron eje en la reivindicación de la “gran acción” (sic) del Plenario del Sindicalismo Combativo del martes 27, en ocasión de la reunión del Consejo del Salario - una práctica auto-proclamatoria insistente. A aquella cita, sin embargo, el PSC concurrió, por su lado, y el PTS y del MST, por el otro. Todos coincidieron en reivindicar un salario básico de pobreza - $60.000 no la canasta familiar de $120 mil, lo cual se acomoda a la tendencia a la desvalorización del salario. El salario mínimo condiciona otras formas de ingreso, como las jubilaciones o el seguro al desocupado; el 82% de la canasta de pobreza es de 48 mil pesos, lo cual es una miseria para la familia de trabajadores retirados. El reclamo histórico de la Multicolor ha sido siempre un salario básico igual al costo de la canasta familiar. La “gran acción” tampoco contó con la presencia de docentes no encuadrados. Los partidarios del FITU insistieron en que se declara de “utilidad pública” el laboratorio de Hugo Sigman, ubicado en Garín, para colocar al sindicato atrás de un proyecto parlamentario, que presentó el FIT-U. La denuncia de la presencialidad “administrada” que cocinan el gobierno, la oposición y la burocracia sindical, estuvo ausente, sin embargo, en el informe inicial y otras intervenciones de los voceros del FIT-U. El tema decisivo de las vacunas es usado para encubrir una posición favorable a la presencialidad, en contradicción con lo que plantea el avance de la pandemia y la misma crisis de vacunas. Los compañeros que intervinieron por nuestra Tendencia señalamos que la suspensión parcial de la presencialidad es un recule apresurado del gobierno, que no alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, ni al interior de la Provincia de Buenos Aires (ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, etc.) o provincias con elevado número de contagios y fallecimientos, como Mendoza, Tucumán, Santa Fe y Neuquén. La suspensión de clases presenciales en La Matanza no justifica que la Multicolor no impulse huelgas contra la presencialidad de alcance nacional. El gobierno ha reconocido que prepara una “presencialidad administrada, probablemente cuando obtenga apoyo a un proyecto de ley de delegación de poderes por parte del Congreso. Rechazamos atar la suspensión de la presencialidad a ningún “semáforo epidemiológico”, porque las vidas de los trabajadores no son curvas numéricas. La presencialidad escolar en pandemia ya se demostró incompatible con la vida. Propusimos que la Multicolor convoque a un plenario provincial de delegados con mandato de escuela para organizar la lucha por imponer la suspensión de la presencialidad escolar en todos los distritos de la provincia. El compañero que intervino por Tribuna Docente (Oficial) criticó por “corporativa” nuestra posición anti presencialista y la contrapuso a la defensa de la “Escuela Pública” y a la de la comunidad educativa – aunque esto significa el derecho a contagiarse. No menciona nunca al lobby de la educación privada, que es el verdadero promotor de la presencialidad, ni a su socia, la Iglesia. A la hora de la votación, las agrupaciones del FIT-U, con el apoyo de la AyB (PCR, integrada al FdT y aliada de la celeste), propusieron que el sindicato rechace las clases presenciales “en el marco del avance exponencial de la curva de contagios de Covid-19 hoy en 26 mil casos promedios pero con picos de casi 30 mil, con una tasa de incidencia que en todos los distritos supera por lo menos en 3 veces los 200 casos cada 100 mil habitantes, con más de 500 fallecidos diarios y el sistema sanitario colapsando” (moción 1). Es decir, atar la suspensión de la presencialidad al criterio del “semáforo epidemiológico” de Trotta y la burocracia de Baradel, que establece un número ´tolerable´ de contagios y muertos. Nuestra posición fue la que sostenemos desde el comienzo: “No a la presencialidad en pandemia y sin vacunas” (moción 2). Al momento de la votación, emitieron su voto 115 compañeros. Todas las agrupaciones del FIT-U más el PCR (AyB), reunidas, sacaron el 76%. La moción defendida por nuestra Tendencia, la Coral, y los compañeros agrupados en el comité de “docentes contra la presencialidad”, obtuvo el 26%. También se votó “reinvidicar” la política del Plenario del Sindicalismo Combativo. Casi el 30% de la asamblea –incluyendo nuestro voto- se abstuvo. La reunión terminó votando una jornada de lucha, todavía “a coordinar”, con los Sutebas Multicolor, Ademys y sindicatos provinciales, que incluya la modalidad de paro provincial, para la semana que viene, en solidaridad con todos los distritos en dónde hay clases presenciales. Por nuestra parte, continuaremos impulsando el desarrollo, la acción y la coordinación de los comités de base para desarrollar la lucha contra la presencialidad escolar en pandemia y sin vacunas.

El Grupo Independencia Obrera de España envía su adhesión internacionalista al acto del 1º de mayo convocado por Política Obrera, tendencia del Partido Obrero de Argentina. En circunstancias en que la incompatibilidad entre la vida y el capital adquiere su forma extrema con la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas bajo la pandemia, la tarea de la reconstrucción de la IV Internacional es imperiosa. Luchar por una dirección revolucionaria de la clase universal, la única que puede liberar a la humanidad de la opresión destructiva del capital y reapropiarse socialmente de la naturaleza, la ciencia y la cultura, para preservar a la humanidad toda es el objetivo central de este periodo. Ante la burocracia sindical, sostén del estado burgués, ante las corrientes de la izquierda que escudan su capitulación ante ese mismo estado bajo la falsa contradicción de Democracia o Fascismo, nosotros señalamos que ambas formas de expresión del capital coinciden en la defensa de la "nueva normalidad". La sumisión de los aparatos obreros y la izquierda democratizante a esta vía mortífera de coexistencia con la pandemia se debe superar con la independencia política de los trabajadores expresada en una nueva dirección revolucionaria internacional. ¡Socialismo o barbarie, por la revolución socialista!

La Comisión bicameral de Inteligencia presentó el 20 de abril el informe sobre los Servicios de Inteligencia 2016-2019. La Comisión, presidida por Leopoldo Moreau, estuvo abocada a examinar los vínculos y conductas de un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte. Denuncian el “lawfare” (guerra judicial) contra opositores y movimientos sociales y políticos por medio de la unidad de redes de Inteligencia, la Justicia y los aparatos represivos. Moreau señaló que la Mesa Judicial que resolvía "el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas (...) era presidida por Mauricio Macri" (Página/12, 21/4). La comisión recibió 24 declaraciones: 16 de integrantes o ex integrantes de la AFI, dos de integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dos de abogados de los familiares del ARA San Juan, una del abogado Alejandro Rúa, que denunció el espionaje penitenciario, y dos de funcionarios del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. La Comisión reivindica que “el conocimiento de tales actividades ilegales, de inconmensurable gravedad, por parte de la superioridad de la Agencia, resulta indiscutible” (p. 142, Informe). “El objetivo de estas tareas de Inteligencia ilícita fue influir en la situación institucional, política y social del país”. El director la AFI, Gustavo Arribas, y la subdirectora Silvia Majdalani, fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el Plan de Inteligencia Nacional, indica el informe (176). “El grupo, en un principio, fue coordinado por el Director Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, con trayectoria dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia. Luego, lo llevo adelante Alan Ruiz, quien provenía del Ministerio Seguridad de la Nación y fue contratado por Arribas y Majdalani (…) retransmitidas por este último a Jorge Sáez y Leandro Araque, quienes servían como nexo de comunicación directo entre el resto de los agentes que concretaban las tareas de campo (pp. 230-32). El informe concluye que “actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal” (249). Estas prácticas, tal como se desarrollaron, fueron conocidas por la doctrina y la jurisprudencia como “bandeja de plata”, que significa entregar pruebas obtenidas ilegalmente para ser incorporadas en procesos penales, con el objetivo de lograr una respuesta del sistema judicial que favoreciera sus intereses y objetivos” (p. 255). Se encuentran investigaciones de inteligencia sobre todas las causas, Cuadernos Centeno, Odebrecht, ARA San Juan, Nisman, Arribas, Angelici, etc. “Yo no fui” El informe tiene límites muy marcados: investiga el espionaje ilegal entre 2016 y 2019. Deja de lado el espionaje durante los gobiernos kirchneristas (Stiuso) y las operaciones de inteligencia como el Proyecto X, que involucra al ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni,. Los servicios de inteligencia durante el kirhcnerismo jugaron un rol clave en la desaparición de Jorge Julio López, en el opeativo de ciberdefensao del general César Milani, y en el encubrimiento de los negociados, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que ahora pretende esclarecer. O, recientemente, en las denuncias de ciberpatrullaje del gobierno de los Fernández. El informe admite la alcahuetería de doce años del kirchnerismo cuando denuncia una “potenciación” (sic) del problema de espionaje en la última gestión (319). O sea que entre unos y otros sólo queda una diferencia de grado o matiz. El Informe de Moreau denuncia el reclutamiento de gente “carente de experiencia en investigación” y “ la destrucción de la cadena de mandos y de la disciplina interna” (p. 321). El informe, en definitiva, contrasta la Inteligenicia oficial con la paralela, como si la letra de la legislación vigente no prohibiera toda forma de Inteligencia interna. La Comisión advierte, aunque no lo diga, que esa prohibición es un engaño a la tribuna y a la perorata democrática con que encubren su política de explotación y entreguismo los gobiernos capitalistas. El informe señala una quiebra en el aparato de inteligencia entre las fracciones que respondían a Parrilli, quien ascendió a los agentes “de carrera”, y Arribas que anuló esos ascensos y se sacó de encima a agentes ligados a la anterior gestión. Proyecto AMBA El proyecto AMBA es un plan “organizado desde el poder político” para “infiltrar agentes en eventos partidarios” (308) y en sus organizaciones. Se refiere al montaje de “una verdadera estructura de inteligencia con fines ilícitos y explícitamente prohibidos por la Ley de Inteligencia, que funcionó desde mediados de 2016 y durante todo el año 2017 en la provincia de Buenos Aires. A partir de la cual se instaló una serie de bases de inteligencia dedicadas de forma sistemática a la recolección, sistematización, análisis y producción de inteligencia vinculada con referentes y organizaciones políticas, gremiales, sociales, comunitarias y vecinales” (155-6). Ese apartado del informe dice que “se realizaron diferentes informes en los que se efectuó una caracterización de cada organización”, recopilando datos de cada referente, movilizaciones, protestas y asambleas. Se crean “áreas en que se organizan y sus responsables internos, sus vínculos con otras agrupaciones y, en algunos casos, incluso, sus abonados telefónicos”, como así de fichas personales de los militantes caratuladas como “referentes”, con los nombres de sus hijos o pareja (pp. 136-142). También se encontró inteligencia sobre las protestas gremiales: “el seguimiento a los conflictos gremiales protagonizados por determinadas organizaciones sindicales era continuo” (143), entre ellos destaca el conflicto de Cresta Roja, o a los empleados de una cooperativa de cartoneros en la localidad de Ensenada, que bloquearon al CEAMSE. También sobre los que asistieron a la movilización de 7 de marzo de 2017, convocada por la CGT, donde “los agentes accedieron indebidamente a bases de datos restringidas, como la de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor”. Se realizó inteligencia sobre el caso Maldonado, sobre la familia, las movilizaciones y actos que se realizaron. “los agentes de la Delegación La Plata efectuaron un emparentamiento con los reclamos por un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López”. También “los sindicatos docentes y sus organizaciones de base representaron uno de los objetivos centrales de la agenda de producción de inteligencia ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires durante el año 2017 (…) se pudo advertir numerosos informes de inteligencia vinculados al seguimiento de las actividades desarrolladas por esta organización (SUTEBA), tales como sus elecciones internas, información que le fue remitida a la superioridad” y se estudió las “estructuras de base, sus listas internas, junto con datos personales de sus referentes más destacados y su afinidad ideológica” (p. 146).

Un grupo de investigaciones, por separado, anuncian que algunos pacientes grandes pueden “sucumbir” al Covid-19 a pesar de estar vacunados, indica el Financial Times, (30 de abril). Los adultos que no se hayan contagiado y que recibieron una dosis, pueden contagiarse de coronavirus, indican investigadores del Imperial College de Londres, Queen Mary University y el University College de Londres. Se trata de pacientes que recibieron la vacuna Pfizer, una de las que posee mayor efectividad contra el virus (94% en dos dosis, 64% en una sola, según el CDC norteamericano). Aquellos que no fueron infectados anteriormente, desarrollan muy pocos anticuerpos ante la cepa original de Wuhan (B.1.1.7), la variante de Kent y la Sudafricana (B.1.351). Danny Altmann, profesor de inmunología del Imperial College dice que una dosis “es muy débil, sobre todo para enfrentar a las nuevas variantes” (ídem). "Las personas que han recibido su primera dosis de vacuna y que no han sido previamente infectadas con el SARS-CoV-2 no están completamente protegidas contra las 'variantes preocupantes' que circulan". Hay una “ventana de vulnerabilidad” a la que se expone la población. Este estudio vino luego que la comisión Sage (Grupo científico que aconseja al Gobierno) encontró 500 casos de adultos mayores que desarrollaron síntomas severos y 113 murieron (de una muestra de 52mil pacientes hospitalizados), incluso después de la vacunación. Los pacientes que fueron vacunados representan el 1% del muestreo, y de ese porcentaje, una quinta parte falleció. Aunque la vacunación reduce las hospitalizaciones y las muertes, no las evita completamente. La CDC (Centro de Control de Enfermedades) hizo un estudio más amplio en el cual para el 20 de abril recibió 7.157 casos de contagios en personas con doble dosis (Pfizer y Moderna), con 498 hospitalizaciones y 88 muertes. Aclaran que depende de reportes voluntarios, lo que significa que el universo de casos y muertes está subrrepresentado (FT, 30/4). Codicia vs. vida Boris Johnson dijo que el "capitalismo" y la "codicia" impulsaron el “éxito” de la vacunación en GB: "La razón por la que tenemos el éxito de la vacuna es por el capitalismo, por la codicia, amigos". La vacunación se basó en investigación del sector público y su financiamiento como demuestra una investigación de The Guardian (16/4 y 20/4). De hecho, la “codicia” capitalista es lo que impide que la vacunación avance: los acuerdos secretos de las compañías que producen las vacunas con los estados contienen cláusulas especiales que impiden desarrollar su propia vacuna mediante la colaboración internacional y se hacen responsables legales por cualquier “efecto secundario” de las dosis. Primero hubo una gran inversión pública en la investigación de vacunas, y las compañías farmacéuticas solo estuvieron en el “extremo final” del desarrollo. "La fase de inversión de capital de alto riesgo se financió casi exclusivamente con fondos públicos", dice Mariana Mazzucato, profesora de UCL (timeshighereducation, 29/4). Eso sí: las vacunas prometida que impulsaron esos “booms” bursátiles, no llegaron en tiempo y forma. Se ha creado un mercado negro de vacunas, a la par del acaparamiento de vacunas por parte de los países imperialistas. Los laboratorios y farmacéuticas responsables de las vacunas han visto desarrollarse distintos “booms” de sus acciones en las bolsas, utilizando la propiedad privada en el caso de las patentes, y usufructuando la formación científica pública y la enorme cantidad de financiamiento estatal para el desarrollo de las vacunas. A su vez, EEUU ha reflotado leyes de la segunda posguerra para impedir la exportación de principios activos, repuestos y aparatos necesarios para la producción de vacunas. Esto expone al mundo a nuevas variantes y nuevas pandemias más severas que las anteriores. Se trata de la guerra comercial bajo la forma de una guerra de vacunas. No es algo novedoso: durante la segunda guerra mundial, los trotskistas denunciaron que mientras los soldados aliados luchaban en el frente contra los nazis, EEUU vendía petróleo a Alemania. La salida que proponían, era la unidad de los trabajadores de uniforme de ambas partes contra la guerra imperialista y su régimen de negocios que aplastaba las vidas humanas. La codicia capitalista es lo que impide la superación de la pandemia y plantea que la misma sólo puede superarse si se destruye el régimen social y político que la ha producido como síntesis catastrófica de su agotamiento histórico. Nuevas variantes que preocupan Las variantes de coronavirus detectadas por primera vez en India corren el riesgo de convertirse en las segundas más dominantes del Reino Unido en unas semanas, advirtieron los expertos, luego de un aumento de casos. El Servicio Público de Salud (PHE) dijo el jueves que "no había evidencia de transmisión comunitaria generalizada o que estas variantes causen una enfermedad más grave o hagan que las vacunas actualmente implementadas sean menos efectivas" (The Guardian, 29/4). Otros científicos dijeron que era preocupante que los casos están aumentando rápidamente a pesar de que Inglaterra todavía se encuentra bajo restricciones. Se registraron 61 casos adicionales confirmados de B1617 en el Reino Unido en la semana hasta el 27 de abril, lo que eleva el total a 193 casos, según muestran los datos de PHE. La mayoría son de las nuevas variantes y mutaciones, lo que puede demostrar que las vacunas actuales no son tan efectivas frente a estas mutaciones (RU vacunó con primera dosis a la mitad de la población). Niños y adolescentes Las restricciones de Covid podrían levantarse en Inglaterra el 21 de junio. Sin embargo, los científicos han advertido que incluso con un programa de vacunación en curso, el plan podría provocar un resurgimiento del virus y miles, si no decenas de miles, de muertes adicionales relacionadas con Covid para el verano del próximo año (The Guardian, 28/4). Un instituto creado por el ex premier Tony Blair indicó que vacunar a los niños mayores y evitar la apertura son algunas de las medidas que podrían ayudar a prevenir una tercera ola de Covid en el Reino Unido. La profesora Christina Pagel, directora del University College London, dice que los adolescentes deben ser vacunados antes de suprimir las restricciones, si se otorga la aprobación regulatoria. También que se retrasara la apertura “hasta que todos los adultos hayan tenido tiempo de obtener al menos algo de inmunidad desde su primer pinchazo” (The Guardian, 28/4).

La pelea entre el ministro Guzmán y el subsecretario de Energía –el camporista Basualdo- en torno de las tarifas eléctricas, todavía no tiene desenlace definido. Ni para los funcionarios involucrados ni para la medida en cuestión, que son los aumentos de la luz en los próximos meses. Algunos señalan que la crisis ha llevado a Guzmán a vaciar sus cajones del ministerio y preparar la vuelta a Columbia. Otros, que es el funcionario apadrinado por los Kirchner –madre e hijo-el que se terminará yendo, pero recién en las próximas semanas. En cuanto al destino de las tarifas, el camporista sólo admitiría, parece, un aumento inmediato del 8-9%, reservando el resto del mazazo para después de las elecciones. (El tarifazo “postelectoral” es un clásico, sin grietas entre nac y pop o macristas). Guzmán, por su parte, aterrizó de Europa con una exigencia del 15% de aumento para mayo, eso sí, apelando a otro relato -el de la “segmentación” y la tarifa social . Es probable que el entuerto termine partiendo la diferencia o encubriendo un tarifazo, apelando justamente a los aumentos diferenciados . La segmentación es el recurso para presentar a un asalariado como privilegiado , aplicándole todo el peso de la suba, mientras se reserva una tarifa social a quienes, de todos modos, ya no la pueden pagar. Solamente la suspensión transitoria de los cortes de luz ha impedido un apagón compulsivo en los barrios, por falta de pago. Pero la cuestión tarifaria no termina allí: una cámara federal ha suspendido el DNU que declaró como servicio público a las telecomunicaciones. El Ente regulador del gobierno (Enacom) ha apelado a la Corte, la cual, de este modo, se convierte en árbitro de otro flanco crucial de la política tarifaria, el de los servicios digitales. El desaguisado tarifario es sólo un episodio de una crisis general de régimen, cuyo telón de fondo es la gestión capitalista de la pandemia. Apertura Según informan algunos, Guzmán no sólo trajo de Europa la exigencia del aumento de tarifas. Ese reclamo formaba parte de un paquete que tenía, como cuestión, central, “no volver a cerrar la economía” (La Nación, 2.5). Esta misma fuente señala que, el día jueves, Guzmán “inspeccionó” todos y cada uno de los aspectos del nuevo decreto de restricciones que Alberto Fernández anunciaría al día siguiente. Mal que les pese a los infectó logos de adentro y de afuera del gobierno, es muy claro que la política sanitaria la dictan los fondos internacionales y el directorio del FMI, con quien Guzmán se había reunido días atrás . Por eso mismo, la crisis que ha estallado no es tarifaria, sino sobre el conjunto de la política oficial. Fernández-Guzmán y el FMI se pusieron de acuerdo para patear hasta después de las elecciones la refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares con el organismo. Otra cosa, sin embargo, es la pretensión de los amigos de Cristina de armar un plan de pagos por 20 años, que el Fondo no ha aceptado. En esos términos, las condiciones para devolver el préstamo solamente en 10 años exigen un ajuste drástico de gastos y, más adelante, medidas de recolonización económica de mayor alcance a favor del capital internacional. El FdT ya concedió la desindexación jubilatoria –fundamental- pero están pendientes otras cuestiones cruciales. Más allá de las tarifas, debe cerrarse la canilla de cualquier asistencia social y sanitaria excepcional, nada menos, que en el medio de la pandemia. El “presencialismo”, una vez más, se coloca en el corazón de la crisis económica. Los Fernández y la Campora fantasean con estirar estas definiciones hasta después de octubre/ noviembre. Pero el capital internacional y la gran burguesía agraria e industrial no compran pagarés de cumplimiento dudoso. Y tienen cómo demostrar su impaciencia: Templeton y Pimco retienen 3000 millones de dólares en el mercado financiero local, pero están dispuestos a hacer saltar las frágiles reservas internacionales –y el precario valor del dólar- en aras de un retiro fulminante del mercado, ello, si el gasto público se dispara. Los dólares de la soja sólo ingresarán hasta junio, siempre y cuando los propietarios del “producto” no resuelvan sentarse primero sobre los silo bolsas. El festejado “mercado en pesos” de Guzmán se sostiene a tasas cada vez más altas, y con colocaciones de más breve vencimiento. La bola de nieve de las Leliqs se retroalimenta sola, pues el Banco Central se endeuda para absorber los pesos que emite, a su turno, para remunerar los vencimientos de deuda anterior. Es probable que esta acumulación de contradicciones insostenibles en el tiempo, y no sólo las tarifas, estén agotando el oxígeno político de Guzmán. Vacunas Como todo aperturista, el ministro trajo otra reivindicación fundamental de su viaje: “la primera medida de política económica”, dijo, “es conseguir vacunas”. El corazón del Columbia Boy, sin embargo, no late solo ni principalmente por razones sanitarias. La “urgencia de vacunas” es, por un lado, la contrapartida de la política aperturista, como ya ha ocurrido con otros gobiernos capitalistas del mundo –comenzando por Trump. Por el otro, es el señalamiento de que las vacunas se “consiguen” enderezando la política económica en función de los propósitos del capital internacional que, además de prestarle a la Argentina, le presta al Tesoro norteamericano y, además, es accionista de los grandes laboratorios farmacéuticos. Con la perspectiva de menores envíos próximos desde la India, China o Rusia, se refuerza la presión para que Argentina “arregle” con Pfizer, algo que también exigieron semanas atrás los enviados del gobierno Biden. Ni qué decir que ese arreglo plantea, por supuesto, un ordenamiento general de la política económica. La burguesía argentina, que celebra los superbeneficios inmediatos que le aportan a algunos la restricción de importaciones, abona sin embargo al reclamo de “normalización” (suba de tarifas, ajuste fiscal): por sobre todas las cosas, quiere el acceso al crédito internacional. Régimen político La crisis completa su mayor eslabón, sin embargo, lejos del ministerio de Economía, y en lo que algunos llamarían la “cuestión institucional”. La Corte fallaría, en los próximos días, en favor de la ´presencialidad escolar´ porteña, argumentando la cuestión de la autonomía de la Ciudad. Colocado en la encerrona de los cuestionados DNU “pandémicos”, el gobierno anunció un proyecto para que sea el Congreso quien lo faculte, por medio de una ley, para la adopción de medidas excepcionales. Pero la oposición, que critica los DNU, ya anticipó su voto negativo a lo que llama “superpoderes”. El gobierno del “gran” Frente de Todos, en estas condiciones, ha sido reducido a la condición de un consorcio de gobernadores, que deberá discutir medida por medida de la emergencia social y sanitaria, ello, bajo la vigilancia de la Corte. Este régimen de “consenso” tiene como inspirador, naturalmente, al cronograma de pagos de la deuda pública. Cualquiera puede advertir que la contrapartida de este escenario, por “abajo”, es un agravamiento de la degradación social, de la crisis sanitaria y, naturalmente, de las luchas e irrupciones obreras. Tenemos que partir de este escenario de conjunto para discutir un programa, una lucha y una perspectiva política superior para el mundo del trabajo.

Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández hizo, entre otras cosas, una reivindicación del empeño del gobierno en aliviar la situación de un sector de trabajadores. Fue cuando anunció un aumento del 35% del salario mínimo y del seguro al desempleo. Tuvo el cuidado, prudente, de no entrar en los "detalles". Ocurre que el beneficio consiste en llevar un salario de 21 mil a 29 mil pesos, en números redondos, que se pagarán en siete cuotas, la última en febrero de 2022. Esto significará seguramente una caída del poder adquisitivo de ese mínimo, de acuerdo a lo que indican las tendencias inflacionarias, en especial luego de las elecciones de medio término. El monto actual del salario mínimo equivale a 17% y algo de una canasta familiar, y a un 33% de la canasta de pobreza. En resumen, el presidente se ha jactado de fijar a la baja un salario que ya se encuentra por debajo de la canasta de indigencia. El aumento de 2020 fue del 28% frente a una inflación que arribó al 53 por ciento. El nivel del salario mínimo determina el de diversas prestaciones sociales, que sufrirán por lo tanto las consecuencias de esta desvalorización. La peripecia del salario mínimo tiene un aspecto político nada despreciable, porque fue "consensuado" en el Consejo del Salario. Esto significa que contó con la aprobación de las patronales, el estado y las burocracias sindicales, sectores que tributan al kirchnerismo, unos, al macrismo, otros, y a otras fuerzas políticamente similares, el resto. La CTA Autónoma se abstuvo, a pesar de que dice reivindicar un mínimo de 60 mil pesos. Como recién llegada al Consejo, la CTA-A compró una poltrona permanente en ese ámbito. Es frecuente que se confunda la nimiedad del monto del salario mínimo con insignificancia social y política. Ocurre lo contrario, porque en las condiciones de la sociedad capitalista empuja a quienes se encuentran en esa situación a malvender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Presiona hacia abajo todas las escalas de ingreso de los trabajadores. No hay mejor prueba de esto que la fijación de un salario bruto de 150 mil pesos como techo para no pagar ganancias de la cuarta categoría. Ese salario, sin embargo, se encuentra apenas por encima de una canasta familiar, y pronto quedará por abajo de ella, como consecuencia de la inflación. En suma, forma parte de una política de presión contra los salarios industriales, como lo pone en evidencia los reclamos de una reforma laboral por parte de las cámaras patronales y el FMI. Se ha creado, naturalmente, una olla a presión que estalla a cada rato. Que todo esto se profundice en condiciones de pandemia muestra el antagonismo irrevocable entre el capital y la fuerza de trabajo, cuando se encuentran en juego la salud y la vida de millones de trabajadores. En las condiciones del capitalismo, la pandemia se convierte en una crisis humanitaria, o sea del conjunto de la organización social presente.

El domingo 2 de mayo, a última hora de la noche, se oficializó la “suspensión de las clases presenciales en todos los servicios educativos del distrito de Bahía Blanca, a partir del día 3 de mayo de 2021 inclusive”. El viernes 30 se conoció que la ciudad había sido categorizada en “alerta epidemiológica” y luego en “fase 2” lo cual habilita el “máximo de restricciones”. La decisión llega cuando solamente quedan tres camas disponibles de terapia intensiva, con cerca de 12 mil contagios ocurridos en abril y un aumento del 215% de fallecimientos en las últimas dos semanas – 63 personas sobre un total de 455 desde el inicio de la pandemia. Como sucedió en el AMBA, el gobierno nacional y provincial junto con la burocracia sindical echan por tierra a la “presencialidad segura” bajo presión del dramático colapso sanitario que ellos mismos promovieron. El intendente de Bahía Blanca Héctor Gay (JxC) dijo que “no estoy de acuerdo con la suspensión de la presencialidad, no altera la situación epidemiológica, pero acataremos”. Se trata de un final anticipado por la dinámica de la pandemia pues la presencialidad involucra la circulación de grandes conglomeraciones de personas -entre ellas niños y niñas que se contagian, enferman y pueden morir. Trabajadores de la educación han fallecido en todo el país por COVID en 2021. La “administración” de contagios y muertes que el Estado improvisa ante las consecuencias de esta presencialidad criminal y sus “suspensiones temporales” llegan tarde y son insuficientes. Los colegios privados de la ciudad no demoraron en organizar una pequeña manifestación en contra de la suspensión, lo cual demuestra qué intereses estan detrás del sostenimiento de la “presencialidad segura”. El rechazo a volver a la presencialidad en pandemia fue un reclamo que se manifestó tempranamente en las asambleas del SUTEBA Bahía Blanca en el mes de febrero y fue ganando adhesión en la medida que se verificaron los limites irresolubles del “protocolo”, los contagios que alcanzaron a prácticamente la totalidad de los establecimientos y un todavía minoritario proceso de vacunación sobre la población. Los partes oficiales de “contagios en las escuelas”, además de incongruentes entre lo comunicado por la Municipalidad y el Consejo Escolar, fueron repudiados por la docencia que estaba presenciando otra realidad, no solo en las escuelas, sino en la situación en su conjunto. Incluyendo la imposibilidad de una adecuada tarea pedagógica con “burbujas”, aislamientos y contagios. A contramano de toda esta experiencia, la dirección del Suteba Bahía Blanca (Gandolfo, lista granate) caracterizó tempranamente que con el retorno a la presencialidad se abría un proceso de “expectativa y promesa de encuentro” y que el Estado debía “garantizar un retorno seguro a las aulas” que limitó al cumplimiento de los protocolos gubernamentales. Abrazó de esta forma algo que epidemiólogos sentencian como un crimen histórico: que se hayan abierto las escuelas en medio de la pandemia. Rendido ante la evidencia, maniobró primero para decretar un intranscendente “estado de alerta” y luego se pronunció por la suspensión, pero aclarando que debía ser “temporaria y transitoria”. Fue derrotado cuando pretendió sacar un paro aislado en asamblea pero luego militó enormemente para clausurar la huelga argumentando que el paro docente era “minoritario y corporativo”. Las agrupaciones del FITU (Marrón, Tribuna Docente “oficial” y Alternativa Docente) apoyaron todas estas caracterizaciones y las mociones contrarias a impulsar la huelga a la presencialidad. En este escenario docentes de la ciudad nos autoconvocamos “contra la presencialidad en pandemia” y con el impulso de Tribuna Docente Tendencia. Participan actualmente muchísimos docentes quienes desarrollan sus primeras experiencias de lucha. Venimos realizando reuniones abiertas en donde resolvimos actividades de agitación y propaganda sobre los contagios en las escuelas, petitorios, relevamientos y materiales de divulgación sobre los peligros de la presencialidad, enfrentando al verso de la “escuela segura”. Nos organizamos para ampliar la convocatoria a las asambleas del Sindicato para resolver un plan de acción promoviendo paros con continuidad en oposición al paro aislado que fuera sostenido una y otra vez por Gandolfo y el FITU quienes vieron este empuje por abajo no como un factor para la lucha, sino como una amenaza a sus intereses particulares, actuando con abierta hostilidad hacia los docentes que defendieron la huelga como un mecanismo de resguardo y sobrevivencia. La lucha por defender la salud y la vida ha rendido sus frutos, pero debe continuar pues aun en la suspensión el gobierno deja abierta la posibilidad a “encuentros presenciales” en las escuelas. Luego, la virtualidad educativa que ya tenía lugar sigue necesitando liberación de conectividad y dispositivos. El invierno y las bajas temperaturas se asoman, lo cual profundiza la necesidad de suspender la presencialidad en pandemia en todos los distritos del país, y en forma permanente hasta que se haya cumplido con la vacunación masiva y hayan bajado los contagios.

Desde el jueves 29 de abril comenzamos el Taller de Lectura de nuestro periódico, Política Obrera, en el Polo Obrero (T) del barrio Dorrego, de González Catán. La iniciativa formó parte de las resoluciones de la última asamblea, en la comprensión de la importancia que tiene la formación política de los compañeros y compañeras. La actividad se desarrolló en el espacio dónde funciona el comedor que los compañeros han podido conquistar tras la lucha, luego de votar su paso del Polo Obrero “oficial” a la Tendencia. El taller fue llevado adelante por compañeros de Tribuna Docente (T). Hubo un interés manifiesto de parte de muchísimos compañeros por concurrir a la actividad, pero debido a las medidas sanitarias que tuvimos que adoptar debido a la pandemia, varios de ellos no pudieron participar en esta oportunidad. Participaron finalmente 15 compañeros y compañeras. El primer encuentro consistió en una presentación de Política Obrera, sus antecedentes y explicamos por qué nuestro partido concentra su actividad política en un periódico propio. Luego, procedimos a la lectura y el debate del artículo “Un pacto político en puertas para disimular el colapso sanitario” . Los compañeros se interiorizaron en el texto y surgió un acalorado e interesante debate en torno a la presencialidad en las escuelas, el colapso de la salud pública y la falta de políticas integrales por parte del gobierno hacia los sectores más golpeados por la crisis. Varios compañeros y compañeras, de diferentes edades, tomaron la palabra y expresaron las problemáticas que atraviesan, como la falta de trabajo y la dificultad de poder integrar a sus hijos al sistema educativo debido a que la falta de conexión. El taller concluyó con palabras o frases que cada uno tenía ganas de expresar y que quedaron plasmadas en afiches en las paredes del local. Algunas fueron: “Unidad, Educación, Organización, Salud Pública”, “La unión hace la fuerza”, “Con unidad y empeño podemos dar un paso adelante”, “Todos tenemos derecho a la vida” “Yo también soy Esencial para mi familia”. Finalmente, se decidió en conjunto armar un grupo de WhatsApp con el fin de sostener el contacto de manera virtual, compartir artículos y ampliar la participación a más compañeros y compañeras. La puesta en pie de este Taller forma parte la lucha por recuperar los métodos históricos del Polo Obrero, apelando al debate político para elevar la conciencia de clase de los compañeros que luchan denodadamente todos los días contra el hambre y la miseria a los que los somete este régimen en plena decadencia. Invitamos a todos los compañeros y compañeras del Polo Obrero (Tendencia) de La Matanza a sumarse al Taller de lectura, a compartir sus experiencias de lucha, vivencias políticas y a sacar conclusiones comunes.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tomó medidas para consolidar su control sobre los aparatos del Estado. En una sesión maratónica de la nueva legislatura, que se prolongó hasta la noche del sábado, los legisladores del partido gobernante votaron sacar a los cinco que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) y destituir al fiscal general. La Sala respondió que "la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa" (bbc, 2/5). Sin embargo, “en la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares” (ídem). Los nuevos jueces y el nuevo Procuraddor tomaron sus puestos instantáneamente, viajando a sus lugares de trabajo bajo una fuerte escolta policial. La destitución obedece a la disputa por la crisis sanitaria. Los magistrados de la CSJ avalaron recursos en contra de algunas medidas que Bukele adoptó durante la pandemia. En abril del año pasado anunció que no acataría una sentencia relativa a los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena (bbc, 2/5). Nayib Bukele hace dos meses logró en las urnas pleno control del Parlamento. Obtuvo 56 de los 84 puestos, una supermayoría de dos tercios. La Administración de Joe Biden respondió a la destitución de los jueces de la Sala Constiturcional, con una exigencia a respetar la separación de poderes (el país, 3/5). "Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia", replicó Bukele. Aumentan “las tensiones con Washington cuando la administración del presidente estadounidense Joe Biden intenta lidiar con la creciente variedad de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala” (FT, ídem). EEUU viene cooperando con Bukele no sólo con el acuerdo del FMI, sino en acuerdos de inteligencia, venta de armas y acuerdos para restringir la migración. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su "grave preocupación”. Hablando con Bukele, por teléfono, Blnken mencionó que “un poder judicial imparcial era importante para la gobernabilidad democrática y que Melara (el fiscal despedido) era un cómplice eficaz con Estados Unidos en la lucha contra el crimen” (ídem). La golpista OEA también rechazó la destitución. El lobby empresarial de El Salvador, la Afiliación Nacional de Empresas Personales (Anep), condenó lo ocurrido como un "autogolpe contra el poder judicial". Bukele replicó: “Los días en los que dominaba la Anep. . . no van a volver ". El FMI hace 12 meses autorizó $ 389 millones en ayuda monetaria de emergencia a El Salvador. José Miguel Vivanco, director de gobierno de la división de las Américas del grupo de defensa Human Rights Watch, advirtió a Bukele: “Haremos todo lo posible para que este ataque a la democracia tenga un efecto en su relación con las autoridades estadounidenses, la institución financiera mundial, el FMI y la Institución Financiera Interamericana”.

Un estudio del Grupo Poder, Política y Desigualdades Alimentarias de la Universidad Libre de Berlín, llegó a la conclusión de que un 59,3% de los brasileños -es decir, 125,6 millones de personas- no comieron la cantidad necesaria de alimentos desde el comienzo de la pandemia. El estudio fue publicado por Folha de São Paulo. El New York Times ya había titulado que Brasil vuelve al “mapa de la pobreza mundial”. Se trata de un salto en la crisis humanitaria y expresa el impasse histórico de la organización capitalista en el gigante verde-amarelho. La Red Penssan (Red Brasileña de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional) había hecho un estudio difundido la semana pasada, que estimaba que 116,8 millones tienen inseguridad alimentaria. El desempleo llegó a un récord 14,4% en abril, más del 50% de los trabajadores son informales (el desempleo real afecta a 32 millones de personas). Las ayudas de 600 reales por mes fueron eliminadas; saldría otra, por 150 reales. El presupuesto del gobierno de Jair Bolsonaro para este año prevé recortes severos: “menos R $ 36 mil millones en salud, retira recursos de la educación, en programas de crédito para micro y pequeñas empresas empresas, y no proporciona recursos para mantener el Programa de preservación de ingresos y empleo (BEm)” (Tribuna Classista 45, p. 9); también congela salarios, permite suspensiones y disminuye cargas patronales y derechos laborales, y aumenta el presupuesto militar. La inflación de alimentos llega al 20%. Los chicos El estudio indica que de los niños de hasta 4 años de edad, el 29,3% come en cantidad y calidad ideal, pero el 70,6% padece algún nivel de inseguridad alimentaria. En 20,5% de los hogares directamente se pasa hambre. “Filas de centenares de personas buscando sopa en las iglesias del centro de San Pablo, automóviles cada vez más viejos usados como Uber y las motos o bicicletas alquiladas de los entregadores de comida son algunas de las imágenes de este Brasil del segundo 1° de mayo de la pandemia” (Télam, 1/5). Según Nexo, “el acceso de la población brasileña a los alimentos esenciales de la dieta básica cayó significativamente: 44% redujo el consumo de carne, y 41 por ciento disminuyó el consumo de frutas”. El 25,5% de los hogares cuya jefa de familia es una mujer pasa hambre, mientras que en hombres alcanza solo al 13,3%. En los casos en que la persona es negra la inseguridad alimentaria trepa al 67,5%.

El día lunes, dirigentes del PO Tendencia tuvimos una reunión con representantes de la dirección del PTS. El propósito de la reunión era conocer el contenido concreto de una ´propuesta´ del PTS, publicada la semana pasada, en relación a la inscripción de alianzas y, más tarde, listas de candidatos, para las elecciones locales adelantadas en Jujuy y Salta. El primer equívoco de todo este asunto es el conocimiento de una propuesta imprecisa por parte de un partido que integra el FIT-U, que no está suscripta por los partidos del FIT-U. Lo que en la jerga política se conoce como “un globo de ensayo”, para medir la reacción del auditorio. El texto del PTS “llamaba” a que la mesa del FIT- “llame” a un frente electoral, al PO (T) y al Nuevo MAS. El “globo” vino acompañado con un conjunto de caracterizaciones falaces, que respondimos el sábado pasado . Recomendamos su lectura. La reunión de estas horas ha confirmado de qué se trataba. Nuestro reclamo para que los mandatados por la dirección del PTS precisaran la propuesta, no tuvo respuesta. En vísperas del arrebato unitario del PTS, el aparato oficial del Partido Obrero intervino judicialmente la regional Jujuy. El atropello creó una situación singular: un ‘partido’ sin militantes, pero con registro legal, y la ilegalización del PO real de Jujuy, organizado en toda la provincia; con el ciento por ciento de su militancia. Enseguida después de la intervención judicial, el PTS, el MST y el sello interventor inscribieron su propia alianza electoral. Si fuéramos maliciosos, deberíamos concluir que la “propuesta” frentista, de características imprecisas, de parte del PTS, ha sido una coartada grosera, para poder decir después ´yo no fui´- el fracaso de una alianza es de los otros. Con conductas de este tenor, no debería sorprender que hagamos referencia, en distintas oportunidades, al ´aparato´. Por importante que sea la legalidad en términos prácticos, como lo demuestra la lucha por nuestra legalización en medio de la pandemia, nunca hemos valorado a un sello, en nuestra calidad de militantes socialistas, más que a un partido de militantes, organizado y combativo, en todo el territorio provincial. Esto explica que, a pesar de nuestras reiteradas interpelaciones a los representantes del PTS en la reunión, no fuera posible arrancarles qué propuesta de frente tenían para las elecciones en Jujuy. Recibimos como respuesta una demanda que no hicimos, a saber, que “no podíamos pretender” que el actual diputado del FIT, Iñaki Aldasoro, del PO de Jujuy, vinculado a la Tendencia, “ocupara el lugar que tuvo el PO en 2017", antes de la crisis. En cambio, más derecho a ello lo tiene una cáscara de aparato, como lo es el sector oficial. El planteo es vulgar, pero muy significativo: un partido de militantes debe ir a la saga de un sello. En este punto, la politiquería burguesa ya tiene el carácter de gangrena. Los procedimientos que aplican los partidos de izquierda en sus relaciones recíprocas, definen la naturaleza de ellos “más que una docena de programas”. Los compañeros mandatos del PTS, advertidos o no de la impostura, evitaron poner en palabras, durante la reunión, lo que ya habían acordado hacer con sus socios. El PTS, a renglón siguiente, le propuso a la Tendencia ingresar al Frente ya pactado en Salta, entre el aparato nacional del PO, el PTS y el MST, ordenando las candidaturas “a partir de los resultados de las PASO de 2019”. ‘Es lo que hay, tómelo o déjelo’. En Jujuy, ‘legalidad mata partido’ – en Salta, en cambio, ‘los acuerdos preexistentes matan legalidad’. La deshonestidad que denunciamos no es, por supuesto, personal, es política. Quienes votaron la ley de emergencia alimentaria, que hoy deja sin comida a los comedores piqueteros; o dieron un apoyo por omisión a las entregadas parlamentarias a Capitanich, en Chaco; o votaron la ley sionista y luego el negociado inmobiliario en Boedo; no van a dejar colgado a un aparato que perdió la legalidad dentro del PO, no ante la Justicia, porque siguen apelando a toda clase de trucos para que el Poder Judicial le quite la personería al PO de Salta, que está vinculado políticamente a la Tendencia. En definitiva, como lo anticipamos en lo que escribimos días atrás, la propuesta “unitaria” del PTS ha sido “un globo de ensayo”. El propósito de este ‘globo’ es declararse dueños de una ‘unidad’ mal entendida, que tampoco quieren, y que rompen a cada rato, como lo demuestran las escisiones que se repiten y se reconfiguran en las organizaciones de la periferia del FIT-U. Nuestra Tendencia ha introducido en el debate del movimiento obrero y de la izquierda la cuestión de la política parlamentaria y, también, la cuestión de los métodos que son propios de un partido verdaderamente socialista. Nuestros oponentes, por el contrario, tejen y destejen acuerdos, se devoran en maniobras, y buscan sacarse ventaja entre ellos.

El sábado 1 de mayo se realizó la asamblea de Ademys, con la participación de 350 docentes. A propuesta de la CD del sindicato, la misma se desarrolló el sábado por la mañana, luego de las declaraciones que hicieron Fernández y Larreta sobre la presencialidad escolar; es decir, la asamblea sesionó con las cartas jugadas por parte de ambos gobiernos. La mayoría (contundente) de la docencia que intervino en la asamblea se pronunció por la continuidad del paro, inclusive a pesar de los descuentos (arbitrarios) que el gobierno porteño aplicó sobre gran parte de los salarios. La docencia presente en la asamblea apostó por continuar la huelga, en una lucha que aún está abierta. La política criminal de los gobiernos continúa y se profundiza, cuando más apremiante resulta la defensa de la salud y la vida de estudiantes, docentes, no docentes y familias en este contexto agudo de crisis sanitaria. Si bien el paro en las escuelas es dispar, existe una profunda conciencia entre los/as trabajadores de la educación de la necesidad de enfrentar la presencialidad en este contexto. En vísperas de la asamblea de Ademys, la conducción de UTE anunció -sin asambleas- que “impulsa la continuidad del paro docente”, y convocó a parar, por 24 horas, el lunes 3 de mayo. Luego, en la tarde del mismo lunes, UTE llamó a parar también el martes 4. Como resultado de una política errónea -la de seguir con paros “en cuotas”-, la dirección de Ademys ha caído en una trampa, que se hace aún más evidente ante el llamado de la burocracia sindical a seguir -con todos los límites del caso- la huelga docente. En la asamblea, la conducción Multicolor de Ademys -a excepción de la corriente Haroldo Conti- mocionó un paro por 24 horas para el lunes y otro, también de 24 horas, para otro día de la semana, sin determinar fecha, “a coordinar con los Sutebas Multicolores”. O sea que los paros van acompañados de una nueva modalidad – ‘la presencialidad intermitente’. Esto va en línea con las asambleas anteriores, en función de expectativas en un fallo de la Corte Suprema, que todo indica frustrará cualquier expectativa de apoyo a la suspensión de labores ‘no esenciales’. Los paros de la Multicolor, como los aumentos salariales de las paritarias, viene en cuotas. La secretaria general del sindicato arrancó la asamblea con el señalaminento de que la adhesión a los paros era bajo. El secretario adjunto, por su parte, añadió que los docentes “ya habían vuelto” a clases y que, en consecuencia, “debíamos volver a las escuelas”. En vez de retomar los métodos históricos de la Multicolor, cuando se organizaban piquetes de convencimiento que recorrían las escuelas, ahora la Multicolor,en Ademys propone la huelga discontinua. Desde Tribuna Docente Tendencia explicamos la necesidad de continuar con la huelga. Propusimos 48 horas de paro y nueva asamblea el martes para definir la continuidad. A su vez, volvimos a colocar la necesidad de organizar la participación de una movilización, que está planteada a la Jefatura de Gobierno, Junto a los compañeros de Docentes en Clase (también en la CD del sindicato), impulsamos un corte en Callao y Corrientes y una movilización al Ministerio de Trabajo en rechazo a los descuentos. Por último, planteamos preparar una asamblea general del gremio, que incluyera a trabajadores docentes, no docentes y las familias de la comunidad educativa. Si, de un modo general, no puede haber una huelga realmente sin piquetes, en la lucha actual los piquetes los ha formado la patronal privada y el clero, con una campaña gigantesca de presiones a favor de la presencialidad. Las mociones de actividades presentadas por parte de la CD fueron, en su mayoría, una adaptación a las que llama el Plenario del Sindicalismo Combativo, vinculado a una fracción del FITU, típicamente marginales. Esta ausente una política de masas, en favor de una visión y una política de aparato. Además, estuvieron supeditadas a la acción parlamentaria, que es el terreno en el que se desarrollan muchas de las propuestas del FIT U. En medio de una huelga que, de acuerdo al informe oficial, se cumple poco, los Sutebas multicolores proponen una caravana a la planta de Hugo Sigman, para apoyar un proyecto de ley para que el Estado adquiera la firma a valor de mercado. Entretanto apareció otro farmacéutico similar, pero ligado a Massa, con una prouesta fraudulenta similar, pero para producir la vacuna rusa en Argentina. Cabe destacar -no es menor-, que las votaciones en la asamblea se vienen desarrollando en forma polémica y cuestionable: micrófonos cerrados, chat deshabilitado (en muchas oportunidades) y diferentes criterios para presentar las mociones, según cada asamblea y siempre a criterio de la Multicolor en la CD. Para evitar estos procedimientos proscriptivos,el mismo FIT-U se había opuesto, correctamente, a las sesiones virtuales del Congreso nacional. La asamblea, por la continuidad de la huelga Al momento de la votación, una tercera moción a favor de un “paro indeterminado”, presentada por corriente “Conti Santoro” (RyR), dividió el voto opositor a la propuesta de la Directiva. En estas condiciones, a moción de la Directiva obtuvo un 46% de los votos; las otras dos mociones, de Docentes en Clase y la Haroldo Conti y TD (T), que postulaban en continuidad, obtuvieron el 43%, y un 9% la de la “Conti Santoro”. Es necesario seguir adelante con la medida de fuerza, organizando los fondos de huelga en cada escuela. A su vez, el grupo de docentes contra la presencialidad en pandemia sigue organizándose en contra de la presencialidad criminal. Convocamos a los docentes de la Ciudad a sumarse esta campaña.

La rebelión popular en Colombia ha añadido una nueva página en la última semana. Tras una demorada convocatoria a un paro general contra la gestión de la pandemia por parte de Iván Duque, las masas salieron por millones a las calles desbordando los reclamos iniciales y a la dirección del paro. El paro aislado convocado para el 28 de abril, se ha convertido en una huelga por tiempo indeterminado. Masas trabajadoras, estudiantiles, campesinas e indígenas celebraron el 1° de mayo con enormes movilizaciones, piquetes y asambleas populares, a pesar de la enorme represión estatal. Se han denunciado decenas de muertos y centenares de heridos, de detenidos, de desaparecidos y violaciones en todo el país (bbc, 4/5 y Wradio, 3/4), La fuerza ejecutora de las masacres es el servicio de seguridad y espionaje – el Esmad. Las masas exigen la disolución del Esmad. El domingo, Duque tuvo que retirar del Congreso su proyecto de reforma impositiva, repudiada en forma masiva y rechazada por los bloques parlamentarios, incluida la derecha del ex presidente Uribe; el lunes renunció el autor del proyecto, ministro de Hacienda, Carrasquilla. El retiro de la reforma y la renuncia, no significa el entierro definitivo de la reforma. Duque quiere “concertar” ahora, con la oposición, una nueva reforma fiscal. La maniobra fue respondida con un paro por tiempo indeterminado “en los hechos” – y el reclamo de la caída de Duque. La agenda de Duque incluye una reforma de salud y una reforma previsional, y fortalecer la presencialidad escolar y de los trabajadores no esenciales, cuando mueren casi 500 personas por día (El Espectador, 3/4). El Comité Nacional del Paro (CNP) había convocado el paro del 28 de abril y una concentración simbólica para el 1° de mayo, apostando a “descomprimir” con un nuevo paro para el 19 de mayo. Gustavo Petro, líder del Frente Progresista no movilizó fuerzas el 28, y sólo rompió el silencio al repudiar los “saqueos” durante las movilizaciones. El retiro de la reforma no aplacó los ánimos. El reemplazante de Carrasquilla garantiza una continuidad del plan de ajuste pactado con el FMI. Su propósito declarado es generar “consenso en torno a la reforma tributaria” con sectores de derecha y centro, y armar un “consejo consultivo”. A pesar del retiro de la reforma y la renuncia del ministro que la impulsó, la huelga continuó, para transformarse en una huelga política declarada - “Fuera Duque”. El lunes hubo en Bogotá más de 20 cortes, vigilados con extremada presencia policial y militar. El tránsito en la ciudad colapsó. A la jornada se sumaron los taxistas, grúas, el transporte escolar y los volqueteros (Infobae, 3/4). Antes se habían sumado los camioneros, un gremio clave. Los camioneros siguieron con su “plan tortuga”, para paralizar las avenidas y rutas. En Cali, el paro de taxistas fue convocado desde la madrugada del lunes. Los aeropuertos fueron bloqueados. Se incendiaron 94 bancos y 14 peajes, y se tiraron abajo 4 estatuas. La #CGT y la #CUT, junto al resto de las organizaciones del CNP, invitan al #ParoNacional5M, mañana, en el Parque Nacional de Bogotá por el retiro del proyecto de Ley 010 de reforma a la salud, la renta básica, defensa de la producción nacional, matrícula cero para los estudiantes y la derogatoria del Decreto 1174, que reduce el piso de protección social (cut.org, 3/4). En conferencia conjunta CUT, la CGT, la CTC y Fecode, piden desmilitarización de las ciudades, una vacunación masiva y la no presencialidad escolar (El tiempo, 3/4). La Minga, movimiento indígena, junto a las demás organizaciones sociales se pliegan a los reclamos, “el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque”, indican. “Hemos decidido no sólo en Cauca, sino en el país, luchar por un país diferente, campesinos, afros, indígenas, urbanos, sindicatos y estudiantes que se están movilizando en el país. No es sólo la reforma tributaria, sino la ingobernabilidad que hay en el país y por eso evaluaremos ir en conjunto con las organizaciones movilizadas para continuar con el Paro nacional y la Minga nacional”, indicó un vocero de CRIC (indígenas del Cauca).

El proyecto privatizador de Costa Salguero fue mayoritariamente rechazado a finales del año pasado (el 97,3%), cuando miles de personas se anotaron en las audiencias públicas. El proyecto de Larreta pretendía enajenar el espacio para un gran negocio inmobiliario, con el metro cuadrado más caro del país. A principios de abril el Gobierno porteño dio un nuevo paso en su proyecto privatizador: prorrogó hasta fin de año la concesión, con el pretexto de posibles “intrusiones”. La concesionaria es la empresa Telemetrix (entre sus propietarios está Fernando Polledo, esposo de la legisladora del PRO Carmen Polledo), el verdadero “intruso” del predio estatal. La segunda resolución publicada por el Gobierno porteño, contiene dos llamados a licitación para el estudio de obras de infraestructura -entre ellas instalaciones sanitarias, hidráulicas, extinción de incendios, riego, electricidad e iluminación- para el proyecto del conglomerado de edificios que, justamente, tiene radicación en el predio. El martes, una sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la CABA, Leonardo Furchi, declaró la inconstitucionalidad de la ley 6.289, que autorizó la venta de las tierras ribereñas, a partir del argumento de que el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco es de dominio privado (Télam). El oficialismo había logrado que el predio sea declarado de “dominio privado” para evadir el procedimiento de votación, audiencia pública y segunda votación. El juez les dijo que hicieron trampa y les frenó la venta (nueva-ciudad, 3/5). Esto pareció no preocuparle al gobierno de la ciudad, avezado en ignorar sentencias judiciales. Hace poco un informe de la Auditoría de la ciudad demostró el “incumplimiento a normas constitucionales, concesiones a empresas con deudas y falta de actualización de cánones” (ídem). Entre las concesiones se encuentran las gastronómicas en Costanera y Bajo Autopistas como Mirasol de la Recova, Happening, la ex Pizza Banana y Punta Carrasco. Si el TSJ falla en contra, debería volverse a votar la venta. Luego del fallo que rechaza la privatización, el oficialismo de la ciudad (Vamos Juntos) anunció que la rezonificación sigue en agenda, y que esperan que el “conflicto por la venta de esas tierras siga su curso en las distintas instancias judiciales”. El objetivo del gobierno de la ciudad es la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hectáreas del sector de Costa Salguero y Punta Carrasco, "una mixtura entre comercios, oficinas, hotelería y viviendas". Organizaciones sociales, políticas y vecinos se oponen a la venta y solicitan un espacio 100% verde y público. El Gobierno porteño "tiene presupuestados más de 4.000 millones de pesos, 1.700 millones de ellos en 2021, para la infraestructura urbana necesaria para las torres" (Telam, 2/4). Además de la venta de Costa Salguero, Rodríguez Larreta impulsa una ley de 'rezonificación' de 32 hectáreas de tierras ribereñas al Río de la Plata, con el objetivo de permitir allí la construcción del complejo urbanístico de edificios de lujo. Dicha ley de rezonificación fue aprobada en primera lectura en octubre de 2020, con los votos de la coalición oficialista Vamos Juntos más el aporte de UCR-Evolución y Partido Socialista (ídem). El Frente de Todos también aprobó junto con el oficialismo cesiones de tierra a la Iglesia, uno de los principales “agentes” inmobiliarios de la ciudad, y el “distrito joven”. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad dicen que este conflicto se va a dirimir por el Tribunal Superior de Justicia (porteño). El TSJ está en manos de Cambiemos.

En estos momentos la atención mundial se ha parado sobre el descalabro sanitario de la India, pero es menos señalado que pero las informaciones oficiales de los contagios y fallecimientos avanzan velozmente en los países de Asia. Según el South China Morning Post (04/05), “las naciones que van desde Laos, Vietnam y Tailandia en el sudeste asiático hasta las que limitan con la India, como Bután y Nepal, han informado de aumentos significativos en las infecciones en las últimas semanas”. Los mismos se deben a la llegada de las variantes más contagiosas del virus, principalmente la cepa británica e india. Al mismo tiempo, los débiles sistemas de salud imposibilitan una respuesta en regla ante una creciente demanda de recursos sanitarios y humanos. En Laos “la semana pasada, el ministro de Salud buscó equipos médicos, suministros y tratamiento, ya que los casos aumentaron más de 200 veces en un mes.” Lo que ha motivado retomar medidas de lockdown en la capital, Vientiane, así como prohibir los viajes de la capital a las provincias y viceversa. En Nepal, “los hospitales se han estado llenando rápidamente y se han quedado sin suministros de oxígeno.” Entre las causas se identifican la nueva variante procedente de la India, lo mismo sucede en Bután. El martes, Vietnam cerró las escuelas de la capital, Hanoi, así como en varias regiones en el norte del país. El brote se asocia a la llegada de dos extranjeros, que han dado positivo a un test PCR, así como la movilidad provocada por un fin de semana largo por una festividad local. Tailandia presenta también una situación crítica con el 98% de los casos positivos (en un muestreo de 500) con la variante británica del COVID-19. Esto ya ha provocado serios estragos en el principal rubro del país, el turismo, cuya recaudación prevista para 2021 ha caído cerca de un 30%. Mientras tanto, en Camboya la situación tiende a salirse de control, ya han reportado más de 10 mil casos en 20 provincias, y han declarado la “alerta roja” en la capital del país, Phnom Penh. En Sri Lanka, las autoridades aseguran tener la situación bajo control, a pesar de atravesar el peor brote desde las festividades de Año Nuevo locales, celebradas hace apenas un mes. Para limitar la suba de casos se ha decidido aislar las zonas más comprometidas, prohibir bodas y reuniones ,y cerrar cines y pubs (Idem). Las naciones del Pacifico, tampoco se encuentran a salvo, Fiji ha debido aislar varias ciudades turísticas luego que la población se hubiera contagiado del propio ejército. Para Jonathan Pryke, quien dirige la investigación en la región del Pacífico para el Lowy Institut, “el reciente aumento en los casos registrados en todo el Pacífico revela lo crítico que es no solo depender de fronteras fuertes, sino también llevar vacunas a estos países". A lo que agregó “India es una advertencia impactante para esta parte del mundo sobre la rapidez con la que esta pandemia puede salirse de control” (Ibidem). El problema del acceso equitativo a las vacunas está en el ojo de la tormenta. Según Ali Mokdad, director de estrategia para la salud de la población en la Universidad de Washington, la situación es "muy grave". "Las nuevas variantes requerirán una nueva vacuna y un refuerzo para los que ya están vacunados; retrasarán el control de la pandemia" (Ibidem). En la península de Corea, la situación se vuelve desesperante. Mientras Corea del Norte asegura no tener contagiados, el periódico oficial del país, Rodong Sinmun, advierte sobre lo limitado del acceso a las vacunas para enfrentar a la pandemia. Al tiempo que advierte, “algunas vacunas, que se habían considerado altamente efectivas, causaron efectos secundarios graves, incluso la muerte, lo que llevó a muchos países a dejar de usarlas" (Ibidem). Mientras tanto la vacunación en Corea del Norte no ha comenzado, luego que la ONU no cumplió con la entrega de 1,9 millones de vacunas procedentes del programa COVAX. Por otra parte, en Corea del Sur 3,5 millones de ciudadanos han recibido al menos una dosis. Las autoridades esperan alcanzar la inmunidad colectiva en noviembre, pero los expertos ya han advertido que las vacunas no frenan la circulación del virus, por lo cual “tendremos que vivir con Covid-19, como vacunarnos contra la gripe estacional”, según palabras de Oh Myoung-don, jefe del comité clínico central del país para el control de enfermedades emergentes.

El fallo de la Corte contra el DNU que suspende las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires constituye un golpe a la línea de flotación del gobierno de los Fernández. En especial, por su contenido falaz, o sea, una intencionalidad motivada políticamente. El único recurso que le queda a los Fernández después de este fallo, no es un inexistente tribunal por encima de la Corte, sino las elecciones nacionales de este año, que tampoco lucen prometedoras. La Corte aceptó fallar sobre un tema objetivamente abstracto para este caso, como la autonomía federal de la Ciudad, cuando lo que se encuentra en cuestión son la pandemia y la llamada ´segunda ola´ de contagios del Covid-19, con su secuela de muertes y la explosión del sistema de salud. Como ocurre en muchas provincias con los distritos integrados territorialmente a las capitales, es imposible tratar la pandemia en forma escindida. De un modo más general, pero no por ello menos concreto, la crisis humanitaria desatada por la ´pan-demia´ es intratable en términos nacionales. El capitalismo, precisamente, sólo puede abordarla en términos de rivalidades comerciales y geopolíticas, lo cual implica las guerras. Para colmo de arbitrariedades, los juristas supremos invocan que el estado nacional ejerce la soberanía por delegación de las provincias, cuando es claro que esto no vale para la Ciudad, que no existía como tal en la fecha fundacional de la Nación, y era parte de la Provincia de Buenos Aires. Bolsonaro La falacia de la Corte se manifiesta con mayor claridad cuando comparamos con las decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasil. También en este caso, los cortesanos han fallado contra la discrecionalidad del estado nacional, pero por los motivos contrarios a los que han exhibido nuestros cuatro mosqueteros máximos. En Brasil, la Justicia ha respaldado el derecho de los estados a imponer restricciones a las actividades no esenciales y el cierre de escuelas, contra la política de libertinaje criminal de Jair Messias Bolsonaro. Rosenkrantz, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, de acuerdo a lo que han fallado, se habrían declarado incompetentes en el país vecino, porque la defensa del federalismo signfica allí el cierre de actividades. Este relato se puede reproducir con lo ocurrido en Estados Unidos, bajo Trump, que culminó con el asalto golpista al Capitolio de Washington, en enero pasado. Los cortesanos que ´supimos conseguir´, todos, por otra parte, menos uno, de filiación proto-kirchnerista, advierten por sí mismos la falacia de juzgar sobre la autonomía federal en un cuadro de pandemia, cuando se pronuncian, en los considerandos, sobre esta misma pandemia. Ahí repiten el libreto de las grandes patronales, en particular de la educación privada, y del clero, acerca de que las escuelas no contagian y de que el gobierno no ha provisto las estadísticas que indiquen lo contrario. Por supuesto, que “las escuelas” no contagian, porque el virus se transmite entre personas, no entre edificios. Pero la mayor parte de los epidemiólogos se ha pronunciado por el cierre. Después de todo, esta ´nueva ola´ ha irrumpido con el inicio del año escolar, en un escenario de temperaturas moderadas. Como el gobierno de los Fernández era partidario de la presencialidad, así como el macrismo y la mayoría de la izquierda, quienes hoy claman por la suspensión son responsables del desastre que han creado. En Europa, todos los países, sin excepción, han cerrado las escuelas en la ola infecciosa reciente, ni qué decir de Israel, que hoy exhibe resultados positivos no solamente por una vacunación que supera el 50 por ciento. Los juristas de marras no desconocen estos datos, y ellos mismos se han mandado a guardar en sus respectivos domicilios o propiedades. La educación de Videla y Martínez de Hoz Otra falacia significativa es que la política de educación es un derecho de las provincias. ¿Desde cuándo, señores de la Corte? Desde la dictadura militar y Martínez de Hoz, que desmantelaron la educación nacional, para liberar gastos federales y poder pagar la deuda externa. En algunas provincias existen las escuelas ´charter´, licitadas a privados, lo que no es el modo de garantizar la igualdad educativa que hoy la derecha invoca en TN, LN+ y América TV. Nos preguntamos si, como ocurre en Chile, la educación privada se municipaliza, las provincias seguirán conservando el derecho que hoy les adjudica la Corte. La provincialización es el mayor golpe que se haya dado a la educación pública, ratificada por todos los ´gobiernos democráticos´ y la Convención de 1994 de los Alfonsín y los Zaffaroni. La histórica ley nacional 1420, ¿provincializaba la educación? ¿Tienen pensado eliminar del calendario la fecha del 11 de septiembre, el día del maestro, en homenaje a Sarmiento? La oligarquía liberal no solamente impuso la unidad nacional mediante la masacre de indígenas; también mediante un esquema de educación nacional, que Videla liquidó y que hoy la Corte repudia. Una movida política desestabilizadora Como ocurre con un fallo reciente del Tribunal Constitucional de Chile, que le bajó el pulgar a Piñera al rechazar un recurso presidencial acerca del tema vital de los sistemas de pensión, el fallo de la Corte de Argentina es una movida política, en el marco de una tendencia a la disgregación del gobierno y del conjunto del régimen vigente. Se produce en un escenario de fuerte inflación, crisis de la asistencia social en un marco de pandemia, repetidas fricciones en el FdT acerca de las negociaciones con el FMI, y en el marco de una fuerte presión del gobierno Biden, para alterar las relaciones de Argentina con China y Rusia. Esto explica la enorme crisis política vinculada a la provisión de vacunas, cumplimiento de contratos y negociados con medicamentos. El fallo de la Corte se adelanta en otro punto, no menos importante. Advierte que impugnará cualquier ley que otorgue al Ejecutivo las facultades que establecía el DNU. La amenaza es una herramienta suficiente para persuadir a los bloques parlamentarios intermedios a acompañar un proyecto en esa dirección. Lo que Ángela Merkel obtuvo en Alemania, en Argentina sería inconstitucional. En definitiva, la Corte advierte al FdT que si el kirchnerismo va por ella, ella va por el kirchnerismo. Estado de derecho Toda esta crisis demuestra que la llamada “división de poderes” es una máquina de violentamiento de la soberanía popular. La Justicia debe ser un servicio público, no un poder constitucional del Estado, ejercido en forma vitalicia por un personal designado en trámites ajenos al conocimiento y decisión del pueblo. Lo mismo vale para los DNU – un recurso arbitrario que ejercen todos los gobiernos presidencialistas. El Ejecutivo debe ser electo por el Congreso y responsable ante él – el parlamento es la única residencia de la soberanía popular, no solamente con la condición de que sus representantes sean revocables, sino que la clase obrera y los trabajadores ejerzan la dirección de la economía y la política en su conjunto. La lucha consecuente contra la pandemia requiere un gobierno de trabajadores, para que el capital pague el sostenimiento del distanciamiento social; para desarrollar la salud pública y enfrentar el hacinamiento habitacional; para expropiar a los monopolios farmacéuticos y poner en manos públicas la producción de vacunas, a nivel nacional e internacional. El fallo tramposo de la Corte es una demostración cabal de la impotencia del capital para lidiar con la pandemia y de la extendida conspiración política para defender los negocios capitalistas a costa de la salud y de la vida de los seres humanos. Pfizer acaba de anunciar un aumento del 130% de sus ganancias, en relación a sus perspectivas iniciales. De autoconvocados y coordinadoras La crisis política es irreversible. Como lo demuestra la rebelión popular en Colombia, los acuerdos con el FMI, con sus tarifazos y ajustes, son incompatibles con la situación de las masas. El escenario presenta dos alternativas: una polarización sin treguas, con vistas a un fallo electoral, o una última tentativa de acuerdo provisorio, que llevaría a la quiebra del FdT, por un lado, y hasta cierto punto también de JxC. Este escenario es suficiente para incitar a una rebelión popular, porque los trabajadores serán sus víctimas principales. Hoy mismo, el nivel de luchas ha crecido a la par de la pandemia – en la educación, la salud, el transporte, la industria. El desarrollo de autoconvocatorias y coordinaciones es un síntoma inequívoco de una tendencia popular a intervenir en la crisis política. En la transición política que plantea la fractura del régimen vigente, está planteada la auto-organización de los trabajadores y la coordinación organizativa. Para oponer al desmadre de las patronales, el gobierno y los partidos de la burguesía, un gobierno de trabajadores, es necesaria una agitación política por la convocatoria de un Congreso de la clase obrera y los trabajadores.

El martes 4 de mayo, se reunió el Consejo Federal de Educación (CFE) que integran el ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, y sus pares provinciales. Acordaron una serie de lineamientos que responden a la ya vigente presencialidad “cuidada”, que ahora denominan “administrada”. Se registraron dos votos negativos: los de los ministros de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, partidarios de la presencialidad sin cortapisas. De todas formas, lo que es aprobado por mayoría especial en el Consejo, se debe aplicar en todas las jurisdicciones. La resolución del CFE ha establecido un criterio de riesgo epidemiológico que establece que, en donde haya riesgo sanitario ´bajo´ o ´medio´, se mantienen los regímenes de presencialidad y, donde exista riesgo sanitario ´alto´, cada jurisdicción podrá administrar medidas de “restricción parcial de la asistencia presencial para contribuir en la reducción de la circulación de personas”. La suspensión de la presencialidad sólo se daría en el caso de las provincias que registren “alarma” sanitaria ya que “el sistema educativo volvió a aunar una mirada colectiva en donde se prioriza la presencialidad, pero con un acuerdo de suspenderla frente a situación de alarma epidemiológica” (Página 12, 5/5). Es decir: proponen la suspensión recién cuando el colapso sanitario recrudezca, ya no haya camas disponibles y los hechos estén consumados. Según los propios informes nacionales, las zonas con “alarma epidemiológica y sanitaria” son CABA, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos” (Infobae, 5/5) y, en dichas jurisdicciones, correspondería la suspensión de la presencialidad en todos los niveles educativos. Sin embargo, con excepción del conurbano y algunos distritos de Santa Fe, las clases se siguen desarrollando en forma presencial. En cualquier caso, según también establece la propia resolución del Consejo, las escuelas permanecerían abiertas para continuar con el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes que tengan problemas de conectividad (con intercambio de actividades no presenciales), para aquellos/as que estén en promoción acompañada y la habilitación de espacios y recursos de la escuela a aquellos estudiantes que no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares. A su vez, se seguirían sosteniendo los servicios de distribución alimentaria y el vínculo socio-pedagógico con estudiantes en situación de vulnerabilidad. La educación especial también seguiría desarrollándose en forma presencial. Respuesta de la docencia La CTERA se ha manifestado, en reiteradas oportunidades, en defensa de la presencialidad administrada que impulsa el gobierno nacional y que sigue contando con el aval del CFE. Respecto al fallo de la Corte Suprema, la central sindical nacional emitió una declaración titulada “por la vida y la democracia” contra el “golpe desestabilizador” de la Corte, pero sin convocar a un plan de lucha nacional para enfrentar al agravio que denuncia. Fiel a su línea histórica, ha dejado a cada provincia librando sus propias batallas. Un ejemplo de este ha sido el nulo aporte de CTERA en apoyo a la huelga docente de CABA. En el caso de CABA, en donde el conflicto por la presencialidad ha cobrado una enorme relevancia y por el cual la docencia llevó adelante una huelga que, renovada diariamente, ya lleva dos semanas -y aún continúa-, la UTE (sindicato de base de CTERA) y Ademys se han pronunciado también contra el fallo judicial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país, como recientemente Catamarca, se siguen formando, desarrollando y consolidando los comités de Docentes contra la presencialidad en pandemia. Justamente, el mismo 4 de mayo, mientras sesionaba el CFE, docentes de CABA realizamos una expresión político artística en la plaza del Ministerio Nacional, un siluetazo en memoria de los/as trabajadores de la educación fallecidos/as por Covid debido a la política de la presencialidad y exigiendo a CTERA un plan de lucha nacional. Esta iniciátiva contó con una importante repercusión en los medios de comunicación, inclusive a nivel nacional. A la política criminal de la presencialidad tenemos que oponerle la profundización de la organización docente. En CABA, seguir sosteniendo la huelga y fortaleciendo las instancias de deliberación y acciones que involucren al conjunto de la docencia. En el resto de las provincias corresponde también el llamado a asambleas y plenarios de delegados con mandato para discutir, en cada jurisdicción, un plan de acción para terminar con la presencialidad en pandemia, en defensa de la vida y la salud.

En numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires se han creado comités y asambleas contra la presencialidad en pandemia, también en Berazategui. En Berazategui asistimos a un colapso sanitario. El hospital “Evita Pueblo” se encuentra desbordado y cada vez mas escuelas se organizan a través de asambleas por la proliferación de casos. En este contexto, se realizó la segunda “asamblea general de docentes de Berazategui”, virtual, con una concurrencia de 24 docentes. Algunos docentes denunciaron que fueron “apretados” por el solo hecho de participar. Es que, como sabemos, las asambleas autoconvocadas van ganando terreno ante la inacción de la burocracia. En nuestras intervenciones, los y las docentes expresamos los problemas que atravesamos, la necesidad de un salario mínimo igual a la canasta básica, de la suspensión de clases mientras dure la pandemia y hasta que la población no este vacunada; denunciamos la precarizacion laboral, la falta de presupuesto y, entre otras cosas, la necesidad de que se cubran todos los cargos vacantes mediante actos públicos. Mas allá del acuerdo en la mayoría de los puntos, hubo un breve debate en torno a si se debía plantear “no a la presencialidad en pandemia”, el cual luego se aprobó por el voto de mas del 90%. Se remarco la necesidad de organizarse, ya que la dirección del sindicato -la Azul y Blanca- está alineada con el gobierno y bloquea cualquier intención de preparar y desarrollar un plan de lucha en el distrito, ya que, por ejemplo, ni siquiera se pliegan a las jornadas de lucha de la Multicolor, frente al que (aún...) pertenecen. Teniendo en cuenta la continuidad de la virtualidad, la próxima asamblea se hará este miércoles 5, a las 19hs. Desde Tribuna Docente Tendencia de Berazategui invitamos a las y los docentes del distrito a sumarse. A continuación la resoluciones votadas por la asamblea: ● No a la presencialidad en pandemia. ● Exigimos la liberación de Internet para estudiantes y docentes. Dispositivos electrónicos para todos y todas. ● Exigimos la cobertura de todos los cargos faltantes, mediante actos públicos transparentes. Trabajos para todos y todas las docentes, basta de precarización laboral. No a la sobrecarga de docentes en ejercicio. ● Repudio a la gestión de las escuelas privadas que llama a clases presenciales en pandemia. ● Hacemos un llamado a los compañeros de escuelas privadas para que se unan a la lucha. ● Exigimos la vacunación masiva contra el covid-19. Liberación de las patentes ya. ● Convocar asamblea de urgencia para tomar medidas de acción en caso que se decrete la vuelta a la presencialidad. Caso contrario, la asamblea se realizará el día miércoles 5 de mayo a las 19 hs.

Diferentes organizaciones de derechos humanos denuncian una "masacre" por parte de las fuerzas de seguridad y el ejército tras siete jornadas de paro nacional. La ONG Temblores anunció el asesinato de 31 manifestantes a manos de la policía, 1.443 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 814 detenciones arbitrarias, 17 agredidos en los ojos por la policía, 77 casos de disparos por armas de fuego, 56 denuncias de desapariciones y 10 víctimas de violencia sexual (@laoreja, 4/5). Cuando las víctimas denuncian a la fiscalía las denuncias, éstas son remitidas a la jurisdicción militar, donde nunca obtienen fallos favorables. “Hemos podido constatar que, en distintas zonas del país, se lanzan gases lacrimógenos al interior de las viviendas, se han presentado cortes de luz simultáneos y ráfaga de disparos posteriores y la obstrucción deliberada por parte del ejército nacional para que los heridos por parte de la fuerza pública no puedan acceder a la atención médica”, indicó la ONG. El 3 de mayo Amnistía Internacional declaraba que se comprobaron al menos 18 violaciones a los DDHH. Esto fue comprobado a través de un video de la ONG. “Las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país”, indican (PDCTV, 4/5). Hasta la cámara baja de EEUU , que ha apoyado el Plan Colombia, que militariza al país, ha pedido retirar el apoyo militar norteamericano a Colombia por las violaciones a los derechos humanos. Plan sistemático Esto responde a un plan orquestado, que cuenta con la complicidad de gobernadores y alcaldes. Duque anunció el 1° de Mayo que reclamaría “asistencia militar”. De acuerdo a la Ley 1801 de 2016, se puede utilizar el ejército ante eventos de “emergencia o calamidad pública”, algo claramente no justificado contra huelgas y manifestaciones. El ex presidente Uribe, quien se encuentra libre después de haber sido denunciado varias veces por orquestar masacres contra el pueblo desarmado, reclamó “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas”. Este mensaje fue entendido por los policías y militares, que apuntaban al pecho de los manifestantes, asesinados a sangre fría. En Cali, desde el primer día, el ministro de Defensa envió a los militares a reprimir. Los militares custodian las rutas y las policías intentan controlar las ciudades, bajo la mirada cómplice de los alcaldes. Los medios locales ocultan la represión y las violaciones a los derechos humanos, y califican a las movilizaciones de “actos vandálicos” y “saqueos”. Sólo algunos medios internacionales y las redes sociales muestran el plan sistemático de represión. En Cali, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, junto a un funcionario de la Procuraduría general y tres personas de organizaciones de Derechos Humanos (de la ONU), fueron objetos de amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional (el tiempo, 4/5). Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que en Cali los muertos suman 19. En la sexta noche se registraron al menos 5 muertos y 33 heridos (semana, 4/5). La Movilización en Siloé (Cali) era “pacífica hasta que llegó la fuerza pública a dispersarla con gases lanzados desde un helicóptero” (pulzo, 4/5). La Inspección de la Policía adelanta 26 investigaciones internas en contra de uniformados. Hay desabastecimiento de alimentos y combustibles en Cali y en otras ciudades, promovido por la propia policía y el ejército. Los manifestantes están estableciendo corredores sanitarios para garantizar alimentos a la población. Técnicas de guerra El tenebroso Esmad, pertrechado y armado hasta los dientes, ha sido uno de los focos de las denuncias. Se lo acusa de 10 violaciones en diferentes puntos del país, desapariciones, torturas y violaciones; la utilización de "técnicas de guerra” contra la población civil. Los videos muestran la infiltración de las fuerzas públicas en las manifestaciones. En La Luna, Cali, los policías "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones", añadió la portavoz de la ONU (caracol, 4/5). Los manifestantes siguen en las calles para visibilizar los muertos a manos de uniformados durante los siete días que lleva el paro. En diferentes ciudades hubo “marchas de antorchas”, como por ejemplo en Tunja, la capital de Boyacá. Luego corearon “Duque, paraco, el pueblo está verraco (enojado)”, “Que lo vengan a ver, esto no es un gobierno son los paracos en el poder”. La movilización estudiantil y obrera ha sido clave para sostener esta huelga general contínua.

Este martes 4 de mayo se cumple el séptimo día de movilizaciones por el Paro Nacional. Las multitudinarias protestas pacíficas, terminaron en enormes represiones y masacres (como en Siloé, Cali). La olla a presión que abrió el paro del 28 de abril ha desatado una rebelión popular incontenible. Situación política El ex guerrillero del M-19 Gustavo Petro, que encabeza las encuestas para las elecciones de 2022, acaba de plantear que “hay que salvar a Duque de Uribe”. Con este recurso dialéctico, Petro se suma a una coincidencia generalizada en la burguesía de que Duque debe terminar su mandato. El despliegue del ejército para aplastar la rebelión, el ‘progresismo’ lo atribuye a Uribe, para ofrecer de su lado un pacto de ‘gobernabilidad’ que pasaría por una contención negociada de la rebelión popular. Biden, la Unión Europea y hasta la ONU, respaldan esta maniobra. Sería la variante colombiana de la política aplicada por Piñera en Chile. El problema es que en Colombia esto significaría el abandono del acuerdo de “facilidades extendidas” con el FMI y la aplicación de un bozal al ejército y a los paramilitares, que se expresan por medio de Uribe. Duque respondió a la oferta con el planteo de que “las Fuerzas Armadas y de Policía encarnan nuestros valores democráticos” (infobae, 4/5). En la tarde de ayer comenzaron las contramanifestaciones de quienes reclaman el fin de los cortes de ruta y de los ‘saqueos’. Como nota al pie de esta crisis, señalemos que ha comenzado una ola de pronunciamientos militares en varios puntos del planeta, desde el gope de las FFAA de Myanmar, que está tomando la vía de una guerra civil; el pronunciamiento de militares ‘retirados’ en Francia, para sacar los tanques contra la “subversión islamista”; un pronunciamiento similar en Perú, contra el candidato Pedro Castillo; y, finalmente y por sobre todo Brasil, donde un ala del ejército y la policía militar reclama un estado de sitio general, apoyado por manifestaciones fascistas en Río de Janeiro y Sao Paulo. Petro le ha reclamado al comité del paro “reorganizar la movilización". Plantea volver a los paros aislados sin movilizaciones callejeras ni cortes de rutas. Advierte contra “Los que quieren hoy enfrentar al pueblo con la policía para intentar un golpe de Estado”. El Comité del Paro ha hecho todo lo que tenía en la mano para seguir la orientación que reclama la oposición centroizquierdista, lo que solamente consiguió ha sido impulsar una rebelión popular. Nelson Alarcón, presidente de Fecode, declaró “claro que estamos dispuestos al diálogo, pero al diálogo y a la concertación que realmente se le busque soluciones a cada una de las problemáticas...” (Caracol, 4/5). “A ver quién dirige la batuta” En Bogotá, las concentraciones han paralizado el tránsito. 39 estaciones de Transmilenio quedaron fuera de operación. A las 13 hs, se habían registrado al menos 11 protestas entre plantones, bloqueos y marchas. El secretario de Gobierno dijo que se destruyeron 16 CAI policiales. En Tocancipá y Gachancipá, en la ruta de Tunja a Bogotá, desde las 7 de la mañana fueron bloqueadas las rutas de entrada y salida. Esto sucede en todo el país, todos los días. Los manifestantes se enfrentaron por horas a los escuadrones del Esmad. Desde Bluradio se informó que los manifestantes frenaron un camión cisterna, y prendieron fuego los tanques de combustible. En la Universidad Nacional se convocó una nueva manifestación. Más de 300 campesinos de Cúcuta bloquearon las rutas en las zonas de Catatumbo. Rechazan la reforma tributaria pactada con el FMI y exigen que paren las aspersiones con glifosato y se cumplan los acuerdos de paz firmados con las disueltas Farc. En Santander se atacaron centros comerciales y bancos, 12 personas heridas, y pérdidas millonarias. Los indígenas de Nariño (Pasto), bloquean los pasos, y dijeron que continuarán con la Minga. En Cali hace tres días que no hay transporte público, hay escasez de alimentos y gasolina. “La gente está en la calle de manera espontánea”, dicen los líderes estudiantiles del Valle de Cauca. Se están estableciendo corredores sanitarios para garantizar alimentos. La gente les está llevando alimentos a los manifestantes que mantienen los bloqueos, apoyando la lucha” (Bluradio, 4/5). No es un ajuste, son 20 años Este miércoles 5 de mayo las calles de las ciudades del país serán testigo de una nueva jornada de protestas, movilizaciones, plantones, cacerolazos y bloqueos. Bogotá anunció verificadores de derechos humanos en 13 lugares de la ciudad, pero habrá el doble de cortes. El CNP movilizará en todo el país. La última vez se hicieron manifestaciones en 500 alcaldías. El Comité declaro también que el Gobierno debe sentarse a negociar. Sin embargo, si cae definitivamente la reforma fiscal y la de salud, se caen los acuerdos de financiamiento con el FMI. No es una reforma tributaria más, son 20 años.

En este Día Internacional del Trabajo, Primero de mayo de 2021, el Centro Socialista Internacional “Christian Rakovsky” saluda a la clase trabajadora internacional y a todos los explotados, oprimidos, discriminados en todo el mundo que luchan abiertamente contra la catástrofe sin precedentes que enfrenta la humanidad y la naturaleza, producida por este decadente sistema social en crisis, ¡el capitalismo global! El Primero de mayo 2021 es un Día de lucha mundial por la Vida amenazada por la destrucción del medio ambiente natural por la codicia capitalista de las empresas multinacionales del capital globalizado que conducen a la tragedia humanitaria de la pandemia Covid-19 y el cambio climático. En tan solo un año, más de 3 millones de vidas humanas se perdieron por una pandemia que, a pesar del descubrimiento de las vacunas, está muy lejos de su fin, tanto en el ‘Norte Global’, en Estados Unidos y particularmente ahora en Europa, como en el ‘Sur Global’. Las horrendas cifras de cientos de miles de casos nuevos y las miles de muertes diarias en Brasil, en América Latina, el continente más afectado por la pandemia, y en la India, en Asia, muestran la transformación de estos enormes países a semilleros de la aparición de nuevas variantes, posiblemente más letales y resistentes a las vacunas, que amenazan al mundo entero. Está bien establecido que la infame globalización capitalista de las últimas décadas había destruido bosques, ecosistemas, barreras inmunológicas produciendo para principios de la década de 1980 una “epidemia de epidemias” (VIH, Mers, Sars, -1, H1N1, Ébola, etc.) culminando en la pandemia de Covid-19, que incluso puesta bajo control, sería seguida por otra pandemia igualmente desastrosa. La crisis de salud se vio agravada por su mala gestión criminal, no solo por la administración Trump y la locura del gobierno de Bolsonaro. Involucró a la mayoría de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, ya que subordinaban la salud a las prioridades de la economía capitalista, sin los protocolos de seguridad necesarios en los lugares de trabajo y el transporte, los cierres necesarios, las pruebas masivas, el rastreo de infectados, etc., y con sistemas de salud no existentes, mal equipados o destruidos por las políticas neoliberales. El nacionalismo de las vacunas y la competencia salvaje de las grandes empresas farmacéuticas ha creado una situación caótica que impide el logro de la inmunidad masiva y propaga el escepticismo y el oscurantismo explotado por todo tipo de oscurantistas, grupos de extrema derecha y un amenazante ascenso del fascismo. La única línea de resistencia a la catástrofe fue y es el heroísmo y el autosacrificio de los trabajadores sanitarios, las enfermeras y los médicos. La pandemia de Covid-19 demostró, de la manera más trágica, que el capitalismo en su declive histórico es incompatible con las necesidades más urgentes y directas del proceso de vida actual. “Solo el pueblo salvará al pueblo”, dice un eslogan popular del movimiento obrero en Grecia. La lucha por la vida hace necesaria con urgencia la movilización masiva más dinámica para la imposición de las medidas y protocolos de seguridad necesarios, expropiación de las patentes, de Grandes Farmacéuticas y clínicas privadas, sin compensación y bajo control obrero, y expansión masiva del sector de la salud pública, bien equipado en personal, Unidades de Cuidados Intensivos y tecnología médica. Centralización de todos los recursos necesarios y planificación para establecer la atención de la salud como un bien universal y gratuito. El Primero de Mayo de 2021 es un Día Internacional del Trabajo de lucha contra la pobreza extrema, la miseria social y el desempleo masivo propagado por la escalada de la crisis capitalista global. Más de una década después del colapso de Lehman Brothers en 2008, seguido por la implosión de la globalización del capital financiero y una nueva Gran Depresión, en vísperas de la pandemia de Covid-19, ya quedó claro que la crisis capitalista global no solo no había terminado sino que se hundió en nuevas profundidades, a pesar de las extraordinarias políticas monetarias y fiscales introducidas por los bancos centrales y los gobiernos combinadas con salvajes medidas de "austeridad" impuestas a las masas populares. Luego, la erupción de la pandemia de coronavirus, la manifestación misma de una crisis catastrófica en el metabolismo social entre la sociedad humana bajo el capitalismo y la naturaleza, no solo había interactuado y agravado la crisis capitalista global posterior a 2008, sino que desencadenó un salto cualitativo gigantesco de la crisis a un nuevo nivel, a una modificada situación mundial. Como nuevo factor dinámico, juega un papel decisivo en la agudización de la lucha de clases internacional, en los conflictos nacionales y sociales, en la crisis política en todos los países, así como en las confrontaciones y enfrentamientos geopolíticos internacionales, particularmente entre el imperialismo de Estados Unidos y la OTAN con China y Rusia. En realidad, se está produciendo un colapso sistémico global que está impulsando guerras, explosiones sociales y el surgimiento de situaciones revolucionarias. Las medidas monetarias y fiscales de emergencia de todos los gobiernos capitalistas y los bancos centrales han reemplazado con mucho sus intervenciones después de 2008. En el centro del capitalismo global, la Administración de los Estados Unidos, particularmente bajo el recién elegido presidente Biden y la Fed (Reserva Federal), distribuyó gigantescas sumas en billones de dólares estadounidenses, equivalentes a una cuarta parte del PIB anual, es decir, ¡al nivel movilizado durante la Segunda Guerra Mundial! Los tiempos desesperados necesitan medidas desesperadas. La dramática reversión de la Reaganomics (política económica antiobrera de ajuste de Reagan a principios de los ’80 en EEUU) que la Administración Biden intenta hacer para salvar el sistema, no puede revertir el curso de la historia para regresar a los tiempos de Roosevelt en la década de 1930 o de Lyndon Johnson en la década de 1960 o del Acuerdo Keynesiano de Bretton Woods de posguerra. en 1944. El mundo entero, en los últimos 80 años, ha cambiado profundamente y también el lugar de Estados Unidos en él. Aun así, la potencia hegemónica mundial, el capitalismo estadounidense, el punto más alto alcanzado históricamente por el desarrollo capitalista, se encuentra en un avanzado declive, dependiente de un capitalismo global en declive y crisis y bajo la presión de China como retador económico en ascenso. El intento de reversión de las políticas económicas en el país, combinado con una reafirmación forzosa de la supremacía estadounidense en un mundo en crisis no traerá una relativa estabilización sino más caos tanto a nivel nacional como internacional, tanto en los centros metropolitanos como en la periferia, el Sur Global. El Norte Global y, en particular, el Sur Global ya devastado se enfrenta a corto plazo a una “pandemia de deudas y quiebras”, ligada a un nuevo tsunami de desempleo masivo. Incluso el FMI, el Banco Mundial, piden a los gobiernos que sigan apoyando indefinidamente las políticas monetarias. La ex presidenta de la Fed y actualmente secretaria del Tesoro de la Administración Biden, Janet Yellen, advierte que en 2021 “más de 150 millones de personas se enfrentarán a la pobreza extrema”, el hambre. Las desigualdades sociales han crecido enormemente y la polarización social se ha intensificado durante la “tormenta perfecta” de la pandemia y la crisis mundial. Aunque inicialmente el shock del Covid llevó a una pausa relativa y temporal en las movilizaciones obreras y populares, pronto estallaron movilizaciones masivas sin precedentes como el movimiento multirracial Black Lives Mater en los Estados Unidos contra el asesinato de George Floyd y la brutalidad policial o la movilización de cientos de millones de campesinos indios pobres contra los planes de privatización del gobierno fascista de Modi. Saludamos la lucha inspiradora de Black Lives Mater, los trabajadores amazónicos que luchan contra sus inhumanas condiciones laborales y por la sindicalización, los campesinos pobres y los trabajadores en India, la rebelión en Paraguay, los movimientos de masas en Brasil, en Argentina, en toda América Latina, en África, Asia y Oriente Medio. Saludamos la renovación del Movimiento Hirak en Argelia, las continuas rebeliones en el Líbano, Irak y en todo el Medio Oriente y África del Norte. En particular, saludamos al heroico pueblo palestino que lucha contra el Estado de asentamiento del apartheid sionista. ¡Abajo el colonialismo sionista! ¡Por el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo palestino, por el derecho al regreso de los refugiados! ¡Por una Palestina unida, libre, democrática, laica y socialista, donde los árabes y judíos palestinos vivirán juntos en paz con igualdad de derechos y dignidad en todo el territorio de la Palestina histórica! ¡Por una Federación Socialista de Oriente Medio! Saludamos la creciente ola de lucha en Europa por el pan, el empleo y la libertad, contra la brutalidad policial, el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la represión estatal y la extrema derecha, especialmente en Francia, España, Portugal o Grecia. El 21 de abril de 2021, 60 años después del golpe de los generales franceses en Orán, Argelia, y 54 años después del golpe militar de los coroneles de la CIA en Grecia, el escandalosa mensaje de 20 generales franceses retirados, reclamando el apoyo de otros 1000 oficiales activos, es la amenaza de un nuevo golpe y una guerra civil contra los "islamistas" y las "hordas" de los barrios proletarios. Marine Le Pen, llena de ambición de convertirse en presidenta de Francia en las elecciones del próximo año, los apoyó públicamente, revelando el verdadero rostro del Rassemblement National / Front National (organizaciones de extrema derecha francesas que disputaron las últimas elecciones presidenciales). El ascenso de la extrema derecha y el fascismo, el espectro de la dictadura y la guerra civil en los países imperialistas capitalistas avanzados no pueden ni deben subestimarse. Ya lo ha demostrado el asalto fascista al Capitolio del Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en el centro del capitalismo global. Ahora, de otra forma y de otra manera, las fuerzas de una brutal contrarrevolución levantan la cabeza en el corazón de Europa. Los trabajadores y las organizaciones populares tienen que organizarse, luchar y derrotar a los fascistas, lepenistas y militaristas. Construir un Frente Unido de lucha de clases de todos los trabajadores y organizaciones populares contra el fascismo y la extrema derecha. Construir guardias de autodefensa para los trabajadores. ¡Aplastar el fascismo en cada barrio, cada ciudad, cada país! Aplastar el Estado policíaco de la clase capitalista, por la expropiación del capital, por el poder obrero, ¡y una salida socialista a la crisis! La crisis capitalista global y la pandemia han provocado el fracaso total del proyecto imperialista de la UE por las fuerzas centrífugas desintegradoras del antagonismo imperialista y nacionalista. La UE, que condena al hambre, la desesperación social y el desempleo a las masas populares europeas, al mismo tiempo construye campos de concentración y una “Europa fortaleza” (“Fortress Europe”) contra los migrantes y refugiados, víctimas del colonialismo europeo, de políticas depredadoras imperialistas y guerras. ¡Cierren los campos de concentración para migrantes! ¡Sin Fronteras! ¡Por la unidad de todos los proletarios de Europa, “nativos” y migrantes! ¡Abajo la UE imperialista, por la expropiación del capital, por el poder obrero y la unificación socialista de Europa desde Lisboa hasta Vladivostok! ¡El Primero de Mayo de 2021, el Día Internacional del Trabajo es un día de lucha contra la guerra imperialista! La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, después de 20 años de una bárbara agresión bélica, no marca el comienzo de un período de paz internacional, sino solo una nueva derrota del imperialismo estadounidense en un esfuerzo bélico sin fin, tras un fiasco similar en Irak y Siria, y su pasada derrota estratégica en Vietnam. La nueva administración estadounidense intensifica su enfrentamiento con China y Rusia. Reconstruye la unidad de la OTAN para la agresión, las intervenciones militares y guerras “híbridas” desde Ucrania y el Cáucaso hasta el Mediterráneo Oriental, Siria, Libia, Yemen y el Golfo, desde África hasta el Mar de China Meridional y Taiwán. La fragmentación, la OTAN y el sometimiento de todo el espacio ex soviético y la reimposición del control imperialista en el Medio Oriente e Irán por parte del eje Estados Unidos-Israel-Arabia Saudita-Emiratos del Golfo son partes interconectadas de una estrategia para derrotar y recolonizar China, intentando restablecer el orden mundial imperialista que se desmorona. La actual campaña de guerra imperialista entre Estados Unidos y la OTAN y la guerra contra Rusia y China amenazan con envolver a la humanidad en una conflagración catastrófica mundial. ¡Desmantele la OTAN y todas las bases militares imperialistas! ¡Guerra contra la guerra de los imperialistas! ¡Abajo el chovinismo burgués! ¡Por el internacionalismo proletario! ¡Por una Internacional revolucionaria del proletariado y los oprimidos! El Centro Socialista Internacional "Christian Rakovsky" 1 de mayo de 2021 Signatarios: EEK (Partido Revolucionario de los Trabajadores) - Grecia DIP (Partido Revolucionario de los Trabajadores) - Turquía MTL (Liga de Trabajadores Marxistas) -Finlandia ROR (Renaissance Ouvrière Révolutionnaire) - Francia OKP (Partido Comunista Unido) - Federación de Rusia RPK (Partido Comunista Ruso) - Federación de Rusia Asociación "Unión Soviética"

En el marco de la huelga educativa en defensa de la salud y de la vida desarrollada por docentes familias y estudiantes en Ciudad de Buenos Aires que entró en la tercera semana, el Gobierno porteño comunicó, a partir de la Resolución Nacional Conjunta N° 4-APN-MS/21 y el Decreto N° 120/AJG/2021, que convoca a docentes dispensados-y a todo el resto de los trabajadores de las reparticiones del GCBA- que hayan sido inoculados con una sola dosis de la vacuna a presentarse a trabajar presencialmente 14 días después de haber recibido dicha aplicación. Cabe aclarar que todos estos trabajadores cumplen con sus tareas de modo virtual muchas veces con una sobrecarga laboral mucho más profunda de la que se da en el marco presencial. La resolución refiere trabajadores mayores de 60 años, embarazadas e incluidos dentro de los grupos de riesgo que defina la autoridad sanitaria competente y en el modo que ésta establezca. El único grupo que quedaría afuera de esta normativa son los trabajadores con inmunodeficiencias muy específicas, a saber: Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave. VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable). Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días). Pacientes trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos”. La normativa se ampara en la resolución nacional del Ministerio de Trabajo de Nación que levanta las dispensas a todos los trabajadores que ya tengan una dosis de la vacuna. El sistema de salud está colapsado y el sanatorio de la Obra social del Gobierno porteño también. La circulación comunitaria de cepas mucho más peligrosas como la de Manaos aumenta la contagiosidad. Miles de trabajadores de la educación y "burbujas" debieron ser aislados desde el comienzo de las clases presenciales, 7 fallecieron sólo en CABA y los hospitales de niños están abarrotados. En este cuadro el gobierno de Rodríguez Larreta resuelve obligar a la presencialidad a las y los trabajadores de riesgo, pese a que es sabido que con una sola dosis es muy baja la inmunización frente al Covid. Esta medida constituye un ataque a la salud del conjunto de los trabajadores en el marco de un cuadro epidemiológico y sanitario descontrolado como resultado de una segunda ola de la pandemia en gran parte generada por la apertura generalizada que vienen llevando adelante todos los gobiernos desde principio de año. Al mismo tiempo la resolución establece el cese de las y los docentes que están cumpliendo suplencias de las y los docentes dispensados. Claramente la finalidad de la medida es avanzar en ceses y despidos en un claro ajuste y recorte presupuestario sobre la educación. Desde Tribuna Docente Tendencia repudiamos esta medida y llamamos a seguir profundizando la huelga y la organización para tirar abajo esta resolución que pone en peligro la vida de trabajadores de la educación y del conjunto de los trabajadores del gobierno de la Ciudad. Suspensión de la presencialidad ya. Pase a la virtualidad de todo trabajador no esencial y conviviente de grupo de riesgo.

Desde la vuelta a las escuelas, en febrero, la provincia inició el ciclo lectivo 2021 bajo los llamados protocolos. El problema es que no contemplaban a las escuelas sin gas, sin refacciones edilicias, sin materiales de limpieza, etc. Los sindicatos, sin embargo, firmaron con el ministro de Educación el inicio de la presencialidad sin consulta con los docentes puntanos. En la provincia, los trabajadores de la salud advertían a principios de abril la circulación de una nueva cepa y con ello un aumento acelerado de contagios en personas jóvenes. En un informe del comité de crisis del 20 de abril se anunciaba oficialmente la circulación comunitaria de la cepa brasileña Manaos, de mayor capacidad de contagio y capaz de producir reinfección, y su alcance, con consecuencias graves, a una franja etaria más amplia, de 35 a 65 años. Ante este cuadro, transitando la segunda ola de la pandemia, antes del clima frio, fue creciendo la preocupación en la docencia y familias. En los pasillos de escuelas y en las redes sociales, las manifestaciones de incertidumbre y miedo a la educación presencial se comenzaron a manifestar. La preocupación se hizo mayor cuando se conocieron casos de burbujas aisladas, docentes contagiados o aislados por contacto estrecho, incluso chicos aislados o enfermos. Por otro lado, la falta de nombramientos se hizo sentir, como también el costo de equipos, los costos de conectividad, mientras en la provincia colapsaban los centros de testeos. Algunos gremios pidieron al gobierno la suspensión de la presencialidad en zonas de riesgo, vacunación y bono para conectividad. La docencia respondió con una organización autoconvocada, con apoyo de padres y alumnos. Luego de una maniobra de separación de la comunidad educativa, al anunciar el 24 de abril, que los padres tenían la posibilidad de elegir si mandar a sus hijos a clases o tomarlas virtualmente, muchos docentes tomaron la iniciativa de repudiar el anuncio. Que implica mayor trabajo y seguir expuestos al contagio, y en función de ello se decidió movilizar en caravana hacia el Ministerio de Educación. Fue la primera caravana educativa autoconvocada. Se recorrió por el microcentro de la ciudad, se llegó a las puertas del Ministerio. Luego de una larga charla con el ministro, y exposición sobre la situación de maestros, profesores y todos los trabajadores de la educación, se le pidió la suspensión de las clases presenciales, con amplios fundamentos. El ministro, atándose a estadísticas que no se exponen públicamente (porque no se sabe oficialmente números por escuelas de burbujas aisladas, docentes y demás personal enfermos), expuso una tasa de 1,4 % de contagios escolares. En base a esa pintura de la realidad aseguró que se iba a seguir sosteniendo la presencialidad docente. El 2 de mayo, el sindicato de la salud APTS (Asociación de profesionales y técnicos de la salud) planteó, en un comunicado público, la necesidad del resguardo estricto en toda la provincia, ante el COLAPSO del sistema de salud provincial. Señalaba que no había camas en terapia intensiva ni intermedia, la cantidad enorme de infectados, el faltante de personal de salud y la falta de oxígeno. Frente a este escenario, Docentes Autoconvocados sigue organizando nuevas acciones para exigir el urgente paso a la virtualidad, recordando el compromiso asumido por el ministro de Educación ante la gravísima situación sanitaria.

A casi 3 meses de despido de tres profesoras en UNTREF ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/4122-despidos-y-acoso-contra-docentes-de-la-untref ), en el marco de acoso sexual del coordinador de la Carrera de Artes Electrónicas, Mariano Sardón, hacia una de las docentes, el conflicto sigue vigente y tiene novedades: fue separado provisoriamente Sardón, quien las mandó a despedir por WhatsApp, una victoria de la lucha de las compañeras. Pero aún falta mucho, ya que no se ha logrado su reincorporación. Como señalamos en estas páginas, luego de un año de acoso sexual del coordinador de la carrera hacia la profesora Marina Rieznik, Sardón decide mandar a despedir al equipo docente tras dos años de trabajo. En un marco de absoluta precariedad laboral: las profesoras dictaban su materia “contratadas”, aunque nunca firmaron un contrato ni nada, facturaban por cuatrimestre bajo las indicaciones de Recursos Humanos. La precariedad laboral de este equipo docente es la punta del iceberg, porque refleja la precariedad laboral típica de la mayoría de las Universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires abiertas en los últimos 30 años, donde los docentes trabajan en negro o casi y con sueldos miserables. El conflicto comenzó a mitad del año pasado, cuando las docentes comenzaron a pedir mejoras salariales. En ese momento, fue el propio Sardón quien les respondió intentando amedrentarlas. Así lo afirma la profesa Rieznik: “Mariano Sardón nos amenaza personalmente a Laura Esteras y a mi diciendo que si pedimos mejoras de nuestras condiciones salariales eso iba a terminar con abogados porque nos iba a desvincular. Nosotras además queríamos que nos paguen un mes que no estaba estipulado a principios de ese año y que trabajamos gratuitamente porque la pandemia extendió el cierre del cuatrimestre. Nunca me habían amenazado con despedirme por utilizar mi derecho de pedir por mis condiciones salariales previamente, este señor lo hizo. Además nos planteó que ni se nos ocurriese decir cuánto ganábamos” . En síntesis, un artista “famoso” del momento, no es más que un patrón flexibilizador. Quien debe juzgar a Sardón es el Rector de la UNTREF, Aníbal Jozami, viejo amigo del poder desde la época de Carlos Menem (quien lo designó vicepresidente de la Junta Nacional de Granos en 1989) y destacado coleccionista de arte a nivel Sudamericano. Casualmente, propietario de varias obras de Sardón. No solo eso, Jozami es también actualmente Director General de la Bienalsur (Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur), del cual Sardón es uno de los artistas “estrella”. Los vínculos sociales, políticos y económicos entre uno y otro son muchos. Sin embargo, las denuncias de las compañeras en relación al acoso sexual y el despido arbitrario ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/4349-complicidad-de-untref-ante-acosos-y-despidos ) obligaron a que el rector le suelte la mano a Sardón provisoriamente, lo cual era uno de los pedidos de las profesoras. A pesar del avance que significa la separación de Sardón, la Universidad manifiesta señales en contra de las compañeras: como quien “esconde la basura bajo la alfombra”, borraron de la página del Instagram oficial de la carrera de Artes Electrónicas de la UNTREF todas las fotos de las clases del 2019, así como los trabajos de los estudiantes, videos, y anuncios de actividades que del 2020. Además, siguen negando la posibilidad de revisar la resolución del despido. En síntesis, el despido de las compañeras y el acoso sexual, expresan los usos de una Universidad anti-democrática y camarillera, donde las burocracias aprovechan la estructura universitaria para explotar al máximo a sus trabajadoras y trabajadores. Como plantea la propia compañera acosada: “para que esas prácticas no vuelvan a tener lugar tienen que existir esas condiciones de las que recién hablé, tiene que haber un gremio defendiendo a los contratados, los salarios tienen que estar estipulados claramente, esa información tiene que ser pública y accesible para los docentes, porque sin esas condiciones va a volver a ocurrir esto. El acoso y el abuso de poder tiene que ver con que hay condiciones estructurales en la Universidad más allá de que tengan una Diplomatura en ESI, por más que tengan Centro Interdisciplinario de Género, perspectivas de género, etc. Es esa estructura tal como está organizada es la que permite que ocurra el acoso y el abuso” . Como planteamos en Política Obrera desde el comienzo, no se trata de las Leyes Micaela ni las charlas de género, es un régimen podrido que debe ser superado por sus trabajadoras y trabajadores, unidos a estudiantes, no docentes y graduados. Y mientras el gremio (Aduntref) no aparece para apoyar a las despedidas, las trabajadoras y los trabajadores se auto-organizan por la reincorporación de las compañeras. ¡Adelante!

El viernes 30/04, la Directora de la secundaria 43 anunció a toda la comunidad académica, luego de una reunión con funcionarios de la Secretaria de Educación, que “la semana próxima van a iniciar la obra de infraestructura” que el gobierno provincial y el gobierno municipal paralizaron en 2020. Esta noticia fue recibida con gran entusiasmo por docentes, auxiliares, alumnos y padres porque, la finalización de la obra es una conquista de la organización, la movilización y la lucha de toda la comunidad educativa. La movilización y lucha Las obras en la secundaria 43 fueron totalmente paralizadas en 2020 por los gobiernos Kicillof-Ménendez con el sanbenito de la “falta de presupuesto”, que sí tenían para el pago los vencimientos de intereses de la deuda pública. La pasividad política del FUDB y Suteba en todo el proceso de lucha fue, objetivamente, funcional al ajuste del gobierno provincial y municipal. En contraste a esta política, la comunidad educativa de la secundaria 43 opuso la asamblea, la deliberación y la movilización callejera, llevando el reclamo de la escuela al centro del poder político: el palacio municipal. Una comisión de docentes y padres fue recibida por funcionarios de la Subsecretaria de Educación a quiénes se les entregó un petitorio con cientos de firmas reclamando la finalización de las obras (ver, Política Obrera “La comunidad de la EES 43 marca el rumbo”, 02/04). Tribuna Docente Tendencia acompañó desde el momento cero las auto-convocatorias y las movilizaciones. La lucha, rinde.

Durante la noche del domingo 2 de mayo, el gobernador Perotti realizó una conferencia en la que intentó minimizar el verdadero alcance de la crisis sanitaria de la provincia. Anunció medidas limitadas a una suspensión durante siete días de la presencialidad escolar, sólo para Rosario y San Lorenzo, que se encuentran en “alerta epidemiológica”, a diferencia del resto de los departamentos, en situación de “alto riesgo”. Una distinción dudosa cuando todo el mapa de la provincia se encuentra en rojo y con desborde en la ocupación de camas críticas. Perotti volvió a apelar al latiguillo de la "responsabilidad individual", tras fijar algunas pautas respecto de la circulación nocturna y el funcionamiento de locales gastronómicos. Perotti mostró hasta qué punto está jugado a fondo en su camino aperturista, que tiene como eje el sostenimiento de la presencialidad escolar, manifestando que va llevar al extremo esta decisión para que esta suspensión no se extienda más allá de los siete días, buscando con esta medida despejar cualquier duda sobre su compromiso con los requerimientos del lobby de la educación privada y las patronales que exigen escuelas abiertas con el único propósito de que funcionen como depósito de niños. Sin embargo, durante la mañana de hoy, todas las crónicas periodísticas señalaron que era notoria la disminución de la circulación en Rosario (debido a la ausencia de clases presenciales), objetivo fundamental requerido por todos los sanitaristas, para bajar los contagios. Luego del demostrado fracaso de la presencialidad “cuidada” (ahora “administrada”), la exaltación por sostener la “nueva normalidad” desconoce las advertencias de los científicos y especialistas del Conicet Santa Fe, quienes señalaron, en un informe reciente las proyecciones sobre la pandemia en nuestra provincia, superan los peores pronósticos, e instaron a la suspensión de presencialidad escolar, afirmando que los registros de aumentos coinciden con inicio del ciclo lectivo y que ha sido un factor decisivo que ha disparado el estallido de “la segunda ola”. En cambio, no se han anunciado tampoco ningún tipo de subsidio, ni de ingreso económico a la población que lo necesita, a pesar de que el propio ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, aseguró que la provincia "está saneada" económicamente y que podría salir en auxilio... de los sectores empresarios, de ningún modo para que la población empobrecida pueda afrontar esta situación desesperante. El gobierno, la burocracia sindical e incluso buena parte de la izquierda confluyen en el objetivo de rescatar esta presencialidad criminal en pandemia, a pesar de la inocultable gravedad de la situación. Otros, como el dirigente de SADOP (educación privada), Martín Lucero, se han pronunciado desembozadamente contra cualquier suspensión. Por eso las conducciones sindicales en la provincia, han rechazado impulsar un plan de lucha, y medidas de fuerza en defensa de la salud y la vida, van a la saga del gobierno y la "nueva normalidad". Desde Tribuna Docente (Tendencia) planteamos la necesidad urgente de poner en pie un plan de paros resueltos en asamblea de base por la suspensión inmediata de la presencialidad en pandemia; que el estado garantice la virtualidad con soporte, equipamiento y conectividad a docentes y estudiantes; por trabajo y salario para todos los reemplazantes y la vacunación para todos. Impulsamos también la formación de comités por la suspensión de la presencialidad en pandemia, en todos los lugares.

Un nuevo capítulo de ataque y criminalización al movimiento estudiantil se abrió en Córdoba en los últimos días. Finalmente, se realizó el pedido formal de elevación a juicio de la causa que lleva adelante el juez Hugo Vaca Narvaja contra la toma del Pabellón Argentina del 2018, por la cual están procesados 27 estudiantes. Por lo que la causa se encuentra en sorteo del juzgado y definición sobre la fecha de inicio del proceso. De esta forma la justicia avanza un peldaño en su paso definido en favor de la criminalización estudiantil. Contra el movimiento estudiantil y la juventud Durante el 2018 la UNC vivió una huelga histórica por su masividad, intensidad y contenido. La toma del Pabellón Argentina se extendió un mes y fue en simultáneo a la ocupación de pabellones de seis facultades, el surgimiento de asambleas de base en todas las facultades y dos movilizaciones masivas por el centro de la ciudad. Aquella huelga nacional surgió en el contexto de una dura negociación paritaria docente con el gobierno Macri. Meses de paros, movilizaciones de masas en Buenos Aires y en todo el país con ocupaciones de facultades, fueron el contexto de una dura pelea en defensa de la educación. Durante el transcurso de la huelga, el gobierno universitario y la estructura política del régimen que parasita la UNC estuvieron fuertemente cuestionados. Por abajo significó un gran proceso de organización estudiantil. Las asambleas de base surgieron en todas las facultades como el canal de organización que encontró el estudiantado para expresar sus reclamos y proponer una perspectiva de universidad diferente a la de las autoridades y sus agrupaciones. El avance judicial -causas similares se iniciaron en Rio Negro, Jujuy e incluso en la UBA- no tiene precedentes en la UNC. Claramente, las autoridades buscan despojar de la memoria del activismo esta experiencia, además de condicionar las luchas futuras. La Justicia y Schiaretti El destino de esta causa también es seguida con atención desde el Panal. En Córdoba ya es moneda corriente la intervención de la justicia cuando el gobierno se ve desbordado por un conflicto. Esto mismo ocurrió con las trolebuseras y la huelga de la UTA del 2017, con Luz y Fuerza, con los municipales del SUOEM y los molineros de Minetti que ocuparon su fábrica contra el cierre. El gobierno apela a criminalizar porque está corto de respuestas y capacidad política para resolver los conflictos. Lo que parece una fortaleza en realidad es una debilidad. La absolución, una lucha del presente Debemos parar este atropello contra el movimiento estudiantil y el conjunto de los movimientos de lucha de la provincia. Para ganar es fundamental transformar la campaña por la absolución en una causa popular. Y para lograrlo, impera la necesidad de encauzar un frente único en un movimiento que se encuentra disgregado y prevalece el sectarismo. Desde la UJS (T) vamos por esta perspectiva; nos abocamos a poner en pie una campaña común por la absolución con todo aquel sector que considere como necesidad poner un freno a la criminalización a las expresiones de lucha de la provincia. Convocamos a marchar el 13 de mayo próximo, desde Colón y Cañada, a las 17 hs. contra esta injusticia.

Mientras el 66% de los adultos mayores ha recibido solamente la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, los aumentos de tarifas son un mazazo sobre las condiciones de vida de los jubilados, pensionados, PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y afectados a las Rentas Vitalicias. El haber mínimo de indigencia, de $21.000, no alcanza ni para el alquiler. “A pesar de las medidas, el Gobierno no puede domar la inflación en alimentos”, titula El Economista (14/04). Al incremento del 9% de la tarifa promedio de los usuarios de Edenor y Edesur, se le suman los aumentos del 30% del GNC, el 18% de la nafta entre marzo y mayo y de las prepagas, del 5,5%, a partir del 1 de mayo; las empresas de telecomunicaciones anunciaron un aumento del 8% en sus tarifas de telefonía, cable e internet también para este mes. Un verdadero tarifazo. ¿Qué hemos recibido los jubilados? Un miserable bono de $3.000 dividido en dos meses, es decir $ 50 por día, lo que alcanza para dos paquetes de chicles. Los jubilados, pensionados y los afectados de las Rentas Vitalicias debemos seguir el ejemplo de los trabajadores de la salud como en Neuquén, de los docentes que luchan contra la presencialidad, de nuestros hermanos colombianos. Abajo el aumento de las tarifas, vacunación universal y gratuita a los 8 millones de adultos mayores antes del invierno, por un aumento de emergencia de $30.000 a jubilados pensionados y rentas vitalicias para enfrentar esta pandemia. Por un PAMI y ANSES dirigido por sus afiliados y trabajadores.

Los trabajadores de la educación que integramos el Comité de Lucha Contra la Presencialidad de Merlo, hacemos llegar todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores de la educación y a las familias de CABA que enfrentan la ofensiva aperturista criminal impulsada por Larreta, las patronales y la Corte Suprema. Entendemos que es un acto criminal imponer la presencialidad en las aulas, como así también de toda actividad económica presencial no esencial, en el marco de una pandemia que golpea cada vez con más fuerza a la población trabajadora. Esta política se sostiene a pesar de que la inmensa mayoría de la población no está vacunada y en el preciso momento en que el sistema de salud colapsa. Hasta el momento han fallecido más de 65.000 personas en todo el país. Los trabajadores de la educación muertos por Covid desde que comenzó la presencialidad son 59, en una lista que crece día a día. Esta enfermedad también afecta a niños y adolescentes y ha provocado muertes. Enfrentar esta ofensiva requiere impulsar, profundizar y apoyar la huelga docente en CABA y en todo el país para reforzar las luchas contra la presencialidad en pandemia. Sin embargo, la Celeste, que dirige UTE y Ctera, ha convocado a paros aislados en Capital y deja pasar la presencialidad que enferma y mata en el resto de las provincias. Viva la lucha contra la presencialidad y la huelga docente en CABA. Abajo el fallo de la Corte Suprema hecho a la medida de la UIA. Ctera debe convocar a un paro nacional para unir a todas las luchas docentes en curso contra la presencialidad en pandemia y por el triunfo de la lucha docente en CABA. Educación virtual mientras dure la pandemia y hasta tanto no haya sido inmunizada masivamente la población. Dispositivos y conectividad gratuita a cargo del Estado para el mantenimiento del vínculo pedagógico. Dispensas por cuidado de menores y conviviente de riesgo. Entrega de alimentos suficientes y saludables.

Este martes se conoció la disposición del gobierno de Biden a suspender el derecho de patente de las farmacéuticas sobre sus vacunas. Esto significa que cualquier compañía podría proceder a su producción masiva, sea adentro como afuera de Estados Unidos, sin incurrir en la ilegalidad. El anuncio produjo enseguida una caída de las acciones de Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer, aunque esta última tuvo una recuperación ulterior. El jefe de Vigilancia Médica de Estados Unidos, Anthony Fauci, no demoró en señalar su desaprobación, alegando que sería perjudicial para los propósitos que pretende obtener la suspensión, debido a las dilaciones que generarían los conflictos de orden legal. La suspensión es una propuesta para ser discutida en la Organización Mundial de la Salud, lo que llevará su propio tiempo. Los especialistas en el tema advierten que alcanzar ese acuerdo llevaría su propio tiempo, sin garantías de resultados. Aunque Biden se mostró partidario de medidas de este tipo durante la última campaña electoral, tanto EEUU como la UE habían rechazado los planteamientos en ese sentido efectuados por la India y Sudáfrica, precisamente en la misma OMS. Advirtieron lo de siempre, a saber, que dañaría el estímulo a la investigación e inversión privada. Todo esto a sabiendas de que el Tesoro norteamericano financió los trabajos de Moderna, con dos mil millones de dólares, y anticipó la compra de las vacunas Pfizer desde el inicio de la pandemia. La renuncia a la patente se intentó en el pasado con los medicamentos para el SIDA, sin resultados. No obstante esto, Brasil y Sudáfrica impusieron precios máximos a los retrovirales, para hacer frente a una epidemia que quedó fuera de control. En el caso actual, la propuesta de suspensión de los derechos de propiedad incluye los insumos estratégicos para la producción de la vacuna, que no son pocos. Hasta ahora había ocurrido lo contrario, pues Biden reflotó una ley de seguridad nacional de 1950 para hacer lo contrario, es decir, bloquear la exportación de esos insumos. En este mismo momento, retiene, incluso, unas doscientas millones de vacunas de AstraZeneca, a la cual niega el reconocimiento de la patente. Una parte por lo menos de ellas sería las que envió la farmacéutica mexicana Liomont, debido al bloqueo a esa importación de insumos desde Estados Unidos. El giro de Biden estaría determinado, al menos en gran parte, por el descontrol de la pandemia en la India, un país que es, además, el principal productor de vacunas. Una interrupción de la exportación de vacunas desde ese país, podría provocar un colapso de provisiones, sin hablar de la escasez en la India misma. La suspensión de las patentes tendría, entonces, un carácter emergencial; una vez superada la emergencia se anularía la suspensión del derecho de propiedad. Pfizer ya ha dicho que será necesaria una tercera dosis para obtener la inmunización, e incluso la perspectiva de que la vacunación deba hacerse anual. O sea que se habla de un enorme mercado de largo plazo. Una suspensión temporaria que ate a los productores industriales de vacunas a las patentes y a los insumos estratégicos que monopoliza Estados Unidos, podría crear un mercado cautivo para el Big Pharma – como se conoce a estos laboratorios. La negociación que comienza en la OMS deberá considerar los permisos de exportación de las vacunas para los países que reciban la licencia, no solamente la producción interna de la misma. La discusión en la OMS apuntará a establecer un reparto de mercado, lo cual implica, en lo inmediato, visibilizar una rivalidad capitalista que está en pleno desarrollo. De otra parte, reclamará un lugar en la negociación otro organismo internacional, la Organización Mundial de Comercio – el organismo donde se aprobó, en 2005, la reforma al sistema de licencias de patentes que se encuentra en vigencia. La abolición del derecho de propiedad intelectual, que diferentes sectores políticos y sanitarios reivindican para el caso del Covid-19, choca con el derecho de propiedad en general, que es el de lucrar con la explotación de la fuerza de trabajo. Es inviable en el marco capitalista, como ya lo ha demostrado el fracaso de los genéricos, que son saboteados desde la salud pública e incluso privada. En el marco de una pandemia que de ningún modo aparece ante la humanidad como un rayo en cielo sereno, la consigna movilizadora de los trabajadores debe ser la expropiación del Big Pharma, bajo el control obrero.

Este 12M, día internacional de enfermería, el personal de salud tiene una cita de lucha contra la gestión capitalista de la pandemia de los gobiernos provinciales y nacional. La segunda ola, con picos de muerte y 25 mil contagios diarios que han ocupado el 100% de las camas de terapia intensiva, arrasa con el sistema sanitario público y privado. Los trabajadores, una vez más, somos la variable sobre la que se descarga de todo el peso de la pandemia, con el desgaste de la primera ola encima. El personal de salud y tercerizados aún no ha sido vacunado en su totalidad. Arrancar ese derecho, como ha demostrado la lucha del hospital Moyano en la ciudad de Buenos Aires, depende de los trabajadores. La vacunación es un derecho esencial, pero no es suficiente. Los trabajadores del Hospital Garrahan denuncian que casi 100 trabajadores vacunados con dos dosis se han vuelto a contagiar. El levantamiento de las cohortes (división en burbujas de los turnos y servicios ) ante la falta de personal ha precipitado la circulación viral en la institución. El ajuste presupuestario bloquea el pase a planta de los contratados y becarios, la contratación de mayor personal. Funcionarios y autoridades han apelado a anular los descansos y presionan por el retorno a la presencialidad de los grupos de riesgo y licenciados. Con aumentos salariales del orden 15-30%, los acuerdos paritarios que han impuesto el estado, las patronales y las burocracias sindicales consagraron una reducción salarial del orden del 20%, esto sin contemplar las pérdidas de años anteriores. Los bonos de “reconocimiento” ante la lucha obrera, confirman la miseria salarial y no suman al básico que se derrumba año a año. Los autoconvocados de la salud de Neuquén se rebelaron contra el miserable 15% que firmó ATE y, con huelgas y piquetes durante dos meses, arrancaron un 53% de aumento de aumento al básico en cuotas. Asimismo, la burocracia de Sanidad cerró una paritaria a la baja, sin dar pelea, después de levantar una potencial huelga en Buenos Aires. El reconocimiento de la labor para enfermería empieza por la reducción de la jornada laboral por insalubridad y la defensa del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -120 mil pesos- para desterrar definitivamente la explotación del multi trabajo y los módulos (horas extra) que administran la burocracia sindical y las autoridades; el pase a planta de los contratados y el pase a la carrera profesional. Este 12M la lucha de la salud empalma directamente con la lucha de la docencia y padres en contra de la presencialidad y en defensa de la vida. Los trabajadores de la salud nos auto convocamos a la lucha en solidaridad con la ocupación del sanatorio San Andrés, los autoconvocados de Neuquén, Mar del Plata, La Matanza; con los trabajadores de Río Negro y los autoconvocados de Tucumán y de Jujuy. Contra los aprietes patronales, sumarios y descuentos a los trabajadores en Neuquén, contra la persecución gremial a los luchadores como la enfermera Cintia Reynaga, de Salta, despedida por luchar por el pase a planta de sus compañeros tercerizados. Este 12M, salud es autoconvocada ante la traición de las burocracias y los aparatos, para marchar de Congreso a Plaza de Mayo.

El gobernador Jalil, luego de lo dispuesto por Alberto Fernández, delegando en los gobernadores la decisión de establecer los términos de la modalidad de la actividad escolar, resolvió el retorno a las clases presenciales a pesar de que la situación epidemiológica en la provincia se la define como “fase roja”. A mediados de abril, el cuadro de la pandemia mostraba un sistema sanitario virtualmente saturado, un nivel propagación altísima y el fallecimiento de cuatro trabajadores de la educación por covid19. Eso fue obligando a suspender primero la presencialidad en algunos departamentos del interior (Andalgalá, Belén, Santa María, Capayán, Valle Viejo y Antofagasta de la Sierra), y luego a hacerlo extensivo a todo el territorio provincial. Frente a esta situación se ha creado un clima de deliberación que recorre todos los niveles y modalidades educativas de la provincia. Como expresión de ello, se ha formado un agrupamiento autoconvocado bajo el lema “ni un docente menos en pandemia”, que reclama suspender la presencialidad en tanto persista la situación epidemiológica y asegurar la continuidad educativa a distancia con infraestructura, soportes y conectividad, a cargo del Estado. También se reactivaron la autoconvocatorias de docentes desempleados que reclaman por la inclusión en el sistema educativo, mediante la apertura de asambleas y concursos para el ingreso bajo los términos de los derechos inscriptos en el Estatuto del Docente. Por otra parte, se reactivaron la movilización de los autoconvocados de la educación superior, a quienes les redujeron el tope horario cercenándoles doce horas cátedras. Todas estas medidas dan cuenta que el gobierno persiste en su política dirigida a imponer una reformar reaccionaria del Estatuto del Docente que intentó concretarlo el año pasado, pero que el desarrollo de un proceso de lucha provincial se lo impidió. Frente a esta situación, la Intersindical, que reúne a cinco gremios docentes, se vio obligada a pronunciarse llamando a un paro para el próximo viernes 7 y otro de 48 horas para la semana siguiente. Sus acciones, sin embargo, hacen eje en las medidas de ajuste pero en ningún momento se pronuncia sobre la necesidad de suspender la presencialidad. La docencia está siendo atacada por el gobierno que pretende desmantelar y liquidar los derechos laborales y, también, por el avance de la pandemia, que ha desbordado por su naturaleza todos los protocolos que se han pretendido mostrar como ´infalibles´. Está planteado extender el proceso de las autoconvocatorias y la coordinación de las luchas mediante un programa que unifique los reclamos por la suspensión de la presencialidad con la defensa de todos los derechos y conquistas laborales.

El Partido Obrero de Salta -vinculado a la Tendencia del PO- y el Nuevo MAS arribaron a un acuerdo para presentar listas comunes en las elecciones provinciales del 5 de julio próximo. El propósito de este acuerdo ha sido expuesto con toda claridad en el comunicado que dieron a conocer los dos partidos. Se trata sumar esfuerzos para desarrollar la campaña electoral de la alianza y de cada organización. El gobernador de Salta y el PJ de la provincia se jactan de que, desde 1983 a la fecha, han enterrado a las oposiciones que pretendieron convertirse en alternativa política – el último caso, el Partido Obrero, que en 2013, había logrado ganar las elecciones en la ciudad capital. Los candidatos oficiales del capital financiero y agrario de Salta se presentan a las elecciones desde una posición ‘hegemónica’. De otro lado, el anterior liderazgo del PO en Salta se sumó a la expulsión de mil doscientos militantes a nivel nacional, incluida la mayoría aplastante de la militancia salteña. En la provincia se plantea, en consecuencia, una lucha por la reconstrucción del PO, en este caso particular, en el terreno electoral. La minoría oficialista del PO de la provincia ha jugado la carta de la judicialización de la crisis del Partido, como lo ha hecho en todos lados el aparato nacional. En un partido obrero y socialista, esto significa la injerencia del Estado capitalista en una organización que lucha por suplantarlo por medio de un gobierno de trabajadores. Desde esta posición política, esa minoría, que encabezan Claudio Del Plá y Pablo López, se presenta a elecciones sin partido ni personería electoral, en la lista del FIT-U. En los días previos a la presentación de listas, el PTS intentó una maniobra para marginalizar al Partido Obrero con propuestas imprecisas, a modo de * “globo de ensayo” . Ahora dirá que el PO de Salta rechazó una unidad que nunca le fue propuesta, sino todo lo contrario. El FIT-U ha protagonizado varias acciones parlamentarias que están reñidas con el socialismo y la independencia de clase, y es desde esa posición que dan una pelea faccional al PO. Desde las páginas de Política Obrera, hemos destacado que ni siquiera Izquierda Unida, que se definía, por principio, en el terreno de la democracia burguesa, había llegado a ese extremo. En dos votaciones importantes en la Legislatura porteña, la diputada de Autodeterminación y Libertad ha votado contra un proyecto de ley sionista y otro de negociados en Boedo, en tanto la representación del FIT-U lo hizo a favor. La expulsión de la Tendencia del PO, por parte del aparato oficial, ha tenido como consecuencia una desnaturalización del programa y los métodos del Frente de Izquierda. El acuerdo práctico entre el PO de Salta, vinculado a la Tendencia, y el Nuevo MAS, para las elecciones de julio próximo, se inscribe en esta batalla por los principios de la democracia obrera, el socialismo y la independencia de clase. Los grandes medios de comunicación pretenden que la crisis humanitaria (pandemia y miseria social), en Argentina, se reduce al AMBA. Es, sin ninguna duda, más grave en las provincias. Es donde se destaca Salta, con su sistema sanitario desbordado y una aguda crisis social, mientras su gobierno y la presunta oposición, atiende la ventanilla de los acreedores financieros de la provincia y los inversores en el turismo, del Banco Macro, y de los sojeros, el negocio los madereros, los azcucareros, los mineros y los petroleros. En este cuadro, nuestra campaña electoral se centrará en el distanciamiento social de los sectores no esenciales, mientras prosiga la pandemia y esté ausente la vacunación, que debe ser sostenida por un ingreso para las familias trabajadoras que no sea inferior a la canasta familiar. Con esta finalidad, planteamos el rechazo al acuerdo con los acreedores de la deuda pública, que acaba de firmar Gustavo Sáenz, con la complicidad de todos los partidos patronales; la reestatización del Banco Macro y la investigación de su operatoria desde la privatización; la expropiación de los latifundios dados en gratuidad por los gobiernos precedentes de la provincia, para que sean gestionados por colectivos campesinos y de trabajadores del campo. La lucha contra la deforestación y la depredación del medio ambiente, es inseparable de la lucha contra el monopolio del capital. Los programas del PO y del Nuevo MAS contienen varias reivindicaciones comunes. El salario mínimo igual a la canasta familiar, la reducción de la jornada laboral (sin afectación del salario) para la contratación de los compañeros desocupados, el reforzamiento urgente del sistema hospitalario frente a la pandemia, la jornada de 6 horas para los trabajadores de la salud y una acción obrera internacional por la expropiación de los monopolios farmacéuticos – ello junto a la lucha por romper con el FMI, el apoyo a las rebeliones continentales y la lucha por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina. Entre nuestros partidos existe una diferencia política acerca de la lucha contra la presencialidad educativa y laboral en pandemia, cuya importancia no sólo se traduce en términos prácticos, sino en la caracterización de la crisis humanitaria desatada por el capital, en la época de su decadencia. Con esta delimitación, reivindicamos, el PO y el Nuevo MAS las luchas docentes por la suspensión de la presencialidad, votadas en asambleas, y denunciamos el fallo reciente de la Corte Suprema. Las divergencias serán objeto de discusiones y debates. El Partido Obrero está organizado en la mayor parte de la provincia – al menos en sus centros políticos y sociales: las principales ciudades y pueblos de los departamentos de Orán y San Martín, y en Capital. El acuerdo PO-Nuevo MAS abarca esencialmente las candidaturas de la capital. En el norte de Salta, nos presentamos una docena de listas municipales, apoyadas por comités de base, como ocurre en Orán, Colonia Santa Rosa, Hipólito Irigoyen, Tartagal, o Mosconi, y otras localidades. Es importante conquistar o retener representaciones políticas en esa docena de comunas. La Tendencia que encabezan Del Plá y López irán en las listas del FIT-U, como inquilinos sin partido ni personería. Es el golpe final que recibe la primacía indiscutida del PO en la provincia durante casi dos décadas. Es la consecuencia de centenares de expulsiones, métodos de censura y arribismo político. El aparato y estos dirigentes son los responsables. Contra viento y marea, o sea en estas condiciones adversas, el Partido Obrero de Salta ha defendido sus prinicipios y derechos políticos, y una presentación electoral que tendrá listas en casi todo el interior de la provincia. El PO encabezará las categorías de senador, diputado y concejal, en la capital, y el Nuevo MAS la de convencionales constituyentes. El PO presentará , en el cuadro del frente, candidaturas propias en Orán, San Martín, Rosario de Lerma y Metán; y en los municipios de San Ramón de la Nueva Orán; Hipólito Yrigoyen; Pichanal; Colonia Santa Rosa; Mosconi, Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza; Rosario de Lerma y Metán. El NMAS, por su parte, en el cuadro del frente, aporta las candidaturas en Rosario de la Frontera, Cerrillos y en el municipio de San Lorenzo. Sin duda, es la representación de izquierda más abarcativa y completa de la provincia. Recoge, en lo sustancial, el trabajo histórico del Partido Obrero en Salta, representado en las grandes luchas piqueteras del norte provincial en los años del Argentinazo; el trabajo docente provincial con las grandes referencias de Capital y Orán; y el pasado y presente de lucha de municipios como Colonia Santa Rosa. La generación de militantes que encabeza hoy este desarrollo se ha caracterizado por su intervención en todas las luchas recientes, como la de los mineros; la docencia contra la presencialidad letal; la lucha hospitalaria y el gran combate en defensa de la mujer trabajadora que han significado las movilizaciones por Yolanda Vargas. Esta generación ha rescatado el legado histórico del PO salteño, en oposición a los dirigentes que se han sometido al mandato expulsivo y de aparato de la camarilla que usurpó nacionalmente al Partido Obrero. La militancia de Salta, de norte a sur y de oeste a este, va a desplegar toda su fuerza para desarrollar una campaña electoral que servirá de tribuna, organización y reclutamiento de luchadores. Su eje: el programa del socialismo y de la clase obrera contra la pandemia y su gestión capitalista. Leer más en... Plataforma electoral del acuerdo “Partido Obrero-Nuevo MAS”

En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. "Seguro que fue un sueño", insistían los oficiales. "En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz". Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales. “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez En Colombia, en la última semana, el pueblo se levantó, no solo contra el gobierno (de Iván Duque) último avatar de una dinastía narco-criminal, sino contra todo un régimen político, cuya fachada “democrática” apenas oculta su raíz policial/militar, cómplice del accionar asesino de grupos paramilitares y apoyados por el capital financiero internacional y el FMI. El régimen, en las últimas décadas, ostenta el récord latinoamericano y mundial de asesinatos de dirigentes y activistas sindicales. Según datos de 2013, desde 1984 han sido asesinados más de 2.800 sindicalistas, casi 100 sindicalistas por año, con un nivel de impunidad del 94,4%. También se registraron 3.400 amenazas de muerte, 1.292 desplazamientos, 529 detenciones, 192 agresiones a sindicatos, 208 hostigamientos, 216 desapariciones forzadas, 83 casos de tortura y 163 secuestros de sindicalistas, según datos de la Confederación General del Trabajo (CGT). El 64% de los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo se cometieron en Colombia. Entre enero de 1973 y diciembre de 2018 se registraron 14.992 violaciones a la vida, libertad e integridad física de sindicalistas, con 3.240 homicidios que tuvieron como víctimas a más de 480 sindicatos. En el año y medio que nos separa de esa estadística, las cosas solo empeoraron. Según una encuesta reciente, en 2020 hubo más de 250 crímenes cometidos por grupos paramilitares y bandas criminales, operando en connivencia con el Estado. Duque, además, reactivó la fumigación con glifosato de los cultivos de hoja de coca, interrumpida en 2015 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y luego de múltiples protestas de los campesinos. Duque insistió en la importancia de los militares en el control de las protestas populares, continuando con el “uribismo” -término que identifica al grupo vinculado al ex presidente Álvaro Uribe, jefe de la actual marioneta presidencial. La semana pasada, las protestas contra el reaccionario proyecto de reforma tributaria del gobierno, que aumentaba brutalmente los impuestos pagados por los trabajadores, hasta ahora han dejado un saldo de 21 muertos y más de 800 heridos, además de al menos seis violaciones, según informes de la Defensoría Pública colombiana; muchos de los heridos fueron víctimas de armas de fuego. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acusó a las agencias de seguridad colombianas de “uso excesivo de la fuerza”, debido a lo ocurrido en Cali la noche del 3 de mayo, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, acusó a grupos armados de "criminales" por la violencia en las protestas. Ante las protestas, el presidente Iván Duque solicitó al Congreso que retire del listado de votación el proyecto de reforma tributaria para que sea revisado y se convierta en "el resultado del consenso, para evitar la incertidumbre financiera". "La reforma no es un capricho, es una necesidad", sin embargo, insistió Duque. ¿Cómo se llegó a esto? A partir del 28 de abril, un gran paro nacional contra la reforma paralizó la capital colombiana y el resto del país. Se registraron más de 130 piquetes y movilizaciones en toda Colombia. En Bogotá, el tránsito se paralizó desde el inicio con piquetes en las entradas a la ciudad, garantizados por trabajadores, estudiantes y transportistas que adhirieron al paro. Los cortes se hicieron cruzando camiones, con piedras en los caminos y quema de gomas. La ciudad fue el epicentro de una gran movilización que reunió a las centrales sindicales del país, las confederaciones de jubilados, estudiantes públicos y privados, indígenas y campesinos. Hubo enfrentamientos con el escuadrón de la muerte Esmad, responsable de más de una decena de asesinatos el año pasado, tras la rebelión popular en la capital por el asesinato de un joven trabajador a manos de la policía local. Medellín cerró el metro. En Bucaramanga, Tunja, Cartagena y otras ciudades, hubo varias movilizaciones y un cacerolazo desde las 6 de la tarde. Con la reforma tributaria, el gobierno intentaba enfrentar una situación de bancarrota fiscal. Colombia tuvo un déficit fiscal del 7,8% en 2020, su peor desempeño en medio siglo. Con esa reforma el gobierno pretendía recaudar 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 a costa de los bolsillos de los trabajadores y del pueblo; el 87% de los ingresos provendría de los salarios y sólo el 13% de las ganancias capitalistas, en un contexto donde la pobreza ya alcanza al 42,5% de la población. En 2019, había 17,4 millones de pobres; actualmente son 21 millones los pobres, en medio de un colapso sanitario provocado por el coronavirus. Los hospitales están al borde del colapso y los trabajadores de la salud están exhaustos. Colombia tiene más de 2,8 millones de contagiados y casi 74.000 muertos: es el cuarto país con más contagios y el quinto con más muertes en América Latina y el Caribe. El proyecto de reforma establecía el aumento de impuestos a la renta y sobre productos básicos, con el fin de incrementar la recaudación tributaria y evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las evaluaciones de riesgo de los organismos internacionales, además de generar una renta básica y un fondo de preservación del medioambiente. El gobierno defendió la necesidad de recaudar el equivalente al 2% del PIB y "sostener los programas sociales implementados durante la pandemia Covid-19". Sin mencionar que la histórica corrupción colombiana se tragaría las migajas destinadas a las “zanahorias” del proyecto (medio ambiente, “renta básica” - ayuda de emergencia), la mayor parte de la nueva recaudación estaría destinada a la retribución del gran capital financiero-usurero, especialmente a nivel internacional, lo cual fue confirmado, entre líneas, por informaciones de los grandes medios colombianos: “Economistas de distintas vertientes coinciden en que Colombia necesita una reforma tributaria que le permita recaudar más para mantener sus cuentas al día y también preservar la reputación de estabilidad ante los acreedores internacionales ” (énfasis nuestro). Es decir, saquear al pueblo para pagar la deuda usuraria con bancos y fondos de inversión, sobre todo internacionales. El pueblo salió a la calle. La huelga general del 28 y 29 de abril se extendió hacia el 30 de abril y el 1 de mayo. Se convirtió así en huelga general y una rebelión popular con movilizaciones, cacerolazos y luchas callejeras contra las fuerzas represivas. El alcance de las medidas de fuerza convocadas por la Comisión Nacional de Desempleo, que agrupa a las centrales sindicales (CUT, CGT y CTC), provocó una primera reacción del presidente. El viernes 30, el gobierno anunció una modificación en el proyecto: las masas populares, ya lanzadas al combate, insistieron en el retiro total del proyecto. El 1 de mayo, la rebelión se extendió por todo el país y ganó un nuevo impulso. Además de las manifestaciones en la capital Bogotá, que fueron a la Plaza de Bolívar, cerca de la sede del Poder Ejecutivo y a la casa del presidente Duque, hubo grandes marchas en Barranquilla, Medellín, Cali y Neiva. Por la tarde, las organizaciones campesinas anunciaron su adhesión a la protesta. Incluso la derecha pidió el retiro de la reforma, que solo hizo crecer la chispa de la rebelión popular. En los últimos días el gobierno y los medios de comunicación habían intentado desactivar la movilización diciendo que no tenía en cuenta las necesidades de lucha contra el Covid-19. Los docentes participantes respondieron que el combate y la presencia era lo que se necesitaba para reducir las infecciones y ese era uno de los objetivos del paro educativo nacional. Finalmente, el domingo 2 de mayo, el gobierno se vio obligado a retirar por completo el proyecto de reforma. Incluso cuando Duque anunció la suspensión del proyecto, el clamor popular se mantuvo, con la consigna "la huelga sigue", en referencia al nombre del movimiento que encabezó las protestas: Huelga Nacional. Duque es una prueba de hierro de las grandes empresas y su ahora exministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, quien renunció bajo la presión de las manifestaciones, es famoso por su ortodoxia neoliberal a favor de las grandes empresas. Ambos encarnan el “modelo económico” al que atacan las protestas, porque convierte al país en uno de los más desiguales de América Latina y el mundo. El movimiento popular sostiene que la economía colombiana está "arraigada en el clientelismo político" que ha eximido de impuestos a los grandes oligopolios agrícolas y mineros, entre otros sectores. Pero la reforma fiscal fue sólo la chispa. La rabia de los manifestantes se manifiesta, centralmente, contra las “fuerzas de seguridad” de un régimen de características policiales establecido desde hace más de medio siglo, que bajo el pretexto de combatir a la guerrilla (hoy casi totalmente integrada al régimen político: Juan Manuel Santos, Timochenko, líder de las FARC, firmó un acuerdo de paz en 2016, mediado por el gobierno cubano) lo utilizó para expropiar y desplazar a millones de campesinos, dejándolos en la miseria y favoreciendo la concentración latifundista. En septiembre de 2020, anticipándose a la indignación actual, y también durante las protestas, el asesinato de 13 personas en medio de una represión policial en Bogotá provocó un debate sobre la necesidad de una “reforma policial”, incluido el desmantelamiento de un escuadrón encargado de reprimir manifestaciones. Las policías colombianas forman parte del Ministerio de Defensa y están estructuradas - en su formación y objetivos - para el contexto del conflicto armado contra un enemigo concreto: las “fuerzas marxistas”. La rebelión popular fue respondida con la militarización de las calles. Los senadores del partido gobernante (el “Centro Democrático”) propusieron que se estableciera un estado de conmoción interna, un estado de sitio. El opositor "Frente Progresista" no movilizó fuerzas el día 28 y solo rompió su silencio para repudiar el "saqueo" durante las movilizaciones. El reemplazo de Carrasquilla busca generar un "consenso en torno a la reforma tributaria" con los sectores de centro y derecha y conformar un "consejo consultivo". A pesar de la retirada de la reforma y la dimisión del ministro, la huelga sigue transformándose en una huelga política bajo el lema "Fuera Duque". En un comunicado conjunto, las centrales sindicales pidieron la desmilitarización de las ciudades, la vacunación masiva y el fin de la presencialidad escolar. El movimiento indígena Minga, junto con otras organizaciones sociales, pasó a defender la "renuncia del presidente Duque". Las caravanas de camiones cortaron el acceso y las movilizaciones a plazas y parques, buscando el apoyo de la población. La respuesta a la represión en Cali fueron cientos de miles en las calles, la ciudad fue nombrada "capital nacional de la Resistencia". En Popayán, capital del Cauca (departamento con mayor número de campesinos desplazados y violencia paramilitar), los manifestantes prendieron fuego a establecimientos policiales. Esmad entró en la Universidad Industrial de Santander, reprimiendo a los estudiantes. Hace dos semanas, Duque había creado una justicia militar "con independencia financiera, administrativa y operativa" que no estaría bajo el mando del Ministerio de Defensa militarizado. Sin embargo, la iniciativa fue mal recibida, porque los miembros de la policía seguirán siendo juzgados por militares, como sucede con el PM en Brasil, que tiene su propio foro judicial. Uribe reivindicó a través de su cuenta de Twitter el "derecho de los soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad". La fuerza ejecutora de las masacres es el servicio de seguridad y espionaje - Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), cuya disolución es exigida por los manifestantes. La movilización colombiana está solo comenzando. Hace tambalear un régimen clave para el mantenimiento del orden imperialista en América Latina, en el único país de América del Sur con costas en el Atlántico y el Pacífico, con cinco bases militares estadounidenses, y, también, en el Caribe. Puede comenzar una nueva etapa política en nuestro continente. La lucha contra el régimen más reaccionario de la región, el del genocida Bolsonaro, gana un aliado decisivo donde el capitán y su corte militar menos lo esperaban. ¡Organicemos manifestaciones contra la represión en todas las delegaciones diplomáticas colombianas! Todo el apoyo al pueblo colombiano en lucha, ¡ya! Traducción: Ariel Linares

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires informó, con fecha 3 de mayo, que en los distritos que donde las clases presenciales se encuentran suspendidas, “las escuelas permanecerán abiertas” con dotaciones mínimas de docentes y auxiliares. Asimismo exceptúa de la suspensión a la modalidad de educación especial. Es decir que, con todos los datos epidemiológicos en rojo y mientras cacarea contra Larreta y la Corte, el gobierno insiste en abrir las escuelas y exponer in-ne-ce-sa-ria-me-te a docentes, auxiliares y niños al contagio de un virus mortal. Hace cuatro años, Esteban Bullrich nos invitaba a ser “capaces de vivir en la incertidumbre”. Hoy la incertidumbre es la regla que amenaza nuestra capacidad de vivir. Finalizadas dos semanas de suspensión, el gobierno anunció otra suspensión, pero esta vez de tres semanas y en paralelo se suscitaron comunicados de “guardias” y “escuelas abiertas” que dejan librada esa suspensión al antojo de Inspectores y Directivos. El comunicado plantea que los encuentros presenciales serán “organizados de manera individual o en grupos muy reducidos”, nuevamente la vaguedad que habilita a juntar a 3, 6 o 10 estudiantes en un aula, dependiendo de la interpretación. El gobierno insiste que las escuelas son seguras y se niega a reconocer el contagio aerosol (aquel que se produce por el sólo hecho de estar respirando en el mismo lugar que una persona contagiada, con o sin síntomas) que ha sido reconocido recientemente por la Organización Mundial de la Salud.. Según el comunicado, las escuelas deben permanecer abiertas para mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes “que no cuentan con dispositivos y/o conectividad en sus hogares”, o “con discapacidad” o chicos con trayectorias educativas discontinuas o en proceso (TED y TEP). Es la fantochada repetida de que les preocupa la educación cuando han sido ellos los responsables de destruirla sistemáticamente. Estuvimos todo el ciclo 2020 en la virtualidad sin que el gobierno se dignara a garantizar el insumo elemental: netbooks y conectividad. Tuvieron todo el verano para resolverlo porque el ejemplo europeo anticipaba esta segunda ola con cepas más contagiosas y letales y la escasez de vacunas. Decidieron no resolverlo para forzar la presencialidad criminal y colocarnos al borde del colapso sanitario con el costo en vidas humanas que eso significó. Fueron los propios ritmos de la pandemia y la organización de la docencia por abajo lo que forzó a la suspensión, pero los recursos básicos no aparecen. El comunicado es una confesión de parte: en lugar de darle a los estudiantes un dispositivo y banda ancha gratuita para que puedan acceder a las clases virtuales desde la seguridad de su hogar, lo invitan a exponerse al contagio del virus en las escuelas. Pero en las aulas tampoco tienen conectividad, con lo cual le piden al estudiante del siglo XXI que ponga en riesgo su salud y su vida para acceder a recursos del siglo XIX. El pomposo anuncio de Fernández-Trotta de que se entregarán 633.000 netboooks es irrisorio si se tiene en cuenta que en todo el país hay más de 13 millones de estudiantes. Pero incluso sería ineficaz para garantizar las clases en la virtualidad de ese 5% de estudiantes, si no es acompañado de acceso a la conectividad gratuita y de calidad. Sobre eso, ninguno de los mandatarios se expidió. Para el docente implica, además de la exposición al contagio, la sobrecarga laboral. Con cursos superpoblados, y el doble cargo forzado por la miseria salarial, hacemos malabares para ofrecer propuestas educativas interesantes y adaptadas a los escasos recursos con que cuentan nuestros chicos. Igual que el año pasado, la virtualidad redundó en la extensión de nuestra jornada laboral a lo que el gobierno propone sumarle carga presencial. Los estudiantes con trayectorias educativas en proceso o discontinuas son además, estudiantes del ciclo 2020. Hasta el 31 de marzo los docentes tuvimos que trabajar con los dos ciclos en simultáneos sin percibir por ello, doble salario. La pretensión de convocar a los docentes para mantener el vínculo pedagógico con estudiantes del ciclo anterior suma flexibilización laboral a nuestra ya vapuleada tarea. Lo que corresponde es que el gobierno implemente un programa específico de acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias de esos estudiantes con docentes nombrados al efecto respetando los listados y todos los derechos establecidos en el Estatuto Docente. Es claro que si al gobierno le interesara la educación de los niños y adolescentes garantizaría los recursos materiales y humanos adecuados al contexto de pandemia y a las exigencias educativas del corriente siglo. Lo que buscan este tipo de disposiciones es socavar la virtualidad, para retornar a la presencialidad criminal ni bien se les descomprima un poco la ocupación de las terapias intensivas. Mientras tanto, buscan regimentar a la docencia cuya auto organización está a la cabeza de la lucha por la vida, la salud y la educación. Rechacemos cualquier intento de presencialidad criminal, reforcemos nuestros reclamos por dispositivos y conectividad gratis para todos, por la suspensión de clases presenciales en todo el país. La única condición para el retorno es que estemos todos, estudiantes y docentes, inmunizados. Vacunación masiva ya! Reforcemos los Comités de lucha contra la presencialidad en todos los distritos.

Entre el Partido Obrero de Salta y el Nuevo Mas de Salta, hemos acordado la presentación de una lista común para las elecciones provinciales del próximo 5 de julio. Su propósito es aunar esfuerzos para potenciar la campaña electoral de esta alianza y de cada una de nuestras fuerzas, con una perspectiva de independencia de clase, socialista e internacional. Levantamos una plataforma electoral, conforme a los puntos comunes de los respectivos programas del Partido Obrero y el Nuevo Mas. -Salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. -Seguro al desocupado del 80% de la canasta familiar. Pase a planta de los trabajadores precarizados. -Por la reducción de la jornada laboral y la contratación inmediata de los trabajadores desocupados -Urgente reforzamiento del sistema hospitalario provincial; efectivización de trabajadores de la Salud con jornada de seis horas. Por una lucha internacional por la expropiación de los monopolios farmacéuticos. -Apoyo a las luchas de la salud, la docencia y todos los trabajadores. Apoyo a los reclamos de la juventud. -Por los derechos de la mujer trabajadora. No la violencia hacia las mujeres. Presupuesto real para enfrentar este flagelo. Garantía de aplicación del derecho al aborto en todo el territorio nacional. -Ruptura con el FMI, desconocimiento de la deuda externa nacional y provincial. -Solidaridad activa con las rebeliones populares del continente y el mundo. -Por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina. Leer más en... Salta: el Partido Obrero y el Nuevo MAS de Salta acuerdan una alianza electoral

El Polo Obrero de Santa Fe capital está dando sus primeros pasos. El pasado sábado 1 de mayo puso en pie su segunda olla popular en el barrio Santo Domingo. Más de 120 personas pudieron almorzar y merendar en el lugar, más del doble que el fin de semana anterior. Muchas de ellas se ofrecieron, además, para colaborar y sostener el comedor al que nombraron “Santo Domingo Unido”. El desarrollo del frente es reciente pero constante y se estructuró ligado a la campaña de legalidad. Las relaciones conquistadas en el barrio surgieron, de hecho, en una actividad de afiliación en el lugar y prosperaron en sucesivas reuniones. El debate central es cómo sobrevivir ante el escenario de hambre y miseria al que nos empujan los gobiernos. La ciudad de Santa Fe atraviesa una realidad desesperante, con un 30 por ciento de los hogares pobres y con un 42 por ciento de personas en la pobreza, es decir, 230 mil de un universo de 450 mil habitantes. A esto se suma el avance de la pandemia que está haciendo estragos, con los hospitales colapsados y con casi un 100 por ciento de ocupación de camas. En este contexto se inserta el barrio Santo Domingo al noroeste de la ciudad. No cuenta con ningún servicio básico y tampoco acceso; no tiene centro de salud ni atenciones de ningún tipo. La preocupación de quienes lo habitan es la desocupación, el hambre y la falta de agua potable. El debate con los vecinos demostró importantes conclusiones, como la necesidad de la suspensión de las clases presenciales y la organización independiente. Lo interesante del proceso no es sólo la realización del lentejazo el sábado, sino también el método con el que se organizó: el debate colectivo y resolutivo. Las asambleas se hicieron cada vez más grandes con una gran participación de vecinas que tienen la inquietud de sacar adelante a sus familias. En un contexto de aumento de la miseria, el desempleo y el avance de la pandemia, está planteado más que nunca el sostenimiento del comedor en el barrio a partir de un plan de acción para arrancarle al Estado recursos materiales, trabajo genuino y la urbanización del lugar. El desafío es profundizar esta orientación, que las asambleas sean cada vez más numerosas y se conviertan en el canal de organización, debate y toma de decisiones. ¡Adelante compañerxs!

La cortes simultáneos en zona norte, oeste y sur por parte de choferes de numerosas líneas el viernes 30/4 y los de sur y oeste el 4 con la incorporación de nuevas líneas, coincidiendo con las sesiones frustradas de la paritaria de UTA y en medio de la conciliación obligatoria, expresaron algo más que el hartazgo por la pérdida de conquistas y salario y con una conducción burocrática que está agotada frente a las necesidades de los trabajadores. Expresaron con claridad que hay una reversión del retroceso del 2017, con la traición a la huelga cordobesa y la agresión a los autoconvocados en Once, y emergen centenares de nuevos activistas y luchadores que procuran organizar, línea por línea, la lucha. Los reclamos levantados; salario mínimo de $100.000 (cercano a la canasta familiar) y equiparación de los compañeros de mantenimiento, vacunación para todos y protocolos sanitarios, encabezan una larga lista de reivindicaciones postergadas. La discusión paritaria, hecha completamente a espalda de los trabajadores, reducidos por la burocracia a pasivos lectores de los comunicados posteriores a cada sesión, esta largamente estancada por la voracidad empresaria. Roberto Fernández y su cría ponen más esfuerzo en regimentar a los trabajadores y a abogar por mayores subsidios a las patronales que a poner al sindicato y la fuerza social de los choferes, absolutamente estratégicos (¿quién puede resistir una huelga general del transporte?) al servicio de la recuperación de un salario fuertemente deteriorado. El burócrata "opositor" Bustinduy ni hablo de la lucha salarial en todo este período, desviando hacia la cuestionamiento a la obra sociasl y a las puteadas faccionales contra su ex jefe Fernández. Ahora pretenderá medrar con un proceso que se le va de las manos. La irrupción de los choferes torpedeo esta deriva de la directiva del sindicato, y mostró la disposición de los choferes a salir a luchar. Tuvo como antecedente, hay que destacarlo, la labor preparatoria de delegados y trabajadores de la 60, que junto a delegados y choferes de otras empresas desarrollaron una perseverante agitación por las reivindicaciones mencionadas, con asambleas, reuniones, y una extendida aficheteada con las consignas de básico de $100.000 y otras. El afiche se extendió por las redes, como reguero de pólvora por todo el interior y en el AMBA, lo que llevo a poblar de líneas los cortes, y extendió a nivel nacional la simpatía por la lucha y el cuestionamiento a la burocracia. La enorme repercusión en los medios mostro la preocupación de sectores del capital a la rebeldía obrera, y acrecentó el golpe a la burocracia. Los cortes tienen como antecedente numerosas luchas en todo el país por distintos problemas, entre ellos salarios impagos. Allí están las huelgas y movilizaciones en Tucumán, Bariloche, Córdoba entre tantas otras provincias, los paros y cortes en Puente de la Noria, y la lista sigue. La postergación de la sesión paritaria del martes 4, al borde del vencimiento de la conciliación obligatoria, aumento la indignación. Con nuevo o viejo ministro, se estrecha el margen de maniobra de Fernández. los cortes del 4 resolvieron volver a cortar el 11, coincidiendo con la nueva sesión. Todos a los cortes Está claro para todos que la magnitud de los reclamos exige avanzar en la organización y en la coordinación alrededor de los convocantes, y poner en pie de lucha a todo el gremio, extendiendo el actual proceso de organización por abajo a otras líneas, zona por zona, incluyendo a choferes del interior. Para canalizar la irrupción de innumerables activistas, decididos a avanzar en la organización de sus líneas, los convocantes a los cortes podrían convocar a un Plenario Nacional, virtual o presencial, para incluir las nuevas líneas, al interior y debatir un rumbo de acción, donde puedan expresarse las inquietudes y decidir las futuras acciones. Hay un programa de fierro, alrededor de la lucha por los $100.000, que es el punto central hoy. Y un método para lograrlo, planteando la necesidad de poner en pie de lucha al sindicato, impulsando asambleas en las empresas y la necesidad de que un congreso de delegados de base de la UTA elabore un plan de acción para imponer los reclamos. El desarrollo de este proceso requiere (y ayuda a) la recuperación necesaria de los cuerpos de delegados por los trabajadores, desplazando a muchos de los actuales delegados, simples mandaderos de las oficinas de recursos humanos y/o de las directivas. Hay que levantar fuerte el reclamo de derogación inmediata del DNU que proscribe las elecciones sindicales, aun en los lugares de trabajo, cuando los trabajadores están obligados a concurrir.

“Parar la circulación del virus”. Ese es el pedido y la conclusión del Dr. Marcelo Torres, Director de la Clínica Alcorta, una de las más importantes del distrito de Moreno y de toda zona oeste. Torres, quién dio un extenso reportaje al Semanario Actualidad, describió en forma precisa un cuadro de colapso del sistema sanitario que va más allá de la falta de camas UTI, del sistema de salud privado y del distrito. Plantea que “la situación es extremadamente crítica”, porque, además, hay escasez de oxígeno, medicamentos y fuerza de trabajo. En el país existe una suerte de “monopolio natural” en la producción de oxígeno. Sólo tres empresas controlan el mercado: Linde, Air Liquide e Indura. La demanda de este insumo creció 300% respecto a 2020. Torres advierte que, para salir del paso, las clínicas y los hospitales intercambian entre sí oxígeno y muchas veces pacientes. La propia Clínica Alcorta, hace unos días, derivó 4 pacientes a otro nosocomio, y la Clínica Ciudadela, la semana pasada, hizo lo mismo con 25 pacientes. En Moreno, comenta Torres, existe un contacto distrital permanente entre las clínicas privadas y el sistema de salud público para intercambiar en forma diaria insumos y pacientes. Otro punto crítico es la provisión en cantidad, calidad y tiempo de medicamentos fundamentales para enfrentar la pandemia. Al igual que con el oxígeno, hay faltantes de diversos: en especial de un medicamento que se usa para sedar y poder intubar a los pacientes Covid que necesitan estar conectados a un respirador. Al respecto, Torres denuncia que esta medicación aumentó en los últimos dos meses ¡600%! y, aun así, hay dificultades para proveerse en tiempo y cantidad necesaria. De nuevo, nos enfrentamos al problema de los monopolios y de la gestión capitalista, en este caso de la industria farmacéutica, que ve en la crisis sanitaria una veta inagotable de lucro. Un “insumo” que puede comenzar a escasear es la fuerza de trabajo porque los trabajadores están siendo sometidos a una explotación sin límites. Son sometidos a condiciones de precariedad humillantes como fue denunciado por los mismos trabajadores de Moreno, que cortaron la ruta 24 esquina Benardi en reclamo del pago de salarios atrasados y el fin del monotributismo y el sistema de “becas”. A pesar del panorama descrito, Torres no hace consciente que el sistema de salud privado que él representa, es en sí mismo, un elemento más que pone a todo el sistema de salud en situación de colapso porque el mismo se organiza en función del lucro capitalista que conduce a la anarquía de mercado y no en función de la salud y el bienestar de la población. En este sentido, Torres comenta que en la última semana la Clínica Alcorta recibió propuestas de internación de renombradas empresas de medicina prepaga que, ante la escasez de camas, recurren al conurbano. En síntesis, la coordinación del sistema sanitario que el colapso a impuesto en Moreno se produce de la peor manera, en la medida que los recursos del sistema público se están subsumiendo a la lógica del lucro y no al revés. Una verdadera coordinación, consistiría en la expropiación de toda la masa de recursos sanitarios apropiados por el capital y su puesta en funcionamiento al servicio de la salud de TODA la población, es decir la conversión de todo el sistema privado al sistema de salud público. El colapso que el Doctor Torres ilustra en tiempo real y en forma minuciosa, no es más que la demostración del fracaso de la gestión capitalista de la pandemia. En este cuadro, el pedido Torres de “parar la circulación del virus” no puede ser más justo. Agregamos que esta reivindicación exige, antes que nada, parar la circulación de la fuerza de trabajo y ello implica suspender toda actividad económica presencial no esencial.

Acorazado Potemkin, uno de los tríos argentinos de rock más potentes e imaginativos, lanzaron este primero de Mayo una versión abrasiva de La Internacional, el himno de los trabajadores del mundo. La banda es la amalgama de tres históricos músicos de la escena independiente rockera del país: Juan Pablo Fernández, cantante y guitarrista (ex Pequeña Orquesta Reincidentes); Lulo Esain, baterista (Valle de Muñecas, ex Motorama y Flora-Manza-Minimal, entre otros) y Federico Ghazarossian, bajista (ex Don Cornelio y la Zona, Los visitantes y Me darás mil hijos). La elección de la canción y el momento del lanzamiento no es para nada casual, más teniendo en cuenta que la banda ha estado presente en distintas luchas populares a través de su arte. Cuenta Lulo: “Escuchamos un montón de versiones de la Internacional (versiones corales, sinfónicas, folclóricas) pero ninguna rockera que nos representara. (...) Nos hicimos cargo de la versión. (...) La canción tiene letras que fueron tomadas por los socialistas, los comunistas y también los anarquistas. Juan propuso traer esas letras diferentes, en especial la anarquista.” Y sobre la base musical, exquisita, Lulo explica: “Me puse a pensar en cómo los afroamericanos a principios del siglo XX en New Orleans transformaban los himnos religiosos en música groovera, para bailar, que es lo que dio origen al jazz. Entonces el ritmo con el que arranca la canción es una síncopa clásica, que popularizó Bo Diddley y que después tomaron Rolling Stone e incluso The Clash. A partir de eso fluyó la canción.” Sobre el significado de La Internacional dice Lulo: “Para nosotros es muy importante porque significa el himno que une a todos los trabajadores, es universal, mundial, no deja a nadie afuera. (...) La versión nos representa desde lo político, lo musical y lo emocional. (...) El resultado habla por sí solo: una versión que retrotrae a las versiones originales del himno pero que tiene el sello y la inventiva de Acorazado Potemkin de principio a fin. Cómo se señaló arriba, la banda ha participado en distintas luchas. Cuando organizamos el segundo Festival en Plaza de Mayo de Justicia por nuestro compañero Mariano Ferreyra (del cual formaron parte agrupaciones musicales de las más representativas de todo tipo de géneros como Nonpalidece, Las Pastillas Del Abuelo, El Mató a un Policía Motorizado, etc) la convocatoria para que tocara Acorazado cobró un sentido mayúsculo. Es que Mariano, multifacético como era, era fan de Pequeño Orquesta Reicidentes y Los Visitantes. Allí estuvo la banda, brindando uno de los momentos más emotivos del festival. También tocaron en festivales de justicia por Santiago Maldonado y por los trabajadores del grupo 23, que luchaban contra el vaciamiento a la empresa, entre otros. Finalmente, cabe destacar que La Internacional hoy suena más actual que nunca. Es que la crisis humanitaria que ha desatado el capitalismo en todo el mundo con el Covid nos pone frente a la disyuntiva urgente: el capital, su anarquía y su ferocidad o la creación, con las masas explotadas al frente, de un mundo completamente distinto, en el cual sea la clase obrera la que dote a la humanidad de un nuevo amanecer. Es decir: el socialismo. Manos a la obra, por la reconstrucción de la IV Internacional.

Luego de toda la polémica de sobornos, fraude y corrupción entre la FIFA y los emires y jeques qataríes, desde que fue elegido como sede de la Mundial de fútbol 2022, más de 6.500 trabajadores migrantes de Bangdalesh, Nepal, India, Pakistán y Sri Lanka han muerto en Qatar, uno de los países asiáticos más ricos del mundo. Es un promedio de 12 muertos por semana desde que comenzó (2010) la construcción multimillonaria de siete nuevos estadios, además de aeropuertos, hoteles, transportes e incluso una nueva ciudad levantada en el desierto que aguardan al turismo internacional en uno de los eventos más importantes y lucrativos en el mundo del deporte. Se estima que el número total de muertos es aún mayor, porque la cifra mencionada no incluye a los trabajadores de países cuyos gobiernos no han facilitado datos, como Filipinas y Kenia. Las muertes, que han sido subestimadas por la FIFA, son consecuencia directa de la superexplotación y maltrato que sufren los obreros y las pésimas condiciones de vida a las que están expuestos en sus lugares de “descanso”- El hacinamiento y falta de medidas de higiene y seguridad son moneda corriente. The Guardian, el periódico británico que llevó adelante la investigación sobre estas muertes, revela que muchas han sido por caídas durante la construcción, asfixia por ahorcamiento y causas indeterminadas que apuntan al estrés generado por las altas temperaturas a las cuales están expuestos los trabajadores, entre ellas, insuficiencia cardíaca o respiratoria. Por otro lado, más de 250 muertes han sido por COVID, ya que, de más está decir, ninguna construcción fue demorada por la pandemia. La mayoría de los obreros muertos no son sometidos a autopsias y se registran como muertes “naturales”. Es importante mencionar que el sistema Kafala fue clave para esta brutal violación de los derechos laborales y humanos; a través de él, las empresas privadas toman el rol de patrocinadoras y el gobierno delega en ellas la supervisión y responsabilidad de los trabajadores extranjeros. Sin el permiso de las mismas empresas, los trabajadores no pueden renunciar, cambiar de trabajo, ni volverse a su país. Sólo en agosto pasado este régimen de semiesclavitud sobre los migrantes fue desmantelado. Los números develan de manera tajante el negociado multimillonario que envuelve al fútbol y el lucro capitalista por sobre la vida de los trabajadores: según Amnistía Internacional, las constructoras Eversendai y Six Construct ya obtuvieron ingresos de más de 35 y 90 millones USD hasta el momento, mientras que la FIFA tiene miras de superar los 6.400 millones de dólares que recaudó luego del Mundial de Rusia 2018. Varios equipos de fútbol, como Alemania, Noruega y Holanda, han demostrado, a través de distintas intervenciones en los partidos, su repudio a esta masacre silenciosa en el emirato. Solidaridad internacional con los obreros migrantes.

El 5 de mayo pasado se cumplió un año de la presentación formal de la renuncia del diputado del PO, Iñaki Aldasoro, para habilitar la rotación con Gastón Remy del PTS, tal como fue acordado por ambos partidos del FIT jujeño. Hasta el día de la fecha, el gobernador Morales y sus diputados, radicales y peronistas (Primero Jujuy), junto con su aliado, el PJ rivarolista, han bloqueado con diversas maniobras la consumación de la rotación de bancas del FIT. Lucha política Este aniversario fue la ocasión para denunciar una vez más esta intromisión del Estado, a través de los partidos del régimen, sobre los acuerdos internos del FIT. Desde el PO presentamos públicamente, mediante una conferencia de prensa, un documento donde dimos cuenta de toda esta lucha y el rechazo de esta intromisión. Al día siguiente hicimos una nueva concentración pública frente a la legislatura, junto con el PTS y otras organizaciones. Durante todo este tiempo, nuestro compañero Iñaki Aldasoro denunció en cada sesión este bloqueo y explicó, sistemáticamente, su alcance político reaccionario. En diciembre pasado realizamos un gran acto público entre ambos partidos con una decena de organizaciones y luchadores que hicieron llegar su apoyo a nuestro reclamo de rotación, y una posterior vigilia sobre la legislatura. La respuesta de Morales fue, por un lado, un compromiso tramposo de sus diputados y los diputados del PJ de habilitar la rotación en la “próxima sesión”, que no han cumplido. Por otro lado, respondió con una nueva contravención contra los compañeros del PTS. En febrero pasado, en ocasión de una sesión especial, los compañeros del PO y el PTS, fuimos brutalmente reprimidos cuando marchamos a la legislatura para exigir el tratamiento de la rotación. Se ha realizado conjuntamente una denuncia hasta en la Corte Suprema, ante la continuidad de esta arbitrariedad política contra el FIT. El PTS ¿contra Morales o contra el PO? Sin embargo, el PTS aprovechó este aniversario no para atacar a Morales sino para armar una celada contra el PO jujeño. En el acto que se realizó en las escalinatas de la legislatura, el PTS acusó al PO jujeño de no querer conformar el FIT-U, del cual es uno de sus fundadores. Usó el eufemismo de las “diferencias personales, legales o técnicas". Lo que el PTS llama “diferencias personales, legales o técnicas” es la exclusión del PO de una mesa de debate del frente, para entregarla a los usurpadores de una intervención decidida por una camarilla desde la ciudad de Buenos Aires. Al PTS no se le ocurrió mejor ocasión que el día en que denunciamos a Morales y al Estado burgués por su intromisión en los acuerdos internos del FIT jujeño para dar el aval a otra intervención del Estado, en este caso contra el PO jujeño. El PTS avala la intervención a sabiendas de que significa la exclusión del 100% de la militancia del PO jujeño de las listas del FIT-U de Jujuy El PTS ha decidido encubrir ésta situación con un llamado a la unidad que no es tal, cómo lo denunciamos oportunamente . El PTS ahora acepta la proscripción del PO jujeño del FIT-U e intenta ocultarla.

Desde la salida de la dictadura militar, la agenda de un Frente de Izquierda estuvo colocada objetivamente en la nueva situación política que se inauguraba en Argentina. La cuestión electoral había cobrado de nuevo, luego del brevísimo período 1972/4, un lugar central. La “democracia” pasaba a ser puesta a prueba por todas las clases sociales, como alternativa al impasse creado por el desplazamiento de la dictadura, la derrota en Malvinas y la cesación de pagos internacional. Con treinta mil compañeros desaparecidos, el “juicio y castigo a todos los culpables” irrumpía con nueva fuerza. Encima de esto, la derrota que sufrió en las elecciones de octubre de 1983, derribaba el mito de la ascendencia electoral excluyente del peronismo. Un dato secundario, pero tampoco insignificante, la Perestroika de Gorbachov anunciaba la disolución completa del aparato stalinista, y abrió una crisis en el partido comunista de Argentina. Nuestro Partido Obrero reconoció de inmediato esta realidad; por eso salió a disputar el contenido político de un Frente de Izquierda. Adaptamos a esta circunstancia la línea de “golpear juntos y marchar separados” – una advertencia de la importancia estratégica de la delimitación política, en especial en cuestiones frentistas. En 1985 nuestro Partido realizó una campaña política a favor de un Frente de Izquierda, que fue apoyada por personalidades con influencia y reconocimiento en la juventud y los trabajadores; llenamos el Luna Park con ese planteo. Fue entonces que tuvo lugar el frente episódico con el MAS, que el MAS disolvió en cuestión de días para coaligarse con el partido comunista, fuerzas nacionalistas de izquierda y un sector marginal del peronismo. El oportunismo político de la maniobra se confirmó cuando el Frente del Pueblo, la denominación oficial de ese frente, adoptó como consigna estratégica “la Democracia con Justicia Social”. El Frente del Pueblo, primero, Izquierda Unida, después, tuvieron un éxito relativamente considerable para ese período: actos públicos masivos; una interna muy concurrida en 1988; la consagración de Zamora como diputado nacional. Las contradicciones internas de ese frente llevaron a varias rupturas y recomposiciones. Cuando IU perdió impulso, el oportunismo se cobró las cuentas con cierto retraso: el MAS se dividió en 18 grupos y el partido comunista desapareció detrás del kirchnerismo. Incluso cuando se reconvirtió en un frente de alcance más reducido, con la sola adhesión de la actual IS y el MST, que entonces lideraba Luis Zamora. Luego, en 1993 y 1994, el frente que concertamos con el MAS y el MST, encabezado por Luis Zamora, no tuvo mayor relevancia, como consecuencia del desgaste de la experiencia frentista desde 1985. El balance de este proceso frentista, en lo que hace a la política de nuestro Partido Obrero, es más que clara. Toda forma de frente encierra un oportunismo político – de lo contrario las fuerzas en presencia estarían reunidas en un solo partido, con un programa y una estrategia. El frente, una forma de acción práctica común, encierra el desafío de combatir cualquier forma de confusión política. A partir de esto, cuando un partido revolucionario caracteriza que determinado frente, por el conjunto de las circunstancias políticas presentes, constituye un paso adelante en la lucha y en el desarrollo de la experiencia de las masas, debe marchar con él y ponerse al frente del planteo, pero siempre, absolutamente siempre, con una política de delimitación que evite cualquier tipo de confusión entre unos y otros. Es lo que Marx señaló con el planteo de que “es cierto que un paso adelante del movimiento real vale más que una docena de programas”, pero que eso no justifica entregar las ideas política propias ni el programa. Es evidente para cualquiera que este método de neto cuño histórico marxista (Primera Internacional con bakuninistas y blanquistas, Frente Único de los partidos obreros, de la Tercera y la Cuarta), es lo primero que tiró por la borda el aparato del partido oficial en la lucha contra la Tendencia. Se ha disuelto por completo en el democratismo vulgar. No solamente esto. La rápida conclusión que sacó el aparato de nuestra derrota en las internas del FIT de 2015, fue que había que adaptarse al hecho de que “las masas son democratizantes”. En resumen: ‘la conquista de un puesto legislativo justifica la liquidación del programa’. Lo peculiar del desenvolvimiento ulterior del FIT es el pasaje a una etapa más acabada de oportunismo. En 2011/3, nuestro PO tuvo una polémica acerca de la posición del PTS contraria, por principio, a presentar proyectos de ley en cualquier circunstancia. Esto incluso luego de la conquista legal de las seis horas para el subte, y de la presentación de proyectos por la expropiación sin pago de las fábricas vaciadas, apoyados por los trabajadores de algunas empresas. En los actos de campaña intervenía en forma ‘bélica’, citando al militar prusiano Von Clausewitz en cualquier micrófono que se le ponía a mano. En 2012, intentó sustituir el FIT por un “partido de trabajadores’, sin contenido político. Ahora se ha convertido en una máquina propositiva, y procura que los trabajadores enderecen su lucha al apoyo de proyectos legislativos. Esto hace la delicia del aparato del PO oficial, que ha convertido la presentación de proyectos de leyes en un método de parlamentarismo (cretino). Le ‘preocupa’ que el electorado no los vea ‘trabajando’ – en el Congreso. Añadamos a esto las exhibiciones televisivas, donde se dirigen a los adversarios patronales ‘amigos’, por su nombre de pila. Lo peculiar, repetimos, no es ya el oportunismo vulgar. Lo peculiar es que han convertido al parlamento en el ámbito para otorgar, a través del quórum el voto, la posibilidad de aprobar leyes privatizadoras o reñidas con el internacionalismo proletario (sionismo) – en este caso en un frente único con el kirchnerismo y el macrismo. De una discusión acerca del uso socialista y revolucionario del parlamento, hemos pasado a un uso anti-revolucionario de ese mismo parlamento. Denunciar este señalamiento objetivo y comprobado, como una provocación de nuestra parte, que tendría el propósito de atacar ‘la unidad’, como se defiende todo el FIT, es un despropósito incalificable. Llegado a este punto podemos hacer un balance de conjunto, al menos provisorio, de la experiencia del FIT. De “frente oportunista”, como lo hemos caracterizado en marzo de 2011, al cual era necesario darle la posibilidad de desarrollar una experiencia política, que despertó una expectativa en una parte de la juventud militante y los obreros más avanzados; de ese “frente oportunista”, el FIT se ha ido convirtiendo en un vehículo intermitente de integración parlamentaria al Estado, y de otro lado en una plataforma anti-revolucionaria contra nuestra Tendencia del PO. Las intervenciones judiciales a diversos distritos del partido son, junto a quórums y apoyos a proyectos de leyes patronales, una expresión grosera de esta simbiosis en desarrollo. En el caso actual de las elecciones en Salta, el PTS se puso a la cabeza, hace dos semanas, de una operación de marginalización del Partido Obrero de la provincia. Fingió plantear una unidad que no tenía el propósito de concretar, para organizar una campaña contra el ‘divisionismo’ de la Tendencia. Al mismo tiempo, salió al rescate de un aparato que no tiene personería ni, lo que es más fundamental, tampoco partido. Es lo que ocurre en Salta y en Jujuy. El PO de Salta, vinculado a nuestra Tendencia, por el contrario, está presente como organización en la mayor parte de ambas provincias – especialmente en el norte salteño, la cuna del movimiento piquetero. El método político de un partido marxista no puede basarse, como es obvio, en una caracterización del estado de las relaciones recíprocas entre las organizaciones de izquierda. Debe partir de una caracterización de la situación tomada en su conjunto. La crisis humanitaria desatada por la pandemia extiende la profundidad histórica de la decadencia capitalista. Esta crisis ha quebrado el equilibrio social y político a una velocidad desconocida, a nivel mundial. Es lo que se manifiesta en la sucesión y amplitud de las rebeliones populares, de un lado, pero al mismo tiempo en las tentativas del estado capitalista de movilizar a la pequeña burguesía en vías de la ruina, impulsada por el aparato policial, militar y para policial. En Myanmar, por de pronto, un país rodeado por China y la India, y también por Tailandia y Laos, se desarrolla una guerra civil; en Brasil y Colombia, la ‘democracia’ se defiende a si misma por medio de las masacres del ejército y la policía militar. El nuevo gobierno Biden y la UE han advertido que necesitan contener esos extremos. Fue, después de todo, lo que tuvo éxito, al menos transitorio, en EEUU, donde, según Biden, tuvo lugar el mayor episodio de guerra civil después de la guerra de secesión de mediados del siglo XIX. Trump fue sacado del gobierno en una elección que contó con una concurrencia excepcional. Pero el recurso electoral no es indemne a las tendencias de agudización cualitativa de la lucha de clases; se convierten en un escenario político, más o menos distorsionado, de esa lucha y de la crisis de conjunto. Por eso hemos denunciado en forma sistemática todos los intentos por alterar el calendario electoral. La refracción de la crisis en la pelea electoral, se manifiesta, en Argentina, en las intentonas repetidas, frustradas y vuelta a repetir para llevar la política hacia el centro, o sea evitar una polarización entre macrismo y kirchnerismo que podría operar como factor adicional de disgregación de la ‘gobernabilidad’. La diplomacia norteamericana y el FMI operan en esa dirección. Las elecciones de medio término que se avecinan no será solamente el campo de batalla encargado de diseñar los términos de una nueva forma de ´gobernabilidad´ – será asimismo un escenario de disputa dialéctica y política entre las clases mismas, acerca de la salida a la crisis humanitaria del sistema capitalista. La sospecha de que a nuestra Tendencia la guía el interés de obtener una ‘figuración’ en esas elecciones, sólo traduce el propio interés arribista de quien lanza ese infundio. Las elecciones son una oportunidad, en este caso más que en los anteriores, de marcar la dirección política que debe orientar a los explotados en las situaciones pre-revolucionarias que se presentarán inevitablemente. En las vísperas de la expulsión de mil doscientos militantes del Partido Obrero, el aparato libró una guerra desproporcionada contra un artículo de Altamira que esbozaba este desarrollo y que explicaba que la izquierda revolucionaria debía prepararse para ocupar el liderazgo de esta nueva etapa. El aparato rechazó con vehemencia la posibilidad de que las masas pasaran a la iniciativa y afirmaba que esta iniciativa estaba estratégica y tácticamente en manos de la burguesía decadente. La rebelión popular en Chile le arruinó este guiso que había armado ese aparato para justificar una línea de adaptación electoralista, que redundó en un retroceso electoral y parlamentario considerable, en 2019. Ahora “saluda” la rebelión popular en Colombia que no supo ni quiso prever, como si se tratara de una celebración política, sin ofrecer un norte ni una orientación. Faltarán las vacunas contra el Covid-19, pero la izquierda democratizante está ampliamente inmunizada contra las perspectivas revolucionarias que ofrecen las rebeliones populares y la crisis humanitaria. Esta caracterización de conjunto explica lo que los difamadores no logran entender. Y es que, cuando el Congreso nacional se apresta a sancionar una ley que exime a los partidos de la tarea de mantener al día su padrón de afiliados, invocando para ello la dificultad de realizar las actividades correspondientes en medio de la pandemia; esto explica, repetimos, que en circunstancias tan adversas nuestra Tendencia haya salido a hacer algo mil veces más sacrificado – reunir decenas de miles de adhesiones y afiliaciones para obtener la legalidad electoral y poder participar, de algún modo y en alguno de los escenarios, de esas elecciones. Al cretinismo parlamentario y electorero oponemos, no la versión del cretinismo contrario, el cretinismo anti-electoral, sino una política revolucionaria concreta e integral. La elección provincial adelantada en Salta será, para nuestra Tendencia, un ensayo general. O sea una experiencia de la cual sacar conclusiones. Vamos enteramente con nuestra política y nuestros militantes y organizaciones, en numerosos Departamentos y Comunas. La alianza con el Nuevo Mas es un aspecto relativamente secundario en la campaña electoral, pero de ningún modo marginal, como consecuencia de su escasa presencia en Salta. Pero esto mismo ilustra la consistencia de nuestra política, que responde en forma concreta a una relación de fuerzas concreta entre la izquierda y los partidos patronales y el estado. En primer lugar, la inscripción de la alianza corrige, aunque hasta cierto punto, el escenario de una izquierda disgregada en tres alternativas. La dispersión atenta contra la necesidad de atraer el interés del electorado. Esto puede ser indiferente para un comentarista de la política, pero de ningún modo para un partido actuante. El PO de Salta, vinculado a la Tendencia, va a una lucha para conquistar adhesiones políticas y electorales, como parte de una preparación política de frente a luchas masivas, rebeliones y crisis de poder. La clase obrera repudia los re-juntes electorales guiados por propósitos de arribismo electoral, pero saluda, y mucho, la capacidad de unificar en la acción, sin el menor desmedro de las posiciones políticas propias. El aparato de los ‘Coqui’ Capitanich denuncia que la alianza tiene lugar con un partido que defiende y promueve la presencialidad escolar – un ataque bizarro, porque esa es también la posición del FIT-U. Tenemos una gran diferencia política, en este punto, con el NMas y el FIT-U, pero tampoco hacemos un uso abusivo de ella. Hemos aceptado hacer una boleta electoral común, con esa divergencia en forma explícita, acompañada del compromiso de apoyar en la acción las luchas y huelgas por la suspensión de la presencialidad, por parte de las asambleas docentes y de sus sindicatos. Una cosa es disputar posiciones políticas en una asamblea obrera, otra es carnerear la posición que fue votada por una mayoría de trabajadores por medio de asambleas. El FIT-U, como lo hemos denunciado en Política Obrera, boicoteó huelgas contra la presencialidad, como sucedió en Bahía Blanca y en Escobar. En la huelga de Salta de principios de año, el aparato, el PTS y el MST actuaron, como FIT-U, desconociendo y boicoteando el paro de cinco días. El aparato oficialista que pretende descalificar esta alianza electoral desde su acomodo a Capitanich, y al lobby sionista o el de Tinelli, olvida que hemos hecho con ellos mismos una lista semejante. En efecto, para pelear contra una lista armada por el rectorado de la facultad de Visuales, presentamos una lista común, que encabeza la Tendencia, sin aceptar acuerdos políticos de ninguna clase. En Visuales, la consejera estudiantil del aparato votó, el año pasado, la prórroga del mandato de las autoridades que hoy dice combatir. La Tendencia, por nuestro lado, no puede asumir la responsabilidad por una dispersión que facilite el copamiento de la representación estudiantil por parte del Rectorado. La cuestión de la presencialidad es una divergencia muy importante cuando se la coloca en un plano estratégico, pero es evidente que entra en el campo de la discusión política. Nuestra Tendencia no convierte cada diferencia política en una suerte de guerra civil, incluso porque en ese caso desconocería la posibilidad de cometer sus propios errores. En la cuestión de la presencialidad, lo que nuestra Tendencia ha dicho es que el FIT-U (y el NMas) no ha denunciado que la ofensiva ‘presencialista’ es del cuño de la patronal de la educación privada y de la patronal en su conjunto. Tampoco es la presencialidad en si misma lo que cuestionamos, sino que es parte de un parlamentarismo cerril, al servicio de Capitanich y los loteadores de terreno y los acreedores de la deuda pública de Chaco; la capitulación ante el lobby sionista y los especuladores inmobiliarios que se quieren quedar con Boedo; o el voto a la ley de emergencia alimentaria del pacto de transición entre los Fernández y los Macri – entre otros. Cuestionamos la complicidad de los partidos del FIT-U con el aparato, en una cuestión de principios: el no reconocimiento del derecho de Tendencia y la expulsión sumaria de mil doscientos militantes – o sea sin abrir la boca, mientras se desvela porque el español Pablo Iglesias tiró la toalla y perdió por abandono. En el FIT, en su momento, y en el FIT-U ahora, se encuentran dos fuerzas que apoyaron en forma militante la asonada de los ‘pool de siembra’, en 2008/9, haciendo ostentación frente a la sede de la Sociedad Rural, en Rosario, y luego frente al monumento de los españoles, en la capital federal. El propio PTS hizo un guiño, en esa ocasión, a “los productores agrarias pequeños”, de la que luego reculó ante las posiciones del Partido Obrero. Al aparato que proclama la independencia de clase del FIT-U le refrescamos que el frente lo integra al MST, que reivindica los frentes patronales, como en el caso de su alianza con el ‘comediante’ Luis Juez, y con la corriente pro capitalista que lideraba Pino Solanas. El MST suma al FIT-U una tradición de abierta conciliación de clases. Pero un voto más, vale una misa. La campaña del aparato oficial contra nuestro partido, en Salta, es una reacción incontrolada frente a la obstinación que observan, de nuestra parte, para eliminar o al menos apartar aquellos obstáculos que afectan un mayor alcance de una campaña electoral amplia y profunda. El Partido Obrero de Salta va a las elecciones provinciales con libertad absoluta de agitación y propaganda. Punto. El desafío para nuestros compañeros y compañeras es llevar al pueblo nuestro programa y nuestras reivindicaciones, sorteando todas las zancadillas faccionales de la camarilla que se fue del PO de Salta, y del FIT-U. La clarificación política de las relaciones con el aparato y el FIT-U, del presente texto, tiene el propósito de despejar cualquier ‘malentendido’, para fortalecer una campaña hacia las masas. El centro de ella es la reivindicar que el Estado asuma toda la responsabilidad de sostener económica y sanitariamente a los trabajadores, lo cual plantea atacar los intereses capitalistas, por medio de la lucha y la movilización. Decimos con claridad que nuestro propósito es despertar el espíritu de rebelión popular y de reclutar y organizar a los luchadores para llevar esa rebelión a una victoria política decisiva.

En los últimos días, la lucha por conquistar la legalidad de la Tendencia del Partido Obrero en distritos fundamentales del país ha dado pasos decisivos. En la CABA ya fueron aprobadas las adhesiones necesarias para que se nos otorgue la personería provisoria. A partir de entonces, comenzaremos a presentar las afiliaciones, las cuales estamos reuniendo desde hace varios meses. En la provincia de Buenos Aires la justicia aún está revisando las más de 5.000 adhesiones presentadas. Pero en cualquier caso, la Tendencia ya cosechó más de 7.000 afiliaciones, asegurando el derecho a la presentación federal –cargos nacionales- peleando para completar los requisitos de la personería provincial. En Santa Fe, está avanzada la conquista de la personería municipal en varios distritos del cordón industrial, y la estamos peleando duramente en la capital de la provincia. En Tucumán, donde la intervención del aparato oficial y del Estado despojó a la tendencia -donde milita el 99% del PO del distrito- de su personería, estamos culminando otra legalización con miles de afiliados presentados. También en Catamarca. Lo logrado Las campañas de legalización del Partido Obrero –y de un modo general de la izquierda- nunca han sido fáciles. Han tenido que enfrentar un terreno que suele ser dominado por la política patronal y punteril, y por los enormes recursos del Estado. En esta oportunidad, el esfuerzo se ha multiplicado por diez, por el escollo gigantesco de la pandemia, que recluye a la población en sus casas y dificulta la obtención de las afiliaciones. Bajo esas circunstancias, bajo este clima de miedo y de barbijos , la Tendencia ha cosechado unas 15.000 afiliaciones en todo el país, y otras tantas adhesiones. Estamos desenvolviendo una campaña excepcional, que sorprende a quienes nos observan desde adentro o afuera de la izquierda. La vara de este esfuerzo ha sido dada por los propios partidos capitalistas, que están por dar sanción a una ley que exime a los partidos “establecidos” de mantener actualizados sus padrones de afiliados –ello, porque los autores del proyecto juzgan imposible la tarea de reunir o renovar afiliaciones en pandemia. Los guardianes de la política establecida , sin embargo, se han cuidado muy bien de votar cualquier disposición que allane el camino a quienes están tramitando una nueva legalidad. ¿Cómo se explica el empeño titánico de la militancia de la Tendencia que se ha puesto al hombro esta tarea? Porque hay una comprensión de la actual excepcionalidad del momento histórico actual. La sociedad capitalista, con recursos financieros y tecnológicos extraordinarios, ha salido al rescate financiero de sus dueños, llevando al conjunto de los trabajadores a una situación social desesperante y a la necesidad de luchar por la propia vida – que el capital tiene en cuenta solamente cuando agota la capacidad del sistema sanitario. Ha quedado al descubierto la enorme destrucción del sistema de salud, al servicio de la privatización de las atenciones, los medicamentos y la prevención. La preservación de la vida de los trabajadores es incompatible con el régimen que diseña su presupuesto en función de los fondos internacionales y del FMI. Es este sometimiento, en pandemia, el fermento de las rebeliones populares que surcan el continente. La impotencia oficial se manifiesta en una crisis que recorre a todos los estamentos del Estado. Las elecciones emergen como un recurso último para evitar la disgregación política del estado, a riesgo incluso de precipitar esa disgregación. Ningún luchador mira con indiferencia o apatía la necesidad de utilizar la campaña electoral para una propaganda y agitación política, que sirva como orientación y dirección política de la rebelión popular en ciernes, que se manifiesta en toda América Latina. Lo que viene En las próximas semanas, todo el empeño de la Tendencia estará colocado en culminar la tarea de afiliaciones, desplegar fuerzas en los parques y lugares públicos, y apelar al amplio padrón de activistas y luchadores que miran con atención el conjunto de esta crisis histórica. La afiliación habilita para que la Tendencia intervenga en la lucha político-electoral. Mayo será un mes decisivo, al menos en algunos distritos con mayor retraso. Convocamos a toda la militancia, amigos y simpatizantes a redoblar esfuerzos.

Esta asamblea popular denuncia el nuevo pacto sin grieta de todos los bloques legislativos para pisotear la voluntad expresada en la Iniciativa Popular 2020 contra la Megaminería en la Sesión del día de ayer. Aclaramos a toda la comunidad que desde el minuto uno se estuvo permitiendo circular vehículos particulares con emergencias médicas, personal de salud, ambulancias y todos aquellos camiones que transporten vacunas, oxígeno medicinal y medicamentos, sin dejar a un lado que desde las 20 hasta las 11 se permitió el flujo indiscriminado e intermitente de vehículos, fundamentando el mismo con videos subios a través de las redes sociales. Sin embargo este mediodía la asamblea definió sostener un corte total de forma indefinida hasta tanto se conforme una mesa de negociación con el gobierno provincial, reiterando el pedido del tratamiento de la iniciativa popular y el retiro del proyecto de zonificación minera Paralelamente un sector de camioneros está realizando un bloqueo sobre el mismo tramo imposibilitando el acceso a aquellos vecinos y el abastecimiento de quienes permanecemos en la ruta. Convocamos a la población de Chubut a seguir rodeando de solidaridad el corte, acercándose a la ruta, manifestándose en sus respectivas localidades, barrios y apoyo a través de las redes sociales a las 16 hs. Responsabilizamos al gobierno provinicial y nacional de la permanencia de les vecines en la ruta, como así también de la integridad física de les mismes y las situaciones que se puedan generar en este contexto. Las 30 mil firmas las defendemos en las calles.

Un grupo de generales alertó contra el “desmoronamiento” nacional de Francia y señaló la necesidad de alzarse contra el peligro del “islamismo”, en una nota de la revista reaccionaria Valeurs Actuelles. En marzo, el diario Mediapart identificó al menos medio centenar de militares en activo con filiación neonazi ( https://www.mediapart.fr/journal/france/160321/neonazis-dans-l-armee-la-longue-litanie-des-cas-isoles ), algo que ya había preocupado a la DGSI (Inteligencia francesa) en 2018. “Eso se llama golpe de Estado”, dice Jean-Yves Camus, director del Observatorio de las radicalidades políticas en la Fundación Jean Jaurés. Los generales dicen que el desmoronamiento nacional es “culpa de los ‘antirracistas’, los ‘islamistas y las hordas de las periferias’ (…), un lenguaje similar— al que se vivió en España a raíz de la carta que 73 mandos retirados del Ejército escribieron al rey Felipe VI contra el Gobierno de Pedro Sánchez” (El País, 26/4). Esa misiva sugiere que podría ser necesario un golpe de estado militar para detener una “guerra civil” contra musulmanes (La Razón, 27/4). Francia tiene cinco millones de musulmanes, la comunidad más grande de este tipo en Europa. Macron había impulsado la “ley de seguridad global” para tratar de reforzar la represión contra lo que denominó “el terrorismo islamista”. “Valores actuales” La carta de Valeurs Actuelles fue escrita por Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ex oficial, y firmada por unos 120 ex funcionarios superiores (en total 350 oficiales) y otros mil de rangos inferiores. Según Le Parisien, a los firmantes iniciales se han añadido 8.000 más, luego 10.000, hasta que se paró de contar. Desde el gobierno y el estado mayor militar se desestimó como “marginal” el reclamo. Se trata de “retirados”, indican. “Una encuesta del instituto Harris Interactive para la cadena LCI revela que el 58% de los sondeados apoya a los signatarios. Es más, un alto porcentaje dice compartir opiniones del periódico Tribune, como que las leyes del país no se aplican en todo el territorio (86%). Casi la mitad, el 49%, se declara favorable en este contexto a la intervención del Ejército, “para garantizar el orden y la seguridad en Francia”, aunque lo hagan sin una orden” (El País, 29/4). De acuerdo a otras encuestas, el General de Villiers tiene un 20% de intención de voto, y 6 de cada 10 apoyan el texto golpista ( https://harris-interactive.fr/opinion_polls/reactions-des-francais-a-la-tribune-des-militaires-dans-valeurs-actuelles/ ). Según Le Parisien, François Lecointre (jefe ejército), dijo que los generales están en la “segunda sección” —cercanos a la jubilación, pero que aún podrían ser llamados para una misión. Reconoce, que se trata de militares activos y con influencia. La ministra de Defensa, Florence Parly, respondió tardía y blandamente. Macron y Castex (primer ministro), guardaron silencio. Parly dijo que “Todos tendrán que comparecer ante un consejo superior militar”, como si esto no fuera una garantía de impunidad. El llamado fue rápidamente recogido por la fascista Marine Le Pen, segunda en las últimas presidenciales. Dos días después, escribió en la misma revista para invitar a los “señores generales” a unirse a su proyecto electoral. “Las inquietudes que manifiestan ustedes con valentía (…) exigen la búsqueda de una solución política (…) Ese es el objetivo de mi candidatura a la presidencia”, algo rechazado por como un “reclutamiento torpe”. La tendencia política en las fuerzas armadas y policiales— no es ningún secreto. En 2017, el 41% de los militares y el 54% de los policías encuestados por el instituto Cevipof dijeron haber votado por Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales, frente al 16% de la totalidad de la población (ídem). Hay 210.000 militares activos en Francia y más de 10% firmó la misiva, mientras que se especula que la mayoría la apoya, sin exponerse a sanciones. Durante las enormes movilizaciones y la huelga general de transporte (2019), como así durante las protestas contra la violencia racista del año pasado, los policías salieron a protestar por carecer de los medios legales y políticos para realizar su tarea. Se quejaban que no podían utilizar armas o realizar maniobras de asfixia contra los detenidos (como los que le provocaron la muerte a George Floyd). Reclamos similares se produjeron tras las movilizaciones de los chalecos amarillos en 2018.

Miles de partidarios de Jair Bolsonaro salieron a las calles el 1° de mayo al grito de “Yo autorizo”. Reclamaban que el presidente convoque a las fuerzas armadas con el propósito de romper cualquier tipo de confinamiento o medida de prevención contra la pandemia. Una investigación reciente, titulada “La expansión de las milicias en Río de Janeiro”, realizada por el Grupo de Estudios de Nuevas Ilegalidades (GENI) de la Universidad Federal Fluminense y el Observatorio de las Metrópolis de la Universidad Federal de Río de Janeiro, afirma que “a lo largo de las últimas décadas, el poder armado de las llamadas ‘milicias’ sobre territorios, poblaciones y mercados se ha estado expandiendo en la ciudad de Río de Janeiro y área metropolitana” (página12, 3/5). Estas milicias se nutren de ex policías, bomberos, suboficiales de las fuerzas armadas, lúmpenes para todo servicio y narcos. De allí surgió el asesino de la concejala y militante Marielle Franco, el 14 de marzo de 2018. Los familiares de Bolsonaro y el propio presidente fueron acusados como responsables. “Existe una evidencia notoria de la relación de estos grupos con el clan Bolsonaro. El propio presidente estimuló públicamente su descontrol más de una vez. Su hijo Flavio distinguió en la Asamblea de Río a uno de sus jefes, Adriano da Nóbrega” (ídem). La investigación dice que en estos últimos años hubo “un notable fortalecimiento de las milicias”. El informe cubre el período 2007-2020. “La ambigua relación entre las milicias y el Estado parece estar relacionada con la capacidad de estos grupos para multiplicarse y expandir su influencia, ocupando territorios cada vez más extensos y eligiendo cada vez más representantes de sus intereses para importantes cargos políticos”. El informe también cita a la plataforma digital Pista News: “que las milicias controlan el 56,8% del territorio de la ciudad de Río de Janeiro, donde una población de 2.178.620 personas (33,9% del total) vive bajo el dominio armado de estos grupos” (correodelorinoco, 3/5). En algunas favelas controlan servicios esenciales como el suministro de agua, luz y gas, además de la televisión por cable, el transporte y la oferta de seguridad bajo amenazas. Pero es en el mercado inmobiliario donde consiguen hacer la diferencia más rentable. El trabajo aporta que además de los servicios de custodia impuestos bajo extorsión son “las actividades inmobiliarias legales e ilegales una de las principales – si no la principal – fuente de ingresos de las milicias” (ídem). “La investigación por el asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes también arrojó fuertes indicios de la participación de parlamentarios vinculados a milicias en su planificación y que su motivación estuvo relacionada con las acciones de la concejala contra la forma en que estos grupos operan en el mercado inmobiliario”. Controlan programas estatales como “programa Minha Casa” y “Minha Vida (MCMV)”. El informe también indica que “los barrios en los que hay predominio de territorios en disputa (35,1%) concentran el mayor número de operativos policiales (45,5%), seguido de barrios donde el grupo armado predominante es el Comando Vermelho que, si bien representa solo el 26,4% de los barrios controlados por grupos armados, concentra el 40,9% de los operativos policiales. Con las milicias ocurre lo contrario: en el 27,7% de los barrios controlados por grupos armados, hay predominio de milicias y, sin embargo, solo el 6,5% de los operativos policiales realizados” en esas zonas de Río de Janeiro. El jueves 6 de mayo, 25 personas fueron asesinadas en una razzia policial en RJ, la más letal en décadas, en la favela Jacarezinho. La favela de Jacarezinho es considerada una importante base del comando Vermelho. La de este jueves es la segunda mayor masacre en Río de Janeiro, luego de que en 2005 muriesen 29 personas en la Baixada Fluminense. Este tipo de razzias policiales sirven para dirimir asuntos por el control del negocio del narcotráfico y para reforzar la represión sobre los barrios más pobres que son los más afectados por la pobreza y la pandemia. Como así afirmar el control de las favelas por parte de bandas bolsonaristas. El STF prohibió el año pasado las redadas policiales durante la pandemia, pero el gobernador de Río, Cláudio Castro (PSC) junto a autoridades centrales, hicieron caso omiso a la orden del tribunal. Las cifras de heridos y muertos en acciones policiales comenzaron a subir en noviembre pasado. La violencia es endémica en Río: Solo en 2021, el Instituto Fogo Cruzado ya ha registrado 30 casos en los que tres o más personas fueron asesinadas a tiros en la región metropolitana de Río. En total, son 139 las muertes en estas circunstancias” (El País, 6/5). “Tengo unos 10 informes de personas que me dicen que la policía entró en sus casas registrando y tirando todo. Toda la favela está tomada”, dice un residente. El ex secretario de la Policía Civil de la ciudad, Marcos Vinicius Braga, definió a las milicias en noviembre de 2019 con bastante elocuencia. “El narcotráfico y la milicia de hoy son exactamente lo mismo. Son malvados criminales que dominan la sociedad local, sin importar si la sociedad quiere o no. Tratamos a la milicia como al narcotráfico. Son criminales. Es mentira que un miliciano no trafica con drogas, es mentira que no roba carga, que no roba autos. Hace todo lo que hace el narcotraficante”. Y mucho más, porque son la base de maniobra de la represión popular, de un posible golpe de estado y de ataques y asesinatos militantes. A esto se suma que 9 mil militares de alto rango ocupan los principales puestos en los diferentes órganos de la administración pública. Ganan el sueldo como militares y salarios con las prebendas. Son la base de maniobra del fascismo.

Colombia atraviesa una nueva rebelión popular. Es la continuidad del proceso iniciado el 21 de noviembre de 2019, cuando después de 40 años se convocó a una huelga general. En el 21N, la consigna “Fuera Duque” resonó en todas las movilizaciones. Tras una secuencia de paros aislados por parte del Comité Nacional del Paro (CNP), se llegó a un planteo de más de 100 reivindicaciones. Son una suerte de programa mínimo, que incluye un rescate al pequeño capitalista, pero que no afecta a los grandes grupos económicos. La consigna “Fuera Duque” fue retirada, porque obstaculizaba la posibilidad de una negociación. La pandemia y los confinamientos posteriores apagaron las iniciativas de nuevas movilizaciones. La situación social se agravó seriamente. El año pasado los docentes se organizaron para luchar contra la vuelta a la presencialidad. El gobierno fue a un esquema de “alternancia” virtual-presencial (fecode, 14/9/20). El presupuesto destina a las medidas de bioseguridad sólo cubre el 10% de lo necesario (fecode, 28/8/20). En consecuencia: “Rechazamos el “Regreso Gradual, Progresivo y Seguro” (comunicado, 14/9). Los estudiantes salieron a reclamar que no se cobre matrícula y que se condonen las deudas estudiantiles. El negocio de la educación privada está en manos de la iglesia y fondos de inversión. Colombia registra el mayor número de muertos por habitante por el Covid: sobrepasa los 70.000 muertos. Debido a la escasez, el gobierno interrumpió veces la vacunación. La lucha del personal de salud estuvo en la primera hora del paro nacional. El desarrollo de la crisis económica llevó al gobierno de Duque a eliminar las ayudas iniciales y a impulsar una reforma fiscal. Se paga el rescate de Avianca, se aumenta el financiamiento de la policía y las fuerzas armadas y se recortan impuestos a las grandes multinacionales mineras. El gobierno de Iván Duque intentó enfrentar un agujero fiscal y la caída del PBI del 8% con una reforma que ataca el bolsillo de los más pobres. Pretendía recaudar 6.400 millones de dólares aumentando el IVA, subiendo el impuesto a la renta, y congelando salarios. Naufragó en el Congreso y tuvo que ser reformulado. Ni siquiera el Uribismo apoyó la reforma de Duque. Casi sin quererlo, el Comité Nacional del Paro convocó a una movilización para el 28 de abril, que fue masiva: millones de colombianos salieron a las calles, en miles de cortes en todo el país, en más de 500 alcaldías. La respuesta fue una declaración de guerra contra la población civil. Uribe reclamó el uso de munición contra el pueblo, Duque defendió el accionar del ejército. En Cali, la capital de la Resistencia, operan bandas parapoliciales conjuntamente con el Esmad, el escuadrón anti-disturbios, y el ejército. No sólo masacraron a los manifestantes durante varias noches, sino que intentaron desabastecer la ciudad, cortaron la luz e internet en las zonas de protestas, y atacaron a los organismos de DDHH. El Congreso estudia una ley de “Conmoción interna” que le daría al presidente la posibilidad de prohibir toda manifestación, encarcelar a los impulsores sin debido proceso y prohibir la movilidad de los ciudadanos. Las masas en Colombia lideran una rebelión popular que sacude al continente.

Mientras el gobierno de Rodríguez Larreta sigue diciendo que las escuelas son “espacios seguros”, este viernes, en sólo 24 horas, fallecieron tres trabajadores de la educación en la Ciudad de Buenos Aires a causa del covid. Ellos son Silvina Flores, de la Escuela 24 de Flores; Sergio Nieto, casero de la Escuela Técnica 14; y Ramón Juárez, auxiliar del Colegio Galileo Galilei. En la madrugada del viernes, las y los docentes del Distrito Escolar 11 del barrio de Flores, nos enteramos de la terrible noticia del fallecimiento de nuestra compañera Silvina, vicedirectora de la Escuela 24, por covid tras un largo proceso de internación. Silvina, como el 86% del personal docente porteño, no estaba vacunada. Esto tira por la borda las declaraciones del jefe porteño sobre el supuesto avance de la campaña de vacunación para el sector. La reacción inmediata de compañeros y compañeras, familias, vecinos y vecinas fue darnos cita frente a la escuela donde trabajaba Silvina para abrazarnos a la distancia y expresar nuestra bronca y nuestro repudio a la política presencialista de Larreta-Acuña a costa de la salud y la vida de docentes, estudiantes y familias. Tras un ruidazo y abrazo simbólico a la escuela, nos movilizamos hasta la sede del distrito escolar, donde realizamos un semaforazo que recibió el apoyo masivo de peatones y automovilistas. Los carteles recordaban a Silvina, a los diez compañeros fallecidos en CABA y a los setenta a nivel nacional, expresando el rechazo a la política de muerte de los gobiernos al servicio del capital. Exigimos vacunación masiva, conectividad y dispositivos para garantizar la educación virtual y no enfermar; y recursos económicos, para que las familias puedan llevar adelante el aislamiento necesario para el cuidado de la vida. La bronca y la indignación por el fallecimiento por covid de estos tres compañeros trabajadores de la educación se expresaron, por la tarde, en una importante manifestación de bocinazo frente Jefatura de Gobierno con el apoyo de familias muchas de las cuales, pese a las amenazas del gobierno con respecto a la pérdida de vacantes, están eligiendo no enviar a sus hijos a la escuela para resguardarlos y para fortalecer la lucha de la docencia. Todo esto es muestra de que estamos frente a una verdadera rebelión educativa y de que hay una enorme reserva de lucha para continuar la pelea hasta arrancar la suspensión de las clases presenciales en pandemia, la vacunación masiva y todas nuestras demandas. En la jurisdicción, desde el retorno a la presencialidad escolar, ya se registran diez trabajadores de la educación y un estudiante fallecido. Todas muertes evitables de las cuales es responsable el gobierno porteño. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación Nacional, sólo ofrecen un 0800 para denunciar “abusos” en las escuelas porteñas y mendocinas, los dos distritos que desconocen el DNU presidencial. Solamente los trabajadores podemos parar esta masacre. La “presencialidad administrada” del Consejo Federal no otra cosa que la administración de la muerte y el contagio. La CTERA, por su apoyo al gobierno nacional, sigue dejando a cada provincia librando sus propias batallas. Exigimos a la CTERA un plan de lucha nacional ya.

Las expectativas que se pudieron haber generado por los esperados anuncios del gobierno en materia de asistencia social se han derrumbado. En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández dio un discurso en la reunión del llamado “Consejo contra el hambre”, integrado por los ministros de economía y de desarrollo social, entre otros, y por representantes internacionales de Unicef. A su vez, participaron Estela de Carlotto, dirigentes sindicales, empresarios, dirigentes de la UTEP, miembros de la iglesia católica y de iglesias evangélicas. En palabras de Daniel Arroyo, ministro de desarrollo social, los ejes de las preocupaciones del consejo son “la calidad nutricional” en Argentina y “la situación de los niños”. Los discursos de los presentes coincidieron en reivindicar la orientación de la política oficial. Representantes de la iglesia católica, en esta misma tesitura, trajeron a colación un proyecto de ley para establecer un estatuto del trabajador socio-comunitario, es decir, de aquellos que ponen en pie cada día los comedores y ollas populares en los barrios. El proyecto deja sin vigencia, para el sector que abarca, a la Ley de Contratos de Trabajo que rige el conjunto de los trabajadores y coloca a las organizaciones sociales en el rol de tercerizada el Estado. Por ello, crea nuevas “modalidades contractuales”, que implican la recontratación sucesiva del mismo trabajador para la misma tarea, sin indemnización ni vacaciones pagas y que “podrán establecerse condiciones de trabajo y escalas salariales diferenciadas teniendo en cuenta la magnitud de las OSC”, o sea, más precarización. La referencia a aquellos y aquellas que ponen en pie cada día las ollas populares no contó con la mención de las dos compañeras de comedores fallecidas esta semana por Covid: Teodora Olloa, del FOL de la villa 31, y Lourdes Huarachi de la Juana Azurduy de la villa 20. La política de “inmunidad de rebaño” que los gobiernos aplicaron para las villas de la Ciudad durante el año pasado, que se cobró cientos de vidas, ni siquiera contempló la posible pérdida de esa inmunidad en el transcurso de las siguientes olas del virus, con nuevas cepas incluidas. De más está decir que durante este tiempo las condiciones habitacionales en las villas no mejoraron en lo más mínimo. Con los niveles de pobreza, indigencia y desocupación agravados con respecto a los índices del año pasado, un nuevo intento de “inmunidad de rebaño” para esta segunda ola implicaría muchas más muertes. En la reunión del consejo, los representantes de la UTEP dirigieron sus misiles hacia “el precio de los alimentos”. Es la orientación que defiende Arroyo, quien hace tiempo vienen sosteniendo que la política del gobierno en materia de asistencia social está clausurada y que, en su lugar, buscarán controlar los precios de los alimentos. La UTEP le da a esta orientación un semblante de “popular”, al sostener que todos los esfuerzos que el gobierno habría hecho en materia de asistencia social se licuaron a través de los empresarios de la alimentación que aprovecharon la bonanza para subir los precios. De esta manera, el discurso de la UTEP en el consejo anticipó la línea del gobierno de mantener cerrada la política social, ni siquiera de manera paliativa, y de centrar sus principales medidas en acuerdos de precios. Al margen de los acuerdos de precios, el único anuncio de relativa importancia fue el de la ampliación de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Los montos se mantendrán estables, salvo para las familias de más de tres hijos, a las cuales se les aumentará en $3.000 en el cobro. Estamos hablando de un aumento de $200 por día para las familias de más de tres hijos. La ampliación de la cobertura, desde pasó el límite de edad de los niños desde los 6 años (que rige actualmente) hasta los 14 años (con las nuevas medidas), abarcan, según Infobae, “una inversión de $250.000 millones, equivalente al 0,7% del PBI”. La medida deja afuera a aquellas familias que no cobren la AUH. Con un piso de $6.000, el beneficio llega 1,9 nuevas familias. El gobierno pretende que los desocupados y los trabajadores precarizados tiren con estos anuncios durante toda la pandemia, cuyo final es cada vez más incierto. Lo más importante del acto fue, en realidad, las medidas que no se anunciaron: la restitución del IFE, la apertura de los programas sociales, la asistencia a los comedores. Fue la confirmación del ajuste en materia de asistencia social. Como si fuera poco, el ministro de economía, Martín Guzmán, se dio el lujo de hablar en el consejo a viva voz a favor del aumento de las tarifas energéticas. El consejo contra el hambre, que va desde la iglesia hasta la burocracia sindical, pasando por el gobierno y las organizaciones sociales, se reveló como un “consejo del hambre”. La única salida al “hambre” en la situación actual pasa por la restitución del IFE con un monto que garantice la canasta básica de alimentos de todos los trabajadores que no son esenciales; por un plan de obras públicas para resolver la situación sanitaria y habitacional en las villas, con una bolsa de trabajo discutida en asambleas por manzanas.

En los últimos 30 días, fallecieron por covid un trabajador de Carrefour en Milberg-Tigre, Leandro Borquez, de Walmart Tucumán; Adrián Kletzer, de Maxi Carrefour Avellaneda; y José Luis García repositor externo en CABA. Los contagios alcanzaron un promedio mayor a 160 casos semanales, solo en la cadena Carrefour. En otros supermercados ni siquiera se contabilizan. En el mismo periodo, también hemos sufrido nuevamente la entrega de nuestro salario, una vez más por la burocracia que dirige el sindicato, que contó con la complicidad de las falsas oposiciones que se disputan el gremio y no han movido un dedo por la defensa del salario y de las condiciones laborales. Cualquier cliente que realice sus compras en un supermercado entenderá de lo que hablamos los trabajadores. Filas extensas y mucha demora. En la mayoría de las cadenas ya no controlan la cantidad de personas que ingresan sino la cantidad de changos en uso, como sucede en algunos Wal-Mart, saturando los mercados de clientes. Ya no aguantamos trabajar en condiciones así. Estamos agotados física y mentalmente con la cantidad de tareas con las que se nos sobrecarga. Vemos cómo se vence la mercadería porque no hay personal para el control, no se rotan los productos, hay góndolas que no se llegan a reponer, y gran demora en las cajas por la falta de cajeros y de personal. La cuestión es simple. Por un lado, han reducido la cantidad de personal y no hubo remplazo para los dispensados. Los trabajadores que ingresan, lo hacen en condiciones de híperprecarización. Hay gran cantidad de empleados de agencias que las patronales no son efectivizando, superando en algunos casos -como en los Carrefour Exprés de CABA- el periodo de prueba o, como ocurre en los Wal-Mart de zona sur del GBA, les dan la baja y toman nuevo personal. Esto, a los permanentes, nos suma además, otra tarea no bonificada – el entrenamiento a nuevo personal. Por otra parte, las patronales no están invirtiendo en mejores condiciones laborales. Faltan insumos y elementos de protección. Junto con la rotación constante de empleados, es un combo mortal para la proliferación de la precarización laboral y el aumento de los contagios. Los trabajadores fuimos y somos los únicos que nos preocupamos por nuestra salud y también la de los clientes, a diferencia del actuar de quienes nos gobiernan y de nuestros patrones Las medidas del último DNU no han mejorado en nada nuestra situación. Al contrario. El año pasado hacíamos horario reducido y la atención al cliente era hasta las 18. Hoy, con más de 600 muertes y 23 mil contagios a diario en todo el país, los mercantiles somos exceptuados del cierre a las 19, a diferencia de los gastronómicos. Las grandes cadenas cierran a las 20 al público, pero en algunos locales hacen quedar a los empleados hasta las 22. Los y las trabajadores de comercio somos "esenciales" sólo para garantizar la ganancia de las patronales. Cavalieri, para apaciguar las aguas, emitió una nota pidiendo la vacunación de los trabajadores de comercio, esto luego de permitir que trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo fueran obligados a reincorporarse con una sola dosis de la vacuna. Debemos analizar todo este contexto, sacar conclusiones y hacer un llamado a asambleas en los lugares de trabajo. Apoyar la lucha que están llevando delante los trabajadores de Garbarino, contra los despidos y por el pago de salario; de los trabajadores de Wal-Mart que reclaman el mismo bono que acordaron los trabajadores del centro de distribución; el reclamo de los trabajadores jerárquicos de Carrefour, que exigen mejoras salariales y laborales; de los trabajadores de los call center, obligados a realizar tareas presenciales. La defensa y la conquista de las luchas en curso que están atravesando los mercantiles, nos tiene que servir para reagruparnos y pelear con un solo puño. Sabemos muy bien qué medidas se tendrían que tomar para protegernos de la pandemia y evitar una mayor difusión del virus. Pero la conquista de nuestras reivindicaciones depende exclusivamente de nuestra intervención, de la unidad de los que estamos en pie de guerra para derrotar a la burocracia sindical del gremio y sus garantes, con perspectiva a un paro general. Exijamos un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, protocolos elaborados por y para los trabajadores, cierre de los mercados 18, mayor contratación de personal y vacunación masiva para dejar de poner en riesgo nuestra vida y las de nuestras familias. Estos son nuestros reclamos más inmediatos.

El día 10 de mayo el Polo Obrero Tendencia realizara acciones en accesos, rutas y puntos de confluencia en todo el país. Cuidándonos con distanciamiento y medidas de sanitización levantaremos los reclamos de seguro al desocupado igual al 80% de la canasta básica, apertura de nuevos cupos, restitución del IFE, trabajo genuino, aumento de partidas alimentarias en cantidad y variedad y por el desconocimiento de la deuda externa. Después de la gran jornada piquetera del día 8 y la movilización del 22 de abril, la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social sigue siendo desconocer los acuerdos firmados con las organizaciones. Planteando el pago de los ingresos acordados en tandas mensuales por 3 meses. También en los ingresos de la Ley Ramona (plus de $5.000) y la doble carga hay atrasos y compañeros a los que no les llega nada. Como si esto fuera poco, también postergan el aumento en cantidad de alimentos a comedores y nuevas bocas de distribución. En este marco las nuevas tandas de reuniones convocadas por los funcionarios con las organizaciones sociales no llegaron a nada. El Ministerio de Desarrollo prosigue con su política de recorte de presupuesto social, profundizando la miseria, sin nuevas partidas de presupuesto. Testimonio de esto es la oferta de un “nuevo” paquete de planes que no es ni más ni menos que el rejunte de las bajas dadas luego de los varios re-empadronamientos y actualizaciones de datos hechos por el Ministerio en las últimas semanas. El gobierno anunció medidas de más restricciones por el aumento de los contagios, sin anuncios de nuevos ingresos para los millones de nuevos desocupados ni para los 9 millones a los que se les retiró el IFE. Todos estos nuevos compañeros ingresaron en los comedores y merenderos, que no tuvieron como contrapartida el aumento de la ayuda social y más alimentos. Guzmán luego de su gira europea busca endurecer aún más la situación con un enorme tarifazo a pedido del capital financiero, mientras condena al hambre y la miseria a los desocupados. Testimonio de esta situación es lo pactado en el último Consejo del Salario . El anuncio de indexación del plan social potenciar en 7 cuotas lo llevara recién en febrero del 2022 a $14.580. Esto está detrás de la inflación y objetivamente coloca a la baja los ingresos de todos los subsidios calculados en función de esto. Encima el mentado aumento para mayo de $11.772 no se pagó, a pesar de la inflación descontrolada, los aumentos de tarifas, naftas e imparables aumentos de productos de la canasta de alimentos básicos. La única medida dada de aumentar la Tarjeta Alimentar es repudiada por organizaciones y funcionarios del mismo gobierno porque como dicen “se la come la inflación”. En medio de estas medidas contra los trabajadores ocupados y desocupados se pretende restringir las movilizaciones con anuncios de control de la protesta y represión. ¡Pero empujan a que los lugares de trabajo y las escuelas estén abiertos! Los desocupados y precarizados no pueden elegir. No sé puede dejar la movilización en las calles cuando no hay ingresos, vacunas, ni alimentos. En estas condiciones las organizaciones del gobierno (CCC, UTEP, Evita) profundizan la tregua, abocados a generar plataformas de precarización con nuevas “modalidades contractuales”. Muchos compañeros de estas organizaciones son pasados a descuento o directamente dados de baja. El Frente de Lucha del Polo Obrero (oficial) anunció medidas progresivas y un plan de lucha para esta semana, pero aún sin fecha. Hoy más que nunca es necesario un plan de lucha unitario de todos los desocupados para salir a la calle. No podemos esperar, hay que salir por todos los reclamos, por los reclamos incumplidos y por los nuevos compañeros que día a día se suman a las asambleas en todos los barrios.

Con el pago de los haberes de mayo, cientos de trabajadores de la salud sufrieron descuentos realizados por los días de huelga que desde hace semana se vienen realizando reclamando aumentos salariales y otras reivindicaciones laborales. Los descuentos van desde 6 mil hasta 60 mil pesos en algunos casos. Hay trabajadores que han cobrado 0 pesos. Es un ataque, ilegal, alevoso contra la lucha. Manzur pretende quebrar la voluntad de lucha por medio del hambre. La ofensiva del Gobierno contra los trabajadores de la salud no se limita solo a los descuentos. Desde hace un par de semanas, está aplicando una seguidilla de medidas represivas, como despidos, traslados, aprietes, denuncias penales a los dirigentes del SITAS e incluso amenazas con quitar el descuento de la cuota sindical de éste gremio, que no firmó el acuerdo paritario que firmaron otros sindicatos de la salud (ATSA, Sumar) pues a la hora de consultar, las asambleas de base repudiaron masivamente una paritaria entreguista y de rebaja salarial. Ante este ataque, los trabajadores de la salud se manifestaron el jueves pasado en las puertas del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) y se han organizado distintas acciones de lucha para la semana que viene con asambleas y cortes de calle. La conducción del SITAS ha salido a repudiar estos descuentos impulsando la constitución de un fondo de huelga, sin embargo insiste en la orientación de poner como mediador del conflicto al sector liderado por Jaldo y la oposición. En ese sentido ha publicitado una resolución de la legislatura que repudia los descuentos sin embargo no ha llamado a ninguna acción de lucha de conjunto para enfrentar éstos ataques del gobierno. Desde Tribuna de la Salud llamamos a seguir fortaleciendo las asambleas de base y a exigir más que nunca una Asamblea Interhospitalaria que debata y resuelva colectivamente un plan de lucha Un fondo de huelga, tiene que estar destinado a sostener la continuidad de la lucha. Por otro lado, los trabajadores de la salud no son los únicos que están desarrollando distintos movimientos y acciones de lucha. La experiencia está demostrando que es necesario poner en pie una interhospitalaria que convoque a los sindicatos y sectores autoconvocados en lucha y a las organizaciones de desocupados; por un plenario de delegados mandatados que resuelva una plataforma reivindicativa en común y un plan de lucha de conjunto. El escenario neuquino está presente en Tucumán.

El acierto político de la campaña por la legalidad de la Tendencia del Partido Obrero se ve reflejado en cientos de adhesiones y afiliaciones realizadas durante los últimos meses en el Barrio de La Boca. En medio de la pandemia del COVID, contra todas las adversidades que implica, desplegamos nuestros planteos de cara a los trabajadores y trabajadoras en uno de los barrios más golpeados y que sufre las consecuencias de las políticas llevadas adelante, tanto del gobierno nacional como por el macrismo-larretismo en la Ciudad de Buenos Aires. Desalojos en medios de la pandemia, comedores que no son reconocidos por el gobierno y deben limitar su atención a escasos días de la semana, largas filas de gente en los comedores reconocidos que se suman día a día al ejército de desocupados en busca de un plato de comida, es una fotografía habitual de la crisis humanitaria que se vive en el barrio. La crisis material de los trabajadores también se ve reflejada en aquellos que tienen un sueldo o trabajan en negro, pero no les alcanza para cubrir las necesidades básicas para vivir de su familia. Este es el cuadro en que desenvolvemos la campaña por el derecho democrático para obtener la legalidad de la Tendencia. Los trabajadores buscan un canal No es casual que ya contemos por cientos de adherentes en el barrio. Por un lado, una fracción de los trabajadores vive la desilusión de los partidos patronales y la izquierda parlamentaria que no dan ninguna salida a los problemas más acuciantes que viven hoy con las consecuencias de la pandemia del COVID y desde hace décadas. Por el otro, están los movimientos sociales que solo se limitan a “gestionar la ayuda social” y no tienen entre sus planes dar una perspectiva de salida política ante la crisis humanitaria que se vive en las barriadas obreras. Los trabajadores se acercan a la mesa callejera planteando que quieren saber dónde está nuestro local para reunirse y entablar debate sobre cómo luchar por el trabajo, el salario y la vivienda. Algunos, ya conocen los años de militancia de Altamira y Ramal, y se adhieren sin más diciendo “tienen que estar en las próximas elecciones”. Otro caso, por ejemplo, es del compañero “Piquete” que luchó por el derecho a la vivienda junto a Marcelo Ramal y el Polo Obrero hace más de una década, conoce nuestros planteos y capacidad de organización para luchar y sin dudarlo firmó su afiliación. Asimismo, nos encontramos con activistas que militaron en algún partido de izquierda o en el aparato del PO y saben de la Tendencia a través de la web de Política Obrera o las redes sociales, y conocen el debate sobre nuestra lucha por el derecho a Tendencia dentro del Partido Obrero y en la mesa callejera concretan su adhesión, “me afilio, tienen que estar, tráeme el periódico a casa cuando salga”. Polo Obrero de ayer y de hoy, con la Tendencia Un capítulo aparte está dado por aquellos que se organizaron en el Polo Obrero desde sus orígenes en la década del Argentinazo, y ahora, suman decenas de afiliaciones recogidas en conventillos y esquinas del barrio, son trabajadores y trabajadoras que mantuvieron de una manera u otra una relación política con los planteos históricos del partido. El Polo Obrero Tendencia, que se organiza actualmente en el local ubicado en Zolezzi y Aristóbulo del Valle, también aporta su militancia a la campaña. Varios de los que concurren y se organizan en la asamblea son de nacionalidad paraguaya y peruana, pero eso no es obstáculo y afilian a sus hijos, vecinos o amigos argentinos. Toda una escuela de intervención para un movimiento reivindicativo que toma posición por la independencia política y el derecho democrático a que nuestro planteo de obrero y socialista esté plasmado en las próximas elecciones. La clase obrera quiere organizarse La sistematicidad con que abordamos la actividad en distintas esquinas lleva a que hoy la Tendencia del Partido Obrero sea ampliamente conocida por los vecinos del barrio. Tal es así que hay hechos que emocionan, como, por ejemplo, aquellos que no tenían del documento al momento de afiliarse lo traen a la mesa para finalizar su adhesión o aquellos que directamente se acercan diciendo “me quiero afiliar” y dejan su número de teléfono para que le avisemos cuando nos reunimos. Pero todo no termina ahí, hay afiliados de todas las edades, desde estudiantes que están terminando el secundario o universitarios, obreros de la construcción, empleados de comercio, docentes, como Claudia que conoce desde el inicio de clases nuestra posición contra la presencialidad criminal de Larreta y está en huelga para “defender mi salud y la de mi familia, no queda otra”. Otro es el caso de un jubilado que hoy supera los 85 años de edad, se reivindica socialista y sin dudarlo aportó su afiliación. O la de un obrero de la construcción, que tímidamente se acercó a la mesa y dijo “me quiero afiliar, el otro día pasé y no tenía el documento”. Otra Claudia, vecina que tiene un pequeño comercio, dijo: “disculpá no pude prestar atención la otra vez ¿Qué están haciendo? Quiero abrir un debate, soy de izquierda, mi papá era comunista, ya estoy dudando con el kirchnerismo y quiero participar en la próxima charla que hagan, traeme el periódico y materiales a casa”, se afilió. Y así podríamos seguir con decenas de anécdotas y declaraciones de vecinos del barrio. También es cierto que hay trabajadores que están afiliados a otros partidos, y aún no dieron el salto. De todos modos, nos dicen que están de acuerdo y ven con admiración y respeto la campaña que llevamos adelante. Lo mismo ocurre con activistas y militantes de otras fuerzas de izquierda que se acercan a la mesa, “te lo tengo que decir, soy del MST, pero los veo a ustedes con tanto empeño y fuerza haciendo la actividad de legalidad que causan admiración, ojalá tuviéramos más militantes como ustedes”. Sin lugar a dudas, el tramo final de la campaña por la legalidad de la Tendencia del Partido Obrero nos plantea una responsabilidad: poner mayor empeño y fuerza militante para lograr el objetivo. Asimismo, vendrán en el futuro desafíos superiores, organizar políticamente a la decena de trabajadores y trabajadoras que dejaron sus datos de contacto, quieren que les llevemos el periódico o avisemos cuando nos reunimos. La clase obrera busca un canal, se percibe en cada actividad. El desafío por delante será el de organizar la lucha para que un planteo obrero y socialista de independencia política de los trabajadores intervenga con un programa de salida a la crisis en curso.

Hace tres meses, nuestra compañera Yolanda Vargas, del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa, Orán, perdió a sus dos hijos en el incendio de su casilla en el barrio Las Palmeras. Desde el 9 de febrero pasado, emprendimos una batallando contra la justicia salteña que, desde el día del incendio, comenzó a tramar la causa contra Yolanda. La fiscal Claudia Carreras tiene a Yolanda imputada por “abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo”, a pesar de no tener, luego de tres meses, un solo elemento probatorio contra ella. En esas condiciones de irregularidad, Carreras solicitó la prisión preventiva de Yolanda, la cual fue desestimada por el juez interviniente, luego de la inmensa movilización popular, que se desarrolló en Colonia, en Salta, a nivel nacional e internacional, exigiendo la libertad de nuestra compañera. Yolanda permaneció 23 días detenida en Orán: la denuncia pública sistemática y la movilización lograron arrancarla de prisión. Sin embargo, la fiscal Carreras y el juez Oyarzú ensayan nuevas maniobras para sostener la imputación y forzar un juicio. El abogado defensor de Yolanda, Pablo Cardozo Cisneros, presentó testimonios de vecinos, familiares de Yolanda, y de agentes sanitarios, encargados del control y seguimiento de sus hijos, quienes expusieron un informen técnico en el que desbarataron la tesis del “abandono de persona”. Cisneros solicitó el sobreseimiento de Yolanda, pero el juez ha hecho oídos sordos. Dilata el sobreseimiento y mantiene una imputación sin fundamentos, con el único propósito de darle tiempo a la fiscalía para construir pruebas que no tiene. Un proceso judicial podrido en irregularidades de principio a fin. Yolanda junto a su familia y los compañeros del Polo enfrentan a una justicia profundamente clasista que pretende responsabilizar a una obrera por la muerte de sus hijos, para excluir de responsabilidades al régimen político y social criminal que arrojó a Yolanda -como a centenares de otras trabajadoras- a sobrevivir con sus hijos en barrios sin servicios, sin acceso a la vivienda, sin trabajo genuino, sin asistencia económica. La situación de Yolanda se reproduce y crece cada vez más en las barriadas y asentamientos en toda la provincia de Salta y en el país. El departamento de Orán, con el 50% de los trabajadores desocupados y los índices más altos de pobreza del norte argentino, pone a los trabajadores y a sus familias en una situación cada vez más trágica y explosiva a la vez. El intendente de Colonia, Mario Guerra, le negó cualquier ayuda o asistencia a Yolanda, quien ha perdido absolutamente todo en el incendio. La orientación política del gobierno de Gustavo Sáenz es contraria a las necesidades más básicas de las trabajadoras. Mientras favorece a especuladores inmobiliarios y terratenientes, las mujeres y sus hijos acampan entre chapas y lonas para poder vivir; mientras Sáenz celebra con Alberto Fernández la eximición de impuestos a las grandes patronales, las trabajadoras rurales son explotadas en jornadas de 12 horas en el campo por 900 pesos. Por el contrario, fueron los vecinos y compañeros de Yolanda los que, desde el primer momento, acompañaron en cada necesidad a la compañera. El Polo Obrero de Colonia desarrolló una rifa de cara a todo el pueblo con la que recaudó rápidamente 30 mil pesos para financiar los costos de su defensa. De este modo, se multiplican las acciones solidarias que colaboran con Yolanda, y que demuestran con nitidez, la enorme potencialidad de la acción organizada de la clase obrera por sobre la descomposición de la clase social que gobierna a costa de la vida misma de los trabajadores. Así como arrancamos su libertad, ahora la lucha se profundiza por el sobreseimiento inmediato de Yolanda.

El viernes pasado los trabajadores del sanatorio Méndez se autoconvocaron en el hall central para reclamar un aumento salarial. El sanatorio Méndez presta servicios a Osba, la obra social de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires afiliados a Sutecba. La rebelión de sus trabajadores es el corolario de un enorme malestar acumulado por años. Hace semanas que los trabajadores vienen denunciando el colapso del sanatorio, que tiene totalmente ocupadas las camas de terapia intensiva. Trascendió a los medios por el fallecimiento de un paciente por no poder acceder a una cama, pero los trabajadores denuncian que los enfermos de Covid sobrepasan todas las posibilidades del sanatorio y que los fallecidos ya son varios más. Dicen los trabajadores del Méndez “ya no sabemos qué hacer, tenemos que elegir quién vive y quién no”. Por otro lado, tampoco hay personal suficiente, por lo que las autoridades han decidido cancelar los días de descansos y reducirlos a uno por mes, sujeto a evaluación de la situación del sanatorio. Todo el peso de la crisis recae sobre las espaldas del personal que viene exhausto del año pasado, que cobra como salario inicial 40 mil pesos. El trabajo de riesgo o especializado percibe una bonificación de tan solo $350, en circuitos cerrados como terapia intensiva y unidad coronaria, cuando en el sector privado esto no se paga menos de $5.000. La miseria salarial provoca la rotación permanente de personal. En 2019, los trabajadores de enfermería del sanatorio fueron atacados violentamente por una patota de la burocracia que encabeza Amadeo Genta, por haber osado manifestarse por el reconocimiento de la profesionalidad de la carrera de enfermería. Los trabajadores trabajan literalmente en la boca del lobo. No tienen representación gremial ya que sus propios representantes, es decir Sutecba, son sus patrones. Pero el miedo y la falta de representación no han paralizado a los compañeros. La acción autoconvocada se abre paso en todos los hospitales y sanatorios. De cara al 12M, día de la enfermería, el reclamo de los trabajadores del Méndez calienta los motores de la paritaria del personal municipal.

Tras más de 10 días de huelgas y rebelión popular, Colombia atraviesa un punto nodal de la crisis política. Las masas y sobre todo la juventud, han salido masivamente a las calles tras el paro nacional convocado el 28 de abril. Son los que sostuvieron el paro a pesar del abandono de las protestas por parte del Comité Nacional del Paro. Desde el 28A hasta el 8 de mayo se realizaron según la Defensoría del Pueblo: 4.028 actividades, 1.931 concentraciones, 797 marchas, 1.071 bloqueos, y 237 movilizaciones, en 689 municipios de los 32 departamentos del país. La respuesta ha sido la militarización; el Escuadrón Antidisturbios y las FFAA ha convertido a los puntos de protesta en escenarios de guerra. Cali es comparada con Siria o Irak. En Bogotá los helicópteros aterrizan en las escuelas; se denuncian torturas y campos de detención en centros comerciales. Hay al menos 37 muertos, según organizaciones de DDHH. La Defensoría denuncia 548 “presuntas” desapariciones y 400 heridos. Más de 30 con heridas oculares sólo en Bogotá, revelan en asesoramiento a la represión por parte del Mossad israelí. Junto con la asfixia en el cuello, como ha ocurrido en EEUU y Brasil, con personas negras, son el aporte tecnológico del sionismo a las represiones locales y en otros países. Los cortes de luz y de internet, son parte del mismo arsenal. El desabastecimiento es atroz, en toda Colombia se han habilitado 140 corredores humanitarios en 26 departamentos, por medio de los manifestantes (Infobae, 8/5). Entre 2017-19 en Colombia se registran 39.613 casos de violencia policial, 289 homicidios y 102 casos de violencia sexual, según la ONG Temblores. El responsable de Humans Rights Watch, en Colombia, dijo, “no recuerdo que se haya producido una situación de tantos abusos y donde la Policía haya actuado de una manera deliberadamente brutal" (Bluradio, 8/4) "Diálogo" Luego de haber desplegado al ejército y ordenado el uso de munición letal, Duque, ha llamado al “diálogo”. Al mismo tiempo anunció la posibilidad de decretar el “estado de conmoción interna”, o sea la ley marcial. Gustavo Petro ex alcalde de Bogotá y primero en las encuestas para las elecciones del año que viene, está más interesado en obtener una alianza con los liberales. Caracteriza a la represión militar como un intento de "aterrorizar a la gente que había expresado una intención de voto por Petro" (telam, 8/5). Petro, advirtió, “como escenario posible, (que) el oficialismo podría promover el golpe de Estado e impedir que haya elecciones el año próximo". Con ese argumento justifica su llamado a un apaciguamiento de las movilizaciones. La izquierda plantea convocar un “encuentro nacional de Emergencia” del CNP, que levante los 6 puntos a los que el Comité redujo su “programa” (PSTcolombia, 6/5). El Partido comunista llama a un “gran diálogo nacional” (7/5), mientras el semanario Voz que el Pacto Histórico (frente con Colombia Humana, Polo Democrático y MAIS), que busca un puente con Duque, se ponga a la cabeza de las movilizaciones (5/5). Los jóvenes que sostienen los cortes, inundan las plazas y los parques, responden que no se van a sentar a negociar y reclaman la caída del gobierno. Son los que nutren la “primer línea”, junto a amplios sectores de la clase obrera. Lo mismo plantea el personal de salud y los 6.000 indígenas del Cauca (CRIC) que rearmaron la Minga, y movilizaron hasta Cali en defensa de las protestas. LEER MÁS Un balance de la situación en Colombia Escribe Emiliano Monge

“Wanchope” Ábila, el ex jugador de Boca y Huracán, es conocido por liderar el promedio de “offside” por partido de los últimos 20 años. Quien quiere imitar el récord de Wanchope es Pablo Giachello, designado como vocero internacional del aparato oficial del PO. Hace dos años, el encargado de dotar de una base ‘teórica’ a la ofensiva contra Altamira de este aparato, escribía sobre el ‘refinamiento’ de la política burguesa y su capacidad de contención de las masas en especial en América Latina, sin límites a la vista. En un artículo en la revista En Defensa del Marxismo, Altamira había escrito que la izquierda revolucionaria enfrentaba grandes posibilidades, porque la crisis capitalista anunciaba rebeliones populares en un plazo relativamente breve. A los pocos meses, Giachello fue sancionado ‘fuera de juego’ por el estallido revolucionario en Chile, cuando ya 1200 militantes habían sido expulsados en nombre de sus dislates. Ahora, este vocero internacional se topó con la rebelión popular en Colombia, a la que ‘saluda’, aunque, como era previsible, sin discernir su alcance. Los ‘saludos’ repetidos a cuanta rebelión se le ponga a mano, tienen el único propósito de borrar las huellas de los pronósticos fracasados y de las conductas políticas liquidacionistas, sin modificar un ápice la tesis central: o sea, que la burguesía comanda la situación histórica, incluso la pandemia provocada por la descomposición de la sociedad capitalista, mientras no exista un partido revolucionario -o sea el aparato de Giachello. Si para esta gente ese partido tuviera alguna importancia, nunca expulsarían a centenares de militantes, ni recurrirían a la intervención judicial de los comités provinciales. Intentando desasnar los motivos de una rebelión que tenía fuera de su radar de posibilidades políticas, Giachello habla de los niveles de miseria social y de un ‘mal manejo’ (sic) de la pandemia como consecuencia del ‘fracaso del plan de vacunación’. Esto es como atribuir a las infidelidades de María Antonieta la Revolución Francesa, y a las de Rasputín la Rusa. ¿Qué sería, para Giachello, un ‘buen’ manejo? Chile, que vacunó a la mitad de su población, tiene sus terapias colmadas. La crisis económica ha arrasado con los niveles de vida del pueblo, como no podía ser de otra manera por parte de un régimen capitalista. Es lo que ha ocurrido en todo el mundo. Las vacunas han pasado los controles clínicos de emergencia, e incluso Pfizer pide ahora el reconocimiento definitivo, pero no han evitado la crisis de las vacunaciones, que se inscribe en el conjunto de las relaciones sociales capitalistas. Giachello es el menos indicado para dar consejos a Duque, porque él forma parte de los ‘amigos curiae’ de la presencialidad escolar. El capital exige mantener en funcionamiento pleno el mecanismo capitalista, con el recurso de los ‘protocolos’, y en esto Duque es uno de los paladines, sin que le hubieran informado que un sector de ‘trotskistas’ opina lo mismo. Quienes tienen otro punto de vista son los jóvenes y trabajadores insurgentes. La rebelión colombiana tiene peculiaridades nacionales, pero no es un fenómeno local -es internacional. No existe un ‘mal manejo’ desprovisto de contenido social, sino un manejo capitalista de la pandemia, que es la expresión del paroxismo que ha alcanzado la contradicción entre el ser humano y su medio histórico-natural. Mientras las masas copaban las calles de Cali, Bogotá, Cartagena o Medellín, Colombia registró el récord histórico de ocupación de camas de terapia intensiva (Infobae, 8/5). La tendencia del capitalismo decadente a convertir a las fuerzas productivas en fuerzas destructivas está en la base del surgimiento de la pandemia de Covid y de su transformación en una crisis humanitaria. Los regímenes políticos en todo el mundo se resquebrajan ante la impotencia para encontrar una salida en el marco social vigente. Biden ha caracterizado mucho mejor que Giachello la situación histórica presente: “estamos, dijo, ante un punto de inflexión”. Hasta Altamira fue más cauteloso en su artículo de hace dos años. Colombia es la expresión más concreta de la tendencia a una intervención independiente de las masas ante la crisis histórico-humanitaria del capital. La pandemia, contrariando la caracterización de que todos estamos ahora en el mismo barco, dio lugar a una agudización de la lucha de clases. Los aspectos de ella son múltiples: de la rebelión que acabó con las posibilidades del gobierno ‘negacionista’ de Trump en los Estados Unidos, a la guerra civil que proponen Duque-Uribe y Bolsonaro, y la que se desarrolla en Myanmar, hasta la reciente rebelión popular que sacudió a Paraguay. Colombia está en el centro de este escenario. Desde el año pasado, sus maestros enfrentan el retorno “gradual y seguro” a la letal presencialidad escolar. La crisis social se agravó desde que, siguiendo el mandato de los acreedores financieros, el gobierno de Duque decidió poner fin a las ayudas a la población en el marco de los confinamientos. La prensa internacional ha pasado por alto la noticia más importante de estos mediados de 2021: el FMI ha suspendido el acuerdo de facilidades extendidas que había firmado hace poco más de un mes con Duque, como consecuencia de la rebelión contra la reforma fiscal. Avísenle a los Macri y a los Fernández. El paro general que dio lugar a la huelga indefinida que quebró la reforma fiscal tiene sus antecedentes en la huelga general de noviembre de 2019, la primera en el país después de cuarenta años. La continuidad del levantamiento popular, expresa la conciencia de que el antagonismo entre las masas y el uribismo de Duque, es irreconciliable. El precario fiel del equilibrio son la Fuerzas Armadas, que no parecen estar dispuestas a adoptar la línea de repliegue de las chilenas, incluidos los Carabineros. Es lo que Biden, Merkel, Úrsula von Leyden, Almagro, Human Rights Watch y los Fernández les imploran que hagan. Las maniobras de los partidos del régimen colombiano que buscan una salida negociada e institucional a la crisis, preservando a Duque y colocando la mira en las elecciones presidenciales de 2022, responden a ese guion internacional. Giachello destaca la vigencia de la consigna “fuera Duque”, con dos semanas de retraso -entra en el asunto con ticket vencido. Es lo mismo que hizo el aparato a partir del desplome político en abril de 2018, en Argentina: rechazar la consigna “fuera Macri” hasta que no se produjera una rebelión popular. Los aparatitos parlamentarios nunca sacan los pies del carrerismo electoral, hasta que las masas no dan la orden primero. A eso lo llamaban tener “los oídos pegados a las masas”, o sea esperar a que el peronismo reconstruyera sus fuerzas (Alberto-Cristina-Sergio) y recuperara un control que estaba perdiendo. El planteo de una “asamblea constituyente libre y soberana” era denostado como ‘incomprensible’ para los trabajadores según la lente de ese aparato, sin prever (nunca prevén nada) que sería el gran eje de las masas chilenas en los levantamientos de 2019/2020 contra el gobierno de Piñera. Quienes reducen la pandemia a un accidente epidemiológico, lo cual supone una capacidad auto-regenerativa del capital, no vislumbran el camino que las masas colombianas están marcando para el conjunto de América Latina. Todo cambia, es cierto que todo cambia, pero el capital no puede retornar al período que precedió a la crisis humanitaria, sino a una etapa pródiga de explosiones mayores. Los tan mentados ‘instrumentos de contención’ de los trabajadores, que el aparato del PO aseguraba que se encontraban en el stock ilimitado de la burguesía, tienen que vérselas con las necesidades de la lucha en defensa de la salud y la vida. Por de pronto en Colombia, donde el “Comité Nacional del Paro” perdió el control de las masas y la juventud desde casi el comienzo. En Argentina, las ‘coordinadoras’ y ‘autoconvocatorias’, que no tenían futuro en la perspectiva de la ‘realpolitik’ oficialista, son las ganaron las rutas de Neuquén, quebrando la pauta salarial del gobierno y el FMI; y son las mismas que volcaron a los gremios docentes a la huelga contra la presencialidad “segura”, que la burocracia sindical había oficiado junto a los gobiernos con la venia de la mayoría de la izquierda. La consigna de un “gobierno de trabajadores”, desconectada de una caracterización de la etapa y del desafío histórico que implica la pandemia del capital, se convierte en un eslogan retórico para la autoafirmación de un aparato dedicado a las intervenciones judiciales, los quórums parlamentarios y las reyertas por las listas electorales. En Colombia está planteada una pelea a fondo para desarrollar la auto-organización de las masas, en primer lugar con medios prácticos y para una agitación política, y en segundo lugar para federar a esas auto-organizaciones en un Consejo Nacional de Trabajadores. La consigna “fuera Duque” debe tender a ese objetivo. De acuerdo al curso que sigan los acontecimientos, puede cobrar importancia enorme la reivindicación de una Constituyente Soberana. La ‘iniciativa estratégica de la burguesía’ que según el aparato del PO era el elemento central a la hora de “caracterizar la etapa y la coyuntura abierta en el subcontinente” (Giachello, 2019), se reveló la cáscara vacía de un aparato en camino de perder el rumbo que le trazó, históricamente, el Partido Obrero. La idea de que la clase obrera estaba ‘planchada’ o ‘contenida’ queda peor que un gigantesco offside. El VAR de la política socialista pide tarjeta roja.

El oficialismo del PO ha dado otro paso en la falsificación histórica. En esta oportunidad, Pablo Giachello -uno de los teóricos del “planchazo” de la clase obrera en Latinoamérica- afirma en un video sobre la rebelión popular en Colombia que “tempranamente indicamos que en Latinoamérica se incubaba una tendencia a rebeliones populares” (“Huelga general y rebelión popular ¿Qué pasa en Colombia?”, 5/5). Giachello miente descaradamente: él, por el contrario, se destacó por ´cranear´ la “iniciativa permanente de la burguesía”. Hasta la víspera, afirmaba que, cuanto mayor es la crisis y el impasse del capitalismo, más se ´refina´ la burguesía para lidiar con situaciones revolucionarias ( https://politicaobrera.com/politicas/2693-anticatastrofismo-tardio ). El aparato del PO había dicho que la victoria de Bolsonaro en 2018 venía a cerrar una etapa y que la clase obrera se preparaba para una situación defensiva (Trump, Johnson, Salvini). Lo que vimos fue la disolución de los gobiernos de ofensiva, empezando por el de Trump. No sólo eso, sino que el aparato decía que en Argentina plantear “Fuera Macri” era hacerle el juego electoral al kirchnerismo, una vulgaridad que no tiene precedentes en la historia del Partido Obrero. La Tendencia del PO se conformó contra este mismo pronóstico en clave electoral del oficialismo partidario. Por eso es una impostura cuando Giachello dice “defendemos el derecho de los pueblos a derrocar a los gobiernos” (5/5) – como si “los pueblos” esperaran la aprobación del aparato que Giachello integra para sublevarse. En el caso de Colombia, si fuese coherente, Giachello debería concluir que “Fuera Duque” es ´hacerle el juego´ a su opositor, el centroizquierdista y ex alcalde de Bogotá, Petro. Pero los aparatos no reconocen otra ´coherencia´ que la de sus propios apetitos. Giachello dice que “en este marco de la rebelión popular importa discutir (sic) los límites de los sectores que se anotan para capitalizar políticamente (sic sic) el desarrollo de esta rebelión”, en lugar de sus contradicciones con el proceso objetivo -la decadencia histórica del capitalismo- y, por lo tanto, la inevitabilidad de nuevas revoluciones. “La estrategia de la burguesía no se desarrolla en un cuerpo joven, sino en un cuerpo senil, y sus instrumentos no se reducen a la astucia, son la represión y la guerra. La burguesía ha perpetrado un ataque salvaje al clima y desatados una época de pandemias, o sea que ha llevado las condiciones de su reproducción al punto explosivo más alto” (ídem “Anticatastrofismo tardío”). Según Giachello, en cambio, “la pandemia imponía una suerte de compás de espera, la tendencia a la inhibición (SIC) que impone una pandemia”, un pronóstico que no se ha revelado como acertado en ninguna parte del globo. De hecho, el PO oficial -y, en general, la izquierda democratizante- fue más allá: sostuvo que la pandemia venía a imponer ´gobiernos de excepción´ y un reforzamiento de los estados represivos, con los que identificaba las cuarentenas y confinamientos. Sin embargo, los proto-fascistas como Bolsonaro también atacaron los confinamientos en nombre de la ´libertad´. El derrumbe de los gobiernos de derecha y el desarrollo de los acontecimientos en Chile, Costa Rica, Perú, Haití, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, sólo por nombrar algunos, nos muestran que estamos frente a una etapa revolucionaria. ¿Y la revolución? Giachello indica que “el alcance de la rebelión popular en Colombia es un tiro por elevación (¿?) al imperialismo yanqui” (5/5). La rebelión popular en Colombia entrelaza la descomposición del estado colombiano y, en particular, de sus fuerza armadas, las demandas obreras y campesinas no sólo insatisfechas, sino combatidas con métodos de guerra civil, con un ascenso político de las masas urbanas que se manifestó en paros generales y, sobre todo, a partir del 21N. La rebelión colombiana expresa la bancarrota del capitalismo mundial, expresada brutalmente en la gestión de la pandemia. Las alternativas izquierdistas y nacionalistas que han declarado su apoyo a Biden tendrán necesariamente un carácter episódico. El desenlace necesariamente estará unido al desarrollo de la iniciativa estratégica de la izquierda revolucionaria, de su calidad teórica y política, en la lucha por la unidad socialista del continente en el marco de gobiernos obreros y campesinos. Lo aparatos obsoletos falsifican la historia para ocultar su adaptación al régimen en descomposición, con su seguidilla de votaciones y quórums parlamentarios a leyes de la burguesía. El aparato del PO expresa a cada paso la crisis de la dirección revolucionaria que debemos superar.

Fue así, un puñal en la espalda. Una acción rápida y sin mucho aviso. Casi repentina, aunque de ningún modo sorpresiva o inesperada. Se sabía que era muy probable que la legislatura chubutense votara en contra de la Iniciativa Popular, pero el tratamiento fue exageradamente veloz. Hubo un claro apuro en sacarse esto de encima, en traicionar la voluntad popular y así demostrar una vez más que esta democracia berreta permite que, en muchas situaciones, la clase política se burle impunemente del pueblo. Vale recordar que el mecanismo de Iniciativa Popular, previsto en la constitución provincial de Chubut, ofrece la posibilidad de presentar a la legislatura un proyecto de ley para que este sea aprobado o rechazado. Debe ser avalado por al menos un 3% de los electores del último padrón vigente. Es un recurso de democracia semidirecta muy interesante, porque da la posibilidad de que un sector del pueblo proponga el texto de una ley, obligando a los representantes a votar a favor o en contra. En la historia de la provincia hubo solo dos Iniciativas Populares y las dos tuvieron como finalidad prohibir la megaminería de manera definitiva. La primera se presentó en 2014 y fue tratada en una sesión escandalosa, en la que un diputado justicialista, Gustavo Muñiz, fue fotografiado recibiendo pedidos de un gerente de Yamana Gold. En esa ocasión, se violó la constitución provincial porque los diputados modificaron el texto de la Iniciativa Popular. En una votación dividida, aprobaron una versión que habilitaba la megaminería. El escándalo fue tan grande que ese mamarracho nunca se puso en funcionamiento y finalmente fue derogado. La segunda Iniciativa Popular fue presentada en noviembre del año pasado y contó con el respaldo de más de 30.000 firmas, mucho más del mínimo exigido por la ley. Fueron juntadas en pleno ASPO, lo que no es poca cosa. Al mismo tiempo que esta Iniciativa Popular fue ingresada a la legislatura, el gobierno presentó un proyecto de zonificación minera, para habilitar la megaminería. A pesar de realizar varios amagues, nunca llegaron a tratar el proyecto oficialista, el que pretende dar rienda libre a la minería metalífera a cielo abierto por zonas, comenzando en la meseta. Tenían los votos para aprobarlo, pero había una gran movilización de vecinos y vecinas en toda la provincia en contra. Además, la interna justicialista hacía su parte. Mariano Arcioni está en el Frente de Todos, de la mano de Sergio Massa, pero no cuenta con el apoyo del kirchnerismo chubutense. Y el kirchnerismo chubutense, como buen kirchnerismo, no se opone a la megaminería, sino a que el negocio lo inaugure Arcioni. La traición como política oficial Pero, más allá de las diferencias internas, el justicialismo en su conjunto tomó una decisión respecto de la Iniciativa Popular: darle un tratamiento exprés y archivarla antes de que empiece la campaña electoral, para minimizar los costos políticos que haya que pagar. Fue así que ayer la comisión de ambiente la trató rápidamente y elaboró un dictamen negativo, que fue aprobado en la sesión de hoy. No hubo consultas a las organizaciones que la habían presentado ni declaraciones a la prensa. En solo 48hs tiraron a la basura el esfuerzo y la perseverancia de un pueblo que tuvo que presentar dos veces un mismo proyecto de ley. Arcioni, que ganó las elecciones a la gobernación enarbolando una férrea oposición a la megaminería, está celebrando. También Alberto Fernández, que -personalmente y a través de Alberto Hensel- ha manifestado su apoyo al saqueo minero en Chubut. La burla a la voluntad popular fue facilitada por la modalidad virtual de las sesiones. Si fueran presenciales, seguramente la enorme movilización popular que se habría producido en la legislatura hubiese hecho dudar al gobierno y sus aliados. Pero, a través de una plataforma, es más fácil votar en contra, sin tener que ver a la cara a las miles de personas que están esperando otra cosa, que anhelan un futuro en el que la provincia sea algo más que territorio de actividades extractivas. 13 votos a favor del dictamen que rechazaba la Iniciativa Popular, 12 votos en contra y 2 abstenciones. Todo bien repartido, para dar la impresión de discrepancia y pluralidad y para despegar las estructuras partidarias de esta estafa política. Entre los 13 votos está el de Sebastián López, exdiputado del PRO y ahora aliado del gobierno, quien se hizo famoso el año pasado, cuando se conoció un video en el que se lo veía pedir coimas a empresas mineras. Pedía "arriba de cien lucas", para hacer "la rosca política". También está Graciela Cigudosa, que fue ministra de Educación de la provincia y tuvo que renunciar por denuncias de malversación de fondos (algo bastante habitual en la casta política que administra el Estado chubutense). 12 votos de diputados justicialistas más el de López. Los dos diputados radicales se abstuvieron (que es un modo de permitir que gane el rechazo a la Iniciativa Popular). Los votos en contra también son de diputados justicialistas. Esto es así, de un lado y del otro del mostrador, el problema y la promesa de solución. El policía bueno y el policía malo. En estas horas, los vecinos y vecinas están en la calle, manifestando su indignación. Es cierto, hay pandemia y el coronavirus es real. Pero no es menos real que el pueblo ha sido burlado otra vez. Y algo tiene que cambiar de definitivamente.

El sábado 8 de mayo se realizó una nueva asamblea de Ademys con la asistencia de más de 350 docentes. Se votaron una serie de resoluciones, entre las que se destacan la convocatoria al paro para el lunes 10 y martes 11. El lunes habrá recorridas por escuelas y acciones en las cabeceras distritales reclamando el pase a la virtualidad. El martes, una caravana educativa en defensa de las dispensas para docentes de grupos de riesgo (desde nuestra Tendencia marcamos la necesidad de fortalecer esta campaña) y contra los descuentos a los días de paro, con un corte en Callao y Corrientes y movilización al Ministerio de Trabajo. El miércoles, una marcha de antorchas convocando a familias y otros sectores de trabajadores, empalmando con la movilización que realizarán trabajadores de la salud en el marco del Día Internacional de Enfermería. Otra resolución aprobada por la asamblea, con un valor muy importante, fue la de realizar una nueva asamblea el martes 11 para definir la continuidad de la lucha. Esta decisión prevaleció frente a la moción original de “mandatar” a la dirección del sindicato para que ella defina nuevas medidas de acción sin una nueva instancia asamblearia. Esa dirección se ha opuesto a la continuidad del paro y propone “paros intermitentes”. La moción de paro por 48 horas se impuso con el 57% de los votos de la asamblea, frente al 26% de la moción impulsada por IS y PTS de parar por 24 horas y dejar en manos de la CD su continuidad. Por su parte, UTE anunció el mismo sábado -sin convocatoria a asamblea- que llama a parar el lunes 10 y a realizar asambleas por distrito. UTE también anunció que se sumaría a una actividad de trabajadores/as de la salud, pero vinculada a ATE, que se realizará el mediodía. Convocan a una caravana el 25 de mayo para rodear al Palacio de Tribunales, bajo la consigna “Por la Vida y la Democracia”, en rechazo al fallo de la Corte Suprema, en el que tanto la conducción de la UTE y parte de la de Ademys, habían depositado expectativas. La asamblea Las intervenciones en la asamblea no estuvieron desprovistas de emoción, ante nuevos fallecimientos de trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuatro de ellos en sólo 24 horas, durante la víspera. Los principales debates se dieron en torno a la continuidad de la lucha y la estrategia a llevar adelante para ello. Lista de Maestros (IS + independientes) y el PTS sostuvieron, nuevamente, la “necesidad” de volver a las escuelas a debatir con las compañeras y compañeros que volvieron bajo diferentes presiones. Propusieron diferir el paro para el miércoles y acotarlo a 24 horas. Desde Tribuna Docente Tendencia, junto a las agrupaciones Haroldo Conti, Docentes en Clase y Tribuna Docente (oficialista), presentamos la moción de 48 horas de paro y las acciones que, finalmente, fueron aprobadas y serán llevadas adelante esta semana, señaladas más arriba. Cabe destacar que tanto el corte, la movilización al ministerio y la marcha de antorchas fueron acciones que TD Tendencia hacía varias asambleas que veníamos mocionando. En la asamblea anterior, junto con otras agrupaciones nos habíamos pronunciado por la continuidad de la huelga. El reposicionamiento, en cambio, de TD Oficialista es evidente. Pasaron de discontinuar la huelga la semana pasada, a votar por 48 horas y acciones en la última asamblea, lo que insinúa una crisis en la CD de Ademys. La semana pasada, al no haber convocatoria a paro de Ademys pero sí de UTE el martes, TD Oficialistas llamó a último momento a parar -a pesar de que habían votado lo contrario en la asamblea de Ademys. Desde TD Tendencia señalamos -contrariamente a lo que proponían IS y el PTS- que no hacía falta regresar a las aulas para hablar con nuestros compañeros: el método histórico de la Multicolor, en contraposición a las burocracias celestes, siempre fue el de recorrer escuelas en el medio del propio paro para seguir convocando a la docencia a sumarse. Señalamos que los motivos por los cuales algunos docentes han vuelto a las aulas pueden ser varios, pero que existe la absoluta conciencia de que hay que frenar la presencialidad criminal que ya se ha llevado la vida de 10 trabajadores de la educación en la Ciudad, más de 60 en todo el país y que impacta directo en el colapso sanitario que estamos atravesando. Con esa conciencia y predisposición, tenemos que sostener la huelga y llevar adelante acciones para involucrar al conjunto más amplio de la docencia, incluido un fondo de huelga, como herramienta de organización política, involucrando al conjunto de la comunidad educativa y el movimiento obrero. Señalamos también la responsabilidad del gobierno nacional y la CTERA, que siguen defendiendo la presencialidad administrada (al igual que algunos sectores de la izquierda que reclaman la suspensión “temporal”) y volvimos a criticar la política de la huelga intermitente votada en Ademys la semana anterior. Fortalezcamos las medidas y acciones que se llevarán adelante esta semana; es necesaria una asamblea general de todo el gremio, sin distinción de afiliación. A la política de los gobiernos debemos seguir oponiendo una fuerte resistencia y organización docente. No a la presencialidad en pandemia.

El acuerdo electoral suscripto entre el Partido Obrero y el Nuevo MAS en Salta ha provocado nuevamente el malestar estomacal a los redactores de Prensa Obrera, lo cual es un signo del acierto de esa alianza. En el periódico fundado por Jorge Altamira, han publicado una crítica bizarra, toda vez que nos atribuye haber firmado un ´frente sin principios´ con una corriente partidaria de la presencialidad escolar. Bizarra, sí, porque proviene de un grupo ´presencialista´ – con lo que advierte que sus exhortaciones a la unidad de la izquierda son puro palabrerío. En realidad, el aparato del partido oficial ha efectuado un recule vergonzante, porque del repudio a los adversarios de la presencialidad, ha pasado a apoyar el cierre escolar, debido a una pandemia que se desborda. Hasta ahora había adherido a una supuesta “corriente teórico-pedagógica internacional de la presencialidad”, para reclamar “una presencialidad segura”, garantizada por medio de protocolos. Pitrola, siempre ocurrente, reclamó abrir los clubes para habilitar la presencialidad escolar, que ahora también han debido cerrarse para contener la diseminación de la peste. El autor de la nota, que se ganó el mote de ‘Coqui’ por defender el otorgamiento de quórum en la legislatura de Chaco para aprobar el pago de la deuda pública y la privatización de terrenos,explica ahora que “explicamos sistemáticamente (?) que no se trata de presencialidad versus virtualidad en abstracto”, cuando promovieron todo el tiempo un ´retorno seguro´, que enseguida se convertiría en el punto de partida (según el gobierno, adelantada a lo previsto) de la ´segunda ola´. Para el caso, curiosamente, nos enrostra haber sostenido la consigna que la dirección de Ademys abandonó -“en pandemia no volvemos”-, cuando se acercaba la fecha pautada para el inicio del ciclo lectivo. Dijimos esto, dice nuestro crítico, cuando las “conducciones antiburocráticas estaban enfrentando el retorno a la presencialidad sin condiciones que promovía el gobierno nacional y los gobiernos provinciales”. El ´Coqui´ otra vez miente, porque los docentes de la Tendencia -que se esforzaron por impulsar la lucha contra el retorno a las aulas en pandemia desde el minuto cero- militaron incondicionalmente todos los paros convocados contra la presencialidad, así fueran de Ademys, UTE o las seccionales multicolores del SUTEBA. ¡Cómo no lo iban a hacer!, si se había impuesto nuestra política contra la “presencialidad segura” por la que abogaba el FIT-U con dos argumentos impresentables: si los obreros van a trabajar, ¿por qué nosotros no?; y el otro, tengamos en cuenta a la opinión pública, en realidad, los grupos de presión de la educación privada. Lo que nos distinguió en las asambleas fue nuestra crítica a la adhesión de los grupos del FITU al “semáforo epidemiológico” de Nicolás Trotta y el Consejo Federal de Educación, que mide el umbral de muertes y contagios ´tolerable´ para mantener abiertas las escuelas. En esos términos, asimismo, hemos denunciado el fallo de la Corte Suprema que ´blinda´ la autonomía de Rodríguez Larreta para sostener la apertura escolar. No puede decir lo mismo el aparato del PO, que saboteó los paros contra la presencialidad en Escobar y ¡en Salta!, donde Claudio Del Plá reclamaba el nombramiento de suplentes para reemplazar a los docentes licenciados; y la continuidad de las huelgas en Bahía Blanca y en CABA , en este último caso, incluso cuando la burocracia de UTE -con todas las limitaciones del caso- continuaba renovando la medida cada 24 horas. Nosotros hemos hecho paro con los ´presencialistas´ de todo pelaje contra la presencialidad, e impulsado en ese marco la huelga indefinida en defensa de la vida de docentes, alumnos y familias, mientras los componentes del FITU especulaban con el veredicto de la ´opinión pública´ o, mejor dicho, de los panelistas de Intratables. El ´referente´ salteño del aparato, Claudio Del Plá, por el contrario, no apoyó las decisiones contra la presencialidad votadas por los autoconvocados de esa provincia. “Es que el primero de los “10 puntos” adoptados por Ademys, por ejemplo, consistía en que la misma estaba supeditada al conjunto de condiciones epidemiológicas y sanitarias, y por lo tanto debía ser suspendida en condiciones de circulación del virus y de riesgo”, esgrime el autor en su defensa. ¡Se refiere a un documento titulado “10 condiciones para el retorno seguro!” Pero el retorno “seguro” es precisamente la presencialidad. Lo que no dice en ningún lado el ´Coqui´, es que la presencialidad escolar en pandemia es el reclamo de la UIA, las patronales de la educación privada y el clero, ya sea para garantizar la guardería de los hijos de sus obreros o para normalizar el cobro de las cuotas a los padres, en uno u otro caso. En Salta, el acuerdo entre el Partido Obrero y el Nuevo MAS, por el contrario, establece el apoyo a la lucha que decidan los docentes contra la presencialidad. Así como sellamos, en Salta, un frente con el Nuevo MAS, que apoya la presencialidad, en la carrera de Visuales de la UNA hicimos un frente con el aparato del PO, a pesar de que aprobó, en el Consejo Superior, la prórroga del mandato de sus autoridades. El propósito es evitar que esas autoridades -cuyo mandato, repetimos, fue prorrogado con el apoyo del aparato- copen definitivamente la representación estudiantil con sus mandaderos directos. Seguimos un viejo consejo de Trotsky: podemos pactar hasta con el diablo, siempre que no mezclemos las posiciones y estrategias políticas. Dicho esto, la ´presencialidad escolar´ -con toda la importancia que tiene la cuestión, como parte de una lucha anticapitalista contra la gestión patronal de la pandemia-, no es un parámetro estratégico para dirimir una cuestión práctica como una alianza electoral circunscripta. La queja se convierte en abuso de parte de quien ha pactado con Capitanich – no una sino dos veces, no por banalidades sino el pago de la deuda usuraria y la privatización de terrenos. ´Coqui´ se ganó ese apodo, reiteramos, en su condición de jefe del aparato partidario en la provincia. ´Coqui´ sostiene que nos “amalgama la hostilidad al Frente de Izquierda”, es decir, lo que puede ser interpretado de una sola manera – que el aparato del PO prefiere una mayor dispersión de la izquierda en Salta. García no tiene una sola palabra, y con razón, acerca de las intervenciones con apoyo del poder judicial en los distritos con mayoría de la Tendencia, porque ellas son funcionales a la política liquidacionista de la militancia, que orienta al aparato. El FIT-U tiene en sus filas a un viejo depredador de la izquierda, el MST, que ha integrado frentes con Luis Juez, un defensor de los capitanes de la industria automotriz y del gran capital agrario en Córdoba. El ´Coqui´ debe exhibir un mayor respeto por la Tendencia, precisamente porque ella desenmascaró una serie de episodios paralmentarios del FIT-U, contrario a los intereses de los trabajadores. ´Coqui´ García nos acusa, desde un oportunismo sin límites, de haber sellado un frente ´oportunista´ con el Nuevo MAS. Para ´Coqui´, en cambio, el Frente de Izquierda “tiene claramente definida la lucha por el gobierno de los trabajadores y la unidad socialista de América Latina”. ¿”Claramente definida”? No parece que Capitanich ni Tinelli y sus negocios inmobiliarios en Boedo, sea la ruta socialista para América Latina. El gobierno de los trabajadores del FIT-U merecería otro artículo, aun más extenso, que el presente, entre otras cosas porque existe una contradicción insalvable entre el gobierno obrero y un aparato que expulsa en forma sumaria a mil doscientos militantes y gestiona con el aparato judicial del estado. Detrás del acuerdo con el Nuevo MAS, dice ´Coqui´, habría una supuesta “desesperación electoral”, exactamente horas después de que Pitrola volviera a amenazar con una ruptura del FIT-U, en el caso de que este no designe a los candidatos en un Congreso. Es cierto que la sangre no va a llegar al río, pero las amenazas dejan en claro el arribismo electoral. ´Coqui´ ha ´descubierto´ las ´virtudes´ del movimientismo, luego de la bacanrrota del núcleo dirigente del aparato del Partido Obrero. Pero el PO es una construcción histórica cuyo programa anima a la Tendencia. Nuestra política frentista no es una improvisación. Seguir leyendo: Acerca de los frentes de izquierda y las elecciones , por Jorge Altamira

Pablo Díaz, asesino de nuestro compañero Mariano Ferreyra, ha salido en libertad. Así lo confirmaron fuentes oficiales del Servicio Penitenciario Federal a Política Obrera. Según estas fuentes, el jueves 6 de mayo del corriente año Díaz abandonó el Pabellón 33 del penal de Ezeiza, donde debía cumplir una pena de 18 años. No fue así: la justicia acaba de liberarlo luego de diez años de prisión, cuando restaba todavía la mitad de la condena. Díaz, que lideraba la Comisión de Reclamos del Ferrocarril Roca, había sido el hombre designado por el fallecido José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández (que hoy cumple prisión domiciliaria y porta una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos) para fungir como jefe de la patota que atacaría a los tercerizados en protesta aquel 20 de octubre de 2010. Luego de atacar dos veces -en colaboración con la policía bonaerense y la federal- a los manifestantes, Díaz planificó el ataque final cuando la movilización había plegado sus banderas y se estaba retirando en el barrio de Barracas. Según testigos del crimen, Díaz le preguntó a Cristian Favale (un lumpen barrabrava contratado para tirar contra los tercerizados) si “había traído los fierros”. Desde el terraplén, Díaz dio la orden de dirigirse corriendo hacia los manifestantes. Se comprobó que Gabriel “El Payaso” Sánchez (miembro de la barrabrava de Racing y ferroviario) y que Favale (del grupo de choque de Defensa y Justicia de Florencio Varela) dispararon a matar, hiriendo gravemente en la cabeza a nuestra compañera Elsa Rodríguez e hiriendo de manera fatal a Mariano Ferreyra, quien fallecería en el hospital Argerich. El ataque fatal tuvo la complicidad abierta del gobierno kirchnerista de entonces y de las empresas tercerizadoras que se beneficiaban económicamente con el régimen imperante. Al día siguiente del homicidio, el entonces ministro del Interior y hoy interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, declaró a Ernesto Tenembaum que la policía había actuado a la perfección, una afirmación desmentida durante el juicio, cuando se dio por probada la liberación de la zona para la acción de la patota de la burocracia sindical. El juicio condenó a diez años a dos comisarios responsables de servir a sus patrones gubernamentales y empresariales para la comisión de un asesinato. Al momento del ataque patotero, “El Gallego” Fernández se encontraba en un evento de Latin Rieles, una revista que agrupaba a las tercerizadoras del sector. Desde su celular se realizaron decenas de llamas a Pablo Díaz para dirigir a la distancia la represión a los tercerizados, que ponían en riesgo un negocio millonario (valga señalar que hoy mismo los gobiernos macristas y kirchneristas continúan con el modo tercerizado y fraudulento que promueve la precarización laboral). Debe señalarse que el mismo José Pedraza era parte del negocio empresarial de las tercerizadas y que, cuando se lo apresó en su domicilio en una torre de Puerto Madero, no tenía expedientes sindicales en su escritorio, sino folletería publicitaria de la empresa tercerizadora Unión del Mercosur. Hoy, Pablo Díaz está libre Las condenas a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Mariano Ferreyra se lograron a través de una larga y persistente movilización popular, en particular impulsada por el Partido Obrero, organización política en la que Ferreyra militaba. Las constantes movilizaciones y reclamos y la estrategia legal elaborada colectivamente logró que se condene por primera vez a los autores intelectuales de un crimen político, como José Pedraza (que accedió a la libertad condicional y falleció en un pent house en Palermo Chico) y “El Gallego” Fernández, a la vez que a los autores materiales y tiradores, entre los que se encuentra Díaz. Seguimos reclamando que los asesinos cumplan sus penas. Mariano Ferreyra, nuestro compañero, era un militante socialista y un luchador. Se había movilizado junto a los ferroviarios tercerizados por el pase a planta permanente, es decir, por el fin de la flexibilización. Fue asesinado por una patota de la burocracia sindical comandada por Pablo Díaz. Sus asesinos deben cumplir sus condenas en la cárcel.

En la mañana del 10 de mayo, el personal del edificio Anses de Paraná y Corrientes se vio conmovido por el fallecimiento del trabajador Hugo Leite por Covid. El compañero era delegado de la Unidad de Atención Telefónica UDAT Metropolitana, miembro del sindicato SECASFPI, prestaba servicios presencialmente sin haber recibido vacunación. Era un hombre joven, de 40 años, sin patologías previas. En el mismo edificio hay otros dos compañeros con Covid positivo. Su caso se suma a al menos otros seis trabajadores y trabajadoras que han fallecido, con condiciones similares, desde la declaración de “esencialidad” por parte de la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, en abril del 2020. La empleadora no informa oficialmente cuántos casos de Covid y fallecidos hay entre los trabajadores que prestan servicios presenciales. Solo se cuenta con los trascendidos y algún comunicado sindical. No hay un plan de vacunación en miras, se cumple horario sin considerar burbujas, se trabaja sin ventilación cruzada ni mediciones de carbono en el aire, la distancia necesaria no se cumple. En este cuadro la actitud de la patronal es temeraria considerando “contacto estrecho” a quienes hayan compartido espacio cerrado, a menos de 2 metros y sin barbijo. Los edificios se cierran por los casos de Covid por uno o dos días para limpieza y se reabren. El gobierno nacional intentó imponer la apertura en todo el Estado Nacional haciendo volver a tareas presenciales en muchos de los Ministerios y Organismos y tuvo que retroceder en sus pasos por el claro incremento de casos de contagios que desembocó en la llamada segunda ola. La apertura no responde a cuestiones sanitarias y de salud sino al interés de las empresas de volver a producir y vender aún a costa de la vida de sus trabajadores. La apertura de la presencialidad escolar responde a ese mismo interés que ve en los niños en casa un límite y necesita que los dejemos en las escuelas y jardines como guarderías. El resultado es la saturación de las camas en los sanatorios y hospitales, el record de contagios y fallecidos, con la CABA y el gran Buenos aires como epicentro. Los docentes y trabajadores de la educación han respondido con el paro y fueron acompañados por muchas de las familias. En ANSES actúan cuatro sindicatos que no han impulsado las asambleas ni un paro que impida la apertura innecesaria de oficinas y edificios. Ante la muerte y la consternación solo se apela a los comunicados de prensa. Es necesario que los trabajadores de ANSES impulsen asambleas para discutir la suspensión de la presencialidad en el pico de la pandemia, la necesidad de la vacunación inmediata y protocolos que realmente protejan, para las pocas tareas que verdaderamente no puedan hacerse de manera virtual. El respeto de las licencias para padres, madres y personas con enfermedades y edad de riesgo sin pérdida salarial es también prioritaria. Todos los sindicatos deben impulsar estas acciones y allí donde no lo hagan es necesaria la autoconvocatoria. Las y los trabajadores de ANSES tienen experiencia en coordinar entre las UDAI y los edificios. No podemos aceptar “la nueva normalidad” de la enfermedad y la muerte en el trabajo.

La segunda ola de la pandemia exhibe hoy día los peores indicadores en Argentina desde su inicio, con más de 25 mil infectados y 300 fallecidos por día. Sólo el AMBA verifica un nivel de contagios superior a los 700 cada 100 mil habitantes y la saturación efectiva del sistema hospitalario, ante la eventual falta de UTIs, en hospitales públicos y privados, de las obras sociales. El colapso sanitario pone en jaque la política aperturista de los Fernández y Larreta. Lo que por otro lado proliferan son las medidas de luchas, paros y coordinaciones de docentes contra la presencialidad escolar sin vacunas, o como la gran lucha neuquina de la salud, donde una asamblea interhospitalaria derrotara con cortes y piquetes sucesivas ofertas de miseria. En este cuadro, el debate en torno a la situación medioambiental no se escinde de la crisis humanitaria. El covid-19 opera, entonces, no como un accidente epidemiológico sino como un emergente de la depredación del medio ambiente por parte del capitalismo, que confronta una crisis histórica donde el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo humano, se ha convertido en su contrario, a saber, en la generación de fuerzas destructivas. El debate En una nota reciente el PTS en Filo (LID 23/4) esgrime las líneas generales de su propuesta: "el movimiento ecologista tiene que entrar a nuestra facultad", sumado a la necesidad de una "perspectiva ambiental en nuestras carreras". De forma análoga se expresan los restantes partidos integrantes del FIT-U, ponderando el MST, por ejemplo, "una educación con perspectiva socioambiental para la transformación y consciencia social." y oponiendo al método extractivista 'su reconversión a energías limpias y renovables en el campo y la ciudad'. En un cuadro en el cuál la Cumbre Climática reiteró antiguas promesas de neutralizar las emisiones de CO2 y la promoción de 'empresas verdes', en el caso de Biden con su regreso al Acuerdo de París y la promoción de 2 billones de dólares para la reconversión energética o de Fernández en idéntico tono, cabe interrogarse sobre la orientación social de tales emprendimientos, qué alcance tendrán esos compromisos y qué clase social pagará los costos. El ejemplo más paradigmático fue la rebelión de los chalecos amarillos, que se rebelaron contra el intento de Macron de subir el precio de las naftas para disuadir el consumo de energía fósil. Educación y capitalismo Sobre la base de este cuadro, ¿realmente alcanza con desarrollar una perspectiva medioambiental cuando lo que está en disputa es el intento del capital de financiar la reconversión parcial de la industria energética a costa de los trabajadores? a través de esta crisis es la incapacidad del capitalismo de solucionar cualquier problema de dicha índole? Atribuir como factor decisivo en la lucha contra la destrucción del planeta a la educación o cultura medioambiental, ignora la forma en que la producción está organizada y quienes la controlan. Pedirle a la gestión de Filo una perspectiva ambiental en las carreras en miras de que la facultad cumpla una función educadora de quienes cursamos en ella no solo es totalmente secundario, sino un grave error de perspectiva. La depredación mediambiental debe combatirse por medio de la lucha de clases – algo que no se aprenderá de los programas de estudio del Rectorado. Lo que importa realmente es que el Centro de Estudiantes caracterice en términos de clase la cuestión medioambiental y promueva un plan de lucha, discutido y votado en asambleas. El programa de estudios del izquierdismo medioambiental deberá recibir, encima, la validación de la Coneau. Cómo nos organizamos La lucha por el medio ambiente debe ser impulsada a través de una intensa agitación política. Debe impulsar la unión de los distintos sectores en lucha a nivel nacional e internacional, desde los trabajadores del subte que pelean contra el asbesto, hasta las asambleas de Andalgalá que resisten contra la contaminación de su agua, pasando por aquellos que luchan contra la megaminería en Chubut y los trabajadores rurales de todo el país que sufren con sus familias las enfermedades mortales producidas a causa de la contaminación por agroquímicos. La pandemia le ha dado una actualidad mayor a este combate. La solución de estos problemas solo puede venir de la mano de los propios trabajadores tomando control sobre la organización de la producción. Desde la UJS-PO Tendencia planteamos vincular a los estudiantes y trabajadores en las luchas medioambientales. Planteamos la ruptura de los convenios de la UBA con la Shell o Monsanto y Barrick. Estos convenios tienen por objetivo utilizar nuestra universidad para desenvolver la tecnología de los contaminadores, con el argumento de que quieren convertirla en ‘limpia’. Repetimos: que nuestro Centro de estudiantes convoque a una asamblea para definir el contenido y la práctica de la lucha contra la depredación capitalista del medio ambiente.

Ya van dos meses de la catástrofe por los incendios en la Comarca Andina, en los pueblos de El Hoyo y Lago Puelo, provincia de Chubut, y la mayoría de los vecinos no tienen los servicios esenciales de agua y luz. Además sectores de El Pinar estaban sin agua desde hacía cinco meses. Los que no fueron alcanzados por los incendios, en El Hoyo, sufren el corte casi total de agua, porque los tanques de reserva que se proveen del arroyo están sucios de ceniza, hojas, y otros restos forestales. Es el manejo capitalista de la catástrofe, como sucede con la pandemia, los capitalistas lucran con las necesidades mínimas de vida. El gobierno y el municipio ha establecido un sistemas de paliativos que sólo representan negocios para políticos y proveedores - reparto de nafta y garrafas, alquiler de camionetas 4x4 a punteros, etc. La indiferencia que reciben las familias trabajadoras contrasta con el trato diferencial que le dispensan, por ejemplo, al Club de Campo donde vive el ex intendente de Lago Puelo y ex diputado provincial Eduardo Daniel, un lobista de la megaminería. A él y a sus vecinos se les repuso el agua, con la provisión de miles de metros de manguera -los mismos que se necesitarían para abastecer a los barrios de la comarca-, cientos de fardos, y otras compensaciones, como créditos a baja tasa por zona de catástrofe. Los ´módulos habitacionales´ provistos por Nación son casillas desmontables que se sostienen con pilotes de madera de pino blanco. Con suerte, durarán un año, por el clima de la zona. Su vida útil podría prolongarse si se asentaran sobre platea, pero no está previsto ni eso. Otras casillas están siendo fabricadas por aserraderos de la zona, con madera provista por Parques Nacionales, pero a esta altura del año la madera todavía está verde y sin estacionar el tiempo necesario para que sea apta para la construcción. El pasado viernes 7 de mayo, los vecinos se autoconvocaron sobre la ruta 40, a la altura de Las Golondrinas, en sintonía con los cortes que tuvieron lugar en todo Chubut, en repudio a la decisión de la Legislatura provincial de rechazar la Iniciativa Popular contra la megaminería y por la urgente conexión al agua de red y luz. El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez (FdT) se presentó en el corte “para destrabar el conflicto”, pero no dio ninguna solución concreta a los reclamos, sólo promesas. Deslindó responsabilidades en la Dirección de Servicios Públicos de la provincia, donde, dijo, “han tenido conflictos laborales y las cuadrillas han dejado de trabajar”. A esta altura, muchos vecinos ya comenzaron a construir sus viviendas, empezando por un ambiente para meterse, con la ayuda de la solidaridad de la población y equipos de albañiles constructores que vienen a levantar viviendas. Durante los incendios previos en febrero, en la Cuesta del Ternero, en El Bolsón, se organizaron autoconvocados para combatir los incendios y organizar la distribución de las donaciones que llegaban para la comunidad afectada. Todo este movimiento se desarrolló y creció en la catástrofe de marzo, considerada entre tres más graves del mundo en ese periodo. El 4 de mayo fue el día internacional del Combatiente contra los incendios. A los trabajadores del Sistema Nacional de Manejo de Incendios, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, les redujeron el sueldo entre un 20 y 25 % - pasaron de cobrar $70.000 a $50.000 pesos, incluso menos en algunos casos. Son trabajadores especializados, muchos de ellos han combatido incendios en todas partes del país (Córdoba, Misiones, etc.). La base de la Brigada de Incendios dependiente de la provincia de Chubut se incendió durante la catástrofe, los trabajadores perdieron sus vehículos, y dos de ellos sus viviendas. Prometieron la reconstrucción y apenas han puesto unas estacas y un par de casillas. Una contundente columna de Brigadistas marchó 10 km por la ruta 40, desde la sede Las Golondrinas a El Bolsón, a la plaza del Combatiente Forestal, reclamando recomposición salarial, reconocimiento de estructura, pase a planta permanente, trabajo insalubre y régimen previsional diferencial; la apertura de paritarias y la reconstrucción de la central quemada en el incendio del 9 de marzo. La movilización incluyó a combatientes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Parques Nacionales de Chubut, dependientes de nación, y el SPLIF (Sistema de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) que depende de la provincia de Río Negro. El corte contra la megaminería, por los servicios de agua y luz, continúa. La unidad de los reclamos en Asambleas de vecinos afectados, de voluntarios autoconvocados, ambientalistas y trabajadores, coordinadas entre sí, debe sellarse en un solo puño, para pararle la mano al ajuste y la megaminería.

El 30 de abril se cumplió un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Su cuerpo fue hallado en las cercanías de la localidad de Pedro Luro. La policía bonaerense ha sido señalada como la principal responsable de este hecho. En este largo año todos los intentos de encubrimiento, por parte del Estado, se fueron cayendo uno a uno producto de la firme movilización y lucha de los familiares y organizaciones políticas que rápidamente identificaron la mano de la Bonaerense actuando bajo órdenes del poder político. Esta firmeza llevó a Cristina Castro, mamá de Facundo, a una reunión con el propio presidente Alberto Fernández, que prometió acción. Sin embargo, al día de hoy no hay imputados ni detenidos en la causa, en la cual desfilaron fiscales y jueces que se han transformado en los principales defensores de las fuerzas “de seguridad”. Frente a ello, siguieron actos y convocatorias los días 30 de cada mes en todas partes del país, pintadas, murales, concentraciones. La figura de Facundo se ha transformado en un nuevo símbolo de la lucha contra la brutalidad estatal y el encubrimiento de la policía y la justicia en democracia. Con relación al aniversario, su conmemoración fue motivo de una nueva pelea política con el municipio de Villarino, de donde es originario Facundo. Durante un mes, familiares y amigos hicieron pedidos formales para realizar un festival por justicia y solicitaron luz e Internet. Organizaciones políticas diversas aportaron cartas y adhesiones. La respuesta del municipio, el día anterior, fue negar todos los pedidos. Gracias a la cooperativa eléctrica y con la ayuda de los vecinos, el Festival finalmente se pudo realizar. Fue transmitido en vivo por streaming y contó con la presencia de músicos y artistas. Se realizó un mural colectivo con la colaboración del arte de “Chelo” Candia. Con la presión política y pelea incansable de familiares, amigos y organizaciones políticas, la causa está avanzando, no sin conflictos, en la línea de que todos los responsables paguen por lo que le hicieron a Facundo y vayan presos. A sólo tres días de este aniversario, fue ampliamente repudiada por organizaciones de DDHH la presencia de Sergio Berni en Bahía Blanca para la entrega de 40 patrulleros, quien desde el mismo día que Facundo fuera desaparecido actuó para blindar a todos y cada uno de los policías involucrados en la causa. Por Justicia por Facundo y contra la persecución Parte del encubrimiento y la persecución política también se expresó en las detenciones arbitrarias que sufrieron militantes de diferentes organizaciones políticas cuando realizaban pintadas exigiendo justicia por Facundo, entre ellos, cinco compañeros del Partido Obrero Tendencia de Bahía Blanca, amigos de Facundo en Pedro Luro y compañeras de la Asamblea Socioambiental de Bahía Blanca. No conformes con esto, el Estado ha avanzado con indagatorias a los compañeros del PO Tendencia, amenazados con fuertes sanciones económicas, supuestamente, por incurrir en contravenciones. Su defensa ha sido abordada por Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo. Cristina Castro grabó un video solidarizándose frente a esta persecución y sumándose al reclamo por la anulación de todo el procedimiento contra quienes luchas por justicia. Un nuevo episodio en la lucha por justicia por Facundo y castigo a los responsables de su desaparición y muerte estará protagonizado por una campaña de todas las organizaciones políticas y de derechos humanos, centros de estudiantes, sindicatos para que se pronuncien contra este atropello.

En el marco de la ‘segunda ola´, a través de la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Nacional ha lanzado un programa llamado Potenciar Inclusión Joven. Fue presentado como una ´sustitución del IFE´, y está dirigido a jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de desempleo que cumplan una serie de requisitos, a saber: formar parte de un organismo gubernamental, organización de la sociedad civil o institución religiosa; vivir en situación de vulnerabilidad económica. Para concursar, los jóvenes deben “presentar un proyecto social, socio comunitario, socio laboral o socio productivo”. Potenciar Joven promete 100 mil puestos de trabajo. Si los jóvenes que presentan su proyecto cuentan con la suerte de ser uno de los elegidos, el gobierno les otorgará una vacante en el programa. De ese ese modo, podrán percibir $8.500 mensuales durante un año. En los lugares donde se ha logrado implementar, como en Morón, los jóvenes tienen que acompañar a los ancianos para vacunarse, o deben tomar la temperatura a contactos estrechos en postas callejeras. De esta manera, a cualquier municipio le convendrá hacer un convenio con Nación para contratar a jóvenes por $8.500 en lugar de enfermeras bajo convenio. A la desvalorización de la fuerza de trabajo se agrega poner a la población enferma bajo la responsabilidad de no profesionales. Otro aspecto es la diferencia de ingresos entre el Potenciar Inclusión Joven y el Potenciar Trabajo. Ambos requieren estar en una organización; a ambos se puede postular a partir de los 18 años; y ambos exigen una contraprestación de servicios sin obra social, sin ART, y sin convenio de trabajo. Pero, con el Potenciar Trabajo, a partir de mayo se cobraría $12.204 en una modalidad simple, y hasta el doble para el puesto de ‘capataz’, reservado para el 10% de los inscriptos´. En general, el Estado justificándose esto planes ultra-precarizados, con el argumento de que suman al ingreso del núcleo familiar con los padres. Es el mismo argumento que se aplica a los ‘delivery: trabaje tercerizado de 8 horas por un salario 7 veces inferior a la canasta familiar. Con estos argumentos se inventan programas de precarización juvenil - menos plata y peores condiciones de trabajo. Los jóvenes del PO (T) exigimos que se restituya el IFE, que se triplique en relación a su valor en el 2020, y que INCLUYA a la juventud que no ha podido independizarse y que vive con sus padres. Por ejemplo, el año pasado los jóvenes que vivíamos en la casa de alguna madre que cobraba el IFE a través de la Asignación Universal por Hijo, quedamos excluidos del ingreso de emergencia. Y también tenemos que exigir la apertura de puestos de trabajos esenciales en condiciones formales y genuinas, como un plan de obras públicas en áreas que son ultra urgentes como la vivienda, la urbanización y la salud. Basta de promover que tomemos trabajo en negro en nuestros barrios bajo el mando de los punteros, como lo hace Larreta cuando les entrega plata extraoficial a los punteros del PRO para que nos ofrezcan limpiar cloacas y habilitar artesanalmente el agua potable por tres mangos. Conscientes de que los jóvenes somos los más afectados en el ámbito laboral junto con las mujeres, salgamos a dar esta batalla.

La lucha de los trabajadores del citrus, en su inmensa mayoría cosecheros, a los largo de tres semanas de piquetes en las rutas, con bloqueos en los portes de los empaques y en algunos casos con movilizaciones, ha concluido sin que se hayan logrado conquistar los reclamos. Ha sido un enorme episodio de la mayor lucha proletaria de los últimos años de una actividad que involucra a lo largo y ancho de la provincia a más de 40.000 trabajadores. Tucumán es el mayor productor de limones del mundo. En la provincia se encuentran las mayores empresas del planeta, como las citrícolas San Miguel y Citrusvil. Es una producción que destina el 80% de la producción a la exportación; la mayor parte de ella, con destino a Europa. El resto se distribuye en otros 40 mercados. Las ganancias de las empresas han venido creciendo al compás de la devaluación de peso, el valor sostenido del limón en el mercado mundial, los beneficios impositivos (alícuota cero de ingresos brutos) y, fundamentalmente, bajísimos salarios. La inmensa mayoría de los trabajadores trabajan en la cosecha, miles de ellos están en negros o tercerizados en negro por contratistas que forman cuadrillas y luego contratan con las empresas. Los salarios en jornadas de 8 a 10 horas, apenas llegan a 25 o 30 mil mensuales para temporadas que duran, en el mejor de los casos, cinco o seis meses; los días de lluvia u otras inclemencias no se trabajan y no se cobra. La última paritaria fue una nueva entregada de la burocracia, con aumentos que apenas compensaba el desfasaje de la paritaria del año pasado respecto a la inflación y dejaba un remanente de aumento del 15% para este año, lo que precipitó la reacción obrera. En una semana, las rutas nacionales y provinciales estaban todas cortadas. En el curso de esa primera embestida de los trabajadores autoconvocados aparecieron como voceros distintos referentes vinculados al jaldismo y a la CCC, echando leña al fuego a la interna que enfrenta al gobernador Manzur con el vice Jaldo. Al calor de esos hechos, se fueron sumando los trabajadores de base, en algunos casos con su propia familia. Por su lado, ACNOA (la cámara empresarial) y la burocracia de UATRE llamaban a desalojar los cortes y permitir la libertad de trabajo. Esto ocurrió en algunos cortes del este de la provincia (Burruyacú) y en algún puente de acceso a la capital. La lucha se prolongó y se concentró a lo largo de la ruta 38 en diversas ciudades y comunas con epicentro en Famaillá donde se mantuvo bloqueada la principal planta de la citrícola San Miguel. En la tercera semana de lucha, los empresarios informaron que iban a suspender la cosecha por 10 días, una suerte de lockout. En simultaneo los referentes jaldistas comenzaban a desarmar los cortes en algunas zonas y a la vez informaban de ofertas empresariales y negociaciones que eran puro humo. La burocracia actuaba de rompehuelgas citando delegados de los cortes que algunos casos eran sobornados lo que obligó en varios casos a tener que revocarles la representación y elegir nuevos delegados de los piquetes. En el curso de la segunda semana, los cortes se coordinaban por zona o departamentos, en la tercera semana ya se concretaron plenarios de delegados que abarcaban varios departamentos, y en ese marco se fue poniendo en pie una dirección más independiente y comprometida con los trabajadores , pero la lucha ya no se desenvolvía en toda la provincia, en las zonas de los cortes, después de 20 días, el tema del hambre, comenzó a pesar, y fue el factor que en definitiva obligó a dar por concluida de manera organizada, evitando el desbande, este episodio de lucha, que dio todo lo que pudo dar en las condiciones de organización y dirección que tuvo la lucha. En algunos lugares se informó que los empresarios habían accedido a conceder algunas mejoras menores, pero ningunos de los reclamos esenciales, salariales y de condiciones laborales. En asambleas posteriores al levantamiento de los cortes se han realizado asambleas, altamente politizadas, sacando conclusiones políticas y organizativas. Se avanzó en una delimitación con todo el ala jaldista y la CCC, que subordinaron la lucha a las alternativas de la interna del gobierno, también se delimitaron de diversos aparatos vinculados a la izquierda democratizante (FIT-U), que al margen de los trabajadores y sin mandatos, se camuflaban para actuar como impulsar acciones de aparato en nombre de los trabajadores del citrus, que estos no habían decidido. Se reivindicó en todos los casos el método de las asambleas, de los plenarios y las coordinaciones autoconvocadas. La cuestión del fondo de huelga, fue un tema crucial que no se pudo superar en el curso de la lucha, lo que demuestra que no se puede improvisar, pues el gobierno y las patronales, no solo en Tucumán, siempre han apelado al recurso de dejar sin sustento a los que se vuelcan a la lucha para quebrarlas. El movimiento y su vanguardia luchadora sigue intacto y con disposición a seguir organizados y preparando las futuras luchas.

En la zona de Jamundí, en el sur de Cali, fue atacada por paramilitares la CRIC indígena al grito de “esto es una guerra civil”. La CRIC se encontraba reunida en la Universidad del Valle y se había movilizado en la ciudad para defender las protestas y el paro , y garantizar los corredores humanitarios. Hay al menos 12 indígenas heridos con armas de fuego. Durante toda la semana camionetas blancas sin identificar con pistoleros adentro aparecieron en diferentes puntos y atacaron a los manifestantes, protegidos por la policía. Ayer, en los videos mostraban a las camionetas blancas y los paramilitares protegidos y custodiados por la policía de a pie y en moto, mientras disparaban contra los manifestantes. Varias de las camionetas de donde salen los pistoleros, fueron identificadas como propiedad de la policía. El lugar que atacaban los paramilitares es el que habían elegido las organizaciones que se movilizan en toda Cali, el domingo 9 de mayo ,para armar una Asamblea popular y para coordinar acciones comunes, definidas definida por el CNP y los CDP (comités departamentales del paro). Lo mismo sucedió hace unos días en ese mismo centro educativo, el pasado 8 de mayo. Tras el ataque de ayer, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) informó que 12 miembros de su comunidad están heridos, y 4 de ellos graves (CRIC, 9/5). El grupo asegura que esta situación es responsabilidad de las autoridades locales y nacionales (infobae, 9/5). La CRIC dejo que "Quienes nos dispararon a nosotros fueron Policías vestidos de civil” (el tiempo). Duque respondió que los indígenas deben volver “a su territorio”, como si fueran una “reserva”. Pidió "el mayor despliegue" de fuerza en Cali (DW, 9/5) en consonancia con Uribe que twitteó “Acción militar eficaz y transparente en Cali, superar la inferioridad de nuestra policía y del Esmad” (9/5). Estos planteos atestiguan la aplicación de una política de guerra civil. La Policía Nacional, a tono con Duque aseguró que la CRIC incineró vehículos con personas adentro y dispararon con armas de fuego, “incitando al terrorismo y saqueando casas” (infobae, 9/5). No hay antecedentes en la historia del país donde la guardia indígena haya disparado un solo tiro o realizado saqueos. “Las afirmaciones de los indígenas quedaron evidenciadas en varios videos”, como así la operación de bandas paramilitares con amparo policial, militar, político y judicial (ídem). Hace unos días la CRIC pudo capturar a un infiltrado que era policía. Cali es un escenario de guerra. En Cali se produjeron el 90% de las víctimas. Duque fue a Cali por 4 horas, para reforzar las acciones paramilitares (El tiempo, 10/5). Así opera un gobierno custodiado por los narcos, paramilitares y militares. Siguen las movilizaciones El reclamo más escuchado en las marchas es el fin de la militarización, el desmonte del Esmad, el castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos, y la renuncia del Presidente. La prensa coincide en caracterizar que la lucha se encuentra en ascenso, y que ha comenzado a involucrar a sectores de la clase media alta (Clarín, cables, 10.5). Este lunes, en el día 13 de protestas, hubo manifestaciones en Bogotá desde las 4:30 a.m., pues se convocó a dos manifestaciones en inmediaciones de los portales de Transmilenio en el portal de Suba. y en el portal de la calle 80 el Transmilenio fue paralizado (Infobae, 10/5). Desde las 9:00 de la mañana a 10:30 de la mañana habrá plantones en la Universidad Distrital sede sur, también en el portal de Las Américas, en el Parkway. Por la tarde la Guardia Albi-Roja Sur, hinchas de Santa Fe, en el parque El Renacimiento, pintarán un mural. En Medellín habrá movilización a la mañana en el parque de Los Deseos. En Envigado, está programado un plantón cultural a las 3:00 de la tarde, en la biblioteca Débora Arango. En Barranquilla, hay plantón artístico. En Bucaramanga, al mediodía habrá una marcha que partirá en el parque de Los Niños y llegará hasta la puerta del Sol. En Cúcuta, los manifestantes van a volver a pintar el grafitti que fue borrado este fin de semana. En Ibagué habrá plantón en apoyo a la Guardia Indígena y de las víctimas (hay 18 personas desaparecidas, una más gravemente herida y el cruel asesinato del joven estudiante de 19 años, Santiago Andrés Murillo Meses). En Cartagena “el comité seccional Bolívar ha indicado que también se marcha por los “despidos en el sector hotelero, desmonte total de los peajes en Cartagena y Turbaco, solución a la crisis de los trabajadores informales, el desmonte del Esmad” (el universal, 10/5). Se realizó una reunión del CNP con los comités departamentales durante dos días seguidos. Participaron “organizaciones sociales tales como Minga indígena, social y comunitaria, Cumbre agraria, CNA, proceso de comunidades negras - un total de 154 participantes el primer día y segundo día 123 personas” (PCC, 10/5). Se definió mantener el paro, impulsar Asambleas Populares y negociar “al menos” el pliego básico del CNP, que cuenta con 6 de las 105 reivindicaciones del movimiento. Se plantea una movilización el 12 para rechazar la militarización. “Se orienta que por iniciativa del CNP y CDP (comités departamentales), se preparen y realicen asambleas populares, sindicales y gremiales para informar, ayudar a dirigir y fortalecer el paro nacional, departamental, municipal y regional”. LEER MÁS Un balance de la situación en Colombia, escribe Emiliano Monge Colombia: un gobierno con custodia militar, para-militar y narco Escribe Emiliano Monge

Con el rechazo en soledad de la CONADU Histórica, la burocracia sindical que conduce la mayoría de las federaciones de docentes universitarios (FEDUN, FAGDUT, CONADU, UDA, CTERA) firmó la paritaria propuesta por el gobierno nacional, convalidando así un nuevo retroceso de nuestros salarios. El supuesto "aumento" en realidad constituye un ajuste: un 35% en 5 cuotas no acumulativas que terminaríamos de cobrar en febrero de 2022, frente a una inflación proyectada de casi el 60%. Los $1.000 mensuales por conectividad son una burla frente a los gastos que hoy implican la enseñanza virtual. La entrega de la burocracia se da, no obstante, en un río revuelto. El descontento de la docencia universitaria y preuniversitaria es enorme en todo el país, debido al deterioro sostenido de nuestros ingresos, a la degradación de nuestras condiciones laborales en la virtualidad y a las intentonas de retorno a la presencialidad en pandemia, sin tener en cuenta la vida y la salud de los estudiantes y trabajadores de la educación. La firma se ha perpetrado a espaldas de los reclamos de las bases. La CONADU, por ejemplo, ha avalado la miseria del gobierno a pesar del rechazo votado en muchas de sus asociaciones de base (Rosario, Río Cuarto, Mar del Plata, Córdoba, La Rioja, Gral. Sarmiento, Moreno, Centro, entre otras). También los docentes autoconvocados de la Universidad de Villa María rechazaron la oferta. Frente a esta situación, el plenario de CONADU Histórica resolvió dar continuidad al plan de lucha tratando de acordar con esas asociaciones y autoconvocados que quieran seguir impulsándolo. Paradójicamente, y aún sabiendo que las otras federaciones firmarían pocas horas después, el plenario no votó ninguna medida concreta para continuar el plan de acción, rechazando las propuestas de paro que llevaron algunas asociaciones. Es que, a pesar de rechazar la oferta miserable del gobierno, en la conducción de la federación prima una tendencia conciliadora con éste, que se da de bruces con las necesidades apremiantes de la docencia. La gestión capitalista de la pandemia ha demostrado brutalmente que la prioridad del gobierno y de la oposición derechista continúa siendo el pago al FMI y colaborar con la "nueva normalidad" que reclama el gran capital, a costa de la vida y la salud de los trabajadores. Desde la Agrupación Naranja-Tendencia consideramos que es necesario proseguir y profundizar el plan de lucha, promoviendo medidas de fuerza e instancias de coordinación con los docentes autoconvocados y de las otras federaciones. Los trabajadores de la salud de Neuquén marcan el camino: para quebrar el techo salarial y mejorar nuestras condiciones de trabajo, hay que impulsar la huelga y la solidaridad de los trabajadores.

La provincia de Santa Fe está en una situación sanitaria cada vez más grave. Mientras el gobernador Perotti aclaró que la presencialidad no está en duda, el secretario provincial de Emergencia y Traslado, Eduardo Wagner, admitió que las ambulancias tienen una gran carga porque deben definir a quién se deja en la casa o a quién se traslada, o directamente esperar muertes para obtener camas (Radioeme, 3/05). El Gobierno viene dando tumbos e improvisando malamente. Luego de ser la primera provincia en rechazar las restricciones nacionales, definió medidas peores y contradictorias que provocaron mayor descontento. El genuino reclamo por trabajar de diversos sectores se sustenta en los niveles de pobreza e indigencia que alcanzan el 40 por ciento en el gran Santa Fe y el gran Rosario, en un momento en el que toneladas de alimentos están siendo transportadas a los puertos de la provincia en beneficio del complejo agroexportador en el operativo Cosecha 2021. La capital colapsada Mientras los departamentos del sur ya pasaron por todos los colores del semáforo epidemiológico, la capital y la zona centro permanecen ‘inmutables’ a ojos del Gobierno. Pero los tres hospitales de alta complejidad de Santa Fe, el Iturraspe, el Cullen y el de Niños, ya han colapsado. Ya se suspendieron todas las cirugías programadas y hace varias semanas la ocupación de camas no baja del 100 por ciento. Aunque informaron que no pueden recibir pacientes de las regiones vecinas, continúan llegando enfermos incluso desde Paraná. Mientras, la salud privada afirmó que no tratarán otros pacientes ni a enfermos de COVID – 19, lo cual reduce la posibilidad de atención. Ciudades como Coronda o Gálvez, a tan sólo una hora de distancia, han entrado en severas crisis por el propio colapso y la imposibilidad de llegarse a la capital. Ya dos personas jóvenes murieron por falta de camas en un escenario que se proyecta mucho peor. Las direcciones de los nosocomios han emitido cartas y comunicados pidiendo cuidados y advirtiendo la situación, pero no se atina a grandes cambios. Se improvisaron algunos intentos de solucionar la situación, pero redundan en el aumento de la explotación del personal de salud ya agotado. En el Liceo Militar frente al Cullen se armó un hospital de campaña para pacientes no COVID que será atendido por el mismo personal agotado del efector. También colocaron camas en el Cemafe, pero no hay personas que puedan hacerse cargo del área. La llegada del frío y el aumento de la actividad escolar evidencian este año un escenario distinto al del 2020. No sólo es la circulación de personas sino también de otras enfermedades respiratorias o propias de la estación. El caso paradigmático de esta situación se vive en el sector sudoeste de la ciudad, donde el Hospital de Niños requirió de las instalaciones de la escuela N° 2090 que funciona en la misma manzana para ampliar la capacidad de internación. Como contrapartida, el ministerio de Educación comenzó a desmantelar la institución sin que las familias sepan, lo que significó otro conflicto. El intendente de la capital, Emilio Jatón, del Frente Progresista, se plegó completamente a la línea aperturista de Perotti. Las consecuencias de esta política criminal están a la vista en la ciudad de Santa Fe. Los trabajadores deberán organizarse en defensa de la salud y la vida y para arrancarle al Estado todo lo necesario, como lo están haciendo los compañeros del Polo Obrero en el barrio Santo Domingo.

El 25 de noviembre del 2018, Yanina Dalma Miranda mujer trabajadora y mamá del distrito de Escobar, fue atacada por Juan Carlos Monjes, quien la roció con alcohol y la prendió fuego. Días después, el 1 de diciembre, producto de las heridas, Dalma falleció. En junio se llevará adelante el juicio que dictará condena al femicida, la familia exige cadena perpetua. Después de innumerables denuncias por violencia, y a pocos días del cumpleaños de 15 de su hija mayor, Yanina fue atacada ferozmente en su casa del barrio “Villa Bourdet” por su pareja, Monjes, quien la prendió fuego. Dalma fue internada, con gravísimas quemaduras, en el Hospital Herill de Escobar. A partir del momento de ataque, el Juez Marino-del Juzgado de Garantías N°3 de Escobar- decidió que no había pruebas suficientes para detener a Monjes; incluso cuando fue la propia familia quien le mostró al juez fotos de Yanina desfigurada por los numerosos ataques que había recibido durante años por Monjes. Inclusive, Marino llegó a desestimar la gravedad del estado de Yanina, quién permanecía internada en terapia intensiva con el 45% de su cuerpo quemado. Fue entonces, que la familia empezó a convocar a marchas a la fiscalía, exigiendo la detención de Monjes. El 1º de diciembre del mismo año, Yanina fallece producto de las gravísimas heridas. Sin embargo, el femicida continuaba en libertad y declarando que “ella misma se había infringido las heridas”. Por ese motivo, la familia redobló la lucha organizando movilizaciones y piquetes en la puerta de la fiscalía. Frente a la insistencia de los familiares de Yanina por la inmediata detención de Monjes, el juez Marino los amenazó con “llevarlos presos” por disturbios. Finalmente, y después de la tenaz lucha de la familia, 15 días después de fallecida Yanina, el 16 diciembre del 2018 Carlos Monjes fue detenido e imputado por femicidio. El Juicio se llevará adelante los días 14, 15, 16, y 17 de junio; y será por jurados. La familia exige para Monjes la pena de cadena perpetua. Claramente, el Estado es responsable del femicidio de Yanina. Fue el Estado quién, frente a las innumerables denuncias por violencia que realizaron Yanina y su familia, dejó en libertad al violento Carlos Monjes, quien finalmente logró su cometido quitándole la vida a Yanina. No se trata de un Estado ausente, sino de un Estado responsable de garantizar la impunidad de violentos y femicidas. En Escobar, esto está claro, ya que son muchos los casos de femicidio que han quedado impunes a manos de los mismos jueces y fiscales que “atienden” el caso de Yanina. Son los mismos que hoy hacen alarde de la formación en “perspectiva de género” (Ley Micaela) que reciben los funcionarios locales desde el Gobierno Municipal de Ariel Sujarchuk. Es el mismo gobierno que no garantiza ni trabajo, ni asistencia psicológica, ni vivienda, ni resguardo a las víctimas de violencia. Desde el Plenario de Trabajadoras (tendencia), nos solidarizamos con la familia, la cual, no sólo afronta el terrible dolor de perder a Yanina, sino que tuvo que enfrentarse al Estado y al Poder Judicial, soportando aprietes y amenazas por parte de los funcionarios locales, para lograr la detención de Monjes. Nos sumamos a la campaña por la exigencia de “Justicia por Yanina-perpetua para Monjes” y llamamos a todas las organizaciones independientes y de lucha, y al pueblo trabajador de Escobar y Zona Norte, a acompañar esta campaña hasta que sea efectiva la condena al femicida.

Luego de 14 días de protestas y 7 de negociaciones, la rebelión popular desatada el 28 de abril.no ha perdido vapor. Las negociaciones llamadas “diálogo nacional” no conducen a ningún lado, porque el gobierno narco-militar no aguantaría las concesiones mínimas que reclaman las masas. La reforma fiscal que detonó la rebelión había sido fomentada por el FMI menos de dos semanas antes del estallido, como parte de un Programa de Facilidad de Crédito. Colombia tiene acceso a línea de crédito flexible (LCF), instrumento del FMI. Colombia recibió mediante este mecanismo 5.370 millones de dólares (unos 19 billones de pesos), de los cuales 3.900 millones los dejó el Gobierno en el exterior para incorporarlos en el flujo de caja de 2021. Pero el país debe pagar el 50% de esa deuda el año que viene. Los llamados para que Duque siga el camino de Piñera caen en saco roto, porque incluso la derecha chilena no está todavía conforme con pasar por un tránsito constitucional, que podría poner coto al sistema jubilatorio privado y a la educación arancelada – dos pilares de la financiación capitalista. Las negociaciones se van a extender por 10 días más, sin que ello detenga la militarización estatal – ni tampoco los cortes de rutas y las huelgas. En Calí, Bogotá y otras ciudades, la represión fue “tercerizada” en fuerzas paramilitares. El Comité Nacional de Paro no consiguió nada de Duque. La primera línea “Los muchachos están enfrentándose a la policía con palos y rocas, la organización popular puede ganarle a cualquier organización estatal” (France24, 9/5), dicen desde los piquetes. La primera línea realiza asambleas y actividades populares, ollas populares, con solidaridad de los médicos de la zona. También reciben donaciones de la Loma, una comunidad vecina (ídem). “Antes de las ollas comunitarias muchos chicos no tenían ni para una comida diaria” (ídem). Bogotá aumentó su pobreza en un 40% en pandemia, y creció en Medellín, Cali y la costa atlántica, escenarios de las mayores movilizaciones. La encuesta Pulso Social del DANE indica que 2,4 millones de hogares ya no comen las tres comidas al día. Duque se reunió el 7 de mayo con la “coalición esperanza”. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, parte de ese colectivo, pidió proteger al ejército y los policías y se hizo la desentendida por el uso de espacios públicos y privados (colegios, centros comerciales) como base de operaciones del ejército. Gustavo Petro, el centroizquierdista que va primero en las encuestas para 2022, había reclamado el fin de las movilizaciones cuando Duque retiró la reforma (Semana, 7/5). Pero Duque no retiró la reforma; hubiera necesitado la venia del FMI, el cual no ha abierto la boca hasta ahora. Petro plantea ‘democratizar’ a Duque, separándolo de Uribe; muchos analistas lo acompañan en este planteo. Para eso deberían contar con el apoyo de las FFAA, que son inseparables del paramilitarismo. El Vocero del Comité Nacional del Paro (CNP), justificó el encuentro con el gobierno como “ exploratorio”. “Estamos en paro nacional. El paro no va a parar por el solo hecho de ir a una reunión exploratoria con el señor presidente y su gabinete” (el tiempo, 10/5). ¿Agenda sobre lo fundamental? ‘Agenda sobre lo fundamental’, es lo que el gobierno y el CNP definieron como puntos básicos de discusión. El gobierno estaría dispuesto a volcar más de 50 billones de pesos (13.286 mil millones de dólares) a la inversión social, el doble de lo que pretendía recaudar con la reforma fiscal (RT, 10/5). La renta básica que pide el CNP “le costaría al país $73,93 billones” (vanguardia, 7/5). El progresismo chileno busca también salvar con una renta básica el sistema de AFP. El CNP reclama el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, vacunación para la población, renta básica de un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y de la soberanía y la seguridad alimentaria, subsidio a la pequeña y mediana industria, matrícula gratuita para los estudiantes, garantizar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia, rechazo a los privatizaciones del sector público, derogación del decreto que abre paso a las aspersiones aéreas con glifosato y del decreto 1174. El “pliego” no alude a la deuda externa, ni plantea el cese del gobierno actual El 6 y 7 de mayo se realizó la 5ta reunión del CNP y de los comités de paro departamentales (CDP), junto a comunidades negras, campesinos (Cumbre Agraria), la Minga indígena y otras organizaciones. Hizo un llamado a “fortalecer al paro ante la ofensiva del gobierno”, pero sólo convocan para a una marcha para el miércoles el 12, previendo el fracaso anticipado del “diálogo nacional”. Plantean la “desmilitarización, cese a la represión y violación de los DDHH y la negociación de los pliegos de peticiones”, a condición de frenar la lucha. Reclaman impulsar “asambleas populares, sindicales y gremiales para informar, ayudar a dirigir y fortalecer el paro nacional, departamental, municipal y regional”, y realizar una nueva reunión el 13 de mayo.

Se han administrado más de 1.300 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, lo que equivale a 17 dosis por cada 100 personas. Alrededor del 83% de las inyecciones de Covid se han administrado en países de ingresos altos y medianos altos, mientras que solo el 0,3% de las dosis se han administrado en países de ingresos bajos. En América del Norte, más del 30% recibió al menos una dosis, indica Our World in Data. En Europa, la cifra es 24%; África poco más del 1%. Los expertos advierten que si el virus puede propagarse desenfrenado en gran parte del mundo, indomable por las vacunas, las variantes peligrosas seguirán evolucionando y propagándose, amenazando a todos los países (NYT, 9/5). Diferentes inmunólogos planteaban que para “superar” la pandemia se necesitaba alcanzar la inmunidad de manada. Muchos gobiernos, que ningunearon la pandemia de entrada, vieron en la reproducción de contagios una “salida” (Suecia, Gran Bretaña, Estado Unidos, Brasil). Todo con desprecio por la mortalidad de este virus y su capacidad de mutar y variar. Más de un año después, el virus rompe récords de muertos y contagios en India con una temible segunda ola y también en América Latina. Los expertos indican que las nuevas cepas son cada vez más contagiosas y se propagan con demasiada facilidad y las vacunas están siendo acaparadas, por lo que la inmunidad colectiva esté muy lejos. Para científicos y epidemiólogos la propagación del Covid-19 significa que está en camino de convertirse en endémico (NYT, 9/5). Las vacunas se desarrollaron salteando pasos de control, pero la distribución mundial ha sido lenta y desigual. Menos del 10% de población de la India está vacunada, lo que ofrece poco freno a su avalancha de infecciones. La CDC confirma contagios en espacios cerrados El Dr. Anthony Fauci dijo que ya no sería necesario usar barbijos en lugares interiores debido al aumento de las vacunas. Pero EEUU está lejos de la inmunidad de manada. Biden, al alentar estas medidas pone en riesgo a la población frente a un nuevo pico de contagios. Fauci dijo que estaba dispuesto a relajar las reglas de uso de barbijos en interiores, “sólo dos días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizaran tardíamente el peligro de la transmisión aérea” (ídem). EEUU, todavía con un promedio de 43.000 casos a diario, el viernes, el CDC “actualizó su guía sobre cómo se propaga el coronavirus, indicando explícitamente que las personas pueden inhalar virus en el aire incluso cuando están a más de seis pies de distancia de una persona infectada. Anteriormente, la agencia había dicho que la mayoría de las infecciones se adquirían por ‘contacto cercano, no por transmisión aérea’”. Esto corrobora los peligros destacados por The Lancet sobre los “aerosoles”. The Lancet incluso había cuestionado los parámetros de la OMS. “La actualización puso a la agencia en línea con la evidencia del peligro de las gotitas en el aire que los epidemiólogos habían notado a medida que se desarrollaba la pandemia el año pasado. Según algunos expertos, también subrayó la urgencia de que la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional emita normas para que los empleadores aborden los posibles peligros aerotransportados en el lugar de trabajo” (ídem). Este punto es fundamental y pone blanco sobre negro a todos aquellos gobiernos, ministros de salud y especialistas que incentivan la “seguridad” de los espacios laborales como escuelas, empresas o fábricas. La CDC norteamericana confirma, ante toda la evidencia recolectada, que estos espacios no son seguros. Fauci dijo que el CDC tenía que “actualizar sus recomendaciones”, y agregó “Pero sí, tenemos que empezar a ser más liberales a medida que vacunamos a más personas”. Dice que libera las restricciones ahora daría “más credibilidad” cuando se tenga que volver a implementar medidas restrictivas si aumentan los casos en el otoño o en el invierno. Esto indica a las claras que están pronosticando una nueva ola de casos, a pesar que más de un tercio de la población de EEUU (112 millones de personas), está completamente vacunada y otros 40 millones de personas han recibido la primera dosis de un protocolo de dos dosis. El CDC, que emite una guía nacional sobre enmascaramiento, dice que incluso las personas vacunadas deben continuar usando máscaras en espacios públicos interiores, incluidos los restaurantes, cuando no estén comiendo ni bebiendo activamente. ¿Inmunidad de manada? Según algunas estimaciones, se requiere que el 70-90% de la población sea inmune para adquirir la inmunidad de manada. (El número exacto aún no se conoce de manera concluyente). Pero al ritmo actual, incluso si todos los que desean la vacuna pueden obtenerla, esto no será posible (The Economist, 6/5). Hay muchos científicos que ponen en cuestión la inmunidad de manada, no sólo por las nuevas variantes que vulneran las vacunas, sino porque sería necesario, en cambio, poner un piso de inmunización no menor al 70%. Jeffrey Zients, coordinador de respuesta de Covid de Biden, sugirió que “en lugar de alcanzar la inmunidad colectiva, el punto en el que suficientes personas son inmunes al virus y ya no puede propagarse a través de la población, el objetivo debería ser lograr un cierto sentido de normalidad al inmunizar al 70 por ciento de los estadounidenses. El presidente Biden ha pedido que el 70% tenga al menos una dosis para el 4 de julio” (ídem). Alcanzar esa cifra creará "un patrón de disminución de casos, hospitalizaciones y muertes y nos llevará a un nivel bajo sostenible". Esto es, que el virus seguirá circulando, lo cual plantea a la clase obrera la necesidad de un programa de conjunto, porque la confrontación con el capital acerca de la salud y la vida, que la pandemia puso al desnudo más que nunca, seguirá en agenda. Es fundamental, por ejemplo, la reducción a seis horas de la jornada laboral, sin desmedro del salario. Un gasto gigantesco para becar a la juventud, desde el jardín a la graduación, para incrementar en forma exponencial la actividad relacionada con la salud, que no se reduce a Medicina. La nacionalización integral de los monopolios farmacéuticos es apremiante, para que el progreso científico (que, de todos modos, es financiado por el Estado) no sea expropiado socialmente en beneficio de un puñado de capitalistas. La vivienda se convierte en crucial; para que haya una construcción masiva es necesario contar con el dinero que circula por bancos y fondos – las partidas presupuestarias son limitadas. Queda planteada la nacionalización de bancos y fondos para aplicar al hábitat de la mayoría. Los ejemplos son infinitos, pero todos se reducen a lo siguiente: capitalismo en decadencia o socialismo; unión internacional de repúblicas o rivalidades capitalistas y guerras; gobierno de una ultraminoría de grandes patronales o gobierno de trabajadores.

La jornada nacional de lucha del 10 de mayo, se tradujo en cortes de ruta y accesos en la provincia. Se realizaron cortes en el puente Lucas Córdoba, unos de los principales accesos a San Miguel de Tucumán, y en las rutas de acceso a Tafí Viejo, Leales (Ruta nacional 9), Manantial (ruta nacional 38), en los accesos a la comuna de Los Ralos y a la de Delfín Gallo, donde se concentraron y coordinaron asambleas del Polo de distintos puntos. De la actividad participaron cerca de 1500 compañeros. En los cortes se hicieron presentes compañeros que vienen del Polo Obrero oficial, y que se sumaron a la lucha dando cuenta que rompen con el aparato por sus métodos patoteriles y extorsivos. Incluso se acercaron compañeros de otras organizaciones a tomar contacto, denunciando amenazas y la arbitrariedad en la distribución de las conquistas. La jornada estuvo precedida por amenazas de represión de la policía el día anterior en algunos pueblos. Durante la jornada, en uno de los cortes realizado en Tafí Viejo, el gobierno puso en pie el aparato represivo, movilizó la infantería, bomberos y policía Federal, ocupó todos los accesos, hicieron despliegues en las principales calles y avenidas de la ciudad y quisieron llevar preso a un compañero delegado, lo que fue impedido por los demás compañeros. Este giro represivo del gobierno se da en el marco de la visita reciente a Tucumán de la ministra de seguridad Frederic. Vino a sostener al Ministro de Seguridad provincial Maley, fuertemente cuestionado en el marco de las internas y la fractura del gobierno. En todos los grandes conflictos, incluso donde hay reclamos elementales, la conducta del gobierno es descontar los días de huelga y perseguir a los delegados y luchadores. De manera creciente ha comenzado a movilizar a las fuerzas de represión, con detenciones y aperturas de causas. Así está ocurriendo con los trabajadores de la salud, docentes y del citrus, entre otros. Es una escalada para sostener una política de ajuste creciente, una presencialidad educativa que cada día se hace más insostenible, y un proceso de descomposición del régimen político imparable. Todo este escenario pone de manifiesto la necesidad de unificar los reclamos de la población trabajadora, ocupada y desocupada, en una lucha de conjunto y a fondo. Solo así se van a poder arrancar los reclamos y pararle la mano a la escalada represiva.

Tal como lo advertimos, luego de lanzar “un globo de ensayo” acerca de la unidad, el PTS ahora lo utiliza para endilgar a nuestra Tendencia la 'ruptura' que nunca existió ni a nivel de propuesta. El PTS ofrece como prueba de su posición los “llamados públicos” a la unidad efectuados desde su periódico, pero esto mismo prueba que no eran más que cáscaras vacías y un intento de transferir responsabilidades, puesto que ninguno de esos llamados estaban aprobados por el FIT-U, y eran lanzados a sabiendas de que nuestra presencia en un frente sería fuertemente condicionada por los socios de esa coalición, y finalmente rechazada. La operación “globo de ensayo” culmina ahora como lo previmos públicamente desde un comienzo: con una provocación. Mientras el PTS “llamaba” a esa 'unidad', el aparato del PO procedía a intervenir al Partido Obrero de Jujuy, alegando la titularidad en el orden nacional. Lo hizo para invalidar la continuidad del FIT en Jujuy, donde está presente el PO real de Jujuy, vinculado a la Tendencia nacional. Iñaki Aldasoro, por caso, dirigente del PO de Jujuy, se encuentra en la Legislatura en representación del FIT. La legalidad del Partido Obrero de esta provincia -es fundamental aclararlo- no fue conquistada por Solano y compañía sino por los militantes de nuestro partido en Jujuy. La dirección central de un partido revolucionario no está autorizada a expulsar en forma sumaria a una regional, como se lo permite la legislación electoral proscriptiva del Estado. Por el contrario, está obligada a abrir un debate político; a reconocer el derecho a la defensa; y a llevar su posición a un Congreso nacional, con la presencia de las regionales o militantes cuestionados. Acostumbrado a 'arreglar' los 'asuntos internos' por medio de la intervención estatal, como ya lo hiciera en Tucumán, lo tiene sin cuidado añadirle una mancha más al tigre. Estos intervencionistas no tienen empacho, sin embargo, en proclamarse “políticamente independientes del estado burgués”. El palabrerío de este aparato está más desvalorizado que el peso argentino, o incluso que el bolívar venezolano. En el caso de Salta, el “llamado público a que integremos el FIT-U” era completamente improcedente, porque el PO de Salta ya se encuentra en el FIT-U. Quien está afuera es el sector de Del Plá y compañía, que acaba de anunciar la fundación de otro partido – el Frente de Unidad Trabajadora, que no tiene reconocimiento legal. Convocar a la unidad a un partido que ya está inscripto en un Frente, es el anticipo de una ruptura. En resumen, como lo hemos advertido a tiempo, “el globo de ensayo” del PTS era una preparación de la división – sin principios. El PTS, después de todo, no ha contestado ni refutado nuestra caracterización de la actividad parlamentaria del FIT-U, que no tiene nada que ver con el uso socialista de esa tribuna política, sino que ha servido para ofrecer quórums y votos a proyectos patronales nacionales e internacionales – en este caso el tratado Trump-Netanyahu, firmado por Argentina, cuya ratificación pidió el canciller Solá al Congreso nacional y a las Legislaturas. Exclusión Para excusarse de sus propias tropelías, el PTS ahora afirma que nosotros queremos excluir a los representantes del aparato oficialista de las listas del FIT-U, pero ese no es nuestro método sino el del PTS y el de ese aparato. El PTS no puede citar una línea en ese sentido de nuestra parte. Las exclusiones dentro del FIT-U tienen como únicos protagonistas a sus propios miembros, como lo revelan los ataques y hasta las provocaciones que se lanzan entre ellos. El FIT-U es una riña de gallos. No han querido establecer un único bloque del FIT en los parlamentos, ni mucho menos la gestión colectiva de las tareas parlamentarias, como lo prueba el elevado número de “audiencias públicas” que unos convocan y otros sabotean. El método de unidad parlamentaria del FIT se aplica en sólo dos casos – con la diputación de Liliana Olivero en Córdoba y la de Marcelo Ramal en la legislatura porteña. En las reuniones realizadas por iniciativa de la Tendencia (para salir del fango de las llamadas telefónicas de Pistonesi) dejamos claro que no vetamos a nadie. Es suficiente leer un artículo reciente acerca de Frentes de Izquierda y Elecciones, de Altamira, que no abordamos al Frente del Pueblo y a Izquierda Unida desde los vetos, sino desde el programa y el método político de acción. Durante casi una década, el PTS vetó, en cambio y en forma sistemática en todas las actividades, al MST. La verdad no ofende. El PTS asegura que le hemos reclamado un posicionamiento en la crisis del PO y que no es algo que les incumba, cuando en realidad tomaron partido por el aparato interventor desde el primer momento. Que no les incumba es, de por sí, una toma de posición, por aquello de que el que calla otorga, o sea que el PTS entiende que las expulsiones sumarias son compatibles con el método de un partido revolucionario. Retoman las posiciones del centrismo internacional en los años 30, que no repudiaba los métodos del stalinismo porque se declaraba equidistante de stalinistas y trotskistas. Le tocó a un liberal norteamericano, John Dewey, reunir una comisión internacional para investigar las denuncias de Stalin contra el fundador del Ejército Rojo. Al PTS lo ocupa ahora el abandono de la política por parte de Pablo Iglesias, donde no se aplicaría el principio de no intervención en otros partidos. Pura chapucería; Pistonesi ha pasado del ‘globo de ensayo’ a la provocación. Poco propicio al respeto recíproco, Pistonesi se descontrola como consecuencia del acuerdo electoral entre el Partido Obrero de Salta y el Nmas. Presencialidad El PTS se mete en camisa de once varas cuando plantea que utilizamos el argumento de la presencialidad capitalista en pandemia como un “principio revolucionario y no parte eventual de un programa integral frente a la catástrofe sanitaria”. El PTS no es un presencialista escolar eventual, es sistemático – es el que dice que si las cajeras van a los supermercados, por qué no deberían los docentes ir a las escuelas. Nunca dijo que el cierre de escuela fuera su programa 'eventual'; su adopción de la “suspensión temporal” fue un recule ante la presión de los maestros. Del Plá hizo campaña contra el cierre de escuelas cuando la pandemia en Salta crecía. De todos modos, aclaremos: el cierre de escuelas no es, como dice el PTS, “un principio revolucionario”. Revolucionaria es la oposición a la gestión capitalista de la pandemia y, por sobre todo, al capital mismo, que ha desatado una crisis humanitaria, en nombre del socialismo. El PTS parece haber adoptado el método de Leandro Santoro y Ángela Merkel: “el semáforo rojo” – hoy no cerramos, mañana sí, pasado mañana, quizás. Eso, para un socialista, no es un programa – es un contorneo, la teoría de 'la adaptación permanente'. Las patronales han aceptado el “semáforo rojo” en Alemania, sólo con forceps, y aquí si se subordina al federalismo; al fin de cuentas, ellas mismas han debido reducir turnos de trabajo o cerrar plantas en forma temporaria. De modo que el planteo del PTS encaja bien con lo que viene ocurriendo – a la rastra de los acontecimientos y de la burguesía (y el clero y la patronal de la educación privada). La reducción de la presencialidad al estatus “eventual” es funcional a las presiones políticas del momento, o como le gusta decir al PTS: “tener en cuenta a la opinión pública”. Por otro lado, el PTS nos advierte que el NMas defiende junto con ellos la presencialidad. Chocolate por la noticia. En la campaña electoral, el NMas defenderá su posición, nosotros la nuestra, como ocurre ya en las asambleas docentes con toda la izquierda. Pero con un agregado: cuando se voten los paros contra la presencialidad, ambos nos movilizaremos para su éxito – lo contrario de lo que ha hecho el FIT-U en los Sutebas de Escobar y Bahía Blanca. El PTS llamó a carnerear el paro de cinco días de los docentes autoconvocados salteños, en marzo pasado, cuando quedaron en minoría en sus asambleas. Esto sí es un enorme obstáculo para un frente de izquierda. Defendemos la unidad de fuerzas contra las patronales y sus partidos en los eventos electorales, a condición de que se haga en la claridad y con métodos consistentes con la claridad. No aceptamos 'globos de ensayo' seguidos de una provocación Programa El acuerdo electoral con el NMas deja en claro los acuerdos y las diferencias, y tiene una función política importante: evitar una mayor dispersión a la ya instaurada por el divisionismo del PTS y el FIT-U. El PTS ridiculiza al NMas salteño como un grupo minúsculo, pero menos minúsculo, sin embargo, que cuando el PTS envió dos o tres militantes a Salta para enfrentar al PO. El 24 de Marzo pasado duplicó en número al cortejo del PTS. El PTS tira al pasar que la Tendencia del PO se dedica a “la administración de planes del estado para engrosar columnas y actos partidarios”, cuando sabe que eso es falso. El Polo vinculado a la Tendencia es el resultado de una diferenciación política con los métodos y objetivos del aparato. El PTS alimenta la inquina contra el movimiento de desocupados desde el surgimiento del movimiento piquetero, al cual desconoce como parte de la clase obrera. Al mismo tiempo, los diputados del FIT-U, Del Caño y Romina Del Plá, votaron la ley de emergencia alimentaria pactada por Macri, Alberto Fernández y el FMI (con la abstención de Izquierda Socialista), que hoy se ve que fue una farsa, porque son precisamente los alimentos lo que no llega a los comedores de los barrios. El proyecto Fernández-Macri fue caracterizado por toda la prensa como un instrumento para obtener “una transición política ordenada”. Pistonesi, lo decimos con pena, no aguanta un prontuario. LEER MÁS Plataforma electoral del acuerdo “Partido Obrero-Nuevo MAS”

Empieza mayo, y para los estatales nacionales llega el mes de las paritarias. De la pasada no queda ni el recuerdo, este mes se cobrará la última cuota de 8 por ciento cuando sólo en enero hubo 4 puntos de inflación. También se acabaron los bonos acordados en paritaria para los salarios inferiores a 60 mil pesos. Como no fueron incorporados al salario, cobramos en abril menos que durante los primeros meses del año. La paritaria estatal va en reversa de los aumentos de tarifas y de los alimentos. La Asociación Trabajadores del Estado –ATE- y Unión Personal Civil de la Nación- UPCN- firmaron un 25% en cuotas contra la voluntad de los y las trabajadoras. Lo hicieron en nombre de una supuesta solidaridad con quienes cobraban las IFE y las patronales subsidiadas por las ATP. Además, se comieron la zanahoria del pase a planta permanente. En los últimos años, el salario estatal se depreció en un 40%. Para empezar a hablar hay que recuperar lo perdido. Y dejar de tener compañeros precarizados, sin derecho a aguinaldo, vacaciones ni estabilidad laboral. En medio del silencio de las conducciones -seccional y nacional- del sindicato, un puñado de Juntas Internas y de activistas se proponen organizar el descontento. Las Juntas Internas que se reunieron el año pasado y que volvieron a darse cita este año somos una expresión de la presión real de nuestros compañeros, que no llegan a fin de mes. La mayoría estamos por debajo de la línea de pobreza. El propio Indec, organismo que se encarga de medir la pobreza “tiene un 70% de trabajadores por debajo de esa línea”, dijo Fabio Peñalva –secretario de la Junta de ATE Indec- en una conferencia de prensa realizada el último 5 de mayo frente a las puertas del organismo. No solo eso, además, “350 de los trabajadores son precarizados”. Estas proporciones se van repitiendo por todo el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Que el árbol no nos tape el bosque Un frente único de Juntas puede ser el punto de partida de una reacción colectiva ante los planes hambreadores del gobierno y la entregada de las direcciones burocráticas. Hay que superar los límites propios de su ámbito de incidencia: la “interjuntas” tiene que proponerse como canal de organización de Juntas Internas, de delegados y de todo el activismo que quiera luchar. Debe avanzar con mandatos de asamblea en cada lugar de trabajo como un frente único por el salario y por el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores. Tenemos que impulsar estas convocatorias tomando la experiencia de los docentes de UTE y Ademys, que les impusieron a los defensores de la “presencialidad segura” tres semanas consecutivas de paros. Los repetidores de: “la docencia no para por los descuentos” se estrellaron con la voluntad de los docentes de pelear por la vida y la salud propia y las del alumnado. Sus pares en el Estado, los del “en el Estado no pasa nada” van por el mismo camino. El llamado es a ponerse en pie por el salario, siguiendo el ejemplo de los neuquinos. Ni dos horas habían pasado de la conferencia de prensa en el Indec cuando ATE Capital, Verde y Blanca, sacó un flyer planteando: “recuperar salario para ganarle a la inflación y que no haya estatales por debajo de la línea de pobreza”. Si el reclamo fuera genuino la seccional tendría que sumarse al plan de luchas de la Interjuntas, convocar al paro y movilizar al Ministerio de Economía. Esta pirueta debe servirnos para reabrir la discusión con cada delegado y activista de las Juntas Internas Verde y Blanca, que están tan asfixiados por la situación salarial como los que se reúnen en la Interjuntas. Es la razón por la cual la Comisión Nacional de Valores, (Verde y Blanca) tuvo que votar un paro de tres días semanas atrás. Los sectores que están luchando en su sector pero que aún no han dado el paso a sumarse tienen que aunar su fuerza al colectivo. La fuga de profesionales del Estado se verifica en todos los organismos aunque se note más en el ámbito científico. El ajuste que año tras año recae sobre los trabajadores en general y los estatales en particular es el centro del problema de la fuga de cerebros. Un salario mínimo igual a la canasta familiar reconstituiría todos los organismos. ¿Qué hacemos? Construyamos asambleas sin distinción de afiliación en cada organismo nacional, mirémonos en el espejo de las autoconvocatorias. Defendamos el derecho a la vida como lo hacen los docentes en su lucha contra la presencialidad. Derecho a la vida también es tener un salario que nos permita llegar al otro mes. Pase a planta permanente y por el fin de las tercerizadas. El miércoles 12 de mayo vayamos todos al Ministerio de Economía. Plan de lucha por un salario igual al costo de la canasta familiar.

El contexto de una rebelión La llegada de Menem al gobierno significó la privatización de empresas del Estado. En consecuencia, casi 5000 trabajadores despedidos en nuestra zona, con la anuencia de senadores (Romero, el ex gobernador) diputados, gobernadores, sindicalistas y la parálisis de funcionarios locales. Un grupo de trabajadores ypefianos se autoconvocaron generando el primer corte de ruta en la 34 en 1990. Un llamado de atención tremendo, pero que no pudo frenar la política de entrega. Consumado el hecho y con algunos pesos para “invertir” tras el retiro involuntario, cada trabajador se las arregló como pudo. Surgieron emprendimientos grupales (cooperativas) o individuales sin ningún apoyo del Estado. Los resultados se hicieron visibles a los pocos meses, cuando surge en Mosconi la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) con una gran cantidad de “afiliados”. A la grave situación de desempleo se sumó la problemática de la vivienda. Cientos de vecinos fueron intimados a pagar las deudas atrasadas o el desalojo sería inminente (Barrios de Fonavi o del Banco Hipotecario o viviendas de la ex YPF). Esa amenaza se concretó a medias a fines de 1996 en el Barrio 447 Viviendas. La unidad de los vecinos y sectores de la UTD hicieron retroceder a la gendarmería, que ya había puesto en la calle a varios adjudicatarios. Para echar más leña al fuego, los servicios básicos como el agua, la luz y hasta el gas apretaban con el pago, mientras que las prestaciones eran (aún lo son) deplorables. Una noche de deliberación y decisión En este contexto, se empezaron a organizar asambleas públicas en las barriadas y las distintas localidades con la participación de diversos sectores. Trabajadores desocupados, de la salud, educación, de los medios de comunicación, estudiantes, vecinos y representantes de barriadas con posibilidad de desalojos, comerciantes y hasta empresarios culminan en una asamblea departamental un 7 de mayo de 1997. La resolución de la asamblea fue un corte de ruta en el ingreso sur de Mosconi. Luego de una marcha desde plaza San Martin hasta el lugar designado, se instaló el corte de ruta mas largo de la historia de la zona. Fueron días de una impresionante deliberación, con asambleas diarias. Se elaboró un pliego de reivindicaciones, con delegados por sectores y consultas cotidianas. Carpas, fogatas y una masividad de casi 20000 personas “desanimaron” la intención de Romero y Menem de reprimir. Pero no evitaron las maniobras que desde un principio implementó el gobierno. La “dirección” de esta pueblada estaba en la “multisectorial”, que sería dividida y superada por un grupo de desocupados que no aceptaba la promesa de los funcionarios. El pliego multisectorial era extenso, y mezclaba el reclamo de puestos de trabajo genuino, la condonación de deudas por viviendas y obras públicas con pedidos por parte de empresarios de la zona de refinanciación de deuda o condonaciones. La respuesta del gobierno fueron los “planes” sociales, que inicialmente fueron 2500; la suspensión de los desalojos; promesas de mejoras en hospitales, bomberos y algunos beneficios para contados empresarios, que construyeron hoteles en la zona o les condonaron deudas con el Banco Nación. Los “limites” del acuerdo salieron a la luz al poco tiempo. En los años 1999, 2000 y 2001 se vivieron nuevos levantamientos. Más clasistas. Impulsados por movimientos de desocupados que como respuesta al reclamo de “trabajo genuino” recibieron la represión, persecución de luchadores sociales y el asesinato de cinco trabajadores y estudiantes de la zona. Esos crímenes hoy siguen impunes. Realidad y perspectiva A 24 años de aquella rebelión popular, el contexto no solo no ha cambiado, sino que está agravado por una pandemia que desnudó la política de quienes gobernaron estos años. La tierra del petróleo, el gas y de una enorme potencial en agricultura y ganadería está plagada de comedores y merenderos barriales. Niños que se mueren por desnutrición, cientos de trabajadores desocupados o con trabajo en negro, el servicio de agua y luz se ha transformado en un negociado vergonzoso y la educación y la salud se sostiene por el esfuerzo de los propios vecinos. Paradójicamente y casi trágicamente, Romero sigue siendo senador, y su hija es intendente de la ciudad Capital. Ruarte -que era intendente en Mosconi en 1997- sigue en la intendencia y Tartagal, que había puesto expectativa en un cambio con Mimessi, empieza a vislumbrar que la UCR tiene la misma respuesta que Ruarte y Sáenz ante las necesidades de la región. Sin dudas es necesario sacar conclusiones. La realidad obliga a ello. El año pasado, con casi todo cerrado, los hospitales y sanatorios de la zona colapsaron. Vecinos peleando por oxígeno, cama o médicos. Ante esta segunda ola y con casi todo habilitado hasta las escuelas ¿Cuál puede ser el resultado? A organizarnos en los lugares de estudios, de trabajo y en los barrios. A defender la salud y la vida. A potenciar reuniones y asambleas en defensa propia.

Este lunes 10 de mayo el Polo Obrero Tendencia protagonizó una jornada de lucha nacional, con cortes en los accesos a Capital y decenas de cortes en el interior del país. La movilización tuvo una importante repercusión en los medios radiales y televisivos tanto locales como nacionales. Nuestros voceros dieron entrevistas en numerosos medios. La jornada se desarrolló con una marcha desde Plaza Constitución al Ministerio de Desarrollo en la Av. 9 de Julio, con un corte total de accesos al Puente Pueyrredón, un corte sobre la Autopista del Oeste a la altura de Moreno y en la Panamericana con la ruta 197. En las provincias, entre otras acciones, hubo movilizaciones en Mendoza, en San Juan, junto al Movimiento Teresa Rodríguez, cortes bajo la lluvia en Chaco, concentración frente al municipio de Bahía Blanca; en Jujuy movilización a Desarrollo Social y corte frente a la Gobernación; en Tucumán seis cortes de ruta y accesos conmovieron a la provincia con miles de compañeros que enfrentaron un gran despliegue represivo. Para nombrar algunas de las acciones destacadas. La preocupación de los funcionarios de Desarrollo Social de Nación, gestores del hambre y la pobreza en el país, fue que nuestra columna no llegara al edificio del Ministerio. Su tarea en las últimas semanas pasó de intentar esquemas de cooptación y profundizar la regimentación en las organizaciones a directamente buscar ocultar los reclamos. La extorsión de no recibir a nuestra delegación si nos acercábamos al edificio, fracasó frente a la acción decidida del Polo (T). Los funcionarios que recibieron la delegación alegaron falta de presupuesto para alimentos, nuevas bocas y partidas. En la semana, Arroyo había ratificado su apoyo a la política de ajuste de Guzmán. Logramos, sí, confirmar el pago de las complementarias de planes pendientes y de los que tuvieron descuentos para próximas fechas, una migaja en comparación con las necesidades. Los funcionarios calculan “recuperar” hasta un 10% de planes caídos cuando actualicen los datos sobre los 800.000 activos; luego de esto, harían una propuesta a las organizaciones. Ante estas respuestas, en la puerta del ministerio, frente a los medios de comunicación, anunciamos nuevas acciones, como una gran marcha con permanencia desde el conurbano hacia la Av. 9 de Julio, al Ministerio de Desarrollo Social y Plaza de Mayo. Esto será discutido y votado en todas las asambleas y barrios donde está presente el Polo Obrero Tendencia. En este cuadro de situación, varias provincias y regionales tuvieron sus propias conquistas en diferentes instancias, como es el caso de los merenderos y comedores en La Matanza, una cantidad de cupos en la provincia de Chaco o en Mendoza, donde se arrancó un compromiso a ampliar la cantidad de Tarjetas Alimentarias, por ejemplo. En todo el país, en cada barrio y asamblea trabajaremos una próxima acción con el programa de trabajo genuino, restitución del IFE, el aumento de planes y subsidios al 80% de la canasta básica, aumento de partidas alimentarias en cantidad y variedad, vacunas para el conjunto de la población, no al pago de la deuda externa: ¡Fuera el FMI! Las respuestas insuficientes frente a la inflación descontrolada, el aumento de tarifas, la nueva ola de contagios y los millones de nuevos desocupados sin respuesta exigen un Plan de Lucha a fondo del conjunto de las organizaciones, con el método de la democracia obrera. LEER MÁS El castillo de naipes de la política criolla y los trabajadores, por Jorge Altamira ** Lunes 10 de mayo: el Polo Obrero Tendencia se moviliza en todo el país por Leonardo Perna

El haber mínimo de casi 3 millones de jubilados y pensionados aumentó un 12.2% - de $20.571 a $ 23.064. “Los bonos se otorgaron porque el aumento del 8,07% en marzo resultaba insuficiente frente a la inflación trimestral pasada (11,34% en el cuarto trimestre de 2020) y la que se proyectaba para el primer trimestre que luego, el INDEC informo que fue del 13%. Entonces el gobierno aseguraba que con el bono la mayoría de los jubilados y pensionados le ganaría a la inflación” (Clarín, 11/5). No fue lo que ocurrió. Con el 8,07% más los bonos, los jubilados y pensionados tuvieron un alza del 16 % en abril y mayo. Si consideramos que la inflación, en junio, en los mejores pronósticos, sería del 3%, en los primeros 6 meses del 2021 la suba de precios rondaría el 25%, contra una ´mejora´ de las jubilaciones y pensiones del 21,2% (8,07% más 12,12%), casi 4 puntos menos. Además, en julio y agosto, la inflación se incrementará pero no así las jubilaciones y pensiones, porque recién habrá un aumento después de setiembre. En el mes de agosto, la inflación sería mayor al 30% y los haberes quedaran sumergidos en una suba del 21,2%. Todo esto con el agravante de que la inflación es mayor en los rubros de alimentos y medicamentos. Para aquellos que cobran por encima del haber mínimo, el panorama es todavía más sombrío. Estos haberes perdieron frente a la inflación el 19,5% en el período 2018/2019. En el 2020, con aumentos del 24,3% contra el 36,1% de inflación, se perdieron 12 puntos. Demostramos con este panorama que la ´ley de movilidad´ ha ido carcomiendo los ingresos de los jubilados. La pandemia ha colocado al conjunto de jubilados y pensionados en una situación de extrema vulnerabilidad. Debemos organizarnos y luchar por un aumento de emergencia de $ 30.000 para los jubilados, pensionados y afectados por las rentas vitalicias. Por un PAMI y ANSES dirigido por afiliados y trabajadores. LEER MÁS El castillo de naipes de la política criolla y los trabajadores, por Jorge Altamira

En el día de hoy se desarrolla en Colombia un nuevo paro nacional. Las negociaciones del gobierno con el CNP se “enfrascaron”. Mientras para el Gobierno la reunión de ayer fue “exploratoria”, para los representantes del paro debió haber sido más que eso (El Espectador, 10/5). Bogotá amaneció paralizada. Se realizarán quince actividades durante el día en el Parque Nacional, Monumento de los Héroes, Universidad Pedagógica y Universidad Distrital (Bluradio, 12/5). Los estudiantes organizan “clases a la calle” y plantones en diferentes puntos de la capital. Desde las 5:00 de la mañana se bloquean los portales del sistema de transporte en Usme, Tunal, 20 de Julio, Suba, Norte, Américas y la calle 80, frenando la movilidad de la capital. Cincuenta estaciones de Transmilenio están inhabilitadas. Se repintó un mural sobre pueblos originarios en la capital, vandalizado con pintadas supremacistas. En Bucaramanga la concentración principal comenzó a las 8:00 de la mañana. En Barranquilla, las centrales obreras y maestros se concentrarán en el Parque Esthercita Forero, y se unirán a otra marcha convocada por el comité juvenil de paro. Así sucederá en al menos 600 municipios. La Minga indígena participará en las movilizaciones en Cali. Aquí, Duque ordenó el máximo despliegue de fuerza pública y desarrolló una reunión del Consejo de Seguridad. Habrán nueve puntos de concentración. Hay bloqueos en la ciudad, principalmente al norte y al sur. Otros bloqueos en el oriente de la ciudad, también en el oeste y centro. La Federación General de Trabajadores del Valle convocó a las organizaciones sindicales y a la ciudadanía en general a que se movilizaran desde la Universidad, lugar de ataques paramilitares a estudiantes, trabajadores e indígenas. Desastre sanitario En Bogotá, la ocupación de camas UCI alcanzó el 96 %. El más reciente reporte de Salud Data muestra que la capital tiene 610,5 casos activos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad en los hombres es de 283,9 por cada 100.000 y, en las mujeres, de 147,3 por cada 100.000. “El Distrito, en vez de reforzar las medidas para contener la propagación del virus, aflojó las restricciones al acordar que desde el martes 11 de mayo todo establecimiento debe cerrar a las diez de la noche (El Espectador, 10/5). Tampoco hay cuarentenas (generales o por localidades), como sí lo hubo en otros momentos complejos de la pandemia, donde incluso la situación era mejor que la actual. La alcaldesa bogotana, Claudia López, aprovechó la situación sanitaria para atacar a las movilizaciones. “¿Cómo le decimos a una localidad que se encierre cuando el resto sale a movilizarse? ¿Con qué cara le decimos a los niños que se sacrifiquen cuando los adultos no lo están haciendo?” Así es la burguesía: cuando el pueblo se moviliza reivindica el confinamiento – cuando se resigna al orden, reclama la ‘apertura’. El personal de salud de la capital y de otras ciudades respalda el paro. La Federación de Educadores realiza un cese de tareas contra la presencialidad. LEER MÁS Una escuela de falsificación histórica, por Emiliano Monge El Partido Obrero oficial descubre tarde y mal la rebelión popular en Colombia, por Julián Asiner

En Córdoba, desde hace semanas que los casos rondan en los 1.500 diarios, uno de los niveles más altos de todo el país, mientras el gobernador Schiaretti -como Larreta en CABA- se juega a mantener las escuelas abiertas. La bronca de la docencia crece al compás de los contagios. La política “aperturista” contradice todas las recomendaciones de los especialistas, incluso los más cercanos al gobierno. Ricardo Lamberghini, infectólogo que integra el Comité Asesor del Gobierno de Córdoba, señaló que, “si no se toman medidas categóricas que de alguna manera disminuyan la circulación de las personas, pues bien: la situación irá empeorando día a día…si no cambiamos de actitud, va a morir mucha gente”. El propio ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo señaló al diario Perfil Córdoba que “…vamos a tener un invierno crudo y muy duro… van a venir momentos más críticos en cuanto a casos y a ocupación de camas Covid… las condiciones climáticas van a hacer que la transmisión aumente de forma sustancial, los espacios se van a empezar a ventilar menos y eso va a impactar. Las patologías respiratorias se van a sentir y lo estamos viendo en el Hospital de Niños, donde ya tenemos a menores de cinco años internados…”. La farsa La ´duplicación´ de camas críticas de terapia intensiva anunciada por el gobernador fue desestimada por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC). “No hay profesionales para atenderlas”, señaló su presidente, Andrés de León. Antes de esta supuesta ampliación de camas, los terapistas registraban un 25 % de sobrecarga. El año pasado, en algunos hospitales de Córdoba, las terapias estuvieron cerradas porque “disponían de camas, respiradores y monitores pero no contaban con personal para atenderlas”. Esta supuesta duplicación de camas es un ardid estadístico, ya que el gobierno de la provincia modificó los índices con los que evalúa el ´riesgo epidemiológico´. De esta manera, la supuesta ampliación del sistema sanitario, aunque no sea más que en términos edilicios o mobiliarios, permite maquillar el riesgo epidemiológico y sostener el “aperturismo” del gobernador hasta “una situación de desastre”. Es justamente esta frase la utilizada por el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, para graficar hasta dónde está dispuesto a llegar el gobernador para no cerrarles la plantas. “El gobernador nos dijo que está convencido que los contagios se producen en las reuniones sociales y que ni en industrias, comercios ni restaurantes se producen contagios. Y que para que cierre eso tiene que haber una disposición nacional que los obligue o una situación de desastre. Nos dio su compromiso de llevar este tema hasta lo máximo posible (sic)”. El ´relato´ indica que en los colectivos abarrotados, las fábricas y los colegios, nadie se contagia. Los más de 200 trabajadores de Higiene Urbana contagiados o aislados, seguramente tomaron contacto con el virus en alguna ´fiesta clandestina´... Lo cierto es que el empresario de la UIC no exageró en el grado de compromiso que asumió el gobernador con ellos. Las declaraciones del ministro de salud lo corroboran. “En caso de una situación extrema, en el que el sistema de salud se esté saturando, ahí se tomarán medidas duras.” Es en este marco general que debemos comprender la insistencia irracional (capitalista) en mantener las escuelas abiertas, un lobby al que se suman las patronales de la educación privada. La burocracia de UEPC no hace más que tibios reclamos de cierres focalizados para descomprimir la situación y salvar la política aperturista del gobernador. El planteo de intermitencia realizado por algunas agrupaciones docentes tampoco tiene futuro en un cuadro de agravamiento de los contagios y con menos del 40 % de los docentes vacunados sólo con la primera dosis. Suspensión de la presencialidad. Volver a las clases virtuales antes que nos lleven al “desastre”. Que el estado garantice los recursos para las clases virtuales. LEER MÁS Córdoba: agrupación docente pide cancelar clases presenciales

Las autoridades de INTA (CERBAN) deben asumir su responsabilidad por la muerte por Covid del compañero Gastón Luna de la EEA General Villegas. La Mesa Nacional de Delgados de ATE INTA denuncia y pone de manifiesto la grave incapacidad de las autoridades de la EEA Gral. Villegas Héctor Carta y del Centro Regional Buenos Aires Norte (CERBAN). Especialmente nos enfocamos en la responsabilidad de su Director Hernán Trebino y toda la cadena de responsabilidades, por este deplorable suceso. No hay escusas y atenuantes valido que justifiquen la violación de la normativa vigente, de los protocolos y la rigurosidad de los procedimientos a cumplir. Gastón Luna, de solo 39 años de edad, luego de soportar un período de enorme precarización y bajos salarios se topó con este injusto final a los pocos años de su ingreso a Planta Permanente. Nada se tuvo en cuenta para evitar que Gastón ingresara a la zona de peligro mortal, nada fue más importante que hacer cumplir las tareas presenciales, ninguno de los jefes responsables tomó en cuenta sus complejas preexistencias y antecedentes de salud. Se desconocen las actuaciones del servicio de Medicina del trabajo de la Institución frente a esa Convocatoria a tareas presenciales. Solamente a quienes ven a la experimental como una estancia, y a los trabajadores como siervos, pueden cometer este tipo de brutal injusticia. Evidentemente el director de la Unidad y el director del centro regional no advirtieron ni siquiera los DNU presidenciales, ni la extensión del periodo de aislamiento. Tampoco el colapso hospitalario y menos que menos, la muerte de 64000 personas, incluso parece no tener importancia el grado de letalidad de las nuevas cepas, que todos los días se lleva centenares de trabajadores que son empujados al igual que Gastón a una muerte segura. Los directores y responsables responden a la voracidad de un sistema social económico en el que solo importa la productividad, el lucro y las ganancias de las grandes empresas y monopolios que imponen los negocios capitalistas por encima de la vida de las personas. Acicateada por actitudes personales de la conducción que parecieran cifrar su autoridad en la violencia laboral que significa violar normas mínimas en pandemia. Ejerciéndolas sobre personal precarizado al que se somete al riesgo psicosocial de concurrir bajo amenaza de perder el empleo. La no presencialidad en estas circunstancias es el último y el único recurso que los trabajadores tenemos y que nos permite –con suerte- esquivar el covid19. La muerte de este compañero, no es un rayo en cielo sereno, desde la mesa nacional de Delegadxs hemos denunciado incansablemente la violación sistemática de los protocolos, la falta de elementos de seguridad e higiene y todas las violaciones a la seguridad laboral. El INTA sin embargo ha preferido descargar la responsabilidad sobre los trabajadores con declaraciones juradas, con encuestas y otros artilugios para evitar asumir las responsabilidades de estos casos. Hace solo días en la Experimental de Santiago del Estero y en sus agencias periféricas, varios compañeros -sin la menor protección- que estaban a buen resguardo en sus hogares y sin la menor necesidad, fueron obligados a cumplir tareas esenciales, hasta que rápidamente se contagiaron de covid19. Con el agravante que sufrieron apretadas para silenciar y ocultar sus contagios, incluso fueron convocados aún convalecientes sin el debido reposo y protección, a continuar con las tareas, un verdadero desprecio por la vida y los derechos laborales de los trabajadores y un incumplimiento flagrante de sus deberes de funcionarios públicos que deben notificar a la autoridad sanitaria. Por ello reclamamos que se dé inicio a una investigación sumarial y a un Árbol de Causas para establecer correctamente la cadena de eventos, que desataron el fallecimiento del compañero Gastón. Al mismo tiempo volvemos a denunciar que en el mes de febrero se despidió al compañero Oscar Núñez trabajador de INTA a través de la cooperadora en la EEA del Colorado (Formosa), violando también el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional sobre la prohibición de despidos. La Mesa Nacional de Delegadxs realizará todas las acciones, gestiones, denuncias, comunicados a la opinión pública, para que los responsables de esta muerte paguen con el merecido castigo por sus brutales decisiones para no echar en saco roto todas las propuestas llevadas adelante en la Mesa Nacional de CYMAT.

El frío en las aulas es motivo de queja por parte de un grupo de docentes autoconvocados que pide suspender el dictado de clases presenciales en Córdoba y limitarlas sólo al terreno virtual, ya que interpretan que “tal como está planteada, la presencialidad tiene muchos problemas”, sostiene un educador. Ante el avance de las bajas temperaturas en el territorio provincial se percibe ausentismo de los alumnos mientras que los que asisten lo hacen en condiciones para nada óptimas: “hay chicos que están yendo al colegio con frazadas”, expresó Francisco Filippi, delegado escolar y miembro de la agrupación Autoconvocados a radio Universidad este miércoles. “Más de 12.000 burbujas fueron aisladas en el 65 por ciento de los colegios de la provincia. La cantidad de escuelas intervenidas en abril creció más de un 150 por ciento respecto de marzo”, sostuvo el docente. Sin rodeos, el educador comentó que “nosotros estamos planteando la necesidad de suspender las clases presenciales. En los hechos, tal como está planteada, la presencialidad tiene muchos problemas”, consideró. “Muchos colegios no tienen calefacción pero hay que mantener las ventanas abiertas. Hay chicos que están yendo al colegio con frazadas”, afirmó. Además, mediante un comunicado publicado en redes, los docentes reclaman que “la vacunación no cubre ni al 40 por ciento de los docentes. No se vacunó a la mayoría de docentes, no hay un interés pedagógico, no hubo una política para garantizar este año la virtualidad”, observan. Nota publicada en viapais.com, 12/05

En medio de una pandemia y una crisis sin precedentes el rectorado de la Universidad Nacional de las Artes se ha lanzado a la aventura electoral presencial -esto cuando la cursada transcurre de forma virtual-. Las autoridades de la UNA han llevado hasta nuevos niveles la posición criminal de Larreta y la Corte Suprema, que entienden que las muertes y los contagios son daños colaterales. En este caso no sería para ´educarse´, sino para asegurar el control político de la Universidad por parte de las camarillas. En esas condiciones la convocatoria a estudiantes, docentes y no docentes a trasladarse y votar atenta contra la salud y la vida de todos en beneficio de un usufructo político. La noticia reciente del fallecimiento de un no docente del Rectorado por COVID amerita por sí misma la cancelación completa de este fraude criminal y exige una deliberación del conjunto de la Universidad sobre el carácter del gobierno universitario. En este cuadro, y a propuesta de la asamblea del centro de Visuales, se ha realizado una “asamblea interdepartamental”, que ha reunido a la mayoría de los departamentos de la UNA. Esa asamblea se posicionó por la impugnación de esta elección y ha convocado una acción en el Rectorado contra estos atropellos. La futura Asamblea Universitaria, y por lo tanto la elección del próximo rector o rectora, depende de los resultados de estas elecciones completamente vaciadas y digitadas. Esta gestión, con la rectora Sandra Torlucci a la cabeza y con el apoyo del conjunto de los decanos, promueve sin descaro la comercialización completa de los cursos y carreras de la UNA, lo que implica el vaciamiento del ciclo gratuito de grado. Esto ha sido puesto de manifiesto en la crisis de cupos e inscripciones, que han dejado afuera a cientos de ingresantes. La “interdepartamental” ha resuelto acompañar la impugnación del “proceso electoral” con una batería de reclamos que contrasta fuertemente con la orientación y la desidia del actual gobierno universitario. Reclamamos un aumento presupuestario inmediato, la apertura irrestricta de comisiones para que todos puedan cursar y la gratuidad completa de todos los posgrados. La necesidad de la emisión de los títulos fue otra de las problemáticas abordadas, cuando se ha generado todo un cuello de botella que impide a los egresados tener su titulación. La acción de Caleidoscopio (Conducción del CEAVI) e incluso su presentación electoral en estas elecciones se encuentra al servicio de eso. LEER MÁS UNA-Visuales: contra el fraude de la gestión, vamos con la “lista independiente”, por Fede Fernández

La política argentina pega volantazos todos los días, el asunto es encontrarle el hilo conductor. El fallo de la Corte a favor de JxC, en la cuestión de las escuelas, dio paso enseguida a una escaramuza en el gabinete nacional, acerca de cuánto tienen que aumentar las tarifas. Durante algunos días, si bien no se llegó a los tres gobernadores de 1820, ni a los cuatro presidentes de 2001, Argentina tuvo dos ministros de Economía – uno Guzmán, el otro un vocero de Kicillof, el subsecretario de Energía, Basualdo. El conflicto no se arregló pero fue encubierto con una foto de los Fernández en la ciudad de Ensenada. En forma paralela, la muerte de un secretario, en Salud, y un ministro, en Transporte, desató toda clase de peleas por los reemplazantes. Se pusieron en disputa las cajas de las Obras Sociales, en un caso, y los subsidios a los colectivos, los peajes, la Hidrovía y hasta el canal a Martín García. En casi todos los casos, los conflictos se sellaron con ´una prórroga’. El martes, el envío del proyecto de ley de restricciones sanitarias, desató una batahola con varias oposiciones y gobernadores, e incluso adentro del oficialismo. El proyecto copia el sistema de “semáforo rojo” inaugurado por la alemana Merkel, que conjuga los confinamientos con las aperturas, en un país más federal que Argentina y sin jurisdicciones contiguas como el AMBA. Plagia también el sistema de “alarmas” establecido en España por Pedro Sánchez. Las diferencias, sin embargo, no son menores, porque las restricciones empiezan en Alemania con 165 contagios cada cien mil habitantes, mientras que en este lado del Plata arranca con quinientos. Conclusión: la tentativa de ´despolitizar´ la pandemia ha desatado, como cabía esperar, una crisis política. Tarifas El aumento de las tarifas de los servicios ha sido presentado como una pieza fundamental de la crisis, pero no es exactamente así. Entre el aumento de la electricidad que propone Guzmán, un 15%, y el que acepta Kicillof, un 8%, la diferencia es irrelevante. Detrás de esto hay un cuestionamiento a las negociaciones con el FMI; el acuerdo con el Fondo es la piedra angular del FdT y de todas sus fracciones. Esto es así desde las Paso de 2019. El kirchnerismo reclama una baja de los intereses de la deuda con el FMI, una extensión del plazo de pago de diez a veinte años y el derecho a usar una nueva línea de crédito internacional (los DGE), para financiar gasto interno, en tanto Guzmán los reserva para el Banco Central. Guzmán retruca que el plazo de pago se puede alargar con una nueva refinanciación de la deuda al final del vencimiento. De un lado y de otro se apuesta a la política de la “deuda eterna”, como quería Caputo bajo el macrismo. Es lo que aboga Georgieva, la directora del FMI, para quien lo único que importa es pagar los intereses, que se encuentran en un piso mínimo desde hace casi quince años. En suma, se trata de una pelea con balas de fogueo, que ignora las cuestiones principales de la crisis. Lo fundamental es el incremento implacable de la pobreza, el colapso de las ayudas sociales y el derrumbe de los salarios y las jubilaciones. El pago de la deuda pública, externa e interna, tiene atrapado el mayor ingreso que trae consigo el aumento exponencial de los precios de la agro-exportación. El acuerdo con el FMI apunta a la promoción del financiamiento internacional de la economía argentina. Esto requiere una política de ajuste fiscal en medio de una crisis social potenciada por una crisis humanitaria. El acuerdo con el FMI, por parte del gobierno de Colombia, vino acompañado de una reforma impositiva que detonó la mayor rebelión popular en ese país. Aun sin el FMI, o mismo ocurre en Chile, donde sucesivas rebeliones impusieron el derecho de los trabajadores a retirar los aportes de las AFP y a forzar a un cambio inevitable de la privatización de las pensiones. De conjunto, América Latina asiste a una explosión potencialmente revolucionaria. En varios países, el centroizquierda plantea el establecimiento de una renta mínima universal para la población sin trabajo o con ingresos inferiores a la canasta de pobreza. Este escenario es la base de la crisis de gobierno. La política corriente del gobierno es una variante del lecho de Procusto – cortar las extremidades del cadáver para poderlo meter en el ataúd. Guzmán ha aplicado un ajuste brutal, que ha llevado el déficit fiscal primario del 5 al 0,8% del PBI, para que funcione como garantía de lo que él llama un “mercado de capitales local”, que no es otra cosa que la puerta giratoria de una deuda pública de corto plazo a tasas de interés elevadas. En otro aspecto, ha llevado la deuda del Banco Central con los bancos a casi cuatro billones de pesos (Leliq y pases), que carcome el crédito interno. La asistencia social por pandemia ha desaparecido y los ingresos de la fuerza de trabajo han caído en picada. Todo esto para hacer entrar a Argentina en el molde del Fondo Monetario. La gran burguesía urge el acuerdo con el Fondo, para reciclar su deuda externa y proceder a un mayor endeudamiento. La mayor parte de los gobernadores del FdT apoya esta política. Por más que se repita que “los votos los tiene Cristina”, el cristinismo se encuentra aislado. La reacción del capital financiero y las patronales nativas a una salida de Guzmán va a ser el derrumbe del “mercado local de capitales” y el fin del financiamiento al Banco Central por parte de los bancos. Kicillof ha postergado por decimosexta vez consecutiva un refinanciamiento de la deuda pública externa de la Provincia por siete mil millones de dólares, pero los tiempos se acaban. El resto de las deudas provinciales fue re-financiado sin quita de capital y a tasas de interés superiores a las pactadas por la deuda externa nacional. Dentro de esta crisis, los ´adversarios´ tienen una coincidencia que no es despreciable: un colapso del gobierno desataría una rebelión popular, y una rebelión popular en contra del ´ajuste´ colapsaría al gobierno. Sigue vigente, entonces, “la avenida del medio”, cada vez menos “ancha”. Es también la política de Washington. La Corte y la ley "semáforo" El fallo “tramposo” de la Corte acerca del cierre de escuelas debe interpretarse en el contexto descripto. La recomendación de los infectólogos frente al nuevo pico de contagios, es declarada ´inconstitucional´, para favorecer la circulación de bienes y personas que requiere la economía capitalista (el Covid y la especulación capitalista con las vacunas). Los cortesanos, JxC, la UIA, el clero y las patronales de la educación privada explotan la desatención completa del gobierno de los Fernández hacia las necesidades de los trabajadores, para llamar a una “nueva normalidad”. La indefensión social frente a la pandemia deja a los individuos librados a las imposiciones del mercado. La incapacidad ´nacional y popular´ brinda a la derecha la oportunidad de cosechar votos, como ha ocurrido recientemente en Madrid, aunque los casos son puntuales. En Chile, Colombia, Perú, Bolivia, e incluso Estados Unidos, ha desatado rebeliones populares y forzado a los gobiernos a diversas concesiones. El frente patronal favorable a la presencialidad en pandemia y sin vacunas, acaricia la posibilidad de una revancha en las urnas en noviembre próximo. El fallo “tramposo” ha sido un golpe a “la línea de flotación” del oficialismo y abierto nuevas fisuras en sus filas. Los Fernández pretenden remediar su retroceso con una ley ´semáforo´ que delega facultades al Ejecutivo. El gobierno pasa de la autoridad ejecutiva a la dependencia parlamentaria. Esto si el proyecto de ley se aprueba – si no lo consigue enfrentará una crisis interna. La dicotomía ´derechos constitucionales´ versus ´despotismo ejecutivo´ es, en estas condiciones concretas, una opción distorsionada. Desde el punto de vista de la democracia formal, lo que se ha visto es el despotismo del Poder Judicial, una entidad arbitraria y vitalicia (que votó el 2x1 a los genocidas, con los mismos fundamentos constitucionales con que lo hizo a favor de la presencialidad escolar). Los intereses de los trabajadores no se ven representados en ninguna de las dos posiciones. Movilización de los trabajadores Los cortes de ruta de los trabajadores de Salud, en Neuquén, han dado expresión definitiva a la tendencia de lucha contra la gestión capitalista de la pandemia. Se desarrolla un movimiento de autoconvocatorias y coordinadoras, que va de los docentes a los choferes, y a numerosas rebeliones fabriles y regionales – como la lucha anti-minería contaminante en Chubut, Catamarca y Jujuy. La burocracia sindical es muy consciente de la tendencia internacional a las rebeliones populares. La cuestión de la tarjeta alimentaria ha dado lugar a una intensa polémica – por razones buenas y malas. Los “vaticanos” del oficialismo le oponen las “unidades de ejecución”, a las que presentan como una conquista del derecho al trabajo. Se trata de un trabajo precarizado en lo salarial y en lo laboral. El gobierno, por su lado, procura desarmar las organizaciones sociales en los barrios, cortando la asistencia a los comedores, o reservándola para quienes comulgan con el oficialismo. El ministro de Desarrollo Social, del riñón de Massa, el jefe de “la avenida del medio”, ha rechazado reponer el Ingreso Familiar de Emergencia, para acompañar el ajuste de Guzmán. Algunas voces se levantan a favor de “la renta básica universal”, cuyo monto siempre es una miseria. En este contexto de conjunto, de crisis social creciente; una crisis política determinada por una crisis humanitaria y por el fracaso de las salidas a una serie de bancarrotas, es necesario dar un carácter general a las luchas presentes, cuyos ejes son: el incremento de la asistencia social de emergencia; un aumento general de salarios y jubilaciones, en función de una canasta familiar de 120 mil pesos; "la interrupción de la presencialidad escolar y de los trabajos no esenciales -aun de aquellos a los que se les ha otorgado una esencialidad trucha- y un programa de conjunto, o sea para la pequeña burguesía afectada por la crisis social humanitaria, mediante el cese del pago de la deuda pública y la aplicación de la recaudación fiscal a la atención social de la pandemia. Es sobre la base de este planteo político y el reagrupamiento de fuerzas que provocará una lucha por las reivindicaciones más apremiantes, que podrá asentarse una base capaz de desarrollar una lucha política contra los partidos patronales en las elecciones próximas. Para intervenir en ellas no sirve el planteo discursivo sino intervenir como la expresión política consecuente de las luchas crecientes.

Después de varias derrotas, mucho sufrimiento y una tragedia, son numerosos quienes han dado por históricamente muerta la lucha de las masas árabes palestinas. Para unir la injuria al agravio, el 60% de la población israelí ha sido inmunizada con las dos dosis de Pfizer, pero nada en absoluto para los palestinos. Netanyahu ha ofrecido a Argentina una ayuda para la producción de vacunas, pero se niega a hacerlo con la población de mayor ´acercamiento social´ al suyo – Gaza y Cisjordania o, para el caso, también la Transjordania. Ninguna derrota es completa sin la humillación humana de los derrotados. Es lo que pensaba y hacía Hitler, y es un apotegma de todas las variantes del fascismo. A favor de la tesis de que la causa nacional palestina se había encontrado con su “solución (política) final”, han concurrido últimamente varios factores. Uno son los tratados entre Israel y Arabia Saudita y Bahrein, la solidez de la alianza del sionismo con Egipto, y naturalmente la colaboración de la Autoridad Palestina con los servicios de Seguridad sionistas, y la escisión entre ella y Hamas, y entre los territorios occidentales y Gaza. Aunque menos conocido, las negociaciones de algunos partidos árabes que están presentes en la política israelí con partidos sionistas para dotar de mayoría parlamentaria a un gobierno que reemplace al de Netanyahu, forma parte relevante de este escenario. Un grupo de intelectuales progresistas judíos viene insistiendo, ante este declive, que se impone abandonar la causa palestina y luchar por el reconocimiento de la ciudadanía de los árabes palestinos en un Estado de Israel único – desde el Mediterráneo hasta el Jordán. El estado de Israel es reconocido como un plaza fuerte definitiva de la geopolítica internacional, o sea por todas las grandes potencias en presencia y de sus respectivas opiniones públicas. Los acontecimientos de los últimos días, sin embargo, han sido caracterizados por los órganos principales de la prensa internacional como el resultado de la irrupción de una nueva generación de palestinos, independiente de ambas fracciones del liderazgo árabe establecido. Es como si dijeran que es otro gran episodio de la rebelión popular que se desarrolla a escala internacional, o más sencillamente “palestinians lives matter”. Los titulares que mencionan la posibilidad de una guerra, aluden en realidad a lo que, suponen, serían las consecuencias de una Intifada de mayor escala que en el pasado, puesto que la supremacía militar del estado sionista y sus alianzas políticas excluyen, en cualquier sentido que se la tome, aquella posibilidad. La guerra que sí se ha desatado es una nueva masacre de la población de Gaza por parte de la aviación sionista – en especial la muerte de niños. Gaza es una cárcel a cielo abierto de dos millones de personas. La chispa que encendió los choques de los últimos días fue, en definitiva, la ´limpieza´ poblacional de la población árabe palestina, por parte de los colonos y el Estado en el este de Jerusalén. Netanyahu ha repetido que la ciudad será de soberanía única del estado sionista; las expulsiones de tierras y la destrucción de viviendas palestinas continúan sin respiro en todos los territorios ocupados. En este contexto, pobladores sionistas y la policía reprimieron el acceso a la mezquita Al Aqsa, cuando se celebra una festividad importante del Islam. La crisis vino como anillo al dedo a Netanyahu porque postergó las negociaciones del partido árabe con el opositor Lapid, el político encargado de formar un nuevo gobierno, ante el fracaso para reunir una mayoría por parte del llamado “Bibi”. Netanyahu teme que si pierde el gobierno, la Justicia pondrán en ejecución las sentencias que lo condenan por corrupción. Hamas ha cumplido con fidelidad la larga tregua que tiene con Netanyahu, que es la condición que ha puesto el emirato de Qatar para brindar ayuda económica a Gaza. A partir de este contexto, es presumible que los cohetes que Hamas ha disparado contra el territorio ocupado por Israel, con poca mayor eficacia que en el pasado, hayan servido como justificación propicia para el gobierno encabezado por alguien que la Corte Penal Internacional acusa como criminal de guerra – precisamente por los bombardeos contra la franja de Gaza. Es obvio, de todos modos, que los disparos contra uno de los estados más militarizados del mundo no son el método adecuado para combatir a un ocupante de las características especiales del sionismo. El camino es la Intifada (rebelión popular) y el desarrollo de una dirección política que levante la bandera de la autonomía nacional con una perspectiva internacional – no en función del agotado nacionalismo árabe. Los responsables del encubrimiento del atentado a la AMIA, o sea los servicios de Seguridad que han servido a Menem, Kirchner y Macri, han salido como jauría a denostar al “terrorismo árabe”, sin una palabra para el mayor desalojo de viviendas después del nazismo y de la masacre de Ruanda. No dan puntada sin hilo, porque es la misma acusación que lanzan contra la rebelión popular en Colombia. A la dictadura argentina le enchufaron la misma etiqueta, pero ´ex post mortem´; en vida fueron sus aliados, al igual que el gobierno de Israel. Es incuestionable que las posibilidades de victoria de una Intifada nueva en Palestina, está ligada a una nueva Primavera Árabe contra los regímenes de la región – incluidos Turquía e Irán.

La encuesta semanal de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reveló que, al 7 de mayo, la ocupación promedio de las unidades de terapia intensiva (UTI) en el país alcanzaba el 87% [1]. Asimismo, una investigación del Conicet demostró que la suspensión de clases presenciales contribuyó a disminuir significativamente los contagios y, en consecuencia, las internaciones y muertes [2] Aunque las cifras oficiales, llamativamente, ubican el promedio de ocupación en el 70%, los datos por sí solos justifican la suspensión de clases en todo el país. Los docentes muertos por la presencialidad asciende a 86 en todo el país. Sin embargo, la mayoría de las provincias mantienen la presencialidad criminal y aquellas que suspenden lo hacen de manera parcial y provisoria. Fernandez, Trotta y el Consejo Federal de Educación adoptaron una nueva escala de riesgo: sólo el nivel de “alerta epidemiológica y sanitaria” y no ya el “riesgo alto”, justificaría la suspensión de las clases presenciales. Como Fernandez se cansó de decir, el asunto es descomprimir la ocupación de camas de Terapia intensiva. Esto implica 3 cosas: primero que hay que saturarlas, no alcanza con una alta ocupación, tienen que estar al borde del colapso. En segundo lugar descomprimir significa que muchas de esas camas se van a desocupar a causa de la muerte de pacientes. Por último, que ni bien las muertes incidan en la desocupación de camas, se levantará la suspensión de clases para reiniciar la rueda de contagios, internaciones y muertes. Todo un plan de gobierno. El informe del SATI indica que hay 5 provincias que superan el 90% de ocupación de UTI: San Juan, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA . En Mendoza, que al igual que CABA no adhirió al DNU, las clases presenciales continúan pero en varios establecimientos debieron suspender porque la calefacción no funciona, lo que representa un dilema mortal entre el frío y el mayor contagio [3]. Neuquén, que sí adhirió al DNU, tiene el 97% de las UTI ocupadas pero allí no están suspendidas las clases ni por el frío [4]. San Juan también mantiene la presencialidad y las cifras oficiales de ocupación de camas difieren significativamente de los datos aportados por la SATI,. En Entre Ríos la medida fue limitada como lo dejó en claro el propio gobernador Gustavo Bordet (PJ) “”La suspensión de la presencialidad fue solamente en seis ciudades, porque en el resto de la provincia continuó. La medida tenía como plazo una semana porque era lo que necesitábamos para evitar la saturación de las camas de terapia intensiva. Logrado este objetivo, vuelven a comenzar las clases presenciales tal cual lo establecía el decreto” [5]. En Buenos Aires, de los 135 partidos, se mantiene la presencialidad en 89, 85 de los cuales se encuentran con riesgo epidemiológico alto. Para Kicillof “el virus no actúa de forma distinta de un lado y del otro de la General Paz” pero si lo hace en uno y otro municipio. En los distritos con suspensión, además, sin necesidad de la Corte, se impone una presencialidad solapada bajo el rótulo de “escuelas abiertas” vulnerando doblemente a los estudiantes: el Estado no les garantiza conectividad y los expone prioritariamente al contagio en las escuelas. Del estudio del Conicet citado se desprende que hubo “una gran reducción de la cantidad de casos detectados en el Conurbano en la franja etaria de 5 a 11 años que comienza el día 22/04, exactamente 3 días después de la suspensión de la presencialidad” [6] Esta disminución no se registra en el interior de la Provincia donde se mantiene la presencialidad que ya se cobró la vida de 15 docentes, entre ellos, Guillermo Mogliori, docente de Mar del Plata de apenas 27 años. En el NOA, son 36 los docentes muertos a la fecha [7]. Allí los gobernadores, expresión de todo el arco político patronal, son sostenedores de la presencialidad en todas sus variantes. En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela (PJ) luego de suspender la segunda quincena de abril reabrió las escuelas en la modalidad “administrada” de Trotta. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil suspendió clases en Capital, Valle Viejo, Capayán, Andalgalá, Belén y Tinogasta pero mantiene la presencialidad en el resto de la provincia [8]. En Salta, con más de 600 docentes contagiados, el gobernador Gustavo Saenz (Frente Renovador) sostiene la presencialidad en pandemia y , sólo por las bajas temperaturas, “autorizaron a los alumnos con problemas de salud o que no puedan enfrentar el frío” a no concurrir a las escuelas [9]. Tucumán es la provincia con el triste récord de docentes muertos, se contabilizan 17 a la fecha ; Allí el gobernador Juan Manzur (Frente para la Victoria) y su vicegobernador en disputa, Jaldo, son defensores de la presencialidad aunque este último ahora pide de manera demagógica la suspensión por 30 días. En Jujuy, con más de 600 contagios y la tasa más alta de mortalidad , lo que suspendió Gerardo Morales (UCR) fueron los feriados y asuetos para que los chicos “no pierdan un sólo día de clases”. Al cinismo de esforzarse por ofrecernos una cama de terapia intensiva en lugar de evitar que la necesitemos, gobierno y oposición le suman la mentira sistemática. No es cierto que la reducción de los contagios se deba exclusivamente a la cuestión del transporte público y la circulación de personas. Las aulas no son lugares seguros porque, como ha sido demostrado científicamente, la forma de contagio dominante del covid es por aerosoles. “El contagio es 20 veces más fácil en interiores que en exteriores” tanto si se trata de un colectivo o un aula, y “al hablar salen 10 veces más virus al aire y al cantar o hablar fuerte, 50 veces” [10] Pero incluso, aunque tuviéramos camas de terapia para morirnos en ellas, la propuesta de retornar a las aulas en época invernal manteniendo la ventilación cruzada (puertas y ventanas abiertas) es inhumano y violenta el más elemental derecho de los niños a la vida, la salud, el bienestar y a un entorno limpio y seguro. Mientras las acciones verbales de Alesso y Baradel se disputan el grado de servilismo al gobierno que administra la presencialidad, la docencia no asiste pasiva a este frente criminal. En las provincias se suceden las autoconvocatorias por la suspensión de las clases presenciales en defensa de la vida y la salud. CABA viene de cumplir un nuevo paro de 48 horas, el 10 y 11 de mayo, contra la presencialidad de Larreta que ya se cobró la vida de 11 docentes. En Buenos Aires se formaron comités contra la presencialidad en diferentes distritos, y tuvo repercusión la movilización de docentes en Mar del Plata exigiendo la suspensión de clases en el marco de la jornada de lucha provincial impulsada por las seccionales multicolor. En el interior, a los autoconvocados de Salta y Tucumán que tempranamente organizaron la lucha por la vida, se suman otras provincias: en Córdoba, “más de 12.000 burbujas fuerona aisladas en el 65 % de los colegios” y docentes autoconvocados exigen la suspensión [11]; en Santa Fe que tiene 14 de sus 16 distritos en riesgo alto; en Catamarca, la docencia autoconvocada se movilizó el viernes 7 de mayo en el marco del paro, bajo el lema “ni un docente menos en pandemia” y el gobierno debió anunciar la suspensión en 6 departamentos [12]. En San Luis, una caravana educativa autoconvocada exigió ante el Ministerio de Educación la suspensión de clases presenciales [13]. En Jujuy, los docentes se manifestaron en las puertas de las escuelas, las autoconvocatorias se replicaron en las escuelas de la Quebrada, San Salvador, San Pedro, Ledesma y marchas en Libertador y Tilcara [14] . En Neuquén, docentes autoconvocados se sumaron a los cortes de ruta de los trabajadores de la salud expresando la unidad en la lucha más general contra la gestión capitalista de la Pandemia. Este es el camino. Suspensión de clases presenciales en todo el país en defensa de la salud y la vida. Ctera debe convocar al paro nacional. 1. https://www.pagina12.com.ar/340808-caba-y-cinco-provincias-con-el-90-o-mas-de-ocupacion-de-cama 2. https://www.pagina12.com.ar/341083-un-estudio-del-conicet-demostro-que-la-suspension-de-las-cla 3. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/covid-19-en-mendoza-suspenden-clases-presenciales-por-falta-de-estufas-en-las-aulas-nid07052021/ 4. https://www.minutoneuquen.com/neuquen/2021/5/10/por-la-crisis-sanitaria-aten-pide-suspender-las-clases-presenciales-en-neuquen-285439.html 5. https://www.elentrerios.com/actualidad/bordet-record-que-an-rige-el-decreto-provincial-ldquotomamos-decisiones-por-las-exigencias-de-la-pandemiardquo.htm 6.Op.Cit. 2 7. https://sutef.org/85-fallecimientos-de-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-educacion-en-la-presencialidad-en-el-pais/ 8. https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Catamarca-mantiene-la-suspencio-de-clases-presenciales-por-el-aumento-de-casos-de-Covid-20210511-0007.html 9. https://www.pagina12.com.ar/340947-por-el-frio-exceptuan-a-los-alumnos-de-concurrir-a-las-aulas 10. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/jose-luis-jimenez-el-contagio-es-veinte-veces-mas-facil-en-interiores-que-en-exteriores-nid25042021/ 11. https://viapais.com.ar/cordoba/cordoba-agrupacion-docente-pide-cancelar-clases-presenciales/?fbclid=IwAR17xIIrvKiCeeehCUwQf-Q2ptrDYt-XOT2i9CNXQ8bLnOYRkZMxvxI7d7w 12. https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/4683-catamarca-crecen-las-autoconvocatorias-en-rechazo-a-la-presencialidad-en-fase-roja 13. https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/4674-lucha-docente-autoconvocada-tambien-en-san-luis 14. https://politicaobrera.com/politicas/4636-la-presencialidad-criminal-de-morales

El pasado viernes 7, el Polo Obrero Tendencia de Florencio Varela plantó la olla popular en pleno centro del distrito, frente al municipio, y durante más de cinco horas mantuvimos cortada la avenida San Martín con unos 70 compañeros de una decena de barrios. Los motivos del corte estaban escritos en banderas y carteles: puestos de trabajo en la obra pública, bajo convenio, es decir trabajo en blanco, porque no queremos,ni podemos vivir con los miserables planes sociales; vacunación y testeo masivos para todas las familias trabajadoras del municipio; fin de la presencialidad en todas las escuelas y facultades; educación virtual a cargo del Estado. Sumamos al reclamo la asistencia de verduras, carne y alimentos para nuestros comedores y merenderos. La asistencia a los mismos con materiales de construcción, sanitizantes, barbijos, guantes de látex, lavandina y desinfectantes. Arrancamos un compromiso y la inclusión en varios programas de refuerzo alimentario para las nueve asambleas del Polo (T) que ponen en pie ollas todas las semanas y que con enorme esfuerzo entregan más de 1.000 raciones diarias. Quedaron planteadas otras reuniones para la asistencia a compañeras víctimas de violencia de género con materiales para la construcción de sus casas, alimentos, etc. Hay mucho por ganar, ¡vamos, compañeros!

En menos de una semana, en Mar del Plata, tres trabajadores de la educación fallecieron como consecuencia del Covid: dos docentes muy jóvenes que presentaban patologías previas y una auxiliar. Uno de ellos, el profesor Guillermo Migliorini Izurieta, se había contagiado de coronavirus en abril. Días antes de morir, escribió su cuenta de Facebook sobre “la estúpida ficción de la nueva presencialidad”, la imposibilidad de respetar los protocolos debido a las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y acerca de cómo viajan quienes se trasladan a los colegios en los colectivos. Guillermo tenía 27 años y trabajaba en escuelas públicas. Los contagios en las escuelas y sus consecuencias continúan multiplicándose debido a una presencialidad encaminada a convertirse un genocidio silencioso. El mismo día en que se conocía la muerte de los dos docentes, las autoridades del municipio ratificaban que General Pueyrredón continuaba en la fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual no se aplican nuevas restricciones ni se suspenden las clases presenciales. Según informes del propio municipio, se registran más de 260 casos diarios. Medios periodísticos locales, sin embargo, aseguran que serían al menos el triple. Los trabajadores del Hospital Materno Infantil afirman que registran un promedio de 30 casos diarios de Covid positivo entre niños, jóvenes y embarazadas. El sistema sanitario se encuentra al borde del colapso, por insuficiencia de camas, de respiradores y de trabajadores de la salud. La presencialidad en pandemia enferma y mata. Es la política criminal engendrada por empresarios y gobiernos de todos los colores políticos, y convalidada por todas las burocracias sindicales. Es una de las expresiones de barbarie del capitalismo en descomposición.

Grupos de investigación del Instituto de Cálculo e Instituto de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y CONICET, y colaboradores de diversas instituciones universitarias y científicas de Argentina han publicado un “Informe sobre el Impacto de la presencialidad escolar en los casos confirmados de COVID-19”, dividido en tres capítulos. CABA, conurbano e interior bonaerense En un estudio comparativo entre las jurisdicciones, según los datos relevados por los autores del informe, estos concluyen que “en un contexto de alta cantidad de casos, la suspensión temporal de la educación presencial en el Conurbano a partir del DNU presidencial disminuyó la circulación viral comunitaria y produjo una disminución más veloz y pronunciada de la cantidad de casos confirmados en comparación con CABA y el resto de la Provincia de Buenos Aires, donde se mantuvieron las clases presenciales”. En el conurbano, donde hubo clases virtuales, luego de las últimas restricciones, la disminución de casos fue del 22%; en el resto de la provincia de Buenos Aires, donde se mantuvo la presencialidad, la reducción fue de sólo el 11,4% y en CABA, se redujo apenas el 13,2%. “Tomando en cuenta todas las líneas de evidencia presentadas, la virtualidad no sólo parece haber reducido notablemente los contagios en la franja etaria 5-11, sino que también redujo los casos en la población general, evidenciado por una pendiente negativa mayor, observada a partir del 22/04 en el Conurbano. Este efecto es aún más notable cuando se tiene en cuenta que la presencialidad en CABA y en el resto de la Provincia de Buenos Aires (Interior PBA) fue muy reducida durante la semana del 19/04 al 23/04”. El análisis estima que, si en el conurbano no hubieran existido las medidas restrictivas en materia de presencialidad escolar, la consecuencia hubiera sido una media de 2.500 nuevos contagios, mayor presión sobre las unidades de terapia intensiva y, finalmente, el incremento de los fallecimientos semanas después. Es importante agregar, por otra parte, que durante el periodo analizado, especialmente en CABA, la presencialidad escolar se vio reducida por la huelgas docentes, que contaron con el apoyo de las familias que no enviaron a los chicos a las escuelas, resguardo de la salud y de la vida, mientras los gobiernos montaban un show de enfrentamientos verbales y judiciales y la Corte Suprema de Justicia le daba rienda suelta a la política bolsonarista de Larreta en nombre de la ´autonomía porteña´, al que AF -un presencialista asustado- se mostró incapaz de poner en caja a pesar del desmadre sanitario. Otro señalamiento relevante del informe atiende a la cuestión del AMBA como una unidad urbana. “Asimismo, es necesario aclarar que es esperable que dicha disminución de la circulación viral en el Conurbano tienda a desaparecer con el tiempo, dada la constante circulación de personas (y generación de contactos) entre el Conurbano y CABA. La mezcla de dos poblaciones con incidencias diferentes siempre tiende a la homogeneización de las mismas”. Como resumen de este punto, los científicos concluyen que: Uno, en un contexto de alta incidencia viral y con circulación comunitaria de variantes más contagiosas (Reino Unido, Manaos, variante Andina), la escolaridad presencial conlleva mayor riesgo de contagio para niños, niñas, adolescentes y docentes en comparación con la escolaridad virtual. Dos, la suspensión temporal de la educación presencial disminuye la circulación viral comunitaria y, aún en un contexto de casos a la baja, produjo una disminución más veloz y pronunciada de la cantidad de casos confirmados en el Conurbano. Este efecto fue claramente distinguible a pesar de que CABA y el resto de la Provincia de Buenos Aires, que no pasaron a educación virtual, no tuvieron un alto porcentaje de presencialidad durante la semana del 19 al 23 de abril. Semáforos epidemiológicos: administrar la enfermedad y la muerte En otro apartado, el informe señala que el Center for Disease Control and Prevention (CDC), en Estados Unidos, propuso un semáforo donde considera “Alta Transmisión Comunitaria” (y donde se sugiere la suspensión de la presencialidad) con más de 100 casos semanales por cada 100 mil habitantes. Cuando la provincia de Buenos Aires suspendió las clases en el Conurbano, se registraban 475 semanales cada 100 mil habitantes. En ese mismo momento, CABA -cuando Larreta decide desconocer el decreto presidencial- registraba 610. Asimismo, en casi todo el interior de la PBA (región no afectada por el decreto presidencial), la incidencia de casos era de 350 cada 100 mil habitantes. “En el momento del decreto presidencial que determinó la suspensión temporal de la presencialidad en CABA y el Conurbano, la incidencia se encontraba muy por encima de los niveles máximos sugeridos para escolaridad presencial en los países analizados”. Si llevamos hasta el final las conclusiones, nunca se deberían haber retomado las clases presenciales, porque motivó que los casos se dispararan, mientras que, cuando se cerraron las escuelas, disminuyeron. Los “semáforos epidemiológicos” para garantizar la presencialidad -promocionados por todos los gobiernos y algunos izquierdistas- son la “muerte administrada”. La evidencia internacional A la hora de reseñar otras evidencias científicas internacionales, los investigadores concluyen que “la suspensión de la presencialidad escolar puede ser una herramienta efectiva para disminuir la circulación comunitaria del virus, en particular cuando es combinada con medidas complementarias de intervención no farmacológica”. Se remiten a numerosas investigaciones que apuntan en ese sentido. Entre los estudios citados, se encuentra el de investigadores austríacos, publicado en la revista científica The Lancet, quienes observaron que con los cierres, la contagiosidad se reduce y con las aperturas, aumenta. Según estos investigadores, “el cierre de instituciones educativas es la segunda medida más efectiva para reducir la circulación viral (luego de la cancelación de reuniones sociales)”. Asimismo, un reporte del CDC, principal ente de control epidemiológico de Estados Unidos, reconoce que la probabilidad de introducir COVID en las escuelas y generar transmisiones dentro de las mismas (tanto en alumnos/as como en el personal educativo) es mayor cuando los niveles de transmisión comunitaria son elevados. “Un estudio poblacional conducido entre marzo y mayo de 2020 en Estados Unidos que concluye que existió una asociación entre el cierre de escuelas y un declive significativo tanto en la incidencia de COVID-19 como en la mortalidad”. Como antecedente, un informe que estudió la transmisión de SARS-CoV-2 en 130 países y territorios concluyen que si bien el cierre de escuelas no puede considerarse como una herramienta suficiente por sí misma para suprimir un brote de circulación del virus, “es en general efectiva para reducir la transmisión”. También se hace mención a un trabajo sobre el impacto de la apertura de clases presenciales y semipresenciales en Estados Unidos, en el que se analizan los casos detectados en contactos estrechos (convivientes). “En el caso de familias de estudiantes que asisten jornada escolar completa y semi completa se observó en la mayoría de las escuelas, un marcado aumento de casos detectados, y en el caso de docentes trabajando fuera del hogar se observa un incremento de casos positivos”. También refiere al caso de Israel, donde cada apertura del sistema escolar traía aparejada una suba significativa de los contagios. Otro estudio analiza y pone en perspectiva múltiples ejemplos de transmisiones asociadas a clases presenciales en Italia, Israel, Chile, Suecia, Australia y Estados Unidos, concluyendo el rol de transmisores comunitarios del virus de los niños en tanto en su mayoría son portadores asintomáticos del mismo. Por último, hace mención a un artículo en la revista Science donde un grupo de autores estimó el efecto de intervenciones no farmacológicas sobre la transmisión de COVID-19 en 41 países durante la primera ola de la pandemia, poniendo de relieve que el cierre de escuelas y de universidades sobresalen como medidas con efectividad consistentemente alta en reducir la transmisión del virus. No sólo se impone seguir organizándonos y coordinando a los diferentes sectores de trabajadores para imponer el cierre de esta presencialidad escolar criminal en pandemia y sin vacunas, que ya se cobró miles de infectados y la vida de 75 trabajadores de la educación a nivel nacional. La única herramienta efectiva para contener la difusión del virus es la interrupción de la circulación, por lo tanto, el cierre de todas las actividades no esenciales. Eso implica un financiamiento que debe ser cargado a la cuenta de los capitalistas y especuladores internacionales. La contradicción entre el virus y la vida humana implica remover a este régimen basado en la explotación del trabajo ajeno. A los gobiernos y las burocracias sindicales que lo sustentan, tenemos que oponer la autoorganización de la clase en la defensa de la salud y de la vida.

Un reciente estudio del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba indica que en 10 años, los precios de los alimentos básicos subieron el doble que el salario mínimo y más del 50% que la jubilación. "Del estudio surge que, en promedio, esos alimentos básicos aumentaron un 2.413%, la jubilación mínima un 1.575% y el salario mínimo 1.074%. De ahi resulta, con relación a los precios de esos alimentos, una caída del salario mínimo del 53% y un retroceso del haber mínimo del 33%. Dicho de otra manera, con el salario mínimo hoy se puede comprar menos de la mitad de los alimentos que se adquirían en abril de 2011. Y con la jubilación un tercio menos que en aquel momento" (Clarín, 12/5). Si bien el estudio no analiza en la comparación con los incrementos salariales de cada rama, se puede decir con certeza que ninguna paritaria a 10 años equipara el incremento de 2.413% de incremento de la canasta básica. El trabajo señala que “los 19 alimentos evaluados (principales componentes) de la Canasta Básica Alimentaria, sufrieron -durante los últimos 10 años- una variación en pesos acorde al ritmo inflacionario argentino". "En cambio, cuando el comparativo -de esos mismos componentes- se realiza en dólar oficial o paralelo, se advierte que los mismos o bien se mantuvieron, o (principalmente cuando se cotizó en dólar blue) decrecieron, particularmente durante los últimos dos años (2020-2021) en que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo fue, en varias ocasiones, abismalmente amplia”, indica el informe. Este informe da por tierra con varias cuestiones: la primera es la política de control de precios y salarios del Gobierno Nacional. Como lo demuestran los datos del estudio, el único "Precio Cuidado" es el salario. La política de control de precios opera como un anclaje para los reclamos salariales, mientras los precios de los alimentos aumentan sin cuartos intermedios ni conciliaciones obligatorias. Las amenazas del Gobierno contra las principales alimenticias por los fraudes en los productos -para esquivar los precios maximos- no pasa de alguna que otra multa irrisoria. La ´deseindexación´ de salarios y jubilaciones son el ancla de la ´política anti-inflacionaria´ del gobierno que la burocracia sindical que lo apoya reivindica. La segunda cuestión que el informe desmiente es la propaganda del Gobierno presentando como beneficios el anuncio del aumento salario mínimo (un 35% a febrero de 2022) y de la movilidad jubilatoria: sólo para recuperar el poder adquisitivo perdido en 10 años, el salario mínimo debería haber aumentado el 100% y aun así, tampoco llegaría a cubrir la llamada ´canasta de pobreza´. Un dato no menor es que del salario mínimo dependen todas las asignaciones familiares y planes sociales, también sometidos a la pérdida del poder adquisitivo. El acuerdo del salario mínimo ha sido aceptado por casi la totalidad de los Sindicatos y las organizaciones sociales convocadas al Consejo del Salario. Es decir que el empobrecimiento de la clase obrera de conjunto lleva la rúbrica de todos sus representantes oficiales. El contraste con las autoconvocatorias y coordinadoras de trabajadores, reclamando aumentos salariales acordes a la canasta familiar ($120.000) y del crecimiento de las movilizaciones de desocupados en todo el pais, configuran un escenario explosivo para toda la clase obrera. La lucha por el salario, en estás condiciones debe salir de los reclamos porcentuales – por caso, los vitivinícolas, para llegar a 100 mil pesos, debían conquistar un 400% de aumento paritario. La lucha planteada es por el salario mínimo igual a la canasta familiar, la jubilación mínima del 82% móvil y un subsidio al parado del mismo monto. La complicidad de la burocracia sindical en el empobrecimiento masivo plantea la necesidad de poner en pie una nueva dirección para la clase obrera.

La muerte del Superintendente de Servicios de Salud, Daniel Zanarini, ha expuesto una nueva disputa en la coalición de gobierno. Según reflejaron algunos medios, Cristina Fernández candidateó para ese puesto a Liliana Korenfeld, ex diputada y actual gerenta general de la obra social de los trabajadores del Congreso de la Nación. Korenfeld ya ocupó el cargo de Superintendenta durante la gestión de CFK y protagonizó la disputa con Moyano por el reparto del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales sindicales. Fue investigada por favorecer a Oscar Martínez de la UOCRA. El candidato de la CGT era un delfín de Andrés Rodríguez, el burócrata de UPCN. Se trata del médico cirujano David Aruachan, ex presidente Unión Personal y de Accord Salud -la prepaga de UPCN-, actual gerente general de la Superintendencia de Salud con la gestión de Alberto Fernández. El 6 de mayo la CGT almorzó con Fernández en Olivos para hacer lobby. Finalmente AF optó por Daniel López, un funcionario cercano al despedido ministro Ginés González. El eje de la disputa es la caja del Fondo Solidario de Redistribución, una de las principales preocupaciones de la burocracia. Durante el macrismo, con esos fondos se lubricaron las relaciones con los popes sindicales. El FSR recauda una parte de los aportes y contribuciones a las obras sociales y con ese dinero se realizan los reintegros por tratamientos de alta complejidad y alto costo. Quien ocupa el cargo, maneja la caja y su distribución entre las Obras Sociales de los Sindicatos. En los primeros cuatro meses del año se repartieron $ 11.500 millones. Es el “bocado de Cardenal” de la burocracia, que se ha apropiado del patrimonio obrero de las obras sociales para sus enjuagues. Por caso, la atención de la Obra Social de los trabajadores del Estado Nacional, Unión Personal, se deteriora: los turnos se dan a dos meses, o no se consiguen, dado que la página suele “caerse” y hay prestadores que dejan de atender. El Sanatorio Anchorena, de la obra social, está saturado. Para hacer un chequeo normal, hay que concurrir a por lo menos cinco turnos en sedes distintas. La situación linda con el maltrato, lo que obliga a quienes pueden pagarlo a “optar” por una prepaga. En medio de la segunda ola de la pandemia, cuando el pico contagios no deja de subir, Unión Personal aranceló las consultas virtuales; la opción es concurrir presencialmente al consultorio, con el riesgo de contagios que eso conlleva. El servicio médico domiciliario ya se encontraba arancelado, y como frutilla del postre, la empresa tercerizada de ambulancias Emergencias S.A., que pertenece al “holding” de Rodríguez. En este cuadro de connivencia, de presencia de esta burocracia de ambos lados de los mostradores, los trabajadores vemos como se negocian paritarias a la baja sin ninguna consulta. Se deteriora nuestra salud y la de nuestras familias y se lucra con eso en beneficio de esta casta de dirigentes que ha perdido toda relación con la vida de los trabajadores. Estos dirigentes viven como empresarios, defienden sus intereses particulares. Están incapacitados para defender los derechos y la salud de los trabajadores. Los afiliados necesitamos conocer las cuentas de la obra social, que hoy son un secreto. Si se abren los libros al control de los trabajadores podremos encontrar por donde se va el dinero que explica el deterioro de los servicios de salud y decidir cuáles deben ser las prioridades. Las autoridades de la Obra Social deben ser producto de la democracia de los trabajadores, es decir, elegidas por los que aportamos mes a mes y no por el dedo de las cúpulas del sindicato que utilizan a la Obra Social como caja de financiamiento propio.

Luego de la importante movilización de las compañeras del Polo Obrero de Villa Zagala, en la que le arrancaron al municipio de San Martín el compromiso de entregar el triple de la mercadería que aportaban –y que ya se hizo efectivo- en su última asamblea decidieron organizar el plenario de trabajadoras tendencia (PDT t) para enfrentar en común la violencia de la que son víctimas. En la primera reunión, luego de debatir el carácter de clase de la violencia doméstica y varias situaciones particulares, las compañeras armaron un grupo para ayudar a Barby (una de las luchadoras del Polo), quien después de cinco denuncias en la comisaría de la mujer de San Martín y en el propio juzgado, sigue siendo violentada por su ex pareja. El violento ingresó nuevamente a su hogar sin su consentimiento, amenazándola de muerte y exponiendo a sus cuatro hijos a presenciar toda la violencia hacia ella. Al llegar a su casa, luego concluir la reunión del PDT t, Barby supo que su ex pareja entró a su casa nuevamente y se lo comunicó a sus compañeras, quienes inmediatamente se pusieron a su disposición. También decidió hacer público el caso en los medios (Crónica TV) reclamando que el Estado le dé una respuesta, ya que al violento no le importa que le hayan dado una restricción perimetral. Es así que el domingo 9/05 expuso su caso frente a las cámaras, con la presencia de sus compañeras, para dar cuenta de que su vida corre peligro y que hasta ese momento no contaba con resguardo ni botón anti pánico, y que a pesar de sus denuncias el violento seguía merodeando su casa. Respetando el principio de la organización independiente, acompañamos a Barby a que haga público su caso, como una herramienta útil y necesaria. El resultado de este accionar fue que el lunes 10, en la fiscalía, le entregaron el botón anti pánico y la llamaron desde el municipio. De todos modos, la integridad y la vida de Barby siguen en peligro. El Estado es y será responsable de la seguridad y el sostenimiento económico de la compañera y su familia, frente a las extorsiones del agresor. La violencia que sufrimos las mujeres trabajadoras se multiplicó en todas sus formas durante la pandemia. Lo vemos a diario en las barriadas, porque es allí donde la falta de trabajo o la precariedad del mismo, empeoran las condiciones de vida de las familias. Y donde el hacinamiento y la falta de alimentos es el ámbito en el que las mujeres vivimos y criamos a nuestros hijos. La violencia doméstica también tiene como responsable al régimen vigente, porque traslada al hogar todas las tensiones y la degradación provocadas por la sobreexplotación laboral, la desocupación o el hacinamiento habitacional, entre otras lacras. Por eso, mismo, convocamos a nuestros compañeros, esposos o hijos, a luchar en común para erradicarla, como parte de la lucha por terminar con todas las opresiones.

El martes 11 de mayo se desarrolló una nueva asamblea docente convocada por Ademys, con la presencia de alrededor de 270 compañeros y compañeras. Nuevamente, como ocurrió en asambleas anteriores, la mayoría de las intervenciones se expresaron por la continuidad de la huelga, que ingresaba en su cuarta semana, a pesar de que el gobierno de Larreta-Acuña la intenta quebrar por medio del descuento de los días de paro y la confección de listas negras. El gobierno porteño también ejerció presión sobre las familias que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, en muchos casos, además, en franco apoyo a la huelga docente. El lunes, la burocracia de la UTE levantó la huelga sin ningún tipo de consulta ni haber desarrollado ningún tipo de campaña por su victoria. Durante la huelga, la conducción Celeste se limitó a difundir flyers por WhatsApp para anunciar paros diarios -decididos entre cuatro paredes. Recién a principios de la última última semana convocó a plenarios de delegados, pero sólo por sector, de los cuales nadie tampoco se enteró. Nada fue puesto a votación; con el mismo método ahora se levantó. La burocracia K quizás piense, porque no lo dice, que el proyecto de ley del ‘semáforo rojo’ va a cancelar la presencialidad, que ella no quiso imponer, como sí lo reclamaba la base. Pese a esto, miles de docentes continuaron parando, autoconvocados. El Comité de Docentes contra la presencialidad en pandemia desarrollo numerosas actividades (con gran repercusión entre la docencia y los medios de comunicación), como lo hicieron también diferentes asambleas distritales. Ademys En la última asamblea de Ademys se pusieron a consideración dos mociones: una de la dirección Multicolor que convocaba a un paro para el miércoles 12, y mandataba al Consejo Directivo para tomar nuevas resoluciones. La otra fue la de nuestra agrupación, Docentes en Clase -que también integra el CD- y la Conti Santoro, de parar por 72 horas en la perspectiva del paro por tiempo indeterminado y de una huelga general educativa, y realizar nueva asamblea. Ambas mociones incluían una serie de acciones a realizarse en el transcurso de la semana. La votación fue poco menos que escandalosa. Mientras que en el chat, docentes denunciaban que no estaban pudiendo votar porque no les figuraba la ventana correspondiente para elegir y enviar la moción a la cual adherían, y un número importante de compañeros pedían ser admitidos a la sesión Zoom, se cerró la elección y se informó que la moción del CD Multicolor había ganado por apenas 8 votos, sobre un total de 230 votantes, mientras que en la asamblea figuraban 271 presentes – TD “oficialista” sostenía que había 281. Una completa irregularidad. Ante la solicitud de que se volviera a votar, el CD se reunió y, por mayoría, decidió validar la votación. Con métodos totalmente ajenos a la democracia obrera y de una dirección clasista, como reivindica Ademys, se impuso el levantamiento de la huelga. "Volver a las escuelas" para hablar con los compañeros se volvió el slogan de la dirección Multicolor, sin reparar que también se verá obligada a “hablar” con el virus. Al final, la consigna a favor de un fondo de huelga tuvo poca vida. Desde Tribuna Docente Tendencia sostuvimos que una huelga que enfrenta al poder político en términos propiamente políticos, cuestionando su política de Salud en una pandemia, necesita una red de piquetes, que es la única forma de oponer a la propaganda y la fuerza del estado, la propaganda y la fuerza de la unidad de los trabajadores. Influir sobre la llamada ´opinión pública´ no es una tarea televisiva. Pregunten sobre esto a los piqueteros. Desde Tribuna Docente (T) seguiremos impulsando la coordinación de la docencia con las familias trabajadoras y con los trabajadores de la salud que piden a gritos que se baje la circulación del virus. Y con los trabajadores del transporte que denuncian contagios y fallecimientos entre sus compañeros. La crisis política abierta por la ´segunda ola´ no ha parado. El proyecto de ley de los Fernández, para sustituir los DNU vetados por la Corte, abre nuevos capítulos de ella. Es de elemental entendimiento que los docentes intervengamos en esta crisis con la re-iniciación del movimiento de huelga, para que no sean los de arriba quienes decidan por los de abajo.

El ejército israelí avanza por tierra y aire sobre Gaza, en la mayor ofensiva desde 2014. Sus bombardeos ya dejaron 119 muertos, entre ellos 31 niños. Pero los desalojos en el área palestina de Jerusalén, la represión y el incendio de la mezquita de Al Aqsa, y el ataque a Gaza detonaron, además, una inesperada bomba fronteras adentro, que estalló en la cara del primer ministro, el genocida Benjamín Netanyahu. El martes, cientos de chicas y chicos palestinos -“árabes israelíes” los denomina el Estado ocupante, en un intento fracasado de borrar su pertenencia nacional- tomaron las calles de Lod, al sudeste de Tel Aviv, después del funeral de un joven asesinado por los sionistas. “Hemos perdido totalmente el control de la calle, están prendiendo fuego a las sinagogas y escuelas judías, incendiando cientos de vehículos. La guerra civil ha estallado en Lod”, advirtió el alcalde Yair Revivo, que pidió que se declarara el Estado de emergencia. Netanhayu mandó 500 policías de frontera. Su comandante exclamó: “Estamos viendo algo nunca visto en ciudades mixtas”. Y ordenó abrir fuego contra los “árabes israelíes”. Las protestas se extendieron rápidamente a todo el país, con miles de jóvenes, algunos apenas entrando en la adolescencia, que se daban ánimo y se citaban a través de Tik Tok. El analista Jack Khoury, del diario Haaretz de Tel Aviv, describe las protestas como un “movimiento popular”, conformado “en su mayoría por la generación más joven, que no reconoce el liderazgo político ni de la Autoridad Palestina ni de los líderes árabes en Israel o en la Franja de Gaza. Nadie puede detenerlos, y una acusación por alterar la paz no los disuadirá”. Los dirigentes de Hamás, afirma, “no tienen ningún control sobre los acontecimientos”. “Estamos aquí hoy y volveremos todos los días. En las últimas elecciones, la gente dijo que los ciudadanos árabes eran indiferentes, que no iríamos a votar. Pero no votamos ni participamos en el juego democrático ya que la Knesset no es nuestro campo. Nuestra arena es la calle. Ahí es donde damos voz a lo que sentimos, ¡no nos quedaremos callados!”, explicó uno de los manifestantes. El miércoles patotas de colonos y grupos ultraderechistas quemaron comercios árabes, intentaron linchar a algunas personas, incendiaron vehículos en el sur de Tel Aviv, Haifa y aldeas árabes. Colonos de Cisjordania fueron llevados hasta Lod: están albergados en el viejo edificio municipal y su primera tarea fue destrozar el cementerio musulmán. The Times of Israel, de Tel Aviv, informó que marcharon por Jerusalén, Haifa y Tiberias al grito de “muerte a los árabes”. Varios rabinos importantes convocaron a acudir a Lod y otras ciudades “para defender a sus residentes judíos, e incluso permitieron una serie de fallos religiosos que violaban el Shabat para hacerlo” (Haaretz 14.5). Los ataques fascistas no lograron sofocar un levantamiento que se ha extendido a la mayor parte de las ciudades “mixtas” o las aldeas palestinas. Netanyahu admitió que “ahora no hay amenaza mayor que estos disturbios” y el New York Times lo acusó de estar llevando a Israel “a una guerra civil entre judíos y palestinos” (12-5-21). Los palestinos con ciudadanía israelí son el 20 por ciento de la población, casi dos millones de personas. La mitad vive bajo la línea de la pobreza. Existen por lo menos 65 leyes que los discriminan directa o indirectamente en todos los órdenes de la vida, desde los derechos a la tierra y la vivienda hasta la asignación de recursos del Estado, el acceso a la educación o el debido proceso cuando son detenidos. Human Rigts Watch, la organización derechohumanista más importante de Estados Unidos, en un demoledor informe del 27 de abril pasado, afirma: “Se ha traspasado el umbral: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución” (1). El propósito declarado de los últimos gobiernos israelíes es culminar la limpieza étnica, concluir la tarea que Ben Gurion dejó sin terminar: expulsar hasta el último “árabe israelí”, construir un país étnicamente puro, un Estado judío. Sin embargo, “la lucha interna dentro de Israel amenaza con ser más desestabilizadora que los ataques con cohetes desde Gaza”, opina The Guardian (12-5). Los Acuerdos de Abraham diseñados por el gobierno de Donald Trump —que “normalizaron” las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos—, “reforzaron la noción de que la causa palestina, en esencia, ya no es relevante. Los titulares de hoy demuestran la falacia de ese pensamiento”, concluye el NYT. Y advierte: “Todo esto podría calmarse en tres o cuatro días, ya que Hamás, Israel, Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina consideran que les conviene imponer su voluntad en la calle. O no. Y si se convierte en otra intifada, en la que el pueblo impone su voluntad a sus dirigentes, este terremoto sacudirá a Israel, Gaza, Cisjordania, Jordania, Egipto y los Acuerdos de Abraham” (12.5). Notas Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución

La necesidad de los desocupados y asalariados informales de atenderse en el sector público, se incrementó en los últimos años, debido a que la pérdida de relación de dependencia conlleva a la privación de la Obra Social. Entre 2017 y 2020 el empleo registrado cayó en 433.000 personas y los que pudieron conseguir empleo lo hicieron “sin aportes a la Seguridad Social” (Clarín, 12/5). El porcentaje de personas que se atiende en el hospital público en todo el país difiere según las provincias. Mientras que la población que se encuentra en esta situación muestra valores menores al 30% en Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz o CABA; en Chaco, Formosa y Santiago del Estero este porcentaje supera el 50%. En relación al 2017, la cobertura de las mujeres pasó del 71,2% al 66,3%, y la de los hombres del 67,6% al 61,6%, mostrando una mayor precarización laboral de las mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar y con niños a cargo. El déficit de familias en alimentación y salud pasó del 19% al 26,6%, y los niños que se atienden en el sector público llegan al 60%, el mismo índice de pobreza infantil (ídem). La relación que mide la cantidad de establecimientos públicos por habitante alcanza el nivel más bajo en la Provincia de Buenos Aires, cuya relación es de 4,6 establecimientos por cada 10.000. Durante la pandemia el sistema público fue recargado, ocasionando lo que se define como “exceso de muertes” no directamente ligada al Covi-19, sino indirectamente a la falta de atención adecuada y de camas para realizar operaciones y posoperatorios. Todo mientras se subsidiaba al servicio de salud privado y se le permitían aumentos o recortar prestaciones. Mientras tanto, el desempleo y la informalidad laboral (subempleo y desocupados que realizan changas), que crecieron en el año pandémico, empujaron hacia una mayor demanda de atención en el hospital público. De un 69,5% de población con cobertura de salud en el año 2017, descendió al 64% en el 2020; El sistema público pasó de cubrir del 30%, en el 2017 al 35,9% (según el INDEC). Es necesario centralizar el sistema de salud, repartir las horas de trabajo de los trabajadores esenciales –con ingresos que cubran la canasta básica– para evitar más contagios, reducir el horario de los trabajadores de la salud sin reducción salarial, suspender la presencialidad escolar y de los trabajadores no esenciales en pandemia, y nacionalizar los monopolios farmacéuticos. LEER MÁS La inflación no es un dato, es el núcleo de la crisis política, por Jorge Altamira

El día de ayer, jueves 13, los docentes del distrito escolar 11 del barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Fany Flores, profesora de Matemática en el Liceo 5. Fany es la tercera compañera de nuestro distrito que nos fue arrebatada por la política presencialista de Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, Soledad Acuña. Contrajo el virus y padeció una larga internación antes de fallecer el día de ayer. Una vez comunicada la noticia se realizó una acción de visibilización y denuncia frente al Liceo. Alan, profesor del área de Matemática de la institución, nos dijo: "Los docentes del Liceo 5 venimos planteando desde hace semanas la necesidad de pasar a una modalidad virtual. Lamentablemente nuestra propuestas fueron desoídas por una Supervisión que ahora se rasga las vestiduras frente a la evitable muerte de nuestra compañera Fany". "Si bien la organización docente es débil en la Escuela, a raíz de este acuerdo al que llegamos con los compañeros se logró hacer planteos colectivos con casi unánime adhesión. En el día de la fecha realizamos acciones de protesta en los semáforos exhibiendo carteles y pancartas. Recibimos la solidaridad de los transeúntes", agrega Alan. "Fany era una profesora cálida, profundamente humana. Vamos a extrañarla por igual docentes y alumnos" "Es obligación del Gobierno de Larreta tomar decisiones acordes: suspender la presencialidad hasta tanto y en cuanto los docentes estemos vacunados; así como también garantizar computadoras y conectividad a los chicos y chicas con dificultades" cerró Alan marcando claramente la responsabilidad de los funcionarios del gobierno de la ciudad que ya tienen en su haber 14 trabajadores de la educación fallecidos en su jurisdicción. Días antes la docencia del 11 se lanzó a las calles en repudio por el fallecimiento de Silvina Flores, vicedirectora de la Esc.24 DE 11 y de Graciela Romero, auxiliar de la ET 18 DE 11. Frente a las persecuciones, las amenazas, los descuentos ilegales y el vaciamiento presupuestario del gobierno porteño, redoblemos la coordinación de todas las luchas y la organización.

Escribo este aporte a una nota que firman E. Monge y J. Altamira sobre Covid. Simplemente comentar que pese a lo que muchos líderes mundiales dicen, las vacunas no aseguran de ningún modo inmunidad de rebaño ni espacios “libres de covid". Las vacunas aseguran, con cierto porcentaje, que un individuo no tenga síntomas (o solo sean leves). Pero ello no implica que una persona vacunada no sea contagiada y retransmita el virus. No está tampoco verificado en qué medida cada vacuna aseguraría esto, ya que hubiera implicado otro monitoreo que el que se realiza en las fases de evaluación (mucho más costoso, con testeo continuo de cada persona y del grupo de control). Es decir, en una población vacunada el virus se retransmite e incluso podría mutar haciendo la vacuna menos efectiva. Por otra parte, con vacunas que tienen un 70 y algo porciento de eficacia (ej. Astrazeneca), más del 20% de las personas pueden tener síntomas graves. Es decir que sin restricciones, el virus puede transmitirse exponencialmente, saturando el sistema de salud, etc. Esto refuerza la conclusión del artículo. Y es algo que no escuché hasta ahora en los medios. Surge de charlar con mi novia, bióloga que investiga con virus.

El anuncio de que el costo de vida aumentó un 4,1% en abril pasado, debe ser objeto de un debate en el movimiento obrero. Lleva la tasa de ‘inflación’ interanual al 46,3 por ciento y la del primer cuatrimestre de este año al 18,3 por ciento. Las consecuencias de este crecimiento vertiginoso de la carestía, nada menos que en medio de una pandemia y un pico de contagios y de fallecimientos, no podrían ser más graves para la masa del pueblo. La crisis sanitaria ha desmejorado en forma sensible la posibilidad de encontrar trabajo, sea ‘formal’ o ‘informal’. A ello se suma el corte de la asistencia social que implica la cancelación del Ingreso Familiar de Emergencia, que hoy debería alcanzar a mucho más de las nueve millones de personas del año pasado, y representar un monto muy superior. El aumento de la inflación resulta ‘exponencial’ (como se acostumbra a decir últimamente), porque ocurre cuando diversos precios han sido “pisados”: el precio del dólar, los salarios y jubilaciones (precio de la fuerza de trabajo) y varias tarifas de servicios, en distintas proporciones. Si se separa estos rubros del índice general, el incremento de la carestía es mucho mayor – en alimentos, indumentarias, ¡alquileres!, servicios de comunicaciones, ¡medicamentos!, incluso atención médica. La previsión del ‘zarevich’ de la economía, Martín Guzmán, para 2021, un aumento de la ‘inflación’ del 29%, debiera obligarlo a volver a las aulas, si no fuera que allí ha sido, precisamente, donde aprendió estos dislates. Las razones de la inflación que acostumbran a esgrimir los llamados ‘neoliberales’, no aplican. El déficit fiscal (‘primario’) se redujo, en el primer trimestre, en un 50% respecto a 2020, en tanto que “la emisión monetaria pasó de un ritmo del 67% en octubre pasado a 16% en abril” (Clarín, 14/5). El pago de la deuda externa y los intereses reducen el circulante en pesos, de modo que es deflacionario, no lo contrario. El impacto de este ajuste fiscal y monetario ha recaído sobre los trabajadores. Las patronales, en cambio, se han beneficiado, porque el gobierno les ofreció nuevos títulos de deuda pública a corto plazo con rendimientos superiores a la inflación de precios. A los bancos les ha aumentado el negocio de las Leliqs y los pases - una deuda del Banco Central que ya supera los tres billones de pesos, que restringe el financiamiento de la actividad económica más que las vedas nocturnas de los Fernández y los Macri. Desde el punto de vista político, el fracaso de la promesa de contener la inflación constituye un severo golpe político para los Fernández. En primer lugar porque es sobre la premisa de reducir la tasa de inflación que se montó el congelamiento de las paritarias al máximo del 30% que está inscripto en el Presupuesto de 2021. Lo mismo vale para las jubilaciones y la asistencia social. El ministro Arroyo se saca de encima la responsabilidad de aumentar los subsidios a las familias sin trabajo y a las que se encuentran debajo de la línea de pobreza e incluso indigencia, y ni qué decir de reponer el IFE, con el argumento de que el problema reside “en la inflación”. Los economistas como Kicillof, que repiten como robots que es necesario “cebar el consumo interno”, se enfrentan a una caída tendencial, o sea sistemática, del consumo personal. Esto representa una ruina para el pequeño comercio, que encima se encuentra afuera de los acuerdos del gobierno con las grandes cadenas y supermercados. A pesar de lo mucho que se escribe sobre el tema, no se ve nada que señale que este nivel de inflación se levanta como un obstáculo para el ‘ansiado’ acuerdo con el FMI. Guzmán ha venido cumpliendo con los deberes de un alumno aplicado, al consumar el ajuste fiscal (precario) y la deflación monetaria (ficticia, por el cúmulo de aumentos de la deuda pública y semipública). Pero la inflación sube y seguirá en niveles elevados aunque retroceda por centésimas. A una inflación alta, un ajuste más violento – en especial cuando se trata de un acuerdo de diez años, que algunos pretenden que sean veinte. La tasa de inflación de abril constituye un golpe político a la posibilidad de un acuerdo con el FMI que no desate la rebelión que tiene lugar en Colombia (¡donde la tasa inflacionaria es mucho menor!). Como ocurrió con Macri, en 2015/6, se planteará una devaluación del peso, acompañada de una suba de la tasa de interés, lo que crearía un nuevo ciclo de endeudamiento a corto plazo. El 4.8% de marzo y el reciente 4.1% de abril son suficientes para pedir un hisopado al conjunto del régimen político presente. No es este el espacio para considerar el planteo insistente de que “el mundo resolvió el tema inflación, menos Argentina”. Pero sí para decir que el largo período de deflación de las últimas tres décadas, ha redundado en la caída del nivel de vida de los trabajadores de los países desarrollados – mucho desempleo y caída en la participación en el Ingreso Nacional. Ahora, el círculo de los economistas advierte que la emisión feroz ocurrida desde la crisis internacional de 2007/8 y el descontrol de subsidios al capital financiero en la pandemia, tendrá como resultado una depreciación del dólar y un alza de precios generalizada. O sea: quienes alientan el remedio deflacionario con la expectativa de que al final del ajuste las cosas se pondrán mejor para los trabajadores, van contra las evidencias. En Perú, el premio Nobel en materia de precios en América Latina, la miseria es feroz, pero la riqueza minera descomunal. Desde la quiebra de una ‘convertibilidad’ insostenible, ningún gobierno patronal ha sido capaz de “domar” la inflación. Ahora se repite el ciclo inflacionario 2001/3, precedido por una fuerte devaluación del peso. Los precios suben para acomodarse a los que rigen a nivel internacional, en especial cuando hay que pagar deudas externas enormes, que están nominadas en dólares. En los países latinoamericanos que no tienen la inflación de Argentina, el nivel de precios interno se asemeja al internacional, luego de pasar por el purgatorio del ajuste. En todos ellos la miseria social ha crecido. De nuevo, ahí están Colombia y Chile para probarlo, y Ecuador, cuya moneda es el dólar mismo. Conclusión. No existe otra vía para revertir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que la lucha por el aumento de los salarios, las jubilaciones y las subvenciones sociales. El derrumbe de la participación de “los ingresos del trabajo” en el Ingreso Nacional demuestran que hay un enorme espacio para reconquistar los salarios, etc., a costa de las ganancias de las patronales, en especial de las grandes, naturalmente. No es el aparato del Estado el que va a resolver la miseria social; sólo lo puede hacer la lucha de clase de los trabajadores. Es claro para cualquiera que incluso la recuperación de lo perdido lleva a una confrontación política. Esta perspectiva debe ser encarada en forma consciente, mediante la agitación y la organización. La alternativa a la confrontación política no existe – si no se la encara, las luchas no se cancelarán sino que sufrirán del aislamiento y enfrentarán el peligro del desgaste. Estas luchas, precisamente, están creciendo. El estado de las patronales asegura siempre que no tiene posibilidades de hacer concesiones hasta que la lucha lo obliga a hacerlas. Este es un aspecto de la cuestión. El otro es que, como ocurre con la pandemia (y en medio de la crisis humanitaria que ha desencadenado el capitalismo frente a ella), lo que se juega es la vida de los trabajadores – la salud, la vivienda, la educación, el porvenir. Si el Estado y la clase capitalista no son capaces de sustentar las aspiraciones mínimas de un pueblo, necesitamos organizarnos para apartarlo de la ruta de la historia, y conquistar un gobierno de trabajadores.

Anoche falleció en Villa Constitución Alberto Piccinini, el dirigente metalúrgico que lideró una de las luchas obreras más importantes de la clase obrera en los 70. Piccinini fue parte del clasismo y la corriente antiburocrática que recorrió en profundidad a la clase obrera de aquella década. En Villa Constitución, esa tendencia se expresó, primero, a través de la recuperación de la comisión interna de la estratégica fábrica Acindar, y, luego, en la conquista de la misma seccional de la UOM. De la interna de Acindar al "Villazo" En enero de 1973, la Lista Marrón, dirigida por Alberto Piccinini, conquistó el cuerpo de delegados y la comisión interna de Acindar. La burocracia de Lorenzo Miguel, sin embargo, continuaba en la dirección de seccional. La nueva interna, a través de paros y movilizaciones, consiguió conquistas que aún perduran como derecho adquirido: por caso, en relación a los ritmos de producción, las categorías, los accidentes de trabajo, la insalubridad y el servicio médico de planta. La actitud combativa de esa interna fue creando una situación de enorme tensión con la patronal y la burocracia de la UOM, que veía cómo en las demás fábricas crecía la simpatía hacia los delegados de Acindar. En el contexto de la crisis política desatada por el desplazamiento del presidente Cámpora, por una derecha que conducía Perón y los grupos de tareas de la burocracia sindical, el avance del clasismo en un centro industrial fundamental, desató una reacción política estratégica. A fines de febrero de 1974, la UOM nacional envió, como interventores de la seccional, a dos provocadores que casi son linchados en una asamblea de la planta. En esa misma fecha, una asonada minoritaria de la Policía de Córdoba derribaba al gobierno de la izquierda peronista. La burocracia expulsó del sindicato a toda la comisión interna de Acindar. En diversas asambleas a lo largo del día, los trabajadores declararon un paro por tiempo indeterminado y la toma de la planta, con retención de directivos de la empresa. Un día después se sumaron al paro con ocupación de sus plantas los obreros de Metcon y Marathon, expulsando a su vez a la burocracia y eligiendo internas combativas en cada una de las fábricas. Una larga semana de ocupaciones, con asambleas diarias de hasta 7.000 trabajadores, concluyó, finalmente, con un enorme triunfo: la reincorporación de la interna de Acindar a la UOM; el compromiso del llamado a elecciones en la seccional en el término de 120 días, la destitución de los provocadores al frente de la Intervención, y la constitución de una comisión normalizadora integrada en forma mayoritaria por delegados electos en asamblea. La empresa, el gobierno, la policía, la Justicia y el sindicato asumieron el compromiso de no tomar ninguna represalia por la toma. Al conocerse el resultado del conflicto, el 16 de marzo de 1974 el pueblo entero de Villa Constitución salió a las calles a celebrar el triunfo de los obreros de Acindar y demás fábricas metalúrgicas de la ciudad, en pleno gobierno de Perón. Esa movilización de 20.000 trabajadores y trabajadoras quedó registrada como “el villazo”, y fue la mayor expresión de lucha del clasismo después del Cordobazo. El “villazo" fue visto por los luchadores y los activistas de todos los sindicatos como una posibilidad de unir todos los procesos antiburocráticos que se desarrollaban en Córdoba, y de centenares de fábricas del Gran Buenos Aires recuperadas de la burocracia sindical. Bajo la dirección de Piccinini, el 20 de abril de 1974 fue convocado uno de los plenarios antiburocráticos nacionales más importantes de la historia de la clase obrera, que se reunió en el Club Riberas del Paraná. Allí participaron, entre otros, Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba y René Salamanca del Smata, junto a más de un centenar de representantes de comisiones internas de distintos lugares del país. El histórico plenario, sin embargo, no culminó con un programa ni un plan de acción. La necesidad de una Coordinadora nacional que emergiera de ese gran plenario, fue planteada por Jorge Fischer, miembro de la comisión interna de la fábrica Miluz y militante de Política Obrera. En noviembre de ese mismo año, la Lista Marrón, encabezada por Piccinini, gana finalmente las elecciones de Comisión Directiva en la UOM de Villa; derrota ampliamente a la lista de las 62 organizaciones peronistas. Pocos meses después el gobierno de Isabelita y la gran patronal denuncian "un complot subversivo de todo el cordón del Paraná” - o sea, desde San Nicolás hasta San Lorenzo, en Santa Fe. En la madrugada del 20 de marzo de 1975, se produce una verdadera invasión de Villa Constitución, con cuatro mil fuerzas policiales conjuntas, que produjeron unas 150 detenciones y 15 asesinatos. Entre los detenidos estaban los activistas de la CGT regional y los integrantes de la comisión Directiva de la UOM, excepto Luis Segovia, que logró escapar y fue el dirigente indiscutido de la huelga que se desató en respuesta al criminal ataque político del gobierno peronista. Esa huelga, el 21 de marzo, constituyó un peldaño superior del Villazo. En reemplazo de los dirigentes detenidos se conformó un Comité de Lucha, que mantuvo la huelga durante 61 días, con el apoyo de toda la clase obrera, las familias de Villa y los comités barriales. Día a día los piquetes obreros se enfrentaban con los carneros pagos de otros pueblos, y por sobre todo con los elementos parapoliciales que ya tenían protagonismo nacional. La huelga mantuvo asambleas diarias y el comité de apoyo se extendió a centenares de fábricas del país. Fueron detenidos durante la huelga y pasados a disposición del Poder ejecutivo decenas de activistas de distintas organizaciones de izquierda - entre ellas varios militantes de Política Obrera, que se instalaron en Villa para colaborar con la huelga, como Néstor Correa. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a diferentes cárceles del país, torturados y castigados de diferentes formas. El 17 de mayo de 1975, una asamblea de 2.500 trabajadores aprobó unánimemente el levantamiento de la huelga. La derrota no borró nunca de los obreros de Villa la conciencia de esa huelga extraordinaria. Después de cinco años de cárcel donde su salud se quebrantó, Piccinini le volvió a ganar la histórica seccional a la burocracia, en 1983. Bajo el gobierno alfonsinista, la política y la estrategia de Piccinini se convirtió en democratizante. Piccinini era el dirigente más destacado de Poder Obrero, una escisión de corrientes foquistas, que buscaba adaptar el foquismo a las luchas obreras. El giro político lo llevó a apoyar un proyecto de "reforma sindical" de Alfonsín, que también fue acompañado por corrientes de izquierda, como el partido comunista y el morenismo, orientado desde el propio Estado. Ya alejado de una perspectiva obrera, Piccinini fue constituyente en 1994 y candidato a gobernador por el Frepaso. Agravados sus problemas de salud en su última etapa como dirigente, fue testigo del desmantelamiento de fábricas, cierres como el de Paraná Metal y la tercerización de las grandes plantas. En la memoria histórica de la clase obrera de Villa, Piccinini será siempre el combatiente del Villazo y de la grande, enorme, gigantesca huelga de marzo de 1975.

Sheikh Jarrah es uno de los barrios árabes históricos de Jerusalén construido fuera de las murallas otomanas. Sus habitantes son refugiados palestinos –o descendientes de ellos–que fueron expulsados de sus aldeas por las milicias sionistas durante la Nakba (éxodo) de 1948. La decisión de desalojar a algunas de sus familias palestinas de sus hogares, se puso en el centro de los conflictos entre israelíes y palestinos. No es nuevo el intento del estado israelí de desalojar familias de origen árabe para entregar sus casas a colonos hebreos y así “judaizar” los territorios. Según Grassroots Jerusalem, una ONG que es una plataforma para la movilización comunitaria palestina, en Sheikh Jarrah ha habido una afluencia de colonos judíos desde 2001 "que han sido responsables de desalojos forzosos y terrorismo en el vecindario". En medio del Ramadán -mes sagrado musulmán- y de la pandemia, teniendo en cuenta que gran parte de los palestinos no están vacunados, varias familias palestinas, que suman 30 personas, se han enfrentado a la amenaza de desalojo, después de que un tribunal israelí rechazara sus peticiones a mediados de febrero contra las decisiones de expulsarlos de la zona y entregar sus hogares a colonos ilegales. Se espera que otras tres familias corran la misma suerte a principios de agosto. Se han llevado a cabo protestas contra los desalojos, en el mismo barrio y también en ciudades palestinas de Cisjordania y por parte de árabes israelíes en Haifa y Nazaret, entre otras. Los vecinos del barrio, denuncian que la organización de colonos judíos Nahalat Shimon ha obtenido fallos judiciales con respecto a la propiedad de la tierra, alegando que los judíos la compraron hace 130 años. Los propietarios palestinos lo niegan e insisten en que la "prueba" documental está falsificada. Hay que recordar que este barrio se formó luego que, en 1956, Jordania llegara a un acuerdo con la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que estipulaba el reasentamiento de 28 familias de refugiados palestinos en Jerusalén y les proporcionaba viviendas construidas por el gobierno jordano. El acuerdo estaba condicionado a que la propiedad se les transfiriera automáticamente si aceptaban renunciar a su condición de refugiados. Así, en 1959 los vecinos se convirtieron en propietarios legales de sus viviendas. Desde entonces, las 28 familias originales han crecido hasta llegar a unas 72, con alrededor de 550 personas en total, la mayoría de las cuales son niños. 'Equilibrio demográfico' La toma de posesión de propiedades robadas a los palestinos por colonos judíos son parte del plan esbozado por las autoridades de ocupación para cambiar la demografía y fortalecer a la mayoría judía en la ciudad ocupada. La ONG israelí Peace Now ha afirmado que los tribunales que dictan estas órdenes de desalojo "no son más que la herramienta que utilizan los colonos, con el estrecho apoyo de las autoridades estatales, para cometer el delito de desplazar a toda una comunidad y sustituirla por un asentamiento". Desde la década de 1970, el gobierno israelí ha trabajado para implementar un "equilibrio demográfico" en Jerusalén en una proporción de 70-30, limitando la población palestina en la ciudad al 30% o menos. Esta planificación urbana ha sido ejecutada por una serie de políticas como la confiscación de tierras, el desplazamiento y la colonización de barrios palestinos. (Aljazeera, 21/11/20) Palestinos y grupos de derechos humanos manifiestan que esta política no es una disputa inmobiliaria entre particulares, sino resultado de una sistemática estrategia de limpieza étnica impulsada por movimientos de ultraderecha supremacista israelí, como Elad, generosamente financiado por particulares y empresas radicadas en paraísos fiscales, y avalado y protegido por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Sheikh Jarrah se convirtió en un emblema de la resistencia palestina. Nos sumamos a repudiar esta política fascista llevada por el Apartheid sionista. LEER MÁS Medio Oriente: una declaración de guerra contra una nueva Intifada, por Jorge Altamira

En el peor momento de la pandemia y de la ola de protestas docentes, el gobierno de la Ciudad comunicó que dejará a las escuelas sin los insumos para la seguridad e higiene sanitaria en los establecimientos. La escuela N° 12 del Distrito Escolar 7 «Facundo Zuviría» emitió un comunicado firmado por docentes y el equipo de conducción, informando a las familias que el pasado martes 11 de mayo, en el marco de la jornada de EMI, «El Ministerio de CABA anunció que no cuenta con presupuesto y que dejará de enviar insumos para combatir el COVID-19 (alcohol en gel, alcohol al 70%, mascarillas de repuesto, etc.)» (Infogremiales, 13/5). ¿Cómo se explica esta aberración? El comunicado de la Escuela Zuviría continúa denunciando que «Como consecuencia, los fondos para la compra de estos insumos vendrán del Ministerio de Educación de la Nación y la Directora de la escuela será quien tendrá que salir a buscar presupuestos para los insumos con una tarjeta proveniente del Banco Nación.» El gobierno achica el presupuesto y se deslinda de cualquier déficit que pudiera haber en la aplicación de sus protocolos ficcionales. Es claro que esto no aplica a la educación privada, el lobby de la presencialidad escolar. Larreta continúa con una tradición En la actualidad, la inversión en educación en la Ciudad es la más baja de la historia. Es lo que indica un reciente relevamiento de los presupuestos provinciales realizado por Tiempo Argentino. La administración de Horacio Rodríguez Larreta destinó el 17,3% del gasto total en 2020 al área educativa, al final de la tabla (Infogremiales, 15/5) En 2007, al inicio de la gestión PRO, el presupuesto asignado para la cartera educativa era del 26,19%. Las escuelas porteñas nunca contaron con los insumos necesarios para mantener las aulas y el resto de los espacios limpios y desinfectados. Se aprovechó siempre de la voluntad de los docentes y de las cooperadoras. El sistema de cooperadoras escolares no ha hecho más que acentuar la diferenciación social en educación. La realidad es que desde que comenzó la apertura educativa, la mayoría de las escuelas, recibió pocos o ningún elemento. Nunca llegaron barbijos, máscaras, alcohol, jabones, lavandina, guantes o cualquier otro insumo destinado a reducir el riesgo de contagio. Es decir, Larreta y Acuña, nunca garantizaron una “presencialidad segura” como pregonaron. A este marco se suma un recorte fuerte del plan Sarmiento. En el momento en que más se necesita invertir en conectividad y dispositivos para asegurar la educación virtual, es cuando más se ajusta. A esto se suma el significativo recorte de obras nuevas, ampliaciones y refacciones, así como las licitaciones que se dieron de baja por decisión política del Gobierno de la Ciudad. Una muestra de la presencialidad a como dé lugar.

El país cerró el año con 20,5 millones de pobres “El Instituto oficial de Estadística había informado que en la segunda mitad de 2020 la pobreza había alcanzado al 42% de la población. Pero ahora se confirmó, a partir de la difusión por parte del INDEC de los micro-datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre del año pasado que ese nivel de pobreza fue del 38,7% entre julio-setiembre y del 45,3% entre octubre-diciembre” (Clarín, 14/5). En tanto la pobreza infantil (menores de 14 años) que en el segundo semestre de 2020 fue del 57,7% se desglosa en un 52,5% en el tercer trimestre y un 62,9% - 6.800.000 --en el final del 2020 (ídem). Por rango de edad, la pobreza entre los menores de 14 años es del 62,9%, entre los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años llega al 51,7%. Este sector de la población tiene los índices más elevados de desocupación, en especial entre las mujeres. En el conurbano bonaerense, el 51% (6.353.000 personas) en la segunda mitad de 2020 es pobre, se descompone en un 48% en el tercer trimestre y un 54% en el cuarto (6.727.000). Son 374.000 pobres más en el conurbano (ídem). Quita de las ayudas sociales El IFE había llegado a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B y a trabajadoras y trabajadores de casas particulares y desempleados. Las solicitudes superaron los 11 millones. El gobierno hizo tres pagos del IFE: uno entre abril y mayo, el segundo entre junio y julio y el último entre agosto y septiembre, no hubo un cuarto pago. El IFE 1 y 2, ($10.000 pesos en tres tandas a lo largo de seis meses, esto es, $5.000 pesos por mes), para personas entre 18 y 65 años. De este segmento etario, el 32% fue beneficiado. El aumento de la pobreza en el último trimestre del año 2020 se condice con la quita de estas ayudas. Durante 2020, según estadísticas oficiales, el 84% de los trabajadores asalariados formales mantuvo su ingreso aun en pandemia, pero entre los informales la proporción bajó al 67% y entre los cuentapropistas, al 36%. A eso se le agrega que el nivel general de pobreza (42%) afecta más a los trabajadores informales: los asalariados formales bajo la línea de pobreza se ubica entre el 11% y el 15% respectivamente; los números se triplican entre cuentapropistas y asalariados (41% y 43%) y se cuadruplican (61%). Inflación y pobreza La cantidad de personas en situación de pobreza se incrementó en 1,5 millones de un año a otro. El pico de pobreza en 2020, 47.2%, se alcanzó en el segundo trimestre. La inflación se ha acelerado. Para el segundo trimestre de 2021 se espera una tasa de pobreza mayor a la del primer trimestre: “la expectativa no es muy alentadora para el primer semestre del año que podría terminar con una tasa de pobreza por encima de 44%” (ídem). LEER MÁS La inflación no es un dato, es el núcleo de la crisis política, por Jorge Altamira

La enorme rebelión popular que atraviesa Colombia es apoyada por el 75% de los colombianos (semana 11/5. Las negociaciones entabladas entre el CNP y el gobierno están en un impasse. Los estudiantes piden la renuncia del ministro de Seguridad y el desmonte del Esmad, los escuadrones anti-disturbios – respondables de asesinatos, violaciones y torturas. Francisco Maltés, presidente de la CUT, insistió en que el Comité Nacional de Paro ofrece una salida por medio de la negociación con el Gobierno (el tiempo, 13/5). Maltés. Se han registrado 50 personas fallecidas por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar; 524 heridos por el accionar del ESMAD - 35 lesiones oculares, 51 por arma de fuego, 21 víctimas de violencias de género, 1.430 personas detenidas de manera arbitraria (que fueron sometidas a tortura y/o tratos inhumanos), 12 allanamientos ( 8 fueron ilegales). Según la Defensoría del Pueblo, hay registro de 89 personas desaparecidas pero se estima que son 379 (defenderlalibertad, 13/5). Represión en Buga y Cali El jueves siguió la represión, en medio de las negociaciones. En Guadalajara,. los trabajadores y estudiantes estaban negociando con el Esmad, quien comenzó a tirar de manera artera contra la multitud. El Gobierno envió un contingente de dos batallones del Ejército y 270 policías para desbloquear la vía Panamericana. Gente del municipio reportó el uso de gas lacrimógeno en zonas residenciales y se hablaba de decenas de heridos. Este jueves, en Cali, hubo una reunión entre el Comité del Paro nacional, el Comité de Paro del Valle del Cauca y algunos integrantes de los llamados “puntos de resistencia” (los jóvenes de la primera línea). (ídem). El gobierno tuvo que sentarse a negociar con ellos. En Puerto Resistencia los manifestantes levantaron del espacio de diálogo: "Según los manifestantes, les había llegado información de que mientras se estaba llevando a cabo la instalación de las negociaciones, las autoridades estaban haciendo operativos en contra de los bloqueos y movilizaciones en La Luna y otras zonas de Cali” (ídem). La primera línea Una compañera del Puerto Resistencia dice que. "No es justo que estemos en una mesa mientras el Esmad estaba amedrentando a otros compañeros". Tuvieron la dignidad que no tuvo la CNP que se sentó en medio de la represión. En Cali hubo 27 homicidios y mas de 100 desaparecidos. “Nos mueve la justicia por las mujeres violadas, por los desaparecidos, por los muertos". En Puerto Resistencia decidieron continuar con los cortes. "La situación nos tomó desorganizados pero en el caminos vamos tejiendo redes y organización". Continúan las movilizaciones Ayer fueron convocados plantones en las ciudades de Manizales, Medellín, Itagüí, Caldas, Niquía y Rionegro (semana, 14/5). En Popayán, ciudad donde la policía abusó de una chica que luego se quitó la vida, se convocó una marcha en la sede de la Policía Metropolitana. Cali amaneció bloqueada en 7 puntos, entre ellos, en la entrada a Jamundí donde fue atacada la Minga. En Bogotá hay 60 estaciones del Transmilenio cerradas. Medellín, Bucaramanga y Barranquilla también hubo movilizaciones durante la jornada. El CNP reclama “repotenciar (la exigencia “de diálogo”) con la acción unitaria de masas del próximo 19 de mayo” (semana, 14/5). El CNP habla de la negociación con el Gobierno nacional como una “táctica”.. “Continuar con la convocatoria de las Asambleas Populares, fortaleciendo los puntos de resistencia”, proponen una “caravana nacional hacia Cali”. LEER MÁS ** Colombia: día 15, por Emiliano Monge

La justicia de Jujuy acaba de condenar al “Perro” Santillán junto a otros integrantes del SEOM-Jujuy por una toma de terrenos de 2015 en San Salvador de Jujuy. El 5 de mayo se cumplieron 6 años del asentamiento bautizado como “Barrio Obrero”, ubicado en Campo Verde, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En esa fecha, una movilización encabezada por el SEOM y ATSA junto a unas 1.500 familias culminó instalándose en un predio deshabitado. La particularidad de esta toma de tierras se daba en el hecho de que eran sindicatos los que impulsaban la medida, ante la negativa por parte del instituto de la vivienda a realizar convenios con dichos gremios para el acceso a una vivienda por parte de sus afiliados. En ese período casi el 100% de los recursos para viviendas era canalizado a través de la organización Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales, que de todos modos resultaban insuficientes para las necesidades de la familia obrera y su distribución era harto discrecional. La provincia venía de una “explosión” de tomas de terrenos que había comenzado en 2011 con una toma conocida como el “triangulo” de Libertador General San Martin y culminó con 3 muertos. Las condiciones de hacinamiento y falta de vivienda en la provincia llegaban a un límite insostenible. El gobierno tuvo que recular y armar un plan improvisado que se denominó “un lote para cada familia” sobre los hechos consumados de la toma de terrenos en todos los municipios de la provincia. El proceso ha concluido, condenando al “perro” Santillán, Santiago Seillant, Álvaro Sandoval y Alberto Arias a realizar trabajos comunitarios. La condena por esta causa es un ataque a todos aquellos que levantan reclamos frente al gobierno. En este momento, el SEOM está en un plan de lucha provincial contra la precarización y por paritarias y condiciones de trabajo; una nueva condena judicial sobre ellos implicaría prisión efectiva. El gobierno se vale también del código contravencional (votado por peronistas y radicales), para armar causas y perseguir y amedrentar a luchadores. A fines del año pasado, decidió abrirles una contravencional a varias organizaciones que integran la UTEP, que se habían movilizado reclamando mercaderías para la navidad. Previo a eso, también armó una causa varios sindicatos, el Partido Obrero de Jujuy y al PTS, por la movilización en ocasión de la apertura de sesiones de 2018. Esta avanzada represiva no podrá resolver los problemas de una provincia al borde del default, el rechazo creciente de la población al gobierno frente a la agudización de la pobreza y la miseria, la crisis sanitaria y las muertes docentes en pandemia. La reacción popular ha hecho recular al gobierno en más de una oportunidad. Barrio Obrero El asentamiento hoy alberga a más de 3.000 familias, lo que demuestra que la falta de política habitacional es una marca registrada bajo el peronismo y también en la actualidad bajo el radicalismo provincial. El Polo Obrero Tendencia nació en este asentamiento y se reforzó políticamente en una lucha contra el intento de desalojo de compañeras, por el derecho a una vivienda para todos, y por el agua y la luz para el barrio. Este ataque sobre Santillán y los compañeros del SEOM debe ser repudiado y combatido por todo el activismo y por los propios vecinos del Barrio Obrero, ya que si avanza esta línea represiva es la punta de lanza para un ataque sobre los vecinos y el desalojo de los asentados.

Sin ninguna grieta que los divida, concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio aprobaron por unanimidad la ordenanza n°17813 que establece la conmemoración del “Día del niño por nacer”. El concejal Jorge, Villalba, de Juntos por El Cambio, desempolvó un decreto nacional que data del gobierno de Menem (1998), que fue una declaración de compromiso del riojano con el oscurantismo clerical. La sesión estuvo dirigida por Mariana Lesci, actual presidenta del Concejo y ex -responsable de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del municipio. La IVE no está garantizada en Lomas de Zamora -ni en muchas otras ciudades- debido al colapso sanitario y otras decisiones políticas. Las compañeras que deciden interrumpir la gestación deben deambular por los hospitales sin obtener solución en tiempo y forma. Enteradas de la aprobación unánime de la esta ordenanza, se produjo una rápida reacción por parte de las organizaciones de mujeres que en las calles le arrancamos al Estado la IVE. Con métodos asamblearios, decidimos concentrarnos en las puertas del Concejo Deliberante para entregar un documento exigiendo la derogación de la ordenanza. Fuimos recibidas por la policía y no nos permitieron el ingreso. Pero con nuestra tenacidad y dispuestas a quedarnos el tiempo que fuera necesario, logramos que recepcionarán el escrito e inmediatamente dieron por finalizada la sesión del día. Horas más tarde nos enteramos que efectivamente un bloque había presentado la derogación “Del día del niño por nacer”, acobardados por el incipiente repudio. El movimiento de mujeres debe tomar nota de los límites vergonzosos de las dirigentes que se autoreferencian feministas e integran el bloque del Frente de Todos y se funden en un solo voto con la derecha a la hora de apoyar iniciativas de sesgo oscurantista.

El pasado martes 12 de mayo se realizó, en las puertas de economía una radio abierta convocada por la interjuntas de ATE de organismos nacionales. Participaron un centenar de asistentes. La interjuntas creció en una semana: a las 7 juntas internas que se dieron cita el 5 de mayo (Trabajo, Economía, Cultura, Inti, Senasa, Incaa e Indec) se sumaron la Junta Interna de la Comisión Nacional de Energía Atómica- CNEA, la del Conicet, Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Tecnología Agronómica- INTA. Además de agrupaciones sindicales de organismos donde las conducciones miran para otro lado. La actividad se proponía la presentación de una nota para Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán (ambos de gira por Europa) con la reivindicación del aumento del salario, indexación del mismo y el pase a planta de los precarizados. La jornada coincidió con la noticia de que el sindicato de los estatales de la CGT, UPCN tendría un acuerdo con la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani para las paritarias venideras de un 35% hasta el 2022 (Infogremiales, 11 de mayo). Por su parte ATE Nacional aceptaría si se agrega una cláusula a fin de año. La noticia fue la gota que rebalsó el vaso de un humor caldeado en la base de los trabajadores del estado que denuncian un atraso salarial del orden del 45%. Este golpe al salario un año más se contrapone de plano con los pagos de vencimiento de deuda externa en el orden de los 2000 millones de dólares a pagar en estos días. La gira del presidente por Europa buscando un acuerdo con el club de París y el FMI fue uno de los blancos de los oradores que denunciaron el hambre, la desocupación y la fuga de cerebros de un gobierno que “no ha cumplido sus promesas” según denunciaron desde Conicet y el Incaa entre otros. La Interjuntas un canal de organización que tiene que crecer A partir de la noticia del 35 en minicuotas se profundizó un parteaguas entre la interjuntas y la entregada que prepara la burocracia de ambos sindicatos. O se aporta a organizar un frente de lucha por el salario que defienda que los trabajadores no sean los que paguen la crisis o se adopta el silencio de la Verde y la Verde y Blanca que con una mano dicen que no van a aceptar salarios por debajo de la línea de pobreza y con la otra firman el salario mínimo vital y móvil de indegencia. En ese sentido intervino el “Vasco” Izurrieta, secretario general de ATE Trabajo, que denunció a la burocracia sindical por firmar el salario mínimo del gobierno y preparar una nueva entrega del salario estatal a espaldas de los trabajadores. Las intervenciones de Inti y Senasa hicieron un contrapunto entre una conducción desaparecida y las autoconvocatorias de los estatales de Neuquén y Chubut como así también la lucha docente contra la presencialidad. Uno de los puntos más sentidos entre las intervenciones fue la situación de precarización laboral. Frente a los nuevos anuncios de pase a planta permanente los oradores denunciaron que son falsas promesas ya incumplidas anteriormente. Lo usan para negociar estabilidad a cambio del salario, una extorsión de la paritaria pasada para contener el reclamo. También desde el escenario se saludó a los trabajadores de enfermería en su día y se reclamó la vacunación del personal de la primera línea. La misma burocracia que se apresta a firmar el 35 sin convocar ni media asamblea dejó pasar el trabajo presencial no esencial y que los costos del teletrabajo corrieran por cuenta de los trabajadores, además de que se levantaran las licencias para las familias con hijos menores. Por eso, o se está con la burocracia a espaldas de los compañeros o se suma fuerza a la interjuntas en el camino de las autoconvocatorias. Otro ejemplo son las asambleas nacionales como la de los trabajadores del Instituto de Obra Social y las Fuerzas Armadas y de Seguridad- IOSFA y los autoconvocados de todo el país del Conicet. El proceso de asambleas y paros que vienen desenvolviendo por reclamos sectoriales, tiene cruzar fronteras y confluir en asambleas con mandatos en contraposición a las reuniones entre gallos y media noche del Consejo Directivo Nacional. La Interjuntas tiene que llamar a movilizar el día que se firme la paritaria como planteo la compañera de la Verde Roja Negra del ministerio de educación, pero antes de esa fecha tenemos que darnos una nueva cita que surja del debate en asambleas para darle continuidad al único núcleo de estatales que se propone recharzar la entregada de la paritaria. La perspectiva es convocar asambleas virtuales o presenciales, sin distinción de afiliación en todas las dependencias allí donde las direcciones aún no han convocado. Donde la burocracia niegue los espacios de deliberación: la autoorganización y coordinación. Discutir un plan de lucha que arranque un aumento de emergencia de 50% con indexación por inflación, por un salario inicial igual al costo de la canasta familiar, por el pase a planta permanente de todos los precarizados, por el cumplimiento de licencias y por nuestras condiciones laborales. Tenemos un espejo en el que mirarnos: el movimiento autoconvocado de trabajadores estatales de la salud en Neuquén, que tras semanas de huelga y piquetes lograron un 53% de aumento salarial, marcan el rumbo y son exactamente la antítesis de la entrega del salario mínimo por parte de la burocracia. LEER MÁS La inflación no es un dato, es el núcleo de la crisis política, por Jorge Altamira

¡Viva el paro nacional colombiano! ¡Basta de represión y asesinatos! ¡Fuera el gobierno de Duque y Uribe! La rebelión del pueblo colombiano contra el gobierno derechista y reaccionario de Iván Duque y su cómplice, Álvaro Uribe, ha cosechado el apoyo de miles de escritores y artistas, empezando por los propios colombianos, como el gran escritor Juan Manuel Roca, y también internacional (Roger Water). En nuestro país, el acto virtual convocado por Todos Por Colombia, en el cual participamos,, organizado por Vladimir Jantus Canteli (poeta), congregó a decenas de poetas y algunos músicos representando a voces de varios países del continente y algunos europeos, en dos sesiones separadas por siete días. También la semana anterior la revista chilena Mal de Ojo convocó a un acto virtual donde hablamos el compañero con Marcelo Ramal, María Negro. La convocatoria está en la trayectoria histórica de las grandes figuras del arte y la literatura americana -sin ir más lejos, César Vallejo, Diego Rivera, Rodolfo Walsh y Roque Dalton. Multipliquemos estas iniciativas acompañados de los inmigrantes colombianos/as -y de otras colectividades latinoamericanas. Para desarrollar esta actividad se necesitaría el apoyo de las organizaciones antiimperialistas y de la izquierda, especialmente para unificar recursos tecnológicos y publicitarios (creación de páginas en redes sociales, gráficos, videos, etc.), previo acuerdo sobre la consigna, a los artistas y escritores. La tarea internacionalista es, quizás como nunca antes, fundamental.

El miércoles pasado se han presentado las listas del FIT-U de cara a las próximas elecciones provinciales del 27 de junio próximo sin ningún militante del PO jujeño. El PTS y el MST jujeños han consumado la exclusión del 100% de nuestra militancia de las listas del FIT-U, avalando para ello la intervención de última hora de nuestra personería, perpetrada por la camarilla que hoy oficia de dirección del PO oficial a nivel nacional. Alejandro Vilca, dirigente del PTS y candidato a diputado provincial en primer término, no vaciló en declarar: “estamos muy contentos de haber ampliado el Frente de Izquierda Unidad junto a los compañeros del MST, PO y la IS…” (LID 12/5). La mentira no duró ni un suspiro ya que los medios de comunicación rápidamente señalaron la ausencia de militantes del PO en la lista y en su presentación pública, sobre todo del aún diputado provincial Iñaki Aldasoro. Para zafar, alegó que no quisimos integrar la lista del FIT-U. Los medios tampoco le creyeron. Oportunismo La maniobra de liquidación del FIT-U, que presenta a un sello como sucedáneo de “unidad”, ocurre cuando se encuentra en pleno declive. El 20% de los votos obtenidos en 2017, se redujeron al módico 2 y pico por ciento de la elección siguiente. El PTS se ha quedado con los tres primeros candidatos, lo cual refleja varias cosas. El resto de sus aliados no existe, y él mismo delata aspiraciones que no tienen sentido alguno en cuanto a los diputados que pretende consagrar. El FIT-U traspira aparatismo por donde se lo mire. No es un factor de reagrupamiento de los luchadores jujeños sino un atentado político contra ese objetivo. Intromisión Estatal y adaptación política Este pacto entre bambalinas ha servido esquivar una discusión franca acerca de las relaciones de fuerzas reales entre los partidos del FIT-U, pero en especial acerca del balance político de su derrumbe en la provincia. Al final, la lista del FIT-U es un producto de la Justicia Electoral, no de un debate entre militantes, que falló a favor de un aparato que carece de militantes. La respuesta a esto ya la dio el PTS varias veces: ‘es un asunto entre ustedes’. Como ente esos ‘ustedes’ hay decenas y decenas de militantes, vinculados a los sindicatos y a numerosos luchadores, esa respuesta es un ataque al objetivo más importante de cualquier unidad, que es sumar para la lucha. Es la respuesta típica de un aparato. La legalidad del Partido Obrero fue conquistada en la provincia por sus militantes; ahora es usurpada desde el microcentro porteño. Quienes desprecian la importancia de la injerencia del Estado en un partido obrero, olvidan que ella ha permitido al gobernador Morales bloquear la rotación en la representación parlamentaria del FIT en Jujuy. La medida ataca el método que ha permitido la formación del FIT, de modo que equivale a una proscripción política específica. Pero los aparatos, por definición carecen de principios, sólo tienen apetitos. Con esta metodología es imposible ganar a lo más activo de la clase para construir un partido revolucionario. Durante un cierto período, el PTS ha ejercido una suerte de “cretinismo anti-parlamentario”, al oponerse a la presentación de proyectos de leyes. Desde hace ahora ya un largo tiempo, se ha pasado de rosca hacia el lado opuesto – al “cretinismo parlamentario”. Este consiste en sustituir la política de la acción directa independiente de las masas, por el llamado a “acompañar” los proyectos de leyes que se le ocurre a su círculo estrecho. La finalidad electorera se confiesa sola. El PTS dio su voto aprobatoria a la discusión de un proyecto de ley de emergencia de género impulsado por el gobernador Morales, cuyo único propósito era desmovilizar una enorme rebelión de las mujeres y el pueblo jujeño contra la ola de femicidios en la provincia (ver nota). Ningún gobierno capitalista tiene el propósito y la capacidad para extirpar la violencia contra la mujer, que es una de las más brutales de la violencia propia de una sociedad donde una clase gobierna contra la otra. La apelación sistemática a la legislatura para resolver las reivindicaciones que sólo pueden arrancarse por medio de la movilización y la lucha, muestra el lado reaccionario del cretinismo parlamentario. El declive del FIT-U del 20% al dos y pico tiene que ver con esto. El retroceso no ha sido sólo terreno electoral. Es particularmente fuerte en el municipio de Libertador, donde el FIT ganó la elección con un apoyo abierto del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Soeail), quien hasta se movilizó contra el intento de fraude del gobierno de Morales. El PTS rechazó enseguida la pelea por la presidencia del Concejo, donde era primera minoría holgada, alegando que no cerraría un acuerdo parlamentario con los partidos patronales. Coincidimos. También en Salta, nuestro PO rechazó ese acuerdo, no obstante lo cual reclamó esa presidencia en nombre del mandato popular. Una movilización popular por la presidencia del Concejo habría implicado un esbozo de doble poder nada menos que el territorio de Blaquier. El lector debe apreciar que esta lucha de tendencias dentro de la izquierda encierra grandes enseñanzas, por eso los aparatos la desvían hacia el agravio y el faccionalismo sin contenido Un nuevo desafío De cara a las próximas elecciones, el FIT jujeño -ahora FIT-U desde la incorporación del MST-, denuncia el “bipartidismo”, no al conjunto del régimen de Morales. Desplaza la política de la izquierda, otra vez, de la acción directa a un parlamentarismo superficial, electorero. La víspera electoral se distingue por el fenomenal derrumbe del PJ - un sector se ha integrado a la coalición del gobernador (Primero Jujuy). El resto se presenta dividido en al menos cuatro alianzas. La coalición encabezada por Morales viene retrocediendo, según coinciden varias encuestas. Morales promete cambiar la matriz productiva de Jujuy en torno al litio y la energía solar, o sea un negocio que pone como condición la transferencia de beneficios al exterior y por lo tanto la libertad camibaria. Por parte de Morales, solo ha sido una plataforma de negociados capitalista. Lo único que ha crecido en la provincia son los índices de desocupación, miseria, hacinamiento habitacional. La gestión capitalista de la pandemia ha provocado un colapso hospitalario, crecimiento de los contagios en los lugares de trabajo y la tasa de mortalidad más alta del país. Los hospitales jujeños siguen vaciados y ha avanzado la tercerización. Las clases presenciales se han cobrado la vida de catorce docentes. La asistencia económica a desocupados y sectores abajo de la línea de pobreza es nula. Bajo este cuadro, se han comenzado a desarrollar nuevas luchas y autoconvocatorias, en docentes, salud, en las barriadas, en municipales (Seom), en precarizados, y de mujeres, jóvenes y familiares contra los femicidios. Desde la bancada del PO, vinculado a la Tendencia, hemos impulsado la acción obrera independiente. Esto ha redundado en un importante desarrollo partidario y del Polo Obrero. El adelantamiento electoral se cruza con un nuevo colapso sanitario. Es necesario el cese de toda actividad no esencial, y las clases presenciales. Un subsidio universal a todos los desocupados, changarines y cuentapropistas, equivalente al 80% de la canasta familiar. Conectividad e insumos tecnológicos gratuitos para garantizar la educación virtual. El reforzamiento del sistema de salud; ampliar la capacidad de internación en terapia intermedia e intensiva, y acabar con la precariedad laboral y los salarios de hambre en la Salud. La ocupación de toda fábrica que cierre o despida y el establecimiento de protocolos obreros en la actividad esencial. Para construir viviendas populares y de urbanización de los asentamientos y villas, es necesario el no pago y la investigación de la deuda usuraria provincial, estatizar el Banco Macro, poner un impuesto extraordinario al pulpo Ledesma (a la que subsidian el etanol) y a las mineras, bajo control de los trabajadores. . Con este planteo vamos a intervenir en la campaña electoral. El FIT-U no defiende este programa y su método político. Al admitir a un sello en sus listas y excluir a una organización obrera y socialista, admite que es un freno político en cuanto al desarrollo de la vanguardia obrera. Utilizaremos el programa expuesto como nuestra boleta electoral e impulsaremos comités de activistas en apoyo a esta intervención. Llamamos a las organizaciones obreras y populares, al Seom, a las Madres del Dolor, a las organizaciones de la mujer, a las barriales, a los docentes y trabajadores de la Salud autoconvocados, y a los luchadores de todas ellas a participar de un Plenario Abierto para discutir este programa y esta política.

El día jueves 6 de mayo se hizo pública el acta paritario que firmó la Unión Ferroviaria para este año, dejando al descubierto otro acuerdo a la baja. Se trata de un escaso 34% cuando la inflación de este período se calcula por encima del 50, hasta por el más optimista de los economistas de turno. Además, será en cinco cuotas con porcentuales desiguales, llegando así al mes de enero con tal sólo un incremento del 20%. A este ritmo el sueldo Ferroviario será más bajo a fin de año de lo que lo es ahora, en comparación con la suba de precios. Este "aumento" del 34% parte de un básico de 51mil pesos en la categoría inicial de La Unión Ferroviaria, la mitad de la canasta familiar que se estima actualmente en más de $100.000. Se repite el formato de la Paritaria anterior con cuotas no acumulables, esta vez partiendo del salario de mayo de 2021. El acta establece un incremento del 12% a partir de junio, 4% a partir de agosto, 4% a partir de octubre, 10% a partir de enero 2022 y un 4% a partir de marzo 2022. En el inciso a) de la cláusula primera se establece un porcentaje del 3,5% que suplanta los $4.000.- que se venían pagando a cuenta de futuros aumentos, esto correspondiente a la Paritaria anterior. En la cláusula segunda se establecen pagos en porcentuales de sumas no remunerativas por única vez: de 6% junto con los haberes de mayo, 4% con los haberes de julio, 4% con los haberes septiembre, 4% con los haberes de noviembre y 4% con los haberes de diciembre. Estas cuotas no remunerativas, desde nuestro punto de vista vendrían a compensar el carácter no acumulable de los porcentuales que sí se verán reflejados en el básico y el resto de los ítems, pero que parten siempre del salario total conformado de mayo 2021. En la Cláusula tercera se incorpora por única vez un pago extraordinario por el día del Ferroviario (1°de marzo) de $15.000. En la Cláusula Cuarta se establece que el bono por realizar tareas efectivas en A.S.P.O pasará de $5.000 a $6.500. Por último en la cláusula Quinta el sindicato se compromete a reunirse el 1 de octubre a fin de monitorear la evolución de los costos de vida. El Salario Ferroviario se va deteriorando año tras año, y la dirección gremial de la UF se jacta de no tomar medidas de acción directa en sus comunicados. Pero lo que esconde detrás de sus enunciados de paz social, es la ausencia de democracia sindical. No se conciertan en asamblea los acuerdos paritarios, tampoco la necesidad de vacunas, la bolsa de trabajo, la reapertura del policlínico ferroviario, etc. etc. El gremio del neumático, con un buen acuerdo del 54%, llamó a un plebiscito para que fuera aprobado por sus trabajadores. Con un aumento en cuotas que pasado un año aumentará el básico un escaso 34%, la Unión no convoca a asamblea ni propone plan de lucha para mejorar los acuerdos. Para conseguir aumentos que superen a una inflación que no cesa, debemos recuperar el método asambleario en la Unión Ferroviaria! Por paritarios electos en asamblea y con mandato de la misma. Por un básico inicial de 100 mil pesos.

Los bombardeos masivos contra la Franja de Gaza han desatado una gran movilización de repudio popular internacional El día de ayer, sábado 15 de mayo, se cumplía el 73 aniversario de la Nakba del Nakba (catástrofe, en árabe), en referencia a la expulsión poblaciones palestinas enteras de sus territorios y la confiscación de sus tierras de cultivo y viviendas. Es limpieza étnica ha sido ampliamente documentada por historiadores palestinos pero por sobre todo por los historiadores judíos. El auge de esta literatura revisionista tuvo lugar, no casualmente, cuando se desarrolló la primera Intifiada (en los años ochenta). Las movilizaciones han cruzado el mundo, desde Canadá hasta Australia; la más numerosa tuvo lugar en Londres, más de 150 mil personas en Londres – la que enfrentó la mayor represión policial, París. Las multitudes no se reunieron sólo en las capitales, como lo prueban Almería, Granada, Lleida, Bilbao, Córdoba. En Francia, Marsella, Montpellier, Nantes, Rennes, Lille, Metz, Burdeos, Estrasburgo, Lyon, entre otras. La movilización en París no fue autorizada por el gobierno, que desplegó mil efectivos y una feroz represión desde el punto de encuentro de la convocatoria. En algunos barrios como en Barbes, al norte de París, hubo un enfrentamiento que duró toda la jornada. La crisis del Medio Oriente y en otras partes del mundo musulmán ha penetrado con profundidad en Europa. El fascismo ha tomado como eje de la demagogia social la cruzada anti-inslámica, en especial en Francia, Italia y Alemania. Militares de la reserva y de la activa han lanzado manifiestos amenazantes al orden constitucional en Francia, como consecuencia del agravamiento de la crisis social y en los barrios de las periferias. Como consecuencia de las guerras imperialistas y del acoso a quienes huyen de ellas por centenares de miles, Europa asiste a una llamada ‘crisis migratoria’, que encara con patrullajes aéreos y marítimos, campos de refugiados e incluso campos de concentración (Grecia). En Berlín se concentró un millar de manifestantes que marcho por la ciudad. Lo mismo sucedió en Sidney (Australia), Montreal (Canadá) y una larga lista de los países. En Estados Unidos, hubo varias jornadas de movilización, destacándose la de Chicago, una movilización encabezada por la juventud negra, y Nueva York. En todas las movilizaciones los manifestantes repudiaron los bombardeos israelíes sino también la ocupación ilegal de territorios y los continuos desalojos de pobladores palestinos y la confiscación de sus terrenos. En varias ciudades estuvieron presentes los hijos migrantes de refugiados palestinos En Naplusa, Cisjordania, una multitud marchó hasta la frontera con Israel; también en Jordania, cuya población es palestina en su mayoría. Irak hubo una congregación masiva de chiitas y sunitas. El estado sionista ha logrado que se insurja la población palestina que habita dentro de Israel; que se una a ella la población expulsada; y que se disipen las divisiones entre distintos credos islámicos – chiitas, sunnistas, alawitas, druzos. Los trabajadores portuarios de Livorno, Italia, se negaron a cargar un barco con armamentos y explosivos para Israel. La Unión Sindical de Base (USB) actuó para hacer efectiva esta medida. Las consignas a favor del boicot a Israel se han visto multiplicadas en todas las manifestaciones. Los gobiernos de los países mencionados han mirado para otro lado, si no algo peor, a la espera de que Netanyahu desmantele la llamada infraestructura militar de Hamas y liquide a la mayor parte de sus líderes. Tienen bien en claro que este asalto sin cuartel le sirve a Netanyahu para acabar con la rebelión popular árabe dentro de Israel, que antecedió por lejos al conflicto militar. Al mismo tiempo, gana espacio para su propia supervivencia, no sólo política – si pierde el gobierno, debido a que no reúne una mayoría parlamentaria, irá a la cárcel por corrupción. Los gobiernos imperialistas seguirán reclamando una tregua que no quieren imponer, hasta que las fuerzas armadas de Israel cumplan con los propósitos militares y políticos de la ofensiva militar.

Luego de más de dos semanas sigue el paro nacional iniciado el 28 de abril. Jóvenes, trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas de todo el país resisten frente a los embates del estado narco y parapolicial. Desde diferentes asambleas se escucha el mismo reclamo: “no es posible negociar con un gobierno que nos mata en las calles”. La lucha en las calles recibe el amplio apoyo de la población. Nuevas masacres y nuevas luchas En Cali, es la ciudad donde se produjeron la mayoría de los asesinatos. En Cali no hay un comité del paro, como tal, lo que sí hay son muchas organizaciones diferentes, con diferentes reclamos y que representan varios sectores de la sociedad: estudiantes, artistas, indígenas, desmovilizados, centrales obreras, sindicatos, camioneros, mujeres y campesinos (Opendemocracy, 15/5). Más de 20 “puntos de resistencia” sostienen el paro. Las negociaciones con el alcalde de la ciudad, Ospina, fracasaron: mientras estaban reunidos, se denunció el acoso del Esmad a otros “puntos de resistencia”. Ospina huyó de la reunión y atropelló a jóvenes en la huida con su comitiva. En Popayán, capital de Cauca, tras ocho horas de represión policial, el viernes otro joven fue asesinado por la represión policial y se registraron más de 20 heridos. Dos jóvenes, de 17 años, fueron víctimas de violencia sexual mientras se desarrollaba la jornada número 15 del paro nacional (Infobae, 15/5). Una de ellas, Alison Meléndez, se quitó la vida tras denunciar abuso sexual por parte de uniformados del ESMAD. “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten…." atestiguó la adolescente (Opendemocracy, 15/5). Se denuncian 87 casos de violencia sexual por las fuerzas de seguridad, Antioquia y Valle del Cauca registran 20 casos cada. El viernes la gente salió a protestas por este hecho e incendiaron la URI (unidad de respuesta inmediata) donde fue llevada la joven detenida. Se destruyó también la sede de Medicina Legal, donde la joven fue examinada y se descartó su estado físico. También se atacaron sedes policiales y monumentos, entre ellos el del general Francisco de Paula Santander. Se produjo un nuevo asesinato por el Esmad. Por la noche el presidente Iván Duque le ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al ministro del Interior, Daniel Palacios, trasladarse a Popayán para controlar la situación de orden público, las protestas siguieron hasta la madrugada. La nueva víctima es “Sebastián Quintero Múnera, estudiante de quinto semestre de ingeniería informática del Colegio Mayor del Cauca. De acuerdo con la versión de otros manifestantes, el joven falleció luego que una granada aturdidora impactara su cuello” (laopinion, 15/5). Por Twitter y otras redes, se llenaron de imágenes del ESMAD usando a “Venom”, un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos que aturden a quien golpean. Armas que costaron al país 400 millones de pesos. El método de disparar estos dispositivos a la cabeza de los manifestantes es utilizarlos como armas letales. Luego la movilización se trasladó a los barrios de la ciudad, donde los manifestantes fueron reprimidos por “la Policía, cuyos integrantes empezaron a disparar sus armas de dotación, abiertamente, como lo denunciaron los mismos ciudadanos, subiendo videos a las redes sociales” (ídem). Se denuncian detenciones ilegales. Las personas empezaron un ‘cacerolazo’. Los periodistas confirmaron intervención militar (ídem). Los manifestantes piden la renuncia de Molano (ministro de seguridad), de Zapatero (jefe del ejército) y del director de la policía. En Buga, ciudad del Valle del Cauca, desde las horas de la tarde del jueves 13 de mayo, en Redes sociales, ciudadanos, políticos y periodistas publicaron videos e imágenes en los que se ve cómo miembros del ESMAD recorren los barrios de Buga causando terror entre los ciudadanos. También se registró represión policial en Facatativa, una ciudad cercana a Bogotá. En Tunja manifestantes feministas y de organizaciones de DDHH marcharon desde la plaza Bolívar hasta la sede de la policía, en donde fueron provocadas y reprimidas por la policía, que preparó un encierro de los manifestantes. Varias mujeres terminaron heridas con cortes profundos en sus cabezas y hay detenidos. Hubo también represión militar a la guardia campesina en la vía a Sardinata. Las comunidades del oriente colombiano tienen bloqueada la ruta Villavicencio-Bogotá. Más de 2.500 campesinos, indígenas y excombatientes de las Farc marcharon por las calles de Villavicencio (bluradio, 15/5). En Bogotá, los camioneros bloquean las autopistas de la ciudad. El viernes se sumaron a las protestas más de 2.000 bomberos. En el monumento de los héroes de Bogotá se concentraron cientos de miles de personas. 50 estaciones del Transmilenio están cerradas. En Pereira miles de personas han hecho un plantón en el viaducto. En Medellín los taxistas bloquearon el aeropuerto. El Paro sigue cada vez con más fuerza en todo el país. La tarea es coordinar todas esas luchas en función de un programa y una nueva dirección del paro. El primer reclamo es que Duque renuncie.

Uno de los pocos militantes que quedó con la fracción oficial del Partido Obrero en la zona norte, Matías Tomasello, fue el encargado de firmar el obituario de nuestro compañero Federico Deccopet en Prensa Obrera. Más allá de la descripción de la trayectoria política y militante de Federico, el artículo tiene un objetivo ignominioso. Para los militantes del Partido Obrero de la zona norte, durante muchos años, el nombre de Federico Decoppet, estuvo asociado al conflicto interno en el comité de Vicente López. Dirigentes pagos, como Donald Schiffmacher y Juan Pablo Rodríguez, aunque también el escriba del artículo, hicieron un trabajo sistemático para que una porción de la militancia de la zona identificara a Fede y a otros compañeros como “podridos”. El ensañamiento con Fede, y con parte del comité de Vicente López, se entiende mucho mejor hoy; Fede, con sus formas toscas y sin eufemismo, denunció y polemizó con los métodos de aparato que hoy se ven claramente en el oficialismo. Fue uno de los primeros, si no el primero. Esto le valió sanciones sistemáticas, ante las cuales redobló su lucha contra el aparato partidario, del cual Matías Tomasello se destacó como un buen felpudo. Luego de ser derrotado políticamente en Vicente López por el sector que dirigía Fede, migró a la regional Tigre, donde fue uno de los encargados de intervenir círculos y cambiar el candado del local, que enseguida después no pudieron sostener ni nueve meses. El artículo de Tomasello es un insulto a la memoria de Federico; el aparato que lo basureó años, ahora le escupe, alegando que se alejó, no que fue expulsado por los pusilánimes como Tomasello: “Desde luego, nos alejó en la última etapa su ruptura con el Partido Obrero junto al grupo de Altamira para construir otra organización con otras posiciones políticas”. Las “otras posiciones políticas” son las de Tomasello, si es que él y sus mandantes son capaces de alguna política que merezca ese nombre. A Fede el aparato lo intentó echar durante dos años al hilo; fue un caso de ensañamiento burocrático operado desde el Ejecutivo del PO, en especial Pitrola, Heller y Juan Pablo Rodríguez, con la siempre oposición de Ramal. Federico fue un constructor político socialista incluso estando internado, y seguía construyendo en la Tendencia hasta el último suspiro. Fede no faltó al piquete de ni una sola ocupación de fábrica en la zona, y fue un constructor de Tribuna Docente y el Polo Obrero. Federico siguió militando el programa histórico del PO, el único que ha tenido y tiene el PO, defendido por la Tendencia. Tomasello rosquea con Ladarola y Marín, y ha apoyado la seguidilla de votaciones y quórums a favor de leyes de la burguesía, luego de la expulsión de 1.200 militantes – entre ellos, Federico.

Los comentarios de los diarios este domingo giran en torno a la necesidad de contener la crisis social que ronda la cabeza del oficialismo y de la ´oposición´. Las delimitaciones políticas en los distintos bloques en presencia atraviesan el mismo eje. El gobierno vuelve a menear la formación de un “comité de crisis”. Nada que sorprenda: la pobreza en el conurbano es del 56,6%, entre los menores de 17 años es el 64,6. Para La Nación: “inquieto por el clima social, el kirchnerismo mantiene la presión”. A Carrió, el diario le pregunta: “Hay dirigentes que miran a Colombia. ¿Puede haber un estallido social?”. Luego de responder: “Prefiero decir lo que hay que evitar”, la ´fiscal del pueblo´ sorprende: “Yo no voy a especular cuando un gobierno está débil, porque hay que pensar en la Nación... Hay que tratar de unir porque si no vamos a ser Colombia o Venezuela”. Con esta caracterización de la situación política en su conjunto, el señalamiento de un columnista del diario no podría ser más contundente: en referencia a lo que llama “Juntos, por ahora”, dice que en el bloque macrista “reina un desorden interno con síntomas de anarquía que tiene alarmados a sus integrantes”. Como la disputa en el seno del gobierno (“débil”) no está en discusión, el “desorden” y “la anarquía” reinan por doquier. Alberto Fernández quiere “un acuerdo rápido con el FMI”, en tanto los K buscan postergarlo para después de las elecciones. Mientras el primero no tiene amarrado nada, los segundos reclaman un acuerdo a veinte años, que saben que infringe las normas del Fondo. Lo que quieren unos y otros es insondable incluso para ellos mismos. Forman parte del mismo gobierno que ha llevado el ajuste fiscal a los extremos con mucha velocidad, mientras sigue acumulando deuda en el mercado local e internacional, y tiene vencimientos de deuda que dice que no poder pagar. El acuerdo de Colombia con el FMI disparó la rebelión popular en ese país, cuando se conoció la reforma fiscal que incluía el paquete. Los Fernández se niegan a un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, cuando la ´segunda ola´ arrasa con la salud y la economía. Con una carestía que crece al 50% anual, el gobierno libera precios cuidados y no cuidados, y el ministro Guzmán atribuye la inflación a los sectores que recién ahora estarían reanudando actividades. Para colmo de contradicciones, el precio de la nafta superó en el cuatrimestre al indicador de precios del Indec, pero quieren controlar las tarifas que tienen al petróleo como insumo. Se habla poco de las provincias, donde la crisis es má aguda que en el área metropolitana porteña. La línea media de la política patronal quiere que las listas electorales del FdT y JxC sean hegemonizadas por la “avenida del medio”. Ven en esto la posibilidad de un pacto posterior de ´unidad nacional´. Carrió pide a Bullrich y a Macri que “paren”; es la directiva que salió de una reunión reciente que tuvo con Larreta, Vidal y otros ´moderados´. Una condición para ´calmar aguas´ es que se acelere la vacunación, pero esto mismo será objeto de disputa a la hora de capitalizarla políticamente. Macri quiere internas, delata Carrió, que dice no estar dispuesta a concederle unas Paso. Lo que pinta como una ´polarización´, podría convertirse en lo contrario. La ´levedad´ de las maniobras no hace más que traducir la crisis de gobierno que ha producido la crisis humanitaria – pandemia bajo el capitalismo. De repente, Grabois, Pérsico y Alderete se declaran en contra del ´asistencialismo´ que supieron conseguir. O sea que comulgan con Guzmán: nada de IFEs o rentas básicas universales. Reivindican la producción para seis millones de desocupados, sin mencionar el salario de hambre del Potenciar Trabajo, ni que ellos se convertirían en la nueva patronal. Por de pronto, no se les escucha un llamado a la movilización – prefieren los pasillos ministeriales y las presiones de trastiendas. Como todos saben, el kirchnerismo es “consumointernista”, pero mientras el saldo del comercio exterior sube, en abril el consumo personal cayó más del 9 por ciento. De un lado y del otro de la grieta patronal, la consigna es reconstruir el financiamiento de la economía, fundamentalmente el internacional. El nacional vendría por añadidura, si retornan los capitales fugados. Pero las condiciones para alcanzar esta reestructuración son insoportables para los trabajadores, que deberían hacerle frente con el peor nivel de ingresos de la historia, y el mayor índice de desocupación. Este antagonismo es el nudo gordiano que la burguesía no sabe cómo cortar sin precipitar una rebelión popular. Las masas populares y los luchadores no debemos ´comprar´ el escenario catastrofista que describen desde los dos cantos de la grieta, incluso si en realidad es mucho más catastrófico que lo que están dispuestos a reconocer. Se trata, en primer lugar, de una extorsión – “no tenemos nada para dar” dicen. En realidad, les sobra, pero lo guardan para una ocasión más rentable: por ejemplo cuando se firme con el Fondo, a costa de los intereses de los trabajadores. Por eso, ahora es la hora de la movilización. El pueblo de Chile, por caso, arrancó concesiones importantes; por supuesto que insuficientes, pero que el gobierno no estaba dispuesto a otorgar. Lo mismo ha ocurrido, hasta un cierto punto, en Estados Unidos. Movilización contra los convenios laborales a la baja, contra el hundimiento de las jubilaciones, es decir por un aumento general de salarios y jubilaciones del 60%, por un Ingreso de Emergencia de 60 mil pesos, y por sobre todo por el cese de las actividades no esenciales hasta que todo el mundo no esté vacunado, y por protocolos en los trabajos esenciales, avalados por los trabajadores. La iniciativa de esta lucha, como está comprobado, no partirá de la burocracia sindical ni de los piqueteros vaticanos. En el curso de la pandemia se han multiplicado las autoconvocatorias y las coordinaciones - como por otra parte ocurre en todo el mundo, incluso por parte de los vecinos que defienden sus viviendas en el este de Jerusalem, de las confiscaciones del estado y los colonos sionistas. El desarrollo de esta lucha es fundamental para que tercie una fuerza obrera independiente para las elecciones, cuyo propósito no será acumular bancas en el Congreso, sino desarrollar una alternativa de poder de parte de los trabajadores.

Con tan sólo 56 años, el pasado sábado a la madrugada nos dejó Federico Decoppet, dirigente de la Tendencia del Partido Obrero de Vicente López. Un incansable luchador y cuadro socialista. Federico desarrolló una vasta trayectoria política en defensa de los intereses de la clase y de la construcción de un gran partido obrero. Particularmente, en los últimos años, fue protagonista, junto a otros dirigentes y militantes, de defender la historia, el programa y los métodos del Partido Obrero. Era portero de escuela, precarizado. Luchó hasta último momento por su pase a planta. En su último día de vida, fue designado por los docentes como vocero del Comité contra la Presencialidad de Vicente López, a pesar de que era auxiliar de escuela. Estaba orgulloso de esto, él, que decía "saber poco del movimiento docente" Fede fue toda su vida un luchador, y entendía la lucha vecinal y sindical como parte de una batalla política. Tuvo un pasado político en el PI y formó parte del FREPASO. Con el argentinazo, se produjo su acercamiento a la militancia socialista y revolucionaria. Arribó, sin demasiadas vueltas, a la conclusión de que no había posibilidades de transformación social sin una estrategia política para la revolución socialista, que se materialice en un partido de la clase obrera. En su municipio, fue un tribuno político de la lucha contra la monopolización capitalista del suelo. Participó de luchas claves contra el lobby de la especulación inmobiliaria; denunció la construcción de megatorres y el encarecimiento del metro cuadrado en el distrito. Encarcelado en dos oportunidades, terminó liberado por las movilizaciones populares a la comisaría. En este combate medioambiental, al que concurren luchadores e intereses sociales diferentes, siempre intervino con una clara delimitación política. Era el tribuno público del Partido Obrero y de la izquierda clasista en Vicente López. Amable y jovial con todo el mundo, y muy querido, era mortal para los adversarios político. Se había ganado el respeto de militantes de partidos y sindicatos de la zona, que reconocían su perseverante labor militante. Fede fue una figura clave en la defensa de la historia y el método del Partido Obrero, en la batalla por la democracia interna y el derecho a debatir las divergencias en el marco de la unidad de acción. Por esta razón, fue muy atacado por el grupo dirigente que hoy usurpó al Partido Obrero oficial. Fuerte batallador por esos principios en los últimos congresos de la organización, y vituperado por los dirigentes que hoy recuerdan su "lucha socialista" pero que lo atacaron sin escrúpulos. Fede fue uno de los 1200 compañeros expulsados que constituimos la Tendencia. En los últimos meses, abrazó con insistencia la lucha por la legalidad de la Tendencia. Quería dar batalla en todos los terrenos, y entendía el lugar de las elecciones como tribuna política. Un abrazo a sus hijos, a los que tanto amaba. Hasta la victoria, compañero Federico. Procuraremos llenar tu vacío con nuestra lucha y con la de las nuevas camadas militantes.

La repentina muerte de la personalidad mas descollante de la izquierda en Vicente López ha conmovido a muchos sectores del pueblo. Nos han llegado doloridas notas, saludos y muestras de afecto y respeto de personalidades y organizaciones políticas y sindicales. Con diferencias, a veces abismales, todo el mundo reconoce el valor de nuestro compañero, su rol en las luchas, su claridad conceptual. En la lucha contra las inundaciones, en la toma de Panificación 5, en la pelea de Barrio Mitre, y tantas otras. Fede fue destacado vocero de muchas de ellas, y el periodismo, con anuencia de los participantes, se dirigía a él para explicar los problemas que cada pelea implicaba. Adjuntaremos algunas de las salutaciones que nos han llegado. Lo que indigna, realmente, ha sido la hipocresía de los que expulsaron a Fede del Partido Obrero. Solano, Pitrola, y otros que hoy saludan "su lucha obrera y socialista" son los que lo calumniaron, lo vituperaron, lo suspendieron, y finalmente lo expulsaron junto a 1.200 militantes de la organizacion por su colaboracion en la formacion de la Tendencia, en defensa del programa historico del PO, de la democracia interna y del derecho a defender sus ideas dentro de la organización como tendencia, o incluso fraccion, como estaba consagrado en los estatutos de Politica Obrera y del Partido. Los que atacaron e intervinieron el Comité de Vicente López, que acusaron a Decoppet y a otros de defender a golpeadores y abusadores de mujeres, de "facciosos" y alguno le espetó "fascista" a un constructor que, con tenacidad, bregaba por una idea. Federico y otros compañeros fueron sancionados, suspendidos, intervenido un comité que él integraba, que objetaba la linea democratizante y los métodos prepotentes de "dirigentes" que no le llegaban al tobillo. No vacilaban en una accion liquidacionista de la militancia, para quebrar la base de apoyo a esa legítima disidencia. Así, intervenian "por arriba", enviaban a "comision de control" a los disidentes, rentaban compañeros con la condicion de que se pasaran a sus posiciones, pero perdían sistemáticamente los plenarios de militantes a pesar de la accion confusionista. A veces mandaban a medio comité ejecutivo (Solano, Heller, Bravetti, Donald) para ver si doblegaban a la militancia, imponían otros delegados congresales, y salían derrotados igual. En un articulo de Prensa Obrera, firmado por Matías Tomasello, despues de hacer un panegirico de Decoppet, dice textualmente: "despues de diez años... nos alejó en la última etapa su ruptura con el Partido Obrero junto al grupo de Altamira para construir otra organización con otras posiciones políticas", para encubrir a los expulsadores de medio partido, a los que se negaron a luchar contra Macri en pleno colapso de su politica en 2018, a los que votaron leyes prosionistas como Solano (y Bregman), a los que le dan quórum a Capitanich en el Chaco para la apropiacion privada de tierras, a los que en vez de apelar al debate con la militancia, expropian, de manos de la justicia burguesa a la totalidad de los militantes del Partido Obrero de Jujuy de la personeria que ellos lograron con su accion y el nombre del partido que construyeron. Hoy el FITU de jujuy es el PTS y el interventor aprobado por el juez, y no la militancia. Y lo mismo en otras provincias. Por otro lado, Federico Decoppet, que luchó simpre contra los lobbis inmobiliarios, ¿hubiera apoyado un negociado de Tinelli, como hizo el legislador del FIT? A Tomasello le recuerdo que Judas, despues de acompañarlo años, vendió a Cristo por treinta monedas. La defensa de Federico Decoppet en el campo de la clase obrera y el socialismo esta asociado a la democracia partidaria, al control de la militancia sobre los parlamentarios socialistas, sometidos a las presiones de ese conglomerado de lobbis procapitalistas, al derecho a batallar en un partido obrero por las propias ideas, incluso formando tendencias o fracciones. una discusión que puede perfectamente hacerse en estas condiciones en forma publica y abierta. lo que nunca vale es la censura, la presion y la calumnia. La lucha por un partido de la clase obrera enfrento siempre, y enfrentará, escollos de todo tipo, incluso la descomposicion de dirigentes bajo el influjo del llamado "sentido común", claro, burgués. Serán las masa, rebeladas contra las espantosas condiciones de explotacion, miseria y muerte a las que le capital nos condenan, que ayudaran, si acertamos en la orientacion, a disolver esos escollos. Porque los anunciadoores de "planchazos" de las masas e "iniciativas estrategicas" del imperialismo se rompieron la nariz contra el escenario actual.

Al cumplirse el tercer aniversario de la muerte de nuestro compañero Christian Rath, constructor de Política Obrera y del Partido Obrero, recordamos este texto suyo del año 1982, que desarrolla la política del partido en la convulsiva transición signada por el derrumbe de la dictadura militar. El texto está firmado bajo el seudónimo Juan Carlos Crespo. La política de los trotskistas argentinos Por Juan Carlos Crespo (del CC de “Política Obrera” – Argentina) (Lo que sigue son extractos del informe presentado en las sesiones del 3er. Congreso de P.O., que estuvo a cargo de Juan Carlos Crespo, miembro del C.C. y del Comité Ejecutivo, como introducción al debate del “Informe Político al 3er. Congreso”, publicado el 17 de agosto pasado). El Informe político al tercer congreso ha sido discutido con gran amplitud en el conjunto de la organización. Su importancia radica en que plantea las caracterizaciones, pronósticos y consignas para una nueva etapa en el desarrollo de la lucha de clases y en la intervención del partido. Es un texto que oficia de "bisagra” entre dos etapas: los seis años últimos, de inauditos sacrificios, 'en que las filas revolucionarias crecieron pero, por sobre todo, se forjaron en la dureza y fidelidad a las ideas revolucionarias. Y el nuevo periodo, en que se plantea un desafío tan complejo como el anterior: unir la acción directa de las masas con las grandes maniobras políticas que plantea la "institucionalización”, prohibida por la burguesía y el imperialismo. Del Informe hasta aquí han transcurrido tres meses. Corresponde preguntamos si sus posiciones han atravesado airosa- . Mente este pequeño periodo. Dijimos en su momento que existía una tendencia al colapso de la dictadura militar (el propio gobierno plantea modificar el régimen político) pero que la burguesía, con la indicación explícita del imperialismo, había puesto en marcha una maniobra de gran amplitud, la "institucionalización”. La crisis, aún sin solución, dentro de la burguesía, terminó por inviabilizar al régimen militar comprometido con el fracaso económico y responsable de un desastroso choque con el imperialismo. Esto obligó a una legalización concedida de los partidos burgueses y a un plan que prevee un próximo régimen constitucional de características inciertas. El propósito es primero potenciar a los partidos burgueses para que 'éstos trabajen para el desvío de la movilización, subordinando las reivindicaciones sociales y democráticas a la promesa del voto, explotando las ilusiones y la confusión de un amplio sector de las masas. Segundo preparar la cesión del poder político a esos partidos como garantes de la continuidad de la casta de oficiales y de los compromisos con el imperialismo. Se trata de una contraofensiva de los explotadores que busca poner un límite al proceso de descomposición actual y reestructurar al Estado burgués. Se trata de una maniobra tremendamente vasta, que se deriva del hecho de que los partidos burgueses y obrero oportunistas se organizan de acuerdo a este proceso y de que el proletariado no tiene aún dirección política como para revertir la “institucionalización” tomada en su conjunto. Definimos nuestra tarea considerando la maniobra abierta y llamando a intervenir en el terreno planteado por la burguesía pero vigilando atentamente el desarrollo del movimiento de las masas por lo agudo de la crisis. En este sentido conviene acudir al Informe… “El equilibrio sobre el que reposa la estabilidad del Estado se ha quebrado con el retroceso fantástico de las fuerzas productivas, la derrota militar y la movilización política de las diversas clases sociales. No sólo están presentes las precondiciones de una situación revolucionaria (estancamiento y disolución de la economía, impasse política generalizada) sino también algunos de los elementos de esa situación propiamente dicha: aguda división en las filas de los explotadores, desesperación en todas las capas populares, tendencia incipiente pero efectiva del proletariado a revertir el re-flujo y pasar a la acción directa y los métodos revolucionarios de lucha” (p.2). Desde entonces hasta ahora se ha acentuado la tendencia a la intervención de las masas —Marcha por la Vida, por la Resistencia, huelga general del 6 de diciembre— y ha terminado por revelarse como todo un acierto del Informe… Sostener la vigencia de la consigna de "abajo la dictadura” como así también la de preparación de la huelga general por tiempo indeterminado, (es del caso recordar que, en su momento, el planteo por la huelga general fue considerado como apresurado por una franja del partido). La "'institucionalización" en crisis La maniobra "institucionalizadora” se da en medio de una crisis colosal y de una tendencia al agravamiento de la crisis económica. La situación oscila hoy entre la hiperinflación y la bancarrota formal de una gran parte de la burguesía. El gobierno Bignone intentó hacer frente a la crisis por medio de una operación de rescate del capital a costa de un brutal empobrecimiento de las masas y de un recorte limitado a los superbeneficios de la banca -reducción del margen de beneficio entre depósitos y préstamos bancarios—. Pero por cada peso que puso la banca el Estado puso tres; haciéndose cargo de la mayor parte de la deuda externa a través de los seguros de cambio y pagando colosales beneficios por el ingreso de dólares desde el exterior (swaps). Estas concesiones se convirtieron en un factor fundamental de hiperinflación: se cortaron los créditos internos a la producción y se planteó la perspectiva de quiebras generalizadas. De aquí que el gobierno Bignone no sólo no ha podido restablecer la unidad del frente burgués, sino que ha acentuado su división. Para un amplio sector de la burguesía industrial el plan no representa una vía de reactivación del mercado interior y no se resuelve la cuestión de su sobrevivencia. El acuerdo con el FMI y la refinanciación de la deuda externa con la banca internacional impone un plan de "estabilización” basado en una colosal privatización de empresas, el corte de los créditos internos y una mayor caída de salarios. En definitiva una liquidación de los bancos e industrias que la crisis ha tomado inviables. La alternativa a esto sería un enérgico ataque al imperialismo, a partir de una virtual moratoria de la deuda externa y, el control de precios, alternativa que la burguesía es incapaz de encarar. La resultante es una violenta agudización de la crisis económica y de la lucha de clases. El desarrollo de la crisis hace que el propio plan político de la dictadura se encuentre en franco agotamiento. ¿Cuáles son las perspectivas de la situación? Podemos señalar tres grandes variantes. Que por medio de una serie de maniobras se logre ir encarrilando la situación y se llegue a la entrega del poder a un gobierno burgués débil, formado por algunos sectores de la Multipartidaria. Este gobierno será el encargado de aplicar los planes de "austeridad" dictados por el FMI y daría lugar a una nueva fase de grandes luchas, cuyo resultado dependerá de la relación de fuerzas entre los dos colosos en pugna: el imperialismo y la clase obrera. Que se produzca el colapso de la dictadura. Contra los oportunistas de todo pelaje nosotros afirmamos que existe la posibilidad de este colapso. Cierto es que, dado el débil desarrollo del partido entre las masas, ese colapso no va a llevar al gobierno a la clase obrera, y que, casi seguramente, la Multipartidaria como bloque se ofrecerá como salvavidas del Estado. Pero estaríamos en presencia de un gobierno súper débil, enfrentado a la disgregación del Estado y a una violenta agudización de la lucha de clases. Una variante es que este colapso se produzca como resultado de una acción de las masas, es decir que la dictadura sea derrocada. Difícilmente, por su desestructuración, sea la clase obrera la depositaría inmediata, del poder. Pero se abriría paso una explosión democrática, un resquebrajamiento decisivo del aparato represivo, acercándonos enormemente a la revolución proletaria. Las elecciones anticipadas constituyen precisamente, la maniobra final para impedir esto último v salva do burgués y a la camarilla militar. De distintos modos, está planteada la perspectiva de un gobierno democratizante para sobrellevar el colapso de la dictadura. Como sostiene el Informe… “sería una imperdonable ceguera excluir una alternativa de este tipo, a partir de la ley general que establece la inviabilidad del régimen presentativo en periodos de crisis económica de características históricas. Es olvidar la función de un gobierno democratizante en periodos de crisis, a saber, desmovilizar a las masas con ensueños reformistas. Como lo enseño Trotsky la impotencia del kerenkismo o del frente popular se hace patente allí donde existe un poderoso partido revolucionario, pero puede ser un poderoso factor de contención cuando este requisito no está presente. Además de cumplir su propia función desmovilizadora y, eventualmente, fortalecerse, gracias a ello, mediante una alianza con la camarilla militar de tumo, un gobierno democratizante puede servir como salida momentánea a la crisis y para permitir la ulterior salida golpista" (p.l3). La clase obrera aún no intervino a fondo Un poderoso factor de retraso en la gestación de una situación revolucionaria es la aún débil intervención del movimiento obrero. Las direcciones sindicales no están corridas físicamente por las masas como fue en el caso del "cordobazo". Es la ausencia de una gran intervención de la clase lo que limita el desarrollo de la crisis y nuestra propia potenciación. Es esto lo que explica, hasta cierto punto, el catapultamiento de un Alfonsín, a caballo de un principio de realineamiento en las capas medias, por referencia al peronismo. (El fenómeno "alfonsinista” es un intento relativamente audaz de explotar la declinación del peronismo y su aguda división interna. Se daría la posibilidad inédita de una derrota electoral del peronismo. El interés del imperialismo en una variante de este tipo, estriba en que el peronismo continúa sometido a la presión sindical y en que no ha aportado ningún liderazgo capaz de tomar las banderas de "privatización", "apertura económica" y asociación con el gran capital financiero internacional. El "alfonsinismo" se declara empeñado en crear un nuevo "movimiento histórico”, planteo en el que se percibe el afán de llenar el vacío de poder dejado por la dictadura y, en general, la debilidad política estructural de la burguesía argentina. El ascenso del "alfonsinismo" tiene mucho de común con el fenómeno del "frondicismo" en 1957-58. La pequeña-burguesía democrática trata de establecer su dirección política, en sustitución del liderazgo de Perón en aquel momento, y en reemplazo de ese liderazgo ahora. Alfonsín fue catapultado por el imperialismo, en oportunidad de la guerra de las Malvinas, cuando se lanzó a una campaña para el reemplazo inmediato del régimen militar. Con esto se colocó como un elemento dispuesto a insertar el proceso “democratizante" en una renegociación con el imperialismo yanqui. Es evidente que cuenta con un gran apoyo financiero, que le está permitiendo realizar una campaña muy costosa. Por los "equipos económicos" que lo rodean se puede ver claramente su vinculación con la burguesía industrial y con el gran capital bancario con intereses en la exportación industrial. Desde el punto de vista económico, el alfonsinismo expresa la tendencia de "endeudamos, pero para invertir", que es la línea general del imperialismo, pues plantea una depuración y una reactivación de todo el sistema financiero. No es para nada casual que el nuevo embajador argentino en Washington y varios notorios funcionarios de la primera hora de la dictadura, se hayan incorporado al "alfonsinismo". Lo ven como una tendencia "modernizante", es decir, partidaria de impulsar la renovación del parque industrial y, por lo tanto, de profundizar la integración con el imperialismo. El "alfonsinismo", sin embargo, ha provocado una crisis mayor en la UCR -ha reducido la gravitación de la mayoría de su dirección, partidaria de un entendimiento estratégico con el peronismo. De ahí que muchos vean este fenómeno como un factor de debilitamiento de las estructuras políticas burguesas, y no como un remedio de ello. El alfonsinismo tiene un parecido con el belaundismo peruano, cuando éste surgió en 1960-62. Es muy probable que su ciclo sea corto, si la profundización constante de la crisis pone al proletariado compactamente en la primera fila de lucha. El alfonsinismo no logró crear ninguna atracción en la clase obrera). Retomo El desarrollo de la actual situación tiene rasgos que la diferencian del período de la "libertadora", con la clase obrera (desde un punto de vista físico) a la cabeza de la resistencia y la clase media que recién salía del embanderamiento con el gorilismo. También, del período abierto con el "Cordobazo”, en el que la pequeño burguesía se alinea masivamente contra la dictadura a partir de 1972, y es el movimiento obrero en particular a partir de 1969 el gran protagonista de la lucha previa. Es para nosotros un problema decisivo orientar al proletariado para estructurar un ascenso obrero. Y aquí juega un primer papel la organización de la lucha salarial, que es el centro de las preocupaciones de la clase frente al intento de postrarla en la miseria social más absoluta. La tendencia actual de la economía y la política burguesas tienen que llevar a los oprimidos a la exasperación. La agitación y organización por el mínimo de 10.000.000 de pesos, el aumento salarial y la indexación del salario es el camino por el que va a avanzar la estructuración de la clase y preparar su ingreso como primer actor de la escena política. Es un hecho que a partir de las reivindicaciones obreras pero también de diversas capas de la población (movilizaciones contra los impuestos) se ha venido dando una tendencia a huelgas y manifestaciones callejeras que, por el abismo existente entre los reclamos de las masas y lo que están dispuestos a dar los explotadores y el gobierno militar, plantean la perspectiva de la huelga general. ¿Cómo llegar a ella y asegurar su victoria? Se plantea la cuestión de los comités de fábrica, elegidos en asamblea, para reclamar y organizar la huelga general. La cuestión de los comités de fábrica se liga al problema de la tremenda desorganización de la clase obrera, si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las fábricas carecen de una real organización. La consigna de la huelga general debe ser usada de un modo propagandístico y debe acertarse con ella en la agitación, en los momentos de grandes virajes. El paro del 6, la crisis política provocada por la Marcha de la Multipartidaria y la inminencia de una huelga ferroviaria planteaban una situación de este tipo. El gobierno y la CGT de Azopardo la bloquearon, pero sobre bases extremadamente precarias. Se habla de una tregua de dos semanas. Los comités de fábrica importan también por su función en una huelga que puede adquirir un carácter político de masas. “Los comités de fábrica constituyen la conexión clásica entre la huelga general —dice el Informe… p.15— y la insurrección. Sólo así se aborda seriamente la cuestión de la huelga general, pues ésta, librada a sí misma, sin capacidad de pasar a la insurrección está condenada a la derrota o a ser entregada por la burocracia a cambio de ‘concesiones* que eviten la caída de la dictadura". Pero no se trata de convertir a esta consigna en una receta: "una agitación sobra la base de la consigna de los comités de fábrica no puede prosperar si tiene el carácter de un esquema y si no toma en cuenta los conflictos parcializados, locales y fabriles como puntos de apoyo para construir esos comités… Deberemos impulsar su surgimiento sobre la base de las consignas incluso más modestas, pero sentidas, porque objetivamente se proyectarán como engranajes de la organización del conjunto de la clase en la perspectiva de la huelga general". La gran tarea de la hora de los revolucionarios Ha sido repetido hasta el cansancio en el que el partido tiene que explotar a fondo todas las formas de trabajo legal, como un medio para llegar a una masa más amplia de los trabajadores. Pero debemos preguntarnos: ¿se ha comprendido a fondo esta cuestión? En una serie de debates se han volcado posiciones quedantistas, conservadoras sobre este punto. Si prevaleciera esta tónica, que reflejan los seis duros años de militancia clandestina, en un periodo en el que la burguesía y el imperialismo intentan una maniobra de amplitud que hemos caracterizado, corremos el riesgo de liquidar el riquísimo trabajo político hecho bajo el “sexenio infame”. Este debate tiende a reproducirse en cada momento político. Mañana, cuando esté planteada la insurrección armada, es posible que tengamos que polemizar con posiciones que se aferren al juego del parlamentarismo burgués y se tratará entonces de liquidar todo desvío hacia el cretinismo parlamentario. Se trata de homogeneizar al partido como un sólo hombre para actuar con el máximo de energía y audacia de modo de conquistar un auditorio de miles y millones de trabajadores. Esto es fundamental. Si no somos terriblemente conocidos en un período de aguda descomposición del estado y de quiebra del partido burgués que ha disciplinado hasta aquí al proletariado, corremos el riesgo de perder una oportunidad histórica para la implantación de los revolucionarios en el seno de las masas. Esta conciencia es lo que explica que el PC se ha-ya volcado con todo al trabajo legal, para enderezar hacia una nueva alternativa contrarrevolucionaria a los trabajadores que rompen con el peronismo. Debemos comprender que las masas deben apreciar las agudas diferencias entre nosotros y el resto de corrientes que se lanzan a capitalizar esta quiebra y la realidad de hoy es que ni siquiera los activistas diferencian acabadamente a las distintas variantes de la "izquierda". Quien se contente con el estrecho auditorio que concede el trabajo clandestino o semiclandestino en esta etapa, está perdido. La legalidad burguesa no significa un estadio superior para los revolucionarios sino un medio para conquistar un auditorio de masas. Esto parte del hecho que la legalidad no es una concesión graciosa del régimen sino el fruto de su propia des-composición y de la intervención de las masas en su crisis. Por eso los revolucionarios, a diferencia de los partidos burgueses y contrarrevolucionarios que se adaptan a un "proselitismo con cadenas", no subordinamos la acción directa de las masas a las exigencias legales. Es para nosotros una oportunidad para ampliar la agitación revolucionaria. Aún en la perspectiva más conservadora: aquella en que se llegue a la "institudonalización” y de allí surja un gobierno burgués débil, la perspectiva de que el partido tenga una intervención de peso depende de la audiencia obtenida en el seno de las masas. (Se explican a continuación las tareas planteadas para la obtención de la legalidad y las implicancias políticas y organizativas de cada una de las fases a encarar). La batalla por la legalidad por un partido obrero de masas es crucial, cuando todos los partidos libran una batalla en el terreno legal y, eventualmente, con vistas a las elecciones. Podríamos no aceptar el desafío (con el argumento de que aceptar las condiciones impuestas por esa legalidad -el fichaje de la planilla de afiliados por el régimen y sus servicios— equivalen a una capitulación político-organizativa), pero de prosperar el desvío "institucionalizador" se debilitaría nuestra intervención para el próximo período de luchas revolucionarias. El fichaje del régimen debe ser esquivado, en todo lo posible, por medio de la astucia. Debemos recordar la importancia de la intervención electoral de los bolcheviques en 1912, que significó la llegada al parlamento burgués de una serie de revolucionarios. Esto ayudó a consolidar la fisonomía del partido de Lenin en el seno de las masas y lo dotó de una voz poderosa en la nación, pavimentando el triunfo revolucionario en las jomadas de 1917. La legalidad no pasa sólo por la prensa y los locales sino, y esto es fundamental, por la creación de dirigentes de masas. Y aquí surge el planteo de compañeros que se resisten a jugar este papel y lo consideran un mero problema técnico, de asignación de funciones en uno u otro terreno. Llegamos así a la peor de las combinaciones: un partido legal… con dirigentes subterráneos. NO. Se trata de convertir en dirigentes de la clase reconocidos abiertamente a aquellos que han mantenido en cada lugar de trabajo la tradición revolucionaria a lo largo de los últimos años, y que tienen la capacidad para hablar claramente en nombre del partido. Un partido que debe crecer por lo que hace Hemos dicho que el contenido de la lucha por la legalidad es la puesta en pie de un partido obrero. Este planteo está determinado por la emergencia de una respuesta política a la necesidad del proletariado de conquistar su independencia política en todos los terrenos. Pero no podemos referirnos a un partido obrero en abstracto. La lucha planteada aquí y ahora es por la legalidad para los revolucionarios desde el momento que no estamos en la fase culminante de la tendencia a la construcción de un partido obrero de masas. La tarea de construcción del partido obrero, en este sentido, tiene dos alternativas. Una, que junto con el ascenso de la clase obrera se desarrolle un poderoso movimiento clasista. La tarea del Partido Obrero en este caso será poner en pie este movimiento y dotarlo de una perspectiva política revolucionar ría. Otra, que el Partido Obrero sea sólo la expresión del desarrollo político y crecimiento de nuestra organización. En esta variante, en el caso de un poderoso crecimiento de PO, no se habrá erigido aún un partido obrero de masas pero el único punto de partida posible para desarrollarlo será a partir de la implantación lograda por PO en la clase obrera y los trabajadores. Va de suyo que en cualquiera de los dos casos está planteada la incorporación del mayor número posible de compañeros al partido revolucionario, condición para el desarrollo de un Partido Obrero revolucionario y de masas. ¿Cuál debe ser la conducta del Partido Obrero frente a las corrientes que se reclaman de la izquierda? La situación política planteada por la descomposición de la dictadura plantea dos grandes alternativas en este campo. Una es el apoyo a las maniobras de la "institucionalización”, profundizando el so-metimiento a la burguesía (en esto ha entrado la mayor parte de la izquierda argentina: PC, Montos, MAS). Otra es el combate contra la "institucionalización", contra los intentos de expropiar la lucha de las masas y acentuar su confusión. En definitiva trabajar para que la lucha obrera y popular se desarrolle a fondo. La gran opción es colaboracionismo de clases versus Partido Obrero Ante esta disyuntiva, la gran mayoría ha seguido su vieja tradición, repitiendo la historia que ha llevado al fracaso y la derrota del proletariado. Una minoría, por el contrario, se ha sumado a la construcción de una alternativa obrera independiente pero es un hecho que existe una tendencia real en la clase obrera en la misma dirección. Se expresa en el desarrollo y resurgimiento de las corrientes antiburocráticas y deberá desarrollarse en escala geométrica si se profundiza el ascenso obrero. Nuestro deber es explotar a fondo esta tendencia, planteando la necesidad de un partido de clase y convirtiendo al Partido Obrero en un organizador sistemático de movimientos clasistas y en campeón de la lucha por la democracia. El camino es un enérgico trabajo práctico en dirección de las masas. Crecer por lo que se hace. La alternativa de cortar camino por la vía de acuerdos de izquierda sobre bases confusas y de conciliación con la burguesía y la dictadura no tiene futuro: bloquea un gran trabajo de masas y es fuente de escisiones desmoralizantes. Se trata de ganar a los cuadros de los partidos colaboracionistas a nuestras posiciones mediante .el trabajo práctico y la confrontación de posiciones políticas. Lo que hoy está planteado es una intensa batalla política contra la burguesía "democratizante” y sus aliados de la izquierda, condición para ganar centenares de cuadros honestos y combativos provenientes de esas organizaciones. Mañana, un sector de la burguesía puede apelar a la construcción de un "frente de izquierda”, es decir un frente de colaboración de clases bajo dirección burguesa. El partido Intransigente, el PC los focos, pueden constituir la base de una maniobra de este tipo. Contra esta perspectiva debemos plantear el Partido Obrero, la necesidad de una posición independiente de clase y la construcción de un Frente Revolucionario Antiimperialista que haga prevalecer las posiciones revolucionarias Una revolución en los métodos de trabajo Hemos propuesto, como forma de organización del Partido Obrero, la estructuración de núcleos por frente dirigidos por un secretariado. Estos núcleos significan, de hecho, una nueva modalidad en la asimilación de nuevos cuadros, en los que el aprendizaje se hará a través de la penetración abierta en el seno de las masas junto a la formación política sistemática (cursos). Esto requiere un avance colosal en la especialización del trabajo, la estructuración de secretarías con funciones formalmente definidas y la rendición rigurosa de cuentas. Debe tomarse en cuenta que la construcción de un partido legal de masas atraerá a cientos de compañeros y multiplicará a gran escala los problemas de intervención. Si no se impone un cambio de metodología, la perspectiva es la anarquía del trabajo político y una dispersión de esfuerzos de los recursos militantes volcados a las nuevas tareas. Si se sigue la tendencia planteada en el momento actual y el partido asume el desafío del trabajo legal no es aventurado pronosticar un gran crecimiento (esto ya ha comenzado a ocurrir en los últimos dos meses —ver intervención de L. Saldías sobre informe de actividades en PO Nro. 335). La condición es asumir los grandes sacrificios planteados para conquistar la legalidad, que la burguesía no va a conceder de buena gana. El ejemplo reciente de la concentración de la Multipartidaria debe servimos de advertencia. La dictadura armó una provocación contra nuestro partido acusándonos del “desborde” sobre la Casa Rosada. Hacia una situación revolucionaria Se aproximan momentos que nos pueden acercar al “banco de prueba" de los revolucionarios: la revolución proletaria. Final-mente, toda la lucha de los militantes que se identifican con el bolchevismo no es otra cosa que un aprendizaje para la revolución. Para las jornadas que se avecinan contamos con un dato a favor: el desarrollo, creciente del partido en la vanguardia obrera. Viene al caso apelar por última vez al Informe… “un rasgo fundamental de la presente situación política, esto por referencia a la de otros países que pasan por una situación similar de crisis económica y política, o por referencia a la propia situación argentina en el momento de la crisis del onganiato y la irrupción del “Cordobazo”, es la presencia de nuestro partido revolucionario, pues él interviene activamente, aunque en una escala aún insuficiente, en la evolución política de los trabaja-dores y del conjunto de la situación política. Nuestro partido revolucionario se ha estructurado en base a una teoría revolucionaria actualizada a la experiencia histórica mundial (programa de transición, elaboración activa de las tesis de la revolución en la polémica con el centrismo, tanto del país como del extranjero)' ha pasado por la prueba político organizativa del enfrentamiento a la represión dictatorial, ha acertado con sus pronósticos consignas y métodos de intervención en todo el proceso de desarrollo y descomposición de la dictadura, y ha sabido abordar desde un ángulo revolucionario su intervención en todas las formas del movimiento de resistencia de las masas Se ha dado el hecho político fundamental, y decisivo para la construcción de un partido proletario, de que ningún acontecimiento ni viraje de la lucha de clases a dejado de contar, sino con nuestra dirección, al menos con nuestra influencia”. Con este capital entramos a la nueva etapa.

El frente electoral entre el Partido Obrero y el Nuevo MAS presentó listas en los cinco departamentos más importantes de la provincia y en 10 municipios. Sus listas están conformadas por luchadores docentes, ordenanzas y de la salud, obreros rurales y municipales, referentes barriales y del movimiento de desocupados, luchadores contra la impunidad y los femicidios, jubilados, choferes, ferroviarios, trabajadores del comercio, gráficos, referentes del movimiento LGBTI, jóvenes y artistas que luchan contra la represión policial. Una verdadera lista de trabajadores. Los luchadores que conforman las listas del Partido Obrero y el Nuevo MAS son parte activa de un vasto movimiento obrero y popular que lucha contra la gestión capitalista de la pandemia, que no solamente pone en riesgo la salud y la vida de la masa trabajadora, sino que también ha degradado aún más sus condiciones de vida, mediante la desvalorización del salario, la precariedad laboral, los despidos en masa y el hacinamiento habitacional. La suspensión de las PASO por parte de Sáenz no ha evitado la dispersión de las fuerzas patronales, sobre todo en el oficialismo y el Kirchnerismo, que llevan dos listas cada uno y varias listas por fuera. Más allá de los apetitos clientelares que animan a unos y otros, esta dispersión revela la incapacidad de gobierno de los partidos patronales de la provincia. El Partido Obrero rechaza la política autoproclamatoria del Frente de Izquierda Unidad, que se hace más divisionista cuanto más retrocede en la política provincial, sin hacer ninguna clase de balance acerca de lo que lo llevó a esta situación. El PO ha acordado una acción electoral común con el Nuevo MAS para poner fin al divisionismo y para abrir una discusión sana y necesaria entre los luchadores y en la Izquierda. Contactos: Violeta Gil +54 9 3875 00-8605 Gabriela Jorge +54 9 3875 00-8606 Julio Quintana +54 9 3875 12-3583 Samuel Huerga +54 9 3878 56-1536 Walter Acevedo +54 9 3873 61-0050 Silvia Colque +54 9 3876 51-7786 Quiénes son nuestros principales candidatos: San Martín Diputado: Favio Paz Convencional Constituyente: Susana Altamirano Concejal por Tartagal: Walter Acevedo Concejal por Mosconi: Elsa Frías Intendente por Aguaray: Mariela Álvarez Concejal por Aguaray: Natalia Álvarez Orán Diputada: Josefa Cardozo Convencional Constituyente: Sandra Zárate Concejal por Orán: Samuel Huerga Concejal por Yrigoyen: Elizabeth Corro Concejal por Colonia Santa Rosa: Omar Ramírez Capital Senadora: Nilda Zerpa Diputada: Violeta Gil Convencional Constituyente: Marcos Tognolini Concejal por Capital: Gabriela Jorge Concejal por San Lorenzo: Santiago Martínez Metán Diputada: Silvia Colque Convencional Constituyente: Dora Luna Concejal: María Medrano Rosario de Lerma Senador: Efraín Guerrero Convencional Constituyente: Facundo López Concejal: Fernanda Páez

Desde Nueva York y Londres, hasta Karachi y Rabbat, miles de personas se han reunido en grandes ciudades de todo el mundo para protestar contra los ataques israelíes contra Gaza. Luego de la represión en la mezquita de Al-Qsa en Jerusalén y el comienzo de los bombardeos del Estado israelí sobre Gaza -que hasta el día de hoy, se cobraron la vida de casi 200 gazies- comenzaron las primeras muestras de solidaridad y el repudio a los bombardeos. En Londres, informa The Guardian, 100.000 personas marcharon por Hyde Park antes de llegar a las puertas de la embajada israelí en Kensington. En el lugar se instaló un escenario, desde allí denunciaron la complicidad del gobierno británico y reclamaron medidas decisivas para frenar el genocidio. La jornada terminó con 13 detenidos, luego que la policía reprimiera la movilización. Otras ciudades británicas que se unieron al reclamo fueron Birmingham, Coventry, Bristol, Cardiff, Edimburgo. En Dublín, capital de la República de Irlanda, miles de personas marcharon hasta la embajada israelí, en el centro de la ciudad. Reclamaron el fin de los bombardeos en Gaza e hicieron llamamientos para que el gobierno Irlandés rompa relaciones con Israel y expulse a su embajador en su país, como penalización por los ataques (Irish Times, 15/5). En París, miles de jóvenes chocaron con 4000 agentes de seguridad enviados por Macron para evitar la protesta. En Grecia, se llevaron adelante protestas que el gobierno de la derecha -Nueva Democracia, encabezado por Mitsotakis- aliado de Netanyahu, reprimió la movilización luego que algunos de los manifestantes tiren piedras a la embajada israelí (Nueva perspectiva, 14/5). En América del Norte, la fraternidad internacional se hizo sentir en Boston, Washington, Nueva York, Montreal, Dearborn, Michigan, Philadelphia, San Diego, Dallas, San Francisco y Portland. En Nueva York, varios de cientos de personas acudieron al área de Bay Ridge de Brooklyn coreando "Palestina libre, libre" y "Del río al mar, Palestina será libre". Entre banderas palestinas, se leían carteles que decían “Poner fin al apartheid israelí” y “Libertad para Gaza”. Entre los movilizados, hubo judíos que asistieron con pancartas que decían "No en mi nombre" y "Solidaridad con Palestina". Los manifestantes le reclamaron a Biden que deje de apoyar la matanza (Francia 24, 15/5) Mientras tanto, en la capital de Estados Unidos, Washington DC, miles de personas se movilizaron hacia la Casa Blanca portando banderas palestinas y coreando consignas pro-Palestina, desde ahí instaron a la administración Biden a condenar y oponerse a los ataques aéreos israelíes en Gaza (AA, 12/5). En África Oriental, varias naciones de movilizaron para condenar los asesinatos sin sentido del pueblo palestino por parte de Israel. En Somalia, cientos de personas organizaron marchas cantando que los somalíes "apoyan a Palestina". Se podía ver tráfico colapsado en las carreteras de Mogadiscio mientras multitudes con banderas de Somalia y Palestina marchaban por las calles. En Tanzania, los internautas se unieron en las redes sociales para pedir el cese del bombardeo sobre Gaza. En el mundo árabe, en las ciudades de Marruecos, Pakistán, Qatar, Jordania y otros países árabes, la solidaridad se hizo presente con movilizaciones y actos. En Australia, miles de personas marcharon en Sydney y Melbourne, reclamando a su gobierno que abandone la búsqueda de un acuerdo comercial con Israel (The Guardian, 15/5). En Argentina, el Partido Obrero Tendencia se moviliza este lunes 17 de mayo, a la embajada israelí en Buenos Aires para apoyar la rebelión de la juventud palestina y repudiar los bombardeos.

El salario real de los trabajadores argentinos viene en picada desde hace 45 años. Esta tendencia bajista no es lineal, sino que está matizada por un conjunto de factores entre los cuales podemos mencionar los ciclos económicos de auge y crisis que son característicos del modo de producción capitalista. Sin embargo, luego de cada recuperación de la economía los salarios jamás retoman el punto anterior a la crisis precedente (ver www.bcr.com.ar, “La persistente caída del salario real argentino, 1975 a la actualidad”). Paralelamente a la caída tendencial del salario real en Argentina se produce otro fenómeno intrínsecamente relacionado: el aumento persistente y constante del desempleo. Solo para citar algunas cifras, el desempleo en 1975 abarcaba al 4% de la población económicamente activa y hoy, 45 años después, el desempleo bien medido abarca al 25%. En el caso del salario real docente a nivel nacional, observamos que el mismo viene cayendo desde 2009 a la fecha. Hasta 2018 el salario real promedio descendió respecto a 2009 12,8% (ver www.argentinosporlaeducacion.org, “Variación real del salario docente”). Si incluimos en el análisis los años 2019-20 la caída se acentúa orillando el 20% de pérdida salarial. Estos datos son un promedio aritmético lo cual implica que en algunas provincias la caída del salario fue aún mayor. Este proceso económico de demolición del salario docente tiene varias consecuencias sobre la clase trabajadora: por un lado, aumenta el porcentaje de pobres porque el salario está cada vez más lejos de la canasta de pobreza medida por el Indec. De este modo, el trabajador docente se incorpora a la masa de trabajadores ocupados en esta situación; por otro lado, aumenta el desempleo porque el trabajador ocupado que queda por debajo de la pobreza busca otro cargo para superar este umbral (ver www.centrocepa.com.ar, “Paritaria docente 2019: análisis del poder adquisitivo y contraste con la línea de pobreza). Buenos Aires La caída del salario docente en Buenos Aires siguió en términos generales el derrotero del salario docente a nivel nacional, pero su tendencia a la baja se agudizó desde 2016. Las paritarias bajo el gobierno de Vidal cerraron por debajo de la inflación, con la excepción de 2019 donde los trabajadores lograron imponer, con huelgas y movilizaciones, la indexación del salario que, en febrero de 2020, el gobierno de Kicillof incumplió para pagar los intereses de la deuda pública provincial (Fidelity). En la paritaria 2020, los trabajadores docentes volvimos a perder salario (6%) y, además, perdimos la cláusula gatillo que fue entregada por el FUDB a pedido del gobernador Kicillof y del FMI quiénes rechazaron de plano la indexación del salario en una economía con recesión y alta inflación. Impulsemos una campaña por la re-apertura de la paritaria bonaerense Nuevamente, en la paritaria 2021 nuestro salario pierde contra la inflación hundiendo en la pobreza a más trabajadores que, para no caer en la indigencia, buscan otro cargo docente que los coloca un poco por encima de la línea de pobreza y bastante lejos de la canasta familiar que hoy es de 120 mil pesos. Esta dinámica de súper explotación laboral, insistimos, agudiza el desempleo en el gremio que no para de crecer. Esta paritaria fue firmada y defendida por toda la burocracia del FUDB, a excepción de Udocba que, sin embargo, no hizo nada para organizar la lucha contra ella. Desde estas páginas caracterizamos que esta paritaria fue “una paritaria a medida del FMI” Un análisis de la paritaria docente bonaerense . El gobierno ofreció 34,7% de aumento nominal para todo el 2021 en 3 cuotas (abril-julio-octubre). Las burocracias celebraron esta oferta porque “rompía” el techo salarial propuesto por el presupuesto 2021 (29%). Lo sorprendente del caso es la celeridad con que entró en crisis la paritaria. En 4 meses todo este circo quedo en ruinas puesto que, según el Indec, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 17,6% lo cual representa la mitad de lo ofrecido para 12 meses. Es más, el acuerdo paritario que festejó Baradel nació con una caída del salario real porque la primera cuota de 14% se cobró en abril cuando la inflación acumulada fue de 17,6%. La segunda cuota de 6,4% se cobra recién en julio. Como podemos observar, el salario docente está siendo triturado por la inflación y la revisión de la paritaria acordada por la burocracia está prevista para cuando “se hayan conocido los indicadores del III trimestre (octubre). A tal fin se realizarán acciones de seguimiento sobre la aplicación del presente acuerdo, pudiendo convocarse a las comisiones técnicas a tales efectos en el caso de que la evolución de los indicadores se aparate de las proyecciones (29% de inflación para todo 2021) que han servido de base para el presente acuerdo” (Expediente paritario provincial Nº2021-3447268). Para noviembre, la mayoría de los docentes estaremos en el fango de la indigencia. En un cuadro de recesión con alta inflación (cercana al 50%) se impone, objetivamente, lanzar una campaña en toda la provincia por la inmediata re-apertura de la paritaria para recomponer el salario y llevarlo hacia la canasta familiar; por su indexación mensual; impulsar la suspensión de la presencialidad en pandemia en toda la provincia para priorizar la salud y la vida; conectividad a cargo del Estado para estudiantes y docentes, base para la continuidad pedagógica en pandemia; dividir los cursos de más de 15 alumnos para crear más fuentes de trabajo y que, al mismo tiempo, el proceso pedagógico sea de mayor calidad; triplicación de la ayuda alimentaria con variedad-calidad; vacunación masiva para toda la comunidad educativa; obra pública en los colegios.

La barbarie brutal desatada por Israel contra el pueblo palestino se intensifica, desde que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, sus siglas en inglés) iniciaron una nueva ofensiva por tierra y aire a Gaza, la mayor desde que comenzaron los ataques el lunes pasado. Diversas personalidades artisticas del mundo se han pronunciado por el cese de la masacre en Palestina y por la defensa de su gente, en especial en contra del avance judicial y militar que colonos judios pretenden realizar para desalojar de sus hogares a habitantes palestinos del barrio Sheikn Jarrah, en Jerusalén este. El multipremiado cantante y compositor canadiense The Weeknd, quien ganó esta semana el premio a mejor artista internacional masculino en los Brits Awards, compartió en sus redes sociales una imagen del artista palestino Shirien donde pueden leerse las consignas “Protejan a Jerusalem”, “No más limpieza étnica” y “Palestina Resiste”. La cantante Dua Lipa, una de las artistas más famosas del momento, quien también ganó una estatuilla esta semana en los Brits Awards como Mejor Británica Femenina, compartió en sus historias de Instagram un afiche donde se ve el hashtag #SaveSheiknJarrah, además de compartir en sus stories información sobre la masacre. Rage Against The Machine, la combativa banda estadounidense que históricamente ha militado por todo tipo de causas de los explotados, expresó en sus redes: “La violencia y las atrocidades que estamos presenciando en Sheink Jarrah, el complejo de Al Aqsa y Gaza son una continuación de décadas de brutal apartheid y una ocupación violenta en Palestina por parte de Israel. Apoyamos al pueblo palestino en su resistencia a este terror colonial en todas sus formas”. Su guitarrista, el activista Tom Morello, se pronunció contra los dichos aberrantes del presidente Biden en favor de Israel, quien dijo que “tiene derecho a responder con ataques aéreos cuando tiene miles de cohetes volando en su territorio”. Roger Waters, el ex Pink Floyd, es probablemente el músico que más ha militado contra la política criminal de Israel hacía Palestina. Sus campañas para que músicos populares no toquen en Israel en protesta de su accionar lleva años. En su cuenta se Twitter realizó un descargo donde se lo ve lleno de ira denunciando a Israel como un estado de Apartheid y donde critica duramente a Biden por su apoyo a Israel, entre otras cosas. La actriz Lena Headey -Cersei Lannister en la famosa serie Game of Thrones- también se ha pronunciado en redes sociales. Ha expresado que Israel “no es un estado judio sino un régimen sionista de apartheid (...) Esto es una colonización de limpieza étnica sobre un oprimido grupo de personas. (...) Es un estado que abusa y tortura.” El actor Mark Ruffalo, la estrella de “Avengers” (Marvel) ha declarado en su cuenta de Twitter: “1.500 palestinos fueron expulsados de Israel. 200 manifestantes han sido heridos. 9 niños han sido asesinados. Sanciones en Sud África ayudaron a liberar a su gente negra. Es tiempo de sanciones para Israel para que liberen palestinos. Unanse al llamado”. La lista de artistas comprendidos con el pueblo palestino sigue. Una vez más, el mundo del arte dice presente en la lucha universal contra la ferocidad sionista.

Mientras que según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la Argentina cerró el 2020 con un 45,3% de pobreza, equivalente a 20,5 millones de personas. Entre los menores de 14 años, alcanzó el 62,9%. Esto representa casi 7 millones de niñas y niños que viven en hogares sin ingresos suficientes para cubrir una canasta “de pobreza”. Se llega a estas cifras alarmantes ´a pesar´ de la Asignación Universal por Hijos (AUH) que alcanza a 4,3 millones de chicos y adolescentes menores de 18 años, la tarjeta alimentaria para chicos menores de 6 años y otras ayudas sociales. Según el INDEC, en la segunda mitad de 2020 la pobreza infantil había alcanzado al 57,7% de la población. Pero se confirmó, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre del año pasado, que había alcanzado el 62,9% entre octubre-diciembre (Clarín, 16/5). Este crecimiento de la pobreza infantil durante los últimos meses del 2020 va de la mano del aceleramiento de la inflación, la recesión, la caída del empleo y la discontinuación del IFE – que alcanzaba a 9 millones de personas. El conurbano bonaerense, la región más poblada del país, es la que presenta la mayor pobreza infantil alcanzando, el 72,7%. Allí la pobreza aumenta exponencialmente y de forma acelerada, alcanzando actualmente al 51% de la población. Registra, además, el desempleo más elevado del país (14,1%). Al mismo tiempo se ubica en el primer puesto de los aglomerados argentinos con mayor porcentaje de indigencia (15,2%). Resistencia-Chaco, es el segundo aglomerado en el ´podio´ de la pobreza infantil alcanzando el 72,4%; le siguen San Luis y Mar del Plata, con 69,3% cada uno; y luego Corrientes, con el 68,9%. En el segundo semestre de 2017, la pobreza infantil arrojaba 39,7%, lo que representaba 4,3 millones de chicos. En el mismo período de 2019, trepó al 52,3% alcanzando a 5.700.000 niños pobres. En el segundo semestre de 2020 llegó al 57,7%. Es decir que, en tres años, se generaron 2 millones de nuevos niños pobres. Se convierte así en un fenómeno social en ascenso continuo que compromete el desarrollo de las futuras generaciones al quedar privadas del acceso a una alimentación saludable, a la vivienda, a la educación y a la salud. Este escenario -sumado al hecho de que la mayor parte de los jefes de familias de los hogares que alojan a estos niños son trabajadores desocupados que perdieron el empleo en los últimos meses-, precarizados o subocupados que no tienen cobertura de seguridad social, amplifica la persistencia y la dimensión de la pobreza. Este aumento de la pobreza alcanzó a todas las franjas etarias: “Entre los que tienen de 15 a 29 años (10,6 millones de personas) la pobreza es del 51,7% o 5,5 millones de pobres. Entre 30 y 64 años (18,4 millones) es del 39,7% o 7,3 millones de pobres. Y entre los más de 65 años (5,4 millones) el 13,6% o 735.000 no les alcanza para cubrir una canasta básica total” (Clarín, 16/5). La situación social es una bomba de tiempo a los pies de un régimen incapaz de conjugar las contradicciones insalvables de la bancarrota capitalista. En el marco de una degradación social feroz, se impone la organización de una corriente que pueda actuar en todos los terrenos de la lucha de clases -los sindicatos, los lugares de estudio, los barrios y las elecciones- con un programa por vivienda, trabajo y salud para el conjunto de la clase obrera; para acabar con la enorme y creciente crisis habitacional y con la desprotección en la que son inmersos nuestros hijos. Un programa por un gobierno de trabajadores para levantar un mundo libre de todo mal, opresión y violencia, en el cual las infancias puedan desarrollarse plenamente.

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Presupuesto 2021: el gobierno está autorizado a abrir un crédito para financiar medidas para combatir la pandemia sin indicar de dónde vendrá el dinero. El proyecto autorizó el recorte del gasto discrecional (opcional) para recomponer los gastos obligatorios. La cantidad del gasto fuera de la meta fiscal estuvo cerca de R $ 100mil millones, incluidos los R $ 44 mil millones de la ayuda de emergencia. Estos recursos no van a ser contabilizados en el tope de gasto. Al mismo tiempo, por 55 votos contra 19, el Senado aprobó un proyecto de ley que permite el incumplimiento temporal de las patentes de vacunas contra Covid-19, además de pruebas de diagnóstico y medicamentos. Se pueden otorgar licencias obligatorias cuando el titular de la patente "no cumple con las necesidades de emergencia nacional o de interés público" o por el estado de calamidad pública nacional. Solo puede disfrutarlos si tiene un "interés efectivo y capacidad económica para realizar la exploración”. A cambio, los laboratorios recibirán una remuneración, cuyo valor variará. El Gobierno federal siempre presionado contra la aprobación, y ha sufrido varios cambios desde su formulación inicial. Por supuesto, la reducción sistemática de fondos continúa en los presupuestos de salud, asistencia social, educación, seguridad social. El presupuesto no proporciona recursos para investigar y producir vacunas; No promueve un aumento de artículos destinados al Sistema De Salud. Guedes no incluyó en el presupuesto la necesidad de asistencia de emergencia a R $ 600. Por otro lado, el texto dio cabida para acomodar los R $16.500 millones en enmiendas parlamentarias, sujetas a enfrentamientos entre Bolsonaro y el Congreso. El acuerdo prevé la sanción de la ley de presupuesto con algunos vetos, y luego estos gastos son pagados por Créditos extraordinarios. Todo para asegurar el casi R $ 20 mil millones en enmiendas y fondos parlamentarios en cuentas obligatorias, que estaban por debajo del valor. ¿Qué es el "límite de gasto"? Michel Temer refirió al Congreso Nacional la Propuesta de Enmienda Ley Constitucional 241, que se denominó “PEC del Fin de Mundo". Transformada en Enmienda Constitucional en el 95, la medida prohibió los reajustes de los gastos presupuestarios no financieros (excluyendo, por tanto, el pago de la deuda pública, que continuó rigurosamente, consumiendo porcentajes cada vez mayores del presupuesto federal) durante 20 años. El incumplimiento de dicho dispositivo tiene el significado de delito de responsabilidad y puede someter al jefe del Ejecutivo a juicio político. Brasil está retrocediendo en capacidad de recaudación de impuestos. Por la ecuación del presupuesto, los ingresos fiscales no cubren el aumento de los gastos en el contexto de una pandemia. Junto con el presupuesto, y vinculado a él, el IPC de la pandemia llegó a ocupar el centro de la crisis política: El comité escuchará al menos a 15 personas que ocuparon puestos de mando en el gobierno durante la pandemia, como Fábio Wajngarten (Secretario de Comunicación), inventor del “marcador de vida”, en el que el número de personas "recuperadas" de la enfermedad suplantaba el número de muertes y nuevos casos; la exministro de Salud, Eduardo Pazzuello; Ernesto Araújo (exministro de Relaciones Internacionales), quien fue cuestionado sobre las negociaciones de Brasil sobre compra de vacunas y suministros como agujas y jeringas, y Fernando Azevedo (Defensa), debido al papel del Ejército en la producción de cloroquina, y voluminosas negociaciones vinculadas a él. La Comisión puede ir tras entidades médicas que estimularon el uso de medicamentos que no tienen pruebas científicas, y también de planes de salud privados, que obligaban médicos a usarlos. Hasta ahora, el Consejo Federal de Medicina mantiene su dictamen de abril de 2020, que autoriza a los médicos a indicar hidroxicloroquina y azitromicina contra Covid 19, un delito contra la salud de la población en condiciones de desastre pandémico. Los límites de la "oposición" fueron expuestos por el senador Tasso Jereissati, líder del PSDB: “No hay duda que uno de los principales culpables de la situación a la que hemos llegado es el gobierno federal ”. Sin embargo, para él, el CPI puede suponer un cambio "para mejor" en Jair Bolsonaro "que cambió con respecto a la vacuna, pero no ha cambiado al retiro social ". Es decir, que podría mejorar un poco, en condiciones donde las segundas dosis de la vacuna solo terminarían distribuyéndose en Octubre, cuando faltaría la vacunación (primera dosis) de "sólo" más de 80 millones de adultos brasileños que no están en ningún grupo de vacunación prioritario. Continúa la crisis del Lava Jato transfiriendo la sospecha de Moro a Lula, incriminándolo en base de pruebas anuladas. En la “Cumbre Mundial sobre el Clima”, Bolsonaro intentó liberar lastre en relación con la política medioambiental, su mayor obstáculo en la política exterior, y decidió condicionar el logro de metas al recibir fondos. Bolsonaro envió una carta a Biden mintiendo sobre lo que ha hecho el gobierno para proteger el medio ambiente, comprometiéndose a eliminar la deforestación ilegal para 2030, siempre que la apoye otros países. La propuesta enviada por el gobierno Brasileño a EE.UU. pide mil millones de dólares para poner a 3.500 personas de la Fuerza de Seguridad Nacional en la fiscalización, que, según Bolsonaro, disminuiría entre el 30% y el 40% de la deforestación en la Amazonía. 400 servidores de Ibama publicaron una carta denunciando que sus actividades están paralizadas desde que el ministro Salles cambió la aplicación de multas ambientales, y se convirtió en el objetivo de investigación de la Policía Federal por actuar a favor de madereros ilegales. La Deforestación en la Amazonía, si sigue avanzando, colapsará y "se convertirá en una bomba de emisión": En ese momento, se liberará el carbono acumulado. Y luego Brasil comenzará a emitiendo 10%, 15%, 20% de todo el carbono mundial” (O Globo). La crisis política se desarrolla en medio de una política que mantuvo los cimientos de la catástrofe sanitaria y en una crisis social agravada: la mitad de los hogares brasileños viven en inseguridad alimentaria; sin consumo de alimentos más saludables, frescos o mínimamente procesado – consumo que se desplomó 85% debido a la miseria y aumento de precios. El retroceso y el vaciamiento productivo continúa: el grupo franco-suizo LafargeHolcim, líder mundial en el segmento de cemento y tercer productor más grande de Brasil, tiene la intención de vender sus diez fábricas, además de centros de distribución. La empresa, con 1.400 empleados, es la segunda en salir del país en menos de un año. El régimen político en su conjunto, todos los poderes incluidos, están destruyendo Brasil, enajenando sus riquezas y medios productivos y destruyendo su fuerza de trabajo. El presupuesto de la muerte Después de cuatro meses de retraso, tenemos un presupuesto aprobado para 2021. En la disputa por recursos públicos las normas fiscales estaban por encima de las necesidades de la población. Estamos a finales de abril de 2021 con dos presupuestos concomitantes, ambos muy por debajo del necesario para afrontar las consecuencias de las crisis, las condiciones de salud, económicas y sociales que afectan profundamente a Brasil. Por un lado, la Ley de Presupuesto Anual (LOA 2021) que, además de amenazar con un apagón generalizado de la maquinaria pública por insuficiencia de recursos, presenta importantes recortes en las políticas sociales. Por otro lado, un presupuesto paralelo para afrontar pandemia, estimada en R $ 100 mil millones, más de seis veces menos que lo aprobado el año pasado, a pesar del continuo crecimiento de la mortalidad resultado del Sars-CoV-2, el hambre, la pobreza y desempleo. ¿Pero como llegamos aquí? Preámbulo: es importante entender que el presupuesto brasileño está sujeto a las normas fiscales que le impiden realizar progresivamente los derechos o responder a crisis, como la provocada por el nuevo coronavirus. Eso principalmente es por el techo de gastos, que congeló gastos federales durante 10 años, hasta 2026, y el resultado primario, que estima anualmente cuánto debe ser la relación entre ingresos y gastos, lo que lleva a bimestral cuando los ingresos están por debajo del estimado. En definitiva, no es posible incrementar el gasto y, además, los gastos se pueden recortar si hay caída de los ingresos. Marzo a mayo de 2020: Estado de calamidad nacional como respuesta a la pandemia de Covid-19, se creó un presupuesto de guerra. Instrumentos que autorizan al Ejecutivo a no cumplir con la Ley. Este instrumento autoriza al ejecutivo a no cumplir con la Ley del Resultado Primario, ni del Límite de Gastos y, consecuentemente creando gastos adicionales a los estimados en la Ley de Presupuesto Anual 2020 (LOA). En el total, se autorizaron R $ 604,7 mil millones para un total de medidas, como transferencias a estados y ayuntamientos y apoyo sanitario. Durante todo el año, R $ 524,0 de hecho, se han gastado miles de millones (ver Tabla 1). La principal acción para recibir recursos fue la Ayuda de Emergencia, aprobada el 30 de marzo por el Congreso Nacional, resultado de la movilización de la oposición y la sociedad civil. Abril de 2020: se envió la Ley de Directrices Presupuesto (LDO) para 2021 del Ejecutivo al Congreso Nacional. LDO es la base de LOA y debe tener, como su nombre lo dice, las pautas para la elaboración de la ley de presupuesto. Señaló que el gobierno no incluiría en el presupuesto la lucha contra pandemia como predijo el Inesc en este análisis. Agosto de 2020: el Ejecutivo remitió al Legislativo la propuesta de LOA para 2021 con algunos errores, ya que se subestimaron los gastos obligatorios. El documento, siguiendo el propuesto por el LDO, mantiene las normas fiscales y, para garantizar su cumplimiento, no asigna recursos para la pandemia y presenta recortes significativos en el gasto social. El techo de gasto se convertiría en el “ancla fiscal” del presupuesto. Diciembre de 2020: el Congreso Nacional aprobó la LDO. Aunque no contiene ningún espacio en el presupuesto para combatir la pandemia, impidió la congelación de recursos para la compra de vacunas contra el nuevo coronavirus. Pero este dispositivo fue vetado por el Ejecutivo a sanción de la LDO, que ocurrió en enero de 2021. Diciembre de 2020: a pesar del agravamiento de la crisis salud, el gobierno no postergó el Estado de Calamidad o el Presupuesto de Guerra para 2021, evitando un mayor aflojamiento de las reglas fiscales. Esta situación generó automáticamente un problema, ya que sería necesario crear nuevas formas de poner a disposición recursos extrapresupuestarios para afrontar la crisis. Por otro lado, fueron autorizados, por medio de medidas provisionales, R $ 22,29 mil millones para la compra de vacunas, que se empezaron a ser gastos solo en 2021. Es decir, en 2020, el gobierno no gastó recursos para la compra de inmunizadores y aún rechazó un acuerdo propuesto por Pfizer que garantizaría 70 millones de vacunas aún en diciembre. Enero y febrero de 2021: en un escenario de aumento mortalidad diaria de Covid-19, el gobierno federal siguió sin un presupuesto para la pandemia, priorizando lineamientos como la autonomía del Banco Central y la reforma administrativa. Sin embargo, hubo autorización R $ 2,8 mil millones a la salud a través de una Medida Provisional. Se siguieron otras medidas en el transcurso de Marzo y abril de 2021, totalizando R $ 10,88 mil millones. 12 de marzo de 2021: se aprueba la enmienda Ley Constitucional 109, conocida como PEC de Emergencia, que condicionó la aprobación de una nueva versión de Ayuda de emergencia a la prohibición de la promoción funcional o avance profesional de cualquier servidor o empleado público. Aun así, el gasto en ayuda de emergencias fue mucho más bajas que el año anterior, pasando de R $ 322,00 mil millones a R $ 44,86 mil millones. Con la aprobación, el gobierno creó un crédito para pagar la Ayuda, la primera de las cuotas se pagó recién en abril, con montos de R $150, R $ 250 o R $ 375 - mucho más restringidos que los de 2020, a pesar del agravamiento de la crisis económica, aumento de los precios de los alimentos y aumento del desempleo. 25 de marzo de 2021: tras la aprobación del PEC de Emergencia, la LOA finalmente se debatió en el Congreso y fue votada el 25 de marzo. El texto aprobado, sin embargo, fue ampliamente criticado por subestimar gastos obligatorios y aumento de recursos para enmiendas parlamentarias. Desde 2020, estas modificaciones son en su mayoría obligatorios, es decir, no pueden ser cortados por el Ejecutivo. De esta manera, el texto no podía ser sancionado como estaba, porque podría provocar un freno de la maquinaria pública, además de no cumplir con el objetivo de déficit primario estimado por LDO y el techo de gastos, debido a la subestimación del gasto obligatorio. A pesar de este aumento significativo de valores para enmiendas parlamentarias, los recursos para hacer frente a la pandemia prácticamente no fueron añadidos por congresistas al texto de la LOA. Se estimó solo R $1,18 mil millones para apoyar acciones de salud, además de tomar otros recortes en el gasto en garantía de derechos. Abril de 2021: aumentan las tensiones entre el gobierno gobierno federal y parlamentarios, porque nadie quería asumir la responsabilidad del presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional. Para resolver el embrollo, el Proyecto de Ley No. 2 del Congreso Nacional, que modificó la LDO para liberar al Estado de cumplir con el Resultado primario con respecto a los recursos para combatir la pandemia –lo que se podría haber hecho desde enero de 2021 con la prórroga del Estado de Calamidad. Además de eso, el PLN 02/2021 autorizó créditos extraordinarios de medidas para combatir pandemia, como Pronampe y el beneficio de mantenimiento del empleo y los ingresos. El gobierno promete R $ 5 mil millones para la primera póliza y 10 mil millones para la segunda. 22 de abril de 2021: el Ejecutivo sancionó la LOA 2021 con vetos - acordado con el Legislativo – para disminuir principalmente los valores destinados a las enmiendas parlamentarias. Entre los recursos vetados hay R $ 200 millones que se destinarían al desarrollo de la vacuna contra Covid-19 en Brasil, además de recortes en salud (veto de R $ 2,2 mil millones) y educación (veto de R $ 1,1 mil millones y bloqueo de R $ 2,7 mil millones). El Censo corre el riesgo de no realizarse con los vetos de Bolsonaro. Tenemos un presupuesto que no refleja la realidad y los recursos aprobados resultarán en la violación de derechos. El financiamiento para afrontar la pandemia, además de ser insuficiente, queda fuera del LOA 2021; ni el Ejecutivo ni el Legislativo colocan como prioridad afrontar la crisis sanitaria.

Desde que se decretó el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, los alimentos que reparten las escuelas para las y los estudiantes han bajado considerablemente su cantidad y calidad. El Estado se ha aprovechado de la necesaria suspensión de la presencialidad para quitarnos la leche, los sándwich o las verduras que, en una situación normal, suministraba de manera diaria. Los falsos defensores de la educación del Gobierno de la Ciudad han recortado brutalmente la partida destinada a nuestros alimentos en las escuelas secundarias. En la Escuela Técnica N°2 República del Líbano, de Barracas, donde las clases se imparten de forma bimodal (dos semanas de clases presenciales y dos semanas de clases virtuales), la ´canasta nutritiva´ se entrega cada 15 días, y consiste en una leche en polvo; cinco saquitos de mate cocido y té negro; cinco paquetes de galletitas; cinco frutas: Se supone que debería haber una por alumno, pero muchas veces no llega a cubrir a todos. Pero ese no es el único problema con estos bolsones – o mejor dicho bolsitas. Hay establecimientos donde son las y los docentes quienes tienen que ir a la escuela en las semanas de modalidad virtual para armarlas y repartirlas; muchas veces, bajo los aprietes de las direcciones de los establecimientos. Son nuestras maestras y maestros las que arman las bolsitas sin que el Estado les mande ni siquiera alcohol, barbijos, máscaras, mucho menos, vacunas. Durante el armado y distribución de estas bolsitas, dos de nuestros docentes de la E.T. N°2 de Barracas contrajeron covid-19. Otro problema son las largas filas que se forman afuera de los establecimientos para recibir las bolsitas, incluso el trayecto hasta ahí. Como muchas madres y padres colocan a sus hijos en escuelas de acuerdo a la cercanía de sus trabajos, y no necesariamente según la cercanía con sus hogares, muchos estudiantes no retiramos estos miserables alimentos porque el gasto que hacemos en transporte para ir a buscar la ´canasta nutritiva´ no lo vale en precio ni en salud. Por ejemplo, muchos de los estudiantes secundarios de las escuelas de Barracas viven en Provincia, de manera que por cinco galletitas no vale la pena gastar plata en un colectivo y/o un tren ida y vuelta expuestos al Covid. Debemos organizar el reclamo por canastas realmente nutritivas; que la cantidad de alimentos que retiremos realmente alcance para cubrirlos 15 días hasta la siguiente canasta; que se incluya en la canasta elementos de higiene como alcohol y lavandina; que estén disponibles para todos los estudiantes y no sólo para los que tienen beca alimentaria porque son muchos los padres y madres que han perdido sus empleos; y que el Estado garantice un esquema de reparto de alimentos que sea seguro para los trabajadores del Estado y los estudiantes, y nos permita evitar el transporte público. Muchos jóvenes activistas luchamos por nuestro derecho a la alimentación y el de nuestras familias organizándonos en ollas populares y comedores de nuestros barrios, porque nuestros padres tienen salarios por debajo de la línea de pobreza o se encuentran directamente desocupados. Y esa lucha también la debemos llevar a la escuela y en unidad con nuestros docentes; así como también nos debería convocar la lucha que protagonizan los docentes contra la presencialidad en pandemia y contra toda forma de presión para obligarlos a ir a la escuela a costa de sus vidas. De galletitas no vivimos. Por el derecho a la alimentación y también a la conectividad. Por la unidad de estudiantes y maestros.

El sábado 15 llevamos a adelante un conversatorio virtual impulsado por los docentes y auxiliares autoconvocados de Merlo. Contó con la participación de compañeros que, cada uno a su manera y desde su respectivo lugar de trabajo, ha fijado posición en contra de la presencialidad en Pandemia. Oscar Atienza, médico y docente de medicina en la Universidad de Córdoba; Emmanuel Álvarez, director del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno; Patricia Pines, docente y referente de la agrupación de padres “Vacantes para todxs” y “Familias por un retorno seguro” de CABA y Federico Cano, Docente delegado de Suteba y referente del comité contra la presencialidad de San Isidro. La reunión contó con 40 participantes. Balance El objetivo de la reunión fue debatir acerca de por qué es necesario rechazar la presencialidad en Pandemia. Sin embargo, el debate en sí, excedió largamente este propósito. Con la rigurosidad que el problema amerita, tanto Oscar Atienza como Emmanuel Álvarez coincidieron no solo en el estado de la situación sanitaria, la cual es de colapso. Como la originalidad de esta segunda ola es el alto nivel de contagiosidad entre niños y adolescentes, y el panorama se complejiza no solo por la alta ocupación de camas UTI sino también por las patologías respiratorias propias de la temporada de invierno, la suspensión de la presencialidad se hace impostergable, a riesgo de asistir a una catástrofe sanitaria mayor. El director del Hospital de Moreno, remarcó que la pobreza es un agravante, especialmente en el conurbano bonaerense, para sobrellevar enfermedades de este tipo. Esta problemática, agregamos nosotros, plantea el problema del estado de salud, estructuralmente hablando, en que quedará toda esta generación de jóvenes. Nos encontramos ante un potencial Cromañón sanitario que dejara secuelas en la futura fuerza de trabajo… de por vida. Otro punto fundamental en el que coincidieron los dos expositores, fue la incidencia que tuvo la suspensión de la presencialidad en la ralentización del aumento de los contagios allí donde esta se dio. Por medio de exposiciones que incluyeron gráficos y menciones a investigaciones nacionales (Conicet) e internacionales (The Lancet y Universidades norteamericanas y europeas), Atienza y Álvarez demostraron que el cierre de escuelas es una medida de combate a la pandemia que debe tomarse, sobre todo teniendo en cuenta que nos hallamos a las puertas, incluso, de una tercera ola, impulsada por la llegada del invierno y de nuevas cepas. Entienden que los ritmos actuales de vacunación no alcanzarán la inmunidad de rebaño necesaria para enfrentar esta agudización de la escala de contagios. La mayoría de los expositores coincidió en destacar el primordial papel que tuvo el gobierno en la propagandización de la vuelta a clase, que tuvo lugar durante todo el verano 2020-2021, lo que lo convierte en el principal responsable de la explosión de contagios y del desborde sanitario al que ya mismo estamos asistiendo. En esta misma línea, tanto Patricia Pines como Federico Cano denunciaron que el objetivo de esta propaganda, solo se entiende en el hecho de que las escuelas son “guarderías de la patronal”. ¿Cuál fue el rol de las direcciones sindicales en este contexto de propaganda furiosa del gobierno y las patronales por la apertura de las escuelas? El de vocera de estos. Es en este cuadro que podemos explicar, como mencionó Cano, el surgimiento y la rápida proliferación de las autoconvocatorias en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, de CABA y del interior del país. Las auto-convocatorias docentes, a poco de andar, han sido el punto de agrupamiento del activismo que lucha contra la presencialidad en pandemia. Han fiscalizado, como bien planteo Federico Cano, el correcto cumplimiento del DNU dictado en abril y luchan por su aplicación en aquellas “jurisdicciones” en que los gobernadores, gracias a la cacareada “autonomía provincial”, se niegan a llevarlo a cabo. Sin embargo, en el conversatorio que estamos describiendo, apareció algo más. En las palabras de los expositores, flotó la idea de que no alcanza con la suspensión de la presencialidad en las escuelas. Si de lo que se trata es de restringir al máximo la circulación, que, esencialmente es la circulación de la fuerza de trabajo, se hace imperiosa una restricción mayor de la actividad económica. Perspectivas El estado de deliberación en la clase obrera siempre es la expresión de su predisposición a la lucha. Estos espacios, en los que se libera el pensamiento y tiene lugar la confrontación de ideas son fundamentales puesto que, en resumidas cuentas, los trabajadores se están preguntando qué hacer, cómo actuar. Las autoconvocatorias encierran un potencial enorme si dentro de ellas de desenvuelve hasta el fondo la democracia obrera. El debate ha concluido en la necesidad de avanzar en la coordinación de los autoconvocados a nivel provincial. También quedó planteado un problema mayor: la coordinación de todos los trabajadores que luchan, no solo para suspender la presencialidad en las escuelas sino en todas las áreas de la economía que no son esenciales.

Organizaciones obreras, de izquierda y de Derechos Humanos, junto a la colectividad palestina en Argentina, realizamos un acto en las proximidades de la Embajada de Israel. Fue en repudio a los bombardeos de la aviación sionista contra Gaza y en apoyo a la rebelión de la juventud palestina. La manzana donde de Avenida de Mayo al 700 se encontraba completamente vallada, con inusitado despliegue policial. Estuvieron presente, entre otros, el Nuevo MAS, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), OLP Resistir y Luchar, Pañuelos en Rebeldía, Encuentro Militante Cachito Fukman, Casa del Islam, FOL, Asambleas del Pueblo, Red Internacional de Judíos Antisionistas, Convergencia Socialista, Vicente Zito Lema y nuestro Partido Obrero (Tendencia). La Asociación Ex Detenidos Desaparecidos envió un saludo. El acto contó con intervenciones de todas las organizaciones presentes. En el cierre del acto, nuestro compañero Jorge Altamira destacó que la nueva masacre contra la Franja de Gaza es una respuesta a la rebelión popular que desató, en el territorio israelí, la orden de desalojo de sus viviendas contra habitantes árabes y la represión policial. El entierro de la cuestión palestina que intentaron Trump y Netanyahu hace poco tiempo acaba de recibir una réplica contundente. La extensión de la rebelión a los territorios ocupados y a Jordania y un renacimiento de la Primavera Árabe convertirían al Medio Oriente en el epicentro de una rebelión popular. Por esta razón, advirtió Altamira, Netanyahu ha calificado a la situación como “una guerra civil”, que amenazó reprimir sin límites. El propósito del bombardeo a Gaza es destruir en el nido la rebelión popular dentro de las fronteras de Israel. Altamira condenó la declaración hipócrita del gobierno de los Fernández, acerca de un uso “desmedido” de la fuerza, que no es más que un pasaporte de legitimidad a los bombardeos. Recordó que los Fernández y Felipe Solá firmaron, hace poco, con Trump y Netanyahu y otros treinta estados, la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, que condena los ataques políticos al sionismo como una manifestación de antisemitismo. Este tratado internacional, pendiente de tratamiento en Congreso, fue ratificado por la Legislatura de CABA. Los Fernández no pueden condenar estos crímenes de guerra, concluyó Altamira, porque ello haría caer de inmediato las negociaciones con el FMI y el Club de Paris.

El Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el principal indicador de la Bolsa de Santiago, había cerrado la semana pasada con su mejor rendimiento del año; sobraban motivos, pues el precio internacional del cobre batía récords. Los resultados electorales, finalmente, arrojaron que ni la coalición derechista ‘Vamos por Chile’ de Piñera, ni la oposición que gobernó los últimos 30 años, consiguió, cada una, un tercio de los escaños. Esto significaba que no pueden, por separado, bloquear ninguna reforma constitucional que obtenga mayoría simple. El oficialismo, que fue en una misma lista con los ultra derecha del Partido Republicano, consiguió sólo 39 escaños de los 52 que necesitaba. La derecha perdió, además, las alcaidías más importantes del país, pues se votaba también autoridades municipales y gobernadores. El Municipio de Santiago Centro se lo arrebató nada menos que el partido comunista. La rebelión popular de octubre de 2019 sigue picando carne. La lista ‘Apruebo’ de la ex Concertación sólo consiguió meter 25 constituyentes, tres escaños menos que la coalición del ‘Apruebo Dignidad’ del Frente Amplio y el Partido Comunista. El batacazo de los independientes La rebelión popular fue capitalizada en términos electorales por las listas independientes, una novedad que fue introducida por la ley de convocatoria a la Convención, a las cuales los medios las caracterizan de izquierda. El Frente Amplio y el PC consiguieron primacía en la elección de alcaldes de la Región Metropolitana y regiones como Valparaíso. Los independientes mayoritariamente de izquierda, aunque atomizados y sin dirección, consiguieron 48 escaños. 23 de estos escaños losobtuvo la ‘lista del Pueblo’, conformada principalmente por referentes de extracción popular vinculados casi en su mayoría a organizaciones de pobladores y de los Derechos Humanos, los movimientos más movilizados desde el 18O. Es realmente inédito que listas reclutadas en corto tiempo se impongan en una elección controlada por el estado a todo el inmenso aparataje de los partidos del sistema. El régimen sigue intacto en la cúspide que ha sido dinamitado en la base tradicional. Es un proceso de delimitación política que tiene, por un lado, ejes democráticos y, por el otro, reivindicaciones que exigirán mayores movilizaciones políticas y acciones de masas. Nos referimos a la liquidación de la jubilación privada y de la privatización educativa, y al montaje de un sistema previsional y de educación alternativo. Un lugar relevante lo ocupará el reclamo de una renta universal mínima, que supere la línea de pobreza. Esto es así porque los retiros de dinero de sus cuentas particulares por parte de los aportistas de las AFP, ha creado una crisis de financiación para el pago del retiro laboral. La conquista entera de este planteo mínimo es incompatible con el cuadro capitalista presente. El MIT (PSTU) consiguió un escaño constituyente con la candidata María Rivera, activista por los derechos humanos, aunque se presentó de otro modo - como independiente en la Lista del Pueblo. Por su parte, el PTR (PTS), que se presentó en una lista propia junto al Movimiento Anticapitalista (MST), no obtuvo ningún constituyente, pero superó los 10 mil votos en la comuna norteña de Antofagasta, ciudad minera, lo cual le otorga un concejal. Los partidos trotskistas han sido beneficiados por un ascenso político que ellos dicen, sin embargo, que no es tal. Los ‘mercados’ reaccionaron con pánico, porque advierten lo lejos que ha llegado el desplome del sistema capitalista implantado por el pinochetismo. La Bolsa de Santiago despertó con una caída de casi 10%, la mayor desde el 2020, perdiendo todo lo rentado en lo que va del 2021, y el peso chileno se devaluó este lunes un 3,3% en plena subida histórica del precio del cobre. Vamos Chie, carajo.

Compañeras y compañeros, Es un orgullo para todos nosotros que hayamos salido a la calle como tantos pueblos y trabajadores en el mundo entero para condenar la terrible agresión, el bombardeo criminal del estado sionista contra el pueblo indefenso de Gaza - ese territorio que ha sido definido correctamente como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Hasta hace muy poco tiempo se consideraba a la causa palestina si no terminada, por lo menos profundamente acallada. Donald Trump se puso de acuerdo con Netanyahu y decidieron trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén, y el gobierno norteamericano avaló los planteamientos de Netanyahu de transformar a Israel,, declaradamente en un estado racista, es decir, en un estado que sólo reconoce como ciudadanos a aquellos que se identifican con la religión judía. Parecía que era la noche negra para el pueblo palestino. Pero la semana antes a la crisis actual, a raíz de un nuevo intento entre millones de intentos anteriores por expropiar viviendas de la población árabe- palestina el este de Jerusalén se produce dentro del Estado de Israel lo que ha ocurrido en EEUU con #LaVidaDeLosNegrosImporta, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Ecuador - se produjo una rebelión popular de la población palestina – árabe que vive dentro de las fronteras del Estado de Israel. Netanyahu respondió: “esto es una guerra civil, esta es una guerra que no podemos tolerar y menos aun cuando este levantamiento empieza a suscitar rebeliones populares en Cisjordania, en el Líbano y en la propia Jordania, donde el 55 % de la población es palestina” Estamos ante un fenómeno histórico que hasta donde yo recuerde solo tiene un antecedente: la huelga general de trabajadores judíos y trabajadores árabes en el año 1936. Que fue aplastada precisamente por eso: por ser una huelga general de trabajadores y obreros unidos contra el régimen colonial y contra el régimen feudal imperante. Reconozco en este levantamiento que se desarrolla en el pueblo palestino ese nivel histórico. Por eso Netanyahu ha decidido una guerra criminal prolongada contra Gaza, una guerra que no va a tener fronteras, porque esta rebelión pone en crisis política completa al Estado de Israel. Hay que ubicar históricamente esta agresión, porque la otra cara, la fundamental, es una rebelión popular como nunca se vio en Medio Oriente. Bastaría que esta rebelión popular fuera acompañada por una nueva Primavera Árabe, en Túnez, en Egipto, como ocurrió en el año 2011, para que el Medio se convierta en la cuna, pero no ya histórica de tantas rebeliones, sino que se convierta en el centro de una gran revolución mundial contra el derrumbe capitalista pandémico que estamos viviendo. Por eso estamos acá en la calle. Es, en nuestra opinión, para comenzar una campaña política de larga duración, porque Netanyahu ha dicho “esto es una guerra civil”. Simplemente les doy una información: en el momento en que se producen estos acontecimientos, el presidente de Israel había convocado a la oposición a formar gobierno para reemplazar a Netanyahu. Es como en una famosa película de Robert De Niro, donde un presidente norteamericano podía perder las elecciones. En esa película el presidente norteamericano pregunta: “¿dónde podemos hacer una guerra para que me salve?”. Y ahora todos los derechistas, izquierdistas, centro-izquierdistas, del estado sionista han vuelto a apoyar a Netanyahu. Al precio de una destrucción masiva en la franja de Gaza. Quiero terminar este acto CONDENANDO al gobierno de los Fernández, el gobierno que el año pasado, con otros treinta países, firmó la alianza internacional que habían escrito Trump y Netanyahu. Y el Ministro Solá pidió a todos los parlamentos del país y al Congreso Nacional que lo ratifiquen, y hasta ahora fue ratificado por la Legislatura porteña. El gobierno que ató tanto el destino de Argentina desde Menem a la alianza de Netanyahu y Trump es el gobierno que dice que condena la “”desproporción de la represalia. ¡Es el lenguaje de la hipocresía! Los Fernández no pueden decir más que eso porque al otro día se le cae el acuerdo con el FMI. Al otro día se le cae la deuda externa. ¡Al otro día se les cae todo! En esta incapacidad para condenar sin subterfugios este bombardeo criminal reside el status semi-colonial del gobierno “nacional y popular”. Y tiene que ser condenado sin ambages. No es que no va muy lejos, no es que se quedó corto. No. Está atado al imperialismo y lo disimula con el lenguaje de la hipocresía. En la Argentina (y lean los diarios del último fin de semana) vivimos también un clima de rebelión popular, porque no es posible que en la Argentina el 62% de los niños se encuentren debajo del nivel de pobreza. Los que mejor lo saben son los niños y los padres de esos niños. Ellos saben que esto no se puede tolerar y están buscando el momento de manifestarlo como en Chile, como en Colombia, como en Ecuador, como en Perú o contra Bolsonaro, el hombre que dijo que frente a la pandemia había que ofrecerse de cara al virus, o como Trump o como Piñera. Los criminales de la pandemia. Entonces llamo desde esta tribuna, en nombre de la organización a la que pertenezco, a alertas, movilizaciones, propaganda, clarificación; porque podemos estar asistiendo a un movimiento internacional que nos va a llevar a nosotros mismos a una rebelión popular. ¡Muchísimas gracias, compañeros y compañeras!

La toma “La Familia” nació en el 2003, con la ocupación de un terreno ocioso de seis cuadras que fue del Ejército primero y luego de la provincia. Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén y, pese a que está rodeado de todos los servicios, el gobierno se negaba a regularizar la situación de los vecinos, ya que bloqueábamos sus negocios inmobiliarios. Los vecinos nos mantuvimos siempre movilizados, reclamando la regularización. La dilación fue moneda corriente. Ahora que el partido provincial (MPN) ha recuperado la intendencia de la ciudad, quiere evitar a toda costa los conflictos. En agosto de año pasado, viendo los anuncios millonarios del “Plan Capital” de inversión en obras para la ciudad, los vecinos decidimos llamar a una conferencia de prensa y anunciar un plan de lucha que consistía en asamblea por manzana, elección de delegados y luego medidas de acción directa, discutidas en una asamblea grande. En esta, finalmente, se resolvió cortar la calle por tiempo indeterminado, hasta que no aparecieran las obras en el barrio. A raíz del corte, nos reunimos con el vicepresidente del IPVU (Instituto Provincial de la Vivienda), quien no nos da ninguna respuesta. Sólo al profundizar las medidas -con un corte en una arteria importante- fue que luego de cuatro días de lucha, los funcionarios del IPVU bajaron junto al Defensor del Pueblo con un acta acuerdo, donde se comprometían a finalizar la electrificación y comenzar con el resto de los servicios, todo con fecha de inicio y terminación, además de los costos de movimiento de paredes etc. Se hacían cargo de la vivienda. La aceptación de la propuesta y la creación de una comisión de seguimiento fue el paso que hoy nos encuentra con el llamado a licitación para la concreción de la obra de los servicios, tan importantes para un sector que durante 18 años no dejó de luchar. Compartimos nuestra lucha y este grato momento.

Telefónica lleva adelante un plan de retiros y prejubilaciones para 1500 trabajadores, el 11% de la planta. El año pasado había concretado otra eliminación de cientos de puestos laborales, que no son recuperados con nuevos ingresos. Pretenden cubrir esos trabajos incrementando la productividad, los ritmos de trabajo y la jornada laboral apretando por las categorías de 9 horas, aprovechando el derrumbe salarial. Telecom ya anunció su propio plan de retiros, y además de las categorías de 9 horas, ya logró incrementar la jornada laboral de los técnicos de plantel exterior de Foetra y del SAT (Sindicato de Televisión – cableras) mediante 2 horas extras compulsivas agregadas a la jornada de 7hs. Cuanto más necesario es repartir las horas de trabajo para combatir el desempleo sin bajar el salario, las empresas más se esfuerzan en incrementar la jornada laboral. La conducción de Foetra, que pasa el plan de retiro cada año con un comunicado casi ritual de saludo a la bandera, está discutiendo el llamado “convenio digital” a espaldas de todo el gremio, violando la máxima sindical de no negociar convenios cuando el salario está por el piso. Cierres y venta de edificios Pero el vaciamiento completa un abanico más amplio de ataques: redujeron masivamente la atención al público, especialmente mediante el cierre de oficinas comerciales, de las cuales solo les interesa que sean un canal de venta. Además, cierran edificios para imponer el teletrabajo. Telefónica pretende fusionar o coordinar equipos que realicen tareas similares en sus filiales latinoamericanas, mediante teletrabajo, para así poder seguir expulsando trabajadores. Un plan similar llamado “Candelaria”, que pretendía llevarse del país la supervisión de la red, fracasó en el pasado por la revuelta de los técnicos, pero este tiene un alcance muy superior. Privatizaciones y hundimiento nacional El régimen de retiro, vaciamiento y destrucción de servicios que impulsan las empresas es contrario a las telecomunicaciones como servicio estratégico para las necesidades de la población. En plena pandemia, un sector enorme de la población no tiene acceso a los servicios necesarios. Para las empresas, la liberación de tarifas es condición para invertir. No quieren financiar las inversiones con el capital acumulado (que en buena medida se ha fugado del país), sino que quieren cargarle las costas directamente a los usuarios. Para el kirchnerismo, la salida es que las inversiones que las telefónicas no cumplen sean realizadas por Arsat. Además de insuficiente, el resultado es una mayor carga impositiva para trabajadores ya abrumados, y permite que las ganancias no invertidas sean giradas al exterior. Entre ambos, un monumento a la ineficiencia económica y a la impotencia política. Los telefónicos y telefónicas nos debemos un amplio debate, porque Foetra abandonó su postura contra las privatizaciones, que son un tumor nacional, y a nuestro salario y condiciones laborales. Rechazamos los retiros y el vaciamiento.

Desde el año pasado las negociaciones paritarias de la UTA, en el subte, vienen siendo continuamente postergadas, con cifras “no remunerativas” y/o “por única vez”. Ello ha perjudicado el cobro de aguinaldo, los pagos retroactivos, y otros items. Ahora, la UTA, Metrovías y el gobierno de la Ciudad pretenden dar por finalizadas las paritarias 2020 y 2021. Es un acuerdo a la baja, en sintonía con las paritarias por detrás de la inflación que promueve el gobierno nacional. En este contexto y ante la “propuesta” (imposición) de la UTA- Metrovías, la directiva de la Agtsyp se ausentó de la última audiencia con la empresa y postergó una semana el plenario de delegados. El acuerdo UTA-Metrovías En el caso de la paritaria 2020, aún no se conoce el acta. Un comunicado de la UTA ‘informa’ de un pago retroactivo de un 8% para los meses de Enero y Febrero. No se sabe si al básico o en suma no remunerativa - a ciencia cierta, sin acta, no se sabe nada, salvo que están cerrando una paritaria 2020 a la baja en un 17,7%. La pérdida entre quienes son población de riesgo Covid, o los trabajadores que se encuentran haciendo retención de tareas por asbesto. es mayor aún, porque entre los aumentos figura un viático diario. Tomando en cuenta el último recibo de sueldo, el aumento al bolsillo 2021 sería del 3% en Junio, 8% en Julio y 11% para noviembre. Acumulando así un miserable 22% de aumento en un año en que la inflación proyectada es del 50%. El cobro de Mayo tendría un impacto fuerte por los retroactivos, que pretende anestesiar la rebaja salarial que se quiere hacer pasar. El acta es tramposa, porque sobre la base de un aumento a la baja en 2020, presentan incremento al básico en Febrero 2022 del 42,9%. La realidad es que tomando los períodos 2020/2021 la diferencia contra el bolsillo de los compañeros es del 23%. Pero la estafa recién se va a constatar en Octubre de 2021, pasadas las elecciones legislativas. Nuestra Propuesta Ante esta situación, el sindicato del subte se ha paralizado. Luego de pedir un cuarto intermedio de 48 horas, no se presentó a la audiencia ministerial. Sin explicar el faltazo de la delegación paritaria, se ha convocado a un plenario de delegados recién para 6 días después, donde los delegados recibirían un informe oficial. Esto, a pesar de que ya estaba votado el inicio de un plan de lucha si la propuesta patronal no era satisfactoria. Desde que se inició la pandemia, los trabajadores han mantenido el servicio asumiendo enormes riesgos sanitarios. Pero además, tuvieron que bancarse 6 meses sin aumento y que la empresa se apropie de los aportes jubilatorios, para luego recibir un cachetazo en el último aguinaldo. La tan esperada revisión de Marzo se convirtió en un “acomódala como quieras” en Mayo, con un enjambre de números que, ya sea que se coloquen en el 2020 o 2021, no pueden disimular la rebaja del salario real, ello sin contar el robo del impuesto al salario que sigue vigente. La mesa salarial organizada por el Gobierno Nacional a principios de año, a la que asistieron Pianelli (AGTSyP) y Fernandez (UTA), definió en boca del Ministro de Trabajo y de Daer que impulsarían aumentos alrededor de la inflación presupuestada (del 29%). Esto se reveló, como anticipamos oportunamente, como una paritaria de ajuste. Mientras la UTA firma lo que Metrovías y las patronales desean, piquetes de choferes de colectivos reclaman $100.000 de salario mínimo y vacunas. Las asambleas y el plenario de delegados deben tomar nota de esta situación. Para derrotar el plan de ajuste que hoy une a Larreta y Alberto Fernandez, y superar a la burocracia de la UTA, hay que impulsar un plan de lucha. Llamamos a rechazar el acuerdo de la UTA, votar un plan de paros, e impulsar la unidad con los choferes autoconvocados y sus piquetes.

“Córdoba no para”, dijo Schiaretti. Pero lo que avanza son los casos de Covid-19, de de manera descontrolada. Como buen acólito, el gringo pretende cuidar los intereses de los empresarios y el lobby de las escuelas privadas a costa del contagio y la muerte de las familias trabajadoras. De acuerdo a las últimas cifras, nos convertimos en la segunda provincia con más casos del país. En la última semana, se reportaron un 40 % más de contagios que la semana precedente. El polo sanitario de la Capital, acaba de anunciar que ya no cuenta con camas disponibles y en el interior se están realizando derivaciones recorriendo grandes distancias. Esto mismo se replica en las escuelas. En la 2 da semana de mayo fueron intervenidas 2700 burbujas. Comité contra la presencialidad Ante este escenario, junto a padres y estudiantes hemos decidido conformar un comité “con la presencialidad escolar en pandemia”. A través de una intensa agitación con afiches en las escuelas, redes sociales, y medios de comunicación. Nuestra campaña empalma con la lucha que están librando los docentes y padres del Manuel Belgrano, el Milsteis, el IPEM 388 y del Domingo Zipoli, quienes a través de sus respectivas asambleas declararon a favor de la suspensión de la presencialidad, la vacunación masiva y la conectividad para nuestros estudiantes. Justamente estas luchas tuvieron su expresión en la última reunión, que contó con casi cuarenta personas, el pasado sábado 15. Todas las intervenciones dejaron en claro la importancia de denunciar la política criminal del gobierno de la provincia, que no se limita solamente a mantener las escuelas abiertas, incluso con bajas temperaturas, sino también de eliminar la dispensa a aquellos docentes que ya han sido vacunados con la primera dosis. En un mismo sentido, también ocupó una parte importante la denuncia del rol de las conducciones sindicales- UEPC- como brazo ejecutor de la política aperturista del gobierno. Debates y resoluciones Justamente en la denuncia del rol de la dirección gremial es donde se centró el principal debate. Ante la escalada de contagios y compañeros fallecidos ¿vamos a exigirle a la directiva que decididamente apoya la “presencialidad cuidada” que se ponga a la cabeza de nuestros reclamos? Nuestro planteo fue dejar en claro que para derrotar la política aperturista de Schiaretti, era sumamente necesaria la intervención organizada e independiente de las escuelas y la comunidad educativa, frente a una conducción sindical que se encuentra integrada al “régimen de la presencialidad administrada”. La reunión culminó con una serie de resoluciones a favor de masificar la campaña y la organización de autoconvocatorias, grupos de padres y asambleas escolares. Resolvimos impulsar una charla para el 27 de mayo con referentes sanitarios y de las luchas docentes en Córdoba, como el Manuel Belgrano y el Domingo Zipoli. Por último, votamos la salida un nuevo afiche llamando a intensificar los pronunciamientos desde las escuelas. Llamamos a sumar a otros sectores, como los hospitales, para pronunciarse en contra de la presencialidad escolar en pandemia y en defensa de la salud.

Funcionarios de Salud anunciaron que no quedan más camas críticas. Médicos dieron a conocer el Protocolo para elegir pacientes cuando no quedan camas. Allí mencionan cuáles son las circunstancias ante las cuales el equipo médico puede decidir la sedación del paciente, para luego quitar el respirador. Es cierto que en esta segunda ola el virus es más intenso y contagioso. Pero el desastre sanitario es la consecuencia de la orientación del gobierno de Perotti (FdT) y del Intendente frente-progresista de Rosario, Javkin. Tanto Perotti como Javkin defendieron a “capa y espada” la apertura de todas las actividades aunque no fueran esenciales. Ello incluyó a la presencialidad escolar. Las restricciones que anunciaron fueron más mediáticas que reales. En esta línea, el Intendente rosarino impuso la vuelta al trabajo de todos aquellos que estaban con licencia por ser personal de riesgo. Posteriormente, intentó suspender las licencias anuales del personal, lo que fue rechazado por el Sindicato Municipal. Con la soga al cuello, ahora anuncia sin mayores datos la apertura de más camas en Hospitales Provinciales y Municipales, pero sin decir nada sobre el ingreso del personal necesario para atenderla. La falta de personal y su entrenamiento, especialmente en las áreas críticas, es una de las grandes responsabilidades de los gobiernos de la flexibilidad laboral. En la salud privada, la precariedad laboral ha provocado la renuncia de numerosos médicos. Perotti cerró con la burocracia provincial de ATE y Upcn paritarias a la baja, debajo de la línea de pobreza, postergando sistemáticamente los pases a planta. Es más, la pandemia fue aprovechada para profundizar aún más la precarización laboral con el ingreso de cientos de trabajadores monotributistas-covid. El colapso sanitario y sus consecuencias sobre las condiciones laborales (con el agotamiento y el estrés de los trabajadores) han abierto el debate en los hospitales y dado lugar a diferentes iniciativas. En el HECA (Hospital Municipal de Emergencias) se realizaron Asambleas para reclamar el ingreso de más personal frente al aumento de camas. En el día de Enfermería, la seccional Ate-Rosario organizó una caravana- que partió del Hospital Baigorria y culminó en un acto en el Monumento a la Bandera, luego de pasar por varios nosocomios. La Junta Interna del Baigorria y Tribuna de Salud llamaron a coordinar la lucha; por un pliego de reclamos, por un aumento salarial de emergencia y un salario mínimo igual a la canasta familiar; el pase a planta y la publicación de los listados, el ingreso del personal necesario y el respeto de las franquicias y licencias.

La rebelión popular en Colombia inaugurada el 28 de abril, suma adhesiones de trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos. En medio de la militarización del país y de masacres de las fuerzas de seguridad estatales, las negociaciones iniciadas entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno, fracasaron de inmediato -”aunque tras varias horas de diálogo” (Semana (16/5) Los juventud que sostiene los puntos de resistencia, piquetes y plantones reclama Fuera Duque. El Comité Nacional del Paro le entregó al Gobierno Nacional un documento de tres carillas (“guía”) y anunció que el 19 volverá a las calles. El CNPE articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales, y más de 300 comités municipales. El CNP dice: “Reconocemos que otros sectores sociales y de la ciudadanía se han sumado a la convocatoria de paro nacional, y por eso, no pretendemos, ni queremos asumir la vocería de toda la ciudadanía que se encuentra movilizada desde el pasado 28 de abril” (Comunicado del CNP, 16/5). EL CNP se distancia de su condición de organismo de poder, con el curioso argumento de que la movilización crece en amplitud. Se trata, en realidad, de una declaración de subordinación a la feligresía política de centro-izquierda. Represión La represión estatal continuó sumando víctimas, como las de Alison Méndez, joven violada que luego se quitó la vida, y el joven asesinado por un proyectil policial en Popayán, Sebastián Quintero, ocurrida el viernes. También siguió la represión en Medellín, Bogotá, Tunja, Cali y otras ciudades. El CNP exige al Gobierno que el Ejército y Esmad sean retirados del control de las protestas y que la Policía Nacional “que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones” (Semana, 16/5) y defiende el “ejercicio del derecho a la protesta social”. Se trata de una reculada política, toda vez que “la protesta social” tiene el propósito de arrancar reivindicaciones vitales, y no es una exhibición callejera. El aparato de represión, por otra parte, debe responder por los crímenes que ya ha cometido, no declarar que no cometerá otros. Mientras se desarrollaban las negociaciones, en el monumento a los héroes en Bogotá, la policía y el Esmad reprimían a los manifestantes. Atacaron a transeúntes, ciclistas y sometieron brutalmente a una mujer que quisieron llevar detenida sin ningún motivo. Fue sólo por la resistencia de los manifestantes que no se los llevaron detenidos. En Colombia hay centenares de estos apremios ilegales y personas desaparecidas. El Comité pide que no haya uniformados del Ejército Nacional patrullando las calles, y que la Policía no use armas contra la población civil. La responsabilidad de una dirección obrera en circunstancias como esta, debe organizar la lucha contra la policía y formar sus propias escuadras anti-represivas. La carta del CNP, en cambio, pide que Diego Molano, ministro de Defensa, presente disculpas públicas “por el uso excesivo de la fuerza cometido por el Esmad y la fuerza pública en el marco de las protestas”. El CNP denuncia “la violencia sexual como mecanismo de control de orden público”. Es una terminología repudiable por varios motivos: uno, porque coincide en la necesidad de un orden público bajo control; dos, porque no plantea el juicio y castigo a los culpables de esas violaciones. En un alarde de doctrina de género reclama “Que sean las mujeres policías las encargadas de custodiar, trasladar y vigilar a las detenidas y que estas no sean trasladadas a estaciones o instalaciones donde haya predominancia de hombres”. Represión con perspectiva de género. En, Bogotá, a esas mismas horas, mujeres policías golpeaban a manifestantes e intentaban detenerlas sin ningún motivo. La semana pasada o los 87 casos de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas. El CNP se encuentra empeñado en encontrar un punto de apoyo en el régimen político, que le permita desmovilizar la rebelión popular. Es necesaria una nueva dirección del paro y nuevos organismos políticos de las masas a partir de la coordinación de las luchas y los puntos de resistencia en más de 500 distritos del país y en todos los departamentos y ciudades de Colombia.

Con la participación de 180 docentes, se realizó el lunes 17 de mayo una asamblea del SUTEBA Bahía Blanca para rechazar el retorno de la presencialidad escolar en la ciudad decretado con el pase a “fase 3” por parte del gobierno provincial de Kicillof y a pedido del gobierno local de JxC. En forma casi inmediata, juntas directivas de los hospitales públicos y trabajadores de la salud rechazaron la medida y han denunciado una manipulación en los datos de las camas de terapia intensiva disponibles, que el intendente no ha dudado en fraguar para satisfacer los reclamos de la educación privada y las patronales. La bronca docente por esta intempestiva decisión es enorme. Ni siquiera se esperó a que culmine el DNU que suspendió la presencialidad hasta el 21 de Mayo para las ciudades en “alerta epidemiológica”. Quedó demostrado que el sistema de “fases” y los “semáforos” son una trampa que explota en el peor momento -límite de contagios y muertes- y un recurso para vulnerar todavía más las escasas restricciones implementadas, mientras desde los Hospitales no cesa el reclamo por el colapso sanitario existente. Luego de dos horas de debate, se resolvieron 96 horas de medidas no presenciales, con paro de 72 horas y una nueva asamblea el día viernes con licencia gremial para definir continuidad. Tomaron la palabra y saludaron la asamblea madres que se están organizando junto a más de 150 familias en rechazo a la vuelta a la presencialidad, por garantizar la conectividad e insumos para la educación remota. Es un salto muy importante en la lucha en defensa de la vida y la salud. La mayoría de la conducción de la seccional -Gandolfo- propuso como principal medida, sin embargo, la presentación de un nuevo amparo judicial para pedir la suspensión de la presencialidad. Uno anterior presentado hace unas semanas fue recibido por la justicia, pero lo declaró “abstracto” una vez que el gobierno suspendiera las clases por dos semanas. Gandolfo pasó de combatir las huelgas a la presencialidad por “baja adhesión” a presentar amparos en la justicia, cuya instancia máxima -la Corte Suprema- ya falló contra los docentes de CABA. El beneficiario de ese fallo, Larreta, considera en estas horas el cierre total de escuelas ante el incesante aumento de los contagios. Esta orientación refleja su rechazo a preparar a docencia para lucha contra la presencialidad criminal la cual, por el contrario, fuera saludada por esta corriente en febrero por generar “expectativa de encuentro y unión”. La suspensión de la presencialidad que luego reclamara fue “temporaria y transitoria” -como efectivamente se consumó. Ahora, depositar expectativa en un improbable fallo judicial por la suspensión es simplemente un recurso desesperado y, una vez más, una agenda contraria a impulsar y organizar una huelga general docente por la suspensión y todos los reclamos. Tribuna Docente Tendencia mocionó junto a docentes autoconvocados por la no presencialidad en pandemia un paro de 72 horas, que se votó por unanimidad. Gandolfo había propuesto en primer momento un paro de 48 horas, para “esperar el resultado del amparo”, moción que terminó abandonando ante una mayoría de docentes que se expresaba por las 72 horas. El viernes habrá una nueva asamblea para definir continuidad con cobertura gremial. Propusimos coordinar acciones con las familias que se organizan por la no presencialidad y con trabajadores de salud, y la convocatoria a un plenario provincial de delegados con mandato para promover huelga a la presencialidad de las patronales de la educación y el clero. Destacamos, a la luz de la experiencia, la importancia de luchar por la no presencialidad en pandemia y sin vacunas en oposición a fórmulas ambiguas que terminan confluyendo con las medidas de los gobiernos para habilitar la asistencia a las escuelas. Por último, exigiendo conectividad, y nombramiento inmediato de todos los cargos docentes vacantes, junto con subsidios para todos los docentes sin cargos.

Es lunes por la tarde, en un trágico accidente en Av. Circunvalación y Av. Fuerza Aérea, en la Ciudad de Córdoba, falleció Sol Viñolo, de apenas 29 años. Un conductor ebrio perdió el control de su vehículo e impactó contra otros dos autos que se encontraban en la banquina de Circunvalación por un desperfecto técnico. Sol y Agustín Burgos (31) murieron en el acto por el choque, mientras que otra joven amiga de Sol, Fernanda Guardia (33), se encuentra peleando por su vida en el Hospital de Urgencias. Estudiante de Antropología, activista estudiantil y del movimiento de mujeres, Sol militó en la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero y compartió con nosotros los primeros pasos de la formación de la Tendencia. Acompañamos en su dolor a Carlos y Natalia, sus padres, siempre compañeros de ruta de nuestra organización, y a todos sus familiares y allegados. Adiós a una gran luchadora Me cuesta desarrollar estas líneas, porque un torrente de situaciones gira por dentro mío. Me encuentro shockeado por tu partida y por todos los proyectos que habías concretado, faltaba concretar y deseabas planificar. A Sol Viñolo la conocí allá por el año 2010, en el marco del Estudiantazo cordobés contra la ley educativa de Schiaretti-Grahovac. Eras la viva expresión de aquellos jóvenes que ocupamos las escuelas y la facultad de filosofía, que movilizábamos de a decenas de miles por las calles cordobesas. Recuerdo tu traje de murga y como tirabas los pasos al compás de los cánticos contra el gobierno y en defensa de la educación pública. También los debates políticos que sosteníamos en relación a las perspectivas de la lucha, etc. Pasaron los años y había perdido tu rastro. Pero fue en el verano del año 2015 cuando un grupo de compañeros del partido de Río Ceballos cruzaron por el Camino del Cuadrado para colaborar con la campaña electoral en La Falda. Entre esos compañeros, estabas vos. Me había puesto muy contento por tu decisión de incorporarte al partido. Nuestros frentes de militancia nos llevaron a que solo nos cruzáramos de manera efímera en alguna actividad o movilización. Ya te habías recibido y te encontrabas militando con los compañeros de Ciencia y Técnica y docentes universitarios. Recién en agosto del año 2019 nuestras trayectorias volvieron a cruzarse cuando compartimos una reunión de la Tendencia del Partido Obrero. Si bien todos fuimos expulsados, no puedo dejar de recordar la enorme batalla que dieron junto a Lucía en su propio círculo a la hora defender nada menos que el derecho de tendencia y la democracia interna en el partido. Quedan muchos aspectos en el tintero sobre tu enorme humanidad que te caracterizaba. Pero seguro tus compañeros y amigos más cercanos llenaran este vacío que voy dejando. Sinceramente me cuesta seguir… no te despido con “un hasta la victoria siempre” porque no te vas a ningún lado. Siempre estarás con nosotros.

Buenos Aires 18 de mayo de 2021 Ante la falta de respuestas de parte de las Autoridades Nacionales Decretamos un Paro por 48hs en todas las actividades Marítimas, Fluviales, Pesqueras y Lacustres donde tenemos representación los Gremios Firmantes. En solo siete días hemos perdido cuatro compañeros, evidenciándose además un alto nivel de contagios dentro de diferentes actividades. Solicitamos inmediata intervención, a los efectos de que los tripulantes sean incorporados prioritariamente al plan nacional de vacunación, se profundicen los protocolos de prevención y se garantice la atención medica en todos los puertos del país, así podremos obtener las garantías necesarias para seguir desarrollando nuestras tareas, hablamos de trabajadores esenciales, así declarados desde el inicio de la pandemia. Rechazamos el maltrato y abandono recibido hacia los tripulantes afectados por COVID-19 en diferentes Puertos del País. Es por ello que impulsamos una medida de acción directa a partir de las 18hs. Por todo lo expuesto, y ante lo insostenible de la situación.

Desde que, en 2012, Cristina Kirchner echó a Esteban Righi de la jefatura general de fiscales, ha transcurrido casi una década de abusos contra el llamado “estado de derecho” por parte de ambas trincheras de la grieta. El despido de Righi -una renuncia forzada- obedeció a su posición condenatoria de las andanzas del entonces vicepresidente Amado Boudou para quedarse con la empresa Ciccone. En su lugar fue colocada Alejandra Gils Carbó. Lo mismo ha ocurrido con los presidentes del Banco Central, pero con un agravante: obligados a dejar sus cargos antes del fin de su mandato, han sido reemplazados a dedo, tanto bajo los gobiernos de CFK como Macri. En el reino de la “necesidad y urgencia”, ratificada por la Constituyente menemo-alfonsinista, en 1994, la arbitrariedad adquirió rango constitucional. Es así que el pupilo preferido de Elisa Carrió, Mauricio Macri, intentó meter dos jueces en la Corte por la vía de un decreto, con la complacencia de los designados. Esto, en algún país ‘normal’, hubiera significado la prohibición para ejercer el Derecho de por vida a los beneficiados. En 2017, el ministro de Justicia, Germán Garavano y varios jueces de la mesa judicial del macrismo canjearon una denuncia contra Gils Carbó, por irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración, por su renuncia como Fiscal General. En el cargo quedó, como Fiscal interino, Eduardo Casal, macrista, que sigue ahí cuatro años después sin aval del Senado. Macristas y kirchneristas cambian de roles En un afán de ‘normalización’ de la Procuración General, Alberto Fernández anunció que buscaría la designación constitucional del ex juez Eduardo Rafecas. Es el mismo que archivó en pocas horas la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner, por acuerdos subrepticios con Irán, al determinar la superficialidad de su contenido. Rafecas no es de ningún modo un antisemita, pues publicó una investigación del Holocausto contra el pueblo judío, ni tampoco anti-sionista. Macri y la Bullrich desataron una campaña furiosa contra Rafecas, mientras CFK archivaba con diligencia el asunto, en su condición de Presidenta del Senado. Rafecas no era, como es obvio, el candidato de preferencia de Macri ni de CFK. El Senado no reunía los dos tercios necesarios para la aprobación del pliego del ‘pollo’ de Alberto. Este impasse generó un conjunto de maniobras curiosas. El kirchnerismo desempolvó un proyecto del radical macrista Martín Lousteau, que eliminaba la exigencia de esos dos tercios, a cambio de reducir a cinco años la duración en el cargo que es hasta ahora vitalicio, en igual condición que los jueces de la Corte. De ese modo se solucionaba la falta de votos para nombrar un Procurador. Los macristas reaccionaron ante este giro hacia sus posiciones de un modo sorprendente pero no sorpresivo. Ahora denuncian que el proyecto sería inconstitucional, porque temen, claro, que los K designen a alguien de su palo, aunque sea por cinco años. Sostienen que es un tiempo suficiente para que el Fiscal ayude a desbaratar los juicios por corrupción contra la Vice. Otro dato curioso es que lo mismo sostenía la ultra-kirchnerista Gils Carbó cuando fue defenestrada de malos modos. La tercera curiosidad es que la macrista Elisa Carrió reclama recuperar la candidatura de Rafecas, quien no está interesado en un cargo quinquenal – es vitalicio o nada. “Contrapoder” Como se desprende de este relato, el poder permanente del Estado -la institución compulsiva por excelencia- se dirime entre camarillas ajenas a la decisión popular. Ha abierto una disputa al interior del macrismo como del kirchnerismo. La inamovilidad de los jueces, en especial cuando se trata de la Corte y la Procuración, es presentada por los ‘filósofos’ del derecho como un “contrapoder”. Por cierto. Pero no, como alegan, contra el poder personal del Ejecutivo, al cual se le reconoce el derecho a gobernar por decreto (o eventualmente contra un Congreso uni-partidista), sino contra la ciudadanía. Esta es privada de la posibilidad de cambiar la estructura del poder político judicial por medio de la renovación periódica de sus representantes. La definición del Poder Judicial como un “contrapoder” desmiente la tesis de que no se trata de una institución netamente política. La sustitución de la inamovilidad del Procurador por un período renovable de cinco años es, de nuevo, un recurso político para manipular, entre otras cosas incluso más importantes, las cuestiones judiciales que enfrentan unos y otros. No es una ‘democratización’ de la Justicia, ni el proyecto tuvo nunca esa intención. Pero, además, tiene incongruencias insalvables. Ocurre que una reciente reforma judicial ha transferido la capacidad acusatoria de los jueces a los fiscales, todos inamovibles, pero presididos por un Fiscal General que tendría un mandato con caducidad cierta. La necesidad de emparchar el sistema para resolver las crisis políticas inminentes, acaba en estas contradicciones fatales. Las contradicciones del proyecto facilitarían las operaciones para que la Corte lo declare inconstitucional, como ya lo advierten o, mejor, amenazan algunos ‘constitucionalistas´. Democrático sería, a pesar de todas sus limitaciones, convertir a todos los jueces y fiscales en renovables y revocables, en total paridad. Pero incluso un cambio de esta importancia no quitaría a la Justicia su condición política, pues seguirá lidiando en conflictos entre intereses privados y el poder público. La soberanía popular es históricamente incompatible con las condiciones del capitalismo y del Estado. La Izquierda El oficialismo no tiene, sin embargo, los votos necesarios para esta reforma, al menos por el momento. La izquierda, por cierto, no puede ignorar la importancia de los choques coyunturales entre y dentro de los partidos patronales – contradicciones que son parte de la situación política concreta. Pero es necesario, por sobre todo, ubicarlos en una perspectiva correcta. Un Procurador del kirchnerismo, que ponga fin al mandato usurpador interino de Casal, no es una opción admisible. Para las luchas de la clase obrera, un Sergio Berni en la Procuración no es una alternativa a Casal-Bullrich. Al final de cuentas, el gobierno nacional y popular se encuentra empeñado en reconstruir la tutela del FMI y los fondos internacionales sobre Argentina, que hizo trizas la gestión macrista. El macrismo y los Fernández compiten de igual a igual en materia de empobrecimiento de los trabajadores y el hundimiento de salarios y jubilaciones. La izquierda no puede asumir la responsabilidad política, como lo ha hecho en ocasiones importantes, que hemos denunciado desde estas páginas, de validar a un Procurador que tendrá como tarea respaldar la política anti-obrera actual – sea mediante el voto u otorgando quórum. El seguidismo a la demagogia nacionalista que va a la rastra del Club de París y va atrás del sionismo, ha sido la ruina de todas las izquierdas que lo practicaron. Los Fernández no sólo no han condenado la masacre contra Gaza y la represión criminal en los territorios ocupados y en territorio israelí, también han enviado al Congreso y a las legislaturas, para su ratificación, el tratado internacional elaborado por Trump y Netanyahu, que censura las críticas al sionismo. Dicho esto, la crisis en torno a la designación del Procurador es fundamental para la izquierda – no un trámite parlamentario más. Porque es la oportunidad para usar esta crisis para denunciar lo que está en juego, o sea, la podredumbre institucional del Estado que impone los planes de hambreamiento generalizado. Es una ocasión para denunciar el sacrificio de vidas que la llamada ‘apertura’ de la economía y escuelas ha significado para decenas de miles de seres humanos, bajo la presión de los grandes capitales y de la patronal de la educación privada. La comprensión, por parte de las masas, del impasse mortal del capitalismo y sus instituciones, es absolutamente fundamental para poner a los trabajadores en el camino hacia su propio poder.

Después de 39 días de conflicto con los trabajadores del centro de distribución de la ex Walmart, el empresario Francisco De Narváez y el sindicato de Camioneros llegaron a un acuerdo. La empresa les pagará por única vez una “gratificación extraordinaria no remunerativa, no acumulable ni compensable” en hasta cinco cuotas a los trabajadores del centro de distribución. El monto será de entre $115.000 y 1 millón de pesos, según la antigüedad de cada trabajador, la recibirán trabajadores del centro de distribución, 477 de los 9872 trabajadores de todas las sucursales de la ex Walmart. Al retirarse Walmart de las actividades comerciales del país, De Narvaez adquirió sus 31 sucursales y su centro de distribución. El conflicto nació de las bases del centro de distribución y más tarde fue tomado por el sindicato, que reclamó ante el cierre que la empresa se hiciera cargo de mantener al viejo personal, respetar su antigüedad y que se aplicaran los decretos presidenciales en cuanto al pago de la doble indemnización del personal. El conjunto de las patronales argentinas puso el grito en el cielo ante este reclamo. Los medios de la derecha lo consideraron “fuera de la ley” y bautizaron el pedido del sindicato con el nombre de “Ley Moyano”. Ante la intransigencia de De Narváez, se produjeron bloqueos en los centros de distribución de Walmart que afectaron la reposición de mercaderías y los ingresos de la patronal. Por el lado de De Narváez, se abrieron discusiones sobre el conflicto que llegaron a Sergio Massa y hasta el propio presidente, un viejo amigo de los Moyano. Finalmente, en un encuentro privado entre Hugo Moyano y De Narváez -ambos compartieron una misma lista peronista en el pasado- arribaron al acuerdo mencionado más arriba, que luego Pablo Moyano plasmó en un acta ante el Ministerio de Trabajo. El acuerdo establece que no hay indemnización, ni simple, ni doble a los trabajadores sino, como se dijo, una “gratificación extraordinaria no remunerativa, no acumulable ni compensable” por única vez, acotada a los trabajadores del centro de distribución. El reclamo inicial de Moyano que implicaba unos 600 millones de pesos. Con el acuerdo, pasó a $227.576.922 pagaderos en cuotas. Los cierres en las empresas de transporte, donde se han producido centenares de quiebras y ventas truchas y una brutal absorción de cuatro o cinco grupos a costa de centenares de empresas chicas, tienen un antecedente nefasto en la UTA. La propia burocracia es fogonera de acuerdos que ni siquiera ponen como requisito la mantención del personal. Las empresas de micros que absorben otras siempre conllevan una depuración del personal -fundamentalmente de activistas- y solo algunas veces reconocen la antigüedad de los trabajadores de la vieja empresa. El acuerdo de Moyano, aunque tiene enormes límites, supera la práctica de la burocracia de otros gremios del transporte, lo que deja un antecedente para luchar por los derechos de los trabajadores afectados por este tipo de ventas en todos los sindicatos. El Ministerio de Trabajo actuó en consonancia con los reclamos patronales, no reconoció un decreto presidencial en vigencia sobre despidos y homologará el centésimo acuerdo de una “gratificación extraordinaria no remunerativa”, “no acumulable ni compensable”. El sindicato de camioneros, paradójicamente, también ha “absorbido”, como De Narváez, una docena de otros sindicatos, una política que lo ha enfrentado con una parte importante de la burocracia sindical. Los trabajadores de esos gremios han recibido con este cambio algunas mejoras salariales, pero por otro, se han incorporado al sindicato que les “absorbe” el 10% del salario porque además de la “cuota sindical” correspondiente al 3% de cada sueldo, el sindicato percibe otro 3% como “contribución solidaria” de los no afiliados, el 1,5% para un Fondo de Sepelio, y el 3% para la Obra Social (Oschoca), todo esto sin “derecho a protestar”. La democracia sindical es la gran ausente del sindicalismo de los Moyano. 15 de Mayo

En Tucumán, como ocurre en todo el país, la pandemia está fuera de control. Los contagios y las muertes suben exponencialmente. El martes 18 se llegó al promedio de los mil contagios y veinte muertes diarias. Las terapias se encuentran al borde del colapso. No obstante esto, Manzur o Jaldo realizan giras y reuniones con la presencia de varios centenares de asistentes. La escalada de contagios se produce en coincidencia con el inicio de las clases presenciales y las bajas temperaturas. Son centenares los docentes que han sufrido contagios y 20 los docentes fallecidos. El gobierno abandonó en los hechos la realización de testeos, pero los lugares habilitados para realizar las consultas y los hisopados son cada vez más concurridos. El gobierno dispuso pasar a una suerte de fase 1 a 17 distritos del interior de la provincia, lo cual implica el cierre de 71 escuelas. La lucha de camarillas entre el Gobernador Manzur y el Vice se acentúan. Este último convocó una sesión para obtener la interpelación, algo que no ocurre desde hace 15 años, al ministro de educación Lichtmajer. En represalia al boicot de la sesión, el jaidismo reemplazó al vicepresidente de la legislatura, que responde a Manzur, por un legislador de su cuño. Lo mismo ocurrió con la comisión de Juicio político, donde su presidente fue sustituído por un referente de la Cámpora aliado a Jaldo. La interpelación al ministro de Educación, a la semana siguiente, duró once horas, aunque sin tocar el tema de la presencialidad escolar. El apoyo de Alberto Fernández, y también de CFK, se tradujo en la división de la Cámpora. En el lapso de 10 días llegaron a Tucumán seis ministros nacionales para respaldar la gestión de Manzur. Una operación que no resuelve la fractura del gobierno, sino que la acentúa. Esto cuando la inflación anualizada de los productos básicos ha sido mayor en Tucumán que el promedio nacional. Los reclamos populares han sido respondidos con medidas represivas, (detenciones, despidos, descuentos de los días de huelgas, aprietes y traslados, etc.), acompañadas de maniobras de cooptación. Las autoconvocatorias se han transformado en el punto de encuentro combativo, que toma distancia de sus dirigentes tradicionales.

El Paro Nacional llega a su vigésimo primer día, y se extiende. El 19 de mayo está convocada una nueva movilización nacional. El paro del 28 de abril se extendió a una enorme rebelión popular – huelga indefinida, bloqueos y movilizaciones todos los días. Duque tuvo que recular en su imposición de la reforma fiscal y renunció el ministro ideólogo de la misma. Incluso el Uribismo atacó la reforma, cuando advitió su naufragio. La militarización del país y la represión generó una profundización de la lucha. Las tentativas de un acuerdo por arriba, fracasaron. Los jóvenes que sostienen los puntos de resistencia y la Minga indígena se negaron a negociar. Millones en las calles El lunes, Duque ordenó “desbloquear las vías de Colombia” (semana, 17/5), para hacer frente al desabastecimiento. Los cortes garantizan “corredores humanitarios” para medicamentos, alimentos esenciales y paso de ambulancias. Esto es coordinado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. La Minga indígena, que se había sumado a las protestas en Cali, llevó alimentos y ayuda a los manifestantes y la población. Los “puntos de resistencia” (piquetes) garantizan tres comidas diarias en varias ollas populares, y “clases públicas”. “Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que se despliegue su máxima capacidad operacional”, dijo Duque. El anuncio ya provocó tres asesinatos y decenas de heridos, por parte de la policía, el lunes en el municipio de Yumbo, Valle de Cauca –a media hora de Cali. “llegada la medianoche del martes 18 de mayo se seguía experimentando el terror policial, que dejó tres jóvenes asesinados a balazos, 30 heridos” (Telesurtv, 18/5). Hay videos que muestran al ESMAD atacaond al ejército, mientras éste negociaba con los manifestantes; no es la primera vez que sucede (Caracol, 30/4). El alcalde denunció “asesinato a manifestantes pacíficos” (ídem). La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, mostró el martes pasado su malestar por un video publicado en las redes sociales en el que se ve a soldados del Ejército junto a encapuchados armados en Yumbo (Comercio, 18/5). Defensores de DDHH denunciaron que el joven Brayan Sti Parra fue detenido por la policía en el sector de Ecopetrol y se encontraba desaparecido. “Por la mañana hablan y por la noche asesinan”, dicen los manifestantes. En Yumbo, la “capital industrial” de Colombia, en el Valle de Cauca (2.000 empresas que fabrican buena parte de los bienes del consumo del país), “durante todo el día y la noche se produjo un incesante asedio y ataque de la policía que obraba como fuerza de ocupación en avenidas y barrios contra la población, incluso con francotiradores desde la llamada Mega Estación, a pesar de lo cual la comunidad movilizada no cedió, siguió en las calles” (ídem). La industria está paralizada, y cada vez más sectores se suman a las protestas. Los empresarios petroleros y comercializadores presionaron para que se “despejara” los cortes (ídem). Uno de esos cortes es el acceso al puerto de Buenaventura, uno de los principales de Colombia. Esta declaración de guerra en el Valle del Cauca deja ya 33 personas asesinadas. Se trata de un plan de ataque “mixto”, con fuerzas paramilitares. Sin embargo, las protestas forzaron la renuncia del comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos Rodríguez Acosta. En Soacha también hubo represión, en un intento por cortar el ingreso a Bogotá. En Cartago también hubo represión y por redes se denuncia que el ESMAD transportaba municiones en ambulancia, algo denunciado también en videos en Bogotá y Cali. El senador Iván Cepeda dijo: “Hoy la noche de terror policial es en Caldas, Antioquia: tratos crueles contra personas capturadas, cortaron electricidad e internet mientras hacen ‘los procedimientos’” (telesurtv, ídem). El pedido de Duque se replicó en Bello (Antioquia) y la Romelia. En diferentes puntos del país los manifestantes cortan las rutas y accesos, apoyando las reivindicaciones de diferentes sectores. El ejército, con tanquetas y carros de guerra custodian las rutas y los peajes, ejerciendo el control de la población. La policía y el ESMAD completa la situación de militarización. El 19, miércoles, se desarrolla en Cali la “marcha del millón”, en alusión a la movilización de más de un millón de personas el Primero de Mayo. La Minga se manifiesta en Bogotá y en todo el país –de manera indefinida– contra la represión policial y los desplazados por el conflicto armado.

Este próximo jueves 20 el Polo Obrero Tendencia realizará una marcha a pata y pulmón desde el conurbano hacia el Ministerio de Desarrollo Social por el cumplimiento de todos los compromisos asumidos de nuevos ingresos en el mes de abril pasado, no efectuados hasta ahora. Mientras la deuda pública se refinancia cada 15 días, con tasas de interés abusivas, enriqueciendo a banqueros y especuladores, no hay un mango para un nuevo IFE, para la asistencia a los comedores, merenderos y ollas populares ni para las jubilaciones. En la provincia de Buenos Aires, la desocupación ha trepado al 14%. El 72% de los niños son pobres. En medio de carestía de todos los productos de la canasta básica y el tarifazo en los servicios, los contagios han trepado a cifras siderales, los peores números desde que comenzó la pandemia. La inasistencia del Estado a la población hambreada, desocupada o precarizada, acicatea la crisis sanitaria, al punto de convertirse en una verdadera crisis humanitaria. Frente a este cuadro, la distribución de la tarjeta Alimentar entre las madres que cobran la AUH es como ofrecer una aspirina para curar el cáncer. El Polo Obrero (Tendencia) llama a todos los desocupados a organizarnos frente a esta catástrofe capitalista, junto a los trabajadores que luchan por aumento de salario, por la no concurrencia a clase para evitar los contagios, por el aumento del presupuesto a la salud, por protocolos en las fábricas y lugares de trabajo esenciales para prevenir los contagios. Millones de trabajadores estamos en esta situación, como lo reflejan las grandes movilizaciones de desocupados y los piquetes que se suceden a diario. Por el IFE igual al 82% de la canasta familiar, por un seguro al desocupado que represente el 82% de la canasta. Aumento de las partidas alimentarias en cantidad y variedad para comedores, ollas y merenderos. Vacunas para toda la población. Plan de obras públicas y viviendas, urbanización de los barrios, agua potable, cloacas, trabajo genuino, bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones de desocupados. Desconocimiento de la deuda externa. Salimos este jueves, a las 10:30 hs., desde Liniers y desde el Puente Pueyrredón al Ministerio de Desarrollo, en CABA, con marchas y cortes en todo el país, apoyando esta jornada.

El 11 de mayo, el New York Times sorprendió con un titular: “Estas tres feministas están cambiando a la Argentina desde adentro”. Las artífices: Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujer, Género y Diversidad; Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que redactó el proyecto de ley sobre el aborto; y Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género, y autora de "Economía feminista", un best seller que, entre otras cuestiones, explica cómo las “gerentas” ayudan a aumentar la productividad laboral. Los cambios que “están reestructurando a la sociedad”, según el diario neoyorquino son: “Pagar a las mujeres por el trabajo no remunerado en casa. Entrega de alimentos a personas transgénero. Construcción de guarderías”. Fácil, reestructurar la sociedad. El NYT celebra que los refugios para víctimas de violencia de género hayan sido catalogados como esenciales durante la cuarentena y la política del “barbijo rojo” para denunciar violencia de género en las farmacias. Pero el Estado no dio ninguna alternativa a las más de 10.000 llamadas telefónicas mensuales que recibió de mujeres aterradas. En el primer trimestre de este año ni el barbijo rojo ni los refugios evitaron que hubiera por lo menos 70 femicidios. En muchos casos, las denuncias previas fueron objeto de burla o de la indiferencia en la Justicia y en la Policía. Un joven trans, Tehuel, está desaparecido hace dos meses sin que el Estado dé cuenta de qué fue de él. El fracaso de la política “feminista” contra la violencia ha sido reconocido por la propia ministra, incluso en la entrevista del NYT, cuando se limitó a teorizar sobre las “condiciones” que la producen sin alentar mayores esperanzas: “Los cambios necesarios son enormes y de naturaleza estructural, por lo que no se pueden resolver en un par de años o con una sola administración”. Otro aspecto que admira al NYT es “la entrega de alimentos de emergencia a la población trans y los pagos en efectivo (IFE) a los desempleados, trabajadores informales y las empleadas domésticas, la mayoría de los cuales son mujeres”. El mundo feliz del NYT olvida mencionar que el IFE, que está suspendido, consistió en un subsidio de misérrimos 10.000 pesos, que cobró exclusivamente una persona por familia en abril, junio y agosto del año pasado. En los últimos meses del 2020, aunque se aceleró la inflación, el gobierno lo “discontinuó” para ponerse en línea con las exigencias del FMI. La IFE no disminuyó una pobreza que en los últimos tres años pasó de abarcar 11,3 a 19 millones de personas (25,5% a 42%). Los “cuidados” gubernamentales que enorgullecen a las funcionarias feministas han hundido al 62,9 por ciento -7 millones de chicos y chicas- bajo la línea de la pobreza. El contexto social del gobierno que derrotó al patriarcado -Alberto Fernández dixit- es arrasador. En 2020 se perdieron más de un millón de puestos de trabajo. De éstos, 633.000 fueron informales, la mayoría mujeres. Pero la precarización del empleo femenino no empezó con la pandemia: solo una de cada 10 trabajadoras de entre 55 y 59 años podrá jubilarse al cumplir los 60. No tienen los años de aportes, aunque se hayan deslomado desde la adolescencia. Hoy el 85% se jubila a través de una moratoria (Clarín 21-7-20). A las funcionarias apologistas de la “economía solidaria”, sin embargo, no las desvela el trabajo precario de feriantes o empleadas domésticas sino que las labores de la casa -“las tareas de cuidado”- recaigan en las mujeres. Las entrevistadas creen que el calvario debe compartirse con los hombres. Pero que las mujeres inviertan 4 horas diarias en embrutecedoras tareas domésticas es una prueba de la barbarie capitalista: el desarrollo tecnológico permitiría que esas tareas tuvieran un carácter social, sin recaer ni en las mujeres ni en los hombres. D'Alessandro se enorgullece de que el IFE incluyó a las amas de casa como “una forma de reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar”. ¿Ignorará que las “amas de casa” o “cuidadoras domiciliarias” son la columna vertebral del movimiento de desocupados que llena las calles de todo el país con sus luchas, que son la primera línea contra el hambre en las barriadas, creadoras de infinitos comedores y merenderos a los que el ministro Guzmán ordenó suspender la entrega de recursos para orientarlos al pago de intereses de la deuda? D'Alessandro menciona un dato espantoso: “para el tercer trimestre de 2020, vemos que la actividad económica de las mujeres refleja su actividad económica de 2002, ¡así que retrocedimos dos décadas!”. Según Gómez Alcorta, para facilitar el acceso de las mujeres al trabajo -¿solidario?- el Ministerio de la Mujer promueve la creación de 800 jardines de infancia y guarderías, y “analizar las políticas de las licencias de paternidad y maternidad”. D'Alessandro va más lejos: imagina un universo de mujeres “profesionalizadas en el trabajo de cuidados” que ya no fregarán en el hogar sino en las guarderías. Lo primero que se debe decir es que los “jardines de infancia” del gobierno nacional y popular son los mismos CPI que impulsó Mauricio Macri. Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 45 días a 4 años no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social. No tienen, por lo tanto, un objetivo pedagógico sino de mera contención social. ¿Bajo qué convenio trabajarán las docentes y las “cuidadoras profesionalizadas”? Los CPI y los CDI establecen un doble estándar educativo, el de niños y niñas que van a jardines maternales y de infancia con currícula educativa y los que va a jugar un rato y a comer a un lugar alquilado a un centro de jubilados, un club o una Iglesia. Gran parte de la nota balancea la presencia de mujeres en los “altos cargos”. Gómez Alcorta celebra que ya son el 37,5 por ciento (con Macri eran 22 por ciento) y que más provincias tienen “leyes de paridad”. Ibarra destaca la creación de “un grupo en WhatsApp llamado “Mujeres en el gobierno”, una red de más de 250 mujeres, que se reúne, discute y “se ayuda unas a otras” (sic). D'Alessandro lamenta que “todavía existe una clara brecha de género, pero también en los sindicatos y en el sector empresarial. Creo que esto demuestra las dificultades de la sociedad, que, en su esencia, sigue siendo una estructura patriarcal y desigual dominada por hombres con una clara discriminación contra las mujeres. Eso es lo que tenemos que luchar.” La incorporación de feministas a los gobiernos burgueses no aporta a las demandas de las explotadas. Tiene la ventaja de que en el intento de dulcificar con jerga de género una crisis humanitaria, quedan expuestas sus módicas utopías y su impotencia para propiciar no ya la liberación de las mujeres sino siquiera alguna mejora en las condiciones de vida.

Finalmente, el martes 18, a través de un decreto difundido en horas de la tarde sin conferencia y sin dar la cara frente a la situación de la que es responsable, el gobernador Perotti, comunicó la suspensión de la presencialidad escolar en los departamentos la Capital, Rosario, San Lorenzo y otras localidades de la provincia, junto al anuncio de una serie de restricciones de la circulación. Perotti se ha visto forzado a admitir el fracaso rotundo de una política, que ha sumido a la provincia al mayor desastre sanitario de todos los tiempos; el fracaso del marquetinero eslogan del "regreso seguro" y la "presencialidad cuidada". El decreto tardío, sin embargo, ha sido acompañado de una resolución del ministerio de Educación que obliga a la docencia, al personal y a los asistentes escolares, a seguir asistiendo a las escuelas. Incluye a los alumnos y estudiantes, que deberán seguir desplazándose a los establecimientos educativos a recoger las actividades. La medida no garantiza tampoco el soporte y la conectividad para la virtualidad. Se perpetra además un nuevo ataque a los docentes reemplazantes ya que dejan de ser cubiertas las dispensas de los titulares (artículo 500). Se implementa de facto una doble jornada y una sobrecarga laboral, ya que los docentes deben entregar actividades de manera presencial en un turno y sostener la virtualidad en otro. También se establece que la modalidad de educación especial siga en siendo presencial, una discriminación aberrante contra un sector vulnerable. La medida, limitada en el tiempo, no comprende a todo el territorio provincial, ya que la condición para la suspensión es que se llegue al colapso total, sólo ante esa circunstancia se aplica el botón rojo. Descontrol El colapso sanitario lo reflejaron todos los titulares de medios locales durante la mañana del lunes 17. Se han agotado las camas críticas y tampoco se cuenta con más personal de Salud para ampliar la atención, o incluso seguir amontonando camas. En la capital santafesina, se han montado hospitales de campaña para hospitalizar personas en carpas en el predio del Regimiento, una manga de lona corta la Av. Freyre, principal avenida céntrica de la ciudad, para unir el Hospital Cullen con las carpas del hospital de campaña, porque el mismo personal el que debe repartirse para atender a los pacientes en ambos lugares. También se ha desalojado y desguazado la escuela especial Nº2090, que funcionaba detrás del Hospital de Niños "Alassia", de Santa Fe, para incorporar camas de internación en sus aulas. "Todo lo que se amplió ya se consumió", reconocieron el gobernador y su ministra de Salud en referencia a los respiradores y camas que llegaron como refuerzo de Nación. Sobre los terapistas recae ahora la horrorosa decisión de tener que escoger a quién salvar. El nivel de presión sobre trabajadores de salud es insostenible y proporcional a la desidia aperturista y criminal impulsada por los gobiernos. La realidad indica que hoy "la mayor cantidad de camas se liberan por decesos, no porque los pacientes se recuperan" fueron las declaraciones del director del tercer nivel del Ministerio de Salud de la provincial, Mediavilla. Incluso, por estas horas, la provincia gestionaba infructuosamente derivar pacientes a provincias vecinas. No se busca salvar vidas, sino administrar la catástrofe y salir del paso. Un colapso administrado Perotti y los intendentes son quienes edificaron este desastre anunciado. Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación declarara a la mayor parte del territorio provincial “en estado de Alerta Epidemiológica”, se anunció la demorada suspensión- por unos días- de la presencialidad escolar, sólo en algunas localidades. Por medio de medidas desesperadas, parciales, "focalizadas" y perecederas, el gobierno intenta dosificar el aumento de contagios para que, apenas se descomprima y afloje un mínimo la saturación del sistema sanitario, reiniciar el ciclo de la "nueva normalidad administrada". El lucro capitalista en la provincia de las grandes ganancias del negocio de las exportaciones agropecuarias, no acepta interrupción y demanda el sacrificio de vidas que sean necesarias. El papel de la docencia será clave La dirección de Amsafe dio a conocer la semana pasada, antes de los anuncios, que el número de contagios en edad escolar se multiplicó un 541%. Pero la misma conducción de Amsafe fue promotora de la apertura de las escuelas y del "regreso cuidado" a las aulas. Ha dejado correr la presencialidad pandémica que desembocó en este descontrol de contagios, sin convocar a asamblea, ni medidas de lucha, mucho menos paro. Las seccionales docentes conducidas por la oposición (Rosario, Caseros, General López y Belgrano) tampoco han sacado los pies del plato. No se han delimitado del planteo de la Celeste, que sugiere al gobierno "cierres provisorios, temporales y focalizados", en la línea de la ´presencialidad cuidada´ que siguen sosteniendo aún hoy ante la evidencia del fracaso de esa orientación y los hechos, ni han preparado a la docencia para poner en pie un plan de lucha. En la capital santafesina, en cambio, el Frente 4 de abril viene desarrollando el reclamo de la suspensión inmediata y han realizado actividades callejeras. Este fin de semana ha fallecido otro docente por Covid19, la ciudad de Esperanza. El compañero trabajaba en la escuela técnica N° 455. A pesar de atravesar un cuadro crítico de pulmonía, no pudo acceder a una cama de terapia, es la situación a la que se expone a la población trabajadora. Nos convocan a resignarnos a una calamidad humanitaria; queda en nuestras manos la defensa de la salud y la vida. Llamamos a que se convoquen y autoconvoquen asambleas para votar la inasistencia a las escuelas en toda la provincia. Poner en pie comités contra la presencialidad. Impulsar la huelga contra la presencialidad escolar y todas las actividades no esenciales; que el Estado asista a la población afectada; garantice el soporte y conectividad para desarrollar la virtualidad escolar, que se cubran las licencias y dispensas y se establezca un salario para reemplazantes. Hasta que la vacunación se extienda de manera masiva en la población y existan condiciones sanitarias y epidemiológicas efectivas para el regreso. Se está perpetrando un crimen de Estado de magnitudes inconmensurables. Nuestra respuesta debe ser acorde a lo que está en juego.

Ante la excepción de la virtualidad en educación especial y el avance de la presencialidad en escuelas primarias, a las que están siendo convocadas las maestras a dar clases a pequeños grupos de alumnos, la asamblea de docentes autoconvocados de Berazategui se reunió para discutir el avance de la “presencialidad administrada”. Luego de un debate, resolvimos hacer una agitación en el centro de la ciudad. De esta manera, el pasado lunes 10, un grupo de 15 docentes recorrimos desde Av. Mitre y 14 con carteles y un megáfono para visibilizar lo que esta sucediendo. El gobierno nacional le dice a CABA que hay que cerrar las escuelas por la suba de contagios mientras en la provincia Kicillof va avanzando con la presencialidad. Esta contradicción del gobierno no es nueva ni, mucho menos, casual. En este tiempo hemos comprobado (por si alguien le quedaban dudas) como la gestión capitalista de la Pandemia es un oxímoron, una contradicción de términos y, por lo tanto, un callejón sin salida. Después de un año y medio de clases virtuales, recién ahora el gobierno anunció la entrega de notebooks, en cantidad insuficiente, tarde y sin garantizar el acceso a Internet - pero, eso sí, cerca de las elecciones. El conflicto docente no se reduce solo a la presencialidad, si bien es claramente un tema central en un contexto de pandemia: la desocupación es alarmante, las paritarias ni siquiera cubrieron la inflación (ni hablar de que el salario cubra la canasta familiar), el estado de IOMA, el vaciamiento del IPS y un largo etc, son temas que forman parte de la agenda de los trabajadores de la educación. Desde Tribuna Docente (tendencia) de Berazategui llamamos a los docentes a organizarse y sumarse a la asamblea de autoconvocados, para enfrentar el ajuste, el avance del gobierno con la presencialidad y la complicidad de la burocracia sindical. La próxima asamblea se hará el próximo viernes 21 de mayo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la campaña por la legalidad de la Tendencia cobra nuevos bríos en la última etapa. Ya superamos la primera instancia presentando más de las 4.000 adhesiones necesarias para obtener el reconocimiento provisorio. Sin objeciones de las demás fuerzas políticas del distrito, estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Electoral para la convalidación de Política Obrera, la denominación electoral de la Tendencia del Partido Obrero para los próximos comicios. Inmediatamente después, podremos comenzar a acercar las fichas de afiliación que ya llevamos reunidas y continuamos recogiendo. En el último fin de semana, sostuvimos mesas en siete parques y superamos las 200 fichas porteñas por jornada. La actividad callejera nos ha puesto en contacto con miles y miles de trabajadores. Hemos salido a las calles con una declaración política, “Por la salud y la vida de los trabajadores”, que ha servido para conquistar varias firmas. Hemos constatado un reconocimiento a la intervención política de los dirigentes de la Tendencia del Partido Obrero, y en particular Jorge Altamira y Marcelo Ramal. Nuestro derecho a tener voz en las próximas elecciones ha recibido el apoyo de dirigentes y militantes de otras organizaciones, políticas y de derechos humanos. “¿Pero de qué Partido Obrero son? ¿De la Tendencia?”. En Parque los Andes, un papá aceptó firmar la ficha de afiliación al escuchar la respuesta. No siempre se conoce la crisis política que llevó a la conformación de la Tendencia del Partido Obrero, pero se hace relativamente fácil de resumir cuando se menciona quiénes son los compañeros que quedaron ´de este lado´. En aquellos barrios donde el PO tiene tradición y la campaña por la legalidad ha sido sistemática, como en el caso de La Boca, los vecinos se acercan ellos directamente con el DNI en la mano a la mesita. En el Parque Centenario es habitual que en cada actividad haya vecinos -y muchos jóvenes- que se detienen a charlar con Marcelo Ramal, firmar su ficha e incluso sacarse una selfie, incluso sorprendidos de que él mismo esté involucrado personalmente en la campaña. Hemos instalado mesas en nuevos puntos de la ciudad, como Saavedra. “Qué bueno que volvieron, siempre nos acordamos de Ramal por acá”, nos dijeron vecinos del Barrio Mitre que, en apenas dos horas, nos aportaron 27 afiliaciones. Muchos nos propusieron que volviéramos en otros horarios para encontrar a las familias. Por otra parte, compañeros y compañeras de la juventud del Polo Obrero (T) de las villas porteñas, que han comenzado a integrarse a la UJS, están poniendo sus propias mesas y a juntar afiliaciones entre los compañeros de las secundarias, al interior de los barrios. Durante la semana, además, lanzamos una primera tanda de videos grabados por Eva Gutiérrez, Marcelo Ramal, Silvia Alocatti, Jorgelina Signa, y Flor Palombo, convocando a firmar por la legalidad. La iniciativa tuvo una buena repercusión, ya que hemos obtenido numerosos contactos a través del formulario online y de las redes sociales de Política Obrera. El aporte de cada compañero es fundamental para lograr el objetivo y recuperar la legalidad electoral de nuestro partido. Llamamos a todos nuestros simpatizantes a sumarse en estas próximas semanas, con su firma y también con su presencia en cada mesita. Vamos a lograrlo. Sábado 14hs Parque Rivadavia 15hs Parque Patricios 15hs Parque Lezama 15hs Parque Centenario 15hs Parque Saavedra Domingo 15hs Parque Patricios 15hs Parque Lezama 15hs Parque los Andes 15hs Parque Saavedra 15hs Boedo e Independencia

La magnitud del entrelazamiento entre el fútbol y otros deportes profesionales, de un lado y los grandes negocios capitalistas, del otro, se ha multiplicado con la pandemia. Eso se ve simplemente en las presiones para no detener el espectáculo. Ian Kershaw, biógrafo de Hitler, señaló que las carreras de caballos en Alemania no se detuvieron ni cuando el derrumbe había parado al 90% de la industria. Hoy, en Argentina -con presencialidad perfecta- hay carreras los siete días de la semana en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, con riesgos ciertos para los miles de trabajadores que los hacen funcionar. De esto no hablan los Fernández ni, por supuesto, los Cristóbal López, pero tampoco Macri, Larreta o Carrió. Al final, los equinos no contagian. La NBA sigue su deporte-show, y lo mismo todas las copas europeas. En Argentina, la AFA se ‘inspira’ en ellos para hacer rodar el fútbol aun con equipos diezmados por el Covid. Ocurrió con el modesto Sarmiento de Junín, pero ahora le toca a River, la gran vidriera. Las patronales del espectáculo de la pelota no quieren parar el fútbol ni en Colombia, recorrido por la segunda y tercera ola de Covid y una inmensa rebelión popular. En defensa de la Conmebol, el presidente de River ha llegado al límite de la desvergüenza. "Vamos a jugar mañana como corresponde, dijo, porque si no tendremos sanciones. Vamos a competir, pero lo lógico es no jugar. Cumpliremos con el reglamento porque las sanciones serían severas. Jamás pensamos en no jugar" (T y C Sports). River irá sin arquero profesional. El 28 de abril del 2019, Marcelo Bielsa, frente a un error garrafal de un juez que le validó un gol a su equipo, el Leed, contra Aston Villa, obligó a sus jugadores a dejarse hacer un gol que compensara el error que perjudicó al equipo contrario. Si tanto teme D’Onofrio las sanciones de la Conmebol, debería presentar a River sin arquero para que pierda por 20 goles para exponer crudamente ante el mundo el ensañamiento de la voracidad capitalista con la vida de sus propios jugadores. Los jugadores están nucleados en un sindicato, con los límites políticos de sus direcciones; pero Futbolistas Agremiados tiene la responsabilidad de tomar medidas en defensa de sus propias vidas, como lo han hecho, aunque en forma parcial, los sindicatos docentes. Frente a la gravísima situación que afronta la práctica profesional del futbol, es hora de que intervengan los capitanes de todas las divisiones, parar el fútbol, o sea mediante una huelga general. River muestra que el contagio no se evita con protocolos. El nivel de contagios en la Argentina llegó al pico de 34.000 diarios. Claro que los jugadores de los clubes chicos deben percibir un haber mientras se paraliza el fútbol; también para técnicos, cancheros y personal de administración.

Los contagios de Covid 19 crecen día a día en la provincia y el sistema sanitario sigue vaciado y al borde del colapso. En la última semana los casos han crecido un 50% con respecto a la semana anterior y un 800% con respecto a la semana de inicio de clases. Desde que comenzaron las clases, los contagios entre el personal educativo triplica el promedio de contagios sobre el resto de la población. Ya tenemos seis compañeros docentes fallecidos por Covid, tres de ellos en los últimos días incluso hoy. El gobierno es responsable por su política de apertura económica y de presencialidad educativa en medio de la pandemia. La docencia retoma la lucha Contra esta política criminal los docentes ya comienzan a ponerse en pie de lucha, como lo hicieron los compañeros de la escuela 5045 de La Caldera, quienes pararon hoy por la muerte de su compañero, el preceptor Miguel Burgos. La agrupación Movimiento Docente, una escisión de la burocracia de Sitepsa, llama a parar el 21/05 próximo por 24hs denunciando los contagios y muertes docentes y planteando que no hay condiciones para seguir con la presencialidad. Los compañeros de Tribuna Docente estamos llamando a la huelga ese día y en las recorridas por las escuelas un importante sector de la docencia saluda que se tome algún tipo de medida, disponiéndose a discutir y sostener la medida de fuerza. A la vez, un plenario provincial de docentes autoconvocados, realizado el fin de semana pasado ha votado para el mismo 21 una jornada de lucha y la convocatoria a una asamblea provincial para el 22 próximos. Los autoconvocados de la capital han decidido convocar para el 20/05 una asamblea virtual para discutir su posición ante el paro del día siguiente para que éste pueda ser discutido y votado por las bases. Los autoconvocados surgimos en el 2005 en base a la participación y el impulso de los paros aislados de ATE y la ADP en 2004, lo que nos permitió medir y desarrollar fuerzas para irrumpir con todo al año siguiente. Maniobras contra la lucha Por la enorme presión de las bases, los burócratas de la intergremial docente (ADP, AMET, SADOP, UDA), acaban “decretar” (sic) una suspensión semanal de las clases presenciales y sin exigir los insumos tecnológicos y conectividad necesarios para garantizar la virtualidad. El gobierno respondió ratificando las clases presenciales y que no se tomará ninguna medida antes de los anuncios nacionales de Alberto Fernández. El presidente del COE ha declarado que “no vamos a cortar las clases porque no son el foco de contagio” (El Tribuno, 18/05). La intergremial afirmó que a lo sumo avalaría la medida de cada docentes con presentaciones legales, en un país donde la Corte Suprema que defiende a muerte la presencialidad escolar aún a sabiendas de sus graves consecuencias sanitarias en pandemia. Los burócratas de la intergremial son incapaces de llamar a la huelga para defender su “decreto”, por el contrario hacen malabares para aplacar la bronca de las bases y a la vez cerrar un acuerdo con el gobierno de Sáenz, quien cree poder seguir jugando impunemente con la salud y la vida de los docentes y la población. Defendamos nuestra vida con la lucha La exigencia de suspensión de las clases presenciales hasta que la totalidad del personal educativo (docentes, administrativos y estudiantes) estemos vacunados, que realizamos los docentes autoconvocados, hoy toma cuerpo en contingentes muchos más amplios de docentes porque la escalada de casos y la muertes de compañeros está pudiendo más que los aprietes y manipulaciones del gobierno para mantener las escuelas abiertas. Vamos todos a la asamblea de capital, paremos el 21 y hagamos una jornada activa de lucha, como impulsamos los autoconvocados. Vamos masivamente a la asamblea del 22/05. Que se suspendan las clases presenciales y se garanticen los insumos tecnológicos y conectividad para docentes y estudiantes; que se reconozca al Covid como enfermedad laboral; por una jubilación del 82% móvil del salario activo y con 25 años de servicio sin límite de edad; y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar ante una inflación que se proyecta por arriba del 55% anual. Impulsemos asambleas en cada establecimiento y localidad para ello. La defensa de nuestra salud y nuestra vida está en nuestras manos.

El plenario de delegados y delegadas de SUTEBA Escobar realizado el 18 de mayo aprobó por unanimidad, en caso de que el gobierno pretenda regresar a la presencialidad escolar, 72 horas de paro y asamblea para definir continuidad. Las distintas intervenciones dieron cuenta de la crítica situación que atraviesan la docencia y la comunidad educativa, en el distrito, frente a la crisis epidemiológica y económica. Quedó más que claro que el “retorno seguro a las aulas” del Gobierno y el FUDB, lo único que arrojó como resultado fueron docentes contagiados y fallecidos por COVID19 y un abrumador aumento de casos positivos y muertes en la comunidad educativa escobarense. Los bajos índices de vacunación, el vaciamiento del IOMA y el “oficialmente declarado” colapso sanitario local, agravan significativamente la situación. Con una asistencia de 50 delegados y delegadas, el informe y varias intervenciones de integrantes de la Directiva, giraron en torno al enfrentamiento que vienen sosteniendo las agrupaciones del FITU con la agrupación del Secretario General, quien pretendió poner un tiempo límite al plenario, e inclusive llegó a intentar que se cerrara la lista de oradores sin que hubieran intervenido todos los anotados para hablar. La crítica situación, plagada de reclamos y acusaciones de ambas partes, llegó a tal punto que peligró la continuidad de la reunión. Ante esto, desde Tribuna Docente Tendencia planteamos una moción de orden, dejando en claro una vez más que rechazamos cualquier pretensión de convertir a la Seccional en un campo de disputas faccionales, en defensa de nuestra herramienta de lucha. Una vez reencausado el debate, se expresaron intervenciones en torno a la cuestión salarial y el brutal aumento de la “desocupación docente”. La gestión capitalista de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández, Kiciloff y Trotta, bajo la falsa premisa de “priorizar la vida antes que la economía”, ha sometido a la docencia a la peor precarización laboral, a través de planes de hambre como el ATR, el PIEDAS y el FORTE -que tampoco alcanzaron a la totalidad de las y los docentes desocupados- deteriorando velozmente las condiciones de vida de sus trabajadores. También fue rotundo el rechazo a las “guardias mínimas” que intentan imponer las autoridades e inspectores. El reclamo sobre la universalización de la vacunación y el SAE, las obras de infraestructura paralizadas y la absoluta carencia de recursos tecnológicos para sostener la educación remota, deja cuentas de un cuerpo de delegados en pie de lucha por los reclamos más sentidos de la comunidad educativa. También, se promovieron solidaridades por las campañas de “Justicia por Yanina Miranda” y “Justicia por Luna Ortíz”; y con los trabajadores del transporte que se encuentran en lucha por un salario de 100.000 pesos y un plan de vacunación. Asimismo fue reforzada la convocatoria al Plenario Provincial Multicolor del próximo viernes y la denuncia sobre la dirección provincial del SUTEBA de Baradel, que viene acompañando la política de hambre y enfermedad del Gobierno. Sin embargo, no surgió el mandato para llevar al próximo plenario provincial frente a un posible retorno a las aulas en el marco de la nueva “presencialidad administrada” del Gobierno, la UIA y las patronales. Tribuna Docente (oficial) intentó justificar el boicot a un mandato unificado en que “todo lo que podamos votar está condicionado por el posible anuncio presidencial”, y no propuso nada. La Lista Roja propuso una asamblea para la próxima semana, ya vencido el actual DNU, “para ver cómo se sigue”. Nuestra moción, la única en el plenario, fue clara: partiendo de que el Estado es responsable de la actual crisis “pandémico-educativa” por promover la presencialidad, no hay “semáforo” que valga. Sostenemos, como desde un principio, que mientras dure la pandemia debemos rechazar la presencialidad; y que en caso de cualquier intento de retornar a las aulas presencialmente, propusimos paro provincial de 72 horas y asamblea para definir continuidad, para llevar como mandato al Plenario Multicolor. La agrupación Almafuerte apoyó la moción; mientras que las demás agrupaciones quisieron “diluirla” en una formulación poco clara. Desde Tribuna Docente (Tendencia) rechazamos este tipo de maniobras, por lo cual exigimos se someta a votación la única moción que fue planteada, y con claridad, al cuerpo de delegados, finalmente aprobada por unanimidad. El plenario de delegados y delegadas de Escobar, ha discutido y mandatado la continuidad del plan de lucha contra la política de ajuste, hambre, enfermedad y muerte del Gobierno. En este camino, la coordinación por un plan de lucha provincial en defensa de la vida, la salud, las condiciones de trabajo y el salario se hace indispensable.

Tras más de 20 días de rebelión popular, el gobierno y el Comité Nacional de Paro se volverán a sentar a negociar el 20 de mayo. Los reclamos del CNP (“pliego de emergencia”) constan de menos de una decena de puntos. Hace un año éstos eran más de 100. Son reclamos propios de un programa mínimo, pero en su mayoría imposibles de cumplir para el gobierno para militar de Duque, que sostiene acuerdos con el gran capital nacional y el FMI. Es un programa que no alcanza la altura del programa mínimo en Chile: fin a la jubilación y educación privada, abolición de la Constitución de Pinochet. Uno de los principales reclamos es la renta básica: un salario familiar igual al mínimo mensual vigente, de 908.526 pesos (250 dólares). Este programa complementaría los programas sociales. Desde sectores de la burguesía dicen que se necesitarían cuatro reformas tributarias como las que planteó el exministro Carrasquilla” – el detonante de la rebelión popular. “Un salario mínimo para millones de personas, que pueden ser 20 o 30 millones según se entiende de su propuesta, valdría unos 80 billones”, mientras que “el recaudo tributario total del gobierno son 140 billones de pesos” (el tiempo, 16/5). Esta observación pone de relieve una debilidad del programa del CdP: quienes deberían financiarlo son los contribuyentes, no las patronales en forma directa, mediante el aumento de salarios. El enfoque del CnP es “populista”, no es “clasista”. El conjunto de su estrategia está dictado por la colaboración de clases. La alcaldesa de Bogotá plantea, en su página web, una “renta básica” de solo 120.000 pesos (30 dólares), que se entregan en caso de no recibir otras asignaciones. El salario mínimo ($908.526) cubre el 60% del nivel de pobreza ($1.310.000) y el 25% de la canasta básica familiar ($3.488.577) según el DANE. La mayoría de los jóvenes cobran el mínimo. En marzo el desempleo juvenil era de 23,5%. Son los que sostienen los puntos de resistencia. La primera línea, que enfrenta el ataque de la policía,; la segunda que la refuerza; y la tercera línea, que se hace cargo de los auxilios médicos. El otro proyecto que generó gran rechazo popular es proyecto de ley 010, mejor conocido como la reforma de salud, que aunque está paralizado en el Congreso, puede ser movilizado con la “mermelada” (corrupción). El proyecto, denuncian gremios y la Federación Médica Colombiana, autoriza el desvío de fondos públicos al sector privado. Permite la formación de grandes consorcios farmacéuticos para recibir estos “incentivos” e introduce el concepto de “prima”, avanzando en la privatización del servicio. Las “primas” –sin tope– cubren lo que no está en el “plan básico” de salud. Sin embargo, los subsidios estatales al capiital no dejan de fluir. En Colombia, el sector salud se financia en más del 75% con recursos públicos. Se calcula que el estado gira a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) $800.000 por año por afiliado. Los gremios denuncian la “liquidación del hospital público”. La reforma habilita contratos “flexibles”. La gestión de la pandemia de Duque ha sido un fracaso (sin pruebas, vacunas, cercos epidemiológicos) pero ha enriquecido a los prestadores de salud privada. En relación a la educación,hay 890.000 jóvenes que acumulan deudas con el Icetex (instituto de préstamo a los estudiantes). El título universitario no garantiza más que uno o dos salarios mínimos (menos de 500 dólares). El CNP reclama que se investiguen todas las denuncias de abusos y violaciones. Hay más de 50 muertos y más de 500 desaparecidos. La violencia sistemática contra las mujeres evidencia un plan de guerra. En respuesta, las mujeres son protagonistas de la primera línea y en los piquetes cantan “el violador eres tú”, en referencia al estado. Ante eso, el CNP propugna la feminización de la policía y promueve que las policías formen la primera línea de contención de las manifestaciones. Otro planteo, la protección de la industria, pretende atender a la quiebra del capital mediano en la crisis. La principal medida para ello, la nacionalización sin pago de los bancos y de los pulpos del comercio exterior, no figura, sin embargo, en las reivindicaciones. El programa del CNP tiene correspondencia con su política, que es arribar a un acuerdo nacional, incluido el gobierno si es posible, o fracciones del gobierno. La oposición patronal ni se anima a considerar esa posibilidad mientras las masas sigan en las calles, y no logrará nada del gobierno si consigue sacarlas de ellas. En esto consiste el freno de mano de la poderosa movilización popular.

El pasado viernes 14 de mayo, gracias a la presencia de organizaciones políticas y barriales en apoyo a la lucha de los trabajadores de salud de la clínica Sagrado Corazón de Hurlingham, se pudo evitar un desalojo de manera provisoria. Los trabajadores de la clínica vienen reclamando que se acepte constitución como cooperativa, ya que desde el año pasado la patronal ha dejado de pagar salarios, rescindió contrato con Pami y viene intentando llegar al cierre definitivo de la clínica. Este establecimiento de salud cuenta con 120 camas para internación, 10 camas UTI, y un aparato productor de oxígeno para tubos en terapia intensiva. En el contexto actual de pandemia sería un dislate no contar con estos medios para el usufructo de la población. En este sentido, el municipio de la gestión de Juan Zabaleta, ligada al gobierno nacional, no ha hecho más que brindar asesorías legales, pero sin arrimar ninguna solución. El camino a seguir lo vienen marcando los trabajadores de la clínica, que se turnan entre compañeros para evitar el vaciamiento de equipos del establecimiento, mientras que esperan respuesta positiva para funcionar legalmente como cooperativa. En un marco de crisis sanitaria, mientras el gobierno deja al libre albedrio el negociado de la salud por parte de las empresas prestadoras de servicios, más que nunca debemos apoyar esta lucha signada por la toma de los trabajadores de la clínica para que se abra lo más pronto posible. Hacemos responsable al gobierno nacional, provincial y municipal por no hacerse cargo de la apertura de la clínica en un contexto de colapso sanitario. Apertura ya. Defendamos los puestos de trabajo. Que el estado se haga cargo del pago de salarios y del mantenimiento operativo de la clínica. Abajo el desalojo. ¡Viva la toma de los trabajadores de la clínica” Sagrado Corazón de Jesús”!

Los Mercantiles Combativos asistimos a la jornada de lucha frente a la sucursal Belgrano de Garbarino, donde los trabajadores de esta empresa reclaman por sus salarios, bonos de fin de año adeudados y suspensiones arbitrarias. A continuación, la entrevista a un referente de la lucha que promete continuar hasta conseguir lo que corresponde. Pago total de lo adeudado y reincorporación inmediata de todos los trabajadores suspendidos. ¿Por qué se movilizan? La movilización fue de manera autoconvocada por los empleados de la sucursal Belgrano. De ahí nació el grupo y fuimos ampliándolo para que se sumen todos y visibilizar nuestro reclamo hacia la empresa. ¿Cuáles son los principales reclamos de los trabajadores de Garbarino? El principal reclamo es por salario. A los empleados que estamos suspendidos solo nos han pagado el 75% del sueldo de marzo y hasta ahora nada de abril. Los empleados actualmente activos tienen totalmente abonado el sueldo de marzo pero solo con un 25% de abril. Así y todo están debiendo dos cuotas del bono de fin de año: tanto a los trabajadores activos como a los suspendidos y licenciados, la empresa nos ha pagado la cuota correspondiente a enero pero adeuda las de febrero y marzo. También estamos reclamando la reincorporación de los empleados suspendidos arbitrariamente, el pago de los aportes a la obra social -que hace más de un año que no están abonadas- y la reestructuración de manera uniforme para empleados que están licenciados por ser pacientes de riesgo. Estos trabajadores están siendo discriminados en el pago de su salario ya que no cobran el 100% sino el 75% como los trabajadores suspendidos. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa ante los reclamos? En este sentido, ¿cómo definirías el accionar del gremio? La respuesta de la empresa es absolutamente nula respecto al reclamo de los suspendidos y de los trabajadores aún activos, es decir actualmente trabajando. El gremio tampoco ha dado respuestas, hemos intentado contactarlos pero no hubo caso. De parte del gremio solo nos llega la información de lo que pasa con la compra-venta de la empresa, o sea el pase de manos. Nos dicen que la empresa no tiene plata. Sentimos que el gremio es vocero de la empresa en vez de defender nuestros puestos de trabajo que es lo que debería estar haciendo. ¿Cómo influyó la pandemia y las restricciones en el conflicto? La pandemia no ayuda para nada, como ocurre en todo el mundo. Además es por motivo de la pandemia que existe este artículo por el cual estamos suspendidos, es la columna vertebral de este problema. Pero la empresa ya viene con este accionar desde antes del Covid y la pandemia: Antes del 2020 la empresa ya pagaba el salario en cuotas. Como grupo de protesta hicimos caso a todas las restricciones. Cumplimos todos los protocolos usando barbijo, manteniendo distancia, utilizando alcohol para sanitizarnos y realizando nuestro reclamo al aire libre. Las restricciones influyeron específicamente porque tuvimos que realizar el reclamo dentro del horario habilitado para circular. ¿Un mensaje para el resto de los trabajadores? Debo sacarme el sombrero frente a mis compañeros activos que están trabajando en la sucursal que, aun con miedo, se exponen al contexto de la pandemia. Los activos tampoco están de acuerdo con trabajar sin protocolos Covid, es una de las cosas que también venimos reclamando. El mensaje es que hay que animarse a reclamar, nada puede ser peor que lo que pasa ahora: trabajar gratis o sin el total del sueldo, tanto para los que están activos como para los que estamos suspendidos o de licencia. Llamamos a que todos se sumen, la gran parte de nuestra sucursal que está suspendida o de licencia está reclamando con nosotros. Hay varios compañeros que realmente no pueden estar por ser pacientes de riesgo o compañeras por embarazos avanzados. Yo como compañero los entiendo. También hay compañeros activos en la primera línea de reclamo y eso se valora muchísimo. Hay que animarse a reclamar para todos, no estamos haciendo nada fuera de la ley, estamos reclamando lo nuestro. Esta la única manera de lograr nuestros reclamos, estando unidos frente a lo que hace la empresa.

La circulación de las nuevas cepas, británica y brasileña, ha provocado un aumento de las muertes así como un descenso en las edades que se ven afectadas. El salto exponencial de los contagios y las muertes en Argentina ha despertado la atención de la prensa mundial. Por caso, The Guardian ha realizado entrevistas a varios médicos y especialistas sobre la situación que se vive particularmente en los hospitales de CABA. El diario británico señala que la segunda ola tomó con “la guardia baja” al país, puesto que existen restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación. Las cifras demuestran un crecimiento exponencial pasando en solo 60 días de 5.000 a 35.000 casos diarios, lo que se tradujo en un ascenso de las muertes que llegaron a un récord de 744 muertos solo el martes. En términos de casos diarios, Argentina se ubica en tercer lugar a nivel mundial solo detrás la India y Brasil. Mientras que en muertes, figura cuarto por detrás de Brasil, India y Estados Unidos. Pero al relacionar los datos con la población Argentina pasa a ocupar el primer puesto con “16,46 muertes por Covid por millón el martes, superando con creces a su vecino gigante Brasil, que registró 11,82 por millón” (Ídem). La doctora de cuidados intensivos en el hospital Fernández, Vanina Edul, señala que “veo a gente morir en menos de una semana, pacientes jóvenes que no responden al tratamiento (…) luego hay otros pacientes cuyo nivel de oxigenación no es tan malo, pero mueren de todos modos” (The Guardian, 20/05). Agrega que “con estos últimos números, podemos esperar una catástrofe total en 10 días”, puesto que “treinta y cinco mil casos nuevos el martes significan que 1.500 pacientes ingresan a cuidados intensivos en 10 días”, a lo que agrega con preocupación “y no sé dónde los vamos a poner". Las unidades de cuidados intensivos (UCI) se encuentran en un nivel más que crítico, con un nivel promedio de ocupación del 90% en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y CABA. Lo que se suma a que varias ciudades tienen un 100% de ocupación y los traslados de una ciudad a otra son muy riesgosos. Esta información que surge a partir de un censo nacional de la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos (SATI) incluye también que el desborde de pacientes se da en UCI improvisadas en salas de cardiología e incluso en los pasillos de los hospitales y clínicas. El jefe de cuidados intensivos de la clínica Otamendi, Arnaldo Dubin, presenta la desesperada situación: “Argentina se encuentra en una situación de colapso sanitario. Nuestros hospitales están desbordados y el eslabón débil de la cadena son nuestras unidades de vehículos intensivos, que tienen insuficientes recursos tecnológicos y humanos, insumos o medicinas” (Ibídem). El colapso también es señalado por el aumento de las tasas de mortalidad, que en algunos lugares oscila por encima del 75% de los ingresados en UCI. Solo 1 de cada 4 internados sobrevive en la terapia intensiva. Esta situación está llevando a un colapso físico, psíquico y humano del personal de salud. Dubin señala que “los médicos de cuidados intensivos en Argentina han entrado en un punto de fatiga terminal". Y Edul agrega “no importa cuántas camas adicionales pongan en las salas, lo que tenemos es un colapso del sistema porque no hay suficientes médicos”. La falta de trabajadores responde directamente a las muertes y otras enfermedades derivadas de la pandemia: “algunos de mis colegas han muerto de Covid, otros sufren depresión o han intentado suicidarse. Muchos de los que trabajaban en tres hospitales diferentes han dejado uno debido al estrés” señala Edul (The Guardian, ídem). Edul y Dubin concuerdan en que las medidas del gobierno son insuficientes y que tampoco se cumplen esas pocas medidas vigentes. “Si se mantienen las restricciones y la gente se vacuna lentamente, hay motivos para la esperanza” afirma Edul. Sin embargo, el gobierno ha demostrado una rotunda negativa a declarar una Fase 1, es decir, el cierre total de las actividades no esenciales. Para el cronista de The Guardian, el problema principal ha sido la politización de la pandemia por parte de los partidos y coaliciones políticas, a causa de las elecciones de medio término y de las carreras presidenciales hacia 2023. La crisis política que atraviesa Argentina, y que envuelve a todos los partidos patronales, responde, en realidad, a la gestión capitalista de la pandemia, que ha impuesto un “retorno a la normalidad” en el peor momento, con la aparición de nuevas cepas, bajo nivel de vacunación y sin un mejora del sistema de salud ni una ampliación de la planta de trabajadores de hospitales y laboratorios. La incompatibilidad entre el capital y la vida se acrecienta y se transforma en el caldo de cultivo de los choques brutales entre los trabajadores, la burguesía y sus gobiernos.

El martes 18 los trabajadores tercerizados de Edesur irrumpieron con un corte en el Obelisco, en reclamo por el pase a planta, el correcto encuadramiento convencional y sindical, y la reincorporación de todos los compañeros despedidos. Se trata de un capítulo más de una larga lucha que viene protagonizando estos trabajadores desde hace más de un año, y que confluye con el reclamo de miles de trabajadores fraudulentamente contratados bajo convenio UOCRA, que ahora son despedidos bajo el “amparo” de la excepción impuesta por el gobierno para este rubro, respecto de la prohibición legal de despidos. En simultáneo al corte del Obelisco, otros trabajadores tercerizados, esta vez por la telefónica Claro realizaban otro corte en la puerta de su empresa. Edesur, como el resto de las empresas de servicios, con la complicidad del gobierno y las burocracias sindicales, tienen institucionalizada la tercerización masiva de tareas propias de cada actividad, así trabajadores de las telefónicas, de los cables, de la energía, del gas y del agua, realizan tareas de planta, con autorización de las empresas principales, pero tercerizados bajo las negreras normas que rigen para los trabajadores de la construcción. El caso particular de los trabajadores contratados para Edesur mediante “EMA Servicios S.A.” es grosero. Los compañeros cuentan con herramientas y credenciales homologados por Edesur, en su credencial figura el logo de Edesur y sus tareas: desconexión y conexión de medidores, inspección de perdidas, asistencia a los usuarios en caso de cortes, todas estas tareas sin excepción se desarrollan sobre el servicio público de energía eléctrica, los propios medidores son propiedad de Edesur, que se encuentra enlazada con EMA a tal punto que el logo de esta última figura en las boletas que llegan a todos los hogares, lo cual deja al ENRE y al estado nacional en calidad de cómplices de este fraude absoluto. Capítulo aparte merece el nefasto rol del sindicato de Luz y Fuerza que no solo no mueve un dedo contra el fraude del que los compañeros son víctimas, sino que peor aún, no los recibe, se niega a afiliarlos, y los pretende mandar a UOCRA, demostrando que no solo no es parte de la solución, sino que además es parte del problema, y que está asociado a este fraude negrero. Frente a ello los trabajadores se organizaron mediante asambleas y eligieron sus delegados. Ya el año pasado realizaron las primeras protestas porque fueron suspendidos sin goce de haberes, este año volvieron al conflicto, nuevamente por suspensiones que volvían hacer caso omiso al decreto de prohibición, contra despidos, y por el reclamo de reencuadramiento convencional en Luz y Fuerza. Gracias a esta lucha lograron frenar las suspensiones y despidos y que se le pagara integralmente el sueldo. Sin embargo luego de que se movilizaran a la Quinta de Olivos, donde fueron a reclamar una solución a la cuestión del encuadramiento al propio presidente, y tras la “excepción” dispuesta para la Uocra en el último DNU de 2prohibioción” de despidos, los trabajadores fueron despedidos masivamente. Previamente ya habían sido despedidos los trabajadores de Argencobra que también reclamaban a Edesur el pase a planta. Frente a este cuadro es que los trabajadores se encuentran realizando un plan de lucha, que ya ha abarcado cortes en el puente Pueyrredon, piquetes en las centrales de Edesur, concentración en la quinta presidencial y piquete en el obelisco, buscando siempre la unidad y la coordinación con otros sectores en lucha. Plan de lucha que enfrenta un bloqueo mediático como devolución de gentileza de las patronales de medios con Edesur que en una suerte de soborno mediático es anunciante en todas, tal y como le explican los movileros que van a cubrir los cortes de tránsito a los trabajadores que les resulta difícil salir al aire. Tras el último corte obtuvieron una audiencia para la semana entrante en el Ministerio de Trabajo, un paso adelante, sin embargo los trabajadores no se confían, saben que el Ministerio está intentando desentender del tema a Edesur, y que cuentan por ahora con la contra del sindicato que los debería representar, a favor cuentan con su sólida decisión de lucha. Viva la lucha de los tercerizados de Edesur. Pase a planta de Edesur, reencuadramiento convencional y sindical ya. Que el gobierno, Luz y fuerza y la patronal se hagan cargo de dar una respuesta, que no puede ser otra que la reincorporación de todos los compañeros, bajo el convenio que corresponde y en la empresa para la que trabajan.

Convocados por el SUTEBA, entre los días 17 y 18 de mayo se llevaron adelante plenarios de delegados en todos los distritos de provincia de buenos aires. Las reuniones se desarrollaron con el telón de fondo de un avance sin precedentes de la pandemia en la provincia y en el país, batiendo records de contagios y fallecimientos. La dirección del sindicato convocó a las reuniones de manera intempestiva, lo que tuvo como consecuencia que las reuniones sean con pocos participantes y que los delegados que participaron lo hicieran en nombre propio, ya que no pudieron realizar asambleas en sus escuelas para concurrir a las reuniones con el mandato de sus compañeros. Como es costumbre, los encuentros tuvieron un carácter “informativo” y no hubo posibilidad de presentar mociones y de votar. En los distritos dirigidos por la multicolor se resolvieron medidas de lucha si el gobierno no extiende la suspensión de la presencialidad escolar en el AMBA. En las reuniones de delegados, la dirección del sindicato se dedicó fundamentalmente a aplaudir la gestión de la pandemia que ha realizado el gobierno, cuando la crisis social y el avance de la pandemia están formando un coctel explosivo para cualquier analista político. Con más de 7 millones de personas adultas bajo la línea de la pobreza y más del 60% de los niños en la misma condición, una inflación galopante que día a día se carcome los salarios, las jubilaciones y la poca “asistencia” social que existe, la lista celeste sale a rendirle pleitesía al gobierno nacional y provincial, que sigue la ruta del ajuste “fiscal” que le ha marcado el FMI para llegar a un nuevo acuerdo colonial. Presencialidad “administrada” El gobierno provincial se encuentra sosteniendo la suspensión de la presencialidad escolar en 47 de los 132 municipios de la provincia de buenos aires. Incluso ha retomado la presencialidad en algunos en los que estaba suspendida (Bahía Blanca). En los hechos, Kicillof se encuentra aplicando la presencialidad “administrada”, es decir, suspendiendo la presencialidad cuando el distrito haya superado un límite de contagios, ocupación de camas y muertos “tolerables” (“alerta epidemiológica”). Pero incluso distritos como Bragado, Ameghino, Chivilcoy, General Lavalle, Pergamino y General Pueyrredón, que cuentan con índices superiores a lo establecido por el DNU Presidencial y el propio Decreto Provincial para mantener la Fase 3, la presencialidad se sostiene. En los últimos once días, sólo en Mar del Plata, fallecieron 5 compañeros docentes a causa del covid. Ante esta situación la dirección provincial del sindicato se ha limitado a sacar un comunicado solicitando que el gobierno “evalúe” el pase a fase 2 de estos siete distritos y no propuso en las reuniones de delegados ningún plan de acción ni medida de lucha para conseguirlo. La provincia de Buenos Aires también está sosteniendo, en todos los distritos, la presencialidad en el nivel especial. Este punto fue incluso cuestionado por delegados celestes y miembros de las directivas de diferentes seccionales. La burocracia sindical, que a principios de año avaló el regreso a la presencialidad, firmando protocolos “seguros” sin el aval de ningún docente para ello, ahora sostiene la presencialidad “administrada” al compás del gobierno nacional y provincial. En esta línea también ha apoyado la última resolución provincial “Escuelas Abiertas”, que está siendo utilizada por inspectores y directivos para convocar a la docencia a realizar “guardias” presenciales (fuera del estatuto) y a trabajar presencialmente con aquellos estudiantes que no han podido continuar la educación de manera virtual. Bajo el eufemismo de que debemos ser “solidarios” y presentarnos a las escuelas a contagiarnos, la lista celeste pretende ocultar que el Estado no ha garantizado lo más elemental para garantizar la continuidad pedagógica: dispositivos y wifi. La paritaria docente firmada a principios de año- sin mandato- fue del 35% en cuotas. El último “tramo” la docencia lo cobrará en Agosto (7%). Con una inflación interanual proyectada de casi el 50% es más que evidente, que el salario docente, perderá como en la guerra. Sin embargo, la dirección del sindicato ni abrió la boca sobre este punto. Pliego de reclamos Desde nuestra Tendencia, junto a otras agrupaciones multicolores y anti burocráticas del sindicato, intervenimos colocando toda la agenda de las reivindicaciones de la docencia: la suspensión de la presencialidad en todos los distritos bonaerenses y en el país, el reclamo de la vacunación para la docencia y toda la población, la necesidad de la reapertura de la paritaria docente por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, el establecimiento de una garantía salarial para todos aquellos compañeros que no han podido tomar horas/módulos, el desdoblamiento de los cursos súper poblados y el nombramiento de todos los cargos faltantes para abrir nuevas fuentes de trabajo. Propusimos la convocatoria a un plenario provincial de delegados con mandato de escuela para votar un plan de acción por todas estas demandas y señalamos la importancia de los comités de base y las auto convocatorias de docentes contra la presencialidad en pandemia, que se han forjado en este tiempo. Por último, sostuvimos que ante cualquier intento del gobierno de avanzar con la presencialidad en aquellos distritos donde rige la suspensión, el sindicato debía preparar la huelga, en defensa de la vida y la salud. La conducción de SUTEBA ha perdido todo atisbo de independencia política para defender consecuentemente los derechos de la docencia. Baradel y la lista celeste enfilan sus cañones hacia las elecciones legislativas “para que no gane la derecha”, pero a costa de haber renunciado a dar ninguna lucha que le cause alguna “molestia” al gobierno actual, que está aplicando el ajuste que reclama el FMI para llegar a un nuevo acuerdo colonial (para antes o después del proceso electoral) y sostiene el pago de la deuda en el peor momento de la pandemia, cuando la población debería ser asistida con todos los recursos necesarios para poder realizar medidas de aislamiento. La docencia debe seguir el camino opuesto. Impulsar la lucha por el conjunto de sus reivindicaciones más urgentes mediante un plan de acción, promoviendo asambleas por escuelas, plenarios de delegados con mandato y la coordinación junto al resto de la clase obrera.

El 22 de mayo de 2017 se estrenó en el festival cinematográfico de Cannes, con gran repercusión, “The Florida Project”, película independiente estadounidense excepcional, bellísima y realista, que mezcla humor, denuncia social y drama y que muestra la situación resquebrajada de una porción de las masas explotadas de Estados Unidos, empujadas a vivir en las orillas del imperio, retratada desde la mirada perspicaz e imaginativa de la infancia. Actualmente puede verse en Amazon Prime. The Florida Project sigue la vida de Moonee (en un papel memorable de Brooklynn Prince) niña de 6 años que vive junto a su joven madre de 22 años llamada Halley, en un motel de colores pasteles para personas (blancas, afroamericanas, latinas) de clase baja llamado The Magic Castle (el castillo mágico), que se sitúa en Orlando, Florida, lindante con el mayor emporio vacacional de EE. UU.: Disneyland. El mismo es regenteado por Bobby (el gran William Dafoe, nominado a actor de reparto en los Oscars por este papel), quien lidia con los conflictos que se suscitan en el lugar impostando rudeza pero demostrando dulzura. El contraste brutal es central en el film, que contó con una exhaustiva investigación del director y coguionista Sean Baker: esas personas (generalmente familias enteras), golpeadas por la crisis capitalista comenzada en 2007, que no tienen dinero para pagar el alquiler de una casa o un departamento y deben vivir hacinados en cuartos de motel, lo hacen al lado de lo que el imperialismo ha vendido por años como “el lugar más mágico del mundo”, el mega parque de diversiones, donde ninguno de esos desplazados puede costearse una visita. La fantasía termina ahí donde comienza la cruda realidad. Moonee (desfachatada, inteligente, maleducada, adorable) y sus dos amiguitos tienen que arreglárselas para divertirse en las vacaciones de verano sin clases, sin colonia y casi sin dinero. Su propósito será, día a día, encontrar la forma de hacerlo a como dé lugar, con su imaginación volando, con todo tipo de travesuras, ya sea recorriendo el barrio, escupiendo un auto o prendiendo fuego accidentalmente una casa abandonada. El personaje se gana indudablemente el corazón del espectador. Pero alrededor de la vida de Moonee pasan muchas cosas que no tienen nada de divertido y aquí es donde Baker da uno de sus mayores aciertos, porque en su mayoría la cámara sigue a la niña y lo que ella percibe de esa realidad y a eso nos tenemos que amoldar. Sobre esa realidad dejaremos que sea el propio Baker quien explique en que se basó la denuncia del film en una entrevista que dio a Espinof: “Hay una gran división de clases en mi país, está claro (...) Mis películas solo son una respuesta a lo que yo no veo en el cine y la televisión de EE. UU. Nadie representa ciertas subculturas (...) Hablo de cómo es muy fácil caer en la economía paralela, a la que recurren aquellos que no pueden trabajar dentro del sistema. Por ejemplo, el sexo, las drogas, el tráfico con mercancías robadas que mueven millones y millones de dólares. (...) Yo quiero poner el foco aquí, que la gente vea cómo esto es un subproducto de la sociedad capitalista: gente que no tiene acceso al sueño americano y a quienes se les cierra la puerta continuamente.” Esto es, finalmente, a lo que cotidianamente se enfrenta Moonee, por más que su alegría y desparpajo inunden la pantalla durante toda la cinta: a la falacia del sueño americano. La relación con Halley, su mamá (impulsiva, problemática, canchera, sin pelos en la lengua) es parte central del relato, el cómo construyen su tierna relación a su manera, con todos los factores en contra nombrados anteriormente. Quien busque romantización de la pobreza, golpes bajos o condescendía no los va a encontrar en esta cinta: Por ejemplo Halley es mostrada con sus contradicciones, sus luces y sus sombras, su amor gigante por su hija y su forma particular de construir la maternidad. Pero no hay condena moral hacia ella porque finalmente, ¿quién puede tener la potestad de condenarla? Acaso la “tierra de las oportunidades” le brindó alguna chance? Otro acierto mayúsculo de Baker. Cuando en 2018 Brooklynn Prince ganó el premio por su papel en los Critics Choice Awards, entre lágrimas dedicó el galardón a “todas las Halleys y Moonees”, a esas miles de mamás e hijas que sobreviven en los bordes del imperio atroz, sin figuras masculinas, con amor, valentía y dignidad cómo sus armas más poderosas. Las locaciones, esos moteles llenos de colores y las calles de Orlando, tomados por planos abarcativos son una clave central en el film, porque refuerzan la ironía de ese falso mundo fantástico tan estadounidense. The Florida Project es un poema visual, un canto a la vida, un llamado de atención que no pierde vigencia y una denuncia, pero no en el estricto sentido de la palabra, sino, tomando lo mejor de la tradición del cine independiente de EE. UU., como una forma de llevarnos a mundos que están en los márgenes pero desde una óptica que no trata de hablar por, sino de darle la voz al que la necesita, porque el capitalismo lo silencia. El final del film, que merece verse, puede rompernos el corazón y hacer que estallemos en llanto, brindarnos una visión esperanzadora, o ambas. Porque, como dijo Sean Banker, “los niños tienen el poder de cambiar el mundo, de maravillarse y mejorar su entorno. Si querés transformar las cosas, debes hacerlo desde el punto de vista de un niño”. Por todas las Halleys y Moonees del mundo, usemos esa imaginación para derrumbar al capitalismo.

En las elecciones provinciales adelantadas para el 4 de julio próximo, competirán siete frentes electorales que congregan a un sinfín de listas colectoras. Se presentan un total de 10 mil candidatos. El gobernador, Gustavo Sáenz, convertido en aliado del gobierno nacional, presenta a “Unidos por Salta”, que reúne a ex miembros del PRO, del romerismo y del radicalismo. “Salta gana”, otra de las listas, agrupa a ex funcionarios del ex gobernador Urtubey y del PJ local, más otros sellos. El Kirchnerismo presentó dos Frentes de Todos, lo cual suena como un contrasentido. La Justicia Electoral se definió a favor del armado del senador Leavy, del Partido de la Victoria; el otro sector, “Salta para Todos”, está conformado por la Unidad popular, Kolina y el PTP/PCR. Lo que quedó del romerismo, el radicalismo y el PRO por fuera del frente oficialista, armó con el el ex senador Olmedo, Juntos por el Cambio + Ahora Patria. Esta fenomenal disgregación política de los partidos y frentes que responden a la clase patronal, refuta la tesis de Manuel (el Indio) Godoy, ex cerebro del peronismo local, acerca de que el peronismo ha validado su hegemonía política en la provincia. De otro lado, oficializa la quiebra del FdT e incluso del kirchnerismo, adelantando, junto con las elecciones, una perspectiva que tiene proyección nacional. La grieta en el bloque que ha ejercido la dominación política duradera sobre los trabajadores salteños, tiene lugar en medio de una pavorosa crisis sanitaria y un derrumbe en las condiciones económicas de las masas. Es indudable que el adelantamiento electoral, en el momento más crucial de la peste, responde a un afán desesperado, de parte del gobierno, de retomar una iniciativa política que ha ido perdiendo. No alcanza, sin embargo, un comicio para lograr ese propósito, y menos en medio de una desesperante situación social. Los resultados finales de este proceso electoral están condicionados por esta situación de conjunto, más allá de lo que pronostican algunos sondeos. Pandemia En la última semana hubo un salto de más del 60% de contagios con respecto a la anterior y del 900% con respecto al período de inicio de clases. El oficialismo y la oposición están considerando la posibilidad de una postergación de los comicios, pero no están dispuestos a cerrar las actividades no esenciales, por la presión de las azucareras, mineras y madereras, ni qué decir de la de la educación privada. Sáenz se ha declarado presencialista a ultranza. Nuestra corriente política, el PO de Salta, se opone sin vueltas a una postergación electoral que sólo tiene en cuenta el armado del mejor escenario para los partidos capitalistas. En oposición a una postergación de las elecciones, reclamamos una cuarentena para todo lo que no sea esencial; protocolos avalados por los trabajadores en las actividades esenciales, en especial la reducción de la jornada laboral a seis horas, sin afectar el salario; y el voto inmediato de una partida económica extraordinaria para sostener a los trabajadores afectados y al pequeño comercio e industria. Las elecciones deben tener lugar con los protocolos debidos, porque defendemos el derecho del pueblo a pronunciarse en medio de un desmadre humanitario. Es necesario incorporar más personal al sistema de salud, aumentar los salarios y terminar con el régimen de autofinanciamiento arancelario del hospital público. El financiamiento de la pandemia exige, por sobre todo, la estatización del banco Makro, que usufructúa, sin costo, el manejo de las finanzas provinciales. Deforestación Una de las razones del adelantamiento electoral es reunir una mayoría para votar la actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN). El propósito es autorizar la plantación de soja y maíz en las zonas deforestadas y desmontadas, así como la implantación de una “ganadería integrada y sustentable”, promovida por la Seaboard E.R., Frigorífico Bermejo (del fallecido Brito), y la Finca La Moraleja (de capitales europeos). Los desmontes y la expulsión de campesinos criollos y comunidades originarias, forman parte de la agenda anti-ambiental de la gran patronal y sus partidos. La ciencia ha hecho responsable a esta agenda por la irrupción de epidemias y pandemias. Las divididas variantes K insisten en ofrecer el sistema de pseudo cooperativas de trabajo para hacer frente a la desocupación. El planteo disfraza la explotación de la fuerza de trabajo en condiciones de precariedad y salarios de pobreza, como ocurre con las Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo del vaticanismo piquetero. El acercamiento abierto de Sáenz a Alberto Fernández ha dejado a los K en “off side” y sin planteos de oposición al oficialismo provincial. Todos estos bloques vehiculizan los intereses de las mineras, en especial la explotación del litio. Estas inversiones, por su lado, están atadas a la reestructuración de la deuda con el FMI. La izquierda y la coalición PO-NMas El Partido Obrero de Salta ha enfrentado y desbaratdo el golpe de las expulsiones perpetradas por el aparato nacional, e incluso se anticipó a ellas. Se formó en Salta, antes de la crisis nacional del PO, una nueva mayoría. La vieja dirección ha escamoteado un balance político del retroceso electoral en la provincia, que pasó de un 20% en 2013 a un 2,5% en 2017. Los electoralistas fueron derrotados en su propio terreno, las elecciones. Por las hendijas de la crisis provocada por el aparato del partido han medrado el PTS y el MST, sin influencia en la provincia, para desplazar al Partido Obrero de su primacía histórica en la izquierda. Las dos candidaturas tradicionales de Del Pla y López apenas ocultan una disolución en el FIT-U. El dúo en cuestión procura sobrevivir a fuerza de cuestionamientos judiciales, o sea mediante el otorgamiento al Estado de un derecho de injerencia política en la Izquierda. La clarificación acerca del estado de la izquierda en Salta, debe partir del señalamiento de este trabajo de liquidación política. Es lo que ha venido realizando la Tendencia del PO y la mayoría del PO de la provincia. Es lo que le ha permitido algo fundamental: mantener la estructura del PO en toda la provincia, en especial en los departamentos de Orán (Yrigoyen, San Ramón, Colonia Santa Rosa, etc) y San Martín (Tartagal, Mosconi, Aguaray), además de la capital de la provincia, Metan y Rosario de Lerma. En este contexto, se plantea un interrogante ineludible: ¿en qué medida es posible recuperar el terreno perdido y devolver a nuestra corriente histórica un lugar protagónico? Los trabajadores han vivido una intensa experiencia política con el justicialismo-massismo-kirchnerismo a nivel nacional, que los ha hecho retroceder socialmente como nunca antes en la historia de Argentina, desde la crisis del 30 del siglo pasado y su “década infame”. El FITU disputa esta posibilidad de alternativa desde una posición electorera y aparatista. Considerados todos estos elementos en su conjunto, hemos decidido formar una coalición con el NMas, para potenciar esa posibilidad desde nuestras posiciones socialistas y revolucionarias. Es indudable que entre el PO y el NMas existen diferencias estratégicas y referidas a la situación del momento. Ni uno ni otro las ocultan; hemos impulsado esta coalición, en este marco electoral, para combatir la dispersión política de la Izquierda, que explotan los partidos patronales y que promueve el FIT-U por medio de expulsiones masivas y el intervencionismo del Poder Judicial. Tenemos que derrotar políticamente a dos adversarios: las coaliciones patronales, en primer lugar, y la coalición liquidadora, en segundo lugar. El acuerdo práctico entre el NMas y el PO desbarata una gran trampa: que el oficialismo y la oposición exploten un divisionismo mayor en la Izquierda, como sería el caso de tres listas; y que el FITU siga parasitando gracias a esta dispersión. Hay que decirle al pueblo de Salta las cosas como son: el hambre y la miseria de este pueblo es responsabilidad de estos gobiernos patronales y de estos partidos patronales. Esa responsabilidad le cae por sobre todo al kirchnerismo, que impulsa esa miseria social como una alternativa ‘nacional y popular’ a la ‘derecha’. La responsabilidad por los contagios y las muertes son de toda esta laya de la ‘grieta’. Hay que decirle, asimismo, lo siguiente: el PO es el partido que apoya e impulsa las autoconvocatorias, no la ilusión en la legislatura y sus numerosas trampas. El PO no se autoproclama, por la simple razón de que los partidos revolucionarios no se construyen para ellos mismos – su propósito estratégico es abrir los caminos de la lucha política a la amplia masa de los trabajadores.

En una conferencia de prensa frente a la plaza 9 de Julio, el Frente Partido Obrero - Nuevo Mas presentó a sus candidatos para las elecciones locales, con la presencia de Manuela Castañeira y de Marcelo Ramal. La lista de senadores está encabezada por Nilda Zerpa, dirigenta del movimiento de lucha contra la impunidad; la de diputados, por Violeta Gil, trabajadora de prensa del PO; Gabriela Jorge, también del PO, encabeza los concejales capitalinos, y Marcos Tognolini, del nuevo Mas, la lista de convencionales constituyentes. Asistieron a la conferencia numerosos medios locales, y también los corresponsales de diarios nacionales. Durante las 48 horas posteriores, Castañeira, Ramal y los candidatos asistieron a otros medios radiales y televisivos. Todo esto ocurrió en el momento más agudo de la crisis sanitaria, social y política que sacude al país. Como lo hemos señalado en forma sistemática desde Política Obrera, nuestra campaña estará centrada en ofrecer una salida política y social a esta crisis, en nombre del socialismo internacional. Pandemia y miseria social También Salta asiste en estas horas a un número record de casos diarios de Covid -unos 450 el pasado miércoles. El ex macrista y ahora albertista , Gustavo Sáenz, gobernador provincial, se ha caracterizado por un feroz aperturismo, que ha llevado rápidamente a la saturación de los servicios de salud. Hace un mes, con muchos menos contagios, ya se denunciaba una utilización de camas superior al 90% en los hospitales públicos de la capital provincial. La muerte de cuatro docentes por Covid en las últimas dos semanas ha encendido la indignación entre los maestros. Sin embargo, el “COE” (Comité de Emergencia sanitario) se encargó de reafirmar que “continuarán las clases presenciales”. Esta decisión ha propagado el repudio de los docentes incluso en los sindicatos dominados por las burocracias tradicionales -este viernes, se espera un fuerte paro en las escuelas, y principalmente en el interior provincial. Desde luego, la presentación de listas de los partidos del régimen ha pasado por arriba de esta realidad. En la conferencia de prensa, en cambio, caracterizamos la crisis sanitaria, desde el PO, como una lucha de clases: defender la salud y la vida de los trabajadores contra las ansias de lucro del capital. Las listas tienen una destacada participación de los protagonistas de las autoconvocatorias docentes, como Daniela Romano de Capital y Samuel Huerga y Josefa Cardozo, de Orán, militantes del PO. También denunciamos la situación de los trabajadores de la salud: es el caso de la compañera Cinthia Reinaga, despedida por haber reclamado precisamente el pase a planta permanente. El desarrollo de la pandemia tiene lugar, por sobre todo en Salta, en medio de un salto escalofriante de la miseria social. La pobreza alcanza a casi la mitad de la población de la capital, y en el caso de los niños llega al 60%; en el norte de la provincia estas cifras son considerablemente mayores. Una compañera de Metán nos retrataba crudamente el drama de la mujer: “las madres tenemos que elegir, entre llevar a los hijos a la escuela para que puedan comer…o quedarnos en casa, sin alimento, para no contagiarnos”. El rechazo a esta extorsión se manifiesta en las calles: en la misma Metan, anoche, una marcha de antorchas reclamaba la suspensión de las clases. Una enorme tensión recorre a la provincia, y no sólo en la capital. Constituyente de la impunidad En medio del record de muertes, indigencia y pobreza, las corporaciones capitalistas celebran el ascenso astronómico en los precios de las exportaciones. El acaparamiento del suelo, por parte de las camarillas políticas ligadas al agronegocio o a la especulación inmobiliaria, acentuó la penuria de vivienda y el desempleo -en la ciudad y en el campo. Pero la “preocupación” de los Sáenz, Romero y compañía pasa por una reforma constitucional con un eje definido: otorgarle un status vitalicio a los máximos jueces de la provincia. Esa justicia a perpetuidad deberá blindar judicialmente a los dueños de las tierras mal habidas. Pero también, proteger al cuerpo de fiscales y jueces que amparan abusadores y victimizan, todo el tiempo, a la mujer trabajadora y explotada. Es un acierto, por eso, que la lista del Partido Obrero-Mas tenga como candidata a senadora a Nilda Zerpa, luchadora del movimiento contra la impunidad a los femicidas, una lucha que en todo el NOA -desde Marita Verón y Paulina Lebbos en adelante- apunta al corazón del poder político. “A la constituyente de la impunidad -señaló Ramal en la conferencia de prensa- le oponemos los luchadores contra la impunidad”. Al día siguiente, participamos de la movilización por el sobreseimiento de Yolanda Vargas, compañera del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa, que fuera encarcelada y victimizada por una tragedia de la pobreza. En Canal 10, Manuela Castañeira y Ramal, en un reportaje común, denunciaron fuertemente a la criminalización de la mujer trabajadora. Campaña, programa y luchas Todo este escenario hará de nuestra campaña electoral la oportunidad para explicar y desenvolver un programa, en directa conexión con las luchas y movilizaciones. Es un método que habrá que replicar a la escala de toda la provincia. En medio de una crisis de alcance histórico, la izquierda sólo puede abrirse electoralmente interviniendo y orientando a los trabajadores y luchadores en su acción directa. Gaby Jorge lo desenvolvió ante los medios este miércoles: no aceptamos la extorsión entre el hambre, de un lado, y la muerte y los contagios, del otro. Luchamos contra la presencialidad escolar. Lo mismo en las actividades no esenciales, con el pago del 100% a sus trabajadores y un IFE equivalente a la canasta básica -60.000 pesos- para todos los precarizados, changuistas o desocupados. Que la Provincia vote una partida económica para sostener a las familias trabajadoras y a la actividad independiente. Por la nacionalización del banco Makro, que lucra con la recaudación impositiva y la coparticipación federal de impuestos. Que se ponga fin a la arancelización hospitalaria, y se asegure la atención sanitaria universal. En oposición al régimen judicial de camarillas e impunidad, planteamos un servicio de justicia responsable ante la ciudadanía, electo y revocable. En estos días, en reuniones con compañeros y candidatos; y en numerosos medios de comunicación, desenvolvimos estos planteos junto a varios de los protagonistas de las luchas más destacadas de Salta.

Esta semana la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Hospital Tornú hizo público un comunicado donde denuncian un chantaje de las autoridades del hospital, que amenazan con suspender sus espacios formativos sino se avienen a incrementar, aún más, sus ya extenuantes jornadas de trabajo. Como afirman en el texto, la extorsión de frenar las llamadas “rotaciones”, que son un mecanismo insustituible para la formación en numerosas prácticas y especialidades, sacó a la luz el colapso de las salas de internación en el contexto de una gravísima agudización de la situación epidemiológica. Una vez más, residentes y concurrentes recurren al método de la asamblea para enfrentar colectivamente esta situación, unificando sus reivindicaciones y reclamando al Estado que asuma la responsabilidad de tomar medidas de fondo para abordar la crisis que atravesamos. Reproducimos el comunicado de la asamblea: Sobre el colapso hospitalario, una nueva extorsión a residentes del Tornú: Basta de parches, conculcación de formación y derechos laborales: la pandemia exige la contratación urgente de más personal Las autoridades del Hospital Tornú hicieron saber a distintos equipos de residencias y concurrencias que, de no incrementar nuestras ya extenuantes jornadas laborales sumando dos nuevas guardias de 24 horas en las salas de internación de personas con Covid, iban a proceder a suspender las rotaciones por diferentes servicios y efectores de salud. Se trata de una lisa y llana extorsión. Las rotaciones son instancias fundamentales, imprescindibles para poder cumplir con los objetivos formativos de los programas de las diferentes especialidades. Recordemos que las residencias y concurrencias son, por definición, "un sistema de formación profesional de posgrado" (GCABA), por lo que garantizar el cumplimiento de escenarios formativos acordes resulta indispensable para la existencia de las mismas. Este chantaje no escrito sobre residentes y concurrentes sacó a la luz el colapso que se vive en las salas de internación. Estas salas son sostenidas fundamentalmente por el trabajo a destajo de residentes de Clínica Médica, que desde el inicio de la pandemia llegaron a hacer ocho y hasta once guardias por mes, que en la inmensa mayoría de los casos nunca se les pagaron. Están agotadxs, con vacaciones atrasadas y su formación arrasada. La pandemia obligó a ampliar las salas de internación y terapias, sostener las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), los dispositivos de testeo y seguimiento de contactos (DETECTAR), de personas con cuadros leves y de los eventos adversos atribuibles a la vacunación (ESAVI). Sin embargo, la planta laboral para abordar estas nuevas tareas es la misma que existía previamente y que ya era completamente insuficiente. El gobierno de CABA y las autoridades hospitalarias apelaron a contratos precarios, mal pagos, para cubrir estas salas, lo que redundó en una rotación permanente del personal y que lxs residentes tuviéramos que hacernos cargo de una responsabilidad que no nos correspondía. Dicen que “no hay medicxs”, pero ocultan que ofrecen salarios que apenas llegan a cubrir la mitad de una canasta familiar. Esto implicó destruir los recorridos formativos de las residencias y cerrar una gran cantidad de servicios de salud. Cirujanxs o psiquiatras en formación pasan sus horas hisopando e hisopando. El hospital se “covidizó”, pero la población siguió y sigue atravesando múltiples problemáticas más allá del Covid, enfermedades crónicas, violencia de género, infecciones de transmisión sexual, necesidad de consultas de salud mental, por solo mencionar algunas. La atención de estas dimensiones de la salud se ha subalternizado y se somete a la población a una situación de creciente vulnerabilidad, incrementando las barreras de accesibilidad y profundizando la fragmentación del sistema sanitario. Advertimos que atentar contra la formación de las residencias es negar prestaciones imprescindibles para la población. Ni más ni menos que el derecho a la salud. Es necesario sostener el primer nivel de atención, las actividades de prevención, educación, comunicación y promoción de la salud, así como el funcionamiento de consultorios y servicios que, de verse afectados, sólo colaborarán a colapsar aún más las salas y terapias con situaciones que podrían haberse evitado. Es por todo esto que reclamamos que se garanticen los derechos de lxs residentes, se reactiven las rotaciones necesarias para nuestra formación, que las tareas sean acordes a los planes de estudios generales y locales, que podamos acceder a las licencias adeudadas y se terminen las jornadas laborales sin límites. Es urgente aumentar las dotaciones, ampliando la planta estable del hospital con la incorporación de más personal, residentes, concurrentes y graduadxs, con cargos que garanticen la continuidad laboral en las diferentes tareas y un salario mínimo que alcance el costo de la canasta familiar. No hay parche que pueda frenar el colapso sanitario si no se toman estas medidas de emergencia. La Asamblea de Residentes y Concurrentes del hospital se opone a toda clase de chantajes a costa de nuestra formación y derechos laborales, reclama que todas las disposiciones que afectan nuestras condiciones de trabajo se hagan por escrito y sean consensuadas con lxs trabajadorxs. Repudiamos el manoseo y la violencia imperantes. Solicitamos a las autoridades del hospital y de la dirección de capacitación del Ministerio de Salud porteño una reunión para abordar estos planteos.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires han aprovechado perversamente el contexto de la pandemia para avanzar en un nuevo ataque y en un desguace del Ciclo Básico Común. Para ello, se han valido del carácter completamente antidemocrático del CBC, única dependencia de la UBA donde no existe el cogobierno y cuya dirección es elegida por el Rectorado. La necesidad de implementar transitoriamente las clases virtuales para defender la salud y la vida de la población universitaria, ha sido utilizada por la gestión del CBC para llevar adelante un pasaje -que se pretende imponer como definitivo- de diversas materias y cátedras al programa UBA XXI, que se dicta bajo la modalidad de educación a distancia. Por otro lado, aprovechando la flexibilización e inestabilidad laboral extremas de los docentes de CBC, que en su amplia mayoría tienen cargos interinos, durante los últimos meses se llevaron a cabo despidos encubiertos bajo la forma de la no renovación de las designaciones docentes. La gravedad de este atropello es todavía mayor si se tiene en cuenta que los despidos ocurrieron no sólo en medio de la pandemia, sino que además involucraron cuestiones ideológicas y gremiales, dado que uno de los docentes (Leandro Rodríguez Lupo) forma parte de la Comisión Directiva de AGD-CBC. Frente a esta situación, la AGD-CBC y un conjunto de docentes autoconvocados que se viene organizando desde hace tiempo, impulsaron diversas acciones de lucha y visibilización del conflicto que incluyeron paros, una movilización a la sede central del CBC, pronunciamientos y juntadas de firmas reclamando la reincorporación, entre otras iniciativas. Como resultado de la lucha que se viene llevando adelante, se logró esta semana la reincorporación de dos docentes (uno de ellos es Leandro Rodríguez Lupo) y la renovación de la designación de dos docentes de Semiología que no estaban percibiendo su salario. Sin embargo, el descontento persiste ya que no todos los despedidos fueron reincorporados y, los que sí lo fueron, han sido reintegrados a cátedras distintas de las que trabajaban previamente. En consecuencia, la lucha del CBC continúa abierta. Es preciso redoblar la organización de los docentes, impulsando asambleas y nuevas medidas de acción, así como la solidaridad docente-estudiantil. Ningún despido en el CBC. Reincorporación de todos los despedidos y en sus cátedras originales Respeto del Convenio Colectivo de Trabajo en toda la UBA Democratización de los órganos del gobierno de la UBA y del CBC

La huelga del 28 de abril contra la reforma fiscal pergeñada entre el FMI y Duque, es la huelga más larga en la historia del país. La enorme rebelión popular, después de tirar abajo la reforma fiscal, acaba de hacerlo con la de salud, que fue rechazada ayer en el Parlamento. Las movilizaciones no pararon, recibieron más apoyo y se ampliaron, a pesar de una represióm de características militares. El fracaso de la represión ha llevado a una discusión generalizada acerca del ‘camino chileno’, en referencia a los acuerdos entre el gobierno de derecha y la oposición de centroizquierda para contener la rebelión popular, incluida una Asamblea Constituyente. Es lo que procuran lograr el CNP y la oposición centroizquierdista. En esa sintonía, el partido liberal de Gaviria propuso un cambio de gabinete, con el pretexto de “rodear su figura institucional” (de Duque) (lasillavacia, 20/5). Diógenes Orjuela (CUT), aseguró que aunque el gobierno esté "lanzando petardos" a la instalación de la mesa de diálogo, "asistiremos a cuanta reunión haya que ir porque la única salida a la situación es hablar y negociar" (p12). Este miércoles, tras 22 días de paro ininterrumpido, los manifestantes celebraron el retiro en el Congreso del criticado proyecto de reforma de la salud, una de las principales exigencias del Comité. Se trataba de una reforma que permitía a los grandes monopolios farmacéuticos y sanitarios recibir subsidios estatales. Los manifestantes piden la renuncia de funcionarios del gobierno, en especial del ministro de Defensa, Diego Molano, el jefe del Ejército, de la policía, y del defensor del pueblo, Carlos Camargo. Las protestas arrancaron la renuncia del jefe de policía de Cali, tras las masacres perpetradas allí por la fuerza pública, como así la de la canciller Blum, reemplazada por la Vicepresidenta. El Comité del Paro ha convocado nuevas movilizaciones para este 26 y 28 de mayo. Duque ha establecido diferentes mesas locales, llamados “Encuentros para Avanzar en lo Fundamental”, “Pacto Colombia con las Juventudes” y las mesas con el CNP (lasillavacía, 20/5). Se reunió con gobernadores y alcaldes, para “descentralizar” las negociaciones con las organizaciones en lucha y desbloquear las rutas. Sin embargo, se encontró con la intransigencia de los jóvenes que resisten todos los días en las calles, y de los campesinos e indígenas que combaten la aspersión de glifosato. Las rutas al puerto de Buenaventura, uno de los principales del país, siguen bloqueadas. En dos días, Duque inició cinco programas: vivienda, subsidio al primer empleo, créditos agropecuarios, educación superior gratuita para estratos 1, 2 y 3 (más pobres), y la elección de consejos municipales de juventud. “Llevamos 37 mesas con más de 1.100 jóvenes en 24 departamentos”, dice. “Duque le apuesta a decir que logró una concertación amplia, pero es poco probable que la estrategia sea suficiente” (ídem). “En el Catatumbo, organizaciones campesinas tienen bloqueadas las vías de acceso a Norte de Santander en protesta por la posibilidad de que reinicien la aspersión con glifosato. En Anorí, Antioquia, los campesinos mineros y cocaleros tienen esa misma consigna y la implementación del Acuerdo de La Habana. La Minga del Cauca también tiene la misma bandera. Y el panorama es igual de incierto con los jóvenes” (ídem).

La jornada de lucha “a pata y pulmón” que el Polo Obrero Tendencia desarrolló este jueves ganó la atención popular desde temprano. Venciendo las dificultades de acceso, compañeros de la zona oeste del conurbano se empezaron a encontrar en Liniers a la mañana. Lo mismo ocurrió en la Estación Darío y Maxi en Avellaneda. El desafío de llegar marchando al ministerio de Desarrollo Social no era una tarea fácil de afrontar - los separaban 14 km al punto de llegada. Mientras arrancaba la marcha, una columna de compañeros de Caba enfiló hacia el Ministerio, con la tarea de mantener una presencia desde temprano y recibir con alimentos a los compañeros que llegarían marchando. La UJS de los barrios marchó con su propia delegación y bandera. Las columnas durante toda la jornada mantuvieron el distanciamiento sanitario y el cuidado con barbijos y alcohol. Los funcionarios del Ministerio trataron de que la marcha no se realice. Ofrecieron mesas de reunión inexistentes, mientras se preparaba en Puente Pueyrredón y frente al Ministerio un gran operativo policial. No les importaban los miles de compañeros movilizados ni las urgencias económicas tras las nuevas restricciones y el pico de contagios. Tampoco parece preocuparles que no haya IFE, ni nuevas partidas de alimentos, que salarios y jubilaciones estén debajo de la línea de indigencia y que el 42% de la población este empobrecida. Al pie del Puente Pueyrredón, el despliegue policial intentó prohibir el paso hacia capital a nuestra columna de más de 700 compañeros. De manera decidida los compañeros cortaron ambos carriles del puente y establecieron una negociación en sus términos, durante varias horas. Mientras tanto, la llegada de la columna de Capital con 600 compañeros cortaba todos los carriles de Av. 9 de Julio al llegar al edificio del Ministerio. El gobierno fracasaba en su intento de “invisibilizar” una movilización piquetera. Para el mediodía la voluntad de los compañeros fue redoblar el paso, y llegar lo antes posible a la 9 de julio para encontrarse con el resto de las columnas. Desde Liniers, más de 1.400 compañeros no aflojaban y desde Avellaneda cruzaban por el puente viejo entrando a capital con mucho entusiasmo. Los medios de comunicación de radio, televisión y portales empezaban a mostrar la relevancia de la acción: las necesidades de los más de 3 millones los nuevos desocupados desde el año pasado a hoy quedaron expuestas. A pata y pulmón, las columnas llegaron a la 9 de julio, con la moral alta por el encuentro de los compañeros. La presión para doblegar la intransigencia del gobierno se incrementó. Fuimos miles con la avenida totalmente cortada. La acción tuvo un impacto clave y sensible en horas cruciales, cuando se estaba a horas de un posible cierre total por el pico de contagios y en el marco de la desesperación que recorre a los 9 millones de hogares a los que se le corto el ingreso familiar de emergencia (IFE). En esas horas, el ministro Arroyo mentía en televisión, afirmando que los referentes del Polo Obrero Tendencia “le cortaban la llamada”, y que, “conmovido” por lo que veía en televisión nos quería recibir. Lejos de eso, llegaban más policías, gendarmería y carros de asalto al edificio. El gobierno preparaba una provocación. Mientras nuestra dirigente Eva Gutiérrez intervenía en asamblea informando a los compañeros la situación en la que se encontraban las negociaciones, la Infantería empezó a avanzar sobre la columna. De manera absurda, porque la movilización estaba ya culminando. Rápidamente se reforzaron los cordones de seguridad del Polo buscando el cuidado físico de todos nuestros compañeros presentes. Con fuerza y canticos contra la policía, como si nadie hubiera marchado tantas horas, las columnas de la Tendencia repudiaron la acción policial. Con la compañera Eva en el primer cordón, y los medios nacionales en vivo, el gobierno quedó expuesto como nunca. Se vio que al hambre y la desocupación están dispuestos a responderle con palos. Lo que deja en claro la jornada es que el acuerdo con el FMI y el capital internacional no cierra sin pobreza, ajuste y represión. Durante el avance de la Gendarmería, varios oficiales provocaron con palazos, patadas y golpes, una compañera sufrió una quebradura en su mano y otros varios resultaron heridos. Presentaremos las denuncias judiciales pertinentes. Cerrando la jornada, nuestra columna se retiró de manera organizada, asegurando la integridad física del conjunto de los compañeros. En el marco de la represión, los funcionarios, bajo el impacto público y el aguante de nuestra columna, cedieron a una tanda de reuniones con funcionarios que tienen poder de decisión, que empezarán el día viernes. Esta acción y plan de lucha del Polo se replicó en las provincias con cortes de ruta y movilizaciones en Chaco, Salta, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y San Juan, en plan de lucha junto al MTR-H, en algunas de las provincias movilizadas. La movilización representó a 98 comedores y a 221 merenderos a nivel nacional.

El jueves 20 de mayo se desarrolló una nueva asamblea docente convocada por el sindicato Ademys, con la presencia de más de 200 docentes de la Ciudad. La asamblea tuvo lugar en un cuadro de agravamiento exponencial de la pandemia. La presencialidad escolar en pandemia y sin vacuna, al servicio de la rueda de la economía, fue catalizador de este desmadre sanitario. La burocracia sindical se limitó a paros domingueros y la conducción Multicolor siguió enarbolando sus ¨10 puntos para un retorno seguro¨. El GCBA aplicó descuentos a los compañeros que pararon contra la presencialidad, pero ahora debería devolverlos con recargo por su responsabilidad en la actual ola de contagios y fallecimientos. Mientras se desarrollaba la asamblea se esperaban los anuncios de nuevos confinamiento de Fernández y Larreta. El anuncio presidencial incluyó un cierre total de escuelas en todos los niveles, en los nueve días de cuarentena. Quedó en claro que sólo afectaría tres días laborables. El propósito de anunciar el confinamiento en cuotas es evitar el otorgamiento de un Ingreso Familiar, que contempla un período más largo. No se garantiza ningún apoyo económico que permita al conjunto de los trabajadores afrontar el aislamiento necesario. Por su parte, desde el gobierno porteño no se garantiza la educación virtual, y se sigue candidateando a ser el primero en reanudar la presencialidad. La Asamblea Con antelación a la asamblea de Ademys, se realizó una reunión del colectivo Docentes contra la presencialidad en pandemia en CABA, en donde discutimos, junto a otros/as compañeros/as, la situación del sindicato a nivel general, lo que iba trascendiendo sobre posibles medidas del Ejecutivo nacional y porteño, y la necesidad de retomar el camino de la huelga a partir del 30 de mayo. La mayoría de las intervenciones en la asamblea tuvieron como eje retomar el camino de los paros y se posicionaron en contra de la presencialidad en pandemia. Las dos mociones que se contrapusieron y que se sometieron a votación estuvieron relacionadas a cuestiones estratégicas: la dirección Multicolor de la CD de Ademys propuso un paro para el primer día hábil de la semana próxima en el caso de que Larreta no acatara las medidas nacionales y una serie de acciones callejeras, además del pronunciamiento por la suspensión de clases presenciales en todo el país y la campaña de vacunación. Por otro lado, la moción que presentamos, unificada, desde TD Tendencia, Docentes en Clase y la Conti Santoro fue un paro para el día viernes 21 de mayo, una nueva jornada huelguística el miércoles 26 (luego de los feriados) en la perspectiva de un paro por tiempo indeterminado y, también acciones callejeras, incluyendo una concentración en Jefatura de gobierno porteño, en apoyo a los/as docentes autoconvocados/as de educación especial que allí se encontrarían reclamando por el pase a la virtualidad. Desde Tribuna Docente Tendencia intervinimos colocando nuevamente que la presencialidad no puede ser ni administrada ni cuidada en este contexto y que el pronunciamiento de - cada vez más - docentes por la suspensión de clases presenciales en pandemia es notorio. Por ello, planteamos la necesidad de convocar a un fuerte paro para el día viernes, o sea con piquetes. La moción de la conducción Multicolor del CD obtuvo un 68% de los votos. Mientras que la moción presentada por Tribuna Docente Tendencia, unificada con los compañeros de Docentes en Clase y la Conti Santoro, obtuvo un 33%. Ante las intervenciones de algunos/as miembros del CD Multicolor de Ademys que hicieron una defensa cerrada del accionar del sindicato en lo que va del año, acusando de “rupturistas” las posiciones contrarias, en medio de gritos y extensión en el tiempo de intervención, señalamos que eran métodos inaceptables en un sindicato que se reivindica clasista y antiburocrático. Enfatizamos que las diferencias políticas, estratégicas y tácticas son válidas y deben ser expresadas. La conducción Multicolor pretende que la docencia se olvide de que hizo punta en la campaña por la “presencialidad segura”, cuando la patronal de la educación privada y la ministra Acuña hacían lo mismo. Cada quien debe hacerse cargo de sus propias responsabilidades.

La tregua o cese del fuego en Palestina, entre Hamas y el gobierno de Israel, no ha resuelto ninguna de las cuestiones que han desencadenado el reciente bombardeo criminal del estado sionista contra la Franja de Gaza. El gabinete de seguridad de Netanyahu cedió a las presiones del presidente Biden, pero con sus propias condiciones. Un guerra en el Medio Oriente, luego de una década de guerra en Siria, habría desbaratado las tentativas de restaurar el equilibrio político internacional saboteado por la gestión de Trump. La tregua busca salvaguardar las negociaciones para resucitar el acuerdo nuclear con Irán, derogado por Trump, y las tratativas con Rusia acerca de Ucrania y los conflictos con los estados bálticos. Los mediadores de la tregua, Egipto y en parte Qatar, han sido encargados por sus mandantes -EEUU e Israel- de re-introducir en la política palestina a la llamada Autoridad que preside Mahmoud Abbas, y por sobre todo neutralizar la rebelión popular de la población árabe que habita el territorio israelí y la Cisjordania (incluso los palestinos en Jordania). La Autoridad Palestina articula con los servicios sionistas la represión a la rebelión popular palestina. De otro lado, ha perdido todo mandato político formal como consecuencia de la ausencia de elecciones desde hace quince años. En las vísperas del ataque a la Franja de Gaza, Netanyahu repitió una y otra vez que la rebelión popular palestina implicaba una guerra civil al interior de Israel. Estas declaraciones son la expresión de un giro histórico en Palestina. El Shin Bet, el servicio de espionaje y seguridad interior de Israel, tuvo que asumir la represión de la rebelión popular, que dejó de ser un asunto policial. El resultado fue un considerable número de asesinatos de jóvenes palestinos en Cisjordania – el territorio de Mahmoud Abbas. Rebelión popular y militarización del conflicto La iniciativa de Hamas de manifestar su solidaridad con la rebelión popular, mediante el ataque a Israel con cohetes caseros, fue cuestionada desde estas páginas antes del inicio de esta guerra. Es que el significado histórico de esta rebelión consiste, precisamente, en abrir una vía superior de lucha a la militarización del conflicto con el sionismo, donde el estado de Israel tiene una incuestionable superioridad. La lucha contra el régimen sionista debe tener ante todo un carácter revolucionario, o sea la organización de las masas insurrectas, no el dictado de un aparato militar. El pretexto de una guerra sirvió, aunque precario, como último recurso de supervivencia de Netanyahu, que seguía sin poder formar gobierno por carecer de una mayoría parlamentaria. El trastocamiento que ha provocado la rebelión popular en las relaciones políticas en Palestina, se aprecia en un hecho poco conocido o comentado: en las vísperas de la rebelión, la Lista Árabe, una de las que tienen asiento en el parlamento israelí, se encontraba negociando un acuerdo de gobierno con la derecha sionista, del ministro Lapid, para sustituir a Netanyahu. En solo horas, este dislate, justificado por el impasse de la situación política, se transformó en su contrario – una rebelión popular. El desarrollo de la guerra mostró el elevado grado de penetración de la Inteligencia sionista en Gaza, donde destruyó gran parte de la infraestructura de túneles que protegen a las milicias de Hamas, y mató a un número elevado de sus líderes político-militares. Es cierto, de todos modos, que los cohetes de Gaza volvieron a recordar al estado sionista su vulnerabilidad estratégica e histórica: no se puede gobernar contra las necesidades y la voluntad de una masa explotada de varios centenares de millones del mundo árabe y musulmán. Esto es así incluso si el sionismo alcanza, como ocurre, algunos acuerdos con los regímenes árabes opresores de sus propios pueblos, y con la protección de las principales potencias imperialistas. La Primavera Árabe recordó al despotismo árabe que se encuentra sentado en un volcán. La rebelión popular de la población árabe en territorio israelí fue detonada por el problema de los problemas: la expropiación de viviendas de la población palestina en los territorios ocupados y la extensión de la soberanía política del sionismo a la totalidad de Jerusalem. Es decir por la colonización sionista de los territorios palestinos y la limpieza étnica de sus pobladores. Se trata del programa histórico del sionismo desde su fundación. El levantamiento fue provocado por una chispa: el desalojo de una familia en el este de Jerusalem, lo mismo que ocurrió con la rebelión en Túnez, a partir de la autoinmolación de un joven vendedor ambulante al que la policía le arrebató sus mercancías. La rebelión inédita de los árabes que viven en territorio israelí involucra a un millón y medio de trabajadores discriminados en todos los aspectos de la vida social – el 20% de la población total. En estas condiciones, el bombardeo contra Gaza desató una huelga general de los árabes palestinos en todos los territorios que habitan. Se trata de un punto de inflexión histórico. Tiene lugar cuando la organización histórica de los palestinos, la OLP y ahora la Autoridad Palestina, ha perdido toda autoridad política y se ha convertido en agente del Shin Bet. Hamas, por su lado, no ha jugado ningún rol en el levantamiento palestino – por eso se apresuró en capitalizarlo con métodos militaristas. El escenario histórico actual es propicio para el desarrollo de una corriente socialista revolucionaria. Un fascismo sionista La tregua ha puesto en evidencia otro fenómeno importante: el desarrollo de un fascismo específicamente sionista. La derecha, que buscaba llevar la guerra a una rendición de Hamas, rechaza el cese del fuego y por lo tanto el otorgamiento de un apoyo parlamentario a un nuevo gobierno Netanyahu. Es la derecha que organizó los grupos de choque que salieron a confrontar con los árabes palestinos e ‘israelíes’ que se habían movilizado con el desalojo de viviendas y contra la prohibición de acceder a la mezquita de Al Aqsa, al finalizar el ayuno de Ramadán, ubicada también en la parte vieja de la ciudad. Es a ella a la que se dirigió Netanyahu cuando insistió, en plena crisis, que la única autodeterminación que vale es la “autodeterminación judía”. La movilización organizada de una fracción fascista para operar al interior de Israel, al tiempo que muestra las grietas y los quiebres del estado sionista, interpela, asimismo, a una gran parte de la población judeo-sionista y a la mayoría de ella afectada por el crecimiento de la pobreza y la precariedad laboral. En los dos últimos años han tenido lugar manifestaciones masivas de judíos sionistas para reclamar la destitución de Netanyahu y su encarcelamiento por delitos de corrupción. Es sabido, sin embargo, que la corrupción estatal mueve al rechazo masivo cuando la situación social ha retrocedido seriamente. Rebelión internacional La rebelión popular en Palestina ha creado una situación política de conjunto completamente nueva. No es poca cosa que Palestina, en su totalidad, se haya sumado a la rebelión popular que va cobrando una dimensión internacional.

La enorme lucha del pueblo palestino y la huelga general obligaron un cese al fuego de Israel. La rebelión popular que desató superó a la dirección política de Hamas y de la Autoridad Palestina. Los jóvenes salieron a protestar junto a los árabes-israelíes, lo que transformó las protestas en un “movimiento popular”, que no reconoce el liderazgo político ni de la Autoridad Palestina ni de Hamas. Las rencillas internas en Israel comenzaba a desestabilizar al alicaído régimen, cuyo líder es acusado de corrupción y pesan otras acusaciones sobre políticos propios y aliados. “Nadie puede detenerlos, y una acusación por alterar la paz no los disuadirá”, asegura The New York Times. Los dirigentes de Hamás, afirma, “no tienen ningún control sobre los acontecimientos”. Los ataques fascistas no lograron sofocar un levantamiento que se ha extendido a la mayor parte de las ciudades “mixtas” o las aldeas palestinas. El NYT indica que “el conflicto forjó un momento de unidad entre los palestinos de Cisjordania, Israel y Gaza (…) También dio lugar a días de ataques violentos dentro de Israel por parte de turbas árabes y judías, y destacó décadas de frustración entre los ciudadanos árabes de Israel que representan alrededor del 20 por ciento de la población y enfrentan discriminación frecuente” (20/5). Masacre y crisis sanitaria en Gaza El 10 de mayo, Hamas lanzó una lluvia de cohetes contra Jerusalén en respuesta a varias redadas policiales en la mezquita de Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam, y los desalojos planeados –en el marco de la política de “limpieza étnica” y colonización por parte del sionismo– de varias familias palestinas de sus hogares en la ciudad. Tras los disparos de 4.000 cohetes, Israel respondió con cientos de ataques aéreos en Gaza, que no tenía el escudo que posee el estado sionista. Murieron más de 200 personas (60 niños), todas ellas palestinas excepto 12. Recién el 20 de mayo; después del anochecer, Israel y Hamas acordaron un alto el fuego. “Desde que el grupo islamista tomó el control de Gaza en 2007, las dos partes han librado cuatro guerras y varias batallas más pequeñas, que han costado miles de vidas (nuevamente, en su mayoría palestinos). La chispa del último brote se produjo en Jerusalén”, dice The Economist (20/5), para quien el acuerdo no durará demasiado. La campaña aérea y de artillería israelí ha matado a más de 230 personas en Gaza, la mayoría de ellas civiles, y ha dañado gravemente la infraestructura del territorio, incluidos los sistemas de agua potable y alcantarillado, la red eléctrica, hospitales, escuelas y carreteras. Todo esto repercute sobre la crisis sanitaria, ya que a Palestina no ha llegado ni siquiera una vacuna. Sin agua potable, luz y con los hospitales colapsados en medio de la pandemia, se trata de una masacre humanitaria por partida doble sobre una población de dos millones. El objetivo principal ha sido la extensa red de túneles de Hamas para mover combatientes y municiones, e Israel también ha tratado de matar a los líderes y combatientes de Hamas (NYT, 20/5). Pero no es el único objetivo: los ataques aéreos de Israel dañaron 17 hospitales y clínicas en Gaza, destruyeron su único laboratorio de pruebas Covid-19 y cortaron el servicio de agua potable, electricidad y alcantarillado en gran parte del enclave, profundizando la crisis humanitaria en el territorio ya poblado y empobrecido. Decenas de escuelas en Gaza han sido dañadas o cerradas, y 72.000 habitantes de Gaza han abandonado sus hogares, en su mayoría refugiándose en escuelas administradas por la ONU (ídem). Alto al fuego “unilateral” Un alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor el viernes por la mañana. Netanyahu se reunió el jueves con su gabinete de seguridad para revisar el daño ocasionado a Hamas, incluida la destrucción de su red de túneles y su arsenal de cohetes y lanzadores. Él y otros funcionarios israelíes habían insistido en que el bombardeo de Gaza continuaría todo el tiempo que fuera necesario para salvaguardar la seguridad israelí. Israel considera a Hamás una “organización terrorista”. Sin embargo, anunció de manera unilateral el cese al fuego. Biden “instó al Sr. Netanyahu a aceptar un alto el fuego antes de que se evaporara el apoyo internacional a Israel”, indica el NYT. Diplomáticos de Egipto, Qatar y las Naciones Unidas han mediado entre las dos partes. En un discurso transmitido desde la Casa Blanca, el presidente Biden felicitó a Netanyahu y prometió reunir recursos internacionales para reconstruir Gaza y agregó: "Haremos esto en total asociación con la Autoridad Palestina, no con Hamas, la Autoridad, de una manera que no permita a Hamas reabastecer su arsenal” (ídem). La decisión de Israel no se basó en las consideraciones de Washington, sino en la enorme presión interna debido a la rebelión popular.

No es por cierto frecuente que el editor de la sección Rural de Clarín coincida con el diagnóstico de un gobierno kirchnerista. Pero fue lo que ocurrió el miércoles pasado cuando los Fernández anunciaron la suspensión de las exportaciones de carne por treinta días. Atribuyeron a un “rulo” la suba del precio del producto en un 67%, más de veinte puntos por arriba del promedio de inflación. El “rulo” consiste en subfacturar las exportaciones para dejar parte de los ingresos en cuentas del exterior y luego venderlas en los mercados locales paralelos de divisas. El incentivo de estas ganancias adicionales habría aumentado la demanda interna para exportar y por lo tanto los precios. El ruralista denunciaba sin embargo al gobierno por usar “un hacha” y no “un bisturí”, para corregir el problema. El gobierno coincidía con el editor en que este fraude no lo cometían los grandes exportadores, agrupados en el Consorcio ABC, sino operadores independientes que faenaban el ganado en plantas frigoríficas de terceros. El cierre de la exportación había sorprendido a los actores del negocio, porque privaba a Argentina de divisas que necesita para pagar deuda externa, y en primer lugar al Club de París y al FMI. Caranchos En estas condiciones, la clausura del mercado externo dejaba al descubierto el fracaso de la política oficial, que antes de esto había establecido un registro de exportación para que no quedara fuera de la red de vigilancia ningún operador, e incluso un precio de referencia, que debía impedir la subfacturación. Estas medidas ‘intervencionistas’ fueron acordadas con el Consejo Agroindustrial y con los grandes frigoríficos, que volvieron a mostrar el interés de mantener la asociación con el gobierno que clama la defensa de “la mesa de los argentinos”. Desde antes de los roces por el vaciamiento de Vicentín, los Fernández señalaron a la patronal agroindustrial de exportación como una de las patas estratégicas del gobierno. La cadena frigorífica no ha cumplido con la promesa al gobierno de invertir casi 200 millones de dólares para aumentar la producción y ofrecer cortes baratos a las carnicerías y supermercados. Otro editor Rural, pero de La Nación (22/5), ofrece una descripción diferente de estos entuertos. En alusión al trigo, señala “una autorregulación no escrita y defendida por exportadores, acopiadores y comercializadores”, que opera, obviamente, a costa de los productores. Respecto a la crisis de la carne, es más contundente: “Los consignatarios acusaban en estos días a los exportadores de estar detrás de la decisión del Gobierno, porque esa medida permitiría bajar el valor de la vaca”. Concluye, entonces, en “que el eslabón de la producción es el que tiene mayores chances de perder”. Clarín informa, coincidentemente, que el frigorífico Rafaela Alimentos, de los pagos del gobernador Perotti, “critica el paro” de las haciendas pecuarias y las empresas de engorde de ganado, “porque el campo no vende ganado”. Estos cruces demuestran que la gran industria procura aprovechar la crisis para acaparar una parte mayor del negocio de exportación en detrimento de los proveedores de la materia prima. Es lo que ocurre con las retenciones a las exportaciones agrarias, que son mayores para la materia prima que para el producto elaborado. En esta misma línea, algunos medios anticipan una intervención del mercado de concentración de Liniers, que funciona como referencia de los precios del ganado. Aunque allí se comercializa el 15% del giro de mercado, en tanto que el resto es compra directa o remates locales, el gobierno sostiene que pasa por ahí una parte significativa de la demanda para exportación. Crisis capitalista ‘La lucha de clases en el campo’ (entre los diferentes sectores patronales) desmiente la especie de que el agro constituya un bloque único o, peor, que el gobierno va por la segunda cruzada contra ‘la oligarquía’. La suba exponencial de los precios internacionales de la producción agropecuaria no ha atenuado esas contradicciones – más bien lo contrario. El maíz es usado en el engorde de ganado, con el consiguiente aumento del costo de alimentación de los animales. Ese mismo maíz se utiliza para producir bioetanol, otro gran frente de conflicto en la actualidad, lo que contribuye a sostener su precio. La producción de bio-combustibles es subsidiada por el Estado y contribuye al déficit fiscal, sin que las patronales abran el pico por eso. El gobierno ha enviado un proyecto de ley que beneficia al bio-etanol, que se produce a partir de la caña de azúcar, y no al biodiesel, a partir del maíz (JxC votó en contra, pero no así sus diputados por Tucumán, en una expresión de ‘la lucha de clases’ en el macrismo). El 77% de los fertilizantes que se usa en el agro es importado a precio pleno de mercado. De otro lado, el ‘boom’ de los precios internacionales de las materias primas alcanza por sobre todo a productos como el mineral de hierro o el cobre, aumentando los costos de producción de la maquinaria, entre ellas la agrícola. La cadena que participa del negocio de la exportación de materia alimenticia está muy extendida – desde los fabricantes de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos) y las maquinarias, a los fondos especulativos internacionales que se quedan con una parte importante del valor que genera la producción, mediante la compra-venta diaria de contratos. La Nación señala una suba exponencial de los precios de cubiertas y neumáticos para tractores, y el aumento del 35% del gas-oil, en el primer cuatrimestre de este año, el combustible que se utiliza para el laboreo y el transporte de granos. La mesa, una lucha de clases Este entramado social no solamente es una base de los enfrentamientos entre las clases patronales. La conclusión política más importante es que los trabajadores no pueden confiar en que el Estado tenga la capacidad de intervención o arbitraje para, según alegan los Fernández, defender “la mesa de los argentinos”. Por de pronto, no es lo que ha ocurrido hasta ahora, que ha visto un desplome histórico de esa mesa. Los Fernández buscan arbitrar entre los grupos capitalistas, advirtiéndoles que sin una regulación de los precios de los alimentos les espera una oleada de luchas como en Chile o Colombia. Los Fernández recurren a la mellada ‘herramienta antiinflacionaria’ para contener una lucha salarial. Esa mesa solamente se puede defender mediante la lucha por aumentos de salarios y jubilaciones, y por el derecho al trabajo de los desocupados. Adicionalmente, el impacto de los precios internacionales sobre la canasta alimentaria es uno de los aspectos del problema. Ayer mismo el Banco Central dio a conocer un comunicado que atribuye la elevada carestía en Argentina a la devaluación del peso en los dos años recientes. Esa devaluación no obedeció a un desequilibrio comercial; fue el resultado de una intensa actividad especulativa de ingreso y salida de capitales de corto plazo y de las consecuencias financieras de la enorme deuda pública de Argentina y sus intereses. Es lo que va a volver a ocurrir, porque, como lo explica ese mismo comunicado, el gobierno intenta contener la inflación por medio del incremento de la deuda pública y semipública (del Banco Central) de cortísimo plazo. No alcanza con el VAR La suspensión de la exportación de carnes por treinta días tiene como único propósito presionar a un acuerdo a la cadena agroprecuaria, industrial y exportadora. Por eso se anticipa que la medida será levantada dentro de un par de días. No resuelve los problemas de otra mesa que no sea la de los ricos. Con un tope de salarios que apenas roza el costo de la canasta familiar y una media que está abajo del nivel de pobreza, y jubilaciones y planes de indigencia, la cuestión no es el precio de la carne sino el precio de la fuerza de trabajo. Con los ingresos actuales de los trabajadores, la carne, la verdura, la fruta, los alquileres y el transporte están afuera de la vida de los argentinos. La pelea en las pampas por la tajada de cada una de las fracciones patronales se integra al conjunto de la crisis política. Pone de manifiesta que los problemas de la ‘gobernabilidad’ no tienen que ver con la ‘doctora’ o ‘el gato’, sino que se nutre en un desequilibrio enorme entre las clases. El ‘superciclo de commodities’ que pronostican los analistas, pone la mirada en China, que enfrenta sin embargo un brutal problema de sobre-endeudamiento. Si la pusiera en otro lado, la devaluación del dólar, como consecuencia de la colosal emisión de moneda de la Reserva Federal, para evitar la caída de la industria norteamericana, quedaría claro que ‘la mesa de los argentinos’ es víctima de una creciente crisis mundial, que se desarrolló en el marco de una crisis humanitaria histórica.

En un cuadro dramático del desarrollo de la pandemia en Tucumán, con picos de 1.000 contagios diarios, hospitales a un 80% de ocupación y en el marco de restricciones de circulación en más de 20 distritos de la provincia, el jueves 20 de mayo pusimos en pie la jornada de lucha piquetera a pata y pulmón en la capital de la provincia, de la que participaron más de 2.000 compañeros. Según los indicadores, gran parte de este crecimiento de los contagios tiene lugar en el Gran San Miguel, en las numerosas barriadas de los municipios que rodean la capital, donde se asientan los núcleos del Polo Tendencia. Muchos compañeros se han contagiado o están aislados por contacto estrechos, lo que afectó a algunas zonas y no se pudieran movilizar con todas sus fuerzas. A pesar de ello, fue una enorme movilización. La marcha se inició en dos puntos de la ciudad, en la zona norte y este de la capital y desde allí, marchando se confluyo en la plaza Independencia, frente a casa de gobierno, donde nos mantuvimos varias horas y realizamos un acto central. Participaron asambleas de La Cocha, Concepción, Fronterita, Mancopa, Orán, Los Lotes, Ranchillos, Los Sueldos, Viclos, Delfín Gallo, La Florida, Los Ralos, Colombres, Alderetes (varios barrios), decenas de barrios de Capital, Manantial, San José, San Javier, Las Talitas, Burruyacú, decenas de asambleas de Tafí Viejo. Como viene ocurriendo en todas las jornadas de lucha, se produce la incorporación de nuevos núcleos, en muchos casos provenientes de otras organizaciones, en rechazo a la política de tregua con el gobierno y de hostigamiento y métodos patoteriles internos. El jornada del 20 se movilizó una camada nueva de 30 compañeros de sectores que rompieron con Darío Santillán y Barrios de Pie. La situación social es intolerable. La presencia del Polo Tendencia en las calles, el hecho de que cada jornada haya sido cubierta en los medios, son factores que impactan y luego vienen los acercamientos. El Polo Tendencia es una gran referencia. En varios pueblos donde se desarrolló la gran lucha de los trabajadores del citrus, sectores enteros de trabajadores del limón y sus familias que participaron de los piquetes, se están integrando al Polo Tendencia, con lo cual se multiplican las actuales fuerzas organizadas y con una fuerte presencia proletaria. Como resultado de la jornada de lucha, arrancamos al gobierno provincial el compromiso de aumento de la partida de alimentos y asistencia a comedores y merenderos, reclamo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y sobre el cual el estado siempre se las arregló para no dar respuesta. Estamos alertas. En cualquier caso, las necesidades que se desprenden del agravamiento de la pandemia y las nuevas restricciones van a tener consecuencias directa sobre el ingreso de los trabajadores que no van a poder salir a buscar su changa, o las compañeras que trabajan en el servicio doméstico. Todo esto le echa más brazas a la caldera de la crisis social y en consecuencia la necesidad de establecer y unificar los reclamos de la población trabajadora, ocupada y desocupada frente a la nueva situación en una lucha de conjunto para arrancar todos nuestros reclamos.

El viernes continuaron las negociaciones entre el CNP y el Gobierno, a pesar de la continuidad de la represión. El gobierno retiró dos reformas (la de salud, el pasado el 19 de mayo, en medio de una movilización multitudinaria); renunciaron dos ministros (el ideólogo de la reforma fiscal y la canciller, apabullada por denuncias internacionales de violaciones a los DDHH), y el jefe de policía de Cali (involucrado en varias masacres). Sin embargo, nada de esto frenó a los manifestantes que siguieron entonando “Duque Chau”, al ritmo de “Bella Ciao”. El gobierno insiste en promover negociaciones “descentralizadas” (por localidades y munipios) que no tiene mayor éxito. Las negociaciones comenzaron el 10 de mayo y continuaron en las jornadas siguientes. El CNP puso como condición desmilitarizar y poner fin a la represión; el Gobierno reclama el “desbloqueo”. El Comité rechaza desbloquear vías, aunque no refuerza los piquetes. “Hay coincidencias” El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, planteó que continuarán dialogando con el Ejecutivo nacional, “más allá de lo que pase”; incluso aludió “unos puntos de coincidencia (…).” Las protestas sociales y la represión se sintieron en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, entre otras ciudades, así como bloqueos en vías nacionales (Buga-Buenaventura). El 20M, en Bucaramanga hubo seis personas desaparecidas y once detenidas. El CNP prevé una “caravana de solidaridad” con Cali y el Valle del Cauca, el 25 y 26 de mayo, mientras que para el 28 de mayo, al cumplirse un mes del Paro Nacional, "vamos a preparar y realizar actividades educativas, culturales y de movilización en todo el país". No hizo referencia una huelga general. El comercio, paralizado por piquetes En Valle del Cauca, en las bodegas del puerto de Buenaventura (uno de los principales abastecedores del país) hay cargas que no han podido ser enviadas al interior. Las grandes compañías navieras que operan en la ciudad portuaria suspendieron temporalmente sus operaciones (Infobae, ídem). En Buenaventura se mueve el 49% del comercio exterior de Colombia. En 2020, el puerto de Buenaventura movilizó casi 19 millones de toneladas en sus tres terminales portuarias. En la ruta de Buga-Buenaventura se registran piquetes todos los días, a pesar de la represión policial y la militarización de las vías. “Hemos sido notificados por nuestro agente de Asia que las líneas navieras MSC, CMA, EMC, COSCO, entre otras, no recibirán más carga con destino a Buenaventura, este servicio estará temporalmente suspendido debido al Paro Nacional y razones de orden público”, citaron del comunicado de la compañía Transborder. Suspendieron operaciones la estadounidense C.H. Robinson Worldwide, Maersk, Cosco, Evergreen, Hamburg Sud, MSC. “Durante las manifestaciones, nuestra Terminal TCBUEN enfrentó una situación de violencia sin precedentes que requirió la evacuación del 100 por ciento de nuestro personal por razones de Seguridad”, narra el documento. La rebelión popular en Cali, Yumbo y Buenaventura obligó a una de las principales metalúrgicas, Sidoc S.A., a cesar sus operaciones. El nuevo ministro de hacienda, Restrepo, señaló que los costos por las protestas superan los 480.000 millones de pesos (más de 130 millones de dólares), según Sputnik (17/5). El Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, conformado por Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc y Ternium, empresas que representan el 100% de la producción nacional de acero, reportó que debido a los bloqueos se limitó la producción y hubo pérdidas de 248.000 millones de pesos (portafolio, 21/5). En comercio se registran pérdidas por 880.000 millones de pesos. El sector de la construcción estima una pérdida de más 500.000 millones, mientras que el 84% de los obreros de la construcción viven en situación de vulnerabilidad (situación que se hace extensiva al conjunto del movimiento obrero), debido a la destrucción sistemática de sus ingresos y derechos por parte de los pulpos de la construcción, comercio y exportadoras, que ahora reclaman reprimir a los manifestantes. LEER MÁS Colombia: derrota de la reforma de salud, por Emiliano Monge Colombia: la dinámica de la crisis y la política del Comité del Paro, por Emiliano Monge

La edición de la XLVII Copa América suspendió la sede de Colombia, debido a la enorme rebelión popular que se desarrolla desde hace más de 20 días. Se trata de una victoria de los manifestantes, las hinchadas y los futbolistas que se han solidarizado con la huelga. La Copa estaba planeada para realizarse de manera compartida entre este país y la Argentina. Colombia había solicitado postergar la realización por “problemas logísticos”, pero Conmebol respondió que “resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre” (El País, 20/5). Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia con muy poca población vacunada y con más de 80.000 muertos. Duque prometió la realización de la Copa, ninguneando al paro nacional ininterrumpido, y tratando de desviar la atención internacional de las protestas. Con más de 50 muertos, 600 desaparecidos, miles de violaciones de DDHH, detenidos y heridos, se vive en Colombia una guerra del estado contra la población. Muchos partidos de la Copa Libertadores –también organizada por la Conmebol– fueron escenarios de las protestas y la represión policial contra los manifestantes. “El duelo entre América de Cali y el brasileño Atlético Mineiro tuvo que detenerse en cinco ocasiones, y el enfrentamiento entre Junior y el River Plate argentino también estuvo suspendido por varios minutos, ambos en la ciudad caribeña de Barranquilla. En Pereira, el juego de Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Uruguay empezó una hora tarde por los manifestantes” (ídem). Las barras se unieron para reclamar que no se realice el torneo. Las hinchadas de muchos equipos nacionales están apostadas en cada uno de los puntos de resistencia, y apoyan activamente el paro. En Cali, “capital de la resistencia” y donde más asesinatos policiales se perpetraron, las hinchadas rivales del América y Santa Fe se unieron en defensa de la “primera línea”, brutalmente atacada por la policía y las bandas paramilitares. Manifestaron su apoyo al Paro Nacional barras como La Guardia AlbiRoja Sur (Santa Fe), los Comandos Azules (Millonarios), Los del Sur (Nacional), el Barón Rojo Sur (América de Cali), Fortaleza Leoparda (Bucaramanga) y la Rexixtenxia Norte (Medellín). Estas barras salieron a las calles de sus respectivas ciudades para manifestarse. Muchas de estas barras hacen plantones y organizan ollas populares. En Cali, la barra del Deportivo Cali sostiene el Puerto Resistencia en la Loma. Revolución Vinotinto Sur (Deportes Tolima) se ha manifestado constantemente en contra del asesinato de Santiago Murillo, joven asesinado por el Esmad. En Cartago, integrantes de Los del Sur, los Comandos Azules, el Barón Rojo Sur y el Frente Radical Verdiblanco, se unieron para formar la primera línea de resistencia frente a la represión policial. El lunes 17 de mayo, en Villavicencio, hinchas pertenecientes a barras de Nacional, Millonarios y América, marcharon en apoyo al Paro. En Pereira, hinchas del América y del Deportivo Pereira se reunieron frente al hotel donde estaba Nacional de Uruguay para corear conjuntamente: “No se juega, de luto no se juega”. Junior de Barranquilla, sede de enormes protestas, emitió un comunicado en el que solicitó que su equipo no jugara frente a Fluminense el 6 de mayo y amenazaron con bloquear el transporte. Los futbolistas colombianos solicitaron a la Federación Colombiana de Fútbol no programar partidos hasta que no se resuelvan las demandas del paro y se ponga fin a la represión estatal (13 de mayo), piden “un país más justo, equitativo e inclusivo en el que se le garantice a toda persona lo mínimo para vivir dignamente”. Priorizar los negocios, no la vida La Copa América es una gran generadora de ingresos para los países organizadores. Duque había prometido la exención tributaria, por la suma de 14 millones de dólares, algo que espera recibir Argentina (Infonegocios, 6/5). Argentina debe pagar 7 millones por ser sede, algo que se espera recuperar con la venta de entrada y el uso del 30% del aforo, todavía no descartado. Mientras el país tiene muy pocos vacunados y una explosión de casos, la Conmebol compró 50 mil dosis de vacunas Sinovac, un “vacunatorio VIP” para los planteles. Los “protocolos” y las “burbujas” de los futbolistas y los trabajadores de eventos deportivos demuestran también su ineficacia, como lo producido en clubes con más de 30 contagios. El presidente anunció un confinamiento por nueve días, sin aportar recursos. Sería la cuarta edición de la Copa en seis años, algo poco habitual ya que se realiza cada dos años. La Conmebol atraviesa una crisis de fondos, como la AFA y el país. Conmebol recibió sobornos para la adjudicación de derechos de televisión, lavado de activos y otros delitos dentro del Fifagate. Por Amazon se puede ver la serie “El Presidente”, sobre estos casos. El supuesto “recambio” de la dirigencia no es tal, ya que circulan los mismos mecanismos de corrupción.

El gobierno ajusta las becas Progresar y cierra ciclos lectivos, nos impide participar del Potenciar Trabajo y nos ultra-precariza con el “Potenciar Inclusión Joven”. Un cuarto de los y las jóvenes en el país no tienen trabajo. De los que trabajan, entre los 18 y 24 años, la informalidad -trabajo precario, en negro y sin derechos- avanza alcanza el 64%. El 49% de los jóvenes entre 15 y 29 años sean pobres. [1] El 16% de los niños entre 13 y 16 tiene que salir a laburar (en condiciones criminales). Uno de cada dos empezó durante el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) del año pasado. Sólo el 56% de ellos recibió en su familia las ayuda del Estado. [2] Con nuestra cruda realidad, ¿cómo se supone que paguemos el internet y las computadoras o los teléfonos necesarios para estudiar en pandemia? Porque con más de 30 mil casos diarios y sin vacunas la vuelta a clase es llevar a nuestras familias y docentes al matadero. Es por esto que muchos estudiantes no pudieron comenzar una carrera o al menos continuar sus estudios. Cae de maduro, además, que los requisitos para ingresar a las becas PROGRESAR son imposibles para la juventud precarizada, desocupada y pobre. ¿Cómo íbamos a promocionar materias en el confinamiento de 2020 si no teníamos con qué estudiar? Frente a esto, las federaciones universitarias kirchneristas y radicales hacen debido silencio. Los centros de estudiantes del FIT-U y el Frente de Lucha llevaron una carta al ANSES pidiendo una reunión con sus funcionarios [3]. Esto último llama poderosamente la atención. Ningún funcionario del ANSES puede decidir sobre el presupuesto para las becas, ni los requerimientos para conseguirlas [4]. Este es el eje de la discusión que debemos darnos los jóvenes. La toma del ministerio de educación por parte de la Juventud Piquetera se levantó con un “compromiso de reunión”, pero no pudo garantizar ninguna de las reivindicaciones que tenemos. La Corte Suprema -la misma que falló a favor de la presencialidad en pandemia- se nos ríe en la cara cuando falla en favor de las empresas de telecomunicaciones para quitarnos el servicio mínimo de acceso a internet. Los paros por el salario, los cortes de ruta por alimentos y el IFE para los desocupados y trabajadores precarizados, etc, son expresiones del descontento que viven los trabajadores y sus hijos. Ninguna confianza en el gobierno, sus ministros y funcionarios; todos trabajan para lo que demanden los buitres del mercado financiero. Frente a los “compromisos” plan de lucha y organización hasta que nuestras reivindicaciones sean realidades. Referencias: [1]: Los jóvenes son los más perjudicados por el desempleo, El Economista, 19 de Marzo 2021. [2]: 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes que trabajan comenzó a hacerlo durante la pandemia, Organización Internacional del Trabajo, 21 de Mayo 2021 [3]: Fernando Ramal, Contra los rechazos en la beca Progresar y por conectividad: jornada en defensa de la educación pública, Prensa Obrera, 20 de Mayo 2021 [4]: La Unidad Piquetera suspende piquetes tras compromiso de Desarrollo Social, Prensa Obrera, 13 de Mayo 2021.

El Suteba de Merlo convocó el pasado 19 de mayo a la segunda reunión de delegados del año. Estas reuniones esporádicas se parecen más a un “conversatorio” que a una reunión sindical, porque no hay temario y no se vota nada. Estuvieron presentes delegados de base independientes, de la Multicolor, de la Celeste y la directiva del sindicato. Se trataron varias cuestiones, como la falta de vacunas; el descontento de los docentes ante las guardias y actividades presenciales, en medio de un decreto tardío y arrancado por las bases de suspensión de la presencialidad y la necesidad de re-apertura de paritarias. Respecto a la cuestión de la presencialidad, se cristalizaron dos posiciones: una que defiende la vida, reclama la suspensión de la presencialidad en toda la provincia mientras dure la pandemia, la vacunación masiva y conectividad gratuita para todos; la otra, en cambio, continúa militando la presencialidad -ahora ´administrada´- y aún no acusó recibo de los más de 91 trabajadores fallecidos en todo el país a causa del Covid, desde que se reabrieron las escuelas. Ataques y chicanas Ante los planteos de la oposición y de los delegados independientes -suspensión de la presencialidad, aumento de salario, dispensas por cuidado de menores , presupuesto para la virtualidad- el Suteba pareciera no encontrar otra forma de responder que con chicanas, alterando las posiciones de los delegados que critican al gobierno y sus sindicatos adictos, tachándolos de “machistas” (¿?). Es necesario recordar que la burocracia que ahora se autodenomina ´feminista´ no movió un dedo por el aborto legal durante los doce años de gobiernos K. Pero sobre todo, la emancipación de la mujer trabajadora es indisociable de la lucha por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, que garantice la independencia social y económica de la mujer aún bajo el capitalismo. La burocracia que ha entregado el salario de los trabajadores hasta reducirlo a una ´canasta de pobreza´ no puede hablar en nombre del movimiento que encabezaron las mujeres trabajadoras por sus reivindicaciones. Precisamente, la respuesta de la directiva en el debate por las dispensas fue que “si se da dispensa por hijos, luego pedirán dispensa por padres y nadie va a ir a trabajar”. Una respuesta pro patronal del sindicato de "lxs trabajadorxs de la Educación". Frente al planteo de reforzar la virtualidad y rechazar como cuerpo de delegados las presiones de inspectores y directivos para obligar a los docentes a concurrir a guardias, orientaciones y otras actividades presenciales, los representantes de la celeste afirmaron que “no tenemos que diferenciarnos de los demás trabajadores, no tenemos coronita. Todos están trabajando de manera presencial”. De este modo, el Suteba enrolado en la Ctera y la CTA A, deja en claro que apoya a la política de “convivir con el virus” que promueven las cámaras empresarias, el clero y el FMI. “Escuelas abiertas” En este marco emergió un fuerte debate en torno al “Comunicado ampliatorio” de la DGCYE (10/05) que promueve, en medio del colapso sanitario, que las “Escuelas Abiertas” garanticen una “mínima presencialidad escolar”. Kicillof-Vila nos invitan a seguir contagiándonos en vez de proveer a estudiantes y docentes de conectividad. La Celeste, en vez de reclamar conectividad, defiende la “presencialidad mínima”, en nombre de que “hay niños y niñas pobres que no pueden llevar adelante su proceso de aprendizaje porque no tienen conectividad”. Es el planteo de la ministra de Educación, Agustina Vila, y Kicillof, de abrir las escuelas para aquellos chicos y chicas que no tienen conectividad, ni equipamiento, que debería garantizar el Estado. Mientras Suteba apoya la “presencialidad mínima” y la “presencialidad administrada” en 91 distritos, los Inspectores y Directivos, citan a docentes y alumnos en las escuelas para “dar 30 minutos de clase”. Reforcemos los comités de lucha Hace un año, desde que el Covid llego al país, los docentes de algunas agrupaciones de izquierda, independientes y auto convocados, dejaron planteada la necesidad de la cuarentena y la virtualidad, mientras que Suteba desenvolvió la política criminal de la presencialidad desde el momento cero. Su alianza con el gobierno se encarnó en su participación en los comités mixtos que abrieron las escuelas en pandemia y sin vacunas, desconociendo que la presencialidad mata. Este seguidismo al gobierno les generó una crisis con su propia base, que también ha sido golpeada por la ola de contagios y rechaza la presencialidad en pandemia. Desoyéndolas, solo se limitaron a esperar el decreto presidencial. Es así que la Ctera no sacó ningún paro por la Vida y salud de los trabajadores docentes. Quedó de manifiesto que está dirección, alineada al Estado, es incapaz de defender en forma consecuente la salud, la vida, el salario y la educación pública gratuita. La iniciativa de lucha y organización está en manos de los docentes de base.

En su informe de junio del año 2020 al Grupo de Trabajo de ONU sobre Detenciones Arbitrarias Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, relacionada con las políticas de drogas el CELS afirma: “…El delito de drogas es el motivo de encarcelamiento penal que más creció en Argentina en las últimas décadas. El crecimiento de la población encarcelada por delitos de drogas duplica el incremento de la población encarcelada por otros delitos en los últimos 20 años. Mientras la población encarcelada por delitos de drogas se incrementó un 329% entre 2002 y 2018, la población por otros delitos creció un 152%, según datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP). Así mismo el delito de drogas, representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres (46% de las privadas de la libertad mujeres) y de las personas trans (70%), de acuerdo a los últimos datos del SNEEP, para el año 2018…” La simple lectura de ese párrafo arroja una primera conclusión. El espacio comandado por el destacadísimo “vacunado Vip” Horacio Verbitsky resalta que, durante el período que abarca (prácticamente en su totalidad) a las anteriores gestiones “Nacionales y Populares” el aumento del encarcelamiento vinculado con el presunto tráfico al menudeo de sustancias duplicó al generado por otros delitos. Así, sin sonrojarse, como si no constituyera un espanto en cualquier orden social medianamente civilizado, se indica que la cifra “menor” por otros delitos creció en un 152 % (¡!). Luego se incursiona en el saldo que arroja la actividad propia de los restantes poderes del modelo de Estado imperante. Se señala textualmente en el fallo Arriola: "En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo de dicha ley que penaliza la tenencia para uso personal por considerar que esta es una conducta privada y su punición representa una invasión a la esfera de la libertad personal cuando no implica una afectación o daño a terceros. El Fallo Arriola reconoció el fracaso del paradigma de la criminalización del consumo y sugería la adecuación del marco normativo. Sin embargo, desde ese momento no se ha producido un cambio en la ley para seguir la recomendación del fallo… Alrededor de 25 proyectos de ley, de las más diversas bancadas políticas, se han presentado desde “Arriola” a la actualidad con el objetivo de despenalizar conductas asociadas al consumo…. Ninguno prosperó.” Es incuestionable que esa descripción, que en términos burgueses no implica otra cosa que “invocar la propia torpeza”, evidencia de un modo irrefutable la inoperancia que revisten las decisiones que emanan del poder judicial y el enorme fraude que constituye la actividad parlamentaria que se ejerce en los márgenes de las relaciones sociales imperantes. Claro que esa mezcla de inoperancia y trampa tiene funestas consecuencias que, naturalmente, recaen sobre un inmenso número de seres pertenecientes a la clase obrera (sea ocupada, sub ocupada o desocupada) ya que en el aludido informe se asevera que: ”… unas 20 personas son detenidas a diario por las fuerzas federales motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención.” Solo sobre la base de una candidez o necedad extrema puede sostenerse que, a pesar de todos “los esfuerzos”, los inexistentes resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y el brutal encarcelamiento del pueblo pauperizado se deben, simplemente, a la torpeza o, en su caso, a la impotencia estatal. Lo real es que, es una regla de oro del Estado burgués, destinar abultados presupuestos para, tras un telón vaporoso y difuso, montar la logística de control social de la clase oprimida. En ese sentido el informe referido también clarifica la cuestión. Sostiene que ese modelo de política criminal “…significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos. Estos recursos podrían destinarse a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como ser los derivados de la gestión y administración del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción…” Es en ese contexto que debe ser analizada la decisión de desfederalizar la aplicación de la Ley 23.737 En el caso de la Provincia de Buenos Aires, durante el gobierno “Nacional y Popular” de Felipe Solá, se adhirió a ese régimen y hasta el presente, sin “grieta” de por medio, el mismo se mantiene intacto. De acuerdo al informe del CELS “…un tercio de las causas ingresadas a fiscalías provinciales corresponden a casos de tenencia para consumo personal, de acuerdo con los datos del Ministerio Público Fiscal provincial. En algunas jurisdicciones como Zárate-Campana (53,8%), Trenque Lauquen (52%), Necochea (64%) más de la mitad de las causas iniciadas de 2018, son por tenencia para consumo.” En definitiva, puede leerse en el referido trabajo que “…en la provincia de Buenos Aires el encarcelamiento por delitos menores de la ley de drogas se incrementó 10 veces, desde 2002 contra un crecimiento de una 1,5 en otros delitos.”. Ese impresionante aporte al colapso carcelario que desde hace tiempo alcanza ribetes de crisis humanitaria es padecido, en abrumadora proporción, por personas jóvenes que integran todos los segmentos de la clase laboriosa. Naturalmente, idéntico resultado ha arrojado la adhesión de CABA en el año 2019. El informe en cuestión señala que la persecución de consumidores aumentó, nada más y nada menos, que en un 278%. Mientras tanto el enorme negocio global del narcotráfico goza de la muy buena salud que, siempre sin “grietas”, le aseguran los gobiernos capitalistas. Obviamente, la persecución y el multitudinario encarcelamiento (en su enorme mayoría escandalosamente prolongado como “preventivo”) se vincula con la finalidad que orienta al sistema penal en el marco de las relaciones sociales vigentes. Mediante ese modelo de política criminal, el sistema capitalista controla a una enorme masa humana no incorporada al mercado de trabajo que, además, por su nivel de exclusión, ni siquiera puede ser considerada ejército de reserva respecto del mismo. De esa forma el sistema de relaciones sociales capitalistas se preserva como tal. Criminaliza de un modo tosco a una cada vez más exuberante multitud que no es asimilada por los tradicionales mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo y, tras la bruma que producen las variantes políticas patronales, obtura la concientización que generaría una radical oposición a ese inhumano sistema de opresión y acumulación de ganancias. Se trata de seres tan despreciados y marginados que ni siquiera pueden aspirar a ser explotados en el interior de las relaciones laborales capitalistas. Así se propician antagonismos incluso con los miembros de la propia clase que aún conservan el “derecho” a ser explotados. Es una exigencia humanitaria elemental que, como en todos los terrenos, los esfuerzos de la izquierda revolucionaria se concentren en transparentar los recurrentes subterfugios de los que se vale el “pensamiento progresista” para no atacar a fondo al colapsado sistema de relaciones sociales capitalistas. Estado Obrero. Gobierno de trabajadores. SOCIALISMO O BARBARIE.

Debieron superarse los 35.000 casos de Covid y las 500 muertes diarias durante dos largas semanas para que el gobierno anunciara el retorno a una ´fase uno´ que, bien mirada, es un remedo de circunstancias. Como medida de freno a la circulación del virus esperó el calce con un feriado pos fin de semana, para que las patronales no se vean perjudicadas por más que tres jornadas laborables – un tercio del tiempo del ´lockdown´. En la espera crecieron los contagios y las muertes. En lo que refiere a la actividad económica, afecta a la gastronomía. Por lo demás, la “restricción” deja afuera a un listado de industrias llamadas ´esenciales´, cuya definición es suficientemente amplia, empezando por la exportación, a pesar de la veda a la carne, como para que casi todos trabajen. Lo mismo ocurre con el gran comercio, detrás de la excusa de la venta de alimentos. La suspensión de la presencialidad en las escuelas es por pocos días, aunque Larreta dejó abierta la posibilidad de que las vacaciones de invierno se disfruten en junio. Ha sido fuertemente disimulado por la acumulación de feriados, esto, para dejar abiertas las puertas a un rápido retorno. En el camino, Larreta volteó las cursadas a distancia, desmintiendo su publicitado fanatismo por la educación La reedición de la ´fase 1' del gobierno FF no prevé ningún régimen especial de testeos, ni de seguimiento de contactos estrechos; el dinero debe quedar en caja como garantía al FMI. Tampoco está prevista ninguna mejora para los hospitales ni para el personal de Salud. Un comunicado del Banco Central deja ver que el gobierno espera que el confinamiento baje la tasa de inflación. Debería decir, mejor, la privación de ingresos de los consumidores. "Nueve días hasta mediados de junio" Sin poder ocultar el carácter ultralimitado de la medida de nueve días, Fernández abrió el paraguas respecto de la posibilidad de su extensión. Santiago Cafiero advirtió, por radio, que el DNU de hace dos semanas caduca a mediados de junio. Dos DNU simultáneos sobre el mismo tema va a dar que hablar a los especialistas en ´estados de derechos´. Vizzotti, la Ministra de Salud, anticipó futuras cuarentenas “intermitentes”, como ocurre con la lluvia en invierno. Con la excusa del ´cierre breve´, el gobierno se exime de cualquier medida elemental de financiamiento de la pandemia, en especial para la población desocupada o precarizada que no podrá salir a ganarse sus ingresos. Los Repro, para el pago de salarios, tienen un tope de 22 mil pesos – una fortuna. En cuanto al refuerzo a la Tarjeta Alimentar ya fue devorado por la carestía. Los planes Potenciar Trabajo, que cubren la cuarta parte de una canasta de pobreza, sólo lograron alguna ampliación debido al temor a los piquetes de las organizaciones de desocupados. La minicuarentena es corta para lo que es la exigencia que demanda la emergencia sanitaria, pero será una eternidad para la población que vive al día. Las transacciones en la Bolsa de Buenos Aires se seguirán realizando por vía digital en Nueva York. La crisis no reconoce “cierres” La súbita irrupción de la fracasada fase uno del año pasado es una confesión del fracaso completo de la política de piedra libre a la circulación de mercancías, capitales y personas, que implementaron los Fernández a sabiendas de lo que se venía. Trotta hacía pareja presencial con Acuña, y Vizzoti con Quirós. El afán por la presencialidad segura se extendió, como una pandemia, al kirchnerismo y al FIT-U. En otro plano, la nueva etapa de restricciones no hará sino agravar el impasse de la economía. En primer lugar sobre los trabajores ocupados y desocupados y sobre los jubilados. Se acelerará el derrumbe de la pequeña empresa y las deudas impagas en los bancos. La tolerancia social a un acuerdo con el FMI se ha perdido hace tiempo, porque lo que hace Guzmán es una política de ajuste sin haberlo firmado todavía con el Fondo. El gobierno y el macrismo han votado la postergación de las elecciones por un mes no por acosos del virus sino por pánico a un revés electoral. La expectativa en las vacunas ha sido y sigue siendo la zanahoria con la que se quiere persuadir a la población a que hay que aguantar hasta que lleguen. Al final del feriado super largo, las contradicciones explosivas de la gestión oficial van a reaparecer con más fuerza, en especial la necesidad de extender el confinamiento sin ningún apoyo económico, pero arreglando con los ganaderos y los frigoríficos.

Estimada amiga/o, compañera y compañero: En primer lugar, queremos agradecerte el apoyo brindado para que la Tendencia del Partido Obrero avance en su legalización. Gracias a esa contribución, y la de tantos otros, la Tendencia ya logró el reconocimiento de las 4.000 primeras adhesiones en CABA. Además, llevamos reunidas 3.000 afiliaciones, de las 4.000 que nos exige la justicia para la presentación electoral. Llevamos adelante esta campaña con enorme esfuerzo, bajo las difíciles condiciones de la pandemia. Muchos se sorprenden o nos preguntan: ¿cómo hicimos?, en circunstancias donde los vínculos entre compañeros de trabajo, estudio o del barrio se dificultan por la pandemia y el aislamiento. La respuesta es sencilla: nos movilizó la inmensa convicción de que, bajo las circunstancias de esta crisis humanitaria, son necesarias, más que nunca, voces que planteen la lucha por la salud y la vida de los trabajadores. La lucha por el salario y el derecho al trabajo. Muchos de ustedes se sumaron con completa convicción hacia nuestras ideas. Otros compañeros no las comparten del todo. Pero defienden el derecho democrático a que una corriente obrera, socialista y de lucha haga oír su voz. Hoy, la pelea por esta legalización se ha tornado todavía más compleja, bajo el ascenso de casos y las últimas restricciones a la circulación. Nos falta poco: pero más que nunca, necesitamos de tu apoyo para llegar. Del compañero que interesa y convence a otro compañero. De la amiga que ya firmó por la legalidad de la Tendencia. Pero sabe de otra amiga, y puede interesarla para que sume su firma. Necesitamos, uno a uno, extender esos apoyos. ¿Cómo los sumamos? Es sencillo. Pidamos a nuestras compañeras, compañeros, amigas, vecinos, que ingresen a po-tendencia.com , completen los datos correspondientes y los envíen. Luego, combinaremos una visita para que concretes tu firma en la ficha correspondiente. Gracias por sumarte, y por interesarte a que otros se sumen. Partido Obrero (Tendencia) 23/5/2021

En un cuadro explosivo por el pico de contagios y fallecimientos, tuvo lugar el plenario de trabajadores del gremio de comercio que convocaron y organizaron los compañeros de UTM (Unión de Trabajadores Mercantiles) de Ciudad de Buenos Aires. La UTM es una agrupación combativa con presencia en diferentes supermercados. Desde Combativos Mercantiles y Telemarketers en Lucha concurrimos al plenario ofreciendo tres ejes para discutir: el recupero del salario y reapertura de paritarias de 50% más bono e 30 mil pesos en un pago, única herramienta de los trabajadores para enfrentar la pandemia; los protocolos aprobados y controlados por los trabajadores y la cuestión de las vacunas para prevenir los contagios y las muertes por covid-19; y, por último, la organización de las bases del gremio en asambleas en lugares de trabajo con autoconvocatorias para superar a la burocracia entreguista y con un plan de acción para conquistar nuestros reclamos. Del encuentro participaron Empleados Autoconvocados de Garbarino, Trabajadores Despedidos de Pedidos Ya; trabajadores de Jumbo, Carrefour, Claro, Chango Más; delegados de COTO, pequeños comercios, call center de estudios jurídicos que no están organizados en agrupaciones; Red de Trabajadorxs Precarizadxs (agrupación del PTS); Naranja Comercio (agrupación de PO oficial), además de los convocantes de la Unión de Trabajadores Mercantiles y nuestras agrupaciones. Nuestras agrupaciones vienen discutiendo acciones en común con los compañeros de UTM, y en las diferencias hemos logrado acordar posiciones de lucha. Desde ya convocamos a ampliar un frente de acción que golpee los avatares de las patronales, la burocracia y a los que gobiernan para intereses ajenos a los nuestros. Todo el desarrollo del debate dio cuenta de la calamitosa situación en la que estamos los trabajadores en los supermercados, en los call center y pequeños comercios. Siendo la primera línea, los trabajadores de supermercados y pequeños comercios relataron la falta de protocolos y allí donde existen, hay una completa violación de estos. Los trabajadores de Garbarino están luchando por el pago del 100% de los salarios, actualmente la patronal paga el 25% y a los suspendidos no se les paga nada. La semana pasada hubo una importante movilización por sus reclamos. Las compañeras despedidas por Chango Mas también exigieron su reincorporación. Trabajadores de Pedidos Ya denunciaron todas las maniobras de la patronal para no reintegrarlos a pesar de que hay un fallo judicial que lo exige. Siguen las denuncias de compañeras que sufren violencia de género y acoso por parte de personal jerárquicos y patrones. El reguero de reclamos y luchas se hizo presente en el plenario por parte de trabajadores de Bahía Blanca, Córdoba, Salta, Rosario de Santa Fe. Al calor del intercambio, arribamos a la conclusión de que debemos ir a un plan de lucha para lo cual es necesario abrir la deliberación en los lugares de trabajo donde no hay delegados, a través de asambleas autoconvocadas. Los delegados de COTO denunciaron los golpes y persecuciones por parte de la patota de la burocracia sindical que se opone a la democracia obrera. Cavalieri, tomando nota del enorme descontento y proceso de deliberación de las bases en el gremio, pretende desarticular la lucha con anuncios de que va a “medidas de acción directa en un marco de alerta y movilización”. Una nueva maniobra para dejar pasar la ruina salarial, los atropellos de la patronal con el servicio de la burocracia sindical, los contagios y muertes por covid-19. El plenario, luego de un largo debate por las intervenciones de la mayoría de los presentes, resolvió un pliego de reclamos para que los trabajadores tomemos en nuestras manos la defensa de la salud y la vida. A continuación, reproducimos las resoluciones que votó el plenario: Armar una mesa de trabajadorxs y agrupaciones para coordinar las luchas en comercio // Convocamos a una medida de protesta en Carrefour Malvinas Argentinas para visibilizar todos los reclamos, para la semana próxima // Apoyo total activo a los trabajadorxs autoconvocados de Garbarino desde UTM y todas las agrupaciones participantes // Apoyo al fondo de lucha LATAM (CVU-cuenta virtual mercado pago-0000003100085083577254///alias COMPASHEYLATAMLUCIAOTERO) // Reapertura de paritarias ya 50% + bono de 30 mil (mensuales no proporcional y durante 6 meses) // Vacunación para todo comercio // Elaboración de protocolos por parte de los trabajadores y controlados por nosotros // Elecciones sindicales para tomar posición sobre nuestra situación y elegir nuestra dirección, con mandatos revocables // Plan de lucha nacional, coordinar para movilizar a la CAC el 28/05 y que en el interior se reproduzca en las centrales patronales // Asambleas en los lugares de trabajo autoconvocadas para discutir medidas de fuerza // Reconocimiento de la insalubridad de los call centers y el salario como jornada completa // No a la presencialidad en los call centers // Pase a planta permanente de todos los tercerizados // Nuevo plenario dentro de 20 días aproximadamente // Conformación de una comisión organizativa. Nos preparamos, como la primera línea que somos, para una batalla crucial por nuestra salud y la vida. Vamos por la más amplia unidad de acción contra este régimen de barbarie que ha desatado un caos para los que vivimos de nuestro trabajo. Coordinemos las luchas en la perspectiva de la huelga general. Por un congreso de trabajadores.

Con ese título, el portal Palestina Hoy ha publicado en su cuenta de Twitter un video que registra la gigantesca movilización internacional contra el bombardeo de Israel contra Gaza y en solidaridad con las luchas y huelgas que se desarrollaron dentro de Israel y en Cisjordiania. El video compila esas movilizaciones, desde la que tuvo lugar en Chile el pasado 18 de mayo (una columna de más de 7 kilómetros en Santiago) hasta Panamá y varios países de Oriente. La marcha masiva en la nación trasandina incorpora un elemento poderoso acerca del contenido internacional de la rebelión popular que atraviesa a Chile desde hace año y medio. El video recoge el acto realizado en Buenos Aires, en el que participaron el Nuevo Mas y la Tendencia del PO, así como representantes y voceros de la comunidad árabe y palestina en Argentina. En este acto se señaló la inminencia de un movimiento de huelga, que tuvo lugar enseguida, al día siguiente, en Cisjordania e Israel. Esta disposición política de jóvenes y obreros en todo el mundo pareció soterrada durante algún tiempo, en el cual intentaron campear victoriosos Trunp y Netanyahu. Es claro que esa movilización internacional no hace sino expresar la rebelión popular que tiene lugar en varios países y la que asoma en muchos más países. Ayer, el sábado por la noche “varios miles de manifestantes se reunieron en Israel, convocados por la iniciativa del escritor David Grossman, para reclamar algo fundamental, en el mismo momento en que el norteamericano Biden y el egipcio Al Sissi discuten con Netanyahu las condiciones de la ‘tregua’ que impuso Estados Unidos – o sea, el levantamiento incondicional del bloqueo de la Franja de Gaza, por parte del estado sionista y la dictadura egipcia, que Trump había señalado como su “dictadura preferida”. Palestina no va a ingresar en una ‘nueva normalidad’ como pretenden las principales potencias y la reacción mundial. La situación mundial ha sufrido un cambio radical. LEER MÁS “Que se levante el bloqueo a Gaza”, la consigna, por Emiliano Monge y Jorge Altamira La tregua de Biden en Palestina, por Jorge Altamira

El sábado fue el primer día completo de la tregua que terminó la cuarta guerra entre Israel y Hamas en poco más de una década. Los ataques comenzaron el 10 de mayo, cuando Hamas en Gaza lanzó 4.000 cohetes hacia Jerusalén, como una respuesta a amenazas de desalojo de familias palestinas por colonos judíos (en Sheikh Jarrah) en el este de Jerusalem, y a la represión brutal contra los feligreses que se acercaron a la mezquita de Al Aqsa, al finalizar el Ramadan. Israel respondió con más de 700 ataques aéreos contra Gaza, arrojando varios centenares de víctimas. Hasta el 19 de mayo, 219 palestinos habían muerto en Gaza por los bombardeos israelíes, entre ellos 66 niños. Fueron destruidos hospitales, escuelas y más de 700 edificios. “El número de muertos en Gaza sigue aumentando a medida que los cuerpos se retiran de los escombros”, indica Haaretz. Acordado un cese al fuego, por presión de Biden y la mediación de Egipto, tanto Israel como Hamas se han adjudicado “la victoria”. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la vuelta a “la tranquilidad y la seguridad”. Sin embargo, el “cese al fuego unilateral” que declaró su gobierno se produjo bajo la presión de una enorme rebelión popular y la huelga general en Israel, en movilizaciones que unieron a israelíes junto árabes-israelíes (más de dos millones viviendo en Israel). Netanyahu advirtió que los acontecimientos amenazaban, en sus propias palabras, con una potencial “una guerra civil”. El ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, admitió presiones para que Israel terminara su operación, y el secretario de Estado Tony Blinken dijo que Israel necesitaba aún “más tiempo” para poder garantizar sus objetivos que garanticen su seguridad (ídem). El sábado se realizó una manifestación a favor de la paz en el centro de Tel Aviv (Haaretz, 23/5). Biden prometió a Netanyahu, a cambia de un cese inmediato del fuego, continuar proveyendo la tecnología para el Escudo de Guerra, que neutraliza los cohetes contra su territorio. “Autoridad Palestina” El secretario de Estado norteamericano anunció un viaje a la región, donde está prevista una reunión con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que se ha olvidado de convocar a elecciones durante quince años. La afirmación de la tregua requiere una reconstrucción de la Franja de Gaza, con financiamiento norteamericano, pero bajo la supervisión de Egipto y Abbas. El emprendimiento apunta a intervenir políticamente en Gaza; bajo cuerda se negocia el consentimiento de Hamas. En este contexto intervencionista, “el viernes, horas después de que entrara en vigor el alto el fuego, miles de palestinos en el complejo de Al-Aqsa gritaron contra el presidente palestino Mahmoud Abbas y su gobierno. ´Perros de la Autoridad Palestina, fuera, fuera´, gritaron, y ´la gente quiere que el presidente se vaya´" (ídem). El repudio a la AP no ha sorprendido a nadie; Abbas, cuyos servicios trabajan en acuerdo con los servicios sionistas, ni siquiera repudió el ataque a Gaza. Haaretz destaca que “el conflicto también sacó a la superficie una profunda frustración entre los palestinos, ya sea en la ocupada Cisjordania, Gaza o dentro de Israel”. Biden sabe muy bien que la Autoridad Palestina es un cadáver político. La fragilidad del armado político de la ‘tregua’ es evidente para cualquiera. No está amenazada por un choque militar, aunque muchos observadores opinan lo contrario, sino por la crisis política en que han quedado sumidos Israel y la Autoridad Palestina, y de otro lado por el descontento popular creciente en las masas palestinas y manifestaciones de protesta de una parte de los judíos israelíes. El conjunto del Medio Oriente se encuentra en erupción. La cuestión del bloqueo de Gaza, en todas sus fronteras, incluida su propia costa, es apremiante. La reconstrucción de un territorio sitiado es una contradicción en términos. Abolir el bloqueo podría convertirse en la gran consigna de una rebelión popular más intensa, porque cuenta incluso con el apoyo de un sector amplio de judíos sionistas y es visto como una salida de emergencia entre una minoría de círculos dirigentes del sionismo. Los dos millones de habitantes de la franja, lo que ellos llaman la "prisión más grande del mundo", tiene un 70% de desempleo, un sistema de salud colapsado, escasez de agua potable y cortes de energía constantes; faltan medicamentos, agua, alimentos y vacunas. Hubo 80.000 desplazados (The Guardian, 23/5). El daño a treinta instalaciones de salud obligó a detener las pruebas de coronavirus. LEER MÁS La tregua de Biden en Palestina El cese al fuego de Netanyahu

Claudio Del Plá, Pablo López y Cristina Foffani han calificado como “contundente” al fallo judicial de primera instancia que ordena al Partido Obrero de Salta ´cesar en el uso´ de este nombre, por pedido del aparato nacional del PO. La celebración es curiosa, porque ellos mismos no han recuperado nada: no se les ha ´devuelto´ el partido mismo, porque esto no se obtiene en estrados judiciales, ni tampoco la etiqueta electoral, porque para ello tendrán que lograr el reconocimiento que exige la ley. El fallo tampoco es “contundente”, porque, en lo judicial, no es una sentencia definitiva, y en lo político ha provocado la sorna de varios medios de la provincia, que destacan que tres mosqueteros de la revolución buscan recuperar su personalidad política con el auxilio de la Justicia burguesa. Estos tres jinetes del Apocalipsis se inscriben en una historia vergonzosa, porque no es la primera vez que recibimos impugnaciones “contundentes”. El mismo 24 de marzo de 1976, el primer decreto de la Junta Militar nos eliminó de la ´legalidad´ como Política Obrera, lo cual nos obligó a presentarnos a las elecciones de 1983 como Partido Obrero. Si ahora debiéramos cumplir, en segunda instancia, con el abandono del nombre de Partido Obrero, saldaríamos cuentas definitivas con Videla, Massera y Agosti, volviendo a Política Obrera. La arbitrariedad de un juez habría logrado nuestra absolución histórica. El aparato del PO deberá obtener recursos de mayor altura para lidiar con nuestra Tendencia. El saludo al fallo judicial es significativo también por otro motivo. Adentro y afuera, la Justicia en Salta es conocida por el ensañamiento con niñas y mujeres abusadas, y por la falta de contemplación por los niños desnutridos; los medios de comunicación señalan, en diversos casos, conexiones con el narcotráfico. Celebrar la “contundencia” de un fallo en estas condiciones, cuando tampoco se ajusta a la realidad política de la provincia, que es el nudo del litigio, constituye un acto de complicidad con el aparato del estado capitalista. Estos festejos sin principios son acompañados también por dirigentes del aparato, como Néstor Pitrola, que considera una “usurpación” que el PO de Salta se encuentre en manos de la mayoría de quienes lo construyeron y de quienes conquistaron la legalidad electoral con su esfuerzo militante. La abundancia de calificativos impúdicos de parte de este aparato revela su falta de altura política, lo que prueba que es un aparato. El reclamo del derecho de Tendencia, que los estatutos del Partido Obrero obligan acatar, fue, por el contrario, acompañado, de nuestra parte, con fundados documentos políticos que abordaban una crisis en el partido. Hemos dado tratamiento político a una crisis política. Los tres mosqueteros de la capital de Salta saben muy bien que la “autoridad” que les permite recurrir a los estrados judiciales, fue establecida a espaldas del PO, y de su propio comité nacional electo. Para colmo de infortunios, el terceto celebra al Poder Judicial cuando el gobernador y la Legislatura de la provincia han convocado a una Asamblea Constituyente para otorgar inamovilidad a los jueces de la provincia. Mientras los Fernández se empeñan en quitársela al Procurador General, Gustavo Sáenz quiere restaurarla en la provincia. El tránsito al sistema vitalicio será usado por el Gobernador, para seleccionar jueces a su capricho. A Del Plá y cía. no se le ha ocurrido nada mejor que arrancar la campaña electoral mediante la celebración de la “contundencia” de ese Poder Judicial. Estos son los que dicen reclamar la “elección popular de los jueces”, mientras celebran los fallos de una Justicia que no tiene el aval de los votos de la ciudadanía. Los mencionados celebran un fallo que ratifica una legislación curiosa. Porque los llamados partidos nacionales que gozan del derecho de intervenir distritos y a cambiar y recuperar nombres, no tienen afiliados; sólo los tienen los partidos de distrito. Del Pla y cia renunciaron a ese nombre cuando se apartaron del PO salteño e iniciaron la legalización del Frente Unidad Trabajadora. Por otra parte, si el Partido Obrero de Salta es forzado a cambiar de nombre estaría faltando a la voluntad de quienes se afiliaron bajo esa denominación. En resumen, los tres jinetes apelan a la arbitrariedad de una ley, no a los principios elementales de la democracia. Han aprendido a rosquear, lo cual los descalifica como militantes obreros y socialistas. La militancia del PO de Salta -que adhiere mayoritariamente a la Tendencia- deberá dejar de usar ese nombre, no por una decisión soberana de sus afiliados y militantes, sino por un fallo judicial. Los medios de Salta han advertido al instante lo que ha ocurrido; “Del Plá recurrió al escritorio para quedarse con el sello del Partido Obrero” – señala el periódico Voces Críticas, en alusión a los equipos que se anotan los tres puntos por sanciones o medidas administrativas ocurridas fuera del juego o “fuera de la cancha”. Cuando tuvo lugar la crisis del Partido Obrero, Del Plá y Lopez, en minoría, renunciaron a continuar actuando dentro del PO salteño, incluso como una tendencia. No podían reclamar la vigencia de la democracia interna, porque ellos mismos se asociaron a la expulsión sumaria de mil doscientos militantes que reclamaron ese derecho a nivel nacional. En el colmo de la provocación, la presentación judicial del aparato denuncia al PO salteño por “no haberse integrado” a la personería nacional del partido, cuando aquellos que ya se encontraban en esa condición (Tucumán, Jujuy) fueron intervenidos. El partido que se opone a la intervención federal de las provincias, que autoriza la Constitución nacional, en cabeza del aparato la aplica en su organización interna. La intervención a una organización del partido sólo puede justificarse por la comisión de hechos aberrantes o en una situación de guerra civil – cuando se practica como norma es liquidacionismo de aparato. Los estatutos del PO obligan a integrar a las Tendencias que se constituyen en un cuadro de crisis política, a los organismos y a su dirección en proporción a sus fuerzas, respetando la mayoría con que cuentan en un conjunto de distritos. El aparato, en cambio, expulsó a los adherentes a la Tendencia, y en las regionales donde no logró hacerlo, por carecer de la más mínima adhesión, echó mano del Estado y de su legislación para intervenirlas. Liquidacionismo Otro medio de prensa de Salta advirtió: “Del Plá no come ni deja comer”. Es que la privación eventual del nombre al PO de Salta, no significa que lo pueda utilizar Del Plá. Del Plá no tiene partido ni personería – concurre a las elecciones en las listas de una alianza armada entre el PTS y el MST. Si el fallo prosperara, Del Plá-López habrían logrado borrar al Partido Obrero de este proceso electoral. No “comen ni dejan comer”, o sea, son liquidacionistas. Esto no comenzó ahora: en la elección de 2019, con el PO integrado al FIT-U, Del Plá y sus aliados de lista boicotearon la publicidad de la candidatura de Violeta Gil. En el interior de la provincia, donde sólo el PO llevaba candidatos (una decena de municipios), Del Plá y el FIT-U no llamaron a votarlos. El aparato actúa por encima del interés de las masas y del propio partido. Más allá de la capital, en Rosario de Lerma, Orán, Metán, Tartagal, Aguaray, Colonia Santa Rosa y varios otros distritos cruciales, estará sólo, de nuevo el Partido Obrero, en la lista Partido Obrero-Nuevo MAS. Nombres y programas Del Plá y compañía saben muy bien lo que celebran cuando acarician la posibilidad de lograr, mediante un juez, quedarse con el nombre “Partido Obrero”. Es una euforia proporcional al repudio que ha generado entre los militantes del PO salteño, a la escala de toda la provincia. Pero la euforia exagerada -“asunto terminado”, “fallo contundente”- delata a una clique vaciada de ideas políticas, que ha puesto sus intereses arriba de todo. Del Plá-Foffani-López han avalado sin reservas la política parlamentaria que otorgó quórums a presupuestos de ajuste, caucionó la “emergencia alimentaria” trucha pactada entre Fernández y Macri, avaló la ratificación de un tratado internacional acerca del sionismo urdido por Trump y Netanyahu, y ahora está embarcado en respaldar las operaciones inmobiliaras de Lammens y Tinelli. De nuestro lado, las cosas son diferentes: Política Obrera-Partido Obrero, una única historia inescindible. Las crisis de los partidos no pueden ser caracterizadas o evaluados por la razón o falta de ella en la pelea interna. La crisis del PO ocurre cuando el electoralismo al que se han aferrado el FIT-U y el PO, como método de construcción de un partido revolucionario, es cuestionado por una crisis capitalista que se ha convertido en humanitaria y es atravesada por rebeliones populares a escala internacional. El PTS, primero, preguntando polémicamente contra nuestra Tendencia, dónde está la crisis, y luego, dónde están las rebeliones populares, seguido al paso por el aparato oficial, que descubrió una invencible “iniciativa estratégica” de la burguesía en medio del derrumbe (Ver polémica de Altamira en “En Defensa del Marxismo”, diciembre 2018); no hablemos del MST, aliado en su momento de la Sociedad Rural y de Luís Juez; toda esta divergencia es testimonio del enfoque irreversiblemente conservador de nuestros oponentes y su continua preocupación por la llamada ´opinión pública´. Es lo que los llevó a ser camaradas de ruta de la patronal de la educación privada en la reivindicación de la “presencialidad segura”. La crisis política en la izquierda, como por otra parte en todas las organizaciones, partidos y estados, es la expresión de una gigantesca transición histórica de carácter revolucionario.

Hacia finales de 2018 las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos se convirtieron en multitudinarias. En 2019 Trump declaró a la frontera con México en “emergencia nacional”, y utilizó leyes durante la pandemia para expulsar masivamente a inmigrantes, ensañándose sobre todo con los niños. Había prometido crear un “muro” en la frontera. En enero, ya bajo la administración Biden, una caravana de migrantes hondureños fue detenida en Guatemala mediante la represión policial. Trump desmanteló el derecho de asilo, una reivindicación fundamental de los migrantes, que sufren las consecuencias de las bandas de narcotraficanes, las pandillas y la represión para militar, y por sobre todo la pérdida de trabajo, la expulsión del campo y una desocupación masiva. El derecho de asilo hace referencia, precisamente, al peligro que corre la vida de las personas y de las familias. La ‘democracia’ norteamericana aparece cuestionada en su propio terreno, o sea la vigencia del estado de derecho y del derecho internacional. Ningún gobierno latinoamericano ha planteado la cuestión en estos términos; por el contrario, México prohíbe a los migrantes guatemaltecos el paso hacia Estados Unidos, Guatemala a los de Honduras, en tanto que, en Argentina, se renuevan con distintos pretextos la migración de los países vecinos. En el momento actual, con Biden, crecen las redadas en Estados Unidos contra los llamados inmigrantes ilegales; en los últimos días las pantallas de la televisión, en Brasil y en Chile, mostraron en abundancia la llegada de aviones fletados por el gobierno norteamericano, devolviendo a inmigrantes a esos países. La cuestión de los niños no acompañados se ha convertido en crucial; miles de ellos están alojados en campamentos que carecen de provisión de alimentos y ropas, bajo maltrato, amenaza de abuso y abusos. Los centros de inmigración en EEUU (llamados “ICE”) se convirtieron en verdaderos “campos de concentración”. Fueron, por supuesto, focos de contagio durante la pandemia. Del ICE al DHS Varios meses después de asumir, Biden ordenó a cerrar 39 centros de detención ICE, pero para reemplazarlos por los centros del DHS (Department of Homeland Security), en función de alcanzar los “estándares de calidad demandados”. El personal de los DHS fue el que Trump utilizó para reprimir y militarizar las ciudades durante las protestas de Black Lives Matters el año pasado. Muchos de los centros son de carácter privado y se desconoce tanto el número de detenidos como así también cómo se hará el proceso de traslado (CNN, 20/5). Miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera suroeste de Estados Unidos durante el gobierno Trump. EEUU acusó a los padres de delitos federales de inmigración y los envió a las cárceles, mientras que los niños fueron declarados "no acompañados" y colocados en albergues. Hay más de 500 niños en esta situación. Para cruzar las fronteras, los migrantes han llegado a pagar 15.000 dólares. En marzo de este año, 19.000 niños migrantes sin acompañantes llegaron a EEUU desde México, la cifra mensual más alta. Fue cinco veces más que en 2020. Los agentes fronterizos de EE. UU. señalan que expulsaron del país a aproximadamente un tercio de los padres e hijos inmigrantes el pasado marzo. 17.000 de los casi 53.000 padres e hijos capturados en la frontera el mes pasado fueron deportados bajo una orden de salud pública relacionada con la pandemia del Covid-19, con el nombre de “Título 42”. Más del 60% de los casi 180.000 migrantes en la frontera con México fueron expulsados durante abril, según indica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza con migrantes (LA Times, 22/5). “De los 173.460 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en abril, 108.301 fueron con adultos que viajaban solos, y más de la mitad de ellos eran mexicanos. Los números fueron los más elevados desde abril del 2000, pero la mayoría fueron expulsados rápidamente del país con base en los poderes federales habilitados por la pandemia, solicitados el año pasado por el entonces presidente Donald Trump y mantenidos por el presidente Biden” (ídem). A diferencia de las deportaciones, las expulsiones no tienen consecuencias legales y muchos migrantes vuelven a cruzar las fronteras. La Patrulla Fronteriza dice que el 29% de las personas expulsadas en abril habían sido expulsadas previamente (ídem). Biden ha negociado con algunos países centroamericanos límites a la inmigración a cambio de acuerdos económicos, vacunas (México), o favores con el FMI. El gobierno va a reabrir los casos de los migrantes a los que se ordenó la deportación después de que no comparecieron a una cita programada. Los defensores dicen que algunos migrantes no pudieron asistir a las audiencias porque fueron “secuestrados” en México. Se ordenó la deportación de casi 28,000 migrantes debido a que no comparecieron ante el tribunal desde 2019, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. El “Título 42” El “Título 42” lleva ese nombre por una sección de una ley de salud pública de 1944. Trump la usó en marzo del 2020 para negar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Biden ha dejado la medida en vigor, aunque con excepcciones para los menores de edad que cruzan sin compañía de adultos. Se sigue aplicando a los adultos solteros y a algunas familias. De conformidad con esa norma, las personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzan la frontera son expulsadas de regreso a México sin que se les dé la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Biden ratificó el 25 de marzo que su administración está “enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen”, y que está “tratando de resolver con México, su voluntad de recuperar a más de esas familias" (France24). Sin embargo, la atención a los reclamos de asilo está paralizada. “Aquí mueren personas. Se pierden personas. Personas de las que no se vuelve a saber nunca. Desaparecen”, dijo Canales, director del South Texas Human Rights Center -Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas- (LATimes, 22/5). Posdata de Jorge Altamira La cuestión migratoria, a nivel mundial, ha creado una crisis humanitaria internacional mucho antes de la aparición del Coronavirus. Se trata entonces de una tendencia, no del hecho puntual causado por un virus sin fronteras. Es la manifestación más aguda de la decadencia del capitalismo. Se distingue radicalmente de los infortunios sufridos por las masas en los albores del capitalismo y de la acumulación originaria del capital. La crisis humanitaria de hace cinco siglos develaba la descomposición del mundo antiguo y la transición hacia un régimen social que llevaba en sus entrañas un poderoso desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora asistimos a la descomposición del régimen capitalista y hacia una transición histórica hacia su abolición. En las entrañas del capital operan poderosas fuerzas destructivas, que se manifiestan en todos los órdenes de la vida cotidiana. De otro lado, la actitud asumida frente a la crisis migratoria revela la completa pudrición de los regímenes patronales en América Latina, sean ‘nacionales y populares’ o ‘neoliberales’. No solamente no se han pronuciado contra esta crisis humanitaria, tampoco lo han hecho para defender una norma elemental del derecho como el asilo. El mexicano López Obrador se ha convertido en un gendarme tercerizado de Estados Unidos, lo mismo los gobiernos centroamericanos. Trafican seres humanos por la disminución de algún pago al abusvio FMI o a los fondos internacionales. El constitucionalismo que ha reemplazado el ciclo de dictaduras de finales de la década del cincuenta hasta la década del ochenta del siglo pasado, ha sembrado una secuela de pobreza y descalificación social como nunca antes en la historia. El ataque salvaje a los migrantes y la denegación de los derechos más elementales, tampoco aparece en los programas políticos ni en las iniciativas de acción de la Izquierda. El Foro de Sao Paulo hace precisamente mutis. La izquierda que se declara portavoz del marxismo, no sale de sus ocupaciones nacionales, salvo cuando se trata de crear un grupo en otro país con las mismas deficiencias. La cuestión migratoria es, sin embargo, de la mayor importancia política internacionalista. De un lado se trata de una lucha contra el imperialismo yanqui, en lo que atañe a América Latina, porque el saqueo de las economías de su patio trasero es la principal causa de la ola de emigración. Para ganar para una lucha internacional a los obreros norteamericanos, es necesario mostrar la responsabilidad del imperialismo yanqui en la crisis. A nivel mundial es una lucha contra las guerras imperialistas y para forjar una unidad entre los pueblos oprimidos de Asia y África con los obreros de los estados opresores. Un Conferencia internacional de los luchadores de toda América Latina, Estados Unidos y Canadá, y sus organizaciones, es un paso necesario e impostergable, para iniciar una campaña por el respeto al derecho de asilo y al libre tránsito entre todos los pueblos del mundo.

Ceuta es un enclave español en África del Norte que limita con Marruecos. Junto a la ciudad de Melilla son los únicos pasos terrestres al continente europeo. Durante la última semana, Ceuta ha sido el escenario de una nueva crisis migratoria. Se calcula que, entre lunes y martes pasados, de 8.000 a 9.000 migrantes atravesaron la frontera – más de 2.000 de ellos, menores de edad. Los migrantes que lograron traspasar las fronteras y llegar al enclave, lo hicieron a pie, nadando o en balsas. El presidente del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, Mohamed Benaissa, dice no haber visto nada parecido "en toda su vida". La prensa españolista responsabiliza de la crisis al gobierno marroquí, que habría aflojado el control de los pasos fronterizos. Sería una represalia por el apoyo de España al Frente de Liberación del Sahara, que reclama la separación de Marruecos. El gobierno del Partido Socialista español (PSOE) y Junto Podemos, respondió con el envío de un contingente numeroso de policías a las zonas fronterizas y en la ciudad de Ceuta, así como tanques y personal militar. El primer ministro, Pedro Sánchez, declaró que respondería con “la máxima firmeza para garantizar la seguridad y defender la integridad del país ante cualquier amenaza”. Los socialistas españoles han salido a competir con la derecha en la demagogia chovinista, luego de la paliza electoral que recibieron en la Comunidad de Madrid, por parte del decaído Partido Popular. El gobierno ibérico ha desatado una caza de emigrados por toda la ciudad de Ceuta. A los adultos, los trasladó al Estadio Benoliel para después deportarlos. El diario EL País informa que las deportaciones se llevaron a cabo sin ningún trámite legal, o sea que viola la ley española. Se cercena a los migrantes el derecho a ser procesados individualmente, y abordar el derecho de asilo. Rápidamente, la cúpula de la Unión Europea apoyó este atropello del Estado español. Margaritis Schinas, vicepresidenta de la Comisión Europea, tuiteó su "total solidaridad con España" y pidió "una fuerte protección de nuestras fronteras". En el centro de la polémica, quedó la situación de los menores no acompañados, cuya expulsión se encuentra prohibida. Aunque muchos de ellos han sido, no obstante, expulsados, otros deambulan por Ceuta, hacinados en "almacenes", sin comida ni agua. Un policía, bajo anonimato, denunció en los medios las horribles condiciones que padecen los niños en el almacén. Señaló que muchos fueron detenidos durante más de 15 horas sin comida. “Algunos eran diabéticos, los encontré desmayándose, literalmente. Tenía algunas nueces y tuvimos que darles comida y agua nosotros mismos", expresó. También, estos niños y adolescentes se han convertido en el blanco preferido de la extrema derecha, cuyo líder, Santiago Abascal, de Vox, no tardó en presentarse en Ceuta para denunciar lo que considera una "invasión".

El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, renunció a su cargo. Mientras fungía como encargado de los “acuerdos de paz” entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las Farc, se desempeñaba como mediador en las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro (CNP) y el Gobierno Nacional. Presentada el 3 de mayo, se dio a conocer recién el sábado, en una entrevista al periódico El Tiempo. Las reuniones entre el gobierno y el CNP se suspendieron. Un “cadáver” político Para muchos, la renuncia se trata de “fuego amigo”, en el sentido que la cabeza de Ceballos fue pedida por el senador Álvaro Uribe, que nunca apoyó los “acuerdos de paz”, ni, ahora, las negociaciones con el CNP. Ya han renunciado el ministro de Hacienda y la canciller, y fueron sustiuídos el ministro de Cultura, el jefe de policía de Cali. La vicepresidenta –con lazos comprobados con líderes paramilitares y con un hermano narco condenado en EEUU– ha pasado a ocupar el cargo de canciller. El uribismo calificó la decisión como “desleal” (Semana, 22/5), e instó al Gobierno a enfrentar la situación con “decisión”, “autoridad” y “con funcionarios idóneos para enfrentar los muy graves retos del momento” (Heraldo, 23/5). Ceballos había recibido el apoyo del CNP, la iglesia, ONU y del propio gobierno. Su renuncia ocurre también luego que “revelase la existencia de reuniones entre Uribe con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)” (Europapress, 23/5), al márgen del gobierno. Ceballos había sido la voz cantante de las intenciones del gobierno de negociar con la dirigencia sindical. Sus promesas de garantizar “protestas pacíficas” fracasaron una y otra vez: “acusó a los dos políticos (Álvaro Uribe y Gustavo Petro) de irresponsables en presionar a este Gobierno y al Congreso para que la moneda se incline más hacia su lado” (France24, 23/5). Siguen las protestas La mitad del comercio exterior del país está paralizado por las protestas. 27,5% de las empresas sin operar y un 34% con operaciones entre 1% y 25% de su capacidad normal (infobae, 23/5). Entre el 28 de abril y el viernes se registraron en el país 2.151 bloqueos (el tiempo, 23/5). La represión policial y militar ocasionó más de 50 muertes de manifestantes, 500 desaparecidos, miles de heridos, abusos y violaciones de DDHH. Se orquestaron operaciones de guerra contra el pueblo en diferentes ciudades como así operativos de “limpieza social”, en donde la policía pinta sus autos de otros colores para secuestrar a jóvenes manifestantes. También, amparados por el ejército y la policía, bandas paramilitares atacaron impunemente a trabajadores, campesinos e indígenas en diferentes puntos de resistencia y piquetes. Las denuncias de torturas son seguidas de amenazas a los denunciantes y la procuraduría archiva los casos y los deja prescribir. En Bogotá, los policías atacaron a las “mamás de la primera línea”, “Este grupo de mujeres resistió motivadas en el amor a los hijos e hijas de todos y todas” (El Tiempo, 21/5). En la primera línea confluyen los jóvenes precarizados, las hinchadas de fútbol, trabajadores sindicalizados, juntos al resto de sectores y organizaciones sociales.

El sábado pasado, más de 200 compañeros, amigos y familiares, nos reunimos a través de Zoom para brindar un homenaje a Federico Decoppet, dirigente del Partido Obrero Tendencia de Vicente López. Intervinieron Marcelo Ramal, Jorge Altamira y otros compañeros de la Tendencia, familiares y, especialmente, numerosos dirigentes de diversas organizaciones de la zona. Durante el encuentro, Jorge Altamira dijo que “Federico logró que todos emparentaran su nombre con el Partido Obrero en el distrito como consecuencia de mucha lucha, honestidad y devoción a la causa de los trabajadores.” También señaló el papel de Federico en la crisis del PO, sobre el cual dijo fue absolutamente “sustancial”. “El aparato del PO oficial llegó a consumir toda una jornada atacando a Federico y a sus compañeros. Y Federico lo resistió con un extraordinario vigor porque él comprendió que cualquier aparato es un pigmeo en la historia, frente a las masas y su lucha. Para combatir a los aparatos, como así también para combatir a los Posse, los Macri, es necesario entender que la historia la hacen las masas. En ese sentido, Federico ha hecho una contribución histórica”. “Del lado de Federico está la lucha real -continuó Altamira-, que es la victoria de los trabajadores y del socialismo. Despedimos a un militante emblemático, a un gran compañero.” Por su parte, Marcelo Ramal apuntó que el vigor que Federico le dedicó a la cuestión del espacio público en Vicente López se explica porque “la lucha por la organización urbana es una lucha de clases”. “La lucha por la democracia al interior del PO -agregó- fue también enorme, que lo sometió a durísimos ataques que él enfrentó todo el tiempo sin abandonar esa lucha. Yo fui testigo de esos ataques y del coraje de Federico para enfrentarlos”. Agustina Decoppet -hija de Federico y también militante del PO Tendencia- destacó que Federico “nos hizo fuertes porque nos dijo que esto es lo que vivíamos los trabajadores y que había que sobrevivir luchando, que había que cambiar la realidad”. “La verdad es que lo vamos a extrañar un montón y estoy orgullosísima de mis compañeros y de mis hermanos”, agregó. Posteriormente, Roberto, trabajador de Pilkington, dijo que conoció a Fede en 2009 cuando lo despidieron. “Siempre se notó que Fede no era aparato -continuó-, que era barrio, era pueblo. Era un cuadro verdadero, siempre al lado de los trabajadores.” María Ignacia Nacha Vergara, dirigente del PS de Vicente López, contó que, en 2017, dado que el PS no contaba con candidatos propios, decidieron apoyar a Federico. “Le envié una nota de adhesión -dijo-, que comenzaba con la frase ‘es tu momento, amigo’. Todos teníamos la esperanza de que pudiera ganar una banca en el Concejo y estuvo muy cerca de lograrlo.” En el último tiempo, Fede intervino junto a los docentes autoconvocados que luchan contra la presencialidad en el distrito. Hace dos semanas, él había sido elegido por sus compañeros para representar a la agrupación ante los medios. Paola Leguizamón, una de sus integrantes, afirmó que “Fede hablaba desde un ejemplo de coraje y de compromiso”. Intervino Carlos Roberto, dirigente del Partido Socialista de Vicente López. Dijo que “es una pérdida para los trabajadores y vecinos de Vicente López. Él me contaba de la crisis en el PO pero yo sabía que él estaba del lado correcto porque él siempre estaba del lado correcto.” Por su parte, Carlos Suárez, Morta, -PO Tendencia- dijo que Fede jugó un papel sustancial en la lucha del Partido Obrero. "Este homenaje es la consecuencia natural de lo que Federico ha dejado mucho en cada uno de nosotros y es su profunda huella en la lucha contra la explotación del hombre por el hombre". Carlos Frígoli -PO Tendencia- agregó que la pérdida de Federico ha sido un gran golpe para la lucha en el distrito. "La lucha en el distrito lo llevó a sacar conclusiones importantes: para transformar una realidad social de la magnitud que hay que transformar, los trabajadores necesitamos una herramienta política, un partido de la clase. Es necesaria una deliberación sobre de qué forma sustituimos a este régimen social". También intervinieron Damián Elizalde y compañeros de la escuela media 7 en donde Fede trabajó como auxiliar; Juan Carlos Maggoc y Carlos Gurbich, del Centro Cultural La Galpona; Carlos Roberto del Partido Socialista; Omar Serra, compañero de Fede durante su incorporación al PO. Una muestra más del reconocimiento a la trayectoria de Fede fue la gran cantidad de adhesiones que recibimos durante el acto. Entre ellas, adhirieron el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, delegados de Bed Time, Frente de Cultura Popular y Miles de Vicente López, Foro por la Salud y el Ambiente, ATE Zona Norte, Nuevo MAS de Zona Norte, Docentes Autoconvocados contra la Presencialidad, Agrupación Docente Desde la Clase, entre otras. A un mes de su partida, nos volveremos a encontrar y colocaremos una placa con su nombre. Fede se nos fue pero seguirá presente en cada uno de sus compañeros, como así también en cada lucha. Y juntos, en un solo puño, gritaremos juntos...¡Hasta la victoria siempre, querido Fede!

Con el pretexto de que por un hartazgo generalizado no se puede sostener una cuarentena estricta y colocando la responsabilidad de los contagios en la conducta social, el gobierno nacional en conjunto con los provinciales, ya implementó un programa de restricciones intermitentes que incluye la suspensión de la presencialidad escolar y la limitación a la circulación durante nueve días. El gobierno porteño acató la medida pero niega la educación virtual, y se sigue candidateando a ser el primero en reanudar la presencialidad en las escuelas. Ambos gobiernos dejaron claro que la medida restrictiva sólo afectaría tres días laborables. El decreto ya supone la "intermitencia" dado que establece que el actual confinamiento finaliza el 30 de mayo, pero los días 5 y 6 de junio (sábado y domingo) volverán a ser de cuarentena estricta. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que las nuevas medidas son "intensivas, focalizadas y transitorias”, pero advirtió que en caso de ser necesario también "habrá cierres intermitentes" durante el invierno cuando "el riesgo sea mayor". El planteo del gobierno nacional responde a un sistema elaborado por tres científicos del Conicet en el marco de la Unidad Covid del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como alternativa a las cuarentenas extensas. Las declaraciones de uno de sus creadores, el sociólogo Feierstein, deja a las claras la intención de este nuevo esquema: “En realidad, no pensamos que esta sea la estrategia ideal para combatir el Covid. La mejor es no permitir que el virus ingrese, como hicieron en Nueva Zelanda o Noruega. La segunda son las cuarentenas extensas y estrictas de cinco o seis semanas, que permiten una reducción muy significativa de la tasa de contagio. El problema es que a medida que se extienden en el tiempo, a veces las dos primeras se vuelven inviables. En esa situación, se necesita una tercera posibilidad. Con lo que nosotros proponemos, es posible organizar las actividades y disminuir el impacto económico.” (La Nación, 24/5). No es la estrategia ideal pero si un guiño hacia las patronales y el FMI de que la rueda de la economía va a seguir girando a como dé lugar, en el marco de las negociaciones de los próximos vencimientos de deuda que el gobierno nacional debe afrontar con el organismo en agosto y noviembre, así como del acuerdo por U$$ 2400 millones con el Club de París que dicha entidad ató al acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario. Mientras, el núcleo duro de la vicepresidenta CFK ejerce presión para que las restricciones se extiendan. Funcionarios como Sergio Berni y Andrés “Cuervo” Larroque, plantearon que las mismas deberían durar al menos dos semanas. Para unos y otros, los recursos presupuestarios son para los organismos internacionales y no para garantizar un Ingreso Familiar, que se torna de primer orden. Tampoco se utilizan para invertir en dispositivos y conectividad para garantizar la educación virtual en contexto de pandemia. Es nula la voluntad política de todos los gobiernos para liberar la red de wifi o para estatizar la red satelital, porque sería tocar los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones. Las políticas aperturistas han sido una de las causas principales del desmadre sanitario, junto a la falta de testeos y ausencia de apoyo económico para enfrentar los problemas sanitarios y sociales de la peste. Desde Tribuna Docente Tendencia, nos hemos anticipado al resto de las corrientes políticas, que impulsaban la “presencialidad segura, en advertir que una apertura escolar haría crecer en espiral los contagios. Hoy podemos asegurar que este nuevo modelo de “aislamiento selectivo programado intermitente” pone en riesgo la vida de numerosas personas, con el único propósito de acompañar el proceso capitalista. De hecho, las restricciones de estos nueve días incluyen en la apertura al 90% de las actividades no esenciales. El pequeño comercio ha sido excluido de estos privilegios para ofrecerlos como ventana de una preocupación oficial por ‘contener’ la llamada segunda ola de la pandemia. Sin vacunas y en pandemia, la apertura escolar es otro crimen social del capitalismo y sus gobiernos.

El ‘gigante santafesino’ no se levantó ni un poco, como auguraba la campaña electoral de Omar Perotti en el 2019. Apenas asumido, el gobierno descansó en una herencia de tres mandatos del Frente Progresista y se largó a gobernar pegándose al gobierno de Fernández y sus tempranas medidas antiobreras. El gobierno del PJ tenía la ‘ventaja’ de colocarse como una alternativa (aunque no muy nueva) al fracaso del socialismo que hundió a la provincia en el narcotráfico y una fuerte violencia, a la par que garantizó los beneficios de los puertos privados y las ganancias del agro negocio. La pandemia encontró al Estado provincial con una gran precarización laboral y el sistema de salud totalmente abandonado durante el último mandato del recientemente fallecido Miguel Lifschitz. Ahora, la provincia de Santa Fe atraviesa una gran crisis: hay un colapso sanitario total, en el que las personas mueren esperando una cama en los pasillos; creció la miseria e indigencia y las consecuencias que generan, aumentó el desempleo y el trabajo precario. Los números de la crisis La falta de cobertura médica, el nivel de subocupación y la pobreza infantil son las enormes dificultades para los santafesinos en la actualidad. El nivel de personas que sólo acceden a la salud pública creció tanto en el gran Rosario como en el gran Santa Fe. Esto va de la mano con el aumento del desempleo que subió al 13,6 y 7,8 %; y la suba de la subocupación que pasó del 9,6% al 12,2%; y del 9,8 al 12% (Aire de Santa Fe, 23/05). A su vez, mucha gente que tenía trabajos registrados perdió la cobertura de la obra social. De 514.269 asalariados santafesinos registrados o formales (con aportes a la Seguridad Social) del sector privado en toda la provincia en diciembre de 2017, el último dato oficial del Ministerio de Trabajo (febrero 2021) arroja 484.538: son 29.731 menos. Actualmente, sobre 900.000 menores de 18 años, cobran la AUH en la Provincia 173,591 padres o madres sin trabajo o con empleos precarios por un total de 300.831 chicos y chicas menores de esa edad. El último dato del INDEC dice que, a pesar de las ayudas sociales, en el Gran Santa Fe la pobreza infantil es del 61,9% y en el Gran Rosario del 57,7%. Para que cobren más sentido, es importante destacar que estas cifras corresponden a la segunda provincia más importante del país en términos productivos. Santa Fe representa el 21% del área sembrada del país, es la primera productora de oleaginosas y segunda en relación a la producción de cereales. Posee también un gran sector ganadero, el 44 por ciento de la carne que se exporta, y lechero, un enorme complejo agroexportador y los puertos por los que sale el 85 por ciento de la producción del país. El gobierno Pero Perotti no sólo tiene los números en rojo, sino que también carece de proyecto de gobierno. Desde temprano en su mandato encontró resistencias en sus propias filas, con personeros del PJ votando con el Frente Progresista leyes que recortaban la injerencia de su gobierno. Los conflictos aparecen por todos los costados cuando se trata de la trama de intereses de los senadores ‘caudillos’ del PJ. Incluso, en los últimos meses salió a la luz la implicación en causas de corrupción y narcotráfico, como el caso del senador Traferri de San Lorenzo, del grupo que responde a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Pero los ejemplos sobran. Su respaldo en el gobierno nacional está desgastado. Resulta que el gobernador de Santa Fe es de los “rebeldes”, de los que piden pero no responden y de los que tampoco proponen. Ya en el caso Vicentín, Perotti dio la espalda a Fernández y, sin salir al choque, respaldó al grupo empresario advirtiendo que la intervención del Estado no iba a ser aceptada. La pandemia es otro episodio de la crisis, que tuvo a Santa Fe como una de las primeras provincias en rechazar las medidas restrictivas y estirar la situación hasta que el número de contagios y muertes no dejó otro camino. Perotti no sólo no estableció medidas previamente, sino que cuestionó y contrarrestó las propuestas nacionales. Uno de los últimos encontronazos fue la suspensión de las exportaciones de carne, situación que lo puso abiertamente en contra de Fernández y que cuestionó duramente. Es que el gobernador de Santa Fe es un hombre nacido y criado en el sector agropecuario, desde su Rafaela natal, donde llegó a ser ministro de la Producción de la provincia, y a lo largo de su trayectoria tejió contactos directos con el agro. Perotti busca evitar que no se aleje un capital electoral que tiene en ese sector en el interior de Santa Fe, en momentos de un crudo escenario sanitario y económico. El ataque a las condiciones de vida de los trabajadores empezó desde temprano. El gobierno provincial que fue recibido con una carpa de los precarizados del Estado en la plaza de Mayo, reforzó la informalidad laboral. Apenas asumió despidió personal y no pasó a planta a nadie, aunque ese era “el acuerdo” con las burocracias de ATE y UPCN. Atacó de lleno a la docencia eliminando titularizaciones y ofreciendo una paritaria de miseria, e intentó poner a trabajar al personal de salud ad honorem. En los últimos meses se puso de manifiesto la improvisación y la poca proyección del gobierno, sobre todo en el tema sanitario y de la presencialidad escolar. La imagen que brindan desde la Casa Gris es de una desorganización y desorientación total que se traduce en medidas sin sentido, anuncios que deben ser retirados, ministros y funcionarios que salen a hablar y decir barbaridades como si la vida de los santafesinos no significara nada. La incertidumbre se suma al hambre y al desempleo, puesto que la única respuesta ante las demandas es poner a trabajar precariamente a quienes cobran planes del gobierno, como anunció contento el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. La oposición Frente al PJ provincial, hay poco. La muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz, pateó el tablero político de la provincia. Por un lado, se fue un personero de muchos años que se conformaba con la Cámara de Diputados después de haber perdido la provincia, pero que controlaba proyectos y propuestas de una manera muy eficaz. Propios y ajenos reconocieron a su muerte que era la clave de la oposición a Perotti. Por otro lado, su fallecimiento dejó huérfano al Frente Progresista y dejó a las claras que la alternativa progresista de la provincia, encabezada por el Partido Socialista allá por el 2007, terminó en un fracaso rotundo. Para el radicalismo, la muerte de Lifschitz significó otra crisis. La división de sus dirigentes entre el Frente Progresista y Juntos por el Cambio data ya de las elecciones de 2015. Ahora, para un sector mayoritario del radicalismo, la muerte de Lifschitz agotó las expectativas en esa experiencia política. Julián Galdeano, diputado por la UCR, afirmó que el 90 por ciento de su electorado vota a Juntos por el Cambio y que el radicalismo debe sincerar sus estructuras partidarias. Mientras tanto, los Radicales Libres se manifestaron hace pocos días por su derecho a continuar en el Frente. Como se lee, una gran bolsa de gatos que está muy lejos de la realidad social santafesina. Luego de tres mandatos consecutivos del ´progresismo´, no hay un solo candidato que pueda agarrar el hierro caliente. Grupos menores como el Partido Demócrata Progresista, ya han roto con el Socialismo y se pasaron a Cambiemos. La crisis es total y el recambio político y generacional viene de la mano de los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón, uno radical y otro un externo cooptado por el socialismo. Tienen una política más dialoguista y menos confrontativa con el gobierno provincial, que se justifica por la necesidad de fondos y porque se perfilan para encabezar los nuevos proyectos en un tironeo que sólo tiene en miras las elecciones de 2023. Según encuestas muy incipientes, los candidatos de Juntos por el Cambio serían los más referenciados, no así su partido. El santafesino José Corral junto a Mario Barletta, y Roy López Molina en Rosario, serían los personeros de esta experiencia. Después del fracaso del gobierno de Macri y de salir terceros en las elecciones de 2019, no salen ni a hacer declaraciones y no pudieron remontar ninguna propuesta, salvo ser defensores de la presencialidad. Estas fuerzas políticas no se colocan si quiera como oposición. La garantía de gobernabilidad se expresa en muchos aspectos, desde el presupuesto y leyes, hasta plegarse a la política aperturista y criminal. Lo más radical que debaten algunos candidatos es que se formaría un frente opositor al PJ y que podrían ir juntos en las próximas elecciones. De todas maneras, ya se nota la disgregación y la crisis al interior de cada bloque y la falta de respuestas. La lucha de los trabajadores El gigante santafesino que sí se va a levantar es la clase obrera. En la provincia hay numerosos conflictos en los lugares de trabajo. Los estatales y docentes se pusieron a la cabeza en el marco sanitario. Se replican reuniones y organizaciones desde Reconquista hasta Rosario. Trabajadores portuarios llevaron adelante el pasado 19 de mayo un paro de 48 horas en todas las actividades marítimas, fluviales, pesqueras y lacustres en reclamo de la inclusión del personal embarcado como grupo prioritario para la vacunación COVID-19, en el momento en que un millón de camiones llegan a la región por el operativo Cosecha 2021. Las luchas por los protocolos y las vacunas se replican en fábricas como La Virginia, Acindar y en químicos del cordón industrial. En el departamento San Cristóbal se está construyendo una agrupación municipal que abarca varias localidades, y en la que participan varios compañeros con la proyección de intervenir en las elecciones de delegados y comisión directiva. Se comenzará una serie de charlas y reuniones sindicales con los compañeros de la agrupación y contactos municipales de otras localidades. A su vez, crece la lucha de los desocupados de la mano del Polo Obrero en Santa Fe. Los desafíos siguen siendo enormes y hay mucho para hacer. El Partido Obrero tendencia participa directamente en muchas de estas luchas y también crece en Rosario, Santa Fe, Reconquista, en el cordón industrial y el interior de la provincia. La defensa de nuestros planteos estuvo ligada a la campaña de legalidad que está avanzando a paso firme. De cara a la crisis de los partidos patronales, oponemos un programa y una salida.

La pérdida del empleo en los últimos años ha generado un nuevo descalabro en el sistema jubilatorio. Los datos del Ministerio de Trabajo a febrero último marcan que hay 434.561 asalariados del sector privado menos que en el mayor nivel alcanzado en igual mes de 2018, indica Clarín (24/5). Es cada vez más difícil jubilarse tanto para aquellos trabajadores que -debido a la enorme crisis económica perdieron el empleo- y a pesar de tener los aportes necesarios no tienen la edad jubilatoria (y no perciben ingresos), como para aquellos que tienen la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios y se encuentran igualmente desempleados. Incluso con jubilaciones de miseria. Es una situación dramática que crece al ritmo de crisis y la pandemia. Una enorme cantidad de trabajadores con edades entre 55-59 años en mujeres, y 60-64 en varones con 30 años de aportes, al estar desocupados, deberán esperar a las edades jubilatorias para tener su jubilación, en contrapartida tampoco podrán jubilarse los que no tienen los aportes suficientes llegada la edad correspondiente. Se estima que se trata de 33.000 personas, pero es un universo tentativo de personas que sigue agrandándose. Algunos logran empleos informales o “changas”, pero deben esperar a la edad jubilatoria (60 para las mujeres y 65 para los hombres), sin ningún tipo de asistencia. Moratoria permanente También está el universo de personas que tiene la edad para jubilarse pero no cuentan con los años mínimos de aportes para hacerlo. El 44% de los trabajadores llegan a la edad jubilatoria con aportes insuficientes o sin aportes. Sólo el 11% de las mujeres entre 55 y 59 años cuentan con más de 20 años de aportes. La falta de aportes intentó ser paliada con el sistema de moratorias que datan desde 1995 dictaminadas por la creciente ola de desocupados, la informalidad, la falta de aportes patronales. En el año 2014 se dictó una moratoria, que en el 2019 se prorroga por 3 años; ésta moratoria es exclusivamente para mujeres, y permite regularizar los aportes desde los 18 años de la persona hasta diciembre del 2003 y deben contar con aportes 4 años desde esta fecha de corte. En el 2016 se aprobó la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) para los trabajadores que tienen la edad jubilatoria pero no los aportes suficientes, significa cobrar el 80% del haber mínimo, es decir bordear la indigencia. La prestación que más crece es y será ésta. Más de la mitad de las actuales jubilaciones y pensiones fueron otorgadas a través de la PUAM o moratorias, porque no tuvieron los 30 años de aportes (Clarín, 7/5). El tema de la edad insuficiente con aportes adecuados, intentó ser suplido con la jubilación anticipada (PAD, Prestación Anticipada por Desempleo, del 2005); actualmente en el Congreso se discute una ley similar. “La ley del 2005 aseguraba el haber a la mitad hasta que el trabajador llegara a la edad jubilatoria y desde entonces podía cobrar todo el haber” (Clarín, 24/5). “Actualmente cobran la Prestación por Desempleo de entre $ 6.000 y $ 10.000, un total de 3.856 mujeres de más de 55 años y 7.253 varones de más de 60 años de edad. Este beneficio rige entre 2 y 12 meses, pero por la pandemia se mantuvo para los que no consiguieron empleo hasta el 31 de mayo. Se descuenta que esta semana será prorrogado” (ídem). Tanto la ´reforma previsional´ de Macri como la nueva ley de movilidad de Fernández, con cálculos diferentes para la actualización del haber previsional, apuntan a un mismo objetivo: bajar el ´gasto´ en los haberes previsionales en una forma taxativa, generando ingresos de mera subsistencia mientras la pobreza y la indigencia continúan creciendo. No es la primera vez que se utiliza la excusa de una crisis económica para condenar a los trabajadores precarizados a vivir con miserables ingresos luego de décadas de aportes.

Miles de mujeres entre 55 y 59 años y varones de entre 60 y 64 años que aportaron durante 30 años o más no pueden acceder a su jubilación por no haber alcanzado aún la edad correspondiente – 60 y 65 años, respectivamente. Están desocupados, no cobran el seguro o la Prestación por Desempleo porque quedaron sin trabajo antes de la pandemia y por la edad no logran acceder a un empleo formal. Si bien no hay datos oficiales, se estima que podrían ser unas 33 mil personas en esta situación (Clarín, 24/5), número que sigue creciendo por el agravamiento de la pandemia y el deterioro económico. Conseguir empleo es prácticamente una quimera, ya no sólo por la permanencia de un ´ejército de reserva´ de desocupados en franco ascenso, sino también por su discriminación etaria. “En Argentina hay entre un 80% y 90% de búsquedas laborales que discriminan directamente a personas de más de 50 años, que es algo que ya en muchos países está prohibido y penado”, dice Sebastián Campanario, periodista y economista, autor de Revolución Senior. Algunos se dedican a “changas” informales o a la venta ambulante para subsistir mientras tanto, hasta cumplir la edad y poder jubilarse. Este sector es la contraparte de aquellos que tienen la edad legal, pero no alcanzan los 30 años de aportes necesarios. Mientras los ´cráneos´ del capitalismo mundial postulan el aumento de la edad jubilatoria en nombre de la mayor expectativa de vida, el derrumbe social ocasionado por el capitalismo en crisis condena a los adultos mayores a las peores penurias. En el Congreso esperan que se trate en comisión dos proyectos orientados a ´contener´ esta brecha que se ensancha de desocupados con años de aporte suficientes para jubilarse pero que todavía no alcanzaron la edad correspondiente. Uno fue redactado por el oficialismo (en este caso, por la diputada massista Mirta Tundis) y otro por la oposición (la diputada Alicia Terada). Ambos plantean reflotar la ley de Prestación Anticipada por Desempleo (PAD), diseñada para contener la crisis posterior al derrumbe de 2001-2002. Entre los años 2005-2007, mientras estuvo vigente, se acogieron 54.000 mujeres entre 55/59 años y varones entre 60/64 años que se encontraban desocupados. Esta ley (25.994) permitía cobrar el 50% de lo que correspondería a la hora de jubilarse con la base del haber mínimo y cuando accedían a la jubilación tanto hombres como mujeres pasaban a cobrar la jubilación completa. Los actuales proyectos proponen que se cobre el haber mínimo (los $20.000 que cobran el 80% de los jubilados de nuestro país) y, cuando accedan a la edad de jubilarse, se les aplique un descuento mensual por el tiempo que recibió la Prestación Anticipada, perpetuando la miseria. Los proyectos contemplan el beneficio de atención del PAMI y, en caso de fallecimiento del titular, la posibilidad de su conyugue de recibir la pensión. Pero, eso sí, el otorgamiento de la PAD sería incompatible, en cualquier caso, con el cobro de otra pensión, plan social, todo tipo de retiro y/o actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Además, el beneficio no será incondicional -es decir, no bastará con acreditar la condición de desocupado, la edad y los años de aporte- sino que al solicitante se le realizará una evaluación socio-patrimonial, en nombre de que el beneficio sea dirigido a los sectores de ´bajos ingresos´. Por último, tendrá una vigencia limitada de 12 meses con la posibilidad de ser extendida por más tiempo por el Poder Ejecutivo. Es decir que no contempla asegurar la transición hasta el acceso a la jubilación. Los despidos y suspensiones agravados ante esta crisis humanitaria no solo va a impedir la jubilación del 50% de los trabajadores por la falta de aportes, sino que acrecentará el número de los llamados “jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar”. Este sector se encuentra en el “limbo” que los políticos del capital pretenden contener con medidas asistenciales, cuando se impone la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, asegurando un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Debemos luchar por la jubilación inmediata de todos aquellos que tengan los 30 años de aporte, independientemente de su edad, con un haber mínimo equivalente al 82% móvil de la canasta familiar (hoy en $120.000).

La crisis habitacional sigue escalando tras el anuncio del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat que canceló el DNU 320 que prohibía desalojos, congelaba aumentos y renovaba inmediatamente alquileres. Más de 300.000 inquilinos tienen deudas de 5 meses o más que no pueden pagar, a pesar del “Ahora 12 de alquileres”. El 53,5% de los ingresos totales de una familia se destinan al pago del alquiler, indica una encuesta de Inquilinos Agrupados. Cuando las organizaciones de inquilinos presentaron una medida cautelar para la suspensión de desalojos, la Justicia recomendó al ministerio “relevar” la situación de los inquilinos. El ministerio de Salud respondió que el ministerio de Hábitat no le consultó acerca de las consecuencias sanitarias de los desalojos. Los desalojos aumentaron la exclusión de las familias trabajadoras de los lugares con mejores servicios, espacios utilizados por el capital inmobiliario y desarrolladores. Los precios de los alquileres, sin controles, han superado la inflación interanual. Alquileres le ganaron a la inflación y a los UVA Los alquileres en CABA se subieron un 70% en sólo un año. Un departamento de dos ambientes (50 m2) cuesta $36.171 por mes, según relevamiento realizado por la plataforma Zonaprop. Una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquila por $50.211 mensuales. Esto más gastos de servicios y expensas. El aumento de alquiler, en los últimos doce meses, asciende a 69,5%. Un 2,2% por encima de la Unidad de Valor Adquisitivo del BCRA (UVA) (Infobae, 5/5). Un relevaminento del CESO revela que durante 2021 se observa una caída en la cantidad de unidades publicadas para alquiler del 22,8% respecto de diciembre de 2019. Sin embargo, el informe advierte que la “mayor barrera” para alquilar son los “bajos ingresos”. La ley establece la actualización anual automática de los alquileres por un índice que se compone 50% por inflación, 50% por salarios. Los nuevos contratos han sido establecidos en precios más altos, para cubrir los gastos de comisión de las inmobilarias -antes a cargo del inquilino- y, sobre todo, para asegurarse una renta que al menos iguale a la inflación. Por otra parte, el registro de los contratos de la AFIP fue un poco superior a los 100.000, habiendo más de 9 millones de personas que alquilan: del total de propietarios que ofrecen alquiler sólo declaran el 21%, la evasión a la AFIP es del 75%. Los controles del ministerio son inexistentes. La crisis habitacional El gobierno vino anunciando créditos y planes de construcción insuficientes para solucionar la crisis habitacional. Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, que apoya al gobierno, indica que “la única forma en Argentina de acceder a la vivienda es alquilando” (22/5), “el sueño de la casa propia es imposible”, “sólo podemos aspirar a alquilar dignamente” y que la ley de alquileres no se aplica. Muñoz no movilizó ni una sola vez para evitar desalojos, y por eso fue invitado a la mesa de coordinación de alquileres en la provincia de Buenos Aires, con el “Cuervo” Larroque, Rubén Pascolini y Federico Kulekdjian. Engels decía que la solución al “problema de la vivienda” no pasa por igualar el alquiler a una forma de “explotación”, o convertir a los inquilinos en propietarios, esto es, en deudores hipotecarios (“volver a reproducir el problema en otra forma”, decía Engels), sino cambiar el carácter social de la propiedad social de individual a colectiva. Los trabajadores deben organizarse en función de esa perspectiva.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que están avanzadas las negociaciones por la compra de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm y para eso envió a la legislatura a votar una ley que habilite su adquisición. El anuncio se hizo en medio de la campaña electoral provincial. Al momento de enviar el proyecto a la legislatura, anunció que contaba con la aprobación del presidente Fernández, de la ministra de Salud y del ministro de Comercio, y que el embajador en China, Vaca Narvaja, ya había recibido los expedientes y se encuentra avanzada la negociación (La Nación, 20/5). Morales informó ante un medio televisivo que con la compra de un millón de vacunas (en realidad, 500mil vacunas de dos dosis) se podría vacunar a toda la población de Jujuy mayor de 35 años y le sobraría a la provincia aproximadamente 250mil vacunas que las pondrá a disposición del Ejecutivo nacional para ayudar a combatir esta pandemia. Este no es el primer gesto de entendimiento y acuerdos políticos entre Morales y Fernández. Durante la primera ola, Morales fue intermediario en la compra de respiradores chinos por parte del gobierno nacional. Ese acuerdo político tiene expresiones de apoyo de Morales a Fernández y viceversa, lo que en la provincia ha generado el desplazamiento de sectores vinculados al kirchnerismo en listas por fuera del PJ. Con este anuncio, Gerardo Morales busca reubicarse en la primera plana de la política nacional, asomando como uno de los candidatos de la oposición de cara a 2023. Hábilmente pudo pasar de un macrismo acérrimo a un gran entendimiento y una línea de acuerdos político con el gobierno de Fernández. ¿Un cuento chino? El proyecto de ley enviado a la legislatura tiene las mismas cláusulas en favor de las farmacéuticas que las firmadas por el gobierno de Alberto Fernández: confidencialidad, inmunidad de la empresa, tribunales internacionales. El gobernador declaró que las vacunas se van a comprar con recursos provinciales, sin emitir nueva deuda. El proyecto de ley habilita el pago de las mismas mediante “transferencia bancaria o por cualquier otro medio de pago necesario”. Adelanta el propósito de recurrir a privatizaciones para pagar la cuenta, u obtener facilidades de crédito. La Provincia tiene un juicio por remediación ambiental con una empresa china que explotaba petróleo en la zona de Calilegua; también acuerdos para la explotación de litio o construir parques solares. Una vacuna china en una provincia facilitadora de negocios con China. El anuncio de Morales tiene lugar en vísperas de las elecciones del 27 de junio, aunque las vacunaciones tendrían lugar entre julio y agosto. La historia de un zapato antes y el otro después del voto, se repetiría con la vacuna. Jujuy es la provincia con la tasa de mortalidad más alta por Covid del país. También es la provincia con mayor mortalidad docente. Hay un vaciamiento del presupuesto de salud, el desmantelamiento de los hospitales de campaña y mantenimiento de trabajadores de la salud por debajo de la línea de pobreza y con contratos precarios. En cierto sentido, de efectivizarse la compra, reforzaría la orientación de apertura de todas las actividades económicas, a cuenta de la inoculación. Jujuy es una de las provincias más golpeadas por el covid19, con miles de familias que han quedado sin trabajo y frente a la negativa de disponer partidas extraordinarias para asegurar un ingreso universal al desocupado.

La provincia de Santa Fe atraviesa una de sus peores crisis. Los números de la pandemia hace rato son alarmantes. El colapso recorre de norte a sur los principales efectores, la ocupación de camas es total y el personal de salud insuficiente y agotado. El fin de semana se conoció la triste noticia de la muerte de una joven de 22 años que, luego de recorrer varios efectores, falleció el viernes en el viejo hospital Iturraspe en la capital provincial. La joven era insulinodependiente y hacía una semana le habían diagnosticado coronavirus. La lamentable imagen, en la que se ve a Lara Arreguiz recostada en el pasillo, sin cama ni atención, tapada solamente con una campera, recorrió las redes sociales. Es la muestra cabal de la situación en la provincia, pero no es el único caso. Ya dos jóvenes de treinta años fallecieron por no tener camas en las localidades de Gálvez y Coronda. Las ambulancias deben definir a quién buscan y esperar camas libres para los traslados. Enfermedad y angustia El caso refleja también la angustia y la barbarie que deben atravesar las familias. Claudia Sánchez, mamá de Lara, contó que el 13 de mayo la joven estudiante de Veterinaria comenzó a sentir molestias en la garganta. Desde ese día recorrieron centros de salud y hospitales sin respuestas concretas: no había lugar, no había oxígeno. Tras mucha insistencia, la joven fue internada. Incomunicada con su familia por más de cinco horas, logró enviar un sólo mensaje a su madre. Luego fue trasladada al viejo Iturraspe porque se había liberado una cama, pero la madre se enteró luego de que Lara sufrió tres paros cardiorrespiratorios y que no habían podido hacer nada para salvarla. "La última vez que la vi fue subiendo a la ambulancia", recordó Cristina. Ni siquiera pudo despedirse. Por un 3J contra toda violencia En este marco de ataque a las condiciones de vida, de aumento de la pobreza e indigencia, de falta de acceso a la salud, y en el que miles de personas mueren todos los días, más que nunca tenemos que denunciar la responsabilidad del Estado y los gobiernos. Este 3J tenemos que ser contundentes y afirmar que no hay nada más violento que no acceder a una cama y a la cobertura médica. Que no hay nada más violento que no tener para comer y que la única respuesta sea la desinformación y la ignorancia. El gobierno de Perotti sostiene su política aperturista para garantizar las ganancias de las agroexportadoras, el campo y sectores empresarios, pero su política criminal se cobra la vida de trabajadores todos los días. Contra los gobiernos criminales y por la vida de la clase obrera, este 3J salgamos a la calle por justicia por Lara y por todas nuestras reivindicaciones.

En la última semana, la campaña de afiliaciones en la Ciudad de Buenos Aires acusó el impacto de los videos -que fueron masivamente distribuidos- y otras iniciativas pidiendo la afiliación para alcanzar la legalidad de la Tendencia, aun en las complejas condiciones que impone la restricción a la circulación. Casi un centenar de personas subieron sus datos a la página o nos escribieron para que nos acercáramos con las fichas a su casa. Algunos, viejas relaciones del partido, otras son personas que registran a la Tendencia del Partido Obrero y se interesaron por las posiciones que oyeron en los videos o en algún programa de televisión. El ´boca en boca´, la colaboración de nuestros simpatizantes con la militancia de la Tendencia para atraer a nuevos compañeros se hizo sentir. La carta pidiendo que quienes ya se afiliaron busquen apoyo a la legalidad de la Tendencia también fue efectiva, una idea que surgió de los contactos que, por la propia, pidieron fichas para afiliar a sus compañeros de trabajo, su familia, sus amigos. Hemos establecido una intensa recorrida de padrón para ir a visitar a todos aquellos que dispuestos a colaborar con la campaña. Esto no ha significado, de todos modos, abandonar la calle. Durante el fin de semana, superado el aguacero de los primeros días, estuvimos presentes en los principales parques de la Ciudad -Parque Centenario, Lezama, Los Andes, Saavedra, Rivadavia, entre otros- y se desarrollaron actividades en las villas 1-11-14, 21-24 y 15, con un saldo de más de un centenar de afiliaciones en una jornada. En muchos casos, a pesar del frío, mucha gente se paró a preguntar “¿Ustedes cómo la ven?”. El Partido Obrero tiene un lugar ganado en la memoria colectiva, por sus luchas y posiciones políticas. La apelación a colaborar con el derecho democrático de quienes defendemos su programa histórico a participar de las elecciones surte efecto. “Claro, cómo no me voy a afiliar. Yo a ustedes los conozco desde la época de Cromañón, de las marchas por los pibes”, nos dice un pibe -que ya no es tan pibe- mientras extiende la mano a la birome y firma su ficha. Mientras preparan el guiso del 25, las compañeras de Polo completan prolijamente las fichas de afiliación: son bolivianas, paraguayas, peruanas que quieren que los trabajadores construyamos nuestra propia alternativa política. Las compañeras del Bajo Flores aprovechan el fin de semana largo para ir a timbrear, casa por casa, para buscar afiliaciones entre los vecinos argentinos de la villa. Estamos en la recta final de la campaña. Cada una, cada uno, suma su granito de arena. Adelante compañeros. El futuro es nuestro.

Las organizaciones sionistas, los grandes medios de comunicación, y algunos ex funcionarios del macrismo, han lanzado una campaña de difamación, censura y amedrentamiento contra Juan Carlos Giordano, el legislador de Izquierda Socialista. Giordano condenó, en el Congreso, los ataques criminales de Israel contra la población palestina. Se lanzó una juntada de firmas en la plataforma change.org para echarlo del parlamento. El legislador Giordano hizo uso de la palabra en la sesión en la cual se votó la postergación de las elecciones para decir: “En nombre de Izquierda Socialista, un homenaje al heroico pueblo palestino, víctima de los bombardeos criminales del Estado genocida y sionista de Israel. Van 217 asesinados, 63 niñas y niños. Crímenes contra la población civil, con el apoyo de aviones sofisticados, de Joe Biden, Estados Unidos y la Unión Europea. Y como siempre, la campaña falsa indica que el Estado sionista es víctima del terrorismo”. Luego de su discurso, brotaron la impugnaciones y rechazos de la DAIA, Clarín, Infobae, fascistoides como Claudio Avruj (ex secretario de DDHH del gobierno de Macri) y el ‘periodista’ Eduardo Feinmann, que no es más que un provocador alquilado por los medios de comunicación. Denunciaron a Giordano como antisemita, en línea con el tratado elaborado por Trump y Netanyahu, que los Fernández y el ministro Sola, ratificado por el Congreso en septiembre de 2020. En efecto, la campaña contra Giordano se apoya en la definición aprobada recientemente (2020) por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La norma penaliza cualquier expresión política de denuncia contra el Estado sionista. En el colmo del filisteísmo, admite la crítica a sus gobiernos pero no al Estado sionista mismo. Esta ley fue impulsada por el oficialismo y la oposición, y ratificada en numerosas legislaturas, entre ellas, la de la Ciudad de Buenos Aires, incluso con el voto favorable de los legisladores del Partido Obrero (oficial) y el PTS. Ante las críticas recibidas se absolvieron a ellos mismos con el argumento de “un error”. Nuestro repudio a la campaña contra Giordano; nuestra defensa a la libertad de expresión; nuestro rechazo al sionismo como forma de opresión y despojo al pueblo palestino.

Los anuncios de Alberto Fernández sobre la ampliación de la Tarjeta Alimentar desataron cruces que involucraron a funcionarios de distintas carteras del gobierno y a dirigentes sociales oficialistas. Los medios opositores remarcaron las “crecientes tensiones internas” que se viven en el gobierno en relación a la “política social”. Guerra de camarillas Pérsico y Grabois sostienen que las medidas alimentarias “no generan puestos de trabajo”; opinaría lo mismo, según Clarín, Cristina Fernández. Los llamados “puestos de trabajo” hacen referencia a la contraprestación laboral de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. El mismo ministro Daniel Arroyo viene declarando hace meses que hay que poner a trabajar a los desocupados a cambio del plan social. El dirigente de la CTEP manifestó que parte del gasto invertido en la Tarjeta Alimentar se la queda “la patria financiera” a través de una comisión del 0,8% que ponen los bancos para los pagos con Posnet. La sugerencia del “apóstol” del Papa era que, en su lugar, esa misma inversión se realice en la tarjeta que emite la Anses. Pero el gran problema de los desocupados no es la comisión de los bancos, sino el gran negocio financiero de la deuda externa que se lleva los recursos que deberían estar destinados a financiar una cuarentena, con la reposición del IFE, y a resolver el problema del desempleo. Esta guerra de camarillas oculta una crisis que no pueden resolver. Según Clarín, “en menos de cinco meses de 2021, el Gobierno ya agotó la mitad de todo el presupuesto destinado al gasto social”. Los recursos, políticos y económicos, se achican a medida que crece la miseria y la bronca social. Cada día el gobierno ensaya una nueva medida que dura menos que la anterior. La última de éstas, anunciada por Daniel Arroyo, apunta a la eliminación del IVA para compras con la Tarjeta Alimentar. Es decir que el gobierno financia con impuestos una ‘ayuda’ que grava con impuestos. La lucha contra la pobreza El ‘trabajo que Grabois y Pérsico ofrecen como una salida a la desocupación y a la pobreza es un fraude por partida cuádruple. Uno, la remuneración no supera el nivel de la indigencia; dos, cuando no son trabajos improductivos, Potenciar Trabajo compite con desventaja con cualquier emprendimiento capitalista, lo cual les impide autofinanciarse y los obliga a depender del Tesoro; tres, la deuda pública de 400 mil millones de dólares succiona cualquier apoyo estatal al programa; cuatro, la carestía, en especial en alimentos, destruye lo poco que apuntala a la economía familiar. El reclamo de planes sociales en general y la asistencia a los comedores, son sin duda más que urgentes frente al hambre, pero el hambre es una cuestión que debe ser abordada con un programa social y con una estrategia política. Ese programa y esa estrategia chocan con el estado capitalista y plantean, objetivamente, una rebelión popular. La cuestión de la pobreza concentra toda la crisis capitalista y la crisis política en Argentina. En el marco de la crisis humanitaria que ha desatado el capitalismo frente a la pandemia, convierte todo esto en explosivo. Las marchas multitudinarias de las organizaciones de desocupados han creado una situación política nueva. Desde el punto de vista de las masas ponen en evidencia una consciencia del antagonismo irreconciliable de ellas con la situación presente. El pasaje de los índices de pobreza del 25 al 60% en cinco años, marca un derrumbe sin precedentes de condiciones de vida que ya eran insostenibles. Una parte de los estratos medios de los trabajadores ha caído en la pobreza. Desde el punto de vista de la burguesía, del Estado y del gobierno, la consciencia de que enfrentan un peligro mortal para sus intereses y para su dominación política, es incuestionable. No tienen un horizonte de salida. La apuesta a que un acuerdo con el FMI recupere financiamiento e ingreso de capitales tiene un destino incierto, cuando la condición es, además, seguir apretando salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. El bloque fondomonetarista de los Fernández tiende a una quiebra, por ninguna otra razón que la consciencia de que sus términos desatarían, a corto plazo, una explosión social. El llamado de Carrió al frente macrista para que proteja al gobierno (no importa si es de sus propios desastres), apunta explícitamente a contener esta irrupción. Los círculos que acompañan a Arroyo y el propio dúo Pérsico-Grabois tienen hasta pánico de que alguien se aproxime siquiera a la avenida 9 de Julio y Moreno. El gobierno ‘compra tiempo’ por medio de la división entre el movimiento obrero, de un lado, y el movimiento piquetero, del otro, y por medio de una política de concesiones de emergencia. Una nueva disposición del ministerio de Desarrollo Social conmina a los desocupados a no cambiar de organización a riesgo de perder su plan social. No es una medida aislada – encima de esta regimentación pretende crear una comisión de cúpulas que se comprometan a abandonar la calle. A los ‘nacionales y populares’ los aterroriza el escenario de Colombia. Mientras se defienden las concesiones mínimas que se han arrancado, es necesario un plan de lucha claramente político. En primer lugar, el programa. Los trabajadores desocupados deben recibir un salario, distinto al seguro al desocupado, que contemple, como mínimo, la canasta alimentaria, los servicios, la educación y la salud, y los alquileres. El derecho al trabajo es fundamental: se plantea, en la crisis, la reducción de la jornada laboral a seis horas (sin afectar el salario) y la contratación de nuevos trabajadores, con un entrenamiento laboral a cargo de las patronales. De otro lado, la pobreza afecta a la mitad de los trabajadores ocupados y al 80% de los jubilados, o sea que es necesario un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar completa y el 82% para los retirados. La unión de la clase obrera con y sin trabajo es decisiva para el plan de lucha, lo cual plantea el impulso a coordinadoras y autoconvocatorias de ocupados y desocupados. Los períodos de gran pobreza han desatado conmociones políticas a lo largo de la historia. Forzaron giros políticos de todo tipo; en EEUU el plan social de Roosevelt, que nunca arribó al pleno empleo; a la dictadura fascista de Mussolini y de Hitler, que encaminaron a Italia y Alemania por la economía de guerra (ante el fracaso de la revolución socialista); en Argentina, al gobierno de Perón y más recientemente al derrocamiento de De la Rúa, primero, y a la recuperación del empleo destruido, en el gobierno de Néstor Kirchner. Depende de una acción política autónoma, o sea por un programa de reivindicaciones políticas y sociales, la salida positiva al impasse mortal de la economía y política en Argentina. En oposición al acuerdo con el FMI y los fondos financieros, planteamos un pliego de reivindicaciones sociales y políticas de los trabajadores.

El nuevo decreto de aislamiento obligatorio del gobierno plantea un falso confinamiento porque, aunque fue presentado como “una vuelta a fase 1" estricta y que, por lo tanto, se cerraría la industria, las excepciones que figuran en el decreto, completamente vagas, incluyen "la industria de exportación" y "procesos continuos de producción" (DNU 334/21). Ante esto, el SUTNA garantizó el confinamiento y paralizó la producción desde la entrada en vigencia del decreto, siendo que no declaraba específicamente la esencialidad del neumático. Sin embargo, rápidamente se produjo la intervención del Ministerio de Trabajo que, en auxilio de las patronales, estuvo dispuesto a trabajar sábado y domingo, dictaminando en el día de ayer finalmente que la producción de neumáticos era actividad esencial. Gremios, como el SMATA, dieron el acuerdo a la presencialidad, incluso sumando horas extras e incrementando el ritmo de producción. Argentina transita la segunda ola de Covid-19 siendo el tercer país del mundo con más muertes (The Guardian, 20/05), con casi 40 mil contagios diarios. El gobierno de Alberto Fernández intentó instalar desde el comienzo del año que las personas se contagiaban en las actividades de ocio y no en sus lugares de trabajo. Avalaron de esta forma la vuelta presencial a las aulas y tres semanas más tarde asistíamos a un pico de casos record que ha llevado al colapso sanitario, y a la muerte de decenas de trabajadores de la educación. Sin embargo, hace tres semanas decretaba un aislamiento a medias, desde las 20 hs hasta las 6 am. La clase obrera debía ir "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Luego de tres semanas, el país asiste a un nuevo record de enfermos y muertos por covid, demostrando la absoluta falacia de que los contagios no se daban en las fábricas o yendo hacinados en el transporte público. No podía ser de otra forma, dado que el gobierno tampoco ha garantizado jamás el seguimiento de los protocolos en la mayoría de las fábricas. Tuvieron que ser los trabajadores organizados, como en el SUTNA, los que discutieron sus propios protocolos y lucharon por su cumplimiento. Se trata de un gobierno que ha privilegiado las ganancias de las empresas capitalistas antes que la salud y la vida de los trabajadores. El choque con el SUTNA puso de manifiesto la farsa del confinamiento que decretó el gobierno. Según Clarín (22/5), el ministerio de Industria está intercediendo en la elaboración de un listado más específico para, directamente, obligar a que se cumpla el trabajo presencial en las industrias de exportación.

El Movimiento de Mujeres Comunistas se fundó en una reunión internacional de mujeres comunistas en 1921, que eligió una dirección, el Secretariado Internacional de la Mujer, que informaba al Ejecutivo de la Internacional Comunista o Comintern. También inició la formación de comisiones de mujeres en los partidos nacionales, que coordinaban el trabajo de los organismos de mujeres a nivel de rama, y convocaba conferencias internacionales de mujeres comunistas. El Secretariado publicaba un periódico mensual y también había publicaciones de mujeres comunistas a nivel nacional y local. También presentaba resoluciones a los congresos internacionales de la Comintern. Ese, al menos, era el proyecto. Pasar de las ideas a los hechos fue difícil. Por entonces, las mujeres recién emergían a la ciudadanía y la actividad política. En la Internacional Socialista pre-1914, de acuerdo con Clara Zetkin, las pocas mujeres activistas eran “tratadas como una forma de ayuda doméstica”[1]. Incluso en la Comintern, escribió Zetkin en 1921: “con demasiada frecuencia los dirigentes menosprecian la importancia” del movimiento de mujeres comunistas, porque “lo ven solo como un ‘tema de mujeres’”[2]. En cada uno de los congresos internacionales de la Comintern de de 1920, 1921 y 1922, las mujeres tuvieron problemas para poder presentar y discutir su informe[3]. Aun así, de conjunto, a pesar de lo que Zetkin llamó “oposición abierta o velada[4]”, las estructuras partidarias para el trabajo entre las mujeres se establecieron durante aquellos años en casi todos los países europeos donde los comunistas podían trabajar de forma legal. Las mujeres que encabezaban este trabajo fueron probablemente el equipo de dirección internacional más fuerte y capaz que haya producido la Comintern. Junto con Zetkin, la dirigente comunista no rusa más respetada, trabajaron Hertha Sturn y Bertha Braunthal de Alemania, Marthe Bigot y Lucie Colliard de Francia, Henriette Roland-Holst de Holanda, Dora Montefiore de Gran Bretaña, Hanna Malm y Aino Kuusinen de Finlandia, Edda Tennenboom de Polonia, Vaersenika Kasparova y Klavdiia Nikolaeva de Rusia, entre otras[5]. Su periódico, Internacional de las Mujeres Comunistas, era una herramienta educacional formidable, que publicó 1.300 páginas durante sus cinco años de existencia. La escritura es sagaz y a menudo poética, como en el siguiente retrato de los trabajadores en la Europa devastada por la guerra: Quienes recogen la cosecha y hornean el pan tienen hambre. Quienes tejen y cosen no pueden vestir sus cuerpos. Quienes crean la base substancial de toda la cultura se consumen, privados del conocimiento y la belleza[6]. Editado por Zetkin, el periódico expresaba el pensamiento de quienes defendían más conscientemente en la Internacional la política de frente único. El trabajo de la Internacional de Mujeres se centró alrededor de dos campañas internacionales centrales: construir el Día Internacional de la Mujer y apoyar la campaña de Ayuda Obrera Internacional para la Rusia Soviética, con énfasis en la ayuda a las mujeres soviéticas. Durante el invierno y la primavera de 1922-1923, el secretariado de la mujer en Berlín también encabezó campañas sobre la inflación, el peligro de la guerra, la educación, las leyes anti-aborto y el fascismo, y trabajó directamente con las comisiones de mujeres de los partidos de la Comintern[7]. ¿Movimiento o subcomité? Sin embargo, es difícil de precisar la naturaleza de la Internacional de las Mujeres Comunistas. ¿Era un movimiento de mujeres? ¿O era una serie de comités partidarios que llevaban adelante tareas partidarias? Clara Zetkin formuló su tarea central como la de ganar a las masas –específicamente, masas de mujeres– frente a una inminente confrontación con el capitalismo[8]. Anticipaba así la línea general adoptada pocos meses más tarde, después de un debate fraccional, en el congreso internacional de la Comintern. Las dirigentes veían que esto no podía hacerse sin comisiones especiales para llevar adelante esta tarea. Como señaló Zetkin en otra ocasión, las condiciones sociales de las mujeres han creado una “psicología femenina especial”, de tal manera que las mujeres son “las más rápidas, más astutas y efectivas para reconocer las cuestiones clave de la vida de las mujeres trabajadoras”[9]. En otra ocasión, Zetkin escribió que las masas de mujeres tenían ahora “nuevos anhelos, deseos, impulsos, necesidades, que antes estaban escondidos”[10]. Los comunistas de este período no utilizaban el término “opresión de las mujeres”, sin embargo, este aparece concretamente en su pensamiento y acción. No era suficiente construir coaliciones de acción amplias para influenciar a las masas, aunque era necesario. El objetivo era atraer a las mujeres hacia el partido y formarlas como cuadros y dirigentes. En la mayoría de los partidos, este era un proyecto nuevo, que se enfrentaba a las presiones chauvinistas que excluían a las mujeres del movimiento revolucionario. En 1925, cuando la Internacional de mujeres era atacada por las fuerzas burocráticas de la Comintern, Zetkin restableció estos conceptos en la forma de un racconto de sus discusiones con Lenin cinco años antes. Ella cita a Lenin para expresar su conocido punto de vista: “Debemos construir por todos los medios un movimiento internacional de mujeres sobre bases teóricas claras”. Más adelante en la discusión, Lenin agregó: “¡No queremos organizaciones separadas de mujeres comunistas! La mujer que es comunista debe ser miembro del partido”, con “los mismos derechos y obligaciones”. Pero el partido necesita organismos especiales “con el propósito específico de despertar a las masas de mujeres”[11]. Las comisiones eran abiertas a todos los miembros del partido, y se alentaba a los varones a participar. De hecho, los varones no se acercaban. Pero ejercían presión sobre las prioridades. Lenin, por ejemplo, le dijo a Zetkin que en las reuniones con mujeres trabajadoras, los comunistas no debían dejar que “los problemas sobre sexo y matrimonio ocuparan el primer lugar” [12]. Zetkin se opuso fuertemente. Y podemos estar seguros de que, cualquiera fuera la agenda formal, las reuniones planteaban una oportunidad para lo que la generación que la siguió llamó “grupos de concienciación”. Se reclutaban grandes cantidades de mujeres. La proporción de mujeres entre los miembros del partido iba desde un alto 20% en Checoslovaquia y Noruega hasta el bajo 2% en Francia e Italia. En Alemania y Rusia, aumentó gradualmente durante la década de 1920 hasta el 17% y 14% respectivamente [13]. Los números absolutos eran altos: más de 100.000 mujeres eran miembros de la Internacional Comunista. Programa para la liberación Estas mujeres adelantaron un programa que buscaba “asegurar derechos sociales totales e irrestrictos para todas las mujeres, para que… puedan desarrollar cada aspecto de su personalidad humana”[14]. El programa de la Comintern para la emancipación de las mujeres incluía “igualdad total de derechos en las leyes y en la práctica”, la integración de las mujeres a la vida política, el derecho a la educación libre y la salud, medidas sociales para aliviar el peso del trabajo doméstico y el cuidado de los niños, y medidas para “acabar con el doble estándar sexual para hombres y mujeres”[15]. Dada la profundidad del sometimiento de las mujeres en ese momento, esto puede parecer una utopía total. Las mujeres comunistas, sin embargo, apuntaban a los avances dramáticos en la Rusia soviética, donde las mujeres habían sido esclavas legales de maridos y padres antes de la revolución. Dejo pendiente para otra discusión un resumen de estas conquistas y sus límites. “Nuestros cuerpos nos pertenecen” El manifiesto de la Comintern para la emancipación de las mujeres no hace mención de los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, las comunistas hicieron campañas sobre estos temas con éxito. Las comunistas de la época veían la crianza de los niños como una responsabilidad social, y buscaban ayudar a “las mujeres pobres que les gustaría experimentar la maternidad como la alegría más grande”. En un momento en el que el control de natalidad era defendido por muchos como un medio de control poblacional y eugenesia, las comunistas se opusieron a los intentos de intimidar a las mujeres por tener demasiado pocos o demasiados hijos. Veían el aborto como un símbolo de los males sociales relacionados con la pobreza y el sometimiento de las mujeres. Pero las leyes antiaborto, sostenían las comunistas, castigaban brutalmente a mujeres inocentes. Las comunistas denunciaban la escalofriante cifra de muertes por abortos ilegales y exigían la abolición de las leyes antiaborto”[16]. En Alemania, las comunistas dirigieron una gran campaña contra la ley antiaborto con la consigna “Tu cuerpo te pertenece”[17]. La violencia contra las mujeres raramente se menciona en la literatura de las mujeres comunistas. Sin embargo, señalaron las medidas de la Rusia soviética para garantizar la libertad de las mujeres de casarse y divorciarse según su voluntad y trabajar fuera del hogar como pasos para liberarlas de las relaciones violentas y opresivas. Sin embargo, se encuentra ausente de esta literatura cualquier discusión sobre violaciones o acoso sexual. Las comunistas se oponían al castigo o el acoso hacia las prostitutas. Eran partidarias de eliminar las causas económicas del comercio sexual a través de hogares para mujeres desocupadas, formación vocacional y empleo[18]. Frente único El movimiento de mujeres comunistas señaló que “las demandas del movimiento de mujeres burguesas” buscaban solamente “reformar el orden capitalista para beneficio de las esposas e hijas de las clases poseedoras”. Sin embargo, hacían hincapié en que la radicalización entre las mujeres llegaba a todas las capas sociales. “Las empleadas, especialmente las intelectuales… se están rebelando…cada vez más amas de casa, incluyendo amas de casa burguesas, se están levantando…Debemos utilizar este fermento”, dijo Zetkin en el IV Congreso de la Comintern[19]. Un año antes, Zetkin explicaba en el congreso anterior que “mientras reine el capitalismo, el sexo fuerte amenazará con privar al sexo débil del sustento y los medios para ganarse la vida”. Las mujeres burguesas, insistía, pueden apoyar la lucha –causando escaramuzas, mientras se rebelan y generan confusión en el campo burgués–[20]. En este sentido, al evaluar las reuniones de mujeres no proletarias destacaban los puntos de acuerdo que podían utilizarse como acción común. En otro contexto, el periódico predice que mediante el frente único, muchas mujeres, tanto obreras como privilegiadas, que todavía evitaban las consignas de la dictadura del proletariado, “estarán presentes, con alegría y determinación, para afirmar sus derechos como madres al bienestar social, la salud y las vidas de sus hijos”[21]. Las comunistas desarrollaron un nuevo término para las víctimas del capitalismo, que hacía una mención sutil con respecto a las mujeres. Frecuentemente hablaban de “die Schaffenden”, una palabra en alemán que combina el significado de “productores” y “creadores”. Los Schaffenden, dice Zetkin, son todos “aquellos cuyo trabajo, sea manual o intelectual, aumenta la herencia material y cultural de la humanidad, sin explotar el trabajo de otros”[22]. Aunque Zetkin no dice esto explícitamente, el término de las comunistas incluye el trabajo doméstico e infantil, así como el trabajo del parto, atribuyéndole significancia productiva. Disolución de la Internacional de las mujeres Nacida en 1921, la Internacional de las Mujeres floreció durante dos años y medio y luego fue empujada a la decadencia por el ascenso del estalinismo. En 1924, la Comintern dio un giro ultraizquierdista alejándose de las políticas de frente único, y las dirigentes comunistas perdieron influencia. A mediados de 1925, se canceló la publicación de su periódico, supuestamente debido a su alto costo. En 1926, la dirección de las mujeres comunistas se mudó de Berlín a Moscú, y fue degradada de secretariado autónomo a departamento del Comité Ejecutivo de la Comintern”[23]. El Zhenotdel soviético, la punta de lanza de los avances de las mujeres en las repúblicas soviéticas, fue clausurado en 1930. Las comisiones de mujeres duraron algunos años en otras partes. Para mediados de la década, sin embargo, el estalinismo impuso una vuelva los valores patriarcales tanto en la Unión Soviética como los partidos comunistas del exterior [24]. El legado de una generación revolucionaria El logro más evidente de las mujeres comunistas fue extender las ideas y el ímpetu de la lucha por la emancipación de las mujeres en Rusia, y hacer conocidas sus conquistas alrededor del mundo, donde esta experiencia influenciaba movimientos más amplios de trabajadores y mujeres. En la comprensión de la opresión de las mujeres y el camino a la liberación, las mujeres revolucionarias de esta generación marcaron un avance histórico. Eran hijas de su época, y sobre algunas cuestiones sus opiniones no fueron acertadas. Sobre otros temas, especialmente su comprensión de la interacción entre la liberación de las mujeres y la revolución, sus ideas y experiencia no han sido superadas. El carácter de la Internacional de Mujeres Comunistas –movimiento autónomo o subcomité partidario– era ambiguo de principio a fin. Su sabiduría yacía en aceptar y manejar esa ambigüedad. Cuando las fuerzas burocráticas impusieron finalmente la consistencia lógica, eliminando la autonomía del movimiento, esto significó su destrucción. Las mujeres comunistas apoyaron la búsqueda firme de la unidad militante del movimiento obrero. Buscaron unir a las mujeres de todos los sectores sociales que estuvieran preparadas para enfrentar de forma activa los males del capitalismo. Fueron impulsoras de la búsqueda hábil de un terreno común con las corrientes no comunistas entre las mujeres y en el movimiento obrero. Al hacerlo, jugaron un rol significativo en formar la dirección de la Internacional Comunista de conjunto. Este es quizás el legado más importante que nos han dejado. La Internacional de Mujeres Comunistas prefigura el rol dirigente de las mujeres en los movimientos por el progreso social tanto hoy como en el futuro. Notas: [1] Protokoll des III. Kongresses der Kommunistischen Internatinale (de aquí en adelante III Congreso), Hamburgo, Verlag der Kommunistischen Internationale, 1921, p. 910. [2] Kommunistische Fraueninternationale (de aquí en adelante KFI), vol. 1, nº 2–3 (1921), p. 55. [3] En el congreso de Baku, “una propuesta para elegir tres mujeres para la presidencia… causó fuertes objeciones de algunos delegados no partidarios, y le siguió un largo y pesado debate. Cuando las tres mujeres fueron elegidas por unanimidad para la presidencia en la quinta sesión, sin embargo, todo el congreso las saludó con una gran ovación”. John Riddell, ed., To See the Dawn: Baku 1920, First Congress of the Peoples of the East, New York, Pathfinder, 1993, p. 25. [4]III Congreso, op. cit., p. 910. [5] Bernhard H. Bayerlein, “Zwischen Internationale und Gulag” en International Newsletter of Communist Studies, vol. 12 (2006) nº 19, p. 27. [6] KFI, vol. 2 (1922), op. cit., nº 5–6, p. 519. [7] Bericht der Executive der Kommunistischen Internationale, 15. Dezember 1922–15 Mai 1923, Moscú, Verlag des EKKI, 1923, pp. 15-16; Bayerlein, p. 34. [8] KFI, vol. 1, nº 2-3 (1921), op. cit., pp. 47-48. [9] Protokoll des Vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale(de aquí en adelante Cuarto Congreso), Hamburgo, Verlag der Kommunistischen Internationale, 1923, vol. 2, p. 727. [10] KFI, vol. 1, nº 1 (1921), op. cit., p. 6. [10] Los extractos citados en este trabajo son una traducción de la versión en inglés “Lenin on the Women’s Question”, en www.marxists.org/archive/zetkin/1925/lenin/zetkin2.htm. [11] Ibíd. [12] IV Congreso, vol. 2, op. cit., p. 738; Bayerlein p. 36; Akina Grossmann, “German Communism and New Wome”, in Helmut Gruber y Pamela Graves, ed., Women and Socialism: Socialism and Women, New York, Berghahn Books, 1998, p. 139. [13] John Riddell, ed., Workers of the World and Oppressed Peoples, Unite! Proceedings and Documents of the Second Congress, 1920 (de aquí en adelante II Congreso), vol. 2, New York, Pathfinder Press, 1991, pp. 977–78. [14] II Congreso, vol. 2, op. cit., pp. 990-92. [15] Ver Ketty Guttman, “Zum internationalen Kampf gegen die Bestrafung der Abtreibung”, en KFI, vol. 3 (1923), op. cit., nº 5, pp. 959-68. [16] Grossman, op. cit., pp. 142–4. [18] KFI, “Massnahme zur Bekämpfung der Prostitution in Sowjetrussland”, en KFI, vol. 3 (1923), nº 2, op. cit., pp. 851–55. [19] IV Congreso, vol. 2, op. cit., p. 734. [20] III Congreso, op. cit., p. 911. La palabra en alemán puede significar “clase media” así como “burgués”. [21] KFI, vol. 2 (1922), op. cit., nº 5-6, p. 528. [22] De un discurso al Reichstag (parlamento) alemán, 7 de marzo de 1923, publicado ese año por el Partido Comunista Alemán y citado en Tânia Puschnerat, Clara Zetkin: Bürgerlichkeit und Marxismus, Essen, Klartext Verlag, 2003, p. 346. [23] Bayerlein, pp. 34-40. [24] Wendy Goldman, Woman, the State, and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917- 1936, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1993, pp. 338–41 [hay edición en castellano: La mujer, el Estado y la revolución, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2010]; León Trotsky, The Revolution Betrayed, New York, Pathfinder Press, 1972, pp. 144–59. John Riddell es un historiador y activista marxista canadiense. Traducción de Celeste Murillo para IPS, Argentina Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/el-movimiento-de-mujeres-comunistas-1921-26

El gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha desplegado las fuerzas represivas, incluyendo efectivos militares con armamento de guerra, contra las masas desesperadas que ingresan desde Marruecos tratando de huir de las guerras, de la represión, de la miseria, el hambre y las enfermedades. El gobierno “de progreso”, al igual que otros gobiernos europeos de derecha o de izquierda, responde como lo hacen Grecia, Turquía, Francia, Reino Unido, Italia, o los Estados Unidos. Descargar la represión, armar campos de concentración, reprimir y alentar a grupos de extrema derecha contra los inmigrantes es la política de la Unión Europea. Una organización imperialista que apoya esta acción como lo ha hecho en otros países del continente. La derecha europea con Salvini y Le Pen a la cabeza aplauden el despliegue del ejército en Ceuta. El gobierno de “progreso” se revela una vez más, como un continuador del franquismo y el colonialismo histórico “defendiendo” las colonias de Ceuta y Melilla en territorio marroquí. Mientras tanto no ha levantado la voz cuando un Donald Trump ya derrotado electoralmente firmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio del reconocimiento de Israel y su soberanía sobre palestina . La explicación de que Marruecos ha facilitado el ingreso de miles de inmigrantes hacia Ceuta, en respuesta y como medida de presión por el tratamiento médico que recibe en España el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) Brahim Ghali, no puede ocultar que tanto el gobierno de Marruecos como el de España y la UE utilizan a las masas desesperadas como carne de cañón. Tampoco puede ocultar la situación desesperante de grandes masas de poblaciones de distintos países que buscan una salida a costa de su vida. Como ha dicho un inmigrante, prefieren perder la vida en el intento que perderla en sus países de origen. Las devoluciones “en caliente” y la represión contra las y los inmigrantes contravienen las resoluciones sobre los Derechos Humanos a las que supuestamente adhieren la UE y España. Las imágenes de hombre, niños y mujeres con hijos pequeños lanzándose al mar derriba cualquier análisis sobre una supuesta invasión como si fueran fuerzas armadas de Marruecos que pretenderían la ocupación de un territorio. Insistimos, se trata de enclaves coloniales del imperio español en territorio de Marruecos. El gobierno queda nuevamente retratado junto con la derecha y la ultraderecha en una supuesta defensa de la soberanía nacional, presuntamente cuestionada por miles de inmigrantes desesperados. Mientras la izquierda institucional le sigue como comparsa revelando también una vez más su postración a la corona y a la derecha. La izquierda que se pronunciaba en favor de los inmigrantes contra los CIEs, hoy se encuentra repitiendo los mismos argumentos que la derecha que había prometido frenar. El PCE como otros partidos escindidos de él, como el PCPE o el Frente Obrero, plantean también la defensa de la soberanía ante “el chantaje de Marruecos” defendiendo al estado monárquico-franquista contra la monarquía alauita. Mientras tanto pasan por alto la cuestión de fondo. El Gobierno de Donald Trump tras su derrota electoral reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio histórico del Sahara Occidental cuya soberanía por parte del pueblo Saharaui está pendiente de un referéndum pactado tras la descolonización española en 1975 con el apoyo de las Naciones Unidas. Nadie ha hecho nada por ese referéndum, más que llenarse la boca de palabras. Si Rabat ha hecho la vista gorda sobre la entrada de desesperados por la frontera española, o la ha alentado, ha sido apoyado en ese reconocimiento de Washington del que George Biden no se ha retractado. Pero además ese pacto con Trump incluyó el reconocimiento de Israel. Una decisión que ha vapuleado a la propia población de Marruecos y a sus sentimientos respecto del pueblo palestino. La juventud marroquí, víctima de la represión y que ha dado muestras de combate contra el régimen Alahuita durante los últimos años, incluido el levantamiento popular en la región del Rif, un movimiento reprimido con dureza pero que sobrevive bajo el término árabe de movimiento: Hirak, ha sumado esta capitulación de la monarquía marroquí a la lista de agravios que padece. Al hambre, la falta de trabajo y la enfermedad. El incidente fronterizo no se puede separar de la operación de apoyo a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental por Estados Unidos ni al reconocimiento de la soberanía de Israel sobre Palestina por la monarquía de Rabat. Hechos frente a los cuales España se cayó la boca. Mientras se trata de ocultar este drama humanitario con la defensa de la soberanía haciendo frente común con la monarquía y con la ultraderecha, la verdad es que el gobierno español representando a sus grandes grupos capitalistas y la monarquía tiene más afinidades que enfrentamientos en temas como el territorio Saharaui, en temas como la pesca y empresas españolas que operan en Marruecos. También en el tema de la inmigración los dos gobiernos colaboran en la represión y España y Europa pagan a Marruecos para que actúe como agente de contención al otro lado de la frontera. La situación de la inmigración no es un problema nuevo y se ha acentuado con la pandemia ya que la salud se añade a la situación económica, las guerras y la represión en los países de origen. El peso de la pandemia, para la cual esos gobierno no tienen prácticamente ninguna medida de protección sanitaria ni de tratamientos ni de vacunas, juega un papel decisivo. La cuestión de las grandes masas que se desplazan de un país a otro es la peor desde la segunda guerra mundial y está presente en todos los continentes y es el común denominador de la crisis del capitalismo que abarca a todo el planeta. La posición de defender una supuesta soberanía es un argumento miserable que no se les ocurre plantear cuando la UE y los bancos mundiales condicionan las ayudas y los presupuestos “soberanos” o las farmacéuticas controlan el negocio de las vacunas a costa de las vidas en todo el planeta y prohíben la liberalización de las patentes. Tampoco se puede tomar el tema de Ceuta sin tener en cuenta la situación en el territorio Saharaui y de todo el norte de África o del Rif dentro mismo de Marruecos, tampoco la situación de Medio Oriente. Las masas palestinas tienen empeñado un combate contra los regímenes fascistas mientras en los distintos países del norte de África la clase obrera se prepara para una nueva lucha contra sus gobiernos. Egipto, Túnez, el propio Marruecos se dirigen a nuevos combates. Defender al régimen borbónico franquista contra la dictadura de Mohamed VI utilizando como argumento una “invasión” de inmigrantes desesperados aparte de ser miserable y reaccionaria no es una salida ni siquiera para estos regímenes ni para el capitalismo europeo. La crisis del capitalismo que se cobra millones de vidas todos los días para mantenerse a flote no se puede frenar si no es combatiéndolo para la construcción de una nueva sociedad que no se base en el lucro y la explotación de seres humanos y los recursos naturales. Nos hablan de soberanía y de patria pero se olvidan que de la misma forma que en Ceuta el régimen reprime internamente a los que salen a luchar por su trabajo, por su vivienda, por la salud y la educación, se mantiene la ley Mordaza y todas las leyes represivas de uso interno, y los presos políticos siguen en las cárceles mientras la derecha fascista tienen pista libre. La única salida a esta crisis humanitaria es desarrollar el internacionalismo obrero. Los trabajadores no tenemos patria, toda nuestra solidaridad y apoyo a los inmigrantes, fuera las fuerzas represivas, no a la ley de Extranjería, fuera los campos de concentración de los CIEs, plenos derechos a todos los inmigrantes, fueran las monarquías marroquí y española, devolución de las colonias de Ceuta y Melilla, por la unidad socialista del norte de África.

En el mes de abril y en el marco de la lucha docente contra la presencialidad, en el distrito de Merlo, sucedió un hecho gravísimo: dos trabajadores docentes de la Escuela Secundaria 55, uno de ellos delegado por Suteba, fueron sancionados por la Inspectora, con la venia del directivo de la institución, porque los compañeros convocaron a la comunidad educativa a una asamblea para discutir cómo enfrentar el derrumbe edilicio y los graves problemas de conectividad para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El gobierno que reivindica el “El plan jurisdiccional”, con el cual pretenden dar cobertura a su política pro-presencialidad, como un logro del “diálogo y la participación de los diversos actores”, no tuvo el mínimo reparo en criminalizar el derecho a organizarse y a luchar por parte de los trabajadores docentes. De la asamblea, además de los docentes, participaron padres y alumnos y el eje del debate giro en torno a cómo enfrentar la crisis edilicia y la presencialidad escolar en el marco del colapso sanitario. La dirección Kirchnerista del Suteba, que militó con entusiasmo la “presencialidad cuidada” del gobierno provincial, se limitó ante el ataque del Estado a “asesorar administrativamente” a los compañeros sancionados. Cuando en la reunión de delegados del pasado 19 de mayo, Jorge Acosta, delegado sancionado y militante de La Marrón, mocionó que el cuerpo de delegados repudie y rechace los aprietes contra los trabajadores, la dirección Celeste se opuso con un singular argumento: un pronunciamiento del sindicato “va a perjudicar a los compañeros” y lo aconsejable es recurrir la sanción por vía administrativa, cosa que los compañeros ya habían hecho. O sea, para la Celeste el derecho a organizarse y luchar se defiende exclusivamente “por vía administrativa” ante el propio Estado represor. Tribuna Docente Tendencia apoyó la moción del compañero de La Marrón y denunciamos la complicidad de la Celeste con el Estado, los Inspectores y los directivos. Planteamos que la organización gremial no puede renunciar a la defensa irrestricta del derecho a la libertad de organización porque éste es la base fundamental para pelear por todos los otros derechos (educación pública, conectividad, salarios, condiciones de trabajo). Reclamamos la inmediata nulidad de todas las sanciones contra los trabajadores, la libertad más amplia de organización y la satisfacción de todos los reclamos que levanta la comunidad educativa de la Escuela 55. Las sanciones contra los compañeros de la Secundaria 55 son un ataque a todo el movimiento de trabajadores docentes que enfrentan, en estos momentos, la presencialidad en pandemia y luchan por la salud, la vida y el salario. Llamamos a toda la docencia de Merlo a solidarizarse con los compañeros sancionados y a exigir la nulidad de las sanciones.

Desde hace varias semanas, trabajadores del Hospital Ramón Santamarina vienen manifestándose de forma autoconvocada en Tandil exigiendo la reducción a 6 horas de su jornada laboral y una bonificación salarial del 25%. La lucha por la salud en Tandil se suma así a una tendencia que atraviesa a todo el país tanto por su reclamo como por su método de autoconvocatoria. El sindicato S.T.M.T. (Sindicato de Trabajadores Municipales Tandil), se mostró completamente indiferente. El intendente Lunghi directamente planteó que el reclamo “no tenía razón de ser”. El camino de las autoconvocatorias que han tomado los trabajadores de la salud apunta a superar la parálisis que imponen las burocracias en los sindicatos. Fortalecerlas agrupando al conjunto de los compañeros de cada lugar de trabajo, y coordinar la lucha hasta conquistar los reclamos es la tarea del momento. El vaciamiento de la salud viene de mucho antes de la pandemia. El covid no ha hecho más que exponerlo y agravarlo. Los picos altísimos de la pandemia colapsan la capacidad de los centros de salud por todo el país. Estos colapsos no se producen únicamente por la falta de camas; el agotamiento del personal es otro factor decisivo para el funcionamiento de los hospitales y clínicas. Por un lado, la falta de personal que extiende las jornadas laborales, y por el otro el mísero sueldo que cobran, terminan por sobrecargar a todo el personal. El ajuste en salud y el deterioro de las condiciones laborales son parte de una política de gestión capitalista de la pandemia, un punto en el que tanto el Municipio como los gobernadores y la Nación acuerdan. Como se ve, el reclamo no se reduce a un problema particular, sino que se trata del acceso a la salud de toda la población trabajadora del municipio y sus condiciones de trabajo, y cómo enfrentamos la pandemia. Hay que rodear de apoyo y solidaridad esta lucha y tomar su ejemplo en el conjunto de los gremios. Reconocimiento de la insalubridad, reducción de jornada a 6 hs y ampliación del personal de salud. Salario igual a la canasta familiar. Derecho irrestricto a la organización de los trabajadores.

Hace justo diez años atrás, un gobierno kirchnerista celebraba con fastos el bicentenario de la Revolución de Mayo. Entre exposiciones, recitales y desfiles artísticos, los ´nacionales y populares´ proclamaban la autonomía nacional. Algún izquierdista encandilado peroraba en esos días sobre “La Argentina Kirchnerista”. Diez años después, muy lejos de aquellas fanfarrias del colectivo Fuerza Bruta, los militantes del kirchnerismo, desde sus poltronas ministeriales, parlamentarias y judiciales, sin excluir a gobernadores y directores de bancos y empresa, han parido un documento mendicante. La gran prensa opositora no dudó en caracterizar el pronunciamiento como un complot contra el ministro Guzmán e incluso el Presidente, que horas después tenía prevista la presentación de un ´perdón´ financiero a la primera ministra de Alemania, Ángela Merkel. Kirchnerismo, macrismo y deuda La proclama del llamado ´kirchnerismo duro´ advierte que una renegociación de la deuda con el FMI a ´sólo diez años´ resultaría ´impagable´. No era lo que pensaba de una deuda aun más cuantiosa, con los fondos internacionales, de u$s80 mil millones, que fue renegociada a plazos promedio de diez años, sin la menor quita en el capital. Ni de otra de valor similar, la deuda local del Tesoro, que es premiada con nueva deuda ajustable por inflación. El monto de una y otra es cuatro veces mayor que la deuda con el FMI. Sin embargo, no dudaron en publicitar el “éxito” de la reestructuración de esa deuda, al punto de calificarla como un rescate nacional de los desmanes del gobierno macrista. La “postergación” de los pagos al FMI es, precisamente, lo que está negociando Guzmán, en nombre de todo el gobierno nacional. No solamente esto – ha comprometido el apoyo del Congreso nacional, en conjunto con el resto de los bloques parlamentarios, con la exclusión, claro, de los dos diputados de izquierda. El texto rechaza que el FMI se convierta en un ´auditor permanente´ de la política económica. Pero la contrapropuesta que acercan, de llevar el acuerdo de pago de diez a veinte años, significaría precisamente eso. Bien mirado, los kirchneristas de paladar negro toman un libreto conocido, el del ´Toto´ Caputo, que emitió un bono a cien años, mucho más que las dos décadas que reclama Leopoldo Moreau. En estos bonos ´centenarios´, el acreedor recupera el total de la inversión en un período breve, que va de diez a quince años, mediante el solo cobro de los intereses. El ´Toto´ consumó el sueño kirchnerista de no amortizar el capital hasta que gobiernen los nietos de Máximo, pero no por eso dejó de perpetrar un gigantesco negociado a costa de las finanzas nacionales. Rebobinar los plazos de la deuda acentúa la tutela del país por parte del FMI, y convierte en asidua la auditoria de las cuentas nacionales. Las eminencias K creen haber encontrado la cuadratura del círculo, como es no pagar una deuda que sin embargo reconocen en su integridad. La ´proclama del 25´ también le pide al FMI una quita de la deuda, que no le pidió a los acreedores privados. Gran incoherencia, porque los privados no tienen vedadas las quitas, pero el FMI sí. El FMI ya puso en marcha, a pesar de todo, esa quita, al recibir la autorización de emitir u$s600 mil millones en las cuentas de los países miembros. A Argentina le corresponden 4300 millones, sin tener que dar nada a cambio. Los ilustres firmantes reclaman que ese dinero vaya a solventar la pandemia o “la emergencia sanitaria, y no en pagar la deuda al Fondo. El planteo abre, sin embargo, una caja de pandora. Ocurre que para usar los dólares en gastos internos hay que pasarlos a pesos, mediante la emisión equivalente de moneda. El gasto de esa emisión en ayuda social es enseguida absorbido por el Banco Central, con el argumento de que ese mayor circulante crearía inflación. Para esa operación paga casi 40% de interés anual. De modo que el financiamiento con esos dólares del gasto social, lo encarece en casi la mitad. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con las Leliq, que ya superan los tres billones de pesos, y paga intereses por 1.2 billones al año. El negociado para los banqueros supera cómodo el monto del gasto social. Los firmantes del 25 son un grupo de monetaristas reprimidos, que confunden la riqueza social con el papel moneda. El documento presume de audaz cuando caracteriza a la Argentina en “insolvencia estructural”. Esta caracterización es, por supuesto falsa, pero típica del arsenal nacionalista, que mete a todas las clases en el cajón de la Nación. El gran capital que opera en Argentina, industrial, agrario, exportador, comercial, minero, nuevas tecnologías, no es de ningún modo insolvente. Todo lo contrario. Y no lo es porque ha logrado esquilmar al estado de diversas maneras – por ejemplo con operaciones financieras, acompañadas de fuga de capitales y la devaluación del peso. La insolvencia estructural se manifiesta en los niveles de pobreza y en el retroceso del nivel de vida de los trabajadores en su conjunto. Con relación a la única insolvencia real, el manifiesto ´mayo´ no abre el pico. El documento que asegura que la deuda es impagable, se ufanó de haber ´desendeudado´ a Argentina por u$s170 mil millones, es decir por medio de una vaciamiento financiero ´nacional y popular´. Este vaciamiento ha dejado al Banco Central con patrimonio negativo; ha producido pérdidas descomunales al Fondo de Anses; ha empobrecido en masa a los trabajadores; y nos ha dejado con una deuda superior a la del comienzo de ese ´desendeudamiento´. Dentro de la ley, todo No hace falta demasiada perspicacia para ver en la proclama una movida de piso a Martín Guzmán, con pronóstico reservado. Más allá de la firma del inefable Gildo Insfrán, y del vicepresidente saliente de la UIA, la solicitada no juntó a otros integrantes de los ´factores de poder´. Los K se encuentran objetiva y subjetivamente aislados. Lo saben desde que perdieron Buenos Aires en 2017 y cuando tuvieron que ´elegir´ la vicepresidencia para recuperar aire. La gran burguesía nacional y los gobernadores tienen colocadas sus fichas en el acuerdo con el FMI. Incluso las vacunas dependen del Fondo y de ´Juan Domingo´ Biden. La movida del 25 está animada por un cálculo de aparato: copar más resortes del estado, para pelear más candidaturas para noviembre. Proclamas y crisis política Los ultra K han decidido celebrar el 25 con un fuego de artificio. Pero esto no le da de comer a ninguna familia que se encuentra debajo del nivel de pobreza. Los/as Vallejo, Español y Lozano no mentan en el texto la cuestión de la inflación ni la necesidad de un aumento general de salarios. Toda su propuesta apunta a evitarlos y contenerlos. El manifiesto es una declaración política contra las luchas obreras y contra la independencia de clase; lo firma la burocracia. Tampoco abren el pico sobre el retraso del dólar – el “ancla anti-inflacionaria” de Guznán y Pesce, el dúo de la política económica, al que no oponen una alternativa que no tienen. Los firmantes temen una Colombia. El sector ´vaticano´ del kirchnerismo ha comprendido que, ante su propia incapacidad para conducir una lucha de masas, debe pintarse de ´colores críticos´ para reservarse un derecho a contenerlas. Argentina no se encuentra encima de “una insolvencia estructural” sino ante un volcán social y político. Los tiempos del acuerdo entre el pejotismo no kirchnerista, de un lado (AF y Massa) y el ´juntismo´ no macrista, del otro (Larreta y compañía), se van agotando, pero ese acuerdo es todavía la viga inestable del régimen político. Lo saben los Fernández y los Macri.

Once sindicatos marítimos y fluviales están en nueva huelga unificada por 48 horas, ante la escalada de contagios entre los trabajadores, las violaciones de las patronales a cualquier protocolo y la muerte de cuatro tripulantes ocurridas la semana pasada. Reclaman ser incluidos entre las prioridades del Plan de Vacunación. La semana pasada habían cumplido otras 48 horas de huelga. Los marítimos desnudan, por medio de la huelga, la vulnerabilidad que les impone su condición de “esenciales”. La clase obrera disputa la dirección política de la lucha contra la pandemia. Los sindicatos del sector que cumplen con el paro de actividades son el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante; el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo; el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina; Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca; entre otros. Los contagios se centran en arrastreros, congeladores, merluceros, poteros y también tangoneros, en todos los puertos marítimos del país (Revista Puerto, 18/05). El Secretario General del SOMU, uno de los sindicatos convocantes, declaró que "los trabajadores marítimos no estamos reclamando que nos vacunen ya, sino que lo que estamos pidiendo es que nos incluyan como trabajadores esenciales en el Plan Nacional de Vacunación. Ese es el motivo por el cual paramos". “Hemos tenido que pelear con todo el mundo para que nos dejen ingresar”, explicó Durdos acerca del reclamo de los gremios” (Urgente24, 25/5). El protocolo para la navegación indica que, antes de embarcar, los trabajadores deben hisoparse. Sin embargo, el hisopado negativo no significa que los trabajadores contraigan el virus una vez embarcados y se contagien masivamente en los barcos. En caso de síntomas, los barcos no vuelven a destino y los contagiados deben aislarse en los mismos barcos, mientras en los puertos son reacios a permitir que desembarquen. "Por otro lado, desde el SOMU repudiaron la actitud de Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, tras la negativa a permitir el desembarco de los tripulantes del potero Mishima Maru 8 de la empresa Maronti" (Revista Puerto). Ya hay varios casos de trabajadores de la pesca que mueren embarcados, sin posibilidad de tratamiento. “Nos estamos quedando sin tripulaciones, porque se van infectando y quedan en tierra y tienen que hacer cuarentena. Hay actividades -dentro de la misma en la Marina Mercante-, donde la oficialidad no tiene tanta disponibilidad de gente y se van quedando sin reposición. “Habrá barcos que ya no podrán salir por más que no estemos de paro”, alertó Durdos. El paro contundente de los 11 sindicatos marítimos es el resultado de una enorme presión de los trabajadores y es una demostración más de que en los lugares de trabajo, por más protocolo que exista, el virus se propaga. Por si faltan evidencias de esto, véanse las espirales de contagios en algunas industrias como Mondelez, Volkswagen, Toyota o Acindar que han llevado a la paralización total o parcial de su producción, no en carácter preventivo sino ante el colapso de mano de obra para realizarla.

En los últimos días las patronales del transporte, en Tucumán, han procedido a despedir a un conjunto de trabajadores que integran el movimiento de choferes autoconvocados. Los despidos “con causa” son sanciones explicitas a las acciones de protesta que se llevaron adelante el 13 y 14 de mayo pasado, Debido al constante retraso salarial, un núcleo de 80 choferes se movilizó a la sede de la UTA para reclamar un paro general y una asamblea. La movilización incluyó bloqueos parciales con colectivos en algunas calles del centro; los despidos fueron acompañados por suspensiones a las licencias de manejo. Manzur y intendente de la capital, han promovido este atropello de manera directa, con la burocracia de UTA. Los choferes autoconvocados se habían constituido en todo este tiempo en una referencia que agrupaba al activismo. Estos despidos se producen en momento en que el sistema de transporte provincial se encuentra completamente desquiciado. El retraso en el pago de los salarios es respondido con paros repetidos. Las condiciones laborales son pésimas. Los contagios entre los choferes han sido ocultados e incluso hay denuncias de que los mismos han sido obligados a trabajar contagiados o siendo personas de riesgo – ni hablar de la ausencia de un plan de vacunaciones. La mayoría de las patronales no ha siquiera provisto de alcohol para los trabajadores. Las patronales piden más subsidios, a la vez que reclaman quintuplicar el precio del boleto. Plantean que es la única manera de asegurar el pago de los salarios y evitar despidos. Del estado nacional ya avisaron que no cuentan con recursos. En 2019 le pasó la pelota al estado provincial. Por otro lado, aunque avalaría un aumento del 50% del boleto, teme aumentar las tarifas, pues desataría una rebelión popular. Algunos de los referentes de los autoconvocados se habían vinculado con Bustinduy, la cabeza de un recambio burocrático a la dirigencia de Fernández. Frente a los despidos, Bustinduy y su agrupamiento no pasaron de los lamentos. A la hora de los balances, hoy el activismo que permanece en la UTA Tucumán comprueba en la práctica que no hay atajos para suplantar el esfuerzo de la organización de base, línea por línea. El quebranto del sistema de transporte, la falta de pago de los salarios, van a empujar a los trabajadores nuevamente a la lucha. En función de ello, los choferes autoconvocados debemos reagruparnos y prepararnos para las luchas que se vienen.

Según un documento de Unicef y la Dirección de Economía y Género del ministerio de Economía, 7 de cada 10 chicos, chicas y adolescentes menores de 18 años que viven en hogares a cargo exclusivamente de mujeres son pobres. El estudio sostiene que “en los hogares monomarentales, con jefatura femenina, la pobreza alcanzó al 59% de los hogares y al 68,3% de los niños, niñas y adolescentes”. y la indigencia al 23,6%, y que dichos hogares son los que “enfrentaron el mayor impacto negativo de la crisis por COVID-19 y son los más alcanzados por la pobreza y por la crisis de los cuidados”. A nivel nacional este escenario marca que de poco más de 13 millones de menores de 18 años, 7,5 millones viven en hogares pobres, y de ese total 1,2 millones viven en hogares a cargo exclusivamente de mujeres. Los menores de 18 años en hogares monomarentales son 1,7 millones (Clarín, 25/5). El documento destaca que la pérdida de empleo durante la crisis del COVID-19 se concentró en los trabajos informales, mientras que las madres “que están a cargo de hogares con niños, niñas y adolescentes son quienes enfrentan los mayores obstáculos para reincorporarse a la vida laboral y mantener sus puestos o buscar un nuevo empleo”. Además del servicio doméstico en casas particulares, las mujeres son la mayor parte de los trabajadores en actividades como los servicios sanitarios y sociales que, al ser considerados esenciales durante la pandemia, no redujeron su actividad, quedando desproporcionadamente expuestas a riesgos de contagio y a la extensión de las jornadas laborales. Estas jornadas flexibilizadas en el mercado laboral se vieron superpuestas con el trabajo no remunerado en el hogar y del cuidado de los hijos. Esta situación se vio profundizada porque se discontinuaron los servicios educativos, sin que se dieran licencias ni asistencias sociales sistemáticas y suficientes para las trabajadoras a cargo de menores mientras tampoco se garantizó el acceso a la educación virtual por medio de dispositivos y conectividad a cargo del Estado. La falta de inversión en garantizar subsidios que permitan llevar adelante el aislamiento en defensa de la vida, así como para garantizar la educación remota en contexto de pandemia, implican mayores desigualdades en el futuro acceso al trabajo y, por ende, también mayor pobreza. Como se trata de un informe oficial, el estudio concluye que “el aumento de los niveles de pobreza fue amortiguado por diversas medidas de protección de ingresos que tomó el Estado para cubrir a los hogares más vulnerables. La “La amortiguación de la pobreza” es una frase hecha, que no solamente revela ignorancia e insensibilidad. Su propósito es exculpar al gobierno, al estado y al capital, que se presentan como “amortiguadores” de una crisis humanitaria que es enteramente la responsabilidad de un régimen social históricamente en decadencia.

En el último fin de semana largo la docencia de Bahía Blanca se vistió de luto. En menos de 36 horas fuimos testigos de las consecuencias de la presencialidad en pandemia: dos docentes fallecidos se sumaron a la lamentable lista de trabajadores de la educación fallecidos por COVID en todo el país desde el retorno a la presencialidad. Tristeza y bronca se conjugan en la comunidad educativa de la ciudad. A horas de una “vigilia” a favor de la presencialidad motorizada por las patronales de la educación privada, nos llegó la terrible noticia de los fallecimientos de Daniel Cavallaro y Laureana Latxalde. El silencio de las autoridades locales al respecto es una declaración de su intención de mantener la presencialidad a costa de la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Nos preguntamos cuántas muertes son necesarias para que las autoridades dejen de pregonar la farsa de que en las escuelas “seguras” no hay contagios. Nuestra ciudad se encuentra con hospitales colapsados (el Hospital Municipal cerró su guardia por 48 horas), contagios que no disminuyen y un ida y vuelta en los cambios de fases que no hace otra cosa que agravar la situación. El gobierno y las autoridades educativas locales ya anunciaron la vuelta a la presencialidad para el 31 de mayo, sin tener en cuenta la recomendación y pedidos desesperados de los trabajadores del sistema sanitario para frenar la circulación y evitar el total colapso del mismo. Ante el desprecio por la vida de las autoridades la lucha de los docentes y familias se hace cada día más fuerte. Desde febrero un sector de la docencia se pronuncia, organiza y lucha por la virtualidad y la entrega de dispositivos y conectividad para familias y docentes. A esta inclaudicable lucha en la última semana se suman las familias que no están dispuestas a poner en riesgo la vida y la salud más allá de las presiones de las autoridades educativas por mantener a los chicos en las aulas. Hoy nuevamente nos pronunciamos por la salud y la vida de toda la comunidad educativa y la población de nuestra ciudad y decimos en pandemia y sin vacunas no hay presencialidad segura. Suteba Bahía Blanca tiene votada una nueva asamblea para votar medidas de lucha en caso del retorno a la presencialidad. Por la virtualidad en todos los niveles y modalidades, dispositivos y conectividad para las familias y docentes. Por el nombramiento de nuevos cargos docentes bajo estatuto para garantizar la educación pública.

En el medio de la rebelión popular colombiana, un grupo de madres ha decidido conformar parte de la primera línea en Bogotá, tirando por la borda años de estereotipos. En palabras de las propias madres: “Llevábamos varias noches viendo con miedo y angustia cómo la policía atacaba a nuestros jóvenes que salían a protestar por sus derechos. Llegamos a la conclusión de que si íbamos a hacer un trabajo social, lo debíamos hacer bien: en la primera línea, poniendo el cuerpo para defender a los manifestantes” (elpais.com, 19/5). Lo que ellas llaman trabajo social no es ni más ni menos que ser parte de la lucha de clases contra el narco-estado represor en el que viven. Para salir a combatir palmo a palmo con la juventud, las madres tuvieron que organizarse y dejar a sus hijos por las noches al cuidado de sus abuelas. Una vez resuelto eso, buscaron la forma de defenderse de las fuerzas represivas: primero examinaron materiales entre la basura para hacer escudos, pero como no consiguieron nada útil gastaron sus ahorros para pagar escudos negros a los que les pintaron en blanco la inscripción “MAMÁS 1 LÍNEA”. Su voluntad de lucha despertó la solidaridad de estudiantes universitarios que les regalaron anteojos de protección contra los gases policiales. Se trata de un grupo de madres “jefas de hogar”, actualmente desocupadas. Son parte de los 21 millones de colombianos bajo la línea de pobreza. Sus reclamos son claros, según lo cuenta Johana, una mamá de 36 años: “Exigimos cosas mínimas: derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, una renta básica para darle de comer a nuestra familia” (elpais.com, 19/5). No solo son claros, también son incompatibles con el capitalismo decadente en el que vivimos. Su presencia en las calles juega un doble rol: por un lado, en el enfrentamiento directo, por otro en la búsqueda del quiebre de la voluntad represiva de los uniformados. Así lo cuenta un joven jugador de futbol que lidera otro grupo de Primera Línea de Bogotá: “Para nosotros ellas son un gran apoyo”. Se refiere a que la policía, al verlas, duda antes de continuar reprimiendo. Del otro lado de la trinchera se escuchó a agentes decir “Al final, todos tenemos una mamá” (ídem). Son conscientes de que cada noche enfrentan la posibilidad de morir en los choques con la policía. Lo ven a su alrededor, muy de cerca, desde el comienzo de la rebelión, en la televisión y en las calles de su barrio. Han tenido miedo, y lo han superado. No se trata solo de solidaridad de clase, que tienen, sino de una idea fundamental: “Yo creo que la quemada de un bus, los vidrios rotos de una tienda, o las paredes pintadas no tienen comparación con la vida de un ser humano, sea policía o manifestante. La vida no tiene precio” dicen las madres. Entienden correctamente, saben, que para luchar por la vida tienen que luchar contra Duque y el Estado. Su lucha es conmovedora y atraviesa fronteras. Las madres de 1° línea colombianas expresan la fuerza de la lucha de clases del pueblo rebelde. De ahora en más en Colombia es correcto escribir Mamá así, con mayúsculas, con la letra grande como el coraje de estas mujeres que se organizan y van al frente.

El 23 de mayo, un avión de Ryanair que conducía a un opositor bielorruso, fue desviado de su vuelo de Atenas a Vilnius (Lituania) hacia Minsk, capital de Bielorrusia. Las autoridades bielorrusas justificaron la piratería con el extraño de pretexto de la denuncia una bomba en el avión Antes de permitirle continuar a su destino, el gobierno de Lukashenko se llevó detenido a Román Protasevich, un periodista de 26 años que participó en las movilizaciones del año pasado contra el régimen bielorruso. Protasevich enfrenta una posible sentencia de muerte como "terrorista" por sus presuntos delitos de seguridad nacional. En noviembre, la KGB bielorrusa lo habían colocado en la lista de “individuos implicados en actividades terroristas” (La Nación, 24/5). La operación terrorista del gobierno copia como calcado las operaciones de secuestro y tentativa de asesinato de Putin contra el opositor Navalny. En un caso como en otro, al margen de que las víctimas profesan una posición favorable a la integración a la Unión Europea y a la OTAN, el propósito de la persecución es aterrorizar a la población, y en el caso de Bielorrusia a los obreros que participaron de la reciente rebelión popular. La Unión Europea y EEUU repudiaron el hecho. La UE suspendió los vuelos los vuelos en el espacio aéreo de Bielorrusia. En su primera aparición, Román Protasevich aparece con signos de violencia. Se cuentan 400 presos políticos. Secuestros y secuestros La acción condenada por EEUU y la UE fue exactamente la misma que la sucedida hace ocho años contra Edward Snowden, Snowden había realizado el inmenso servicio democráticos de dar a conocer los secretos de las operaciones ilegales en el mundo de EEUU y aliados. Develó que EEUU tenía un sistema de terror y represión (y un sistema de vigilancia permanente que viola derechos básicos) contra su propia población y contra la población mundial. Los abusos y violaciones a los derechos humanos de opositores son moneda corriente. Es el caso del enorme periodista Julián Assange, dedicado a publicar todas las conspiraciones y delitos del imperialismo en WikiLeaks, como también la injerencia de EEUU en los recientes golpes de estado en Bolivia, Brasil, Paraguay, Honduras. Otro periodista del mismo nivel, Greenwald, denunció, entre tantas operaciones ilegales, la conspiración del juez brasileño Sergio Moro contra Lula, en connivencia con el golpe de estado, el segundo, que significó su proscripción electoral. Hace ocho años, en julio de 2013, cuando Evo Morales viajó a Rusia para una conferencia internacional de países exportadores de gas, Snowden se había reunido en Hong Kong con dos periodistas para darle la información secreta que había recolectado de su paso por la inteligencia norteamericana. EEUU pidió arrestar a Snowden, pero el gobierno de HK lo denegó, Snowden abandonó HK ese mismo día para intentar llegar a Moscú y abordar un vuelo a Cuba, para pedir asilo en Bolivia o Ecuador. Dirigidos por el entonces vicepresidente Joe Biden, los funcionarios estadounidenses advirtieron a todos los países de Europa y América del Sur que estaban considerando albergar a Snowden de las graves consecuencias que sufrirían en el caso de otorgarle a asilo. Moscú, también un secuestrador serial, le dio un asilo temporal que se convirtió en permanente. El 1 de julio de 2013, Evo dijo que otorgaría asilo a Snowden. Su vuelo de regreso a La Paz incluía sobrevolar varios países de la UE, mientras volaba sobre Austria hacia Francia, el avión fue desviado hacia Viena. Los funcionarios bolivianos anunciaron inmediatamente que, en pleno vuelo, Francia, España e Italia les dijeron que su permiso para sobrevolar el espacio aéreo de esos países había sido revocado, y que el motivo era que “un gobierno extranjero no especificado” había anulado la posibilidad de tránsito aéreo porque se suponía que “Snowden estaba en el avión con Morales y que viajaba porque Bolivia le había otorgado asilo” ( https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/69541-focus-as-anger-toward-belarus-mounts-recall-the-2013-forced-landing-of-bolivias-plane-to-find-snowden ). Julián Assange fue sacado de la embajada de Ecuador en Londres, en flagrante violación del derecho de asilo. Lukaxhenko debe haber pensado en estos antecedentes cuando ordenó piratear el avión de Rynnair. La única razón por la que Snowden no sufrió el mismo destino ese día que el que sufrió Protasevich el domingo es porque no estaba en el avión objetivo que se vio obligado a realizar un aterrizaje no programado en Viena” (ídem). Recordemos, por último, que Evo Morales no pudo salir de Bolivia a México, donde López Obrador le había concedido asilo, luego del golpe de estado de octubre de 2019, por la certeza de que estaba previsto su secuestro. Lo hizo, al final, en modo semi-clandestino, desde Buenos Aires, luego de las garantías que aseguraron el presidente de México y Alberto Fernández. En esta historia siniestra, el lugar máximo lo ocupan, sin embargo, la CIA y el gusano Luis Posada Carriles, autores del atentado terrorista contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación.

A las tres de la madrugada del martes 25 de Mayo se produjo una explosión de envergadura en el local de La Cámpora ubicado en calles Donado y Berutti, en Bahía Blanca. Las primeras investigaciones apuntan a que fue originada por “un artefacto explosivo no reglamentario, con el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros” (LaNueva, 26/5). A su vez, ya es posible determinar que no fue algo improvisado, sino un evento que demandó gran preparación. La bomba casera destrozó buena parte del local de La Cámpora y también locales comerciales aledaños. Los folletos que fueron dejados en el local atacan a “políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios y ladrones, periodistas cómplices y militantes, jueces puestos a dedo y sin justicia, 70% pobreza, 20% desocupación, 60% inflación, nos tratan como ganado, nos quitan la libertad, jubilaciones de indigentes, matan niños con el aborto, hipersexualizan a nuestros hijos -ESI y pornografía, subvierten los valores naturales, se pasan la constitución por el traste, traicionan nuestra patria. Y cuantas razones más para empezar ´LA PURGA´. Ahora a cuidarse traidores sabemos dónde viven. Hartos de todos ustedes”. En el último tiempo, ya se habían realizado pintadas antisemitas en varios locales de la ciudad. Bahía Blanca ha sido siempre un nido fecundo de clericales y antisemitas, como quedó en claro bajo la dictadura militar. El arco político que repudió el atentado, lo calificó como “atípico” o “fantasmas de la violencia política”, Tendrá que probarlo capturando a los responsables, cuando la práctica es encubrirlos. La desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, aun no esclarecida precisamente entre Villarino y Bahía, prueba lo contrario. E intendente de la ciudad Héctor Gay, de JxC, en el aniversario del 25 de Mayo del 2016 había empleado el mismo lenguaje de quienes cometieron el atentado. Dijo, en esa ocasión, que “hay enemigos importantes, de adentro y de afuera: los que responden a intereses personales y, también, los que integran grupos perfectamente organizados, que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse, fundamentalmente, de nuestros ideales y de nuestra juventud. No son tiempos fáciles, pero tampoco son tiempos para tibios”. El intendente es un explícito defensor del gobierno militar del ‘76, además de socio de la patronal del ex diario “La Nueva Provincia”, la voz de la dictadura. Por su parte, las máximas autoridades del PJ bahiense, Mario Simón y Hugo Álvarez, declararon a favor de quienes están siendo enjuiciados por crimines de la Triple A.

Luego de declarado el cese al fuego, acordado entre el gobierno israelí, Hamas y la Hiyab islámica, la fuerza policial de Israel anunció un programa de arrestos, denominado “Operación ley y orden". Apunta contra los palestinos que viven en Israel y hayan participado de manifestaciones en solidaridad con la causa palestina. Días antes, el primer ministro Netanyahu había catalogado como “terroristas” a los ciudadanos palestinos de Israel que protestaban contra la discriminación impuesta por el estado sionista. Las fuerzas armadas israelíes informaron que miles de agentes de todas las unidades -incluidos guardias fronterizos y brigadas de reserva- serán movilizados para llevar a cabo operativos en localidades con gran población palestina. Anunciaron que allanarán domicilios y realizarán “investigaciones” con el fin de presentar cargos e imponer penas de prisión. Se conjetura que en los próximos días se allanarán más de 500 viviendas de palestinos. Asimismo, el ministro de policía, Amir Ohana, convocó a los colonos judíos a actuar como un "multiplicador de fuerza", en apoyo a la policía. Ohana se había manifestado “indignado” por los arrestos a judíos sospechosos de asesinar a un palestino en la ciudad de Lod e hizo lobby para a liberarlos. Días de furia En los días posteriores al cese de los bombardeos, se produjeron ataques contra los árabes por parte de Israel. El sábado, las tropas israelíes atacaron una protesta conjunta de palestinos y judíos contra los desalojos en el barrio de Sheikh Jarrah. El domingo decenas de colonos, flanqueados por fuerzas especiales israelíes, entraron en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa. En Cisjordania y en Jerusalén, las fuerzas militares de Israel detuvieron a 41 palestinos en redadas entre el domingo y lunes por la mañana. La Sociedad Palestina de Prisioneros denuncia que alrededor de 500 palestinos han sido arrestados en Cisjordania desde mediados de abril. Los organismos de derechos humanos denuncian que las fuerzas israelíes han matado al menos a 31 palestinos, incluidos cuatro menores de 18 años, en Cisjordania desde el 10 de mayo.

Hace 30 años, en 1991 se formaban en el barrio de Pilsen, Chicago, Estados Unidos, Los Crudos, banda de Hardcore Crust (un estilo de punk rock ultra veloz) que enfrentó todo tipo de tradiciones, estereotipos y prejuicios en la escena punk, marcando un antes y un después. Los Crudos dejó un legado enorme. Metiendo sal en la llaga Los Crudos estaba integrada solamente por latinos inmigrantes y cantaban en castellano, algo muy poco común en la escena de Chicago. Su cantante y líder era Martin Sorrondeguy, docente de secundaria y uruguayo de nacimiento. Gay, se mostraba cómo tal, lo que generaba rechazo en sectores conservadores del punk. Para sumarle picante al combo, la banda era 100% política: sus letras hablaban sin metáforas, con canciones que no duraban más de un minuto, desde el centro del imperio, contra el racismo, el fascismo, el sexismo, la discriminación, la explotación y denunciaban a un sistema podrido que violenta y marginaliza. Había una temática que Los Crudos tocaban que era especialmente tabú: la xenofobia que viven los inmigrantes latinos en la “tierra de las oportunidades”, volcado en gritos de protesta y distorsión explosiva. Su mensaje a esos hermanos discriminados, en palabras de Martín, era “no están solos”. Latinos, punks, frontales, gays, anti yanquis, pseudo anarquistas: Los Crudos eran una bomba de pura disrupción incendiaria. Lucha para que te escuchen La banda llevaba al extremo la ideología punk “do it yourself” (hazlo tú mismo), tomando en sus propias manos todo lo que tiene que ver con su emprendimiento (producción de álbumes y shows, management, prensa y difusión, merchandising, etc.). Anudaron vínculos de solidaridad y cooperación con agrupaciones musicales de EE. UU y de todo el mundo, girando por toda la geografía de su propio país y también Europa y Japón, expandiendo su mensaje. En Argentina forjaron una gran amistad con la ya legendaria banda Fun People, que en aquellos años se etiquetaba como “Hardcore Gay Antifascista”, también militantes de la independencia discográfica y con letras e ideas afines. Los Crudos se mantuvieron activos hasta 1998, volviendo a tocar de manera intermitente. En 2013 realizaron una gira por Sudamérica que los trajo a Argentina. Lo que iba a ser un recital en Niceto Club se convirtieron en tres por la cantidad de tickets vendidos. Los shows fueron épicos, breves e intensos: duraron media hora, en los cuales Martín utilizaba diez minutos para -como hizo siempre en los recitales de la banda- para explicar de que trataban las letras, bajar línea y despotricar contra el imperialismo. En los restantes veinte minutos, tocaron más de veinte canciones, en un show adrenalítico y de extrema de comunión entre artistas y público. Crudo soy El legado más importante que han dejado Los Crudos fue haberle abierto el camino a una infinidad de bandas de músicos latinos, no solamente punks, a animarse a salir a tocar, a cantar en su idioma, a denunciar los atropellos que viven en EE. UU. y a manos de los gobiernos de todo el mundo. Desde la incomodidad, el choque y el inconformismo, cambiaron el hardcore para siempre. Martin Sorrondeguy aún hoy es un pilar del punk mundial, tocando con su nueva banda, llamada Limp Wrist, editando material discográfico de todo tipo de agrupaciones musicales con su sello Lengua Armada, filmando documentales y como fotógrafo, registrando imágenes de conciertos allí adonde viaje. A 30 años de haber formado Los Crudos, cree que “la escena punk todavía está alineada con algo under, ilegal, sin permiso, salvaje, desesperado, creativo y de ese ruido... van a salir muy buenas cosas”.

Los trabajadores y trabajadoras autoconvocadas repudiamos el despido del camillero del Hospital Heller Guillermo Aigo. Convocamos este jueves a las 10 horas a una conferencia de prensa en la puerta del hospital. Lo acusan de “viralizar en las redes sociales” para “su propio beneficio”, para “ser reconocido”, haciendo “uso de esta situación de emergencia sanitaria”. Es un despido ilegal y persecutorio que lo único que busca es callar y poner una mordaza a quienes denunciamos el vaciamiento de los hospitales y centros de salud. Lo despiden por denunciar la precarización laboral y el abandono que sufren los tercerizados. Nunca faltó a su desempeño ni abandonó su lugar de trabajo. Es criminal que en medio del colapso sanitario se despidan trabajadores de la primera línea que vienen poniendo el cuerpo al sostenimiento de los hospitales poniendo en riesgo su salud y la de la población. Exigimos la inmediata reincorporación del compañero Guillermo Aigo y el cese de las persecuciones a los trabajadores y trabajadoras de la primera línea. A la primera línea se la cuida, no se la ataca. El Gobierno es responsable de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud para garantizar una atención de calidad a la población Luchar es un derecho. Basta de persecución a quienes defendemos nuestros derechos y el derecho a la salud de la población.

En las últimas semanas, los trabajadores estatales nos enteramos por los medios de comunicación cuáles serían las sumas acordadas para la paritaria entre el Gobierno Nacional, UPCN y ATE, formalizadas finalmente ayer, 26 de mayo. El incremento salarial pautado para la paritaria 2021 es de un 35% en 6 cuotas no acumulativas -10% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 4% en diciembre, 6% en enero de 2022 y, finalmente, 5% en febrero- y una cláusula de revisión para noviembre. Además, se otorgaría un aumento del 4% en la cantidad de Unidades Retributivas (UR) por nivel y grado para los trabajadores encuadrados en SINEP, un incremento en el "premio estímulo" (presentismo) y el incremento de reintegro por guardería. Tomando como referencia los cálculos que la junta interna del INDEC viene publicando, desde el 2015 a esta parte, los trabajadores venimos acumulando una pérdida en el salario -producto de acuerdos a la baja- cercana a un 45%, por lo que resulta necesario que se parta de la base de recomponer lo perdido. Si bien las grillas salariales de los estatales difieren entre sí según los convenios, si tomamos el salario más extendido del convenio SINEP (categoría D grado 1) para mayo 2021 y le sumamos un hipotético aumento de una sola vez de 39% vamos a llegar en mayo del 2022 con un salario bruto de 50.225, 71 y de 41.687, 33 en mano. ¡Casi 20 mil pesos por debajo de la línea de pobreza… actual! Bajo la consigna de que el "salario le gane a la inflación" tanto UPCN como ATE (Nacional y Capital) han ratificado que este aumento es positivo para los estatales porque superaría el techo de aumento salarial (29%) impuesto por el gobierno para 2021. Lo que enmascara en realidad es la voluntad de las burocracias sindicales de firmar lo que sea que el gobierno esté dispuesto a otorgar como parte de una política de ajuste sobre los trabajadores y el pueblo como garantía para sellar en estos días un nuevo acuerdo ruinoso con el FMI. La cláusula de revisión que festeja la burocracia es la demostración acabada de que el acuerdo no es suficiente, pero los trabajadores esta película ya la vimos; la revisión de marzo 2020 no se ha garantizado. El acuerdo condena nuevamente a los trabajadores de la primera línea que se encuentran exhaustos y desmiente el reconocimiento al personal de salud del cual se jacta el gobierno. Desde Tribuna Estatal Tendencia alertamos que ATE estaba dispuesta a firmar un salario de pobreza para los estatales del mismo modo que firmó un salario de indigencia en el Consejo del Salario Mínimo. Por eso en una semana pasaron de “defender un salario que no esté en la pobreza” a “uno que no esté por debajo de la inflación”. Ni una cosa ni la otra. La mayoría de los estatales cobramos salarios por debajo de la línea de pobreza, y en muchos casos cercanos a la línea de indigencia. UPCN con su metodología histórica de burocracia rancia, ha firmado de manera inconsulta con la base de trabajadores. ATE Nacional en sintonía, solo convocó la semana pasada a una reunión del Consejo Directivo Nacional donde se manifestó la disposición de ratificar el acuerdo. Por su parte, ATE Capital convocó el pasado viernes a un plenario de delegados generales SINEP de la seccional con un carácter proscriptivo. Con la excusa de que era un plenario del sectorial SINEP, no se les otorgó acceso a delegados generales, como el caso del INTI, INCAA, entre otros, y se ratificó desde la mesa comandada por Catalano que se iba a "proponer" que las cuotas del acuerdo se salden en 2021 y una cláusula de revisión, desoyendo los rechazos al acuerdo que se expresaron en varias intervenciones. La reacción de los trabajadores llevó a que, en Buenos Aires, un conjunto de juntas internas de estatales nacionales, que se viene reuniendo y organizado en oposición al acuerdo se haga presente el 26 de mayo a las puertas del Ministerio de Trabajo en rechazo al acuerdo. Para esa misma tarde convocaron una reunión nacional virtual abierta de estatales de la que participaron más de 330 trabajadores de distintos puntos del país. Debemos organizar en cada sector asambleas para discutir el rechazo y salir a luchar por la reapertura inmediata. Los salarios están tan retrasados que necesitamos más del 100% de aumento y así y todo no llegaríamos a equiparar el costo de vida. Hay que tomar el ejemplo de los choferes de la UTA que reclamaron un inicial de 100 mil pesos que es el costo de la canasta básica familiar. Los trabajadores autoconvocados de Neuquén mediante semanas ininterrumpidas de paro y piquetes lograron quebrar el acuerdo ruinoso del gobierno provincial con la burocracia de ATE de Quintriqueo. Es el camino que los estatales debemos tomar para enfrentar el ajuste sobre nuestros salarios. Para que la crisis política y económica no la paguemos los trabajadores. Las restricciones vigentes no pueden ser un límite para que nos organicemos. Somos los trabajadores quienes enfrentamos la presencialidad caprichosa, los que luchamos en cada organismo por protocolos que resguarden nuestra salud y los que anteponemos el cuidado de la salud ante el permanente avasallamiento de los funcionarios. Sabemos que es parte de garantizar la salud, garantizar el salario. Debemos organizar en cada organismo asambleas que rechacen el acuerdo paritario y avanzar en la coordinación de acciones regionales entre trabajadores municipales, provinciales y nacionales. A partir de esto poner en pie una autoconvocatoria estatal que resuelva una jornada nacional de lucha para los primeros días de junio. El camino es el de los trabajadores de la salud en Neuquén para arrancar un aumento de emergencia del 50%, una paritaria que nos coloque con un salario igual a la canasta familiar junto a la cláusula gatillo actualice los salarios por inflación. Por el pase a planta permanente y la vacunación inmediata a todos los esenciales.

El gobernador salteño ha decidido suspender las elecciones legislativas y constituyentes del 4 de julio próximo. El secretario de la gobernación, Matías Posadas, anunció que no se unificarán con las elecciones nacionales. Cuando decretó el adelantamiento de las elecciones, Gustavo Sáenz tomó en cuenta los pronósticos epidemiológicos de una “segunda ola” para fines de julio. Para salvar hasta último momento la convocatoria, el gobierno armó un “protocolo” que disponía de más escuelas para la votación, y afirmó hasta el viernes pasado que la pandemia estaba “bajo control". Ese mismo viernes anunció la compra de un millón de vacunas de Jhonson & Jhonson, que aplica una sola dosis, y que la vacunación se desarrollaría menos 20 días antes de la elección para la población de 18 a 55. La falta de autorización de la Anmat y cuestiones vinculadas a la forma de pago y el financiamiento, plantearon una demora que podría extenderse hasta un año y medio. Sáenz contaba con esto para ganar las elecciones sin inconvenientes. Nueve departamentos de la provincia, un 70% de la población, se encuentra bajo confinamiento. De otro lado, han crecido las protestas de trabajadores de la salud por la falta de insumos, y de la docencia contra la presencialidad. Metán, el sexto departamento, se encuentra al borde del colapso y con protestas vecinales por falta de atención. El viernes pasado, una huelga por 24 horas de la docencia tuvo un acatamiento promedio provincial del 50%, y en los departamentos del interior el 80%. Apenas se establecieron las restricciones del último DNU nacional, la curia católica criticó el cierre de las “escuelas e iglesias” y exigió la suspensión de los comicios. Sin misa y sin escuelas confesionales abiertas, no se vota. Todos los partidos patronales, desde el macrista Nanni, de la UCR, hasta el kirchnerista Leavy, del FdT, han festejado la suspensión de las elecciones como un acto de “sensatez” e “inteligencia”. Ninguno exigió medidas serias para frenar la circulación del virus, superar el colapso sanitario y subsidiar a la población empobrecida. La crisis sanitaria es antes que nada política. Los gobiernos capitalistas han subordinado la salud a los intereses económicos capitalistas, por medio de la apertura de actividades que les evite el ‘costo’ de asistir a los trabajadores – cuyos salarios y empleos corta sin anestesia. El traslado de las elecciones a otra fecha tiene el propósito de esquivar el debate político y el temor a un revés electoral. Como los gobiernos de Jujuy y Misiones, quiere que se vote después de la vacunación, sin importarle las víctimas que el desquicio oficial provoque hasta entonces. Abrir las escuelas confesionales y los templos, sí; la campaña política y las urnas, no. Se critica la interferencia del estado cuando impone restricciones, pero se la reclama para suprimir el cuestionamiento político a ese mismo estado y a sus secuaces. Por todo esto, hemos denunciado desde el Partido Obrero de Salta esta suspensión – una posición que, en realidad, habíamos adoptado de antemano, advirtiendo contra esta maniobra. Es claro que no tiene el propósito cuidar la salud sino de proteger una política criminal de piedra libre y asfixia económica a los principales perjudicados, los trabajadores.

La Comisión Interna de Acindar Villa Constitución está debatiendo tomar medidas de acción directa frente a los contagios crecientes en la planta. Acaba de presentar una nota ante el ministerio de Trabajo de Santa Fe, que reclama vacunar a todo el personal, que ha sido declarado “esencial” por el gobierno. Esa condición le ha sido impuesta por tratarse de una industria de exportación que provee divisas para pagar la deuda externa. En la planta han habido paros para conseguir protocolos o el pago a los trabajadores licenciados por su situación de riesgo. Desde que comenzó la pandemia, la Interna contabilizó un 22% de contagios, dado que la patronal rehúsa dar información. Se trata de casi 400 trabajadores. En tanto no se vacune a los trabajadores, la planta debería cesar las actividades. Se hace necesaria la convocatoria a una asamblea general, que es el órgano de la soberanía sindical. Ella debería evaluar la suspensión de tareas hasta que la empresa pague testeos masivos y hasta que se proceda a vacunar. La “crisis de la vacunación”, como la crisis hospitalaria y de internaciones, responde a una política de ajuste para lograr un acuerdo con el FMI. Es también la consecuencia del carácter privado de la industria farmacéutica y sus contratos con pulpos internacionales. Una acción conjunta de la clase obrera cambiaría por completo el escenario político que ha permitido el avance incontrolable del virus, los contagios y las muertes.

El gobierno de Manzur, esta vez con el apoyo de la legislatura -es decir, de su rival, el vicegobernador Jaldo- adhirió al decreto nacional que estableció nueve días de restricciones a la circulación y en algunas actividades. Ha excluido del ‘lockdown’ a la cosecha del limón y la frutilla, y la zafra azucarera, que involucran a más de 70.000 trabajadores en forma directa y a otros 200 mil en forma indirecta. Los dueños de bares y restaurants decidieron abrir sus negocios y enfrentar las acciones judiciales. En paralelo, desde el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) se comunicó que los principales hospitales de atención Covid estaban en Código Negro, o sea que sus terapias están saturadas. Faltan insumos imprescindibles como sedantes. La provincia había tocado el techo de los mil contagios hace diez días. Ahora, el promedio de muertes llega a las 20 por día, con edades promedios mucho más bajas. Ante esta situación, el gobierno acompaña los discursos dramáticos con disposiciones criminales. La circular Nº 10 del ministerio de Educación, que suspende la presencialidad educativa, obliga a los docentes a presentarse en las escuelas, con presencialidad parcial de alumnos (aquellos que no tienen conectividad). Con estas disposiciones educativas, y el pleno funcionamientos de las principales actividades productivas, bancarias y comerciales, la provincia se orienta a una catástrofe sanitaria. El agotamiento del personal médico y de enfermería, que era crítico antes de la pandemia, enfrenta ahora las vacantes producidas por los fallecimientos (más de un centenar), por la licencia del personal de riesgo, con diversas renuncias e incluso cesantías. Las autoridades pretenden remediar la crisis con los residentes y con 300 “rotarios” que son los estudiantes del último año de la carrera de medicina de la UNT. Los “rotarios” realizan sus prácticas ad-honoren, son obligados a cubrir todas las instancias de atención hospitalarias, sin haber sido incluidos en la lista de vacunación y sin estar provistos de equipos de protección. La política de Manzur es apoyada por todo el arco político, empresarial, la burocracia sindical y la iglesia.

El mes de mayo concluye con una explosión de contagios, fallecimientos por COVID-19 y el cierre (tardío y parcial) de actividades. Pero como ocurrió en 2020, las patronales y la burocracia picaron en punta para declarar, con la aprobación del gobierno de los Fernández, la esencialidad de los rubros correspondientes a sus intereses. El termómetro de la cantidad de gente circulando no nos permite mentir. La noticia, para los peajistas, fue que el ministro de Infraestructura (ex intendente del empobrecido partido de San Martín) y el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines -bajo la "renovada" conducción de Facundo Moyano- han declarado al cobro de peaje como actividad esencial. El sinnúmero de contagios, las casi 20 muertes en la actividad –si sólo contamos los accesos a CABA– y los cientos de aislamientos que hay en el gremio, marcan la gravedad de la situación, confirmando que los lugares de trabajo como así también las escuelas y el deplorable transporte público son lugares de circulación del virus. Los protocolos no se cumplen. Es más, han sido abandonados al criterio individual de cada trabajador, siendo moneda corriente las aglomeraciones de compañeros y compañeras en los comedores, la falta de barbijos descartables suficientes para el uso diario, el retiro de las alfombras sanitizantes, y podríamos seguir. Claramente, por otro lado, el criterio para declarar la esencialidad de la actividad de las autopistas en su conjunto ha sido sólo y únicamente el lucro, la ganancia empresarial. Entonces: ¿a qué llamamos trabajo esencial? ¿Cuál es el criterio para determinar qué es esencial y qué no? ¿Quiénes deciden la esencialidad de una actividad? Este tipo de definiciones se han tomado en las oficinas de algún ministerio o en el gabinete de decisiones de alguna empresa a espaldas de los trabajadores. Pero, ¿quiénes son los que arriesgan la vida al presentarse a trabajar sin haber sido siquiera consultados al respecto? ¿Los ministros, los gerentes, los accionistas o los trabajadores? Recordemos, para explicar y entender este tremendo dislate, que la administración patronal en la actividad de peajes y afines en gran medida es de carácter privado, pero también hay otro tanto en manos estatales y de gerenciadores sindicales. Para ampliar al respecto podemos citar el caso de AUBASA (Autopistas Buenos Aires - La Plata), que luego de ser estatizada, durante el periodo de Scioli, pasó a manos del gobierno de la provincia, que designó como gerente a Federico Sánchez, miembro fundador del SUTPA… ¿Representantes de los trabajadores o de los gerentes? Siguiendo la ´matriz del sindicalismo argentino´, el SUTPA se encuentra en ambos lados del mostrador, desempeñando tanto el rol gerencial como el sindical. He aquí su afán por declarar la esencialidad de la actividad de las autopistas y rutas, exponiendo al conjunto de sus trabajadores y a sus familias a una pandemia que no perdona ni el más mínimo descuido. Ante la crisis humanitaria que atraviesan Argentina y el mundo, el gobierno de los Fernández coloca el lucro, la ganancia empresarial por encima de la vida. El SUTPA y los sindicatos de la actividad acompañan. El salario es salud El derrotero de la conducción saliente, a cargo de Sergio Sánchez, por acusaciones de malversación de fondos de los trabajadores, ha colocado las paritarias en el centro de las luchas de la actividad de peajes y afines, como así también del conjunto del movimiento obrero. En 2020 se firmó una paritaria, con un retraso de un año y medio, del 50%. Este mes de junio entrante vence la paritaria 20-21, que se firmó por el 30%. La pérdida de este último período es del 17% del poder adquisitivo del salario en la actividad. La patronal no dio el bono de fin de año que se cobró siempre desde la fundación del gremio en 2006. El SUTPA ni pataleó al respecto, a pesar del malestar que todavía hoy retumba en el conjunto de los trabajadores que trabajamos toda la pandemia. En febrero no se ejecutó la cláusula de revisión. Recuperar el poder adquisitivo es una cuestión de vital importancia para el combate a la pandemia. No respetar los salarios es entregar al conjunto de los trabajadores de la actividad a una masacre. Su fórmula es la esencialidad y salario a la baja resultando de esta ecuación un ataque brutal a las condiciones de vida de cualquier ser humano. Pero como hemos visto en reiteradas ocasiones, para quienes nos gobiernan, ya sea desde el Estado nacional como desde el ámbito sindical, lo esencial es invisible a sus ojos. Por un aumento del 50% del salario en las paritarias que se discuten a partir del mes de junio. Vacunas de inmediato para todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad de autopistas, rutas y afines. El establecimiento de comisiones de trabajadores y trabajadoras electos para el cumplimiento y el control de los protocolos. Reclamo al Ministerio de Trabajo para que se ejecuten elecciones libres y democráticas tanto del cuerpo de delegados y delegadas como de la dirección del gremio.

La precariedad y la falta de acceso a la salud pública es un problema enorme para las familias pobres en el norte de la provincia de Santa Fe. Especialmente en el departamento Vera, uno de los más empobrecidos. Han pasado gobiernos peronistas, radicales y actualmente el PRO y no se dio solución a ninguno de los problemas básicos de la salud. Incluso han empeorado, llegando a límites extremos de violencia obstétrica o asesinato de madres y bebes. Esto en el marco de un preocupante aumento de los embarazos de niñas, abusos intrafamiliares y prostitución infanto-juvenil. Lucha por la salud En 2016, a partir del escandaloso asesinato de dos bebes, la maternidad de Vera cerró sus puertas por orden del gobernador del Frente Progresista, Miguel Lifschitz. Por tal motivo quedaron suspendidas las prácticas correspondientes a partos programados y cesáreas, y había que recorrer casi 65 kilómetros hasta Reconquista para poder atenderse. A partir de una lucha del movimiento de mujeres, en 2018 se anunció la reapertura de la maternidad. Fue también a partir de la exigencia del cumplimiento de la ley nacional de parto humanizado del 2004. En enero de este año sucedió el aberrante caso de Talía Fontana, de 22 años. Este caso de violencia obstétrica desencadenó nuevamente en la lucha del movimiento de mujeres. Se organizaron junto a las demás víctimas frente al hospital para exigir justicia y que se implemente la ley de parto humanizado Esto pone en evidencia la realidad que padecen miles de mujeres de los sectores más populares que son discriminadas en el sistema de salud público, sometidas a tratos totalmente deshumanizados a las que el Estado les niega el derecho a acceder a un parto respetado. Falta de derechos y de garantías En el norte de la provincia de Santa Fe no solo no se puede acceder a un parto respetado para aquellas mujeres que continúan sus embarazos, sino que tampoco se garantizan abortos seguros. El clero está enquistado en el sistema de salud. Se sirve de la objeción de conciencia que le fue concedida por el proyecto del Gobierno, pero tampoco garantiza el bienestar de las madres. Esto le pasó en Vera hace ya 14 años a la joven Ana María Acevedo, a quien le negaron el aborto legal y el tratamiento para su cáncer. Frente a esta situación la mujer busca por sus propios medios garantizarse el aborto poniendo en riesgo así su vida. Para las niñas madres que no han podido acceder al aborto y tienen que continuar con la gestación, no tienen ningún tipo de acompañamiento con equipos interdisciplinarios. Un sinfín de jovencitas llegan al hospital a hacerse controles y nadie les presenta el derecho a decidir supuestamente legalizado. Pero en la provincia, no sólo mueren las mujeres y las infancias por abortos clandestinos, sino por no acceder a la salud en general, a la educación y al trabajo genuino. Frente al 3J tenemos que continuar gritando que el Estado y los gobiernos son los responsables de las violencias que atravesamos las mujeres trabajadoras, que recrudecen en el marco de la pandemia y del aumento de la precarización laboral. Bata de violencia obstétrica. Que se garantice el acceso a la IVE. El Estado es responsable.

Clarín tituló la información con los tapones de punta: “El Central habilitó que los bancos financien el Tesoro con depósitos”. Un petardo financiero intencional, que cuenta, sin embargo, la mitad de la historia: la otra mitad es que los depósitos y el sistema bancario y monetario en su conjunto, están amenazados por una deuda financiera del Banco Central, las Leliq, que sólo necesita una mecha para explotar. El estado nacional, como es sabido, no tiene condiciones de afrontar el pago de la deuda pública, sea en divisas o moneda local, incluidos los intereses. La noticia hizo emerger a quienes vaticinan un nuevo ‘plan Bonex’, en referencia a la sustitución de los depósitos bancarios por títulos públicos bajo el gobierno de Menem, en diciembre de 1989, o, para no ir tan lejos, al llamado ‘corralón’ de 2002. Los ‘alarmistas’ fingen ignorar que eso ocurre ahora mismo, porque los depósitos se encuentran atados a un bono, sólo que es del Banco Central. El Central sólo puede rescatarlo con una emisión monetaria que, por su magnitud, desataría una híper-inflación. La norma en cuestión autoriza a los bancos a canjear una parte de las Letras del Banco Central que se encuentran en su poder (Leliq) por títulos del Tesoro nacional. La porción permitida cubre unos 700 mil millones de pesos, reservada como encaje por los bancos, sobre una tenencia de 3.7 billones de pesos en sus activos. La tenencia de títulos públicos en calidad de encajes viola las normas internacionales que regulan la solvencia del sistema bancario. Un oficialista citado en los periódicos declaró que “si la apuesta sale bien, le daría mayor profundidad al mercado de capitales local”. La expresión “apuesta” resume muy bien la cornisa por la que quiere zafar el gobierno. La normativa del Central simplemente muestra el impasse financiero final del gobierno. En primer lugar porque las Leliq estaban creciendo como una bola de nieve: sólo por intereses, pagaron 250 mil millones de pesos a los bancos en los dos primeros meses del año. Una asistencia social entera, equivalente al 7% del PBI. Aumentó un 226% desde diciembre de 2019, cuando era poco más de un billón de pesos. Esos casi cuatro billones de pesos superan con holgura la base monetaria, o sea que no puede ser rescatado por el deudor, el Banco Central, ni siquiera a plazos. De otro lado, por la función que cumplen en el sistema monetario actual, esas Leliqs están forzadas a crecer, ya que se emiten para absorber el dinero que emite el mismo Banco Central. Pagan una tasa de interés anual del 38%, que representa un rendimiento mayor porque se renuevan mes a mes y pueden ser usadas, en parte (un 20%) como encaje. El significado de este desbarajuste, y su impacto, es demoledor, porque implica que la ayuda social que se financia con emisión, cuesta alrededor de un 40% de interés anual. Es lo que ocurre también con la compra de divisas, ahora en auge por la liquidación de las exportaciones de soja: los pesos que se emiten a cambio son absorbidos luego a esa tasa estrafalaria. Por la compra de divisas se emiten 130 mil millones de pesos por mes (sin ningún rendimiento en contraparte). Como el gobierno, por otro lado, está embarcado en no mover el tipo de cambio oficial y en frenar al financiero, ese rendimiento de las Leliqs se mide en dólares. Argentina no solamente está a la cabeza de los contagios por cada cien mil habitantes, también ocupa ese podio en cuanto a tasa de interés dolarizada. Lo que ha hecho el Banco Central con acuerdo del Tesoro, es llamar a la brigada de explosivos para desarmar, pieza por pieza, esa bomba financiera. Lo que distingue a este desarme del trabajo policial, es que arma en su lugar un explosivo financiero alternativo, incluso de mayor alcance. Ocurre que el Tesoro, por su lado, está abocado a una refinanciación sin horizonte de la deuda local y los intereses. Entre junio y septiembre tiene vencimientos abultados, cuya refinanciación se encuentra en veremos; no pudo completar las licitaciones recientes. El apriete del Tesoro no viene por el lado del gasto público sino de la deuda. Al ofrecer a los bancos la posibilidad de comprar bonos del Tesoro con las Leliq, busca llenar ese bache financiero. El gobierno pasa de una bola de nieve a otra sin tampoco desarmar la primera. Convertir la deuda de una institución con facultades de emisión, el Banco Central, en una deuda de un Tesoro insolvente pone en riesgo los depósitos de los particulares en los bancos. Tiene, sin embargo, una consecuencia adicional, que es unir una potencial corrida contra el peso, o sea una devaluación, con una corrida bancaria, porque una huida de los bonos del Tesoro, por parte de sus tenedores, produciría una desvalorización de esos activos en poder de los bancos. Que estos bonos del Tesoro para los bancos tengan un plazo mínimo de vencimiento de seis meses, no atenúa la posibilidad de corrida, porque la misma norma autoriza su venta en el mercado secundario, o sea a otros bancos o particulares. Desde el punto de vista político, este desarme ficticio de las Leliqs por ‘Tbonds’ no podía haber venido en momento más oportuno, o sea después del manifiesto kirchnerista del 25 de mayo. Es que el Banco Central y el Tesoro, muy lejos de postergar pagos y suspender deudas ilegítimas o no, han decidido pedir socorro a los bancos y al mercado financiero. Lo han hecho, seguramente, con la venia de la Vicepresidenta, pues de lo contrario la habrían convertido en un florero. Lo que ocurre es que no hay salida a la bancarrota en el marco del status quo heredado – desde la última quiebra de 2001/2. En pleno ajetreo por la deuda con el FMI, el Tesoro de Estados Unidos y el Club de París, la norma dictada por Pesce y Guzmán es parte indudable de una política de acuerdo. El ‘staff’ del Fondo ha dicho más de una vez que hay que ‘desarmar’ las Leliq y ‘armar’ un mercado local de capitales. La gestión anterior de Cristina Kirchner ya se había empeñado en este rumbo, que fue golpeado por la crisis con los fondos buitres. Lo mismo Macri-Sturzenegger, que pasaron de las Lebac, un título del Central que el público podía adquirir, a las Leliqs, un mercado cautivo de los bancos. La norma se adopta luego de haber acordado el arribo de una misión del FMI para supervisar las cuentas públicas (el llamado artículo cuarto). Es la condición que han puesto los gobiernos del Club de Paris para considerar una postergación del vencimiento de 2.500 millones de dólares, el 31 de mayo próximo. Es clarísimo que este régimen político carece de las condiciones y del propósito de sostener la economía de los trabajadores en la pandemia, ni hablemos de la capacidad de disponer los recursos científicos y tecnológicos acumulados por la humanidad, al servicio de la vida. Por de pronto, ha procedido a la mayor serruchada de salarios y jubilaciones de las últimas dos décadas, con lo que ha logrado reducir el déficit entre gastos y recursos del 4 al 0,6% del PBI, y abultado las ganancias de las patronales. De 16 mil millones de dólares a 2.400 millones – una diferencia que fue a parar al parasitismo financiero.

Todos los medios dan por hecho que el 31 de mayo próximo se termina el “confinamiento estricto” que el gobierno estableció en el último DNU, e incluía la suspensión de las clases presenciales en los distritos y provincias que se encuentren en “alarma epidemiológica”. En rigor, la suspensión de la presencialidad escolar a nivel nacional sólo se produjo durante tres días hábiles. Son los mismos que bregaron en marzo por un "regreso seguro” a las aulas y que, afirmaban más tarde, “las escuelas no contagian”. Actualmente, la suspensión de la presencialidad tiene lugar en 130 distritos bonaerenses, y en algunas provincias. En el caso de la Capital Federal, Larreta suspendió también la educación virtual. El verso de que les “importa la educación de los chicos” se desmoronó y la Corte Suprema en este caso no ha abierto el pico para garantizar el “derecho a la educación”. El gobierno porteño está analizando volver de inmediato a la presencialidad en los niveles inicial y primaria, mientras que la secundaria continuaría con la “bimodalidad” (presencial-virtual), a partir del próximo lunes. Lo mismo han dejado trascender Schiaretti en Córdoba y Omar Perotti en Santa Fe. El ministro de Educación Nicolás Trotta ya adelantó que “en algunas provincias se va a poder sostener la presencialidad porque están en zona de bajo o medio riesgo” (Ámbito, 22/5). El gobierno ha declarado que insistirá en el cierre de escuelas solamente allí donde el "semáforo" se ponga en rojo. O sea ‘ex post facto’, después de que los contagios y los fallecimientos desborden. Es lo que propone también Eduardo Salas, del aparato de los Pitrola. El proyecto de ley “semáforo” que ya tiene la aprobación del Senado, establece que “los parámetros para definir la situación epidemiológica se basarían o estarían divididos en bajo riesgo: entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes; mediano riesgo: entre 150 y 250 contagios; alto riesgo: entre 250 y 500 casos y alarma epidemiológica: más de 500 positivos y 80 por ciento de ocupación de UTI” (Página/12, 28/5). Las decisiones de cierres, de todas maneras, las tomarían los gobernadores; la Nación solo podría intervenir si después de 21 días la jurisdicción continúa en alarma epidemiológica (ídem). Una ley semejante, en Alemania, ponía el ´rojo´ con 150 casos, lo cual la convertía en preventiva, no en fiasco que han parido los Fernández. En Nueva Zelanda hubo un cierre a partir de un solo contagio. Las direcciones sindicales vinculadas a la CTERA acompañan al gobierno nacional, cuando se registran alrededor de 100 docentes fallecidos por covid-19. Las agrupaciones referenciadas en el FIT-U, hicieron punta en lo de la ´presencialidad segura´ - más papistas que el Papa, como ocurre con los conversos. Ahora plantean la suspensión allí donde el colapso sanitario ya haya llegado (semáforo "rojo”). El hecho de que centren su posición en un proyecto de ley sobre vacunas delata que van mucho menos rápido que el virus, cuando se necesitan paros, huelgas y movilizaciones para cerrar, primero, todos los ámbitos no esenciales y financiar con fuerza el sostenimiento de las familias trabajadoras, e imponer por la misma vía la nacionalización de los laboratorios y la elaboración de una vacuna propia por parte de los laboratorios estatales – el Malbrán. La docencia, en cada provincia, está deliberando acerca de los propósitos oficiales de reiniciar las clases. De nuestra parte, impulsamos asambleas, auto convocatorias y comités de base, para dar una lucha contra la presencialidad criminal. Que el Estado garantice todos los recursos necesarios para el sostenimiento de la Educación Virtual, un salario básico por cargo igual al costo de la canasta familiar y una garantía salarial para todos aquellos docentes sin trabajo.

Hace tres meses que los trabajadores de la Salud de la provincia de Santa Cruz se encuentran en lucha. Este jueves, han obtenido un compromiso del gobierno provincial en relación a su pliego de reclamos. Su principal punto es que dejaría sin efecto una reforma laboral en curso. Durante el fin de semana pasado, se viralizó un video donde la policía de Santa Cruz reprimía y desalojaba salvajemente un acampe de los trabajadores en la puerta de la gobernación. El accionar generó indignación, pero también despertó una red de solidaridad en todo el país. Mientras el gobierno nacional dice reconocer a los trabajadores de la primera línea, la realidad es que ha cerrado con las direcciones sindicales paritarias que los condenan a la pobreza y a la sobreexplotación - doble jornada y horas extras - en un cuadro de agotamiento extremo ante la segunda ola. Frente al reclamo de los trabajadores, hay represión, como la hubo en el acampe de los trabajadores de la salud en Posadas, o en la legislatura porteña el año pasado. Los trabajadores de Neuquén, luego de su enorme lucha, enfrentan sumarios del gobierno provincial. En Córdoba, Salta y otras provincias referentes de la lucha de la salud son perseguidos o despedidos por defender los derechos más elementales, como insumos de bioseguridad o un salario que alcance para cubrir la canasta familiar. Los compañeros de Tribuna de Salud en la Tendencia del Partido Obrero se comunicaron con el enfermero Manuel Piris, uno de los referentes de la lucha de los trabajadores de Santa Cruz en huelga de hambre, y nos relató lo siguiente: Durante el fin de semana se viralizó que un sector de enfermeros fueron reprimidos por la policía. ¿Podes contarnos cómo fue ese hecho? Nos encontrábamos en el acampe cuando, a la madrugada, llegó infantería para desalojarnos. En ese momento estaban también mis hijos, otro personal de salud y una estudiante de la Universidad, a todos nos llevaron a la comisaría. No nos dejaban comunicarnos con nuestras familias o abogados. Luego que se viralizó la situación, y comenzaron a concentrarse en la puerta de la comisaría diferentes personas y nuestro abogado exigiendo la liberación, nos soltaron. Ese tiempo lo aprovecharon para llevarse todas las cosas del acampe que habían quedado. Cómo fue hasta aquí la lucha de los trabajadores de la salud de tu provincia. ¿Podes contarnos cómo se están organizando y cuáles son los reclamos? En particular aquí estamos reclamando por la reforma laboral, con cortes de calle y un mes de acampe en la puerta de casa de gobierno, hasta que en el último fin de semana la infantería nos desalojó. Por mi parte, continué con una huelga de hambre de sólidos desde hacía más de 25 días. Estamos sufriendo todo tipo de presiones y hasta una campaña sucia de los medios locales. También tenemos en contra desde el sindicato hasta el Ministerio de salud y el gobierno provincial. ¿Cómo se está viviendo la segunda ola en Santa Cruz? Nos está agarrando peor que el año pasado. Hace tres meses que el gobierno quiere modificar la Ley Laboral que implica quitar los francos compensatorios. Hay menos personal de salud. Abrieron una guardia pediátrica pero con personal de otros hospitales. Hace poco habilitaron el hospital militar, pero con médicos y enfermeros de Buenos Aires, Además, cerró una clínica ubicada en Río Gallegos. El Hospital público de allí está totalmente colapsado, con el agravante de que no sólo se mueren por Covid 19 sino también por otras enfermedades que no están siendo atendidas a tiempo. Hay un alto porcentaje de fallecidos de acuerdo a la población (750 muertes por 180 mil habitantes) la situación es catastrófica. La lucha, con el correr de los meses, logró reducir la carga horaria de los contratos Covid, aumentar el valor de las guardias, el reconocimiento de los fines de semana y la apertura de más de once paritarias de salud que no estaban anunciadas. Sin embargo, la lucha continuó hasta terminar con el intento de reforma al convenio que pretendía eliminar los francos compensatorios. A pesar de que los funcionarios no han querido firmar un acta, se han comprometido a dejar sin efecto la reforma y a restituir en su sector al compañero Walter Barrientos. También al pase a planta y a hacer cumplir el convenio de trabajo en relación a los monotributistas, contratos Covid y contratos ministeriales. La lucha de los trabajadores de Santa Cruz se inscribe en el contexto de la rebelión de los elefantes neuquinos, como se les llamó a los trabajadores de la salud de esa provincia que, con cortes de ruta y una huelga, lograron quebrar la entrega de la paritaria por parte de la burocracia de ATE. Como se ve, no son una excepción entre los trabajadores de la salud de la Patagonia y de todo el país. Frente a los gobiernos, ministerios, burocracias sindicales y patronales, las auto convocatorias se abren camino.

Pusimos de pie nuestra asamblea en plena pandemia. Ante los despidos masivos, la falta de trabajo e ingresos salimos a luchar. El barrio de Once pasa por momentos muy difíciles, hay hambre en pleno centro porteño. Nos organizamos por el derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda. Con nuestra militancia ganamos la simpatía de cientos de vecinos y con la lucha conseguimos nuestras primeras conquistas. En los últimos meses el Polo Obrero (oficial) fue profundizando métodos con los que no acordamos, presiones, castigos, removiendo delegados a dedo y metiendo miedo a los compañeros que piensan con su propia cabeza. No aceptamos órdenes ni mandatos sin un debate e intercambio previo. No queremos construir una organización que se base en cumplir directivas. Rompemos definitivamente con los malos tratos, estos se los dejamos a las organizaciones sociales compradas por el gobierno. Nos creó mucha preocupación cómo nuestra dirección levanto acciones y piquetes este último mes. Ante esto decimos: ¡ninguna tregua al gobierno! Sabemos que la política del gobierno de planes sociales no es una solución y reclamamos un trabajo genuino: en blanco, con antigüedad, licencias, vacaciones y ART. Con un salario igual a la canasta familiar. No podemos dejar estos planteos de lado, necesitamos un plan de lucha para derrotar la política de hambre y ajuste del gobierno. Al contrario, nuestra propia organización dejó caer todo plan de lucha y pasó a un compromiso con este régimen social que nos lleva a una catástrofe social y sanitaria. Reafirmamos que la salida es movilizarse y reclamar junto a los trabajadores ocupados por todas las necesidades. Con mentiras, aprietes y extorsionando con que perderíamos todo de solo debatir con la Tendencia del Partido Obrero, intentaron mantenernos callados. Los gritos violentos de la dirección en nuestra propia asamblea, nos dejaron en claro que así no podíamos construir nada. Defendemos a nuestros delegados que estuvieron a la cabeza desde el comienzo, pedimos que se los deje de injuriar sin ninguna prueba. Vamos a denunciar cada conquista arrebatada a los compañeros que lucharon por conseguirlas. Los alimentos y planes no son para manejarse como punteros. Con conciencia nos sumamos a construir el Polo Obrero Tendencia, con la alegría de poder tomar los métodos que corresponden a una organización de lucha independiente de los gobiernos. Con buen trato entre compañeros, debate y democracia. Con compañeros que piensen libremente, sin miedos y amenazas. Nos comprometemos a seguir sumando vecinos y trabajadores. Son muchas las necesidades pendientes en nuestro barrio de Once. ¡Vamos por trabajo genuino, salud y vivienda! ¡Súmate a nuestra lucha, que es tu lucha!

La dirección del sindicato de Aebu (Asociación de Bancarios del Uruguay) acaba de sacar una editorial con el título “¿Cómo se atreve señor presidente?” denunciando a Lacalle Pou sobre el otorgamiento de una escandalosa concesión por 50 años de una de las terminales portuarias del puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie donde el estado uruguayo es un socio menor (20%) de las inmensas ganancias que produce una terminal, que debía ser integralmente controlada por el estado. La ley de puertos (por la que se permiten este tipo de concesiones) la hizo el anterior presidente Lacalle quien modifico en 1992 la ley que regía a desde 1916, y es una ley rabiosamente derechista, casi un calco de la reforma a la ley portuaria que hizo Menem en Argentina también en junio de 1992. Tabaré Vázquez, no solo no la derogo, sino que bajo su gobierno llamo Fernando Puntigliano, un acérrimo defensor de la ley de Lacalle para que estuviera a cargo de la Administración Nacional de Puertos a comienzos de 2005 Tabaré Vázquez, le ofreció la Presidencia de la Administración Nacional de Puertos -que él aceptó- pidiéndole un "servicio a la patria". (Mundo Marítimo, 21/8/2009) La concesión a la Katoen Natie viene precedida de una entrega sin precedentes a las empresas extranjeras de las riquezas naturales del Uruguay que se produjo fundamentalmente bajo los gobiernos del Frente Amplio. En la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el 63 de la carne que produce el país se exporta y factura en beneficio de firmas foráneas. Hasta el 2018, bajo diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras productivas del país. Dentro de las empresas dedicadas a la forestación. Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (Arauco, de capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser). La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión. “Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global” (Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012). Muchos de esos capitales son los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola. El fondo de inversión estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores. Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de oferta pública. Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento. Durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes para la “tribuna” frente a esta brutal penetración extranjera La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas». El motivo de la ley era: identificar a las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, con una clara complicidad oficial, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya ejecución se consideraba “prioritaria para el desarrollo productivo del país”. La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero. Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble. La empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la adquisición del total restante de la compañía. Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años hay un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió al 70 por ciento. Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas extranjeras. Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento. En el sector agrícola el 64 por ciento de las exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos oficiales. El grupo LDC (francés) es propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación. Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos del país. Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras. La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país. «La tierra es de la nación», es el dicho de José Mujica, Sin embargo, la realidad dice lo contrario,se ha producido una violenta extranjerización de las riquezas naturales. Aebu en su denuncia al presidente señala lo siguiente: “Para titular esta nota hemos recurrido a la frase de la activista medioambiental Greta Thumberg dirigida a los líderes mundiales: «¡Cómo se atreven!». “Aebu cambia la conjugación verbal señalando solo a Lacalle Pou como responsable, pero la frase para Uruguay deberia ser la de la activista ambiental. Dirigida al proceso integral de extranjerización bajo los dos gobiernos. P.D.: muchos de estos valiosos datos fueron extraídos del Semanario Brecha del 10 de diciembre del 2020 de un estudio de los periodistas Nadia Amesti y Luciano Costabel.

Frente a la inminente finalización de la "fase 1" por 9 días, el gobierno porteño dice estar analizando cifras epidemiológicas para definir medidas a partir del 31 de mayo. Para el ministro de Salud porteño, Quirós, “valdría la pena” adelantar las vacaciones de invierno desde el punto de vista sanitario“. De esta manera, se reconoce absolutamente que la presencialidad escolar constituye un riesgo para docentes, alumnos y familias. De todas formas, los resultados de las acotadas restricciones aplicadas desde el 21 de mayo sólo podrán ser evaluados adecuadamente diez días más tarde. Larreta y sus ministros carecen de los elementos epidemiológicos y sanitarios necesarios para dicha evaluación. Aunque Cafiero aseveró que “si la Ciudad sigue en alarma epidemiológica, las clases deberían continuar de modo virtual" (La Política Online, 28/5), el discurso oficial iniste en la presencialidad “administrada”. El gobierno porteño, por su parte, se siente amparado por el fallo de la Corte. Mientras tanto, CTERA, defiende la presencialidad, haciendo caso omiso, incluso, a las demoras en la vacunación de trabajadores, la impracticabilidad de los protocolos y la crisis de infraestructura. Su sindicato de base en CABA, la UTE, obligado por la presión de las y los docentes, mantuvo una convocatoria diaria de “paros por flyer”, sin eje de organización real, y sostuvo una disputa discursiva con el jefe de gobierno porteño. En estos días de aislamiento, el gobierno porteño no solo canceló todas las modalidades de clases -dictando una virtual prohibición- sino que suspendió la provisión de alimentos a las familias, que estaba prevista para esta semana. Según las propias declaraciones de la ministra Acuña, no están garantizadas las condiciones para la virtualidad, obviando cualquier responsabilidad del propio gobierno. Por su parte, las familias y los estudiantes, en su mayoría, sostienen la necesidad de que las clases se realicen en forma presencial solo cuando termine la pandemia. Según el diario Perfil, el 75% defiende esta posición. Por el momento, el sindicato Ademys había llamado a concentrar el viernes en Jefatura si en la Ciudad se definía el regreso presencial (resolución de la última asamblea, previo a los anuncios de Fernández y Larreta), pero no hay claridad sobre la organización de dicha medida, y todo indica que no se realizará. Asimismo, en la última asamblea, la resolución votada por mayoría fue realizar un paro el primer día hábil, si Larreta efectivamente retomaba la presencialidad. Sería necesaria la convocatoria de una asamblea por parte del sindicato, para poder deliberar sobre nuevas medidas de fuerza que convoquen a la huelga la semana que viene si el gobierno porteño finalmente decide ese regreso físico a las instituciones educativas. La docencia porteña viene de protagonizar semanas de paro, actividades callejeras de todo tipo y pronunciamientos por escuelas, y ha sostenido la férrea posición, en su mayoría, de suspender la presencialidad en pandemia. De la mano del desarrollo de asambleas por escuelas, distritales y por sector, debe profundizarse la organización. Desde el colectivo Docentes contra la presencialidad en pandemia se está organizando una afichada con el objetivo de interpelar, en todos los barrios de la Ciudad, al conjunto de la población sobre el problema de la presencialidad en este contexto epidemiológico.

Colombia vive una rebelión popular única, por su duración ininterrumpida. Es también única en que se encuentra articulada por una coalición de organizaciones, sindicatos y de hecho algunos partidos, mientras por abajo la iniciativa es incesante de cara a los aparatos. Tiene en común con todas las rebeliones populares, que haya tomado por sorpresa al poder político, que es siempre el último en advertir, no digamos comprender, las raíces de la rebelión y su propagación entre las masas. Varios observadores destacan también la falta de ‘flexibilidad’ del régimen político para insinuar una transición política, aunque no ha podido menos que conceder a los reclamos de derogar la ley tributaria y la relativa a la salud. Estas conquistas ‘por la negativa’, o sea impedir medidas ofensivas, no resuelven, sin embargo, las cuestiones fundamentales, como el hambre, la pobreza, incluso la supervivencia en el marco de una pandemia arrasadora. El gobierno ha debido ceder varias fichas de su entorno -los ministros de Economía, Relaciones Exteriores-, pero no abre, de nuevo, una transición política, incluso bajo su tutela, como está dispuesta a aceptar la oposición. Acaba de rechazar un pliego de acuerdo ofrecido por el Comité de Paro, en lo relativo a la libertad de manifestar. Su consigna es: “hay que abandonar la calle”. El ejército, policía y paramilitares, fueron encargados de ejecutar esa consigna por medio de masacres, torturas y desapariciones. Colombia vive, hasta cierto punto, un principio de guerra civil, impulsado por el gobierno o quienes operan a través de él. Guarda, en este sentido, una semejanza con Myanmar, donde los manifestantes han recurrido a las armas para defenderse de una represión descomunal, y forjar alianzas con guerrillas regionales que reclaman la constitución de un estado federado. Duque insiste con un libreto que utilizó el chileno Piñera por un tiempo – la violencia popular estaría motorizada por estados extranjeros. Tras la primera semana de paro ininterrumpido, se abrieron mesas de negociaciones. Duque se reunió primero con la “Coalición de la Esperanza”, un rejunte de derechistas y centroizquierdistas que se opusieron al paro desde el primer momento, aunque varios de ellos integran el Comité de Paro (CNP). Luego, el 10 de mayo, en medio de masacres contra la población, sobre todo en Cali, Jamundí, Popayán, Buga, Buenaventura, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y muchas otras ciudades, Duque se sentó a la mesa el CNP. “En lo político, los delegados del Comité son más afines a la Coalición de la Esperanza, que agrupa a candidatos de centroizquierda como Sergio Fajardo, Ángela Robledo, Juan Fernando Cristo, entre otros, y dentro de ésta hay un número mayor de delegados cercanos a Jorge Enrique Robledo” (sillavacía, 12/5). Esto explica la tenacidad del Comité en defender una vía de acuerdos que sólo serviría para desangrar a los luchadores. Existe una conciencia clara que hay que evitar por sobre todo una revolución. Duque juega al límite con esta limitación del Comité, al que quiere convertir en un restaurador del orden, cuando es una representación de las masas en lucha. Francisco Maltes, de la CUT, coordinador del CNP, es afín a la Coalición Esperanza (aunque también pasó por el Partido Liberal y el partido del derechista de Humberto de la Calle en 2018), al igual de Diógenes Orejuela, del ejecutivo de CUT, Nelson Alarcón (FECODE), Jénifer Pedraza y José Cárdenas (ambos de Acrees, asociación de estudiantes), Óscar Gutiérrez (Dignidad Agropecuaria) y Jorge García (Camioneros). Orejuela, Pedraza, Cárdenas y Gutiérrez son candidatos por el Partido Dignidad de Jorge Robledo. Apoyan a Gustavo Petro (segundo en las últimas elecciones), Fabio Arias Giraldo, del comité ejecutivo de CUT, quien es miembro del Partido del Trabajo de Colombia (PTC). En las reuniones no hubo ningún delegado de la Unión Sindical Obrera (USO), que adhiere al Pacto Histórico liderado por Petro (12/5). Las direcciones sindicales se han empeñado en que la jornada de lucha del jueves 28 se caracterizara por grandes festivales, en especial en Bogotá, mientras los jóvenes sostienen los cortes y resisten la represión estatal jornada tras jornada, noche tras noche. El gobierno utilizó las mesas de “diálogo” para impulsar acuerdos locales y avanzar en la militarización del país. Sin embargo, el paro, apoyado por la amplia mayoría de la población, no pudo ser desmontado. No se observan, en Colombia, testimonios o caracterizaciones acerca de cómo la vanguardia militante de la lucha evalúa la situación en su conjunto. Uno de los mayores límites de las rebeliones populares, en diversos casos, es confiar en que la presión de abajo puede obligar a las direcciones a adoptar posiciones y métodos políticos que son extraños a su condición de clase y su trayectoria política. Los diferentes borradores de acuerdo entre el CNP y Duque parecen haber sufrido las modificaciones pertinentes como para contar el visto bueno del Ministerio de Defensa e Interior – cuyo ministro enfrenta una moción de censura. El preacuerdo establece un “protocolo”, que retira en forma parcial al Escuadrón de la Policía de la represión callejera. Se trata, como es obvio, de papel mojado. Las masas reclaman el desmonte del ESMAD y la desmilitarización del país, como así la renuncia del Ministro de Defensa, Diego Moledo, y la investigación de los responsables materiales e ideológicos de las masacres y violaciones de DDHH. Estas reivindicaciones son realizables a condición de derrocar el poder político uribista. El protocolo ni siquiera se compromete a permitir la veeduría de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La concesión que está dispuesto a hacer el CNP o, mejor, su posición de fondo es la siguiente: “Hasta ahora el Comité ha apoyado el cierre de vías, pero incluso algunos sindicatos han empezado a solicitar el rechazo a los bloqueos” (lasillavacia, 27/5). Con este salvoconducto no escrito todavía, Duque fue al puerto de Buenaventura a tratar de levantar los bloqueos que afectan el comercio y la circulación de la mitad de los bienes que ingresan al país. En la movilización masiva por la “toma de capitales”, el martes pasado y el viernes siguiente, el CNP no busca reforzar el paro ininterrumpido y convertirla en una huelga general política, con ocupación de pueblos y lugares de trabajo, sino para “potenciar las negociaciones” (ídem). En Colombia se asiste a una crisis de dirección formidable; es necesario que sea discutida por los partidos que inscriben en su programa la revolución socialista mundial.

En las últimas semanas, San José de Metán entró en una verdadera escalada de contagios, que alcanza también a los departamentos del sur de la provincia de Salta. En lo que va de la pandemia, se produjeron 2121 casos (La Nación 28/05). Hace dos días se produjo un pico de 65 casos, a posterior del feriado largo, y se confirmó la circulación de las cepas de Manaos y del Reino Unido. Las medidas “de emergencia” de Sáenz y el intendente Issa (Partido de la Victoria) en estos días, no han servido ni servirán para siquiera contrarrestar la política criminal de apertura de la economía y de vaciamiento completo del sistema sanitario que acosa a Metán. La gerente del Hospital reconoció que hay “un salto del 100% de casos con respecto al año anterior”. Es que los casos que se registran son apenas una muestra del desastre sanitario. El personal de salud realiza guardias de 48hs y deben volver a sus puestos muchas veces sin descanso para relevar al personal contagiado. Todas las mañanas llegan al hospital local decenas de trabajadores para intentar conseguir un hisopado, que se realiza a 50 personas por día y solo con síntomas completamente visibles. Es decir, las cifras declaradas -mínimo- deben multiplicarse por dos o por tres. La pobreza en el departamento alcanza a más de la mitad de la población, con salarios a la baja y una desocupación y el trabajo informal que supera los dos dígitos, sin embargo, la asistencia social es mísera. La política del intendente solo se redujo a “donar” un bolsón que apenas sobrepasa los 10 productos, así transcurren el asilamiento familias enteras contagiadas. La elevación de los alquileres y de impuestos empujó a cada vez más trabajadores a vivir entre el hacinamiento y asentamientos a la vera de los ríos que cruzan la principal ciudad para enfrentar la falta de viviendas y el negociado de loteadores truchos, amparados por los gobiernos. Esta semana, cumplió un mes el asentamiento al costado del Molino con más de 50 familias. El sur de la provincia cuenta con una elevada cifra de muertes de docentes y personal de la educación. El viernes pasado, el fallecimiento de la docente Sonia Padilla produjo una marcha de antorchas sobre el COE local para exigir la suspensión de las clases presenciales, reclamo que se conjugó con un rechazo a la extorsión entre morir de hambre o morir por COVID. Ningún plan para la pandemia En la mañana de ayer, restringiendo el acceso de la prensa local, el gobernador junto al ministro de Salud se apersonó en Metán y Rosario de la Frontera. Anticipó la apertura de hospitales de campaña con 20 camas cada uno, pero no dijo una sola palabra de reforzar el sistema de salud con más personal o los insumos necesarios. En las barriadas, las familias que se van recuperando comparten con las nuevas familias afectadas, la medicación que les sobra del tratamiento. Mientras Sáenz recomienda a la población que “se cuiden” y los acusa de que “depende de cada uno”, ha dado vía libre a la voracidad de las patronales de la molienda, los arándanos y los limoneros que los obligan a seguir produciendo sin ninguna protección sanitaria. Los esfuerzos no son para cubrir las necesidades “esenciales” de la población trabajadora de Metán, sino la de los exportadores que se han beneficiado con enormes subsidios a costa de la salud y la vida de sus trabajadores. A la par que desde el COE provincial anticiparon que retornarán esta semana a clases presenciales, se conoció que son 676 los casos de contagios en la provincia. Es frente a esta orientación criminal de los gobiernos que los trabajadores debemos abrirnos un curso, apoyados en las acciones que ya han protagonizado la docencia y las ordenanzas, los sin techo, las feriantes para imponer que se sostenga la suspensión de clases presenciales, garantizando los insumos de conectividad; la determinación de suspender toda actividad no esencial y que las patronales paguen el 100% del salario a los licenciados. Para todos los desocupados, changarines y feriantes un subsidio a equivalente al 82% de la canasta familiar. Inmediato cese del pago de la deuda externa y el cobro de impuesto extraordinario a las grandes patronales y su gestión bajo control de los trabajadores del departamento.

El país cuenta con cinco candidatas a vacuna contral el coronavirus de desarrollo propio. Dos de elles, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado. Cuba, que está desarrollando sus propias vacunas contra el coronavirus, denunció que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos le imposibilita fabricar suficientes dosis para su población, lo que retrasa su campaña de inmunización. "Hay que decir que nosotros no hemos vacunado más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que el mundo esté claro", dijo Yuri Valdés, director adjunto del gubernamental Instituto Finlay de Vacunas, durante una sesión de la Asamblea Nacional en la que los legisladores llamaron a parlamentarios del mundo a sumarse al reclamo de que cesen las sanciones y el embargo, impuesto hace 60 años por Estados Unidos. La insuficiencia de dosis "no es por falta de evidencia técnica, es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados", explicó el científico ante legisladores de su país y otras personalidades internacionales que participaron de la sesión de manera virtual, según la agencia de noticias AFP. Si el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden "a lo mejor no tiene tiempo de revisar toda la política con Cuba, ésta que tiene que ver con todos los cubanos que están ingresados (en hospitales por Covid), con los cubanos que estamos vacunando" debe ser revisada, pidió Valdés. "Hay que emplazar al Gobierno de Estados Unidos, decir, está bien, no lo revises todo pero revisa eso, ocúpate, tu puedes ser la diferencia entre fallecidos y no fallecidos", enfatizó. Desarrollo propio Cuba cuenta con cinco candidatos a vacuna de desarrollo propio. Dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado, por parte de las autoridades sanitarias del país, prevista para junio. La isla caribeña reportó 933 decesos y 138.899 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Pero ante el creciente número de contagios registrados en los últimos meses, el Gobierno emprendió una campaña de vacunación en poblaciones de riesgo con esos inmunizantes en desarrollo hace dos semanas, y tiene previsto vacunar al 70 por ciento de la población para agosto. Durante el Gobierno del republicano Donald Trump, Washington impuso cerca de 250 sanciones contra Cuba, que Biden ha dejado intactas. "Estados Unidos reforzó la agresión a Cuba en el marco de la Covid-19", denunció el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del parlamento, Alberto Núñez. Organizaciones solidarias con Cuba en Estados Unidos, Chile, España, Italia y otros países se organizaron para conseguir 20 millones de jeringas para poder vacunar a la población de 11,2 millones. Además, una entidad gubernamental suiza y la ONG MediCuba Europa otorgaron en abril un financiamiento urgente de 600.000 dólares para la adquisición de jeringas.

El 3 de junio entró en la historia en 2015, cuando la Plaza Congreso y las plazas políticas del país se llenaron de cientos de miles que repudiaron los asesinatos de mujeres y denunciaron la pasividad de los poderes Estado, cuando no su directa complicidad. El asesinato de Chiara Páez, una adolescente embarazada, fue el detonante de la indignación popular que se expresó en el “Ni una menos. El Estado es responsable”. El Ni Una Menos y la lucha por el aborto legal convirtió al movimiento de mujeres en un factor político ineludible. Alberto Fernández, apenas asumió, creó un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, como un intento de contención de los reclamos de las mujeres y estatización de sus organizaciones. Se multiplicaron los organismos y las políticas públicas que debían combatir la “inequidad patriarcal” en beneficio de las mujeres, travestis y transgéneros. A dos años vista, no hay nada de qué alegrarse. En 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, y según las estadísticas oficiales, la línea 144 recibió 108.403 llamados, unos 300 por día. En lo que va de 2021, ya son 124 las asesinadas, una mujer cada 20 horas. La explicación oficial es que la pandemia y el aislamiento obligatorio del año pasado potenciaron la violencia de género. No cabe duda. Sin embargo, la preocupación del gobierno no pasó de inundar las redes de flyers y fotos de funcionarias con el pañuelo verde al cuello. El Programa Acompañar, que se postuló para “fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género” (con un subsidio inferior a la línea de indigencia), no llegó ni a un millar de personas. La subejecución es del 90%. Según la oficina evaluadora del Congreso, "el nivel de ejecución de las actividades con perspectiva de género está cercano al 81%”. En el caso del área de violencia del ministerio, los recursos asignados en 2020 ¡se ejecutaron solo un 46%! Las sub-ejecuciones ‘contribuyeron’ a acomodar el déficit fiscal a un acuerdo con el FMI. La situación de las mujeres trabajadoras está en extremos desesperantes en el contexto de la pandemia. Nuestra participación en el mercado laboral retrocedió a cifras de dos décadas atrás. Cientos de miles perdieron sus empleos y subsisten con planes o trabajos precarizados, con salarios a la baja firmados por la burocracia sindical. En la Argentina, seis de cada diez hogares donde solo vive una mujer con sus hijos está bajo la línea de la pobreza. Casi el doble que el promedio general. Denunciamos el hilo conductor que une la violencia de clase con la violencia de género. Nos reconocemos como la primera línea en la lucha contra el hambre en las barriadas, por la salud en los hospitales, por la educación en las escuelas, tercerizadas de limpieza y seguridad de los ministerios y oficinas públicas. Se ha llegado a esta crisis humanitaria porque los gobiernos -el de Alberto Fernández y todos- han privilegiado las ganancias del capital, de las industrias farmacéuticas y de la salud y de las grandes empresas antes que la vida. 500 muertos por día es una “cifra” tan intolerable como que siete de cada diez de nuestros hijos viva en la pobreza. Las mujeres estamos en la calle. En Salta, en Neuquén, en las huelgas docentes, en las marchas de desocupados. El #3J es una instancia para que convoquemos asambleas en los lugares de trabajo y de estudio -presenciales o virtuales-, en las barriadas y allí donde haya un grupo de compañeras. No estamos solas. Las palestinas que se defienden con piedras de uno de los ejércitos mejor armados del planeta, las madres colombianas que forman la primera línea para que no repriman a sus hijos, las jóvenes de la revolución chilena, las estadounidenses contra el racismo y a barbarie policial son nuestras hermanas.

En un fallo vergonzoso, el Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad de Buenos Aires ´condenó´ a dos años de prisión en suspenso al policía Luis Chocobar, por el asesinato por la espalda de Juan Pablo Kukoc, en 2017. Kukoc huía desarmado tras un frustrado intento de robo a un turista, cometido en el barrio de La Boca, junto a otro joven, entonces menor de edad. Chocobar, quien entonces revestía en la policía municipal de Avellaneda, se encontraba de franco. Desenfundó su pistola reglamentaria en plena vía pública y baleó a los ladrones cuando intentaban escapar, acertando dos disparos en la espalda de Kukoc. El homicida Chocobar fue penado por “exceso en el cumplimiento de su deber”, y no pisará una celda. El cómplice de Kukoc, en cambio, de 17 años al momento de los hechos, fue condenado a 9 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio y robo – el frustrado ladrón hirió con un cuchillo doméstico a su víctima mientras intentaba arrebatarle la cámara de fotos. La levedad del fallo es una carta blanca al ´gatillo fácil´, al margen de que la camarilla policial y sus personeros políticos, que reclamaban completa impunidad, lo reciban con disgusto. El crimen de Chocobar es un emblema de la lucha contra el ´gatillo fácil´, presente en todas las movilizaciones democráticas de los últimos tres años. El gobierno Macri-Bullrich, asimismo, había entronizado a Chocobar como símbolo de su política de seguridad. Así nació la llamada ´doctrina Chocobar´, un protocolo para el uso de armas de fuego, redactado por Bullrich, dirigido a blindar política y judicialmente a la policía. Fue derogado por el gobierno FF apenas asumió, lo cual no cambia las prácticas policiales cotidianas, signadas por el abuso y la violencia, especialmente, contra los jóvenes de las barriadas, changarines, feriantes, migrantes y otros trabajadores en situación de extrema vulnerabilidad. Durante los gobiernos K (2003-2015), 3.070 personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas, según el recuento de Correpi. La presidenta del PRO estuvo presente en el tribunal y se quejó del fallo. Durante su gestión, el macrismo batió todos los récords; fueron asesinadas 1833 personas por el aparato represivo del estado, una muerte cada 19 horas, también según datos de Correpi. Casos similares al de Chocobar ocurren a diario en todo el país, sin alcanzar la misma trascendencia. Son encubiertos mediante ´enfrentamientos´ fraguados, muchas veces cometidos en las mismas ´zonas liberadas´ por la policía, con el propósito de deshacerse de algún ´archivo molesto´. En el gobierno de Alberto Fernández y su ministra Sabina Frederic, continúan los casos de gatillo fácil. Sergio Berni, el ministro de “seguridad” de la provincia de Buenos Aires, ha tomado la posta de Bullrich, promoviendo el encubrimiento de la policía en el caso de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, entre otros. Repudiamos este fallo vergonzoso de la justicia, garante de los abusos policiales y de la represión, mientras los gobiernos hunden a las familias obreras y a sus hijos en la más completa miseria. Cárcel común perpetua y efectiva al policía Chocobar, que es lo que estipula el Código Penal por el delito de homicidio de delito agravado por haber sido cometido por un integrante de la policía y así fuera solicitado por los abogados de la familia de Kukoc. ¡Control popular de las fuerzas de seguridad! ¡Basta de gatillo fácil, ni un pibx menos!

El 29 de mayo se cumplen 8 años del femicidio de nuestra compañera Laura Iglesias , ocurrido en Miramar en el año 2013 mientras se encontraba trabajando en condiciones precarias para el Patronato de Liberados Bonaerense (PLB). Desde lo ocurrido, las trabajadoras y trabajadores del PLB, hemos elevado un reclamo de justicia por nuestra compañera, mientas el Estado ha ejercido “un freno deliberado en la investigación”, priorizando la impunidad, y defendiendo el accionar del aparato represivo y su funcionariado cómplice. Recordamos y reivindicamos su compromiso social y militante y la coherencia de Laura, una luchadora que se organizó en ATE junto a sus compañeras y compañeros, que se movilizó y luchó por las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores y por transformar la política pública del PLB en función de dar respuesta a las demandas sociales. Y es en este sentido del concepto de “política pública” en donde se establecen las continuidades hasta el día de hoy. Las compañeras del PLB reclaman “que la política pública no sea nuestro cuerpo”. “Tu ahorro es nuestra muerte”, es la consigna que acuñaron tras el crimen de Laura. Esta consigna tiene un significado muy profundo, ya que la institución deposita exclusivamente en la acción de sus trabajadoras la responsabilidad de que se materialicen los programas sociales, el acceso a derechos de la población, y cualquier otra finalidad de la intervención profesional para la cual el organismo no ofrece respaldo institucional, ni apoyo concreto. La desarticulación institucional de un organismo vaciado durante años, con cada vez menos personal, con sueldos que están muy por debajo de la canasta de pobreza, con condiciones de infraestructura paupérrimas, recae en los cuerpos de sus trabajadoras (principalmente), y de sus trabajadores. A esto se suman las presiones para realizar tareas en ciertos casos reñidas con las incumbencias profesionales, sin los cuidados ni las garantías mínimas de salud y seguridad en el trabajo. La pandemia ha agravado este cuadro, sin provisión de herramientas de comunicación en el teletrabajo, y habiendo delegaciones donde se exige tareas presenciales en pandemia, sin garantizar vacunación para las trabajadoras y trabajadores, ni para sus familiares, y también exponiendo irresponsablemente a la población que concurre al PLB. La gestión actual del Patronato de Liberados desarrolla en su política comunicacional un discurso de perspectiva de género, pero en la realidad no aplica esa perspectiva con las trabajadoras, sosteniendo las condiciones de precarización laboral, sin reconocer salarialmente el trabajo profesional, profundizando la fragmentación y la desarticulación institucional, lo que redunda en un ámbito laboral de malestar en las compañeras. Ante esta realidad, la dirección del sindicato hace oídos sordos, acompañando a las sucesivas gestiones, sin plantear perspectiva ni plan de lucha alguno. Las iniciativas de decenas de compañeras y compañeros que se organizan para modificar las condiciones en que se trabaja y para conquistar un aumento salarial se encuentran con la fría indiferencia de la burocracia en la mayoría de las seccionales de ATE y en el CDP. En este régimen social que ya no puede resolver las necesidades más elementales, la única forma de revertir esta situación es mediante acciones de lucha organizadas colectivamente a través de la deliberación política de las y los trabajadores, con independencia de las gestiones y los gobiernos de turno. La lucha por justicia por nuestra compañera es mas vigente que nunca. Por eso, teniendo en cuenta las restricciones que nos impiden movilizarnos desde distintas ciudades, este viernes 28 de Mayo haremos una presentación ante distintos organismos del estado que se deberían encargar de supervisar las condiciones de trabajo, de salud y seguridad, así como al Ministerio de las Mujeres. El sábado 29 de Mayo a las 15 hs realizaremos con las compañeras y compañeros del PLB y organizaciones que se solidarizan y acompañan una “Jornada de Lucha Teleorganizada” que será transmitida por Facebook Live del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. El mejor homenaje a Laura Iglesias es exigir Justicia y continuar su lucha.

El jueves 27 se realizó la charla-debate organizada por el Comité contra la Presencialidad de la provincia de Córdoba. Con una mesa conformada por los doctores Atienza y Peca Soriano y delegados docentes del colegio pre universitarios Manuel Belgrano y el colegio Domingo Zipoli, nos reunimos más de 230 personas. Luego de la ronda de intervenciones, un grupo de trolls intentó sabotear la reunión, señal de la preocupación que genera entre sectores afines a la política del gobierno este tipo de iniciativa. En su exposición, el Dr Atienza apuntó que si suspendieran las clases, en 20 días tendríamos 10.000 casos diarios. De lo contrario, vamos a duplicar los 40.000 casos que tenemos hoy. Estamos a un ritmo de 80 a 120 personas por día de terapia intensiva en la provincia. No hay momento más complejos para abrir las clases que este, dijo. Peca Soriano agregó que el 1 de marzo de este año teníamos 4.600 casos diarios. Señalo que para ese momento teníamos todas las variables que tenemos hoy, menos una. Había fiestas clandestinas, se estaba trabajando con normalidad, etc. La única variable que se sumó en esa fecha fue el inicio escolar, disparando el incremento de contagios: más de 14.000 a fin de mes, 20.000 el 17 de abril, 30.000 al 5 de mayo, ahora 40.000. Soriano insistió con que el cierre de 9 días no sirve para nada si se retoman las clases el lunes. La variante frio se va a agregar a la variante de la presencialidad. “Esto es la crónica de un desastre anunciado”, dijo. La presencialidad escolar debe evitarse hasta que no esté vacunada el 70 % de la población, concluyó. Verónica Bertero, delegada del Manuel Belgrano, participó en representación de la asamblea del colegio pre universitario. Señaló que las condiciones para la presencialidad no estaban dadas, que había serio problemas edilicios. Contó que, en su colegio, en una asamblea, los docentes decidieron la vuelta a la virtualidad y que ese era el camino que debíamos recorrer, el de la organización de las bases docentes. Francisco Filippi, delegado del Domingo Zipoli, señaló que no podemos enfrentar la pandemia con el aperturismo de Brasil, EEUU… “Hay que reorganizar las cosas poniendo como prioridad la vida y la salud”. Denunció los intereses económicos y políticos detrás de la gestión de la pandemia. “El cierre plantea destinar recursos para garantizar ese cierre pero el gobernador prefiere destinar recursos a la autovía. Quieren el colegio abierto para que los padres vayan a trabajar. El manejo de la pandemia es un manejo político. Lo que tenemos que hacer es un planteo directo del problema. El gobernador y la UEPC trabajan juntos en la apertura de escuelas, es lo que viene pasando desde principios de año. Este comité permitió tomar la iniciativa, sin esperar a que UEPC haga hago. Vamos a profundizar esas iniciativas. Votemos hacer una gran caravana contra la presencialidad”, propuso. En la presentación de la actividad, José Barraza reseñó las actividades del comité y señaló la enorme importancia de tuvo el hecho que en el mismo día de la charla los residentes de los hospitales públicos, autoconvocandose en asambleas, hicieron retroceder al gobernador Schiaretti en su resolución de traslados compulsivos. El chat del Zoon fue un hervidero de preguntas y planteos en favor de una acción de lucha contra la presencialidad en pandemia y de unificar el movimiento con los trabajadores de la salud.

El arte sigue diciendo presente en la lucha contra la masacre sionista a Palestina y su gente. Más de 600 músicos del mundo se unieron en la firma de una carta abierta que es un llamamiento internacionalista a sus colegas a apoyar públicamente la causa del pueblo palestino y a boicotear cualquier presentación en instituciones culturales israelíes. La convocatoria nace desde un nuevo sitio web llamado Musicians For Palestine (Músicos por Palestina). La carta cuenta con la firma de famosos y variados artistas, como Roger Waters (Pink Floyd), Rage Against The Machine, Patti Smith, Julian Casablancas (The Strokes), Cypress Hill, Serj Tankian (System Of a Down), Run The Jewels, Thurston Moore (Sonic Youth), entre otros. Dice la misma: “cómo músicos, no podemos quedarnos callados. Hoy es esencial que estemos junto a Palestina. Hacemos un llamado a nuestros pares para que hagan valer públicamente su solidaridad con el pueblo palestino.” “Hoy hablamos conjuntamente y demandamos justicia, dignidad y el derecho de autodeterminación para el pueblo palestino y todo aquel que lucha contra las disposiciones colonialistas y la violencia alrededor del mundo”. “Los llamamos a que se unan a nosotros en negarse a presentarse en cualquier institución cultural cómplice de Israel y mantenerse firme en su apoyo al pueblo palestino y sus derechos humanos por la soberanía y la libertad”. El boicot a presentarse en vivo en Israel por parte de músicos populares del planeta lleva muchos años. El más conocido militante por esta causa es Roger Waters, cara visible de la organización civil BDS (siglas en inglés de Boicot, desinversiones y sanciones), que protesta sistemáticamente contra la ocupación a Palestina. Waters incluso sostuvo en 2017 una dura polémica con Thom Yorke, el cantante de Radiohead, por haber tocado en suelo israelí a pesar de la presión. Asimismo, la lista de los ´pro boicot´ es larga, e incluye a otras bandas y músicos de primera línea internacional, como Massive Attack, Elvis Costello, Stevie Wonder, Lana del Rey y Jello Biafra (Dead Kennedys). Al pronunciarse contra Israel, los músicos muestran una gran valentía. Es que el enorme poderío y lobby sionista persigue en el mundo a quienes lo denuncian. En 2015 el festival español Rototom Sunplash decidió, movido por el BDS, anular del cartel a Matisyahu, artista sionista estadounidense. Por la presión del gobierno español y la embajada de Israel, los organizadores del mismo terminaron sumándolo nuevamente y pidiendo disculpas. Un episodio similar acaba de vivir Mark Ruffalo, el actor que interpreta a Hulk en la saga cinematográfica de Marvel. Ruffalo había calificado de “genocida” al Estado israelí y bajo una fuerte presión en las redes sociales y medios de comunicación, finalmente se retractó. Otros, en cambio, han redoblado su empeño solidario con el pueblo palestino al fragor de los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Por el fin de la barbarie sionista, por el triunfo del pueblo palestino.

Bajo la premisa -a exigencia de las grandes patronales- de sostener una “nueva normalidad” basada en la convivencia con el virus, el gobierno porteño ha declarado oficialmente, este viernes, que se retomarán las clases presenciales en CABA para los tres niveles educativos, con la excepción parcial de la secundaria – bimodalidad en los dos primeros años, completa virtualidad para los estudiantes de los últimos tres. El gobierno de Larreta, Acuña y Quirós insisten en que la Ciudad se encuentra en un “amesetamiento” de casos de COVID 19 y que "la evidencia muestra que el nivel de contagios en las escuelas es más bajo que en el resto de la Ciudad". Es falso por donde se lo mire: en primer lugar, hace apenas unos días en la Ciudad se registró un pico de más de 3.000 contagios; además, evaluar inmediatamente el impacto de la suspensión parcial de unas pocas actividades. Las escuelas no contagian, suele decir el gobierno, pero las personas que transitan sus edificios sí lo hacen. Nadie en su sano juicio podría afirmar que no se producen contagios en las instituciones educativas de la Ciudad, en las que se concentran niños, niñas y adolescentes, junto a docentes y no docentes, en espacios reducidos como las aulas y otros espacios escolares. La presencialidad escolar, recordemos, ha quintuplicado los contagios en niños y adolescentes. Un reciente informe muestran cómo a partir de un caso positivo de Covid 19 en una docente, 10 de 14 niños y niñas del aula resultaron positivos, trasmitiendo el virus a 13 miembros de sus respectivas familias. Estos datos recabados son un botón de muestra de la propagación de contagios en las aulas porteñas. Por último, el gobierno porteño sostiene que, durante esta “fase 1”, el transporte público registró una baja de su uso del 30%, pero ocultan que esa baja está directamente vinculada con la presencialidad escolar, dado que la mayoría de otros rubros han seguido operando casi con total normalidad. El propio ministro Quirós ha declarado que “valdría la pena” adelantar las vacaciones de invierno, en términos sanitarios. Sin embargo, este adelantamiento no resuelve el problema de fondo. Argentina entrará, en el invierno, a una tercera ola, con 40.000 contagios diarios y un sistema de salud colapsado. En el transcurso de la semana, varios medios de comunicación destacaron la situación crítica en los hospitales porteños, al punto que pacientes con Covid son atendidos en camillas por falta de camas en las terapias. Todo esto ilustra lo que desde Tribuna Docente Tendencia venimos sosteniendo desde el principio: la presencialidad escolar tiene un impacto directo en el aumento de los contagios y el colapso sanitario . Organicemos la huelga Hasta el momento, UTE no ha sacado ningún comunicado oficial respecto del retorno a las aulas anunciado por Larreta-Acuña para el próximo lunes. El sindicato de base de CTERA, al igual que la central nacional, defienden la ´presencialidad administrada´ que promueve el gobierno de Fernández, consistente en dejar en manos del ejecutivo de cada distrito la decisión de la modalidad educativa a seguir, de acuerdo al nivel de “alarma” sanitaria correspondiente. Es en este contexto -y contando además con el fallo favorable de la Corte Suprema- que el gobierno porteño toma sus decisiones. Ademys, en su asamblea del jueves 20, resolvió realizar un paro el primer día hábil de presencialidad, es decir, el próximo lunes. Volvemos a colocar la necesidad de realizar una nueva asamblea general de todo el gremio, el mismo lunes, para deliberar y resolver la continuidad de la huelga. Impulsemos asambleas conjuntas de docentes, familias y estudiantes para arrancar la suspensión de las clases presenciales en pandemia, que el Estado garantice la virtualidad con la entrega de equipos y conectividad, como así también, las medidas económicas necesarias para garantizar el aislamiento del conjunto de los/as trabajadores, incluyendo licencias, subsidios y alimentos. El lunes, en el marco del paro, tenemos que preparar una acción callejera contundente que coloque en la agenda nuestro reclamo.

“Luego de 16 días de paro, frente a la falta de diálogo por parte de las autoridades del hospital, de la Secretaría de Salud y la Municipalidad de San Miguel, la totalidad de los médicos de los servicios de Cardiología y Clínica Médica [del Hospital Larcade], presentarán su renuncia”, reza el comunicado emitido por los trabajadores autoconvocados del hospital municipal, uno de los más importantes en la región. El hospital, además, funciona como escuela para la Universidad de Buenos Aires y Morón y tiene escuela de Enfermería. Con la renuncia de estos 50 profesionales, queda desintegrada la unidad de docencia hospitalaria que forma médicos desde hace más de 35 años. El personal de salud del hospital se encontraba desde hace cuatro meses reclamando por un salario digno. El sueldo del sector “no profesional” se encontraba directamente por debajo de la línea de pobreza. Al reclamo salarial se sumó el de elementos de protección y por la precarización laboral. “No hay nombramientos para planta permanente hace 15 años en el hospital, tenemos una modalidad de contratación mensual, sumado a que la mayoría de los trabajadores recibe en bolsillo de su sueldo solo 30.000 pesos, eso fue una olla de presión que terminó explotando”, dice un médico cirujano (Radiocooperativa, 13/05). Hubo una sola audiencia con el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, pero luego se interrumpió cualquier diálogo. El municipio tampoco se presentó a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo. A raíz de esto, el 12 de mayo comenzó un paro de varios servicios, respondido con una persecución tenaz hacia los activistas (traslados, despidos). Desde el Municipio están convocando a los médicos clínicos al departamento de legales – en total, 40 citaciones. El viceministro de salud en conjunto con CICOP expresaron que luego de la lucha que se desarrolló en Neuquén, no hay conflicto más grande en la provincia de Buenos Aires que este. El conflicto se desarrolla en el récord de contagios covid. El nivel de precarización laboral en salud es tal, que los trabajadores están empezando a tomar la modalidad de renuncia, antes de someterse a condiciones laborales paupérrimas y un bajo salario. La entrega de la salud pública, el cierre de clínicas y sanatorios en cuadro de emergencia humanitaria. La crisis de la producción privada de la vacuna, o la producción privada de insumos como el oxígeno que ha multiplicado su valor de venta a más del 1.000% por la demanda, plantea la necesidad de la centralización del sistema de salud bajo un único comando bajo la dirección de la clase obrera.

Yolanda fue acusada por la muerte de sus hijos cuando se incendió su precaria casilla del asentamiento Las Palmeras, el pasado 9 de febrero. A casi tres meses de iniciada la causa, luego de haber arrancado su libertad, enfrenta una nueva maniobra por parte de la Justicia para sostener la imputación: el cambio de carátula a “homicidio culposo”, con el objetivo de exculpar a los únicos responsables de la miseria social a la que nos someten a las trabajadoras y nuestras familias: el Estado y sus personeros. El pasado jueves 20, la compañera viajó la ciudad de Salta para que, junto a diversas organizaciones y al Partido Obrero, sostener una conferencia de prensa y lanzar una nueva campaña por su inmediato sobreseimiento, denunciando que no hay lugar para más dilaciones y que los plazos para que el juez Oyarzú responda a la segunda presentación por parte de la defensa para la caída de todas las causas ya están vencidos. Entrevistamos a Yolanda (YV) y a Omar Ramírez (OR), dirigente del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa. VG: Contános cómo viviste los primeros días de tu detención. YV: El día del incendio, en horas de la tarde, cuando fui al hospital me dicen que tenía que dirigir hacia la comisaría de Las Palmeras para declarar y que de ahí me iban a entregar el certificado de defunción de los chicos. Cuando me estaba dirigiendo a la comisaría, me habla el oficial y me empieza a hacer preguntas que nada que ver con lo ocurrido. En eso llega una camioneta y me dicen que me pasaban a buscar a mí. Cuando voy con ellos, me llevan hacia la guardia. Me hacen un chequeo físico y de ahí me llevan a Las Palmeras. Cuando estamos ingresando me dicen “¿vos tuviste algún problema con el padre?”. Le dije que sí y que no era ni el lugar ni el momento para estar peleando ni discutiendo. Me hacen entrar por la parte del fondo de la comisaría y me doy con que él estaba declarando. Me tuvieron un rato sentada atrás y después, cuando me llevan para declarar, resulta que directamente la Fiscal había dicho que quedaba detenida. Era que esa noche me iban a llevar a Orán y por el tema de la hora no me llevaron. Al otro día, a las 7 de la mañana nos dirigimos hacia Orán, me llevaron a la fiscalía y declaré todo, me hicieron de nuevo el chequeo fisco y de ahí me llevan al penal. Cuando llegué me atendieron bien, me trataron bien y me preguntaron qué había ocurrido. Yo le conté y pareciera que a mí no me han creído. Después de los días, resulta que andaban diciendo que a mí no me dolía la pérdida de mis hijos porque yo no lloraba ni mostraba mis sentimientos. Me cansé y hablé con la encargada (del Servicio Penitenciario). Le digo: “yo quiero hacerle saber a usted porque yo no actúo como “debería”, porque no lloro, por que no estoy mal. No le voy a demostrar mis sentimientos a nadie, la perdida y el dolor es mío y de nadie más. “¡Cómo pretenden que yo llore a mis hijos si a mi no me entregaron los cuerpos de mis hijos! O sea, no estuve en el velorio, no estuve cuando le cambiaron el cajón, no estuve cuando los llevaron al cementerio”. Le rogué tanto – se lamenta- para que me lleven y me llevaron esposada y con chalecos antibalas. Encima, antes de salir me dieron un tranquilizante para que no “me ponga mal”. De ahí me llevaron y me decían que no me ponga mal porque así no me iban a permitir ingresar, entonces me contuve. Entré un rato, no aguanté la situación y le dije que me sacaran que no quería estar ahí. No estuve ni veinte minutos porque no me querían soltar ni toqué el cajón de mis hijos. VG: vos estabas custodiada en ese momento... YV: Sí, eran las dos femeninas al lado mío y cuatro más que estuvieron ahí. Eso es lo que yo le expliqué de por qué no lloraba ahí y que si yo lloraba no iba a hacerlo delante de nadie. Hasta un punto que me cansé y me cae una lagrima de tanta cosa que se decía: <que podía ser que mi pareja haya quemado la casa, o que el padre porque no le permitía ver la los chicos, o que mi pareja porque él no podía estar en su propia casa>. Siendo que, cuando fue la denuncia hacia él (su pareja por parte del padre de los chicos por supuestas situaciones de violencia), ponen una orden de alejamiento y él decide dejarme su casa, su moto y me prestó la máquina para hacer sándwich para que yo tenga. Si él realmente quería hacer daño no va a ir a quemar todas sus cosas. VG: Cuando te detienen, inmediatamente la Fiscal emite un comunicado público a través de la cuenta oficial del Ministerio Público Fiscal, diciendo que vos dejabas solos a los chicos y que los vecinos “denunciaban” esa situación. Dijeron que había testimonios anónimos. Pero, ¿cuál era la situación en que trabajabas? YV: Cuando podía y tenía con quien dejar a los chicos, me iba a trabajar a la finca. Si no, hacia comida y pan casero en mi casa. Me iba junto con mi hija, mientras mi pareja, mi cuñada o mi suegra se quedaban con mi changuito. A veces salía con los dos a vender. Igual, cuando hacía maicenitas, me iba a la casa de mi hermana que en ese tiempo vivía en la finca, que le dicen El Lipán y que queda a varios kilómetros de donde yo vivía, a hacer maicenitas, pastaflora y bizcochuelo y vendía en esa parte de la finca y cuando no, hacía juguitos. En ese tiempo que fue el incendio, estaba haciendo sándwiches de noche para vender. Cuando yo salía a vender, si no iba con mi hija, la dejaba con mi cuñada o cuñado, pero siempre había uno que se quedaba con ellos. Quizás, los únicos momentos en que los dejaba solos era para ir a comprar a la esquina, pero mayormente siempre salía con ellos. VG: Omar, en esos 23 días que estuvo Yoli detenida, nos podés comentar cómo se organizaron desde el Polo Obrero en la Colonia para darle el estado y el alcance público. OR: De todo lo que le pasó a la compañera, nosotros podemos entender porque la estamos viviendo día a día y más que nada sabemos del abandono al que estamos sometidos a vivir porque este gobierno nos trata así, de esa manera, condenándonos. No tenemos respuesta a nivel nacional, provincial ni local, está todo mal. Nosotros, tenemos las calles que están un desastre, el alumbrado público está pésimo, los postes caídos, los canales todos sucios, las calles están cerradas. Entonces, a raíz de lo que le pasó a nuestra compañera, está todo a la vista y es el tiempo de que se empiece a trabajar y a hacer las cosas, que se vea que ella no es la culpable de lo que le pasó. Esto le puede pasar a cualquier mamá. Ojalá que no, pero como está la situación a eso vamos. Decidimos organizarnos a nivel local, nacional e internacional. Hicimos una lucha muy fuerte para sacar a la compañera de la justicia porque así cómo vemos nosotros de que no es culpable, hay cientos de mamás y de familias que lo ven de esa manera porque se ven reflejados. Así como ella dejó a sus criaturitas para ir a comprar para cocinar, hay muchas mamás que también los dejan solos a sus chicos por ir a trabajar porque hay un Estado que no ve por nosotros (…). La pudimos arrancar porque no hay nada que avale que es la culpable, porque no hay pruebas. Se dice de los vecinos que hablaban, que eran testigos, cuando todos la conocemos y sabemos que nunca abandonaba a sus chicos. Ella vendía sándwiches de noche, se iba a la finca a vender pan, en el merendero con nosotros le dábamos la comida, la merienda y la contención a cientos de chicos. Ella se sumó a la organización y nosotros ahí veíamos que ella siempre iba y los llevaba. Estaba hasta qué hora con los chicos y sabemos que no es esa mamá que ellos dicen. VG: ¿Conocieron alguna declaración de esos vecinos, de esos testimonios anónimos? OR: Justamente, es por eso que nos lleva a seguir la lucha más a fondo porque son testigos anónimos. No sabemos quiénes son, nunca han dado la cara. Sabemos que son causas que las fabrica la Fiscal, con la que tuve la posibilidad de entablar un diálogo y la verdad que es una persona muy cerrada que no tiene corazón, no le interesa ver por los demás. Nosotros, gente humilde, no sabemos. Somos sumisos, hacen lo que ellos quieren con nosotros. Por eso, decidimos empezar a organizarnos y prepararnos para voltear este régimen político que nos tiene en un abandono total y demostrar que la compañera no es culpable de nada, vamos a seguir luchando y a demostrar que el único culpable es el Estado y que no hay otro. VG: Después del incendio donde perdiste todo, ¿el municipio o algún organismo provincial se comunicó con vos? ¿Tenés asistencia? YV: No, en ningún momento. Incluso, después de que salí esperé para ver, pero no se acercó nadie. Cuando mi cuñado y mi suegra fueron al municipio, les dijeron que no podían hacer nada. Siempre ponían un pero. Cuando fui a ver si me podían ayudar con la vivienda (estoy viviendo con mi suegra, con mis cuñados y sus hijos – aclara- una situación apretada), lo mismo me dijeron a mí: que en el lote no se puede hacer nada y que, si yo quería que de Salta me mandaran cosas, tenía que llevarles fotocopias de mi documento. Sino fuera porque le dejé una copia en la organización no hubiera tenido. Cuando salí (en libertad) me enfermé de dengue. Estuve tres semanas y recién el 12 de marzo hice el DNI, cómo pretendían que les de algo que no tenia en mano. VG: ¿Son los vecinos y compañeros quienes colaboran? YV: Por parte de mi familia y la de mi pareja me están ayudando tanto económicamente como con la vestimenta y con con el abogado. Gracias a todos los compañeros de la Colonia, de Orán, de Salta, de Buenos Aires, de donde sea la organización del Polo Obrero, me están ayudando un montón. VG: Cómo es el barrio, comentanos un poco. YV: Para ingresar a Las Palmeras tenemos el canal y dos puentes. Un espacio muy angosto que tan solo un colectivo, un camión o una camioneta puede pasar a la vez y, del otro lado, tienen que esperar. De ahí llegamos allá y hay otro puente que esta en el medio, antes de llegar a la Comisaría, que se está prácticamente cayendo. Cada vez que vamos a pedir algo, nos dicen que ahí no se puede hacer nada porque eso no pertenece a la Colonia, sino que es una finca privada… para hacer la Comisaría sí pudieron, pero no para ayudarnos con el tema de la luz y las cloacas, que ya están pagadas hace años y que nunca las pusieron. Hay calles que se están tapando, los canales están otra vez llenos de tierra, llenos de yuyos… Con el tema de agua, en tiempos de frío, te va a salir bien, pero en tiempos de calor no te sale mucha agua. Otra que en la luz hay en el día, si te digo cinco bajas de tensión es poco. Y bueno las cloacas, todas las palmeras tienen pozos ciegos y no solamente eso, ya directamente el desagüe tanto del baño, como donde uno lava la ropa, todo sale por las calles y andan las criaturas y todos por ahí. VG: A partir de este caso se expuso nuevamente la situación de precariedad de todos los barrios de la Colonia OR: A raíz de lo que paso con la compañera decidimos con los vecinos largar una campaña por la urbanización de los barrios y empezamos justamente en Las Palmeras a hacer asambleas. Esto llevo a todos los vecinos a organizarse porque, como ella lo explica, es una finca que era de los Gómez. Toda a la vuelta del barrio son canales, en las cuatro partes todos tapados de yuyos y de totoras; lo que son las calles, no son calles sino sendas; cuatro, cinco o seis veces cortan la luz y vuelve de golpe, nos queman las cosas. A raíz de esto es que salimos organizarnos en una campaña por la urbanización de los barrios. Nosotros sabemos que esta es la única salida para que seamos escuchados y que, de esa manera, tengamos una vida mejor… una vida mejor y que se termine de una sola vez esta pobreza en la que estamos viviendo (…). VG: Cuando volviste a tu casa, luego de esos 23 días detenida, qué fue lo que sentiste. YV: Realmente una emoción grande porque no me lo esperaba. Ya me habían dicho, cuando me llevaron ese día, que tenía de cinco a quince años para estar encerrada. Yo ya no me esperaba que iba a salir. Si no fuera porque el Polo estuvo presente y, porque desde el primer momento, me ayudo con el abogado no iba a salir. Pero una emoción muy grande verlos a todos ahí, esperándome. VG: ¿Cómo continúa esta pelea? OR: Cómo no emocionarse de hacer una lucha tan grande y desmentir lo que está pasando. Es así, como muchos dicen, “no se puede tapar el sol con un dedo”. Seguiremos luchando para aclarar que la compañera es totalmente inocente, ahora contra lo que están queriendo hacer, dicen que le están queriendo poner otra causa que es homicidio culposo, es decir “sin querer, pero lo hizo”. Nosotros vamos a seguir para que se caigan todas las causas y no vamos a parar más que nada ahora porque nos llena de emoción, de satisfacción y de fuerzas porque sabemos que esta lucha rinde. Entonces no vamos a parar, vamos a seguir luchando.

Hija del general Mattiyahu Peled, quien después de la guerra de los seis días (1967) protestó contra la política de asentamientos y colonización de Tel Aviv en Palestina, la filóloga, traductora y pacifista israelí Nurit Peled Elhanan (Jerusalén, 1949) perdió a su propia hija de 14 años en un atentado suicida palestino (1997). Invitada por el Parlamento Europeo con motivo del Día de la Mujer, Nurit manifestó: “El llamado mundo libre tiene miedo del útero musulmán […]. La verdadera amenaza son el imperialismo estadunidense, la indiferencia y la complicidad europeas, y el régimen israelí racista y cruel” (8/3/05). Añadió: “La violencia local infligida a las mujeres palestinas por el gobierno de Israel y el ejército israelí se ha extendido a todo el planeta […]. Es una violencia que casi nunca se aborda y que la mayoría de la gente en Europa y en Estados Unidos excusan con la boca pequeña”. Los temas de estudio de Nurit versan sobre el racismo en el sistema educativo israelí, con libros de texto dirigidos principalmente contra los palestinos. Nurit responsabilizó a la opresión israelí sobre los palestinos, como causante indirecta de la muerte de su hija. Y en agosto de 2014, en entrevista con el periódico español Público, citó las palabras de Haneen Asharawi, miembro del Consejo Legislativo Palestino: Somos el único pueblo del planeta al que se le exige garantizar la seguridad de su ocupante, mientras Israel es el único país que llama a defenderse de sus víctimas. En sintonía, la profesora de lingüística Tanya Reinhardt (Haifa 1943-Nueva York 2007), de quien Noam Chomsky expresó que su activismo no se limitaba a las palabras, sino también a la defensa de la integridad moral de la propia sociedad israelí. “Para controlar Cisjordania –escribió Tanya– Israel debe controlar totalmente la franja de Gaza, convertida en una cárcel totalmente hermética, aislada del mundo […]. Para muchos palestinos, los primitivos cohetes Quassam son una respuesta a la guerra que Israel les ha declarado […]. La respuesta más lógica que Hamas propone desde hace tiempo es el alto al fuego total.” Sin embargo, la opinión más elocuente de una ocupación que ha cumplido 73 años, sólo podía venir de sus propias entrañas. Me refiero a Shulamit Aloni (Tel Aviv, 1928), militante del movimiento sionista-socialista Hashomer Hatzair en su juventud, comando del Palmaj (unidad de élite del ejército sionista en la guerra de 1948) y ministro de Cultura durante el gobierno de Isaac Rabin (1974-77) hasta que renunció por disentir con la unión Estado-religión. En una extensa entrevista concedida en abril de 2004 al periódico Yediot Aharonot (literal: Últimas Noticias, publicado en hebreo), y el de mayor circulación en Israel desde 1970, Shulami expresó: “En este país hay gente que dice ‘no quiero saber, no leo los periódicos’ […]. Nosotros no aceptamos que los alemanes dijeran ‘no sabíamos’. Eso nos enfureció. Ellos sencillamente no querían saber. Estaban detrás de su führer y admiraban a su ejército. Entre nosotros pasa lo mismo. La gente no sabe y no quiere saber”. Sigue: “Sí, saben que han de ser patriotas. ¿Y hay algo más patriótico que una guerra? Dicen: ‘Dios vendrá en nuestra ayuda’. Pero en el cinturón de los soldados nazis estaba escrito: ‘Dios está con nosotros’. Reina aquí una histeria patriótica y la gente ya no dice nada”. Otro pasaje: Me horroriza nuestro desplome moral. Me horroriza nuestra arrogancia y la facilidad con la que matamos y asesinamos a palestinos. No puedo hallar descanso cuando veo el muro que estamos levantando. Robamos la tierra a gentes que viven en este lugar desde hace siglos y nos persuadimos de que somos nosotros las víctimas. Más: “Somos violentos, nos mentimos a nosotros mismos, nuestra exaltación de la fuerza nos está minando. Nos consideramos una democracia cuando se domina a 3 millones de personas que no tienen voz […]. Somos responsables de la sangre judía derramada […]. Ellos ejercen el terror y nosotros se lo devolvemos-centuplicado”. Shulamit remata: “En este país, el Estado no tiene su ejército, sino que es el ejército el que tiene su Estado […]. La guerra actual no es una guerra de supervivencia, sino una guerra colonial […]. Yo me considero patriota, y ser patriota significa protestar contra la depravación moral que nos invade”. Shulami fue condecorada en 2000 con el Premio Israel por sus contribuciones a la sociedad y a su funeral, en 2014, acudieron miles de israelíes. Nurid, Tanya, Shulami. Apenas tres de las muchas mujeres que en el supuesto Estado judío empiezan a preguntarse si deben sentir orgullo frente al cadáver de sus hijos. O si en algún libro sagrado, la ética judía perdona que vuelvan a casa con la frente en alto, luego del litúrgico asesinato de niños, ancianos y mujeres palestinos. Publicado en La Jornada, miércoles 26 de mayo de 2021

Numerosas organizaciones sindicales, autoconvocadas y políticas se han sumado a la convocatoria a la caravana contra la presencialidad educativa que se realizará este próximo lunes 31, a las 17 hs., de plaza Colón al Panal. La iniciativa fue lanzada en el marco de una mesa redonda. el jueves pasado, de la cual participaron más de 230 compañeros y compañeras. El debate con especialistas y delegados docentes de los colegios Zipoli y el Belgrano se transformó en una asamblea. La convocatoria a la caravana surgió de esta discusión. Luego fue tomada por un conjunto de sectores (entre otros, ATE Educación, el grupo Salud en Acción, la izquierda y sus agrupaciones sindicales). La burocracia del sindicato de municipales (SUOEM), que abarca a sectores docentes, lanzó otra convocatoria, con la finalidad de evitar que los docentes municipales confluyan con los docentes autoconvocados. El gobierno de Schiaretti, en pleno pico de contagios, con su arrebato pedagógico, ha decretado la presencialidad escolar. Las burocracias de UEPC y del SUOEM no mueven un dedo. El comité de docentes, estudiantes y familiares contra la presencialidad se inscribe en un camino de lucha. La victoria de los residentes de los hospitales públicos contra los traslados compulsivos, mediante el método de asambleas autoconvocadas, marcaron el rumbo. La izquierda- que defiende en su prensa la presencialidad y el ‘semáforo epidemiológico’, ha decidido sumarse a la movilización, con un planteo de “suspensión temporal”. El gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de Semáforo Epidemiológico, que suspende algunas actividades cuando los contagios llegan al pico. Esta caravana abre la oportunidad de una gran lucha en defensa de la vida y la salud.

Esta semana salió a la luz una nueva demostración de la operación de impunidad para rescatar a todos los responsables del femicidio de Paola Tacacho. La joven había realizado 22 denuncias en 5 años, ante la fiscalía, comisarías y distintas dependencias estatales, contra un acosador que finalmente la mató. Detrás de la inacción estatal estaba la mano del hermano del femicida, el empresario Ronald Parada Parejas, vinculado al gobierno. En una de las primeras causas que se pudo conocer salió a la luz la actuación del juez Francisco Pisa, quien ante el pedido de elevación a juicio por parte del fiscal actuante, en tanto el femicida había violado la restricción de acercamiento, decidió sobreseerlo en nombre de evitar gastos a la justicia. Nunca investigó que Paola ya había hecho otras denuncias ni consideró el testimonio de la joven ni las pruebas aportadas por ella. Frente a esto se presentaron ocho pedidos de juicio político contra el juez, en su mayoría formulados por organizaciones de mujeres, de derechos humanos y víctimas. Si bien dicha comisión pidió un descargo al juez, dejó correr los tiempos y que el trabajo sucio de salvataje lo haga Manzur. El magistrado había pedido la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio antes del femicidio y 5 horas antes que se venzan los plazos para que la comisión de juicio político formulara la acusación, para iniciar el proceso de destitución, el gobernador le firmó la jubilación. La nueva manifestación de impunidad se pudo conocer debido a que transcurridos 60 días de la firma para la jubilación, Pisa todavía sigue en funciones. Sin embargo la ley lo que estipula ante estas situaciones es que el proceso de juicio político continúe si luego de ese período no se sustanció la renuncia. No obstante la comisión de juicio político de la legislatura, de manera fraudulenta, también en febrero y con la firma de Manzur, dio por clausurado el proceso. Advertidos de esta situación, familiares de Paola Tacacho junto al Ni Una Menos iniciaron una campaña para desenmascarar toda esta operación y exigir que se reactive el proceso de destitución del juez. Lo que está en claro es que todo este esfuerzo por salvar al juez Pisa responde a su función de “Oyarbide tucumano”, en las causas de corrupción que involucran al gobierno, se trate de Manzur o Jaldo, ahora enfrentados pero unidos en todo tipo de fechorías. Por otra parte, avanzar contra Pisa significaría poner en el banquillo a todos los jueces y fiscales que actuaron de la misma manera en el resto de las causas iniciadas por Paola. Pretenden clausurar el proceso de la misma manera que el fiscal que investiga el femicidio se niega a unificar todas las causas bajo el argumento que no hay nada que investigar. La única manera de avanzar en el desmantelamiento de todo este régimen de impunidad y sacar a los Pisa es poniendo en pie un gran movimiento de lucha que enfrente al Estado y sus instituciones. Es 3 de junio es importante que en las acciones que se desarrollen en las plazas del país, en los lugares de trabajo y barriadas esté presente el reclamo de justicia por Paola Tacacho y todas las víctimas de femicidios y el planteo que no podemos tener ninguna confianza en que la solución vendrá de los gobiernos responsables.

Después de suspender la fecha de la elección provincial de medio término, fijada para el 4 de julio, el gobierno de Salta ha convocado a todos los partidos políticos de la provincia para conocer sus posturas sobre una nueva fecha. Reproducimos a continuación el documento elaborado por el Partido Obrero salteño, adherente a la Tendencia Nacional del PO, adelantando la posición que llevará a dicha reunión, prevista para este lunes. Al Señor Gobernador: El Partido Obrero de Salta ha rechazado la decisión del gobierno de la Provincia de postergar las elecciones, del mismo modo como antes rechazó su adelantamiento. La ciudadanía se ha convertido en objeto de una manipulación política. El Gobernador, en un caso como en el otro, ha utilizado la pandemia como un pretexto para sus maniobras – una vez con la intención de adelantarse al pico de los contagio, ahora con el de que la curva de infecciones va en crecimiento. Pretende acomodar el escenario electoral a sus propias conveniencias, que no son otras, en esencia, que esquivar su responsabilidad política por la crisis sanitaria. La cuestión del tratamiento de la pandemia es, antes que nada, una cuestión política. El gobierno de Salta ha promovido en toda esta crisis sanitaria, una “apertura económica” conveniente para las grandes patronales de la provincia, sin prestar atención, por otro lado, a las penurias económicas abismales de la población trabajadora y del pequeño comercio. Ayer mismo, un reporte periodístico del diario La Nación describe la situación francamente terrible de la población del norte de la provincia que, sabemos desde hace tiempo, sufre la expulsión de los pulpos sojeros. El gobierno de la provincia ha combatido, con todos los medios compulsivos a su alcance, la moviilización de la docencia contra el dictado presencial de clases. Ha acompañado en esta cruzada a la patronal de la educación privada y/o confesional, o sea a la Iglesia, el otro poder en la provincia. No ha hecho virtualmente nada para promover la enseñanza virtual en la educación estatal. La postergación electoral cuenta con el apoyo de la Legislatura y de todos los partidos restantes, desde la derecha hasta la izquierda, que han defendido la presencialidad económica y educativa, sin importarles la diseminación del virus, los contagios y el derrumbe hospiitalario. La postergación electoral bloquea el derecho de la ciudadania a juzgar esta política, con independencia del juicio que tengan cada uno y cada una de los votaantes. El gobierno de Salta no se encuentra solo en esta empresa proscriptiva: en la Nación y en diversas provincias la fecha electoral ha sido arreglada para el mejor interés del poder de turno y de los partidos que han apoyado la piedra libre al mercado en medio de la pandemia. El gobierno nacional y de los distritos federales han subordinado el combate a la pandemia al objetivo de un acuerdo con el FMI y los acreedores nacionales e internacionales. Rechazamos la postergación electoral. En política, somos ´presencialistas´. El manejo oficial de la pandemia sigue criterios de clase y de conveniencia para los aparatos políticos. Proponemos un aislamiento social estricto hasta doblegar la pandemia. La apertura de las instituciones de la salud privada para toda la población, sin discriminaciones. El cese del gerenciamiento de los hospitales públicos. La implementación de un Ingreso de Emergencia que cubra la canasta básica. El restablecimiento del Banco de la Provincia de Salta, para atender esta crisis; el Banco Macro, que se apropia de la coparticipación federal y de las finanzas de la provincia, debe ser nacionalizado. Por testeos masivos y seguimiento de contagios próximos. Por una movilización nacional e internacional para producir las vacunas contra el coronavirus, que se encuentran en falta por el bloqueo de insumos y producción por parte de los pulpos farmacéuticos y sus estados. Atte., Violeta Gil, Gabriela Jorge, Samuel Huerga, Julio Quintana, Marta Martín

Dentro de unos días, el 11 de junio próximo, se cumplirán tres meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans oriundo de San Vicente visto por última vez en marzo pasado. Ailén de la Torre, su hermana melliza, está desesperada. Coloca carteles de Tehuel por todo el conurbano y en cada comercio. Para ella, la desaparición de Tehuel está vinculada a la trata de personas. Reclama que se cambie a "desaparición forzosa" la carátula de la pesquisa judicial que lleva adelante la fiscal Karina Guyot. Es la misma fiscal que investiga la desaparición de Diana Colman desde hace seis años. Hay dos detenidos hasta el momento, Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, imputados por falso testimonio. Ailén pide que hablen porque "ellos saben dónde está Tehuel". Sobre la causa, ella menciona que se encuentra en un impasse, "no hay nada, y están volviendo a llamar a los mismos testigos y hacer los mismos rastrillajes". Todo indica que Ramos y Montes tienen mucho más para decir. Tehuel desapareció el 11 de marzo, cuando se dirigía a un evento laboral, invitado por Ramos. Desde entonces se perdió todo rastro suyo y en todo el país se levanta la foto de Tehuel exigiendo su aparición con vida. Ailén, saluda todo este tipo de iniciativas. "Me parece perfecto que se sepa en todos lados y que la gente difunda su desaparición en todo el país. Solo quiero que mi hermana aparezca viva ya. Que la justicia me la devuelva como se fue. Quiero que los detenidos hablen ya. Mi familia está destruida y ni te imaginas Luciana, la pareja de Tehuel. Yo quiero que Tehuel vuelva ya y viva. Queremos a Tehuel ya". La desaparición de Tehuel no es un caso aislado. El Estado es responsable por su aparición con vida. Días atrás, el ministro bonaerense Sergio Berni dijo que ya no albergaba esperanza de encontrar a Tehuel con vida, desatando el repudio de quienes se han movilizado desde el principio por esta causa, a pesar de la indiferencia de los funcionarios judiciales, policiales y políticos. Redoblemos la lucha en todo el país. El 11, ganemos las calles y las plazas para reclamar la aparición con vida de Tehuel.

Más de 30 jóvenes de las villas 21-24 de Barracas, 1-11-14 del Bajo Flores y 15 de Lugano participaron este sábado en el plenario de la UJS de la zona sur de CABA. El objetivo: discutir la crisis social y política y organizar la lucha por las reivindicaciones de la juventud de las barriadas. El plenario estuvo precedido por plenarios en cada uno de los barrios. Los intercambios que tuvimos este sábado estuvieron ocupados por la desocupación; la precarización laboral; la falta del IFE y la necesidad de otro que triplique el del año pasado; la presencialidad escolar; el recorte de las becas educativas y alimenticias; y la falta de conectividad y urbanización. Se abordaron otros temas entre los muchos que preocupan a los jóvenes. Todos estos compañeros que venimos organizándonos con el Polo Obrero (T), nos sumamos a construir la UJS en los barrios, y también la lucha por la legalidad de la Tendencia, que nos ayudaría mucho en nuestro desarrollo. De hecho, algunas compañeras llegaron al plenario luego de haber estado en una actividad en el barrio buscando afiliaciones. Por el derecho al trabajo Todos los compañeros y compañeras mayores de edad que asistimos al plenario estamos desocupados, y la mayoría de nosotros nunca ha tenido un trabajo en blanco. Por su parte, quienes sí han trabajado en blanco alguna vez, los han hecho en condiciones de precarización, obligados por el contexto de hambre de la pandemia; estamos hablando de trabajos como bacheros, garzonas y deliverys para restaurantes y otros comercios, por salarios muy bajos y jornadas extenuantes. Algunos compañeros han pasado por la ‘Economía Popular’, la ultra explotación ejercida por el Estado y sus punteros a través de la contraprestación de servicios por un plan social. Repudiamos programas como el ‘Potenciar Inclusión Joven’, que han sido inventados por el gobierno de los Fernández con el único propósito ajustar la asistencia social a través de nosotros. Por el derecho a la Educación Otro eje importante del plenario fue la cuestión educativa. A dos días del intento de Larreta de abrir nuevamente las escuelas, el plenario se pronunció en contra de la presencialidad y en apoyo a la lucha docente de la Capital y resolvimos sumarnos a las iniciativas de lucha del sindicato. Discutimos la necesidad de organizar un plan de lucha por la conectividad que esté planteado también sobre la base de la lucha por la urbanización de los barrios, dónde muchas veces no sólo no tenemos computadores o WIFI sino que carecemos durante días enteros de electricidad y condiciones habitacionales que nos permitan estudiar adecuadamente desde nuestros hogares. A construir la UJS Sin embargo, el plenario fue más allá de estas evidencias y de estos planteos de lucha. Las intervenciones mostraron que hay una vanguardia juvenil que se abre paso: somos los jóvenes que sostenemos las ollas populares y que reclamamos la apertura de comedores; los jóvenes que en principio nos acercamos al Polo Obrero (T) y que nos hemos mantenidos movilizados exigiendo trabajo genuino, la restitución del IFE, y las vacunas masivas; los jóvenes que buscamos construir la unidad entre los estudiantes y los decentes en nuestra escuela en apoyo a las huelgas de la Capital; los jóvenes que organizamos el apoyo a la rebelión popular en Paraguay; los que organizamos los piquetes por la aparición de la niña ‘M’ desaparecida en Villa Cildañez; y también somos las que nos organizamos para que se garantice en los CESACs de nuestros barrios el acceso a la anticoncepción y la IVE. Somos la juventud que ya nos encontramos en la primera línea de combate contra el hambre y la pandemia, y seremos la juventud que asistirá a la rebelión popular que va a recorrer a la Argentina (y que ya recorre Neuquén), así como los jóvenes en Chile, Colombia y Palestina. El plenario resolvió, entre otros, sumarnos activamente a las acciones de lucha de los docentes contra la presencialidad; reafirmar nuestro compromiso con la campaña de legalidad de nuestra corriente política, de la que ya hemos sido parte en todos los barrios; y formar una comisión a la que se anotó un tercio de los asistentes para debatir y elaborar a la brevedad un documento político que sea la base de una campaña de agitación y lucha de la UJS en las barriadas. Por la unión de estudiantes y docentes y el triunfo de las huelgas. Por el derecho al trabajo, la conectividad y la urbanización. Por una organización socialista de la juventud de las barriadas que luche contra la miseria y la violencia del Estado, y por un gobierno de los trabajadores.

El 3 de junio de 2015, ante el asesinato de Chiara Paez, una adolescente embarazada, se llenaron las plazas políticas del país en repudio a los femicidios así como a la acción y omisión de un Estado que es partícipe necesario en la violencia contra las mujeres. “Ni una menos. El Estado es responsable” se convirtieron en gritos de guerra desde entonces. En medio de la crisis humanitaria que atravesamos, agudizada por la pandemia covid-19, la salud y la vida de las mujeres trabajadoras atraviesa uno de los peores momentos de la historia. El Estado, más que ausente, está presente para sostener la precarización y busca liquidar nuestras condiciones de vida para garantizar el acuerdo fondomonetarista y rescatar al capital a como dé lugar. Según un documento de Unicef y la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía sostiene que “en los hogares monomarentales, con jefatura femenina, la pobreza alcanzó al 59% de los hogares y al 68,3% de los niños, niñas y adolescentes” y la indigencia al 23,6%, y que dichos hogares son los que “enfrentaron el mayor impacto negativo de la crisis por COVID-19 y son los más alcanzados por la pobreza y por la crisis de los cuidados”. La docencia no escapa de esta realidad: el gremio docente está altamente feminizado. Más del 80 % de su cuerpo laboral está conformado por mujeres que en muchos casos son el único o el principal sostén de familia. La apertura escolar en pandemia y sin vacunas nos coloca como trabajadoras, como mujeres y como madres en el lugar de prenda de descarte para avanzar con la nueva normalidad que nos quieren imponer a riesgo del contagio y la muerte del conjunto de la comunidad educativa. Los protocolos no son más que ficciones mortales al servicio de las patronales. La incorporación de la Educación sexual Integral (ESI) en la currícula de todas las materias y niveles del sistema educativo, fue una conquista del movimiento de mujeres y de las docentes organizadas. La ESI se enfoca en "la concepción del cuidado psíquico y corporal” y en la ruptura de los roles asignados según género. Pese a que introduce la idea del “respeto a los idearios institucionales” abriendo la puerta a la injerencia clerical en los contenidos seguimos combatiendo este aspecto regresivo al tiempo que luchamos por más presupuesto para su desarrollo. Denunciamos que mientras se sigue arrojando a las compañeras docentes embarazadas a “escuelas covideros” con una sola dosis de vacunación y se sigue extorsionando a las madres de nuestros estudiantes negándoles el bolsón de alimentos en tiempo y forma el Estado usa la ESI como maquillaje y como manto para cubrir la doble explotación que sufren las mujeres en general. Hoy, la perspectiva laboral de una docente implica: Un salario reventado por paritarias a la baja, que fueron cerradas en montos que no superan el 30% mientras la inflación interanual supera el 47%. Al tiempo que los precios de los alimentos, los alquileres y el costo de vida general están por las nubes. Una docente tiene que acumular dos o tres cargos para llegar a un salario que no permite llegar a fin de mes. Ir a trabajar enferma para no sufrir el descuento del ítem presentismo que es una de las principales desigualdades de género dado que, en la actual estructuración de la sociedad, somos las mujeres las que tomamos licencias para el cuidado de hijos y familiares a cargo. Esto da cuenta de la superposición de tareas entre el ámbito laboral y el doméstico. Al mismo tiempo, la pandemia, agravó esta superposición de tareas porque hay que hacer malabares para congeniar la modalidad presencial y virtual. Altos niveles de inestabilidad laboral por falta de cargos y actos públicos virtuales de dudosa transparencia, precarización laboral en los programas socioeducativos con la consiguiente precariedad al momento de la jubilación. Altos niveles de estrés laboral por las presiones de los ministerios de educación e instrumentada por supervisores y directivos que exigen el cumplimiento de protocolos impidiendo el cierre de “burbujas” lo que redunda en el contagio de las docentes y estudiantes bajo el miedo de llevar el virus a sus casas y enfermar a sus familias. Situaciones en donde se exige continuar con trabajos virtuales mientras las compañeras están bajo el cuidado de sus hijos con diagnóstico de Covid son moneda corriente dentro de las escuelas. La imposibilidad de traslado del lugar de trabajo para poner al resguardo a docentes que sufren violencia de género debido a que no queda contemplado dentro de la licencia 70 y, que fue arrancada con lucha. Pero las docentes, en especial quienes trabajamos en las villas, sabemos que las madres de nuestros estudiantes viven una realidad similar o más profundizada que la que se vive en nuestro sector. La precarización del empleo femenino no comenzó con la pandemia. Los datos arrojan que solo 1 de cada 10 trabajadoras de entre 55 y 59 años podrá jubilarse al cumplir los 60 debido a que no cuentan con los años de aportes, aunque hayan trabajado durante toda su vida. Hoy el 85% de las mujeres se jubila a través de una moratoria. La pérdida de empleo durante la crisis del COVID-19 se concentró en los trabajos informales, mientras que las madres “que están a cargo de hogares con niños, niñas y adolescentes son quienes enfrentan los mayores obstáculos para reincorporarse a la vida laboral y mantener sus puestos o buscar un nuevo empleo” (Clarín 25/5). Además del servicio doméstico en casas particulares, las mujeres son la mayor parte de los trabajadores en actividades como los servicios sanitarios y sociales que, al ser considerados esenciales durante la pandemia, no redujeron su actividad, quedando desproporcionadamente expuestas a riesgos de contagio y a la extensión de las jornadas laborales. Dos rubros altamente feminizados como educación y salud están entre los sectores peor remunerados. Esta situación se vio profundizada porque, producto de la pandemia, se discontinuaron los servicios educativos ya diezmados por ajustes presupuestarios y una falta de vacantes escolares continua, sin que se dieran licencias ni asistencias sociales sistemáticas y suficientes para las trabajadoras a cargo de menores. Tampoco se garantizó el acceso a la educación virtual por medio de dispositivos y conectividad a cargo del Estado. La falta de inversión en garantizar subsidios que permitan llevar adelante el aislamiento en defensa de la vida, así como para garantizar la educación remota en contexto de pandemia, o canastas alimentarias acordes a las necesidades nutricionales de nuestros estudiantes, implican mayores desigualdades en el futuro acceso al trabajo y, por ende, también mayor pobreza general e infantil. El IFE, que está suspendido para cumplir con el plan fondomonetarista, consistió en un subsidio de tres pagos miserables de 10.000 pesos durante el 2020, que cobró exclusivamente una persona por familia. El Estado que se autoproclama feminista, bajo el palabrerío vacío de “aplicar políticas de amortiguamiento de la violencia de género y la pobreza” implementó el Ministerio de la mujer y géneros, facilitó teléfonos y flyers para hacer denuncias que nunca llegan a ser atendidas, buscando cooptar y burocratizar a un sector del movimiento de mujeres apropiándose de las conquistas de derechos arrancados en la calle y convirtiéndose en un apéndice del poder que hoy justifica el empobrecimiento de millones de mujeres trabajadoras. “La amortiguación de la pobreza” es una frase hecha, que no solamente revela ignorancia e insensibilidad. Su propósito es exculpar al gobierno, al estado y al capital, que se presentan como “amortiguadores” de una crisis humanitaria que es enteramente la responsabilidad de un régimen social históricamente en decadencia. Para muestra basta un botón. Según Gómez Alcorta, para facilitar el acceso de las mujeres al “trabajo” el Ministerio de la Mujer promueve la creación de 800 jardines de infancia y guarderías, y “analizar las políticas de las licencias de paternidad y maternidad”. Otra de las funcionarias “feministas”, D'Alessandro, impulsa la idea de mujeres “profesionalizadas en el trabajo de cuidados”. La mujer, siempre “friega” y “cuida” “solidariamente”. Pero los “jardines de infancia” que promueven las funcionarias “nac and pop” no tienen nada de novedoso. Son un refrito de los CPI que impulsó Mauricio Macri durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 45 días a 4 años no dependen del Ministerio de Educación sino de Desarrollo Social. No tienen, por lo tanto, un objetivo pedagógico sino de mera contención social. Los modos de contratación en estos centros es, en gran parte, bajo contratos basura y las currículas quedan a criterio del ideario institucional de las ONG que los gestionan, sean estas religiosas o no. No parece descabellado pensar que esta modalidad sea la que siga primando. Por otra parte los CPI y los CDI establecen un doble estándar educativo, el de niños y niñas que van a jardines maternales y de infancia con currícula educativa y los que van a jugar un rato y a comer a un lugar alquilado a un centro de jubilados, un club o una Iglesia. Más precarización para las trabajadoras de la educación y más degradación educativa para la escuela pública. Estas son las “salidas” del feminismo estatizado. El de Acuña que saluda a las docentes de nivel inicial en su día y agita la idea de “previsibilidad” porque “las mujeres necesitan las escuelas abiertas para retomar su vida laboral”, mientras nos obliga a una presencialidad escolar en pandemia que está generando un espiral de contagios y de muertes en la comunidad educativa, mientras descuenta el salario de las compañeras que luchan y aprieta a las madres que eligen no enviar a sus hijos a la escuela para ponerlos a resguardo del virus. Una encerrona que es acompañada por las burócratas sindicales como Alesso y Graciano que mientras ya superamos la centena de docentes fallecidos a lo largo y ancho del país y los 19 fallecidos en la CABA, hacen la plancha y se limitan a sacar jornadas de duelos, comunicados en tono electoral y flyers con paros domingueros. Este cuadro de pauperización en el marco de la carestía de la vida que se profundiza bajo un proceso inflacionario desbocado que se come el poder adquisitivo del salario día a día y que se agrava a la luz de la crisis habitacional, coloca a la orden del día la unificación de las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados con las del movimiento de mujeres al que, desde Tribuna Docente Tendencia, llamamos a mantener la independencia política con respecto a los sectores patronales, sus gobiernos y sus burocracias. Somos las mujeres trabajadoras quienes nos ponemos de pie ante tamaña violencia y, junto con nuestros compañeros, salimos a parar la olla en los barrios, en los comedores, en las escuelas, en los hospitales y a organizarnos contra los femicidios. El movimiento de mujeres piqueteras, independiente del poder y del vaticano, es el que lucha a brazo partido por arrancarle al Estado trabajo genuino y alimentos. Somos las que tomamos las tierras para exigir el derecho a la vivienda, las que, en medio de la pandemia, nos ponemos en la primera línea para exigir la vacunación masiva y nos plantamos para que el capital y sus gobiernos no nos arroje a una presencialidad que enferma y mata para perpetuar la reproducción del capital a costa de nuestra vida y de la de toda la familia obrera. Somos las que nos plantamos en las calles hasta arrancar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y que hoy seguimos luchando para lograr su aplicación efectiva. Esta no es una lucha nacional: las mujeres palestinas que a pedradas se plantan contra el genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel armado por el imperialismo, las mujeres colombianas que forman la primera línea y luchan junto a sus compañeros e hijos y se organizan frente a la represión, las jóvenes de la revolución chilena que se plantan contra el régimen pinochetista de Piñera, las estadounidenses contra el racismo y la barbarie policial. A días del 3J, tenemos que levantar un pliego que ponga sobre la mesa todas nuestras demandas y organizarnos para tomar el control de los recursos que generamos las y los trabajadores y son apropiados por el capital. Nuestra liberación es también la estatización de dichos recursos, la gestión de los mismos por sus trabajadores. No es el 1% de la riqueza lo que necesitamos, es tomar por asalto el 100% de lo que es nuestro si queremos que el “Ni una menos” se haga efectivo. Frente a la violencia del Estado y sus gobiernos, de las burocracias sindicales y papales que los sostienen, opongamos organización y lucha por: Suspensión de las clases presenciales en pandemia así como también de toda actividad no esencial. Que el Estado garantice la virtualidad con la entrega de equipos y conectividad mediante la estatización de los recursos de telecomunicaciones, como así también, las medidas económicas necesarias para garantizar el aislamiento del conjunto de las y los trabajadores, incluyendo licencias, subsidios y alimentos. Abajo el ataque contra las compañeras embarazadas y de grupos de riesgo a las que se les impide tomar nuevos cargos y se las hace volver al trabajo sin el esquema completo de vacunación. Vacunación masiva. Ni una menos aplastada bajo la violencia estatal. Por un salario igual a la canasta familiar-que contemple el valor del alquiler- para un cargo de jornada simple que permita el reparto de las horas de trabajo. Abajo el ítem del presentismo. Por la recuperación de las juntas de clasificación y la transparencia en los actos públicos. Ni una menos sin trabajo. Basta de precarización laboral. Implementación efectiva y cabal de la ESI y la Licencia 70. Por la recuperación de los sindicatos de mano de las burocracias para ponerlos al servicio de la lucha de la clase obrera.

A raíz de las nuevas restricciones y la catástrofe sanitaria en la provincia de Santa Fe, los trabajadores del arte y la cultura de la ciudad vienen organizándose para enfrentar las consecuencias que representa en los hechos la política de Javkin y Perotti – artistas sin trabajo ni ingresos. Ambos gobiernos, municipal y provincial, amparados en los DNU presidenciales, son quienes gestionan el fracaso de la orientación capitalista de la pandemia. Lo demostraron a partir del lineamiento aperturista en defensa de la circulación del capital en detrimento de la salud de la población a principio de año. La defensa de la “normalidad" en pandemia para sostener esos beneficios ha desembocado en el panorama actual, con niveles alarmantes de contagios y un sistema de salud colapsado. Bajo estos intereses políticos es que en principio se canceló la actividad artística. Quienes no representen un lucro en el engranaje del Estado, no merecen su contemplación. El caso más evidente es la suspensión de las ferias independientes mientras se sostiene la apertura de aquellas que retribuyen económicamente al municipio. Bajo la batuta de los gobiernos, las restricciones a la cultura pretenden el cese del trabajo artístico sin una alternativa que permita a los artistas sustentarse económicamente, del mismo modo que se enuncian encierros ´estrictos´ sin IFE ni subsidios para el sostenimiento de los trabajadores precarizados. A los y las compañeras que han continuado con su actividad, la municipalidad ha respondido con la represión y el hostigamiento. El Estado que no ampara a los trabajadores con nada frente a las restricciones, les brinda violencia a quienes intenten sobrevivir. La lucha que reinicia La pretensión de mandar a guardar a los artistas sin garantías económicas tuvo patas muy cortas. A raíz de las primeras medidas restrictivas que apuntaban a la actividad cultural y artística, una cantidad de colectivos se han convocado en las calles. Las primeras respuestas de lucha se fueron dando de manera aislada hace más de un mes. Pero, con un nuevo proceso de lucha que comenzaba a abrirse, es que se ha conformado una multisectorial de cultura. A su vez algunos colectivos artísticos reflotaron las asambleas propias. El 1ro de mayo, la Asamblea de Artistxs Callejerxs convocó a una movilización a la que se plegó la multisectorial. Asistimos en esa fecha a una jornada de asamblea, corte de calle y movilización, ya con la unidad de colectivos. A mediados de mayo nuevamente de manera unificada se marchó desde la municipalidad hasta Gobernación. Estas movilizaciones han colocado la denuncia al despojo, la precarización de larga data, las responsabilidades políticas ante el vaciamiento cultural y el rechazo al Secretario de Cultura por declaraciones intimidatorias. La lucha de este año encuentra a un conjunto de compañeros y compañeras que atravesaron la experiencia de la coordinadora en el 2020, como también a nuevos artistas que se suman a la perspectiva de la lucha. Toda la orientación del Estado que ha afectado a los trabajadores de la cultura el año pasado, durante la pandemia y antes, lógicamente sigue su rumbo pero se profundiza aún más bajo la crisis sanitaria y política. No solamente sucede que las condiciones actuales tejen nuevos vuelcos a la lucha, sino que la experiencia pasada de movilizaciones, acampes y la coordinación de sectores que le arrancó al gobierno un subsidio y alimentos; está presente en un movimiento que vuelve a la carga. En esta etapa en que la organización tomó otro carácter, lucidez y nos volvimos a movilizar, la provincia anuncia un subsidio de $10.000 a contraprestación y por única vez. Aparece por un lado el carácter precarizador del Estado que quiere emplear por monedas a los artistas como ha hecho históricamente. Por el otro es una burla para cualquiera que sepa lo que se necesita para sobrevivir y sostener una familia. No podemos dejar de reclamar que se efectivice un monto adecuado de ayuda económica hasta que se termine la pandemia. La inestabilidad que se vive entre aperturas y cierres, se lleva por delante a los artistas y no será saldada la situación con un gobierno incapaz de controlar los contagios y la crisis sanitaria. La lucha contra la represión del arte callejero es indispensable para defender a los y las compañeras que salen a trabajar. Sigamos el camino de lucha y organización que se viene desenvolviendo en todos los lugares de trabajo y en los barrios, y que es una tendencia de los trabajadores a nivel internacional contra la catástrofe capitalista y el fracaso de la gestión capitalista de la pandemia. El piquete, la movilización, el corte de calle, el acampe como métodos para arrancarle a los gobiernos nuestros reclamos más urgentes.

El aparato del PO oficial decidió ir atrás del gobernador de Salta y apoyar la suspensión de las elecciones adelantadas, con el argumento de que bajo el actual cuadro sanitario de la provincia, “resultó insostenible la fecha de las elecciones”. Es lo que sostienen también los macristas y kirchneristas locales, que calificaron de “sensata” la suspensión. Gustavo Sáenz no hizo más que obedecer a la curia católica que se la exigió. Suena curioso, pero los defensores del ausentismo electoral son todos ‘fans’ de la presencialidad escolar. Al revés también: nuestra Tendencia, que se opone a la presencialidad escolar y en labores no esenciales, ha denunciado la suspensión de esos comicios. Defendemos la salud, nos oponemos a atropellos políticos. En este laberinto hay una lógica – sólo se trata de conectar los hilos. Contagiarse de Covid sí, votar no El aplazamiento electoral fue presentado por Sáenz, bien lo saben Del Pla y López, como una medida para resguardar la salud de los salteños. En Salta, el virus tiene domicilio propio, gracias a la política de apertura generalizada y presencialidad. Incluso en los nueve días de confinamiento mentiroso de los Fernández y los Larreta, sólo aplicó restricciones (no cese de la circulación) en 9 de los 24 departamentos de la provincia. Es decir que mientras siguen creciendo los contagios y los hospitales del sur provincial ya han colapsado, el pueblo trabajador salteño debe seguir volcándose a las calles y amontonarse en colectivos y lugares de trabajo, no en un domingo electoral, sino todos los días. Lo mismo quienes no tienen un empleo fijo o estable, porque el gobierno del Banco Macro no ha soltado un mango de subsidio social, ni aliviado en nada la presión psíquica y económica del personal de salud, o sea largas horas y salarios bajos. La pandemia y el Estado Claudio Del Plá tuiteó que “al anuncio de postergación de la elección, Sáenz debería agregar qué medidas va a tomar para subsidiar a los que están obligados a dejar de trabajar por la cuarentena... y cuales para garantizar los profesionales que están faltando en los hospitales del interior”. Del Plá se ha convertido en consejero de Sáenz en lugar de denunciar que no ha tomado ni tomará las medidas que estén al servicio del interés de las mayorías. Si esto ya es un volantazo vergonzante de la historia del Partido Obrero, más grave, incluso, es que se ponga de consejero luego de apoyar una decisión eminentemente política; es como prohibir manifestaciones contra el hambre. El propósito del gobierno con esta postergación es que no se vote en el momento en que, por el pico de contagios y la falta de vacunas, son más claras las acciones y omisiones de los gobiernos patronales en contra de la salud y la vida de los trabajadores. El gobierno que posterga las elecciones, mantiene ese desamparo, para que El Tabacal (Seaboard E.R) siga ganando plata con el azúcar, el bioetanol y otros sub-productos. Necesita evitar que la ciudadanía vote en el peor momento de la crisis y que la campaña electoral pueda ser una caja de resonancia de los agravios que sufren los trabajadores. Como dice nuestra reciente declaración, la pandemia es, por sobre todo, una cuestión política, que maneja el estado en función de sus intereses de clase. Ha tenido lugar una “unión provincial’, con clero incluido, detrás de la suspensión de un derecho político. Quien repase lo que ha escrito el FIT-U, verá que al comienzo de la pandemia se opuso a toda forma de cuarentena con el argumento de que se violaban derechos y se instauraba un régimen de facto. Electoralismo Pablo López, un aspirante a jubilarse como legislador, propone que la suspensión de las elecciones sea acompañada de un cronograma electoral completamente nuevo. No obstante esto, nos acusa de electoralistas por oponernos a un abuso de poder del gobernador y la Legislatura, que altera el cronograma electoral dos veces: uno adelantando las elecciones, ahora postergándolas. Para López “una campaña electoral en medio de este cuadro sanitario, con limitaciones a la presencia militante en las calles, solo puede favorecer al régimen gobernante que maneja el aparato y el presupuesto mayoritario para la publicidad electoral. Esto, obviamente, no tiene sentido: Sáenz habría “manipulado” la elección en favor del FIT-U y en contra de sus propios intereses; lo mismo estaría haciendo la Iglesia. López quiere elecciones en ‘tiempos normales’, con todo el mundo vacunado, cuando la memoria de la crisis social, sanitaria y política se haya disipado. Para López, la crisis sanitaria suprime “las calles”, contrariando a todas las luchas y movilizaciones que ha habido hasta ahora. Con el pico de contagios encima se ha votado en EEUU, Chile, Perú, contra la voluntad del gobierno en funciones – y derrotas de las derechas. En Colombia, con más contagios y muertes que en Argentina, por habitantes, tiene lugar una gigantesca rebelión popular – naturalmente, “en las calles” que, según López, “los militantes” no podrían transitar. De acuerdo a López, “algunas” encuestas dan cuenta del rechazo de la población a votar el 4 de Julio próximo. La abstención es una de las manifestaciones de repudio de la población al régimen político y sus partidos. López la interpreta como un entusiasmo por votar en el verano. Esto sí que es electoralismo estructural. Las elecciones por las elecciones mismas, como una tómbola que sortea legisladores. No se trata, sin embargo, de querer elecciones, sino de denunciar las razones de clase de un gobierno patronal para postergarlas. Esto es, obviamente, el punto de partida de una campaña electoral que soliviante a los trabajadores contra el régimen dominante, y abra más allá de ellas mismas un horizonte de acciones directas. Es probable que un necio vea en esta polémica un nuevo ‘round’ de disputas en la izquierda. Pero está claro que expone dos concepciones de la lucha de clases y dos métodos políticos. De la claridad en estos puntos depende una victoria histórica de los trabajadores.