Noviembre de 2020

En la superficie de las cosas, el desalojo de Guernica ha generado un remezón de críticas por parte de un elenco estable de personalidades kirchneristas, desde Luis D Elía a Zaffaroni. El ex integrante de la Corte Suprema calificó de “impropio de un gobierno peronista” el desalojo violento del predio del sudoeste bonaerense. El jurista se olvida de que el peronismo y el kirchnerismo nunca toleraron una lucha de carácter independiente. Los discursos de CFK contra las luchas obreras en la Panamericana eran acompañadas por las milicias de Berni en ese mismo escenario, o las patotas de Pedraza. El peronismo ha sido históricamente condescendiente con las movilizaciones que tenía bajo su control, pero represivo cuando es un proceso político autónomo de los trabajadores. No hace falta explicarlo: la lucha independiente es un cuestionamiento a la tutela política de la burguesía sobre las masas. Aunque Guernica no es Sitrac-Sitram de los 70, ni el Sutna de la actualidad, revista como tal, porque nació por impulso propio y se desarrolló hasta el final por medio de asambleas. De otro modo no se entiende por qué los politólogos de ambos lados de la grieta se preguntan si no representa un ´punto de inflexión´ para el derrotero del gobierno del Frente de Algunos. En efecto, el desalojo de Guernica plantea una cuestión bien importante, como el estado de la relación entre el gobierno y lo más profundo de las masas, al cabo de un año. Las mismas que lo votaron en respuesta al callejón sin salida en que el macrismo había puesto a los trabajadores, e incluso a la propia burguesía. Es prematuro asegurar que Guernica representa ese punto de inflexión en la situación de las masas y del conjunto de la situación política, pero es precisamente lo que hay que verificar por medio de la acción. La ocupación de Guernica ha expuesto una de las reivindicaciones más acuciantes de la pandemia y de la crisis social, que es la antigua y siempre más actual cuestión de la vivienda. La provincia de Buenos Aires está surcada de decenas de ocupaciones de tierras, a partir de familias trabajadoras que no pudieron afrontar más sus alquileres o, sencillamente, debieron encontrar una salida al hacinamiento que une en viviendas estrechas a varias generaciones de una familia. Paradójicamente, horas antes de arremeter contra Guernica, el gobierno anunciaba un programa de blanqueo de activos en dólares para quienes inviertan en emprendimientos inmobiliarios. De un lado habilitaba la adquisición, a precio de ganga, de las mismas tierras que hoy constituyen una necesidad de vida o muerte para miles de trabajadores. Del otro, levantaba una barrera de clase infranqueable contra los millones sin techo, al ratificar que el único ´okupa´ bienvenidos es el capital financiero. En La Plata, la capital de la provincia, una gran ocupación de tierras enfrenta en estas horas la hostilidad mancomunada de Kicillof y del intendente macrista Garro. Lo mismo ocurre en numerosas comunas del oeste del conurbano. Fondo Monetario El desalojo violento tuvo también otros propósitos y destinatarios. Mientras Berni se hacía transportar por helicóptero con un cronista de TN, se ponía en movimiento un aspecto del acuerdo nacional que propuso Cristina Kirchner – la presencia privilegiada del capital “mediático” en el operativo deshaucio. El ministro Guzmán, por su lado, dejaba trascender el diseño del acuerdo que teje con el FMI. Además de reciclar la deuda de 44.000 millones, espera conseguir unos 5.000 o 6.000 millones de dólares frescos, remanentes del préstamo en tramos otorgado a Macri en 2018. El Fondo, sin embargo, ha dejado trascender que, aunque los gastos sanitarios son sagrados, el financiamiento de ellos, por parte del capital financiero, requiere un ´ajuste´ y ´reformas estructurales´. El empantamiento del gobierno y del FMI no podría ser más completo, porque de acuerdo a un representante de la salud privada y de las prepagas, hace pocos días en La Nación, sería necesario un gran aumento de las cuotas que cobran para evitar una quiebra. El gobierno ya anunció dos aumentos al hilo, en diciembre y febrero. Al mismo tiempo, envía al congreso un proyecto de movilidad jubilatoria que mantiene la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y agregará, en 2021, el aumento de la edad de retiro. El impasse descomunal de toda la burguesía, gobierno y oposición, se aprecia en el aumento de la deuda pública ´local´, ahora dolarizada. Los centenares de miles de millones de pesos que ingresan a la deuda del Tesoro, muestra la enorme ´liquidez´ de los capitalistas, en medio de la espantosa ´sequía´ de los trabajadores y los sin techo. Agrega otro clavo al ataúd de la deuda pública, porque es una deuda de vencimiento muy breve que habrá que pagar en los plazos que fueron reprogamados en el acuerdo internacional. Luego del ´respiro´ el Tesoro se queda sin ventilador. El gobierno incurre, asimismo, en un delito económico penal, cuando vende bonos en poder de Anses con un descuento del 75%, para beneficio de especuladores y perjuicios para el Fondo de Garantía del organismo. Por último, asegura que de este modo frena la inflación, al absorber dinero en circulación, cuando la plata sale de plazos fijos en los bancos o venta de Leliqs por parte de los mismos bancos, dos formas de emisión monetaria. Guzmán y sus padrinos bicicletean cada vez más rápido para mantener un móvil que va barranca abajo. En resumen, a la espera de la soga del FMI, el gobierno ensaya un operativo que refuerza la carga explosiva de la deuda. En eso consiste la emisión de títulos en pesos pero atados a la evolución del dólar. El gobierno que quería crear un “mercado financiero en pesos” termina reforzando una dolarización peculiar de la deuda pública. Si encima esto ocurre cuando CFK convoca a salir del ´bimonetarismo´, la confusión oficial y el impasse político no podrían ser mayores. Acuerdo político Es re-claro que el planteo de “acuerdo nacional” de Cristina K constituye un llamado a respaldar un programa del FMI. Teme sus consecuencias sociales y políticas. Pretende repetir el apoyo legislativo casi unánime a la negociación con los fondos internacionales. Llama la atención, entonces, que en estas circunstancias Carrió primero, en compañía con Larreta y Vidal, y ahora los radicales, acepten votar por Daniel Rafecas, el candidato de CFK a la Procuración General de la Nación – un cargo vitalicio. Es el mismo juez, diez veces premiado por el sionismo, que ellos mismos habían denostado por desestimar la denuncia del fallecido Nisman contra el kirchnerismo. El nombramiento de Rafecas, además un denunciante de Irán, es el entierro de las investigaciones sobre la muerte de Nisman, lo que explica la furibunda embestida de Clarín contra los espías que habrían merodeado Puerto Madero en las horas del crimern o suicidio del fiscal. Para llegar a un acuerdo sobre Rafecas, la mano del State Department y de Israel está forzosamente atrás. El encubrimiento del atentado a la AMIA es final. No por nada AF peregrinó como buen cristiano a la Jerusalem de Netanyahu y el ministro Solá firmó el acuerdo internacional que equipara la denuncia del sionismo como antisemitismo. Este podría ser otro ´punto de inflexión´ que habrá que verificar por medio de la denuncia sin tregua. Por abajo A pesar de los propios desalojadores e instigadores, Guernica ha dejado planteado un debate político e incluso histórico impensado: la cuestión de la propiedad privada, en un país donde la colonización primero, la guerra del desierto (Rosas) después y la llamada “organización nacional” no son más que una historia sucesiva de los expropiadores del suelo. Es lo que sigue ocurriendo en el noroeste y el noreste y en la Patagonia, o en los incendios y devastaciones de humedales. A esa confiscación inicial, le siguió la del trabajo ajeno de numerosas generaciones obreras, que asisten ahora a la expulsión de sus viviendas, sus trabajos y a la mortal propagación de la pandemia. Guernica, en definitiva, puso de manifiesto la verdadera “grieta”, entre ese régimen expropiador y los explotados. Tenemos que imprimirle un carácter consciente a este profundo choque potencialmente político, por medio de la deliberación y la lucha. El reclamo por colocar a disposición de los sin techo el conjunto de las tierras públicas y privadas ociosas, de su urbanización y obra a cargo del Estado es una reivindicación fundamental. Al “acuerdo” de los cortesanos del FMI y los especuladores inmobiliarios, opongámosle el acuerdo de los que viven de su trabajo – un congreso de trabajadores, coordinadoras, autoconvocatorias.

Con un llamado a indagatoria a los ex presidentes de la FUBA, Comodoro Py revivió una causa iniciada contra la federación universitaria en el año 2015. Se trata de la mayor tentativa de criminalización del movimiento estudiantil del último tiempo, ya que pretende enjuiciar el carácter independiente del Estado que asumió la experiencia de la FUBA, desde su recuperación en 2001 hasta el 2019. La causa se abrió como respuesta a la campaña que la FUBA organizó, a finales de 2013, contra la asunción del ex subjefe de los servicios, Darío Richarte, como vicerrector de la UBA. De organizar la Franja Morada de Derecho, Richarte pasó a integrar el llamado “Grupo Sushi” y de allí saltó a integrar la cúpula de la SIDE - donde lo bautizaron como “señor 8”. La denuncia contra él volcó a un sector del aparato judicial contra la FUBA. Cruzando toda frontera en materia de lo judicializable, se imputó a dos militantes por el “delito” de representar a un movimiento estudiantil que decidió mantener su autonomía política, gremial y organizativa respecto a las autoridades y gobiernos de turno durante 18 años ininterrumpidos. La causa contra la FUBA fue siguiendo los vaivenes de las crisis políticas que atravesaron el país y tuvieron su impacto en la universidad. Pareció desvanecerse durante la guerra de servicios que envolvió al Estado nacional, y forzó a Richarte a abandonar la vicerrectoría de la UBA. Tras el desplazamiento de Stiuso y la posterior muerte de Nisman, Richarte renuncia como abogado defensor del vicepresidente Boudou y otros funcionarios K. Luego, el ex “Sushi” renuncia también a la UBA y se refugia en la Directiva de Boca junto a Daniel Angelici. Años más tarde, durante 2018, la causa reapareció al servicio del golpe con el que Franja Morada y el Rectorado de Barbieri quisieron apoderarse de la FUBA. Una huelga histórica de la universidad desbarató, en ese entonces, la maniobra fradulenta y ratificó a una lista encabezada la UJS-PO y la Mella al frente de la federación. Al tiempo, buena parte de las “pruebas” que esgrimía el fiscal Marijuan serían declaradas nulas por la Cámara, tras evidenciarse que habían sido recolectadas a través de tareas de espionaje ilegal al interior de las facultades. Hoy, cuando el movimiento estudiantil está sacudido por la completa crisis en la que la pandemia y la bancarrota económica y social han sumido a la universidad, a la educación y a la vida misma, la Justicia vuelve a la carga con el objetivo de aleccionar y prevenir cualquier principio de organización y resistencia. Causa morada La causa está escrita de principio a fin por Franja Morada. Su apertura se realizó a pedido del “denunciador serial” Ricardo Monner Sans, cuyos hijos son dirigentes de esa agrupación. Uno de ellos, Ramiro, designado por Macri como Procurador General porteño, debió renunciar tras ser denunciado por beneficiar a Angelici en el litigio por el pago de impuestos de sus bingos. Monner Sans tiene el récord de haber presentado, desde 1993, 128 denuncias en el fuero federal penal, 99 de las cuales fueron archivadas o desechadas antes de los seis meses de iniciadas, y casi 50 de ellas perecieron a la semana. En la causa contra la FUBA, Monner Sans basó su denuncia en citas textuales de las palabras de un consejero estudiantil de Franja Morada y en operaciones “periodísticas” difundidas por los portales de Sergio Szpolski, otro personaje estrechamente vinculado a Richarte y el “Coti” Nosiglia. ¿Qué es lo que se denuncia? Una supuesta “administración fraudulenta” de la FUBA, que se fundamentaría por la falta de presentación de libros contables y notificación de los congresos de renovación de autoridades a la Inspección General de Justicia (IGJ), entre los años 2001 y 2019. Desde el punto de vista legal, la causa es tan inconsistente que supone que los imputados habrían iniciado ese “delito” a los doce años de edad. La FUBA fue fundada como una federación de centros de estudiantes en 1908, al calor de los reclamos que una década más tarde darían lugar a la Reforma Universitaria. La IGJ sólo comenzó a existir en 1980, por resolución de la dictadura militar. De acuerdo con la propia causa, el Consejo Superior cedió a la FUBA un local central y espacios gremiales en las sedes del CBC en el año 1988. La memoria selectiva de los patrocinantes de la causa no les permite recordar que ellos mismos presidieron la FUBA desde 1983 a diciembre de 2001, de donde fueron expulsados siete días después del Argentinazo. Franja Morada, sin embargo, recién inscribió a la FUBA como “asociación civil” en la IGJ en el año… 2000. ¿Por qué se demoraron tanto? Sobre locales, apuntes y negocios La inscripción de la FUBA a la IGJ por parte de Franja Morada estuvo asociada a una conversión de la organización estudiantil en una caja de negocios. Antes de subirse al helicóptero, la Franja estaba empeñada en transformar a la FUBA en una plataforma comercial, usando su sello para firmar convenios de toda clase con bancos, cursos de idiomas, prepagas, empresas de turismo, etc. Fue esta actividad lucrativa la que requirió la cobertura legal de la IGJ, organismo que ellos mismos controlaban desde el Poder Ejecutivo aliancista. En las sombras, se desarrollaba otra actividad, ya no legal, que salió a la luz en esos años: la repartija de centenares de planes “Nuevos Roles Laborales”, destinados a desocupados, entre los militantes del aparato de Franja Morada que comandaba Emiliano Yacobitti. A pesar de perder el gobierno y la FUBA a manos de una rebelión popular, Franja Morada se sostuvo en el poder de la universidad. Desde allí, siguió tejiendo negocios con la privatización de las carreras, asociándose con los gobiernos kirchneristas y en particular con el ministro De Vido, padrino político del actual rector Barbieri. Años más tarde, Yacobitti sería señalado por acaparar la venta de insumos a los hospitales universitarios con jugosos sobreprecios, denuncia por la que tuvo que renunciar el ex decano de Económicas Luis Giusti. Las agrupaciones de izquierda e independientes que asumieron la conducción de la FUBA en 2001 desmantelaron los negociados armados por Franja Morada. Desde ese momento, la FUBA recuperó la función para la cual había sido fundada, como herramienta de organización de un movimiento estudiantil al servicio de la defensa de la universidad y de todas las causas populares. Los balances y congresos naturalmente se siguieron haciendo, pero no ya para rendir cuentas ante la IGJ, sino a asambleas, comisiones directivas, juntas revisoras y organismos representativos de los estudiantes. Ante el abandono de la responsabilidad del Estado de garantizar los materiales de estudio, la FUBA asumió la tarea de proporcionar apuntes baratos a los estudiantes del CBC (en las facultades, esa función la cumplen los centros de estudiantes) a través de un sistema solidario que permitió cubrir becas de un 50 o un 100% a más de 2.500 estudiantes por año. El contraste con el régimen universitario no podría ser mayor, ya que los beneficiarios de las becas “Sarmiento” que otorga la UBA se cuentan en el CBC con los dedos de la mano. Muy lejos del supuesto “monopolio” que la FUBA habría tenido en el CBC, Yacobitti y compañía no se privaron de asignarle a Franja Morada (hoy Nuevo Espacio) locales en las sedes de forma completamente discrecional, además de favorecer la proliferación de concesiones privadas, muchas veces ligadas a ellos mismos. La acusación de Monner Sans y Marijuan a la FUBA por el “delito” de proveer, en oposición a esta red lucrativa articulada por las autoridades, materiales de estudio económicos a través de la auto-organización estudiantil, le cabría a la inmensa mayoría de los centros de estudiantes del país, incluso a muchos dirigidos por la propia Franja Morada, en provincias donde aún no asumió un carácter empresarial completo. Una experiencia de lucha Más allá de las becas y apuntes baratos, la experiencia de la FUBA implicó una lucha en todos los terrenos de la vida social, universitaria y política de la juventud. La federación se volcó en apoyo a las causas populares, desde la movilización contra la Masacre de Ayotzinapa junto a estudiantes mexicanos residentes en Argentina hasta la denuncia de las atrocidades criollas contra la comunidad wichi en Formosa o mapuche en el sur; desde la lucha por justicia por Luciano Arruga a la organización de un festival en Plaza de Mayo por la absolución de los petroleros de Las Heras; desde la lucha por la democratización de la UBA y la defensa de los títulos de las carreras contra la Coneau a la denuncia del vaciamiento y la corrupción en el Hospital de Clínicas o la aceptación de los fondos contaminantes de la megaminera La Alumbrera; desde la organización de clases públicas junto a los docentes al apoyo a las tomas de los colegios por la aplicación de la ESI o contra las reformas anti-educativas como la NES y la UniCABA; desde la convocatoria a jornadas contra las redes de trata al armado de un plebiscito masivo donde 35 mil estudiantes votaron por el aborto legal, seguro y gratuito. Este despliegue golpeó a las autoridades y gobiernos de turno, empeñados en la defensa y reproducción del orden establecido. En la FUBA, morados y camporistas se coaligaron para restarle quórum a los congresos de la federación, con el objetivo de ponerle fin a esta experiencia de lucha independiente. La hostilidad de las listas estudiantiles vinculadas a los partidos patronales frente a los congresos de la FUBA fue un gran factor de educación política para toda una generación de estudiantes. Ante la falta de quórum entre 2014 y 2017, la Junta Representativa, renovada anualmente por las elecciones de los centros, fue definiendo la prórroga de los mandatos. En 2018, Franja Morada y sectores del PJ vinculados a Barbieri intentaron hacerse de la federación truchando la identidad de dos delegados. Al servicio de este fraude, la causa penal que nos ocupa volvió, como por arte de magia, a la primera plana de algunos medios de comunicación comprados para la ocasión. Pero la rebelión universitaria que se desataría semanas después desmantelaría todo este operativo y volvería a poner las cosas en su lugar. Tras asambleas, tomas y movilizaciones masivas, las fuerzas opositoras al Rectorado y el gobierno de Macri volveríamos a reunir quórum para renovar la conducción. La política de la UJS-PO frente a las contradicciones del bloque de conducción de la FUBA, fue siempre evitar que las mismas llevaran a la parálisis de la federación. Enfrentamos las tendencias a la cooptación y el integracionismo a través de una lucha por involucrar a la masa de los estudiantes en los debates y en la resolución de las acciones y posicionamientos estratégicos de la FUBA. Asambleas y congresos con miles de estudiantes debatieron problemas cruciales para la vida del país y del continente, desde la posición a adoptar frente al conflicto agrario, el pago de la deuda, el impuesto al salario o la crisis en Venezuela. La crisis que afectó al Partido Obrero llevaría a una distorsión de este método durante el último año, 2019. El pasaje de la dirección oficial a una estrategia limitada al plano electoral, desprendida de las tendencias de lucha de los trabajadores, tuvo su réplica en la UJS. La FUBA dejó de ser tomada como una herramienta de lucha para convertirse en un instrumento de diferenciación político-electoral, lo que a su turno facilitó su recuperación por parte de Franja Morada. Una pelea presente La ofensiva judicial contra esta experiencia de lucha y organización independiente no denota un fortalecimiento del régimen que la impulsa, sino su debilidad. Franja Morada y el Rectorado quieren una condena para el movimiento estudiantil, a sabiendas que la crisis en curso puede hacerlo resurgir de la mano de la lucha por la tierra, por la protección de los trabajadores de la salud o contra el retorno forzado a la presencialidad del contagio. La gestión capitalista de la pandemia golpeó a la educación y a la universidad, y a sus docentes y estudiantes, como nunca en el pasado, ante la mirada cómplice de las autoridades y su FUBA morada. La Franja buscó valerse de la pandemia para suspender hasta nuevo aviso las elecciones de centros y toda actividad estudiantil, un propósito reaccionario para el cual encontró la solidaridad del kirchnerismo y del PO oficial. Los acuerdos de aparato, sin embargo, hacen agua ante las necesidades profundas. La lucha urgente que nos convoca por el cierre de esta causa amañada por los servicios y el régimen universitario contra la FUBA es a la vez un llamado enérgico a reanudar lo mejor que nos deja su experiencia. La independencia del Estado y la organización del movimiento estudiantil junto a la clase obrera, mal que les pese a los Monner Sans y Marijuan, está a la orden del día para una juventud que observa cómo el régimen vigente hunde la vida, amenaza el presente y el futuro. Que la lucha continúe.

El próximo lunes 2 de noviembre, el Polo Obrero (Tendencia) y otras organizaciones nos movilizaremos al municipio de Presidente Perón para repudiar el desalojo represivo de las 1.400 familias de la toma de Guernica y para reclamar techo y trabajo para todos. La cita es a las 9 de la mañana en la Plaza San Martín para dirigirse desde allí al municipio de Presidente Perón. Esta movilización parte de una votación en asamblea de vecinos de todos los barrios donde decidieron seguir la lucha por el derecho a la tierra y la vivienda. Llamamos a participar a todos los habitantes de Presidente Perón a participar. La crisis habitacional nos atraviesa a todos: a aquellos que no pueden seguir pagando un alquiler, viven hacinados, sin los servicios básicos o padecen un deficiente acceso al transporte público. Hacemos responsable a Blanca Cantero de no otorgar ningún tipo de respuesta para esos vecinos. Repudiamos la represión contra las familias y decimos que el gobierno municipal, provincial y nacional son responsables. Por un plan de viviendas y urbanización integral dirigido y diseñado por la población trabajadora, que contemple, junto a la vivienda, las necesidades de espacios verdes, culturales y educativos de carácter público para la población trabajadora, no para los especuladores. Partido Obrero Tendencia - Polo Obrero Tendencia (Pte. Perón)

A la larga lista de femicidios en Tucumán tenemos que sumar lamentablemente a Paola Estefanía Tacacho, joven salteña que se había radicado en Tucumán hace varios años. Se desempeñaba como docente. El femicida, Mauricio Parada Parejas, había sido su alumno en un instituto terciario, en 2015. Desde ese momento comenzó a acosarla, llegando incluso a amenazarla de muerte. Paola radicó varias denuncias, incluso su familia lo hizo desde Salta, por el permanente hostigamiento que recibía. Tuvo que cerrar todas sus redes sociales. La única respuesta que recibió del Estado fue una perimetral que de nada sirvió para protegerla de su acosador y femicida. La familia de Paola también denuncia la impunidad con la que contaba Parada Parejas por pertenecer a una familia con influencias en la provincia. Lo amparaban bajo el argumento que padecía problemas mentales. En la provincia no logramos sobreponernos al femicidio de Abigail Riquel, niña violada y brutalmente asesinada por un vecino, que nos encontramos con este trágico final y la demostración de la profunda desprotección que vivimos. Estamos a merced por responsabilidad de un Gobierno que no sólo no toma ninguna medida efectiva sino que además ampara a abusadores, violentos y encubridores de femicidios. Despliega su brazo represivo para desalojar a familias pero no aparece cuando hay que buscar a mujeres y personas desaparecidas o proteger a las víctimas. El poder político es responsable de que sigamos sufriendo todo este tipo de situaciones. Desde Salta y Tucumán se promoverán convocatorias junto a la familia de Paola para exigir justicia y denunciar la responsabilidad del Estado. Este sábado 31 de octubre se hara en Salta una concentración en horas de la tarde y el lunes, nuevamente, en ambas provincias. Es fundamental reforzar la organización del movimiento de mujeres para desenmascar la función del Estado y de los gobiernos en este cuadro de creciente violencia contra las mujeres y niñas y avanzar con un programa que ofrezca una salida no de la mano del Estado sino de los sectores que luchan contra este régimen social.

Este lunes, a las 18 horas, nos convocamos en la plaza 9 de Julio para exigir Justicia por Paola Estefanía Tacacho. Esta jornada también tendrá lugar en la plaza Independencia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde Paola residía y fue asesinada. El pasado 30 de octubre, a las 21 horas, Mauricio Parada Parejas asesinó a Paola cuando salía del gimnasio. Como siempre, él la perseguía y acosaba a cada lugar donde ella iba. Desde hace 5 años, Parada la acosaba y amenazaba de violación y muerte. El viernes pasado,finalmente, pasó de los dichos a los hechos. En el año 2015, Parada fue alumno del terciario que funciona en el colegio Mark Twain de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El femicida primero acosos a otros docentes, pero se ensañó, particularmente, con Paola. Desde entonces,Paola lo denunció al menos 13 veces, pero todas fueron desestimadas. La única medida que se tomó fue una perimetral que nunca hicieron cumplir. Amigos y vecinos han sido testigos de la violación de tal restricción y de los acosos. En el 2017, el abogado de Paola solicitó elevar ajuicio la causa contra Mauricio Parada Parejas por violación de la perimetral y por los constantes acosos y amenazas. La respuesta de Francisco Pisa, juez del Juzgado de Instrucción III de la capital tucumana, fue sobreseer a Parada por “falta de pruebas ypara no dilapidar (malgastar) los recursos del Estado”. El Estado junto a jueces y fiscales le garantizó impunidad a Parada, lo promovió a seguir con las amenazas, mientras cajoneó 17 las denuncias que hallaron en el juzgado. Paola recorrió semana tras semana, sin parar, todos los pasillos de la justicia. Pidióa gritos que la liberaran de Parada. Hizo todo lo que te dicen que tenés que hacer: “denuncia ante la justicia” por 5 años y solo recibió impunidad por parte de la “justicia” que la condenó a muerte. Este femicidio vuelve a exponer por completo la brutalidad, el completo desprecio del Estado y sus instituciones por nuestras vidas, así como su descomposición. ¡Son el Estado y su aparato judicial los nos condenan a muerte! El Estado y el gobierno de Tucumán son responsables de este aberrante crimen y tienen que pagar. Juicio y castigo a los jueces y fiscales y funcionarios responsables y garantes del femicidio de Paola Tacacho. Frente a la impunidad de estos, planteamos su revocatoriay elección por el voto popular. Tomemos en nuestras manos la lucha contra la violencia y los femicidios, pongamos en pie comisiones de mujeres que organicen la autodefensa en las barriadas, en lugares de trabajo, que a la par discutan todas las medidas necesariasde protección y cómo se las arrancamos al Estado. Por un consejo autónomo de la mujer, electo y revocable por las propias mujeres. Ni Una Menos. El estado es responsable. Justicia por Paola.

Mientras buena parte de la prensa internacional discute acerca de los alcances de una victoria, sea de Biden o Trump, para la economía y la geopolítica mundiales, en Estados Unidos el foco está ubicado en la crisis política que podría irrumpir en la jornada electoral del martes 3 y en la disputa ulterior acerca de los resultados de las urnas. La estrategia electoral de Trump como de Biden, en la última semana, ha estado centrada en torno a esta crisis política, que se juzga inevitable. Trump ha denunciado el voto por correo e incluso la emisión adelantada del voto en sede electoral como una maniobra para organizar un fraude a favor de Biden, aunque se trate de un procedimiento consagrado en el sistema electoral norteamericano. De acuerdo a las encuestas, la mayoría de ese voto es de un electorado demócrata. En esta ocasión, como consecuencia de la pandemia ha sumado a casi cien millones de votantes, que pretenden evitar las aglomeraciones del día de la votación. En esta línea de impugnación, Trump ha llamado a sus seguidores a votar solamente el mismo martes, con la expectativa de obtener una victoria en el recuento de votos del día, para crear un clima político favorable para cuestionar los votos ya sufragados. Al mismo tiempo ha reclamado que el conteo de estos últimos se haga dentro de los tres días posteriores a la elección, aunque la fecha límite sea mediados de diciembre, cuando se debe reunir el Colegio Electoral encargado de designar al Presidente. En este marco golpista ha instruido al Servicio Postal, bajo la cobertura del sigilo, a retrasar el envío de los votos por correo. Como moño del paquete, la Corte Suprema, con mayoría de dos tercios para la derecha, ha decidido, en el caso del estado de Wisconsin, que no se cuenten los votos por correo emitidos que lleguen después del 3 de noviembre, aunque fueron emitidos con anterioridad. Se trata de una manifiesta irregularidad porque viola una prerrogativa de cada estado - ¿pero quién declara la inconstitucionalidad de una sentencia de la Corte? En 2000, una mayoría de derecha suspendió el conteo en el estado de Florida y dio la victoria al republicano George Bush, contra el demócrata Al Gore, por unos centenares de votos de diferencia. Como se ve, la Corte tiene el poder, en un régimen que se jacta de la división de poderes, de decidir quién preside el país. La interferencia de una camarilla de derecha de la Corte es una de las medidas de la crisis de régimen político que enfrenta Estados Unidos. El Financial Times advierte, ante este fallo, que “la situación puede ponerse tensa si el resultado es muy estrecho y Trump repite sus afirmaciones sin fundamentos de que el proceso está teñido de fraude”. Los últimos diez días de la campaña han sido determinados por este objetivo golpista. Trump, de acuerdo a los sondeos, se encuentra casi nueve puntos atrás de Biden, y también pierde en los estados volátiles o incluso con tendencia republicana, con alguna excepción, y hasta se vislumbra su derrota en Texas. Trump ha concentrado la campaña en algunos estados relevantes políticamente y también con peso en el número de delegados que tienen asignados al Colegio Electoral, con el propósito de crear, con victorias puntuales, un cuadro triunfalista artificial capaz de desatar una crisis política. Los discursos de Trump parecen contradecir lo que aconseja una situación dominada por una pandemia fuera de control – tanto en número de contagios como de fallecimientos, y en medio del derrumbe del sistema de salud. El llamado a desafiar las recomendaciones de los epidemiólogos, en especial del Comité de Salud norteamericano, podría acabar en una derrota catastrófica, pero es, de otro lado, una apuesta a todo o nada a la movilización fascista en la jornada electoral y en los días posteriores. Trump ha dado un apoyo al llamado a portar armas el día de la votación. Lleva hasta el final una política que no tiene retorno. Con el apoyo macizo de las corporaciones policiales, no vacila en mimetizarse en un régimen ‘bolsonarista’, que se apoya en milicias policiales y para policiales. La crisis humanitaria desatada por la pandemia ha sacudido la organización social y política del capitalismo, incluso propiciado rebeliones populares, y es recogida desde las alturas del poder político como una amenaza potencial inminente contra el sistema capitalista. El campo de Biden no ha enfrentado esta ofensiva salvo de palabra; ni siquiera ha cuestionado a la Corte Suprema, salvo una insinuación, que no volvió a repetir, de que ampliaría su número para alcanzar una mayoría propia. La oposición demócrata, incluida su nueva ala izquierda de Sanders y Ocasio-Cortez, confía enteramente en el ‘círculo rojo’, algunos ministros de Trump y por sobre todo los servicios de inteligencia y el alto mando de las fuerzas armadas que se opuso en el curso de la presente crisis a enviar tropas para reprimir las movilizaciones contra la brutalidad policial. Entre el arbitraje de la Corte derechista, por un lado, y los militares, por el otro, la democracia constitucional norteamericana se viene barranca abajo, pues renuncia a su rol histórico de arbitraje de los conflictos de clase. Cuando los medios discuten acerca de la proyección internacional de la elección, se ciñen a lo que representan uno y otro candidato, no a la crisis de régimen de la potencia líder del capitalismo. Estados Unidos va a proyectar al resto del mundo su propia crisis histórica, en especial cuando la pandemia le ha dado a la crisis capitalista características aún más catastróficas. Esta tendencia no se verá alterada ni si Biden obtiene un “landslide” o avalancha electoral.

El 8 de noviembre, Arce y el vicepresidente electo David Choquehuanca asumirán sus funciones tras la victoria del MAS con el 55,1% de los votos. Con mayoría en ambas cámaras, el MAS tomó la decisión de modificar los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el principio de la mayoría dos tercios para modificar determinados temas. Según el cambio, decidido por los parlamentarios salientes, la Asamblea podrá aprobar con mayoría simple el ascenso de cargos militares y policiales, la designación de embajadores, la creación de comisiones especiales de investigación, remitir impugnaciones contra senadores o modificar el Orden del Día. El MAS logró la mayoría parlamentaria en los recientes comicios, pero no pudo revalidar los dos tercios que ostentó en los dos últimos períodos. El Senado cuenta con 36 bancas, cuatro por departamento. Los diputados son 130, 63 son uninominales, 60 plurinominales y siete corresponden a las naciones indígenas. Para alcanzar los dos tercios en el Senado se necesitan 24 representantes, el MAS logró sólo 21. Para Diputados, es necesario 86 y el MAS logró 73. La derecha no se retira Este cambio parlamentario ha provocado protestas en Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz - se lo denunció como un “fraude” y se reclamó que Añez se mantenga en el poder. El ejecutivo de la Central Obrera de Bolivia (COB) declaró el “estado de emergencia” y duelo por 30 días, tras la muerte del dirigente y líder de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez producida por un atentado. La Federación declaró un paro nacional. Gutiérrez había formado parte de los cortes y la huelga general que depusieron los intentos prorroguistas de Añez. Huarachi, Secretario de la COB, dijo que él mismo es víctima de “persecución judicial y amedrentamiento” de parte del Gobierno de Áñez, que ha planteado en su contra media docena de juicios penales por liderar protestas en el último año. Decenas de pronunciamientos sindicales ubican la responsabilidad en el gobierno saliente en el atentado sufrido por Gutiérrez. La derecha sin vacaciones Las organizaciones fascistas, como los Comités Cívicos de Cochabamba, anunciaron que solicitarían la nulidad de las elecciones a pesar del conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los grupos fascistas se movilizaron hacia la estación de policía de la ciudad para pedir un segundo golpe. En La Paz, un centenar de personas rechazó también la elección que marca el retorno al poder del MAS. “¡Anulación, anulación, anulación!”, gritaban centenares de personas reunidas en la ciudad de Santa Cruz, centro neurálgico de un sector de la derecha fascista y secesionista, luego de que el TSE anunciara la victoria. Estas escenas se repitieron con bloqueos de calles en los últimos días, que en algunos casos, se tratan sólo de barricadas hechas con pilas de tierra y arena. El sábado, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacó con piedras y fuegos artificiales a personas que querían evitar los bloqueos. Mientras tanto, Evo Morales dijo que no asistirá el 8 a la asunción, sino que volverá el 11, y frente a la pregunta de la composición del nuevo gobierno dijo: “Hay que hacer una combinación. Clase media, movimientos sociales y regiones”.

Un informe publicado en la Revista Crisis, elaborado por el Equipo de Investigación Política (EDIPO), ahonda en los intereses y negociados detrás de los terrenos de Guernica desalojados el pasado jueves, iniciados bajo la última dictadura genocida. La propiedad de Guernica -donde pretende construirse un lujoso country con canchas de golf y lagunas artificiales-, fue adquirida por Bellaco SA el 20 de octubre de 1983, y escriturada el 24 de dicho mes. La empresa fue fundada poco antes, el 10 de mayo de ese mismo año, y fue presidida hasta su muerte, en 2013, por Cesar Emilio Pérez Pesado, apodado “Copete”. Su hijo es el actual presidente de la empresa, Gervasio Pérez Pesado. “Copete” Pérez figura como integrante del gobierno de la Junta Militar por lo menos entre 1980 y 1982. Según el Decreto Secreto 1173 de 1980, el 30/5/1980, “el señor asesor de la Subsecretaría General doctor don César Emilio PÉREZ PESADO, fue designado para acompañar al presidente Videla en un viaje oficial a la República Popular China”. (Revista Crisis, 31/10). Otra de sus relaciones fuertes era el intendente de facto de La Plata entre 1981 y 1983, Abel Blas Roman, con quien compartía el Estudio Pérez Pesado-Roman desde 1964. “Copete” dejó a sus herederos, además de los terrenos de Guernica ,“4 lotes en Berazategui, un predio en Dolores, tres propiedades en La Plata, otro predio en Pilar y 15 campos en Olavarría” (Idem). Desde 2018, Bellaco SA ha dejado de pagar los impuesto a ARBA, adeudando casi un millón de pesos. En junio 2019, hizo lo mismo con la obra social y el seguro de sus trabajadores. En Guernica se han conjugado los elementos que dejan a la luz a los verdaderos expropiadores de los trabajadores, los capitalistas, que han lucrado ininterrumpidamente con el acceso a la vivienda de los trabajadores en favor de sus intereses especuladores con la tierra. Que Bellaco SA haya adquirido las 360 hectáreas que reclama como propias en Guernica durante la dictadura demuestra la continuidad de un régimen social contra los trabajadores, ningun gobierno pretendidamente democratico desconoció estos negociados, como tampoco lo hicieron con la deuda externa que “honran” con el hambre del pueblo. El Estado “democrático” ha legalizado esta rapiña consumada bajo la represión dictatorial.

El pasado jueves 29, mientras se llevaba a cabo el desalojo del predio de Guernica, el frente de lucha integrado por el Polo Obrero Tendencia tenía previsto movilizar a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados semanas previas con el gobierno. La noticia del desalojo sacudió todos los barrios donde los compañeros están con serias dificultades para pagar sus alquileres, donde viven hacinados y donde las viviendas que construyeron se encuentran permanentemente amenazadas por las topadoras del gobierno que los acusan de “usurpadores”. Los verdaderos usurpadores El desalojo en Guernica llevó a que la movilización del Polo Obrero Tendencia junto a la OCR y otras organizaciones se refuerce aún más porque fue el derecho a la vivienda misma el que se puso en juego aquel día. La movilización de esa tarde empalmó con el reclamo en Guernica, porque al tiempo que el gobierno montaba una campaña mediática contra las familias de Guernica poniendo en duda la veracidad de sus necesidades, miles de desocupados coparon las calles denunciando que el mismo gobierno incumplía con los acuerdos de asistencia alimentaria y subsidios al parado para miles de desocupados de todo el país. La jornada fue emocionante y los ánimos de lucha estaban encendidos en todos los barrios. Durante la movilización se abrieron debates entre los compañeros sobre lo sucedido ese día. Todos los compañeros de los barrios saben de qué se habla cuando se está hablando de hacinamiento, viviendas precarias y amenazas de desalojos. La conclusión era una sola: los verdaderos usurpadores son los gobiernos que nos usurpan del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda digna. La movilización La columna del Polo Obrero Tendencia que movilizó en capital fue la más grande en su historia, a pesar de que una delegación importante se quedó en Guernica. El crecimiento de la organización se ve día a día en la cantidad de compañeros que se suman a movilizar con nosotros. Sólo este crecimiento y esta combatividad de los compañeros y compañeras explica el rápido triunfo que alcanzamos en los reclamos que llevamos a los funcionarios del gobierno en materia de asistencia social. Pero la movilización no se desactivó con este triunfo. Los ánimos de lucha daban para más y la marcha se encolumnó hacia la Plaza de Mayo para hacer un acto. En el acto hizo uso de la palabra la compañera Eva Gutiérrez, quien realizó un discurso vibrante y desarrolló un planteo de fondo sobre la situación de los trabajadores desocupados. Eva destacó la importancia de la defensa de las familias de Guernica. “Lo que estamos haciendo ahora es repudiar el desalojo ante la Casa Rosada. Y que no vaya a haber un crimen como resultado de esto. Porque ya sabemos los piqueteros lo que tenemos que hacer. Porque no les perdonamos ni Darío Santillán, ni Maximiliano Kosteki, ni les perdonamos Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, no les perdonamos Mariano Ferreyra”. En el interior del país se hicieron diversas movilizaciones por los mismos reclamos. En Tucumán, El Dorado (Misiones), Santiago del Estero, Mendoza, Pergamino, San Juan, Salta y otras regiones el Polo Obrero Tendencia llevó a cabo similares jornadas de lucha con la misma intensidad. Lo que viene Guernica puso al desnudo la Argentina que se viene. El país se encamina hacia un gran Guernica nacional. No sólo con el problema de la vivienda, sino también con la falta de trabajo y el hambre. En la movilización, los compañeros debatían que todo recuerda al clima de saqueos a supermercados que predomina cerca de los finales del año, que no es otra cosa que otra explosividad social como la de Guernica pero llevada al terreno de la falta de alimentos. El clima de rebelión y estallido social va llevar a que las masas sopesen el rol de todas las organizaciones sociales que desarrollan su actividad en los barrios. Desde el Polo Obrero Tendencia apostamos a que la organización de los compañeros de los barrios por sus reivindicaciones sea el medio con el cual se liberen de la extorsión y la opresión de los punteros, que pretenden somenter a los desocupados con un plato de comida o un plan social. Las nuevas conquistas que obtuvimos deben servirnos como un arma para sacarnos de encima a los punteros de todos los barrios, que son emisarios de los gobiernos, y tener la posibilidad de organizarnos genuinamente para debatir todos nuestros reclamos con la mayor libertad. VER MÁS PLAZA DE MAYO 29/10/2020

Se trata de 300 familias las que llevan casi dos meses de lucha por el derecho a un techo propio en la zona cercana a Tierras Argentinas, bautizado “Nueva Argentina”, en un predio de tierras fiscales que se encuentran completamente ociosas. Como en Guernica, y en tantos puntos de la provincia y el país, la ocupación de tierras se convierte en el último recurso para poder obtener la vivienda propia y, a su vez, sobrellevar en condiciones sanitarias acordes la pandemia. De hecho, algunas familias ya se encuentran viviendo allí. Se ha establecido una organización con coordinadores por manzana y un censo organizado por las propias familias. En la toma funciona un merendero durante varios días de la semana que se sostiene con donaciones de las diferentes organizaciones solidarias con la toma. Los vecinos han sufrido aprietes y detenciones de la policía bonaerense, ante lo cual han realizado cortes de calles y movilizaciones hacia el Municipio. El mismo día que desalojaron brutalmente a los vecinos en Guernica, miembros de la Policía Federal acudieron a la toma a realizar un “censo” que fue interpretado como una posibilidad concreta de desalojo de los vecinos quienes decidieron intensificar la guardia esa noche. Al día siguiente, vecinos de la toma participaron de la movilización por los 6 meses de la desaparición y muerte de Facundo Castro y tomaron la palabra durante el acto que convocaron los sindicatos de SUTEBA, ADUNS y la izquierda. La primera respuesta del Intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio) ante la toma fue la amenaza de retirar la asistencia social a todas las familias de la toma. Recientemente el secretario de Seguridad Emiliano Álvarez Porte afirmó en referencia a la toma que "desde el gobierno provincial y nacional están financiando a estos delincuentes". El desalojo en Guernica revelaría luego que el gobierno de Kicillof, para satisfacción de este funcionario antiobrero, siquiera otorgó el subsidio de $50.000 a los vecinos de Guernica, aunque si los consideró como “delincuentes” y por eso los desalojó con la policía y topadoras. Kicillof estuvo en Bahía Blanca ese día, afirmando que “el desalojo en Guernica se hizo con todos los cuidados posibles” y sin decir una sola palabra sobre la crisis de vivienda en nuestra ciudad. La criminalización y represión es la única respuesta que el Estado a través de sus diferentes gobiernos ofrece ante la enorme crisis habitacional. Esta toma no ha sido la única en la ciudad en el último tiempo. En 2019, 400 familias ocuparon tierras en el Barrio Spurr. En Bahía Blanca se estima que el déficit habitacional supera las 13000 viviendas y un cuarto de la población tiene que alquilar. Quienes quieren convertir y esconder la enorme crisis habitacional se olvidan que las barriadas bahienses “nuevas”, sobre la periferia de la ciudad, se han asentado en la mayoría de los casos a partir de tomas de terrenos: Villa Miramar y 9 de Noviembre en los años 70, Villa Nocito, Villa Delfina y Loma Paraguaya en los 80 y en los 90 se constituyeron las barriadas en Bordeau, Villa Caracol, Talleres. Todos ellos y un total de 24 en la ciudad están hace años a la espera de obras de urbanización urgentes y tienen continuos problemas con la provisión de agua y con las calles anegadas. ¿Defensa del techo propio y la salud o la especulación inmobiliaria? Los vecinos de la toma de Don Bosco han recuperado tierras abandonados, convertidas en un reservorio de basura, limpiándolas y loteándolas. Allí el Estado bien podría implementar un plan de vivienda y urbanización bajo control de los vecinos que además opere como fuente de trabajo y así con todo el suelo urbano que sea un baldío abandonado o se encuentre ocioso y que solo se preservan de esa forma con fines de especulación inmobiliaria. Es tarea de todas las organizaciones obreras y populares acompañar y rodear de solidaridad esta lucha, que después del desalojo brutal en Guernica, se encuentra en un momento clave. Por la satisfacción de los reclamos de vivienda propia de todas las familias de la toma de Don Bosco. Ninguna criminalización, desalojo ni retiro de la asistencia social. Por la entrega por parte del Municipio de baños químicos, materiales sanitarios y de construcción con créditos a tasa cero para los vecinos. Por un censo integral de todas las necesidades habitacionales de la ciudad. Por un plan de vivienda popular y urbanización, bajo control de los trabajadores. ¡Viva la lucha por la vivienda y la vida!

La asamblea de autoconvocados del plan Fines de CABA convocamos a marchar, junto a los estudiantes del plan el próximo jueves 5, a las 12 hs, desde el Congreso (Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia) al Ministerio de Educaciónde la Nación, pasando por la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo de derechos estatutarios para la docencia, continuidad del Plan Fines, conectividad y dispositivos para nuestrxs estudiantes y presupuesto para las sedes. La medida fue discutida y decidida en una Asamblea autoconvocada abierta a docentes y estudiantes. El mismo día marcha la asamblea de autoconvocados Fines de Provincia de Buenos Aires por reclamos jurisdiccionales propios (continuidad de PIEDAS sin contraprestación, convertido en seguro docente, No al ATR, SAE para terciarios y becas para todos/as) y compartiendo consignas de lucha común. Es necesario impulsar y fortalecer las asambleas autoconvocadas frente a la inacción cómplice de las direcciones sindicales como la Ctera, UTE y SUTEBA. Debemos coordinar las luchas de todos los sectores precarizados de trabajadores por fuera de todo sectarismo autoconstructivo para derrotar el plan de ajuste que todos los gobiernos impulsan bajo la guía del FMI agudizando aún más el aumento criminal de la pobreza de las que el Estado y la burocracia sindical obtienen ganacias y privilegios, sobre todo en las villas donde el Plan Fines es una herramienta que garantiza el derecho a la educación pública a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es a esos sectores a los que se los quiere someter a una educación precarizada y precarizante para quienes ya viven en la precariedad!!

Luego de una asamblea del sábado por la tarde donde se planteó una serie de iniciativas para continuar la enorme lucha de las familias de Guernica, esta mañana se movilizaron más de 700 vecinos junto con organizaciones sociales a la Municipalidad de Presidente Perón. Una enorme columna partió desde la Plaza San Martín y en el camino se juntó con otra columna de vecinos sobre la ruta 210 confluyendo en un único canto: “A ver Cantero, a ver si nos entendemos, los vecinos de Guernica estamos resistiendo, queremos las tierras y vamos a luchar y los negociados los vamos a tirar”. Es que los vecinos han sacado una conclusión fundamental: el gobierno provincial y el de Blanca Cantero no han dado ni una sola respuesta a los pedidos que motivaron la toma. Para colmo, el gobierno ha cerrado los pocos clubes que puso a disposición luego de la feroz represión de Berni y Kicillof, expulsando a las familias, nuevamente, a vivir en la calle. El club Juventud, por ejemplo, funcionó la primera noche y luego cerró. Al momento de escribir estas líneas, ninguno de los ocho vecinos que fueron votados para representar a las familias movilizadas fueron recibidas por algún funcionario de la municipalidad, manteniendo la misma línea “antidiálogo” expresada por Cantero desde el inicio de la Toma. Mientras el gobierno intenta responsabilizar a los propios vecinos de haber tirado gases lacrimógenos durante la represión y hasta cayendo en el ridículo (Kicillof) de desparramar por todos los medios diciendo que la policía Bonaerense no quemó ninguna casilla, las familias trabajadoras retoman un plan de lucha pocas horas después de haber sido salvajemente reprimidas. La fortaleza no parte de la nada. Varios de los testimonios recogidos durante estos días posteriores relatan la negativa de los vecinos en no depositar ninguna salida en un gobierno que los ha macaneado estos tres meses. Las acciones de los vecinos continúan, la asamblea del sábado 31 planteó también una movilización a La Plata para el próximo miércoles dando continuidad al plan de lucha. La jornada está terminando con la organización de una olla popular en las puertas del municipio para seguir discutiendo las medidas que lleven adelante el principal reclamo de los vecinos: tierra y vivienda para todas las familias. El Partido Obrero Tendencia apoya todas y cada una de las medidas votadas en la asamblea general de vecinos. Por un plan de viviendas y obras públicas bajo control de los trabajadores, creación de un banco de tierras que sean transferidas a los vecinos para la construcción de viviendas con salarios bajo convenio. Planteamos, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, que destine todos los recursos para satisfacer todos estos reclamos.

Estados Unidos atraviesa una crisis impresionante. Fruto del impacto de la pandemia, los despidos, la falta de alimento y los desalojos han aumentado enormemente. Los despidos en las grandes corporaciones, como Disney, la empresa de defensa y aviación Raytheon Technologie ,y Boeing, suman decenas de miles. En el caso del gigante petrolero ExxonMobil, está recortando 1.900 puestos de trabajo,a pesar de que las petroquímicas fueron beneficiadas con 5 mil millones de dólares por la Ley Cares. Aunque han bajado las solicitudes de desempleo al mínimo registrado en pandemia, el número de desocupados es muy alto,triplicando los registros anteriores al avance del virus. Desde que empezó la recesión, debido al Coronavirus, en el país se perdieron 10,7 millones de puestos de trabajo. Falta de alimentos y política alimentaria Otra situación acuciante es la falta de alimento. Según el Centro de Investigación y Acción Alimentaria, la cantidad de personas que la sufren superó los 29 millones en julio. Este número representa casi el 9 % de la población de Estados Unidos. Forbes señala en una informe que las familias negras e hispanas tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los hogares blancos de tener problemas con la comida y que casi cuatro de cada diez hogares negros están experimentando inseguridad alimentaria. Dado que la llamada población ‘blanca’ es mucho más numerosa que otras, el peso de la crisis alimentaria sigue recayendo en los trabajadores blancos. El Congreso norteamericano proporcionó asignaciones de emergencia para el programa nacional de cupones para alimentos (conocido como "SNAP") como parte de la Ley de Respuesta al Coronavirus. Sin embargo, alrededor del 40% de los hogares que reciben la SNAP, con ingresos mínimos o nulos, no vieron ningún aumento en sus en sus beneficios mensuales. Asimismo, se ha impuesto una serie de trabas para limitar la capacidad de las familias sin niños para recibir la ayuda, lo que habría provocado que aproximadamente 700.000 personas perdieran el acceso a los beneficios de la SNAP. La “avalancha” de desalojos Diez mil familias enfrentan el inminente desalojo de sus hogares desde principios de septiembre, según informa la cadena de noticias NBC News. A su vez, el mismo informe subraya que aproximadamente de 10 a 14 millones de hogares -equivalente a 23 a 34 millones de personas- están atrasados en el pago del alquiler al 14 de septiembre, de acuerdo con un informe publicado por el Consejo Nacional de Agencias de Vivienda del Estado. Eso equivale a entre u$$12 y u$$17 mil millones en alquileres impagos, aunque se calcula que en enero la cifra llegaría alrededor de los u$$34 mil millones de dólares. Según datos recientemente publicados por el Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, Milwaukee, Wisconsin, los desalojos aumentaron un 37% con respecto al año pasado.La Oficina Administrativa del Tribunal Estatal de Michigan estimó, asimismom, que cuando la moratoria estatal llegue a su fin en este mes, se presentarán 75.000 desalojos. Solo en la ciudad de Nueva York, una coalición de defensores estimó que se presentarán 50.000 desalojos una vez que finalice la moratoria estatal del gobernador Andrew Cuomo (BBC, 7/8). De concretarse, estos desalojos abrirían una crisis habitacional fenomenal en muchos estados. La moratoria federal se cumple en solo un tercio de los casos debido a la presión de las grandes agencias inmobiliarias, muchas de ellas con lazos estrechos con los grandes pulpos financieros. Tanto organismos estatales como organizaciones sin fines de lucro indican que lo que ha generado esta situación, la pérdida de empleos y la disminución de ingresos, ya que se calcula que 12.6 millones de personas sufrieron un ajuste en sus ingresos desde que empezó la pandemia. Viendo estos números se puede llegar a la conclusión de que, evidentemente, las elecciones no cerrarán la crisis. VER MÁS Por qué el fracaso de Joe Biden crea una crisis política enorme

La primera y la segunda ola de reaperturas de escuelas a nivel mundial, lanzadas en junio y septiembre, respectivamente, tienen actores e intereses comunes. El Banco Mundial, la OCDE, UNESCO y ONU, entre otras organizaciones internacionales multilaterales que representan claramente los intereses mundiales del capitalismo, les han marcado el rumbo a seguir a los gobiernos nacionales. El “Marco para la reapertura de las escuelas”, dictado por la Unesco en junio pasado, exigió reabrir las escuelas para ‘garantizar el desenvolvimiento social’ que permita que el circuito de la economía mundial pueda reactivarse. No prosperó debido al alto ritmo de contagio de la Covid y a la resistencia de amplios sectores docentes y de las familias de alumnos. La segunda ola de reaperturas de escuela ocurrió en septiembre. Los cuatro ejes prioritarios fueron: “funcionamiento seguro de las escuelas, foco en los aprendizajes, bienestar y protección y llegar con la educación a los más vulnerables”. Sostenían “que las escuelas no se han asociado con aumentos significativos en la transmisión comunitaria”, y que “los cierres de escuelas han tenido cada vez más claros impactos negativos en […] los ingresos familiares y de la economía en general”. El “poco aumento de transmisión viral” fue desmentido por el alto contagio de coronavirus. En todos los continentes se cerraron escuelas que habían sido abiertas. Esta reincidencia al fracaso demuestra que el sistema capitalista mundial no puede funcionar sin exponerl a la población al contagio masivo. La Iglesia Una de las particularidades de esta segunda ola de regreso a las escuelas a nivel mundial es que la Iglesia se ha jugado a fondo por la reapertura. No es de extrañar, ya que administra en todo el mundo una buena porción de la educación privada y público-privada. La Iglesia se ha sumado al pedido de reabrir escuelas “para que los más humildes puedan recibir educación”. Para eso ha convocado al empresariado clerical educativo y a los padres. El empresariado clerical educativo es piedra basal de apoyo en el pedido de regreso a las escuelas. Asistimos en varios países del mundo a un “pedido de padres” por el regreso a las escuelas. Se busca armar una base de masas para el libertismo fascista. ¿Y en Argentina? El Consudec (Consejo Superior de Educación Católica) ha dispuesto organizar a “las familias y padres de los estudiantes”. Han organizado caravanas el pasado sábado 24 en algunas provincias y desarrollaron un “Encuentro Nacional de Familias por la Educación”, días más tarde. Consudec ha conquistado el apoyo de fundaciones y asociaciones civiles, desde donde se busca soluciones “innovadoras” para la educación. En tanto, Faera (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina) está pidiendo “con urgencia” el regreso a la presencialidad “parcial” en todo el país; aún en aquellas provincias donde los sistemas de salud están colapsados. Ambas son un punto de apoyo importante para la política de Trotta y el Consejo Federal de Educación, que nuclea a todos los ministros de Educación del Interior. Es tarea de la docencia organizarse para combatir estas corrientes y defender el no regreso a las escuelas, en resguardo de la salud y la vida. Como está sucediendo en Caba, donde docentes y padres se están organizando para rechazar las “burbujas” educativas que ya cuentan con varios contagios.

La planta de esta empresa instalada en Florencio Varela continúa tomada por sus trabajadores desde el pasado jueves 22 de octubre. La decisión fue tomada en asamblea como respuesta a la extorsión que la patronal buscó imponer con un louck out medidas flexibilizadoras, desconociendo aumentos y otras conquistas logradas por los trabajadores con asambleas y paros. La patronal no ha depositado la última quincena aún, por lo que las 200 familias se sostienen con la olla permante en la planta. El ánimo de sostener la toma es firme porque saben que con éstos mismos métodos de lucha le han ganado a la empresa varias conquistas, como el protocolo de trabajo bajo la pandemia, el pago de un bono de $6.000 mensual para todos sin excepción, descansos de 20 minutos entre cada tarea pesada, el comedor y el reconocimiento de categorías. Ante la amenaza de despido, los trabajadores pararon la producción hasta reincorporar al compañero. Está experiencia es invariable y muestra que la lucha rinde. La UOM seccional, bajo la presión de esta lucha, ha convocado a plenario de delegados para el próximo lunes 2/11. Llamamos a los trabajadores a rodear de apoyo y solidaridad a ésta lucha, para pararle la mano a ésta multinacional y a todas la patronales flexibilizadoras. Por la defensa de las conquistas arrancadas, por el pago inmediato de lo adecuado a los trabajadores, defensa de la categorías, basta de flexibilización! ¡Viva la lucha de los trabajadores de Gri Calviño!

La toma de Guernica ha concentrado todos los elementos que caracterizan a una crisis humanitaria. Familias desahuciadas, sin trabajo ni posibilidad de pagar un alquiler, que desesperadamente intentan escapar del hacinamiento en resguardo de su salud, y, en definitiva, de sus vidas. Esto es lo que la pandemia ha desnudado por completo. Lo ocurrido en el partido de Presidente Perón es una tendencia que se ha acentuado durante el último periodo. Por caso, en las ciudades de Rosario se han desalojo 167 de tomas de tierras. Actualmente, más de 200 familias inastaladas en el predio de Magaldi sin ningún servicio público esencial a disposición, se encuentran amenazadas de ser ejecutados de estos lotes. En la ciudad de Santa Fe han se han desarrollado procesos similares este año, como el desalojo de 15 familias de Barrio Transporte, al norte de la ciudad. Asimismo, ante el violento desalojo de Berni, la ministra Silvina Frana se comprometió a no repetir sus métodos. Esta serie de contradicciones manifiestan la profundidad de la crisis, y la conciencia de que la ejecución generalizada de estas acciones puede desencadenar una respuesta popular de dimensiones. Lo cierto es que ha quedado de manifiesto los intereses sociales que defienden los gobiernos de turno. Una recién investigación sobre la propiedad de territorios isleños que han sido incendiados durante los últimos meses, revelan los negocios capitalistas ganaderos e inmobiliarios con nombre y apellido de quienes lo llevan a cabo. Es el caso de Marioni, hacendado entrerriano, que tiene en disputa estos pagos contra la Municipalidad de Rosario, los cuales habrían sido donados a la misma por parte de un tercero de apellido Deliot. Sobre el dominio de estas tierras no hay nada, solo una serie de boletos de compraventa que datan de decenas de años . Es el mecanismo clásico de apropiaciones privadas de patrimonios en algún momento lo fueron del Estado. Dicho de otra forma, los verdaderos usurpadores son legitimados por el mismo Estado capitalista. Este mismo hacendado ha sido beneficiado con la falta de mérito por incendios deliberados, a pesar de la existencia de elementos de prueba suficientes para demostrar su autoría. Estas maniobras de “autoabsolución” de la clase social responsable del cambio climático, la deforestación indiscriminada y prohibida de bosques nativos y la orquestadora de las mayores vejaciones sobre la naturaleza, no podrán encubrir su rol destructor ni su responsabilidad social sobre la pandemia. La lucha por el derecho a la vivienda, en el marco del colapso social actual, pone de relieve en su punto más alto la incompatibilidad de la vida de millones de familias con el régimen social capitalista.

Hace tres años atrás, 60 familias compraron un terreno en el barrio Stone de Escobar, por los cuales les entregaron un boleto de compra-venta. A partir de ese momento, con mucho esfuerzo, se dieron a la tarea de levantar sus viviendas. De a poco, a base de mucho trabajo y de solidaridad entre las vecinas y los vecinos, fueron convirtiendo el sueño de la vivienda propia en una realidad. Este año, en el marco de la profunda crisis económica y social, las condiciones de vida de estas familias obreras, como el resto de las y los trabajadores, se recrudecieron velozmente. Por lo que decidieron abrir un merendero en el barrio, el cual sostienen de manera independiente al Estado y asiste alimentariamente a mas de 100 niñas y niños por día. En dicho contexto, las familias recibieron hace una semana un aviso del Juzgado N°3 de Escobar, a cargo del Juez Marino; en el cual se les notifica de un “desalojo” para el 3 de noviembre. El predio de 5 hectáreas donde se asienta el barrio sería propiedad de Carlos Costa, hermano del diputado del PRO Roberto Costa y tío del actual edil escobarense Leandro Costa, quien es un viejo conocido en Escobar por sus negocios inmobiliarios. Las familias decidieron emprender la batalla en defensa de sus viviendas, las cuales hace años y a fuerza de trabajo, vienen construyendo. Por lo que en primera instancia fueron a presentar el problema al intendente Ariel Sujarchuk, a través de una movilización al Municipio, quien no los recibió. Quien atendió a las familias fue “Beto” Ramil, el secretario general del Municipio, quien declaró al gobierno municipal impotente frente al problema ya que se trataba de un terreno “privado”. Ante la negativa del gobierno municipal, las y los vecinos del barrio Stone decidieron no quedarse de brazos cruzados. Realizaron dos cortes en Panamericana exigiendo que sea atendido su reclamo frente a la estafa y, por supuesto, en rechazo al desalojo. Fue recién en el segundo corte, que duró más de cuatro horas, que el gobierno municipal decidió convocar a una “mesa de dialogo” a las y los vecinos para el lunes 2, en Desarrollo Social de Escobar. Para sumar fuerzas, las familias convocaron a una asamblea en la cual se hicieron presentes más de 100 personas del barrio y delegaciones de distintas organizaciones, para apoyar su reclamo contra del desalojo. Hasta ahora, ningún funcionario municipal se acercó hasta el lugar. Solo a través de la unidad de las y los trabajadores podremos encontrar una salida frente a un Estado impotente que no tiene más que desalojos y represión para enfrentar la brutal crisis habitacional que quedó mayormente expuesta con la cuarentena. En Escobar, con mas de 250.000 habitantes, no existen planes de viviendas ni proyectos de urbanización para los asentamientos y barrios precarios del distrito. Con la dolarización de los terrenos, se hace imposible acceder a uno, lo que representa un absoluto ataque a las condiciones de vida de las y los trabajadores. El gobierno de Ariel Sujarchuk (TODOS) y “los Costa” (PRO), comparten y priorizan el mismo objetivo: la proliferación de countrys y barrios privados; al igual que la defensa de los intereses privados y patronales por encima de las necesidades más urgentes de las mayorías trabajadoras del distrito. El acceso a la vivienda es un derecho de primera necesidad que debe garantizar el Estado. Sujarchuk debe atender inmediatamente esta situación de las familias del barrio Stone, asi como la situación de emergencia habitacional de la mayoría de los barrios obreros del distrito.

Un conflicto en una repartición estatal y la relación entre dos de sus trabajadoras conforman el escenario en el que Rosario Bléfari protagonizó su última película antes de fallecer en julio de este año. Bléfari, más conocida como cantante del grupo Suárez, pero también actriz y escritora, se despide del público en Planta permanente, el film dirigido por el tucumano Ezequiel Radusky, su segunda obra luego de debutar con Los dueños, codirigida junto a Agustín Toscano. Lila (Liliana Juárez) y Marcela (Rosario Bléfari) trabajan en el área de maestranza en un gran edificio de una repartición estatal. Su relación de cercanía es tan grande que Yanina (Nina Suárez), hija de Marcela y también trabajadora de la repartición, es ahijada de Lila. Las dos mujeres comparten no sólo su amistad en el ámbito laboral. Pero, sobre todo, comparten además la administración de un comedor en un recoveco vacío de la repartición que les brinda el favor de sus compañeros de trabajo que ahorran dinero en sus almuerzos, sino y les provee de un sobre sueldo. Esto funciona hasta que llega la nueva Directora (Verónica Perrotta) con un plan de ajuste que incluye el despido de trabajadores y una estricta reorganización de las relaciones laborales. Entre otras de decisiones, toma la de cerrar el comedor de Lila y Marcela y su política antiobrera las alcanza de manera directa. La nueva situación produce un distanciamiento severo entre las dos amigas, cuyas consecuencias explora la película. El film señala algunos conflictos que tienen la mayor actualidad, como el ajuste dirigido a los trabajadores y sus consecuencias en la vida personal. Si la reacción contra el ajuste se muestra como latente, sobre todo sucede que son las relaciones personales que eclosionan ante el ataque. “Planta permanente” señala también un cuestionamiento sobre la “sororidad”, cuando la Directora es un personaje que no hace diferencias a la hora de ajustar. En julio de 2020, Bléfari -que protagonizó películas que marcaron el Nuevo Cine Argentino como “Rapado”, de Martín Rejtman- murió de cáncer en la casa de sus padres en La Pampa. “Planta permanente” es una buena despedida fílmica que explora una parte de nuestro mundo, el de la intimidad de los trabajadores bajo ataque.

El pasado lunes 19, se reunió la comisión directiva del CEUNGS (Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento), que integran el Frente Todos (El Puente y el FUNYP, ambas conformadas por agrupaciones del peronismo), en la presidencia y la secretaría general, respectivamente; Uniidad Estudiantil (La Cámpora) y el FEI ( PTS, Izquierda Socialista El Yunque y el MST). Según el acta publicada por la presidencia, la reunión trató un único punto: las elecciones de centro. Para el caso, elaboró una resolución que plantea la postergación de las elecciones hasta que regresen las actividades presenciales en la UNGS y prorrogar el mandato de la actual comisión directiva. Según la información difundida por la presidencia del Centro, la moción fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de la izquierda. La comisión directiva del CEUNGS suele sesionar a puerta cerrada, impidiendo que los estudiantes participemos en las reuniones. En esta ocasión, la comisión directiva hizo una excepción y decidió dejar entrar a algunas agrupaciones estudiantiles con el objetivo de legitimar la auto-extensión de su mandato. Este burdo intento de legitimación omite algo elemental: el centro de estudiantes lo votan los estudiantes, no las “agrupaciones”. En un marco de excepcionalidad el centro de estudiantes debería funcionar con consultas permanentes a los estudiantes a través de asambleas y reuniones de CEUNGS abiertas a todos. Durante todo el año, el CEUNGS solo se reunió tres veces, siempre a puertas cerradas, y en ninguna de esas reuniones se discutió cómo salir a pelear por las condiciones de los estudiantes para poder llevar adelante la cursada. Desde el inicio de la cuarentena y la modalidad virtual, los estudiantes y los docentes nos encontramos limitados a acceder la conectividad. La universidad no ha garantizado un solo dispositivo para poder destrabar esta situación y el CEUNGS ha sido fundacional, sin poner en cuestión al Estado o la gestión universitaria. El centro de estudiantes debe funcionar como un aglutinador de los reclamos estudiantiles y como organismo que convoque al debate y a la lucha por las reivindicaciones estudiantiles. El CEUNGS, hoy con el peronismo a la cabeza, es la rueda de auxilio de la gestión universitaria sin presentarle un solo reclamo estudiantil.

El pasado miércoles 28 la burocracia sindical kirchnerista de Conadu y Fedun firmó la paritaria del 7% que propuso el gobierno FF. Apurado por homologar el 7% para el conjunto de los estatales nacionales -tributo al programa de ajuste que está discutiendo con el FMI-, el gobierno encontró resistencia entre la docencia universitaria, que venía dando lucha con paros nacionales cada vez más fuertes. El punto crítico de este proceso fue el congreso de Conadu de ese mismo miércoles, en el que la burocracia tuvo que recurrir a diversas maniobras fraudulentas para hacer aprobar la propuesta oficial (cambio de mandatos, impedir que determinadas asociaciones votaran, asociaciones sin mandato de asambleas, etc.). Aún así, logró una votación ajustada, expresión del profundo rechazo en la base docente. Varias de las asociaciones de base más grandes de esa federación (Rosario, Córdoba, Mar del Plata, entre otras) habían rechazado el 7% en forma contundente. Algunas incluso venían sumándose a las acciones de lucha votadas por Conadu Histórica (como la COAD). El fraude de la directiva de Conadu, en su apuro por firmar, evidenció un proceso de dislocamiento de esta burocracia en el marco de la crisis nacional. El burócrata De Feo hizo agregar al acta un párrafo que quedará en la antología de la entrega sindical: dijo que firma esta capitulación “como una expresión de apoyo a un gobierno que no ha dejado de ocuparse en atender la situación de quiénes más sufren”. Por su parte, en lugar de aprovechar este crisis para quebrar a la burocracia por medio de una acción enérgica, la directiva de Conadu Histórica (PCR) impuso en el Plenario de Secretarías Generales del viernes 30, una orientación de enfriamento: una jornada de lucha sin paros para el próximo viernes 5/11. La moción fue votada por 13 asociaciones contra 8 que tenían mandatos de continuar con medidas de fuerza, entre ellas, las más numerosas (AGD-UBA, ADIUNT, Litoral). En el Plenario se debatió también cómo abordar la crisis de la otra federación. Desde la Agrupación Naranja Tendencia habíamos impulsado la convocatoria conjunta a un congreso o plenario de delegados de base, para profundizar el plan de lucha con un paro de 72 horas. Esta propuesta fue discutida en varias asambleas y llevada como moción al Plenario por ADIUNT. El PCR y la Verde, en cambio, contrapusieron una exploración “por arriba” de posibles acuerdos con los sectores ´díscolos´ de la otra Conadu. La firma del 7%, sin bono de compensación de gastos, sin fondos para capacitación gratuita, sin fondos para las obras sociales, sin presupuesto para los supuestos ascensos de categoría, y en medio de una devaluación en marcha, objetivamente no reúne los requisitos para evitar que la docencia universitaria abandone la lucha. Desde la Agrupación Naranja (Tendencia) planteamos la necesidad de continuar el plan de lucha. Que se convoquen asambleas de base en todas las asociaciones de base y que se convoque a un congreso de Conadu Histórica con invitación a todas las asociaciones de base de las otras federaciones que quieran seguir luchando. Impulsemos agrupamientos y Asambleas por el rechazo, la continuidad del plan de lucha y un Congreso nacional con mandatos. Llamamos a coordinar esfuerzos para desarrollar esta perspectiva.

En el último día de elecciones, la pandemia llega al peor momento en Estado Unidos. En un solo día se registraron más casos que en los primeros tres meses (abc, 3/11). Hasta ayer hay 9.268.896 casos confirmados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia en los Estados Unidos y 231.353 muertes, según Johns Hopkins. Al menos 31 estados han establecido nuevos récords de casos promedio diarios en la última semana, con algunos de los más afectados ahora en el Medio Oeste de importancia electoral y el llamado “rusty belt” (cinturón de óxido en su traducción al castellano), y muchos estados ahora están reimponiendo restricciones en un esfuerzo por reducir la propagación. En esos estados se definió la elección de 2016 a favor de Trump. Se decide hoy presidente en “Una nación con casi un 8 por ciento de desempleo y de luto por más de 231.000 muertes por Covid, donde cuatro de cada cinco estadounidenses dicen sentirse nerviosos por el futuro del país”, dice el New York Times (2/11). Hay 12,6 millones de desocupados, cinco millones más que en 2016. Esto es a pesar de los 2,2 bllones de dólares de ayuda a las empresas, y se espera una caída de 2,5% del PBI (ídem). La crisis sanitaria ha moldeado las elecciones, que se desenvuelven en el marco de una crisis política. Más de 90 millones de estadounidenses ya votaron por correo o personalmente. La mayoría de los estados de todo el país informan de una participación récord en las votaciones anticipadas este año. El proceso de votación por correo implica que los trabajadores del correo tendrán que sacar manualmente las papeletas de sus sobres y verificar si son válidas antes de que puedan introducirse en las máquinas de tabulación. Muchos han advertido que es posible que el proceso de escrutinio no se complete el día de las elecciones, lo que retrasa los resultados. Esto ha generado muchas denuncias de fraude. Durante las últimas semanas Trump atacó la votación por correo, amenazó con movilizar a los fascistas a las urnas y los republicanos trabajan horas extras para privar del derecho al voto a tantos votantes como sea posible. Manejo de la pandemia La mayoría de las encuestas muestran que para la población Trump manejó mal la pandemia y esto puede ser decisivo. La cantidad de casos, muertes y ocupación de camas subió en las últimas semanas de manera dramática. Según las estimaciones de Stanford, en los 18 actos de campaña de Trump se provocaron más de 30.000 contagios y 700 fallecidos (ámbito, 1/10). En un acto de Florida, Trump sugirió que podría despedir a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, en caso de ganar las elecciones. Fauci le había dicho al Washington Post que el país “no podría estar posicionado en peor situación” de cara al invierno y necesitaba hacer un “cambio abrupto” en su enfoque de la pandemia. Fauci también dijo que la campaña de Biden analiza la pandemia desde una perspectiva de salud pública, mientras que la administración Trump está más centrada en la economía. “En una encuesta de NBC News / Wall Street Journal publicada ayer, el 55% de los encuestados dijeron que piensan que lo peor está por venir con la pandemia, en comparación con el 25% que dijo que lo peor ya pasó. Una encuesta de Pew Research de principios de mes encontró que el 57% de los votantes registrados confiaban en que Biden podría manejar la pandemia, en comparación con el 40% de Trump” (Cidrap, 2/11). La crisis política y económica que sacude al país –en donde las elecciones son simplemente un episodio en su desarrollo– emerge potenciada por la pandemia y hace estallar todas las barreras de contención que se le presentan a su paso.

"- ¿Cuánto tiene que ser el valor de un sueldo digno hoy en plena pandemia? -preguntó la periodista Mariana Dahbar. Yo creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y de sostener". Con estas declaraciones brindadas en una jugosa entrevista a Infobae el día de ayer, el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, conceptualizó lo que representa el salario para el gobierno de los Fernández el periodo actual: "lo que los capitalistas puedan pagar". La primera persona del plural, despeja si quedaba a alguien alguna duda de la ubicación de quién se pretende un árbitro de los conflictos. 75 años después del decreto del Perón que instituyó el salario vital mínimo como "la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones" el mismo Ministerio de Trabajo lo identifica como"el salario es lo que podamos pagar". Pandemia, trabajo y vivienda “La situación ya venía de dos años complejos, de recesión, y ahora, frente a llovido mojado: cayó la pandemia, y la verdad, no podemos evitar los daños que provoca." La invocación de la crisis económica no viene en boca del Ministro a modo de explicar acciones extraordinarias de intervención estatal, sino a modo de justificar la presente degradación del salario. Sobre la pérdida de más de tres millones y medio de puestos de trabajo Moroni declaró que "Hemos perdido mucho empleo informal. Y para los informales, aquellos a los que no podemos proteger jurídicamente…, lo que hicimos fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con el que alcanzamos una cobertura de casi 9 millones de personas." De la impotencia frente a la pandemia Moroni pasa a la impotencia frente a la informalidad laboral. Salario Mínimo y paritarias Las declaraciones del Ministro de Trabajo van en línea con la defensa de lo acordado en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que consagró un incremento salarial del 28% en cuotas, que fijo el mínimo actual en $18.900 para jornada completa, y de $94,50 por hora para los jornaleros. El SMVyM llegará a $21.600 recién en Marzo de 2021. Con una canasta de pobreza de $47.216 en setiembre pasado, el salario mínimo quedó exactamente en el 40% de lo que se necesita para no ser pobre. Cómo se ve, la propiedad privada de los trabajadores sobre su único bien –la capacidad de trabajar- fue "usurpada" con el aval de 31 de los 32 miembros del consejo del salario. La declaración del ministro respecto del salario mínimo debe leerse también como su posición respecto de las paritarias: "El salario mínimo venía muy retrasado. Nosotros lo que estamos haciendo es que le vaya ganando a la inflación de nuestro período. Es decir, nosotros no podemos recuperar en seis meses, y en pandemia, lo que perdimos en los últimos cuatro años." (Infobae, 2/11) Con una inflación interanual todavia por arriba del 40%, y paritarias que se han cerrado con sumas fijas no remunerativas o acuerdos de tramos, siempre por debajo de la inflación -la CGT también es abonada del 'salario que los capitalistas puedan pagar'-, el mensaje del ministro Moroni busca desalentar expectativas de cualquier recuperación. Un párrafo aparte merece el silencio sepulcral del Ministro, de la CGT y en particular de los Moyano sobre el Impuesto a las Ganancias, cuyas escalas no fueron actualizadas y que alcanzan a los trabajadores a partir de los 55.000, cuando la canasta de pobreza de septiembre rondó los $47.000. A este ritmo, estamos cerca de que el impuesto llegue al hecho insólito de gravar a trabajadores que estén por debajo de la línea de pobreza. Salario y vivienda El ministro omite hacer la conexión entre la pandemia, el salario mínimo fijado y la ocupación masiva de terrenos. Con un salaro mínimo de 16 mil pesos o un IFE bimestral de 10 mil pesos no vive nadie, mucho menos una familia que alquila. La pandemia además ha convertido el hacinamiento en un factor de incremento del riesgo de contagios, lo que ha disparado las ocupaciones de tierras, que están lejos de reducirse a Guernica. Por otra parte, el Gobierno dispuso un súper cepo al dólar ahorro, encareciendo un 35% el costo de los 200 dólares que permite comprar. Cómo casi el 90% de los asalariados que compraban dólar ahorro fueron impedidos de hacerlo (incluidos aquellos que trabajen en empresas beneficiarias del ATP), el cepo al dólar opera como un cepo del gobierno a cualquier posibilidad de acceso de los trabajadores a la tierra y la vivienda, cuyos valores están fijados en dólares. El plan de créditos Procrear es una gota de agua en el mar: proyecta proveer 10 mil soluciones de vivienda, cuando el déficit habitacional se calcula por arriba de 3.5 millones de viviendas. Nuestro programa A esta perspectiva de miseria popular, los trabajadores debemos oponer nuestro propio programa de reivindicaciones: el salario equivalente a la canasta familiar, el subsidio al parado de 40 mil pesos; el blanqueo de todos los trabajadores informales; la derogación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el 82% móvil para los jubilados. Por la expropiación sin pago de los terrenos ociosos del país y la puesta en marcha de un plan de viviendas nacional. Vamos a la lucha por poner en pie un Congreso Obrero en defensa de todas estas reivindicaciones.

De manera simultánea se realizaron convocatorias en Tucumán y Salta para exigir justicia por Paola Tachaco, la joven docente de inglés brutalmente asesinada por su acosador. Ambas movilizaciones fueron masivas y concentraron profundas denuncias contra el Estado y sus instituciones, que una vez más actuaron para dar vía libre al femicida. Paola, oriunda de Salta, vino a Tucumán para estudiar inglés en la universidad, y se radicó aquí una vez recibida de profesora. Se desempeñaba en numerosas instituciones educativas privadas y fue en una de ellas donde conoció al acosador. Mauricio Parada Parejas fue alumno de ella en un terciario en 2015 y desde ese momento comenzó a hostigarla. La perseguía en la calle, a través de las redes sociales, e incluso también lo hacía con su familia y amigos. Paola realizó 13 denuncias en la justicia, sin otra respuesta que medidas perimetrales innumerables veces incumplidas por el acosador. Además de la desidia con la que el poder político comúnmente trata a las víctimas, hay que agregar que el femicida es hermano de un conocido empresario de la provincia y allegado al gobierno. Es un ex directivo del club San Martín y socio de la firma Tecnocontrol, grupo empresario que, con el aval del gobierno, se hizo cargo, años atrás del Ingenio San Juan, una experiencia que dejó un saldo de deudas impagas a trabajadores y cañeros, al igual que con los préstamos realizados por el estado provincial para poner en funcionamiento al ingenio. La familia de la joven estuvo presente en ambas convocatorias y responsabilizaron a jueces, fiscales y al gobierno de Tucumán. exigiendo juicio y castigo a todos los responsables. Alumnas de Paola en Tucumán leyeron mensajes en homenaje a Paola y también se expresaron otros familiares de víctimas y la hermana de Marcela Martínez, otro reciente caso de femicidio en la provincia. Entre las consignas se ha impuesto la exigencia de juicio político al juez Pisa, en el entendimiento que se tiene que ir ya. Esta instancia, no obstante, tendría que ser llevada adelante por la legislatura tucumana, una institución completamente entrelazada al poder político, y responsable de cajonear distintos pedidos realizados en relación a otros jueces y fiscales. Pisa es un juez funcional al gobierno, que en sus últimas actuaciones, se ha movido rápidamente para rechazar los pedidos de juicio político a Leiva, un vocal de la corte que intentó presionar al juez de cámara Pedicone para que brinde impunidad al legislador Bussi en la causa por abuso y robo de identidad a una joven. La organización y la lucha independiente del Estado es el único camino que puede lograr que se vayan Pisa y el juicio y castigo a todos los funcionarios judiciales responsables y garantes del femicidio de Paola. Es la vía también para imponer todos los reclamos del movimiento de mujeres, que demuestra su fuerza tomando las calles frente a cada atropello y frente a cada nueva víctima.

Los cuatro sindicatos ferroviarios firmaron un acuerdo salarial a la baja del 7% desde octubre a diciembre, más $4.000 a cuenta de futuros aumentos y $10.000 de suma fija con el salario de noviembre. Este “acuerdo” entre gallos y medianoche y a espaldas de los trabajadores no tiene retroactivo y tampoco pretende conformar la recomposición de un salario que viene cayendo desde 2008 y que únicamente logró moverse con la lucha de los tercerizados que conmovieron a todas las líneas. En octubre de 2020 cientos y cientos de firmas conformaron un petitorio dirigido a la UF y entregado en mano 10 días atrás, por obreros de la Línea Roca, que reclamaron que la dirección escuche el mandato de las bases, coloque la cláusula gatillo por inflación y convocará a asambleas de afiliados en todas las líneas para ir a la discusión paritaria con un mandato. El 7% es el techo mezquino que fijó el gobierno para las empresas estatales y de esta forma destinar una gran parte del trabajo obrero al pago de los acreedores internacionales. En ningún momento el sindicato de la Unión Ferroviaria convocó a asambleas por rama, por dotación o sección para fijar el pliego de reclamos ni las reivindicaciones postergadas. Por lo tanto, no tiene mandato para entregar el salario en las negociaciones paritarias. Igual tarea igual salario Un dato del retroceso salarial está referenciado en la equiparación que desde hace años existía entre los salarios del Subte y Ferrocarriles. Por ejemplo, hoy en Metrovías el trabajador que se inicia en la última categoría (limpieza) está en $53.000 mientras un trabajador de Trenes Argentinos que ingresa a la misma categoría y tarea cobra un 20% menos, $38000. Pero a esa cifra se llega con un bono de $10.000 por única vez, una bonificación de viáticos de $17.108, una cifra a cuenta de futuros aumentos de $4.000 y un adelanto de convenio de $1.143. A esto hay que sumar otro descuento compulsivo e ilegal aporte mediante el impuesto al salario, que se transfiere directamente a la caja de los acreedores internacionales. “Basta contar con un salario un poco superior al valor de la línea de pobreza para que al trabajador le descuenten el impuesto a las Ganancias que se lleva una parte importante de los ingresos obreros y queda reducido a una cifra menor para satisfacer las necesidades básicas que necesitan las personas y las familias” (Clarín 6/10/2020). Vamos a una campaña por el 40% de aumento salarial con cláusula gatillo y rechazo al impuesto al trabajo.

Desde que comenzó la pandemia los y las docentes venimos garantizando el derecho a la educación de los chicos y chicas de Córdoba con nuestros recursos: Internet, computadoras, celulares, luz, tiempo, salud física y mental. Muchos docentes tuvieron que hacer frente con su salario, porque no tuvieron acceso a créditos, a la compra de los recursos para poder trabajar de manera remota garantizando la continuidad pedagógica exigida, acción que ni chicos ni grandes pueden llevar a cabo por la gravedad de la situación. Al sostenimiento del precario sistema educativo, nuestro salario está siendo devorado por la inflación y el derrumbe del peso. Ante una inflación interanual de 54%, la paritaria se encuentra estancada en un 16%. La propuesta del gobierno (9% remunerativo entre octubre y enero de 2021, a depositarse en 3 cuotas) es una burla a nuestro trabajo y alejada de las demandas de los docentes . La pretensión del gobierno de Schiaretti de cerrar el acuerdo, hasta enero del 2021, con un 25% es literalmente criminal. Incluso plantea la recomposición salarial a través de sumas no remunerativas o en negro, planteando un nuevo golpe a la Caja provincial de Jubilados como ocurrió (y está ocurriendo) con la paritaria del año pasado y que derivó en la última Reforma jubilatoria. El gobierno provincial pretende ser austero con los docentes y trabajadores estatales, mientras ha concretado cuantiosos subsidios a los grupos capitalistas como Arcor, Fiat, entre otros. Acaba de anunciar la reanudación de la obra de la Autovía Ruta 38 con una inyección de 100 millones de dólares para convertirla en un negociado en detrimento de la destrucción de la naturaleza. Mientras tanto, está ausente un plan de infraestructura escolar, y la cobertura de la conectividad para docentes y estudiantes. La conducción sindical La discusión entre el ministro Trotta y el secretario general de la UEPC, Monserrat, por un supuesto retorno a la presencialidad es una puesta en escena. La conducción de nuestro sindicato ha avalado al gobierno de Schiaretti en cuanto al deterioro de nuestro salario y jubilaciones. Apoyándose en los problemas de la pandemia, intentó bloquear todo proceso deliberativo y de movilización de los docentes. No se ha realizado ninguna obra en las escuelas para preparar un futuro retorno a las aulas. Además, junto a la CGT cordobesa, pretende que los docentes no nos unamos con las luchas salariales en curso como la de los trabajadores municipales y los choferes interurbanos. Pero el rechazo de los docentes cordobeses a la propuesta salarial del gobierno delata a la burocracia sindical de UEPC embarcada en el mismo y agotado, libreto: encolumnar a los docentes en la promesa de que sus demandas se van a resolver en la Asamblea Provincial (digitada en un 90% por la burocracia) o las instituciones como el Congreso de la Nación y la Legislatura cordobesa. En este sentido, denunciamos y llamamos a quebrar el operativo de la burocracia para aislar y disipar nuestra lucha. Para ello es fundamental mantener a las escuelas organizadas en asambleas e intervenir de manera coordinada delimitadas del aparato burocrático. Podemos ganar Hoy, los y las docentes de Córdoba decimos basta a este atropello del gobierno y de la burocracia sindical. El masivo rechazo a la propuesta (78%) no solo demuestra el hartazgo por tener la enorme responsabilidad de garantizar (casi en soledad) la continuidad pedagógica de un sistema educativo que se sostiene con alambres. Refleja también la disposición de los docentes a la lucha. Organicemos el rechazo de la docencia a través de un pliego que incluya: un aumento del 40% de salario, sin cuotas y sin sumas en negro. La consigna “salario igual a la canasta familiar” está más vigente que nunca. Planteamos la cobertura efectiva de los cargos vacantes y un plan de acceso gratuito a la conectividad, incluyendo el equipamiento e infraestructura. Es importante una campaña de relevamiento de la planta docente y el control de las obras escolares por los padres, estudiantes y docentes. En este sentido las asambleas escolares no pueden esperar a lo que dictamine la conducción (que está empecinada a cerrar el acuerdo) . Debe mantenerse el estado de asamblea general por escuelas y coordinadas según región, localidad o departamento. Medidas como la desconexión de las clases virtuales (cuelgue de vinchas) o la no entrega de planillas son efectivas en función de avanzar en el agrupamiento y la organización genuina de las escuelas frente al sello de la Asamblea Provincial. Debemos dar pasos concretos en la coordinación de la lucha con el conjunto de los trabajadores de la provincia (Médicos, Judiciales, Municipales y un largo etc). Todos tenemos el mismo problema, nos están reventando el salario, y los mismos verdugos, los gobiernos provincial y municipal.

El día sábado 31 se realizó una jornada en solidaridad con las 82 familias de la ocupación de Magaldi y Benteveo. Diferentes organizaciones políticas y sociales nos hicimos presentes en los terrenos realizando junto a los vecinos una olla popular con una nutrida participación. Mientras tanto y en simultáneo con el desalojo de Guernica, el fiscal que maneja la causa de la disputa por los terrenos (reclamados por un privado “flojo de papeles”) amenazaba a los vecinos con ordenar el desalojo e imputar a los familias que han construido sus viviendas. La pandemia ha hecho estragos en los barrios de la ciudad de Rosario. El hacinamiento y el déficit habitacional ha colocado a miles de familias en una situación límite, multiplicando el riesgo de contagio. El fracaso de la gestión del Frente Progresista frente a la pandemia se ve claramente en los casi mil casos por día de las últimas semanas. Con 20 % de desocupación y un 40 % de pobreza, ni el estado municipal ni el provincial han dado respuesta alguna al reclamo de los cientos y cientos de trabajadores que han ocupado terrenos. En cambio, la opción del desalojo se ha empezado a oír no solo para la toma de los vecinos de Magaldi sino también de otras ocupaciones como la de La Cariñosa, en la zona Sur de la ciudad. Las 82 familias que se instalaron en Magaldi lo hicieron en un terreno abandonado hace 35 años. Han levantado viviendas y recibido la solidaridad del barrio y de decenas de organizaciones. Donde antes había un basural, los vecinos lo han limpiado y exigen a los estados provinciales y municipales que respondan ante el pedido de titularización y servicios. El fenómeno de la toma de tierras en Rosario es una respuesta concreta al enorme déficit habitacional. 50.000 familias no tienen un hogar donde vivir, junto a la masacre laboral agravada por la pandemia. La desocupación, el aumento de los alquileres, los salarios míseros han empujado a una gran masa de rosarinos a asentarse en villas miserias o barrios precarios. Lejos de dar una solución a esta problemática, el Concejo Deliberante y las fuerzas que lo componen no han abierto la boca. Los ediles del peronismo, el Pro y el Socialismo dan rienda libre a discutir la cesión de tierras para dos mega-torres a manos de la empresa supermercadista Coto-Cicsa. La gestión de Javkin es consecuente con la de sus pares socialistas, en tanto a beneficiar sistemáticamente a los mega-empredimientos inmobiliarios. Los vecinos convocan a una marcha este Jueves 17:30 hs a Gobernación. Desde el Partido Obrero Tendencia de Rosario apoyamos su lucha y llamamos a envolver de solidaridad a la ocupación. Rechazamos cualquier tentativa de desalojo e imputación legal a las familias. Frente a los gobiernos al servicio del capital especulativo y los negocios inmobiliarios se potencia la necesidad de la movilización popular por la tierra y la vivienda.

A través de un descomunal operativo de policía e infantería, Kicillof y el intendente Sujarchuk desalojaron a 60 familias en Escobar. Más de 200 personas, entre ellas un centenar de niñas y niños, jubilados/as, personas con discapacidad y enfermedades terminales, han quedado en la calle. Hace 3 años, sesenta familias compraron un terreno en este barrio, recibiendo un boleto de compra-venta. A partir de ese momento, se dieron a la tarea de levantar sus viviendas. De a poco, a base de mucho trabajo y de solidaridad entre vecinas y vecinos, fueron convirtiendo el sueño de la vivienda propia en una realidad. Este año, en el marco de la profunda crisis sanitaria, económica y social, las condiciones de vida de estas familias obreras, como el resto de las y los trabajadores, empeoraron velozmente. Por eso, decidieron abrir un merendero en el barrio, el cual sostienen de manera independiente del Estado y asistiendo a más de 150 niñas y niños por día. En dicho contexto de necesidad, hace una semana, las familias recibieron un aviso del Juzgado N°3 de Escobar; a cargo del Juez Marino. Allí, se les notificaba del desalojo para el dia 3. Supuestamente, aquel predio de 5 hectáreas tiene dueño; se trataría de Carlos Costa, hermano del senador Roberto Costa (PRO) y tío del edil escobarense del mismo partido. Una familia conocida en Escobar, fuertes empresarios del lucro inmobiliario. Fue entonces que las familias decidieron emprender batalla en defensa de sus viviendas. En primera instancia, se movilizaron al Municipio, pero el intendente no los recibió. Quien atendió a las familias fue el secretario de gobierno Beto Ramil , quien declaró al gobierno municipal impotente frente al conflicto. Ante esta negativa, las y los vecinos del barrio Stone realizaron dos cortes en Panamericana, exigiendo sea atendido su reclamo frente a la estafa, y por supuesto, en rechazo al desalojo. Fue recién en el segundo corte, que duró más de cuatro horas, que el gobierno municipal decidió convocar a una reunión a las y los vecinos. En la reunión, los vecinos explicaron que habían sido estafados y solicitaron a los funcionarios “una mesa de diálogo” y la postergación del desalojo. El abroquelamiento del Estado en defensa de los intereses del sector empresarial-inmobiliario, fue total: el desalojo se llevaría adelante por las buenas o por las malas. Después de 2hs y media de reunión, los delegados del barrio comunicaron, al resto de las y los vecinos y organizaciones presentes en el lugar, el ofrecimiento del gobierno municipal: alojamiento indefinido en un hotel hasta que encuentren donde vivir; presentando los boletos de compra-venta, el reembolso de las sumas que hubieran pagado por los terrenos; asimismo, presentando las facturas correspondientes, se les reintegraría el dinero de los materiales de la construcción que hubieran comprado para edificar las viviendas y vehículos para transportar sus efectos personales a “algún lugar” para ser “resguardados”. Entonces, si firmaban el compromiso en acuerdo según lo ofrecido, el desalojo se realizaría “de manera pacifica”. Así, pusieron a las y los vecinos contra la espada y la pared no dándoles ninguna otra opción que abandonar sus casas. Los funcionarios rechazaron el reclamo de los vecinos de “tierra” por “tierra”, o sea, de un lote donde vivir a cambio del que habían pagado. Escobar tiene más de 250000 habitantes. En el distrito no existen planes de viviendas ni proyectos de urbanización para los asentamientos y barrios. La cuarentena ha expuesto el problema del hacinamiento en viviendas precarias y con falta de acceso a los servicios esenciales. Asi como en el caso del Sanatorio Plaza, el cual fue cerrado durante la pandemia, Ariel Sujarchuk (TODOS) cuida y defiende los intereses de los pulpos inmobiliarios del distrito, por encima de las necesidades más urgentes de las y los trabajadores; vulnerando los derechos del conjunto de la clase trabajadora escobarense, incluidos miles de niñas y niños del distrito. El accionar del gobierno municipal de Escobar, se inscribe en una política más general; la cual, como claramente demuestra Guernica, intenta disciplinar y deja de manifiesto la incapacidad del Estado para dar una respuesta al problema de la tierra y la vivienda. Desde el Partido Obrero (t) repudiamos el desalojo de las familias del barrio Stone avalado y defendido por la Provincia y el Municipio; y hacemos responsables a Sujarchuk, Ramil y a todo el gobierno municipal por la integridad física de las familias. TIERRA PARA VIVIR. EL ESTADO ES RESPONSABLE.

A menos de diez días de su aplastante derrota en el plebiscito, hoy, martes 3 de noviembre, el gobierno de Piñera agregó un nuevo episodio a su catastrófico derrotero político: la renuncia de su ministro del Interior, Víctor Pérez, a tres meses de su designación, tras la votación en la Cámara de Diputados a favor de la acusación constitucional en su contra, por el tratamiento diferenciado en el paro patronal de camioneros y su responsabilidad en la violación de los DD.HH. al mando de carabineros. Esto último, a propósito del menor arrojado al Mapocho a principios de octubre y la brutal represión ejercida contra la juventud en el marco de las movilizaciones en conmemoración a un año del 18 de octubre, que tuvo como consecuencia la muerte de un joven en la población La Victoria, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En palabras de Pérez, su decisión fue tomada para no seguir siendo un flanco abierto para el gobierno en medio de lo que ha sido una verdadera serie de acusaciones constitucionales en contra de sus personeros, como en el caso del ex ministro del Interior, Chadwick, y el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich - luego de que la Corte Suprema determinara incautar los correos electrónicos del Minsal por haber ocultado información sobre las muertes por Covid durante la pandemia. La votación contra Pérez contó con 80 votos a favor, 74 en contra y 1 abstención, y vino a ratificar un escenario que ya se preveía desde el 29 de octubre; fecha en la que, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, declaraba admisible la acusación. Sin la renuncia de Pérez, el trámite debería haber pasado al Senado, viéndose suspendido en su cargo hasta que la cámara alta dirimiera si finalmente era destituido o no, convirtiéndose con esto en el primer ministro del Interior en esta situación desde el “retorno a la democracia”. A pesar de que en el transcurso de la mañana distintos personeros del oficialismo le brindaron públicamente su apoyo - incluido el ministro de Defensa, Mario Desbordes, con quien, días antes, se habían generado una serie de tensiones debido a que en su defensa, Pérez habría señalado que la responsabilidad de carabineros, en estado de excepción, correspondía a Defensa -, la opción de una renuncia ante una inminente votación desfavorable fue siempre barajada desde la UDI. Así, haciendo gala de su férrea disciplina partidaria, cualidad que lo llevo a ocupar su cargo en un gabinete que fracasó en asegurar la unidad de una coalición que llegó dividida al plebiscito, finalmente el ex ministro hizo carne la orden de su partido. La derrota que el gobierno sufrió con la votación parlamentaria de hoy y la renuncia de su jefe de gabinete es otra muestra clara de su quiebra política y debilidad endémica. No será el último episodio.

Estados Unidos ha entrado en una crisis de magnitud, aunque con aviso previo. De un lado, Trump se ha declarado vencedor del comicio e impugnado cualquier resultado que no corresponda a la votación que tuvo lugar el martes 3, lo que significaría dejar afuera del cómputo a cien millones de personas que sufragaron por correo o lo hicieron en forma adelantada. Enseguida pidió la intervención de la Corte Suprema, como había asegurado que lo haría antes de la votación. Las redes sociales (google, twitter, facebook) han bloqueado la circulación de sus planteos, inscribiéndolos en la condición de desinformación. Varios estados tienen establecidos tres días siguientes a los comicios para procesar los votos emitidos con anterioridad, en especial el que más disputa suscita – Pennsylvania. El Servicio Postal ha anunciado que no tiene condiciones para certificar la totalidad de los sobres en su poder y enviarlos a tiempo para su conteo. Es la crisis que se había denunciado con anterioridad a las elecciones. El otro aspecto es que no se verificó el alud de papeletas a favor de Biden que anunciaron las encuestas, ni la conquista de varios estados con un predominio republicano. Es decir que los comicios no dieron vuelta de página a los cuatro años de Trump; en el caso de triunfar, Biden inauguraría un gobierno extremadamente débil. Queda al desnudo que la campaña demócrata no apeló a los intereses de las masas postergadas, en el peor momento, cuando la pandemia arrasa Estados Unidos y hay un ascenso fenomenal de contagios en el medio oeste y el centro del país, precisamente la región que votó por Trump, el cual hizo campaña en contra de una lucha sanitaria contra la pandemia. Como ya le ocurriera a Hillary Clinton hace cuatro años, la campaña demócrata apuntó hacia temas progresistas, como el cambio climático, pero se guardó de poner al frente la salida a la miseria social, cuando hay once millones desocupados y la participación de los asalariados en el ingreso nacional ha caído de un pasado 70% a menos del 50. La izquierda ´socialista´ del partido demócrata ha quedado atrapada en esta crisis, debido a su apoyo incondicional al que llamó, vergonzosamente, el ´mal menor´. La misma candidatura de Biden, que mostró los límites personales que tiene para ejercer la presidencia, es una muestra de la decadencia que el partido demócrata trató de disimular con una candidata joven de familia indo-jamaiquina. El fracaso del partido demócrata diseña el largo plazo que espera a la crisis que estos comicios han llevado a la superficie. Desde un punto de vista de conjunto, Estados Unidos asiste a una pandemia que se encuentra fuera de control y un sistema de salud agotado y quebrado. Desde el punto de vista económico, el FMI se acaba de quejar de que los u$s12 billones inyectados a la economía para evitar una bancarrota generalizada no han servido para impulsar la demanda agregada, pues el dinero fue enteramente al campo de la especulación financiera. La situación del momento está condicionada al resultado definitivo que salga de las urnas, y a la diferencia de votos que registre el Colegio Electoral, lo que supone, además, que esa diferencia sea clara en los estados que determinarán el resultado general. Si las cosas pasan a mayores, Estados Unidos oscilará entre una decisión de la Suprema Corte, de ultraderecha, y el establishment de seguridad y las fuerzas armadas. La crisis de régimen político en Estados Unidos se proyectará sin ninguna duda fuera del país, en especial a Europa y también a América Latina. VER MÁS Por qué el fracaso de Joe Biden crea una crisis política enorme

En una tarde de sol, en la capital salteña, el rostro de Paola Estefanía Tacacho se veía por todos lados. Mujeres, hombres, niñas, niños llevaban entre sus manos el pedido de justicia por Paola. El mástil de la plaza central, frente al histórico cabildo se llenó de lágrimas y de dolor, pero más se llenó con el grito implacable “el estado es responsable”. Las jóvenes se abrazaban con acongojada solidaridad. La furia rompía el megáfono con el llamado de Balbina, su mejor amiga, a encolumnarse para que todo el pueblo salteño marchara para denunciar a un estado responsable. Luego de una vigorosa y conmocionante movilización que recorrió las principales calles y avenidas salteñas, se realizó un acto en una gran ronda de familiares contra la impunidad, de organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas. El acto se abrió con la intervención de Ana, hermana de Paola quién fue muy contundente en su denuncia: “a mi hermana la mató el estado”. La joven siguió relatando las penurias que vivió su hermana durante los últimos cinco años: “Hizo más de 13 denuncias y aún siguen saliendo más denuncias y el estado la abandonó”. Ana sentenció al juez Pisa por haber permitido el femicidio de Paola al no detener a Mauricio Parada Parejas, el asesino de la profesora. “Mi hermana murió desangrada y sola en la calle”, expresó Ana. Los fervientes aplausos hacían eco en recova del cabildo. Familiares de Agustina Nieto, víctima de un crimen atroz que cumplirá el próximo 10 de noviembre dos años de impunidad, señalaron que lo único que queda es la organización de los familiares de víctimas de femicidios y de otros casos de impunidad porque el estado es el que asegura la muerte de las mujeres. Llamaron a un congreso provincial de familiares que luchan contra la impunidad y se solidarizaron con la familia de Paola. En este mismo sentido intervino la familia de Paola Ávila, también víctima de femicidio, que llamó a no dejar las calles hasta conseguir justicia y por ni una menos. Al finalizar la jornada, llegaron amigas y familiares de Agustina Pastrana quien se encuentra en peligro de muertes. Agustina fue secuestrada hace dos días por su expareja quien la torturó y la golpeó brutalmente. Si bien hay una orden de detención, el agresor sigue libre. La solidaridad y la organización de las mujeres por la autodefensa se hizo presente de inmediato. Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales denunciaron el entramado de la justicia con el poder político que ha evidenciado el femicidio de Paola. Señalaron cómo la profesora de inglés recorría todas las semanas los pasillos del juzgado pidiendo a gritos que la liberaran de su acosador y femicida. Otros también sentenciaron al juez Pisa quien está cuestionado por su promoción a Parada a cometer el crimen contra Paola. La compañera del Plenario de Trabajadoras y dirigente provincial del PO salteño, Gabriela Jorge, se dirigió a la familia y a los presentes en el acto denunciando que el estado no estuvo ausente, todo lo contrario. Gabriela saludó esta movilización que también se realizaba en la capital tucumana, la expresión de una tendencia a movilizar contra un estado que no le importa nada la vida de las mujeres. “Paola hizo más de 13 denuncias ante la justicia y las que tuvieron lugar fueron para desestimarlas por falta de mérito, a esto nos referimos cuando decimos que el estado es responsable”, señaló Gabriela. Para mostrar el rol de la justicia, la dirigente sentenció que la justicia esta postrada a los intereses de los gobiernos de turno y que operan contra las mujeres y los trabajadores; y que esa misma justicia es la que le da impunidad a los hijos del poder que asesinan mujeres. La dirigente trotskista exigió juicio y castigo a los jueces, fiscales y funcionarios responsables del femicidio de Paola, que hicieron todo para garantizar la impunidad. Al finalizar, Gabriela denunció: “es mentira que tengamos un estado ausente. El estado está muy presente en su interés social de fondo que es sostener la violencia hacia la mujer y tenernos con la cabeza agachada”. Llamó a conformar comisiones de mujeres en cada lugar de estudio, de trabajo, en los barrios para tomar en nuestras manos la defensa de nuestras vidas. “Nos tenemos que unir para derrotar al estado de la impunidad y a todos los responsables, con la movilización y la organización de las mujeres y trabajadores”, finalizó Gabriela Jorge. El acto culminó con el agradecimiento de Nilda, prima de Paola, quien entre lágrimas pero con mucha fuerza grito: “Justicia por Paola”. Con cálidos abrazos y mucho dolor, desconcentramos para volver a casa con el rostro de Paola, una joven trabajadora de la educación cuya vida le arrebató el estado. Fotografía: Juan Leandro Herrera.

En las últimas horas fueron convocadas, en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, las UEGD (Unidades Educativas de Gestión Distrital) en las que participan los consejeros escolares, las autoridades educativas de cada municipio y la representación sindical de docentes y auxiliares. El objetivo es, en cada caso, discutir el llamado Plan Jurisdiccional de Buenos Aires para un “regreso seguro a las clases presenciales”. En distritos donde la circulación del virus continúa siendo preocupante, los inspectores e inspectoras regionales y distritales informaron, sorpresivamente que, en base al resultado de evaluación epidemiológica que realizó el Ministerio de Salud provincial ,algunos de los municipios más poblados del conurbano bonaerense se encuentran en un “nivel medio” para riesgos de contagio. Es notable que comunicados que hablan de “clases presenciales” se apuren en contradecirse afirmando que se trata de “Actividades Educativas no Escolares” o “socioeducativas”, utilizando las “rúbricas” del Consejo Federal de Educación, que se reunirá próximamente. Las actividades que se realizarían en las escuelas no son para nada claras. Como si a las y los docentes no les sobrara trabajo (con las nuevas disposiciones que pretenden hacer recaer en sus espaldas una crisis educativa cuyos alcances no es posible prever), en modo potencial se “citarían” a trabajadores de distintas ramas y modalidades. Una nueva incertidumbre para la familia de los trabajadores de la educación. Las actividades inciertas estarían dirigidas a los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria. La documentación girada rápidamente por grupos de Whatsapp, no aclara nada: ¿quién proveerá los elementos de cuidado sanitario para cada estudiante y trabajador? ¿Cómo se medirá la temperatura de cada uno que ingrese? ¿Cómo se actuará frente a chicos que no cuenten con su declaración jurada y no estén acompañados de sus padres? Las experiencias que indican el riesgo de este intento de “vuelta a las aulas” se demostró como un fracaso allí donde se intentó en numerosos países de Europa. En la Ciudad de Buenos Aires, Larreta y su ministra Acuña lograron abrir apenas un puñado de escuelas, pero con tasas de asistencia ínfimas y debieron volver atrás luego de varias situaciones de contagio. La resistencia activa de docentes, auxiliares, alumnos y familias impidió que se convirtiera a las escuelas en focos de infección. Pretender cerrar las diferencias educativas que se profundizaron con actividades supuestamente “optativas”, donde la presión de armar “proyectos” (con una docencia hastiada) recae sobre cada escuela y sus equipos directivos, no es otra cosa que forzar una farsa. Detrás de la intención “inclusiva”, los intendentes y la DGCyE de Agustina Vila dan rienda suelta fundamentalmente para que la educación privada haga y deshaga a su antojo, vulnerando todos los derechos de sus trabajadores. No todas las escuelas -muchísimo menos las de gestión pública- cuentan con espacios recreativos o campos de deporte. Por el contrario, con obras que avanzaron discrecionalmente y a cuentagotas, la derruída infraestructura que legó Vidal está prácticamente intacta. La desigualdad mostrará pibes que están dentro y pibes que están fuera de las posibilidades de una “revinculación” injusta, por fuera de las buenas intenciones de educadores que pretenden sostener la trayectoria de sus alumnos. La profunda crisis educativa no contó con ningún plan de contingencia por parte del gobierno de Kicillof y los intendentes: no se garantizó el acceso a internet, ni la liberación de datos, se repartió un puñado de computadoras (lejísimos de cubrir las necesidades de alumnos y docentes), no se garantizó plataformas únicas educativas para mayor seguridad laboral. De la crisis educativa, el Estado es el único responsable. Las direcciones de FUDB, encabezado por Suteba, y las de ATE y UPCN se apuraron en firmar resoluciones hechas a la medida de las exigencias de la educación privada, las patronales y las presiones políticas para terminar de liquidar la cuarentena. Con el gancho estampado, convocaron reuniones de delegados, donde pretenderán ratificar lo hecho. El FUDB sigue actuando sin ningún mandato: pretenden poner a los sindicatos como garantes de esta verdadera improvisación educativa. Otro ha sido el carril que tomaron los Sutebas Multicolor que rechazaron, allí donde hubo asambleas, este regreso. Debemos realizar el esfuerzo de convocar asambleas y reuniones virtuales por escuela. Recoger los mandatos con nuestras demandas y el rechazo a esta intentona. Garantizar la deliberación que las direcciones sindicales no pretenden convocar. Ninguna de las condiciones planteadas en el Plan Jurisdiccional de Kicillof y Vila se cumple -ni edilicias, ni sanitarias, ni de personal necesario-. No a la vuelta a clases presenciales. Promovemos Comisiones de Higiene y Seguridad de cada escuela. Conectividad y dispositivos gratuitos para alumnos y docentes. Creación de todos los cargos de docentes (referente ESI, Jefe de Departamento, Horas Institucionales, MIP) y auxiliares necesarios según POF y reforzados frente a las necesidades que plantea la pandemia. Basta de sobrecarga laboral. TRIBUNA DOCENTE – Tendencia En la Multicolor de SUTEBA – Pcia. De Buenos Aires 3-11

El martes 3 tuvo lugar en la plaza de San Justo una radio abierta y pañuelazo convocados por la Mesa por el Derecho al Aborto del distrito. Partidos y organizaciones políticas de izquierda junto al sindicato docente SUTEBA La Matanza, se convocaron para seguir reclamando la aprobación inmediata del aborto. En la actividad se leyó un documento consensuado dónde se denuncia la dilación de tratamiento del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que perderá estado parlamentario el próximo 20 de noviembre: “Estamos convencidas en que hay que volver a salir a las calles, es allí desde dónde vamos a poder imponerle al Congreso Nacional, lo que nos corresponde: el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, para que no haya ni una sola muerta más, ni una más obligada a ser madre, ¡porque la maternidad solo puede ser si es deseada!” Las compañeras que tomaron la palabra fueron dando una descripción de la situación de las mujeres, la falta de acceso a la salud, el problema de la violencia de género, entre otros puntos. El problema de la vivienda fue uno de los ejes, se denunció el desalojo de Guernica llevado a cabo por el gobernador Kicillof, al mando de Berni. Se remarcó la complicidad del gobierno de Alberto Fernández con las iglesias como lo que impide que se avance con la legalización del aborto, bajo el argumento de que “no es el momento” y “hay otras prioridades”. La compañera que intervino por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir abordó las problemáticas con las que se enfrentan los y las profesionales que a la hora de llevar adelante la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y se denunció la inacción de los “ministerios de cartón” que no actúan, ni brindan respuesta concretas a los problemas en torno a ILE y otros referidos a la situación de violencia que sufren las mujeres. Desde el Plenario de Trabajadoras (Tendencia) resaltamos que en este contexto de pandemia y de profundización de la crisis, cada vez es más complejo acceder a la anticoncepción, a la atención ginecológica y a la práctica de ILE. Responsabilizamos al Estado frente a la agudización de la crisis que afecta a las mujeres y al conjunto de la clase trabajadora. Llamamos a no confiar en el gobierno y si en la fuerza nuestro movimiento, que debe retomar la acción callejera y el debate asambleario, con independencia del Estado para lograr el conjunto de nuestras reivindicaciones. Es el ejemplo de la pueblada Jujeña contra los femicidios. La actividad culminó con una pintada y un pañuelazo en frente de la catedral. Esta acción se enmarca en un conjunto de iniciativas que son impulsadas por un sector de la Campaña, con el objetivo de volver a sacar a las calles la marea verde, en reclamo de aprobación inmediata del aborto, porque es ahora y es urgente.

Los trabajadores del hospital Garrahan protagonizaron el martes 3 una nueva jornada de protesta contra la paritaria de hambre del 7% que firmaron UPCN y el gobierno nacional. Los repiques de redoblantes y bombos, esta vez se hicieron sentir frente al silencio y complicidad de todas las burocracias estatales. El reclamo fue claro contundente y un tiro por elevación a la burocracia de ATE y Sutecba, que espera sigilosamente a que baje la marea para cerrar su acuerdo municipal al ritmo de UPCN. Walter, trabajador del hospital, nos comentó sus impresiones sobre la jornada. ¿Cómo fue esta jornada con relación a la del 15S que había convocado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (AdePyT)? W: La cosa creció un poco. Creo que la fuerza pasa por el sector autoconvocado, que nace en centro quirúrgico y con la participación de compañeros afiliados a UPCN, lo cual tiene mucho significado. Es importante también la participación de algunos compañeros médicos y la solidaridad de los licenciados de enfermería (ALE) que se acercaron al hospital. ¿Y cómo sigue? W: Creo que el paso que viene es una asamblea conjunta de ATE, la asociación y los autoconvocados donde debe plantearse la convocatoria al paro porque hay condiciones. En este momento hay luchas similares en distintos sectores y provincias, ¿cómo ves el panorama? W: Mira, justamente como te decía, ayer se acercaron de otros sectores.Yo soy prudente con respecto a esto, pero la coordinación es necesaria me parece y posible. Sé que hubo lucha de Cicop y sería bueno ir pensándolo. Se viene fin de año y la idea de una marcha blanca me parece que está buena. Igualmente, antes tenemos que coordinarnos en el hospital.

En distintas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, se vienen sucediendo una serie de protestas por parte de los detenidos que van desde la denuncia de las condiciones inhumanas de las cárceles hasta el reclamo por el retorno de las visitas. La respuesta del gobierno de Kicillof y el Servicio Penitenciario fue la represión. Las visitas se suspendieron el 12 de marzo, una vez iniciado el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por la pandemia de covid-19. Para los reclusos, la instancia de visita de sus familiares no sólo es muy importante en sentido de sostener sus vínculos afectivos en contexto de encierro sino que también significa el acceso a alimentos y elementos de higiene dado que la comida de los penales es incomible y escasa. A la suspensión absoluta de toda visita se suma al hacinamiento, la superpoblación -casi 50 mil reclusos cuando hay plazas para 24 mil-, la falta de insumos de higiene y limpieza, las enfermedades comunes y la dificultad para implementar cualquier tipo de protocolo de sanidad para contener el contagio del Covid 19. A esta realidad de le agrega la desidia de los jueces de ejecución en el otorgamiento de los institutos liberatorios en tiempo y forma a los reclusos que correspondiera. Transcurridos casi ocho meses de la medida, la suspensión de las visitas se tornó insostenible, mental y físicamente, para los detenidos que buscaron visibilizar la situación a través de distintos levantamientos. Las restricciones de la cuarentena se han suspendido, de hecho, en el ámbito laboral y la circulación, pero no se adoptó ninguna medida para morigerar el aislamiento absoluto de los presos. Tras las protestas, Xavier Areses, director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), decidió retomar las visitas a fines de octubre, pero inmediatamente dio marcha atrás. Esto generó nuevos levantamientos en los penales de Florencio Varela, San Martín y Barker. El SPB respondió con una represión bestial que significó más de 1.000 heridos presos heridos y la destrucción de los centros universitarios y bibliotecas de la Unidad Penal 48, que depende la Universidad de San Martín, y del centro Universitario de la Unidad 31 de Florencio Varela. Estuvieron circulando videos donde se puede ver al SPB disparando balas de goma dentro de las celdas y contra los familiares que reclamaban fuera de los penales. Desde la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. José Luis Caligari, sostuvo que lo sucedido “fue uno de los hechos de violencia más graves del sistema carcelario en democracia”. También se pronunciaron en repudio diferentes organismos de Derechos Humanos, el Centro Universitario Universidad San Martín (CUSAM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Sindicato de Docentes y Educadores en Contextos de Encierro (Sidece) y hasta los capellanes que trabajan en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Xavier Areses, director del SPB, es responsable junto a su jefe político, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, y el gobernador Axel Kicillof, de no haber dado una respuesta positiva a los reclamos más que justos de los reclusos. La única respuesta del gobierno bonaerense es la represión, las balas, los gases que no hace más que recriminalizar a la población carcelaria sometiendola a condiciones inhumanas de encierro.

Médicos de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron el pasado martes 3 a las puertas de su gremio, la Asociación de Médicos Municipales (AMM), en reclamo por las paritarias y contra la reapertura compulsiva de los consultorios externos sin las medidas preventivas más elementales. Participaron profesionales del Hospital Álvarez, Sardá y Borda, entre otros, convocados por agrupaciones como el Frente de Recuperación Gremial y los médicos autoconvocados de OMURA y ANARM. Se mencionó que ningún médico de planta debería cobrar por debajo de los 100 mil pesos ni un residente menos de 90 mil. Hoy, un residente que ingresa al sistema de salud porteño cobra 45 mil pesos, debajo de la línea de pobreza. En las intervenciones, además de esta miseria salarial, se criticó que las paritarias fueran parte de una negociación privada entre el gobierno de Larreta y AMM, negando la participación y el debate de sus condiciones por parte de todos los trabajadores. Se responsabilizó a la burocracia sindical de Jorge Gilardi, que ese mismo día había organizado un acto en el hospital Muñiz en repuesta a la movilización, totalmente improvisado, donde no habló de montos, mucho menos de medidas de lucha. Se planteó que es necesario recuperar el sindicato y prepararse para las elecciones del año próximo porque no es tolerable una dirección sindical como la actual. A pesar de las expectativas de algunos de los presentes en organizar esta tarea a través de un bloque común con la Lista 10, el sector que responde a Carlos Rojo no participó de la actividad ni mandó su adhesión. Demostró, a quien quisiera ver, su hostilidad a que un cambio en la AMM incluya acciones como éstas, de movilización y de lucha. En la UBA, donde el sector de Rojo dirige la facultad de Medicina, les acaban de imponer a los docentes un 7% de “aumento”, aunque una buena parte ni lo cobrará porque trabaja “ad honorem”. La movilización por la paritaria dejó planteada la necesidad de darle continuidad y profundización a un plan de lucha. Los presentes llamaron a participar en la jornadas del 10 y 11 de noviembre, convocadas por Fesprosa que, salvo en la provincia de Córdoba, no incluirán un llamado a paro. Para arrancar la paritaria de los garfios de Larreta y Gilardi, es necesario un paro general de todos los médicos y profesionales de la salud de CABA. Tribuna de Salud Tendencia se hizo presente para apoyar la actividad desde esta perspectiva. Por eso llevamos la propuesta de acompañar la movilización a la Asamblea de Residentes y Concurrentes, donde recibió el rechazo del aparato del PO oficial y del PTS por ´separatista´ (?). A la hora de cerrar una paritaria de miseria, Larreta y Gilardi no tendrán en cuenta diferencias de forma de contratación o disciplina. Para ganar, es necesario empalmar con enfermería, residentes y administrativos enrolados en Sutecba, que también están movilizados contra los desplantes del gobierno porteño. Finalmente, tanto el pase de enfermería a carrera profesional como la oposición a la derrotada ley de residencias y concurrencias de diciembre pasado están relacionadas directamente a la cuestión salarial y a las paritarias. Tribuna de Salud Tendencia impulsamos la coordinación en una lucha común de todos los trabajadores de la salud, por el reconocimiento profesional, el pase a planta permanente y para arrancarle a la Larreta un 40% de aumento para todos los trabajadores de la salud, el blanqueo de las sumas no remunerativas y su indexación mensual de acuerdo al costo de vida. Organicemos asambleas comunes por hospitales y una coordinadora interhospitalaria e intersectorial. Vamos por un paro general y plan de lucha.

La negativa del partido derechista Cabildo Abierto a realizar un “homenaje” al Partido Comunista del Uruguay por su centenario, ha redundado en una mayor difusión para esta efeméride. La fundamentación del rechazo al homenaje parlamentario es que el PCU ha apoyado dictaduras, lo cual suena por lo menos risueño de boca de un partido que defiende la impunidad para los genocidas de la dictadura militar, y que incluye en sus filas al Teniente Coronel Eduardo Radaelli, uno de los responsables del secuestro del químico Eugenio Berríos (luego asesinado). El PCU reivindica como su nacimiento el momento en que el VIII° congreso del Partido Socialista uruguayo por aplastante mayoría (1927 votos) adhirió a la Internacional Comunista -en tanto 175 votaron adherir “con condiciones” y 257 se abstuvieron. El partido siguió llamándose “Socialista” hasta que el año siguiente un congreso extraordinario aceptó las “21 condiciones” de la I.C., en tanto que la minoría encabezada por Emilio Frugoni (que había declarado que aceptaría la decisión de congreso) terminó rompiendo y re-fundando el Partido “Socialista”. ¿Por qué si la mayoría absoluta del Congreso del PS se declaró comunista, la fecha de nacimiento se establece en 1920 y no en 1910 -año en que se fundó el Partido Socialista? Porque los comunistas querían establecer una distinción tajante entre la estrategia revolucionaria que orientaba al “nuevo” partido, opuesta al reformismo del liderazgo que fundó el PS (Frugoni había sido la figura principal entre 1910 y 1920). Continuar llamándose PS implicaba ocultar esta profunda transformación, y generar confusión. Por ello la condición 17 para pertenecer a la Internacional Comunista afirmaba que “Este problema de nominación no es una simple formalidad sino que también tiene una importancia política considerable. La Internacional Comunista declaró una guerra sin cuartel al viejo mundo burgués y a todos los antiguos partidos socialdemócratas amarillos. Es fundamental que la diferencia entre los partidos comunistas y los viejos partidos ‘socialdemócratas’ o ‘socialistas’ oficiales que vendieron la bandera de la clase obrera sea más clara a los ojos de todo trabajador.” Por esta razón, el PCU no reivindica cumplir 110 años sino “apenas” un siglo. Sin embargo, los cambios que ha sufrido este partido en este siglo no son de menor importancia al que sufrió en 1920 el PS uruguayo. Basta recordar que hasta 1929 se publicaba en su periódico un anuncio ofreciendo a la venta libros de los revolucionarios bolcheviques, en particular el “Anti-Kautsky” (“Comunismo y terrorismo”) de León Trotsky. La estalinización de la I.C. llegó un poco tardíamente al partido uruguayo, aunque finalmente se sometió obsecuentemente al aparato internacional de la burocracia rusa. Rodney Arismendi llegó a declarar poco antes de morir que los dirigentes del PCU hicieron “servilismo ideológico” al Kremlin. La frase con ser reveladora, se quedaba corta. Entre 1920 y 1955, el secretario general del PCU fue Eugenio Gómez y siguió paso a paso todos los zigzags y volteretas del estalinismo: la oposición al frente único obrero para enfrentar al nazismo, luego el frente popular con la burguesía “democrática” con el pretexto de enfrentar al fascismo, más adelante defendió el pacto Hitler-Stalin (1939) poniendo como eje la lucha contra el imperialismo “democrático” para luego de la invasión a la URSS girar como un panqueque y defender la unidad con ese mismo imperialismo “aliado” para derrotar a Hitler. La unidad con la burguesía “democrática” llevó a denunciar como “nazis” a los líderes del sindicato frigorífico en 1943, porque negaban carne a los aliados con su huelga. El PCU quedó completamente desprestigiado y le costó mucho tiempo volver a hacer pie en la Federación de la Carne. Esta política de “unidad nacional” (e internacional) con la burguesía se vino abajo pero no por decisión de Stalin o el PCU, sino por el inicio de la “guerra fría”. En Europa los gobiernos de “Unidad nacional” entre los partidos estalinistas y la burguesía habían logrado contener las tendencias huelguísticas y revolucionarias (Francia, Italia, etc.), y tras rearmar los Estados capitalistas los “comunistas” fueron desechados como un limón exprimido. En 1953 murió Stalin y se abrió una lucha intestina en la burocracia rusa por su sucesión, que culminó con la ejecución de Beria y el triunfo de Kruschov. En Uruguay se produce en 1955 un “golpe” interno donde Eugenio Gómez termina excluido y Rodney Arismendi ocupa la secretaría general. Aunque se suele presentar este giro como una “desestalinización”, la realidad es que en el Congreso que siguió a la purga de Gómez el escenario estaba presidido por una foto de Stalin. Hay que recordar que un joven Rodney Arismendi fue el redactor de un folleto en 1938 titulado “La justicia soviética defiende al mundo”, donde reivindica los famosos “procesos de Moscú” (y también la represión contra la izquierda revolucionaria en Barcelona -anarquistas, poumistas y socialistas). El XVII Congreso de 1957 aprobó la Declaración Programática donde el PCU reitera su estrategia de alianza con la burguesía “nacional” o “burguesía media”. En nombre de la estrategia estalinista (previamente, menchevique) de “revolución por etapas”, el PCU proclama no la lucha por la dictadura del proletariado (que en realidad había abandonado hace años) sino por un “gobierno democrático de liberación nacional” que defendería la propiedad privada capitalista: “la propiedad de los industriales y comerciantes nacionales y de los campesinos y arrendatarios no latifundistas que no conspiren contra el poder popular, será respetada y defendida por la ley”, es decir, a palos y tiros. Este documento programático establece también la “vía uruguaya” de la revolución: tras afirmar que una “revolución social” no puede hacerse “de manera gradual, evolucionista, reformista”, se aclara que “ello no significa, sin embargo, que sea obligatoria la vía de la guerra civil”, sino que “es posible conquistar el poder político por vías pacíficas y convertir al parlamento en un auténtico órgano ejecutor de la voluntad popular”. Esta orientación será mantenida y profundizada en el siguiente período. Será el fundamento de la negativa a impulsar la huelga general en 1969 contra la congelación salarial y la represión de las poderosas huelgas que recorrieron al movimiento obrero aquel año: constituir una “salida política” a través de un frente “amplio”. El estrangulamiento de las tendencias a la huelga general, que se pretenderá justificar en que no convenía una confrontación de conjunto con el gobierno pachequista, conducirá a un reflujo y fortalecerá a la derecha (que gana la elección y lanza una ofensiva contra la izquierda y los trabajadores). Luego, en 1973, la clase obrera se lanzará a la huelga general para enfrentar el golpe de Estado -sin esperar la orden de la dirección burocratizada de la CNT, que buscaba una negociación con los golpistas- en condiciones mucho menos favorables que las de 1969. El apoyo a los comunicados 4 y 7 de las FF.AA. en febrero de 1973, en nombre del carácter “nacionalista” y “patriótico” de los militares que se encaminaban al golpe de Estado, conducirá a desarmar a los trabajadores. La dirección de la CNT con mayoría del PCU impulsará la estrategia de “unidad de todos los orientales honestos, civiles y militares”, que intentará consumar incluso con un “Primero de Mayo festivo” -lo que generó un enorme rechazo en las bases de los sindicatos. La clase obrera fue a una heroica huelga de 15 días contra la dictadura, pese a esta orientación de freno y conciliación con los mandos golpistas. Durante la propia huelga general, la línea del PCU buscaba la confraternización con los militares. Así describirá la situación el secretario general Rodney Arismendi, cuando los obreros eran desalojados a palazos y volvían a ocupar las fábricas una y otra vez: “Los trabajadores -orientados por la CNT- transformaron cada fábrica ocupada en una tribuna con vistas a la fraternización entre obreros y militares contra la rosca en el poder. Ni los palos, ni las torturas aplicadas en ciertos casos, los apartaron de esta actitud lúcida y auténticamente revolucionaria (sic). En este sentido, los tantas veces citados comunicados 4 y 7 se tornaban exigencia popular en la misma hora en que eran pisoteados por la dictadura y la rosca, por Bordaberry y sus acompañantes. Así se traduce una justa política ante las FF.AA. capaz de distinguir entre el gorila y el militar patriota, aún confuso o equivocado”. Esta política condujo a la huelga a un impasse y a la derrota. La expectativa en los militares “patriotas” no cesaron con el golpe de Estado. En 1974 los militantes comunistas pintaban la consigna “gobierno popular, como en Portugal” -que sugería una convergencia con sectores militares al estilo de la “revolución de los claveles” de aquel año. Marina Arismendi llegó a afirmar: “Nosotros sufrimos un revolcón, con respecto a ciertos preconceptos que teníamos, ya en diciembre de 1975 cuando los comunistas empezaron a caer en masa, en manos de la dictadura y nos encontramos con que aquella idea de que no nos iba a pasar nada era errónea, y había compañeros que hablaban en la tortura, y había una nueva realidad que nos encontraba mal parados y que dejó profundas cicatrices”. La salvaje represión dictatorial y el heroismo de los militantes del PCU no exime a la dirección estalinista de su responsabilidad ante la derrota histórica sufrida por la clase obrera. La disolución de la Unión Soviética y el proceso de restauración capitalista abierto provocó una crisis en 1991, cuando el secretario general Jaime Pérez y la casi totalidad del Comité Central del PCU planteó reciclarse en un “partido socialista democrático”. Un planteo no sólo reaccionario sino además tardío, en el sentido de que ya no podían evitar las consecuencias del fracaso de Gorbachov (a quien habían aplaudido) y de toda la experiencia estalinista. En menos de un año el PCU prácticamente se desintegró. Una a una las fracciones pretendidamente ‘renovadoras’ fueron abandonando el partido, ante la dificultad para imponer su política. El PCU, del que habían emigrado la mayoría de los dirigentes ‘históricos’, había quedado reducido a una mínima expresión. El primer diputado de la 1001, el ex-‘progresista’ Rodríguez Camusso, rompió con el FA bajo una fundamentación abiertamente anti-comunista, y volvió al Partido Nacional —integrándose al sector del ex-presidente Lacalle Herrera. Una minoría del partido resistió este planteamiento y logró convocar a un congreso extraordinario -al cual ni siquiera se presentaron los dirigentes históricos del PCU. Este es el verdadero “nacimiento” del actual PCU, cuando los militantes llamados “ortodoxos” y un puñado de dirigentes resisten la disolución. Notablemente, no realizaron una crítica despiadada a su pasado y a la orientación de quienes habían sido sus dirigentes hasta el día anterior, sino que reivindicaron esa misma estrategia y la siguieron defendiendo al pie de la letra. Por ello no sólo se mantuvieron dentro del Frente Amplio, sino que incluso en 1994 en un congreso de la coalición centro-izquierdista defendieron la ampliación hacia la derecha (“Encuentro Progresista”) y abandonar planteos programáticos como la estatización de la banca. Es recordada la intervención del ex dirigente Eduardo Viera fundamentando extensamente en un congreso del Frente Amplio en este sentido, un hecho tanto o más revelador que cuando Jaime Pérez atacó la dictadura del proletariado en la televisión. El repudio de Jaime Pérez a “toda dictadura, incluso la del proletariado” se produjo poco tiempo después del XXI Congreso del PCU (realizado en 1988) cuya adquisición fundamental fue el descubrimiento del “valor universal de la democracia”, por lo que las declaraciones de Pérez no deberían haber generado mayor revuelo. De hecho, el PCU hace décadas no defendía la dictadura proletaria. El arismendismo fue profundizando más y más esa orientación “democrática”, aunque nunca se realizó una autocrítica seria sobre el apoyo a los militares “patriotas”. El XXI Congreso reiteró como “vía uruguaya al socialismo”, el “avance en democracia” y el Frente Amplio. “El gobierno del FA y sus posibles aliados permitirá construir una democracia avanzada mediante la profundización democrática y transformaciones radicales. La concebimos como nuestra vía de aproximación a la revolución agraria y antiimperialista, en tránsito al socialismo”. Se llegaba así al cretinismo parlamentario más depurado, y la negación más abierta de la revolución proletaria y el gobierno obrero (dictadura proletaria). Hoy los dirigentes del PCU, que vienen de haber enfrentado a Jaime Pérez y la supuesta “renovación”, reiteran al pie de la letra la principal adquisición de aquel XXI Congreso de 1988: “Los comunistas uruguayos consideramos la democracia como una conquista estratégica, de profundo valor histórico, que debemos defender y profundizar, en la perspectiva de su realización más plena y profunda en el socialismo”. En nombre de la claridad, los dirigentes del PCU deberían haber modificado su denominación una vez más, ya que siguiendo a Lenin aquel que repudia la dictadura del proletariado no es siquiera marxista: “Quien reconoce solamente la lucha de clases no es aún marxista, puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño (o un gran) burgués adocenado.” Durante 15 años el Frente Amplio fue gobierno y no hubo ningún avance al socialismo, sino que incluso con mayorías parlamentarias y con gobiernos “aliados” en la región llevaron adelante una política que aumentó la deuda externa (pese a haber pagado cifras millonarias), hizo crecer la concentración y extranjerización de la tierra, promovió más zonas francas y subsidios a las inversiones extranjeras, y fortaleció leyes represivas contra el movimiento obrero como la represión de piquetes, la prohibición de ocupación de empresas y oficinas públicas, la utilización de los decretos de “servicios esenciales” contra las huelgas, entre otros. El propio PCU fue impulsor de la prohibición de las huelgas desde la Intendencia montevideana cuando la encabezaba la “comunista” Ana Olivera, y también aplilcó ese decretazo contra los trabajadores de la salud pública cuando un ministro “comunista” lo encabezaba. Ahora que gobierna la derecha, seguramente los dirigentes del PCU le echan la culpa al pueblo trabajador por su escasa conciencia, pero son ellos los que fueron borrando las diferencias con los partidos que coaligados terminaron triunfando en las elecciones del año pasado. El propio Manini Ríos nace como resultado de la política del Frente Amplio para las FF.AA., que el Partido Comunista de Uruguay no ha denunciado ni enfrentado en forma mínimamente consecuente. Los pactos con los mandos militares, el mantenimiento de la impunidad, el ascenso de oficiales que reivindican el rol del ejército en la represión de la izquierda y de los explotados, ha sido mantenida durante quince años. Los juicios y condenas surgen no por iniciativa del “progresismo” sino de los militantes de izquierda que se han negado a resignarse a estos pactos antidemocraticos y reaccionarios. Las transformaciones que ha sufrido el PCU en 100 años no son menores al giro estratégico que se protagonizó en 1920 al adherir al programa de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado. Por el contrario, los cambios posteriores han sido aún más profundos y decisivos. Hoy el PCU podría reivindicar una continuidad más con Frugoni que con el leninismo. Esto no es una chicana, el planteo de transformaciones desde el Estado capitalista a través de “más democracia”, de parlamentarismo, e incluso de saludar las inversiones extranjeras, tienen mayor parentezco con el programa de Frugoni que con un planteamiento comunista. La reivindicación del comunismo, que implica la denuncia a la contrarrevolución estalinista y la lucha contra los que restauraron el capitalismo en la ex URSS, implica una crítica y un balance histórico que los dirigentes del actual PCU se han negado a realizar. Implica abandonar la estrategia de alianza con la burguesía y reconocer que ya en 1973 la clase obrera uruguaya mostró en la huelga general que estaba por encima de sus dirigentes que la pretendían someter a tratativas y acuerdos con los “progresistas” civiles o militares, y que aquella huelga heroica fue una incipiente revolución proletaria que se produjo en condiciones históricas desfavorables de reflujo y retroceso, pero que por ello mismo muestran que la perspectiva estratégica debe ser la lucha por un gobierno obrero y popular, no un gobierno de colaboración de clases ni de conciliación con el imperialismo.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convocó este miércoles a pañuelazos, concentraciones y movilizaciones en diferentes puntos del país, congregando a miles de personas y dándole un nuevo impulso a la marea verde con las consignas “Es urgente. Aborto legal ya” y “Aborto legal 2020”. En la Ciudad de Buenos Aires se realizó una caravana de Plaza de Mayo al Congreso de la que participaron miles de mujeres. Sucede que al cabo de ocho mes meses dilaciones y maniobras por parte del gobierno FF, el derecho al aborto sigue siendo una reivindicación de primer orden para el movimiento de mujeres que defiende el proyecto presentado por la campaña. A poco tiempo de asumir Alberto Fernández afirmó que el gobierno había elaborado un propio proyecto de legalización del aborto, pero al día de hoy no se conoce su contenido. En el movimiento de mujeres cunde la sospecha de que tendría amputaciones respecto del impulsado por la Campaña, en contenidos fundamentales merced a reclamos de los sectores clericales. En estas últimas semanas el presidente repitió en diversas ocasiones que el aborto legal ejercería más presión sobre el sistema de salud, colapsado en el marco de la pandemia. No son argumentos nuevos, dado que todos los gobiernos han utilizado la excusa de la precariedad del sistema de salud, ¡de la que son responsables directos! Esto constituye un bloqueo directo por parte del gobierno que pone en riesgo el estado parlamentario por lo que la campaña, advirtiendo esta situación, ha convocado a movilizar en lo que se espera que en las próximas semanas se vuelva a poner la ola verde en la calle. Con la profundidad de la crisis social actual, agravada por la pandemia, con índices de desocupación, pobreza, precariedad y déficit habitacional abrumadores, el derecho a la maternidad se encuentra fuertemente cuestionado por las condiciones materiales de vida. Miles de mujeres son arrojadas a la clandestinidad del aborto por la imposibilidad concreta de afrontar la maternidad. En estos últimos meses también, y como corolario, sectores clericales han obstaculizado los abortos contemplados por la ILE, obligando a niñas a parir. La lucha por el derecho al aborto no es solo por la conquista de un derecho democrático, es una lucha por la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestación a no morir por la decisión de interrumpir el embarazo, es la lucha por el derecho a la maternidad y las condiciones de vida concretas. No podemos esperar más. Por el aborto legal ya, por el proyecto de la campaña, ganemos las calles.

Un mes después del inicio de las multitudinarias movilizaciones contra los femicidios en Jujuy, el jueves 29 de octubre pasado, la legislatura aprobó una ley de emergencia en materia de violencia de género presentada por el Gobierno. El proyecto obtuvo los votos de las dos fracciones que integran el PJ jujeño y el apoyo de la totalidad de las organizaciones feministas de la provincia, desde la multisectorial de mujeres, hegemonizada por sectores vinculados al Frente de Todos, hasta el área de estudios de géneros de la UNJu y la Tupac Amaru. Los diputados del PTS lo rechazaron y presentaron un dictamen de emergencia propio. El diputado del PO, Iñaki Aldasoro, rechazó dicha ley, señalando sus límites y llamando a reforzar la movilización independiente del Estado y a pelear por un consejo autónomo electo y revocable por las mujeres. Qué dice la ley La emergencia aprobada dispone un refuerzo presupuestario del Consejo Provincial de la Mujer (CPM) y promete la aplicación de leyes ya vigentes y en aplicación, como la de ESI, la Ley Micaela o la Ley de protección integral de Mujeres. Sin que nadie sepa qué pasó con el presupuesto del CPM ya devengado, próximamente se construiría una cantidad indeterminada de hogares refugio, centros de atención integral a la violencia y se repartirían subsidios. Promete una prioridad del acceso a la vivienda para las víctimas de violencia de género, pero en su primer mandato Morales construyó sólo 4.500 viviendas, cuando prometió 16.000; y el déficit habitacional alcanza a 32.000 viviendas. Ahora la policía estará obligada a tomar las denuncias y a crear una división de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, la policía jujeña ya ha sido ´capacitada´ en “perspectiva de género, y de todos modos incumple con el protocolo vigente que exige se active la búsqueda a las dos horas de desaparición de una persona. Por último, su ejecución quedará en manos del funcionariado de Morales, cuya renuncia reclaman las organizaciones de mujeres. Tampoco será fiscalizada por ellas, como lo solicitaron desde la JP feminista hasta Pan y Rosas (PTS) e Isadora (IS). Cooptación estatal El feminismo del FdeT y otros justificó el apoyo a la Ley de Morales como una conquista arrancada al gobierno. Sin embargo, lno fue lo que reclamaron as enormes movilizaciones del último período. Sólo la exigían las organizaciones que conforman multisectorial de mujeres y otras organizaciones k, las cuales llamaron a sus bases a comportarse “civilizadamente” aportando a la ley y a abandonar las calles para no “dar una imagen de violentas”. Su propósito fue la obtención de cargos como capacitadoras en perspectiva de género y la financiación para “capacitaciones territoriales”. Sólo cuando cerraron acuerdo festejaron la ley de Morales, “a pesar de sus limitaciones”, aunque no ha quedado clara la forma de aplicación y el financiamiento de la ley. A nadie escapa que Morales se ha beneficiado de su acercamiento al gobierno F-F en los últimos meses largos. Nueva etapa Morales no logró convencer a la masa de mujeres movilizadas. La convocatoria a marchar a la legislatura en apoyo a la aprobación de la ley reunió apenas 200 personas, la gran mayoría de la CCC. La miseria y descomposición social creciente acicatea la violencia hacia la mujer, tanto por la descomposición de la familia obrera que genera. El entrelazamiento entre el aparato estatal y el proxenetismo y las redes de trata, no ha sido siquiera mitigado. La prioridad del gobierno hacia el pago de la deuda provincial y el rescate a grandes empresarios y terratenientes por parte del gobierno, plantea el incumplimiento de los compromisos que dice asumir la ley. La ley de emergencia no resolverá nuestros problemas. Vamos por comités de mujeres para imponer que se tomen las denuncias, la autodefensa colectiva, la exclusión del golpeador y hogares refugio, subsidios y trabajo genuino, vivienda, el resguardo de los hijos de las víctimas de violencia y el desmantelamiento de las redes de trata.

La sostenida crisis política en el gobierno ha generado nueve cambios de gabinete. Además, en los últimos 16 meses, una tercera parte de sus ministros han renunciado. Ahora bien, al duro golpe asestado a Piñera y a la derecha chilena por el avasallador triunfo del “apruebo convención constitucional” en el plebiscito del domingo 25 de octubre, se suma una serie de acusaciones constitucionales contra sus ministros; de un lado, debido a su gestión frente a la pandemia y, del otro, por la represión durante la rebelión popular. La última de estas acusaciones, contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez –que renunció el día de ayer tras 98 días en el cargo-, es la séptima en un periodo de poco más de dos años. En su reemplazo, Piñera escogió al alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), convirtiéndose en su cuarto jefe de gabinete. Pero eso no es todo; ayer fue una jornada clave, pues el gobierno se concentra en el Senado para frenar el proyecto, aprobado en Diputados, de un segundo retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs. Desde la clase capitalista la medida ha sido fuertemente rechazada. Gremios patronales como la CPC y la SOFOFA han alertado por las millonarias pérdidas que registraron las AFPs producto del primer retiro, donde en el tercer trimestre se registraron bajas hasta en un 51% de sus utilidades. Además, alertan que de realizarse un segundo retiro, quebrarán todas las empresas de seguro. Así, los capitalistas han cuestionado firmemente estas medidas y han señalado que la falta de recursos del pueblo debe ser suplida por el Estado y la reactivación económica, y no a través del ataque a sus ganancias. Así, durante los últimos días, el gobierno ha intensificado su contacto con diputados y senadores de su coalición política. En caso de que la iniciativa sea aprobada por ambas cámaras, pretende impugnarla ante el Tribunal Constitucional (TC). El gobierno invoca uno de los mecanismos pinochetistas más antipopulares, contra una de las medidas más populares desde el punto de vista de las masas. Ahora bien, mientras esta posibilidad se discute en la comisión, de forma paralela la oposición impulsa un nuevo proyecto -elaborado por los diputados del partido Federación Regionalista Verde Social. Contempla un bono de 500 mil pesos para los trabajadores que tengan $0 en su cuenta de AFP. El texto establece que "en el caso de aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de Previsión Social y en general las personas que no poseen ahorros en el sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, concédase un bono extraordinario de $500.000 vía transferencia directa”. En caso de aprobarse, el bono podría alcanzar a casi 2 millones de personas que, según la Superintendencia de Pensiones, se quedaron sin saldo de ahorro capital tras el primer retiro del 10%; de 11 millones de afiliados, 10,9 millones realizaron la solicitud. El partido socialista y el partido comunista, por su parte, han señalado que ingresarán una indicación que establece que, si los afiliados no registran ninguna cotización previsional transcurrido un plazo de seis meses de efectuado el retiro de fondos, tendrán derecho a efectuar un tercer retiro, equivalente al 5% de los fondos acumulados en su cuenta. La oposición ve positivo el hecho de que el dinero retirado de las AFP, en perjuicio del retiro laboral, pueda dinamizar la economía local al inyectarse una gran masa de liquidez a mercado -tal y como lo hizo el primer retiro, donde el Retail y la banca fueron los principales beneficiados. Ante todo esto, por supuesto, el gobierno tambalea ya que el 45% presupuesto público para el año 2021 estará destinado a pagar deudas, el vaciamiento de las arcas fiscales para el rescate capitalista ha sido inédito. La organización económica del pinochetismo se desmorona. La lucha por el Fin a las AFP debe completarse con un programa que contemple la nacionalización -sin indemnización a los capitalistas- de los fondos de pensiones; la creación de un sistema a previsional estatal que sea solventado con aportes exclusivamente patronales, bajo el control de trabajadores y pensionados; y la lucha por una pensión igual a 650 mil pesos, igual al salario mínimo. Más que nunca: ¡Huelga general!; ¡Fuera Piñera!, por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y por un gobierno obrero y socialista.

El problema de la vivienda en Argentina viene profundizándose en los últimos 40 años. La pandemia ha dejado al desnudo una crisis humanitaria derivada de una situación de hacinamiento y pobreza precedente. El Registro Nacional de Barrios Populares tiene registradas 4.416 villas y asentamientos en todo el país, de los cuales una cuarta parte son posteriores al 2010. Un relevamiento de este organismo refleja que en estas villas y asentamientos viven más de 3 millones de personas; uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. Se calcula que existe un déficit de 1,5 millones de viviendas y que hay 2,5 millones de viviendas con problemas estructurales, como falta de cloacas, agua potable, gas, hacinamiento, etc. El hacinamiento se ha transformado en una realidad alarmante que, según el INDEC, alcanza un estado crítico en 232.000 hogares en los que habitan 1.409.000 personas. ¿Se viene la “Huelga de los Inquilinos”? A finales de marzo, previendo una situación crítica, el gobierno extendió prórrogas y congeló los precios de los contratos de alquiler por decreto. Según informes del Ministerio de Hábitat de la Nación, existen 9 millones de inquilinos (hogares). En los casos de vencimientos a partir del 20 de marzo se dispuso la suspensión de los desalojos por falta de pago hasta el 31 de enero de 2021, pero las deudas acumuladas de quienes no puedan pagar deberán ser saldadas a partir de febrero de 2021. La acumulación de deuda por parte de los inquilinos los pone en el centro de la próxima crisis por tierra y vivienda. En agosto, la Federación Nacional de Inquilinos estimó que aproximadamente un millón de familias estaban en condiciones de ser desalojados a partir de octubre por las deudas acumuladas. La pandemia del Covid ha golpeado de forma brutal las condiciones de vida de millones de trabajadores. Con la pérdida del trabajo, y con casi un 50% de la población en la pobreza, los alquileres se transforman en una fuerza expulsiva de miles de hogares. Necesitamos un congreso de delegados de los barrios y el movimiento obrero para impulsarlo.

La crisis en la Iglesia Católica por la ola de denuncias de pedofilia contra curas de varias provincias del NOA no se detiene. El pasado 26 de octubre fue detenido en la ciudad jujeña de El Carmen al padre Ricardo “Cocó” Quiroga, imputado por abusar sexualmente de una niña de 10 años. Este aberrante hecho suma al menos dos cómplices: una joven mujer de 21 años imputada y detenida por captar, trasladar y entregar a la niña; y un servidor parroquiano quien también se encuentra imputado por el abuso a la menor y de quien se desconoce hasta el momento registro sobre su detención. El operativo montado por los victimarios para cometer su delito contra esta menor, no tiene nada que envidiar al modus operandi de las redes de trata. Por una tendencia sensible a la movilización que dejó la pasada ola femicidios y la violencia hacia mujeres y niñas, inmediatamente se autoconvocó una nutrida movilización en la ciudad de El Carmen, encabezada por la madre de la víctima. Marcharon junto a ella vecinas y vecinos de la localidad, y un sector del movimiento de mujeres. La juventud se volvió a mostrar muy activa y firme contra estos flagelos, participando masivamente de la autoconvocatoria. Ante la indignación generalizada de la población, el obispado jujeño solo atinó a la suspensión del detenido y ponerse a disposición de la justicia, para así intentar ocultar sus responsabilidades en el caso. Una serie de medios de gran tirada en la provincia indicaron que los investigadores no descartarían que se sumen más denuncias contra Ricardo Quiroga, por lo que seguramente hubo una red de encubrimiento que involucra a la curia y que debe ser investigada. El gobierno y la burguesía reducen la violencia de género a un plano cultural mientras sostienen y subsidian a sectores eclesiásticos plagados de denuncias por es tos delitos y encubrimientos a violadores. La Iglesia se encarga de una gran parte de la asistencia social del Estado, generando un condicionamiento clientelar sobre las masas explotadas, a la vez que monopoliza el negocio de la educación privada. Desde ese entrelazamiento con el Estado y bajo esa posición de fuerza impiden el dictado de educación sexual científica y laica en las escuelas privando a miles de estudiantes la posibilidad de obtener herramientas de autocuidado, incluidas las que sirven para prevenir los abusos, entre otras aberraciones. La ley de emergencia contra le violencia de género, recientemente aprobada en la legislatura jujeña, ni siquiera señala la necesaria ruptura de este entrelazamiento entre el Estado y la Iglesia católica y de todo tipo de religión, develando sus límites insalvables. Este caso del cura Quiroga ha puesto en evidencia otro aspecto del cuadro social de violencia que sufren las mujeres y como este nace de las propias instituciones del Estado. El velo de impunidad que se establece sobre este tipo de casos solo puede ser derrotado con el desarrollo de la organización independiente del estado y los gobiernos de turno. Es necesario poner fin a este régimen de opresión y violencia sistemática contra la mujer y para ello es necesario pelear por la separación de la Iglesia del Estado aboliendo todas sus prerrogativas sobre la salud, la educación y la asistencia estatal y confiscar todos sus bienes y riquezas. Sólo así la religiosidad será un asunto privado y de elección personal sin condicionamientos. ¡Juicio y castigo a los curas abusadores y a todos sus cómplices! ¡Separación de la Iglesia y el Estado!

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) convocó a una reunión abierta para la organizar una jornada nacional de lucha el próximo 10N por la “defensa de los equipos de salud”. La convocatoria recoge reclamos como salario digno, fin del trabajo precario y protección para las y los trabajadores, como se expresaron en las intervenciones. Fesprosa se encuentra nucleada en la CTA Autónoma y en ella intervienen CICOP, ATE y algunos nucleamientos autoconvocados. La reunión se inició con un informe de apertura que describió un panorama sombrío de la situación sanitaria en general y de los trabajadores en particular. La precarización laboral, el pluriempleo, la falta de licencias junto a la ausencia de representación gremial en los comité de crisis son algunos de los rasgos fundamentales del cuadro actual. El reclamo salarial y la precarización laboral fueron el denominador común de la exposición de los participantes. Las regionales de provincias como Chaco y La Rioja centraron el reclamo en la cuestión salarial. En el caso de Catamarca, además, denunciaron la sobrecarga de tareas del personal y la falta de recursos e insumos. Tucumán expuso la lucha contra la eliminación de la cláusula gatillo y Santa Cruz denuncióla falta de paritaria y la persecución laboral sobre el sector de enfermería. Estuvo presente el sector autoconvocado de Bariloche, que busca sumarsea la Fesprosa y viene protagonizando protestas semanales en el Centro Cívico de la ciudad. La regional cordobesa denunció al gobierno provincial por la suspensión de 90 días sin goce de sueldo ni instrucción de sumario a Ariel Gómez, referente de la seccional provincial y delegado del hospital Funes, en una clara manifestación de persecución sindical. La provincia se encuentra en un cuadro de avanzado colapso sanitario y la gobernación responde con suspensiones y despidos ante los reclamos obreros. La convocatoria del 10 en la provincia tendrá como uno de los ejes centrales esta denuncia. También hubo participación de médicos porteñosy trabajadores de los hospitales Citas, La Matanza y Posadas, de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria a movilizar el 10N se inscribe en un noviembre cargado de luchas (reclamos por paritarias, atraso en el pago de salarios, pase a carrera profesional de Enfermería, etc.). Es necesario avanzar en un planteo central de coordinación y lucha común que abarque a todxs los trabajadorxs de la salud: por aumento salarial; por el pase a planta permanente y el fin de la precarización laboral y el pluriempleo. Por licencias ante el stress laboral y por el reconocimiento profesional. Por EPP e insumos en todos los centros de salud y por jornadas laborales de 6 hs e incorporación de personal. Desde Tribuna de Salud Tendencia acompañaremos las jornadas del 10 y 20N -Día Nacional de Enfermería-, y llamamos a organizar asambleas en cada centro de salud, incorporando reivindicaciones y denuncias, haciéndolas parte de una gran campaña que golpee con un solo puño hasta la victoria. Pongamos en pie de una interhospitalaria nacional que reúna delegados y activistas de todo el país. Invitamos a todxs lo trabajadorxs a un plenario nacional de Tribuna de Salud (Tendencia) este próximo sábado 7 de noviembre, a las 17:30.

Conocí a Edu a principios de 1983. Los dos cursábamos la carrera del profesorado -él en Historia y yo en Letras- en el Instituto "Padre Elizalde", de Ciudadela. Formábamos parte de una camada de alumnos muy politizada, que muy pronto comenzó a cuestionar a las autoridades del profesorado. Nuestra primera acción fue repudiar la decisión de aumentar en forma exorbitante el arancel que se nos cobraba en concepto de "derecho de examen" (que hasta entonces era una suma muy accesible y se cobraba por cada materia que se deseaba rendir), mediante la presentación de un petitorio que fue firmado por casi la totalidad de los compañeros que cursábamos allí. Recuerdo que, para redactarlo, le pedimos prestada una máquina de escribir a una inmobiliaria del barrio. El petitorio fue un éxito y pronto las autoridades del instituto bajaron el arancel a niveles razonables. Esa acción fue el puntapié inicial para la formación de un centro de estudiantes. Entre los jóvenes que más participaban, sobresalía Edu, por su compromiso, su bonhomía y su buen humor. El centro de estudiantes no cayó nada bien en el consejo directivo del profesorado, de manera que, si bien tuvieron que aceptarlo -la situación política era otra, con la dictadura en retirada- trataron en todo momento de boicotearlo. Al año siguiente, muchos de los que formamos parte de esas jornadas de lucha no nos vimos más, le perdí el rastro hasta que, con gran sorpresa y alegría, lo volví a ver. Estaba en la cola para acreditarse en una actividad abierta de Tribuna Docente (no recuerdo si fue en un plenario de organización estudiantil en que decidimos migrar y nos fuimos del instituto) y yo me pasé a lo que hoy es el IES N°1 "Alicia M de Justo", junto con varios otros compañeros. Así fue como en un congreso. Estaba militando en el PO. Años después, tuve la misma grata sorpresa de encontrarme con él: esta vez, en la asamblea fundacional de la Tendencia del Partido Obrero. Camarada Edu: nos dejaste a todos el hermoso recuerdo de tu persona y el enorme ejemplo de tu calidad de luchador y militante. Seguiremos caminando juntos en la senda por un Partido Obrero, hasta la victoria del mundial del Socialismo.

No fue el alud para Joe Biden que pronosticaban las encuestas. En términos de votos, la distancia que saca el candidato demócrata no es mayor que la de Hillary Clinton hace cuatro años. Con 248 electores de Biden contra 214 de Trump, aún hay margen para pelear el piso de 270 que son necesarios para consagrar al Presidente de los Estados Unidos. Los números, sin embargo, no aclaran el panorama. La diferencia inferior al 1% que ha favorecido al candidato demócrata en el estado de Wisconsin ha sido cuestionada por Donald Trump, que reclama un recuento general de la votación. Menor aún es la que los separa en Nevada. En Michigan, uno de los estados claves, el equipo del presidente exige interrumpir el conteo de los sufragios. El republicano insiste, además, en que los únicos votos que deben considerarse válidos son los emitidos el día de los comicios, lo que implica desechar aquellos que fueron enviados por correo o incluso los días previos. Todos estos movimientos apuntan a convertir a la Corte Suprema en árbitro de las elecciones. Este escenario abre un abanico de alternativas de desgobierno en el país más poderoso del planeta. No se trata, sin embargo, de un impasse electoral. La incumplida avalancha prometida por los sondeos a favor de Biden, adelanta la debilidad excepcional de un eventual gobierno demócrata. Biden no consiguió una diferencia abrumadora en momentos en que los Estados Unidos atraviesa una onda incontrolable de contagios, el desplome del servicio de salud y una tasa de desocupación superior al 10% de la población activa. Lo conseguido por el partido demócrata no guarda ningún parecido con la victoria imponente de Franklin Delano Roosevelt, en 1932, en el punto más hondo de la depresión. No logró imponerse en la polémica con un adversario que defiende sin tapujos la “inmunidad de rebaño”, descalifica a las autoridades científicas y ha convertido a sus actos de campaña en un semillero de infecciones. Trump ha mantenido la supremacía de votos en los “estados republicanos” del Medio Oeste, precisamente en el momento en esos territorios son afectados por una escalada de contagios. Diversos observadores han señalado que la campaña demócrata apuntó a los intereses y preocupaciones de una clase media profesional que a los trabajadores que han visto hundir sus condiciones de vida en esta época de pandemia y derrumbe económico. Una economista en jefe del FMI acaba de observar en el Financial Times que los u$s12 billones de dinero fiscal inyectado en la economía, no han alcanzado para mover la demanda agregada. El FMI, por su lado, denuncia, en otro informe, que el rescate de la Reserva Federal a las compañías en crisis y al borde de la quiebra, han sido ‘derivados’ hacia la especulación inmobiliaria en perjuicio de la reactivación industrial. Estados Unidos enfrenta una crisis de conjunto, que este episodio electoral dramatiza políticamente, y pone de manifiesto la inadecuación del sistema histórico norteamericano para hacerle frente. Trump sigue un libreto que anunció de antemano, o sea que no va a reconocer los resultados electorales. No son amenazas vacías cuando cuenta el apoyo de todas las corporaciones policiales y de grupos paramillitares, a los que ha defendido en forma reiterada. Estos recursos fascistizantes demuestran que Estados Unidos se enfrenta a un replanteo histórico de su sistema social y político. La llamada ‘globalización’ ha enriquecido en forma gigantesca a las corporaciones internacionales, pero empobrecido a los trabajadores, que hoy recogen menos del 50% del ingreso nacional cuando hace dos décadas aún participaban de un poco más del 70%. Es que la ‘globalización’ ha sometido a la clase obrera norteamericana a la competencia de la ultra barata fuerza de trabajo de China, o Vietnam. Como ocurre con Gran Bretaña, la tendencia de la City va en dirección opuesta al resto del país. En algunos estados, el martes se votó el establecimiento de un salario mínimo de 15 dólares –para 2026!–. La gran contradicción de las elecciones norteamericanas es que, de un lado, constituyen una derrota histórica de su establishment poderoso, que no ha logrado inclinar la salida para algunos de los lados, mientras que, del otro, la concurrencia récord a las urnas, pone de manifiesto una politización excepcional de un pueblo que es descripto, habitualmente, como desinteresado políticamente. Es difícil que, en estas circunstancias, la Corte estadounidense pueda imponer su arbitraje como lo hizo en el 2000, cuando se decidió por George Bush contra Al Gore. Es que ahora no se trata de fallar en un solo estado, como fue en aquel caso Florida, sino varios de ellos, pero por sobre todo porque el establishment de los servicios de seguridad y de las fuerzas armadas no revistan en el campo de Trump. Más importante aún, si cabe, el país está sacudido por una rebelión popular, que arrancó contra la brutalidad policial, pero cuyo alcance es sistémico, aunque su diseño no sea todavía claro. En definitiva, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de una crisis mundial potencialmente revolucionaria. VER MÁS Por qué el fracaso de Joe Biden crea una crisis política enorme Las provocaciones de Trump y un Biden golpeado Estados Unidos: elecciones en una campaña golpista

La discusión entre la patronal de la metalúrgica Gri Calviño y los trabajadores, en el marco de la conciliación obligatoria, se encuentran paralizadas. La empresa ha dejado sin efecto 30 telegramas de despido que había enviado y los trabajadores, en un gesto de avanzar con la negociación, abandonaron la toma de la planta, pero continúan haciendo una permanencia en la cochera con una olla popular. La situación está trabada en los puntos referidos al pago de las quincenas adeudadas, respetando los aumentos acordados previamente, que la empresa pretende desconocer. Por otra parte, la patronal quiere imponer la polifuncionalidad, que implicaría la reducción de los puestos de trabajo a futuro, y desconocer la recategorización y el convenio colectivo de trabajo. En el marco de una negociación que ya se extendió por tres días, la patronal pretende además desaforar a los delegados, en un claro intento de debilitar la lucha y dividir a los trabajadores, y colocar a la UOM al frente de las negociaciones. Los trabajadores de la planta, en cambio, defienden a su comisión interna a rajatabla. La empresa exporta torres de energía eólica a EEUU, pero pretende pagar salarios de un dólar la hora y pisotear los convenios colectivos de trabajo. La tenaz lucha de estos trabajadores metalúrgicos, con los métodos históricos de la clase obrera -asamblea, paro, toma y movilización- le ha puesto un límite a la voracidad patronal. Por el triunfo de los trabajadores de Gri Calviño, porque este será el de toda la clase obrera.

Este jueves 5 de noviembre los docentes del Programa Fines de la Provincia de Buenos Aires nos movilizamos desde Congreso a la Casa de la Provincia por el fin de la precarización laboral del sector. La convocatoria fue impulsada por el agrupamiento autoconvocado "Fines en Acción" y el Centro de Estudiantes del ISFD n°103. También participaron trabajadores de los Equipos de Orientación Escolar y alumnos del ISFD n°11. El principal reclamo levantado en esta jornada de lucha fue el rechazo al Programa ATR implementado recientemente por la Provincia de Buenos Aires, y que, tras el manto de la revinculación, precariza la tarea docente, de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) y la formación de los estudiantes de los profesorados. Además, se exigió la continuidad del Programa Piedas sin contraprestación para los docentes que no han podido acceder a cargos, ya que los actos públicos virtuales que se están llevando adelante no cubren la necesidad laboral del sector. Incluso, en lo que respecta al Fines, se produjo una reducción de cursos al unificar dos y hasta tres comisiones. Por último, se reclamó la vigencia del estatuto para los docentes del programa Fines. En este punto, las reivindicaciones de los docentes de Provincia confluyeron con los de CABA, quienes acompañaron la movilización a la Casa de la Provincia. Luego, marchamos conjuntamente al Palacio Pizzurno. La delegación de CABA, conformada tanto por docentes como por compañeros de las organizaciones sociales que cursan sus estudios a través del programa Fines, planteó la necesidad de mayor presupuesto para el programa y cargos bajo estatuto docente. Esta jornada es un paso adelante en la organización de los docentes precarizados en defensa de una conquista histórica de nuestra clase obrera como es el estatuto docente. Las autoconvocatorias y el método asambleario se van abriendo paso en la docencia frente a la entrega sistemática de las direcciones sindicales.

El Consejo Federal de Educación aprobó las condiciones de “regreso a las clases presenciales” para el ciclo 2021. Del CFE participan el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta y los ministros de Educación de las 24 provincias del país; representantes de las Comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y los cinco gremios docentes con representación federal – Ctera, UDA, AMET, Sadop y CEA. Lo que se acordó fue que cada provincia será la encargada de establecer la fecha de comienzo y finalización del ciclo lectivo 2021, como así también la modalidad, a saber: presencial, no presencial y combinada (virtual-presencial), según la “realidad epidemiológica lo permita” (Acuerdo Federal 374). La modalidad “combinada” supone que un docente debería realizar dos tareas pedagógicas -la presencial y la virtual. El CFE también aprobó el protocolo respectivo, por ejemplo priorizar el regreso a la presencialidad de la sala de 5 años, combinándola con propuestas virtuales. Las salas de 3 y 4 años quedarán condicionadas a “que garanticen la reducción de riesgo”. Cualquiera sabe que es imposible evitar el contacto físico entre los niños. Para la educación especial se recomendó dar prioridad a aquellas y aquellos estudiantes que no han mantenido vinculación con las propuestas de enseñanza en todo el año Para la enseñanza técnica se aprobaron una serie de lineamientos para la acreditación de los estudiantes que deban realizar las prácticas profesionalizantes, obligatorias para esta modalidad. CTERA, que nuevamente concurrió a la reunión del CFE sin mandato de sus bases, planteó su “preocupación” por la falta de convocatoria a las organizaciones gremiales en las diferentes provincias. Un trabajo realizado por la propia central concluye que “hoy resulta de alto riesgo el regreso a las escuelas para el desarrollo de las clases presenciales” (“Informe salud laboral CTERA”, condiciones para volver a las escuelas en el contexto de pandemia, covid-19; 20/10). Pero la “realidad epidemiológica” es que el avance de la pandemia en el país no da tregua, con una circulación comunitaria en la totalidad de las provincias, y varias de ellas con sus sistemas de salud colapsados. Argentina, con 32.520 fallecidos, se ubica en el “Top 10” de los países con mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes. En Europa, el experimento se enfrentó a un rebrote de coronavirus que ha hecho que gran parte vuelva a cuarentenas estrictas. En Argentina tendría consecuencias catastróficas. Las resoluciones que votan los ministros y son presentadas como “unánimes” olvidan, sin embargo, lo esencial. Y es que ni los docentes ni las familias han dado su “aval” a este retorno a clases improvisado. Más allá de la complicidad de los gremios nacionales que están subordinados al gobierno, a lo largo y ancho del país, en cualquier asamblea o plenario donde se delibera, el rechazo es unánime. En Capital Federal sólo está asistiendo el 2% de la matrícula escolar que fue convocada del nivel primario. Las comunidades educativas conocen el estado calamitoso de los edificios escolares, la falta de provisión de elementos de seguridad e higiene y el riesgo al cuál se exponen sus propios hijos. A través de autoconvocatorias se han estrechado lazos muy fuertes entre la docencia y las familias. Es fundamental rechazar el regreso a clases presenciales en pandemia, acompañado con un programa que plantee: conformación de comités de higiene y seguridad por escuela con poder de veto, plan de obras de infraestructura escolar bajo control de la comunidad, provisión de conectividad gratuita y equipos para sostener la educación “virtual”, nombramiento de todos los cargos faltantes.

Si miramos los estudios que se han hecho sobre urbanización de las principales ciudades de Argentina y sus periferias en los últimos 30 años, nos encontramos con un fenómeno combinado de barrios cerrados y asentamientos precarios o villas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de cada 100 hectáreas construidas, 84 se han destinado para residencias. De estas, la mitad corresponde a barrios cerrados. En el área metropolitana, de las 22.000 hectáreas construidas, el 55% corresponden a proyectos de barrios cerrados y el 16% corresponde a asentamientos tomados y villas; el resto fue destinado a residencias particulares permanentes o de fin de semana. La densidad poblacional de la totalidad de los partidos del área metropolitana ha ido a la baja en los últimos años, que pasó de 45 habitantes por hectárea (2006) a 22 (2016). Es que en la totalidad de lo urbanizado los countries aportan mucha extensión de tierra, pero muy poca cantidad de personas. Es en el área metropolitana, el déficit habitacional alcanza a mas de 2.000.000 de habitantes y se combina con la ausencia de servicios básicos como agua potable, cloacas, gas, pavimento, transporte público, etc. La extensión de los servicios obedece a inversiones privadas destinadas a los countries. El 80% de las casas no tiene red de desagüe (cloaca); entre el 50 y 60% no tiene red de agua potable. La ausencia de servicios abarca numerosos rubros. Es necesario un plan integral, ya que la falta habitacional se entremezcla con la falta de trabajo. Se debe realizar un censo de la totalidad de las tierras ociosas que rodean los enclaves urbanos. Estas tierras deben ser expropiadas, en caso de ser privadas, y puestas al servicio de un plan integral de vivienda popular. Los mismos vecinos deben ser contratados bajo convenio para llevar adelante las obras y el planeamiento. Se deben entregar los materiales, herramientas y máquinas para poder levantar las casas, pavimentar las calles y llevar los servicios esenciales. El régimen presente es incapaz de unir todos estos elementos indispensables para el desarrollo humano y social. Los procesos de tomas pueden ser desalojados molecularmente, pero la lucha por la vivienda se va a profundizar, los trabajadores van a sacar conclusiones de cada lucha y por eso es que debemos unificar el reclamo a nivel nacional, por un plan de vivienda digna, trabajo y urbanización.

El pasado martes 3, alrededor de las 20:30 horas, en la Comuna 15, una patota neonazi atacó salvajemente a militantes del oficialismo del Partido Obrero (O), mientras realizaban una pintada en la plaza 24 de Septiembre, cercana al Cid Campeador, por los diez años del asesinato de Mariano Ferreyra. De manera organizada y premeditada, valiéndose de su superioridad numérica, entre insultos y gritos denostando la lucha de Mariano Ferreyra y al Partido Obrero, arremetieron a golpes y patadas contra compañeros y compañeras a quienes además robaron sus pertenencias. Varios de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Esta banda tiene antecedentes en el barrio. En esta misma zona han vandalizado un mural por Memoria, Verdad y Justicia en la escuela 14 DE 7, en 2017, y otros dedicados a las Madres de Plaza de Mayo, más recientemente, en 2019. También han aparecido inscripciones en aerosol reivindicando al genocida “Videla” en la fachada de la casa de una compañera docente del distrito. En el contexto de un discurso macartista exacerbado desde los distintos gobiernos y los medios de comunicación tras el violento desalojo de Guernica, este hecho constituye un gravísimo ataque a las libertades democráticas. El sábado, a las 15 horas, se realizará un acto de repudio icon la participación de organizaciones sociales y políticas, en el lugar de los hechos Denunciamos este cobarde ataque de carácter fascista y nos comprometemos con la organización de piquetes para combatirlos por todos los medios.

Ferroviarios de agrupaciones opositoras nos movilizamos el pasado miércoles 4 a la sede central de la Unión Ferroviaria con un pronunciamiento firmado por más de 500 trabajadores, para reclamar una recomposición salarial de 40% y cláusula gatillo frente a la inflación. Los compañeros se pronunciaron contra la paritaria que cerró la burocracia de la Verde y la empresa de un aumento del 7 %, sin retroactivo. Participaron las agrupaciones Causa Ferroviaria “Mariano Ferreyra” (Tendencia), Encuentro Ferroviario y la lista Naranja, entre otras. Previamente, las agrupaciones convocantes lanzamos campañas de convocatoria y pintadas en varias líneas del ferrocarril. Los compañeros saben que el 7% es insuficiente, en un panorama de inflación y pulverización constante de los salarios. También se denunció la persecución gremial al activimos ferroviario, como la que sufren los compañeros de la Lista Roja del Belgrano Norte, quienes son separados del servicio, con causas inventadas, por denunciar y reclamar elementos de seguridad e higiene; y nuestro compañero del Roca, Omar Merino, referente histórico de la oposición antioburocrática y compañero de lucha de Mariano Ferreyra. Vamos por asambleas en todos los sectores que voten un plan de lucha. Por una paritaria que incluya a los trabajadores del ferrocarril. ¡Fuera Sasia y la burocracia sindical de nuestros síndicato!

Detrás del acuerdo por la “vacuna rusa”, según La Política Online, existe una tensión al interior de la coalición oficial debido a que Fernández se negó a firmar “los términos leoninos” que le exigían Ginés García y el empresario Hugo Sigman, en nombre de AstraZeneca, para producir la vacuna de Oxford en el laboratorio mAbxience. En el Congreso se aprobó una Ley a medida de las exigencias realizadas por estos laboratorios, entre las cuales figuran cláusulas de confidencialidad, indemnizaciones compartidas con el Estado, exenciones impositivas y la prórroga de jurisdicción, es decir, solo se podrán iniciar juicios en el país de origen. Fernández no habría presentado mayores objeciones a estos puntos. La disconformidad llegó al reclamar que, de fallar la vacuna, el Estado no podrá reclamar ningún reintegro. Esa fue la exigencia que habría llevado a AF a explorar el acuerdo con Rusia. Este nuevo acuerdo aseguraría la llegada, entre diciembre y enero, de 25 millones de dosis, que podrían vacunar a 12,5 millones de personas, dado que precisa de una doble aplicación. Los rusos se aseguraron de hacer llegar sus complacencias por la decisión, y al mismo tiempo sus disgustos por los dichos de Ginés García, quien se refirió despectivamente a la vacuna rusa en una entrevista en TN. Carla Vizzotti, la encargada de viajar a Rusia para observar de cerca los avances rusos, fue la directora de vacunación durante la gestión en la cartera de salud de Juan Manzur, cercano a Sigman. LPO comenta también que uno de los propósitos de la llamada entre Fernández y Putin fue quitar del medio al laboratorio HLB Pharma, que arrastra un prontuario de desfalco en materia de seguridad laboral y evasiones impositivas. La posibilidad de una importación directa por parte del estado podría acelerar los tiempos de testeos que realizaría directamente el Anmat. AF ha asegurado en los últimos días que “nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad” (Infobae, 3/11), dando cuenta de enormes expectativas depositadas en la aparición de una vacuna. Rafael Bengoa, uno de los asesores de Gines Garcia, desde España, ha sostenido, sin embargo, que se trata de una visión “simplista”, puesto que “suponiendo que haya una vacuna en enero y febrero, vamos a precisar todo el año para vacunar suficientes personas, y eso que será una vacuna que solo producirá defensas y anticuerpos en un 60% de los vacunados” (Clarín, 3/11). El especialista recordó que el desarrollo de una vacuna insume décadas de estudios y sugirió contar con un Plan B para no sufrir, como ocurre ahora en Europa, una segunda o tercera oleada que podría ser más mortífera aún que la primera. Existen múltiples críticas y reservas de parte del mundo de la medicina – incluso entre los científicos rusos. Según el Centro Levada -una consultora considerada “independiente” de Putin-, el 59% de los encuestados rechaza ser inoculado con la nueva vacuna. Por otro lado, “La Vanguardia de España publicó un sondeo entre 3.040 médicos y especialistas de salud rusos que arrojó que un 52% de los profesionales sanitarios no está dispuesto a ser vacunado, mientras que el 24,5% indicó que estaría de acuerdo en recibir la vacuna”. Los sindicatos docentes de dicho país también la han rechazado como obligatoria al considerar que “la vacuna se creó a la velocidad del ferrocarril, lo que ya genera preocupaciones”. “Se creó apresuradamente", fueron las palabras de Yuri Varlamov, docente en Moscú y miembro del sindicato de maestros (La Nación, 6/11). Lo que se cuece detrás de todo esto es que los países de mediano y bajo desarrollo no tendrán acceso a la vacuna, cuya disponibilidad ha sido acaparada por los estados más ricos. Se calculan unas 8 mil millones de dosis que han sido aseguradas por medio de subsidios, cartas de intención y financiamiento. AstraZéneca y Moderna han recibido subsidios, cada una, por mil millones de dólares. Estiman un costo por unidad de 20 dólares, que llevarán al precio apenas se declare el fin de la pandemia – un eufemismo que entrará en vigencia en julio de 2021. El stock reservado por la OMS, denominado Covax, sólo abastecería al 20% de la población de los países pobres. El gobierno, por su lado, acuciado además a reducir el déficiti fiscal, es incapaz de extender en el tiempo los subsidios millonarios a compañías, y menos aún está dispuesto a continuar las migajas del IFE para los trabajadores. La necesidad de terminar de desarticular todo el entramado construido para sostener la cuarentena choca de frente, sin embargo, con el temor de un fuerte rebrote en marzo-abril del 2021, con el retorno de las bajas temperaturas -aunque, claro, el verano tampoco sea garantía de nada- y la catástrofe sanitaria. El lobby de la medicina privada ya ha iniciado una campaña a favor de una suba de aranceles del 50%, como lo demuestran sendos artículos publicados en La Nación y Clarín.

Ni Fernández, ni Kicillof ni Larreta se animaron a levantar demasiadas ínfulas al anunciar el pasaje del ´aislamiento obligatorio´ al ´distanciamiento social´. Ellos saben mejor que nadie que la ´nueva fase´ encierra límites y contradicciones monumentales. Cargan con la experiencia fracasada de todas las ´aperturas´ internacionales, y sus desenlaces igualmente decepcionantes. Es el caso de España y en particular del municipio de Madrid, cuya intendenta “larretista”, Díaz Ayuso, ha quedado tambaleante luego del desastre de los rebrotes. Pero también de Inglaterra y ahora de Grecia, que debieron volver a las cuarentenas estrictas. Hace pocas horas, el Financial Times (FT) anuncia que una campaña de testeos masivos en Liverpool ha suscitado “un gran entusiasmo popular”, aunque a nadie escapa lo demorado de la medida. Es lo que debían haber anunciado los Fernández y los Larreta, y también la ampliación de la atención hospitalaria, el aumento de salarios al personal de salud y el corte de beneficios y aranceles de la salud privada o la estatización. O también la distribución mundial gratuita de las vacunas, que ahora acaparan grandes potencias y farmacéuticas capitalistas. El gobierno F F emprende ahora el camino de las aperturas y las ´segundas olas´. Marcha tras ese rumbo con los ojos bien abiertos, consciente de los límites insuperables de los regímenes capitalistas para poner fin a la crisis humanitaria planteada por la pandemia. La ruta del próximo desbande sanitario se adivina en las propias resoluciones oficiales. El gobierno anuncia la reanudación de actividades escolares y universitarias en el AMBA, habilitando expresamente a estudiantes y docentes al uso del transporte público. Pero al mismo tiempo, promete “evitar la congestión en el transporte”, sin mosquearse por la contradicción. La nueva fase traduce también la presión de los gobernadores, aún cuando 10 provincias fundamentales –entre ellas Córdoba, Santa Fe, Salta, Mendoza y Tucumán- están en la “fase roja” de contagios y con más del 80% de camas de terapia intensiva ocupadas. En este caso, y como ya lo pidió el cordobés Schiaretti, se flexibilizará la circulación en “ciertos departamentos”, aquellos donde se esperan atraer turistas en el período de vacaciones. Los que gobiernan, sin embargo, saben muy bien que de este modo facilitan la propagación del virus. Mientras tanto, Fernández espera llegar a la otra orilla con el anunciado acceso a la vacuna. Pero las turbulencias planteadas por esta cuestión son tan o más intensas que la cotización del dólar, aunque con menos prensa. El gobierno presenta como “una diversificación de proveedores” a lo que constituye, en realidad, una seguidilla de improvisaciones. Según informa el periodista Diego Genoud en Letra P, el súbito interés por la vacuna rusa sería el resultado de una crisis planteada con AstraZeneca y el industrial farmacéutico y patriótico Hugo Sigman, que reclamaron condiciones legales extorsivas para proveer a la Argentina. En cualquier caso, ni la rusa ni ninguna de las otras vacunas ha superado la fase de pruebas –la incertidumbre sobre su uso queda retratada, justamente, en la puja planteada en torno de los juicios futuros por sus posibles perjuicios. El anuncio de la nueva fase omite, además, el colapso del sistema sanitario, público y privado. Lo que está ocurriendo, ahora mismo, en Estados Unidos. El gobierno, en este cuadro, se ha limitado a anunciar un plan de inversiones para reforzar las ¡“teleconsultas”! por covid, o sea, un mecanismo para alejar a los pacientes de los congestionados centros de salud, vía zoom. En definitiva, el “distanciamiento” ha sido impuesto por una presión de los grandes capitales, pero es una nueva improvisación sanitaria y, al final, política. Cómo justificar el ajuste La acelerada apertura servirá de coartada, además, para el recorte de los gastos sociales pandémicos, comenzando por el IFE. La miseria social y la desocupación masiva prometen prolongarse más allá de la pandemia. El gobierno, sin embargo, se prepara para firmar un ajuste con el FMI, bajo la presión del ‘régimen bimonetario’. Naturalmente, no tuvo el mismo reparo en rifar esos recursos a la hora de encarar un endeudamiento usurario ´atado al dólar´ o en rematar los activos dolarizados del Anses, al 30% de su valor nominal, todo con el propósito de generar un clima de supuesta estabilización cambiaria. Estos premios a los especuladores no frenaron sin embargo, la fuga de reservas, que llegó a los 300 milones el pasado jueves 5. Guzmán se jacta de haber frenado una megadevaluación que él mismo ha promovido con dos impuestos al dólar oficial, que ha llevado la cotización de la divisa a los 140 pesos. El paralelismo con el Covid está a la vista: el gobierno celebra el fin de un aislamiento que no existe desde hace meses, y un freno a la devaluación que tampoco es tal. Ahora, la aproximación al FMI tiene por delante dos platos fuertes: uno, el cambio en la movilidad jubilatoria, para volver a rebanar a los reajustes de haberes que deberían contemplar una inflación creciente. La otra es la cuestión de las tarifas, que los pulpos energéticos no quieren dejar librada al inestable sistema de subsidios. La “carpeta” que el gobierno quiere entregarle al Fondo encierra, por lo tanto, la perspectiva de una rebelión popular. El aislamiento y las masas El régimen y sus partidos celebran al fin del aislamiento, sin advertir que se abre también una nueva etapa para la clase obrera, en lo que tiene que ver con sus posibilidades de deliberar y organizarse. La lucha “presencial” se pondrá a la orden del día, en primer lugar, para defender las condiciones laborales y sanitarias amenazadas por la apertura. Esta cuestión se tornará explosiva en el transporte de colectivos, trenes y subtes, donde los cuidados sanitarios elementales exigirán la iniciativa de los trabajadores. Ni qué decir de los trabajadores de la salud, para quienes la “libertad de circulación” implicará una mayor demanda por contagios, y el consiguiente reforzamiento de las exigencias laborales. Sin dudas, se abre una lucha para la docencia de todos los niveles, que sacudirá también a los estudiantes y sus familias. Los anuncios oficiales no terminan con el período catastrófico abierto con la pandemia, y que es inseparable de la bancarrota industrial, la crisis fiscal y, sobre todo, de los múltiples padecimientos de las masas. Se abre una etapa de batallas más abiertas y encarnizadas, y de una lucha política por el desenlace de esta crisis humanitaria. Por medio de reuniones de activistas, plenarios y congresos de trabajadores, es necesario que rompamos ´el otro aislamiento´ -el de la atomización del movimiento de las masas-, y discutamos un programa y una salida socialista a la crisis mortal del capital.

Tucumán se ha transformado en una zona liberada para el avance de la pandemia. El número de contagios registrados ya superan los 50.000, pero el director del SIPROSA (Sistema Provincial de Salud) eleva la cifra a más de 200.000 y uno de los infectólogos del Conicet afirma que esa cantidad sería superior a los 300.000. Este desfasaje resulta de la proyección de la enorme cantidad de casos asintomático que se registran en las acciones de testeo. A pesar de ello el gobierno procede a liberar todas las actividades y circulación de la gente. Esta normalidad contrasta con la situación en el sistema de salud, con las UTI (Terapias) completamente colapsadas y con más de 4.000 trabajadores de la salud que han sufrido contagio y más de 50 han fallecidos. La ministra de salud como las autoridades del SIPROSA han recomendado retroceder en fase, limitar los horarios de circulación de la gente y la concentración en bares y otras actividades, pero Manzur, ha hecho oído sordo a estos planteos y se ha ajustado a los reclamos de las cámaras empresariales. Avance de la crisis general A pesar de este avance de la pandemia, casi a diarios la plaza Independencia es escenario de manifestaciones reclamando frente al agravamiento de la miseria y los atropellos del gobierno y las patronales. Trabajadores de ATE disidentes, por un lado, y los del Sitas (que agrupan a trabajadores de la salud), trabajadores del citrus autoconvocados, Los docentes autoconvocados, trabajadores del comercio, Los choferes, La docencia universitaria agrupada en ADIUNT, la docencia privada agrupada en Sadop, los feriantes del su provincial, etc. todos estos sectores se han movilizados, han realizado caravanas, en algunos casos piquetes, concentraciones, reclamando paritarias, el pago de sueldos adeudados, el rechazo a actividades presenciales en el caso de la docencia, el pago de subsidios para todos los temporarios del limón En diversas zonas de la provincia se están produciendo ocupaciones de terrenos. Ibagail, Paola Este reguero de luchas y reclamos se vio potenciado por la reacción popular frente al femicidio de la niña Ibagail, y más recientemente el de Paola Tacacho, por parte de un exalumno. Si en el caso Ibagail la reacción popular fue de repudio al accionar policial y de simpatía al linchamiento del presunto femicida, en el caso Paola, asesinada luego sufrir acoso durante 6 años y de haber efectuado 17 denuncias (penales, civiles y en organismos de protección contra la violencia a las mujeres) y de haberse comprobado que todas esas denuncias fueron cajoneadas, la reacción popular se ha canalizado en repudio a la justicia reclamando la destitución del juez Pisa, quien tuvo a su cargo la última denuncia sobreyendo al acosador. Pisa está pretendiendo salir por la tangente, pues presentó la renuncia condicionada a pueda acceder a la jubilación del 82% (hoy de 300 mil pesos). En el reclamo del juicio político, se pone entre la espada y la pared a Manzur, pues debería rechazar la renuncia de Pisa y a la legislatura que debería proceder a activar los mecanismos para el juicio. Si se hace lugar al reclamo de juicio político se puede precipitar una crisis mayúscula pues Pisa, una especie de Oyarbide provincial, abriría paso para que se demandara a los otros jueces y fiscales que actuaron en las otras denuncias. Si se lo protege, todo el poder político quedaría desenmascarado como una asociación mafiosa contrario a la vida y los derechos mas elementales de justicia de las personas. Pisa además, es quien acaba de fallar en la denuncia que el Juez Pedicone realizó contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva, por un conjunto de ilícito reclamando su destitución. Pisa adoptó resoluciones completamente arbitrarias para favorecer al vocal de la Corte, un hombre afín a poder político provincial. Perspectiva En este cuadro, donde se generalizan las autoconvocatorias como medio de superar el chalecos de fuerza de las burocracias en los sindicatos y donde crece la tendencia a la organización por abajo y a coordinar, expresión de ello es la permanencia de la Coordinadora de Lucha que se forjo en el mes de marzo, y que a pesar de los obstáculos para promover grandes acciones que impone la pandemia, sigue siendo el único punto de referencia de unidad de los diversos sectores que están en lucha. Es preciso avanzar en esa dirección. Lo que está planteado es impulsar por medio de asambleas, plenarios, la deliberación de los trabajadores y el pueblo, orientarse a unir los reclamos por la vida y la salud, con los reclamos por el trabajo, el salario, el suelo y la vivienda y todos los reclamos democráticos y aquellos que emergen de la crisis en desarrollo, extender la conformación de coordinadora zonales y preparar por esa vía la convocatoria a un congreso de base de todas las organizaciones y fuerza dispuesta a la lucha unitaria y por una salida obrera a obrera a la crisis del régimen capitalista.

El cine argentino pierde, con el fallecimiento de Pino Solanas, a un realizador cuya obra a lo largo de medio siglo se tornó ineludible a la hora de consignar los derroteros del séptimo arte nacional. La afirmación no es exagerada y da cuenta de algunos de sus caminos luminosos como de aquellos que acompañaron turbias propuestas políticas. Formado en la izquierda nacional, en 1968 estrena bajo la dictadura de Onganía el film La hora de los hornos, filmado en la clandestinidad y así exhibido y que marcó un quiebre en el cine argentino por su carácter político pero sobre todo por los dispositivos estéticos que usó para transmitirlos al público (que consignaba como “la juventud y el pueblo”). La película es un documental que brinda una mirada potente acerca de las penosas condiciones de vida de los sectores populares -que contrapone a la época peronista- y las contrasta con los designios del gobierno que garantiza el modo de vivir de la alta burguesía, a la vez que marca el camino de la “liberación nacional” como una necesidad que se conecta con experiencias armadas del tercer mundo. Entre las novedades estéticas que proponía la película se realizaba un momento de interrupción de la narración para que, con una imagen de Ernesto Che Guevara, la audiencia debatiera las conclusiones políticas del film. La señalada “liberación” daba nombre al grupo de cineastas que actuarían bajo ese nombre -Cine de Liberación- y que bajo la admonición de usar “la cámara como un fusil” se acercaría, primero, a las organizaciones armadas peronistas y, luego, al mismo Perón, que los usaría para tener una cobertura de izquierda a su regreso al país para abortar la revolución. De hecho, el documental Perón: Actualización política y doctrinaria para la toma del poder es una larga entrevista al general realizado en Puerta de Hierro, su residencia en Madrid, poco antes de su retorno. El carácter del gobierno de Perón determinaría el fracaso del pronóstico político de Cine de Liberación y Solanas no volvería al documental hasta cuatro décadas después, cuando sucedieron los acontecimientos que terminaron con el gobierno de De la Rúa en 2001. Entretanto, en 1975 bajo el gobierno de Isabel Perón vuelve a filmar en la clandestinidad la obra Los hijos de Fierro, una amalgama del destino de perseguido del protagonista del poema de José Hernández con la actualidad política de aquel tiempo, que produce una gran película muy poco exhibida por las condiciones de su estreno. A pesar de que el Fierro del título simbolice al Perón de esos tiempos y sus “hijos” la resistencia peronista y, luego, los miembros de las organizaciones armadas (una visión atravesada por la confusión política), las condiciones de su realización -varios de sus protagonistas no lograron ver el resultado del film asesinados por las Tres A- y los escenarios en que transcurre producen un objeto cinematográfico estético poco visto. Tal vez, más allá de los premios internacionales posteriores, ese film señale al mejor Solanas. Esos premios les fueron otorgados a dos películas realizadas en la Francia de su exilio Tangos, el exilio de Gardel y Sur, a la que regresaba para filmar en los albores de la democracia, la narración atravesada por el musical que daría cuenta de los objetivos políticos perdidos. Se trata de un film que intenta insertarse en el análisis de la derrota y hacer así profesión de fe a la democracia alfonsinista. Sin embargo, la narración política que evadía el costumbrismo -cómo olvidar a Goyeneche cantando- hizo de estos films hechos estéticos reconocidos por la crítica internacional. Algo que no sucedería con su siguiente película, El viaje, donde intentaba criticar al menemismo con elementos ficcionales que no terminaban de cuajar. Si en la teoría del autor del cine la obra dependía de la claridad estética y política del realizador, la película de Pino mostraba en pleno su confusión. El último Pino Solanas volvió a la cámara en mano y al documental político que retrataría el Argentinazo y luego trataría de dar cuenta del saqueo no sólo a través de las privatizaciones menemistas, sino en sus sucesores políticos. También apuntaría la cámara hacia la depredación forestal, minera y la contaminación con una gran sagacidad fílmica. Ya no proponía sus filmes como partes de un proyecto más general, como lo había hecho en los sesenta, sino que dejaba registro de una época. Con su muerte se pierde esa tarea en sus manos, que seguían sosteniendo la cámara. Con el examen que corresponda, quedan sus imágenes para el futuro.

La Dirección General de Educación Superior de la provincia (DGES) ha presentado un proyecto de Redes de Revinculación y Acompañamiento Pedagógico (RRAP). El proyecto convoca a estudiantes de 3, 4 y 5to año del nivel superior a anotarse para dictar clases en el verano, yendo a la casa de alumnos de primaria y secundaria que quedaron expulsados del sistema educativo con la modalidad virtual. A la crisis profundizada por la pandemia el Estado le quiere agregar el contagio masivo de practicantes y de familias cuyo contexto social se ha visto agravado por las condiciones del aislamiento que hasta aquí vino aplicando el gobierno. La medida es parte de la política del Consejo Federal de Educación ante las presiones de la clase capitalista para el levantamiento definitivo de la cuarentena. Las cámaras empresariales exigen la apertura de escuelas “para que los padres puedan volver al trabajo”. Para ello diseñaron un “Semáforo Epidemiológico” donde cada provincia o ciudad tiene un color indicativo de la posibilidad de establecer clases presenciales según las cifras de contagios que se detecten y el nivel de saturación del sistema sanitario. En el caso del color amarillo estarían habilitados los programas de “re-vinculación pedagógica”, donde practicantes “voluntarios” deberán cumplir tareas de contención, y detección de problemáticas afectivas y familiares. En este marco ensayaron con el Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR) en Buenos Aires, no sin el rechazo de practicantes, docentes y padres. Resultó en un fiasco. El ATR no resuelve el acceso a la educación ni termina de complacer a la clase capitalista. El RRAP también cosechó un repudio generalizado porque implica un desprecio hacia el trabajo y la formación docente, pone en riesgo la vida del alumnado y sus familias al no establecer siquiera cobertura médica ni el testeo previo de los actores que se pretende involucrar. Plantea una “beca para gastos mínimos” y un kit de alcohol en gel más un barbijo de regalo. El gancho “atractivo” sería la posibilidad de obtener un reconocimiento para la promoción de las prácticas, que muchos estudiantes del terciario han abandonado este año. Pero va al choque con los estudiantes y docentes que vienen de realizar un enorme esfuerzo durante estos meses de cuarentena para sostener el cursado virtual. Teniendo miles de docentes abarrotados en las planillas de la Junta de Calificaciones, el gobernador Sáenz y sus pares apelan al “servicio comunitario” que puedan brindar practicantes sin derechos laborales, y así esquivarle a la responsabilidad estatal que le cabe de invertir en capacitación para el uso de TICs y de garantizar todos los recursos y condiciones para acceder a la virtualidad, comenzando por la incorporación de docentes en todos los niveles. Pero la prioridad que el Estado da al sostenimiento de la asistencia y subsidios millonarios para las grandes cámaras empresariales, por sobre las demandas de acceso a educación y salud, plantea desde ya un fracaso del RRAP precarizador y de cualquier medida que apunte a la vuelta a clases presenciales. Lo anticipa la rebelión que ya se hizo sentir en Casa de Gobierno con los estudiantes practicantes de primaria a la cabeza. El rechazo al RRAP debe extenderse en todos los institutos de la capital y el interior a través de la deliberación en asambleas, que convoquen a su vez a la acción coordinada con la docencia que también rechaza este proyecto avalado por las burocracias de los sindicatos. Los trayectos virtuales de las prácticas deben ser reconocidos y reforzados garantizando la satisfacción de las demandas de estudiantes y docentes. Sólo el pueblo trabajador puede dar una salida al quiebre del sistema educativo más grande de la historia.

¿Podrías comentarnos como fue el caso? Comenzó cuando llega la policía a mi casa, la brigada de investigaciones, para que reconociéramos algunos elementos que podían pertenecer a Agustina o a una tal Luna. Tenían fotos de algunos elementos, era una mochila. Yo estaba con mi hermano y él me llamó para que la viera. Y sí, era la mochila de Agustina. Cuando se los confirmé me dijeron que todavía no era seguro que se trate de ella y tenían que hacer algunas pruebas. Después me mostraron una foto, bastante borrosa y de mala calidad, y la reconocí. Eso fue el día 11 de noviembre del 2018. Preguntamos qué es lo que había pasado, nos pidieron documentación, que vayamos al CIF a reconocerla. Eso fue como a las 12 de la noche. A la mañana siguiente fuimos, pero no pudimos ver el cuerpo. Jamás la vimos a ella. Nos mostraron fotos de tatuajes y de su rostro. Pero nunca la vimos entera ni vimos su cuerpo. En ese momento nos dijeron que la causa de muerte fue sofocación. Había sido asfixiada. Desde ese momento el fiscal a cargo, que era Pablo Paz, caratuló el caso como un femicidio porque en el informe del forense él ponía que había rastros de violencia, tenía la ropa interior rota, los pantalones abajo, la remera levantada. Se notaba que habían ejercido violencia porque la ropa estaba rasgada. ¿Cómo intervienen la policía y la justicia? Hablamos con el fiscal que nos dijo que iba a hacer todas las investigaciones. Nos preguntó cuáles eran los lugares que ella frecuentaba. Las posibles personas con las que había estado. Si conocíamos el lugar donde había sido encontrada. Fue hallada en barrio San Benito, en un aguantadero, una casa abandonada donde se juntan a consumir drogas. Nosotros no sabíamos de que ella fuese a ese lugar, no andaba por esa zona. Nos pareció extraño que se la encontrara ahí. Después de ahí las investigaciones quedaron paradas. Nosotros realizamos una marcha y ese mismo día nos llama el fiscal para decirnos que tenían una persona detenida, que la habían llamado para tomarle declaración y que el juez había ordenado ponerlo en prisión preventiva. Esa persona que se llama Joaquín Octavio Viñabal sigue detenido, ahora está con prisión domiciliaria. En sí fue el único avance en la causa. La semana que viene se cumplen dos años y no hay más avances. Se tomaron declaraciones a varias personas, se encontró ADN de dos masculinos que todavía siguen sin identificar, y nada más. Después nos cambiaron de fiscal por la fiscal Sodero Calvet. La primera vez que la vi no había ni leído el expediente. La segunda vez lo revisamos entre las dos. Vi que había personas que se nombraban y que nunca habían llevado a declarar. Le pregunté por qué, y me dijo que porque no las encontraban con el sobrenombre. Yo después le pasé información donde encontrar a esa chica. La llevaron a declarar, pero después nos volvieron a cambiar de fiscal. Hoy me encontré con él. Este nuevo fiscal me dice que está reevaluando y revisando todas las declaraciones. Si bien es una causa que está bastante parada, él dijo que hay varias líneas de investigación inconclusas, es la primera vez que hablo con este fiscal. Creo que tengo que seguir esperando si realmente realiza la investigación, porque ya tenemos la experiencia con los otros fiscales. ¿Cómo fue la lucha que ustedes emprendieron? Hay muchas investigaciones que las hicimos nosotros, como el lugar donde encuentran a Agustina es cerca de donde vivimos nosotros, fuimos preguntando a vecinos, a los chicos del barrio. Hay gente que se nos fue acercando para comentarnos diferentes versiones. Así fuimos descartando y sacando cosas que sí coincidían con lo que era la causa. Además de la lucha donde nosotros colaboramos con la investigación, porque queremos que se aclare, está la lucha que es en las calles. Donde siempre fuimos acompañados por muchas organizaciones, amigos de Agustina, familiares. También uniéndonos a otros casos y femicidios, y causas que también piden justicia. Creo que es la manera de pelear también. Para que los que son culpables paguen por lo que hicieron. Si no ejerces presión sobre la justicia salteña no hay manera de que se muevan. Parece que trabajan bajo presión y cuando los están apretando mal. Siempre hay que hacer alguna manifestación o concentrarse en la fiscalía para que te den alguna respuesta. Siempre es una lucha que te atiendan un teléfono, que te den una cita… Ahora el 10 de noviembre se cumplen dos años, ¿cómo van a continuar? Si, se cumplen dos años, sin ningún avance. Lo que sigue es hacer una nueva manifestación, salir a las calles a luchar. Creo que ahora nos va a acompañar mucha mas gente. Hemos hablado con familiares de personas que pasaron por lo mismo y creo que es unirnos en la lucha porque en realidad todos queremos lo mismo. Que haya justicia y se nos dé una respuesta. Lo más importante creo yo, que, si no hay justicia, esto sigue igual. Parece que da lo mismo a que se sigan asesinando mujeres a que no. Se suman listas interminables. Creo que también es hora de tomar conciencia, de que no es algo que ocurre esporádicamente, sino que es todos los días, con mujeres golpeadas, asesinadas. Es un problema grave. Tenemos que asumir la parte que nos corresponden. Ya sea educando a varones y mujeres. La policía tomar las denuncias, el juez, cuando da una orden de restricción, de hacer que se cumplan. Se acumulan denuncias como si nada. Es responsabilidad de ellos fijarse que esas medidas se cumplan. Para evitar que se sigan asesinando mujeres, violando niñas, acosando… ¿Algo que más que te gustaría decir? Invitar a la movilización que vamos a hacer el próximo 10 de noviembre. A todos los familiares que estén pasando por lo mismo, somos compañeros de dolor de lucha y para lo que necesiten estamos. Creo que esperamos todos lo mismo.

El trabajador de Danone Longchamps, Daniel Moyano, se encuentra en lucha por su reincorporación. La semana pasada, la patronal le comunicó que estaba despedido, supuestamente por una causa justificada. Pero sus compañeros denuncian que esa es una excusa. Moyano se encadenó a la puerta de la planta el día jueves pasado. El despido de este trabajador es el primero en muchos años en la planta. La sospecha de los trabajadores es que si este pasa, vendría a abrir una nueva etapa, en la que la empresa pretenderá sacarse de encima a los trabajadores, a través de despidos hormiga. Hace algunas semanas, la firma francesa anunció en diferentes medios que iban a realizar "una revisión de su estrategia en Argentina". El CEO de Danone, Emmanuel Faber, declaró: "miraríamos los activos que no mueven la aguja para Danone porque son demasiado pequeñas o requerían doblar su tamaño localmente, así que alguien más podría ser un mejor propietario". En resumen, buscan desprenderse de las fábricas, luego de años de puras ganancias. Sobre todo en plena pandemia, ya que al ser considerado un rubro esencial (el alimenticio) jamás dejaron de producir, y se beneficiaron con el ATP durante tres meses. Por otro lado, a principios de octubre, hubo un paro total en la planta de Longchamps, el cual fue frenado por una conciliación obligatoria. El conflicto se originó luego de que tanto Danone Argentina como logística La Serenísima incumplieran en los aportes a la obra social (Ospil). Durante más de dos semanas, los trabajadores no pudieron acceder a ninguna de las prestaciones de la obra social, en el cuadro de pandemia. Estos elementos no dejan lugar a dudas. La patronal pretende descargar contra los trabajadores un plan de ajuste, con despidos y flexibilización. Claramente, no es la única. Todas las patronales lácteas han lanzado un ataque brutal contra los salarios y las condiciones de trabajo. Así lo demuestran el caso de Sancor y el de ARSA (Vicentin) en Córdoba. En este último caso, los trabajadores ni siquiera están bajo el convenio de lecheros. Mientras tanto, el gremio, Atilra, se dedica a enviar emisivas amistosas a las diferentes patronales, en lugar de impulsar un plan de lucha. Desde la Tendencia del Partido Obrero, nos solidarizamos con el trabajador Daniel Moyano y exigimos su inmediata reincorporación. Se debe profundizar la deliberación entre los trabajadores a través de asambleas para discutir y votar una agenda de lucha contra todos los atropellos y en defensa de las condiciones y los puestos de trabajo, como así también de la salud del conjunto de los trabajadores.

A Edu lo conocí en una actividad militante en Morón, en 2018. Empezamos a hablar y yo le conté un poco mi vida, ya que no nos conocíamos, recién me había pasado a la zona oeste. Enseguida pegamos buena onda y me hizo sentir "como en casa". En el transcurso del año, nos cruzábamos poco porque teníamos círculos y horarios distintos, pero siempre el punto de conexión era una actividad o reunión en nuestro local de Morón. En el 2019, Eduardo jugó un papel fundamental en lo que hoy es la Tendencia del PO de la zona oeste. Siempre recuerdo los debates precongresales hacia el XXVI Congreso del PO, en los que tanto él como su compañera Marce intervinieron para clarificar el debate metodológico y estratégico que se estaba desarrollando en nuestro partido. Muchos militantes no comprendíamos en ese momento lo que estaba en juego pero Eduardo sí, y dio la lucha abiertamente por defender la política de lo que en ese momento era "la minoría". Esta comprensión tan "prematura" respecto al viraje estratégico político que estaba llevando adelante la camarilla de "la mayoría" del CC, expresa el nivel de consciencia de Eduardo, y en este sentido, lo prueba una vez más como un elemento invaluable de la vanguardia obrera de la Argentina. Defendiendo el programa histórico del PO, participó activamente en la Primera Conferencia de la Tendencia, y con un rol dirigente, en la estructuración de los primeros círculos de la zona oeste del Gran Buenos Aires, y en particular del círculo Morón-Ituzaingó en el que era responsable político. Sus acciones sirvieron para evitar una disgregación y desmoralización militante a partir del XXVI Congreso y las posteriores expulsiones. Abrió las puertas de su casa, junto a su compañera Marce y a su hija Cami, para desarrollar los debates colectivos que la camarilla vedaba, defendiendo los métodos de la democracia obrera, de críticas, debates y elaboraciones propias de cada militante. Nos impulsaba y nos daba la confianza para escribir y elaborar para Política Obrera, el Boletín Interno y para desenvolver los debates en el círculo. Lo que a mí en especial me influyó mucho para clarificar ideas, al mismo tiempo que me ayudó a crecer políticamente, ya que el trabajo de la elaboración nos exige continuar formándonos en la teoría. Con la pandemia, la distancia, la virtualidad y, posteriormente, atravesando su enfermedad, sostuvo las reuniones y la actividad militante hasta último momento. Unos días antes de su operación me mandaba mensajes preocupado por garantizar la continuidad del funcionamiento de nuestro círculo. Edu nunca perdía el sentido del humor aún atravesando la enfermedad, te tenía el respeto de un compañero, te trataba con el cariño de un padre y te explicaba las cosas como un docente. Su legado político y humano, su esencia tan particular, quedará en todos los que tuvimos el agrado de conocerlo. Una de ellas fue luchar toda la vida y lo hizo hasta las últimas consecuencias, contra su enfermedad y contra el capital. ¡Edu querido, estarás presente en cada lucha de los trabajadores, en su futuro gobierno y en el socialismo internacional! ¡Hasta la victoria!

El primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed anunció una ofensiva armada contra las autoridades en rebeldía de la región de Tigray, gobernada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), a quienes acusa del ataque a una base militar en el norte del país, según denuncia, para robar armas al ejército federal. El TPLF fue una de las guerrillas regionales que junto a otros movimientos armados de las etnias Oromo, Amhara y otras, contribuyó al derrocamiento del régimen de Mengistu Hailé Mariam en 1991. Posteriormente, se integró en el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF, por sus siglas en inglés), el partido que dominó la escena política hasta 2018. Según la BBC de Somalia, las tensiones comenzaron cuando la esperada elección se pospuso debido a la pandemia de Coronavirus. En la capital, Addis Abeba, y otras partes del país ha provocado indignación por la decisión del gobierno de permanecer en el cargo por tiempo indefinido. A raíz de esto, las autoridades Tigray se declararon en rebeldía y decidieron celebrar sus propias elecciones para no otorgar ninguna legitimidad al Gobierno y al Parlamento federal, al considerar que su mandato había expirado. El gobierno central no legalizó los resultados debido a que no había aprobado las elecciones regionales. Desde allí, comenzaron un sinnúmero de provocaciones. Entre otras, el parlamento votó cortar el financiamiento a esta región y terminaron con el ataque de la base militar. El primer ministro Ahmed declaró que “el Gobierno federal ha utilizado todos los medios para evitar una acción militar contra el TPLF, pero una guerra no puede impedirse solo con la buena voluntad”. El líder etíope acusa a las fuerzas del TPLF de estar reclutando milicias por fuera de la ley y de hacer chalecos militares similares a los del país vecino Eritrea -con el cual mantuvo un largo conflicto, hasta 2018-, con el propósito de involucrarlo en la crisis. El consejo de ministros decretó el estado de emergencia por 6 meses para toda la región del Tigray, alegando que “las actividades ilegales y violentas dentro del Estado Regional Nacional de Tigray están poniendo en peligro la Constitución y el orden constitucional”. Cortaron todas las comunicaciones de teléfonos fijos y señales de Internet. Una guerra en Etiopía llevaría a una crisis humanitaria y de seguridad en la zona donde se encuentran África y Oriente Medio, a una escala que haría sombra a los conflictos existentes en Sudán del Sur, Sudán, Somalia y Yemen.

El anuncio que circula por estos momentos sobre una vuelta a clases presenciales en la universidad requiere un análisis. En primer lugar, por lo apresurado de la medida. La universidad se encuentra en su último trayecto del año; las cursadas están terminando y apenas quedan los llamados a examen de noviembre y diciembre. Prácticamente en todos lados se da por descontado terminar el año virtualmente, e incluso las demandas por el acceso a una educación virtualizada siguen vigentes. Es evidente que lo que ordena es la línea aperturista general, no la realidad universitaria. La baja de contagios que el gobierno celebra no es suficiente para garantizar una vuelta a clases segura, por el contrario, esa vuelta podría meternos en otro pico de contagios. El sistema universitario argentino incluye a más de un millón de estudiantes, a los que hay que sumar varios miles de trabajadores docentes y no docentes. La virtualización del “sálvese quien pueda” expulsó de la universidad alrededor del 30% del estudiantado, según algunos datos oficiales. La UNESCO calcula la deserción en el 50%. Ahora, una vuelta a la presencialidad improvisada y sin condiciones podría expulsar o complicarle la vida a otro tanto, porque muchos estudiantes que se mudan para estudiar han vuelto a sus ciudades. El gobierno recortó los salarios docentes (aumento por debajo de la inflación), no garantizó su conectividad ni la de los estudiantes, aprobó un presupuesto 2021 con un recorte para educación y a todo esto le sumaría ahora una exposición forzosa al virus, en las vísperas de la supuesta llegada de la vacuna y del fin del calendario académico 2020. Por si fuera poco, el protocolo aprobado para la vuelta a clases es absolutamente incumplible para la universidad pública en su inmensa mayoría. El sistema universitario público no cuenta ni con los espacios edilicios ni con los recursos materiales ni humanos para garantizar una cursada segura. Dado este escenario, a nadie se le ocurriría plantear seriamente que están dadas las condiciones para una vuelta a la presencialidad de las clases. Es imposible que el gobierno desconozca esta situación. El anuncio de la vuelta a clases responde por lo tanto a otros elementos. En primer lugar, la apertura a la posibilidad de movilizar un capital que se reproduce en la educación (privada y también pública) que está semi-parado producto de la cuarentena. Probablemente algunas universidades privadas estén exigiendo esta vuelta a clases porque pueden sostener ciertos protocolos y sobre todo porque necesitan fundamentar las altas cuotas que cobran por su servicio. Ocurre lo mismo con el inmenso sistema de postgrados pagos, que por ejemplo en la UNLP cuenta con su propia “escuela de verano”. El gobierno y las autoridades no quieren perderse ese ingreso de fondos a sus cajas paralelas. Otro tanto ocurre con las investigaciones y extensiones ligadas a capitales nacionales, internacionales o locales, algunas de ellas paralizadas durante la cuarentena. En segundo lugar, una señal más general al mercado: la vuelta a la presencialidad implica inyectar 1,5 millones de consumidores en la calle – transporte, alimento, fotocopias. La población universitaria es la principal consumidora de empresas pequeñas y no tan pequeñas, como ocurre con los proveedores de fotocopiadoras y buffets. El gobierno y las autoridades se han reservado el poder de decisión en detrimento de quienes vamos a trabajar y estudiar en la universidad exponiendo nuestra vida. El movimiento estudiantil y docente debe abrir una amplia deliberación y organizarse. Es necesaria la convocatoria a asambleas por facultad y universidad para rechazar la presencialidad inmediata, discutir los términos de la vuelta a clases y poner en pie un pliego de nuestros principales reclamos ante la enorme crisis que atraviesa la educación pública y el país en su conjunto.

El ejército de Israel, valiéndose de retroexcavadoras y topadoras, demolió la aldea palestina de Khirbet Humsa en la frontera con Jordania. Esta demolición, la más grande en una década según la ONU, fue llevada adelante con el pretexto de que las viviendas se habían construido en terrenos reservados para ejercicios militares israelíes. Los habitantes de la aldea, en cambio, aseguran que la aldea estaba asentada en la zona desde antes de la ocupación sionista de Cisjordania y Jerusalén del este, en 1967. Abdelghani Awada, uno de los damnificados, contó a la agencia de noticias AFP que los israelíes le dieron a la población 10 minutos para evacuar, y acusó a Israel de intentar "vaciar el valle del Jordán de su población palestina. (Aljazeera, 4/11) B'Tselem, una ONG israelí contra la ocupación, proporcionó datos impresionantes sobre este avance sionista. “Las fuerzas demolieron 18 tiendas de campaña y cobertizos que albergaban a 11 familias, un total de 74 personas, 41 de ellas menores. Además, se demolieron 29 carpas y galpones utilizados como recintos de ganado, tres galpones de almacenamiento, nueve carpas utilizadas como cocinas, 10 baños portátiles, 10 corrales de ganado, 23 contenedores de agua, dos paneles solares y comederos y abrevaderos para el ganado. También destruyeron más de 30 toneladas de forraje para el ganado y confiscaron un vehículo y dos tractores de tres vecinos”. Las agencias humanitarias que visitaron la comunidad registraron un total de 76 estructuras demolidas. La ocupación de Cisjordania La región del Valle del Jordán es el hogar de aproximadamente 60.000 palestinos. Pero las tres quintas partes de Cisjordania están bajo completo control israelí. A los palestinos, se les prohíbe el acceso a esas áreas y las tierras que poseen; tienen prohibido cavar pozos o construir cualquier tipo de infraestructura sin los permisos militares. (Aljazeera, 4/11). La mayor parte del valle ya es administrada por Israel , según lo establecido por los acuerdos de Oslo, lo que configura una verdadera confiscación a los palestinos. Según B’Tselem, más de 800 palestinos han perdido sus hogares a causa de las demoliciones en lo que va de año, más de la mitad de ellos son niños. Las fuerzas israelíes también demolieron 301 estructuras palestinas no residenciales en los primeros diez meses de este año, incluida la infraestructura humanitaria, como cisternas de agua y redes eléctricas, lo que privó a la población palestina de los recursos vitales. El objetivo de esta campaña de demoliciones y destrucción, justificada en el nombre de las normas de construcción y la necesidad militar, es hacer insoportable la vida de los palestinos para que los colonos sionistas puedan apoderarse cada vez más de su tierra.

“¿Qué país, será ese país?” (Solanas- Piazzola, banda sonora del “Exilio de Gardel") La trayectoria de Pino Solanas es la expresión cabal de los vaivenes políticos transitados por la intelectualidad política peronista en los últimos treinta años. Esa que se encolumnó detrás de Menem, luego de la defraudación que les deparó Antonio Cafiero, para descubrir, en palabras de Chacho Álvarez, que “anochece, lo que no es poco”. En los entresijos de los partidos, si se los puede llamar así, de una 'democracia' por la que nunca se jugaron, emergieron personalidades políticas a quienes la historiografía ubica como “alternativas” o “independientes”. Una lectura más cuidadosa, sin embargo, los muestra orbitando siempre en torno de las fuerzas del régimen, entre expectativas y desplantes; entre pronunciamientos estruendosos e inconsecuencias políticas. Este es también el caso de Pino Solanas, que acaba de fallecer, lamentablemente, como consecuencia del coronavirus, a la edad de 84 años. Los 90 En Solanas, el político se sobrepone al artista militante recién a fines de la década del 80. Había retornado del exilio con un balance convencional de los años 70 y de la dictadura militar, que se resume en la consigna equívoca 'Nunca Más'. Entonces, encabeza un movimiento cultural de apoyo a la candidatura de Carlos Menem, a quien exige un nuevo marco legal para las actividades audiovisuales y de quien arranca la promesa de convertir a las Galerías Pacífico -pertenecientes a los Ferrocarriles Argentinos- en un gran centro cultural. Muy pronto, Menem se encargaría de desconocer la promesa, avanzando en una privatización del predio con la complicidad de la burocracia de la Unión Ferroviaria. Esto lo convierte en un furioso opositor, en una posición que se afirma en el tiempo con el desarrollo del gobierno peronista de Alsogaray. Un año más tarde, sufre un atentado con armas de fuego, que muchos lo atribuyeron a una represalia del oficialismo. En los tempranos años 90, integra la legión de desencantados del menemismo, junto a Luis Brunati y al Partido Comunista. Con ellos, Solanas forma el Frente del Sur, que lo consagra como diputado por la CABA en 1993. Enseguida, se unirá a los 8 de Chacho Álvarez para constituir el Frente Grande. Pero la experiencia parlamentaria del FG no resistirá la prueba de aquello que el PO llamó “el cordobazo de los años 90”, el Santiagueñazo. Esta enorme rebelión contra los tres poderes políticos de esa provincia encontró a Solanas y sus compañeros con apenas tres días de ejercicio parlamentario, a la que respondieron con el voto a favor de la intervención federal a la provincia, en cabeza del cordobés Schiaretti, acompañado por la Gendarmería. O sea que cuando las masas santiagueñas se levantaron contra el régimen corrupto y antiobrero de los Juárez, los enemigos del “bipartidismo” se colocaron del lado del régimen. El “centroizquierda” debuta, literalmente, como rueda de auxilio del menemismo. Un año después, Solanas sería parte de los constituyentes del Frente Grande. En la convención, fruto del 'pacto de Olivos' que debía servir para la reelección de Menem, el FG contribuyó a legimitar la continuidad del régimen de las privatizaciones y la deuda externa, adornado por “nuevos derechos” - algo que sólo fue recusado por el obispo De Nevares, que se retiró de la parodia constitucional. Solanas admitiría, años después, que debería haber acompañado ese retiro del obispo de Neuquén. El Frente Grande -luego Frepaso- nunca se convertiría en la superación del menemismo. La pequeña burguesía peronista renunciaría a ese objetivo para sumarse a la UCR, en una Alianza, que luego de recuperar a Cavallo para el gobierno, acabaría derribada por un alzamiento popular. La experiencia política del Frepaso caduca mucho antes del 'Argentinazo', con los Chacho Álvarez, los Felleti, los Aníbal y Vilma Ibarra, Nilda Garré, Carlos Heller, que luego de De la Rúa pasaron a darle letra al kirchnerismo. Kirchnerismo y después Solanas sólo volverá a la palestra con un nuevo emprendimiento político -Proyecto Sur- junto a otros dirigentes del centroizquierda, como Claudio Lozano. En 2009, en plena crisis del campo, Proyecto Sur vota contra la 125 en el Congreso, aunque doce años más tarde reclamen la nacionalización de Vicentin. Desde Página/12, Solanas y Alcira Argumedo, ya después del voto “no positivo” en el Senado, culpan del desenlace a la “soberbia” del kirchnerismo. Siguiendo a Eduardo Buzzi y a la Federación Agraria, la defensa de los `pequeños productores´ será en este caso la coartada para apoyar la movilización callejera del gran capital agrario contra las medidas fiscalistas del gobierno kirchnerista. Meses más tarde, Solanas recogerá la adhesión de parte de la clase media porteña en las elecciones de diputados, cuando Proyecto Sur consagra cuatro representantes en CABA – un resultado electoral que anima a Solanas a postularse a presidente en 2011, pero que luego cambia por la candidatura a Jefe de Gobierno porteño. Aunque en 2011 reiteró una votación importante en la Ciudad, Proyecto Sur -con la candidatura presidencial de Argumedo- no consiguió pasar las PASO. Este sorprendente derrumbe de la variante pequeño burguesa imaginada bajo el menemismo, será uno de los factores que abre un período de ascenso, aunque breve, del Frente de Izquierda. Después de la tentativa fallida de 2011, “Proyecto Sur” se disgregó, y Solanas abandonó las pretensiones de presentarse al frente de una fuerza propia. En 2013, encabezó el experimento del UNEN junto a Elisa Carrió y una serie de políticos en “tránsito”. Aunque obtuvo la senadoría porteña, los políticos del capital financiero obtuvieron un rédito mucho más sustancial: el UNEN fue el primer banco de pruebas de la coalición que llevaría al macrismo a la presidencia, con Prat Gay y Lousteau incluidos. Parafraseando una de sus últimas películas, “La última estación”, el final de su vida política encontró a Pino en el armado del Frente de Todos. Según sus protagonistas, Solanas jugó un papel en el acercamiento entre Massa, Cristina y Alberto. El FdT lo premió con el cargo de embajador en la Unesco. Mucho más cerca, su gobierno prometía la reactivación de Vaca Muerta y de las concesiones gasíferas dolarizadas, así como de la minería a cielo abierto – a las que tanto se había opuesto Solanas en la propaganda. Los acuerdos súbitos y las súbitas decepciones; los virajes de rumbo y los siempre nuevos aliados hicieron a Pino receptor de los elogios y los agravios de todos los bloques políticos del sistema. La prédica nacionalista, cada vez más lejana de sus aliados y de sí mismo, fue quedando confinada a la ficción cinematográfica. Hoy, es velado por propios y ajenos, por los nuevos y antiguos amigos, en un desfile que -por la fuerza de su propia trayectoria- recorre a casi todos los bloques políticos en presencia. “El viaje” -otro de sus títulos del cine- ha concluido. Pero los límites de su derrotero político son muy anteriores.

Murió, a los 76 años, Víctor Basterra, sobreviviente del campo de concentración de la ESMA, quien logró por medio de la fotografía denunciar ante la justicia a sus verdugos. Era obrero gráfico y militaba en el Peronismo de Base cuando fue secuestrado con su mujer Dora Laura Seoane y su hija mayor María Eva, de apenas dos meses. Permaneció detenido-desaparecido por los militares de 1979 a 1983. Después de ser torturado durante días y haber sobrevivido a dos paros cardiacos, fue explotado en trabajo esclavo para los genocidas por su conocimiento de fotografía. Lo obligaban a sacar fotos de los secuestrados y de los represores para confeccionar documentos falsos que eran utilizados como cobertura en operaciones represivas o simplemente para apropiarse de inmuebles de las víctimas del terrorismo de Estado. Pero Basterra se las ingeniaba para ocultar copias de las fotografías con el propósito de sacarlas del centro clandestino si lograba sobrevivir. Cuando a fines de la dictadura, los marinos le permitían “salidas transitorias” a ver a su mujer y su dos hijas -la segunda nació en cautiverio- bajo vigilancia de los represores, Basterra se las ingenió para sacar las películas de la ESMA. Ese testimonio fotográfico, finalizada la dictadura, llegaron a la CONADEP y ante la Justicia fue testigo en el Juicio a las Juntas. Su testimonio estremeció al mismísimo Jorge Luis Borges, que le dedicó un artículo para la agencia EFE. Basterra volvió a los tribunales luego de la derogación de las leyes de impunidad y de la reanudación de los juicios a los genocidas. Su compromiso para condenar a los asesinos del Proceso fue inquebrantable. Será recordado como un ejemplo de valentía y heroísmo en medio del terror. Compañero Victor Basterra, ¡hasta la victoria siempre!

Con la participación de medio centenar de compañeros se realizó la mesa redonda organizada por Jubilados Clasistas y el Partido Obrero Tendencia de la zona Noroeste de CABA sobre “el movimiento obrero frente a la pandemia la reforma laboral y previsional”. Daniel Iribarren, de la Agrupación Bordó Tendencia del hospital de Clínicas, trazó un panorama sobre el atraso salarial con la pérdida en el último año de casi un 30% del poder adquisitivo de los trabajadores y el silencio cómplice de la burocracia sindical. Relató la situación de su sanción por denunciar los graves problemas del hospital frente al covid-19 a un medio periodístico y su reincorporación gracias a una campaña nacional de solidaridad. Matías Cisneros, en representación de la Agrupación de Trabajadores de Metrovías, explicó cómo los trabajadores del subte trabajan en un ámbito de peligro permanente para la salud, tanto por el peligro de contagio como por su combinación del asbesto (un material que afecta los pulmones y que se encuentra en las estructuras de los vagones. Denunció la escalada aperturista del Grupo Roggio, que choca frontalmente contra la defensa de la salud y de la vida de los trabajadores. Detalló además como los aumentos en bonos golpean los aportes jubilatorios y la obra social y además como la empresa se apropia de los aportes a la ANSES y PAMI que suman, en 5 meses, un total de 315 millones de pesos. Néstor Correa, ex secretario general de AGD-UBA y militante de la lista Naranja Tendencia, hizo un relato de la lucha de los docentes universitarios y una minuciosa explicación de la jubilación en tanto salario diferido por el que los trabajadores aportan toda su vida para gozar de ese privilegio y de cómo la exención de los aportes patronales desfinancia las cajas jubilatorias y plantean su quebranto. Propuso, además, extender el Boletín de Jubilados Clasistas con entrevistas y pronunciamientos al conjunto del movimiento obrero y organizaciones sociales en la campaña contra la reforma previsional. La mesa culminó con un rico debate con el compromiso de realizar una actividad virtual- presencial en diciembre en conmemoración de la rebelión del año 2017 frente al Congreso por la defensa de las jubilaciones.

Los trabajadores de la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires marcharon el pasado miércoles a la sede de la Administración General de Puertos (AGP), parando la terminal e imponiéndole a la Federación Marítima Portuaria (FeMPINRA) el paro del puerto de Buenos Aires en defensa de los más de 800 puestos de trabajo que están en peligro por el quite de concesión y eventual cierre de la terminal. Esta movilización se desarrolló a pesar de la burocracia sindical, que no llamó a movilizar en las demás terminales del Puerto de Buenos Aires. El reclamo de los trabajadores Las operaciones de la Terminal 5 están en manos de la operadora hongkonesa “Hutchison Port Holding”. BACTSSA, la operadora local de Hutchison, renovó su concesión en 2016 cuando ganó nuevamente la licitación, compitiendo con ICTSI, que gestiona las terminales Exolgan en Dock Sud y TecPlata en Ensenada. En mayo de 2021, la concesión le fue extendida por un año más y la nueva licitación recién se abrirá en 2022. En marzo de 2021 vencen prácticamente la totalidad de los contratos que las navieras mantienen con la concesionaria. Los trabajadores reclaman que se garanticen todos los puestos de trabajo y que el vencimiento de la concesión de la terminal 5 coincida con el de las terminales 1, 2 y 3, en manos de Terminales Río de la Plata (TRP), y la de la terminal 4, gestionada por la danesa APM (Maersk), que expiran en 2022, de modo que ante un eventual cierre de la Terminal no se produzca un aislamiento de los trabajadores respecto de las demás terminales. Kicillof, socio de Larreta Según se dejó trascender en los medios, el cierre provisorio de la Terminal 5 podría reactivar el proyecto de cerrar el Puerto de Buenos Aires en favor de un proyecto inmobiliario que incluye una terminal de cruceros y un “cinturón turístico” que una Puerto Madero con la Costanera Norte. Este proyecto implicaría el traslado del puerto de Buenos Aires a La Plata. Por abajo, Kicillof mantuvo reuniones en los últimos días con las principales operadoras del puerto para ofrecer “beneficios tarifarios” en caso de que aceptaran hacer uso de las instalaciones del megaproyecto promovido bajo la gestión de Daniel Scioli. Sin embargo, el puerto de La Plata carece de la profundidad necesaria para el ingreso de barcos portacontenedores y además implicaría un costo adicional de logística, ya que el Puerto de Buenos Aires se abastece y se nutre de los polos industriales de la zona norte del GBA. El megaproyecto llamado “Distrito Quartier Puerto Retiro” ya se encuentra muy avanzado en las negociaciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un emprendimiento inmobiliario de lujo con edificios de oficinas, lofts, paseos comerciales y gastronómicos justo frente a la Terminal Río de la Plata, donde actualmente arriban decenas de cruceros de lujo a la Ciudad. Se trata entonces de unir Puerto Madero con la Costanera Norte en un paseo de lujo que claramente elevará el valor de la tierra en favor de los especuladores inmobiliarios. En la misma línea está el intento de privatizar los predios de Costa Salguero, detenido momentáneamente por la justicia. Una salida en favor de los trabajadores portuarios Está claro que existe una entre los trabajadores de los distintos sectores del puerto una enorme deliberación ante la amenaza de la pérdida de sus puestos de trabajo: paros, movilización a AGP plenarios en el puerto, entre otras medidas. Es necesario unificar todas las acciones de lucha en todos los gremios portuarios, una salida podría ser una asamblea general de todos los trabajadores del puerto de Buenos Aires para votar un plan de lucha. Ningún despido en el puerto de Buenos Aires y pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados. La nacionalización de los puertos y del comercio exterior bajo control de los trabajadores va a poner la gestión de la producción nacional en favor de los intereses de la clase trabajadora.

Todo está como era entonces. Sergio Massa, el presidente de las Cámara de Diputados, finalmente halló tiempo -después de dos postergaciones- para recibir a la Campaña por el Derecho al Aborto Legal y a diputadas favorables a la legalización. El mandato que llevaban las mujeres de verde era #Aborto Legal 2020. La respuesta fue una burla: Massa les propuso armar una Mesa de trabajo con la Comisión de Mujeres y Diversidades -Mónica Macha y Silvia Lospennato-, para incluir el tema en la agenda parlamentaria. Otra vez, el gobierno solo ofrece maniobras y delaciones. La cita estuvo precedida por una caravana federal de la que participaron miles de mujeres en distintos puntos del país. La primera convocatoria callejera de la Campaña para arrancar el aborto legal del terreno de las promesas tuvo una respuesta contundente de las mujeres. Voceras de la Campaña anunciaron que en lo sucesivo todas las semanas habrá actividades de ese tipo. Saludamos la iniciativa y proponemos desplegarla a través de asambleas en los lugares de trabajo, estudio y en las asambleas y ollas populares de las barriadas donde viven las mujeres que muchas veces pagan con su vida el intento de interrumpir un embarazo. Al término de la reunión, la legisladora Mónica Macha (FDT) renovó su “confianza plena en la palabra del presidente…”, a pesar de las excusas con las que Fernández falta a sus promesas. Y no sólo Fernández: el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2020-2022, con el que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se jacta de estar “haciendo historia”, omite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una violencia que el Estado ejerce directamente contra mujeres y personas con capacidad de gestar. La Campaña se mostró mucho menos entusiasta que Macha, hasta en sus voceras filokirchneristas. Massa les dijo que “el mejor momento para discutir el tema” será cuando “Fernández presente el proyecto del Ejecutivo”. Y corrió el bochín al límite: como “las sesiones continuarán hasta febrero” tal vez el proyecto -del Ejecutivo- se debata en extraordinarias. El comunicado anunció que “intensificarán la presión para que se inicie el tratamiento. No podemos esperar más”. Unas horas después, Massa recibió a las organizaciones antiabortistas nucleadas en la Mesa de Enlace Pro Vida, acompañadas por las legisladoras Vanesa Massetani (FdT) y Carmen Polledo (JxC). “Hay muchísimas prioridades sanitarias por las que mantener a la sociedad unida y el aborto no es una de ellas. Van a provocar a millones de personas en todo el país a movilizarse”, amenazó Ana Belén Mármora, de la Unión Pro Vida, y agregó: “La situación es demasiado delicada para abrir un nuevo frente de conflicto que divida aún más al país por un proyecto que nunca fue prioritario, y menos ahora”. Que la situación es “demasiado delicada” no cabe duda. Pero no por las razones que esgrime esa egresada de la Pontificia Universidad Católica. Desde Amnistía Internacional hasta Humans Rights han señalado las consecuencias letales del aborto clandestino sobre las mujeres pobres. Si algo quedó expuesto estos meses es que no hay pandemia que frene a una mujer que necesita interrumpir un embarazo. Al contrario, todo se ha vuelto más apremiante por las condiciones de pauperización a las que ha arrojado a millones la gestión capitalista de la pandemia. Cada año hay cerca de 500 mil abortos clandestinos, y unas 40 mil internaciones por abortos inseguros, la primera causa de ocupación de camas hospitalarias de las mujeres. Contra lo que arguyen los hipócritas, las secuelas de las intervenciones clandestinas tienen un peso determinante en la saturación del sistema de salud. Por el contrario, esta presión se vería aliviada si las mujeres accedieran a la anticoncepción y a la interrupción legal de los embarazos no queridos. Abajo las maniobras del gobierno. Basta de dilaciones. ¡Aborto legal ya! Lo arrancamos en las calles.

Compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas nos congregamos este sábado en la plaza “24 de Setiembre”, cercana al Cid Campeador, para repudiar el vil ataque perpetrado por una patota neonazi contra los compañeros del Partido Obrero (O) que se encontraban realizando una pintada por los diez años del asesinato de Mariano Ferreyra. Los compañeros del Partido Obrero Tendencia y de Jubilados Clasistas de la zona Paternal-Villa Crespo nos hicimos presentes. Planteamos en la radio abierta nuestra solidaridad con los compañeros agredidos, reivindicando la importante respuesta de las distintas organizaciones frente al ataque, que ya tiene antecedentes en el barrio. Nuestra propuesta fue la formación de un frente único de todas las organizaciones presentes que garantice las actividades en el barrio y la pronta respuesta frente a cualquier ataque. Marcamos que esta agresión se da en el marco de un discurso macartista exacerbado de los partidos de la burguesía y los medios de comunicación después del violento desalojo de Guernica y de las distintas ocupaciones a lo largo y ancho del país. El mural de Mariano Ferreyra es de todos los trabajadores, jóvenes y jubilados de la zona que luchan día a día por sus reclamos. Comprometemos con la organización y lucha para combatir por todos los medios estas violaciones a las más elementales libertades democráticas y piquetes para enfrentar al proto fascismo.

Como al pasar, Cecilia Todesca, le dijo el domingo a La Nación que el ajuste presupuestario que el gobierno tiene decidido para el año que viene tiene el sustento de la eliminación de los subsidios por la pandemia, debido a la aparición de ´la vacuna´. En otro artículo de fondo del mismo diario se aventura la posibilidad de que el gobierno gane fuerza en 2021 por el mismo motivo – una población vacunada, gracias a diversos contratos de provisión que fueron firmados por éste. Los rescatistas en danza son la Sputnik 5, de los laboratorios rusos, y la que se encuentra en la fase 3 de prueba, de AstraZeneca-Oxford, aunque se sugieren otros convenios, por ejemplo, con Pfizer y Johnson and Johnson. La vacuna será además gratuita y Argentina la tendrá antes de marzo próximo. En 2021, la población tendría asegurado un otoño-invierno benigno. La impugnación de la vacuna rusa ya fue realizada por los medios opositores, que exhiben una falta suficiente de testeos. Ocultan, sin embargo, que está insuficiencia alcanza a todas las vacunas en elaboración, que solamente podrán ser aprobadas en carácter de “emergencia”. Ocurre que la validación de una vacuna puede llevar hasta dos o más años, algo que en esta ocasión se abrevia debido a la virulencia de la pandemia. Ninguna publicación ha podido asegurar el tiempo de inmunidad de la vacuna, ni el número de dosis a aplicar. De modo que un dato tan elemental como la determinación de la demanda potencial de la medicina es desconocido. De acuerdo a cálculos del Credit Suisse y de Morgan Stanley, considerados conservadores, el mercado anual de la vacuna será de u$s10 mil millones. Un bocado de cardenal. Un informe de la Organización Mundial de la Salud advierte que “los modelos corrientes prevén que no habrá vacunas suficientes para cubrir al conjunto de la población mundial hasta 2024”. Añade que “3.8 miles de millones de dosis ya se encuentran comprometidas, otras 5 mil millones en negociación”. Concluye que la parte de la torta para los llamados países pobres será mínima. Agrega que estos países carecen de la infraestructura necesaria para su recepción, como cadenas de frío e incluso agujas. Para ilustrar la tendencia al acaparamiento de vacunas, menciona que Canadá ya firmó contratos por una cantidad que supera en cinco veces a su población. Señala también que AstraZeneca ha asegurado contratos en el mayor número posible de países para una misma fecha. No es la salud lo que motiva estos apresuramientos, es el lucro. AstraZeneca ha incumplido el compromiso, firmado en mayo pasado, de 30 millones de vacunas para Gran Bretaña en septiembre último. Es posible anticipar, con certeza, de que lo mismo ocurrirá con Argentina, aunque en este caso la promesa de tener las dosis al fin del verano sólo la han hecho Alberto Fernández y Ginés Gonzalez. Lo que el gobierno ha firmado son solamente “cartas de intención”, aunque para eso primero necesitó que el Congreso le vote la inmunidad penal de los inmunizadores, ya que los eventuales damnificados deberán apelar por cualquier inconveniente a las jurisdicciones de las compañías y, en caso de obtener reparaciones, la carga será en parte del estado – como en el fallo Badaro para los jubilados. El compromiso de AstraZeneca de ofrecer “en perpetuidad” la vacuna a los ´países pobres´ en forma gratuita “mientras dure la pandemia”, dejó al desnudo un punto nodal – que la declaración del fin de la pandemia la hace la compañía, que ya anticipó que será en julio próximo. El costo de producción de la dosis no es de cuatro dólares, como dice el albertismo, sino de veinte, sobre el cual se aplica una tasa de beneficio del 20 por ciento. Los costos vinculados, dicen los ejecutivos del pulpo, son elevados, de modo que ese costo es solamente provisional. “A pesar del palabrerío acerca de que se trata de un ´bien público´, Médicos sin Fronteras asegura que el precio lo determinarán las famacéuticas. La norteamericana Moderna ya recibió mil millones de dólares, que contabilizará a lo largo de diez años como “cargo diferido”. Es el mayor beneficio de la historia de la compañía, que ha tenido una seguidilla de años de pérdidas. AstraZeneca también recibió esa suma de parte de EEUU, que no sería el único financista de ella. Cualquiera puede darse cuenta de que el mundo asiste a una rivalidad comercial sin precedentes sobre las espaldas de la salud de la población. Alberto Fernández ha dicho públicamente que ya tiene firmados los contratos con AstraZeneca, que proveerá la tecnología al grupo argentino Sigman-Manzur, para que envíe el material para la manufactura masiva a México. En realidad, “los contratos son confidenciales", informa el Financial Times, los de AstraZeneca están cubiertos por el secreto. Si la carta de intención fue firmada, no por eso el gobierno nos ha contado sus términos. Ya sabemos que la vacuna no estará en febrero o marzo sino con suerte en julio-agosto, es decir que disemina la desinformación. Para diversos científicos, citados por la prensa internacional, el coronavirus podría convertirse en endémico. Esta posibilidad representa un desafío enorme para el sistema de salud, pero no sabemos qué piensa discutir sobre esto el gobierno con el FMI – para decirlo con una pizca de ironía. Es clara la necesidad de revolucionar el sistema de salud, que se convertirá en una carga mucho más pesada para el bolsillo de los trabajadores. Nadie debate, sin embargo, entre oficialistas y opositores sobre esto, ni qué decir de nacionalizar el sistema desde las farmacéuticas hasta las clínicas, además de impulsar los sistemas de investigación por medio de las universidades, que deberán ser enteramente públicas. Un adversario dirá que el régimen actual, o sea el estado capitalista, no tiene aguante para tanto, lo cual es un poderoso motivo para derribarlo en nombre del socialismo. Se dice en varios medios que la aprobación oficial de la vacuna llevará un mes, para su posterior aplicación. No es lo que piensa Pfizer, que espera un veredicto de los reguladores de salud para julio 2021. La lucha despiadada que hubo en su momento por los barbijos, máscaras y respiradores, se encuentra en curso con la vacuna. La rivalidad económica y política, inherente al capitalismo, es una amenaza a la salud. Mientras Liverpool anuncia una ocupación hospitalaria mayor al 90% y la pandemia se encuentra fuera de control de Estados Unidos, es claro que la vida es demasiado preciosa para dejarla en manos del capital. Que se hagan públicos los convenios provisorios y las cartas de intención. Por el control de la gestión de la salud por parte de los trabajadores.

El pseudo congreso que el aparato del Partido Obrero viene de realizar ha soslayado por completo el carácter histórico de la crisis de ese partido, a la que ha convertido en un asunto administrativo; lo mismo ha ocurrido con la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional. Soslaya por completo que el programa de la CRCI, escrito por Jorge Altamira, aprobado por numerosos partidos que se reunieron en Buenos Aires en abril de 2004, que incorporaron sus propios aportes y correcciones, es el programa oficial del Partido Obrero. En marzo pasado, el Comité Nacional del Partido Obrero “oficial” aprobó un documento titulado “La CRCI y la lucha por la internacional revolucionaria”, para “el debate del XXVII Congreso”. En las resoluciones del autodenominado XXVII Congreso no se incluye, sin embargo, ninguna referida a este texto; solamente ocupa los últimos 2.300 caracteres de una “resolución internacional”. Según un brevísimo copete introductorio, esta alusión “se integra (sic) al informe internacional presentado para discusión del XXVII Congreso, el balance puesto a debate sobre la CRCI, así como las actualizaciones de la situación internacional y sobre América Latina publicadas en la revista En Defensa del Marxismo Nº 55”. Todo esto no pasa de un amontonamiento de palabras. Lo cierto es que el pseudo Congreso del Partido Obrero “oficial” ni siquiera abordó el asunto, del mismo modo que tampoco se pronunció sobre la expulsión de 1.200 militantes, incluidos miembros de su Comité Central saliente, decidida por un puñado de personas en la noche de un sábado a finales del junio de 2019. La pretensión del aparato de “dar por superada” la crisis partidaria es una ilusión – sólo da “vuelta de hoja” con el programa y los métodos históricos del PO, sin ofrecer otra alternativa que el aparatismo. La señalada ´resolución internacional´ reivindica “el método histórico del reagrupamiento internacional de Génova de 1997 y posteriormente de la CRCI”, para justificar la reciente ´Conferencia Latinoamericana´ realizada junto a partidos del FIT-U, en un acto de clara usurpación política. Esta ´conferencia´ no fue introducida por ningún debate preparatorio y se desarrolló en medio de ataques faccionales inauditos, con el único propósito de arengar a una audiencia cautiva. Los portavoces del aparato del PO ni siquiera mencionaron el “método histórico” cuando armaron aquel torneo telemático de insultos y querellas que fue la “conferencia latinoamericana”. Esta reivindicación tardía, introducida en el copete de la “resolución internacional”, pone en ridículo al grupo dirigente del PO, que en su “plan de trabajo internacional” ordena confeccionar una agenda de “reuniones bilaterales” para sustentar una segunda conferencia. Los demás componentes del FIT-U ya adelantaron sus reservas a repetir aquel oprobioso evento. Luego de la “histórica” conferencia “que reunió a más de 50 organizaciones de América Latina y Estados Unidos”, los saludos recogidos en el XXVII Congreso del PO se limitaron a cuatro pequeños grupos desconocidos, sin tradición ni trayectoria, ninguno de ellos vinculado a la historia de la CRCI. El aparato ha convertido al PO oficial en una entidad parroquial, sin ninguna relación ni trabajo internacional. Todo lo que escribe y dice se encuentra en oposición vertebral al programa de la CRCI. Pasando revista “Nuestra reivindicación de la CRCI representa, antes que nada, la reivindicación de un programa y de un método político-organizativo de construcción revolucionaria”, declaraba el aparato del PO hace siete meses atrás, a modo de ´balance´. Según el aparato, “el método de partir de la tendencia del capital a su autodisolución se demostró correcto para prever el desarrollo catastrófico del capitalismo mundial, como lo ha confirmado todo el derrotero económico, social y político posterior al estallido de la crisis de 2007/08”. En vísperas de las expulsiones decía lo contrario: a saber, la situación histórica no ofrece a la izquierda marxista ni siquiera la posibilidad de una iniciativa política potencial. El parloteo ´catastrofista´ no le ha impedido tachar de “mecanicista” a toda la experiencia histórica del PO, que ahora enrostra a nuestra Tendencia. El pronóstico de crisis de regímenes políticos, por un lado, y crecientes rebeliones populares, por el otro, ha sido reemplazado por la “unidad dialéctica” entre la decadencia capitalista... y el refinamiento de los métodos de dominación de la burguesía. Es una pseudo dialéctica de la regresión histórica – en el horizonte que ella plantea se diseñan sólo derrotas y barbarie. Exactamente lo contrario de lo ocurrido en el mundo y en América Latina, desde la infortunada tarde en que el aparato decidió impugnar el planteo de Altamira, a mediados de 2018, del ingreso a una etapa de rebeliones populares y de posibilidades políticas para la izquierda revolucionaria. La paradoja del debate fue que la única corriente política que se enfrentaba a este pronóstico era esa ´izquierda revolucionaria´, encabezada por el aparato del PO y el conjunto del FIT-U. Ahora el aparato caracteriza que se avecina una "segunda ola de rebeliones populares en América Latina", pero la primera los pasó por arriba - no fue siquiera advertida y negaban incluso la posibilidad de que las masas y la izquierda tomen la iniciativa. El “balance” oficial del Comité Nacional del PO pasa el trapo a 25 años de actividad internacionalista por la refundación de la IV Internacional, (en realidad medio siglo, desde el Comité de Organización de 1972 y la Tendencia Cuarto-Internacionalista de 1979), a la que imputa, con carácter retroactivo, es decir, con propósitos faccionales, una deriva “sectaria y propagandista”. El aparato del PO quiere borrar y dar de nuevo, y se encierra en un pantano de auto-construcción nacional. “El alejamiento de algunas organizaciones -dice el balance de marras- fue el reflejo de una evolución política antagónica a la establecida en el programa de 2004”. Agrega: “Las tendencias propagandistas y sectarias se manifestaron tempranamente dentro de la CRCI”. Es decir que partimos de un programa, un método y un estatuto correctos... pero no sirvió para nada. Las críticas que el “responsable” (irresponsable cabría mejor, en este caso) del aparato lanza a las organizaciones que fundaron o se incorporaron a la CRCI, críticas completamente ignorantes, rozan la provocación. El aparato traza un balance liquidacionista de la CRCI, sin advertir que asume la responsabilidad de su liquidación organizativa. Lanza una serie de epítetos contra varias organizaciones que pasaron por la CRCI, en lo que constituye una admisión de que hay que abandonar la lucha internacional. Lo que el balance omite es lo fundamental: la lucha teórica y organizativa de nuestro partido y de su dirección, para superar esas crisis y reforzar las perspectivas internacionales – desde la posición frente al golpe de estado en Brasil; las posiciones acerca de la evolución de los acontecimientos bolivianos; la formidable caracterización del chavismo, venezolano y continental; los repetidos esfuerzos militantes para horadar esa muralla de contención que ha sido el Frente Amplio de Uruguay. Como ocurre con el oportunismo, el aparato juzga los resultados ‘prácticos’, desde la cómoda posición de los hechos consumados, no desde la trayectoria política que se ha construido. Inclusive, o especialmente, en el caso de la griega Syriza, nuestra dirección política de la época construyó un planteo formidable, porque tuvo que ver con las crisis de regímenes políticos acompañados de un giro brusco de las masas hacia la izquierda del escenario político. Esto explica la reconstrucción del trabajo político en siete países, con la colaboración política del Partido Obrero (Tendencia). El método de la CRCI es el que construyó al Partido Obrero; el aparato sólo recoge de nuestra historia sus efímeros avances electorales, que quizás atribuyan a su ´muñeca´ aparatista, cuando apenas fueron un reflejo parcial de una trayectoria que inscribió al PO en la historia política de Argentina. El aparato busca armar un ´relato´ que justifique la explotación oportunista de un sinnúmero de ‘éxitos’ que no le pertenecen. No ha habido ‘fracasos’ mayores, de acuerdo al concepto existista de este aparato, que las conferencias de Zimmerwald y Kiental, en 1915 y 1916, y el congreso de fundación de la Cuarta Internacional. Para el arribismo, el legado político es un material tóxico. El aparato del PO traza un penoso derrotero de una gran trayectoria, para concluir que “las crisis capitalistas, incluso cuando tienen la dimensión planetaria de la comenzada en el 2008, no son suficientes para revitalizar e impulsar a las fuerzas revolucionarias si estas no establecen una orientación política, programa, consignas y métodos adecuados, que den cuenta de las condiciones objetivas y subjetivas de la situación que deben enfrentar, con el propósito excluyente de construir partidos de combate que busquen influir de modo decisivo en el proletariado”. Esta parrafada es un monumento a la manipulación ideológica, pues todos los partidos de la CRCI son anteriores a la crisis de 2008, y abordaron esta crisis en base a las perspectivas y programas que se establecieron con anterioridad. Como ahora el aparato toma distancia de esos programas y perspectivas, se convierte en el único que no tiene nada en la cabeza, salvo repetir mal, en el mejor de los casos, los planteos históricos del Partido Obrero. En 2018, estos maestros Siruela de los pronósticos advertían contra la posibilidad de rebeliones populares, es decir que se trazaron una ruta que no correspondía a la realidad. Es así que sufrieron el retroceso electoral de Salta y Mendoza en 2017, y una paliza en las elecciones nacionales de 2019, a pesar de la campaña que realizaron por las cuestiones de género y medioambientales, que en el texto en cuestión son presentadas como las llaves del éxito político. El aparato presidió, además, el derrumbe que tuvo lugar en la FUBA. El aparato insiste: “Limitar los balances exclusivamente a la verificación de si tal o cual pronóstico se verificó encarna un método equivocado, porque ignora deliberadamente los resultados de la política seguida, que contiene múltiples elementos, entre ellos la disposición política y hasta física (SIC) de una dirección por conquistar posiciones reales en las masas (SIC SIC) de sus respectivos países”. Lo de la disposición “física” busca encubrir uma acusación de cobardes a sus adversarios, hecha de manera, esta sí, cobarde o sea, sin nombrarla. Estamos ante um grupo de desaforados, que desconoce la trayectoria “física” de aquellos a los que critica. Este palabrerío envuelve una exaltación del oportunismo político, que esgrime, para colmo, un aparato en retroceso. El Partido Obrero siempre verificó sus pronósticos en la lucha de clases, como lo revelan famosos editoriales, como aquel de fines de 1999, “El Partido Obrero a prueba”. No se conoce el mismo método de parte del aparato, que ahora celebra una conferencia latinoamericana que fue un fracaso y una actividad internacional que lo ha dejado solo. Porque el informe del pseudo congreso no dice que el aparato ´visitó´ a todas las organizaciones que menciona con desprecio para ganarlas a su posición, con un rotundo fracaso. Como no alcanzaron las uvas, dicen por despecho que están verdes. Lo mismo ha ocurrido al interior del PO, pues los 1.200 militantes de la Tendencia supera la militancia real que reúne el oficialismo. Los pronósticos están inscriptos en el programa y, por lo tanto, surgen de una comprensión adecuada del momento histórico y sus tareas. La agitación y la propaganda del partido obrero deben servir para reclutar y formar a la vanguardia en la comprensión de la lucha por la emancipación social internacional. El aparato pisotea esto aportando quórum para la aprobación del presupuesto y la venta de tierras públicas en el Chaco, aprobando la ´emergencia alimentaria´ y habilitando la reforma previsional judicial que reclama el FMI o haciendo causa común con los demás blques de la burguesía en la ´censura´ contra el diputado Juan Ameri. Ni hablemos del voto sionista y de la posterior visita a la policía política del sionismo en Cisjordania. “Las oportunidades que ofrece la bancarrota capitalista solo pueden ser aprovechadas si se logra traducir el programa revolucionario en una política concreta que empalme con las aspiraciones más elementales de las masas y los giros de la situación política”. Es necesario advertir al lector que el grupo de iluminados que redacta estas líneas no advirtió el giro político que significó la brusca bancarrota del macrismo, y que sostuvo que ´el enemigo principal´ no era el gobierno de Macri sino el kirchnerismo, incluso antes del Frente de Todos. El remate inexorable de este derrotero de aparato es que “la ruptura de Altamira y su grupo con el Partido Obrero representó un salto cualitativo de la crisis que la CRCI arrastraba”. “El intento de superar la acción rupturista de Altamira convocando a la reunión de «armisticio» en Atenas fue saboteada y rechazada por esta facción”. Altamira no convocó a ninguna reunión, y menos de ´armisticio´. Altamira no hizo una ´acción rupturista´ sino que pretendió salvar la unidad del partido, por medio de una Tendencia, que está autorizada por el estatuto. El pseudo congreso ni siquiera trató las expulsiones, mostrando que es la marioneta de un aparato. Estamos, obviamente, ante un balance liquidador. Apenas consumada la operación de ruptura que encabezó el oficialismo del CC, sus emisarios cruzaron el charco para reunirse con los “marginales” del PT, quienes rechazaron en forma y contenido la maniobra con un documento principista. Luego acudieron a Atenas. Allí, frente a la propuesta de “armisticio” del DIP y el EEK, los emisarios pretendieron imponer la disolución de la Tendencia como condición para la reincorporación de los militantes expulsados, mientras se “sustanciaban” los procesos contra Altamira y Ramal en manos de la “comisión de control”. El falaz balance del aparato sobre los resultados de las discusiones en Atenas fue denunciado por el EEK y el DIP, en forma conjunta, cuando la comitiva argentina aún no había atravesado el Atlántico de regreso a Buenos Aires. Savas Matsas redactó un meticuloso balance de la crisis del PO donde recuerda que “todas las secciones de América Latina y los grupos simpatizantes de Uruguay, Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil (incluido Osvaldo Coggiola, el reconocido historiador argentino, un cuadro histórico del PO y uno de los principales líderes fundadores de la CRCI) se pronunciaron públicamente en apoyo a la Tendencia de Altamira-Ramal”. El aparato del PO acusa al PT de Uruguay de “prioriza(r) su alineamiento con el grupo de Altamira por encima de la necesidad de reforzar un polo de la izquierda revolucionaria y los trabajadores a escala continental” y obsataculizar una confencia latinoamericana con los partidos del FIT-U, a los cuales, reglón seguido, tacha de “ser arrastrados y entroncar con iniciativas y maniobras de la reacción o detrás de variantes nacionalistas o centroizquierdistas”. El bolazo autoproclamatorio es complementado con la lectura ´psicológica´ de la crisis del PO, esto es, el “culto a la personalidad de su fundador o líder”, por referencia a Altarmira. “La ley más general (sic) mostró que la adulación al líder era indirectamente proporcional a la importancia del grupo”. Según este ´balance´, “nuestro partido tuvo la suerte (sic) de ver una degeneración de ese tipo en el POR boliviano, lo cual permitió generar los anticuerpos necesarios para evitar que se repita una experiencia similar”. Este agravio delirante -emitido por personas que, de ser cierto, deberían reconocerse como chupamedias consuetudinarios del último medio siglo (lo que tal vez sea la imagen que tienen de sí mismos)-, pretende disimular la deriva electoralista del aparato que se ha apropiado de la dirección del Partido Obrero. También revela, con su relato infantil, una profunda ignorancia sobre el POR boliviano y la influencia de Guillermo Lora. La crisis de la CRCI es inseparable de la crisis del Partido Obrero por un conjunto de motivos. No solo porque éste fue su principal animador y su sección más fuerte. Esto, si se quiere, es incluso secundario. La crisis de la CRCI está inscripta en el desconcierto que domina en la izquierda mundial, aunque para muchos es más que eso – es una trayectoria consolidada de centrismo de derecha. En la reunión de Atenas, los partidos anfitriones intentaron resolver “por arriba” una crisis con profundas implicancias políticas y programáticas. No abrieron un debate sobre el contenido de la crisis ni sobre el método de las expulsiones de aparato. Desde aquella reunión, en la que nuestra Tendencia planteó abordar los problemas políticos de fondo, la crisis mundial se ha agravado. La crisis humanitaria que plantea la pandemia opone la vida o muerte de las masas de todo el mundo a una organización social históricamente agotada. La izquierda recita de memoria “La situación de la clase obrera en Inglaterra” sin observar que la obra de Engels retrata todavía un periodo de ascenso del capitalismo. En su fase actual, el capital no ha removido las casas mal ventiladas donde se apiñan las familias de los obreros, como ocurría en la Inglaterra del siglo XIX, para preservar a la sociedad burguesa, sino que expulsa a los trabajadores sin techo de los descampados que ocupan en su intento por escapar del hacinamiento. Los rescates multimillonarios a la clase capitalista han ido a parar a la especulación financiera, reforzando la miseria de las masas. Las tendencias a la guerra entre naciones se han convertido en tendencias a la guerra civil en el corazón del imperialismo, como hechos palpables, no ya como pronósticos. La pandemia dejará la huella de un episodio histórico. Los autoproclamados defensores de “la continuidad histórica y la vigencia de la CRCI” no han dado cuenta de nada de esto. Por el contrario, se han afirmado en el conservadurismo y la rutina que marcan la inercia de los aparatos. Desfilan con los viejos atuendos todavía, pero con la vista puesta en la inexorable renovación del vestuario.

El preso palestino en una cárcel sionista desde julio pasado, Maher al-Akhras, quien llevaba más de 100 días en huelga de hambre y su vida se encontraba al borde de la muerte (bajó de 104 a 61 kilogramos), acaba de levantar la medida bajo el compromiso del Shin Bet de dar fin a su arbitraria detención. Así lo acaba de consignar un cable de Associated Press con declaraciones de “Qadoura Fares, jefe del grupo de defensa del Club de Prisioneros Palestinos, quien dijo el viernes que, según el acuerdo, Israel no extenderá la orden de detención administrativa actual para al-Akhras cuando expire el 26 de noviembre” (The Guardian, 7/11). No le pueden ahorrar dos semanas adicionales de deternción arbitraria. Maher al-Akhras ya está siendo alimentado y tratado clínicamente para su recuperación. Maher al-Akhras, de 49 años, era uno de los 4.200 palestinos bajo arresto en Israel. Integraba el pelotón de detenidos bajo “detención administrativa” —una norma que permite al estado sionista a detener a cualquier palestino sin cargo ni proceso alguno. Maher al-Akhras negó siempre su pertenencia a la Jihad Islámica, organización que nunca integró, de la que se lo acusaba de ser parte y que esa organización jamás reivindicó como preso propio. En el propio estado de Israel la campaña por la libertad de Maher al-Akhras alcanzó una dimensión inusitada. El 18 de octubre el pacifista Guideón Levy había escrito en Haaretz, cuando su vida ya corría peligro: “Akhras ha estado en huelga de hambre durante casi 90 días, exigiendo que lo liberen de la detención administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Israel denegó su solicitud. Los magistrados accedieron amablemente a suspender su detención administrativa, es decir, detención sin juicio, hasta que mejore su estado, pero no acordaron garantizar que no volverá a ser arrestado. Akhras rechazó valientemente la oferta. Los jueces Isaac Amit y Ofer Grosskopf escribieron en su resolución por mayoría que estaban convencidos de que la detención estaba plenamente justificada”. El mismo Levy decía: “En la actualidad, unas 350 personas se encuentran recluidas en cárceles israelíes bajo detención administrativa, incluidos dos menores. A veces ha habido hasta 1.000. El Tribunal Superior (de justicia israelí) … nunca se movió para cuestionar el carácter del Estado que secuestra y encierra a decenas de miles de personas sin acusarlas, en cifras que deberían aterrorizar a cualquier persona de principios. Este fin de semana, Akhras se movió entre la vida y la muerte. Pocas personas se preocupan por su destino. Israel lo llama ´terrorista´, sin que nadie tenga idea de su crimen y sin presentar ninguna prueba. La evidencia que se ha presentado fue una broma: una grabación en la que presuntamente se jactaba de pertenecer a la Jihad Islámica. Se ha revelado que la transcripción muestra que no dijo esto” (ídem). “La sangre de Akhras y de miles de otros palestinos está en manos de esta policía secreta, el Shin Bet … Es dudoso que haya otro estado democrático donde esto se considere gloria” (ídem).

Una reciente encuesta de Inquilinos Agrupados (IA) mostró que casi el 40% de los inquilinos no pueden pagar los alquileres regularmente, constituyendo 1.344.000 hogares, de un total aproximado de 4 millones de personas en todo el país. En octubre el 70% indicaba que podía pagar la totalidad del alquiler, este mes sólo el 61,6% indicó que estaba en condiciones de hacerlo. El desalojo de Guernica puso de manifiesto la enorme crisis habitacional que sacude al país. En el país hay 9 millones de personas con serios problemas para pagar el alquiler, mientras la desocupación, la pobreza y la inflación siguen creciendo. Los desalojos echarían más leña al fuego del hacinamiento en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia. El sondeo indica que más de la mitad de los ingresos totales de los hogares se usa para pagar el alquiler (51.7%). Un aumento de 3,1 puntos con respecto a octubre que era del 48,6%. Hace un mes el gobierno extendió hasta enero de 2021 el DNU 766/2020 que congela los precios de los alquileres y frena los desalojos hasta el 31 de enero. A pesar de la prohibición de aumento de los alquileres por decreto, 6 de cada 10 sufrió aumentos en sus alquileres entre marzo y octubre. Un 16% que dicen que directamente no puede pagar, y un 23% que no pueden hacerlo parcialmente, lo que significa que el monto del endeudamiento familiar se sigue apilando. Estas familias mes a mes deciden qué gastos cubrir: “el 27,5 ajustó gastos, el 23,6 se está endeudando, el 16, 2 por ciento recibe ayuda de familiares, el 17,6 por ciento recurrió a todas las anteriores, mientras otro grupo dijo que está vendiendo sus cosas para afrontar gastos”. Muchos deciden si van a poder pagar el alquiler o las expensas cuando les llegan las boletas de servicios. El 30,1% no pueden pagar expensas, y un 12,9% que sólo pudo hacer un pago parcial. En muchos casos los aumentos de las tarifas de servicios registraron aumentos impagables a pesar de estar supuestamente “congelados”. Según el referente a IA, Gervasio Muñoz, “el 60 por ciento manifestó haber sufrido aumentos en el precio del alquiler, a pesar del decreto vigente, y que ese aumento se refleja en el porcentaje que ocupa el alquiler en los ingresos totales del hogar” (página 12, 7/11). Muñoz plantea la extensión del decreto, y reclama un “plan de desendeudamiento para el sector”. Lo que hay que reclamar es un plan de construcción de vivienda para el conjunto de la población (no sólo el “sector”) en manos de comités de inquilinos y vecinos, que ponga en marcha el aparato productivo y subsane la falta de 4,5 millones de viviendas. Las deudas de los inquilinos deben ser condonadas y los alquileres congelados hasta solucionar la crisis habitacional en el país, y los comités de inquilinos y trabajadores deben controlar los abusos y aumentos. 786.240 hogares están en condiciones de ser desalojados cuando finalice el decreto porque su deuda es de dos o más meses. Del total que no puede pagar a término, 60% de los inquilinos adeuda dos meses o más (el 41,5% tiene un mes de pago adeudado, el 20,2% dos meses, y el 11,4% tres meses, pero el 19% tiene cinco meses o más). Las familias que no puede pagar son presionadas por las inmobiliarias y los dueños, en muchos casos llegando al corte de los servicios, cartas documento, o a las amenazas y agresiones físicas. La mitad reconoció haber recibido amenazas, hostigamiento, discriminación y violencia. La violencia se ejerce particularmente sobre mujeres que administran el hogar y las madres solteras. Muchos prefieren irse, la mayoría a condiciones de hacinamiento o a lugares más alejados, lo que reduce las posibilidades de conseguir un mejor trabajo. Del total de personas que se encuentran en esta situación, 7 de cada 10 son mujeres, las más perjudicadas en materia laboral como efecto de la pandemia. En Guernica, la mayoría eran jefas de hogar, madres solteras, que dijeron que no pudieron seguir pagando el alquiler y fueron desalojadas. En “El problema de la vivienda”, Federico Engels explica la raíz de la crisis habitacional capitalista: “¿de dónde procede la penuria de la vivienda? (…) es un producto necesario del régimen social burgués; que no podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa trabajadora no puede contar más que con un salario y, por tanto, exclusivamente con la suma de medios indispensables para su existencia y para la reproducción de su especie; una sociedad donde los perfeccionamientos de la maquinaria, etc., privan continuamente de trabajo a masas de obreros; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ejército de reserva de obreros desocupados y, por otro lado, echa a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin trabajo; donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho mucho más de prisa de lo que, en las circunstancias presentes, se edifica para ellos, de suerte que pueden siempre encontrarse arrendatarios para la más infecta de las pocilgas; en fin, una sociedad en la cual el propietario de una casa tiene, en su calidad de capitalista, no solamente el derecho, sino también, en cierta medida y a causa de la concurrencia, hasta el deber de exigir sin consideración los alquileres más elevados. En semejante sociedad, la penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz” (1870).

La Federación de Comercio (Faecys) acordó con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) el pago de un bono de $5.000 para supermercados mayoristas y minoristas, además del bono de fin de año que los trabajadores de supermercados cobramos desde hace años, por un valor de $8.000 en super y minoristas y de $7.000 en el caso de los mayoristas. Ambos bonos se pagarán en órdenes de compra, es decir que el costo para las patronales será prácticamente nulo, comparado con las ganancias que han obtenido en estos meses. “A cambio” de este acuerdo ruinoso, el gremio garantizará la extensión del horario de atención, que había sido reducido durante la cuarentena. Este acuerdo, por otra parte, deja afuera a los repositores externos, a los trabajadores de los call center, de agencia y de las pequeñas empresas. También deja por fuera a los trabajadores que están licenciados por ser personal de riesgo o por tener hijos en edad escolar a cargo. Mas grave aún, es que hay muchísimos trabajadores que tuvieron covid 19 y hoy son personas de riesgo, que tampoco lo van a cobrar. Luego de varias semanas de reclamos de los trabajadores de la mayoría de las grandes cadenas y mayoristas por el pago de un bono por ser trabajadores esenciales, Cavalieri se apresuró a cerrar un acuerdo porque teme el acecho de algunos secretarios generales de seccionales que están aprovechando el descontento de los trabajadores -tomando medidas sin discutirlas con las bases- para disputar su sillón. Pero lo que más temen las patronales y estas direcciones burocráticas es a que se unifiquen los trabajadores, activistas y delegados de varias cadenas, quienes, por fuera de la regimentación de los Amado, los Muerza, los Ledesma y varios más que ahora se hacen ver, están deliberando y organizándose de manera independiente del sindicato. Es allí donde se cocina la verdadera oposición a las direcciones burocráticas de todos los colores. Los activistas y trabajadores surgieron y fueron marcando el camino protagonizando las primeras medidas de fuerzas al inicio de la pandemia y luego continuaron por el reclamo de apertura de paritarias, en contraposición con el planteo por rama de algunos de estos sectores. Este acuerdo, desde ya, para nada resuelve la cuestión más elemental, la del salario igual al costo de la canasta básica familiar, que por lejos ya supera los $90 mil. El reclamo de un bono por ser “esenciales”, en una situación de contagios y pandemia que sigue, los trabajadores lo vemos como un “paliativo” frente a lo que estamos padeciendo, en un gremio donde tuvimos miles de infectados de covid19, trabajadores fallecidos, compañeros con secuelas luego de haber contraído el covid, horas extras obligadas para cubrir turnos, rotación de horarios y de tiendas según las necesidades de las patronales. Llevamos adelante una tarea agobiante y de gran exposición. Tuvimos que salir a reclamar elementos de protección y condiciones necesarias mínimas para el cuidado de nuestra salud y la de los clientes desde el inicio. Reforma laboral y achatamiento salarial La intención de llevar adelante la reforma laboral está a la orden del día con estos acuerdos a espaldas de los trabajadores. Con una paritaria que ha cerrado también en bonos, no representa más que el 6% anualizado y no remunerativo. Los mercantiles tomamos este acuerdo como algo arrancado por nuestra lucha, pero mitiga la bronca y el descontento. Sabemos que la intención es silenciarnos y conformarnos, pero, todo lo contrario, nos hemos fortalecido y seguiremos deliberando y organizándonos por la defensa del salario y de los derechos adquiridos y contra todo atropello de las patronales. Hablamos de luchar para tirar abajo la polifuncionalidad, la tercerización y precarización laboral, de luchar por el 82% móvil y contra la reforma jubilatoria. Se ha abierto un canal de deliberación y debemos reforzarlo con mayor organización; coordinar las acciones con otros trabajadores para poder hacerle frente a esta crisis humanitaria y al ajuste que preparan el gobierno y el FMI. La clase obrera en su conjunto debe salir a defender y luchar por un programa de todos los trabajadores. Por un salario igual a la canasta familiar indexado por inflación. Por la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario. Por el reparto de las horas de trabajo y mayor incorporación de trabajadores en planta permanente. Contra la tercerización y precarización laboral. Por la reducción del horario de atención al cliente para estar menos horas expuestos. Por el cierre de los domingos. Que sea compensado con un aumento salarial y el pago del sábado inglés. Protocolo de salud aprobado y controlado por los trabajadores.

El viernes por la mañana se llevó adelante una jornada de lucha del Polo Obrero Tendencia Pergamino. Fue votada en asamblea junto a un pliego de reivindicaciones una semana antes – olla popular y acampe simbólico frente al palacio municipal, con el objetivo de poner en discusión el problema de la vivienda y la falta de trabajo que azota a los trabajadores de Pergamino. Con la llegada de los compañeros y la instalación de la carpa, el Intendente Javier Martínez (JxC), desplegó un operativo represivo, avalado por el fiscal Mastorchio, quien mandó a un secretario a la plaza con el claro objetivo de amedrentamiento. Este amenazó a compañeros diciéndoles que “podría ordenar de inmediato el allanamiento a las casas de los responsables de la manifestación”. El intendente ve una carpa en la plaza y llora, ya que durante más de 60 días se desarrolló una protesta con acampe por tierra y vivienda. El despliegue represivo buscó intimidar a los manifestantes y desarticular la protesta, cosa que no consiguió. Por otro lado, el accionar político-judicial es la muestra cabal de que el gobierno no pretende solucionar los problemas de fondos de los trabajadores ocupados y desocupados de Pergamino. La jornada de lucha de la Tendencia del Polo Obrero llevó a las narices del poder político, nuevamente, las problemáticas acuciantes por la que atraviesa más de la mitad de la población de la ciudad. El pliego de reivindicaciones planteó la respuesta inmediata a la falta de trabajo, el acceso a la tierra y la vivienda, la creación de un banco de tierra y la asistencia económica a los trabajadores que hoy están transitando la enfermad del Covid. La gran convocatoria del viernes por la mañana, a la que se sumaron compañeros de diferentes barrios, tuvo su golpe de efecto. El ejecutivo, que durante toda la cuarentena se negó a recibir al POT, debió hacerlo esta vez, por medio del secretario de gobierno, a quien se le entregó el pliego . El funcionario se comprometió a mantener una reunión para tratar cada uno de los puntos presentados. A la desorganización social, económica y política, acentuada por la pandemia, los trabajadores ocupados y desocupados debemos discutir y dar un planteo de fondo en defensa de las condiciones de vida en los barrios, que ponga un freno al avance del Covid y el avasallamiento de los derechos elementales para las masas. Dirigirnos a los barrios y a los trabajadores con un planteo de fondo que supere la desorganización impuesta por el capital, es la tarea que nos debemos dar en esta etapa. Desde el Partido Obrero Tendencia y el Polo obrero Tendencia de Pergamino hacemos un llamado a poner en pie una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados que delibere llevar adelante un programa y un plan de lucha que le arranque al Estado todas las reivindicaciones inmediatas.

Cuatro compañeras de diferentes organizaciones que participan en la Asamblea Socioamiental fueron detenidas el pasado sábado 7 mientras realizaban un mural exigiendo justicia por Facundo Castro y la destitución de Berni. Gracias a la rápida movilización de agrupaciones sindicales y políticas, entre ellas, Suteba, MST, PTS, PO oficial, PO tendencia, y otros, se logró la libertad al cabo de tres horas. El mural se realizaba sobre un paredón ferroviario donde organizaciones sindicales y políticas pintan históricamente en Bahía Blanca. Por caso, pocos días antes, en ese lugar una agrupación K había pintado por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Queda más claro que el agua que el problema no es el paredón, sino la consigna política que se pinte. Hay que recordar que recientemente cinco militantes del PO Tendencia también fueron detenidos por estar pintando en un paredón por la aparición de Facundo. Hicimos responsable al poder político local por lo sucedido, que pretendió desligarse de la bonaerense. Estamos ante un nuevo intento del aparato estatal al servicio de la impunidad. Empiezan a salir a la luz las consecuencias de la agachada del gobierno provincial frente a sublevación provincial que reclamaba, entre otras cosas, la impunidad en el caso de Facundo. El amparo político a Berni está más presente que nunca, ya que fue quien garantizó personalmente el desalojo de la inmensa toma de tierras en Guernica, es una pieza clave en todo el entramado represivo que pretende el gobierno de Kicillof frente a la brutal crisis humanitaria en la provincia. También es visible el proceso de encubrimiento en el aspecto legal, la jueza federal bahiense María Gabriela Marrón rechazó el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone donde se halló el amuleto de Facundo y el secuestro de teléfonos de policías. Repudiamos las detenciones ilegales a las compañeras y hacemos responsable al gobierno municipal de Héctor Gay por lo sucedido. Ninguna contravención para las compañeras.

El gobierno “de Todos” apura la única carta que está dispuesto a jugar frente a la bancarrota económica y social: un acuerdo con el FMI. Como todos los anteriores, o incluso más, es presentado como el ancla final que sacará a Argentina de la presente crisis. El gobierno espera reciclar la deuda cuantiosa que Macri contrajo con el Fondo. O incluso sumarle un préstamo adicional. El FMI, que ha sacado sus “enseñanzas” del préstamo a Macri, ha sido claro: el acuerdo con Argentina debe ser precedido por un ajuste fiscal y monetario – en tiempos de pandemia. Fernández y Fernández ya lo han puesto en marcha, al aumentarle a los estatales un 7% y una inflación del 30 por ciento. Los gastos sociales vinculados a la “pandemia” -como el IFE- ya han sido colocados bajo la tijera. Los contagios, sin embargo, continúan, el virus muta y una segunda ola es previsible. El sistema sanitario se encuentra colapsado, y exige ¡más que nunca! salarios, relevos y recursos para los trabajadores de la salud. No es cierto que una vacuna saldrá barata: AstraZeneca ha informado oficialmente que su precio será de mercado a partir del mes de julio próximo. El plan de estabilización del FMI-FdT enfrenta contradicciones brutales. Por eso será votado por el Congreso, siguiendo el planteo de un acuerdo que formuló Cristina Kirchner. El ajsute consiste en el aumento general de tarifas, como había empezado Macri; una movilidad jubilatoria regresiva e incluso un aumento de la edad de retiro; una reforma impositiva que no tocará el IVA ni el impuesto al salario, pero que afectará a otros impuestos, que sostienen los presupuestos provinciales. Es el anuncio del despido masivo de trabajadores estatales. En la ´carpeta´ del Fondo, por supuesto, está incluido otro cepo a los salarios, y la cuestión de la reforma laboral, para facilitar el costo del despido. Con la expectativa en este acuerdo, los especuladores han salido a comprar más deuda pública. Y Corte Suprema, un sonado fallo a favor del gobierno. La vivienda y la salud al descenso. Para legalizar este ajuste, el gobierno finge que la “pandemia ha terminado”. Salarios, jubilaciones, defensa de la vida y la salud. La burocracia de los sindicatos y las organizaciones sindicales de los punteros del oficialismo han decidido colaborar con este ajuste, a cambio de ventajas para sus aparatos Pero el horno está caliente. Planteamos plenarios y congresos de bases con mandato, para defender las paritarias, la recomposición completa del salario, el 82% móvil. Y un programa integral de vivienda y de salud: confiscación de todos los terrenos aptos para la construcción de viviendas para todo el pueblo trabajador carente de ellas; una salud pública única, no para el lucro sino para las necesidades de las mayorías.

Tras casi un año de gobierno del gobierno de facto, asumió como presidente electo de Bolivia Luis Arce. La asunción fue celebrada como un nuevo giro político en América Latina, luego de la victoria de Macri en 2015, el volantazo a la derecha de Lenin Moreno y, por fin, el golpe boliviano. Coincidentemente, Tump perdía la Casa Blanca, para alegría del llamado populismo en América Latina. La presencia de Alberto Fernández en La Paz y luego en la frontera con Argentina para recibir a Evo Morales fue escenificada para subrayar este viraje político, aunque en elmismo momento el gobierno argentino impulsaba la injerencia del FMI y solicitaba el apoyo del macrismo con un voto en el Congreso a ese acuerdo. Los medios internacionales se empeñaron en destacar que Arce no había mencionado en su discurso de inauguración a Evo Morales, con la expectativa de que ello fuera una indicación de que el nuevo gobierno se sume a una componenda para organizar una ´transición´ en Venezuela y clausurar las veleidades chavistas. Alberto Fernández, por su parte, eligió el discurso de la unidad de América Latina, después de haber votado la condena de la ONU al gobierno de Maduro y, de nuevo, reafirmar una línea fondomonetarista. Al final, el distanciamiento del FMI, a partir de 2009, fue el sello inaugural del bloque bolivariano. El traspaso del mando no fue, de todos modos, nada pacífico. En primer lugar, las bancadas del MAS eliminaron la condición de los dos tercios de los votos para dar acuerdo a embajadores y los ascensos militares, dado que han perdido esa mayoría especial. Este verdadero golpe parlamentario no fue objetado por el alto mando, pero sí recibió un duro rechazo de la oposición fascista. La amenaza de los grupos de la extrema derecha fascista, de que impedirían la asunción, movilizó a los “ponchos rojos”, que resguardaron las inmediaciones del palacio presidencial. La derecha organizó bloqueos, y es acusada de ser la responsable del asesinato del líder sindical de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez; como de querer atentar contra la vida de Arce, según lo denunciado la noche del jueves por el vocero del MAS, Sebastián Michel. El ataque con dinamita fue realizado cuando Arce estaba reunido con un grupo de dirigentes. El Comité pro Santa Cruz anunció un paro cívico departamental de 24 horas para que se desconozcan las elecciones y declararlas irregulares. Rosario Baptista, miembro del Tribunal Superior Electoral se sumó a esta campaña. La ventaja electoral de más de veinte puntos de Arce respecto a su seguidor, Carlos Mesa, y treinta puntos con el fascista Camacho, es suficiente para que las grandes potencias apoyen al gobierno del MAS y no apueste a aventuras sin futuro. La presencia de los presidentes de Colombia y Paraguay en la ceremonia de asunción, y en especial del rey de España, indican que el imperialismo va a trabajar por ´adentro del campo´ popular, antes que por la desestabilización. El golpe nunca enraizó en la realidad boliviana e internacional, a partir de la irrupción de la pandemia y de la bancarrota que provocó en el comercio internacional. Evo Morales, refugiado primero en México y luego en Argentina, decidió retornar al país luego de la asunción de Arce. Desde Villazón, pasó a Potosí y Oruro, y terminando en Chimoré en el trópico de Cochabamba. Evo había dicho que se dedicaría a la agricultura, retirándose de cualquier posibilidad de recibir un puesto en el gobierno de Arce. Estos dichos fueron para desestimar cualquier tipo de “doble comando”. Pero tampoco será un “retiro político” como el de Mujica. Si la experiencia del gobierno de los Fernández sirve de ejemplo, Arce buscará encarar los déficits fiscales y exterior mediante el socorro del FMI, y adoptar una política exterior de componenda con EEUU y la UE. Alemania tiene puesto los ojos en las reservas de litio de Bolivia, pero sufre la competencia de EEUUU y de China, en función de una reconversión mundial de la industria automotriz. Arce deberá gobernar con los precios en baja del petróleo y la minería, lo contrario de lo que pasó bajo el mandato anterior del MAS. Las consecuencias de la victoria aplastante del MAS deberá todavía ser confirmada por las elecciones en febrero próximo en Ecuador, y ejercerá una influencia en el derrotero político en Brasil.

La obra social de los docentes -conducida por la Celeste de CTERA- propone una reducción de la jornada laboral y de los salarios en un 50% para 800 de sus 1.200 empleados. Este recorte se produce en el marco de un “procedimiento preventivo de crisis” (PPC) que la obra social quiere llevar a cabo, supuestamente, para afrontar su crisis económica. Queremos advertir a los afiliados de los gremios docentes que las conducciones gremiales que ajustan a los empleados de su Obra Social quedan inválidas para defender el salario de sus afiliados: por lo tanto, la defensa de los salarios de los trabajadores de Osplad contra el preventivo de crisis es una lucha común de empleados y afiliados a la Obra Social. La medida es negociada junto a SOEME y AMAP (médicos) – dos de los sindicatos que representan a los empleados de la obra social. En un claro intento de ataque y provocación, la "patronal" presentó una lista con los 800 trabajadores a ajustar. En ella no incluye a los cargos dirigenciales, funcionarios políticos ni consejeros de todo el país, quienes cobran salarios de seis cifras y, en muchos casos, ni siquiera se presentan a trabajar – no los ajustan para que los jerárquicos defiendan el preventivo de crisis. A todo esto, SOEME y AMAP nunca informaron sobre la negociación, como así tampoco compartieron las actas de las reuniones o el plan presentado por la patronal. OSPLAD utilizó una artimaña legal para colar a esos gremios y no incluir al SITOS (trabajadores de OSPLAD), que es el gremio mayoritario y con personería gremial. El PPC habilita a las empresas supuestamente en crisis a aplicar medidas excepcionales en función de salvar los intereses económicos de la empresa y atacar a los trabajadores. Permite aumentos mediante deducción de aportes patronales, como así también reducción de jornadas y prohíbe convocatorias gremiales, entre otras medidas. Luego de un año de salarios pagados a destiempo y sin paritarias, OSPLAD y la conducción celeste de CTERA aprovechan la oportunidad para aplicar un ajuste de proporciones a los bolsillos de los trabajadores. El salario de la menor categoría de un empleado administrativo es de solo $24.860, apenas por encima de la canasta de indigencia y de media canasta de pobreza. SITOS ha convocado a una retención de actividades sin presencia en los lugares de trabajo y a participar de la convocatoria de la federación FESPROSA, en el ministerio de Salud. Llamamos a todos los afiliados y docentes a rechazar esta provocación “celeste”, como así también a delegados y compañeros de base de AMAP y SOEME a pronunciarse y movilizarse. ¡No al Preventivo de Crisis trucho! Por paritarias que igualen la canasta familiar. Los trabajadores de OSPLAD y de todo el país debemos luchar por un sistema de salud por y para los trabajadores.

En Dinamarca anunciaron que sacrificarán 17 millones de visones para frenar una nueva variante de Coronavirus que mutó en estas megagranjas de animales. Los visones abastecen a la industria peletera mundial. Entre más de mil granjas, en 207 se detectó esta nueva cepa del coronavirus. Ya hay más de 300 granjas con brotes en Europa, en países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Italia, y España. Habría más de 400 contagios entre humanos. No se descarta que megagranjas de otras especies puedan transmitir o mutar el virus. En España, un brote de coronavirus obligó a acabar con los casi cien mil de estos animales de una granja en Teruel. En EEUU también se registraron casos en varios estados. La nueva cepa descubierta en Dinamarca podría poner en peligro la efectividad de la futura vacuna, según las autoridades del país escandinavo (El País, 5/11). Si estas nuevas variantes vuelven a saltar a otra especie podría ocurrir que el sistema inmune no sepa identificarlo y combatirlo con efectividad, incluso aunque alguien se haya vacunado antes contra una versión previa del mismo virus (ídem). Muchas de las vacunas en desarrollo facilitan que el sistema inmune reconozca a la proteína “S” del coronavirus, por lo que existe la posibilidad de que un nuevo virus con una proteína “S” ligeramente diferente pudiese pasar desapercibida. La característica de esta variante es que aparentemente los trabajadores contagiaron a los animales, el virus mutó y logró pasar nuevamente del animal al hombre. El coronavirus podría convertirse en endémico, y con diferentes mutaciones no podría ser neutralizado por la vacuna. Esto significaría un enorme desafío para el sistema sanitario. La vacuna no pone fin a la crisis sanitaria, que se acentuará frente a nuevas epidemias. La crisis desatada en Dinamarca obligó a confinar a siete municipios: “Según las autoridades danesas, esta versión del virus supone un serio riesgo para la salud pública, ya que podría expandirse por Europa y poner en peligro la efectividad de las futuras vacunas contra el coronavirus. El Gobierno del país escandinavo ha anunciado este jueves el confinamiento estricto de siete municipios del norte de la península de Jutlandia por casos de contagios con esta variante del virus. Las medidas afectan a 280.000 habitantes. Durante al menos cuatro semanas cerrarán restaurantes y bares, centros culturales y deportivos e institutos, mientras las escuelas infantiles se mantendrán abiertas” (ídem). La Organización Mundial de la Salud dijo estar al tanto de las informaciones sobre la mutación de virus en los visones de Dinamarca. Las condiciones de producción de alimentos y productos derivados de los animales en las condiciones de las magagranjas de cerdos, gallinas, vacas, visones, y otras especies, determina e impulsa la creación de nuevos virus. A los animales se los somete a condiciones que deprimen sus sistemas inmunológicos, al administrarseles enormes dosis de antibióticos y esteroides para estimular su crecimiento. Esto, sumado a la miseria social creciente, genera un caldo de cultivo para la propagación de devastadoras enfermedades. Así, los humanos se conviertan en huéspedes, y transmiten la enfermedad a otras especies animales igualmente hacinadas, multiplicando las posibilidades de mutación y peligrosidad virológica, aumentando el potencial zoonótico pandémico sobre la humanidad. La crisis de salud plantea la necesidad de una organización social que gire en torno a la vida de los seres humanos y el intercambio racional con el medio ambiente.

Un reconocido luchador de la docencia de la UBA, Julio Bulacio, ha presentado un pedido a la asamblea de la AGD UBA para que Axel Kicillof, afiliado y ex integrante de la gremial de AGD Económicas, sea expulsado del sindicato por su responsabilidad directa en la represión de Guernica. La denuncia de Bullacio es incontrovertible. El tema Kicillof excede incluso su rol político en Guernica. Kicillof fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, es decir que pasó a la vereda de enfrente del sindicalismo, al estado-patrón. En su posición ministerial fue el gerente de toda la clase capitalista, responsable por las devaluaciones, y –como el propio Bulacio recuerda-, encargado de ajustar los presupuestos y salarios universitarios – aunque no solamente de ellos. Es patente la incompatibilidad entre la pertenencia a un sindicato de trabajadores universitarios, de un lado, y la gestión política del Estado capitalista, con independencia incluso de la política anti-salarial y anti-educacional Es una cuestión de principios, que la burocracia sindical de los Pedraza, Cavallieri, Moyano, Barrionuevo y tantísimos otros han cruzado hace mucho – convertidos en empresarios de la propia rama sindical y personeros de las secretarías de estado vinculadas a sus intereses. La admisión de ministros o mandatarios en el padrón de afiliados plantea una objetiva intervención del Estado en el sindicato de trabajadores. Por otra parte, la circulación entre el sindicato y la gestión política del Estado, abre la puerta al carrerismo, donde la pertenencia al sindicato y la ocupación de cargos gremiales en la AGD, constituirían un peldaño para una futura carrera en el aparato del estado. En este caso, el “gobierno tripartito” sería un método de cooptación, y no una reivindicación transitoria hacia el gobierno autónomo de estudiantes y docentes. Hasta la propia burguesía debe admitir una distancia en estos entuertos, cuando un funcionario se aparta de sus actividades particulares invocando los “conflictos de intereses”. Todo esto precede a la grave cuestión de Guernica y, en cierto modo, va más allá del caso particular de Kicillof. Pero no caben dudas que la represión a los ocupantes de tierras, coloca todavía más agudamente la cuestión señalada por el compañero Bulacio. Kicillof debe ser expulsado de la AGD y debe tener un lugar un debate y una definición sobre esta cuestión de fondo, que hace a la independencia del sindicato respecto del Estado.

Las bolsas del mundo han tenido una jornada de alzas de dos dígitos en la mayoría de las principales sedes bursátiles, que durante la jornada del martes se extiende a las aerolíneas, al petróleo y el oro. Los analistas atribuyen la euforia a la victoria de Biden, por un lado, y a los anuncios de Pfizer, que asegura que su vacuna es efectiva a un 90% (Ámbito, 10/11). Aunque a respuesta de los mercados es evaluada como una celebración del final de la pandemia, Wall Street festeja las inversiones millonarias y los negociados que abre la producción, la distribución e incluso el financiamiento la vacuna. Pfizer “planea pedir a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) una autorización de emergencia para la vacuna de dos dosis a finales de este mes, una vez que haya reunido los dos meses recomendados de datos de seguridad” (NYT, 9/11). “Según nuestras observaciones, dice Oksana Krapkina, especialista independiente principal en terapia y práctica general del ministerio de Salud de Rusia, la efectividad de la vacuna Sputnik V también representa más del 90%" (AS, 9/11). Pero es Pfizer la que se ha llevado la primicia, en detrimento de todas sus rivales, aunque “la inmunidad que otorga la vacuna de Pfizer se “consiguió tras una semana después de la segunda dosis y 28 días luego de la primera”, pero se desconoce por cuánto tiempo (Página12, 10/11). El diario kirchnerista pretende justificar la posición de Kicillof de aferrarse a la vacuna rusa, en medio de una negociación con el FMI. La euforia bursátil no deja de ser, sin embargo, una operación especulativa, que podría dejar a muchos en la lona. Rafael Bengoa, ex directivo de la OMS, ha señalado en la televisión española que la epidemia “no va a desaparecer durante todo el año 2021” - el tiempo necesario para vacunar al 70% de la población” (AS, 9/1). Hay otras limitaciones más, por ejemplo cuando llegarán las dosis a los países emergentes y pobres, o los problemas logísticos y financieros de una vacuna que requiere ser mantenida a una cadena de frío de -80 grados celsius. El éxito clínico puede verse frustrado en la práctica masiva. Un dato clave: no se ha ofrecido ninguna información acerca del tiempo de duración de la inmunidad. A 20 dólares la dosis, el negocio millonario. Pfizer alega que no recibió subsidios del estado; Moderna y AztraZeneca han obtenido, por lo menos, mil millones de dólares cada una. Las farmacéuticas y los laboratorios se disputarán invadir el mercado con sus propias vacunas. En Argentina, Fernández anuncia que la vacuna será gratuita; los gordos de la CGT advierten que si las obras sociales deben hacerse cargo de los costos para vacunar a sus afiliados “golpearía las finanzas del sistema sindical de salud.” (El Intransigente, 10/11) En el otro extremo, el recién electo Joe Biden ha anunciado que lo importante es usar barbijo, ante una situación sanitaria incontrolable en Estados Unidos. Trump insinúa que Pfizer demoró el anuncio para que él no pudiera explotarlo en la campaña electoral. En resumen, la salud del mundo es objeto de una despiadada lucha comercial y política.

Compañeros del Cte. de Redacción de Política Obrera: Es necesaria una corrección, el artículo de Marcelo Ramal contiene un error, que debe ser subsanado. Pino Solanas fue candidato a Senador Nacional por CABA en la elección de 1992, ese fue el debut electoral de Pino y del "Frente del Sur", con apoyo del sector Brunatti, PSA, PC, y seguramente -aunque no puedo confirmarlo bien- el FREDEJUSO (armado centroizquierdista del grueso de Diputados peronistas disidentes del "Grupo de los 8" del Chacho Alvarez, con la Meijide y la DC de Auyero), que concurrió a las legislativas de 1991, sin lograr bancas ni en Capital ni en provincia de Buenos Aires. El PC realizó un "frente" en el 91', estallada ya la primera IU, con el agrupamiento "Intransigencia Popular", del diputado nacional electo por el PI, Monserrat, que tenía un "interbloque" con otros dos diputados del ala centroizquierdista de la DC, una de ellas, recuerdo era Matilde Quarraccino, hermana del obispo reaccionario, que proponía guettos en una isla del Tigre para la comunidad LGTBI. Mary Sánchez, De Gennaro, Cayo Ayala (obreros navales), o sea la naciente CTA, llevaron de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires al ex lider cegetista, Saúl Ubaldini, tampoco lograron nada, no recuerdo si esa fue la apuesta del FREDEJUSO en la provincia. Pero seguro contó con el apoyo del sector más "nacionalista" de los diputados de los 8, Fontella, seguramente. Había habido tratativas para lograr un amplio frente de centroizquierda, en las legislativas de 1991, que coincidieron con la de gobernador en la provincia de Buenos Aires, donde se impone el vicepresidente zabeca de Banfield, Eduardo Duahlde, que ya varios lo presentaban como enfrentado a Menem. Pero las tratativas fracasaron por los distintos apetitos de candidaturas, en las discusiones no se había descartado ofrecerles candidaturas al fiscal Molinas o Hebe de Bonafini. La Unidad Socialista se cortó sóla en 1991, 1992 (en CABA) y 1993, recién se avendría a ingresar al FREPASO en 1994/95, luego de las reuniones de la Confitería El Molino, donde concurrió hasta Freddy Storani. Pero en 1992, Solanas no conquistó ninguna banca o diputación en CABA, sólo se elegía una banca de Senador, la elección estuvo polarizada entre Avelino Porto, del menemismo, y Fernando de La Rúa. El Frente del Sur sacó un sorpresivo 7.5%, el tercer puesto. Y en estas elecciones fue proscripto el PO, ya que Adelina Dalesio de Viola aplicó la legislación restrictiva, y a último momento aplicó aquello de que acumulamos más de dos elecciones ni llegar al 2%. El PO hizo una campaña al respecto : "Elecciones sin el PO: NO". Solanas llegaría, sí, a una diputación nacional, en 1993, pero por la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del Frente Grande, ya que se llegó a un acuerdo, entre el Fredejuso del Chacho-Meijide, el FdelS, el PC, Mary Sanchez y la Celeste del SUTEBA-CTERA, De Genero, PI, pero sin la US y el PS Auténtico. En 1991 y 1993, y hasta la Constituyente, el MODIN de Aldo Rico, hizo muy buenas elecciones, en el conurbano fue el tercer partido, hasta que en la Constituyente fue desplazado por el FG, que en 1993, había realizado una elección relativamente marginal, que no llegó al 4% de los votos, pero sí alcanzó para la banca de Solanas, de orden nacional, y un legislador provincial por la Tercera Sección Electoral, el cura Eliseo Morales. En CABA, el registro electoral del FG, fue más alto, y colocó al menos tres bancas. Espero sirvan estas acotaciones.

La agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM) desarrolló días atrás un plenario abierto, al que fue invitado Jorge Altamira. La exposición de Altamira tuvo como punto de partida el entrelazamiento de la pandemia con la crisis capitalista. El rescate estatal a empresas y bancos que han desviado esos recursos a la especulación financiera, contrasa con el derrumbe de los sistemas de salud, y el severo agravamiento de las condiciones de vida para los trabajadores. Destacó en este cuadro la importancia de interesar a la vanguardia de la clase obrera y amplias capas del movimiento obrero en un planteo socialista. La actual crisis no sólo cuestiona las relaciones sociales existentes sino también a la propia relación del ser humano con el medio ambiente. Altamira subrayó la importancia de un programa de salud, vivienda y educación, y lo vinculó a la lucha de Guernica. Propuso una campaña de plenarios y asambleas, seguidas de pronunciamientos, para verificar a través de una lucha práctica la posibilidad de desarrollar coordinadoras y marchar a un congreso de trabajadores. Debate Varios compañeros expusieron los debates que se desarrollan en el subte y el sindicato. Se señaló el peligro que entraña la ofensiva aperturista del transporte, por parte de la patronal y el estado. El sindicato, integrado al kirchnerismo, aisla las acciones de lucha, como ocurre especialmente con el largo combate contra el asbesto. . Se discutió la importancia de vincular el desarrollo del programa reivindicativo. La estrategia de la patronal de Metrovías empalma con el reclamo general de muchos capitalistas en Argentina y el mundo hacia la apertura indiscriminada. A ello, se añade la ausencia completa de testeos, además del colapso del sistema de salud y la precarización en los lugares de trabajo. La patronal explota el cuadro general de la pandemia para avanzar contra las conquistas laborales, salariales y jubilatorias. Es así que flexibiliza condiciones elementales de seguridad e higiene, tanto en materia de asbesto como de las prevenciones necesarias ante el Covid-19, dos problemas que están asociados y se retroalimentan. En el subte, hay al menos 7 muertos por Covid y 32 afectados por asbesto ya confirmados. La patronal, se ha negado a conformar un comité mixto de seguimiento del Covid y rechaza la elaboración de protocolos propios de los trabajadores. Ante la conversión del 40% de nuestro salario a no remunerativo por un acuerdo Metrovias-UTA, el sindicato se ha limitado a una presentación judicial. Tampoco plantea hasta el momento una respuesta de conjunto frente la ofensiva aperturista de la empresa. En relación al debate sobre los Protocolos contra el Covid, se tomaron como antecedentes a la lucha por la 6 horas por insalubridad, y al desarrollo de la lucha contra el asbesto. Se subrayó la necesidad de implementar un control obrero. El sindicato se abstiene de la necesidad de generar y luchar por protocolos sanitarios propios, en nombre de la responsabilidad que en ello le cabe a la empresa. Pero admitir las normas patronales de una empresa que lucró 10 años arrebatando la jornada de 6 horas con la privatización, y envenenó durante 17 años con asbesto los pulmones de los compañeros, es criminal. Por ello quedó planteado profundizar una campaña por el control obrero de los lugares de trabajo con vistas al asbesto-covid. Se trata de una tarea fundamental, rechazando al mismo tiempo la ofensiva aperturista. Se planteó que existe un recambio generacional, con muchos compañeros que no han vivido ricas experiencias como la pelea por las seis horas, pero que al mismo tiempo vienen con fuerza e inquietud. Un programa que asocie las reivindicaciones urgentes a los métodos de lucha históricos del subte es el camino para fusionar a las diferentes generaciones. Por un congreso de trabajadores Como tarea principal, quedó planteada la elaboración de un pronunciamiento programático por un congreso de trabajadores. Allí, desarrollaremos nuestro planteo contra la apertura indiscriminada, en defensa de la vida, por la desabestización del subte, por las medidas necesarias para prevenir la propagación del Covid, en defensa del salario y los aportes jubilatorios. Y planteando una salida de conjunto que ponga el centro en las necesidades de la clase obrera. Al mismo tiempo en el plenario se ratificó la campaña por una asamblea general de Línea B y de todo el subte, en defensa de una posición de frente único de lucha por nuestras reivindicaciones.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa contra los sacerdotes Nicola Corradi y Eliseo Primati y al profesor Jorge Britez, denunciados por abuso sexual, violencia física y sometimiento de al menos cinco niños hipoacúsicos que se encontraban internados en el Instituto Próvolo de La Plata. La investigación se inició en 2016 cuando se descubrió, luego de la detención de los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente –siendo una de las más altas condenas en la historia a miembros del clero, gracias a la lucha de sobrevivientes y familiares- por abusar sexualmente niños hipoacúsicos en el Próvolo de Mendoza, que estos también habían realizado tareas en la sede del Instituto ubicada en la capital bonaerense. Corradi, quien fuera la máxima autoridad de Próvolo de 1970 a 1997, se supo también luego que había sido denunciado en Italia por casos similares, antes de su ´traslado´ a Mendoza. En este fallo también fue condenado a 18 años de prisión el jardinero Gómez y aún queda pendiente la sentencia para las monjas Kosaka y Martínez, y otras siete mujeres acusadas por abuso y entrega de menores, quienes piden la nulidad del juicio. En cuanto al Provolo de La Plata, el sacerdote Primati había sido imputado por al menos tres hechos de abuso sexual agravado por su condición de culto religioso, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada. Mientras que Britez, el profesor, por abuso sexual simple agravado por su condición de educador, al menos cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por el medio comisivo. Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1991. Según la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, en el Instituto Próvolo de La Plata existió una “inusitada violencia desplegada para su comisión que en nada la distingue de la aplicación de tormentos e imposición de torturas”. Crimen sollicitationis Históricamente la Iglesia Católica ha tenido una política explícita de encubrimiento para mantener sus crímenes bajo la sotana. Desde 1962, el Vaticano cuenta con un protocolo interno llamado “Crimen Sollicitationis” o “delito de solicitación” para actuar en casos de abuso por parte de curas. Este protocolo establecía que si la victima denunciaba, el obispo indemnizaba a la familia y se firmaba un documento de confidencialidad para mantener el caso oculto (iuramentum de secreto servando). En cuanto al cura abusador, éste era trasladado a otro país o a otras diócesis, donde seguía actuando con impunidad con la complicidad judicial, política y eclesiástica. Es por eso que Nicola Corradi llegó al Próvolo de Mendoza luego de haber sido denunciado en Italia. Actualmente, a partir de distintas presiones internacionales y cada vez más denuncias, el nombre fue modificado a “Delictis gravioribus” pero los protocolos de cómo actuar siguen vigentes, con el fin no sólo de debilitar a la víctima que no recibe ningún acompañamiento sino también de ganar tiempo para llegar a la prescripción de la causa. La impunidad de los curas abusadores no sería posible, por otro lado, sin la complicidad del poder político. En el caso del Próvolo, la municipalidad de Mendoza compró de manera fraudulenta el inmueble del Instituto y el Estado ´ignoró´ el traslado a Italia de dos de los curas abusadores. El ex arzobispo de La Plata Héctor Aguer salió en defensa de los acusados, mientras que el papa Francisco se negó a recibir a las víctimas y familiares quienes le solicitaron una audiencia pública a principios de este año, como tampoco había recibido a las víctimas de Grassi. Una red de encubrimientos e impunidad que no tiene fin. En este cuadro, el Colectivo para la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, amigos y familiares de las víctimas, repudian el dictamen del Tribunal de Casación y piden que se difunda el pedido de reapertura de la causa: “Los abusos y tortura no prescriben, el daño es irreparable, la Justicia es urgente. Exigimos juicio a los abusadores y torturadores: Corradi, Primati y Britez”. Acompañemos la histórica lucha de los sobrevivientes contra el encubrimiento y la connivencia del Estado, la Iglesia y el Poder Judicial. Por la justicia y la ejecución de todas las condenas pendientes; cárcel a todos los culpables. ¡No a la prescripción! #ElPróvoloNoPrescribe Por la separación de la Iglesia del Estado.

En vísperas de la visita del FMI, el Gobierno dio a conocer finalmente la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que enviará al Congreso. La actual, aprobada en diciembre de 2017, fue suspendida por Fernández y sustituida por sucesivos aumentos por decreto. La esencia de la nueva fórmula es que se calcula proporcionalmente entre el índice salarial (RIPTE) y la recaudación tributaria de la Seguridad Social, eliminando la relación entre la movilidad jubilatoria y la inflación. El aumento además pasará de ser trimestral a semestral, incrementando el atraso de las jubilaciones respecto de los precios. El Gobierno cumple así anticipadamente con los reclamos del Fondo Monetario para sentarse a discutir los términos de un rescate o, al menos, de una prórroga de vencimientos. "El aumento en septiembre, por lo que pasó con esas dos variables (RIPTE y recaudación de Anses) entre enero y junio, con un agregado no menor: se comparará el índice salario-recaudación con la recaudación total de la ANSeS por beneficio de los últimos 12 meses, incrementada en un 3% y de ambos se elegirá el menor. Así, aunque la fórmula toma en cuenta salarios formales, recaudación tributaria, padrón de beneficios, en definitiva la recaudación total de la ANSeS, por beneficiarios, es el fijará el límite de los aumentos de los haberes", señala Clarín (10/11). Según un comunicado oficial, "Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017”. En un año en el cual los salarios perdieron como nunca contra la inflación, atar la movilidad jubilatoria a los primeros respecto de los segundos representa de por sí un ajuste, pero con un agravante mayúsculo: las patronales están todavía exentas de pagar las cargas sociales y casi la totalidad de las paritarias firmadas en 2020 incluyen sumas o tramos no remunerativos, lo que reduce brutalmente la recaudación por beneficiario de Anses, ¡el otro índice de cálculo de las jubilaciones! Cómo los datos de ambos índices no se dan a conocer en su totalidad, ni en tiempo y forma, la fórmula además del ajuste incorpora un sesgo de discrecionalidad. Según explicó Cecilia Todesca a La Nación (8/11), "en cuanto a la inflación el problema es el siguiente: cuando el gobierno anterior puso la inflación en la fórmula, lo pensaron de este modo: la inflación iba a caer, vamos a crecer y los recursos fiscales van a aumentar. Las jubilaciones no van a perder tanto por la inflación y nosotros vamos a ir recuperando los ingresos del sector público, entonces no va a ser tan deficitario. Si la economía crece y los ingresos fiscales crecen eso no lo compartís con los jubilados, porque los jubilados van con la inflación que va para abajo. Pero cuando la inflación va para arriba y se desboca aparece una crisis macroeconómica y no contás con los recursos, no crecés y tenés que pagar más. Entonces, esa fórmula es inaplicable". Hace unos días, otro ministro del Gobierno, Moroni, decía algo similar respecto del salario mínimo - "es el que podamos pagar", no el que garantiza el desarrollo humano del trabajador. La nueva fórmula jubilatoria que defiende Todesca parte del mismo principio; ni 82% móvil, ni equiparación respecto de la inflación pues "inaplicables". La jubilación es la "aplicable". En la misma entrevista la Ministra Todesca declaró que en estas circunstancias el bien público más importante es estabilizar el mercado cambiario. El haber jubilatorio, en definitiva, es sacrificado para salvar el régimen bimonetario. La nueva fórmula tiene además el agravante que "con el último aumento de septiembre, en los últimos tres años, las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%. Las pérdidas afectaron a casi seis millones de beneficiarios de este tipo de haberes, así como 1,6 millones de pensiones no contributivas y otros 170.000 de beneficios de adulto mayor". Además, "la fórmula propuesta no establece ninguna compensación inicial por la pérdida de los haberes jubilatorios durante 2018 y 2019, y durante 2020 que afectó a las jubilaciones medias y más altas. (Clarín, idem). Se calcula, según La Nación, que por el congelamiento de las jubilaciones el gobierno habría ahorrado 72.000 millones de pesos. (ver Política Obrera) Con una jubilación mínimas de $18.129, poco más de un tercio de la Canasta de Pobreza, y con más de la mitad de los jubilados cobrando la mínima, la nueva fórmula es un nuevo avance confiscatorio que no tiene nada que envidiarle a la reforma previsional de diciembre de 2017, y que deberá ser rechazada por la clase obrera con el mismo ímpetu que aquella. Vamos a una gran campaña de clarificación en el movimiento obrero, sobre los sindicatos y cuerpos de delegados, para impedir que se apruebe. Los trabajadores debemos oponer a la movilidad jubilatoria de Fernández y el FMI, un programa propio: jubilación minima equivalente al 82% de la canasta familiar; movilidad jubilatoria mensual según índice de salarios o inflación (el que sea mayor); restitución inmediata de los aportes patronales y las cargas sociales; por una Anses bajo control de trabajadores y jubilados.

El ministerio de Salud bonaerense anunció que el pago de los salarios de los 1.137 trabajadores interinos -residentes egresados del último año e incorporados al sistema de salud de la provincia- se retrasará, en principio, tres meses por “problemas administrativos”. El anuncio generó un masivo descontento entre el personal interino que llevó a una concurrida asamblea general que deliberó sobre la situación, evaluó la posibilidad de ir a un paro por la regularización de los pagos y redactó una carta pública en rechazo al anuncio. La carta fue leída en una conferencia realizada en la puerta de la gobernación. Los trabajadores rechazamos trabajar gratis y denunciamos las declaraciones del ministerio por el intento de naturalizar lo que es lisa y llanamente una precarización laboral. Esta situación no es ajena a la precarización laboral que sufre el personal de salud a lo largo y ancho del país. Cuando se contrata más personal, se hace de manera precarizada. Los trabajadores cuestionan la decisión de la propia gobernación ya que existen recursos para mantener un operativo de represión de la lucha social, como puso de manifiesto el desalojo en Guernica, pero no para pagarle al personal de salud. Se planteó también, la necesidad de licencias y vacaciones para el conjunto de los profesionales de salud, que cargan con el desgaste de haber trabajado sin pausa en el contexto de la emergencia sanitaria, así como también se hizo referencia a la convocatoria de paritarias. Los trabajadores interinos finalmente reclamamos el pago de los salarios y regularización en el curso de esta semana. El único gremio que se acercó a la conferencia y dejó su saludo fue Cicop. Esta falta de pago de haberes no solo afecta a los interinos, sino también a los trabajadores que ingresaron bajo “becas de contingencias COVID”. El ministerio ha planteado que tampoco va a poder garantizar el pago a los jefes de residentes en hospitales y en el primer nivel de atención. En el contexto actual de profundización de la precarización y la carestía, se hace urgente el cobro de los salarios. Esto también les ocurre a los residentes que pertenecen al ámbito de Nación. El problema salarial y presupuestario que plantean los interinos se da en el contexto del cierre de paritarias por parte de UPCN con el gobierno nacional en un 7% o, en el caso de los profesionales de salud de la provincia, en un 14% - éste ha sido rechazado por los trabajadores agremiados de Cicop, quienes el próximo 12 de noviembre realizarán una caravana. El personal interino participará de la misma con su propia agenda. Está planteada la necesidad de un paro conjunto. También Fesprosa convoca para el 10 de noviembre a una jornada de lucha, en el interior del país. Es necesario que los profesionales de salud unifiquemos nuestras reivindicaciones en un programa de conjunto y coordinemos medidas en todo el país. El 20 y 21 de noviembre, en coincidencia con el día nacional de enfermería, tendremos una oportunidad para que todo el equipo de salud se auto convoque unitariamente en defensa de todos sus reclamos y derechos en todo el país, empezando por la cuestión salarial. Los sindicatos deberían recoger esta iniciativa y convocar a un paro nacional, como plantean los interinos, para garantizar la presencia en la calle y pegar con un solo puño. Es necesario plantear el aumento del 40% salarial para todo el personal de salud, acorde a la canasta básica y a la inflación, no más salarios de miseria. Licencias y vacaciones para el personal de salud. Por el pase a planta permanente de los interinos. ¡Pago del sueldo ya! No más retrasos. Por 40% de aumento salarial a todo el personal de salud.

La pandemia en todo el país suma 13.000 contagios diarios y el total de muertos se aproxima a las 32.000 víctimas. En Jujuy, Neuquén y Chubut el sistema sanitario ha colapsado, mientras que en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires los contagios se mantienen en altas tasas y en ascenso. A pesar de esta situación, el Gobierno nacional ha resuelto avanzar con el levantamiento de la cuarentena, lo que indudablemente agravará la crisis sanitaria. Varios países europeos experimentan una segunda ola de contagios luego de ensayar intentos de ´reapertura´, reinstalando la cuarentena estricta. El principal opositor internacional a la cuarentena, Donald Trump, acaba de ser derrotado en las elecciones presidenciales de su país, colapsado por las muertes y contagios. La gestión capitalista de la pandemia profundiza la crisis sanitaria y social. El reciente desalojo de la ocupación de Guernica puso en evidencia el crudo retroceso social de la clase trabajadora en este contexto. El gobierno cifra todas sus esperanzas en la aparición de una vacuna. Ha anunciado la compra anticipada -sin dar a conocer los detalles de los acuerdos establecidos- de vacunas que aún no han superado la fase de prueba y cuya distribución planteará choques entre países y empresas y enormes y costosos desafíos en materia de logística. La pandemia está lejos aún de ser superada. ¿Quién cuida a los que cuidan? Hemos sido los trabajadores de la salud los que hemos tenido que arrancarle al Estado y a las patronales privadas, desde un principio, gran parte de los insumos de bioseguridad en defensa de nuestras propias vidas. Según los registros oficiales, ya hay más de 50.000 trabajadoras y trabajadores de salud contagiados y 260 fallecidos (publicado por Fesprosa, 2/11). Nos encontramos sosteniendo servicios con un sobre esfuerzo límite, ya que no hay incorporación de personal, ni formación adecuada. Nuestros convenios han sido fuertemente atacados y precarizados en los últimos años. En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Rodríguez Larreta se niega a reconocerles los derechos correspondientes a la ley de profesionales a los enfermeros, personal de bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos, ya que los considera como personal administrativo en lo que constituye un abierto fraude laboral. El bono de esenciales no ha sido pagado a todos los trabajadores y la burocracia sindical, que no ha hecho nada por los trabajadores, nos condena a la miseria salarial firmando paritarias a nuestras espaldas. Las patronales pretenden descontar del salario las licencias por covid y, ante los reclamos por insumos de bioseguridad, protocolos y salario, responden con amenazas, suspensiones y despidos. La pandemia ha detonado en toda su magnitud las contradicciones insuperables de la organización social capitalista y somete a los trabajadores a condiciones mentales y físicas cada vez más agobiantes - dicho esto, gobiernos y sectores privados atacan con particular vehemencia a los hospitales públicos de salud mental con el propósito de beneficiarse con la tercerización de la atención ambulatoria y lucrar con sus inmuebles, como en el caso del Borda-Moyano-Tobar. El trato dispensado contra los trabajadores en general y de salud en particular contrasta con la conducta oficial hacia los capitalistas y banqueros, que han hecho toda clase de enjuagues financieros con los subsidios estatales. La dicotomía salud-capital es la que se establece como eje en cada lucha de los trabajadores y los trabajadores de la salud somos la primera línea en defensa de la vida. Nuestros reclamos deben ser atendidos y resueltos con carácter de urgencia. La lucha de los trabajadores La ocupación de los terrenos para sobrevivir al hacinamiento, la resistencia a los despidos o suspensiones con descuentos; la lucha por protocolos obreros en los lugares de trabajo; la resistencia de los docentes a la ´reapertura´ de las escuelas; la lucha por paritarias y por la recuperación del salario en numerosos gremios son expresiones de lucha de los trabajadores que han marcado a estos meses de pandemia. En el gremio de la salud, hemos tenido diferentes expresiones , como las caravanas de los médicos, las jornadas de lucha de residentes y concurrentes y las convocatorias de Fesprosa, Cicop y otras asociaciones, destacándose la intervención del movimiento autoconvocado de enfermería del 21S. Este significó un punto de inflexión, a partir de la cual se desarrollaron las autoconvocatorias en Bariloche y Misiones; dio impulso a la rebelión en Chubut, que tiene a los trabajadores de la salud la primera línea; y a las luchas en Salta, Santa Fe, Tucumán y Catamarca. El 21S fue seguido de un primer paro -parcial- con movilización en repudio a la represión sufrida por las compañeras y compañeros a manos del gobierno de Larreta. Noviembre comenzó con la lucha de los empleados administrativos de CABA, discriminados por el gobierno de Larreta ante el pago del bono “esencial” y la movilización de los médicos porteños a la sede de su gremio, AMM, para reclamar un plan de lucha por paritarias. En la provincia de Buenos Aires, Cicop viene de convocar, junto a interinos y residencias a una caravana en defensa del salario. Fesprosa también organizó una jornada de lucha. Por un paro y un masivo 20-21N en todo el país No hay “post-pandemia”. La “nueva normalidad” significa la condena a la población por parte de los gobiernos capitalistas a sobrellevar peores condiciones socioeconómicas y de colapso sanitario. Es que la pandemia ha detonado las contradicciones insuperables del régimen social vigente y pretenden imponer a los trabajadores el costo de una catástrofe humanitaria en defensa del capital. La pandemia ha modificado la vida de todos y exige cambios profundos y estructurales en la organización de la sociedad. Tribuna de Salud Tendencia acompañara estas iniciativas de lucha planificadas y propone una movilización nacional a Plaza de Mayo y todos los centros políticos provinciales este 20-21N en el día nacional de enfermería. Esto plantea la convocatoria a un paro nacional para garantizar la mayor participación de todo el equipo de salud, sin distinciones de gremio o profesión. Programa Aumento salarial. Por un básico de 80.000 pesos para todo el personal. Reducción de la jornada de trabajo a 6 horas por insalubridad. Creación de un nuevo turno. Incorporación masiva de personal. Pase a planta para los contratados y residentes de cuarto año. Salario y ART para concurrentes. Pase a convenio para los monotributistas. Pase a profesional de todo el personal de enfermería, bio imágenes e instrumentadores quirúrgicos. Asignación económica para hijos hasta la mayoría de edad a las familias damnificadas por la pérdida de sostén de familias. Bono esencial para todo el personal en salud sin distinción. No a la violencia institucional y persecución de los luchadores. No al cierre de los hospitales de Salud Mental. Centralización del sistema público, privado y laboratorios bajo un solo mando bajo control del estado y los trabajadores. Reconversión de toda la industria no esencial para la producción de insumos esenciales.

A quien quiera escucharlos, los voceros del oficialismo aseguran que el acuerdo con el FMI le otorgará al gobierno FF el oxígeno financiero necesario para terminar su mandato, sin que ello implique un mega ajuste como contrapartida. Con menos prensa, sin embargo, el gobierno ha decidido recibir al FMI de un modo peculiar, o sea, con un ajuste anticipado. A eso apuntan los anuncios que reducen el último IFE a una mínima expresión, o el ínfimo aumento del 7% para los estatales y docentes, o la decisión de descongelar tarifas y también precios, un compromiso que Guzmán-Fernández desparramaron por todas las reuniones que frecuentaron con la AEA, la UIA y otras centrales empresariales. A las puertas de una escalada inflacionaria, el gobierno resolvió eliminar a la inflación de la “movilidad jubilatoria”, que se convierte en semestral. El gobierno confía en mantener a raya los salarios, uno de los índices de esa movilidad, y ha confeccionado otro de recaudación impositiva de Anses, que según Clarín es tan complicada como difícil de controlar. Por su peso en las cuentas del fisco, esta nueva trepanación de los haberes previsionales es la mayor ofrenda que podía recibir el FMI en la llegada a la Argentina. Para completar el panorama, el gobierno mandó a su casa al senador oficialista que había propuesto prorrogar los plazos que tienen los trabajadores para iniciar litigios laborales, a pedido, nuevamente, de la gran patronal. La poda del IFE es justificada detrás de una vacuna que demorará un año en ser aplicada. El avance científico es una coartada para agravar la crisis social y sanitaria de la pandemia Según algunas estimaciones, el impacto conjunto de todos los recortes –jubilaciones, IFE, quita de subsidios- dejará corta la promesa de reducción del déficit que figura en el presupuesto 2021: ya no sería del 4,5% del PBI – unos u$s20 mil millones, sino que podría llegar al 3%, un ‘ahorro’ de u$s 8500 millones. Hace algunas semanas, el Fondo se había “autocriticado” por haberle prestado 44.000 millones de dólares a Macri sin “un plan creíble”. Fernández y Fernández tomaron nota y decidieron mostrarle señales ajustadoras antes de que el avión de los funcionarios aterrice en Ezeiza. A cambio de esos recortes, el gobierno le pedirá al Fondo algunos años de gracia para empezar a devolver la deuda. El arreglo, llamado ‘facilidades extendidas’, viene con las ‘reformas estructurales’, o sea la previsional, la laboral, la impositiva. Carlos Pagni, del diario La Nación, mostró ayer que a la hora de los bifes ocurre lo contrario -una tanda de aumentos de impuestos, para beneficiar a grupos económicos del clan Sergio Massa y señora. En el medio de estas negociaciones, el gobierno dolarizó una deuda de 33 mil millones de pesos, lo cual lo convierte en “una mesa de dinero”. El gobierno de la ‘pesificación’ se convierte en lo contrario. El ‘éxito’ de la operación, para los especuladores, depende de que la nueva deuda, por u$s750 millones, se “valorice”, desde su actual cotización en el mercado al 33% de su valor nominal. Una suba al valor negociado en ocasión del canje con los fondos internacionales, 56% de su valor nominal, representaría una ganancia del 60 por ciento para los acreedores. Es precisamente el propósito del acuerdo con el FMI y el ajuste fiscal, de otro modo sólo se estaría añadiendo más títulos a una deuda que cotiza a precio de default, lo que cortaría de cuajo cualquier financiamiento nacional o internacional y marcaría la bancarrota financiera del gobierno. El acuerdo con el FMI incorporaría un elemento novedoso: sería refrendado por el Congreso Nacional. La maniobra es muy clara, pues busca involucrar a todos los bloques capitalistas en presencia con el arreglo fondomonetarista. La ley que acaba de anunciar Guzmán llena de contenido al ‘acuerdo nacional’ que pidió Cristina Kirchner en su carta de hace algunas semanas atrás. El oficialismo ‘nacional y popular’ tendrá que tragarse este servicio al capital financiero internacional, mientras que la oposición ‘republicana’ irá al pie, de banderazo en banderazo, de Cristina Kirchner Euforia desmedida El gobierno festeja una ‘paz cambiaria’ que compró por medio de un negociado que merecería un juicio penal: vendiendo títulos públicos en dólares, de Anses y el Central, con un 65% de descuento de su valor facial. Otro aumento de la deuda externa con privados, a costa de una fabulosa pérdida patrimonial. En cualquier caso, el ‘dólar ahorro a 120/130 pesos, representa una fortísima desvalorización de la moneda, hacia la que apunta el dólar ‘oficial’ de 80 pesos. El acuerdo con el Fondo sólo representa un alivio transitorio de pago. Para financiar el déficit sin emisión será necesaria una fuerte valorización de la deuda pública – o sea una política al servicio del capital financiero. Entre tanto, los déficit de vivienda, salud, educación, empleo y salarios quedan a la vera del camino, cuando son más intensos que nunca. La ‘viabilidad’ del entuerto Fernandecista se pondrá a prueba en la lucha – la calle, los barrios, los centros de salud, los lugares de trabajo.

Entrevistamos a Paula Taborda, representante de la asamblea de salud del barrio Colonia Chapadmalal, mientras una concentración en la puerta del juzgado nro 1 del Partido de General Pueyrredón esperaba por una resolución favorable a la restitución de la ambulancia para el barrio, retirada durante la pandemia. -¿Por qué están concentrados hoy acá y cuál es el reclamo? -Estamos concentrados hoy acá porque presentamos un recurso de amparo y hoy se nos convoca a una mediación entre las dos partes: municipio y miembros de la asamblea. Hay compañeros representándonos junto a nuestro abogado para tratar de que se llegue y que hoy pueda salir la medida cautelar y restituyan la ambulancia de una vez por todas. Entre el último fin de semana y la semana pasada sufrimos las muertes del doctor Pedernera y de mi papá. -¿La asamblea como viene organizando esta lucha y cómo piensan seguir? -Nosotros hace cuatro meses que vinos reclamando, haciendo cortes, intentando mandar cartas, tratar de tener reuniones que ellos suspendían dos días antes, después de la muerte del doctor Pedernera, decidimos hacer una toma pacifica de la delegación del centro descentralizado de la municipalidad que está en Chapadmalal, para que nos escuchen y entiendan que nuestro reclamo es genuino y es necesario. El día jueves, lamentablemente, por falta de ambulancias falleció mi papá y ese mismo día salió el amparo por el cual hoy nos citaron y por eso estamos acá esperando la cautelar para que devuelvan la ambulancia. -¿Han recibido el apoyo de otras organizaciones de barrios, gremiales, de trabajadores? -Si, la verdad que en pocas horas y en estos días hemos recibido el apoyo de un montón de organizaciones realmente importantes a las cuales queremos agradecer y si ellos entienden que nuestra toma y nuestro reclamo es genuino, no entendemos como un intendente y una secretaria de salud no entienden que la ambulancia es necesaria. A minutos de entrevistar a Paula los compañeros representantes que ingresaron a la audiencia salieron con los brazos en alto y leyeron la resolución que anunciaba la restitución de la ambulancia, una respuesta a la organización y la lucha de los vecinos trabajadores de Chapadmalal y la asamblea de salud organizada por ellos. Esta lucha es un ejemplo de la importancia rodear de solidaridad obrera cada conflicto y favorecer coordinación para que sean victoriosas.

Organismos de derechos humanos referenciados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia están llevando a cabo una campaña por la apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura militar 1976-1983 y los anteriores al golpe, durante el gobierno Perón-Perón. Esta campaña es impulsada, en particular, por el Encuentro Militante Cachito Fukman, que se ha propuesto reunir 10 mil firmas. Durante la última dictadura militar se acumularon centenares de archivos, documentos ilegales sobre la represión, los secuestrados, el espionaje, los negociados de los genocidas con los bienes de sus víctimas, el paradero o destino final de los desaparecidos y de sus hijos separados de sus madres al nacer. Durante muchos años, el Estado aseguraba que no había archivos sin desclasificar, pero con el paso de los años se encontraron numerosas pruebas y evidencias de la existencia de archivos ocultos. Su desclasificación pondría en evidencia a muchos ‘colaboradores’ de los grupos de tareas, que continúan activos en la actualidad, como Milani durante el gobierno de CFK o Gerardo “Batallón 601” Martínez; entre otros políticos, burócratas sindicales, empresarios y miembros del clero. Este petitorio es acompañado por numerosos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas y Madres de Plaza de Mayo, como Mirta Baravalle, Elia Espen, Nora Cortiñas, Marcela Ledo, Elsa Pavón y las madres de Neuquén, entre otras. ¡Es momento de la apertura de los archivos!

Días atrás el gobierno conservador del estado canadiense de Ontario impulsó en el Consejo estadual la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La resolución pone un signo igual entre la denuncia del estado sionista y el antisemitismo, y lo mismo hace entre la opinión antisemita y la agitación contra la colectividad judía por parte de bandas fascistas, el estado y los medios de comunicación. La definición del IHRA fue adoptada por el gobierno AF-CFK y convertidas en ley por varias legislaturas. Inmediatamente se pronunció OCUFA, la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Ontario, que representa a 17.000 profesores y bibliotecarios académicos en 30 asociaciones de profesores del estado. “La OCUFA condena el antisemitismo y todas las formas de racismo y odio en los términos más enérgicos. Sin embargo, seguimos preocupados por la definición errónea de antisemitismo de la IHRA y su lista de ejemplos ilustrativos”, declaró el presidente de la OCUFA, Rahul Sapra. “La definición de trabajo, con su lista de ejemplos ilustrativos, combina la crítica legítima del estado del Estado de Israel con el antisemitismo y puede comprometer la libertad académica en las universidades de Ontario al promover la censura en el campus y más allá" (The Bullet, 9/11). Como señalamos desde estas páginas al momento de la aprobación de la adhesión de la Legislatura porteña, los docentes universitarios de Ontario denuncian que eso “representa una amenaza directa a la libertad de expresión” (ídem). . “Siete de los once ejemplos ilustrativos proporcionados por la IHRA combinan la crítica a Israel con el antisemitismo. De modo que, por ejemplo, en julio de 2018, la mayoría judía en la Knesset aprobó la Ley Básica que establece que Israel es el Estado-Nación del Pueblo Judío; o sea que ´Israel es la patria histórica del pueblo judío y ellos tienen un derecho exclusivo a la autodeterminación nacional en él´. Esta legislación descaradamente racista subordina los derechos del 22% de sus ciudadanos, que son cristianos palestinos y musulmanes. Otro ejemplo ilustrativo de la IHRA afirma que ´negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación al afirmar que la existencia de un Estado de Israel es un esfuerzo racista´ es antisemita. Es un respaldo tácito al Proyecto de Ley del Estado-Nación que descarta cualquier relato histórico que concluya que la formación del Estado de Israel, en 1948, se logró mediante procesos violentos de despojo y limpieza étnica” (ídem). OCUFA ha denunciado que “esta maniobra antidemocrática amenaza los principios muy apreciados de la autonomía universitaria y el gobierno colegiado. Si bien la definición de trabajo de la IHRA se presenta como ´no vinculante legalmente´, en el Reino Unido el gobierno exige a las universidades que adopten la definición de la IHRA y amenaza con recortar los fondos si no lo hacen si no lo hacen” (ídem). En Argentina, el voto de las legislaturas lo ha convertido en delito; Felipe Solá, el canciller, ha pedido su adopción por parte del Congreso Nacional y la Corte Suprema. Deberá ser puesto en vigencia por el Procurador General, cuya designación es hoy objeto de una disputa política abierta Sería bueno que AGD-UBA, sus cuerpos orgánicos y las Comisiones Internas de cada facultad tomen el ejemplo canadiense.

El presidente peruano Martín Vizcarra, quien estaba completando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski (ganador de las elecciones de 2016 en el balotaje), fue sacado de su cargo por el Congreso este lunes “por incapacidad moral”. Las acusaciones se basan en presunta corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014) por los proyectos de la irrigación Lomas de Ilo y del Hospital Regional. Habría recibido sobornos por 630.000 dólares, las constructoras están envueltas en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht. Para una parte importante del arco político la “moción de vacancia” del Congreso tiene el carácter de golpe de estado. El Congreso peruano está integrado por 68 parlamentarios (de 130) con procesos judiciales en curso (infobae, 10/11), cuando fue renovada parcialmente la Cámara en enero. Esto se produce a cinco meses de las elecciones generales programadas para el próximo abril. Las fuerzas militares hasta el momento no se pronunciaron. El coronavirus está haciendo estragos en Perú, con casi un millón de casos y 35 mil muertos. Perú es uno de los países del mundo más afectados por el Covid-19. La crisis sanitaria es total, tras décadas de vaciamiento y privatización del sistema de salud. Perú tiene una de las tasas más altas de mortalidad del mundo, y fue noticia por los cadáveres apilados en las principales ciudades. La segunda ola se perfila más mortífera Ayer hubo un cacerolazo en Lima y la policía reprimió a los manifestantes. Hoy siguen las movilizaciones masivas en todo el país. El empresario Manuel Merino, representante de la derecha peruana y de Acción Popular (AP), asumió como presidente y confirmó que habrá elecciones el 11 de abril de 2021. Llegó al Congreso con menos de 5.000 votos (infobae, 10/11). Merino había sido nombrado presidente del Congreso el pasado 16 de marzo, el mismo día que se decretó la emergencia nacional por la pandemia de la covid-19. Esto se enmarca en un proceso de crisis desatado por la penetración de Odebrecht. “Alberto Fujimori (1990-200), condenado por crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006), espera su extradición desde EEUU acusado de recibir hasta 35 millones de dólares de Odebrecht; Alan García (1985-1990; 2006-2011) se disparó cuando la policía iba a detenerlo por el escándalo de la constructora brasileña; Ollanta Humala (2011-2016) podría enfrentar 20 años de cárcel por lavado de activos; y Kuczynsky (2016-2018), bajo arresto domiciliario, también por el caso Lava Jato” (infobae, 10/11). Los políticos visitan más los tribunales que los palacios legislativos. Verónika Mendoza, candidata presidencial del Frente Amplio en 2016, una de las principales líderes de la izquierda peruana, convocó a la ciudadanía a movilizarse para enfrentar la decisión del Congreso: “Ya no hay nada más que esperar de esta clase política que está podrida. Solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente”. Sin embargo, seis de los ocho diputados del Frente Amplio, votaron en favor de la vacancia (ídem). Agregó que “lo único que le queda al pueblo es vacarlos (destituirlos) a todos” y recuperar la democracia “para ponerla al servicio de la gente” y organizarse “para refundar el Perú” (holanews, 10/11). Este golpe “preventivo” por parte del Congreso pretende contener el proceso abierto por la experiencia de la Constituyente en Chile, la derrota del golpismo en Bolivia, la derrota de Trump y la posible réplica de fracasos electorales de Bolsonaro en Brasil y las presidenciales en Ecuador.

Ha vuelto a fracasar la paritaria de la UTA en la rama de la larga distancia, la más afectada por la pandemia. La situación es insólita. Es la primera vez en la historia de una paritaria donde las patronales ofrecen 0% de aumento. Y no sólo eso: además exigen al ministerio de Trabajo, al ministerio de Transporte y a los gobernadores provinciales, que se dupliquen los subsidios. Amenazan, caso contrario, con despidos masivos. El ministerio de Transporte ni siquiera se presentó a la audiencia paritaria. Adujo que no habría modificación a los subsidios patronales, los cuales, dio, el gobierno ha triplicado en lo que concierne a la larga distancia. La burocracia de Fernández se encuentra con que el pasaje del “aislamiento” al “distanciamiento”, signfiica la cuenta regresiva para los ATP. Ante esto, las patronales quieren tener las manos libres para despedir, además de no otorgar aumento de salarios. En larga distancia se desarrolla (como ya se produjo en la corta distancia) una concentración de grupos monopólicos que se quedarán con las empresas menores que quiebren. La direccion de la UTA no tiene política para enfrentar los despidos masivos. Se agudiza su crisis, entre distintos sectores que disputan el gremio, y hay una rebelion de las bases. La UTA ha convocado para el viernes un paro de actividades, desesperada por conseguir un nuevo auxilio del gobierno. La política del gobierno de rescatar a las patronales se están agotando. Está planteada la huelga indefinida por aumento de salarios y contra despidos. Es necesario que se investiguen las cuentas de las patronales y el uso de los subsidios. La utilización de la tarjeta SUBE ha dejado en manos del Estado el control de los ingresos reales en materia de pasajeros; están reunidas las condiciones para la nacionalización del transporte.

Tres trabajadores murieron asfixiados por girasol mientras limpiaban las paredes de un silo, en la planta Cofco, ex Nidera, en Saforcada, ciudad del partido de Junín. Los nombres de los compañeros son Gerardo Ariel Soloa, Gabriel Alberto Suárez y Diego Omar Caminero. Según el diario La Verdad, los obreros no pertenecían a la planta de la cerealera, sino a una empresa tercerizada, que ofrecía servicios de limpieza a Cofco. Desde 2014 hasta hoy, son 13 los trabajadores muertos trabajando por la falta de medidas de seguridad en las procesadoras de granos. Los capitalistas chinos completaron la compra de todos los establecimientos de Nidera en 2016. En el año 2017, procesaba 4.000 toneladas de cereal por día en la planta de Saforcada. Entre todas las plantas que compró en Argentina, obtienen por día 20.500 toneladas de cereal molido. En 2018, fue la que logró mayor volumen de venta externa por U$S 3.600 millones. Es la principal procesadora de granos en China. Este monstruo cerealero no cumple con los requisitos para salvaguardar la vida de sus trabajadores. Actúa con la complicidad del gobierno nacional y en el caso de la planta juninense, sin controles del gobierno municipal, ni del ministerio de Trabajo local, que hacen la vista gorda ante la súper explotación del holding asiático. “Los operarios contratados, los que entran y salen con vínculos temporarios, son los más expuestos a los accidentes laborales, El 80% de los accidentados pertenecen a este grupo. Te contratan como el último orejón del tarro, no te pagan bien y hay mucho riesgo”, admitió Jesús, trabajador de una de las plantas. Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, declaró, “Ni las huelgas, ni las denuncias, ni las presiones, nada alcanza, se siguen muriendo compañeros” Desde el Partido Obrero Tendencia de Junín exigimos justicia por Gerardo, Gabriel y Diego, masacrados por la voracidad capitalista. Control de la seguridad en las plantas, ejercido por trabajadores especializados y continuos registros de los materiales de uso corriente, para brindar un trabajo que no se lleve las vidas de los compañeros. El gobierno, en su conjunto, es co-responsable de la muerte de los trabajadores de Cofco, por abandonar todo tipo de control. ¡Basta de precarización laboral! Pase a planta permanente de todos los trabajadores. Unidad de todos los trabajadores de las plantas de Cofco, en asambleas que decidan una línea de organización , junto al sindicato, exigiendo a su dirigencia un control estricto de la situación laboral de quienes trabajan como operarios, especialmente, de los tercerizados que son carne de cañón de los dueños de las empresas. Basta de muertes de trabajadores. La Federación Aceitera tiene la obligación de evitar más muertos entre la clase obrera.

Desde el mes de septiembre, los 200 trabajadores de Gri Calviño -una metalúrgica dedicada a la construcción de torres eólicas, emplazada en Florencio Varela- se encuentran protagonizando un conflicto en defensa de sus conquistas y de la organización gremial interna de la fábrica. Entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre pasado, ocuparon la planta. Tras la declaración de la conciliación obligatoria, instalaron un acampe en la cochera, donde montan guardia las 24 horas. Política Obrera dialogó con dos de sus delegados. ¿Cuáles son los reclamos y en qué situación está el conflicto en éste momento? Nuestros reclamos tienen que ver con respetar ciertos acuerdos internos que la empresa ha firmado con la comisión interna y con la seccional Quilmes. Es que están pendientes las recategorizaciones por convenio colectivo de trabajo y el nuestro es el 260/75 y ahí están contempladas dos recategorizaciones al año, una en abril y otra en octubre, y nosotros dejamos de lado la de abril dado que habíamos tenido un conflicto bastante importante en febrero, por lo que acordamos con los compañeros dejar en este momento esa discusión con la empresa, no discutir las de abril ya que habíamos llegado a una buena cantidad de categorizaciones, entonces lo dejamos pendiente para octubre, y justamente ahora se suscita esta situación de conflicto porque la empresa quería tirar esas categorías hacia más adelante e inclusive hacer firmar acuerdos internos que iban en desmedro de las conquistas de los trabajadores. Esto implicaba una flexibilización laboral en muchos puestos y no reconocer recategorizaciones. ¿Qué medidas tomaron con respecto a ésta situación? Bueno, a partir de que nosotros fuimos suspendidos nos convocamos con los compañeros en la fábrica para tratar de alguna manera de pedir nos den alguna explicación de por qué habíamos quedado sin sueldo, a lo que la empresa de alguna manera no dio ningún tipo de explicaciones y justamente trató de avanzar sobre nosotros y de criminalizar nuestra lucha, en primer momento estuvimos 5 compañeros acusados de no dejar salir a los directivos de adentro de la planta, cosa que al contrario, nosotros queríamos que salgan, como para que den una explicación. Como seguíamos sin ningún tipo de explicaciones de los directivos tuvimos que tomar una serie de acciones y cortamos la ruta 2 y Luján para que tomen acciones no solamente los directivos sino el Gobierno de la provincia también. ¿Cómo se desarrolla el conflicto? El ministerio de provincia declara la conciliación obligatoria a partir de que la empresa realiza 66 despidos, en respuesta a la toma pacífica que estábamos realizando, que tuvimos que convivir con la policía que estaba en la planta. Mientras tanto realizamos el plenario con delegados de otras fábricas. Recibimos mucha solidaridad de vecinos, de organizaciones y partidos políticos. Fuimos a la audiencia del Ministerio de Trabajo en busca de una respuesta satisfactoria, se declara la conciliación y se retrotrae todo, incluso los despidos. También buscábamos el pago de varias quincenas adeudadas, para poder tener un respiro y seguir la lucha. La empresa le impone al Ministerio que, para continuar la conciliación, el Estado nos obligue a abandonar la planta. Nosotros decidimos dejar la planta en martes 3 para facilitar la negociacion, pero queremos que se respeten nuestro convenio y nuestros derechos. Entonces esperamos hasta el martes 10 para convocarnos en asamblea donde se decide básicamente lo que dicen los trabajadores, en total democracia. Por último, le decimos a los trabajadores de otras metalúrgicas y otras empresas que es necesario luchar contra los despidos y la flexibilidad laboral porque atrás se vienen con una reforma laboral, que la tenemos que enfrentar con nuestra lucha hasta ganar.

In queste settimane assistiamo ad una impetuosa risalita dei contagi in tutta Europa e in molte zone del mondo. È una risalita senza veri e propri “focolai” anche se i maggiori aumenti si registrano nelle aree metropolitane, dove la densità abitativa è alta e dove giungono, ogni giorno, numerosi lavoratori dalle zone più disparate. Assistiamo da tempo ad un teatrino mediatico che attacca i nostri comportamenti “sconsiderati”, “irresponsabili”, che “favoriscono il diffondersi del virus”, quelli che adottiamo nel tempo libero. L’ipocrisia è palese, sotto gli occhi di tutti. Secondo questa visione che attribuisce le colpe della pandemia ai singoli individui, dovremmo pensare che gli abitanti delle regioni rosse (infezione più grave), decise dall’ultimo DPCM del 4 novembre, avrebbero assunto nell’ultimo mese comportamenti meno virtuosi di quelli delle regioni arancioni (livello di contagio intermedio) e gialle. Ma sappiamo che la realtà è un’altra. Al di là delle varie certificazioni ottenute, molti luoghi di lavoro non sono sicuri né dal punto di vista sanitario, né da qualsiasi altro punto di vista (tra gennaio e luglio 2020 le morti sul lavoro sono state 719, il 19,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pur essendo l’anno del fasullo “lockdown”). Ci siamo poi trovati di fronte al problema dei trasporti, con mezzi pubblici pieni zeppi di lavoratori e studenti, a cui la sera sono stati vietati il bar e una cena fuori ma che al lavoro e a scuola sono dovuti andare comunque per amor di patria e del padronato. Ricordiamo che la scuola non è solo luogo di apprendimento, ma anche di lavoro per tanti e tante, e assume una funzione fondamentale per lo sviluppo produttivo del paese in quanto i genitori possono essere “liberi di lavorare”, lasciando i figli a scuola. Quest’ultimo è l’unico motivo reale per cui è ancora aperta. Il nuovo DPCM cerca di dare una risposta al sovraffollamento dei mezzi pubblici diminuendone al 50% la capienza massima e introducendo la “didattica a distanza” al 100% (dal 75%) per le scuole superiori (e dalla seconda media in poi per le zone rosse). Sappiamo bene però come queste limitazioni lascino il tempo che trovano. Nonostante ci fosse già un limite dell’80% alla capienza dei mezzi pubblici, questi sono stati riempiti quotidianamente anche sopra al 100% della loro capienza per permettere alle persone di recarsi a lavoro. Una misura, quindi, che forse potrà essere attuata solo nelle zone rosse, dove la chiusura di negozi e altre attività dovrebbe, in parte, limitare il numero di persone in circolazione, ma totalmente inattuabile nelle zone gialle o arancioni. La sola stretta su ristoranti, bar, e pizzerie è stata poi qualcosa di ridicolo, come lo è stata quella sul “tempo libero” in generale, perché inconsistente, visto che il virus non ha orari e luoghi preferiti, e quindi inefficace per quanto riguarda la propagazione dei contagi. È il chiaro segnale di quanto gli interessi del grande capitale la facciano da padrone. Si può rischiare la vita, ma solo per la produzione. Si vogliono salvaguardare i profitti evitando qualunque stretta alle attività produttive che incidono maggiormente sul PIL, in una corsa contro la recessione, inevitabile e inarrestabile. Nel corso della prima ondata della pandemia lo Stato ha gonfiato il petto: ha raccontato ai cittadini che aveva a cuore la loro sicurezza sanitaria ed economica. Ha decretato il blocco dei licenziamenti, ha esteso la cassa integrazione anche alle microimprese, ha permesso congedi parentali, profuso credito di imposta e dato soldi agli imprenditori che mostravano di aver avuto una perdita nel fatturato rispetto all’anno precedente. Queste misure, di per sé comunque insufficienti (e lo si sta vedendo ora), in parte riprese questo autunno, avevano come obiettivo quello di contenere la bomba sociale che poteva esplodere da un momento all’altro, irruenta, e intaccare fortemente gli attuali rapporti di classe. Gli amministratori del capitalismo italiano (i politici), cercando quindi di placare la rabbia prima che esplodesse, hanno promesso soldi che lo Stato italiano non aveva e non potrà mai avere, visto l’enorme debito che pesa come un macigno sulle finanze pubbliche e per il quale si fanno i salti mortali ogni anno solo per pagarne i crescenti interessi. Ora la rabbia, che non è mai scomparsa, sta esplodendo. È la rabbia di tutti coloro che non si sono visti rinnovare il contratto scaduto, che non hanno mai visto arrivare il loro contratto stagionale, che non riescono a trovare un lavoro, che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, che non riescono a star più dietro i conti da pagare, che tutti i giorni sono costretti a turni massacranti di lavoro ma vedono poi limitate tutte le possibili attività ricreative. La rabbia esplode a Napoli, dove il reddito medio annuo è di 16.000 euro, tra i più bassi d’Italia, e dove c’è tanto lavoro nero e quindi nessun accesso a cassa integrazione e altre forme di sostegno economico. Emergono potenti tutte le contraddizioni del sistema: gli interessi dei grandi capitalisti sono più importanti di quelli dei micro-imprenditori, dei commercianti e, ovviamente, dei lavoratori di tutti i settori. A fronte delle perdite del comparto industriale e del grande capitale, il fallimento delle attività del tempo libero sono un rischio calcolato e un sacrificio tutto sommato senza grosse conseguenze sul PIL. Come se non bastasse né le misure di Ottobre né quelle del nuovo DPCM, che mantengono inalterata la produzione anche nelle regioni rosse, possono avere alcun impatto significativo sulla propagazione dei contagi. Tutt’al più potranno favorire l’effetto di contenerne maggiormente la curva, ma abbiamo forti dubbi che si possa registrare una reale inversione di trend, in grado di poter superare in sicurezza le attuali restrizioni, nei prossimi mesi. Allora, per quanto tempo ancora migliaia di attività resteranno chiuse? Per quanto tempo ancora milioni di lavoratori resteranno inoccupati e senza salario? Per quanto tempo ancora i lavoratori della sanità saranno sottoposti a carichi di lavoro estenuanti? Per quanto tempo ancora dovremmo continuare a vivere questo inferno? Il capitalismo non è in grado di offrire risposte e mai come ora è venuto fuori quanto poco valgano le nostre vite al suo cospetto. L’accento posto sulla necessità della distanza sociale e della clusterizzazione (contatti sempre fra le stesse persone) non può essere valida solo per quanto riguarda il tempo libero. Prendere un mezzo di trasporto pubblico per necessità di lavoro con l’attuale frequenza di corse non permette la distanza sociale e mischia le carte favorendo incontri casuali tra persone provenienti da cluster diversi, creando di fatto l’esistenza di un solo unico grande cluster, che comprende aree metropolitane e province e la cui composizione cambia giorno per giorno. Anche il contact tracing a mezzo app ha fallito miseramente, visto che il problema sta alla base, cioè nei continui tagli che hanno distrutto nei decenni la sanità pubblica. Motivo per cui oggi, tra la richiesta di un tampone, l’effettiva esecuzione, l’arrivo dei risultati e la segnalazione fino al raggiungimento dell’app può passare una settimana e oltre, ma quando la moltiplicazione è in atto, anche un giorno di scarto fa una enorme differenza. In realtà è evidente che si combatte la guerra al coronavirus senza armi. Lo smantellamento della sanità pubblica (con la conseguente perdita di migliaia di posti letto e professionisti) e il favoreggiamento di quella privata hanno generato una situazione insostenibile, che costringe il personale sanitario a turni massacranti, anche in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (i cui Servizi Sanitari Regionali sono considerati i migliori d’Italia). La roboante propaganda dal sapore bellico stride pesantemente con l’assenza di mezzi coi quali affrontare il virus nemico. A marzo è venuta fuori tutta l’impreparazione della borghesia a gestire una situazione di crisi del genere. Si veda, ad esempio, l’assenza di mascherine e di gel idroalcolici. Tali dispositivi di protezione son subito venuti a mancare perché, come tutto nel capitalismo, vengono prodotti in base alle possibilità di profitto e non in base alle reali necessità, correnti o future. Anche oggi gli stessi vengono prodotti in grandi quantità non per atto di bontà ma perché vengono venduti in grandi quantità, rappresentando quindi un affare da miliardi di dollari. La verità è che il Coronavirus arriva in un momento di enorme difficoltà per l’economia mondiale e in particolar modo per quella italiana. Le banche centrali sono costrette a immettere grandi liquidità nel sistema bancario per sostenere l’economia; ma così facendo, altro non fanno che gonfiare ancor di più la gigantesca bolla speculativa, rimandando a crisi sempre più grandi e convulse, peggiori di quella del 2007/2008. L’intrecciarsi della crisi pandemica e di un vertiginoso crollo del prezzo del petrolio (35%) sta causando una nuova recessione mondiale, da tempo paventata anche da economisti dell’establishment, ma peggiore delle aspettative. A guerra commerciale, Brexit, tensioni USA-Iran e default argentino (i quattro probabili “inneschi” di una nuova recessione mondiale descritti dall’economista Roubini), si aggiunge la pandemia da Coronavirus. Gli aiuti economici dei vari governi non possono salvare nessuno Stato dalla crisi mondiale e da probabili default nazionali. Questo è il motivo per cui si sta rimandando il più possibile un nuovo lockdown: diminuire il più possibile l’effetto recessivo. Già nel corso della prima ondata non si è voluto realmente fermare la produzione e si è messa duramente a repentaglio la salute e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. È stata ed è tutt’ora una scelta dettata da Confindustria e dai banchieri, ed è la dimostrazione che per la società capitalista i proletari sono carne da macello, sacrificabile sull’altare del profitto. Anche il cosiddetto ritorno alla normalità ne è stato dimostrazione. Non ci sono stati miglioramenti significativi, nella sanità, nel trasporto pubblico, nella sicurezza sul lavoro (in generale, non solo quella sanitaria), nella scuola (insegnanti che mancano, spazi insufficienti, banchi inesistenti e palestre trasformate in aule…) e nel welfare in generale, tali da poter arginare, o quantomeno contenere, la seconda ondata. In Italia, come in Europa, come nel mondo intero. Quella a cui eravamo tornati era la normalità che garantisce profitti a pochi e miseria a milioni di persone: eravamo, e siamo ancora oggi, carne da macello, sacrificabile. Il virus è l’amplificatore di una crisi economica che costringeva nel nostro paese milioni di persone a vivere al limite della sopravvivenza, tanto disoccupati quanto working poors. Le istituzioni borghesi erano, sono e saranno incapaci di fornire risposte adeguate. Tutte le soluzioni economiche proposte ed approvate fino ad ora, tutti gli “aiuti” basati sulle finanze pubbliche, quindi sulle spalle dei lavoratori (e non dei padroni!), andranno ad ingrossare il debito pubblico e inevitabilmente peseranno come macigni ancora sulle fasce più deboli della società. Ci sarà una nuova stagione di tagli alla spesa pubblica e austerità ma allo stesso tempo avremo un aumento della disoccupazione dovuta anche all’emergenza sanitaria. In un quadro così drammatico la principale arma che abbiamo è quella di uno sciopero generale di tutte le categorie per combattere e distruggere un sistema malato e lottare per costruire un governo di lavoratori, il quale metta al centro del suo programma la riorganizzazione dell’economia e della società sulla base dei reali bisogni delle masse e non i profitti di una minoranza. Se padroni e governo intendono ripartire nel nome dei profitti è necessario che i lavoratori riconquistino l’agibilità politica e di lotta per opporsi con forza alle scelte scellerate fatte dalle classi dirigenti. Crediamo sia indispensabile, ora più che mai, elevare il conflitto di classe ad un livello superiore, proprio ora che il capitalismo si appresta a stringere il cappio della crisi al collo del proletariato, e creare un’opposizione di classe capace di affrontare e reagire energicamente agli attacchi continui che arrivano da governo e Confindustria. Urge la lotta per un programma che unifichi le esigenze materiali delle masse con il diritto alla salute e la lotta per il governo operaio. Non è possibile uscire dall’emergenza se non si adottano misure di rottura con l’austerità capitalista e le necessità del padronato. L’unica risposta al Coronavirus e al virus del capitalismo è operaia e rivoluzionaria. Per questo rivendichiamo: – Si alle chiusure e al lockdown in tutta Europa per contenere la diffusione del virus ma senza conseguenze economiche per i lavoratori e le lavoratrici – Ai lavoratori che possono lavorare in modalità lavoro agile (“Smart working”), che le aziende forniscano tutti i mezzi necessari: computer, utenze necessarie (gas, luce, telefono, ecc.); tutti gli altri lavoratori a casa a salario pieno – raddoppio del budget sanitario e un piano immediato di recupero dei posti letto persi negli ultimi trentanni; esproprio delle cliniche private inquadrandole nel SSN; gratuità di tutte le prestazioni sanitarie – assunzione immediata, a salario pieno e a tempo indeterminato, di tutto il personale necessario. NO al lavoro straordinario! controllo operaio sulle condizioni di lavoro del personale di questi settori –giornata lavorativa di massimo 6 ore e settimana lavorativa di massimo 30 ore per i lavoratori del settore sanitario, del settore farmaceutico e del settore dell’industria biomedicale – Nazionalizzazione sotto il controllo operaio dell’industria farmaceutica e dell’industria delle attrezzature sanitarie e biomedicali; distribuzione gratuita di mascherine e gel disinfettante – se tutti devono stare a casa bisogna dare una casa a chi non ce l’ha: requisizione delle case sfitte e esproprio del patrimonio immobiliare nelle mani del #Vaticano e dei grandi gruppi – NO alle ferie forzate! NO al divieto di sciopero! Fermare la produzione di tutti i rami dell’industria non necessari a fronteggiare l’epidemia! – Indulto/ amnistia per i carcerati –Regolarizzazione immediata per tutti i migranti irregolari; urgente piano sanitario nei quartieri popolari dei paesi avanzati e arretrati (banlieu, favelas, villas miserias o slums), sotto il controllo dei lavoratori e degli abitanti dei quartieri – Per finanziare queste misure: NO al pagamento del debito pubblico! Nazionalizzazione del sistema bancario e dei grandi patrimoni sotto il controllo operaio! – Unità internazionale della classe operaia SCIOPERO GENERALE FINO ALLA VITTORIA! GOVERNO DEI LAVORATORI!

Las organizaciones y referentxs abajo firmantes pedimos el cierre de la causa contra Julian Asiner y Adrián Lutvak ex presidentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Esta causa iniciada en el año 2015 por el abogado Ricardo Monner Sans y cuya investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan está plagada de irregularidades. En el año 2018 fue declarada la nulidad de gran parte del expediente porque la evidencia reunida había sido realizada a través de espionaje de agentes de la policía federal sin orden firmada por un juez en sedes de la Universidad de Buenos Aires violando la autonomia universitaria. Cinco años después del inicio de la causa, sin ningún tipo de avance en la investigación y después de la declaración de la nulidad de las pruebas, se reactivó la misma citando a declaración a indagatoria a los dos ex dirigentes de la FUBA para el día miércoles 18 de noviembre. Rechazamos la judicialización y la criminalización de la política estudiantil. Defendemos el derecho a la libre organización del movimiento estudiantil. Nos pronunciamos a favor del cierre de la causa contra Asiner y Lutvak. FIRMÁ ACÁ EL PETITORIO Link a la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal declarando la nulidad del espionaje ilegal ordenado por el fiscal Marijuan:

Siguiendo el título de la serie de Netflix que relatala vida de una ajedrecista precoz, el gobierno decidió sacrificar a una de sus ministras del gabinete nacional, María Eugenia Bielsa. La responsable de Vivienda y Hábitat salió eyectada en medio de un desastre habitacional sin precedentes, que la pandemia no hizo más que poner de manifiesto. En la Argentina, el déficit de vivienda alcanza a tres millones y medio de familias, que representanla tercera parte de la población del país. Bajo el Covid, la acumulación de varias generaciones en una misma casa se tornó una bomba explosiva, y un pasaporte seguro a los contagios. Del mismo modo, decenas de inquilinos –muchos de ellos en barrios precarios- fueron despedidos o perdieron sus ingresos, y no pudieron afrontar el alquiler. Vino entonces la escalada de ocupaciones de predios ociosos, como respuesta necesaria e inevitable a un desastre de larga gestación. La respuesta oficial a esta crisis fue el desalojo de la mayor de estas tomas -la de Guernica- sin salidas para sus ocupantes. El despido de Bielsa, ¿augura una respuesta diferente? Nada de esto se aprecia en el presupuesto de vivienda 2021. La previsión oficial de inversión para este rubro es del orden de los 1000 millones de dólares, la quinta parte de lo previsto para la deuda pública. Al costo actual de la construcción, ello permitiría iniciar unas 30.000 viviendas, justamente la cifra que promete el mensaje presupuestario. Si se toma en cuenta el crecimiento vegetativo de la población y de las familias, es fácil advertir que ese número de viviendas, que tampoco se entregarían en 2021, equivalen aproximadamente a las nuevas familias que engrosarían el déficit en el año por comenzar. El presupuesto a ser aprobado, por lo tanto, perpetúa en el tiempo alas actuales carencias habitacionales. La mayoría de estos recursos, según informa el gobierno, se canalizaría a través del plan Procrear, que volverá a acumular una interminable demanda insatisfecha. La cuestión de la vivienda, sin embargo, no es una mera cuestión presupuestaria. La mayor de las infraestructuras de un país –la que alberga a sus trabajadores- sólo puede afrontarse con una gran movilización del ahorro nacional. Entre ese ahorro y las viviendas necesarias, sin embargo, existe un abismo. En los años recientes, la relación entre el metro cuadrado de propiedad y el salario medio ha sido la más alta de la historia. Esto, como resultado de la especulación con tierras ociosaspor parte del capital financiero; por la caída del salario; y por la carga extorsiva de los intereses hipotecarios, que los bancos equiparan al rendimiento extorsivo de la deuda pública. La última tentativa capitalista por superar ese impasse ha sido el sistema macrista de créditos UVA, que ataban las cuotas a la inflación futura y, por lo tanto, trasladaban el riesgo de un desbarajuste económico a las familias endeudadas. Es justamente lo que ocurrió después de abril/mayo de 2018. El gobierno FF no tiene un planteo alternativo al de aquél régimen fracasado. La pandemia hubiera constituido una oportunidad formidable para integrar la cuestión de la vivienda a la emergencia sanitaria y social en un sentido amplio: nacionalizando la banca, colocando a disposición las tierras ociosas y, sobre esta base, un régimen de créditos sin interés asociado a los salarios. Un plan de este tipo, concebido con los debidos cuidados sanitarios, podía dar cuenta también del derrumbe ocupacional. En lugar de ello, el gobierno sostuvo las operaciones especulativas del gran capital, y financió esos recursos premiando a los bancos con intereses del 40% anual. Esta hipoteca a perpetuidad es un bloqueo también permanente a cualquier plan de vivienda social de cierto alcance. En el ajedrez, el gambito o sacrificio es la pérdida de una pieza para conquistar una posición superior. En el tablero del gobierno FF, Bielsa se va, pero sólo para disimular que el desastre habitacional continuará agravándose. El nuevo ministro, Ferraresi, ensayará otra solución fracasada: tapar la falta de vivienda nueva con “soluciones habitacionales”, o sea, urbanizaciones parciales y cosméticas de barrios precarios, a su turno, llevadas adelante con trabajo precario, recientemente bautizado como ´economía popular´.

Los familiares de Agustina Nieto convocaron a una movilización al cumplirse dos años de su muerte, que sigue impune. Agustina habría sido víctima de un crimen mafioso a manos de un policía vinculado al narcotráfico. Participaron familiares de Paola Tacacho, Paola Ávila, Liliana Flores, Agustina Guedilla, Fabiana Arismend, entre otras víctimas; también marcharon familiares de víctimas de gatillo fácil. La jornada fue acompañada por organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas. Este martes, las calles de la capital salteña volvieron a llenarse de pedido de justicia. En un acto en la plaza 9 de julio, Nancy, la mamá de Liliana Flores denunció que el estado no se hace cargo desde el primer momento del femicidio de su hija. Liliana fue asesinada por su expareja, Edgar Almirón, un agente de la policía que se suicidó luego de cometer el femicidio. Liliana estaba con consigna policial cuando Almirón ingreso a su domicilio y disparó tres veces a Liliana con su arma reglamentaria. Hay dos policías acusados por liberar la custodia que le permitió a Almirón asesinar a Liliana. Nancy denunció, también, que sus nietos se encuentran bajo tenencia de los padres del femicida y que no recibe ninguna contención psicológica. Finalmente agradeció a los familiares de Agustina por convocarlos para hacer justicia. Siguiendo el acto, tomó la palabra una amiga de Fabiana Arismendi quien fue encontrada calcinada en la localidad de Cerrillos. Los familiares denuncian a la ex pareja de Fabiana como el femicida pero que es encubierto por estado en tanto pertenece a la Brigada de Investigaciones. Señalaron que en Salta hay una policía corrupta. Convocaron a una movilización para este viernes a la tarde en Cerrillos para seguir exigiendo justicia por Fabiana y sentenciaron que es la familia la que hace de investigadora privada ya que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) encubren todo. “Como sociedad no tenemos que permitir que nadie más muera”, finalizó. Nilda, prima de Paola Tacacho, sentenció que la justicia archivo las causas contra Parada Parejas, el femicida de Paola y es la responsable de la muerte de la profesora salteña el pasado 30 de octubre en San Miguel de Tucumán. “Pedimos juicio político para el juez Pisa y para todos los jueces encubridores de femicidas”, expresó Nilda. Denunció el vínculo de la familia del femicida con el poder político de Tucumán. “Sigamos unidos porque se vienen otras instancias de lucha para nosotros”, finalizó Nilda. Paola Ávila fue asesinada en enero de este año, actualmente hay 8 imputados por su crimen, pero están en libertad. Patricia, hermana de Paola, denuncia que la fiscal Salinas no atiende a la familia y nada se sabe de la causa. “Solicitamos que nos apoyemos unos a otros porque lamentablemente nos están matando, día a día, y tenemos que luchar para no ser un número más y para que se haga justicia para todas las mujeres y víctimas de gatillo fácil”, sentenció Patricia. En diciembre del año pasado, Agustina Guedilla de 16 años fue asesinada en el baño de un club deportivo en un barrio de la capital salteña. Rosa, su madre, dijo que a su hija le arrebataron toda una vida por delante y por eso está en la lucha. “Pido justicia por mi hija y por todas las víctimas”, culminó Rosa. Jorge Farfán, padre de Jorge “Gury” Farfán víctima del gatillo fácil de la policía salteña denunció al fiscal Ossorio por cajonear las causas de los familiares que lucha contra el gatillo fácil y que es el mismo fiscal que lleva el caso de Agustina Nieto. Denunció que el estado intenta cooptar a los familiares de víctimas de gatillo fácil y llamó a organizarse para acabar con los jueces y fiscales parásitos que encubren a la policía. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el carácter clasista de la justicia. Mirta Torres señaló que se crearon secretarías por los derechos humanos, pero siguen las violaciones a esos derechos y convocó a seguir en las calles para que haya cárcel común para los femicidas y genocidas. Las diferentes fuerzas de izquierda expresaron el acompañamiento en la lucha contra los femicidios y el gatillo fácil. Florencia Ruiz, dirigente provincial del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, sentenció que el estado está muy presente en cada caso de impunidad y llamó a lucha por la revocatoria de los jueces y fiscales y el desmantelamiento de la cúpula policial. La dirigente, instó a los familiares a organizarse en un encuentro provincial de las familias que luchan contra la impunidad. “Sigamos coordinando las luchas”, finalizó, Florencia. Para culminar la jornada, Daniela, hermana de Agustina Nieto señaló la importancia de la unidad de la lucha por justicia por Agustina y para todas las víctimas de la impunidad. “No confiamos en la policía mucho menos en los jueces y fiscales. No podemos confiar en quienes no comparten nuestro dolor”, acusó Daniela. “Queres encontrar a los asesinos de mi hermana y que los condene”, expresó la hermana de Agustina. Agradeció la participación de las familias de cada una de las víctimas. Con grandes conclusiones para avanzar en la lucha los familiares se comprometieron a la movilización de este viernes por Fabiana Arismendi en la localidad de Cerrillos, a 20 kilómetros de la capital salteña. Con un Presente para cada una de las víctimas, finalizó la jornada de lucha contra la impunidad.

El martes pasado se produjo una movilización nacional del Colectivo de Discapacidad que agrupó prestadores, personas con discapacidad y familiares de forma presencial en varios puntos del país como Rosario, Santa Fe, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Capital Federal, y que en tantos otros lugares fue virtual, a través de distintos hashtags en redes sociales. En CABA la movilización comenzó frente a la Casa Rosada, con una radio abierta, y desde allí marchamos a la Superintendencia de Servicios de Salud, donde hubo una reunión con directivos y se presentó una carta con varios de los reclamos. En esta reunión nos aceptaron la carta y nos respondieron que “antes de fin de año nos darían una respuesta”. No podemos esperar más La situación de los prestadores es precarizada de forma histórica. Nos referimos a los acompañantes terapéuticos, equinoterapeutas, hidroterapeutas, arteterapistas, entre otros, que no estamos cubiertos bajo ningún convenio, por lo que los salarios no están regulados. Si todos los trabajadores sufren año a año paritarias por debajo de la inflación, esto se agrava en nuestro caso. No sólo eso, sino que cobramos, en el mejor de los casos, con tres meses de atraso. ¡Inclusive hay compañeros que no cobran desde diciembre del 2019! Al ser monotributistas, tampoco contamos con derechos laborales como aguinaldo, vacaciones, días de estudio, licencias por enfermedad. Esta situación, inaceptable de por sí, se ve agravada por el contexto actual. La pandemia puso al desnudo, como nunca antes, la incompatibilidad del régimen social capitalista con la salud y la vida de los trabajadores. Algunos trabajadores de la salud, como los acompañantes terapéuticos, que somos considerados personal esencial, debemos trabajar durante la pandemia de forma presencial sin contar con ART. Los centros para los que trabajamos no nos cubren las horas que no trabajemos en caso de contagio. Ni siquiera nos proveen de los insumos necesarios de bioseguridad. En otros casos, los prestadores no cuentan con habilitación para trabajar desde marzo, por lo que no percibieron ingresos en todo el año. Desde la Tendencia del Partido Obrero proponemos una movilización nacional a Plaza de Mayo y todos los centros políticos provinciales el próximo 20-21N, con todos los trabajadores de la Salud, en el día nacional de Enfermería. Llamamos a un paro nacional para garantizar la mayor participación de todo el equipo de salud, sin distinciones de gremio o profesión. Vamos por: Aumento salarial. Por un básico de 80.000 pesos para todo el personal. Reducción de la jornada de trabajo a 6 horas por insalubridad. At, hidroterapia y equinoterapia dentro del nomenclador nacional de discapacidad. Pase a convenio para todos los monotributistas. Bono esencial para todo el personal de salud sin distinción. Pago inmediato de todas las deudas. Pago a mes vencido. Que las obras sociales autoricen en su totalidad los tratamientos de las personas con discapacidad. Centralización del sistema público, privado y laboratorios bajo un solo mando bajo control del estado y los trabajadores.

Con un piquete y posterior radio abierta, partidos de izquierda, organizaciones ambientales y la Asamblea de Vecinos de Rincón volvimos a manifestar, el pasado lunes 9, contra las quemas indiscriminadas que afectan las islas del Delta. Durante la jornada de lucha se denunció la masacre ecológica perpetrada durante estos meses, que pinta de pies a cabeza la crisis humanitaria que estamos enfrentando bajo el capitalismo. Las centenas de miles de hectáreas incendiadas para el lucro ganadero han sido arrasadas deliberadamente por los propios sojeros. Las sequías y la falta de lluvias son la resultante de décadas y décadas de explotación capitalista indiscriminada y sin límite sobre la naturaleza. Los mismos que usufructúan estos territorios, son los que luego -mediante boletos de compraventa- acaparan las zonas de Rosario lindantes con el Delta del Paraná para sus negociados. En la misma ciudad, por otra parte, las familias de las toma de Magaldi son amenazadas con el desalojo, cuando han acudido a esas tierras para justamente intentar resguardar su salud y sus vidas, ante la avanzada del covid. Santa Fe sigue sumando casos. La vara que se aplica a los depredadores sojeros, por un lado, y a las familias hacinadas, por el otro, son bien distintas. Se ha puesto de relieve las contradicciones de la gestión capitalista de la epidemia, que ha generado una trasferencia de recursos nunca antes vista a los capitalistas, principales responsables del desastre actual. El coronavirus ha desnudado una miseria social creciente, que desestabiliza los precarios equilibrios políticos y sociales existentes en estos 10 meses de gobierno de los FF. La destrucción de la naturaleza es el resultado de un régimen históricamente agotado – la instalación de megafactorias de cerdos acordadas con China, según especialistas, son caldo de cultivo para nuevos virus. Es necesario replicar la experiencia de lucha del movimiento ambiental, que en este 2020 protagonizó movilizaciones impresionantes en Mendoza y Chubut, capaces de imponer la marcha atrás a la megamineria y el fracking que tenían fraguados los gobernadores Suárez y Arcioni bajo la batuta política de Alberto Fernández y la Barrick Gold. Sobre lo recorrido es necesario profundizar estas luchas que ponen sobre el tapete que la supervivencia de millones de trabajadoras y trabajadores, junto a la vigencia de un medio ambiente sano y apto para el desarrollo humano. Esto exige profundizar la lucha, la deliberación y la organización en torno a un programa que recoja esta perspectiva.

La situación epidemiológica en Europa ha convertido a los estragos de marzo pasado en un juego de niños. El segundo brote de contagios en el Viejo Continente bate récords de contagios diarios y, en consecuencia, de muertes. A tal punto que la OMS ha señalado una explosión de casos. Italia ya ha rebasado el millón de casos, alcanzado un pico -en esta segunda ola- de 623 muertes diarias y un récord de internados por Covid-19 en los hospitales de 29.444, cifra que superó al pico de 29.010 que se tuvo el 4 de abril pasado, en la primera ola (La Nación, 11/11). El mismo artículo recoge las fuertes críticas de parte del Colegio Nacional de Médicos de Italia, cuyo presidente Filippo Anelli ha sentenciado que "hacen falta medidas drásticas, como un confinamiento total, de lo contrario tendremos una implosión del servicio sanitario nacional". Italia vive una situación drástica entre los trabajadores sanitarios, porque se ha aumentado la cantidad de camas, pero no de personal, exhausto aún por los estragos de la primera ola. El propio Anelli ha comentado que la situación en la ocupación de camas de terapia intensiva es alarmante puesto que hay más de 3.000 personas internadas (se reportaron 3081) y “nos acercamos a esos 5.000 lugares que representan el umbral máximo, porque faltan anestesistas y reanimadores". La tasa de ocupación de camas de terapia intensiva oscila entre los 100 y 120 pacientes diarios. Por su parte, Alemania, ha registrado el pico más alto de contagios diarios desde el 19 de abril pasado, registrando 18.487 nuevos casos y 261 muertes en 24 horas, a pesar del aislamiento declarado el 2 de noviembre. En esta ocasión, las escuelas permanecieron abiertas para que los padres pudieran asistir al trabajo y evitar una recesión mayor de la economía. Estos fueron los resultados. El dilema de ´la salud versus la economía´ ya ha sido resuelto por la propia lógica capitalista, es decir, la “salud” de la economía se impone a la salud de la población. Francia, que ha conservado al igual que Alemania abiertas las escuelas, mantiene contagios diarios en niveles muy altos. “Este martes [10 de noviembre] se registraron 22.180 nuevos contagios en 24 horas, una cifra sensiblemente inferior a las de la semana pasada, cuando el país vivió días de terribles récords, con un pico de 86.852 el sábado, aun cuando después se supo que se trató de una sobreestimación debido a un problema informático. La situación no había sido, sin embargo, mucho mejor en los días anteriores, que oscilaron entre 50.000 y 60.486 por la jornada del viernes” sentenció desde París la corresponsal de La Nación. Esta situación de rebrotes ha llevado a los distintos gobiernos a implementar confinamientos totales. El Reino Unido lo dispuso desde el 5 de noviembre y se extenderá por un mes hasta el próximo 2 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado, luego del fracaso rotundo de buscar la inmunidad de rebaño, que ha llevado a casi 50 mil muertes. Francia dispuso el confinamiento hasta el 1° de diciembre próximo, luego que las cuarentenas focalizadas -las denominadas alertas rojas- fracasaran. Para el capital, el retorno al lockdown es inadmisible, porque complicaría aún más los negocios. La OMS ha dado a conocer la filtración de audios mantenidos en reuniones privadas, que detallan las quejas y reproches de los especialistas ante la falta de información que emitían los Estados cuando se sucedían los primeros contagios y se lanzaban a una guerra de rapiña por hacerse de los elementos sanitarios, situación que ahora se repite con las vacunas. La defensa de la salud ha entrado en un conflicto explosivo con el capital, incluso después de los anuncios de las vacunas, porque aún deben pasar pruebas clínicas que determinen su duración y perjuicios sanitarios ulteriores; la infraestructura para su transporte (cadenas de frío); costo, ganancias y precios de los laboratorios; disputa por el control de los mercados. Incluso que sirvan como pretexto para continuar con la privatización de la salud y la espiralización de sus ganancias.

La renuncia del director del hospital de Chillar, localidad del partido de Azul, y el aumento de fallecidos por COVID 19, son consecuencias de un destrato al cuidado de la salud que viene de años. En la entrevista que dio el secretario de Salud y ahora director interino del Hospital Ferro, Carlos Bravo, en Canal 2 de la localidad, quedó de manifiesto la contradicción entre el panorama alentador que pintaba Bravo (guardias cubiertas con médicos que cobran a término, un equipo de enfermería bien pago, todos los insumos) con la renuncia de un director que venía desempeñando un gran trabajo, no solo reconocido por los chillarenses sino por el mismo Bravo – una contradicción de la que no pudo dar cuenta en la entrevista. En el municipio, como en todo el país, los salarios de médicos, enfermeros, personal de limpieza y demás miembros del sistema de salud, no refleja la importancia que tienen sus trabajos, a lo que ahora se suma el agotamiento laboral. Cuando renunció, Machado argumentó que tenía que elegir entre el trabajo y su familia. Esto se hace extensivo a la comunidad hospitalaria en general. Otro tema que estuvo de manifiesto en las últimas semanas es el aumento de la letalidad del coronavirus en Azul, llegando a las 60 muertes. Varios señalan que ya supera el promedio nacional por cantidad de habitantes y estiman que a fin de año pueden llegar a alcanzar los 100 fallecimientos por causa del virus. El viernes pasado el gobierno nacional anunció el fin de la etapa de aislamiento, una cuarentena que, en los hechos, ya no existía. La prevención estuvo siempre garantizada por los trabajadores cuyas patronales no les permitían quedarse en casa, por quienes asumieron el cuidado de los adultos mayores con jubilaciones de miseria y quienes, ante el hacinamiento, encararon la lucha por la vivienda; es decir, a pesar del gobierno y de las patronales, los trabajadores garantizaron con sus herramientas la lucha contra esta pandemia. La desorganización proviene desde el Estado y la salida tiene que provenir de quienes día a día conviven y lidian con los problemas que conlleva garantizar el derecho a la salud. Hay una gran tradición de lucha que tuvo su mayor precedente con el hospitalazo de los trabajadores del Pintos durante el gobierno de José Inza. De la organización y la unión con los demás sectores afectados por la crisis agravada por la pandemia puede venir la salida de fondo.

El gobierno y el Fondo Monetario Internacional quieren llegar a un acuerdo que como todos los anteriores en la historia argentina, no hará más que agravar la crisis y disparar un nuevo drama económico y social sobre las mayorías populares, precarizando aún más las condiciones de vida. La prioridad es obtener los dólares ya comprometidos con Macri tan necesarios para los capitalistas y especuladores. El acuerdo del FMI con Argentina una vez más va ser precedido por un ajuste, el cual ya se puso en marcha, cuando se fijó el salario mínimo vital y móvil en $ 21.800 para marzo, es decir menos del 50% del salario de pobreza y en un año donde la inflación no será inferior al 30%. El tan propagandizado programa “Potenciar Trabajo” significa para el 90% de sus beneficiarios un ingreso de apenas $9.400, y prevé un esquema de contraprestaciones en municipios en condiciones de total precariedad laboral. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la política pública de mayor impacto social, ya tiene fecha de vencimiento y en agenda esperan: un aumento general de las tarifas de los servicios básicos (luz, gas, agua, etc.), movilidad jubilatoria, reforma laboral, entre otras exigencias del fondo. Para demostrar la irrestricta defensa de la propiedad privada y el capital, se desaloja con represión a las tomas de tierra en diferentes lugares del país como en Guernica, Rafael Castillo, Gral. Roca y otras, beneficiando a los pulpos inmobiliarios cuando el problema de la vivienda golpea a las familias que no pueden pagar alquileres y sin techo. Por otro lado, las trabajadoras y trabajadores de la Salud siguen siendo los que están en primera línea sufriendo agotamiento, contagios y son las primeras víctimas del coronavirus. La presión de las patronales y la derecha ha impuesto una salida desordenada de la cuarentena que nos conduce a un verdadero desastre sanitario. Un gobierno débil y sin un programa para resolver la salud, la vivienda y el trabajo a favor del pueblo trabajador va acordar también con el Fondo el recorte del gasto público que no es otra cosa que la reducción de las partidas presupuestarias de ayuda social para paliar la situación estructural de emergencia de las barriadas populares. En este esquema de pretendida paz social, la CGT, las CTA y la UTEP asumen su rol de chaleco de fuerza frente a las demandas populares que, sabemos, más temprano que tarde entrara en tensión por la presión de las bases ante la magnitud de la crisis. Las organizaciones sociales que venimos saliendo a la calle con los reclamos por el trabajo genuino, planteamos construir la más amplia unidad de acción para enfrentar esta situación. Proponemos realizar un acto este 19 de noviembre para expresar públicamente nuestra posición, debatir cómo nos preparamos para que la crisis y el derrumbe económico no la suframos, las y los que no nos beneficiamos con la deuda contraída con los banqueros pero que ahora una vez más pretenden que la paguemos con hambre, miseria y desocupación. Invitamos a las todas organizaciones a participar, hacer uso de la palabra, y a construir colectivamente una agenda de lucha para hacer frente las pretensiones de ajuste de Alberto Fernández y el FMI. Fuera el FMI. Desconocimiento de la deuda externa. Aumento de salarios, paritarias y jubilaciones al 82% movil. Trabajo genuino, plan de obras públicas y viviendas populares. Universalización de todos los programas sociales. Tierra y vivienda para las y los sin techo. 19 de noviembre en el Obelisco 17hs. Concentramos desde las 15hs en Belgrano y 9 de Julio. OCR Organización Clasista Revolucionaria - POLO OBRERO (Tendencia) - CPS 29 de Mayo MSL (MOT- TODEL- TbODU) - Agrupación Mariano Ferreyra (Mar del Plata) – Mov. 29 de Mayo Movimiento 19 de Diciembre - FTC M29 – Juventud Combativa.

La OMS informó durante el 2018 que cerca de un cuarto de la población mundial tiene tuberculosis latente. Significa que tiene la bacteria, pero todavía no ha enfermado. Se trata de nada menos que 1.500 millones de personas. Durante el 2018, 10 millones de personas enfermaron y 1 millón y medio murieron, entre ellos, 250 mil enfermos con HIV. Durante mi atención en el hospital público vi los típicos carteles pegados en las paredes sobre distintos talleres, uno de ellos, sobre la prevención de esta enfermedad, lo que me llamó a ver los datos en nuestro país. La provincia de Buenos Aires tiene zonas rojas por los contagios, como Escobar, Campana y Zárate. La contradicción es que sobre unos de los cordones industriales más importantes, donde se asientan exclusivos countrys, miles de trabajadores conviven en viviendas precarias y hacinadas, contagiados por el bacilo de la tuberculosis. Las condiciones para el contagio de la enfermedad son las mismas que facilitan el desarrollo del covid-19 – sobrepoblación, ambientes mal ventilados, mala alimentación. La vacunación de la BCG contra la tuberculosis tiene que ser aplicada al nacer antes de dar el alta el recién nacido. Lo que estaría explicando el aumento de casos es una falla de los planes de vacunación, como ya ocurriera con el reciente brote de sarampión bajo el gobierno de Macri. Las provincias de Salta, Jujuy y Formosa tienen altos niveles de contagio, pero la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires concentran el 45 por ciento de casos en el país. Los lugares de trabajo, como ocurre con el Covid, son también focos de contagio. Es el caso de la industria de la indumentaria, bajo la modalidad de los talleres mal llamados ´clandestinos´ -porque están a la vista de todos y todas- son un caldo de cultivo de esta enfermedad. Primeras marcas -como Cheeky- se confeccionan en talleres de esta característica. En ese taller, 50 trabajadores compartíamos una letrina sucia. Los sindicatos SOIVA (costureros) y la Unión de Cortadores brillan por su ausencia para evitar las condiciones de insalubridad de los trabajadores.

La LUC [Ley de Urgente Consideración], hay que decirlo, es un armado que fue de mayor a menor. El número de artículos es lo de menos, lo concreto es que Lacalle fue licuando su contenido: primero dejó fuera la reforma de la seguridad social y luego los artículos que minaban el monopolio para el refinado de combustibles, un ataque a [la petrolera estatal] Ancap que sus socios le vetaban al mandatario. Este zurcido con marchas y contramarchas desnudó en el camino la coincidencia de principios entre las dos grandes coaliciones, la de gobierno y la oposición. De otra forma no se puede explicar que el FA apoyara el 50% del articulado de la LUC. No se ha insistido suficientemente en esto, por eso los [dirigentes del FA] Fernando Pereira y Yamandu Orsi hablaban de ser una oposición responsable y tender puentes. Los dirigentes frenteamplistas pasaron de mencionar un posible referéndum (cuando el proyecto ingresaba al parlamento) a rápidamente archivar esta iniciativa tras la negociación con la coalición derechista de gobierno. Sin embargo, a nivel de los sindicatos y organizaciones populares se comenzó a imponer fuertemente la exigencia de impugnar la totalidad de la ley de urgencia. Mientras algunos dirigentes frenteamplistas continuaron rechazando la campaña de referéndum, otros comenzaron a adaptarse a la presión de abajo. Debe quedar claro que nunca fueron ellos los que tomaron la iniciativa, sino que finalmente la aceptaron y pretenden utilizarla como una vía de control de la protesta social. [El ex senador de Nuevo Espacio] Rafael Michelini que cuando quiere es un ejemplo de claridad lo expresó sin vueltas “Prefiero a los gurises juntando firmas a que se enfrenten con la policía” (…) “Pasó en Chile, pasó en Colombia… Se juntan con el celular. Se juntan en un minuto. ¿Por qué no va a pasar en Uruguay?”. Michelini da cuenta del protagonismo de la juventud en las movilizaciones, muchas de ellas por fuera incluso de los gremios y del rol histórico del FA como fuerza de desvió y contención. Antes ya había hecho declaraciones en el sentido de que el FA debía evitar un Chile en Uruguay. Lo que Michelini seguro no esperaba era que el referéndum pasara de ser una operación digitada por la Mesa Política del FA y sus figurines parlamentarios a un verdadero dolor de cabeza. Es que, en el camino, una mayoría de heterogéneas organizaciones se pronunció sucesivamente en favor de una impugnación total de ley de urgente consideración. Esta mayoría es abrumadora en la Intersocial, Fucvam y Feuu incluida. En la Mesa Representativa donde los laderos del FA conservan una mayoría inestable aun así un tercio de los sindicatos con voto en la Mesa Representativa del PIT-CNT se han expresado en el mismo sentido. Esta situación ha generado un impasse, dejando en evidencia que la política de la burocracia no viene nunca a sumar sino a dividir y copar. El Observador publica que “un dirigente” del FA sin identificar, advirtió que quienes tienen capacidad de juntar las cercas de 700 mil firmas son el Frente Amplio, el PIT-CNT y Fucvam, “por lo que la postura de los dos primeros (a favor de ir por algunos artículos) debería incidir en la decisión final de la Intersocial” [que integran aquellas organizaciones], esto es bastante más que una fanfarroneada, sencillamente es una extorción perfecta. El anónimo dirigente emplaza a la Intersocial a subordinarse so pena de seguir dilatando una definición. El asunto tiene un aspecto más grave, si cabe; como ni la burocracia ni el FA han logrado presentar ni un ensayo de borrador con los aspectos que dice querer derogar, su campaña de bloqueo al referéndum total equivale a una defensa TOTAL de la LUC. En otras palabras, lo importante no es ya la pelea contra la LUC, la derecha, “el neoliberalismo” y el “fascismo” sino derrotar al adversario interno del “campo popular”. Mientras tanto, los plazos siguen corriendo. El efecto referéndum ha puesto de manifiesto la duplicidad del centroizquierdismo que no es más que una variable para preservar el statu quo. En los próximos días los acontecimientos políticos seguirán brindando una lección sin igual en esta dirección. Un triunfo por la derogación transformaría a Lacalle en un “pato cojo”. Los intentos del centroizquierdismo de encapsular el referéndum para limitarlo a un puñado de artículos, desnuda las limitaciones brutales del FA y revela su condición de garante del orden existente y hasta de salvavidas del gobierno. El Frente Amplio está negociando con el oficialismo una reforma de la seguridad social, que todos los partidos (gobierno y “oposición”) afirman que se impone por el cambio demográfico. Sanatas. Ocultan que todos ellos han rebajado los aportes patronales a la seguridad social y que todos ellos defienden el régimen de jubilación privada (Afaps). Ocultan también, por supuesto, que el que está caduco es el régimen social que establece la masiva desocupación, la emigración de los jóvenes, y los subsidios y exoneraciones a los capitalistas. El referéndum viene a entorpecer esas negociaciones. Si la comisión de “expertos” tiene 180 días para presentar sus conclusiones, la posibilidad de un plebiscito que golpee al gobierno bajo la línea de flotación puede tirar abajo toda esa negociación, y como mínimo va a demorar la sanción de una ley porque su aprobación impactaría en el propio resultado del plebiscito. Los dirigentes frenteamplistas no luchan contra la derecha: concilian con ella. Los que quieren pelear son los trabajadores, los estudiantes, los cooperativistas de vivienda y las propias bases militantes de la izquierda. Todos ellos están de rehenes de la política cobarde y fondomonetarista de los jefes del FA. Para romper el inmovilismo que se intenta imponer hay que profundizar las iniciativas superando los marcos y plazos fijados por quienes sabotean la lucha. Vamos por un acto que refuerce la pelea para tirar abajo toda la política reaccionaria del gobierno del ajuste, la rebaja salarial y la represión.

En las últimas semanas asistimos a un repunte impetuoso de las infecciones en toda Europa y en muchas zonas del mundo. Es un ascenso sin verdaderos "focos" aunque los mayores aumentos se registran en las áreas metropolitanas, donde la densidad de población es alta y donde llegan cada día muchos trabajadores de las zonas más dispares. Asistimos desde hace tiempo a un circo mediático que ataca nuestros comportamientos “desconsiderados”, “irresponsables”, que “favorecen la propagación del virus”, los que adoptamos en nuestro tiempo libre. La hipocresía es obvia, ante los ojos de todos. De acuerdo con esta visión que atribuye la culpa de la pandemia a los particulares, debemos pensar que los habitantes de las regiones rojas (contagio más grave), decididos por el último DPCM (decreto del presidente del consejo de ministros) del 4 de noviembre, habrían asumido un comportamiento menos virtuoso en el último mes que los de las regiones naranjas (nivel intermedio de infección) y amarillo. Pero sabemos que la realidad es otra. Más allá de las diversas certificaciones obtenidas, muchos lugares de trabajo no son seguros ni desde el punto de vista sanitario ni desde cualquier otro punto de vista (entre enero y julio de 2020 hubo 719 muertes en el trabajo, un 19,5% más en comparación con el mismo período del año pasado, a pesar de ser el año del falso "lockdown" (cuarentena)). Nos hemos encontrado ante el problema de la movilidad, con el transporte público abarrotado de trabajadores y estudiantes, a quienes por la coche se les prohibió la entrada al bar y a cenar fuera, pero que tenían que ir al trabajo y a la escuela de todos modos por amor a la patria y a los patrones. Recordamos que la escuela no es solo un lugar de aprendizaje, sino también de trabajo para muchos y muchas, y asume una función fundamental para el desarrollo productivo del país ya que los padres pueden “quedar liberados para trabajar", dejando a sus hijos en la escuela. Esta última es la única razón real por la que todavía está abierta. El nuevo DPCM busca dar respuesta al hacinamiento del transporte público reduciendo la capacidad máxima al 50% e introduciendo el "aprendizaje a distancia" al 100% (estaba en el 75%) para el último ciclo del secundario (3ro, 4to y 5to año), y a partir de segundo año del secundario para las áreas rojas. Sin embargo, sabemos bien cómo estas limitaciones no sirven para nada. Aunque ya existía un límite del 80% para la capacidad del transporte público, estos se llenaban diariamente incluso por encima del 100% de su capacidad para permitir que las personas pudieran ir a trabajar. Una medida, por lo tanto, que quizás solo se pueda implementar en las zonas rojas, donde el cierre de comercios y otras actividades debería, en parte, limitar el número de personas en circulación, pero totalmente impracticable en las zonas amarillas o naranjas. Las limitaciones dirigidas solamente a restaurantes, bares y pizzerías fueron entonces algo ridículo, como lo fueron las dirigidas al "tiempo libre" en general, porque eran inconsistentes, dado que el virus no tiene horarios y lugares favoritos, y por lo tanto ineficaces en cuanto a la propagación de los contagios. Es la señal clara de cuánto dominan los intereses del gran capital. Se puede arriesgar la vida, pero solo por la producción. Las ganancias deben salvaguardarse evitando cualquier limitación a las actividades de producción que tienen el mayor impacto en el PBI, en una carrera contra la recesión, inevitable e imparable. Durante la primera ola de la pandemia, el estado hinchó el pecho: les dijo a los ciudadanos que se preocupaba por su salud y seguridad económica. Decretó el congelamiento de los despidos, extendió la ‘cassa integrazione’ (un programa tipo el ATP) a las microempresas, permitió los permisos parentales, ha proporcionado un abundante crédito fiscal y entregado dinero a los empresarios que demostraban tener una pérdida en la facturación en comparación con el año anterior. Estas medidas, de por sí insuficientes (y lo estamos viendo ahora), retomadas en parte este otoño, tenían el objetivo de contener la bomba social que podría estallar en cualquier momento, impetuosa, y afectar fuertemente las relaciones de clase actuales. Los administradores del capitalismo italiano (los políticos), tratando de apaciguar la ira antes de que estallara, prometieron dinero que el Estado italiano no tenía y nunca tendrá, dada la enorme deuda que pesa como una piedra sobre las finanzas públicas y para la cual se realizan malabarismos cada año solo para pagar los crecientes intereses. Ahora la ira, que nunca ha desaparecido, está estallando. Es la rabia de todos aquellos a los que les han renovado el contrato vencido, que nunca han visto llegar su contrato de temporada, que no encuentran trabajo, que aún no han recibido la ‘cassa integrazione’ (ATP), que no pueden seguirle el paso a las facturas a pagar, que todos los días se ven obligados a agotadores turnos de trabajo pero que luego ven limitadas todas las posibles actividades recreativas. La ira explota en Nápoles, donde la renta media anual es de 16.000 euros, entre las más bajas de Italia, y donde hay mucho trabajo en negro y, por tanto, ningún acceso a ‘cassa integrazione’ y otras formas de apoyo económico. Todas las contradicciones del sistema emergen poderosas: los intereses de los grandes capitalistas son más importantes que los de los microempresarios, comerciantes y, por supuesto, de los trabajadores de todos los sectores. Ante las pérdidas del sector industrial y del gran capital, las quiebras en las actividades de ocio son un riesgo calculado y un sacrificio sin mayores consecuencias sobre el PBI. Por si fuera poco, ni las medidas de octubre ni las del nuevo DPCM, que mantienen la producción sin cambios incluso en las regiones rojas, pueden tener un impacto significativo en la propagación de los contagios. A lo sumo podrán ayudar a contener más la curva, pero tenemos fuertes dudas de que se pueda registrar una inversión de la tendencia real, capaz de superar con seguridad las restricciones actuales en los próximos meses. Entonces, ¿por cuánto tiempo más miles de actividades permanecerán cerradas? ¿Por cuánto tiempo más permanecerán millones de trabajadores desempleados y sin salario? ¿Por cuánto tiempo más los trabajadores de la salud estarán sujetos a cargas de trabajo agotadoras? ¿Por cuánto tiempo más se supone que vamos a seguir viviendo este infierno? El capitalismo es incapaz de ofrecer respuestas y nunca como ahora se ha manifestado lo poco que valen nuestras vidas frente a él. El énfasis puesto en la necesidad de distanciamiento social y cluster (siempre contactos entre las mismas personas) no puede ser válido solo en lo que respecta al tiempo libre. Tomar un medio de transporte público para las necesidades laborales con la actual frecuencia de recorridos no permite la distancia social y baraja las cartas favoreciendo los encuentros casuales entre personas de diferentes cluster, creando efectivamente la existencia de un solo gran cluster, que incluye áreas metropolitanas y provincias y cuya composición cambia día a día. Incluso el rastreo de contactos a través de la app ha fallado miserablemente, dado que el problema es de fondo, es decir, el problema está en los continuos recortes que han destruido la salud pública a lo largo de las décadas. Razón por la cual hoy, entre la solicitud de un hisopado, la ejecución real, la llegada de los resultados y el informe hasta que se alcanza la aplicación, puede tomar una semana o más, pero cuando la multiplicación está en curso, incluso un día perdido marca una gran diferencia. De hecho, está claro que la guerra contra el coronavirus se libra sin armas. El desmantelamiento de la salud pública (con la consiguiente pérdida de miles de camas y profesionales) y la favorecimiento de la salud privada han generado una situación insostenible, que obliga al personal de salud a realizar turnos extenuantes, incluso en Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña (cuyos servicios regionales de salud son considerados los mejores de Italia). La propaganda grandilocuente con tono belicista choca fuertemente con la falta de medios con los que lidiar con el virus enemigo. En marzo, se ha evidenciado toda la falta de preparación de la burguesía para gestionar una situación de crisis de este tipo. Véase, por ejemplo, la ausencia de mascarillas y geles hidroalcohólicos. Tales dispositivos de protección han desaparecido inmediatamente porque, como todo en el capitalismo, se producen sobre la base de la posibilidad de lucro y no sobre la base de necesidades reales, presentes o futuras. Incluso hoy en día, se producen en grandes cantidades no por un acto de bondad sino porque se venden en grandes cantidades, lo que representa un negocio de miles de millones de dólares. Lo cierto es que el Coronavirus llega en un momento de enorme dificultad para la economía mundial y especialmente para la italiana. Los bancos centrales se ven obligados a inyectar gran cantidad de liquidez en el sistema bancario para respaldar la economía; pero al hacerlo, no hacen más que inflar aún más la gigantesca burbuja especulativa, conduciendo a crisis cada vez mayores y más convulsivas, peores que la de 2007/2008. El entrelazamiento de la crisis pandémica y una caída vertiginosa del precio del petróleo (35%) está provocando una nueva recesión mundial, que durante mucho tiempo ha sido temida incluso por los economistas del establishment, pero peor de lo esperado. A la guerra comercial, el Brexit, las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el default argentino (los cuatro probables "detonantes" de una nueva recesión mundial descrita por el economista Roubini), se agrega la pandemia del Coronavirus. Las ayudas económicas de varios gobiernos no pueden salvar a ningún Estado de la crisis mundial y los probables defaults nacionales. Esta es la razón por la que se pospone todo lo posible un nuevo lockdown: reducir al máximo el efecto recesivo. Ya durante la primera ola no hubo una intención real de detener la producción y puso en grave peligro la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras. Fue y sigue siendo una elección dictada por Confindustria y los banqueros, y es la demostración de que para la sociedad capitalista los proletarios son carne de cañón, sacrificable en el altar del lucro. Incluso el llamado retorno a la normalidad fue prueba de ello. No se han producido mejoras significativas en salud, transporte público, seguridad en el trabajo (en general, no solo en lo sanitario), en la escuela (falta de profesores, espacio insuficiente, pupitres inexistentes y gimnasios transformados en aulas...) y en el welfare state en general, como para poder detener, o al menos contener, la segunda ola. En Italia, como en Europa, como en todo el mundo. A lo que habíamos regresado era a la normalidad que garantiza ganancias a unos pocos y miseria a millones de personas: éramos, y somos todavía hoy, carne de cañón, sacrificable. El virus es el amplificador de una crisis económica que obligaba a millones de personas en nuestro país a vivir al borde de la supervivencia, tanto desocupados como trabajadores pobres. Las instituciones burguesas fueron, son y serán incapaces de proporcionar respuestas adecuadas. Todas las soluciones económicas propuestas y aprobadas hasta ahora, todas las "ayudas" basadas en las finanzas públicas, por tanto sobre los hombros de los trabajadores (¡y no de los patrones!), irán a aumentar la deuda pública e inevitablemente seguirán pesando sobre los grupos más débiles de la sociedad. Habrá una nueva temporada de recortes del gasto público y de austeridad pero al mismo tiempo tendremos un aumento de la desocupación fruto también de la emergencia sanitaria. En un contexto tan dramático, el arma principal que tenemos es la de una huelga general de todas las categorías para luchar y destruir un sistema enfermo y luchar por construir un gobierno de trabajadores, que ponga en el centro de su programa la reorganización de la economía y de la sociedad sobre la base de las necesidades reales de las masas y no de los beneficios de una minoría. Si los patrones y el gobierno pretenden reiniciar en el nombre de las ganancias, es necesario que los trabajadores recuperen la capacidad política y de lucha para oponerse enérgicamente a las malas decisiones tomadas por las clases dominantes. Creemos que es fundamental, ahora más que nunca, elevar el conflicto de clases a un nivel superior, justo ahora que el capitalismo se prepara para apretar el nudo de la crisis alrededor del cuello del proletariado, y crear una oposición de clases capaz de enfrentar y reaccionar enérgicamente a los constantes ataques provenientes del gobierno y Confindustria. Es urgente la lucha por un programa que unifique las necesidades materiales de las masas con el derecho a la salud y la lucha por el gobierno obrero. No es posible salir de la emergencia si no se toman medidas de ruptura con la austeridad capitalista y las necesidades de los patrones. La única respuesta al Coronavirus y al virus del capitalismo es obrera y revolucionaria. Por esto reclamamos: Sí a los cierres y lockdown en toda Europa para contener la propagación del virus pero sin consecuencias económicas para los trabajadores. A los trabajadores que desarrollen sus tareas en modo de trabajo ágil ("Smart working"), que las empresas proporcionen todos los medios necesarios: ordenadores, servicios públicos necesarios (gas, electricidad, teléfono, etc.); todos los demás trabajadores que permanezcan es la casa con salario completo. Duplicación del presupuesto sanitario y plan de recuperación inmediata de las camas perdidas en los últimos treinta años; expropiación de clínicas privadas colocándolas en el SSN (Servicio Sanitario Nacional); gratuidad de todos los servicios de salud Contratación inmediata, con salario pleno y por tiempo indeterminado, de todo el personal necesario. ¡NO a las horas extras! Control obrero sobre las condiciones laborales del personal de estos sectores. Una jornada laboral de hasta 6 horas y una semana laboral de hasta 30 horas para los trabajadores del sector sanitario, el sector farmacéutico y la industria biomédica. Nacionalización bajo el control obrero de la industria farmacéutica y la industria de equipos sanitarios y biomédicos; distribución gratuita de mascarillas y gel desinfectante. Si todo el mundo tiene que quedarse en casa, es necesario dar una casa a quien no la tiene: requisa de casas desocupadas y expropiación de inmuebles en manos del #Vaticano y de los grandes grupos. ¡NO a las vacaciones forzadas! ¡NO a la prohibición de huelga! ¡Detener la producción de todas las ramas de la industria que no sean necesarias para enfrentar la epidemia! Indulto / amnistía para los presos. Regularización inmediata para todos los migrantes irregulares; plan de salud urgente en los barrios populares de países avanzados y atrasados ​​(banlieu, favelas, villas miserias o tugurios), bajo el control de los trabajadores y habitantes del barrio. Para financiar estas medidas: ¡NO al pago de la deuda pública! ¡Nacionalización del sistema bancario y grandes activos bajo control obrero! Unidad internacional de la clase obrera. ¡HUELGA GENERAL HASTA LA VICTORIA! ¡GOBIERNO DE TRABAJADORES! Traducción: Iván M. y Olga Stutz

La "Mesa de Enlace" que incluye a ex jefes militares y policiales retirados ha sorprendido a muchos por la trayectoria y actividades de sus principales voceros. Pero por cierto, no debe constituir una novedad para el gobierno y los partidos del régimen: la "Mesa" ha nacido a la sombra del Estado y de sus fuerzas de represión. La mayoría de sus integrantes -aunque el gobierno lo niegue- tiene cierto peso dentro del personal de las fuerzas armadas. Su principal referente, Ernesto Juan Bossi, presidió durante mucho tiempo la Sociedad Militar de Seguros de Vida, una institución mutual que agrupa a la inmensa mayoría del personal de la fuerza y con un amplísimo movimiento económico. Otro de los lobbyes que operan detrás de la mesa es el de las empresas de seguridad privada, a través del general retirado Jorge Tito. Este submundo paramilitar y parapolicial incluye también a oficiales que pasaron por la SIDE y cargan con causas por espionaje. Es otro rubro de la "seguridad privada", o sea, los fisgoneos por encargo. En la declaración de principios de la Mesa, se adivina la intención de incidir en reclamos gremiales -salarios, viviendas- pero también en la cuestión crucial de los juicios en contra del personal policial y militar. Por caso, uno de los familiares de los muertos del ARA San Juan denunció que la flamante "Mesa" tratará de bloquear el Consejo de Guerra que deberían enfrentar los responsables de la Armada, luego del hundimiento del submarino. Pero la "Mesa" trasciende esos objetivos corporativos: el agrupamiento se propone "incidir en las políticas de seguridad y militares de las fuerzas en actividad". Emerge, por lo tanto, una tentativa de conducción paralela del aparato represivo del Estado. Una de las banderas largamente levantadas por Bossi es el involucramiento de las fuerzas armadas en la inteligencia y seguridad interior, un principio de militarización de la vida social. El carácter derechista y represor de la Mesa aflora por todos sus poros. El kirchnerismo, de todos modos, aportó un paso crucial en este sentido, cuando nombró a un hombre de la inteligencia militar -y ex represor- al frente del ejército, César Milani. De cara a esta realidad, el ministro Rossi, que acusó a los "mesistas" de conspiradores, no esgrimió otro anuncio que el de desautorizar el uso de instalaciones de las fuerzas para las reuniones de la "Mesa", con el argumento de que el Estado no va a financiar sus actividades. La medida es pueril, pues no impedirá su funcionamiento. Rossi presentó a los conspiradores como enfrentados a los actuales mandos en ejercicio. Los mandos, sin embargo, no se pronunciaron. En cualquier caso, la mutual militar, principal base de operaciones de la Mesa, es un crisol que une a retirados y activos. ¿Vuelta a los cuarteles? La emergencia de una usina militar-policial es una manifestación poderosa de la desintegración que corroe al régimen político y social en Argentina, y que el gobierno "de Todos" no ha podido frenar. La amenaza golpista no tiene carnadura inmediata frente a un gobierno que procura gobernar con el socorro del FMI. Pero nadie ignora el escenario de rebelión popular y fragmentación política que se desarrolla en el país. La Mesa es el esbozo de una organización paramilitar y parapolicial, que abudan en Colombia y Brasil, tienen su forma especial en Venezuela y Nicaragua, comienzan a re-organizarse en Chile – ante el avance de la rebelión popular y los enfrentamientos contra el pueblo mapuche. Quienes aspiran a incidir en el desenlace de la actual crisis empiezan a delinear sus fuerzas ahora. Es el broche a la campaña macartista de una defensa de la propiedad privada, que va a ser saludada en el próximo ´banderazo´. La emergente "mesa de enlace" es un cachetazo a la ´democracia´ argentina que se atragantó con una consigna - el "nunca más", después de 1983. La respuesta del oficialismo ha sido hagan lo que quieran, pero no en los edificios o cuarteles militares. Los diarios oficialistas informan que varios capitostes de la "mesa militar" habían ensayado un intento similar después de la asunción de Néstor Kirchner, y que sus reuniones eran frecuentadas por politicos pejotistas y radicales de primer orden. El desmantelamiento de estas organizaciones paraestatales -presentadas como "agencias de seguridad"- es un planteo elemental para el movimiento democrático. La Mesa pretende operar como cooperativa o sindicato militar-policial, o sea como un grupo armado contra los derechos democráticos de los trabajadores. Debe ordenarse su disolución, llevada a la Justicia por sus propósitos paramilitares y parapoliciales, e investigar su conexión con los aparatos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad – policia y servicios de espionaje.

Se realizó en varios distritos de la provincia de Buenos Aires el pasado miércoles 18 la jornada de lucha resuelta en plenario provincial convocado por las seccionales Multicolor del Suteba. En esas seccionales y en algunos en los que conduce la Celeste de Baradel, activistas y delegados de escuela dieron forma a variados actos en las puertas de Secretarías de Asuntos Docentes, Consejos Escolares y municipios. En La Matanza las compañeras y compañeros se movilizaron al Consejo Escolar distrital, donde no fueron recibidos y se realizó una radio abierta. Algo similar sucedió en San Isidro, donde la SAD y CE no sólo estaban cerrados sino que aún tenían pegados en sus puertas los carteles de la última acción similar, más de un mes atrás. En Bahía Blanca se presentó una nota al Municipio reclamando conocer las asignaciones del Fondo Educativo, verdadera caja negra de los intendentes que malversan los escasos fondos para educación. En Lanús se realizó un “semaforazo” y en General Sarmiento se volanteó una carta abierta a la comunidad educativa. En Mar del Plata, la concentración en la Municipalidad tuvo impacto mediático. En Tigre las y los docentes alzaron la voz al grito de “¡Fuera Acuña!”, frase que quedó estampada en cada actividad de toda la provincia. Por señalar algunas. Las actividades hicieron eje en el rechazo a los Planes Jurisdiccionales de Kicillof, Vila y las autoridades distritales, que elaborar un protocolo a espaldas de los docentes y familias a la medida de las escuelas privadas y el inmenso lobby patronal y mediático que día a día azota a los docentes y las comunidades para forzar la vuelta a la presencialidad en escuelas que, desde hace largo tiempo, no están en condiciones. El gobierno de Kicillof, después de batir el parche del plan “Escuelas a la obra”, no avanzó sino a cuentagotas y arbitrariamente en algunos arreglos. La crisis de infraestructura escolar merece una inversión histórica, contrapuesta a los intereses del gobierno provincial. Las expresiones de odio hacia los trabajadores de la educación de la ministra porteña, Soledad Acuña, recogieron la bronca de una docencia que llega exhausta a fin de año y en todas las manifestaciones se exigió su renuncia. El rechazo a los Planes Jurisdiccionales agrupó al conjunto de demandas que la docencia viene sosteniendo en toda la última etapa, marcada por la sobreexigencia laboral: la realización de las obras de infraestructura escolar, la conectividad gratuita, infraestructura digital y dispositivos para alumnos y docentes, la creación de cargos y horas institucionales, la cobertura de todos los cargos, la garantía salarial y contra la precarización laboral y el manoseo de nuestro estatuto. La defensa del IOMA y el IPS ocuparon un lugar destacado al momento en que el FMI aterriza en el país con la exigencia de reformas. Las actividades fueron sostenidas por los activistas y las agrupaciones docentes. El frente Multicolor debe involucrar e interesar al conjunto de la docencia, dando curso a las iniciativas que de ella surjan e incentivando la realización de asambleas, reuniones por escuela y pronunciamientos, como los que permitieron la semana pasada poner un freno al pretendido trámite de firmar “protocolos” que ninguna escuela conocía hasta entonces en las reuniones de UEGD donde se redactaron. Es el camino de organización, en tiempos de profunda incertidumbre educativa y una exigencia que pretende hacer caer el peso de la crisis en la espalda docente, que han tomados las comunidades en Capital Federal y en numerosas provincias del interior.

Proponemos poner manos a la obra para concretar en un plazo perentorio la realización de una Asamblea General de Trabajadores de la línea B, propuesta que ya fue votada por la asamblea del taller Rancagua. Impulsando así una herramienta indispensable para avanzar en la lucha por nuestras postergadas reivindicaciones. Llamamos a pronunciarse en este sentido a las asambleas de base, a los delegados y activistas y a las diversas agrupaciones de lucha del subte. La ofensiva aperturista que vienen agitando la empresa Metrovías y el gobierno de la Ciudad, choca ampliamente con las condiciones de salubridad de trabajadores y usuarios. La contradicción flagrante en la que incurrió Alberto Fernández expresando que no habría ningún tipo de controles a la circulación en el ámbito del AMBA, pero asegurando que el transporte público ´solo lo usaban los esenciales´, y la posterior decisión de exigir el restablecimiento normal de todo el servicio de transporte, demuestra la decisión, también del Gobierno Nacional, de una apertura total, ello después de siete meses de una ´falsa cuarentena´, dicho esto también por el Presidente. El avance de la empresa en materia salarial ha sido brutal. Amén una paritaria de ajustes con sumas no remunerativas (el básico se mantiene a valores de febrero del 2020), se suma el robo de nuestros aportes jubilatorios en el orden del 40%, medida unilateral de la empresa, llevada al 100% del salario de nuestros compañeros licenciados mediante el último Decreto Presidencial. Los problemas de salud pública son gravísimos. A la acuciante gravedad de la pandemia en nuestro sector, ya con siete muertos y cientos de infectados, se suma la criminal contaminación por fibra de asbesto, ya con 32 compañeros afectados, 15 sólo en la línea B, 2 de ellos con cáncer. Por otro lado las fibras de asbesto pueden contribuir a la circulación aérea del virus como recientemente se expuso en un informe de salud laboral de la AGTSyP. Sin embargo se ha congelado el compromiso de cambio de flotas contaminadas establecido en marzo por Metrovias y el GCBA, nunca comenzaron las obras de recirculación de aire en Rancagua, a lo que ahora se suman provocaciones como el anuncio de imposición de vacaciones 2019 y 2020 en diciembre a quienes nos encontramos en retención de tareas, un acto discriminatorio y de represalia antisindical inadmisible que busca afectarnos seriamente en nuestro derecho al goce vacacional y golpear el salario a través del impuesto a la ganancia (una suerte de sanción no declarada). Por otro lado en tráfico solo se garantizó el aislamiento de contactos estrechos con un paro de la línea, y nunca se efectuó el ingreso de personal necesario para cubrir licencias y aumentar dotaciones de limpieza, en su lugar la empresa ofrece “retiros voluntarios”. Este cuadro de situación, el respeto a la vida y al salario de los trabajadores, sólo puede ser resuelta por los trabajadores mismos. Esto también se demuestra en el protocolo de medidas de seguridad e higiene frente al Covid que han ido discutiendo en trafico y que contempla medidas de protección para el conjunto de trabajadores y usuarios. Tras el llamamiento de Rancagua se realizaron algunas primeras reuniones de delegados y activistas. Como surgió de las mismas, a los problemas comunes (Covid, Asbesto, salario) se suman problemas en todos los sectores con reclamos particulares en estaciones, trafico y talleres. Es necesario dar continuidad a este proceso y avanzar en su concreción. Para ello es fundamental superar cualquier tipo de faccionalismos, auto proclamaciones o descalificaciones entre sectores o grupos, dejar toda mezquindad de lado y avanzar en pos de los intereses de conjunto de los trabajadores. Planteamos en esta perspectiva el pronunciamiento de los diversos actores de lucha del subte en la B y la realización de una amplia reunión de activistas y delegados para avanzar en la concreción de una Asamblea General de Trabajadores de la línea B que debata y resuelva una primer propuesta de pliego de reclamos, proponga un plan de lucha para el conjunto del subte, y dé apoyo a cada uno de los reclamos y luchas sectoriales. Llamamos a los trabajadores a poner el futuro en nuestras manos. SI A LA VIDA, NO A LA MUERTE.

Los trabajadores de Danone convocan este sábado, a las 10.30, a una reunión para organizar una marcha a la comisaría 4° de Longchamps y denunciar los apremios policiales sufridos por uno de sus compañeros, Pablo González. El pasado lunes 9, por la tarde, Pablo salió de su turno y se acercó a su compañero Daniel Moyano, recientemente despedido de la empresa con argumentos falaces, quien se encontraba encadenado en la puerta de la planta a modo de protesta. Junto al trabajador despedido estaba toda su familia. Su mujer, sus hijos y otros compañeros más. Ya habían pasado varios días de su despido y nadie de la patronal ni de la comisión interna se había acercado a hablar con Daniel. Por esa razón, sus familiares decidieron realizar un corte en la Avenida Berlín, para lograr que alguien se acerque, ya que Daniel denuncia que se trata de un despido encubierto para que la patronal avance con más despidos. El corte fue repelido por la policía, pero también por personal de Recursos Humanos de la empresa, que se sumó a la represión con un matafuegos. En medio de todo esto, se encontraba Pablo registrando con su celular toda la situación. Varios policías, algunos con uniforme y otros de civil, sin identificar, se abalanzaron sobre Pablo con golpes y patadas. Lo arrastraron por una cuadra hasta un patrullero que lo traslada a la comisaría 4° de Longchamps (Almirante Brown). Allí continúan los golpes y las torturas. Lo obligaron a sacarse la ropa interior y caminar por la comisaría semi desnudo. En las ocho horas que duró su detención, tanto el comisario como otros efectivos, le mencionaron que la patronal estaba cansado de él, al igual que el gremio. Afuera de la comisaría, familiares, compañeros de trabajo y organizaciones de derechos humanos, trabajadores del a fábricas recuperadas (Gotam) y partidos de izquierda, entre ellos, la Tendencia del Partido Obrero. Fue tal la presión que el fiscal tuvo que dictar su liberación. Pasadas las diez de la noche, Pablo fue liberado y pudo reencontrarse con su familia. La detención de Pablo, seguida de los apremios ilegales, forma parte de una acción pergeñada por la patronal, utilizando al aparato represivo para aleccionar mediante golpes y torturas a sus trabajadores. Por su parte, Atilra mantuvo un silencio hermético ante un hecho tan grave. No hubo ningún pronunciamiento de parte de la comisión interna ni de la seccional Capital Federal. Lo mismo ocurrió y ocurre con Daniel Moyano, por el cual, hasta el momento, nadie de la comisión interna salió a exigir la reincorporación. Pero ante semejante atropello, un grupo de activistas se levanta y da pelea. Pablo es uno de ellos, y es reconocido dentro y fuera de la planta por su compromiso constante con las causas sociales. Él estuvo presente cuándo ocurria alguna injusticia con sus compañeros y también en otras fábricas apoyando a otros trabajadores. En medio de la pandemia, junto a su familia y un grupo de compañeros de trabajo, se lanzaron a darle vida al club del barrio, que estaba prácticamente muerto. Colocaron un merendero llamado "Mamá Silvia", y hoy, con la apertura de algunas actividades, se brindan deportes en el club, donde la cuota es un alimento para el merendero. Este mismo compromiso, lo llevó a organizar a los vecinos ante los constantes cortes de luz, motorizando un movilización al municipio. Todo esto, da cuenta de un activismo que preocupa a la patronal, pero también a la burocracia. Porque los trabajadores están cansados de perder conquistas y están jugados a fondo a recuperar la comisión interna para y por los trabajadores. Por último, desde la tendencia del Partido Obrero, denunciamos los apremios ilegales contra Pablo a la vez que exigimos la reincorporación de Daniel Moyano.

Y un día se colmó la paciencia del personal de salud. El manoseo paritario catalizó la bronca acumulada durante largos meses de sobrecargas, sobrexposición y destrato. En los últimos días, asambleas masivas emergieron en los hospitales porteños. El rumor de que la burocracia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) aceptaría una oferta similar a la firmada por Sutecba, de un 15% en cuotas que en realidad es tan solo un 5% para 2020, atizó la necesidad de intervenir. Las asambleas se convirtieron en acciones de protesta, con cortes y aplausazos. Los ambos y chaquetas, confinados durante meses en las guardias, salas de internación y terapias, ganaron las calles de la ciudad. En 2020, mientras los trabajadores de la salud le poníamos el pecho a la pandemia, vivimos en simultáneo el derrumbe del poder adquisitivo de nuestros salarios, mal disimulado por bonos no remunerativos que no todos cobraron, y que incluso llegaron a descontar los días de aislamiento obligado. Los residentes aguantaron las guardias infinitas en las salas cobrando sueldos de 45 mil pesos, casi la mitad de lo que vale una canasta familiar. El maltrato llegó hasta la agresión física, como ocurrió en la UTI del Hospital Tornú. Con miras a un acuerdo con el FMI, el gobierno nacional desmanteló las medidas de aislamiento y pactó con UPCN un 7% para los trabajadores del Estado, contra una inflación del 40. A los pocos días, el presidente quedó convertido en contacto estrecho y los hospitales nacionales se poblaron de protestas, con epicentro en el Garrahan. Siguiendo esta pauta ajustadora, Larreta de un lado de la General Paz, y Kicillof del otro, buscaron imponer sus propias paritarias a la baja a los trabajadores de la salud, ofreciendo porcentajes levemente superiores al nacional a costa de convertir los aumentos en sumas no remunerativas. La rebelión de los hospitales porteños forzó a la burocracia de Gilardi de la AMM a convocar al paro, seguido a las horas por Federación de Profesionales, que también despertó de un largo letargo. El paro anterior había sido en diciembre de 2019, cuando la AMM debió rechazar la represión sobre residentes y concurrentes, que protestaban contra una ley que Larreta había pactado… con la propia AMM. La interna de la burocracia médica jugó un papel en esta crisis. La lista 10 de Rojo impulsó asambleas en sus hospitales, aunque se cuidó muy bien de que el paro fuera arrancado desde abajo. Evitaron votar el paro en las asambleas, como antes habían rechazado participar de la movilización a la AMM que convocaron el Frente de Recuperación Gremial (FRG) y agrupaciones autoconvocadas. El reclamo de Rojo fue “que se reúna el Consejo Central de la AMM”, no una asamblea general. Su mira está puesta en el desgaste de su ex aliado Gilardi frente a las próximas elecciones, no en el desarrollo de un plan de lucha en serio por el salario que implicaría la movilización de los trabajadores. Por eso formula reclamos sin medidas que lo sustenten. Rojo le pateó la pelota a Gilardi, y Gilardi convocó al paro del 17N para poner en caja a la rebelión de los hospitales. Pero unos y otros nadan en río revuelto. La movilización por abajo condiciona sus maniobras, cada vez más de cerca. La convocatoria al 17N plantea a los trabajadores de la salud nuevos desafíos. El primero es prepararla con asambleas en todos los hospitales y centros de salud, que borren las diferencias de especialidad y escalafón en un único reclamo paritario. Para ganar la pulseada por el salario, el paro debe ser activo, con movilización desde los lugares de trabajo y una asamblea general interhospitalaria que fije el monto a exigir y vote la continuidad del plan de lucha. Es el método para que la rebelión de los hospitales recupere la dirección de su propia lucha. El 17N se reclamará también por el reconocimiento profesional de enfermería, que va al paro en todo el país el viernes 20. Es también la oportunidad para que se sumen los administrativos y nacionales que rechazan el 7% y para que hagan lo propio las provincias con paritarias en crisis, empezando por Buenos Aires donde CICOP se opuso al 15% en cuotas de Larreta. Perdón, de Kicillof. Vayamos por un salario mínimo igual a la canasta familiar para todo el personal de salud, hoy en 100 mil pesos según la Universidad de Rosario. Ningún porcentaje por debajo del 40% de inflación anual. No a las sumas no remunerativas: todos los aumentos al básico. Por la indexación mensual del salario de acuerdo a la inflación. Reconocimiento profesional para enfermería y todo el equipo de salud. Salario y ART para concurrentes. Reincorporación de Laura al Hospital Tornú y sanción para sus agresores. Por un pliego votado en asambleas y un plan de lucha hasta ganar. ¡Que no se firme nada a nuestras espaldas! Al terminar de escribir esta nota, una asamblea general de residentes y concurrentes votó organizar una movilización para el martes 17 a las 10 hs., del Ministerio de Salud (Monasterio) a la Jefatura de Gobierno de CABA. Misma actitud adoptó una asamblea de médicos interhospitalaria. El reclamo: 100% de aumento, en blanco y retroactivo al mes de abril. ¡Adelante!

El índice de inflación de octubre no es solo el reflejo del mazaso confiscatorio que sufren en masa los trabajadores, es también un duro golpe político al gobierno. La suba del dólar negro y el paralelo de la Bolsa, lo llevó a rematar los bonos en dólares que guardaban el Banco Central y Anses, pero no le preocupó de la misma manera la suba de precios de alimentación y vestimenta. Hizo bajar el dólar para poder dolarizar una deuda de 63 mil millones de pesos, en manos de los fondos Pimco y Templeton, pero hizo la vista gorda al robo económico de millones de trabajadores y de desocupados. El golpe político es doblemente mayor porque tiene lugar en una economía en que cae la demanda, tanto para inversión como para consumo. O sea que los Fernández han logrado quebrar la ley de la gravedad en el campo económico, que dice que en esas circunstancias los precios debieran bajar en lugar de subir. Las patronales, sin embargo, no tuvieron problema para convertir a la tierra en plana, porque se valieron de la pandemia para bajar la producción y la oferta en niveles superiores al hasta ahora imbatible 2002. Los ATP para las empresas no financiaron el capital de trabajo de las patronales sino la fuga al dólar. Una recesión es capaz de convivir con la inflación, cuando el retroceso de la circulación económica es acompañado por emisión de moneda al servicio de la especulación financiera. El ministro Guzmán ha reaccionado ante la noticia de algo que ocurrió el mes pasado con una suba de la tasa de interés, para que los especuladores no pierdan con la inflación – mientras anunciaba un desfalco adicional al régimen jubilatorio de Argentina. Dime a quién sirves y te diré a quién representas. Guzmán aprendió en Columbia a crear inflación con salarios en baja, arruinando la tesis ´neo-liberal´ que anuncia suba de inflación cuando aumentan los sueldos. Guzmán, a las escondidas, celebra estos resultados inflacionarios, porque aumentan la recaudación por IVA – el único impuesto que los enemigos de los impuestos no quieren eliminar. El gobierno, aun así, debe haber recibido la noticia como un ´uppercut´ a la mandíbula – dicho esto en el aniversario de la victoria de Monzón contra Benvenutti. Porque al mismo tiempo recomenzó el ascenso del dólar bursátil y el negro. O sea que “la casa está (en completo) desorden”, justo cuando una delegación del FMI recorre a oficialistas y opositores, y presta oídos a las grandes cámaras patronales. Le deja servido al FMI el planteo del ´ajuste´. La burguesía quiere un tipo de cambio único – llevar el comercial al nivel del dólar ahorro, que está arriba de 140 pesos, no por culpa de los buitres sino por decisión del gobierno popular. Como quiera que no controla el dólar, pero tampoco el vaciamiento del Banco Central, Guzmán le pidió a AF la cabeza del presidente del banco, con el apoyo de su copilota de gobierno. Él, por su lado, reafirmó la intención del gobierno de aumentar los subsidios al gas de pozo y al petróleo, y a aumentar las tarifas de servicios en 2001 – como lo acaba de poner en el Presupuesto. Las malas lenguas dicen que el principal beneficiario será Tecpetrol, la petrolera de Techint. Como todos los malandrajes, el gobierno quiere cerrar el infortunio con una farsa – hacer aprobar la ´ley de la riqueza´, que grava a doscientos individuos por lo que cuesta unas jornadas de farra, y ya ha dicho que el grueso de lo que recaude va para YPF, que no queda en Guernica. YPF es una compañía internacional que cotiza a precio ruin en Nueva York, y el trío de AF-CFK-Sergio Massa prometió hacerla subir. El gobierno demoró el proyecto cuando la curva de contagios y fallecimientos subía, y lo quiere aprobar cuando acaba de archivar el Ingreso Familiar de Emergencia. Ha evitado que el proyecto de Heller sirva de alguna migaja al pueblo. Entretanto, en quince días las capitales del país se adornarán con árboles navideños. Para entonces, los capitalistas prometen que se podrá comprar el pan dulce en tres cuotas sin interés. Los trabajadores no son indiferentes a lo que ocurre, toman nota de todo. Pasarán la factura, al contado.

El anuncio de una vacuna contra el coronavirus, por parte de la norteamericana Pfizer, con un 90% de eficacia en la fase 3 del tratamiento clínico, tiene implicancias científicas enormes y no menos importantes desde el punto de vista social. Rusia advirtió enseguida que la Sputnik 5 había registrado una performance del 92%. Empezando por el principio, la vacuna valida la tecnología RNA (mRNA) de BioNTech, la empresa alemana asociada a Pfizer, que usa material genético para desatar una respuesta de inmunidad. Este método, informa el Financial Times, tiene el potencial de abarcar a un gran rango de enfermedades, incluyendo el tratamiento del cáncer. Ni más ni menos. Abre la posibilidad de tratar con rapidez enfermedades infecciosas y una nueva clase de vacunas de bajo costo. La humanidad ha acumulado un saber científico y recursos tecnológicos inconmensurables. Lejos, sin embargo, de resolver el derrumbe social y la inviabilidad de los regímenes políticos en presencia, por el contrario los potencia. El gobierno argentino, a solo título de ejemplo, se ha servido de la emergencia de la vacuna, en este caso rusa o incluso la que pre-contrató con la norteamericana AstraZeneca, para enviar al Congreso un proyecto de Presupuesto 2021, que no contempla, ni en control remoto, una reestructuración del sistema de salud ni una salida al hacinamiento habitacional, ni siquiera prevé la continuidad de la deplorable asistencia de emergencia que dispuso este año, ni tampoco una salida para el principal grupo de riesgo –los jubilados–. Ha puesto más empeño en regalar a Pimco y Templeton bonos dolarizados con un descuento del 65% de su valor facial. Sigue, aunque no lo admitirá, la línea de Trump, que dejó en la banquina el combate a la pandemia a la espera de una vacuna. La proeza científica se ha convertido en una coartada para dar la espalda a la grave crisis expuesta por la pandemia. Pfizer, sin embargo, se ha comprometido a producir cinco millones de dosis para antes de fin de año y 1.3 mil millones para 2021, lo cual no atiende, como es obvio, ni siquiera a la población vulnerable. Tampoco está destinada a ella, porque los dos tercios de los abastecimientos prometidos se encuentran acaparados por una decena y pocos más de países ricos. Rusia cumplirá con sus contratos con Argentina, por supuesto, cuando logre colmar el déficit de producción para su población y para otras de su esfera de influencia. Se presentan, además, otros asuntos de envergadura, como el de la logística, porque la vacuna Pfizer requiere una temperatura de conservación de 18 a 70 grados bajo cero. “A priori -afirma el infectólogo Roberto Debbag- Latinoamérica y Argentina no tienen sistemas preparados para este tipo de situaciones”. Curiosamente, en estas condiciones, Perú tiene un precontrato con Pfizer. El anuncio de las bajas temperaturas que requiere la vacuna en cuestión, subió las acciones de la francesa Air Liquide y la inglesa BioLife Solutions. La eficacia que se le reconoce a esta vacuna tiene, sin embargo, limitaciones. Una continuidad de las pruebas clínicas podría mostrar una reducción de esa eficacia; la aprobación regulatoria de la vacuna es emergencial, ya que en este caso se ha comprimido un proceso que dura aproximadamente dos años. Puede ser eficaz en infecciones sintomáticas, pero no en infecciones severas de poblaciones vulnerables. El virus, como ya ocurre, puede sufrir mutaciones que, potencialmente, neutralicen la vacuna actual. En resumen, lo experimentado no atiende a efectos de largo plazo, que requieren un tiempo mayor de verificación. El avance científico no contrarresta, en principio, el descontrol de la pandemia en lugares como Estados Unidos y Europa, y en numerosos países de América Latina, incluida Argentina. Los regímenes de salud, crecientemente privatizados en detrimento de una salud pública en retroceso, colapsan en las naciones más avanzadas. La vacuna no reemplaza la lucha política para poner fin a este descalabro. Dinamarca, por otro lado, ha debido liquidar su stock de visones, que se ha convertido en una fuente de contagio recíproco con seres humanos, lo que plantea una revisión radical de métodos de producción. Esto ya lo había dejado al desnudo la serie Borgen con la cría e industrialización de cerdos, lo que no parece haber incidido en la instalación de empresas chinas en Chaco para la producción de carne porcina. Ha quedado en cuestión el régimen de producción en corrales. La eficacia de la vacuna no es un salvoconducto contra un sistema que pone al lucro por encima de la vida. La vacuna tampoco será gratuita, pero el proyecto de Presupuesto 2021 no contempla una partida para ella, ni inquieta al FMI. Schroder, el principal negociador de activos de Europa, ya ha establecido un fondo para financiar la asistencia a los países emergentes, lo que podría derivar en un mercado financiero de vacunas. Pfizer prevé un mercado anual de u$s13 mil millones para su vacuna, que incluye a China, donde opera una licenciataria, Shaghai Fosun, en competencia con tres fabricantes de China. Es decir que se ha abierto la lucha de precio, garantía y calidad por el mercado mundial. La primera etapa de esta lucha, por los barbijos, tests y respiradores, la ganó relativamente China, lo que se ve en el crecimiento de su influencia política regional e internacional. AstraZeneca prometió una porción de dosis gratuitas hasta julio, cuando comenzará su comercialización. El costo de 20 dólares por dosis no contempla los gastos que se añaden para llegar a las poblaciones. La gratuidad de una vacuna que ofrece una salida a una crisis humanitaria plantea otra lucha política decisiva. El anuncio de la vacuna no sólo disparó la valorización accionaria de las farmacéuticas, pues fue entendida como una salida a la crisis económica que se asoció a la pandemia. La euforia es prematura, por lo menos a la vista de las limitaciones apuntadas. Quienes ven un retorno a la ‘normalidad’ apuntan a que desatará una “demanda reprimida” por la pandemia. Los estados enfrentan esta nueva situación, todavía incierta, con déficits fiscales enormes y paquetes de rescate monetario agotados. La tendencia a la crisis fiscal y al endeudamiento es, sin embargo, anterior a la pandemia, no un resultado de ella. La política de ajuste que debiera corregirla es, sin embargo, insustentable, tanto para la población sumamente empobrecida por la calamidad sanitaria y del derrumbe industrial, como para gran parte del capital internacional, encumbrado de deudas. La vacuna, en su debido tiempo, modificará las formas de la crisis internacional, pero no su alcance ni su profundidad. Un ‘retorno’ a la ‘normalidad’ podría ser más revolucionario que el período ‘excepcional’ que le precede.

Más de 50 socios y socias de la más importante asociación de documentalistas de la Argentina (DOCA) denunciaron con sus firmas, en una declaración pública, una grave profundización del proceso de purgas, agresiones, expulsiones y suspensiones contra la oposición de izquierda en esa organización. DOCA, advierten, se caracteriza por una tradición de lucha que hoy se encuentra abandonada (y combatida) por la actual dirección. La creciente agresión y persecución a la izquierda tiene un objetivo muy claro: tener las manos libres para integrarse a los manejos del INCAA sin rendir cuentas a nadie. El Frente Gremial de la Base ha decidido manejar la asociación de espaldas al movimiento de documentalistas, para dar por cerrada la “etapa” de lucha por los intereses del conjunto de lxs realizadorxs y transformar a DOCA en una asociación de lobby y de “rosca” (la modalidad típica de los negocios en el INCAA), integrada a la “industria” y, sobre todo, al Estado. El Frente Gremial ganó las últimas elecciones de DOCA por menos de una decena de votos, luego de una purga unilateral e ilegal realizada con ese fin fraudulento y que significó la expulsión de más de 40 socixs activxs, el 20 por ciento del padrón. Para poder llevar adelante esta política de abandono de la movilización, concentrarse en los intereses particulares de la camarilla dirigente y tener libertad para establecer acuerdos políticos ajenos a los intereses generales de los realizadores independientes, DOCA apuesta por sacarse de encima al amplio sector de la izquierda que constituye la mitad de la organización. Lo que se dice: una purga. En el último período, y aprovechando cobardemente la relativa inmovilización que planteaba la pandemia y la cuarentena, la directiva de DOCA profundizó sus ataques macartistas y provocaciones; por ejemplo, suspendió por seis meses, sin derecho a defensa, a un dirigente del Ojo Obrero y último candidato a presidente de DOCA por la oposición, por haber mandado un sticker “ofensivo” (¡¡¡) en un grupo de Whatsapp, donde se estaba discutiendo el creciente ajuste y burocratización en el INCAA y de qué manera los jurados que evalúan los proyectos documentales parecían estar amoldándose a la política restrictiva al desaprobar proyectos que estarían en plenas condiciones de lograr un subsidio para su realización. La respuesta ante un debate que está en el centro de la problemática actual de lxs documentalistas fue la suspensión del socix, que simplemente interpelaba a la directiva por su posición frente a este tema. Un claro acto de censura y persecución. La suspensión de este compañero anticipaba un recrudecimiento del macartismo, e incluso el inicio de nuevas expulsiones arbitrarias, por lo cual el Frente de Documentalistas en Lucha (la oposición en DOCA) denunció públicamente el hecho, y la persecución en general. Pero el proceso expulsivo continuó, y ya podemos hablar de una ruptura de DOCA por parte de quienes pretenden apropiársela ilegalmente para sus acuerdos inconsultos, y particularmente para integrarse al INCAA ya no como organización de lucha, sino como organismo representativo de un sector acomodado del cine documental. Justamente lo que denuncia la reciente declaración firmada por 50 socixs de DOCA es la expulsión, en los últimos días, de seis compañerxs (dos de ellos del Ojo Obrero) con una excusa administrativa: haberse atrasado en el pago de la cuota social… ¡en plena pandemia! Al tratarse incluso de socixs fundadores de DOCA, activxs militantes de la oposición, la expulsión plantea el abandono de la mínima legitimidad y legalidad de la directiva, con lo cual claramente hemos pasado a una etapa en que la propia existencia de DOCA está en peligro, así como sus conquistas históricas y su rol de vanguardia en la lucha del cine independiente por su derecho al fomento estatal. La historia de DOCA nos remite a las movilizaciones, asambleas y piquetes frente al INCAA para lograr algo que hoy está en peligro: una línea de fomento para el cine documental de bajo presupuesto, mediante el cual cientos de realizadoras y realizadores han generado una increíble variedad de producciones, que no sólo expresan la propia visión del director o la directora, sino sobre todo temáticas políticas, sociales, históricas y culturales que no son abordadas por el cine comercial. Y este es un tipo de fomento que debería extenderse al cine de ficción, que no encuentra formas de financiamiento accesibles a lxs realizadorxs sin recursos propios ni una empresa productora que los respalde. Este tipo de subsidios no representan un esfuerzo financiero extraordinario por parte del INCAA, que está abocado al financiamiento de las grandes producciones multimillonarias; sin embargo, son significativos por el potencial de la producción que pueden generar, sobre todo para una inmensa cantidad de estudiantes de cine que no podrán incorporarse al mercado laboral sino por medio de una democratización y apertura de los fondos dedicados al fomento cinematográfico. Abandonar el camino de la lucha política y reivindicativa que hizo de DOCA la entidad de documentalistas más representativa y respetada del país no debe interpretarse, sin embargo, como un “suicidio político” por parte de la directiva de DOCA, ya que este intento de darle un cambio definitivo al carácter de la asociación les promete jugosos beneficios. Beneficios para unos pocos; retroceso para el conjunto del movimiento. El actual presidente de DOCA fue recientemente designado como representante en el Consejo Asesor del INCAA, lo que es una prueba de que el ataque a la izquierda y el rol de contención que DOCA está jugando tiene su recompensa por parte del “sistema”. Mantener a la vanguardia política del cine (los documentalistas) quietitos en sus casas es todo un “logro” que merece su premio por parte de quienes necesitan de esta quietud para socavar los derechos de lxs trabajadorxs de la cultura y avanzar en un reparto cada vez más concentrado de los recursos. Está en juego la financiación del cine documental independiente, pero el verdadero caldo que se cocina tiene que ver con la reconfiguración del fondo de fomento ante las nuevas plataformas de distribución (Netflix, etc.) y de qué manera el dinero que surja de allí va a ser acaparado por la gran industria del cine, la televisión e internet. Si no intervienen de manera decidida en esta etapa, con sus métodos de discusión, lucha, y sobre todo independencia política, lxs realizadorxs de a pie quedarán fuera de esta película. La tarea de la izquierda La oposición en DOCA a este grupo dirigente ha logrado organizarse en un frente único: el Frente de Documentalistas en Lucha, con una gran representatividad y un gran potencial organizativo. Conviven allí desde la izquierda parlamentarista hasta sectores independientes que, incluso por motivos meramente democráticos e instinto de supervivencia, consideran que la actual política de DOCA representa el fin de los métodos y perspectivas históricas de la organización: es decir, el fin del funcionamiento democrático y la unidad de acción por los reclamos e iniciativas del conjunto. Ante la ruptura de hecho que plantea la directiva de DOCA por medio de sus ataques expulsivos, la tarea del momento parece ser fortalecer este frente único y encontrar un camino para desarrollar su propia política y desplegar sus propias acciones, para escapar al inmovilismo y visibilizar el debate y las persecuciones ya no sólo dentro de DOCA, sino de cara al conjunto del movimiento de cine independiente, lxs trabajadorxs y lxs estudiantes, que no hace mucho supieron jugar un rol sumamente activo y movilizador en la lucha del sector audiovisual. La ruptura de DOCA es un hecho, y plantea la necesidad de recuperar a la asociación como una valiosa herramienta de lucha. El desafío es que el Frente de Documentalistas en Lucha se desempeñe como tendencia independiente, para no quedar anclados en una asociación que, hoy por hoy, no ofrece ninguna posibilidad de participación. Ante el gobierno de Berni y el FMI, y previendo un panorama de crisis y catástrofe social en el cual la organización independiente de lxs documentalistxs va a ser más necesaria que nunca, para seguir haciendo las películas que construyen un relato verdadero de la historia viva, hay que retomar la iniciativa democrática, independiente y combativa. Está pendiente la tarea de organizar una Asamblea Abierta del cine independiente, lxs trabajadorxs del sector y lxs estudiantes, que debata un nuevo plan de fomento y un esquema de financiación basado en impuestos directos a las plataformas de streaming y los proveedores de internet. Y que debata y tome cursos de acción para lograr, en definitiva, que los fondos del INCAA sirvan para financiar el cine independiente (que realmente necesita ese financiamiento) y no a las grandes productoras y sus asociaciones, ese club parasitario al cual la directiva de DOCA aspira a “pertenecer”. ¡Fuera la burocracia de DOCA! ¡No a las purgas en sindicatos ni asociaciones, ni en los partidos de izquierda ni en las organizaciones de lucha! ¡Viva el cine documental, reflejo de la historia y el presente de lxs trabajadorxs y sus luchas!

Con la apertura casi total de las actividades económicas como el turismo, el gobierno de Saénz se juega a una segunda oleada de contagios en la provincia. Salta ya suma 19.602 contagios y 915 fallecimientos por Covid-19. El gobernador, sin embargo, no ha preparado en estos meses de cuarentena las condiciones para enfrentar esta segunda oleada. El sistema de salud pública sigue derrumbándose por el sostenimiento del gerenciamiento y autogestión. Los testeos llegan tarde ya que el resultado da que, de 100 testeos, 80 dan positivos o han tenido covid-19. Las camas de hospitales de y de UTI están al 80% de su capacidad, pero solo porque los contagiados son atendidos telefónicamente y se auto atienden en sus hogares. La eliminación de las ATP y el IFE han obligado al gobierno a liberar las actividades como el juego de azar y profundizar las eximiciones impositivas a las patronales que han vaciado las arcas del estado por la huelga impositiva. Mientras, los protocolos de bioseguridad son inexistentes o precarios persiguiendo a los trabajadores que los reclaman como hizo el frigorífico Bermejo, cuyo dueño es Jorge Brito también dueño de Banco Macro. Las paritarias de los trabajadores estatales siguen congeladas del mismo modo que las paritarias por rama con la venia de la burocracia sindical. Nueva deuda La legislatura salteña ha aprobado un nuevo endeudamiento por 1.500 millones de pesos con el Fondo Fiduciario. Esta nueva deuda se suma a los 2.100 millones que el gobierno de Sáenz adquirió hace solo un par de meses. De este modo, la provincia acumula casi 600 millones de dólares con el Fondo de Reparación Histórica (FRH) y el Bicentenario sumado a los nuevos 3.600 millones de pesos con el Fondo Fiduciario. El ministro de economía Dib Ashur ya vociferó que deberá pagar los próximos vencimientos de deuda, en este año, con FRH y Bicentenario por un monto de 6,2 millones de dólares. El gobierno de Sáenz ya honró la deuda pagando 6.500 millones de pesos a pesar de que la recaudación de la provincia cayó unos 8.500 millones de pesos. Los endeudamientos no ha resuelto la quiebra estatal, todo lo contrario. Crisis política Si bien la legislatura aprobó este nuevo hipotecamiento, esta vez la votación estuvo más dividida. Los legisladores de la oposición, que representa, sobre todo, al capital agrario en la provincia como a los Olmedos, ha rechazado este endeudamiento. Los terratenientes pegan el grito al cielo en tanto en esta deuda no tendrían su tajada. Lo que Sáenz supo conseguir en su momento ahora se presenta como una incipiente fisura con vistas a las elecciones legislativas del próximo año. En este sentido, el gobernador ya empieza a colocar la discusión sobre la suspensión de las PASO provinciales. Sáenz anuncia con bombos y platillos obras públicas y creación de puestos de trabajo con esa deuda lo que representa una nueva estafa: no dice cuáles son las obras ni por cuánto. Se acaba de firmar un convenio con el gobierno nacional para obras que realizaran con el plan Argentina Hace, es decir con mano de obra barata con trabajadores desocupados que cobran los programas sociales de hambre. Sáenz no resolverá el 50% de desocupación que arrastra la provincia. Consenso Fiscal El gobernador Saénz declaró, durante la visita del Sergio Massa, que “el respaldo de nación no lo condiciona políticamente” (La Gaceta 3/11). Sin embargo, las deudas con el Fondo Fiduciario ya establecen ese condicionamiento. El gobierno provincial ha hipotecado la coparticipación y esta condicionado en el uso de ese endeudamiento como la imposibilidad de hacer frente a gastos corrientes. Ahora, el gobierno de los Fernández llama a un “consenso fiscal” que, de aceptar, “prohibirían a las provincias realizar futuros reclamos judiciales a nación” y “limitar la toma de deuda en dólares”. El destino del gobierno de Sáenz este atado al destino del gobierno de Fernández y los acuerdos con el FMI. Esto explica la colaboración del bloque kirchnerista provinciano con Saénz. La paritaria estatal y los despidos son la ofrenda de Saénz y la burocracia sindical al FMI y a los Fernández. Los trabajadores A la crisis que se procesa por arriba, en el régimen político que gobierna, se desarrollan las luchas de los trabajadores. Solo en esta semana han salido los vecinos de diferentes localidades en el norte salteño a cortar rutas provinciales y nacionales por el acceso al agua y denunciando la desinversión de los empresarios parásitos de Aguas del Norte. En la Capital y Metan vecinos reclaman la obra pública frente a las inundaciones y el acceso a la vivienda con tomas de terrenos que Saénz aun no puede reprimir. Los taxistas han salido a una caravana contra la llegada de Uber que seguirá beneficiando a las agencieras mafiosas. Los beneficiarios de los créditos UVA se han movilizado contra el desangre de la cuota atada a la inflación. La semana pasada los docentes provinciales han salido en caravana por paritarias y contra la vuelta a clases presenciales con la cual Saénz vacila. Los trabajadores mineros despedidos por Mansfield continúan la lucha en el acampe y los artistas callejeros denuncian la falta de satisfacción a sus reclamos con semaforazos. El pueblo de Orán ha salido en un nuevo bocinazo ante la falta de equipamiento para los hospitales zonales. Ahora Saénz enfrenta un nuevo problema: los femicidios. En una semana ha habido 2 movilizaciones por el femicidio ocurrido en Tucumán de la profesora salteña, Paola Tacacho y los dos años de impunidad del crimen de Agustina Nieto. A las movilizaciones e han sumado al menos 6 casos de femicidios impunes en la provincia ocurridos este año más los familiares de víctimas de gatillo fácil. El aparato judicial con los jueces u fiscales a la cabeza son denunciado sistemáticamente por encubrimiento de femicidas y el aparato represivo responsable de los crímenes de gatillo fácil. Está a la orden del día la coordinación de las luchas en curso que plantee un congreso de trabajadores y un encuentro de familiares que luchan contra la impunidad para discutir su propio plan de lucha y salida a la crisis de este régimen social que solo ofrece muerte.

Hace una semana, luego de 10 días, los trabajadores de Frigorífico Bermejo levantaron el acampe y paro en la planta de Pichanal – Orán. La lucha de los trabajadores de la carne comenzó a posterior de que se constataran cuatro despidos de hecho en la planta, aunque nunca notificados. La patronal, a fuerza de su guardia de seguridad, impidió el regreso de cuatro trabajadores a sus puestos de trabajo luego de que cumplieran su aislamiento y no garantizó el pago de sus salarios en nombre de la “licencia” por COVID. Nuevamente, Jorge Brito, dueño de la empresa y del Banco Macro, viola todo convenio y derecho laboral. Frente a esto es que 90 de 350 trabajadores resolvieron en asamblea acompañar el acampe en las puertas de la planta que ya habían iniciado algunos de los trabajadores y declarar el paro por tiempo indeterminado. El acampe derrotó el intento de represión por parte de la policía y rápidamente recibió la solidaridad de trabajadores en lucha, como los mineros de Mansfield, autoconvocados docentes, trabajadores de la salud, trabajadores desocupados, que entendían que la pulseada era contra los despidos, contra el trabajo esclavo y contra una de las patronales más grandes y negreras de la provincia. Esta misma conciencia recorrió al Ministerio de Trabajo de la provincia, pero, a la inversa, para preservar a la patronal bajo el argumento de que el conflicto no comportaba una “demanda colectiva”, sino causas de despidos individuales. Solo ante la lucha y la denuncia de los trabajadores abrió una conciliación, pero sin retrotraer ningún despido ni intimar y/o sancionar a la patronal por el no pago de los salarios adeudados y la violación de cualquier norma sanitaria ante la pandemia. Más tarde -y en la misma línea- hacía su debut como delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, el burócrata de la CGT, Jorge Guaymás, quien junto a Hernán Mascietti, abogado kirchnerista -directamente designado por los diputados oranenses Mizzau y Coqui Juárez- desembarcaron en el acampe de Pichanal. ¿Pero para quién actúan Mascietti, Guaymás y el kirchnerismo? Para respondernos, no hace falta ver más que los propios hechos. Su primera intervención arrancó con la típica frase: “si no levanta el paro, la patronal no va a sentarse a negociar”, reproduciendo a la patronal que denunciaba el piquete de “malicioso” porque “90 trabajadores le hacían bajar la producción”. Siguieron con el argumento de que los trabajadores no contaban con respaldo gremial para concluir en que estamos frente a un conflicto que se tiene que resolver con los cuatro despedidos a puertas cerradas. Maniobras y extorsiones para erosionar el paro y quebrar la solidaridad entre trabajadores propios y ajenos ante los despidos y la violación flagrante de convenios. Al día siguiente del levantamiento de la lucha no hubo conciliación, pero sí 8 telegramas de despidos. La receta de Mascietti y Guaymás de agachar la cabeza ante la patronal, dio vía libre a Brito, patronal de Bermejo, para una avanzada contra los trabajadores. En la vía judicial, tampoco pelean la reinstalación de los trabajadores despedidos, muchos de ellos delegados y activistas, sino que le paguen doble indemnización: ¡negociaron los despidos, a espaldas de los trabajadores y su asamblea! Ahora, recién ahora, denuncia que la patronal quiere “disciplinar” a los trabajadores “por eso sumaron a otros cuatro para que los demás abandonen el paro y vuelvan a sus tareas”. La patronal del frigorífico tomó nota del terreno orégano abierto por Mascietti y Guaymás. Por eso, no solo oficializó los despidos de 4 compañeros, sino que despidió a otros cuatro más que encabezaron la lucha y descuenta los días de huelga, ante la imperturbabilidad de la burocracia y el ministerio. Es necesario un balance a fondo del papel que han jugado cada uno de los actores en esta lucha: los actores del Estado y la patronal, por un lado, los trabajadores, por el otro. La asamblea y la extensión del conflicto adentro y fuera de la fábrica son dos puntos centrales que nos coloca a los trabajadores con más fuerza para derrotar a la patronal, al Estado y sus agentes. Reconstruyamos la deliberación y la organización desde abajo hacia arriba de los trabajadores del frigorífico para arrancar la reincorporación de los despedidos y el cumplimiento de todas las medidas laborales y sanitarias, votadas por comisión de trabajadores por sector y bajo su control. La lucha contra los despidos y por los reclamos obreros plantea la inmediata sanción a la patronal, hasta tanto no garantice condiciones dignas de trabajo hacia el interior de la planta que garanticen la vida y la salud de cada uno de los compañeros.

“El visón danés portador de Covid es una señal de advertencia, pero ¿alguien le está prestando atención?” tituló Matthew Baylis, “presidente de Oxenhale de epidemiología veterinaria en la Universidad de Liverpool” en The Guardian (10/11). La pequeña Dinamarca es uno de los mayores criadores de animales de granja del mundo, entre ellos el visón. Éste se ha revelado portador del virus del covid-19. Dinamarca es el mayor criadero de visones del mundo —su piel es muy codiciada. En abril, científicos detectaron, en los Países Bajos, en la región de Brabante Septentrional, que el virus del covid-19 había pasado genéticamente al visón. De trabajadores agrícolas infectados a los animales, donde luego se propagó de visón a visón. “Los científicos también sospechan ahora que el virus pasó del visón a un trabajador” (ídem). Pues bien, el último mes, en Dinamarca, “más de 200 personas han sido infectadas con una cepa del virus asociada al visón. Doce de esas personas se infectaron con una variante única relacionada con el visón que no se había visto antes” (ídem). El fenómeno se ha detectado en otros cuatro países de Europa, además de los señalados. Dinamarca se ha visto obligada a propiciar una matanza que podría a alcanzar a una población de 17 millones de visones criados industrialmente, a lo que se opone la poderosa industria del ramo. Como suele ocurrir bajo el capitalismo los problemas se imponen como hechos consumados porque la voracidad del beneficio privado preside los procesos productivos. Las normas de bioseguridad están subordinadas al lucro, de modo que la mayor parte de esos procesos son un “secreto comercial” del que se excluye a los trabajadores (las principales víctimas de estas enfermedades) y/o consumidores. Es el fenómeno que la ciencia conoce bajo el nombre de las zoonosis, enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. “El término —explica Matthew Baylis— abarca enfermedades como el sarampión, que se transmitió por primera vez del ganado a los humanos hace miles de años, pero que ahora se transmite exclusivamente entre personas, y el ébola, que pasa periódicamente de los murciélagos a los humanos, donde luego se transmite de persona a persona. También puede referirse a enfermedades transmitidas por alimentos causadas por bacterias como la salmonella y campylobacter que solo contraemos por el consumo de productos animales y casi nunca se transmiten de persona a persona. Muy ocasionalmente, las enfermedades pasan al revés, de humanos a animales. A estas las llamamos ´zoonosis inversas´. Covid-19 es tanto una zoonosis como una zoonosis inversa: originalmente se propagó de animales a humanos, antes de transmitirse de humanos a animales domesticados como los gatos. Sabemos que el virus se multiplica en los felinos y puede transmitirse de un gato a otro, aunque hasta ahora no hay evidencia de que se transmita de gatos a personas” (ídem). Lo grave de la crisis de Dinamarca, dice el científico de Liverpool, es que “las mutaciones en el visón danés han provocado cambios en la secuencia de aminoácidos que forman la ´proteína de pico´ del virus. Esta es la clave que permite que el virus entre en la cerradura de un ser humano (u otro animal). En el virus que causa Covid-19, el bloqueo es una proteína llamada ACE2 que se extiende a ambos lados de las membranas celulares. Cuando la proteína de pico se ajusta a ACE2, el virus ingresa a la célula y puede comenzar a replicarse. Debido a que la proteína de pico y el receptor ACE2 se ajustan estrechamente, los cambios en la secuencia de aminoácidos de cualquiera de ellas afectan la capacidad del virus para ingresar a la célula” (ídem). “Investigadores daneses informan que una de las variantes del virus que se encuentra en el visón no es tan fácil de derrotar por los anticuerpos que los humanos producen contra Covid-19. Un riesgo es que las personas que se han recuperado de Covid-19 pueden tener anticuerpos que son menos capaces de combatir la cepa visón del virus, dejándolos expuestos a la reinfección. Y la mayoría de las vacunas en desarrollo, en las que tenemos tantas esperanzas, están destinadas a inducir anticuerpos que se dirigen a la proteína de pico en el virus que causa Covid-19 en humanos. Si bien es demasiado pronto para decirlo con certeza, una posibilidad es que estas vacunas puedan ser menos efectivas contra el virus del visón, porque tiene una proteína de pico diferente” (ídem). Aunque el científico británico ataca el fenómeno epidemiológico es imposible explicarlo fuera de las relaciones capitalistas que contienen y dominan el sistema productivo. En verdad es éste el responsable, cuando los medios tecnológicos y científicos para hacer frente a esas enfermedades existen. “En esta era de epidemias zoonóticas, con Sars, Mers y ahora Covid-19 emergiendo en los últimos 20 años —dice Matthew Baylis—, debemos pensar detenidamente sobre cómo criamos de manera intensiva mamíferos que son huéspedes conocidos de coronavirus humanos. Antes de la pandemia, los Países Bajos ya estaban en el proceso de detener la cría intensiva de visones. Pero aún continúan muchos tipos peligrosos de cría de animales. Considere la civeta de palma. Este animal estuvo implicado en la aparición de Sars en 2003, actuando como un probable intermediario entre los murciélagos en los que se originó el virus Sars y las personas a las que posteriormente infectó. Como animal que podría haber contribuido a desencadenar una pandemia, ¿estamos ahora manteniendo la civeta de la palma a una distancia segura? Todo lo contrario. En partes de Asia, la civeta de la palma se cultiva intensivamente, se alimenta con cerezas de café y los granos recolectados de sus heces se utilizan para hacer el café más caro del mundo, el kopi luwak” (ídem).

Cumplida la tercera semana del inicio de la toma de las instalaciones de la multinacional Gri Calviño, los trabajadores continúan desenvolviendo una firme lucha. Como parte de la negociaciones con la empresa, en el marco de la conciliación obligatoria y la presencia de un número importante de efectivos de la bonaerense, los trabajadores resolvieron la permanencia en la cochera de la planta con una olla popular, guardias durante las 24 horas y asamblea permanente. Frente a las maniobras de la patronal en el marco de la conciliación, los trabajadores, han resuelto una movilización para el martes 17 de noviembre, que se iniciará en la estación “Maxi y Darío” (ex Avellaneda) y continuará hacia la sede la Cámara de Producción de Torres Eólicas y luego el Congreso Nacional. Esta movilización fue resuelta, en la última asamblea, como respuesta a las maniobras que la empresa está realizando contra los trabajadores, al amparo del Ministerio de Trabajo y del gobierno. Esta multinacional busca imponer la flexibilidad laboral, esto implica el cambio de los trabajadores de sección en sección, variando las tareas de acuerdo a la necesidad de la línea de producción, eliminando así categorías y tareas específicas; la polifuncionalidad de las tareas desarrolladas en la fábrica pondría en riesgo la vida de los trabajadores (ya ocurrieron varios accidentes). En este punto del conflicto y en el marco de la negociación, la patronal envió 66 telegramas de despido y 22 suspensiones. La dirección de la empresa busca extorsionar la lucha ofreciendo la reincorporación de todos los suspendidos y despedidos a cambio de que acepten la flexibilidad y coartar alcance de la representación gremial de los delegados en el futuro desarrollo de atropellos efectuados por la patronal. Como resultado de la lucha, los trabajadores han conseguido el pago de la última quincena de octubre. Esta liquidación fue hecha con mucha arbitrariedad y sin recibo de sueldo. Además, los trabajadores exigen el pago del Bono UOM, adeudado desde hace 3 meses. En este sentido, el ministerio no interviene regularizando esta situación. Sin embargo, el estado garantiza la presencia permanente de móviles policiales en la fábrica, en defensa de los intereses de la multinacional. Como parte de la continuidad de esta lucha, los trabajadores de Gri Calviño le han planteado a la UOM seccional que convoque a plenario de delegados, paros y movilizaciones hasta ganar. Frente a las dilaciones del sindicato para lanzar un plan de lucha, exigido en asamblea por los trabajadores, se votó movilizar el próximo martes 17 de noviembre junto a otros trabajadores en lucha, confluyendo en Plaza Congreso durante la mañana. Convocan a esta movilización los trabajadores de Cresta Roja, el Frente de Lucha de los movimientos de desocupados (donde están los compañeros del Polo obrero Tendencia) y los trabajadores de Gri Calviño. Como parte de su resistencia, los trabajadores han constituido un fondo de lucha. Los compañeros de Gri Calviño son la muestra de que la clase obrera no se quedará de brazos cruzados y está dispuesta a librar las luchas necesarias en defensa de los derechos de la clase trabajadora frente al plan de guerra del FMI. Se hace necesaria la deliberación de los trabajadores en asambleas con mandato y la organización de un congreso de delegados hacia el desarrollo de coordinadoras para poder frenar la reforma laboral y el plan de guerra que el capitalismo quiere imponer a los trabajadores en su etapa de declinación y agonía. Por la unidad de clase de trabajadores ocupados y desocupados en la lucha por la recuperación del trabajo genuino. ¡Por el triunfo de la lucha de los trabajadores de Gri Calviño!

El pasado viernes falleció en Pilar, provincia de Buenos Aires, el poeta Roberto Goijman. Quizás su nombre no sea de los que aparecen en los suplementos culturales una vez por mes, pero su pérdida nos duele a otros poetas desde la Patagonia hasta Chile, México, Paraguay y otros rincones. Roberto contaba que su abuelo fue un campesino que había venido a la Argentina huyendo de la Rusia zarista, tras la derrota de 1905, después de pasar por Estados Unidos, Chile y Brasil. Roberto nace en Villa Crespo (1953) y, como en muchas familias de inmigrantes, la pobreza empuja su cuerpecito de nueve años a trabajar repartiendo leche en los carros tirados a caballo de La Vascongada. A los 19 años, ya militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, donde empezó también a leer a dos grandes, como revolucionarios y como poetas: el peruano César Vallejo y el catamarqueño Luis Leopoldo Franco. En 1974, recibe amenazas de muerte desde la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y, en julio de 1976, tuvo que huir con esposa y su hija recién nacida a Paraguay, tras la explosión de una bomba que destruyó su casa después de que, horas antes, el ejército hubiera ido a buscarlo. Dos años permaneció en Paraguay hasta regresar, en medio del Mundial de Fútbol del ´78, a Buenos Aires, para vivir en la clandestinidad. En 1984 se radica en Trelew, donde fue secretario general del sindicato gráfico, secretario general del barrio Etchepare y, en 1990, participa del “Chubutazo”. Desde hacía años, adhería a Izquierda Socialista, pero su conciencia revolucionaria, amplia y honesta, lo llevó confiarme por WhatsApp que el Partido Obrero – Tendencia debía tomar como “una gran adquisición política” la captación de cierto compañero de Chubut, a quien valoraba como “un cuadrazo de la puta madre”. Roberto, “el Kazarenko”, era así: alto, sonriente, solidario, respetuoso, combativo. En Chubut y luego de regreso en Buenos Aires fue editando su poesía, organizando encuentros y toda serie de eventos literarios (como Canto Fundamento y la revista Patagonia/ Poesía) pues consideraba a la poesía como un hecho social, colectivo. En 2018, me pidió que le presentara uno de sus últimos poemarios, Remos de Cartón, en Buenos Aires. Pero nos habíamos conocido varios años antes, en Córdoba. Se sabía que estaba pasando por una situación delicada en cuanto a su economía y a su salud, pero como no existe una jubilación nacional para escritores -u otro equivalente jurídico en lo previsional, como una ley de reconocimiento- y, en medio del confinamiento por causa de la COVID-19, a las asociaciones de escritores lo único que se les ocurre es defender a la industria y el comercio editorial, rogando por la aprobación de la Ley del Libro, la creación de un Instituto del libro y bla, bla, bla… Habrá que debatir en serio, en un congreso público y amplio de los escritores, este y otros temas, porque con o sin vacuna la perspectiva de la salud y de las jubilaciones para todas las ramas artísticas, al igual que para todas las familias de trabajadores, se presenta a mitad de camino entre la ciencia ficción y el terror. Y te lo quería contar, te lo debía contar, Roberto “Kazarenko” Goijman, ahora que te has ido, pero dejándonos un poema como este: ABRIRME Puedo masticar el pensamiento, bárbaro, salvaje del futuro y abrirme el pecho, cobijarte, y que no sientas frío...

Tras la destitución de Vizcarra por un golpe del Congreso y las fuerzas armadas, la elección de su sucesor, Manuel Merino, desató una nueva crisis. Miles de personas salieron a las calles en diferentes puntos del país. La represión de la policía produjo la muerte de dos manifestantes. Trece de los 18 ministros nombrados por Merino, renunciaron a sus cargos. El jefe del Congreso, Luis Valdez, pidió en la noche del sábado la renuncia de Merino. Lo mismo hizo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, del partido Acción Popular, el mismo de Merino. Un sector de diputados reclama la intervención de la OEA, para “que aplique el artículo 20 de su carta democrática” (larepublica, 13/11). El Ministro del Interior del gobierno de facto, Gastón Rodríguez Limo, fue citado al Congreso por abusos y heridos graves. Hay centenares de denuncias de abusos policiales (El Perfil, 14/11), y al menos tres jóvenes asesinados por la policía. La violencia policial contra manifestantes quedó registrada en redes. La izquierda Para todo un sector de la izquierda, hubo una “destitución” Vizcarra, producto de una “puja interburguesa”, una “crisis constitucional”, una “crisis de representación” (PTS), “puja de poder entre los de arriba” (izquierdaweb, 14/11), por motivos de corrupción. Se trataría sólo de una “disputa entre corruptos”. Los acontecimientos posteriores son presentados como una “crisis del gabinete” (laizquierdadiario, 15/11). Desde el oficialismo del PO hablan de “destitución” (11/11). La agrupación Vilcapaza, también expresa lo mismo: “el gobierno desplazó (sic) a Vizacarra de la presidencia”, lo que sería “una pugna entre dos mafias por el poder político para lucrar y gobernar” (PO, 10/11). Para la Corriente Socialista de los y las Trabajadores (CST) del PTS, ya vimos, es parte de la “disputa interburguesa” (LID, 11/11), pero no un golpe “Desde el Partido de los Trabajadores Uníos y nuestro compañero Enrique Fernández (Chacón), dice Izquierda Socialista, UNÍOS en el Frente Amplio (FA), votamos a favor de la vacancia desde una perspectiva independiente, de la clase trabajadora y anticapitalista: Vizcarra se debía ir por corrupto”. Solicitan a Merino: “plata para empleo, salud, educación y que se termine con los subsidios a los grandes empresarios”. “Luchemos en las calles por un gobierno de los que nunca gobernaron” (elsocialista, 10/11). El repetido término “corrupción” esconde la crisis de un inmenso sector de la burguesía que lucró con los emprendimientos y las coimas de Odebrecht y que llevó al exilio, la cárcel y el suicidio a varios ex presidentes.

Todos los gobiernos pusieron su granito de arena para convertir a la jubilación en una miserable pensión a la vejez. El gobierno de FF prometió en campaña electoral un aumento del 20% para resarcirnos de la pérdida que sufrimos con el macrismo, y que para esto dejaría de pagar los intereses usurarios de las Leliq. Puras mentiras. Gobierno y FMI son un solo corazón en defensa de los intereses de una clase social capitalista incapaz de resolver los problemas más elementales de la población. Un gobierno que frente a la pandemia repartió miles de millones de pesos a empresarios y financieras que lo usaron para especular contra el peso. La miseria de los jubilados se agudiza por la constante desvalorización del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) cuyos fondos el gobierno lo utiliza para los pingues negocios de empresarios y patrones. Para trabajadores y jubilados solo hubo migajas. Ahora, en función de los acuerdos con el FMI el gobierno propone establecer una nueva fórmula por ley, sujetando el reajuste de haberes, el 50% a la recaudación impositiva y el otro 50% a la variación del salario (RIPTE), esto en un marco de paritarias a la baja sumado a la exención de aportes a las patronales a la previsión social con el consecuente vaciamiento de las cajas. Además, es una fórmula que tiene tope y no tiene piso. Se plantea que los cálculos resultantes tienen como limite la recaudación de la ANSES pues los aumentos, si los hay, no pueden superar lo que resulte de la recaudación del organismo, es decir si hubiese un aumento del 10%, pero la recaudación de ANSES fuera de un 7%, el cálculo se toma por la variable más baja. Además, toda fórmula está calculada sobre el haber mínimo de indigencia de $18.100. Con la continuidad de esta política el 50% de los trabajadores no podrá obtener su jubilación. Los que están en blanco porque no llegan a la cantidad de años de aportes debido a los despidos y suspensiones; y los trabajadores en negro, porque no aportan. Algunos podrán obtener la miseria que otorga la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), hoy en $14.000. El ataque a los jubilados es un ataque contra todos los trabajadores. Por esta razón hemos lanzado una Campaña Nacional contra la Reforma Previsional con pronunciamientos de comisiones internas, sindicatos y organizaciones sociales. Planteamos: un haber mínimo del 82% móvil de la canasta familiar (hoy, en CABA, de $100.000) a jubilados pensionados y rentas vitalicias; por un PAMI y ANSES dirigido por afiliados y trabajadores, por protocolos en defensa de la salud de los adultos mayores, por la restitución de los aportes patronales, no al pago de esta deuda usuraria. A tres años de la rebelión de diciembre del 2017, proponemos a todas las organizaciones de jubilados y trabajadores ocupados y desocupados un acto frente al Congreso Nacional y en cada localidad, con fecha a designar.

Un reciente intercambio entre el MST y el PO (oficial) ilustra la disputa que vuelve a recorrer al Frente de Izquierda Unidad, aunque con mayor virulencia. El MST ha propuesto que el FIT-U se convierta en un “partido amplio de tendencias”. Algo similar a lo que había planteado el PTS hace dos años cuando abogó por un “partido único de la izquierda”, con vistas a las elecciones de 2019. La resolución política que ha preparado el PTS para su próxima conferencia nacional asume que “un partido revolucionario y socialista no surgirá de la mera evolución de nuestra organización actual”, sino “de fusiones con tendencias con las que logremos una convergencia en función de las batallas de la lucha de clases a nivel nacional e internacional”. Como en 2018, sin embargo, “la convergencia en las batallas” sustituye al programa y a la estrategia como fundamento de un partido revolucionario de la clase obrera. Violenta una premisa que Lenín sostuvo con mucha firmeza en ocasión de la convocatoria a la unidad de los socialistas rusos en 1902: “para unirnos, es necesario delimitarnos”. Aunque recientemente, el PTS volvió a cuestionar el compromiso programático de cinco puntos que se adoptó para iniciar la formación de la CRCI, que se concretó siete años después, este método es superior a “la convergencia en las batallas” – ya que, después de todo, nadie empieza a discutir con nadie sino con quienes han participado en numerosas “batallas”. El MST no ha ocultado, en ningún momento, que la alternativa a su propuesta sería recurrir a las PASO como vía para seleccionar los candidatos a las elecciones. Es decir que la propuesta de un partido de tendencias responde a la preocupación por establecer un método político de designación de los representantes del FIT-U, que en las últimas elecciones ha relegado al MST. El problema afecta, sin embargo, al conjunto del FIT-U, ya que el escaso volumen electoral que obtiene achica el espacio para repartir posiciones entre los diferentes integrantes. La rotación en los cargos ha agotado sus posibilidades de conformar a unos y otros, porque reduce a muy poco tiempo el ejercicio de ellos. Lo mismo con el reparto del primer lugar de las candidaturas por distrito, cuando a veces solamente uno de ellos consigue representación – la provincia de Buenos Aires. La divergencia acerca de quién ocuparía ese lugar el año que viene, y durante cuánto tiempo ejercería el mandato, está provocando tendencias rupturistas, algo que estuvo a punto de ocurrir en 2017. En junio de ese año, una propuesta de ruptura en una conferencia de emergencia del PO, por parte de la dirección, fue desbaratada por la intervención de Altamira. Esta crisis por el sistema de representación no tiene salida en términos de procedimientos. Nada puede reemplazar a una base principista y programática común. En 2005, el mismo MST propuso un Seminario de Izquierda, con el propósito de alcanzar ese objetivo, pero lo rompió enseguida, en su primera reunión. Es decir que esa convocatoria no salió del campo de una maniobra. Con el tiempo, algunos de los participantes formaron el FIT, y el MST eligió las alianzas con el cordobés Luis Juez y el recién fallecido Pino Solanas. La situación, sin embargo, ha cambiado mucho desde entonces, porque la situación mundial ofrece un campo de intervención estratégica enorme para el FIT, que se ve amenazada por enfoques (y por lo tanto intereses) de aparato. En los planteos de hace dos años, y ahora de nuevo, el PTS insinuó, sin desarrollar, un elemento adicional. Al convocar a los partidos del FIT, al MST, a AyL, a formar sin más trámites un partido revolucionario único, presentó la perspectiva de que un llamamiento amplio arrastrara al nuevo partido a una multitud de luchadores sin afiliación política. Era una versión criolla de experiencias ya presentes en el resto del mundo. La reivindicación de una confluencia electoral se convertía en un planteo movimientista – con la reserva de que el PTS no tenía la intención de disolverse en ese movimiento, como tampoco esperaría que lo hicieran otros. El balance internacional de esta experiencia demuestra, sin excepciones, que culminaron, sea en un fracaso, sea en una marcada derechización electorera, sea en una combinación de ambas. Este domingo, los candidatos de los partidos brasileños del FIT van a ir en las listas del movimientista partido de tendencias -Psol-, que están encabezadas por militares o derechistas en los distritos principales. “Partido de combate” El aparato oficial del PO ha respondido en forma airada al planteo del MST, como ya lo habia hecho, hace dos años, con el PTS. Un artículo de Néstor Pitrola le reprocha al MST la pretensión de reproducir en la Argentina la experiencia del Psol o el NPA de Francia, y le recuerda su historia reciente de acuerdos políticos y sindicales con elementos vinculados a la pequeño burguesía o al Estado. Pitrola no admite convivir con el MST en un partido de tendencias, pero sí hacerlo en el FIT-U, el cual para el PO oficial representa una “excepción mundial” de la izquierda, por una alegada “independencia obrera”. Pitrola ni se incomoda en explicar por qué el “partido de tendencias” sería oportunista, y el FIT, en cambio, una coalición “homogénea”. Bajo ninguna de las dos formas los partidos se disuelven. Esta falta de principios se explica por la preocupación del aparato partidario oficial en la primera candidatura bonaerense de 2021. Pitrola defiende el partido ´de combate´, ´homogéneo´, que ´golpea con un solo puño´, en forma autorreferencial y en función de una candidatura. Retoma para ello la tradición ´zinovievista´ del partido monolítico, que marcó la transición (1924-27) del bolchevismo al stalinismo. La desmesura verbal no le impidió encubrir los quórums para que Capitanich consiguiera en la Legislatura de Chaco, aprobar el Presupuesto 2020 y luego la venta de terrenos fiscales a los especuladores inmobiliarios. Pitrola ´combate´ al MST desde los intereses de un aparato, no del desarrollo de un partido revolucionario. La ´polémica´ MST-PO (O) pone en evidencia el peligro de una quiebra sin principios del FIT-U. Con Del Caño sin la posibilidad de una candidatura presidencial, se retorna a la disputa de hace cuatro años por el primer candidato a diputado bonaerense. El acto del oficialismo el sábado 14, en contraste con lo ocurrido en Atlanta hace cuatro años, fue un acto de presión a la interna el FIT, aunque esgrimiera la sigla del combate al FMI. Crisis del Frente de Izquierda Al responder al PO, el MST acaba de ratificar que “si hay que utilizar las Paso, aunque todos las cuestionemos de fondo, será una alternativa”. En definitiva, toda la alharaca es por un asunto de candidaturas. Para el MST, sería el modo de evitar un “falso hegemonismo que es hoy mucho más evidente que hace un año”, dice Sergio García, del MST, sin entrar en detalles. En la reciente Conferencia Latinoamericana que organizó el FIT-U, Bodart planteó que las PASO eran un “mecanismo para que el FIT-U no implosione”, afirmación que Pitrola, que ya bordeó, como vimos, esa “implosión”, juzga ahora como “temeraria”. Pero el MST da voz a una posición similar, la del PTS. Esta discusión tortuosa tiene por base un eclecticismo ideológico insuperable, pero responde al retroceso, no solamente electoral sino por sobre todo político, del Frente de Izquierda. La frazada de los resultados electorales es demasiado corta para las pretensiones de la abultada coalición de partidos. El mecanismo de las rotaciones es ahora un corset estrecho, porque el FIT abandonó el acuerdo de cogestión de las bancas y de bloque parlamentario único – lo cual supone una agenda y un programa. Los recién llegados reclaman el derecho a dirimir el lugar que les cabe a través de una compulsa, como ocurrió con el PTS, primero en 2013 y luego en 2015. La piedra de la discordia es esta pelea de cargos. Cuando se escuchan las declaraciones programáticas de unos y otros, todos dicen lo mismo: Argentina sufre “restricciones internas”; las “retenciones obedecen a que exportamos alimentos”; “hay que expropiar a la oligarquía para aumentar la recaudación fiscal”, o la crisis “es secular” o “estructural”. Es la osamenta ´teórica´ de un sector del kirchnerismo, que la ha recogido de una tradición burguesa en extinción. La disputa de aparato explica la escalada de incidentes faccionales que han tenido lugar recientemente. En lugar de empujarlo hacia adelante, la catástrofe capitalista está llevando al FIT hacia atrás y al peligro de la atomización. El FIT-U no ha presentado un programa frente a la crisis presente, entendido como una caracterización de conjunto. Ha pasado de la caracterización de una clase obrera frenada por Cristina a una “incipiente situación pre-revolucionaria”; de sostener que la burguesía tiene la iniciativa estratégica a “rebeliones populares en todos lados”; del “estado de excepción” creado por la cuarentena, a lo contrario – sin solución de continuidad. Esta lucha facciosa desmesurada, sobre todo sin principios, amenaza disolver el FIT, que no es superar sus limitaciones sino asestar un golpe a las expectativas revolucionarias que provocó su fundación. La responsabilidad recae en los aparatos políticos en disputa. En oposición a lo que no sería más que una liquidación política, planteamos a los partidos del FIT-U, al Nuevo Mas y a las corrientes que se interesen en el planteo la realización de un Congreso Programático, preparado en forma colectiva y con plazos. Es la propuesta que debatiremos en nuestra próxima Conferencia Nacional. Sobre la base de la realización de ese Congreso, y con la participación de toda la militancia, se deben adoptar los métodos más democráticos para la conformación de listas electorales, con reserva de las conclusiones mucho más avanzadas o desarrolladas que emerjan de esa conferencia. Queda claro para quien quiera verlo el carácter estratégico de la crisis desatada por el aparato del PO en el partido, ahora que abarca al conjunto de la izquierda, sobre la base de los mismos ejes y premisas. En vísperas de situaciones históricas revolucionarias, la izquierda centrista sucumbe a las presiones inmediatas del régimen, que son más apremiantes que en tiempos ´normales´. Eso significa poner el interés de aparato por encima de los intereses históricos de los explotados. Es una ley histórica que las grandes crisis derechizan a los aparatos de izquierda, en contraste, por un lado con la tendencia de las masas, y por el otro de un ala revolucionaria que siempre es, al principio, minoritaria.

Más de 400 vecinos de las cercanías de la playa Perla Norte se concentraron este domingo contra la privatización de las playas. Luego de realizar un corte de calle total sobre la avenida Felix U. Camet, que despertó una impresionante simpatía de la gente que transitaba por la zona, se resolvió bajar a la playa. Los propios vecinos y transeúntes que se sumaron espontáneamente al reclamo comenzaron a remover las carpas y los vallados liberando la playa para el acceso público. Miembros de la policía armados se intentaron infiltrar vestidos de civiles en la concentración y filmar a los manifestantes, fueron repudiados y expulsados en el acto. El disparador fue la indignación generalizada que despertó la circulación de imágenes en las que se veía claramente como el sector privado se había “comido” a la playa pública, haciendo imposible no ya situarse en la misma, sino incluso privando la posibilidad de pasar de una playa a la otra. Desde el diario La Capital se buscó deslegitimizar el reclamo acusando de la acción directa al “Polo Obrero, el MTR y el Frente de Izquierda”. El multimedio La Capital pertenece a uno de los empresarios más vinculados con el poder político local y dueño de varias concesiones en la costa. El intendente Montenegro repudió “la violencia de los manifestantes” sin dar ningún tipo de respuesta al reclamo de los vecinos. Lo cierto es que más del 90% de las playas de Mar del Plata se encuentran parcialmente privatizadas. En muchas de ellas, cuando sube la marea, no queda espacio para su disfrute público. El Código Civil establece claramente que la distancia entre la línea de agua y cualquier emplazamiento privado no puede ser inferior a 35 metros. En el sur de la ciudad, los balnearios privados imposibilitan el acceso a la costa llegando al ridículo de forzar a vecinos que viven a menos de 200 metros de la playa a tener que caminar kilómetros para encontrar un acceso público. Otro espacio privatizado -y que prácticamente no paga impuestos ni cánones- es el tradicional Club de Golf de Mar del Plata, ubicado en casi cuarenta hectáreas de terrenos municipales, vedados al acceso popular. La liberación del mismo y su reconversión en un parque desconcentraría los limitados espacios públicos cuya saturación, en el contexto de la temporada, podrían constituirse en focos de contagio. La ciudad toda es terreno de repartos obscenos de prebendas por parte de los distintos gobiernos entre los grupos económicos que se adueñan de la ciudad y de sus espacios públicos. El clima general de la jornada del domingo fue el repudio a los gobiernos municipal, provincial y nacional. Las pancartas llamaban a “Usurpar a los usurpadores”, en alusión a la campaña derechista en defensa de la propiedad privada lanzada por los medios de comunicación semanas atrás. No fueron “30 manifestantes violentos”, como se pretendió instalar, sino que primó la acción directa y la bronca frente a la impunidad con la que una manga de delincuentes se apropia de las playas. En vistas de la temporada de verano y el enorme negocio que implica para los “dueños de Mar del Plata”, se han reducido los testeos de coronavirus para general la falsa idea de que la situación sanitaria se encuentra contenida. La privatización de las playas que, en tiempos de normalidad, ya es un hecho aberrante, se vuelve un verdadero peligro sanitario frente al aluvión de turistas previstos que se amucharan en los reducidos espacios públicos. El sistema sanitario de la ciudad no está en condiciones de afrontar la situación que se viene con la temporada en caso de ser “exitosa”. El método ejemplar de la acción directa, el corte de calle, la deliberación colectiva, que se vio en el día de ayer, se abre paso frente a la completa falta de respuestas del estado.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad encabezaron un brutal operativo represivo de desalojo contra manteros instalados en avenida Avellaneda y Helguera, barrio porteño de Flores, golpeándolos y confiscándoles la mercadería. El brutal ataque terminó con heridos y cuatro detenidos, entre ellos un testigo que intentó defender a los manteros y resultó golpeado salvajemente por diez efectivos. Entre los detenidos hubo dos senegaleses que, según testigos, además fueron víctimas de insultos xenófobos de parte de los efectivos policiales. Luego de la represión, manteros y vecinos del lugar se concentraron para hasta lograr la libertad de los detenidos, que habían sido trasladados a la comisaría N°50. Esta misma Policía de la Ciudad es la que actúa como cobertura de las mafias que despliegan su actividad en el barrio, liberando las zonas y asociándose al crimen organizado de las redes de trata y el narcotráfico y a la enorme red de talleres clandestinos que funcionan en Flores. Pocos días después de este operativo, el fiscal general Abel Córdoba solicitó la condena a tres años y seis meses de prisión a dos policías de la ex comisaria 38a del mismo barrio por encubrir el funcionamiento de un prostíbulo – que reportaron como "una casa de familia". Omar Guaraz, secretario del sindicato de vendedores ambulantes, durante una entrevista radial al día siguiente del violento desalojo dijo: «extendemos la responsabilidad de lo sucedido a la Cámara de Comercio de la calle Avellaneda que desde hace años estimula, premia y financia la violencia contra los vendedores, lo que ellos llaman la cruzada contra la venta ilegal. La sangre de los vendedores, la golpiza y la represión brutal es responsabilidad de la policía, de Horacio Rodríguez Larreta y de la Cámara de Comercio». Este hecho no es rayo en cielo sereno sino que es parte de una política sistemática de ataque a los vendedores ambulantes de parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Larreta ataca a los trabajadores desocupados que buscan ganarse el sustento en el medio de una crisis económica y social general agudizada por la pandemia que se expresa en millones de trabajadores desocupados, miles de despidos y suspensiones, salarios reventados por la inflación y paritarias a la baja más una crisis habitacional sin parangón en la CABA. Estos trabajadores -que no disponen de ningún otro ingreso- serán además las principales víctimas de la interrupción del IFE. Este operativo represivo se inscribe dentro de una profundización de la política represiva del Estado, luego del violento desalojo de Guernica y otros desalojos, frente a quienes reclaman frente a la crisis habitacional y laboral. Se impone más que nunca una lucha de conjunto entre trabajadores ocupados y desocupados por trabajo genuino y por el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, vivienda y todas nuestras reivindicaciones.

Este martes, las bancadas del Frente de Todos y aliados darían media sanción al proyecto de “impuesto a las grandes fortunas”. Se da por descontada su sanción definitiva en el Senado. El tratamiento del proyecto se producirá en el marco de la presencia de la misión del FMI. En la víspera, los senadores oficialistas entregaron una carta a los funcionarios del Fondo que Clarín interpretó como “una forma de diferenciarse de otras figuras del oficialismo”. En ella reclaman al FMI que éste “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”, seguido de un pedido de reconsideración de intereses, prórroga de vencimientos y mayores plazos de amortización. El Movimiento Evita anunció que se movilizará al Congreso en apoyo a su sanción. El impuesto en cuestión gravará a personas físicas que posean un patrimonio superior a 200 millones de pesos, con una alícuota del 2%, que se incrementa hasta llegar al 3,5% para los patrimonios superiores a $3.000 millones. Quienes tengan bienes declarados en el exterior, deberán pagar un diferencial del 50%. Si deciden repatriar al menos el 30% de sus tenencias financieras, quedarán exceptuados de ese recargo Según la estimación de AFIP, el “impuesto a la riqueza” afectará a un grupo de 9.298 contribuyentes. Este tipo de impuestos se encuentran en la agenda de numerosos países y gobiernos capitalistas, debido a la necesidad de solventar el déficit fiscal que trajo aparejado la pandemia. Sin embargo, ha despertado resquemores. Daniel Pellegrina, titular de la Sociedad Rural, dijo “no saber” (?) si se encuentra alcanzado por el tributo, pero aseguró que “va a afectar la producción” (?) (Clarín, 16/11). El bloque de Juntos por el Cambio se ha unido en torno a su rechazo. El Frente de Izquierda anunció la abstención de sus dos diputados. Los impulsores del “impuesto a la riqueza” apuntan a recaudar $300 mil millones que serán destinados, según establece el proyecto, a equipamientos para la salud, subsidios y créditos a las PyMEs, urbanización de barrios populares, becas de estudio, y equipamiento a YPF para producir y envasar gas natural. Las acciones de YPF experimentaron un leve repunte con el anuncio de la vacuna luego de meses de caída. En concreto, los destinatarios últimos serían los proveedores de bienes y servicios asociados a la petrolera. El subsidio a las empresas mantiene la línea desplegada por F-F en el curso de la pandemia, que ha destinado el 75% del auxilio económico del Estado a los sectores capitalistas. En cualquier caso, además, el destino específico que la ley asigna a lo recaudado podrá ser reasignado por el Poder Ejecutivo a otras partidas presupuestarias. Probablemente, no sume un solo barbijo más a los desahuciados hospitales públicos de la Argentina. Asimismo está descartado, por lo pronto, que la recaudación del “impuesto a la riqueza” sirva para financiar una nueva ronda del IFE. El proyecto oficial exhibe una mezquindad sin límite. Su recaudación no alcanzará, en el mejor de los casos, el 1% del PBI, cuando la caída del mismo ronda el 20%. Guzmán ha anticipado al FMI que, si bien el presupuesto contempla un déficit del 4,5%, proyecta reducirlo a menos de cuatro puntos porcentuales. Lo recaudado no surtirá mayor efecto que un vaso de agua en el océano del ajuste.

A menos de 24 hs de la gran marcha y manifestación de todos los profesionales que trabajan en la salud de la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir, claramente que esté logro le ha sido arrebatado a la burocracia sindical de la AMM, la Federación de Profesionales y, por último a SUTECBA dado la gran magnitud de todas las voces alzadas en cada hospital, desde que nos quisieron imponer condiciones laborales inaceptables. Llegamos fortalecidos por lo que significa doblegarle el brazo a todo el conjunto de la burocracia sindical. Ni Gilardi, ni Rojo, ni Genta y otros; no nos pueden dejar llevar nuestra voz de laburantes viento en contra. Al contrario el viento corre a nuestro favor. Nos han trampeado mucho tiempo, tanto a profesionales de planta, profesionales residentes, concurrentes; profesionales de enfermería y del escalafón general del GCABA pariendonos a votar en asambleas mandatos que nunca llegaron a la mesa de discusión paritaria salarial o laboral. Hemos perdido (todos) titularidades de jefaturas, nombramientos de profesionales en los diferentes servicios y sectores de todos los hospitales públicos de la Ciudad; sin contar las horas perdidas por estás faltas de nombramientos, que solo llena el bolsillo de las arcas del GCABA ya que estás al perderse no vuelven al sistema de salud. Ni nombrar la pérdida de alrededor del 60 % salarial de todo el personal de salud en los últimos tres años. Es ahora, por eso, que la pandemia por COVID-19, arrecia en las bases del sistema sanitario de la CABA y del sistema de salud a nivel nacional; es cuando la burocracia quiso ponernos un cepo obligándonos a la inoperancia de asambleas insulsas porque creyeron que éramos útiles a los intereses de la patronal estatal (comillas) Pero salimos a decirles NO en cada una de las asambleas y se vieron sorprendidos y doblegados. Ahora es cuando. Nombramientos y pase a planta de todo el personal de salud que se encuentran tercerizados. La carrera y todos los compañeros de enfermería tienen que pasar a la carrera profesional según lo estipulado por Ley. Nombramientos y pase a Planta de los Compañeros Residentes y Concurrentes en los puestos de salud donde de formaron. Aumento salarial del 60% para todo el escalafón de salud de la CABA desde enero 2020. Ni una sola suspención, ni un solo despido. Proteger a todos los compañeros de salud que pertenecen al grupo de riesgo. No al ajuste del FMI No a la reforma jubilatoria Es hora y ahora de salir a la calle diciendo claramente, si somos indispensables en la práctica cotidiana de la salud, que nos tomen como indispensables en cada una de estas medidas que solicitamos Este 17 de Noviembre salimos a la calle por todos los trabajadores en la salud, y por todos los laburantes.

Los cuatro gremios ferroviarios acaban de aceptar una paritaria ruinosa que contempla un aumento del 7% correspondiente a un reajuste de los sueldos de enero, febrero y marzo (de la paritaria 2019) que se pagarían recién con los haberes de octubre. El acuerdo incluye además un bono por única vez de 10.000 pesos en noviembre y un “aporte” de 4.000 pesos a cuenta de “futuras negociaciones”. La paritaria 2020 debió arrancar en marzo, pero finalmente sería negociada en diciembre, en el último mes del año. De esta manera, considerando que los 4.000 pesos a cuenta de futuros aumentos se cobrarán en noviembre, la paritaria 2020 queda resumida en los cinco meses del periodo noviembre 2020 - marzo 2021. Los acuerdos a cuenta de futuras negociaciones siempre se hacen cuando las paritarias están recién vencidas. Pero, esta vez, la burocracia de los gremios ferroviarios ha aceptado este aporte ahora, a cuenta de la paritaria que debió estar vigente desde el 1º de marzo. La paritaria firmada establece la más fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios ferroviarios de los últimos años. La política de apoyo incondicional a Alberto Fernández de parte de Sasia y compañía, está “acompañando” al gobierno en el miserable aumento también del 7% a los trabajadores estatales. Los agravios patronales que permite la Unión Ferroviaria no son sólo salariales: acaba de firmar un nuevo convenio que ha producido un achatamiento de las escalas, que tiene no sólo la desventaja salarial sino que también mutila la carrera ferroviaria. Las patronales a su vez, en medio de la brutal parálisis de la burocracia, han lanzado una ofensiva de persecuciones al activismo en la inmensa mayoría de los ferrocarriles. También proliferan las tercerizadas y hasta nuevos sindicatos en el ferrocarril (UTF), pues el abandono de la lucha por el pase a planta ha abierto el ingreso de vigiladores precarizados; también se tercerizan trabajos de Material Rodante y de Vía y Obra. La bronca por la paritaria y por toda la ofensiva patronal generó una auto convocatoria fogoneada por la Lista Negra del Sarmiento, que congregó a 100 ferroviarios de distintas líneas en las puertas de la sede central de la Unión Ferroviaria, para repudiar la paritaria y reclamar un 40 % de aumento. Por otro lado, la Bordó, también del Sarmiento, convocó a un acto al borde de las vías en Castelar, por los mismos reclamos. Se convocó a una jornada de movilización para el 20 de noviembre al Ministerio de Transporte. Apoyamos la movilización autoconvocada realizada en la UF, el acto de Castelar y la movilización del 20 al Ministerio de Transporte. Reclamamos asambleas en todos los lugares de trabajo y la organización de una gran movilización en unidad de la Bordó, la Negra, la Naranja, la Roja, la Gris y nuestra Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra. En reclamo de un verdadero aumento salarial, un bono de fin de año, el cese de las persecuciones a activistas, el fin de las tercerizadas y el pase a planta de todos los compañeros que se desempeñan en el ferrocarril.

El acto que protagonizó el oficialismo del Partido Obrero el sábado pasado ha sido un acto por “default”: el resto de los partidos del Frente de Izquierda - “Unidad” habían rechazado hacer un acto en común. La propuesta del acto conjunto respondía al propósito de dejar establecido un compromiso de mantener la distribución de candidaturas para las elecciones de 2021, en los términos de 2017 y 2019. El MST hizo saber su desacuerdo con este esquema que lo perjudica, y por razones diferentes también recogió el rechazo del PTS. Lo destacado del acto es que un 85% de la concurrencia la aportó el Polo Obrero, cuya plataforma de acción está ligada al reclamo de apoyo social al estado. Gabriel Solano dijo, haciendo de la necesidad virtud, que el PO (o) se ha “fusionado” con el Polo Obrero, lo cual implica una desnaturalización del partido obrero como organización de cuadros socialistas. Solano desvió la atención de este desbarranque, con un verdadero dislate, pues atribuyó a esta circunstancia a que la “revolución está en marcha en Argentina”. En los dos años pasados, esta misma ´fusión´ no alcanzaba para que levantaran la consigna Fuera Macri, Constituyente Soberana. El desborde verbal caracterizó a varios discursos del evento. Lo que reivindica Solano es el movimientismo manejado por un aparato. El eje político del acto fue el llamado para acabar con el “El régimen de hambre de los que nos gobernaron en las últimas décadas”. Los discursos de los seis oradores, sin embargo, omitieron referirse a la pandemia del coronavirus, cuyo manejo social y político es el eje del momento para el conjunto de la humanidad. Esta ausencia obedece a una visión de la política como campo de maniobras – sean entre aparatos, sindicales o parlamentaria, no como el escenario de una confrontación histórica de clases. La crisis humanitaria producida por el covid-19 y su entrelazamiento con la crisis capitalista fue sólo aludida como un problema “sanitario”, a pesar de que ha invadido todo el tejido financiero, económico, social, y que se ha convertido en una crisis humanitaria. Las denuncias políticas de los oradores no salieron del campo parlamentario, salvo alguna excepción. Pitrola pronosticó una “segunda ola de rebeliones populares”, para borrar la impresión que dejó la posición contraria acerca de la “primera”, en el 2019, cuando no vio venir la “primera ola” (Chile, Ecuador, Colombia, etc.) y se enfrascó en una polémica violenta contra la previsión acertada de nuestra Tendencia. Hasta hace pocas semanas, el aparato seguía caracterizando nuestros aciertos políticos como ´mecanicismo´. La falta de escrúpulos de este aparato es inconmensurable. El acto ignoró por completo la crisis que atraviesa el Frente de Izquierda - Unidad. Ningún orador u oradora intentó caracterizar o clarificar las bases políticas de las disputas faccionales que se viven cotidianamente en todos los ámbitos: sindicatos, movimientos de lucha, facultades, etc. El PSC fue convocado a tomar la “iniciativa” pero sin ofrecer un balance de su parálisis. Tampoco hubo referencia al debate sobre el “partido de tendencias” que le ha propuesto el MST al resto de los partidos del FIT, ni tampoco la el planteo de construir “un gran partido revolucionario”, por parte del PTS. Hubo una mención a “ganar la escena política” con un “programa de salida a la crisis”, que nadie se detuvo en explicar en qué consiste. La conclusión que ha sacado el PO (o) de su propio acto no deja de ser novedosa. Caracteriza que “se ha puesto de manifiesto un giro político, un cambio en la conciencia del activismo, nuevas tendencias subjetivas que serán determinantes a la hora de intervenir en la crisis en curso” (prensaobrera.com, 16/11). El acto, sin embargo no ha gravitado, ni por sus planteamientos ni por su movilización política efectiva, además de dejar expuesto una ausencia enorme de cuadros, militantes, activistas y luchadores obreros y políticos. En las redes sociales, el aparato asegura que fue el más grande “de la historia del PO”, omitiendo el Congreso del Luna Park del 2014, que contó con una gran representatividad del movimiento obrero combativo y que fue preparado por plenarios de debate político, con comisiones que debatieron toda la jornada y conclusiones que fueron votadas por los asistentes. Todo un método de construcción política revolucionaria.

El anuncio del gobierno que habilita en plena pandemia el retorno a las clases presenciales nos pone a los estudiantes entre la espada y la pared. Después de meses en los cuales la cursada virtual de los ministros Trotta y Acuña -sin proveer dispositivos e Internet-, profundizara la deserción estudiantil, llevando a que muchos de nosotros perdiéramos el año, este anuncio es una confesión del fracaso de la virtualidad en los términos que ellos mismos plantearon. La vuelta a los colegios en este momento nos pone en riesgo tanto a nosotros como a toda la comunidad educativa en su conjunto. Esto quedó demostrado en la Escuela 10 D.E. 11, ubicada en Flores, donde, a un día de la apertura, docentes y estudiantes quedaron aislados por un brote de COVID-19. A pesar de esto se busca avanzar en una reapertura general de la cursada, la cual se efectivizaría a principios de 2021, dentro de algunos meses. Las dos alternativas de cursada que el gobierno nos presentó hasta el momento han fracasado. El modelo de virtualidad diseñado por Acuña ha chocado contra plataformas online colapsadas, contenidos de estudio devaluados y falta de conectividad tanto para los docentes como para los propios estudiantes, entre otras. Y, por otro lado, el protocolo de clases presenciales que ahora se busca implementar porque casi ningún estudiante se presenta y los pocos que lo hacen terminan aislados debido a que las propias escuelas actúan como focos de contagio. Como podemos ver a nivel nacional, el gobierno no invierte en el equipo sanitario necesario, ni tiene la intención de generar protocolos viables para que la vuelta a las aulas no exponga nuestra vida ni nuestra salud. Su incapacidad para ofrecer alguna salida a esta crisis no puede pasar desapercibida: expresa el agotamiento de un sistema educativo puesto al servicio de los negociados capitalistas, los cuales año tras año recortan mediante reformas los contenidos que se enseñan. Cabe destacar la parálisis presente en la Coordinadora de Estudiantes Base (CEB), la cual en todo el año ha evitado intervenir de manera decidida sobre la crisis que atravesamos, a pesar de ser el organismo que nuclea a una parte importante de los centros de estudiantes de Capital Federal. En paralelo a este inmovilismo han surgido asambleas docentes y grupos de padres organizados en torno al rechazo a la vuelta a la presencialidad. De la mano de esto es necesario organizar un debate entre los estudiantes, planteándonos las medidas que deben implementarse para salir de esta crisis: desde un aumento presupuestario que sostenga realmente la cursada virtual hasta la incorporación de docentes para evitar la sobrecarga laboral y permitir que podamos cursar en condiciones dignas; impulsemos asambleas en cada colegio para unificar estos reclamos y coordinar un plan de lucha junto al resto de la comunidad educativa. Rechacemos el protocolo de Larreta y Trotta que pone en riesgo nuestras vidas. Conectividad gratuita para todos. Conformación de comités de higiene y seguridad por colegio y con poder de veto. Incorporación de docentes, basta de cargos faltantes. Aumento salarial acorde a la canasta básica familiar. Plan de obras infraestructurales y bajo control de la comunidad en todas las escuelas. Asambleas para discutir un plan de lucha, coordinemos los reclamos de todas las escuelas de CABA Aumento presupuestario para la educación pública. Funcionamiento correcto de las plataformas virtuales. No al pago de la deuda externa.

En una entrevista con el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias, la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se ocupó de presentar una realidad totalmente falseada sobre las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Cambiemos. Un furibundo ataque a la docencia y a sus organizaciones gremiales y un intento de ubicar a las familias como gendarmes de la relación docente-alumno/a con el objetivo de quebrar la organización que se está dando desde abajo, mancomunadamente entre los docentes y las familias, contra el intento aperturista criminal en medio de la pandemia de covid-19. Repitiendo de manual el diagnóstico estigmatizante del Banco Mundial expresado en el libro "Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe", Acuña sostuvo que el verdadero problema de la educación es la composición del cuerpo docente conformado por personas cada vez más grandes etariamente y que, afirma, provienen de las capas más bajas de la sociedad, lo que hace que elijan la carrera docente “porque fracasaron en otras carreras” (ubicándolos como portadores de un capital cultural pobre). La ministra pone el peso del fracaso educativo en la docencia desligando al Estado de sus políticas sistemáticas de vaciamiento de la educación pública, y sin hacer mención al desmantelamiento de los postítulos y de la Escuela de maestros que llevó adelante su gestión. Por otra parte, dijo que la "preponderancia de la izquierda" en los institutos de formación genera docentes sobre ideologizados que “eligen militar en vez de enseñar”. Nada que envidiarle al ex Ministro de Educación bolsonarista, Vélez Rodríguez, que sostenía que el drama educativo brasilero era producto de la ideología marxista y de algunos teóricos educativos izquierdistas. Como solución a este supuesto problema, la Ministra emprendió un ataque abierto contra la carrera docente diciendo que la respuesta es la centralización de la misma a través de la UNICABA. Esta medida, ampliamente repudiada por la comunidad educativa de conjunto, no es más que una política para tener control absoluto por parte del Ministerio sobre la formación docente a fin de liquidar la libertad de cátedra y, al mismo tiempo, regimentar a la docencia por medio de un llamado a las familias y estudiantes a la delación policial. Esta idea no es nueva si no que se presenta como continuidad del 0800 buchón impulsado por el Ministerio de Acuña tiempo atrás. Por otra parte, Acuña está amparada por la ley de Filmus, que sólo reconoce la libertad de cátedra a los docentes universitarios. A su vez (y no es una cuestión menor, más bien todo lo contrario), el vínculo entre docentes y estudiantes dentro del espacio del aula, en donde interaccionan ambos actores, es progresivo para la educación en su conjunto. Las familias no deben intervenir. La defensa del aula entre docente y estudiantes no es sólo en defensa del aspecto profesional del trabajo docente, sino desde una mirada integral. Como muestra, un botón: los abusos, en un 80%, son intra familiares. Los y las estudiantes, en el ámbito aúlico, pueden expresar las situaciones de las cuales fueron víctimas. La experiencia de las instituciones escolares en torno a la enseñanza de la ESI, dan cuenta de esto. Con la injerencia de la familia de por medio, esto sería absolutamente inviable. En relación a los sindicatos volvió a repetir, como hace cada vez que tiene un micrófono adelante, que éstos sólo deben limitarse a discutir cuestiones salariales y que su Ministerio va a combatir la injerencia en cuestiones de política educativa. El gobierno ̈ del diálogo ̈ busca expulsar a las organizaciones gremiales docentes del pensado y armado de políticas públicas educativas. Es decir, los/as trabajadores de la educación, según la ministra, sólo podemos opinar acerca de nuestro salario (y ni siquiera, ya que el gobierno porteño cierra acuerdos por decreto, condenando al salario de un docente a unos $35.000 de bolsillo por Jornada Simple). A lo largo de la entrevista, la Ministra incurrió en otras falsedades. Por un lado sostuvo que, a nivel nacional, la educación se privatizó mientras que en la CABA esa tendencia no se dio. La realidad la desmiente: en el distrito porteño, en el nivel primario, la matrícula privada aumentó un 17 % y la de nivel secundario alrededor de un 10 %. Por otra parte, se dio una enorme transferencia de recursos a la educación privada y confesional. Esta política, además de desfinanciar la educación pública, se transforma en una fragmentación del cuerpo docente atacando los derechos laborales y limitando la capacidad de acción sindical de los docentes contratados. También sostuvo que la gestión de Cambiemos reforzó el nivel inicial garantizando de manera integral las vacantes, pero no es cierto: la docencia, junto a las familias, vienen denunciando un déficit anual de más de 20.000 vacantes. A su vez, dijo que todas las escuelas porteñas tienen fibra óptica y wifi. Pero la pandemia puso en evidencia, aún más, que la conectividad en los barrios es inexistente. Repudiamos fuertemente los dichos de la ministra porteña de educación. En defensa de la organización de las y los trabajadores de la educación y de la escuela pública, laica y gratuita, en defensa de la libertad de cátedra y de expresión, repudiamos los dichos de Acuña contra estudiantes, docentes y sindicatos. Fuera Acuña.

Los trabajadores del histórico Taller Rancagua del Subte, donde se cuentan 13 compañeros afectados por el asbesto, desde hace un año y cuatro meses llevan adelante una retención de tareas en defensa de sus vidas y su salud. Su denuncia ha obligado a la empresa a reconocer que la contaminación con asbesto abarca muchas áreas del Subte. En represalia por esta enorme lucha, Metrovias les ha enviado a los trabajadores telegramas asignándoles compulsivamente los días de vacaciones pendientes del 2019 y las correspondientes al 2020 para que se las tomen de corrido. Es un acto de brutal discriminación respecto del resto de los trabajadores del Subte, donde desde 20 años las vacaciones se consensuan. Este consenso es más necesario que nunca ahora por los condicionamientos que impone la pandemia. La medida de la empresa afecta sobre todo a los compañeros del interior, que no pueden viajar por las restricciones que ella impone o en los casos de doble trabajo de los matrimonios. Una asamblea general tratará este tema, el de la seguridad sanitaria del taller y el de la renovación de la flota de la B. El comunicado indica que se mantiene firme la lucha contra la contaminación a pesar de las apretadas patronales. Los trabajadores del Taller Rancagua hemos recibido un ataque por parte de la empresa con el envío mediante telegramas compulsivos, de las vacaciones 2020, seguidas de las 2019, también enviadas de forma unilateral, violando derechos adquiridos por "usos y costumbres" desde hace más de 20 años. Consideramos esta acción sancionatoria como una represalia al conjunto de la lucha contra el asbesto en el Subte, enfocada esta vez a un sector que se encuentra en retención de tareas desde hace más de un año, en reclamo a obras que permitan mejorar nuestras condiciones de salud laboral, teniendo ya 13 compañeros afectados por asbesto en nuestro Taller. Por lo tanto, hemos votado en asamblea una serie de medidas de autodefensa, incluidas medidas gremiales que afecten el servicio, de continuar la empresa con su intransigencia. En ese sentido, llamamos a todos los compañeros del Subte y sus sectores, a una Asamblea a realizarse el día miércoles 18 de noviembre a las 9:30 hs puntual en el parque Los Andes, frente a la entrada del taller Rancagua, tomando todos los recaudos de distanciamiento social. Exigimos: que la empresa revea su decisión de otorgar vacaciones unilateralmente, aplicando de hecho una sanción a una medida gremial que preserva nuestra salud. El inmediato comienzo de las obras de readecuación del taller Rancagua (limpieza del taller y obra para el recambio y filtrado del aire ambiental) Cambio de flota de la línea B, existiendo un compromiso incumplido del mes de marzo del 2020. Incorporación de todos los trabajadores al RAR.

Se cumplen 20 años del lanzamiento del décimo y último disco de Los Redondos. Cuando todo parecía indicar que El Último Bondi a Finisterre (1998) se trataba de una despedida, Momo Sampler llegó dos años después para definir y cerrar una etapa de sonido única que ya había comenzado su tendencia con Luzbelito (1996). En el disco se presentan todas las cartas sobre la mesa. El nombre elegido es un adelanto cabal de lo que será su contenido: por un lado encontramos “sampler” refiriéndose a un instrumento similar al sintetizador pero que reutiliza sonidos ya grabados, el cual significó una pieza clave para la producción. Y por el otro, “Momo” evoca al “Rey Momo”, un personaje protagonista de muchos carnavales y murgas en América Latina, con su origen en la mitología griega (“dios de las chanzas y de las burlas; hijo del sueño y la noche”). La obra en si es una referencia permanente hacia la murga pero de una manera más grotesca o siniestra que lo habitual, insistiendo en la idea de la fiesta pagana. En cuanto a lo musical, se puede decir que este último disco tiene uno de los mejores y más sólidos trabajos instrumentales de la banda. Música construida a través de samplers y computadoras, pero a su vez muy alejado de lo techno. Una experimentación -se podría decir- muy arriesgada para la época y para lo que, tal vez, el “público ricotero” esperaba. Sonidos procesados y capas de sobregrabaciones establecieron texturas sonoras únicas, fielmente acompañadas de la guitarra omnipresente de Skay, que se encargaba de parir una suerte de dramatismo trágico, casi onírico. Es un disco marcado por la originalidad, desde sus texturas, sus voces procesadas, sus bases de baterías dobles hasta el uso de instrumentos únicos como el “didgeridoo”, un viento que usaban los aborígenes australianos, también picheado para la producción; un disco donde se fusiona de manera perfecta lo Dantesco y “la oscuridad de bodega sin luz” heredada de Luzbelito con lo novedoso que significaron las computadoras en el Ultimo Bondi. Sobre las letras podemos considerarlo tal vez el disco donde encontramos la poesía más cruda. Expresa de manera explícita la vida del los más vulnerados, los hijos de la crisis, la descomposición social que se vio agravada por los gobiernos de la época. Recordemos que el lanzamiento de Momo Sampler es contemporáneo a una de las peores crisis socioeconómicas en la historia de nuestro país, previo al Argentinazo. Esto se vio reflejado en los productos culturales, en la década del 2000 hubo producciones audiovisuales que reflejaron de manera directa la vida de los sectores más marginados, tal es el caso de Okupas, El Polaquito o Pizza, Birra y Faso: la pobreza, el conflicto, el barrio, la droga y el bardo como moneda corriente. El pibe chorro, la prostituta, el gatillo fácil y la misma confrontación entre sectores más o menos marginados dentro de la clase obrera protagonizan el disco. Sin embargo, a pesar de contar la realidad macabra, cuenta también con rockitos clásicos que funcionan como una especie de recreo o bocanada de aire para el oyente. Definido como el “el carnaval de la emulación”, sin duda Momo Sampler es -como indica el tercer tema del disco- la murga de los renegados, la murga que ya no da más, la que no tiene bendición, es la fiesta que se desarrolla siempre a centímetros de la tragedia, la manera en la que Los Redondos hace veinte años decidieron despedirse y terminar el viaje para siempre. No es sopa, volver de Momo Sampler sería una tarea muy riesgosa.

Como es sabido, el 25% de lo que se recaude por el llamado “impuesto a la riqueza” irá destinado a un fondo que financiaría los nuevos proyectos gasíferos de YPF. El gravamen por única vez contribuiría, así, a capitalizar a una empresa privada : en un 49% cotiza en la Bolsa de Nueva York y la llamada participación estatal se encuentra afuera del sistema presupuestario. Según los medios especializados, este artículo de la ley fue introducido por iniciativa directa de Máximo Kirchner y la Cámpora (EcoJournal, 31/8), con el propósito de compensar a YPF por la derogación de un decreto macrista que resarcía a las petroleras por las pérdidas ocasionadas con la megadevaluación del 2018. Mientras que la derogación de aquella compensación le sustrajo a YPF unos 7.800 millones de pesos, el “impuesto a la riqueza” le aportaría a las arcas de la empresa casi diez veces más, o sea, unos 75.000 millones (id). Tenemos acá al corazón del proyecto “redistributivo”. La capitalización de una empresa privada con fondos públicos tendrá que atravesar una seria de obstáculos legales, e incluso luchas interempresariales que explican, en buena medida, las pujas desatadas alrededor del “aporte” impulsado por Máximo y Heller. El gobierno ha introducido a IEASA (la ex Enarsa) como intermediaria del “aporte” entre el Estado e YPF, justamente para sortear esos ´inconvenientes´. De ese modo, el dinero del impuesto sería recibido por una empresa estatal, aunque la misma no es más que una pantalla para la transferencia de recursos estatales al capital petrolero (y también lo será en esta oportunidad). Luego, IEASA “contrataría” a YPF para avanzar en las nuevas explotaciones gasíferas. Esta operación, incluso en grado de tentativa, ha puesto en alerta a los competidores de YPF en el negocio de la extracción de gas, como Rocca (Tecpetrol), Eurnekian (CGC) o Bulgheroni (PAE), que son a su vez candidatos a pagar el “impuesto”. Por ese motivo, podrían “oponerse a transferir parte de su capital para financiar la recuperación de YPF” (id). La posible judicialización del “impuesto a los ricos”, como se ve, no sólo se relaciona con el impuesto mismo sino con sus destinos – el más importante de ellos, en términos porcentuales, es esta capitalización de YPF. El diario citado, EcoJournal, informa que estas conjeturas son las que están barajando los inversores bursátiles de Nueva York: el “impuesto justiciero”, para algunos, debería llevar a una suba de sus acciones, pero otros alertan por los posibles juicios que interpondrían las otras petroleras. ¿Queda alguna duda de que el “aporte de los ricos” no es más que una redistribución de recursos al interior de la propia clase capitalista? Lo mismo ocurre con los subsidios a las Pymes, también incluidos en la ley, y que beneficiarán a empresas que actúan como subcontratistas de grandes empresa– a las cual terminarán siendo transferidos los recursos. Este negociado tiene lugar en medio de un ajuste manifiesto -eliminación del IFE; cambio de la movilidad jubilatoria- . Mientras el movimiento Evita y otros salieron a manifestar en apoyo a este “aporte” impostor, los fondos de inversión que trajeron Macri y Caputo a la Argentina, como Pimco y Templeton, celebran la dolarización de sus activos colocados en la Argentina, a un precio de remate – 33% de su valor facial. Para habilitar esta operación, Guzmán vendió títulos en poder de Anses y el Central, de nuevo al 33% de su valor, para bajar la tasa de cambió del CCL. Este negociado ha aumentado la deuda externa de Argentina e incluso sus intereses unas diez veces más que todo lo que podría recaudar el impuesto que aprobó Diputados el día de ayer. LEER MÁS El impuesto a la riqueza, escribe Jorge Altamira El “impuesto a la riqueza”, escribe Jacyn VER MÁS

Las definiciones que Soledad Acuña, ministra de educación porteña, vertió en un largo reportaje, han merecido la repulsa justificada de los sindicatos y luchadores de la docencia. Más allá del ataque a los gremios y a la carrera docente, las afirmaciones de la ministra ponen de manifiesto las tendencias de reacción política y barbarie que, en oposición a las respuestas de lucha de maestros, estudiantes y padres, tienen lugar en medio de una crisis social, sanitaria y educativa sin precedentes. Docentes y trabajadores La ministra se quejó por un plantel docente de edad elevada, proveniente “de las capas más bajas de la sociedad”, del fracaso “en otras carreras” y, por lo tanto, supuestos portadores de un pobre patrimonio cultural. La ministra ignora que la proletarización de la función docente es un resultado de la polarización general de la sociedad, que da lugar a la expropiación de las capas medias, que arroja a la mujer al mercado de trabajo y que refuerza hasta niveles inusitados al ejército de reserva de trabajadores desempleados. Acuña repudia al metabolismo social engendrado por el sistema que ella sostiene -el capitalismo- pero no repara en sus implicancias revolucionarias: la masa de maestras y maestros trabajadores han implicado la fusión definitiva del educador con la clase obrera, y de la escuela con la lucha de clases. En términos pedagógicos, el maestro trabajador es un peldaño infinitivamente superior para los educandos, en términos de unidad entre sus vidas y el conocimiento, entre la teoría y la práctica. La masividad de los sindicatos docentes es el resultado de este proceso social, y no de una conspiración política – como supone la ministra bolsonarista. De cara a esta realidad, Acuña se plantea el camino inviable de constituir una nueva elite educativa, que surgiría de la cooptación de la docencia a través de “instancias de capacitación” que son, a su turno, un jugoso filón de la “industria de la educación”. La destrucción de los profesorados docentes está al servicio de ello. Para mal de la ministra, la ´excelencia educativa´ es arrasada todos los días por la miseria social de los educandos y de sus familias; por los salarios docentes que no cubren la canasta familiar, por el derrumbe de la infraestructura educativa. El diagnóstico de Acuña es fraudulento: presenta al docente como un desempleado oculto, sólo para legalizar las agresiones al salario y a las condiciones laborales. Como siempre, la alusión al “fracaso del docente” es la coartada de otro fracaso, el de un régimen social. Virtualidad y vigilancia Los dichos de Acuña son todavía más aberrantes cuando denuncia la ´politización´ de los docentes. Y a renglón siguiente, destaca a la enseñanza virtual como una oportunidad para que los padres vigilen las clases que sus hijos toman vía Zoom, denunciando a los maestros o profesores que bajen línea. Como se ve, para la ministra de la barbarie las “nuevas tecnologías” serían un recurso para la delación y la injerencia de la familia en el proceso educativo. La digitalización sería, para Acuña, un ariete de la destrucción del aula como factor de socialización del conocimiento, donde el contacto con la vida social y la ciencia tiene lugar superando al estrecho corset de los vínculos familiares, asociados al conservadurismo y a los prejuicios del pasado. La ministra ni siquiera se ha percatado de que el fisgoneo que ella convoca a ejercer, por parte de los padres, es resultado de otro de los elementos de la actual catástrofe social: nos referimos al hacinamiento habitacional, que obliga a muchos alumnos (y a veces también a los docentes) a compartir sus aulas involuntariamente con el resto de su familia, y sin ningún tipo de intimidad. El mismo régimen social que ha empujado a varias generaciones a vivir en una pieza, alienta ahora a los mayores al fisgoneo de sus hijos. ¿No es un síntoma inconfundible de decadencia política y moral? Naturalmente, la campaña de delación tropieza con otra dificultad – la de los miles de alumnos y familias sin condiciones para acceder a una conectividad estable, y mucho menos gratuita. Escuela y revolución La descomposición capitalista ha penetrado por todos los poros a la escuela. Pero de ese fermento, ha emergido una masa docente cada vez más soliviantada y politizada; sindicatos que enfrentan al Estado y a las burocracias; una juventud que absorbe todos los conocimientos que puedan servir para transformar ese orden social en derrumbe; y por esa vía, la escuela solivianta también a los hogares, a los esposos de las maestras trabajadoras, a los alumnos y sus padres, que soportan el peso de la desocupación la miseria salarial y, ahora, la incertidumbre sanitaria. La fascista Acuña le ha declarado la guerra a ese vendaval social, pero es más probable que el vendaval se la termine llevando puesta.

El martes 17, la jueza Ada Zunino ordenó el desalojo de 8 familias encabezadas por mujeres. El asentamiento se encontraba en Los Pinos de Nueva Esperanza II, municipio de San Lorenzo. Sáenz ha enviado a la policía a desalojar a 23 niños entre los cuales hay discapacitados, y mujeres embarazadas y con enfermedades cardíacas. En medio de la lluvia y el frío, las familias se quedaron en la calle con sus pocas pertenencias. Otra vez violentadas Desde la semana pasada, las familias convocaron a movilizaciones para defender el derecho a la tierra y vivienda, han agotado toda vía formal recurriendo al Instituto Provincial de la Vivienda, al Polo Integral de la Mujer, al intendente Manuel Saravia de San Lorenzo. Sin ninguna mediación, la orden de desalojo fue perpetrada por ocho camiones de infantería, policía montada, motorizada, móviles, más de un centenar de policías tiraron abajo las casillas precarias de las mujeres que desde hace más de un año se encontraban en el asentamiento. Mientras las mujeres y sus 23 niños quedaban a la intemperie, señalaban que el gobierno las estaba obligando a volver con sus golpeadores y denunciaron que la policía solo aparece para desalojar, pero no cuando ellas hacen denuncias por riesgo de femicidios. El Polo de la Mujer les ofrece pagar 3 meses de alquiler. Ni migajas. Allí donde hay mujeres desamparadas, Sáenz se atreve pero no así con la organización mayor de los trabajadores sin techo como la lucha que desenvuelven los asentados en Parque La Vega y Calixto. Romero, el usurpador de tierras del estado El Juzgado de Garantías N°1, con la orden de Gustavo Sáenz, se ha jugado por el desalojo y en defensa de la “propiedad privada”. Resulta que Los Pinos se encuentra cerca de las tierras de La Ciénaga, que usurpó Juan Carlos Romero, el senador nacional por Salta durante su mandato. El 27 de agosto pasado, a oscuras, se declaró la nulidad del llamado a juicio a Juan Carlos Romero por la causa “el hangar”, usurpación del predio de Aviación Civil que el senador nacional le cedió a su hijo, Juan Esteban Romero quien también es testaferro de las tierras de La Ciénaga. Durante los 12 años de su gobierno, el senador nacional vendió tierras fiscales a testaferros que luego vendieron a otros testaferros para, finalmente, terminar a nombre del hijo del exgobernador. Organización por la vivienda Las mujeres se han puesto a la cabeza de la lucha por sus vidas y de sus niños. Han escapado de la violencia doméstica y ahora, el estado doblemente responsable, las violenta nuevamente. La organización de las mujeres crece frente a la crisis humanitaria a la que nos ha arrojado este régimen social. Las madres son trabajadoras desocupadas, víctimas del fracaso de la gestión capitalista de la pandemia, desamparadas junto a sus 23 niños que hoy duermen en las calles. Profundicemos la organización con comisiones de mujeres en las barriadas y lugares de trabajo contra la violencia, por la vivienda y el trabajo. Impulsemos con todos los trabajadores sin techo congresos por la vivienda y abramos la discusión por el uso y recuperación de la tierra en favor de la mayoría trabajadora contra la especulación inmobiliaria y los terratenientes usurpadores de los Sáenz y Romero. Foto: Violeta Gil

En medio de una aguda recesión económica en el país, la crisis interna del MAS se puede trasladar, a futuro, en una posible crisis de poder del Estado. Sobre todo si en esta opera la intervención independiente de las masas obreras, indígenas y campesinas. Circula en las RRSS un reciente ampliado del MAS realizado en Tecoya, municipio de Betanzos, Potosí. La nota señala un enfrentamiento interno entre las fracciones que componen el MAS-IPSP: los Evistas vs Arce-Choquehuancas, nada menos que por cuotas de poder. Algo que se vino agudizando desde hace tiempo, pero que cobró vida con la designación del nuevo gabinete del gobierno del MAS, en el cual los Alteños quedaron relegados. En el gabinete ministerial, la fracción Evista tiene amplia mayoría, seguido por Catacora y el sector de Linera. El grupo que acompaña a Choquehuanca ha quedado relegado, lo que generó un amplio repudio en las bases alteñas del MAS-IPSP. La expresión de esta derrota también acaba de visibilizarse con la presentación de Felipe Quispe como candidato para gobernador de La Paz pero sin la sigla del MAS. Algo que por ahora lo deja en la orfandad; sin embargo, concentra el apoyo en sectores de El Alto y las 20 provincias aymaras. Esto se avivó nuevamente con el reciente confrontamiento interno en el MAS: un sector campesino de Santa Cruz pidió la expulsión de Zalvatierra del MAS-IPSP por traición, por no asumir la presidencia del país frente a la caída de Morales y dar su vida contra el golpismo derechista (naturalmente, existe intereses contrapuestos en las fracciones del MAS por la repartija del Estado). Todo el aparato del Evismo salió en defensa de Zalvatierra, lo que llevó a que el ampliado campesino en el cual se trataría el tema de la expulsión de exsenadora, se ha ahogado. Lo que pareciera ser una escena normal y rutinaria en el MAS, en realidad expone el estado del partido que dirige Evo Morales, o sea una inestabilidad política recurrente. En un escenario de crisis política nacional, estas pugnas internas pueden agudizarse hasta estar abiertamente enfrentadas. Como sucedió frente al golpe de Estado, en el cual las divisiones-pugnas al interior del MAS fue otro factor determinante que, de alguna manera, colaboró con la llegada al poder de la oligarquía del oriente. Mientras una nueva manifestación de la crisis del MAS se produce en el ampliado de Potosí, la cúpula Masista que está exclusivamente bajo el poder de Evo Morales, ya convocó a un ampliado nacional del partido para el 21 de noviembre con el objetivo de designar los nuevos candidatos a las subnacionales, o sea para las elecciones de Gobernadores y Alcaldes. En la cual Morales buscará imponer su lista de candidatos, para tener un control a nivel nacional de los movimientos políticos del partido. Algo que le permitirá presionar sobre el ejecutivo a cargo de Arce Catacora. En esta crisis del MAS, la intervención de la derecha no está exenta. El derechista Tuto Quiroga y el prófugo de la justicia Arturo Murillo por la masacre de Sacaba y Senkata, en su momento señalaron que era necesario establecer relaciones con el sector “radical” del MAS para confrontar a los Evistas (levantamanos). Esta grieta al interior del MAS, será la vía por la cual la derecha y el golpismo se introduzcan al interior del MAS-IPSP. En medio de la recesión económica, el control absoluto del Estado se vuelve una tarea prescindible para las fracciones o partidos de la burguesía. El ampliado del MAS en Potosí ya señala un principio de crisis que puede agravarse entre el ejecutivo (Arce Catacora) vs la asamblea legislativa del MAS-IPSP (en particular con el sector a fin a Evo Morales y su círculo). Es decir, que en la medida de que esta pugna continué por el control privilegiado del Estado y las políticas económicas a determinar, puede abrir la posibilidad de un Lenin Moreno en Bolivia, como sucedió con Correa en Ecuador. No está lejas esa posibilidad mientras la grieta al interior del MAS se reabre con cada crisis política interna. Sin embargo, la particularidad boliviana señala la posibilidad que las fracciones dirigentes en pugnas del MAS-IPSP se vinculen con diferentes sectores de la derecha y el golpismo, en una suerte de confortación política. Lo que, en un futuro de inestabilidad económica, puede llevar a una crisis del Estado. Naturalmente, agudizada, también, por la intervención independiente de las masas empobrecidas y oprimidas del país. Un dato importante en esta crisis interna del MAS-IPSP, que se expresa en la confrontación entre las bases campesinas e indígenas contra la Élite que conduce Evo Morales y su famoso entorno, por quién dirige el partido y cómo se toman las decisiones a su interior aun no toma claridad . Si bien, las bases han pedido renovación de candidatos y de ministros en el gobierno actual, aun se viene expresando de forma limitada. Los dirigentes de estos sectores del partido de Morales, como el actual vicepresidente David Choquehuanca o Felipe “El Mallku” Quispe son expresión deformada de este pedido y movimiento de las bases del MAS-IPSP que exigen hacer valer su fuerza social y no ser escalera del sector derechista del MAS. La canalización política de este sector de las bases del MAS-IPSP solo puede tener una expresión independiente en la medida que plantee una salida estratégica a la experiencia de 15 años de gobierno del MAS en el poder del Estado, eso es posible con una salida programática que tenga como eje central la lucha política por un gobierno obrero y campesino; a la vez, que levante las reivindicaciones de los campesinos e indígenas. Publicado en Socialismo Revolucionario Bolivia

Los principales diarios brasileños, de tendencias variadas, fueron bastante homogéneos en el balance de los resultados de las elecciones municipales del domingo 15 de noviembre. Todos apuntaron un fortalecimiento del “centro” (o del centro-derecha) político, en relación al derechismo extremo (Bolsonaro) y a la izquierda. Recordemos, para considerar algunas cifras y porcentajes, que los 212 millones de habitantes de Brasil se dividen en 5.570 municipios, con la mayor parte de la población concentrada en algunas grandes ciudades, y una gran cantidad de municipios minúsculos. El dato electoral más importante fue la abstención, que superó nacionalmente el 23%, el mayor índice del último cuarto de siglo, un porcentaje que no es sólo imputable a la pandemia de coronavirus. Si agregamos los votos en blanco y anulados (“nulos”) esas cifras son más impresionantes. En San Pablo, la más grande ciudad y el verdadero centro económico-político del país, los votos sumados de los dos vencedores (en balotaje) poco superaron los 2,82 millones; las abstenciones, anulaciones y votos en blanco totalizaron... 3,66 millones. Análisis más precisos no dejaron de notar que los partidos (burgueses) históricos del llamado “centro”, el MDB (que conquistó 777 municipios) y el PSDB (que conquistó 519), también sufrieron retrocesos. El Centrão que avanzó electoralmente es un aglomerado de siglas (PP, PSD, PL, PSC) semi desconocidas, varias de reciente creación, en general meros escritorios de negocios electorales. En Brasil hay 35 partidos políticos con legalidad electoral, de los cuales 32 presentaron candidatos. Buena parte son “siglas de alquiler”, usadas por testaferros del llamado “crimen organizado” (y del “desorganizado” también). Las muertes de candidatos (a intendente o a consejero municipal, vereador) superaron el centenar, durante la campaña electoral: sólo una pequeña parte fue debida al coronavirus, la mayoría fueron asesinatos, ejecutados contra adversarios por facciones criminales, o “ajustes de cuentas” entre ellas. En ese cuadro, es también significativo lo apuntado por analistas estadísticos de la Folha de S. Paulo (16/11): “Si las últimas elecciones fueron marcadas por un movimiento hacia la derecha del electorado, las de este año tendieron a un desplazamiento hacia la izquierda”. Lo del bolsonarismo no fue un retroceso, sino un verdadero desastre. Todos los candidatos importantes apoyados explícitamente por Bolsonaro, con presencia del presidente en su propaganda electoral, fueron derrotados, y estamos hablando de decenas. Bolsonaro y sus partidarios, de inmediato, lo atribuyeron a la acción de hackers extranjeros. Su candidato paulista, un animador de televisión, empezó la campaña electoral con encuestas que le atribuían el 30%: en las urnas, mal superó el 10%. En cuanto al PSL, vehículo de Bolsonaro para llegar a la presidencia en 2018, cuando hizo elegir “al presidente, tres gobernadores, 52 diputados federales y 76 diputados estaduales [provinciales], naufragó [en 2020) en las principales ciudades del país” (O Estado de S. Paulo, 16/11). Aunque de alcance naturalmente limitado, las elecciones municipales demostraron que el de Bolsonaro es un gobierno a la deriva. El “desplazamiento hacia la izquierda” no fue capitalizado por el PT, que se esforzó bastante para recuperarse después de haber perdido casi 400 intendentes en 2016, en la onda del golpe que derribó a su presidente Dilma Rousseff. El PT presentó 1.234 candidatos a intendente, 27% más que en 2016. Conquistó 178 intendencias, un número significativo, pero irrisorio cuando comparado a las 638 que conquistara en 2012, y un retroceso también en relación a las 260 de 2016 (que ya eran el producto de un desastre político). Su fracaso más marcado fue en San Pablo, gobernada tres veces por el PT, donde su candidato, Jilmar Tatto, mal superó 8% de los votos, abriendo una crisis, con sectores de la “izquierda” del PT acusando a Lula de haber traicionado la candidatura de su propio partido (de modo bastante explícito, dígase). La candidatura más simbólica y electoralmente optimista apoyada por el PT, la de Manuela D'Ávila (del PCdoB, candidata a vicepresidente de Fernando Haddad, PT, en 2018) a la intendencia de Porto Alegre, inició la campaña electoral con encuestas que la daban vencedora ya en el primer turno: llegó al balotaje en segundo lugar, con amplias chances de derrota para un candidato del MDB. La gran sensación del “avance de la izquierda” fue la llegada al segundo turno de la elección de San Pablo de Guilherme Boulos, del PSOL, con poco más del 20% de los votos válidos (casi 1,08 millón), contra 1,75 millón (casi 33%) de Bruno Covas, del PSDB. Buena parte del electorado petista se volcó hacia Boulos; la mayoría de los analistas vinculan el fenómeno a la imagen de una izquierda joven (38 años de Boulos, contra 75 de Lula), no manchada por la corrupción. Aunque de alcance limitado, sin embargo, el fenómeno fue nacional: con 17 candidatos a intendente en el segundo turno, el PT y el PSOL avanzaron electoralmente en las 100 mayores ciudades. El PSOL conquistó cuatro intendencias (eran sólo dos en 2016) y 75 concejalías municipales en todo el país, y está en el segundo turno en San Pablo y en Belém do Pará, la más importante ciudad del norte del país, en ésta con chances de victoria (muy débiles en San Pablo). En Río de Janeiro, donde fue asesinada su consejera Marielle Franco, el PSOL conquistó siete concejalías (una más que en 2016), teniendo inclusive el candidato a consejero más votado, superando largamente a Carlos Bolsonaro (hijo del presidente, el más votado en 2016), un desempeño superior al de su dúo para la intendencia, en el que se encontraba un coronel de la Policía Militar como candidato a vice. O sea, el PSOL intentó progresar “por la derecha”, y acabó progresando por la izquierda. Su buena elección para cargos “proporcionales” (los no ejecutivos, o parlamentarios) en Rio se vinculó a candidaturas vinculadas con movimientos de lucha, no a figurones policiales “humanitarios”. Lo mismo sucedió en San Pablo, donde la imagen de Boulos, no su programa o sinuosa trayectoria política, se vincula a su carácter de principal dirigente nacional del movimiento de los sin techo (MTST), uno de los más activos en Brasil en la última década. Desde luego, Covas ya anticipó que la lucha contra el “radicalismo” será su única estrategia para el segundo turno. Boulos se cansó de explicar que la acción del MTST siempre se limitó a predios y construcciones públicas abandonadas (no hay ninguna “Guernica” en el currículo del MTST, o de Boulos). Lo apuntado vale más que el programa, que en el caso del PSOL ni siquiera puede ser considerado reformista. En ningún caso, inclusive en aquellos en que se trata de luchadores (especialmente luchadoras, en el caso de las “candidaturas colectivas”), las candidaturas del PSOL se presentaron como clasistas o vinculadas a las luchas obreras. Éstas, que han sido numerosas en el último año y bajo la pandemia (metalúrgicos de San Pablo y Paraná, Correos, trabajadores de la salud, entregadores de aplicativos, etc.) no tuvieron ninguna presencia ni “representación” en la campaña electoral, no fueron mencionadas siquiera una vez en la propaganda electoral de la TV (de la que fueron excluidos el PCB y el único partido declaradamente defensor de la independencia de clase, el PSTU). El programa de Boulos, más divulgado por internet que por cualquier otro medio (tenía sólo 14 segundos de propaganda electoral gratuita en la TV) se limitó a proponer mejoras en educación, salud, transporte, acceso a la vivienda y medio ambiente, sin proponer cualquier alteración de peso en la estructura tributaria de la ciudad (como sí lo hizo, aunque de modo muy limitado, el PT) lo que deja las mejoras prometidas dependientes de la buena voluntad de los ricos, via “tercer sector”, “responsabilidad social de la empresa” y asemejados. La Cámara de Comercio de San Pablo aplaudió a Boulos en su visita a ella, y varios ricachones declararon su apoyo material a su campaña. Lo de mantener la estructura presupuestaria básicamente igual es particularmente grave en un país que es ejemplo mundial de regresividad impositiva, y en una ciudad que, además de ser un paraíso internacional de la especulación inmobiliaria, posee nada menos que el tercer presupuesto del país (después del nacional y el del estado de San Pablo). Ni duda cabe que la demonización pública de Boulos por el bolsonarismo triunfante en 2018 permite caracterizar su votación como una manifestación política anti-Bolsonaro. Y, ciertamente, gran parte del caudal electoral de Boulos se debe al desplazamiento de votos del PT. Buena parte se recluta en las periferias más pobres, donde ha habido luchas por la moradia (la votación en Boulos fue significativa en su propio barrio, Campo Limpo), pero su votación más importante fue en barrios de alta clase media, superando el 30% en Perdizes, Bela Vista y Pinheiros. No se trata, de un voto clasista (que el PSOL ni siquiera reivindica) sino de un voto “progresista” dentro de los límites de la “redistribución (limitada y consentida) de riquezas”. La presencia de grupos “trotskistas” dentro del PSOL (o apoyándolo desde afuera, como hace un partido del FIT-U), sin más delimitación política que la crítica puntual (principalmente a las candidaturas más escandalosamente burguesas) revela que esos grupos, a despecho de su “ideología”, han perdido, inclusive con un barniz “anticapitalista” (donde todo cabe) o socialista (“libertario”, claro) toda brújula política de clase. El PSTU se hundió electoralmente, a pesar de su presencia importante en el movimiento sindical clasista y en algunas luchas obreras significativas. Sus candidaturas en Río y San Pablo superaron los tres mil votos, equivalentes, en San Pablo, al 0,05%. De modo mínimamente significativo, su candidatura en Río, de un sindicalista bancario clasista, duplicó ese porcentaje, llegando al 0,1%. Su ausencia en la propaganda electoral en la TV será seguramente el motivo esgrimido, junto a la dificultad de realizar una campaña en la calle en condiciones de pandemia y cuarentena. Ya vimos, sin embargo, que el tiempo en la TV del PSOL era muy bajo. Campaña electoral se puede hacer en puerta de fábrica o de oficina (que no pararon). Con excepciones, las candidaturas del PSTU cedieron a la onda de las candidaturas “identitarias” (“el partido con el mayor porcentaje de candidaturas femeninas o negras”), puestas en primer plano, un terreno donde los defensores abiertos del identitarismo anticlasista siempre llevan la mejor. Recordemos que el PSTU sufrió, hace un par de años, una escisión que llevó 40% de su militancia al PSOL, donde ahora coexiste alegre y amistosamente con las tendencias anticlasistas. Para casi todos sus participantes, las elecciones municipales han abierto anticipadamente la campaña electoral (presidencial, estadual y legislativa) del 2022, para la que ya se tejen todo tipo de alianzas (más a la derecha, en el caso de la izquierda). El PSOL ya declaró apoyo, en el segundo turno carioca, a Eduardo Paes, candidato de derecha apoyado por los milicianos, contra el candidato presidencial pentecostal (y bolsonarista) Marcelo Crivella. Para el gran capital, se trata de aprovechar los dos años restantes de un Bolsonaro debilitado, pero con sus aliados parlamentarios fortalecidos, para imponer todo tipo de reformas antiobreras y antinacionales. Para el movimiento de los trabajadores, se trata de aprovechar esa debilidad para organizar la lucha contra ella, en condiciones en que la crisis económica puede llevarla a abrir una situación prerrevolucionaria. En esa lucha, y en el debate abierto por ella, se puede forjar una izquierda clasista capaz, inclusive, de aprovechar revolucionariamente la contienda electoral.

El acuerdo UTA-Metrovías que declara no remunerativo el 40% del salario durante cinco meses golpea el cálculo de jubilación inicial. Quien esté en edad de jubilarse, o cercanos a ella, pierde de 3 a 4% de su primer haber. El decreto del gobierno nacional habilitando el pago del 100% del salario en carácter no remunerativo a los mayores de 60 años licenciados, duplica esta presión mes a mes. En los dos meses que restan del año, la pérdida como resultado de estas dos medidas será un recorte del 10% de jubilación inicial. Para Metrovías, en cambio, significa un ahorro de entre 420 y 680 millones de pesos, dependiendo de la resolución de la paritaria – ésta ya lleva nueve meses vencida. Una transferencia de recursos al grupo Roggio que tiene negocios desde Argentina hasta Panamá en empresas tecnológicas, hoteles, casinos, lotería, residuos, obra pública, insumos mineros y petroleros y, por supuesto, transporte. La insalubridad en el subte es cada vez más mayor. Al trabajo en los túneles, se han sumado el asbesto y el coronavirus. Metrovías se ha beneficiado con el desconocimiento de la declaración de insalubridad los trabajadores han inscripto la jornada de 6 horas en su convenio colectivo, pero no lograron el reconocimiento de su trabajo como tarea insalubre. La jornada de trabajo a 6 horas no significa que desaparece la insalubridad, por eso es tan importante la jubilación a los 55 años y el 82% móvil del salario del trabajador activo. Ante esta situación, la directiva del sindicato formó un cuerpo de abogados para asesorar a los trabajadores y mejorar las posibilidades de acuerdo. La negociación se encuentra condicionada por el acuerdo de la UTA con la patronal y el decreto del gobierno nacional. Además, necesitamos tener en cuenta el ingreso de personal que cubra el puesto de quienes se jubilan, otra razón para encararlo de forma colectiva. Es necesaria la deliberación en los sectores de trabajo. La organización de una asamblea general de quienes se encuentran licenciados ayuda a desarrollar una respuesta de conjunto a esta presión patronal. La defensa de los aportes a las cajas de la Anses y Pami es fundamental para la defensa del salario jubilatorio, en perspectiva de 82% móvil a los 55 años por insalubridad. Un congreso de bases de los trabajadores activos y pasivos en defensa de la jubilación, puede ser la herramienta para defendernos de la Reforma Previsional en danza. El llamado a la deliberación necesita incluir una acción de lucha a 3 años de la batalla contra el Estado en las puertas del congreso este próximo 14 y 18 de diciembre.

El gremio de Comercio se encuentra convulsionado. La pandemia ha expuesto crudamente el parasitismo de las patronales, que se negaron a implementar protocolos que preserven la salud de los trabajadores, avanzando con despidos y suspensiones en medio de esta emergencia sanitaria y negándose a abrir las paritarias durante medio año, incluso cuando el estado les otorgó todo tipo de beneficios como el ATP, mediante el cual se ahorraron hasta medio salario a expensas de los fondos del Anses. Pero toda esta situación ha revelado también las reservas de lucha de los trabajadores del gremio. La necesidad de salvaguardar nuestra salud, e incluso nuestra vida y la de nuestras familias, generó un estado de deliberación colectiva que nos abrió un camino alternativo al callejón sin salida de la traidora burocracia sindical. Así fue como, incluso antes de decretarse la cuarentena, trabajadores de los shoppings del AMBA reclamaron y consiguieron el cierre de estos locales, prescindibles y repletos de turistas. En los call centers, la resistencia por parte de los trabajadores impuso el cumplimiento de la cuarentena cuando a fines de marzo las patronales intentaron obligar a la presencialidad para no invertir en “home office”. Los supermercados y mayoristas, declarados esenciales, se convirtieron en el sector más dinámico del gremio, transitando una intensa experiencia de organización y lucha por medidas y elementos de higiene, cumplimiento de licencias, reducción de jornada de atención y laboral, plus salarial por trabajo insalubre entre otras. Estas experiencias han reforzado nuestra organización, obteniendo conquistas mediante la intervención activa con asambleas, medidas de fuerza y movilizaciones. Cavalieri (y sus “opositores”), agentes y bomberos de las patronales La pandemia también expuso y agravó una crisis económica preexistente y las patronales de comercio se han excusado en la cuarentena para promover una reforma laboral en el convenio que incluye la implementación del “banco de horas” y eliminar el plus por horas extras y un sistema de indemnización a cargo de aportes de los propios trabajadores. En simultáneo, Cavalieri realizó un raid mediático reconociendo la histórica entrega del salario y promoviendo una reforma tributaria para las patronales y recientemente se homologó el convenio -dentro de Comercio- para la rama de call center que implica un ataque a los reclamos de los trabajadores contra la insalubridad y la tercerización. En este cuadro, no fue novedad que la negociación paritaria en manos de Cavalieri haya resultado una miseria – aumento del 6% para todo el año, no remunerativo. La novedad es que se ha forjado una nueva camada de activistas y agrupaciones combativas y que la paritaria, de la cual antes nos enterábamos por los medios de comunicación, esta vez fue impuesta por los propios trabajadores y su firma bochornosa no cerró la lucha por el salario sino que echó leña al fuego. Es que los trabajadores ponemos día a día nuestras vidas para producir y esas vidas tienen efectivamente un "costo”. No podemos seguir cobrando menos de lo que necesitamos para pagar el alquiler, la comida, cuidar nuestra salud y demás necesidades básicas. Incluso el ocio y recreación deben estar cubiertos para nuestro pleno desarrollo. Necesitamos un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar que según índices actuales supera los $90.000. El reciente acuerdo por otro bono para supermercados y mayoristas viene a intentar apagar el fuego. Pero también a dividir a los trabajadores en “ramas” dejando afuera a los trabajadores de otros comercios, a los de los call center, e incluso a los repositores externos y a los contratados por agencias en los mismos mercados. Cavalieri se apresuró a cerrar un nuevo acuerdo porque teme el acecho de algunos secretarios generales de seccionales que están aprovechando el descontento de los trabajadores -tomando medidas sin discutirlas con las bases- para disputar su sillón. Pero lo que más temen las patronales y estas direcciones burocráticas es a que se unifiquen los trabajadores, activistas y delegados quienes, por fuera de la regimentación de los Muerza, los Ledesma y los Amado y otros que ahora se hacen ver, estamos deliberando y organizándonos de manera independiente de todos ellos. Se esta desarrollando una verdadera oposición a las direcciones burocráticas de todos los colores. Los desafíos de la “nueva normalidad” En este último acuerdo ruinoso, Cavalieri garantiza a las patronales la extensión del horario de atención que había sido reducido durante la cuarentena para aminorar la exposición al Covid. Esto va en sintonía con la presión que viene ejerciendo la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para poner fin a la cuarentena y a la cual el gobierno ha cedido a pesar de encontrarnos en un punto de altísimo nivel de contagios, donde los mercados se han convertido en focos de contagios (¡y muchos compañeros que han perdido la vida!) y los call center, que siempre fueron centros de hacinamiento, son un potencial peligro. No hay que perder de vista que en otros países ya hay rebrotes e incluso nuevas cepas del virus. El fin de la cuarentena también es un guiño al FMI para tratar de llegar a un acuerdo por la deuda argentina que implicaría como garantía una serie de reformas impositivas, laborales y jubilatorias de mayor perjuicio para la clase obrera y ninguna perspectiva de salir de la crisis. Esta situación sanitaria y económica nos coloca en la responsabilidad de profundizar la organización y lucha independiente. Llamamos a los delegados y agrupaciones de base y al conjunto de los trabajadores de comercio a que pongamos fecha y hora para realizar un plenario unificado para resolver acciones de lucha conjuntas por nuestras reivindicaciones. Salario mínimo igual a la canasta familiar e indexado por inflación Protocolos sanitarios aprobados y controlados por los trabajadores Abajo la tercerización y flexibilización laboral. Pase a planta permanente Reconocimiento de la insalubridad en los call center Basta de despidos y suspensiones 82% móvil para los jubilados Fuera la burocracia sindical, recuperemos los sindicatos a manos de los trabajadores

Alberto Fernández mandó al Congreso un proyecto -el suyo- de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que la legalidad del aborto esté de nuevo en el centro del debate político es una victoria del movimiento de mujeres. A lo largo de 30 años el frente único entre el Estado y la Iglesia bloqueó por todos los medios la legalización, y volverá a intentarlo una vez más. El envío de un nuevo proyecto de ley llega después de meses de promesas y dilaciones. El gobierno prefirió enviar uno propio, que se diferencia del que fue rechazado hace dos años en el Senado, y del que elaboró la Campaña – del movimiento de mujeres. La propuesta oficial establece la objeción de conciencia individual, salvo cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer. Es una fuerte concesión de principios, que podría ser manipulada con mayor alcance en sede judicial. Comienza entregando a los provida la llave maestra para bloquear cualquier interrupción del embarazo. Es lo que ocurre en todos los países donde fue admitida. Esa objeción no ha sido aceptada para quienes pretendían valerse de ella durante la pandemia, para evadir el uso del cubre boca y el distanciamiento social eran una cuestión de salud. No ha sido un asunto menor, cuando ha provocado manifestaciones masivas de la derecha. Pero el gobierno otorga esa concesión de conciencia para el derecho al aborto – al que define, sin embargo, como una cuestión de salud pública. La objeción de conciencia ha sido presentada como un derecho individual, que no podría ser invocado, entonces, institucionalmente, por ninguna entidad de salud. Esta limitación es falaz, porque cualquier entidad con afinidades clericales puede forzar al trabajador a rechazar el tratamiento del aborto, bajo la amenaza de despido – sea inmediato o a corto plazo. La salud, pública o privada, se sostiene sobre la base de profesionales precarizados, que dependen de la renovación de un contrato. La única “conciencia” que determina si se interrumpe o no un embarazo es la del jefe que tiene la lapicera de la renovación de contrato del que debe ejecutarlo. La ley, insólitamente, carga sobre las espaldas del médico objetor la derivación de la paciente “para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. ¿Eso puede ser responsabilidad de un médico? El protocolo del ministerio de Salud es más avanzado, por lo menos responsabiliza a las autoridades de la institución de conseguir reemplazo. Otro aspecto inaceptable del proyecto es que mantiene la penalización para quienes aborten en la clandestinidad después de la semana 14. ¿Acaso no saben que muchas gestantes descubren su embarazo cuando ya está muy avanzado? ¿Que en muchos centros de salud hay un solo ginecólogo y que se dan turnos a dos o tres meses? ¿Que la mujer puede querer esconder el aborto público para no enfrentar un medio hostil? El derecho de ser madres o de no serlo debe ser excluido del Código Penal. Fernández ha dejado a salvo el principio de que interrumpir un embarazo puede ser penalizado. La perfidia del articulado que establece la objeción de conciencia y mantiene la penalidad del aborto clandestino, es patente. El intento de eliminarlo del proyecto de ley del oficialismo sería denunciado como una traba insalvable para la aprobación del derecho al aborto, debido a que la normativa parlamentaria obligaría a prolongar su trámite entre Diputados y Senado y arriesgar su aprobación. Obliga al movimiento de la mujer a acallar esta disidencia fundamental. El proyecto establece que la atención del aborto será gratuita, en referencia a las Obras Sociales y, obviamente, al hospital público. No dice si será objeto de co-pago o de alza de los aranceles por parte de la medicina privada, que se encuentra en plena campaña para obtener un aumento gigantesco de tarifas e incluso eliminar la Prestación Médica Obligatoria (PMO). Aunque las corrientes kirchneristas no quieren en absoluto que se mezcle la negociación con el FMI en este asunto vital, el FMI se mete de cualquier modo, porque la negociación implica cuestiones de presupuestos y de intervención del Estado en actividades reguladas. Como es obvio, la presentación del proyecto no significa que sea aprobado. Es la dura lección que recibimos hace dos años. El mismo gobierno ya abrió el paraguas. "Somos optimistas y si no lo llegáramos a lograr vamos a seguir intentándolo porque los derechos de las mujeres siempre fueron muy difíciles de conquistar", explicó Ibarra. Es indispensable permanecer alertas y movilizadas, sin ceder un gramo de confianza a este gobierno para quien el derecho al aborto es instrumental, no principista, o sea que busca atraer a una parte del electorado e incluso establecer una cuña en el movimiento de lucha contra el ‘ajuste’ fondomonetarista. Necesitamos llevar el debate sobre la legalización a todos los ámbitos para que las y los trabajadores se involucren en la defensa incondicional de este derecho. Fernández ofrece una concesión con limitaciones, porque comprobó que la pandemia no logró frenar la poderosa voluntad de lucha, aunque tampoco hubiera podido hacerlo, por el Covid puso más al desnudo la crisis de salud de la humanidad y en especial de sus sectores más vulnerables. La lucha histórica de las mujeres no se restringe al derecho al aborto, es un movimiento de emancipación de toda tutela y de la explotación social. Protagonizamos la lucha contra los femicidios, las redes de trata y la violencia sexista, como parte de un sistema social y político que reproduce esos agravios en forma cotidiana. Llamamos a mantenernos alerta. A organizar asambleas presenciales o virtuales, debatir en las barriadas, organizar actividades callejeras. Nuestra presencia en las calles será la garantía de que esta vez nadie burle nuestros derechos. Aborto legal gratuito y seguro ya / No a la objeción de conciencia.

Decretada oficialmente la cuarentena el 20 de marzo, el gobierno de los Fernández declararon a la mayoría de las industrias “esenciales”, en primer lugar los pulpos agroexportadores. A fines de julio fue el brote de 12 casos en Cofco y uno en Bunge, otro en Renopack, y se extendió en todo el Cordón Industrial. El título tiene una significación más drástica que la conducta “trumpeanesca o bolsonarista”, veamos a grandes rasgos: Muy bajo nivel de limpieza, nada de sanitización efectiva. El personal de limpieza contratado por distintas empresas que realizan su trabajo en todas las fábricas y cerealeras, se viene contagiando como el resto de los obreros y empleados. Más allá de guantes y tapabocas común, no les proveen otra cosa. El uso de cloro al 2% y alcohol al 70%, no se puede aplicar a cualquier superficie. No se pulverizan aunque sea con solución de cloro y agua los camiones que ingresaron e ingresan a todas las empresas, desde San Lorenzo hasta Timbúes. Solamente Vicentín en su Planta de Ricardone puso un arco pulverizador para los camiones que ingresan, posiblemente por su proximidad con Renopack donde se envasa aceite (de Vicentín Family Group). También al comienzo de la pandemia, la Comuna de Ricardone pulverizaba las ruedas de los camiones y vehículos, procedimiento que lentificaba el recorrido de los camiones desde la playa que tiene Vicentin en el límite de la Comuna, hasta la planta atravesando toda la población. La Comuna suspendió el pulverizado. De igual manera al comienzo de la pandemia, la Comuna de Timbúes, pulverizaba los camiones y tomaba temperatura a los conductores, fue increpado por el mismo gobernador Perotti. Se hacía mucho más lento el ingreso a Renova, Cofco, Dreyfus. Los transportes de personal contratados por las empresas, no son inspeccionados por nadie. Una misma unidad hace servicios a distintas plantas a lo largo de un día (tres turnos). Los choferes no están aislados de los pasajeros y la sanitización es discrecional de cada empresa de transporte. La flexibilización laboral se aplica furiosamente en mayor medida que antes de la pandemia. Ante aislamiento de grupos de trabajo por caso positivo o sospechas fuertes, dividen los grupos de trabajo, incorporan algunos contratados, pero la misma tarea la realizan menor cantidad de personal. Obligan en muchos casos a extender el horario de trabajo con horas extras para satisfacer la fuerza de trabajo que necesitan las empresas. Esto sobre todo en empresas contratistas que en un altísimo porcentaje realizan tareas de personal efectivo. Las ART no cubren los gastos de testeos, hisopado, etc. El Covid no es considerada enfermedad laboral. Cuando una empresa decide hacer testeos por su cuenta, no informa a las autoridades sanitarias. Solamente lo declara cuando entre los obreros toma estado semi público o público. Como declaró a los medios el Sec. Gral. del SOEA, Pablo Reguera, cuando lo convocaron los obreros de Cofco que paralizaron la actividad por el brote de contagio, él fue por solidaridad porque no tiene incumbencia con el tema del COVID, y el paro fue responsabilidad de los obreros. Con el caso de Bunge, prometió en esa misma nota, pedirle una entrevista virtual a los empresarios, porque es la empresa de origen del mismo Reguera. Pero no hubo cambios en la sanitización y seguridad en Bunge. Hasta donde pudimos chequear, una sola cerealera, pulveriza con amoniocuaternario diariamente y en plena actividad, lo que implica el abandono de los lugares de trabajo durante 10 – 15 minutos (tiempo necesario para que actúe el producto) Es el desinfectante con mayor espectro y efectividad. Un obrero de otra cerealera comentaba textualmente: te dan solamente un frasquito de alcohol en gel, la mascarilla común de papel, les retacean los guantes de látex y arreglátelas como puedas. Algunas empresas chicas que cerraron la producción recibieron una partida de ATP, pero lo insólito es que lo recibió también Vicentin SAIC, que se fugó U$S 1.500 millones!!! Los ATP implicaban la mitad de los sueldos eran hasta un máximo de $33.000. (ahora $22.680, el 120% del salario mínimo) Tempranamente los amarradores en la zona de Timbúes se negaron a recibir barcos provenientes de Brasil, para cargar cereal, porque la documentación mostraba que solamente habían pasado tres días desde que zarparon y exigían que su tripulación cumpliese con los 15 días de cuarentena. Fueron duramente castigados por el gobierno provincial que les aplicó “conciliación obligatoria”, es decir violar el protocolo nacional para las personas que vengan del exterior. Esta breve descripción alcanza para mostrar los múltiples motivos por la que se extendió la pandemia, con contagios entre los más elevados del país, para la zona de Rosario y el Cordón Industrial. Los sindicatos con intervención en las industrias y el SOEA en particular, han mirado para otro lado y han aceptado pasivamente que el Covid no sea incluido como enfermedad profesional ni movido un dedo por las mejoras en un protocolo de seguridad e higiene concreto y efectivo. Ni que hablar de paritarias o aumento salarial. La china Cofco entregó unilateralmente un “Bono Covid” de $80.000 del cual se toma Reguera para “sugerir” el mismo tratamiento en el resto de las aceiteras, y reclama el tradicional Bono de Fin de Año (equivalente a sueldo). Los que son no remunerativos ni bonificables pero entran en el impuesto a las ganancias. Con un mínimo no imponible a los trabajadores o 4° categoría de $55.000 para el soltero y de $73.000 para el casado con dos hijos, la presión de la olla obrera está en ebullición. Por ahora solamente URGARA está en plan de lucha por un 42% de aumento para la paritaria vencida. La inflación imparable y en flecha ascendente, preanuncia un fin de año muy caliente. Lo que nos plantea y a todo el activismo estar muy atentos porque una rebelión de la base en cualquier sector importante se puede extender como aceite en el agua.

“Salarios dignos”, “somos esenciales, páguennos como esenciales”, fueron las consignas de la gran movilización del 17N. Luego de que en varios hospitales de CABA el personal de salud empezó a organizarse en asambleas por las paritarias, la burocracia de Gilardi de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) convocó a un paro. A las horas se le sumó la Federación de Profesionales, que había rechazado previamente las propuestas de lucha que habían formulado algunas de sus asociaciones, pero luego se plegó a la velocidad del rayo a la medida de la AMM. La jornada del 17N planteó el desafío de irrumpir en la paritaria con las reales aspiraciones de las y los trabajadores de la salud. Por eso se reclamó por un “aumento del 100%, en blanco y retroactivo a abril”, a años luz de las mezquindades que negocia la burocracia. El gran problema que dejó planteada la jornada es cómo superar a la tríada Larreta-AMM-Federación, que cocina un nuevo plato amargo para el personal de salud. Una movilización que dividió aguas Es este contexto hay que valorar las asambleas en hospitales como el Muñiz, el Álvarez, el Fernández, el Gutiérrez o el Penna, por solo nombrar a algunos. En varios de ellos, las asambleas votaron hacer activo el paro de la burocracia, adhiriendo a la movilización convocada por la asamblea de residentes y concurrentes. La marcha congregó a miles de trabajadores, mayoritariamente residentes pero no solo. La lista 10 de Rojo, que dirige varias filiales de la AMM, se jugó por el contrario en contra de movilizar. Su apuesta, quedó claro, está en ganar las próximas elecciones de la AMM, no es desbordar a su actual dirección con un plan de lucha en serio por el salario. Si las filiales de la Lista 10 hubieran convocado a Jefatura, una asamblea general hubiera podido arrancarle a Gilardi el timón de las negociaciones. La capitulación de Rojo le regaló a Gilardi un margen para seguir maniobrando. Al llegar a Jefatura, se entregó una nota con las reivindicaciones votadas en asamblea (100 mil pesos de base salarial para residentes ingresantes, 100% de aumento retroactivo a abril y en blanco, 82% móvil para jubilados, pago inmediato a instructores, jefes y R1, salario y ART para concurrentes, reincorporación de Laura Díaz al Hospital Tornú) y se exigió una reunión para obtener una respuesta. Luego, se hizo una asamblea allí mismo para votar el plan a seguir. Los presentes eran conscientes de que conseguir esa reunión y esos reclamos implicaba desplegar una acción de lucha extraordinaria, como residentes y concurrentes hicimos en diciembre pasado. Las resoluciones de la asamblea En la asamblea numerosas intervenciones destacaron la necesidad de unificar y coordinar las luchas entre residentes, concurrentes y personal de planta, así como con enfermería, que viene dando una lucha tenaz por su incorporación a la carrera profesional. Se votó acompañar la jornada del 20N y exigir un paro a los gremios para que la movilización a Plaza de Mayo pueda ser verdaderamente masiva. Desnaturalizando esta exigencia, a las horas Federación de Profesionales, a instancias de la Asociación de Psicología, dictó un cese de actividades para el 20N de… ¡30 minutos! El desafío, ahora, es aprovechar ese “break” de 10 a 10.30 para hacer asambleas en los lugares de trabajo y votar levantar las actividades para marchar con enfermería. Para darle continuidad a la lucha por la paritaria la asamblea votó un nuevo paro de 36 horas para la semana que viene, que empezaría desde las 12 hs del martes 24. Es una iniciativa que interpela también a las filiales de la Lista 10, que de palabra apoyan el aumento del 100% pero que, excepto por su rechazo a movilizar, aún no dijeron cómo piensan que debería continuar la pelea por el salario. Si logramos un 20N fuerte, con asambleas que se movilicen desde los hospitales, vamos a en mejores condiciones para concretar el paro de 36 hs la semana que viene. Plan de lucha hasta ganar El personal de salud aguantó ocho meses de pandemia en la primera línea y ya está exhausto. En el medio vio derrumbarse el poder adquisitivo de su salario, a la par del hundimiento general de las condiciones de vida de la población. La aspiración de las y los trabajadores de la salud a una recomposición de su salario chocó contra el manejo capitalista de la pandemia, que nunca priorizó las necesidades sanitarias y sociales, y ahora se enfrenta a un nuevo acuerdo con el FMI y su correspondiente ajuste sobre el gasto social. Las paritarias a la baja, que Fernández cerró en un 7% para dependencias nacionales y que Larreta y Kicillof quieren cerrar en un 15%, a costa de sumas no remunerativas, son la frutilla de este postre indigesto. La experiencia de residentes y concurrentes de diciembre pasado demuestra, sin embargo, que con una lucha a fondo podemos arrancarles nuestros reclamos. Vamos por un 20N con enfermería y todo el personal de salud, con cese de actividades y asambleas en todos los efectores para movilizar de Congreso a Plaza de Mayo. Vamos por la continuidad del plan de lucha hasta ganar, uniendo a todas las disciplinas y sectores que el gobierno y las burocracias quieren dividir. Convoquemos a la población a apoyar la lucha de la salud, que en este contexto es la misma lucha por su supervivencia. ¡Sigamos adelante!

La salida del jefe de Carabineros -Mario Rozas Córdova- después de casi 700 días en el cargo, se da en medio de una profunda crisis política del gobierno y del conjunto del régimen pinochetista. Tras conocerse que -luego de un operativo que está siendo investigado- en Talcahuano, dos menores (de 14 y 16 años) internados en un centro del Sename habían sido baleados por Carabineros, Rozas presentó su renuncia. De forma imprevista e inédita, Piñera suspendió su asistencia a la ceremonia de ascenso de los generales en su institución favorita para reunirse con sus ministros lo que, desde luego, descolocó al conjunto de la institución. Rozas arribó a la jefatura en un momento de alta convulsión social tras la polémica salida de Hermes Soto -quien se negó a dejar la institución- a raíz de los fuertes cuestionamientos surgidos contra la policía por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Sin embargo, las últimas declaraciones de Piñera elogiando al exgeneral director por la labor que ha cumplido durante “tiempos de extrema violencia”, y el hecho de referirse a los niños baleados como “accidentados”, han causado un amplio rechazo popular porque nuevamente han escondido y legitimado la represión, ensanchando el camino de la impunidad que transita el gobierno. Cortes de ruta y protestas en las afueras de comisarías y centros del Sename se desarrollaron a lo largo de todo el país, y con mucha fuerza en Talcahuano. Luego de la renuncia de Rozas, Piñera señaló que, en su reemplazo, asumirá el general Ricardo Yáñez, quien hasta ahora se desempeñaba como Director Nacional de Orden y Seguridad, y quien es acusado de desviación de recursos de la institución, además de ser el responsable de los operativos ultrarrepresivos en Plaza Dignidad -cuyo último suceso fue el lanzamiento de un joven al río Mapocho. Ocultando esto, Piñera aseguró que la labor de Carabineros debe ser reconocida y apreciada por todo el país ya que ellos, junto a la PDI “son la primera línea que permite proteger la seguridad, las vidas, los bienes y la libertad de todos los chilenos, pero también son la primera línea que permite que en Chile se respete la ley el Estado de Derecho”. Por su parte, el centroizquierdismo celebra la renuncia de Rozas como un gran triunfo. No señala que el régimen busca pertrecharse, y en lugar de eso deja abierta la puerta para nuevos compromisos. Pareciera, por otra parte, que Carabineros no tuviera una historia de violación de los derechos humanos, mutilaciones, abusos, asesinatos, torturas y atropellos, sino también, autora de robos, corrupción, tráfico de drogas y cohecho; reflejo de una institución podrida en un régimen social decadente. El desarrollo de las aspiraciones y reinvindicaciones de la rebelión de Octubre, que la burguesía y el centroizquierda quieren enterrar por medio del proceso constituyente, debe valerse de toda esta crisis para mostrar que el régimen no se mantiene en pie por si mismo sino por el auxilio de la oposición burguesa y pequeño burguesa. Un programa democrático es el que plantea el desmantelamiento de las redes de tráfico de niños y el juicio y castigo a los implicados; por el cierre de estos centros de cárcel y tortura de niños y la restitución de los niños a sus familias. Para los niños que no tengan a sus familias o éstas se encuentren impedidas de hacerse cargo de ellos, es fundamental la asistencia estatal a ellas y el paso de sus niños a hogares donde reciban los cuidados oportunos y se garanticen sus necesidades y derechos fundamentales -para su real reparación. Asimismo, es preciso luchar por la reapertura de las causas truchas contra las familias cuyos niños han sido arrebatados, y la libertad de los menores presos por causas políticas. Este planteo no puede disociarse de la lucha por el desmantelamiento de las FF.EE de carabineros y del Comando Jungla; la libertad inmediata e incondicional de todas y todos los prisioneros políticos del régimen; el juicio y castigo mediante cárcel común a los responsables políticos y materiales de todos los crímenes y asesinatos que el gobierno y sus secuaces han cometido contra la clase obrera, la juventud y el pueblo mapuche; el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT que contempla las diferencias étnicas y la cosmovisión mapuche; el restablecimiento de todas las libertades democráticas, el fin al estado de excepción y el toque de queda; el fin a la ley antiencapuchados, al Aula Sergura y a las detenciones por sospecha. El Estado y el gobierno que lo pilotea es responsable y artífice de la maquinaria de impunidad que opera en Chile. Sólo la movilización de los trabajadores podrá cumplir con este programa y llevarlo adelante. ¡Huelga General! ¡Juicio y castigo a Rozas y Yáñez! ¡Fuera Piñera! Asamblea Constituyente libre y soberana Por un gobierno obrero y socialista Foto: Javiera Fuentes.

Luego de nueve meses de espera, SUTPA anunció el cierre de las paritarias solamente en dos corredores viales (Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste), pertenecientes al mismo grupo económico. Fue un anuncio sin acuerdo firmado, en el aire, y la noticia fue comunicada ni más ni menos que por Facundo Moyano en persona, quien aprovechó la oportunidad para presentar su regreso al gremio. La noticia, bastante confusa y poco clara, consistiría en un aumento de 30% en cuatro cuotas -pagaderas en octubre, enero, marzo y mayo- no acumulativas. Sólo la primera cuota del 8% será retroactiva a junio del 2020. Comparando la inflación y la paritaria del Sutpa en los últimos dos periodos muestra el atraso del salario respecto de la inflación, superior al 10%. A esta situación se suman nuevas confiscaciones: por un lado, el aumento produjo un impacto importante en ganancias (eufemismo para “impuesto al trabajo"), generando descuentos de hasta $25.000; y por el otro, el bono de fin de año, que se venía pagando desde el 2007 por un monto igual o similar al medio aguinaldo de diciembre, no se pagará este 2020. Como se ve, un robo consumado sin asambleas ni plan de lucha, que nos deja lejos de conquistar un acuerdo paritario a la altura de la emergencia económica que la clase trabajadora de las autopistas -y el movimiento obrero en general-, sufre a la par de la emergencia sanitaria. En el peor momento económico y epidemiológico, la burocracia sindical ha entregado a los trabajadores del sector y a sus familias para bancar a las patronales y sus “pérdidas”. Protocolos a medida de las patronales El cierre de la paritaria trajo aparejada, además, la vuelta al trabajo de manera casi normal, con la pérdida casi total de los protocolos de seguridad. Este hecho también causó una importante preocupación entre los trabajadores, ya que los protocolos no se respetan y las medidas no están garantizadas en ningún aspecto por la patronales. El entrecruzamiento del personal según las necesidades operativas hacen al sector un foco epidemiológico en potencia, por la características de las actividades laborales diarias. El Sutpa, por omisión o por complicidad, tolera la liquidación de las cuarentenas en nombre de la rentabilidad empresarial. Aunque como venimos explicando, a la hora de las paritarias no se puso arriba de la mesa que la actividad de peajes y afines se declaró actividad esencial (sic). Es decir, prácticamente no paró de trabajar durante la cuarentena. Próximas peleas: automatización y puestos laborales Al problema salarial y sanitario los trabajadores del sector debemos sumar las consecuencias de la automatización de los peajes. Es decir, la obligatoriedad del pase en autopistas y la consecuente vacante de varios puestos de trabajo humano. Hoy en día la modalidad ya reúne al 80% de vehículos pasantes con esta modalidad, lo que preanuncia, de no organizarnos, la pérdida de muchos puestos de trabajo. Pongamos de pie una dirección en el sindicato que esté a la altura de las necesidades de sus trabajadores, y no de proyectos personales filo empresariales. Por asambleas deliberativas que fijen un plan de lucha para detener la confiscación que las empresas junto a sus socios gremiales, quieren imponer al conjunto de los trabajadores de autopistas y sus familias. Por el salario y la recuperación del poder adquisitivo. Basta del pedaleo permanente que pone en riesgo nuestra integridad física y laboral, y de todos los trabajadores de la actividad y sus familias.

Se ha confirmado en estos días el rumor que circulaba sobre la reapertura de Loimar a través de un fideicomiso. La fábrica de ladrillos de Tandil retomaría su actividad en diciembre, aunque con personal reducido y en condiciones laborales inciertas. El sindicato (FOCRA) a la fecha afirma que no ha sido notificado sobre esta reapertura. El conflicto Hace más de un año que los trabajadores de Loimar se encuentran luchando contra el lock-out patronal. Los dueños de la empresa inicialmente comunicaron el despido arbitrario de 10 trabajadores, pero la organización y gran tradición de lucha de los ceramistas los enfrentaron. Finalmente, la empresa comunicó su intención de cerrar la planta en caso de que no hubiera acuerdo. Una extorsión con todas las letras para desactivar el conflicto. El Estado, por su parte, ha dilatado en tomar decisiones, poniendo ´paños fríos´ en el comienzo, que se prolongaron con el pretexto de la pandemia. Los 81 trabajadores de Loimar han llevado adelante una lucha heroica, con movilizaciones, juntas de firmas y acampes tanto en puerta de fábrica como en el Municipio. La pandemia llevó al extremo la situación de los trabajadores, que se las han arreglado haciendo changas y colectas para poder subsistir junto a sus familias. Pese a esto, la empresa busca dividir a los trabajadores con toda clase de maniobras y proseguir su plan de vaciamiento, a pesar de que los recursos preventivos de crisis fueron rechazados en más de una oportunidad. Una reapertura a medida del capital El titular del fideicomiso, Jorge Saurí, en una entrevista con el Eco de Tandil (18/11), afirmó que éste se haría cargo de las inversiones para rescatar a la empresa que “venía trabajando a pérdida (sic)”. Ante la pregunta del periodismo con objeto de la gran demora de la reapertura, Saurí declaró que “para que estas inversiones se concreten se requería el despido de diez operarios y la gestión real de la fábrica por quienes eran sus administradores”. He aquí las dos claves de esta reapertura: por un lado hacer pasar los despidos y, por el otro, lograr aplicar un “control real de la fábrica”; es decir, barrer la organización asamblearia de los trabajadores. Por otra parte, la gran incógnita son las condiciones laborales en las que serían recontratados los compañeros, ya que la empresa había anunciado en el pasado la intención de hacerlo sin convenio, es decir con una reforma laboral aplicada de hecho. Defendamos la organización y las asambleas Siguiendo su línea de desactivar el conflicto mediante la división de los trabajadores y la extorsión, la patronal responsabiliza a los delegados y a los compañeros que sostienen la lucha por estos 13 meses de parálisis productiva. Las declaraciones de Saurí asegurando que los compañeros fueron “inducidos y coaccionados para apoyar actitudes individuales intransigentes (sic)” es un ataque a la tradición asamblearia y de lucha de Loimar, que tiene sus orígenes en el año 2008. Como si esto fuera poco, prosigue: “esta vez el inversor puede interrumpir su inversión de manera instantánea en caso de conflictos o disturbios como el aludido (sic)”, lo cual en criollo se traduce de la siguiente manera: si protestan se vuelven a quedar sin laburo. Ningún trabajador afuera La reapertura implicaría, según Saurí, la reincorporación sólo de algunos compañeros: “el fideicomiso incorporará a 58 empleados que trabajaron para esa firma, 38 ex operarios y 20 dedicados a tareas de supervisión, dirección, comercialización y administrativos”, lo cual dejaría afuera a 25 trabajadores. El argumento que sostiene sobre la necesidad de estos despidos es que la situación no permite reincorporar más trabajadores. Es un atropello. En todo caso, este argumento debería ser constatado con la apertura de los libros contables de la empresa. Y en caso de que la patronal no pueda garantizar los puestos de trabajo, la misma debe ser expropiada bajo control de sus trabajadores. Desde el Partido Obrero Tendencia nos ponemos a disposición de los compañeros ceramistas y enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad. Por la apertura de los libros contables de la empresa. Pago inmediato de todo lo adeudado. ¡Ningún compañero afuera! ¡Reincorporación de todos los despedidos! ¡Que viva la lucha de los ceramistas de Loimar!

La negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden, ha sido, desde el principio, una farsa. El demócrata le sacó una ventaja de seis millones de votos al cacique republicano, aunque mitigada porque el 70% de la diferencia obedece a California, el principal estado de la Unión. En el Colegio Electoral la distancia es de casi cien delegados. Trump, sin embargo, no reconoce su derrota, con la sola compañía del mexicano López Obrador, con quien tiene un pacto de complicidad con el narcotráfico, y el brasileño Bolsonaro. El magnate inmobiliario espera ganar la segunda vuelta en las legislativas de Georgia, para quedarse con la mayoría de un voto en el Senado nacional, aunque un resultado adverso otorgaría el arbitraje en esa Cámara a la vicepresidenta electa, Kamala Harris. Las protestas de fraude, por parte de Trump, ya enfrentan el rechazo de su propia Corte Suprema. El arrastre de Trump en el partido Republicano ha sido señalado como la evidencia del derrumbe de la Democracia en América, una tendencia que tiene larga data, como lo mostró la conquista de ese partido por el Tea Party, una camarilla fascista, hace dos décadas, y las guerras a repetición en que se embarcó Estados Unidos desde la que desató contra Irak en 1991. Trump ha reaccionado mediante el despido del secretario del Defensa, por el desplante que éste le hizo cuando rechazó la intervención del ejército para reprimir la rebelión contra la brutalidad policial, y está colocando a sus topos en la planta permanente de la Administración para que ejerzan el espionaje e incluso torpedeen acciones de gobierno. Todo sumado, la tentativa autoritaria o fascistoide concluye en una farsa. Trump no ha superado la categoría de dictadorzuelo – lo cual habla montones de la decadencia de Estados Unidos. De otro lado, la tragedia. Ocurre que Trump pretende usar el tiempo que va hasta la transmisión del mando al sucesor, para continuar su política criminal frente a la pandemia y sabotear los esfuerzos que pudieran realizar las autoridades locales de distintos ámbitos. Esto ocurre cuando la pandemia se encuentra fuera de control en el país, con cerca de doce millones de contagios y más de un cuarto de millón de muertos. La directiva política es que la economía no debe cerrar bajo ninguna circunstancia; que el ´lockdown´ al capital supera cualquier daño que el virus pueda causar a la vida humana. Es un planteo fascista hasta el tuétano, no bajo la máscara comunitaria de Hitler o la demagogia garibaldiana de Mussolini, sino de la libre empresa del pionero norteamericano. Los opositores no comulgan con esta virulencia, pero se empeñan en ir todo lo posible por esa misma vía hasta que chocan con los datos que muestran el descontrol más completo de la enfermedad. La ciudad de Nueva York ha cerrado las escuelas, luego de rechazar todas las advertencias contra su reapertura, sólo cuando la transmisión del contagio llegó a R3 – un índice fulminante. Trump se niega a interiorizar a los equipos de Biden en los asuntos de gobierno, en una transición paulatina, lo que deja un vacío de poder en el pasaje de mando de gobierno. La poderosa institucionalidad estadounidense se muestra, sin embargo, impotente en poner a Trump en el redil, y la razón no menos importante de ello es que la Bolsa sube, incluso ´rota´ de las tecnológicas a las compañías capitalistas más convencionales. A nadie se le escapa, con todo, que el PBI anual de EEUU ha retrocedido en forma espectacular mientras el de China crece, con una pandemia controlada. Un acuerdo comercial que acaba de firmar China con los principales países del sudeste asiático y Oceanía, que reduce a cero el 90% de los aranceles, ha sido señalado como la evidencia de un desplazamiento del poder mundial de Occidente a Oriente. Si Trump se propuso revertir la decadencia de EEUU, el empeño ha dado el resultado contrario. La prensa japonesa asegura que la instalación de contingentes militares rusos para asegurar la tregua entre Armenia y Azerbaijan, firmada hace pocos días, ha alejado por largo tiempo a USA y la Unión Europea del Cáucaso. La dominación de esta región fue considerada la llave para la penetración del capital internacional en Rusia y el desmantelamiento de la oligarquía encabezada por Putin. Quienes al comienzo de la pandemia advirtieron que las cuarentenas y los aislamientos sociales establecerían ´estados de excepción´ e incluso militarizados (el grupo de intelectuales de la Sopa de Wuhan), no solamente se equivocaron, sino que la bandera de la lucha contra la dictadura sanitaria o ´infectadura´ ha sido tomada por la derecha y el fascismo, en nombre de la libertad de empresa. El estado, en cuanto tal, ha fracasado en mediar entre el derrumbe sanitario, de un lado, y el derrumbe social, del otro, y se ha visto obligado a pasar de un polo al otro de la restricción de movimientos, como consecuencia de los aislamientos fallidos y las reaperturas fracasadas. Todo esto ha mostrado el carácter esencial de la contradicción entre el interés privado y el interés colectivo, o sea humano, en las condiciones capitalistas. Los giros violentos que se han producido a nivel del estado y la sociedad, muestran una ruptura del equilibrio histórico mundial sin precedentes: geopolítico, pero por sobre todo social. Esto se manifiesta por sobre todo en Estados Unidos, o sea en la lucha de clases y la rebelión popular en la principal metrópoli del capital. El desequilibrio mundial se encuentra internalizado, si se puede decir así, en cada país. Ahora es Biden quien quiere hacer a América ´great again´, sin mentar la consigna, claro. Lo muestra la decisión de revertir el proyecto de Trump de retirar las tropas norteamericanas de Afganistán. El nuevo gobierno estadounidense va por la revitalización de la OTAN, es decir, a una ofensiva política y económica contra Rusia y contra las aventuras del turco Erdogan en Medio Oriente. La pelea contra el ascenso de China cambiará de forma, en primer lugar con un reforzamiento militar en los mares contiguos a China, y una intervención en la crisis de Hong Kong y la militarización de Taiwan. Junto con la experimentación de la vacuna contra el Covid-19 se desarrolla una tendencia más fuerte a la guerra. La farsa política de la sucesión presidencial en Estados Unidos, es la cobertura de una tendencia a revoluciones y contrarrevoluciones. Los procesos parlamentarios y electorales cambiarán, en un cierto punto, de carácter, pues se convertirán de expresiones del equilibrio político, en lo contrario – en expresiones de desequilibrio político, de desplazamientos de fuerzas hacia los polos históricos.

En Radio Nacional los trabajadores realizamos un paro por 24 horas, luego de una extensa Asamblea General convocada por la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNa). Tras la irrisoria propuesta que el Estado le hiciera a los trabajadores de la Administración Pública Nacional -y aceptara, con módico cacareo, UPCN-, de un 7% de aumento ´a revisar´ -de modo borroso- en diciembre, el Estado le ofrece a los trabajadores de Radio Nacional un 10% pagadero a noviembre, desconociendo retroactivos y compromisos que la empresa estatal labró en actas; por ejemplo, la actualización de la paritaria 2019/2020, cuya discusión debiera haber arrancado en enero del corriente. También propone la Empresa otro aumento del 7% pagadero en febrero 2020, junto a un bono difuso de $4.600 en diciembre de este año. Sin embargo, la empresa otorgará el aumento en tanto y en cuanto los gremios paritarios firmen el acta-acuerdo: pues bien, no se trata de una negociación, sino de una extorsión a los apremiados bolsillos de los trabajadores. En Radio Nacional, desde la última paritaria que empardó la inflación (la del año 2017/2018) los trabajadores hemos perdido más del 50% de nuestro poder adquisitivo. Desde la Asamblea General, a la cual se sumaron el Sindicato de Prensa de Mendoza y numerosos afiliados a los demás sindicatos, consideramos inaceptable el ofrecimiento de la empresa y votamos el paro. Con la memoria viva de las enormes luchas que se llevaron adelante contra la Paritaria Cero que quiso imponer la Empresa durante la gestión de Mauricio Macri, los trabajadores, tras pelear de modo denodado por el protocolo obrero - sanitario que propusiera la comisión directiva de ATRaNA el pasado 15 de marzo ante la Pandemia y el cual se aplica con el rigor y compromiso de todos los compañeros, los trabajadores de Radio Nacional iniciamos el miércoles 18 un paro de 24 horas: por una urgente recomposición salarial; por el inmediato pase a planta de todos los trabajadores precarizados; por salario mínimo igual a la canasta familiar.

La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación llegó a un acuerdo paritario del 25,5% para los dos cuatrimestres que le faltaban completar. Sumado al 6,5% obtenido anteriormente, la paritaria que va de mayo de 2020 a abril de 2021 redondea un 32%, en 6 cuotas. (6% en agosto, 0,5% en setiembre, 9% octubre, 7% diciembre, 6% enero, 3,5% en marzo, con cláusula de revisión). El acuerdo firmado, informaron los directivos a las distintas seccionales, es no remunerativo, es decir que no aporta el 11% a las jubilaciones ni el 3% al Instituto de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados (INSJJPP). Esenciales, descartables Lo que distingue al rubro de la alimentación es que ha sido decretado esencial desde el primer día de la pandemia, por lo que los trabajadores fueron expuestos durante toda la cuarentena al contagio para continuar la producción -el número de infectados llegó a cientos en las fábricas más grandes- lo que no fue recompensado económicamente a los trabajadores a nivel nacional – solo por acuerdos internos de algunas empresas. Las ventas de los productos alimenticios, a diferencia de otros rubros, no se vio afectada por la pandemia. Según lo que pudimos registrar, en la mayoría de las fábricas, la producción subió respecto de 2019, en algunos casos alcanzando niveles récord, y se realizaron horas extraordinarias a roletes. La paritaria 2020 de los trabajadores de la Alimentación venía siendo expuesta a dilaciones interminables por parte de la Cámara Empresaria: el aumento correspondiente a mayo se había acordado recién en agosto, sin retroactivo; el aumento correspondiente a octubre se venia discutiendo desde septiembre y terminó de cerrarse ayer (18 de noviembre). Los trabajadores hicieron paro de dos horas por turno levantados por la conciliación obligatoria (en junio) y otra vez en octubre, también levantados por una nueva conciliación. En total se realizaron entre los paritarios y la Cámara Empresaria 25 audiencias conciliatorias. Estas dilaciones tuvieron el agravante de que la Federación nunca comunicó a los trabajadores qué aumento salarial reclamaba. Hasta el último día de la negociación, el reclamo paritario de la FTIA fue clandestino y a espaldas de los interesados. Contrastes Una vez vencida la segunda Conciliación Obligatoria el lunes pasado, la Federación convocó a un "bocinazo" a la Cámara Empresaria. El objetivo es claro, sacar a los activistas y delegados de las fábricas y evitar cualquier tipo de medida de fuerza antes de la siguiente audiencia convocada. Mientras que el reclamo general de los movilizados era un plan de lucha por el 40%, el secretario general de la Federación, Hector Morcillo, anunció -en un discurso apaciguador ante la Cámara Empresaria- un nuevo paro, otra vez, de 2 horas. El cierre del tramo anterior de la paritaria había expresado un enorme descontento de parte de los trabajadores, llegando algunas fábricas a medidas de fuerza (Pepsico, MacCain) y a movilizarse a las puertas del Sindicato a reclamar (San Luis). Ese clima de descontento fue incrementando ante cada audiencia que fracasaba. Apenas se venció la Conciliación Obligatoria, los delegados de distintas plantas de Arcor-Bagley y Mondelez comenzaron con bloqueos a los portones de las fábricas. En Bagley Totoral, Arcor Caroya y Bagley San Luis los trabajadores entraron en medidas de fuerza desbordando a la Federación. El turno noche de Arcor Arroyito fue impedido de entrar por la empresa como represalia por los bloqueos. Hasta en fábricas con una tremenda tradición represiva como el Establecimiento Las Marías en Corrientes se llevaron adelante asambleas. El vasto contingente de activistas y delegados de la Alimentación había entrado en acción. Un cierre bajo presión El conflicto amenazaba extenderse como un reguero de pólvora. El retorno de los delegados a las fábricas luego de la Caravana podía desatar un paro fuera de control. La Cámara Empresaria solicitó adelantar la audiencia para el mediodía. A las 18 horas, los paritarios de la Federación suscribían antes del acuerdo paritario, el compromiso de levantar las medidas de fuerza en curso. El comunicado de la Federación no podía ser más elocuente: "Se levantan las medidas de fuerza. Hemos llegado a un acuerdo." El cierre de la paritaria no conformó a nadie: los trabajadores de Córdoba y San Luis seguían hasta las últimas horas de ayer en paro, con la intención de torcer el acuerdo, amenazando con repetir la rebelión de 2010. La directiva de la Federación, una vez más, actúa como bombero de la cámara empresaria. Primero sacando a los activistas y delegados de las fábricas con un bocinazo, y luego levantando las medidas de fuerza de todo el país desde sus cuentas de Facebook. A la misma hora que las seccionales del interior anunciaban una consulta con las bases (que fue mayoritariamente rechazada), circulaba por todo el país el acuerdo ya firmado por los paritarios. La paritaria que se desarrolló a espaldas de los trabajadores no podía terminar de otra manera que firmando sin consultar con nadie, apurados para frenar la intervención de los trabajadores. El acuerdo de la pobreza El acuerdo suscripto lleva el básico inicial de octubre a $47.066, por debajo de la Canasta de Pobreza anunciada hace pocas horas en $50.000 – la Canasta Familiar se ha dejado de calcular. La inflación de los alimentos del mismo mes fue del 6,6%, igual a la paritaria del cuatrimestre anterior del STIA. La inflación interanual de octubre es del 37,2%, por lo que cualquier hasta el calculo más optimista le da a los trabajadores una pérdida del 5%. Se repite el pago en 6 cuotas sin interés inaugurado en 2019, terminando de cobrar el aumento recién en Marzo de 2021. El carácter no remunerativo de los pagos, presentado como un beneficio por el gremio -porque reduce los descuentos- es, en realidad, un gigantesco ahorro para las patronales, que difieren los básicos de 2019 a todo el 2020. Esta vez con el agravante que, si se aplica la nueva fórmula a las jubilaciones, los acuerdos no remunerativos no impactan sobre las jubilaciones: el ahorro patronal se convierte en ahorro fiscal, en perjuicio de los trabajadores y los jubilados. El STIA se bajó sin chistar del reclamo del bono por esencialidad y de eximir de Ganancias a los trabajadores esenciales. El impuesto impacta sobre todos los trabajadores que perciben algo más que el básico, llegando al ridículo que se necesitan 50 mil pesos para no ser pobre y a partir de $55 mil se empieza a pagar ganancias. De seguir así el curso de la inflación, para diciembre aportarán Impuesto a las ganancias los trabajadores bajo la línea de pobreza. Un dato relevante de la paritaria es que las patronales presentaron su propio pliego de reclamos: levantamiento de los precios cuidados, continuidad del ATP, que los aumentos sean No remunerativos. La semana pasada el Gobierno Nacional derogó por decreto los precios cuidados de la mayoría de los alimentos, algo que atenta contra el salario del conjunto de los trabajadores, y amenaza con disparar aún más los precios de los alimentos. La continuidad del ATP está en discusión (el último se pagó hace unos días). Y el acuerdo es en su totalidad no remunerativo. Mientras los trabajadores perdieron en todos los frentes, los empresarios lograron casi todas sus reivindicaciones. Perspectivas El contraste que se expresó en la paritaria de la alimentación es entre una base que tiene una enorme voluntad de lucha, cuyas resoluciones se toman en asambleas y una dirección del gremio cómplice de la entrega del salario, de las dilaciones permanentes y que terminó apurando un acuerdo para apagarle el incendio a las empresas. La lucha por el salario, por lo tanto, está indisolublemente ligada a la lucha por desalojar a la burocracia de todas las seccionales y a poner en pie una nueva dirección de lucha para la Federación.

¿Hemos vuelto al tiempo de las carretas? Los políticos que nos han tocado en suerte no discuten, como sus colegas en otros países, por las redes sociales – en especial Twitter. Han vuelto al intercambio de cartas, aunque ya no por el correo estatal sino el privado. La Vice llama a un “acuerdo nacional” mediante una misiva; los senadores del FdT despotrican, por medio de otra carta, contra el gobierno de Macri, para anunciar que van a votar a favor de un acuerdo con el FMI; y los de JxC replican a sus contrincantes, epístola mediante también, sin negar de modo alguno que darán la misma aprobación. Martín Guzmán, por su lado, declara, como si la palabra estuviera grabada en piedra, que los acuerdos a los que arribe con el FMI deberán ser aprobados por las dos cámaras del Congreso, y anuncia, con toda solemnidad, que quedará prohibido contraer deuda externa sin aval parlamentario. Guzmán parece ignorar que esto ya fue establecido en la Constitución de 1853 y violado desde el primer día. El default de los empréstitos contraídos por Argentina, en el siglo XIX, derribaron a la Bolsa de Londres y a Baring Brothers. Desde la primera a la última de las cartas, el propósito de sus autores es justificar la genuflexión ante el FMI con invocaciones de soberanía nacional. La novela kirchnerista que responsabiliza al FMI por haber financiado una fuga de capitales mediante el endeudamiento abusivo de Argentina, es un poquito más compleja que ese relato, y no sólo compromete a los macristas sino también a los massistas y lavagnistas, y asimismo a los kirchneristas. Porque la historia real comienza antes de 2011 cuando Argentina se queda sin financiamiento, sea público y privado, y el gobierno de CFK intenta remediar la crisis cosechando un rotundo fracaso. El primero es el blanqueo de capitales de 2012, que no mueve un dólar, y el segundo es la devaluación de Kicillof, de febrero de 2014, que amenaza terminar en default. En este período de tiempo, la burguesía que había apoyado al kirchnerismo reclama un giro de política económica, que consiste en arreglar las cuentas pendientes de la deuda externa para obtener financiamiento internacional a tasas de interés diez veces más bajas de las que regían en Argentina. La igualación de las tasas de interés externa e interna se producía mediante una inflación creciente, que licuaban los dos dígitos que se cobraban en el país. La ruptura de Massa con los K, su presentación en las elecciones boanerenses de 2013, la frustración de la re-relección de CFK y el armado, finalmente, del acuerdo Pro-UCR-CC, responden a este cambio de frente de la burguesía nacional. De modo que el macrismo no es otra cosa que el instrumento del que se valió el conjunto de una clase social, nacional e internacional (FMI incluido) para imponer una política que entendía más ajustada a sus intereses. Es así que Sergio Massa acompañó a Macri al foro de banqueros de Davos. Mientras la burguesía argentina quería obtener financiamiento barato en el mercado internacional, la burguesía internacional quería endeudar a tasas de interés más elevadas a la burguesía y al estado argentinos. En 2011-14 se vino abajo un régimen económico, mientras que en 2018-20 se vino abajo el que pretendió reemplazarlo. En estos términos se configura la crisis que atraviesa Argentina. La política de endeudamiento que siguió Macri fue la que le habían pedido – por eso tuvo el apoyo del Congreso a 120 proyectos de leyes del oficialismo. Las grandes corporaciones nacionales aumentaron su deuda externa a u$s100 mil millones, en parte refinanciamientos, en otra parte deuda adicional. Política y sociológicamente, el macrismo fungió como el intermediario entre prestamistas y prestatarios, por el cual sus funcionarios cobraban una comisión. Había que financiar el pago a los fondos buitres, ordenado por Griesa, que CFK y Kicillof intentaron arreglar en 2014, por medio del banquero Jorge Brito, y había que atraer dólares, mediante el incentivo de mayores tasas de interés. Esto explica el éxito del blanqueo de 2017, y por sobre todo la ilusión de una mayoría inmensa de la burguesía de que se había superado la crisis de financiamiento de Argentina. Los mejores analistas, incluso, de la evolución de la deuda externa argentina y de la perspectiva de su estallido omiten este análisis acerca de la lógica de este endeudamiento en el marco del impasse que atravesaba la acumulación capitalista, de un lado interna, del otro internacional. Como hemos escrito en el mismo diciembre de 2017, la reversión de tendencia fue determinada por dos factores. El primero fue el aumento brusco de la tasa de interés de la deuda norteamericana, a partir de anuncios restrictivos de la Reserva Federal. “La crisis viene de afuera”, escribimos en Prensa Obrera. El otro factor fue que la elevada tasa de interés interna, cuyo propósito era atraer crédito internacional, amenazaba con convertirse en recesiva. La crisis financiera internacional dejó al descubierto el default en que había incurrido el endeudamiento y la afluencia de dinero extranjero. Es así que, en mayo de 2018, escribimos: “Argentina se encuentra en defol, punto, este es el punto de partida de una caracterización política de conjunto" (”Frente a la catástrofe de un régimen acabado", 12/5/2018), que la redacción de Prensa Obrera publicó en una columna de Opinión, para expresar el desacuerdo completo del aparato partidario con esa caracterización. El FMI vino al socorro de todos los acreedores que tenían contratos en dólares con el Tesoro de Argentina, pero no podía hacerlo con la masa de dinero distribuida en Lebacs –deuda del Banco Central-, inversiones en fondos mutuos u obligaciones comerciales. El FMI no podía ni pudo detener la devaluación del peso, lo que produjo a los fondos internacionales una pérdida descomunal: según el calificadísimo analista Héctor Giuliano nada menos que u$s84.200 millones. En lugar del relato que describe a un ´estado bobo´ que se deja robar miles de millones de dólares, tenemos una realidad más completa, con quebrantos en todos los sectores capitalistas. Lo que distingue al saqueo del estado es que lo pagan los contribuyentes, o sea los trabajadores en forma inmediata. Como se ve en esa historia, el financiamiento del déficit fiscal, al que el ´neoliberalismo´ atribuye todas las tragedias, es una parte de la crisis y tampoco la más significativa. Argentina no quebró como consecuencia de una “restricción externa” sino como resultado de lo contrario, de un diluvio de dinero internacional. El estallido resumió todas las contradicciones de un proceso nacional e internacional; la posibilidad de iniciar, con la victoria del macrismo, una reversión hacia la derecha del proceso político latinoamericano, añadió un factor estratégico a la euforia financiera. El año de gobierno frentetodista no pudo deshacer ninguno de esos entuertos, por cierto agravados por la pandemia. Pero la pandemia reveló la verdadera naturaleza de las cosas, porque los gastos del Tesoro y la inyección de moneda del Central han ido a la fuga de capitales y la devaluación nacional y popular, pues el verdadero dólar oficial es el que cotiza a 141 pesos – el ´dólar ahorro´. La salida del FdT a este impasse ha consistido en patear la deuda y los intereses hacia 2023 en adelante, consolidando una enorme deuda externa en el tiempo, a tasas de interés elevadas. No resuelve la cuestión del financiamiento adicional. Las condiciones financieras internacionales se caracterizan por la incertidumbre, por eso el flujo de dinero es solamente de corto plazo. El FMI aduce que el enorme endeudamiento internacional de todas las naciones, debido a la pandemia, no representa un peligro porque las tasas de interés son bajas; ¡pero se han duplicado en las últimas dos semanas! El Fondo aplica a la crisis mundial el método del macrismo, que apoyó en 2016-19. Guzmán, mientras tanto, procura aumentar la deuda local, ignorando la advertencia de su tutora, CFK, acerca del bimonetarismo de Argentina, donde los pesos se van al dólar a la primera chispa de una crisis. Todo en este ministro es un contrasentido, porque incentiva deuda local cuando acaba de dolarizar esa deuda en manos, entre otros, de fondos extranjeros, para que no se saquen reservas al Banco Central. Al mismo tiempo, vende títulos en dólares en poder del Central y Anses, lo que es lo mismo que aumentar la deuda externa. Como Guzmán sabe que esto no cierra sino que va al abismo, se ha dado una política presupuestaria de ´ajuste´, contra salarios, jubilaciones, gastos de salud, educación, aumento de tarifas y aranceles. Todo junto, una perspectiva de explosión social. A la conclusión que se llega al cabo de este balance sumario, es que el escenario decisivo pasa a ser la lucha popular y la lucha política. Las cartas de la manga, en materia económica, no existen, porque incluso las que aparezcan tendrán una vigencia más fugaz que la que vivió el macrismo en 2016 y 2017, con la característica adicional de las situaciones de virajes, que es sacudir la existencia social cotidiana y la conciencia política. Por el momento, con carta va y carta viene, el Congreso enfrenta el desafío de poner las huellas digitales en el acuerdo con el FMI – y pagar las consecuencias.

El miércoles 18 se realizó en Pilar una movilización convocada por la familia de Iris García, la adolescente de 15 años que murió por desnutrición, en la que adherimos y acompañamos desde la Tendencia del Partido Obrero junto con otras agrupaciones de izquierda. La principal demanda está centrada en la desidia con que el estado municipal trato e ignoró la trágica situación de la familia de Iris, situación que las autoridades municipales estaban al tanto por ser alumna de una escuela secundaria de Villa Rosa y porque hace alrededor de un año Iris había pasado por el sistema de salud donde se le detectó bajo peso y deficiencia alimentaria que ponía en peligro su vida. La concentración partió de ruta 25 y Panamericana. Marchamos hasta el predio Pellegrini donde el HCD sesionaba, con el objetivo de que se reciba a la familia cumplido un mes de la muerte de Iris y entregar un petitorio donde se expone las demandas incumplidas por el gobierno municipal. Cabe señalar las maniobras dilatorias con que los funcionarios intermedios y altos del gobierno trataron el caso desligándose totalmente de la responsabilidad que les cabe en este caso. Llegados al predio nos encontramos con un enorme operativo policial en un lugar donde se supone que deliberan los “representantes del pueblo”. Ante la falta de respuesta al pedido de que la familia de Iris fuera recibida, se decidió en asamblea cortar la ruta 25. Mientras se desarrollaba el piquete nuestra columna sufrió un violento atentado que pudo costarle la vida a más de un compañero: un camión embistió a gran velocidad una bandera de altura sostenida por dos militantes los cuales fueron arrastrados y golpeados contra el pavimento ante la total inacción de la policía bonaerense y comunal de Pilar que no tomaron nota de la patente del vehículo, no alertaron a otros móviles y ni siquiera llamaron a una ambulancia para asistir a los golpeados. Denunciamos y repudiamos estos hechos que se suceden ante los ojos de las autoridades policiales cómplices de la violencia estatal y civil. Tras estos actos violentos y dado el ambiente de indignación y bronca, en un cuarto intermedio de la sesión, la presidenta del presidente del Concejo Deliberante recibió a la familia y una delegación de compañeros a la que no se le dio ninguna solución ni respuesta concreta a la petición de asistencia médica y alimentaria para la familia, es por eso que decidimos en conjunto seguir con el reclamo redoblando la presencia en las calles sin dejar de gritar que a Iris la mató el Estado. Vamos hacia una nueva movilización el día martes 24/11, a las 10.00 hs, frente a la Municipalidad de Pilar.

*Los responsables del World Socialist Web Site han denunciado la censura que soportan, por parte de Twitter, sobre la cuenta oficial de la organización juvenil del Partido Socialista por la Igualdad, los “Jóvenes y Estudiantes internacionales por la Igualdad Social” (@ISSE_US). Esta cuenta ha sido bloqueada por Twitter luego de las elecciones norteamericanas, en medio de diversos ataques políticos a la izquierda. El WSWS señala que esos ataques han sido replicados por las grandes corporaciones de redes sociales, a través de medidas de censura como ésta. El Partido Obrero Tendencia repudia la acción perpetrada contra los “Jóvenes por la Igualdad”, y le hemos enviado al WSWS el texto que reproducimos a continuación. * Estimados compañeros, Expresamos nuestra solidaridad con su reclamo para que los responsables de Twitter rehabiliten la cuenta @YSSE_US y se ponga fin a la censura. Bajo el capitalismo en decadencia, la facilidad y velocidad de transmisión de la palabra provista por diferentes medios técnicos es, sin embargo, bloqueada por los intereses sociales capitalistas, que no vacilan en practicar la censura contra quienes denuncian su orden social. La superación de esa contradicción se logrará con el control obrero de los medios de producción y comunicación, en el marco de gobiernos de trabajadores. Rechazamos la censura política y reclamamos la rehabilitación de la cuenta oficial de Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (@IYSSE_US) Saludos revolucionarios, Por Partido Obrero (Tendencia), Marcelo Ramal Estimado representante del Partido Obrero Tendencia y Jorge Altamira: Este miércoles, Twitter suspendió la cuenta oficial del movimiento estudiantil del Partido Socialista por la Igualdad (PSI) en los EE.UU., los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (@IYSSE_US). A pesar de nuestras consultas, Twitter no ha respondido a la demanda de que se restaure nuestra cuenta. Este es un acto evidente de censura política. Toma lugar en la situación posterior a las elecciones presidenciales en los EE.UU. bajo condiciones en las cuales toda la élite política esta denunciando el socialismo. Mientras que Trump conspira para desconocer las elecciones y quedarse en poder, los demócratas están respondiendo con ataques contra la izquierda. Hay un impulso en marcha por parte de las empresas de redes sociales, a instancias de Washington, para censurar sitios web de izquierda, socialistas, progresistas y contra la guerra. La clase dominante teme que una perspectiva socialista, si tuviera su audiencia justa, encontraría una respuesta positiva en la clase obrera de los EE.UU. y en todo el mundo. Los llamamos a publicar una declaración en oposición de la censura del IYSSE por parte de Twitter. A pesar de nuestras diferencias políticas, todos en la izquierda quienes se opongan a la censura y defiendan los derechos democráticos tienen que pronunciarse claramente al respecto. Pueden publicar su declaración demandando que Twitter restaure la cuenta del IYSSE dirigiéndola a @TwitterSupport. Por favor, envíennos una copia de su declaración también. Se puede leer nuestra declaración aquí: https://www.wsws.org/es/articles/2020/11/14/twit-n14.html . Agradecidamente, Eric London

En la mañana de hoy, la policía de la provincia de Córdoba desalojó violentamente a las familias que participaban de la toma del barrio Estación Ferreyra. Siguiendo el “ejemplo” nefasto de Guernica, las fuerzas policiales arremetieron sobre el barrio con topadoras, aplastando el casi centenar de viviendas precarias que se habían construido. En el operativo, fueron detenidos la diputada Soledad Díaz García (PO-FIT) y el dirigente del PO (O) Jorge Navarro, junto con un conjunto de ocupantes e integrantes del Polo Obrero oficial. La acción desalojadora dio lugar a una movilización de repudio horas después, cuando finalmente fueron liberados los detenidos. Schiaretti y su policía han respondido brutalmente en defensa de los intereses inmobiliarios, en medio de la grave crisis habitacional que atraviesa a la provincia. Se calcula que, en el Gran Córdoba, alrededor de 6000 familias han debido recurrir a la ocupación de terrenos desde que comenzó la pandemia, como consecuencia de la crisis social, los despidos y el hacinamiento. En la provincia donde los incendios alentados o perpetrados por los especuladores del suelo permanecen impunes, toda la fuerza represiva del Estado se despliega, en cambio, para golpear a los sin techo. Repudiamos la represión y exigimos una respuesta inmediata –tierra y vivienda- para todos los compañeros desalojados.

El gobernador Mariano Arcioni blanqueó la última de sus cartas para intentar avanzar con la megaminería. Lo hizo en una videoconferencia donde presentó el Plan Productivo de la Meseta del Chubut, acompañado por 120 participantes, entre los que se encontraron el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, e intendentes de la región. En la reunión se proyectó un video con el testimonio del presidente Alberto Fernández arengando en favor de la megaminería. El susodicho “Plan” no es otra cosa que el archi conocido proyecto de zonificación minera, derrotado en varias oportunidades por la movilización del pueblo chubutense en las calles. La novedad de este nuevo capítulo en la lucha es que se desarrolla en una provincia con el Estado en bancarrota por el pago de la deuda a los acreedores internacionales, la deuda de varias masas salariales a los trabajadores y el colapso sanitario por el coronavirus. Se sabe que una vez fallecido el exgobernador Mario das Neves, asumió Arcioni para profundizar el ajuste, lo que llevó a que se desarrollara un proceso de rebeliones populares en toda la provincia que, con sus diferentes ritmos, lleva aproximadamente tres años. Arcioni en octubre de 2017 había centrado su campaña electoral hacia el parlamento nacional en la oposición terminante a la megaminería, sin embargo a principios de diciembre de ese año ya se encontró reuniéndose en forma secreta con Pan American Silver, según la propia empresa informó a los vecinos de la meseta en un documento que todos los medios de comunicación del lobby minero evitaron difundir. La bancarrota del Estado provincial El proceso de endeudamiento llevado adelante por las distintas gestiones al frente del Ejecutivo lleva alrededor de una década pero pegó un salto en 2016 cuando Das Neves tomó préstamos por 700 millones de dólares, cuyo monto final ascendía a cerca de los 1100 millones, teniendo en cuenta los intereses. Los acreedores se aseguraron una garantía que erigió sobre la provincia un régimen colonial: las devengación automática de las regalías petroleras para el cumplimiento de las cuotas a cobrar. En los últimos días trascendió la renegociación de la deuda que lleva adelante el ministerio de Economía con los acreedores, luego de que haya sido habilitado por el conjunto de la Legislatura provincial para llevarla adelante. Al respecto el gobierno anunció un ahorro de 168,4 millones de dólares hasta 2023, fecha en que termina el último mandato de Arcioni y el aumento del plazo para terminar con la deuda, que pasa de 2026 a 2030. A cambio de ello, los intereses suben de manera exponencial y todas las regalías petroleras pasarán a ser parte de las garantías. “Hasta la actualidad sólo estaban ´cedidas` las que paga Pan American Energy por la explotación de Cerro Dragón -el mayor yacimiento petrolero del país- y algunos otros de menor cuantía. Ahora se sumarían las regalías que pagan mensualmente YPF; CAPSA; Capetrol; Petrobras; Tecpetrol; Enap Sipetrol y CAPEX”, informa El Extremo Sur. En realidad, esas regalías están comprometidas para el pago de otro bono que vence el año próximo. A todo ello se agrega que por el solo hecho de llegar a un acuerdo, los bonistas percibirán inmediatamente 3 millones de dólares. Una época de rebeliones populares en todo el mundo El proceso de resistencia en las calles a las políticas de ajuste del gobierno provincial, que incluyó cortes de rutas, ocupaciones de delegaciones estatales, represiones y enfrentamientos con la policía en varias oportunidades y numerosas puebladas, ha sido bautizado por sus propios protagonistas como “Chubutazo”, en referencia a un proceso de similares características en 1990, que se llevó puesto al entonces gobernador pejotista Néstor Perl. Una de las mayores diferencias con aquel período es que la clase obrera se encontraba en una situación de pérdidas de conquistas generalizada en el mundo entero. Son los años en que se produce la restauración capitalista en la exURSS y la consolidación de lo que se conoció como “neoliberalismo”. Hoy transitamos otra situación: una crisis histórica del capitalismo transformada en crisis humanitaria por las catástrofes ambientales en curso y los estragos causados por la pandemia del coronavirus. En ese escenario transcurren (y transcurrieron antes de la pandemia) distintas rebeliones populares en todos los continentes, desde la potencia más poderosa del mundo, como lo es Estados Unidos, pasando por Chile, Perú, Colombia, Francia, entre otros ejemplos. En nuestro país la ocupación de miles de familias trabajadoras sin techo de los predios de Guernica, reprimidas y desalojadas por el gobierno de Axel Kicillof, volvió a poner en escena una de las principales debilidades estructurales del capitalismo en Argentina: el problema del acceso a la vivienda y a la tierra. Ocurrió cuando el coronavirus puso al desnudo la precariedad del sistema sanitario en todo el territorio. Con ese telón de fondo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se apresta a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo que apunta a profundizar el ajuste brutal que ya sufren los bolsillos obreros en nuestro país: nueva contrarreforma previsional y otras medidas contra los derechos de los trabajadores, mientras las presiones para formalizar la devaluación en curso son cada vez mayores, con índices inflacionarios que van muy por detrás de los “aumentos” logrados por las burocracias sindicales. El “Chubutazo” precisa de un método y un programa Suponer que la rebelión a desatarse en el momento en que se trate el proyecto de zonificación minera en Legislatura tiene como única causa la defensa del agua y la vida, es decir del medio ambiente, es no entender el carácter histórico de la crisis en curso. No estamos ante la inminencia de un “Chubutaguazo”, como pretenden despolitizar al movimiento de lucha algunos sectores marginales. El intento de avanzar con la megaminería está sólidamente intrincado con la llamada “Reestructuración del Estado” ordenada por el gobierno nacional, es decir un ajuste fenomenal que apunta no solo a descargar la crisis sobre el pueblo trabajador, sino a un nuevo reordenamiento social de pérdidas de conquistas y derechos. Nada demostró que la correlación de fuerzas esté a favor del Gobierno para implementar esta orientación. Por el contrario, su debilidad política ha quedado plasmada en cada intento por avanzar. Ya ocurrió a comienzos de año. Su continuidad al frente del Ejecutivo provincial será puesta en cuestión por enésima vez en tres años, con el aliciente de que cada vez las burocracias sindicales y el PJ-kirchnerismo tienen menos margen para sostener su “gobernabilidad”. Las movilizaciones en las últimas semanas se desarrollaron en toda la provincia y pegarán un salto en los próximos días, si la Legislatura intenta avanzar con el proyecto. Las Asambleas Intehospitalarias de Coordillera, los Plenarios Provinciales de Delegados Docentes, las incipientes asambleas intersectoriales autoconvocadas que se han registrado en los últimos años marcan el camino para la coordinación democrática de las luchas. En todas las localidades hay que apuntar a realizar asambleas populares masivas de miles de personas para deliberar planes de luchas y respetar las decisiones que allí se voten. Este es el método que debemos contraponer los trabajadores a las burocracias sindicales cuya intervención hasta el momento ha sido con el objetivo de contener, bloquear y desviar cualquier intervención independiente de las masas respecto de los partidos patronales y pequeño burgueses de la zona. La lucha en curso es contra la megaminería y el ajuste y eso debe estar plasmado en un programa concreto: ¡No al pago de la deuda! ¡Reestatización bajo gestión obrera de los recursos naturales! ¡Pago en tiempo y forma a los trabajadores estatales! ¡Paritarias 2020 ya! ¡Por un plan de obras públicas! ¡Vivienda y trabajo para todos! ¡Por un Congreso Provincial de Delegados de Base! ¡Por la coordinación de todas las luchas! ¡Huelga general en defensa de las conquistas obreras y del medio ambiente! ¡Por Asambleas populares contra la megaminería y el ajuste! ¡Fuera Arcioni! Foto: LUAN-Colectiva de Acción Fotográfica

Los familiares, amigos y vecinos de Melina Flores se movilizaron el pasado miércoles 18 en La Merced, un pueblo ubicado a 30 kilómetros de la capital salteña, para exigir justicia por la joven asesinada por su pareja. Óscar Rodríguez llevó a Melina, con engaños, a un descampado donde la acuchilló. Creyendo que había logrado su cometido, abandonó a la joven y se dirigió a su casa donde intentó suicidarse, sin éxito. Un vecino encontró a Melina y dio aviso para que fuera trasladada al hospital San Bernardo donde finalmente murió hace cuatro días. Rodríguez también se encuentra hospitalizado y detenido en el mismo nosocomio. En Salta se produjeron tres femicidios en tres días consecutivos. El 14 de noviembre, Valeria Liendro fue ultimada con un arma de fuego por su ex pareja, Paola Maita, quien luego se quitó la vida. El 15, se encontró el cuerpo de una mujer de aproximadamente 17 años en un descampado en un barrio de la capital salteña, aún no se conoce su identidad. El 16, falleció Melina por el ataque por parte de Rodriguez. Las diferentes movilizaciones que vienen desarrollándose en la provincia por justicia para las víctimas de femicidio e impunidad son la muestra de la responsabilidad del estado, en todo orden. El estado y sus gobiernos de turno han garantizado estos femicidios -12 en lo que va del año-, a través de sus propias acciones y omisiones. No toman las denuncias de las víctimas o las archivan; la propia policía es la femicida, ya que hay más de 500 efectivos de la policía denunciados por violencia doméstica. Los jueces y fiscales cajonean las causas y hasta benefician a los agresores otorgando la custodia de los hijos de la víctima a los abuelos paternos, como el caso de Liliana Flores, quien fue asesinada por un agente de la policía durante una consigna policial. Hace nueve años que Salta mantiene “la emergencia por violencia de género” y el resultado es un completo fracaso. El gobierno de Urtubey y luego el de Sáenz se han dedicado a crear cargos para sus compromisos electorales en materia de género – Observatorio de la Mujer, Polo Integral de la Mujer, una policía al frente de la jefatura, etc. No resolvieron nada ni lo harán. El problema está en que el estado femicida, de carácter oscurantista, y su sociedad con la iglesia salteña para disciplinar a las mujeres. Aquellas que osamos rebelarnos de esa opresión, somos asesinadas. Las ocho mujeres y sus 23 niños desalojados por la policía de Sáenz son la expresión de esa rebelión que las llevó a salir del hogar de sus agresores y organizarse para pelear por la tierra para vivir. Las conclusiones de las familias de las víctimas se acercan a que la organización y movilización son la única vía para hacer justicia y enfrentar al régimen femicida que sólo nos ofrece muerte. Por eso discuten organizarse en las barriadas, como las reuniones que tuvieron esta semana en los barrios de zona sudeste, en los merenderos de zona este y ahora en zona oeste donde las mujeres encabezan la lucha por la obra pública, la tierra y la violencia. Este 25 de noviembre albergará todos los reclamos más sentidos de las mujeres explotadas que luchan a diario por subsistir frente a una pandemia y el fracaso de su gestión por parte del capital. La tierra para vivir, el acceso a la obra pública, el fin de la violencia es la agenda para este 25N. La movilización por justicia por Melina se inscribe en esta perspectiva de organización y lucha. Profundicemos con comisiones de mujeres en cada barrio, pueblo y lugar de trabajo para todos los reclamos y por nuestras vidas. Por un congreso de trabajadoras y trabajadores. Justicia por Melina Flores y para cada una de las que el estado responsable nos arrebató.

En su séptimo día de huelga, el sindicato nacional CMR Falabella - con más de 1200 trabajadores y trabajadoras - continúa su lucha, ante la oferta de $0 pesos presentada por la empresa el pasado miércoles 18 de noviembre. La compañía, del grupo económico Solari, uno de los 3 más ricos del país, que además, recibe casi el 10% de las inversiones de las AFP, posicionándose según fundación Sol como el sexto grupo que mayor ganancia obtiene con la especulación financiera de nuestros ahorros provisionales, ha negado una oferta al sindicato desde enero, cuando comenzaron con las primeras mesas negociadoras. Con la llegada de la pandemia el proceso fue aplazado durante meses hasta el pasado 12 de noviembre; fecha en la que, ante la nula comunicación y oferta de la empresa, el sindicato voto la huelga efectiva. Con el argumento de la crisis sanitaria la empresa ha mantenido como única oferta un reajuste de salario igual al costo del IPC, que es igual a la inflación acumulada a la fecha; modificación que no sube el salario, aumento de igual a cero, que, en medio de alzas de la canasta familiar, no permite a las y los trabadores recuperar su capacidad adquisitiva. En contraste a lo esgrimido por la patronal, los informes financieros del segundo trimestre 2020 reflejan ganancias superiores a las registradas en el mismo periodo 2019, presentando utilidades por $3 mil 154 millones, un 12% de aumento. La presidenta del Sindicato Andrea Marchant ha manifestado que desde el inicio de la pandemia las remuneraciones se han visto afectadas en un 40% promedio, dada las constantes bajas por la empresa de las comisiones. Además, han denunciado que desde la fusión de banco Falabella y CMR Falabella en septiembre de este año, se ha generado una diferenciación de beneficios y salarios a igual trabajo, siendo los trabajadores de CMR los perjudicados. Frente a la crisis, CMR sigue el camino trazado por el gobierno, el de recuperar las ganancias perdidas por la vía de reducir el costo de contratación, reduciendo el pago de salarios. Así, los empresarios buscan cargar los costos de la crisis a las y los trabajadores. Repudiemos la agresión a 2 trabajadoras en huelga y el amedrentamiento patronal Durante la huelga, esta semana, una trabajadora en situación de embarazo que se concentraba con huelguistas a las afuera de una sucursal de Banco Falabella en Viña del Mar, fue agredida por un cliente de manera injustificada, golpeándola y botándola al piso. Situación que tuvo como desenlace un trágico aborto espontaneo. Asimismo, durante una acción de protesta, el día de hoy 19 de noviembre en el mall Parque Arauco, una dirigente fue agredida a puños por parte del personal de seguridad del mall. Ambas situaciones son responsabilidad directa de la empresa que mantiene una huelga sin ánimo de querer negociar mejores condiciones laborales, exponiendo a sus trabajadoras a situaciones de altísima gravedad. Por su parte, la empresa ya ha amenazado con sus jefaturas medias una política de amedrentamiento, amenazando con despidos tras finalizar la huelga, realizando con ello acciones de fotografiar a huelguistas, situación que ha sido denunciada en distintas regiones por trabajadoras y trabajadores del sindicato. Para una victoria del sindicato es imprescindible la unidad y colaboración de los sindicatos, del activismo y la izquierda para derrocar la política de ajuste de Piñera y las patronales contra el salario y el trabajo. Más que nunca la unidad bajo un programa por un salario igual al costo real de la vida, la reducción de la jornada laboral, la repartición del trabajo entre ocupados y desocupados, y el fin de la política laboral pinochetista se vuelve una prioridad para los sindicatos. ¡Por la victoria de la huelga de las y los trabajadores de CMR Falabella! ¡Por la defensa del trabajo y el salario! ¡Que los costos de la crisis los paguen los capitalistas! Foto: Javiera Fuentes.

A dos semanas de su desalojo, las 60 familias de Barrio Stone de Escobar siguen esperando que se cumpla el acuerdo realizado con el Estado. Pese a que las familias fueron estafadas, el intendente Ariel Sujarchuk no sólo incumple con lo acordado, sino que amedrenta a las familias con “custodias” policiales y las somete a riesgosas condiciones de alojamiento en el CDI N°6 de Garín. El 3 de noviembre pasado, a través un descomunal operativo policial, las 60 familias estafadas del barrio Stone fueron desalojadas y “repartidas” en jardines de infantes y en los CDI municipales, los cuales no están acondicionados para albergar indefinidamente a adultos, niñas, niños y bebés, adultos mayores y personas con discapacidad. Por caso, seis familias -24 personas adultas y 8 niñas y niños- fueron alojadas en el CDI N°6 de Garín. Dicho lugar no cumple con la infraestructura necesaria ni con las mínimas condiciones sanitarias para garantizar “un hospedaje seguro” frente a la pandemia. Al hacinamiento en "los dormitorios" y reducidos “espacios comunes”, se suma la crítica situación de infraestructura (techos desprendidos, los baños inadecuados, un precario calefón eléctrico suministra el agua caliente). Las propias familias tuvieron que realizar divisiones dentro del baño para proteger y resguardar la intimidad de las niñas y niños alojados. Además de ser expuestas y sometidas a estas paupérrimas y riesgosas condiciones de vida, las familias, son controladas por empleados municipales que realizan guardias permanentes dentro del CDI. Estos han intentado poner “horarios” para levantarse, comer, bañarse, etc., como si fuera un cuartel. Sistemáticamente vulneran los derechos de las infancias grabándolas y/o sacándoles fotos sin el consentimiento de las y los adultos responsables. El reclamo de las mamás para que las y los niños no pierdan el contacto con sus escuelas y puedan finalizar el Ciclo lectivo 2020, fue desoído por el Municipio. Lo que pone mayor gravedad a la situación es el constante hostigamiento policial al que son sometidos. Permanentemente, en los alrededores del CDI, hay policía y efectivos de “prevención comunitaria” (inclusive en autos particulares) "custodiándolos". Son las propias familias quienes denuncian que cada vez que salen del CDI los distintos autos que “los vigilan” los “acompañan” a donde vayan. Por otra parte, pese a los esfuerzos del Estado por partir la unidad de la lucha no ha dado frutos; inclusive de conjunto aunque separados geográficamente, las y los vecinos, siguen sosteniendo de manera independiente el merendero en el barrio. La política represiva del gobierno de Ariel Sujarchuk contra las familias del barrio Stone no es un hecho aislado. Como quedó demostrado en Guernica, responde a la política más general de un Estado impotente ante el problema de la vivienda. Es claro que Sujarchuk y su gobierno, benefician y priorizan los intereses del sector empresarial inmobiliario de los Costa y los Constantini por sobre las necesidades más urgentes de los sectores populares del distrito; los cuales, frente a la aparición de innumerables countrys y barrios cerrados, se ven cada vez más empobrecidos. Desde la Tendencia del Partido Obrero llamamos al pueblo trabajador de Escobar a apoyar el reclamo de las y los vecinos del barrio Stone por la tierra y la vivienda. Para que inmediatamente se pongan en marcha planes de vivienda y urbanización en el Partido de Escobar; donde lo único que se ha puesto en marcha es un feroz lucro inmobiliario de alquileres y venta de tierras para “desarrollos” de los pulpos inmobiliarios locales. Hacemos responsable al gobierno de Ariel Sujarchuk por la integridad física de las familias y exigimos que de inmediato cese el hostigamiento policial y la vulneración de los derechos del centenar de niñas y niños víctimas del desalojo. Basta de perseguir a quienes luchan. Tierra y vivienda digna para vivir. El Estado es responsable.

La Federación de Profesionales de CABA -que nuclea a las asociaciones de profesionales de las disciplinas “no médicas” que intervienen en el campo de la salud- definió un paro de 36 horas para la semana que viene. La medida comenzaría el martes 24 a las 12 hs y se extendería hasta las 0 del miércoles 25. La decisión de convocar al paro fue tomada en soledad por el Consejo Ejecutivo de la Federación, sin participación de los presidentes y secretarios de las asociaciones. Se trató de un verdadero volantazo, luego del inmenso descrédito que había generado la convocatoria de un “cese de actividades” de 30 minutos (¡!), como respuesta al pedido de ALE (enfermería) y otras asociaciones de acompañar las jornadas de lucha del 20 y 21N con un paro general. Hacía meses que un grupo de asociaciones (trabajo social, terapia ocupacional, ciencias sociales, musicoterapia, veterinaria) venía reclamando medidas de fuerza por parte de Federación. El Consejo Ejecutivo le dio la espalda a esta demanda, argumentando que asociaciones numerosas como Psicología, Bioquímicos, Nutrición, Farmacia, etc., no estaban dispuestas a parar en un contexto de pandemia. Sin embargo, cuando la movilización por abajo le impuso a la burocracia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) la convocatoria al paro del 17N, el Consejo Ejecutivo cambió de postura y se acomodó a la velocidad del rayo, plegándose a la medida. El paro de 36 horas para el 24 y 25 de noviembre había sido votado por la asamblea general que se reunió en la puerta de la Jefatura de Gobierno, con mayoría de residentes y concurrentes, tras la marcha del 17N. Esa movilización había sido saboteada por las dos alas de la burocracia de la AMM (Gilardi y Rojo) y por el propio Consejo Ejecutivo de Federación, a pesar de lo cual participaron un gran número de profesionales tanto de las asociaciones que sí convocaron como de las que no convocaron. La convocatoria a este paro es el segundo volantazo que tiene que tomar Federación de Profesionales, cuya dirección empezó a bailar al ritmo de la presión de las bases. Es, también, el segundo paro arrancado a la burocracia de los gremios sanitarios en tan solo una semana. La conquista del paro ratifica la justeza de la decisión de las asambleas de residentes y concurrentes que, recuperando la experiencia de diciembre pasado, votaron hacer activo y con movilización el “paro sin concurrencia” (dominguero), que la burocracia de la AMM había diseñado para el 17N. La Lista 10 de Rojo, cuyas filiales habían promovido las asambleas hospitalarias que presionaron por esa medida, quedó a contracorriente por su negativa a marchar y a disputarle en las calles la dirección del proceso de huelga a Gilardi. El respaldo de Federación de Profesionales al paro de 36 hs es un enorme espaldarazo al movimiento de trabajadores de la salud, que ratifica los métodos asamblearios adoptados y la determinación de lucha independiente. Imponer un pliego paritario (100% de aumento, 100 mil pesos de inicial, pase a carrera profesional, ART y salario para concurrentes) y una agenda de lucha propia a la burocracia de los gremios era una pre-condición necesaria para ganarle la pulseada al gobierno porteño. El desarrollo de un proceso de huelga con paros progresivos en CABA es una invitación a la lucha al resto de las jurisdicciones del país, que entre hoy y mañana se van a estar movilizando por las reivindicaciones de enfermería. Es un convite especial para todas aquellas provincias que tienen paritarias en crisis, como Buenos Aires, donde CICOP rechazó la oferta del 15% de Kicillof y reunirá a su congreso de delegados este fin de semana. Es también la oportunidad para unificar la pelea de nación contra el 7% y de administrativos de Sutecba contra el 15%, ya que un triunfo de profesionales de CABA reforzaría la posibilidad de reabrir esas paritarias cerradas contra la voluntad de sus bases. Con una inflación que se dispara, una victoria de la lucha de la salud abriría las puertas a la defensa del salario en todo el movimiento obrero. La salud es una entelequia si se la considera al margen de los medios materiales necesarios para la reproducción de la vida. ¡Sigamos adelante!

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un giro de 180 grados, este jueves planteó que hay que mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus aumentando las medidas de protección. Precisamente, el mismo día del anuncio, la ciudad de Nueva York dio marcha atrás con el reinicio escolar, ante el desborde de los contagios. Esta marcha atrás tuvieron que darla en otros países europeos como Israel, España, Italia así como en las provincias argentinas de San Juan y Mendoza al dispararse los casos tras la vuelta a clases. "Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos", afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, con gran originalidad, para agregar que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo. En el camino se olvidó de los docentes y no docentes y de la aglomeración del tránsito y el transporte público. También se atrevió a decir que los confinamientos son "una pérdida de recursos" y que provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género – de nuevo, cuando Europa se encuentra al borde del colapso hospitalario. En marzo, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendaba a los Estados "considerar cerrar escuelas y cancelar eventos masivos para reducir la exposición". Trump perdió las elecciones en Estados Unidos pero conquistó al menos el alma de la burocracia internacional de la salud. En esta misma línea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentó este jueves el informe "Cómo evitar una generación perdida por la COVID", en el que asegura que si bien los síntomas entre los niños infectados siguen siendo leves, el número de infecciones en este grupo de la población va en aumentando, y advierte del impacto a largo plazo que esto tendrá en la misma la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes. Pese a este reconocimiento del aumento de contagios y a que los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a grupos de mayor edad, recomienda abrir las escuelas con medidas de seguridad básicas. Asegura, sin más, que "los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superarían el coste de cerrarlas". El diagnósitco sanitario es sustituido por una contabilidad de costos. Estos planteos forman parte de una operación política y mediática, que cree ver una ventana de oportunidad política en el anuncio de la disponibilidad de varias vacunas en un cierto plazo. El hemisferio norte ingresa al período escolar, pero también al invierno, en muchos casos crudo. Si de verdad se quisiera evitar tener una generación perdida por el covid-19, los Estados deberían haber garantizado, desde el inicio de la pandemia, conectividad y equipos tecnológicos para que cada niño pueda acceder a la educación virtual, así como reformas edilicias que aseguren el cumplimiento de protocolos de distanciamiento social. Una encuesta, que ayer reveló TN (“Una vuelta más”) indica que la principal oposición a la reapertura indiscriminada de escuelas y colegios parte de las familias. A lo largo y ancho del mundo los estados capitalistas se empeñan en llevar adelante aperturas educativas generales con protocolos totalmente inviables en el marco de sistemas educativos vaciados y con condiciones de infraestructura escolar paupérrimas. La ministra de Educación de la Ciudad apuntó contra los maestros, en una clara demostración de que la lucha por la salud y la educación enfrenta dos políticas y dos perspectivas históricas.

Más de trescientas personas, entre familiares, compañeros de trabajo, organizaciones sociales y partidos de izquierda -entre ellos, la Tendencia del Partido Obrero-, acompañamos a Pablo González, obrero de Danone-La Serenísima, en su denuncia contra la comisaría 4ta de Longchamps del partido de Almirante Brown por los apremios policiales que sufrió días atrás. Pablo fue atacado por un grupo de policías mientras registraba la represión a una protesta por el despido de otro compañero, Daniel Moyano. Hace responsable al comisario Héctor Aguirre por los serios maltratos y humillaciones que sufrió durante su detención. La movilización, además de solidarizarse con Pablo, pidió la reincorporación de Moyano. Frente a la comisaría se llevó a cabo un acto. Pablo denunció cómo fue detenido y torturado en la comisaría 4ta. Según relató, se había acercado a llevar su solidaridad a Daniel Moyano, quien se encontraba encadenado en la puerta de la planta a modo de protesta por su despido. La familia de Moyano y otros compañeros habían decidido realizar un corte frente a la fábrica que fue reprimido por la policía y personal de Recursos Humanos de la empresa. Mientras Pablo registraba con su celular la situación, varios policías -algunos con uniforme y otros de civil, sin identificar-, se abalanzaron sobre él dándole golpes y patadas. En la comisaría continuaron los golpes y las torturas. Tras 8 horas de detención y gracias a la presión de familiares, compañeros de trabajo y organizaciones de derechos humanos, trabajadores y partidos de izquierda, entre ellos, la Tendencia del Partido Obrero, el fiscal dictó su liberación. Antes de ello, fue revisado en la UPA de Longchamps, donde el personal médico fue apretado por la policía para que no constatara las lesiones que sufrió el compañero. Los organismos de derechos humanos recuordaron que en esa comisaría funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. Ese pasado persiste. Es que la detención de Pablo, seguida de los apremios ilegales no fue un “exceso” policial. Forma parte de una acción pergeñada por la patronal, que utiliza al aparato represivo para aleccionar mediante golpes y torturas a los trabajadores. Por su parte, Atilra mantuvo un silencio hermético ante un hecho tan grave. Lo mismo ocurrió y ocurre con Daniel Moyano, por el cual, hasta el momento, nadie del sindicato salió a exigir la reincorporación. El despido de Daniel Moyano y la detención de Pablo forman parte de un plan de ajuste, persecución, despidos y suspensiones de parte de la patronal de Danone-La Serenísima contra el conjunto de los trabajadores. Este intento de regimentar a los trabajadores de la fábrica va a ser superado por la movilización y la organización. Por la reincorporación de Daniel Moyano. Abajo la causa contra Pablo González. Juicio y castigo a los torturadores de la Comisaría 4ta. Más de trescientas personas, entre familiares, compañeros de trabajo, organizaciones sociales y partidos de izquierda -entre ellos, la Tendencia del Partido Obrero-, acompañamos a Pablo González, obrero de Danone-La Serenísima, en su denuncia contra la comisaría 4ta de Longchamps del partido de Almirante Brown por los apremios policiales que sufrió días atrás. Pablo fue atacado por un grupo de policías mientras registraba la represión a una protesta por el despido de otro compañero, Daniel Moyano. Hace responsable al comisario Héctor Aguirre por los serios maltratos y humillaciones que sufrió durante su detención. La movilización, además de solidarizarse con Pablo, pidió la reincorporación de Moyano. Frente a la comisaría se llevó a cabo un acto. Pablo denunció cómo fue detenido y torturado en la comisaría 4ta. Según relató, se había acercado a llevar su solidaridad a Daniel Moyano, quien se encontraba encadenado en la puerta de la planta a modo de protesta por su despido. La familia de Moyano y otros compañeros habían decidido realizar un corte frente a la fábrica que fue reprimido por la policía y personal de Recursos Humanos de la empresa. Mientras Pablo registraba con su celular la situación, varios policías -algunos con uniforme y otros de civil, sin identificar-, se abalanzaron sobre él dándole golpes y patadas. En la comisaría continuaron los golpes y las torturas. Tras 8 horas de detención y gracias a la presión de familiares, compañeros de trabajo y organizaciones de derechos humanos, trabajadores y partidos de izquierda, entre ellos, la Tendencia del Partido Obrero, el fiscal dictó su liberación. Antes de ello, fue revisado en la UPA de Longchamps, donde el personal médico fue apretado por la policía para que no constatara las lesiones que sufrió el compañero. Los organismos de derechos humanos recuordaron que en esa comisaría funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. Ese pasado persiste. Es que la detención de Pablo, seguida de los apremios ilegales no fue un “exceso” policial. Forma parte de una acción pergeñada por la patronal, que utiliza al aparato represivo para aleccionar mediante golpes y torturas a los trabajadores. Por su parte, Atilra mantuvo un silencio hermético ante un hecho tan grave. Lo mismo ocurrió y ocurre con Daniel Moyano, por el cual, hasta el momento, nadie del sindicato salió a exigir la reincorporación. El despido de Daniel Moyano y la detención de Pablo forman parte de un plan de ajuste, persecución, despidos y suspensiones de parte de la patronal de Danone-La Serenísima contra el conjunto de los trabajadores. Este intento de regimentar a los trabajadores de la fábrica va a ser superado por la movilización y la organización. Por la reincorporación de Daniel Moyano. Abajo la causa contra Pablo González. Juicio y castigo a los torturadores de la Comisaría 4ta.

La policía, comandada por el ministro de seguridad provincial Alfonso Mosquera y respaldada por el fiscal Tomás Casas, logró desalojar a más de 150 familias sin techo que ocupaban terrenos en Estación Ferreyra (Córdoba). Arrestaron a ocho personas, entre las cuales se encontraban Jorge Navarro y la legisladora Soledad García, ambos del PO (o) y la dirigente del Polo Obrero (o), Susana Altamirano. El desalojo sucedió en Camino a Capilla de Los Remedios al 7000, respondiendo a las demandas del empresario Leonardo Yaryura y familia. Este desalojo violento y realizado sin orden judicial. El ministro de Seguridad dice “haber llevado mujeres para actuar de mediadoras”. Esto es un chiste de mal gusto. Desde octubre pasado se vienen realizando procesamientos, intentos de desalojo y represiones brutales contra las familias sin techo. El fiscal Casas, luego de estas represiones, armó causas contra los ocupantes por resistencia a la autoridad. Las familias respondieron con una denuncia contra la brutalidad policial y los abusos ejercidos. El Estado combate a la pobreza con balas de goma. Déficit Habitacional Córdoba es una de las provincias donde el “Mapa rojo de la pobreza” ha crecido con más fuerza. En plena pandemia, el 40% de las familias se encuentran por debajo del índice de pobreza. Cada vez menos familias pueden pagar un alquiler. La ocupación de terrenos es el último recurso de las cientos de familias que ya no pueden pagar una vivienda. En muchos casos, como el del barrio Cabildo, en el sur de Córdoba, se trata de mujeres que escapan de la violencia dentro de sus casas, muchas veces con sus hijos. Esto es una realidad anterior a la cuarentena, que empeoró. En Córdoba son varios los terrenos ocupados por familias sin techo, como “Barrio Cabildo”, “Nuestro Hogar Tres” o “Barrio Beatriz Camino”, cada uno de estos con más de 100 familias viviendo instaladas. Desde el desalojo de Guernica, de la mano de Kicillof y Berni, siguiendo por Salta, Río Negro y demás provincias, el estado ejerce violencia contra un sector de la clase trabajadora que defiende como puede su vida. El estado, ni lento ni perezoso, se envalentona con su victoria en Guernica para continuar las acciones represivas. Actúa en función de los grupos millonarios como Yaryura o los políticos como Romero. El gobierno y el estado son responsables de la pobreza de los trabajadores explotados que no tienen un lugar donde vivir. Es por esto que debemos dar pasos en la coordinación de las luchas. Son al menos 15 los predios ocupados en Córdoba, predios en los que debemos exigir la escrituración de los terrenos, planes de vivienda y alimentos y luchar contra la represión del estado que avanza en medida que no se le ponga un freno, rechazando la judicialización de la lucha de los ocupantes.

El Polo Obrero Tendencia de la Ciudad y la OCR se movilizaron el martes pasado a Desarrollo Social con una importante columna. La movilización arrancó temprano, a la mañana, formándose en la Av. 9 de Julio, llegaron delegaciones de decenas de barrios y villas de la ciudad: De 1-11-14, Villa 21-24, Villa 31, Santander, Oculta, Villa 15, La Boca, Bajo Flores y muchos más. Con pecheras identificando cada lugar, con pancartas y banderas con todas las exigencias; los compañeros tomaron en sus manos los reclamos y fueron los protagonistas de la jornada. Las organizaciones coordinaron un pliego de reclamos y lo presentaron en el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, exigiendo el aumento de planes, alimentos y el bono de fin de año frente a la acuciante situación económica, la inflación, el recorte de jubilaciones y la IFE que golpea tanto a desocupados como trabajadores en negro. Desde ahí nos dirigimos hacia Desarrollo Social de la Ciudad para llevar los reclamos específicos de los barrios. Pero los funcionarios de la Ciudad lejos de abrir una instancia de diálogo frente a las necesidades urgentes que recorren villas y barrios populares recibieron nuestra columna con carros hidrantes y más de media docena de carros de infantería aprestados a reprimir la movilización. Los compañeros y compañeras del Polo Obrero Tendencia no se amedrentaron y se plantaron frente a las oficinas con palmas y a viva voz por su reclamo: comedores, subsidios habitacionales, urbanización de las villas con agua potable y cloacas, por conectividad y dispositivos para poder estudiar y por el derecho a la maternidad. Frente a la firmeza de los compañeros el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado a sacar el carro hidrante y a acceder a una reunión con una delegación de las organizaciones presentes. Sin embargo, la respuesta a los reclamos tuvo gusto a poco, solo promesas de nuevas reuniones por la asistencia a comedores y una mesa para avanzar en los reclamos de vivienda más urgentes. ¡No accedieron ni con un paquete de fideos para comedores que atienden a cientos de personas al día! Los funcionarios hicieron oídos sordos a una movilización masiva. Es que están acostumbrados a manejarse con organizaciones que pueden cooptar. Frente a esto, la conclusión de todos los oradores en el acto de cierre fue clara: volver con más fuerza, ampliar la coordinación con otras fuerzas, preparar acciones de lucha y un acampe. Se propuso como fecha próxima el 3 de diciembre. El gobierno de la ciudad, al igual que el nacional, se apresta a ir a fondo con el ajuste que pide el FMI. Van por el presupuesto social, la asistencia a comedores, los subsidios y ayudas de todo tipo. Mientras son millones los nuevos desocupados y no hay ningún horizonte de reincorporación en nuevas fuentes de trabajo. Organicemos masivas asambleas en cada barrio, discutamos con todos los compañeros y vecinos la necesidad de quebrar esta política fondomonetarista. Fortalezcamos nuestro frente de lucha. La pandemia no terminó, nuevas olas de contagio y muerte avanzan en el mundo. Los trabajadores deben prepararse para defender el trabajo, la salud y la vivienda. Conclusiones luego de la movilización: https://www.facebook.com/109429790824337/videos/832288954269792/

A través de un nuevo DNU, el gobierno de Alberto Fernández extendió por tercera (¿y última vez?) la prohibición de despidos por 60 días. También amplió por igual tiempo el pago del sistema de suspensiones en los términos del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aquí establece la “salvedad” de que las empresas pueden negociar con los sindicatos la letra chica del salario de estas suspensiones de los trabajadores con factores de riesgo. Esto que devenido en el desconocimiento generalizado del pago del 100% del salario. De este modo, “prohibición de despidos” mediante, durante la pandemia se perdieron 3,75 millones de puestos de trabajo y el índice de desocupación escaló del 10,4% al 13,1%. Las primeras víctimas fueron los trabajadores en negro. En el caso de los trabajadores “en blanco”, las patronales reclaman la eliminación de la doble indemnización que se implementó con “carácter excepcional”. Junto con el plazo final de la prohibición de despidos también tiene plazo final el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En enero, se relanzará el Programa de Recuperación Productiva (los REPRO II), que implican un fuerte recorte respecto de los ATP, pues no representarán más una parte proporcional del salario -que alcanzaba, en muchos casos, al 50%- sino que serán reducidos a 9.000 pesos por trabajador. El subsidio estará a cargo de la ANSES y se transferirá directamente a los CBU de cada trabajador y trabajadora. Por otra parte, llegó el final del IFE, un subsidio que alcanzó a casi 9 millones de beneficiarios sin ningún ingreso. El mismo será reemplazado por el plan “Potenciar Trabajo” que se convirtió, por estas horas, en la nueva estrella de los planes sociales. Se trata de una iniciativa que propone 80 horas de trabajo mensuales a cambio de un haber equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil – es decir unos 10.000 pesos, a partir de marzo próximo. El gobierno prevé que en el 2021 se integren al mismo 900.000 trabajadores, lo que significa que 8.200.000 de personas quedarán en la banquina. El “Potenciar” viene precedido por la sanata histórica de los planes sociales - “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica". Ninguna de esas premisas se cumplió nunca. El gobierno alienta la desaparición del trabajo ‘genuino’ y promueve la mano de obra barata en municipios, provincias y Nación. CGT y “movimiento sociales” La burocracia sindical -que vivió la pandemia en un frente único con las patronales, se ha plegado a una iniciativa de Grabois, respaldada por Gerardo Martínez, para impulsar el ´Plan de Desarrollo Humano Integral´, una idea patrocinada por el Papa Se trata de un programa de dudosa implementación, que consiste en desplazar a los desocupados y a trabajadores sin techo hacia tierras fuera de los centros urbanos. Los “movimientos vaticanos” piensan crear de este modo nada menos que 4 millones de puestos de trabajo. Las distintas salidas tienen todas el signo de la precariedad y de la improvisación.

En Argentina se repite tantas veces la palabra institucionalidad, que es evidente que está presidida por un régimen de anarquía política. No significa esto que el país constituya ´el malo de la película´, como lo demuestra lo que ocurre en Estados Unidos, con una Constitución doscientoscincuentaañera, que es gobernado cada vez más por medio de ´órdenes ejecutivas´ (el equivalente al DNU), y donde el poder judicial es manejado de acuerdo al gobierno de turno. Entre los varios récords que se ganó Argentina, están los Procuradores Generales designados y derribados a dedo, y por supuesto los presidentes del Banco Central, que son volteados sin más ni más aunque hayan recibido el cargo con acuerdo del Senado. Es así que hay un Procurador macrista a dedo, Casal, que reemplazó a la kirchnerista Gils Carbó, ungida y defenestrada del mismo modo, la cual suplantó a Esteban Righi, también un kirchnerista, pero que no vio con buenos ojos el negociado de Boudou con Ciccone. Constitucionalmente, el jefe de los fiscales debería ser consagrado por los dos tercios del Senado por tiempo indefinido, como ocurre con los jueces. Bajo el rubro “independencia de la Justicia” opera un régimen de casta, que como es frecuente en estos casos empiezan y terminan a los golpes. Alberto Fernández pretende designar, en debida forma, al ex juez Daniel Rafecas, lo que para Clarín es una conspiración populista contra Casal, quien ocupa el cargo por vacancia. Como sabe que el FdT no tiene los dos tercios necesarios para ello, supuso que el nombre Rafecas podía inclinar a algunos macristas a contribuir con su nombramiento. Violando un precepto hebreo, que dice que “guardá reserva frente al diablo” (en nuestra jerga de extramuros, ´no avives giles´), el macrista Martín Lousteau presentó un proyecto para que los dos tercios se reduzcan a mayoría absoluta, y el mandato del Procurador a cinco años. Enseguida lo tomó el ex menemista y privatista Parrilli, ahora custodio K, lo que afecta la pretensión de Rafecas de recibir el diploma de una mayoría acentuada y, ¿por qué no?, jubilarse en el puesto. Se ignora si el kirchnerismo tiene un candidato alternativo, y si Alberto Fernández cuenta con persuadir a Rafecas a tomar la posta con un mandato desvalorizado. Los mentideros cotidianos aseguran que existiría un choque entre el Presi y la Vice por este asunto, que se extiende a intendentes y gobernadores, de un lado, y camporistas y legisladores del otro. Todo cuando la situación financiera se encuentra atada con alambres. La función del fiscal de los fiscales ha adquirido una jerarquía mayor como consecuencia de la adopción del método acusatorio en el proceso judicial, que pasa del juez al fiscal. Está claro, de todos modos, que en materia judicial el asunto son las causas abiertas contra CFK, por un lado, y MM, por el otro, así como contra sus respectivas cohortes. Coimas, lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales, espionaje clandestino, estafas. Del otro lado del mostrador se encuentra la patria contratista y los familiares, en un bando, y los fondos internacionales y de nuevo los familiares, del otro. Si para gobernar hubiera que tener la ficha limpia y el prontuario sin hojas, Argentina se hundiría en un vacío de poder – claro que con Perú, Estados Unidos, Brasil, Chile, Rusia, etc, etc, y hasta reyes eméritos. El episodio del Procurador se desenvuelve cuando el FMI exige que el acuerdo que negocia con Argentina sea votado por el Congreso; cuando la Vice asegura que sin acuerdo nacional vamos a la devaluación del peso; cuando el ministro de Economía impone que los contratos de deuda extranjera sólo serán posibles por ley. Guzmán, para no ser menos, se apura en violar su propia norma, mientras no está vigente, al vender títulos en dólares, en poder de Anses y el Banco Central, que es precisamente una forma de tomar deuda extranjera. El desfalco de Guzmán sólo pasa por la aprobación de la mesa de dinero del Banco Central. La implosión del régimen se desarrolla sin pausa – no la detiene las concesiones a las gasíferas, a los fondos, el trámite de vaciamiento de Vicentín, la liberación de precios, el anuncio del descongelamiento de tarifas. Clarín y La Nación no desfallecen, y no lo harán hasta que no obtengan la piedra libre para las ´telcos´. A este trote, el FdT no va a llegar a las parlamentarias de octubre próximo como llegó a las presidenciales de octubre de 2019. Por eso se discute la suspensión de las Paso; porque un choque abierto en la previa sería negativo para el resultado final – la ganancia podría ir a los pescadores. En las últimas semanas ha quedado en evidencia, en América Latina, que los procesos electorales no reencauzan a regímenes políticos definitivamente quebrados, sino que dejan al desnudo su tendencia a la implosión. El crecimiento de la miseria social se encuentra acompañado e incentivado por la invibilidad del regímen político en presencia.

La muerte del banquero Jorge Brito en un accidente aéreo en la provincia de Salta conmovió a Sergio Massa y al presidente Alberto Fernández, por igual, ambos lamentaron la pérdida de un ser “querido” y de “un empresario con quién discutir constructivamente mirando al futuro”, respectivamente. A la luz de estas declaraciones, lo que algunos consideraban un llamado a la rebelión fiscal contra el gobierno, por las declaraciones de Brito ante la sanción de un “aporte solidario” a las grandes fortunas, no fue más que la advertencia de un aliado. Después de todo, en su momento, Brito se había autoproclamado “peronista” y llamó a votar a CFK en 2011. No podría ser de otro modo en un personaje que se capitalizó gracias al Estado y en alianza con el poder político. Privatizador Durante las privatizaciones menemistas, Brito aprovechó el remate de los bancos provinciales de Salta, Jujuy y Misiones, convirtiéndose, a la vez, en agente financiero de estos estados provinciales y recibiendo jugosas comisiones y beneficios por ello. Tras la bancarrota de 2001, se asoció al duhaldismo y al kirchnerismo en una enorme reestructuración bancaria nacional basada en la confiscación de los ahorristas y la devaluación monetaria, y se vinculó al capital norteamericano la fusión con el Banco Bansud (City Bank). Por todas estas operatorias, el Macro está denunciado en los expedientes del Congreso Nacional por lavado de dinero y fuga de capitales. Bajo su vinculación con Néstor Kirchner, al que llegó a prestarle más de $500 millones de pesos (Bae Negocios, 20/11), dirigió Adeba, la principal asociación de bancos privados del país y la Federación latinoamericana de bancos desde el 2012 al 2014. Pero también se vinculó a los negocios y corruptelas k, como la causa Ciconne, lo que lo obligó a retirarse de la presidencia del Macro, puesto que retomó con la asunción del FdT. De todos modos, esto no le impidió ser uno de los principales beneficiarios de la política del gobierno de Macri, que garantizó un flujo de inversiones de corto plazo para la especulación con las altas tasas de interés internas, permitiendo ganancias formidables para los bancos. Sólo en el primer trimestre del 2016, los beneficios del Banco Macro crecieron un 26%, convirtiendo a Brito en “Billonario” (01/08/2016). El mentado “emprendedurismo” que se reivindica en la figura de Brito no es otra cosa que una cobertura ideológica de un proceso de acumulación profundamente parasitario que caracteriza a la mentada “burguesía nacional”. Aprovechó todos los negocios que los gobiernos de turno supieron armar diversificando sus inversiones: desde la especulación inmobiliaria (Vizora), los agro-ganaderos y de exportación (Cabaña Río Juramento y Frigorífico Bermejo) o lo de las energías renovables (Genneia). El verdadero poder Horas antes del accidente que le costó la vida, Brito habría almorzado con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sin que trascendieran los motivos de la reunión ni el contenido de sus intercambios. Hasta ahora, el mandatario salteño no ha hecho declaración pública alguna. Se podría presumir que estuvieron discutiendo los avances de las negociaciones por la reestructuración de la deuda provincial, gestión por la cual el Macro cobra jugosas comisiones, o, quizás, el banquero sólo le agradecía al gobernador los servicios prestados por el Estado Provincial para reventar la huelga de sus obreros del Frigorífico Bermejo y permitir que su establecimiento siga operando sin cumplir las normas fitosanitarias y laborales vigentes, el decreto nacional de prohibición de despidos y los protocolos de bioseguridad ante el COVID. Lo cierto es que Brito fue un hombre clave en la definición de la orientación política de los gobiernos provinciales junto con la Seaboard E.R (Ex Tabacal), no solo por su posición de agente financiero del Estado provincial. Su intervención en los negocios agro-ganaderos en la provincia, dónde posee el feedlot más grande del NOA, fue clave para que Urtubey primero y Sáenz ahora decidan confrontar con un sector de la vieja oligarquía terrateniente local, representada por los Romero y los Olmedo, que exigían extender la frontera agropecuaria en 5 millones de hectáreas para el monocultivo de soja. Brito era uno de los principales defensores del desmonte salteño, pero para imponer un esquema de “ganadería sustentable”. El perro y la rabia Quienes no se conmovieron por esta muerte fueron sus obreros del frigorífico Bermejo o las decenas de miles de empleados estatales de las provincias en dónde el Banco Macro oficia de agente financiero exclusivo del Estado, violando, gracias a ello, impunemente las restricciones legales vigentes para los embargos sobre salarios y jubilaciones, con confiscaciones integralmente y con tasas punitorias usurarias. Claramente, tampoco lo llora la vanguardia obrera y popular que ha enfrentado a sus socios políticos. Brito falleció, pero el régimen social parasitario, confiscatorio y negrero que representaba sigue en pie y es tarea de los trabajadores acabar con él.

En el Día Nacional de la Conciencia Negra, 20 de noviembre, que conmemora la lucha contra la esclavitud y el racismo en Brasil, una persona negra fue asesinada en un supermercado de Carrefour de Porto Alegre por parte del personal de seguridad. Dos hombres blancos parte del personal de seguridad de la empresa, golpearon brutalmente y mataron por asfixia a João Alberto Silveira Freitas, un soldador de 40 años, padre de cuatro hijos. Las pericias indicaron que el hombre asesinado fue asfixiado durante más de 5 minutos hasta provocarle la muerte. Uno de los asesinos es personal policial temporario y trabajaba como miembro de la Seguridad de Rio Grande Do Sul. El video, captado por otro cliente, que recorrió todo las redes y noticieros, se puede ver a Joao Alberto pidiendo auxilio y diciendo que no podía respirar, en escenas que inmediatamente recuerdan al asesinato de George Floyd que desató una rebelión popular en EEUU y una ola de protestas antirracistas en todo el mundo. La policía civil de Porto Alegre dijo que el crimen no está relacionado con el racismo (G1, 20/11), comentarios similares a los del vicepresidente Mourao: “No existe el racismo en Brasil, existe la desigualdad, la gente que no tiene acceso a los bienes los roba”. Jair Bolsonaro, afirmó que la violencia es un problema vivido “por todos” y que no existe razón para “dividir el sufrimiento del pueblo brasileño en grupos” (publico, 21/11). Las estadísticas contradicen al vicepresidente y al presidente. Según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (ARNS) en Brasil los negros son casi el 53% de la población, pero ocupan apenas el 4.6% de los cargos públicos. Mientras que la tasa de homicidios de la población negra es de 37,8 cada 100mil habitantes, y la de los blancos (el 47% de la población) es de 13,9 cada 100 mil habitantes. “Según el ‘Atlas de la violencia’ publicado el pasado agosto, el número de asesinatos de personas afrodescendientes aumentó un 11,5% entre 2008 y 2018, mientras que entre los no negros disminuyó en un 12,9%” (France24, 21/11). Un 75% de las víctimas de homicidio en Brasil en 2018 fueron negros. Protestas En muchas de las ciudades más importantes, los locales centrales de Carrefour tuvieron que cerrar debido a las acciones de las organizaciones antirracistas y la izquierda. En Rio de Janeiro se hicieron protestas en los locales, bloqueando las cajas hasta y ocupando los locales. Centenares de personas irrumpieron en un Carrefour en Barra da Tijuca gritando “asesinos” y “racistas no pasarán”. En Belo Horizonte y Curitiba centenares de manifestantes bloquearon la avenida frente al comercio. en Fortaleza pidieron fin al racismo estructural y a la violencia racial. Algunos locales fueron prendidos fuego al grito de “sin justicia, no hay paz”, los manifestantes exigieron castigos ejemplares para los responsables. En un acto en San Pablo, pidieron justicia contra el crimen de Marielle Franco de 2018 en Río de Janeiro, todavía impune. La policía reprimió a los manifestantes bajo el argumento que trataban de evitar saqueos denunciados por la empresa. La letra de una canción “La carne más barata del mercado es la negra”, inmortalizada por Elza Soares -una de las sambistas octogenarias más respetadas de Brasil- inundó las redes sociales y se convirtió en la consigna de las protestas de este viernes. “As vidas negras importan”

El próximo 26 de diciembre terminarían oficialmente los beneficios por desempleo, si el Congreso norteamericano no toma ninguna otra decisión al respecto. Esto dejaría a más de 12 millones de estadounidenses sin seguro social, en la peor crisis que vio el país desde el crack de 1930. Según los datos recopilados por la Century Foundation, se estima que 7.3 millones de trabajadores perderán sus beneficios a través del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA), mientras que 4.6 millones de trabajadores perderán el acceso al programa de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC). También, hay otro grupo de personas en la lista de los afectados: son los 4,4 millones de personas que verán agotadas las ayudas anuales. Esto significa que más de la mitad de los 21 millones de personas que reciben algún tipo de compensación perderán los beneficios por desempleo después de Navidad. Estos programas, con la (casi) inocua ley de moratoria de desalojos, son las únicas medidas que separan a millones de trabajadores de la indigencia. Son 30 millones de inquilinos en peligro de desalojo. El congreso no se ha puesto de acuerdo sobre ningún nuevo paquete de estímulo para las personas desempleadas. En los últimos días, incluso, las noticias fueron negativas para los más necesitados. En el Washington Post, Nancy Pelosi, la reelegida líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, dijo que no se estaba en agenda un nuevo proyecto de ley de ayuda. La expiración de los beneficios a los desempleados es solo el principio de una catástrofe social. Los pedidos de asistencia por desempleo aumentaron de 31.000 a 742.000 en la semana que concluyó el pasado 14 de noviembre (Reuters, 19/11). Te puede interesar EEUU: sin techo ni trabajo

De los $427 mil millones en impuestos que se pierden cada año en los paraísos fiscales a nivel mundial, $245 mil millones se pierden directamente por abuso de impuestos corporativos por parte de corporaciones multinacionales y $182 mil millones por evasión fiscal privada, según informa Justicia Fiscal 2020 (State of Tax Justice). Las corporaciones multinacionales pagaron miles de millones menos en impuestos de lo que deberían haberlo hecho al trasladar $1,38 billones de ganancias (anuales) de los países donde se generaron a paraísos fiscales, donde las tasas de impuestos corporativos son extremadamente bajas o inexistentes (publicservices, 20/11). Según el estudio, los países de mayores ingresos pierden en total más de $382 mil millones cada año, mientras que los países de menores ingresos pierden $45 mil millones. Sin embargo, las pérdidas fiscales de los países de ingresos más bajos equivalen a casi el 52% de sus presupuestos combinados de salud pública, mientras que las pérdidas fiscales de los países de ingresos más altos equivalen al 8% de sus presupuestos combinados de salud pública. Lo que pierden los países más pobres es suficiente para cubrir los salarios anuales de casi 18 millones de enfermeras cada año, o una enfermera por segundo (ídem). Los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5,8% de los ingresos fiscales totales que suelen recaudar al año debido al abuso fiscal mundial, mientras que los países de ingresos más altos pierden en promedio el 2,5%. Esta evasión fiscal se concentra en grandes empresas y grupos económicos. En Latinoamérica se pierden más de $43 mil millones lo que equivale al 20,4% de la salud pública de la región. África pierde $25 mil millones al año, alrededor del 7 por ciento de los ingresos fiscales promedio del continente cada año. Europa pierde 184.000 millones de dólares al año, más de la mitad de los cuales se deben a la evasión fiscal privada. Es el 3,4% de los ingresos fiscales promedio de la región. Asia pierde $73 mil millones, el 1,5 % de los ingresos fiscales anuales. América del Norte pierde $95 millones, el 2,3% (WashingtonPost, 20/11). Robo para la Corona Los países más ricos y más desarrollados financieramente son los responsables del 98% de la evasión fiscal mundial, según indica la investigación del “Estado de la justicia fiscal 2020”. Los países de ingresos más altos son responsables del 98% de las pérdidas fiscales de los países, lo que cuesta a los países de todo el mundo más de 419.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año, mientras que los países de ingresos más bajos son responsables de solo el 2%, lo que les cuesta a los países más de 8.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Para que se comprenda, hay 5 jurisdicciones fiscales que concentran la mayoría de la evasión global: el Territorio Británico de las Islas Caimán (responsable del 16,5% de las pérdidas fiscales globales, lo que equivale a más de 70.000 millones de dólares), el Reino Unido (10%; más de 42.000 millones de dólares), los Países Bajos (8,5%, más de $36 mil millones), Luxemburgo (6,5%; más de $27 mil millones) y Estados Unidos (5,53%; más de $23 mil millones). La red financiera del Reino Unido es responsable del 37,4% de todas las pérdidas fiscales sufridas por el mundo, lo que les cuesta más de 160.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network afirmó que “Un sistema tributario global que pierde más de $427 mil millones al año no es un sistema roto, es un sistema programado para fallar” (publicservices, 20/11). Estados quebrados por la crisis capitalista Los estados de todo el mundo han salido a rescatar al capital en medio de la pandemia. En octubre el FMI publicó un informe en donde a nivel mundial se gastaron US$12 billones durante la pandemia (infobae, 15/10). La deuda pública mundial de los gobiernos bordea el 100% del PBI internacional. Pero la deuda total mundial (suma de deuda de gobiernos, empresas financieras y no financieras y hogares) está a punto de alcanzar un máximo histórico de 277 billones de dólares (233 billones de euros), el 365% del PBI, según el Instituto Internacional de Finanzas (eleconomista, 18/11). El FMI estima que los déficits presupuestarios aumentarán del 3,9% al 12,7% del PBI en 2020. EEUU representó casi la mitad de todo el incremento global de deuda, con una deuda total (pública y privada) de 80 billones de dólares en 2020. EEUU pronostica que su PBI decrecerá un 4% en comparación con el de 2019. La deuda pública supera el 106% con relación al PBI, un nivel parecido al de la Segunda Guerra Mundial, y se espera que el déficit fiscal sea del 16%. Mientras las bolsas registran récords hay 40 millones de personas, sobre todo latinos y afroamericanos, que están en riesgo de ser desalojadas porque no les alcanza para pagar el alquiler (France24, 20/11). Quebraron más de 100.000 pequeños negocios y el desempleo, que estaba en un 14,7% en abril, está ahora en un 16,9%. Según The Economist, el presupuesto de Biden incluye un 1,91% de gasto de educación y 1,47% en salud.

Diez días atrás se produjeron tres muertes obreras en la empresa Cofco (ex Nidera). Los trabajadores quedaron sepultados bajo el cereal mientras realizaban tareas de limpieza en un silo de la planta. Eran empleados de una empresa tercerizada de limpieza. Según datos oficiales de la OIT, el sector agrícola es uno de los más peligrosos juntos con la construcción y la minería. A nivel mundial, el sector emplea 1.300 millones de trabajadores, representando la mitad de la fuerza laboral internacional. Se producen más 170.000 muertes anuales y millones de trabajadores sufren accidentes graves o envenenamientos por el uso de agroquímicos y pesticidas. Teniendo en cuenta estos datos y las enfermedades profesionales que se derivan del trabajo agrícola, se desprende que las condiciones de seguridad e higiene se cumplen a medias o directamente no existen. Por las propias características de exigencia físicas del trabajo agrícola, la posibilidad de accidentes es más frecuente debido al cansancio, el uso de herramientas poco ergonómicas y la exposición a condiciones climáticas extremas. Las causas de muertes y accidentes más frecuentes en el sector son: accidentes de transporte, caídas de altura, ahogamientos (en depósitos de agua, silos), ataques o aplastamientos por animales, y electrocuciones. Según datos del Ministerio de Trabajo del periodo 2017 – 2018, en la Argentina se registraron 28.234 accidentes en el sector agrícola. Silos: trampas mortales Los accidentes en los silos se encuentran dentro de las actividades más peligrosas, siendo las muertes más comunes la asfixia. El grueso de los casos, las víctimas fatales son “tragadas” por los granos cuando realizan tareas sobre el cereal sin arneses. En general son “tragados” cuando desbloquean los conductos de salida de los granos. Otro de los accidentes que ocurren se dan por los desmoronamientos de granos, dejando sepultado a los trabajadores, produciendo el aplastamiento de los operarios. A las condiciones de precariedad en la que se desarrollan las tareas en los silos, hay que sumarle los gases tóxicos que se producen por la fermentación de los granos. La inhalación de dichos gases puede ser causal de muerte o generar una descompostura general. Por estos motivos, los silos deben tener ventilaciones adecuadas y un sistema de detección de gases. Los países con mayor cantidad de muertes en silos son EEUU, Brasil y, en tercer puesto, les sigue la Argentina. EEUU tiene un promedio de más de 20 muertes anuales por aplastamiento y desde 1964 se han reportado más de 900 muertes. Hoy la mayoría de las muertes se producen en granjas, que por la presión de los intereses agrícolas, no están afectadas a seguir las leyes de seguridad e higiene. En Brasil se produjeron 106 muertes obreras desde el 2009 al 2018. Argentina registra 16 muertes desde el 2014 a la actualidad. Explosiones en silos Desde el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (Cieer), señalan que uno de los accidentes más frecuentes son las explosiones en las plantas de silos debido, en gran parte, a que no existen en la actualidad reglas de carácter homogéneas para prevenir dichos sucesos. Advierten que no hay estadísticas sobre explosiones e incendios en silos, ya que no existe un ente gubernamental que se encargue de solicitar información al respecto. De esto se puede deducir que los accidentes no son declarados por parte de las patronales, siendo estos sucesos más frecuentes de lo que sabemos. Las plantas de silos corren el riesgo de explosiones debido a que los polvos que se generan a partir del cereal son altamente combustibles y una pequeña descarga eléctrica sirve como fuente de ignición. Ante esto, es menester que se llevan a cabo mediciones de la atmosfera interior del silo, con los instrumentos necesarios, que detecten la presencia de gases o vapores tóxicos o la falta adecuada de oxígeno. Por un plan de lucha para los trabajadores del sector agro industrial Los accidentes laborales y muertes en la agro industria se esparcen por toda la pampa húmeda. Ante las condiciones de súper explotación y flexibilización laboral, los trabajadores deben poner en pie un plan de lucha que contemple desde las reivindicaciones inmediatas por salarios, hasta las condiciones laborales, la conformación de comités obreros de seguridad e higiene que controlen las condiciones laborales en las que se desarrollan las tareas y que actúen bajo control de asambleas por sector. Por el pase a planta permanente de los contratados y precarizados. Para terminar con las muertes obreras se debe promover la deliberación por abajo y coordinar las luchas en curso.

En Argentina hay un déficit de 4,5 millones de viviendas. En el presupuesto 2021, el gasto en deuda externa es al menos cinco veces más que el de vivienda. En el presupuesto se prevé 2,2% en obra pública y de ese total, 17,7% para Vivienda y Urbanismo (infobae, 20/10). Para el Programa Procrear se destinan $61.800,9 millones, y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social $14.260,5 millones. Si se calcula a valores actuales, lo presupuestado alcanza sólo para construir 30.000 viviendas (el 1% del necesario). Desalojos El DNU 766/2020 de Alberto Fernández para prorrogar aumentos de alquileres y suspender desalojos, no logró evitar ni una cosa ni la otra: “el 60% manifestó haber sufrido aumentos” (página 12, 7/11), “los alquileres subieron 10 puntos más que la inflación en el tercer trimestre de este año” (Perfil, 12/11). Generó sí, una bomba de tiempo de deudas y desalojos. En 4 meses, los alquileres subieron 32% (urgente24, 16/11). El 85% de los alquileres en Argentina son en negro, una evasión multimillonaria. Cuando venza el decreto el 31 de enero de 2021, los aumentos tendrán un piso del 50% (ídem). Una encuesta de Inquilinos Agrupados (IA) mostró que el 40% no puede pagar los alquileres regularmente (1,5 millones de hogares). Se destina más del 50% del salario al pago del alquiler (tiempoar, 11/11). “La situación es muy grave porque si el decreto no se extiende a partir del 1° de febrero 2021, lo que vamos a vivir es una ola de desalojos masivos” (urgente24, 16/11). Las deudas de expensas plantean la pérdida de propiedades. 7 de cada 10 personas que no pueden pagar son mujeres, las más perjudicadas en materia laboral. En Guernica, la mayoría eran madres solteras, que como no pudieron seguir pagando el alquiler fueron desalojadas. En las villas una pieza chica, sin baño ni cocina, sale como mínimo $4500 (en ciudad oculta o 1-11-14). Los trabajadores más precarizados y los desocupados deben afrontar estos gastos sin acceso a subsidios habitacionales, que en el caso de la Ciudad exigen presentación de ABL o agua, impuestos que no están regularizados. Tierra y Vivienda La tierra en Argentina se valoriza por causa del negocio agroexportador y la especulación inmobiliaria. Las propiedades se cotizan en dólares, al igual que los alquileres, mientras los salarios se devalúan constantemente. Se necesita ahorrar 27 años el 100% del salario para comprar un 2 ambientes (LaNación, 1/7). La tierra pública es entregada por todos los gobiernos a los especuladores inmobiliarios. Guernica generó una crisis en el gobierno: la renuncia de la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa. Su sucesor, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, responsable en la crisis habitacional y sanitaria en Villa Azul, conocido por estar ligado al capital inmobiliario. La Federación de Inquilinos Nacional reclama la extensión del decreto 766/20 hasta el 31 de diciembre del 2021. Gervasio Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino y de Inquilinos Agrupados, piden un “plan de desendeudamiento para el sector”. Pero sigue siendo una salida confinada al “sector”. Es necesaria la construcción de 4,5 millones de viviendas usando tierras fiscales y expropiadas a los especuladores. Las deudas de los inquilinos deben ser condonadas y los alquileres congelados hasta solucionar la crisis habitacional en el país, y los Comités de Inquilinos y trabajadores deben controlar los abusos y aumentos. Planteamos: -Extensión del DNU de prohibición de aumentos y desalojos hasta solucionar la crisis habitacional.

A pesar que ha declinado el nivel de contagios, la provincia se mantiene en una meseta alta de 500 a 600 casos diarios, lo que hace posible nuevos rebrotes y picos de contagios, en la misma medida que el gobierno ha liberalizado casi por completo la actividad productiva, comercial y el transporte. Los trabajadores de la salud, son unos de los sectores más castigados por la pandemia. Los contagiados superan los 5.000 y las muertes llegaron a 80. A pesar de ellos, las denuncias sobre los bajos salarios, el sobre trabajo por la falta de personal, la falta de insumos y atropellos de todo tipo por parte de las autoridades ha sido una constante. Esto explica que el proceso de lucha se esté generalizando y profundizando. En las últimas dos semanas, el SITAS que se encontraba completamente paralizado, ante un proceso creciente de pronunciamiento y acciones autoconvocadas se vio obligada a convocar a una interhospitalaria, regimentada, a pesar de ello se vieron obligados a convocar a una caravana y para el miércoles 25 a una marcha de antorcha. En paralelo, por medio de autoconvocatoria, este viernes se ha producido una importante movilización conmemorando el día de la enfermería y en homenaje a todo el personal fallecido en la lucha contra el Covid 19. En este escenario, salió a luz una organización narcomafiosa en el SIPROSA. A raíz de la detención de una pareja en Santiago del Estero, se descubrió que transportaban 150 kilos de marihuana para ser distribuida en Tucumán. Uno de los detenidos, Busto, trabajaba en el área de la salud, “Tucumán te Cuida”, que se ocupa precisamente de controlar la salud de quien ingresa a la provincia. Esta fue la punta de ovillo a partir de la cual se puso al descubierto la existencia de una banda que ingresaba marihuana desde Corrientes y cocaína desde Bolivia, la que era depositada en los galpones del Departamento de Operativos Móviles del SIPROSA. Luego, en muchos casos, usando las propias ambulancias del sistema, se realizaba la distribución abasteciendo a media docena de bandas narco que comercializaban la droga en barrios de la capital y las principales ciudades del interior. Hay varios imputados, todos ellos vinculados al concejal del PJ José Luis Coronel y al legislador del PJ, René Ramírez, quien es a su vez el secretario general de ATSA, el gremio de la salud más numeroso. Coronel también integra la directiva y todos los imputados han jugado el papel de delegados o integraron patotas del gremio y han participado de las campañas electorales de los acoples de Ramírez y Coronel. Todos los imputados tienen antecedentes por amenazas, robos, y otros delitos, a pesar de lo cual, a la hora de ingresar al sistema de salud, presentaron antecedentes intachables emitidos por la policía, lo que muestra el entrelazamiento de la policía con la banda y las autoridades del SIPROSA. En referencia a todo el caso, cuando Busto fue detenido, el director del SIPROSA, Luis Medina Ruiz, sostuvo que era un trabajador temporario desde hacía 6 meses. Luego se descubrió que trabaja en el sistema desde hace cuatro años en áreas bien sensibles y estratégicas para el accionar de la banda. Las instalaciones del Departamento de Operativos Móviles del SIPROSA que era usado como depósito de la droga, a pesar que era una repartición del estado provincial, tenía un sistema de vigilancia que no estaba a cargo de la policía, sino de una agencia de seguridad privada, que pertenecería a “Feto” Soria, un ex miembro del Comando Atila, una banda parapolicial que protagonizó acciones resonantes en la década del 90. Ahora que se destapó la olla, se supo que la investigación sobre esta banda se viene realizando desde 2016 y que en mayo de 2019 el juez federal Bejas desistió de realizar una serie de allanamientos por “la falta de elementos probatorios” y que se debía profundizar la investigación. Luego de ello, a partir del cambio de gobierno a nivel nacional, el personal que estaba a cargo de la investigación fue destinado a otras provincias o pasaron a retiro. Frente a todos estos hechos, Manzur ha guardado silencio. Es que la ministra de Salud, Chahla, a quien postula como candidata para el año que viene, es también la responsable del SIPROSA. La crisis y descomposición del sistema de salud provincial no lo va a resolver un gobierno entrelazado con las mafias y con todos tipos de negociados. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de lucha contra el covid 19, que se contagian y mueren en esa lucha, pero que también se autoconvocan, se organizan y luchan por sus derechos, tienen que tomar carta en este asunto.

El foto reportero argentino Facundo Molares, preso político de la dictadura de Jeanine Añez en Bolivia, se encuentra su vida en peligro por graves problemas de salud. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos exigen a los estados argentino y boliviano su repatriación a la Argentina. Molares, oriundo de la provincia de Buenos Aires, es un fotógrafo militante que recorrió buena parte de Latinoamérica. Cuando se encontraba en Bolivia, el gobierno fascista de Añez lo acusó de incitación a la violencia y homicidio por el corte que hubo en Puente de La Amistad, en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron dos personas. No hay prueba alguna que involucre a Molares como responsable de esos hechos. Sin embargo, los agentes del gobierno fascistoide de Áñez intentaron presentarlo como un “nexo” entre el derrocado Evo Morales y las FARC, una acusación poco menos que descabellada. Ya paso un año de su arresto y sus condiciones de salud empeoraron. Se encuentra en grave, internado en el Hospital de La Paz debido a una falla renal y por haber contraído coronavirus. Sus abogados efectuaron reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Cancillería argentina. Hasta ahora, los organismos internacionales se limitaron a pedir informes al gobierno boliviano de facto. En Bolivia volvió asumir un gobierno constitucional electo, pero todavía Facundo todavía se encuentra preso. Exigimos al gobierno de Arce la repatriación de Facundo Molares.

La “rezonificación” del predio donde se encontraba la cancha de San Lorenzo, que la Legislatura votó este jueves, va más allá de una “reparación histórica”; es el pretexto ideal para un gran negocio, por parte de Tinelli, Lammens y el entorno kirchnero-macrista de la ciudad. Hace cuarenta años, la dictadura de Videla-Cacciatore canceló el uso del predio como estadio, forzando al club a la venta de los terrenos a precio vil. Enseguida, la misma dictadura habilitó su uso para el hipermercado Carrefour. Treinta años después, y luego de que fuera declarado de “utilidad pública” en 2012, el club debió pagarle generosamente a Carrefour el predio del cual había sido virtualmente despojado. Lo hizo a través de una masiva colecta entre sus socios e hinchas. El viejo “gasómetro” había sido un histórico punto de encuentro y socialización para los vecinos de Boedo. Pero la “vuelta” reviste otras características: además de habilitar la construcción del estadio, la ley autoriza a un amplio conjunto de actividades lucrativas. El proyecto aprobado incluye a “espacios educacionales, talleres de formación laboral, salas multiuso, gimnasios, natatorios, oficinas, hotel, restaurantes, confiterías, farmacias, auditorios, destacamento de bomberos, sede comunal (CGP), colcheras, galerías comerciales, patios de comidas, entre otros”. Rediseña una amplia zona del barrio La rezonificación, por lo tanto, constituye una operación inmobiliaria altamente redituable. Este es el núcleo del asunto, que deberá ser considerado en audiencia pública y en una segunda votación. El estadio es sólo uno de sus posibles usos; si se concreta su construcción -que demandaría, según algunos diarios, entre 60 y 80 millones de dólares-, representa por sí misma un negocio financiero de envergadura y entrañaría una enorme hipoteca para el club. De lo que existe completa certeza, en cambio, es que la “vara mágica” de la legislatura ha multiplicado la renta económica del predio restituido. El propio proyecto de ley lo reconoce cuando “encomienda” (sic) al Ejecutivo a “suscribir convenio con el propietario de los inmuebles” (el club) para “establecer contraprestaciones que compensen la valorización relacionada a la modificación de la normativa propuesta”. La ley recoge, en este punto, la tradición de todas las jugosas “rezonificaciones” votadas por progresistas y macristas en el pasado, y que en el Partido Obrero denunciamos reiteradamente, hasta ahora, como “asistencialismo inmobiliario”. Larreta ha vendido más de 200 hectáreas en la Ciudad, destinando porcentajes irrisorios de esas enajenaciones a la “urbanización de Villas”. Mucho antes de él, Ibarra “rezonificó” el predio de una clínica privada en Belgrano (FLENI), a cambio de… algunos centenares de tomografías para los niños carenciados. Las “rezonificaciones” son la ofrenda más jugosa del poder legislativo en favor de los grupos capitalistas que operan en la Capital. Y describen el propósito político fundamental que llevó a declarar la autonomía de la Ciudad – convertir a Buenos Aires “en el centro financiero y turístico del Mercosur” (Cavallo). El emblema es Puerto Madero y las corporaciones estatales que lo habilitaron. La pasión y el negocio Podrá afirmarse que, en el caso de San Lorenzo, no hay una corporación empresaria detrás de la “puesta en valor” (negocio), sino el histórico club del barrio de Boedo. Pero nadie que examine la cuestión puede dejar de ver lo evidente: hace tiempo que la pasión popular que encarna el fútbol ha sido confiscada por los intereses del gran capital. En el caso de San Lorenzo, quien manejará la renta urbana extraordinaria producida por la “rezonificación” es el clan de Marcelo Tinelli, quien tendrá en sus manos las concesiones que -por la vaguedad de las actividades autorizadas- podrían ir desde un centro comercial a un miniestadio para recitales, además de la cancha. Este contrabando de los negocios capitalistas a caballo del fervor futbolero tampoco es nuevo, ni en la Ciudad ni en la Legislatura. En setiembre de 2017 la Legislatura porteña aprobó la cesión por 40 años al club Atlanta de los terrenos linderos a su cancha, para la construcción de un microestadio donde tendrían lugar “actividades deportivas y culturales”. En cuestión de días, se reveló que el club ya había concesionado el predio a un grupo privado para la organización de recitales (estadio Arena). En aquel momento, los dos legisladores que conformábamos el bloque del Frente de Izquierda votamos en contra de un negociado. La reivindicación de un club histórico no era más que el caballo de Troya del interés privado. La cuestión urbana En el período previo a esta votación, organizaciones vecinales del barrio de Boedo se manifestaron contra la vuelta del estadio, sosteniendo algo evidente – el fuerte impacto ambiental que generará las grandes aglomeraciones en ocasión del futbol y recitales. Un estudio de la Facultad de Ingenieria -que la UBA no quiso refrendar- recomendaba, en oposición al proyecto finalmente votado, que “el terreno sea utilizado para la enseñanza y práctica deportiva y actividades sociales en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza de espacios verdes a crear”. Nada de esto sería incompatible, incluso, con la “reparación historica”, o sea, con la restitución del predio al club. Es cierto que en el rechazo de los vecinos de la zona a la vuelta del estadio asoma un interés propietario; suponen que afectará el valor inmobiliario de sus casas. En cualquier caso, en esta disputa por la renta del suelo, del otro lado del mostrador hay una corporación de negocios, la que maneja el dueño de ShowMatch. En la cuestión San Lorenzo, muchos miran a Boedo, pero casi nadie al Bajo Flores, donde tuvo lugar una enorme inversión para que el club construyera uno de los mayores estadios de la Ciudad. El estadio se encontraba asociado a la histórica promesa de “reurbanización” del sudoeste porteño, poblado de villas de emergencia y tierras ociosas. El abandono del estadio Bidegain, ubicado frente a la villa 1-11-14, es la confesión de que esa “urbanización” ha fracasado; la población villera ha aumentado cuatro veces en alrededor de diez años. Con los mismos argumentos, Tinelli-Lammens-Larreta le prometen ahora a Boedo el efecto derrame que vendría de la mano de la “puesta en valor” de los terrenos de Avenida La Plata. Pero volverá a quedar demostrado que la dirección del proceso urbano, en manos del capital, es un factor confiscatorio -de la vivienda personal, del espacio público y verde- de la población. Una reforma urbana de carácter socialista pondría ´en valor´ al mundo del trabajo que carece de viviendas y espacios verdes de carácter público. ¿O no era que la crisis la deben pagar los capitalistas?

El asesinato de João Alberto Silveira Freitas, un hombre negro conocido como Beto por sus amigos, golpeado y muerto el 19 de noviembre por guardias de seguridad blancos en una unidad del supermercado Carrefour en Porto Alegre, desató una ola de indignación nacional. Beto tenía 40 años y deja a su esposa, Milena Borges Alves, de 43 años, cuidadora de ancianos. Beto vivía con su esposa en una favela en Vila Farrapos, al norte de Porto Alegre, donde era muy querido por los vecinos. Se ganaba la vida con changas, en pequeños trabajos realizados como pintor y albañil. Los guardias de seguridad le golpearon la cabeza contra el suelo varias veces y Beto gritó pidiendo ayuda y pidió para poder respirar, todo en presencia de su esposa, a quien se le impidió acercarse. Los asesinos, un hombre de 24 años y otro de 30, fueron arrestados en el acto. Uno de ellos es policía militar y fue trasladado a una prisión militar. El otro es empleado de seguridad del establecimiento comercial y se encuentra detenido en un edificio de la Policía Civil. La investigación trata el crimen como un homicidio calificado. En las imágenes que circulan en las redes, se puede ver a los dos hombres vestidos con ropa negra, comúnmente utilizada por los guardias de seguridad, golpeando a la víctima en el rostro, quien se encuentra en el piso. Una mujer que estaba próxima filmó las acciones de los agresores. Luego, con sangre ya derramada por el suelo, aparecieron otras personas alrededor del hombre agredido, mientras los atacantes seguían intentando inmovilizarlo en el suelo. Un equipo de Samu intentó revivir al hombre después de la golpiza, pero murió en el lugar. Los análisis iniciales de los departamentos de Criminalística y Médico-Legal del Instituto General de Pericias (IGP) de Rio Grande do Sul señalaron la asfixia como la causa de muerte. Como en el caso de George Floyd en Estados Unidos, que se revela como un patrón internacional. Los elementos racistas del crimen son sorprendentes. Carrefour, multinacional de origen francés, tiene un historial de casos de violencia racial en sus instalaciones, a pesar de las numerosas manifestaciones y denuncias de los movimientos negros sobre prácticas racistas. El crimen del 19 de noviembre reafirma la existencia de un patrón institucionalizado de irrespeto y violencia dirigido a la población negra por esta multinacional. Que ya viene de lejos. En 2009, tomado como sospechoso de un delito imposible -el robo de su propio automóvil- el empleado de la USP, Januário Alves de Santana, negro, fue sometido a una sesión de golpizas con derecho a trompadas, cabezasos y culatazos, por cinco guardias de seguridad del Hipermercado Carrefour en São Paulo. Los ejemplos, decenas y denunciados, podrían multiplicarse. Sin embargo, no se debe olvidar que los asesinos, incluido el policía militar que estaba allí "trabajando" ilegalmente (con pleno conocimiento de la empresa empleadora, que debe ser llevada ante la justicia solo por ese motivo) actuaron según las órdenes y la capacitación proporcionada por la empresa tercerizada de seguridad al servicio del hipermercado, llamada Vetor, y por el propio Carrefour. Explotados transformados en asesinos de otros explotados, en función del lucro capitalista. Se trata de un patrón de "protección de la propiedad". La bestialidad al servicio del beneficio capitalista, hasta el más mínimo detalle y hasta el último céntimo, incluso ante la sospecha (que presumiblemente no pasaba de eso) de la pérdida de unas míseras chirolas. Los asesinos serán llevados ante los tribunales y es probable que se enfrenten a pesadas penas de prisión (el PM involucrado ya ha sido separado de la corporación), mientras que sus mandantes harán declaraciones "humanitarias" y promesas de revisar sus "sistemas de seguridad". Quizás incluso hagan una donación (la ganancia de unos minutos de operación de la empresa) para la familia de la víctima. En Brasil, como en otros países de América Latina, el racismo está al servicio y se fusiona con la explotación y la opresión de clase. Para luchar contra el racismo hay que luchar contra el capitalismo, por un gobierno de los trabajadores de la ciudad y del campo. Para luchar contra el capitalismo, hay que acabar con el racismo en las filas de los mismos explotados. Que Carrefour y Vetor sean responsabilizadas por el crimen, antes que los propios imputados. Y eso ahora.

Más de 7.000 luchadores ocupados y desocupados de diversas organizaciones -entre ellas, el Polo Tendencia, la OCR, el MTR de Roberto Martino- nos movilizamos el jueves 19 desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación al Obelisco, donde realizamos un acto. Simultáneamente se realizaron movilizaciones, cortes y actos en varios puntos del país. La jornada de lucha estuvo precedida por una convocatoria a todas las organizaciones de desocupados con el objetivo de unificar los reclamos y discutir un plan de lucha unitario ante el brutal ataque a nuestras condiciones de vida que implicará el acuerdo del gobierno con el FMI. La oposición patronal y las burocracias sindicales respaldan un acuerdo con el Fondo Monetario, aunque éste significará salarios a la baja, despidos, reforma laboral y previsional, rebaja de la ayuda social, entre otros agravios. Las organizaciones cooptadas por el gobierno -la CCC, Barrios De Pie, el Movimiento Evita, La Dignidad y la CTA-, colaboran en mantener el subsidio al desocupado en $9.400 y defienden la contraprestación laboral como moneda de cambio de ese ingreso miserable. Muchas organizaciones ya pusieron a trabajar a la mayoría de los compañeros de esta forma precaria, sin salario de convenio ni derechos laborales ni aporte jubilatorio ni obra social (en muchos casos contraprestando para los municipios por $3.000 más, limpiando en hospitales, refaccionando escuelas, cortando el pasto en rutas, construyendo viviendas, como administrativos, sin ser reconocidos como trabajadores municipales, con todos sus derechos). Reclamamos su pase a planta permanente y salario de convenio. El Polo Obrero Tendencia fue convocante y partícipe de un gran acto en rechazo a este acuerdo con el FMI y las políticas de ajuste, junto a la OCR y la CPS “29 de Mayo”. También adhirieron y tomaron la palabra el MSL (MOT-TODEL-TbODU), la Agrupación “Mariano Ferreyra” (Mar del Plata), el movimiento “19 de diciembre”, la FTC M29 y la Juventud Combativa. Roberto Martino, del MTR Histórico, también habló. La "asamblea " del Obelisco se expresó en contra del acuerdo del gobierno de Alberto Fernandez y la oposición patronal. Llamamos a todas las organizaciones a formar un gran frente unitario. Como primer paso, propusimos la convocatoria para el 3 de Diciembre a una gran jornada de lucha con acampe frente a las oficinas de Desarrollo Social Nacional por todos los reclamos pendientes, especialmente, por aumento del monto de los planes y un bono de fin de año. Desde la Tendencia del Polo Obrero llamamos a preparar las luchas por nuestros reclamos, a debatir en las asambleas, con los trabajadores ocupados, los estudiantes, con las organizaciones sociales de desocupados, en los barrios, para trabajar por un congreso de trabajadores que discuta una salida política al derrumbe económico, la crisis humanitaria y social en que nos metió el capital. Fuera el FMI- Desconocimiento de la deuda externa. Aumento de salarios. Paritarias y jubilaciones. Trabajo genuino. Plan de obras públicas y viviendas populares Universalización de todos los planes sociales Tierra y viviendas para las y los sin techo Vamos por lo nuestro. Este 3 de diciembre con un gigantesco acampe piquetero.

Alrededor de mil manifestantes prendieron fuego el palacio presidencial mientras se desarrollaban movilizaciones en todo el país convocada por organizaciones sociales y partidos opositores contra el presidente Alejandro Giammattei y el Poder Legislativo por la aprobación del presupuesto 2021 (Clarín, 22/11). Entre otras cosas, el presupuesto reduce las partidas de salud y protección social, como así las consecuencias sociales y económicos sobre la población de la pandemia y de los huracanes Eta y Iota (BBC, 22/11). Las protestas se realizaron también para denunciar el llamado “pacto de corruptos”, esto es, la alianza criminal entre el narcotráfico, las mafias y los tres poderes políticos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Giammattei, político derechista, había ganado las últimas elecciones de 2019 en segunda vuelta frente a la candidata socialdemócrata Sandra Torres del UNE, prometió eliminar la corrupción y el crimen. Pero su gestión está dominada por las críticas a su gestión de la pandemia, la reducción del gasto hospitalario y las denuncias de corrupción. Giammattei había dirigido el sistema penitenciario guatemalteco y prometido “mano dura” en las elecciones. Su vicepresidente, Castillo, forma parte de una coalición con la que llegó a la presidencia que venía teniendo grandes cortocircuitos en los últimos meses. Tras los incidentes, el vicepresidente llamó al presidente a presentar una renuncia conjunta. El oficialismo y sus bancadas aliados aprobaron el Presupuesto Nacional 2021 entre gallos y medianoche el 18 de noviembre sin que sea visto el pliego por la totalidad de los 160 diputados, y pasando por alto el impacto de la pandemia sobre el pueblo trabajador. Se trata del mayor presupuesto en la historia del país con casi 13.000 millones de dólares, “la mayoría de fondos están dirigidos a infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y desnutrición infantil que afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años” (infobae, 21/11). Un informe de reliefweb, dice que en Guatemala hay 3,7 millones de personas en crisis alimentaria (3/11). La crisis duplicó la desocupación, y generó un encarecimiento de los alimentos. “Según un análisis de Plaza Pública, también contempla la reducción en las partidas para la universidad pública y el poder judicial, al tiempo que destina más de 12 millones de dólares para una nueva sede del Congreso” (BBC, 22/11). El mismo día se sumó al trámite de antejuicio a dos magistrados de la Corte Constitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que para muchos se trató de un “pacto de corruptos”, entre empresarios y políticos detrás del acuerdo de presupuesto y la impunidad. En medio de la crisis, la Corte Suprema retiró el antejuicio a la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, y del magistrado Francisco de Mata Vela. A la vez, la Corte emprendió una ofensiva contra dos fiscales (Juan Francisco Sandoval y la fiscal general Consuelo Porras). Todos los factores de poder están en juego y en crisis. En agosto se habían producido manifestaciones en el país que pedían por la renuncia del presidente debido al mal manejo de la pandemia y la represión contra la población indígena y campesina (La Prensa, 22/8). Ayer hubo 17 convocatorias de diferentes organizaciones a manifestaciones en diversos puntos del país, aunque la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala suspendió el transporte público debido a la “alta concentración de personas” en el centro. Cientos de manifestantes se agruparon el sábado frente al Congreso, rompieron la puerta de entrada, ocuparon el Palacio Legislativo por algunos minutos y lo prendieron fuego lanzando antorchas. La policía desalojó a los manifestantes con gases y balas de goma. Se registraron al menos 20 heridos y docenas de afectados por los gases, como así 22 detenidos (BBC, 22/11). En pocos minutos llegaron los bomberos para apagar el Congreso en llamas. En paralelo, mientras cientos de manifestantes tomaban el Congreso, otros miles de guatemaltecos se manifestaban pacíficamente contra Giammattei a solo un kilómetro de distancia frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno). Tras las protestas del sábado, el vice Guillermo Castillo se comunicó con el presidente pidiéndole la renuncia: “Por el bien del país le he pedido que presentemos juntos la renuncia al cargo” (infobae, 21/11), aseguró que le comentó al presidente que “las cosas no están bien” y admitió que no tiene una buena relación con el mandatario. Pero aclaró que no renunciará si no lo hace también el mandatario. La secretaria de Comunicación, Francis Maseck, dijo que la Presidencia no tenía comentarios sobre las declaraciones de Castillo (perfil, 21/11).

Ayer, 21 de noviembre, nos enteramos de esta amarga noticia. Luego de meses de luchar contra el cáncer, junto con su compañera de vida Martha, falleció el compañero Freddy. Luego de una experiencia en el Polo “oficial”, Freddy decidió sumarse junto a su esposa a la Tendencia. Participó en las movilizaciones y las asambleas del barrio. Con la pandemia, llevamos adelante las ollas, consiguiendo la madera para el fuego y cocinando siempre junto a su esposa y compañeros. Al ser un changarín, no tenía derechos laborales que lo protegieran y ante la necesidad tuvo q salir a trabajar nuevamente sorteando todas las trabas para poder hacerse de ese mango que uno tanto necesita, soportando sus dolores y siguiendo para adelante. Freddy, quedarás por siempre en nuestra memoria, nuestro gran compañero de lucha. Le extendemos un abrazo enorme a Martha y su familia, ¡hasta la victoria compañero!

Como en todo el país, la docencia tucumana, con la llegada del Covid 19 y el cierre de las escuelas, de un día para el otro puso en pie un sistema educativo virtual desde su propia casa, transformándola en aula, sala de reuniones, lugar de atención a padres y alumnos, y patio para actos escolares. Al día de hoy, las herramientas de trabajo siguen siendo sus propias computadoras, datos móviles, luz, internet; del otro lado de la pantalla, las familias aportan lo propio. Así se sostiene la educación en pandemia. Los planteos que levanta y por los cuales está luchando el movimiento de docentes autoconvocados son el aumento salarial inmediato al básico; el llamado a paritarias; la no presencialidad escolar a los actos de fin de curso hasta que las condiciones sanitarias de la provincia lo permitan; conectividad gratuita para docentes y estudiantes; basta de persecución a los docentes por luchar; y el inicio inmediato del ciclo lectivo 2020 para docentes y estudiantes del plan Fines. El 18 de noviembre, desde la Coordinadora de Lucha, se realizó una mesa debate sobre “la crisis educativa en Tucumán” que contó con la participación de referentes de los gremios docentes de Adiunt (universidad nacional), Sadop (seccional Tucumán), Sidut (universidad Tecnológica) y Docentes Autoconvocados. En el desarrollo de las exposiciones se hicieron numerosas denuncias. Al día siguiente se realizó una nueva caravana docente, organizada por Sadop, y a la cual se sumó el movimiento autoconvocado. Esta vez, participaron más de 100 vehículos y contó, al igual que las anteriores, con la aprobación de gran parte de los peatones, que aplaudían y vitoreaban a los manifestantes a su paso. La perspectiva que se avecina presenta nuevos desafíos para la docencia tucumana. En los meses de diciembre 2020 y enero 2021 los salarios perderán, en promedio, cerca de $4.000 porque se dejaría de cobrar el doble incentivo y por otro en diciembre se termina de cobrar la 6º cuota de las deudas salariales del aumento paritario del último trimestre del 2019. Esos montos debían estar incorporados al básico, y el gobierno los transformó en un adicional. Golpeado por la inflación, el reclamo de un aumento salarial de emergencia se ha transformado en un reclamo vital. Por otro lado, la sobrecarga de tareas en la docencia no terminará con la “reapertura”. Entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero, deberemos trabajar en la “promocionalidad acompañada” con los estudiantes. En el ciclo lectivo 2021, tendremos aulas con múltiples niveles de aprendizajes adquiridos, que precisarán múltiples planificaciones para un mismo grado o curso. Además se planea seguir con la educación virtual, presencial y combinada. Es necesario reforzar la organización de base. A la continuidad del plan de lucha que se vote en las próximas asambleas docentes autoconvocadas, deberemos integrarle la lucha unitaria junto a otros sectores. En ese sentido, preparar el camino para que la docencia construya su 2° Congreso Provincial de Delegados de Escuela, en esta ocasión desde la propia virtualidad, para reunir la mayor cantidad de fuerza para frenar el ajuste que los gobiernos, nacional y provincial, les quieren imponer a la docencia. Con estas iniciativas debemos fortalecer el accionar de la Coordinadora de Lucha y avanzar por esta vía en la preparación de un congreso de trabajadores. La educación no es solo una cuestión de docentes y estudiantes. Es una cuestión que debe interesar y comprometer al conjunto de los trabajadores.

El femicidio de Paola Tacacho produjo una conmoción social porque expresa de manera acentuada el entramado de violencia institucional e impunidad que atraviesan las víctimas. Desde la justicia han informado que llegan mil denuncias mensuales por violencia de género. Muchos casos más se producen y no figuran en esa contabilidad. La razón: comisarías que se niegan a tomar las denuncias y que no buscan a las mujeres y niñas desaparecidas; fiscales y jueces que las cajonean; oficinas, secretarías y programas desbordados, que no llegan a dar una respuesta frente a situaciones de urgencia. Peor aun cuando los femicidas o abusadores tienen vínculos con el poder político, las trabas para que avancen las causas son prácticamente infranqueables y una condena a muerte. En el caso de Paola, la joven hizo 14 denuncias (13 penales y 1 civil) y en ninguna de las instancias recibió respuestas. Detrás del cajoneo estaba el peso de la familia del femicida: su hermano es un conocido empresario de la provincia, socio del gobierno con los negociados de la obra pública. En su momento también hizo recibió el arriendo de uno de los ingenios de la provincia y dejó deudas salariales con los trabajadores y con el propio Estado que le había otorgado préstamos. En una de las 13 causas penales saltó a la luz que el juez, Francisco Pisa, en 2017, rechazó el pedido del fiscal actuante de elevación a juicio por el incumplimiento de la perimetral por parte de su victimario. Los argumentos utilizados fueron la falta de pruebas, cuando se habían presentado testigos y existían todas las otras denuncias de acoso y amenazas que no fueron tenidas en cuentas. El rol de Pisa es tan escandaloso que la presidenta de la Corte ordenó realizar una auditoría. Por otro lado, distintas organizaciones, víctimas de violencia de género, etc. han realizado distintos pedidos de juicio político en la legislatura para que Pisa sea destituido. Desde el Plenario de Trabajadoras Tendencia hemos realizado una presentación, en ese mismo sentido, con el apoyo de la familia de Paola en la perspectiva de sostener la movilización popular y mostrar la naturaleza del régimen político. Pisa es el Oyarbide tucumano y por lo tanto la legislatura tiene una brasa caliente. Si lo someten al juicio político, éste puede sacar a la luz todos los negociados y hechos delictivos en los que se encuentra involucrado el gobierno. Por otro lado, también puede abrir un curso para enjuiciar al resto de jueces y fiscales que actuaron de la misma manera en las otras denuncias. Ahora se tiene conocimiento que un ayudante de fiscal, José Fernando Isa actuó de la misma manera que Pisa. Por eso se explica también el apuro del fiscal que investiga el femicidio de Paola para cerrar la investigación. En el medio también está la presentación de su renuncia, condicionado a recibir el beneficio de la jubilación de privilegio, que habría realizado Pisa al gobernador. Manzur todavía no se expidió, pero es también un elemento de la crisis política en curso. Está colocado en la misma disyuntiva de soltarle la mano a Pisa y que esto abra la puerta para un sinfín de denuncias o aceptarle la renuncia y quedar expuesto a una pueblada ya que son numerosas las causas donde están colocadas la responsabilidad Estado y la impunidad. Las denuncias contra Bussi, Alperovich y José Orellana por abusos sexuales, contra el vocal de la corte, Estofán por acoso, el accionar de otro vocal de la corte, Daniel Leiva para condicionar las causas contra Bussi, la organización narcomafiosa en el SIPROSA, los casos de gatillo fácil y atropellos policiales, son una olla a presión. En este cuadro es fundamental profundizar la movilización popular por el juicio político a Pisa y avanzar con el resto de los responsables del femicidio de Paola. La coordinación de los familiares y víctimas de todos estos casos también dará fuerza a cada una de las denuncias. Preparemos un encuentro para discutir un programa y un curso de acción y la coordinación con otros sectores en lucha.

El jueves 19 se realizó -vía zoom y Facebook Live- una charla debate “la lucha por la legalización del aborto” impulsada por la Secretaría de Mujer y Géneros del SUTEBA La Matanza. Participaron alrededor de 80 compañeras. Las oradoras centrales fueron Nathalia Gonzáles Seligra (Pan y Rosas PTS), Natalia González Muñoz (Tribuna Docente PO oficial), Gabriela López Matos (Tribuna Docente Tendencia - PO Tendencia) y Mercedes Trimarchi (Isadora, IS). El debate se centró en el tratamiento del aborto en el Congreso, logrado por la acción del movimiento de mujeres, y en las diferencias en torno al proyecto presentado por Alberto Fernandez y el proyecto de la Campaña. En las intervenciones se cuestionaron fundamentalmente dos puntos: la objeción de conciencia y la penalización de la práctica a partir de la semana 14. Se explicó de qué modo estos representan obstáculos para la práctica efectiva en los hospitales y cómo la penalización implica seguir criminalizando a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo. Se planteó el apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal seguro y gratuito que es el que fue discutido en asambleas y acompañado por millones en las calles. Se denunció que mientras que el gobierno presenta este proyecto, se ha votado el presupuesto del FMI que recorta en salud, educación, vivienda. Se destacó el rol de las luchas de las trabajadoras de la salud, las docentes y las familias de Guernica en su lucha por la vivienda. Son esas mismas mujeres que exponen sus vidas a la práctica de un aborto inseguro. La compañera Gabriela López Matos, de la Tendencia del Partido Obrero ,explicó de qué manera la objeción de conciencia representa la llave maestra para la obstrucción de la práctica del aborto y representa una presión de los sectores oscurantistas. Ejemplificó como esto impacta en los países en donde el aborto es legal, como el caso de Italia, donde 7 de cada 10 ginecólogos se niegan a practicar el aborto, y en Uruguay, en zonas rurales, el 80% de los médicos se niegan a practicarlo. Señaló que no debemos depositar ni un gramo de confianza en el gobierno y en el parlamento, por lo que es fundamental mantenernos en estado de alerta y movilización y destacó la importancia del debate en los sindicatos y en los lugares de trabajo. Finalizó su intervención destacando que sólo movilizadas y reforzando la lucha en las calles podremos conquistar el derecho al aborto. Luego de las exposiciones diferentes compañeras tomaron la palabra. Se valoró el espacio de debate abierto en el sindicato y se problematizó acerca de cómo se podría organizar esta lucha desde cada escuela. Otras compañeras destacaron la acción del SUTEBA La Matanza en todos estos años de lucha por la legalización del aborto, mediante paros, acciones de lucha y movilizaciones. En el cierre de la jornada se convocó a las compañeras a participar de la realización de un mural de cara al 25N, a ser parte de las iniciativas que se desarrollen el día de lucha contra la violencia hacia la mujer y culminó con un pañuelazo de todas las compañeras.

La justicia tucumana ha intentado cerrar el caso del femicidio de Paola Tacacho aduciendo al suicidio de Mauricio Parada Parejas, el femicida. La familia Tacacho ve en esto un acto de impunidad a los responsables políticos del crimen de Paola. Apuntando al juez Pisa, exige la investigación de los jueces, fiscales y funcionarios involucrados en el femicidio de la profesora salteña. Recién después de tres semanas, se ha realizado el allanamiento en el domicilio de Parada Parejas, a pedido de la abogada de la familia. En ese allanamiento se encontraron elementos que cuestionan la tentativa de la justicia de cerrar el caso. El juez Pisa ha presentado la renuncia condicionada ante Manzur, gobernador de Tucumán. La familia pide al gobierno tucumano que rechace esta renuncia en vías de ir a juicio y castigo de este juez y todos los responsables, y hacer justicia por Paola. “Salta, 21 de noviembre de 2020. Los familiares y amigos de Paola Tacacho queremos expresar nuestra gran desilusión y preocupación debido al nulo avance de la causa y medidas tomadas por el fiscal Carlos Sale, como por ejemplo la realización del allanamiento 14 días después del hecho, pedido por nuestra familia. ¿Acaso todavía el fiscal no entiende la necesidad y urgencia que requiere esta causa? ¿Por qué todavía no cito a testificar al tutor del asesino, Ronald Parada Parejas? ¿Acaso está encubriendo a esa familia y a los responsables del Estado que tienen que proteger la vida de los ciudadanos? ¿Acaso están tejiendo maniobras para dilatar el proceso hasta que comience la feria judicial y la sociedad olvide el caso y dejen de sentirse presionados? Nos resulta alarmante ver que el femicida Mauricio Parada Parejas tenía en su poder una fotocopia del DNI de Paola. ¿De dónde la obtuvo? ¿Quién le facilitó al asesino el acceso a esos datos? ¿Quién lo ayudaba? ¿Las fiscalías le filtraban la información de Paola? Sr. Carlos Sale todavía sigue pensando que no hay nada que hacer? Haga su trabajo e investigue. Solicitamos al Gobernador de la provincia de Tucumán, el cual nunca se comunicó con la familia ni siquiera por una falsa humanidad ni empatía, que con carácter URGENTE rechace la renuncia del Juez Francisco Pisa, y condene a los responsables de archivar, sobreseer y cajonear todas las denuncias de Paola Tacacho, y la vinculación de la justicia con la familia Parada Parejas. JUSTICIAPORPAOLA JUICIOYCASTIGOALOSRESPONSABLES”

Se cumplió un año del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 que cambió la política de Colombia. Fue el primer paro nacional en 40 años, seguido de otros hasta el comienzo de la pandemia. El pasado jueves, más de 50 organizaciones sindicales y sociales convocaron a una jornada nacional, por un pliego de peticiones de emergencia. El sábado, en Bogotá y Medellín, epicentro de las movilizaciones, hubo represión por parte de la policía y al menos 4 detenidos (página12, 22/11). Las protestas se prolongarán hasta el 25 de noviembre, día internacional en rechazo de la violencia contra las mujeres. Los pedidos son renta básica, intervención al sistema de salud, reactivación económica y el cese de la violencia. El Comité Nacional del Paro (CNP) fue el interlocutor ideal para Duque y sus políticas de ajuste. Desde el 21N el CNP y el gobierno hicieron 36 mesas nacionales de “diálogo”, 11 regionales, analizaron 11.289 propuestas recibidas en la plataforma digital (semana, 22/11), pero no se llegó a satisfacer ninguna de las 100 propuestas del pliego del CNP. Sin embargo, Diógenes Orjuela, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dice: “tenemos que sentarnos a negociar y llegar a acuerdos” (ídem). Durante la pandemia, el CNP dilató la lucha contra el gobierno. El CNP desgastó el movimiento de lucha y unidad en “caravanas”, actos electorales, conciertos, y ahora “actividades conmemorativas”. El CNP planea acordar con Duque un salario mínimo de espaldas al movimiento obrero. Con 50 millones de habitantes, Colombia es el quinto país de la región con mayor número de muertos (34.563) por coronavirus y el tercero con más contagios (1.218.003). La desocupación trepó hasta el 18,3% (infobae, 21/11) y la anunciada “renta básica” no cubre las necesidades básicas. . La respuesta de la alcaldesa “progre”, Claudia López, a los trapos rojos, fue la represión. López declaró que “hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadrito” en referencia a los millones de inmigrantes venezolanos (infobae, 20/11), una declaración que podría haber salido de Duque. Duque aprobó el presupuesto 2021 que finaliza la ayuda contra la pandemia y que prevé un 41% de aumento del pago de la deuda (25% del presupuesto) y de ayuda a las empresas más importantes que será financiado con privatizaciones y recortes en salud y educación. Las fuerzas represivas del estado (ejército, policía) mostraron su completa descomposición perpetuando masacres contra trabajadores, indígenas y campesinos. Durante la pandemia el número de masacres creció: desde el 21 de noviembre de 2109 y hasta mediados de noviembre de 2020 se han perpetrado 75 masacres y el asesinato de más de 250 líderes sociales. La actividad de los paramilitares aumentó, y puso de manifiesto que los acuerdos de paz estaban liquidados. “Estamos viviendo un genocido. Además de los muertos, tenemos compañeros y compañeras a los que se encarcela sin pruebas para después liberarlos. La persecución también es judicial”, indicó el dirigente campesino del Coordinador Agrario Nacional (página12, ídem). La nueva etapa también abrió el camino a la lucha de la mujer, que renovó la campaña por el aborto libre, seguro y gratuito. También la lucha de los estudiantes, los trabajadores del Cerrejón (una huelga minera de 70 días, histórica en el país), la lucha contra la violencia machista, la minga indígena y la lucha contra los desalojos de los inquilinos que no pueden pagar.

En los últimos días ha tenido gran repercusión los dichos de Soledad Acuña sobre la docencia y la formación docente. Ha recibido el repudio de las comunidades educativas y sindicatos, que se han expresado en pronunciamientos, cartas y un paro con movilización al Ministerio de Educación, impulsado por Ademys, reclamando la renuncia inmediata de la ministra. En consecuencia, y a dos años de la aprobación entre palos y gases, de la creación de la UniCABA; la CET y el CESGE convocan el martes 24, a una nueva movilización a la legislatura porteña contra el avance de la ´universidad de formación docente´ y por la renuncia de Acuña. Según Acuña, “cuando nos va mal en las evaluaciones, no hay que mirar a los estudiantes sino a los que enseñan y cómo se aprende a enseñar”. No es casual que la ministra se haya metido de lleno con expresiones de ataque a la docencia y estudiantes del nivel superior: estamos en la antesala del inicio de la primera cohorte de la UniCABA. A principios de este mes, el rector designado a dedo, Mariano Palamidessi, ha presentado en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña las primeras cuatro carreras de la universidad para el 2021, entre ellas, el Profesorado universitario de Educación Primaria que competirá directamente con la oferta ya existente en los actuales profesorados, diluyendo la tan mentada ‘co-existencia’ que el movimiento educativo ha caracterizado desde el inicio como una maniobra. Queda de manifiesto que las declaraciones de la ministra están enmarcadas en los lineamientos de los organismos de crédito internacional a cargo de las evaluaciones externas, que apuntan a la definitiva liquidación de los profesorados de la Ciudad. Es en realidad, la verbalización de los múltiples intentos de avances del “núcleo duro” de las reformas educativas en la ciudad. La Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente -que depende directamente de Acuña- se encarga de coordinar y supervisar a los institutos superiores, y de la elaboración de políticas y evaluación de los 29 profesorados, antes nucleados en la desmantelada Dirección de Formación Docente. Los dichos de la ministra ´bolsonarista´ sobre “la edad elevada de los ingresantes (a la carrera docente), que ya han fracasado en otras carreras y traen un bajo capital cultural que se desprende de su bajo nivel socio-económico” (sic) son calcados del informe del Banco Mundial “Profesores Excelentes: cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, donde se impulsa que se intensifique una selectividad rigurosa en el ingreso a la carrera de manera tal de recortar la matrícula y la cantidad de institutos ya que, una cantidad ´excesiva´ de graduados docentes provoca “una desviación de recursos públicos”, según las aves rapaces de la economía mundial. Por lo que proponen, al estilo Finlandia o Singapur, acotar a unas pocas instituciones de formación que, a través de planes de estudios cortos y digitados por el Ministerio de Educación, apunten a la formación de un número mínimo de docentes que puedan adaptarse dócilmente a una educación al servicio del mercado con salarios diferenciados. Por lo que la evaluación de los institutos es parte de la receta del Banco Mundial que ha apuntado desde siempre a oficiar de transición entre los profesorados y la universidad de la Ciudad. La implementación de la UniCABA ha chocado una y otra vez con la decidida unidad de docentes y estudiantes para frenar esta política anti-educativa. Y será este otro de los puntos que intentarán quebrar a través de planes de estudios con un gran porcentaje de sus cursadas de forma virtual, con docentes que oficiarán más bien de tutores sin ningún tipo de debate e intercambio, fragmentando el encuentro y la construcción colectiva de aprendizajes que propicia el aula. La educación virtualizada, a la que nos vimos forzados debido a la pandemia y el decreto de aislamiento, es utilizado por el ministerio como prueba de que sí se puede “educar” de forma remota y no sólo eso, también se puede formar a educadores que ´enseñarán y no militarán´, en un claro ataque a la libertad de cátedra y expresión. Esto cuando el Estado no ha destinado ni un solo peso a garantizar la virtualidad de docentes y estudiantes para sostener las cursadas y sí ha tenido una política de espionaje de las mismas colocando, de forma inconsulta, observadores virtuales de la Unidad de Coordinación en las plataformas de los profesorados, gracias al acceso que les otorgó el Ministerio de Educación Nacional. La Unidad de coordinación y la UniCABA vienen también a reforzar la injerencia, vigilancia y el control ideológico en la formación docente y en todas las aulas. La invitación de Soledad Acuña a la delación por parte de las familias de ´aquellos docentes politizados que bajen línea´ es una expresión más de la política reaccionaria que vienen desarrollando con la venia del ministerio nacional y que ha llegado tarde en su propósito, la lucha de familias y docentes en defensa de la vida y contra la política de aperturas de escuelas ha consolidado una firme unidad de la comunidad educativa, que no es otra que la unidad de los trabajadores ante la catástrofe social y los desafíos que nos impone. La lucha contra la UniCABA hoy requiere que los profesorados, docentes, centros de estudiantes deliberen y resuelvan los pasos a seguir, apoyados en la experiencia de estos tres años, para derrotar los avances en la implementación del profesorado universitario de educación primaria, contra el cierre de los postítulos docentes y de las evaluaciones a los 29IFD. No a la UniCABA. Fuera Acuña.

Es indudable que la pandemia se ha convertido en un factor histórico propio en la crisis capitalista. No es un factor suplementario; es la crisis mundial en sus múltiples manifestaciones, entendida como totalidad en el impasse del régimen histórico presente. Desde la depredación del medio ambiente hasta la inviabilidad de las condiciones de vida, de trabajo, de habitat y de la atención sanitaria, la propagación del virus puso de manifiesto una crisis de la misma humanidad, bajo las condiciones del capitalismo. Por lo pronto, el abordaje capitalista de esa emergencia se reveló incompatible con las formas actuales de existencia. Privó al capital de la disposición incondicional de la fuerza de trabajo – que el lenguaje convencional convirtió en “incertidumbre”. Los regímenes capitalistas, desde los trumpistas a los llamados progresistas, dirigieron sus recursos, en primer lugar al rescate del capital. Minentras la CEPAL planteaba la necesidad de “adoptar una economía de guerra”, o sea de racionamiento, el Estado orientó sus recursos y el monopolio de la fuerza a rescatar la Bolsa, incluso cuando Europa y Estados Unidos atraviesan una ´segunda ola´ exacerbada de contagios y fallecimientos. El apresuramiento en la aprobación de vacunas que no han atravesado todas las fases de experimentación, deja el descubierto, además de la desesperación política, una lucha tremenda por el control del mercado de la salud entre diversos monopolios y sus estados. Los estados capitalistas ingresan a lo que llaman ´la pospandemia´, no solamente en un cuadro agravado de endeudamiento y potencial de default, sino con el control económico de las principales corporaciones capitalistas, que recurrieron a su socorro. La disputa por el mercado mundial abandona su ropaje de libre competencia para transformarse en una guerra de múltiples dimensiones. Lo prueba la crisis desatada en la alta cúpula militar de EEUU y la OTAN, acerca del retiro de tropas de Afganistan e Irak, que es denunciada como funcional a los intereses de China, que enfrenta una grave crisis nacional en la frontera oeste del país. “Estado de excepcion” Las primeras medidas de ´aislamiento obligatorio´ fueron caracterizadas (ver al conjunto de intelectuales conocido como “Sopa de Wuhan”) como el establecimiento de “un estado de excepción”, que culminaba un largo desarrollo de liquidación de la democracia burguesa. Lo mismo ocurrió, por parte de diversas corrientes de izquierda, en Argentina, que añadieron, de su cosecha, la inminente militarización del país. Pero la descomposición de la democracia burguesa se desarrolla en un marco de confusión y desorientación de la burguesia mundial, como lo demuestra el destino de Trump, Bolsonaro, Áñez y Piñera, entre otros. La emergencia sanitaria, un pretexto ideal para avanzar en la regimentación social y política, se convirtió en piedra de discordia, porque suponía nada menos que el cierre de la actividad económica. A la Sopa de Wuhan le faltaba el ingrediente de la dialéctica, o sea de abordar los fenómenos históricos como totalidad. De otro lado, la disolución de la democracia burguesa no solo supone la incapacidad de la clase dominante para gobernar en los términos tradicionales, también supone la indisposición de los explotados para seguir siendo victimizados como de costumbre. Por eso la pandemia y las cuarentenas fueron acompañadas, principalmente por rebeliones populares que se fueron gestando con anterioridad, y por otro lado por protestas ´libertarias´ que encierran el gérmen de movimientos fascistas eventuales. La crítica al ´estado de excepción´ se convirtió en bandera de la derecha, en tanto que la de los trabajadores era la protección de la vida, o sea el desenvolvimiento de todos los medios económicos y sanitarios para la protección de las masas. En pocos meses la gestión capitalista de la pandemia devino en crisis políticas de envergadura, derrumbes económicos y desplazamientos politicos. El vendaval de esta crisis arrastró a la administración Trump y agravó el impasse de sus satélites continentales, como Piñera o Bolsonaro. En Estados Unidos, el paquete de 12 billones de dólares para rescatar a las corporaciones capitalistas no hizo más que agravar la crisis, en la medida que reforzó a las operaciones especulativas y provocó 40 millones de desocupados. Como en todo el mundo el proceso electoral norteamericano ha sido una manifestación distorsionada del derrumbe del equilibrio político en Estados Unidos y de una tendencia a la polarización de la lucha de clases. Argentina En Argentina, la pandemia puso de manifiesto la precariedad de la coalición política que se había improvisado un año atrás para sortear una crisis de poder. Los limites de la alianza urdida entre el kirchnerismo, perdidoso de varias elecciones anteriores, y los ex socios del macrismo, en el Frente de Todos, se pusieron de manifiesto enseguida. La advertencias acerca de aprestos “bonapartistas”, por parte de los Fernández, medidas ´de excepción” y despliegue represivo del ejército, acabaron como un caso patológico de impresionismo izquierdista. El régimen evitó, por sobre todo, recurrir al estado de sitio, y recurrir a la ´unidad nacional´ en lugar del gobierno personal. Las tempranas medidas de aislamiento fueron rápidamente barridas por la desorganización del estado y el sabotaje capitalista. Un estado capitalista en default es incapaz, por definición, de encarar con claridad cualquier crisis sanitaria de envergadura. La “política económica de la pandemia” agravó todos los desequilibrios económicos: el gobierno destinó el 70% de los dos billones de pesos aplicados a la emergencia a subsidios y rescates diversos a grupos capitalistas. Antes que esos recursos vaciaran las reservas del Banco Central, , Guzmán y Kicillof se encargaron de hacerlo, al pagar los intereses de una deuda defolteada, en negociación. En ¡marzo de 2020! nuestra Tendencia planteaba: “Con la perspectiva de cuarentenas crecientes, la salida que se pergeña es improcedente, porque para mover la producción no alcanza el dinero – hay que movilizar la fuerza de trabajo. El dinero no crea valor – depende de la fuerza de trabajo. El descuido de la fuerza de trabajo, por parte del capital, no es novedad – las condiciones y métodos de trabajo son cada vez peores. (…) En estas condiciones, los rescates a los capitales super-endeudados o en default, no irán a la producción sino al dinero” (“El capital infectado por el virus”, Jorge Altamira, Política Obrera, 26/3/20) Esta quiebra financiera del Estado opera como dínamo de un régimen político en verdadera disolución. La Corte Suprema, que ha quedado como árbitro de la escalada judicial de los dos principales bloques políticos del régimen, preside un Poder Judicial inmerso en una lucha de camarillas. Las causas de corrupción o lavado envuelven a buena parte de la clase capitalista ´nacional´, también en default, por la imposibilidad de renegociar una deuda externa superior 80.000 millones de dólares, y no poder girar utilidades, intereses y dividendos. La crisis monetaria y cambiaria de Argentina es un resultado de este cuadro de default, que no fue superado por el alargamiento de plazos negociado con los fondos internacionales. Argentina no enfrenta ´restricciones externas´, como lo demuestra que fue capaz de acumular una deuda pública y privada de más de 400 mil millones de dólares, sino una bancarrota del capitalismo. La precariedad de la coalición oficial se pone de manifiesto en el intento cristinista de soldar un “acuerdo nacional” para sustentar el acuerdo con el FMI. La Vicepresidenta se adelantó a una exigencia que ahora reclama el propio FMI. El acuerdo se ha convertido en la piedra de una disputa política; en lugar de unidad, división. De conjunto, todo en Argentina es hoy inviable: la economía, el régimen político, los acuerdos, el Poder Judicial, el sistema de salud, el conjunto del Estado. En lugar de un bonapartismo o gobierno de poder personal, con instrumentos de ´estado de excepción´, Argentina marcha a un bonapartismo de suma cero, o sea que no tiene capacidad de gobernar. El nudo de este paquete será desatado por una intervención histórica independiente de la clase obrera. La hipótesis de una polarización política Los voceros del kirchnerismo aseguran que el gobierno no tiene un ´plan de ajuste´, para conformar las exigencias del FMI, sino un ´plan de crecimiento´ que pondrá fin al ajuste en el futuro. O sea que se trataría de un ´ajuste´ benigno, que no haría metastasis. Se trata de un relato expuesto sin la menor vergüenza. Expresa el reconocimiento de una política anti-obrera con argumentos defensivos. En efecto, estamos ante un gobierno defensivo, un gobierno de maniobras, astucias y estafas. Con diferencias de grado, es la situación política de toda América Latina, y de numerosos países más. Explotan la crisis de dirección, o sea de orientación, programa, planteos de organización, de la clase obrera. “Una chispa”, de todos modos, alcanzaría para “incendiar toda una pradera”. La ´reapertura´ para poner en movimiento la economía, sin ninguna mejora en la atención sanitaria y la sola expectativa en la vacuna, ha incrementado las movilizaciones y reclamos de todo tipo, que nunca dejaron de estar presentes en la cuarentena. El movimiento de la salud protagoniza una escalada de huelgas por el salario y las condiciones laborales de médicos, residentes y enfermeras. La escalada inflacionaria, que es la consecuencia inevitable de la devaluación consentida por Fernández-Guzmán, empuja a la revisión de las paritarias truchas arregladas bajo la pandemia, como ocurre en la alimentación, en metalúrgicos, en todo el transporte y varios otros gremios cruciales. Esta planteado un aumento general de salarios y jubilaciones, que recupere el poder adquistivo confiscado y establezca un nuevo piso a la movilidad de los ingresos por inflación. El ´retorno a las aulas´ ha desatado una rebelión entre los docentes y las familias de los alumnos. El movimiento de desocupados también vive un ascenso. Los preparativos electorales para el año se encuentran condicionados por este escenario convulsivo. Las elecciones de 2021 son vistas con aprensión por las fuerzas políticas patronales en presencia; temen posibilidades de división. La eliminación de las Paso solo serviría para alargar la fecha de votación, a octubre, sin previas. Aunque ningún sondeo de opinión registra todavía una tendencia a la fragmentación, ella se encuentra presente tanto en el FdT como en JxC. La aparición de las vacunas contra el coronavirus no disipa, de ningún modo, la tremenda crisis social que ha expuesto la pandemia. Un programa que enlace la situación actual con una lucha política de masas debe tener como eje la cuestión de la salud y la vivienda, y la desocupación, los salarios e ingresos, y la pobreza. Un acuerdo con el FMI, que apunte a reconstruir un financiamiento de la economía, tendrá por eje la libertad cambiaria, o sea la libertad de giras beneficios al exterior, y por lo tanto una unificación devaluatoria del tipo de cambio. Implicará aumentos de tarifas de servicios y en especial de la salud y los medicamentos. Es necesario un programa de transición relacionado con las peculiarides de este período. Si se observa bien, las reividicaciones dejadas por la pandemia se van convirtiendo en el eje de las rebeliones populares que cubren América Latina. En este marco revolucionario se destaca la ausencia de un atisbo siquiera de hegemonía política socialista. La llamada extrema izquierda sigue en todos lados una línea democratizante, que expresa la expectativa de recoger las migajas de la descomposición capitalista, no su derrocamiento revolucionario. El “ascenso de la izquierda” ha tomado un rumbo democratizante, al confundir los avances electorales con el arribismo parlamentario, en lugar de caracterizarlo como la posibilidad de desarrollar una hegemonía socialista. Esta cuestión es lo que le da a la lucha política en la izquierda un carácter estratégico. Un programa de transición adecuado a la presente etapa no es un listado de nacionalizaciones en serie por parte de una minoría política, que además es defendido como medio de recaudación fiscal ´eficaz´ o para superar la llamada ´escasez de dólares´. La conferencia nacional del Partido Obrero (Tendencia) tiene el objetivo de elaborar un programa de reivindicaciones transitorias, entendido como un método de movilización contra el estado burgués y sus ajustes, y como una lucha política para dotar de contenido socialista la lucha de clases de las masas.

Paralelamente a los famosos juicios, se celebraron otros menos conocidos: los tres juicios a los empresarios que financiaron el nacionalsocialismo, colaboraron con el régimen y se beneficiaron de él. Tal día como hoy, hace 75 años, comenzaba en la ciudad de Núremberg el proceso judicial en el Tribunal Militar Internacional (TMI) contra 24 dirigentes de la Alemania nazi. Como este viernes se encargarán de recordar los principales medios de comunicación, este juicio contribuyó enormemente al desarrollo del derecho internacional, en particular en los campos de los derechos humanos y el derecho militar, en la tipificación y persecución de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y en el concepto de guerra de agresión, considerada “no solo un crimen internacional, sino el crimen internacional supremo, que difiere de todos los demás crímenes de guerra en que contiene en sí el mal acumulado de todos”. El juicio de Núremberg estableció también los fundamentos de la Corte Penal Internacional (CPI), una iniciativa de Naciones Unidas –una organización surgida asimismo de las cenizas del conflicto– que se formalizaría finalmente en 2002. “Núremberg” es hoy sinónimo de un macro-proceso judicial contra una élite política que ha cometido graves crímenes de guerra y contra la humanidad. Casi un año después de que se iniciase el proceso, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se leía la sentencia que condenaba a los acusados de planificar, iniciar y librar guerras de agresión, así como de otros crímenes contra la paz, de participar en crímenes de guerra y en crímenes contra la humanidad. Doce de los acusados fueron condenados a pena de muerte, aunque únicamente se llevaron a cabo diez, ya que que el responsable la Luftwaffe, Hermann Göring, se suicidó el día anterior a su ejecución, y el secretario privado de Adolf Hitler, Martin Bormann, fue condenado in absentia (los Aliados desconocían que Bormann se había suicidado mientras trataba de escapar del Berlín sitiado por las tropas soviéticas y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación central). A ninguno de los acusados con rango militar durante el conflicto (Wilhelm Keitel, Alfred Jödl y Göring) se les concedió el derecho a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento, según la costumbre castrense, sino por la horca, es decir, como criminales. Tras fotografiar a los cadáveres como prueba de su muerte con el fin de impedir que surgiese la leyenda de que habían escapado y seguían con vida, sus restos fueron incinerados y arrojados al río Isar. El arquitecto Albert Speer, que había ocupado varios cargos oficiales durante el nazismo, y el líder de las Juventudes Hitlerianas, Baldur von Schirach, fueron condenados a 20 años de prisión, el diplomático Konstantin von Neurath, a 15 años, y el almirante Karl Dönitz, presidente del llamado “Gobierno de Flensburgo” entre el 30 de abril y el 23 de mayo de 1945, a 10 años. Otros tres acusados fueron condenados a cadena perpetua: el comandante de la Marina, Erich Raeder, el último ministro de Economía del Tercer Reich, Walther Funk, y la mano derecha de Hitler, Rudolf Hess. Como los dos primeros fueron liberados en 1955 y 1957 respectivamente por motivos de salud, Hess se convirtió en el único y último recluso de la prisión de Spandau en Berlín. Durante años, los neonazis intentaron convertir en banderín de enganche las peticiones de liberación de Hess, quien se ahorcó el 17 de agosto de 1987, a los 93 años, con el cable de una lámpara, aprovechando un descuido de los vigilantes. La prisión de Spandau fue demolida poco después para evitar su uso propagandístico por parte del movimiento neonazi, que, a pesar de todo, organizó en los años siguientes marchas anuales a la tumba de Hess en Wunsiedel (Baviera), hasta que la parroquia decidió no renovar la concesión de la parcela y, en 2011, y con el consentimiento de la familia, sus restos fueron incinerados y arrojados al mar. Sólo tres de los acusados en aquel juicio fueron absueltos, con el voto en contra del juez soviético, Iona Nikítchenko: Hans Fritzsche, uno de los principales responsables de la propaganda nazi (posteriormente condenado a ocho años de prisión); Franz von Papen, vicecanciller alemán entre enero de 1933 y agosto de 1934; y Hjalmar Schacht, ministro de Economía entre agosto de 1934 y noviembre de 1937, y de quien el fiscal estadounidense, Robert H. Jackson, dijo famosamente que “su superioridad [intelectual] respecto a la mediocridad del común de los nazis no es su excusa; es su condena”. El industrial Gustav Krupp no pudo ser juzgado por su avanzado estado de edad y su manifiesta senilidad, aunque no se le retiraron los cargos que se le imputaban. Robert Ley, responsable del Frente Alemán del Trabajo, tampoco pudo ser juzgado, ya que se suicidó en su celda el 24 de octubre de 1945. Ley, uno de los hombres que había disfrutado de un tren de vida por todo lo alto durante el nazismo, terminó ahorcándose con una toalla anudada en torno a la cañería del inodoro. Los “juicios subsiguientes” Menos conocidos, sin embargo, son los doce de los llamados “juicios subsiguientes”, que las autoridades estadounidenses –no el TMI, aunque se celebraron en la misma sala– llevaron a cabo en Núremberg, en la zona de ocupación asignada a los Estados Unidos. Entre éstos se incluyen “el juicio de los doctores”, en el que se procesó a 23 médicos que experimentaron con reclusos de los campos de concentración y facilitaron los programas de exterminio del régimen, o “el juicio de los jueces”, en el que se sentó en el banquillo de los acusados a 16 magistrados, fiscales, juristas y abogados que contribuyeron a diseñar la arquitectura legal del nazismo y la implementaron. También se juzgó al alto mando militar, a 24 oficiales de los Einsatzgruppen (los escuadrones de la muerte de las SS en Europa oriental y la Unión Soviética) o a 12 generales responsables de la campaña en los Balcanes, entre otros. Aún menos conocidos todavía, y aún menos recordados por los medios de comunicación por motivos que se señalarán más adelante, son los tres juicios a los empresarios que financiaron el nacionalsocialismo, colaboraron con el régimen y se beneficiaron de él. El primero de esos tres juicios fue contra el industrial Friedrich Flick y los administradores de sus empresas (19 de abril – 22 de diciembre de 1947) por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos el saqueo y espolio de los territorios ocupados, tanto en el Este como en el Oeste, la apropiación de bienes ajenos mediante el proceso de “arianización” de la economía alemana, el uso de trabajo esclavo en las minas y fábricas del grupo, y la pertenencia al Partido Nacional-Socialista del Trabajo Alemán (NSDAP) y las SS del propio Flick. Este empresario fue uno de los participantes de la reunión secreta con Hitler del 20 de febrero de 1933 en Berlín, en la que el dinero fluyó a las cajas del partido después de comprometerse el líder del NSDAP a respetar la propiedad privada a cambio de aplastar a los marxistas. El propio Flick contribuyó con una generosa donación anual de 100.000 marcos. En correspondencia, las empresas de Flick fueron de las mayores beneficiarias del Tercer Reich: de 1933 a 1943 su capital pasó de 225 a 953 millones de marcos. No lo hizo, como se ha adelantado, con métodos legítimos: en 1944 la mitad de los 130.000 empleados del consorcio eran trabajadores esclavos o internos de los campos de concentración a quienes se encerraba en barracones sin camas, sin proporcionarles apenas comida y brutalmente golpeados por los guardias con regularidad. Se calcula que más de 10.000 de ellos perecieron por las pésimas condiciones a las que fueron forzados a trabajar. Flick –quien desde 1944, ante el avance de las tropas aliadas, había ordenado reunir todas las facturas que acreditaban la financiación de partidos durante la República de Weimar para destruirlas y no dejar ninguna prueba– fue condenado a siete años de prisión, pero a pesar de cumplir íntegramente su condena, su fortuna quedó prácticamente intacta. En 1955, por ejemplo, contaba con un centenar de empresas que le reportaban unas ganancias de 88 millones de marcos. Ello le permitió convertirse en el hombre más rico de Alemania occidental, en el mayor accionista de Daimler-Benz y contar asimismo con participaciones en importantes empresas químicas y siderúrgicas como Feldmühle, Dynamit Nobel, Buderus y Krauss-Maffei. Flick recibió además la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1963, y en Kreuztal (Renania del Norte-Westfalia) un instituto llevó su nombre hasta 2008. También se le dedicaron estadios en Rosenberg (Baviera) –el nombre no se modificó hasta 2012, después de una agria polémica– y calles en varios municipios, de las que todavía sobreviven cuatro: en Maxhütte-Haidhof y Schwandorf (Baviera), en Teublitz (Alto Palatinado) y en Burbach (Renania del Norte-Westfalia). Del ‘Zyklon B’ a la Talidomida El siguiente “juicio subsiguiente” concerniente a los financiadores del nazismo fue contra los responsables de IG Farben (14 de agosto – 30 de julio de 1948), a quienes se acusó de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos: colaborar en la planificación y los preparativos para la agresión militar así como su desenvolvimiento, empleo de trabajo esclavo –la compañía contaba con instalaciones adyacentes al campo de concentración de Auschwitz– y experimentos humanos, y pertenencia a organización criminal. Las pruebas utilizadas en el proceso procedieron de los documentos incautados por la división financiera bajo el mando del general Dwight Eisenhower en la sede de la compañía en Frankfurt am Main, en abril de 1945. Como recoge el protocolo del proceso, IG Farben suministró a la Wehrmacht caucho sintético, gasolina, nitrógeno, metales ligeros y, a través de sus filiales, explosivos. Poseía, además, un 42’5% de las acciones de Degesch, la empresa de pesticidas que fabricó el ‘Zyklon B’. Como es notorio, este insecticida se utilizó para ejecutar a los prisioneros en las cámaras de gas de los campos de Majdanek, Mauthausen, Dachau, Buchenwald y Auschwitz. El comandante de este último, Rudolf Höss, explicaría en su juicio que autorizó el uso de ‘Zyklon B’ tras la recomendación de un subordinado suyo, el Hauptsturmführer Karl Fritzsch, quien lo había empleado antes con prisioneros de guerra soviéticos a finales de agosto de 1941. El ‘Zyklon B’ era adquirido a través de los distribuidores Heli y Tesch & Stabenow (Testa)–que llegó a ofrecer cursos en Riga y Sachsenhausen a los miembros de las SS para instruirlos en su manejo seguro–, y en ocasiones directamente a los fabricantes. Se calcula que sólo Auschwitz recibió 23’8 toneladas de ‘Zyklon B’, únicamente seis de las cuales se utilizaron para lo que había sido originalmente pensado: fumigar plantas. El presidente de Testa e inventor del ‘Zyklon B’, Bruno Emil Tesch, fue juzgado dos años antes por un tribunal militar británico en Hamburgo (1-8 marzo de 1946), que falló que Tesch conocía el destino del gas y, en consecuencia, lo condenó a la pena de muerte. Tesch fue ejecutado en la prisión de Hameln el 16 de mayo de 1946 junto con el vicepresidente de Testa, Karl Weinbacher. No corrieron sin embargo la misma suerte los 23 procesados en el juicio contra IG Farben, la mayoría de ellos condenados a penas de prisión de uno a ocho años en la cárcel de Landsberg (Baviera), que no siempre cumplieron íntegramente. A pesar de haber sido condenados como criminales de guerra, varios se reintegraron en la vida económica de la República Federal Alemana (RFA) como miembros de los consejos de administración de empresas químicas y farmacéuticas. Uno de ellos, el químico Otto Ambrose, llegó incluso a ser asesor del canciller Konrad Adenauer y trabajó para la farmacéutica Grünenthal, en la que participó en el desarrollo de la Talidomida (comercializada en Alemania occidental como Contergan), un medicamento que se publicitaba como remedio contra la ansiedad y la náusea durante el embarazo y que provocó 10.000 nacimientos con malformaciones y miles de abortos no deseados. Otro de los condenados, Heinrich Bütefisch, recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en marzo de 1964 por su trabajo en la junta directiva de Ruhrchemie AG, pero cuando se hizo público su pasado nacionalsocialista se le retiró el galardón. Pocos apellidos alemanes sean posiblemente tan conocidos como el de Krupp, cuya historia como proveedor de armas se remonta a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), en la que suministró a todos los bandos combatientes. Las empresas Krupp fueron el objeto del tercero de los “juicios subsiguientes” (8 de diciembre de 1947 – 31 de julio de 1948) relacionados con el capital que financió al nazismo. Como se encargó de recordar el fiscal Robert H. Jackson en su acusación, “cuatro generaciones de la familia Krupp han poseído y operado las grandes factorías de armamento y municiones que han sido la principal fuente de suministros de guerra de Alemania. Durante más de 130 años, esta familia ha sido el foco, el símbolo y el beneficiario de las fuerzas más siniestras implicadas en la amenaza a la paz en Europa”. La participación de la empresa en el régimen nazi era innegable: Krupp suministró generosamente a la Wehrmacht desde tanques hasta cruceros y submarinos pasando por cañones de artillería y munición. El aprecio por los nazis hacia su patrocinador era tal que en un discurso a las Juventudes Hitlerianas Hitler llegó a afirmar que “el joven alemán del futuro debe ser delgado y ágil, veloz como un lebrel, curtido como el cuero y duro como el acero de Krupp.” El material de guerra de Krupp era fabricado por 100.000 trabajadores esclavos, entre ellos más de 23.000 prisioneros de guerra –principalmente en su factoría en Essen (Renania del Norte-Westfalia)– y 4.978 internos de los campos de concentración de Auschwitz y en Wroclaw (en alemán: Breslau), invariablemente en condiciones inhumanas: largas jornadas de trabajo, alojamiento inadecuado y expuesto a los bombardeos (en violación del Tratado de La Haya), malnutrición, falta de asistencia médica y brutalidad por parte de los guardias. En su declaración ante el tribunal, el Dr. Wilhelm Jäger, uno de los médicos de la empresa que fue enviado a supervisar las condiciones de los campos, relató en su testimonio que “las condiciones sanitarias eran atroces: en Krämerplatz [donde trabajaban 2.000 prisioneros de guerra soviéticos y franceses] solo había 10 cuartos de baño de niños para 1.200 reclusos… Los excrementos cubrían el suelo de estos baños por completo. Los tártaros y kirguises eran los que más sufrían: caían como moscas [a causa del] alojamiento, la mala calidad de la insuficiente comida, el exceso de trabajo y la falta de descanso… Miles de moscas, insectos y otros parásitos torturaban a los internos de estos campos”. En Nöggerathstrasse se llegó a hacer dormir a los prisioneros de guerra franceses durante seis meses “en jaulas para perros”: cinco reclusos dormían en cada jaula, “en la que tenían que entrar a cuatro patas”. Los hijos de las trabajadoras forzadas secuestradas en Europa del Este se alojaban en barracones para niños en condiciones no muy diferentes a las descritas y muchos de ellos murieron por la mala alimentación y falta de asistencia médica. El presidente, Alfried Krupp, respondió a todos los informes de Jäger con indiferencia. Por todo ello, doce directivos de Krupp, incluyendo a su presidente desde 1943, Alfried Krupp von Bohlen y Halbach, fueron sentados en el banquillo de los acusados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sólo uno de los acusados, Karl Heinrich Pfirsch, responsable de ventas de la empresa, fue absuelto: el resto fueron condenados a penas de prisión de entre tres y doce años de prisión, y a Alfried Krupp se le impuso además la venta de sus posesiones. Como en los casos de Flick e IG Farben, el tribunal rechazó los argumentos de la defensa de que los acusados no hicieron más que “cumplir órdenes” y de que actuaron por “necesidad”, asegurando que se habían visto obligados a alcanzar las cuotas de producción impuestas por el gobierno alemán y que, para conseguirlo, era necesario hacer uso de la fuerza de trabajo proporcionada por el Estado porque no había otra disponible, y que, de haberla rechazado, ello hubiera acarreado consecuencias para los empresarios y sus administradores. De igual modo, se desestimó el argumento de la defensa de que el tribunal estaba aplicando una “justicia de vencedores”, así como que las leyes que se les acusaba infringir no estaban vigentes en el lugar y el momento de las acciones realizadas (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege). Sin embargo, el alto comisario de EE UU para la RFA, John J. McCloy, convencido de la necesidad de restaurar la capacidad industrial de Alemania occidental frente a una emergente URSS, decidió entre 1951 y 1952 reducir las penas de la mayoría de los acusados. El propio Alfried Krupp fue amnistiado el 31 de enero de 1951 y se le restituyeron sus propiedades en la RFA, que en la zona de ocupación soviética (a partir de 1949 la República Democrática Alemana) habían sido ya expropiadas. El terreno para la amnistía lo habían preparado antes las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales y los medios de comunicación conservadores, que habían puesto en marcha una intensa campaña de relaciones públicas para relativizar las acciones de Krupp durante el nazismo. Cabe decir que lograron su cometido con creces, ya que Krupp se convirtió como es sabido en una de las empresas más importantes de posguerra. En 1999 se fusionó con Thyssen AG, cuyo presidente en el período de entreguerras, Fritz Thyssen, también financió generosamente al nacionalsocialismo hasta 1933, cuando su relación con el régimen comenzó a deteriorarse. Thyssen, que abandonó Alemania en 1939 y en 1940 publicaría en Francia una biografía titulada Yo financié la ascensión de Hitler, llegaría a ser internado tras su detención en el régimen de Vichy y extradición a Alemania en varios campos de concentración, aunque siempre recibió un trato de favor por su condición social. “Lo hicieron voluntariamente” En el juicio contra IG Farben, el fiscal presentó como prueba núm. 58 el siguiente fragmento del interrogatorio a Göring: P. ¿Habría contemplado Alemania su vasto programa de agresión si no hubiesen contado con el pleno apoyo de los industrialistas durante todo el tiempo? R. Los industrialistas son alemanes. Tenían que apoyar a su país. P. ¿Les forzaron a hacerlo o lo hicieron voluntariamente? R. Lo hicieron voluntariamente, pero de haberse negado, el Estado habría dado un paso al frente. P. ¿Piensa que el Estado habría sido lo suficientemente fuerte para forzar a la gran industria a ir a la guerra si ésta no quería la guerra? R. Cuando llegó el momento de ir a la guerra, todas las industrias nos siguieron sin problemas de conciencia. Lo cierto es que tampoco tuvieron problemas de conciencia antes de la guerra: sin las donaciones de los industriales —a quien Hitler había cortejado abiertamente desde 1926-1927 presentando a su partido como dique de contención del bolchevismo—, el NSDAP no hubiera podido desembolsar por ejemplo los 805.864 marcos que costó la compra y renovación del Palacio Barlow de Múnich, donde el partido estableció su sede. Después de la ya mencionada reunión secreta del 20 de febrero de 1933, los “capitanes de industria” donaron tres millones de marcos —más de dos millones de los cuales se ingresaron en un fondo fiduciaro ad hoc creado por Schacht— para financiar a la ultraderecha. Los porcentajes son significativos: el 25% se destinó al Frente Negro-Blanco-Rojo, la coalición liderada por Franz von Papen, y el 75% restante al NSDAP. Según Martin Blank, uno de los testimonios de aquella reunión, aquel mismo día los representantes de la industria siderometalúrgica se comprometieron a donar un millón de marcos, mientras que el fabricante de maquinaria Wolfgang Reuter prometió entregar 100.000 marcos, la misma suma que dio Siemens. En el fondo de Schacht aparecen Osram, que donó 40.000 marcos (27 de febrero), Telefunken, con unos 35.000 (27 de febrero), IG Farben, con unos 400.000 marcos (28 de febrero), o AEG, con 60.000 (3 de marzo), por señalar sólo las compañías más conocidas de la lista, en la que también figuraban empresas mineras y de fabricación de maquinaria. No sólo fue la industria: el acuerdo entre Papen y Hitler para hacerse con la cancillería se fraguó en la casa de un banquero, Kurt Freiherr von Schröder, en Colonia, con la mediación una vez más de Schacht. En su declaración en el juicio de Núremberg, Schröder narró cómo “antes de dar este paso, conmigo hablaron una serie de caballeros de la economía y me informé en general de cómo la economía quería establecer una cooperación entre ambos.” “Los mayoría de los esfuerzos de los hombres de la economía se dirigían”, continuaba Schröder en su declaración, “a ver la llegada al poder de un líder fuerte en Alemania que construyese un gobierno que permaneciese en el poder por un largo período tiempo”. Cuando “el NSDAP sufrió el 6 de noviembre su primer revés en las urnas y alcanzó con él su techo electoral, el apoyo de la economía alemana se hizo especialmente apremiante”. De acuerdo con el testimonio de Schröder, “existía un interés común en la economía en el miedo del bolchevismo y la esperanza de que los nacionalsocialistas, una vez en el poder, estableciesen una política consistente y sólidos fundamentos económicos en Alemania”. Quizá la mayoría de industriales y banqueros viese a los nazis como parte de la constelación de fuerzas conservadoras que habían de impedir el ascenso del movimiento obrero organizado que suponían tanto el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) como el Partido Comunista de Alemania (KPD) y sus sindicatos. Carl von Ossietzky escribió en Die Weltbühne cómo el magnate de los medios de comunicación Alfred Hugenberg no quería “dejar libre a su golem, Hitler.” “Cuando ya no lo necesite más”, creía Ossietzky, “le cortará el grifo de la financiación y el movimiento nacionalsocialista desaparecerá tan misteriosamente como estos últimos dos años misteriosamente ha crecido”. Años después el dramaturgo Heiner Müller compararía a los nazis con un perro rabioso atado a una correa que finalmente se aflojó demasiado. Sea como fuere, como escribe Antoni Domènech en El eclipse de la fraternidad (Crítica, 2004; Akal, 2019), “lo que el propio [fiscal estadounidense] Telford Taylor llamó ‘guerra civil fría’ desencadenada en EE UU contra los ‘comunistas rooseveltianos’ contribuyó decisivamente a que las condenas judiciales a la oligarquía industrial y financiera alemana quedaran en nada”, entre otras razones, “gracias a la enorme presión de la derecha empresarial y política norteamericana que consideró –no sin un punto de razón– que procesar a los Flick, a los Krupp y compañía era tanto, según expresó en su día el luego tristemente célebre senador McCarthy, ‘como procesar a los Ford y a los Rockefeller’”. No se produjo una caída de los dioses: el capital sin el que el nazismo no hubiera sido posible fue restituido en su lugar, considerado como un ‘mal necesario’ para hacer de Alemania occidental un muro de contención contra la expansión del comunismo soviético, a pesar de que ello suponía una violación del apartado B.12 del Acuerdo de Potsdam de 1945, según el cual “en el plazo más breve posible la vida económica alemana ha de descentralizarse con el objetivo de destruir la desproporcionada concentración existente del poder económico, representada especialmente por los carteles, corporaciones, trusts y otras asociaciones monopolistas”. La URSS defendió en todo momento el establecimiento de un castigo ejemplar e inequívoco a los criminales de guerra nazis: sobre ellos tenía que caer todo el peso de la ley, sin concesiones. Esta manera de proceder tenía como fin impedir que su memoria pudiese ser rehabilitada y asestar a un mismo tiempo un golpe definitivo al capital que había posibilitado el peor conflicto de la historia de la humanidad. Buena parte del resto de los Aliados, en cambio, temía que el juicio a los notables de la vida económica alemana se convirtiese en una poderosa herramienta propagandística para los soviéticos. Como seguramente se refleje en los medios de comunicación estos días, hubo un Núremberg que ha llegado a ser muy conocido por el público y otro que no, y que, además, quedó incompleto.

El balance de la primera vuelta de las elecciones municipales es inequívocamente una derrota para Bolsonaro, sin partido y sin candidatos victoriosos en ninguna de las capitales. El golpe contra el gobierno ha sido tan extenso que los candidatos otrora campeones del bolsonarismo se esfuerzan ahora para disociarse del presidente de pies fríos. Bolsonaro hizo campaña para 59 candidatos, de los cuales apenas nueve fueron elegidos. De los 13 candidatos a intendentes que contaban con el apoyo electoral de Bolsonaro, solo dos llegaron a segunda vuelta (Río de Janeiro y Fortaleza) y otros dos fueron electos en ciudades del interior de Piauí y Minas Gerais. El acto electoral también estuvo marcado por una operación de bolsonarismo, ejecutada desde el exterior. A través de un ataque de hackers sin precedentes contra los sistemas de justicia electoral y una furiosa campaña en las redes sociales, los bolsonaristas prepararon el escenario para cuestionar la confiabilidad del voto electrónico y reavivar la demanda de voto impreso. Bolsonaro explicó sus planes en la mañana del lunes 16 de noviembre, tuiteando que “con un sistema de votación mejor” conquistará la reelección en 2022. Políticamente devaluado, cuenta con el aparato policial y las dificultades de fiscalización que provocaría el voto impreso, para intentar una gigantesca operación de fraude, carta que ya había jugado en 2018 cuando, a la Trump, anunció que solo reconocería un resultado ganador. El ensayo general de este operativo fue la elección en Río de Janeiro, donde los paramilitares -que, como mostró un estudio reciente, controlan el 57% del territorio de la ciudad- condicionaron los votos en las comunidades, a favor de Crivella y Paes, con base en la intimidación a mano armada. El objetivo estratégico de la política de los paramilitares es establecer las condiciones para un sistema permanente de fraude, basado en la violencia política. De hecho, esta primera vuelta ha sido una de las elecciones más violentas de la historia del país, con al menos 90 candidatos asesinados y más de un centenar de heridos. Entre los vencedores de la primera vuelta se destacan los partidos del Centrão. Valiéndose del ciclo de “lucha contra la corrupción”, los partidos más venales del país se encuentran entre los que más progresaron respecto a 2016: el PP pasó de 495 a 682 intendencias y el PSD de 537 a 650. El otro gran beneficiado fue el DEM, que pasó de 272 a 440. Desde el punto de vista de la situación política general, el resultado significa que el gobierno, que ya dependía del Centrão, a partir de ahora será totalmente rehén de las exigencias materiales y de poder de este sector. Los movimientos políticos concretos deben esperar la definición de la segunda vuelta, pero, a través de Ricardo Barros (PP), líder del gobierno en la Cámara de Diputados, se expresó la ambición de tomar el control del gabinete ministerial. La derrota de Trump ya había devaluado el precio de la cabeza de Ernesto Araújo en el Itamaraty ( ministerio de relaciones exteriores) y Ricardo Salles en Medio Ambiente, pero Centrão también va en busca de los voluminosos presupuestos, como los de Salud, Minas y Energía e Infraestructura, actualmente bajo el control de los militares. La gran pregunta es el destino de Paulo Guedes, con un rediseño ministerial que dejaría el equilibrio de poder en el gobierno claramente a favor del ala “intervencionista”, centrada en el ministro de Desarrollo Regional, Rogério Marinho. Rodrigo Maia estimó que el resultado de la primera vuelta mostró que el ciclo que eligió a Bolsonaro en 2018 debe repetirse "solo en 30 o 40 años", haciéndose eco de un giro político que se multiplica entre los voceros de la gran burguesía, alejándose de Bolsonaro. Empieza a tomar forma una sustitución que apuntaría a reeditar, en otras condiciones, el bloque PSDB-PMBD-DEM, que sustentaba el ciclo FHC, cuyo eje se manifiesta en la campaña de Bruno Covas bajo el lema "contra el radicalismo". Esta perspectiva encuentra eco en las Fuerzas Armadas, donde existe una demanda creciente de distanciarse (y lavarse las manos) del gobierno de Bolsonaro, alegando que "el país vota en contra de los extremos". La apuesta para recoger las viudas del bolsonarismo entre la burguesía y el aparato militar y, con ello, aggiornar este plato recalentado, pasa por negociar la inclusión de Sergio Moro en el panel, posiblemente con algún "outsider", tipo Luciano Huck, como abanderado. En la izquierda, el resultado electoral ratificó el desmantelamiento de las bases obreras a nivel político. El PSOL, que aparece como la fuerza de una supuesta renovación de la izquierda y la estrella de las elecciones, ganó solo 4 intendencias (contra 2 en 2016) de las 5.567 en juego. El PT, con alianzas a la izquierda y a la derecha, ganó 179, contra 630 en 2012 y 254 en 2016. El PT hizo alianzas en 85 municipios con el PSL, el partido ultraderechista que llevó a Bolsonaro a la presidencia. Dígase, de paso, que la claque bolsonarista, después de dejar el PSL por problemas de caja, se refugió para candidatearse con los Republicanos, el partido fundado por José Alencar, cuando era vicepresidente de Lula. Los análisis de la izquierda del resultado oscilaron entre un balance triunfalista superficial y despolitizado, por un lado, o atribuyendo el paso de Boulos a la segunda vuelta a un mero fenómeno mediático. En verdad, el hecho de que Boulos emergiera como una nueva figura con proyección nacional muestra que para que algo nuevo surgiera en la izquierda, tenía que estar conectado de alguna manera con la movilización de masas. Aunque de manera distorsionada, Boulos representa un emergente del principal movimiento de lucha popular (MTST) que surgió en el contexto del ciclo del PT y su intento de integrar todas las organizaciones de masas al Estado capitalista. El MTST solo logró despertar el interés real de sectores de la clase trabajadora en la lucha por la vivienda, diferenciándose del PT. Habiendo obtenido una plataforma política a partir de esa experiencia, Boulos ahora se esfuerza por ser aceptable para la burguesía insatisfecha con los desmanes de Bolsonaro (“ocupamos propiedades para defender la propiedad”). En perspectiva histórica, el "fenómeno" Boulos y PSOL son el resultado del silenciamiento de la clase trabajadora en la arena política y su sustitución por los "excluidos", los "pobres", la lucha por la "ciudadanía". En otras palabras, el proceso de despolitización promovido en el ciclo del PT por la apuesta estratégica de la dirección del PT por sofocar y neutralizar cualquier tendencia a la independencia de clase en la vida social y política brasileña. La supuesta superación del PT que pretendía encarnar el PSOL reforzó este proceso y lo complementó con el dominio de la política identitaria sobre cualquier expresión de clase. No debemos olvidar que esta elección se desarrolla en medio de una profunda crisis social, sanitaria, económica y política, con un gobierno profundamente antiobrero que se encuentra estancado y sin rumbo. En estas condiciones, la clase trabajadora está ausente como expresión política en la disputa electoral, incluso en condiciones en las que el segundo partido más grande del país (el PT) controla la mayor central sindical de América Latina (la CUT). Las organizaciones obreras brasileñas todavía siguen en pie, pero no tienen ninguna estructuración política, lo que es el resultado de toda una trayectoria consciente del lulismo en los últimos 30 años. Los bloques ganados por el PSOL en los concejos deliberantes de São Paulo y Río están dominados por candidaturas de carácter identitario, con demandas democráticas y sin candidatos obreros o de clase. En otro nivel, como reflejo de todo este proceso histórico, cabe señalar también que el PSTU, que controla Conlutas, una central que agrupa a varios sindicatos importantes a nivel nacional y regional, tuvo un voto marginal, lo que indica que obtuvo pocos votos de su influencia inmediata en los medios obreros. La candidatura de Boulos, que pasa a segunda vuelta en São Paulo, sin duda el hecho más significativo de la elección, no es una candidatura de clase, por su programa o contenido social. Sin embargo, es necesario analizar si el voto a Boulos puede representar un canal de movilización en la lucha contra Bolsonaro. En el contexto de desorientación y debilidad de las organizaciones históricas del movimiento obrero y popular, es evidente que la inmensa mayoría de los luchadores nutren una expectativas en la victoria de Boulos. Con las particularidades de la elección de São Paulo, claramente representa una candidatura contra Bolsonaro, y una victoria de esta daría un nuevo impulso a la crisis de gobierno. Con distintos matices, se puede realizar un razonamiento similar respecto a la segunda vuelta en Belém, con Edmilson Rodrigues (PSOL) contra un candidato de las milicias paramilitares; en Porto Alegre, con Manuela D’Ávila (PCdoB); y en cierta medida en Recife, con Marília Arraes (PT). Un caso completamente diferente es el de Río de Janeiro, donde la segunda vuelta entre Crivella y Eduardo Paes presenta a dos candidatos bolsonaristas (uno explícito, otro por contrabando) que deben ser rechazados por igual. Crivella era el candidato original de Bolsonaro, pero la perspectiva de la derrota llevó a las bases del bolsonarismo (los paramilitares) a operar abiertamente por la victoria de Paes. El récord de abstenciones y votos nulos en Río reflejó una conciencia generalizada, entre los estratos más politizados de los trabajadores de Río, de que se montó una trampa podrida, que merecía un fuerte repudio político. Comprensiblemente, el escenario de la segunda vuelta abrió un debate entre el activismo sindical clasista juvenil; no son pocos los que defienden el voto nulo en todos los casos, argumentando que votar por candidatos de izquierda frentepopulista no constituye un voto de clase. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, la definición en relación al voto debe partir de la caracterización de la situación política y no de una simple cuestión doctrinal. El cuadro electoral, en el contexto de la crisis, indica que estamos en una fase de transición hacia un 2021 que presagia (con la paulatina "normalización" que vendrá a medida que se desarrolle la vacunación) un escenario de grandes luchas de masas. En la agenda estará la disputa sobre quién paga la cuenta de los generosos subsidios recibidos por los bancos y empresas, y también la materialización del inmenso descontento popular frente a los crímenes de Bolsonaro y su gobierno, contenido este año por los límites impuestos por la pandemia. La cuestión de la votación en la segunda vuelta debe responderse desde este ángulo. La preparación política de la lucha por Fuera Bolsonaro, más vigente que nunca, exige un voto subordinado a ese objetivo. Anular el voto es ponerse al margen del problema y permanecer ajeno a las aspiraciones de la mayoría de trabajadores y luchadores. Esto no significa ningún apoyo a los eventuales gobiernos de Boulos, Edmilson o Manuela, sino apenas un paso necesario en la transición para un grupo de luchadores en torno a un programa independiente, para disputar la dirección política de la grandes luchas que se avecinan.

Tras los dichos sobre la docencia de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, diferentes fuerzas políticas han salido a pedir que dé explicaciones como si lo expresado fuera novedoso o un derivado ideológico de la “derecha macrista”. Pero los dichos de Acuña se inscriben en el diagnóstico y la estrategia de organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), para pasar una serie de contrarreformas educativas en América Latina. Diagnósticos clasistas sobre el cuerpo docente Bárbara Bruns y Javier Luque, del Grupo del BM, en un estudio de 2014 titulado “Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, se preguntan: “¿Qué sabemos acerca de las características y el desempeño de los profesores en América Latina y el Caribe?”, a lo cual responden: “los datos disponibles muestran un panorama inquietante”. Los puntos que despliegan como “alarmantes” son que el cuerpo docente está conformado “En su mayoría mujeres, de posición socioeconómica relativamente baja”. Al mismo tiempo sostienen que “Los datos sobre ingreso a las universidades muestran que los estudiantes que cursan carreras relacionadas con la educación son de condición socioeconómica más baja y tienen más probabilidades de pertenecer a la primera generación de sus familias que tiene estudios universitarios, que quienes ingresan en otras carreras (…) y, en consecuencia, tiene aspiraciones académicas más limitadas”. El ´diagnóstico´ de los banqueros asegura que “...en la mayor parte de América Latina, el cuerpo docente está envejeciendo”. Para completar el cuadro, plantea que los docentes latinoamericanos tienen “elevados niveles de educación formal, pero escasas capacidades cognitivas” A esta última afirmación llegan mediante la valoración de los resultados obtenidos en las evaluaciones estandarizadas, digitadas por el mismo BM, como las evaluaciones PISA que se realizan desde el año 2000 en Argentina. Las reformas educativas basadas en evaluaciones censales, externas y estandarizadas vienen siendo impulsadas y aplicadas desde hace más de 20 años en gran parte de América Latina. El BM es su principal ideólogo y los diferentes gobiernos de la región su brazo ejecutor como quedó en evidencia en las reformas implementadas en México, Perú y Chile que derivaron actualmente en rebeliones populares, con la juventud trabajadora excluida de la educación pública a la cabeza, que están poniendo en jaque a los regímenes políticos de la región. Acuña repitió la lección del BM al pie de la letra aunque no se animó a decir que el hecho de que el cuerpo docente sea altamente feminizado representa un problema. Evidentemente no quiere que la marea verde se sume al “Fuera Acuña” y se la lleve puesta. Pero Acuñña es una ´alumna ejemplar´ que se suma a la cadena de gobiernos que atacaron a la docencia para avanzar en el vaciamiento de la educación pública argentina. Cristina Fernadez, el 1° de marzo de 2012, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y en medio de las negociaciones salariales, dijo que los docentes trabajaban "cuatro horas" y tenían "tres meses de vacaciones", ocultando el hecho de que la docencia tiene que trabajar hasta dos o tres cargos para llegar a fin de mes y que estatutariamente le corresponden 30 días hábiles de vacaciones. Las leyes educativas del kirchnerismo abrevan en la misma fuente que la ministra. Los gobiernos apuntan sus cañones contra la docencia y desligan al Estado de la responsabilidad en la degradación educativa para intentar avanzar con un plan que les es común a todos: la privatización del sistema público, un avance de la injerencia empresarial en políticas educativas para ligar la educación al mundo del trabajo flexibilizado y la formación en “habilidades blandas” de sujetos “empleables”. Esteban Bullrich, cuando ocupó la cartera educativa nacional, en el llamado “mini” Davos, presentaba esta concepción de la educación ligada a la productividad de estudiantes y docentes y proponía el “Plan Maestro” para profundizar los aspectos más regresivos de la Ley de Educación Nacional legislada bajo el gobierno kIrchenerista que asentó las bases para, por ejemplo, intentar avanzar en “prácticas profesionalizantes” precarizadas y compulsivas en las escuelas técnicas en el marco de “la Secundaria del Futuro” y liquidar las escuelas de Educación especial. Sindicatos El estudio del BM sostiene que “En comparación con parámetros internacionales, los sindicatos docentes de América Latina y el Caribe se consideran especialmente poderosos”. Para poder minar este poder de resistencia que resulta una traba para los planes de contrarreforma, el organismo propone que “los líderes políticos pueden establecer alianzas eficaces a favor de la reforma entre directivos de empresas y la sociedad civil mediante campañas de comunicación que muestren de manera convincente las falencias actuales del sistema educativo y la importancia de contar con una mejor educación para acceder a la competitividad económica. Si se unen adecuadamente dos lados del triángulo de partes interesadas (sociedad civil y Gobierno) en diálogo con la tercera parte (las organizaciones docentes), se puede crear el espacio político para la adopción de reformas, incluidas tres que desafían los intereses de los sindicatos (evaluación del desempeño individual de los profesores, pago diferenciado por desempeño y pérdida de la estabilidad laboral)”. Cuando Acuña llama a las familias a la delación y sostiene que su gobierno va a limitar la injerencia de los sindicatos en políticas educativas se está desplegando al pie de la letra la estrategia del BM para debilitar a las organizaciones obreras y las conquistas del gremio – por ejemplo, la liquidación de las Juntas de clasificación fue la base para avanzar sobre los actos públicos o para impulsar una mayor precarización laboral con el objetivo de atar el salario y la estabilidad laboral al ´desempeño´. Se torna de primer orden luchar por fortalecer una estrategia de fortalecimiento de la unidad docentes-familias y por sindicatos independientes, en defensa de la educación pública y de los derechos estatutarios de los trabajadores de la educación.

El viernes y sábado pasados se cumplieron las jornadas preparadas por los contingentes activos del movimiento de lucha de la salud de todo el país. Si bien las jornadas se inscribieron en el Día Nacional de Enfermería, la fecha se colocó como centro del todo el movimiento de salud que presentó, con variantes, distintas iniciativas para luchar contra el colapso sanitario y la miseria salarial que desgasta al personal. En la Ciudad de Buenos Aires, el gremio de los médicos (AMM) convocó a un paro y movilización el 17. La gestión capitalista de la pandemia y cómo enfrentarla Todas las reservas activas de lucha de la salud participaron, pero con un grado de fragmentación que nos debe plantear una reflexión. En el AMBA, Alberto Fernandez y Rodriguez Larreta han resuelto avanzar con la liquidación de la cuarentena con el llamado pasaje “de ASPO a DISPO” . Sin embargo, en todo el país los contagios no cesan y se mantienen en una meseta de 10.000 casos diarios, con un alto índice de ocupación de camas, a pesar de que se promueve el aislamiento en los hogares. En el interior, el colapso sanitario y el incremento vertiginoso de contagios de los últimos dos meses tiene a los trabajadores de la salud al pie del cañón de la atención masiva de la población. El colapso del sistema sanitario desgasta al personal. Éste comienza a sumar a sus propios caídos. Sin embargo, los trabajadores no han esperado las consecuencias, si no que desde el principio comenzaron los reclamos de condiciones laborales, salariales y de bioseguridad. En el interior, los salarios básicos de enfermeria pueden partir de los 6.000 pesos; en provincias como Chubut o Rio negro, el estado ha dejado de pagar a los residentes. La jornada se cumplió en buena parte del país. Los autoconvocados del hospital zonal de Bariloche, días antes del 20N, fueron plantados por la gobernadora, que se había comprometido a recibirlos. La respuesta de los trabajadores fue el corte de ruta. Fesprosa (Federación de Profesionales de la Argentina) no acompañó el 20N, salvo en la regional de Córdoba. En Jujuy, los médicos de Apuap fueron al paro, empalmando con la jornada nacional. En Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén y Ushuaia, trabajadores autoconvocados junto a agrupaciones políticas y gremiales como Tribuna de Salud (Tendencia) realizaron actos a pesar de las burocracias, mientras que, en Misiones, el colectivo de Salud volvió a salir a las calles con una movilización luego de la gran lucha y acampe por el pase a planta y aumento salarial de semanas atrás. Los sindicatos En el AMBA, el 20N no fue acompañado por las direcciones de ATE, Sutecba y UPCN. Sólo respondieron tibiamente ante la presión de las bases en algunos hospitales. La jornada quedó enteramente en manos de los activistas de los hospitales y algunas asociaciones y agrupaciones vinculadas fundamentalmente a la izquierda que- a excepción de Tribuna Municipal del PO (o)- coincidimos en movilizar a Plaza de Mayo. Previamente, algunas agrupaciones de manera aislada realizaron jornadas propias, lo cual le quitó centralidad a la convocatoria. En el caso de los trabajadores del Garrahan, venían de haber realizado una jornada de lucha que logró una amplia solidaridad rechazando el 7% de aumento salarial firmado por UPCN. El otro hecho que conmovió la escena porteña fue sin dudas la incipiente rebelión contra la burocracia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), arrancando asambleas que resolvieron el paro y movilización por el reclamo salarial. La iniciativa médica atrajo al movimiento de residentes y concurrentes, que se sumó a la movilización con fuerza. La federación de profesionales de CABA se plegó rápidamente habilitando la participación de un activismo a la movilización. La salud un problema político El Gobierno Nacional, porteño y los gobiernos provinciales han decidido condenar a la población de nuestro país a la inmunidad por rebaño, que tanto ha castigado a países de Europa o EEUU. El gobierno cifra su expectativa en la aparición de una vacuna. Sin embargo, según la OMS, la capacidad de neutralizar el virus en una población masiva conlleva un trabajo de distribución de 3 a 4 años de la vacuna. Esto en el mejor de los casos, dando por descontada su efectividad. El colapso sanitario que descargan en la espalda del personal de salud no tiene fecha límite. El gobierno les da la espalda a los reclamos de los trabajadores. Las paritarias de hambre que ha acordado con los gremios del sector, la reforma previsional y la eliminación del IFE son parte de una política de conjunto, en pos de garantizar los acuerdos firmados con el FMI. Alberto Fernandez no solo ha depositado el futuro de los trabajadores en la incertidumbre de la vacuna, si no también en el acuerdo con el Fondo. Necesitamos un programa y una lucha unificados. Abramos la discusión y pongamos manos a la obra, porque la realidad apremia y el movimiento insiste.

La ministra Acuña anunció el lanzamiento del programa “escuela de verano”, a desarrollarse entre el 4 de enero y el 5 de febrero de 2021, en el que se ofrecerían actividades deportivas, recreativas y escolares. Esta escuela “de verano” tendría, como espacio físico, la propia institución escolar (116 primarias y 15 secundarias) y algunos polideportivos de la Ciudad - más un refuerzo virtual. Sin ninguna comunicación oficial dirigida a los/as docente porteños, el gobierno de Larreta sigue sosteniendo una puesta en escena, en un contexto epidemiológico incierto. Desarmando el discurso “Vacaciones en la escuela” es un programa de Escuela Abierta y, según informes del GCBA, en los últimos años ha contado con la concurrencia de aproximadamente 11.500 niños/as de entre 4 y 12 años. El programa se sostiene con el trabajo de personal contratado, con salarios magros (que se cobran meses después) y con contratos precarizados, impidiendo la posibilidad de tomarse licencias (en contexto de pandemia, esto es aún más problemático). En un gran porcentaje, quienes trabajan en el programa son estudiantes de profesorado y docentes de programas socioeducativos (por fuera del estatuto, no perciben salario durante el receso vacacional), pero también docentes titulares, suplentes e internos que se ven forzados a trabajar también en vacaciones para paliar la situación de cobrar un salario de pobreza. Para la edición “Verano 2021”, los requisitos de inscripción ya han sido publicados en la web oficial del GCBA ( https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelaabierta/vacaciones-en-la-escuela/inscripcion-docentes-y-administrativos ), sin ninguna aclaración respecto a la cuestión salarial. La inscripción ya está abierta. Según las declaraciones de Acuña, la escuela de verano, en esta ocasión, estaría dirigida a los/as estudiantes cuya valoración pedagógica los coloque “en proceso” (lo que implica la promoción al año siguiente en forma de “promoción acompañada”) para “cumplimentar el aprendizaje de los contenidos priorizados por el ministerio” desde un enfoque “lúdico-recreativo, deportivo y cultural”. A su vez, la ministra volvió a colocar la necesidad de calificar a los/as estudiantes de los últimos años de nivel primario y secundario con escala numérica. Pero en la Ciudad de Buenos Aires (y en todo el país), la famosa “continuidad pedagógica” (y el abordaje de los contenidos priorizados) fue sostenida por los y las docentes, con sus propios recursos y sin ninguna respuesta por parte del gobierno porteño a los reiterados reclamos para resolver los problemas de conectividad en los barrios y la falta de acceso a las PC por parte de los estudiantes. Docentes y familias se vincularon -no sin dificultades- por diversas redes, incluido el WhatsApp y clases virtuales, además de la entrega de alimentos y materiales pedagógicos presenciales en las escuelas, cada 15 días. La calificación y la “escuela en verano” son el resultado de una política de gobierno que intenta disciplinar y regimentar al conjunto de docentes y familias que han enfrentado, de conjunto, la política aperturista que condena al contagio en plena pandemia. Prueba de esto es el bajo porcentaje de asistencia a las burbujas que se vienen desarrollando en las escuelas en el presente ciclo lectivo (alrededor de un 2% de los convocados, por ejemplo, en el nivel primario). Esta política del gobierno se inscribe en la ya anticipada vuelta a clases del ciclo lectivo 2021, y tiene por objetivo, también, sentar las condiciones del regreso en febrero. La escuela: “construir futuro” Tal como ocurrió con los protocolos de las “burbujas”, la escuela de verano no tiene ningún fundamento pedagógico real que amerite que cientos de niños/as de la Ciudad deben asistir a clases en el período vacacional. Las escuelas, como espacio físico, no cuentan con las condiciones necesarias para alojar a estudiantes en verano y, a su vez, la situación pandémica sigue presente en la cotidianeidad de las familias trabajadoras de la Ciudad, incluyendo a los y las docentes. La ministra, por su parte, recogió también el guante sobre las repercusiones que generaron sus dichos respecto al trabajo docente, la formación de los trabajadores de la educación y el rol de los sindicatos. Intentó soslayar este ataque profuso a la educación pública colocándose en el lugar de la defensora de la escuela como “construcción de futuro”. Acuña, y el régimen social que defiende, son partidarios de una educación que reproduzca la cultura dominante para perpetuar el orden establecido. La construcción de futuro a la que hace alusión la ministra tiene de ninguna manera tiene que ver con garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y adolescentes de la Ciudad. Mucho menos, con la protección de su salud integral. Sigue en manos de la docencia la necesidad de profundizar las instancias de deliberación y organización en defensa de nuestra salud y condiciones laborales, incluido el inicio del ciclo lectivo próximo. Rechazamos la escuela de verano “edición 2021”. No a la presencialidad en pandemia.

Luego de más de nueve meses de pandemia, cuarentena, paralización de la industria, decretos de regulación laboral y medidas de asistencia social, ¿cuál es el balance general que emerge para el movimiento obrero, cuáles las perspectivas de conjunto? Este período de crisis excepcional ha restringido fuertemente la movilización de los trabajadores, pero a la vez abierto nuevas expresiones y modalidades de lucha. La prohibición de despidos, por parte del Gobierno, fue pasada como alambre caído por las patronales. El saldo de la pandemia deja la friolera de más de 3,75 millones de puestos de trabajo perdidos, mientras continúan los cierres y despidos de hecho. Se ha pasado de las suspensiones al 75% del salario, pactadas por la UIA y la CGT, a las paritarias a la baja, con salarios por debajo de la línea de pobreza. La finalización del IFE ocurre en medio de números de pobreza que en el mes de octubre superó el 50% de la población. De los aumentos por decreto de las jubilaciones, claramente confiscatorios de cara a la desvalorización que sufrieron en 2018/9, se proyecta una nueva reforma de la movilidad previsional en perjuicio de los jubilados. Ya antes de la pandemia, el ministro Guzmán, mientras negociaba la reestructuración de la deuda pública, aseguraba que la movilidad jubilatoria era el factor principal de la inflación en Argentina. La irrupción del Covid sorprendió a las masas y desorganizó sus condiciones de vida y de trabajo. Las luchas, sin embargo, no se hicieron esperar. La difusión de los contagios en los barrios y en los lugares de trabajo conmovieron a los trabajadores, en medio de la completa ausencia de testeos y seguimiento de contagios por parte de las autoridades. Las luchas tuvieron lugar en la salud y en la educación; los trabajadores de salud consiguieron el reconocimiento del Covid como enfermedad laboral, y los de la educación el bloqueo a la presencialidad. Fueron ocupados centros de salud, en varios casos con victorias. Fueron inaugurados métodos de lucha nuevos, como las huelgas virtuales, y se abrieron paso a instancias nuevas de coordinaciones en las movilizaciones autoconvocadas en distintas provincias. La lucha por la defensa de la salud obrera apareció por primera vez, como cuestión de conjunto, en la historia del movimiento obrero argentino, a la que luego seguiría la cuestión de la vivienda. Los paros y medidas de fuerza fueron generalizados: primero para obtener elementos de protección, por la no esencialidad de algunos rubros, por la implementación de protocolos y modalidades de trabajo, y también ante los contagios masivos por el colapso de los métodos implementados por las patronales. En Timbúes, municipio industrial exportador de Santa Fe, se produjo la primera huelga contra la presencialidad en labores no esenciales; se produjeron numerosas huelgas en municipales y del transporte en las principales ciudades del interior del país, ocupaciones de fábricas muy importantes como Bed Time, Sedamil, conflictos mineros, en la pesca, entre los portuarios y el Sutna. Los docentes de Amsafe organizaron manifestaciones muy importantes, antes y después de la irrupción del virus. En CABA hubo asambleas virtuales masivas para enfrentar la “vuelta a las aulas” de Larreta y el ministro Trotta. El pasaje de los principales distritos del país de la fase de aislamiento (ASPO) a distanciamiento (DISPO) agudizó las presiones por la normalización completa del servicio de transporte, así como por el retorno a clases . Se desencadenó con fuerza el reclamo de las patronales y de sus partidos por la llamada ´reapertura de la actividad´, que ha sido en todo el mundo el santo y seña de la clase capitalista. Las patronales han reforzado la presión para eliminar las licencias y el retorno a las fábricas de los trabajadores de riesgo. En numerosos lugares de trabajo se ofrecen retiros “voluntarios” a trabajadores licenciados. Bajo el paraguas de los subsidios y asistencias por la pandemia, la burocracia sindical ha colaborado activamente con las patronales para reducir el salario real. El ´premio´ para esta complicidad de la CGT han sido los miles de millones de pesos de subsidios a las Obras Sociales sindicales. El salario de la mayoría de los convenios ha quedado por debajo de la línea de pobreza ($50.000 en octubre de 2020), aún luego de las paritarias; la mayoría fueron postergadas a través de acuerdos por tramos o sumas no remunerativas. Los analistas patronales hablan de una posible balcanización de las paritarias, o sea su liquidación de hecho. La resistencia de la base se expresó en la UTA, en Empleados de Comercio, en el Seguro,en UATRE, Panaderos y en la propia UOM. El nuevo salario mínimo ha quedado en un 40% de la Canasta de Pobreza ($16.879). El ministro de Trabajo dio la nueva interpretación de lo que es el salario mínimo: “El salario mínimo vital y móvil digno es aquel que los capitalistas puedan pagar”, declaró Moroni. Por su parte, la franja de trabajadores que supera el límite de pobreza es afectado por el Impuesto a las Ganancias. Luego del decreto anti-despidos, el índice de desocupación pasó del 10,4% al 13,1%, el numero más alto desde 2004. Un porcentaje ficticio, de todos modos, porque no contabiliza a cuatro millones de personas que cesaron de buscar trabajo. En este marco se produce la eliminación del IFE – que llegó a alcanzar a 8 millones de personas. Las ocupaciones de tierras fiscales y baldías que se produjeron tanto en Guernica como en varias provincias, son la respuesta inmediata de la clase obrera a esta crisis humanitaria. Los planes de vivienda del Gobierno a través de los créditos Procrear son un vaso de agua en el mar; planean brindar 100 mil soluciones de vivienda en 4 años, cuando el déficit habitacional no baja de los 4 millones de viviendas. Estos planes, de todos modos, están condicionados al ajuste del gasto que se discute con el FMI. El negociado capitalista que se significa la rezonificación de una parte de Boedo salió, en cambio, como por un tubo, impulsado por los clanes del kirchnerismo. Involucran decenas de millones de dólares. Estos ataques contra el movimiento obrero encierran una situación contradictoria, porque parte de un gobierno débil y dividido, que recurre para sus propósitos a la estafa y al engaño, a la colaboración política de la pequeña burguesía ´nacional y popular´ (incluida la que dirige diversas ´organizaciones sociales´) y, por supuesto, a la complicidad de la burocracia de los sindicatos. El intento de establecer gobiernos de ofensiva capitalista ha fracasado, como lo demuestra lo que ha ocurrido con Macri, Piñera, Áñez y Bolsonaro. Existe un debilitamiento generalizado de los gobiernos de ofensiva, como resultado de la incapacidad para lidiar con la crisis mundial tomada en su conjunto – que reúne la crisis de salud, la quiebra de las finanzas públicas y la ruptura del equilibrio político internacional, que se acentuó con la crisis de 2007/8. La contradicción entre las políticas de ´ajuste social´, por un lado, y la debilidad de los gobiernos de derecha, por el otro, desemboca en rebeliones populares y en una agudización del impasse de los regímenes políticos en su conjunto. Esta conclusión es absolutamente vital para determinar la situación concreta de la lucha de clases, en oposición al impresionismo que cacarea acerca de ”la iniciativa estratégica de la burguesía”, para pasar enseguida a señalar “olas de rebeliones populares”, que se repiten a si mismas, sin alterar la situación histórica presente en su conjunto. La política revolucionaria hacia el movimiento obrero debe partir de la crisis de dirección del proletariado, que de un lado se manifiesta en la capacidad de regimentación que aún conservan los aparatos integrados al estado y, del otro, en la adaptación democratizante al estado capitalista por parte de la inmensa mayoría de la izquierda mundial. Para esta izquierda, la crisis capitalista ofrece la oportunidad para un ascenso parlamentario, no de una lucha revolucionaria. Es necesario explotar a fondo las contradicciones señaladas para crear fuertes núcleos socialistas y revolucionarios en los lugares de trabajo, para preparar a las masas para el período de luchas que abre toda la crisis. En Argentina no existe aún una situación revolucionaria o pre-revolucionaria, pero ella esta inscripta en esta etapa. Hacia ella debe apuntar todo el trabajo político socialista. Nuestra política En todos los sectores de las masas se desarrolla un movimiento de lucha y de organización al margen de los aparatos sindicales. Ni en BedTime, por un lado, o Guernica, por el otro, estuvieron presentes los aparatos, sean sindicales o ´sociales´. Tampoco en Minetti o en metalúrgicos (Acindar) o alimentación, en teléfónicos o Metrovías. Lo mismo vale para la lucha de docentes y de los trabajadores de la salud. En diversos provincias se han desarrollado organizaciones auto-convocadas, que se han consolidado en el tiempo. En Chubut asistimos a un repetido movimiento de rebelión popular. No estamos ante fenómenos episódicos sino a una tendencia de conjunto. El ala ´anti-burocrática´ del kirchnerismo ha sido parte de los aparatos de freno. La experiencia acerca de la tentativa de ´nacionalizar´ Vicentin ha sido muy instructiva, porque la dirección sindical de aceiteros abandonó su propia lucha apenas el gobierno archivó el asunto. El desenlace de la crisis de Vicentín, mientras tanto, marcha hacia una mayor concentración en manos extranjeras y a una ´racionalización´ de los planteles de trabajo. La ampliación y la generalización de este movimiento, debe ocupar el centro de la actividad en el movimiento obrero. Coordinadoras, autoconvocatorias, organización de huelgas, se encuentran a la orden del día, acicateadas por el derrumbe sin precedentes de salarios y jubilaciones. En oposición a la propaganda abstracta contra ´el ajuste´ o el FMI, que contrapone a la política económica del capital una supuesta alternativa económica de la izquierda o nacionalista, el eje pasa por las reivindicaciones – en primer lugar un aumento general inmediato de salarios y jubilaciones. ´De dónde sale la plata´ es una disputa política de otro alcance, una disputa de poder, que sólo se plantea concretamente con una clase movilizada. Mientras los gobiernos, en todo el mundo, convertirán la aplicación de la vacuna en una tentativa de recomponer autoridad, en el movimiento obrero debe servir para una lucha amplia de recuperación de conquistas – en primer lugar salarios y jubilaciones. La consigna de un congreso del movimiento obrero debe apoyarse en este desarrollo de autoconvocatorias y coordinadoras. No es un trabajo paralelo al sindicalismo oficial, porque no existe una muralla china entre las iniciativas de acción que se desarrollan en los lugares de trabajo o localidades, y el movimiento obrero tomado en su totalidad. Solamente la práctica indicará la relación entre uno y otro. Para impulsar este proceso y desarrollar una conciencia política, es que impulsamos reuniones, plenarios y conferencias que desarrollen pronunciamientos concretos en esta dirección, y anuden relaciones organizativas. La Conferencia del Partido Obrero (Tendencia) debe elaborar un programa sucinto de reivindicaciones transitorias para impulsar en forma concreta esta campaña. Este planteo clarifica las divergencias que nuestra Tendencia tiene con el Plenario Sindical Combativo, que se ha autoproclamado la vanguardia de la clase obrera, y su referencia política. Se trata, en primer lugar, de un abordaje burocrático de la crisis de dirección del movimiento obrero, porque una vanguardia real se esfuerza siempre en abrir nuevos canales para que transiten las masas, y nunca la imposición de uno preestablecido. El PSC es la expresión superestructural de los sindicatos que representa o dice representar, no la expresión de las decisiones soberanas de sus bases. Por eso no ejerce influencia en otros sectores de la clase, ni se distingue por la iniciativa en la inmensa mayoría de las luchas que han tenido lugar. De otro lado, adolece de un defecto de perspectiva política, porque opera como auxiliar del FIT-U, que desarrolla una estrategia parlamentaria y, encima, se encuentra atravesado por una exacerbada lucha faccional. Para demostrar lo contrario de lo que aquí sostenemos, el PSC debería convocar a su propio congreso de bases. La posición auto-proclamatoria, sumada a la lucha faccional, opera como un factor de desmoralización y liquidacionismo en el activismo del movimiento obrero. Las luchas con que las masas han enfrentado la crisis de conjunto y los retrocesos sociales impuestos en el marco de la pandemia, vinculan las reivindicaciones transitorias relativas al salario la jubilación, la salud, la vivienda y la educación con la huelga general. Una agitación por esas reivindicaciones que no tenga la perspectiva de la huelga general, se convertirá en rutina. La huelga general plantea, a su vez, el desarrollo a fondo de la tendencia que hemos señalado más arriba: las autoconvocatorias, las coordinadoras, los plenarios y los congresos de bases. La Conferencia deberá establecer iniciativas para el desarrollo de esta campaña, impulsando debates públicos, entrevistas a activistas, pronunciamientos y plenarios regionales: la campaña por un Congreso Obrero, entendida en estos términos, es un eje estratégico. Nuestra intervención Impulsando este programa, a través de la lucha y la agitación política, hemos desarrollado agrupaciones clasistas. Se verifica un progreso en grandes fabricas metalúrgicas y en decenas de talleres de la UOM, un progreso en el Subte, donde activistas de mucha importancia están desarrollando un trabajo de frente único. Es un objetivo desarrollar una agrupación en el gremio plástico; hay una agrupación en la alimentación, núcleos de activistas en UTA en varios lugares del país. Se perfila la constitución de un sindicato clasista de Radio nacional en todo el pais. La Tendencia está presente, como agrupación en Foetra; en internas y en Call Centers y supermercados. El campo de intervención abarca vitivinícolas, pesca, Smata, Correos, Camioneros, Atilra, entre mineros del NOA, el citrus de Tucumán, entre los azucareros, los textiles de Chubut; agrupamos a centenares de docentes en todo el país, y docentes universitarios y vamos por la formación de una agrupación nacional de estatales que tiene como base importantes reagrupamientos en delegados y juntas internas en CABA, provincia de Buenos Aires, el NOA y Santa Fe. Tenemos un importante núcleo militante agrupado alrededor de Jubilados Clasistas, que vienen realizando un esfuerzo militante, -con charlas y actividades- por vincular el reclamo previsional con los sectores activos del movimiento obrero. En Salud hemos tenido un aporte sistemático a Política Obrera, contamos con contactos y con delegados y juntas internas de distintas provincias, y hemos reagrupado una importante periferia en nuestros plenarios de Tribuna de Salud Tendencia que ha sacado numerosos materiales, intervenido sistemáticamente en las acciones de movilización, e impulsado en forma sistemática la coordinación de los diversos sectores de la salud en lucha. En Acindar se avecinan elecciones en la UOM de Villa. Podemos decir que desarrollamos un trabajo amplio en los principales centros siderúrgicos. En el Subte de Buenos Aires, nuestros compañeros desarrollan una lucha consecuente en relación al COVID en el transporte, en relación a las paritarias, y la lucha contra el asbesto. La situación del gremio de la Alimentación es un polvorín: entre las paritarias del 6% y los contagios masivos de Covid por los protocolos truchos de las empresas, han habido paros en fábricas de todo el país. Es una gran oportunidad para desenvolver la actividad de la Naranja. Hay en agenda tres procesos electorales En Telefónicos, la directiva de Foetra ha liquidado el proceso de las asambleas generales. Con acuerdo de las empresas utilizó la bolsa de trabajo para intentar reforzar a la burocracia de una directiva. La directiva pasó el gobierno macrista sin ningún conflicto, profundizando la desmovilización del gremio. Tenemos el desafío de la lucha que se abrirá por el encuadramiento de los trabajadores de Cablevisión entre el SATSAID y Foetra. A principio de la cuarentena la directiva firmó con el Gobierno, las empresas y el SATSAID (Sindicato Televisión) la entrada en domicilio de los reparadores, pero una rebelión en la base del gremio lo hizo recular y desconocer lo que había firmado. Está delante la lucha por el salario que viene en picada y la demora en cerrar la paritaria. Entre los gremios del transporte, hemos participado en la lucha de los tercerizados del FFCC San Martín; estamos en el Roca con un agrupamiento de compañeros de trafico, y compañeros y relaciones en el tren de la Costa, el Belgrano, el Mitre y el Sarmiento. La agrupación saca regularmente un boletín y tiene relaciones fluidas con los distintos agrupamientos. El trabajo sobre el movimiento obrero tiene uno de sus capítulos más importantes en el cordón industrial de la Zona Norte. En el proceso de formación de la Tendencia se definieron por nuestras posiciones numerosos delegados. Estamos en la interna del Inti (donde se ha desatado una crisis del aparato del PO). Aún en medio de la pandemia asistimos a dos procesos de ocupaciones: la primera, la de la fábrica Bedtime, con un triunfo parcial. En segundo lugar, la ocupación del Sanatorio Plaza. En la zona norte existe una amplia vanguardia de trabajadores, con los cuales tenemos una relación y con quienes establecemos una cierta coordinación a través del Encuentro de Zona Norte. En definitiva, en Argentina hay una vanguardia obrera concreta, real, actuante, que convertida en militante cuartainternacionalista será una dirección revolucionaria. En docentes, el año estuvo recorrido por intensas luchas, mediante un proceso de auto convocatorias e iniciativa de los gremios combativos, en defensa del salario y las condiciones laborales. Las más desatacadas se dieron en Santa Fe, Misiones, Chubut, Catamarca, Chaco, mediante apagones virtuales y caravanas. En Mendoza, el gobernador tuvo que archivar una ley privatista, luego de dos caravanas históricas de la docencia, que reunieron a 20 mil personas. La burocracia sindical kirchnerista que dirige el gremio se encuentra integrada políticamente al Estado y ha actuado en todo el período sin el mandato de sus bases. Firmaron la clausura de la paritaria nacional y “protocolos” de trabajo sin la mínima consulta a sus afiliados. En Santa Fé, Sonia Alesso, llegó hasta a modificar el estatuto del gremio para hacer pasar un acuerdo salarial ruinoso. La CTERA tempranamente tuvo que pronunciarse contra el intento de avance en los regímenes “especiales” jubilatorios docentes y recientemente contra la última resolución del consejo federal de vuelta a clases, el “semáforo” de Trotta. La renuncia de la Vice Ministra de Educación Adriana Puigróss ha sido el reflejo de una crisis “por arriba”, pero también “por abajo”. La izquierda de un modo general en vez de recorrer y explotar todas estas contradicciones ha optado por una política autoproclamatoria (PSC) y fuertemente parlamentarista (campaña en apoyo al proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas del FIT-U), que ha tenido el resultado de un debilitamiento como referencia política de la docencia combativa. Especialmente esto se refleja en los Sutebas Multicolores. Los plenarios provinciales de delegados con mandato fueron reemplazados por reuniones entre agrupaciones, en donde se reflejaron todas las disputas faccionales del PSC. Los paros “virtuales” y las acciones presenciales no pasaron de la marginalidad, y no contó en ningún caso con la participación de la docencia más allá de los aparatos partidarios del FIT-U. El año que viene, la burocracia celeste pondrá en juego su mayoría y la izquierda las seccionales recuperadas de SUTEBA También hay elecciones en sindicatos docentes de Misiones. Luego vendrá el turno de las de CTERA, a nivel nacional. Las elecciones estarán cruzadas por el intento del gobierno de regresar a las aulas, por el debate paritario y por una reforma previsional. Estos tres ejes deberán formar parte de una campaña en todos los gremios en donde intervenimos. Estamos presentes en Buenos Aires, CABA, Santa Fé, Tucumán, Misiones, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba. Y un núcleo más pequeño en Chaco, Entre Rios, Neuquén y Chubut. En la última campaña financiera realizaron su aporte a la tendencia uno 350 docentes de todo el país. Hemos recolectado más de 700 adhesiones. Un gran porcentaje de estas provienen de la provincia de Buenos Aires. Un resto de CABA y Santa Fe. En estatales es vastísimo el campo de militantes y relaciones que tenemos en en todo el país, con responsabilidades en casi una decena de juntas internas y relaciones en mas de 40 hospitales, Para la campaña logramos 350 aportes. ATE esta en un estado permanente de deliberación. La entrega brutal de la peor paritaria de la historia del gremio ha dejado un proceso de paros y movilizaciones y reclamos de todo tipo en los sectores por salarios,premios pases a planta y protocolos que la burocracia Verde de Godoy y la Verde Blanca de los K tienden a poner paños fríos a cada uno de estos conflictos con el consabido recurso de un acto ,una movilización y algún paro aislado que no verifica nunca su cumplimiento. Elecciones sindicales Una cuestión sobre la que la Conferencia deberá tener particular atención es al proceso de elecciones de delegados y sindicatos que puede abrirse cuando se levante la suspensión de “asambleas generales de gremio y elecciones sindicales” que rige por una resolución del Ministerio de Trabajo desde el inicio de la pandemia. La proximidad de elecciones en ferroviarios en delegados y juntas internas de ATE, en docentes -en provincias y en la Ctera-, en Alimentación, Sipreba, AGD-UBA, Conadu(h), Foetra, Sadem, algunas seccionales bancarias y en Adiuc. Nuestra Tendencia no es un grupo más en la izquierda. Nos distingue políticamente haber puesto de manifiesto la fuerte deriva democratizante en el conjunto de la izquierda y la tendencia a la integración parlamentaria al Estado. La crisis histórica del PO consiste en el pasaje del aparato partidario a las posiciones que el PO ha combatido históricamente. El activismo obrero necesita entender esta crisis y el lugar histórico del PO (Tendencia). De otro modo no se formará una vanguardia obrera socialista. Adaptamos nuestra forma de trabajo a las condiciones en los sindicatos y en el movimiento obrero, desde una posición socialista, no desde una posición sindicalista. El pasaje a una perspectiva revolucionaria está condicionada, en su aspecto estratégico, al desarrollo del Partido Obrero (Tendencia) y a la victoria de la continuidad histórica del Partido Obrero.

En el marco de la crisis habitacional nacional más grande de la historia reciente, que puso al descubierto la pandemia de Covid 19, estalla en el partido de Merlo un escándalo de corrupción cuyas consecuencias son impredecibles. Mientras Kicillof-Berni, con el apoyo de los Menéndez-Othacehé, reprimían a cientos de familias que luchaban por un pedazo de tierras donde construir sus casas, en Merlo, los máximos funcionarios de la Subsecretaria de Tierras y Viviendas del municipio, “usurpaban” tierras fiscales y las vendían a precio vil. Ni lerdo ni perezoso, Menéndez intentó desembarazarse del asunto presentándose como “víctima” de la estafa de sus propios funcionarios. En declaraciones a Infobae (21/11) el Intendente planteó que “La causa se inició por una denuncia que realizamos desde el propio municipio a instancia de los vecinos que contaban que funcionarios nuestros estarían involucrados en usurpaciones de tierras. Tierras que después vendían”. En base a esta maniobra comunicacional, los victimarios intentan posar de víctimas. Menéndez no puede ocultar que el titular de la Subsecretaria de Tierras y Viviendas, Hernán Acuña, es su funcionario político. Al Director y sub-director de la Subsecretaria de Tierras y Viviendas los puso Menéndez y dependían directamente de la Secretaria de Desarrollo Social, Karina Menéndez, hermana del intendente. Acuña y Abud usurpaban tierras fiscales e inmuebles en litigios judiciales para luego venderlos en el mercado inmobiliario. Una política similar impulsó el ex intendente Othacehé quién aplico una política sistemática de expropiación a vecinos que tenían deudas por Tasas municipales para luego, adivinen, sí, venderlas a precio de remate en el mercado inmobiliario. Menéndez intenta zafar de la responsabilidad política sobre sus funcionarios planteando que “no se puede tener el control sobre 5.000 funcionarios” (unmediomoron.com) como si Acuña y Abud nacieran de un repollo. El intendente conoce muy bien el paño porque el mismo, en 1996, fue expulsado del gobierno de Othacehé con acusaciones de venta de tierras fiscales (m.perfil.com, 24/10/2013). El estallido de este hecho de corrupción, en el gobierno de Menéndez, no puede ser más oportuno porque expone, a los ojos de los trabajadores sin viviendas, la verdadera política habitacional del municipio: usurpar los bienes públicos en beneficio de los funcionarios del Estado municipal y los capitalistas. En cambio, para los trabajadores sin tierra y sin techo, no hay otra política que la represión. Menéndez bautizó su gobierno reprimiendo a cientos de familias que, detrás del sueño del techo propio, ocuparon un predio ocioso en Merlo Gómez en febrero de 2016. El fracaso de la política habitacional del gobierno municipal y su impotencia política para desenvolver un plan de viviendas se contrapone al lucro privado de funcionarios del municipio de primera línea. Esta contradicción pone al desnudo la completa descomposición de este régimen y pone a la orden del día la necesidad de discutir una salida por tierras y viviendas para miles de trabajadores.

Un movimiento de mujeres organizado sacudió el pasado viernes 20 la tranquilidad del pueblo de Exaltación de la Cruz. Más de 140 adolescentes, mujeres y trabajadoras reclamaron ante cientos de denuncias por intentos de secuestro, abuso y acoso a las que el Estado ha hecho oídos sordos. En el distrito de Exaltación de la Cruz -cuya ciudad cabecera es Capilla de Señor- vivimos desde hace meses una cantidad alarmante de denuncias por casos de acoso callejero e intentos de secuestro que, primero, se empezaron a manifestar por redes sociales. En su mayoría, adolescentes de entre 14 a 19 años que no saben si están expuestas a una red de trata actuando en el distrito o un abusador buscando una nueva víctima. En los casos que intentaron hacer las denuncias correspondientes, las víctimas se encontraban con respuestas como “no deberías estar a esa hora en la calle” o directamente la negligencia por parte de los efectivos policiales que nos les tomaban la denuncia. Es decir, por un lado la falta de respuestas del poder judicial y, por otro, la falta de investigación sobre estos hechos. A raíz de esto se conformó un grupo de WhatsApp con más de 350 mujeres de todo el distrito con la finalidad de tejer redes de alerta ante posibles situaciones de violencia en la vía pública. Casi espontáneamente quienes empezamos a debatir en ese grupo entendimos la necesidad de sostener una acción en las calles como única vía para visibilizar nuestros reclamos y denuncias. Así fue como se pactó una asamblea abierta y una posterior sentada frente a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz con radio abierta. La asamblea tuvo lugar con más de 140 mujeres que debatieron, propusieron y resolvieron, finalmente, la creación de la Asamblea Permanente de Mujeres de Exaltación de la Cruz y una actividad para el 25N, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras medidas. La jornada continuó con una sentada frente al palacio municipal. Entre cánticos e intervenciones, presentamos un petitorio a funcionarias municipales de las áreas de Desarrollo Social, Género y Niñez y DDHH que, como era de esperarse ,no pudieron dar ningún tipo de respuesta o solución al problema. Incluso intentaron irrumpir en la asamblea y tomar la palabra pero se produjo una votación para que se retiren de la misma al canto de "que se vayan". El gobierno ha perdido la confianza de las mujeres del distrito. Cómo seguimos Estamos ante un movimiento de mujeres que crece y entiende que la lucha es en las calles y organizadas. Sin la más mínima confianza al gobierno municipal (dirigido actualmente por el Frente de Todos) que intentó desmovilizar e imponer que lo que pasa en el distrito es algo “natural”, ni por el oportunismo político de los partidos opositores (Cambiemos). En todos lados, las mujeres se ponen en pie de lucha ante las terribles cifras de femicidios. Vamos por un frente de lucha independiente del Estado y sus partidos patronales. Por la creación de refugios para víctimas de violencia de género, participación en el seguimiento de las denuncias realizadas, por equipos interdisciplinarios que ofrezcan ayuda gratuita ante situaciones de violencia, por la aplicación de la ESI, laica y científica, y del protocolo ILE. Este 25 de noviembre, haremos un vivo por el Instragam @mujeresexaltacion, donde además de hacer mención a esta fecha hablaremos de la situación actual de violencia que viven las mujeres. El sábado 28, a las 17 hs, no encontraremos en un Encuentro con Radio abierta con intervenciones artísticas y música con la temática de esta fecha tan particular. Será en el Paseo “Las Tipas”, Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz.

En la tarde del sábado 21, sesionó en las instalaciones de la cooperativa PORYSO (ex Ansabo) un Plenario Obrero convocado por la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de zona sur. La misma contó con la presencia de la fábrica Gotan, otras fábrica bajo control obrero, en tratativas para obtener el reconocimiento integral como cooperativa. Paerticiparon delegaciones de distintos sectores del movimiento obrero, como los ferroviarios despedidos del Roca, la fábrica Madrygraf, docentes, una delegación de las familias de Guernica, estudiantes terciarios y de la UNQ y partidos de izquierda. El punto central de la convocatoria fue lanzar una campaña en regla por la expropiación de los predios de Ansabo y Gotan y su entrega a las cooperativas de los trabajadores. El proyecto impulsado por los trabajadores aún no ha alcanzado el estado parlamentario, porque se encuentra hace meses girando en comisiones. Para apoyar el planteo de la expropiación, se votaron una campaña de agitación y solidaridad en la zona sur y una serie de movilizaciones, con centro en la legislatura bonaerense, cuando se trate el proyecto en comisiones para presionar por su elevación al debate en pleno. Los trabajadores de Ansabo y Gotan han recorrido una vasta experiencia con las burocracias de sus gremios -papelera y metalurgica, respectivamente-, con el Estado y sus gobiernos. Puesto que si bien los cierres fraudulentos ocurrieron bajo el macrismo, luego han continuado una enorme pelea bajo el gobierno de los Fernández y los intendentes. Al cabo de más de un año, los trabajadores de ambas fábricas lograron sortear las amenazas de desalojo, loteo o remate. Las asambleas obreras plantean que ambas plantas están en condiciones de llevar adelante la producción. La ocupación de la fábrica y la asamblea de base se ha instaurado en ambas fábricas como un método cotidiano, en la defensa de un programa obrero que se desarrolla al calor de la crisis y las experiencias acumuladas de la clase obrera que se replican. La propia Coordinadora de Trabajadores, que lleva más de un año, ha sido desarrollada como un lugar de encuentro de los trabajadores y las luchas que, con límites, ha logrado atraer a distintos sectores. La oportunidad de ligar ampliamente la lucha de las fábricas recuperadas en una situación convulsiva como la que atravesamos se ve reforzada ante la necesidad de ligar al movimiento obrero con la causa por la expropiación de Ansabo y Gotan. Desde la Tendencia del Partido Obrero, destacamos la necesidad de ir a conquistar la adhesión de las comisiones internas y cuerpos de delegados de todas las fábricas de la zona sur, comenzando por los gremios papeleros y metalúrgicos. La posibilidad de acercarnos al movimiento obrero para ligar las diversas reivindicaciones de los trabajadores ,abonando al método de la coordinadora y las asambleas de base es el camino. El conjunto del activismo antiburocrático debe rápidamente volcar sus fuerzas en respaldar la tenaz lucha de estos trabajadores, enviando sus adhesiones y desarrollando la campaña en sus propios gremios. Ese es el camino para llevarse de la Legislatura que cocina un Presupuesto 2021 anti obrero junto al FMI y los acreedores, las fábricas recuperadas para sus trabajadores. Un choque de intereses rotundo entre los capitalistas y los trabajadores, que pone de manifiesto que las fábricas son de quienes trabajan y no de la clase parasitaria que vive del trabajo ajeno. ¡Apoyemos la expropiación de Poryso y Gotan!

Los médicos de la provincia de Buenos Aires irán al paro por 24 horas el miércoles 25 de noviembre, reclamando mejores salarios y descanso por la pandemia, junto a un pliego de reivindicaciones. Se trata de la primera huelga de los médicos bonaerenses desde la pandemia y desde que asumió el gobernador Axel Kicillof. Sus salarios están terriblemente atrasados frente a la inflación. En octubre, el gobierno provincial propuso un aumento del 14% al básico de la paritaria de la administración pública y un incremento similar de las bonificaciones para llegar al 14% de bolsillo, para luego levantar las negociaciones de manera unilateral. Ninguna estimación ubica la inflación para este año por debajo del 40%. La CICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, anunció que paralizará la atención en los 80 hospitales públicos provinciales. Representa a más de 13 mil profesionales de la salud en los hospitales públicos bonaerenses y también en los centros de salud provinciales, además de hospitales municipales y el Hospital Posadas. Los profesionales de la salud de la Provincia se sienten “desbordados ante la prohibición de las licencias para poder tener un mínimo descanso en la pandemia” y también exigen “una urgente recomposición salarial que aleje los salarios de la pobreza, ya que el sueldo de un ingresante con 36 horas de trabajo es de 50 mil pesos, al límite de la pobreza de la canasta básica del INDEC” (ídem). El jueves 12 el sindicato había hecho una caravana por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus reclamos, que confluyó con otras organizaciones de trabajadores de la salud de CABA y del Hospital Garrahan, frente al Ministerio de Salud de la Nación. Antes se habían movilizado a La Plata. La lucha de los médicos bonaerenses se suma a las asambleas masivas de los hospitales porteños, la lucha de los residentes, concurrentes, de enfermería, personal de planta y la movilización del 17N que conforma una verdadera rebelión sanitaria en marcha. La huelga se resolvió en el congreso gremial este fin de semana. Entre las resoluciones se encuentra una convocatoria al sector de Enfermería y unificar los reclamos. “El Congreso de Delegadxs del sábado 21 de noviembre resolvió, por amplia mayoría, la realización de un Paro de actividades de nuestro sindicato para el próximo miércoles 25. Motivado por la falta de convocatoria a la continuidad de la paritaria por parte del Gobierno provincial, lxs delegadxs expresaron el profundo malestar existente en hospitales y centros de salud, producto de un destrato que es inentendible luego de ocho meses de estar enfrentando con compromiso y responsabilidad una pandemia de características inéditas” (CICOP, circular 46). La definición llega luego de haber agotado todas las instancias de diálogo. Anunciaron el carácter activo del paro, pero con acciones locales y regionales. Reclaman una propuesta integral que incluya tanto un aumento de salario sustancial, como el resto de las cuestiones, entre ellas, las licencias de descanso, junto a un extenso pliego de reclamos (inforegion, 24/11). Trabajadores esenciales pobres y cansados “La oferta formulada, un 14 por ciento de aumento de bolsillo a noviembre con reapertura en diciembre, pone al sueldo inicial en $ 51.700, muy lejos de lo que debiera ser el salario de un profesional ingresante a la Carrera. La inflación sigue incrementándose -3,8 % en octubre, 26,9 % acumulada en 2020-, por lo que las necesidades van en el mismo sentido. En lo salarial, hay que atender al menos dos cuestiones: el bajo monto del ingreso inicial y el achatamiento de la pirámide, ambas problemáticas que deben abordarse con voluntad de resolución” (ídem). El pliego de reivindicaciones incluye temas muy importantes como el desgaste, el pase de guardia a planta en un tiempo determinado, las guardias de 12 horas, y el tema previsional. “se tienen que retomar las reuniones para avanzar en la definición del nuevo Reglamento para el funcionamiento de las Residencias, con la incorporación de los derechos que les asisten como trabajadorxs. La jornada laboral de ocho horas, el destaque del componente formativo-asistencial con las condiciones adecuadas para ello, el involucramiento de lxs residentes en las decisiones que lxs tienen como protagonistas, los aportes previsionales, la continuidad en el ingreso a la Carrera Profesional son, entre otras, cuestiones pendientes que deberían plasmarse en la nueva normativa” (CICOP). También se reclaman licencias: “desde marzo, por la emergencia sanitaria, se suspendieron todas las licencias”, indicó Marta Márquez, titular de la CICOP. “Se trabaja, el horario completo, se trabaja en unos casos más, en los momentos más difíciles de la pandemia, y también el tema es que el trabajo no ha sido el mismo durante la pandemia, aunque sean las mismas horas, porque la angustia, la sobrecarga, la sobre exigencia, el miedo a contagiarse, los compañeros y compañeras que salen del sistema porque están contagiados, los que han fallecido, aquellos que no pudieron reincorporarse porque les quedaron secuelas, es una situación muy complicada y que a esta altura se siente en la cabeza de los compañeros y compañeras” (Andigital, 23/11). Los bajos salarios hacen que los trabajadores de salud tengan que tener dos, tres o cuatro tareas en diferentes centros sanitarios u hospitales. El régimen de guardias abona el desgaste (“burn out”), que se incrementó de sobremanera durante la pandemia. Al suspender las licencias y evitar centralizar el sistema sanitario y organizar racionalmente la distribución de la fuerza laboral, se estimula la crisis sanitaria en vez de combatirla, lo que puede acelerar los contagios intrahospitalarios y el colapso del sector, de cara a una posible segunda ola en pocos meses. Está planteada la unificación de todas las luchas frente a la crisis sanitaria en la perspectiva de una huelga general que imponga los reclamos de los trabajadores de salud.

El gobierno nacional, junto con el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo, envió una Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La “ley de los 1.000 días” apunta, dice, a "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”. El plan “está pensado con asignaciones, derechos y ampliaciones de beneficios que ya existían y que no alcanzaban a trabajadoras y trabajadores en la informalidad, o en la economía social o popular", según explicó la ministra de Mujeres y Género Gómez Alcorta (Télam, 17/11). Más claro: se excluye de beneficio adicional o específico a las trabajadoras en relación de dependencia. Para ellas no ha mil días. Aunque “la mitad de los salarios del sector formal de la economía argentina están por debajo de la línea de pobreza” (Infobae, 22/11). Pero aún en el caso de las trabajadoras precarizadas o desocupadas, los beneficios son apenas una módica ampliación de lo que ya reciben. Quienes cobran la AUH recibirán la asignación por nacimiento y adopción que hasta ahora no cobraban ($3.540 por única vez). La Asignación Universal por Embarazo ($3.540) pasa de seis mensualidades a nueve. Y las madres de hijos menores de tres años recibirán una vez al año la “asignación por Cuidado de Salud Integral, equivalente a una AUH” ($3.540) por cada hijo. El Programa anuncia la “provisión gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia”. Entre los “insumos”, se mencionan “medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez”. La provisión gratuita de medicamentos esenciales ya está prevista por el Plan Remediar sin límite de edad, del mismo modo que las vacunas que integran el Plan Nacional de Vacunación. Nada nuevo bajo el sol. El programa establece mecanismos para facilitar la documentación del recién nacido -unos 10.000 niños por año no son inscriptos, explica- y de chicos indocumentados. Y garantiza que “se informe a las mujeres y otras personas gestantes, sobre su derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, obstétrica e institucional y que se les brinde información sobre los dispositivos de atención y denuncia existentes” (sic). ¡Se informe! En la Argentina, según Unicef, el 62,9 % de los menores de 14 años son pobres. Más de 8 millones de chicos. Y de éstos, 2.400.000 viven en hogares indigentes, su familia no alcanza a comprar los alimentos básicos. Pasan hambre (Página/12, 5/8). “Una persona embarazada podrá cobrar un total de $31.860 que se dividiría en los pagos mensuales y el pago a fin de año con la presentación de la Libreta Nacional de la Seguridad Social (El Cronista, 18/11). Los recursos que “articula” el plan de los mil días, como se ve, no llegan muy lejos. La exigencia de una maternidad y una infancia saludables bajo el capitalismo va ligada a que la madre -y el padre- tengan un trabajo bajo convenio, un salario sobre la línea de pobreza y una vivienda decente, con agua potable. Que las escuelas tengan vacantes, espacio suficiente y docentes bien pagos. Que el sistema de salud funcione. El derecho a interrumpir un embarazo o a no tener hijos es indisociable del derecho a la maternidad y a que el peso de la crianza no recaiga exclusivamente sobre la madre de familia. Más claro: que el Estado garantice la salud, la educación, la vivienda y la recreación de los chicos. Brutales utopías para un régimen social que se desmorona y que destina todos sus recursos al salvataje del capital. La proliferación de las tomas, las nutridas movilizaciones del movimiento de desocupados -que integran mayoritariamente mujeres- y la lucha por el salario en toda la geografía nacional muestran que la familia obrera sabe perfectamente qué necesita. Nada de eso entra en los planes de un gobierno signado por el derrumbe económico, impotente ante la crisis humanitaria y social. Foto: Giselle Linares

El presupuesto 2021 que acaba de presentar Larreta demuestra la concepción “particular” de la autonomía porteña que tienen los partidos que gobiernan o gobernaron la Ciudad. La ´soberanía´ distrital siempre se ha esgrimido para el remate de tierras públicas, negociados con la renta del suelo, impuestazos contra los vecinos y creación de cuerpos burocráticos propios – policía, justicia. En cambio, los “límites” de esa autonomía aparecieron siempre a la hora de consagrar derechos a quienes trabajan o viven en la CABA – por caso, un salario o jubilación mínimas que cubran el costo de la canasta familiar en el distrito, o un régimen de impuestos especiales al capital financiero o comercial radicado en la Ciudad. “No podemos discriminar a las empresas instaladas en el distrito”, dijeron sin grietas los macristas o kirchneristas, sin atender a la renta extraordinaria que perciben los capitales por encontrarse radicados en el centro económico del país. Pero ahora, los mismos que no querían ´castigar a los bancos´ han resuelto castigar a los usuarios de los bancos, es decir, a los trabajadores que cuentan con tarjetas de crédito emitidas en el distrito. Larreta ha restaurado también un impuesto a la tenencia de Leliqs, que también lo terminará pagando el Banco Central -y por esa vía toda la población- cuando el banco eleve los intereses de las Letras , o produzca las mismas consecuencias en caso de que no las renueve a su vencimiento. Larreta, además, continúa con la indexación del ABL, en defensa de la recaudación estatista que denigra cuando la usa un rival. También lo hace con otros tributos–como el de ingresos brutos- que se trasladan a los precios. A pesar de estos mazazos, los gastos previstos en la Ciudad para el 2021 serán -en términos reales- un 15% inferiores a los del año que pasó. La obra pública -que involucra a hospitales y escuelas- ha sido reducida brutalmente, y los salarios volverán a ajustarse por debajo de la inflación. Aún así, el plan de ingresos y gastos presentado para el 2021 es, más que nunca, una impostura. Larreta lo reconoce, pero sólo parcialmente, al anunciarlo como “presupuesto de contingencia”. Hace referencia al juicio contra el “egreso” de fondos por el recorte a la coparticipación federal por parte del gobierno nacional, que está en manos de la Corte. De lo que no habla, en cambio es de los ingresos “contingentes” asociados a las operaciones inmobiliarias, como la que se pergeña ahora en Costa Salguero, cuya rezonificación –para la erección de torres de altura- se encuentra bajo trámite legislativo. El mismo destino correrá el predio recuperado por el club San Lorenzo, si todo sale bien. “La vuelta a Boedo”, que se le vende a la hinchada, contrabandea una vasta “puesta en valor” de tierras en beneficio del clan Lammens- Tinelli, o de los asociados al emprendimiento. El presupuesto 2021 nada dice del dinero a ingresar por las subastas de tierras. La población seguirá siendo confiscada del derecho al aire y a los espacios públicos, y del derecho a la vivienda. “No vas a perder nada”, dicen que le dijo Alberto Fernández a Larreta, el día que anunció el recorte de los fondos nacionales a la Ciudad. Sabía porqué lo decía. Pero los médicos y enfermeras, que “pierden” todos los días, están en una enérgica movilización por su salario. La población desocupada de los barrios sale a la lucha por asistencia alimentaria y el derecho al trabajo. La docencia y la juventud, por sacarse de encima a una ministra bolsonarista. Sirvámonos de la oposición al presupuesto 2021 para enlazar a todos estos movimientos de lucha; inmediato aumento de salarios; ningún impuestazo; reconocimiento de derechos a enfermeras y enfermeros; duplicación del presupuesto de salud; abajo la privatización de tierras públicas, urbanización de las villas y barrios, dirigida por sus habitantes.

Movilizaciones en toda la provincia de Chubut reunieron a 10 mil personas contra el proyecto del gobernador Mariano Arcioni -en acuerdo con los Fernández-, para habilitar la explotación minera a gran escala. En las manifestaciones, el rechazo al proyecto oficial se manifestó junto al apoyo a la Iniciativa Popular presentada por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH), con más de 30 mil firmas, que persigue prohibir taxativamente la megaminería en la provincia. Se precisan solo la mitad para ordenar su tratamiento legislativo. Pero en el parlamento provincial ha comenzado las maniobras, puesto que el proyecto oficial deberá pasar por sólo una comisión antes de votarse en el recinto, mientras que la Iniciativa Popular deberá desfilar antes por dos comisiones. El rechazo a la megaminería es ampliamente mayoritario entre la población de Chubut, consciente de los daños irreversibles sobre las condiciones ambientales que acarrea la explotación de los pulpos mineros a gran escala. Ninguna promesa de fuentes laborales puede ocultar la orientación del gobierno de Arcioni, que busca obtener recursos para afrontar la quiebra provincial y la usuraria deuda externa que vacían las cuentas provinciales, aun a expensas de la salud y la vida de la población. La Mesa de Unidad Sindical acompañó la jornada con un paro en defensa del ambiente, pero sin decir una palabra sobre el ajuste que pretende hacer pasar el Gobierno. Es imposible obviar los salarios adeudados al conjunto de los trabajadores desde hace dos meses, que ascienden a cuatro en el caso de los trabajadores de la salud, y adeuda el aguinaldo de julio. La necesidad de atar el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores se expresa como una necesidad concreta ante la situación agobiante que atraviesa la provincia. El debate de un programa de conjunto abrirá las puertas para una intervención que logre colocar en jaque no solo el intento de zonificación minera sino al conjunto del plan antiobrero que se cuece. Las asambleas que existen en diversas localidades deben ampliarse al conjunto de los problemas que atraviesan los trabajadores y convertirse en un canal de homogeneización del conjunto de los reclamos populares y entablar una agenda, levantando sus reivindicaciones y un plan de acción para conseguirlas. En este camino se inscribe la necesidad de convocar a un plenario de delegados de base de todos los sindicatos, asociado a las asambleas populares delineen las acciones de lucha.

Este 25N, día de lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer, será motivo de masivas movilizaciones. La pandemia ha exacerbado el cuadro de crisis sanitaria y miseria social, dejando al descubierto la incapacidad completa del sistema capitalista para defender nuestras vidas y aspiraciones más elementales. La crisis impacta en todos los órdenes de la vida y también dentro del hogar: según estadísticas oficiales, 4 de cada diez mujeres es víctima de violencia y una mujer es asesinada cada 24 horas. Las mujeres hemos respondido a esta barbarie con movilizaciones que llegaron a convertirse en rebelión y verdaderas puebladas, como en Jujuy. En todo el país, vecinos y familiares se plantan ante las comisarías y las fiscalías denunciando la responsabilidad del Estado, su desprecio ante nuestras vidas, la complicidad con violentos y femicidas. Hace unas semanas, el país se conmovió por el femicidio de Paola Tacacho en Tucumán. Durante 5 años, fue hostigada por el hijo de una familia del poder. Paola hizo todo lo que dicen que hay que hacer. Recorrió comisarías y pasillos del Poder Judicial, hizo 17 denuncias. Las respuestas fueron burlas. La complicidad del juez Francisco Pisa, que garantizó la impunidad del asesino, condenó a muerte a Paola. Es la misma impunidad de la que gozan los tratantes que denuncia la asamblea de jóvenes en Exaltación de la Cruz. Los intentos de secuestro, el acoso y el abuso sexual en la vía pública, la desaparición de mujeres en las barriadas de la zona norte de Buenos Aires son cosa de todos los días. El Estado es incapaz de preservar nuestra integridad y la de nuestras familias. Los femicidios y la violencia no son el resultado de un problema individual. Son el espejo de un régimen en descomposición. La experiencia probó que es inútil combatir la violencia contra las mujeres con “mejores leyes” o “educando” funcionarios con la Ley Micaela. En Salta, la emergencia de violencia de género ya cumplió 8 años. Se crearon una decena de organismos (observatorio, jueces y fiscales de género, oficinas, secretarías). Sin embargo, la realidad de las mujeres no ha cambiado un centímetro. El mismo efecto ha tenido el Plan Nacional de Acción contra las violencias anunciado por Alberto Fernández. La violencia contra la mujer es estructural al régimen capitalista, que nos necesita con la cabeza gacha, educadas en el silencio y en el temor, promovidos por el poder político y eclesiástico. La única respuesta es la organización autónoma de las trabajadoras, y la discusión con nuestros compañeros para que hagan propia esta causa. Aborto legal ya, sin objeción de conciencia ni penalización Durante la pandemia, las mujeres estamos a la cabeza de la defensa del derecho a la salud y a la educación. Somos las grandes organizadoras de las ollas populares contra el hambre en las barriadas. Sin embargo, así como el aislamiento exacerbó la violencia, también exacerbó la urgencia de legalizar el aborto. Con los centros de salud cerrados u orientados a la atención de la Covid, se hizo más difícil aún conseguir anticonceptivos o misoprostol. Miles de mujeres debieron interrumpir sus embarazos en la clandestinidad. Fernández, después de meses de promesas, finalmente mandó un proyecto de legalización del aborto al Congreso. La ley del Ejecutivo tiene dos concesiones a los sectores clericales que no podemos admitir: la objeción de conciencia y la penalización de los abortos a partir de la semana 14. Por otro lado, nada garantiza que sea aprobado en un Parlamento donde los clericales están presentes en todos los bloques patronales. El movimiento de mujeres no debe depositar ni un gramo de confianza en el gobierno y el parlamento. Así como debemos llevar el debate sobre la violencia a todos los ámbitos que compartimos con nuestros compañeros, debemos organizar asambleas en defensa del aborto legal en los lugares de trabajo, de estudio y a las barriadas. Los despidos masivos, la precarización laboral, los salarios por detrás de la inflación, la caída del poder adquisitivo, el hacinamiento y la falta de vivienda también son violencia. Pongamos en pie comités de mujeres que organicen la lucha por todas nuestras reivindicaciones. Frente a la división que imponen el Estado capitalista, las patronales y el clero, opongamos la unidad de lucha del conjunto de los trabajadores y sus familias. Para terminar con la violencia contra las mujeres tenemos que tirar abajo el régimen social que la sostiene. Ni una menos. Basta de violencia y femicidios. El Estado es responsable. Aborto legal, seguro y gratuito ya. Ni objeción de conciencia ni penalización después de la semana 14. Vamos por la organización socialista de la mujer trabajadora.

El pasado 16 de noviembre, de manera sumaria, el gobernador Perotti, y la ministra de Educación, Adriana Cantero, han derogado 500 titularizaciones docentes de concursos realizados en 2019. A un año de haber asumido, la cartera de Educación ha informado la anulación de centenares de titularizaciones que se realizaron al final de la gestión anterior. Se trata de cargos adjudicados por concursos y acordados en el marco de la mesa y la discusión paritaria. Como parte de otro brutal episodio del ajuste del gobierno Perotti-Cantero, acomete contra los cargos de trabajadores titularizados, trabajadores cuyos derechos adquiridos legítimamente por concurso, han quedado como rehenes de una disputa de rapiña que ha estallado y se intensifica día a día, entre el gobierno de la provincia, del Frente de Todos y el Frente Progresista. Una puja envilecida por las tratativas del debate del presupuesto 2021, el intento del gobernador, cuestionado por la oposición, de extender la Ley de Emergencia que vence en diciembre, atravesada a la vez por crisis en el gabinete provincial. Los fundamentos del oficialismo para justificar semejante ataque antilaboral contra la docencia han sido la presunción de que los concursos no habrían cumplido con la claridad procedimental, que se trató de un blanqueo de favores políticos de la gestión de Lifschitz y que existieron observaciones legales desde el Tribunal de Cuentas de la provincia, que fueron desoídas. Han invocado incluso la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada con posterioridad a los concursos. Esta nulidad representa el aniquilamiento de un plumazo los derechos adquiridos por esos trabajadores que hace años se desempeñan en esos puestos, y que son fruto de las conquistas paritarias, como las Resoluciones Ministeriales: 1741/19 de Formación Profesional; 1868/19 Equipos Territoriales de Convivencia; 1869/19 EEMPA N° 1330 “Plan Vuelvo a Estudiar”, Nueva oportunidad, entre otros. Se trata en gran parte de trabajadores que conforman y llevan adelante los equipos territoriales de Convivencia, o técnicos y formadores en oficios, que enseñan en las escuelas de capacitación profesional de la provincia, entre otros. El Frente de Todos, que apenas asumido barrió con miles de puestos de trabajadores precarizados estatales que se desempeñaban en distintos programas de la provincia, ahora pasa a esquilmar, tijera en mano, a los cargos titularizados. Mientras el estado, que durante este período de pandemia, crisis sanitaria, social y educativa dramática, ha sido incapaz de brindar lo más mínimo para garantizar la educación en tiempos de pandemia y ha montado una ficción de paritaria que congeló el salario docente, asesta un nuevo golpe a la educación, esta vez contra los derechos y las conquistas de la docencia y contra la planta docente. Perotti-Cantero se han valido de la complicidad de la burocracia de los gremios docentes y estatales, de Amsafe, ATE y UPCN, que han abandonado todos los reclamos y cerraron acuerdos paritarios precarios y ruinosos, ignorando el conjunto de las demandas que la docencia. Enfrentemos las destitularizaciones con la unidad de los trabajadores La respuesta de los trabajadores contra este ataque ha sido inmediata. El jueves pasado se realizaron concentraciones en Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno (sin que el gremio se dé por aludido) y en Rosario, frente a la Sede de Gobierno -allí sí, con acompañamiento gremial- llevando los reclamos al centro del poder político de la provincia. Frente a esta situación, los representantes gremiales de la Amsafe se han manifestado en distintas declaraciones por la defensa de los concursos, pero sin trascender lo testimonial o el "acompañamiento". Llegaron a plantear que se analice cada caso en particular, o planteando la interposición individual de recursos y amparos, lo que significa una atomización del reclamo cuando se trata de una causa colectiva. Las conducciones sindicales deben impulsar la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores con un contundente plan de lucha. Este ajuste ´ejemplificador´ contra la educación pública y los derechos docentes del gobierno de Perotti, anticipa nuevos atropellos contra el conjunto de los trabajadores públicos de la provincia. Por eso debe ser respondido con un plan de lucha unitario, desde los sindicatos, las agrupaciones de trabajadores y estudiantes, e impulsando la autoconvocatoria y la coordinación en defensa de las titularizaciones, los pase a planta, las jubilaciones, la estabilidad laboral y por los reclamos pendientes.

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) acordó el pago de 7% retroactivo a octubre, y 3% a partir de diciembre, que se suma a los $6.500 cobrados con anterioridad. Como el Índice de Precios al Consumidor subió de julio a octubre casi el 12% acumulado, es evidente que el salario perderá nuevamente frente a la inflación este semestre. El acuerdo es anunciado como un 20%, porque incluye un incremento del 7% en Enero, y otro 3% en Febrero, pero estas sumas no se perciben en el semestre ni para el próximo aguinaldo, para el cual el comunicado reconoce una afectación del 10%. La inflación promedio de julio-octubre es 2,8% (sin contar noviembre y diciembre que proyecta un aumento de este promedio), mientras que el incremento salarial real prorrateado para el semestre queda en un 1,66% mensual. Mientras las sumas se percibirán a lo largo de 8 meses, la inflación la pagamos diariamente. Es obvio como desvalorizan el salario, porque las patronales perciben jugosos intereses si colocan el dinero en letras o plazo fijo. Las sumas no son acumulativas, porque cada porcentaje se calcula sobre Junio 2020, y no van íntegramente al básico, sino que se reparten en el viático y el “adicional especial”, afectando adicionales y la productividad de Marzo y Septiembre, la cual lejos del 50% que representaba, hoy es un 30%. Conclusiones Que Telecom haya repartido dividendos por 450 millones de dólares expone que no estamos ante una industria en crisis o afectada por la coyuntura de la pandemia. El gobierno dejó correr este reparto, mientras maniataban el salario para mantener las tarifas congeladas. La ilusión de apoyarse en el Gobierno contra las patronales y Clarín está agotada. Seguiremos dependiendo de adicionales para no caer, como muchos telefónicos, debajo de la línea de la canasta de pobreza, hoy, en $50.000 o para garantizar un ingreso mínimo en torno a la canasta familiar, calculada por ATE en $76.500 para Octubre. El imponente paro fue aislado por los cuartos intermedios y la conciliación obligatoria infinita, exponiendo que la Azul y Blanca está adaptada a las patronales, no quiere luchar, y seguirá avanzando con más flexibilidad laboral. La caravana y las agitaciones que organizó la oposición nucleada en la Granate debe ser un hecho destacable para los telefónicos, porque debemos buscar por la vía de la organización y la acción una nueva dirección sindical que esté a la altura de las necesidades. Exigimos la publicación de las actas, Asambleas y Plenario con mandato para discutir este acuerdo.

Los trabajadores de la metalúrgica Gri Calviño llevan ya tres meses de conflicto. Sostienen una carpa en la cochera de la planta, con olla popular y guardias las 24 horas. Es una tenaz resistencia a los despidos y la defensa de la comisión interna, identificada con numerosas conquistas. Hoy su lucha marca la resistencia de lucha contra la flexibilización laboral. Denuncian un lockout y 66 despidos en el marco de la conciliación obligatoria. Reproducimos a continuación el comunicado de la comisión interna de GRI Calviño. La patronal insiste con la flexibilización laboral, y los trabajadores decimos NO!! La lucha de los trabajadores de GRI Calviño tiene un objetivo claro, rechazamos el intento de flexibilización laboral, que es mayor sobrecarga de tareas a la mayoría de los compañeros sin la compensación salarial que corresponde. La empresa comenzó un lock out para extorsionarnos, paralizando la producción hasta obtener la flexibilización. Se vale de los peores recursos para intentar doblegarnos, liquidando pésimamente los salarios y afectando el sostén alimentario de nuestras familias en un contexto difícil de pandemia y aumento del costo de vida. De este modo, la empresa desconoce los acuerdos salariales que ella misma firmó faltando a los compromisos más elementales. Los trabajadores somos quienes fuimos empujados por la empresa a este conflicto que no queremos. Solo reclamamos que se cumplan los compromisos, y no se impongan mayores tareas de modo unilateral. Incluso somos los trabajadores quienes estamos dispuestos a negociar un cambio en las tareas que realizamos sobre la base de una justa compensación salarial. Los 66 despidos realizados en el marco del lock out, muestra la intransigencia patronal y que sólo la guía el ataque a nuestras condiciones de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense es, por acción u omisión, cómplice de la empresa; debe actuar con las herramientas que tiene a disposición para imponer que la patronal multinacional respete el derecho de los trabajadores, el convenio colectivo, la reincorporación de todos los compañeros despedidos incluso en el marco de un decreto que los prohíbe, y ponga un límite a la actitud extorsiva de la empresa. Los metalúrgicos de GRI Calviño seguimos firmes en esta lucha por nuestros salarios y condiciones de trabajo, y con nuestro método de asamblea y deliberación colectiva resolveremos los pasos a seguir en defensa de nuestros derechos. Más que nunca es necesario una plan de acción de todos los metalúrgicos de la seccional Quilmes y de todo el país contra estos atropellos que no suceden solo en nuestra fábrica

La presión de los hospitales y centros de salud por una lucha a fondo por el salario fue refractada de forma deformada por la burocracia de los gremios sanitarios. En lugar de organizar la pelea por la paritaria, las burocracias jugaron a fragmentarla para mantenerla bajo su control. Durante el fin de semana largo, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y la Federación de Profesionales, que nuclea a las asociaciones no médicas, colocaron una verdadera carrera de obstáculos a un movimiento que, sin embargo, buscó darse todos los métodos a su alcance para para unificar acciones desde abajo y desplegar su fuerza. Tras el bochornoso “cese” de 30 minutos en el día de Enfermería, la dirección de Federación de Profesionales pegó un viraje y se plegó al paro de 36 horas para el martes 24 y miércoles 25 que había votado la asamblea posterior a la movilización del 17N, integrada por residentes, concurrentes y asociaciones profesionales combativas. Sin embargo, evitó acompañar el paro con una propuesta de movilización al poder político. Al rato, la AMM convocó a movilizar a Jefatura de Gobierno el jueves 26, pero sin llamar a parar. Así, profesionales no médicos tendrían un paro sin movilización, mientras que los médicos tendrían movilización sin paro. Las medidas incoherentes que revolea la burocracia expresan la creciente bronca de los trabajadores de la salud, pero también la crisis objetiva con el gobierno porteño, que quiere imponerle a la carrera profesional de la salud una paritaria “tipo Sutecba”, que cerró por un 15% en cuotas (sin consultar obviamente con nadie). Los números están muy lejos de la inflación acumulada, que se acerca a un 40% en 2020, pero más aún de las aspiraciones de los trabajadores que reclamamos un 100% de aumento, en blanco y retroactivo a abril, para recuperar lo perdido en los últimos años y lograr que el salario inicial de un residente se acerque a la canasta familiar (107.000 pesos según la Universidad de Rosario). La AMM terminó convocando a un cese de actividades de 9.30 a 13.30 para marchar el 26, con la idea de ponerle un límite a la jornada y evitar que después de la movilización pueda desarrollarse una asamblea. Gilardi quiere reservarse el derecho a decidir cuál es el porcentaje que negocia con Larreta, que hasta el momento evitó dar a conocer. Federación de Profesionales, por su parte, también evitó difundir públicamente un porcentaje de aumento y se plegará al mismo cese parcial de AMM, que complicará la vida de residentes, trabajadores de los CeSACs y personas usuarias del sistema de salud. Federación sigue a AMM como una sombra, a pesar de que AMM acordó con Larreta dejarla afuera de las negociaciones paritarias. El martes se realizaron asambleas en los hospitales y una asamblea general de residentes y concurrentes de CABA. En todos lados se escuchó el mismo reclamo: “que se unifique el plan de lucha”. Todos los cañones apuntan a lograr un paro general el jueves 26, que habilite una movilización excepcional de la salud para rodear, como en diciembre pasado, la “fortaleza” de Larreta en Parque Patricios. Asediado por residentes y concurrentes, Larreta tuvo que dar marcha atrás con la ley precarizadora. Toda la carrera profesional unida podría dar vuelta la negociación salarial, abriendo un nuevo escenario en las paritarias para todo el movimiento obrero. La asamblea de residentes y concurrentes votó parar 24 hs el jueves 26 y reclamar el aval de los gremios para dicha medida. El rol desorganizador de las conducciones de AMM y Federación planteó al movimiento el desafío de organizar una columna independiente en la movilización. La asamblea de residentes y concurrentes, las asociaciones profesionales combativas y la interhospitalaria de medicina concentrarán desde las 10 hs en Caseros y Jujuy bajo la consigna “recomposición salarial ya en salud: 100% de aumento”. Al finalizar la movilización se realizará una asamblea general interdisciplinaria e interhospitalaria para debatir cómo seguir. Arrancarle las riendas del plan de lucha a las burocracias de AMM y Federación y asegurar su continuidad son los pasos previos necesarios para imponerle nuestras reivindicaciones al macrismo porteño. Que se respete el pliego votado. Que nada se firme sin la aprobación de las asambleas. ¡Plan de lucha hasta ganar! ¿Cómo ganamos la pelea por el salario? Reunión abierta de Tribuna de Salud (Tendencia) del AMBA Con la participación de Marcelo Ramal Sábado 28/11 - 15 hs - pedinos el link!

Los trabajadores petroleros de la multinacional San Antonio iniciaron una medida de fuerza este martes 24 en equipos de torre y servicios especiales y se concentraron en las bases de Cañadón Seco y Las Heras, en Santa Cruz. Los reclamos son por salario y condiciones de trabajo. La empresa es contratista de Sinopec, YPF y Pan American Energy. La medida fue convocada por el sindicato que dirige Claudio Vidal, quien saca medidas cuando la situación puede desmadrársele a las petroleras. En 2016, los delegados de esta empresa ocuparon los pozos contra la resolución 365, piedra fundamental para extender las jornadas de trabajo, reducir salario e imponer condiciones más peligrosas de trabajo. San Antonio despidió a obreros e intentó quitar los fueros de estos delegados. No lo logró porque los trabajadores se organizaron para impedirlo, pero no pudieron reingresar a las instalaciones. Están cobrando sólo el básico debido a que la compañía sigue violando leyes. La burocracia petrolera Vidal secundó a la empresa en la persecución de los compañeros. Pero nada es para siempre y luego de estas luchas los trabajadores comenzaron a organizarse para la recuperación de su sindicato. Los compañeros explican que el convenio que firmó Vidal impuso desastres para ellos, siguiendo la línea de la 365. Actualmente, los obreros que no van a los pozos por la pandemia cobran solo el 60% de los salarios, pero a los supervisores que sí tienen que trabajar, también les redujeron el salario en ese mismo porcentaje. Por otro lado, el precio internacional del petróleo ha repuntado a los niveles de antes de la pandemia, los aumentos de nafta de Alberto Fernández han comenzado en agosto con un 6%, comentaron a con revisión mensual, con incrementos posteriores de 3,5% y 2,5%. Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), advirtieron que los combustibles deberían subir un 7% más para alcanzar el “margen de rentabilidad ideal para las petroleras”. Pero la atención de las patronales está centrada en la liquidación de conquistas del gremio. Marcelo Martínez Mosquera, director de Tecpetrol (Techint) dijo hace un tiempo sobre la actividad petrolera del Golfo de San Jorge que abarca Chubut y Santa Cruz: “…será clave lograr un acuerdo con los gremios y la mano de obra para que las empresas vuelvan a visualizar un retorno económico. La problemática sindical continúa siendo muy compleja. Y viene de los cinco minutos de gloria que tuvimos como industria cuando el petróleo se cotizaba a u$s 120 ó u$s 130 por barril. El presente es muy distinto, y la Cuenca del Golfo San Jorge no está en condiciones de despreciar la inversión, sobre todo cuando se consideran los grandes atractivos que ofrece Vaca Muerta”. La patronal quiere recuperar márgenes de ganancia para competir con otros capitalistas. Los subsidios logrados en Vaca Muerta hacen que las compañías se vuelvan más negreras en zonas con menores ‘estímulos’. Pero en Las Heras y otras localidades se enfrentan a la tradición más combativa de los obreros petroleros. En la medida de que estos compañeros se quiten de encima la losa de la burocracia, se darán un camino de lucha triunfante.

Tras meses sin dar respuestas, la empresa lanzó un ataque contra los obreros del taller Rancagua que se encuentran en lucha contra el asbesto. Desde hace más de un año mantienen una retención de tareas siendo la vanguardia de lucha contra el contaminante en el subte. Metrovías les envió telegramas liquidando en bloque las vacaciones 2019 y 2020 a los trabajadores que se encuentran en esta medida de fuerza. Lo que a primera vista podría parecer un problema menor tenía varias implicancias. Entre otros, la liquidación de ambas vacaciones el mes que se cobra el aguinaldo, generaba un importante descuento por el impuesto a la ganancia, es decir era una sanción económica por luchar. Por otro lado, la tradición del subte siempre ha sido que los trabajadores se organizan sus vacaciones; esta imposición ´de prepo´ simplemente era un “castigo”, es decir una represalia por una medida legítima de acción gremial. Frente a ello los trabajadores salieron a dar pelea, reclamando por las obras necesarias para volver al lugar de trabajo, mientras denuncian que el 10% de la plantilla está afectada por asbesto. La empresa venía de incumplir con una reunión en la que supuestamente traerían el mentado plan de obras, y lanzó este ataque contra los trabajadores que tienen el mayor porcentaje de afectados por asbesto de toda la red. Los trabajadores deliberaron primero en asambleas virtuales y luego convocaron a la primera asamblea presencial en la puerta del taller, mientras preparaban -en mancomunión con otros sectores de la línea- medidas de fuerza para los días subsiguientes. La convocatoria y la participación numerosa de Rancagua, incluso de compañeros afectados por asbesto, reflejó el grado de conciencia y el compromiso de los trabajadores con su lucha. La preparación contó con el rápido armado de una red de respaldo de todos los sectores, red que viene siendo conscientemente construida, ya que Rancagua viene proponiendo la realización de una asamblea general de línea y ha impulsado reuniones de activistas y delegados de la B en todo el último período. En la B ya hay 17 afectados por el asbesto. Los compañeros de tráfico jugaron un gran rol en la organización de la línea, participando en forma cruzada los delegados de taller y tráfico de las asambleas de sus sectores. La asamblea de tráfico de la B respondió tomando como propia la medida de Rancagua. Los compañeros de tráfico luchan por diagramas acotados para defenderse del contagio de Covid, frente a la ofensiva aperturista de los gobiernos y la empresa. Esta respuesta de conjunto afianza la posibilidad de una asamblea de conjunto. La asamblea fue abierta a los demás sectores del subte. Participaron trabajadores y delegados de casi todas las líneas, representantes de la directiva y de prácticamente todas las agrupaciones del subte. Fueron de la partida, entre otros, Boletería de la A; Tráfico, Estaciones e Instalaciones Fijas de la B; Taller San José; Tráfico de la D; Estaciones de la E. Esta asamblea no fue un rayo en cielo sereno. Durante estos meses de pandemia los trabajadores han tenido muchas luchas. Rebelión por los testeos en tráfico de la H, resistencia al diagrama de la empresa en tráfico de la C, choques aguantados por el reconocimiento de licencias y desinfección en tráfico de la B; en la asamblea fue denunciada la responsabilidad de la empresa en el reciente descarrilamiento en línea E y fueron mencionadas decenas de luchas que no trascendieron de diferentes sectores. La patronal había actuado envalentonada en el marco de la ofensiva aperturista que viene impulsando con el aval de los gobiernos nacional y de Ciudad, acompañada por la suba del boleto y la pretensión de hacinar pasajeros en los vagones, rompiendo todo protocolo. Mientras la empresa y sus personeros en la UTA agitan los retiros voluntarios y la liquidación de conquistas por un inminente cambio de firma en la empresa, se han acumulado reclamos. La paritaria sigue en cero de aumento al básico a 10 meses de su vencimiento, mientras Metrovías se apropia de 680 millones de pesos en aportes jubilatorios. Por otra parte, se acumulan 7 muertes por Covid (1 por mes) y se siente la falta de personal para el desarrollo de las tareas en condiciones de seguridad e higiene. Antes del cierre de la asamblea, mediante comunicación telefónica a la comisión directiva del sindicato, la empresa hizo llegar una propuesta de solución. Retrocediendo en la liquidación compulsiva de las vacaciones y comprometiéndose a una reunión con planes de obras dentro de pocos días. El sindicato realizó denuncias ante el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento patronal, tal como se había charlado días antes en una asamblea con su participación. Si bien esto es un avance, las obras aún no están y la lucha no se cierra acá. Queda planteada la cuestión de una medida común que involucre a todos los trabajadores del subte, la posibilidad de una nueva movilización a las puertas de Sbase para que cumpla con el compromiso de obras, por la definitiva incorporación al RAR por asbesto (registro de agentes de riesgo) a todos los trabajadores del Subte, el retiro del material cancerígeno en San José que la empresa incumplió, el recambio de airea también en otros sectores y talleres, la compra de formaciones nuevas para realizar el recambio de flotas necesario y terminar de retirar las formaciones contaminadas con asbesto en la Línea B y en todas las líneas del subte. Esta primera asamblea presencial aporta también a la lucha que todos los trabajadores tienen por delante por el salario, por las medidas de prevención frente al Covid y todas las reivindicaciones pendientes.

El documento de Unicef denominado “Evitar una generación perdida a causa del covid-19” que propone la reapertura de las escuelas, motivó un “cruce” entre Macri y Trotta. El ex presidente abogó por la reapertura en plena pandemia a lo que Trotta respondió que... en eso están desde agosto. Ninguna grieta por aquí. Lo notable del asunto, en cambio, es que, a pesar del carácter científico de la nota, de los datos aportados no se desprende que deban reabrirse las escuelas sino todo lo contrario. El documento parte de reconocer que “los niños y los adolescentes representan un 11% del total de infecciones por COVID-19” y que “el número de niños infectados está aumentando en muchos países”. Posteriormente señala que en realidad no saben si los niños son menos propensos al contagio: “El número relativamente bajo de casos registrados entre los niños y los adolescentes ha dado pie a la conjetura de que este grupo de edad es menos susceptible al virus. Sin embargo, esto podría deberse a que a las poblaciones más jóvenes se les hacen menos pruebas, o a que los jóvenes y los adolescentes tienen distintos niveles de exposición al virus” . Como se ve, ninguna certeza. Surge entonces la pregunta: ¿los casos relativamente bajos en niños y jóvenes podrían deberse a las medidas de confinamiento que incluyeron el cierre de escuelas? ¿el aumento de niños infectados tendrá alguna relación con la reapertura de escuelas en Europa en esta segunda ola? No lo sabemos, pero no hay estudios que permitan afirmar lo contrario. Tampoco hay certezas con relación a las secuelas: según admite Unicef, “las consecuencias que la COVID-19 puede tener sobre los niños tanto a largo plazo como durante el resto de su vida siguen sin estar claras”; pero, por las dudas, recomienda exponerlos al contagio en las escuelas... Otro dato a tener en cuenta, con relación al porcentual de niños infectados, es que se eleva notablemente en los países de ingresos bajos y medios. Según un estudio llevado a cabo por el propio organismos “la proporción de casos entre menores de 20 años variaba entre nada menos que el 23% de los casos de Paraguay y tan solo el 0,82% de España”. Es decir que en países como Argentina, uno de cada cuatro niños podría estar enfermo, lo que representa un promedio de 2-3 niños en cada una de las burbujas planificadas por el Consejo Federal para el retorno en pandemia. Otro argumento tirado de los pelos es el que señala que “las escuelas no son el principal medio de transmisión comunitaria”, afirmación basada en un estudio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. En el mismo estudio se reconoce, sin embargo, que los “brotes importantes de Covid-19 en las escuelas, ocurren y pueden ser difíciles de detectar debido a la relativa falta de síntomas en los niños”. Agrega: “Existe evidencia publicada contradictoria sobre el impacto del cierre/apertura de escuelas en los niveles de trasmisión de la comunidad” o sea… puede que sí, puede que no. Por último, el informe afirma que “es poco probable (sic) que las escuelas sean entornos de propagación más eficaces que otros entornos ocupacionales o de ocio con densidades similares de personas”, pero, digamos, la alternativa no es mantener a estudiantes y docentes fuera de las aulas para ir al Casino sino garantizar el confinamiento, que es, por ahora y con certeza, la única medida efectiva contra el contagio como lo demuestran las decisiones de países como Italia, Austria y Grecia, que han cerrado las escuelas frente a los estragos de la segunda ola. El informe agrega que “los niños no son los principales transmisores del virus en las comunidades, pero pueden infectarse unos a otros y contagiar a los grupos de edad más avanzada” y que “los niños mayores de 14 años pueden ser tan contagiosos como los adultos”. Es decir, los niños se contagian entre ellos y pueden contagiar a docentes, auxiliares, padres. Pero el informe de Unicef omite cualquier referencia a esos actores. ¿Considera que los chicos están solos en las escuelas o lisa y llanamente no les importa la salud y la vida de los demás miembros de la comunidad educativa? La invisibilización de los docentes en el informe de Unicef se refuerza cuando señala que “se interrumpió la educación de casi un 90% de los estudiantes de todo el mundo, perjudicando a más de 1.500 millones de niños” y que “Los estudiantes de los países de ingresos bajos han perdido más días de escuela que los estudiantes de los países de ingresos altos”. Pero la educación no se interrumpió, se garantizó una continuidad pedagógica gracias al enorme esfuerzo de los docentes, los estudiantes y sus familias, quienes incluso debieron pagar de su propio bolsillo los costos de conectividad. Es cierto, como señala el informe, que “los niños pobres son los más afectados (porque) no pudieron acceder a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas” y que “el acceso desigual a los recursos educativos digitales y la ayuda de los progenitores está acentuando la brecha digital y las desigualdades entre los jóvenes”. Este planteo es agitado por la prensa y todo el arco político patronal para exigir, no que el Estado garantice dispositivos y conectividad gratuita, sino la reapertura de las escuelas. ¿Cómo creen que la exposición al contagio mediante la presencialidad en pandemia resolvería la brecha digital? ¿Volviendo al ´más equitativo´ lápiz y papel? Otro argumento en favor de la apertura que plantea Unicef es que “para muchos niños la escuela es la única fuente de nutrición y asistencia psicosocial”. Estamos de acuerdo. Por eso los docentes exigimos que se universalice el SAE y se adecúe al contexto de pandemia tanto su nivel nutricional como su distribución. Por eso luchamos siempre por la permanencia y la ampliación de los gabinetes pedagógicos en cada escuela. Pero el presupuesto a la medida del FMI no prevé, lamentablemente, ninguna ampliación de los Equipos de Orientación ni del servicio alimentario. El aumento de la pobreza y la pérdida de potencial para encontrar empleo en el futuro son otros elementos que utiliza el documento para forzar la presencialidad en pandemia. Pero son precisamente los niños pobres, mal nutridos, los que más riesgo corren, como el propio documento reconoce cuando señala que “se han registrado casos graves y fallecimientos sobre todo entre los niños con morbilidades asociadas”. Unicef estima “alrededor de dos millones de muertes de menores de cinco años (...) a lo largo de un período de doce meses” debido a la desnutrición y a la falta de acceso a la salud. ¿Cómo podría la presencialidad en pandemia ser la solución a la pobreza y a la mortalidad infantil? En Argentina, docentes pobres damos clases a niños pobres, que pasan del hacinamiento de sus casas al hacinamiento en el aula, en escuelas sin conectividad, ni recursos, ni condiciones de seguridad e higiene, con comedores que les ofrecen, sólo a algunos, un plato de fideo, arroz o polenta. A los que deciden, no les importa el aprendizaje para la elevación intelectual de los niños pobres. Las escuelas son para ellos centros de capacitación de recursos humanos: aprenden allí “las habilidades blandas” de la obediencia y la precarización como regla. Ese es el verdadero sentido de lo que el documento expresa cuando afirma que “los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas son superiores a los costes que se derivan de cerrarlas”. Los que verdaderamente defendemos la educación nos basta para rechazar el retorno a las escuelas mientras dure la pandemia la circulación de un virus mortal. Los docentes y estudiantes somos los más interesados en volver a las escuelas, pero no a costa de nuestras vidas.

Esta semana se reanudan las discusiones paritarias a nivel nacional y la burocracia de la UOM ya no puede contener la bronca de los trabajadores, como se ha manifestado en varias seccionales, tras haber cancelado nueve meses de aumento por un bono no remunerativo de $30.000 en cinco cuotas ($5.670 de bolsillo por mes, que además tampoco llegó a la totalidad de los metalúrgicos). “La pandemia nos retrasó los salarios y quedaron muy bajos”, declaró Antonio Caló. El secretario general del gremio utiliza como excusa la pandemia para ocultar el desbarranque salarial que venimos padeciendo los metalúrgicos desde hace años. Actualmente el piso salarial mensual bruto de un metalúrgico -o Ingreso Mínimo Global de Referencia, el IMGR, que abarca a la inmensa mayoría del gremio- es de $27.946. La culpa de este salario tan bajo no es de la pandemia, sino de Caló y su ‘vocación oficialista’, esté quien esté en el gobierno. El IMGR nació durante el kirchnerismo para adaptarse a los techos salariales que el gobierno imponía. No solo fuimos perdiendo contra la inflación sino que también desaparecieron categorías de convenio, achatando la escala salarial. En siderúrgicos, en 2019, se firmaron aumentos no remunerativos por nueve meses, favoreciendo a las grandes empresas, o se cerraron acuerdos previos que dejaron el conformado de la rama por debajo del porcentaje cerrado nacionalmente, provocando que se pierdan o achiquen adicionales internos los cuales son conquistas de los trabajadores en cada planta. La dirección de la UOM se apresura a cerrar un nuevo acuerdo a espaldas de los trabajadores; un acuerdo que tendrá solamente tres meses de vigencia, pero que fija la base para la próxima discusión ya que vence el 31 de marzo próximo. Este acuerdo no solo debería compensar la pérdida de poder adquisitivo del 2020, sino además incluir el 5% que quedó pendiente de la paritaria 2019 y que compensaba, a su vez, parte de lo perdido en 2018 contra la inflación. En enero, el aumento debe rondar el orden del 40% como mínimo y elevar a $50.000 el IMGR - ¡basta de metalúrgicos por debajo de la línea de la pobreza! Mientras tanto la UOM nacional sigue ausente en los conflictos que las patronales metalúrgicas generaron reduciendo personal (como lo hizo Techint en varias plantas) o siguen intentando flexibilizar (como ocurre en Gri Calviño) situaciones como estas se extienden a lo largo y ancho de nuestro país y ya son incontables los puestos de trabajo perdidos. Es necesario comenzar a vincular y coordinar acciones en defensa de los puestos de trabajo y la defensa de nuestro convenio. Los metalúrgicos hemos quedado entre los salarios más bajos de la industria gracias a estas direcciones. Es urgente el comenzar a articular asambleas en los lugares de trabajo con el objetivo de que tanto delegados como comisiones internas obtengan los mandatos y se comiencen a exigir los congresos en cada seccional donde se resuelva la posición a llevar y las medidas para conseguirlo. En Acindar Villa Constitución comenzaremos con asambleas por sector donde se definan las medidas a tomar en defensa de nuestro salario.

A comienzo de la semana pasada, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA, puertos) retomó su un plan de lucha que había suspendido por conciliaciones obligatorias (agosto-septiembre), con quites de colaboración y asambleas de tres horas por turno lo que implica suspensión de tareas. Este gremio agrupa también a los trabajadores de las cerealeras con puertos de embarque de la zona San Lorenzo – Timbúes. El gremio cerró acuerdos con dos de las ramas- recibidores, con un 32% de julio a noviembre; y en embarque, con un 36%- que deben realizar una revisión ya pautada con la Federación de Acopiadores y con la CADECRA (Cámara de Empresas de Control) respectivamente. En cambio, los obreros de las cerealeras (puertos terminales) no recibieron aumento alguno desde que venció el anterior Convenio en junio con la Cámara de Puertos Privados. Resumiendo: un gremio, tres convenios. Esta vez, los obreros de todas las terminales del país están demostrando mucha unidad y firmeza. Realizaron un paro de 24 horas y prometen continuar con asambleas de varias horas por día. Un barco parado por una semana, como ocurrió en ACA Timbúes, le supone un costo a la empresa de miles de dólares por hora que tienen pagar a la empresa naviera. Fue una respuesta proporcional al ataque verbal y virulento en una “carta” que distribuyó por los medios, el gerente general de Puertos Privados, Martín Brindisi, quien refiriéndose al bloqueo que realizaron los obreros en Cargill Punta Alvear, con total hipocresía aludía a los 180 camiones que estaban dentro de la Planta y a los que esperaban en la ruta; cuando es moneda corriente que sin ningún conflicto que paralice la descarga, los camioneros deben soportar varios días sobre la ruta. Esto desde hace décadas que fue denominado “silos móviles”. Los obreros de las Plantas Terminales donde se embarcan granos y aceites, reclaman un 42% para el periodo julio 2020-junio 2021, con cláusula de revisión en marzo 2020. Tres gremios que actúan en los remolcadores fueron al paro este miércoles pasado, a los que le dictaron conciliación obligatoria por 15 días. El gran sindicato ausente en toda esta pulseada son los aceiteros, tanto la Federación como el SOEA San Lorenzo. El SOEA baraja cifras del 33% hasta junio 2021, por debajo de la inflación. Su paritaria también venció en junio de este año. Cofco otorgó un “Bono Covid” de $80.000, que el SOEA quiere que sea imitado por el resto de las aceiteras y se suma el tradicional Bono de Fin de año que equivale a un sueldo. El escenario plantea un fin de año caliente, donde los obreros de URGARA Terminales, están en la primera línea. Las grandes agroexportadoras la vienen ganando con la pala y se financian reteniendo el impuesto a las exportaciones hasta un año. Si la marcha y desenlace de esta lucha se discute en asambleas de cada región, tienen en gran parte asegurada la conquista de sus reclamos. Detrás del acuerdo de Urgara se colarán los aceiteros y resto de sindicatos. ¡Adelante compañeros!

La pandemia implicó un golpe severo sobre las condiciones de vida y de trabajo de la franja más explotada y precarizada de los trabajadores. El año 2020 termina con una pobreza cercana al 50% y una desocupación real que, cuando se incluye a los cuatro millones de compañeros que han dejado de buscar trabajo, llega al 30%. La supresión del IFE para nueve millones de compañeros agrava la situación. El derrumbe social, a partir de los despidos, las suspensiones y la falta de ingresos, se ha trasladado a todas las condiciones de vida, y, en primerísimo lugar, a la cuestión de la vivienda. Pero la crisis humanitaria también amplió el horizonte de lucha de la población explotada y de las organizaciones de desocupados, enlazando con más fuerza que nunca a sus reivindicaciones con las cuestiones de la organización social vigente y el poder político. Sobre esta caracterización general, desarrollamos una política para el Polo Obrero (Tendencia). Historia, lucha, cooptación El movimiento de desocupados llega a esta crisis con una historia de luchas y delimitaciones políticas. Ya en su origen, bajo la etapa del Argentinazo, una fracción del movimiento fue cooptada al Estado. La expresión política de esa cooptación fue la negativa –encabezada por la CTA y la CCC de entonces- a desarrollar una lucha para que la bancarrota capitalista y la rebelión popular tuvieran un desenlace político favorable a los explotados. Otra fracción del movimiento, encabezada por el Polo Obrero, rechazó la cooptación y sostuvo las grandes jornadas de lucha que tuvieron su punto más alto en el Puente Pueyrredón (2002). La tentativa de integración de los movimientos al Estado no se interrumpió durante los años siguientes, y, al mismo tiempo, tampoco cesó la tensión en los barrios, como resultado de la persistencia de la precarización y el desempleo, incluso en los años del kirchnerismo. El macrismo multiplicó el otorgamiento de planes sociales, bajo el fantasma de una nueva rebelión popular. Esta posibilidad se hizo patente en todo el período del colapso político del macrismo (2018-2019). En ese período, emerge el triunvirato Cayetano –CCC-Evita-Barrios de Pie-, con la Iglesia y el Vaticano operando activamente en la crisis social. Pero, a término, involucra también a la izquierda, como se manifestó en la votación de la ley de emergencia alimentaria, el acuerdo macro-kirchnerista para sacar a los piqueteros de las calles en medio de la transición político electoral. En ese mismo período, los dirigentes del Polo Obrero se empeñaban en reiterar su voluntad de que “Macri llegue al final de su mandato”. Veinte años después del Argentinazo, la izquierda se ofrecía ahora como rueda de auxilio del Estado, en medio de otra gran crisis nacional. Integración al Estado La llegada del gobierno F F establece un salto en el proceso de integración al Estado. Los dirigentes de Barrios de Pie, CCC, Movimiento Evita y la Dignidad son ahora, junto al massista Daniel Arroyo, los ejecutores de la “política social”. La orientación planteada es una gigantesca plataforma de trabajo precario, llevando a miles de desocupados al trabajo en cuadrillas por un ingreso que en el 90% de los casos será de 9400 pesos por cuatro horas de trabajo. En eso consiste el Plan Potenciar, que reserva otra miseria –un “salario” de 17.000 pesos- para una minoría de compañeros a los que el Estado pretende reservar el lugar de jefes o capataces de los demás. Las cuadrillas aspiran a actuar como fuerza laboral ultrabarata de los intendentes, o para la realización de “microemprendimientos” sin futuro. La “economía popular”, que está en la base de estos planes, es la legalización del trabajo precario bajo la máscara de una inviable “autogestión”. Los funcionarios del gobierno F F, estrictamente, no han inventado nada: el “Potenciar Trabajo” es una versión reciclada de los planes Argentina Trabaja. Mientras los funcionarios presentan a este operativo como un “puente” hasta la futura reactivación económica, la clase capitalista pide libertad para consumar despidos masivos. El Estado y los capitalistas sólo aspiran a cristalizar la miseria social. Un nuevo escenario de reivindicaciones Pero muy pronto, y como resultado de la pandemia, la “economía popular” fue desbordada por la crisis social, incluso cuando todavía se encontraba en grado de tentativa. Los barrios se encuentran atravesados por urgentes necesidades de alimentos, que el gobierno apenas cubre a cuentagotas. En este período, se han reactivado los comedores y también las ollas populares, que el Polo Obrero (Tendencia) ha luchado para que se conviertan en centros de agitación política y organización de los barrios. Hemos retomado, así, una tradición histórica del Polo, que había hecho de los comedores un “músculo” de organización y discusión política entre nuestros compañeros. En intensas movilizaciones, le hemos arrancado al Estado alimentos para nuestras asambleas y comedores. La pandemia ha colocado en una nueva dimensión la lucha por la vivienda. Por un lado, la imposibilidad de pagar los alquileres arrojó a muchas familias a la calle. Del otro, el Covid le imprimió una gravedad inusitada a la cuestión del hacinamiento habitacional, puesto que muchas familias –con dos o tres generaciones amuchadas en la misma casa- debieron buscar una salida al peligro del contagio general. Así, tuvo lugar un reguero de tomas de tierras, cuyo epicentro fue la provincia de Buenos Aires. La lucha de Guernica fue, por varios motivos, el punto más alto. Por un lado, mostró al gobierno F F- en su versión kicilofista y cristinista- como férreo aliado de los grupos inmobiliarios que se disputan las tierras ociosas en la provincia. Su ministro Berni quedó a cargo del desalojo represivo. Por el otro, Guernica también puso de manifiesto los límites insuperables de la política de aparato de las organizaciones que pretendieron sustituir a los vecinos en las tratativas con el gobierno, entre ellas, el Polo Oficial. La persistencia de ocupaciones, como ocurre en la Plata, y en la zona oeste de la provincia; la existencia de un movimiento incipiente de inquilinos en CABA, demuestran que la cuestión del hábitat ocupará un lugar crucial en la lucha de las barriadas. La instalación de Ferraresi –uno de los jefes del punterismo municipal- en el ministerio respectivo, delata una intensa lucha en ciernes por el destino de las tierras ociosas o en disputa dominial a la escala de todo el conurbano. Un gran horizonte de lucha A la luz de todo lo anterior, es indudable que tenemos un amplio escenario de organización y de lucha. Al operativo precarizador del gobierno –“Potenciar Trabaja”- debemos enfrentarlo con un programa: empadronamiento y subsidio para todos los compañeros desocupados, tomando en cuenta el padrón del IFE, con un ingreso equivalente al 80% de la canasta familiar; pase a la planta de los municipios de todos los compañeros en cuadrillas; trabajo genuino, en base a un plan de obras públicas y vivienda que de cuenta de las necesidades de hábitat, saneamiento y trabajo en los distritos. Asistencia incondicional a todos los comedores populares, con entrega de alimentos de acuerdo a las necesidades declaradas por sus responsables. Transformación de las villas y asentamientos en barrios, entrega de lotes con servicios para las familias sin techo; por alquileres que no superen el 10% del ingreso familiar. Dispensarios y salas de atención sanitaria en todos los barrios, a cargo del Estado. La política de cooptación al Estado traslada al interior de las organizaciones piqueteras un régimen despótico y punteril, que reproduce las jerarquías del Estado –patrón. Al servicio de él, el gobierno ha establecido ahora un sistema de diferenciación de los ingresos. Esta política se ha reproducido vastamente en el movimiento piquetero: numerosos compañeros del Polo Oficial concurren hoy a nuestras filas, denunciando maltratos y prácticas punteriles. En oposición a ello, defendemos el método histórico de la asamblea de compañeros, como ámbito para la discusión y resolución de todos los aspectos de la acción cotidiana y la lucha de la organización. Defendemos las reivindicaciones alcanzadas como conquista colectiva. El involucramiento en la lucha y en la acción política debe ser el resultado de una conclusión consciente, no de la coacción. En todas las asambleas, se incorpora a la lucha una camada de jóvenes de los barrios, con enormes inquietudes políticas. Un plan de acción política y de formación debe tomar en cuenta a esta nueva generación de luchadores, enlazada con las escuelas y, por esa vía, con el conjunto de la vida social de los distritos. Es necesaria una acción política sistemática y formativa para constituir, entre los compañeros desocupados organizados, una vanguardia de carácter socialista. LEER MÁS ** La crisis capitalista y la lucha por el socialismo, escribe Marcelo Ramal LEE TODAS LAS NOTAS ACERCA DE LA 2da CONFERENCIA DEL PARTIDO OBRERO (TENDENCIA) Segunda Conferencia del Partido Obrero (Tendencia)

Muy joven, nada más que a los 60 años, se fue Diego. Su sufrido cuerpo no pudo soportar más la inmensa carga de desarreglos personales que quebrantaron definitivamente su salud. Las exigencias de la competencia deportiva, sumadas a las que atravesó -ya fuera de la cancha- de la mano del entorno empresario y mafioso que rodea al futbol mundial, agotaron prematuramente su corazón. Los que amamos el futbol tuvimos un anticipo de lo que ese cuerpo arrastraba al verlo en su último cumpleaños en la cancha de Gimnasia, casi sin poder articular palabras y con dificultades para caminar. La muerte de Diego ha sacado a la luz la “ficha médica” que muchos silenciaban: hace casi una década que orillaba la muerte. Pero había que guardar esa realidad bajo siete llaves, para seguir usufructuando de su figura. Aun así, con su cuerpo a cuestas, Maradona desde su vuelta al futbol argentino como técnico fundió su imagen con la leyenda. Los hinchas rivales de todos los estadios de la Argentina, casi sin saberlo, comenzaron a rendirle un homenaje en vida. Se fue haciendo carne para todos que Diego ya era “bronce”. Quedó atrás su pasado extra-futbolístico y fue ganando el corazón de los hinchas sólo la admiración por su fútbol, una inmensa gratitud y el respeto de los logros obtenidos que se fueron agigantando con el paso del tiempo. Porque después de Maradona el fútbol argentino, ya no fue el mismo en el orden mundial. Maradona sin dudas fue el mejor futbolista del mundo. Desde Fiorito hasta la pisada de la última cancha del Lobo de La Plata, corrió mucha agua bajo los puentes. En sus 60 años dejó escenas imborrables. Su gol a los ingleses, un monumento a la habilidad, al coraje y la desfachatez y el campeonato mundial del 86 mostraron al mundo entero un tipo de jugador y un estilo que estaba fuera de lo previsible y, hasta hoy, irrepetible. El verdadero crack es siempre el que rompe con el esquema establecido. Es por esto que Diego fue un revolucionario, pero entiéndase bien, del fútbol. Sólo del fútbol. El año 1986 fue el comienzo de su figura como leyenda y un idilio con los hinchas que nunca se pudo opacar. Maradona, más que Gardel, quedará para los argentinos en la historia como el inventor de la ciencia de mantenerse primero. El homenaje que hoy el pueblo argentino le está brindando a Diego se inscribe entre los más grandes de la historia argentina. En su despedida se quebrará verdaderamente el “distanciamiento social”. Estarán en las calles y en la Plaza de Mayo los reos, los tenebrosos barras bravas, los hinchas genuinos de todos los clubes, y muchos desposeídos que estarán junto a él en su último adiós. Tambien estarán los poderosos empresarios del futbol y también muchos políticos patronales que darán su presente, y que se sirvieron de Maradona y su popularidad para sus propios fines, de derecha a “izquierda”. La búsqueda desesperada del abrazo de Diego, de Macri a AF, pasando por Menem, es otra prueba de la completa falta de autoridad propia de los políticos de la burguesía. Refiriéndose a Diego, un escritor amante del fútbol como pocos, como lo fue el gran Eduardo Galeano, escribió en su libro “Cerrado por fútbol” que “los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean”. Maradona nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, también lo hizo prisionero. Accedió a la riqueza, se codeó con reyes y gobernantes, pero nunca zafò de un entorno que lucró con su esplendor y con su decadencia, y que pretenderá seguir lucrando aún después de su muerte. Los trabajadores, los oprimidos, los jóvenes, despiden al otro Diego – el del talento inconmensurable de los 90 minutos, a lo largo y a lo ancho de todas las canchas del mundo.

En el contexto de las jornadas nacionales del 20-21N, una vibrante movilización de trabajadores de la salud tuvo en Posadas el sábado pasado. Fue convocada por los autoconvocados, quienes protagonizaron casi 40 días de acampe. Con la participación de 150 trabajadores, dada la escasez de recursos y medios, la jornada ha sido un gran éxito. Trabajadores de localidades de hasta 90/100 km de distancia de Posadas se trasladaron por sus propios medios, dando cuenta de las reservas de este movimiento. También hubo movilización en Puerto Iguazú. Los trabajadores marcharon hasta la plaza 9 de Julio y frente a la Casa de Gobierno se desarrolló un acto. Las consignas coreadas tuvieron como eje el salario inicial igual a la canasta básica de $47.000 y ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza, reclamo de equipamientos de protección y materiales para los hospitales y CAPS. El movimiento conquistó el pase a planta de compañeros que trabajaban en forma precaria en el hospital Madariaga, contrato con relación de dependencia de promotores de salud y otros cargos que se pagaban con “becas”. Se encuentran a la espera de debatir el tema salarial próximamente. Otro de los reclamos que plantea el movimiento es la recuperación del IPS social (obra social) bajo control de los trabajadores. Esta obra social -que fue emblemática en la provincia- hoy atiende muy mal a sus afiliados, especialmente a los del interior de la provincia. Ha sido una de las ´cajas´de todos los gobiernos. Recuperar la misma es una tarea de los trabajadores autoconvocados de la salud docentes, judiciales y estatales, una tarea que plantea la coordinación mediante plenarios de delegados que vote un programa de reclamos salariales, de pagos de jubilaciones del 82% móvil y de la expulsión del gobierno del control de la obra social. La epidemia por COVID se desarrolla en la zona con un muy bajo número de contagios, aunque se debate con conocimiento que el gobierno no informa la totalidad de los casos. Se retomaron las clases del último año de la escuela media y se habilitaron el transporte interurbano y nacional junto el transporte aéreo y se habilitan las actividades turísticas nacionales lo que dará una explosión de casos en los próximos meses e impulsará todos los reclamos vinculados a las condiciones de trabajo. Esto sumado a los tarifazos anunciados, una inflación imparable y desabastecimiento creciente, será nafta para un movimiento que viene forjándose en base a asambleas y acción y que superó largamente a la burocracia sindical, hasta convertirse en referencia para todos los estatales junto con el movimiento docente autoconvocado.

En los últimos días, ha revivido un proyecto de ordenanza para desmantelar la plaza pública de la “Memoria y la resistencia” -bautizada así ya que allí se desarrolló el histórico “Juicio ético” a la dictadura donde testimoniaron familiares y sobrevivientes y lugar de encuentro de todos los 24 de Marzo. La plaza es un lugar histórico de la ciudad, ubicada en pleno centro bahiense y en donde se han desarrollado innumerables actividades culturales desde su creación en 1977. Se trata de negociado redondo en donde “la puesta en valor de la Plaza” es la zanahoria para el lucro privado (en Boedo está en curso precisamente una “puesta en valor” de la cancha de San Lorenzo que supone un enorme negociado para los capitalistas que gestionan el club). Estamos ante un acaparamiento de un espacio público para cocheras privadas y con la “ayudita” financiera del BID en donde se pretenden construir 150 cocheras subterráneas removiendo todos los elementos que hoy la componen: espacios de descanso, arboles muy variados, un importante anfiteatro. La “inversión privada” consiste principalmente en las cocheras, puesto que toda la remodelación de la Plaza se hace sobre la base de un proyecto preexistente -y de partidas presupuestarias- del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Con esta “inversión privada”, que es promovida por la Corporación del comercio, la industria y el servicio, se otorgará una concesión privada por 50 años y generará una revalorización inmobiliaria de todo el sector. Además de destruir la Plaza, el proyecto contribuye a su propia demanda pues elimina también los boxes de estacionamiento que hoy existen sobre la Plaza, en la ciudad que tiene uno de los boletos de transporte público más caros del país y por ello se encuentra desbordada del parque automotor. Eso sí, el Municipio ha hecho en algunas cuadras unas pocas “bici sendas”. El proyecto fue presentado en el año 2019 y motivó que un grupo nutrido de vecinos se organizara rápidamente para defenderla e incluso reclamar mejoras inmediatas, ya que la Plaza lleva años de abandono por parte de los gobiernos municipales: no tenía placero, riego, cestos de basura, acceso para discapacitados ni buena iluminación. A pesar de este estado, en la Plaza hay actividades de rap, parkour, ferias, yoga, cerámica, de Tai Chi Chuan, además del uso general recreativo y de esparcimiento que la población hace de los escasísimos espacios verdes de la ciudad. La eliminación de la Plaza, tal como existe hoy, tendrá también consecuencias ambientales; en las napas de agua y elevando las temperaturas ante la eliminación de un pulmón verde en una zona urbana. El gobierno del Intendente Gay (Juntos por el Cambio) promueve este negociado cuando en el último año cerca de 1000 familias han tenido que tomar tierras para poder tener una vivienda propia y en tierras fiscales ociosas. Tiene el tupé de afirmar que construir las cocheras “generará trabajo”, cosa que haría sin dudas y en mayor cantidad con un plan de viviendas. Tierra para cocheras privadas, no para quienes viven de su trabajo. Hoy se mantiene la “toma de Don Bosco” con 300 familias. La tierra está reservada para la especulación inmobiliaria, garantizada por el Estado. La plaza de la Memoria es lindante a un edificio semiconstruido que estuvo años y años abandonado, a la espera de “nuevas inversiones”. El fracaso del plan de vivienda “Procrear” en la ciudad estuvo dado por un alza enorme en el valor de la tierra que es absorbida para negocios inmobiliarios. ¡La propia Universidad Nacional del Sur estuvo presta a vender tierras propias para otra “puesta en valor” de un negocio inmobiliario! Una gigantesca reacción docente-estudiantil se lo impidió. En la entrega de la Plaza para este negociado hay en juego, entonces, tanto un importante pulmón verde y recreativo, como una referencia histórica de lucha contra la impunidad y actividad cultural. Es por ello que ha despertado una enorme reacción de rechazo, con convocatorias en la Plaza y una movilización el próximo jueves 26 al Concejo Deliberante. Los vecinos nucleados en “Abrazo a la Plaza del Sol” llaman a rechazar este proyecto de plano, que lo han definido como “macabro y delictivo”. La bancada opositora a Gay del Frente de Todos todavía no ha anunciado su posición frente a semejante despojo. La defensa de la “Plaza de la Memoria” ha puesto en evidencia que la urbanización de la ciudad se desarrolla al servicio de intereses privados, que ya se expresan cotidianamente con el colapso de las cloacas, la distribución de agua y energía eléctrica, la ausencia de gas natural en una enorme cantidad de viviendas obreras y un enorme caos de tránsito. Para quienes viven de su trabajo, la defensa de la Plaza de la Memoria es un puntapié para discutir un verdadero plan de urbanización en todas las barriadas, con viviendas y todos los necesarios espacios verdes, deportivos y recreacionales, bajo el diseño y control de los trabajadores.

Entrando al tercer mes de conflicto en Gri Calviño, la patronal ha presentado un recurso preventivo de crisis. Esta medida, de imponerse, significa que la empresa tendrá rienda suelta para desarrollar su ataque contra el convenio de trabajo, en desmedro de los obreros, en una negociación donde las partes que intervienen son la empresa y el sindicato, dejando afuera a la combativa comisión interna de la fábrica. La empresa quiere hacer pasar los 66 despidos y desguace de una interna combativa y de lucha. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero durante ésta permitió el accionar de persecución y amedrentamiento de la empresa sobre los trabajadores y delegados con telegramas de despido y cartas documentos con pedidos de desafuero, creando zozobra entre los obreros y sus familias. El mismo estado que ampara a asta patronal multinacional envió a la policía a la planta para expulsar a los trabajadores que la estaban tomando. La burocracia de la UOM ha tratado de ahogar todas las iniciativas de lucha de los trabajadores. Han llamado uno por uno a los compañeros para que desistan de la lucha y acepten volver bajo las nuevas condiciones de la patronal, es decir, con 66 despedidos y desarticulando a la CI. En este escenario más que nunca apoyamos la movilización votada en asamblea para el viernes. Llamamos a rodear de apoyo y solidaridad esta lucha, que precisa para ganar de un plenario de delegados, de comisiones internas y activistas para derrotar el “preventivo de crisis” y superar el inmovilismo de la UOM, que debería convocar a un paro seccional y congreso de delegados. Está planteada una gran lucha contra el nefasto preventivo y por la defensa de todos los puestos de trabajo con paro, asamblea con todos los despedidos, piquetes de convencimiento y que nadie entre a trabajar mientras dure la lucha con acampe y olla en la puerta. ¡Por el triunfo de la lucha de los trabajadores de Gri Calviño! ¡Si ganan ellos ganamos todos!

Bajo la consigna "basta de abusadores en las aulas, no nos callamos más" un centenar de estudiantes secundarixs se manifestaron frente al CEF (Centro de Educación Franciscana) Quintana. Todo comenzó con la denuncia de un joven contra un profesor de religión por grooming, por hechos ocurridos en el 2018, disparó una ola de denuncias y testimonios de estudiantes sobre situaciones de acoso y abusos en colegios católicos. A raíz de esta denuncia los compañeros del afectado se solidarizaron y decidieron hacer pública la situación. Los estudiantes crearon un grupo de WhatsApp y distintas cuentas en redes sociales con la función de recolectar testimonios de más estudiantes de la institución para respaldar el reclamo y convocar a una manifestación en las puertas del colegio el día que las autoridades se reunían a discutir el tema. En los días siguientes al escrache público se sumaron nuevas denuncias por parte de estudiantes al mismo docente. El caso se viralizó a tal punto que a las denuncias en el CEF Quintana se sumaron también las de estudiantes de otros colegios confesionales como Cristo Rey, Guadalupe e incluso estudiantes de CEF de otras provincias. Las autoridades del colegio emitieron un comunicado informando sobre la renuncia del docente acusado, poniéndose a disposición de las estudiantes y sus familias. Las medidas de "protección" a las víctimas llegan recién después de un escrache público y un escándalo provincial. Anteriormente, otros estudiantes relataron que el modus operandi del colegio con los abusadores es el mismo que el de la Iglesia con los curas pedófilos – se los traslada de una a otra localidad donde continúan abusando de menores impunemente. Un ejemplo es el caso de Sebastián Sotelo, un fraile jujeño acusado por abusos de menores, que fue trasladado a los CEF de Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, sucesivamente, cada vez que surgieron rumores sobre su conducta. En la manifestación, los adolescentes colgaron en la puerta del colegio remeras del uniforme con inscripciones y denunciaron la complicidad y el encubrimiento por parte de las instituciones. Las y los estudiantes secundarios que protagonizaron la marea verde, impulsados por el ascenso de la lucha del movimiento de mujeres a nivel mundial, decidieron romper el silencio y tomar en sus manos la iniciativa en la lucha por infancias y adolescencias plenas, libres de abusos y violencia. Para dar otro paso en este sentido es necesario organizar asambleas en cada colegio y lugar de estudio. Para romper con el encubrimiento de las instituciones vamos por comités de lucha, conformados por estudiantes y activistas, que reciban y acompañen las denuncias y establezcan sus reclamos. La lucha por ESI científica y laica es central como herramienta para identificar abusos en niños y adolescentes. En el caso de los colegios católicos, sus autoridades se valen del artículo °5 de la Ley de Educación Sexual para meter contenido oscurantista disfrazado de “Educación Para el Amor” en las currículas. ¡Viva la lucha estudiantil! Basta de abusadores en las aulas.

La crisis del transporte en la ciudad de Rosario ha tocado el máximo punto de tensión durante las últimas dos semanas, luego de que los bloques que forman parte del Concejo municipal votaran la “emergencia” en la materia. Luego de 87 días con el servicio de colectivos paralizado debido a los paros por el pago de salarios adeudados, todos los espacios politicos -tanto socialistas como radicales, macristas, peronistas y hasta la centro-izquierda de Ciudad Futura- se aprestaron a votar el llamado del intendente Pablo Javkin (Frente Progresista) para realizar una reestructuración del servicio que renueva los super-poderes que la anterior intendenta Fein (del PS) usó con discrecionalidad para aumentar sistemáticamente la tarifa de colectivos durante su gestión. Una emergencia a medida de las empresas El paro que se levantó el pasado domingo 22 fue en reclamo por el 50% del salario adeudado de octubre y el incumplimiento del pago de las dos cuotas de 4.000 pesos destinadas a los trabajadores esenciales, decretado por el ejecutivo nacional. Los choferes del transporte interurbano sólo recibieron 10 mil pesos de los salarios adeudados, por lo cual continua la medida de fuerza continúa en buena parte de la provincia. El giro de fondos del estado nacional al municipio desactivó temporalmente la huelga, pero el incumplimiento del cronograma de pagos ha sido la regla y no la excepción, más cuando estamos frente a un municipio quebrado que depende del toma y daca de fondos con la provincia y la nación. Las empresas el Cacique y Rosario Bus formarán, junto a UTA Rosario, los representantes de la comisión de transporte, la provincia y la Nación, la comisión que definirá los pasos a seguir en tanto a la ejecución de la “emergencia”. El régimen mixto público-privado que controla el transporte en Rosario esta en franca decadencia. La política de subsidios multimillonarios a las privadas ha resultado un fracaso rotundo. Las empresas reclaman que por la baja cantidad de pasajeros ocasionada por la pandemia, la prestación del servicio es “inviable” sin una mayor inyección de dinero y un aumento del boleto. Pretenden, en pocas palabras, trasladar el peso de las “pérdidas” a los usuarios, sin verificar adónde fueron los subsidios ya que no se reflejan ni en los salarios de los choferes ni en la mejora del servicio. Precisamente, los concejales del Frente de Todos -los cuales, por cierto, aprobaron la “emergencia”- salieron demagógicamente a rechazar el posible aumento invocando un aumento de los subsidios por parte de Nación que morigeraría la necesidad de aumentar el boleto, lo cual significa perpetuar este régimen de desfalco. Tarifazo en puerta Los estudios de costos desarrollados por las empresas han arrojado que el boleto deberia estar alrededor de los 100 pesos, mientras que los estudios del Ente de Movilidad lo ubican 73,81 pesos para cubrir “los costos operativos”. Hoy en día, Rosario ostenta una de las tarifas de transporte más caras del país, con un precio de $32,50. La semana pasada, y por segunda vez, la UTA Rosario convoco una movilización de miles de choferes por las calles de la ciudad. Se comprueba la enorme disposición a la lucha de los colectiveros frente a la política de desidia de las empresas y el municipio. La realización de asambleas de base y plenarios de delegados tiene que ser un contrapeso al ruinoso acuerdo paritario al que han arribado las empresas, el gobierno nacional y la UTA para los chóferes. Los libros contables de las empresas deben ser abiertos para corroborar cual fue la verdadera ruta de los subsidios. Estas empresas privadas son las responsables de tener en vilo constantemente a miles de trabajadores rosarinos que viajan en transporte público. El servicio debe ser estatizado bajo control de trabajadores y usuarios. Con esta perspectiva de fondo, la tendencia a la coordinación de las luchas se debe profundizar. Unificar los reclamos de los docentes, estatales, profesionales de la salud, choferes y trabajadores precarios es una tarea fundamental para el movimiento obrero de la región.

A comienzos de año, el gobierno porteño presentó un acta salarial en donde se estipulaba un aumento del 13% (y una segunda cuota, del 7%, a partir de julio). De esta manera, el magro salario docente (con un básico que ronda apenas los $10.000), alcanzaría los $32.800 de bolsillo por cargo, en febrero. Este “acuerdo” fue rechazado por Ademys (que convocó a una asamblea y paro por el no inicio) y UTE (el sindicato mayoritario, que no pasó de agitar una oposición puramente testimonial). En el transcurso de la pandemia, el gobierno de Larreta aprobó la “ley de emergencia” en la Legislatura -valiéndose de su mayoría propia- que le permitió congelar los salarios de trabajadores y trabajadoras municipales. En el caso de la docencia porteña, esto también significó un incumplimiento del acta salarial, que estipulaba el 7% de aumento para julio. Para “paliar” esta situación, el GCBA anunció el pago de un “bono incentivo” o “bono covid” (que figuraba como asignación estímulo en los recibos de sueldo), equivalente a $2.500 por cargo – y un importe apenas mayor para las conducciones escolares. En la última reunión salarial, a principios de noviembre, convocada entre gallos y medianoche, el gobierno dio un nuevo giro y procedió a discontinuar el pago del bono. A su vez, anunció que se pagará el 7% pactado para julio… ¡pero sin retroactivo! con el salario de diciembre. Esto represente aproximadamente $35.000 de salario de bolsillo para la docencia de la Ciudad. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, según los datos del IPCBA (Índice de Precios del Consumidor de Buenos Aires), una familia tipo necesitó, en septiembre, $73.000 para poder cubrir sus gastos básicos vinculados a los servicios y el consumo. Según informes del CESyAC, si se incluye el alquiler, fueron necesarios al menos $100.000. Significa que para un docente de la Ciudad ya no alcanza ni siquiera con trabajar dos cargos para reunir el valor de la canasta que precisa la subsistencia de su propia familia. Luchemos por el salario La cuestión salarial se da en el marco de un ataque furibundo hacia la docencia por parte del gobierno porteño -con el aval de Nación- para forzar el retorno a la presencialidad en las escuelas. El último capítulo de esta secuencia lo protagonizó la propia ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña, al realizar declaraciones contra el trabajo docente, la organización gremial y la escuela pública en general. Pero el problema del salario no es sólo porteño. Nicolás Trotta acordó con los cinco sindicatos nacionales (sin mandato de la docencia), en el mes de junio, el pago de un insuficiente bono de $4.800 a pagar en cuatro cómodas cuotas. La paritaria nacional fue suspendida y “reemplazada” por el cobro de estas cuatro miserables sumas fijas y en negro, consolidando una pérdida salarial frente a la escalada inflacionaria e incumpliendo paritarias ya firmadas en diferentes provincias. Casi cinco meses después, el ministro de la CGT declaró en la sede de UDA que convocará a la paritaria nacional antes de que termine noviembre. El reclamo de reapertura de paritarias sigue vigente, sobre la base de un salario unificado nacional. Planteamos: aumento de emergencia del 50% al básico. Aumento del 50% en todas las escalas. Garantía salarial de $35.000 para los docentes sin cargo. Salario igual a la canasta familiar. Defensa de nuestro régimen jubilatorio. Asambleas distritales y unificada de la docencia por la lucha por el salario y nuestras condiciones laborales.

Ante la paralización de la causa por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado ocurrida el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut, la familia del joven convocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEEI) reúne a profesionales de México, Colombia y Chile. Los investigadores coincidieron con la familia en la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte y afirman que hubo pistas no tomadas en cuenta por la justicia. El informe que elaboró este grupo de expertos, basado en pruebas que constan en los informes de la autopsia del cuerpo de Santiago que no fueron tenidas en cuenta por los peritos ni por el juez Lleral, permite arribar a nuevas hipótesis y conclusiones. El mismo fue presentado días atrás en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y frente al Estado argentino. Entre otros, afirma que se descubrió que en las uñas y objetos personales de Santiago, se halló ADN de al menos otra persona de sexo masculino más. "En ese momento lo habíamos preguntado y nos dijeron que no alcanzaba como indicio, pero ahora este informe nos ratifica que todas nuestras dudas sobre la autopsia eran correctas, como mínimo para cotejar a partir de la foto que tenemos de (el gendarme Emmanuel) Echazú sangrando", declaró Verónica Heredia, abogada de la familia (Infocielo 22/11). Los testimonios de los distintos efectivos de la gendarmería nacional citados por la justicia presentaron fuertes contradicciones dado que mientras unos decían que no habían llegado a la orilla del Río Chubut, donde se encontró el cuerpo de Santiago casi tres meses después del operativo de desalojo, el gendarme Echazu declaró haber estado en el lugar, pero sin encontrar a nadie. La explicación que dio sobre la herida que tenía en la cara, y que fue captada in situ en una foto que cobró gran trascendencia mediática, fue que recibió un piedrazo de parte de los integrantes de la Pu Lof. En enero de 2018 y nuevamente en septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno argentino que rinda cuentas de las medidas llevadas adelante para esclarecer lo sucedido con Santiago y establecer las responsabilidades en el hecho, en un plazo inferior a los tres meses. Antes de que se venza el plazo -y luego de casi once meses de inacción gubernamental-, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación le propuso a la familia una "solución amistosa" por la cual el Estado reconoce su responsabilidad en el hecho y se compromete a adoptar una serie de medidas para la reparación integral del caso. Por ahora, puro palabrerío porque la impunidad y el encubrimiento de las fuerzas de seguridad estatales, garantizadas por los sucesivos gobiernos, conforma una política de Estado, como lo demuestra la interminable lista de casos de ´gatillo fácil´y otras víctimas de la violencia policial. Sergio Maldonado lo dice bien claro: “Hasta que no veamos resultados, todo termina siendo un amague. Desconfiamos siempre del Estado hasta que no haga lo que tiene que hacer” (Infocielo, 22/11). Es urgente el esclarecimiento de la muerte de Santiago y la condena a todos los responsables políticos y materiales. Basta de impunidad. Castigo a los culpables. El Estado es responsable.

En el camino de nuestra Campaña Nacional contra la Reforma Previsional, el lunes 23 una delegación de Jubilados Clasistas fuimos a volantear a una marcha de jubilados autoconvocada por las redes sociales en el Congreso Nacional. La cantidad de manifestantes -más de 400- nos muestra un cuadro de descontento y movilización, todavía incipiente, que se empieza a desarrollar en el seno de los jubilados, indignados por el miserable aumento de $900. Al día siguiente, el martes 24, junto con los jubilados y pensionados del MIJD que dirige Raúl Castells, los Jubilados Clasistas marchamos con una serie de reclamos al PAMI y ANSES en una nutrida columna de 350 compañeros (con batucada incluida). En ambos lugares fuimos recibidos por los funcionarios. Los reclamos fueron: la restitución del Plan Pro-Bienestar que se entrega casi a medio millón de jubilados de los sectores más vulnerables y que el gobierno terminó transformando en un miserable subsidio de $ 1.600 por mes -o sea la miseria de $53 por día-; reposición de las atenciones presenciales de los médicos de cabecera, postergadas por la emergencia sanitaria. Sobre la situación de los medicamentos, nuestro reclamo fue la formación de una comisión con jubilados para la confección de un vademécum que realmente refleje las necesidades acuciantes del conjunto de los adultos mayores. Los medicamentos gratuitos provistos por el PAMI constituyen una minúscula lista de 170 y los de última generación brillan por su ausencia. Por último, exigimos una recomposición de emergencia de $30.000 de nuestros haberes. Cada respuesta de los funcionarios era una muestra de esta incapacidad de este régimen capitalista de resolver los problemas más acuciantes de la población y, en primer lugar, de los más vulnerables. Se escudaban en la ´herencia´ del macrismo. Frente a eso, nuestra respuesta fue que, frente al tema previsional, las políticas de Macri y FF son dos gotas de agua. Es evidente que gobierno y FMI son un solo corazón y la conversión de nuestra jubilación en una pensión a la vejez es lo que los une – faena que Macri no pudo completar, luego de la rebelión de diciembre de 2017 contra la ´reforma previsional´. Los funcionarios se comprometieron a darnos una respuesta en una semana. Abajo la reforma previsional, restitución de aportes patronales, aumento de emergencia de $ 30.000. Por un haber mínimo igual al 82% móvil de la canasta familiar.

Es, sin duda, muy positivo que el PTS haya hecho público el documento sobre situación política para su próxima conferencia nacional. No solamente por ofrecer la oportunidad de que sus caracterizaciones y conclusiones puedan ser debatidas por otras fuerzas obreras y de izquierda, sino que de hecho las compromete a que lo hagan. Es muy positivo como método de construcción política, porque interactúa con el conjunto de los luchadores y compromete al partido a recoger las críticas, inquietudes e incluso el mayor o menor interés que ha suscitado entre ellos. Hacemos este señalamiento no por diplomacia o en forma gratuita, sino para remarcar la pertinencia de nuestra denuncia al secretismo y clandestinidad que rodeó al reciente pseudo congreso del Partido Obrero oficial. “Incipientemente pre-revolucionaria” Es en estos términos que la Tesis define a la situación política actual en Argentina. Se trata de una novedad en las apreciaciones de la izquierda en este momento. No altera, sin embargo, ninguno de los planteamientos que viene realizando el PTS desde hace largo tiempo, de modo que no representa una caracterización política. Incurre en todos los errores que hasta ahora adjudicaba equivocadamente al Partido Obrero, hoy la Tendencia, o sea el objetivismo. Confunde la situación presente con la perspectiva general, que es ciertamente revolucionaria a nivel internacional. En la crisis histórica presente no es posible hablar de situaciones pre-revolucionarias o revolucionarias fuera del marco internacional. Una situación pre-revolucionaria es un estadio transicional del proceso político - hacia una situación revolucionaria o, en el caso de derrotas populares de magnitud, hacia situaciones no revolucionarias o contrarrevolucionarias. Una situación pre-revolucionaria “incipiente” no constituye ninguna caracterización; simplemente siembra confusión política. El texto aporta a este planteo los siguientes datos: crisis económica y social de magnitud; la burguesía no considera al gobierno actual como propio; polarización de las clases medias; pasividad de las masas, en especial de la clase obrera de la industria, aunque sujeta a cambios bruscos. Es evidente que esto no configura una situación pre-revolucionaria, ni que el desacierto pueda ser corregido por la palabra incipiente. Es puro objetivismo; incluso es ambiguo en lo que se refiere a la crisis política, puesto que la historia está llena de gobiernos estables que la burguesía ‘no considera propios’, como lo advirtió Marx con Luis Bonaparte. Lo que define a una situación pre-revolucionaria es, en un cuadro de crisis social y política, la irrupción de los explotados. La Tesis destaca en forma reiterada la ocupación de terrenos en Guernica, pero no dice si la caracteriza como un punto de inflexión en la lucha de las masas. Lejos de esto insiste en la pasividad de la clase obrera; en “las ilusiones” en el gobierno; en el caudal electoral del kirchnerismo, en el apoyo al gobierno de parte de organizaciones de derechos humanos; la comunidad científica; los “sectores progresistas”. Cuando destaca a las movilizaciones, se refiere a los ‘banderazos’, para retomar una antigua especulación acerca del ‘peligro de la derecha’. El “cambio brusco en el ánimo de las masas”, el texto lo confina a Chile y Bolivia. Tampoco es claro con esos dos países, pues encapsula la aspiración de las masas chilenas al propósito de acabar con la Constitución pinochetista, o sea a proceder a una reforma de la Constitución. Hemos señalado, por nuestra parte, en forma reiterada, que en períodos de crisis histórica como los que atraviesa el mundo, el conjunto de la situación política se torna volátil, y del mismo modo el ánimo de las masas. Pero esto en la situación actual de Argentina se conjuga en potencial. La Tesis desarrolla los “tres momentos” que ha atravesado el gobierno de los Fernández en 2020, pero no menciona la caracterización que el PTS compartió con el PO oficial acerca de que la cuarentena instauraba un estado de excepción en Argentina, e incluso una militarización, que adjudicó a la distribución de alimentos por parte del ejército. Advertimos el error en ese momento y se trabó una discusión en los periódicos de unos y otros. En lugar de proceder a una rectificación de sus posiciones, la Tesis del PTS la ignora. La Tendencia advirtió el error en tiempo real, señalando, precisamente, que las condiciones sociales y políticas de conjunto tornaban inviable un gobierno de estado de sitio. Nuestra comprensión temprana de la situación política de Argentina no nos ha llevado, sin embargo, a caracterizar a la situación como pre-revolucionaria, sea cual fuere el aditamento que se le ponga. Para que una situación se transforme en pre-revolucionaria es necesario que la resistencia de las masas y sus luchas parciales se conviertan en el punto de partida de una nueva etapa. La situación pre-revolucionaria incipiente que descubre el PTS representa un volantazo respecto al estado de excepción que apuntó a principios de la pandemia Cuando en 2018, ante el golpe brutal que el derrumbe económico asestó al gobierno, propusimos que el PO y el conjunto del FIT impulsaran una campaña para echar a Macri en función de una Constituyente soberana, la situación política tampoco era pre-revolucionaria. Ocurre que la vanguardia socialista de la clase obrera no hace seguidismo de la situación política, ni de cualquier otra situación, para el caso; también puede contribuir y contribuye a crearla...o a bloquearla. La ausencia de esta comprensión es el error fatal de la caracterización que ofrece la Tesis. La Tesis postula lo siguiente: “Si los aspectos pre revolucionarios de la situación se desarrollan, lo que hagamos los revolucionarios puede transformarse en central para la evolución de los acontecimientos”. Es al revés: si los revolucionarios desarrollan una política revolucionaria, o sea que impulse la lucha de clases en torno a reivindicaciones sociales y políticas, pueden contribuir, con un peso que determinarán las condiciones concretas, a crear situaciones pre o revolucionarias. La agitación política no va a la rastra de la situación sino que puede y debe convertirse en un poderoso factor de transformación. En el período de derrumbe del macrismo, la preocupación absorbente del FIT eran las elecciones presidenciales y una campaña contra la alternativa del kirchnerismo, incluso antes de que ésta se pusiera de manifiesto con el acuerdo tripartito CFK-AF-SM. La cuestión central es, entonces, cuál ha sido la política del PTS y del FIT para impulsar que la situación política se transforme en pre-revolucionaria. ¡Precisamente lo que el texto no aborda! Detras de la fórmula de la incipiencia pre-revolucionaria se oculta el punto central. Lo que ha dominado, en el FIT, no es la discusión de una política adecuada para este período, que se caracteriza por sobre todo por una tremenda debacle de las condiciones de vida de las masas y, del otro lado, por la crisis de la transición política por arriba; no ha sido la discusión y puesta en práctica de una política que apunte a desarrollar una situación pre-revolucionaria. En ninguna parte de la Tesis se indica qué elementos, en la situación actual, han sido un fruto o manifestación de la incidencia de una política revolucionaria. Es lo que sí hace, en cambio, la colección de artículos que se encuentran en el libro El Ascenso de la Izquierda, y lo que en forma reiterada la Tendencia expone en sus documentos, acerca del desarrollo de una vanguardia de trabajadores ligada a la lucha histórica del PO y también de otros partidos de izquierda. La Tesis ni siquiera aborda la evolución política en esta vanguardia en el último tiempo – si se ha extendido la influencia de la izquierda sobre ella, o si por el contrario se encuentra paralizada, políticamente, y cómo acoge el derrumbe de las condiciones de ingreso y de trabajo de la clase obrera bajo el gobierno kirchnerista. Lo que ha dominado en el FIT no ha sido esa discusión política sino, de un parte, la pelea faccional, con la vista puesta (de nuevo) en las candidaturas para las elecciones de 2021. Esta deformación ha profundizado la tendencia al auto-bombo. Del otro lado, una política parlamentaria democratizante: complicidad (ocultamiento) con los quorums parlamentarios en Chaco, para el presupuesto y la venta de terrenos; en el Congreso nacional, los votos a la emergencia parlamentaria, el quórum para reformas previsionales especiales; en la legislatura porteña, el voto sobre antisemitismo-sionismo; el paquete inmobiliario en Boedo. Miryam Bregman denunció este paquete, antes de votarlo. Mientras la Tesis, como veremos luego, insiste en señalar la instauración de “un régimen FMI”, en Argentina, un dirigente del PTS señaló, en ocasión del cambio del régimen de jubilación de los jueces que reclama el Fondo, que entre éste y la casta judicial, había que golpear a la casta judicial. El paquete inmobiliario de Boedo, ¿es un voto “para acompañar el desarrollo de los elementos de una situación pre-revolucionaria”? Para dejar bien clara esta parte de nuestro análisis en relación a la caracterización de la situación nacional que ofrece la Tesis: la cuestión no es cómo se forma y desarrolla una situación pre-revolucionaria a partir de pronósticos puramente objetivos, algo metodológicamente inconducente e inviable, sino cómo esa situación se forma y desarrolla bajo la acción de una política revolucionaria, en un cuadro de catástrofe social, impasse política, y crisis y rebeliones populares internacionales. La crisis capitalista Una peculiaridad de las grandes crisis de Argentina, en relación a otros países de la periferia, es su carácter extremadamente capitalista. Esto desde la crisis de 1890. De un lado revela el gran alcance de la integración de la economía argentina a la internacional; del otro, la debilidad de esa misma estructura capitalista, que carece de los recursos contrarrestantes de los estados maduros. Es lo que mostró con toda claridad la crisis presente cuando, en 2018, una fuerte corriente de financiamiento internacional se revirtió por razones internacionales, de un lado, y por una resistencia obrera incompatible con la continuidad de ese proceso especulativo. La afluencia de capital financiero fue apoyada por un concierto de todas las grandes potencias internacionales, cuya burguesía y servicios de inteligencia conocen al dedillo las ‘restricciones’ de Argentina; por eso hay que caracterizar a esta crisis como internacional. Las compañías privadas instaladas en el país aumentaron su deuda externa en u$s25 mil millones en dos años, luego de una lucha a brazo partido para terminar con los ‘cepos’ establecidos por el gobierno kirchnerista (2003/11). La Tesis que estamos examinando caracteriza a la crisis de un modo completamente diferente, a saber, que es un resultado de la llamada “restricción externa” o la llamada “falta de dólares”, copiando sin rodeos las categorías del kirchnerismo y una parte de la burguesía argentina. Lo mismo hace el aparato del PO en su reciente pre-congreso. Estamos ante una identidad sociológica y de método excepcional entre el PTS y la organización oficial. Esta caracterización se plasma en el programa de uno y otro, que se esmera en ofrecer, no una perspectiva socialista, sino una salida a esas “restricciones”. La teoría de la “restricción externa” no es más que la justificación que ha encontrado el desarrollismo para el fracaso de sus planteos capitalistas. Cada vez que se ha enfrentado a esa “restricción externa” ha reaccionado de un modo típicamente capitalista: atacando la ‘restricción interna’, o sea los salarios, las jubilaciones y las condiciones de trabajo de la clase obrera. En síntesis, buscando re-crear las condiciones de lucro para la inversión capitalista. Es que esa famosa ‘restricción’ es la misma que enfrenta un capital ante una crisis de mercado: la deuda. Argentina ha acumulado una “restricción externa” de más de u$s400 mil millones, pero ninguna salida capitalista adquiere consistencia, en las condiciones actuales, sin mayor financiación y mayor endeudamiento internacional. En los períodos en que el capital logró descargar la crisis sobre los trabajadores, la “restricción externa” desapareció como por encanto, mediante un nuevo flujo de crédito o financiamiento internacional. Siempre y cuando, claro, no coincidiera con una gran crisis a nivel internacional – como en 1997/2000; 2007/8/10; 2018. Si cada etapa en este desarrollo ha sido más violenta que en el precedente, ello obedece a que el capital financiero internacional no es el de antes – ahora dominan fondos internacionales que cuentan con una enorme movilidad, y carecen de regulaciones estatales y de compromisos con los depositantes, como ocurre, en cambio, con la banca tradicional. Argentina ha ocupado un lugar fabuloso en la acumulación de beneficios del capital financiero internacional, algo imposible para un país acosado por la ‘restricción externa”. El ‘premio’ por ese ‘privilegio’ son, como contrapartida, los default en serie, incluido el default del capital internacional – en 1890 llevó a la quiebra a Baring Bros.; en 2002 forzó la salida de numerosos inversores extranjeros; y en la crisis reciente provocó pérdidas por u$s60-80 mil millones a fondos como Pimco y Templeton, entre otros. En fin, en una “situación incipientemente revolucionaria”, la Tesis orienta a la izquierda a una lucha política que ponga fin a la “restricción externa”, no a la dominación capitalista, de Argentina. Esta conclusión pone un interrogante crucial acerca de qué entiende el PTS por situación pre-revolucionaria – incipiente o no. Es relevante en este punto la ausencia de la tesis fundamental de Trotsky acerca de América Latina, para quien la “restricción externa” era el imperialismo yanqui y la salida histórica a ella, la Unión Socialista de América Latina. Lo que Trotsky advertía era que en las condiciones concretas del imperialismo, el desarrollo de las fuerzas productivas en América Latina chocaría, no con “una falta de dólares”, sino con el capital financiero internacional y el imperialismo norteamericano. La Tesis retrocede políticamente ochenta años. La Tesis adopta otra tesis de cuño desarrollista: la distinción entre burguesía mercadoexternista y la mercadointernista. Pues bien, con gran parte de esta última en el gobierno, los salarios, las jubilaciones y los ingresos del trabajo cayeron un 30% - ¿qué queda del mercado interno? El defecto de la Tesis es que reposa en gran parte en determinar lo que la burguesía ‘quiere’ o ‘no quiere’, cuando es la crisis capitalista la que determina lo que tendrá que querer o dejar de querer. Hay otro aspecto de lo que la Tesis llama crisis “estructural” de Argentina, que sería el estar sometida al “régimen FMI”. Pero este régimen es una de las formas de la dominación capitalista, no existe con independencia de ella. Es el capitalismo el que llevó a Argentina al FMI, no el FMI el que trajo el capitalismo a Argentina. Hay algo más: este régimen FMI, que es internacional, se encuentra en un impasse, pues en lugar de reclamar el fin de los ‘excesos’ de la acumulación capitalista, o sea ajustes de capital y ‘desendeudamiento’ relativo, ahora presiona por el aumento de la deuda pública y privada en todo el mundo, incluso, en palabras de Kristalina Georgieva, la directora gerente, si es para salvar a empresas inviables (‘zombies’). La Tesis se confunde con la plasticidad de la acumulación de capital, y hace del ‘régimen FMI’ un factor histórico autónomo. Así como el centro-izquierdismo acuñó la expresión ‘neoliberalismo’ para inducir a las masas a luchar contra un molino de viento que no es el capitalismo, el texto que analizamos hace lo mismo con la “restricción externa”, el “mercado interno” y “el régimen del FMI”. Programa En la época de decadencia del capitalismo, ni qué decir en situaciones pre-revolucionarias incipientes, la izquierda debe impulsar la lucha por el gobierno de trabajadores por medio de un programa de reivindicaciones transitorias. Se trata de demandas extra-parlamentarias, o sea para impulsar la acción directa, como manifestaciones, huelgas, ocupaciones de lugares de trabajo, desarrollo de organizaciones de masas, acciones de doble poder. Este programa es diferente del de un gobierno obrero establecido, que por un lado supone el establecimiento de una dominación de clase y, del otro, se encuentra condicionado a las resistencias de las clases derrocadas y al estado de la lucha de clases internacional. La Tesis no desarrolla un programa de transición; por el contrario, se titula, sin margen para la confusión: “Un programa para terminar con el ‘régimen del FMI’”, o sea un programa en los marcos capitalistas. Agrega: “Sin terminan con el “régimen del FMI, continuarán la decadencia nacional (...)”. Mezcla reivindicaciones del momento con medidas de un gobierno ya consagrado; por ejemplo plantea diversas nacionalizaciones que no están vinculadas a luchas concretas sino que son de orden general. No diferencia, en este punto, nacionalizaciones socialistas – sin indemnización y con control obrero – de las burguesas. Esta confusión estratégica lo coloca, junto a la abolición del régimen del FMI y las restricciones externas, en un campo nacionalista burgués. Aunque viene de promocionar una reciente conferencia latinoamericana no desarrolla la lucha por los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Por sobre todo, no liga las reivindicaciones a los métodos de acción, de modo que no presenta la perspectiva de la huelga general, los comités de acción, congresos de bases, piquetes obreros, luchas fabriles en conexión las barriales y las de la juventud y la mujer, la adopción del programa de la mujer en las reivindicaciones obreras. En la crisis del Partido Obrero, quienes estamos en la Tendencia, desarrollamos un documento sobre la huelga general conectado a la crítica histórica de los ‘paros’ y los ‘paros activos’. Un artículo que desarrollaba el tema de la huelga general fue censurado por el aparato partidario en febrero de 2018 – cuando Moyano convocó a una concentración en la Nueve de Julio. Un punto de la Tesis, que expone en forma grosera los límites insuperables de este planteo programático, dice lo siguiente: “Expropiación de los 4000 principales terratenientes para que los ingresos por exportaciones vaya a satisfacer las necesidades populares”. La expropiación del gran capital agrario no es presentada como punto de partida de la reorganización socialista de la sociedad, sino como un medio eficaz de control del ingreso de divisas. El PO oficial plantea algo similar con las retenciones a las exportaciones. Vender una posición socialista histórica (la expropiación de los expropiadores) en un paquete de fiscalización comercial para “las necesidades populares” (expresión válida para un volante pero no para un documento político que se pone a votación) constituye un contrabando ideológico para la clase media nacionalista. Con estos planteos, el penúltimo párrafo del texto, acerca del socialismo y el gobierno de trabajadores, es una pretensión de vestir a la mona de seda. El programa convierte en estratégica la reivindicación de la Asamblea Constitynente, o sea que no está sujeta a condiciones políticas específicas, ni tiene carácter de agitación, sino de propaganda (permanente). ‘Chileniza’ la consigna al convertirla en instrumento para “terminar con la herencia de la dictadura” y hasta con el “pacto de Olivos”. Esta deformación de la reivindicación de la Constituyente es un andarivel hacia la nada…, o sea hacia un estado burgués. La pasión del texto por esta consigna contrasta con la oposición del PTS a plantear la Constituyente Soberana, en 2018/9, para echar a Macri. Los términos burdos de este programa (hay más para citar) son muy didácticos, sin embargo. De un lado, deja en claro que “el acompañamiento” a la situación pre-revolucionaria incipiente carece de un sujeto político proletario y socialista. Del otro, que la caracterización de la situación es puro objetivismo - todo miseria, ajuste, malestar, nada de perspectiva política para que las masas armen su intervención contra el estado y el capital en forma crecientemente clara. Del otro lado, muestra que la caracterización de la situación ‘incipiente’ la realiza un factor subjetivo, el PTS, que es incapaz de contribuir a crearla y desarrollarla, porque añade nacionalismo y democratismo a una masa inundada de infiltración ideológica nacionalista y pseudo democrática. No se puede cerrar esta crítica sin citar la última frase del texto, que dice que “Aunque todavía predomine el apoyo al ‘mal menor’ (¿dónde está la situación pre-revolucionaria?), tenemos que “explicar pacientemente” este programa y perspectiva (una tarea de propaganda) para cuando puedan transformarse en fuerza material”. El afán de copiar a Lenin, que aconsejaba explicar con paciencia a un proletariado armado, al que sólo separaba del poder una conciencia más clara de la situación, está fuera de lugar, porque de lo que se trata hoy y aquí es de impulsar una lucha independiente por reivindicaciones transitorias tanto sociales como políticas, por medio de la propaganda, la agitación y la organización. La pura ‘explicación’ es una táctica electoral. El texto alude al pasar a la construcción de un “gran partido revolucionario”, pero no abre ninguna ruta que lleve a consumar ese propósito, o sea a un debate de programa, estrategia y método de organización. En las circunstancias presentes, es una propuesta electoral que no parece contar con acuerdo en el FIT.

Durante la pandemia y los ajustes de los gobiernos de la Nación y de la Capital Federal, las mujeres trabajadores y especialmente las de las villas estamos sufriendo un aumento brutal de la violencia. Por esto es que ayer el Polo Obrero (T) estuvo presente en la marcha por el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, con una delegación de más de 100 compañeras de villas de toda la Capital. La presencia de esta delegación se estuvo discutiendo desde hace semanas en nuestras asambleas, y por ello es que también en la movilización contra el gobierno de Larreta el pasado 17 de noviembre, estructuramos nuestras reivindicaciones contra el Estado en torno a la violencia que sufrimos las mujeres al interior de nuestros hogares y por la falta de salud, vivienda y trabajo de las que es responsable. Violencia, debate y reivindicaciones Durante las ollas populares en las que nuestras compañeras se detienen a charlar sobre sus propias vidas y la vida del barrio, comparten y debaten sobre la violencia que han vivido ellas y sus vecinas: vecinas quemadas y descuartizadas por los maridos; llamados de emergencia a la polícia por situaciones de violencia doméstica en las que la policía las responsabiliza a ellas por hacer enojar a sus maridos; perimetrales que no funcionan; refugios para mujeres en condiciones de insalubridad, etc. Martha, delegada del Polo de villa 1-11-14 nos explicaba la trascendencia del reclamo por viviendas durante la marcha hacia el GCBA: “La gente vive hacinada. Muchas mujeres y sus hijos son golpeadas por sus maridos. Están todos hacinados en una sola pieza y es lógico que haya esa violencia. Por eso nosotros reclamamos subsidios habitacionales”. En torno al trabajo y comedores nuestra delegada Demetria de villa 21-24 agregaba: “Nosotras queremos comedores porque muchas de nosotras no tenemos trabajo. Y nosotras vivimos mucha violencia no sólo porque nos pegan nuestros maridos, sino también porque cuando vamos a buscar trabajo lo primero que nos dicen es ‘¿tenés hijos?’. Nos discriminan por ser madres. Eso también es violencia”. “Una mujer sin vivienda y sin trabajo, no puede irse del lugar donde la golpean”, concluía Romina, delegada de Villa 31. Nuestras compañeras migrantes también denunciaban como la falta de trabajo genuino les ha arrebatado la posibilidad de ejercer una maternidad digna. Las compañeras de la villa 31 organizaron un taller de mujeres que se reúne cada dos semanas, y mucha de ellas denuncian que siendo trabajadoras domésticas en negro, con bajos salarios, con 10 horas de trabajo y sin acceso a jardines maternales, se vieron obligadas a dejar a sus hijos e hijas con sus familias en sus países de origen. En torno a la falta de acceso a la educación sexual y a la salud pública que golpean doblemente a las mujeres se ha debatido entre las delegadas y en las asambleas. Rebeca, delegada de Manzana 9 de Villa 1-11-14 nos contaba sobre el problema para acceder a la anticoncepción: “¿Yo por qué tuve tantos hijos? porque a mí nunca en una salita o en un hospital me dieron anticonceptivos. Me decían que tenía que tener primero una cantidad de hijos y después me podían dar la inyección o la T de cobre. Las mujeres tenemos derechos a no querer ser mamás, pero cuando no te dan ese derecho terminas muerta en un aborto clandestino. Por eso también estoy a favor del aborto”. En la olla popular de Tierra Amarilla -vecinas que conocimos durante nuestra campaña por la legalidad en la villa 21-24- nuestras compañeras, especialmente la juventud, han desarrollado un especial interés por el el acceso a la ESI, a la anticoncepción y al Aborto legal. Yuli, compañera de 21 años que decidió ser madre y lleva adelante un embarazo de 7 meses nos comenta: “Yo estoy a favor del derecho al aborto porque es una forma de salvarle la vida a una mujer. La mujer que aborta no es una irresponsable, la mujer que aborta es una mujer que entiende lo que significa traer hijos al mundo, y cada mujer tiene que tener la oportunidad de decidir por ella”. En vísperas del 25N, las delegadas del Polo Obrero de la villas de CABA votaron realizar un plenario de mujeres piqueteras para diciembre abierto a todas las vecinas para compartir nuestras experiencias y votar un plan de lucha contra la violencia en los barrios, en la absoluta convicción de que ninguna reivindicación de la mujer trabajadora se escinde ni le es ajeno al programa de la clase obrera. Urbanización real de las villas de CABA con cloacas, agua potable, y transformadores y tendidos eléctricos seguros; acceso universal a los subsidios habitacionales, viviendas dignas con metrajes que cumplan los estándares internacional de hábitat y que sean construidas con materiales de calidad; acceso a guarderías maternales públicas; trabajo genuino con licencias maternales; y comedores para todas las trabajadoras de las villas y sus familias. Que el Estado garantice todos estas reivindicaciones para que el derecho a una maternidad digna esté garantizado para las trabajadores que decidan ser madres; acceso universal a la anticoncepción de calidad y al aborto legal, seguro y gratuito en los Cesac y hospitales de CABA para aquellas que decidan no serlo; y equipamiento tecnológico y conectividad gratuita para que las mujeres de las villas podamos acceder a la Educación Sexual Integral durante la pandemia y podamos decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva.

La despedida a Diego Maradona se convirtió, en cuestión de horas, en una gigantesca manifestación popular. Desde muy temprano, miles de personas coparon las inmediaciones de Plaza de Mayo y extendieron su presencia hasta la avenida 9 de Julio. La presencia conmovedora de familias enteras y jóvenes no cesó durante todo el día. A nivel internacional el impacto no fue menor – en el Medio Oriente la noticia fue recibida con dolor y afecto, desde Turquía e Irán hasta la Palestina ocupada. El Mundial del 86 siguió resonando en Inglaterra y Alemania; en Nápoles fue acogida como si Maradona hubiera nacido y se hubiera criado en el territorio. Millones de personas recordaron los malabares que desplegó en partidos de fútbol extraordinarios, en todos los estadios del mundo. Del lado de la Plaza de Mayo, desde muy temprano la decisión de velar a Diego en la Rosada dejaba ver sus consecuencias: de Fernández-Fernández para abajo, desfilaron los jefes políticos nacionales o municipales de toda laya y bandería política. Fue para ellos una peregrinación fúnebre por su propia absolución, porque Maradona fue largamente exprimido por ellos durante su vida, con variaciones de acuerdo a la situación siempre cambiante de la política argentina e internacional, y porque son los responsables de la mayor miseria social que ha atravesado el país desde la “década infame”, como pasaron a la historia los años 30 del siglo pasado. Esto se puso enseguida en evidencia cuando, cerca del mediodía, se anunció que ya no se daría paso al ingreso a la Rosada después de las 16. El rechazo de la multitud fue respondido con represión, con palos y gases, en las inmediaciones de la Rosada y también en la 9 de Julio. Ningún régimen político logra ocultar sus limitaciones, incluidas sus lacras, menos ante un acontecimiento luctuoso, en buena parte inesperado, a pesar de los boletines médicos de la última operación del ‘crack’. Las decenas de miles de personas que concurrieron a despedir a Maradona recibieron el trato que el Estado y el régimen político les propinan a diario: la arbitrariedad, la represión, la ‘incomodidad’, incluso la hostilidad, frente a toda manifestación popular que no esté regimentada de antemano. Los “de arriba” pretendieron hacer de la despedida a Maradona un acto de “unidad nacional”, en medio de una crisis social inmensa. Pero apenas se pusieron de manifiesto las tensiones de un operativo improvisado, esa “unidad” perdió la careta por el camino, y asomaron, sin que nadie lo esperara, los insoportables antagonismos sociales de un país arrasado. La jornada terminó con una crisis política, y un pase de facturas recíproco entre el gobierno nacional y el de Larreta. La brutalidad policial, sin embargo, volvió a recibir una sonora respuesta popular horas más tarde : es la que se manifestó en la impresionante “escolta” de miles de personas que, a lo largo de la autopista y durante decenas de kilómetros, despidieron a Maradona hacia el atardecer. Por cierto, de nuevo, la conmoción trascendió a la Argentina, a medida que Buenos Aires se proyectaba, por las redes sociales y los medios de comunicación, como una gigantesca tribuna del ídolo internacional, Es lo que ocurrió, en un mundo cruzado por una crisis humanitaria y por una crisis social sin precedentes, de Nápoles a Madrid, y de San Pablo a Suecia. Al final, el deporte más popular del mundo no deja de ser el campo de repercusión de las ansiedades populares.

Durante todo el jueves 26 de noviembre a lo largo y ancho del mundo se hizo sentir el último adiós al astro del fútbol Diego Armando Maradona. India, México, Inglaterra, Siria, Italia, Brasil, Holanda y China son algunos de los países donde se hizo sentir fuertemente la movilización para despedir al Diego. El evento más destacado, luego del vivido ayer en Plaza de Mayo, se dio en Nápoles, ciudad donde Maradona vistió la número 10 del Napoli entre 1984 y 1990. Allí se consagró como el ídolo máximo de la institución, el alcalde de Nápoles ya anunció que el estadio San Paolo pasará a llevar el nombre de otro santo, el de Maradona. Los hinchas se concentraron desde temprano frente al estadio para despedir a su ídolo, desde ancianos hasta niños, con lágrimas en los ojos, construyeron un altar y fueron dejando distintas pertenencias para recordar al 10. Un periodista de ESPN señaló "es impresionante lo que la gente deja. Pelotas, masitas, pizzas, banderas argentinas, dibujos de chicos, cartas. Acá hay una pizza, con la propaganda de la pizzería, con la cara de Maradona" (La Nación, 27/11) En la India se erigieron distintos altares en toda la ciudad para recordar a Maradona, aunque la mayoría de las personas se congregaron en la estatua en el centro de la ciudad donde se lo vé a Diego levantando la copa del mundo de México 86. En China, frente a la embajada argentina se levantó también un altar por donde miles de personas circularon durante todo el día para rendir el último homenaje. En Siria, que se encuentra bajo asedio constante, se pudo observar al artista Aziz Al-Asmar, desarrollando sus tareas como es costumbre sobre los edificios en ruinas tras los bombardeos, en esta ocasión para conmemorar al “genio del fútbol mundial”. Estas enormes muestras de afecto y pasión futbolero que desató la muerte de Diego Maradona muestra lo profundo que ha calado en los explotados del mundo la obra del “10” dentro de la cancha. El genio futbolístico de Maradona es indiscutible y será recordado por largas generaciones. La popularidad del fútbol y del propio jugador opaca cualquier movilización para conmemorar a cualquier otro deportista de la misma disciplina o de cualquier otra. Existió otra movilización, la de los gobiernos y las asociaciones futbolísticas, que no han dudado en convertir al fútbol en un enorme negociado capitalista, del cual la propia imagen de Maradona constituye un pilar de lucro para diversos pulpos publicitarios y de otras índoles. Ninguna movilización “de los de abajo” pudo ser organizada “por los de arriba”, lo que marca la brecha que existe no solo en torno a los sentimientos por Diego, sino incluso a la incapacidad de los gobiernos del mundo para lograr siquiera encaminar una evocación popular. Maradona despertó durante décadas la pasión en todos los rincones del planeta, esa gambeta que encaraba sin miramientos a los rivales quedó grabada en la memoria de millones de trabajadores del mundo.

La jornada del 25, con la concurrencia de mil personas, puso al desnudo la actuación del Estado y los gobiernos frente al cuadro de imparable violencia de género. Esta realidad fue expresada de manera contundente por la familia de Paola Tacacho, que viajó desde Salta para participar de la concentración y acto que se realizó frente a la casa de gobierno de Tucumán. Denunciaron que Paola hizo 22 denuncias: 14 veces en el fuero penal, una en el fuero civil, una en la Oficina de la Mujer, una en la Oficina de Violencia Domestica, dos veces en la Municipalidad, una en la Brigada y dos en Salta. Recorrió todas las instituciones que pudo en busca de protección frente a la situación de intimidación y acoso que sufría desde el 2015 por parte de Mauricio Parada Parejas. Por detrás del encubrimiento, estaba la mano del hermano del femicida, un empresario amigo del poder político. La respuesta que reciben hoy sus familiares es el intento de cerrar la causa: el fiscal actuante considera que no hay más para investigar, ya que el femicida se suicidó. Buscan clausurar de esta manera la investigación sobre fiscales, jueces, funcionarios y policías que cajonearon y archivaron las denuncias. Frente al pedido de destitución del juez Pisa, por la vía del juicio político, la legislatura, hasta ahora, no ha dado tratamiento a los pedidos. El gobernador Manzur se encuentra en un impasse, ante la presentación de renuncia, condicionada a la jubilación de privilegio, que Pisa habría realizado antes del femicidio de Paola. La carta de la familia de Paola, leída en el acto, sintetiza lo que padecen las víctimas y luego los familiares que buscan justicia. También desprende la necesidad de remover este régimen de violencia e impunidad. La lucha por el juicio político a Pisa abona la perspectiva de que se investiguen a todos los responsables políticos e institucionales. Pone también en la entre la espada y la pared a la legislatura, en tanto agencia del gobierno y sus negociados, y al propio Manzur, que tiene que resolver el destino del Oyarbide tucumano. En esta orientación, la familia pidió también la unificación de todas las causas que se tramitan por el femicidio. En el documento del Ni Una Menos leído en casa de gobierno se levantaron estos reclamos, junto a la denuncia del ajuste y la lucha por el aborto legal, lo que constituye una importante base para avanzar. El movimiento de mujeres en la provincia tiene un importante protagonismo y un carácter masivo y, por medio de la lucha política, se abre paso frente a los intentos de cooptación. De hecho, un sector liderado por el PCR rechazó una movilización conjunta, en nombre de hacer eje en la emergencia nacional en violencia de género. En lugar de denunciar las negociaciones con el Fondo y las medidas de ajuste en curso, plantearon el apoyo al “impuesto a la riqueza”, una estafa `política al pueblo, en momento en que el gobierno da de baja el IFE 4. Es fundamental continuar con un plan de lucha para imponer los reclamos y la coordinación con los familiares de víctimas, como ya se viene haciendo, y con los distintos sectores en lucha. Este 30 de noviembre al cumplirse un mes del femicidio de Paola estaremos realizando una acción en Tribunales y la Legislatura. Sobre estos pasos e iniciativas vamos a avanzar en la convocatoria de un encuentro que unifique en una lucha común de todos los casos impunes y plantee una salida política desde el campo de lucha del pueblo trabajador.

Este jueves 26, se llevó adelante una gran huelga general de uno de los proletariados más numerosos del mundo. La medida, de 24 horas, llevó a 250 millones de trabajadores a salir a las calles en rechazo a las políticas de ajuste, privatizaciones y destrucción de la salud por parte del gobierno de Narendra Modi. Las principales federaciones sindicales del país, con la excepción de Bharatiya Mazadoor Sangh, alineado al gobierno nacional, han respaldado la huelga, al igual que muchos sindicatos no afiliados. La huelga fue caracterizada como histórica por los organizadores. También se movilizaron los pequeños agricultores, que defienden sus posesiones contra el avance confiscatorio de la agroindustria Los desocupados piden una asistencia de emergencia, de 7.500 rupias (100 dólares).mensuales y 10 kilogramos de granos alimenticios por mes para las familias. Economía y Covid-19 En la India, el 1% más rico tiene cuatro veces más riqueza que el 70 % de la población más pobre - unas 950 millones de personas. Cientos de millones han perdido sus ingresos durante la pandemia; el 50 % de los niños están desnutridos. La economía de la India, se contrajo un 23,9 % en el trimestre de abril a junio y se espera que se reduzca en alrededor de un 10 % durante el año fiscal 2020-2021. Un informe del FMI concluyó que 40 millones más de indios serán empujados a la "pobreza extrema", para fines de 2020. (Wsws, 26/11) La India, junto con Estados Unidos encabezan el ranking de contagios por Coronavirus. India aplicó durante los tres primeros meses de la pandemia una política de “inmunidad en rebaño”. Una cuarentena posterior no logró detener el virus, ni estuvo acompañada de las medidas sanitarias necesarias - pruebas masivas y rastreo de contactos. El resultado está a la vista: India tiene más de 9.2 millones de infecciones y casi 135.000 muertes. El virus, se ha arraigado en los tugurios de Delhi, Mumbai y otros centros urbanos y en áreas rurales donde la atención de salud pública es escasa o inexistente. Este escenario es el telón de fondo de la huelga.

La Campaña por la Legalidad de la Tendencia del Partido Obrero que se está llevando adelante en CABA y varias provincias del país plantea la organización de un sector del movimiento obrero, la juventud, las mujeres, y los jubilados en torno a una perspectiva política propia: la Tendencia del PO es hoy vocera de la lucha por una salida socialista a la crisis. La conquista de la legalidad es crucial para darle a esa voz y a una tribuna un alcance superior. En medio de la cuarentena, sin poder salir masivamente a las calles, comenzamos una campaña de adhesiones online que nos dotó de un amplio padrón de adherentes en muchas provincias. También nos dieron su adhesión muchos trabajadores y delegados gremiales de otras corrientes políticas, que adhirieron en defensa del derecho democrático a participar en el ámbito electoral. Luego, ante la situación real de que la cuarentena casi no existía para muchos trabajadores debido a la apertura de cada vez más ramas de la economía, resolvimos salir a las calles a ganar la legalidad entre los vecinos y trabajadores. La campaña callejera hizo pie en esquinas, plazas, parques, barrios y villas, comenzamos a poner mesas y/o timbrear casa por casa, llevando fichas en la mano y dialogando con los vecinos. Esas actividades comenzaron a ser el germen de nuevas relaciones políticas que aprovecharon el encuentro para plantear debates y acercarse a nuestros locales. La actividad callejera generó un salto cualitativo y cuantitativo de la campaña. Por otro lado, el trabajo de adhesiones y afiliaciones en la Villa 21 24 nos abrió nuevas ollas y asambleas del Polo Obrero Tendencia, los compañeros de la lucha por la vivienda en La Boca adhirieron a sus vecinos y familiares. En recorridas por las escuelas los días de entrega de viandas se adhirieron madres y docentes. En ningún ámbito la campaña encontró resistencia o generó rechazo, y allí donde salimos a adherir el resultado fue bueno. Al mismo tiempo, el martes 10 de noviembre, volvimos a publicar nuestro periódico, Política Obrera, en papel, lo cual nos permitió debatir con los vecinos y trabajadores, entablar nuevas relaciones políticas e interesarlos en la perspectiva de la Tendencia. Y se comenzaron a poner mesas durante toda la semana en los barrios y Parques de la Capital Federal para sumar adhesiones y vender Política Obrera. En ese contexto realizamos una gran actividad con Marcelo Ramal en el Parque Centenario el domingo 15 de noviembre, quien juntó adhesiones y se dirigió a los vecinos explicando la necesidad de lograr nuestra Legalidad. Así, paso a paso, superando las dificultades que plantea la situación generada por la gestión capitalista del coronavirus que viene llevando adelante el gobierno de FF, hemos conseguido más del 60% de las Adhesiones necesarias para CABA. Y nos preparamos para seguir avanzando con el objetivo de terminar la campaña para fin de año. Invitamos a todos los luchadores políticos y sociales a sumarse a la campaña participando de las mesas, sumando la adhesión propia, de sus familias, compañeras y compañeros, para conseguir juntos la Legalidad de la Tendencia del Partido Obrero, fortaleciendo las luchas de los trabajadores por una salida obrera y socialista. Los invitamos a convertir las mesas callejeras en locales al aire libre, y a sumarse a las recorridas para reunir adhesiones. ¡A sumarse! [MESAS, DÍAS, HORARIOS, LUGARES] Lunes 10hs San Telmo recorrida desde Independencia e Yrigoyen 16hs Parque Centenario Martes 10hs San Telmo recorrida desde Independencia e Yrigoyen 16hs Parque Centenario 16hs Parque Rivadavia 17hs La Boca (Palos y Olavarría) Miércoles 10hs San Telmo 16hs Parque Centenario 17hs San Martín y Juan B Justo Jueves 10hs San Telmo 16hs Parque Centenario Viernes 10hs San Telmo 16hs Parque Centenario Sábados 10hs San Juan y Boedo 11hs La Boca (Palos y Olavarría) 14.30hs Parque Saavedra 15hs La Isla de Paternal 15.30hs Parque Patricios 16hs Parque Lezama Domingos 16hs Parque Centenario 16hs Parque Rivadavia

Los sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Catamarca y Salta organizan un primer encuentro virtual y transmitido por Facebook Live desde la página Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Salta. El encuentro tendrá lugar este sábado 28 de noviembre a las 19 horas. La organización del encuentro surge de la necesidad de unir los reclamos de los sobrevivientes de diferentes casos contra las prescripciones que vienen solicitando la defensa de los curas abusadores y pedófilos. Es el caso del cura Pachado de Catamarca, Emilio Lamas y el cura Rosa Torino, ambos de Salta. Del panel participarán Ingrid Figueroa, denunciante en la causa contra Pachado; Juan Carlos García, denunciante de Emilio Lamas; y Valeria Zarsa, en la causa contra el cura Rosa Torino. También disertarán el abogado de la causa contra Lamas, el doctor Luis Segovia; Silvia Noviasky, periodista del diario El Tribuno de Salta que investiga los casos de abusos eclesiásticos; y Dayana Yapura, dirigente del Plenario de Trabajadoras de Catamarca. En el caso del cura Pachado, la movilización y lucha logró el rechazo de prescripción por parte de la Cámara de Apelaciones de Catamarca. La Corte de Salta sigue sin decidir sobre el pedido de prescripción por parte de la defensa de Lamas, lo mismo ocurre con el pedido de elevación a juicio contra el ex cura, que está cajoneada hace dos años. Y en el caso del cura Agustín Rosa Torino ya hay una ratificación de elevación a juicio por parte del procurador de la provincia, Abel Cornejo, pero aún no hay fecha para ese juicio. La lucha de los sobrevivientes viene de larga data. Este encuentro es una instancia para continuar la lucha coordinada contra las prescripciones y por juicio y castigo para los curas abusadores y todos los cómplices, como la Iglesia y el Estado.

En medio de movilizaciones en todo el país, de críticas de la prensa, organismos de DDHH y de partidos de izquierda, la Asamblea Nacional, aprobó el miércoles la polémica Ley de Seguridad Global en con 288 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones. Pasará al Senado en enero. La ley prevé castigar con penas de hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa la difusión de imágenes, fotos o de cualquier otro elemento que permita identificar a los policías durante sus operativos. Para el Ministerio del Interior, Gérald Darmanin, y los sindicatos policiales, la medida ayuda a “proteger a quienes nos protegen” (Le Monde, 20/11). Marine Le Pen (Rassemblement national) elogió una disposición que va “en la dirección correcta”. Impunidad y represión La Ley de Seguridad Integral promueve, además, la vigilancia generalizada de las protestas con drones. “Implica un sistema de vigilancia poblacional, tanto en el espacio público como en la vida privada, con sensores, cámaras, drones y reconocimiento facial. La primera parte del proyecto de ley de seguridad contiene artículos sobre la organización de las fuerzas de seguridad a nivel municipal. El artículo 4 identifica en particular situaciones que permiten el establecimiento de una fuerza de seguridad municipal especial que puede intervenir de inmediato en manifestaciones y protestas en París. Los artículos 7 al 19 proponen estructurar y fortalecer el sector de la seguridad privada” (aa, 26/11). Sin embargo, la vigilancia con drones, según el Consejo de Estado, está actualmente prohibida. La ley autoriza la transmisión de secuencias de video al centro de comando en tiempo real, y el reconocimiento facial de manifestantes y transeúntes; también permitirá identificar a los activistas políticos. La población y los periodistas no podrán difundir imágenes del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un oficial de policía o gendarmería militar. En otras palabras, las imágenes de violencia cometidas por la policía ya no se pueden difundir, ni siquiera bajo la responsabilidad de un medio de comunicación. El 17 de noviembre miles de personas expresaron su oposición, tanto en París como en varias ciudades de provincia, y una treintena de organizaciones, entre ellas sindicatos, la Federación Internacional de Periodistas y Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional. El 21, hubo manifestación fue convocada por la Liga de Derechos Humanos, los sindicatos de periodistas, Amnesty International, Attac y más de 70 organizaciones. Las familias y grupos de víctimas de la violencia policial hablaron en la movilización de decenas de miles en París y otras ciudades. Decenas de miles se movilizaron frente a la Asamblea Nacional. A pesar de la prohibición, por parte de Macron, está prevista una marcha el sábado contra la Ley. La izquierda Para el NPA, esta ley “constituye un paso más en el rumbo autoritario de Macron”. “Incapaz de manejar la crisis de salud y sus dramáticas consecuencias sociales, el gobierno pretende operar un destornillador de seguridad adicional atacando una vez más con violencia nuestros derechos y libertades, incluida la libertad de prensa” (letelegramme, 23/11). Desde Lutte Ouvrière dicen que se trata de un “arsenal represivo preventivo” (21/11). “Vemos como la situación pasa de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada”, declaró Mélenchon. El Partido Socialista explica que “la respuesta al terrorismo es una vez más a través de la elaboración de una ley, cuando ya hay muchos dispositivos legislativos. Estos son los medios que necesitan los servicios policiales y judiciales, no una nueva ley (…)”. Para el PCF, se trata de un “proyecto liberticida”. “Las leyes existentes ya le dan al estado todas las herramientas necesarias para actuar contra la incitación al odio y al terrorismo” (letelegramme, 23/11). Una parte de la izquierda se defiende la actual legislación represiva frente a la nueva. En muchos países del mundo, incluida Francia, se registraron enormes movilizaciones y hasta rebeliones populares contra la violencia policial. La identificación de los represores y de las circunstancias y características de la represión, fueron fundamentales en detonar movilizaciones inmensas. En Brasil, Carrefour se vio obligado a cerrar sus establecimientos durante varios días, luego que se difundiera un crimen racial de su guardia de seguridad en el sector de estacionamiento de autos. Macron cree que la ley que prohíbe la difusión de los crímenes policiales, pondría fin a la rebelión popular. Lo que teme, en realidad, es la disgregación de los cuerpos policiales como consecuencia de las movilizaciones y de las penas contra los represores, y busca convertir a las fuerzas policiales en una milicia del gobierno – como ha pretendido hacerlo Bolsonaro.

El presupuesto 2021, que acaba de presentar el gobierno de la CABA, pone de manifiesto la concepción peculiar que tienen de la autonomía porteña, no sólo Rodríguez Larreta, sino el conjunto de los partidos que gobiernan o han gobernado la Ciudad. Desde 1996 –cuando votó su propia Constitución– la soberanía del distrito siempre se invocó para llevar adelante el remate de tierras públicas, operaciones económicas con la renta del suelo, impuestazos contra los vecinos o la creación de cuerpos burocráticos propios. En cambio, los “límites” de esa autonomía aparecieron siempre a la hora de consagrar derechos para quienes trabajan o viven en la CABA –por caso, un salario o jubilación mínimas que cubran el costo de la canasta familiar en el distrito. La autonomía tampoco apareció a la hora de gravar particularmente al capital financiero o comercial radicado en la Ciudad, y que goza de una renta económica extraordinaria por el hecho de encontrarse situado en el centro económico del país. Siempre se decía, entonces, que el estado porteño “no podía discriminar a las empresas instaladas en el distrito”, un argumento que no reconoce grietas entre los actuales representantes del oficialismo porteño y los del gobierno nacional. Pero ahora, resulta que los mismos que no querían castigar a los bancos han resuelto castigar a los usuarios de los bancos, es decir, a la población que cuenta con tarjetas de crédito emitidas en el distrito. Lejos de cualquier pretensión de consumo suntuario , las tarjetas son el vehículo de compra de miles de trabajadores que las tienen asociadas a sus cuentas sueldo. La insuficiencia del salario los ha empujado a financiar por esta vía –y a costos extorsivos– el consumo corriente. A esa carga financiera, se le añade ahora el impuesto de Larreta. El gobierno porteño ha restaurado también un impuesto a la tenencia de Leliqs, que los bancos ya han anunciado que trasladarán al costo del crédito. El gobierno PRO, afín a criticar el agobio impositivo en el ojo ajeno, ha decidido continuar con la indexación del ABL. También lo hará con otros tributos, que –como el de ingresos brutos– evolucionan al compás de los precios. A pesar de esta escalada confiscatoria, los gastos previstos en la Ciudad para el 2021, en términos reales, serán un 15% inferiores a los del año que pasó. La obra pública –que involucra a hospitales y escuelas– ha sido fuertemente reducida, y se anticipa un ajuste de salarios por debajo de la inflación. La pandemia ha dejado planteada la necesidad de un reforzamiento decisivo del sistema sanitario: el presupuesto 2021, por el contrario, deja a sus trabajadores en la indefensión laboral y salarial. Tampoco hay respuesta al reconocimiento profesional del otro pilar de la salud, la enfermería. Larreta ha presentado a este plan de ingresos y gastos como “presupuesto de contingencia”. Se refiere, de este modo, a que los ingresos están sujetos al destino del juicio por el recorte de la coparticipación federal a manos del gobierno nacional, que está en manos de la Corte. Pero las medidas confiscatorias, en materia de impuestos y recortes de gastos, no son para nada “contingentes”. El gobierno le ha trasladado las costas del recorte nacional a las enfermeras, médicos, maestras y vecinos del distrito, no a las corporaciones capitalistas instaladas en él. Además, los números de la CABA ocultan otro ingreso “contingente”: el de las operaciones inmobiliarias a costa del suelo y el espacio público. Es el caso de Costa Salguero, cuya rezonificación –para la erección de torres de altura y un vasto complejo de negocios– se encuentra bajo trámite legislativo. A la orilla de la Ciudad –y por afuera del presupuesto– Larreta calcula los recursos a ingresar por esa enajenación de tierras, que debe recibir, por parte de la Legislatura, la varita mágica de su rezonificación. La renta extraordinaria de esa rezonificación será financiada, otra vez, por el pueblo de la Ciudad. En este caso, con la pérdida del derecho al aire y a los espacios verdes de carácter público. El presupuesto 2021 es otra ofrenda a la Ciudad que mira a Puerto Madero, y se para a espaldas de todos los que viven de su trabajo. https://www.perfil.com/noticias/opinion/marcelo-ramal-horacio-rodriguez-larreta-en-un-pago-y-con-tarjeta.phtml?_ga=2.51829993.1972358646.1606421289-521720805.1606421289

El asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, calificado como “el cerebro” del plan nuclear iraní, por parte de varios comandos asesinos enviados por Netanyahu, el primer ministro de Israel, no constituye una simple repetición de crímenes similares ya ejecutados en el pasado. Ocurre en un contexto excepcional, en primer lugar porque la prensa internacional reveló, hace quince días, la intención de Trump de bombardear el sitio nuclear de Nataz, lo que habría podido desencadenar una guerra generalizada en el Medio Oriente. Tiene lugar, además, luego de una reunión secreta entre Mark Pompeo, el secretario de Estado de Trump, Mohammed ben Salman, el jefe de estado de Arabia Saudita, y Netanyahu, en donde se discutió, con toda seguridad, la política frente a Irán en medio de la transición del gobierno de Trump a Biden, que debería culminar el 20 de enero próximo, y por sobre todo las medidas de protección militar contra una represalia iraní a los crímenes del sionismo, en especial luego de la enorme destrucción causada al complejo petrolero saudi por los disparos de cohetes ejecutados por las guerrillas que combaten en Yemen, en respuesta a los bombardeos que sufren de parte de Arabia Saudita. De acuerdo, de nuevo, a los medios de comunicación, el ataque militar norteamericano al centro atómico iraní tuvo que ser abortado por los altos mandos militares de Estados Unidos, contra la voluntad de Trump. La prensa israelí, por su lado, informa sin sombra de duda que la ejecución del atentado contra Fakhrizadeh fue ocultado a Ben Ganz, el ministro de Defensa de Israel. Ganz es, además, el próximo presidente ‘in pectore’ del país, en virtud de un pacto de rotación que acordó con Netanyahu. Los hechos describen el establecimiento de una camarilla internacional de características para estatales, entre Trump-Netanyahu-Ben Salman. Desde el punto de vista de la política internacional, pareciera que el ‘establishment’ de Trump pretendiera, con estas acciones criminales, acorralar a Biden, que ha hecho conocer el propósito de reanudar las negociaciones acerca del plan nuclear de Irán. Para ello exige, sin embargo, que Teherán destruya el plutonio que ha acumulado desde que Estados Unidos rompió en forma unilateral los acuerdos con Irán y otras seis potencias, y cancele sus planes de investigación y desarrollo de reactores de imprescindible uso civil. Se trata, claro, de un planteo sin futuro por dos razones obvias: la primera, es que Biden no puede ofrecer ninguna garantía de cumplimiento de acuerdos, luego de lo hecho por Trump, y mientras Netanyahu siga gobernando Israel; la segunda, es que Arabía Saudita y los países del Golfo han acumulado sus propios arsenales, en la frontera misma con Irán. El gabinete de Biden, por si faltara algo, está poblado de agentes del gobierno israelí, ahora en faceta demócrata. Como consecuencia de las sanciones que Trump impuso contra los persas, la exportación de petróleo iraní cayo de dos millones de barriles diarios a ciento cincuenta mil, en tanto que los pulpos petroleros internacionales abandonaron sus planes de inversión en el país. En el marco del bloqueo, Irán registró, sin embargo, una expansión importante de la industria (para “sustituir importaciones”), así como un avance en la dominación económica por parte de los entes estatales dirigidos por la camarilla clerical. La dimensión más importante de la ejecución criminal protagonizada por los comandos sionistas, reside sin embargo en su significado para la política doméstica norteamericana, incluida la transición presidencial. En los últimos días Trump ha decapitado al alto mando militar que se opuso a emplear el ejército en la represión del movimiento Black Lives Matter; fue el último episodio de una repetida purga en el Pentágono. La prensa estadounidense viene señalando que Trump está llenando de agentes suyos la “planta permanente” del Estado. El reemplazo del ministro de Defensa Mark Esper por Cristopher Miller, fue acompañado por la elevación del Comando de Operaciones Especiales a la condición de cuarta arma de las Fuerzas Armadas – Aviación, Ejército, Marina. El COE comprende a los comandos de elite de las distintas armas, que se encargan de atentados, secuestros y asesinatos a lo largo de todos los continentes. De aquí en más el COE reporta en forma directa al Presidente, cuando hasta ahora las órdenes del poder ejecutivo en este terreno debían pasar por el filtro del estado mayor conjunto. En este contexto, un bombardeo al sitio nuclear de Nataz y sus eventuales consecuencias, habrían creado una situación golpista con referencia a la transición presidencial, que Trump sigue cuestionando. La campaña de Trump contra las elecciones recientes; las reuniones conspirativas con Ben Salman y Netanyahu; el intento de bombardear Iran; la purga del alto mando militar; el nuevo status para el Comando de Operaciones Especiales; todo esto conforma un diseño golpista, que trasciende el abandono de funciones por parte de Trump en enero. La presentación de la presidencia de Biden como un “back to normal” (retorno a la normalidad) es completamente infundada, aunque Biden represente al poderoso establishment que entiende que Trump es una amenaza a la ‘estabilidad’ internacional e incluso a la hegemonía del imperialismo norteamericano. Netanyahu, por caso, ya está planeando incumplir el acuerdo de rotación presidencial; en la Lista Común, como se designa al frente de los partidos árabes de Israel, ha surgido una corriente favorable a apoyar a Netanyahu y su política. La guerra que se desarrolla en Libia y la guerra desatada por el turco Erdogan contra la población armenia en Azebaidjan; los choques en el Mediterráneo oriental, en torno a los yacimientos de gas, con la participación destacada de Francia, Israel, Turquía y Egipto, son parte de un enorme desequilibrio mundial con epicentro en Estados Unidos. Hace tiempo que la cuestión de las nuevas guerras imperialistas se encuentra en la agenda de la IV Internacional. La crisis humanitaria, social y política desatada por la pandemia ha reforzado esta cuestión, en especial cuando se anuncian cada vez con más fuerza los choques que suscita la producción y la distribución de las vacunas contra el Coronavirus. La pandemia ha mostrado todo el alcance destructivo que tiene la explotación capitalista del medio ambiente. Ahora se suma la depredación del espacio cercano.

El pasado viernes 27 de noviembre comenzó el juicio contra Hernán Centeno, integrante de la Comisión Directiva del SUTEBA Escobar y Natalia Pérez, militantes de Convergencia Socialista. Natalia y Hernán fueron detenidos tras la represión policial del 12 de diciembre de 2017 a la movilización en repudio a la cumbre de la OMC (Organización Mundial de Comercio). Se les abrió una causa por “intimidación pública y resistencia a la autoridad”. Dicha causa es claramente un armado político; la totalidad de los testigos pertenecen a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Su propósito es perseguir judicialmente a las y los trabajadores que se movilizan frente al ajuste en educación y salud y la lucha por la vivienda, el trabajo y un salario digno. Este juicio se suma a otras causas abiertas y procesamientos a trabajadores durante la gestión del macrismo, como son los casos de Sebastián Romero, Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, por la lucha contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017. La política de perseguir a quienes luchan deja de manifiesto a un Estado impotente frente a las necesidades más urgentes de las y los trabajadores, cuando los planes fondomonetaristas implican un brutal recrudecimiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Desde el Partido Obrero (tendencia) nos sumamos y apoyamos la campaña por la absolución de los compañeros Natalia y Hernán y creemos fundamental que sea tomada por los sindicatos, partidos, organizaciones sociales y organismos de DDHH, con el fin de fortalecer la organización legitima de las y los trabajadores en defensa de nuestras condiciones de vida y para conquistar todas nuestras reivindicaciones. Absolución inmediata de Natalia y Hernán. Basta de perseguir a quienes luchan. El Estado es responsable.

Una Asamblea Interhospitalaria convocada por el SITAS (Sindicato de Trabajadores de la Salud) que integra el FEPROSA, reclamada en distintos hospitales reunió a un centenar de delegados y dirigentes del gremio. Mediante maniobras para desconocer a delegados y mandatos provenientes de los sectores más combativos, que impulsaban votar un paro sin concurrencia, la directiva impuso su planteo de concretar una marcha de antorchas para el miércoles 25 y un paro interno de 2 horas para el jueves 26. La marcha de antorchas se transformó en un punto de irrupción en masa de los trabajadores de la salud. Más de 2.000 trabajadores se congregaron y marcharon por las calles céntricas. En su preparación, en los hospitales más combativos se realizaron asambleas como ocurrió en el Hospital Centro de Salud, Padilla, Avellaneda, Del Carmen. La marcha contó con el apoyo de diferentes colegios profesionales, una delegación de Adiunt y de la docencia autoconvocada. En las pancartas, los cánticos, y los discursos se hicieron fuertes denuncias relativas a los bajos salarios, el estado de indefección de los trabajadores (6.000 contagios y un número creciente de muertes), condiciones deplorables de trabajo, y el repudio al tumor narcomafioso instalado en el propio SIPROSA (Sistema Provincial de Salud), integrada por funcionarios, directivos de ATSA, legisladores y concejales, quienes usaban las instalaciones del sistema para acopiar drogas que luego eran distribuidas a diferentes bandas de la provincia. Luego de estas jornadas de lucha se hace imprescindible darle continuidad a la lucha. Es necesario una nueva interhospitalaria con mandatos, donde se profundice el plan de lucha por un aumento de emergencia ya, por las paritarias y el restablecimiento de la cláusula gatillo, por el equipamiento necesario para el personal y los centros de salud, por la incorporación a planta de todo el personal precarizado, por mayor cantidad de personal, por el reconocimiento de la insalubridad para todos los trabajadores de la salud, por el respeto de las licencias anuales, por el juicio y castigo a todos los implicados en la organización narcomafiosa.

La Cámara Federal de Paraná, en un fallo de segunda instancia, ha declarado inconstitucional los aumentos por decreto dictados por la administración de Alberto Fernández. El fallo advierte que, con esos reajustes, los jubilados perdieron entre el 10% y el 17%, comparados con la fórmulas de pago que regían anteriormente. “Con el aumento del 5% para diciembre, este año, las jubilaciones mínimas acumularán un incremento del 35,3% y las máximas del 25,3%. Por la fórmula suspendida hubiese arrojado un 42% para todos los beneficios, mínimos y máximos. Los aumentos hubieran sido en marzo (11,56%), junio (10,89%), septiembre (9,88%) y diciembre (4,48%)” (Clarín, 27/11). Este brutal ajuste se suma al consumado con la fórmula anterior, que rigió en 2018-2019. El gobierno “discrimina”: emite deuda en pesos y les reconoce a los acreedores la inflación, pero no toma este criterio para los jubilados, a quienes pretende actualizarles los haberes en función de índice combinado entre la evolución de los salarios -que la burocracia negocia a la baja- y la recaudación -en caída por la recesión. Con el brutal curso inflacionario actual, la aplicación de la nueva fórmula gubernamental significará una perdida adicional al ya menguadísimo poder adquisitivo de los jubilados. Anses seguramente va a apelar este importante fallo de Paraná y deberá dar la palabra final la Corte Suprema de la Nación, que no tiene plazos. Tratándose de jubilados, la inexistencia de plazos se torna criminal. Cuando se produjo el fallo Badaro u otros a favor de los jubilados, a pesar del pronunciamiento de la Corte, los jubilados tuvieron que seguir el tortuoso camino de hacer juicios personales para cobrar la actualización. Los fallos de primera instancia, adecuados a la jurisprudencia dictada por el máximo tribunal, eran sistemáticamente apelados por la Anses para dilatar en el tiempo su liquidación. Así las cosas, se realizaron casi un millón de juicios de los cuales, hasta el momento, se han cobrado 500 000; hay pendientes 300.000 con sentencia a la espera del cobro y 200.000 todavía en proceso judicial. Miles de jubilados fallecieron mientras se tramitaban sus demandas. Este panorama anticipa una nueva ola de juicios y la extensa calesita para eventualmente cobrarlos en vida. El problema de la jubilación debe ser tomado como una cuestión central por el movimiento obrero. Más que nunca es necesario defender la jubilación mínima del 82% móvil de la canasta familiar, reclamar la restitución de los aportes patronales y que Pami y Anses sean dirigidos por trabajadores y jubilados, electos en asambleas.

Reproducimos a continuación este artículo referido a los documentos del III° Congreso del MAS (abril-mayo 1988), que recoge el método de nuestra corriente para la caracterización de las situaciones revolucionarias y prerrevolucionarias. Este debate precedería al estallido del MAS. El artículo integra el libro “La estrategia de la izquierda en la Argentina”. En los días subsiguientes, publicaremos otros capítulos que desarrollan la misma cuestión. La izquierda se caracteriza como democratizante cuando no opone, o ha dejado de oponer, la dictadura del proletariado al régimen burgués existente. La vigencia de la dictadura del proletariado como objetivo estratégico se deriva de la madurez que han alcanzado las relaciones burguesas de producción en su conjunto, es decir a nivel mundial, para la transformación socialista de la sociedad. Si lo consideramos en la totalidad de su desenvolvimiento, el imperialismo se caracteriza por una reversión de las tendencias dominantes del capitalismo en ascenso, favoreciendo el parasitismo y el estancamiento potencial y absoluto, y aún la destrucción, de las fuerzas productivas de la humanidad, y la reacción en materia política. El impasse en que ha entrado la sociedad bajo el capitalismo pone a la orden del día la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Esta perspectiva no excluye a las naciones atrasadas que han entrado en un desarrollo capitalista, a partir de la incapacidad de la burguesía nacional para emancipar a la nación de la tutela extranjera. La izquierda democratizante ha reemplazado el objetivo estratégico de la dictadura del proletariado, es decir de la destrucción del Estado burgués, por la fórmula política de "la democracia con justicia social". Los programas del Frepu y del Fral, que se encuadran en esta estrategia, plantean una serie de nacionalizaciones aisladas en el marco del régimen burgués y con los métodos constitucionales. De acuerdo con esto, la sociedad tendría una salida por una vía que no es la revolución proletaria. El Mas propone la reorganización completa del Estado, no por medio de la revolución y de la dictadura del proletariado, sino a través de una Asamblea Constituyente. Toda la izquierda democratizante, sin excepción, plantea el llamado "no alineamiento internacional" o lo apoya en su política corriente, y también plantea un Nuevo Orden Económico en los marcos capitalistas. El programa democratizante consiste, entonces, en la reivindicación de las posibilidades transformadoras de la legislación social, de la estatización económica, del sufragio universal y del pacifismo reformista nacional e internacional, en la época de la decadencia capitalista y de la democracia burguesa. A través de la consigna de la "participación", la izquierda democratizante en su conjunto, en particular el PI, propugna nada menos que la integración de las organizaciones populares al Estado actual, el cual es burgués y proimperialista en su contenido, y burocrático-militar con algunas características republicanas, en su forma. El programa democratizante excluye por definición la categoría política de la situación revolucionaria, o a lo sumo la relega a un futuro indefinido. Más exactamente, ese programa supone la imposibilidad de las situaciones revolucionarias. Es que, en la época actual, una situación revolucionaria significa que el proletariado, incluso la mayoría de la pequeña burguesía, comienza a buscar una salida, no por la vía reformista, no dentro del orden existente, sino contra él. El programa democratizante descarta, por naturaleza, la posibilidad de un colapso o de una desintegración de la burguesía como clase dominante, toda vez que la realización de un régimen de "democracia con justicia social" supone, no la bancarrota del régimen burgués, sino la posibilidad de su transformación interna sin una ruptura de su continuidad. Dentro de la concepción democratizante, las situaciones revolucionarias sólo podrían tener lugar como expresión de una anomalía en su desarrollo capitalista. En esta acepción, la situación revolucionaria podría surgir como resultado de la incapacidad de un Estado inmaduro para dar cabida a las transformaciones que permitirían su actualización institucional. Sería el caso de un Somoza, de un Batista, de un Duvalier, de un Stroessner o un Pinochet. La consecuencia de una situación revolucionaria dentro de los límites así definidos, sería el producir una "revolución democrática", que allanaría el camino al capitalismo reconstruyendo al Estado burgués con nuevos elementos políticos. La situación revolucionaria no es para los democratizantes un producto necesario de las condiciones del régimen capitalista, que en las naciones atrasadas pueden ser potenciadas en su proyección revolucionaria por el retraso histórico, sino que ella sólo puede aparecer ahí donde estas condiciones son insuficientes y, por lo tanto, inmaduras para una revolución proletaria. El democratizante admite excepcionalmente la revolución para construir la "democracia", pero de ningún modo contra ella. Admite la revolución para cabalgar sobre ella, cuando no tiene otra alternativa para frenarla. La conclusión inevitable de todo esto es que la cuestión de la situación revolucionaria es una piedra de toque para diferenciar a la izquierda democratizante del marxismo. El Mas se escapa por la tangente Para quien repasa los pocos comentarios que se han publicado sobre el "Documento sobre situación nacional", presentado por la dirección del Mas al III congreso de la organización, la conclusión que se tendría que sacar es que el Mas caracteriza a la situación argentina como revolucionaria. ¿Pero es esto realmente así? Una lectura atenta del documento conduce a responder que no es así. El Mas carece, en realidad, de una caracterización de la actual situación política. La tesis política del Mas reposa sobre la más completa inconsistencia. Esto se puede observar desde el párrafo inicial del documento. Allí se dice que a partir de la guerra de Malvinas "comenzaba una situación revolucionaría" que estaba "originada", a su vez, "en la crisis revolucionaria de 1982", y que "podía llevar a otra crisis o una sucesión de crisis revolucionarias superiores a la actual", Naturalmente, una caracterización tan ambigua y elástica se tuvo que "verificar como correcta", En este cambio conceptual, la "situación revolucionaria" es anterior a sí misma, pues la antecede una crisis revolucionaria, y se niega al mismo tiempo como tal, porque es convertida en preludio de "otras crisis revolucionarias". Decir, en estas condiciones, que la "situación es revolucionaria" es lo mismo que decir lo contrario y lo contrario de lo contrario. Tal "situación revolucionaria" no solamente "tuvo (para el Mas), flujos y reflujos", sino que incluso, "por momentos, se acercó o se alejó". No sólo varió, entonces, de intensidad, sino que a veces llegó a desaparecer y otras veces ni siquiera llegó a conformarse. Pero también se afirma que "estas oscilaciones" de la situación revolucionaria se produjeron en el marco de "seis años de revolución argentina", con lo cual la situación revolucionaria se ha convertido, de premisa de la revolución, en su resultado. La situación revolucionaria es negada y afirmada en forma simultánea y excluyente, y se pierde toda distinción entre revolución y situación revolucionaria. Incluso se llega al extremo de caracterizar al proceso democratizante de contenido proimperialista, encabezado por Alfonsín, como una revolución democrática". No obstante todo esto, se anuncia el estallido de "la nueva crisis revolucionaria", lo que significaría que por el momento no hay ninguna, conclusión que se desmiente enseguida al afirmar que "la situación revolucionaria es, así, cada vez más profunda, más allá de las coyunturas". Como se puede apreciar, lo que el Mas ofrece como caracterización de la situación nacional es una ausencia completa de caracterización. En otro lugar de la tesis se dice que "el pacto radical-justicialista de gobernabilidad pudo... alejar momentáneamente el peligro de crisis revolucionaria", para consignar cuatro renglones más abajo "que la situación revolucionaria misma no ha variado". Si se sigue con algún cuidado el esquema del documento se puede ver que existe en él una distinción, que no se explica, entre situación revolucionaria y crisis revolucionaria, sin percibir, lamentablemente, que quién demasiado distingue, mucho confunde. Si lo que el Mas llama crisis revolucionaria reemplaza a la situación revolucionaria como condición necesaria para la revolución, o viceversa, entonces la situación revolucionaria dejó de ser tal y perdió todo su significado. En este caso la repetición constante de que la situación es revolucionaria querría decir que no lo es; sería solamente un taparrabos de otra caracterización que no se explica. Al principio del documento, el Mas presenta a la crisis revolucionaria como "un colapso total de las instituciones junto (sic) a grandes movilizaciones populares" pero esto confunde las cosas todavía más, porque esto sería ya sinónimo de revolución. El "viejo gobierno - dice Lenin (citado por el Mas)- jamás caerá, ni en las épocas de crisis, si no se lo hace caer", lo cual sólo puede ser el resultado de "la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas". El "colapso de las instituciones" sólo puede ser producido por la acción revolucionaria, y de ningún modo coexistir "junto" a las "luchas populares". Entre la situación revolucionaria y la revolución no hay ningún otro estadio intermedio; la noción de "crisis revolucionaria" del Mas cumple la función de vaciar de significado a la situación revolucionaria, de un lado, y a la revolución del otro. Otro aspecto de toda esta inconsistencia es extender a siete años (por ahora) la duración de la situación revolucionaria; como si la sociedad pudiera vivir en esas condiciones tanto tiempo, y como si, en el caso de poder hacerlo, ello no terminase privando de todo sentido al concepto de situación revolucionaria. La conclusión de todo esto es que el Mas carece de cualquier tipo de caracterización de la situación política, sea revolucionaria, no revolucionaria, o lo que sea. A partir de aquí, la dirección del Mas tiene las manos libres para realizar cualquier clase de política, menos (claro está) una política revolucionaria, la cual siempre exige una caracterización rigurosa de la situación política. Esto explica muchas cosas, y en particular el conjunto de conclusiones del documento del Mas, cuyos autores no ven ninguna contradicción en caracterizar a la situación nacional como revolucionaria y apoyar el programa antirrevolucionario del FP, o en sostener que la consigna de "gobierno obrero y popular", definida como la "primera y fundamental consigna", concluya siendo caracterizada como "abstracta y ultra propagandística"- con el agregado de que esto está subrayado en el original. Cualquier marxista, sin embargo, puede saber que si esto es así la situación es claramente no revolucionaria, por lo menos por el momento. Los dirigentes del Mas que han escrito que la situación es ahora revolucionaria, que en verdad lo será en el futuro y que sin ninguna duda lo fue en el pasado, pero que en todo caso hay que esperar el "derrumbe de las instituciones" o la "crisis revolucionaria", abortando así el trabajo teórico-político de caracterizar la situación política en forma concreta, no vacilaban en decir lo siguiente poco tiempo atrás: "Somos un partido minoritario y la causa fundamental es que el pueblo trabajador quiere mejorar su situación económica con el menor riesgo posible, sin lucha. La lucha no le gusta a nadie (¡sic!). No hay ningún pueblo en el mundo al que le guste pelear por conseguir algo" (¡sic! ¡sic!). Estas declaraciones de antología pertenecen a Silvia Díaz (El Periodista, 24/7/87). Sin mosquearse por la "situación revolucionaria", que exige la "acción histórica independiente" del proletariado, la dirigente del Mas le pasa la esponja a la tesis fundamental del Manifiesto Comunista y a la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de la humanidad. ¿Declaraciones desafortunadas? Lo mismo había dicho Zamora, sin embargo, en el mismo semanario, tres semanas antes: "El pueblo argentino no es socialista, no cree como nosotros que se impone construir el socialismo para que haya menor mortalidad infantil, más vivienda, más justicia". Pero si esto es así, si Zamora no cree necesario presentar la conciencia revolucionaria o socialista de las masas ni siquiera como tendencia, entonces el que habla de situación revolucionaria es un impostor. En la campaña electoral del 85, el Mas justificó el FP y su encabezamiento por algún dirigente pequeño burgués o burócrata del peronismo (se cortejó a Pablito Unamuno y se llevó a Villaflor) con esta misma tesis de que el proletariado no quiere el poder, pero inventando para el caso la "categoría" del "movimiento independiente de los trabajadores peronistas". Esto es una prueba de que el Mas no entiende afirmar nada en concreto cuando habla de "situación revolucionaria", lo cual le deja las manos libres para realizar cualquier política, en especial los frentes únicos con la burocracia, la formulación de un programa democratizante, el Frepu, el apoyo político al programa de Ubaldini de los "26 puntos", el carnereaje al paro de la CGT, y por último pero no menos importante, privar a la lucha por una dirección revolucionaria de contenido programático, sustituyéndola por una política superestructural de penetración en las cúpulas sindicales en base a acuerdos oportunistas con la “nueva” burocracia sindical con el pretexto de luchar contra la “vieja”. II. ¿Hay en Argentina una situación revolucionaria? En la primera parte, se puso en evidencia que el Mas carece de una caracterización de la situación política. Es cierto que el documento para el congreso del Mas hace una referencia reiterada a la existencia en Argentina de una "situación revolucionaria", pero vacía a este concepto de cualquier contenido. Es así que la "situación revolucionaria" no es para el Mas la premisa política de la revolución proletaria, o la situación concreta en la que se reúnen las condiciones políticas para la lucha revolucionaria por el poder. La define, por el contrario, como un período o paréntesis "entre dos crisis revolucionarias"; la primera habría estado constituida "por la guerra de Malvinas y la caída (sic) de la Dictadura", y la segunda sobrevendrá en el futuro cuando se produzca un "derrumbe de las instituciones". Pero una situación revolucionaria que no plantea la revolución como tarea, sino que se limita a un pronóstico sobre una crisis futura, no es una situación revolucionaria. Otra evidencia de que el Mas carece de una caracterización de la situación política, lo constituyen las reiteradas afirmaciones públicas de sus dirigentes de que el proletariado no tiene ni tendencia ni aspiración a la lucha por su propio poder. En el propio documento se dice que la clase obrera está poseída de una "conciencia peronista", la cual significa, dice, "que la clase obrera no ve la necesidad de ejercer el gobierno ni por vía electoral ni mucho menos, por vía revolucionaria". ¿Se puede sostener, en estas condiciones, que existe una "situación revolucionaria"? Las contradicciones del documento son tan violentas, que luego de afirmar que la situación seria revolucionaria, dice sin pestañar que la consigna del gobierno obrero es "ultra propagandística y abstracta". Pero si no está planteada la cuestión del poder es una tontería hablar de situación revolucionaria. La situación revolucionaria y la crisis revolucionaria no son dos categorías diferentes, como se esfuerza en presentarlas el Mas. Una situación revolucionaria significa al mismo tiempo una desintegración de la dominación política de los explotadores y una acción revolucionaria de las masas. Las instituciones no se derrumban solas, esto porque en la sociedad y en la política no puede existir el vacío; deben ser derrumbadas por la movilización de los explotados. Ello explica que ni la guerra de Malvinas, ni el desplazamiento de la dictadura hayan producido un "derrumbe de las instituciones", ni una "crisis revolucionaria", precisamente porque las masas siguieron dominadas por los partidos del orden capitalista, sea el justicialismo o el radicalismo. No hubo una "caída" de la dictadura sino un recambio "indoloro" y "pacificó" en los marcos del Estado burgués. ¿Qué queda de la "situación revolucionaria" cuando, de un lado, se pone a la desintegración política del Estado burgués en el pasado (Malvinas) o en el futuro en tanto se insiste del otro, que la clase obrera sigue girando alrededor de la burguesía y del peronismo? La ambigüedad en la caracterización de la situación política es un signo inconfundible de centrismo. La ambigüedad teórica es el reflejo de una posición ambigua entre las clases y, en especial, entre la vanguardia de la clase obrera, de un lado, y del otro, los agentes pequeño burgueses, burocráticos o stalinistas de la burguesía dentro del proletariado, del otro. El centrismo se caracteriza por la inestabilidad de sus posiciones políticas y se diferencia del reformismo en el uso que hace de la fraseología revolucionaria. ¿Hay una situación revolucionaria? Está absolutamente fuera de duda que Argentina integra el pelotón de países cuyas condiciones económicas y sociales han madurado para el surgimiento de una situación revolucionaria. La producción nacional se ha estancado o incluso reducido en las últimas dos décadas; el peso de la economía nacional en la economía mundial declina sistemáticamente, el ingreso nacional ha disminuido; y el empobrecimiento de las grandes masas tiene características estructurales. Esta brutal decadencia económica y social se refleja en el veloz agotamiento del régimen democrático. A pesar del inédito agotamiento del régimen militar como consecuencia de la derrota en Malvinas, y a pesar de la crisis y división excepcionales en las fuerzas armadas, la democracia ha fracasado para transformar democráticamente al Estado o para realizar la unión nacional dirigida por la burguesía, para romper la enorme hipoteca que el imperialismo tiene sobre el país. El régimen democrático ha capitulado, a través de todas sus instituciones, ante él militarismo en crisis, y se ha transformado en un mero instrumento político del Fondo Monetario y de los bancos acreedores. La lucha de clases, lejos de amortiguarse, se ha acentuado al extremo, lo cual es incompatible con el régimen democrático. La prematura descomposición del régimen democrático pone en evidencia los límites insalvables que le pone a éste el capitalismo en bancarrota, desnudando con ello su raíz clasista. Todos estos elementos demuestran el alto grado de desarrollo que han alcanzado los requisitos sociales y económicos de una situación revolucionaria. Pero los requisitos no son todavía la situación revolucionaria. Para que el agravamiento agudo de las condiciones de existencia de la sociedad se transforme en un cuestionamiento de su sobrevivencia, es necesario que la conciencia de las diferentes clases sufra un cambio radical. Sin estas modificaciones subjetivas no podría surgir una situación revolucionaria, entendiendo al mismo tiempo que estas modificaciones subjetivas son enteramente objetivas, desde que se producen "con independencia de la voluntad (previa) de los grupos aislados y de los partidos, así como de las clases" (Lenin). De esta manera, el cambio en la conciencia de las distintas clases no está sujeto a ninguna clase de arbitrariedad ni queda librada al azar, sino que se produce bajo el imperio de una necesidad histórica. De la profundidad que alcancen esas modificaciones subjetivas (en términos de programa y de organización) dependerá, a su vez, que la revolución sea derrotada o que triunfe, alterando con ello el curso objetivo subsiguiente del proceso histórico, Contra esta ley histórica nada pueden hacer las conciencias "peronistas", "laboristas" o "stalinistas", si es que existen o pudieran existir. En realidad, el proletariado existe "en sí" o "para sí", es decir, o acepta el orden existente o busca una salida fuera de él. No vemos la necesidad de enmendar esta tesis fundamental de Marx. No existe tal filosofía de vida como la "conciencia peronista"; ni tampoco es esta "conciencia" la que explica el seguidismo de la clase obrera al peronismo. Para mantenerla en el cuadro político del peronismo, la clase obrera ha debido sufrir tremendas derrotas, en las cuales jugó un papel fundamental la izquierda no revolucionaria. La "teoría" de la "conciencia peronista" sólo apunta a encubrir esta responsabilidad. Para convertir a la clase obrera en clase revolucionaria, en clase "para si", hay que luchar por un partido político independiente. La teoría de la "conciencia peronista" se parece como dos gotas de agua a la teoría de la "identidad peronista" que esgrime el PC. Ambas son un pretexto para capitular ante el nacionalismo burgués, como ocurrió con las candidaturas burocrático-peronistas del Frepu, y como volverá a ocurrir, según se desprende del conjunto del texto. Cómo surge una situación revolucionaria Si arrancamos de la clase obrera, una situación revolucionaria sólo se puede desarrollar cuando el proletariado busca activamente una salida a su situación insoportable por la vía de la acción revolucionaria contra el Estado burgués. Esto es elemental. No cualquier lucha es una acción revolucionaria. Para que tenga este carácter debe oponer colectivamente a la clase obrera contra la burguesía organizada en el Estado, adquiriendo así un carácter político; los métodos de lucha deben ser los propios de la acción directa de las masas; y sobre esta base los trabajadores deben romper con los partidos burgueses tradicionales y la burocracia sindical, estructurando organizaciones adaptadas a su lucha y dando un viraje hacia los partidos revolucionarios, allí donde éstos existen. Una parte de este camino se recorrió con el "cordobazo" y los "rosariazos" y "tucumanazos", así como con la huelga de junio y julio de 1975. La segunda característica, de una situación revolucionaria es que la clase media no sólo luche cotidianamente por sus reivindicaciones, sino que también rompa con los partidos tradicionales y siga al proletariado en su giro revolucionario. Sin esta evolución de la mayoría de los estratos medios, el proletariado no podría luchar por la toma del poder -una señal que la situación no es todavía revolucionaria. Por último es necesario un cambio subjetivo en la propia clase dominante, la cual comienza a desmoralizarse ante su propia incapacidad y ante la acción de los explotados. Todos estos elementos de una situación revolucionaria se están desarrollando, pero de ningún modo han llegado a su madurez. La clase obrera ha librado importantes luchas, pero ellas han podido ser contenidas por parte de la burocracia sindical. La clase media se ha despojado, en gran medida, de las ilusiones inspiradas por el alfonsinismo, pero aún está muy lejos de haber roto con la democracia burguesa y sus partidos. La confusión en los círculos superiores es cada vez mayor, pero de ningún modo existe todavía una desmoralización de conjunto. Aquí juega un rol fundamental el imperialismo, que sostiene por todos los medios al régimen, aunque lo haga como la soga que sostiene al ahorcado. Las tendencias de descomposición de los dos partidos principales del centro político son muy agudas, pero todavía cuentan con las ilusiones de las grandes masas. Existe una tendencia hacia la formación de una situación revolucionaria, pero ésta aún no existe. La política democratizante de la izquierda; la formación de frentes no revolucionarios, como el Frepu; la alianza con burócratas que paraliza a los sindicatos, como ha ocurrido en Sanidad; esto también ha jugado un papel de freno en la formación de una vanguardia obrera y por lo tanto en el desarrollo de una situación revolucionaria. El documento del Mas se caracteriza por no hacer el balance de su política en los tres años que pasaron desde su congreso anterior. En estas condiciones da por constituida una situación revolucionaria sin poder explicar con qué política contribuyó a formarla. Pero es indudable que el partido revolucionario, si existe, es un factor de primer orden en el surgimiento de la situación revolucionaria, ya que tiene la función histórica de hacer conciente el proceso inconciente de las masas. Si el Mas proclama, junto al stalinismo, que la tarea que se desprende de la situación revolucionaría es conquistar "la democracia con justicia social", es evidente que está enchalecando a los trabajadores dentro del orden existente. Si dice que el gobierno obrero es abstracto, o que hay que apoyar una supuesta vanguardia peronista (Villaflor), ocurre lo mismo. Si dice que hay que propugnar la "moratoria", como Sarney, le hace el juego al cobarde nacionalismo burgués. Declarar que la moratoria a la Sarney sólo sirve si conduce a la "expropiación de los capitalistas", es una monumental tontería. La moratoria, y aún a lo Sarney, significa, no la expropiación, sino el reconocimiento de la propiedad capitalista. Una evidencia de que no ha madurado una situación revolucionaria es la ausencia de una polarización entre los extremos políticos, a pesar de la aguda "polarización social". La polarización política significaría que las masas rompen con el justicialismo y con el radicalismo, cosa que no ha ocurrido. El crecimiento de la Ucedé no llega al nivel electoral de un Aramburu, en 1963, o incluso de la "federación de centro", de pocos años antes. Tomarlo como índice de polarización raya en el ridículo. Lo mismo vale para UPAU, si se lo compara con el peso que el clericalismo humanista tuvo entre 1960 y 1966. La Ucedé, por otra parte, es el partido de la reacción en una situación democratizante, pero no podría serio en una situación revolucionaria, cuando el capital necesita al ejército, a las tres A o al fascismo. El Mas confunde primero la polarización política con la social, y en segundo lugar la describe, no en términos revolucionarios, sino electorales. Para el Mas, haber sacado el 1,6% de los votos en las elecciones del 87 es un síntoma de polarización; en 1973 había sacado el 2,2%. La esencia de toda política democratizante, desde la derecha a la izquierda, consiste en combatir cotidianamente la posibilidad de una polarización política revolucionaria. Esto explica el esfuerzo que ponen los partidos, la Iglesia, la burocracia y las fuerzas armadas en darle vida al parlamento y en subordinar todo a las elecciones. Para oponerse a una polarización de los extremos políticos se ha formado la "mesa de consenso" y se ha suscripto el "pacto de gobernabilidad". En las fuerzas armadas han aislado a Rico y puesto todo el apoyo en Caridi. El imperialismo no avala ninguna aventura extremista. Esta estrategia política procura reprimir un estallido de la polarización revolucionaria. La ausencia relativa de una situación revolucionaria no significa de ningún modo la inviabilidad de una política revolucionaria. Al revés, una política revolucionaria es esencial para arribar a aquélla. Lo que si está completamente caduca es la política democratizante, pues las contradicciones del régimen actual conducen inevitablemente a una situación revolucionaria.

En ocasión del funeral de Maradona, los diarios volvieron a insistir que Alberto Fernández y Cristina de Kirchner ‘no se hablan’. La piedra de la discordia es la elección del Procurador General, el fiscal de los fiscales. CFK impulsa el proyecto que sustituye la inamovilidad del Procurador por un mandato de cinco años con opción a otros cinco, y su elección por mayoría absoluta del Senado en lugar de los dos tercios que se requieren en la actualidad. El cargo ha sufrido muchos accidentes, porque los procuradores se han visto obligados a renunciar por presiones del Ejecutivo, no importa que su puesto sea vitalicio. Es lo que ocurrió con Esteban Righi, en 2012, a quien siguieron fiscales generales puestos a dedo para llenar vacancias. Es lo que se niega a hacer el último de ellos, Casal, puesto por el macrismo con carácter transitorio. El asunto sería serio en cualquier país, pero en Argentina tiene el adicional de que dos ex presidentes y sus familiares se encuentran acosados por procesos judiciales que podrían terminar en condenas. Los partidos que manejan el Congreso no logran cuadrar el círculo. El cambio del método de elección y la duración del mandato podrían no pasar el escrutinio de Diputados, lo cual desataría una crisis de gobernabilidad, en momentos de impasse financiera, con un acuerdo pendiente con el FMI, cuya sanción sería objeto ahora de una votación por el mismo Congreso que no se pone de acuerdos con el Fiscal mayor. Alberto Fernández quiere en el cargo a Daniel Rafecas, un ex juez, que despachó sin menor consideración la acusación del fallecido Alberto Nisman en el asunto de ‘memorando con Irán”. Rafecas pone como condición que no se modifique el método de elección. A esta altura de la controversia, todo indica que CFK no lo quiere en el lugar, aunque Rafecas se avenga a las modificaciones del caso. Con mayoría absoluta en el Senado querría imponer a un incondicional. El asunto ha cobrado mayor tensión como consecuencia de que la Cámara de Casación debe fallar en torno a la validez de las declaraciones de los ‘arrepentidos’ en el juicio por asociación ilícita contra la Vicepresidente, por las coimas denunciadas en los cuadernos de Centeno. En este proceso, los más conspicuos representantes de la burguesía argentina admiten haber sobornado al gobierno, bajo la presión, según ellos, de los funcionarios del kirchnerismo. Es indudable que el acuerdo AF-CFK-SM, que permitió consagrar el Frente de Todos, llevaba el compromiso de sacar a la ex presidenta de los trances judiciales. CFK no confía, en absoluto, sin embargo, que Rafecas vaya a cumplir ese objetivo. El Presidente no ha logrado convencerla de lo contrario. El impasse resume el impasse de un sistema político desarticulado por la crisis, que además de no poder designar al Procurador, tampoco consigue hacer con los presidentes del Banco Central y otros cargos, que asumen entonces el carácter de facto. La expectativa en la ‘confianza de los inversores’ se escurre por las orillas, en especial cuando las políticas del Central y de Economía van por carriles separados. La expectativa de que, en última instancia, estos impasses se resuelvan en las elecciones del año que viene es infundada, de un lado porque habrá que esperar un año, del otro lado porque sus resultados lucen inciertos. Una combinación desfavorable de circunstancias desatará una crisis de gobernabilidad. Es, en estas condiciones, que el feminismo kirchnerista sostiene que la aprobación de la ley de derecho al aborto es pan comido – cuando a todas luces una derrota a manos del clero católico y los predicadores evangélicos sería funcional a un desenlace de la crisis política desfavorable para el grupo kirchnerista.

El miércoles 25 de noviembre, tras el anuncio del fallecimiento de Diego Armando Maradona y la declaración de tres días de duelo por parte del gobierno nacional, su velatorio se convirtió en un cuadro que pintó de cuerpo entero la improvisación y el oportunismo del régimen y de sus gobiernos que, en un intento de apropiación política, (des)organizaron el funeral para el usufructo mediático de la situación. A lo largo de la vida de Maradona los presidentes, uno tras otro, buscaron la foto con el ídolo de multitudes para embanderarse de ̈pueblo ̈ mientras pasaban ajustes. Su muerte no fue la excepción: un acontecimiento popular, que terminó dejando adentro a los poderosos y al pueblo trabajador de la reja de la Casa Rosada para afuera. Quedó a las claras que el Palacio Presidencial lejos estuvo de ser un lugar apropiado para organizar un evento de esta envergadura que implicaba recibir a miles y miles de personas que querían despedir a su ídolo en medio de la pandemia covid-19. La situación implicaba un protocolo sanitario adecuado y la coordinación de los operativos de seguridad de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires dado que la Casa Rosada es un edificio bajo jurisdicción federal situado en jurisdicción metropolitana de la CABA. Lejos de ocurrir esto la improvisación fue absoluta: la gente encimada se agolpaba contra las rejas del vallado policial. Mientras nos dicen que en el período de Distanciamiento Social Preventivo y obligatorio no podemos organizar reuniones de más de diez personas, los gobiernos generan una masa humana arrojada al virus. Al mismo tiempo la descoordinación en materia de seguridad fue total: terminó en una represión brutal con gases lacrimógenos, heridos y detenidos en la 9 de julio que fue el costo de este intento apropiador de la figura de uno de los máximos ídolos populares del país y del mundo. Alberto Fernández y Sabina Frederic salieron a apuntar contra la policía de Larreta. "Me parece que hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad, me parece que es muy evidente"; dijo el presidente en relación a los incidentes que tuvieron lugar en la 9 de Julio y la Avenida de Mayo, y sostuvo que dentro de la Casa de Gobierno la situación "nunca estuvo fuera de control". La Ministra de la cartera nacional se encargó de desmentir al Vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, quien había dicho que "pasado el mediodía, nos pidieron que se cortara el avance de la fila en Avenida de Mayo y 9 de Julio". Según Frederic esa orden nunca existió. Más allá de los deslindes de unos y de otros, el cuadro que quedó pintado es el de un régimen político fracturado y comandado a tientas por gobiernos totalmente incapaces de organizar un velatorio y que se tiran la pelota torpemente, totalmente ajenos a la destreza de la gambeta del Diego y de las masas de trabajadores a los que dejaron con la ñata contra el vidrio sin poder despedir al hombre que, siendo humano, demasiado humano, con sus grandezas y bajezas, fue y es para millones de personas en Argentina y en el mundo un símbolo de que el pibe de Fiorito puede tomar el cielo por asalto. Un funeral para despedirlo era necesario, pero debería haber sido de cara al pueblo trabajador

El mayor científico e investigador de Irán en materia nuclear, responsable de los mayores proyectos de ese carácter del país de los últimos 25 años, fue asesinado el viernes en un atentado en Teherán. Que se trató de una nueva provocación de los servicios secretos israelíes y yanquis, como el que acabó con la vida del Gral. Soleimani, una de las máximas figuras del régimen iraní en un atentado con misiles y drones en el aeropuerto de Bagdag, en enero pasado, lo dio por sobreentendido Israel que “se negó a comentar. En EE.UU., la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA declinaron hacer comentarios. El equipo de transición de Biden también se negó a comentar” -Haaretz, 27/11. Sin embargo, “The New York Times citó a tres funcionarios de inteligencia que dicen que Israel estaba detrás del ataque y el ex director de la CIA, John O. Brennan, quien supervisó la organización de 2013 a 2017 y calificó el asesinato como ´un acto criminal y muy imprudente´” (ídem). Lo mismo dijeron altas fuentes de la Unión Europea. El objetivo del atentado es muy claro. Los dos principales aliados de Trump en Medio Oriente, Netanyahu en Israel y el príncipe heredero saudita, junto a la administración republicana en retirada, quieren minar el propósito de Biden y la administración demócrata de volver “a unirse al acuerdo nuclear con Irán abandonado por Trump y levantar algunas sanciones económicas si Irán vuelve a cumplir con el acuerdo. Israel y la potencia regional Arabia Saudita quieren que EE.UU. permanezca fuera del acuerdo y continúe con la política de Trump de sanciones económicas máximas. Sin sugerir quién llevó a cabo el asesinato del viernes, Amos Yadlin, exjefe de inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel, dijo: ´Con la ventana de tiempo que queda para Trump, tal movimiento podría llevar a Irán a una respuesta violenta, lo que proporcionaría un pretexto para un ataque liderado por EE.UU. contra instalaciones nucleares iraníes´” (Oliver Holmes y Patrick Wintour, The Guardian, 28/11). La nueva provocación contra Irán es una deriva de las “paces que Israel ha alcanzado con los estados árabes del Golfo y comparten su hostilidad hacia Irán. Este mes, Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con su príncipe heredero, según funcionarios israelíes, en la primera visita informada de un líder israelí” en la historia de las relaciones de ambos países (ídem). Israel, la única potencia nuclear de todo Medio Oriente, ha actuado sistemáticamente como un organizador serial de atentados criminales en todo Medio Oriente: “Durante la última década, Irán ha acusado a Israel de matar al menos a cinco de sus científicos nucleares, aunque Fakhrizadeh es considerado el más importante y destacado” (ídem). Netanyahu había exhibido en público su foto dos años atrás y lo señaló como un “objetivo”, informan diversas fuentes "Recuerda ese nombre" —dijo Netanyahu según Haaretz. “En 2014, cuatro científicos nucleares sirios murieron cerca de Damasco después de que hombres armados abrieran fuego contra su autobús. Un monitor de la guerra de Siria dijo que un científico nuclear iraní también murió en el ataque” (ídem). Lo más interesante del asunto es que Israel reveló días antes de este atentado “el asesinato del número 2 de Al-Qaeda”, lo que “fue un mensaje para Biden, dicen fuentes israelíes”. Pero “lo que más intrigó es el momento del anuncio, unos tres meses después del asesinato y una semana después de que Joe Biden ganara las elecciones” —dijo Yaniv Kubovich, el 17/11 en Haaretz. Este “asesinato fue precedido por una rápida visita a Israel del general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto (yanqui). El 24 de julio, dos semanas antes de la operación, Milley visitó la base aérea de Nevatim en el sur de Israel. Esta fue la segunda visita de Milley a Israel desde que asumió su cargo, la primera tuvo lugar unos días antes del asesinato de Soleimani” (ídem). Los antecedentes del sionismo en atentados en todo Medio Oriente, inclusive en la propia Irán sobran: a mediados de 2018 The New York Times reveló que en “una operación del Mossad a principios de este año para robar archivos relacionados con el programa nuclear de Irán irrumpieron en un almacén en una zona industrial en Teherán y, según el informe de ese diario, durante seis horas y 29 minutos por la noche, tras desactivar las alarmas, romper dos puertas, quemar docenas de cajas fuertes, huyeron de la ciudad ”robando media tonelada de archivos nucleares” (Haaretz, 16/7/18).

El proyecto de interrupción legal embarazo (IVE) del Ejecutivo nacional se votaría el Diputados el 10 de diciembre, último día de sesiones ordinarias. Entre el 1 y el 3 hablarán 50 expositores, 25 a favor y 25 en contra. El viernes votarían los diputados de las cuatro comisiones involucradas, que pueden introducir modificaciones. Todos coinciden en que la votación de Diputados será el 10 de diciembre. Dicho de este modo, parece que el proyecto de Alberto Fernández-Vilma Ibarra, saldrá con fritas. Habrá que verlo. Los celestes en pie de guerra A pesar de las especulaciones de que Bergoglio se mantendría al margen y hablaría solo por boca de los obispos (LN, 10/11), la semana pasada el Papa mandó una cartita comparando a los médicos que practican abortos con sicarios. Los diputados celestes -tanto oficialistas como opositores- hicieron saber en las redes sociales su malestar por lo que llaman un “tratamiento express”, como si ya no hubiera insumido meses de debate hace solo dos años. Este sábado 28 hay un acto en el Congreso y en 28 ciudades del país, fogoneadas en siniestra coyunda por las iglesias Católica y Evangélica, a veces disfrazadas de organizaciones civiles. "La mayoría celeste ya dijo que no y volverá a decir que no. En cada plaza, parque, barrio y sin pausa. Es tiempo de unir y proteger la vida de todos los argentinos”, amenazó la bolsonarista Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera). El Episcopado convocó en la misma línea. Sin embargo, el problema no es ese. Más allá de sus bravuconadas contra las mujeres, sostenidas por los dineros públicos que les cede el Estado, la derecha religiosa fracasó hace dos años en lograr una movilización importante contra el aborto legal. Por el contrario, muchas escuelas católicas vivieron una rebelión de sus alumnas y alumnos. El único problema grave es la parálisis deliberada de las direcciones kirchneristas y filokirchneristas en el movimiento de mujeres. Este mes hubo tres actividades tímidamente difundidas de la Campaña por el Aborto Legal, y sin embargo la caravana del 4 de noviembre fue muy importante. Las mujeres respondieron al llamado, no es esa la cuestión. La cuestión es que las direcciones subordinadas al gobierno nacional mandaron al archivo de manera inconsulta el proyecto de la Campaña, que es el proyecto amasado por el movimiento de mujeres durante tres décadas para que lograr una ley sin zancadillas para que, una vez aprobada, sea cumplida. Ni siquiera se sabe quiénes son los 25 oradores “a favor”. Defienden el proyecto de Fernández porque, dicen, es una conquista, así como está. Como si no supieran que ni siquiera esta propuesta, que aloja concesiones de principios, como la ‘objeción de conciencia, no estuviera sujeta a otras concesiones, que serán justificadas mentirosamente con el argumento de obtener los votos para una aprobación. Que el proyecto de Fernández es una conquista, es un concepto peligroso y, en si mismo, una concesión política perjudicial. Algo similar se dijo de la habilitación del debate que produjo Macri. Pretende inspirar confianza en un gobierno que condiciona todas sus decisiones a la habilitación de un nuevo pacto colonial con el FMI. La única conquista real es profundizar la movilización, mediante la presencia de las trabajadoras, como se manifiesta en todos los órdenes de la vida nacional -la salud, la educación, las barriadas, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la violencia policial. La objeción de conciencia es un arma que se otorga al clericalismo para convertir el ejercicio de ese derecho en un tormento para las mujeres, en especial aquellas con menos recursos para imponer sus derechos. Es la experiencia de España, Italia, Portugal, Uruguay. La inscripción de este veto marca un retroceso entre lo que entró al Congreso hace dos años y lo que el auto mentado ‘nacionalismo democrático’ manda este año. Que la objeción de conciencia no sea institucional apunta sólo a que el proyecto no sea invalidado, antes de la discusión, como inconstitucional, y a sus autores eventuales como hipócritas. Las instituciones no tienen conciencia, solo se aplica a las personas. Las ‘instituciones’ ya se encargarán, por medio de la amenaza del despido, que los profesionales descubran una objeción que no tenían. ¿O no ocurre esto en los establecimientos de educación confesional, que discriminan y expulsan a los docentes laicos? En los centros urbanos, por el carácter precario de muchos contratos, un jefe de servicio o un director de hospital provida no se privará de ejercer la presión necesaria para acosar los profesionales que sigan fieles al juramente hipocrático. Ya orillando la farsa, el proyecto oficial delega en el médico objetor la responsabilidad de derivar a la paciente. Parece una broma. ¿Por qué alguien que piensa que un aborto es un asesinato, invitará a otro a cometerlo? La penalización después de la semana 14, por atenuada que sea, también es una amenaza, y favorece bloqueos judiciales de todo tipo. La des-penalización consiste en dejar al código penal fuera de la determinación femenina. Es indispensable ponerse en marcha para garantizar una ley en forma crítica, para que esta crítica sirva de arma ulterior para derrotar los abusos que la misma ley propicia. Llamamos a redactar una declaración de rechazo a la objeción de conciencia y un programa. Convoquemos asambleas en todos los lugares de trabajo -virtuales o presenciales- que alerten de lo que se cocina a nuestras espaldas. Exijamos que las comisiones internas, las juntas, los sindicatos, se pronuncien por un aborto legal, seguro y gratuito sin Objeción de Conciencia ni penalizaciones. Llevemos a las organizaciones estudiantiles la misma demanda. Sigamos el ejemplo de las mujeres de muchas barriadas que incluyen el derecho al aborto legal entre sus reclamos cotidianos al Estado, enfrentando el corsé de las organizaciones cooptadas por el gobierno. Que de las asambleas surja la convocatoria a una gran movilización hacia el Congreso. Nuestros compañeros deben involucrarse en esta causa. El protagonismo de las Comisiones Obreras fue decisivo para aprobar la legalización del aborto en España, un país donde hay más monjas que bares, según reza un dicho popular. Llamamos a la Campaña por el Aborto Legal a defender su propio proyecto en las calles, con movilizaciones que custodien nuestros derechos. ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir! Ni un gramo de confianza en el gobierno ni en el Congreso. Aborto legal, seguro y gratuito, ya. Ni objeción de conciencia ni penalizaciones. El aborto lo arrancamos en las calles.

El día viernes pasado, comenzó la audiencia pública que debe considerar la ´rezonificación´ de las 17 hectáreas de Punta Carrasco y Costa Salguero, en la costanera Norte de las Ciudad. El cambio en el uso del suelo apunta a habilitar un vasto proyecto inmobiliario, que incluye la erección de diez torres de 30 metros de altura y muchas otras construcciones comerciales. Aunque éstas serán de menor porte, el conjunto, como bien señaló un expositor en el día de ayer, implica levantar “una densa muralla entre la Ciudad y el Río”. La votación legislativa fue precedida por operaciones de venta de tierras públicas a favor de grupos inmobiliarios, con el compromiso político de la ´rezonificación´. Esta operación virtualmente delictiva se viene ejecutando en la Ciudad de Buenos Aires por parte de todos los partidos que la gobernaron, cuanto menos, desde los 90 hasta hoy. El proyecto Costa Salguero, precisamente, implica la extensión de Puerto Madero hacia el norte. Con seguridad, ha sido concebido como punta de lanza de un plan más amplio de edificaciones, que condenarán a la Ciudad y a sus habitantes a la privación de su única costa. Los desarrolladores ya prevén que el complejo de departamentos proyectado será “el metro cuadrado más caro de la CABA”. Lo que no dicen es que esta elevación en el costo del suelo impactará sobre el acceso al techo en el conjunto de la Ciudad. Los empresarios y funcionarios defienden su proyecto con el argumento de que prevé espacios para ´paseo y recreación de la población en general”. Como suele ocurrir con estas privatizaciones, se justifican en nombre de las migajas de espacio público que dejan disponibles. La ´rezonificación´ fue votada hace un mes atrás; la audiencia pública en curso debe preceder a la segunda votación del proyecto, como ocurre con todas las iniciativas que afectan patrimonialmente a la Ciudad. Casi invariablemente, en estos casos, la ´audiencia´ es un trámite ritual, no vinculante, entre la primera y segunda votación. En esta oportunidad, sin embargo, ha tenido lugar un hecho que no puede pasar desapercibido: la inscripción a la audiencia supera las 7.000 personas, lo que no tiene precedentes en la historia de la Ciudad. Si se descuentan a los propios desarrolladores, y a algunos punteros o funcionarios a los que se les ha ordenado defender el proyecto, la abrumadora mayoría se anotó para rechazarlo. Es lo que ya ocurrió en la primera jornada. No es exagerado decir que, en esta ocasión, al gobierno de Larreta lo salvó el ´distanciamiento social´. Se ha servido de él para cortar en rodajas a esta verdadera movilización política: la audiencia, vía zoom, y a razón de 250 expositores por día, se extenderá durante dos meses. Una jornada presencial se hubiera convertido en una asamblea multitudinaria en rechazo al proyecto. La masiva inscripción, de todos modos, debería ser aprovechada para diseñar un plan de acción por el retiro del “proyecto Costa Salguero”, la defensa de la costa y el trazado de un parque y un paseo de acceso público integral. Entre los luchadores del ambientalismo urbano, ha comenzado un debate en este sentido. Se ha propuesto, por ejemplo, apelar al recurso de la iniciativa popular y, mediante la reunión de 4000 firmas, exigir a la Legislatura que trate el retiro del proyecto o bien abrirle paso a un referendum vinculante. Bastaría con reunir la voluntad de los actuales inscriptos o de su mayoría para alcanzar las firmas exigidas. Toda iniciativa, la que mencionamos acá u otras, deberían ser parte de una movilización integral, en términos de acción y de programa. Es necesario detenerse, en primer lugar, en las implicancias de esta crisis en torno de Costa Salguero. Como han señalado varios urbanistas, el proyecto del gobierno Larreta cierra el circulo de la privatización costera iniciado por el menemismo hace tres décadas atrás. Pero a su turno, la respuesta popular –con la inscripción masiva a la audiencia- expresa el agotamiento de la gestión capitalista del suelo, como ámbito para la resolución de las necesidades vitales de vivienda, espacio público o salud. La “Ciudad de Puerto Madero” tiene hoy un 40% de inquilinos, y hace dos décadas sólo tenía un 10%. El índice de espacio verde por habitante es uno de los más bajos del mundo. La pandemia puso al rojo vivo todas estas contradicciones, pues los porteños debieron afrontarla en departamentos minúsculos y calles encajonadas. Ni qué decir del sistema de salud, que cruzó por el Covid con médicos y enfermeras mal pagos y sobreexplotados. La privatización del suelo ha dado un salto cualitativo en la última década, y no simplemente por voluntad del macrismo. Los grandes acuerdos por la enajenación de las tierras ferroviarias de Liniers o Palermo fueron votados en común por macristas y kirchneristas. La venta de tierras nacionales fue llevada adelante a través de la “Agencia de Bienes del Estado”, esa suerte de ´inmobiliaria nacional´ creada en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner. Los protagonistas de estas privatizaciones no tienen para ofrecerle a la Ciudad sino más de lo mismo, como lo revela la ´rezonificación´ que el clan Tinelli-Lammens acaba de obtener en provecho propio, y contrabandeando el lema de la ´vuelta a Boedo´. Por todo lo anterior, una gran campaña por el retiro del proyecto Costa Salguero, ya sea impulsando la iniciativa popular u otro recurso, debería ser acompañada de un balance y un debate respecto de la orientación social de la Ciudad y el espacio urbano. La derrota de los ´desarrolladores´ de la Costa debe ser acompañada de un planteo que priorice a la población trabajadora, asegurando el derecho a la vivienda, en vínculo directo con las reivindicaciones de la educación y la salud, al espacio verde público y a la accesibilidad, todas ellas agredidas por la privatización y sus ejecutores políticos. Saquemos todas las conclusiones de esta reacción excepcional contra la confiscación de la costa y el suelo.

¡Qué antorcha de la razón se ha apagado! ¡Qué gran corazón ha dejado de latir![1] El 5 de agosto del nuevo calendario (24 de julio) de 1895 falleció en Londres Federico Engels. Después de su amigo Carlos Marx (fallecido en 1883), Engels fue el más notable científico y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo civilizado. Desde que el destino relacionó a Carlos Marx con Federico Engels, la obra a la que ambos amigos consagraron su vida se convirtió en común. Por eso, para comprender lo que Engels ha hecho por el proletariado es necesario entender claramente la importancia de la doctrina y actividad de Marx para el desarrollo del movimiento obrero contemporáneo. Marx y Engels fueron los primeros en demostrar que la clase obrera, con sus reivindicaciones, es el resultado necesario del sistema económico actual que, con la burguesía, crea y organiza inevitablemente al proletariado. Demostraron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan actualmente, no por los esfuerzos bienintencionados de algunas nobles personalidades, sino por la lucha de clase del proletariado organizado. Marx y Engels fueron los primeros en esclarecer en sus obras científicas que el socialismo no es una invención de soñadores, sino la meta final y el resultado inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad contemporánea. Toda la historia escrita hasta ahora es la historia de la lucha de clases, del cambio sucesivo en el dominio y en la victoria de una clase social sobre otra. Y esto continuará hasta que desaparezcan las bases de la lucha de clases y del dominio de clase: la propiedad privada y la producción social caótica. Los intereses del proletariado exigen que dichas bascs sean destruidas, por lo que la lucha de clases consciente de los obreros organizados debe ser dirigida contra ellas. Y toda lucha de clases es una lucha política. En nuestros días todo el proletariado en lucha por su emancipación ha hecho suyos estos conceptos de Marx y de Engels. Pero cuando los dos amigos colaboraban en la década del 40, en las publicaciones socialistas, y participaban en los movimientos sociales de su tiempo, estos puntos de vista eran completamente nuevos. A la sazón había muchos hombres con talento y otros sin él, muchos honestos y otros deshonestos, que en el ardor de la lucha por la libertad política, en la lucha contra la autocracia de los zares, de la policía y del clero, no percibían el antagonismo existente entre los intereses de la burguesía y los del proletariado. Esos hombres no admitían siquiera la idea de que los obreros actuasen como una fuerza social independiente. Por otra parte, hubo muchos soñadores, algunas veces geniales, que creían que bastaba convencer a los gobernantes y a las clases dominantes de la injusticia del régimen social existente para que resultara fácil implantar en el mundo la paz y el bienestar general. Soñaban con un socialismo sin lucha. Finalmente, casi todos los socialistas de aquella época, y en general los amigos de la clase obrera, sólo veían en el proletariado una lacra y contemplaban con horror cómo, a la par que crecía la industria, crecía también esa lacra. Por eso todos ellos pensaban cómo detener el desarrollo de la industria y del proletariado, detener "la rueda de la historia". Contrariamente al miedo general ante el desarrollo del proletariado, Marx y Engels cifraban todas sus esperanzas en su continuo crecimiento. Cuantos más proletarios haya, tanto mayor será su fuerza como clase revolucionaria, y tanto más próximo y posible ser á el socialismo. Podrían expresarse en pocas palabras los servicios prestados por Marx y Engels a la clase obrera diciendo que le enseñaron a conocerse y a tomar conciencia de sí misma, y sustituyeron las quimeras por la ciencia. He ahí por qué el nombre y la vida de Engels deben ser conocidos por todo obrero; tal es el motivo de que incluyamos en nuestra recopilación -- que como todo lo que editamos tiene por objeto despertar la conciencia de clase de los obreros rusos -- un esbozo sobre la vida y la actividad de Federico Engels, uno de los dos grandes maestros del proletariado contemporáneo. Engels nació en 1820, en la ciudad de Barmen, provincia renana del reino de Prusia. Su padre era fabricante. En 1838, se vio obligado por motivos familiares, antes de terminar los estudios secundarios, a emplearse como dependiente en una casa de comercio de Bremen. Este trabajo no le impidió ocuparse de su capacitación científica y política. Cuando era todavía estudiante secundario, llegó a odiar la autocracia y la arbitrariedad de los funcionarios. El estudio de la filosofía lo llevó aún más lejos. En aquella época predominaba en la filosofía alemana la doctrina de Hegel, de la que Engels se hizo partidario. A pesar de que el propio Hegel era admirador del Estado absolutista prusiano, a cuyo servicio se hallaba como profesor de la Universidad de Berlín, su doctrina era revolucionaria. La fe de Hegel en la razón humana y en los derechos de ésta, y la tesis fundamental de la filosofía hegeliana, según la cual existe en el mundo un constante proceso de cambio y desarrollo, condujeron a los discípulos del filósofo berlinés que no querían aceptar la realidad, a la idea de que la lucha contra esa realidad, la lucha contra la injusticia existente y el mal reinante procede también de la ley universal del desarrollo perpetuo. Si todo se desarrolla, si ciertas instituciones son remplazadas por otras, ¿por qué, entonces, deben perdurar eternamente el absolutismo del rey prusiano o del zar ruso, el enriquecimiento de una ínfima minoría a expensas de la inmensa mayoría, el dominio de la burguesía sobre el pueblo? La filosofía de Hegel hablaba del desarrollo del espíritu y de las ideas: era idealista. Del desarrollo del espíritu deducía el de la naturaleza, el del hombre y el de las relaciones entre los hombres en la sociedad. Marx y Engels conservaron la idea de Hegel sobre el perpetuo proceso de desarrollo *, y rechazaron su preconcebida concepción idealista; el estudio de la vida real les mostró que el desarrollo del espíritu no explica el de la naturaleza, sino que por el contrario conviene explicar el espíritu a partir de la naturaleza, de la materia. . . Contrariamente a Hegel y otros hegelianos, Marx y Engels eran materialistas. Enfocaron el mundo y la humanidad desde el punto de vista materialista, y comprobaron que, así como todos los fenómenos de la naturaleza tienen causas materiales, así también el desarrollo de la sociedad humana está condicionado por el de fuerzas materiales, las fuerzas productivas. Del desarrollo de estas últimas dependen las relaciones que se establecen entre los hombres en el proceso de producción de los objetos necesarios para satisfacer sus necesidades. Y son dichas relaciones las que explican todos los fenómenos de la vida social, las aspiraciones del hombre, sus ideas y sus leyes. El desarrollo de las fuerzas productivas crea las relaciones sociales, que se basan en la propiedad privada; pero hoy vemos también cómo ese mismo desarrollo de las fuerzas productivas priva a la mayoría de toda propiedad para concentrarla en manos de una ínfima minoría. Destruye la propiedad, base del régimen social contemporáneo, y tiende por sí mismo al mismo fin que se han planteado los socialistas. Estos sólo deben comprender cuál es la fuerza social que por su situación en la sociedad contemporánea está interesada en la realización del socialismo, e inculcar a esa fuerza la conciencia de sus intereses y de su misión histórica. Esta fuerza es el proletariado. Engels lo conoció en Inglaterra, en Manchester, centro de la industria inglesa, adonde se trasladó en 1842 para trabajar en una firma comercial de la que su padre era accionista. Engels no se limitó a permanecer en la oficina de la fábrica, sino que recorrió los sórdidos barrios en los que se albergaban los obreros y vio con sus propios ojos su miseria y sufrimientos. No se limitó a observar personalmente; leyó todo lo que se había escrito hasta entonces sobre la situación de la clase obrera inglesa y estudió minuciosamente todos los documentos oficiales que estaban a su alcance. Como fruto de sus observaciones y estudios apareció en 1845 su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ya hemos señalado más arriba cuál fue el mérito principal de Engels como autor de dicho libro. Es cierto que antes que él muchos otros describieron los padecimientos del proletariado y señalaron la necesidad de ayudarlo. Pero Engels fue el primero en afirmar que el proletariado no es sólo una clase que sufre, sino que la vergonzosa situación económica en que se encuentra lo impulsa inconteniblemente hacia adelante y lo obliga a luchar por su emancipación definitiva. Y el proletariado en lucha se ayudará a sí mismo. El movimiento político de la clase obrera llevará ineludiblemente a los trabajadores a darse cuenta de que no les queda otra salida que el socialismo. A su vez, éste sólo será una fuerza cuando se convierta en el objetivo de la lucha política de la clase obrera. Estas son las ideas fundamentales del libro de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, ideas que todo el proletariado que piensa y lucha ha hecho suyas, pero que entonces eran completamente nuevas. Fueron expuestas en un libro cautivante en el que se describe del modo más fidedigno y patético las penurias que sufría el proletariado inglés. La obra constituía una terrible acusación contra el capitalismo y la burguesía. La impresión que produjo fue muy grande. En todas partes comenzaron a citar la obra como el cuadro que mejor representaba la situación del proletariado contemporáneo. Y en efecto, ni antes de 1845, ni después, ha aparecido una descripción tan brillante y veraz de los padecimientos de la clase obrera. Engels se hizo socialista sólo en Inglaterra. En Manchester se puso en contacto con militantes del movimiento obrero inglés y empezó a colaborar en las publicaciones socialistas inglesas. En 1844, al pasar por París de regreso a Alemania, conoció a Marx, con quien ya mantenía correspondencia. En París, bajo la influencia de los socialistas franceses y de la vida en Francia, Marx también se hizo socialista. Allí fue donde los dos amigos escribieron La sagrada familia, o crítica de la crítica crítica. Esta obra, escrita en su mayor parte por Marx, y que fue publicada un año antes de aparecer La situación de la clase obrera en Inglaterra, sienta las bases del socialismo materialista revolucionario, cuyas ideas principales hemos expuesto más arriba. La sagrada familia es un apodo irónico dado a dos filósofos, los hermanos Bauer, y a sus discípulos. Estos señores practicaban una crítica fuera de toda realidad, por encima de los partidos y de la política, que negaba toda actividad práctica y sólo contemplaba "críticamente" el mundo circundante y los sucesos que ocurrían en él. Los señores Bauer calificaban desdeñosamente al proletariado como una masa sin espíritu crítico. Marx y Engels protestaron enérgicamente contra esa tendencia absurda y nociva. En nombre de la verdadera personalidad humana, la del obrero pisoteado por las clases dominantes y por el Estado, exigieron, no una actitud contemplativa, sino la lucha por una mejor organización de la sociedad. Y, naturalmente, vieron en el proletariado la fuerza capaz de desarrollar esa lucha en la que está interesado. Antes de la aparición de La sagrada familia, Engels había publicado ya en la revista Anales franco-alemanes, editada por Marx y Ruge, su Estudio crítico sobre la economía politica, en el que analizaba, desde el punto de vista socialista, los fenómenos básicos del régimen económico contemporáneo, como consecuencia inevitable de la dominación de la propiedad privada. Sin duda, su vinculación con Engels contribuyó a que Marx decidiera ocuparse de la economía política, ciencia en la que sus obras produjeron toda una revolución. De 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los estudios científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes residentes en dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una asociación clandestina alemana, la "Liga de los Comunistas" que les encargó expusieran los principios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que apareció en 1848. Este librito vale por tomos enteros: inspira y anima, aún hoy, a todo el proletariado organizado y combatiente del mundo civilizado. La revolución de 1848, que estalló primero en Francia y se extendió después a otros países de Europa occidental determinó que Marx y Engels regresaran a su patria. Allí en la Prusia renana, asumieron la dirección de la Nueva Gaceta Renana, periódico democrático que aparecía en la ciudad de Colonia. Los dos amigos eran el alma de todas las aspiraciones democráticas revolucionarias de la Prusia renana. Ambos defendieron hasta sus últimas consecuencias los intereses del pueblo y de la libertad, contra las fuerzas de la reacción. Como se sabe, éstas triunfaron, Nueva Gaceta Renana fue prohibida, y Marx, que durante su emigración había perdido los derechos de súbdito prusiano, fue expulsado del país; en cuanto a Engels, participó en la insurrección armada del pueblo, combatió en tres batallas por la libertad, y una vez derrotados los insurgentes se refugió en Suiza, desde donde llegó a Londres. También Marx fue a vivir a Londres; Engels no tardó en emplearse de nuevo, y después se convirtió en socio de la misma casa de comercio de Manchester en la que había trabajado en la década del 40. Hasta 1870 vivió en Manchester, y Marx en Londres, lo cual no les impidió estar en estrecho contacto espiritual: se escribían casi a diario. En esta correspondencia los amigos intercambiaban sus opiniones y conocimientos, y continuaban elaborando en común el socialismo científico. En 1870, Engels se trasladó a Londres, y hasta 1883, año en que murió Marx, continuaron esa vida intelectual compartida, plena de intenso trabajo. Como fruto de la misma surgió, por parte de Marx, El Capital, la obra más grandiosa de nuestro siglo sobre economía política, y por parte de Engels, toda una serie de obras más o menos extensas. Marx trabajó en el análisis de los complejos fenómenos de la economía capitalista. Engels esclarecía en sus obras, escritas en un lenguaje muy ameno, polémico muchas veces, los problemas científicos más generales y los diversos fenómenos del pasado y el presente, inspirándose en la concepción materialista de la historia y en la doctrina económica de Marx. De estos trabajos de Engels citaremos la obra polémica contra Dühring (en ella el autor analiza los problemas más importantes de la filosofía, las ciencias naturales y la sociología)**, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (traducida al ruso y editada en San Petersburgo, 3a ed. de 1895), Ludwig Feuerbach (traducción al ruso y notas de J. Plejánov, Ginebra, 1892)[2], un artículo sobre la política exterior del gobierno ruso (traducido al ruso y publicado en Sotsial-Demokrat, núms. 1 y 2, en Ginebra)[3], sus magníficos artículos sobre el problema de la vivienda[4], y finalmente, dos artículos, cortos pero muy valiosos, sobre el desarrollo económico de Rusia (Federico Engels sobre Rusia, traducción rusa de V. Zasúlich, Ginebra 1894)[5]. Marx murió sin haber podido terminar en forma definitiva su grandiosa obra sobre el capital. Sin embargo, estaba concluida en borrador, y después de la muerte de su amigo, Engels emprendió la ardua tarea de redactar y publicar los tomos II y III. En 1885 editó el II y en 1894 el III (no tuvo tiempo de redactar el IV[6]). Estos dos tomos le exigieron muchísimo trabajo. El socialdemócrata austríaco Adler observó con razón que, con la edición de los tomos II y III de El Capital, Engels erigió a su genial amigo un monumento majestuoso en el cual, involuntariamente, grabó también con trazos indelebles su propio nombre. En efecto, esos dos tomos de El Capital son la obra de los dos, Marx y Engels. Las leyendas de la antigüedad relatan diversos ejemplos de emocionante amistad. El proletariado europeo puede decir que su ciencia fue creada por dos sabios y luchadores cuyas relaciones superan a todas las conmovedoras leyendas antiguas sobre la amistad entre los hombres. Siempre, y por supuesto, con toda justicia, Engels se posponía a Marx. "Al lado de Marx -- escribió a un viejo amigo suyo -- siempre toqué el segundo violín."[7] Su afecto por Marx mientras vivió, y su veneración a la memoria del amigo desaparecido fueron infinitos. Este luchador austero y pensador profundo, tenía una gran sensibilidad. Durante su exilio, después del movimiento de 1848-1849, Marx y Engels se dedicaron no sólo a la labor científica. Marx fundó en 1864 la "Asociación Internacional de los obreros"[8] que dirigió durante un decenio. También Engels participó activamente en sus tareas. La actividad de la "Asociación Internacional" que, de acuerdo con las ideas de Marx, unía a los proletarios de todos los países, tuvo una enorme importancia para el desarrollo del movimiento obrero. Pero inclusive después de haber sido disuelta dicha asociación en la década del 70, el papel de Marx y Engels como unificadores de la clase obrera no cesó. Por el contrario, puede afirmarse que su importancia como dirigentes espirituales del movimiento obrero seguía creciendo constantemente, porque propio movimiento continuaba desarrollándose sin cesar. Después de la muerte de Marx, Engels siguió siendo el consejero y dirigente de los socialistas europeos. A él acudían en busca de consejos y directivas tanto los socialistas alemanes, cuyas fuerzas iban en constante y rápido aumento, a pesar de las persecuciones gubernamentales, como los representantes de países atrasados, por ejemplo españoles, rumanos, rusos, que se veían obligados a estudiar minuciosamente y medir con toda cautela sus primeros pasos. Todos ellos aprovechaban el riquísimo tesoro de conocimientos y experiencias del viejo Engels. Marx y Engels, que conocían el ruso y leían las obras aparecidas en ese idioma, se interesaban vivamente por Rusia, seguían con simpatía el movimiento revolucionario y mantenían relaciones con revolucionarios rusos. Antes de ser socialistas, los dos habían sido demócratas y el sentimiento democrático de odio a la arbitrariedad política estaba profundamente arraigado en ellos. Este sentido político innato, agregado a una profunda comprensión teórica del nexo existente entre la arbitrariedad política y la opresión económica, así como su riquísima experiencia de la vida, hicieron que Marx y Engels fueran extraordinariamente sensibles en el aspecto político. Por lo mismo, la heroica lucha sostenida por un puñado de revolucionarios rusos contra el poderoso gobierno zarista halló en el corazón de estos dos revolucionarios probados la más viva simpatía. Y por el contrario, era natural que la intención de volver la espalda a la tarea inmediata y más importante de los socialistas rusos -- la conquista de la libertad política --, en aras de supuestas ventajas económicas, les pareciese sospechosa e incluso fuese considerada por ellos como una traición a la gran causa de la revolución social. "La emancipación del proletariado debe ser obra del proletariado mismo", enseñaron siempre Marx y Engels. Y para luchar por su emancipación económica, el proletariado debe conquistar determinados derechos políticos. Además, Marx y Engels veían con toda claridad que una revolución política en Rusia tendría también una enorme importancia para el movimiento obrero de Europa occidental. La Rusia autocrática ha sido siempre el baluarte de toda la reacción europea. La situación internacional extraordinariamente ventajosa en que colocó a Rusia la guerra de 1870, que sembró por largo tiempo la discordia entre Alemania y Francia, no hizo, por supuesto, más que aumentar la importancia de la Rusia autocrática como fuerza reaccionaria. Sólo una Rusia libre, que no tuviese necesidad de oprimir a los polacos, finlandeses, alemanes, armenios y otros pueblos pequeños, ni de azuzar continuamente una contra otra a Francia y Alemania, daría a la Europa contemporánea la posibilidad de respirar aliviada del peso de las guerras, debilitaría a todos los reaccionarios de Europa y aumentaría las fuerzas de la clase obrera europea. Por lo mismo, Engels, deseó fervientemente la instauración de la libertad política en Rusia, pues también contribuiría al éxito del movimiento obrero en Occidente. Con su muerte los revolucionarios rusos han perdido al mejor de sus amigos. ¡Memoria eterna a Federico Engels, gran luchador y maestro del proletariado! Señalaron más de una vez que, en gran parte, debían su desarrollo intelectual a los grandes filósofos alemanes, y en particular a Hegel. "Sin la filosofía alemana -- dijo Engels -- no existiría tampoco el socialismo científico."[9] ** Es un libro admirablemente instructivo y de rico contenido [10]. Por desgracia sólo se ha traducido al ruso una pequeña parte de esta obra, que contiene un esbozo histórico del desarrollo del socialismo (Desarrollo del socialismo científico [11], 2a ed., de Ginebra, 1892). NOTAS Las palabras citadas en el epígrafe al artículo Federico Engels las tomó V. I. Lenin de la poesía del poeta ruso Nikolái Alexéievich Nekrásov En memoria de Dobroliúbov. Se refiere a la obra de F. Engels Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Se alude al artículo de F. Engels "La política exterior del zarismo ruso" (C. Marx y F. Engels, Obras Completas, t. XXlI), impreso en los dos primeros números de la revista Sotsial-Demokrat de 1890 bajo el título "La política exterior del Imperio Ruso". Sotsial-Demokrat: revista literaria y politica editada por el grupo "Emancipación del Trabajo" en 1890 en Londres y en 1892 en Ginebra; en total se publicaron cuatro números. Lenin alude al artículo de F. Engels "Contribución al problema de la vivienda". (C. Marx y F. Engels, Obras Completas, t. XXI.) Se alude al artículo de F. Engels, "Acerca de las cuestiones sociales en Rusia" y el epílogo a dicho artículo. (C. Marx y F. Engels, Obras Completas, t. XVIII y XXII.) En consonancia con una indicación de F. Engels, V. I. Lenin llama cuarto tomo de El Capital a la obra de C. Marx Teorías de la plusvalía. En el prefacio al segundo tomo de El Capital, Engels escribió: "Me reservo el derecho de publicar la parte crítica de este manuscrito en concepto de IV volumen de El Capital, con la particularidad de que se suprimirán de él numerosos pasajes, agotados en los tomos II y III". Sin embargo, Engels no tuvo tiempo de preparar para la prensa el IV tomo de El Capital. Teorías de la plusvalía se publicaron por vez primera en alemán redactadas por K. Kautsky en 1905-1910. Se alude a la carta de F. Engels a I. Ph. Becker del 15 de octubre de 1884. Asociación Internacional de los Obreros (I Internacional): se trata de la primera organización internacional del proletariado fundada en Londres por Marx en otoño de 1864. La I Internacional encabezada por Marx y Engels dirigía la lucha económica y política de los obreros de los diferentes países, realizaba la lucha enconada contra la corriente antimarxista del proudhonismo, bakuninismo, tradeunionismo y lassalleanismo, fortaleciendo la solidaridad obrera internacional. La I Internacional dejó de existir en realidad en 1872 después de la Conferencia de la Haya y fue disuelta oficialmente en 1876. Como lo señalaba Lenin, la I Internacional "sentó los fundamentos de la organización internacional de los trabajadores para preparar su ofensiva revolucionaria contra el capital". (V. I. Lenin, Obras Completas, t. XXIX.) Véase F. Engels, "Prefacio a La guerra campesina en Alemania. (C. Marx y F. Engels, Obras Completas, t. XVIII.) Se alude a la obra de F. Engels Anti-Dühring. Con este título se publicó en la edición rusa de 1892 la obra de F. Engels Del socialismo utópico al socialismo científico, basada en tres capítulos del libro de F. Engels Anti-Dühring.

Los principales periódicos fueron bastante homogéneos en el balance de los resultados de las elecciones municipales del 15 de noviembre. Todos apuntaron a un fortalecimiento del “centro” político (o centro-derecha), en relación a la extrema derecha y a la izquierda. El dato más importante fue la abstención, que alcanzó la tasa más alta en el último cuarto de siglo. En 2016, tuvimos 144,1 millones de votantes, con un 17,58% de abstenciones (total de votos a considerar: 118,8 millones). En 2020, para 147,9 millones de electores, la abstención fue del 23,48%. Si sumamos los votos en blanco y nulos, esos números son más impresionantes. En São Paulo, la suma de los votos de los dos ganadores apenas superó los 2,82 millones; abstenciones, cancelaciones y votos en blanco suman… 3,66 millones. Los partidos históricos del llamado “centro”, el MDB (que conquistó 777 municipios) y el PSDB (que conquistó 519), también sufrieron reveses. El Centrão que avanzó electoralmente es un cúmulo de siglas (PP, PSD, PL PSC), generalmente mesas de negocios electorales. En Brasil hay 35 partidos políticos con legalidad electoral, de los cuales 32 presentaron candidatos. La mayoría de ellos son "siglas de alquiler", utilizados por testaferros del "crimen organizado" (y también del "desorganizado"). En este contexto, también es significativo lo señalado por los analistas de Folha de S. Paulo: “Si las últimas elecciones estuvieron marcadas por un movimiento a la derecha del electorado, las de este año tendieron a un movimiento a la izquierda”. El porcentaje de votos del PT en 2016 fue de 6,8 millones - 5,7%; el mismo porcentaje en 2020 fue de 6,97 millones - 6,2%. El PT compite en la segunda vuelta en 15 de las 57 ciudades más grandes del país, habiendo ocupado el primer lugar en siete. En 2016, el PT eligió solo un intendente en el grupo de ciudades más grandes, en el que, este año, obtuvo un aumento del 20% en los votos con respecto a 2016. El bolsonarismo no sufrió un revés, sino un verdadero desastre. Todos los candidatos importantes apoyados explícitamente por Bolsonaro, con la presencia del presidente en su propaganda electoral, fueron derrotados. Bolsonaro y sus seguidores lo atribuyeron inmediatamente a la acción de hackers. Su candidato paulista inició la campaña electoral con encuestas que le atribuían el 30%: en las urnas apenas superó el 10%. El PSL, el vehículo de Bolsonaro para llegar a la presidencia en 2018, cuando eligió presidente, tres gobernadores, 52 diputados federales y 76 diputados provinciales, naufragó en 2020 en las principales ciudades del país. Aunque naturalmente de alcance limitado, las elecciones municipales demostraron que el de Bolsonaro es un gobierno a la deriva. En 85 ciudades, sin embargo, el PT se presentó en coaliciones con el PSL. El balance de la primera vuelta de las elecciones municipales fue inequívocamente una derrota para Bolsonaro, sin partido y sin ganar candidatos en ninguna de las capitales. Que se diga, de paso, que la clique bolsonarista, después de dejar el PSL por motivos económicos, se refugió para postularse por Republicanos, el partido fundado por José Alencar, cuando era vicepresidente de Lula. El golpe contra el gobierno ha sido tan extenso que los candidatos que alguna vez fueron campeones del bolsonarismo ahora luchan por disociarse del presidente "yeta". Bolsonaro hizo campaña para 59 candidatos, de los cuales solo nueve fueron elegidos. De los 13 candidatos a la alcaldía que tenían votos solicitados por Bolsonaro, solo dos llegaron a segunda vuelta (Río de Janeiro y Fortaleza) y otros dos fueron electos en ciudades del interior de Piauí y Minas Gerais. El acto electoral también estuvo marcado por una operación de bolsonarismo, realizada desde el exterior. A través de un ataque de piratas informáticos sin precedentes contra los sistemas de justicia electoral y una furiosa campaña en las redes sociales, los bolsonaristas prepararon el escenario para cuestionar la confiabilidad del voto electrónico y reactivar la demanda de voto impreso. Bolsonaro explicó sus planes la mañana del lunes 16 de noviembre, tuiteando que “con un mejor sistema de votación” ganará la reelección en 2022. Políticamente devaluado, tiene el aparato policial y las dificultades de inspección que permitirían el voto impreso. para intentar una gigantesca operación de fraude, carta que ya había jugado en 2018 cuando, a la Trump, anunció que solo reconocería un resultado ganador. El ensayo general de este operativo fue la elección en Río de Janeiro, donde las milicias -que, como mostró un estudio reciente, controlan el 57% del territorio de la ciudad- condicionaron los votos en las comunidades, a favor de Crivella y Paes, con base en la intimidación a mano armado. El objetivo estratégico de la política de milicias es establecer las condiciones para un sistema permanente de fraude, basado en la violencia política. De hecho, esta primera vuelta ha sido una de las elecciones más violentas de la historia del país, con al menos 90 candidatos asesinados y más de un centenar de heridos. Entre los ganadores de la primera vuelta están las partidos del Centrão. A raíz del ciclo de “lucha contra la corrupción”, los partidos más venales del país se encuentran entre los que más avanzaron en comparación con 2016: el PP pasó de 495 a 682 intendencias y el PSD de 537 a 650. El otro gran beneficiado fue el DEM, que pasó de 272 a 440. Desde el punto de vista de la situación política general, el resultado significa que el gobierno, que ya dependía del Centrão, sea a partir de ahora totalmente rehén de las necesidades materiales y de poder de este sector. Los movimientos políticos concretos deben esperar la definición de la segunda vuelta, pero, a través de Ricardo Barros (PP), líder de gobierno en la Cámara, se expresó la ambición de tomar el control del gabinete ministerial. La derrota de Trump ya había devaluado el precio de la cabeza de Ernesto Araújo en Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores) y Ricardo Salles en Medio Ambiente, pero Centrão también busca grandes presupuestos, como los de Salud, Minas y Energía e Infraestructura, actualmente bajo el control de los militares. . La gran pregunta es el destino de Paulo Guedes, con un rediseño ministerial que dejaría el equilibrio de poder en el gobierno claramente a favor del ala “intervencionista”, centrada en el ministro de Desarrollo Regional, Rogério Marinho. El PT luchó por recuperarse tras perder casi 400 intendentes en 2016: presentó 1.234 candidatos a intendentes, un 27% más que en 2016. Ganó en 178 municipios, una cifra expresiva, pero baja en comparación con las 628 alcaldías que ganó en 2012 , y una caída también en comparación con 256 en 2016 (que fueron el resultado de un desastre político, 100 alcaldes abandonaron el PT después del juicio político a Dilma). Su fracaso más notable fue en São Paulo, gobernado en tres ocasiones por el PT, donde su candidato, Jilmar Tatto, apenas superó el 8% de los votos, abriendo una crisis, con sectores de la izquierda del PT acusando a Lula de haber abandonado la candidatura de su propio partido. La candidatura más simbólica y electoralmente optimista apoyada por el PT, la de Manuela D'Ávila (PCdoB) al Ayuntamiento de Porto Alegre, inició la campaña electoral con encuestas que la posicionaban como vencedora ya en la primera vuelta: llegó a las urnas en segundo lugar. La gran sensación del “avance de la izquierda” fue la llegada de Guilherme Boulos, del PSOL, en la segunda vuelta de las elecciones paulistas, con poco más del 20% de los votos válidos (casi 1,08 millones), frente a 1,75 millones. (casi el 33%) de Bruno Covas, del PSDB. Gran parte del electorado del PT se volvió hacia Boulos; la mayoría de los analistas vinculan el fenómeno a la imagen de una izquierda joven (38 años de Boulos, 75 de Lula), no contaminada por la corrupción. El fenómeno fue nacional: con 17 candidatos a intendentes en la segunda vuelta, el PT y el PSOL avanzaron electoralmente en las 100 ciudades más grandes. El PSOL ganó cuatro municipios (solo dos en 2016) y 88 puestos de concejales en todo el país, pasando a la segunda vuelta también en Belém do Pará, la ciudad más importante del norte del país, con posibilidades de victoria. En Río de Janeiro, el PSOL conquistó siete concejales (uno más que en 2016), teniendo el candidato más votado a concejal , superando por mucho a Carlos Bolsonaro (el más votado en 2016), desempeño superior a su boleta a intendente, en la que llevaba a un coronel de la Policía Militar como vice candidato. Es decir, el PSOL intentó avanzar "por la derecha" y terminó avanzando por la izquierda. Su buena elección para cargos "proporcionales" en Río estuvo vinculada a candidaturas vinculadas a movimientos de lucha, no a la policía "humanitaria". Lo mismo sucedió en São Paulo, donde la imagen de Boulos, no su programa, está ligada al hecho de ser el principal líder nacional del movimiento sin hogar (MTST), uno de los más activos en Brasil en la última década. Boulos se cansó de explicar que la acción del MTST siempre se limitó a terrenos públicos o viviendas, abandonados o en situación irregular. En ningún caso, incluidos los que involucran a luchadores (especialmente luchadores, en el caso de las “candidaturas colectivas”), las candidaturas del PSOL fueron presentadas como clasistas o vinculadas a las luchas obreras. Estas, que fueron numerosas bajo la pandemia (metalúrgicos paulistas y paranaenses, Correos, trabajadores de la salúd y de servicios de aplicaciones) no tuvieron presencia en la campaña electoral, no fueron mencionadas en la propaganda electoral en la televisión. El programa Boulos propone mejoras en educación, salud, transporte, acceso a la vivienda y medio ambiente, sin proponer ningún cambio importante en la estructura tributaria. La Cámara de Comercio de São Paulo aplaudió a Boulos por su visita, y varios capitalistas dieron apoyo material a su campaña. Mantener la estructura presupuestaria básicamente igual es destacable debido a la regresión fiscal brasileña, incluso municipal, en una ciudad que, además de ser un paraíso internacional para la especulación inmobiliaria, tiene nada menos que el tercer presupuesto más grande del país. A pesar de todo esto, la demonización pública de Boulos por el bolsonarismo triunfante en 2018 permite que su voto en 2020 se caracterice como una manifestación política anti-Bolsonaro. Ciertamente, gran parte del flujo electoral de Boulos se debe al desplazamiento de votos por parte del PT. La mayoría de ellos son reclutados en las periferias más pobres, donde hay luchas por la vivienda, pero su porcentaje de voto fue más importante en los barrios de clase media, superando el 30% en Perdizes, Bela Vista y Pinheiros. No es un voto de clase (que el PSOL ni siquiera reclama), sino un voto “progresista” dentro de los límites de la “redistribución de la riqueza”. La presencia de grupos "trotskistas" dentro del PSOL (o apoyándolo desde fuera), sin más delimitación política que la crítica puntual de los candidatos más escandalosamente burgueses, revela que estos grupos, a pesar de su "ideología", han perdido, incluso con con un posicionamiento “anticapitalista” o socialista, la brújula política de clase. El PSTU entró en un colapso electoral, a pesar de su importante presencia en el movimiento sindical de clase y en algunas luchas obreras importantes. Sus candidaturas en Río y São Paulo apenas superaron los tres mil votos, el equivalente, en São Paulo, al 0,05% de los votos válidos. Su candidatura en Río, un sindicalista bancario clasista, duplicó ese porcentaje, alcanzando el 0,1%. Su ausencia en la propaganda electoral televisiva es la razón que se aduce, junto con la dificultad de realizar una campaña en las calles en condiciones de pandemia. Salvo excepciones, las candidaturas del PSTU cedieron ante la ola de candidaturas “identitarias” (“el partido con mayor porcentaje de candidaturas femeninas o negras”), colocadas en primer plano, un campo donde siempre ganan los defensores abiertos del identitarismo anti-clasista. Recordemos que la PSTU sufrió hace algunos años una escisión que llevó buena parte de sus miembros para el PSOL. Rodrigo Maia estimó que el resultado de la primera vuelta mostró que el ciclo que eligió a Bolsonaro en 2018 debe repetirse “solo en 30 o 40 años”, haciéndose eco de un giro político que se multiplica entre los voceros de la gran burguesía, alejándose de Bolsonaro. Comienza a gestarse una reposición que buscaría reeditar, en otras condiciones, el bloque PSDB-PMBD-DEM, que apoyaba el ciclo FHC, cuyo eje se manifiesta en la campaña de Bruno Covas bajo el lema “contra el radicalismo”. Esta perspectiva encuentra eco en las Fuerzas Armadas, donde existe una demanda creciente de distanciarse (y lavarse las manos) del gobierno de Bolsonaro, alegando que “el país vota en contra de los extremos”. La apuesta por recoger a las viudas del bolsonarismo entre la burguesía y el aparato militar y, con ello, aggiornareste plato recalentado pasa por negociar la inclusión de Sergio Moro en la camarilla, eventualmente con algún outsider, como Luciano Huck, como abanderado. En la izquierda, el resultado electoral ratificó el desestructuración política de las bases de la clase obrera. El análisis de la izquierda del resultado osciló entre un balance triunfalista superficial y despolitizado, por un lado, o atribuyendo el paso de Boulos a la segunda vuelta a un mero fenómeno mediático. El hecho de que Boulos emergiera como una nueva figura con proyección nacional muestra que para que algo nuevo apareciera en la izquierda tenía que estar conectado de alguna manera con la movilización de las masas. Aunque de manera distorsionada, Boulos representa un emergente del principal movimiento de lucha popular (MTST) que surgió en el contexto del ciclo del PT y su intento de integrar todas las organizaciones de masas en el Estado capitalista. El MTST solo logró despertar el interés real de sectores de la clase trabajadora en la lucha por la vivienda, diferenciándose del PT. En perspectiva histórica, el “fenómeno” Boulos y PSOL son el resultado del silenciamiento de la clase trabajadora en la arena política y su reemplazo por los “excluidos”, los “pobres”, la lucha por la “ciudadanía”. En otras palabras, el proceso de despolitización promovido en el ciclo del PT por la apuesta estratégica de la dirección del PT para sofocar y neutralizar cualquier tendencia a la independencia de clase en la vida social brasileña. La supuesta superación del PT que el PSOL pretendía encarnar reforzó este proceso y lo complementó con el dominio de las políticas de identidad sobre cualquier expresión de clase. No debemos olvidar que esta elección se desarrolla en medio de una profunda crisis social, sanitaria, económica y política, con un gobierno reaccionario, estancado y sin rumbo. Bajo estas condiciones, la clase trabajadora está ausente como expresión política en la disputa electoral, mismo en que el segundo mayor partido del país (el PT) controla la mayor central sindical de América latina (la CUT). Las organizaciones obreras brasileñas siguen en pie, pero no tienen estructura política, lo que es el resultado de toda una trayectoria consciente del lulismo en los últimos 30 años. Los bloques ganados por el PSOL en las intendencias de São Paulo y Río están dominados por candidaturas de carácter identitario, con demandas democráticas y sin trabajadores ni candidatos de clase. Como reflejo de todo este proceso, el PSTU, que controla CSP-Conlutas, centro que agrupa a varios sindicatos importantes a nivel nacional y regional, tuvo un voto marginal, lo que indica que obtuvo pocos votos por su influencia inmediata en los medios obreros. La candidatura de Boulos, que pasa a segunda vuelta en São Paulo, sin duda el hecho más significativo de la elección, no es una candidatura de clase, por su programa o contenido social. Sin embargo, es necesario analizar si el voto en Boulos puede representar un canal de movilización en la lucha contra Bolsonaro. En el contexto de desorientación y debilidad de las organizaciones históricas de los movimientos obreros y populares, es evidente que la gran mayoría de los luchadores tienen la expectativa de la victoria de Boulos. Con las particularidades de la elección de São Paulo, claramente representa una candidatura contra Bolsonaro, y una victoria para él daría un nuevo impulso a la crisis de gobierno. Con distintos matices, se puede realizar un razonamiento similar respecto a la segunda vuelta en Belém, con Edmilson Rodrigues (PSOL) contra un candidato de la milicia paramilitar; en Porto Alegre, con Manuela D'Ávila (PCdoB); y en cierta medida en Recife, con Marília Arraes (PT). Un caso completamente diferente es el de Río de Janeiro, donde la segunda vuelta entre Crivella y Eduardo Paes presenta a dos candidatos bolsonaristas (uno explícito, otro por contrabando) que también deben ser rechazados. Crivella era el candidato original de Bolsonaro, pero la perspectiva de la derrota llevó a las bases del bolsonarismo (las milicias) a operar abiertamente por la victoria de Paes. El número récord de abstenciones y votos nulos en Río reflejó una conciencia generalizada, entre los estratos más politizados de los trabajadores de Río, de que se tendió una trampa podrida, que merece un fuerte repudio político. Comprensiblemente, el escenario de la segunda vuelta abrió un debate entre el activismo sindical juvenil y de clase; No son pocos los que defienden el voto nulo en todos los casos, argumentando que votar por candidatos de izquierda de frente-populista no constituye un voto de clase. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, la definición en relación al voto debe partir de la caracterización de la situación política y no de una simple cuestión doctrinal. El marco electoral, en el contexto de la crisis, indica que estamos en una fase de transición hacia un 2021 que presagia (con la paulatina “normalización” que vendrá a medida que se desarrolle la vacunación) un escenario de grandes luchas de masas. En la agenda estará la disputa sobre quién paga la cuenta de los generosos subsidios que reciben los bancos y empresas, y también la materialización del inmenso descontento popular con los crímenes de Bolsonaro y su gobierno, contenido este año por los límites impuestos por la pandemia. La cuestión de la votación en la segunda vuelta debe responderse desde este ángulo. La preparación política de la lucha por el Fuera Bolsonaro, más vigente que nunca, exige un voto subordinado a este objetivo. Anular el voto es colocarse al margen del problema y permanecer ajeno a las aspiraciones de la mayoría de los trabajadores y luchadores. Esto no significa ningún apoyo a los eventuales gobiernos de Boulos, Edmilson o Manuela, sino solo un paso necesario en la transición a un grupo de luchadores en torno a un programa independiente. Para el gran capital se trata de aprovechar los años que quedan de un Bolsonaro políticamente debilitado, pero con sus aliados parlamentarios fortalecidos, para imponer todo tipo de reformas reaccionarias. Para el movimiento obrero y populare, se trata de aprovechar esta debilidad para organizar la lucha contra ellos.

Quinientas mil personas marcharon en toda Francia contra la ley de seguridad global impulsada por Macron. Esta ley prevé la ampliación de las prerrogativas de la policía municipal, restringir la difusión de la imagen de los policías, equipar a la policía con cámaras peatonales para generalizar el reconocimiento facial. Los artículos 21, 22, 24 de la ley de Seguridad Global prohíbe grabar a los policías, permiten interrogar a los periodistas tras detenerlos en las protestas, usar drones, y avanzar en la privatización de la seguridad, una tercerización de la represión. En Le Parisien, la semana pasada el ministro del Interior, Gerald Darmanin, ´denunció´ el clima de intimidación que padece la policía. Según el ministro, “el cáncer de la sociedad es la falta de respeto hacia la autoridad”. “La policía francesa está sometida, desde hace años, a mucho estrés, por la lucha antiterrorista, la delincuencia al alza, el acoso a las comisarías en los barrios difíciles y las continuas protestas en la calle. Los agentes son víctimas asimismo de muchas agresiones. Según un estudio hecho por el diario Le Figaro, la violencia contra la policía se ha multiplicado por dos en los últimos quince años. Los suicidios de policías y gendarmes suponen una auténtica epidemia” (lavangurdia, 25/11). En París se reunieron más de 150 mil personas para repudiar esta ley de impunidad. En una movilización que iba desde la Plaza Nation hasta la plaza Bastille, se reunieron organismos de derechos humanos, periodistas, sindicatos, organizaciones sociales y víctimas de la represión policial, para repudiar esta ley aprobada por la cámara baja el miércoles pasado, bajo la coordinación del agrupamiento #StopLoiSécuritéGlobale. En muchas alcaldías de Francia gobernadas por la alianza de Verdes, PS o PCF, las movilizaciones fueron encabezadas por los alcaldes. Según cifras del Ministerio del Interior, 46.000 personas se movilizaron en la capital. A partir de las 13 horas, un grupo de chalecos amarillos ocupó la Place de la République al grito de “¡Libertad! Libertad!”. Miles de personas salieron a las calles de Lyon (13.000), Burdeos (6.000) o incluso Montpellier (5.000). La violencia policial durante la manifestación no se hizo esperar. Frente a la represión policial, los manifestantes hicieron barricadas en diferentes puntos durante toda la jornada. La violencia generada por el accionar de la policía fue buscada por el gobierno para justificar la represión y victimizarse. Darmanin, a las 19 horas dijo que condenaba la “violencia inaceptable contra la policía”. Pero la fiscalía de París anunció en ese momento de la tarde que ya había puesto a veintisiete personas bajo custodia policial (Le Monde). Un fotógrafo independiente de origen sirio, colaborador de Polka y Agence France-Presse (AFP), Ameer Al Halbi, de 24 años, fue hospitalizado con la nariz rota. Según la Asociación Reporteros sin Fronteras que denunció la “inaceptable” violencia policial contra el fotógrafo sirio, herido durante la marcha parisina, el ataque policial se había producido antes de las 14 horas. Según el Ministerio del Interior, 62 personas resultaron heridas entre la policía (incluidas 23 en París) y 81 personas arrestadas. “Ya no podemos hablar de democracia en un estado que prohíbe a los periodistas tomar fotos” dijo un trabajador de prensa (Le Monde, 28/11). En las últimas semanas hubo un crecimiento de la violencia policial y la islamofobia. Miles se habían movilizado el martes 17 y sábado 21 de noviembre en todo el país para denunciar la ley de Macron. El lunes por la noche se evacuó brutalmente un campamento de 400 migrantes en París. Las imágenes de la policía dando patadas a quienes se manifestaban provocaron escándalo y duras reacciones políticas. También se pudo observar a través de las cámaras de seguridad la golpiza a un productor de música negro por parte de cuatro policías que entraron a su negocio y lo molieron a palos. Las grabaciones de video de estas escenas se han visto millones de veces en las redes sociales. La polémica fue tal que Matignon había resuelto anunciar una nueva reescritura del texto de la Ley por parte de una “comisión” independiente (Le Monde), pero luego dijeron que se trató de un malentendido (Nouvelobs, 29/11). El encardo de relaciones parlamentarias, Marc Fesneau, dijo que en el polémico artículo 24, “todavía necesita ser perfeccionado”, y se anuncia desde el Parlamento, “meses de trabajo” (Franceinfo, 29/11), prometen “trabajar con sindicatos y asociaciones de periodistas”. La violencia policial un tema recurrente. Durante las movilizaciones de los chalecos amarillos hubieron numerosos heridos y manifestantes tuertos por el impacto de balas de goma o por granadas lacrimógenas. En Marsella una mujer murió por una herida en un ojo. También se repiten asesinatos policiales como el de Adama Traoré. Represión contra las protestas El objetivo de Macron fue hacer una ley para prevenir las protestas sociales, reducir las libertades democráticas y de prensa. Pero este intento se da de bruces con la crisis económica y sanitaria que se desarrolla irrefrenablemente. En Francia, durante el tercer trimestre, se perdieron 1 millón de puestos de trabajo. Los despidos y las suspensiones se acumulan en turismo, en la industria automotriz y en comercio. La crisis sanitaria no cesa, y mientras trascurre una la segunda ola, ya se anuncia una tercera. Los ataques contra los inmigrantes sin papeles que reclaman legalizar su condición, los ataques racistas de la policía o las leyes “separatistas” e islamofóbicas, muestran tendencias reaccionarias del “liberal” Macron. La policía había anunciado que no puede “operar” con la actual legislación, porque estarías descubierta por la justicia y el poder legislativo, lo que constituye una crisis al interior de las fuerzas de represión. La V República está en crisis, la respuesta que se da a la crisis sanitaria, económica, política y ecológica es la represión y el cercenamiento de las libertades.

El viernes 27 tuvo lugar una autoconvocatoria de vecinos de Juntas Vecinales, usuarios del transporte público y trabajadores de Mi Bus para reclamarle al gobierno municipal que garantice el servicio de colectivos, cuando se cumplía el día 12 de un nuevo paro de choferes. Salimos a las calles a cortar rutas de acceso a la ciudad para visibilizar la exigencia de solución. Hubo concentraciones en siete puntos de la ciudad que llamaron la atención a los automovilistas que manifestaban su apoyo con bocinazos. La empresa Mi Bus es una incumplidora serial. No paga los salarios en tiempo y forma de forma reiterada. Por ese motivo, desde el mes de junio los trabajadores paran todos los meses. En lo que va del año, suman 45 días en los que no hubo servicio. La empresa aduce que por el receso impuesto por la pandemia sólo recauda 10% de los ingresos de tiempos normales y que depende de los subsidios nacionales, provinciales y municipales para el pago de los salarios. Claro que la renta se la lleva. También se llevó las unidades especiales para discapacidad y unos cuantos otros. La complicidad del gobierno municipal es total, a tal punto que Gennuso parece ser el gerente de la empresa. Nunca un control, nunca la exigencia de presentar balances, mucho menos una revisión del destino de los millonarios subsidios. Por un embargo judicial de las cuentas de la empresa nos enteramos de que con los subsidios pagan las unidades a Colcar, la carrocera dueña de los vehículos y no los salarios de los trabajadores. El intendente amenaza y extorsiona con rescindir el contrato con Mi Bus y suspender el servicio por dos meses. También responsabiliza de la crisis a los choferes que pretenden cobrar sus salarios. Usuarios organizados en la Multisectorial por el Transporte Público y choferes estamos participando en un ciclo de charlas sobre el sistema de transporte que queremos los barilochenses. Ahí se debate la propuesta de Control Obrero de la empresa, es decir que una comisión de trabajadores controle los movimientos económicos de la empresa: subsidios, reparaciones, combustible, recaudación a través de SUBE. También otros modos de fiscalización digital. También se discute la propuesta de municipalización del servicio bajo control de trabajadores y usuarios. Mientras tanto, el intendente anuncia que podría acordar con la empresa la reducción de los recorridos, reducción de personal y aumento de la tarifa. A ese programa hay que oponerle el nuestro. Es necesario elaborarlo para recuperar un transporte público al servicio de la población. Para ello los trabajadores junto con los usuarios deberían preparar mesas de discusión. Urge defender los puestos de trabajo y los colectivos ya que el vaciamiento es un hecho inminente. Está planteada la expropiación sin pago de los bienes de la empresa, que compró las unidades con los subsidios recibidos del Estado. La municipalización bajo control de los trabajadores Los usuarios que quedamos a pie salimos a expresarnos en unidad con los choferes que vienen endeudándose por los sucesivos incumplimientos de la empresa y el gobierno. Exigimos el inmediato pago de lo adeudado a los choferes y el restablecimiento del transporte, lo que puede requerir la incautación provisoria de las unidades, incluso de las que se fugaron.

“Los frenéticos tuits de Trump después de que se conociera la noticia del asesinato del principal científico nuclear iraní dejan en claro que su administración dio su bendición al ataque de Teherán atribuido a Israel” - Noa Landau (Haaretz, 28/11). Lo cual prueba que el atentado sionista fue ejecutado en acuerdo con la administración Trump y el príncipe heredero saudita -como denunciamos desde un principio- y apuntó a determinar y/o forzar la política del nuevo gobierno yanqui. De ahí que tras el atentado “Arabia Saudita se apresuró a negar los informes de una reunión a tres bandas el domingo entre el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el jefe israelí Netanyahu y del Mossad, Yossi Cohen, en la ciudad costera de Neom, o por qué la visita planeada de Netanyahu a Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, planeada para esta semana, se pospuso abruptamente” (ídem). Según otro periodista israelí, Anshel Pfeffer, “hay dos posibles explicaciones para el momento del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh. Ambos están vinculados a la toma de posesión de Biden el 20 de enero, y ambos son de riesgo extremadamente alto” (ídem). La primera explicación: “Israel tuvo oportunidades en el pasado para matar a Fakhrizadeh pero se abstuvo de hacerlo, ya sea porque no tenía el respaldo estadounidense o porque no vio la necesidad de mover el barco. El régimen de Israel, como el de Teherán, no tiene claro la política de Biden en Irán y, por lo tanto, decidió aprovechar los últimos días de Trump en el poder. La segunda explicación es que Israel asesinó a Fakhrizadeh a pedido de Estados Unidos. Israel pudo haber poseído la capacidad y la inteligencia para matarlo por un tiempo, pero no estaba ansioso por hacerlo, temiendo graves repercusiones, y porque en última instancia, la muerte de un hombre, aunque fuera el ´Padre´, haría poco daño a un programa nuclear en estado avanzado. En este escenario, Israel actuó a instancias de los halcones anti-Irán en la administración Trump que están tratando de dificultar que sus sucesores se involucren en la vuelta al acuerdo Obama con ese país” (ídem). Según Noa Landau “Trump podría pretender dejar tierra arrasada al irse. Netanyahu estaría feliz de prestarle un encendedor” (ídem). Según este análisis Trump y los halcones sionistas querrían precipitar una acción de represalia iraní frente a la seguidilla creciente de atentados sionistas contra ese país en el último año —del cual el asesinato de Fakhrizadeh ha trasvasado todos los límites— para desencadenar una ofensiva militar en regla antes de dejar la Casa Blanca el 20 de enero, de la mano de Israel, Arabia Saudita y los emiratos del Golfo Pérsico. ¿Sería esto un anzuelo de Trump y la clique que le responde en el Pentágono para compensar la oposición que ha concitado en las FF.AA. yanquis las retiradas que ordenó de efectivos militares en toda la región en los últimos dos años, desde Siria a Irak? No sólo esto. Trump precisa esconder tras sus bravuconadas su política errática en Medio Oriente que ha desconcertado a amplios sectores del imperialismo yanqui y mundial: recientemente, inició negociaciones con los talibanes en Afganistán y tras más de 10 años de guerra civil les ofrece virtualmente volver al gobierno. Trump se jactó de ser el enemigo de las organizaciones “terroristas” entre las que destacó siempre a Al Qaeda, los talibanes, el Hezbolláh libanés y el propio gobierno iraní. Días atrás uno de los más calificados analistas internacionales de Haaretz denunció por esto que “Trump le deja a Biden un precedente: se puede negociar con los terroristas” (Zvi Bar'el, 21/11). Ahora, menos de un año después del atentado yanki en el aeropuerto de Bagdag contra el iraní Gral. Soleimani y todo su séquito —eliminados con drones y misiles— Trump transó con el gobierno irakí una retirada parcial de efectivos, tras el reclamó por unanimidad del parlamento irakí de la retirada de los 3.500 efectivos yanquis que aún permanecían allí. Trump ya comprometió la salida de mil hombres estos días. Más recientemente, en otra voltereta, la administración Trump reconoció también que no hay posibilidad de gobierno en El Líbano sin la participación de la organización chiíta Hezbolláh, allanándose a lo que dice hace mucho la minoría cristiana maronita —la gran burguesía libanesa — en oposición a lo que reclama Macron (Francia ha sido la potencia histórica que dominó El Líbano). ¿Es como sostiene el último de los analistas citados quien tituló el día de las elecciones yanquis “al lograr lo imposible, Trump puede dejar el Medio Oriente peor de lo que lo encontró”? (Haaretz, 3/11). Última cuestión: ¿Y Palestina? Aquí se cruzan dos cuestiones: por el lado israelí es claro que las movilizaciones anti-Netanyahu que se desenvuelven semanalmente y no decrecen hace casi 6 meses, han sido acotadas a reclamos contra la corrupción. La movilización no ha rozado nunca la defensa de los derechos del pueblo palestino (tampoco después del atentado) y esto ha provocado una escisión con la minoría palestina israelí que no tiene ninguna intervención en esas movilizaciones democráticas. A su manera los representantes parlamentarios árabes en la Knesset cerraron filas con Netanyahu. ¿Y por el lado palestino? “Hamas está de luto por la victoria de Biden, (en cambio) Abbas está celebrando” (Muhammad Shehada, Haaretz, 10/11). Bajo el plan de “paz” de Trump, de enero último, Abbas fue el gran perdedor. Los cuestionamientos a su jefatura lo obligaron a abrir negociaciones con Hamas (los islamistas gobiernan Gaza) y se habían anunciado elecciones para la “unificación” nacional. Tras las elecciones yanquis Abbas encontró la excusa para retomar la “coordinación formal” con Israel (la cual en verdad nunca cesó) y pateó el tablero de las elecciones palestinas que se habían anunciado.

Las últimas horas estuvieron marcadas por la noticia de que Danone se iría del país a mediados del 2021, amenaza que la empresa francesa viene instalando en los medios desde hace varias semanas. Pero en estas declaraciones de "revisión de cuentas" de la patronal, hay algo mucho más profundo. Los propios CEO de la empresa lo mencionan: "irnos sería la última decisión". La primera, por supuesto, es imponer despidos y un ataque brutal al salario y las condiciones de trabajo. Danone es el mayor productor de yogures del mundo y emplea a unos 100 mil trabajadores a nivel global. Pero tras cuatro años consecutivos de caídas en las ventas y con un desplome bursátil de casi 30%, este gigante de la alimentación, plantea recortar unos 2.000 puestos de trabajo y colocar a la venta las diferentes plantas que tiene alrededor del mundo, con el objetivo de ahorrar 1.200 millones al año hasta 2023. Entre las filiales de Danone, se encuentra la Argentina, la cual emplea a unos 6.000 trabajadores. Dentro del país, Danone/La Serenísima Longchamps es la planta que más trabajadores concentra, con más de 1.000 operarios, y donde están apuntados todos los dardos. Danone habla de un "exceso de personal" en el país, que llegaría a casi un millar de puestos de trabajo. En Longchamps, esto alcanzaría a unos 200 o más trabajadores. A principios de año, en la planta del sur del conurbano, la patronal comenzó a imponer toda una serie de ataques. Uno de ellos consistió en recortar salarios al eliminar el régimen del 7×2 para pasar a todos al régimen de 44 horas (como indica el convenio). Esto significó una pérdida del poder adquisitivo de más de un 40% y, aunque todavía sigue una pelea a nivel legal, la patronal pretende extender esta modificación a toda la fábrica antes de que termine el año. Con el comienzo de la pandemia, las condiciones de trabajo se expusieron de una manera brutal. La patronal implementó a fondo la reforma del convenio lácteo con los auto relevos y la polifuncionalidad. Las medidas que tomó para resguardar la salud de los empleados fueron totalmente insuficientes, por lo que el resultado fue que casi la mitad de la planta se contagió de covid. Por el lado de los trabajadores, se encuentran bajo licencia unos 200 considerados grupo de riesgo. Sólo cobran el básico, mientras que la patronal intenta llegar a un "arreglo voluntario". Sumado a todo esto, está la situación de los activistas dentro de la planta, quienes enfrentan una persecución sin cuartel de parte de la patronal. En medio de este vendaval, el gremio está totalmente paralizado y dividido. Atilra, con Héctor "Etin" Ponce a la cabeza, se ha desentendido de lo que enfrentan a diario los afiliados. Y, en lugar de comenzar a llamar a asambleas en las distintas fábricas del país, se limita a una disputa con el moyanismo. Estos últimos, por su parte,lanzaron una carta pública en la que se manifiestan en "estado de alerta y movilización" ante las declaraciones de Danone. Pero hasta el momento no se convocó a ninguna asamblea en los lugares donde tiene mayor peso. Lo que está claro es que Moyano no piensa ceder a su objetivo de ingresar al gremio de camioneros a la pulseada, ya que Danone maneja la distribución de frío más grande del país, con 1.200 camiones recorriendo la Argentina. A la extorsión de Danone hay que responderle con la máxima organización. Ningún despido, ni recorte salarial. Por la deliberación en todas las plantas del país a través de asambleas que discutan y voten un plan de lucha en defensa de los puestos, los salarios y las condiciones de trabajo, donde la salud obrera cobra una vital importancia. Por la unidad con los trabajadores de SanCor, que ya han pasado por esta experiencia con la traición del gremio incluida. Por un congreso de delegados y agrupaciones clasistas del movimiento obrero.

El presupuesto enviado por Kicillof y su equipo a la legislatura de la provincia de Buenos Aires pone de manifiesto la incapacidad incurable de su gobierno para llevar adelante un programa de tierra y vivienda, reivindicación tan sencilla como acuciante para más de 2 millones de familias bonaerenses. Junto con el Presupuesto 2021 se discutirá también la Ley Fiscal. Ambos proyectos necesitan los 2/3 de los votos de la legislatura para ser aprobados. Presupuesto antiobrero El presupuesto proyecta la construcción de apenas 5.000 viviendas en todo el territorio bonaerense... en los próximos 3 años, es decir hasta la finalización del mandato de Kicillof. De las 3.000 viviendas (lotes con servicios) prometidos por Blanca Cantero y Kicillof para las familias de Guernica, se construirá la irrisoria cifra de 61. Si bien el presupuesto destinado a las áreas de infraestructura creció por encima de la inflación (con una suba del 512% respecto a lo que recibía hace dos años), la orientación general de la obra pública no está focalizada de conjunto a resolver el problema de la vivienda para los trabajadores. Será la caja que servirá para condicionar a los intendentes. El reparto de ese presupuesto de infraestructura, precisamente, junto con el del Fondo de Infraestructura Municipal, abrió una crisis con la oposición de Juntos por el Cambio. La discusión de la “sábana corta” fue lo que ocupó todo el tiempo en la convención que reunió a unos 40 intendentes de Juntos por el Cambio en el Club San Luis, en La Plata, días atrás. El presupuesto de la salud pasará a representar del 5,5% al 6% del total de los gastos, una incidencia menor que trasluce, es evidente, una completa imprevisión frente a la posibilidad de un rebrote. Los salarios son la gran variable de ajuste. El establecimiento de una pauta salarial del 32% para los trabajadores de la provincia constituye una nueva confiscación, cuando las previsiones de inflación superan por más de 10 puntos esa pauta. Frente a este saqueo en el salario de los estatales, alrededor de 500 delegados docentes reunidos en el Plenario Multicolor votaron movilizarse para rechazar de plano este presupuesto ajustador. Impuestazo y endeudamiento La ley fiscal, por otra parte, prevé un impuestazo a la vivienda de los trabajadores, dejando casi indemne a los terratenientes y a los pooles de siembra. Aún así, el impuestazo, sin embargo, no va a “alcanzar” para financiar los gastos proyectados. El déficit fiscal será cubierto mediante la emisión de nueva deuda por cerca de 64 mil millones de pesos, a los que se sumarían 500 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales. Abramos el debate y discutamos una salida Es necesario poner de manifiesto la inviabilidad de este presupuesto para la satisfacción de las necesidades de las familias trabajadoras, entre ellas, la de la tierra y la vivienda, la salud y el salario. Un congreso de trabajadores discutiría un programa alrededor de la nacionalización de los puertos, el comercio exterior y el desconocimiento de la deuda, la creación de un banco de tierras y su distribución entre los sin techo vinculado a la agitación de las reivindicaciones inmediatas.

Cada jueves, desde el 21 de septiembre pasado, el movimiento autoconvocado de la salud de Bariloche reclama por sus condiciones de trabajo y por su salario en las escalinatas del Hospital. Recientemente, la gobernadora de la provincia dejó plantados a los trabajadores en una reunión pautada. La respuesta fue un corte de ruta. Entrevistamos a Karina Farias, licenciada en enfermería que trabaja en pediatría del Hospital Zonal de Bariloche “Ramón Carrillo”, integrante del movimiento autoconvocado y recientemente electa delegada de Fesprosa en su hospital, donde están formando la Asociación Sindical de Salud Pública de Rio Negro, ASSPuRN, en respuesta a la inacción y traición de los gremios estatales ATE y UPCN. “Mi experiencia empezó el 21 de septiembre, cuando nos autoconvocamos a nivel nacional como enfermeros. Hicimos manifestaciones y marchamos al Centro Cívico donde entregamos un petitorio a una concejal que también es enfermera, de Juntos Somos Río Negro, a cargo del gobierno provincial para que le llegara a la gobernadora”. “A nivel provincial también enfermería se autoconvocó el 21 de septiembre y allí surgió la idea de formar un nuevo gremio. Y se pidió a Fesprosa la personería jurídica para Rio Negro. Quedé como delegada, respaldada por una asamblea pero no elegida por votación”. “Fuimos dos delegadas muy convencidas de formar el nuevo sindicato quienes dimos el puntapié inicial. Después ya fuimos elegidas por asambleas. Queremos abarcar a todo el personal incluido en las dos leyes, la 1904, de profesionales y licenciados, y la 1844, de no profesionales para que los beneficios sean iguales para todo el personal”. “Ahora somos seis delegados en el hospital. Tres por no profesionales y tres por profesionales y licenciados todos elegidos en asamblea”. ¿Cómo funciona la organización del hospital? Las asambleas son fundamentales. Estamos todos, profesionales y no profesionales. Es nuestra única y mejor herramienta que tenemos, donde todos tienen la misma posibilidad de hablar. Así es en toda la provincia. ¿Cómo ves el panorama actual para el gremio? En este momento estamos discutiendo la oferta del gobierno provincial, que es el bono plus pandemia. Vamos a asambleas en todos los hospitales de la provincia para resolver si lo aceptamos o no. Algunas ya lo rechazaron porque nuestro reclamo es la recomposición salarial ya que el salario está muy deteriorado. Las asambleas también están rechazando el aumento diferenciado a las jefaturas porque tampoco nos parece bien. ¿Cómo cayó el plantazo de la gobernadora? Viajamos a Cipolletti cuatro delegados por Fesprosa y dos médicos elegidos por asamblea. Cayó muy mal entre todo el personal que no nos haya recibido. Habíamos esperado 19 días esa reunión. Movilizamos en caravana de toda la provincia. Terminamos cortando el puente Cipolletti-Neuquen donde estaba otro gremio ladero del gobierno que nos hostigaba, para manifestar nuestro repudio al destrato. ¿Cómo ves el futuro de esta lucha? Por un lado, vamos reuniendo los avales para formar ASPuRN. Son 500 avales en el hospital de Bariloche y en la provincia, 2.000. Eso muestra que los trabajadores de la salud quieren este gremio. Y la lucha por la recomposición salarial nos reforzó mucho. En un futuro podremos sentarnos a la mesa de las paritarias para obtener lo que queremos.

Reproducimos a continuación la segunda parte del texto de Jorge Altamira referido al III Congreso del Mas (1988), referido a la caracterización de las situaciones revolucionarias. El texto original y el desarrollo completo de la crítica a las tesis de ese Congreso puede encontrarse en el libro “La estrategia de la izquierda en la Argentina”, a cuyo PDF se puede acceder en este mismo sitio (ver sección “Archivo”). Una de las contradicciones más violentas del documento presentado al congreso del Mas consiste en que, de un lado, caracteriza a la situación nacional como revolucionaria y, del otro, afirma que la clase obrera argentina no es revolucionaria. Sin una clase obrera revolucionaria, sin embargo, no puede haber una situación revolucionaria. El Mas carece, por lo tanto, a pesar del empeño que pone, de una caracterización de la situación política y de una caracterización de la clase obrera. Por encima de las peripecias de las dos últimas décadas, el Mas sigue fiel a la tesis del fallecido Milciades Peña, quien desilusionado de la completa falta de frutos del "entrismo" aplicado por Nahuel Moreno en el peronismo entre 1956 y 1964 (mejor habría que hablar de "peronización" total y completa), afirmó que la clase obrera argentina era "quietista" y "conservadora", superando en atraso político a los trabajadores norteamericanos, a los que caracterizaba también como "conservadores", pero de ninguna manera como "quietistas". El proletariado argentino, sostenía Peña, no lucha por sus reivindicaciones, sino que las espera pasivamente desde arriba (ver revista Fichas N°2, 1963). En esta misma línea, Silvia Díaz declaró recientemente que "el Mas (era) un partido minoritario" (porque) "el pueblo trabajador quiere mejorar su situación económica sin lucha" (El Periodista, 24/7/87). El documento del Mas retama esta misma caracterización. Afirma que el proletariado argentino se caracteriza por una "ideología" específica, la cual consistiría en que "la clase obrera no ve la necesidad de ejercer el gobierno ni por vía electoral, ni, mucho menos, revolucionaría". Esta "conciencia peronista" como la denomina, sigue vigente aun hoy, dice el Mas, aunque "muy deteriorada", pues "todavía hace decir a los trabajadores: 'Tienen razón, muchachos, estos dirigentes son una porquería, pero yo tengo mi corazoncito peronista e igual los voto' ". Para el Mas esta "ideología" es "brutalmente atrasada", pero esta caracterización todavía no lo ha inducido a revisar la política que lo llevó a colocarse "bajo la jefatura del general Perón". La ideología del proletariado El proletariado sólo puede luchar por su propio poder por la vía revolucionaria; si pretende hacerlo "por la vía electoral", como lo plantea el Mas, es evidente que desconoce la naturaleza de esta lucha por el poder. Esta lucha significa siempre y en todos los lados la acción directa, el desarme de la burguesía y el armamento de la clase obrera. En el texto del Mas y en el programa del Frepu, que el Mas reivindica, no se plantean ni una sola vez estas tres cuestiones que hacen a la lucha por el poder y el gobierno obrero. Es obvio que el Mas mide la "conciencia peronista" con la vara electoral, y no con cualquier vara electoral sino con la vara de la última elección. Todo el mundo sabe, sin embargo, que la "doctrina peronista" tiene más interpretaciones e intérpretes que la Biblia. Rico y el Comando de Organización se consideran peronistas, y lo mismo ocurre con los trabajadores que rodearon Campo de Mayo en abril del ‘87. Pero no sólo varían las interpretaciones; también varían los intérpretes. Antes de ordenar la formación de las tres A, Perón apoyó a los Montoneros y la lucha armada, y antes de esto a Frondizi y Onganía. Ongaro y Guillán, otrora jefes del "peronismo combativo", representan hoy a los grandes capitales de sus ramas. "Se va a acabar la burocracia sindical" (peronista) llegó a ser una consigna de los activistas sindicales de izquierda del peronismo. ¿A qué variante de esta "conciencia peronista" pertenece la "conciencia peronista" de la clase obrera? En la historia abundan los ejemplos de ideologías confusas o aun reaccionarias sirviendo a movimientos progresivos e incluso revolucionarios. Es necesario descubrir el contenido de clase que se esconde en las ideologías. Apoyar a la clase obrera "peronista" que luchaba contra Isabel es progresivo: llamar a esa misma clase a obedecer la "jefatura del General Perón" o defender políticamente al "gobierno constitucional peronista", como lo hiciera el morenismo, para citar sólo dos ejemplos, es reaccionario. El proletario puede ser furgón de cola de la burguesía aun con una Ideología "socialista" y hasta "comunista" (por ejemplo, Mitterrand y Salvador Allende) y puede comenzar una acción histórica propia aún considerándose peronista, como en el "cordobazo". La teoría de la "conciencia peronista" no es más que un comodín para justificar las agachadas pasadas y presentes del morenismo ante Perón, el peronismo, la burocracia sindical, las multipartidarias del 74/75 y del 84/85 y recientemente el Frepu, calificado como un frente con "trabajadores peronistas independientes". La caracterización del movimiento de luchas que protagonizan las masas debe ser realizada en su totalidad histórica, no puede basarse en ningún elemento aislado por importante que sea, las masas son movidas a la acción revolucionaria y a la revolución por una necesidad histórica, no por ideología. El programa de transición de la IV Internacional reposa precisamente sobre la convicción de que las masas pueden superar su conciencia presente y arribar a una conciencia revolucionaria por medio de un programa de acción que ligue las reivindicaciones del momento a la lucha por la revolución socialista. Acción histórica La clase obrera, en realidad, ha entrado hace mucho por la vía de la acción directa, es decir revolucionaria. Las huelgas con piquetes y las ocupaciones de fábrica contra la "libertadora" y contra Frondizi; la Ocupación del Frigorífico Lisandro de la Torre y la huelga general de Junio y julio de 1975; e incluso las huelgas de setiembre del ‘76 y de febrero y octubre del ‘77, y la movilización del 30 de marzo del ‘82 contra la dictadura militar; toda esta lucha aplicada empecinadamente, tipifica a una clase que ha comenzado una acción histórica propia; a una clase que ya ha dado los primeros pasos por la vía revolucionaria, La clase obrera del "corazón peronista" le hizo la huelga general a Isabel y eligió como direcciones propias a los clasistas de Sitrac-Sitram, de Villa Constitución, del Smata Córdoba y otros numerosos sindicatos. Lo realmente importante, y que el Mas de ningún modo plantea, es la contradicción que existe entre esta acción revolucionaria (y no la ausencia de esta acción) y la falta de un partido revolucionario. Sin un partido revolucionario la acción revolucionaria no puede concluir en la victoria revolucionaria. La burguesía, en este caso, goza de un amplio margen político para desviar a la clase obrera con el apoyo de la pequeña burguesía. La derrota en la lucha, cuando en ella no ha intervenido el partido revolucionario, deja a la clase obrera sin conclusiones políticas, lo cual facilita que regrese a las viejas direcciones. Todo esto ocurrió con el ascenso de masas iniciado con el "cordobazo", que estuvo dominado por la presencia política nacionalista y pequeño burguesa, tanto peronista como "marxista". El fracaso político de esta dirección se produjo mucho antes del 24 de marzo de 1976, pues ya desde fines de 1974 había dejada de representar cualquier movimiento de masa. La vanguardia arrastrada por el nacionalfoquismo fue terriblemente decapitada. Este fracaso liquidó políticamente a la izquierda nacionalista, cuyos sobrevivientes se han pasado a Alfonsín y a Cafiero, o Menem. Lo que está, precisamente a la orden del día, para la vanguardia obrera es la superación de este nacionalismo pequeño burgués. Pero el programa del Frepu, que el Mas reivindica, es un calco, aunque mucho más derechista, del programa de aquellos movimientos de hace dos décadas. Las consignas estratégicas son las mismas, "liberación o dependencia" y "democracia con justicia social". Es decir, el planteo de la unión democrática de todas las clases de la nación, en oposición a la dirección obrera de la revolución nacional. El Frepu ha declarado blanco sobre negro que su objetivo es reconstruir ese movimiento nacionalista de izquierda, y por eso se presentó en las elecciones nacionales de 1985 y en la de Córdoba de 1986 encabezado por peronistas. Por su programa y su objetivo, el Frepu es un instrumento político candente del seguidismo del proletariado a la burguesía. En 1983, el violento giro de la pequeña burguesía, que en el ‘73 fue camporista, al alfonsinismo, permitió a Alfonsín refutar, en beneficio propio, la teoría de la "conciencia peronista". Ahora una gran parte de las masas va a realizar, y ya está realizando, una experiencia catastrófica y brutal con el justicialismo. En estas condiciones el problema es qué programa y qué estrategia permitirá a los explotados una superación definitiva del nacionalismo de contenido burgués. A partir de aquí, la cuestión del carácter de la clase obrera argentina, que ya ha entrado por la ruta revolucionaria, se reduce, en definitiva, a la cuestión del programa que debe servir para formar a su vanguardia: si a la nacionalista y democratizante, o a la marxista. Memoria histórica Según el documento del Mas, "el corte en la memoria histórica de los trabajadores, producido por la dictadura genocida, hizo que se olvidaran muchas experiencias sindicales y políticas acumuladas y favoreció a que el peronismo y la burocracia volvieran a entronizarse". Semejante afirmación es un verdadero lugar común entre los democratizantes, pero en especial el stalinismo. Lo que preocupa a esta gente no es la reconstrucción de la memoria revolucionaria de clase del proletariado, sino la reconstrucción de la memoria nacionalista de izquierda vigente en aquella época. Pero la memoria del uno y del otro son contradictorias y, en última instancia, excluyentes; la reconstrucción del nacionalismo pequeño burgués significará un nuevo estrangulamiento de la posibilidad de una acción histórica independiente del proletariado. Desde el momento en que el Mas reivindica al Frepu y su programa, se inscribe con ello en la línea nacionalista que frustró las posibilidades revolucionarias inauguradas por el cordobazo. Las crecientes luchas obreras, la huelga docente, los semitucumanazos provocados por el no pago de los salarios, las movilizaciones sobre Campo de Mayo; todo esto prueba que la cinta de la memoria histórica de la clase obrera no se ha borrado. Pero tampoco se ha borrado la dolorosa experiencia nacional foquista cuya frustración la vanguardia obrera no quiere repetir. Sin embargo, la esencia, del planteo del Frepu, es decir del PC y del Mas, consiste en reconstruir el programa y la organización pequeño burguesa democratizantes... En definitiva, el advenimiento de la dictadura militar agotó las posibilidades del nacional-foquismo pequeño burgués y destruyó las ilusiones más multitudinarias que haya creado la pequeña burguesía argentina y un sector del movimiento obrero ligado ella. La masa de esta pequeña burguesía se ha ido al alfonsinismo y en mucha mayor medida al cafierismo y al menemismo. Este hecho puso fuera de moda a la izquierda dentro de la "opinión pública". Pero la pretensión de superar esta situación recreando una izquierda democratizante y nacionalista es reaccionaria. La vanguardia obrera sólo puede sacar a las masas de la catástrofe actual mediante una política independiente, Antimarxista. El conjunto del documento del Mas puede ser perfectamente caracterizado de "objetivista" o "mecanicista", esto porque considera a los factores económicos y sociales aisladamente de la lucha conciente entre las clases, como si el hombre fuera una ameba que se limita a reaccionar frente a su medio. "Es un proceso objetivo", reza la primera parte del capitulo referido al "surgimiento de una nueva dirección política y sindical". (Por el otro lado, el documento se caracteriza por el "subjetivismo", pues pretende justificar la situación política por entidades abstractas como la "conciencia peronista"). El "objetivismo" o "mecanicismo" del Mas se aprecia cuando afirma que los cambios en la dirección del movimiento obrero son el producto más o menos automático de las condiciones económicas, las cuales hoy harían inviable a la conciliación de clases y por lo tanto a la burocracia. Este mecanismo es obviamente unilateral y por lo tanto falso. La descomposición del capitalismo puede provocar un gran salto hacia adelante o un gran salto hacia atrás; ahí está para probarlo Bolivia. La alternativa progresiva depende, al menos, en gran parte, de la calidad de la dirección del proletariado, es decir de su programa y política, no sólo a nivel nacional sino internacional. Es por esto que el problema fundamental del proletariado en la actualidad se concentra en la dirección que tome la evolución de la vanguardia obrera que encabeza las presentes luchas; es decir, si se producirá por vía del nacionalismo pequeño burgués y de la izquierda democratizante, representada ejemplificadoramente por el programa del Frepu, o si se producirá por la vía del socialismo revolucionario. A todo lo largo del documento del Mas está completamente ausente, por esto mismo, la lucha de ideas. No hay una sola caracterización de las fuerzas políticas actuantes en el país -desde el imperialismo hasta el arco opuesto de la izquierda. No se caracterizan a las diferentes fuerzas de la burguesía, ni por lo tanto las características del nacionalismo burgués, que es la principal fuerza política de la actualidad, ni hay una delimitación política respecto a ellas. El apoyo político a la democracia pone en el mismo campo a la UCEDÉ y al Mas; la moratoria tiene el mismo resultado, como el mismo Mas lo reconoce, con el campo de Sarney, Alan García y Cafiero. Se habla de la crisis del PC o del PI, pero se evita escrupulosamente una delimitación programática de ellos. Se trata de un documento que deja abiertas todas las puertas y admite todas las combinaciones políticas, encubriendo para ello a todas las fuerzas efectiva o potencialmente hostiles a la independencia de la clase obrera. Debido a estas características, el documento es un monumento a la confusión política. Esta es la función obligada del "objetivismo".

El viernes 20 pasado, otro trabajador aceitero, Guillermo Fabián Cardoni, murió en la planta de producción que Vicentín tiene en San Lorenzo, aplastado por una pala mecánica. Es el tercer ´accidente´ de dimensiones en los últimos días en el Cordón. Antes, una enorme explosión en Terminal 6 hizo temblar a varias ciudades de los alrededores y un incendio en los polvorines de Fábrica Militar puso en vilo a toda la población de la región. En el mismo período, en Bunge, murió otro camionero mientras esperaba en las playas de la planta (el segundo camionero muerto en cinco meses). Las muertes obreras en el Cordón son innumerables en los últimos años. Aunque la mayoría se produjo en las aceiteras y sus puertos, el resto de los sectores no está exento de grandes accidentes. Decenas y decenas de casos. como de los dos operarios muertos en Fábrica Militar; en Papelera Andino, poco antes de su cierre. Las muertes las sufrieron principalmente contratados, tercerizados o precarizados de algún otro tipo. A la lista de obreros muertos "in situ", que son los más evidentes, hay que sumarle los muertos por enfermedades laborales y las muertes producidas "in itinere", es decir en viaje hacia el trabajo o de regreso, en las transitadas rutas de la zona por dónde circulan diariamente miles de obreros hacia los puertos, fábricas y grandes obras. Disminuir el ´costo´ de las ART producto de la cantidad de obreros muertos y accidentados en el sector portuario e industrial de Santa Fe, es un motivo fundamental de la adhesión que promovieron pejotistas y "socialistas" a la ley de ART modificada por Macri, en Santa Fe. Es el muro con que se chocan los comités mixtos que fueron anunciados en 2009 por el Partido Socialista cuando gobernaba la provincia, presentados como la solución a los problemas de "accidentes laborales". En la práctica, sólo funcionaron a medias allí donde los trabajadores pudieron organizarse y ejercer la presión suficiente para que los reclamos se efectúen. Los comités, en lugar de resolver las cuestiones favorablemente al trabajador, empantanaron los reclamos dónde se daban y, dónde no existían, no aportaron un ápice. Sin dudas el problema de la salud, los accidentes laborales y las muertes obreras no pueden resolverse mediante gestiones administrativas. Se manifiesta, por cierto, la cuestión de poder. Es decir que sólo podrá ser resuelta de manera parcial en la medida que la relación de fuerzas vaya favoreciendo a los trabajadores, y de manera definitiva cuando los obreros tengamos el poder de decidir sobre la producción misma. La discusión de la seguridad empresa por empresa impide generalizar la fuerza que modificaría la relación en favor del obrero. Debilita el poder de acción en cada lugar de trabajo. Así la burocracia logró disgregar la fuerza de los reclamos que inicialmente se dieron al conocerse los primeros casos de coronavirus en la región; en lugar de hacer planteos generales, la burocracia llevó la discusión en cada fábrica y, de esa manera, los protocolos, en general, fueron impuestos por los patrones a su conveniencia. Sin embargo, la pelea por evitar más accidentes y muertes ha recibido un impulso inesperado que podría ser explotado para este fin. La pandemia de Covid-19 colocó en las mesas de discusión y en la conciencia de los trabajadores la necesidad de efectuar y discutir frente a las patronales los protocolos sanitarios. Aunque en este caso se limitaba a la prevención y detección de contagios, el proceso de discusión de protocolos llegará más temprano que tarde a aplicarse en todos los aspectos de salud, seguridad e incluso de calidad, en resguardo de la integridad de los clientes y consumidores. La discusión decidida de protocolos generales de seguridad, salud y calidad, puede poner en apuros el monopolio patronal de las decisiones que rigen la producción, permitiendo a los obreros intervenir en ella: bajo qué condiciones comenzarla y en qué momento detenerla. Podría abrir así una etapa de doble poder que reforzaría, además, el resto de los reclamos pendientes. Como dijimos, el problema no puede resolverse empresa por empresa. La formación de coordinadoras fabriles sería un punto de inicio para aglutinar reclamos y acciones con la perspectiva de organizar un congreso de delegados electos en asambleas de todas las fábricas y lugares de trabajo del Cordón que ponga en debate estos planteos y resuelva un plan de lucha colectivo para conquistarlo.

Se murió Diego y, así como todos nos acordamos dónde estábamos en el momento en que le hace el segundo gol a los ingleses, nos vamos a acordar siempre dónde recibimos la noticia. Se murió Diego y el conjunto de los trabajadores de nuestro país lo llora a sabiendas que murió uno de los suyos. No se trata de embellecer a una figura polémica y contradictoria, se trata de la muerte de un hijo de Villa Fiorito que se elevó de la miseria primigenia a lo económicamente más alto sin renegar de sus orígenes. Porque más allá de sus contradicciones Diego siempre estuvo del “lado de acá”: Con Cuba contra el imperialismo, con el sur olvidado de Italia contra el norte explotador y discriminador, con Venezuela contra el imperialismo, con los jugadores contra la FIFA, contra el Vaticano y la hipocresía de sus riquezas. Los dos goles más emblemáticos de la historia del fútbol argentino, Diego no se los hizo a un equipo de fútbol (la selección de Inglaterra), se los hizo al imperialismo. Así lo sintió el pueblo argentino que todavía se lamía las heridas de la agresión imperialista en Malvinas. Dos goles: uno con la mano para decirnos “el que le roba a un ladrón…” y un segundo, el más grande gol conquistado jamás en un mundial, un gol de una belleza, de una elegancia, exquisita, un gol que le hizo decir a Robson (técnico de Inglaterra en el Mundial ´86) que no iban a protestar el primer gol “…porque el otro vale por dos”. Se murió Diego, para los que nos criamos en Villa Fiorito se murió uno de los nuestros, el más grande y de los nuestros. El que jugaba en Estrella Roja, en la Cancha de los Paraguayos, el que vivía “del otro lado de la vía”. Se murió Diego y se va a reavivar la polémica de antaño si era mejor Diego o Pelé. No me interesa esa discusión, pero no lo veo a Diego con una corbata con los colores de la bandera yanqui como la que lució el crack brasileño en el mundial ´94 queriendo que Brasil y los EEUU empaten el partido jugado entre ellos por los octavos de final, lo veo a Diego puteando a la FIFA, negándole el saludo a Blatter. Lo veo a Diego aceptando las disculpas de los hinchas italianos por tener que alentar a su selección. Se murió Diego y los medios se van a superpoblar de opinadores sobre su “personalidad”, sobre su “conducta enferma y autodestructiva”, de su relación con sus hijos, con la droga, con el poder. A todos les pido que se callen recordándole estos versos de Raúl González Tuñón: “…El pueblo lo lloraba, y cuando el pueblo llora, / que nadie diga nada, porque está todo dicho…”

El viernes último la directiva del Suteba Merlo convocó a una reunión de delegados cuyo único objetivo era hacer pasar el Plan Jurisdiccional de retorno a la presencialidad. Participaron dos secretarias de salud de otros distritos que nos explicaron las bondades del plan de gobierno para exponer a toda la comunidad educativa al contagio de un virus mortal. Los delegados de la Multicolor enfatizamos que los docentes somos convidados de piedra de un plan a la medida de las patronales. Denunciamos el lamentable rol de la Celeste de convertir al Sindicato en una oficina de gobierno y planteamos discutir un plan de lucha para rechazar el Plan Jurisdiccional y conquistar NUESTRAS reivindicaciones. Explicamos que había que rechazar la presencialidad en pandemia porque estudios realizados por Unicef afirman que no está comprobado que los niños se contagien menos; que se desconocen las secuelas del covid a mediano-largo plazo y que se registran casos graves y fallecimientos, sobre todo en niños con morbilidades asociadas como la malnutrición, particularmente grave en nuestro país, cuya tasa de pobreza infantil orilla el 60%. Asimismo denunciamos que todo el arco político patronal defiende la presencialidad desde la hipocresía. Plantean preocupación por la “desigualdad” de los chicos sin computadora o conectividad, después de negarle todo el año el acceso a ese insumo mínimo. Kicillof repartió cuadernillos de papel y ahora quiere que los chicos vuelvan a escuelas sin conectividad ¿Qué desigualdad piensa corregir así? También dicen estar preocupados por las cuestiones socioafectivas, los que no fueron capaces de nombrar a las docentes en los cargos. Miles de chicos se pasaron meses sin maestra mientras el gobierno se ahorraba salarios. Explicamos que de Macri a Trotta, la defensa de la presencialidad pasa por ceder a los intereses de las patronales que le adjudican a la escuela una doble función: guardería y departamento de recursos humanos: no quieren pagar licencias a padres a cargo y necesitan que los niños internalicen las “habilidades blandas” de la obediencia y la precarización. Denunciamos que el Plan Jurisdiccional habla de consensos pero ha sido aprobado a espaldas de la comunidad educativa. Es un plan que incorpora la “bimodalida” y no contempla la entrega de netbooks porque no contempla ni siquiera la entrega de barbijos a los estudiantes. Planteamos que, al igual que los 12 puntos de infraestructura, no hay ninguna garantía de que los protocolos se cumplan y por eso defendimos que las obras de infraestructura, higiene y seguridad estén bajo control de comisiones por escuela integradas por docentes, auxiliares y padres. Asimismo denunciamos el secretismo de las “comisiones mixtas” que el Suteba integra porque la comunidad desconoce lo que deciden y exigimos que las actas de las reuniones de UEGD sean públicas. Denunciamos que cualquier intento de presencialidad significa poner en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad. Propusimos levantar un programa en defensa de la educación en la virtualidad mientras dure la pandemia: Cobertura de todos los cargos Dispositivos y conectividad gratuita para estudiantes y docentes Cursos de 20 estudiantes y un preceptor por curso Ampliación de los Equipos de Orientación para abordar las problemáticas socioafectivas con personal especializado. Universalización del Sistema Alimentario adecuado nutricionalmente. Triplicación del plantel de auxiliares Rechazar el ATR y cualquier forma de precarización laboral. Toda modalidad de acompañamiento debe ser respetando el estatuto y el salario docente. Salario igual a la canasta familiar Por último explicamos que todas estas reivindicaciones chocan de lleno con el presupuesto a la medida del FMI y que es preciso organizar un plan de lucha. Como era de esperarse, ninguna de estas cuestiones encontraron eco en una directiva sindical rabiosamente adaptada a la patronal, lo que nos plantea una tarea adicional: recuperar los sindicatos como herramienta de lucha los trabajadores de la educación.

La pandemia ha agravado la situación de los pueblos del interior tucumano. Las delegaciones comunales -representación del gobierno provincial en aquellos pueblos que no han reunido las condiciones para ser municipios- se encuentran, en muchos casos, directamente cerradas, dejando a la gente y sus necesidades, completamente abandonadas. Las últimas semanas han sido de intenso calor, con temperaturas por encima de los 40°C y cuestiones elementales como agua potable y luz, no están garantizadas. Las obras, muchas veces prometidas, no se han llevado a cabo y los problemas se han ido acumulando y multiplicando. Por otra parte, los centros de salud han sido vaciados o reducidos a su mínima atención. Todo esto llevó a que vecinos de cinco localidades comenzaran a reunirse. Vecinos de Laguna Blanca, Romera Pozo, Cortaderal, Mancopa, La Fronterita, motivados centralmente por la falta de agua potable que afecta a unas 200 familias, decidieron tomar el toro por las astas y, con apoyo del Polo Tendencia y del MIJD, comenzaron un plan de lucha con corte en la ruta nacional 9, que une San Miguel de Tucumán con Termas de Rio Hondo y la capital Santiagueña. Desde hace 10 días vienen sosteniendo cortes duros. La acción ha llamado la atención y la solidaridad de otros pueblos. De los Chañaritos, afectados fundamentalmente por los corte de luz. De otros lugares, como Orán o Agua Dulce, vecinos se han hecho presentes en los cortes. Hubo intentos del gobierno de desalojarlos de la ruta, pero por el momento los compañeros han resistido. Los funcionarios del gobierno se hicieron presentes para señalar que el plan de obra está aprobado en el presupuesto del año que viene, que hasta entonces se podía dar una solución transitoria- poner una manguera desde el pozo surgente-, que la gente no aceptó, porque la experiencia ha demostrado que son falsas soluciones. Por otra parte, los funcionarios aclararon que, por falta de fondos, no esta incluida las extensión de las cañerías a los domicilios, cuando ésta se instale. Ante la falta de respuesta, un sector de los vecinos ha decidido sumarse el próximo jueves 3 de diciembre a la convocatoria que ha realizado el Polo Obrero Tendencia en el marco de la jornada nacional de lucha, para hacer visibles los reclamos.

Tras una ardua lucha por el salario, Radio Nacional otorgará un aumento del 20% a revisar en marzo. Se trata de una victoria parcial, pero muy importante. La otra victoria fundamental es la del método de la democracia sindical, de la Asamblea General impulsada por ATRaNa -el sindicato de la empresa estatal- que fue ganando a los trabajadores de la Radio de todo el país. Esta lucha remonta a mediados de marzo, cuando desde ATRaNa se logró imponer un estricto protocolo sanitario respecto del Covid-19. Dicho protocolo sigue vigente y no está de más recordar que como medio de comunicación, los trabajadores de Radio Nacional fuimos considerados “esenciales” desde el minuto uno de la cuarentena. Ganada esa “paritaria sanitaria”, no sin resistencias y ardides por parte de la patronal, se encaró la paritaria salarial. En las sucesivas asambleas generales virtuales que se fueron llevando a cabo desde abril, los debates sobre cómo defender y hacer cumplir el protocolo, empezaron rápidamente a girar en torno a una urgente recomposición salarial. Siempre a través de la Asamblea General, como método y ámbito independiente de deliberación y acción de los trabajadores, se fueron planteando diversas medidas de agitación y visibilización del atraso salarial, cuyo primer hito fue la presentación de un petitorio en septiembre, impulsado por ATRaNa, exigiendo el pago de lo adeudado de la paritaria 2019/2020 y la apertura formal de la vigente, así como el pase a planta de todos los precarizados. El petitorio recogió más de 200 firmas de trabajadores de todo el país, lo que fue un cimbronazo para los gremios burocráticos quienes bregaban para que no se lo firme, al mismo tiempo que se empeñaban en reiterarle a sus afiliados que “nos olvidemos de aumento para este 2020”. Pocas veces su rol de correa de transmisión fue tan burdo. La Empresa también tomó nota y empezó a deslizar la posibilidad de una recomposición salarial. Mientras UPCN rubricaba un 7% para la Administración Pública Nacional, la presión de la Asamblea General, el desborde de las bases de los gremios paritarios – que se evidencia estos días en un paulatino proceso de desafiliación a los mismos, sumándose los compañeros a ATRaNa – empujó a la patronal de Radio Nacional (una empresa del Estado) a ofrecer un 10% de aumento, desconociendo lo adeudado ante la parálisis e inacción de la burocracia signataria de nuestro CCT como la de prensa, con la excepción del Sindicato de Prensa de Mendoza - SiPreMza. Dicha propuesta fue rechazada de modo unánime por la Asamblea General, así como los retoques que le fue agregando la patronal sucesivamente. En las asambleas, cada vez más nutridas por compañeros de todo el país y con la participación ya orgánica del SiPreMza, la consigna del paro iba creciendo. Se llegó al 17 de noviembre: la empresa ofreció y de modo extorsivo un 17% no acumulable a pagar 10% en noviembre, un 7% en enero 2021, más un bono de 4600 pesos. El carácter extorsivo de la propuesta se resume así: o se firma o nos vemos en marzo del año que viene. Pese a rechazarla, los gremios paritarios no atinaron a llamar al paro ni a la toma de simbólicas medidas para al menos dar cuenta del descontento. Ese mismo día, mientras el cuarto intermedio para la semana siguiente ya era un hecho, la Asamblea General votó un paro de 24 horas que aún sigue reverberando por los pasillos de Maipú 555. Se trató de un parazo llevado adelante por ATRaNa, principalmente, y por el SiPreMza. El acatamiento fue mayoritario y se trata de un hito en la organización de los trabajadores, siendo que ATRaNa es todavía un gremio minoritario en lo que se refiere a número de afiliados, y el SiPreMza un sindicato cuyo radio de acción se circunscribe a la provincia de Mendoza. El paro puso al desnudo las flaquezas de las burocracias actuantes de RNA las cuales de un modo u otro dieron libertad de acción a los afiliados que adhirieron a la medida de fuerza, asegurándoles que estaban legalmente cubiertos (lo que es obvio, pero por primera vez en 11 años de existencia de ATRaNa, lo explicitan). La emisora cabecera, LRA 1 Buenos Aires, la AM870, durante más de 15 horas salió con listas de música en continuado, mientras que las 3 FM de Buenos Aires tuvieron 24 horas de programación enlatada; en diversas emisoras del resto del país, el paro fue también total. La semana siguiente, la empresa mejoró su oferta: agregó un 3% a pagar en febrero, totalizando un 20% de aumento correspondiente a los haberes de octubre de este año; también se comprometió a sentarse en la segunda quincena de febrero de 2021 para revisar el aumento así como el pase a convenio de todos los trabajadores precarizados. La burocracia, en todas sus variantes, lo firmó. Se trata de una mejora muy módica por cierto, aunque por lo arriba expuesto, de enorme peso en términos cualitativos; de un aumento insuficiente que no se acerca a lo perdido por la inflación. Así lo caracterizó la Asamblea General este viernes último, denunciando aparte el no pago de lo adeudado de la paritaria precedente y exigiendo que el aumento por ahora acordado sea retroactivo a mayo, mes en que arranca el actual período paritario. Esto fue plasmado en un comunicado público, girado a las autoridades de Radio Nacional como de Radio y Televisión S.E. Con una advertencia: lo firmado se hizo a espaldas de la Asamblea General, la cual continúa en Estado de alerta y movilización. Estamos ante una victoria parcial pero fundamental. Se quebró la paritaria cero que se quiso imponer, como en 2018 durante la gestión macrista, aunque los trabajadores de Radio Nacional estamos lejos de recuperar el poder adquisitivo que teníamos hace dos años. No obstante, se observa una victoria más profunda, el método de la Asamblea General fue ganando a trabajadores de todo el país, quienes ante un Sindicato como ATRaNa que pregona y practica la democracia sindical, notan que hay otro horizonte de organización, otro canal a través del cual la clase obrera puede de modo decisivo salir a defender sus derechos y luchar por sus reivindicaciones.

El gobierno nacional festeja el triunfo del oficialismo en la ciudad cordobesa de Rio Cuarto.Cuando las discrepancias dentro del oficialismo abundan, atribuye el triunfo, interesadamente, a que el FdT logró conservar la unidad, y en este caso sumar al ´problemático´ Schiaretti. Efectivamente, la coalición ganadora fue producto de un acuerdo entre el Frente de Todos y el gobernador de la provincia. “Quiero que tengan la certeza de que más que nunca tenemos que estar unidos, dijo Alberto Fernández, porque es la unidad la que nos llevó al triunfo el año pasado” (Infobae, 29/11), en una anticipada advertencia a su vicepresidenta. Córdoba fue clave en el pasado para el triunfo del macrismo y Schiaretti fue uno de los más activos colaboradores del gobierno Macri. Luego de su reelección, en 2019, se replegó en la provincia, e hizo implosionar los ensayos de una “tercera vía” que protagonizaban Massa, Lavagana y Pichetto. Para AF, Schiaretti aporta aire a una coalición nacional que exhibe fuertes manifestaciones de desintegración política, e incluso un ancla ulterior para el caso de que esta desintegración se consuma. Con todo, el intendente Juan Manuel Llamosas fue reelecto con menos votos que los obtenidos en 2016, cuando desplazó al radicalismo. Obtuvo el 46% de los votos, cinco puntos menos que el año pasado, cuando no contó con el apoyo del kircherismo. En términos absolutos, reunió 10 mil votos menos que cuatro años atrás, casi un tercio. La participación del padrón fue del 50% (en 2016 fue del 67%), una caída que algunos analistas atribuyen al temor a la pandemia y otros, más sencillamente, al desinterés de la población. El candidato de la derecha, Gabriel Abrile, sacó el 35,21%. En tercer lugar quedó Política Abierta (12,17%), una agrupación vecinalista encabezada por el enfermero Pablo Carrizo, quien en 2016 se había presentado con el sello Respeto y la personería del MST, obteniendo el 9%. Derrumbe electoral del FIT El Frente de Izquierda en la ciudad marcó un fuerte retroceso respecto de la elección de 2016, cuando el PO y el PTS se presentaron por separado. En aquella oportunidad, el PTS había conseguido el 1,63% de los votos y el PO, el 0,87%, sumando en total 2,5%. En aquel momento, Gabriel Solano, de la actual dirección del PO “oficial”, sostenía que “los porcentajes de votos que lograron los partidos que integran el FIT no superan la marginalidad…hay que concluir que el resultado no habla de un estancamiento, sino de un retroceso…” (“Rio Cuarto: un resultado que activó la alarma”, prensaobrera.com, 16/6/2016). Ahora, el FIT de Rio Cuarto, conformado por PO-PTS-IS, araña el 1,34%, prácticamente la mitad de aquellos guarismos “alarmantes”, con una participación menor de electores. El balance oficial del PO, sin embargo, hace caso omiso de este derrumbe y se limita a señalar que “a la luz de los resultados, es claro (?) que hay que continuar impulsado la defensa de la independencia política de lxs trabajadores e impulsar un programa de salida obrera a la crisis, tareas que están a la orden del día”. No se entiende qué es lo que aquí hay de claro. Para el PTS, en una sintonía similar, los resultados “se encontraban dentro de lo esperado y son similares a los que viene logrando la izquierda en los últimos años en Río Cuarto” (LID, 30/11). “La baja, en términos porcentuales fue de sólo unas pocas décimas comparadas con elecciones anteriores del Frente de Izquierda en la zona”, lo cual no es cierto, porque las ´décimas´ son enormes cuando se trata de porcentajes minúsculos. Es cierto que nadie debería querer sacar demasiadas conclusiones de una elección localizada, en un distrito que siempre premió a la izquierda por debajo del promedio nacional o provincial, pero tampoco se justifica pasarse al otro lado, e ignorar hasta la aritmética. Los partidos del FIT no solo han retrocedido electoralmente, en la ciudad, sino también en términos militantes. La izquierda ha exhibido, además, una fractura provocada por la disputa de candidaturas. Según LID, “el MST, quién pretendía encabezar la lista se retiró del Frente y no tomó ningún tipo de posicionamiento público en estos largos meses de la principal elección de la provincia en el año”. Para los lamentos hay un muro en Jerusalem, aquí debería producirse una definición política; el MST fue agregado al FIT, ´para sumar´.