Agosto de 2019

A nadie se le escapa que Argentina se ha convertido en una semi-colonia financiera. Tutela, por medio de la dependencia financiera, el conjunto de la política nacional. El FMI no solamente ha endeudado a Argentina por más de 60 mil millones de dólares para asegurar el pago de la deuda pública ilegal e usuraria de vencimiento inmediato; también está financiando la fuga de dinero de aquellos que han especulado con la bancarrota del estado nacional. Ha convertido en oficinas propias al Banco Central y al Tesoro La deuda pública ha crecido de modo exorbitante - a 400 mil millones de dólares; la clase capitalista succiona el esfuerzo de los trabajadores con métodos parasitarios. La consecuencia más brutal de todo esto son 15 millones de personas debajo del nivel de pobreza, en gran parte de trabajadores con empleo o con derechos jubilatorios. El acuerdo firmado con el FMI no se limita a lo económico, es un plan político destinado a asegurar en el tiempo la destrucción de los derechos laborales y sociales, como las llamadas ‘reformas’ de la legislación previsional, laboral e impositiva. Como consecuencia de esto, las elecciones de octubre han quedado sometidas a la supervisión del FMI, que para ello se vale de todos los métodos de extorsión económica. El FMI vigila cada incidente de la campaña electoral, y la chantajea, a través de los ‘mercados’. A eso responde la oscilación del dólar. Sobre el proceso político en curso pende una espada de Damocles financiera, que es apalancada por los Trump y los Bolsonaro, de un lado, y los Macron y el ‘socialista’ Pablo Iglesias, por el otro. Todos los partidos y coaliciones en disputa han votado a favor de este acuerdo semicolonial, con excepción de la izquierda. Esta reducción a la servidumbre del régimen político de Argentina cuenta con la complicidad del poder judicial, que incumple la obligación de advertir acerca de la inconstitucionalidad de los poderes extraterritoriales arrebatados por el FMI. El FMI, la central de banqueros internacionales, no ejerce su tutela solamente para rescatar a Macri de la bancarrota política que lo acosa; ha encuadrado, por sobre todo, a los ‘nacionales y populares’ que se esconden en la fórmula F-F. Cristina Fernández recogió esa advertencia cuando decidió ocultarse detrás del ex cavallista Alberto Fernández y juntar en sus listas a TODOS los que co-gobiernan con Macri, los legisladores que le votaron 150 leyes, la burocracia sindical saboteando la lucha de los trabajadores, y los gobernadores ¿O el kirchnerismo y el peronismo federal no se han cansado en insistir que cumplirán con el pacto con el FMI? Después de todo, ellos representan, junto con Macri, a las patronales nativas que son acreedoras mayoritarias del estado nacional y que cotizan sus capitales en las bolsas extranjeras - incluida la ‘estatizada’ YPF. Estos partidos y coaliciones, de uno y otro lado de ‘la grieta’, han repetido, una y otra vez, que cumplirán con los compromisos contraídos con el FMI. Las elecciones no representan sino el propósito de hacer firmar a la ciudadanía un cheque en blanco para seguir el libreto del sometimiento político. Un cheque en blanco contra la clase obrera, y la juventud y la mujer trabajadora. La papeleta electoral es un instrumento insuficiente para destruir el chaleco de fuerza del capital financiero y sus partidos. Es, incluso, por el contrario, una trampa de la llamada democracia contra la clase obrera Estas elecciones no ofrecen ninguna salida a los explotados. Esto lo entienden muy bien los capitalistas, que ponen millones de pesos por sus candidatos, y debemos entenderlo mejor aún los trabajadores, rechazando cualquier ilusión en ella. El proceso electoral es un operativo de distracción, para entumecer la lucha cotidiana de los trabajadores. Cada huelga es una protesta contra los punteros electorales, la resuelvan lo mineros de Aguilar, las líneas y talleres del subte, las movilizaciones del Sutna, la ocupación de Canale o Minetti, las huelgas de UTA - y tantos otras luchas. Sólo podemos romper ese chaleco de fuerzas del FMI y sus secuaces por medio de una acción histórica de la clase obrera. Con esta caracterización política, llamamos a votar al FIT-U, que encabezan Del Caño-Romina del Pla; no en función de una pseudo salida electoral, sino como un pronunciamiento a favor de la organización de una salida política de la clase obrera en lucha. En función de esto planteamos: Fuera el FMI. Revocatoria de todos los poderes del Estado por parte de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Por un gobierno de trabajadores. Por la preparación de una huelga general para arrancar las reivindicaciones de los trabajadores, incluido el derecho al aborto. Por la preparación de ocupaciones de empresas para combatir las cesantías y suspensiones masivas. Por una acción concertada de los trabajadores de América Latina, contra las injerencias e intervenciones del imperialismo, por la anulación de las deudas externas, por la defensa del derecho de organización independiente de los movimientos populares,por el juicio y castigo a los represores de los gobiernos de derecha y los gobiernos de pseudo izquierda.

Mientras en una franja importante de la izquierda, en especial por parte del oficialismo del PO, se ha instalado la teoría de que ´en la clase obrera no pasa nada´ y caracteriza que asistíamos a un ‘planchazo’ de las luchas, en contradicción con el proceso electoral se desarrolla una resistencia tenaz de los trabajadores, en el marco de una bancarrota capitalista y una crisis de régimen político y social. De Ushuaia a La Quiaca En Río Grande, “Trabajadores de la empresa Tecnomyl S.A, mantienen un paro general y un acampe frente a la sede de la empresa, con temperaturas de 17 grados bajo cero y al costado de la ruta 3, en el kilómetro 2796” (La Matriz Noticias, 17/7). Por el lado del sector textil de la provincia austral, “Ayer la jornada cerró con dos frentes de conflictos que amenazan con agravarse: por un lado, Australtex, donde la empresa realizó descuentos salariales por días de paro y, por otro lado, Textil Río Grande, donde los empleados decidieron concretar una medida de fuerza. (Diario Nuevo Día, 16/7) La huelga triunfante de los mineros del Aguilar, no solamente conmovió al pueblo jujeño, sino que incorporó reivindicaciones de Seguridad e Higiene, tal vez la principal línea de ajuste empresarial -que se expresa en accidentes laborales fatales que no bajan de uno por día. Para quienes pretenden escuchar a las masas y caracterizan un “planchazo”, recomendamos prestar particular atención a la consigna del cántico principal de la lucha minera “Dicen que los mineros somos callados, Pero cuando nos joden los reventamos, Libres o muertos, jamás esclavos." Hasta Ámbito Financiero refleja una preocupación ´catastrofista´ en su edición de hoy, 17 de julio: “Alerta: revive crisis salarial en provincias. No cesa tensión en Chubut por atraso y pago escalonado de sueldos. En Neuquén ayer se vivió una jornada de múltiples protestas, con cortes de ruta en accesos a la capital. En Salta, docentes en pie de guerra. También Neuquén tuvo un día agitado con cortes en rutas y en el puente que une a la capital provincial con la ciudad rionegrina de Cipolletti. Las protestas fueron lideradas por organizaciones sociales y por trabajadores de la ex Zanón, la fábrica de cerámicas.” También en Chubut, los trabajadores de Soriano, planta de Agar-Agar en la localidad de Gaiman, vienen de cumplir un año (!) de acampe en defensa de sus puestos de trabajo. Los empleados de Sanatorio del Sol en Bariloche vienen en plan de lucha por los salarios. La huelga de los choferes de la UTA por el cumplimiento de la paritaria se extiende a lo largo y ancho del país. Los trabajadores de Unilever Gualeguaychú vienen de enfrentar los despidos con el paro general, la movilización y el acampe. Los obreros de Cocarsa en Zona Norte, echaron a la patota criminal de Fantini que intentaba afiliarlos a la Federación. La lucha obrera derrotó el Procedimiento Preventivo de Crisis en el SUTNA y ya llega a las “plataformas” Amazon, glovo, Mercado Libre. (Y así podríamos seguir un rato largo.) Otra vez, necesitamos coordiandoras El camino abierto por los trabajadores de AGR y de Pepsico, así como los trabajadores petroleros de Comodoro, hace un par de años, seguido por Interpack, marcó un rumbo de lucha para la clase y un método de acción. Las trabajadoras de Suschen- Ateparece, la conocida fabrica de mielcitas, ocuparon la planta de La Matanza en defensa de los puestos de trabajo y se disponen a poner en pie una cooperativa para sostener la fuente laboral. Los trabajadores de Ansabo, papelera de Solano, ocupan la planta en reclamo de sus sueldos adeudados y en defensa de sus puestos de trabajo. La planta de Molinos Minetti, ubicada en la Ciudad de Córdoba, se encuentra tomada por los trabajadores desde el viernes pasado. Los 150 empleados de la histórica empresa productora de azúcar y harina denuncian que les deben el pago de dos quincenas, el aguinaldo, los aportes de la obra social y la ART. Minetti, Suschen y Ansabo se suman a las 5 plantas de Canale (Lavallol, Catamarca y las 3 en Mendoza), a las 2 plantas de 3 Arroyos, Sport Tech y otras, que vienen enfrentando cierres y vaciamientos constituyendo cooperativas, que se suman a las constituidas en etapas anteriores (Textilana, Ledesma, Tabacal, Ceramistas de Neuquén, Bauen, Chilavert, Madygraf, etc) que enfrentan el ahogo capitalista a través del fasón, los tarifazos y la tasa de interés impagable de los créditos. Este sucinto recorrido por las luchas del movimiento obrero plantea objetivamente la necesidad de la conformación de coordinadoras regionales, que combinen y unifiquen, a través de asambleas y acciones comunes, los reclamos de las fábricas ocupadas con la reivindicación de trabajo genuino de los desocupados, y con los miles de suspendidos y los jubilados condenados a la indigencia. La coordinación de este proceso de luchas disputaría el dominio de la agenda nacional a la clase capitalista que hoy bate el parche por una nueva reforma laboral. El vaciamiento de empresas que resisten los trabajadores, es una señal clara del derrumbe del régimen social. Lo que antes era la excepción, ahora ha pasado a ser la regla: los patrones abandonan las fábricas con fines de vaciamiento. Ni siquiera aparecen ya otros candidatos dispuestos a sustituirlos. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social en la que los trabajadores que se hacen cargo de la economía dictaminen su propia política. La lucha por los puestos de trabajo, y en defensa de la gestión obrera, está indisolublemente ligada a la lucha por una Constituyente Soberana y un Gobierno de Trabajadores.

Cuando falta poco más de una semana para las Paso, la mayor parte de los sondeos de opinión advierte acerca de una elevada polarización electoral, que se acentuaría de cara a octubre próximo. Lo reconocen incluso aquellos que otorgan una ventaja insuperable para el binomio F-F. Es también, claro, el caballito de batalla de las terceras partes que no tienen la posibilidad de terciar como una opción de gobierno. Sea como fuere, la polarización es una construcción política, no una fatalidad, que es usada como una falsa excusa por parte de quienes quedan fuera de ella. Para citar un ejemplo, Alternativa Federal se desplomó políticamente con bastante anticipación a la polarización en curso. El ‘ménage a trois’ que intentaron Massa, Lavagna y Urtubey fracasó por la incapacidad para urdir un programa que unificara a la burguesía nativa e internacional. La polarización 2019 tiene, sin embargo, una singularidad, que algunos analistas ya han señalado, al menos en parte. Ella es, por un lado, la consecuencia del derrumbe de la política del macrismo a partir de inicio del año pasado, cuando la corrida cambiaria destrozó el esquema de financiamiento de la salida de capitales habilitada enseguida después de la asunción del gobierno Macri. La derrota que el macrismo había propinado a los K en octubre de 2017, hizo presumir a muchos una desaparición del kirchnerismo y la reorganización del peronismo sobre otras bases, como se intentó hacerlo desde el Congreso desde la sesión inaugural de 2016. Otros imaginaron, incluso, la fragmentación del peronismo en una liga de gobernadores enfrentada al pejotismo, que marcharía como furgón de cola del macrismo. Al final, todas estas elucubraciones quedaron fulminadas por una mega salida de capitales, una mega devaluación, una mega crisis industrial y una mega poda de los salarios y las jubilaciones. Políticamente, esta debacle se tradujo en la mega crisis del macrismo y en la posibilidad de una renuncia del gobierno o la descalificación de Macri para la carrera presidencial. Ahora, según algunas encuestas interesadas aseguran que el macrismo tiene vida después de las Paso, debido a una ‘estabilidad cambiaria’ ficticia, que transcurre en medio de un drenaje constante de divisas. La debacle del macrismo sacó al kirchnerismo del coma inducido. “Hay 2019” sonó como un suspiro antes que como una consigna. Un relato completo debe admitir que algunos K descontaban su regreso a la política como consecuencia del estallido de una crisis financiera en un plazo no lejano. Los infortunios del capitalismo devolvieron actualidad electoral al kirchnerismo, en calidad de recurso de emergencia. Ahora, sin embargo, incluso C5N advierte que la intención de voto para el macrismo ha subido, lo cual atribuye al profesionalismo de Durán Barba y equipo. La resurrección del kirchnerismo ha venido acompañada de una resurrección del macrismo. Dos resucitados forman una polarización y, al menor descuido, podrían llegar a pergeñar una coalición. Menem lo hizo, en su momento, con Bunge Born y Alsogaray. Para no ir tan atrás en el tiempo, CFK concluyó fumando una pipa de paz con su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, que encima había llamado a votar en blanco en 2015. Lo que devolvió la vida – ahora- al macrismo, no fueron tanto ‘el dólar’ o el FMI sino la inclaudicable política kirchnerista de ‘paz social’, para que la bronca de las masas se encauce, o sea se esterilice, por la vía electoral. CFK se escondió detrás de los pantalones de su ex servidor para evitar liderar movilizaciones populares contra el gobierno y el FMI. La burocracia de los sindicatos la secundó junto a todo el aparato pejotista. Sustituyó la posibilidad de noquear al gobierno, por una modesta victoria por puntos, que podría convertirse en un ‘draw’ o empate por accidente. El rol del bloque que hoy apoya la fórmula F-F fue crear las condiciones políticas para que el programa del FMI pudiera funcionar al margen de sus propias contradicciones insalvables. Así llegamos a una polarización de base precarísima entre dos sobrevivientes. Las consecuencias de esta realidad ‘líquida’ se verán en poco tiempo. Quienes, sin duda, han abrazado la excusa de la polarización son el FIT-U y el oficialismo del PO. El pretexto de la polarización los ha llevado a pronosticar una votación modesta para la izquierda – la que resultaría de los restos que dejen los votos de todos los demás. De modo que no capitaliza el mayor derrumbe social y político de la historia y el hundimiento de las condiciones de vida de las grandes masas y la pauperización de la clase media. No capitaliza el fracaso ‘en tándem’ del peronismo y el gorilismo, ni la colusión entre ambos en el Congreso y las gobernaciones en los últimos cuatro años. La polarización en escena es el resultado de las políticas de unos y otros de los protagonistas políticos. En estas condiciones, queda todavía más claro de lo que ya era, el planteo de la actual Tendencia del PO, cuando señaló, en 2018, la necesidad de una campaña de agitación política con la consigna Fuera Macri, por una Constituyente Soberana, por un Gobierno de Trabajadores. El hierro hay que trabajarlo cuando está caliente – cuando la crisis capitalista fulmina las condiciones de vida del mundo del trabajo y sacude a los gobiernos y las estructuras del Estado. Ninguna agitación política se fundamenta en la obtención de resultados inmediatos sino en la pertinencia histórica de sus planteos para desarrollar la consciencia de la vanguardia de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores. Aunque el FIT-U incorporó la reivindicación de una Constituyente Soberana, ciertamente de un modo ambiguo, no ocupa ningún lugar en la presente campaña electoral, donde el sojuzgamiento económico y político del FMI plantea una cuestión de poder. Los planteos de Alberto Fernández, por un lado, y del entorno macrista, por el otro, de estatizar la deuda impagable del Banco Central con los bancos, plantea desde ya una crisis de poder apenas disimulada por las mentiras electorales. AF propone reemplazar las Leliq por un bono estatal de largo plazo, en tanto que el séquito macrista insiste en cancelar las Leliq con un pago en dólares, que provendrían de una nueva deuda pública. Esto se haría mediante la colocación de las Letras Intransferibles en poder del Banco Central (una deuda del estado con los bancos, más de u$s50 mil millones), en el mercado financiero. Las amenazas de ‘reformas’ laborales, previsionales y tributarias constituyen un llamado a la guerra de clases contra los trabajadores. Las elecciones no cancelan la crisis de poder en desarrollo e incluso pueden acentuarla, cuando se manifieste la insatisfacción general con sus resultados La polarización entre sobrevivientes, por un lado, y la crisis de dirección de la clase obrero, por el otro, conforman un precario impasse político, condenado a sucumbir por la bomba de explosión retardada que representa la bancarrota y la creciente intolerancia de las masas con la situación sin salida que les ofrece el capitalismo.

Bastó un procedimiento electoral tan inocuo como las Paso para poner de manifiesto el vacío político completo del gobierno de Cambiemos. Ni siquiera fue necesario, para ello, llegar a la primera vuelta electoral. Desde los quince puntos de ventaja a favor de AF en la elección a presidente, hasta la distancia similar que sacó Kicillof a la ‘estrella’ de los medios de comunicación, la gobernadora Vidal, pasando por la votación aplastante del candidato pejotista en Santa Fe o la derrota del radical Cornejo en Mendoza, quedó en evidencia que el gobierno macrista se había mantenido en pie, en medio de un derrumbe económico gigantesco, como una suma cero entre las fuerzas antagónicas del escenario nacional e internacional – por un lado entre el odio de las masas por la política capitalista que descarga la crisis sobre sus espaldas y, por el otro, el FMI y sus lacayos nativos. Que el derrumbe del gobierno sea calificado por los comentaristas como “catastrófico”, se destaca todavía más porque, después de todo, simplemente ha perdido frente a un rival que ya ha probado, en funciones de gobierno y de ‘oposición legislativa’, que defiende el mismo régimen social y el mismo régimen político con el oficialismo. En el paralelogramo de fuerzas que mantenía a Macri en la presidencia como una ficción, ocupaban el primer lugar los mismos que lo derrotaron el 11 de agosto. Han bastado apenas unas horas desde que se cerraran las urnas para que el llamado ‘desafío’ que el gobierno decía enfrentar se desplazara de la ambición de llegar a la segunda vuelta, en noviembre próximo, a impedir que no pueda completar el mandato. Salvo el FIT-U, que en la misma noche del domingo señaló su objetivo de conquistar legisladores en octubre (ver Adriana Meyer, Página/12), la agenda de todo el resto del arco capitalista (político y mediático) se centró en otra preocupación - cómo asegurar la ‘gobernabilidad’ de aquí en más, o sea cómo hacer para que el gobierno no caiga. Desde antes de la apertura de los mercados del lunes, las acciones de compañías argentinas en Nueva York se desplomaban un 30% promedio, el riesgo de la deuda argentina superaba los mil puntos y el dólar se cotizaba en forma irregular hasta los 55 pesos – una devaluación del 25% del peso. Macri la tiene más difícil que Alfonsín en 1989, cuando éste adelantó el pasaje del gobierno a Menem, recién electo, porque las Paso no son más que unas internas y no consagran autoridades. Fue suficiente una derrota amplia del oficialismo para poner en crisis la arquitectura político-financiera del acuerdo con el FMI. Alberto Fernández se encuentra obligado a rebobinar su planteo de renegociar los vencimientos de la deuda contraída con el FMI, porque ahora se enfrenta a algo más apremiante – una corrida cambiaria y una corrida bancaria. Algunos consejeros de grandes compañías internacionales están reclamando a F-F que anuncie su gabinete económico, cuando faltan todavía dos meses y medio para las elecciones generales. Entienden que la designación de un ‘amigo del mercado’ como ministro de Economía podría conseguir una tregua con los fondos de inversión. Aceptar el convite, sin embargo, podría convertirse en una trampa para el PJ, de cara a las elecciones de octubre. Por otro lado, sería establecer un co-gobierno que el electorado acaba de rechazar en forma abrumadora. En la mesa de la negociación entrarían los juicios contra CFK en Comodoro Py y el conjunto de las “prisiones preventivas”. El grueso de la negociación transitará por carriles sigilosos, al margen de los trabajadores. Hace bastante tiempo hemos advertido, frente a los devaneos electoreros de la izquierda, que el proceso electoral no se encontraba inmune a la crisis política – y que podía ser arrastrado por ella. Para evitar que la crisis política contaminara el proceso electoral, CFK se colocó en la parte de atrás de la candidatura, y puso adelante a un político que se separó de los K cuando la crisis con los fondos agrarios. En la misma línea, el kirchnerismo dio algunos pasos en este esfuerzo de co-gobierno, al afiliar a los gobernadores y legisladores que se alinearon con Macri hasta el estallido de la crisis financiera y el derrumbe de la industria – y aun después. Lo más significativo de todo este proceso es que cuanto más se acercaron los K a los amigos pejotistas de Macri, más aproximaron también la crisis de gobernabilidad del macrismo y la crisis de régimen político. La crisis pos-Paso ha puesto en evidencia el sustento estructural y estratégico del conjunto de la crisis capitalista y de su régimen político. Después de que Trump, Bolsonaro, el colombiano Duque y el chileno Piñera llamaran a votar a Macri, la derrota aplastante de Cambiemos constituye un revés para la política yanqui en América Latina y también para la Unión Europea. Cambia el escenario político inmediato en América Latina. Es un revés para la mentada ‘derechización’, y esto en medio de golpes severos de la economía mundial a América Latina. Con los resultados de ayer, crecen las posibilidades de que el Frente Amplio no sea desplazado por la derecha uruguaya en octubre de este año, o que Bolsonaro sea golpeado en las elecciones municipales en Brasil. Los planteos alternativos de carácter capitalista no apuntan a derrotar los planes fondomonetaristas y sus reformas previsionales. Esto depende del nivel de la independencia de acción política de las masas respecto a todos los campos burgueses y patronales. F-F, como es obvio, no tienen condiciones de reconstruir el eje bolivariano, que se encuentra ante un fracaso y un derrumbe sin retorno. Sin embargo, se verán obligados a rediscutir las exigencias de Trump, porque de lo contrario terminarán como Macri en menos de lo que canta un gallo. Que dos candidatos tradicionales “sean lo mismo”, primero porque representan al capital y segundo porque aspiran a alianzas con el imperialismo, no significa que no se distingan uno del otro, bajo las condiciones de una crisis política severa. Los mismos K solo se convirtieron en ‘nacionales y populares’ luego de una larga alianza con Menem, Cavallo y los privatizadores – así como, ahora, se desviven por “cerrar la grieta”. Más que un resultado electoral, el domingo el régimen político registró un sismo de magnitud, que expresa el nivel de la crisis del sistema. El Frente para Todos enfrenta, ante este desarrollo, una crisis de magnitud, aunque de un carácter diferente al del macrismo. A fuerza de pregonar “responsabilidad”, se apresta a llegar a acuerdos para frenar la crisis. Está forzado, en definitiva, a ‘traicionar’ al electorado. Un aspecto, el decisivo, de la crisis que se ha desatado, es la modificación que introduzca entre la coalición kirchnerista, de un lado, y el electorado que le ha dado un apoyo abrumador. Las tareas que plantea esta crisis son: Ninguna transa al margen del pueblo; Ruptura con el FMI; Por una Constituyente libre y soberana; Por un aumento general de salarios y jubilaciones; por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por el 82% móvil de las jubilaciones; Por un Congreso de Trabajadores de los sindicatos y agrupaciones clasistas y anti-burocráticas, para votar un programa obrero.

El pasado sábado 3 de agosto se conoció a través del Facebook del Partido Obrero La Rioja (administrado por los militantes de la tendencia del Partido Obrero, todos ellos separados por el CC) la participación del Polo Obrero local en un acto electoral de Alberto Fernández. Esta acción era saludada y reivindicada por el coordinador local del Polo, Fabián Broca, a través de su cuenta personal de Facebook. Los hechos ocurrieron 11 días antes de la denuncia pública realizada por la tendencia del PO riojano. Ante el repudio y el escándalo suscitados por la participación de una organización de tradición clasista en un acto de uno de los partidos del régimen, la Mesa Nacional del Polo Obrero emitió un comunicado donde se despega del grupo pejotista del Polo riojano y anuncia su “no admisión” dentro de las filas de la organización tras “no haber pasado la prueba”. En el comunicado se intenta justificar lo ocurrido, citando experiencias pasadas con el Polo o con sectores sindicales, que fueron cooptados por los gobiernos o la burocracia sindical. Se trata de una justificación pérfida de cabo a rabo. En el pasado, la relación con esos sectores implicó una lucha política de los círculos, las regionales y hasta el propio CC del partido. En el caso riojano, la relación e integración con este sector del Polo –proveniente de una ruptura de Barrios de Pie, con actuación en la ciudad de La Rioja–, coincidió con la purga de todos los militantes partidarios de la capital riojana. El comunicado de la Mesa Nacional del Polo es una gran impostura pues declara que el vínculo con este grupo no tendría más que dos meses de antigüedad, lo cual es completamente falso. Ya a mediados de marzo Eduardo Belliboni había mencionado en una reunión del Comité del NOA que existía un grupo incorporándose al Polo Obrero en La Rioja, prometiendo poner al comité regional en contacto con dicho grupo, cosa que nunca ocurrió. En el mes de mayo, en una reunión en la que participó Eduardo Salas, miembro designado para centralizar a la regional tras la disolución del Comité del NOA por orden del CC, con compañeros de la regional, éste anunció una reunión entre un compañero del Polo Obrero de Córdoba con el grupo local proveniente de Barrios de Pie, aclarando que ya había existido antes una reunión con otro miembro de Buenos Aires. Todo esto ocurría al margen del comité partidario local. Nuevamente, hubo promesas de poner al Comité en contacto con el grupo que tampoco fueron cumplidas, al punto que los militantes del PO de la regional nos enteramos por los medios de comunicación de las primeras movilizaciones del Polo Obrero. Esto prueba que el vínculo del Polo Obrero con el grupo comandado por Fabián Broca data de al menos cinco meses, y no dos. En ese lapso, se pueden apreciar a través de las redes de Broca su permanente apoyo al kirchnerismo a nivel nacional y al pejotismo local; se pueden ver los saludos que dirigió a la Secretaria de la Gobernación Griselda Herrera (quien fuera Diputada Nacional 2011-2015 por la lista de Carlos Menem), publicaciones de contenido misógino y numerosas cosas más, además de, claro, saludos a los miembros de la Mesa Nacional del Polo Obrero. Es llamativo en todo el tiempo que lleva el vínculo entre la Mesa Nacional del Polo o la dirigencia del Polo cordobés, y por Eduardo Salas y el dirigente de Chilecito Pedro Carrizo, designado como dirigente de La Rioja luego de la purga de todo el Comité provincial elegido en una Conferencia provincial en el 2018, que ninguno se haya percatado de los lazos de Fabián Broca con el gobierno riojano. En cambio, el CC ejerce un sistema de control casi policial de las redes sociales de los militantes del Partido y su periferia, a partir de lo cual advierte inmediatamente a cualquier compañero o compañera que comparta o ponga “me gusta” en publicaciones asociadas a la Tendencia del PO. Sectarismo y aparatismo El CC, a través de Belliboni y Salas, ningunearon y desconocieron al Comité de La Rioja y toda la militancia de la capital provincial, impidiéndole intervenir en el proceso de discusión con un grupo que nadie podría caracterizar y seguir mejor que los propios compañeros que vienen construyendo el partido desde hace años. La dirección del partido llevó adelante esta política desde mucho antes de que unilateralmente decidiera que los compañeros “se habían puesto por fuera del Partido” (sic). Crear el Polo Obrero a las espaldas de la militancia de la regional equivale a la creación de una organización paralela, por fuera de los organismos y por ende de toda posibilidad de darse un método adecuado para afrontar la experiencia. El Comité de La Rioja fue desconocido y luego expulsado de manera administrativa y reemplazado en los hechos por un grupo pro pejotista que ha dejado como resultado el escandaloso legado de la foto de la bandera del Polo Obrero alentando al fondomonetarista pro-devaluación Alberto Fernández. Lo ocurrido se corresponde con una política que viene avanzando en concebir al Polo Obrero como un aparato de tipo punteril, el cual, en lugar de ser orientado por una organización revolucionaria, emerge como una suerte de partido paralelo, con sus finanzas, su juventud –próximamente anunciará también su propia organización de la mujer–, todo ello y cada una de sus partes concebida con una concepción de aparato. Por último, está claro que el llamado del texto a “comunicarse con la Mesa Nacional del Polo Obrero para actuar rápidamente contra estos elementos” suena más a una provocación que a otra cosa cuando lo que se denuncia es, justamente, que el Partido Obrero de La Rioja fue dejado fuera de esta discusión para luego directamente ser dejados fuera del Partido. Lo ocurrido en la Rioja reafirma los reclamos para que se revoquen todas las separaciones en la provincia y en todo el país; que sea reconocida la Tendencia Pública de más 1.000 compañeros y que sigamos enfrentando los importantes desafíos que nos presenta la crisis capitalista golpeando con un solo puño y con la más plena libertad de opinión.

Además de la participación de los trabajadores de la salud, docentes, judiciales y auxiliares, se destacaron los piquetes en las principales rutas, en especial de los obreros de la construcción de UOCRA. Se configuraron todas las característica de una rebelión de la clase obrera. Argentina asistió a una “previa” de lo que va a ocurrir cuando un próximo gobierno intente un ‘ajuste’ aún mayor al implementado hasta ahora, o a un intento de enchalecar a los trabajadores en un “pacto social” sin reponer las pérdidas sufridas por los asalariados y jubilados en los dos últimos años. Chubut ha propinado un paliza a los portavoces del ‘reflujo’ y de quienes recomiendan recetas de adaptación en la luchas por los salarios “en tiempo de crisis". Arcioni se defiende alegando que la situación financiera y económica de la provincia es pavorosa. Desde 2015 a esta parte, el endeudamiento provincial supera los 50 mil millones de pesos, el 86% de la cual se encuentra nominada en dólares. Según la calificadora Barclays, Chubut para financiarse necesita un ingreso 12 veces superior al actual. El gobierno ofrece como salida acceder a un nuevo endeudamiento de 1.500 millones de pesos, en lo que no es más que un intento para utilizar la rebelión popular como un método de presión al gobierno nacional. Lo único que ha conseguido es la renuncia del ministro de Economía, Luis Tarrío. Arcioni pretende hacer “la gran Alicia”, un rescate de Macri a cambio de “un déficit cero”, como pactaron los Kirchner en Santa Cruz. Cuando faltaban minutos para desencadenar la rebelión, Arcioni se había presentado en Rosario para hacer de coro a la candidatura de F-F. La expectativa de este sujeto de obtener un salvavidas de un gobierno K está muy lejos en el horizonte, si es que ese horizonte se presenta, porque los trabajadores chubutenses han mostrado que no están dispuestos a esperar a diciembre. Un dato político para nada menor es que esta crisis ocurra apenas dos meses después de la reelección del gobernador Arcioni (PJ) el pasado 9 de junio. La papeleta electoral se ha revelado una estafa para el pueblo y un espejismo de gobernabilidad para ‘los electos’. MM y FF harían bien en poner las barbas en remojo. El comienzo de la rebelión El pasado 2 de julio, en el marco de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), se votó el primer paro. Luego se sumaron una serie de paros, retenciones de servicios y asambleas. Los jubilados, por su parte, tomaron las sedes de SEROS en Esquel y Rawson. El 22 de julio, luego de las vacaciones, los docentes no retomaron las clases. En tanto, un sector de ATE confluyó a partir del 26 de julio con el sector docente, ATECH, que iniciaba un paro de 72 horas, continuó con asambleas escolares hasta el 6 de agosto y retención de tareas a partir del 7, que tras el anuncio de desconocimiento de paritarias y un plan de pago escalonado, se convierten en un nuevo paro y se concreta la marcha a Rawson. Es decir, durante los días anteriores a la jornada del 8 ya se podía visualizar el espíritu de lucha de los estatales. Todas las medidas de movilización eran masivas. En ese contexto, el anuncio provocador del gobierno fue un disparador. El paro estatal fue prácticamente total. Sin respuesta, ahora la huelga continúa por otras 120 horas. Por la huelga indefinida La dirigencia de la MUS, encabezada por las dos CTA y la CGT Ubaldini, reclama una ley de emergencia tributaria, con un sector de los diputados de la “oposición”. Sin embargo, un proyecto similar fue tratado y modificado por los diputados el año pasado. Es decir, se trata de una vía muerta. Como plantearon los trabajadores de la educación que se autoconvocaron en el ministerio de Educación después de la gran marcha y repudiaron a las direcciones sindicales, es necesaria otra estrategia. La situación exige la declaración de la huelga indefinida, no ya de los estatales sino de toda la clase obrera. Es la lección que emerge de la larga lucha de Santa Cruz, donde el sacrificio de los docentes fue insuficiente para quebrar al gobierno K y obtener las reivindicaciones. Es necesario que las asambleas voten la huelga indefinida y la extiendan a todas las reparticiones y sindicatos. Sobre la base de la huelga indefinida, la formación de comités locales y un Congreso de Trabajadores debería dar paso a un Comité de Huelga provincial, electo y revocable por los delegados y los trabajadores. El escenario de la lucha electoral es propicio para que la crisis política de Chubut sea objeto de una infinidad de maniobras y operaciones, que no corresponden a ningún interés de los trabajadores. Propiciar la caída del gobierno podría estar en el interés electoral de algunos sectores del macrismo, sin olvidar el largo coqueteo que tuvieron con Arcioni; lo mismo podría ocurrir con los kirchneristas que disputaron la elección provincial a Arcioni. De un modo más general las maniobras políticas apuntan a desviar la atención de las masas hacia promesas sin fundamentos y paralizar de este modo la lucha. Denunciamos el carácter anti-obrero de cualquier palabrerío político y llamamos a concentrar toda la atención y toda la fuerza en una huelga general indefinida hasta la satisfacción del conjunto de las reivindicaciones. La clase obrera chubutense tiene experiencia en rebeliones: en 1990, se produjo el “Chubutazo” que echó al gobernador Néstor Perl; en 2003, la rebelión de Esquel contra la megaminera Meridian Gold; en 2016, las puebladas contra los despidos petroleros paralizaron Comodoro; en 2018, la huelgas docentes que enfrentaron la represión. Una huelga indefinida devolvería al escenario todos los reclamos del pueblo: la defensa del medio ambiente contra la minería, incluido el petróleo; la anulación de los convenios de flexibilidad laboral; la expropiación sin pago de los grandes latifundios y reservas acuíferas, a la Benneton, y la entrega de la tierra a los trabajadores y pueblos originarios. Chubut es Argentina. Abajo los gobiernos capitalistas del hambre y la decadencia. Por una Constituyentes Soberana. Por un Gobierno de Trabajadores. En base a informes de Marcelo Saravia (docente de Comodoro Rivadavia) y otros compañeros

Los casi 700.000 votos obtenidos por el FIT-U fueron celebrados como un logro en las declaraciones de sus principales voceros. En términos absolutos, el FIT-U obtuvo 32.000 votos menos de los que había logrado en las PASO de 2015 las dos listas que participaron en la interna del FIT. Al margen de esto, en 2015 el MST se presentó por cuerda separada, obteniendo 95.000 votos. La suma FIT+MST , en 2015, arroja un total de 828.000. Es decir que el FIT-U sufrió un el retroceso de 16% en términos porcentuales - 130.000 votos en valores absolutos. En el búnker del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño se apresuró al hablar de “un avance” respecto de aquel año. La diferencia política es que el avance se convierte en retroceso. Pero los datos son tan o más concluyentes si se miden los resultados actuales con los del 2011. En aquella votación se alcanzaron 527.200 votos a la categoría presidencial - el 2.4% de los votos emitidos. Si a la votación de 2019 le restamos el registro del MST en 2015 (en 2011 había sido parte de Proyecto Sur) y, por supuesto, el crecimiento del padrón electoral en estos 8 años, la votación del FIT-U en las Paso de 2019 es la misma que había obtenido el Frente de Izquierda en agosto de 2011. Volver al punto de partida, después de 8 años, es claramente un retroceso. En el análisis de los principales distritos, siempre comparando la categoría presidencial, la situación sigue esta línea general. En la provincia de Buenos Aires, el FIT-U mantuvo el porcentaje de 2015 (3.4%), sin un corte de boleta significativo. Descontando al MST, sin embargo, la votación retrocede al 3.1%. En Capital, la votación de 2015, siempre en las Paso, retrocede del 4.6% al 3.9%, y cae más, al 3.4%, si se descuenta al partido de Bodart. Los votos suben al 4.7% en la categoría a diputados que encabeza Myriam Bregman, que debería superar el 7-7,5% en las generales para conquistar una banca. En Córdoba, se ha ratificado el “desplome” del FIT, que sólo alcanzó un 2.6% a presidente y retrocedió 15.000 votos respecto de las Paso 2015. También han sido apreciables las caídas en Neuquén, del 6.2% al 4.5%, y Salta, del 3.3% al 2.5%. Todos estos datos son superados, sin embargo, por Mendoza, donde el FIT-U retrocedió a 45.500 votos respecto de los 90.000 que había alcanzado en las Paso de 2015. En Santa Fe, el FIT-U reiteró la votación del 2015, y logró pasar las PASO. En un conjunto de provincias, en cambio, el FIT-U no pasó la barrera del 1.5%, al menos en la categoría presidencial: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan y Santiago del Estero. En un análisis más general de la izquierda, se tiene que el Nuevo MAS pasó del 103.000 a 173.600 de las PASO de 2015 a las de 2019, pero no consiguió el objetivo de superar el piso del 1.5% y quedó fuera de la elección general. Zamora, por su parte, sí logró superar ese piso en CABA, pero con el porcentaje más bajo de sus últimas presentaciones electorales –apenas un 1.65% de los votantes. El lugar político de la izquierda Cuando se consideran estos resultados, es claro que la izquierda –y en primer lugar el FIT-U- no ha tenido ninguna gravitación en este episodio electoral. La invocación al lugar alcanzado de “cuarta fuerza nacional” carece de valor, en primer lugar, por el estancamiento o retroceso en los guarismos electorales y, luego, por el carácter marginal o ´emergente´ de los que siguen al FIT –Espert, pañuelos celestes, etc. En las horas que siguieron al comicio, y mientras el país era sacudido por la enorme crisis política que deja la derrota abrumadora del macrismo, los principales voceros del FIT-U celebraban la “defensa de los votos de izquierda en el marco de una polarización” y le pedían al electorado ser tenidos en cuenta para algunas bancas en octubre. Los voceros de los bloques capitalistas, mientras tanto, aludían al derrumbe nacional y convocaban a ´salvar la gobernabilidad´. La clase capitalista abordaba la cuestión del poder político, la izquierda se ofrecía como aditamento parlamentario a un escenario de derrumbe del régimen político. En las horas siguientes a la elección, por lo tanto, la izquierda repitió la película que viene proyectando en el último año y medio, y principalmente desde el estallido del gobierno macrista. Mientras los bloques políticos de los explotadores debatían la cuestión del poder político, en medio de un colapso general del régimen, de su organización económica y de sus instituciones, la izquierda –y también la dirección del PO- se dedicó a levantar planteos de carácter parcial y por sobre todo errático y vacío de contenido, mientras rechazaba una enérgica campaña política por “Fuera Macri”, Constituyente Soberana. Decía que esta campaña era “funcional a los K”. Pues bien: en ausencia de una agitación de izquierda revolucionaria, las masas se sirvieron del “fuera Macri” que encontraron a su paso. La omisión política de la izquierda abonó el batacazo de F-F. La monumental derrota electoral del macrismo es sólo una expresión distorsionada -y atenuada- del abismo que separa a las masas del gobierno derechista. La izquierda rechazó orientar y canalizar ese rechazo por medio de una agitación y propaganda revolucionaria, ello, en nombre de que el desenlace electoral era inevitable (“hay 2019”). Ahora, los electoralistas pagan el precio electoral de su política conservadora. El resultado electoral deja abierto una enorme crisis política, por la desautorización al gobierno, de un lado, y por las crisis prematuras que vivirá la coalición F-F como consecuencia de los compromisos inmediatos que será obligada a adoptar con el capital internacional. El escenario de lo que se viene está trazado en Chubut, donde el “electo” Arcioni enfrenta una rebelión popular. Es necesario explotar la agitación electoral de las generales para explicar el alcance de la crisis, la impotencia de la coalición virtualmente ´electa´ para abordarla y convocar a los trabajadores a tomar en sus manos, con su programa y sus métodos de lucha, una salida obrera a la crisis.

La clase obrera ya está interviniendo en el proceso político. No solo lo viene haciendo desde el año pasado, con los diferentes conflictos que hubo en los distintos lugares de trabajo, los tres paros generales arrancados a la burocracia, la rebelión educativa y con el movimiento de mujeres por el aborto legal; sino que este año en particular, el proceso electoral está atravesado por una enorme cantidad de luchas en curso, que incluye la ocupación de los lugares de trabajo que cierran y despiden. Suschen-Mielcitas, Ran-Bat, la 165, Canale, son algunos ejemplos. A su vez, producto de estos conflictos se empieza a ver la intencionalidad de la coordinación de los trabajadores, que se acercan a las fábricas ocupadas y a las movilizaciones que se convocan, a solidarizarse y trasladar su experiencia a los lugares de trabajo que se van sumando. Es el caso de la 165 acercándose a Mielcitas y a Ran-Bat, de los papeleros de Kimberly con Ansabo y de Cresta Roja, la 165 y Canale poniendo en pie un festival solidario en conjunto para colaborar con la cooperativa y difundir la situación en la que se encuentran en todos los lugares de trabajo, entre otros. La tarea de convocar coordinadoras para trazar una perspectiva de conjunto de todos estos sectores, a la huelga general y a un congreso de bases del movimiento obrero para definir un plan de lucha nacional está a la orden del día. La llegada de Fernández-Fernández al poder, y por ende a las elecciones de octubre, no puede darse por consumada. Al día siguiente del derrumbe electoral de Macri, tenemos una disparada del dólar que significará la caída del poder adquisitivo de todos los trabajadores. En un cuadro de despidos y paritarias a la baja firmadas por la burocracia sindical, pero también, como dijimos más arriba, de enormes luchas, no debe descartarse la posibilidad de una salida anticipada del gobierno. La tarea de la izquierda es, por un lado, convocar a la clase trabajadora a no esperar a las elecciones para echar a un gobierno destruido y con un enorme rechazo popular. Por el otro, agitar la rebelión popular entendiendo que la posibilidad de llegada de F-F a la Casa Rosada es una bomba de mecha corta, porque cuando quienes votaron esa fórmula en contra de las políticas del FMI, de los tarifazos, de los despidos, de la caída salarial, etc., se encuentren con un gobierno que convoca a un ´pacto social´ para aplicar la receta del Fondo Monetario, vendrán nuevas movilizaciones populares. Es necesario agitar una salida de poder de la clase obrera, que debe ser la de una asamblea constituyente, soberana y con poder que tome todas las medidas de emergencia necesarias para la clase obrera, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. El resultado electoral del día de ayer debe contextualizarse en la situación que atraviesa América Latina. Hay un fracaso absoluto y veloz de los gobiernos de "derecha", que en todas las oportunidades se han encontrado con la movilización popular como respuesta. El porcentaje, por lejos mayor, de F-F nos arroja dos conclusiones. Primero, un revés y un golpe para la línea política que se venía imponiendo electoralmente, de los Macri, Bolsonaro, Piñeira y Duque. Segundo, que en tanto la tendencia que se impone a nivel continental es la de la respuesta de la clase obrera ante los gobiernos recientemente asumidos, no será otra la realidad con la que se encontrarán los Fernández a la hora de implementar la reforma laboral, previsional, educativa y todas las medidas en contra de las condiciones de vida de la mayoría laboriosa. La iniciativa estratégica ha pasado, más que nunca, a la izquierda independiente, que frente al fracaso absoluto de la clase capitalista tiene la tarea de organizar a la clase obrera por una alternativa de poder propia, sin caer en parlamentarismos ni fetichizaciones de los procesos electorales. Todo error de caracterización política debe tener su correspondiente balance y ajuste necesario. El FIT planteó que esta elección se daba en el marco de una polarización, pero ha quedado demostrado que uno de los "polos" llegaba en terapia intensiva, es decir, imposibilitado de ser alternativa. La misma equivocación vale para el “planchazo” de la clase obrera, desmentido por el rol activo que está cumpliendo en la crisis, lejos de conformarse con esperar a un resultado electoral. A los socialistas nos caracteriza la crítica marxista para la corrección de los errores de caracterización. Particularmente en el PO, fue lo que hicimos en el período 1999-2002, cuando erramos en el crecimiento que pronosticábamos para la izquierda y en la etapa de la crisis que nos encontrábamos en aquél momento (ver "El Partido Obrero a Prueba", PO N° 647). Hoy, sin embargo, nos encontramos con un balance de características opuestas. Los balances autocomplacientes no deben tener lugar en los partidos revolucionarios. El derrumbe electoral de Macri ha dejado en evidencia, por si es que no había claridad suficiente, el rechazo popular al macrismo. El FIT-U, al no haber tomado nota de eso y haber calificado la consigna "fuera Macri" de kirchnerista, ha hecho un favor al kirchnerismo permitiendo capitalizar ese repudio en el terreno electoral. Pero lo que es más grave aún, se ha privado de ofrecer una alternativa por fuera de las elecciones y no ha denunciado el carácter distraccionista de las mismas; por el contrario, ha llegado a afirmar que las elecciones deciden quién paga la crisis, como si al capitalismo se lo pudiera doblegar por medio de una papeleta electoral y no a través de la acción directa de las masas. El valor de la intervención electoral de la izquierda tiene lugar en tanto se convoca a los trabajadores a no votar por sus verdugos, a fortalecer las listas de la clase obrera, que serán las que en el parlamento servirán de tribuna para la agitación de la rebelión popular en medio de esta crisis; es decir, señalando los límites de las elecciones, se interviene en éstas, para fortalecer la alternativa con la cual debemos organizarnos para dar una salida a la crisis fuera de las elecciones, dado que éstas no resolverán la salida al ahogamiento de las condiciones de vida que vive la clase trabajadora

El resultado de las PASO el domingo 11 confirmó de manera estrepitosa el agotamiento del fracasado gobierno macrista y el enorme rechazo popular que ha despertado. Lo que el oficialismo intentaba ocultar, la oposición patronal capitalizar y la mayoría de la izquierda argentina negar, cada una de estas fuerzas en pos de su beneficio electoral, se reveló como una verdad ineludible. Y es que, incluso habiendo ganado las elecciones legislativas de 2017 y habiendo reunido aparentemente los recursos para ir a una guerra contra la clase trabajadora e imponer la reforma laboral, las jornadas del 14 y 18 diciembre contra el saqueo a los jubilados pusieron al oficialismo en un estado de "parálisis estratégica", es decir, lo volvieron incapaz de avanzar a fondo en los puntos clave de su agenda antiobrera. Sumado a eso, en 2018, el fracaso de los dos pactos con el FMI, la devaluación y crisis económica de agosto-septiembre y la fuerza del movimiento de mujeres con 2 millones en las calles y sacudiendo a todas las instituciones por el aborto legal golpearon de muerte al gobierno macrista, que continuó con vida pero agonizando hasta ahora, solo gracias al sostén de la oposición que hoy es votada contra él y a la incapacidad de la clase capitalista de encontrar otra salida de emergencia. Recordemos que mientras Macri se derrumbaba, desfilaban por Comodoro Py los empresarios nacionales más poderosos, tanto K como M, por la causa del ´cuadernogate´. La izquierda argentina, a excepción de la que hoy constituye a la Tendencia del Partido Obrero, no ha visto esta crisis con todas sus potencialidades, o la ha ignorado, y ha desaprovechado una oportunidad única: la de poner sobre la mesa la cuestión del poder. Mientras el macrismo y el kirchnerismo jugaron todas sus cartas para sostenerse y llegar lo mejor parados posibles a las elecciones del 2019, atravesando crisis y dificultades enormes, el oficialismo del PO, IS y el PTS tomaron una posición derrotista ("la clase obrera no da", "hay un planchazo") para justificar su deseo de concentrarse en la lucha por conquistar bancas en el parlamento. Así fue que el FIT-U llegó a las PASO, con un planteo abstraído de la crisis política y el derrumbe macrista. Pero, ¿y ahora? El FIT-U tras las PASO La derrota aplastante de Macri a manos de la fórmula FF obligó al FIT-U, y en particular a la dirección del PO, a reconocer lo que tres días antes era una "loa al kirchnerismo": que estábamos ante un golpazo y un rechazo masivo a la política de ajuste y que el gobierno de Macri estaba en knock-out. Sin embargo, este reacomodo oportunista de las posiciones políticas sigue sin estar a la altura de las circunstancias y escapándole a lo principal: el problema del poder. Incluso, aunque con una línea aparentemente más combativa, refuerzan un planteo conservador y funcional al régimen. A la declaración del Comité Ejecutivo del PO, que se arrodilla ante el "poder de contención" de las centrales sindicales limitando la intervención obrera a exigir un congreso de bases y subordina el planteo de la huelga general al esquema etapista de "paros escalonados", se suman ahora las declaraciones de Nicolás Del Caño. El llamado del candidato a presidente del FIT-U a reactivar el Congreso Nacional con sesiones extraordinarias, lejos de aprovechar la situación de crisis rotunda del régimen político llamando a terminar con él, le tira un salvavidas. Una convocatoria del Congreso no tendría otro objetivo que acercar a Cambiemos y al “Frente de Todos”, por el otro, para consumar el ‘diálogo’ que reclaman desde el FMI y los banqueros hasta Wall Street y la UIA. Ni Alberto Fernández se ha animado a tanto por ahora. Del Caño fue seguida por Bregman, la niña mimada del oficialismo partidario y de la dirección del Plenario de Trabajadoras. El propósito es, claramente, viabilizar las elecciones de octubre y ganar cartel para lograr el objetivo estratégico supremos del FIT-U, que es uno o dos legisladores, como le suplicó en un tuit Solano a Zamora. No contento con esto, Del Caño plantea "la creación de un banco nacional único que impida la fuga de capitales, preserve los ahorros y otorgue créditos baratos a los pequeños comerciantes y productores", una posición sacada casi literalmente del ‘programa’ del FIT-U. Esto significa un salvataje a un sector de la clase capitalista, que ha visto el desplome del valor de sus activos, como bonos y acciones, y frenar un default inminente. Este salvataje significa abandonar la reivindicación histórica de la izquierda revolucionaria de nacionalizar la banca sin indemnización y bajo control obrero por un estatismo dentro del marco del Estado capitalista. Del Caño insiste en el planteo que hemos criticado apenas se conoció ese programa, y reivindica el señalamiento efectuado en nuestro acto en Sociales, de que “no apoyamos el programa ni la política del FIT-U. Las PASO no son la causa de la devaluación y del derrumbe de los activos capitalistas, sino simplemente el resultado político de ese desplome, deformadamente. Como dice la declaración de la Tendencia del Partido Obrero, y nadie más que ella, “se ha quebrado la arquitectura financiera y política del plan del FMI”. La disolución las condiciones capitalistas existentes son un peligro enorme para condiciones de vida de las masas. La izquierda revolucionaria debe guiar hacia un camino de victoria. La coordinación de las luchas de las fábricas ocupadas, las asambleas en los lugares de trabajo y estudio y la huelga general están a la orden del día. El recambio del macrismo por el F-F debe ser combatido por medio de estos métodos. El desarrollo de este conflicto entre el potencial gobierno F-F y las masas, devuelve su actualidad a la reivindicación de la Constituyente Soberana. Desplazar la prioridad de esta lucha por una banquita en octubre, es sencillamente contrarrevolucionario. El desbarajuste del macrismo ha abierto una crisis de alcance continental, de un lado porque ha sido un golpe a la ‘derechización’ que pretendieron iniciar las victorias de Macri, Trump, Duque y Bolsonaro y, del otro, porque esa crisis debe ser contenida por un nacionalismo burgués históricamente más débil que nunca. La “iniciativa estratégica de la burguesía” se “ha disuelto en el aire”.

El ‘plan B’ que el gobierno sacó después de la manga, no durará ni un suspiro. Bonos salariales, exenciones del IVA, asignaciones sociales, son aspirinas para una economía en estado terminal. Hay un principio de colapso del comercio interno y del sistema de precios, como ocurriera en las grandes crisis que precedieron a la actual: en febrero del 76, mayo del 89, diciembre-enero de 89/90 y diciembre-enero de 2001/2. Políticamente, el oficialismo ha perdido capacidad de gobierno. La pretensión de que aquellas medidas lo dejan en carrera hacia octubre es simplemente una fantasía. El escenario que se avizora combina los elementos de esas crisis: convocatoria de la Asamblea Legislativa para elegir un presidente interino; coalición a tres bandas (con eje en el PJ y Consenso Federal); adelantamiento de las elecciones o adelantamiento de la transmisión del mando a la primera semana de noviembre. El triunfador Alberto Fernández no tiene condiciones de aportar a la ‘gobernabilidad’ sin la mediación o el concurso de una Asamblea Legislativa. Con la continuidad del macrismo en el gobierno no se podría establecer un control de cambios; precios pactados; congelamiento de las Leliq y regulación del retiro de depósitos. Sin estas medidas, la economía enfrenta un ‘rodrigazo’, una dolarización monetaria y un derrumbe industrial mayor. La rebelión popular sería imparable. También se ha quebrado la ilusión de una transición indolora hasta octubre, que AF vino fogoneando desde el lunes siguiente a la votación. Se ha caído la posibilidad de que el gobierno ‘se haga cargo’ hasta que el kirchnerismo ratifique su victoria en octubre. Los K deberán asumir la responsabilidad del gobierno interino que designe el Parlamento. En esta “transición”, F-F serán conminados a negociar con el FMI, Trump y la UE, más la intervención de China, que es acreedora de un préstamo de u$s14 mil millones al Banco Central y es la principal compradora de soja. En este escenario, las masas ya se deben enfrentar a una situación social muchísimo más agravada. En forma más que temprana, el kirchnerismo ganador les exigirá que “compartan” la necesidad de “un sacrificio”. El lapso de espera para la experiencia con los ganadores ‘nacionales y populares’ se habrá acortado considerablemente. Las ilusiones políticas de trabajadores en el peronismo se encuentran considerablemente disminuidas respecto a experiencias históricas anteriores. La presencia de corrientes clasistas y combativas es mayor que en las últimas cuatro décadas. La clase obrera aborda esta crisis con una base subjetiva más fuerte. Después de cuatro años de pérdidas de conquistas y de ingresos, los trabajadores no tienen la posibilidad de aceptar esos pedidos de ‘sacrificios’, ni tampoco la voluntad de hacerlo. Por eso la cuestión central es la necesidad de un programa de reivindicaciones sociales y también políticas. Un verdadero programa de transición para la ‘transición’. Solamente a través de una gran lucha, los trabajadores iremos encontrando que Argentina tiene los recursos y los medios para satisfacer esas reivindicaciones. A la orden del día se encuentran: El aumento de emergencia de salarios y jubilaciones del 30% y la duplicación de asignaciones y planes sociales. Ajuste de salarios y jubilaciones por inflación. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y una jubilación del 82% móvil. Ningún despido, ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Apertura de los libros y control obrero de las grandes empresas. Nacionalización los bancos sin indemnización. Estatización del comercio exterior. Fuera el FMI. Cese del pago de la deuda financiera y especulativa. La lucha por estas reivindicaciones, en un momento de colapso capitalista, plantea una cuestión de poder. La transición política impuesta por la crisis en desarrollo, pondrá enseguida de manifiesto que los frentes y coaliciones ‘nacionales y populares’ no tienen la voluntad ni la capacidad para satisfacer el más mínimo de estos reclamos. Lo que sí harán es valerse de la burocracia sindical para bloquear la lucha, desnaturalizar las reivindicaciones, poner el peso de los aparatos de los sindicatos al servicio del Estado y las patronales. El desarrollo de la crisis política enseñará a los trabajadores que ninguna de las combinaciones políticas que se tejan será capaz de satisfacer las expectativas y las ilusiones en una salida favorable a los trabajadores. Esto planteará la necesidad de una Asamblea Constituyente Soberana, que revoque los poderes del estado actual y plantee la reorganización del país sobre nuevas bases. Solamente la clase obrera tiene el interés y puede desarrollar los medios para convocar a una Constituyente Soberana. Como medio de lucha organizado para arrancar las reivindicaciones y en la perspectiva de una lucha por el poder, llamamos a movilizarnos a la huelga general; a formar coordinadoras regionales; a organizar un congreso de sindicatos y agrupaciones combativos; a reivindicar un Congreso de delegados electos y con mandato de base de la CGT y las centrales sindicales. La bancarrota capitalista a la que asistimos no es solamente un episodio, es una tendencia histórica cada vez más acentuada en los últimos setenta años. No tiene salida para el pueblo en las condiciones históricas tradicionales. Por un gobierno de trabajadores.

En las tres semanas transcurridas desde la reunión de Atenas hasta hoy, la escalada de expulsiones sumarias contra los militantes del Partido Obrero que adhieren a nuestra Tendencia se ha agravado. No hay acusación escrita ni fundada, tampoco derecho a defensa, sino arbitrariedad de los ‘organismos’ locales incentivada por el comité ejecutivo (que no tiene facultades para expulsar militantes). Todo esto destaca la ilegalidad partidaria en que han caído el oficialismo y la dirección. Se han separado círculos enteros de militantes de la zona norte de la Capital, incluyendo a quien encabeza la lista de representantes comunales del FIT-Unidad. Se ha acentuado el boicot político, mediático y económico a los candidatos de Salta, Santa Fe o Tucumán que pertenecen a nuestra Tendencia o que –sin adherir a ella– repudian las expulsiones. Se condiciona la entrega de alimentos y planes laborales a las asambleas dirigidas por delegados del Polo Obrero que apoyan a la tendencia, para aislarlos y para forzar a que renuncien a sus planteos políticos. Hay una ola de separaciones de jóvenes universitarios y secundarios de la Unión de Juventudes por el Socialismo, entre otros atropellos. Para encubrir esta carnicería liquidacionista del PO, el Polo y la UJS, la dirección del Partido Obrero no ha tenido escrúpulos en consumar otro acto de completa impostura: el pretendido apoyo a una propuesta –“armisticio de Atenas” – para la “reunificación del Partido Obrero”. Una suerte de “conciliación obligatoria con despedidos afuera, y el desconocimiento de la comisión interna”. El texto de la dirección del Partido es un engaño por donde se lo mire: finge “pasar por alto” las observaciones y divergencias planteadas en el Informe de la reunión de Atenas que enviaron las organizaciones de la CRCI para, “magnánimamente”, concentrarse en “no perder un minuto” y avanzar en el “acuerdo”. Es necesario volver, una vez más, a varias cuestiones esenciales: En la reunión de Atenas, los representantes oficiales del Partido Obrero NO APOYARON el texto presentado por el DIP-EEK. Lo que hicieron fue desnaturalizar ese texto con enmiendas que, en el informe remitido por la CRCI, los compañeros del EEK caracterizan de “ultimatistas”. El término, por cierto, es suave, porque las “correcciones” de la dirección del PO rechazan el reconocimiento de la tendencia y convierten el reclamo de ese reconocimiento en la exigencia de disolución. El texto original del DIP-EEK ya era un escamoteo, esto porque planteaba que la dirección del Partido reconociera “el derecho de tendencia” – algo que ya está consagrado por el estatuto partidario– y no el reconocimiento de la Tendencia misma, incluso cuando ha reunido a cerca de 1.000 compañeros en torno de una declaración política ampliamente desarrollada. A esta formulación sinuosa, el CC le agregaba la prohibición a la tendencia de realizar cualquier actividad pública mientras se discutía “si la fracción es pública o no”. Lo que no prohibía es la onda masiva de ataques a nuestra Tendencia en Prensa Obrera, sin derecho a réplica. Al rechazar la ‘actividad pública’ en forma indeterminada o indefinida, el texto legaliza el régimen de censura instaurado por el oficialismo desde mucho antes de que existiera esta Tendencia, contra, incluso, miembros del CC, o sea electos por el XXV Congreso. Los autores de la propuesta de ´armisticio´ pretenden convertirse en una suerte de poder judicial, cuando se trata de una lucha política que solamente puede ser superada mediante la clarificación. El término ‘armisticio’ deforma la crisis política del PO como una ‘guerra civil’, cuando se trata de una confrontación de posiciones políticas y de métodos de construcción del partido revolucionario, con la finalidad de justificar procedimientos ultimatistas y administrativos inadmisibles. Es inevitable que el DIP y el EEK acaben pagando un precio elevado por esta violación de los principios del centralismo democrático y del método de la clarificación política, cuando se trata de hacer frente a las divergencias en el seno de un partido revolucionario. El concepto de “armisticio” convierte en objeto de negociación lo que debería ser el repudio y la anulación de los atropellos, a saber, la reincorporación de las centenas de compañeros expulsados, algo innegociable. El ‘armisticio’ consiste en una orden de disolución de nuestra Tendencia hasta nuevo aviso. Es una verdadera vergüenza que se apele a la categoría de ‘armisticio’ para ordenar la cancelación de un debate político. No se insinuó la menor propuesta de organizar un debate político y su metodología, para hacerlo conforme a la intervención cotidiana del partido en la lucha de clases; el único propósito de la propuesta ha sido cancelar la discusión y legalizar los hechos consumados del aparato. Allí donde se prohíben las Tendencias o Fracciones declaradas, es inevitable que surjan las clandestinas o las rupturistas o infiltradas por organizaciones hostiles a la revolución proletaria. No se puede pasar por alto que quienes ven una guerra y proponen un armisticio, eligieran el silencio frente a un procedimiento realmente ‘bélico’ en toda esta crisis: el espionaje al correo electrónico de Marcelo Ramal. ¿O, al revés, es un procedimiento legítimo en lo que sería una guerra? Que se silencie el principio de camaradería que caracteriza a un partido revolucionario es un poderoso llamado de atención: da piedra libre al aparato. En esta línea de conjunto, la propuesta de ‘armisticio’ señalaba que el “Comité central está preparado (sic) para reincorporar a los expulsados…”. ¡En lugar de repudiar las expulsiones que reconoce en forma textual, se las legitima como un derecho del CC, que ahora tampoco anularía sino que estaría “preparado” para anular! Otra cosa es dar lugar a su reincorporación sin condiciones, como miembros de una Tendencia que reivindica el programa del PO y que integra el redactor de las tesis programáticas de 2004 de la propia CRCI. Pero el CC se arroga un derecho incondicional a expulsar militantes, que tampoco tiene; antes, debe fundamentarlo, uno por uno, por escrito; el CC centraliza la actividad del partido, no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera. EL CC actual representa a una fracción; sus miembros fueron presentados como miembros de una fracción, bajo la consigna de una dirección “homogénea”, o sea que fue armada con antelación, sin conocimiento del partido. Ese mismo CC se ha puesto en estado de ser expulsado por haber excluido de la propaganda electoral del FIT-U a los candidatos de la Tendencia (mayoría en sus regionales), sin ofrecer la menor explicación, con la complicidad del PTS y el MST; ha violado todos los principios de organización del partido, con total indiferencia acerca de la posibilidad de que el electorado tuviera conocimiento de que era llamado a votar por candidatos descalificados por su dirección. El texto propuesto en Atenas contenía la denuncia velada o implícita de que la tendencia “no romperá” las organizaciones partidarias en los movimientos de desocupados, de la mujer o de la juventud. ¿Cómo podría ocurrir esto cuando el método de una tendencia es clarificar diferencias políticas en el propio partido? Como el ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”, los expulsadores denuncian de rupturistas a los expulsados. En efecto, en esos mismos ámbitos nuestros compañeros son todos los días separados, discriminados o silenciados. Hemos tenido que tomar medidas para asegurar que compañeros del partido o simpatizantes que militan en el Polo Obrero no serían privados de sus ¡alimentos o planes sociales! Estos medios de sobrevivencia han sido usados como medios de extorsión contra ellos, aprovechando el monopolio de las relaciones que la dirección del Polo tiene con el Estado. ¿No es de una hipocresía extrema plantear la “unidad del Polo, el PdT, etc” por parte de quienes trabaja todos los días por su ruptura y su división? Cualquiera puede entender que firmar un “armisticio” con un telón de bombardeos cotidianos en sencillamente un suicidio. Pero es justamente esto –nuestra autodisolución sin condiciones– lo que se nos exigió en Atenas. La tendencia del Partido Obrero no se ha proclamado por una decisión caprichosa o unilateral. Ha sido precedida por un Congreso irregular, con restricciones al debate y a la participación de los disidentes en los plenarios precongresales; con provocaciones y actos de espionaje contra quienes disentían; por la censura a quienes expresamos posiciones de minoría; por nuestra exclusión de las listas electorales, actividades públicas y campañas políticas. La proclamación de la Tendencia ha sido, en estas condiciones, un acto elemental de sostenimiento de nuestros planteamientos políticos y, por sobre todo, de DEFENSA DEL PARTIDO OBRERO, CONTRA SU PROPIO APARATO. Esos planteamientos son conocidos: antes y durante el Congreso señalamos que la campaña electoral debía ser abordada, no bajo el estrecho corset del electorerismo y el parlamentarismo, sino con planteos de conjunto y colocando en la agitación la cuestión del poder político. Han pasado 72 horas de las primarias… y un principio de disolución económica y política se ha instalado en la Argentina, como consecuencia de la aplastante derrota del gobierno. La UNICA voz que, en el campo de la izquierda, intervino en la campaña electoral abriendo este horizonte fue la de nuestra Tendencia, a través de nuestros candidatos y de la gira que tanto Altamira y Ramal realizaron por diferentes localidades y provincias, invitados por las direcciones partidarias respectivas, en apoyo a las listas del FIT U. Seamos claros: el planteo del CC del PO no es “reunificar” a nadie… sino silenciar a los que rechazamos el electoralismo. El método burocrático de la dirección del PO se delata cuando, en su respuesta a los compañeros de la CRCI, incorporan como la “prueba” más contundente de nuestra acción rupturista a las palabras de Altamira en el acto que realizó la Tendencia en la Facultad de Ciencias Sociales, con la participación de un millar de compañeros. Lo que escandaliza al CC es que Altamira señaló que militamos por las listas del FIT-U sin apoyar su programa, ni su política, ni su método. Esa crítica ya había sido desarrollada por Altamira cuando fue anunciado el programa del FIT-U, sin que los afectados abrieran la boca. La exigencia de que debemos aceptar el programa, el método y la política del FIT-U, representa una tendencia a la disolución en el morenismo, porque el PO no hace frentes desde la indiferenciación política, sino desde la delimitación. Así ha venido ocurriendo SIEMPRE. En 2011, ese debate fue promovido por el PTS en las tribunas comunes del FIT; en 2013, presentamos otro programa, sobre la base de la crítica a los programas previos; en 2017, el FIT -y por sobre todo el PO- abandonó, en la campaña, el planteo de gobierno de trabajadores. El programa corriente del FIT-Unidad no merece ese nombre, fue improvisado a último momento. Es un rosario de reivindicaciones aisladas que presenta una caracterización equivocada del conjunto de la crisis política, ni qué decir de alguna previsión sobre el derrumbe del macrismo; y que, en el desarrollo de esas mismas reivindicaciones, se desbarranca hacia un rescate del capital, cuando asocia la nacionalización de la banca (no dice sin pago), con el otorgamiento de créditos baratos (el rescate de una fracción del capital) y para evitar “la fuga de capitales” (evitar la desvalorización del capital). La dirección del PO pretende que nuestro apoyo al FIT U se desarrolle “con mordaza”, desde una “posición común” con el morenismo, y no desde el programa del Partido Obrero. Del Caño y sus camaradas del PTS, lo hacen desde el ángulo político de su partido. Para el oficialismo del PO, el ´derecho de tendencia´ se limita a rumiar nuestras disidencias en los boletines internos. Es lo que ocurrió en el último congreso, donde se prohibió la presencia de los autores de la ponencia 2 en los plenarios preparatorios. Mil militantes no pueden ser encerrados en un BI; además deben actuar en forma organizada – si no hubiéramos hecho esto hoy tendríamos centenares de militantes desmoralizados y apartados de la lucha de nuestro partido. Negar a la Tendencia lo mismo que antes le negaban a los militantes que escribimos extensamente durante el periodo precongresal -e incluso antes-, ni siquiera se aproxima al centralismo democrático: asistimos a la simple invocación de la autoridad del CC para suprimir la polémica política entre nosotros. Esto es: ni más ni menos que el desarrollo consciente de la militancia partidaria. Este texto no es el lugar para desarrollar los planteos de método y programa que hemos hecho en forma abundante. Este texto sí es el lugar para repetir lo siguiente: 1. Reincorporación de todos los expulsados de nuestra Tendencia; 2. Condena de los métodos de expulsión como incompatibles con el centralismo democráticos y la construcción del partido; 3. Tribunal para evaluar y juzgar el espionaje dentro del PO; 4. Reconocimiento de nuestra Tendencia y discusión de una agenda de trabajo; Reconocimiento internacional de la misma tendencia en la CRCI (Aclaramos que el DIP se opone a la refundación de la IV Internacional y plantea la reconstrucción de la III Internacional, con el programa de la Cuarta); 5. Desarrollo de la preparación de un Congreso Internacional en un periodo de cuatro a seis meses. En oposición al “armisticio”, reclamamos que las organizaciones de la CRCI pongan la cara frente a la discusión en el PO, desarrollando sus propias posiciones y dando expresión a todos los matices y tendencias que este debate suscite en sus organizaciones. En las tres semanas transcurridas desde la reunión de Atenas, también se ha verificado un apreciable crecimiento de nuestra Tendencia, en todos los frentes y regionales del Partido Obrero. La respuesta efectiva y real de la dirección del PO a este desarrollo ha sido aumentar las expulsiones; la ilusión de persuadir a los disidentes ha fracasado y ha empujado a muchos más compañeros a nuestras posiciones. Para tender una cortina de humo sobre este proceso –las adhesiones y las expulsiones– la dirección del PO se ha aferrado a la propuesta del “armisticio” de Atenas. La asimila a un compromiso político inexistente con la CRCI y con la Tendencia, porque no ofrece una perspectiva de clarificación de posiciones políticas y métodos organizativos. Es un recurso para seguir expulsando compañeros con la mentira de que cuentan con un apoyo fronteras afuera. Quienes en el PO o en la CRCI procuran un “compromiso” en la crisis del PO deben comprender lo siguiente: ningún compromiso puede atentar contra el debate de posiciones encontradas, ni ser un compromiso con expulsiones y descalificaciones. Mientras perora contra el debate público, el aparato partidario ha convertido a Prensa Obrera en un pasquín faccional, que no acepta réplicas. Exigimos el reconocimiento integral de nuestra Tendencia, incluyendo su disciplina interior - como plantea claramente el estatuto partidario; a publicar nuestras posiciones en la prensa impresa y digital del partido; a participar plenamente de las campañas y actividades políticas, con nuestros planteos; reincorporación incondicional de todos los separados o expulsados por adherir a ella, y la investigación y la separación de los responsables del espionaje, una práctica incompatible con los principios de la camaradería revolucionaria y el socialismo. La mejor contribución que podrían hacer las organizaciones de la CRCI a la crisis del PO es pronunciarse de inmediato por este reconocimiento integral, como ya lo han hecho los compañeros del PT de Uruguay. El carácter del debate que recorre al Partido Obrero, por cierto, nada tiene de local o nacional. Ello vale, naturalmente, para las cuestiones de programa o estrategia política que están en juego. Pero también para los aspectos de método y organización partidaria. El centralismo democrático es una categoría históricamente determinada. Por caso, la aplicación dogmática de las 21 condiciones de la III Internacional sólo puede ser funcional a la ideología de aparato y el burocratismo. Por eso, reclamamos también nuestro reconocimiento como Tendencia internacional, con participación plena en las reuniones y actividades de CRCI. Ese es el camino real para aventar el “nacional trotskismo”. Respecto de la CRCI, la dirección del PO ya se ha apresurado a lanzar la imputación que suele aplicar a todas las situaciones que no logra dominar, a saber, la supuesta “parálisis política” y el llamado a “ponerse en movimiento”. Reclama o sugiere nuestra exclusión y pasarle al trapo a la inocultable polémica que se ha instalado en la CRCI. A los compañeros que recelan del ‘nacional trotskismo’, les recordamos que quienes nos han separado del PO –y ahora le reclaman “actividad” a la CRCI– se dedicaron a boicotear la Conferencia Latinoamericana realizada en Buenos Aires en noviembre pasado y a provocar una escisión en ella en la sesión final. Son los mismos que han atacado a la conferencia internacional de 2018. En un texto sobre la situación mundial, Altamira llamaba a “no cocinarnos en nuestra propia salsa”, esto es, a polemizar con activistas y organizaciones internacionales para hacer progresar la penetración de nuestra programa y nuestra organización –la CRCI. Pero en el PO, los mismos que saludan la “longevidad” del FIT y el programa suscripto con las organizaciones morenistas de Argentina salen a condenar la lucha política de la CRCI, seguramente, para reemplazar a su método de construcción política por el de las sectas seudotroskystas y sus “enviados”. Compañeros de las organizaciones internacionales: queda claro a esta altura que la defensa de la Tendencia es una tarea vital para todos los que quieran salvar a la CRCI. La crisis del PO no necesita de árbitros ni mediadores; requiere una clarificación mediante el debate y la verificación de los planteos de unos y otros en la práctica. Requiere de compañeros que examinen leal y rigurosamente las posiciones vertidas, se pronuncien y batallen políticamente por ellas. 15 de agosto de 2019

Luego de las PASO del 11 de agosto, que dieron como ganadora a la dupla F-F frente a Macri-Pichetto por 47 a 32% y que profundizó la crisis del régimen político y social tras la corrida cambiaria de 48 horas y la devaluación del peso en un 30% (que amenaza con profundizar ese escenario), la izquierda emitió balances sobre los resultados y la crisis en marcha. El mercado bursátil se desplomó un 40%, el segundo colapso más grande en el mundo desde 1950. Desde El País se dijo que la Argentina está “al borde del colapso” y que van a venir largos 4 meses de “vacío de poder”. El NYT compara esta crisis con la del 2001 y pronostica un default. Desde el FT, quien responde a los intereses del capital financiero global, se advierte que los “mercados” van a poner a la Argentina “de rodillas”. El proceso electoral mismo está en ruinas. La paradoja de esta elección es que fue un rotundo rechazo a Macri y a sus políticas de ajuste, pero el rechazo encontró a otro agente de los intereses del capital financiero como elemento para expresarlo. Esto pone de manifiesto una contradicción insoluble en sus propios términos. La clase obrera, que ha sido el elemento activo del rechazo a Macri y su política, ha cedido la responsabilidad de llevar adelante sus propios intereses a un agente de los intereses que combate. Esto es necesario para poner en crisis el régimen, pero no suficiente para poner en pié uno propio (para eso se necesita la intervención consciente de la vanguardia y el impacto de ella en la conciencia de las masas obreras). La lucha por reivindicaciones mínimas y transicionales pone en cuestión el problema del poder porque no pueden ser resueltas bajo este régimen político y social, algo no comprendido para la izquierda (y que es la base del programa de transición de la IV Internacional). El régimen político y social tambalea. Si existe un “doble poder”, no es entre el gobierno de Macri, de un lado, y F-F, del otro, sino entre es esta determinación popular (que todavía no ha podido corporizarse mediante la organización independiente de los trabajadores) y el macrismo, mediado o arbitrado en una transición por el bloque k-pejotista. La transición ‘constitucional’ entre cadáveres se encuentra bajo el caso de las masas que aún deben encontrar su canal propio. La experiencia de las masas con las instituciones burguesas ingresa en una nueva fase, de ilusión precaria, por un lado, y de agotamiento definitivo, por el otro. La consigna de Asamblea Constituyente se inscribe en esta transición, que debe ser motorizada por la creación de organismos independientes de las masas. Sin embargo, la izquierda rechaza acelerar esa experiencia, y dinamita ese puente con las masas y con un futuro gobierno obrero (que desaparece del eje de su agitación). Sin estrategia de poder La izquierda nucleada en el FIT-U y fuera de él, entra en la etapa actual de la crisis en forma improvisada, porque no la previó, ni impulsó, condicionada por un fuerte electoralismo. Sus planteos ahora de paros y movilizaciones siguen subordinados al propósito de corregir en octubre el desplome de votos del domingo pasado. La principal tarea para actuar en medio de la crisis es comprender su dinámica y profundidad, porque “sin teoría revolucionaria no hay Partido revolucionario” y menos acción revolucionaria. Desde el PO la primera reacción fue reconocer que era necesario un cambio en la política del FIT-U y reclamó la “intervención” de la clase obrera. Para el PTS el eje del escenario es el debate en el Congreso junto a la “movilización”. Para IS se trata de una crisis política más, para el MST de una crisis “institucional” y propone que “las masas decidan”, y para el NMAS de una “crisis de gobernabilidad”. El PTS y el parlamentarismo Nicolás del Caño pidió “abrir el Congreso” para debatir un plan de emergencia. El PTS pone expectativas en una Cámara que ha sido la responsable del ajuste, del co-gobierno entre peronistas y macristas, y que tiene una mayoría compuesta de aquellos que llevaron adelante la devaluación junto a quienes la apoyaron. Más sencillo, una cueva de agentes del capital. Para el PTS se impone “que el Congreso discuta un freno urgente al saqueo del pueblo trabajador y que los sindicatos se movilicen para obtenerlo”. El “saqueo” (capitalista) es una categoría que introduce la izquierda democratizante, en oposición a la explotación (capitalista), y que procura distinguir a la burguesía que ‘saquea’ de la que ‘solamente explota’. En una categoría estarían los dueños de la deuda externa y en la otra el capitalista ‘de a pie’. El problema es que los segundos son también acreedores financieros del estado y los primeros no le hacen asco al control accionario de las empresas industriales. El PTS re-introduce de este modo al ‘neoliberalismo’ (de los ‘saqueadores), o sea la defensa ‘nacional y popular’ del llamado ‘mercado interno’. El PTS hace un plagio vulgar de David Harvey, el teórico de la “acumulación por desposesión”, que cree haber descubierto una nueva frontera histórica para el capital. Para el PTS sería necesario sacar a los “saqueadores” (una parte de la burguesía) para solucionar los problemas económicos y sociales que amenazan a la economía capitalista mundial. Esta revisión acerca de la naturaleza del capitalismo fue explicitado en el spot publicitario del Partido Obrero (fracción oficialista) sobre “La casa de papel” (‘los bancos roban’) y en el bizarro planteo de cancelar las Leliq mediante impuestos a los bancos o, como pregona Guillermo Moreno, saldar los bonos del Tesoro cobrando un impuesto a los capitales locales. Hay toda una corriente de pensamiento de la izquierda que tiende a ver que una parte del capital debe ser “expropiada” en aras de otra. El rescate del capital (un sector) es presentado como una expropiación del capital (el otro sector), desconociendo los vínculos mercantiles y accionarios entre unos y otros. El PTS y Nicolás Del Caño proponen que el Congreso sesione para “debatir de cara al pueblo en el Congreso, con transmisión televisada del debate. Nuestro planteo es que sesione el Congreso, la oposición tiene los números para sesionar. Hay que tomar medidas de emergencia” (LID, 14/8). Dice “que el salario aumente con la inflación, que por cada punto de suba de precios haya un punto de suba en los sueldos”. Esto no lo hará el congreso, cuya agenda es ‘desindexar’ los salarios y jubilaciones de la inflación, en especial la de F-F. Esa reivindicación debe partir, sin embargo, de la recuperación de los ingresos de los trabajadores ‘desposeídos’ en los últimos años, o sea un salario y una jubilación mínimas igual al costo de la canasta familiar. Cuando el PTS reclama la “nacionalización del sistema bancario y la creación de un banco estatal único para evitar que los especuladores se fuguen las reservas y proteger a los pequeños ahorristas que siempre son estafados”, evita señalar el control obrero y el rechazo a la indemnización. Es decir que son nacionalizaciones burguesas que pagan los contribuyentes y que sirven a la burguesía demandante de crédito. En la misma línea se encuentran los comentarios por Twitter de Pitrola y Solano previos a las elecciones, para que la crisis la paguen los capitalistas financieros o los ‘especulativos’. Todo indica que se desarrolla una izquierda populista. El pedido de “paro nacional de 36 horas y un plan de lucha para que esta crisis no la sigan pagando las mayorías populares”, sorprende, en primer lugar por su vaguedad, porque las demandas concretas son sustituidas por un planteo que dice que los obreros podrían dejar “de pagar la crisis” bajo el capitalismo. El otro aspecto es que “el plan” de lucha supone una dirección, que hoy es fundamentalmente la burocracia sindical. La agitación por una huelga general se coloca en otro plano: suscitar una iniciativa de las propias masas y las organizaciones de fábrica. Es necesaria la relectura de Rosa Luxemburgo y León Trotsky acerca de las condiciones y el carácter de una huelga política de masas. PO: la ‘ausencia’ de la clase obrera El 12 de agosto el Comité Ejecutivo del PO publicó un balance titulado “El derrumbe del macrismo reclama la intervención de la clase obrera” (PO, 12/8/19), es decir que Macri se habría derrumbado sin la intervención de la clase obrera. El planteo es curioso, porque desnuda una ideología economicista de la crisis política, o una revisión de la naturaleza del albertismo, que habría precipitado ese derrumbe con su política de “coalición” (Kicillof) entre los K y los gobernadores. Es muy claro que esta reconciliación del oficialismo del PO con la ‘acción directa’, es un vano intento por borrar dos años de electoralismo, que tampoco ha sido dejado de lado. El Nuevo MAS es menos grosero, aunque groseramente contradictorio, porque dice que “La contradicción entre la actual crisis y las vividas en 1989 o el 2001 es que todavía no han irrumpido las masas” (“Un mazazo que abre una crisis de gobernabilidad”, 15/8), después de recordar que la victoria de FF el pasado 11 es una “expresión distorsionada de las jornadas de diciembre de 2017”. ¿En qué quedamos? Las masas son la clave para interpretar la crisis actual, no un factor accidental, como lo prueban las movilizaciones de mujeres más grandes de la historia; las estudiantiles; las de los movimientos sociales; las luchas contra los despidos, incluso las salariales. La cuestión sería entonces la orientación política de ellas, no su existencia: en definitiva el abordaje electorero de la izquierda, que repercute en su escaso reclutamiento, numerosas deserciones y crisis políticas. La derrota catastrófica de Macri que pone en jaque al conjunto del régimen político y social capitalista, fue construida por las jornadas de rechazo de la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre de 2017, por el rechazo al 2x1 que concentró millones en todo el país, por los tres paros generales arrancados a la burocracia de la CGT y los paros arrancados a la burocracia de la CTA, por las rebeliones educativas y por los paros y la lucha docente a lo largo y ancho del país, por las ocupaciones de fábricas, por las huelgas mineras, petroleras, gráficas, Mielcitas, Ran-Bat, Kimberly, Cresta Roja, la 165, Canale, y muchas otras más. Desde el PO oficialista plantean ahora que “(es necesaria) una campaña de otras (¡!) dimensiones (sic), donde el centro (¡!) esté puesto en la movilización de los trabajadores para enfrentar la tentativa de descargar la crisis sobre sus espaldas (…) Esto plantea al Frente de Izquierda combinar la campaña que se inicia con métodos de movilización que vayan más allá (¡!) de lo estrictamente electoral”. Las ‘dimensiones’ de las ‘campañas’ anteriores no eran las adecuadas (electoreras); el ‘centro’ no era la crisis de régimen político; iban ‘más acá’ del electoralismo. Tenemos que ‘cambiar’, inyectemos (“combinemos”) al electoralismo ‘la movilización’. La radiografía de un balance vergonzante no podría ser más contundente, ni tampoco la finalidad de mantener a muerte la finalidad estratégica electorera. Dicho esto, la gran mentira: “El Frente de Izquierda-Unidad ingresa a esta nueva fase de la crisis con autoridad por haber logrado un resultado electoral que permitió superar la trampa de polarización que se pretendió crear, estableciendo una línea de resistencia electoral de cara a ir por más en octubre”. ¿Todo esto se logró con una campaña de “dimensiones” electoralistas, donde “el centro” no era la movilización y que era, incluso, “estrictamente electoral”? Da vergüenza la grosería de la manipulación; como lo demostró Ramal en esta página, el FIT, ahora U, retrocedió en medio de la mayor crisis económica-política de dos décadas. Cauce electoral o crisis electoral Acto seguido plantean que “La diferencia conseguida por la fórmula Fernández-Fernández es de tal magnitud que ya es un hecho que se trata del nuevo gobierno que reemplazará al difunto macrismo. El sistema electoral vigente no ha podido dar cuenta de la situación y agrava la crisis en marcha”. Al final resulta que las elecciones no han servido para contener la crisis sino que las han agravado, precisamente lo que había advertido la Tendencia del Partido Obrero. Ahora plantean que habría un “doble poder” entre Macri y FF, cuando hasta ayer les asignaban a estas representaciones diferenciadas del gran capital el mismo casillero en el tablero de la crisis política, al punto que llamar a echar al gobierno del FMI, Macri, en la perspectiva de una Constituyente Soberana y un Gobierno de Trabajadores, la caracterizaron como funcional al kirchnerismo. Ocurrió lo contrario: dejar el monopolio de la oposición al macrismo en manos de la propaganda FF, ha sido funcional a una mayor votación al kirchnerismo en detrimento de la izquierda. A pesar de la intención de modificar las ‘dimensiones’, el ‘centro’ y la ‘estrechez electoral’, las conclusiones del oficialismo son siempre las mismas. “Advertimos, dicen, contra la ilusión de que una votación todavía superior en octubre le otorgará al nuevo gobierno mayor fortaleza para una negociación con el FMI y la banca acreedora, lo que serviría al menos para atenuar los padecimientos de los trabajadores. (…) Ya en el pasado, la confianza depositada por los trabajadores en gobiernos capitalistas, terminó siendo una trampa mortal a la hora de enfrentar sus políticas confiscatorias y explotadoras”. Estamos ante un planteo imperdible, pues en lugar de llamar la atención de las masas hacia la estrategia que reclama el derrumbe político y económico a los trabajadores, los llama a que cambien el voto en octubre. Aquí, el electoralismo no es ya sólo una política, es un método, una estrategia. Incluso agregan de su propia cosecha que “una negociación con el FMI y la banca acreedora” podría “atenuar ¡al menos! los padecimientos de los trabajadores”, aunque no sería el caso de un nuevo gobierno K. En definitiva, la victoria de FF abre una etapa de la “contención”; incluso la “Liga de los Gobernadores” pasaría a “jugar un papel clave para pilotear la crisis, jugar un rol decisivo en la contención popular y garantizar una transición controlada”. La contradicción bordea el absurdo a la luz de lo que ocurre en Chubut y ya ocurrió en Santa Cruz, sólo que ahora a escala nacional. Es en una perspectiva electoralista que aparece la propuesta de “un Congreso del Frente de Izquierda-Unidad abierto a todos los trabajadores, la juventud y la mujeres que luchan”, pues “podría atraer no sólo a parte del electorado que nos acompañó o que lo hizo por otras fuerzas de izquierda” y que “sería un fuerte impulso a la campaña electoral”. En efecto, una “Carta a los partidos del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad”, de parte del oficialismo-PO, dice que “la intervención del FIT-U en todo el proceso de la crisis, colocando en el centro de nuestra agitación política la agenda de la clase obrera y los sectores populares, y el involucramiento de la mayor parte de la vanguardia obrera y juvenil en la campaña electoral del FIT-U, será un aspecto decisivo para pelear por consagrar diputados de la izquierda tanto por la provincia de Buenos Aires como por la CABA”. Ya con la corrida cambiaria a cuestas, la crisis política y la bancarrota electoral, el PO esgrime un destello más de parlamentarismo senil. El parlamentarismo tardío de la dirección del PO se conjuga con el recalcitrante del PTS. No ha entendido, como se ve, que la conquista de votos es siempre, para un partido revolucionario, un sub-producto de su intervención en la lucha de clases a lo largo de un período, y no la consecuencia de una improvisación mediática de última hora. El resto de la izquierda Desde IS se apela a un “plan de emergencia” (“Por aumento salarial, no pago de la deuda y otras medidas de emergencia ante la crisis: Exijamos paro de 36 horas y plan de lucha”, 14/8), pero no está señalada la perspectiva política de esta lucha, de modo que queda en manos de la burocracia sindical, ligada política y socialmente a los bandos patronales. El sujeto social que lleva adelante esas medidas, la clase obrera, sólo se convierte en tal si tiene una perspectiva política, que no puede ser la de la burocracia o los K y los gobernadores. El planteo de IS es sólo un factor de presión (no un agente de la salida a la crisis capitalista). Reclama “que nadie gane menos que la canasta familiar”, algo similar a la “emergencia alimentaria” de Lavagna y AF. En otra nota dice: “Con los millones de votos que obtuvo, (AF) tiene el poder político para exigir que el gobierno tome diferentes medidas, como un inmediato aumento de salarios y jubilaciones igual a la devaluación, por ejemplo” (¿Alberto Fernández es solución para los trabajadores?). IS habla de “reestatizar” las empresas privatizadas, pero no menciona si es una nacionalización burguesa o ejecutada por un gobierno de trabajadores. Incluso el planteo del Congreso de bases desarrollarse en la perspectiva de un gobierno de trabajadores, pues por si mismo sería la primera expresión de un poder autónomo del proletariado. ¿Cómo pretende IS construir el doble poder que invoca? IS rechaza también el llamado a una Asamblea Constituyente Soberana. El MST plantea que “hay que adelantar las elecciones pero que sean a una Constituyente para que el pueblo decida todo” (14/8). La Constituyente no puede ser presentada como un ultimátum, aunque edulcorada con fraseología democrática; se trata de una perspectiva inscripta en el desarrollo de esta crisis. No viene a “democratizar las decisiones y con la Constituyente generar un debate público y masivo sobre las medidas para salir de la crisis”, sino a imponer una salida de los trabajadores, o sea convocada por un gobierno de trabajadores que madura en la lucha por esa Constituyente Soberana. “La Asamblea Constituyente es un mecanismo institucional”, dice el MST, es decir al servicio de las instituciones actuales. Desconocen que la AC no implica una simple elección, sino otro tipo de poder: “Una asamblea única debe combinar los poderes legislativos y ejecutivo. Sus miembros serían elegidos por dos años, mediante sufragio universal de todos los mayores de dieciocho años, sin discriminaciones de sexo o de nacionalidad. Los diputados serían electos sobre la base de las asambleas locales, constantemente revocables por sus constituyentes y recibirían el salario de un obrero especializado. Esta es la única medida capaz de llevar a las masas hacia adelante en vez de hacerlas retroceder. Una democracia más generosa facilitaría la lucha por el poder obrero” (Trotsky, “Un programa de acción para Francia”, 1934). Desde el Nuevo MAS titulan “Un mazazo que abre una crisis de gobernabilidad”, no una crisis de régimen, ni del conjunto de las relaciones sociales y estatales (burocracia y poder judicial incluidos). La ‘gobernabilidad es un eufemismo para marchar en el mismo lugar. Esta revisión de posiciones deja en claro la enorme crisis política que atraviesa la izquierda que se reivindica, aunque con convicción menguante, revolucionaria.

El cuadro explosivo la crisis financiera es fácil de resumir. Por un lado, el costo del seguro contra un impago de la deuda, por parte de Argentina, se fue al límite más alto: hay que poner más de u$s300 mil para cubrir un default eventual de un millón de dólares. Este dato es más significativo que otro que también se ha ido por las las nubes, el famoso ‘riesgo país’, que se fue a 2.000 puntos, veinte veces más caro que el rendimiento del bono a dos o diez años del Tesoro de Estados Unidos. El ‘riesgo-país’ mide la tasa de interés que habría que pagar para contraer un préstamo internacional. Los seguros para default son comprados también por quienes ni siquiera tienen deuda de Argentina en su poder – sólo apuestan a cobrarlos. La apuesta a un default incentiva la especulación para provocarlo; los bancos que los venden se cubren para el caso de que el default ocurra. El costo que ha alcanzado ese seguro implica que las probabilidades de una cesación de pagos es del 75/80 por ciento. Otro dato por demás ilustrativo es que el precio del también famoso bono a cien años ha caído un 25%, como si alguien pudiera saber la cotización que tendrá ese bono en 2117. Por otro lado, la remuneración de los depósitos en dólares en la banca local fue elevada del 1 al 6% anual, lo que revela una fuerte tendencia a sacarlos de los bancos, a pesar de que no correrían riesgo de devaluación, pero sí que temen una quiebra bancaria. Se trata de unos u$s32 mil millones. Los depósitos en pesos ya han iniciado la retirada. En estas condiciones, cuando Alberto Fernández, primero, y Sebastián Lacunza, el sustituto de Dujovne, después, dicen que a $60 el tipo de cambio alcanzó el “equilibrio”, están metiéndole el perro a la ciudadanía, pero de ningún modo engañando a los capitalistas. Finalmente, se ha quebrado posibilidad de que el gobierno pueda cumplir con la deuda externa que vence antes de las elecciones. “En el corto plazo”, informa La Nación (20.8), “el Gobierno tiene vencimientos en manos privadas, por u$s19.300 millones, de los cuales tiene que refinanciar u$s 7.800 millones...”, pero “tiene restricción del crédito y hay que ver cómo puede conseguir tasas para hacerlo”. La inflación se encuentra con pronósticos reservados. Default Las declaraciones de Alberto Fernández, el fin de semana largo, acerca de la necesidad de “reestructurar” la deuda con capitales privados han desatado un nuevo desplome de las acciones y los títulos públicos. Es que ‘reestructurar’ puede ser considerado un evento de default, que ahora es anunciado por quien había descartado cualquier default. Alberto intenta extorsionar al FMI para que se avenga a renegociar sus préstamos a los mayores plazos posibles y a apoyar al nuevo gobierno. El Fondo ya ha dicho, sin embargo, que la deuda con capitales privados debe ir pareja a la refinanciación de la contraída con el FMI. El FMI no quiere quedar como el garante sin límites de todas las deudas públicas internacionales. El FMI mismo es entonces partidario de una ‘reestructuración’. Una reestructuración supone una quita sobre el valor nominal de la deuda, lo que explica el hundimiento de la cotización de la deuda pública de Argentina. Este contexto de default se acentúa cuando se toma en cuenta la bancarrota del Banco Central, que debe, en pesos ,el equivalente a u$s 25 mil millones en Leliq. La devaluación del peso pos Paso licuó el valor de las Leliq en u$s5 mil millones – por lo tanto el valor de los depósitos con que los bancos financian la compra de esas Leliq. Una fuga de estos depósitos al dólar, dolarizaría la economía toda, sin contar con el respaldo de un Banco Central, que ni emite dólares, ni los tiene. La precariedad del Banco Central ha quedado de manifiesto en la caída de la cotización de los títulos que entregó a los bancos como garantía de un préstamo (‘repo’), y que debería cubrir pagando la diferencia. Es claro que el gobierno no tiene las condiciones ni el tiempo de recomponer este desequilibrio enorme – sí de hacerlo aún mayor. La crisis financiera, asentada en un derrumbe industrial fabuloso, hará polvo el slogan de que Macri “termine su mandato’. De ahí la posibilidad de que se convoque a una Asamblea Legislativa para designar un gobierno interino y adelantar las elecciones. Adónde va el Frente de Todos El programa del Frente de Todos, que traslucen las entrelíneas de los diarios, es una receta que hará más violenta aún la crisis política. Por un lado, el planteo de reestructuración de la deuda externa desembocaría en un default – y antes que eso en una capitulación ante el FMI. Lo mismo vale para una mayor devaluación del peso, con el propósito de aplicar retenciones a las exportaciones y pesificar la economía. La ‘desdolarización’ de tarifas y precios obligaría volver a los subsidios, que las patronales volverían a derrochar. El plan incluye un control de cambios atenuado, o sea estéril. El paquete quedaría atado por un ‘pacto social’, que suspendería las paritarias, y habilitaría convenios sobre reforma laboral. Esta versión número tres del plan Gelbard de 1973 y del plan K 2004/8, sería inaugurado en condiciones bastante peores a las anteriores, que de todos modos fracasaron por completo. Las expectativas de algunos economistas en un escenario internacional que podría favorecer una transición menos convulsiva son infundadas. El nivel de default de Argentina inhibe la posibilidad de financiamiento exterior, incluso con una tendencia a la baja de las tasas de interés internacionales. Esa caída, por otra parte, obedece a una fuga de capitales de las Bolsas y del mercado de capitales hacia la deuda pública, como consecuencia del temor que provocan las posibilidades de default de las compañías capitalistas que han estado operando por medio de un fuerte endeudamiento. Lo mismo ha ocurrido en los mercados hipotecarios. Hay una tendencia al default a nivel internacional y, de un modo especial, en China. Antes que beneficiarse del ingreso de capitales, las economías periféricas se encuentran amenazados por un estallido financiero internacional. La izquierda La responsabilidad de los partidos revolucionarios de la izquierda se acrecienta, de ningún modo se reduce, ante esta tendencia de crisis creciente. Es inevitable que las catástrofes económicas y políticas sacudan a las masas, pero que también las confunda, en especial cuando no tienen como punto de partida partidos revolucionarios de masas o que se hayan ganado la confianza de los trabajadores. Desentrañar el carácter de una situación histórica excepcional no es sencillo para las grandes masas; sería imperdonable, sin embargo, que esos partidos tomen a esa confusión como un pretexto para no ponerla en claro y para adaptarse a ella. Tienen que hacer lo contrario – valerse de la experiencia acumulada como partidos, para abordar la catástrofe capitalistas con mayor audacia. Algunos izquierdistas han tomado prestada de la norteamericana Naomi Klein, la teoría del ‘shock’, según la cual las crisis capitalistas son armadas por los capitalistas y sus Estados para infundir temor y confusión en las masas, para superar la crisis a expensas de estas masas. Esta tesis tiene un grano de verdad, pero aunque parece ‘aggiornada’, es ‘demodée’. Desde los obreros que creían que la desocupación era culpa de las máquinas, a los proletarios con trescientos años de luchas y crisis, victorias y derrotas, que conocen el papel del capital y el estado, la conciencia obrera no puede ser neutralizada solamente por el ‘pánico’. El mismo capital sabe, mejor que nadie, que las bancarrotas capitalistas son peligrosas para su dominación política. La cuestión del poder está colocada como debate y como política en todo el mundo. Desde Trump y Xi Jinping, hasta Bosolnaro, Macri y FF. En el caso de FF, la aplastante victoria en las Paso ha dejado al desnudo su enorme división política y su dependencia extrema de las presiones del capital financiero internacional. La bancarrota de Argentina ha expuesto ante el mundo la bancarrota política del FMI. En Argentina se ha venido abajo un método de dominación mundial, ante una crisis histórica. Ese resultado mismo puso en evidencia, por si faltaba hacerlo, el afán de las masas de derrocar a un gobierno hambreador, mucho más que de producir “una alternancia” en el ejercicio del poder. Este ‘afán’ no es, claro está, un mandato constitucional para el partido ganador, sino un mandato político para los partidos revolucionarios. Asistimos, además, al fenómeno que ningún electorero por supuesto ha previsto - una campaña electoral presidencial que ha sido desplazada por completo por la crisis del régimen político y el temor de la clase capitalista y sus partidos al “estallido social”. Los ojos no están puestos en las urnas sino en decisiones de poder. Huelga general El punto de quiebre de las relaciones del capital y el estado, de un lado, y las masas, del otro, es, sin lugar a dudas, en el momento actual, el agravamiento de las condiciones sociales. Ninguna de las medidas ‘sociales’ del gobierno sirven para nada, y hasta los kirchneristas consideran ‘atrevido’ el congelamiento de la tarifa de naftas. Por eso la lucha política debe estar concentrada, para la izquierda, en la huelga general – en explicar que la huelga general es la única medida eficaz de la que disponen los obreros y los explotados. Esto quedará más en evidencia aún cuando fracasen las transas mentirosas que fingen oficialistas y opositores, en un imposible propósito de mostrar un frente único frente al capital internacional, los acreedores o el FMI. La huelga general ya no depende de la CGT, ni ella es el ‘obstáculo’ para que se desencadene: está enteramente en manos de la crisis misma y de la agitación política de la izquierda. El primer propósito de esta agitación por la huelga general es atraer hacia la izquierda y organizar como militantes a los activistas obreros más resueltos.

El derrumbe del régimen político, que tuvo su expresión en las elecciones nacionales, también se manifestó en Córdoba, la única donde obtuvo un triunfo la fórmula, además de la ciudad de Buenos Aires. Noventa días después de la elección plebiscitaria provincial, Schiaretti paso de ser el político estrella a nivel nacional, el árbitro de la política y quien podía dar impulso definitivo a la “tercera vía”, a ser un político de cabotaje, que, sin definición entre las fórmulas presidenciales y con boleta corta, saca un 17 % a diputados. A pesar de los esfuerzos del kirchnerismo por inclinar a Schiaretti a su favor (bajó sus listas en mayo para no competir contra él), el gringo no se jugó por la fórmula FF. La presión del PJ local, encabezada por Carlos Caserío, permitió que un sector del PJ se encolumnara detrás de Alberto Fernández. Si Cristina Kirchner se escondió detrás de Alberto durante toda la campaña, en Córdoba solo se la mencionaba para desmarcarse de ella. La foto de que levantaba Alberto en uno de sus actos en la provincia, de una remera con su foto y Alfonsín, es gráfica en este sentido. Ahora se plantea la posibilidad de un acercamiento del gobernador cordobés a la fórmula FF para disputar una mayor cantidad de diputados. Las tensiones de la crisis económica, política y social en pleno desarrollo presionarán sobre este armado heterogéneo. El derrumbe político de Cambiemos a nivel nacional, no permite vislumbrar que conserve el 48% que sacó en las Paso, en la provincia. Las intenciones de Pichetto de meter la cuchara en el PJ cordobés no dieron resultados. Luego de la devaluación pos Paso, las renuncias en el gabinete y la divisiones en el macrismo, Córdoba apunta a dejar de ser la isla de Cambiemos y a alinearse con las tendencias nacionales. Schiaretti se encuentra en el brete de pasar de árbitro de la política nacional a otro espectador más en la tribuna – ni siquiera juez de línea. La corrida cambiaria de la última semana hizo volar por los aires el esquema económico de la provincia. Por un lado, la devaluación afecta su capacidad de refinanciar su deuda externa; por el otro, el desarrollo de la industria automotriz es cada vez más negativo, con una proporción mayoritaria de importaciones de autos y auto partes. Las recientes medidas del gobierno tendrán un impacto en la menguada recaudación provincial. Alrededor de cien municipios y comunas se encuentran en una virtual cesación de pagos. La campaña del FIT-U Los porcentajes obtenidos por el FIT-U fueron irrisorios. El encubrimiento del “desplome” de mayo, por parte del oficialismo, profundizó la caída; los guarismos no se movieron del 3 %, pero ahora con el MST. En términos electorales, la incorporación del MST, prácticamente de suma 0 en términos de votos, dejó un saldo negativo en términos políticos y programáticos. El MST en nuestra provincia carga con el prontuario de apoyar e integrar el Frente Cívico de Luis Juez; en el período electoral reciente en Villa María dieron su apoyo al cargo de edil a la UCR y en La Falda prestaron su sello para un sector del kirchnerismo (Juntos por La Falda). La campaña electoral llevada a cabo por el FIT-U estuvo lejos de ligar las problemáticas del pueblo trabajador bajo una consigna política que estructure una salida de conjunto. No se utilizó el enorme despliegue que implica una campaña electoral para desarrollar entre los trabajadores el planteo de la enorme crisis de régimen que atraviesa el país, y cuál es la salida que plantea la izquierda, utilizando la consigna de “asamblea constituyente libre y soberana” como un elemento central sobre el cual se desenvuelvan las reivindicaciones parciales. En este sentido, no se despegó de la campaña nacional. En Córdoba, la etapa electoral estuvo signada por la ocupación de la sede de UTA por parte de los activistas despedidos en la huelga del 2017; la ocupación y el triunfo de los obreros de Molinos Minetti; la paritaria del Sutna y la revalidación de los delegados clasistas en una de las fábricas del neumático más importante de nuestra provincia; la ocupación y la reincorporación de los trabajadores de Zanella en Cruz del Eje; las masivas movilizaciones de los movimientos de trabajadores desocupados; la voluntad de la docencia de defender la indexación de su salario, que obligó a la propia burocracia sindical a adelantar la mesa de discusión salarial. No obstante, el planteo no se movió del llamado al voto al FIT-U. Para que la crisis la paguen los capitalistas, había que votar al FIT-U. Lo mismo para que se vaya el FMI. Para terminar con los males de Argentina, bastaba que se vote al FIT-U. Los trabajadores dudaron de esta perspectiva. En la campaña electoral del FIT-U estuvo totalmente ausente la crisis misma del proceso electoral. Ni siquiera como una posibilidad remota se planteaba la crisis que se desata luego de las PASO. El balance publicado por el PO de Córdoba el jueves 15/8, es decir, cuatro días después de la profundización de la crisis pos PASO, es un reflejo, ya no solo de la falta de una caracterización sobre la envergadura de la crisis del régimen y del proceso electoral mismo, sino de la incapacidad para reacomodarse para enfrentar una bomba que les explotó en las manos. “VAMOS CON MÁS FUERZA A OCTUBRE A LUCHAR CONTRA EL RÉGIMEN DEL FMI”, dice Navarro, candidato a diputado nacional y miembro de la dirección del PO, pero por sobre todo jefe del aparato del partido. La ofuscación no le dejaba ver que todo el mundo discutía si Macri llegaba a octubre. Mientras el arco político de la burguesía se empeñaba en centrar la discusión en la “gobernabilidad”, mientras los salarios eran arrasados por una devaluación enorme y el kirchnerismo se desvivía por contener a las masas, Navarro les decía a los trabajadores cordobeses que debían votarlo con más (¿?) fuerza. El aparato lee el “diario de Yrigoyen”. La Tendencia del Partido Obrero en Córdoba ha ido tomando forma en el transcurso de estos meses. En una de las provincias donde más se “cuidó que no aparecieran posiciones altamiristas”, ella se va estructurando a partir de la profundización de la deriva electoralista, y en la medida que las caracterizaciones políticas del actual CC y de la tendencia, empiezan a ser contrastadas por los acontecimientos de la lucha de clases. El repudio de Salas al balance electoral realizado oportunamente por Altamira es resignificado ahora varios meses después. Mientras la tendencia ha desarrollado hasta el cansancio una caracterización política sobre la necesidad de adoptar consignas de ataque al régimen político (“asamblea constituyente libre y soberana, gobierno de los trabajadores”), el CC del PO insiste en meter diputados en el Congreso con discursos electoreros. Incluso luego de la explosión de la crisis que la Tendencia había pronosticado. Desde la Tendencia del Partido Obrero Córdoba, hemos fiscalizado las elecciones en aquellos lugares donde IS nos proveyó de materiales. Realizamos agitaciones en plazas y lugares de trabajo. Explicamos que las elecciones pretendían generar una distracción frente a las tareas políticas que se le presentan a la clase obrera. Defendimos el voto al FIT-U en la perspectiva de preparar a los trabajadores en la lucha por el poder político. Lo que viene Está planteado el desarrollo de plenarios, como el impulsado por los obreros de Minetti, que permitan la conformación de comités o coordinadoras que agrupen a este activismo. La conformación de una coordinadora provincial no es ajena en el movimiento obrero cordobés si tomamos en cuenta las asambleas zonales docentes, la interhospitalaria y la coordinadora contra los despidos formada en el año 2017. Las huelgas obreras en la provincia de Chubut vaticinan un escenario convulsivo en nuestra provincia donde está planteada una mayor pulverización de los salarios, la reforma jubilatoria y laboral, el incremento de los despidos, la carestía y la pauperización de las condiciones de vida. Desde la Tendencia del Partido Obrero Córdoba reclamamos el reconocimiento de la Tendencia en todo el país; el cese de las expulsiones sumarias y arbitrarias; las investigación de las acciones de espionaje contra militantes; en suma, devolver al Partido Obrero la capacidad de superar la crisis política a la que lo ha sometido el desvío estratégico del oficialismo, por medio del debate sin restricciones y la clarificación de las divergencias.

Los voraces incendios que están destruyendo gran parte de la selva amazónica no son productos de una catástrofe natural o consecuencias de la desidia humana, sino que obedecen a una política consciente impulsada por el agro business o capital agrario, e implementada por el Estado en beneficio de este pequeño grupo de grandes terratenientes y empresas multinacionales asociados a estos. Estos intereses cuentan en el parlamento nacional y en las cámaras estaduales con sus propios bloques políticos de senadores, diputados y concejales. Es la denominada “Bancada ruralista” que nuclea en el Congreso Nacional a nada menos que con unos 200 diputados sobre 513 del total que aún perteneciendo a diversos partidos, se encuentran unificados en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA). Este bloque político-patronal fue uno de los pilares que dieron sustento a la candidatura y posterior asunción de Bolsonaro al poder. No se puede desvincular la catástrofe de fuego y devastación en el Amazonas del carácter de clase de los intereses sociales particulares que la produjeron. Amazonas en peligro Los últimos incendios intencionales perpetrados por estos sectores del capital agrario durante los primeros días de agosto son los más graves atentados contra la preservación de la selva de toda la historia, pero no son los únicos. Toda la amazonia está siendo castigada por el afán de lucro de la clase capitalista, no sólo del sector rural sino también del sector minero y la industria maderera, con sus secuelas de contaminación, destrucción de la floresta y crímenes de todo tipo contra los pueblos originarios y pequeños campesinos. Asesinatos y agresiones contra indios y activistas son una constante en toda la región. Si bien para esta época del año es habitual que se registren focos de incendio producto de las sequías, en este caso todos los informes de científicos y órganos estatales de control, indican que su enorme incremento se debe a causas intencionales. Los incendios se extienden por el norte y centro oeste del país, siendo los estados más afectados los de Rondonia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul; llegando hasta la frontera de Bolivia y Paraguay. Comparado con las estadísticas del mismo período del año pasado, el número de focos aumentó en un 70 %. Según datos de una pesquisa de la Universidad de Oklahoma, el Amazonas brasileño perdió 400 mil km² de floresta entre 2000 y 2017. El origen de estos nuevos y masivos focos debe buscarse en los actos destructivos impulsados por los grandes terratenientes de estos estados en lo que ellos mismos bautizaron como el “Día del fuego”, cuando según el diario “Jornal do Progresso” de Rondonia (5/8), algunos grandes productores rurales de la región “sintiéndose amparados por las palabras del presidente Jair Bolsonaro coordinaron ataques colectivos en áreas en proceso de preservación, el mismo día en varios lugares”. A fines del 2018, la cámara de diputados estaduales de Rondonia votó a favor de que nueve áreas que se encontraban bajo protección ambiental fueran tornadas en propias para desmatamiento. En la práctica esto significó una devastación de la floresta del 50 % del territorio del estado. Las “queimadas” o incendios de la selva son una técnica o método habitual de “limpieza” agropecuaria desenvueltos por los grandes hacendados para expandir las áreas de cultivo y pastaje para el ganado. La expansión del capital es la verdadera raíz de la deforestación amazónica. El “Garimpo” El pasado 13 de agosto miles de mujeres indígenas y campesinas marcharon hacia la capital Brasilia en defensa de la tierra y contra la destrucción del medio ambiente por parte del agronegocio y el garimpo. El ‘Fuera Bolsonaro’ tronó con fuerza frente al Planalto como expresión de repudio al máximo representante de esta política de devastación de la naturaleza y de las masas indígenas y campesinas en beneficio de la ganancia capitalista. En el transcurso de los últimos meses, alrededor de 22 mil ‘garimpeiros’ (buscadores de oro y diamantes) invadieron tierras indígenas en el estado de Amapá donde asesinaron a un líder indígena de la tribu Wajãpi y expulsaron violentamente a sus habitantes. Bolsonaro impulsó en estos días un proyecto que legaliza estos crímenes ambientales al permitir la explotación minera en áreas indígenas protegidas por una ley federal. El producto extraído del suelo con métodos arcaicos en muchos casos por estos garimpeiros, en su mayoría pobres y desocupados en busca de “El Dorado” son luego expoliados por grandes empresas y mafias ligadas al poder del Estado que compran el oro a precios ínfimos. Industria maderera: Bolsonaro, “el capitán de la motosierra” Así se auto-definió Bolsonaro frente a los medios cuando se burló, al mejor estilo Trump, de los datos alarmantes sobre la destrucción acelerada de la selva amazónica. Uno de los primeros decretos de inicio de su gobierno fue el que habilita a la privatización de millones de hectáreas dentro del territorio amazónico en beneficio del capital nacional y extranjero, incluyendo tierras que por ley pertenecen a las comunidades indígenas (demarcación de tierras). De la mano de toda una política de Estado favoreciendo con múltiples proyectos al capital agro-industrial, Bolsonaro llevó adelante en estos ocho meses de gobierno una brutal política de ajuste en Educación, Salud, Ciencia. Al ministerio de medio Ambiente aplicó un recorte del 50 % del presupuesto que estaba destinado al instituto Ibama para la construcción del PREVFOGO, un centro de prevención de incendios. También recortó 5,4 millones de reales (unos 73 millones de pesos) destinados a la fiscalización y combate de incendios. Cientos de empleados del estado que actuaban como fiscales en zonas selváticas fueron los primeros despedidos por reducciones de personal del Estado. El 12 de febrero, en el histórico programa político “Roda Viva”, el ministro bolsonarista de Medio Ambiente Ricardo Salles dejaba a todos estupefactos al declarar, como una expresión pública de desprecio a la “cuestión ecológica”, que “no sabía bien” quien había sido Chico Mendes, el militante y sindicalista defensor de la floresta amazónica, reconocido mundialmente y asesinado por sicarios de los terratenientes de Acre en 1988. “Es irrelevante saber eso”, dijo el canalla. Antes de ocupar puestos públicos, Salles fue un abogado vinculado a sectores del agro negocio y fue procesado judicialmente cuando era secretario de Medio Ambiente en São Paulo bajo el gobierno de Alckim (PSDB) por violar leyes de protección ambiental al conceder licencias de explotación de tierras que se encontraban preservadas por ley, así como por utilizar un helicóptero de un terrateniente para movilizarse siendo funcionario público. Fue justamente en Acre, durante la campaña presidencial, donde el entonces candidato Jair Bolsonaro pronunció uno de sus discursos más brutales al prometer que de ser electo iría a fusilar a todos los militantes del PT e izquierdistas de aquel estado. En esta categoría, Bolsonaro incluía a todos los activistas, considerados un escollo para los planes expansionistas de los sojeros y ganaderos de la región. En este sentido, ya como presidente en ejercicio, Bolsonaro está impulsando un proyecto en el Congreso que libere la portación de armas en todas las propiedades rurales. Un claro llamado a que los grandes propietarios de tierras formen milicias paramilitares para actuar contra los campesinos sin tierra, los pequeños agricultores, indios y militantes ecologistas. Es la contra-reforma agraria a velas desplegadas. El aumento de las quemadas sucedieron un mes después de que Bolsonaro declarase a la prensa que no creía en los datos oficiales divulgados por su propio gobierno en relación al alarmante aumento de los focos de incendio, algo que los que los productores rurales entendieron como un aval o carta blanca para avanzar en sus métodos de limpieza de la floresta. Incluso Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (dependencia del Ministerio de Tecnologia) fue despedido por el presidente luego de alertar por los altos índices de deforestación que está sufriendo el Amazonas, acusándolo de dañar la imagen de la economía del Brasil. Inmediatamente, Bolsonaro culpó a las organizaciones ecologistas de ser las causantes de la catástrofe, en un intento de criminalización. Los gobiernos petistas Degradación de la selva amazónica por cierto no comenzó bajo la gestión de Bolsonaro, aunque este aceleró el ritmo. Bajo todos los gobiernos democráticos, el avance de los negocios capitalistas en detrimento de la preservación de la naturaleza fue una constante. Con Fernando Henrique Cardozo, las matanzas de campesinos e indígenas fueron constantes, así como el desarrollo descontrolado del garimpo. Tampoco los gobiernos del PT fueron un freno a estos atropellos sino que, por el contrario, tanto Lula como Dilma dieron ímpetu a los ruralistas para avanzar con sus vacas y su soja hacia el interior de las florestas. Lula se jactaba de ser el principal proveedor de soja a la entonces pujante China. Durante los cuatro mandatos ‘petistas’ se produjo la mayor concentración del mercado de proteínas de la historia, en manos de las gigantescas JBS-Friboi y la Marfrig, enormes terratenientes y virtuales dueños millones de cabezas de ganado que pasarán por sus frigoríficos. De hecho, unos de los principales ministros de Lula fue Meirelles, ex director de la JBS-Friboi. En 2002, Lula llamó “héroes nacionales” a los usineiros, grandes empleadores de mano de obra esclava y depredadores del suelo. Toda una definición política. Dilma fue más lejos, al nombrar como Ministra de Agricultura a Kátia Abreu, una terrateniente ganadera y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura –el equivalente a nuestra Sociedad Rural. Abreu declaró al asumir el ministerio que “la presidente Dilma fue la primera jefe de gobierno que se dispuso a atender la agenda tan compleja como la del agro-negocio. Apoyó la reforma del Código Florestal que favoreció el aumento o extensión de los límites de explotación del suelo en beneficio de los latifundistas. Bajo los gobiernos del PT se produjo una alianza con los ruralistas terratenientes, creció exponencialmente el agro-business, se mantuvo el trabajo esclavo en el campo, la deforestación del Amazonas siguió su curso y nunca se avanzó ni un ápice en la Reforma Agraria, tantas veces prometida a los campesinos sin tierra. Salida La sola continuidad de Bolsonaro y su equipo al frente del gobierno sólo puede ofrecer para el futuro inmediato nuevas catástrofes ambientales de intensidad cada vez mayor. Sin ir más lejos, su mandato debutó con otra catástrofe ambiental: la ruptura de un dique que contenía desechos tóxicos de la empresa Vale do Rio Doce, en Minas Gerais, provocando la muerte de 200 personas y la desaparición de otras 93, además de la virtual desaparición del pueblo Brumadinho y la contaminación de ríos y miles de hectáreas. El desarrollo capitalista en las condiciones de declinio y descomposición es incompatible con la preservación de los ecosistemas y de la vida misma, siempre en riesgo por catástrofes provocadas Una seguidilla de manifestaciones en varias capitales y ciudades del Brasil están programadas para los días 23, 24 y 25 de este mes por la “defensa de la amazonia”, así como también están siendo convocadas manifestaciones a las embajadas brasileñas en diferentes países. Estas convocatorias deberán transformarse en verdaderas manifestaciones de repudio a Bolsonaro y a todos los gobiernos responsables de la catástrofe ambiental.

Este 26 de agosto se realizaron las elecciones para delegados de la Comisión Interna de los trabajadores y trabajadoras de BedTime (ex Sealy) y en esta ocasión hay varias cuestiones que nos parece importante resaltar. La primera es que hoy hace 10 años asumían la primera Comisión Interna de Sealy la cual levantó las banderas de las principales reivindicaciones de los compañeros y con este hecho sentó las bases para una de las experiencias más importantes de organización obrera en el Gremio Plástico de Zona Norte del Gran Buenos Aires. Esto está reflejado en que durante todos estos años hemos avanzado en derechos y conquistas que se expresaron en mejoras en las condiciones de trabajo y en las condiciones de vida de nuestras familias. Durante esta década nos tocó pasar por situaciones que pusieron a prueba constantemente esta experiencia, las cuales las pudimos atravesar gracias a tener en claro que lo más importante siempre es la defensa del conjunto de los trabajadores, sus conquistas y su organización. Es así que en el año 2014 nos tocó dar una de las más duras lucha que una organización de fábrica puede enfrentar: ese año, la patronal junto con la burocracia del sindicato llevaron adelante un fraude en las elecciones, al cual la enorme mayoría de los compañeros llevó adelante una tenaz lucha por la impugnación y el pedido de nuevas elecciones. Este reclamo no tuvo respuesta positiva, pero sirvió para reforzar aún más la organización de los trabajadores y durante los dos años los trabajadores y los referentes realizaron todo para sacar las mejores conclusiones de esta experiencia y prepararse para recuperar su herramienta de organización, una Comisión Interna que represente verdaderamente a los trabajadores. Y llegamos al 2016 y las nuevas elecciones, donde una vez más las patronal y la burocracia estaba preparada para dar el golpe final y así avanzar en las reformas y los despidos. Pero una vez más este enorme grupo de luchadores respondió frenando las elecciones del mes de junio, se preparó con una gran campaña para las elecciones de diciembre de ese mismo año -las cuales ganamos por 14 votos- y que, en febrero de 2017, ahora sumando al Ministerio de Trabajo de la Nación -el cual sacó una resolución anulando esas elecciones a favor de la patronal y la burocracia y convocó a nuevas elecciones para septiembre de ese año donde más fortalecidos los trabajadores, las trabajadoras y la Comisión Interna volvimos a ganar las elecciones por una acotada diferencia. Una nueva etapa Para estas elecciones se presentó una sola lista, integrada por la actual Comisión Interna, la cual estuvo al frente de todo este proceso de lucha, y a la cual se suman dos nuevos integrantes. En primer lugar, vemos a este hecho como el resultado de la enorme lucha que hemos llevado adelante durante estos cinco años defendiendo la organización de los trabajadores y denunciando las intenciones de la patronal y su convivencia con la burocracia la cual no tiene ninguna injerencia en la organización de los trabajadores. Las elecciones del día 26 de agosto tuvieron como protagonista la gran participación de los trabajadores y trabajadoras que reflejan la consolidación de la Comisión Interna. Ahora comienza una nueva etapa con una nueva patronal, la cual ya ha mostrado la intención de avanzar en las condiciones de trabajo y en reformas de nuestras conquistas y es por eso que este día tiene una gran importancia para el nuevo periodo que comienza. Desde ahora está planteado para la Comisión Interna, las trabajadoras y trabajadores nuevos desafíos ya que este periodo estará atravesado por la profundización de la crisis económica, una devaluación e inflación galopante que tarde o temprano nos volverá a poner a prueba, por lo cual debemos trabajar para terminar con el hundimiento de nuestras condiciones de vida, que solo lograremos a través de una huelga general por nuestras reivindicaciones. Este objetivo lo lograremos fortaleciendo nuestra unidad y conciencia como trabajadores.

La reunión de la Junta Ejecutiva de la FUBA del martes 20 reflejó un grado elevado de desorientación y parálisis. La resolución que convoca a una marcha para el 16 de septiembre, dentro de casi un mes, en coincidencia con el aniversario de la Noche de los Lápices, nada aporta a una definición frente al colapso político y económico del país. La UJS (fracción oficialista) ofreció una propuesta –que no se aprobó– de “una movilización coordinada con secundarios y terciarios”, a la que si siquiera puso fecha. Los muchachos de Alberto Fernández pudieron imponer sin mayores obstáculos el propósito de “desensillar hasta que aclare”. Las co-presidencias de la FUBA también coincidieron en delegar en que “cada centro de estudiantes tome iniciativas (?)”. Todo sumado, se impuso la orientación de no hacer nada. Ocurre que esta dirección ‘frentista’ tiene como preocupación exclusiva las elecciones universitarias que comienzan en dos semanas. Como sucede en el plano nacional, el arribismo organizativo supera el interés por intervenir en la crisis política, y hasta en disimularla. Por supuesto, en el marco de esta tremenda crisis política y económica, a lucha por los centros y federaciones ´independientes´ debe darse en función de los intereses de los trabajadores y del movimiento estudiantil, no de espaldas a ellos. Debate político Con anterioridad a estas resoluciones, en la Junta Ejecutiva se había desarrollado, sin embargo, una discusión acerca de la situación nacional. El bloque kirchnerista llamaba a “no votar a Macri” y proponía que “el rectorado se haga cargo” de enfrentar la crisis educativa, en un ‘replay’ del reclamo de Alberto Fernández a Macri. Al mismo tiempo, las autoridades continuaban la privatización de los contenidos y el programa del Banco Mundial. En esa línea de integración de los K con los Barbieri y Yacobitti (UCR) en la UBA, La Cámpora acordó con Nuevo Espacio (Franja Morada) que las autoridades de la facultad de Medicina (Consejo Directivo) reglamenten la elección del Centro, con la finalidad de imponer que los alumnos del CBC deban votar en la sede de la Facultad, con la conciencia de que en el CBC, donde se encuentra la mitad del electorado, se recluta la mayor votación a favor de la izquierda. Los socios ‘institucionales’ de la UJS en la Junta Ejecutiva de la FUBA se han puesto de acuerdo con los macristas para echar a la UJS del Centro de Medicina. Francisco Strambini –dirigente del MLI y ´presidente´ de la FUBA que intentó sin éxito reemplazar a la Fuba histórica– figura en las listas a diputados del Frente de Todos. Este “puñal por la espalda” a la Federación debe ser difundido por toda la Universidad. La UJS oficial, por razones que desconocemos, no lo hace. Nuestra Tendencia colocó este problema en la propia reunión Junta Ejecutiva y en todas las asambleas en las que participamos. La mayoría de la izquierda, aborda la nueva situación política con el planteo de que la crisis política se encuentra ‘contenida’ por los aparatos la ´contención´, sin incluir aquí al aparato de la FUBA. La política contrarrevolucionaria de los aparatos, sin embargo, no es una novedad: la novedad, si se puede llamar así, es la marcha incontenible de la crisis capitalista y el impasse de los protagonistas del capital para contenerla. La justificación de la pasividad propia y del electoralismo, convierte a quienes denuncian la ‘contención’ en sus socios. La delimitación de nuestra Tendencia en la reunión de la Junta Ejecutiva fue clara. Reivindicamos la necesidad de una agitación por la huelga general, que debe incluir al movimiento estudiantil, y la convocatoria a un Congreso de bases de todos los sindicatos y centrales, y asambleas y congresos de Centros. Al mismo tiempo, planteamos la perspectiva política de una Asamblea Constituyente libre y soberana, teniendo en cuenta el carácter de conjunto de la crisis de régimen político, desde la jaqueada ‘transición’ a diciembre hasta la gestión del próximo gobierno, sobre el que ya llueven presiones para que se convierta en uno de “unidad nacional”. Ninguno de estos agregados que propusimos fue incorporado por el oficialismo de la UJS, que prefirió el refugio en el inmovilismo de los K a las consignas del Congreso del PO y el programa del FIT-U. Al inicio de la reunión, los representantes de la UJS oficial –el presidente de la FUBA, Fernando Ramal, y su responsable nacional, Santiago Núñez– propusieron quitar el derecho al voto a nuestro secretario en la Junta Ejecutiva, con el argumento de que estaría “usurpando” esa posición. El intento de que el kirchnerismo arbitre la crisis política del Partido Obrero fue acompañada por el bloque kirchnerista. Nuestra Tendencia es parte del proceso político que implicó la recuperación de la FUBA y la conquista de nuevos centros de estudiantes, y ahora es la única que preserva en esta política. La presencia de nuestra corriente en la Junta Ejecutiva no es ninguna ´usurpación´; pretender expulsarnos de la mano de los K es sí el peor ‘panquequismo’. Cómo seguir Frente a toda esta situación, advertimos del alcance histórico de esta crisis capitalista e impulsamos las tendencias existentes a la lucha y a la acción directa. Nos dirigimos en primer lugar al activismo. Frente a las próximas elecciones defendemos centros de estudiantes y una FUBA independiente, que organice una lucha concreta, en especial la huelga general por las reivindicaciones contra el saqueo a los trabajadores. Todo lo que no haga referencia a esto convierte a la ´independencia´ de la FUBA y de los centros en una entelequia. En ese sentido proponemos listas únicas del activismo y la izquierda en todos los centros, sobre la base de un programa. El movimiento estudiantil tiene que unificarse con los trabajadores en la perspectiva de una huelga general. Es el camino para derrotar al FMI, Macri y a los Fernández.

¿Pronunciaron o no los miembros de la delegación del FMI el fatídico “vacío de poder” que les adjudicaron los asesores económicos de Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron ayer, 26 de agosto? En cierto modo la autenticidad de la versión es un asunto secundario - “se non é vero é ben trovato’. Después de todo es lógico que el FMI haya respondido de ese modo a quienes vienen insistiendo en que el gobierno tome las decisiones que le caben y no la oposición que aún debe esperar hasta el final de octubre para considerarse electa. No es que exista un ‘vacío de poder’, por aquello de que “la política, como la naturaleza, tiene horror al vacío”. Las burocracias del Estado, administrativas o militarizadas, siguen funcionando. Lo que hay es un impasse político enorme, con cuatro protagonistas que se neutralizan recíprocamente: el gobierno, que no puede seguir con una política agotada desde hace más de un año; el kirchnerismo, que no puede poner fin al gobierno impotente porque ello requeriría una movilización de masas que no quiere y que tendría un carácter histórico; el FMI, que ha perdido su capacidad de imponer el ajuste y el pago de la deuda por medio del gobierno oficial que le sirve como oficina semi-colonial; las masas trabajadoras, que el gobierno no puede derrotar pero que están afectadas por una fuerte desorientación política y por una crisis de dirección sin precedentes. No falta quienes vean en esta bomba de tiempo “una transición ordenada” - un deseo que el FMI por ahora ve lejano. La controversia de días recientes entre ‘reestructuración’ y ‘refinanciamiento’ de la deuda carece de vigencia: la deuda argentina cotiza a nivel de ‘default’, porque ningún plan económico garantiza el pago de la deuda, cualesquiera sean las quitas que sufra o los plazos que alarguen su vencimiento. El incentivo de una renegociación de deuda, o sea que emerjan nuevos recursos financieros, no aparece en el horizonte. Ni la ‘refinanciación’ ni una quita resuelve la crisis de financiamiento de la industria en cuadro de derrumbe. Una salida ‘más barata’, como sería recomprar deuda que cotiza por debajo de los cincuenta centavos, es permitida o tolerada o apoyada por las organizaciones internacionales de créditos, o los bancos. A esto hay que añadir la cuestión del desmantelamiento de las Leliq, porque un default con los bancos llevaría a una hiperinflación y a la dolarización. La superación de estas contradicciones en el marco capitalista, entrañaría ajustes y catástrofes mayores. Macri teme (¿o desea?) un derrumbe en breve, ante la posibilidad de que los acreedores no renueven la deuda que vence a cortísimo plazo. Es lo que podría ocurrir con mayor probabilidad vistas las altas tasas de interés que reclaman los ‘inversores’ por ese tipo de títulos. Las vacilaciones del FMI en asegurar la entrega del último tramo del préstamo de rescate dejan ver que sus autoridades y Trump podrían jugar ellos la carta del default, con la finalidad de ejercer una extorsión política sobre los protagonistas. El peligro es que detone una crisis financiera internacional, en especial cuando China asiste a una fuga aún incipiente de capitales. Si no precipita ese default, al Fondo no le queda sino entregar el último paquete de dinero y probar que Alberto tiene razón cuando denuncia que la plata del FMI no financia el pago de la deuda ni el déficit fiscal sino la fuga de dólares. Salir de la huida de los ‘inversores’ que tienen bonos de vencimiento inminente, por medio de una mayor entrega de dinero de parte del Fondo, desataría con certeza una crisis política mayúscula a siete semanas de las elecciones generales. La posición en que se encuentra Alberto Fernández no es menos crítica que la de Macri. Las contradicciones del kirchnerismo son explosivas, pues ha sido él quien ha insistido (e incluso insiste) en que la crisis debe ser resuelta por el gobierno y el FMI. Es lo que han venido haciendo uno y otro. Ahora los critica por suspender el IVA a algunos productos de la canasta básica y el congelamiento de los combustibles hasta fin de año, porque ello sería un golpe a las finanzas del próximo gobierno. Lo mismo ocurre en el plano financiero cuando pide que no se ‘malgasten reservas’, por un lado, y que el dólar no supere los sesenta pesos, por el otro, mientras las reservas caen en forma sistemática y la oferta de dólares de la exportación ha cesado. Los albertistas no esconden que su oposición al congelamiento de tarifas de combustibles está directamente asociado a la defensa de los intereses de las petroleras de Vaca Muerta – que es vista, junto a la minería, como una salida a la crisis, sin reparar la contradicción que significa esto por el programa ‘mercado internista’ del progresismo nacional y popular. Alberto Fernández, a diferencia de Menem en 1989, no encabeza una conspiración para acabar con Macri, como el riojano con Alfonsín – o Duhalde con De la Rua. El FMI desearía que ponga su firma a un nuevo acuerdo, como Lula lo hizo con Cardoso y el candidato de éste, José Serra, a finales de 2002. Lula, sin embargo, había obtenido un cheque en blanco para hacer esto seis meses antes, cuando el Congreso del PT votó a favor de “tragar sapos” (palabras de Lula) para llegar al gobierno. Como esto tampoco alcanzó, ya como presidente llegó a un acuerdo especial con el Citigroup (Financial Times, 24.6.2004). En cualquier caso, hacer la de Lula antes de las elecciones sería para los F-F una operación peligrosa, que en primer lugar haría saltar por los aires la coalición kirchnerista. Más allá de la ‘transición’ a diciembre, F-F no tienen un plan de gobierno que empalme con un acuerdo con el FMI y las grandes potencias capitalistas. En los ‘90 empezaba la ‘globalización’ que ahora se encuentra en completa agonía. El escenario político a Octubre ha cambiado de un modo sustancial: lo que hasta las Paso se presentaba como una ‘competencia’ entre alternativas, ahora es la convocatoria a un plebiscito, en un cuadro de emergencia – una suerte de plenos poderes para el electo. No se discuten más (como ya no venía ocurriendo) ‘propuestas’ o ‘programas’, porque nadie puede comprometerse con ningún ‘programa’ y ‘ninguna propuesta’. Se trata de gobernar encima de una crisis que renovará a cada paso las opciones y alternativas. Si la crisis política estalla antes de Octubre, el Congreso se verá obligado a elegir un gobierno interino, que para mayor solidez podría encabezar el propio Fernández, sin que se considere, claro, a esas semanas de gobierno un primer mandato. Es obvio que los trabajadores siguen la crisis observando las peripecias de la fórmula F-F. Una alternativa propia, por incipiente que ella sea, todavía debe ser construida. Al mismo tiempo, sin embargo, se encuentran azotados por un derrumbe económico que todavía podrá ser mayor. Estos golpes económicos son, para los trabajadores, el problema político fundamental del momento. Debido al impasse de la situación en su conjunto, ni Macri ni F-F pueden tomar iniciativas relevantes en torno a esto. Esto es lo que ha probados las medidas ‘populistas’ recientes. La CGT también carece de capacidad de acción, incluso cuando los conflictos y las luchas se han acentuado después de las Paso. Es generalizado el reclamo de aumentos de salarios, aplicación de cláusulas de indexación, bonos de emergencia, convocatoria de paritarias. En este cuadro, la pertinencia de una agitación por la huelga general es muy clara, porque encara la lucha concretamente contra la violencia del capital, y porque es al mismo tiempo un arma política para intervenir en el escenario del conjunto de la crisis. Es que, en definitiva, lo que paraliza un acuerdos entre los actores capitalistas es que no contemplan ni remotamente una salida para el desplome que han sufrido las condiciones de ingresos y de vida de las masas en su conjunto. Fuera de la huelga general, no existe ninguna consigna de conjunto que abarque la crisis. La iniciativa de ella partirá de abajo – no hay ninguna posibilidad de que la burocracia lo haga desde arriba en plena transición ‘albertista’. La perspectiva es que se multipliquen las luchas actuales y la coordinación de esas luchas – mucho dependerá de la marcha de la crisis política, que se verá acelerada por el incremento de la presión social. La crisis de Argentina, por un lado, y el desafío que ella representa para la vanguardia de los trabajadores, explican la crisis política que se desarrolla en el Partido Obrero. Se han confirmado todas las previsiones de la Tendencia que ha surgido en el PO y la vigencia sin precedentes de sus consignas de conjunto y de su política y táctica. La política electoralista del FIT-U no tiene destino, como se percibe cada vez más – es funcional a que la izquierda deje pasar una etapa histórica excepcional.

Después de 23 días, los trabajadores de la ex Ran-Bat lograron la reincorporación de los 35 despedidos como así también el pase a planta permanente de los contratados, el pago de los días adeudados y un relevamiento del ministerio para evaluar las condiciones de seguridad e higiene de la empresa. La reapertura se tiene que dar a partir del miércoles 28 de agosto por la mañana. De ser así, nos encontramos con un triunfo importantísimo que marca todo un camino a seguir. El día 5 de agosto pasado, los trabajadores de Ran-Bat fueron a trabajar como todos los días, pero al llegar se encontraron con el portón cerrado con candado y la desaparición de los dueños, gerencia y todo el personal de administración. Pero como si fuera poco, al intentar comunicarse con su gremio (sindicato de industrias químicas, petroquímicas y explosivas de Florencio Varela), se encontraron con la respuesta de que no podían intervenir. En lugar de volverse a sus casas a esperar una respuesta, los 35 trabajadores decidieron permanecer acampando en la puerta de la fábrica para preservar las instalaciones y la maquinaria. Comenzaron haciendo una asamblea compuesta por los tres turnos y evaluaron las mejores medidas de difusión. A las pocas horas ya se encontraban rodeados de solidaridad, de partidos y organizaciones de izquierda, de centros de estudiantes, de organizaciones sociales, pero sobre todo y fundamentalmente se encontraron con la solidaridad de los trabajadores. Los conflictos en lucha como Expreso Lomas, Canale, Ansabo, Cresta Roja, Coca Cola; y también de todo un sector importantísimo del parque industrial, desde los trabajadores de la Serenísima, La Salteña, Industrias Guidi, Cerámicas Lourdes y tantas otras más. Es ahí donde se vio la inmensa solidaridad de clase a través de los aportes que realizaron al fondo de lucha. En muchos casos, los trabajadores del parque industrial que se acercaban, tenían que luchar contra la propia burocracia de sus gremios que los instaban a no acercarse para 'no quedar pegados' a esta lucha que ya se había convertido de interés nacional y en una amenaza para todas las patronales del parque, campeonas en precarización laboral. Un dato de vital importancia es que paralelo a la organización de los despedidos se conformó la comisión de mujeres y familiares de Ran-Bat. Esto fue un paso fundamental ya que el triunfo de estas luchas, requiere la máxima unidad de las familias obreras. Esta comisión fue la encargada de la organización de un festival por el día del niño, y en pocos días lograron que sus hijos pudieran tener el festejo que merecían. Los trabajadores pasaron por distintas instancias en este tramo. En cada una de ellas la movilización se hizo presente, discutida en asambleas abiertas. En las diferentes audiencias que se hicieron en el Ministerio de Trabajo (tanto provincial como nacional) no se presentaron jamás los dueños Alejandro y Rubén Navarro. En representación de ellos, asistía su abogado, quien intentó por todos los medios llegar a un acuerdo para lograr el cierre definitivo de la fábrica. Esto resultaba inentendible para una patronal que no había presentado recursos preventivos de crisis y que producía normalmente (de 200 a 300 baterías por día). Pero al correr los días y con una lucha en aumento, la parte patronal fue ofreciendo distintas variantes. Una de ellas fue la reincorporación de 12 de los 35 trabajadores, quienes serían elegidos por los delegados. Esto, además de ser una burla, intentó la división de los trabajadores que estaban cada vez más organizados en su lucha. Es por esto que fue rechazado y se mantuvieron firmes en lograr el triunfo total. En estos 23 días, los obreros de Ran-Bat fueron tajantes con su denuncia por la contaminación que les había causado esta patronal negrera. Dieciocho de ellos se encontraban con un altísimo porcentaje de plomo en sangre (el caso más extremo tenía 116 microgramos de plomo por decilitro de sangre),y uno de ellos se encontraba internado por esta razón. También denunciaron las condiciones insalubres en las que tenían que producir, como por ejemplo la falta de guantes o que se encontraban pinchados, delantales rotos, botas inadecuadas y mascarillas que solo servían para repeler polvillo pero no así material tóxico. Además de que no podían bañarse en la fábrica y tenían que volver a sus casas arrastrando la contaminación en sus ropas y en sus piel. En este punto es fundamental la discusión con los trabajadores para que se constituyan comisiones obreras de seguridad e higiene. En todo este camino, los trabajadores recurrieron al método que les es propio de su clase. Las movilizaciones al Ministerio de Trabajo fueron masivas, participaron de diferentes instancias de coordinación con los diferentes sectores en lucha como por ejemplo la asamblea en el sindicato de trabajadores del neumático (Sutna) que confluyó en la movilización del jueves 22. El día anterior y de conjunto con los trabajadores de Expreso Lomas, se había realizado el corte total del puente Pueyrredón en una jornada que llevó la difusión de los dos conflictos a todos los medios del país. Esto demuestra una sola cosa: la clase obrera se encuentra de pie, luchando y en coordinación. Los trabajadores buscan los recursos y los medios para sobrepasar cualquier contención, ya sea de la patronal, del Estado o de la burocracia sindical. Desde la tendencia del Partido Obrero saludamos la enorme lucha de los trabajadores de Ran-Bat en este momento donde están a horas de lograr un triunfo histórico. El camino emprendido por ellos se abre paso y la izquierda debe estar a la altura de las circunstancias. Preparemos la huelga general por nuestras reivindicaciones inmediatas: Por un salario mínimo igual a la canasta familiar indexado automáticamente por inflación. Por coordinadoras regionales, por un congreso de trabajadores de los sindicatos y agrupaciones clasistas y antiburocráticas. Por una Asamblea Constituyente con poder.

Los trabajadores de la Virginia, principal fábrica rosarina y una de las más grandes alimenticias del país, vienen impulsando una serie de reclamos impulsados por la Comisión Interna y el STIA. El reclamo es un bono de emergencia de $8.000, la recategorización de los trabajadores, el pase a planta de los contratados, la reincorporación de despedidos, entre otras reivindicaciones. El reclamo fue avalado por un petitorio con cientos de firmas, con asambleas masivas dentro de planta y con bloqueos de los portones realizados por el STIA Rosario. Durante cuatro días fue creciendo el conflicto, por lo que la empresa solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo que llamó a una audiencia. La empresa se comprometio a abonar 8000$ En la primera audiencia, el día de ayer, la empresa habría presentado dos propuestas a los trabajadores respecto de los otros reclamos, fijando un cuarto intermedio hasta el 2 de setiembre. La conmoción que produjo el mazazo al salario post PASO del 12 de agosto, cuando por el aumento del dólar las empresas aumentaron un 25% los precios, por “no tener dólar de referencia”. El mazazo al salario ya ha despertado reacciones en distintas fábricas del país, pese al compromiso de la burocracia sindical de contenerlo. Las asambleas de Unilever Pilar (plantas Knorr y Hellmann´s) votaron por unanimidad elevar un reclamo de aumento salarial de emergencia del 30%. Inmediatamente se plegaron los trabajadores de Arisco-La Rioja quienes, también en asambleas, aprobaron sumarse al reclamo. Otras comisiones internas están discutiendo impulsar el reclamo de emergencia, que debe generalizarse a todas las fábricas y establecimientos del país. Las paritarias del STIA para el período que va de mayo 2019 a abril de 2020 establecieron un aumento del 30% en 6 cuotas sin interés, más o menos lo que cerró la mayoría de los gremios –salvo excepciones, como el caso del SUTNA. Con el incremento de precios post PASO y la devaluación, los capitalistas se han cobrado la paritaria anual en un solo día. La respuesta de la CGT a este shock inflacionario es que hay que esperar al 10 de diciembre y que no hay ninguna chance de paros. Es la línea del peronismo de estos cuatro años de macrismo, pactar con Macri hasta el último día. Cabe señalar que el ´nacional y popular´ Alberto Fernández saludó la mega devaluación contra el salario. La lucha de los trabajadores de La Virginia se inscribe en una situación de gran agitación de la clase obrera rosarina. Los trabajadores de Electrolux que enfrentan los despidos, las suspensiones en General Motors, los trabajadores estatales sumado a una andanada de miles de despidos y suspensiones (la burocracia denuncia que los desocupados de la Ciudad llenan ya dos estadios de fútbol), plantean la necesidad de una lucha de conjunto. Las coordinadoras regionales se imponen como una necesidad objetiva, para unificar las luchas y dotarlas de un programa. Las luchas denodadas de los trabajadores contra los despidos (Ran Bat, Ansabo, Mielcitas, Canale, etc) sumada a la lucha por el reclamo de emergencia necesita una perspectiva política, la huelga general para imponer nuestras reivindicaciones; por $31.000 de salario mínimo y el 82% móvil de ese mínimo para los jubilados; por un aumento de emergencia a toda la clase obrera del 30; por la duplicación de todas las asignaciones sociales; por la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Vamos por el triunfo de la lucha de los trabajadores de La Virginia.

El decreto de necesidad y urgencia que ‘reperfila’ la deuda pública de Argentina violenta todas las ‘promesas’ que hicieron el FMI, Macri y Alberto Fernández. Hasta hace pocas horas, el “pago de la deuda” era un juramento de todos los defensores del sistema político actual. La palabra ‘reestructurar’ era considerada un anatema y hasta una “provocación”. Ahora, la postergación del pago de u$s16 mil millones con vencimiento a corto plazo y la revisión de los plazos de toda la deuda con el FMI y el conjunto de los acreedores es defendida por todos como un aporte a la “estabilidad”. Como este relato se viene repitiendo en forma regular desde hace dos años, la conclusión es que constituye un paso irreversible hacia una declaración de bancarrota financiera. Albertistas conformes La benevolencia con la que los albertistas han recogido el decreto, cuando no el apoyo que le dan, es un monumento a la inconsistencia. Apenas un día antes de este decreto que procura disfrazar declaración del default, Alberto Fernández había fustigado al FMI y al gobierno por haber financiado la fuga de divisas de Argentina, en lugar de proteger las reservas para pagar la deuda pública. Pues bien, el decreto en cuestión hace exactamente lo que denunciaba Fernández antes: declara una postergación del pago de deuda con el propósito de usar las reservas internacionales para habilitar esa fuga. Es lo que se desprende, sin mediar equívocos, del objetivo de asegurar la “estabilidad cambiaria”. Se trata de un compromiso de ofrecer divisas hasta que las velas no ardan. Con esta penosa promesa, el gobierno pretende disuadir a los tenedores de depósitos bancarios de que no los conviertan en dólares. Lejos de ‘desarmar’ la principal bomba financiera, las Leliq, se atornillan a ella como si fuera la última tabla de salvación a su disposición. En poco tiempo comprobarán que el ‘reperfilamiento’ tiene más agujeros que el queso. El decreto excluye del default a “las personas humanas” - una grosería de lenguaje, que pretende distinguirlas de otras ‘personas’, las jurídicas. Supone, además, que estos ‘humanos’ serían votantes macristas. Los ‘humanos’, un 80% de los tenedores, poseen el 15% de la deuda de corto plazo; las jurídicas, el otro 85%. Entre estas (bancos, aseguradoras, fondos comunes o de inversión), figura la Anses, de modo que asesta otro golpe al sistema previsional, al que se pretende ‘reformar’ con el pretexto de que sería “deficitario”. Mientras algunos gerentes financieros venían proponiendo la posibilidad usar los títulos públicos para cancelar deuda con la Afip e incluso con bancos públicos, lo que sería un modo fraudulento de valorizarlos, el decreto de Lacunza-FMI hace lo contrario – posterga su pago sin garantías, despojando a muchos ‘humanos’ (en su mayoría macristas también) de sus depósitos en esos fondos. Los que tienen plata en los bancos tomaran nota de esto. Default político Las promesas incumplidas, los pronósticos fallidos, las connivencias interesadas y muchas otras cosas más, atestiguan el default político de los actores del sistema, en especial los albertistas, que juraron que pagarían la deuda sin recurrir “al hambre del pueblo”. Sin embargo, el autor financiero, político e intelectual del default es, en primer lugar y por sobre todo, el FMI. ¿No era que el propósito de ofrecer u$s60 mil millones en préstamo e imponer un ajuste fiscal y monetario estaba destinado a pagar la deuda y despejar la amenaza de un default? La decisión del FMI de retener la cuota de u$s5.5mil millones de ese préstamo, en septiembre, es un default del Fondo contra Argentina. Por otro lado, la imposibilidad de Argentina de hacer frente a la deuda con el FMI, coloca al Fondo en otro default, esta vez con los países aportantes y en default con los contribuyentes de esos países. Por último, y por supuesto lo más importante, el FMI es el autor y redactor del decreto defaulteador de Lacunza y de Macri, que tampoco es un default cualquiera: es el préstamo más importante de la historia por su monto. Advierte, por sobre todo, de la inviabilidad de los rescates al capital de parte de las instituciones políticas nacionales e internacionales, para hacer frente al gigantesco endeudamiento mundial que se ha espiralizado a partir del desplome financiero de 2007/8. Es un golpe al propósito de Trump de rodearse de un anillo de gobiernos derechistas en América Latina. El FMI enfrenta ahora su propio ‘vacío de poder’: ¿seguir financiando a Macri hasta diciembre, a sabiendas que sería meter dinero en un agujero negro? La “estabilidad del dólar” es la insignia política de la campaña electoral del macrismo: ¿está dispuesto el FMI a financiarla? El dilema parece paralizar al twitero Donald Trump – el financista del Fondo y el albacea de Macri. Trump temía hace tiempo que Macri pudiera ser desalojado del gobierno – ahora advierte que puede ser eyectado como un cohete a la Luna, y propagar la crisis financiera más allá de Argentina, incluso precipitar de una situación pre-revolucionaria en el sur de América. Si la reina se ha visto obligada cerrar el parlamento británico, nada es ya imposible. Un arbitraje frágil y de doble comando Al final, el arbitraje político ha pasado a manos de Alberto Fernández – en realidad de Cristina: o voltean a Macri, con un voto negativo al decreto Lacunza, en el Congreso, o convalidan el default y el despilfarro final de reservas para la fuga de capitales. Esto último sería también comprometerse con una hoja de ruta diseñada por el macrismo y el FMI acerca de la renegociación del conjunto de la deuda – sean tenedores privados u organismos internacionales. Decidir entre estas opciones tiene un carácter estratégico que va más allá de la competencia de Alberto. El doble comando no puede seguir en la penumbra, Cristina tendrá que dar la cara. El Congreso será el escenario del desarrollo de la crisis completa del régimen político. La derrota del decreto implicará la caída del gobierno y el cese de la campaña electoral. El desenvolvimiento de la crisis en el Congreso y las decisiones que tome, pueden modificar otra vez la trayectoria zigzagueante, convulsiva y mediocre de la campaña electoral, que ya se ha convertido en una larga serie de Netflix. Un pacto de F-F con el macrismo le costaría la victoria en primera vuelta, incluso otras derivaciones electorales, que dependen de la asimilación que el electorado haga de la crisis. Entrada libre El traslado de la crisis al Congreso, que hasta ahora fue ninguneado en las negociaciones políticas que se desarrollaron entre bambalinas, es una ‘invitación’ a la intervención política de los trabajadores. Es un imán extraordinario. En otras ocasiones decisivas, como el 2x1 o el derecho al aborto, aglutinó centenares de miles de personas. Debe ocurrir lo mismo esta vez, aunque en una escala superior porque se trata de una crisis de carácter integral. La consigna obvia de la movilización es No al decreto del FMI, que se establezca por ley un salario y jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar y un aumento generalizado de la asistencia social. Fuera el FMI. La crisis política que resultará de la votación en el Congreso, en cualquier dirección, dará lugar, ciertamente, a la emergencia de propuestas políticas de distinto carácter. La consigna de los luchadores y sus organizaciones debe ser la convocatoria de una Constituyente Soberana, la única con facultades para determinar lo que se hará con la deuda externa. La agenda urgente de los trabajadores, como el salario, las jubilaciones, los despidos, el hambre debe impulsar una campaña por una huelga general hasta la satisfacción completa de las reivindicaciones. Non nato Una última reflexión. Todo indica que el decreto de Lacunza-FMI ha nacido muerto. Todos los valores financieros de Argentina se derrumban. En este caso el Congreso deberá elegir otro gobierno. Un giro político tan abrupto deslegitima, en una medida que la realidad deberá determinar, la candidatura de Alberto Fernández, que electo en otra circunstancia y con otro mandato. Un gobierno F-F nacería en un cuadro de crisis, que volvería a plantear la Constituyente Soberana, que solamente será tal como consecuencia de una intervención histórica de la clase obrera.

Una impresionante marcha copó la avenida 9 de Julio el miércoles 28. La movilización reunió a dos bloques en la calle. Por un lado, la CTEP de Grabois, la CCC, SOMOS (Barrios de Pie), el Frente Popular Darío Santillán, el FOL, ATE, la CTA, y los dirigentes “Cachorro” Godoy y Juan Carlos Schmid, el aporte en solitario de la CGT. Este sector reclama una ley de emergencia alimentaria, un aumento en el salario social, el otorgamiento de un bono de $2.000, el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, y una nueva prórroga de la ley de emergencia social que vence el próximo 31 de diciembre. Esa ley creó un “consejo de la economía popular” con funcionarios y representantes del ´triunvirato vaticano´. A través de ese consejo, se canalizaron entre 25 mil y 30 mil millones de pesos hacia esas organizaciones. Bajo la consigna "el hambre es un crimen", también pidieron integrar el Consejo del Salario, que reúne a las patronales, Estado y centrales sindicales. En el contexto de la crisis política desatada por los resultados de las Paso y el desmoronamiento financiero, el propósito de este sector es encarrilar (lo han dicho textualmente) a los movimientos sociales detrás de la transición al 27 de octubre, en definitiva, servir de soporte al tironeo entre F-F, el gobierno y los fondos especulativos. Un ‘tironeo’ cada vez más explosivo. Es lo que han visto Godoy y Scmidt para hacerse presentes en la marcha. Los convocantes están advertidos de que un escenario multitudinario como este arrima la leña para una intervención de masas que podría alcanzar al conjunto de los trabajadores. El otro sector piquetero que participó de la marcha fue el Polo Obrero, Barrio de Pie (Silvia Saravia) y otras organizaciones, con los reclamos de trabajo genuino, apertura de los programas sociales, duplicación del monto del Salario Social Complementario y de los planes Hacemos Futuro; por el aumento de cantidad, calidad y variedad de los alimentos para comedores escolares. La masividad de la movilización es la consecuencia del derrumbe de la economía y de la política de contención social de la que se jacta el gobierno. La dirigencia vaticana finge creer que aún está en vigencia pacto político que anudaron con el macrismo en estos cuatro años, a cuenta de aportes asistencialistas. El derrumbe financiero y la crisis política se han precipitado a una velocidad tal que ha sepultado esa suposición. Pedirle al gobierno que asegure la emergencia alimentaria y la emergencia social, es lo mismo que venía haciendo Alberto Fernández cuando exigía al gobierno que detenga el default y la desvalorización del peso. El sector combativo que ha criticado el pacto vaticano de la Ctep y la ministra Stanley, con reivindicaciones más avanzadas, debería advertir que se ha agotado una etapa, y que el futuro de esta lucha está ligado al pronunciamiento por una huelga general. Es indispensable colocar en el centro cuál es el método para conquistar los reclamos. ¿Cómo y quién va a satisfacer estas elementales reivindicaciones? Los movimientos sociales debemos pronunciarnos por la huelga general, y desarrollar una agitación intensa, incluidos los piquetes, las coordinadoras de fábricas en lucha y los cortes, en esa dirección. Objetivamente, la huelga general ha sido puesta en la agenda por la movilizaciones del miércoles, con independencia de que no fuera reivindicada por las direcciones convocantes. Este es el mayor aporte de la marcha. En el último artículo editorial de Prensa Obrera, Gabriel Solano dice que "El proceso de contención para evitar una intervención masiva aún restringida al terreno reivindicativo alcanza tanto a la burocracia sindical como a las expectativas políticas en el gobierno que va asumir". Los burócratas traicionan, dice el candidato a intendente del FIT-U, pero las masas tampoco quedan absueltas. Si las masas tienen esa expectativa no se explica, entonces, que salgan a la calle por decenas de miles. El enfoque conservador de la crisis actual se enreda en el ovillo de la madeja, cuando se trata de encontrarle la punta para desenroscarla. Si las expectativas en F-F son tan decisivas, no se entiende qué busca Solano con su consigna de paro de 36 horas. Con tantos peros a una agitación sistemática por la huelga general, en nombre de que todos los factores de la situación política se han conjurado para imponer una contención, el mismo Solano se ha puesto en la fila de los contenedores. Los luchadores debemos partir de la ley que mueve a la presente crisis, no la de la que paraliza. Ambas se encuentran presentes como contradicciones en cada situación concreta. Solo se trata de elegir el campo.