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El Obrero Internacional N° 1

1 de septiembre de 2004 · 17 notas

Notas de este número

1 de septiembre de 2004
Irak: Por la derrota del imperialismo yanqui

La batalla por Najaf llegó a su fin. Aunque los bombardeos fueron brutales e indiscriminados, las milicias que enfrentaban a las tropas de ocupación sólo aceptaron retirarse como resultado de un acuerdo político entre su jefe, Al Sadr, y el ayatollah Sistani, la máxima autoridad religiosa shiíta de Irak. El acuerdo estableció el cese del fuego y el retiro de la ciudad santa, tanto de las milicias como de las tropas norteamericanas. Las milicias se retiraron con sus armas y Al Sadr quedó en libertad. El gobierno provisional títere, que no participó directamente en la negociación, se hará cargo de las indemnizaciones a las víctimas y su policía tomará el control de la ciudad. El resultado del acuerdo es contradictorio pero está conforme a la política de fortalecer a las fuerzas represivas del gobierno títere. La dirección shiíta encabezaba por Sistani apoya la “institucionalización” de la ocupación. Sistani, sostiene la prensa británica, era “la última alternativa” para un acuerdo negociado en Najaf (Financial Times, 26/8). Luego del acuerdo de Najaf, la máxima asamblea de las autoridades religiosas shiítas, reunida inmediatamente después, resolvió repudiar la “lucha armada”. Como consecuencia, también cedió la lucha iniciada en la llamada “Ciudad Sadr”, la gigantesca villa miseria de Bagdad en la que viven dos millones de iraquíes en condiciones de hacinamiento, miseria, desesperanza y rebelión sólo comparables con las de la Franja de Gaza. El fin de semana anterior al acuerdo entre Al Sadr y Sistani se habían registrado allí violentos enfrentamientos entre milicianos y tropas de ocupación. Durante los combates, certificaba el Financial Times (29/8), “Ciudad Sadr estaba efectivamente fuera del control de las tropas norteamericanas y de las del gobierno interino”. Gracias al acuerdo entre Sistani y Al Sadr, la rebelión fue temporalmente desactivada. Pero los ocupantes son incapaces de controlar efectivamente el territorio del país (“Estados Unidos sólo controla efectivamente una parte de Bagdad”, informaba a principios de agosto el periodista Robert Fisk). Como consecuencia de “los ataques casi diarios a los oleoductos y estaciones de bombeo” (Financial Times, 31/8), las exportaciones de petróleo cayeron de 1,8 millones de barriles diarios en el pasado mes de marzo a apenas un millón diario en agosto. Por eso nadie se hace ilusiones acerca de la duración de la tregua. “Más que un acuerdo duradero es una tregua débil y tambaleante”, afirma el periodista David Rieff (Financial Times, 30/8). La razón, explica, es la situación sin salida que enfrentan las masas iraquíes bajo la ocupación: “el 80% de la juventud, dice Rieff, está desocupada y es entre estos jóvenes donde Sadr tiene sus más firmes partidarios”. Crisis política La rebelión y la batalla de Najaf dividieron al gobierno títere. El primer ministro Allawi y los representantes de los partidos kurdos eran partidarios del aplastamiento militar. Lo mismo reclamaba una parte de la jerarquía shiíta: la ausencia de Sistani de Najaf y su silencio durante las tres semanas de bombardeos fue interpretada como una “carta blanca” a la represión (Financial Times, 26/8). Los partidos shiítas representados en el gobierno provisional, sin embargo, reclamaban una “salida negociada”. La crisis del gobierno títere era, reflejo de la crisis política de su mandante. La batalla de Najaf volvió a poner en evidencia una fractura existente entre el mando militar y la Casa Blanca. El generalato del Pentágono impulsaba, como Alawi, el aplastamiento militar de la rebelión. Bush, por el contrario, favoreció la tregua para presentarse con un “éxito” frente a la convención republicana reunida en Nueva York. Bush se opone a ampliar el número de las tropas ocupantes, pues prioriza, en el presupuesto militar, el programa de grandes contratos para la “guerra tecnológica” (la misma que mostró sus limitaciones en la ocupación de Irak y que, según acusan los generales, puso al ejército en tensión por falta de hombres y de balas). La decepción del generalato con la tregua aceptada por Bush fue expuesta por uno de los habituales voceros oficiosos del Pentágono, el derechista Daniel Pipes, que la calificó como “una desgracia” y acusó a Bush de “falta de convicción”. La tregua también fue criticada por Kerry y los demócratas (doce altos generales y almirantes forman parte del equipo de Kerry). Uno de ellos, Wesley Clark, ex comandante de la OTAN, criticó la tregua en Najaf y el conjunto del programa militar de Bush, que incluye el retiro de 70.000 soldados de Europa y Asia, como “un error estratégico”. Kerry, por su parte, denunció que el plan de Bush “perjudicará la seguridad de Estados Unidos y la guerra contra el terrorismo”. Kerry anunció que no se retirará de Irak y plantea “aumentar las filas del ejército en 40.000 soldados” y “duplicar las fuerzas especiales” para poder “afrontar las crecientes misiones en el exterior” (Página/12, 18/8). Pero, a diferencia de Bush, plantea “cooperar más a fondo con los aliados, sobre todo los de la Otan, para reducir el esfuerzo político y militar de Washington en Irak” (ídem). La caldera de Medio Oriente “Por primera vez desde la caída de Saddam, la partición de Irak aparece como una posibilidad real” (Financial Times, 19/8). Las tendencias centrífugas son manifiestas. Irán, sostienen algunos observadores, daría un silencioso respaldo a la rebelión shiíta como una manera de “mantener ocupados” a los generales norteamericanos; Turquía respalda los reclamos de la minoría turcómana en el norte del país; importantes sectores del régimen saudita respaldarían la rebelión sunita para evitar el surgimiento de un “Irak shiíta”. Todas estas intervenciones palidecen, sin embargo, frente a la que estaría desarrollando el Estado sionista en respaldo de los kurdos. Según Seymour Hersh, el periodista que denunció las torturas en la prisión de Abu Grahib, Israel habría instalado bases de espionaje e infiltración en territorio kurdo, con el objetivo de espiar (e incluso intervenir) contra Irán y los shiítas iraquíes. El mismo Hersh informa que los sionistas impulsarían firmemente la partición de Irak. La intervención israelí en apoyo de los kurdos desestabiliza Irak y todo el Medio Oriente: amenaza romper uno de los más importantes puntos de apoyo del imperialismo en la región: el acuerdo militar existente entre Turquía e Israel. Turquía está enfrentada con su propia minoría kurda y es enemiga mortal del nacimiento de una “república kurda” en el norte de Irak. Crisis mundial Lo que potencia el empantanamiento de la ocupación norteamericana de Irak son las contradicciones insuperables de la crisis mundial. Estados Unidos invadió Irak para monopolizar el petróleo del Golfo, forzar la privatización de los yacimientos en toda la región, “rediseñar el mapa” de Medio Oriente (es decir, “resolver la cuestión palestina” e imponer regímenes adictos en Siria, Irán y Arabia Saudita) y, finalmente, subordinar por esta vía a sus rivales europeos. El aumento del precio del petróleo pone en evidencia el fracaso de estos objetivos. Pero mientras Estados Unidos no se disponga a compartir con el capital europeo esos negocios petroleros, no habrá acuerdo político en las Naciones Unidas ni, mucho menos, habrá tropas francesas o alemanas en Irak; “la división transatlántica -entre Europa y Estados Unidos- es más aguda que nunca” (Financial Times, 8/8).

1 de septiembre de 2004
Por qué refundar la IV internacional

El congreso en Buenos Aires Del 20 al 22 de abril pasados, en Buenos Aires, los representantes de nueve organizaciones trotskistas dieron vida a la Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional (CRCI), organización internacional centralista democrática, que lleva a una primera conclusión el trabajo internacional desarrollado -a partir de 1997- por el Movimiento por la Refundación de la IV Internacional (MRCI), del cual formaba parte nuestra Asociación Marxista Revolucionaria Progetto Comunista. Además de nuestra organización, participaron en el Congreso de fundación de la CRCI el Partido Obrero (Argentina), el Partido de la Causa Operaria (Brasil), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Grecia), el Partido de los Trabajadores (Uruguay), el grupo de militantes de la Oposición Trotskista Internacional (Estados Unidos), la Liga Marxista de los Trabajadores (Finlandia), la Liga Obrera Socialista (Palestina) y la Oposición Trotskista (Bolivia). Por motivos técnicos no pudo estar presente la sección turca del MRCI, la Liga Marxista de los Trabajadores. También estaban presentes, con voto consultivo, los representantes de dos grupos simpatizantes (la Liga Marxista Revolucionaria, de Turquía, y Workers Action, de los Estados Unidos) y dos pequeños núcleos del MRCI (Dinamarca y Venezuela). También estuvieron ausentes por razones técnicas los núcleos de Gran Bretaña, India, Alemania y Holanda. De conjunto, constituye una corriente organizada de varios miles de militantes. Su número se ha multiplicado por cuatro respecto de 1997 y nuestra CRCI constituye hoy la mayor de las organizaciones que se reclaman de la IV Internacional, con excepción del ultra-revisionista “Secretariado Unificado de la IV Internacional”. Desde que existe, el movimiento marxista ha sido “internacionalista” no sólo en el programa sino también internacional en su organización, desde la Liga de los Comunistas a las cuatro Internacionales que se han sucedido en su historia. El problema que la vanguardia revolucionaria vive dramáticamente hoy es la ausencia de una Internacional consolidada. Esto porque en los años ’50 la IV Internacional, ya una organización de vanguardia que no logró consolidar una base de masas, entró en crisis. Esto a causa del giro revisionista de la mayoría de su grupo dirigente. Giro que implicaba la liquidación de la perspectiva de construir verdaderos partidos marxistas revolucionarios, en nombre de la transformación de la IV Internacional en una suerte de grupo de presión hacia los dirigentes “más radicales” de los partidos de masas. La crisis provocada por este giro (que implicaba también el abandono progresivo de los puntos fundamentales del programa trotskista) se hizo sentir incluso en el ámbito de los sectores que se opusieron al revisionismo. Así, la IV Internacional fue dislocada y dividida y no pudo jugar en las décadas siguientes el rol que le habría sido propio. Es difícil decir si una Internacional unida y afirmada en una política consecuente habría podido permitir una victoria revolucionaria en una o más situaciones particulares. Pero, al mismo tiempo, es absolutamente probable que, fortalecida en la intervención consecuente en la lucha de clases, la IV Internacional habría podido aparecer -frente a la quiebra del stalinismo y la crisis de todas las viejas direcciones- ante una amplia vanguardia del proletariado y de las masas oprimidas, tanto en Occidente como en Oriente, en los países oprimidos y en los países imperialistas, como el punto de referencia para combatir la barbarie capitalista y desarrollar la revolución socialista. Naturalmente, somos bien conscientes de nuestras limitaciones. En relación con los desafíos de la lucha de clases, somos una organización muy pequeña. La multiplicación cuantitativa y el desarrollo cualitativo de nuestras fuerzas en países con situaciones diversas como Argentina, Brasil, Uruguay e Italia, representan la expresión, a nuestro entender, de nuestra intervención globalmente correcta en la lucha de clases. Esto puede ser especialmente subrayado en referencia a los acontecimientos revolucionarios que han tenido lugar en Argentina y al papel de vanguardia, en particular en el movimiento piquetero, que ha jugado el Partido Obrero, pero vale también para las otras situaciones. Sin embargo, comprendemos que la extensión a escala mundial de nuestra organización es todavía limitada, estando la CRCI ausente en lo sustancial en regiones importantes del planeta y también de otros países importantes para la lucha de clases, y también por la presencia de sectores de vanguardia con influencia significativa que se reclaman trotskistas, contradictoriamente a su política concreta (como Francia). Por consiguiente, nos esperan desafíos todavía muy pesados de construcción y de reagrupamiento revolucionario. Pero, a pesar de esto, nuestro desarrollo y la transformación del MRCI en organización centralista democrática representan un paso adelante significativo en la lucha por la refundación de la IV Internacional. La seriedad de nuestro método se evidencia también en el hecho de que nuestra organización representa el primer reagrupamiento revolucionario trotskista serio y significativo desde la crisis de la Internacional en los años ’50. En efecto, nuestra corriente es el producto del reagrupamiento de tres experiencias diferentes. La del Partido Obrero de Argentina y de las otras organizaciones latinoamericanas ligadas a él; la de la Oposición Trotskista Internacional, y la del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia. Y el método trotskista del reagrupamiento sobre la base de los principios es lo que ha permitido realizar esta unión. En particular, se ha realizado sobre la base de cuatro puntos programáticos centrales, señalados en la primera conferencia de nuestro movimiento, realizada en Génova en 1997, que reproducimos aquí: “Los cambios que se desarrollan en la situación internacional, especialmente la profundización de la crisis económica del capitalismo mundial y los levantamientos populares en diversas partes del globo, obligan a todas las organizaciones que se reivindican trotskistas a plantear la refundación de la IV Internacional, para ofrecer a la vanguardia de los trabajadores de todo el mundo una orientación y una organización marxistas revolucionarias. “El Secretariado Unificado de la IV Internacional (SU), que se reivindica como la continuidad de la IV Internacional, no es la IV Internacional ni puede ser reformado para serlo. La refundación de la IV Internacional requiere la derrota política del SU. “En nuestra opinión, las bases de discusión para refundar la IV Internacional deben incluir: “-La actualidad de la lucha por la revolución socialista mundial y la dictadura del proletariado. “-La reañrmación de la caracterización de la IV Internacional de los Frentes Populares como un bloque con la burguesía ‘democrática’, que condena al partido del proletariado a ser un apéndice del capital. “-La necesidad de la revolución social y política en la antigua Unión Soviética, el Este europeo, China, Indochina, Corea del Norte y Cuba. “-La elaboración de una estrategia anticapitalista basada en el método y en las reivindicaciones de transición.” Estas son las bases sobre cuyo anclaje queremos avanzar en la lucha por la refundación de la IV Internacional. En un cuadro mundial en el cual es todavía más evidente la necesidad de la abolición del estado de cosas presente y el carácter traidor de las direcciones, en crisis, del movimiento de las masas e incluso de los sectores más abiertamente revisionistas del trotskismo. Sobre estas bases continuaremos interviniendo en la lucha de clases y buscando el reagrupamiento revolucionario con los sectores de la vanguardia del movimiento obrero, apreciándolos no sólo por sus afirmaciones abstractas sino también en su acción concreta. Porque la organización internacional que hemos fundado no es un club de discusión, una secta o un cuadro de testimonio, aunque fuera “principista”. Es, por el contrario, una organización de lucha, para la cual la batalla por la refundación de la Internacional se confunde con la lucha por la revolución proletaria. En efecto, para nosotros sigue siendo totalmente válido aquello que Marx y Engels señalaron en el Manifiesto Comunista, hace más de ciento cincuenta años: “El objetivo inmediato de los comunistas es (…) la formación del proletariado en clase, el derrocamiento de la dominación de la burguesía, la conquista del poder político por el proletariado”. Considerando esto, el paso adelante hacia la refundación de la IV Internacional que se dio en Buenos Aires con la constitución de la CRCI es también un paso adelante, todavía modesto pero real, hacia la revolución socialista mundial.

1 de septiembre de 2004
Uruguay: El Frente Amplio prepara un gobierno de capitalistas y banqueros

Las encuestadoras coinciden en que el Frente Amplio tendrá una amplia mayoría en las elecciones de octubre próximo, y que probablemente triunfará con mayoría absoluta, o sea, sin necesidad de segunda vuelta. Los partidos tradicionales de la burguesía (“blancos” y “colorados”), que han gobernado por más de un siglo y medio, no reúnen entre ambos el 40%; el Partido Colorado del presidente Batlle está al borde de la extinción (menos del 10%). Las elecciones expresarán la profunda descomposición del régimen político; Uruguay participa plenamente de la tendencia que recorre a América Latina, de bancarrotas económicas, crisis políticas, emergencia de gobiernos capitalistas de centroizquierda y agudización de la lucha de las masas. Las semejanzas con el proceso de disgregación de los regímenes y partidos burgueses venezolanos, argentinos, bolivianos o brasileños, no son por lo tanto casuales: reflejan un período en desarrollo a escala de todo el continente. Debacle económica Durante 2002, el derrumbe de la “plaza financiera” uruguaya provocó la fuga de casi el 50% de los depósitos de la banca, una “corrida” que condujo a la quiebra de los principales bancos; la moneda se devaluó un 65%, mientras la deuda externa aumentó en 3.000 millones de dólares y el producto bruto cayó a la mitad. Actualmente, la deuda pública de Uruguay equivale al 110% del PBI. El gobierno pretende que “la crisis quedó atrás”. Pero el aumento de las exportaciones -basado en la superexplotación de la clase obrera (rebaja salarial, impuestazos sobre sueldos y jubilaciones, etc.)- es precario. La supuesta mejora económica se contradice con el incremento del endeudamiento estatal (en lo que va del año la deuda externa aumentó en 600 millones de dólares; el déficit público en 2003 llegó al 10% del PBI). Por otra parte, la crisis bancaria no está cerrada, sino apenas “diferida”. Los vencimientos de la deuda en los próximos cinco años superan los 6.000 millones de dólares: más de la mitad del PBI anual. Si a esto se suma la obligación de devolver los depósitos a los ahorristas estafados, queda claro que lo peor de la crisis está por venir. El Frente Amplio El FA nació en 1971 como una alianza de los partidos obreros (PC, PS) con la Democracia Cristiana, grupos que rompían con los partidos tradicionales, y un sector nacionalista del Ejército. Fue un instrumento que subordinó el movimiento obrero al Estado capitalista -y no sólo bajo su forma “democrática”, como quedó demostrado cuando un sector del FA buscó una convergencia con un sector supuestamente “antiimperialista” de las Fuerzas Armadas, conduciendo a la derrota a la heroica huelga general de 15 días contra el golpe de Estado de junio de 1973. Tras 12 años de dictadura militar, el Frente Amplio participó en 1984 de la negociación con el régimen militar -junto a los partidos burgueses- que condujo al “Pacto del Club Naval”. La “democracia” parida en ese acuerdo favoreció a los gobiernos proimperialistas de colorados y blancos, y la integración de los sindicatos al Estado. La bancarrota del nacionalismo burgués latinoamericano y el derrumbe de la burocracia estalinista aceleraron la evolución del Frente Amplio hacia las posiciones del imperialismo: defensa de las privatizaciones y de la “flexibilidad” laboral, apoyo a la “integración” dominada por los monopolios internacionales (Mercosur), defensa de la “plaza financiera”. Esta política se expresó durante casi 15 años particularmente en el gobierno frenteamplista en la Alcaldía de Montevideo. Durante 2002, cuando Batlle estuvo a punto de renunciar a la presidencia ante la debacle económica y la tendencia de las masas a la huelga general, el candidato presidencial del Frente Amplio se comprometió públicamente a “ayudar a Batlle a llegar al 2005”. El FA se ha venido ampliando hacia su derecha, con blancos y colorados, incluso después de la formación del FA-Encuentro Progresista. Lulismo a la uruguaya Según el candidato del FA-EP, Tabaré Vázquez, “En Uruguay estamos mucho más próximos de Brasil y Chile. Nos sentimos más identificados con estos dos gobiernos” (El Observador, 4/8). Lo subrayó cuando “tomó distancia del presidente venezolano Hugo Chávez”. Es que mientras el chavismo está obligado a movilizar a las masas (y al mismo tiempo intentar regimentarlas), el Frente Amplio de Uruguay está dedicado sistemáticamente a desmoralizar a su propia base electoral. Tabaré Vázquez llegó a entrevistarse con Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para proponerle que sea el futuro ministro de Economía. Ante la negativa del banquero, Vázquez designó al senador del ala derecha del FA Danilo Astori, uno de los redactores de la ley de privatización de la petrolera estatal, impulsada por el gobierno de Batlle. Los trabajadores petroleros, junto al activismo sindical y de izquierda, debieron reunir cientos de miles de firmas para someter a plebiscito y finalmente derogar (con el 62% de los votos) una ley que habían apoyado tres senadores del Frente Amplio. Astori y Vázquez se pronunciaron por mantener la jubilación privada, así como el secreto bancario, y eliminar el monopolio que mantienen algunas empresas estatales -las que serán “asociadas” con capitales privados. Al mismo tiempo, Astori ha anunciado que eliminará las limitaciones legales al despido de funcionarios públicos y que reformará el seguro de desempleo para exigir una contraprestación de trabajo, una “reforma laboral” que los colorados han anunciado largamente y no han logrado concretar. La “izquierda radical” El “ala radical” del Frente Amplio-Encuentro Progresista, en la cual militan los grupos vinculados al “Secretariado Unificado” (PST, Corriente de Izquierda), difícilmente alcanzará (con suerte) un 3% de los votos de todo el FA-EP. Es probable que ni siquiera llegue a ser expulsada al estilo de Heloísa Helena de Brasil (SU), ya que difícilmente conquistará representación parlamentaria. Tras 33 años de vegetación dentro del frente popular, el PST -“sección uruguaya del Secretariado Unificado”- obtuvo 387 votos en las “elecciones internas” del 27 de junio pasado (el 0,08% de los votos del FA). La Corriente de Izquierda (CI) ha propuesto a todos estos grupos conformar un bloque en “defensa de los principios fundacionales del Frente Amplio”. Dice el llamamiento que “es absolutamente imprescindible lograr que el Frente Amplio acceda al Gobierno, como único medio de salvación nacional”, y que “aparece como evidente que en forma aislada, cada grupo es impotente más allá del cumplimiento de su deber esclarecedor, para incidir y pesar en las definiciones políticas frentistas, en las direcciones que consideramos conveniente para el país y para el propio triunfo del FA en las cercanas elecciones de octubre”. La “impotencia” de “cada grupo” y de todo el “bloque” surge, precisamente, de considerar que un gobierno capitalista y fondomonetarista pueda ser el “único medio de salvación nacional”. No es casual, entonces, que los integrantes del ala “radical” sean los más desmoralizados de toda la desmoralizada base militante del Frente Amplio. La política del PT de Uruguay El Partido de los Trabajadores es el único que se ha preparado sistemáticamente para la etapa política que se abre. Desde su fundación ha caracterizado al FA como un recurso de la burguesía para estrangular la tendencia de las masas a una acción independiente. En los años 2001-2003, el PT no sólo denunció permanentemente la política de la dirección “lulista” del Frente Amplio. Impulsó una campaña hacia las bases obreras que votan al FA, con consignas transicionales como “Fuera Batlle y el FMI; que gobierne una Asamblea constituyente soberana para declarar el no pago de la deuda externa, el salario mínimo vital y móvil, la confiscación de la banca bajo control obrero, y el subsidio estatal a todos los desocupados”. El PT es el único partido que ha impulsado sistemáticamente la organización reivindicativa y piquetera de los desocupados, mientras que el FA-EP y su burocracia sindical repudiaron expresamente cualquier posibilidad de lucha por el pan y el trabajo. El FA-EP encauza el voto popular porque ha tenido éxito en dominar las tentativas de rebelión que se manifestaron en las masas desde la huelga general del 73’; la formación de una central antiburocrática (PIT) en 1984-85; la huelga de la construcción (con los “fogones” y piquetes), en 1992; o recientemente, la gran huelga municipal de Montevideo. En este cuadro, intervenimos en las elecciones para plantear la necesidad política de un reagrupamiento obrero y socialista. El PT de Uruguay llamó a constituir un “Frente de Trabajadores y de la Izquierda Clasista” y ha presentado candidatos obreros y socialistas en oposición a los candidatos burgueses y pequeño burgueses sometidos al imperialismo. El PT denuncia al futuro gobierno centroizquierdista como un gobierno de capitalistas y banqueros. Interviene en las elecciones preparando el futuro período de luchas, en el que tenderemos un puente hacia la base obrera del FA, impulsando consignas como la expulsión del FMI y el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca bajo control obrero, fuera los ministros capitalistas, por la unidad socialista de América Latina. Por esta vía, ayudaremos a la clase obrera a superar a su actual dirección pequeño-burguesa y proimperialista y construir un partido obrero revolucionario.

1 de septiembre de 2004
“El PT es el único partido de izquierda”
“La República” en la red

Entrevista: María Luisa Suarez (candidata del PT) Ayer, finalmente, la Convención del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzó el número requerido y proclamó a María Luisa Suárez como candidata a la Vicepresidencia de la República y compañera de fórmula del dirigente bancario Rafael Fernández. Poco antes de ser ungida por la Convención, reunida en el Club Colón, dialogó con La República sobre sus convicciones políticas, el papel de la mujer, el movimiento de los desocupados, el PIT-CNT, el actual gobierno, el sistema político y la izquierda. -¿Cuáles son las formas que tiene la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de reivindicar sus reclamos? ¿Qué opinión le merece el actual gobierno? ¿Cuál es la función del PT en nuestra sociedad? -Mediante la lucha, cortes de ruta, reclamando trabajo, ocupando, como ya lo hemos hecho, en el Ministerio de Trabajo, se han conseguido logros importantísimos, porque este gobierno ha sido hambreador y nos ha llevado a esta situación de pobreza y de miseria, que sólo nos deja como opción tomar estas medidas. Con relación a la función del PT y de la UTD, buscamos la unión de la clase obrera, ya que está terriblemente dividida. Ese es nuestro objetivo, unir a obreros ocupados y desocupados, para llevar a cabo una lucha en conjunto, por las diferentes reivindicaciones, que a esta altura toda la población ya conoce. El PT es un partido de trabajadores, que lucha y representa, pura y exclusivamente, a la clase obrera. Es el único partido de izquierda. En cuanto a la UTD, es un movimiento de desocupados, donde también hay subocupa-dos, que reclaman, permanentemente, parte de lo que el gobierno y este sistema nos han robado. -¿Cómo ve la participación de la mujer en política, en la UTD y en el PT? -Es importantísima la participación de la mujer dentro de la UTD, ya que se destaca en la mayoría del movimiento piquetero y de las ollas populares. Dentro del PT hay, como en todos los partidos, mujeres y hombres, pero la mujer tiene un rol importante. En nuestro partido, se ve la igualdad en todo sentido, no como en otros. Lo que nosotros vamos a refutar siempre es lo que el capitalismo nos impone, y para eso hay cinco palabras que nos marcan como movimiento y que las mujeres han adoptado, ya que las sufrimos a diario, que son: oligarquía, capitalismo, imperialismo, burguesía y burocracia. Esas palabras son, justamente, contra lo que nosotros luchamos. No admitimos que nadie venga a decirnos qué hacer con nuestro país. -¿Qué opinión le merecen las políticas que ha llevado adelante el PIT-CNT? -El PIT-CNT ha tenido como política la división de la clase obrera. El permanente deseo de estrangulación de luchas y su enorme burocracia. Nosotros nunca iríamos a almorzar con los “yanquis”, ni a pedir permiso para ver qué hacemos con los sindicatos, eso lo resolvemos nosotros, con la clase obrera. El PIT-CNT, mal llamado ‘el defensor de la clase obrera’, cuando la UTD presentó un proyecto frente al Ministerio de Trabajo -que sabemos no es suficiente, porque no queremos paliativos, queremos salarios dignos o un subsidio para los desocupados-, estaba aprobado por el ministro, y el PIT-CNT frente a la Junae votó en contra de la clase trabajadora. Esa es la política que nosotros no queremos. -¿Qué opina de los partidos tradicionales y del EP-FA-NM, con relación a las elecciones y sus propuestas? -Nosotros no estamos dentro del FA, y mucha gente nos pregunta por qué. No pertenecemos porque no estamos de acuerdo con las políticas que planteó siempre, está planteando y plantea a futuro, porque son paliativas y no definitivas. No queremos pagar la deuda externa con el hambre de la gente. Repudiamos que se proclame, desde la Casa Blanca, el nombre de un futuro ministro de un partido al que los dirigentes del PIT-CNT pretenden presentar como defensor de la clase obrera. El PT se ha dado cuenta de todo esto y está dispuesto a abrir un frente de trabajadores; a las organizaciones que en este momento quieran abrirse o estén indecisas o quieran formar por sí mismas un partido, las invitamos a integrarlo. -Dentro de los discursos de los partidos que pueden llegar a ser gobierno el año que viene, ¿ve alguna propuesta que conduzca a una solución de los problemas que usted plantea que tiene la clase obrera? -Si hubiera voluntad política los recursos aparecerían, pero las soluciones a nuestros problemas han aparecido por iniciativas de la misma UTD, por la movilización de la gente en la calle, y esa gente en la calle es la que va a mover montañas. Hemos sido la única organización que ha logrado que el Inda (Instituto Nacional de Alimentación) diera partidas de alimentos cada 15 días y una partida doble de alimentos una vez por mes. Además, las ollas de la UTD no son asistencialistas, son de lucha. La gente está muy consciente de que si no lucha no tiene nada. (29/8)

1 de septiembre de 2004
Adónde va Cuba

Como parte de su campaña electoral de corte terrorista, Bush decretó la restricción de los viajes a la isla de los cubanos exiliados en Estados Unidos y la reducción de las remesas que pueden enviar a sus familiares. Las remesas provenientes de las familias cubanas en el exterior superan los 1.200 millones de dólares anuales y son la principal fuente de dólares de Cuba. El tiro por la culata Aunque con las nuevas sanciones Bush busca asegurarse el voto de los cubanos exiliados en Miami, las medidas despertaron una rebelión en su contra entre los exiliados, que las califican como “un ataque a la familia”. La Iglesia (en Miami y en Cuba), la mayoría de las organizaciones de exiliados y los opositores dentro de Cuba salieron a pedir su derogación. “Hay ira contra Bush en la ciudad” (Miami Herald, 22/6). Según el mismo diario, existe la posibilidad, catastrófica para el presidente, de que los exiliados que hasta ahora no se habían registrado para votar lo hagan “en masa” contra él. Tampoco es clara la efectividad de las medidas dictadas por Bush. En la actualidad casi todas esas remesas (95%) llegan a Cuba por fuera de los circuitos bancarios (El País, 3/7). Lo más probable es que su impacto sea temporalmente limitado, hasta tanto se armen las redes que permitan “triangular” las remesas hacia terceros países y de allí hacia Cuba. Un armado que, según el diario madrileño, “Bush no podrá controlar”. Golpe a las masas El gobierno cubano respondió a estas medidas con un aumento del 15% de los precios en las llamadas “tiendas del Estado”, a las que recurren los cubanos cuando se acaba la ración de la “libreta”. En las tiendas, los precios ya eran prohibitivos para la mayoría de los cubanos antes del aumento. El incremento de los precios entró en vigencia de inmediato, mucho antes de que se hicieran sentir los efectos de las medidas de Bush. Provocará una restricción del consumo, que irá más allá del que impondrían, por sí mismas, las medidas de Bush. Algunos cubanos de la calle resumen así la situación: “menos dólares para comprar alimentos más caros” (El País, 22/6). No se trataría, por lo tanto, de una “contramedida”, sino de un “ajuste” para equilibrar el presupuesto del Estado. Son muchos los que sostienen, dentro y fuera de Cuba, que las medidas de Bush sirvieron al gobierno cubano como una excusa para aumentar los precios de los productos de primera necesidad. Diferenciación social El aumento de los productos de primera necesidad agravará la diferenciación social existente en la isla, que se viene acentuando desde la instauración del “período especial” en 1993. “Existe una población en situación precaria cuya salud está amenazada. Algunas categorías sociales -las mujeres solas con hijos, los ancianos- sufren penuria alimentaria (…). Según la economista cubana Angela Ferriol, en las ciudades, la población en condiciones de pobreza ronda el 20% (…). Las desigualdades regionales también se agravaron: en la región oriental de la isla la población vulnerable se calcula en el 22% y algunas municipalidades atraviesan una situación difícil” (Janette Habel, en Le Monde Dipló, junio de 2004). “La socióloga cubana Mayra Epina destaca tres factores que agravan las desigualdades y el aumento de la pobreza: la creciente diferencia entre los ingresos, la territorialización de las desigualdades y la nueva jerarquía social vinculada con la riqueza material que simboliza el éxito” (ídem). Según los propios investigadores cubanos, la diferenciación social provocada en estos diez años tiende a consolidarse: “Además del enriquecimiento de los pequeños campesinos privados, de los trabajadores independientes, de los dueños de los ‘paladares’ (restaurantes privados) y de los beneficiarios del turismo, la investigadora Juana Conejero evoca ‘las transformaciones en la estructura de clase’ y ‘la posibilidad de que nazca una nueva clase social de empresarios asociada al sector de las inversiones extranjeras’…” (ídem). Son los que otro investigador cubano, Haroldo Villa, define como “camaradas inversores”. Los beneficiarios de la diferenciación social son funcionarios del Estado, militares, y los sectores sociales ligados a ellos; cuentan con la protección del aparato del Estado (y del PC y de las Fuerzas Armadas). Es dentro del aparato del propio Estado donde anida la principal tendencia de la restauración capitalista. Restauración Los síntomas del crecimiento de las tendencias restauracionistas son evidentes. Es llamativo el sistemático elogio a China en el diario oficial, Granma. Estas alabanzas han continuado incluso después de que China estableció el derecho constitucional de propiedad privada de los medios de producción. El Ejército cubano juega, de una manera creciente, un papel clave en la economía y en la dirección política del país. Las FAR dirigen la agricultura, la industria, el transporte, las comunicaciones y la electrónica. Y, desde el año pasado, el turismo. Aunque el Ejército, que acumuló tanto poder económico y político, es una estructura del Estado, sus propiedades no son de éste; opera como una entidad separada, lo que significa que tiene sus propios intereses sociales. Particularmente en China, la intervención “empresaria” del Ejército fue uno de los motores decisivos en el proceso de restauración. El Ejército fue puesto a la cabeza de la “lucha contra la corrupción”, que constituye así una nueva vuelta de tuerca de la militarización de la sociedad cubana. Los oficiales que van a llevar adelante esta “lucha”, “recibieron una formación económica y comercial inspirada en normas de gestión capitalista (…). Esos militares fueron los que diseñaron las reformas mercantiles y el ‘perfeccionamiento’ de las empresas estatales, reestructuración que apunta a aumentar su rentabilidad y eficacia otorgándoles mayor autonomía” (ídem). Pero es precisamente esa “autonomía”, junto con la penuria y la dualidad monetaria (legalidad del dólar), lo que -según Janette Habel- promueve la corrupción, que es una forma de acumulación privada y la primera etapa de cualquier restauración de la propiedad privada capitalista. El oligarca ruso Berezhorsky lo sintetizó de esta manera: primero se privatizan los beneficios, luego se privatiza la propiedad, al final se privatiza la deuda pública. Habel dice que esta acumulación “puede hacer prosperar una base social mucho más temible para el régimen que todos los grupos disidentes” (ídem). Pero no para el régimen sino para la revolución y sus conquistas; una parte del régimen impulsa la restauración. Es decir que el régimen se encuentra en disgregación. Los reclamos de modificar el régimen para abrir paso a la propiedad privada, ya han comenzado. Pedro Monreal y Julio Carranza, dos economistas “heterodoxos” del PC, que “critican la ‘ambivalencia’, por no decir la incoherencia, de las posiciones oficiales fundadas en la posibilidad de ‘una coexistencia estable entre diferentes alternativas’, consideran poco probable una reorientación exitosa de la estructura económica sin transformaciones significativas de las instituciones económicas y de la relación de propiedad…” (ídem). El reclamo de la “alteración de la relación de propiedad” ya tiene sus voceros públicos en el propio seno del aparato del Estado. Dentro del propio aparato estatal -insiste la castrista Habel-existe “una izquierda reformista que pone el acento en el desarrollo económico en el seno de un programa policlasista”. Armando Chaucenaga, de la Universidad de La Habana, reclama que esta ‘izquierda’ defensora de la propiedad privada (“policlasismo”), una sus fuerzas a la “izquierda épica, internacionalista y antimercado” para enfrentar lo que califica “el ascenso conservador en el aparato del Estado” (ídem). Para favorecer la “democracia”, Habel propugna que la izquierda “internacionalista” se una a la “restauracionista”. De nuevo, la consigna de la democracia formal, no la de la democracia obrera y la dictadura del proletariado, sirve de pantalla para la restauración del capital.

1 de septiembre de 2004
Argentina:Piqueteros ocupan las petroleras

Dos mil puestos de trabajo Tras dos días de ocupación de Termap (playa de tanques de la terminal marítima petrolera en Caleta Olivia de Repsol, Vin-tage Oil y Panamerican), los desocupados arrancaron 250 puestos de trabajo en un plan de obras públicas de la Intendencia, con trabajo asegurado por tres años bajo convenio de la Uocra y discusión en 90 días sobre posibilidades de ingreso a la industria petrolera. Los desocupados decidieron ocupar Termap (donde trataron de rechazarlos arrojándoles agua con mangueras de alta presión), luego de fracasar en la ocupación de la Intendencia de la localidad, a donde habían ido a pedir puestos genuinos de trabajo con un mínimo de 700 pesos. Luego de permanecer allí ocho días con sus noches, los trabajadores resolvieron en asamblea cambiar el destinatario de sus reclamos. “(Lo) que estábamos pidiendo pacíficamente en el Municipio (se lo pedimos) a las empresas petroleras, ya que está visto que son las que presionan al gobierno” (Crónica, Comodoro Rivadavia, 27/8). Es la segunda toma de la playa de tanques de Termap en el mes de agosto, luego de la conquista de 115 puestos de trabajo obtenidos con la larga ocupación al inicio del mes, ocupación que profundizó un ascenso obrero en el Sur patagónico que viene desde los inicios del año, con la huelga docente liderada por Adosac y la primera ocupación victoriosa de Termap. Un antecedente por el cual 51 compañeros están cobrando hasta ahora salarios de petroleros (1.200 pesos). Desencanto político La tercera victoria obtenida en Termap en el año no es producto de la audacia de un grupo de desocupados. Corona un tenaz proceso de movilización y puede estar indicando un principio de vuelco político. Después del feriado largo de agosto, cerca de 300 compañeros de planes Jefes y Jefas, y provinciales y municipales -Prenos- (utilizados como mano de obra barata en reparticiones públicas) se convocaron en asamblea en la plaza y elaboraron un petitorio reclamando a la comuna el empleo y pase a planta permanente con un salario mínimo de 700 pesos, en cuarenta y ocho horas. Vencido ese plazo, una marcha de 500 compañeros (120 desocupados) conmovió la ciudad. La reacción del Municipio fue la de siempre: compromiso de entregar bolsones, pagar el gas o la luz, atender problemas de salud. Los manifestantes, en asamblea, decidieron entonces acampar frente al Municipio. El intendente y todo su gabinete quedó dentro del edificio, con todas las entradas bloqueadas. Una columna de 100 “patovicas”, dirigida por una concejala del PJ (Lavado) y un ex candidato a intendente del Partido Socialista (Di Tulio), se movilizó para “rescatar” al intendente y “defender” las instituciones y la democracia, y tuvo su respuesta en la ruidosa movilización de Adosac en solidaridad con los desocupados en lucha. Todo esto precedió a la decisión de ocupar Termap y replantear los reclamos ante las petroleras. En Caleta Olivia Kirchner ganó con el 80% de los votos. La mayoría de los que bloquearon el Municipio votaron por el Presidente, y algunos militaron en distintas unidades básicas. Los planes Preno fueron el gran invento del entonces gobernador frente a la desocupación generada por la privatización de YPF. Un fraude laboral que convirtió a los compañeros en rehenes de los punteros, con salarios miserables de 150, 200 ó 300 pesos, cumpliendo jornadas de hasta 7 horas de trabajo limpiando escuelas, hospitales y comedores. La desilusión se convierte en bronca, y la bronca en movilización. La renta petrolera A 40 kilómetros de Caleta Olivia está Pico Truncado, otra ciudad petrolera, de la que es oriundo el gobernador Acevedo. Allí, desde el 20 de agosto, cerca de cien desocupados montaron un piquete sobre la ruta, impidiendo el acceso de camionetas, camiones o colectivos que transportan personal o equipos al yacimiento. Exigieron trabajo genuino bajo convenio colectivo petrolero. Otros cuatrocientos entregaron un petitorio con el mismo reclamo. Al no tener respuesta en 72 horas, tomaron la planta deshidratadora de Repsol en la localidad y arrancaron la victoria: 420 contratos con la comuna por 700 pesos que serán pagados por el sector petrolero mientras se busca su inserción en la industria. A ochenta kilómetros de Caleta, en otra dirección, está Comodoro Rivadavia. Allí, el 23 de agosto comenzaba la primera jornada de trabajo para los compañeros desocupados del Polo Obrero que arrancaron con su movilización a la Intendencia 65 empleos por cuatro meses a 750 pesos y la promesa de interceder, luego, por trabajo genuino. “La referencia insoslayable parece ser el reciente reclamo de desocupados en la toma de la planta Termap, que obtuvieron subsidios de ese monto por dos meses, con inserción laboral posterior, previa capacitación” (Crónica, Comodoro Rivadavia, 23/8). La referencia “insoslayable” es, también, la industria petrolera. Los reclamos por empleo genuino van dirigidos a Repsol, Vintage y Panamerican, las beneficiarías en el Sur patagónico de una renta de 6.000 millones de dólares a escala de toda la Argentina que el Estado (con Menem en la nación y Kirchner en la provincia) literalmente cedió a las privadas. El contraste en el Sur entre bolsones de pobreza y empresas que están obteniendo los beneficios más altos de la década a través de una feroz explotación de la mano de obra (el índice de obreros ocupados por la industria petrolera no tuvo variación significativa en los últimos tres años), es brutal. El salario promedio del trabajador argentino en dólares, que es como se mide el ingreso de las petroleras, es entre cinco y diez veces inferior al europeo o norteamericano. La jornada “normal” de 12 horas ha comenzado a acortarse tenuemente, fruto de la resistencia obrera, pero existe el recurso de las tercerizadas. Oscar Vicente, “capo” de Petrobras, por estas mismas horas, denunció las acciones piqueteras y planteó la necesidad de terminar con cualquier concepto de “igual salario por igual trabajo” yendo al convenio “empresa por empresa”. Construir una alternativa obrera y socialista En el Sur se libra una lucha reivindicativa y política que vale para el conjunto de la clase obrera. Los trabajadores desocupados enfrentan al mismo tiempo la desocupación y la superexplotación. Cada obrero que entra a la industria petrolera es a fuerza de piquetes y movilizaciones -dos mil puestos de trabajo en dos años que, de otro modo, no se habrían obtenido jamás-. Pero el Sur deja otra enseñanza. Los desocupados abrieron camino ocupando Termap, pero también marcharon a las intendencias, a las sedes del poder político. Los diarios no han dado destaque al pronunciamiento de un grupo de vecinos de Caleta Olivia que, primero, “ratifican el reconocimiento a las actuales autoridades municipales”, pero, luego, exigen “en carácter prioritario las jornadas de ocho horas, la puesta en marcha de la fábrica de hormigón, la producción de ladrillos anunciada, que la Municipalidad tenga participación directa en el muelle pesquero”. Además, que “se cree la escuela de arte y oficios” (Crónica, Comodoro Rivadavia, 24/8). ¿Qué tal? Através del piquete, la asamblea popular y la coordinación de lucha se puede convertir cada lucha en victoria. Aquí está inscripta la alternativa obrera y socialista frente a la incapacidad de la ‘burguesía nacional’. (Informes de Omar Latini y Norma Villamayor)

1 de septiembre de 2004
Kirchner quiere convertir a la Patagonia Rebelde en la Patagonia Trágica

Liberar a los presos de Santa Cruz es una cuestión de Estado para la clase obrera “La eventual condena sería superior a tres años de prisión’ (juez Bailaque, Caleta Olivia). El juez ha denegado la excarcelación a nueve trabajadores de Caleta Olivia acusándolos de privación ilegítima de la libertad, daños, usurpación, impedimento de actos funcionales y entorpecimiento de explotación económica por su presunta participación dirigente en la movilización a la Intendencia de Caleta Olivia y la ocupación de la playa de tanques de Termap, acciones en reclamo de puestos de trabajo. La Gendarmería ha apostado un cordón de seguridad dentro y fuera de la terminal petrolera (controlada por Repsol, Vintage y Panamerican). Caleta Olivia, el centro de la rebelión obrera de la provincia por puestos de trabajo, ha sido convertida en objetivo militar. Entre los detenidos se encuentran Marcela Constancio y Leonardo Rodríguez, militantes del FUT-Partido Obrero, junto a Jorge Mansilla, Héctor Iglesias, Luis Carrizo, Omar Roldán, Selva Sánchez y Elsa Orozco. Mauricio Penancho, que completa la lista, ha comenzado una huelga de hambre el pasado domingo. La orden de las petroleras En la noche del viernes último se produjo una verdadera cacería, con la Gendarmería y la Policía de la provincia allanando viviendas y golpeando a mansalva a pobladores marcados en una lista de más de setenta trabajadores supuestamente involucrados en las ocupaciones de la terminal petrolera desde inicios del año. En esta primera ‘razzia’ fueron detenidos Norma Villamayor, dirigente del PO y del Polo Obrero (ferozmente golpeada), y Cristian Ruiz, protagonista de la anteúltima ocupación de Termap, luego liberados. La orden ha sido dada por las petroleras y ejecutada por el gobierno kirchnerista (Acevedo) en función del propósito de quebrar la sucesión de movilizaciones obreras victoriosas (Caleta Olivia, Pico Truncado, Comodoro, de vuelta Caleta) que han conmovido a la provincia y arrancado más de 2.000 puestos de trabajo en dos años. La rebelión y su contagio El gobierno de Acevedo ha mostrado su verdadera naturaleza frente al vuelco obrero que se viene planteando desde el mismo ascenso del gobierno K pero que cobró fuerza en los inicios del año con la huelga docente y la primera ocupación de Termap y dio un salto con la rebelión obrera frente a la masacre de Río Turbio y el desplazamiento por colaboracionista e inepta de la dirección de la CTA de la zona. Se trata de un vuelco político, en la provincia que depositó enormes expectativas en la gestión K (en Caleta Olivia el 80% votó a su favor en las presidenciales), que sabe de los enormes beneficios de los pulpos petroleros y mineros a los que se les han entregado literalmente todos los recursos, y que en casi un año y medio de gobierno no ha visto resolver uno solo de los problemas fundamentales de las masas. Perfidia El mismo día en que el juez rechazaba el pedido de excarcelación de los nueve compañeros, planteando que la “pena máxima en abstracto llega a los 16 años de prisión” y que, por lo tanto, “una eventual condena sería superior a los tres años” (Crónica, Comodoro Rivadavia, 7/9), el gobierno pagaba (en una operación sincronizada) los 400 pesos comprometidos por mes a cada uno de los 200 trabajadores que habían participado de la última ocupación de Termap. Se trata de un intento pérfido de dividir nuestras filas. Adosac, la Lista Negra de ATE y el FUT-PO se han pronunciado y movilizado el 6 de septiembre en Caleta y Río Gallegos. Han llamado a ganar las calles de nuevo el miércoles 8, en toda la provincia, por la libertad y el desprocesamiento de todos los compañeros. El PO plantea: • Libertad y nulidad de los procesos a los luchadores. • Juicio y castigo. • Comando único de movilización. • Plan de lucha.

1 de septiembre de 2004
Europa en la balanza

El secretariado de la Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional, reunido en Roma entre el 22 y el 24 de julio de 2004, abordó, entre sus puntos principales, la crisis en Europa. Como resultado de esa discusión, se aprobó una declaración política. Se desprende de ella que Europa enfrenta una crisis de poder. La acumulación de contradicciones está desarrollando condiciones que ponen a la orden del día la cuestión de una salida política de conjunto frente a la impasse capitalista. Los imperialistas europeos celebraron la extensión de la Unión Europea a 25 miembros, el 1°de Mayo de 2004, como un hito en la integración del continente y como un gigantesco paso adelante para mejorar en su competencia con los imperialismos norteamericano y japonés. Pero, muy rápidamente, la euforia se ha evaporado, en particular después de las elecciones europeas de junio del 2004. Con una abstención sin precedentes y el repudio de los votantes a todos los gobiernos europeos, seguido por la disputa acerca de la Constitución europea, ha emergido una amarga verdad: Europa se ha convertido en un eslabón débil de la crisis capitalista mundial. Internamente dividida, con todas sus estructuras económicas y sociales históricamente desactualizadas y su sistema político desacreditado, es vulnerable a las presiones del capital norteamericano. En particular se encuentra profundamente afectada por las implicaciones de la guerra de Irak y empantanamiento de la invasión y de la ocupación del país. En este marco, no debe sorprender que las elecciones europeas se hayan transformado en un elemento adicional de crisis política. Nadie se salvó de la abstención y el “castigo” (así cayeron los votos del SPD en Alemania y Forza Italia de Berlusconi, aunque sus socios -los Verdes en Alemania, Chirac en Francia, los otros partidos de la derecha en Italia- mantengan sus posiciones o incluso avancen). La excepción a la última regla han sido Grecia y España, que vienen de un cambio de gobierno reciente; en lo que se refiere al caso español, ha sido determinante el retiro de las tropas de Irak. Los gobiernos pagaron la insatisfacción de las masas por el fracaso de sus políticas sociales de ataque a las conquistas de los trabajadores y de apoyo a la guerra, o sea que no dieron el resultado reactivador de la economía que descontaban. En las últimas décadas, la crisis del capital ha empujado a las naciones imperialistas del Viejo Continente a un constante ataque al salario, directo e indirecto, y a las otras conquistas del proletariado. Esta ofensiva ha sido llevada adelante por todos los gobiernos, tanto de derecha como de centroizquierda o de “izquierda plural”. A pesar de los éxitos de estos ataques, no obstante la resistencia obrera, este ciclo está lejos de haberse cerrado; porque no ha permitido al capitalismo europeo recuperar su vitalidad y menos aún recomponer las expectativas en cuanto a los niveles de rentabilidad empresaria. De manera que no es exagerado pronosticar nuevos y más fuertes ataques. Las elecciones europeas han puesto de relieve, asimismo, la enorme fractura que existe entre los propios capitalistas europeos. El conflicto sobre la Constitución europea está relacionado tanto con los intereses capitalistas nacionales antagónicos como con el conflicto entre las fracciones pro-norteamericanas y anti-norteamericanas entre las clases dominantes. Los regímenes restauracionistas de Europa central y oriental, en tanto que esos países son cruciales en el conflicto entre los imperialismos norteamericano y europeo para controlar el ex espacio soviético, funcionan en los hechos como una quinta columna pro-norteamericana. El resultado de estas divisiones es la tendencia a la parálisis de las instituciones de la Unión Europea y la incapacidad para elaborar una política exterior común o para desarrollar la “Iniciativa Europea de Defensa” más allá del cuadro impuesto por la Otan. Los más importantes factores de división son económicos: la viabilidad del Pacto de Estabilidad está cuestionada. Varios países, particularmente los del “núcleo duro” de la Unión Europea -Alemania, Francia y Holanda-, tuvieron déficits en el 2003 que han excedido por lejos los límites establecidos en el Pacto. La deuda italiana (106% del PBI) fue, incluso, degradada por la calificadora Moody’s, algo que se creía erradicado con el establecimiento del euro. También la cuestión de las llamadas “reformas estructurales”, necesarias de acuerdo al capital europeo para volverse más competitivo frente a los Estados Unidos -flexibilización laboral, privatizaciones, nuevas legislaciones impositivas y jubilatorias-, divide a los círculos dominantes. Algunas secciones de la burguesía quieren pasar directamente a una ofensiva contra el movimiento sindical y sus conquistas sociales; otras están promoviendo un curso más cauto, asustados por la posibilidad de levantamientos sociales (como ya se han visto durante la última década, en los movimientos de huelgas de masas en defensa de los derechos jubilatorios en Italia, Francia y Grecia). Este escenario de ofensiva antipopular; de apoyo e involucramiento de los gobiernos de turno con la guerra tanto dentro como fuera de las fronteras de Europa; de crisis económicas, sociales y políticas crecientes, pone sobre el tapete la lucha por una salida de conjunto: la expulsión de los gobiernos burgueses de todos los colores responsables de esta situación y la cuestión del carácter de clase de la alternativa que debe reemplazarlos. El punto de partida para avanzar en la unión y reorganización de Europa sobre nuevas bases sociales, es un gobierno de trabajadores. La lucha por el gobierno de trabajadores va unida a un programa de reivindicaciones transitorias anticapitalistas: el control obrero y el reparto de horas de trabajo; la disolución del ejército burgués y de los otros cuerpos represivos del Estado; la expropiación sin indemnización de las grandes fábricas, bancos y grupos económicos capitalistas. Se plantea que las organizaciones obreras tradicionales rompan con la burguesía, y se plantea la cuestión del poder. En Italia, este reclamo tiene actualidad entre los sindicatos en lucha y los movimientos contra la guerra. La orientación de izquierda tradicional, mientras tanto, va a la derecha. Respecto de la izquierda trotskista, el ejemplo más elocuente fue en Francia, en oportunidad de la gran movilización de mayo-junio de 2003 contra la reforma previsional del gobierno Raffarin, con la ausencia de un planteo de caída del gobierno y una perspectiva de poder de los trabajadores. Lo mismo ocurrió en la crisis semirrevolucionaria de abril de 2002, cuando Le Pen obtuvo el segundo lugar electoral. Uno de los países en los que se concentra la crisis es Italia, donde las señales de agotamiento y tendencia al colapso capitalista fueron reveladas por los casos de Fiat, Parmalat y Cirio (y la vulnerabilidad del conjunto de los bancos que las financian). Es muy posible que el gobierno de Silvio Berlusconi caiga antes de las elecciones del 2006 y que sea sustituido por un gobierno de centroizquierda, que incluya al Partido de la Refundación Comunista. El centroizquierda goza hoy del apoyo de la confederación de industriales y de todas las burocracias sindicales. Las grandes patronales y las grandes finanzas le asignan la tarea de reequilibrar la situación a favor de los intereses de conjunto del capital. La lucha del proletariado italiano ha conocido en los últimos meses importantes desarrollos. Los trabajadores del transporte, así como los metalúrgicos, han llevado adelante batallas radicales. Todo esto ha culminado en la espléndida huelga indefinida (extraña desde hace décadas a las tradiciones de lucha en Italia) de 21 días de los trabajadores de la planta de Fiat en Melfi. En Alemania, centenares de miles de personas se movilizan todos los lunes contra la reforma del seguro por desocupación. Se trata de partir de estas formas de lucha para señalar la necesidad de unificar las diferentes luchas y las diferentes reivindicaciones mediante la huelga general indefinida en torno a una plataforma que contenga las reivindicaciones principales de las masas: la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral, la abolición de la flexibilidad, el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarios, un salario social digno para todos los desocupados, la defensa y el mejoramiento del “estado social” y de las jubilaciones, y que reivindique claramente como su objetivo político la expulsión de los gobiernos de turno y el gobierno de las organizaciones de trabajadores y de lucha antiimperialista.

1 de septiembre de 2004
La crisis italiana

La crisis virtual del gobierno de Berlusconi refleja, en su indudable especificidad nacional, la crisis general de la política dominante en Europa, sobre el fondo del estancamiento económico, del retome de la lucha de clases, de las movilizaciones contra la guerra. Crisis capitalista y crisis del “berlusconismo” El gobierno de Berlusconi, constituido en el 2001 bajo la onda del desastre de la larga experiencia del centroizquierda, se ha fundado sobre un bloque social heterogéneo y contradictorio: de un lado la pequeña y mediana empresa, industrial y comercial, del norte de Italia, verdadera base material de Forza Italia, partido del primer ministro; del otro lado, un amplio sector de la pequeña burguesía meridional, de jubilados pobres, de empleados públicos estatales y paraestatales, particularmente concentrados en el sur de Italia y ampliamente representados en ANyUDC. El proyecto de Berlusconi era consolidar un eje privilegiado con la Liga (determinante en los colegios electorales del norte) gracias a una amplia satisfacción de los reclamos liberales, antisindicales y “federalistas” de la pequeña y mediana empresa septentrional; y al mismo tiempo, de salvaguardar la hegemonía sobre amplios estratos del pueblo meridional y de los jubilados gracias a la dádiva de concesiones populistas (aumento de las jubilaciones mínimas, etcétera). Pero la crisis capitalista italiana y europea ha reducido verticalmente el espacio de maniobra del gobierno en cuanto a la distribución de los recursos. Berlusconi había profetizado públicamente un aumento anual del 3 al 4% del PBI durante cinco años consecutivos. El estancamiento europeo, por el contrario, le ha reservado a Italia un crecimiento muy poco superior a cero. En este cuadro, la mediación interna en un bloque social tan contradictorio se ha hecho, día tras día, más difícil. Los contrastes políticos entre la Liga, por una parte, y la AN y UDC, por el otro, se han profundizado progresivamente. El intento de Berlusconi de contornear la parálisis de la coalición con la acentuación de poses populistas y “bonapartistas” en una relación directa con el “pueblo elector” se enfrentaba con la imposibilidad material de hacer frente a las promesas realizadas. Y por lo tanto agravaba el desgaste de la imagen de Berlusconi. El ascenso de la lucha Pero, por sobre todo, el gobierno encontraba dificultades crecientes en el plano de la lucha de clases. A partir de la segunda mitad del 2001, Italia fue atravesada por una consistente reanudación de las movilizaciones de masas. Una movilización de composición diversa marcada por sujetos diversos, pero también con una dinámica de influenciamiento recíproco y propagación: un movimiento antiglobalización de una amplitud única en Europa, a partir de la gran manifestación de Génova del 2001; un movimiento de la clase obrera fuertemente caracterizado por la aparición sobre el terreno de una joven generación de trabajadores capaz de imponentes demostraciones callejeras (febrero de 2002), entre las mayores de la posguerra; un movimiento contra la guerra de Irak de grandes proporciones que en los hechos envolvía a amplios sectores de la clase obrera, de la juventud, y que de algún modo encontraba el sentimiento favorable de la mayoría de la opinión pública. Estos distintos movimientos se caracterizaban progresivamente por un sentimiento común: la aversión al gobierno Berlusconi, el reclamo de su caída. La burocracia sindical y el conjunto de la izquierda italiana, ambos subordinados al centro liberal del Olivo (Prodi-D’Alema), han privado conscientemente a esta ola de movilizaciones de una plataforma reivindicativa unificadora y de un desenlace radical, evitando cuidadosamente una verdadera prueba de fuerza con el propio gobierno en el momento de su impopularidad creciente. Pero, ciertamente, estas movilizaciones han concurrido a reforzar un clima social hostil al gobierno. En este cuadro y bajo el peso de la crisis económica, el llamado “Pacto por Italia” firmado por Berlusconi con los sectores más moderados de la burocracia sindical (CSIL y UIL) con el objeto de marginalizar y aislar a la CGIL, entraba rápidamente en crisis. La ruptura de hecho entre Berlusconi y la CSIL y el fracaso de la línea de hundimiento anti-CGIL concurrían a su vez a ampliar el espacio de iniciativa y movilización de significativos sectores de la clase, favoreciendo la radicalización: la victoria obrera en la Fiat de Melfi después de veinte días de huelga indefinida ha representado, al respecto, un ejemplo central. La clase dominante apunta al Olivo Este desarrollo de la movilización social incidió progresivamente en el distanciamiento progresivo de las clases dominantes frente al gobierno de Berlusconi. Las grandes empresas y los grandes bancos italianos ya no se identificaban más en el recién llegado Berlusconi y en sus negocios privados. Pero, inicialmente, la promesa de una estabilidad política duradera los había orientado hacia un compromiso con Berlusconi en una lógica de control y supervisión de su conducta: la inserción del ministro Ruggero, hombre de la Fiat, en el Ministerio del Exterior respondía exactamente a este fin. Su papel era el de representar al gran capital dentro de una coalición que le era largamente extraña, y al mismo tiempo, garantizar la credibilidad europeísta del gobierno ante el capital financiero y las instituciones de la UE. Este compromiso, sin embargo, tuvo una vida breve. El eje central entre la Liga y Berlusconi en la coalición de gobierno, junto a las presiones antieuropeístas que se derivaban, marginaron al hombre de la Fiat forzándolo a renunciar. A su vez, la ruptura del compromiso entre Berlusconi y la Fiat fue el inicio de un proceso más vasto de reubicación política de los poderes fuertes que hoy llega a su conclusión. La gran empresa, bajo la guía de la Fiat, ha reconquistado la hegemonía en la Confindustria, sustrayéndola a la precedente gestión de un clan de pequeños industriales filo-berlusconianos (D’Amato) e imponiendo un representante directo (Luca di Mon-tezemolo). Bankitalia y el conjunto de los grandes bancos del norte y del centro de Italia (Banca Intesa, Unicredito, San Paolo, Monte del Paschi…) han acentuado su propia orientación anti-berlusconiana y recompuesto una alianza con las grandes empresas industriales, empujados de un lado por su directa implicación en la crisis empresarial de la Fiat y, del otro, por el común rechazo de la pose populista de Berlusconi a favor de los ahorristas en ocasión de la quiebra de Parmalat y Cirio. La Confcommercio, inicialmente gran sostenedora del gobierno, critica a Berlusconi por la fracasada reducción fiscal prometida y, consecuentemente, por “la crisis del consumo”. El conjunto de estas fuerzas se mueven hoy en dirección al Olivo y su alternancia de gobierno, a la que le reclaman: a) una política dictada por los intereses generales del imperialismo italiano, a partir de un fuerte relanzamiento del sostén económico a las grandes empresas financiado con un “nuevo rigor pre-puestario”; b) una política exterior marcada por la prioridad de la integración europea y, en ella, de una lógica de competencia-cogestión con el imperialismo norteamericano; c) la recomposición de la concertación con la CGIL sobre el plano sindical para apagar la mecha de las luchas y favorecer el retorno de la paz social. La elección de Romano Prodi como líder de un futuro gobierno del Olivo es la elección del principal garante de la gran industria y de la banca ante el capital italiano y europeo. Las contradicciones de la alternancia olivista Este diseño de alternancia impulsado por el gran capital encierra fuertes contradicciones. La apuesta de clase de la gran burguesía en una perspectiva de gobierno Prodi está motivada por cuestiones exactamente opuestas a las razones de fondo que han marcado por tres años a la movilización popular contra Berlusconi. En el plano económico-social, el imperialismo italiano tiene la exigencia central de remontar la cuesta de una declinación de competitividad en el mercado mundial en sectores decisivos. Este es el reclamo dominante y obsesivo de la gran prensa burguesa hoy en Italia. Y esta es la razón de la crítica abierta de los grandes burgueses a Berlusconi por su campaña demagógico-electoralista de reducción de los impuestos, en nombre del reclamo alternativo de expansión de la inversión pública en investigación tecnológica, sostén a las exportaciones y desarrollo de la productividad. Pero este programa gran burgués se enfrenta con un nivel excepcional, sin variación en los hechos, de endeudamiento público, y con una crisis presupuestaria estatal agravada en estos años política berlusconiana. Esto significa que su realización exige un costo social ulterior, relevante para los trabajadores y las masas populares, ya gravadas por décadas de sacrificios; y, además, en la fase del despertar de sus luchas y movilizaciones. A los trabajadores que se movilizaron contra la reforma jubilatoria de Berlusconi o en defensa de la salud pública, se les deberá exigir no sólo la salvaguardia de aquella “reforma” sino también, probablemente, un nuevo sacrificio en jubilaciones y salud. A los trabajadores y a los jóvenes que se movilizaron contra la llamada “ley 30”, fuente de precarización salvaje, se les deberá exigir no sólo preservar la sustancia de esa ley, en nombre de la exigencia primaria de la competitividad, sino sufrir el deterioro del propio contrato nacional de trabajo, a favor de la flexibilidad contractual. No por casualidad ya hoy dirigentes de primer plano del centro del Olivo preanuncian estas opciones futuras. Y ya hoy este anuncio suscita escándalo en el pueblo de izquierda y un abierto rechazo en la base militante de sus partidos y de la CGIL. Exigir a los trabajadores que hagan de conejillos a una alternancia patronal enderezada contra ellos no será una tarea fácil ni para los liberales ni para las direcciones burocráticas del movimiento obrero. Lo mismo sobre la política exterior. El imperialismo italiano, en la última década, ha reforzado su exposición económica y militar tanto en los Balcanes como en Medio Oriente. Tanto más, cuanto que en el cuadro de su crisis de competitividad sobre el mercado mundial exige consolidar esta presencia exterior como un precioso factor de contrapeso, capaz de reforzar su papel de negociación en la propia Unión Europea y, a través de la UE, frente al imperialismo norteamericano. Por esto, el gran capital italiano reivindica una gestión multilateral de la política internacional y de la crisis iraquí, como mejor escudo protector de sus propias inversiones e intereses (Ente Nazionali di Idrocarburi, ENI). Paralelamente, apunta a un reforzamiento estratégico de la propia presencia en la industria aeroespacial y en su proceso de concentración internacional (punto de fuerza del polo imperialista de la UE) junto a un neto incremento de los gastos militares, ligado, por otra parte, a la establecida profesionalización del ejército. No por nada el programa de Romano Prodi prevé explícitamente un aumento del presupuesto militar italiano, dentro de la reivindicación de la “potencia europea”. Pero la realización de este programa implica no sólo la paralela reducción posterior de los gastos sociales como fuente de autofinanciamiento, sino también un abierto desafío al sentido común de vastos sectores de trabajadores y de jóvenes que se movilizaron en estos años contra el militarismo italiano y contra la elección neocolonial de Berlusconi. No será fácil exigir a un movimiento marcado por una sensibilidad pacifista, incluso elemental, que sostenga un gobierno del Olivo que mantenga y financie fuerzas militares de ocupación en Irak, en Afganistán y en los Balcanes, incluso en conexión con una victoria de Kerry en los Estados Unidos. Independencia de clase y alternativa socialista Por esto, la consigna de la independencia de clase del movimiento obrero, de los movimientos de lucha de estos años respecto del centro liberal del Olivo, es más actual que nunca. La ruptura con el centro del Olivo no sólo es necesaria para liberar la más amplia y radical movilización contra Berlusconi y producir su caída. Es necesaria para defender la autonomía de la clase obrera con relación al imperialismo italiano y cada uno de sus gobiernos, en función de una perspectiva alternativa anticapitalista y de clase. Esta perspectiva tiene, más que nunca, una validez europea. El objetivo de una “Europa social y de paz” en el ámbito capitalista -tan caro al “Partido de la Izquierda Europea”- es desmentido, día tras día, por la experiencia de los hechos. En todas partes los gobiernos burgueses de centroderecha o de centroizquierda gestionan la política de ataque a las condiciones obreras y populares dentro de la morsa de la crisis capitalista continental. En todas partes, bajo gobiernos de cualquier color, se amplían los gastos militares, se profesionalizan los ejércitos, maduran nuevas ambiciones imperialistas. En todas partes se profundiza la crisis de consenso de la clase dominante europea liberando una reanudación de luchas y movilizaciones, de dinámica desigual y contradictoria, pero marcado por una nueva potencialidad. Sólo una perspectiva anticapitalista y socialista por el poder de los trabajadores y las trabajadoras puede dar una respuesta coherente a esta potencialidad radical. Por esto, Progetto Comunista desarrolla la campaña por un polo autónomo no sólo en el PRC sino también en todos los movimientos de lucha y en sus organizaciones de masas, como bandera de reagrupamiento de una vanguardia obrera y juvenil que no acepta subordinarse a los industriales y banqueros olivistas y a sus intereses coloniales.

1 de septiembre de 2004
Las luchas en Italia

En abril de este año los trabajadores de una de las fábricas más importantes del grupo automovilístico Fiat (la de Melfi, en el sur de Italia, “vidriera” de la flexibilidad, disciplina y bajos salarios) ingresaban en una lucha para equiparar sus condiciones salariales y normativas a las de los otros establecimientos de la Fiat, y con una huelga extendida de 21 días lograron obtener una victoria sustancial. La importancia de esta lucha se puede entender si se toma en cuenta que en Italia la forma de lucha de la huelga prolongada se había dejado de lado desde casi medio siglo atrás. Fue, justamente, entre fines de los años ‘50 y el comienzo de los años ‘60 que la burocracia sindical, incluyendo a su componente de “izquierda”, elaboró una estrategia basada en el concepto de las “huelgas articuladas”, como el único instrumento de lucha sindical. Incluso en el período de crisis social y política del 1968-76, que se desarrolló hasta la existencia de una situación pre-revolucionaria, las grandes luchas por los convenios se basaban en conflictos largos, articulados sobre la base de 20 horas de huelga al mes, acompañados en algunos momentos de huelgas generales de 24 horas, imponentes, pero siempre como expresión de una política de presión y no de confrontación. Sólo nosotros, trotskistas consecuentes -en la época una pequeña minoría-, señalamos la necesidad de desarrollar formas de lucha unitarias y a ultranza. Esto sin negar la validez del uso de luchas articuladas, en particular bajo las formas radicalizadas que asumían en la época, logrando por momentos verdaderos descalabros de la producción e importantes conquistas económicas por parte de los trabajadores, a pesar de la política de contención de la burocracia sindical y la “izquierda”. Demostrábamos, de todas formas, cómo este tipo de luchas limitaban el valor y el impacto político de la movilización de la clase. En todo caso podían alcanzar resultados positivos generales en el terreno reivindicativo, en tanto existían en la época los márgenes económicos para el capital como para permitirle, bajo la presión de la lucha, dar concesiones a la clase obrera. El desarrollo de la crisis económica y social del capitalismo a mediados de los años ‘70 no sólo ha reducido ese margen sino que ha conducido al capital y a sus diversos gobiernos (en Italia, predominantemente de centroizquierda) a desarrollar contraofensivas contra las masas que recuperaron largamente las concesiones de las décadas de la posguerra. Por esto la necesidad de luchas unitarias y a ultranza para derrotar la ofensiva patronal se ha hecho cada vez más evidente. Todavía hoy los únicos que señalan la necesidad de tales formas de lucha han sido los compañeros de Progetto Comunista, contra todas las otras fuerzas y corrientes de la izquierda política y sindical. Ha sido la vanguardia de la clase la que maduró la necesidad de trascender las viejas y tradicionales formas de lucha. Es cierto que en la lucha de la Fiat de Melfi ha habido una presencia significativa de nuestra corriente política (el círculo de fábrica del Partido de la Refundación Comunista, del que formamos parte, y que posee varios delegados sindicales en la CGIL, votó por mayoría nuestras tesis en el pasado congreso del partido y su secretario es militante de nuestra organización), pero sería una operación incorrecta atribuir a nuestra influencia, por supuesto positiva, la opción de miles de trabajadores. Opción que se encuadra en una situación más amplia, en la que la temática de la lucha a ultranza había ya emergido -a fines del 2003- en la lucha de los trabajadores del transporte urbano, que en forma independiente de cualquier organización sindical se lanzaron a la lucha contra un convenio basura. También en este caso nuestra intervención había alcanzado algunos éxitos parciales en situaciones importantes (Venecia, Génova), aunque la dispersión de las categorías en las diversas ciudades y los diferentes niveles de movilización entre ellas no permitieron que la hipótesis de la huelga prolongada se desarrollara realmente, y las movilizaciones se cerraron con una derrota parcial. Derrota que de todas formas no ha impedido que la lucha de los trabajadores del transporte local se muestre como un ejemplo para amplios sectores de la clase y ponga a la orden del día formas de lucha radicales. Estas formas, en otros términos, se expresaron a lo largo de los últimos dos años en las luchas de la categoría más importante de la industria, la metalmecánica. Aquí la patronal renovó el convenio laboral cerrando un acuerdo basura con dos de las tres principales confederaciones sindicales italianas, la CISL (católica) y la UIL (con un lejano origen socialdemócrata de derecha), que la Fiom, el sindicato metalmecánico de la CGIL, dirigido por un sector de la “izquierda” sindical, rechazó firmar. Si bien la Fiom representa la mayoría absoluta de los trabajadores del sector (en Italia existe la pluralidad de organizaciones sindicales en cada lugar de trabajo, con libre adhesión), el convenio basura fue homologado, incluso porque la CSIL y la UIL han rechazado cualquier tipo de referendo entre los trabajadores. La respuesta más adecuada habría debido ser la continuidad de la lucha general por otro convenio. Se trataba, sin dudas, de un camino difícil, debido el nivel desigual de combatitividad de la clase, pero debió haberse intentado. Demasiado “nuevo” y radical para una burocracia, aunque sea de “izquierda”. Así, la Fiom ha desarrollado, a partir de su fuerza puntual en fábricas medianas y grandes, luchas reivindicativas para obtener “pre-convenios”, es decir acuerdos por empresa que “anticipan” un hipotético futuro convenio nacional (en realidad, reivindicando la propuesta de convenio de la Fiom). Con una lucha parcializada, pero coordinada y muy radicalizada, que recordó las formas de lucha de los años ‘70 (duros piquetes, bloqueo de mercaderías, etc.), se alcanzaron centenares de acuerdos positivos, en un cuadro que ha hecho hablar no sólo al gobierno, sino también a la CISL y a exponentes liberales del Olivo, de una emergencia de “orden público”. (Señalamos que la empresa más grande en la que se alcanzó el preconvenio es la Fincantieri, grupo navalmecánico con cerca de 10.000 trabajadores, en la que nuestra organización tiene una presencia significativa, en particular en la planta de Génova; el asunto es tanto más importante por cuanto se trata de un grupo que aún cuenta con participación del Estado, en donde por lo tanto la lucha ha doblegado a los representantes del gobierno.) Los acontecimientos significativos que se operaron en el terreno de la lucha obrera no ocurrieron en un cuadro de aislamiento social; al contrario. En el mismo momento que se desarrollaban la luchas de Melfi, del transporte local y de los metalmecánicos de la Fiom, movilizaciones importantes emergían alrededor de otras cuestiones, desde la lucha contra la guerra imperialista en Irak, hasta aquellas en el terreno ambiental con cortes masivos de rutas y vías. En particular, pocos meses antes de la lucha de Melfi, la región en la que se encuentra, Basilicata, había sido sacudida por una lucha de masas triunfante contra la creación, en la localidad de Scanzano, de un depósito nacional de basura radiactiva, con la movilización de centenares de miles de personas en manifestaciones y cortes de rutas. Por supuesto, esta lucha, en la que participaron muchos trabajadores de Melfi, influyó en el desarrollo de su radicalización. Se procesa una interacción positiva entre sectores y luchas diversas. Aunque con muchas contradicciones (en la mayoría de las categorías de trabajo las burocracias sindicales firmaron, unitariamente, convenios basura sin que se manifestaran reacciones significativas de los trabajadores), el proceso de radicalización del conflicto social en Italia avanza. El problema es darle una perspectiva general y unificadora. Es la batalla que efectivamente llevamos adelante, solos, como AMR Proyecto Comunista. Esto es, alrededor de la reivindicación de la huelga general prolongada sobre un programa que incluya la recomposición salarial, la reducción de la jornada laboral, la abolición de la flexibilidad, la incorporación a planta permanente de los trabajadores precarizados con plenos derechos laborales, un salario social digno para todos los desocupados, la defensa del “Estado social”, y que concluya con la consigna de la expulsión del gobierno antiobrero y antipopular de Berlusconi. Las condiciones objetivas y de potencial disponibilidad de las masas para tal perspectiva están presentes, lo que falta es una dirección consciente, suficientemente fuerte para desarrollar una acción capaz de lograr la realización concreta de esta perspectiva. El problema de la construcción del partido revolucionario y de la conquista de una hegemonía sobre los sectores de masas sigue siendo la cuestión central. La actual batalla de la sección italiana de la Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional va en el sentido de la lucha por la huelga general prolongada y por la independencia de clase respecto del centroizquierda burgués.

1 de septiembre de 2004
Francia: La LCR gira a la derecha después de las elecciones

Después de dos derrotas electorales sucesivas, en las elecciones regionales y en las europeas de marzo y junio del 2004, respectivamente, la Liga Comunista Revolucionaria, la sección francesa de lo que se conoce como “Secretariado Unificado de la IV Internacional” (US-FI), realiza, según parece, un agudo giro hacia la derecha: abandonando su duradera alianza, desde 1999, con la otra organización trotskista francesa, Lutte Ouvriére (Lucha Obrera), la LCR comenzó a renovar sus lazos con sus viejos aliados en el Partido Comunista Francés (PCF) y en los Verdes (Verts) ¡sin negar la posibilidad de “compartir responsabilidades” en la gestión de un futuro gobierno de la izquierda! En el pasado mes de junio, inmediatamente después de la dramática caída desde los tremendos 2.840.607 votos, combinado con Lutte Ouvriére, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2002, a los 440.134 votos para los candidatos de las dos organizaciones en las euro-elecciones del 2004, diversas figuras públicas de la LCR salieron públicamente en apoyo de la nueva orientación. Charles Aguiton, el principal lazo de conexión entre la LCR y los movimientos sociales, particularmente el movimiento “anti global”, declaró: “No deberíamos aparecer más como una fuerza de protesta; más bien deberíamos igualmente presentar una alternativa creíble”. Para dejar en claro lo que decía, agregó: “¿Por qué no participar en una experiencia de gestión común?” (Liberation, 20/6). Samuel Joshua, miembro de la dirección nacional y ex consejero municipal en Marsella, es de la misma opinión: “¿Por qué no?”, dijo aprobadoramente cuando se lo preguntaron. Otros dirigentes de la LCR, como Francois Sabado, por el contrario, se apresuraron a rechazar esta perspectiva calificándola como una participación en un gobierno de colaboración de clases. Sabado, junto con Alain Krivine, fue uno de los arquitectos del bloque electoral con la LO, ahora bajo fuego dentro de la mayoría de la dirección de la LCR. Otro bien conocido dirigente de la LCR, Daniel Bensaid, apoya la idea de compartir “la experiencia de una gestión común” con los partidos de la izquierda oficial, pero encuentra que “el problema es el hegemonismo del Partido Socialista” (Liberation, 20/6). Sin embargo, Bensaid firmó un artículo junto con Joshua, en defensa de la perspectiva “participacionista” (ver “Salir de las contradicciones sobre Europa”, Liberation, 8/7). Respondiendo a los comentaristas que vieron en el análisis de la LCR sobre los desastrosos resultados de su organización en las elecciones europeas de junio de 2004 “un giro histórico hacia la aceptación de responsabilidades institucionales”, Bensaid y Joshua reclaman que no hay nada nuevo en su posición en ese punto y que la LCR siempre promovió “un resultado político para las luchas, incluyendo (una salida) en términos de gobierno (…) En el actual estado de cosas, esta fórmula sigue siendo algebraica” (Liberation, ídem). De hecho, la especificación “aritmética” de la “fórmula algebraica” de la LCR no es difícil de encontrar. Bensaid y Joshua presentan el esbozo general para un acuerdo programático de ‘gestión común’ “sobre un mandato preciso por un cambio radical de política: una defensa activa del empleo y los servicios públicos, una lucha para prohibir los despidos, por la igualdad de derechos; una refundación social y democrática tanto en Europa como en Francia (poniendo en cuestión los fundamentos de la 5“ República); una oposición decisiva al nuevo militarismo imperialista y a las expediciones de guerra neocolonial” (Liberation, ídem). El “contenido aritmético” será concretizado aún más en un Manifiesto que la LCR está preparando para presentar a la discusión pública en la izquierda a comienzos de 2005. Ya el esbozo presentado por Bensaid y Joshua es muy claro respecto de la dirección a seguir: en ningún punto este programa cuasi keynesiano, pacifista y al viejo estilo socialdemócrata desafía el carácter de clase y la base capitalista de la Unión Europea imperialista y de la Francia imperialista. No constituiría un gran problema hacer aceptable a la LCR como valioso flanco de extrema izquierda de la nueva configuración de centroizquierda o “izquierda plural” burguesa, particularmente en la medida en que la crisis de la centroderecha actualmente en el poder en Francia se está profundizando y la clase dominante necesita buscar alternativas, incluso de corto plazo. Ahora resulta claro lo que realmente significan los cambios en los Estatutos de la LCR, en su último Congreso. El repudio abierto de la dictadura del proletariado, lejos de ser un “ajuste” abstracto y un punto teórico de disputa doctrinaria, defendido por “dogmáticos” como los trotskistas de la CRCI, fue la preparación consciente de una acomodación estratégica al orden burgués en su actual etapa de crisis. Los compañeros de ideas de la LCR en Brasil, de Democracia Socialista, sección del Secretariado Unificado, ya tienen puestos ministeriales en el gobierno de Lula y comparten la “experiencia de gestión común” del problema agrario, atacando al Movimiento de los Sin Tierra y compartiendo “responsabilidades institucionales” en los acuerdos del gobierno del PT con el FMI y el imperialismo. En la medida en que la crisis se profundiza en Europa y en Francia, la “vía brasileña” de la traición aparece más y más prometedora para una “extrema izquierda” políticamente en bancarrota.

1 de septiembre de 2004
Togliatti y togliattismo
Hernán Kurfist

Aniversario de lágrimas y colaboracionismo Era el 21 de agosto de 1964 cuando, en Yalta, Palmiro Togliatti, alias Ercole Ercoli, “Alfredo-Madrid-Contreras” (seudónimos usados en España), Mario Correnti (en la Italia de Badoglio), daba el adiós a una existencia perpetuada a través de crímenes contra compañeros y trabajadores y al servicio de un trabajo sistemático en nombre de la contrarrevolución. “Payaso bueno para todos los usos” (la célebre expresión pertenece al compañero Tresso, asesinado en Francia por orden de Cerreti en complicidad con los que estaban por encima de él) ha encarnado, mejor que otros, pero también como la mayoría de los que tomaron el timón del partido después de él, aquella codicia de molde bonapartista a la que no le faltará cierto crescendo de sobrevoltaje oportunista, volteretas y abrazos políticos letales. Togliatti estuvo con Bordiga en los años de Bordiga, con Gramsci en los años de Gramsci, fue colaborador fiel de Bujarin hasta el VI Congreso de la Internacional Comunista, cuando sorprendió al entonces jefe de la Komintern (al cual había utilizado poco tiempo antes -con éxito- para destituir a Zinoviev) arribando a las costas de Stalin y recogiendo esa pesada factura bajo la sigla del “tercer período” (fórmula de Stalin-Thaelmann saturada de aventurerismo y condimentada con la otra aberración del “socialfascismo”). Bujarin, explicará Victor Serge en 1933, contaba en el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista con una mayoría combatida, débil, pero granítica en los números. “¿Cómo ha podido ocurrir la conquista de la Komintern por Stalin? Bujarin fue traicionado. Por Ercoli.” Al margen de este “accidente”, Togliatti escribe: “Bujarin tenía el carácter de un profesorcito presuntuoso e intrigante. Había en él, como en los otros, la madera de la doblez y del traidor” (viene a la mente el cojo que acusa al otro de claudicación). A partir de este episodio, Togliatti llevará puesta, sin abandonarla jamás, la divisa de Stalin: una nueva divisa que untará con sangre de los trabajadores y adornará con los méritos que se le reconocen a los reformistas de hoy y de aquella burguesía italiana a la que pacientemente arrastró fuera del pantano de la posguerra. Apagar el costo de este, su nuevo curso personal, serán sobre todo “los tres”, Blasco, Leonetti y Ravazzoli (los cuales adherirán sucesivamente a la Oposición de Izquierda Internacional), pero es claro que no serán los únicos obstáculos removidos brutalmente y con el arma de la mentira en el camino del definitivo ascenso al poder de Togliatti. Gramsci, por su parte, nada pudo hacer en una fase nodal de la lucha a la nueva necesidad staliniana-toglattiana. Recluido en prisión por los fascistas y por el grupo dirigente del PCI (se recuerda el episodio de la carta que le fue enviada por Grieco, como tantos otros acontecimientos señalados profusamente en el reciente período), en los últimos años se ha hecho luz sobre el origen de su aislamiento, que se acentuó en un momento de batalla campal contra la nueva política de los sepultureros de la revolución. El juez instructor, por ejemplo, glosará en el proceso del compañero sardo: “Honorable Gramsci, usted tiene amigos que ciertamente desean que permanezca un tiempo en la cárcel”; y el propio Stalin denunciará -instrumentalmente- su encarcelamiento prolongado, atribuyéndole la culpa a Togliatti, apenas regresado de la correría española (Ercoli supo, sin embargo, esquivar el riesgo de transformarse en el único chivo expiatorio de esta y otras responsabilidades, dando nuevas garantías de confiabilidad a Stalin). Togliatti no tuvo remordimiento, a pesar de todo, en hacer de Gramsci un héroe, una imagen mítica que invitara a todos a inspirarse. Pero indudablemente no era esta una novedad en la historia de los traidores y de las traiciones del marxismo. Ya Lenin escribía claramente en El Estado y la Revolución, refiriéndose a los revolucionarios: “Después de muertos se intenta convertirlos en íconos, de canonizarlos, por así decir, de ceñir de una cierta aureola de gloria su nombre, una ‘consolación’ y una ‘mistificación’ de las clases oprimidas, mientras se vacía de contenido su doctrina revolucionaria, se embota su filo, se la envilece”. A los fascistas, que dejaron morir de tisis a Gramsci, Togliatti había tenido la manera de presentar un llamamiento afligido en 1936, desde las columnas de Estado Obrero: “Démonos la mano, hijos de la nación italiana. Démonos la mano, fascistas y comunistas, católicos y socialistas, hombres de todas las opiniones”, ¡indicando también como base del recorrido político común el programa santosepulcrista de los fasci de combate mussolinia-nos! Y no rehuyó declararse satisfecho -escribiendo de propia mano, el 25 de agosto, un comunicado de aprobación, en nombre del PCI, sobre el nuevo acuerdo alcanzado- por el nuevo pacto Hitler-Stalin del 23 de agosto de 1939, concretado con el acuerdo Ribentropp-Molotov que sancionó la no agresión entre nazis y soviéticos y con la cual se procedía a la partición de Polonia. A Hitler, personalmente, Stalin entregó miles y miles de comunistas alemanes y austríacos refugiados en la URSS, mientras Ercoli, que ya había estado entre los demiurgos de los sanguinarios procesos de Moscú, en su carácter de secretario de la Komintern, se había dedicado primero a la eliminación de diversos dirigentes del KPD -Partido Comunista de Alemania- (se piensa en Eber-lein, Neumann, Remmele, Kie-penger), después a la de algunos jefes del partido húngaro, como Bela Kun, y del conjunto del grupo del Partido Comunista Polaco (lo ha contado Renato Mieli, ex dirigente de la sección exterior del PCI, en su libro Togliatti 1937). Desde ese entonces, en España (seguimos en 1937), Togliatti será comisario político del Partido Comunista local bajo el mandato de Stalin. Trotsky, en las Lecciones de España, evidencia la necesidad de parte del oportunismo termidoriano de contar con comisarios, células, hombres sin escrúpulos dispuestos a defender la propiedad burguesa y a sofocar la revolución en la tierra española, para garantizar por esta vía un pasaje progresivo del poder hacia Franco. Togliatti es el hombre indicado para llevar adelante esta tarea. Llevarán su firma la represión de los anarquistas en Barcelona y en Bilbao, la liquidación del POUM, el asesinato de Andrés Nin y Camilo Berneri. Arrestado en Francia al comienzo de la guerra, tendrá la “suerte” de evadirse de la cárcel y de instalarse rápidamente en un refugio parisino, gracias a las ingentes sumas de dinero gastadas por la Komintern. Volverá a Italia en 1944, bajo consejo y observación de la burocracia moscovita, dando vida al “viraje de Palermo”, primera etapa de la “vía italiana al socialismo” lanzada en el VIII Congreso del PCI. Hay quienes han visto en estos últimos pasajes históricos un alejamiento de Togliatti respecto de Stalin, cuando no el yin y el yan que permitirían luego al PCI mantener de manera durable “otra” ruta respecto de los académicos rusos. ¡Nada más falso! Casi religiosamente, el PCI, que también veía en la Italia de la posguerra un suculento bocado para la satisfacción de sus propios apetitos nacionales, seguía a la letra las disposiciones de Stalin. Incluso antes de que la Komintern fuese disuelta (1943), Stalin y Dimitrov, intentando consolidar la posición de los comunistas al interior de los aparatos imperialistas europeos, intentando alejar los reflectores de Europa y del mundo sobre las tensiones en Rusia, escribían: “Es necesario transformar a los partidos comunistas en totalmente autónomos y no secciones de la Internacional Comunista. Deben transformarse en partidos comunistas nacionales con diversas denominaciones. El nombre no es importante… deben basarse en un análisis marxista, pero no con la mirada vuelta hacia Moscú: que resuelvan autónomamente las tareas concretas” (Stalin, 20 de abril de 1941). “Es necesario desarrollar la idea de un sano nacionalismo: en su fase actual es necesario que los partidos comunistas se desarrollen como partidos nacionales autónomos” (Dimitrov, 12 mayo de 1941). Estas, pues, son las chispas, incluso de fuegos de artificio póstumos que desembocaron en el compromiso histórico y en el eurocomunismo de berlingueriana memoria. Togliatti se convertirá, mientras tanto, en ministro sin cartera con Badoglio y bajo el primer gobierno de Bonomi; en seguida, en ministro de Justicia con Parri y De Gasperi. Su servicio a la burguesía (como libretista para los comunistas actores de un pacto de gobierno con los poderes fuertes) es magistral: la correspondencia Churchill-Mussolini, sustraída al Duce por los guerrilleros y desconocida en Italia, alcanzará Gran Bretaña sin retornar jamás a nuestro país; la amnistía a los fascistas y el ocultamiento del elenco de los colaboradores de la Ovvra (servicio secreto) serán otros dos productos ejemplares de su oscura actividad de gobierno (el fascista Marchesi, además, se convertirá en su precioso colaborador); el código Rocco permanecerá como una bisagra de la nueva organización judicial. Togliatti participa activamente en la redacción de la Constitución italiana, sólido himno a la propiedad privada, votando a favor del artículo 7, fruto de los Pactos Lateranenses establecidos entre Mussolini y Pío XI (voto acompañado de la infausta previsión: “¡Este voto asegura un puesto en el gobierno por los próximos veinte años!”). Muerto Stalin en 1953 (“nuestro mayor amigo”, escribirá Berlinguer, secretario de la FGCI, designado como jefe de la Federación Mundial de la Juventud Democrática por Stalin), Togliatti, “el hombre que, en la escuela de Stalin, más ha hecho por la liberación nacional y social de nuestro país” (así rezaba el comunicado del PCI del 7 de marzo), se opondrá hasta el día de su colapso cerebral a cualquier intento, por tímido y engañoso que fuere, de poner en discusión el “culto a la personalidad” y sus criminales consecuencias. Los gritos de indignación, el intermedio político que se abrirá con Kruschov, que no le impedirán sostenerlo en la represión de la lucha húngara (“un golpe fascista y reaccionario”, para L’Unitá) y en el ahorcamiento de Nagy, son un testimonio vivo. En los siguientes términos comentó en Rusia el informe al XX Congreso (cuyos contenidos antistalinistas serán luego denunciados como “inexistentes, voces cautivas de la prensa reaccionaria’” incluso un hombre como Ingrao (que aún no se había pasado a la no violencia), reclamado por Scoccimarro, Bufalini y Cacciapuoti, deseosos de una clarificación en la materia: “No hay nada. Trapos sucios, habladurías”, y una vez en Italia agregó: “La línea del Partido fue justa antes de la guerra, en la guerra, después de la guerra”. En 1958, tomando el verdadero nervio de la “nueva fase”, replicó: “La desestalinización es una de esas palabras que sirven para instruir a los tontos. Es decir, para crear nociones que no se corresponden en nada con la realidad”. Esta, en extrema síntesis, es la historia de la vida y de los horrores de Ercoli; la historia abyecta es todavía más densa en páginas oscuras respecto de las cuales apenas se ha escrito. Pero no iremos más allá en las inferencias, ni a desenterrar otros acontecimientos desagradables para el movimiento obrero: el “Maestro” está muerto, así como están muriendo tantas falsas convicciones construidas sobre su persona. Si hay algo que todavía debe ser enterrado es el togliattismo, junto con sus sedimentaciones cotidianas. Retomando las que fueron las coordinadas dictadas en su tiempo por Togliatti (el poder es todo, el cambio no es nada, podríamos decir parafraseando a Bernstein), el Partido de la Refundación Comunista se apresta a gobernar con los representantes de la burguesía, sometiendo los intereses de los trabajadores, la potencialidad de la lucha de los movimientos de masas y de las nuevas generaciones a favor del Olivo, los Prodi, los D’Alema y los Montezemolo. ¡Si queremos terminar con Togliatti y el stalinismo, es con esta tradición y aproximación a los hechos, con estos viejos y nuevos compromisos, por dinámicos que sean, que nosotros, afiliados del PRC, militantes de los movimientos y partidarios de un “otro mundo”, debemos saldar cuentas!

1 de septiembre de 2004
Bolivia, después del referendo

La etapa abierta por la rebelión de octubre de 2003 no está cerrada Cómo caracterizar la publicitada victoria de Mesa en el referendo del pasado 18 de julio, con el 80% de los votos por el “sí” a la propuesta oficial? Es cierto que si se suman los votos negativos, blancos y nulos más la abstención, ese 80% queda reducido a menos de 30% del padrón electoral. No es menos cierto que para obtener ese resultado hay que contabilizar además el fraude. “No hubo ningún control ni verificación de los resultados librados a la suerte y decisión de los jurados (presidentes de mesa) (…) los votos cruzados (voto diferente en cada una de las respuestas) y la palabra ‘nacionalización’ no fueron registrados; muchos nulos se habilitaron para el sí” (La Jornada, 19/7). De todos modos, hay que registrar que las acciones de boicot convocadas por la COB, por la Central campesina de Felipe Quispe o por las Juntas Vecinales del Alto se disolvieron sin pena ni gloria. Algunos de sus dirigentes más relevantes, como Roberto de la Cruz, de la COB de El Alto, concurrieron a votar. El referendo coronó un enorme operativo dirigido a contener y encuadrar el levantamiento popular y la huelga general que culminaron con la salida del presidente Sánchez de Losada en 2003. Es con este objetivo que asumió entonces a las apuradas el entonces vicepresidente Mesa, con el apoyo del imperialismo y la intervención directa de los gobiernos argentino y brasileño. Por eso mismo el significado de la pregunta clave del referendo sobre la necesidad de “recuperar” el control “nacional” del combustible lo dejó perfectamente claro Mesa ante los petroleros de Santa Cruz: “La visión de la nacionalización entendida como expropiación o confiscación de la propiedad de las empresas no va; quien responda ‘sí’ a la primera pregunta del referéndum sabe que no iremos a la nacionalización. Esto es claro e inequívoco” (Econoticias, 9/7). A favor del referendo para “legitimar” al gobierno se armó un enorme frente político, desde el MAS de Evo Morales hasta el Departamento de Estado yanqui. Las centrales empresarias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz llamaron al pueblo a votar. También la Iglesia Católica, la mayoría de la prensa y, claro, los partidos oficiales. El papel central en este operativo internacional, sin embargo, lo jugaron dos gobiernos vecinos. Kirchner, por pedido directo de Bush (según el diario La Nación, por solicitud de las petroleras Repsol y Techint), acordó la compra del gas boliviano que, triangulación mediante, llega a Chile. Esa compra, según los diarios bolivianos, fue “un salvavidas” para Mesa. Lula, para impulsar el “éxito” del referendo, “condonó” a Bolivia una deuda de 52 millones de dólares, prometió créditos por 600 millones y viajó a la frontera para promocionar un futuro “polo petroquímico” en el que, además de Petrobras, participarían varias empresas privadas. En el acto, Lula no se privó de respaldar el referendo. Petrobras es, después de Repsol, uno de los principales beneficiarios de la entrega del gas y el petróleo bolivianos. Controla la sexta parte de todas las reservas de gas y petróleo, y recibió mega-campos gasíferos como el de San Alberto, con una rebaja tributaria del 32%. El resultado electoral del 18 de julio tradujo también los problemas políticos que afectaron al campo de organizaciones opuestas al gobierno y que proclamaron el boicot al referendo. Algo que puso de relieve la “Declaración del Encuentro de Movimientos Sociales” realizado en Cochabamba el 28 de mayo, que caracterizó al referendo como “una demanda de la sociedad civil y una conquista social impuesta por los movimientos sociales en octubre de 2002” (Eco-noticias, 30/5). El Encuentro planteó la “nacionalización”, entendida como “la anulación, resolución o conversión de todos los contratos suscriptos con las empresas privadas” (ídem). Es decir que admitía nuevos contratos incluso antes de anular los existentes. Un planteo que mostró que una parte de la oposición estuvo buscando un arreglo con el gobierno, presionando “el cambio de las preguntas” y convirtiendo el boicot en una suerte de recurso discursivo derrotista. La COB no planteó el boicot a las elecciones en el terreno de la organización práctica y como parte de un programa obrero contra el gobierno de Mesa. Los compañeros de la sección boliviana de la Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional informan que la COB interpretaba como boicot todo rechazo al referendo, sea éste con la abstención o el votar nulo o blanco (del mismo modo que el POR lorista). Días antes del referendo, los sindicatos que apoyan a la COB estaban cerrados y no se sabía el paradero de sus dirigentes. El propio Solares -su máximo dirigente- se tomó vacaciones. De conjunto, Mesa ha logrado evitar un colapso. Su autoridad para cerrar la crisis deberá ser verificada en los próximos acontecimientos.. Los medios ya anuncian que se avecinan graves conflictos en el Parlamento, cuando Mesa intente convertir en una nueva ley los resultados del referendo. El propio triunfo del frente patronal replanteará confictos entre las petroleras, el gobierno y los componentes heterogéneos del frente que los sostiene. Pero, por sobre todo, para continuar con su política de entrega, Mesa deberá enfrentarse a los explotados. Las consecuencias de la rebelión obrera y campesina de octubre pasado plantean una nueva etapa de la lucha de clases que no ha sido cerrada.

1 de septiembre de 2004
Venezuela, una victoria de las masas

El referendo del 15 de agosto pasado en Venezuela fue testimonio de una movilización de masas extraordinaria. La inédita afluencia de votantes (92% del padrón) expresó la inscripción masiva en los registros electorales de las franjas más explotadas de la población. El aluvión de votos de los explotados ahogó en el nido la tentativa de cuestionar la transparencia y validez del comicio, algo que habría provocado un levantamiento popular. Desmoralización, viraje Las evidencias de una victoria clara de Chávez ya estaban presentes varias semanas antes de los comicios. Aunque el reconocimiento, por parte del gobierno, de las firmas reunidas por los gorilas abrieron una peligrosa crisis en el chavismo, el proceso de obtención de esas firmas había sido realmente penoso para la oposición. Una evidencia de esto saltó, en definitiva, en los comicios del 15 de agosto, donde la oposición obtuvo apenas doscientos mil votos más que las firmas recogidas. La desmoralización de la oposición gorila se expresó en medio de la propia campaña electoral, cuando sectores de la burguesía y del propio movimiento “escuálido” se retiraron de la coalición opositora (por ejemplo, Fedecámaras). Este desbarranque gorila se produjo en el marco de un viraje del imperialismo respecto del proceso político en Venezuela. Ya con algunas semanas de antelación al comicio, los voceros de los monopolios petroleros internacionales abogaban por una victoria clara de Chávez, la cual, decían, “pondría fin a la inestabilidad política en Venezuela”. El giro del imperialismo no se explica solamente por el temor que inspiraba la movilización popular en apoyo de Chávez, sino también por la propia impasse de su política mundial. Mientras se desarrollaba la crisis venezolana, se venía abajo un vasto operativo dirigido a inundar al mundo de petróleo y derrumbar su precio, mediante la presión para que las naciones productoras privatizaran sus reservas y empresas petroleras y desregularan la inversión extranjera. El empantanamiento de la escalada imperialista en Irak y la crisis desatada en las filas de los gerentes restauracionistas rusos en torno de la petrolera Yukos fueron la expresión más manifiesta de este fracaso del imperialismo. Nacionalismo petrolero El nacionalismo de Chávez tiene como eje una redistribución de la renta petrolera que era evadida por PDVSA a cuentas bancarias en el exterior en beneficio del Tesoro venezolano. Chávez ha frenado el vaciamiento de la empresa estatal de petróleo (PDVSA) (también interrumpió su política de endeudamiento contra las reservas petroleras). Pero, en particular, en los últimos meses, reforzó lo que se conoce como la “apertura petrolera”, o sea las asociaciones y contratos con los pulpos del sector (tanto en extracción como refinación). En medio del proceso electoral, el chavismo cerró importantes acuerdos para la exploración y extracción de petróleo y gas, entre ellos, con Chevron Texaco para procesar el crudo de la franja del Orinoco. El eje “programático” de la campaña electoral de los escuálidos fue, por el contrario, la privatización petrolera (completa libertad de acción para PDVSA y retornó a las ‘escuálidas’ regalías anteriores a Chávez). La posibilidad de esta política de asociaciones de contratos está, sin embargo, fuertemente atada a la persistencia de precios altos en el mercado internacional. Pero incluso un mercado alcista puede producir contradicciones, como un alza de las tasas de interés y una recesión mundial. La crisis mundial condiciona la política de nacionalismo petrolero fiscal. La política chavista no plantea una reorganización del país sobre nuevas bases sociales, sino un reparto capitalista diferente (y objetivamente transitorio) de dicha renta. Es significativo en este sentido que, al calor de la “apertura petrolera”, esté abogando por la subordinación de PVDSA al Consejo de Seguridad nacional. Revolución latinoamericana La derrota del gorilismo ‘escuálido’ forma parte de un período que arranca del caracazo de 1989, el cual se manifiesta en toda América Latina. El chavismo, al igual que Kirchner, Lula o el ecuatoriano Gutiérrez, emergen en un cuadro de desplome de los partidos tradicionales, bancarrota imperialista y levantamientos populares son la obligada manifiestación de un cambio de parte de la burguesía nacional (e incluso el imperialismo) ante la catástrofe. El paralelismo de clase no obsta, sin embargo, para trazar una diferencia importante de grado entre el proceso chavista y el resto. Chávez emergió como líder popular al frente de la insurrección popular de 1992. Desde entonces, los “piqueteros” venezolanos -las franjas más activas y explotadas de la clase obrera de ese país-constituyen su base de apoyo, a la que recurre en sus choques con el imperialismo, dentro de los límites que le impone su condición de defensor del Estado capitalista. El nacionalismo de Kirchner opera, en cambio, dentro de su necesidad de maniobrar frente al pueblo que protagonizó el Argentinazo. Por lo demás, a Kirchner lo caracteriza el ataque político e incluso represivo contra el movimiento piquetero. La misma impostura aparece en el parangón que los izquierdistas pretenden trazar entre Chávez y Lula. Los Lula y los Kirchner siguen una política de contención del proceso venezolano, con los métodos de la llamada “diplomacia continental”. Este es el papel que jugaron Kirchner y Lula en Bolivia, a favor del salvataje de Mesa, o en Haití, concurriendo con el envío de tropas. Organizar a la vanguardia obrera La victoria electoral ha quebrado a la oposición gorila y dado a Chávez una mayor capacidad de arbitraje entre las masas y el imperialismo. Pero este resultado ha trasladado el eje de la crisis política del país al interior del propio chavismo. Estos síntomas de crisis ya se habían expresado durante la propia campaña del referendo, cuando el comando electoral oficialista debió ser disuelto en medio de acusaciones de pasividad frente a la campaña de la derecha y, en particular, por haber reconocido como válidas las firmas que la oposición no había logrado reunir. La situación que emerge del referendo es de desintegración de la derecha proimperialista y de mejores condiciones para una ofensiva popular. Estas condiciones desafían aún más la responsabilidad política del clasismo obrero, que tiene una importante presencia en Venezuela, por ejemplo, en Valencia y en Puerto La Cruz y también en el Estado de Bolívar y Caracas: ocupar las empresas que sabotean la economía y despiden trabajadores, para ponerlas a funcionar bajo control obrero: establecer el control obrero de PDVSA; reclamar la constitución de un Consejo Económico con mayoría obrera, responsable ante un congreso de bases de todos los trabajadores y explotados del país. La lucha por esta perspectiva exige de una delimitación implacable del chavismo y de sus límites insuperables, para que las masas venezolanas no culminen esta extraordinaria experiencia política atrapadas en otro fracaso del nacionalismo burgués. A la política del seguidismo a Chávez, le oponemos la construcción de un partido obrero independiente de la burguesía, que luche por la Unidad Socialista de América Latina. El objetivo estratégico es emancipar a las masas y al proceso político mismo de la dirección del chavismo, lo cual comporta una estrategia política definida. Es necesario partir de que los problemas de la lucha de clases en Venezuela y las necesidades de las masas superan incluso los objetivos chavistas más radicales, como sería el de poner en marcha (¡de una vez!) la reforma agraria con el latifundio ocioso. En Venezuela está en desarrollo una enorme lucha por el control de los lugares de trabajo (despidos, flexibilidad, lock-out), que plantea objetivamente el control y la gestión obreras -anatemas para el nacionalismo burgués. Se desprende, entonces, la necesidad de delimitarse del chavismo, señalar sus límites de clase y elaborar un programa de transición que encarne los problemas de las masas y las movilice a la revolución social.

1 de septiembre de 2004
¿Adónde va el “nuevo partido”?
Consejo Editorial del Partido Causa Operaria

“Socialismo e Liberdade” en Brasil El día 19 de enero de este año se realizó en Río de Janeiro, una reunión que definió, por primera vez, alguna cosa clara sobre el nuevo partido (PSOL). En esta reunión, los parlamentarios excluidos del PT, Heloísa Helena, Joao Batista (“Babá”), Luciana Genro y Joao Fontes, juntamente con otras personalidades petistas, tomaron la decisión de encaminar la construcción de un nuevo partido y publicaron una declaración de principios. El primer hecho, que sirve como base para una caracterización objetiva del llamado nuevo partido, es que el partido nace dividido en dos. De un lado, está el PSTU, que alega haber sido excluido de las discusiones que dieron origen a la declaración publicada después de la reunión y, por otro lado, los parlamentarios salidos del PT y otros grupos políticos, algunos de los cuales, como uno recién surgido, “Socialismo e Liberdade”, rompieron recientemente con el propio PSTU. El propio PSTU había introducido el método de las exclusiones en la formación del “nuevo partido”, como cuando años atrás, en la creación del propio PSTU, varios grupos fueron excluidos. Esta ruptura, particularmente por su forma, comienza como una burocracia que toma decisiones en nombre de las personas que irán a formar el movimiento. Una de sus definiciones estratégicas es la siguiente: “(…) tenemos el derecho -para no decir la obligación- de construir una alternativa partidaria, capaz de ocupar el espacio abandonado” (itálicas nuestras). Esta formulación deja claro que pretende recomponer el PT de 2001 en oposición al PT que ganó las elecciones del 2002. Para el nuevo partido, la tarea es defender el PT que participó en las elecciones, pero no el PT que gobierna. “No aceptan, dice, que esa victoria se transforme en un episodio más de frustración del pueblo brasileño” (íbidem). ¡La “victoria” es la elección de Lula juntamente con el Partido Liberal, apoyado por toda la burguesía, en particular los grandes bancos nacionales e internacionales! El programa que presentan confirma cabalmente esta idea. Aparte de una u otra frase puramente decorativa sobre la “independencia de los trabajadores ante la burguesía”, el programa esbozado en el documento es el mismo programa vacío de contenido que caracterizó al PT: “contra el modelo neoliberal y el gobierno que lo aplica”, “defensa de las reivindicaciones y las banderas de la clase trabajadora”, “profundo respeto a las minorías y al derecho de opinión”, “justicia social”, etcétera. Lo más característico del rumbo asumido por el nuevo partido es su estrategia política, que propone la “absoluta incompatibilidad (…) de la radicalización del proceso democrático (…) con el capitalismo” y la lucha por un “socialismo con democracia”. Así, el socialismo vendría como el resultado de la expansión (radicalización) de la “democracia”. La lucha por el socialismo sería, por lo tanto, la defensa y la profundización de la democracia burguesa, o sea del Estado capitalista y del régimen político burgués. De allí que no sea de extrañar que el documento siquiera haga mención a la lucha por un gobierno obrero, o sea, la dictadura del proletariado y la revolución socialista. El “socialismo con libertad” es una propuesta que ya se tornó tradicional y sirve para oponer la democracia burguesa a la lucha efectiva y revolucionaria por el poder de la clase obrera. Opone la democracia abstracta a la lucha revolucionaria de la clase obrera, que termina, como siempre ocurrió, oponiendo la democracia burguesa y capitalista a la lucha socialista de los obreros. Dice explícitamente el texto: “no existe transición para un modelo democratizante cuando la dinámica aplicada se fundamenta en paradigmas de un monetarismo ortodoxo y conservador” (íbidem). La crítica al capitalismo es sustituida por la denuncia del monetarismo, con lo cual la “radicalización de la democracia” es postulada como la superestructura de un capitalismo no gobernado por el monetarismo (sea lo que fuere que esto signifique). No es casual que el documento critique a numerosos partidos, pero no al PDT, partido burgués (del fallecido caudillo nacionalista Brizzola), que seguramente será incluido en las alianzas del nuevo partido “contra el modelo neoliberal” y en la lucha por el “socialismo con democracia (¿o libertad?)”. No es casual que apoyen el “nuevo partido” personalidades cuyos nombres valen más que mil programas, como Carlos Nelson Coutinho y Leandro Konder, los cuales estuvieron siempre, desde un punto de vista ideológico, en la extrema derecha de toda la izquierda nacional, desde que salieron del ultra-oportunista PCB en la década del ’70, donde formaban el ala llamada “eurocomunista”. Esta concepción queda absolutamente clara cuando dicen que “creemos en la lucha de la clase trabajadora como un instrumento privilegiado” (íbidem). No se trata, entonces, de la lucha de clases, sino de “un instrumento” para una política. No hay distinción alguna entre este planteo y la política de “movilización del pueblo” propio del nacionalismo y de los partidos pequeño-burgueses democráticos como “instrumento” de una política burguesa. El documento termina con el deseo de que el nuevo partido quede “libre de cualquier doctrinarismo y espíritu de secta”, lo que suena extraño cuando el punto de partida es la exclusión de los disidentes de opinión. Es necesario en Brasil un programa socialista y revolucionario, cuyo principio fundamental debe ser la expropiación de la burguesía y la forma política necesaria para realizar esta transformación histórica: la dictadura del proletariado.

1 de septiembre de 2004
Lula y el PT quieren desarmar a los trabajadores rurales para defender la propiedad privada
Consejo Editorial del Partido Causa Operaria

Gobierno de latifundistas Los trabajadores del campo dependen solamente de la tierra para obtener sus medios de subsistencia; sin embargo, el gobierno Lula, al mando de los grandes latifundistas, no permitirá que estos trabajadores defiendan su único medio de subsistencia. 28 de agosto de 2004 El último viernes la Auditoría Agraria divulgó un nuevo récord de ocupaciones de tierra, preocupando al gobierno con los conflictos en el campo entre trabajadores rurales y latifundistas. Ante esta situación, el gobierno anunció que promoverá un “desarme general” en el campo a partir del 2005. El Auditor Agrario nacional, Gercino José da Silva Filho, informó que el armamento en el campo es el principal motivo de conflictos y muertes, declarando que “la situación preocupa muchísimo al gobierno federal”. Los primeros estados que serán desarmados serán Pará, Mato Grosso, Rondonia, Bahia y Paraná. Antes de fin de año, será lanzado por decreto presidencial el “Plan Nacional de Combate a la Violencia en el Campo”. Uno de los últimos conflictos registrados sucedió el martes pasado, en Camafari, Bahia, donde un enfrentamiento entre matones contratados por los latifundistas de la hacienda Monte Cristo y los sin tierra, dejó 60 heridos y 72 miembros de la seguridad presos, aunque liberados un día después. El delegado Tadeu Caldas Viana Braga, que investiga este caso, es pariente de los latifundistas que tuvieron ocupadas sus tierras. Para él, la represión fue absolutamente necesaria pues se usó la “fuerza indispensable” para intentar expulsar a los 350 trabajadores que necesitaban la tierra para sobrevivir. Además de eso, el delegado declaró también que apenas ejerció la ley civil que autoriza a un propietario de tierras a defender la propiedad privada con el uso de toda la brutalidad de la que dispone. La Auditoría Agraria nacional divulgó también que el número de ocupaciones entre los meses de enero y julio de este año aumentó en 60%, comparado con el año pasado, siendo que en 2003 se registraron 160 ocupaciones y este año 255. Sólo en el mes de abril hubo 109 ocupaciones. Apenas en los primeros siete meses del año, las 255 ocupaciones superaron el total de las ocupaciones registradas en los años de 2000, 2001, 2002 y 2003, que fueron 236, 158, 103 y 222 respectivamente. Con respecto al número de muertes en el campo, en 2003 fueron registrados 42 casos de asesinato, mientras que hasta este semestre se habían contabilizado sólo seis casos. En realidad, el número de muertes en el campo es más bajo este año, pues tiende a cerrar con un número inferior al del año pasado, se da por el hecho de la contradicción fundamental de intereses representados por el gobierno Lula, completamente presionado por los trabajadores y por los grandes hacendados, empresarios y banqueros. La promesa de reforma agraria no pasa de una demagogia para disfrazar los verdaderos intereses de la burguesía detrás del gobierno del PT, que se preocupa solamente por el desarme de los trabajadores rurales y la protección de los hacendados, que tendrán el derecho a defender la propiedad privada garantizada por el gobierno de frente popular con sus armas y todo tipo de represión contra los trabajadores.

1 de septiembre de 2004
Declinación capitalista, Estado nacional y Estado de emergencia

La dramática afirmación formulada por Walter Benjamin en sus Theses on the Concept of History (Tesis sobre el concepto de la historia) de 1940, durante las horas más oscuras del siglo XX, es ahora, luego del 11/9, más actual que nunca: el “Estado de emergencia” -la suspensión temporaria de la ley dentro del propio orden judicial- se ha hecho más la regla que la excepción, una emergencia. Como la “guerra contra el terrorismo” lanzada por el gobierno de Bush y su “Coalición de voluntarios” no conoce límites en el tiempo ni en el espacio y se vuelve permanente, lo mismo ocurre con la dimensión interna de esa guerra: las medidas de seguridad de emergencia toman la forma de una paranoia permanente del Estado y una pesadilla permanente para sus ciudadanos y viajeros en los propios Estados Unidos y en la Unión Europea. Este ataque sistemático contra los derechos civiles y contra los derechos democráticos es incesante y creciente: La Ley Patriótica II sigue a la Ley Patriótica I en los EE.UU.; la nueva legislación antiterrorista más draconiana sigue a la anterior en Gran Bretaña y en todos los países de la UE; la UE ha firmado en junio de 2003 un tratado de extradición con los EE.UU. -donde está vigente la pena de muerte, en contraste con Europa- de todos los sospechosos, juzgados, sentenciados o aun encontrados inocentes por delitos contra los intereses de los EE.UU.; en Grecia (…) (en) el juicio por un tribunal especial, bajo una ley de emergencia, de los acusados de ser “terroristas” del grupo “17 de Noviembre” (…) La presidenta del juzgado, Brilli, ha dicho (provocando un alboroto y el retiro en masa de todos los abogados de la defensa) que “la ley contra el terrorismo puede ir más allá de los límites de la Constitución” -¡la ley suprema de la nación!-. El fiscal Lambrou formuló un planteo similar: “Debido a la situación de emergencia, la brigada antiterrorista y la policía pueden actuar más allá de los límites de la ley”. Esta es la definición exacta del estado de emergencia ofrecida por Carl Schmitt, el filósofo jurídico conservador de la contrarrevolución católica y más tarde del nazismo: la suspensión de la ley por la ley. El campo de concentración y centro de torturas de Guantánamo es emblemático para el estado de emergencia de nuevo estilo que emerge en la primera parte del siglo XXI como modo permanente de gobierno en los principales países capitalistas. Como se reconoce abiertamente, Guantánamo es realmente un “agujero negro” legal, una zona de anomía, un área fuera de la ley y fuera de la jurisdicción de los tribunales de los EE.UU. (o de la ley internacional), donde no se cumple ninguna disposición legal del sistema jurídico y del orden constitucional norteamericano y los “detenidos” no son considerados ni como prisioneros de guerra ni siquiera como criminales comunes; están encarcelados indefinidamente, interrogados diariamente, torturados indefinidamente. (…) ¿Quién decide el estado de emergencia? Según el planteo famoso de Schmitt, el soberano lo decide. Hoy esto significa, ante todo, la soberanía imperial de los Estados Unidos de América. (…) Aparentemente la santidad e inviolabilidad de los principios de la soberanía nacional no se aplican a los otros Estados-nación, particularmente en las naciones oprimidas, si “están involucrados los intereses vitales de los EE.UU.”. William Cohen, ex secretario de Defensa del gobierno de Clinton, había presentado una lista con los intereses vitales que podían hacer necesaria la intervención de los EE.UU. en el extranjero: “Garantizar acceso irrestricto a los mercados, suministros de energía y recursos estratégicos clave” y todo lo que se determine como de interés vital “según jurisdicción doméstica”. (…) En general, una nueva sub-categoría de Estados-nación ha sido descubierta por los gobiernos norteamericanos: los Estados fuera de la ley, o Estados rebeldes, o Estados parias, cuya soberanía es irrelevante. Y ¿cuáles son los Estados rebeldes? Robert S. Litwak, del Centro Woodrow Wilson y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Clinton, dio una definición precisa: “Un Estado rebelde es aquél que es señalado como tal por los Estados Unidoá’ (R.S. Litwak, Rogue States and U.S. Foreign Policy, John Hopkins University Press, 2000). Esto es el eco de la definición de soberanía de Schmitt con relación al estado de emergencia. No expresa solamente la arbitrariedad de un Estado nacional imperialista (…) es el principio de soberanía nacional como tal el que está en crisis. El jefe del Comando Central de los EE.UU., general John Abizaid, luego de la experiencia de Irak, consciente o inconscientemente ha reconocido que “la amenaza terrorista no conoce fronteras, y cuando nosotros operamos solamente en base al Estado-nación no seremos capaces de llegar al corazón del problema terrorista, que es trasnacional’ (Stratfor, Geopolitical Diary, 17/2). 2 El ‘estado de emergencia’ permanente conectado con la ‘guerra contra el terrorismo’ no es una interrupción temporaria de las condiciones normales ni un conjunto de medidas de seguridad vinculadas a los riesgos conjeturados de seguridad que enfrenta el Estado-nación, particularmente en Occidente; es una manifestación de la época de declinación histórica del Estado-nación y del propio sistema capitalista. Responsable por eso no es ni lo que actualmente está de moda llamar “globalización” ni el “Imperio” pos-imperialista de Tony Negri, que proclama que el Estado-nación ya ha desaparecido. La internacionalización de la vida económica bajo el capitalismo tiene una larga historia, y una primera fase de globalización se completó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se originó la crisis del Estado-nación. Es digno de atención que debates ideológicos cruciales, después del colapso de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría -sobre la globalización y el Estado-nación, sobre democracia y derechos humanos, sobre el estado de emergencia- surgieron por primera vez con la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre de 1917 y la erupción violenta de una época de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones que englobaron a Europa -Alemania en particular-, y al mundo entero. Lenin había subrayado que el imperialismo no era simplemente una política brutal de expansión, anexiones y colonización, sino una época histórica específica del desarrollo económico social, “el estadio superior y último del capitalismo”, según su famosa definición; la época de la declinación capitalista y la transición mundial al comunismo. Trotsky basó su reelaboración de la teoría de la revolución permanente precisamente en el cambio de la naturaleza histórica de la época, en el establecimiento del carácter mundial de la división del trabajo, de las fuerzas productivas modernas, en la aparición de una economía y mercado mundiales y, consecuentemente, de la política y cultura mundiales, chocando ahora con el marco demasiado estrecho del Estado-nación, que inicialmente había dado un impulso poderoso al desarrollo del capitalismo. “El imperialismo”, dice el Manifiesto del Segundo Congreso de la Internacional Comunista, escrito por Trotsky, “consiste en la superación de los marcos nacionales, aun los de los principales Estados”. El Estado-nación no fue abolido entonces ni tampoco en la segunda fase de la globalización, con la expansión de capital durante el auge prolongado posterior a la Segunda Guerra Mundial, ni durante la globalización del capital financiero de las últimas dos décadas del siglo XX, una tercera fase en la misma época de declinación capitalista, que ha surgido del colapso de la expansión de posguerra y la erupción de la crisis mundial de sobreproducción de capital desde comienzos de los años ‘70 en adelante. Pero definitivamente, la crisis del Estado-nación se ha profundizado inconmensurablemente. (…) El Estado-nación está conectado insolublemente con el capital y no puede ser abolido sin la abolición del capitalismo a escala mundial. Marx, analizando las compañías por acciones y las formas emergentes del capital financiero, en el tomo III de El Capital, habla sobre “la abolición de la propiedad capitalista dentro del sistema de la propiedad capitalista”. De la misma manera, podemos decir que bajo la globalización existe una abolición del Estado-nación dentro del sistema de los Estado-nación burgueses. Cuanto más aguda se torna esta contradicción, más profunda se vuelve también la declinación del sistema y con ello la decadencia de la democracia parlamentaria burguesa, atada desde sus comienzos al marco nacional (…) 3 El primer enfrentamiento teórico importante sobre la cuestión del estado de emergencia en nuestra época tuvo lugar precisamente en el período de la primera posguerra y de las secuelas de la Revolución de Octubre, durante la agitación social en Alemania. Es el enfrentamiento entre dos de los representantes más conscientes de los campos opuestos de la revolución y de la contrarrevolución: Walter Benjamin y el contrarrevolucionario Carl Schmitt, quien se convirtió más tarde en el filósofo jurídico del régimen nazi. Giorgio Agamben, en un perspicaz libro de reciente publicación(2), demostró la vigencia de la “batalla de gigantes sobre la Esencia”, como la llama utilizando la expresión de Platón en el Sofista, sobre la batalla entre el materialismo y el idealismo. Tanto Benjamin como Schmitt entienden el estado de emergencia como la suspensión de la ley por la ley, la emergencia de una zona más allá de la ley dentro del orden jurídico. Las diferencias, a partir de este punto, son irreconciliables. Schmitt intenta asegurar la conexión entre la violencia de esta anomía y el orden jurídico, fortaleciendo el poder del Estado soberano, mientras Benjamin se esfuerza para romperla para ir más allá de la ley, a través de la violencia revolucionaria “pura”, hasta llegar a un reino de justicia, donde el propio poder del Estado será abolido(3). Para Schmitt, el soberano es el poder que decide el estado de emergencia. Para Benjamin, existe una fractura interna entre la decisión y su realización en la propia instancia de la soberanía, que produce una crisis. Para Schmitt la conexión entre el orden jurídico y el área de su suspensión en un estado de emergencia está claramente definida por la ley y conduce a una restauración milagrosa del sistema a su situación previa a la crisis. Para Benjamin, existe una falta de determinación creciente entre la ley y el estado anómalo, que sumerge al sistema entero en una catástrofe histórica. Para Schmitt, un estado de emergencia no puede ser otra cosa que transitorio. Para Benjamin, en nuestra época se convierte en la regla. Agamben ha demostrado en su libro cómo el estado de emergencia se ha desarrollado histórica y legalmente desde el período posterior a la Revolución Francesa hasta el siglo XX, y desde las experiencias trágicas de Alemania bajo la Constitución democrática de Weimar, el nazismo y Auschwitz, hasta los Estados Unidos de George W. Bush, la Ley Patriótica y Guantánamo. La transición del estado de emergencia tal como fue definido inicialmente en la Francia posrevolucionaria -una suspensión provisoria de la ley para enfrentar un enemigo interno o externo- hasta su uso en la época imperialista y particularmente hoy como un modo permanente de gobierno, la transición de una excepción a una regla, como lo expresaba Benjamin, marca la transición de un capitalismo ascendente a un capitalismo en declinación. Sólo una clase dominante en decadencia puede estar en un estado de emergencia permanente, en alerta contra la amenaza permanente de su ruina. Para citar a Benjamín: “La noción de guerra de clases puede ser engañosa. No se refiere a una prueba de fuerza para decidir ‘¿quién ganará, quién será derrotado?’. O a una lucha cuyo desenlace es bueno para el vencedor y malo para el vencido. Pensar de esta manera es romantizar y ocultar los hechos. Por más que la burguesía gane o pierda la lucha, sigue condenada debido a las contradicciones internas que en el curso del desarrollo se tornarán fatales. La única pregunta es si su caída se dará por sí misma o a través del proletariado. La continuidad o el fin de tres mil años de desarrollo cultural será decidida por esta respuesta”4). La comprensión del estado de emergencia como regla en nuestra época puede conducir, ciertamente, a otro concepto no lineal de la Historia, lejos del gradualismo del reformismo en bancarrota y del fetichismo del llamado ‘proceso democrático’ -un fetichismo que se vuelve más fuerte y más engañoso en la medida en que la propia democracia parlamentaria degenera y declina-. 4 La decadencia de la democracia burguesa se ha profundizado desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Hannah Arendt, en un capítulo de su libro sobre el Imperialismo con el pertinente título “La declinación del Estado-nación y el fin de los derechos humanos”, demuestra claramente la conexión entre esta decadencia del Estado-nación y la crisis radical del concepto de los derechos humanos, con la emergencia, en las secuelas de la guerra imperialista, del nuevo fenómeno masivo de los refugiados, de los expatriados y de poblaciones brutalmente desplazadas. Carlos Marx, bastante tempranamente, había lanzado una crítica devastadora de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Revolución Francesa, con la separación alienadora y alienante entre un ser humano abstracto y el “ciudadano”, el individuo privado burgués. Arendt confirma esta crítica al hacer la afirmación precisa y crucial en su análisis de las olas masivas de refugiados en la época imperialista: “La concepción de los derechos humanos basada en la supuesta existencia de un ser humano en sí fue diezmada cuando los que la proclamaban estuvieron enfrentados por primera vez con seres humanos que realmente habían perdido toda otra calidad y relación específica, aparte del puro hecho de ser humanos”. La separación violenta entre nacionalidad y ciudadanía en la era imperialista, la aparición de masas de gente desposeída, radicada en los países metropolitanos como poblaciones sin derechos ciudadanos, reveló al ser humano de la Declaration como una abstracción vaciada de todas las potencialidades que constituyen el ser humano como ser especie (Gattungswesen, en el sentido del concepto que Marx desarrolló de Feuerbach). La transición de la Revolución Francesa al imperialismo marca el ascenso y caída de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El escándalo y la crisis de los principios fundamentales de la democracia burguesa en las secuelas de la Primera Guerra Mundial no evitó pero puso de relieve el contenido de la paradoja de la Carta de la ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ahora se llama ‘Declaración Universal de los Derechos del Hombre’; después de la revelación del ser humano como una abstracción vacía, ahora, aparentemente, también ha desaparecido el ciudadano, probablemente en el proverbial basurero de la Historia… La ONU, de hecho, fue establecida como un instrumento de las relaciones internacionales de las grandes potencias que emergieron victoriosas de la guerra, para vigilar la aplicación de los Acuerdos de Yalta entre Washington, Londres y el Kremlin, para la división del mundo que evitara la proliferación de rebeliones y revoluciones sociales, particularmente en los estratégicos neurálgicos centros metropolitanos del capital en Europa occidental y América del Norte. El Acuerdo de Bretton Woods, sobre el cual se basó la reconstrucción de la posguerra y la expansión del capitalismo, y los Acuerdos de Yalta entre Occidente y la Unión Soviética quedaron como los dos pilares de la re-estabilización de la posguerra, “la contención de la amenaza comunista a los países occidentales” y la Guerra Fría. La Carta de la ONU sobre los derechos humanos universales representó el consenso de los vencedores tras la derrota del fascismo. Al mismo tiempo, fue la expresión de la nueva relación de fuerzas de clase en la Europa y América de la posguerra, con la emergencia de una clase obrera que exigía y ganaba conquistas sociales sustanciales, así como una parte ideológica en el aparato de control social. Ningún retorno al fascismo de los ‘30 podía ser posible, y el control del capital tenía que basarse en todas las ficciones de la democracia formal, incluyendo los derechos universales ficticios de seres humanos abstractos. El anticomunismo, la explotación cínica de los crímenes de Stalin y la Guerra Fría constituyeron la materia prima básica para esta construcción ideológica de control. Con el colapso del marco de Breton Woods en 1971 y la trasformación de la expansión prolongada de la posguerra en una crisis mundial prolongada de sobreacumulación de capital, y, además, con el colapso en 1989-91 del segundo pilar del orden social de la posguerra, de la división de Europa y del mundo establecida en Yalta, del fin de la Guerra Fría, el colapso del estalinismo y la implosión de la Unión Soviética, la Carta de la ONU de los derechos humanos sufrió un destino peor que el de la Declaración de 1789: se convirtió en la bandera manchada de sangre en las intervenciones imperialistas y las guerras, en los ‘90, en los Balcanes y el Medio Oriente. (…) 5(…) EE.UU., como había pronosticado Trotsky en los ‘20, no puede regular sus contradicciones internas sin la mediación del equilibrio mundial. Así acumula en sus cimientos el poder explosivo de las contradicciones mundiales. El equilibrio mundial de la segunda posguerra, cuando EE.UU. emergió como el elemento hegemónico indisputable de Occidente, ha colapsado irrevocablemente y la globalización financiera no sólo no produjo ningún equilibrio nuevo sino que ha globalizado todas las contradicciones a un punto de explosión. Los déficit sin fondo de la economía de EE.UU. manifiestan su gigantesca existencia parasitaria sobre una economía mundial en agonía, conduciéndola al abismo. La reorganización de un mundo radicalmente modificado sobre las antiguas bases sociales de un sistema social decadente con su centro en una potencia imperial declinante, con signos crecientes de una crisis de sobre-expansión, es la distópica tarea ultrareaccionaria que los neoconservadores al mando en Washington colocan sobre los hombros de los Estados Unidos para el nuevo siglo. Pero la soberanía imperial tiene que enfrentar tanto el antagonismo de la competencia de los centros imperialistas, la UE y Japón, y los desafíos de las rebeliones de sus víctimas, las masas oprimidas en todo el mundo; como también desafíos en casa. Para expresarlo en el lenguaje de Benjamin, la soberanía imperial está fracturada internamente, y esa fractura abre una brecha entre decisión y realización. Esta fractura interna no es ni originaria ni primordialmente la bien conocida escisión entre las élites que compiten en los círculos dominantes y que manifiestan divisiones dentro de la clase capitalista y la existencia de distintos lobbies de grupos de intereses capitalistas que compiten entre sí. Estas brechas existen por cierto, y se profundizan, pero no en el vacío; las determinan las relaciones antagónicas entre trabajo y capital. A pesar de varios reveses, la clase obrera y otros estratos explotados no han vuelto a las condiciones de derrotas aplastantes como en los años ‘30. El ascenso de la ultraderecha en algunos países europeos está vinculado definitivamente a las reacciones nacionalistas y racistas contra los inmigrantes, frente a la crisis y los efectos de la globalización del capital, y es un indicio de la decadencia del sistema parlamentario burgués existente; pero no es capaz de hacer resurgir las condiciones sociales y materiales de los ‘30, la masiva base pequeño-burguesa de los movimientos fascistas y el retorno al Estado-nación como fortaleza que lo proteja de la crisis global. La clase dominante está obligada, por ahora, a organizar sus ataques tanto en el extranjero como en su casa, en nombre de la democracia. La reorganización del mundo en la pos Guerra Fría, que incluye la tremenda tarea de completar la restauración capitalista y la reintegración del ex bloque soviético y de China en el mercado mundial capitalista, requiere de la transformación radical de las relaciones políticas y sociales en los principales países capitalistas. La creciente tensión entre esta necesidad y la referencia aún obligatoria al marco democrático alcanza su clímax, produciendo “agujeros negros”, zonas de ausencia de normas dentro del orden jurídico-democrático existente, una especie de implosión de la democracia parlamentaria burguesa llamada ‘estado de emergencia’. El estado de emergencia intenta garantizar la conexión entre la violencia institucional y extra-institucional con el orden democrático constitucional contra la rebelión de las masas desposeídas y su violencia revolucionaria, lo que un neo-conservador como Robert Kaplan llama “la próxima anarquía”. No es accidental que en América Latina, tanto la rebelión de 2001 en Argentina -el Argentinazo-, como los acontecimientos revolucionarios de octubre de 2003 en Bolivia, surgieran para enfrentar un estado de emergencia declarado, mientras la principal línea contrarrevolucionaria de la clase dominante y del imperialismo para rechazar una revolución social fue el llamado a asegurar la continuidad del orden democrático constitucional. De una forma específica, condensada, puede extraerse de aquí un modelo más universal. La decadente democracia contemporánea, para utilizar la precisa definición dada por un antiguo aristócrata pero profundo dialéctico como Platón en Menexenus, se revela como la regla por parte de una élite autoritaria aprobada por una multitud -más exactamente, en nuestros días, por una multitud desmovilizada, atomizada-. Bajo un estado de emergencia permanente, la conexión y la línea divisoria entre esta democracia y la ausencia de normas se desdibuja cada vez, mientras todo el sistema, como lo había previsto Benjamin, se sumerge en una catástrofe histórica. La única salida es la movilización de las masas desposeídas con el proletariado a la cabeza como una clase universal para sí, para romper esa conexión junto con la sacrosanta ‘continuidad del orden democrático constitucional’ y establecer lo que Marx llamó en forma apropiada la dictadura del proletariado: la toma del poder por la clase obrera, el hacer pedazos al Estado y la tras-formación revolucionaria de todas las relaciones, iniciando la transición al comunismo, al reino de la libertad, de una justicia global que va más allá de la ley, aboliendo la ley que impone y preserva la violencia “mítica” de la prehistoria humana, de la sociedad dividida en clases. La alternativa entre socialismo y barbarie hoy se transformó en la barbarie de un Estado de emergencia permanente declarado por el imperialismo y el Estado capitalista, o la dictadura del proletariado y la revolución permanente. Atenas, 24 de febrero de 2004 Trabajo presentando a la Conferencia “Crítica” 2004, London School of Economics, 28 febrero de 2004 Notas 1.Ver The First Five Years of the Communist International (Los Primeros Cinco Años de la Internacional Comunista), New Park Publications (1973, p. 133). 2.Stato di Eccezione, Bollati Boring-hieri, 2003. 3.Ver Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt. 4.One Way Street, Pág. 80.