L os cables informativos han vuelto a poner a Venezuela en el candelero internacional. En principio, esto se debe a las iniciativas de expropiación de latifundios y reparto de tierras por parte del gobierno de Chávez, que han sido acompañadas de otras novedades, no menos importantes, relativas a expropiaciones en la industria y el comercio, y a una reformulación de los contratos de petróleo con los grandes pulpos mundiales. Contra el lugar común que pretende que su condición petrolera inmuniza a Venezuela de convulsiones y de crisis, lo cierto es todo lo contrario. Las acciones del gobierno de Chávez no operan en un vacío social, ni son la consecuencia de un armado ideológico, como lo pretende la gran prensa que denuncia “los tentáculos del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez” ( The Economist , 3/9). El ‘lock-out’ patronal (cierre masivo de empresas) y el sabotaje a PDVSA (la empresa de petróleo) de diciembre de 2002 a febrero de 2003, tuvo un costo impensado para sus autores: una masiva quiebra económica de los saboteadores. Al final de esos 64 días de paralización se enfrentaron a la obligación de pagar los salarios de los trabajadores sin contar con ingresos por producción o pagar créditos que no habían usado productivamente. El estado que habían tratado de derrocar no iba a sacarlos, naturalmente, de la bancarrota. En ese momento comenzó a discutirse la cuestión del mantenimiento en funciones de las empresas paralizadas, lo cual envolvía su expropiación. Surgió de este modo la figura de “expropiación por utilidad pública” de las empresas paradas, en quiebra o vaciadas, adoptando un modelo que se había aplicado en varias legislaturas argentinas luego de la bancarrota de 2001. A diferencia de lo ocurrido en Argentina, sin embargo, en la mayoría de los casos el beneficiario de la expropiación no es una cooperativa de los trabajadores de la empresa sino el Estado, que establece un sistema de co-gestión con mayoría estatal. Como ocurre con cualquier otra expropiación en los marcos capitalistas, deben establecerse las indemnizaciones que correspondan. Según The Economist , estas ‘empresas de producción social’ tienen preferencia a la hora de las licitaciones públicas. El semanario inglés dice que el 40% de las 11.000 firmas industriales han ido a la bancarrota desde que Chávez es presidente —pero se trata de una sutil manipulación, típica de quienes frecuentan la City de Londres, porque en realidad son el producto de los daños que los capitalistas se auto-infligieron con el ‘lock-out’ de hace tres años. En realidad, un sabotaje económico que aún continúa, como lo demuestra la inutilización de los silos del principal pulpo industrial del país, Polar, o de una empresa de la esposa de John Kerry, quien fuera el rival electoral de Bush. De acuerdo a The Economist , Chávez “ha amenazado con expropiar 700 firmas que se encuentran inactivas y otras mil que operan debajo de su capacidad de producción”. El mismo método se aplica en el campo, donde son expropiados, en forma total o parcial, los latifundios sub-utilizados. En América Latina, esta experiencia no es nueva, aunque las circunstancias y características sean diferentes. Las nacionalizaciones generalizadas han caracterizado a gobiernos como el peruano, de 1968 a 1972, conducido por los militares; al boliviano de 1952-58 y luego de 1968-71; o incluso cuando el mexicano Cárdenas nacionalizó el petróleo en 1938. Ni que hablar de las nacionalizaciones del peronismo entre 1946 y 1950. Se trata de nacionalizaciones de contenido capitalista porque se dan en el marco de la propiedad privada y con métodos que la reivindican total o parcialmente (indemnización), lo cual permite que operen como transición hacia otra etapa de acumulación capitalista privada. Se trata también de nacionalizaciones de empresas sin capital de giro, descapitalizadas o en quiebra, lo que supone que el fisco deberá operar como un formador de capital. El problema, sin embargo, es cómo viven estas nacionalizaciones las masas y hasta dónde están dispuestas a tolerar los límites que se les pretende imponer a su intervención o a la gestión obrera soberana de las empresas nacionalizadas o, lo que es todavía más importante, a la subordinación del sistema bancario y financiero a las necesidades de desarrollo de estas empresas y a la integración de estas empresas en un plan nacional único. Otra cuestión es que los grandes pulpos industriales sólo están marginal o excepcionalmente afectados por las medidas de intervención estatal, como sería el caso de Polar con relación a los silos de almacenamiento (también se acaba de expropiar una aceitera-molinera de este grupo, “que fue cerrada a principios de 2002”). Techint, por el contrario, ha fusionado sus inversiones siderúrgicas en Venezuela en dos grandes polos internacionales que operan desde Luxemburgo. Otro tema potencialmente más explosivo podría ser la renegociación de los contratos con los pulpos internacionales que operan en el país, que en la actualidad se basan en el pago de una comisión fija al Estado, por lo que no tienen en cuenta la suba explosiva de los precios en el mercado mundial ( El Cronista , 27/9). El gobierno quiere reconvertirlos en contratos de asociación, con mayoría estatal. En su reciente discurso en la ONU, Chávez defendió esta posición. La producción privada en Venezuela ha venido creciendo a una tasa mayor que la estatal, al punto que hoy representa el 60% de esta última. Es claro que Chávez pretende reequilibrar la distribución de la renta petrolera, que estos contratos inclinan hacia los operadores privados. En la medida en que el Estado se enfrenta a la tarea de arbitrar una gigantesca crisis social, no puede admitir alegremente que la renta principal del país se evapore como consecuencia de contratos que no corresponden a la realidad presente del mercado mundial o del propio país. Las petroleras recién llegadas al mercado venezolano, como Repsol, ya operan en las nuevas condiciones, lo cual permite suponer que el gobierno quiera explotar la competencia de unos grupos contra otros. Sin embargo, es difícil que Repsol o Petrobras puedan jugar ese papel frente a un Chevron o British Petroleum, en particular cuando se rumorea que British estaría a punto de comprar Repsol. Los acontecimientos venezolanos se proyectan en un continente donde el destino histórico-social de sus naciones se discute cotidianamente, sea por la necesidad de controlar y manejar los recursos básicos (el petróleo y gas de Bolivia, Ecuador y Perú), sea por la necesidad de enfrentar la bancarrota industrial con medidas de fondo, para dar una salida a la miseria creciente de las masas. En estas condiciones, la nacionalización integral y sin pago del petróleo y el gas; el control obrero de la industria; la gestión obrera; el plan único para superar la miseria histórica de nuestros pueblos; se han transformado en consignas actuales y continentales. J.A.