Prensa Obrera N° 740

La Corte Suprema tiene bien ganado el odio popular como garante de los negociados y estafas de la "patria capitalista" contra el pueblo trabajador. Y mientras el pueblo se moviliza para tirarla abajo, los cortesanos han vuelto a dar pruebas de que están dispuestos a defender esos intereses hasta el final. Así, el mismo día en que dio a conocer su famoso fallo sobre el "corralito", emitieron otro fallo que, sugestivamente, pasó casi desapercibido: declaró la constitucionalidad de la antiobrera Ley de accidentes de trabajo de Menem y Cavallo. Esa ley, que puso en pie el régimen negrero de las ART, establece indemnizaciones por accidente inferiores a las que corresponderían si se aplicaran las normas del Código Civil. Pero la ley, precisamente por eso, prohíbe que los trabajadores accidentados o sus familias recurran a la justicia civil para reclamar sus indemnizaciones. Así, violentando el elemental derecho a la justicia y la igualdad ante la ley, se ha reducido el "costo laboral"… a costa de un incremento fenomenal de los accidentes y, en particular, de los accidentes mortales. La Corte Suprema ha convalidado este atropello, al considerar que "no puede ser considerada discriminatoria" la prohibición de que los trabajadores recurran a la Justicia para reclamar una reparación económica similar a la que le correspondería a cualquier ciudadano que hubiera sufrido un accidente igual. ¡Para la Corte, los trabajadores somos ciudadanos de segunda! Pero, precisamente, porque le negaba al trabajador el derecho elemental a presentarse ante la Justicia y a percibir una indemnización similar a la de cualquier otro ciudadano frente a un accidente similar, una sentencia de primera y segunda instancia de los tribunales de Neuquén y centenares de fallos de distintos tribunales en todo el país habían declarado la inconstitucionalidad de la ley (Clarín, 2/2). El fallo de la Corte significa, lisa y llanamente, la liquidación de la protección de la salud del trabajador frente a la explotación capitalista. El gobierno, que tanto escándalo hizo con el fallo sobre el "corralito", guardó el más profundo de los silencios sobre este fallo groseramente antidemocrático y antiobrero de la Corte. Se entiende: la UIA y los grupos financieros que sostienen al gobierno de Duhalde defienden a muerte la ley de accidentes laborales menemista.

La meneada "prioridad social" del Presidente y su primera dama ha resultado un decretazo contra las organizaciones piqueteras y contra el otorgamiento de un subsidio a todo desocupado. Ante todo es restringido a "jefes de hogar con hijos de hasta 18 años" con certificado de estudio y de vacunación, "todos ellos desocupados" (Arts. 2° y 3°). Es decir que los vértices de la desocupación que comprenden a la juventud obrera y a los compañeros mayores de 45 años quedan excluidos, y a la inversa, quedaría también excluida toda familia en la que un hijo trabaje en un súper por 250 ó 300 pesos y sus padres, sostenes fundamentales, estén desocupados. Otro violento retroceso respecto de viejos "planes Trabajar" es que son por tres meses. A pesar de ser "renovables", el cortísimo plazo apenas esconde la intención de "rotar" la ayuda y crear la sensación falsa de que en un año se "asistió" a muchas más familias de las que en realidad son. El sistema trimestral, además, provee un arma rápida a la mafia punteril para reasignar en función de sus necesidades políticas y también un arma para mejor someter a las condiciones de apoyo político y "paz social" (léase abstención de piquetes, cacerolazos y otras yerbas) de las familias involucradas. El Art. 5° establece que el programa se atenderá con los créditos asignados en el presupuesto "en etapas progresivas de acuerdo a los fondos disponibles". El famoso millón de puestos se desvaloriza más rápido que el peso frente al dólar. De los 2.400 millones de Rodríguez Saá pasamos a una segunda mentira de 1.500. Ahora aterrizamos en la tercera mentira de 1.000 millones de pesos. Esto, ejecutado en una totalidad, abarcaría a 413.000 personas, muy lejos del millón, que si son otorgados de acuerdo a disponibilidad pueden no llegar jamás a esa cifra. Pero, además, el decreto, al igual que los convenios de Rodríguez Saá, en su Art. 9° establece que los subsidios "oscilarán entre los 100 y los 200 pesos". Todos sabemos cuál será la tendencia. Subsidios de 100 pesos en el cuadro de una inflación descontrolada que ya arrancó y se profundizará con la flotación libre del dólar que se pactó con los yanquis, harán de estos subsidios una miseria espantosa. La bomba de la que habló Duhalde, ya la hizo estallar éste contra los salarios y los desocupados. El remate que ha desencadenado la lucha piquetera en todo el país es la instrumentación política del programa en su Art. 4° "a través de cada provincia", "por medio de los municipios", "monitoreados por los Consejos Consultivos integrados por trabajadores, empresarios y organizaciones sociales y confesionales". ¿Qué tienen que hacer los empresarios, cuya presunta función es colocar su capital para abrir fábricas y fuentes de trabajo? Es la enésima mentira de Duhalde, que dijo no querer que el desocupado compita con el ocupado, para lo cual otorgaría un subsidio para "formación". Se transformó en subsidio para planes "ponderables" en los cuales no están excluidos los capitalistas que buscan mano de obra gratis a cargo del Estado, y por supuesto, la Iglesia, garante de la concertación de Duhalde y de los punteros del PJ, y de toda la alianza patronal que sostiene al gobierno. Los cortes de ruta desatados en el norte de Salta, en Chaco, en Mar del Plata y en todo el país, las marchas multitudinarias y los cortes a los accesos de Repsol tienen que ser el paso a un plan de lucha conjunto para acabar con este adamiaje antipiquetero que ya empezamos a quebrar mediante cortes de rutas y conquistas parciales directas de las organizaciones en Jujuy, Córdoba, Cipolletti y otras localidades. Control de los puestos por las organizaciones de lucha. Subsidio de 500 pesos. Reparto de las horas de trabajo. Por el otorgamiento de 50.000 puestos genuinos en Repsol y todas las privatizadas. Por la reapertura, estatización y puesta en funcionamiento bajo control obrero de todas las fábricas cerradas en los cuatro años de recesión. Plan de lucha y Asambleas Populares en todo el país.

El Bloque Piquetero Nacional (Polo Obrero, MTR, MTL y otras organizaciones), el MIJP, el Movimiento Barrios de Pie (FTV, CTA, Corriente Patria Libre) produjeron, el 5 de febrero, la movilización de trabajadores desocupados más importante de la historia del movimiento obrero del país, con más de 15.000 manifestantes ocupando las calles. Las crónicas de Clarín o La Nación, informando sobre 2.000 ó 3.000 manifestantes, no son creíbles ni para la Policía Federal, que apuntó la presencia de 9.000 trabajadores. La movilización debe ser valorada desde otros dos ángulos. La convocatoria al piquetazo estuvo animada por una política de transformación revolucionaria de la actual situación. Por eso la parada frente a Repsol, para reclamar el reparto de las horas de trabajo, la implantación de un tercer turno y la nacionalización integral de los hidrocarburos. Por eso el llamado constante a la unión de las "cacerolas" y los piquetes, a la unión del movimiento piquetero con las Asambleas Populares, a la unión de la lucha para recuperar el dinero que los bancos han confiscado, nacionalizando la banca, repudiando la deuda externa, prohibiendo los despidos y subsidiando a los desocupados. Fue una movilización política que contrastó abiertamente con la orientación de la FTV-CTA y la CCC de negociar con Duhalde en el marco de la aceptación de la devaluación y la pesificación, o sea de la confiscación del pueblo ("Duhalde deberá mostrar si está con los banqueros o los trabajadores", Juan Carlos Alderete, Clarín, 29/1). Un segundo hecho fue que, en la asamblea más concurrida desde su nacimiento, los representantes de las asambleas barriales votaron como punto central de su programa la Asamblea Constituyente libre y soberana a partir del desarrollo de las Asambleas Populares. Tercer hecho. Desde el 29 de enero los piqueteros del norte de Salta han vuelto a ocupar la ruta nacional 34 en los lugares históricos de los cortes, en un movimiento de lucha que se extiende en un frente mucho más vasto que en las anteriores puebladas. El corte es por tiempo indeterminado y está presidido por el reclamo de planes de empleo, la creación de un tercer turno en las petroleras y un salario mínimo de 2,50 la hora (Mosconi) ó 3,50 (Tartagal). La misma determinación anunciará el Bloque Piquetero Nacional y el conjunto de fuerzas que acaban de movilizarse, en una batalla dirigida a quebrar la decisión política del gobierno Duhalde de destruir las organizaciones de desocupados, entregando el manejo de los planes de empleo a los punteros de los partidos de la coalición oficial y a la Iglesia, escudados en los llamados "consejos de crisis". En la Asamblea Nacional de Trabajadores (ocupados y desocupados) convocada en Plaza de Mayo el 16 de febrero, estarán presentes todos estos protagonistas, en lo que puede constituir la gestación de un movimiento político y reivindicativo que se proponga desenvolver una dirección obrera y socialista en el seno del pueblo. Saqueo "concertado" El viernes 1º de febrero, la población fue conmovida por la decisión de la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad del decreto que impuso el "corralito" y de sus modificaciones posteriores. Pero la acordada de los "capos" de la mafia judicial no pretendía satisfacer ninguna reivindicación popular: la decisión de la Corte no obligaba a la devolución en dólares ni afectaba el patrimonio de los banqueros ("si los ahorros no pueden reintegrarse en dólares ... deberán devolverse con garantías", decía la resolución). La decisión de la Corte, como lo señaló el PO en su declaración del 2/2, vino a forzar un desenlace en torno a la "pesificación" y resultó funcional a los propios planes del gobierno. Duhalde y todo el arco político patronal, desde el PJ hasta el ARI, pasaron a denunciar el "golpe de Estado" de la Corte y utilizaron este pretexto para acelerar la expropiación de los ahorros populares en los términos fijados por el FMI. Un frente único de la burguesía "industrial", los banqueros locales y extranjeros, junto a las fuerzas políticas que sostienen al gobierno, pretende imponer un golpe final contra los ahorros y el salario de los trabajadores. Con la "pesificación" generalizada de las deudas 1 a 1 se ha impuesto la licuación de deudas de los grandes pulpos nacionales e internacionales que han saqueado el país, a través de una confiscación de ahorros y salarios que multiplica por diez el despojo del Plan Bonex. Con la "flotación libre" esta licuación podrá ser aún mayor, porque cuanto más alto se encuentre el dólar y más suban los precios, más rápido será el rescate de grupos endeudados como Macri o Techint. Por eso banqueros y capitalistas conspirarán de aquí en más para que el dólar y la inflación se disparen. Tanto la Ley de Emergencia como el decreto de necesidad y urgencia que dispone la "pesificación" han creado la armadura legal para la gran confiscación de ahorros y salarios. El dólar y los precios gozan de absoluta libertad, los salarios no se pueden indexar, los convenios no se pueden actualizar y la expropiación relativa del banquero al ahorrista (al pagarle por su depósito menos de lo que ganaba prestando esos fondos) se ha convertido en absoluta. En oposición a esta masacre social de trabajadores y ahorristas, la "pesificación" no afectará a los titulares de la deuda externa, que se seguirá pagando en dólares. Duhalde ya ordenó el pago de 1.300 millones de dólares a los bancos acreedores, desconociendo la cesación de pagos. Esta política se ha perfeccionado con los métodos de la dictadura civil, a través del decreto de necesidad y urgencia (ilegal e inconstitucional) que prohíbe por seis meses toda posibilidad de presentar reclamos ante la Justicia. Los ahorristas, esquilmados. Los trabajadores, sometidos a la mayor ofensiva de despidos y suspensiones en décadas. Los desocupados, sin siquiera planes de empleo, reservados a las empresas en quiebra. Toda la población laboriosa y explotada, sometida a la carestía (la encuesta sobre costo de vida de enero consigna aumentos del 10 ó 12% en productos claves en el consumo familiar como pollos, harina o aceite, pero ignora la feroz remarcación de los últimos días). El "paquete" del gobierno no deja a nadie a salvo, si se exceptúa el puñado de chupasangres capitalistas que han conducido al país a esta catástrofe. Una nueva etapa en la crisis El gobierno tuvo que aplazar la aplicación de la "pesificación" y la flexibilización del "corralito", veinticuatro horas después de haberlo anunciado, por las limitaciones insalvables del propio "plan". El gobierno no puede soportar el anunciado libre retiro de las cuentas salariales por temor a una disparada catastrófica del dólar. Por eso ha iniciado una negociación contra reloj con los exportadores de cereales, que han venido reteniendo la entrega de los dólares por las ventas al exterior esperando el momento de la "flotación libre". Las exportadores de cereales "de ahora en más tendrán la capacidad de decidir, en buena medida, si el nuevo plan económico tiene o no éxito" (Clarín, 6/2). La crisis ha llegado al punto que "en el equipo de Remes dejan trascender que si no ‘cierran’ con los exportadores, que le darían liquidez al mercado, sería impensable abrir el mercado" (ídem). El gobierno, en función del pacto "nacional" con banqueros e industriales, se ha cerrado todas las puertas. ¿Qué pasó con el impuesto a las petroleras? Lo único que ha quedado, por ahora, es la eventual aplicación de "un derecho cuyo monto todavía no está definido, pero cuyo rendimiento anual para el fisco se estimó en 400 millones de pesos", un tercio de los 1.200 millones anuales planteados originalmente y por un período de cinco años. Según La Nación, "la extensión del feriado cambiario y bancario respondería, en parte, a la demora en un entendimiento con el Fondo" (6/2). Más precisamente, "el silencio del FMI sobre el programa económico presentado por la Argentina introdujo ayer una cuota de tensión a la dramática búsqueda de apoyo internacional del gobierno". "Sobre todo hay temores sobre la fortaleza política del gobierno para manejar la crisis y la voluntad de las provincias para hacer el ajuste fiscal" (ídem). El imperialismo norteamericano sigue reclamando la liquidación de una parte del sistema bancario o el rescate de la otra parte. Por eso "habrá heridos graves, nada será igual. El Banco Central admitió que en el proceso de saneamiento del sistema financiero algunas entidades nacionales pueden quedar en el camino". Más concretamente: "Altas fuentes del Banco Galicia y del Banco Hipotecario admitieron que ambas instituciones se verán obligadas a postergar el pago de sus respectivas obligaciones negociables (ON), programadas para febrero y marzo", es decir la cesación de pagos (La Nación, 1/2). El gobierno quiere liquidar el "piso" de coparticipación de las provincias. Pero con un número creciente de municipios en cesación de pagos, con trabajadores municipales que no perciben sus salarios desde hace cinco meses, con cortes de ruta de los desocupados que las crónicas de los diarios nacionales recogen sólo en un 10%, con un proceso de desarrollo de las Asambleas Populares, estas medidas echan leña al fuego. La unión necesaria El cúmulo de contradicciones que envuelve al gobierno y la manifiesta incapacidad del Estado para lograr arbitrar entre los intereses capitalistas en lucha, ha hecho recrudecer el planteo de llamar a elecciones. En este pelotón está anotado Kirchner *que las reclama para dentro de 60 o 90 días*, el ARI, el Frenapo e Izquierda Unida. Pero aún convocada para todos los poderes del Estado, tanto en la nación como en las provincias y los municipios, su propósito es esterilizar la lucha por la refundación del país sobre nuevas bases, desviando la atención sólo hacia el punto del recambio del personal político. Lo que está planteado es la liquidación del régimen en su conjunto, a partir de la propia crisis, que se caracteriza por la disolución de la organización capitalista de la sociedad. El PO plantea: Fuera el gobierno peronista aliancista del FMI, de la "patria capitalista" y del Tesoro yanqui. Fuera la Corte. Nacionalización de la banca, control de cambios. Confiscación del patrimonio de los banqueros. Repudio de la deuda externa. Salario mínimo de 600 pesos, subsidio al desocupado de 500 pesos, actualizados por costo de vida. Disponibilidad de todos los ahorros inferiores a los 100.000 dólares. Estatización de toda empresa que despida o suspenda. Reparto de las horas de trabajo. Multipliquemos las Asambleas Populares y unámoslas con los piqueteros en lucha. Reforcemos la autoridad de las Asambleas Populares hasta convertirlas en un poder del pueblo explotado. Que una Asamblea Popular Constituyente libre y soberana, convocada por el pueblo movilizado, tome a su cargo la reorganización social y política del país.

El sorpresivo cierre de Quebecor por una ruptura comercial con Perfil Editorial ha planteado una nueva Atlántida en el gremio gráfico. La brutal decisión patronal implica el despido de 150 gráficos y a pesar de la sorpresa obrera, el taller reaccionó con la huelga, tras la cual se abrió una conciliación obligatoria. Pero la intervención del Ministerio sólo prolonga una agonía y está cubriendo la retirada ordenada de las revistas de Perfil, que fueron a parar a otros talleres como Morbillo e Ipesa. Como en la histórica ocupación de Atlántida, la cosa pasa por impedir la salida de las revistas para torcer una decisión patronal que conviene tanto a Fontevecchia, con una jugosa convocatoria de Perfil ahora reforzada con la pesificación, como al pulpo canadiense Quebecor, que se saca de encima una fábrica organizada con buen convenio y organización de lucha, para quedarse con la planta Pilar basada en superexplotación y desindicalización. Trás Quebecor seguirá Unión; ya cayeron 40 compañeros en New Press y todo el gremio gráfico está semiparalizado, situación que tiende a agravarse en una industria con un elevado componente de insumos importados. Una convocatoria de lucha podría parar toda impresión de las revistas de Quebecor con la sola condición de ser de conjunto. Precisamente lo que la burocracia ongarista jamás hará. La juventud obrera de Morbillo podría responder, tal vez también los compañeros de Ipesa, que se están reorganizando y que rechazaron trabajos de Atlántida en el ’97. Hay que llevar los piquetes obreros a los talleres para rodear de solidaridad de clase y acción de conjunto a Quebecor. En esa línea la Naranja Gráfica realizó un piquete en Morbillo y los repetirá en otros talleres. Desmontemos el trabajo de zapa proindemnizatorio de la patronal y la burocracia sindical y los desvíos "cooperativistas" del ongarismo, más ridículos que nunca en el cuadro de crisis capitalista terminal en el que se desenvuelve el conflicto. Que el Estado intervenga para la continuidad incondicional de Quebecor, gestión obrera si es preciso, para garantizar su continuidad bajo control de los trabajadores. Arranquemos desde los talleres el plenario de delegados que lleve al gremio a la lucha y a Quebecor al triunfo. Llevemos el conflicto a las Asambleas Populares de Barracas, movilicemos en conjunto con piqueteros y caceroleros, vamos con la lucha a la Asamblea Nacional Piquetera.

La licuación de deudas que significa la pesificación de las deudas en dólares "1 a 1" sólo rige para las grandes empresas; de ninguna manera para los deudores de créditos hipotecarios, prendarios (compra de automóviles) y personales o los que tienen contrato de alquiler en dólares, es decir que rige para los capitalistas pero no para los trabajadores y la clase media. Ocurre que las deudas "pesificadas" serán indexadas por el aumento del costo de vida (en el caso de los alquileres, a partir de este mes; en el caso de las deudas bancarias, dentro de seis meses, tomando en cuenta la inflación de todo el período). Pero a diferencia de los capitalistas, cuyos ingresos crecen con el aumento de los precios (inflación), los salarios no están indexados sino que seguirán en los bajísimos niveles actuales. Es decir, que conforme aumente la inflación, las deudas "pesificadas" crecerán en relación a los salarios. Es decir que un crédito hipotecario o un alquil er que hoy insume el 40% de los ingresos familiares, con la inflación pasará a representar el 50, el 60 o el 70% de esos ingresos… La "pesificación" duhaldista significa que miles de familias perderán sus viviendas. Duhalde no ha cumplido su palabra con los pequeños ahorristas (devolver los depósitos en la misma moneda en que fueron realizados); tampoco con los pequeños deudores. Su única promesa cumplida es con los grandes capitalistas y especuladores.

El jueves 31, más de 500 desocupados, nucleados en el Polo Obrero y la Unión de Desocupados de Villa El Libertador, cortaron la ruta a Alta Gracia a la altura del CPC de la Villa. La decisión tomada en el cuerpo de delegados y en las asambleas barriales fue muy contundente: permanecer en la ruta hasta que el gobierno entregara planes de trabajo a una primera lista de 600 compañeros y a cuenta de los 3.500 solicitados en anteriores movilizaciones. La pulseada era dura, ya que De la Sota quería guardar esos puestos para los punteros y para las empresas privadas a través del llamado plan de Nuevo Empleo. Teníamos a favor, además de nuestra disposición de lucha, que los desocupados de Cruz del Eje habían obtenido 320 planes. Después de 6 horas, el corte se levantó cuando se leyó un acta firmada en la Casa de Gobierno donde el gobierno se compromete a efectivizar los 621 planes a partir del 11 de febrero, previa verificación en una comisión conjunta de que los beneficiarios cumplan los requisitos; en caso de no hacerlo, serían reemplazados por los que el Polo entregue en su lugar. También se estableció un primer cobro para el día 25 de febrero. Hasta no hace mucho, De la Sota se jactaba de que él no tenía problemas con los "planes" porque "no negociaba con las organizaciones de desocupados"; se los entregaba a las empresas directamente, lo cual produjo mayores despidos y desocupación. En la movilización que el Polo Obrero hizo a la Casa de Gobierno el 3 de enero dijimos que rechazábamos el llamado Nuevo Empleo, ya que no queríamos los planes entregados a las empresas, que sólo servían para echar trabajadores. Eso fue lo que conseguimos. Por eso esta es una victoria de gran alcance. Jueves negro para el Gallego Un día antes, De la Sota debió anular la licitación del Banco Provincia, que primero había sido adjudicado a los lavadores de dinero del Banco General de Negocios. La foto del prófugo Rohm entrando a la Casa de Tejas terminó de hundir la frustrada privatización. Pero el jueves De la Sota debió darle el golpe de gracia a su socio, la otra pata de la alianza gobernante, Germán Kammerath, el intendente de la ciudad de Córdoba, a quien dejó sin ningún representante en el gabinete. La disculpa pública del gobernador por la situación catastrófica de la ciudad no lo lava de culpas. En realidad, De la Sota ha entrado en pánico, porque la situación del municipio y del gobierno municipal no es diferente a la de la provincia. Debió declarar el default de la deuda financiera (aunque a la espera de una ley nacional que lo ampare de la apropiación por parte de los bancos de la coparticipación), la industria automotriz y metalmecánica está to-tal-men-te paralizada. La cámara empresarial se sumó a los "cacerolazos" depositando las máquinas en desuso en las puertas de los bancos. Piquetes y cacerolas unidos El derrumbe del gobierno municipal y su correlato en el provincial es acompañado por un crecimiento de la movilización y organización popular y de los cacerolazos. Las asambleas ya cubren varios barrios, sobre todo los barrios obreros, en la mayoría de los cuales las organizaciones de desocupados juegan un papel relevante. El programa levantado es el de la nacionalización de la banca, el no pago de la deuda, que se vayan todos. La asamblea de 400 personas del viernes 1º en el Cerro de las Rosas, después del cacerolazo semanal, reafirmó los reclamos de la renuncia de la Corte y de la confiscación de los bancos, y resolvió "unirse ‘simbólicamente’ a los piqueteros en función de que éstos ‘piden trabajo’ y quienes manifiestan en el Cerro de las Rosas, mayoritariamente pequeños y medianos comerciantes, ‘no se los pueden dar porque les robaron el capital’" (La Voz del Interior , 2/2). La unidad de las cacerolas y los piquetes alcanza a todos los sectores que sufren la confiscación de los bancos y el gran capital. El 9, con todo, a la Asamblea Piquetera En este cuadro, la Asamblea Piquetera provincial, la primera que se hace en Córdoba, servirá para darle una perspectiva a la unidad entre los cacerolazos y los piqueteros. El triunfo del corte protagonizado por el Polo Obrero fortalece esta unidad entre ocupados y desocupados; las asambleas populares recogen los conflictos laborales, de los comerciantes, etc., tal como se manifestó en la masiva asamblea popular de la Villa El Libertador del viernes 1°, que cuadruplicó a la realizada un domingo antes. El 9 a las 16 horas, en el Salón Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza, la lucha popular dará un paso muy importante en el programa, la unidad y la coordinación.

La reclamo por unanimidad la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario El gobierno Duhalde, en una operación concertada con los banqueros, la patria capitalista y el FMI, ha decidido la definitiva confiscación de la mayor parte de los ahorros y del salario. La "pesificación" generalizada se ejecuta para dar paso a la licuación de las deudas de los grandes pulpos nacionales e internacionales que han vaciado el país. El gigantesco saqueo de Duhalde y el FMI, se mide en cifras que hablan por sí mismas. A los ahorristas se les devolverán sus depósitos en dólares en cuotas mensuales después del 2003 a 1,40 pesos por dólar cuando la moneda norteamericana supera los 2 pesos y seguirá en ascenso porque se dispuso la "libre flotación" del peso. De este modo se calcula que los ahorristas perderán de entrada 25.000 millones de dólares. De la diferencia entre el 1,40 a que se devuelven los depósitos y el peso a que se pagarán las deudas se hace cargo el Estado, a través de un bono por unos 18.000 millones de dólares, deuda pública que pagarán los trabajadores con más impuestos e inflación. ¡43.000 millones de dólares y mucho más, según suba el dólar, confiscados a los ahorristas y trabajadores en beneficio de los bancos y los grandes pulpos económicos! Al mismo tiempo, el dólar y los precios gozan de total libertad; todo se indexa, menos los salarios. Los autores de esta masacre social son los mismos que oponían al "modelo neoliberal" la "distribución progresiva del ingreso"; los que, como la UIA, alfombraron su camino al poder hablando del "seguro de empleo y formación" para los desocupados. Con la complicidad expresa de los "líderes" de las centrales sindicales. Pero la gigantesca confiscación ha tenido una respuesta. En la Asamblea Interbarrial de Parque Centenario, la más numerosa de todas, se votó por unanimidad: "Que se vayan todos, Asamblea Constituyente libre y soberana". Unido al planteo de nacionalización de la banca, expresa una maduración política del movimiento de lucha contenido en las Asambleas Populares, un desarrollo que no es un rayo en cielo sereno porque expresa la deliberación previa hasta ser votada de conjunto en esta cuarta Asamblea Interbarrial. La Asamblea se adelantó brillantemente al golpe saqueador de Duhalde y la Corte, trazando un horizonte político para la lucha en curso, para "que se vayan todos" y "no quede ni uno solo". Son éstas las consignas y los planteos que están presentes en la multiplicación de las Asambleas dentro de la ciudad de Buenos Aires y en su desarrollo impetuoso en el Gran Buenos Aires. Están presentes en la Asamblea Interbarrial de González Catán, en la Asamblea Popular de Quilmes y en muchas otras que se han fusionado con los piqueteros en lucha. La tarea de la hora es garantizar el éxito del cacerolazo nacional votado para el viernes 8 de febrero y del escrache a Tribunales el jueves 7, y una presencia multitudinaria en la Asamblea Interbarrial del domingo 9. Se trata de reforzar la autoridad de las Asambleas Populares y de las organizaciones piqueteras. Se trata de convertir la unión de las "cacerolas" y los piquetes en una fuerza convocante de la huelga general y en una alternativa de poder del pueblo explotado. Bajo Duhalde, la patria capitalista y el FMI, el saqueo será infinito. Con cacerolazos los viernes, asambleas, piquetazos y manifestaciones, huelgas y cortes de ruta hay que derrotar a los confiscadores y llamar a una Constituyente libre y soberana para reorganizar al país sobre nuevas bases.

"La unanimidad del apoyo de los norteamericanos a Bush después de los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Afganistán parece estar resquebrajándose", informa el diario español El País (20/1), al trazar un balance de su primer año de gobierno. Su índice de popularidad muestra en las últimas semanas una baja sistemática. Lo que domina en la capital norteamericana, dice The Washington Post (7/1), es "mucha incertidumbre" cuando se aproximan unas elecciones parlamentarias "que raramente tienen tantas consecuencias (como las de este año)". Entre los "peligros" que acechan a Bush están los "domésticos", en primer lugar la espectacular quiebra de la petrolera Enron, una empresa directamente ligada a la camarilla tejana de Bush: Enron financió su campaña presidencial (como antes había financiado la de su padre y sus propias campañas a gobernador); el presidente de la Enron encabezaba su consejo de asesoramiento económico y buena parte del personal político que hoy ocupa las oficinas ejecutivas en Washington ha servido en el pasado reciente en empresa. El vicepresidente Cheney, uno de los grandes accionistas de la Enron, está a cargo de la "política energética" del gobierno, la cual ha sido diseñada según los requerimientos de la empresa: desregulación eléctrica, negativa al establecimiento de precios máximos. En los últimos meses, Cheney sostuvo seis reuniones con el presidente de la Enron pero, en expresa violación de la ley, se niega a dar a conocer su contenido. Fueron estos hombres, en la cumbre del poder, como señala Paul Krugman, los que han "adormecido" a los organismos de control que debieron haber supervisado a la empresa. El inicio de investigaciones parlamentarias y, en los últimos días, el dudoso "suicidio" de un alto funcionario de la empresa, plantean "consecuencias impredecibles para Bush y su gobierno" (Financial Times, 21/1). Todos estos chanchullos y corruptelas salen a la luz por el agravamiento de la crisis económica en los Estados Unidos. La recesión continúa profundizándose y no hay salidas a la vista: desde la llegada de Bush al gobierno, dos millones y medio de trabajadores han perdido sus empleos. El agravamiento de la recesión, por otra parte, evaporó los superávits fiscales de la época de Clinton: el próximo presupuesto de Bush prevé un déficit fiscal de 100.000 millones de dólares. Las alternativas que se plantean son la anulación de la rebaja impositiva que impulsó Bush al principio de su mandato, la reducción de gastos (en salud, educación y servicios sociales), o un mayor endeudamiento público que elevaría las tasas de interés, agravando la recesión. En todos los casos, una perspectiva de crisis política. Las divergencias han llevado a "los analistas financieros", dice El País (20/1), a plantear la posibilidad de que "el presupuesto no sea aprobado por el Congreso". También en el plano internacional, Bush pisa terreno minado. The Washington Post (10/1) menciona a "la crisis Argentina" y la situación en Afganistán, como los mayores problemas que debe enfrentar. En Afganistán, la presencia norteamericana está lejos de haber "estabilizado" el país y advierte: "Los afganos están comenzando a lamentar la caída de los talibanes" ante las barbaries cometidas por los "señores de la guerra" protegidos por los norteamericanos. Frente a este conjunto de factores de crisis, el gobierno norteamericano enfrenta una encrucijada: si Bush utiliza el "capital político" ganado tras los atentados para impulsar a los candidatos republicanos en las elecciones parlamentarias, lo perdería; si no lo utiliza, sus candidatos sufrirán una segura derrota electoral. "Una victoria demócrata en las elecciones parlamentarias acarrearía que (...) Bush hijo tendría bastantes posibilidades de fallecer políticamente en las mismas circunstancias que Bush padre" (El País, 20/1). La prensa norteamericana sostiene que ningún presidente norteamericano, desde Kennedy, ha concentrado tanto poder en el Ejecutivo como Bush. Pero al concentrar las funciones de arbitraje, Bush ha concentrado también sobre el Poder Ejecutivo las explosivas contradicciones de la crisis mundial. El "comandante en jefe", como le gusta hacerse llamar, no puede escapar a las devastadoras consecuencias de la crisis capitalista.

Mar del Plata es el laboratorio anticipado de la crisis política. Desde hace 20 días el Bloque Piquetero local (PO, MTR, UVO) junto a la Coordinadora Wilson (PC) acampa frente al municipio reclamando por la entrega de puestos del plan Trabajar, bolsones alimentarios y pagos atrasados. A pesar del bloqueo de los medios, la plaza San Martín se ha convertido en el centro de las luchas marplatenses. El 10, alrededor de 500 personas, entre trabajadores y turistas, recorrieron la peatonal al grito de "Fuera Duhalde y Aprile". El 15, una Asamblea Popular con más de 800 participantes (desocupados, estatales, docentes) sumó un conjunto de reclamos *pago en término de salarios y jubilaciones, aumento inmediato del presupuesto en educación y salud*, y marchó en movilización. El cacerolazo del viernes 25, con cerca de 10.000 manifestantes, se convirtió en un acto demoledor contra el gobierno nacional y comunal. Los municipales están en huelga por falta de pago. La situación en el puerto es explosiva. Los portuarios vienen sufriendo despidos, suspensiones y retrasos de salarios. Los obreros de la industria "cooperativizados" están prácticamente parados. Las patronales, con las cámaras frigoríficas abarrotadas, han paralizado la producción especulando con las exportaciones a valor dólar. Los capitanes y marineros han comenzado a discutir la necesidad de salir a la huelga por los básicos garantizados y el ajuste automático de los salarios. En un cuadro de continuas movilizaciones y reclamos, el intendente Aprile (Alianza) está al borde de la caída. En el ámbito del Concejo sólo se discute quién debe reemplazarlo. En este escenario de crisis política abierta, la Asamblea Popular que deliberó el lunes 28 resolvió un llamamiento que plantea una salida de los trabajadores a la crisis de poder. La Asamblea Popular resolvió además enviar comisiones a cada asamblea barrial para llevar las conclusiones e invitar a realizar asambleas comunes en la Plaza del Aguante.

En pocas semanas, Duhalde está dando pasos para superar el proimperialismo de sus antecesores Menem y De la Rúa, lo que no es poco. En su viaje a Estados Unidos, el fugado ex gobernador y ahora canciller Ruckauf les ha confirmado a los "amos del norte" que Argentina será patrocinante de la moción de censura contra Cuba en las Naciones Unidas. Así, Duhalde profundiza la política "lamebotas" *como la definió el gobierno cubano* de Menem y De la Rúa. Es que mientras éstos se habían "limitado" a votar a favor de la moción norteamericana, ahora Duhalde da un paso adelante y se convierte en uno de sus impulsores. Para que no queden dudas de la subordinación política y militar del "soberano" gobierno argentino al imperialismo norteamericano, Duhalde y Ruckauf ratificaron la condición de Argentina como "aliada extra zona" de la Otan "y su responsabilidad como tal" (La Nación, 30/1). El imperialismo que bombardea prisioneros desarmados (masacre de Mazar-i-Sharif) y que rechaza cualquier investigación independiente sobre el tema; que deja morir de hambre a los refugiados afganos (Financial Times, 17/1); que establece tribunales militares en violación de las más elementales normas jurídicas; que mantiene prisioneros en condiciones inhumanas en la base naval de Guantánamo; que mantiene secuestrados a tres mil habitantes de los Estados Unidos (supuestamente, en investigación de los atentados del 11 de septiembre); que encarcela a una tercera parte de la juventud negra norteamericana, y que desde hace décadas sostiene un brutal bloqueo económico y político contra Cuba, no tiene ningún derecho, ni político ni moral, para juzgar al gobierno cubano. Que la burguesía argentina se sume a la campaña imperialista contra Cuba muestra su inmensa hipocresía: un gobierno que no ha sido votado por nadie se preocupa por la "democracia en Cuba" y un elemento fascistoide como Ruckauf ´ministro del gobierno terrorista de Isabel Perón y López Rega y responsable político de una policía, la Bonaerense, famosa por asesinar a niños y jóvenes desarmados´ se preocupan por "los derechos humanos de los cubanos". "La política exterior de Duhalde está más cerca de la de Menem que la que tuvo De la Rúa", dice Joaquín Morales Solá (La Nación, 31/1). El difunto Di Tella puede haber pasado a "mejor vida", pero la política de "relaciones carnales" goza de buena salud.

"El conjunto del establishment local solicitó ayer al Ministerio de Economía la pesificación 1 a 1 de todas las deudas, incluidas aquellas mayores a 100.000 dólares", informó Clarín el sábado 2 de febrero, que precisó: "El reclamo lo efectuaron en forma conjunta la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), el Grupo Productivo, que integran la Unión Industrial (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)". El domingo, como buen mandadero, Jorge Remes Lenicov anunció la "buena nueva" siguiendo los dictados de esta nueva alianza del capital financiero y los grandes grupos económicos. ¿Qué pasó para que los banqueros acepten que los grupos económicos endeudados en dólares con los bancos, como Techint, Loma Negra, Macri, Pérez Companc, paguen esas deudas a 1 peso por dólar cuando la moneda norteamericana supera los 2 pesos y va a seguir subiendo porque se dispuso la flotación del peso? La respuesta es sencilla. Los ahorristas y el Gobierno se harán cargo de la diferencia. Los primeros porque se les devolverá sus depósitos en dólares en "cómodas" cuotas mensuales después del 2003 a 1,40 pesos por dólar y no al precio del dólar al momento que puedan disponer de los pesos. Y el Estado cargará con la diferencia entre el 1,40 al que se devuelven los depósitos y el peso que pagarán las deudas. Por lo primero, se calcula que los ahorristas perderán de entrada unos 25.000 millones de dólares y, por lo segundo, el Estado tendrá que emitir "un bono por cerca de 18.000 millones de dólares" (Clarín, 2/2). Ese bono, que recibirán los bancos, es más deuda pública que pagaremos los trabajadores con más impuestos e inflación, o sea con menores salarios. Así, de inicio, los bancos y los grandes grupos económicos le confiscan a los ahorristas y trabajadores unos 43.000 millones de dólares, cifra que irá creciendo cuanto más suba el dólar. Por eso, el complemento de esta confiscación es la disparada del dólar, una exigencia que fue impulsada por el Fondo Monetario. Lo que aceleró este acuerdo "mafioso" entre los banqueros y el Grupo Productivo (sic) fue el fallo de la Corte Suprema. El fallo, que declaró inconstitucional la no devolución de un depósito en dólares, aceleró los acuerdos en marcha entre banqueros y empresarios. Cuando Duhalde devaluó el peso, el Gobierno y el Congreso acordaron que sólo las deudas menores a 100.000 dólares se pesificaban 1 a 1, mientras las mayores a los 100.000 dólares se liquidaban al dólar libre, pero los bancos debían reducir la tasa de interés. Por eso, el Banco Central fijó para estas deudas el pago al dólar libre pero con una reducción de la tasa de interés del 33%. Al día siguiente, por esta resolución, Roque Maccarone fue tumbado de la presidencia del Banco Central y se fijó que esas deudas se pagaban a 1,40 pesos. De inmediato, capitaneados por el ministro de la Producción, Ignacio de Mendiguren, los grupos económicos plantearon que no pagarían las deudas en dólares a 1,40 pesos y sin ningún desparpajo plantearon que "la experiencia internacional, en especial de Méjico y Brasil, muestra que, frente a bruscas devaluaciones, el sector público debió asumir costos iniciales...". En otras palabras, que el Estado asumió parte de las deudas privadas. Se barajó entonces la posibilidad de pesificar las deudas 1,20. Pero enseguida los banqueros acordaron con los grupos económicos porque prefieren cobrarle al Estado que a grupos económicos en bancarrota. "Los banqueros consideran que si una porción de los créditos se pesifica a 1,20 es muy factible que la mayoría de los deudores no pueda pagar en el futuro. Así preferirían perder en el ajuste con una pesificación 1 a 1, pero garantizando que los deudores puedan seguir pagando" (Clarín, 2/2). Pero los banqueros acordaron no "porque preferirían perder *algo absurdo* en el ajuste con una pesificación 1 a 1", sino porque la diferencia la pone el Estado. En otras palabras, Duhalde y Remes Lenicov anunciaron un plan de rescate de la banca y los grupos económicos sobre la base de la confiscación de los ahorristas y de los salarios. A partir de ahora, tanto los banqueros como los pulpos capitalistas tienen un interés especial en que el dólar y la inflación se disparen. Porque cuanto más aumente el dólar y los precios, mayor es el rescate de los grupos endeudados y mayor es la caída del salario. Por eso, mientras los precios y el dólar son "libres", los salarios no se pueden indexar ni por lo que suba la inflación ni por la suba el dólar. De este modo, Duhalde está consumando la parte final de la gran estafa de la convertibilidad. Pero no por eso, Duhalde, los banqueros y los grupos económicos lograrán superar la bancarrota capitalista. ¡El propio gobierno estima que en este año, la economía caerá el 5%, por encima de todo lo que cayó desde 1998 en adelante, aunque el cálculo real se acerca a un desplome del 10%! El proceso productivo capitalista está quebrado por la cesación de pagos, la bancarrota del sistema financiero y la confiscación de los ahorristas. Antes que un rescate, lo que el gran capital necesita es mandar a la quiebra a una buena parte de los bancos y de los grupos económicos. Por eso, el imperialismo reclama una reestructuración del sistema bancario bajo la batuta del Tesoro norteamericano que sirva para mandar a la lona a los bancos públicos y a los privados argentinos y españoles. El viceministro Jorge Todesca admitió que "los bancos oficiales deberían encarar una reestructuración y mejor que sea voluntaria, antes (sic) de que venga impuesta a la fuerza desde afuera. El funcionario adelantó que ya se les dio aviso a las entidades oficiales. Y deslizó que se podrían unificar bajo un holding de bancos oficiales y a partir de allí concentrar líneas de fondeo, operatorias, política comercial y hasta una división territorial más planificada" ( Clarín, 5/2). El ajuste de cuentas que la banca norteamericana quiere hacer con los bancos españoles incluye el negocio de las AFJP, ART y compañías de seguro donde la presencia estatal y española es muy importante. Por eso, el FMI y el Tesoro norteamericano exigieron que Duhalde vete artículos claves de la ley de quiebra con la que los grupos económicos endeudados y quebrados pretenden protegerse de la ofensiva banquera. Aún rescatados, el choque es inevitable y una parte de la banca y de las grandes empresas sufrirán el embate de la crisis. Por su parte, la crisis argentina ya está profundizando la crisis del resto de América Latina, que también quiere hacerle frente con la devaluación. En Brasil, "surgen cada día nuevas adhesiones a la idea de que la tasa de cambio podría o debería ser estimulada a subir a 3 ó 3,50 reales por dólar", reveló el banco inglés Lloyds TSB. "La idea de una devaluación del real del 45% fue lanzada por el economista y ex ministro de los gobiernos de Fernando Henrique Cardozo y José Sarney, Luis Carlos Bresser Pereira. Y es observada con interés por casi todo el arco de candidatos que pueden suceder a Cardoso, desde el socialdemócrata José Serra hasta el Partido de los Trabajadores" (La Nación, 4/2). Se ha abierto una nueva fase de esta crisis que cobrará mayor intensidad a medida que se intensifica su contagio. Pero ese contagio también tiene otra faceta porque la gran rebelión obrera, piquetera y popular argentina ha pasado a ser una referencia de método y de programa para las masas de todo el mundo.

El sábado 16 de febrero, a las 10 horas, la Asamblea Nacional de Trabajadores (ocupados y desocupados) comenzará a sesionar en la Plaza de Mayo. Allí, en el centro del poder político, se hará la sesión original junto a todos los que quieran seguir las deliberaciones; la segunda, a realizarse en el Club Colonial de Avellaneda, se hará al día siguiente, reservada sólo a los delegados. Estos se elegirán a través de asambleas, a razón de uno cada veinte en el caso de las organizaciones de desocupados. Las organizaciones de trabajadores activos que se sumen a la convocatoria podrán estar representadas por los delegados sindicales y los directivos que se encuentren en la Asamblea, en este último caso representando al resto de la conducción de su gremio, si hubiere mandato para ello. Las Asambleas Populares han sido llamadas a participar y han votado hacerlo, tanto en el caso de la Capital como en el de la zona norte del Gran Buenos Aires. Harán oír su voz, como invitados, los partidos de izquierda y las representaciones del movimiento estudiantil en lucha. En estos momentos están siendo convocadas asambleas en provincias, zonas y localidades, para elegir los delegados y garantizar su viaje a la Capital. Las fuerzas que han comprometido su participación superan largamente el centenar, si se consideran las enroladas en las organizaciones nacionales (MIJP, Polo Obrero, MTR, MTL) y las de índole local. El llamado a participar estará abierto hasta el último minuto, para todos aquellos que acuerden con la Convocatoria (Prensa Obrera N° 738). Una Comisión de Poderes, integrada por diez dirigentes del movimiento obrero, supervisará las representaciones a la Asamblea. Momento clave El "estatuto" fijado para el funcionamiento de la Asamblea es de por sí todo un dato político, porque asegura una deliberación obrera sin representaciones fraudulentas, dominantes en los congresos de la burocracia, ni "cupos" de representación arreglados entre las organizaciones al margen de un criterio de democracia obrera. Del universo de organizaciones de desocupados existentes en el país, sólo la CCC y la fracción de la FTV (CTA) que dirige Luis D’ Elía han adelantado su negativa a participar. El problema es, naturalmente, político. Ambas organizaciones tienen decidido evitar la confrontación con el gobierno de la "burguesía nacional", que procedió a una devaluación masiva ordenada por el FMI y acaba de consagrar la licuación de deudas de los Macri y Techint a costa de los pequeños ahorros y el congelamiento del salario, junto a la "flotación cambiaria" que traerá consigo un aumento excepcional de la carestía. Es una política que se corresponde con la de la CTA y el Frenapo, que actúan en función de eliminar los "cacerolazos" nacionales, agotar las movilizaciones en planteos parlamentarios y colocar a las Asambleas Populares como apéndices de una nueva coalición de centroizquierda. En definitiva, disociar a los piquetes de las "cacerolas" e impedir que se desenvuelvan como alternativas de poder. La Asamblea Nacional sesionará en un momento clave de la situación política, reivindicando el programa que asegura esta unión, porque plantea el rechazo "al régimen hambreador y a todo gobierno de salvación nacional o de conciliación de clases", la nacionalización de la banca, el no pago de la deuda y el control obrero, y se propone lanzar un plan de lucha nacional. De la Asamblea Nacional puede surgir un declarado impulso a las Asambleas Populares en las barriadas piqueteras, lo que puede darle al conjunto de éstas una dirección obrera. La unión creciente de "cacerolas" y piquetes puede llegar a alumbrar la convocatoria de huelgas activas, si, como se propone la Asamblea Nacional, esa unidad integra a sindicatos, regionales y cuerpos de delegados combativos. Asamblea de Trabajadores (ocupados y desocupados) • Córdoba Sábado 9, 16 horas - Salón Agustín Tosco, Sindicato de Luz y Fuerza - Deán Funes 672 • Tucumán Sábado 9, 17 horas - Facultad de Artes - Bolívar y Chacabuco • Salta Sábado 9, 19 horas - Deán Funes 86 • Neuquén Sábado 9, 9 horas - Aula Pagoda, Universidad Nacional del Comahue • Chaco Domingo 10, 9 horas - Mástil Mayor de la Ciudad de Resistencia

Frente a la amenaza de renuncia del intendente Aprile, fundamentada en su imposibilidad de solucionar los graves problemas financieros y sociales, los abajo firmantes llamamos a organizar un Marplatazo. Rechazamos el continuismo de los responsables de habernos llevado a esta situación de hambre y miseria. Son más de lo mismo. Un recambio en las filas de los ajustadores no solucionará nuestros problemas, ni los de la sociedad. Llamamos a poner en pie Asambleas Populares en todos los sectores, que elijan representantes ante una Asamblea Popular Marplatense. Los trabajadores y oprimidos debemos movilizarnos y organizarnos para que se vayan todos y el poder pase a manos de la Asamblea Popular. Podemos resolver el conflicto del transporte: municipalizándolo se puede bajar la tarifa a 0,50 pesos y exceptuar del pago a estudiantes y desocupados. Podemos resolver la crisis portuaria y de alimentación de la población: trayendo a tierra las toneladas de pescado ¡que se tiran al mar!, para abastecer todos los comedores de la provincia de Buenos Aires y reactivar la mano de obra parada. Podemos pagar a los municipales: imponiendo un impuesto progresivo a las grandes fortunas. Podemos ocupar a los compañeros desocupados: a través de un Plan de Obras Públicas que resuelva los graves problemas de las barriadas obreras. Ellos han demostrado que no pueden. Nosotros sí podemos. Que se vayan. Por la unidad de los piquetes y los cacerolazos. Por una Asamblea Popular Constituyente. Bloque Piquetero Marplatense: Polo Obrero - Movimiento Teresa Rodríguez - Coordinadora Wilson - Unión de Vecinos Organizados

Con más asistentes que nunca, entre 3.000 y 4.000 personas, deliberó el domingo 3 la Interbarrial de Asambleas Populares. Crecida no sólo en asistentes, sino también en organización y vitalidad, escuchó a decenas de representantes de Asambleas barriales, votó más de 40 resoluciones, adhesiones, convocatorias y denuncias, aclamó o abucheó distintas intervenciones como un verdadero organismo vivo y parlamento democrático de representantes populares de los reclamos, de lucha y de acción directa de todas las barriadas de la ciudad. Circulaban innumerables volantes barriales, boletines y publicaciones de organizaciones políticas y sociales de todo tipo. Esto durante casi 5 horas, durante las cuales los asistentes fueron creciendo permanentemente en número, para no moverse, hasta la votación final de las mociones. La calidad oratoria de algunas intervenciones y la profundización de las propuestas programáticas, revelan una politización creciente y una elaboración colectiva que va formulando un verdadero programa de gobierno. Baste con mencionar la votación por unanimidad de algunas propuestas: Convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana; que el pueblo gobierne a través de las Asambleas Populares; fuera Duhalde; no a la Concertación con el gobierno; devolución de los depósitos en la misma moneda en que fueron confiscados; nacionalización de la banca, las AFJP, empresas privatizadas y el comercio exterior, bajo control de los trabajadores; por un seguro de desempleo de 500 pesos y un salario mínimo de 600 pesos, indexados; devolución del 13% del recorte a jubilados y empleados públicos; defensa de la salud pública y control del presupuesto de los hospitales a través de las Asambleas Populares; derogación de la Ley Federal de educación; no al arancelamiento de la Educación superior; no a la municipalización de la educación en la Provincia de Buenos Aires; derogación de la Ley de Reforma Laboral; control de las obras sociales por sus afiliados y del Pami por los jubilados; fuera la burocracia sindical. ¿Es o no un programa de gobierno y de salida a la crisis y una contundente delimitación política de todos los partidos "concertadores" del régimen, incluyendo a los frenapistas y centroizquierdistas del ARI, del Polo Social y de la CTA? Y como verdadero parlamento popular, no sólo delibera, ejecuta. Las propuestas de acción: cacerolazo nacional el viernes 8, escrache simultáneo a los bancos el miércoles 6, adhesión a la marcha piquetera el martes 5, escrache a la Corte el jueves 7, adhesión a la Asamblea Nacional de Trabajadores. Este desarrollo es, entonces, un rotundo mentís a las voces que decían que esta asamblea iba a ser menor porque la movilización del cacerolazo del viernes 1° fue débil. No sólo fue mayor y pujante sino que reveló la extensión y multiplicación de las Asambleas Populares en más barrios de la Capital y del Gran Buenos Aires *varias presentes en el Parque Centenario* y en el interior del país. El cacerolazo del viernes 1° se dio en circunstancias complejas que se combinaron: la Corte suprema declaró inconstitucional el corralito financiero; Duhalde había dado vía libre a una ocupación de la Plaza con fuerzas mercenarias reclutadas por intendentes del PJ, que se levantó a último momento; había una expectativa en los eventuales anuncios del discurso de Duhalde, que finalizó cerca de las 22 hs. En muchos barrios, la gente empezó a sumarse a esa hora a las concentraciones barriales, que se pusieron en marcha llegando muy tarde a Plaza de Mayo. En la Plaza las columnas se renovaban y cuando una gran parte de la concurrencia emprendía el regreso a la 1 de la mañana, una columna de más de 3.000 vecinos de la zona oeste de la Capital irrumpió por Avenida de Mayo, provocando el regreso de la masa que se iba. Cerca de 20.000 personas circularon por la Plaza, mientras otra masa quedó caceroleando en los barrios. A este cuadro se sumó una intensa campaña del Frenapo y la CTA, para sacar a la gente de la calle y en particular de la Plaza, planteando, en algunos casos directamente, que no había que movilizarse porque las marchas "desgastan", o en otros, que la zona norte de la Capital debía concurrir a Olivos y no a la Plaza, o que lo fundamental era el cacerolazo en el barrio y juntar firmas por el juicio a la Corte, contra las listas sábana o por cualquier otra cosa. Esta campaña de los elementos de la Concertación con el duhaldismo, viene también planteando en las Asambleas Barriales que hay que centralizar las Asambleas por sectores de la Capital, para concurrir a los CGP zonales a discutir el Presupuesto Participativo o la Ley de Comunas, como una maniobra dirigida a fraccionar el movimiento, distraerlo de la lucha y regimentarlo. En varias de ellas se le ha respondido que si el CGP quieren participar, que vengan a las Asambleas y que el presupuesto, que Ibarra acaba de ajustar, debe ser investigado y controlado directamente por las Asambleas Populares. También el PTP-CCC se empeña en la liquidación de las Asambleas, promoviendo "multisectoriales" con la Iglesia, las Pymes y otros sellos, o impulsando "estatutos" para regimentar las Asambleas y privarlas de su carácter democrático. La votación de la Interbarrial, en contra de una "centralización" (¿sustitución?) del movimiento asambleístico por una mesa central, por un cacerolazo nacional el viernes 8 y contra toda Concertación con el gobierno, fue un golpe contra todas estas tendencias burocráticas, regimentadoras y desmovilizantes. La Interbarrial rechazó la movilización ese mismo día contra las medidas económicas que Remes Lenicov estaba anunciando en ese momento, reflejando, probablemente, cierta confusión sobre la naturaleza de las mismas. El Partido Obrero redoblará su campaña sobre "el golpe final contra nuestros ahorros y salarios" que significan estas medidas, por la multiplicación de las Asambleas Populares y su unidad con los piqueteros en lucha y por la Asamblea Constituyente, convencido de que, corrido el velo de las nuevas medidas, en términos de carestía, reducción salarial y confiscación general de los trabajadores y la clase media, las Asambleas Populares tendrán la última palabra.

El domingo 3 de febrero se realizó una nueva reunión de la Asamblea Interbarrial de la Zona Norte del conurbano, en la Quinta de Olivos. Participaron las Asambleas Populares de Munro, Florida, Carapachay, Villa Adelina, Boulogne, Pilar, San Fernando, General Sarmiento, Olivos y Villa Martelli, entre otras. Luego de un riquísimo debate, se aprobaron resoluciones programáticas y de acción. En lo programático, la Asamblea se definió contra la política de Duhalde, que profundiza el ataque contra el conjunto del pueblo, rescatando a los especuladores, los bancos y los grandes pulpos, que se beneficiaron con la convertibilidad de Menem-De la Rúa-Cavallo y que vuelven a ser rescatados ahora con la pesificación. La Asamblea se definió por que se vayan todos; que las Asambleas Populares asuman el poder político en el país, por medio de una Asamblea Nacional Popular Constituyente; no pago de la deuda externa; nacionalización de la banca y la devolución de los depósitos incautados a los ahorristas; derogación de la flexibilidad laboral; re-estatización de las AFJP; juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de los días 19 y 20 de diciembre y a todos los responsables del "gatillo fácil"; puestos de trabajo legítimos por 600 pesos; subsidio a los desocupados; prohibición de despidos en las grandes empresas, especialmente las privatizadas, y solidaridad con la lucha de sus trabajadores; repudio a las centrales obreras y partidos y sindicatos que entran en la Concertación con el gobierno de Duhalde a espaldas del pueblo y de las Asambleas Populares; fuera la Corte Suprema de Justicia; unidad entre las "cacerolas" y los piquetes, entre otros relevantes puntos. En cuanto a las resoluciones de acción, se votaron marchas y acciones en apoyo a la lucha de los médicos y de los trabajadores de la salud contra la destrucción y el desabastecimiento de los hospitales públicos; participar en la marcha piquetera del martes 5 de febrero y en la Asamblea del 16 y 17 del mismo mes; convocar a una Asamblea que integre a todas las Asambleas Populares del norte y del oeste del conurbano; promover asambleas de docentes, padres, alumnos en todas las escuelas para impulsar Asambleas Populares en todos los rincones de la provincia y contra la municipalización de la escuela y de la salud; movilizarse contra los despidos en las fábricas y empresas de la zona; mantener al cacerolazo nacional de los viernes, y buscar la integración con la Asamblea Popular Interbarrial de Parque Centenario. Los participantes de la Asamblea Popular de la Quinta también tienen claro que se desenvuelve una guerra entre el gobierno antiobrero y proyanqui de Duhalde y las Asambleas Populares.

Hoy miércoles, a las 3:00 hs. de la madrugada, varias decenas de desocupados del MTD de El Jagüel cortaban la ruta 205, a la altura del arroyo Ortega. Un automovilista, de nombre Jorge Bogado, transgredió las vallas de neumáticos, se metió en el centro del piquete y disparó con su 9 mm contra uno de los piqueteros, provocándole la muerte en pocos minutos. El asesino es dueño de un conocido restaurante de la zona y sería un policía retirado, que con total impunidad y amenazando a los otros piqueteros, cargó en su auto al compañero agonizante, lo dejó en el hospital, fue a la comisaría, declaró y salió en libertad. La policía le habría dicho que "mató a un malandra" y "... nos vemos en el restaurante". El compañero muerto, de 35 años, hacía media hora que se había acercado al piquete a expresar su adhesión. Redoblemos la lucha y la movilización para lograr la cárcel inmediata y el castigo del asesino.

La Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Cipolletti coronó nueve días de lucha frente al municipio, con la obtención de cien planes Trabajar, un subsidio de 5000 pesos para la cancelación de deudas en servicios de luz y gas, y 100 bolsas de alimentos para las familias que hasta marzo no reciban un plan. Una lucha frontal con el gobierno aliancista del gobernador Verani y el intendente Arriaga, quienes mediante intimidaciones y jugando al desgaste de los desocupados pretendían ahogar el conflicto. Sólo la movilización de los desocupados de la ciudad de Allen en dos ocasiones hicieron de la solidaridad un hecho; la multisectorial sólo se limitó a dejar su bandera. Si bien los cien planes son en forma escalonada, 30 en enero, 20 en febrero y 50 en marzo, la comisión negociadora dejó en claro que permanecería en las calles por el compromiso de la provincia de 100 planes; se rechazó el Consejo Social como afín a la política del gobierno, y se reafirmó a la CTD como única organización propia de los desocupados con criterios claros en la distribución de dichos planes. La organización y experiencia de la CTD permitió no caer en provocaciones gobierno, y mientras éste desprestigiaba por los medios de comunicación el reclamo de los desocupados, éstos salieron decididamente a pelear cuerpo a cuerpo el apoyo de los vecinos. Volanteadas, bocinadas y movilizaciones diarias llamaban a defender el reclamo de los desocupados como los reclamos de todos los cipoleños. Al ver que el reclamo de los desocupados despertaba gran simpatía en la población, el Municipio y el Concejo Deliberante intentaron desviar el reclamo de la CTD conformando el Consejo Social, compuesto por la Iglesia y otras instituciones "no gubernamentales". Esto fue denunciado por los desocupados, quienes recorriendo los medios de prensa con volantes y hasta movilizándose al lugar donde sesionó el Consejo, denunciaron a los funcionarios de las "instituciones", que no eran otros que familiares y socios de concejales de la comuna, nuevos garantes de los favores políticos. La Iglesia, que se vio expuesta en esta maniobra del gobierno, decidió "no participar hasta que no se resolviera el conflicto con la CTD"; sin embargo, llamó a los desocupados a participar del Consejo para "escuchar todas las voces". La experiencia adquirida en esta lucha debe servirnos para fortalecer nuestra organización; para esto, empadronar a todos los desocupados e impulsar una asamblea en la región son los próximos pasos que potenciarán nuestra lucha, y la participación en la próxima Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados nos permitirá dar una lucha en común hasta echar a los gobiernos de hambre y miseria.

Martes 5, 8 horas: gruesas columnas de desocupados de la zona sur cortaban el Puente Pueyrredón. Simultáneamente, desde Liniers comenzaban a marchar las organizaciones de desocupados que, provenientes de La Matanza y de la zona oeste, se desplazarían durante la jornada a lo largo de la avenida Rivadavia. Era el inicio de la movilización convocada por el Bloque Piquetero Nacional *integrado fundamentalmente por el Movimiento Teresa Rodriguez (MTR), el Movimiento Territorial Liberación (MTL) y el Polo Obrero (PO), con la suma de otros agrupamientos piqueteros (MUP, etc.)*, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP-CND) y un sector de la CTA (Barrios de Pie). Fue una movilización contundente, que contó con la presencia de más de 15.000 compañeros y ganó el centro político del país. El paso de las dos grandes columnas *que se unificaron en Avenida de Mayo y la 9 de Julio* fue despertando adhesiones de la población (vecinos que ofrecían comida a los manifestantes agotados por la larga marcha). En muchos puntos se fueron sumando delegaciones de las Asambleas Populares de los barrios de la Capital, como se había votado en la Asamblea de representantes de Asambleas Populares que se realizó en Parque Centenario el domingo anterior. Las consignas sobre la unidad de "piquetes y cacerolas" dominaron en muchos momentos la marcha. Expropiación de YPF La columna marchó a la sede central de YPF-Repsol. Allí entró una delegación a reclamar "puestos de trabajo genuino". Las superganancias de este monopolio español son un agravio nacional. Más puestos de trabajo significa reducir las agotadoras jornadas de 12 o más horas a que se somete a los trabajadores de los pozos, sin reducir sus salarios, y tomar personal, como lo han venido solicitando los desocupados de Salta y Neuquén. Pero la empresa imperialista contestó con un no. En un posterior y aséptico "comunicado de prensa" señala que "frente a la actual situación económica del país" continuará "con sus operaciones normalmente, manteniendo todas sus fuentes de trabajo" (Página/12, 6/2). Lo cual es falso, porque los trabajadores del petróleo vienen denunciando que se está parando la producción y licenciando personal, en un abierto intento de presión al gobierno para que libere a los monopolios de todo tipo de impuesto extraordinario y les otorgue nuevas concesiones. La conclusión vivada por la gran manifestación piquetera, es la reestatización de la industria petrolera, una de las fuentes de ingreso de divisas fundamentales del país. ¡A Plaza de Mayo! La segunda parada central se hizo en la Plaza de Mayo. Vallada por un dispositivo policial, una delegación fue recibida en la Casa Rosada. Allí se reclamó por los planes de trabajo y la alimentación, se impugnaron los consejos consultivos y se exigió la libertad de Alí, Castells y Peralta y el desprocesamiento de todos los luchadores. Ante la nula respuesta gubernamental, la Plaza de Mayo se transformó, de hecho, en una Asamblea General Piquetera: se votó profundizar el Plan de Lucha Nacional y realizar una reunión urgente para coordinarlo. Pero estos 15.000 fueron la expresión de un movimiento nacional. En el norte de Salta se mantienen cortadas un conjunto de rutas (con nuevas amenazas y provocaciones represivas del gobernador Romero); en Mar del Plata hace un mes que se ha constituido la Plaza del Aguante, frente a la Intendencia, con un campamento de desocupados del Bloque Piquetero (MTR, PO) y otros agrupamientos; en la zona sur del Gran Buenos Aires, la Coordinadora Aníbal Verón cortó rutas en diferentes localidades. Tenemos que soldar el frente único de todas las organizaciones piqueteras. Enfrentar las provocaciones montadas por los servicios. Comando nacional de lucha piquetero, plan de lucha nacional, huelga general y corte por tiempo indeterminado. Unidad con los trabajadores en lucha y las Asambleas Populares. Asamblea Nacional el 16/17 de febrero.

Después de 32 días de detención, el represor Alfredo Astiz fue liberado como consecuencia de la negativa del gobierno a acceder a la extradición solicitada por Suecia para juzgarlo por el secuestro y asesinato de la joven Dagmar Hagelin. En la resolución que niega la extradición, el régimen de la "democr acia" se reconoce como la continuidad jurídica ´es decir, social y política´ de la dictadura, cuando reivindica la absolución del torturador Astiz por los tribunales militares: "La resolución 113 de la Cancillería sostiene que ‘los hechos por los cuales se requiere al señor Alfredo Astiz fueron investigados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo absolvieron por considerar que no estaban probados los hechos que se le imputaban’..." (La Nación, 4/2). La negativa del gobierno de Duhalde a extraditar a Astiz forma parte de una "política de Estado", es decir común al conjunto de los partidos políticos del régimen. Astiz se benefició, hace seis meses, de otra negativa de extradición, y Duhalde se apoyó ahora en un decreto firmado por De la Rúa en los últimos días de su gobierno, por el cual se prohíbe a la Cancillería dar curso a los pedidos de extradición contra los represores de la dictadura. El decreto de De la Rúa, que Duhalde ahora ha hecho suyo, no sólo busca reforzar la impunidad de los asesinos y torturadores; pretende además "reinstalar" a las Fuerzas Armadas como un organismo activo de represión contra el pueblo. Esto es lo que dice Duhalde cuando afirma que "los militares deberían tener tranquilidad de que no serán extraditados y que se debía buscar una función social para los uniformados" (La Nación, 2/2). Alfredo Astiz, el asesino de Dagmar Hagelin y de Azucena Villaflor (fundadora de las Madres de Plaza de Mayo), y el hombre que se rindió a los ingleses sin disparar un solo tiro, es un símbolo de la dictadura genocida y proimperialista. En Mar del Plata, no muy lejos de donde fue liberado Astiz, está preso Emilio Alí, símbolo de la lucha piquetera y popular. Esta es la "democracia": mantiene preso al luchador Alí y libera al genocida Astiz.

En Tartagal los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores y Desocupados (CTD), luego de permanecer diecisiete días frente al municipio sin respuestas cortaron la ruta en el paraje Cuña Muerta, al norte de la ciudad. Han tomado como base de su lucha el programa de 14 puntos votado por la Asamblea Popular de la localidad (29/1) reclamando 1.000 puestos de trabajo y 1.000 planes alimentarios, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario en las petroleras, un salario mínimo de 3,50 la hora y una tasa extraordinaria y progresiva a las operadoras, creando un Fondo Especial de Hidrocarburos "para el saneamiento financiero de los municipios poniendo a los mismos bajo control de los vecinos y trabajadores". La CTD, que suma delegados de 34 barrios, mantiene doscientos compañeros en la ruta y comienza a recibir el apoyo de la población. En Mosconi, la UTD y la CTD (Polo Obrero) ocupan la ruta 34 en el lugar histórico de los cortes. La UTD ha presentado un pliego centrado en créditos "blandos" y contratos de las petroleras para las Pymes de la zona, junto a los reclamos de 3.000 planes de empleo, aumento de las regalías petroleras para el Departamento San Martín y un salario de 2,50 pesos por hora para todas las empresas. En Embarcación, la UTD y el Fubde cortan la ruta 90 frente al pueblo por planes de empleo, y treinta kilómetros más al sur, en Pichanal, cortan compañeros de los planes por su renovación. El mapa de cortes se estira hasta Aguaray, llevado adelante por el flanco más combativo de las comisiones de desocupados, y Orán, impulsado por compañeros del Polo Obrero. El primer dato político fundamental es que los piqueteros del norte de Salta han vuelto a la ruta desafiando a la Gendarmería y ocupando los centros históricos de los cortes con sus dirigentes perseguidos a la cabeza. El segundo dato es que los piqueteros tienen un punto de apoyo enorme en el resto de los trabajadores (en muchos casos con sus salarios impagos por meses) y en la población explotada, que se orienta a transitar el camino de las Asambleas Populares, como en Tartagal, con 800 trabajadores y vecinos en su mejor deliberación. El movimiento de lucha, que surgió con enorme fuerza, sin embargo, está completamente fragmentado y carente de un planteo político, reivindicativo y de lucha común. Es este escenario el que permite la política de maniobras del gobierno de la provincia (PJ), que envía al ministro de Gobierno y otros funcionarios para abrir "vías de negociación" por separado, intentando el desgaste y la cooptación de fracciones del movimiento piquetero. En las últimas horas ha sido convocada una reunión de representantes de todos los cortes de la zona para establecer un pliego y un plan de acción de conjunto. La convocatoria a las Asambleas Populares, la "unión de piquetes y cacerolas", también en el norte de Salta y el llamado a un plan de lucha que impulse la huelga general están a la orden del día.