Prensa Obrera N° 728

Los compañeros que ocupan el edificio de la calle Caracas, en el barrio de la Paternal, conocido como La Lechería, acaban de arrancar un convenio que suspende el desalojo por dos años (hay un juicio en trámite, cuyo desenlace era inminente). En ese lapso, el Gobierno de la Ciudad se compromete a construir y entregar viviendas a sus actuales ocupantes. Al mismo tiempo, la CMV, por boca de su subsecretario *presente en las negociaciones finales* se comprometió a suscribir un compromiso por separado, para hacerse cargo del alojamiento transitorio de los vecinos, en caso de que se superase el plazo previsto para la desocupación del edifico y las viviendas definitivas no estuvieran en condiciones de ser ocupadas por sus beneficiarios. Este acuerdo ha sido el resultado de una tenaz movilización de los vecinos, quienes en el curso del último año llevaron incansablemente sus reclamos contra el desalojo y por una vivienda digna frente a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad y a la propia Legislatura. En una asamblea general realizada hace unas semanas atrás en el propio edificio de La Lechería, a la que asistieron representantes de la CMV y también miembros del bloque legislativo del Partido Obrero, los vecinos pusieron al gobierno entre la espada y la pared. Los compañeros de La Lechería salieron al cruce del bicicleteo al que eran sometidos sistemáticamente por la CMV, que venía prometiendo la construcción de viviendas y elaborando "proyectos" *que, por ahora, no pasan de un expresión de deseos* mientras el juicio no se detenía y el desalojo se venía encima. Esto es lo que viene ocurriendo con todos lo grupos de familias en idéntica situación que La Lechería (nos referimos a los edificios de Sarandí, Corrientes, Perón, etc.), a quienes se les viene planteando diversas "alternativas de vivienda". Pero lo único cierto es que hasta ahora están con las manos vacías, y se avecina el desalojo y la pesadilla de cientos de familias en la calle. A este triunfo contribuyó también la acción legislativa desplegada por el bloque del Partido Obrero, que se plasmó en la elaboración de un proyecto de expropiación del edificio de La Lechería y su destino, previo reciclaje, para vivienda de sus actuales ocupantes. Dicho proyecto, que fue redactado por el bloque del PO con el aporte de los vecinos y aprobado en asamblea general, logró despacho mayoritario de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. El proyecto presentado por Altamira expresa una orientación social diametralmente opuesta a la política del gobierno de Ibarra que, ante todo y por sobre todo, privilegia los intereses de los propietarios y pulpos inmobiliarios. El sacrosanto derecho a la especulación y al lucro de un puñado de capitalistas está, para ellos, por encima del derecho a la vivienda de centenares de familias sin techo. Aún antes de que sea considerado en sesión plenaria, el proyecto de Altamira actuó como un revulsivo político, desenmascarando la política del gobierno y oponiéndole otra política, que parte de privilegiar los intereses de los trabajadores. El proyecto, respaldado por la movilización de los vecinos, se convirtió en un factor de presión sobre los propietarios y sobre el propio gobierno, forzándolo a buscar una salida que contemple las necesidades de las familias afectadas. Meses atrás, Ibarra se declaró contrario a comprar el edificio *ni hablemos de expropiarlo* para no sentar un precedente que pudiera servir de referencia a otros sectores afectados que están padeciendo idéntica situación. El gobierno porteño desistió inclusive de llevar a remate el edificio cuando tenía dicha posibilidad al alcance de la mano, por el juicio que mantiene la administración con el propietario por una deuda en concepto de impuestos municipales que supera los 150.000 pesos. Ahora, cuando la movilización de los vecinos logró frenar el desalojo, el gobierno *como parte del acuerdo alcanzado* le otorgó a los propietarios una condonación de los impuestos adeudados y un canon mensual de 1.300 pesos. Aquí tenemos retratada de cuerpo entero la política del progresismo porteño: el desalojo corre para los sin techo, pero no para los dueños, aunque éstos revistan la condición de deudores morosos y evasores, como ocurre con el caso de La Lechería. Despejado el peligro de desalojo inmediato, ingresamos en una etapa crucial, pues ahora lo que está en juego es garantizar el acceso de los ocupantes a una vivienda definitiva. Es necesario defender la existencia de una mesa de trabajo permanente integrada por el gobierno y los vecinos, dirigida a controlar la elaboración y ejecución del proyecto. Hay que mantenerse más que nunca en guardia y en movilización junto a los otros sectores trabajadores y familias sin techo, pues de esa acción mancomunada y de conjunto depende, hoy más que antes, la suerte y el futuro de los reclamos planteados.

El juez Canicoba Corral ha enviado una intimación de desalojo a 500 familias que viven desde hace años en tierras de la Villa 21-24. El juicio por usurpación fue iniciado por la Mutual "Flor de Ceibo", entidad a la que le fueron transferidos los terrenos de la Villa en función del programa Arraigo. Los directivos de la Flor de Ceibo claman contra la "ilegimitidad" de esta ocupación. Pero en la 21-24, no hay nada más "ilegítimo" que el manejo que ha hecho la Flor de Ceibo respecto de la tierra y de la vivienda. La Mutual maneja en forma arbitraria y discriminatoria a su "padrón de afiliados", para manipular, a su turno, la entrega de predios y viviendas. La Mutual *comandada por "amigos" de Ibarra y Jozami* ha admitido la peor de las intrusiones en sus tierras: cedió voluntariamente varios de sus mejores predios para la instalación de empresas privadas que lucran con las tierras de los vecinos. En cambio, ahora pretende hacerse "fuerte" contra familias sin techo. El Cuerpo de Delegados de la Villa 21-24, que se puso en pie luchando contra la "burocracia villera" que dirige la Flor de Ceibo, repudió el intento de desalojo. Un pronunciamiento firmado por los delegados, donde se reivindica al asentamiento como parte de la propia Villa, ha sido dirigido al juez de la causa. Es evidente que, si el desalojo prospera, los "dirigentes" de la Mutual lo utilizarán como antecedente para expulsar del barrio a vecinos "no asociados a la Mutual" o " atrasados con sus cuotas". En definitiva, el desalojo del asentamiento es una avanzada en el proyecto frepasista a favor de una radicación "selectiva" en la Villa, donde sólo el 10% de los vecinos accedan a su vivienda y el resto sea expulsado. Por eso, toda la Villa debe defender el asentamiento, contra la burocracia villera que es cómplice del gobierno y de la Corporación del Sur.

Durante la campaña electoral el 95 % de los partidos se presentaron en oposición al gobierno de la Alianza y Cavallo. ¿No recuerda a Terragno planteando el compromiso "histórico" de echar a Cavallo? ¿O a Duhalde, Alfonsín, Moreau o el ARI enarbolando la misma "causa"? Observe el lugar que han pasado a ocupar. Todos ellos están apuntalando la "reprogramación de la deuda" impulsada por el ministro de Economía al que llamaban a expulsar. Todos ellos están sosteniendo al gobierno fundido, hambreador y entreguista al que dijeron enfrentar. Todos ellos se negaron a otorgarle a Cavallo la facultad de ofrecer la recaudación fiscal como garantía del pago de la deuda externa, tachando tal actitud de "traición a la patria" (Carrió). Pero "lo cierto es que la clave de la ‘reestructuración ordenada’ de la deuda es la decisión de ofrecer como garantía la recaudación fiscal" (La Nación, 7/11). ¿Votarán, ahora, este nuevo "superpoder" a Cavallo? El gobierno, en nombre de paralizar el default, pretende llegar a un acuerdo con los banqueros que garantice el pago de sus deudas usurarias con la recaudación de impuestos y salve a los capitalistas quebrados a través de todo tipo de prebendas (rescate de deudas incobrables, beneficios contables que salvan la quiebra bancaria, reintegro a los exportadores en dólares). ¿Quién va a pagar, entonces, la bancarrota capitalista? Las medidas adoptadas en este paquete "default" contra los trabajadores, hablan por sí mismas. Tan solo los cambios en las asignaciones familiares implican un "ahorro" para el gobierno de 500 millones, que salen del bolsillo de la familia trabajadora (eliminación del subsidio por casamiento, reducción de la asignación por hijo, etc.) y tienen características demoledoras en lugares como la Patagonia. Pero lo que se conoce es solo un primer capítulo. El gobierno está obligado a tratar de imponer, una vez más, el "déficit cero". Está planteada la eliminación del Incentivo Docente, la reducción drástica o aún eliminación de los Planes Trabajar ("habrá ahorros de 150 millones de pesos con la unificación de planes" según la ministra Bullrich, BAE, 30/10), el recorte feroz del presupuesto universitario, la eliminación de los fondos especiales y una ofensiva en regla contra los trabajadores estatales, docentes y municipales de las provincias. Pero es el fracaso del "déficit cero", pactado en oportunidad del "megacanje", el que ha llevado a la reestructuración de la deuda con los banqueros. Y es en nombre de esta reprogramación que se vuelve a lanzar un plan de guerra contra los trabajadores. Todos los falsos opositores de ayer, incluidas las centrales sindicales, han hecho causa común con el "canje de la deuda" liderado por Cavallo. Presentan como salida algo que no lleva a ningún lado, revelando que carecen de un planteo que evite el derrumbe financiero y el sacrificio de las masas. En este escenario cobra mayor importancia el planteo del Partido Obrero de reemplazar, mediante la movilización, la lucha y la huelga general, a los gobiernos decrépitos de la Nación, las provincias y los municipios por Asambleas Constituyentes soberanas. Cada minuto que pasa, se plantea con mayor agudeza una necesidad: o los echamos o nos destruyen. Por eso reiteramos la convocatoria lanzada la semana pasada, dirigida a los partidos de izquierda y a las organizaciones piqueteras. Autoconvoquémonos en un Plenario Deliberativo Nacional para fijar la salida de los trabajadores a la crisis nacional y votar movilizaciones de masas para imponerlas. Los partidos de izquierda, las organizaciones piqueteras, los centros universitarios recuperados a la Franja Morada, debemos reunirnos para fijar la política de los trabajadores frente a la crisis. Para que esta vez la clase obrera y los explotados no sean furgón de cola de nadie, sino cabeza de sus propios intereses. El ‘blindaje’ y el ‘megacanje’ fracasaron, la "reestructuración ordenada" de la deuda seguirá el mismo camino. Opongamos a este gobierno y al derrumbe capitalista la convocatoria a Asambleas Constituyentes soberanas, lo que significará poner en pie un gobierno nacional y en las provincias que, por primera vez en la historia, será responsable ante una asamblea popular deliberativa. Un escenario de esta amplitud abrirá el camino para que la mayoría de las masas comprenda la necesidad de un gobierno de trabajadores.

En la ciudad de Buenos Aires, donde se concentran los mayores recursos y riquezas del país, el gobierno porteño apenas cuenta con unos escasos miles de planes de empleo para los desocupados. Pero el flagelo del desempleo viene creciendo. A los 150.000 desempleados que se computaban hace un año, se le han sumado otros 40.000 trabajadores que han perdido sus empleos. A la escasez, hay que agregarle la propia naturaleza de los planes de empleo. La administración Ibarra viene otorgando planes de "empleo joven" y de "autoempleo". El primero de ellos consiste en una retribución de 200 pesos por mes por el lapso de 6 meses, en los cuales el joven debe trabajar en una empresa privada durante 4 horas diarias. Varios de estos contingentes han sido tomados por los supermercados, principalmente por la cadena Eki. No cuentan con cobertura médica, ni jubilación, ni beneficios sociales y no les corresponde ninguna indemnización una vez finalizado su contrato. Las empresas adjudicatarias pasan a tener "costo cero" al pasar a tener mano de obra gratuita financiada por el Gobierno de la Ciudad. Por esta vía no se crean nuevos empleos. Las patronales se valen de esta mano de obra regalada para sustituir el personal en actividad y desconocer los convenios. Como si no fuera suficiente, las empresas se reservan el derecho de seleccionar a los candidatos. Ya son reiteradas las denuncias de que si el joven aspirante vive y/o tiene domicilio en alguna de las villas, eso es suficiente para que sea dejado afuera. El autoempleo todavía es más pérfido. También en este caso, consiste en 200 pesos por un plazo de 6 meses. Con la excusa de que es un "micro emprendimiento" y de que el trabajador está poniendo en pie "su" propia empresa, debe conseguir y financiar de su bolsillo no sólo los instrumentos de trabajo sino también la materia prima y los insumos necesarios para su ejecución. Mientras hay tantas obras de urbanización sin hacer, escuelas y centros de salud que se caen a pedazos y falta de viviendas, los compañeros no tienen más remedio que terminar fabricando pan, cortando el cabello o improvisando una tarea parecida. Ni hablar del manejo que se hace de esos planes. El escándalo de los denominados "Nuevos Roles Laborales" (cuyos destinatarios eran los militantes de Franja Morada) puso en evidencia el uso absolutamente discrecional en la asignación de los planes de empleo en el ámbito de la Ciudad. El número total de dichos planes es un misterio. Los mismos están distribuidos en las distintas dependencias. Cada fracción y camarilla enquistada en los organismos y secretarias del gobierno tiene una tajada de la oferta total de planes que dispone el gobierno y los usufructúa a su antojo para nutrir a su grupo de adictos y punteros. Son reiteradas las denuncias en las villas y complejos habitacionales sobre nombramientos de amigos de los punteros, a lo que se agrega la entrega de materiales de construcción, bolsas de alimentos, frazadas y asistencia social que en muchos casos no llegan a sus destinatarios y son desviados para lucrar comercialmente. Esta es la política del progresismo porteño en materia de empleo. Estamos en presencia no de una política de empleo sino de desempleo y precariedad laboral (apunta a bajar el salario a un nivel de indigencia, con retribuciones de 120 a 200 pesos). El panorama descrito pone al rojo vivo la necesidad de una gran iniciativa de movilización de conjunto, que abrace a trabajadores desocupados y ocupados de la Capital: • Publicación por parte del Gobierno de la Ciudad de todos los planes de empleo que se otorgan y el control de su manejo y adjudicación por parte de las organizaciones representativas de los vecinos y desocupados. • Cobertura médica y beneficios sociales para todos sus beneficiarios y aumento del monto de los planes a 500 pesos. Pasaje a planta permanente e incorporación a convenio, con un sueldo no menor a la escala inferior del mismo, de los jóvenes contratados bajo estas modalidades. • Instrumentos de trabajo y materia prima proporcionada por el Estado para los trabajadores incorporados a los planes de autoempleo. • Ampliación de los planes de trabajo. Creación de 50.000 puestos de empleo con un salario de 600 pesos, dirigidos a poner en marcha un vasto plan de urbanización e infraestructura y vivienda que permita dar respuesta a las necesidades más urgentes y apremiantes de la población de la ciudad. • Prohibición de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. • Salario mínimo de 600 pesos.

En catarata, las calificadoras de riesgo más importantes del mundo han dado su veredicto: Argentina ha ingresado formalmente en la cesación de pagos. Standard & Poors bajó la nota del país al nivel de "default selectivo", calificación que "pone al país en la lista negra de todos los inversores". Del mismo modo, la consultora Fitch consideró a la propuesta de canje de deuda como "cesación de pagos". Moody´s se aprestaría a brindar una calificación similar. La calificación de las consultoras es sólo el colofón de la bancarrota capitalista y de la cesación de pagos que recorre cada rincón del país. La provincia de Buenos Aires paga los haberes de los trabajadores del Estado en cuotas, sin fecha de cancelación definitiva y con una masa creciente de patacones, y "no es descartable que, frente a la crítica situación nacional, se vaya a un pago de sueldos del ciento por ciento en bonos" (La Nación, 2/11). La provincia del Chaco acaba de resolver el no pago de los servicios de amortización de capital de sus bonos y de los intereses en algunos casos, transfiriendo además "el dinero del Fondo Fiduciario destinado al pago del vencimiento de los Bonos Chaqueños de Consolidación a las cuentas del gobierno provincial" (La Nación, 7/11). La Rioja ha declarado su propio "default". La situación se reproduce en la mitad de las provincias y tiene características terminales en municipios del interior y en las zonas inundadas de la pampa húmeda. Además, el gobierno no tiene fondos asegurados para pagar los 2.000 millones de intereses de la deuda pública que vencen en noviembre y diciembre. El FMI ha negado el adelanto de 1.260 millones de dólares, que sólo podrían ser utilizados para recomponer reservas, planteando que la Argentina debe pagar los intereses de la deuda con los recursos que provengan de la aplicación del "déficit cero". La mitad del préstamo extraordinario de 5.000 millones de dólares otorgado tiempo atrás, para reforzar las reservas, se ha perdido con la sistemática fuga de depósitos, "que el viernes último superó los 400 millones" ( Ambito, 7/11). ¿Acuerdo con los banqueros? ¿Cómo se explica que las consultoras que responden a los bancos internacionales declaren a la Argentina en cesación de pagos, y los llamados "banqueros locales", que son en su inmensa mayoría agentes de estos mismos ba ncos, aparezcan convalidando el planteo de Cavallo de "reestructuración ordenada" de la deuda? Si se leen atentamente las declaraciones de los banqueros se verá que hubo gestos pero ninguno de ellos se comprometió a nada. Sacerdote (Bank Boston), que actuó como vocero, "evitó pronunciarse abiertamente sobre la oferta de canje realizada por Economía", porque "hay muchos decretos juntos, no tenemos el detalle" (Página/12, 7/11); "el gran ausente en el encuentro fue Eduardo Escasany, titular del Banco Galicia y de la Asociación de Bancos" (Ambito, ídem). "Nadie parece dispuesto a ser señalado como el responsable del empujón final", señala La Nación (7/11), pero, al mismo tiempo, el gobierno está obligado, en el plazo de horas, a convertir los "gestos" de los banqueros y titulares de las AFJPs en compromisos concretos con el canje de la deuda. Por esta misma razón, las concesiones a la "patria financiera" han crecido en forma geométrica. "Fueron determinantes para lograr el respaldo de los banqueros los cambios introducidos a último momento en la reestructuración de la deuda. No habrá un nuevo bono, sino que los títulos actualmente en circulación se canjearán por préstamos (no cotizarán en mercados) con una tasa máxima del 7% anual" (Ambito, ídem). De este modo se evita la existencia de un título que cotice en Bolsa, se desvalorice y afecte el patrimonio del banco si se contabiliza a valores de mercado. Los "préstamos garantizados" llamados a reemplazar a los viejos bonos tendrán una valuación equivalente e inconmovible por el 100% del valor nominal de éstos. "A los bancos les conviene porque hoy un activo computado al 50 ó 60% lo pasarán a contabilizar al 100%. Lo mismo con las AFJPs y las aseguradoras. Transformando los bonos en créditos se olvidan del riesgo país. Porque el crédito no cotiza en el mercado" (Clarín, 3/11). Cavallo ha prometido que la nueva deuda estará garantizada por la recaudación impositiva y el impuesto a las cuentas corrientes, al punto de constituir un "fondo fiduciario" que pagará primero la deuda pública y luego los gastos del Estado. Además, los "préstamos" estarán libres del impuesto a las ganancias, lo que lleva a que la tasa de interés del 7% suba a un 10,56%, muy cerca del 11% promedio que pagan hoy los bonos (Clarín, 7/11). Además, el rescate de empresas quebradas es un rescate de las carteras en mora de los bancos. Además, se dispone un mayor uso de tarjetas de débito atadas a salarios, un negocio para los bancos. Además.... Pero aún así: ¿el canje de la deuda puede tener futuro? ¿Cuál sería la razón, en un país en bancarrota, por la que los banqueros querrían cambiar bonos que hoy rinden un interés usurario del 15% anual o más por otros al 7% (también usurario, el triple de la tasa de interés internacional)? Finalmente, los títulos públicos ya tienen privilegio de pago por la ley de "déficit cero" y también pueden ser utilizados para pagar deudas impositivas o impuestos si el Estado no los rescata en el plazo de vencimiento. Además, el "impuesto al cheque" pretende ser coparticipado por los gobernadores, por lo que su uso final está por verse. En este escenario, "la deserción del gabinete del subsecretario de Financiamiento Julio Dreizzen (puede) anticipa(r) la respuesta de los bancos locales y el marginamiento en la elaboración del paquete del secretario de Finanzas, Daniel Marx, la de los bancos internacionales" (Página/12, 4/11). La propuesta de canje viene luego de las experiencias fracasadas del "Blindaje" y el "Megacanje" y es, en relación a ellas, una variante de menor alcance. Aun si los banqueros aceptaran los términos del canje y Cavallo sometiera a las provincias a sus condiciones, nadie puede garantizar el cumplimiento del nuevo pacto con la recaudación en caída libre y una situación general de bancarrota. "La crisis nacional no se reduce a la cesación de pagos; por el contrario, ella es la punta del témpano de la quiebra de la organización capitalista de Argentina" (PO Nº 726). Rescate de la burguesía quebrada Toda empresa en mora con los bancos puede cancelar las deudas con títulos públicos, que hoy cotizan a menos de la mitad de su valor, entregándolos al 100% de su valor nominal. Significa un descomunal rescate de estas empresas por el Estado exigido por el "capo" del Grupo Macri al reclamar la estatización de las deudas, pero cuyo alcance está por verse. El salvataje corresponde a empresas en quiebra ("categorías 3 a 6" de deudas en mora) que deberían pagar el 50% de sus deudas, repatriando dinero del exterior cuando el país está en depresión profunda y la quiebra industrial es generalizada. De conjunto, si se aprecia la "reestructuración ordenada" de la deuda a tasas del 7% contra el 15/30% actual, y la reducción del aporte jubilatorio del 11 al 5%, el nuevo paquete del gobierno plantea una transferencia del sector financiero a sectores quebrados de la burguesía, un "vuelto" para la burocracia sindical y un sector de trabajadores y un plan de guerra contra las masas del cual se conoce sólo la décima parte. Ficción Los puntos "reactivantes" son casi una ficción. El aumento del salario de bolsillo en un 7,2% en función de un menor aporte jubilatorio comprende sólo a los asalariados que tienen un empleo formal, apenas el 30% de la población económicamente activa. Pero esto sería menos que la sustracción del 13% de salarios y jubilaciones, que el gobierno ha anunciado para todo el año próximo. La asignación de 30 pesos por hijo menor de 14 años, sólo para las familias de desocupados y asalariados que ganen menos de 1.000 pesos, se basa en la destrucción del régimen de salario familiar y la fundición del resto de planes sociales, algo que supondría "reducir en unos 600 millones el gasto social" (Página/12, 3/11). Lo más ficcional de todo es la prestación de 100 pesos para todo anciano a partir de los 75 años, en un país cuyo promedio de vida llega a los 72. Naturalmente, el Estado no está en condiciones de alcanzar el "déficit cero" de aquí a fin de año, con la recaudación en caída libre y las cuentas públicas desbordadas. Cavallo ha "ocultado" el presupuesto 2002, que incluiría la supresión del Incentivo Docente, el arancelamiento universitario y un plan de guerra contra los trabajadores públicos y las provincias. La única alternativa que tiene el gobierno es la emisión de Lecop, pero está por superar la emisión tolerada y eso lleva a la desvalorización, punto en el que se encuentran el Patacón y el Quebracho. Detrás del paquete y de la inviabilidad del "déficit cero" está la devaluación sigilosa que hoy reclaman des de Juan Alemann hasta Ambito: "Si se usa Lecop, y por su abundancia cae a una paridad de 90%, ese 10% será equivalente a una devaluación encubierta (en la que) el exportador se beneficia porque internamente salda insumos y salarios con la misma moneda paralela devaluada y no convertible. De ahí a la dolarización con devaluación previa habría un paso y aún podría no ser necesario dolarizar" (Ambito, 5/11). El gobierno ha lanzado el paquete sin apoyo externo, sin acuerdo con los gobernadores, por su propia situación terminal y la inminencia del default. Un gobierno fundido sin oposición política El derrumbe de este intento final planteará la caída de Cavallo e incluso del gobierno en pleno. Si éste se sostiene es por la política de apoyo a la "reestructuración voluntaria" de la deuda, la bandera de la "oposición" que tomó en sus manos el ministro de Economía. En este arco político de sostenimiento están Duhalde, Alfonsín, el ARI ("ante la reestructuración de la deuda no puedo estar en desacuerdo", Elisa Carrió, Página/12, 4/11) y las centrales sindicales (la CTA se entrevista con el ministro de Trabajo para pedirle a este gobierno un "shock redistributivo" contra la pobreza). La izquierda está adaptada a este vacío político, IU propone una movilización sin alternativa de poder, "contra el paquetazo" y el "no pago de la deuda". El gobierno ha cuidado especialmente el flanco de la burocracia, cambiando fichas en el Ministerio de Trabajo y resolviendo una garantía de ingreso mínimo de 20 pesos por beneficiario para cada obra social, una medida que "mejorará las cuentas de las entidades sindicales, principalmente de aquellas que registran una nómina salarial más baja, como la de camioneros, de Hugo Moyano, y la de la construcción, de Gerardo Martínez, entre otras" (La Nación, 6/11). La crisis terminal del régimen en su conjunto, plantea una situación nueva a la lucha de las masas. No es suficiente un planteo reivindicativo, ni mucho menos confinar estas reivindicaciones a demandas locales. Una crisis de poder exige un planteo político porque ese poder se ha convertido en una marioneta de la propia crisis y no tiene capacidad para responder a las reivindicaciones. En esta situación, el punto vertebral de la intervención en la crisis es desenvolver en todos los escenarios posibles el planteo de la Asamblea Constituyente en la Nación, las provincias y los municipios (una posición que debe ser especialmente presentada en las Asambleas Piqueteras Regionales que comienzan a desenvolverse). La crisis en desarrollo es una confirmación feroz de la ausencia de salida de la mano de los políticos del orden existente, por progresistas que sean. La crisis terminal pone al rojo vivo la necesidad de un partido obrero y de un programa de salida plasmado en una política de partido. Más claramente: no hay salida popular si no encarna en un partido revolucionario de la clase obrera. "Esto recién comienza."

Más de 5 millones de hectáreas del noroeste bonaerense están bajo el agua. De esta zona proviene el 25% de las cosechas y el 30% de la producción ganadera nacional. Hay miles de evacuados y las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de las ciudades de estas zonas inundadas de la pampa bonaerense están destruidas: sin escuelas, con pérdida de bienes, sin trabajo, sin la alimentación adecuada. Uno a uno, todos los pueblos de toda la zona (Pehuajó, Henderson, Casares, 9 de Julio, Bolívar, Junín, Bragado) se van movilizando. Las inundaciones que golpean el interior de la provincia son una "catástrofe natural" tan regular y predecible como el paso de las estaciones. Sin embargo, su efecto devastador es más brutal que nunca como consecuencia de los cambios climáticos provocados por el llamado "efecto invernadero" - un fenómeno global provocado por la emanación de gases carbónicos de la industria de los países imperialistas. Por qué los gobiernos no han hecho nada Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires no son algo nuevo. Sólo en los últimos seis años se han producido cuatro grandes inundaciones. Pero que ninguno de los gobiernos *radicales o peronistas en la actualidad; conservadores o militares en el pasado* ha invertido en obras para canalizar los desbordes pluviales y las inundaciones, a pesar de los estudios realizados desde hace casi un siglo en tal sentido. La razón es sencilla: la gran oligarquía agropecuaria se opone a estas obras porque las inundaciones *que arruinan a los pequeños productores* aceleran el proceso de concentración de la propiedad y la producción agropecuaria. En los últimos 10 años, unos 60 mil productores agropecuarios han debido abandonar sus campos en la pampa húmeda. Después de cada inundación, miles son forzados a malvender sus propiedades; otros están obligados a tomar créditos que terminan ahogándolos. Ahora, con el agua al cuello, los gobiernos nacional y provincial han anunciado un plan (mínimo) de obras públicas de canalización, pavimentación, etc. de la zona, que es la excusa para un nuevo saqueo. Ya De la Rúa y Cavallo anunciaron que a partir del 1° de enero aumentará en 5 centavos el precio de los combustibles para crear un "fondo de obra"’ para la región. Ruckauf, por su parte, también se apresuró a informar que a las facturas eléctricas se les sumara un impuesto de 1 peso con el mismo destino. "Hay que ser solidarios, che", dicen los gobernantes que están hundiendo el país para garantizar el pago de la deuda a la banca imperialista. Naturalmente, a Ruckauf, Cavallo o De la Rúa no se les ha ocurrido establecer un seguro para los desocupados (los que venían de antes y los que han quedado sin empleo como consecuencia de las inundaciones) ni una indemnización para los trabajadores y minifundistas que han perdido todo. Frente a esta catástrofe se trata, en primer lugar, de defender los intereses de los trabajadores de los pueblos y los campos de la zona. Segundo: salvar a los pueblos amenazados por las aguas. La ciudad de Carlos Casares, por ejemplo, está amenazada; el desborde de la laguna Maganini puede dejar al pueblo bajo las aguas. Para salvar a los pueblos, hay que afectar el derecho de propiedad de los grandes propietarios. El canal que evacuaba las aguas pluviales de la Maganini hacia otra laguna que está dentro de la estancia La Dorita, "ha sido bloqueado por su propietario, Hugo Biolcatti, de la Sociedad Rural Argentina" (Página/12, 19/10), que ha interpuesto un recurso judicial en defensa de su derecho de propiedad. La vida y la salud del pueblo están por encima del derecho de propiedad de un estanciero y de todos los estancieros juntos. Hay que movilizar todos los recursos del Estado y de la sociedad (camiones, maquinaria vial, de construcción, cemento, etc.) para realizar todas las obras necesarias para superar la crisis. Es necesario que en cada ciudad y distrito se convoque a Asambleas Populares Constituyentes donde se voten las medidas a adoptar frente a la crisis. No hay nada por encima del interés del pueblo y de sus trabajadores. Tercero: contra los monopolios, nos oponemos a la privatización en marcha de los bancos Nación y Provincia. Detrás de esto está el remate de las tierras endeudadas a precio vil, que pasarán a manos de la banca imperialista y sus testaferros. Contra la corrupción, propugnamos que dichos bancos deben estar sometidos al control obrero y realizar una amplia investigación para recuperar los fondos "entregados" a los amigos del régimen (1.200 millones de pérdidas estatizados de las familias Yoma, Pérez Companc, Gualtieri, etc.). Estatización de toda la banca bajo control obrero. Condonación de las deudas usurarias a los pequeños productores. Plan de industrialización agraria. Cuarto: rechazo de todo nuevo impuesto al pueblo. Que las obras necesarias sean realiza das sobre la base del no pago de la deuda externa e impuestos extraordinarios al gran capital y a la gran propiedad agraria. En cada pueblo y distrito, formar coordinadoras de trabajadores, desocupados e inundados para defender sus derechos contra la explotación capitalista de la catástrofe.

Con la suspensión de la atención por parte de todos los sanatorios del país, el recorte de subsidios sociales y otras prestaciones, farmacéuticas, ópticas y de sepelios, el Pami ha entrado en el peor colapso de los últimos tiempos. El atraso del pago a los prestadores médicos y sociales lleva varios meses; se han rebajado salarios médicos y está en liquidación la guardia médica propia. Ahora, la intervención ha presentado al Ministerio de Trabajo un recurso de "Procedimiento de reestructuración productiva" que prevé "medidas de reconversión profesional y de reinserción laboral en los trabajadores afectados", cuando "empresas públicas o mixtas se encuentren afectadas por reducciones significativas del empleo". Esto es, un "procedimiento" con vistas a despidos masivos. El desfinanciamiento de la obra social viene de mucho tiempo atrás. Durante los últimos años, el Pami estuvo recibiendo 80 millones de pesos mensuales menos, debido a la rebaja de aportes patronales y la evasión de aportes. Con la rebaja del 13% a los estatales y jubilados y la caída de salarios privados, la recaudación cayó otros 20 millones. Así, el Instituto estuvo recibiendo mensualmente 160 millones de los 240 que recibía en épocas de Matilde Menéndez, o de los 200 bajo la gestión Alderete. Ahora, incluso, el envío de esta suma es bicicleteado por Economía. La deuda con bancos privados asciende a 700 millones, por préstamos que cobran entre 20 y 45% de interés en dólares, que se deducen antes de ingresar la recaudación al Instituto. El sacar al Pami del presupuesto nacional (Machinea, con acuerdo de Polak, la centroizquierda y los gremios) significó que debe financiarse con lo que recauda, menos los "atrasos" permanentes de Economía (Prensa Obrera Nº 722). Este vaciamiento presupuestario es una demolición provocada para liquidar la obra social. Casualmente, un grupo de empresas prestadoras, ligadas a Luis Barrionuevo (Página/12, 28/11), ha propuesto ahora hacerse cargo de la atención en todo el país por más de 175 millones mensuales, más de lo que el Ministerio de Economía venía enviando a la obra social. A cambio, ofrecería prestaciones médicas y geriátricas por un valor de 20 pesos mensuales por afiliado, lo que redundará en medicina chatarra, y absorbería menos de la mitad del personal actual. Tanto esta variante de gerenciamiento, que no es otra cosa que el proyecto de Alderete, como la de "provincialización" (que cada provincia se haga cargo) conducen, a su turno, a la desaparición de la obra social actual. El desguace consistiría en pasar las prestaciones sociales (subsidios, programa alimentario) a la Bullrich y el resto a gerenciadoras que, paulatinamente, cobrarán adicionales y coseguros a una franja de jubilados que puedan pagarlos. El resto quedará en un Pami residual que confinará a los viejos indigentes a los devaluados hospitales públicos. Pero la liquidación del Pami, que el FMI ha marcado como prioritaria, tiene otro alcance. La privatización general de las obras sociales y la salud pública tiene como condición la liquidación de esta obra social, la más poderosa, porque es un gigantesco competidor y regulador de precios del mercado de salud. Ningún privado podría vender mejor y más barato que el Pami, con su gran masa de recursos. Los gremios del Pami pocas veces han estado más inactivos. La Unión de trabajadores del Instituto, que acaba de ser agraciada por la Bullrich con la personería gremial para el ámbito del Instituto, puede especular con su injerencia en un Pami residual. Upcn, el único con una obra social propia (Unión Personal), acaricia la idea de participar en los "gerenciamientos". ATE se ha limitado a acciones aisladas y mediáticas y gestiones parlamentarias con los diputados del ARI que han servido a meros fines electorales. En este cuadro, sectores de trabajadores y afiliados se han movilizado en defensa del Pami en todo el país y han surgido asambleas de autoconvocados en varios sectores. El Partido Obrero propone reunir estas voluntades de lucha y promover una asamblea general, que prepare la huelga general del Pami, con permanencia en los edificios, hasta que se recuperen todas las prestaciones a los jubilados y el Estado asegure un presupuesto de 2.600 millones anuales y se haga cargo de la deuda. Ningún despido directo o encubierto, anulación de los convenios con el Banco Mundial y las tercerizaciones; investigación pública de los fondos y cuentas; que se vaya la intervención que hundió la obra social; ninguna injerencia del Estado que lo vació; administración y control del Pami por los jubilados y los trabajadores.

• Subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 18 años. Pago íntegro de los jornales caídos de los trabajadores que han perdido su trabajo por el crecimiento de las aguas. • Indemnización por las viviendas y bienes perdidos por los trabajadores. Inmediata puesta en marcha de un plan de viviendas populares para resarcir a los "sin techo", realizado con mano de obra local y bajo el control de las organizaciones de trabajadores. • Comedores populares gratuitos en todas las barriadas bajo el control de comités elegidos por los vecinos. • Garantizar la continuidad gratuita de los servicios (agua, gas, luz) para los trabajadores damnificados. • Garantizar la salud (remedios gratuitos) y la educación para los hijos de los inundados (frente a la desaparición de decenas de escuelas agrarias). • Asambleas Populares Constituyentes donde se voten las medidas a adoptar frente a la crisis.

El derrumbe no tiene fin. El gobernador Montiel procura renegociar la deuda (estimada en 1.000 millones de pesos) y reclama a la Nación 100 millones que serían compensados con Lecop. Aparece la posibilidad cierta de que en el 2002 las dos terceras partes de los recursos por coparticipación no lleguen a destino porque deberán ser transferidos a los acreedores. Entre Ríos paga al año entre 300 y 400 millones de pesos a los bancos por créditos de los últimos diez años, lo que equivale a la mitad de los sueldos de un año de la administración pública (El Diario, 28/10). Montiel pide a la Nación que interceda ante las entidades financieras para refinanciar la deuda. Así las cosas, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodríguez Signes, plantea una "concertación" entre las fuerzas políticas. El delfín de Montiel quiere despegarse del jefe y sale en cuanto medio puede a posicionar la postura de "lo malo" que es Cavallo con la provincia. Enfrente, desde la Multisectorial, el PJ, el ARI, la CTA e IU unen sus voces pidiendo la declaración de la "emergencia social y sanitaria" pero nada dicen de la crisis de poder a la que estamos asistiendo en la provincia y el país. Desde el peronismo se habla de adelantamiento de las elecciones. En IU proponen pensar en las ¡elecciones del 2003! para ir todos juntos. En la CTA todo es discreto: pacientemente van armando la "consulta" para diciembre. ¿Medidas de fuerza? Para nada. Aducen que esta lucha "es de largo aliento" sin ver la fenomenal crisis que tienen en sus propias narices. Para las viudas de la Alianza, Montiel tiene que terminar su mandato: "No se puede afectar la institucionalidad". La bronca generalizada se puede percibir en cualquier rincón de la provincia. La proposición de parte del gobierno del "Plan Aguinaldo", por medio del cual los empleados públicos pueden realizar compras que luego la provincia pagará en bonos, ha generado el rechazo generalizado. En Paraná, los comercios ponen topes de 50 pesos, y entregan turnos para atender, que obligan a los clientes a hacer largas colas únicamente para obtener un número. A quince días del Plan Aguinaldo ya no hay supermercados que lo acepten, sólo las tiendas de ropa y calzado. Eso sí, la policía provincial ha cobrado el mes de septiembre. En la movilización del 24 de octubre, Massarotti (ATE) planteó desde el palco, frente a dos mil personas, que había que echar a Montiel con una pueblada. Un par de días después, la Multisectorial capitaneada por la CTA y Agmer llamaba la atención a Massarotti en pos de preservar "la institucionalidad". Cortes de ruta en Chajarí, movilizaciones multitudinarias en Concepción del Uruguay, Villaguay y Gualeguaychú. En Paraná, todos los días hay una acción de protesta (docentes, judiciales, ATE o jubilados). Se plantea agitar con vigor en cada movilización y protesta: por una Asamblea Constituyente que reemplace a Montiel. Por la huelga general para dar una salida obrera a la crisis.

PO: Hace más de un mes se está acampando en el centro de San Justo. ¿No hubo respuestas? J.V.: Primero se adujo que con las elecciones nadie nos podía atender, porque si uno estaba de licencia, Balestrini u otros estaban ocupados en la campaña electoral. Se jugaron a desgastar la Carpa, a que cada vez venga menos gente, pero después de una acción que realizamos nos atendió el intendente con una pequeña comisión de secretarios. No nos dieron ninguna respuesta. Nos dijeron que no se podían ampliar los cupos (de los planes de empleo) y nosotros le contestamos que no pedíamos ninguna ampliación, sino que reclamábamos lo que nos quitaron. Esos planes se dejaron caer desde el Consejo de Emergencia. ¿Cuál es la situación actual? Ahora el problema se agrava, estamos sufriendo en las barriadas de La Matanza la décimo segunda inundación en un año y esta última es la quinta más importante. Hay más de 5 mil personas evacuadas. El sistema sanitario y de asistencia está quebrado, de la misma forma los sistemas de contención: hay más de 300 familias por escuela. No hay atención médica, la comida es un desastre. Además, los punteros tratan de ejercer un control sobre los compañeros que están evacuados, toman lista, no los dejan salir a determinados horarios, hasta hubo casos en que fueron echados compañeros por enfrentarse con los punteros. ¿Hubo un acercamiento entre los inundados y los desocupados de la plaza? En primer lugar, nosotros, los desocupados del Futrade, somos en gran parte compañeros que están afectados por las inundaciones. Por esto, y a pesar de que estamos con la Carpa aquí en San Justo, muchos compañeros tuvieron que ser evacuados y a partir de ahí muchas familias inundadas se suman al planteo que hace el Futrade. El planteo que sale es un plan de infraestructura o la reasignación de tierras y la reubicación de las familias en nuevas tierras. La respuesta que se recibe por parte de la Intendencia después de una serie de manoseos es una oferta absurda, una tomadura de pelo: se les ofrecen terrenos en el Barrio Nicol, a 45 cuadras de la ruta *que es decir del único asfalto de la zona*, con cuotas de 70 pesos por mes durante 120 meses!!! Pero lo más grave, si cabe, es que esos terrenos están en la actualidad inundados y tienen las napas contaminadas. La respuesta es una cargada. Así se manejan desde el gobierno comunal. ¿Cómo sigue esto? El Futrade plantea la suma de todos los inundados, como también de las demás organizaciones, a la Plaza del Aguante. A partir de la movilización que se realizó por parte de los inundados la semana pasada varias familias se van a sumar y van a instalar carpas. Sobre todo teniendo en cuenta que los colegios se van a desocupar el domingo, y muchas familias quedarán en la calle por no poder habitar sus hogares. Lo que está planteado es extender esta organización a todos los colegios en donde hay evacuados y a todas las barriadas que sufren esta inundación, para las que la única respuesta por parte del municipio es reírse de nosotros en la cara. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la Plaza del Aguante? Vamos a seguir realizando actividades cotidianas enfrente del municipio, a las que están convocados todos los sectores, y vamos a programar actividades especiales donde llamamos a participar a las organizaciones de desocupados CCC, FTV, al Suteba, a la Lista Gris, a los compañeros de Interpack, del Yaguane y a todas las organizaciones que se hagan solidarias con nuestro planteo. Tenemos que organizar asambleas en todos los barrios, para confluir en la Plaza del Aguante para realizar una gran asamblea distrital de trabajadores en donde los planteos de defensa de la educación contra la municipalización y la destrucción de los colegios, en defensa de la salud pública, los planes de empleo genuinos y la solución definitiva a las inundaciones se sumen a los demás reclamos de otros sectores en lucha, como los trabajadores ocupados que pelean contra el vaciamiento de las empresas y los despidos.

Los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba están en lucha. El principal municipio de la provincia y la segunda ciudad del país ha entrado en cesación de pagos. Los trabajadores municipales han salido a la lucha no sólo por el atraso en el pago de salarios sino también por el vaciamiento de la salud pública dependiente del municipio y los intentos del gobierno de liquidar el convenio, despedir trabajadores y tercerizar servicios. La situación de la Municipalidad de Córdoba implica un punto muy agudo de la crisis provincial, porque es el municipio más rico de la provincia. Pero ya hay más de 40 comunas y municipios que están con atrasos en los sueldos y con los servicios a su cargo prácticamente suspendidos. En el camino han quedado la ayuda social, los comedores para niños y ancianos, la obra pública. La situación de la municipalidad capitalina ha puesto sobre el tapete la crisis política existente en el seno de la coalición gobernante (Unión por Córdoba), ya que el intendente Kammerath (ex vicegobernador con De la Sota) pertenece a la Ucedé, y el peronismo le atribuye la crisis y el resultado electoral que permitió que en la capital cordobesa ganara el ex intendente y candidato a senador por la UCR, Martí. Pero la crisis del municipio capitalino es la expresión del derrumbe de la economía provincial, sobre todo de la industria metalmecánica, que ha llevado la producción industrial a caer prácticamente un 50% en relación al año anterior. La situación del gobierno de Kammerath es la misma que la del gobierno de De la Sota, que ha debido suspender sin fecha las privatizaciones de Epec y del juego, y que ve peligrar la del Banco Provincia ya que todavía no ha aparecido el dinero y el Banco Central no dio el visto bueno. Por una Asamblea Constituyente La perspectiva de una cesación de pagos generalizada ha llevado a los municipales a la lucha. Pero éstos han ido lejos y han reclamado la renuncia del intendente Kammerath, evidenciando que la satisfacción de las reivindicaciones populares (que se paguen los salarios, que se mantengan los servicios, etc.) es incompatible con la permanencia de los representantes de los banqueros y monopolios en el gobierno. La conclusión de los municipales cobra fuerza si se establece qué oponemos a los Kammerath. La situación es similar para la provincia. Se ha vuelto a organizar la Coordinadora de Gremios Estatales, lo que revela que existe una tendencia generalizada a salir a enfrentar cualquier intento de descargar el costo de la crisis sobre los trabajadores. La cuestión fundamental para el movimiento obrero pasa por intervenir políticamente en esta crisis, lo cual no sólo debe hacerse con los métodos propios de los trabajadores, la huelga general, las ocupaciones de empresa, etc., sino reclamando que se vayan los De la Sota, los Kammerath, los De la Rúa y los Cavallo, que renuncien y entreguen el poder a una Asamblea Constituyente soberana que reorganice la provincia en función de otros intereses sociales: los de los trabajadores. Que desconozca la deuda financiera de la provincia, que estatice integralmente la Epec y el Banco, que establezca una política industrial partiendo de la apertura de todas las fábricas bajo control de los trabajadores, el reparto de las horas de trabajo, el salario mínimo de 600 pesos por 8 horas de trabajo y el subsidio de 500 pesos para los desocupados.

El texto que sigue es el programa y petitorio aprobado por asamblea entre la Comisión de Desocupados de Pico Truncado y la Coordinadora de Desocupados y Sin Techo de Caleta Olivia, reunidos en Pico Truncado el 26 de octubre. Este petitorio será la base de las reivindicaciones en las distintas localidades, a las que se les agregarán los reclamos particulares de cada organización. Por Trabajo 1. Salario mínimo, vital y móvil (básico 600 de pesos) con obra social y asignaciones familiares o subsidio de mínimo de 500 pesos bajo control de las organizaciones. 2. Eximición de impuestos a todos los desocupados y subocupados (planes sociales). 3. a) Pago de alquiler hasta tanto se tenga una vivienda propia. b) Reducción de las cuotas de planes de viviendas. 4. a) Jornada laboral de 8 horas. b) Reducción de las horas de trabajo en los casos de superar esta jornada y sin disminución de salario. c) Basta de trabajo "por tanto". 5. Por un plan de industrialización y obra pública en la provincia. Fuentes de trabajo genuinas. Construcción de escuelas, jardines maternales, periféricos o dispensarios.

El rechazo a la ‘descentralización’ de la educación ha desencadenado una importante movilización en los distritos de Ituzaingó y Hurlingham. En el primero de ellos, cientos de estudiantes manifestaron frente al municipio (18/10) y fueron recibidos por el intendente Descalzo. Presentaron el reclamo de boleto estudiantil gratuito, becas para todos y pago inmediato de las adeudadas, y el rechazo a la municipalización. Los delegados estudiantiles y algunos docentes (no concurrieron más por las amenazas de ciertos directores) le aguaron el festival "municipalizador" a Descalzo, que pretendía encabezar un distrito "modelo" en la transferencia de las escuelas. El 12 de noviembre, día en el que la Intendencia deberá dar respuesta a los reclamos, habrá una nueva movilización docente-estudiantil. En Hurlingham, el 26 de octubre, el Concejo Deliberante votó sobre tablas un decreto que establece su "no conformidad de este HCD (...) al proyecto de municipalización de la educación; es decir, la oposición lisa, clara y categórica, a la transferencia a los municipios de los establecimientos educacionales de carácter provincial". En sus fundamentos, se señala que "los procesos anteriores de transferencia (…) de Nación hacia las provincias (trajeron) un agobio a los presupuestos provinciales, traducido en un bajísimo salario (los básicos no exceden los 250 pesos para cargo de base y en Buenos Aires es de 234 pesos), en un manifiesto deterioro de la infraestructura y en la pérdida del concepto nacional y único de la educación". Y hasta se dejó en claro que "los conceptos referidos a la descentralización son una idea-base en los documentos emitidos por los organismos internacionales, que responden a la demanda de los bancos acreedores de la Argentina (…) Tal es el caso de lo expresado en el libro Una educación para el siglo XXI, Propuesta de reforma, editado por Fiel y el CEP (Centro de Estudios Públicos), de diciembre de 2000 (…) Esta involución en el desarrollo educativo significará, por último, colocar en manos privadas la subsistencia de las escuelas públicas". En la misma sesión, docentes y estudiantes intervinieron presentando el pedido de boleto estudiantil gratuito, comedores escolares en las escuelas medias y pago inmediato de las becas adeudadas, junto con un nuevo empadronamiento. Se mantuvo la Coordinadora Toda la iniciativa de continuar con la lucha por la derogación del ajuste y su nueva fase que es la transferencia de la educación, la salud y la acción social de la provincia a los municipios ha estado en manos de la Coordinadora de docentes de Hurlingham, que funcionó dando lugar a las movilizaciones hacia el Concejo Deliberante, al Campamento Blanco y a una Asamblea Popular con la presencia de desocupados, organizaciones barriales, trabajadores de la salud y estudiantes, que organizó la jornada del 26. Los límites y la perspectiva Esta votación de rechazo en el Concejo Deliberante de Hurlingham actúa como acicate en la organización de los docentes y estudiantes de los demás distritos. Sin embargo, la votación en sí no impide la municipalización. Un concejal dio la pista del problema cuando dijo que ellos votarían contra ella, pero si Ruckauf la saca por decreto no habrá más remedio que aplicarla. Hay que usar esta resolución para convocar a una nueva Asamblea Popular.

El Encuentro de Docentes Bonaerenses realizado en Quilmes el 3 de noviembre, contó con la presencia de más de 250 compañeros provenientes de distintos distritos de la provincia, y deliberó en las siguientes comisiones: • Situación política nacional y provincial: cómo enfrentar el ajuste. • Política gremial. • Municipalización: su rechazo. • El papel del docente en medio de la crisis. Como conclusión, para ser llevadas a las asambleas de Suteba el martes 6/11, se aprobaron las siguientes propuestas: 1. Paro hasta que el gobierno de la provincia haga efectiva la totalidad del pago del salario. 2. Plan de lucha provincial por la derogación de la ley de ajuste. 3. Paros progresivos para el congreso de Ctera del 7/11. 4. Hacer nuestro el plan de lucha surgido de la Asamblea Piquetera de La Matanza. 5. Paro general de 36 horas con cortes de ruta con todas las organizaciones de trabajadores y desocupados. 6. Convocatoria a un próximo Encuentro en fecha a determinar.

A principios de año el gobierno bonaerense anunció con solicitadas de una página el pago de becas a 200.000 alumnos de 1º, 2º y 3º año del Polimodal. Las mismas se pagarían durante los 9 meses del ciclo lectivo a los chicos de menores recursos. A fin de octubre la situación es que sólo unos 45 mil han cobrado un solo mes, otros 22 mil dos meses, y dos tercios (133.000) nunca cobraron. En la zona de Cuartel Noveno (Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Albertina, 2 de Abril, Villa Centenario), donde las familias trabajadoras están castigadas por una desocupación superior al 50%, la falta de pago de esos 60 ó 100 pesos mensuales ha provocado una deserción masiva de los alumnos, que deben "elegir" entre cirujear, changuear o ir al colegio. Un grupo de padres resolvió organizarse para lograr el cobro de las becas. Se han realizado asambleas que nuclearon más de 10 escuelas, y dos movilizaciones a La Plata. Los padres no aceptaron los pretextos de los funcionarios ("no hay plata en la provincia") y presentaron un recurso administrativo ante la Dirección de Escuelas. La última asamblea resolvió fundar la Asociación de Padres de Alumnos, que presentará un recurso de amparo, acompañado de un corte del Camino Negro, a principios de este mes. La Comisión llama a organizar a los padres en todas las escuelas para extender la movilización. Entre los objetivos de la Asociación están el cobro de las becas, la defensa de la escuela estatal gratuita, la lucha por edificios dignos para estudiar, y por puestos de trabajo que permitan a los desocupados educar a sus hijos. La asamblea está prevista para el 4 de noviembre a las 10 hs. en la Escuela Media 25, Amsterdam y Filardi, de Villa Centenario, Lomas de Zamora. Están convocados padres, alumnos y docentes de todas las escuelas medias. Esta lucha recién comienza.

La cesación de pagos y la impotencia de los gobiernos nacional y provincial para dar una respuesta a la crisis repercute en el norte de Salta. La falta de fondos en el Instituto Provincial de la Vivienda retrasó el pago en tres quincenas a los obreros de la empresa Petrocon, que se declaró en concurso de acreedores. La situación llevó al paro a los más de 130 obreros, a los que se sumaron los despedidos el 3 de setiembre, que no cobraban sus liquidaciones finales. A partir de la intervención de los compañeros de la Coordinadora de Desocupados de Tartagal encabezados por Pepe Barraza, dirigente del PO, se organizaron marchas y la instalación de una olla popular en la empresa. Esto hizo público e l conflicto, permitiendo poner al desnudo los negociados que se esconden tras la obra pública, denunciados por el PO en la campaña electoral, y reforzando las propuestas realizadas sobre la ejecución de la obra pública bajo gestión municipal con control de las organizaciones sindicales y de desocupados. Los funcionarios tanto municipales tejieron toda una maniobra para que aparezca en escena Abel Toconac, que era el delegado de la Uocra designado por la burocracia, al que una marcha de piqueteros y obreros de la construcción ocupados y desocupados le impusieron la renuncia. Las bases del gremio no dieron continuidad para nombrar un representante, lo que le permitió a la burocracia nombrar otro afín a las confabulaciones entre el gremial y las patronales. Hoy ante esta reaparición de Toconac, el PO hizo pública una carta abierta a los obreros de la Uocra que tuvo gran aceptación (ver recuadro). Los obreros se encuentran debatiendo esta propuesta y algunos se comprometieron a impulsarla. Los compañeros impusieron el pago de lo adeudado y se preparan para dar continuidad a la lucha y la recuperación del gremio.

El lunes 19 de noviembre se inicia la Colecta Financiera de fin de año del Partido Obrero. En el país esta en desarrollo una aguda crisis política, económica y social que plantea un problema de poder, frente al cual es necesario que el PO intervenga conciente y activamente. El PO debe ponerse a la altura de las circunstancias. Las consignas Fuera de la Rua-Cavallo y los gobernadores fondomonetaristas; Asamblea Constituyente soberana nacional, en las provincias y municipios, orientan la campaña de agitación y movilización que esta desarrollando el Partido. Pretendemos levantar tribunas frente a las intendencias y gobernaciones para denunciar los paquetazos fondomonetaristas y antiobreros y reclamar por las reivindicaciones de las masas y, para plantear, que De la Rua, Cavallo y los gobernadores del hambre y la miseria se deben ir. Que todo el poder pase a manos de Asambleas Constituyentes soberanas. Para desarrollar esta campaña que permita una intervención obrera -independiente de las salidas burguesas reaccionarias que se estan elaborando en los cenaculos patronales y burocráticos- frente a la crisis, hacen falta recursos financieros. Plata para editar volantes, sacar afiches, armar tribunas, poner sonidos. Se necesitan recursos para abrir nuevos locales, para pagar viajes de oradores y propagandistas al interior, para poner en pie nuevas regionales partidarias. Se necesitan recursos para apuntalar los movimientos de lucha que se desarrollan contra el paquetazo, como la heroica acampada de los desocupados del Futrade que hace 40 días están en la Plaza de San Justo; para impulsar el trabajo de las agrupaciones estatales y docentes que luchan contra el antiobrero "déficit cero"; el trabajo del Polo Obrero por la tercera Asamblea Piquetera Nacional, o el de los jóvenes que están librando batallas para recuperar los centros estudiantiles de manos de la burocracia de Franja Morada, como ha sido el reciente triunfo de la lista frentista encabezada por la UJS, en la facultad de Psicología de la UBA; o para desarrollar campañas de solidaridad con las luchas en curso (mineros de Rio Turbio, etc.). Necesitamos fondos para desarrollar una vasta agitación contra la guerra imperialista y poner en pie una organización cuartainternacionalista. De usted compañero depende. Necesitamos su compromiso: aporte y pida aportes para la Colecta Financiera Nacional del PO entre sus amigos, compañeros de trabajo, vecino y familiares.

Si analizamos las motivaciones que nos llevaron a impulsar la renuncia de Abel Toconac al frente de la Uocra nos encontramos con que el descontento generalizado se fundaba en una acción gremial alejada de los métodos correctos de la democracia sindical. Prueba concreta de ello es que no existen compañeros que recuerden haber participado alguna vez en la elección de autoridades de la Delegación Tartagal de la Uocra. La situación del gremio es caótica. Los delegados no cumplen el rol que les compete. Necesitamos un gremio combativo que responda a los intereses de los obreros. Por tal motivo tenemos una propuesta, que surge de las experiencias de lucha que protagonizamos en diversas organizaciones gremiales. Consideramos que para que el gremio sea realmente representativo y que su dirigencia tenga el respaldo necesario para actuar, se deben tomar las siguientes decisiones: 1°) Convocar a una Asamblea de Obreros de la Construcción, ocupados y desocupados, que pueden demostrar su condición de tal, a través de la Libreta de Fondo de Desempleo. 2°) Nominar en dicha asamblea a una Comisión Provisoria, que restablezca la representatividad por obras y distintos sectores a través de la elección de delegados. Estableciendo además una representación de los desocupados en una proporción de al menos un delegado cada 50 desocupados. 3°) Darle a la Delegación Tartagal la categoría de Seccional Departamental de la Uocra con autonomía otorgada por la Asamblea Departamental y que resuelva que todos los aportes de los afiliados queden en la Seccional para su funcionamiento autónomo. Poner en funcionamiento un Cuerpo Gral. de Delegados. 4°) La Comisión Provisoria del gremio deberá convocar a elecciones en el tiempo más breve posible, eligiendo en asamblea a la Junta Electoral que garantice una elección participativa y transparente. 5°) Comprometerse a retomar la lucha por los 2,50 pesos para la categoría de ayudante. 6°) Exigir el desprocesamiento de todos los luchadores.

Con el objeto de realizar un balance común y discutir un plan de trabajo, llevamos a cabo el sábado 20 un plenario del Partido Obrero del centro de la provincia de Buenos Aires. Los informes estuvieron a cargo de Julio Restivo (Azul), Alberto Casemajor (Laprida), Fabián Cristóbal (Tandil) y Julio Cortés (Olavarría). Se votaron un conjunto de resoluciones con el objeto de luchar por estructurar al Partido Obrero en el centro provincial y por desenvolver la lucha a favor de Fuera De la Rúa-Cavallo y los gobiernos antiobreros: Asamblea Constituyente. Algunas de ellas: - Apoyo a la Asamblea Piquetera Nacional y a los cortes en cada ciudad. - Desenvolver una campaña en contra de la guerra imperialista contra Afganistán. - Ciclos de charlas sobre situación política e intervención de la clase obrera en el desenlace de la crisis, en Azul, Tandil y Laprida, en las próximas tres semanas. - Trabajo especial sobre los afiliados de la campaña 2000/2001 y plan de suscripciones y colocación de Prensa Obrera en cada ciudad. - Realizar una conferencia del Partido Obrero del centro de la provincia antes de fin de año. Como señalamos en Prensa Obrera N° 726, la decidida participación durante la coyuntura electoral nos ha abierto las puertas para una mayor estructuración regional del partido, uno de los objetivos fundamentales y una de las resoluciones del primer Congreso del PO de Olavarría, en agosto de 2000. Marchamos hacia ese desafío.

En lo que va del año el Ministerio de Trabajo homologó 108 convenios. De esos convenios "el 60% redujo el salario", y "cada vez más sindicatos aceptan descender el mínimo de convenio hasta el piso que marca la ley de Contrato: 200 pesos" (Página/12, 21/10). "Por un peso la hora, a un promedio de 48 horas semanales, sindicalistas y empresarios acordaron, entre otras cosas, movilidad funcional, horario fraccionado, aguinaldo escalonado, vacaciones en otoño, jornadas de doce horas, períodos de prueba de un año y comprometerse a resolver los conflictos sin apelar a medidas de acción directa. Léase: sin hacer huelgas" (ídem). El Sindicato Plástico (CGT Daer) ha profundizado su línea de considerar "Pymes" a empresas de 300 obreros y 50 palos de facturación. Con ese argumento redujo la indemnización por debajo de la ley en un 35%. Hay extremos como el Sindicato Minero, que pactó con la empresa Cerro Vanguardia una jornada de ¡2.400! horas anuales y períodos de hasta 6 meses sin francos a razón de 12 horas diarias. Como se ve, no hace falta ir a McDonald’s, "donde les hacen pagar 30 pesos a los empleados por el examen preocupacional o los obligan a tr abajar después de fichar" con la vista gorda del sindicato de Cavalieri (Empleados de Comercio, CGT Daer). El Sutra (Sindicato del Neumático en la CTA) firmó un acuerdo de rebaja salarial, a recuperar, por un compromiso de estabilidad laboral. Como puede verse, todas las centrales sindicales han transitado por la misma huella. Las cláusulas de paz social están incluidas también en todas las "actas de competitividad" firmadas por caracterizados sindicatos como UTA, Camioneros, UOM, Smata o Federación gráfica. En ellos se pacta una batería de subsidios patronales y al mismo tiempo se obliga a los gremios intervinientes a negociar en estas paritarias. Por otro lado se establecen cláusulas inocuas a favor de "mantener el nivel de empleo" que no obligan en nada a las patronales y que en la práctica son alevosamente violadas. Clarín caracterizó al mes de septiembre como "mes récord de despidos" (hasta ese momento), y denunció al mismo tiempo que "la mayoría de esos despidos se operan en segmentos firmantes de las actas de competitividad". Como se ve, la Reforma Laboral va adelante siguiendo la traza del acta de intención con el FMI de agosto pasado, donde se establecía "que las negociaciones colectivas servirán para lograr mayor flexibilidad laboral y rebaja de salarios". Moyano bautizó la reforma como "Banelco", pero muchos de sus sindicatos, el suyo incluido (ver nota de OCA), están con pitos y cadenas en esta política. La burocracia sindical grita por el "cambio de modelo" mientras pone los huevos en la canasta de los convenios de la Bullrich. Recalde denuncia que "la crisis de los aparatos sindicales hace que muchos dirigentes piensen que es mejor fortalecer el sindicato que los derechos de los trabajadores" (Página/12, 21/10). Efectivamente, sindicatos como el Smata, que ocupa la Secretaría Adjunta de la llamada CGT rebelde, hicieron punta en pactar "aportes especiales" al sindicato, en este caso por el convenio GM, de 20.000 dólares mensuales. La burocracia sindical, frente a la Reforma Banelco, se dio su propia estrategia Banelco. La confluencia Daer-Moyano en la actual tregua refleja una subordinación estratégica a los Cavallo y la UIA. Fuera De la Rúa y Cavallo, fuera la burocracia sindical. Derogación de todos los convenios flexibles, 600 pesos de mínimo, prohibición de todo despido, reparto de horas sin afectar el salario. Sigamos el camino de la Asamblea General de los telefónicos de Buenos Aires: ninguna rebaja salarial, ocupación de toda empresa que despida.

El domingo 16 de diciembre realizaremos el picnic anual del Partido Obrero. Queremos realizar una multitudinaria fiesta obrera que sea la culminación de un proceso de importantes movilizaciones realizadas por el PO durante todo el año, como las del 24 de marzo, el acto del 1º de Mayo, las movilizaciones del Polo Obrero, y la participación en centenares de luchas obreras y populares. Cerraremos el año con los miles que nos acompañaron en todas estas luchas integrando social y políticamente también a sus familias. Se puede organizar un multitudinaria fiesta obrera, alejada de la comercialización capitalista, que dé una verdadera alegría a nuestros hijos y además sirva de recreación y formación política. Habrá 5 campeonatos de fútbol simultáneos de equipos de siete jugadores y dos suplentes, dos campeonatos de fútbol sub-13, y dos de vóley, con importantes premios. También un gran torneo de ajedrez para todas las edades, y un importante show musical. Habrá un stand con libros, muestras fotográficas, videos, presentación del libro de la historia de los piquetes en la Argentina, varios paneles sobre temas de la juventud y la muje, y una intervención de Jorge Altamira, dando paso luego a un gran baile popular. Todos los padres deben saber que habrá importantes actividades de recreación para los chicos, con magos, títeres, juegos varios, malabaristas, a cargo de profesionales, que permitirán realizar a los mayores sus actividades sabiendo que sus hijos están seguros. Empezamos ya la campaña y la organización del mismo. Necesitamos decenas de colaboradores en todas las áreas: voluntarios para el fútbol, para la recreación de los chicos, jueces, asadores, cocineros y cocineras; para que miles puedan pasar un gran día, centenares tienen que hacerlo posible. Las comisiones de desocupados y vecinales, activistas de fábrica y todos aquéllos que estén acostumbrados a organizar eventos con trabajadores, deben ahora colaborar para que el PO pueda realizar una gran fiesta obrera y popular.

OCA está imponiendo una "reforma" laboral de enorme alcance para miles de compañeros de la rama postal, del Correo Argentino y de un modo general para todo el movimiento obrero. En varias grandes sucursales ya está en vigencia un nuevo régimen de trabajo consistente en el pago por pieza distribuida en lugar del salario por la jornada. El salario de 412 pesos fue partido, la mitad se cobra, la otra es por piezas, y desaparece el horario. El primer mes el precio fue de 5 centavos por pieza, para promover el enganche de los compañeros, que en algunos casos vieron incrementados sus ingresos en base al sacrificio físico. A poco de andar el sistema, el precio cayó a algo más de 4 centavos, para ser exactos un 17%. ¿Qué quedó? Una "zanahoria" que destruye la jornada, acaba con la hora extra, y eleva los ritmos de trabajo de manera sideral. El compañero tiene el "incentivo" de que si termina antes se va y la patronal siempre garantiza (hasta ahora) el básico de 412 pesos. Pero ya están cronometrando los ritmos infernales que logran los más jóvenes en momentos de alta producción, y la distribución y exigencia patronal se va adaptando a estos nuevos "topes" capaces de destruir en el tiempo las energías y la salud del más pintado. Nada hay firmado pero la cosa va, al punto que la patronal de OCA convocó a los empresarios menores del sector a un copetín para presentarles la "nueva modalidad", invitándolos a seguir el ejemplo. Se viene la ola de ataque a las precarias condiciones laborales que con dura lucha han conseguido los trabajadores de la rama postal de camioneros. La ofensiva se ubica en un momento decisivo para los 12.000 trabajadores del Correo Argentino, que se declaró en concurso de acreedores y amenaza con cortar la concesión. Precisamente, OCA bajó el importe de sus envíos simples al precio del Correo Argentino; claro está, a costa de la brutal explotación de los compañeros, a quienes les cargó la rebaja. Sin embargo, las reuniones de los 100 delegados de la rama postal de camioneros, cuyo funcionamiento sistemático reivindicamos desde estas páginas, desaparecieron por completo hace meses. Y el sindicato, que ya firmó el fraccionamiento de vacaciones en OCA, está dejando correr este nuevo ataque. Entonces, ¿tuvo razón la botona de la Bullrich cuando dijo que "los más combativos tienen convenios menos rígidos, por ejemplo Moyano, que pactó menores condiciones en los correos privados que las del Correo Argentino hoy privatizado"? (Ambito Financiero, 15/6). Es evidente que el Sindicato de Camioneros "compite" por la jurisdicción de la actividad postal, no luchando por mejores condiciones para ganarse el favor de los trabajadores sino entregando conquistas para reventar la competencia de su patronal, estableciendo una competencia a la baja con Foecyt. Ni Baldassini ni Moyano dan salida a los trabajadores postales, porque más de medio centenar de correos chicos cerraron en los últimos dos años con la secuela de miles de despidos. Al mismo tiempo, Moyano y Palacios han firmado los convenios de competitividad de De la Rúa y Cavallo, con los que se subsidia a la patronal del transporte sin ninguna garantía para los trabajadores. Es evidente que la integración del MTA a la CGT Daer responde a una profunda subordinación estratégica a la burguesía. Por la inmediata convocatoria del cuerpo de delegados postales de camioneros para rechazar el régimen negrero de OCA y defender el convenio en toda la rama. Por la unidad de todos los trabajadores postales. Convenio único. Reestatización del Correo Argentino bajo control de los trabajadores. Salario mínimo de 600 pesos por la jornada de 8 horas.

• Abajo el paquetazo antiobrero • Fuera De la Rúa-Cavallo y los gobernadores fondomonetaristas • Asamblea Constituyente soberana nacional, en las provincias y municipios Viernes 9 / 18 hs • Estación Ramos Mejía (LA MATANZA) • Monteagudo y Bocuzzi (Estación de FLORENCIO VARELA) Sabado 10 / 18 hs • Plaza entre las calles 893 y 844 SOLANO (QUILMES)

La jueza laboral que había autorizado la permanencia de una "guardia obrera" dentro de la fábrica Zanón, tras una nueva audiencia donde la patronal continuó con su posición de lock-out, decidió finalmente dictar el embargo sobre parte de la producción en stock para venderla y de esa manera pagar los salarios adeudados. Es un triunfo obrero que permite un respiro en el ahogo monetario con que la patronal pretendía quebrar la heroica huelga que mantiene la toma de la fábrica y el campamento obrero a su ingreso. Pero se trata de reabrir la fábrica a la produccón. Los obreros reclaman que el Estado neuquino garantice la provisión de gas para poner en marcha nuevamente la fábrica, bajo el control obrero. El gobernador Sobisch se niega a dar ese paso en complicidad con el lock-out patronal. El martes los obreros de Zanón marcharán al centro de la ciudad para exigir que el gobierne garantice la provisión de gas para producir. El mismo martes, los obreros de la planta de Agua Pesada (la otra fábrica de importancia de la provincia) también estarán movilizados para reclamar contra el cierre de la misma, condenada por el "déficit cero" y el incumplimiento del crédito comprometido por el gobierno nacional a través del Banco Nación. Una asamblea general de los petroleros denunció que las empresas han comenzado con despidos y que Repsol no cumple con lo que prometió cuando se alzó con la prórroga del contrato de concesión por Loma de la Lata. Tampoco cumple De la Rúa-Cavallo con las transferencias del pacto fiduciario ni con la cuota de coparticipación. Uno tras otro, los municipios van admitiendo una situación de bancarrota. Al caso de Plottier (ver nota) se suma Zapala y Centenario. Ninguno puede afrontar los pagos a sus empleados y mantener a la vez un mínimo de actividad y de obras. Hoy Sobisch dice que "Neuquén no es una isla" e invoca la "comprensión" de estatales y docentes para que acepten bonos como pago de salarios. Pero las asambleas generales de la CTA ya tienen una consigna votada: ni un peso menos de salario. Con los obreros de Zanón y Agua Pesada en la calle. Con los petroleros en "alerta y movilización" y la Uocra reclamando obras, y con un movimiento de desocupados en recomposición, es necesario convocar a un Congreso de trabajadores y desocupados para votar un plan de lucha que marche a la huelga general hasta imponer los reclamos de los trabajadores.

En Dock Sud funcionan 45 empresas (entre refinerías, coque, etc.) que trabajan con productos altamente inflamables. También existen cuatro tendidos de redes de alta tensión de 132 mil voltios. Los vecinos de Dock Sud están preocupados -sobre todo los barrios más cercanos al Polo Petroquímico, como Villa Inflamable-, pues hace años vienen denunciando las "insuficientes medidas de seguridad" por la peligrosidad y contaminación de las que son víctimas. Viven en constante "estado de alerta", porque -como ellos declaran- duermen junto a una bomba de tiempo. En algunas oportunidades, dependiendo de la dirección e intensidad del viento, la emisión de gases llega incluso a buena parte de la Capital. La salud de esta población se encuentra afectada. Desde las chimeneas -que funcionan día y noche- se genera la contaminación. Esta preocupación fue llevada por los vecinos al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante. Como respuesta, la Municipalidad de Avellaneda planteó un "monitoreo continuo del aire". Se trata de la instalación de cuatro estaciones: una prevista por la provincia, otra por la misma Shell (bajo responsabilidad de la comuna), otra alquilada a la Comisión Nacional de Energía Atómica y la restante de otra empresa privada. Pero este monitoreo dura tres meses y su control es limitado. Cuando los vecinos plantearon que los lugares más lógicos para instalar los monitores eran las chimeneas de las empresas, de donde proviene la contaminación, desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia se dijo que esos informes ya los tenía... porque las empresas del Polo una vez por mes "dan datos de su estado o no de contaminación". Hace unos días, 60 alumnos de la Escuela Nº 35 del Dock Sud fueron afectados por una fuerte emanación de gas desde el puerto. Casi cuarenta de ellos debieron ser trasladados al Hospital Fiorito con síntomas de intoxicación. Recordemos que hace unos años la emanación de gas costó siete vidas (de vecinos y los médicos y enfermeros que vinieron a socorrerlos). Por este hecho aún no hay responsables, ni condenas. ¿Quién se hace cargo? El Polo Petroquímico está bajo muchas jurisdicciones (Provincia, Prefectura, Municipio) pero ninguna ejerce el control ni asume la responsabilidad. Las versiones sobre la intoxicación que afectó a los chicos de la Escuela Nº 35 es un claro reflejo de este descontrol. El secretario de Política Ambiental de la Municipalidad de Avellaneda *Máximo Lanzetta* atribuyó las causas al gas fenol, que se habría descargado de un barco. Prefectura Naval de Dock Sud desestimó la hipótesis, basándose en que si así hubiera sido, los trabajadores que descargaban el vapor se habrían intoxicado. Bomberos de Dock Sud planteó que no habría que descartar que el escape de gas se haya producido en algún establecimiento industrial de la zona. La directora del Hospital Fiorito, Adriana D´Astela, confirmó la intoxicación por gas fenol. Es evidente que ningún sector, provincia, municipio o incluso autoridades de salud, toman con seriedad y responsabilidad el garantizar la salud y seguridad de los vecinos de Avellaneda. "El zorro cuidando el gallinero" Es claro que el control de esta situación no puede estar en manos de los mismos que durante años la han originado o de aquellos que mirando indiferentes plantean "no es mi jurisdicción". Una investigación seria se debe dar a través de una Comisión de vecinos y de trabajadores de las empresas del Polo, que determine las medidas necesarias para asegurar la salud de la población del distrito, y su seguridad. Hay responsables, tienen nombre y apellido, gozan de buena salud y fabulosas ganancias.

Hace un mes, varios centenares de jóvenes familias han ocupado terrenos en varias tomas, reclamando un techo para sus hijos. La "Toma Obrera", que dio el puntapié inicial y es la más organizada, que ocupó el Concejo Deliberante, ha puesto al desnudo que los concejales de todos los bloques son incapaces de dar la menor respuesta a sus reclamos. Lo mismo pasa con el Ejecutivo, que tal como hizo el Concejo, cerró sus puertas cuando los sin techo exigían una respuesta con corte de calles. En medio de esta crisis, se produjo el 14 de octubre la elección del intendente como senador del PJ. Por cuestiones del manejo de la caja municipal, éste renunció en forma anticipada, lo que provocó la convocatoria a elecciones para intendente. En el mismo momento de la renuncia, el intendente saliente propuso como candidato a sucederlo a su primo (casado con la secretaria de Hacienda), para que las cuentas municipales no salgan del marco "familiar". En tanto, los cheques del municipio rebotan masivamente en los bancos. Es decir, más que renunciar se trató de una huida antes que se derrumbe todo. Asamblea Popular Cansados de no obtener una respuesta, los dirigentes de la "Toma Obrera" convocaron a un Cabildo Abierto que se realizó el domingo 28 de octubre con la presencia de 250 vecinos. La segunda sesión votó una marcha a Neuquén para el jueves 8. Se eligió ademas una comisión del Cabildo Abierto con un mandato donde se incorporan algunas reivindicaciones centrales: el techo para los compañeros que están en las tomas, puestos de trabajo para los desocupados, construcción de un hospital y de escuelas, y otros reclamos. Con este pliego, la comisión encabezará la marcha del jueves al Instituto de la Vivienda y a Casa de Gobierno. En Neuquén, se unirán otros trabajadores que también están tomando terrenos. El dinamismo y la iniciativa de los trabajadores y de la Asamblea Popular, contrasta con la carrera electoral en que empeñan todas sus fuerzas los partidos del régimen: el MPN, el PJ y la Alianza. Mientras dan la espalda a los vecinos, se dedican a acusar a "dirigentes del Partido Obrero que están manijeando a este grupo minúsculo que sale a quemar cubiertas frente al Concejo Deliberante" (La Mañana del Sur, 30/10). El PO de Plottier plantea: "Que se vayan todos", intendente y concejales, y que una Convención Constituyente libre y soberana asuma el gobierno municipal.

La Legislatura de la Ciudad acaba de sumar otra página "negra" a su larga historia de conspiraciones contra el pueblo: los diputados resolvieron "cajonear" un proyecto de ley que resolvía la cesión de un predio de tres hectáreas en el Bajo Flores (perteneciente al Estado porteño) a favor de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV). El destino de la donación era la construcción de viviendas para quienes fueron desalojados meses atrás en esa misma zona, y para los alojados en los hoteles de paso financiados por el gobierno. En la sesión anterior, el proyecto contaba con "tratamiento preferencial". Pero los diputados de la Alianza alegaron que "faltaba una información del registro de la propiedad". Aún así, todos los bloques habían anticipado su voto favorable, en presencia de los vecinos que serían beneficiados por esta sesión. La Corporación del Sur Pero durante la semana, los intereses sociales que dominan al Estado de la ciudad hicieron sentir todo su peso sobre la Legislatura. Una carta del presidente de la Corporación del Sur, el frepasista Arnaldo Bocco, alertó respecto de la "previa afectación" de estos terrenos a favor del organismo que preside, y en cuyo directorio revista también el justicialismo. Según Bocco, el predio de Escalada y Castañares "ya estaba destinado a viviendas". Pero en una ambigua "síntesis" de los proyectos de la Corporación, la zona de este predio aparece destinada a "proyectos de revalorización inmobiliaria", es decir, que encarecerán el suelo. Por lo que, si se tratara de viviendas, seguro que no estarían destinadas para los "sin techo". Pero aún ese supuesto destino de "viviendas" está en duda, ya que cerca de este lugar, "en Avenida Cruz y Escalada, se ubicará el futuro Centro de Convenciones Metropolitano y un Estadio Multipropósito para 12.500 personas" (Clarín, 25/5). En realidad, la verdadera naturaleza de las objeciones de la Corporación fue explicitada por la diputada radical Marcela Larrosa, en una observación formulada por escrito al proyecto de ley: "Debe tenerse en cuenta que la ley que creara la Corporación del Sur... establece la obligatoriedad de su participación en todos los acuerdos con organismos de la Ciudad... para el desarrollo de convenios urbanísticos en el polígono que corresponde a las tierras asignadas a dicha Corporación". Es decir que se ha levantado un gigantesco poder de veto sobre la superficie que se encuentra entre las avenidas General Paz y Directorio, el Riachuelo y la Costanera Sur. La misma diputada, al argumentar contra el proyecto, señaló que conduciría a la instalación de un "ghetto" en las tres hectáreas reclamadas. Pero con ello, no hizo sino confesar qué se propone el Gobierno de la Ciudad c on los desalojados a los que "asiste" en diversos planes de "relocalización", que apuntan siempre a localidades alejadas del Gran Buenos Aires (Florencio Varela, Glew). Los "trasladados" no son asistidos para poner en pie sus barrios, lo que exigiría también proyectos de autoconstrucción y de tendido de los servicios elementales, con un salario para quienes trabajen en ellos. Al decir que no quiere "ghettos en Lugano", la Alianza está confesando que se propone "desarrollarlos" en el conurbano bonaerense, con los expulsados de la Ciudad. El fraude legislativo y la lucha que se abre A la presión de la "Corporación" se sumó la del propio Ibarra, quien exigió, durante la semana pasada, "que no se trate el proyecto de las tierras de Lugano". En la reunión de presidentes de bloque, la Alianza propuso la más curiosa de las salidas: que el despacho "pierda su tratamiento preferencial", y que pase a ser discutido "en el orden que le corresponde", es decir, tal vez dentro de tres o cuatro meses... cuando la situación de los desalojados se define en semanas o días. El planteo no fue objetado por los belicistas, cavallistas y justicialistas. También prestaron su acuerdo al "cajoneo" los diputados del ARI, ello a pesar de que uno de sus referentes capitalinos (Eduardo Jozami) preside la CMV, y ha hecho de "la falta de tierras en la Capital" uno de sus principales argumentos contra los reclamos de los sin techo. De este modo, y al llegar al recinto, el proyecto de ley había "desaparecido del temario". El proyecto apenas trasladaba tres hectáreas del inmenso e inocupado sur a favor de los sin techo. Pero ponía sobre el tapete la grave crisis habitacional de la ciudad, así como sus posibles salidas. El propio Estado posee centenares de predios que podrían destinarse a los desalojados. Sólo que han sido colocados bajo la égida de la Corporación del Sur, paraguas de los monopolios inmobiliarios. Para la sesión donde se consumó este fraude, el Polo Obrero impulsó la concurrencia de diferentes movimientos de la vivienda. Los compañeros asistieron y repudiaron, desde las gradas, la cobardía de los políticos patronales. A la salida, se concretó un acto con corte de calle. Allí, hablaron compañeros de "La Lechería", de la "Carpa del Aguante", de los hoteles de paso, del bloque del Partido Obrero, y el diputado Latendorf. La acción en común, y la enorme inquietud existente entre todos por la falta de solución a los reclamos de vivienda, han dejado planteada la necesidad de una gran movilización de todos hacia la Jefatura de Gobierno. Pa ra terminar con los desalojos; inventariar y destinar a los sin techo todos los predios públicos inocupados; asegurar planes de vivienda y urbanización en las villas de la Capital bajo control de sus habitantes, empleando a los compañeros sin trabajo con un salario mínimo de 600 pesos. Esa es la perspectiva que ha quedado planteada.

I. En defensa de Afganistán 1 Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, ha sido el blanco de un bombardeo ininterrumpido de las fuerzas aliadas de los imperialismos norteamericano y británico; miles de civiles han sido asesinados y muchos más heridos. Los bombardeos han elevado el número de refugiados en los países vecinos de 1,5 a 2,7 millones de personas y, si los ataques continúan durante el invierno, la cifra puede elevarse a 6,5 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población de Afganistán. Muchos refugiados morirán de hambre este invierno si la guerra continúa. Esta masacre es llevada adelante con el apoyo de una coalición de sirvientes del imperialismo, desde Arafat en Palestina y los gobernantes árabes y musulmanes al régimen de Putin en Rusia y la burocracia restauracionista china. 2 El Congreso de los Estados Unidos votó un monstruoso presupuesto de guerra de 344.000 millones de dólares, en nombre de llevar a acabo la guerra contra el "terrorismo". Sin embargo, los objetivos de los imperialistas son: Intimidar y aterrorizar a los pueblos de los países semicoloniales, que comprenden a la vasta mayoría de la humanidad, que vive en condiciones inhumanas y tiene todas las razones para levantarse contra sus explotadores imperialistas. Poner sus codiciosas manos en las inmensas reservas de gas y petróleo de Asia Central. Quebrar el heroico levantamiento del pueblo palestino contra los opresores sionistas a través de la represión y por medio de la complicidad de la Autoridad Palestina. Poner fin al movimiento anti-globalización, que ha salido de su control a pesar de todos los esfuerzos de las Ong del tipo Attac y similares por impedirlo. Restringir severamente los derechos democráticos de las masas trabajadoras en los Estados Unidos y en Europa. Atacar la lucha de las masas latinoamericanas por tierra, trabajo y liberación nacional. Establecer su presencia militar en la antigua Unión Soviética. Suprimir la esperada resistencia y levantamientos de la clase obrera contra la restauración capitalista. 3 Luchamos contra el imperialismo mundial, por la derrota del imperialismo y por la victoria de la nación afgana. Llamamos a los trabajadores del mundo y a sus organizaciones de clase, a los participantes en el movimi ento anti-globalización a apoyar incondicionalmente la lucha nacional de Afganistán contra la agresión imperialista y la opresión. Nadie puede ser neutral cuando la máquina de guerra más poderosa de los países más ricos del mundo ataca a la miserable población de uno de los países más pobres de Asia y de todo el planeta. La derrota del imperialismo sólo puede ser alcanzada por la movilización revolucionaria de la clase obrera mundial, incluyendo por supuesto a la clase obrera de los países imperialistas y las amplias masas oprimidas del mundo. II. Por un frente único militar con las fuerzas armadas de los talibanes, ningún apoyo político a los talibanes, por un gobierno de los obreros y campesinos 4 Los piadosos ruegos y los llamamientos pacifistas a finalizar la guerra no pueden ponerle fin a la destrucción y al asesinato de masas en Irak, en la antigua Yugoslavia y ahora en Afganistán. Las guerras son una parte integral del capitalismo decadente, que es el principal enemigo de la clase obrera mundial y las masas explotadas. Condenamos el papel de las Naciones Unidas, que ha estado actuando como un socio del imperialismo en el ataque contra las masas de Irak, de los Balcanes y ahora de Afganistán. Tenemos que derrotar al imperialismo en el campo de batalla. En los países imperialistas es necesario desarrollar la agitación contra sus propios gobiernos y sus propias burguesías, es decir, por el derrotismo revolucionario. 5 Nos oponemos por contrarrevolucionaria a la idea de que los trabajadores internacionales deben tomar "igual distancia" entre los talibanes y el imperialismo. Para nosotros, cualesquiera fueran las diferencias políticas que pueda haber *y las hay muy profundas* los trabajadores del mundo y los revolucionarios deben estar del lado de aquellos que se oponen a la agresión imperialista sin importar la naturaleza política de su actual dirección. Por esta razón, llamamos a un frente unido militar con las milicias talibanes. Al mismo tiempo, un frente único militar es muy diferente del apoyo político, que nosotros no otorgamos a los talibanes. 6 Para derrotar al imperialismo es necesario acudir a los soldados de los ejércitos imperialistas para ayudarlos a comprender que el enemigo real es la clase capitalista dominante, para volver sus armas contra el enemigo de clase; movilizar a la clase obrera y a los campesinos pobres, y a las mujeres afganas independientemente de sus líderes tribales. 7 El Talibán fue creado después de la derrota de los ejércitos de la URSS para estabilizar Afganistán en interés del imperialismo. Su ideología es una forma bárbara de religión, superstición y opresión del pueblo de Afganistán. Así, no obstante el choque objetivo entre los intereses del imperialismo y los intereses nacionales del pueblo afgano, este conflicto no puede ser y no será ganado bajo la dirección de los clanes nacionales de Afganistán, como nunca triunfaron bajo la dirección de la burguesía de los países semi-industrializados en América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente. La única fuerza social que puede derrocar la dominación imperialista y derrotar consecuentemente la agresión imperialista es la clase obrera mundial. El único programa político que puede conducir a la clase obrera y a la lucha nacional a la victoria es el programa de la revolución proletaria. 8 El movimiento anti-globalización está enfrentando ahora un nuevo desafío que requiere que supere su limitada compresión del imperialismo. Ya no es suficiente combatir el enriquecimiento de la clase capitalista en los países imperialistas como lo opuesto a la pobreza de las masas de los países semi-coloniales. Ahora es necesario apoyar la guerra contra el imperialismo y sus sirvientes y desarrollar una perspectiva política estratégica por la revolución mundial contra el imperialismo. 9 Los gobiernos burgueses de los países oprimidos, con lo revo lucionario que puedan aparecer en un cierto punto de la lucha, se han probado en todos los momentos cruciales de la historia como capituladores en la lucha anti-imperialista. Sólo un gobierno obrero y campesino ha sido y es capaz de conducir la lucha contra el imperialismo a un resultado victorioso. Sólo un gobierno conducido por el proletariado puede reunir toda la energía de la nación y de los oprimidos del mundo mediante el armamento de toda la población, la supresión de los privilegios a través de la supresión de la propiedad privada y la explotación, uniendo a todos los pueblos, creando sólidas bases para la solidaridad revolucionaria internacional entre los pueblos oprimidos. Todo esto es una condición sine qua non para la derrota del imperialismo. 10 En esta lucha llamamos a las masas a deponer a los gobiernos que trabajan con el imperialismo contra las masas afganas. Estos gobiernos son instrumentos de opresión contra sus "propias" masas. Por esta razón, llamamos a derrocar al odiado gobierno militar de Pakistán. III. La crisis política internacional y la crisis histórica del capitalismo: refundar la IV Internacional 11 El golpe del 11 de septiembre no es, por supuesto, la causa de la crisis mundial sino que, por el contrario, está determinado por esta crisis y ahora reacciona sobre ella precipitando la caída en la depresión mundial. El principal factor de la recesión mundial es la desaceleración de la economía de los Estados Unidos desde fines del año 2000 en adelante, después de la pinchadura de la burbuja financiera, particularmente de la llamada "nueva economía" del sector de alta tecnología. El rasgo más importante de la presente crisis es la presencia de una recesión sincronizada, un "hundimiento sincronizado" de la economía en América del Norte, Europa y Japón. Japón, en una recesión indefinida, enfrenta un empeoramiento de la crisis de los créditos incobrables que amenaza con el colapso al conjunto del sistema financiero. La industria manufacturera de Europa está o se acerca a la recesión y Estados Unidos intenta prevenir una recesión plenamente desarrollada basada en la confianza del consumidor, evaporada después del 11 de septiembre. La última vez que los países imperialistas enfrentaron una recesión conjunta fue durante la "crisis del petróleo" de 1973. Pero el carácter específico de esta sincronización fue diferente al de la actual. El derrumbe previo provino del colapso del acuerdo de posguerra de Breton Woods, la transformación del prolongado boom de posguerra en una crisis de sobreproducción de capital sin precedentes, la transformación de la inflación controlada. La cuadruplicación del precio del petróleo fue el resultado de esta descontrolada inflación bajo las condiciones políticas específicas del resultado de la Guerra de Yom Kippur de 1973. La liberalización de los mercados y la globalización financiera de las últimas dos décadas del siglo XX fueron el resultado de esta crisis y el intento de encontrar una salida de ella y de sus revolucionarias consecuencias, evidenciadas claramente en la internacionalizada radicalización de las masas a fines de los ’60 y principios de los ’70. Pero esta globalización del capital financiero condujo a una reproducción ampliada y a la glolablización de sus contradicciones que comenzaron a explotar en los ’90. Ni los recortes de las tasas de interés ni los paquetes de estímulo pueden tener un efecto en esta crisis de sobreproducción sin precedentes, exacerbada por la expansión de las finanzas, es decir, del capital ficticio. La sincronización del derrumbe es el producto de la propia globalización. Ninguna economía capitalista avanzada puede, en estas condiciones, jugar el papel de locomotora de la economía capitalista mundial. 12 La intensificación de la crisis capitalista mundial trae al primer plano y muestra la justeza de la necesidad inmediata de una dirección revolucionaria de las luchas que están ocurriendo y que crecerán más y más en el próximo período. Subrayamos la decisiva importancia de la consigna de la inmediata refundación de la IV Internacional, no como una promesa para el futuro sino como el programa y la organización que son urgentemente necesarios para adelantar la lucha por los intereses revolucionarios y por la salida revolucionaria de la presente crisis histórica del capitalismo. IV. La estrategia revolucionaria y el programa 13 La crisis representa la piedra de toque para el programa y la estrategia de todos los partidos que han presentado su candidatura como dirección revolucionaria de las masas explotadas y oprimidas. Es necesario, por esta razón, establecer claramente las consignas que pueden servir como guía para la acción en la presente situación: Por Afganistán, por la derrota del imperialismo. Por una movilización internacional unificada contra el imperialismo y la agresión a Afganistán. Por un frente único militar para derrotar al imperialismo. Ningún apoyo político a la dirección Talibán. Por el armamento del pueblo de Afganistán para enfrentar la agresión imperialista. Abajo el gobierno de Pakistán, herramienta de la agresión imperialista. Fuera las manos de todos los pueblos oprimidos de Medio Oriente, Asia, Africa y América Latina. Fuera las tropas imperialistas. Expulsión de la Otan y desactivar a todas las bases imperialistas. Fin de la ocupación sionista de Palestina. Por el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Por la victoria de la Intifada. Por una república democrática, laica y socialista de los palestinos, donde árabes y judíos puedan vivir juntos, libres de sus explotadores y opresores. Por una Federación Socialista del Medio Oriente. No al Estado policial en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en todo el mundo. No al Plan Colombia. Por la unión de la lucha de las masas contra el imperialismo en todo el mundo. Por una Federación Socialista de América Latina. No a los ataques a los derechos democráticos y sociales de las masas en los Estados Unidos. No a los ataques racistas contra los árabes, musulmanes y otras minorías en los Estados Unidos. Por la dirección obrera revolucionaria en la lucha contra el imperialismo. Por un gobierno obrero y campesino. Por la revolución socialista mundial. Por la refundación de la IV Internacional. Roma, Italia 4 de noviembre de 2001 Partido Obrero (Argentina), Partido Revolucionario de los Trabajadores-EEK (Grecia),Asociación Marxista Revolucionaria, Proposta (Italia), Partido de la Causa Operaria (Brasil), Liga Marxista de los Trabajadores (Turquía), Partido de los Trabajadores (Uruguay), Liga Trotskista - ITO (Estados Unidos), Oposición Trotskista (Bolivia), Colectivo En Defensa del Marxismo (España), Liga Marxista de los Trabajadores (Finlandia), Oposición Trotskista de Ucrania * ITO (Ucrania), Comité por la Construcción del Partido Obrero (Chile), Liga Socialista de los Trabajadores (Palestina), Oposición Trotskista Internacional (secciones de Gran Bretaña, India, Dinamarca y Alemania)

"Tememos que el Puerto sea un negocio inmobiliario". La frase no pertenece a ningún dirigente vecinal de la zona de Retiro, sino al presidente de la Cámara de Importadores Argentinos (BAE, 13/8/01). La acusación, compartida por otros representantes empresarios del área de comercio exterior, fue lanzada contra el Gobierno de la Ciudad, y retrata la dura lucha desatada por el control del Puerto entre distintos grupos capitalistas. A comienzos de los ‘90, con la "desregulación y descentralización" del sistema de puertos, comenzó su entrega a un conjunto de monopolios privados. Al disponer la formación de "corporaciones mixtas" para administrar los puertos, los Duhalde y Reutemann se convirtieron en socios menores de estas privatizaciones. En el Puerto de Buenos Aires, las instalaciones obsoletas fueron cedidas al negocio inm obiliario (Puerto Madero), mientras que en el llamado Puerto Nuevo las terminales fueron entregadas a los pulpos mundiales, como las inglesas P&O Ports y National Grid, la Murchinson y, más recientemente, la china Hutchinson. Dejó un tendal de despidos para los trabajadores y el desconocimiento de sus conquistas laborales históricas. La transferencia a la Ciudad Desde que asumió el año pasado, el gobierno reclama la "transferencia del Puerto a la órbita de la Ciudad" y la formación inmediata de una Sociedad Administradora del Puerto, con participación de los operadores privados. El Puerto dejó el año pasado "una ganancia de 10,7 millones de pesos...". Para los frepasistas, el Puerto debe servir para crear un "espacio productivo-patrimonial-turístico-cultural, bien articulado con la ciudad y sus áreas centrales" (Eduardo Hecker, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, La Nación, 22/5). Aluden así al proyecto "Retiro-Puerto", que coloca a las 400 hectáreas de esa zona al servicio de un plan de hoteles y corredores turísticos. El Puerto no está exento de este proyecto, porque se levantaría un centro de negocios dentro de sus instalaciones y "una terminal de cruceros de lujo, además de oficinas de uso comercial y centros de entretenimientos en la Dársena Norte " (El Cronista, 4/10). El lobby de los armadores y terminales, mientras pone el grito en el cielo por "el negocio inmobiliario que ostentaría el proyecto Retiro" (Ambito, 16/89), reclama que el superávit del Puerto sea destinado a ampliar la infraestructura portuaria. Los "progres" porteños aparecen como los gestores de un puñado de intereses turísticos e inmobiliarios. Quiénes pagan la crisis El telón de fondo de esta lucha es la crisis capitalista. Ocurre que después de haber cuadruplicado su nivel de operaciones en la época de Menem-Cavallo, "el mercado de servicios de manipulaciones de carga está estancado", y ya existe "una capacidad suficiente para atender sin mayores problemas un incremento de hasta el 50% del volumen total movilizado" (La Nación, 4/9). El "exceso de operadores en un mismo puerto ocasionó pérdidas millonarias" ( La Nación, 26/12/00). Por ese motivo, las "inversiones" portuarias anunciadas recientemente no pasan de "la adquisición de la concesionaria del muelle 3 por parte de TRP, operadora de los muelles 1 y 2 (y pertenecientes al pulpo in glés P&O)" (ídem). En medio de una sobrecapacidad manifiesta, la "eficiencia" portuaria avanzará en base a concentración, sobreprecios y despidos de trabajadores portuarios. Los operadores privados de los puertos porteños temen también que monopolios rivales se apoderen del Puerto de Montevideo (inminente privatización). Por eso reclaman que los ingresos fiscales que genera el Puerto se destinen a subsidiar las obras de dragado y mantenimiento. Pero tampoco es mejor la perspectiva del proyecto "Retiro-Puerto" que fogonea Ibarra, con el apoyo de Soros y Exxel. Con las ventas de Puerto Madero paralizadas, con una capacidad ociosa de la "gran hotelería" en la ciudad que ronda el 50%, los fondos inmobiliarios no han dado un solo paso adelante para extenderse en esa zona. Pero todos coinciden en el objetivo de expulsar a los habitantes de la Villa 31. En una nota periodística reciente, se menciona que el del año 2000, "se realizó para poder incorporar la zona al Proyecto Retiro" (La Nación, 30/9). Con el mismo propósito, los frepasistas han reflotado en la Legislatura un proyecto que crea un "fondo" destinado a "trasladar" a los vecinos fuera de Retiro. Mientras 15.000 familias claman por una urbanización con viviendas para todos, calles, cloacas y aguas potables, los recursos del Estado van a parar a monopolios portuarios e inmobiliarios ociosos y en crisis, que no piensan invertir un mango en los próximos años. La única integración posible de la ciudad y el Puerto debe estar en manos de los trabajadores, renacionalizando el Puerto y colocando sus recursos al servicio de un plan de urbanización e infraestructura de transporte que sirva a los explotados que viven, trabajan y circulan en la zona.

Que Bin Laden fue un antiguo agente de la CIA, responsable de los grupos islámicos que intervinieron en Afganistán contra las tropas rusas, ya se sabía. Que es agente financiero de uno de los clanes de la gran burguesía saudita y de los príncipes del petróleo, es igualmente notorio, aunque los medios se han extendido menos sobre la cuestión. Pero en esta historia, ¿cómo desenmarañar lo tuyo de lo mío, los intereses financieros norteamericanos de los intereses sauditas? Es que Arabia Saudita, compartida o no entre los clanes principescos, es a la vez la base militar, la plataforma petrolera y la principal agencia financiera de los Estados Unidos en la región. Por cierto, desde hace varios años la clase dirigente saudita está dividida entre pro y anti-norteamericanos y el poder está en la balanza. El control de los recursos petroleros está en juego. El clan que quiere desembarazarse de la presencia militar norteamericana ha puesto sus esperanzas en Bin Laden, es decir, sobre los métodos terroristas (¡que en este caso son cualquier cosa menos el arma de los pobres!). Pero la nebulosa financiera ligada a Bin Laden (a través de la cual un gran número de los mayores bancos y holdings financieros sauditas invierten en Estados Unidos, Inglaterra y Francia) está íntimamente ligada a los intereses de los bancos y sociedades norteamericanas. Terrorista o no, la gran burguesía principesca saudita forma parte de las finanzas occidentales y de sus mafias petroleras. Si Bush quisiera realmente declararle la guerra a los socios de las redes terroristas de Bin Laden, sería a la muy reaccionaria Arabia Saudita (que en materia de oscurantismo religioso no tiene nada que envidiarle a los talibanes) a la que tomaría por blanco, no a Afganistán. Pero la Arabia Saudita es tabú. Y con razón. Más allá incluso de lo que se imagina. Esto es por lo menos lo que revela un informe oficial norteamericano titulado "Entorno económico de Osama Bin Laden". Este informe, redactado en diciembre de 1999 y actualizado por última vez en junio de 2001, ha sido citado el 26 de septiembre en el Senado norteamericano. Realizado por el Tesoro estadounidense, está publicado en el sitio de información económica norteamericano "Intelligence Online" y es citado en el cuadro de la lucha contra la nebulosa financiera de Bin Laden. Da una lista completa de múltiples sociedades capitalistas, de financistas internacionales y de hombres políticos cuyos intereses se entrecruzan con los de Bin Laden, entre los que se encuentran no sólo numerosas sociedades norteamericanas e igualmente ciertos dirigentes norteamericanos conocidos como James A. Baker III, antiguo secretario de Estado del presidente George Bush; Frank C. Carlucci, antiguo secretario de Defensa del presidente Ronald Reagan; Richard G. Darman, antiguo director de la Oficina de Presupuesto del presidente George Bush (1989/93), y John Sununu, antiguo secretario general de la Casa Blanca (presidencia de George Bush), sino también ¡los propios Bush padre e hijos! Parece entonces que si la familia real saudita no tiene ningún secreto para Bin Laden, la familia presidencial norteamericana, ella también muy extendida, tampoco casi los tiene. Según el mismo informe, todos esos dirigentes norteamericanos mantienen relaciones de negocios con el principal sostén financiero de Bin Laden, el multimillonario saudita Ben Mahfouz, a través del fondo de inversiones norteamericano Carlyle Group, como así también otro importante número de sociedades: "George W. Bush ha sido entre 1990 y 1994 miembro del Consejo de Administración de Caterair, filial del Carlyle Group (...) Abdullah Taha Bakhsh, inversionista saudita y socio de Khalid Ben Mahfouz y Gaith Pharaon, se ha convertido en accionista de la empresa de Bush, Harken Energy Group, con alrededor del 11,5% de las acciones en 1987 (...) Talat Otham es miembro del norteamericano Consejo de Políticas del Medio Oriente, junto a Frank C. Carlucci. James R. Bath, que representaba en los Estados Unidos los intereses de Salem M. Bin Laden en los términos de un acuerdo de administración de 1976, entró a fines de los años ‘70 en el capital de dos sociedades de responsabilidad limitada llamadas Arbusto, propiedad de George W. Bush (entidades luego fusionadas en Harken Energy), con una inversión de 50.000 dólares. ¿Hacer la limpieza en esta alta sociedad? Habría demasiados daños colaterales en lugares muy altos. Entonces, hay que hacerles pagar a los campesinos afganos, los cuales por lo menos no tienen un solo dólar que perder. Y si los sobrevivientes no tienen pan, ¡qué coman manteca de maní! Los Bush son generosos.