Prensa Obrera N° 726

¡Fuera el presupuesto "0" del municipio! Fue una consigna central de nuestra intervención política. A la desocupación le opusimos el subsidio de 500 pesos y mostramos cómo una municipalidad podría convertir tasas aplicadas a los grandes pulpos (bancos, telefónicas, peajes, etc.) en un factor de impulso de la obra pública, de planes de viviendas y mejoras de las barriadas obreras. Recorrimos casa por casa en las barriadas obreras a llamar a defender ese programa y, en la medida que avanzamos, fuimos nutriéndonos de aliados para la lucha por la "tarifa social" de consumo eléctrico. Demostramos que las comisiones de fomento barriales deben ser superadas por un nuevo tipo de organización barrial, con derecho a veto sin regimentación del Estado. En suma, pudimos agotar cada debate público derrotando en el terreno ideológico a las corrientes patronales, demostrando que un gobierno obrero y socialista era la respuesta más pragmática a la crisis. Es así que por primera vez tuvimos la posibilidad de medir casi estadísticamente quiénes nos votaron y el balance es que la homogeneidad de la votación tiene que ver con la existencia real de un partido, que resuelve la contradicción entre el "izquierdismo" petardista e intelectual y el "luchismo" movimientista. En las tres escuelas que concentran la mayoría de los desocupados "crónicos", los votos del PO llevaron al segundo lugar, disputando una relación 2 a 1 con el PJ. Desde este comité abrimos una actividad en Suipacha, que debutó con el 6% de adhesión. Junto a 800 votos en Luján, 500 en Chivilcoy, 1.500 en Junín, las nuevas relaciones en Areco y Chacabuco, configuran una nueva región de reagrupamiento clasista, que obliga al llamado a un congreso regional para dar otro paso. Antidemocracia Una última cuestión, no menos importante. En la provincia de Buenos Aires existe la aplicación de una fórmula denominada "cociente proporcional" para adjudicar las representaciones ante la Legislatura como en los concejos deliberantes y consejos escolares. Se dividen los votos positivos emitidos por la cantidad de representaciones en disputa y se obtiene un "piso" de reparto. En casos como Mercedes, Chivilcoy, Luján, etc., donde se votan por nueve concejalías, el cociente es del 11,1%, los que no llegan a ese piso quedan fuera de toda posibilidad. Una vez obtenido ese cociente se divide el mismo con aquéllos que los superan, luego se reparten los restos correspondientes y si aún faltan repartir, lisa y llanamente se le adjudican al primero en su totalidad. Vale decir, que no existe ninguna proporcionalidad. Cuanto más partidos logran aproximarse, mayor es la concentración en el primero. En el caso de Mercedes, el PJ con poco más del 30% de los votos podría obtener 7 concejales; la UCR con el 15%, 2 representantes y el PO (terceros con más del 10%) sin nada o repentinamente con 2. Se impone el recuento definitivo con el máximo de supervisión, ya que a nuestro juicio existen irregularidades en los datos extraoficiales, con lo cual por 50 votos se pueden ganar o perder esas 2 representaciones. Otro dato: el PJ se adjudica con ese 30% (y esto es definitivo la totalidad de los consejeros escolares. Mandato El voto de 2.600 trabajadores es una pesada responsabilidad. Pero cuando un partido llega a conmover a la opinión pública con una excepcional elección debe valerse de ese mandato para ejecutar las tareas que le fueron encomendadas. Difundiremos una carta abierta a la ciudadanía y los trabajadores para abordar cada reclamo en recorridas barriales y zonales publicitadas. Debemos desenvolver una férrea oposición política ante el mismo Concejo Deliberante y proclamar el imperioso derecho de esta importante minoría. Convocaremos un gran Congreso Regional. Un "adelanto" de una Asamblea Municipal Constituyente.

NUEVA YORK - Los estrechos lazos entre el Gobierno de Bush y las grandes corporaciones no son ningún secreto. Su lista de nominaciones a puestos estatales está repleta de empresarios y ex presidentes de compañías. La oposición demócrata ha acusado reiteradamente a la Casa Blanca de mantener un programa al dictado de los grandes negocios. El Congreso quiere saber ahora con detalle hasta qué punto las principales empresas de petróleo, gas y generación eléctrica son las responsables del controvertido Plan Energético de Bush, el mismo en el que se aboga por el retorno a la energía atómica y se fundamenta el abandono del Protocolo de Kioto. La Oficina de Contabilidad del Congreso, considerada un órgano de gran independencia, está manteniendo una pulseada con el vicepresidente Dick Cheney, que lideró la redacción del informe. Le ha dado un ultimátum para que entregue antes de 20 días todos los detalles de empresarios y ejecutivos petroleros que tomaron parte en ese documento. Si Cheney sigue sin entregar esos datos, la Oficina podría recurrir a los tribunales federales, lo que supondría una confrontación inusual entre el Ejecutivo y el Legislativo de EE.UU. Hasta ahora no existían antecedentes de una pulseada de tal intensidad entre la Oficina de Contabilidad y la Vicepresidencia del país. Es público que Cheney -que, al igual que Bush, trabajó en la industria petrolera- mantuvo reuniones con ejecutivos del sector, entre ellos el presidente de Enron, Kenneth Lay. La negativa del vicepresidente a detallar cómo se redactaron las famosas 100 recomendaciones del llamado Grupo de Política de Desarrollo Energético, ha contribuido a crear mayores sombras sobre los ya de por sí oscuros lazos que unen a la Administración y al poder petrolero. Para salvar las críticas y demostrar que el informe era equilibrado, Cheney mantuvo también contactos con grupos ecologistas, pero éstos aseguraron que las reuniones fueron pocas y llegaron demasiado tarde para que sus aportes quedaran reflejadas en la nueva política energética de Bush. El Plan Energético, presentado el pasado 17 de mayo, era una respuesta a las graves carencias de suministro que padecen muchas zonas del país. La tesis fundamental es que hay que incrementar la producción interior de gas, petróleo y electricidad a base de carbón para reducir la dependencia del exterior. Aunque el documento incluía algunas recomendaciones para elevar el grado de eficiencia energética, en realidad apostaba muy poco por conseguir mejoras en la limpieza de los agentes más contaminantes (automóviles y chimeneas de centrales térmicas) y apoyaba, especialmente, la construcción masiva de centrales *incluidas las nucleares* y el inicio de prospecciones petrolíferas en el Refugio Artico de Alaska, un espacio natural protegido en estos momentos. 20/7/01

Aunque todavía no asumieron sus bancas en la Legislatura provincial, los legisladores electos de IU ya se sienten miembros de la "clase política". IU hizo en Córdoba todas sus campañas (tanto para la constituyente trucha como para las elecciones legislativas) con la consigna de que los legisladores ganen lo mismo que una directora de escuela, porque, decían, de esa manera se ahorraba plata para educación y salud. Ahora, los legisladores electos de IU anuncian con bombos y platillos que tienen listo el proyecto de reducción de dietas para presentarlo no bien asuman. ¿Por fin plata para educación y salud? No, nada de eso. Según Liliana Olivero, la legisladora electa de IU, el proyecto es muy importante porque "queremos que la clase política vuelva a reencontrarse con la sociedad civil y ésta es una forma de confiar en la clase dirigente" (La Mañana de Córdoba, 18/10). Mientras los salarios de los trabajadores caen, mientras la desocupación avanza, mientras la industria cierra, mientras 55 niños mueren por día por desnutrición, mientras una guerra imperialista avalada por la "clase dirigente" sacude a los pueblos pobres del mundo, Liliana los quiere reconciliar con los políticos capitalistas, para que vuelvan a creer y confiar. Si en cuatro días IU ya ha producido este engendro, ¡qué nos queda para más adelante!

La mejor votación del PO en la provincia de Buenos Aires se registró en Mar del Plata, una ciudad que se ha caracterizado en los últimos dos años por las grandes luchas de los obreros del puerto (pescado y marineros) y por las sistemáticas movilizaciones de sus organizaciones de desocupados. En el cuadro de un completo derrumbe del gobierno municipal aliancista, el PO casi cuadruplicó sus votos en dos años: saltó de 1.566 votos (en 1999) a 5.717, lo que significa un crecimiento del 265%. A diferencia de lo ocurrido en el resto de la provincia, donde el crecimiento del PO fue superado por el de la izquierda democratizante, en Mar del Plata la votación del PO creció bastante más que la de Izquierda Unida (205%) y la del Partido Humanista (157%). El crecimiento del PO marplatense también aventajó en mucho al del Pts (91%). Además, en 1999, IU (2.979 votos) y el PH (2.996 votos) casi duplicaban la votación del PO; hoy IU tiene un 60% más de votos que el PO y el PH nos supera por 35%. En cuanto al Pts, que en 1999 sacó la mitad de los votos del PO (832), en estas elecciones obtuvo menos del 30% de nuestra votación (1.591 votos) El salto de la votación del PO de Mar del Plata está directamente ligado a su intervención en las grandes luchas que conmovieron a la ciudad en los últimos dos años. La Unidad Obrera del Pescado-Lista Celeste, integrante del Polo Obrero, organizó a los obreros del pescado "cooperativizados" (en negro), abandonados a su suerte por la burocracia; encabezó la solidaridad activa con la huelga de más de sesenta días de los marinos del año pasado, y dirigió la lucha que, con métodos piqueteros, ocupó el sindicato y expulsó a la burocracia del Soip. La UOP organizó los piquetes que paralizaron el puerto marplatense en cada una de las huelgas generales. El PO de Mar del Plata también ha tenido una presencia activa en la organización del movimiento de desocupados, que ha protagonizado grandes movilizaciones como la ocupación del Concejo Deliberante o el repudio a la visita de De la Rúa este año, y en la lucha por la libertad de Emilio Alí, el piquetero marplatense condenado a cinco años de cárcel por la "Justicia" de Ruckauf. El progreso de la votación del PO de Mar del Plata traduce, en términos electorales, su desarrollo en el movimiento de lucha y la estructuración de una vanguardia obrera regional.

El Partido Obrero de Marcos Paz quiere destacar el apoyo político de los trabajadores, manifestado en el caudal de votos que ha obtenido en estas elecciones: 1.164 sufragios (el 6%), que representan un crecimiento de más del 300 por ciento en relación a la elección del año 1999, cuando obtuvimos 370 votos. Son votos significativos, porque es un apoyo conciente al único programa que se opone al régimen de hambre, desocupación, inseguridad y narcotráfico; un apoyo al único partido que plantea que hay que echar a los ajustadores De la Rúa, Cavallo, Ruckauf y Salamann. Que impulsa Asambleas Constituyentes en la nación, la provincia y el municipio para reorganizar al país sobre nuevas bases sociales. La campaña electoral que desenvolvió el Partido Obrero en Marcos Paz fue contundente. Tuvimos una constante presencia en la mayoría de los barrios y en el casco urbano. Con afiches, pintadas; repartiendo cientos de plataformas y volantes; interviniendo en los medios radiales, televisivos y en la prensa escrita difundiendo nuestros planteos. Realizamos dos actos (uno de lanzamiento de campaña y otro de cierre) con una concurrida presencia de compañeros. Contamos con la presencia de cuatro candidatos nacionales: Nora Biaggio, Christian Rath, Romina Del Plá y en dos oportunidades el compañero Jorge Altamira. Queremos resaltar, además, la actitud de muchos vecinos que por iniciativa propia salieron a hacer campaña con sus amigos y familiares para ganar el voto de cada uno de ellos al Partido Obrero. Fue así que conquistamos los casi 1.200 votos. Con una tenaz militancia y una organización propia de los revolucionarios. Con la participación activa y conciente de los vecinos de Marcos Paz. No puede decir lo mismo el Partido Justicialista, que utiliza el método del chantaje y el apriete, la compra de votos, la demagogia de repartir dos días antes chapas y colchones. Y un aparato montado el día de las elecciones con remises, colectivos de la 136 y los truchos para garantizar que la gente los vaya a votar; además de obligar a los empleados municipales a ser parte de ese aparato. Sin embargo, perdieron casi 3.000 votos en relación a la elección del ’99, evidenciándose el repudio de los trabajadores a esta metodología y la quiebra del PJ. Tampoco pueden enorgullecerse la Alianza y el Paufe. La primera, haciendo denuncias de manera oportunista *denuncias que se callaron durante años* y prometiendo transparencia en la administración, lo que nunca cumplirán. También perdieron votos en relación a la elección anterior (4.000). La peor elección en la historia de la Alianza. Y el Paufe, que si bien creció en cantidad de votos (1.000) con respecto a la elección anterior, son los votos que le dio Masprone y su gente; además de haber pagado a las personas que se movieron durante la campaña y el día de las elecciones (fiscales). El Partido Obrero en Marcos Paz, no sólo ha crecido en su caudal de votos sino que ha conseguido un importante desarrollo en su organización, sumándose diez compañeros a la misma. Nuestro compromiso A los vecinos de Marcos Paz que apostaron a la salida política que plantea el Partido Obrero: Nuestra lucha y nuestro compromiso continuará porque aunque no logramos una banca en el Concejo Deliberante, seguiremos interviniendo en la lucha cotidiana, no sólo como portavoces de los reclamos e iniciativas populares, sino como organizadores para conseguir las reivindicaciones que permitan nuestra subsistencia (los recursos están, pero para otros usos) uniendo en un solo puño los reclamos y la acción para lograrlas.

Hablemos claro. En Salta existen decenas de miles de desocupados que están, literalmente, "a la buena de Dios", y más del 50% de las familias son pobres. Pero todos los desempleados podrían ser ocupados en un plan de obras públicas que dote de agua potable, cloacas, gas, luz, pavimento y viviendas a los barrios y las villas, dando una salida a la catástrofe social en menos de un mes. Esto se lograría con cinco medidas: • Abriendo las cuentas del municipio a la consideración de representantes de los vecinos y trabajadores, para cerrar el ciclo de los intendentes que caen rodeados de denuncias de corrupción, porque son testaferros de uno u otro de los grupos empresarios que se reparten el presupuesto municipal como un botín de guerra. • Fijando un impuesto extraordinario y progresivo a toda empresa cuya facturación en el año 2000 haya superado los 50 millones de pesos o titular de propiedades por un valor que exceda los 100.000 pesos o dólares. • Rebajando la dieta de los concejales, de más de 2.000 dólares mensuales al nivel del salario de un trabajador municipal calificado. • Eliminando la "patria contratista" para que la obra pública pase a ser realizada directamente por técnicos y obreros municipales, ahorrando las enormes sumas que se llevan las empresas por ganancias y sobreprecios (y las coimas de los funcionarios) cada vez que se llama a una licitación. En esta dirección, hay que municipalizar el servicio de transporte de recolección de residuos. • Creando un Fondo de Obra Pública y Salvación de la Familia Trabajadora Salteña, controlado por representantes de las organizaciones obreras y populares. Quién gobierna Que un elemental plan de emergencia de estas características no se lleve a cabo tiene una explicación. Bajo los peronistas, los radicales o la Alianza, en Salta ha gobernado la misma clase social. La de los banqueros, terratenientes y empresarios que han construido sus fortunas sobre la base de nuestra explotación. Por eso estamos así. Por eso la obra pública está orientada a favorecer los negocios inmobiliarios y del turismo. Solo la construcción del Estadio Unico demandó 10 millones de pesos (la mitad de lo que gastó el plan "Mis barrios" en todo un año). Por eso los contratistas y los funcionarios se han "apoderado" de los recursos de la municipalidad. Para qué nos sirven representantes en el Concejo Ante una situación excepcional, que pone en riesgo la vida de nuestros hijos y nuestras familias, corresponde una acción excepcional. Para arrancar lo más elemental, el pan, el trabajo, la vivienda, es necesario cambiar en todos los sentidos. Crear organizaciones que nos representen, que se planten frente a los saqueadores, que se propongan actuar hasta la satisfacción de los reclamos. Recuperar los sindicatos de manos de la burocracia, dar paso a una Asamblea Piquetera Regional que una a los trabajadores como un solo puño. Convocar una Asamblea Popular en el municipio que someta a su deliberación cada decisión tomada por el Concejo Deliberante. Para darle fuerza a esta tarea i-ne-lu-di-ble es que necesitamos representantes de nuestra propia clase en el Concejo y en la Legislatura. Para hacer oír nuestros reclamos con mayor amplitud pero por sobre todas las cosas para organizar en profundidad a los trabajadores.

La ocupación de la Plaza de San Justo ya superó los veinte días, durante los cuales los desocupados desarrollaron una actividad importante, cortando en varias oportunidades las calles céntricas. En los días de cobro se acercaron a la plaza compañeros de otras organizaciones que tampoco pudieron cobrar sus planes, y se agitó con un volante llamando a sumarse a la plaza a todos los compañeros y organizaciones que están sufriendo los mismos ataques. El día viernes 13 se realizó un importante festival que contó con la presencia de 300 jóvenes en donde las bandas expresaron su apoyo a la lucha de los desocupados y su disposición a continuar con actividades solidarias. Las organizaciones que ocupan la plaza, Futrade, MTD y Cuba, están exigiendo el restablecimiento de los planes de empleo, su ampliación, y la apertura de comedores populares en las barriadas. Además, un plan de obras que solucionen en forma definitiva el problema de las inundaciones. La reunión con el Consejo de Emergencia que se iba a realizar el día martes 16 terminó siendo una reunión con el intendente en la que no se ofreció ninguna solución. Sin embargo, el día viernes llegó el ofrecimiento a los carperos del restablecimiento de 50 planes (menos de la mitad de lo reclamado) y una cantidad de bolsas de comida. Se ha roto el cerco que se quería imponer a la lucha de los desocupados. Sin duda, los intentos de aislar y desmoralizar al movimiento fueron infructuosos. La Plaza del Aguante se ha erigido como una guía para el conjunto del movimiento y anticipa la movilización que recorrerá a los desocupados ante la caída de los planes y las amenazas por parte del gobierno de terminar con los planes sociales. Sin duda la lucha va más allá de los planes de empleo. El programa que ha asumido la Plaza del Aguante es una salida desde los trabajadores a la miseria y el hambre a que nos someten cotidianamente en Matanza, por eso la lucha debe ser ampliada y tomada por el conjunto de la población trabajadora. El triunfo de la Plaza del Aguante potenciará la perspectiva de una salida obrera a la crisis que debe ser tomada por la Asamblea Nacional Piquetera.

El diario La Prensa marcó bien el tono. "Gobierno paralizado", tituló el lunes; "Gestión desesperada", el miércoles. Apenas una semana después de las elecciones, quedó al desnudo la "crisis de poder" que señaló todo el tiempo el Partido Obrero. Al negarse a "canjear" una parte menor de la deuda provincial, los bancos le bajaron el pulgar a Cavallo y, ya se verá, a De la Rúa. Lo mismo acaba de hacer el propio gobierno norteamericano, con la decisión de cortar los préstamos oficiales a Argentina. La deuda externa acabó hundiendo a los "endeudadores". Pero esta deuda es sólo la punta visible de un derrumbe que hace al conjunto de la organización social capitalista de Argentina. La desocupación declarada ya supera el 20%. El derrumbe industrial no tiene antecedentes en la historia. No solamente está definitivamente cuestionada la gestión de De la Rúa. Las administraciones provinciales del peronismo se encuentran en situación desesperada. Si la cesación de pagos amenaza acabar con el gobierno del primero, cualquier "arreglo" a la crisis provocará el inmediato derrumbe de las segundas. No sólo la Alianza está terminada, el peronismo tampoco alcanza a ser una salida de recambio. El desenlace de la crisis inicia un nuevo período político. Se aprecia ahora la importancia del planteo del Partido Obrero de reemplazar, mediante la movilización, la lucha y la huelga general, a los gobiernos decrépitos de la Nación y las provincias por Asambleas Constituyentes soberanas. Llamamos a las organizaciones piqueteras y a los partidos de izquierda a reunirnos en un Plenario deliberativo nacional, para desarrollar la salida a esta crisis en todas sus consecuencias. Que las Asambleas Constituyentes se hagan cargo del poder, significará poner en pie un gobierno nacional y en las provincias que, por primera vez en la historia, será responsable ante una asamblea popular deliberativa. Significará un gobierno que no podrá invocar restricciones constitucionales para enfrentar la crisis en función de los intereses de los trabajadores. Un marco deliberativo de esta amplitud abrirá el camino para que la mayoría de las masas se convenza de la necesidad de que gobiernen los trabajadores.

Hace 15 días que los mineros de Río Turbio están en lucha. Al cierre de esta nota, viernes 19, se esperan importantes movilizaciones de solidaridad de la CTA de Santa Cruz, en Río Turbio y Río Gallegos. 70 mineros se han atrincherado en los socavones. Reclaman el pago de deudas salariales, pelean contra los intentos de eliminar en el próximo presupuesto nacional diversos subsidios esenciales para mantener abierta la mina y exigen la "rescisión de los contratos de concesión al empresario Taselli" por incumplimiento (inversiones, dotaciones mínimas de personal, etc.). Un congreso minero resolvió, meses atrás, un plan de reactivación productiva para la explotación minera (construcción de la Súper Usina en la Cuenca Carbonífera, etc). La clase trabajadora sabe cómo desarrollar el país. El plan de lucha reclama también la efectivización de los "contratados" y el cese del trabajo a destajo, que no sólo es superexplotación, sino que pone en riesgo la vida y la salud de estos trabajadores. Pelean: - Contra los intentos de descargar el "déficit cero" cortando las inversiones productivas, lo que significaría el cierre de sectores de la mina con su secuela de retroceso y desocupación. - Por la defensa del convenio, contra el trabajo a destajo y el curro superexplotador de los "contratos". - Por el aumento de la dotación de personal. - Por la anulación de las privatizaciones. - Por un plan de reactivación industrial bajo el control de los trabajadores. La pregunta del millón es: ¿Por qué ATE Nacional y la CTA Nacional no apoyan activamente esta heroica lucha de la cuenca carbonífera? ¿Por sus compromisos con el gobernador Kirchner, ejecutor de esta política antiobrera y antinacional, pero a quien no le incomoda "acompañar" al Frente de la Pobreza? Las agrupaciones estatales del Polo Obrero han lanzado el llamado de que ATE y la CTA ¡convoquen ya a un paro nacional por el triunfo de la huelga minera! Solidaridad con los mineros que están resistiendo en los socavones.

Las organizaciones abajo firmantes invitan a sumarse a la convocatoria a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo contra la agresión imperialista contra Afganistán el próximo viernes 26 a las 18 horas. • No a la agresión imperialista en Afganistán. Basta de bombardeos. • Fueras las naves, los aviones y las tropas de EE.UU., Gran Bretaña, Francia y demás países de Afganistán, Medio Oriente y Asia Central. • Solidaridad plena con el pueblo afgano. • Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina. • No al pago de la deuda externa que financia los bombardeos en Afganistán. • Ningún apoyo del gobierno argentino a la agresión imperialista. Partido Obrero, MST y PC en IU, PCR, PSA, PTS, Centros de estudiantes de Arquitectura, Exactas e Ingeniería, La Corriente-CEPA, CCC, Polo Obrero

La provincia está en quiebra y no paga los sueldos de los empleados públicos. Desde hace dos meses sólo pagan a las categorías más bajas, de no más de 300 ó 400 pesos. Los de categorías más altas no cobran o cobran el salario en Bocanfor (un bono que sacaron hace un mes). El aguinaldo no se lo pagaron a nadie. Están así todos los organismos. Hay varias carpas, incluso de los docentes, que son lo que más se hacen escuchar. En este contexto, distintos gremios estatales constituyeron una "Intersindical" que se moviliza desde hace un mes y medio. Todos los jueves hay una marcha a la casa de gobierno con un promedio de 700 a 800 personas (llegaron a haber 1.500). El anteúltimo jueves se decidió hacer un escrache a la casa del gobernador. El clima estaba caldeado. El gobierno respondió el jueves siguiente con un intento de represión "civil" contratando gente lúmpen de los barrios más pobres, para que arme otra marcha oficialista que nos encuentre en el centro y se arme la podrida. Se hizo un corte de ruta, organizado por los de Vialidad, pero al cual concurrieron todos los estatales y se juntaron alrededor de 3.000 personas. En estas marchas participaban compañeros del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La mayoría de estos compañeros son asistentes sociales y están contratados. Hoy, lunes, reciben telegramas de despido tres (hasta ahora) de estos compañeros. A los de planta permanente se los está sancionando, desplazándolos a otros organismos o mandándolos a "Recursos Humanos" (hay alrededor de 11 personas en esta situación). Los despedidos son hasta ahora Karina Scozzina (delegada de ATE), Miriam Borba y Mabel Baisch. Reclamamos su inmediata reincorporación. La Intersindical debe sumar esta bandera.

Fue necesaria solamente una semana para que quedara confirmado todo el acierto del planteo político del Partido Obrero en la reciente campaña electoral. En efecto, el "desenlace de la crisis" es inminente y el único interrogante que se plantea es quién la va a pilotear. Es precisamente en esto que consiste toda la crisis política. Se encuentran en danza la salida de Cavallo; la caída de De la Rúa; la formación de un gobierno aliancista-peronista; el adelantamiento de las elecciones del 2003. Como telón de fondo, la perspectiva de una salida popular, democrática y de alcance revolucionario, o sea de una Asamblea Constituyente que se haga cargo del poder político. Desesperación El derrumbe que está anunciado en el "viaje secreto" de Cavallo a Washington, ha sido determinado por la deuda externa, ni más ni menos. Es que cuando parecía que podía emerger como salida la última tentativa de ajuste, eliminando el piso de la coparticipación de las provincias y pagando la deuda del gobierno nacional con ellas en "bonos basura", los bancos patearon el tablero, al negarse a aceptar una quita de intereses sobre los créditos usurarios que tienen contra los estados provinciales. Se pudo conocer que gran parte de la deuda provincial estaba pagando tasas de interés que llegaban a un rango del 27 al 35% anual. Las "explicaciones" de Cavallo no alcanzaron para que los bancos redujeran los intereses al 7%, a cambio de una mejora en las garantías de esa deuda. Un "consultor" llegó a explicar que un canje de esas características podría resultar beneficioso para los banqueros, porque un alivio de la carga representada por esos intereses mejoraría la cotización de los restantes títulos que tienen en su cartera. Pero fue en vano, esto por una razón muy simple: ningún "canje" de títulos tiene la capacidad para superar una quiebra que alcanza a toda la organización social y económica del país. La crisis industrial ya ha adquirido características descomunales y la desocupación declarada se aproxima al 20%. La crisis nacional no se reduce a la cesación de pagos; por el contrario, ella es la punta del témpano de la quiebra de la organización capitalista de Argentina. Bajaron el pulgar La inminencia de la quiebra (precisamente lo que solamente el PO denunciara en la campaña electoral) ha sido destacada por las consultoras internacionales, que han rebajado la calificación de la deuda argentina al "cuasi-default"; por editoriales de la prensa norteamericana e inglesa (The Washington Post, del 16/10, tituló "Argentina on the rocks") y hasta por el gobierno norteamericano, que prohibió a sus organismos cualquier préstamo a Argentina que no fuera a cortísimo plazo. A diferencia de Turquía, ha escrito repetidamente el Financial Times en los últimos diez días, "Argentina no debe ser rescatada". Es decir que, tal como lo viniéramos denunciando desde hace un año, el Tesoro de los Estados Unidos trabaja por la declaración de quiebra de Argentina. A partir de esta quiebra, pretende imponer una ley de garantía de la deuda; la liquidación de la coparticipación federal; la privatización del Nación y del Provincia, con sus carteras agropecuarias; la firma de un tratado de libre comercio; alternativamente, la dolarización monetaria. El rescate de la deuda externa y una mejora futura de su cotización, ya no pasa por el cumplimiento de los pagos sino por la declaración de quiebra y la consiguiente renegociación bajo la supervisión política de los Estados que reúnen a la mayoría de los acreedores. (Sin embargo, los intereses comerciales vinculados al Mercosur también promueven el "default" para sacar de aquí una devaluación y una futura armonización de políticas monetarias con Brasil. Hay que decir, no obstante, que el mayor temor de los especuladores internacionales es que una cesación de pagos de Argentina lleve a una declaración similar a Brasil.) Crisis de poder La bancarrota ha dejado al desnudo la irrelevancia de los planteos de la "oposición" a Cavallo, favorables a una "reprogramación" ("voluntaria" o "consensuada") de la deuda. Porque es esto precisamente lo que acaban de rechazar los bancos en relación a la deuda provincial. Sin embargo, esta "reprogramación" con las provincias había sido puesta como la condición insoslayable para una "reprogramación" general de la deuda externa. Que ruede la cabeza de Cavallo sería el precio más barato que debería pagar la burguesía por el "default". A principios de la semana pasada, el embajador de los Estados Unidos le pidió a Duhalde que De la Rúa pueda terminar su mandato (Clarín, 16/10). Duhalde ni siquiera quiere hacerse cargo de la presidencia del Senado, porque ello lo colocaría en el primer lugar de la línea sucesoria. Se discute a lo sumo la posibilidad de que un peronista ingrese como ministro coordinador. El peronismo ingresa al período del derrumbe del gobierno aliancista, debilitado por los resultados electorales y por su división interna (derrumbe de sus administraciones provinciales). Duhalde habría necesitado tiempo para convertir al peronismo en un factor de reestructuración política del Estado, pero tiempo es lo que menos tiene. Es a partir de aquí que emerge la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones e incluso de la Asamblea Constituyente. Cuando se considera el conjunto de la crisis, se pone en evidencia la confusión que ha revelado el votoblanquismo de las elecciones recientes, pero por otro lado el empuje y la radicalización del pueblo que se manifiesta en el derrumbe de los partidos tradicionales y en el crecimiento de la izquierda (aunque el resultado de esta última es contradictorio en su contenido, por el "movimientismo" de la izquierda democratizante, o sea su falta de un planteamiento independiente de poder). De otro lado, se pone en evidencia en estas circunstancias explosivas la importancia del debate abierto en el movimiento piquetero y en otras organizaciones de activistas, acerca de la crisis de poder planteada por el Partido Obrero y la importancia de la Constituyente. Salida Frente al derrumbe que nos acecha el Partido Obrero plantea: • Desconocimiento de la deuda externa. • Nacionalización, bajo control obrero, de la banca y de las AFJPs, sin indemnización (ocupación de los bancos y financieras para combatir la desestabilización financiera y económica). • Control de cambios, apertura de los libros de los grandes pulpos y control obrero generalizado de las operaciones económicas. • Convocatoria a un congreso de delegados de trabajadores para establecer un plan de prioridades económicas; participación de los representantes obreros de los países del Mercosur y de América Latina. • Cese del gobierno, no solamente de De la Rúa, sino de los gobernadores e intendentes, y su reemplazo por Asambleas Constituyentes en los municipios, las provincias y la Nación. • Por un Congreso obrero y campesino de unidad de América Latina.

La entrega de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans no ha alejado la perspectiva del vaciamiento de la empresa y aún de su quiebra. Tampoco ha alejado -al contrario, la ha hecho más inminente- la perspectiva de un ataque en regla a las condiciones de trabajo de sus empleados y hasta de despidos. Esta es la primera conclusión a la que deben atenerse los activistas y los trabajadores de Aerolíneas para orientarse en la nueva situación. La convocatoria de acreedores que estableciera oportunamente la Sepi le permitirá al grupo Marsans, como señala el diario español El País (7/10), "cambiar las condiciones de trabajo casi a gusto". (7/10) Marsans viene por lo que la Sepi no ha podido imponer: el ‘Plan Director’. En esta dirección, Antonio Mata, el nuevo presidente de AA, anunció que "planea reducir entre 15 y 20% los salarios del personal y que en compensación les ofrecerá que vuelvan a controlar el 10% de la empresa a través de un programa de propiedad participada (…) se les va a dar acciones que podrán canjear, si quieren, en un plazo de tres años" (Clarín, 23/10). Es decir que la "compensación" queda librada a la hipotética viabilidad de AA. Marsans prepara despidos bajo la forma encubierta de los ‘retiros voluntarios’, y hasta no se resigna a una reducción directa del personal: se ha comprometido a mantener la estabilidad por dos años... "salvo un acuerdo al respecto con los gremios" (Ambito Financiero, 3/10). La convocatoria de acreedores permite a Marsans renegociar sus deudas y financiarse con sus acreedores. Mata fue muy claro cuando indicó que "los acreedores deben entender que es mejor algo que nada" (Ambito Financiero, 19/10). Se plantea, incluso, que los acreedores aporten parte del capital de la nueva empresa: "(se) abrirá el capital de Aerolíneas a nuevos socios (y) no estaría mal visto que sea alguno de los principales acreedores…" (Clarín, 23/10). Entre los acreedores de Aerolíneas se encuentra el propio Estado argentino, al que Marsans le reclama exenciones impositivas y subsidios cuando sostiene que "el sobrecosto fiscal de Argentina es del 28%" respecto de Estados Unidos o Europa (ídem). AA se financiará con sus acreedores y sus trabajadores, lo que explica que Marsans se haya hecho cargo de la empresa sin poner un centavo y sin adquirir un compromiso cierto de aportes de capital. Más aún, el mantenimiento de la convocatoria permitirá disolver todas las responsabilidades del oscuro tema de la deuda de Aerolíneas y su vaciamiento por la Sepi. Amparada en el concurso, AA-Marsans se apresta a lanzar una "guerra de tarifas" contra sus competidores locales, a los que pretende empujar a la quiebra; una situación de la cual no están muy lejos. Su principal competidor, Lapa, también está en convocatoria y con una situación financiera extremadamente delicada. La recaudación que AA obtenga por la venta de pasajes irá, no al pago de sus deudas refinanciadas, sino a agudizar la guerra contra las competidoras, lo que plantea una escala de despidos y de rebajas salariales y flexibilización de las condiciones de trabajo en todas las líneas aéreas. Todo esto pone en evidencia el fracaso del argumento de la "defensa de la línea de bandera", esgrimido por el conjunto de las direcciones sindicales aeronáuticas y que se ha convertido en un instrumento de ataque contra los trabajadores. No es por azar que hoy Marsans retoma esa consigna -"Ahora sí, todos somos Aerolíneas"- para plantear la rebaja de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. En su guerra contra la competencia, AA-Marsans anunció que "sólo volará las rutas rentables" (La Nación, 4/10), lo que significa que continúa el proceso de vaciamiento comercial y de desintegración del transporte aéreo nacional iniciado por la Sepi. Esta perspectiva se ve potenciada porque, como Iberia, Marsans es competidora de Aerolíneas ya que opera una línea aérea -AirComet- que opera entre Argentina y Europa. Nada de esto, sin embargo, supera la perspectiva de la quiebra. En primer lugar, porque si fracasa en su intento de empujar a sus competidores a la quiebra, la que caerá en esa situación será la propia AA-Marsans. Entonces, las acciones que les haya entregado a los empleados a cambio de la rebaja salarial no valdrán el papel en que estén impresas. ¿Y si tiene éxito, es decir, si logra enviar a la quiebra a sus competidores, y dejar en la calle a los 7.000 aeronáuticos que trabajan en esas empresas? Entonces Marsans habrá "revalorizado" Aerolíneas y estará en condiciones de venderla al mejor postor. Esta es, en última instancia, la perspectiva con que Marsans y la Sepi encaran su "operación Aerolíneas", algo en lo que la Sepi fracasó oportunamente porque no pudo derrotar a sus competidores argentinos. La naturaleza parasitaria, antiobrera y antinacional de la entrega de Aerolíneas al grupo Marsans replantea la perspectiva estratégica de la lucha de los trabajadores de AA en defensa de sus salarios, condiciones y puestos de trabajo: la estatización de la empresa bajo el control de los trabajadores.

Ya hemos explicado en otra ocasión (PO Nº 723) que el abstencionismo electoral no llega a ser, en el caso del PCR, una política sino una especie de celada que se ha tendido a sí mismo. A fuerza de anunciar la inminencia del "argentinazo" durante por lo menos una década, entiende la participación electoral como una descalificación de algo que por tan reiterado ha perdido la calidad de pronóstico. Quizás lo más importante no sea siquiera esto, sino su consigna de "gobierno de unidad popular", que exigiría, en un plano electoral, la formación de un "frente de unidad popular", el cual le ha resultado esquivo desde su participación en el frente menemista de 1989 y en otro esporádico con los restos de IU en 1992. El planteo estratégico del PCR debería llevarlo a un frente con el Ari o el Polo Social, con los cuales tiene puntos de acuerdo, por ejemplo en el Frente contra la Pobreza o a través de la CTA. Sin embargo, no lo ha hecho. Naturalmente, el voto anulado del pasado 14 de octubre le ha servido al PCR no por supuesto para justificar su política injustificable, sino para disimularla. Asegura que ese voto "demostró que inmensas masas están por delante del discurso parlamentarista...", lo cual significa que se opone a la participación electoral por principios al igualarla con el parlamentarismo. La consigna central del PO, en las elecciones, "Fuera los De la Rúa y los Ruckauf, por la entrega del poder a una Asamblea Constituyente", no tiene nada de parlamentaria. El votoblanquismo del PCR, en cambio, sin esta consigna, o incluso con la amenaza de escrache a los parlamentarios que voten el presupuesto del ajuste del 2002, es equivalente a un parlamentarismo apenas disimulado. De todos modos, como el criterio de la verdad lo determina la práctica, ¿qué demuestran los resultados electorales? Según Zuleta Puceiro, "que los votos nulos y anulados fueron propios de los votantes de sectores medios y medios altos, entre 30 y 50 años de edad, con nivel secundario y universitario, alta exposición a los medios... Fue un voto calificado..." (Página/12, 16/10). Las "inmensas masas" del PCR se han reclutado en forma relativa mayor, no precisamente entre los más explotados. ¿Está dispuesto el PCR a admitir que integra la falange de los "desencantados" con "la política"? Para otro consultor, Hugo Haime, "en sus análisis de Capital Federal y Tucumán" (ídem), el "voto bronca" fue elegido por "sectores de centroderecha dentro de la clase media", lo cual explica en gran parte el derrumbe electoral de los partidos de ese color. Para Artemio López, el voto anulado "surge de sectores de ingresos medios, de zonas urbanas, con secundaria completa o más estudios". El mismo López adjudica una preponderancia de las personas pobres, mayores de 45 años, en el ausentismo electoral, en particular en el Noroeste y Nordeste del país. Todo esto demuestra la total indeterminación de clase de la posición electoral que adoptó el PCR, por lo que queda al lector decidir qué sería "mejor", si el "parlamentarismo" que faccionalmente nos atribuye el PCR, pero obrero y de los explotados, o el votoblanquismo de clase media que dominó ideológica y socialmente la última elección.

Las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia Tata y El Rápido le adeudan a sus trabajadores sueldos del año 2001 desde el mes de marzo. En los últimos meses y sin los correspondientes recibos, han recibido vales de 100, 200 y 500 pesos como adelantos de sueldo (ignorando si son sueldos o parte de lo adeudado). Como si esto fuera poco, también les deben los aguinaldos de diciembre de 2000 hasta julio del 2001 y vacaciones, y no se han hecho los aportes jubilatorios y obras sociales. Frente a esta situación, la compañía dispuso el cese de actividades, decisión que fue rechazada por los trabajadores, los cuales pretenden continuar con la prestación de servicios, como forma de mantener los puestos de trabajo y obtener alguna recaudación para cobrar algo de lo que se les adeuda. Si la empresa se encuentra paralizada no es por voluntad de los trabajadores, sino consecuencia de la irresponsabilidad del Directorio y los delegados que "supuestamente" los representan. Queda claro que los delegados representan los intereses de la empresa. Desde hace 20 días, junto con los directivos, les propusieron a los trabajadores que renunciaran a la antigüedad y al dinero que se les adeuda, de cara a un posible traspaso empresarial. Esto fue descartado de plano por los empleados, que no van a abandonar la lucha hasta librarse de esta pandilla de vagos y matones que lo único que quieren es, a través de represalias, reina y enriquecerse a costa de regalar los derechos de los trabajadores. Amenazas para cortar el servicio "A pesar de tener vendidos todos los pasajes correspondientes al viaje previsto para las 15:40 a Rosario, dejaron de circular (...) Antes de que el vehículo partiera de la capital entrerriana, uno de los trabajadores de la empresa recibió amenazas telefónicas para que no salgan los viajes, y momentos después fueron notificados por autoridades de la empresa de que no iban a cubrir las frecuencias hasta nuevo aviso (...)." (Extracto del diario Uno, del 12/10)

El derrumbe del gran capital en Argentina está asumiendo las características de un verdadero terremoto. Con la sola excepción de los grandes bancos y las petroleras, la caída vertical de los beneficios, el retroceso productivo y comercial, y la tendencia a la cesación de pagos se generaliza en todas las ramas de la economía nacional. El Cronista acaba de informar que en sólo seis meses quebraron tres mil empresas. En la industria automotriz, a la caída vertical del mercado interno después de tres años de recesión se suma, desde junio, la caída del 50% de las exportaciones a Brasil, como consecuencia de la devaluación del real. "Los pronósticos más realistas aseguran que (esta caída de las exportaciones) es sólo el comienzo" (Ambito Financiero, 16/8). Las terminales exportan a Brasil el 65% de su producción (algunas, como Fiat, exportan el 90% de lo que producen). En tres años, la producción cayó un 50%; este año se fabricarán 240.000 unidades en total, es decir menos que en el ‘92. Las plantas operan al 35% de su capacidad instalada y este porcentaje se reducirá aún más como consecuencia de las suspensiones generalizadas en todas las empresas hasta fin de año. Las pérdidas acumuladas por las terminales en los últimos dos años superan los 1.000 millones de dólares. La industria autopartista "está produciendo lo mismo que en 1961" (Clarín, 2/9) y en los últimos dos años se han cerrado 350 concesionarias (con la pérdida de 15.000 puestos de trabajo). En palabras de Oscar Cortis, de la Asociación de Concesionarios, en los últimos dos años "bajaron los gastos de patentamiento, hubo baja de precios y se lanzaron ofertas y financiamientos baratos y hasta a costo cero, pero la demanda no reaccionó" (ídem). La perspectiva de un desmantelamiento industrial obedece a que "la mayoría de las empresas radicadas en los dos países quieren apurar la liberalización del Mercosur para poder abastecer a toda la región desde un solo país, que obviamente sería Brasil" (Ambito Financiero, 16/8). "La Argentina no tiene volumen y peso para que las casas matrices le asignen la fabricación exclusiva de un modelo mundial, pero sí puede producir piezas", confirma desde el anonimato "el director de una de las terminales" (Clarín, 2/9). La rebaja de impuestos establecida en el "plan de competitividad" que firmaron el gobierno y las terminales no ha servido para frenar las suspensiones (en realidad, aumentaron después de la firma) pero sí para financiar, con subsidios, el desmantelamiento de la industria automotriz. La caída automotriz derrumbó a la siderurgia, ya golpeada por el retroceso de la construcción y ahora por el reforzamiento del proteccionismo norteamericano. En sus últimos ejercicios, Acindar y Siderar perdieron 114 y 32 millones de dólares, respectivamente. Estas gruesas pérdidas y la asfixia financiera (Acindar acumula deudas por 380 millones que le insumen 60 millones anuales de intereses) explican el derrumbe de sus acciones: desde principios de año, Acindar cayó 61% y Siderar 50%, el doble del Merval, que perdió 25% en el mismo período. Por ahora, sólo se salva Siderca, que fabrica tubos para la perforación petrolera... pero "sus resultados amenazan enfriarse" (El Cronista, 7/9). La industria láctea también ha sido golpeada por la recesión y devaluación de Brasil, hacia donde exportaba hasta hace poco el 70% de su producción. La caída del 50% de las exportaciones a Brasil, sumada a la recesión argentina, dejó a los grandes grupos en una delicada situación financiera. Sancor y Mastellone, según un informe del Banco Santander, están entre las cinco empresas que tienen peor posición de liquidez para hacer frente al pago de sus deudas de corto plazo (BAE, 29/8). Según el mismo informe del Santander, "sólo cinco firmas (¡cinco!) cuentan con una liquidez aceptable" para hacer frente a sus deudas de corto plazo y pago de intereses (ídem). "La falta de crédito y vencimientos de deuda por cerca de 2.200 millones de dólares en lo que resta del año tienen a la mayoría de las empresas en situación de alerta máxima" (ídem). Los temores aumentan, además, porque los beneficios se han derrumbado: en el segundo trimestre de este año, las ganancias de las empresas que cotizan en Bolsa son un 20% inferiores a las del mismo período del año pasado, la mayor caída en dos años. En algunos casos, las caídas son muy superiores: los beneficios de Telecom retrocedieron el 67%; los de Quilmes el 79%. La caída de los beneficios golpea incluso a algunos pulpos hasta ahora "invictos": Carrefour y la inmobiliaria Irsa (de Soros, propietaria de los grandes shoppings de la Capital) presentaron sus primeras pérdidas en diez años. Que grupos como éstos, que tienen una posición absolutamente dominante en sus ramas, hayan tenido pérdidas de decenas de millones deja en claro que la situación comercial (supermercados y shoppings) e inmobiliaria ha tocado fondo. La tendencia a la cesación de pagos es manifiesta. En los últimos doce meses, "más de diez grandes grupos entraron en convocatoria de acreedores" (Ambito Financiero, 31/8). El total de las deudas de las empresas en convocatoria asciende a los 2.500 millones de dólares, un récord histórico. Entre las concursadas figuran pulpos como Aerolíneas (con deudas por 938 millones) y Comercial del Plata (740 millones), Musimundo (del grupo Exxel, 207 millones), Lapa (170 millones). Para comprender la aceleración de la tendencia a la cesación de pagos privada basta recordar que las dos mayores convocatorias en los últimos dos años (Ventura en 1999 y Massera en el 2000) no superaron los 60 millones. Alpargatas, con una deuda de 400 millones, escapó a la convocatoria mediante un acuerdo con sus acreedores y los subsidios gubernamentales. Fargo (también del grupo Exxel) dejó de pagar los vencimientos de capital de su deuda (aunque todavía paga los intereses). Multicanal, con una deuda total de 1.300 millones, viene gambeteando la convocatoria mediante acuerdos parciales de diferimiento de pago. La tecnológica Impsat (proveedora de servicios de Internet, propiedad del grupo Pescarmona y British Telecom) aumentó un 150% sus pérdidas en el segundo trimestre (perdió 100 millones); con deudas totales de 1.000 millones, "no tiene fondos para seguir operando más allá de fin de año" (El Cronista, 21/8). Ni un milagro podría evitar la quiebra: su valuación bursátil cayó de 3.500 millones en marzo de 2000... ¡a 38 millones en la actualidad! Esto explica los desesperados intentos de Pescarmona y la British Telecom por venderla... sin encontrar interesados. Las grandes empresas no encuentran una salida ni en las exportaciones, ni en el mercado interno; mucho menos encuentran financiación que les permita "zafar" a sus grandes deudas. El cierre de plantas e industrias, la venta de activos "no esenciales", la venta total o parcial de los paquetes accionarios *es decir, la huida* parecen ser las únicas salidas que el gran capital encuentra para evitar la quiebra directa. El derrumbe objetivo de las grandes empresas es la causa de la confusión generalizada del gran capital y sus voceros políticos e intelectuales frente a la crisis argentina. En estas condiciones, el gobierno y los partidos patronales son una hoja al viento.

Desde el 24 de julio se viene desarrollando en el Comahue una huelga general universitaria, contra la asfixia presupuestaria y los intentos de reducción salarial a docentes y no docentes. Pero esta huelga ha entrado en un desgranamiento, como producto de la política de las direcciones sindicales de los docentes (Adunc) y no docentes (Apunc) universitarios. "Renuncia"-chantaje La huelga estaba refirme cuando el rector centroizquierdista, Rabassa, presentó su "renuncia". Rápidamente las direcciones de Adunc (Tiscornia) y Apunc (Bustamante) salieron a apoyarlo y firmaron un acta acuerdo aceptando un descuento del 13% sobre la masa salarial. Es decir, ponían en práctica la política del gobierno nacional de "deficit cero". Tiscornia es un dirigente del PCR. La caracterización "sociológica" del centroizquierdista Rabassa como un "progresista", lo ha llevado a aceptar la reducción salarial ("hasta que se supere la crisis" *afirma*, igual que los funcionarios delarruistas). A través del centroizquierdista Rabassa, se impuso el fondomonetarista Cavallo. Desmovilización y antidemocracia El acta-acuerdo fue simultánea a una masiva Asamblea Popular que resolvía un plan de lucha provincial en defensa del presupuesto universitario y por otras reivindicaciones (reapertura de Zanón, etc.). Ahora las direcciones han resuelto orgánicamente comenzar a dar clases de "padrinazgo" para "que los estudiantes no pierdan el año". Al mismo tiempo, por primera vez la delegación de Adunc al Congreso Nacional de la Conadu no incluyó a la minoría Naranja (PO e independientes), que se opuso tenazmente a la firma del acta capituladora, que viola el estatuto gremial y la práctica democrática de este gremio. Los compañeros de la Naranja, junto a la UJS universitaria, han lanzado una campaña por el rechazo al acta-acuerdo y por el relanzamiento de la huelga general. Que se reúna una Asamblea General Universitaria para votar este curso de acción y elegir un comité de lucha capaz de llevarlo adelante. En la provincia se vuelven a conjugar una serie de conflictos (Zanón, estatales, etc.) que hacen explosiva la situación. La lucha de la universidad no debe ahora ausentarse de este proceso.

En 1996, Carlos Menem y Domingo Cavallo intentaron eliminar el salario familiar para los trabajadores que ganan más de 1.000 pesos y reducirlo para los que cobran menos de esa cifra. La reacción popular fue tan grande que la CGT se vio obligada a declarar un paro general cuya contundencia llevó a Menem a "renunciarlo" de Cavallo. Ya Cavallo fuera del gobierno, y a cambio de otras prebendas (como el control de la Superintendencia de Salud para seguir manejando las obras sociales), la burocracia sindical negoció el salario familiar y acordó que el salario por esposa fuera eliminado y el salario por hijo quedara anulado para los que ganan más de 1.500 pesos. Ahora de vuelta en el Ministerio de Economía, Cavallo recortó en un 13% todas las asignaciones familiares y se prepara para dar un nuevo zarpazo. Según los diarios (Clarín, 18/10), "el gobierno quiere reformar de raíz el sistema de asignaciones familiares y achicar así en el 2002 en 600 millones de pesos los pagos de estos beneficios". La propuesta es que "en lugar de que el salario familiar lo cobren los trabajadores registrados y los que tienen seguro de desempleo, como es ahora, pasen a cobrarlo todos los trabajadores estén o no registrados, y también los desocupados, cobren o no subsidio al desempleo". Como es típico de la Alianza, tamaña "generosidad" esconde una "trampa", porque esta "extensión del beneficio a los que trabajan en negro o son desocupados saldrá de un recorte en los beneficios de los trabajadores que están registrados" y de "ciertos planes sociales, como becas del Ministerio de Educación y subsidios de Desarrollo Social" que se integrarían al nuevo sistema "para ahorrar partidas". La propuesta es suprimir la asignación por matrimonio y nacimiento y que el salario familiar por hijo lo cobren sólo los que ganan menos de 1.000 pesos. Además, el salario familiar sería más bajo. En lugar de un monto fijo de 40 pesos por hijo pasaría a ser decreciente: 40 pesos por el primer hijo, 30 pesos por el segundo y 20 pesos por el tercero, con un tope de 90 pesos por familia. Así, quien tiene tres hijos y cobra 120 pesos, pasaría a cobrar 90 pesos. Al mismo tiempo, se elimina la ayuda escolar anual que se cobra en marzo y es de 130 pesos por hijo. Este beneficio "se reemplazaría por la entrega efectiva de útiles y libros por un total de 50 millones de pesos", lo que significa que hay un negociado en marcha. La otra trampa tiene que ver con la "extensión" del salario familiar a los que están en negro o son desocupados. Porque para eso esos trabajadores deberían registrarse; y hacer el padrón, según el gobierno, tendría "un costo de 100 millones", lo que significa que hay otro negociado. Pero además, el trabajador que está en negro no se va a registrar porque automáticamente sería despedido por la patronal. En el caso de los desocupados, lo que se quiere es eliminar los planes Trabajar con una ayuda miserable a los hijos, previo empadronamiento, es decir, al margen de las organizaciones de desocupados. Como en 1996, esta ofensiva tiene que ser frenada con la huelga general.

El 10 de octubre Telecom presentó un recurso de "Reestructuración Productiva" ante el Ministerio de Trabajo. En un calco de lo planteado por Macri en el Correo Argentino, la empresa telefónica argumenta la necesidad de introducir cambios en las relaciones laborales en virtud del ingreso al mercado telefónico de nuevos operadores que aplican convenios colectivos inferiores, provocando una "desventaja competitiva". Telecom propone rebajar un 10 por ciento los salarios básicos; reducir 4 días por mes la jornada laboral con una reducción proporcional de salarios; y la eliminación de horas extras, guardias pasivas y turnos diagramados, con la pérdida de los francos correspondientes. Esta brutal confiscación llevaría el salario de bolsillo de 1.200 pesos a 900. Una pérdida salarial de más del 25 por ciento. Como compensación, Telecom se compromete a no despedir personal por un año. Pero de no aceptarse su planteo, comenzarán los despidos masivos. Este planteo viene de una empresa que compró su parte a precio de remate. Que esquilmó a los usuarios argentinos con tarifas monopólicas, embolsando más de 200 millones de dólares anuales de ganancias declaradas. Que, además, redujo el personal en un 60 por ciento, tercerizando ramas enteras con convenios a la baja y que mantiene a miles de trabajadores en pasantías (contratos basura). Durante estos años, las telefónicas se montaron en un inmenso colchón de benefici os con el que subsidiaron a sus casas matrices, inmersas en la actualidad en una brutal recesión. Las telefónicas estadounidenses planean despedir a 170.000 trabajadores en el marco de una capacidad productiva ociosa. La recesión mundial obliga a las telefónicas a descargar la crisis sobre los trabajadores argentinos. La indignación y la bronca de los telefónicos crece hora tras hora. Han comenzado las asambleas en los edificios de Telecom. Desde Escobar al Centro, las asambleas son masivas. Y de rechazo absoluto al planteo patronal. También comenzaron las asambleas en Telefónica. Para el jueves 25, se ha convocado una Asamblea General del gremio. Va a ser la más concurrida de los últimos años. La ofensiva patronal debe ser frenada en forma decidida por los telefónicos. Un plan de lucha que incluya una gran movilización del gremio sobre el edificio central de Telecom, la ocupación de todos los edificios y la huelga general ante cualquier intento de aplicación del descuento salarial o despidos, el paro solidario de los trabajadores de Telefónica, los piquetes para garantizar la unidad con los trabajadores excluidos del convenio que quieren pelear y organizarse contra la prepotencia patronal, son medidas decisivas para debatir y aprobar en la Asamblea General. La derrota del intento de "reestructuración" abrirá como nunca la posibilidad de imponer el conjunto de reivindicaciones postergadas de los trabajadores telefónicos.

Con bombos y platillos, el gobierno de Ibarra anunció en agosto pasado lo que pretende ser la mayor realización de su primer año de gobierno: un sistema de reservorios subterráneos de agua, que según el gobierno daría solución al desastre de las inundaciones en la ciudad. El plan de Ibarra prevé instalar, "antes de fin de año", 13 gigantescos cilindros de 20 metros de diámetro por 25 de profundidad, a un costo total de 110 millones de dólares. Con estas instalaciones, se aguardarían las lluvias de este verano, un año después del trágico 24 de enero que dejó un saldo de miles de evacuados y 6 muertos. ¿Estamos ante la solución de este flagelo o ante las más grande de las improvisaciones? Los reservorios y el caudal de agua Un estudio técnico que acaba de ser elevado a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denuncia la "manifiesta incapacidad de los reservorios anunciados para evitar las inundaciones". Si se considera el caso de la cuenca del arroyo Maldonado -responsable de los mayores desbordes-, y tomando como referencia los caudales de las inundaciones del año 1985, "construyendo los reservorios anunciados, en lugar de inundarse 360 hectáreas, se inundarían ‘solamente’ alrededor de 310. En cuanto a la altura de las aguas, en lugar de registrarse unos 58 centímetros de agua como promedio, ocurrirían inundaciones de ‘sólo’ 47 centímetros". La crecida del arroyo Maldonado llenaría, según el informe, un reservorio como los planeados en... 29 segundos. Es decir que el "nuevo" sistema de Ibarra toleraría algunos minutos de lluvias torrenciales. Concientes de la insuficiencia del nuevo sistema, el secretario de Obras Públicas, Fatala, ya ha comenzado a "abrir el paraguas": "¿Significa esto *se pregunta* que ya no habrá más inundaciones? No. El clima está tropicalizado. Y nadie puede saber cuánto va a llover la próxima vez. Pero multiplicará la capacidad de prevención para una tormenta fuerte." (La Nación, 4/8). Lejos de garantizar los resultados del nuevo sistema, Fatala responsabiliza de sus previsibles fallas al mismo "culpable" de las inundaciones de enero: la "tropicalización" del clima. En nombre de estos inciertos resultados, se realizarán excavaciones que superarán los 50 metros de profundidad, y que "afectarán en forma hasta ahora no prevista al nivel de las napas y a la estabilidad de los suelos" (ídem). Ello puede conducir a que las aguas de la primera napa, "muchas veces muy contaminadas, ingresen en las napas inferiores y las contaminen irreversiblemente" (informe del arquitecto Costa). El peso descomunal de estas instalaciones subterráneas obligaría también a construir cimientos o bases no contemplados ni en los plazos ni en los costos de la obra. Improvisación y parálisis Después del desastre de enero pasado, Ibarra y Fatala anunciaron que la solución definitiva a las inundaciones pasaba por un "Plan Hidráulico" que se viabilizaría a través de un préstamo de 250 millones de pesos, proveniente del Banco Mundial. Apresuradamente, se reanudaron las obras del aliviador del Arroyo Vega, con el mismo contratista -CCI- que se encontraba denunciado por impericia y sobrefacturación. Ocho meses después, el "Plan Hidráulico" ha sido sigilosamente cajoneado. El sistema de reservorios, según explicó Ibarra, no es "una ampliación presupuestaria ni un agregado a lo proyectado hasta ahora, sino un giro estratégico en las soluciones que hasta ahora se habían ensayado" (La Nación, 4/8). Como señala el arquitecto Costa, a partir de estos anuncios "los vecinos ahora sólo podemos esperar que se realicen los reservorios". Confirmando esta presunción, la casi totalidad de las obras del llamado "Plan Hidráulico" se han paralizado. Las tareas que correspondían a su primera etapa *un conjunto de canalizaciones y obras de limpieza y desagüe presupuestadas en 60 millones de pesos en el presente año* en su gran mayoría no se han concretado; es el caso de la limpieza de los sumideros del arroyo Medrano; de las obras en los arroyos Cildáñez, Ugarteche y White, y del plan de limpieza y mantenimiento de los sumideros y de la red pluvial, que se encuentra "suspendido". En la audiencia pública donde se discutieron los reservorios, vecinos de la zona norte de la ciudad le señalaron a Ibarra el absurdo de esta nueva "megainversión" cuando el agua, con sumideros tapados, ni siquiera podría escurrirse hacia los reservorios... Por último, es sugestivo que se hayan incluido reservorios para "atender" el caudal del arroyo Vega, a pesar de que su aliviador se encuentra en plena construcción. Los vecinos "sospechan que en realidad el gobierno tiene decidido paralizar las obras" (ídem). Los funcionarios, sin embargo, no han dicho de dónde saldrán los recursos para una obra que no está presupuestada. En cambio, sí hay claridad sobre los "adjudicatarios" de la obra: de las "empresas especializadas en este tipo de estructuras, sólo existen dos de ellas en plaza, de las cuales sólo una se encontraría en condiciones de ofertar, lo que no aporta condiciones de transparencia a la licitación anunciada" (informe del arquitecto Costa). Según lo anticipó el gobierno, la obra será resuelta y adjudicada por un decreto de necesidad y urgencia, es decir, colocando a la Legislatura ante los hechos consumados. Balance Es llamativo que entre las ventajas del sistema de reservorios, se mencione que "la construcción de estos tanques no necesita sortear las interferencias de caños o de cableados". Distintas denuncias han revelado, en los últimos años, la existencia de conexiones clandestinas entre las redes cloacal y pluvial, que el monopolio Aguas Argentinas emplea para desagotar efluentes sin tener que invertir en nuevos canales. Un adecuado sistema de aliviadores pluviales sacaría a la luz estas irregularidades, así como revelaría el desquicio a que han conducido el sistema de conductos de agua luego de su privatización. El gobierno de Ibarra se ha revelado impotente no sólo para resolver el drama de las inundaciones, sino siquiera para resarcir a los vecinos afectados: en muchos casos, éstos no recibieron ni los prometidos descuentos en los impuestos municipales, ya que el gobierno "truchó" los mapas que debían calificar a las zonas inundables. El "opositor" Beliz *que bloqueó el tratamiento legislativo a favor de un verdadero resarcimiento* es cómplice de esta confiscación a los vecinos. La solución de las inundaciones exige un plan único de aliviadores, mantenimiento y limpieza bajo control de los trabajadores de la Ciudad y las organizaciones de vecinos afectados. Ese plan debe financiarse gravando a los monopolios inmobiliarios y a las empresas privatizadas, responsables del desquicio actual.

Con la certeza de que el inminente colapso financiero se va a descargar una vez más sobre nuestros bolsillos, y ante el anuncio del desfinanciamiento de los contratos (180 en el Segemar) y demás gastos de funcionamiento de los organismos en el último trimestre, dos días después de las elecciones nacionales los trabajadores del Intemin se reunieron en asamblea para mandatar a sus delegados ante el Plenario de Seccional Capital de ATE a re alizarse al día siguiente. En el debate de la asamblea se coincidió plenamente en que, más allá de que las gestiones de las autoridades ante los funcionarios de Economía darían para pensar que el Segemar va a recibir los 600.000 pesos solicitados hasta fin de año (450.000 pesos para contratos y 150.000 pesos para funcionamiento, aproximadamente), la perspectiva de "asfixia" financiera es cada vez más palpable para el Segemar como lo será también para el Inti, la Cnea y demás organismos. El espejo del Malbrán Por lo tanto, se votó la moción de llevar al Plenario la propuesta de paro por tiempo indeterminado, con la idea de llevarla en conjunto con los compañeros de ATE de la Cnea, trabajando al mismo tiempo por una asamblea conjunta con el Inti y la Cnea. Se pusieron manos a la obra también en la elaboración de consignas para volcar en volantes y carteles dirigidos hacia los trabajadores (en particular los del Inti), usuarios de los organismos y la población en general ("Abajo el ajuste, arriba los salarios"; "Sin los compañeros contratados viene la parálisis de los organismos y luego el cierre"; "El ajuste no dejará ningún organismo afuera"; "Sin educación, hospitales públicos ni organismos de ciencia y técnica no puede haber progreso en el país", etc.). Se votó también por unanimidad que los trabajadores del Intemin-Segemar continuarán luchando junto a los demás organismos aún en caso que de "aparezca la plata" para los contratos hasta fin de año,porque la lucha es de todos y por todos.

El viernes 19 de octubre, en la explanada de la calle Cerrito, en las puertas del Teatro Colón, más de 500 trabajadores de la casa volvieron a realizar un acto de protesta, el tercero en el mes, contra la política de vaciamiento, privatización, extraordinario atraso en los pagos a cantantes líricos, pasantes, no efectivización de los contratados. El director adjunto ha montado una política de persecución, traslados arbitrarios, amenazas, etc., contra los trabajadores del teatro, mientras se niega sistemáticamente a recibir a la Comisión Intercuerpos. En esta oportunidad la Orquesta Filarmónica se sumó a la protesta actuando frente a sus compañeros. La Secretaría de Cultura apunta al cierre de la temporada para imponer, con el teatro en receso, la política que se han trazado de achicamiento, flexibilización y privatización. Quienes aceptan la autoridad devaluada de la Secretaría de Cultura son los burócratas del Sutecba, quienes se suman a esta maniobra de dilatar eternamente las cosas, en fantasmales "comisiones paritarias". Hace falta una estrategia para triunfar Es digna de admiración la disposición a la lucha de los trabajadores del Colón. Ahora todo el teatro se unificó; es el momento de ir a fondo y pasar a la ofensiva para derrotar a los privatizadores.

Es indudable que la primera víctima de la ‘cruzada’ occidental contra el oprimido mundo árabe e islámico tras los atentados del 11 de septiembre fue, antes aún que el pueblo afgano, el palestino. El régimen del ‘apartheid’ sionista creyó ver su oportunidad para poner en práctica lo que los partidarios de un ‘Gran Israel’ vienen planteando hace rato: una segunda gran expulsión de palestinos de las tierras que componen los ‘batustanes’ bajo control de la Administración Palestina -una nueva Nakba como en 1948-, que podría incluir la destrucción de la AP y hasta el asesinato de Arafat, según lo reveló el propio canciller israelí, Peres (The Economist, 6/10). En el curso de los días posteriores a los atentados, el ejército sionista bloqueó los ‘territorios’, arrasó con pueblos enteros y multiplicó varias veces el sangriento número de víctimas diario. Sharon acusó a Arafat de ser el ‘Bin Laden de Israel’, a pesar de que éste se alineó inmediatamente junto a los ‘cruzados’. Cuando los yanquis lograron que "el enemigo (Arafat) de tu enemigo (los talibanes) se transforma en un amigo" (The New York Times, 6/10) reclamaron al establishment sionista que fr ene las aspiraciones del ejército y de los colonos fascistas.Como resultado de esas presiones se arribó a un acuerdo que ha transformado a Arafat definitivamente en verdugo directo de su pueblo, y que al mismo tiempo ha replanteado una crisis mayor el régimen sionista. ¿Viraje yanqui? Sharon denunció la presión yanqui como un "apaciguamiento" al terrorismo. Ahora, es el mismo Sharon quien enfrenta esta acusación de los colonos. Sin embargo, lo que Bush tiene para ofrecer no llega siquiera a la aplicación de los famosos Acuerdos de Oslo: "Antes de que Sharon hablara *informó The New York Times*, Daniel Pipes, director del Foro de Medio Oriente de Filadelfia y uno de los más firmes y determinados respaldos de Israel en los EE.UU.", salió al cruce diciendo que en las palabras de Bush "no hay nada nuevo más que un cumplido retórico" (6/10). ¿Pero Arafat puede ser la ‘garantía’ de una tregua? Los palestinos están en la indigencia, sus pueblos bloqueados; los trabajadores de los ‘batustanes’, impedidos de ir a trabajar a Israel (virtualmente la más importante fuente de trabajo de los palestinos), y existe una política de ‘eliminación selectiva’ de los principales dirigentes de la Intifada por los sionistas. La AP ilegalizó a las organizaciones díscolas, comenzó una caza de brujas contra los activistas que reclaman los sionistas y, luego de pedir "armas y pertrechos antidisturbios al gobierno israelí" (Brecha, 12/10), abatió incluso a cinco manifestantes en cumplimiento de la prohibición de movilizaciones contra la guerra imperialista en Afganistán. De ‘Bin Laden’ palestino, ahora "Israel elogió la posición del gobierno de Arafat" (La Nación, 10/10) y hasta firmó con éste "un pacto por el que las fuerzas de seguridad (palestinas reemplazan a las tropas sionistas y) se comprometen a salvaguardar la vida de 400 colonos que ocupan el centro de Hebrón en una población (en la que los palestinos son) en proporción 400 a 1" frente a los colonos (El País, 17/10). "¿Está colapsando la AP?" Exactamente así titulaba un largo artículo Palestine Times del mes de septiembre, una de las principales publicaciones del exilio palestino, editada en Londres, aparecida con anterioridad a los atentados del 11/9. Como fruto de la Intifada, "la Autoridad Palestina está mostrando crecientes signos de desintegración", dice. Destaca "la casi total parálisis de las cortes de justicia, debido principalmente a las draconianas restricciones israelíes al movimiento de los palestinos desde sus lugares de residencia". "La ausencia o gradual desaparición del peso de las leyes dio lugar en agosto a una sangrienta disputa entre dos clanes en el sur de la franja de Gaza (...) entre dos feudos familiares luchando a balazos durante varias horas", sin que la policía interviniera, con un saldo de un oficial de inteligencia palestino asesinado y varios otros heridos. En segundo lugar, se señalan los reclamos populares que ganan las calles por la pasividad de la AP frente al asesinato a mansalva de los sionistas: "El pueblo sale a gritar ‘¿dónde está la AP?’ y ‘¿qué están haciendo las 15 agencias de seguridad’ (palestinas)?". El artículo revela la brutal complicidad de la AP con los ‘colaboracionistas’ que delatan a los activistas al ejército sionista y, fundamentalmente, la virtual desaparición de toda ayuda del mundo árabe a la causa palestina. El pueblo ha sido dejado a merced de los clérigos musulmanes que son los únicos, al parecer, que se atreven a acusar la "repetición de 50 años de represión y terror de los Estados policiales del mundo árabe". Esto se vive como una gran "traición": "No hemos visto una sola demostración en solidaridad con el pueblo palestino en ninguna capital del mundo árabe. Y cuando una movilización tal tiene lugar, los regímenes represivos envían a sus policías para golpear y disparar contra los manifestantes". Otros artículos revelan la parálisis del sistema educativo y la exacción del sistema impositivo contra el pueblo, al que se acusa de ser "peor" que bajo la gestión sionista. Es indudable que Arafat ha hecho de los atentados del 11/9 un pretexto para una defensa última de su Administración. Toda la crisis de Asia Central y de Medio Oriente replantea en forma irreversible la cuestión crucial de la vigencia del Estado sionista y la lucha por un Estado palestino laico y democrático con plenos derechos para las masas palestinas y judías, en el cuadro de la lucha por una Federación de Repúblicas Obreras en toda la región para terminar así con la expoliación imperialista y la opresión nacional y social de todos los pueblos mesoorientales.

La masividad de la abstención y de los votos nulos y en blanco "el 41% de los habilitados para votar" hizo estallar el régimen de distribución de cargos electorales, supuestamente basado en la proporcionalidad: en la provincia de Buenos Aires, el PJ obtuvo 1.945.000 votos, es decir apenas el 21% del padrón (9.248.900 ciudadanos) pero se llevó 18 diputados, el 51% de las bancas. En Capital, la Alianza obtuvo el 10% de los votos del padrón pero se llevó 4 de las 13 bancas en disputa, es decir el 30% de las bancas. El régimen de distribución de cargos establecido por la ley electoral, que permite tal "sobre-representación" del PJ y la Alianza, fue especialmente diseñado para excluir a la izquierda del Parlamento. Ha cumplido con creces su cometido: le ha quitado dos bancas a IU (en Buenos Aires), dos al PH (una en Buenos Aires y otra en Capital) y una al Partido Obrero (en la provincia de Buenos Aires). De conjunto, la izquierda obtuvo 1.350.000 votos en todo el país, es decir, casi el 10% de los votos emitidos, pero sólo obtuvo 3 de las 127 bancas en disputa, es decir, el 2,36% del total. La pieza central de este régimen "democrático" de proscripción política es el artículo 160 del Código Electoral, que establece un mínimo del 3% del padrón electoral del distrito para participar en la adjudicación de cargos. Este requisito fue establecido en la ley electoral de la dictadura (1982), que a su vez tomó como base la ley electoral de la dictadura de Lanusse (1972) y se ha mantenido "intocable" a lo largo de los casi veinte años que llevamos de "democracia". Este "piso", según hace notar el constitucionalista Rodolfo Iribarne, "sólo resulta aplicable en la provincia (de Buenos Aires) y en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es francamente absurdo" (Ambito Financiero, 19/10). En el resto del país, no tiene aplicación práctica: en Santa Cruz, por ejemplo, donde se eligen 3 diputados, es necesario sacar por lo menos el 25% de los votos para obtener una banca. Es decir que el "piso" rige efectivamente en aquellos distritos donde se concentra el poder político, donde existen los mayores contingentes obreros y donde la izquierda, por desarrollo y tradición, tiene un mayor peso relativo. En estas elecciones, con la masividad que alcanzaron los votos en blanco y nulos y las abstenciones, ese mínimo se transformó, en la práctica, en una cifra cercana al 6% de los votantes. Iribarne demuestra que "(...) sin la restricción del 3%, en las elecciones del domingo 14 en la provincia de Buenos Aires, hubiesen obtenido dos diputados IU (...) uno el PH y uno el PO-Mas" (ídem). Gracias al "piso" del 3%, el PJ obtuvo 3 bancas más de las que corresponderían de acuerdo a la directa proporcionalidad de votos, y la Alianza, el Polo de Farinello y el Ari, una cada uno. El mismo "piso" le permitió a la Alianza en la Capital apropiarse de una banca que debió haber correspondido al PH. Gracias a este "piso", el PJ bonaerense obtuvo 18 diputados con 1.945.050 votos, es decir, un diputado cada 108.058 votos; Farinello obtuvo un diputado cada 108.032 votos; la Alianza uno cada 113.712 y el Ari uno por cada 119.360. Pero IU (275.000 votos), el PH (171.000 votos) y el PO (143.000 votos) no obtuvieron un solo diputado. Para la ley electoral argentina, 108.000 votantes del PJ "valen" más que los 589.000 votantes bonaerenses de la izquierda. Esta "mayúscula distorsión en la representación" (ídem) se expresa brutalmente en las siguientes cifras, que también aporta Iribarne: "(...) el mismo 14 de octubre fueron elegidos en el resto del país 76 diputados (el 58,91% del total de los electos) que obtuvieron menos votos que los candidatos de Izquierda Unida, (...) 66 (diputados) (51,16%) con menos votos que los del PH y 54 (diputados) (41,86%) menos votados que los de la Alianza PO-Mas" (ídem). La ley electoral armada por la dictadura y mantenida por los "demócratas" ha servido para sostener un régimen político que se derrumba. Conocedores de la perversidad del sistema electoral, los Neustadt, los Hadad y hasta los propios partidos patronales impulsaron la abstención y el voto nulo y en blanco para resolver dos intríngulis político-matemáticos aparentemente insolubles: cómo mantener la dominación del Congreso a pesar de perder cinco millones de votos y cómo impedir la llegada de muchos diputados de la izquierda, a pesar de que ésta saltó en dos años de 450.000 a 1.350.000 votos. El electorado "independiente", que fue llevado a votar primero por Alfonsín, luego por Menem y más tarde por De la Rúa, ha sido nuevamente estafado... por los mismos delincuentes. El régimen electoral argentino está en ruinas; por eso la burguesía debate una "reforma política" que tienda a hacer todavía menos proporcional (menos democrática) la representación parlamentaria, ya sea mediante la reducción del número de parlamentarios o mediante el voto uninominal (derogación de las "listas sábana"). Los "demócratas" sólo pueden defender la democracia (es decir, la dominación política de la burguesía) atacando a la democracia (es decir, la representación popular).

El imperialismo no puede hacer más que artificios para ‘investigar’ el financiamiento del terrorismo ‘islámico’; pues lo contrario sería inculparse a sí mismo. Las mafias del opio, como las que se vinculan a Bin Laden y los talibanes, no podrían existir sin el sistema bancario mundial, monopolizado en un 90% por yanquis y británicos. Un documento oficial del imperialismo francés acaba de denunciar que "la city londinense (es) un refugio para miles de millones de dólares del terrorismo internacional, entre ellos los de la extensa red financiera de Osama bin Laden"; además, "acusa al gobierno británico de ‘grave complacencia’" (Ambito, 11/10). El documento "establece numerosos nexos entre Bin Laden y traficantes de armas y petróleo e incluso miembros de la élite saudita (...) muchos de los individuos señalados, varios con conexiones británicas, ocupaban cargos importantes en el BCCI (...) y la estructura de la red financiera de Bin Laden tiene una sorprendente semejanza con la utilizada ‘por el BCCI’ (ídem). Pero ya en 1991, cuando colapsó el BCCI, se conocía la magnitud de esas operaciones ‘non sanctas’. En 1989, las 7 naciones más poderosas -el conocido G7- adoptaron la decisión de constituir el Gafi, una institución multilateral de investigación de operaciones financieras ‘sospechosas’ (el llamado ‘dinero sucio’). Desde entonces se adoptaron una serie de 40 ‘recomendaciones’, pero hasta la fecha "apenas 10 países las refrendaron en su totalidad" (Jornal do Brasil, 30/9). Las "finanzas del terror", como las denomina International Herald Tribune (25/9), se han amparado en los regímenes legales de los Estados imperialistas ‘democráticos’. Los gobiernos de EE.UU. se "opusieron a las medidas" de control de los bancos ‘corresponsales’ u ‘off shore’ (ídem) que han sido las vedettes del lavado del dinero en los últimos años; precisamente el que ha llevado "a los EE.UU. los más grandes beneficios" para el negocio bancario (Le Monde, 29/9). El ahora Premio Nobel de Economía y ex funcionario del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, acaba de recordar el rechazo del secretario del Tesoro yanqui, Paul O’Neill, a otras normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) sobre lavado de dinero. "El verdadero motivo de su objeción *declaró* era claro: proteger intereses financieros. Los bancos off shore no son un accidente. Existen porque Wall Street y los demás centros financieros del mundo querían refugios seguros, a salvo de reglamentos e impuestos (...) mientras EE.UU. exigía transparencia en los mercados emergentes después de la crisis de Asia oriental, la Secretaría del Tesoro estadounidense se esforzaba en proteger a los bancos off shore y resguardar fondos" (El Cronista, 11/10). El mismo ‘Nobel’ nos señala la convergencia de las ‘mafias rusas’ (tan útiles en la ofensiva contra Afganistán) con los intereses norteamericanos. Stiglitz revela, tardíamente claro, cómo siendo funcionario del Banco Mundial "descubrió un arreglo secreto" por el cual se pagaron "50 millones de dólares en sobornos" a funcionarios rusos que bien podrían haber entregado, insinúa, armas nucleares a cualquier Bin Laden. El "arreglo" fue encubierto con la "privatización" de la Usec, corporación que "detrás de ese nombre inocente" tenía la responsabilidad de sacar de Rusia material nuclear de las viejas ojivas soviéticas para convertirlo en uranio enriquecido para las plantas generadoras de energía, una verdadera iniciativa (que Stiglitz llama) de ‘espadas por arados’" (ídem). Los ‘demócratas’ del norte habrían ‘operado’, así, como agentes de los terroristas ‘islámicos’, en defensa de sus monopolios mineros: "Después que se dio la privatización, la Usec tuvo todos los incentivos para mantener el material fuera de los mercados estadounidenses (...), los insumos rusos disminuían precios y ganancias" (ídem). No basta ya el reconocimiento de "la tentación de las empresas (yanquis) de poner las ganancias por encima del interés colectivo (siquiera de los americanos *Stiglitz dixit). Los grandes monopolios y bancos imperialistas, y sus Estados, son los responsables del terrorismo y del crimen organizado a escala mundial. Si una ‘biblia’ del liberalismo burgués como The Economist, reconoce que "todas las normas vigentes en materia bancaria han tenido poco efecto, (porque) el secreto bancario es lucrativo para quienes lo practican" (27/9), es hora entonces de acabar de una vez por todas con ese sacrosanto principio de la‘civilización occidental’. El dinero sucio "que se lava en el sistema financiero es inmenso: entre 500 mil millones y 1,5 billón de dólares al año, equivalente al 5% del producto bruto mundial" (ídem). Para acabar con los que ‘ensucian’, entonces, hay que acabar con los ‘lavadores’.

El esseverrismo gobernante realizó la peor elección desde 1983. Con algo más de 9.100 votos fue relegado por el PJ (11.300), que por su parte obtuvo una de sus menores votaciones. Con un 25% de ausentismo (alrededor de 20.000 electores), el 30% que sumó el voto en blanco y nulo se impuso. La victoria del PJ fue avalada por el 14% de los olavarrienses en posibilidad de votar (78.000); en tanto que la gestión de Esseverri y de la Alianza local fue "legitimada" por el 11,5% de los olavarrienses. El repudio es para "su" política El PO local, por su parte, realizó su mejor votación histórica: crecimos en votos y porcentaje. Obtuvimos 2.089 votos a concejales y alcanzamos el 5,2%. En 1999 habíamos logrado un 1,9% con 980 votos. La votación también fue buena para diputados (Altamira), donde alcanzamos el 4,9 con 1.858 votos. Quedamos así por encima de IU (1.350), el Partido Humanista (981) y Acción por la República (952), entre otros, y por debajo *cerca* del Ari (2.372). El mayor índice de votos lo logramos en lugares cuyos electores eran mayormente obreros y ex obreros industriales y trabajadores: la ex escuela Industrial (156) y Loma Negra (143), donde nuestro porcentaje subió hasta un 8%. La votación por el PO en el centro de la provincia Presentamos por primera vez listas en Azul y en Tandil. En la primera ciudad, obtuvimos 346 votos para concejales, en tanto que en Tandil superamos los 700 votos. En Laprida duplicamos los votos obtenidos en 1999 para diputados. Crecimiento y desarrollo: objetivos del Primer Congreso del PO de Olavarría Nos enfrentamos ahora al desafío de estructurar nuestro Partido en el centro de la provincia. Ese fue uno de los fundamentales objetivos que nos propusimos, y una de las resoluciones del Primer Congreso del PO de Olavarría, de agosto de 2000. Los candidatos, fiscales y simpatizantes nos reuniremos en los próximos quince días en Olavarría, en un Plenario del PO del centro de la provincia, con el objeto de realizar un balance electoral y votar un plan de trabajo tendiente a capitalizar al conjunto de compañeras y compañeros que se movilizaron junto al PO en esta coyuntura electoral, para la política revolucionaria.

A quince días de la primera infección con ántrax en Florida y mientras centenares de cartas con esporas de ántrax, con supuestas esporas o simplemente ‘sospechosas’ llegan a prácticamente todos los lugares del mundo, ninguna autoridad ha podido determinar su origen ni quién está detrás de los ataques. Por sus características, los ataques pueden ser obra de un amplio grupo de organizaciones, de las cuales se sabe que tienen en su poder cepas de ántrax o que tienen posibilidades, técnicas y financieras, de obtenerlas. La especialista en "bioterrorismo" Amy Smithson clasifica entre las primeras a la organización racista blanca de Larry Wayne Harris, al grupo religioso que utilizó gas sarín en el subte de Tokio o al grupo norteamericano Rise (Página/12, 20/10). Todavía más numerosos son los grupos que podrían tenerlas en su poder: la misma experta informa que "una forma sencilla de obtener cultivos letales es ordenar cultivos ya preparados de colecciones científicas, gobiernos, universidades, laboratorios y algunas compañías privadas. Incluso los cultivos más peligrosos pueden conseguirse simplemente con un pedido escrito. A mediados de los ’90, por ejemplo, uno podía comprar un cultivo de ántrax de una compañía norteamericana por 45 dólares (...) (Más tarde) el marco regulatorio se endureció (...) pero hasta ahora sólo el Reino Unido y Alemania adoptaron restricciones similares" (ídem). Por otra parte, como "el equipo necesario para procesar los cultivos es simple y relativamente barato" y "el entrenamiento que se necesita para dirigir un programa de tóxicos biológicos puede conseguirse en las facultades o en las industrias farmacéuticas y biológicas", el abanico de organizaciones que podría estar detrás de estos ataques es muy amplio. Entre éstas tampoco hay que descartar a las "milicias" ultraderechistas norteamericanas: Le Monde (14/10) informa que una de las primeras cartas con "polvo sospechoso" recibida en un periódico de Florida estaba acompañada por una nota de reivindicación del atentado de Oklahoma, cometido por la ultraderecha norteamericana. Cualquiera sea la organización que se encuentre detrás, incluso si se tratara de Bin Laden o de otro grupo fundamentalista islámico, los ataques con ántrax revisten el carácter de un incidente policial, es decir delictivo, y de ninguna manera se trata de un acto de "guerra bacteriológica", lo que significaría que detrás de los envíos se encuentra el interés nacional de algún Estado, algo que no ha sido probado. Incluso el método de su distribución *la correspondencia* recuerda otro incidente policial relativamente reciente en los Estados Unidos: el caso del "Unabomber", que tuvo en jaque al FBI por varios años enviando correspondencia con explosivos a todos los rincones del país. Como todo acto terrorista, los ataques con ántrax han creado una enorme confusión *incluso en las propias filas del Estado y de sus aparatos represivos*, pero eso no desmiente sino que, por el contrario, confirma su carácter de acción aislada y limitada. Sólo Estados Unidos puede desatar una guerra bacteriológica Los ataques le han servido al imperialismo norteamericano para presentarse como víctima y hasta adjudicar a otros una amenaza para la humanidad que sólo representa él mismo: Estados Unidos tiene un virtual monopolio de los arsenales de armas bacteriológicas y es la única potencia que puede lanzar efectivamente una guerra de esta naturaleza. Aunque existen países ‘hostiles’ que podrían poseer armas bacteriológicas -Irak, Irán, Libia o Corea del Norte entre ellos-, ninguno está en condiciones de lanzar un ataque bacteriológico contra Estados Unidos por la misma razón que, aunque posean armas atómicas, no podrían lanzar un ataque nuclear: serían destruidos de inmediato. Estados Unidos argumenta que sus investigaciones sobre virus y bacterias de ántrax, peste bubónica, viruela y botulismo tienen un carácter "defensivo". Pero, como señala el norteamericano Jeremy Rifkin, "en este campo es prácticamente imposible distinguir entre investigación defensiva y ofensiva" e incluso "no hay ningún modo adecuado de distinguir entre usos pacíficos y usos militares de las toxinas" (El País, 6/10). El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación Pacífica llega a la misma conclusión: "Algunas formas comunes de producción de vacunas están técnicamente muy cerca de la producción de agentes de guerra biológica, por lo que se ofrece la posibilidad de convertirlas fácilmente" (ídem). El desarrollo de la ingeniería genética y el desciframiento del genoma *una rama en la que Estados Unidos tiene una innegable ventaja sobre el resto del planeta* han hecho que "la guerra biológica sea viable por primera vez (...) que puede ser utilizada para destruir determinadas cepas o especies de plantas agrícolas o animales domésticos (...), operaciones contra insurrecciones hasta la guerra en gran escala dirigida contra poblaciones completas " (ídem). El ‘plan Colombia’ es un ejemplo práctico del desarrollo de la guerra bacteriológica: los cultivos de coca no son bombardeados con venenos (inorgánicos) sino con organismos vivos, que se reproducen y se extienden territorialmente. El imperialismo norteamericano se niega a que se ponga la menor restricción a su capacidad de crear arsenales biológicos cada vez más destructivos. Por eso, en medio de los ataques con ántrax, "la Casa Blanca sorprendió a la comunidad mundial al rechazar las nuevas propuestas para reforzar la Convención sobre Armas Biológicas. El escollo principal eran los procedimientos de verificación que permitirían a los gobiernos inspeccionar los laboratorios de las empresas estadounidenses de tecnología. El 40% de las compañías farmacéuticas y biotecnológicas están domiciliadas en Estados Unidos y dejaron en claro a los negociadores estadounidenses que no tolerarían el control de sus instalaciones" (ídem). Hay que recordar que por negarse al control de sus instalaciones, Irak fue bombardeado y se le impusieron sanciones económicas y comerciales que han matado a medio millón de niños por falta de alimentos y medicamentos. Las negociaciones para la nueva Convención de Armas Biológicas se han roto y el futuro de la reunión que se celebrará en noviembre próximo en Ginebra se encuentra gravemente comprometido, porque el imperialismo norteamericano no está dispuesto a tolerar que se pongan límites a su capacidad de acumular armas biológicas que asesinen a millones de personas. Los ataques con ántrax en la correspondencia son, no cabe duda, un acto de barbarie, pero que palidece ante la verdadera barbarie: el imperialismo, que con sus arsenales nucleares y biológicos amenaza con hacer desaparecer a la humanidad de la faz de la Tierra para sostener su régimen de explotación, de saqueo y de opresión.