Prensa Obrera N° 708

Después de la Asamblea General de 1.000 compañeros de APTA, el gremio ganó la calle masivamente el 24 desde la embajada de España hasta Plaza de Mayo en medio de consignas combativas y antiimperialistas. Al otro día una delegación participaba de la importante movilización de APA y otros cuatro gremios. El desbarranque de la "mediación" pro Plan Director del gobierno, el fracaso de la firma de la flexibilización de todas las burocracias excepto de APTA, el chantaje de la SEPI para que el estado argentino ponga plata, la subordinación política al imperialismo del gobierno que viaja a ofrecer concesiones a los vaciadores como la prioridad a los inversores españoles, el perdón de deudas de centenares de millones y otros subsidios, delinean un cuadro en el que los trabajadores tienen que fijar su propia estrategia obrera y antiimperialista y preparar SU método de lucha: la huelga general. Una gran declaración en este sentido, emitida por la fuerte agrupación antiburocrática, Técnicos Aeronáuticos Independientes, recorre la base de todos los gremios aeronáuticos. La publicamos a continuación. LLAMAMIENTO A TODOS LOS TRABAJADORES AERONAUTICOS POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Los últimos acontecimientos demostraron que ningún gremio debió firmar actas de rebajas de salarios o de convenios o despidos encubiertos. La huelga general de APTA no enfrentó sólo los despidos, enfrentó el vaciamiento de una empresa que hoy ni siquiera garantiza el pago de salarios. Proponemos a los 6 gremios hermanos hacer asambleas de cada uno de ellos para anular toda acta de autorebaja de condiciones laborales. Les proponemos que luego realicemos una Asamblea General conjunta de todos los trabajadores aeronáuticos que resuelva un plan de lucha, llegando si es preciso a la huelga general, de modo que nadie vuele hasta salvar Aerolíneas y sus trabajadores. Tenemos que superar toda competencia entre dirigentes o centrales sindicales, el 31/5 todos a Plaza de Mayo, con oradores de todos los gremios aeronáuticos y de todas las centrales. No han pagado los salarios a pesar de aportes adelantados del gobierno argentino. ¿Quién garantiza los próximos salarios, en una empresa que vuela al 50% de su capacidad? Se da la absurda situación de que medio gabinete nacional viaja a "escuchar los reclamos españoles" que son "más aportes y baja de tasas" (Clarín 26/5). Basta. Que el gobierno garantice los salarios y se cobre la deuda fraudulenta de Aerolíneas incautando los activos financieros españoles en la Argentina: al AFJP Consolidar, al BBVA, al Banco Francés, al Rio, etc. Que el gobierno se haga cargo de reestatizar la compañía en estas condiciones bajo control de los trabajadores, para restituir todo el poder operativo de la empresa. NINGUN DESPIDO * NINGUNA REBAJA SALARIAL * DEFENSA DE LOS CONVENIOS * PAGO INMEDIATO DE LOS SALARIOS * ASAMBLEA GENERAL AERONAUTICA Agrupación de Técnicos Aeronáuticos Independiente * 26/5/01

Un mes y medio atrás, en plena hecatombe argentina y mientras los "analistas de mercado" brasileños justificaban sus problemas como un corto episodio provocado por las desgracias rioplatenses, Prensa Obrera fue al grano: están escupiendo para arriba, "Brasil marcha derechito a una enorme crisis económica y política" (PO 702, 11/4). Es precisamente lo que está sucediendo ahora; ha comenzado una violenta fuga de capitales, hay un principio de derrumbe industrial y se plantea un final de desastre para el gobierno de Cardoso. En la oscuridad Según la versión oficial, la catástrofe presente fue detonada por la falta de... lluvias. La sequía sería la responsable de la más grave crisis energética de la historia brasileña: sin agua para alimentar las represas el sistema nacional de suministro eléctrico debe reducir drásticamente la producción para evitar un colapso total. El gobierno vacila entre imponer por decreto una semana de 4 días hábiles o forzar con apagones compulsivos y multas draconianas la necesidad de bajar el consumo ya en un 25%. El país se encuentra convulsionado entre la evidencia de un quiebre en la producción por el corte del insumo básico de energía y el humor popular insurgente contra las medidas del gobierno: la corresponsal de Clarín, el sábado 26, informa que se podría, inclusive, declarar el estado de sitio. Naturalmente, San Pedro es ajeno a todo esto: la producción de electricidad está en ruinas debido a la política de privatizaciones del gobierno. El Estado abandonó el mantenimiento de las usinas a principios de la década pasada y los nuevos dueños no pusieron un mango tampoco: desde 1991 no hay inversiones en el sector. En lugar de vaciar una aerolínea de bandera, el capital financiero vació la fuente de provisión de luz. Nada nuevo bajo el sol, al igual que la bancarrota de Aerolíneas Argentinas. La economía brasileña como un todo está, entonces, en la picota. La cuestión energética es sólo la punta del témpano. De conjunto, terminada la liquidación de las "joyas de la abuela", comenzó la fuga de capital: ya en abril se registraba una caída de reservas del orden de los 12 mil millones de dólares anuales (Gazeta Mercantil, 24/4). Con o sin lluvias: es el resultado de la salida de divisas por el pago de intereses y repatriación de beneficios. Hasta el momento Brasil se financiaba con inversiones para nuevas "privatizaciones". Pero el negocio se terminó y las condiciones de la economía internacional se modificaron. El colapso era mucho más previsible que el de los pronósticos climáticos. En estos días, el asunto es todavía más grave: el gobierno tuvo que salir a vender dólares para detener la devaluación del real. Pero el dólar no paró de subir, llegando a casi 2,50 reales en el mercado paralelo. Quiebra general Derrumbe económico, derrumbe político. El gobierno de FHC está metido hasta los tuétanos en negociados, fraudes, coimas y delitos de toda especie, que saltan a la luz pública. Para evitar el desafuero acaban de renunciar los senadores Arruda y Magalhaes, actual y ex líder del bloque oficialista en la Cámara Alta. Están acusados de violar los mecanismos de votación secreta vigentes en el Congreso. Y no en cualquier votación, sino en la que involucraba la expulsión de un tercer senador oficialista *Luis Estevao* acusado por fraudes millonarios con fondos públicos. No es todo: el presidente del propio Senado *Jader Barbalho* apareció involucrado en negocios ilícitos por 2 mil millones de dólares en proyectos de desarrollo de la zona amazónica. Pero hay más: la semana pasada, el Cavallo tropical *el ministro de Hacienda, Pedro Malan* y el presidente del Banco Central *Arminio Fraga* fueron convocados a declarar lo que saben sobre la "venta" de información a los bancos en torno de la megadevaluación del real, dos años atrás. Los usureros hicieron entonces su megacurro comprando millones de dólares antes de que la divisa se disparara un 50% en pocos días. En el año previo a las elecciones presidenciales el gobierno es, entonces, un barco a la deriva. La maniobras de salvataje están en marcha: para no precipitar las cosas, el PT "desistió de continuar con las exigencias de una Comisión Parlamentaria de Investigación (de los delitos del gobierno)... porque no desean ver una caída estrepitosa de Cardoso" (Clarín, 24/5). Al revés, plantean un frente de centroizquierda, que incluiría a elementos del propio frente oficial para un recambio "ordenado" el año próximo. El "ala izquierda" del PT protesta pero no ha sacado los pies del plato. El panorama de crisis y disgregación del aparato oficial es un revulsivo para la lucha obrera y popular, que comienza a replantearse entre los trabajadores estatales, y abre la oportunidad para desarrollar una política independiente de los trabajadores. Las posibilidades de una salida a partir de un frente de centroizquierda ya la conocemos los trabajadores argentinos, una experiencia que bien pueden asimilar los hermanos brasileños.

Un ministro de Ruckauf, Othacehe, confesó con todas las letras que el PJ podía hacer caer al gobierno de De la Rúa en 24 horas, y hasta en 12 horas. Pero como no lo hace, es evidente que está funcionando un gobierno de ‘unión nacional’ para respaldar la ofensiva fondomonetarista contra el pueblo trabajador. La oposición real a De la Rúa-Cavallo debe ser construida elevando al plano político la resistencia de miles y miles de trabajadores y desocupados piqueteros. Eso es lo que se propone el Partido Obrero. Y por eso, le reclamamos su apoyo a la Campaña Financiera. Pues al programa clasista y revolucionario del PO, hay que sumarle también la fuerza material para efectivizarlos. Y para ello se necesita mucho dinero. En los próximos 15 días el Partido Obrero inaugurará 3 nuevos locales: • el sábado 2 de junio, a las 18 hs, en Mar del Plata, con la presencia de Rafael Santos, • el sábado 9, a las 17 hs, en Glew, con la presencia de Jorge Altamira, • el sábado 16, a las 18 hs, en Florencio Varela, también con la presencia de Jorge Altamira. Pero, necesitamos muchos más locales, para que cubran todas las barriadas obreras del Gran Buenos Aires, de la Capital, de las ciudades del Interior. Para que sirvan como centro de organización de los desocupados, de los jóvenes, de los trabajadores. El objetivo de la Campaña Financiera es ayudar a financiar su apertura. Solventar los viajes de los propagandistas a todas las localidades y pueblos del interior. Permitir la edición de centenares de miles de volantes y de afiches para la agitación política. Organizar las marchas, concentraciones, actos. Así iremos poniendo en pie una alternativa política independiente y revolucionaria de los trabajadores: Por un frente político-reivindicativo de los trabajadores y piqueteros. Por un gran Partido de la clase obrera. Compañero: no lo dude, es un momento histórico. Su aporte y los que usted consigna contribuira a ello.

En Prensa Obrera N° 702 (11/4) hicimos notar el importante progreso de las organizaciones trotskistas en las elecciones municipales de marzo, en especial de Lutte Ouvrière (LO) que, en algunas localidades, se aproximó al 15% de los votos. Algunas encuestas adjudican ahora a la "extrema izquierda" una intención de voto del 10% en las próximas elecciones generales, un crecimiento que estaría basado en la emigración de votos de la base obrera del PCF. Esto significaría una tendencia franca de la vanguardia obrera francesa hacia la ruptura con sus organizaciones tradicionales, completamente desacreditadas, después de casi dos décadas de participación gubernamental (bajo el signo de la "austeridad"), y hacia su reagrupamiento revolucionario. Este es un fenómeno de alcance y dimensiones internacionales. Sus limitaciones están dadas por la política de las organizaciones que lo protagonizan, básicamente LO y la LCR (sección-base del Secretariado Unificado *SU de la IV Internacional*). Frente a la victoria electoral reciente, la LCR criticó inmediatamente a LO por no haber aceptado un acuerdo para ir en listas únicas, lo que habría potenciado los resultados obtenidos. La respuesta de LO, publicada en Lutte de Classe, haciendo públicas las condiciones del "acuerdo" propuesto por la LCR, evidenció la importancia que la crisis de la IV Internacional ha adquirido para el desarrollo de la vanguardia obrera. La LCR propuso que las listas comunes diluyesen por completo su perfil trotskista y obrero, presentándose como listas "de izquierda", o sea como un ala "radical" de la coalición gobernante (algunas listas de la LCR se presentaron como "100% de izquierda", o sea, incluía el gobierno). Se trataba, en realidad, de un perfil de centroizquierda, como lo demuestra el hecho de que la LCR proponía que las "listas comunes" anunciasen, antes del primer turno (en Francia existe el sistema electoral de "ballotage") su voto por la "izquierda plural" (el actual gobierno del Estado imperialista francés) en el segundo turno. LO, correctamente, rehusó esta condición y llegó a mantener sus candidatos en el segundo turno, en las localidades en que obtuvo condiciones para ello. LO informó que "la LCR llamó a votar en el segundo turno por las listas del gobierno (y en algunos casos) se fusionó con ellas, inclusive con una dirigida por el MDC (Movimiento Democrático de los Ciudadanos), el partido dirigido por Chevénement (la derecha del gobierno)... Las listas de la LCR no se presentaron como de extrema izquierda, ni siquiera como exteriores a la izquierda gubernamental, sino como de izquierda (en general)". LO concluyó que, en esas condiciones, las listas comunes habrían resultado en el fracaso electoral y político del trotskismo, mientras que su separación fue la garantía de su éxito. Debemos ir más allá: la política de la LCR, "100% frentepopulista", era en realidad una política de rescate "por la izquierda" del gobierno de Lionel Jospin y la "izquierda plural". Donde tiene algún peso, como en Francia o en Brasil (Rio Grande do Sul), el SU se comporta como un submarino "izquierdista" del centroizquierda burgués y contrarrevolucionario, porque está integrado social y políticamente en esa corriente. LO, sin embargo, no llega a esa conclusión ni tampoco da alcance internacional a las conclusiones limitadamente "francesas" que saca con respecto de la LCR: hacerlo le obligaría a empeñarse en una lucha internacional por refundar la IV Internacional frente a la ficción del "Secretariado Unificado", como se lo propusieron personalmente y por escrito el Partido Obrero y el agrupamiento internacional al que pertenecemos (por la refundación inmediata de la IV Internacional). Pero este provincianismo "francés" de LO tendrá consecuencias también en Francia: periodistas de la "gran prensa" francesa, como Gilles Lapouge, recomiendan a Jospin aprovechar las contradicciones del "trotskismo" (que tiene 60 consejeros municipales y cuatro diputados europeos) para realizar con él un "pacto de gobernabilidad". Si LO se mantiene en su inacción internacional se verá inevitablemente impotente, o hasta arrastrada por la descomposición del centroizquierda burgués-imperialista francés (que, éste sí, comprende la importancia de la política y de la organización internacionales, como lo demuestra su papel dirigente en el reciente Foro Social Mundial de Porto Alegre, papel en el que recibe también el apoyo complaciente del SU). La política de los agrupamientos izquierdistas (como Voix des Travailleurs, escisión de LO que participó en la conferencia de Atenas por la refundación de la IV Internacional, en 1999) que se disuelven en la LCR y el SU "para intervenir", se revela así como irresponsable y criminal. Así como la de agrupamientos como el Militant inglés, que se limitan a observaciones doctrinarias acerca del "sectarismo pernicioso" del trotskismo francés y a la "retahíla estéril de observaciones rudimentarias acerca de la división de la sociedad en clases" de LO, anunciando la llegada de la "verdad trotskista" del otro lado del Canal de la Mancha. La descomposición del frente popular centroizquierdista francés y el papel revolucionario potencial del trotskismo galo son cuestiones que interesan a toda la vanguardia obrera internacional, en especial en Europa: ellas deben ser objeto de una atención y una campaña específicas en defensa de la independencia de clase por parte de las organizaciones y núcleos trotskistas europeos, como un componente decisivo e inmediato de la lucha mundial por la refundación de la IV Internacional.

Los ministros del español Aznar simplemente basurearon a Cavallo y a la Bullrich, cuando éstos fueron a Madrid a negociar una salida para Aerolíneas. Les dijeron que no pagarían los 500 millones de dólares que la Sepi española debe al Estado argentino por deudas impositivas y previsionales; les dijeron que no iban a pagar los salarios de abril; les exigieron que la Argentina redujera el tráfico aéreo internacional para que AA pudiera competir con las empresas extranjeras; y finalmente dejaron en claro que reclamaban todo esto, además de la reducción de salarios y de la flexibilidad laboral, no para salvar a la empresa sino para poder ir a una quiebra menos costosa para el Estado español. Cavallo ni se mosqueó frente a la posibilidad de liquidar Aerolíneas, porque éste sería uno de los precios que le imponen los acreedores internacionales para hacer el megacurro del canje. La quiebra de AA facilitaría, además, imponer la apertura aérea que reclama el gobierno norteamericano. En este esquema, el empresario Eurnekian, que ya acapara los aeropuertos argentinos, se asociaría con la yanqui Delta para monopolizar el negocio aéreo internacional y de cabotaje. El principal asesor de Eurnekian es Guillermo Francos, ex diputado del partido de Cavallo y también su principal operador político. Un gobierno que no puede defender en lo más elemental el patrimonio nacional, tiene que irse; o, mejor, el pueblo tiene que echarlo. Es el mensaje que nos dan los trabajadores de Aerolíneas cuando cortan las pistas de aviación y se convierten en los más "modernos" y "tecnológicos" de nuestros piqueteros. El Partido Obrero no solamente los apoya sino que llama a una huelga general del tráfico aéreo y a una huelga general de todos los trabajadores. AA no solamente debe ser estatizada, sino que la Argentina debe cobrarse todas las deudas del Estado español con nuestro país y el costo del vaciamiento empresarial que han cometido. Hay que intervenir los bancos españoles y a Repsol, abrir sus libros, denunciar los vaciamientos que ejecutaron por medio de préstamos truchos a AA, y cobrarnos todo el desfalco. Una reestatización formal no pasaría de ser una carga; tenemos que resarcirnos de los daños expropiando a los pulpos españoles que han conspirado contra la Argentina. La impotencia de De la Rúa-Cavallo frente al saqueo los incapacita para gobernar, a ellos y a la clase capitalista que representan.

El gobierno se equivocó, otra vez más, si creyó que su problema era resolver el corte de la ruta 3. El problema del gobierno es el propio gobierno, su política, el completo agotamiento del régimen social existente. Es por eso que no fueron necesarias más que un par de horas para que la crisis supuestamente resuelta se reabriera a una escala todavía superior. Cuando la Aerolíneas de los bancos españoles siguió negándose a pagar los salarios de abril y, más importante aún, cuando los técnicos volvieron a dar una prueba de su claridad y combatividad, rechazando en forma masiva el fraudulento Plan Director de los vaciadores, la crisis subió un enorme escalón con la movilización y cortes de pista de los trabajadores de AA. El martes 29, los propios pilotos, cuyo sindicato sin embargo había aceptado las imposiciones españolas, salieron a ocupar las pistas del Aeroparque y recibir la represión de la policía aeronáutica. En Madrid, mientras tanto, la Bullrich y Cavallo volvían a aceptar, y con yapa, todas las imposiciones del gobierno de la banca española, al tercerizar los servicios de rampa, reducir las tasas de mantenimiento de la Fuerza Aerea y establecer unilateralmente la reducción de los salarios y el alargamiento de la jornada laboral. Todo esto, para colmo, a sabiendas que los españoles pretenden valerse de estas concesiones para mejorar el precio de desguace de AA. El corte de pista de los pilotos lleva a la lucha de Aerolíneas a una nueva etapa, esto porque abre una fuerte brecha contra las burocracias que aceptaron el Plan Director del estado español y plantea la posibilidad de una huelga general de toda la aviación comercial y los aeropuertos. Es el único camino. El hundimiento del plan de liquidar AA por parte de Cavallo, para abrir la aviación comercial a la penetración internacional, y de paso armar el negociado de su socio Eurnekian, dueño de los aeropuertos y de Southern Winds, permitiría reestructurar todo el sistema de transporte aéreo nacional bajo un plan elaborado por los trabajadores. Ese hundimiento pondría al desnudo el papel de los grandes bancos españoles en el vaciamiento de AA, planteando con ello la necesidad de que paguen el desguace de AA con su propia confiscación, lo cual sería un paso adelante en la nacionalización de todo el sistema financiero bajo control obrero. Por todo esto, la tarea de la hora es que se convoque una Asamblea Intergremial de todos los trabajadores de AA, para elegir un Comando Unico de Huelga y decretar la huelga indefinida del transporte aéreo en su conjunto. Córdoba se mueve Que el cese del corte de la ruta 3 no le devolvió el aire al gobierno, también lo probó la conmemoración del cordobazo, el martes 29, que tuvo lugar en medio de una huelga general, fundamentalmente por la decisión de los choferes de la ex empresa Siglo XXI, de Córdoba, de ocupar sus instalaciones y forzar a la UTA a declarar una huelga general del transporte urbano. Esto y el paro de diez horas resuelto por la CGT de Moyano y la CTA, le dieron a la fecha un carácter de lucha extraordinario. La convocatoria que una semana antes había realizado una asamblea de Luz y Fuerza, que lucha contra la privatización de la empresa de energía, de convertir el 29 en una Asamblea popular, se concretó entonces más allá de lo previsto. El Partido Obrero de Córdoba, que apostó todo a la perspectiva planteada por la asamblea de LyF, se convirtió en la mayor columna política de la concentración que tuvo lugar en el centro de la ciudad. El empalme de la lucha de LyF y de los choferes abre una inusual posibilidad para los trabajadores de Córdoba, fundamentalmente frente al vaciamiento y los despidos en la industria automotriz. Es posible parar el desguace industrial, por medio de una lucha común, frenando los despidos y repartiendo las horas de trabajo, abriendo las cuentas de las empresas y bajando los precios y los créditos usurarios para la compra de automóviles, reconvirtiendo la industria y, finalmente, haciendo un pacto con los obreros automotrices de Brasil para establecer un plan único de reactivación industrial bajo control obrero. La marcha del Sur y la movilización del Polo Obrero Aunque anterior al levantamiento del corte de La Matanza, la marcha de desocupados del sur que culminó en Plaza de Mayo, fue un gran impulso de movilización, como lo demostraron luego los cortes de ruta en la zona sur y La Plata, el martes 29, pero por sobre todo la movilización del Polo Obrero, ese mismo día, en la Capital Federal. La movilización del Polo Obrero representa un salto cualitativo por varios motivos. En primer lugar porque reunió a más de dos mil compañeros, un número extraordinario para la convocatoria de una sola organización dentro del ámbito de la ciudad. La demostración juntó a compañeros desocupados y obreros de la industria y del transporte, como los gráficos, Metrovías, telefónicos, docentes, talleres municipales, empleados de la ciudad, periodistas, los correos privados, motoqueros y choferes. Agrupó, además, a numerosos barrios de la ciudad que luchan contra la desocupación y por la vivienda, las Villas 31, 15, 11-14, 21-24, y Soldati, Almagro, Flores, Paternal, Santa Rita y hasta Núñez y Belgrano, que venía de protagonizar el corte de las vías de Olazabal. Numerosas organizaciones del Gran Buenos Aires se hicieron solidarias con la movida, pero además llevaron sus reclamos al ministerio de Trabajo, donde fueron recibidas por la Dirección Laboral. Desde un punto de vista político, también se dio un salto significativo, porque el documento presentado a Ibarra y entregado a la vicejefa de gabinete, Liliana Chernajowsky, plantea una política de conjunto de la clase obrera, desde el salario mínimo de 600 pesos por ocho horas de trabajo; el subsidio a los desocupados; un plan de construcción de viviendas bajo dirección obrera; planes laborales bajo el control de las organizaciones obreras; la jornada de seis horas por insalubridad para el transporte; el control obrero de la Corporación del Sur; el rechazo a la ley de empleo de la ciudad; la defensa del estatuto docente; la titularización de los terrenos para sus habitantes y la expropiación de los terrenos privados ocupados por trabajadores; la suspensión de todos los desalojos, la denuncia de la especulación inmobiliaria, expulsora de trabajadores, en las zonas más rentables de la ciudad. Por primera vez, la Capital Federal que concentra al 90% de los monopolios que explotan al país, se enfrentó a una insurgencia de sus propios trabajadores. La conquista política que significó la obtención de una banca en la Legislatura, ha mostrado en poco tiempo todo su potencial como factor de centralización política de una movilización de las masas independiente de los partidos patronales, el Estado y sus respectivos punteros. La mega-fosa Es en este cuadro de insurgencia popular y de tendencia a la huelga general, que el gobierno quiere concretar el megacanje de una parte de la deuda externa, que le permita, además del negociado de las tasas usurarias de interés que promete, llegar a las elecciones de mediados de octubre. Arribar a estas elecciones se ha transformado en el principal interés de la burguesía, esto porque espera que los resultados de ella le sirvan para replantear la experiencia aliancista y formar un gobierno patronal de salvataje nacional. En el acuerdo reciente con el FMI se declara la intención de proceder al mega-ajuste después de octubre, liquidando el Pami y reduciendo las jubilaciones estatales. Al gobierno ya no le inquieta el hipotecamiento usurario adicional que significará el megacanje, como lo demuestran las tasas que está admitiendo para renovar las Letras del Tesoro. Pero lo que todavía es incierto es la aceptación que tendrá su oferta, esto porque son numerosos los acreedores, especialmente norteamericanos, que pretenden que el canje lo hagan los bancos rivales mientras ellos aprovechan para cobrar sus propios créditos que vencen a corto plazo. Esta maniobra ha llevado a reducir las perspectivas de canje, que en algunos casos se estimaban en 30.000 millones de dólares, a menos de 15.000 millones, que solamente involucrarían a las AFJPs. La evidencia de que los bancos locales podrían recusarse a canjear deuda de corto a largo plazo, ha llevado a Cavallo a prometer que los nuevos bonos podrán ser computados como reservas bancarias, lo que significa que en lugar de una postergación de pagos, que es lo que pretende el canje, los bancos se harían con dinero en efectivo en forma inmediata que podrían mandar al exterior. La refinanciación de la deuda se transformaría de este modo en su contrario, en una precipitada fuga de capitales que podría dejar al Banco Central sin reservas en dólares. Como a este hundimiento generalizado de las "mejores intenciones" cavallistas se agrega el derrumbe del real brasileño y, con ello, del comercio exterior argentino; el gobierno está pensando en un plan B, o sea en la devaluación de la moneda, repactar de todos los contratos en dólares y congelar de los depósitos en los bancos. Un claro índice de que la política del canje no lleva a ningún lado lo constituyen las dificultades de Ruckauf para pagar los sueldos; una cesación de pagos de la provincia de Buenos Aires afectaría macizamente a los trabajadores del Estado. Desintegración nacional De acuerdo a Ambito Financiero ya se habría acordado un plan para salvar a De la Rúa de cualquier catástrofe, sea esta electoral o financiera, protegiéndolo con una "unión de fuerzas nacionales". Pero basta ver al merlense Othacehe, asegurando que el PJ puede voltear a De la Rúa en cualquier momento; o a la Bullrich y Cavallo, desafinando vergonzosamente ante el gabinete español; o al embajador yanqui, Walsh, haciendo recular a la Legislatura porteña en su pretendida "defensa del trabajo nacional"; o a Gallo y la Unión de la Construcción enfrentados a Cavallo por los cambios en el "plan de infraestructura"; o a Ibarra zarandeado en París por los constructores franceses para que les entregue el mobiliario urbano; o a Menem casándose en Anillaco sin la compañía de Sofovich, Neustadt, Kohan o Bauza, y preparando su huída a Siria, con o sin la Bolocco; basta ver todo esto para comprobar que la "unión nacional" es pura farsa. Para las elecciones de octubre, los justicialistas y los radicales no hacen más que dividirse, los cavallistas no encuentran aliados y de los frepasistas no vale ni hablar. La situación política es clara: un derrumbe sistemático por arriba, una lucha creciente desde abajo, intentos infructuosos de la burguesía por cambiar de frente, al extremo que La Nación, en un editorial, llama a reconstituir una burguesía nacional que tenga capacidad para pilotear la crisis, porque la burguesía extranjera, dice, no tiene ninguna posibilidad para ello. La UIA, en la misma sintonía, ha sacado un documento que repite la palabra "hambre" y por último el clero que exige un cambio de orientación. Pero para cambiar de frente, los explotadores tienen limitaciones insalvables, ya que no podrían hacerlo sin chocar, y duramente, con los acreedores internacionales y los grandes bancos. La permanencia del gobierno De la Rúa-Cavallo se va transformando en insostenible para todas las clases sociales. Su caída empieza a tener el carácter de una necesidad objetiva. Una parte del PJ y Moyano plantean adelantar las elecciones para presidente; los trabajadores necesitamos una salida mucho más profunda que nos sirva, al mismo tiempo, para procesar, por medio de la lucha y de la experiencia, el pasaje a un gobierno de trabajadores. Esa vía transicional para madurar revolucionariamente es una Asamblea constituyente libremente electa que se haga cargo del poder y reorganice a la Nación sobre nuevas bases.

Verdaderamente es una alegría leer vuestro periódico aquí en Chile. Hace tiempo formé parte de un grupúsculo (aquí en Santiago) vinculado a la LOI-Democracia Obrera. Esta secta ultraizquierdista los atacaba a ustedes diciendo que son centristas y traidores. Pero después de leer vuestra prensa estoy convencido de que ustedes luchan por la creación de un verdadero partido obrero y revolucionario, que libere a los trabajadores argentinos de sus explotadores, en unión con nuestros hermanos proletarios de toda América. ¡No hay terceras vías entre los explotados y los explotadores!

Estimados camaradas Nosotros somos la Asociación Revolucionaria de la Juventud de Ucrania. Nos basamos en los principios de Marx, Lenin y Trotsky como en las tradiciones de la Oposicion de Izquierda y la IV Internacional. Nuestra Asociación se está desarrollando y ha llegado a ser más fuerte en la dura lucha contra las diferentes formas de oportunismo y revisionismo, incluyendo las falsificaciones del trotskismo.Uno de los mayores enemigos de la clase obrera mundial está oculto en la tendencia trotskista LIT (PSTU). Su emisario en Rusia y Ucrania, Pablo Slutskiy, puso todos sus esfuerzos en desorientar a los trabajadores. El trata de organizar el llamado Partido Internacional de los Trabajadores bajo el control de la LIT, formándolo a partir de la ruptura de grupos ultraestalinistas y de la burocracia de los sindicatos. En nuestra opinión, semejante politica sin principios rompe claramente con la herencia revolucionaria de la IV Internacional. En particular el 7 de mayo, en el acto con trabajadores de la empresa de Kiev Leninskaya Kuznya, Pablo Slutskiy criticó duramente al Partido Obrero de la Argentina porque este partido se opuso claramente a los oportunistas del PSTU en las calles de Buenos Aires. Slutskiy trató de desacreditar al Partido Obrero conectándolo con la policía. Nosotros sabemos que esto es mentira porque toda la política de la LIT (PSTU) está construida sobre la deshonestidad y las provocaciones. El instinto de clase no podía fallarle a los trabajadores de Leninskaya Kuznya. Debido a nuestra intervencion y exposición sobre la LIT los trabajadores no compraron un solo ejemplar del periódico "Marxismo Vivo". ¡Estimados camaradas! Si es posible envíennos los materiales que expongan la política contrarrevolucionaria y criminal de la LIT (PSTU) en Argentina para nuestro trabajo en Ucrania. También estamos interesados en otros materiales de vuestro partido e Internacional. Es también muy importante para nuestro trabajo en Ucrania por la reconstrucción de la herencia revolucionaria de la IV Internacional. Saludos revolucionarios.

Las torturas a las que fue sometida la hija de Hebe de Bonafini, en su propia casa, por parte de un comando que contaba con apoyo exterior, no solamente es un acto de venganza de los terroristas de Estado que operan contra los militantes populares. Su significado político es golpear a quienes combaten contra el "gobierno de unidad nacional" que impulsa Cavallo bajo las órdenes directas del FMI. El último informe de éste sobre Argentina destaca como el principal problema del país, no el hambre, la desocupación o la bancarrota capitalista, sino la falta de "gobernabilidad", la cual propone remediar con un gobierno del conjunto de los partidos patronales. Perciben como una falta de "gobernabilidad" no solamente a la creciente insurgencia popular sino a la propia disgregación del Estado capitalista, como se manifiesta en el juicio por el contrabando de armas; en la investigación del lavado de dinero y la revelación de que el Citibank ha operado como el principal delincuente económico en los últimos diez años, con ramificaciones en los negociados de IBM; en las denuncias contra Brinzoni por las matanzas en Margarita Belén; en definitiva, el temor de que el gobierno puede caer como consecuencia de los delitos cometidos por sus políticos. No se puede separar el crimen perpetrado contra la hija de Hebe de Bonafini de los poderes crecientes que se están otorgando a la policía y de las torturas masivas que se cometen en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. La política de reforzar el estado policial contra la insurgencia popular no puede abstenerse del secuestro y de la tortura. Esta es la advertencia política que encierra el atentado contra la hija de Hebe. La respuesta a esta contraofensiva del sistema debe ser el refuerzo de la organización y de la militancia; la movilización contra la represión; y la unidad para acabar con el gobierno de De la Rua-Cavallo y elegir una asamblea constituyente soberana.

La muerte de dos policías en un tiroteo ocurrido en el barrio de Once es el pretexto que ha utilizado el gobierno para plantear la instauración de un Estado policial. Arturo Mathov, secretario de Seguridad, reclamó el urgente tratamiento legislativo de una reforma al Código Penal y Procesal. Si esta reforma se aprueba, ya "no será necesaria la presencia de dos testigos ajenos a las fuerzas de seguridad para la elaboración de un acta de la policía en el lugar de una requisa" (La Nación, 22/5). Además, la policía "podrá realizar interrogatorios a testigos en los lugares donde se cometan delitos sin permiso judicial mediante". También podrá realizar "requisas personales, así como revisar efectos personales y ropas en un operativo de control". Finalmente, y "en casos urgentes", las fuerzas de seguridad "podrán realizar secuestro de elementos relacionados con el delito sin permiso judicial". La reforma reclamada por Mathov traslada facultades decisivas de la Justicia a la propia policía, violando garantías individuales y permitiendo a aquélla fraguar culpables y hasta delitos. La Federal en la picota Los anuncios del gobierno pretenden ser una respuesta a la creciente ola de inseguridad ciudadana. Pero, principalmente, quieren encubrir el papel de la propia policía en esa ola delictiva; no ya de la "Bonaerense" sino de la propia "Federal", sobre cuya cúpula penden varios procesos judiciales. El más reciente es el fraude con los "reforzamientos" de la vigilancia en las canchas de fútbol, adonde se enviaban menos efectivos que los que se facturaban a los clubes, generando *según denunciaron los propios suboficiales* jugosos ingresos para los jefes policiales. Apenas unos meses atrás, había sido descubierta una red de proxenetismo (cafishaje) vinculada al movimiento de la prostitución en la Capital, liderada también por elementos de la cúpula policial. Finalmente, la Procuración General de la Nación investiga la existencia de 31 causas fraguadas contra personas inocentes, con el único propósito de simular una mayor "eficiencia" policial. Por eso, la ciudadanía no duda en poner en el vértice de la pirámid e del crimen a las propias fuerzas de seguridad. Desde las comisarías de la ciudad, se urden los esquemas que habilitan "zonas liberadas" y "licencias" para los hurtos, el tráfico de drogas y la prostitución. Sobre este negocio privado se yergue otro, que es el de la "protección arancelada" a los vecinos. En barrios de la ciudad fuertemente castigados por robos *como Núñez o Belgrano* se han constituido "asociaciones vecinales" fantasmas, cuya única función es cobrar a los vecinos el "adicional por seguridad" para la comisaría de la zona. El pago de este tributo "garantiza" inmunidad a los robos, al tiempo que condena al vecino que no paga a una seria "exposición". El tan pregonado "plan de prevención del delito con participación vecinal" ha conducido a la creación de las "ONGs de la seguridad". La descomposición del aparato policial no es ajena a las "modernas" tendencias de seudoprivatización de todos los aspectos de la vida social (aunque bajo mayor control del Estado). Ibarra Ibarra salió al cruce de los anuncios represivos de Mathov, no para oponerse, sino para agitar su planteo del traspaso de "la Federal" a la Ciudad. "Con el traspaso *dijo* habrá 1.000 efectivos más en la calle, más tecnología y mejor equipamiento" (Página/12, 22/5). En esta línea, el Gobierno de la Ciudad ya había destinado a los comisarios 8 millones de dólares adicionales de su presupuesto 2001. Suárez Lastra, secretario de Seguridad de la Ciudad, anticipó que "recibiremos a la Policía con los fondos correspondientes, lo que haremos será administrar mejor esos recursos, y sumar el dinero que conseguimos todos los años de los ahorros en todas las áreas del poder ejecutivo" (La Nación, 29/4). Un "ahorro" que deberá tener en cuenta, adicionalmente, la promesa del funcionario de aumentar los sueldos policiales "para persuadir a los miembros de la Federal aún poco convencidos frente al cambio de status" (ídem). Como se ve, los frepasistas se plantean "aceitar" a la cúpula policial con suficientes incentivos económicos. Para asegurar esta "cometa" institucional, ya han comenzado los recortes en diversas direcciones y secretarías del Gobierno de la Ciudad. Nuestro planteo El centroizquierdismo ya no oculta su filiación proimperialista y procapitalista en el plano "económico". Pero todavía pretende agitar banderas "progresistas" en el campo de los derechos y garantías individuales. Ahora, los anuncios de Ibarra, prometiendo beneficios económicos a la corrupta y sospechada cúpula policial, dan por tierra inclusive con aquella pretensión. La reivindicación de la autonomía de la Ciudad también ha quedado vacía de contenido, ya que supone la asimilación de las instituciones "nacionales" de un régimen político y social agotado. El Partido Obrero presentará en la Legislatura de la Ciudad una ley de seguridad ciudadana a partir, precisamente, de la ruptura con el pasado del "gatillo fácil" y la complicidad con el delito. Proponemos la creación de una fuerza de vigilancia autónoma de la Ciudad, electa por los vecinos y revocable por ellos. Planteamos que concursen, para integrarla, dirigentes vecinales y de organizaciones obreras y juveniles, y de los movimientos de derechos humanos. La fuerza de vigilancia de cada barrio deberá rendir mensualmente cuentas ante asambleas de vecinos, sobre todos los aspectos vinculados a su función. Sus integrantes deberán vivir en el barrio donde desarrollan su actividad. Unimos este planteo a una lucha integral por el salario mínimo, por el seguro al desocupado, por un plan de obras de la Ciudad bajo control de los trabajadores. Es decir, un planteamiento que arranque a los explotados de la miseria social que los convierte en rehenes de un delito que, en su cúpula, organizan las cliques capitalistas, narcolavadoras, y sus cómplices policiales.

El pasado miércoles 23 de mayo, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Moreno volvió a movilizarse a las oficinas de Edenor reclamando la reconexión del servicio a numerosos vecinos a quienes se les había cortado el servicio por falta de pago, y la tarifa de 10 pesos para los empadronados por esta organización, entre otros puntos. La movilización se produjo a dos meses del último corte (en ruta 23), comenzando a revertir una situación de inmovilismo creada por una crisis con dos comisiones barriales influidas por punteros de la Intendencia y de la Iglesia. La iniciativa fue preparada con un festival en Barrio Catonas, que tuvo el mensaje solidario de José Villalba (Futrade), y qué duda cabe, fue incentivada por las oleadas de cortes en todo el país. Los compañeros cortaron por una hora la principal arteria de Moreno (Libertador) y luego marcharon hasta Edenor y a la Intendencia, por puestos de trabajo, alimentos y un plan de obras públicas. Se obtuvo el compromiso de 80 bolsones de comida para el día 28 y le "tiraron la pelota" a Nación por los puestos de empleo. El reclamo a la Intendencia sigue, hay ahora un préstamo a este municipio de 19 millones de dólares para obras públicas, para lo que reclamamos el empleo de mano de obra desocupada.

El fallo de desafuero dictado contra el compañero Néstor Antonio Pitrola, dirigente de la huelga de Editorial Atlántida y Primer Congresal por la minoría de la Lista Naranja Gráfica, del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, constituye un grave hecho en perjuicio de este trabajador y el conjunto de las organizaciones obreras, porque sienta precedente contra los métodos de lucha históricos de la clase trabajadora en su lucha contra la flexibilidad laboral, que expropia a los trabajadores sus conquistas, salarios y puestos de trabajo. La ratificación ante la apelación de la sentencia persigue una expropiación punitiva de 6.000 pesos en costas y honorarios, además de dejar en firme la condena a la desocupación forzosa de un legítimo representante sindical. Es uno de los primeros fallos de desafuero contra los más de 2.500 luchadores encausados por el "delito de luchar por nuestros derechos". Repudiamos el fallo y exigimos la nulidad del desafuero y costas y demás sanciones contra el compañero Néstor Pitrola. Firman: Víctor DeGennaro, Edgardo Depetri, Luis Angel D’Elía, Hugo Yasky, Luis A. Bordón, Jorge Rivolta, Víctor Mendibil, José Paladino, Norberto Ducasse, Alejandra Agrinan, Carlos A. Moreno, Juan C. Capurro, Ricardo H. Peidró, Héctor Yebra, E. C. Moure, Eduardo Menajovsky.

El 6 de junio, va a hacer un año que Emilio Alí está preso en la cárcel de Batán, en Mar del Plata. Es el primer preso piquetero que permanece detenido, después de haber sido juzgado y condenado. Su delito: reclamó comida para los desocupados, sin pan y sin trabajo. El régimen explotador no permite que sus explotados se organicen para reclamar por el pan para sus hijos. En la figura de Alí se ha decidido dar un escarmiento a la generación piquetera que está creciendo en el país. El Partido Obrero llama a movilizarse el 6 de junio en cada ciudad, barrio, colegio o facultad: Libertad inmediata a Emilio Alí. Fuera De la Rúa-Cavallo.

Del 15 al 18 de mayo organizaciones de desocupados del sur del Gran Buenos Aires, marcharon 100 kilómetros de Berisso a la Plaza de Mayo. La marcha fue una expresión más de la Argentina Piquetera que nunca tuvo expectativas en el "salvador" Cavallo. La convocatoria fue decidida por la CCC y el MIJP, que a sólo cinco días del inicio llamaron a acordar un programa, una vez que habían decidido el trazado de la marcha y cerrado su organización ya cerrada. Esto conspiró contra una masiva presencia de los desocupados y de sus organizaciones (los MTD de Solano, Lanús, Claypole, Varela, Almirante Brown, el MTR y la Coordinadora de Desocupados de La Plata, entre otros, no estuvieron). El método de convocatoria no propició el debate al interior de los barrios ni impulsó asambleas para discutir, votar la actividad y planear cómo desenvolverla. La repercusión de una agitación colectiva sostenida en todo el Sur podría haber puesto de pie a una franja importante de los explotados en lucha (despedidos de Firestone, etc.), dándoles un eje preciso de intervención en la implacable crisis que corroe al régimen del Fondo Monetario gobernante. La marcha, no obstante este defecto de origen, fue progresiva en el cuadro de la tregua sostenida hasta el momento por las direcciones de las centrales sindicales. A su paso, la marcha fue recibida por distintas expresiones de aliento y alegría, desde escuelas y talleres, y hasta gente que aplaudía al costado de la ruta o bocinazos de vehículos. El Polo Obrero arrancó de Berisso con más de 150 desocupados y congregó, en el transcurso de las distintas etapas, a seis organizaciones de desocupados. Sus dirigentes fueron reporteados por los medios audiovisuales zonales y nacionales, y hablaron en los actos previstos. En la marcha constatamos, a partir del debate con activistas de distintas corrientes, que la vigencia del Congreso Nacional de Piqueteros está más que madura y es la herramienta lógica de deliberación, debate y coordinación para abordar esta nueva etapa de lucha. Los piquetes quiebran la tregua La política de De la Rúa, Cavallo, Ruckauf y los gobernantes del FMI es la reduccón a cero de la asistencia social, para "honrar" a los usureros internacionales. El corte de La Matanza, los de varias rutas nacionales, sumados a movilizaciones y marchas reclamando a municipios y gobernaciones, quebró la "paz social" pactada por las centrales sindicales y la Nación, planteando la actualidad de la Huelga General para arrancar las reivindicaciones. El gobierno, de febrero a mayo En febrero la marcha de 5.000 piqueteros en apoyo a la lucha matancera obtuvo un no rotundo de Patricia Bullrich. Ahora la crisis por la cesación de pagos instalada en el país, y la quiebra de la gobernación bonaerense, ahogada por la hipoteca contraídas con los bancos, reavivó la lucha de los desocupados a raíz de la rebaja salarial de 40 pesos (20%) y la eliminación de 25.000 planes de empleo en todo el país. Si en febrero la negativa a cualquier reclamo fue un durísimo golpe hacia los movimientos de desocupados, la negociación intrincada, dificil pero abierta, para recuperar 25.000 puestos con la participación de todos los movimientos convocantes a la marcha del Sur, permite establecer todo un plan de lucha. Se puso como fecha límite el 30 de mayo, como se expresó frente al ministerio, para la negociación y la satisfacción de los reclamos. Si el gobierno no responde al emplazamiento, iremos nuevamente por todas las reivindicaciones postergadas. Acto de Cierre En el acto de cierre en Plaza de Mayo muchos oradores plantearon los ejes centrales: Basta de tregua, Paro General y Fuera De la Rúa-Cavallo. Desentonaron el orador de la CTA que instó a la gente a que se esfuerce por luchar, "si no morimos todos", al concluir una esforzadísima marcha de cuatro jornadas; y el Barba Gutiérrez, que planteó la defensa de la patronal nacional. Néstor Pitrola, en dos minutos, repasó los últimos cortes y marchas piqueteras protagonizadas por el Polo Obrero en Capital y Zona Norte que, junto con las luchas como Aerolíneas, los triunfos de Zanón, mineros del Turbio, el corte de La Matanza, la marcha del Sur, etc., han echado a andar un proceso que se encamina a la Huelga General Activa para derrotar al régimen fondomonetarista.

La Coordinadora Departamental de Trabajadores Desocupados ha retomado el camino de la lucha en común y se apresta a realizar un Acto de Apoyo al Aumento Salarial que reclaman los obreros de la construcción, el 29 de mayo. El objetivo es elevar el miserable salario que se paga por hora según el convenio de la Uocra, de 1,14 pesos a 2,50. Esta reivindicación forma parte del programa de 21 puntos votado en el Congreso Departamental de Trabajadores Desocupados realizado el 9 de diciembre último. Los compañeros que trabajan en el Hospital de Mosconi llevan 14 días de paro por reclamos puntuales, pago de la hora de hormigón, trabajo en altura, indumentaria de trabajo, etc. Con la participación y el apoyo de la UTD se incorporó al petitorio el reclamo de un mínimo de 2,50 pesos por hora para la categoría de ayudante. La empresa (Liberatore) y el gobierno están retrocediendo. Hubo ya ofrecimientos de aumento de un 30% y un adicional por parte del gobierno que llevaría el valor de la hora a 1,75 pesos. La Coordinadora de Desocupados de Tartagal cortó la ruta en Cuña Muerta, en el acceso Norte de Tartagal, por reclamos específicos de los obreros que están construyendo viviendas, apoyando, además, el pedido del piso de 2,50 pesos. En 30 minutos se dio respuesta a los reclamos puntuales, pero sólo para frenar su extensión a todo el Departamento San Martín. Esto replantea la lucha por la recuperación de la Uocra para los trabajadores, recordemos que la Coordinadora encabezó hace poco, la toma del gremio exigiendo e imponiendo finalmente, la renuncia del burócrata Toconac. Un plenario que reunió a más de 300 compañeros, ha votado, a propuesta de la Coordinadora de Tartagal, el acto para el martes 29, en donde se pretende impulsar la huelga general en todas las obras del departamento. La lucha por los 2,50 pesos toma como referencia el acuerdo impuesto por los compañeros de la construcción de Neuquén, intendentes e interventores de la zona se han pronunciado en respaldo a este reclamo y promueven que mediante una ley provincial se sancione este mínimo salarial para los trabajadores del departamento. Una maniobra para dilatar una respuesta que el Ejecutivo debe dar ya, estableciendo el aumento por decreto.

Buenos Aires, 29 de mayo de 2001 Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Aníbal Ibarra Queremos establecer, a través de esta carta, nuestra apreciación y nuestra salida para la situación de las masas trabajadoras y los explotados de nuestra ciudad. La propaganda oficial nos habla diariamente de un "Buenos Aires para todos", de un "Buenos Aires presente". La realidad es que Buenos Aires *su Estado, su gobierno* no es "para todos" ni está "presente" en la vida cotidiana y las aspiraciones de sus trabajadores, vecinos explotados, desocupados y compañeros sin vivienda. En la ciudad donde la riqueza social generada alcanza los índices más altos por habitante, 150.000 compañeros están desocupados y otros tantos subocupados; 400.000 vecinos se encuentran en emergencia habitacional, y la educación y salud públicas se derrumban en sus prestaciones, en las condiciones laborales de sus trabajadores y hasta en su infraestructura edilicia. No cabe aquí argumentar que este cuadro es "una herencia del pasado", o el resultado de "una política nacional". En lo que va desde agosto del 2000 hasta hoy, en la ciudad se ha gobernado, decretado y legislado para los grandes pulpos inmobiliarios, turísticos, comerciales y financieros. Esta orientación social está conduciendo a una mayor miseria y precarización laboral; a la expulsión de los vecinos de sus viviendas; a la liquidación de la educación y salud gratuitas. Salario y condiciones de trabajo Los estudios e informes oficiales no cesan de referirse a la "nueva realidad inversora" que se desarrolló en la ciudad en la última década, aludiendo a la instalación de supermercados, hoteles de lujo y otras actividades de servicios. No se menciona, en cambio, que estas inversiones se asientan sobre la más completa miseria salarial, y el desconocimiento de las conquistas laborales. Encuestas privadas han revelado que el 50% de los trabajadores de la ciudad perciben 400 pesos o menos de salario mensual. La miseria salarial fuerza, naturalmente, al sobretrabajo para conformar un ingreso que permita vivir: según el Indec, el 40% de los trabajadores ocupados en la ciudad laboran más de 40 horas semanales. La superexplotación se agrava entre los jóvenes: aquéllos que se emplean en los supermercados perciben 240 pesos por mes, por jornadas de trabajo extenuantes y con intimidaciones permanentes de su patronal. El suicidio de un joven en Paternal, meses atrás, retrata a qué extremos conduce esta política de superexplotación. El trabajo "en negro" asume las formas más diversas, encubierto muchas veces bajo la forma de los pagos "con factura". Es el caso de los jóvenes "motoqueros", que arriesgan su vida y sus propios medios de trabajo sin que exista legislación protectiva alguna, y donde un sistema de trabajo "a destajo" los empuja a permanentes y crecientes accidentes laborales. Una situación similar se registra en Metrovías: como si no fuera suficiente el deterioro que reina en las condiciones laborales de los trabajadores del subte, la pretensión de la empresa es eliminar a los guardas, sobrecargando criminalmente las tareas de los conductores y poniendo en peligro la seguridad de los usuarios. En octubre pasado, una seguidilla fatal de accidentes laborales en la ciudad desató en la Legislatura un "reguero" de "declaraciones" y "pedidos de informes". Pero no se adoptó la menor disposición efectiva contra la inseguridad laboral. Es que en la base de estos accidentes está el sistema privado de riesgos del trabajo (ARTs) que los partidos del régimen quieren preservar. Un sistema que ha abaratado sustancialmente a las patronales los resarcimientos por accidentes laborales. Este panorama se agrava, naturalmente, con la corrupción sindical, la ausencia de una policía del trabajo y la imposibilidad de un control efectivo de las normas de seguridad por parte de los propios trabajadores. El propio Gobierno de la Ciudad viene haciendo punta en la precarización laboral. La Ley de Empleo Público suprime la estabilidad y derechos fundamentales de los trabajadores municipales y prevé la perdida de vigencia de los estatutos especiales. Este hecho se combina con la existencia de 10.000 trabajadores contratados o en negro, que vienen desempeñando sus tareas bajo la forma de "locaciones de servicios" y/o de "autónomos". Esta política de precarización ya se ha cobrado víctimas fatales en las filas de los docentes gravemente enfermos, centenares de los cuales fueron obligados a retomar sus funciones laborales habituales. Planteamos: ley de salario mínimo de 600 pesos para todos los trabajadores de la ciudad, por una jornada de ocho horas. Convenios colectivos con paritarios electos en asamblea. Derogación de la reforma laboral y toda legislación "flexibilizadora". Derogación de la Ley de Empleo Público y de todas sus claúsulas de precarización laboral. Efectivización de los contratados en el ámbito del Gobierno de la Ciudad e incorporación a planta permanente de los mal llamados "autónomos". Por el control de las condiciones salariales y laborales por parte de delegados y comisiones internas. Por comités de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo. Por el derecho al juicio civil en caso de accidentes. Por 6 horas de trabajo en Subterráneos de Buenos Aires, preservación del guarda por la seguridad de trabajadores y usuarios. Desocupación La contracara necesaria de este cuadro laboral es la desocupación en masa. Este régimen social necesita de ella, para coaccionar al trabajador ocupado a aceptar condiciones de superexplotación. Un 20% de la fuerza laboral de la ciudad se encuentra desocupada o subocupada. Lejos de colocar freno alguno a esta tendencia, la orientación del Gobierno de la Ciudad la ha agravado: los recursos destinados a planes de empleo representan el ¡0,4%! del presupuesto de la Ciudad. Más grave aún es el hecho de que estos recursos *como se ha comprobado en las denuncias recientes* han alimentado al aparato de Franja Morada o a la actividad de las ONG’s, donde el llamado trabajo "voluntario" o "solidario" encubre el esfuerzo oficial por privatizar la asistencia social. Como respuesta a estos fraudes, el Gobierno de la Ciudad ha anticipado una orientación aún más pro-capitalista: se trata de la entrega de estos planes de empleo a las empresas privadas, para que contraten trabajadores a 160 pesos, precarizando aún más el salario y las condiciones laborales. La completa irracionalidad de esta política, si se mira desde el punto de vista de los intereses de la población de la ciudad, salta a la luz cuando vemos el siguiente y brutal contraste: al lado de 300.000 brazos dispuestos a trabajar, se levanta la realidad de una infraestructura escolar que se cae a pedazos; de hospitales derruidos; de complejos habitacionales que se desploman por falta de mantenimiento; de la mugre "copando" las calles de la zona sur, y abriéndole paso a los peores epidemias; de los desagües pluviales y los efluentes taponados por el descuido oficial y la privatización de la obra pública. La salida a esta grave situación, bajo un plan central de obras públicas y mantenimiento de la ciudad bajo control de los trabajadores, abriría paso a la formación de centenares de cuadrillas que tomen a su cargo las tareas planteadas. Reclamamos para ello la creación de 50.000 planes de empleo de 600 pesos por mes, sujetos a cargas sociales y previsionales de ley. La Ciudad destinaría en ese caso 300 millones de pesos por año (el 10% de su presupuesto) a la resolución de su problema más grave y más urgente, el de la desocupación. Pero estamos seguros de que bajo la dirección de sus trabajadores y sus técnicos, habría solución también para sus calles, hospitales y escuelas. Tenemos aquí un planteo verdadero de "planeamiento urbano", que armoniza a la principal fuerza productiva de la ciudad con sus necesidades de infraestructura. El gobierno que usted dirige, en cambio, ha optado por la privatización de la obra pública, camino que, además de configurar una sangría para la ciudad, ha llevado a los desastres conocidos: ahí tenemos al aliviador del Arroyo Vega, cuya construcción es hoy objeto de una causa judicial, y cuyos fraudes pagan *y están pagando* los vecinos de Belgrano. Con esta misma orientación, su gobierno se ha lanzado ahora a la licitación del mobiliario urbano de la ciudad. Esta actividad *cuya reparación y mantenimiento realizaban los vaciados talleres municipales* será entregada ahora a consorcios privados. Esta privatización pretendió disimularse con la sanción de una ley de "compre nacional" beneficiando a grupos empresarios "locales" o "con domicilio en la ciudad", abriendo la posibilidad de ganar licitaciones aun ofertando con sobreprecios. Pero el jefe de gobierno ha pedido que se modifique esta ley para que puedan competir en pie de igualdad las firmas extranjeras. Es decir que los recursos previstos para esta licitación *500 millones de dólares, que casi duplica el plan de empleos que aquí proponemos* será dirigido entonces a llenar las arcas de importadores disfrazados de empresas locales o de Pymes. Mientras tanto, peligran los puestos de trabajo de los compañeros de los talleres municipales. Reclamamos la anulación de esta licitación, un plan central de mantenimiento y cartelería urbana con la participación de las organizaciones vecinales y los trabajadores municipales, ampliando los talleres propios a las cinco zonas de la ciudad (hoy restringidos a una sola de ellas). Por importantes que sean las medidas que aquí proponemos, la situación de los desocupados y hambrientos de la ciudad no puede esperar. Reclamamos: una ley de subsidio de 500 pesos para todo desocupado mayor de 16 años; que se realice un censo general de todos los desocupados de la ciudad; que los planes "Nuevos Roles Laborales" sean entregados a los compañeros sin trabajo, en base a los padrones elaborados por las organizaciones de desocupados. Por un programa de entrega gratuita, en forma quincenal, de alimentos y medicinas en las barriadas y villas de la ciudad, bajo control de las organizaciones vecinales y de desocupados. Por la apertura de las cuentas e investigación de los fondos de Promoción Social. Vivienda Mientras la obra pública destinada a las necesidades populares languidece, el Plan de Infraestructura tiene una orientación social inconfundible: la entrega del suelo urbano a los monopolios turísticos, comerciales e inmobiliarios. Es el caso del proyecto Retiro-Puerto; de la propia "Corporación del Sur", donde el Estado ha acaparado *para su posterior enajenación* más de 2.000 predios en esa zona de la ciudad; de los corredores turísticos entre el sudeste y sudoeste porteños, dirigidos a canalizar inversiones de capital del turismo. Se trata de una orientación que expulsa a los trabajadores de la ciudad. Treinta desalojos mensuales desde que comenzó el año, y más de 400 en trámite judicial, dan cuenta de esta furia expulsora. Muchos de estos desalojos constituyen el paso final de operativos de especulación y acaparamiento de viviendas, donde falsos "propietarios" (con la complicidad de escribanos o martilleros) alquilan viviendas de casas obtenidas a través de fraudes, aprovechando la necesidad de familias trabajadoras que no pueden acceder a un alquiler en regla. Luego, cuando aparece una oferta de compra, los inquilinos precarios son tratados como ocupantes, y arrojados a la calle sin miramientos. La única respuesta del gobierno a la ola de desalojos pasa por una "asistencia social" tramposa, consistente en llevar a los desalojados a hoteles por un breve período, con el único propósito de disuadir a los expulsados de toda resistencia. Pero hasta la política asistencial ha hecho crisis frente a la ola de mandamientos, ya que ni los hoteles "oficiales" dan abasto. Reclamamos la urgente suspensión de los desalojos por un período de 2 años, y la formación de una Comisión Investigadora sobre la propiedad de casas e inquilinatos de la Ciudad, y de los hoteles transitorios contratados por Promoción Social. Tampoco hay perspectivas para los reclamos históricos de viviendas dignas y escrituración definitiva para los compañeros de todas las villas y asentamientos de la ciudad. Los llamados "planes de urbanización" y de apertura de calles también son expulsivos, ya que construyen viviendas para una minoría de las poblaciones existentes y ofrecen "créditos" que los compañeros no pueden pagar. Reclamamos una ley de escrituración definitiva de terrenos y viviendas en las villas de la Capital. Rechazamos la expulsión de sus pobladores. Que se destine por ley el 10% del presupuesto de la Ciudad a la resolución de la crisis de vivienda, lo que permitiría construir 5.000 viviendas anuales en vez de las ¡500! que, en promedio, construye actualmente la CMV. Por planes de construcción y autoconstrucción que aseguren una vivienda a todos los sin techo, con materiales y asesoramiento técnico a cargo del gobierno y empleando a los desocupados de cada villa. Por el control obrero y la participación de los vecinos en la Corporación del Sur, Puerto Madero y Retiro-Puerto. Como medidas urgentes, reclamamos: • Condonación de la deuda que tienen diversas organizaciónes vecinales con el gobierno nacional a raíz del Plan Arraigo *entre otras, Villa 21 24, Colonia Solá y Villa 15. • Basta de persecución a los habitantes del Padelai. Derogación del decreto "desalojador" Nº 1621. Vivienda para sus habitantes, en reconocimiento de sus derechos de propiedad. • Refacción inmediata de los complejos habitacionales de la CMV. Escrituración definitiva de sus viviendas, condonando deudas pendientes de ABL y otros servicios y sin cláusulas confiscatorias. Salud y educación La crisis del hospital público marcha de la mano de su progresiva privatización, bajo la política de la "autogestión", el arancelamiento y el crecimiento exponencial de las "fundaciones" y las ONG al interior de los propios hospitales. La crisis de la salud *expresada en la renuncia de su Secretario*, da cuenta del desquicio al que ha llevado esta política, y del repudio de trabajadores y pacientes a la orientación privatista. Reclamamos la titularización de todos los profesionales concursados en el área de Salud de la Ciudad y la incorporación a planta de 2.500 enfermeros; reivindicamos la defensa del hospital público y la derogación de todo sistema de arancelamiento; y la provisión estatal y gratuita de medicamentos. La educación pública de la Ciudad también peligra, bajo el peso del descalabro presupuestario, el derrumbe edilicio y el ataque a las condiciones laborales de los docentes. La Ley de Empleo Público suprime la estabilidad y contempla la derogación de los estatutos especiales, comenzando por el Estatuto del docente. La deserción y el fracaso escolar crecen proporcionalmente al aumento de la pobreza y la desocupación. En el ámbito de la ciudad, el 20 por ciento de los menores de edad viven en hogares con ingresos inferiores a 400 pesos. Planteamos un presupuesto de 100 millones de pesos para infraestructura, el otorgamiento de 40.000 becas de 150 pesos para los estudiantes de la educación media, un salario inicial docente de 700 pesos para la jornada simple, supresión de todos los artículos de la Ley de Empleo que vulneran la estabilidad laboral y los estatutos especiales. Los trabajadores inmigrantes Decenas de miles de compañeros trabajadores han acudido a esta ciudad, en los últimos años, en busca de techo y pan. La respuesta del régimen social vigente ha pasado por negarles derechos constitucionales, laborales y sociales. Los compañeros inmigrantes son el último eslabón de la escala de atropellos y superexplotación que aquí presentamos. La indocumentación total y parcial abre el camino para el pago de salarios irrisorios, el desconocimiento de cualquier derecho laboral y la imposibilidad para acceder a cualquier posibilidad de vivienda. En todos los estamentos oficiales *y particularmente en la CMV* se discrimina el acceso a los planes de vivienda, cuando la radicación no ha sido completada. ¡El compañero extranjero carece siquiera del derecho a alojarse en los hoteles municipales, cuando es desalojado! Los sistemas de migraciones exigen trámites engorrosos y prohibitivos para acceder a la radicación. Reclamamos como medidas urgentes el cese de toda represión y la entrega de documentación a los inmigrantes que trabajan y viven en la ciudad, a través de un trámite sencillo y gratuito. Derechos similares a los nacionales para el acceso a la vivienda, y para las condiciones laborales. * * * Sr. Jefe de Gobierno: En estos meses, hemos asistido en la ciudad a una acción gubernamental y legislativa orientada a dar satisfacción plena a los monopolios capitalistas. No faltó tiempo ni oportunidad, en la Legislatura, para la sanción de una ley de juego, otra de "compre nacional", de Pymes o de turismo, mientras estaban ausentes todas las iniciativas legislativas que dieran cuenta de las reivindicaciones apremiantes de los explotados. Al asumir su cargo, usted aseguró que esta política conduciría al "relanzamiento económico" de la ciudad. Pero lo que hoy tenemos, en cambio, es una carrera desenfrenada para entregar el suelo, los predios y el propio presupuesto público de la ciudad a los pulpos hoteleros, inmobiliarios o ferroportuarios, aun cuando todos estos rubros ya soportan una inmensa capacidad ociosa. Mientras tanto, la miseria social en todos los planos envuelve también a la clase media de la ciudad, que ya no puede pagar sus expensas. La insatisfacción que, desde Belgrano hasta La Boca, comienza a recorrer al pueblo de la ciudad, es la expresión más concluyente del fracaso de esta orientación social y política. Con este planteamiento dirigido al poder político, estamos expresando un programa de salida para la ciudad. Frente al vaciamiento de Buenos Aires a favor de los monopolios, levantamos las reivindicaciones de aquellos que producen y consumen la riqueza social de la ciudad, es decir, de sus trabajadores.

El gobierno nacional aceptó renovar 7.500 planes Trabajar en La Matanza desde el 1º de mayo (sobre los 8.400 obtenidos en el corte de noviembre del año pasado) y pagar asignaciones adeudadas a 2.800 compañeros (sobre 3.100 afectados). Se compromete, además, a aportar los recursos adeudados para refacción de escuelas y calles, en cuotas, a lo largo del año, y a hacer lo mismo con la provisión de herramientas y materiales, puntos que no tenían plazo de cumplimiento en el acta de noviembre. El acta acuerdo ratifica su vigencia hasta que no se opere una baja drástica de la desocupación. Si se considera que el gobierno apostó a quebrar el corte por la vía del aislamiento, y a preservar su control sobre el manejo de los planes, la conclusión es que terminó dando un paso atrás. En febrero pasado, los piqueteros tuvieron que regresar a sus casas con las manos vacías. El Ministerio de Trabajo, con el acuerdo del PJ y del Consejo de Emergencia, impuso el reempadronamiento y su control sobre los planes. Luego de aquella derrota el Ministerio desenvolvió una política de provocación para limitar el número de planes y socavar a las organizaciones de desocupados. "Nuestros inspectores fueron a controlar las tareas y en infinidad de casos no encontraron a nadie. Si no hay un proyecto en ejecución, no podemos pagarlo", se justificó el secretario de Empleo, Horacio Viqueira (Frepaso) (Página/12, 21/5). Se trata, naturalmente, de una trampa. Ni la Nación ni la Intendencia proveen de herramientas o insumos a los trabajadores y así se monta el escenario para que el "buchón" del ministerio informe que el proyecto "no está en ejecución" y que los "beneficiarios" de los planes deben ser dados de baja. El corte impuso, esta vez, la reincorporación de quienes fueron dados de baja en los últimos meses, hasta el tope de 7.500, siempre que acepten un nuevo empadronamiento. El regreso del Consejo de Emergencia El reempadronamiento, tanto de los que fueron dados de baja como de los que ya están, fue zanjado del siguiente modo: la asignación de los planes queda en manos del Consejo de Emergencia, ahora rebautizado como Comité de Crisis, con la premisa de que van sólo a jefes y jefas de hogar y bajo el control del Ministerio de Trabajo. La constitución de "consejos de emergencia" que reúnen a intendentes, cámaras empresariales, representantes del clero y organizaciones de desocupados de la CTA y la CCC, y se hacen cargo en forma exclusiva del reparto de los planes y otros beneficios sociales, fue la respuesta oficial del PJ y la Alianza al desarrollo explosivo de las organizaciones de desocupados. Esta política varió en marzo, cuando el Ministerio de Trabajo comenzó a hacerse cargo del manejo de los planes, y ha vuelto a cambiar ahora, en función de un nuevo pacto con el PJ. Pocos días antes del acuerdo que permitió el levantamiento del corte de la ruta 3, Ruckauf y los intendentes se comprometieron con el gobierno nacional a "hacer un trabajo de reempadronamiento de los planes Trabajar asignados en la provincia" (Clarín, 21/5), lo que apunta a una ofensiva en regla de los partidos patronales y de la Iglesia (a través de Cáritas) para reapropiarse de los planes. Un informe oficial sobre el manejo de los planes señalaba, un año atrás, que "en Buenos Aires (gobernada por el justicialista Carlos Ruckauf), el PJ maneja 4.552 planes Trabajar, la Alianza 2.35l, y las instituciones (entre las que figuran las eclesiásticas), 3.315" (La Nación, 21/3/00). Así ha quedado en claro lo que Patricia Bullrich definió como el centro del conflicto: "Ellos (los piqueteros) piden manejar los planes Trabajar, sin control del Estado. Nosotros no lo aceptamos" (La Nación, 20/5). La renovación de los planes en La Matanza se hace a cambio de reimplantar el control del Comité de Crisis patronal, el cual buscará preservar la dictadura "tradicional" de los punteros. "Estos son como mensajeros de lo que viene atrás" Puede afirmarse que al momento del levantamiento existía más dureza en el corte que al inicio, 16 días antes. La temprana provocación de la Bullrich, plantando el levantamiento del corte para "conceder" una negociación, produjo un resultado contradictorio: luego de un primer instante de desazón en algunos asentamientos se impuso la decisión de prepararse para un corte "largo" y se acentuó la movilización de los barrios. El corte se mantuvo firme, incluso por razones que excedieron a los 2.000 o más piqueteros: fue el corte más popular de cuantos hubo, lo que se expresó en las manifestaciones de solidaridad y en las colectas. Una recorrida hecha por Crónica en los alrededores del asentamiento constató "casi un discurso unísono"; "los piqueteros son nuestros vecinos, los que compran nuestras mercaderías. A muchos los conocemos casi le diría que desde siempre"; el problema es "la grave desocupación" (24/5). Por eso la declaración del vicegobernador de la provincia no tiene desperdicio cuando afirma que "uno se podrá enojar con los organizadores, pero, en realidad, "éstos son como mensajeros de los que vienen atrás, y lo de atrás es más que cierto" (La Nación, 20/5). Esta inmensa corriente de solidaridad no se expresó a través de los sindicatos por la deserción casi en bloque de la burocracia sindical de La Matanza, que no produjo no digamos un paro, sino siquiera una jornada de movilización en apoyo al corte. La gran excepción fue el Suteba La Matanza, cuya dirección tuvo la entereza de llamar a defender el corte, proclamarlo en su propio plan de lucha y organizar la solidaridad efectiva con él a pesar de haber sido proscripta por la FTV (CTA) con la complicidad de la CCC. El ataque de estas organizaciones se produjo porque la dirección del sindicato docente, en una actitud ejemplar, expulsó de sus filas a un "protegido" de la FTV que se quedó con planes Trabajar al mejor estilo Franja Morada. Radicalización "Hay preocupación", le dijo un funcionario del intendente de La Matanza a Página/12 antes del acuerdo, "porque cada día que pasa vemos que ganan terreno las posiciones más duras dentro del piquete" (21/5). A esa altura, un conjunto de organizaciones y barrios estaban discutiendo proponer en la asamblea un plan de cortes relámpago en las inmediaciones del asentamiento, integrando un comité común encargado de su ejecución, y una franja del activismo había comenzado a tomar el planteo de organizar un plenario de organizaciones de desocupados y activos en la ruta 3, para discutir un pliego y una acción común; una propuesta que el Futrade trabajó sistemáticamente en las carpas. Al momento de la votación del acta acuerdo, una fracción de la asamblea se refugió en la abstención, expresando sus desacuerdos y dudas con lo pactado. Qué hacer La pretensión de los gobiernos es cancelar el tema La Matanza de aquí a las elecciones, implantando la "paz social" en el distrito a cambio de los 15.000 planes entregados en partes casi iguales por Nación y Provincia. Pero en La Matanza, según un estudio exhaustivo, en octubre pasado "los desocupados sumaban 102.444 y los subocupados llegan a 94.431", lo que suma 200.000. Pero, además, el 39% de los trabajadores se halla en negro y de ellos, un tercio gana menos de 300 pesos por mes (Consultora Equis, La Nación, 23/5). Esta catástrofe social no se puede resolver con planes de empleo miserables que no cubren ni una quinta parte de esta masa de desempleados. Menos aún cuando la situación de los barrios es inenarrable y plantea obras públicas urgentes a cargo de los mismos desocupados de cada zona. Retomar la movilización supone preparar la fusión entre desocupados, vecinos y ocupados, plantear un reclamo común de todos los barrios organizados y proponerse presentarlo ante todos los gobiernos, lo que incluye al gobierno de la provincia y de la comuna, que tienen en sus manos los recursos que antes ingresaban como Fondo del Conurbano y los que provienen de la evasión consentida de los grandes contribuyentes en el distrito; supone también oponerse a la tutela del Comité de Crisis en nombre de la soberanía de las organizaciones obreras. Supone, en definitiva, la realización de un Congreso Piquetero político reivindicativo, para unir a la inmensa mayoría de la población obrera y explotada. FUTRADE: "El comité de crisis no nos puede representar" Para José Villalba, dirigente del Futrade, "había condiciones para seguir el corte". "Nosotros planteamos cuatro críticas a este acuerdo *señala*. Primero: la defensa de los 8.400 planes nacionales, un objetivo que suponía exigir tan sólo el cumplimiento de lo pactado en octubre, con una desocupación que, seis meses después, es superior. "Segundo: aunque parezca un hecho menor, la entrega en cuotas y hasta fin de año de las herramientas es un paso atrás, porque las cuadrillas siguen sin elementos y están expuestas a las provocaciones por no trabajar. "Tercero: no hemos avanzado en la libertad de Emilio Alí. "Cuarto: el Comité de Crisis (antes Consejo de Emergencia) es una organización que aunque lo quisieran algunos de sus miembros, no puede, representar el interés de los trabajadores desocupados. Esto desde el momento en que integra a representantes del mundo empresarial y de otros intereses. Por eso reclamamos la constitución de una Mesa de Organizaciones de Desocupados, sin exclusión alguna, que lleve sus reclamos en común ante el Comité de Crisis o quien sea."