Prensa Obrera N° 682

El sábado 16 de setiembre se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el Plenario Universitario Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo, con la presencia de casi 100 compañeros. Se hicieron presentes también delegados del interior del país, destacándose los compañeros de Santa Cruz, de la Universidad Nacional de Mendoza, de Tucumán, Córdoba, Comahue, Olavarría y Rosario, al igual que el presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía de Tucumán y el Secretario General de la Federación del Comahue. También estuvieron presentes compañeros de las universidades del Gran Buenos Aires y de distintas facultades de la UBA. El plenario destacó que la crisis universitaria tiene una raíz social, o sea que las conquistas que todavía se mantienen en la educación superior son incompatibles con la dominación capitalista en crisis. Está planteada, concluyó el Plenario, una reorganización integral de la Universidad que, a diferencia de la Reforma del 18, debe tener un carácter anticapitalista, y la unidad con la clase obrera. La UJS encarará una gran agitación y organización para impulsar al movimiento estudiantil a la lucha junto con la clase obrera, por todos sus reclamos contra el gobierno de De la Rúa-FMI. A diferencia de la izquierda democratizante que milita junto a De Gennaro-Alianza, la UJS defiende y defenderá una posición clasista independiente en el movimiento estudiantil como único camino seguro de triunfos.

En el Congreso Nacional que la Fatsa realizó en las sierras de Córdoba estuvieron ausentes los trabajadores de la Sanidad. La directiva de West Ocampo hizo lo imposible para que al Congreso no pudieran concurrir los congresales opositores de Buenos Aires (no facilitó licencias, ni pasajes, no entrego la Memoria y el Balance que quería aprobar a libro cerrado, etc). Por eso, los delegados del frente opositor constituído en torno a la Lista Bordó, denunciaron su carácter burocrático y sacaron un documento que la Agrupación Sindical Independiente de la Sanidad (Asis) esta repartiendo masivamente en los establecimientos del gremio (y que reproducimos en el número anterior de PO). El Congreso fue efectivamente una instancia burocrática. A espaldas de los trabajadores, los congresales sin mandato de sus bases, aprobaron lo que West Ocampo quería en un abrir y cerrar de ojos y luego se dedicaron a gozar de espectáculos y paseos pagados con fondos de los afiliados. Pero lo jodido de este Congreso es que le dio un "cheque en blanco" a West Ocampo para que "negocie " los convenios colectivos de los trabajadores de la sanidad con las patronales. Esto es meter al zorro en el gallinero. Porque West Ocampo es quien pactó con De la Rúa y Flamarique la antiobrera ley de reforma laboral, que plantea atomizar los convenios nacionales por región y empresa, que quieren barrer con las conquistas de los trabajadores. Ya hemos visto lo que han hecho los hombres de West Ocampo en Atsa: "tercerizaciones" truchas que implicaron el despido de centenares de compañeros en el Sanatorio Mitre, para ser reemplazados por otros trabajadores con salarios y conquistas menores a los del convenio de la sanidad, etc. Los trabajadores de Atsa no le debemos dar ningún cheque en blanco a West Ocampo. En el punto 5 de la "Declaración de los Congresales de la Lista Bordó frente al Congreso de Fatsa" planteamos: "Que el Congreso rechace los convenios por empresa, que habilitan la reforma laboral y que ya están ejecutando en nuestro gremio (Antártida, etc.) miembros de la actual dirección de Fatsa. Que el Congreso vote por una paritaria que defienda el convenio único nacional, discutido el pliego de reclamos obreros y elegidos los paritarios que lo van a defender en Asambleas Generales. Que no se apruebe nada sin la aprobación de la Asamblea General. Que el petitorio contenga el reclamo de aumento salarial: aumento general de salarios, incorporación de los premios al básico; respeto de las 8 horas (6 horas para insalubre: enfermería, etc.), etc." Este planteamiento tiene total vigencia. No permitamos que West Ocampo luego de las elecciones vaya a entregar nuestros convenios, salarios y conquistas. El 4 de octubre votar a la Bordó. Cinco razones para votar por la Bordó (Extraído del Boletín de la Lista Bordó) 1. No a los cierres de establecimientos y despidos Necesitamos una conducción que se movilice unida con los trabajadores, para enfrentar con fuerza toda maniobra de cierre y despidos. Y no como ahora, que en cada ataque patronal, los compañeros deben enfrentar solos los acuerdos de entrega que firman y pactan la dirigencia sindical de ATSA. 2. Contra el ajuste y la reforma laboral Basta de tercerizaciones, terminemos con los convenios por empresa y cambios en las condiciones de trabajo. Por la efectivización de los contratados y que todos tengamos un mismo convenio, el de ATSA. 3. En defensa de la Obra Social No a la privatización, a los aranceles y malos servicios. Terminemos con los negociados que realizan West Ocampo-Daer-Alvarez- Ingeniere y Cía., como ocurrió con la jubilación privada y los contratos del PAMI. Queremos lograr un funcionamiento transparente de las finanzas, para ello es necesario resolver por asamblea general toda medida e inversión del gremio. 4. Por un sindicato donde participen todos Es necesario recuperar el prestigio y la credibilidad de nuestro sindicato, garantizando una democracia activa y respeto a todas las ideas, asumiendo el compromiso de los dirigentes de concurrir periódicamente a los establecimientos para realizar asambleas, respaldar a los delegados e informar la situación del gremio. Modificaremos el Estatuto para lo siguiente: a) Crear una nueva Secretaría que tome los problemas de higiene y seguridad; b) Elección anual de delegados, capacitación, garantía y protección a todo trabajador que se postule, antes y después de la elección; c) Congresos de delegados como mínimo trimestrales. Que las resoluciones sean por voto directo de todos los delegados (Generales y de Sector); d) Que los delegados paritarios, los anteproyectos de convenio o la firma de los mismos sean resueltos en Asamblea general. 5. Terminar con las administraciones corruptas Reduciremos entre un 30% y un 35% los gastos en concepto de sueldos de dirigentes, viáticos, movilidad, gastos varios, etc. Con ese ahorro que significan más de 300.000 pesos anuales, se pueden reducir los aranceles que cobra el sindicato para capacitación. También podemos mejorar los programas de vacaciones para los hijos de los afiliados.

El 16 de setiembre, más de quinientos compañeros –miembros de comisiones directivas de sindicatos, miembros de comisiones internas, delegados de base, activistas sindicales e integrantes de comisiones de desocupados– participaron del Acto Obrero en Apoyo a las Luchas. El acto, que se realizó en la Federación de Trabajadores de Prensa, contó con numerosos oradores, todos ellos legítimos representantes de las luchas que está librando el movimiento obrero: técnicos de Aerolíneas, docentes de La Matanza, trabajadores del Correo, delegados del Conicet, dirigentes de los docentes universitarios, delegados de UTA de La Internacional, trabajadores gráficos. También hicieron uso de la palabra dirigentes de los movimientos de desocupados de Varela, Laferrere y San Fernando. Jorge Altamira, legislador obrero de la Capital, dirigió un saludo a los asistentes. El acto contó, también, con la presencia de dos delegaciones sindicales clasistas de Uruguay: la del sindicato de obreros y empleados municipales de Montevideo (Adeom), encabezada por su presidente, Aníbal Varela; y la del sindicato de trabajadores del taxi (Suatt), encabezada también por su presidente, Gustavo López. Estuvo presidido por una mesa integrada por Edgardo Quiroga (CGT San Lorenzo), Néstor Pitrola (Congresal Federación Gráfica), Patricia Comparada (Mesa Directiva Provisoria SOIP Mar del Plata), Mariela Ugarteche (Delegada general Inti-UPCN), Luis Durán (CI de La Internacional - UTA) y los compañeros Aníbal Varela (ADEOM) y Gustavo López (SUATT) de Uruguay En esta edición de Prensa Obrera continuamos con la publicación de los discursos, adhesiones e intervenciones de este gran Acto Obrero en Apoyo a las Luchas, que iniciamos la semana anterior.

El diario La Razón, propiedad hasta ahora de Carlos Spadone, despidió el viernes 22 de septiembre a 50 trabajadores de prensa, lo que representa el 80% de la redacción, y a 9 gráficos, que son el 60% de los que componen el diario (la impresión se realiza afuera). Este ataque masivo se produjo tres días antes del proceso de elección de delegados gremiales de prensa. Las cesantías, anunciadas de manera sorpresiva y salvaje, se contradicen con el crecimiento económico que desde hace un año y medio tuvo la editorial a partir del aumento de la tirada a 250.000 ejemplares diarios. Este fenómeno, producto de la distribución gratuita del vespertino, se tradujo en un importante incremento de la facturación publicitaria de la empresa. Además, los despidos se concretan en medio de fuertes versiones sobre la venta de La Razón a un multimedios. Los trabajadores se han levantado en lucha. Ya el fin de semana "piquetearon" los teatros de Spadone y el lunes concretaron, mediante un combativo piquete masivo en la puerta del diario la huelga general de todos los trabajadores. La guardia de infantería, emplazada por la patronal, golpeó miserablemente a varios compañeros pero fracasó en romper la huelga. Viva la lucha de los trabajadores. Inmediata reincorporación. Trabajadores de La Razón Adhesiones: Fax: 4202-9891. E-mail: noalosdespidos@yahoo.com

De la Rúa decidió blanquear sus reuniones nada transparentes con Menem. El motivo que lo guió tampoco es ‘santo’: pactar la continuidad del ‘trabajo’ del Senado de las coimas. Es que este Senado es hoy más ‘vital’ que nunca: debe aprobar el presupuesto nacional para el año 2001, sin el cual no se podrían pagar los intereses, por 11.500 millones de dólares, a los banqueros internacionales, a las AFJP y a los tenedores ‘argentinos’ de la deuda externa. Si el aliado de mi aliado es mi aliado, la movida de De la Rúa significa que también el Chacho ha re-conquistado a un compinche –el mismo al que apoyó entre 1989 y 1991, los años cruciales para el asentamiento del menemismo. Después de todo, el Chacho también quiere que el Senado siga funcionando. Si el electorado fuera a votar hoy, seguramente les daría una gran paliza a unos y otros. El pacto se produce luego de que las fugas en la policía demostraran que el régimen del soborno afecta a todo el Estado patronal. Después de las complicidades señaladas en el atentado a la Amia, este escándalo no es poca cosa. Es a este régimen policial que los Ibarra, junto con los Ruckauf, insisten en otorgarle la tarea de "proteger" a la población. La expectativa de estos pactos es simplemente ganar tiempo a la espera de una milagrosa reactivación económica. Pero si ésta no tuvo lugar en estos dos años, cuando los principales bancos centrales abrieron la canilla del crédito para evitar un crac económico internacional, difícilmente esa reactivación tenga lugar ahora que se cierran los grifos, entre otras razones debido a la espectacular suba de los combustibles. Pero, incluso una reactivación no producirá mejoras ni en los salarios ni en la ocupación. Como dijo el poeta, los une el espanto. El espanto somos nosotros, los trabajadores. Naturalmente, tenemos que transformar el espanto en algo más profundo: en una salida. Por eso planteamos: Plan de lucha y huelga general. Congreso de delegados obreros ocupados y desocupados, con mandato de las bases. Asamblea Constituyente que asuma el poder político y reorganice el país sobre nuevas bases políticas y sociales.

En las elecciones de delegados del subterráneo se produjo un aplastante triunfo del activismo, que barrió prácticamente con la burocracia de UTA y con una serie de elementos ligados al Mas que jugaron, ambos, un papel notablemente pro patronal en las grandes luchas que se libraron los últimos dos años. Efectivamente, de los cargos en juego, la mayoría absoluta quedó en manos de los activistas y delegados que impulsaron los paros contra los despidos, y en particular contra el del ‘Gallo’ Méndez, falsamente acusado como responsable del accidente de mayo del ‘99, producido por irresponsabilidad patronal. Son también los delegados y activistas que se opusieron a la firma del último convenio que abrió la puerta a los despidos. Los que impulsan la lucha por las 6 horas, el restablecimiento del régimen de insalubridad y el rechazo a las tercerizaciones. En este triunfo obrero jugó un papel fundamental la Coordinadora de agrupaciones opositoras, que nuclea a la vanguardia antiburocrática de los trabajadores del subterráneo. Que supo organizar alrededor de un programa de lucha a una cantidad de compañeros luchadores de distintas líneas y de los talleres. Ahora está planteada la tarea de organizar a todas las líneas para encarar el combate por el aumento salarial y las 6 horas por trabajo insalubre, sin reducción del salario.

El gobierno y los partidos burgueses no logran cerrar la crisis política iniciada por la denuncia de coimas en el Senado. La crisis política se asienta sobre la impasse económica. A pesar de los anuncios reactivadores que cada tanto da el gobierno, la recesión se profundiza. La industria volvió a retroceder un 3% y el economista jefe del FMI, Mussa, declaró que "todavía habrá un período duro en los próximos 6 meses o un año" (La Nación, 20/9). Las petroleras La denuncia de la Sapag, de que los pulpos petroleros estaban distribuyendo coimas para sacar la ley de Hidrocarburos, volvió a relanzar la crisis. "Melgarejo es más pirata que yo", le dijo Cantarero a Sapag. El despacho que salió de la Comisión de Energía del Senado autoriza a prorrogar automáticamente las actuales concesiones de explotación por 10 años más –15 años antes de que terminen–. Segundo: eliminan el piso del 12% para el pago de regalías. Son dos problemas cruciales. Los trabajadores de Neuquén se están movilizando contra el acuerdo Sobisch-Repsol que alarga las concesiones, que finalizan en el 2017, hasta el 2027. Página/12 afirma que el acuerdo significa la transferencia de más de 30.000 millones de dólares a Repsol, y de 50.000 millones para el conjunto de las petroleras. El 12% de regalías es muy bajo (en Perú se paga el 36%), pero el proyecto permitirá bajarlo más. Preocupado por la repercusión de las denuncias, el presidente de Repsol ofreció mantener el precio del petróleo a sus elevados niveles actuales si se le ratifica la prorroga de las concesiones petroleras que obtuvo en Neuquén. Mientras tanto, a Machinea y De la Rúa no les ha temblado el pulso al enviar un proyecto de Presupuesto al Congreso que aumenta el precio del petróleo y, especialmente, el gas que deberán pagar los trabajadores del helado sur patagónico. Salvar al Honorable Senado Sobre este trasfondo de parálisis económica, el gobierno está operando para tratar de cerrar la crisis del Senado. El ‘diálogo’ de De la Rúa con Menem es la manifestación de un pacto de impunidad. Quieren que "el Senado siga trabajando" –para el FMI–. "Vamos derecho a un cogobierno", manifestó Menem a sus compinches como balance de la entrevista (La Nación, 25/9). El Chacho Alvarez es el principal impulsor de la continuidad del Senado mientras busca ajustar cuentas con algunos radicales (Genoud), aunque el Frepaso evita echar a Flamarique. Es el más firme defensor de la legalidad de la Reforma Laboral. Terragno dejó clara la presión chachista: "Se puede descomprimir la tensión si salen algunos legisladores más cuestionados". Y Chacho agrega: "Los protagonistas del esquema de poder en el Senado deben dar un paso al costado. No judicialmente: políticamente". Cavallo, por su parte, también es partidario de "una solución política" (Crónica, 25/9). Se conforman con la renuncia de Cantarero. El Chacho, más allá de la seudo moralina, no ataca las bases sociales y económicas de la corrupción capitalista. No quiere la derogación de la antiobrera ley de Reforma Laboral. Tampoco plantea anular las privatizaciones, las reducciones salariales, los tarifazos y otras leyes coimeras a favor de los monopolios. El Chacho no rompe su Alianza con el gobierno De la Rúa-Machinea porque el FMI, la Asociación de Bancos y los monopolios lo apoyan. En la crisis interpatronal, el Frepaso ha tomado la posición de los yanquis. Así ocurrió con la desregulación telefónica, que tuvo al frepasista Del Piero como protagonista decisivo. Así vuelve a ocurrir con el Plan de Infraestructura, para el cual el Frepaso pide el acceso de los monopolios del exterior. Telefónica y Telecom, en el primer caso, y Roggio y Techint, en el segundo, han montado en cólera contra el chachismo. En este cuadro, el gobierno tiene que ir a un cambio de gabinete. Pero, como lo demuestra el nombramiento del nuevo Ministro de Educación, es para profundizar la política de los monopolios capitalistas. Que se termine la tregua sindical En este marco de crisis patronal, los trabajadores tenemos planteado recuperar nuestro rumbo. Mientras las encuestas dicen que "la imagen" de De la Rúa cayó del 49 al 37% y que el 70% "está disconforme" con el plan económico, la tregua armada por la burocracia sindical, que ya lleva tres meses, continúa. Para colmo, la CTA acaba de proponerle a De la Rúa formar un "gabinete de emergencia", o sea que prevé co-gobernar con los hambreadores de la Alianza. ¿El paro activo al que ha convocado Moyano para el 11 de octubre es un cambio de tendencia? Para ello Moyano debería poner fin a su política de ‘entendimientos’ con el Polo Productivo de Techint y con la Pastoral Social de Primatesta. Moyano sacrificó el enorme progreso que significó la huelga del 9 de junio pasado, en favor de la llamada "alianza nacional". Pero, independientemente de las maniobras agónicas de la burocracia, el proceso de luchas se intensifica. La irrupción creciente de las masas baja, desde Perú y Bolivia, a la Argentina. La crisis política no es ajena a estas luchas. Llach voló por la oposición de los docentes y estudiantes, que en Neuquén y Santa Fe hicieron naufragar el Pacto Educativo I y en el resto del país el II –la Capital todavía no pudo empezar la reforma. Los desocupados se movilizan también en todo el país. En San Luis, un movimiento popular, aunque conducido por la patronal y el clero, ha dado un descomunal golpe al clan de los Rodríguez Saa. El Partido Obrero plantea en esta situación la convocatoria de Congresos de Bases, un plan de lucha nacional y la huelga indefinida, para arrancar: 1. Un salario mínimo de 600 pesos por ocho horas. 2. Derogación de la Reforma Laboral. 3. Subsidio a los desocupados de 500 pesos y el reparto de las horas de trabajo. 4. Romper con el FMI. 5. Una Asamblea Constituyente que reconstruya social y políticamente al país sobre nuevas bases.

De Gennaro y la dirección de la CTA se entrevistaron con De la Rúa para presentarle "el planteo de la CTA al presidente de la Nación". El "planteo" tiene como objetivo –según se desprende del documento de la CTA– que no haya "ningún hogar por debajo de la línea de pobreza". La CTA define como ‘instrumentos ’, para ello, el seguro de empleo y formación de 380 pesos para todo jefe y jefa de hogar desocupado y la asignación por hijo de 60 pesos, y como ‘camino’ para lograrlos, la iniciativa popular. Hasta aquí no hay nada nuevo. En la propuesta a De la Rúa, el degennarismo se lamenta de que "el envío del Presupuesto Nacional al Parlamento no considere siquiera la propuesta... con el respaldo de más de medio millón de firmas". El "planteo al presidente de la Nación", en plena crisis política, propone la constitución de un "Gabinete de Emergencia" en el cual participen, además de los ministerios, las organizaciones "multisectoriales"... Es decir que la CTA quiere ingresar al gabinete de la reforma laboral de Techint y del presupuesto del FMI. La pose de ‘independencia’ de la CTA (cuya dirección la esgrime como slogan en plena campaña electoral de la central) es un bluff. No es casual que mantenga en la Alianza a hombres como Macaluse que votaron la rebaja salarial de los empleados públicos, así como a otros y otras en las legislaturas del país. Se confirma la caracterización del Partido Obrero de que es el centroizquierda el eje sobre el cual gira y se sostiene la política antiobrera y privatista del gobierno. La CTA de De Gennaro ha acuñado el slogan de que la desocupación y, en un plano general, la miseria y los problemas de los trabajadores, no se resuelven en el plano económico sino en el político. Para De Gennaro y Cía, esto no significa que hay que romper la tregua ni llamar a la lucha y a la huelga general para imponer las reivindicaciones populares, sino que hay que "profundizar la democracia, transformar el debate de la Comisión Parlamentaria de Presupuesto y Hacienda en una Convocatoria Multisectorial y Multipartidaria para... financiar la estrategia de redistribución de ingresos". ¡En lugar de la acción directa, postula el charlatanerismo parlamentario! La "solución política" implica para la CTA integrarse en todas las formas posibles con el Estado, incluso a través de un "gabinete de emergencia" o gobierno de coalición multipartidario y multisectorial que sirva para oxigenarlo. Es significativo que en las medidas que le propone al gobierno para recaudar los 9.700 millones necesarios para cubrir el seguro de formación y empleo y el aumento de la asignación por hijo, la CTA ponga en primer lugar la expansión del consumo y en último lugar la restitución de los aportes patronales a las empresas privatizadas. La CTA no plantea la derogación del IVA, que es una verdadera exacción al salario y al bolsillo popular, porque el IVA sería la base de toda la recaudación en una situación de mayor consumo. La integración al gobierno fondomonetarista es una estrategia de derrota. Frente a la crisis política , luchemos por una Asamblea Constituyente soberana para reorganizar el país, nacional y socialmente, en beneficio de los trabajadores y los explotados.

Las nuevas denuncias de sobornos, una sobre la ley de Patentes, la otra con relación a la de Hidrocarburos, demuestran que las coimas han sobrepasado el abominable status de la corrupción y se han convertido desde hace mucho tiempo en un método político de gobierno. No es una crisis que pueda resolver el Poder Judicial, él mismo en el banquillo de los acusados. El método coimero de gobierno no sale de la nada. Una confiscación económica de la envergadura que ha tenido lugar en los últimos años en Argentina, y la gigantesca transferencia patrimonial que produjo, habría sido imposible sin la aplicación de un método especial de gobierno. Al lado de los decretos de necesidad y urgencia; de los vetos parciales de leyes; de la transferencia de expedientes judiciales a la Corte vía el per saltum; de la infinidad de decretos reservados; al lado de todo esto, la coima se integra a un régimen político de saqueo sistemático en beneficio de un puñado de pulpos. La propia ley laboral fue fogoneada por un pulpo que acaba de hacer su ingreso oficial al gobierno, para obtener una radical liquidación de las conquistas preservadas por la ultraactividad de los convenios de trabajo. La crisis de las coimas senatoriales alcanza al conjunto del régimen privatizador, en especial cuando se apresta a ofrendar a la especulación inmobiliaria y, por lo tanto, a los bancos, vastísimos terrenos de la Ciudad de Buenos Aires y ha formado para ello corporaciones vinculadas a clanes políticos. Ni hablar del Plan de Infraestructura, que despedaza el Presupuesto Nacional con un Fondo Fiduciario reservado para la patria contratista. Pero los sobornos no habrían saltado a la categoría de crisis política si antes no hubiera quedado de manifiesto el irrevocable fracaso de la política de entrega. Lo prueban la recesión, la desocupación y la virtual cesación de pagos. Las crisis políticas no ocurren en los océanos de la prosperidad. Los sobornos del Senado se procesan bajo la presión de una gigantesca caldera social y política. Que el Chacho Alvarez quiera en la ocasión recuperar la efigie de apóstol de la moralidad, sólo pone de manifiesto la estrechez de miras que caracteriza al progresismo y su desesperación por llegar a la gobernación bonaerense. Mientras tanto, la Alianza manipula al Senado acorralado, para que le saque las leyes fondomonetaristas. La crisis, sin embargo, reclama otra salida. Para eso es necesario que una Asamblea Constituyente tome las riendas y proceda a una reorganización social y política en función de los intereses de las mayorías explotadas.

Desde la Lista Rosa y Negra, venimos denunciando la ausencia de padrones, los que reclamamos por carta-documento y reclamamos al Ministerio de Trabajo. Recién el 22 de setiembre, a un día hábil de las elecciones, apareció el padrón electoral y a la primera mirada detectamos que los afiliados de Adosac (sindicato docente) de Río Turbio estaban empadronados en la mesa de Calafate; que la discriminación por mesas de los docentes de Río Gallegos y de Caleta Olivia era completamente arbitraria y no existía tiempo material para informarle a los compañeros dónde debían votar; que no habían sido dados de baja los muertos, desafiliados y personas que han abandonado la actividad, ya sea en docentes como en ATE. La Junta Electoral no había designado siquiera presidentes de mesa en las localidades del interior, donde el único padrón de la CTA es el docente. Ante estas irregularidades, pedimos una reunión con el apoderado de la Lista Verde y luego de intimar con una nota reclamando la suspensión de la elección, finalmente el domingo se firma un acta-acuerdo entre las listas solicitando a la Junta Electoral Nacional la postergación por treinta días de las elecciones y un acuerdo para depurar los padrones. El lunes, mientras las urnas no eran enviadas al interior, supimos que ya habían sido enviadas a los lugares donde hay referentes de la Lista Verde. Esa mañana del lunes, entró una nota con pedido de licencia ante la empresa YCRT para los presidentes de mesa y los fiscales verdes. Alertados ante una posible maniobra de la Junta Electoral Nacional, apelamos en recurso de amparo ante la justicia federal y obtuvimos una medida de no innovar, suspendiendo las elecciones en Santa Cruz. Es un triunfo que pone al desnudo la farsa de las elecciones "directas" de la CTA, con padrones inflados y en un cuadro de desorganización pocas veces visto. La pelea por los padrones y contra las maniobras de la Verde ha comenzado a movilizar al activismo y ha ayudado a despertar la expectativa en estas elecciones. En los próximos días multiplicaremos la campaña para potenciar una CTA de Santa Cruz que sirva para la construcción de una Central Obrera independiente y única en nuestra provincia.

El martes 12, en el Paseo La Plaza, durante la presentación de un libro de Alejandro Rofman, un representante de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), luego de anunciar la firma de un crédito del BID al Credicoop, destacó la formación del Grupo Productivo encabezado por la Unión Industrial. "Le damos la bienvenida por venir a este lado de la trinchera", dijo el representante de Apyme. El Grupo Productivo fue el impulsor de la "reforma laboral" que atomiza los convenios y baja los salarios. El presidente de la Unión Industrial y diputado del PJ Osvaldo Rial votó esa ley flexibilizadora en el Congreso. El Grupo Productivo apoyó la baja de los salarios de los empleados públicos. Ahora colocó a un hombre de Techint en el gobierno para respaldar a Machinea y su equipo que, con el pago de menores sueldos y jubilaciones, quiere garantizar el pago de los 11.200 millones de intereses de la deuda que vencen el año próximo y, al mismo tiempo, asegurarse varios negocios como el de las obras públicas y la provisión de autopartes en la industria automotriz. La división del frente patronal puede ser aprovechada por los trabajadores siempre que no se encolumnen detrás de una de las bandas de los explotadores. El Grupo Productivo quiere sujetar al movimiento obrero a la política capitalista de los grandes grupos que dominan la UIA, como Techint, Fiat y otros pulpos. Cuando Machinea nombró a Tizado como secretario de Industria, Apyme dio a conocer un comunicado de prensa que textualmente dice: "El nombramiento de Javier Tizado en la Secretaría de Industria y Comercio y de Guillermo Busso en la Secretaría Pymes ha generado alguna expectativa en relación a que el gobierno pueda implementar políticas activas que impulsen la producción y fortalezcan el mercado. Es indudable que el marco del actual modelo económico limita (¡sic!) el desarrollo del país. De todos modos se espera el cumplimiento de los primeros anuncios tendientes a favorecer a los sectores productivos y a estimular el compre nacional". Así resulta que la política proimperialista y de saqueo nacional apenas " limita" el "desarrollo del país", pero "de todos modos" eso no tiene importancia si va acompañado de algunas prebendas a la burguesía nacional que les permita también a las pequeñas empresas participar del festín. Ese es el contenido de la política de Apyme. Por último, el préstamo del BID al Credicoop es muy significativo. Junto al Banco Mundial, el BID fue quien impulsó y financió las políticas proimperialistas de Menem y ahora de De la Rúa, como la privatización de las jubilaciones y de la salud.

Al escribir esta crónica, la carpa de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de San Fernando lleva 13 días. Una batalla ejemplar contra el aparato de la municipalidad y del Estado provincial, en defensa del derecho de los trabajadores a reclamar por sus reivindicaciones y al trabajo y el pan para sus familias. En estos 13 días, la carpa ha cosechado la solidaridad activa de la mayoría de la población del distrito, lo que hasta incluye a un amplio sector de la clase media de la zona. Decenas de personas entran por día a la carpa, a dar su apoyo y a denunciar al intendente Amiero; en los colectivos se corre la voz sobre la carpa; chicos de las escuelas secundarias se acercan y colaboran con los desocupados; artistas del distrito, centenares de estudiantes del CBC, de Sociales, de la Universidad Nacional de General Sarmiento han colaborado con las colectas; la lucha de los desocupados ha trascendido ya a la prensa nacional oral, televisiva y escrita. Pero uno de los aspectos fundamentales es que se ha convertido en la carpa de los reclamos y de la organización, al servicio del conjunto de las luchas de los trabajadores de la zona norte. Se han acercado a la carpa delegados de Papelera San Isidro, que fue ocupada por sus trabajadores por el vaciamiento patronal de la empresa; los trabajadores de la fábrica Bozzi (mosaiquistas), ocupada por los compañeros desde hace más de 80 días; llegó la solidaridad de la también ocupada autopartista Cifor; de Ate Zona Norte, de la CTA, de Judiciales de Zona Norte, de la Unión Ferroviaria, del Sutna (Fate), de la UTA zona norte, de la Comisión de Desocupados de Laferrere, de la Comisión de Desocupados de La Paloma, de Suteba de San Fernando y de Tigre, y más de 400 firmas de trabajadores y de vecinos. Esta lucha de los desocupados y la enorme simpatía que ha arrancado de la población laboriosa quebró dos decretazos del intendente Amiero que intimaban al desalojo de la carpa; enfrentó una campaña de aprietes y calumnias de la Municipalidad (volantes a los vecinos firmados por Amieiro, volantes ‘anónimos’, pasacalles contra la carpa, llamados oficiales del intendente a la jueza para que promueva el desalojo, dos intentos de levantamiento por medio de la ‘patota’, despliegue de móviles de la Intendencia y de la Bonaerense, volantes de ataque furioso a los ‘usurpadores’ de la plaza del PJ local bajo la firma de "Movimiento Peronista de San Fernando", etcétera). Así, en estos trece días, la carpa sumó varios e importantes triunfos políticos. La carpa hizo aparecer el trabajo que Amiero negaba El viernes 22, los desocupados convocaron a una concentración frente a la Intendencia. Decenas de trabajadores de los barrios, más compañeros de la fábrica Bozzi y de ATE, Cta y Judiciales de Zona Norte – que se hicieron presentes en la manifestación–, aturdieron con sus cantos y con sus bombos a los funcionarios de la municipalidad, que se avinieron a discutir con la Coordinadora una propuesta de la Intendencia frente a sus reclamos. Alberto Esteban, secretario de Trabajo y de Planificación del municipio hizo un ofrecimiento inaceptable: 5 planes Trabajar y algunas bolsas de alimento. La Coordinadora rechazó de plano este planteo, y el lunes 25 iba a realizar su contrapropuesta. A esa reunión comprometieron a sumarse, solidariamente, compañeros de Bozzi, y de ATE y CTA Zona Norte. Así mismo, se avanzó con estos sectores obreros en la idea de realizar actos de lucha comunes y en la posibilidad de la convocatoria a un plenario de trabajadores que unifique las luchas en la zona norte. El ‘ofrecimiento’ de la Intendencia es, no obstante, un recule en toda la línea y ha colocado a la luz pública que el trabajo y los planes de asistencia están cuando la lucha aprieta; sólo se trata de una decisión política. Los próximos días son decisivos, motivo por el cual la Coordinadora ha convocado a todo el movimiento obrero zonal, para el jueves 28, a las 17:30 horas, a un acto por ésta y todas las luchas planteadas en la zona. El jueves, la convocatoria en la carpa es una cita de honor para todos los trabajadores.

El nuevo ministro de Educación, Hugo Juri, "fue clave para facilitar la radicación de la firma Motorola en esta ciudad. Cedió terrenos de la Universidad y adaptó la currícula de las carreras tecnológicas" (Clarín, 23/9). El Estado provincial y el municipio cordobés desembolsarán cerca de 40 millones de dólares para crear, "si el mercado lo permite" (según la propia empresa), 500 puestos de trabajo. Juri fue, antes, secretario de Salud del intendente de Córdoba, Martí, y decano de la Facultad de Medicina de la UNC donde impulsó el negocio de los cursos de posgrado arancelados y promovió todas las tendencias privatizadoras, el arancelamiento y la restricción del ingreso. Juri impulsa la creación de un Bachillerato universitario que otorgaría títulos (sin ninguna validez real) luego de 3 años de cursada. Lo que interesa por sobre todo a Juri es adaptar los planes de estudio a las necesidades de las empresas, ahorrándoles el gasto de entrenamiento laboral. Por eso defiende los títulos intermedios y "puso como ejemplo que los directivos de la empresa Motorola... pidieron recursos humanos de este nivel" (La Voz del Interior, 7/6). Juri impulsó a fondo las pasantías en casi todas las facultades, lo que motivó la queja de las asociaciones profesionales. Liliana Arrieta, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, denuncia que "la consecuencia inmediata (de las pasantías universitarias) es la falta de trabajo para los profesionales y las serias limitaciones con que se realizan los estudios encargados... cada vez se emplea menos a los trabajadores sociales y cuando se los contrata... (se lo hace) en condiciones de precarización total. Los pasantes entran con un salario de 150 a 400 pesos" (Comercio y Justicia, 27/7). En cuanto al financiamiento universitario, Juri es partidario de la "contribución" estudiantil obligatoria, extendida a cualquier trámite universitario, así como el arancelamiento de los cursos de posgrado. "Juri quiere que los profesionales paguen, (para lo cual) tiene la idea de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación" (La Voz del Interior, 5/7/99). Durante el decanato de Juri, el hospital de clínicas y la maternidad nacional dependientes de la Facultad de Medicina de la UNC pasaron a ser autogestionados y hoy están prácticamente al borde de la desaparición. En relación a los trabajadores de la Universidad, Juri actúa como un verdadero patrón. Ha condicionado el reparto de fondos salariales a la introducción del Programa de Reforma y Reestructuración Laboral, es decir, la flexibilidad laboral para docentes y no docentes. En acuerdo con la burocracia, ha introducido cláusulas de premios y estímulos. Pero, además, "el 86% de los profesores universitarios tiene un sueldo bruto de menos de 500 pesos. el 53% del plantel docente no llega a los 100 pesos de sueldo básico mensual en ningún caso" (La Voz del Interior, 14/7). Al igual que Llach, Juri es clerical y privatista, pero, quizás más que aquél, es un claro exponente del Polo Productivo, que encabeza Techint y que no excluye a la extranjera Motorola, el cual plantea succionar a fondo los recursos del Estado y liquidar todo vestigio de protección laboral, para un seudo-desarrollismo industrial, que servirá para llenar los bolsillos de cuatro o cinco "capitanes de la industria", pero que de ninguna manera superará la condición industrial de Argentina, de armaduría de la industria mundial.

"La burocracia sindical teme a las masas" Compañeras y compañeros Para nosotros es un honor cerrar un acto de estas características. Si bien hace meses que venimos impulsando esta "Carta Abierta al Movimiento Obrero", en ningún momento pensamos que iba a tener la adhesión que tuvo y que además iba a terminar en este acto tan importante. Después de haber escuchado a tantos compañeros hablar en el día de hoy, uno comienza a sacar algunas conclusiones. Y comenzamos a entender que cada uno de los compañeros, tanto activos como desocupados, han comprendido claramente la crisis que vive hoy nuestro país. Dos años de recesión. Es en este marco, compañeros, que se ha destruido una inmensa fuerza de los sectores productivos. Miles y miles de trabajadores han sido expulsados, principalmente en estos últimos años. En este marco, además, tuvimos que soportar este hecho de podredumbre que han marcado los sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de Reforma Laboral. Nosotros veníamos exigiéndole a toda la dirigencia del movimiento obrero a nivel nacional el plan de lucha que, además de continuar con aquellos parazos del 5 de mayo y del 9 de junio, llevara adelante otra medida de fuerza para derogar definitivamente la Reforma Laboral. Y empezamos a comprender, escuchando a cada compañero, por qué no ha venido la huelga que exija la derogación de la reforma laboral. Esta tregua responde no sólo a un pacto sino al enorme temor que el paro del 9 de junio les impuso a los dirigentes nacionales de todo el movimiento obrero. Se cagó Moyano, se cagó De Gennaro y se cagó Daer. Este es el gran problema. Después del 9 de junio comprendieron, compañeros, lo que estaba pasando en toda la clase obrera de nuestro país. Lo que pasaba en Jujuy, lo que pasaba en La Pampa, lo que pasaba en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Y eso, compañeros, les generó temor. Y ese temor los llevó a esta tregua. Alguno de ellos, y no los tres –también hay que tener en claro estas situaciones–, va a un proceso más profundo con la tregua, que es la concertación con el gobierno, llámese Daer y llámese De Gennaro. Otros van a la tregua solamente, con intenciones de concertar, pero es imposible que con la política que han tenido hasta este momento puedan concertar algo con el gobierno, que necesita profundizar aún más el plan de entrega y miseria. En esta crisis enorme, cada sector va a intentar jugar y que la jugada lleve a que la crisis salga a su favor. Por un lado los banqueros, proponiendo la dolarización; por otro lado, los sectores productivos, inflingiéndonos más derrotas, más flexibilización laboral, más reducción de salarios; pero como eso no va a alcanzar, van a ir a la devaluación. Y nosotros, compañeros, tenemos la obligación de tener nuestra propia salida. Desde la clase obrera, la única clase capaz de convocar en torno suyo a todos los explotados y desposeídos de la Nación, con un programa que reivindique el salario, que reivindique los convenios colectivos, las paritarias libres, la salud, la ciencia, la educación, con un programa liberador, sólo así podremos encontrar una salida que confronte contra las salidas que proponen los banqueros por un lado y las ‘fuerzas productivas’ por el otro. Compañeros, en este análisis de situación, tenemos un camino que recorrer. Lo primero es imitar el ejemplo de los compañeros del Pescado, que nos demostraron, pese a todos los agoreros que hablan de las CGTs paralelas, de los gremios paralelos, que se pueden recuperar las organizaciones obreras, que se las pueden limpiar de traidores, que se las puede poner al servicio de la clase. Lo han hecho los docentes de La Matanza acumulando fuerzas y derrotando a la dirección del Suteba en una elección histórica en el mayor distrito del Gran Buenos Aires. De otra manera lo han hecho los compañeros del Pescado. De una y otra, es posible y es necesario que recuperemos las organizaciones obreras de manos de los traidores. Desde ese camino de recuperación de las organizaciones obreras, uniéndonos a todas las luchas, pero no sólo para ir y decirle al compañero que está luchando "te venimos a traer la solidaridad" sino "venimos a pelear con vos y venimos a debatir con vos el programa que nosotros levantamos como solución de la clase obrera para el pueblo y para la nación". Porque, compañeros, muchos son los que luchan. Pero hay muchos también de los que luchan, compañeros, cuya política es netamente patronal, que no tienen independencia de clase. Y nosotros, nuestra solidaridad tiene que estar basada en ir y tratar de que esa lucha, a través del debate con todos los compañeros, logre la independencia de clase para levantar el programa que nosotros levantamos, que es el programa de la clase trabajadora argentina. Como tercera medida, compañeros, tenemos que organizar todos estos congresos y este Congreso de bases que nosotros venimos planteando en la "Carta Abierta al Movimiento Obrero" en cada región, en cada provincia. Yo la escuchaba a la compañera de La Matanza que decía que estamos trabajando y cada vez en mejores condiciones para arrancar el Congreso de delegados de base. Pero también enseguida me vino a la memoria, y para comentárselo a todos los compañeros, que tenemos que tener claridad en todas las jugadas que la burocracia nos hace. Aquí están algunos compañeros míos de docentes de Santa Fe, de Amsafe. Allí, tanto repiquetear con el Congreso de delegados de base, la directiva provincial convocó a un Congreso de delegados de base. Lástima que no era resolutivo; era un congreso informativo. Entonces, como experiencia, hay que exigirles también que esos congresos de delegados sean resolutivos. Es la única manera de ir rompiendo todo el cerco que la burocracia sindical nos va armando. Nosotros estamos preparándonos para el 28 de este mes llevar adelante nuestro encuentro en Rosario. Sólo así, con encuentros, con plenarios, con actos, que vayan a fondo con el Congreso de delegados de base, vamos a ir imponiéndolo. Porque, compañeros, hay muchos que esperan que larguemos ya una fecha del Congreso. Otros que esperan que armemos una mesa nacional. Les digo, compañeros, que nosotros no tenemos ganas, porque no tenemos tiempo, de juntarnos a debatir solamente. Queremos que cuando nos sentemos nacionalmente, estemos en condiciones de sacar y llevar adelante un plan de lucha. Si no hay plan de lucha, y si para esto el Congreso de delegados de base no se lleva adelante en cada región, en cada provincia, y venir con el mandato para cumplir el plan de lucha, de nada serviría convocar hoy al Congreso de delegados de base. Por eso digo: ésta es la tercera tarea inmediata que tenemos que llevar adelante. Construirlo desde la base. Calentarlo desde la base a ese Congreso de delegados. Como les arrancamos esos paros del 5 de mayo y del 9 de junio, calentándolos desde abajo, también hay que calentar este Congreso de Delegados. Sólo así compañeros vamos a lograr llevar adelante ese Congreso, donde, además de contarnos las penas y las situaciones que vivimos cotidianamente, podamos elaborar y llevar efectivamente adelante un plan de lucha. Compañeros, los convoco a seguir luchando, a elaborar estos trabajos regionalmente, a imponer el programa que reivindicamos, exigiendo plan de lucha nacional. Ni tregua ni concertación, lucha prolongada. Es posible que si peleamos, si vamos a fondo, si cortamos las rutas, si tomamos las fábricas, derrotemos a este gobierno y le impongamos la salida que los trabajadores y el pueblo merecen. Gracias compañeros.

El Proyecto de Ley de Salario Mínimo de 600 pesos para la Ciudad de Buenos Aires del Partido Obrero, presentado por Altamira, empezó el trámite parlamentario respaldado por otros dos legisladores, Abel Latendorff, del PSA, y Lía Méndez, del Partido Humanista; los diputados de IU no han querido acompañarlo. El texto recoge los aportes que fueron efectuados durante su discusión pública. La oportunidad política no puede ser mejor. El grupo Macri lleva adelantada su gestión para reducir a 405 pesos el salario de miles de compañeros del Correo Argentino mediante un recurso de crisis que es apoyado por la burocracia sindical. Aerolíneas tramita una rebaja del 20% apelando a una "reestructuración productiva" que incluye 1.200 despidos y flexibilidad laboral. El Exxel Group rebajó los salarios en todas las empresas del grupo, y si OCA no lo hizo es porque el básico de la rama camionera es ya de 412 pesos. La rebaja de salarios es una línea general de la burguesía y su gobierno. Buscan la salida a la impasse económica en la "confluencia competitiva" de un salario de 400 pesos o menor aún. Esta es la línea de pobreza que hoy abarca al "49% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires", tal cual lo señalan los fundamentos del proyecto. En Praga, los banqueros que caracterizaron como "decepcionante" el crecimiento económico argentino, recomiendan "profundizar la baja de costos como único camino al crecimiento". Pero el proyecto, por sus características, tiene un alcance mayor aún. Hoy el salario promedio argentino no alcanza los 600 pesos por el total de horas trabajadas, que en Argentina son –en promedio– 2.334 anuales contra 1.948 en EE.UU. y 1.683 en Francia (citado en los fundamentos). El proyecto propone luchar por 600 pesos en 8 horas diarias y 40 semanales, poniéndole un coto a la superexplotación. La aprobación de este proyecto de ley sería revolucionaria incluso entre los 90.000 trabajadores públicos de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo porque eleva el mínimo, que es inferior especialmente entre miles de contratados, sino porque el básico en blanco que cobra la mayoría es inferior a este mínimo en un 30 ó 40%. Es decir que impondría un blanqueo considerable y sería un disparador de toda la escala, planteando la lucha por la no absorción de diversos adicionales. De cabo a rabo el concepto del proyecto no es el de un ‘sinceramiento’ salarial sino ser una palanca de transformación social que "revalorice la fuerza de trabajo" hoy "completamente por debajo de su valor de reproducción". El triunfo de este proyecto sería un golpe mortal a la Reforma Laboral y a la Ley del Empleo Público en la Capital Federal, que han abolido las conquistas de convenios colectivos pasados, precisamente para eliminar un piso común de derechos de todos los trabajadores. El proyecto prevé llevar el mínimo salarial a 1.200 pesos en cuatro años, lo cual constituye una plataforma reivindicativa para el conjunto del movimiento obrero. Así planteadas las cosas, un proyecto de estas características merece no tan sólo el apoyo formal (que hay que reclamar) de las organizaciones obreras: merece que sea transformado en un factor de movilización política, en un eje de la acción directa de los sindicatos y también de las organizaciones de desocupados, porque su planteo de 8 horas y 40 semanales crea mejores condiciones para imponer el reparto de las horas de trabajo, que deja disponibles la vigencia de la jornada de 8 horas. Tenemos que ponerlo a debate en todas las empresas de la Capital, entre los estatales, docentes, municipales, etc. Por arriba y por abajo. Al decir en sus fundamentos "que la experiencia histórica demuestra que para lograrlo se requiere la acción decidida en el campo de la movilización de masas" y (en su artículo 6º) de la organización masiva de los trabajadores para imponer su cumplimiento, el proyecto trasciende las perspectivas parlamentarias. Pone al frente a los cuerpos de delegados y comisiones internas para verificar su aplicación, con lo cual éstos sustituyen parcialmente el poder del Estado patronal. Ha entrado en la Legislatura porteña un proyecto de "interés de Estado" para la clase obrera. Luchemos por él.

Hace unos meses declararon a La Matanza en "emergencia social y laboral", y los que lo hicieron fueron los mismos que nos llevaron a esta situación. Esta declaración es mucho más pérfida, porque formaron un Consejo de Emergencia para que sirva de contención, integrado por lo más reaccionario de todos los sectores, el intendente, los tres bloques parlamentarios, los empresarios, el clero y, también, la Corriente Clasista y Combativa. Digo que esta declaración es pérfida porque ninguno de estos sectores ha salido a denunciar la mayor explotación que se recuerde sobre los trabajadores desocupados; ninguno denunció la criminal rebaja de los miserables planes de 200 a 120 pesos (y a 100 en los planes provinciales). Hasta ahora, los trabajadores de La Matanza y del país estamos actuando en esta crisis sin una voz propia. ¿Acaso las centrales sindicales están actuando a la altura de la situación que atravesamos? Lo que hoy se da como un acto de apoyo a las luchas debe transformarse en el punto de partida para reorganizar a todos los sectores que luchan. Desocupados y ocupados debemos unirnos en un solo programa; no hay contradicción en esto. La práctica de la CGT San Lorenzo y del Sindicato del Pescado de Mar del Plata lo demuestran. Esto es lo que debemos extender a todo el país. La Comisión de Desocupados de La Loma se compromete a luchar para que todos los trabajadores de La Matanza conozcan este programa. Estaremos luchando por el triunfo de nuestra clase contra la explotación.

La nueva conducción de Radio Ciudad anunció el cese de todos los programas en "vivo" actualmente en el aire en sus dos frecuencias, AM Ciudad y FM Ciudad, a partir del 1º de octubre. En el caso de FM Ciudad, su actual modalidad –programas periodísticos y de interés general con musicalización "tanguera"– será reemplazada por una programación "enlatada". Es decir, música continuada sin periodistas ni locutores, con excepción de los noticieros. La medida conduce, naturalmente, a la cesantía de decenas de trabajadores de la Radio actualmente involucrados en la emisión y producción de los programas. Pero se trata también de un ataque a la libertad de expresión, en la medida en que varios de los actuales programas en vivo constituyen tribunas de expresiones populares independientes, tanto en el plano social y político como en el cultural (difusión de artistas que no cuentan con el "sponsoreo" de los grandes monopolios discográficos). El pasado viernes 23, Jorge Altamira visitó Radio Ciudad invitado por uno de los programas que se encuentran amenazados –Café, Bar, Billares–, conducido por el periodista Ricardo Horvath. Por el micrófono de FM Ciudad, Altamira expresó el apoyo activo del Partido Obrero hacia todos los trabajadores de Radio Ciudad, destacando que, junto con la amenaza de cesantías, la transformación de las radios municipales en radios de música enlatada constituía un acto de degradación cultural. "El oyente –destacó Altamira– reclama que del otro lado exista un profesional con opiniones y formación cultural, capaz de explicar los contenidos musicales que se están difundiendo". Con campañas de firmas y "radios abiertas", la acción de los trabajadores de Radio Ciudad continúa firme.

Reciban ustedes el saludo solidario y fraternal de los trabajadores del taxímetro de Montevideo. Esta asamblea tiene para nosotros una importancia extraordinaria, porque nos permite conocer de primera mano, de trabajador a trabajador, las múltiples peleas que los trabajadores argentinos están desarrollando. Porque los planteos que hoy ustedes hacen aquí son idénticos a los que haría cualquier trabajador en Uruguay, y esto confirma inequívocamente la necesidad de pelear en conjunto, porque no hay fronteras para la lucha de clases. Vinimos a esta tribuna a acompañar a los trabajadores de Adeom, a expresar nuestra activa solidaridad con el conflicto más importante de la clase obrera uruguaya en los últimos años, donde los trabajadores municipales nos han dado a todos una lección de coraje y dignidad, levantando en alto las banderas de la independencia de clase. No confundiendo al patrón por la bandera que use ni porque aparezca travestido con disfraces de izquierda. En el Uruguay, la reforma laboral es un proceso gradual y sistemático de pérdida de conquistas, de ofensiva salvaje del capital contra el trabajo. En el taxímetro se extiende sin límites la jornada laboral, se ata el salario a la producción, se violan normas elementales de seguridad, no se respetan acuerdos firmados con la organización sindical. También para denunciar a la burocracia tenemos que juntarnos con los trabajadores argentinos, porque la burocracia adquiere características internacionales. En nuestro país crece una horda de dirigentes sindicales que apuestan a la conciliación de clases, a la transa, al acuerdo y no a la lucha. Contra eso creemos imprescindible desarrollar un polo clasista, antiburocrático, naturalmente combativo y anticapitalista, que integre a los trabajadores en un frente común de lucha, convencidos de que sólo unificando la pelea podemos encontrar alternativas. No hay alternativa que no pase por la unificación, por el desarrollo de peleas comunes, por levantar en alto la bandera del internacionalismo, por hacer de cada conflicto un conflicto de todos los trabajadores. Y como decimos con los municipales de Montevideo, sólo son vencidos los que dejan de luchar. Arriba los que luchan, y gracias.

Sr. Altamira. Pido la palabra. Señor presidente: Realmente, lamento que no hayamos tenido la oportunidad de debatir el infausto golpe del 16 de septiembre de 1955 en nuestro país. Lamento ese hecho, pero me congratulo de tener hoy la posibilidad de hablar de Chile. Rendimos un homenaje a Salvador Allende porque en su hora crucial tomó un fusil, reunió a sus compañeros más valientes y peleó hasta el final por lo que creyó. En esta Legislatura, junto con este homenaje, estamos obligados a hacer una reflexión, estamos obligados a sacar algunas conclusiones, para construir sobre la base de esa experiencia. El golpe militar del 11 de septiembre no fue un rayo en cielo sereno. Un comandante en jefe del Ejército chileno había sido asesinado en 1970, inclusive con antelación a la asunción del mando por parte de la Unidad Popular de Salvador Allende, como punta de lanza de una política ya diseñada por el Departamento de Estado Norteamericano para ahogar de raíz la enorme irrupción de las masas chilenas que se venía gestando desde bastante tiempo atrás. E incluso pocos meses antes del 11 de septiembre de 1973, aproximadamente en el mes de julio, también hubo una tentativa golpista dirigida a terminar con el gobierno al cual apoyaba la mayoría de los trabajadores. Quiero recordarles, en una época en que contar votos pareciera ser el summum de la democracia política, que en la última elección municipal en Chile la Unidad Popular sacó el 45 por ciento de los votos en medio del lock-out de los camioneros, en medio de las acciones contrarrevolucionarias, las cacerolas de las mujeres de los ‘milicos’, etcétera. Es decir que era un pueblo que tenía una elevada conciencia de lo que se estaba jugando en esa situación. El Ejército chileno era considerado hasta el último día del golpe como un modelo de democracia, era el ejército que registraba menos golpes de Estado, con la excepción de esa crisis en 1932 a la que hizo alusión el diputado Latendorf; era el ejército civilista por excelencia. Y en Chile esta concepción jugó un papel trágico, porque ese ejército por excelencia civilista, ese ejército intachablemente democrático no dejaba de ser, a pesar de todo, un instrumento de los explotadores, y cuando lo necesitaron lo emplearon a fondo, bombardearon, mataron, cortaron manos, querían que el mundo entero supiera que lo que ellos querían eliminar era la posibilidad de pulsar una guitarra y de emitir un canto. Hablamos del golpe en Chile, pero tenemos que registrar que en agosto de 1971 el general Banzer daba un golpe contra una manifestación extraordinaria de democracia popular en el Altiplano, al derrocar a un militar nacionalista en el gobierno y al disolver la Asamblea Popular constituida por las organizaciones obreras bolivianas. Si cito esto es porque es el antecedente del golpe militar de Chile; es el comienzo de una ofensiva política del imperialismo norteamericano contra las libertades en América Latina. Y en esta misma línea quiero citar el movimiento popular de características más vastas que haya habido en nuestro continente: el que se produjo del otro lado del charco, a fines de junio de 1973, cuando el cien por cien de los trabajadores de Uruguay ocuparon durante diez días todas las fábricas para oponerse al golpe militar uruguayo, poniendo de manifiesto que la clase obrera era la clase auténticamente de vanguardia a la hora de defender la democracia, y no los partidos establecidos, que pasaron a colaborar con la dictadura militar. Y de junio de 1973, del golpe en Uruguay, a septiembre de 1973, estamos a un paso. Hay que establecer la conexión de esta ofensiva continental y de esta lucha. Por eso, quiero aprovechar esta circunstancia, más allá del homenaje a Salvador Allende, para rendirle un homenaje a las masas de Chile, Uruguay y Bolivia. Creo que hay una lección que sacar de todo esto: a la hora de defender la democracia, hay que organizarse y tomar las armas; hay que llegar hasta las últimas consecuencias. En Chile, los trabajadores chilenos comenzaron un proceso de deliberación: se formaron los cordones industriales, se empezó, incipientemente, desde el fondo del pueblo, a buscar los caminos para impedir la tragedia. Y, lamentablemente, en defensa de un formalismo democrático puramente ilusorio, se dictó una ley de desarme de los trabajadores y de autorización al Ejército y a la Marina chilena para requisar a los obreros que estuvieran armados. ¡Qué error! Ahí estaba la simiente que elevó al hombre que después iba a enlutar al continente en Chile. Y hagamos una valoración para nuestra Argentina. Fuera de una u otra manifestación popular, había un gobierno recientemente electo que cumplió con las formalidades de pronunciarse en defensa de la democracia, pero no desplegó ninguna actividad. No hubo ninguna acción. Y no la hubo porque los retoños de la Triple A, por esa época, ya estaban instalados también en la República Argentina; en septiembre, probablemente, pero con seguridad en febrero de 1974, con el golpe del jefe de policía de Córdoba contra el gobierno democrático de Obregón Cano y Atilio López, asesinado, al cual también rindo un homenaje. Por último, es mejor que cada uno de nosotros rinda un homenaje y que en la versión taquigráfica quede registrada la posición de cada uno, porque no es posible que votemos una resolución que apoya al gobierno de Chile actual; el gobierno de la reforma laboral, el gobierno de las privatizaciones, el gobierno de la apertura, la entrega y la globalización.

La salvaje represión militar ordenada por el gobierno de Banzer contra los campesinos en lucha –que ha dejado un saldo de seis muertos y cientos de heridos– no ha logrado desbloquear las rutas cortadas hace más de una semana por cocaleros, campesinos y maestros en huelga. Al contrario, la represión por parte de un gobierno que no tiene ninguna respuesta a los reclamos populares ha hecho más aguda la lucha. "La estrategia del gobierno fracasa (...) no sólo no hubo retorno a clases sino que los bloqueos aumentaron, los cocaleros decidieron continuar con sus medidas de presión (y hubo) masivas manifestaciones en La Paz y Cochabamba" (La Razón, La Paz, 26/9). Bolivia es, nuevamente, un volcán en erupción. Los accesos a La Paz, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba están completamente bloqueados como resultado de las movilizaciones y bloqueos de ruta de los cocaleros del trópico cochabambino, de los campesinos de Oruro y Cochabamba, de los docentes urbanos y rurales, de los universitarios y de los transportistas. En La Paz, Sucre y Cochabamba se realizan manifestaciones masivas contra el gobierno de Banzer. Hasta las esposas de los suboficiales y la tropa de la policía han entrado en huelga de hambre. El gobierno de Banzer ha respondido movilizando masivamente a las fuerzas militares, que actúan con una inusitada violencia contra los campesinos. Hay seis campesinos muertos y decenas de heridos de bala. Los dirigentes cocaleros denuncian que "los militares comenzaron a disparar sin provocación alguna de los campesinos que estaban bloqueando pacíficamente. El gobierno está cometiendo genocidio" (La Nación, 26/9). Los soldados –denuncian los campesinos– saquean y queman sus viviendas. Sin embargo, a pesar de la ferocidad represiva, el gobierno ha sido incapaz de despejar las rutas. "Los militares no pueden limpiar las carreteras ni con palas mecánicas" (La Razón, 26/9). Los campesinos y cocaleros vuelven a montar los bloqueos que desmontan los soldados. La salvaje represión gubernamental ha despertado lo que La Razón (ídem) califica como "ira campesina": ante el asesinato de un campesino por arma de fuego en el camino de Guaqui, los campesinos de Achacachi, una localidad con una muy fuerte e histórica tradición de lucha, advirtieron que "otra muerte los llevaría a tomar por la fuerza el cuartel acantonado en la población de Guaqui". Los cocaleros reclaman contra los planes oficiales impuestos por Estados Unidos, de erradicación violenta de la coca, y contra la construcción de tres cuarteles en la zona del Chapare, que serán utilizados por tropas de élite y asesores norteamericanos. Los campesinos de Oruro, Cochabamba y Sucre reclaman que la ‘Ley de Aguas’, que privatiza este recurso, sea eliminada de la agenda parlamentaria. El gobierno ha dado un paso atrás, con enorme perfidia, anunciando que la ley no será tratada este año; los campesinos reclaman que sea archivada definitivamente. Los docentes urbanos y rurales han cumplido una semana de huelga general en reclamo de un aumento salarial del 50%. Aunque el gobierno ha amenazado con despedir a los huelguistas, detener con la policía a los que integren piquetes, contratar a rompehuelgas y cancelar el ciclo escolar de este año, la huelga continúa. El movimiento se ha extendido a las ciudades. En La Paz, los trabajadores sindicalizados realizaron una muy masiva manifestación contra el gobierno que el diario La Prensa (26/9) describe como "una enorme masa humana". En Cochabamba, la Coordinadora del Agua, que dirigió las enormes movilizaciones de marzo/abril pasados contra la privatización de la red urbana, ha salido nuevamente a la calle. En La Paz está convocado un "Paro cívico". Por todo el país brotan reclamos y reivindicaciones. Los trabajadores de la salud están en huelga. Los estudiantes y docentes de la Universidad de Siglo XX han salido a la lucha por el presupuesto universitario. Marchistas de las localidades mineras de Llallagua, Siglo XX y Catavi están yendo a La Paz a cumplir allí una huelga de hambre. Los campesinos de Santa Cruz y Santa Rosa bloquearon el oleoducto de Guiabá y tomaron pozos petrolíferos y estaciones de bombeo para reclamar una compensación por el daño ambiental causado por la instalación de ese ducto. Banzer ha demostrado que no tiene condiciones para levantar por la fuerza los bloqueos ni para resolver ninguna de las reivindicaciones reclamadas. Las centrales empresarias, los partidos del gobierno y la oposición reclaman el ‘diálogo’, pero el gobierno ya ha ofrecido lo que podía dar ("Los cocaleros del Chiapare, los campesinos, aliados de los maestros rurales, y los profesores de las ciudades tienen el objetivo claramente definido de presionar al gobierno para lograr sus principales demandas; no las secundarias, que prácticamente las han logrado" –La Razón, 26/9). La Iglesia ha salido a salvarle las papas a Banzer, organizando directamente las negociaciones del gobierno con los cocaleros y los campesinos. Pero la mediación no le será fácil a la curia. Felipe Quispe, secretario general de la Confederación de Trabajadores Campesinos, advirtió que "la participación de la Iglesia podría ‘hacernos pisar el palito’ (...) por eso no levantaremos ningún bloqueo mientras dure la negociación" (Los Tiempos, Cochabamba, 24/9). La explosión de las reivindicaciones y luchas populares y campesinas en toda Bolivia muestran el completo agotamiento del gobierno de Banzer. En todas estas movilizaciones, luchas, huelgas y bloqueos comienza a aparecer un reclamo político común: "¡Fuera Banzer!"

En una ciudad y un régimen político que no admite ‘excepciones’ para desalojados, deudores de cuotas de viviendas populares o de servicios públicos, una verdadera ‘movilización’ de solicitadas pagas se ha desatado a favor de una: se trata de la que reclama el empresario Eduardo Constantini para la instalación de un museo de arte latinoamericano en la zona de Palermo Chico. Como el museo supera la altura permitida por el código urbano en esa área, es necesaria una ley especial que ‘exceptúe’ al museo. Ese proyecto de ley ‘duerme’ en la Legislatura desde hace un año. Pero mientras tanto, Constantini no ha perdido el tiempo: el Gobierno de la Ciudad, en sigilo, ha dictado ordenanzas que han permitido el inicio de las obras. La Legislatura, entonces, discutirá la ‘excepción’ con los hechos consumados, es decir, con el edificio a medio construir. La Nación sugiere "que el hecho de que su pedido surja ahora, cuando los trabajos están tan avanzados, puede ser interpretado como una indebida presión" (editorial del 16/9). La diplomacia del diario para calificar esta extorsión se debe, naturalmente, a que el promotor del museo es "gente como uno": Eduardo Constantini integra la oligarquía financiera del Consejo Empresario Argentino y perteneció al directorio del Banco Francés, antes de su venta al capital extranjero. Pero este es el proceso conspirativo que caracteriza a todas las "excepciones" inmobiliarias que, en la Ciudad, han favorecido al gran capital. Para que la obra del museo comenzara, comprometiendo recursos y préstamos bancarios, debían existir poderosas "seguridades jurídicas" por parte de la Ciudad, en el sentido de que la "excepción" sería otorgada. Como ocurre con el Senado en el orden nacional, las instituciones representativas son vaciadas de todo contenido bajo el peso de los ‘lobbies’ del gran capital. El museo y la "cultura" Pero en este caso, ¿cuál es el interés empresario, si se trata en definitiva de "una obra de interés cultural"? La construcción del museo no implica, naturalmente, la cesión de sus obras al patrimonio público, ni menos la del predio en construcción. Será un museo privado, y seguramente arancelado. Constantini tramita también la constitución de una "fundación del museo": es decir, el marco jurídico para recibir "donaciones" del capital privado. Semejante proyecto no es ajeno a la "ley de mecenazgo cultural" actualmente en discusión, donde se coloca a la creación y difusión cultural bajo padrinazgo capitalista y, principalmente, se crean las condiciones para fabulosas desgravaciones impositivas cuando las empresas apliquen ganancias al sostenimiento de "fundaciones culturales". La "excepción" ruidosamente reclamada por Constantini no es en aras de la cultura, sino de lo que Ibarra, en su discurso de asunción como Jefe de Gobierno, llamó la "industria de la cultura". Es decir, el usufructo de los artistas y sus obras a favor de los negociados ‘privados’.

Cuando parecía que finalmente Fujimori había logrado superar la crisis política desatada por su reelección fraudulenta y cuando la oposición había levantado las movilizaciones populares para entrar en un ‘diálogo político’ patrocinado por la OEA –que, según uno de sus miembros, "podría durar años" (Tiempos del Mundo, 17/8)–, la dictadura fujimorista se derrumbó desde adentro en apenas una semana. La aparición del famoso video de Montesinos coimeando a un diputado y, luego, el anuncio de Fujimori de su renuncia anticipada y de la disolución del Servicio de Inteligencia Nacional son la consecuencia de un acelerado proceso de quiebra interna. En las semanas previas a la aparición del video, la prensa había informado de enfrentamientos entre el Ejército y la Marina, divisiones en el bloque oficialista del Parlamento, choques dentro del aparato de inteligencia y, finalmente, divergencias entre Fujimori y Montesinos por el desvío de armas hacia las Farc colombianas. El derrumbe tiene como marco la crisis económica (recesión persistente, fuga de capitales, drástica caída de la inversión externa, roces con las empresas mineras extranjeras). Respecto de Fujimori, un editorial de La Nación (20/9) no tiene dudas en señalar que "a pesar de que rindió sus frutos y tuvo sus logros (...) su ciclo está irremisiblemente agotado". La impasse de la "transición" El régimen de Fujimori está defintivamente terminado... pero no se ha ido. Incluso no es claro que quiera irse. Fujimori no le ha puesto fecha a las elecciones, pretende gobernar todavía por diez meses y procura dictar los términos y los plazos de la ‘transición’. Pero la Iglesia, el imperialismo, los grandes grupos capitalistas que operan en Perú y los especuladores internacionales han salido a reclamarle al gobierno "un gran acuerdo político" con la oposición para establecer rápidamente una ‘salida’ y evitar que las masas salgan a la calle. La oposición burguesa se ha negado a utilizar la crisis para llamar a los trabajadores a movilizarse para derrocar a la dictadura. Al contrario, ha retomado el camino del ‘diálogo’ con el gobierno bajo la supervisión de la OEA. Excepto en su voluntad de impedir cualquier movilización de masas, la oposición se encuentra completamente dividida acerca de la naturaleza de la ‘transición’: mientras Toledo reclama que las elecciones sean convocadas y fiscalizadas por un ‘gobierno de transición’ encabezado por un candidato ‘consensuado’, otro sector acepta que el fujimorismo las maneje a través de su actual vicepresidente. Esta impasse llevó a los voceros del Departamento de Estado norteamericano a mostrar su "preocupación" por la situación y a advertir que "todo puede descarrilarse". Un corresponsal afirma que "lejos de solucionarse, la crisis del Perú tiende a agravarse" (La Nación, 22/9). Una de las claves de este "agravamiento" es el temor, tanto de oficialistas como de opositores, a una intervención de las masas obreras y populares en la crisis política precisamente cuando se agudiza la fractura de la camarilla, el inmovilismo del régimen y la cobardía de la oposición y su tendencia a ‘acordar’ con Fujimori. La crisis de la dictadura es un paso hacia adelante de una situación pre-revolucionaria. Resulta claro que entre la dictadura y los explotados no existe ninguna dirección política fuerte capaz de domesticar de manera duradera a los trabajadores. Más aún, el anuncio de Fujimori de que no se presentará a las próximas elecciones liquida el pretexto para que la oposición tenga una "candidatura única". Para los trabajadores, y en particular para su vanguardia, se plantea no ya la necesidad de desarrollar una expresión política independiente sino también mejores condiciones para hacerlo. La oposición burguesa respalda una ‘transición’ pactada con Fujimori y el imperialismo. Sólo la clase obrera y los explotados pueden darle una salida democrática al hundimiento del régimen fujimorista.

La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad, está realizando una campaña relámpago en los colegios secundarios con el planteo de escuchar reclamos y ‘consensuar’ una reforma de la enseñanza media. Los funcionarios, que esgrimen el argumento de la alta deserción escolar, se ocupan de aclarar que lo que está fuera de discusión es la implementación del EGB y el Polimodal, esto es, la aplicación de la Ley Federal de Educación, masivamente repudiada por el movimiento estudiantil y la docencia. Un par de semanas atrás, los estudiantes de varios colegios de Flores y Caballito realizaron cortes de calle contra la reforma educativa. Según La Nación (19/9), el secretario de Educación porteño, Daniel Filmus, ha firmado un convenio con su colega nacional Delich, para que una comisión estudie reformas curriculares y políticas sociales. "Nuestra consigna es no iniciar una reforma sin consenso", dijo Filmus. Pero agregó: "El gobierno porteño apura el estudio de las reformas para ponerlas en marcha en marzo de 2001". ¿De qué consenso se habla? Quedan dos meses de clases y la quieren aplicar durante el receso, a espaldas del movimiento estudiantil y docente. En la Legislatura está pendiente el tratamiento de la Ley de Educación de la ciudad, y el Ejecutivo lanza unilateralmente un operativo de propaganda sobre los colegios en favor de la "reforma" que liquida la educación secundaria y achica el plantel docente: "concentración de la carga horaria" y prolongación de la jornada de trabajo "más allá del aula", adelantó Filmus. La posición del Partido Obrero es que el movimiento estudiantil y docente secundario debe rechazar de plano este golpe de mano y convocar asambleas que resuelvan un plan de acción contra la reforma y por las reivindicaciones docentes y estudiantiles.

Los representantes del gobierno frenteamplista de Montevideo en las discusiones paritarias con el gremio municipal Adeom, rechazaron de plano el reclamo de un aumento de emergencia de 500 pesos que encabezaba el pliego de reivindicaciones sindicales. Este reclamo había sido aprobado masivamente en la última asamblea general del gremio y representa apenas una compensación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios municipales desde febrero, cuando venció el anterior convenio colectivo. La negativa ha sido un golpe brutal para miles de trabajadores que consideran al FA como su gobierno. En la sección de correo de la revista Brecha (15/9) se publica una carta de una "funcionaria municipal frenteamplista" que señala que "cuando una mañana, a las 8 en televisión, una integrante del ejecutivo comunal plantea –con una sonrisa en los labios– que no va a haber aumento salarial (...) creo que es la expresión de una administración que está ajena, trivial e indiferente a los problemas de miles de trabajadores municipales". El gobierno municipal frenteamplista quiere imponer una rebaja salarial en toda la línea. Por eso, además de rechazar el aumento, ratificó la eliminación de las horas extras y del trabajo sabatino para los trabajadores de los Centros Zonales. "Entre la reducción de las horas extras y la supresión del sexto día, declara un trabajador, algunos funcionarios pasaron a ganar menos de la mitad de lo que cobraban antes, algo que ni siquiera la dictadura se animó a hacer" (Brecha, 1/9). Peor que la dictadura: así de brutal es el ataque frenteamplista a las condiciones de trabajo de los municipales. El gobierno de la ‘izquierda que se une’ (uruguaya) planea también ir más a fondo en su ataque a los recolectores de residuos. "Fernando Nopitsch, director de limpieza, aseguró que en caso de no llegarse a un acuerdo por los aumentos de productividad con los trabajadores agrupados en Adeom, extenderá los servicios mediante operadores privados (y) ampliará la zona que entregó en concesión para la recolección de residuos" (Brecha, 15/9). En realidad, el planteo privatizador de la Intendencia viene de lejos. Aníbal Varela, presidente de Adeom, denunció hace ya unos meses, en un reportaje de Prensa Obrera, que Benito Roggio había ingresado cuarenta camiones nuevos para la recolección de residuos en las zonas hasta entonces operadas por los trabajadores municipales. "La respuesta de Adeom –dice la misma revista– será la que defina si la Intendencia da en concesión una nueva área". Al semanario frenteamplista le parece perfectamente normal que, como cualquier capitalista, la Intendencia ‘de izquierda’ someta a los trabajadores a un chantaje descarado: "O aceptan la flexibilización y la ‘ rebaja de costos’, o tercerizamos". En ambos casos, se perderán centenares de puestos de trabajo y se reducirán aun más los actuales salarios de miseria. Con medidas antiobreras y privatistas como éstas (u otras, como la suspensión del pago de los aportes patronales), con la suspensión de obras en los barrios populares y con préstamos de los organismos financieros internacionales (atados a compromisos de privatización), la Intendencia ‘de izquierda’ pretende hacer frente al enorme déficit de la comuna, que alcanza los 100 millones de dólares. Este déficit es, fundamentalmente, la consecuencia de la política capitalista de la Intendencia (privatizaciones, subsidios al capital, pago de la deuda pública a bancos y organismos financieros, no ‘tocar’ impositivamente al gran capital). Pero refleja, también, la crisis económica nacional (la recesión provocó que el año pasado se patentaran 20.000 autos menos que en 1998; la desocupación y la rebaja salarial llevaron al 20% la morosidad de los impuestos municipales). En lugar de enfrentar al gobierno capitalista responsable de esta catástrofe, el FA se ha unido a él contra los trabajadores: "El mejor trato que el gobierno de Jorge Batlle prometió a la IMM tiene como contrapartida una juiciosa política salarial de la comuna" (Brecha, 1/9). Este acuerdo político de fondo explica la oposición del Frente Amplio y de una parte de la burocracia sindical a la movilización por un plebiscito contra la "ley de urgencia" privatista y flexibilizadora que aprobó el Parlamento (incluso con el respaldo explícito del Frente Amplio en muchos de sus puntos) a comienzos de año. La campaña por el plebiscito fue impulsada por un conjunto de gremios y aprobado, después de notorias resistencias, por el PIT-CNT. Al cierre de esta edición, Adeom se encontraba preparando una asamblea general (a realizarse el lunes 25) para responder a los planteos flexibilizadores y de reducción salarial del gobierno municipal.

Ya promediando los juegos olímpicos de Sidney, se puede adelantar con certeza que ésta es una de las peores presentaciones de Argentina. Hasta el momento, Argentina no ha aparecido en la lista del medallero de los Juegos, y hay delante de ella la friolera de 46 países que por lo menos obtuvieron una medalla de Bronce. En el caso de América, ya tienen algún trofeo Cuba, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Costa Rica. La mayoría de estos países aún pueden obtener más medallas, como Cuba y Brasil; sin embargo, para Argentina casi han desaparecido las chances. La caída espectacular en materia de competencias olímpicas es una indicación del estándar de vida de una población. El tiempo dedicado al deporte, fundamentalmente al deporte amateur, indica posibilidades sociales de ejercitarlo. La desaparición del deporte amateur es siempre síntoma de una brutal crisis social. El gran crecimiento deportivo de la Unión Soviética en su momento, o en los mejores años de Cuba, expresaban este tiempo libre indispensable para un ser humano. En la Argentina de los últimos años, para los trabajadores ya no hay lugar para el deporte, la lucha es sólo por sobrevivir. Para los gobiernos, aquello que no es un negocio televisivo no sirve como deporte y lo condenan a su desaparición. Los remeros argentinos han denunciado ante los medios la precariedad con que se prepararon; que se entrenaron con botes inferiores a los de las competencias internacionales en lugares nauseabundos del Tigre, porque no hay sitios estatales de práctica de remo. Los boxeadores argentinos fueron con enorme desventaja. En Argentina ya no interesan los boxeadores amateur. Está en crisis incluso todo el esquema profesional. Cerrado desde hace años el Luna Park y la FAB ahora con serios problemas económicos, el boxeo se pasa por TV en ‘estudios’ de algún canal, pero no hay subsidios gubernamentales para la actividad. Como a los clubes privados importantes no les interesa el boxeo, pues entre sus socios no hay interesados en esta actividad, el boxeo argentino se muere. Ni hablar del atletismo, pues ya casi no existen en el país lugares estatales de práctica, ni pistas gratuitas. El atletismo está reducido a una ínfima minoría de sectores privados, que incluso no tiene ningún calendario internacional de competencias, lo cual lo debilita aún más. El atletismo aparece sólo en las ‘minicompetencias’ entre clubes de cierto nivel. El hockey cualquier trabajador sabe que es de élite; sólo lo practica alguien que está en condiciones de pagar un costoso club privado. No existe, en Capital y el Gran Buenos Aires, una sola cancha estatal de hockey. Mario Goijman, presidente de la Federación Argentina de Voley, sintetiza en una frase la realidad argentina en los Juegos: "Enferma ver nuestra delegación olímpica" (Clarín, 21/9). La delegación argentina, que asiste a estos Juegos sin siquiera tener la ropa adecuada, es la resultante del abandono absoluto del deporte olímpico por parte de los gobiernos capitalistas. Privatización y muerte El menemismo quebró definitivamente las posibilidades del deporte olímpico argentino. Durante su gestión, esponsorizó y entregó a la televisión, además del fútbol, el voley y el básquet, dejando a la "buena de dios" a los demás deportes que no interesan a aquélla. TyC, la dueña del fútbol televisado hasta el 2013, también tiene ahora un contrato de 5 millones de dólares con el básquet y con el voley, aunque con éste está en crisis, porque los contratos pagados por la empresa son inferiores a los del básquet, pero es un final anunciado que el Voley sucumbirá ante las necesidades de TyC. El mecanismo por el cual la televisión se ha quedado con todo el paquete es siempre el mismo: al igual que con la dirección de la AFA, los miembros del Comité Olímpico Argentino desde hace quince años son los mismos. Sobreviven asociados a la empresa, que les digita hasta los calendarios de juego. La conclusión simple es que sólo lo que interesa a la TV es de "interés nacional". Un modo simple de sacarse de encima cualquier apoyo estatal al deporte. Pero esta política ha llevado al absoluto derrumbe de la representación argentina. Sin la participación en el fútbol, y la eliminación en voley y hockey, la delegación argentina puede volverse ya a la mitad de los Juegos, pues en todos los demás rubros sus niveles de competencia está por debajo del décimo puesto. El gobierno de De la Rúa ha reestructurado la Ley de Ministerios, pero, y esto no es casualidad, Deportes aún no ha sido ajustado a ningún parámetro. Marcelo Garrafo, dirigente oficial de la delegación argentina, ya tendría que presentar la renuncia cuando vuelva: su estrepitoso fracaso es el fracaso de una política donde la avaricia sin límites de los capitalistas ha enterrado el deporte y las actividades deportivas de un pueblo; y esto es un crimen político.

La inauguración del portal del sistema educativo en Internet, bautizado con el nombre de Educ.ar, ocupó un lugar destacado en los medios de comunicación. En la ceremonia inaugural, se lo presentó como una herramienta decisiva "para democratizar la educación" y, aún más, como el comienzo de una ‘revolución educativa’. Educ.ar permitiría, según las autoridades, que "investigadores, docentes y estudiantes de todos los niveles ingresen a Internet y accedan a la información que necesitan". El proyecto también "prevé un plan de capacitación informática para docentes y la conexión a la red de todas las escuelas del país" (Clarín, 19/9). El cumplimiento de semejante objetivo supone algo más que computadoras. Significa infraestructura básica para que las máquinas se enciendan y la comunicación se establezca –redes telefónicas, electricidad– y supone el mantenimiento de la instalación original y los gastos que demande su uso. A esto obedece la desconfianza generalizada que despertó el lanzamiento entre docentes y estudiantes, que ven que no hay recursos para arreglar una ventana o para comprar o reponer los materiales didácticos más elementales. Lejos de ser un vehículo para la democratización e igualación de oportunidades, la educación ‘interactiva’ profundizará la disparidad en la calidad del servicio entre los diferentes establecimientos educativos. Habrá una prestación de primera en escuelas privadas o afincadas en zonas y barrios de mayor poder adquisitivo, y de segunda o tercera en los restantes establecimientos, si es que directamente no se interrumpe del todo el servicio. El hecho de que el gobierno se proponga un ‘ajuste’ presupuestario, y que recorte las jubilaciones y el presupuesto del Pami y de la propia educación, no ha sido un obstáculo para que De la Rúa disponga una inversión de 237 millones de dólares en Educ.ar, que se financia con un crédito del BID, es decir, aumentando la deuda externa. Educ.ar, entonces, no obedece a imperativos pedagógicos o educativos sino a poderosas razones económicas. Educ.ar es la punta de un meganegocio con múltiples ramificaciones. Supone la provisión e instalación de la infraestructura (hardware, software y tecnologías de redes), el soporte técnico y la mesa de ayuda "que requerirá cada establecimiento" y telecomunicaciones que permitan la ampliación del consumo telefónico. No por casualidad los pulpos de la telefonía son ‘padrinos’ de la iniciativa. Está previsto también que el capital privado pueda desarrollar la explotación comercial del portal, empezando por la publicidad en la red. Por último, el proyecto es un instrumento también para impulsar la privatización de la enseñanza. Educ.ar será una sociedad mixta entre el Estado y capitales privados. Por el portal se centralizarán y difundirán todos los contenidos de las materias, convirtiéndose en un campo fértil para la implementacion de programas (software) educativos que serán elaborados y proporcionados por empresas privadas (editoriales, compañías de computación o combinaciones entre ellas). Ni qué hablar de las posibilidades que abre la red para el desembarco de las grandes instituciones de las metrópolis extranjeras con sus propios contenidos, programas y procedimientos pedagógicos. Contra lo que se dice sobre el libre acceso y democratización de la información, Educ.ar amenaza convertirse en un aparato totalitario que, a través de productos enlatados en Los Angeles, Nueva York o Atlanta, monopolice el proceso estratégico de formación. La conexión a la red obligará a los establecimientos a buscar fuentes alternativas de financiamiento, en especial el apadrinamiento de empresas. El objetivo final de Educ.ar es promover la llamada educación a distancia. "En cuanto a su utilidad –declaró Varsavsky, el empresario que fogonea el proyecto–, espero que cada vez más personas estudien en la red y menos en clase, escuchando a los pro fesores". La educación a distancia está ligada a la transformación comercial de la educación. Una educación sin docentes, donde el estudiante está aislado de sus pares, es en realidad una no-educación, que imita el mensaje que le envía el video, sin posibilidad de una formación crítica ni de confrontar posiciones divergentes. No estamos en presencia, por lo tanto, de una ‘revolución’ sino de una ‘contrarrevolución’ educativa, o sea, del uso de un medio revolucionario para un fin contrarrevolucionario. Educ.ar, con todas sus implicancias, es una expresión inconfundible de que el desarrollo de la técnica por parte del capitalismo impulsa necesariamente la barbarie social y cultural. Para que la humanidad domine al medio y no sea dominada por él, es necesario que se apropie de las condiciones sociales de existencia, o sea que gobiernen los trabajadores.

Como anunciamos en Prensa Obrera, el viernes 15 se realizó la movilización con motivo del 24 aniversario de la Noche de los Lápices. La marcha conservó el tradicional recorrido de Congreso a Plaza de Mayo. Fue muy importante porque tuvo una alta concurrencia, mayor a la del año pasado, de alrededor de 1.500 personas, y porque fue notoria la cantidad de banderas de los diferentes centros de estudiantes, no sólo de la Capital Federal, sino también de la provincia de Buenos Aires. Además de la presencia de los centros más firmes y movilizados, como los del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini (quienes encabezaban la movilización) o del Mariano Moreno, del Fader y del Otto Krausse, se destacó también la presencia del Normal 1, el Echeverria de Hurlingam o la Media 8 de Benavídez, con importantes columnas. Estuvo presente la Comisión de Familiares, Amigos y Vecinos de Gisella Barreto, asesinada por la policía provincial, como así también los compañeros de la carpa de desocupados de San Fernando; representantes de ambos hicieron uso de la palabra en el acto que se realizó al final de la movilización, donde hablaron además estudiantes secundarios (que habíamos escrito un discurso) y un compañero de la agrupación HIJOS. La columna del Partido Obrero y de la UJS fue una de las más numerosas, lo cual reflejó el trabajo previo de convocatoria que habíamos realizado. El trabajo fue también un trabajo de discusión política, para que la movilización no se quede en la ‘memoria’ como pretenden los ‘progres’ de la Alianza. Fruto de esta discusión fue la bandera que encabezó la marcha, votada en la reunión de estudiantes secundarios en el Nacional Buenos Aires. Las consignas de la bandera planteaban, además de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto y la perpetua a todos los genocidas, el repudio al pacto de "seguridad de Ibarra y Ruckauf" para darle más poderes a la Federal, la anulación de la reforma laboral y educativa –la primera, además de flexibilizarnos, es el fruto de la coima y la corrupción– y reclamamos también el cese del ‘Plan Colombia’, es decir de la intervención del imperialismo yanqui para masacrar al movimiento guerrillero de las Farc y el ELN que colocó en la cuerda floja al gobierno de Pastrana. La movilización de la Noche de los Lápices fue entonces otra jornada más de lucha donde los jóvenes y los trabajadores volvimos a ganar las calles contra la política de miseria y represión del gobierno y el imperialismo.