Prensa Obrera N° 641

La empresa está tratando de eliminar importantes conquistas de los trabajadores. Algunas de tipo histórico, como el descanso de media hora en mitad del turno (y la asistencia al comedor a tomar un refrigerio); el retiro para los mayores de 60 años con el pago extra de doce meses; el fraccionamiento en dos veces de las vacaciones; la insalubridad en el sector bambury (negro de humo), elevando la jornada laboral de 6 a 8 horas. Pretende asimismo incrementar el ritmo de la producción, para lograr un 20% de aumento en la productividad. Ante estos ataques (integran un pliego patronal de alrededor de 40 puntos), la directiva del Sutna-Llavallol se ha remitido a convocar asambleas, pero sin fijar una clara posición de rechazo a estas medidas. La patronal amenaza con despidos y suspensiones masivas. Las asambleas discuten cada punto por separado. Los trabajadores, carentes de una clara directiva sindical, en votaciones muy divididas, han ‘aceptado’ algunas imposiciones. Pero también han rechazado masivamente otras (como el alargamiento de la jornada laboral en bambury). Hace falta cambiar de política. La Asamblea General debe rechazar toda pérdida de conquista y todo incremento de la producción. La crisis no la deben pagar los trabajadores. por el comedor a mitad de turno por las seis horas en bambury por el pago del 100% por rotura de máquina o falta de material por las vacaciones íntegras por la reducción de los ritmos (a 3 millas en armado) a sus niveles anteriores que se cumpla con las categorías y recomposiciones salariales que marca el convenio (vale de 180 pesos no pagado en el ‘98). Por un aumento de salarios, sin aumento de los ritmos, ni pérdida de conquistas. No a las tercerizaciones de textil y depósito. Ningún despido. Si disminuye la producción que se repartan las horas de trabajo, sin tocar el salario, ni las conquistas.

Más de 300 compañeros del teatro, acompañados por algunas delegaciones, como la del Hospital Ramos Mejía y miembros del Consejo Directivo de Sutecba, se movilizaron el viernes 3, desde el Colón hasta la Secretaría de Cultura. Allí se encontraban también realizando un acto de protesta docentes y alumnos de las escuelas de arte que dependen del Gobierno de la Ciudad. En ese mismo lugar y cortando parcialmente el tránsito sobre Avenida de Mayo, se realizó una combativa e importante asamblea. Desde los ventanales de la Secretaría, hablaron Amor, del Consejo Directivo, y Papagnoli y Flores, delegados del Colón. El representante del sindicato denunció el incumplimiento por parte de los funcionarios de Cultura (Dario Lopérfido) de actas y acuerdos firmados por el pase a planta permanente de los casi 400 contratados (bajo un régimen de contratos-basura). Pero el anuncio más importante de Amor fue la Convocatoria a una Asamblea General de municipales el 17 de setiembre, en la Federación de Box, donde se discutiría retomar la lucha que debutó con la gran movilización del 28/5. En sus intervenciones, los delegados del Colón denunciaron la miserable maniobra de los legisladores de la Alianza, que sabotearon la sesión de la Legislatura donde debía tratarse la efectivización de los contratos (se retiraron para no dar quórum). Deschavaron la verdadera intención del gobierno de De la Rúa de manejarse con contratos-basura y planes privatistas, elitistas y flexibilizadores. Allí mismo se votó que la lucha en el Colón continúa con quite de colaboración y paros sorpresivos hasta obtener las reivindicaciones planteadas. Un último comentario: esta enérgica movilización y denuncia de los trabajadores del Colón (y de los docentes de las escuelas de cultura) se dio en momentos en que los médicos de los 33 hospitales municipales estaban cumpliendo un paro con un enorme índice de acatamiento. En este marco, Sutecba anunció la convocatoria a la Asamblea General de los Municipales, que no se reúne desde hace décadas para tratar un conflicto. Resumiendo: al ‘confiable’ De la Rúa, los trabajadores de la ciudad le bambolean el sillón.

Cerca de 10.000 estatales y docentes de toda la provincia ganaron las calles el jueves 26/8 para reclamar al gobierno la devolución del 20% por zona que les arrebató hace 5 años. Como dijéramos la semana siguiente: "a pesar de la burocracia. La lucha no terminó". Así ahora marcharon en la Capital, en el marco de un nuevo paro general, alrededor de 3.000 docentes y estatales —a los que se sumaron esta vez los judiciales—. En el interior, hubo marchas similares en varias localidades. Para la semana que viene se votaron nuevos paros de 24 horas, tanto en Ate como en Aten, así como una nueva marcha. "Hay que poner en pie al plenario conjunto de los gremios estatal y docente" (PO N°639, 26/8). Es necesarIo un frente único de los trabajadores contra el gobierno antiobrero, para profundizar la lucha hasta la obtención de las reivindicaciones. Las tribunas que levanta el PO en la campaña electoral de Neuquén denuncian que "Sapag tiene dos candidatos" y que "ambos responden al Banco Mundial".

La convocatoria al paro del 10 de setiembre refuerza el llamamiento al congreso de delegados de las organizaciones gremiales del sur de la provincia, hecho por la CGT-San Lorenzo el 25 de junio. Hasta el momento, se han pronunciado varios cuerpos de delegados de organizaciones del cordón (municipales nucleados en el Sitram; papeleros de Andino, petroquímicos de Sulfacid, trabajadores de la sanidad de ATE-Baigorria, docentes de Amsafe-San Lorenzo). Tribuna Docente impulsó en Amsafe-Rosario la convocatoria al Congreso de Delegados y Edgardo Quiroga (CGT-San Lorenzo) se hizo presente en una reunión de la Multisectorial animada por la organización docente y otros sindicatos en lucha (portuarios, por el despido de 204 compañeros y la flexibilización laboral). El planteo tuvo la oposición ‘natural’ del bloque fiel al Frepaso, junto al silencio cómplice (y el boicot en los hechos) de los representantes de Unir (entre ellos, Gustavo Teres, de la directiva seccional). Como se recordará, Unir fue el frente electoral parido entre el Mst, el Pc y la Cpl, que llevó a un empresario como candidato a intendente de Rosario y que llegó a ‘borrar’ de su programa la derogación de la flexibilidad laboral, en aras de este tipo de acuerdos y pedir el tratamiento‘participativo’ de alguna migaja del presupuesto de la comuna de Rosario. La UOM de Villa (CTA) no ha fijado posición. Llamamos a convertir el Congreso de Delegados del Sur de Santa Fe en el centro de una gran movilización.

Duhalde y De la Rúa: ¿son dos marcas de jabón? ¿O, quizás, dos nuevos modelos? Ambos se han transformado en productos publicitarios, es decir mentirosos. El justicialista, ‘asesorado’ por el ‘creativo’ brasileño Duda Mendoça; el aliancista, por el norteamericano Dick Morris. El PJ y la Alianza, como fuerzas políticas, no cuentan para nada. La estrategia política ha sido reemplazada por el ‘marketing’. Duhalde y De la Rúa han inaugurado la era del político descartable. Por consejo del brasileño, Duhalde acaba de proponer una ‘concertación’. Por consejo del norteamericano, De la Rúa la trasladó para después de las elecciones. En realidad, la política del próximo gobierno no se está exhibiendo en el escenario electoral. Esa política fue establecida hace un mes en Nueva York, cuando los ministeriables de uno y otro, acompañados de Roque Fernández, recibieron el guión de lo que tienen que hacer de los banqueros del pulpo acreedor Goldman Sachs. Duhalde no pretende bajar impuestos, su adversario tampoco, sino "aumentar la base imponible", o sea que paguen impuestos la salud y la educación, y que incluso las provincias tengan un IVA propio. Es decir, lo que propuso Roque Fernández. Uno y otro están negociando un acuerdo con el FMI, a partir del cual se eliminará la PBU a los jubilados, se despedirá docentes y empleados públicos, y fundamentalmente rebajar salarios de los trabajadores del Estado. Esta posibilidad ya está establecida en el convenio firmado por la burocracia de Upcn. Las patronales ya están reduciendo los salarios en la industria y el comercio. El justicialismo tiene mayoría en el Congreso, de manera que Duhalde no necesita una ‘concertación’. La propuesta de ‘concertación’ es para incautos. Lo que sí no es para giles es la alianza que Duhalde acaba de establecer con Cavallo (en Buenos Aires y Mendoza), dejando mal parados a todos sus aliados centroizquierdistas, como el matrimonio Kirchner. Entre Cavallo, con Duhalde, y López Murphy, con De la Rúa, sólo queda elegir el color del ataúd.

Abdullah Ocalam, dirigente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que desde 1984 ha venido librando una guerra de guerrillas por la libertad del oprimido pueblo kurdo, ha sido sentenciado a muerte por una Corte de Seguridad del Estado turco el 29 de junio de 1999, precisamente en el aniversario de la ejecución de Sheik Said y sus compañeros de combate al finalizar el primer levantamiento nacional kurdo bajo la república turca, en 1925. Hasta los símbolos de esta fecha hablan por sí mismos. No estamos enfrentando la condena a una sola persona, hallada culpable de los cargos de separatismo y traición, sino una declaración de guerra de parte del sistema opresor del Estado turco contra la dignidad y el honor del pueblo kurdo. Ocalam es el dirigente de un movimiento guerrillero apoyado por millones de kurdos dentro de Turquía y en la diáspora de Europa Occidental, que goza además de la simpatía de muchos de los kurdos de Iraq, Irán y Siria. La condena es, más que nada, un insulto al pueblo kurdo, en la medida en que el propio Ocalam, en su defensa, propuso, en términos inevitablemente controvertidos para los revolucionarios, el desarme del PKK a cambio de paz y fraternidad entre los dos pueblos bajo una república democrática que reconocería los derechos culturales y democráticos de los kurdos. El procedimiento legal está todavía en sus primeras etapas, dependiendo la decisión final de la Corte de Apelaciones, del parlamento turco y del presidente de la república y posiblemente también de la Corte Europea de Derechos Humanos. Bajo condiciones normales, todo el procedimiento debería durar al menos varios meses. Sin embargo, es posible que el Estado turco fuerce el ritmo de los acontecimientos y envíe a Ocalam a los verdugos más rápidamente. Es, por cierto, muy apresurado decir si el Estado turco seguirá adelante y ejecutará a Ocalam. Hay una clara y casi unánime presión de las instituciones y gobiernos europeos sobre Turquía para conmutar la sentencia (el imperialismo norteamericano, por otra parte, ha callado ominosamente sobre el veredicto y, en general, apoya al gobierno turco). La opinión burguesa en la propia Turquía está muy dividida y desorientada, con algunos halcones que plantean incluso el "encarcelamiento de por vida" y un "reconocimiento de la identidad kurda". Debe enfatizarse, sin embargo, que en respuesta a los ofrecimientos de Ocalam, el presidente, el primer ministro y, los más destacados altos mandos de las fuerzas armadas, en declaraciones por separado, rechazaron explícitamente cualquier tipo de solución política, llegando incluso a negar la existencia de la cuestión kurda. Y dado el estado de histeria chovinista que ha atenazado al país y la composición del parlamento, con el partido fascista como segunda fuerza política, compartiendo el poder en una coalición gubernamental, es difícil imaginar que la decisión sea revisada. Sin considerar las críticas que uno pueda tener sobre la forma y el contenido de las propuestas de Ocalam durante el juicio, consideramos una tarea urgente de los marxistas revolucionarios unirnos a la lucha de las masas kurdas para detener la ejecución de Ocalam y por el reconocimiento de todos los derechos de este pueblo oprimido, en esta difícil particular coyuntura de su lucha por la emancipación. La solidaridad brindada por los marxistas revolucionarios fortalecerá seguramente la posición de aquellos que en el movimiento kurdo buscan combinar la lucha nacional con la liberación social sobre la base de una alianza de los obreros y los campesinos pobres. No debe olvidarse nunca que desde noviembre, cuando Ocalam llegó a Italia, la cuestión kurda ha sido definitivamente internacionalizada, y que los gobiernos imperialistas, en primer lugar los Estados Unidos, con la complicidad del Estado turco, colaboraron en la detención de Ocalam, cargando con toda la responsabilidad por su posible asesinato. El objetivo final debe ser, por supuesto, obtener la liberación de Ocalam, considerado por millones de kurdos como su líder, y crear las condiciones bajo las cuales el pueblo kurdo pueda decidir libremente su propio futuro. ¡Libertad a Ocalam! ¡Inmediata apertura de negociaciones de paz! ¡Autodeterminación para los kurdos! 30 de junio de 1999

En las horas que siguieron al accidente, la prensa recogió innumerables denuncias previas de los sindicatos de técnicos, de pilotos y de azafatas acerca del "riesgo de seguridad" con que volaban los aviones de Lapa; reveló denuncias de los usuarios acerca de las fallas que tuvo el avión siniestrado en los viajes inmediatamente anteriores a la catástrofe y presentó los casos de pilotos y técnicos que fueron despedidos por negarse a volar o a autorizar la salida de aviones en "riesgo de seguridad grave". Todo esto es la consecuencia de la política de "reducción de costos". Para esto, aplazan controles de seguridad, reducen las tareas de mantenimiento, no reemplazan las piezas que llegan al límite de su vida útil, tercerizan las reparaciones y los controles (en talleres sin rigurosidad técnica), truchan los libros técnicos de los aviones, los hacen volar sin el equipamiento mínimo, ‘canibalizan’ reparaciones (sacan piezas usadas de un avión para ponerlas en otro), fragúan tarjetas de reparación. Además, Lapa aplicó una brutal política de flexibilización laboral. Su personal de cabina tiene cuatro jornadas de 9 horas y dos de descanso; por cada aparato, hay sólo 6 técnicos ‘polifuncionales’. Sus jornadas de trabajo son de 12 horas. La presión sobre los trabajadores para volar en cualquier condición es feroz y llega al despido. Las evidencias apuntan a una acumulación de fallas que tienen su origen en la política capitalista de "reducción de costos" y de flexibilización laboral. ¿La culpa la tienen los maestros? El avión que se estrelló en Aeroparque tenía casi 30 años de antigüedad. Técnicos de la Boeing establecieron que un 737-200 (como el que se estrelló) tiene una vida útil normal de 20 años y de 50.000 horas de vuelo. Este tenía 29 años de vida y 67.400 horas de vuelo. Los técnicos los califican como "una colección de remaches" por la enorme cantidad de reparaciones que se les han realizado. No sólo Lapa vuela estos aviones: el DC-9 de Austral que se estrelló en el ‘97, en Fray Bentos, tenía 27 años de antigüedad. En promedio, la flota de cabotaje que opera en la Argentina es una de las más antiguas del mundo. Una revisión de los Boeing 737, ordenada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en 1998, detectó que "cerca de la mitad de los aviones más antiguos inspeccionados (...) tienen notables desgastes" (Ambito Financiero, 12/5/98). Gustavo Deutsch, presidente de Lapa, se justificó sosteniendo que "el impuesto para financiar el aumento docente ‘inhibe’ la compra de nuevas máquinas" (Clarín, 2/9). Curiosamente, el mismo argumento había utilizado en su momento la diputada aliancista Alicia Castro, secretaria general del gremio de los aeronavegantes, para oponerse al impuesto. ¿Pero acaso el impuesto docente es la causa de que Lapa redujera los estándares de mantenimiento hasta volar aviones en condiciones de riesgo? Lo cierto es que, con impuesto docente o sin él, Lapa no iba a renovar su flota porque, para la ‘guerra de precios’, necesita aviones baratos (es decir, viejos). Su crecimiento se basó en la aplicación de tarifas bajas con la contrapartida que ahora saltó a la luz: explotación extrema del material (el 70% de la flota tiene más de 20 años) y del personal. El avión que se accidentó en Aeroparque vale entre 3 y 4 millones de dólares, mientras que uno similar, pero nuevo, cuesta diez veces más; lo mismo ocurre con los alquileres y los seguros. Lapa: un modelo internacional Desde la ‘desregulación’ dictada por Reagan en Estados Unidos a principios de la década del ‘80, ha habido una sistemática reducción del mantenimiento de los aviones y de los estándares de seguridad y un violento incremento de la flexibilización laboral y de las tercerizaciones. Así surgieron numerosas pequeñas empresas que, como Lapa, volaban aviones ‘de descarte’. Algunas de estas compañías, como la Valu-Jet, obligan a sus pilotos a costearse los cursos de entrenamiento y actualización. Todo esto ha llevado a un incremento significativo de los accidentes (como el de la TWA, de 1996, que causó 230 muertos; el de Swissair en Nueva York, o el de la propia Valu-Jet en los pantanos de Florida). Es que "hay demasiados aviones, demasiados asientos y demasiadas compañías como para que todas puedan sobrevivir", explicaba hace unos meses la revista Fortune. Una masacre capitalista "En los últimos dos años se produjeron tantas muertes como las registradas en el país en las últimas dos décadas en accidentes aéreos" (La Nación, 3/9). La catástrofe de Aeroparque es otro crimen capitalista, es decir un crimen provocado por la política capitalista de privatizaciones especulativas, de ‘desregulación’, de reducción de costos, de flexibilidad laboral y de maximización de beneficios.

Hace diez días, más del 80% de la población en condiciones de votar se pronunció por la independencia de Timor Oriental, o sea la separación de Indonesia. Desde que se conocieron estos resultados, la llamada milicia, que responde al alto mando de las fuerzas armadas de Indonesia, comenzó una masacre descomunal contra el pueblo timorense. Timor Oriental fue colonizada por Portugal, a diferencia del sector occidental que lo fue por Holanda. Cuando, en 1975, Portugal se retiró, fue invadida por Indonesia. El movimiento por la independencia de Timor Oriental cobró una fuerza imparable a partir del derrocamiento de Suharto, a principios del año pasado. Este acontecimiento revolucionario provocó un principio de desmantelamiento del conjunto del régimen político de una nación que abarca a 13.000 islas de un marcado desarrollo desigual. Aunque Timor Oriental cuenta con una población de 800.000 almas, algunas provincias de Indonesia que se han alzado contra el régimen central, como Aceh o Irian Jaya, agrupan a decenas de millones de habitantes. La independencia de Timor Oriental fue concedida para mejorar la capacidad del régimen para controlar los otros movimientos autonomistas, pero ahora es vista como potenciadora de una desintegración de Indonesia. El acuerdo que delegó en el referéndum el destino de Timor Oriental estableció también que, una vez que el parlamento indonesio convalidara el resultado, se establecería un gobierno de transición, presidido por la ONU, con la presencia de las fracciones independentista y anti-independentista. Es decir que, desde el vamos, las grandes potencias y el régimen indonesio impusieron un derecho de supervisión y control de la independencia. La abrumadora votación independentista ha puesto en crisis las posibilidades de esta transición tutelada y por eso se ha desatado la furia criminal de los militares indonesios. Los partidos nacionalistas de Indonesia también se oponen a la independencia de Timor Oriental. La importancia económica y estratégica de Indonesia ya fue puesta de manifiesto cuando se convirtió en el detonante de la guerra del Pacífico, entre Estados Unidos y Japón, por la necesidad de Japón de controlar sus recursos petroleros. Ahora, el gobierno norteamericano está planteando el ingreso de una fuerza militar de más de cinco mil hombres, de Australia y Malasia, para poner orden en Timor Oriental. Australia ya tiene intereses petroleros en el mar adyacente, claro que de compañías internacionales. La ocupación militar de Timor Oriental, combinada con el régimen de transición tutelado, convertiría a esta región en apéndice de la Otan. La repercusión de este hecho sobre China podría ser francamente extraordinaria. Todo lo comentado señala el gigantesco proceso de crisis internacional que ha desatado el derrumbe revolucionario del régimen de Suharto.

Prensa Obrera entrevistó a un grupo de delegados del personal técnico que trabaja en Ezeiza que, por temor a represalias, pidió mantener el anonimato. Los compañeros confirmaron, una a una, las denuncias sobre la falta de mantenimiento de los aviones, la tercerización de las reparaciones y la violenta presión sobre el personal embarcado y de tierra que ejercen todas las empresas privadas. Esta es su opinión de cómo enfrentar la política patronal que ha provocado esta catástrofe. "Las patronales están haciendo un lock-out para apretar al juez y seguir la joda. ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a la seguridad? Acá murieron compañeros y estamos todos conmocionados. Cuando mataron a Víctor Choque hicimos un paro de solidaridad de 15 minutos; acá nos han matado compañeros, ¿y no va a pasar nada? ¿Vamos a seguir volando así? ¿Qué va a pasar cuando se retomen los vuelos y los compañeros de Lapa se nieguen a volar? A los técnicos de Lapa les han prohibido que declaren que estuvieron trabajando en los motores del avión que se estrelló. En Aerolíneas, hemos tenido compañeros técnicos con gravísimos accidentes de trabajo. "Necesitamos una movilización nacional de los gremios aeronáuticos para imponer el estricto respeto de las condiciones de seguridad y mantenimiento y para acabar con la flexibilidad laboral. Somos los trabajadores movilizados y no los ‘organismos de control’ menemistas los que podemos imponerlo. ¿Si no es ahora, hasta cuándo vamos a esperar?".

La salvaje guerra lanzada por la Otan en los Balcanes en la primavera (boreal) de 1999 marca un punto de viraje histórico. No sólo estuvo dirigida contra los pueblos de Yugoslavia: se trata de la primera implementación de la nueva doctrina de intervención global de la Otan y de dominación imperialista en la post Guerra Fría. Esa guerra no se ha detenido tras 79 días de bárbaros bombardeos y de la firma del llamado acuerdo de paz; ahora continúa por otros medios: la ocupación militar y la transformación de Kosovo en un protectorado de la Otan; la limpieza étnica, esta vez de la población serbia; las presiones para desmantelar lo que queda de Yugoslavia. Además, el llamado ‘Pacto de Estabilidad’ anunciado en Sarajevo por la Unión Europea y Clinton, en presencia de sus títeres locales, revela el propósito real de la guerra: la colonización político-económica de esta área estratégica por el imperialismo, que se encuentra en el delicado bajo vientre del espacio aún incontrolable de la ex Unión Soviética y en el triángulo Cáucaso-Medio Oriente-Europa Occidental, donde están las principales vías de tránsito del petróleo. La penetración económica y la sujección de los Balcanes por el imperialismo en nombre de las ‘reformas democráticas’, la ‘modernización’ y la integración a la Unión Europea y a la Otan sólo significan que los trabajadores y las masas populares de la región y del mundo entero pagarán un precio tremendo en sangre y en miseria, con tragedias todavía peores que por las que ya hemos pasado. Por el momento, el plan imperialista se mantiene incuestionado. Las elites burocráticas y burguesas nacionales no se oponen sino que colaboran alegremente con las grandes potencias imperialistas. La única salida a este infierno puede venir de abajo: de las masas oprimidas y de los pueblos explotados de los Balcanes. Las propias víctimas tienen que tomar la iniciativa, unirse y luchar contra sus carniceros. Para explorar y promover esta perspectiva de emancipación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK de Grecia), junto con la Liga Marxista de los Trabajadores de Turquía, llama a una conferencia de los trabajadores y las organizaciones populares de los Balcanes, incluyendo grupos juveniles y culturales, asociaciones científicas y artísticas; llama a cada luchador, activista y ser pensante que resiste los planes imperialistas de un tiránico ‘Nuevo Orden Mundial’ y rechaza los odios nacionales y las divisiones promovidos por los gobernantes locales y extranjeros; llama a todos aquellos que se oponen al‘camino del mercado’ para la colonización de los Balcanes y que todavía están inspirados por la perspectiva de una sociedad socialista libre e igualitaria; llama a participar de la Conferencia Anti-Otan de todos los Balcanes, en Atenas, el 27 y 28 de noviembre del corriente año. En la Conferencia, debatiremos de manera absolutamente libre, democrática y camaraderil, con pleno respeto a los puntos de vista particulares de los participantes, los nuevos y dramáticos cambios que están teniendo lugar en los Balcanes, sus implicancias económicas, sociales y políticas, las posibilidades y los caminos para una respuesta común a este desafío histórico. Por favor, póngase en contacto con nosotros y responda tan pronto como le sea posible, a la siguiente dirección: Menandrou 46, 10431 Atenas-Grecia (TE: (30) 01-5226905 - Fax: (30) 01-5230460

En noviembre de 1997, en medio de una feroz tormenta, se precipitó a tierra sobre Fray Bentos (Uruguay) un DC-9 de Austral. Rápidamente, la muerte de sus 74 ocupantes fue atribuida por el gobierno y la empresa a las ‘condiciones climáticas’. Los informes técnicos, sin embargo, revelaron que la catástrofe fue provocada por la ausencia de una alarma lumínica que indicara el mal funcionamiento de los instrumentos que miden la velocidad del avión. "Con esta alarma, inexistente en el tablero, los pilotos habrían entendido que los instrumentos funcionaban mal" (El Cronista, 23/4/98). Desde 1978, las normas internacionales obligan que los aviones estén equipados con este tipo de alarmas. La nave siniestrada, sin embargo, fue registrada por Austral en 1993 "pero ese avión y muchas aeronaves más fueron matriculados por la Fuerza Aérea sin la alarma" (La Nación, 10/4/98). Como en el avión que se estrelló en Aeroparque, el DC-9 de Austral había registrado con anterioridad fallas de funcionamiento: "el parte de novedades de la nave ya había indicado que, en julio de 1997, se advirtieron fallas en el sistema de calefacción de los tubos pitot (que miden la velocidad del avión) y que, en otras tres oportunidades, se registraron fallas en la alarma central" (El Cronista, 24/3). La catástrofe de Fray Bentos sigue impune porque, como denunciaron los familiares de las víctimas, "la investigación está llena de fallas: se han perdido elementos encontrados en el lugar y no se permite el acceso a los archivos del caso (a los abogados y peritos de las familias). Austral está ocultando información y el gobierno argentino no aporta nada" (El Cronista, 23/4/98).

En Tucumán están pasando cosas muy importantes. Como consecuencia de la lucha contra los sueldos impagos de la administración bussista, han sido cortadas las rutas en varias regiones del interior de la provincia, se han tomado varias intendencias, hay algunas facultades ocupadas, se han montado varias carpas del ‘aguante’ en la Plaza Independencia y numerosos sindicatos están en huelga. El viernes pasado, más de 10.000 personas se concentraron en una convocatoria sindical, frente a la casa de gobierno. La represión policial ordenada por Bussi fue sencillamente descomunal, como lo probaron las numerosas heridas de balas de goma de muchos de los manifestantes en las últimas jornadas. Menem mandó a la provincia unos 300 gendarmes. Además del vigor y de la extensión geográfica del movimiento de lucha, la otra característica fundamental del proceso tucumano es que las masas han sido obligadas a enfrentarse con el gobernador electo del justicialismo (36% de los votos), Julio Miranda. Ocurre que Miranda es promotor de una llamada ‘superley’ que le entrega el control casi total del poder legislativo, al autorizarlo a dictar decretos de necesidad y urgencia sin límites. El objetivo fundamental de Miranda es proceder a despidos masivos en los organismos del Estado. Con la ‘superley’, Miranda no necesitaría explicitar estos objetivos en la legislación que le piden los bancos para prestarle a la provincia 60 millones de dólares. El gobernador electo ha tomado así la iniciativa del ajuste cuando aún le faltan tres meses para asumir. Miranda tiene, asimismo, el apoyo de un sector importante del radicalismo; al punto que el diputado radical Aperovich es el autor intelectual de la ‘superley’. También tiene un acuerdo con Bussi, con vistas a lograr los votos del partido de éste para Duhalde en las presidenciales del 24 de octubre. Como consecuencia de todo esto, Miranda está gobernando Tucumán mucho antes de asumir, es decir sin el dominio total de los medios prácticos para imponer su política. Pero para los trabajadores que lo votaron hace dos meses, la conclusión es muy clara: "Salta langosta, Bussi y Miranda son la misma bosta". Pero, ¿cómo ganar? La existencia de un profundo movimiento de masas contra un gobernador que todavía no lo es, evidencia el agudizamiento de la crisis política que se procesa en todo el país. Denuncia también el alcance político episódico de las elecciones. Sin embargo, las luchas tucumanas se enfrentan al mismo problema que los santiagueños, en 1993, o los correntinos, recientemente, o incluso como está ocurriendo en Neuquén ahora, no han logrado resolver: ¿cómo derrotar realmente al gobierno? ¿cómo imponer las reivindicaciones de un modo claro y duradero? Los gobiernos hacen compromisos con cronogramas de pago que no cumplen; pagan algunos atrasos, pero incurren en otros nuevos; la crisis la pagan los trabajadores con más impuestos; el empantanamiento de la lucha y del conjunto de la situación desmoraliza a amplios sectores de la población, los cuales acaban delegando la salida de la crisis en las mismas fuerzas patronales que la han creado y que no la podrán resolver. El problema reside en que el movimiento de las masas carece de un objetivo político propio, lo que significa que se pretende arrancar las reivindicaciones en el marco político existente. La expresión más acentuada de esta tendencia es la posición de las burocracias sindicales que siguen apoyando a Miranda, al cual llamaron a votar, mientras se ven obligadas a encabezar huelgas y manifestaciones en defensa de los reclamos de los trabajadores. Esta contradicción es sencillamente mortal para la lucha. Esta contradicción explica que en la lucha esté ausente la consigna de la huelga general indefinida hasta la completa satisfacción de los reclamos, lo cual supone ir más allá de éstos y reclamar el control de la caja de la provincia y de los bancos, donde se encuentra el dinero para pagar los salarios y atender las necesidades populares. Huelga indefinida Si se mira bien, la crisis en Tucumán no afecta solamente a los trabajadores municipales, a los docentes, a los de la salud pública o a los de la administración; la crisis del aparato estatal tiene paralizada a la provincia, porque no se paga a los proveedores y porque se rechaza el dinero ficticio emitido por Bussi para pagar lo más apremiante. La principal empresa de la provincia, Alpargatas, se encuentra virtualmente cerrada. Es decir que la propia situación exige pasar de la lucha sectorial a la general, de la lucha parcial a la huelga indefinida. El obstáculo mayor a la huelga indefinida lo representan, claramente, las burocracias sindicales de los gremios que no están oficialmente en conflicto y buena parte de los que sí lo están. Por este motivo, el planteo de la huelga general indefinida debe estar dirigido a los delegados y dirigentes que responden a la presión de las bases y debería dar lugar a un plenario o comité de delegados de los distintos sindicatos y lugares de trabajo y de estudio. Fue lo que ocurrió, parcialmente, en Neuquén hace poco, cuando se formó un frente de delegados de ATE y Aten. La necesidad que lo impulsó allí existe todavía más intensamente en Tucumán. Si tomamos al país en su conjunto, observamos que la limitación más importante de las luchas que se libran es la falta de un propósito estratégico. Las direcciones sindicales actúan como si el próximo gobierno fuera a remediar los enormes perjuicios de la política menemista. Esta ilusión se disipará muy rápidamente, pero sólo será superada con la comprensión de que es necesario inyectar a la lucha un proyecto estratégico, propio de los trabajadores, políticamente independiente de las representaciones de los intereses del régimen. Lo que el Partido Obrero está planteando en esta campaña electoral es precisamente eso. El objetivo de la campaña es preparar políticamente a la vanguardia de los trabajadores para que infundan en las siguientes etapas de la crisis una proyección estratégica propia a las luchas, lo que en definitiva apunta a la creación de un poder propio de los explotados. No es en el cuadro de las actuales relaciones políticas que los trabajadores podrán salir del enorme retroceso que les ha infligido la ofensiva capitalista de los últimos años sino quebrando este corset político, desatando todas las fuerzas de las masas organizadas y desorganizadas y organizándolas, mediante la lucha, en una alternativa rival al gobierno de turno.

Frente a la movilización de los remiseros por el asesinato de uno de ellos, Patti declaró: "hay que armar civiles". El hombre fuerte de la "maldita mejor policía del mundo" se declara impotente para resolver la delincuencia en el distrito. Entonces se tiene que ir; ha fracasado. Pocos saben, fuera del distrito y aun dentro, que las cifras de delitos en Escobar son las mayores de la zona norte, para el último período. Jorge Lanata lo informó así en su programa televisivo (ver cuadro). Como puede verse, el fracaso es mayor de lo pensado. Pero, además, las guardias civiles armadas ya existen: hay 45.000 hombres de seguridad privada en la Provincia de Buenos Aires. Con ellos, Pérez Companc, sostenedor de Patti, está fascinado por su seguridad en el distrito, que, claro está, no es la de la población. La comisaría llegó al ridículo de ser "copada" por delincuentes. En cambio, la policía de Patti fue "eficiente" para desalojar hace dos años a los trabajadores de Atlántida que luchaban por sus puestos de trabajo, con más de mil efectivos combinados con la infantería de Tigre. Ahí, como en los años de la dictadura, al igual que en Catamarca para encubrir al poder menemista complicado en el crimen de María Soledad, ahí se vio sí, la mano dura de Patti. Con todo, Patti crea más confusión sobre este punto fuera del distrito que adentro. Aquí, en Escobar, ha faroleado y se mandó al bolsillo a la oposición con las "obras". Hablamos de plazas y monumentos. Sólo estos últimos costaron más de un millón y medio de dólares —la plaza de los ex combatientes costó un millón mediante adjudicación directa—, el reloj costó 56.000, etc. (Revista XXII, Nº 57). En cambio, según la misma publicación, ¡el 92% de la población no tiene cloacas y el 87% no tiene red pública de agua! Siendo datos usados por las Naciones Unidas para medir la pobreza en las condiciones de vida que, de este modo, en Escobar, es extrema. ¿Pero estamos ante un llanero solitario? De ninguna manera. Patti es hoy un chirolita de Menem y subió a la Intendencia de la mano del Pj de Menem y Duhalde, igual que Rico. Sus socios justicialistas, heridos por la descomposición pavorosa del Pj, denuncian que Patti culmina su mandato con una deuda de 9 millones de dólares (Clarín, 12/8). El origen es complejo, porque supera ampliamente las obras, pero hay puntas. Por ejemplo, la adjudicación de los asfaltos que cuestan oro al pueblo se reparten entre Ricardo Ferreyra, amigo de Patti, y una empresa llamada ROF, que son las iniciales de la misma persona (Revista XXII, Nº 57). Así, la lista es interminable como la construcción de escuelas adjudicadas en forma directa a empresas de quien fuera secretario de Obras Públicas. La estación de servicio EG3 del secretario de Gobierno, Miguel G. Carmona, provee combustible al municipio (ídem). ¿Y la oposición aliancista de Chupete ‘Trilla’ De la Rúa no vio nada? ¿Dónde estaban Ubino y sus aliados? ¿Por qué la oposición cortó cintas con Patti, sin denunciar todo esto, que pagaremos los escobarenses más tarde o más temprano? Porque forman parte de un mismo régimen político y social de privatizadores y banqueros, que constituyen la gran delincuencia de guante blanco. La delincuencia no puede combatir la delincuencia. La delincuencia de arriba genera la de abajo. Por eso, Patti no puede. El es parte indisoluble del régimen de la barbarie de la desocupación en masa, la flexibilidad laboral y la liquidación y endeudamiento usurario del patrimonio nacional, a pesar de las plazas y cuadros sobre los combatientes de Malvinas. Hoy, Duhalde ha restituido a los amigos de Patti en la Bonaerense, los más de 400 exonerados por la complicación con el crimen de Cabezas, con el atentado a la Amia (Ribelli), con el encubrimiento de falsificaciones (Chorizo Rodríguez), de negociados con el narcotráfico (Naldi) y así de corrido. Patti no puede; se tiene que ir. El Partido Obrero impulsa la investigación de las cuentas del municipio bajo control de organizaciones obreras y vecinales y sujeta a aprobación de Asamblea Popular del distrito. Impulsa la colocación gratuita de red cloacal y de agua a toda la población y no sólo a los countries. La exención de impuestos a los desocupados y el otorgamiento de un subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años que no consiga trabajo. La reapertura de las fábricas cerradas en los últimos 5 años y el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario en todas las empresas, reincorporando a todos los desocupados para que la crisis la paguen los Macri, los Techint y los Pérez Companc y no los trabajadores. Investigación, juicio y cárcel a todos los responsables del gatillo fácil y de la corrupta Bonaerense. Revocabilidad de los funcionarios y elección directa de los jueces. Basta al encubrimiento de la camarilla menemista.

Como nunca antes, los trabajadores catamarqueños vienen sufriendo ataques de toda naturaleza contra el salario, la estabilidad y hasta los puestos de trabajo. Paralelamente, nunca como ahora se vio la naturaleza depredadora del régimen vigente, al asalto de toda posible fuente de divisas. Los más altos funcionarios del menemismo apelaron al curro de los diferimientos impositivos, una maniobra ‘legal’ para ganar dinero sin invertir un peso. Esos diferimientos fueron alentados en su momento por todas las fuerzas políticas: saadistas, radicales, frepasistas. Ramón Saadi quiso contrapesar el reparto indiscriminado de planes de empleo provisorios del Frente Cívico, comprometiéndose a generar miles de puestos de trabajo multiplicando los diferimientos. La realidad se impone a quien quiera verla: Pedro Pou (ex presidente del Banco Central), que recibió 9 millones de dólares por un emprendimiento nogalero, ni siquiera cumplió con el requisito (bastante mínimo) de sostener cuatro empleados permanentes y ¡5! (cinco) temporarios. Sólo con el dinero asignado a Pou se podría haber dispuesto un seguro a los 10.000 desocupados de la provincia, de 500 pesos cada uno, durante dos meses. El total de ‘emprendimientos’ bajo esta modalidad alcanza a 200. Pou no está solo. Cavallo y su alfil, el diputado nacional Edmundo Soria; Aldo Dadone; Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, entre otros conocidos, y tantos desconocidos funcionarios, apelaron a este sistema, para aprovechar las ‘ventajas comparativas’ de la provincia. Y no están dispuestos a perder esta ganga. La cámara que agrupa a los empresarios sostuvo que no les interesa el caso Pou sino la AFIP (Rentas), que quiere liquidar los diferimientos. Es la AFIP, dicen los empresarios, la que no respeta lo que está escrito, denunciando, de esta manera, la complicidad del ente recaudador con el modus operandi de los empresarios. Ecología Es preciso reconocer, sin embargo, que, al menos en este caso, tenían razón quienes afirmaban que los diferimientos no afectarían el equilibrio ambiental, negando de esta forma que fuera a producirse un completo desvastamiento de la flora local (existen riesgos ciertos de una más profunda desertificación). En esta versión, la introducción de técnicas de cultivo intensivo daría lugar al nacimiento de un auténtico vergel en la árida provincia. En verdad, el equilibrio ecológico se mantuvo, porque a pesar de haber recibido el dinero otorgado por el fisco, Pou y compañía no sembraron ni una planta ni arrojaron una sola semilla ni nada, ni siquiera procedieron a desmontar los campos para ser puestos en producción, con lo que se delata el carácter de maniobra de esta modalidad. A cada uno lo suyo No conformes, entonces, con haber entregado casi sin beneficio de inventario, el oro y el cobre de la Alumbrera a los pulpos mineros internacionales, los beneficios fiscales completan el panorama, al ir a parar a los bolsillos de los ‘emprendedores nativos’. Esto demuestra la inviabilidad de un desarrollo agrícola, aunque fuera modesto, en el marco actual. Los diferimientos son un coto cerrado de los financistas del régimen. La agricultura real se desenvuelve en los carriles tradicionales: apenas sobrevive. Y, lo que es más importante, no es por esta vía que llegará a eliminarse el desempleo. En la última medición del Indec, la desocupación en Catamarca disminuye, en contraposición al aumento de los índices nacionales. Es que esa medición se efectuó en mayo, cuando se encontraban todavía en actividad los miles de trabajos provisorios concedidos durante la campaña electoral, desde marzo y por 90 días. Concluido ese período, los desocupados volvieron a su situación corriente. El escándalo de los diferimientos demuestra que existen los recursos financieros para salir de la miseria que acosa a los desempleados. Pero para que los recursos no sean expropiados por los financistas de guante blanco, es necesario que se abran los libros de las empresas y los bancos al control de los trabajadores.

Cerca de mil trabajadores y vecinos de Tartagal se reunieron el vienes 27 para apoyar la lucha de los trabajadores municipales, en paro y olla popular porque les deben el salario de tres meses. En esta Asamblea Popular se repudiaron los anuncios del intendente sobre el despido del 50% de los trabajadores y la pretensión de que los propios municipales tomen de créditos para paguar sus propios salarios. El Partido Obrero impulsó vigorosamente la convocatoria a esta asamblea, a la que diversos sectores de trabajadores sumaron sus propias reivindicaciones. A dos años de la pueblada, el conjunto de sus reclamos están irresueltos. Se replanteó así la necesidad de volver a una lucha de conjunto. El PO llevó propuestas concretas que fueron muy aplaudidas por la concurrencia: a) Control obrero de la caja del municipio, para terminar con los curros de las camarillas del intendente y que cada peso que entre vaya a salarios. b) Que se suspenda por tiempo indefinido la deuda de la provincia con la banca privada para destinar ese dinero al pago de salarios. c) Por un plan de lucha de todo el pueblo para imponer estos reclamos. Duhalde se cagó... y apareció el dinero La asamblea popular coincidió con la llegada de Duhalde a la provincia y, al día siguiente, debía visitar Tartagal. La visita se canceló y súbitamente apareció el dinero para pagar un mes de sueldo y el aguinaldo. Ahora, el gobierno ha impuesto una conciliación obligatoria e intentará volver a la carga con el ‘ajuste’. Impulsamos que se vuelva a convocar a la Asamblea Popular, que se establezca un pliego único de reclamos y se organice un plan de lucha de conjunto, que incluya una marcha a la capital junto al resto de los municipales de la provincia.

El Partido Obrero de Córdoba presentó más de 150 candidatos para las elecciones provinciales del 10 de octubre y para las nacionales del 24. Por primera vez, el PO tiene candidatos municipales en La Falda y también por primera vez en los departamentos Punilla, Río Cuarto, Tulumba y Río Segundo, además de todos los correspondientes a la ciudad de Córdoba. Para las elecciones del 10 de octubre, el candidato a primer diputado provincial es el compañero Eduardo Salas, dirigente partidario; Ana María Pérez, dirigente de Tribuna Docente y ex candidata a secretaria general de la Uepc por la Lista Fucsia, es candidata a segunda diputada Gustavo Spedale, ex dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias (Sipos), ocupa el tercer lugar. José Barraza, de la opositora Lista Violeta del Sindicato de Empleados Públicos, es el candidato a intendente de la capital cordobesa. Carlos Suárez, dirigente del Sindicato de Desocupados (Sutrade), es candidato a viceintendente. Para el 24 de octubre, la lista de diputados nacionales está encabezada por la compañera Nélida Escobar, activista y luchadora docente, y José Ocampo, del Sutrade. El resto de los candidatos son activistas y delegados de diversos gremios (docentes, docentes universitarios, empleados públicos y otros). En las Villas El Piolín, El Obrero y Río Segundo, los vecinos eligieron en asambleas a los compañeros que integran la lista de candidatos del PO, todos ellos activistas en la lucha por la vivienda y contra la desocupación.

De la Sota lanzó el PPP, Plan Primer Paso, destinado, según dice, a incorporar a jóvenes de 18 a 25 años a su primer puesto de trabajo. El gobierno paga 140 pesos mensuales por cuatro horas de trabajo en empresas privadas. El programa, lógicamente, no ha creado 10.000 nuevos puestos de trabajo sino que transfiere el pago de los salarios al Estado. Muchas empresas han aprovechado para blanquear trabajadores en negro sin ninguna carga social (el PPP no tiene cobertura de jubilación, ni obra social). Además, pueden agregar una parte más al salario y extender así la jornada laboral, lo cual se hace sin cambiar el régimen de contrato. Las empresas que se han anotado para tomar PPP son, entre otras, los grandes hipermercados (Wal-Mart, Libertad, Carrefour), que viven despidiendo trabajadores jóvenes, y las metalmecánicas, que están despidiendo y suspendiendo a diestra y siniestra. La Voz del Interior (31/8) tuvo que dar cuenta de que, en la empresa Montich, a la par que hay despidos, "habría tomado 86 jóvenes en el marco del PPP. Algunos gremios temen que el programa fomente la precarización del empleo". La ‘preocupación’ de los gremios no se ha expresado en medida de acción alguna. Las tres centrales sindicales (CGT, Moas, Cta) apoyan explícitamente a De la Sota. El PPP se paga con recortes presupuestarios en salud, educación y ayuda social. Desde el triunfo de De la Sota, la desocupación ha aumentado. General Motors cierra su planta el próximo 18 de diciembre. Renault dejó a 1700 obreros en la calle de marzo hasta ahora. Fiat, que redujo un tercio de su personal, quiere despedir a 300 nuevos operarios y tercerizar gran parte de la producción; es decir, está levantando campamento. Aumentaron las suspensiones. Frente a esta situación, el PO plantea: prohibir los despidos y suspensiones, otorgar un subsidio de 500 pesos a todos los desocupados mayores de 16 años y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario.

General Motors cierra su planta el próximo 18 de diciembre. Renault dejó a 1.700 obreros en la calle, desde marzo hasta ahora. Fiat, que redujo un tercio de su personal, quiere despedir a 300 operarios más y tercerizar gran parte de la producción. "Aumentaron las suspensiones en julio", titula Comercio y Justicia (24/8). La producción industrial cayó un 25% en el primer semestre. Desde que subió De la Sota, la situación empeoró. El PPP (Plan Primer Paso) traslada el pago de los salarios de las empresas al Estado. La "Concertación Social" es un negociado para bancos privados y empresas a cambio de... nada. La tan publicitada rebaja de impuestos significa mucho para los grandes propietarios, pero para los trabajadores un ahorro de apenas 6 pesos mensuales; que se lo comerá con yapa el IVA provincial, que De la Sota quiere poner. Además plantea privatizar la salud, el Banco Provincia y Epec. La conclusión es obvia: la Casa de las Tejas no cambió de dueño. Siguen gobernando los que vaciaron los bancos oficiales y los que endeudaron hasta el límite a la provincia. Todo esto sucede con apoyo explícito o el silencio cómplice de la burocracia sindical de la CGT, del Moas y de la CTA. Pero hay una salida. Prohibir los despidos y las suspensiones. Repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Donde hoy trabajan 6 trabajadores 12 horas, que haya 12 que trabajen 6. Establecer un subsidio de 500 pesos para todos los desocupados. Triplicar los presupuestos de salud y educación. Abrir las cuentas de la provincia, de los bancos y las empresas. Llamamos a organizar la lucha por estos reclamos y, el 10 y el 24 de octubre, votar al Partido Obrero.

Al Ptp le salió, nomás, el ‘enano’ seguidista a los explotadores y a la patronal, el mismo que lo llevó a apoyar a Isabelita-López Rega, en 1975, a Menem, en 1989, y a Bordón, en 1995. ¿Qué ha pasado? Pues que acaba de plantear el apoyo a la propuesta de ‘concertación’ de Duhalde. El apoyo se da cuando Duhalde firma un acuerdo político con Cavallo, busca el de Patti y ratifica el de Rico, además de los compromisos que su eventual ministro Remes Lenicov acaba de anudar con la banca acreedora de Goldman Sachs. "Más alla de las intenciones del candidato —dice el Ptp—, lo cierto es que la propuesta de Duhalde sale al cruce de una situación económico-social que ya no aguanta más (...) las medidas que propone, aunque limitadas, no dejarían de ser importantes frente a la emergencia ocupacional y económica" (Hoy, 1/9). Buenas intenciones Según el Ptp, Duhalde: "tal vez esté pensando dejar de pagar los intereses de la deuda externa, que es una cifra semejante a la que dejaría de ingresar por la reducción del IVA y la eliminación de los impuestos (a) la renta mínima presunta y a los intereses" (ídem). De paso cañazo, el Ptp respalda los dos grandes reclamos de los monopolios y el capital financiero, la eliminación de los impuestos a los intereses y a la renta presunta. A partir de esta coincidencia, los ‘comunistas revolucionarios’ lo llaman a Duhalde a no ‘perder ni un día más’ para "unir fuerzas para un amplio frente antimenemista que garantice una gran pueblada nacional, el Argentinazo, que imponga un gobierno de unidad popular". El Pcr-Ptp recomienda que Duhalde no busque el apoyo de todos los lideres del empresariado, pues sería"ilusorio, en particular respecto del sector financiero". Se coloca así en el campo de la UIA (Unión Industrial) y de notorios devaluacionistas como Roberto Rocca, el capo del grupo Techint. ¿Qué propone Duhalde? Fuera de lo ya citado, Duhalde plantea "eliminar también las trabas burocráticas que impiden a los empresarios producir más y mejor", o sea, más reforma laboral para introducir de nuevo toda clase de contratos promovidos y eliminar la indemnización por despido. El Ptp no dice que Duhalde —al igual que De la Rúa— están negociando con el FMI y con los monopolios "un shock de confianza para los inversores", que consistiría en cercenar más las finanzas provinciales, eliminar la prestación básica universal (PBU), despedir en masa empleados públicos, etc. Todo ello para seguir con el pago de la deuda externa. En esto ha terminado el Argentinazo del Ptp-Pcr, es decir, en el apoyo a un Argentinazo de la gran patronal. Votoblanquismo para la gilada El Ptp, ahora que salió a apoyar a Duhalde, ha dejado en claro el contenido político de su votoblanquismo: inducir a los trabajadores que rompen con el duhalde-justicialismo a no votar a un partido revolucionario, a estancarse en su evolución política, para poder ser recuperado, alguna vez, por el nacionalismo burgués.

Los médicos y profesionales de los hospitales públicos de la Capital han profundizado su plan de lucha con un paro de 48 horas, que se está cumpliendo masivamente. El gobierno delarruísta se niega a otorgar el re-encasillamiento que les adeuda desde hace más de un año, porque si ceden, dicen, tendrían que reconocer también la antigüedad de los trabajadores municipales, reclamos de docentes y otros. Pero, al mismo tiempo, De la Rúa autoriza al Banco Ciudad para refinanciar quebrantos de Alpargatas y de los Yoma. La política de los aspirantes al gobierno nacional está clara: hay plata para salvar a grandes empresas capitalistas y no para los trabajadores, la salud, ni la educación El gobierno porteño provoca a los huelguistas llamándolos "privilegiados, porque cobran altos sueldos, habiendo tantos desocupados". Con lo que miente, porque los sueldos iniciales son de 700 pesos, pero además está confesando que tiene en vista un proyecto de rebajas de sueldos y despidos. Y así es, en una notable declaración, la Asociación de Médicos Municipales denuncia al gobierno De la Rúa por las promesas electorales de defensa del hospital público, mientras, en cambio, se somete a los dictados privatistas del FMI. Allí se alerta, también, sobre el proyecto de ley del empleo público para la ciudad, que De la Rúa envió a la Legislatura. Dicho proyecto es un modelo de flexibilización laboral y pérdida de conquistas, de salarios por productividad, de racionalización y recortes, dictado por el Banco Mundial. Los médicos deschavaron la verdadera política negrera de la Alianza La lucha de los médicos de los hospitales, íntimamente ligada a la defensa del hospital público y la salud de la población más necesitada, coincide hoy con la lucha de los estatales y trabajadores del interior de Tucumán y Corrientes, hasta Neuquén y Tierra del Fuego, contra los recortes presupuestarios menemistas y aliancistas. Hay que apoyarla a muerte. El Partido Obrero difundió masivamente una declaración en barrios y empresas, llamando a todos los trabajadores y vecinos de la Capital a rodear de solidaridad la huelga de los médicos. Y a las organizaciones obreras, sindicatos, comisiones internas, al Sutecba, a la UTE, a ATE y al Cta, a romper con la parálisis y decretar un paro general activo en apoyo de esta lucha, hasta arrancar el pago de lo adeudado, la prohibición de despidos y suspensiones y el retiro del proyecto antiobrero de ley del empleo público.